SUMARIO
Dos oficios de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal, con los que invita a las ceremonias cívicas con motivo del DIX aniversario del natalicio de Cuauhtémoc, último huei tlatoani de la Triple Alianza, y el LXVIII aniversario del Día de la Bandera. Se designan comisiones de representación de esta Cámara.
Oficio de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, con el que remite el informe anual de gestión de la Unidad de Evaluación y Control correspondiente a 2007. De enterado.
Dos oficios de la Junta de Coordinación Política, con los que remite cambios en la integración de los Grupos de Amistad México con Chipre, Colombia, Guatemala y Nicaragua. De enterado.
Oficio de la Junta de Coordinación Política, con el que informa de la integración, en la Junta de Gobierno, de la diputada Ana María Ramírez Cerda, como invitada permanente en el Instituto Nacional de las Mujeres. De enterado.
Dos oficios de la Junta de Coordinación Política, con los que comunica cambios en la integración de las Comisiones de Defensa Nacional, de Equidad y Género, de Puntos Constitucionales, de Reforma Agraria, Especial para la promoción del acceso digital a los mexicanos, de Ciencia y Tecnología, de Hacienda y Crédito Público, de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, del Distrito Federal, así como de los grupos de Amistad de México con Honduras, con República Dominicana, con Italia, con Nicaragua, con Montenegro, con Polonia, con Rumania, y con el Reino Unido. Aprobados.
Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a instruir para que se realice y corrija, en su caso, donde existan omisiones, el censo estatal de viviendas afectadas para la aplicación del programa de vales hasta por 10 mil pesos, canjeables por muebles y enseres domésticos a familias que perdieron su patrimonio durante la inundación en los municipios marginados y afectados en el estado de Tabasco, tales como Teapa, Jalapa, Tacotalpa, Nacajuca, Jalpa, Cunduacan, Huimanguillo y Centro.
A discusión intervienen los diputados:
Mónica Fernández Balboa.
Juan José Rodríguez Prats.
Pedro Landero López.
Se aprueba el acuerdo presentado, comuníquese.
Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, por conducto de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Economía, y del Servicio de Administración Tributaria a tomar las medidas necesarias para dejar sin efecto el ``decreto por el que se reforman los diversos que establecen las condiciones para la importación definitiva de vehículos automotores usados, y por el que se establecen las condiciones para la importación definitiva de vehículos automotores usados, destinados a permanecer en la franja fronteriza norte del país, en los estados de Baja California y Baja California Sur, en la región parcial del estado de Sonora y en los municipios de Cananea y Caborca, estado de Sonora, publicados el 22 de agosto de 2005 y 26 de abril de 2006, respectivamente'', publicado el 1o. de febrero de 2008 en el Diario Oficial de la Federación.
Para discusión, se otorga el uso de la palabra a los diputados:
Víctor Leopoldo Valencia de los Santos.
César Horacio Duarte Jáquez.
Edmundo Javier Bolaños Aguilar.
Desde la curul, realiza interpelación el diputado Víctor Leopoldo Valencia de los Santos.
José Luis Espinosa Piña.
Carlos Ernesto Navarro López.
Faustino Javier Estrada González.
Continúan la discusión del acuerdo de la Junta de Coordinación Política los diputados:
Víctor Leopoldo Valencia de los Santos.
Rodolfo Solís Parga.
Desde la curul, el diputado Víctor Leopoldo Valencia de los Santos solicita votación nominal.
Se aprueba el punto de acuerdo. Comuníquese.
Comunicación de la Junta de Coordinación Política, por la cual solicita que se modifique el orden del día para incorporar el siguiente acuerdo. Aprobada.
Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que la Cámara de Diputados se pronuncia a favor de que se realice el mayor esfuerzo para lograr el rescate de los cuerpos de la mina de Pasta de Conchos, en el municipio de San Juan de Sabinas, Coahuila, y solicita que se conforme una comisión plural a efecto de que acompañe a los familiares de las víctimas de la tragedia de la mina Pasta de Conchos a la Secretaría de Gobernación y sean atendidas sus peticiones. Aprobado, comuníquese.
Cuatro oficios de la Secretaría de Gobernación, por los que solicita el permiso constitucional necesario para que igual dos ciudadanas puedan prestar servicios en diversas representaciones diplomáticas e informa que dos ciudadanas dejan de prestar servicios a gobiernos extranjeros. Las solicitudes de permiso se turnan a la Comisión de Gobernación, por lo que se refiere a las ciudadanas que han dejado de prestar servicios, se turnan a las comisiones de Gobernación de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, para su conocimiento.
Oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite contestación del punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados en la sesión del día 31 de octubre de 2007, por el que se exhorta a las autoridades competentes, para que se informe de la probable responsabilidad de servidores públicos y/o terceros en el accidente de la plataforma Usumacinta de Petróleos Mexicanos frente a las costas de Campeche, ocurrida el 23 de octubre. Se remite a las Comisiones de la Función Pública, de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Economía, para su conocimiento.
Oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite contestación del punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativo al tráfico ilícito de especies de vida silvestre en las carreteras federales de Oaxaca y Chiapas. Se remite a las Comisiones de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Seguridad Pública, para su conocimiento.
Oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite contestación del punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativo al decomiso y detención de tractocamiones de carga del servicio público federal. Se remite a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para su conocimiento.
Oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite contestación del punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativo a la declaración como zona de veda permanente para el aprovechamiento de los recursos hidráulicos de los valles de Cuatrociénegas, El Hundido y Ocampo-Calaveras en el estado de Coahuila. Se remite a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para su conocimiento.
Oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite contestación del punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativo a la contratación de empresas para la operación, mantenimiento, administración y vigilancia de la infraestructura energética mexicana. Se remite a las Comisiones de Seguridad Pública, y de Energía, para su conocimiento.
Oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite contestación del punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativo a la terminación de las cuotas compensatorias aplicadas a la importación de productos de los sectores calzado-cuero, textil y del vestido originarios de China. Se remite a las Comisiones correspondientes, para su conocimiento.
Oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite contestación del punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente, relativo al encallamiento del transbordador El Arcángel fuera de los límites de la poligonal del parque nacional Arrecife Puerto Morelos, en el estado de Quintana Roo. Se remite a los promoventes, para su conocimiento.
Oficio de la Cámara de Senadores, con el que remite la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los senadores Francisco Agundis Arias, Arturo Escobar y Vega, Manuel Velasco Coello y Javier Orozco Gómez (PVEM). Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Se otorga el uso de la palabra, para referirse al Día Internacional de la Lengua Materna, a los diputados:
Delio Hernández Valadés.
Silvia Luna Rodríguez.
Ricardo Cantú Garza.
María del Carmen Salvatori Bronca.
Wenceslao Herrera Coyac.
Humberto Wilfredo Alonso Razo.
Martha Cecilia Díaz Gordillo.
El diputado Silvio Gómez Leyva presenta iniciativa con proyecto de decreto, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, de la Ley General de Asentamientos Humanos y de Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, sobre obras de captación y recarga artificial de acuíferos pluviales. Se turna a las Comisiones Unidas de Recursos Hidráulicos, de Desarrollo Social, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
La diputada Lourdes Alonso Flores presenta iniciativa con proyecto de decreto, que reforma diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, respecto al uso del agua en la industria. Se turna a la Comisión de Recursos Hidráulicos.
El diputado Jericó Abramo Masso presenta iniciativa con proyecto de decreto, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Minera, en relación con las obligaciones de los concesionarios para garantizar la seguridad e higiene de los trabajadores mineros.
Desde la curul, el diputado Juan José Rodríguez Prats solicita trámite.
Se turna a las Comisiones Unidas de Economía, de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Trabajo y Previsión Social, con opinión de la Comisión de Energía.
El diputado Jesús Sesma Suárez presenta iniciativa con proyecto de decreto, que reforma el artículo 17 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, para que la industria del papel pueda orientar su producción a papeles reciclados de características compatibles con la demanda en empresas dedicadas a la publicidad y promover prácticas de producción más acordes con el desarrollo sustentable. Se turna a la Comisión de Economía.
El diputado Pablo Trejo Pérez presenta iniciativa con proyecto de decreto, que expide la Ley de Organización de la Administración Pública Federal y abroga la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Se turna a la Comisión de Gobernación, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
La diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza presenta iniciativa con proyecto de decreto, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de la Ley General de Educación, en relación con el Servicio Social. Se turna a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, de Seguridad Social y de Educación Pública y Servicios Educativos.
El diputado Armando Barreiro Pérez presenta iniciativa con proyecto de decreto, que reforma la fracción VI del artículo 53 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, sobre las funciones del personal adscrito a sectores de órganos policiales. Se turna a la Comisión de Justicia, con opinión de la Comisión de Seguridad Pública, a petición del promovente.
Dictamen con proyecto de decreto de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia, que reforma los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22; las fracciones XXI y XXIII del artículo 73; la fracción VII del artículo 115 y la fracción XIII del apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de justicia penal.
Voto particular al dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de Justicia, con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que presenta el diputado Victorio Montalvo Rojas.
El diputado Andrés Lozano Lozano realiza moción de procedimiento.
La Presidencia da respuesta.
Desde las respectivas curules, hacen comentarios de procedimiento los diputados:
Andrés Lozano Lozano.
Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla.
Andrés Lozano Lozano.
Aleida Alavez Ruíz.
La Presidencia realiza las observaciones pertinentes e instruye la apertura del sistema electrónico de votación dando por resultado desechar el retiro del dictamen del orden del día. Queda de primera lectura.
Primera lectura de seis dictámenes de la Comisión de Gobernación, con proyectos de decreto que conceden los permisos constitucionales necesarios para que 48 ciudadanos puedan prestar servicios en diversas respresentaciones diplomáticas.
De la próxima sesión.
ASISTENCIA
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Pido a la Secretaría que haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de diputadas y de diputados, por favor.
La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca : Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 313 diputadas y diputados; por tanto, hay quórum.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado (a las 11:34 horas): Se abre la sesión.
ORDEN DEL DIA
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.
La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca : Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.
Diputada Presidenta, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.
«Segundo Periodo Ordinario de Sesiones.--- Segundo Año de Ejercicio.--- LX Legislatura.
Orden del día
Jueves 21 de febrero de 2008.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Comunicaciones
La Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal invita a la ceremonia cívica que, con motivo del 509 aniversario del natalicio de Cuauhtémoc, último huei tlatoani de la Triple Alianza, tendrá lugar el 23 de febrero, a las 10:00 horas.
La Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal invita a la ceremonia cívica que, con motivo del 68 aniversario del Día de la Bandera, tendrá lugar el 24 de febrero, a las 10:00 horas.
De la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.
De la Junta de Coordinación Política.
Proposiciones de acuerdo de los órganos de gobierno
De la Junta de Coordinación Política.
Por el que la Cámara de Diputados solicita al Ejecutivo federal que, por conducto de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, y de Economía, y del Servicio de Administración Tributaria, tome las medidas necesarias para dejar sin efecto el ``Decreto por el que se reforman los diversos por el que se establecen las condiciones para la importación definitiva de vehículos automotores usados, y por el que se establecen las condiciones para la importación definitiva de vehículos automotores usados, destinados a permanecer en la franja fronteriza norte del país, en los estados de Baja California y Baja California Sur, en la región parcial del estado de Sonora y en los municipios de Cananea y Caborca, estado de Sonora, publicados el 22 de agosto de 2005 y 26 de abril de 2006, respectivamente'', publicado el 1 de febrero de 2008 en el Diario Oficial de la Federación. (Votación)
Por el que se exhorta al Ejecutivo federal instruya a que se realice y corrija, en su caso, donde existan omisiones, el censo estatal de viviendas afectadas para la aplicación del programa de vales hasta por 10 mil pesos, canjeables por muebles y enseres domésticos a familias que perdieron su patrimonio durante la inundación en los municipios marginados y afectados en el estado de Tabasco, como Teapa, Jalapa, Tacotalpa, Nacajuca, Jalpa, Cunduacan, Huimanguillo y Centro. (Votación)
Oficios de la Secretaría de Gobernación
Cuatro, por los que se solicita el permiso constitucional necesario para que las ciudadanas Katia Cecilia Ornelas Núñez, Emma Patricia Ivich Valenzuela, Tania Lerma Montoya y Brenda Ellerbrock Aguirre puedan prestar servicios en la Embajada de Estados Unidos de América en México y en sus Consulados en Hermosillo, Sonora; Ciudad Juárez, Chihuahua; y Guadalajara, Jalisco, respectivamente. (Turno a Comisión)
Seis, con los que remite contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados.
Con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente.
Oficio de la Cámara de Senadores
Con el que remite iniciativa que reforma el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los senadores Francisco Agundis Arias, Arturo Escobar y Vega, Manuel Velasco Coello y Javier Orozco Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)
Posicionamiento con relación al Día Internacional de la Lengua Materna, a cargo de los grupos parlamentarios
Iniciativas
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes de Aguas Nacionales, General de Asentamientos Humanos, y General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo del diputado Silvio Gómez Leyva , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo de la diputada Susana Monreal Ávila , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Que reforma los artículos 2 y 16 de la Ley de Planeación, a cargo de la diputada Sara Latife Ruiz Chávez , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Que reforma el artículo 17 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, a cargo del diputado Jesús Sesma Suárez , del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)
Que expide la Ley de Organización de la Administración Pública Federal y abroga la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo del diputado Pablo Trejo Pérez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, y General de Educación, a cargo de la diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Que reforma la fracción VI del artículo 53 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, a cargo del diputado Armando Barreiro Pérez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Que adiciona el artículo 330 Bis al Código Penal Federal, a cargo del diputado Enrique Serrano Escobar , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Que reforma el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Neftalí Garzón Contreras , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Nacional, a cargo del diputado Roberto Badillo Martínez , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Que reforma el artículo 16 de la Ley Orgánica del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos, a cargo del diputado Armando Barreiro Pérez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Que reforma y adiciona el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Ramón Barajas López , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Silvia Oliva Fragoso , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Que reforma los artículos 21, 94 y 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Alberto Amador Leal , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Minera, a cargo del diputado Jericó Abramo Masso, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Aduanera, a cargo del diputado David Figueroa Ortega , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Que reforma el artículo 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Juan N. Guerra Ochoa y Andrés Lozano Lozano , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, a cargo del diputado Rubén Escajeda Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Que expide la Ley de Aprovechamiento de Aceites Usados Automotrices y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos, a cargo del diputado Carlos Alberto Puente Salas , del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor y del Código Penal Federal, suscrita por integrantes de la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios. (Turno a Comisión)
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, a cargo del diputado David Figueroa Ortega , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Que reforma diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, a cargo de la diputada Lourdes Alonso Flores , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Aviación Civil, a cargo del diputado Jesús Ramírez Stabros , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Que reforma diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, expide la Ley General de la Calidad del Aire y la Protección a la Atmósfera y adiciona un artículo a la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo del diputado Antonio Xavier López Adame , del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)
Que adiciona un artículo 31 Bis a la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado, a cargo del diputado Francisco Javier Murillo Flores , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de las Personas con Discapacidad, a cargo del diputado Arnulfo Elías Cordero Alfonzo , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Que reforma el párrafo sexto del artículo 37 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, a cargo del diputado Obdulio Ávila Mayo , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Que reforma el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Elda Gómez Lugo , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de los Códigos Penal Federal, y Federal de Procedimientos Penales, a cargo del diputado Christian Martín Lujano Nicolás , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Que reforma el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Joel Guerrero Juárez , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social, a cargo de la diputada Elda Gómez Lugo , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes Federales de Procedimiento Administrativo, y de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, a cargo del diputado Gerardo Octavio Vargas Landeros , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes General de Salud, y Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, a cargo del diputado Luis Enrique Benítez Ojeda , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes de Instituciones de Crédito, y del Banco de México, a cargo del diputado Jericó Abramo Masso, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación, suscrita por los diputados María Gabriela González Martínez , Ector Jaime Ramírez Barba y Francisco Javier Gudiño Ortiz , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Que reforma y adiciona los artículos 41 y 49 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, a cargo del diputado Ramón Félix Pacheco Llanes , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)Que reforma el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Raúl Cervantes Andrade , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Que reforma y adiciona el artículo 153 de la Ley General de Población, a cargo del diputado Alejandro Chanona Burguete , del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)
Que reforma el párrafo segundo de la fracción IX del artículo 16 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, a cargo de la diputada Ana María Ramírez Cerda , del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)
Que reforma la fracción VIII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 16 y 61 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Alejandro Enrique Delgado Oscoy , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Que reforma diversas disposiciones de la Ley de Vías Generales de Comunicación, a cargo del diputado Carlos Sánchez Barrios , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Que reforma y adiciona los artículos 156 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, y 75 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, a cargo de la diputada Patricia Villanueva Abraján , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Que reforma y adiciona el artículo 9o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Gerardo Buganza Salmerón , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de los Códigos Penal Federal, y Federal de Procedimientos Penales, suscrita por los diputados Esmeralda Cárdenas Sánchez y Édgar Armando Olvera Higuera, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Dictámenes de primera lectura
De las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de Justicia, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Eduardo González Caudillo, Gabriela Cristina Rendón Dávila, María Christina Fernández Molins, Ana Balbina Macías Morales, Karla Alejandra Revilla Mimiaga y Alejandro Cachu Ortiz puedan prestar servicios en la Embajada de Estados Unidos de América en México y en sus Consulados en Ciudad Juárez, Chihuahua; y Tijuana, Baja California.
De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Guillermo Flores Grajales, Angélica Donají Atristain Michel, María Luisa Castanedo Robles, Gabriela Capó Ramírez, Yadira Estrada Guevara, José Ignacio Estrella Garay, Eileen Hernández Chávez, Juan Carlos Hernández Azuela, Héctor José Huerta Huitzil y Patricia Evelyn Grounds Reynolds puedan prestar servicios en la Embajada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte en México.
De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Adriana María del Socorro Rebollo Philippe, Mario Romero Bustos, Susana Elizabeth Solano Flores, Mónica Terán Aguilar, Elvira Adriana Alonso Izaguirre, Carla Paola Balderas Ramírez, Pedro Balleza Hernández, Rocío Angélica Bermejo del Villar, Encarnación Mireya Campos Luna y Gabriel Alberto Ceballos Rodríguez puedan prestar servicios en la Embajada de Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte en México.
De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos María Concepción Amador Mariscal, Liliana Capetillo Delgado, Olivia Catalán Calvillo, Édgar Iván Chávez Sánchez, Omar Domínguez Medina, Aída Verónica Ferreira Olmedo, Gabriela Hernández Merino, Ramón Herrera González, Mariana Novo Catalá, Roberto Guatimoc Orozco Gutiérrez, Yolanda Rodríguez Camacho, María Dolores Rojas Almanza, Vania Jocelyn Salgado Hernández, Jaime Lira Medina y Carlos Adrián Pompa González puedan prestar servicios en la Embajada de Canadá en México y en su Consulado en Monterrey, Nuevo León.
De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Manuel Ernesto Medina López, Natalia Imelda Soto Paredes, Teresa de Jesús Basto Paredes y Evaristo Medrano González puedan prestar servicios en los Consulados de Estados Unidos de América en Nogales, Sonora; Guadalajara, Jalisco y Matamoros, Tamaulipas, respectivamente.
De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Ángel Mendoza García, Thalía Isabella Saenger Pedrero, Rogelio Martínez Guzmán y Martín Esteva Sánchez puedan prestar servicios en las Embajadas de la República Popular China, de Canadá, del Reino de España y de la República Árabe de Egipto en México, respectivamente.
Dictámenes a discusión
De las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería, y de Salud, con proyecto de decreto que adiciona los artículos 378 Bis y 456 Bis de la Ley General de Salud.
De la Comisión de Relaciones Exteriores, con proyecto de decreto que reforma el párrafo primero del artículo 20 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano.
Proposiciones
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a esta soberanía realice un llamado enérgico a los actores políticos de nuestro país a dirigirse con respeto a las mujeres que participan en la política, a cargo de la diputada Laura Angélica Rojas Hernández , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Sólo turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat verifique el cumplimiento de las disposiciones ambientales en las labores de rescate y del eventual traslado, desguace o disposición final del transbordador El Arcángel, a cargo del diputado Cruz Pérez Cuéllar , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Sólo turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, relativo a la pesquería del pulpo en Champotón, Campeche, a cargo de la diputada María Guadalupe García Noriega , del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Sólo turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC, y a Ferrocarriles Nacionales de México a otorgar en donación el inmueble en que se halla la antigua estación de ferrocarril de Otumba, México, a Amigos de Ferrocarril en Otumba, Asociación Civil, a cargo del diputado Armando García Méndez , del Grupo Parlamentario de Alternativa. (Sólo turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, relativo a la utilización de bolsas de plástico en las tiendas de autoservicio y departamentales, suscrita por los diputados Diego Cobo Terrazas y Francisco Elizondo Garrido , del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Sólo turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal y al gobernador de Nuevo León para que, a través de la Semarnat y de la Secretaría de Salud, realicen estudios sobre el impacto que generan a la población y al ambiente las empresas pedreras, y realicen las acciones necesarias para contener y revertir los daños provocados por ellas, a cargo de la diputada Martha Margarita García Müller , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Sólo turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sectur incluya el estado de Puebla en el programa En el Corazón de México, a cargo del diputado Antonio Vasconcelos Rueda , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Sólo Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno y al Congreso de Oaxaca a intervenir para solucionar el conflicto poselectoral en Santa Cruz Zenzontepec, Oaxaca, a cargo del diputado Alberto Esteva Salinas , del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Sólo turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al GDF revise los criterios que sustentaron el incremento tarifario del impuesto predial y establezca un mecanismo para que cualquier ciudadano pueda confrontar la revalorización de su predio e informe a esta soberanía del resultado de sus gestiones, a cargo del diputado Jesús Sesma Suárez , del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Sólo turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que la Cámara de Diputados, LX Legislatura, felicita al Ejército Mexicano por su patriótica lucha contra el narcotráfico, rinde un homenaje a los soldados caídos y expresa su solidaridad con sus familias, suscrita por los diputados Alejandro Landero Gutiérrez , Adrián Fernández Cabrera y Héctor Larios Córdova , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Sólo turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la CIRT considere la posibilidad de abrir un espacio e incorporar en las funciones propias de la misma a la periodista Carmen Aristegui Flores, a cargo del diputado Alberto Esteva Salinas , del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Sólo turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el se exhorta a la Conapred promueva los trabajos técnicos justificativos que permitan lograr el decreto para la creación del área natural protegida, con categoría de área de protección de flora y fauna, Punta Colonet, en Ensenada, Baja California, suscrita por los diputados Gloria Lavara Mejía y Diego Cobo Terrazas , del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Sólo turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, relativo al proceso electoral en Hidalgo, a cargo del diputado Lorenzo Daniel Ludlow Kuri , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal remueva al titular de la Sagarpa, ingeniero Alberto Cárdenas Jiménez, a cargo del diputado Carlos Ernesto Navarro López , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob, a la SRE y a la Sedesol a implantar un programa de apoyo a la población adulta mayora que vive en Estados Unidos de América, suscrita por los diputados Bertha Yolanda Rodríguez Ramírez y Gerardo Octavio Vargas Landeros , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente Resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita el Ejecutivo federal que, a través de la SHCP, presente a esta soberanía un estudio sobre el impacto que tendría en el país una posible recesión económica en Estados Unidos de América, y las medidas que en con el Banco de México se instaurarían para remediar los efectos adversos, a cargo del diputado Alejandro Chanona Burguete , del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal establezca un Plan Nacional de Contingencia Económica, en donde incluya un paquete de reformas económicas y fiscales, a cargo del diputado Joaquín Humberto Vela González , del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PGR investigue los delitos de pederastia y pornografía infantil relativos al expediente 2/2006, a cargo de la diputada Mónica Arriola, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat para que, en coordinación con las autoridades competentes, elabore y publique una norma oficial para regular el control de la proliferación de la maleza acuática en lagos y embalses, a cargo del diputado Gustavo Macias Zambrano, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, relativo a la libertad de expresión y el derecho a la información de comunicadores y ciudadanos mexicanos, a cargo de la diputada Claudia Cruz Santiago, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Comité de Administración de esta soberanía para que, en el ámbito de su competencia, vigile las condiciones laborales que las empresas concesionarias de este recinto brindan a sus trabajadores, a cargo del diputado Humberto Dávila Esquivel , del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la LVI Legislatura del estado de México, así como al gobierno de dicha entidad, investiguen respecto a la invasión y proliferación de construcciones en diversas poblaciones comunales o ejidales declaradas área natural protegida con la categoría de parque estatal, denominado santuario del agua y forestal subcuenca tributaria Río San Lorenzo, a cargo del diputado Salvador Arredondo Ibarra , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la SCT a garantizar el servicio de calidad en los aeropuertos del país, a cargo del diputado Octavio Martínez Vargas , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCT y a la Semarnat a cancelar el proyecto de muelle para cruceros en la bahía de Zihuatanejo, a cargo del diputado Alejandro Sánchez Camacho , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la Secretaría de Salud a expedir una norma oficial mexicana que establezca los lineamientos a seguir para prevenir, tratar y controlar las enfermedades mentales, suscrita por los diputados Jorge Quintero Bello , Omar Antonio Borboa Becerra y Pedro Armendáriz García , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la Secretaría de Salud a reforzar los programas nacionales contra la farmacodependencia y revisar los criterios empleados para la distribución y venta de estupefacientes y substancias psicotrópicas, suscrita por los diputados Jorge Quintero Bello , Omar Antonio Borboa Becerra y Pedro Armendáriz García , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a informar sobre el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de las Naciones Unidas, derivadas de la visita del año 2002, a cargo de la diputada Aleida Alavez Ruiz , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SFP a investigar a la CFE por la violación al convenio de colaboración para el subsidio de tarifas eléctricas en Mexicali, estado de Baja California, a cargo de la diputada Dolores de María Manuell-Gómez Angulo , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la SFP, a la SRE y a la Consejería Jurídica del Ejecutivo federal que informen sobre el cumplimiento de los artículos 16 y 17 de la Ley de Nacionalidad respecto del nombramiento del ciudadano Juan Camilo Mouriño Terrazo, titular de la Segob, a cargo de la diputada Aleida Alavez Ruiz , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Conagua a realizar las acciones conducentes para equilibrar el acuífero principal de la Comarca Lagunera en los estados de Coahuila y Durango, a cargo del diputado Jesús Vicente Flores Morfín , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, a la Semarnat, a la Profepa y al gobierno del estado de Coahuila, así como al del municipio de Torreón a reubicar a las familias que viven en las colonias aledañas a la compañía Met-Mex Peñoles, ya que se consideran inhabitables por ser zonas de alto riesgo, a cargo del diputado Jesús Vicente Flores Morfín , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP y a Pemex a dar prioridad al inicio de la reconfiguración y ampliación de la refinería Antonio Dovalí Jaime en Salina Cruz, Oaxaca, suscrita por los diputados Carlos Altamirano Toledo e Irma Piñeyro Arias , de los Grupos Parlamentarios del Partido de la Revolución Democrática y de Nueva Alianza, respectivamente. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat, a la SE, a la Secretaría de Salud y a la Dirección General de Normas de la Secretaría de Economía para que se expida una norma oficial mexicana que regule la disposición final de pilas y baterías importadas o, en su caso, fabricadas en México, a cargo del diputado José Luis Espinosa Piña , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP y a Pemex Petroquímica a informar periódicamente a los gobiernos municipales y a la opinión pública de los avances de los programas de reconfiguración de las refinerías del país, a cargo del diputado Carlos Altamirano Toledo , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP para que en la ceremonia cívica del 24 de febrero que rinde honores a la Bandera se dé lectura en las escuelas de educación básica a la Arenga a la Bandera, del maestro Andrés Henestrosa, a cargo de la diputada María Nieves Noriega Blanco Vigil, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la CFE a suscribir un convenio que compense las afectaciones que generan las líneas de alta y media tensión en el municipio de Asunción Ixtaltepec, Oaxaca, suscrito por los diputados Carlos Altamirano Toledo e Irma Piñeyro Arias , de los Grupos Parlamentarios del Partido de la Revolución Democrática y de Nueva Alianza, respectivamente. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del Ejecutivo del estado de Hidalgo a realizar diversas acciones relativas al control y vigilancia de la contribución por el uso de suelo, en diversos municipios de dicha entidad, a cargo del diputado Daniel Ludlow Kuri , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal a pagar de forma inmediata al Sistema de Aguas de la Ciudad de México la totalidad de sus adeudos por concepto de suministro de agua potable, a cargo del diputado Gerardo Villanueva Albarrán , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que impulse la firma de un acuerdo migratorio, a cargo del diputado Edmundo Ramírez Martínez , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al jefe de Gobierno del Distrito Federal, a la SEP y al INAH a emprender las acciones necesarias para detener la demolición de los edificios y monumentos ubicados en el centro histórico de la Ciudad de México que forman parte de su patrimonio cultural, a cargo del diputado José Luis Varela Lagunas , del Grupo Parlamentario Convergencia. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Semarnat, así como a las autoridades ambientales de los estados a establecer políticas públicas coordinadas, en materia de gestión de residuos sólidos urbanos, a cargo del diputado Óscar González Morán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, relativo a la huelga en la Universidad Autónoma Metropolitana, a cargo de la diputada Rosario Ortiz Magallón , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Semarnat a establecer sistemas de depósito-reembolso para envases de PET, a fin de disminuir la generación de este tipo de materiales contaminantes, a cargo del diputado Oscar González Morán , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la Sagarpa instrumente un programa especial de apoyo a los productores de amaranto, a cargo del diputado Othón Cuevas Córdova , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las autoridades federativas a llevar a cabo las medidas necesarias para destinar un lugar separado al de los hombres para aquellas mujeres que se encuentren privadas de su libertad, ya sea en prisión preventiva o bien compurgando una sanción, a cargo del diputado José Luis Murillo Torres , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la STPS que intervenga en el conflicto de Industrias Ocotlán, a cargo de la diputada Maricela Contreras Julián , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la SSP de las entidades federativas y de los centros penitenciarios del país a revisar la normatividad en materia de readaptación social, con la finalidad de que propongan las reformas que permitan restringir las llamadas telefónicas que se realizan desde dichos establecimientos y se implemente un sistema de bloqueo de este medio de comunicación, a cargo del diputado José Luis Murillo Torres , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de las entidades federativas, de los centros penitenciarios del país, y del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública Federal a llevar a cabo revisiones minuciosas y periódicas al interior de los centros federales de readaptación social, con la finalidad de controlar el ingreso de artículos y sustancias prohibidas, a cargo del diputado José Luis Murillo Torres , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la Sagarpa implante las acciones conducentes para detener el uso de las artes de pesca no selectivas dentro del polígono del área de refugio para la protección de la vaquita, a cargo del diputado Luis Fernando Rodríguez Ahumada , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Gobierno del Distrito Federal a implantar mecanismos de control que eviten que funcionarios del Gobierno del Distrito Federal realicen actividades proselitistas, y se abstengan de desviar recursos materiales y humanos con fines electorales, a cargo del diputado David Mendoza Arellano , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a través de la Sagarpa, a iniciar una campaña de difusión en los medios para dar a conocer exhaustivamente la figura de prestador de servicios profesionales entre los agentes económicos que intervienen en el desarrollo de programas dirigidos al sector rural, a cargo del diputado Gregorio Barradas Miravete , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a las Comisiones de Justicia, de Seguridad Pública, y de Derechos Humanos, así como a los grupos parlamentarios del Congreso de la Unión a realizar una defensa integral y pública de las modificaciones que requiere el sistema de seguridad pública y de procuración de justicia, a cargo del diputado Carlos Altamirano Toledo , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la ALDF a aplicar a los contribuyentes del impuesto predial un esquema gradual de actualización del valor catastral, a cargo del diputado Eduardo Sánchez Hernández , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a cumplir los acuerdos aprobados por el Congreso de la Unión, y de la Mesa Directiva de esta soberanía, a cargo del diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva , del Grupo Parlamentario Convergencia. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, relativo a las actividades del Comité del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, a cargo del diputado Manuel Cárdenas Fonseca , del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al SAE a realizar las acciones conducentes para comercializar bienes a los municipios, como apoyo a la gestión de los gobiernos locales, a cargo del diputado Cruz Pérez Cuéllar , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a aplicar lo dispuesto en el artículo 61 del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2008, en las comunidades de los municipios de Teapa, Jalapa, Tacotalpa, Nacajuca, Jalpa, Cunduacán, Huimanguillo y Centro, del estado de Tabasco que resultaron severamente afectadas por las lluvias; a cargo de la diputada Mónica Fernández Balboa , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud para que a través de la Comisión Nacional de Normalización elabore y expida una NOM en materia de consumo en exceso de botanas y refrescos, a cargo del diputado Tomás Gloria Requena , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a informar sobre la situación de los solicitantes de asilo en Canadá y sobre las condiciones de protección y procuración de justicia que se otorga a los mismos, a cargo del diputado Alejandro Chanona Burguete , del Grupo Parlamentario Convergencia. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCT para que a través de Capufe otorgue la condonación del cobro de peaje en la caseta del puente de Nautla a los habitantes de la cabecera, Congregaciones y ejidos pertenecientes a ese municipio de Veracruz, así como también que se lleve a cabo la actualización del padrón de beneficiarios, a cargo de la diputada María de Jesús Martínez Díaz , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, para integrar una mesa de trabajo tendiente a resolver los problemas limítrofes y agrarios entre los estados de Chiapas y Oaxaca, a cargo del diputado Martín Ramos Castellanos , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las autoridades a respetar los derechos humanos de los inmigrantes centroamericanos, a cargo del diputado José Edmundo Ramírez Martínez , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCT para que a través del responsable de la Subsecretaría de Infraestructura revise el contrato que dicha dependencia contrajo con la constructora Codiocsa de Xalapa, SA de CV, respecto a la conservación periódica de la carretera Atzálan-Tlapacoyan, Veracruz, a cargo de la diputada María de Jesús Martínez Díaz , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a establecer una mesa de análisis para la renegociación del TLCAN, a cargo del diputado Carlos Ernesto Navarro López , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Junta de Gobierno de la Consar que presente ante la Comisión de Seguridad Social de esta soberanía la documentación donde conste la autorización de comisiones sobre saldo que aplican las Afores, a cargo de la diputada Lorena Martínez Rodríguez , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PGR, a la SSP y a la Administración General de Aduanas a informar a esta soberanía sobre los programas para evitar el tráfico de armas desde Estados Unidos de América, a cargo del diputado Ángel Rafael Deschamps Falcón , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita al Servicio Postal Mexicano que informe a esta Soberanía sobre las medidas de prevención y de las querellas presentadas sobre el robo de correspondencia, a cargo de la diputada Silvia Oliva Fragoso , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la Sagarpa expida el Reglamento de la Ley de Productos Orgánicos, a cargo del diputado Fabián Fernando Montes Sánchez , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a implantar un programa de profesionalización de las policías federales y sustitución de efectivos militares en labores de combate al narcotráfico, a cargo del diputado Cuauhtémoc Sandoval Ramírez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobernadores de los estados y a los titulares de la administración pública federal a realizar un ahorro monetario del PEF 2008 a fin de que dichos recursos sean trasladados a las Fuerzas Armadas Mexicanas para la adquisición de equipo y mantenimiento del servicio que prestan, a cargo del diputado Jorge Justiniano González Betancourt , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al INAH para que en coordinación con el gobierno del Estado de Puebla implanten las medidas necesarias para la protección, conservación y difusión de la zona arqueológica de Tepexi el Viejo, municipio de Tepexi de Rodríguez, Puebla, a cargo del diputado José Luis Contreras Coeto , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat para que a través de la Conagua realice estudios de factibilidad de transferencia de agua hacia la Comarca Lagunera de Durango y Coahuila, a cargo del diputado Jesús de León Tello , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la Conagua realice los estudios necesarios para determinar la posibilidad de construir una serie de represas en los lechos de los ríos Valles, Tampaón y Santa María del Río, en el estado de San Luis Potosí, a cargo del diputado David Lara Compéan, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita al Ejecutivo federal que en la Rotonda de las Personas Ilustres se erija un cenotafio en honor de don Manuel Crescencio García Rejón y Alcalá, a cargo del diputado Jorge Rubén Nordhausen González , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob para que a través de la Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos y del Instituto Nacional de Migración formen un nuevo Grupo Beta en Nuevo Laredo, Tamaulipas, a cargo de la diputada María Dolores González Sánchez , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobiernos de las entidades federativas para que difundan y promuevan el Día de la Familia, a cargo de la diputada María Victoria Gutiérrez Lagunes , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a instaure el 9 de febrero como Día Nacional del Cirujano Dentista, suscrita por diversos diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la ASF que entregue un informe exhaustivo sobre la aplicación de los recursos transferidos por la SHCP en 2006 al Fideicomiso para el Programa Especial de Financiamiento a la Vivienda para el Magisterio, a cargo del diputado David Mendoza Arellano , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al presidente municipal de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, a respetar y evitar actos discriminatorios en contra de los habitantes de la entidad, a cargo del diputado Juan Francisco Rivera Bedoya , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PGR y a la PGJ del Distrito Federal para que, en el ámbito de sus competencias, creen fiscalías especializadas en materia de robo de energía eléctrica y combustibles, a cargo del diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva , del Grupo Parlamentario Convergencia. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la STPS y de la PGR se hagan las indagatorias que correspondan a fin de esclarecer lo acaecido el 19 de febrero de 2006 en la mina Pasta de Conchos, situada en San Juan de Sabinas, Nueva Rosita, Coahuila, concesionada a Industrial Minera México del Grupo México, a cargo del diputado Ricardo Cantú Garza , del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la STPS para que a través de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos considere el estado de Coahuila dentro del área geográfica A, a cargo del diputado Rolando Rivero Rivero , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se cita a comparecer al titular de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para que presente un informe pormenorizado respecto de las irregularidades en diversas casas de bolsa y casas de cambio, a cargo del diputado Alejandro Martínez Hernández , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a impulsar medidas normativas y programas públicos que permitan el crecimiento y desarrollo de las zonas urbanas de manera planeada bajo el principio de desarrollo sustentable, a cargo de la diputada Elda Gómez Lugo , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sener, a la CFE, a la SHCP, a la Comisión Reguladora de Energía y al gobierno federal para efectúen una revisión y reestructuración de las tarifas eléctricas que son aplicadas en la región centro del estado de Coahuila, a cargo del diputado Rolando Rivero Rivero , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob para que emita la declaración de desastre natural correspondiente a fin liberar recursos y agilizar la ayuda necesaria para la atención a los daños causados por el sismo del 12 de febrero en Oaxaca, a cargo del diputado Carlos Altamirano Toledo , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a establecer como sede del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas el edificio que albergó al Instituto Lingüístico de Verano, a cargo del diputado Wenceslao Herrera Coyac , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que, en coordinación con Capufe proceda a la exención de peaje a los vehículos que transporten mercancías a comunidades y regiones consideradas como zonas de emergencia, a cargo de la diputada Violeta del Pilar Lagunes Viveros , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobiernos federal y del Distrito Federal, así como a la delegación Cuauhtémoc a restablecer y consolidar los mecanismos de enlace interinstitucional en relación a los procesos de revitalización y conservación del centro histórico del Distrito Federal, a cargo del diputado José Alfonso Suárez del Real y Aguilera , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, relativo a la problemática que se presenta en la Universidad Pedagógica Nacional, a cargo del diputado Salvador Barajas del Toro , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, a la SEP y a la STPS a realizar acciones en atención a las personas zurdas, a cargo de la diputada Violeta del Pilar Lagunes Viveros , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de la comisión especial de zonas áridas y semiáridas, a cargo del diputado Ramón Salas López , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Congreso del estado de Puebla a reformar la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, a cargo de la diputada Violeta del Pilar Lagunes Viveros , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se convoca al Ejecutivo federal a entablar el diálogo prometido con el Congreso de la Unión, a cargo del diputado Luis Enrique Benítez Ojeda , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a implantar programas de fomento a la industria vitivinícola nacional y elabore un estudio de viabilidad para la exención del impuesto especial sobre producción y servicios a la enajenación de productos vitivinícolas nacionales, a cargo del diputado Héctor Manuel Ramos Covarrubias , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, relativo a la distribución de las participaciones federales a los municipios del estado de Jalisco, a cargo del diputado Salvador Barajas del Toro , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal y al jefe delegacional de Cuajimalpa de Morelos que rindan un informe sobre las acciones llevadas a cabo en la barranca La Diferencia, a cargo del diputado Christian Martín Lujano Nicolás , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la PGR a emitir una circular a los agentes del Ministerio Público federal para que se respete plenamente la garantía del indiciado, a cargo de la diputada Patricia Villanueva Abraján , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita al GDF y al titular de la delegación Xochimilco que rindan un informe sobre los avances y acciones que ha realizado la Comisión Interdependencial para la Conservación del Patrimonio Natural y Cultural del Área de Xochimilco, a cargo del diputado Christian Martín Lujano Nicolás , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, relativo a la primera etapa de construcción del tren suburbano Buenavista-Cuautitlán, a cargo del diputado Armando Barreiro Pérez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la SCT y de la SHCP destinen recursos del Fondo Nacional de Infraestructura, para la rehabilitación de la carretera internacional 15 en su tramo Estación Don-Nogales, en el estado de Sonora, a cargo del diputado Carlos Ernesto Zataráin González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los tres niveles de gobierno a establecer una mesa de diálogo para dar solución a la huelga de los trabajadores de la mina de cobre Mexicana de Cananea, en el estado de Sonora, a cargo del diputado Carlos Ernesto Navarro López , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que por medio de la SHCP y a través del INEGI corrija la información y considere como zonas indígenas las comunidades de Chavajeval, Las Delicias y Álvaro Obregón, en el estado de Chiapas, a cargo del diputado Víctor Ortiz del Carpio , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob y a la SHCP a atender a los municipios afectados por el sismo del pasado 12 de febrero de 2008 en la zona del istmo de Tehuantepec, Oaxaca, a cargo del diputado Jorge Toledo Luis , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)
Excitativas
A la Comisión de Hacienda y Crédito Público, a solicitud de los diputados César Duarte Jáquez y Rubén Aguilar Jiménez , de los Grupos Parlamentarios de los Partidos Revolucionario Institucional, y del Trabajo, respectivamente.
A la Comisión de Puntos Constitucionales, a solicitud de la diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
A las Comisiones Unidas de Seguridad Social, de Salud y de Defensa Nacional, suscrita por diputados de diversos grupos parlamentarios.
Efeméride
Relativa al 12 de febrero, aniversario de la creación de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, a cargo de la diputada Blanca Luna Becerril , del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.»
ACTA DE LA SESION ANTERIOR
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría que consulte a la asamblea si se dispensa la lectura, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.
La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca : Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.
Diputada Presidenta, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.
«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el martes diecinueve de febrero de dos mil ocho, correspondiente al Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del Segundo Año de Ejercicio de la Sexagésima Legislatura.
Presidencia de la diputada Ruth Zavaleta Salgado
En el Palacio Legislativo de San Lázaro en la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a las 11 horas con 35 minutos del martes 19 de febrero de 2008, con la asistencia de 297 diputadas y diputados, la Presidenta declara abierta la sesión.
En votación económica, la asamblea dispensa la lectura al orden del día.
La asamblea dispensa la lectura del acta de la sesión anterior en votación económica y de la misma manera la aprueba.
La Presidenta da la más cordial bienvenida al coordinador del gobierno provincial de Gansu, China y al excelentísimo señor Yin Hengmin, embajador de la República Popular China en México.
La Junta de Coordinación Política comunica la sustitución del diputado Octavio Martínez Vargas por el diputado Celso David Pulido Santiago , como secretario en el Grupo de Amistad con la República Checa y como integrante en los grupos de Amistad con Alemania y Austria. En votación económica, la asamblea aprueba los cambios.
La Secretaría da lectura a los acuerdos de la Junta de Coordinación Política:
Presidencia del diputado Luis Sánchez Jiménez
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público remite información relativa al pago de las participaciones a las entidades federativas correspondiente a enero de 2008, desagregada por tipo de fondo. Se remite a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública.
La Secretaría de Gobernación remite contestaciones a puntos de acuerdo, uno aprobado por la Cámara de Diputados, que se envía a las comisiones correspondientes para su conocimiento; y dos por la Comisión Permanente, que se remiten a los promoventes para su conocimiento.
Se recibe del Senado de la República, iniciativa con proyecto de decreto para que se inscriba con letras de oro, en el Muro de Honor del Palacio Legislativo de San Lázaro, un reconocimiento a los migrantes muertos en la frontera con Estados Unidos de América y se decrete 2009 ``Año del Migrante'', presentada por el senador Antonio Mejía Haro, a nombre propio y de los senadores Claudia Sofía Corichi García y Lázaro Mazón Alonso, del Partido de la Revolución Democrática. Se turna a las Comisiones Unidas de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Gobernación.
Se les otorga el uso de la tribuna para referirse al segundo aniversario de los hechos ocurridos en la mina de carbón Pasta de Conchos, en San Juan Sabinas, Coahuila, a los diputados: Santiago Gustavo Pedro Cortés , de Alternativa;
Presidencia de la diputada Ruth Zavaleta Salgado
Humberto Dávila Esquivel , de Nueva Alianza;
Presidencia del diputado Luis Sánchez Jiménez
Pablo Leopoldo Arreola Ortega , del Partido del Trabajo; José Antonio Arévalo González , del Partido Verde Ecologista de México;
A las 12 horas con 11 minutos, se registra una asistencia de 404 diputadas y diputados.
Elías Cárdenas Márquez , de Convergencia; Jericó Abramo Masso, del Partido Revolucionario Institucional, quien solicita un minuto de silencio en memoria de los acaecidos en este suceso, y la Presidencia pide a la asamblea ponerse de pie para tal efecto; José Antonio Almazán González , del Partido de la Revolución Democrática, quien propone un punto de acuerdo y la Presidencia señala que no ha lugar para tal y solicita la lectura del primer párrafo del artículo 3o. y cuarto párrafo del artículo 4o. del acuerdo relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, e informa que dicha propuesta se le dará el tratamiento adecuado para su debido trámite; finaliza el diputado Juan Manuel Sandoval Murguía, del Partido Acción Nacional.
Para referirse al Día del Ejército Mexicano, se les otorga el uso de la tribuna a los diputados: Manuel Cárdenas Fonseca , de Nueva Alianza; Abundio Peregrino García , del Partido del Trabajo; Manuel Portilla Diéguez, del Partido Verde Ecologista de México; José Manuel del Río Virgen , de Convergencia, quien solicita un minuto de silencio en memoria de los militares que han perdido la vida en cumplimiento de su deber y la Presidencia otorga tal petición solicitando a la asamblea ponerse de pie; Roberto Badillo Martínez , del Partido Revolucionario Institucional;
Presidencia de la diputada Ruth Zavaleta Salgado
Cuauhtémoc Sandoval Ramírez , del Partido de la Revolución Democrática y Jorge Justiniano González Betancourt , del Partido Acción Nacional.
La Secretaría da lectura al oficio del Senado de la República, con el que remite el proyecto de declaratoria que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de gasto público, a los antecedentes y consideraciones de dicho proyecto, dando fe de la recepción de 19 votos aprobatorios de las legislaturas de los estados. La Presidencia emite la siguiente declaratoria: ``El Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en uso de la facultad que le confiere el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y previa aprobación de la mayoría de las honorables legislaturas de los estados, declara reformados los artículos 74, 79, 122 y 134; adicionados los artículos 73, 74, 79, 116, 122 y 134; y derogados tres párrafos del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de gasto público''. Pasa al Ejecutivo federal para sus efectos constitucionales y en lo conducente hágase del conocimiento del Senado de la República.
En votación económica, la asamblea dispensa la lectura de los dictámenes con proyecto de decreto de las comisiones:
Quedan de primera lectura.
La Presidencia anuncia la recepción de una fe de erratas de la Cámara de Senadores, con relación al proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de justicia y seguridad pública, aprobada el 13 de diciembre de 2007 y devuelta a la Cámara de Diputados para los efectos del inciso e) del artículo 72 constitucional. Se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia.
En votación económica, la asamblea dispensa la lectura del proyecto de decreto de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, que adiciona una fracción XXX al artículo 28 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. Fundamenta a nombre de la comisión la diputada María Esperanza Morelos Borja , del Partido Acción Nacional. Intervienen en pro los diputados David Sánchez Camacho , del Partido de la Revolución Democrática y Blanca Luna Becerril , de Nueva Alianza. Con un resultado de 378 votos en pro, uno en contra y una abstención, la Presidenta declara aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto en comento. Pasa al Senado de la República para sus efectos constitucionales.
En votación económica, la asamblea dispensa la lectura a los dictámenes con proyecto de decreto de la Comisión de Gobernación, que conceden permisos a los ciudadanos:
Con un resultado de 330 votos en pro, uno en contra y 15 abstenciones, la Presidenta declara aprobados los proyectos de decreto. Pasan al Ejecutivo federal para sus efectos constitucionales.
En votación económica, la asamblea autoriza dar lectura sólo a los puntos de acuerdo de los dictámenes de la Comisión de Relaciones Exteriores:
En votación económica, la asamblea aprueba los puntos de acuerdo en conjunto. Comuníquense.
Se les otorga el uso de la tribuna para presentar iniciativas con proyecto de decreto a los diputados:
Presidencia del diputado Luis Sánchez Jiménez
Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.
La Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión.
El Presidente clausura la sesión a las 15 horas con 10 minutos y cita para la próxima que tendrá lugar el jueves 21 de febrero de 2008 a las 11:00 horas.»
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.
La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca : Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.
Señora Presidenta, mayoría por la afirmativa.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Aprobada el acta. Continúe la Secretaría con las comunicaciones, por favor.
SECRETARIA DE CULTURA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca : «Secretarios de la Honorable Cámara de Diputados.--- Presentes.
La Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal ha programado la ceremonia cívica conmemorativa del 509 aniversario del natalicio de Cuauhtémoc, último huei tlatoani de la Triple Alianza, el próximo 23 de febrero a las 10 horas, en la Plaza de las Tres Culturas, a un costado de la parroquia de Santiago Tlatelolco, delegación Cuauhtémoc.
Por lo anterior, me permito solicitar a ustedes los nombres de los diputados de esa honorable Cámara que asistirán a la ceremonia de referencia.
Agradezco las atenciones que se sirvan prestar a la presente y les reitero las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Para asistir en representación de esta Cámara se designa al diputado José Alfonso Suárez del Real y Aguileray a los diputados que oportunamente designen los grupos parlamentarios durante esta sesión.
Continúe la Secretaría, por favor.
La Secretaria diputado María del Carmen Salvatori Bronca : «Secretarios de la Honorable Cámara de Diputados.--- Presentes.
La Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal ha programado la ceremonia cívica conmemorativa del 68 aniversario del Día de la Bandera, el próximo 24 de febrero a las 10 horas, en el patio poniente del antiguo Palacio del Ayuntamiento del Distrito Federal, situado en Plaza de la Constitución y 5 de Febrero, delegación Cuauhtémoc.
Por lo anterior, me permito solicitar a ustedes los nombres de los diputados de esa honorable Cámara, que asistirán a la ceremonia de referencia.
Agradezco las atenciones que se sirvan prestar a la presente y les reitero las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Continúe la Secretaría, por favor.
COMISION DE VIGILANCIA DE LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION
La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.
Diputada Ruth Zavaleta Salgado , Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.--- Presente.
En cumplimiento del artículo 94 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, así como de los artículos 7, fracción XII, y 11, fracción V, del Reglamento Interior de la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, adjunto a la presente le hago llegar el Informe Anual de Gestión 2007 de la Unidad de Evaluación y Control.
A través de dicho documento, la unidad cumple con la obligación de informar a la Cámara sobre su gestión interna y actividades que realizó en cumplimiento de la función asignada, derivada del artículo 67, fracción VII, que otorga a esta comisión la atribución de evaluar si la Auditoría Superior de la Federación cumple con la funciones que conforme a la Constitución y a la ley le corresponden.
Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi aprecio.
«Informe anual de gestión de la Unidad de Evaluación y Control correspondiente a 2007.
Presentación
El pasado 30 de abril de 2007 se cumplieron los primeros cuatro años de trabajo de la Unidad de Evaluación y Control (UEC) de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Toda vez que el artículo 9 del Reglamento Interior de la Unidad de Evaluación y Control establece que el término del cargo del titular es de 4 años, mismo que podrá prorrogar la Cámara de Diputados a propuesta de la comisión, el 28 de febrero de 2007, en sesión plenaria, la Comisión de Vigilancia aprobó el procedimiento para prorrogar o nombrar al titular de la unidad.
En el marco de dicho procedimiento, y como el titular de la unidad presentó un informe de gestión del periodo 2003-2006, y compareció ante el pleno de la Comisión de Vigilancia, la cual procedió a evaluar dicho informe.
Como resultado de esa evaluación, en su reunión celebrada el 13 de marzo de 2007, la mesa directiva de la Comisión de Vigilancia resolvió proponer como acuerdo al Pleno de la Comisión de Vigilancia con fundamento en los artículos 67, fracción IX, y 93 de la ley de Fiscalización Superior de la Federación, y los artículos 7, fracción I, y 9 del Reglamento Interior de la Unidad de Evaluación, prorrogar el nombramiento del licenciado Roberto Michel Padilla como titular de la unidad por un periodo de 4 años del 1 de mayo de 2007 al 30 de abril de 2011.
Este acuerdo fue suscrito por los miembros diputados integrantes de la Comisión de Vigilancia el 14 de marzo de 2007, y fue aprobado por el pleno de la honorable Cámara de Diputados el 27 de marzo de 2007.
En este contexto, la UEC rinde a la Cámara de Diputados, por conducto de la comisión, el informe anual 2007, el cual es el primero del segundo periodo de gestión de la unidad, en cumplimiento de lo que establece el artículo 94 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, y los artículos 7 fracción XII, y 11 fracción V, del Reglamento Interior de la Unidad de Evaluación y Control.
Este documento se organiza en siete secciones, la primera trata de la ratificación del nombramiento del titular de la Unidad de Evaluación y Control para el periodo que va del 1 de mayo de 2007 al 30 de abril de 2011, las seis secciones restantes exponen los resultados alcanzados por la UEC en materia de apoyo a la Comisión de Vigilancia en su atribución de evaluar el desempeño de la ASF, asesoría jurídica, estudios y publicaciones, normatividad interna, vinculación institucional y administración.
Es relevante hacer notar que desde el inicio de sus actividades, en mayo de 2003, la UEC ha promovido una filosofía de trabajo, basada en principios éticos y de conducta con el objeto de que su misión de vigilar el estricto cumplimiento de las funciones a cargo de los servidores públicos de la ASF, se realice con profesionalismo, objetividad, imparcialidad, confiabilidad, honestidad y actitud constructiva, entre otros elementos.
Así, la tarea de vigilar el trabajo de la entidad de fiscalización superior de la federación ha buscado en estos años aportar elementos que permitan mejorar su desempeño, perfeccionar su marco jurídico de actuación, incrementar la coordinación y comunicación con la honorable Cámara de Diputados y con la Comisión de Vigilancia, e impulsar un proceso de mejora continua de la fiscalización superior, todo ello en el contexto de la cultura de rendición de cuentas y de la inducción hacia gestiones públicas de calidad.
Balance de las acciones desarrolladas en 2007
Las actividades que en el 2007 llevó a cabo la Unidad de Evaluación y Control se orientaron a garantizar un apoyo eficiente a la Comisión de Vigilancia, a efecto de dar cumplimiento a su mandato de vigilar el estricto cumplimiento de las funciones a cargo de los servidores públicos de la ASF. Así, dichas actividades se desarrollaron dentro de las seis vertientes de acción definidas por el programa de trabajo 2007 de la unidad las cuales fueron
Desde su creación, el trabajo de la unidad se ha venido realizando en estricto apego a su marco normativo, procurando aportar elementos para mejorar el proceso de fiscalización superior y, en particular, incrementar la calidad del trabajo del órgano técnico encargado de llevar a cabo la revisión de la Cuenta Pública.
Debe destacarse que si bien la labor de la Unidad implicó revisar diversos procesos y procedimientos de la ASF, en todo momento se mantuvo la premisa de que sus actividades garantizaran el principio de autonomía técnica y de gestión de esa entidad.
1. Apoyo a la Comisión de Vigilancia en su atribución de evaluar el desempeño de la ASF
Durante el periodo que comprende este informe, las labores de evaluación y control sobre el trabajo de la ASF, constituyeron la esencia de los proyectos desarrollados por la unidad. En ese sentido, para garantizar un trabajo eficiente de evaluación a las funciones asignadas a la entidad de fiscalización superior de la Federación, la UEC actuó en cuatro ejes de trabajo:
1.1. Análisis al Informe del resultado de la revisión y fiscalización superior de la Cuenta Pública 2005
Esta actividad es fundamental para evaluar el desempeño de la entidad de fiscalización superior de la Federación en su labor de revisar la Cuenta Pública, identificar áreas de oportunidad de mejora, y derivar propuestas para perfeccionar el marco jurídico en materia de fiscalización superior.
El 29 de marzo de 2007, la ASF rindió a la Cámara de Diputados, por conducto de la Comisión de Vigilancia, el Informe del resultado de la revisión y fiscalización superior de la Cuenta Pública 2005, el cual se integra de 11 tomos y 37 volúmenes, que albergan a cerca de 21 mil páginas, alrededor de siete mil páginas más que el Informe anterior.
De acuerdo con la ASF, en la revisión del ejercicio fiscal 2005 se practicaron 627 auditorías, de las cuales 53 correspondieron al Informe de Avance de Gestión Financiera y 574 a la Cuenta Pública 2005. El número de auditorías practicadas fue superior en 47.9 por ciento al registrado en la revisión de la Cuenta Pública 2004.
Con la aplicación de las 627 auditorías, la ASF observó una cobertura de 136 entes públicos, lo que equivale al 38.7 por ciento de los 351 entes susceptibles de revisar. Asimismo, se auditaron 7 instituciones de educación superior. En general, se revisaron dos órganos del Poder Legislativo, uno del Poder Judicial, 19 dependencias del Poder Ejecutivo, 54 entidades paraestatales coordinadas y siete no coordinadas sectorialmente, 18 órganos desconcentrados y tres órganos constitucionalmente autónomos, siete universidades públicas y la totalidad de las entidades federativas, incluyendo al Gobierno del Distrito Federal.
Como resultado de la revisión, la ASF emitió 4 mil 505 observaciones, de las cuales 169 (3.8 por ciento) correspondieron a la revisión del Informe de Avance de Gestión Financiera (IAGF) y 4 mil 336 (96.2 por ciento) a la Cuenta Pública. Derivado de esas observaciones, la ASF promovió 5 mil 182 acciones.
De acuerdo con lo que dispone la legislación y normativa aplicable, las observaciones se hicieron del conocimiento de los entes fiscalizados, los que dispusieron de 45 días hábiles para presentar la información y documentación comprobatoria correspondiente y solventar las observaciones realizadas, ya que de lo contrario, de acuerdo al análisis de procedencia que realizara la ASF, se promovería el fincamiento de las responsabilidades administrativas sancionatorias, las denuncias de hechos que, en su caso, correspondan y el fincamiento de responsabilidades administrativas resarcitorias.
Por otro lado, la cuantificación monetaria de las observaciones determinadas en la revisión de la Cuenta Pública 2005 ascendió a 26 mil 342.0 millones de pesos, de los cuales el sector Energía concentró el 31.9 por ciento del total, el sector de Hacienda y Crédito Público concentró el 23.9 por ciento, el sector Salud el 16.3 por ciento, y las Entidades Federativas, Municipios y Delegaciones del Distrito Federal el 10.7 por ciento. Estos cuatro sectores representaron el 82.8 por ciento del total de observaciones. Cabe señalar que dicha cuantificación monetaria es solamente una referencia de lo realizado, por lo que no necesariamente implica resarcimientos, recuperaciones o responsabilidades, debido a que su situación definitiva será establecida una vez transcurrido el plazo de 45 días hábiles que la Ley concede a los entes auditados para que ofrezcan evidencias y documentación que permita su solventación.
Trabajos de análisis
En atención a los acuerdos tomados por la Comisión de Vigilancia y en cumplimiento de la atribución señalada en el artículo 67 fracción VII de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, la UEC propuso una estrategia de trabajo para analizar desde distintos ángulos el Informe de referencia, estrategia que fue aprobada por la misma comisión.
El plan de trabajo acordado incluyó cinco líneas de actividad a desarrollarse entre los meses de abril y julio de 2007. Estas líneas fueron las siguientes:
Los resultados del análisis revelaron que el informe que rindió la ASF presentó mejoras respecto de anteriores ediciones, tanto en estructura como de contenido. Ofrece información para verificar los resultados de la gestión de los entes auditados, las disposiciones del Presupuesto y el cumplimiento de objetivos de programas seleccionados.
Además, se mantuvo una mayor presencia del órgano fiscalizador en la aplicación de sus facultades de sanción; se avanzó en la transparencia y rendición de cuentas al fiscalizar fondos y fideicomisos; se profundizó en auditoría de desempeño, centricidad e incluso en revisiones de regularidad, revisando objetivos y metas.
Evidentemente, aun con los avances obtenidos, el resultado del análisis que se realizó, permitió constatar la necesidad de seguir mejorando el informe y el trabajo del órgano fiscalizador, razones por las cuales se formularon 40 recomendaciones específicas a la ASF.
Cabe comentar que las recomendaciones se refieren, entre otros aspectos, a la estructura y contenido del Informe de revisión, a la atención que se le ha venido dando a las anteriores recomendaciones de la Comisión de Vigilancia, al desempeño de la Auditoría en la revisión de la Cuenta Pública, a los hallazgos de la fiscalización y, también recomendaciones orientadas a consolidar la visión estratégica de la fiscalización superior.
1.2. Auditorías e inspecciones
Como parte de las acciones que se llevan a cabo para vigilar que los servidores públicos de la ASF, se conduzcan en términos de lo dispuesto por la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, durante el 2007, la Unidad de Evaluación y Control realizó las siguientes actividades:
1.3. Seguimiento de observaciones y acciones
Recomendaciones de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación a la ASF
Con base en el documento de conclusiones y recomendaciones derivadas del análisis al Informe del resultado de la revisión y fiscalización superior de la Cuenta Pública 2005, la Comisión de Vigilancia formuló 40 recomendaciones a la ASF a efecto de mejorar su desempeño, elevar la calidad del Informe que rinde a la Cámara de Diputados, y fortalecer el esquema de fiscalización superior en el país.
La UEC sistematizó estas recomendaciones y ha programado para 2008 una evaluación integral a la ASF en donde se incluirá la verificación del cumplimiento de las recomendaciones formuladas a la ASF.
De cualquier manera, con base en los programas de mejora de la ASF, en los que se establecen compromisos para atender las recomendaciones de la Comisión, la UEC realiza un monitoreo permanente para constatar su cumplimiento.
Solventación de acciones promovidas por la ASF en los entes auditados
Con motivo del análisis del Informe de la revisión de la Cuenta Pública, desde hace algunos años, la Comisión de Vigilancia ha reiterado una recomendación para que la ASF informe del estado que guarda la solventación de cada una de las observaciones y acciones promovidas, identificando las acciones llevadas a cabo desde su presentación a los entes auditados.
Esta recomendación, de hecho, fue el origen de la reforma al artículo 32 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, que el pasado mes de agosto de 2007 aprobó el honorable Congreso de la Unión, a través de la cual se estableció la obligación de la ASF de rendir un informe semestral a la Cámara de Diputados, por conducto de la Comisión de Vigilancia de la ASF, del estado que guarda la solventación de observaciones, recomendaciones y acciones promovidas hechas a las entidades fiscalizadas, mismo que deberá ser presentado a más tardar los días 15 de los meses de abril y octubre de cada año, con los datos disponibles al cierre de los meses inmediatos anteriores.
Para verificar el cumplimiento de la recomendación formulada por la Comisión a la ASF, así como de la nueva disposición de Ley, la UEC analizó cuatro informes que el órgano fiscalizador turnó a la Cámara en los meses de enero, mayo, julio y octubre de 2007, los cuales reportan el estado de trámite y conclusión de las observaciones-acciones emitidas a las entidades fiscalizadas, con motivo de la revisión de las Cuentas Públicas.
De manera oportuna, la UEC elaboró documentos de análisis a dichos informes y los turnó a la Comisión de Vigilancia para su conocimiento y efectos. De acuerdo con el más reciente reporte de la ASF, con corte al 30 de septiembre de 2007, la ASF reportó que derivado de la fiscalización superior a las cuentas públicas 2002--2005, se emitieron 14,383 observaciones-acciones a la Administración Pública Federal.
De ese total, se tenían con proceso de seguimiento concluido 12,755 acciones, lo que representa un avance del 88.7 por ciento, al 30 de septiembre de 2007. Dentro de esas acciones, 12,603 acciones ya fueron atendidas; 87 fueron sustituidas por una nueva acción; 52 acciones fueron dadas de baja por resolución de alguna autoridad competente y 13 dadas de baja por interposición de demanda.
En el Informe referido se reporta un total de 1,628 acciones en proceso de atención (11.3 por ciento del total emitido), de las que 274 acciones (1.9 por ciento) no se han solventado debido a que las respuestas ofrecidas por las entidades fiscalizadas están en análisis; 396 acciones (2.8 por ciento del total) cuentan con dictamen técnico para conclusión; en 918 (6.4 por ciento) la respuesta ofrecida es insuficiente; 8 acciones (0.06 por ciento) tienen dictamen técnico para emitir una nueva acción; 25 acciones tuvieron respuesta improcedente; y 7 acciones (0.05 por ciento) no han tenido respuesta por parte de los entes fiscalizados.
Por otro lado, la ASF reportó que además de las acciones anteriores, al 30 de septiembre de 2007, se emitieron 1,414 acciones correctivas que implican alguna responsabilidad, que se integran por 735 pliegos de observaciones, 628 promociones de responsabilidades administrativas sancionatorias, 32 fincamientos de responsabilidades resarcitorias, y 19 denuncias penales. A esa fecha, quedaban pendientes de solventar 507 acciones, es decir, el 35.9 por ciento del total.
1.4. Contraloría, registro y control patrimonial
Durante el periodo de que se informa se llevaron a cabo distintas tareas de evaluación y control de la gestión administrativa, las cuales tienen por objeto detectar oportunidades de mejora en aspectos operativos de la entidad de fiscalización superior de la federación.
Contraloría, responsabilidades, quejas y denuncias
Durante el periodo que abarca este informe, la UEC llevó a cabo las actividades siguientes (que incluyen procedimientos administrativos de investigación y disciplinarios):
De los dos citados procedimientos de investigación del año 2006, cuyas originales calificaciones fueron iniciar el procedimiento disciplinario, uno de ellos fue objeto de una nueva reflexión al haberse acumulado a un segundo expediente del año 2005, con lo cual se resolvió el no inicio de procedimiento disciplinario. Y respecto del otro procedimiento, de igual forma que en el primero, se integraron pruebas supervenientes, y está en estudio el acuerdo que determinará el destino del expediente.
Respecto de los tres procedimientos de investigación del año 2005, se emitieron los respectivos acuerdos de conclusión: En dos casos no se reunieron elementos de responsabilidad; y el tercer caso se declaró improcedente por no ser materia de responsabilidad. Se practicaron las diligencias de notificación de dos casos, y queda uno pendiente de notificar.
De los ocho procedimientos de investigación que se encuentran en trámite: uno es del año 2006 y siete son de 2007.
De los restantes 29 procedimientos disciplinarios se informan los siguientes resultados: están pendientes de notificar seis resoluciones con sanción administrativa aprobadas por la Comisión de Vigilancia; cuatro resoluciones se encuentran ante la Comisión de Vigilancia en proceso de aprobación del acuerdo de fincamiento de responsabilidades e imposición de sanciones administrativas; de tres resoluciones está pendiente elaborar el acuerdo de fincamiento de responsabilidades e imposición de sanciones administrativas, y están pendientes dieciséis procedimientos, de los cuales once se encuentran en la etapa de cierre de instrucción y cinco en trámite.
De las actividades derivadas de los procedimientos de investigación y disciplinarios, se emitieron acuerdos; se atendieron comparecencias y audiencias de ley; se elaboraron oficios y se practicaron diligencias de notificación, con los siguientes resultados: se emitieron 273 acuerdos de los que derivaron 45 actas administrativas por comparecencias y audiencias de ley; y se elaboraron 267 oficios, de los cuales 141 se dirigieron a diversas autoridades y 126 a particulares; practicándose 195 diligencias de notificación externas. Asimismo, se actualizó el sistema de control y de consultas de los expedientes tanto de procedimientos de investigación como disciplinarios.
Registro y control patrimonial
Actualmente, el registro y control patrimonial de los servidores públicos de la ASF es responsabilidad de la UEC.
De conformidad con lo establecido en la fracción IX del artículo 36 de la LFRASP, tienen obligación de presentar declaraciones de situación patrimonial todos los servidores públicos adscritos a la Auditoría Superior de la Federación, desde el nivel de jefe de departamento u homólogo hasta el de auditor superior de la Federación.
Así, en el periodo de que se informa, la Unidad de Evaluación y Control operó el Programa de Recepción, Registro y Control de Situación Patrimonial de los servidores públicos de la Auditoría Superior de la Federación, el cual se inscribe en las acciones para vigilar el estricto cumplimiento de sus funciones.
Las acciones más relevantes realizadas por la UEC en lo que concierne al registro y control patrimonial fueron las siguientes:
Otras actividades
1.5. Análisis a documentos de la ASF
De manera complementaria a las acciones que se llevaron a cabo para verificar el estricto cumplimiento de las funciones a cargo de los servidores públicos de la ASF, la UEC operó una estrategia de revisar y analizar diversos documentos que la entidad de fiscalización superior de la Federación turnó a la Comisión de Vigilancia, así como diversas notas de opinión sobre temas vinculados con la fiscalización, la transparencia y la rendición de cuentas. En ese sentido se prepararon, entre otros, los siguientes documentos:
De acuerdo con la revisión del Informe de Avance de Gestión Financiera 2006, la ASF llevó a cabo 48 auditorías, de las cuales 37 son de regularidad (77 por ciento) y 11 especiales (23 por ciento). La realización de estas auditorías, implicó fiscalizar a 30 entidades, de las cuales 28 pertenecen al Poder Ejecutivo (agregados en 12 sectores y una no coordinada sectorialmente, el IMSS) y 2 a órganos constitucionalmente autónomos ( Instituto Federal Electoral y Comisión Nacional de los Derechos Humanos).
En general, el informe de las observaciones sobre la revisión del Informe de Avance de Gestión Financiera 2006 consta de 2 volúmenes y fue presentado a la honorable Cámara de Diputados, en tiempo y forma, de conformidad con lo que establece el artículo 79, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 16, fracción III, 17, 18 y 19 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación.
Los resultados de estas auditorías formarán parte del Informe de la revisión de la Cuenta Pública 2006, que deberá ser rendido por la ASF a más tardar el 31 de marzo de 2008 y que será sujeto de un amplio proceso de análisis por parte de la Comisión de Vigilancia y la Unidad de Evaluación y Control.
Cabe comentar que en las revisiones previstas para evaluar la Cuenta Pública 2006, se incluyen 20 auditorías con enfoque integral, 1 auditoría de centricidad y 6 auditorías con enfoque horizontal.
De acuerdo con el PAAVI para la fiscalización superior del IAGF 2007, la Auditoría Superior de la Federación aprobó la práctica de 49 auditorías, de las que 37 (75.5 por ciento) serán de regularidad y 12 (24.5 por ciento) especiales. Dentro de las previstas de regularidad, 22 serán financieras y de cumplimiento (equivalentes al 44.9 por ciento del total) y 15 de inversiones físicas (30.6 por ciento).
El reporte fue preparado con base en el análisis del documento titulado Informe a la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados para atender las Disposiciones del Artículo 10 del PEF 2007 que remitió la Auditoría Superior de la Federación a la Comisión de Vigilancia.
Otras actividades
Se revisaron y actualizaron diversos procedimientos de aplicación general, para mejorar el trabajo de evaluación de las auditorías.
2. Asesoría jurídica
Un elemento central en la labor cotidiana de la Unidad de Evaluación y Control es la promoción del principio de legalidad, brindando apoyo y asesoría jurídica a las áreas sustantivas de la UEC, así como a la propia Comisión de Vigilancia.
Durante el período que se examina, en cumplimiento de las atribuciones que le confiere la ley, la Unidad de Evaluación y Control brindó asesoría jurídica y apoyo al desarrollo de las actividades de la Comisión de Vigilancia.
En materia legal, la unidad actuó como órgano de consulta de la Comisión de Vigilancia en tres grandes vertientes: análisis del marco jurídico de la fiscalización superior; investigaciones y estudios jurídicos sobre fiscalización superior; y atención de los procedimientos sancionatorios y contenciosos.
Se atendieron 278 turnos de la Comisión de Vigilancia, en algunos de los cuales se requirieron análisis y opinión. También se atendieron 36 puntos de acuerdo que se presentaron ante el Pleno de esta soberanía, a través de los cuales se requirió la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, así como a las solicitudes de legisladores y particulares para realizar auditorías y revisiones a los entes fiscalizados.
Marco jurídico en materia de fiscalización superior
Con el propósito de apoyar el trabajo del comisión en materia de análisis al marco jurídico de la fiscalización, la UEC desarrolla investigaciones, y brinda apoyo en la elaboración de documentos de opinión e iniciativas de ley, y asesorías en temas legales. Algunos de los proyectos que se materializaron con el apoyo de la unidad en el período considerado son las siguientes opiniones:
Asimismo, la Unidad de Evaluación y Control trabajó en diversos proyectos jurídicos relacionados con el trabajo de la ASF, para precisar, mejorar o ambas, su marco legal de actuación destacando los siguientes:
Investigación jurídica
La UEC desarrolla una línea de estudios e investigaciones jurídicas en materia de fiscalización superior, de la cual se han derivado, entre otros, el Estudio comparado de la legislación sobre fiscalización superior en México y las entidades federativas.
Asimismo, se continuó revisando la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados, y la del Senado de la República, con la finalidad de compilar todas las iniciativas de contenido relacionado con la materia de fiscalización superior. En el periodo examinado se establecieron dos fechas de corte, una para el 30 de noviembre de 2006 y otra para mayo de 2007.
Procedimientos contenciosos
En el periodo de que se informa, la unidad apoyó a la Comisión de Vigilancia a través de las siguientes acciones:
3. Estudios y publicaciones
En el periodo de que se informa, la Unidad de Evaluación y Control continuó impulsando un importante proyecto de publicaciones, con el objetivo de difundir los resultados de su trabajo, así como contribuir al análisis, debate y reflexión sobre la fiscalización superior en México y el mundo. Entre las publicaciones más importantes que se dieron a conocer se encuentran las siguientes:
4. Diseño y actualización de normatividad interna
En la perspectiva de brindar apoyo técnico de primer orden, en el periodo de que se informa la UEC mantuvo un amplio esfuerzo por fortalecer su marco institucional a través de la revisión de sus documentos normativos.
La Unidad de Evaluación y Control instaura su tarea permanente de revisión y actualización de sus normas internas de actuación con el propósito de disponer de un marco adecuado para el mejor desempeño de sus funciones.
Se revisaron y adecuaron documentos como el Código de Ética y Conducta de la Unidad de Evaluación y Control; el Estatuto Laboral; y las Normas Técnicas para la práctica de Auditorías, Visitas e Inspecciones para Evaluar el Desempeño de la Auditoría Superior de la Federación.
Asimismo, se revisó y actualizó el documento Procedimientos de aplicación general para evaluar la gestión técnica de la Auditoría Superior de la Federación .
De la misma manera, la unidad mantiene un ejercicio continuo de revisión de su Reglamento Interior y de su Manual de Organización, con el propósito de garantizar una actuación objetiva y fundada en el marco de la legalidad.
5. Vinculación institucional
La UEC mantiene canales de comunicación abierta y mecanismos de coordinación y colaboración en tres ámbitos:
A. Con la CVASF y sus integrantes, a efecto de brindar apoyo eficiente y oportuno;
La UEC atendió 365 asuntos turnados por la Comisión de Vigilancia, clasificados en los siguientes términos:
B. Con la ASF, para garantizar una adecuada coordinación en los trabajos de evaluación de sus funciones; y
C. Con instituciones académicas, entidades públicas y privadas, y organizaciones nacionales e internacionales vinculadas al estudio de la fiscalización superior, y la evaluación y control de la gestión gubernamental, a fin de promover espacios de reflexión, debate y análisis sobre las tendencias, alternativas y oportunidades de mejora de la fiscalización superior en México.
Participación en foros y encuentros:
Desempeño de la página web. Asimismo, con el propósito de ampliar los canales de comunicación institucional, en diciembre de 2006 se inauguró la página de la Unidad de Evaluación y Control en Internet, la cual ofrece información acerca de las funciones de este órgano técnico, los productos que genera, los trámites y servicios que ofrece, herramientas de consulta, ligas a sitios relacionados con el estudio de la fiscalización superior, y medios para contactarla, entre otros aspectos. (www.diputados.gob.mx/UEC)
6. Administración y presupuesto
En el periodo de que se informa, la operación de la UEC se llevó a cabo conforme a las directrices de racionalidad del gasto, optimización de recursos y maximización de la productividad.
Administración de capital humano
El activo más valioso con que cuenta la UEC es su capital humano, integrado por un equipo de trabajo multidisciplinario con un sólido compromiso ético e institucional. En el periodo enero-septiembre de 2007 se gestionaron diversos cursos y conferencias en materia de fiscalización superior y en áreas de finanzas, presupuesto y cómputo.
Desarrollo e instauración del programa de capacitación de la UEC
Se elaboró un proyecto de Diplomado de fiscalización superior y rendición de cuentas, una actividad por desarrollar al amparo del programa de trabajo de la UEC correspondiente a 2007. También se elaboró un documento de logística, que contiene todos los materiales y recursos necesarios para llevar a cabo el diplomado.
Programación y presupuesto
El presupuesto de egresos autorizado para la UEC respecto al ejercicio de 2007 ascendió a 62.2 millones de pesos, de los cuales 86.9 por ciento correspondió al Capítulo 1000, ``Servicios personales''; y el resto se distribuyó para satisfacer los requerimientos mínimos de operación de la unidad.
Unidad de Evaluación y Control Presupuesto autorizado, 2007
Para solventar una de las observaciones de la revisión practicada por la contraloría a la UEC, se han llevado a cabo de manera mensual las conciliaciones con la Dirección General de Programación, Presupuesto y Contabilidad a efecto de conciliar las cifras del presupuesto ejercido.
Innovación organizacional
Con el propósito de apoyar las tareas sustantivas de la unidad, se operó una base de datos relacional, la cual contiene la información de todas las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos de la ASF, las cuales son capturadas de manera automática en la base de datos citada, asegurándose la confidencialidad de la información gracias a un sistema que encripta datos.
Se diseñó y se alimenta un sistema de evaluación y seguimiento de las observaciones-acciones promovidas por la ASF, el cual es alimentado por la información que suministra ese órgano técnico de la Cámara. Representa una valiosa herramienta de apoyo para la realización de estudios y análisis, y permitirá generar reportes periódicos que apoyarán la toma de decisiones en materia del trabajo de la ASF sobre el proceso de solventación de observaciones.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : De enterada. Insértese el documento íntegro en el Diario de los Debates. Continúe, por favor, la Secretaría.
GRUPOS DE AMISTAD
La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.--- Junta de Coordinación Política.
Diputada Ruth Zavaleta Salgado , Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.--- Presente
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 8, tercer párrafo, del acuerdo relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, le pido atentamente que se someta a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente movimiento, solicitado por el coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza:
• Que el diputado Miguel Ángel Jiménez Godínez cause alta en el Grupo de Amistad México-Chipre.Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.
Sin otro particular, quedo de usted.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : De enterada.
La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.--- Junta de Coordinación Política.
Diputada Ruth Zavaleta Salgado , Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.--- Presente
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos mexicanos; y 8, tercer párrafo, del acuerdo relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, le pido atentamente que se sometan a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados los siguientes movimientos, solicitados por el diputado Ricardo Cantú Garza , coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo:
• Que el diputado Anuario Luis Herrera Solís cause alta en los grupos de Amistad con Colombia, Guatemala y Nicaragua.• Que el diputado Jaime Cervantes Rivera cause alta como integrante en el Grupo de Amistad México-Chipre.Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.
Sin otro particular, quedo de usted.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : De enterada. Continúe, por favor, la Secretaría.
INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES
La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.--- Junta de Coordinación Política.
Diputada Ruth Zavaleta Salgado , Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.--- Presente
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, le solicito atentamente que se someta a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente movimiento, solicitado por la diputada Gloria Lavara Mejía , coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México:
• Que la diputada Ana María Ramírez Cerda se integre a la Junta de Gobierno, como invitada permanente, en el Instituto Nacional de las Mujeres.Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.
Sin otro particular, quedo de usted.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : De enterada. Comuníquese.
COMISIONES LEGISLATIVAS
La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.--- Junta de Coordinación Política.
Diputada Ruth Zavaleta Salgado , Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.--- Presente
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 8, tercer párrafo, del acuerdo relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, le pido atentamente que se sometan a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados los siguientes movimientos, solicitados por el diputado Emilio Gamboa Patrón , coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional:
• Que la diputada Lila Guadalupe Merodio Reza cause baja como integrante en la Comisión de Defensa Nacional.• Que la diputada Lila Guadalupe Merodio Reza, cause alta como integrante en la Comisión de Equidad y Género.• Que el diputado Alfredo Rodolfo Ríos Camarena cause alta como integrante en la Comisión de Puntos Constitucionales.Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.
Sin otro particular, quedo de usted.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : De enterada.
La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.--- Junta de Coordinación Política.
Diputada Ruth Zavaleta Salgado , Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.--- Presente
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 8, tercer párrafo, del acuerdo relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, le pido atentamente que se sometan a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados los siguientes movimientos, solicitados por el coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional:
• Que la diputada Claudia Sánchez Juárez cause alta como integrante de la Comisión de Reforma Agraria.• Que el diputado Carlos Alberto Torres Torres cause baja como presidente de la Comisión Especial para la promoción del acceso digital a los mexicanos y, a su vez, cause alta como integrante de la misma comisión.• Que el diputado Antonio Vega Corona cause baja como integrante de la Comisión Especial para la promoción del acceso digital a los mexicanos y, a su vez, cause alta como presidente de ésta.• Que el diputado Antonio Vega Corona cause baja como secretario de la Comisión de Ciencia y Tecnología y pase a ser integrante de ésta.• Que el diputado Jaime Verdín Saldaña cause baja como integrante de la Comisión de Ciencia y Tecnología y pase a ser secretario de ésta.• Que el diputado Carlos Alberto García González cause alta como integrante de la Comisión de Hacienda y Crédito Público.• Que el diputado Carlos Alberto García González cause baja como integrante de la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios.• Que la diputada Rosaura Virginia Denegre Vaught Ramírez cause alta como integrante de la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios.• Que la diputada Rosaura Virginia Denegre Vaught Ramírez cause alta como integrante de la Comisión del.• Que la diputada Alma Xóchil Cardona Benavides cause alta como integrante del Grupo de Amistad México-Honduras, en sustitución de Luis Rodolfo Enríquez Martínez .• Que la diputada Alma Xóchil Cardona Benavides cause alta como integrante del Grupo de Amistad México-República Dominicana, en sustitución de Luis Rodolfo Enríquez Martínez .• Que la diputada Rosaura Virginia Denegre Vaught Ramírez cause alta como integrante del Grupo de Amistad México-Italia, en sustitución de José Manuel Mijares Jiménez.• Que el diputado Adolfo Escobar Jardinez cause alta como secretario del Grupo de Amistad México-Nicaragua, en sustitución de María Ofelia Gloria Malcos Amaro . • Que el diputado Adolfo Escobar Jardinez cause alta como integrante del Grupo de Amistad México-Montenegro.• Que el diputado Antonio Sánchez Díaz de Rivera cause alta como secretario del Grupo de Amistad México-Vietnam, en sustitución de Gloria María Perroni Merino .• Que el diputado Antonio Sánchez Díaz de Rivera cause alta como integrante del Grupo de Amistad México-Polonia.• Que la diputada María de Jesús Martínez Díaz cause baja como Presidente del Grupo de Amistad México-Rumania y pase a ser integrante de éste.• Que la diputada Marcela Cuen Garibi cause baja cómo integrante del Grupo de Amistad México-Rumania y pase a ser presidenta de éste.• Que la diputada Laura Angélica Rojas Hernández cause baja como integrante del Grupo de Amistad México-Francia.• Que el diputado Francisco Antonio Fraile García cause baja como integrante del Grupo de Amistad México-Reino Unido.• Que la diputada Laura Angélica Rojas Hernández cause alta como integrante del Grupo de Amistad México-Reino Unido.Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.
Sin otro particular, quedo de usted.
En votación económica se pregunta a la asamblea si son de aprobarse los cambios solicitados. Los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa.
Señora Presidenta, mayoría por la afirmativa.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Aprobado. Comuníquese.
Se informa a los compañeros de las diferentes fracciones parlamentarias que están monitoreándonos, que va a haber votación, por lo cual requerimos su presencia en este salón de plenos, por favor.
Continúe la Secretaría, por favor.
ESTADO DE TABASCO
La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.--- Junta de Coordinación Política.
Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a instruir para que se realice y corrija, en su caso -donde existan omisiones-, el censo estatal de viviendas afectadas para la aplicación del programa de vales hasta por diez mil pesos canjeables por muebles y enseres domésticos a familias que perdieron su patrimonio durante la inundación en los municipios marginados y afectados en Tabasco, como Teapa, Jalapa, Tacotalpa, Nacajuca, Jalpa, Cunduacán, Huimanguillo y Centro
La Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo dispuesto en el inciso b), numeral 1, del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo décimo cuarto del acuerdo de la Conferencia para la Dirección y programación de los Trabajos Legislativos relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, hace suya la proposición con punto de acuerdo relativa a la materia objeto del presente, que presenta la diputada Mónica Fernández Balboa , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, por lo que se somete a consideración del Pleno de esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión el siguiente
Punto de Acuerdo
Único: Se exhorta al Ejecutivo federal a instruir para que se realice y corrija, en su caso --donde existan omisiones--, el censo estatal de viviendas afectadas para la aplicación del programa de vales hasta por diez mil pesos, canjeables por muebles y enseres domésticos a familias que perdieron su patrimonio durante la inundación en los municipios marginados y afectados en Tabasco, como Teapa, Jalapa, Tacotalpa, Nacajuca, Jalpa, Cunduacan, Huimanguillo y Centro.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : En este punto que acaba de exponer la compañera Secretaria se ha inscrito para participar la diputada Mónica Fernández Balboa, del Grupo Parlamentario del PRD, por lo cual tiene el uso de la palabra.
La diputada Mónica Fernández Balboa : Con su venia, Presidenta.Es muy sencillo el planteamiento a raíz de las inundaciones que todos conocen y que ya hemos discutido mucho en esta tribuna. El gobierno federal, en apoyo a los damnificados y a las personas que perdieron todo en Tabasco, implantó un programa emergente para darles vales, a estas personas ---a las familias que perdieron su patrimonio---, de 10 mil pesos, canjeables por enseres domésticos.
En la puesta en marcha de este programa también se anunciaron otras medidas de apoyo, como las del Infonavit, del Fovissste, etcétera y, como parte de este proceso de recuperación, adicionalmente se empezó con un programa crediticio de hasta 10 mil pesos por personas, que permitiría a micro y pequeños empresarios empezar a levantar sus negocios.
Sin embargo, a la fecha los resultados del primer programa de apoyo, el más inmediato, que era el de los vales para la recuperación de enseres domésticos... Se pusieron algunas reglas como fue levantar censos y después de estos censos, entregar los vales.
Las medidas que pusieron presentaron fallas que resultaron muy visibles y lamentables, principalmente en los municipios más marginados. Acuérdense que no nada más se inundó el municipio del Centro, que es la capital, sino muchos municipios.
En este sentido, incluso el nuevo secretario de Desarrollo Social, en su reciente visita a Tabasco admitió que hubo fallas en el censo, en la entrega de vales a los damnificados y que estas fallas se han registrado más que nada por la falta de experiencia en instrumentar este programa inédito.
Nosotros estamos conscientes de esto, pero las fallas han sido muchas y han generado ---lo que también fue advertido desde esta tribuna en noviembre pasado--- una inconformidad social creciente que se ha manifestado. Hoy por hoy hay manifestaciones todos los días; ha habido hasta ocho o nueve manifestaciones en lo que va de febrero, y han sido básicamente por la falta de respuesta, por la falta de prontitud en la aplicación de este programa.
No quisiéramos culpar a nadie. Queremos pensar que es efectivamente un programa nuevo, un programa para el que no se estaba preparado, pero sí es urgente que tomemos las medidas, como legisladores...
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Diputada, me permite, por favor.
Antes estaba el diputado Rodríguez Prats... Diputado Pedro Landero, ¿quiere hacer alguna pregunta o quiere pasar a participar?
El diputado Pedro Landero López (desde la curul): Diputada, quiero pasar a participar.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Es que para eso no debemos interrumpir a los oradores. Permítame, ahorita que termine de hablar. Discúlpeme, diputada. Termina ella de hablar y pasan ustedes. Gracias.
La diputada Mónica Fernández Balboa : Gracias, Presidenta.
Este programa, ante la falta de experiencia y porque es nuevo, se decidió que lo hicieran entre el gobierno federal, a través de la Secretaría de Desarrollo Social y el gobierno del estado. Creemos que esta participación ha dado una falta de coordinación que el resultado es que no se esté atendiendo a las familias y a las personas que han sido más afectadas.
En este sentido es que los convoco y agradezco a todos los grupos parlamentarios el haber podido subir este punto de acuerdo de forma unánime por la Junta de Coordinación Política, para que impulsemos los apoyos de manera pronta y expedita a la población tabasqueña que más lo necesita.
Por lo anterior, someto a la consideración de esta Cámara de Diputados la proposición con punto de acuerdo
Único. Se exhorta a que el Ejecutivo federal instruya a que se realice donde no se ha hecho, y se corrija donde ya se realizó, o supuestamente se realizó, el censo estatal de viviendas afectadas, para la aplicación del programa de vales hasta por 10 mil pesos, canjeables por muebles y enseres domésticos, a familias que perdieron su patrimonio durante la inundación en los municipios marginados y afectados en Tabasco, tales como Teapa, Jalapa, Tacotalpa, Nacajuca, Jalpa, Cunduacán, Huimanguillo y Centro.
Es cuanto, señora Presidenta.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Tiene el uso de la palabra el diputado Juan José Rodríguez Pratsy, posteriormente, el diputado Pedro Landero López, por favor.
El diputado Juan José Rodríguez Prats : Con su permiso, señora Presidenta.Desde luego que el Partido Acción Nacional suscribe este punto de acuerdo. Pero quiero aprovechar la ocasión para hacer un amplio reconocimiento al esfuerzo que han hecho el gobierno federal y el gobierno del estado en esta tragedia que a finales de octubre afectó a Tabasco. Sin duda alguna fue una tragedia que rebasó todos los pronósticos y que, obviamente, puso en serios aprietos a las autoridades para responder a todos los conflictos que generaron las afectaciones, los daños que causó esta enorme creciente.
Pero el presidente Felipe Calderón creo que ha dado una muestra fehaciente, con más de 10 visitas al estado. Y lo mismo el señor gobernador, Andrés Granier, en coordinar todos los trabajos de ambas entidades, para enfrentar estos problemas. Y, efectivamente, como ha dicho quien me precedió en el uso de la palabra, se instrumentaron planes de apoyo, se canaliza inversión.
La Comisión Federal de Electricidad ---hay que reconocerlo aquí y poner énfasis en ello---, lo mismo que la Conagua, hicieron un enorme esfuerzo para frenar no tan sólo los daños, sino prever, porque el estado de emergencia prevalece, lo que pueda acontecer en el futuro. Hay que hacer desde el Poder Legislativo ---que tantos puntos de acuerdo, que tantos llamados presenta--- el reconocimiento en esta ocasión a los gobiernos federal y estatales por el trabajo realizado.
Efectivamente, se instrumentó un reparto eficaz, constante, de despensas, apoyos directos a negocios, reparación de carreteras, de calles. Y tal vez lo más importante, que nos debe enorgullecer, por un inmenso esfuerzo de coordinación en lo que han sido las obras para canalizar las aguas del mal llamado ``alto Grijalva-Mezcalapa-Río Grande'', entre la presa Peñitas y Malpaso. Porque ahí, por el desgarramiento de un cerrro, cayeron 1 millón de metros cúbicos de tierra que bloquearon el río, y que estaban creando un gran conflicto y una gran amenaza.
La inversión realizada ahí rebasa los mil millones de pesos. Y compañías privadas, empresas públicas hicieron un esfuerzo para hacer un canal. Hoy se está desfogando ese tapón, lo que sin duda disminuye el riesgo sobre la llanura, sobre el gran delta, que es Tabasco.
Efectivamente, como consecuencia de la urgencia ha habido errores, ha habido fallas y, por eso suscribimos este acuerdo, para que conforme a las reglas, para que conforme a los asensos, se puedan superar los problemas, se puedan actualizar los daños y sobre todo no tan sólo se considere la marginación, sino a quienes efectivamente fueron dañados, o se ocasionó alguna lesión en su patrimonio, en sus bienes.
Sin duda alguna, Tabasco está en uno de los momentos más críticos de su historia. He tenido la oportunidad de estar en mi tierra, en mi tierra política, en mi tierra que me acoge.
Para efectos electorales podemos difundir nuestra vocación. Pero en el caso de Tabasco... definitivamente está en uno de los momentos más difíciles de su historia. Y creo que las autoridades están respaldando, están sustentando el desarrollo del estado, están haciendo frente a este enorme problema, y por eso vale la pena suscribir este acuerdo, para que continúen esos apoyos. Por su atención, muchas gracias.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Gracias, diputado Juan José Rodríguez Prats. Tiene el uso de la palabra el diputado Pedro Landero López, del Grupo Parlamentario del PRD, por favor.
El diputado Pedro Landero López : Con su venia, señora Presidenta.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Adelante, diputado.
El diputado Pedro Landero López : Compañeros diputados, hoy no vengo a celebrar la función de los gobiernos, menos de Andrés Granier, que ha traficado con la pobreza y con la desgracia del pueblo de Tabasco, de los municipios que, en su mayoría, sufrieron y perdieron todo.Y que en la actualidad, compañeros, a raíz de esta desgracia, la gente inconforme, a lo largo y ancho de Tabasco, se ha manifestado en más de 20 ocasiones, y de esas 20 ocasiones ha habido, hasta hoy, 14 represiones policiacas.
Anoche desalojaron a algunos compañeros que estaban manifestándose en Plaza de Armas, pero esto tiene una causa fundamental ---lo decía aquí el diputado Rodríguez Prats---: el programa emergente que se echó a andar en Tabasco es un programa en el cual levantaron un censo deficiente y corrupto.
¿Por qué deficiente y corrupto? Porque censaron a miles y miles de personas que no se fueron al agua. Y para recuperar los enseres domésticos daban un certificado de 10 mil pesos, para que lo fueran a canjear, efectivamente, a los centros comerciales.
Y los que repartieron este certificado Invitad, gobierno del estado, en contubernio con los de Sedesol, vendían los folios a 500 pesos, y vendían los certificados a mil pesos. Hubo muchísima gente, miles de personas que tienen folio.
Nada más de lunes a la fecha tengo aquí, en mi poder, alrededor de 10 mil personas que tienen su folio desde noviembre y no les llega su vale para que puedan ser canjeados los enseres domésticos. Pero además ---tengo en mis manos--- aquí tengo alrededor de 800 vales, vales que ya reconoció Granier. Vengo de una reunión de aquí también de Desarrollo Social, ya reconocieron que mucha gente traficó con estos vales.
Estos vales, compañeros, los vendieron. Se los vendieron a otra gente, y cuando ya iba esta gente muy esperanzada en que ya iban a tener sus enseres domésticos, llegan a los centros comerciales y resulta que estos vales ya los cobró otra persona. Estoy hablando de los vales. Pero además, las personas que tienen su folio también los vendieron y traficaron con esos vales, y ya otra gente cobró esos vales.
De tal manera que este programa lo ha agarrado Andrés Granier en el estado, para que se siga haciendo campaña política. Quiero decirle que desde el apoyo que dieron los empresarios, las instituciones independientes y las organizaciones civiles, compañeros, estos apoyos, Granier se dedicó a repartir las despensas en la Quinta Grijalva, quería que la gente de las comunidades viniera por una despensa cuando tenían que caminar cuatro y cinco horas. Ahí, todo el tiempo pasó ahí.
Lo mismo pasó con este programa; pasó con los adultos mayores que echó a andar Andrés Granier en Tabasco, donde dejó fuera a más de 20 mil personas y reconoció también que habían metido gente que no era de su competencia. Por tanto, compañeros, quiero pedirle a todos ustedes el apoyo.
No podemos permitir que los programas sociales se agarren para manejarse de manera personal o a la conveniencia. Ellos dicen que, efectivamente, los vales no se los van a entregar a la gente aunque estén foliados, porque a ellos les vale también. Ellos están en el gobierno y creen que tienen todo el poder, señora Presidenta.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : No habiendo más oradores inscritos, por favor, pido a la Secretaría que someta a votación económica si se aprueba o no la propuesta.
La Secretaria María del Carmen Salvatori Bronca : En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.
Diputada Presidenta, mayoría por la afirmativa.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Aprobado. Comuníquese. Continúe, por favor, la Secretaría.
IMPORTACION DEFINITIVA DE VEHICULOS AUTOMOTORES USADOS
La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.--- Junta de Coordinación Política.
Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que la Cámara de Diputados solicita al Ejecutivo federal, por conducto de las secretarías de Hacienda y Crédito Público, y de Economía, y al Servicio de Administración Tributaria que tomen las medidas necesarias para dejar sin efecto el ``decreto por el que se reforman los diversos por el que se establecen las condiciones para la importación definitiva de vehículos automotores usados, y por el que se establecen las condiciones para la importación definitiva de vehículos automotores usados, destinados a permanecer en la franja fronteriza norte del país, en los estados de Baja California y Baja California Sur, en la región parcial del estado de Sonora y en los municipios de Cananea y Caborca, Sonora, publicados el 22 de agosto de 2005 y el 26 de abril de 2006, respectivamente'', publicado el 1o. de febrero de 2008 en el Diario Oficial de la Federación.
La Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo dispuesto en el inciso b), numeral 1, del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo décimo cuarto del acuerdo de la Conferencia para la Dirección y programación de los Trabajos Legislativos relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, hace suya la proposición con punto de acuerdo relativa a la materia objeto del presente, que presentan los diputados Víctor Leopoldo Valencia de los Santos ; Tomas Gloria Requena y Juan Manuel Parás González , integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, y el diputado Cruz Pérez Cuéllar del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, por lo que se somete a la consideración del Pleno de esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión el siguiente
Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados solicita al Ejecutivo federal, por conducto de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, y de Economía, y del Servicio de Administración Tributaria que tome las medidas necesarias para dejar sin efecto el ``Decreto por el que se reforman los diversos por el que se establecen las condiciones para la importación definitiva de vehículos automotores usados, y por el que se establecen las condiciones para la importación definitiva de vehículos automotores usados, destinados a permanecer en la franja fronteriza norte del país, en los estados de Baja California y Baja California Sur, en la región parcial del Estado de Sonora y en los municipios de Cananea y Caborca, Sonora, publicados el 22 de agosto de 2005 y el 26 de abril de 2006, respectivamente'', publicado el 1 de febrero de 2008 en el Diario Oficial de la Federación.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Antes de dar el uso de la palabra a los diputados que se han inscrito, queremos dar la más cordial bienvenida a los alumnos de la carrera de derecho de la Universidad Iberoamericana, plantel Laguna, que se encuentran aquí con nosotros. Sean bienvenidos.
También al CUAM de Cuernavaca (Centro Universitario Anglo Mexicano) y la escuela secundaria técnica número 30, Mártires de Uruapan. Sean todos ustedes bienvenidos, y gracias por acompañarnos hoy.
Se han inscrito para hablar sobre el tema que ha mencionado la compañera diputada Secretaria de la Mesa, Víctor Valencia de los Santos y César Duarte Jáquez. Por tanto, tiene el uso de la palabra el diputado Víctor Valencia de los Santos, por favor.
El diputado Víctor Leopoldo Valencia de los Santos : Gracias, Presidenta.Compañeros y compañeras, primero agradezco a mis compañeras y a mis compañeros integrantes de las diferentes fracciones parlamentarias ---siete de las ocho--- y a algunos compañeros y algunas compañeras de la fracción parlamentaria del PAN que se solidarizaron con este punto de acuerdo que suscribió la Junta de Coordinación Política de esta soberanía, en la que solicitamos respetuosamente al titular del Ejecutivo, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como de la Secretaría de Economía, y al SAT, que de una manera respetuosa el presidente de la república se concientice para que modifique y pueda derogar una modificación al decreto de importación de los vehículos usados a la importación en la zona fronteriza.
Con esta modificación que se ha publicado en el Diario Oficial de la Federación y que entraría en vigor a partir de los próximos días de marzo, se afectaría indudablemente a la economía de los que menos tienen, a quienes tienen la necesidad ---no el lujo--- de importar un vehículo en la zona fronteriza.
Estos vehículos que se importan en la zona fronteriza son herramientas de trabajo de muchas familias, ya sea para llevar a los hijos a la escuela o simplemente para utilizarlas ---como ya lo dije--- como herramienta de trabajo. Son miles y miles de familias a lo largo y ancho de la zona fronteriza que requieren estos vehículos. Nosotros estamos conscientes, y así lo hemos dicho, de que a través de estas instancias de gobierno es necesario que se reglamente la importación, con todo lo que implica la legislación ambiental misma. Es decir, que no queremos que se chatarrice la frontera.
Es cierto que es importante que haya una reglamentación para que la importación de estos vehículos no vengan a contaminar nuestro ambiente, pero también es necesario que se haga conciencia de que el incremento por el cobro de impuestos que actualmente se tiene... y que con esta modificación al decreto se incrementaría en más de 270 por ciento e impactaría directamente a los que menos tienen. Obviamente impactaría a las familias a que hago referencia.
También tendría otra serie de impactos en estas familias, que no solamente tendrían un efecto permanente. Estamos hablando que a partir del 1 de enero de 2009, en 9 o 10 meses, estaría sin efecto esta medida que para algunos es un efecto eminentemente recaudatorio. Todos sabemos que a partir del 1 de enero entrará en vigor el Tratado de Libre Comercio y en automático se liberarán las fronteras para la importación de los vehículos en la zona fronteriza.
Para tal efecto hemos pedido y estamos nosotros conscientes de que el presidente de la república habrá de ser solidario con las familias de la zona fronteriza. No afectará desde luego a las armadoras nacionales. Todos sabemos también que las armadoras nacionales tienen otro mercado. Hemos platicado también con la industria nacional y ellos están conscientes y están de acuerdo en que es otro mercado.
Por eso hoy hemos acordado y hemos consensuado también con las diferentes organizaciones en la frontera ---a lo largo y ancho---, con la Canaco, con la Canacintra, con el comercio formal y también con la Unión de Comerciantes en toda la zona fronteriza, y por eso hemos solicitado al Poder Ejecutivo, a través de esas Secretarías de Hacienda, y de Economía, y también al SAT... que informen bien al presidente de la república y tenga a bien hacer esta consideración en nombre de esta soberanía, de esta representación, ya que ha sido una solicitud bien consensuada.
Por su atención, muchas gracias. Esperamos su comprensión y desde luego su votación a favor. Muchas gracias.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Gracias, diputado Víctor Valencia de los Santos. Tiene el uso de la palabra el diputado César Duarte Jáquez.
El diputado César Horacio Duarte Jáquez : Con su permiso, respetada Presidenta.Este tema que mi compañero diputado Víctor Valencia de los Santos ha planteado es un tema que si bien afecta en este momento de manera inmediata a la frontera es algo en que, por solidaridad, todos los diputados del país debemos estar conscientes y sensibles.
Hace unos minutos se discutía aquí el programa de vivienda para Tabasco, que en socorro de la desgracia que los hermanos tabasqueños sufrieron se está dando. Pero un programa similar de vivienda para la gente de Tabasco debiera también implantarse en Tijuana, en Juárez, en Nuevo Laredo, porque allá van a dar los expulsados de las condiciones difíciles de todo el país.
Es una realidad que los habitantes de las fronteras van buscando mejorar sus condiciones de vida. Van con el interés de pasar la frontera, pero a veces se quedan en Ciudad Juárez, se quedan en Tijuana, se quedan en Mexicali.
Y esto tiene que ver precisamente con el trato de excepción que históricamente se le ha dado a la frontera en el tema fiscal, con el trato distinto, desde el impuesto al valor agregado, que conocemos todos, que es 10 por ciento en la frontera y 15 en el país. Porque la competencia con el mercado norteamericano de los comerciantes nuestros... la dificultad para competir con los productos de contrabando, los productos americanos que a veces se dan en mejor envoltura y aparentan mejor calidad son permanentemente una presión, en desventaja a los competidores nuestros.
Por eso hoy solicitamos respetuosamente al Ejecutivo que ese decreto sea considerado. Porque primero, como lo ha dicho el diputado Valencia, sólo va por 10 meses.
En enero entra en vigor en plenitud el Tratado de Libre Comercio en el tema de los vehículos, y esos 10 meses viene solamente a modificar y a dificultar la manera o el mecanismo de importación de vehículos. Viene a alentar el incremento de impuestos y viene a limitar la posibilidad de controlar una importación legal, porque lo único que va a suceder es lo que siempre está sucediendo, desgraciadamente.
La importación irregular que está invadiendo... y no es un asunto el que se quiera o no comprar vehículos irregulares, sino que hay una presión permanente de más de 2 millones de vehículos de los que, año con año, se deshace el parque vehicular norteamericano, y viene a la frontera.
A base de precio genera presión, y es una alternativa en la que la gente accede a vehículos de 400, 500, 800 dólares y que adquieren precisamente aquellos ciudadanos que van a arrojarse a vivir de nueva cuenta a la frontera.
Por eso nuestro reclamo hoy a la visión neoliberal es que cuando el mercado funciona a favor de la población, entonces hagamos un decreto y rompamos las reglas del mercado que estamos imponiendo todos los días en el modelo económico de la nación.
Es ilógico, porque hoy el mercado funciona en oferta, respecto a una facilidad que el ciudadano de la frontera requiere. Y la Secretaría de Economía, que no es distinta su forma, establece hoy que no se permita la importación de esa clase de vehículos, como se estaba haciendo hace mucho tiempo y que se volverá a hacer a partir de enero.
Por 10 meses creo que es prudente que el Ejecutivo federal analice la posibilidad de revocar ese decreto y de generar las mismas condiciones que estaban establecidas para la importación de vehículos en la frontera. Y que permita, de una vez por todas, acondicionar a los comerciantes y a los habitantes a lo que va a suceder de todas maneras en enero por el Tratado de Libre Comercio.
Por eso solicito a los señores legisladores de Veracruz... ¿Saben cuántos habitantes de Veracruz viven en la frontera norte del país. ¿Saben cuántos de Michoacán? ¿Saben cuántos de Jalisco? ¿Saben cuántos de La Laguna, de Durango, de Coahuila?
Es importante que esos ciudadanos que hoy están allá en la frontera tengan la solidaridad de esta legislatura para que el Ejecutivo permita, de una vez por todas, derogar ese decreto que la Secretaría de Economía impulsó y quede regularmente, como ha sido en años anteriores y el año próximo la importación de vehículos a la frontera. Es cuanto, estimada Presidenta.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Gracias, diputado César Duarte Jáquez. Tiene el uso de la palabra el diputado Javier Bolaños Aguilar. Se han inscrito, además, el diputado José Luis Espinosa Piñay el diputado Carlos Ernesto Navarro López.
El diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar : Con su permiso, diputada Presidenta.Antes de iniciar quiero dejar en claro que asistimos a este debate, aun cuando es de todos conocidos que en la pasada sesión este punto de acuerdo se sometió al pleno y fue rechazado por mayoría de votos. Sin embargo, no le rehuimos al debate.
El pasado 1 de febrero el Ejecutivo publicó reformas al decreto por el que se establecen las condiciones para importar vehículos usados originarios de Estados Unidos y Canadá. Entre las nuevas medidas que se proponen a la importación de estos vehículos está que sólo se podrán introducir al país aquellos cuyo modelo sea de 1998; es decir, con 10 años de uso, con la firme intención de no seguir chatarrizando el parque vehicular de México.
Por supuesto que estamos conscientes de que esto no va a resolver el problema de fondo, pero mitiga esta problemática que cada día crece, con importantes impactos económicos y ambientales.
Este decreto no altera la regla para la importación de camionetas tipo pick up y por supuesto que no va a afectar al sector rural, dado que al amparo de esta regla no hay límite de antigüedad para los vehículos importados y el arancel es de 2 mil 500 pesos por vehículo.
Otra medida importante del decreto es que señala expresamente que no se podrán importar aquellos vehículos que por sus características o por cuestiones técnicas estén restringidos para su circulación en el país de origen. Lo que no circula allá, no tiene por qué circular aquí.
Con esto el Ejecutivo federal trata de impedir que vehículos inservibles entren a las calles y carreteras de nuestro país, pues ponen en franco peligro a los propietarios de esos autos y a la sociedad en general.
La reforma impone la obligación a los vehículos importados de cumplir las normas ambientales de México. Existen estudios, como los que ha realizado el Centro Mario Molina, que han comprobado de manera fehaciente que los vehículos que no son verificados y que sobrepasan los límites máximos de emisión de contaminantes afectan de manera seria la calidad y la salud de la población.
Es necesario que el Ejecutivo, a través de las reglas de operación del decreto, establezca claramente que esta obligación se debe complementar en el punto de entrada del país, ya que muchos estados no cuentan con programas de verificación de emisión de contaminantes. Con esto se evitará que los vehículos no se conviertan en fuentes peligrosas de contaminación...
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Disculpe que lo interrumpa, diputado Javier Bolaños. El diputado Víctor Valencia quiere hacer alguna pregunta.
Sonido a la curul del diputado Víctor Valencia, por favor.
El diputado Víctor Leopoldo Valencia de los Santos (desde la curul): Señora Presidenta, si le puede preguntar al señor orador, al señor diputado, si me permite una pregunta.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Diputado Javier Bolaños, ¿acepta la pregunta?
El diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar : Con mucho gusto, diputada Presidenta.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Adelante, diputado.
El diputado Víctor Leopoldo Valencia de los Santos (desde la curul): Señor diputado, una pregunta. Si conoce usted o si sabe que el reglamento, la regla que está usted leyendo seguramente del material que le proporcionó la Secretaría de Economía... ¿sabe usted que quedará sin efecto a partir del 1 de enero del año que entra?El diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar : Efectivamente, señor diputado. Primero le aclaro que no son datos que me haya dado la Secretaría de Economía. Desgraciadamente no tuve oportunidad de platicar con ellos. Me parece que no está por demás solicitar, a quienes están planteando las políticas de desarrollo de este país, los datos en que sustentan sus propuestas.
Ésta es una argumentación que viene de muchas experiencias que hemos tenido en el ramo ambiental y, efectivamente, sé que en siete meses quedará derogado. Sin embargo, me parece ---y así lo sustento--- que eso no es pretexto para que en siete meses chatarricemos el parque vehicular del país, y que convirtamos a muchas ciudades, con este tipo de vehículos, en fuentes permanentes de contaminación.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Continúe, por favor.
El diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar : Gracias, diputada Presidenta.
Precisamente se ha criticado la derogación del trato preferencial a los importadores de este tipo de vehículos, pues anteriormente sólo tenían que pagar el impuesto al valor agregado sobre el 30 por ciento del valor total del vehículo, siendo que ahora se tiene que pagar este impuesto sobre el 100 por ciento, como el resto de las personas que adquieren cualquier otro producto.
Esta reforma atiende dos aspectos fundamentales: desalienta la importación y otorga el mismo trato impositivo a los adquirientes de vehículos importados, ya sean nuevos o usados, lo que nos parece justo, y más cuando este Congreso ha aprobado una reforma fiscal que pretende dotar de mayores recursos al gobierno federal y brindar mayor proporcionalidad en la carga tributaria a los residentes de este país.
En este contexto, el Grupo Parlamentario de Acción Nacional respalda las medidas emprendidas por el Ejecutivo en este sector, toda vez que sólo tienen el propósito de permitir una importación más ordenada de vehículos y de asegurarse que cuenten con las mínimas condiciones de seguridad tanto para sus propietarios como para que no atenten contra el medio ambiente, para bienestar de las generaciones futuras.
Pareciera que esta medida es temporal, pero sin duda sienta las bases para lo que vamos a enfrentar a partir del 1 de enero, cuando la importación de vehículos usados sea a través de las reglas que dicta el Tratado de Libre Comercio con América del Norte.
Señoras diputadas y señores diputados, hoy día son muchos los gobiernos, emanados de las distintas fuerzas políticas aquí representadas, los que hacen esfuerzos serios por combatir la contaminación ambiental y sus efectos. Morelos, Nuevo León y, por supuesto, el Distrito Federal son apenas algunos ejemplos. Incluso han tomado medidas en muchos casos impopulares, pero necesarias. No los desa-lentemos.
Señoras diputadas y señores diputados, hoy son muchos los gobiernos que hacen esfuerzos serios por incentivar la inversión y la competencia leal. Debemos afrontar la consecuencia de nuestras decisiones y no desalentar ese esfuerzo que implica un desarrollo económico ordenado.
Hagamos serio y hagamos nuestro el postulado de siempre: el bien común antes que el bien particular. No chatarricemos. No empobrezcamos y no compliquemos el medio ambiente que es sin duda el mayor compromiso del que mucho se habla, del que mucho se discute, del que mucho se gasta tinta en líneas discursivas y del que por lo que veo, pocos, pocos están dispuestos a enfrentar con compromiso y seriedad, implique el desgaste que esto implique.
Es cuanto, señora Presidenta.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Gracias, diputado Javier Bolaños.
El diputado Víctor Leopoldo Valencia de los Santos (desde la curul): Señora Presidenta, pido la palabra.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Sí, diputado, nada más que terminen los otros tres oradores que se han inscrito, si le parece, por favor. Gracias. Tiene el uso de la palabra el diputado José Luis Espinosa Piña, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional.
El diputado José Luis Espinosa Piña : Muchas gracias, diputada Presidenta.Señoras diputadas y señores diputados, una de las actividades que generan más gases de efecto invernadero, que contribuyen de manera fundamental al cambio climático, es la quema de combustibles fósiles, en la cual la fuente principal sigue siendo la de los vehículos automotores.
El Panel Internacional Intergubernamental de Cambio Climático, que ganó el Premio Nobel recientemente, es contundente y demoledor en su informe. Tenemos que regular la actividad humana para evitar el desfase en el cambio climático derivado del calentamiento global y la emisión de gases de efecto invernadero, producto de la quema de combustibles fósiles, si genera y contribuye al efecto invernadero, el cual desencadena una serie de fenómenos.
Pero no me voy a ir solamente por la parte ambiental, señoras diputadas y señores diputados: esto no es una visión neoliberal, como dijo anteriormente un compañero que me antecedió en la palabra. Aquí estamos hablando de que tenemos que pensar también en la planta productiva nacional y en los cientos de miles de empleados que trabajan en la industria de transformación, en la industria automotriz en México, que es uno de los líderes mundiales en exportación de vehículos automotores. Todos lo sabemos perfectamente bien. No le vamos a añadir una presión adicional al mercado, de tal manera que volvamos a vivir los recortes en la nómina y los recortes de personal en estas grandes empresas automotrices que han invertido en México desde hace mucho tiempo y que generan empleos directos e indirectos y benefician a las familias mexicanas.
Tampoco vamos a hablar de que habrá una acción perjudicial para los trabajadores del campo. Porque, como bien se mencionó, hay una restricción y los vehículos de tipo picop y los que van destinados a los trabajos agrícolas no sufrirán este tipo de restricción.
También hay que hablar de otra situación importante y es: si hay ciudades en nuestro país que ya presentan problemas fuertes por la contaminación de vehículos automotores y han decidido tener medidas restrictivas y medidas de mitigación ---una de ellas es esta ciudad capital de la república, que tiene un programa llamado ``Hoy no Circula''---, con el aumento de este parque vehicular que por la edad, por el deterioro de los motores, por la calidad de los combustibles que quema va a generar mayor contaminación, va a chocar frontalmente contra un programa que pretende mitigar el impacto en la salud humana. Y tenemos que ser observantes de esa situación y razonarla en consecuencia.
Nada nos garantiza que la importación de estos vehículos haga que permanezcan en la franja fronteriza. Hemos visto la movilidad de los vehículos por todo el territorio nacional y no debiera haber restricciones para ello; ni las hay.
Por tanto, podemos ver vehículos circulando en toda la geografía de la república y esto con esa consecuencia lamentable de hacer más viejo nuestro parque vehicular, creciente, sin duda; que está en un proceso acelerado de aumento. Vemos ciudades colapsadas de vehículos, porque estamos adoptando el modelo norteamericano de hacer ciudades para los carros y no ciudades para los habitantes.
Nos da por construir ejes viales, distribuidores y demás caminos para que el vehículo pase tranquila y felizmente y, reducimos la habitabilidad y la amabilidad de la ciudad con su morador.
Como veremos, no es un simple análisis sobre la afectación a los ciudadanos de una u otra forma. Es una visión mucho más completa y compleja sobre problemas ambientales, asuntos laborales, cuestiones derivadas de la calidad de vida de los habitantes de México. Y, por supuesto, tenemos que pensar en cuidar a todos esos empleados que si en nuestra planta productiva nacional, en la industria automotriz ahora se ven presionados, con estas medidas se presionarían aún más.
México no tiene por qué ser un país de vehículos chatarra. México tiene que promover e incentivar que en la reducción de los costos de los vehículos y en la mejora de sus combustibles, lubricantes y gasolinas podamos tener una de las medidas ambientales que nos ayuden a contribuir a la disminución de los efectos del calentamiento global. En resumidas cuentas éste es mi punto de vista. Es cuanto. Gracias.
Presidencia del diputado Cristián Castaño Contreras
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras : Gracias, diputado José Luis Espinosa Piña. Se concede el uso de la palabra al diputado Carlos Ernesto Navarro López, del Grupo Parlamentario del PRD.
El diputado Carlos Ernesto Navarro López : Permiso, Presidente.Si realmente le interesaran al partido del gobierno los intereses laborales, ya hubiera hecho algo para que se resolvieran las huelgas mineras que tienen seis meses en el país.
Más impuestos y más dificultades para los que menos tienen, eso es lo que establece el decreto y, lógicamente, en este caso el Grupo Parlamentario del PRD va a respaldar la proposición de la Junta de Coordinación Política para buscar que quede sin efecto este decreto.
Porque, miren, la preocupación no es el medio ambiente; la preocupación tampoco es proteger a los ciudadanos para que no tengan riesgos en su salud, como se ha argumentado aquí. Parece que la preocupación del gobierno federal es trabajar para los grandes empresarios. Y yo me pregunto: ¿quién necesita importar un vehículo usado en este país?
¿A poco los diputados vamos y compramos vehículos usados? ¿A poco necesitan los funcionarios de Hacienda ir a comprar estos vehículos a Estados Unidos? Quien necesita es básicamente la gente que tienen menos ingresos, la gente que no tiene 300 o 400 mil pesos para comprarse un vehículo nuevo.
Muchos vehículos ingresan al país por la gente trabajadora que va y paga impuestos para resolver cómo trasladarse a su empleo, cómo trasladar a sus familias, etcétera. Y es la que se vería afectada. Pero también muchos vehículos ingresan de manera irregular, eso todo mundo lo sabemos, por la gran red de corrupción que debiera de atacar el gobierno federal en las aduanas.
Los autos chatarra no entran pagando impuestos. Entran pagando 50 o 100 dólares de mordida, y por eso entran autos que no debieran de circular en nuestro país. Es decir, no se va a evitar que entren vehículos que no están en condiciones de circular, con este decreto que disminuye los años de los vehículos que se puedan importar, de 15 a 10.
Yo he visto ---y les digo a los diputados de Acción Nacional, vivo en un estado fronterizo--- vehículos modelo 96 en perfectas condiciones, que resuelven lo que ocupa una familia, su traslado, con vehículos más económicos que los vehículos nuevos, que están a precios estratosféricos.
Entonces yo creo que no hay preocupación legítima por lo que se ha argumentando aquí. Pongo el caso de que, se supone, vehículos que contaminen el medio ambiente pueden afectar la salud de los ciudadanos.
Yo creo que si realmente les preocupara, no nada más la salud, la vida de los ciudadanos, tendríamos que estar presionando para que, por ejemplo, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y Caminos y Puentes Federales reparen las carreteras, que significan un riesgo para la vida.
En Sonora hay una gran cantidad de accidentes, de muertos, porque la carretera de cuatro carriles ---y pagamos una gran cantidad de casetas de cobro--- está destrozada. Y no se invierte en esto que podría no garantizar la vida de los ciudadanos que está en riesgo en muchas carreteras destrozadas del país.
Y yo en este sentido creo que debiera buscarse, también, que las medidas que se tomen o se avalen por esta Cámara de Diputados no lesionen los intereses de quienes menos ingresos tienen en este país. Ya basta con el alza de precios que se desata injustificadamente en México. Ahora resulta que le vamos a triplicar, o que los diputados vamos a validar que se triplique el impuesto para meter un auto usado en nuestro país.
Por otra parte, creo que en el plano ambiental hay una serie de medidas que debieran hacerse, porque tenemos contaminados ríos, tenemos contaminado el aire, por la gran cantidad de pesticidas, por ejemplo, que se distribuyen en el territorio nacional. Y ahí sí es pura complicidad con las trasnacionales.
Y parafraseando a los ecologistas, les diría que a lo mejor contamina más un mal gobierno, un gobierno que lesiona los intereses de los ciudadanos, que esta medida que se acaba de adoptar.
Y como el coordinador parlamentario del PRD ha respaldado esta medida con su firma, pues lógicamente el Grupo Parlamentario nuestro, en su conjunto, va a respaldar este punto de acuerdo, para que se deje sin efecto este decreto que, insisto, lesionará a la gente que menos tiene.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras : Gracias, diputado Carlos Ernesto Navarro López.
La Cámara de Diputados saluda a los estudiantes de la escuela primaria Alfredo del Mazo V., y a los estudiantes de la escuela primaria Domingo F. Sarmiento, bienvenidos a este recinto parlamentario.
Igualmente hacemos notar la presencia y saludamos a la comitiva del estado de Washington, de las ciudades hermanas de Cuautla, Jalisco, y la ciudad de Renton, en el estado de Washington. Bienvenidos también a este recinto parlamentario.
Se concede ahora el uso de la palabra al diputado Javier Estrada González , del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
El diputado Faustino Javier Estrada González : Con su permiso, Presidente.Sí a la protección ambiental, sí al control de emisión de gases, sí a la generación de empleos, pero también sí a que el pueblo tenga cómo poder trasladarse.
Como presidente de la Fundación Campesina de México en Morelos he recorrido... y he tenido pláticas con cientos y miles de personas que vemos trabajando con sus manos, día a día. Lo mínimo que ellos requieren es tener la oportunidad de poder trasladarse y tener un vehículo para poder cumplir dentro de la pobreza en que viven, y que tengan un beneficio.
Sí a la generación de empleos. Esto no va a perjudicar en lo más mínimo a las fábricas y a los negocios automovilísticos de este país, por una simple razón: si uno va y compra un vehículo usado en México te cuesta 80 mil pesos, y el mismo modelo en Estados Unidos te cuesta de 15 mil a 20 mil pesos.
¿Eso qué implica? Que una persona de escasos recursos nunca va a tener los 80 mil pesos para obtener ese vehículo. Sin embargo, no le va a quitar el empleo a ningún mexicano. Vehículos que en Estados Unidos no pueden andar en las carreteras a más de 80 millas, cuando el mínimo son 55 o 60, sí se requieren en ciertas zonas y partes de este país. Los vemos en las carreteras de León, Guanajuato, Morelos, Zacatecas, Tlaxcala, Estado de México. Todas estas personas, con sus familias, los utilizan también para las labores.
El campo mexicano está en quiebra; no han tenido el respaldo que el pueblo requiere. Sin embargo, lo mínimo que necesitan se lo queremos negar con las falacias y las palabras de la demagogia, diciendo que les vamos a quitar el empleo a los mexicanos. Vamos a reducir entonces los impuestos para que los vehículos estén a la par que en Estados Unidos, y entonces que consuman los nacionales.
Los mismos vehículos que exportamos a diferentes continentes regresan otra vez a México. Es lo mismo. Se genera el empleo para exportar y después se importan, y se siguen comprando refacciones. ¿Cómo protegemos el medio ambiente? Como ya está regulado se controla la emisión de gases y todo lo que implica la verificación vehicular.
Es importante que nosotros nos pongamos en el lugar de los que menos tienen. En el momento que uno se sienta con ellos a tomar el taco en la tierra donde están arando te vas a dar cuenta cómo viven, y lo que sufren, y lo que sienten. Y por eso también a veces entiendo a los compañeros del PRD, porque ellos se han forjado de la misma manera.
Y también entiendo a la parte del Partido Acción Nacional, de la parte de los empresarios. Tenemos que mezclar y se puede conjugar, estar por un lado con la creación de empleos y por el otro lado estar con el pueblo. Por eso dicen: ``el justo medio''.
Los invito, compañeros panistas, a que reflexionen, a que vean lo que en verdad el pueblo necesita. No va a contribuir, en absoluto, en el calentamiento global que miles de mexicanos tengan una oportunidad de tener un vehículo. Por su atención, muchas gracias.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras : Gracias, diputado Javier Estrada González.
La Cámara de Diputados saluda a los estudiantes de la escuela primaria Emiliano Zapata, de Huixquilucan, estado de México. Bienvenidos a este recinto parlamentario.
REGISTRO DE ASISTENCIA
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras : Se pide a la Secretaría que instruya el cierre del sistema electrónico de asistencia y dé cuenta del registro de diputadas y de diputados.
La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz : ¿Falta algún diputado o alguna diputada por registrar su asistencia? Ciérrese el sistema electrónico de votación. Se informa a la Presidencia que hay registrados al momento 431 diputadas y diputados. Los diputados que falten por registrar su asistencia lo harán por cédula en el transcurso de los 15 minutos siguientes.
IMPORTACION DEFINITIVA DE VEHICULOS AUTOMOTORES USADOS
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras : Muchas gracias. Se concede ahora el uso de la palabra al diputado Víctor Valencia de los Santos, del Grupo Parlamentario del PRI.
El diputado Víctor Leopoldo Valencia de los Santos : Con permiso, señor Presidente.El compañero diputado que me antecedió en el uso de la palabra... cuando hice mi participación... no hay que tratar de confundir a los compañeros diputados y a las compañeras diputadas. No estamos a favor de chatarrizar el país y no le demos vuelta ni nos hagamos bolas.
Quien ha promovido la chatarrización a través de la importación ilegal de los vehículos al país, no solamente en la zona fronteriza ---no nos hagamos---, es la Dirección General de Aduanas. Y en lugar de venir aquí con poses oficialistas, que es lamentable que se les olvide, o que se le olvide al señor diputado, que somos representantes del Poder Legislativo, no del Poder Ejecutivo. Y aquí quienes han permitido... por cada tres vehículos que están aquí en el país ilegalmente, uno paga pedimento. Entonces hay una gran evasión fiscal, y obviamente sin control ambiental. Sí hay un problema de carácter ambiental; hay una gran evasión fiscal.
Si el problema de carácter ambiental se ha generado es porque los vehículos que están ilegalmente en el país con graves problemas mecánicos... precisamente la Dirección General de Aduanas lo ha permitido. Porque los vehículos que están aquí en el país ni tienen alas ---es decir, no pasan volando--- ni pasan de manera subterránea. Pasan con una módica cantidad a discreción del agente aduanal en turno o del agente fiscal.
Así es que yo les pediría a mis amigos, compañeros y compañeras... porque además no me contestó el compañero diputado cuando dijo que siete meses. No son siete meses, son 10 meses. Y a partir del 1 de enero qué va a pasar con el Tratado de Libre Comercio, porque ése no lo quieren tocar.
Yo apelo a la conscientización de mis compañeros diputados y compañeras diputadas, para que seamos congruentes con la representación que tenemos de la gente que menos tiene, y no nos apoyemos con ese discurso que no convence a nadie.
A partir del 1 de enero... lo que estamos diciendo ahorita, de manera muy concreta, es que estamos en contra de una medida recaudatoria... del incremento de 270 por ciento, de lo que se pretenden cobrar con esa medida recaudatoria de las Secretarías de Hacienda y de Economía, de lo que actualmente se paga por importar un vehículo de manera legal, de gente que hace el esfuerzo por pagar un pedimento de importación a través de los agentes aduanales, así como lo ha establecido la misma autoridad del gobierno federal.
Muchas gracias, y espero que ya pasemos a la votación, señor Presidente, y podamos darle curso a esta iniciativa que fue aprobada y que fue consensuada por siete de los ocho grupos parlamentarios y algunos de los compañeros conscientes, que todavía existen, del Grupo Parlamentario del PAN. Gracias.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras : Gracias, diputado Víctor Valencia de los Santos. Se le concede ahora el uso de la palabra al diputado Rodolfo Solís Parga, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
El diputado Rodolfo Solís Parga : Con el permiso de la Presidencia.Honorable asamblea y honorable Cámara de Diputados, se alude al tema de la industria automotriz, y a los problemas del mercado que tiene, cuando se argumenta en contra de esta proposición, de este punto de acuerdo. Sin embargo, debemos señalar que la industria automotriz enfrenta, desde hace ya varios lustros, problemas de competitividad por los altos costos de producción que sostiene en relación con otros países.
Pero además, somos un país que le aplica un impuesto que castiga a una mercancía por ponerse en el mercado. Somos el país que le aplica un impuesto a la compra de autos nuevos, además de los impuestos regulares que todas las mercancías tienen. En México somos el país al que se le aplican impuestos por compra de autos nuevos. Tenemos un impuesto por uso y tenencia que un día de éstos ---aparentemente--- se habrá de retirar, si no hay algún otro incidente.
Pero resulta que el problema de la compra de autos, del transporte, no tiene mucho que ver con la importación de autos usados. Efectivamente, el mercado de los autos usados está perfectamente diferenciado. Y básicamente quienes forman ese mercado son familias de clase media baja y trabajadores que ocupan esos vehículos para resolver los requerimientos de su familia y de su trabajo. Mucho de esto hay en el campo. Se habla de la contaminación. Pero bueno, con el asunto de la contaminación se esgrimen todos los argumentos y todos los problemas. Sin embargo, el problema de la contaminación, de los gases, del calentamiento, tiene más mucho más que ver con procesos industriales que con este problema de los autos usados.
Algo habrán de afectar; sin embargo, el centro de la contaminación ---no nos perdamos--- es en la industria. Y en tanto no tengamos controles, regulación y actuación esmerada de la autoridad al respecto, va a resultar que la contaminación va a seguir siendo un problema. Si no, que le pregunten a Salamanca por estos problemas.
Nos dicen: ``es que hay un problema urbano en relación con el modelo de las ciudades para los autos''. Pues sí, si vendimos hasta los ferrocarriles y eliminamos hasta el transporte de pasajeros entre las ciudades, pues qué podemos esperar cuando los pulpos camioneros en provincia y en las grandes ciudades se apropian del servicio público que se concesiona para atender a la ciudadanía.
Pero además, sin infraestructura para el servicio de transporte urbano-público eficiente y suficiente, el problema de los congestionamientos viales habrá de seguir creciendo. En tanto no se modifiquen políticas urbanísticas, en tanto no se modifique la actitud respecto de la industria y la contaminación, en tanto no se modifique la falta de incentivos a la industria por parte del Estado, el problema habrá de continuar.
Nuestro partido habrá de votar a favor de esta proposición. Es cuanto. Muchas gracias.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras : Gracias, diputado Rodolfo Solís Parga.
Habiéndose agotado la lista de oradores, en votación económica solicito a la Secretaría que consulte a la asamblea si se aprueba dicha proposición.
El diputado Víctor Leopoldo Valencia de los Santos (desde la curul): Señor Presidente.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras : Permítame. ¿Con qué objeto, diputado Valencia? Sonido a la curul del diputado Valencia
El diputado Víctor Leopoldo de los Santos (desde la curul): Señor Presidente, en los términos del artículo 148 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, y en nombre propio y de mis compañeros la diputada Lilia Guadalupe Merodio, el diputado Enrique Serrano Escobar, el diputado César Duarte, el diputado Israel Beltrán Montes, solicito que la votación del acuerdo de la Junta de Coordinación Políticaque en estos momentos se está tratando sea de carácter nominal.El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras : Con todo gusto, diputado. Pregunto de manera previa si los diputados que usted mencionó están presentes en la sesión.
El diputado Víctor Leopoldo Valencia de los Santos (desde la curul): Aquí están presentes.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras : Correcto. Habiéndose hecho esta solicitud, pido a la Secretaría que proceda a recoger la votación, por cinco minutos.
La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz : Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento. Ábrase el sistema electrónico de votación hasta por cinco minutos.
(Votación)
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras : Queremos destacar la presencia, en este salón de sesiones, del diputado José Mentor, diputado por el Partido de los Trabajadores en la Cámara de Diputados de Brasil y Presidente del Grupo de Trabajo para la Consolidación de las Leyes, quien hoy asistió a una reunión de trabajo en la Comisión de Economía. Le damos la más cordial bienvenida y hacemos votos porque continúen estrechándose los lazos de amistad y cooperación entre nuestras dos naciones. Bienvenido.
La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz : ¿Falta algún diputado o alguna diputada de emitir su voto? El sistema electrónico sigue abierto. Ciérrese el sistema electrónico de votación. De viva voz:
La diputada Rocío del Carmen Morgan Franco (desde la curul): Rocío Morgan, en contra.
La diputada Layda Elena Sansores San Román (desde la curul): A favor.
El diputado Joaquín Humberto Vela González (desde la curul): A favor.
La diputada Rosa Elva Soriano Sánchez (desde la curul): A favor.
El diputado Ricardo Rodríguez Jiménez (desde la curul): En contra.
El diputado Alfredo Adolfo Ríos Camarena (desde la curul): A favor... está mal el sistema.
El diputado José Murat (desde la curul): En pro.
El diputado Pablo Leopoldo Arreola Ortega : A favor.
El diputado Rafael Elías Sánchez Cabrales (desde la curul): A favor.
El diputado Alejandro Enrique Delgado Oscoy (desde la curul): A favor.
El diputado Víctor Leopoldo Valencia de los Santos (desde la curul): A favor.
El diputado Antonio Soto Sánchez (desde la curul): A favor.
La diputada Mayra Gisela Peñuelas Acuña (desde la curul): A favor.
La diputada Guillermina López Balbuena (desde la curul): A favor.
El diputado César Augusto Verástegui Ostos (desde la curul): En contra.
El diputado Rubén Aguilar Jiménez (desde la curul): A favor.
El diputado Gerardo Villanueva Albarrán (desde la curul): A favor.
El diputado Marco Heriberto Orozco Ruiz Velazco (desde la curul): En contra.
La diputada Patricia Obdulia de Jesús Castillo Romero (desde la curul): A favor.
La diputada Rubí Laura López Silva (desde la curul): En contra.
El diputado Raúl García Vivián (desde la curul): En contra.
La diputada Adriana Dávila Fernández (desde la curul): En contra.
La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz : ¿Falta algún diputado o alguna diputada? Se informa a la Presidencia que se emitieron 202 votos en pro, 161 en contra y 10 abstenciones.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras : Aprobado. Comuníquese.
Se acaba de recibir una comunicación de la Junta de Coordinación Política. Proceda la Secretaría a dar cuenta de ésta.
ORDEN DEL DIA
La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.--- Junta de Coordinación Política.
Diputada Ruth Zavaleta Salgado , Presidenta de la Mesa Directiva. Honorable Cámara de Diputados.--- Presente.
Con fundamento en el artículo transitorio único de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 20 del acuerdo relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, le solicitamos a usted atentamente consultar al pleno la modificación al orden del día para la incorporación y trámite correspondiente en el primer turno posible del siguiente asunto:
• Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión se pronuncia en relación con el segundo aniversario de los hechos acontecidos en la mina Pasta de Conchos.El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras : Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si es de modificarse el orden del día.
La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz : En votación económica se consulta a la asamblea si es de modificarse el orden del día en los términos solicitados por la Junta de Coordinación Política. Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa.
Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras : Aprobada. En consecuencia, se pide a la Secretaría dar lectura a la proposición.
MINA DE CARBON PASTA DE CONCHOS
La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.--- Junta de Coordinación Política.
Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión se pronuncia en relación con el segundo aniversario de lo acontecido en la Mina Pasta de Conchos.
La Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo dispuesto en el inciso b), numeral 1, del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo décimo cuarto del acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, hace suya la proposición con punto de acuerdo relativa a la materia objeto del presente, que remiten a este órgano de gobierno los diputados federales de diversos grupos parlamentarios, por lo que se somete a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión se pronuncia a favor de que se realice el mayor esfuerzo para lograr el rescate de los cuerpos de la mina de Pasta de Conchos, en el municipio de San Juan de Sabinas, Coahuila.
Segundo. Se solicita conformar una comisión de tres diputados de los Grupos Parlamentarios del Partido Acción Nacional, del Partido de la Revolución Democrática y del Partido Revolucionario Institucional, a fin de que acompañen a los familiares de las víctimas a la Secretaría de Gobernación del Ejecutivo federal, a efecto de ser recibidos por su titular, licenciado Juan Camilo Mouriño Terrazo, con la finalidad de que sean escuchadas sus peticiones.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras : Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la proposición presentada por la Junta de Coordinación Política.
La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz : En votación económica se pregunta a la asamblea si es de aprobarse la proposición. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa.
Mayoría por la afirmativa, señor Presidente.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras : Aprobada. Comuníquese. Continúe la Secretaría con oficios recibidos por la Cámara de Diputados.
PRESTAR SERVICIOS EN REPRESENTACIONES DIPLOMATICAS
La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.
Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.
Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que mediante oficio número DAN-00450, el licenciado Alejandro Estivill, director general para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita se tramite ante el honorable Congreso de la Unión, la cancelación del permiso que le fue concedido a la persona que se cita, para prestar servicios al gobierno de Estados Unidos de América.
Por lo anterior, les acompaño para los fines procedentes copia del oficio a que me he referido y de su anexo.
Sin otro particular, reciban un cordial saludo.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.
Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.
Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que mediante oficio número DAN-00338, el licenciado Alejandro Estivill, director general para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita se tramite ante el honorable Congreso de la Unión, la cancelación del permiso que le fue concedido a la persona que se cita, para prestar servicios al gobierno de los Estados Unidos de América.
Por lo anterior les acompaño, para los fines procedentes, copia del oficio al que he referido y de su anexo.
Sin otro particular, reciban un cordial saludo.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.
Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.
Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que, mediante el oficio número DAN-00457, el licenciado Alejandro Estivill, director general para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita que se tramite ante el Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción II, Apartado C, del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que la persona que se cita a continuación pueda prestar servicios al gobierno extranjero que se menciona:
Por lo anterior me permito anexar, para la integración del expediente, copia certificada del acta de nacimiento que acredita la nacionalidad mexicana de dicha persona y original del escrito en que solicita que se realicen los trámites correspondientes, así como copia simple de la identificación oficial.
Sin otro particular, reciban un cordial saludo.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.
Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.
Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que, mediante el oficio número DAN-00539, el licenciado Alejandro Estivill, director general para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita que se tramite ante el Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción II, Apartado C, del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que la persona que se cita a continuación pueda prestar servicios al gobierno extranjero que se menciona:
Por lo anterior me permito anexar, para la integración del expediente, copia certificada del acta de nacimiento que acredita la nacionalidad mexicana de dicha persona y original del escrito en que solicita que se realicen los trámites correspondientes, así como copia simple de la identificación oficial.
Sin otro particular, reciban un cordial saludo.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras : Las solicitudes de permiso túrnense a la Comisión de Gobernación, y por lo que se refiere a las ciudadanas que dejan de prestar servicios,túrnese a las Comisiones de Gobernación de las Cámaras de Diputados y de Senadores.
PEMEX
La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.
Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.
Por este conducto y en alcance a mi oficio número SEL/ 300/442/08, me permito remitir, para los fines procedentes, copia del similar número PFPA/SII/196.3/ 0041 -08, suscrito por el ingeniero Gustavo Mario González González, subprocurador de Inspección Industrial de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, mediante el cual complementa la respuesta del Punto de acuerdo relativo al accidente de la plataforma Usumacinta ocurrido el 23 de octubre de 2007.
Sin otro particular, reciban un cordial saludo.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Licenciado Cuauhtémoc Cardona Benavides, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.--- Presente.
En alcance a mi diverso número PFPA/SII/196.3/0394-07, de fecha 22 de noviembre de 2007, por el que se dio respuesta al oficio número SEL/300/4353/07, de fecha 1 de noviembre de 2007, suscrito por el licenciado Armando Salinas Torre, entonces titular de la Subsecretaría actualmente a su digno cargo, relativo al punto de acuerdo aprobado en la sesión celebrada el día 31 de octubre 2007 en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, que a la letra dice:
Me permito, como información complementaria, hacer de su conocimiento lo siguiente:
Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un saludo y ponerme a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras : Remítase a las comisiones correspondientes, para su conocimiento.
TRAFICO ILICITO DE ESPECIES DE VIDA SILVESTRE
La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.
Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.
En respuesta al oficio número D.G.P.L. 60-II-1-1012 signado por las diputadas Ruth Zavaleta Salgado y Esmeralda Cárdenas Sánchez , Presidenta y Secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número SEIP/PFP/CSR/755/2008 suscrito por el comisario general Javier Herrera Valles, coordinador de Seguridad Regional de la Policía Federal Preventiva, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo al tráfico ilícito de especies de vida silvestre en las carreteras federales de Oaxaca y Chiapas.
Sin otro particular, reciban un cordial saludo.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Seguridad Pública.
Ciudadano Armando Salinas Torre, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.--- PresentePara dar el debido cumplimiento a lo instruido por el subsecretario de Estrategia e Inteligencia Policial, licenciado Patricio Patiño Arias y en atención a lo requerido por usted en oficio citado al rubro, de fecha 21 de noviembre de 2007, relativo al punto de acuerdo aprobado por el Pleno de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en donde se exhorta al titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Comunicaciones y Transportes, y a la Procuraduría Federal del Medio Ambiente, para que a través de sus órganos competentes de inspección y vigilancia se coordinen y coloquen puntos de revisión para llevar a cabo la verificación de la legal procedencia de especies de vida silvestre que son transportadas en las carreteras federales, ubicadas en Oaxaca y Chiapas, a fin de combatir el tráfico ilícito de especies; por lo anterior se realizaron las siguientes acciones:
Se giraron instrucciones a los titulares de las comisarías de región de Oaxaca y Chiapas para que se coordinaran con los titulares de la dependencias involucradas y analizaran la problemática existente, en cuanto a rutas, días, horarios y la frecuencia de los delitos en esas zonas, con la finalidad de sumar esfuerzos e implantar operativos conjuntos, para que en el ámbito de sus atribuciones, cada dependencia actúe y se den mejores resultados.
Se propuso a la coordinación a mi cargo, la implantación de dos procedimientos de operación en los que se establecen la cantidad de personal, vehículos, autoridades participantes, ubicación, estrategias, misión y objetivos de dichos operativos, por lo que se autorizó la ejecución de los mismos a partir del 28 de enero del presente año, y se llevará un registro de los resultados para la evaluación de los mismos.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras : Remítase a las comisiones correspondientes, para su conocimiento.
TRACTOCAMIONES DE CARGA DEL SERVICIO PUBLICO FEDERAL
La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.
Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.
En respuesta al oficio número D.G.P.L. 60-II-6-1636, signado por los diputados Ruth Zavaleta Salgado y Jacinto Gómez Pasillas , Presidenta y Secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir, para los fines procedentes, copia del similar número SSP/SEIP/0045/2008, suscrito por el licenciado José Patricio Patiño Arias, subsecretario de Estrategia e Inteligencia Policial de la Secretaría de Seguridad Pública, así como el anexo que en el mismo se menciona, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo al decomiso y detención de tractocamiones de carga del servicio público federal.
Sin otro particular, reciban un cordial saludo.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Seguridad Pública.
Licenciado Armando Salinas Torre, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.--- Presente.
Por este medio y en atención a su oficio SEL/300/5161/07, en el que refiere el punto de acuerdo aprobado por el Pleno de la Cámara de Diputados, donde se exhorta al Ejecutivo federal para que analice la posibilidad de establecer una tregua a las acciones de decomiso y detenciones de tractocamiones de carga del servicio público federal, así como las detenciones que sufren los operadores y concesionarios del servicio, además de que instruya a las dependencias correspondientes a establecer una mesa de negociación y acuerdos con los permisionarios agrupados en la Unión de Transportistas de Carga del Estado de Sinaloa, anexo al presente el oficio SEIP/PFP/PS/CSR/DGSSA/ 0073/0073/2008, firmado por el comisario Vidal Díaz Leal Ochoa, director general de Sanciones y Supervisión en el Autotransporte, en el que informa que después de haber sostenido una reunión con representantes de los transportistas, se determinó que la problemática que presentan va encaminada a aspectos fiscales y específicamente con la Administración General de Aduanas y no en lo concerniente a los operativos realizados por la Coordinación de Seguridad Regional.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Seguridad Pública.
Licenciada Blanca R. Medina Barrera, secretaria particular del secretario de Seguridad Pública Federal.--- Presente.
Hago referencia a la superior instrucción contenida en su tarjeta número SSP/SP/1861/2007 de fecha 28 de diciembre del año próximo pasado, mediante el cual refiere el punto de acuerdo aprobado por el pleno del honorable Congreso de la Unión, donde exhorta al Ejecutivo federal para intervenir en lo que compete en el conflicto denunciado por los permisionarios agrupados en la Unión de Transportistas de Carga en el Estado de Sinaloa.
Sobre el particular me permito hacer de su conocimiento que a través de oficio número SEIP/PF/PS/DGSSA/ 17/2008 (se anexa) se instruyó al titular de la Comandancia Regional XXV Sinaloa para realizar las investigaciones necesarias.
En ese sentido, dicho mando policial mediante oficio número SEIP/ PFP/ CSR/ CRXXV/ 047/ 2008 (acompaño documento) fechado el 15 de enero del presente ano, informó a esta Dirección General a mi cargo que derivado de la reunión celebrada con representantes de los transportistas en comento, le manifestaron que efectivamente solicitaron a presidencia de la república facilidades para el tránsito de sus vehículos de carga en el estado; sin embargo, la problemática que presentan va encaminada a aspectos fiscales y específicamente con la Administración General de Aduanas y no en lo concerniente a los operativos realizados por esta Coordinación de Seguridad Regional.
Sin otro particular por el momento, le reitero la seguridad de mi más alta consideración.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Seguridad Pública.
Comisario Carlos Rodríguez Tristán, titular de la Comandancia Regional XXV de Culiacán, Sinaloa.
Remito a usted copia de la tarjeta número PFP/CG/04 de fecha 02 del actual, signada por el licenciado Edgar E. Millán, coordinador general, a la que a su vez se adjunta similar número SSP/SP/1861/2007, suscrita por la licenciada Blanca R. Medina Barrera, secretaria particular del ingeniero Genaro García Luna, titular de la Secretaría de Seguridad Pública, remitiendo oficio número SEL/300/ 5161/07 firmado por el ciudadano Armando Salinas Torre subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, a través del cual refiere al punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, en donde se exhorta al Ejecutivo federal a intervenir en el conflicto denunciado por los permisionarios agrupados en la Unión de Transportistas de Carga de Sinaloa.
Por lo anterior, y a efecto de dar estricto cumplimiento a lo ordenado por la superioridad, se le instruye llevar a cabo las investigaciones necesarias en relación al asunto que nos ocupa, que invariablemente incluirán entrevistarse con el representante de la citada organización de transportistas, debiendo informar al suscrito sobre el resultado de las mismas en un término no mayor a tres días hábiles a partir de la recepción del presente.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Seguridad Pública.
Comisario Vidal Díaz Leal Ochoa, director general de Sanciones y Supervisión en el Autotransporte.
En cumplimiento sus Superiores instrucciones, giradas en oficio SEIP/ PF/ CSR/ DGSSA/ 17/ 2008, de fecha 9 del mes y año en curso, relativo a las tarjetas número PFP/CG/ 004, de fecha 2 de los corrientes, signada por el licenciado Édgar E. Millán, coordinador general, quien remite la tarjeta número SSP/SP/1861/2007, suscrita por la licenciada Blanca R. Medina Barrera, secretaria particular, me permito informar a usted que el día de ayer me reuní con el ciudadano Humberto Ramírez Muro, representante de la Unión de Transportistas de Carga de Sinaloa, en relación con el conflicto denunciado por su representación, quien me enteró de la posible situación que se menciona en las tarjetas, indicándome que el ciudadano Rigoberto López, transportista en el estado, podría haber denunciado algún conflicto.
En virtud de lo anterior, me reuní con el ciudadano Rigoberto López, representante de la Unión de Transportistas de Carga de Sinaloa, mencionado que el había girado un oficio hacia la Presidencia de la República, solicitando facilidades para el transito de los vehículos de carga en el estado, ya que hace unos días, la Administración de la Aduana en Nogales, Sonora, le había detenido un vehículo que regresaba de Estados Unidos de América hacia este país, porque no cumplía los requisitos para ingresar a este país, motivo por el cual varios transportistas que se encuentran en la misma situación tienen temor de que sean decomisadas sus unidades y se colapse el transporte de carga en el estado.
El ciudadano Rigoberto López manifestó que él y varios transportistas se presentarán el día de mañana ante el administrador de la aduana en Nogales, Sonora, para dialogar y tratar de llegar a un acuerdo, y no se vean afectados transportistas, empresarios y productores del campo en este estado, si el administrador de la aduana no tiene respuesta favorable, convocará a transportistas de Guasave y Ahome, Sinaloa, y Nogales, Sonora, para realizar manifestaciones en la aduana de Nogales.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras : Remítase a las comisiones correspondientes, para su conocimiento.
ESTADO DE COAHUILA
La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.
Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.
En respuesta al oficio número D.G.P.L. 60-II-4-727 signado por las diputadas Ruth Zavaleta Salgado y Esmeralda Cárdenas Sánchez , Presidenta y Secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número BOO.05.-098 suscrito por el doctor Felipe I. Arreguín Cortés, subdirector general técnico de la Comisión Nacional del Agua, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo a la declaración como zona de veda permanente para el aprovechamiento de los recursos hidráulicos de los valles de Cuatrociénegas, El Hundido y Ocampo-Calaveras en el estado de Coahuila.
Sin otro particular, reciban un cordial saludo.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Licenciado Armando Salinas Torre, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.--- Presente.
Me refiero a su oficio número SEL/300/3550/07, de fecha 4 de septiembre del año en curso, mediante el cual solicita a esta comisión se atienda el punto de acuerdo aprobado por el Pleno de la honorable Cámara de Diputados, en relación con el establecimiento de veda para la extracción de agua subterránea en los valles de Cuatrociénegas, El Hundido y Ocampo (Calaveras), en Coahuila.
Al respecto comunico a usted que la veda del acuífero El Hundido fue establecida mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 23 de abril del presente. Se tiene en proceso la titulación de los usuarios cuyos derechos fueron reconocidos conforme a las disposiciones y lineamientos contenidos en el decreto respectivo.
Por lo que toca a los acuíferos Cuatrociénegas y Cuatrociénegas-Ocampo (Ocampo-Calaveras), se informa que en marzo de 2007 se presentaron a los usuarios del agua subterránea los resultados de tos estudios técnicos correspondientes. Como requisito establecido en la Ley de Aguas Nacionales para el establecimiento de una veda o reglamento, tales resultados serán publicados en el Diario Oficial de la Federación, una vez que la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer) apruebe los aspectos que son de su competencia. Acto seguido, se emitirán los decretos que establecen las vedas, cuyos proyectos ya fueron formulados.
Sin otro asunto que tratar, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras : Remítase a las comisiones correspondientes, para su conocimiento.
INFRAESTRUCTURA ENERGETICA
La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.
Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.
En respuesta al oficio número D.G.P.L. 60-II-6-1499, signado por las diputadas Ruth Zavaleta Salgado y María Eugenia Jiménez Valenzuela , Presidenta y Secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número SSP/SEIP/0043/2008, suscrito por el licenciado José Patricio Patiño Arias, subsecretario de Estrategia e Inteligencia Policial de la Secretaría de Seguridad Pública, así como el anexo que en el mismo se menciona, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo a la contratación de empresas para la operación, mantenimiento, administración y vigilancia de la infraestructura energética mexicana.
Sin otro particular, reciban un cordial saludo.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Seguridad Pública.
Licenciado Armando Salinas Torre, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.--- Presente.
Por este medio y en atención a su oficio SEL/300/4224/07, en el que refiere el punto de acuerdo aprobado por el Pleno de la Cámara de Diputados, donde se exhorta al Ejecutivo federal para que se entregue un informe pormenorizado de la contratación de empresas para efectos de operación, mantenimiento, administración y vigilancia de la infraestructura energética mexicana y a reconsiderar las desventajas que trae consigo la privatización de estas actividades, para que las mismas continúen a cargo de las instituciones nacionales, anexo al presente, oficio PF/CFF/DGAO/3317/08, firmado por el comisario general Rodolfo Cruz López, coordinador general de Fuerzas Federales de Apoyo, en el que informa que no se tuvo participación en la contratación o licitación mencionada.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Seguridad Pública.
José Patricio Patiño Arias, subsecretario de Estrategia e Inteligencia Policial.
En relación con el volante de control de correspondencia folio (SEIP) número 2336, relativo a que diversos medios de comunicación difundieron la contratación por parte del gobierno federal de la empresa estadounidense SY Coleman Corporation para la creación y operación de un centro de vigilancia aérea para la protección de nuestra infraestructura energética, y que durante el pasado mes de mayo de 2007 se realizó una licitación pública internacional para contratar por una década, con opción de renovación, a empresas privadas extranjeras que se encarguen de la operación, mantenimiento y administración de las conductoras de hidrocarburos en la red estratégica de Tabasco, Chiapas y Veracruz, me permito informar que esta coordinación general de Fuerzas Federales a mi cargo no tuvo participación alguna en los asuntos en comento.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras : Remítase a las comisiones correspondientes, para su conocimiento.
IMPORTACION DE PRODUCTOS DE CHINA
La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.
Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.
En respuesta al oficio número D.G.P.L. 60-II-6-1635 signado por las diputadas Ruth Zavaleta Salgado y María Mercedes Maciel Ortiz , Presidenta y Secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número STPCE/027/2008 suscrito por Miguel Ángel Toscano Velasco, secretario técnico de Planeación, Comunicación y Enlace de la Secretaría de Economía, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo a la terminación de las cuotas compensatorias aplicadas a la importación de productos de los sectores calzado-cuero, textil y del vestido originarios de China.
Sin otro particular, reciban un cordial saludo.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Economía.
Licenciado Cuauhtémoc Cardona Benavides, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.--- Presente.
Se hace referencia a su atento oficio número SEL/300/ 5156/07 de fecha 7 de diciembre de 2007, mediante el cual informa al titular de esta secretaría punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión el jueves 6 de diciembre de 2007, en el que se exhorta al titular de esta secretaría a que de acuerdo a sus facultades, con motivo de la terminación de las cuotas compensatorias aplicables a China, a la importación de productos de los sectores calzado-cuero, textil y del vestido, se establezca un mecanismo a fin de que dichas cuotas se mantengan.
Al respecto me permito informarle lo siguiente:
Esta Secretaría está limitada en su actuación por las atribuciones que las leyes le confieren. Son aplicables a este caso la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la Ley de Comercio Exterior, LCE, ninguna de las cuales faculta al titular de esta dependencia a imponer unilateralmente medidas arancelarias a las importaciones de otro país, como sería un periodo de transición en el cual se mantuvieran las cuotas hoy vigentes, sin seguir 91 procedimiento previsto en la propia LCE y su Reglamento.
Estos ordenamientos, que recogen los contenidos de los tratados y acuerdos nacionales de los que nuestro país es parte, exigen que las cuotas compensatorias sean el resultado de un procedimiento de investigación en el que se concluya, tras la revisión de los elementos aportados por las partes, que exista una práctica desleal de discriminación de precios (conocida como dumping), que exista daño a la producción nacional de bienes idénticos o similares, y que este daño sea como consecuencia de la práctica desleal mencionada.
Las cuotas compensatorias aplicables a los productos de origen chino a los que se refiere el exhorto, pudieron sostenerse sin cambio, a pesar de ser incompatibles con las reglas de la Organización Mundial de Comercio, OMC, y de las del propio derecho nacional vigente aplicables, en virtud de la reserva negociada por el país con China en 2001, por un periodo de 6 años. Este periodo concluyó el 11 de diciembre de 2007 y esta secretaría considera que el estado de derecho exige que las cuotas sean revisadas para ser puestas en conformidad con lo previsto en la LCE y su Reglamento, así como en el Acuerdo Antidumping de la OMC.
Para tal efecto, la Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales, UPCI, de esta secretaría oportunamente publicó en el Diario Oficial de la Federación las resoluciones de inicio de los procedimientos administrativos de revisión de las cuotas compensatorias, de conformidad con las normas aplicables.
Asimismo, las pruebas presentadas en los procedimientos vigentes están siendo y serán evaluadas por esta dependencia con estricto apego a la LCE y su Reglamento, por lo que no puede prejuzgarse sobre la permanencia o no de las cuotas compensatorias. Se garantizará el debido proceso a todos los involucrados y se dictarán las resoluciones debidamente fundadas y motivadas respecto a cada uno de los casos.
Por lo anterior, le solicito atentamente haga del conocimiento de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión la información contenida en la presente.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras : Remítase a las comisiones correspondientes, para su conocimiento.
ESTADO DE QUINTANA ROO
La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.
Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.
En respuesta al oficio número D.G.P.L. 60-II-4-1097 signado por los diputados Ruth Zavaleta Salgado y Salvador Ruiz Sánchez , Presidenta y Secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir, para los fines procedentes, copia del similar número PFPA/15/08 suscrito por Patricio Patrón Laviada, procurador federal de Protección al Ambiente, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo al encallamiento del transbordador El Arcángel.
Sin otro particular, reciban un cordial saludo.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Licenciado Cuauhtémoc Cardona Benavides, subsecretario de Enlace Legislativo.--- Presente.
En respuesta a su oficio número SEL/300/371/108, de fecha 16 de enero de 2008, mediante el cual informa sobre el punto de acuerdo, aprobado por el Pleno de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a través del cual se exhortó al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que dé seguimiento puntual a las labores de rescate, así como al eventual traslado, desguace o disposición final del trasbordador El Arcángel, verificando el cabal cumplimiento de las disposiciones legales para evitar daños a los recursos naturales o a los ecosistemas, e informe de las medidas tomadas a ambas Cámaras del Congreso de la Unión.
A este respecto, le informo que con motivo del encallamiento del trasbordador El Arcángel, ocurrido el 13 de octubre de 2007, en Puerto Morelos, Quintana Roo, el día 19 de diciembre de 2007, la Dirección General de Inspección y Vigilancia de Vida Silvestre, Recursos Marinos y Ecosistemas Costeros, solicitó a la delegación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en Quintana Roo, se realizara la visita de inspección correspondiente, para verificar la situación actual del trasbordador El Arcángel, en el lugar de encallamiento.
En respuesta a dicha solicitud, la delegación de Quintana Roo remitió la nota informativa de fecha 21 de diciembre de 2007, mediante la que informó las acciones que, hasta el día de hoy, se han realizado en el caso en comento y las cuales se detallan a continuación:
El 13 de octubre de 2007 se llevó a cabo la visita de inspección, en la que se determinó que el sitio de encallamiento se localiza en las coordenadas geográficas 20° 50.051' de latitud norte y 85° 53.090' de longitud oeste, comprendido dentro de la zona del canal de navegación, fuera de los límites de la poligonal del parque nacional Arrecife Puerto Morelos. Durante la visita de inspección se constató la existencia de un surco sobre el fondo marino ocasionado por el arrastre del ancla de la embarcación señalada; sin embargo, no se encontró evidencia de afectación de especies en categoría de riesgo.
Adicionalmente, se realizó una prospección submarina en la zona arrecifal denominada ``Jardines'' localizada dentro de la poligonal del parque nacional Arrecife de Puerto Morelos, localizada en las inmediaciones del sitio de encallamiento, sin encontrar evidencia alguna de afectación por la dispersión de sedimentos, ni evidencia de derrame de hidrocarburos. Asimismo, se constató la realización de maniobras fallidas de salvataje de la citada embarcación.
Posteriormente, se dictó el acuerdo de fecha 28 de noviembre de 2007, por el que se emplazó a la empresa Naviera San Miguel, SA de CV, propietaria de la embarcación señalada, al procedimiento administrativo instaurado por esa delegación federal a través del cual se le impusieron las siguientes medidas de urgente aplicación:
El 20 de diciembre de 2007 se efectúo la verificación de las medidas ordenadas en el proveído de fecha 28 de noviembre y, se constató que, en la zona marina aledaña al barco se instaló una barrera ecológica para contingencia de hidrocarburos con dimensiones de 300 metros lineales y 30 pulgadas de altura, hecha con material de poliuretano, la cual fue instalada según lo señaló el visitado desde el 1 de diciembre, dicha barrera se encuentra sostenida por boyas y grampines por fuera del área de flotación de la embarcación, además de lo anterior, la zona cuenta con señalización preventiva consistente en banderines en color rojo para las embarcaciones que navegan en la zona.
Con relación al plan de contingencias, en el caso de derrame de hidrocarburos, señalado en las medidas de urgente aplicación dictadas en el acuerdo mencionado, se presentó el Plan de Emergencia de Abordo en caso de Contaminación'', documento que fue acompañado de un oficio de validación por parte de la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
Finalmente, le reitero que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, a mi cargo, continuará dándole puntual seguimiento a las acciones que se provean, para lograr el salvataje del trasbordador El Arcángel, y la reparación del daño ambiental provocado por el encallamiento del mismo.
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras : Remítase a los promoventes, para su conocimiento.
ARTICULO 73 CONSTITUCIONAL
La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.
Secretarios de la Cámara de Diputados.--- Presentes.
Me permito comunicar a usted que se recibió iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La Presidencia dispuso que dicha iniciativa se turnara a la Cámara de Diputados, misma que se anexa.
«Los suscritos, senadores de la república de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en el articulo 71 fracción 11 y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55 fracción 11, 56, y demás relativos del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
La Constitución de cualquier Estado, como norma fundamental de su quehacer y porvenir, debe basarse en la procuración de garantías que aseguren condiciones de vida satisfactoria y el fomento de actividades no sólo orientadas al crecimiento y desarrollo económicos de la nación, sino a propiciar éstos buscando asegurar un medio ambiente sustentable que permita el bienestar de generaciones futuras.
La función primordial que compete al Poder Legislativo es la elaboración de leyes generales, abstractas e impersonales, a fin de legislar en todas aquellas materias que son esenciales para el desarrollo y progreso del país.
Con esto en mente, los legisladores del Partido Verde Ecologista de México estamos preocupados porque la Constitución asegure las medidas adecuadas para lograr un desarrollo sustentable.
De esta manera y en términos de las fracciones VII, XXIX y XXX del artículo 73 constitucional, el Congreso de la Unión tiene facultades para imponer las contribuciones necesarias para cubrir el Presupuesto de Egresos de la Federación, haciendo especial consideración en las contribuciones que se refieren al comercio exterior, sobre el aprovechamiento y explotación de los recursos naturales, sobre instituciones de crédito y seguros, servicios públicos y contribuciones especiales.
De manera tal que al estar establecido en la fracción XXIX del artículo 73 constitucional, de forma específica los bienes y servicios sobre los cuales se pueden fijar contribuciones especiales, los legisladores nos vemos obligados a asentar el tipo de producto o servicio que será gravado, en aras de obtener un beneficio para la nación.
Es así que la soberanía fiscal depositada en el Congreso de la Unión no debe soslayarse, sino al contrario, impulsar una adecuada reglamentación que permita ir a la vanguardia respecto al tipo de contribuciones que deben ser impuestas para lograr que ciertos productos nocivos para la salud y el medio ambiente, tengan un uso moderado, adecuado y responsable a través de la imposición de gravámenes.
Es por esto que la presente iniciativa tiene como finalidad agregar un inciso h) al numeral 5 de la fracción XXIX del artículo 73 constitucional, para que sea posible establecer un impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS), a las sustancias tóxicas, persistentes y bioacumulables.
Se llaman substancias persistentes las que permanecen por un tiempo prolongado en el ambiente, incluso decenas de años, resistiendo la degradación por el sol, por microorganismos y la degradación química. Las sustancias bioacumulables son aquellas que se acumulan en los tejidos grasos de los organismos, además de que se biomagnifican, es decir, aumentan su concentración en cientos o hasta millones de veces a medida que van subiendo en las cadenas alimenticias.
Las sustancias tóxicas persistentes y bioacumulables, conocidas como las COP, se dispersan ampliamente en el medio ambiente, a través del viento, ríos y corrientes marinas, trasladándose a todas partes del planeta. Se han encontrado en el agua, suelo, sedimentos, animales y personas, incluso en el Ártico y en lugares muy alejados de donde originalmente fueron liberadas.
La problemática que circunda a las substancias que estamos proponiendo sean incluidas para ser gravadas con el impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS), es que ya han sido restringidas y sujetas a distintos reglamentos y gravámenes en muchos países. El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), ha llamado ha establecer un convenio internacional obligatorio sobre 12 COP de manera prioritaria, que además defina los criterios para añadir nuevas sustancias y establezca mecanismos de apoyo a los países en desarrollo.
Los criterios en los que se basa la identificación de una sustancia como tóxica y persistente son:
En el país, las substancias y productos químicos se rigen por una serie de leyes y reglamentos coincidentes en sus disposiciones y caen bajo la jurisdicción de seis dependencias reguladoras. Como resultado, el marco jurídico que norma a las substancias químicas continúa siendo uno de los aspectos más complicados y con frecuencia confusos, del derecho ambiental en México.
Los dos cuerpos normativos más importantes que rigen las substancias y productos químicos son la Ley General de Salud y el Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Control Sanitario de Actividades, Establecimientos, Productos y Servicios, que en conjunto, establecen definiciones de plaguicidas, fertilizantes y substancias tóxicas, establecen un régimen de registro, licencia y permiso para plaguicidas, fertilizantes y sustancias tóxicas, además de proveer normas para el etiquetado de sustancias químicas.
En virtud del número de leyes y dependencias que regulan a las substancias químicas, en 1987 se creó la Comisión Intersecretarial para el Control del Proceso y Uso de Plaguicidas, Fertilizantes y Sustancias Tóxicas (Cicloplafest), integrada por representantes de las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Comercio y Fomento Industrial (ahora de Economía), de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación y de Salud.
De acuerdo con la instrucción de substancias químicas, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 12 de diciembre de 1988, debe presentarse información de las sustancias tóxicas, similar al requerido en el registro de nuevos plaguicidas, ante la Cicloplafest. Sin embargo, esta última aún debe elaborar un catálogo oficial de sustancias tóxicas registradas.
Actualmente no existen requisitos de revisión previa a la manufactura para el uso, fabricación o distribución de sustancias tóxicas nuevas, por lo que en nuestro país continúa el uso indiscriminado de substancias tóxicas y plaguicidas, cuyo uso incluso ha sido prohibido a nivel internacional.
Por otro lado, las compañías trasnacionales son dominantes en la fabricación y comercialización de productos químicos y otras sustancias que suponen riesgos para la seguridad ocupacional y la salud. Con la tendencia a los acuerdos de ``libre comercio'', se prevé que el dominio de las trasnacionales se expanda. Corresponde entonces considerar la importancia y repercusión que tienen las trasnacionales, particularmente en países que tienen mínimos recursos disponibles para la protección ambiental y de los trabajadores.
La experiencia ha mostrado que los enfoques preventivos son mejores en cuanto a resultados y costos, por lo cual se considera que es más barato prevenir que remediar. De tal forma que es posible hacer uso de instrumentos económicos para regular conductas que son ambientalmente nocivas.
La liberación de las substancias tóxicas al ambiente, ya sea a través de su emisión al aire, de su descarga a los cuerpos de agua, o de la generación de residuos peligrosos es, sin lugar a dudas, un signo de ineficiencia en los procesos productivos. Para atender esta falla e internalizar los costos ambientales, los países miembros de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) acordaron el principio de ``quien contamina paga''. Este principio sostiene que aquellos agentes económicos que contaminen, deben asumir los costos totales de cualquier daño ocasionado por la producción de bienes y servicios contaminantes.
Por todo ello es que ya es tiempo de que este concepto sea utilizado con mayor frecuencia en el país y obligar a la planta productiva y al Estado a asumir los costos ambientales que implican los diversos procesos productivos, especialmente para la regeneración de los recursos naturales que son devastados.
El impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS), resulta un impuesto conveniente para las substancias que hemos mencionado, ya que se establece directamente sobre el nivel de producción o servicios que se están generando, de manera que es posible compensar, con base en el volumen de producción, el daño ambiental que se produce.
La presente iniciativa busca precisamente esto, es decir, otorgar un valor real a los recursos naturales y al medio ambiente, utilizando instrumentos propios de la economía de mercado que fomenten la aplicación de nuevas tecnologías y la entrada de productos más amables con el entorno natural. Quien invierta en tecnologías limpias y reduzca las emisiones contaminantes, obtendrá ventajas competitivas sobre aquellas que no lo hagan.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a su consideración la siguiente iniciativa con proyecto de
Decreto mediante la cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Artículo Único. Se reforman los incisos e), f) y g) y se adiciona un inciso h) al numeral 5o. de la fracción XXIX del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 73. ...
Transitorios
Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Una vez que haya entrado el vigor el presente decreto se deberán hacer las adecuaciones correspondientes en Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios dentro de un plazo que no podrá exceder los 90 días naturales.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras : Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.
La Cámara de Diputados saluda con afecto a la representación de familiares de mineros fallecidos en Pasta de Conchos.
La Comisión de Desarrollo Social de esta Cámara de Diputados acaba también de rendir un homenaje a nuestro compañero diputado Mario Mendoza Cortés , quien fungió como secretario de la mesa directiva de la comisión. Su fallecimiento, como ustedes recuerdan, aconteció el 26 de septiembre de 2007. En su honor la comisión develó una placa en su salón de juntas, que a partir de hoy llevará su nombre. Damos la bienvenida y nuestro reconocimiento a su señora esposa, Fabiola Fierro Tuxpan, y a su pequeña hija, Margarita Nicole Mendoza Fierro.
DIA INTERNACIONAL DE LA LENGUA MATERNA
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras : El siguiente punto del orden del día es el posicionamiento con relación al Día Internacional de la Lengua Materna. Se han registrado para referirse al tema las diputadas siguientes y los diputados siguientes:
Delio Hernández Valadés , del Grupo Parlamentario de Alternativa; Silvia Luna Rodríguez , de Nueva Alianza; Anuario Luis Herrera Solís , del Partido del Trabajo; María del Carmen Salvatori Bronca , de Convergencia; Wenceslao Herrera Coyac , del Grupo Parlamentario del PRI; Humberto Wilfredo Alonso Razo, del Grupo Parlamentario del PRD; y Martha Cecilia Díaz Gordillo , del Grupo Parlamentario del PAN.
Por ello se concede el uso de la palabra al diputado Delio Hernández Valadés , del Grupo Parlamentario del Alternativa, hasta por cinco minutos.
El diputado Delio Hernández Valadés : Con el permiso de la Presidencia.Compañeras diputadas y compañeros diputados, la UNESCO ha considerado que las lenguas son el instrumento de mayor alcance para la preservación y el desarrollo de nuestro patrimonio cultural.
No existe, en ninguna parte del mundo, un proceso de pensamiento, de producción y transmisión de la cultura, y de comunicación entre los seres humanos que no se lleve a cabo a través del lenguaje. La lengua es, pues, la forma más trascendente de transmitirlo.
Eso lo tienen bien sabido los imperios, pues siempre que han avasallado a los pueblos comienzan por imponer su propia lengua como parte del proceso de destrucción del patrimonio cultural originario, sin importarles que con ello que se pierdan siglos de conocimiento que son invaluables. Así lo hicieron con los pueblos que originalmente habitaron las tierras de nuestro continente americano y en las diversas regiones del mundo.
Nuestros gobiernos capitalistas y entreguistas siempre se han mostrado dispuestos a cumplir los dictados del imperio, como parte de la estrategia para desmantelar nuestro pasado histórico y con ello nuestra riqueza cultural, como requisito indispensable para lograr la enajenación de nuestro pueblo y poder apropiarse de todos sus recursos.
Un pueblo sin identidad cultura y sin pasado del que pueda sentirse orgulloso es un pueblo al que se le puede dominar y, por ende, al que se le puede despojar de la riqueza.
Es bien sabido que la lengua castellana no es la lengua materna de los grandes pueblos y culturas que habitaron estas tierras antes de la llegada del imperio español. Por eso tiene una gran relevancia el hecho de que la UNESCO haya declarado el 21 de febrero como el Día Internacional de la Lengua Materna, porque con ello debemos refrendar nuestra exigencia de respeto y de fomento a las lenguas de los pueblos indígenas que aún hoy viven en las tierras que les han pertenecido por siglos y de las cuales siempre se les ha pretendido despojar.
Es claro que a la oligarquía política no le importa promover el respeto de las lenguas indígenas. Por el contrario, promueven la discriminación de quienes pertenecen a estos pueblos, porque así se les obliga a dejar sus costumbres y su identidad, y con ello sus tierras y recursos, para estar en condiciones de entregarlas a los grandes capitales trasnacionales.
Los pueblos indígenas y sus lenguas maternas se han convertido para el gobierno neoliberal sólo en fondos para la fotografía, para las portadas de libros, y en palabras güeras para engrosar los discursos oficiales. Pero en los hechos se toleran todas las acciones que los lleven a su desaparición.
Este día, compañeras diputadas y compañeros diputados, puede llenarse de palabras que no transformen la realidad nacional, de palabras vacías. O por el contrario, podemos hacer un compromiso todas las fuerzas políticas aquí presentes para exigir el rescate y la promoción de las lenguas que se hablan en el territorio mexicano, teniendo en cuenta que la UNESCO exige que toda iniciativa para promover la difusión de las lenguas maternas debe servir para incentivar la diversidad lingüística y la educación multilingüe, pero sobre todo para crear mayor conciencia respecto a las tradiciones lingüísticas y culturales del mundo e inspirar a la solidaridad, basada en el entendimiento, la tolerancia y el diálogo.
Por ello, para la fracción parlamentaria del Partido Alternativa Socialdemócrata es muy importante exigir al gobierno de México que implante de manera sistemática políticas y acciones de rescate, respeto y promoción de las lenguas maternas de los pueblos indios de nuestro país. Es cuanto, compañeros y compañeras.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras : Gracias, diputado Hernández Valadés. Se concede el uso de la tribuna a la diputada Silvia Luna Rodríguez, de la fracción parlamentaria del Partido de Nueva Alianza.
La diputada Silvia Luna Rodríguez : Con el permiso de la Presidencia.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras : Adelante, diputada.
La diputada Silvia Luna Rodríguez : Compañeros diputados y compañeras diputadas, decir ``lengua'', como afirmó el poeta y ensayista Octavio Paz, es decir ``civilización, comunidad de valores, símbolos, creencias, visiones, preguntas sobre el pasado, el presente y el porvenir''.La lengua es un elemento de identidad nacional y una representación socialmente compartida y exteriormente reconocida del legado cultural que define, junto con el bagaje histórico, a nuestra nación.
Vivimos en una sociedad multicultural, en la que se conjugan las milenarias costumbres y tradiciones con las expresiones contemporáneas. Cada 21 de febrero, desde 1999, celebramos el Día Internacional de la Lengua Materna, y este año coincide con la proclamación del 2008 como Año Internacional de los Idiomas.
Salvaguardar la diversidad cultural de México y del mundo, proteger el patrimonio tangible e intangible, y establecer relaciones de igualdad y respeto entre todas las personas es por lo que conmemoramos hoy esta fecha.
Acercarse a estas celebraciones es una oportunidad más para reconocer que una fortaleza de México es su gran diversidad étnica y lingüística. El español, lengua materna para la mayoría de las mexicanas y los mexicanos, representa una lengua más, entre muchas otras, que se hablan en nuestro país.
En la actualidad existen 62 lenguas indígenas, además de diversas variantes, las que se conjugan entre el pasado y el presente, las que están en amenaza de extinción. El problema de la pérdida de lenguas, como el náhuatl, el maya, el zapoteco, el mixteco y el otomí, que son los cinco idiomas indígenas con mayor número de hablantes en nuestro país, es que no sólo se extingue la lengua, sino también la cultura que la alberga. Por ello es necesario continuar las acciones que lleven a su preservación.
En este sentido, se deben impulsar acciones que estimulen la formación bilingüe e intercultural para hablantes y no hablantes de lenguas indígenas, y fomentar el estudio y la investigación de las lenguas maternas, para así cumplir los derechos lingüísticos de todas las mexicanas y de todos los mexicanos.
El valor y la importancia de este día es la coexistencia de la pluralidad de lenguas, culturas y maneras de ver el mundo. Cualquier persona tiene el derecho de hablar su propia lengua, y todos debemos respetarlo no importando el número de personas que la hablen. En esto radica el verdadero respeto a la diversidad cultural y lingüística, y al conocimiento y entendimiento de nuestras raíces.
Por ello, para construir una patria incluyente debemos ser una nación en la que no prevalezca una lengua sobre otra. Un pueblo en donde no sólo se exalten y se ponderen los discursos, su esencia pluricultural, sino que verdaderamente se respete y no se discrimine a los pueblos indígenas y sus lenguas.
La existencia de un México multicultural no puede concebirse sin la inclusión de todas las mexicanas y todos los mexicanos. La gran tarea es crear y afianzar una cultura respetuosa y tolerante, en la que el diálogo sea la base de nuestra convivencia.
En Nueva Alianza tenemos la certeza de que la educación tiene como una de sus responsabilidades defender la importancia que reviste en las lenguas maternas, así como la de promover el respeto por las variantes nacionales y regionales. Sólo así lograremos preservar nuestras raíces, nuestra cultura y nuestro origen, factor fundamental para el desarrollo de las futuras generaciones.
El respeto de los derechos culturales y el reconocimiento de la diversidad son parte de la lucha en contra de la marginación y para alcanzar una verdadera consolidación de los derechos políticos, económicos y humanos.
La postura frente a la diversidad lingüística puede considerarse, según la propia UNESCO, como un termómetro para someter a prueba el pluralismo cultural y el concepto de democracia vigente en un país. Por esto, nuestra responsabilidad es hacer que la democracia sea, a través de la enseñanza, un verdadero reflejo de pluralidad y respeto a las diferencias. Por su atención, muchas gracias.
Presidencia del diputado Luis Sánchez Jiménez
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez : Gracias, diputada Luna Rodríguez. Se concede el uso de la tribuna al diputado Ricardo Cantú Garza, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
El diputado Ricardo Cantú Garza : Gracias, diputado Presidente.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez : Adelante, diputado.
El diputado Ricardo Cantú Garza : Compañeras diputadas y compañeros diputados, la organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), ha proclamado el 21 de febrero como el Día Internacional de la Lengua Materna, en un esfuerzo por preservar las lenguas de los países del mundo.Las lenguas de los pueblos son la expresión concreta de la identidad, la comunicación, la integración social, la educación y el desarrollo de cada uno de ellos. El llamado que hace la UNESCO a los pueblos, gobiernos, organizaciones de la sociedad civil, las instituciones docentes, las asociaciones de profesionales del lenguaje, es que emprendan un esfuerzo para instrumentar las acciones necesarias para preservar las lenguas maternas de sus respectivos países y coadyuvar en la preservación de la de sus países hermanos.
Actualmente está en riesgo de desaparecer, en cuestión de generaciones, 50 por ciento de los casi 7 mil idiomas que se hablan en el mundo.
De acuerdo con la declaración de la UNESCO, su labor en pro del plurilingüismo tiene por objeto estimular la elaboración de políticas nacionales y regionales coherentes que permitan el uso adecuado de los idiomas en una comunidad y en un país determinado. El idioma y las herramientas lingüísticas son importantes armas para salir de las condiciones de atraso y pobreza que marginan a un número muy importante de seres humanos.
La lengua es herramienta fundamental para la transmisión de conocimientos, por lo que preservar su uso además de su correcta aplicación, permitirá formar mejores seres humanos que correspondan a la realidad, porque el conocimiento de la lengua es fundamental para representar de manera abstracta las cosas y los hechos concretos.
El Día Internacional de la Lengua Materna es la expresión concreta de una serie de convenciones y acuerdos que ha tomado la comunidad internacional, como es la Convención relativa a la Lucha contra la Discriminación en la Esfera de la Enseñanza; la Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural, y su plan de acción; la Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural y Material; la Recomendación sobre la Promoción y el Uso del Plurilingüismo y el Acceso Universal al Ciberespacio, y la Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales.
A pesar de la enorme importancia de todas las lenguas maternas y nativas, la destrucción de la mayoría de ellas es un fenómeno que está asociado a la lógica misma del sistema capitalista, que tiende a conformar una economía mundial y un mercado mundial unificados con códigos únicos, como son una lengua común en el plano nacional e internacional, una moneda nacional y una moneda mundial, etcétera.
En estas circunstancias, el sistema económico vigente tiende no sólo a concentrar y a centralizar la riqueza en unos cuantos, sino que también impone una visión del mundo única, que es la visión de los poderosos, y al mismo tiempo mediante el aislamiento pretende desaparecer otras formas de cultura y pensamiento, así como de lenguajes regionales y nacionales.
En este contexto avasallador la única manera de mantener vigentes y vivas las lenguas maternas y nativas es protegerlas conscientemente, por parte de la sociedad y el Estado; es desarrollando su aplicación en la promoción y difusión de la cultura de los pueblos, preservando y haciendo uso de esas lenguas para que ellas no desaparezcan.
En este marco de celebración del Día de la Lengua Materna, nuestro país debe tomar las medidas urgentes y necesarias para proteger todas las lenguas y dialectos que se hablan a lo largo y ancho del territorio nacional. La riqueza y diversidad de las lenguas mexicanas es un tesoro invaluable que habla de nuestro desarrollo histórico como nación. El mejor homenaje que le podemos rendir es garantizar que perduren a lo largo de las generaciones venideras.
Celebremos el Día Internacional de la Lengua Materna con el compromiso de salvaguardar nuestro patrimonio cultural y lingüístico. Es cuanto, diputado Presidente.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez : Muchas gracias, diputado Cantú Garza. Se concede el uso de la tribuna a la diputada María del Carmen Salvatori Bronca, de la fracción parlamentaria de Convergencia.
La diputada María del Carmen Salvatori Bronca : Gracias, Presidente, con su permiso.Compañeros diputados y compañeras diputadas, el Día Internacional de la Lengua Materna, proclamado por la UNESCO en 1999 y celebrado desde entonces cada 21 de febrero, ha tenido el gran mérito de abrir espacios para la reflexión de este asunto, que resulta medular en el ámbito de la educación, la cultura, los derechos y la democratización de nuestros países.
No podemos conmemorar este día sin reconocer el gran aporte realizado por pedagogos, lingüistas, psicólogos, médicos, etcétera, cuyo trabajo orientado a comprobar y difundir los beneficios de recibir educación en lengua materna ha sido de gran ayuda. La especialista Nadine Deutscher destaca que aprender en la lengua materna tiene un valor tanto cognitivo como emocional, y los alumnos de minorías se sienten más respetados cuando se emplea su propio idioma en la escuela; y si bien es cierto se ha logrado un reconocimiento generalizado hacia el tema, existen episodios recientes que demuestran que aún no hemos avanzado lo suficiente.
Recordemos aquí la aprobación de la proposición 227 en California, Estados Unidos, que impuso como idioma oficial el inglés privando a millones de estudiantes de origen latino la posibilidad de ser educados en su lengua materna. Esto ocurrió hace exactamente 10 años. Avanzar en este tema implica entonces desafiar la creencia de que la integración es necesariamente algo positivo y que para ello es imprescindible renunciar a la lengua materna.
Como sabemos, la integración es un proceso que se da muchas veces desde situaciones complejas como la migración por motivos económicos o el exilio político o el mestizaje cultural e inclusive, luego de intempestivos cambios en el orden político de un territorio. De acuerdo con el autor Louis-Jean Calvet, la guerra de los idiomas siempre forma parte de una guerra más extensa. Esto es particularmente cierto cuando resulta evidente que las minorías suelen ser las víctimas y típicamente la primera medida que las afecta es la prohibición de usar sus propios idiomas.
La imposición de idiomas oficiales en países y regiones de sabida multiculturalidad, es una expresión burda dañina de lo que conocemos como la historia de los vencidos contada por los vencedores.
En el guión oficial se atrajo progreso y calidad de vida. En la realidad se minimizó, se ocultó, se denigró y eventualmente, desapareció la esencia y posibilidad de ser y permanecer, de una determinada manifestación cultural. En una sociedad que se diga respetuosa de los derechos humanos esto no es sólo aberrante, sino también inaceptable.
Por ello, en la agenda de compromiso en materia de derechos humanos, Convergencia sostiene como prioridad una política educativa y cultural que en la práctica reconozca y fomente la multiculturalidad y el multilingüismo de nuestro país, no sólo como una condición histórica y territorial, sino también como un atributo que nos engrandece en colorido y diversidad.
La valía de la multiculturalidad es que cada expresión cultural independientemente de su tamaño, extensión, legado, complejidad, etcétera, es un fin en sí mismo. Por ello no puede estar sujeta la valuación por parte de quienes hacen parte de otra expresión. Un tratamiento ético del tema implica observarnos desde el reconocimiento y la aceptación de la otra edad y ello debe reflejarse en una política pública incluyente que proporcione herramientas para la preservación de todas las esencias culturales, puesto que nadie está calificado para discriminar lo valioso de lo que no lo es.
Sin embargo, como resultado de políticas públicas cerradas o, en el mejor de los casos, omisas, ayer la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas denunció en el periódico de circulación nacional La Jornada la posible desaparición a mediano plazo de variantes regionales de las lenguas tepehua, mixe, zoque, popoluca y mixteca.
La masiva desaparición de nuestro patrimonio cultural, expresado en lenguas maternas, debe detenerse. Es tarea de todos nosotros preservar nuestra historia e identidad, así como hacer cumplir la ley que protege los derechos de quienes en México tienen una lengua materna amenazada de desaparecer.
Al ser yo descendiente de inmigrantes italianos me siento orgullosa de ser mexicana, a la vez que agradezco a mis antecesores haber preservado en nosotros una parte de su cultura y su historia a través de la lengua originaria, que es el véneto, y agradecer a México que haya abierto sus brazos a los italianos y ofrecer sus tierras para trabajar, apreciar y preservar su cultura.
Por eso les digo en véneto:
Gratzie a cuesto bello paese messicano par verder le porte a tantti taliani, darge le terre oar lavorare e verder que Messico ale al meyo paesse del mondo. Tante gratzie.
Agradezco enormemente su atención.
Es cuanto, Presidente.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez : Gracias, diputada Salvatori Bronca. Se concede el uso de la tribuna al diputado Wenceslao Herrera Coyac, de la fracción parlamentaria del PRI.
Aprovechamos para enviar un saludo al grupo de universitarios del Instituto de Estudios Superiores Sierra Plantel Teziutlán, del estado de Puebla. Sean ustedes bienvenidos.
El diputado Wenceslao Herrera Coyac : Con su permiso, señor Presidente.Compañeras diputadas y compañeros diputados, en esta ocasión una vez más quiero pedirles su comprensión por ser el Día Internacional de la Lengua Materna, mandarles un saludo a mis hermanos de lengua náhuatl, en el idioma náhuatl, para hacer posteriormente una reflexión y una propuesta a nombre de mi fracción parlamentaria, del Partido Revolucionario Institucional.
Nomaseual ikniuan. Nikan ipan Tekpan Tlajtokan. Okispa ika mauisotl namech titlanilia notlajpalolis. Nin tonali matikilnamikikan ika miak pakilis. Axan omotlali itolan tomaseualtlajtol. Matikasikamatikan, matitlajtokan uan ika matimoeyichiuakan.*
Traduzco al español lo que acabo de decir: hermanos indígenas, con mucha alegría nuevamente les hago llegar mis saludos desde esta tribuna parlamentaria. Este día debemos recordarlo con mucho entusiasmo en nuestras mentes y corazones, porque es un día dedicado a nuestras lenguas maternas ---continúo en las reflexiones---. Por lo mismo es una fecha que nos convoca a hablar y disfrutar nuestras propias lenguas para fortalecerlas y desarrollarlas.
Honorable asamblea, toda la humanidad debe saber que en el mundo existen aproximadamente 6 mil 500 lenguas. Según cifras aportadas por la ONU, una lengua materna desaparece cada dos semanas y actualmente más de 3 mil lenguas corren el peligro de desaparecer en el mundo.
La fecha que hoy conmemoramos como el Día Internacional de la Lengua Materna comenzó el 21 de febrero de 1953. En aquel momento dos estudiantes que tenían como lengua materna el bengalí fueron asesinados porque pedían que su propia lengua fuera reconocida por el Estado como una de las lenguas originarias de su país.
Varios años después de aquel acontecimiento trágico y sangriento, el mismo Estado de Bangladesh fue el que presentó ante la UNESCO la propuesta de que el 21 de febrero fuera un día en que se recordara la lucha de varios pueblos y comunidades del mundo, por defender su lengua materna. Así es como se estableció que el 21 de febrero fuera el Día Internacional de la Lengua Materna.
A propósito de la importancia de la lengua materna, permítanme compartir con ustedes el siguiente poema:
Encadenad a un pueblo,despojadlo,tapadle la boca,(y) todavía es libre.Privadlo de su trabajo,de su pasaporte,de la mesa donde come,del lecho donde duerme,y todavía es rico.
Un pueblo se vuelve pobre y esclavocuando le roban la lenguaheredada de sus padres:entonces está perdido para siempre.
Hasta aquí el poema. En México las lenguas originarias del país han resistido por más de cinco siglos la exclusión, la discriminación y la marginación por parte del Estado y de la sociedad en general. Por eso, los indígenas de México hemos luchado y seguiremos luchando para mantener la memoria histórica y la identidad de la nación mexicana, mediante el fortalecimiento de la diversidad lingüística y cultural de nuestro país.
Namejuantisitsin tepantlajtoanij, matimaktilikan Mexiko totlalnantsin se kualtsin kaltlamachtiloyan; kampa moyolchikauas tomaseualtlajtol, uan uejka; majtitlamachilis ajsikan.
Traduzco del náhuatl al español. Señoras diputadas y señores diputados. Démosle a México una casa del conocimiento para fortalecer nuestras lenguas, para mirar lejos a través de nuestro propio pensamiento.
En este marco internacional tan importante para la vida de las lenguas originarias de nuestro país, entrego a la Presidencia de esta honorable soberanía la propuesta de un punto de acuerdo que el 19 de este mismo mes se publicó en la Gaceta Parlamentaria para que el Ejecutivo federal instruya a quien corresponda a efectos de que la Casa de las Cien Lenguas, que hasta 1989 estuvo en manos del Instituto Lingüístico de Verano, sea la sede del Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas de México. Muchísimas gracias.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez : Gracias, diputado. Continúa en el uso de la tribuna el diputado Humberto Wilfrido Alonso Razo, de la fracción parlamentaria del PRD.
El diputado Humberto Wilfrido Alonso Razo : Sesi erandiski iaminduecha tatache ka nanecha. Chari sesi jimbo Tata Juramuti. Enka uandakua ma uariska kuiripu sanderu koma jarashinditi. Enka uandakua ma uariska... uarishinkakshi san juchiari.*Me es grato saludar a todos los diputados y a todas las diputadas en mi idioma materno, que es el purépecha. Quiero pedir permiso al señor Presidente de esta Cámara para hablar con motivo del Día Internacional de la Lengua Materna y decir, como lo menciona el doctor Miguel León Portilla, cuando muere una lengua la humanidad se empobrece. Y efectivamente, cuando una lengua indígena muere también muere una parte de nosotros mismos.
En mi carácter de diputado y representante político indígena purépecha de Michoacán, afirmo que los grandes pueblos valen por sus manifestaciones culturales; las grandes revoluciones histórico-culturales las ha hecho el pueblo. Por eso a los pueblos les debemos su historia y su cultura.
La lengua es la síntesis de ese legado cultural que por naturaleza propia nos ha tocado vivir. Por ello la lengua es mucho más que un instrumento, mucho más que una herramienta. No en vano estructura nuestro pensamiento, articula nuestras relaciones sociales y crea nuestro vínculo con la realidad.
Vivimos la lengua. Vivimos a través de la lengua. De los primeros a los últimos momentos de nuestra existencia, de generación en generación la lengua nos acompaña, nos sirve, nos recrea. Es un instrumento esencial de la vida familiar, laboral, escolar, política, y forma parte de la investigación científica y también del espacio religioso.
Por ello es natural que el uso de la lengua, lejos de representar una mera cuestión técnica, constituye los caminos en los que convergen un gran número de problemas delicados y diversos.
El hecho de utilizar o no una lengua en espacios públicos como la escuela, los medios de comunicación, etcétera, remite a territorios como la identidad, la pertenencia nacional o el poder. De identidad, porque es la razón de nuestra existencia. De pertenencia, porque es nuestro legado que día con día hace patria. Y de poder, para unos todo un éxito; para otros, lamentablemente, para otros, casi nada.
Casi nada afirmativamente para los pueblos indígenas negados por la historia que ostenta el poder y que hoy, en este día memorable, con lamentación decimos que ese poder económico-político avasallante, que atenta hoy en la encrucijada de valores, no sabe si celebrar o pedir perdón.
Debería pedir perdón. Sí, señores del poder político-económico, pedir perdón a nuestros pueblos. ¿Razones? Muchas. Si antes de la violenta conquista occidental, en el mosaico cultural de nuestra patria existían más de 250 lenguas originarias, y hoy sólo hacemos el recuento de 62 lenguas y 160 variantes dialectales.
Debería pedir perdón el poder económico-político ante las actitudes de honor y de vergüenza, como los del pueblo indígena quilihua, cultura indígena de la región serrana de San Pedro Mártir, Baja California, que en 2006 hizo público el pacto de muerte ante tanta indolencia de los gobiernos en turno: ha decidido autoextinguirse para siempre no procreando más hijos.
Dijeron: ¿Para qué, si sólo venimos a sufrir? Por eso el poder económico-político de este país debería pedir perdón. Que no conforme con su exterminio, también ha venido despojándolos de sus tierras.
Para ofrecer otros datos de esta misma naturaleza, también existen marcadas políticas de exterminio de las lenguas, como el tenec, el ñañú, el tepehua, el totonaca, el populuca, el zoque, el mixteco, el chinanteco y el mazateco, entre otros.
Termino mi exposición. Valga este día a pesar de todo, como un día de celebración para las lenguas existentes. De protesta por el acelerado proceso de extinción de otras. Y de homenaje, ya que en el marco de la reforma del Estado pedimos que el mejor homenaje sea que en esta LX Legislatura tenemos la gran oportunidad histórica de pedir perdón a nuestros pueblos indígenas, aprobando la iniciativa de ley de sujeto de derecho público, la ley de consulta del consentimiento previo, libre e informado, la iniciativa que señala las lenguas oficiales existentes en el territorio nacional y éstas se lleven como materia básica en la educación del Sistema Educativo Nacional.
La iniciativa de Ley de Medios de Comunicación, que nos permita mantener nuestra memoria histórica y la comunicación necesaria entre los pueblos. Con estas iniciativas tenemos, tiene el pueblo de México, mucho que ganar. El derecho internacional ya lo permite. A los legisladores de hoy sólo nos corresponde cumplir nuestro deber histórico. Nunca más un México sin nosotros.
Juchari uinapikua ka juchori Juramuti ua. Dios me llame.
Muchas gracias, señor Presidente.
Presidencia del diputado Cristián Castaño Contreras
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras : Gracias, diputado Alonso Razo. Tiene el uso de la tribuna la diputada Martha Cecilia Días Gordillo, de la fracción parlamentaria del PAN.
La diputada Martha Cecilia Díaz Gordillo : Con su venia, señor Presidente.Compañeras y compañeros, las lenguas son como ríos nutridos por los afluentes que provienen del pensamiento y la evolución humana. Reconocer a cada una de ellas es símbolo inequívoco de avance de una sociedad.
Los seres humanos nos fusionamos y al mismo tiempo nos distinguimos por medio de voces, imágenes o signos. Las lenguas nos unen con los otros, nos dan cohesión al establecer las bases de la identidad en comunidades, sociedades o naciones.
Las lenguas nos definen, nos enriquecen. Con ellas transmitimos la razón, el conocimiento y la pasión. Sin ellas, simplemente nos convertiríamos en borrosos episodios de una larga historia. Con ellas siguen viviendo con nosotros, junto a nosotros, pueblos y civilizaciones ancestrales. Sin embargo, el patrimonio lingüístico merma sin cesar. Cada dos semanas una lengua desaparece en el mundo.
Celebramos hoy el Día Internacional de la Lengua Materna, establecido por la Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia y la Cultura (UNESCO) como un recordatorio de una riqueza que nos pertenece a todos, a todos los habitantes de la tierra. Un recordatorio, también, de un derecho fundamental: el de utilizar la lengua materna y preservarla.
Ocho naciones solamente concentran la mitad de las lenguas universales. México es uno de esos países afortunados. Nuestra Constitución reconoce esa riqueza de pluralidad cultural, base de la diversidad que nos hace destacar en el concierto de las voces planetarias.
Tenemos que reconocer que, instituciones y sociedad mexicana, no hemos hecho lo suficiente para la conservación y difusión de las lenguas. No nos hemos dado la oportunidad de conocernos entre todos, de reconocernos entre los otros para enriquecernos en espíritu y al tiempo lograr el cumplimiento pleno de los derechos lingüísticos.
Más de 60 idiomas hablamos en México. Exceptuando el español, todas representan el enorme mosaico de pueblos originales que, desde las bastas extensiones desérticas del norte a las selvas del sur, conformaron desde hace siglos un entramado maravilloso de culturas, espejo y base de la grandeza mexicana del milenio que apenas empezamos a vivir. Preservarlas y lograr que puedan coexistir con los grandes idiomas de comunicación internacional es uno de los retos principales.
La propia UNESCO considera que combinar la enseñanza de la lengua materna con la de una nacional oficial facilita a los niños la obtención de mejores resultados escolares, estimula su desarrollo cognitivo y su capacidad de aprendizaje.
Facilitar esa coexistencia, junto con la preservación y difusión, es uno de los campos de acción que el Estado debe considerar como básico en el cumplimiento de sus obligaciones para propiciar el desarrollo social, la equidad y el acceso a mejores niveles de bienestar para las comunidades indias.
También tenemos que incidir en que los mexicanos que tienen como lengua materna el español reconozcan la riqueza y la oportunidad de acercarse a un legado que, más allá de signos y voces, representa una diversidad de visiones del mundo.
Ya desde 1992 la Constitución Mexicana define al país como nación pluricultural en reconocimiento de los pueblos indígenas. Oficialmente el gobierno federal reconoce a las lenguas indígenas como lenguas nacionales, de acuerdo con la Ley de los Derechos Lingüísticos de 2001: en igualdad de condiciones respecto al español. Esto es, con la misma validez en sus territorios.
Así, por ejemplo, a partir de 2005 se ha oficializado la traducción del Himno Nacional a esas lenguas. No es poco, es cierto. Pero el mexicano promedio sigue sin aproximarse a la cultura del zapoteco o a la contundencia del rarámuri. Sigue perdiéndose de una riqueza que también es suya.
Lo peor, todos seguimos sin saber que mientras celebramos este día, el mochó de Chiapas, o el kikapú de Coahuila, o el seri de Sonora se están extinguiendo. Y con ello, una forma de nombrar, una manera de entender y reflexionar la realidad, uno de los caminos para pensar diferente y ser complementarios, en fin, una riqueza que nos pertenece a todos los mexicanos. Muchas gracias.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras : Gracias, diputada Martha Cecilia Díaz Gordillo.
LEY DE AGUAS NACIONALES - LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS - LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA PROTECCION AL AMBIENTE
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras : El siguiente capítulo del orden del día es el de iniciativas. Por ello se concede el uso de la palabra al diputado Silvio Gómez Leyva, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, de la Ley General de Asentamientos Humanos, y de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
El diputado Silvio Gómez Leyva : Con su venia, señor Presidente.El proceso de desarrollo del siglo anterior, la urbanización y el impacto de las actividades productivas han ocasionado en nuestro país un deterioro importante del medio ambiente, pues la contaminación atmosférica, la destrucción y degradación de bosques y selvas, la sobreexplotación y la contaminación de mantos acuíferos, la pérdida de recursos hidrológicos, la desaparición de especies de la flora y la fauna, la afectación de zonas costeras, el agotamiento y sobreexplotación de la pesca comercial, la degradación y desarticulación del suelo y el inadecuado uso de los residuos sólidos y tóxicos no solamente han agotado los recursos naturales, sino también están afectando nuestra salud y están provocando la pérdida de la productividad en el campo.
A partir de la década de los setenta se ha venido aumentando sustancialmente el número de acuíferos sobreexplotados: 32 en 1975, 80 en 1985, 97 en el 2001, 102 en el 2003 y 104 en el 2005.
En la actualidad se sobreexplota el 15 por ciento, en número, de los 653 acuíferos definidos en el país. Pero el problema es más grave si se considera que se está sobreexplotando la mayoría de los acuíferos más importantes a los que corresponde cerca de 60 por ciento de la extracción del agua a nivel nacional.
El suministro del agua, por parte de los gobiernos de los diferentes países del mundo, se ha convertido en un problema de grandes proporciones, el cual se agudiza cuando los centros de población se concentran en el mayor número de sus habitantes, donde la atención inmediata a los servicios públicos más elementales representa el incremento de gastos financieros y humanos y materiales, por parte de los estados, para darle la debida atención.
En el caso de México es ilustrativo del punto anterior, sólo en la zona metropolitana del Valle de México habitan 21 millones de mexicanos, aproximadamente 20 por ciento de la población nacional a la que se suman las zonas metropolitanas de Guadalajara y Monterrey, lugares en el que el suministro del agua se agudiza por las pocas fuentes de abastecimiento del vital líquido, que en su gran mayoría se encuentran sobreexplotadas.
La cuota natural de renovación de las aguas superficiales ha sido mayor en las subterráneas. La renovación natural de éstas es lenta, más aún debajo de los grandes asentamientos humanos, como es el caso de las metrópolis referidas, donde la mancha urbana ya es tan extensa y densa que se convierte la superficie en una placa impermeable que imposibilita la filtración natural del vital líquido.
Si se llega el agotamiento de los mantos acuíferos de nuestro país, el Estado tendría la necesidad de buscar nuevas fuentes de abastecimiento que originarían un fuerte incremento económico en los gastos destinados para este rubro, lo que no solamente ocasionaría un problema ambiental catastrófico sino financiero, motivo por el cual es necesario analizar a fondo el problema y poder promover cambios urgentes ahí en la legislación mexicana en la que se toma a consideración el problema del agua, pero principalmente desde el punto de vista de la contaminación, dejando a un lado el aspecto tan relevante que tiene que ver con la preservación y principalmente de los mantos acuíferos.
De lo anterior, se busca que exista una coordinación real entre los gobiernos federal, estatal y municipal, a fin de que puedan tomar una serie de medidas que le aseguren el real abastecimiento de los mantos acuíferos del país, evitando con ello el desequilibrio del ciclo del agua, principalmente en aquellas regiones donde se encuentran asentadas las principales ciudades de nuestro país.
Por lo anterior, pongo a consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa que adiciona tres fracciones al artículo 3o., una fracción al artículo 9o., y una fracción al artículo 12 Bis 6, y reforma el artículo 91 de la Ley de Aguas Nacionales.
Se adiciona un párrafo de la fracción II del artículo 9o. de la Ley General de Asentamientos Humanos; así como se reforman el primer párrafo de la fracción VIII del artículo 7o.; el primer párrafo de la fracción VII del artículo 8o.; el primer párrafo de la fracción VII del artículo 23; y el primer párrafo de la fracción I del artículo 108 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la protección al ambiente.
Tomando en consideración el tiempo, no voy a dar lectura al texto de las reformas propuestas, por lo que solicito atentamente a la Presidencia de esta Mesa Directiva de la Cámara, ordene su inserción íntegra en el Diario de los Debates, puesto que ya consta en la Gaceta Parlamentaria. Por su atención, muchas gracias.
«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes de Aguas Nacionales, General de Asentamientos Humanos, y General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo del diputado Silvio Gómez Leyva , del Grupo Parlamentario del PAN
El suscrito, diputado federal a la LX Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo establecido en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea proyecto de decreto por el que se adicionan tres fracciones al artículo 3, una al artículo 9 y una al artículo 12 Bis 6, y se reforma el artículo 91 de la Ley de Aguas Nacionales; se adiciona un segundo párrafo de la fracción X del artículo 9 de Ley General de Asentamientos Humanos; y se reforman el primer párrafo de la fracción VIII del artículo 7, el primer párrafo de la fracción VII del artículo 8, el primer párrafo de la fracción VII del artículo 23 y el primer párrafo de la fracción I del artículo 108 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, al tenor de la siguiente
Exposición de MotivosEl estudio de la protección del ambiente ha sido de gran importancia en los últimos años. Algunos organismos internacionales han manifestado preocupación: han expedido disposiciones jurídicas y construido diversas obras públicas para su cuidado. Al respecto, la Comunidad Económica Europea (CEE) refiere que el ambiente es el entorno que rodea al hombre y genera una calidad de vida, incluyendo no sólo los recursos naturales sino, además, el aspecto cultural.
La directiva número 85/337 de la CEE, dictada el 27 de junio de 1985, menciona que para medir el impacto ambiental de cualquier proyecto se evaluarán los factores siguientes: el hombre, la fauna y la flora; el suelo, el aire, el clima, y el paisaje; la interacción entre los factores anteriores; los bienes materiales y el patrimonio cultural.
Los problemas ambientales o la degradación del ambiente son comunes en todo el orbe. En la mayor parte del planeta, especialmente en los países en vías de desarrollo, con frecuencia se habla de una veloz deforestación, la pérdida de diversidad biológica, la escasez y contaminación del agua, la excesiva erosión del suelo, la degradación de la tierra, la contaminación del aire, y el congestionamiento urbano, entre otros problemas.
Lo anterior se contradice con un buen desarrollo sustentable que, de acuerdo con la Comisión Mundial de Desarrollo y Medio Ambiente, se trata del ``que satisface las necesidades del presente sin comprometer las posibilidades de las futuras generaciones de satisfacer sus necesidades''.
El proceso de desarrollo del siglo anterior, la urbanización y el impacto de las actividades productivas han ocasionado en el país un deterioro importante del ambiente, agotamiento de los recursos, afectaciones de salud y pérdida de productividad en el campo. En el México actual enfrentamos la contaminación atmosférica, la destrucción y degradación de bosques y selvas, la sobreexplotación y contaminación de mantos acuíferos, la pérdida de recursos hidrológicos, la desaparición de especies de flora y de fauna, la afectación de zonas costeras, el agotamiento y la sobreexplotación de la pesca comercial, la degradación y desertificación de suelos, y el manejo inadecuado de residuos sólidos y tóxicos.
A partir de la década de 1970 ha aumentado sustancialmente el número de acuíferos sobreexplotados: 32 en 1975, 80 en 1985, 97 en 2001, 102 en 2003 y 104 en 2005. En la actualidad se sobreexplota 15 por ciento de los 653 acuíferos definidos en el país, pero el problema es más grave si se considera que se sobreexplota la mayoría de los acuíferos más importantes, a los que corresponde cerca de 60 por ciento de la extracción de agua a escala nacional.
De acuerdo con cifras de la Semarnat y de la Comisión Nacional del Agua, el promedio de precipitaciones pluviales en México en 2005 fue de mil 513 kilómetros cúbicos; la evaporación media, de mil 135 kilómetros cúbicos; el escurrimiento natural medio superior total, de 396 kilómetros cúbicos; la recarga natural de acuíferos, de 78 kilómetros cúbicos; la extracción de aguas superficiales, de 47 kilómetros cúbicos; y la extracción de aguas subterráneas, de 28 kilómetros cúbicos. Mientras, la disponibilidad natural media por habitante es de 4 mil 573 metros cúbicos por año.
El suministro de agua por los gobiernos de diferentes países se ha convertido en un problema de grandes proporciones, el cual se agudiza cuando los centros de población concentran el mayor número de sus habitantes, donde la atención inmediata de los servicios públicos elementales representa el incremento de gastos financieros humanos y materiales por los Estados.
El caso de México es ilustrativo de lo anterior: sólo en la zona metropolitana del valle de México habitan 21 millones de mexicanos, aproximadamente 20 por ciento de la población nacional, a los que se suman las zonas metropolitanas de Guadalajara y de Monterrey, donde el suministro de agua se agudiza por las pocas fuentes abastecedores del vital líquido que hay, que en su gran mayoría se encuentran sobreexplotadas. En 2005 se extrajo de las aguas superficiales un aproximado de 47 kilómetros cúbicos para ser destinados a los centros urbanos del país, así como para cuestiones económicas; mientras, la explotación de las aguas subterráneas fue de 28 kilómetros cúbicos.
La cuota natural de renovación de las aguas superficiales ha sido mayor que en las subterráneas. La renovación natural de éstas es lenta, más aún debajo de grandes asentamientos humanos, como el caso de las metrópolis referidas, donde la mancha urbana ya es tan extensa y densa, que convierte la superficie en una placa impermeable que imposibilita la filtración natural del líquido.
Si se llegase al agotamiento de los mantos acuíferos del país, el Estado tendría la necesidad de buscar nuevas fuentes de reabastecimiento, lo que originaría un fuerte incremento de los gastos destinados a este rubro, lo que ocasionaría no sólo un problema ambiental catastrófico sino financiero. Por ello es necesario analizar a fondo el problema y promover cambios urgentes de la legislación mexicana, la cual considera el problema del agua en las Leyes de Aguas Nacionales, General de Asentamientos Humanos, y General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en las que se toma en cuenta el problema del agua, pero principalmente desde un punto de vista de contaminación, dejando a un lado aspectos tan relevantes que tienen que ver con la preservación, principalmente de los mantos acuíferos.
Se busca una coordinación real entre los gobiernos federal, estatales y municipales, a fin de que tomen una serie de medidas que garanticen un real abastecimiento de los mantos acuíferos del país, como obligar a los dueños de naves industriales y comerciales a que en los alrededores de las instalaciones construyan fosas (cuerpos receptores) a las que lleguen por una serie de tuberías y canales, según el caso, las aguas pluviales captadas en los techos de los establecimientos, evitando con ello el desequilibrio del ciclo del agua, principalmente en las regiones a que corresponden las principales ciudades del país, así como considerar canales y cuerpos receptores subterráneos que permitan conducir el agua pluvial que caiga en las carreteras del país a los mantos acuíferos que se encuentren en la región.
Para lograrlo, propongo que a la Ley de Aguas Nacionales se le efectúen las siguientes modificaciones:
La presente iniciativa propone adicionar un segundo párrafo a la fracción X del artículo 9 de la Ley General de Asentamientos Humanos, a fin de que en el otorgamiento de autorizaciones, licencias o permisos de uso de suelo, construcción o condominios, los interesados deban presentar ante las autoridades municipales competentes sus proyectos de obra, con objeto de que no causen un perjuicio al ambiente, en especial a los mantos acuíferos.
Finalmente, se propone reformar el primer párrafo de la fracción VIII del artículo 7, el primero de la fracción VII del artículo 8, el primero de la fracción VII del artículo 23 y el primero de la fracción I del artículo 108 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a fin de que los tres órdenes de gobierno se encuentren obligados, en el ámbito de sus competencias, a tomar las medidas pertinentes que ayuden a preservar los mantos acuíferos.
En virtud de lo expuesto y fundamentado, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con
Proyecto de DecretoArtículo Primero. Se adicionan tres fracciones al artículo 3, una al artículo 9 y una al artículo 12 Bis 6; y se reforma el artículo 91 de la Ley de Aguas Nacionales, para quedar como sigue:
Artículo 3. Para los efectos de esta ley, se entenderá por
Artículo 9. La Comisión es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría, que se regula conforme a las disposiciones de esta ley y sus reglamentos, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y de su reglamento interior...
...
Son atribuciones de la Comisión, en su nivel nacional, las siguientes...
Artículo 12 Bis 6. Los organismos de cuenca, de conformidad con los lineamientos que expida la Comisión, ejercerán dentro de su ámbito territorial de competencia las atribuciones siguientes:
Artículo 91. La filtración de aguas pluviales, de escurrimiento superficial y residuales tratadas para recargar acuíferos, así como para la disposición o descarga de las mismas al suelo , requieren permiso de la autoridad del agua y deberán ajustarse a las normas oficiales mexicanas que al efecto se emitan.
Artículo Segundo. Se adiciona un segundo párrafo a la fracción X del artículo 9 de Ley General de Asentamientos Humanos, para quedar como sigue:
Artículo 9. Corresponden a los municipios, en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones, las siguientes atribuciones...
Artículo Tercero. Se reforman el primer párrafo de la fracción VIII del artículo 7, el primero de la fracción VII del artículo 8, el primero de la fracción VII del artículo 23 y el primero de la fracción I del artículo 108 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para quedar como sigue:
Artículo 7. Corresponden a los estados, de conformidad con lo dispuesto en esta ley y las leyes locales en la materia, las siguientes facultades...
Artículo 8. Corresponden a los municipios, de conformidad con lo dispuesto en esta ley y las leyes locales en la materia, las siguientes facultades...
... Artículo 23. Para contribuir al logro de los objetivos de la política ambiental, la planeación del desarrollo urbano y la vivienda, además de cumplir lo dispuesto en el artículo 27 constitucional en materia de asentamientos humanos, considerará los siguientes criterios...
... Artículo 108. Para prevenir y controlar los efectos generados en la exploración y explotación de los recursos no renovables en el equilibrio ecológico e integridad de los ecosistemas, la Secretaría expedirá las normas oficiales mexicanas que permitan
Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Artículo Segundo. Los estados deberán adecuar sus constituciones y leyes conforme a lo dispuesto en este decreto a más tardar en un año a partir de su entrada en vigor.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras : Gracias, diputado Silvio Gómez Leyva. Insértese, como ha solicitado, de manera íntegra en el Diario de los Debates.Túrnese a las Comisiones Unidas de Recursos Hidráulicos, de Desarrollo Social, de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
LEY DE AGUAS NACIONALES
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras : Se concede el uso de la palabra a la diputada Lourdes Alonso Flores, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales.
La diputada Lourdes Alonso Flores : Con su permiso, diputado Presidente.La presente iniciativa tiene la finalidad de regular el uso del agua industrial dentro de la Ley de Aguas Nacionales.
De acuerdo con datos oficiales y estudios realizados por la Comisión Nacional del Agua, se afirma que la ubicación de la población y de los principales polos de desarrollo industrial están inversamente relacionados con la disponibilidad del agua; es decir, la parte norte y centro del país es, sin lugar a dudas, la zona donde se encuentran las principales concentraciones de la actividad industrial y, a su vez, es la región con menos recursos hídricos del país por ser caracterizada como árida o semiárida.
El hecho que los principales corredores industriales se ubiquen en lugares que tienen menos de la tercera parte de los recursos hidráulicos. Le dan al agua subterránea un papel esencial en el abastecimiento del recurso, por lo que de los 653 acuíferos identificados por la gerencia de aguas subterráneas de la Conagua, se calcula que por lo menos 102 acuíferos están siendo sobreexplotados, o sea que el balance de extracción recarga es negativo, aspecto que incide en el abastecimiento para 51 por ciento de la población total del país.
En ese contexto, las autoridades encargadas de la gestión del agua reconocen que como usos principales del agua están el uso agrícola, que utiliza 70 por ciento de las extracciones, seguido por el denominado uso público urbano, que representa alrededor de 22 por ciento. Dentro de este uso se reconoce que muchas industrias medianas y pequeñas están conectadas a los sistemas de los servicios de agua potable y saneamiento.
Y el tercero, el uso industrial con concesión (a diferencia de las industrias que usan agua de uso público urbano), con poco más de 6 por ciento de extracción. Conforme al Consejo Mundial del Agua (World Water Counsil-WWC) y la UNESCO, se incrementará a más de 25 por ciento para 2025.
Aunque en promedio la extracción de agua limpia para el uso industrial es menor que la de los demás usos, las descargas de contaminantes son muy superiores, ya que anualmente se acumulan entre 300 y 500 millones de toneladas de metales pesados, disolventes, detergentes, aceites, lodos tóxicos y otros desechos provenientes de la industria.
Además de los contaminantes sólidos suspendidos inorgánicos, los industriales también utilizan materias primas orgánicas del sector alimentario, las que son reconocidas como las que más contribuyen a la descarga de contaminantes con parámetros muy altos de demanda bioquímica de oxígeno.
Respecto a la producción de contaminantes inorgánicos y orgánicos, Estados Unidos y otros países industrializados vierten más de 80 por ciento del total de los desechos peligrosos del mundo, mientras que en los países en vías de desarrollo 70 por ciento de desechos industriales son vertidos en cuerpos de agua limpia sin ningún tipo de tratamiento.
En consecuencia, el desarrollo industrial mexicano como segundo país contaminador de Latinoamérica ---solamente superado por Brasil--- tiene que contemplar el crecimiento económico con equidad social y sustentabilidad ambiental como parte de las políticas públicas del Acuerdo de Desarrollo Sustentable.
Históricamente, desde la Revolución Industrial se incrementó la utilización de los combustibles fósiles en las actividades industriales y de transporte, aumentando la cantidad de óxidos de nitrógeno y dióxido de carbono emitidos a la atmósfera. Si a estas actividades se le agregan otras conductas humanas depredatorias, como la deforestación, la que nos pone al límite de la capacidad regenerativa de la atmósfera para eliminar el dióxido de carbono, principal responsable del efecto invernadero, el cual, según el consenso de la comunidad científica de todo el mundo, ha aumentado dramáticamente en los últimos años, lo que está contribuyendo determinantemente al calentamiento global del clima de la tierra.
Dado que el cambio climático es un problema global y es muy difícil que los países lo puedan resolver de manera individual, en 1998 se estableció el Protocolo de Kioto, en Japón, del cual México forma parte, instrumento para que todos los países firmantes participen en la reducción de las emisiones de gases invernadero, como dióxido de carbono, metano y otros, al menos al 5 por ciento por debajo de los niveles de emisión de 1990 al año 2012.
Para el caso mexicano, la actual Ley de Aguas Nacionales no contempla el uso industrial en forma específica. Además, las personas físicas o morales sólo requieren un permiso expedido por la autoridad del agua para descargar los desechos industriales en los cuerpos de agua. Es decir el pago por el mismo es como si se cobrara por contaminarla, pero no hay disposición legal que obligue en forma efectiva a limpiarla. El resultado es que el saneamiento y restauración de los cuerpos de aguas contaminadas quedan sin control ni mecanismos que obliguen a las autoridades a normar y regular esta agua.
Solamente el capítulo IV, referente a otras actividades productivas, contiene un párrafo en el artículo 82, que señala la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas nacionales en actividades industriales, de acuacultura, turismo y otras actividades productivas, se podrá realizar por personas físicas o morales previa la concesión respectiva otorgada por la autoridad del agua.
En los términos de la presente ley y sus reglamentos, este señalamiento muestra la gran diferencia que hay entre el inexistente marco jurídico que regula y norma este uso, de lo que realmente significa este recurso para la industria.
En este sentido, hay que recordar que el agua puede ser utilizada de diferentes maneras en la industria, ya sea para limpiar, calentar y enfriar, generar vapor, transportar sustancias o partículas disueltas, también puede ser la materia prima o parte constitutiva del producto, por ejemplo el agua embotellada o la industria de bebidas, o como disolvente. Tal es el caso de la industria del papel y detergentes.
Por las consideraciones antes expuestas, presento ante esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 82, y se adicionan el capítulo IV Bis del título sexto y el artículo 82 Bis, todos ellos de la Ley de Aguas Nacionales.
Solicitando a esta Presidencia que por razones de economía y táctica parlamentaria, la misma se inserte de manera íntegra en el Diario de los Debates. Por su atención, muchas gracias.
«Iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, a cargo de la diputada Lourdes Alonso Flores , del Grupo Parlamentario del PRD
La que suscribe, diputada Lourdes Alonso Flores , integrante del Grupo Parlamentario del PRD de la LX Legislatura, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante esta soberanía la iniciativa de Ley con proyecto de decreto por la que se reforma el artículo 82, adiciona el Capítulo IV Bis del Título Sexto y el artículo 82 Bis, todos ellos de la Ley de Aguas Nacionales.
Exposición de MotivosDe acuerdo con datos oficiales y estudios realizados por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), se afirma que ``la ubicación de la población y de los principales polos de desarrollo industrial están inversamente relacionados con la disponibilidad de agua''. Es decir, la parte norte y centro del país es sin lugar a dudas, la zona donde se encuentran las principales concentraciones de la actividad industrial y, a su vez, es la región con menos recursos hídricos del país, por ser caracterizada como árida o semiárida.
El hecho que los principales corredores industriales se ubiquen en lugares que tienen menos de la tercera parte de los recursos hidráulicos le dan al agua subterránea un papel esencial en el abastecimiento del recurso, por lo que, de los 653 acuíferos identificados por la Gerencia de Aguas Subterránea de la Conagua, se calcula que por lo menos 102 acuíferos están siendo sobreexplotados, o sea que el balance de extracción-recarga es negativo, aspecto que incide en el abastecimiento para un 51 por ciento de la población total del país. En este contexto las autoridades encargadas de la gestión del agua reconocen como sus usos principales del agua el uso agrícola que utiliza un 70 por ciento de las extracciones, seguido por el denominado uso público-urbano (asignación) que representa alrededor del 22 por ciento del bombeo total (aunque dentro de este uso se reconoce que muchas industrias medianas y pequeñas están conectadas a los sistemas de los servicios de agua potable y saneamiento) y; tercero, el uso industrial con concesión (a diferencia de las industrias que usan agua de uso público urbano) con poco más de un 6 por ciento de extracción.
Según el Consejo Mundial del Agua (World Water Counsil-WWC) y la UNESCO, para el año 2025 se calcula que el monto de extracción para el uso industrial se incrementará a más del 25 por ciento.
Aunque en promedio la extracción de agua limpia para el uso industrial es menor a la de los demás usos, las descargas de contaminantes son muy superiores, ya que anualmente se acumulan entre 300 y 500 millones de toneladas de metales pesados, disolventes, detergentes, aceites, lodos tóxicos y otros desechos provenientes de la industria. Además de los contaminantes sólidos suspendidos inorgánicos, las industrias también utilizan materias primas orgánicas del sector alimentario, las que son reconocidas como las que más contribuyen a la descarga de contaminante con parámetros muy altos de demanda bioquímica de oxígeno.
Respecto a la producción de contaminantes inorgánicos y orgánicos, Estados Unidos y otros países industrializados vierten más del 80 por ciento del total de los desechos peligrosos del mundo, en tanto que en Latinoamérica, Brasil y México ocupan el primer y segundo lugar, respectivamente, como principales generadores de descargas de contaminantes. En este mismo sentido, es importante recordar que en los países en vías de desarrollo, el 70 por ciento de desechos industriales son vertidos en cuerpos de agua limpia, sin ningún tipo de tratamiento.
En consecuencia, el desarrollo industrial mexicano como segundo país contaminador de Latinoamérica tiene que contemplar el crecimiento económico, con equidad social y sustentabilidad ambiental, como parte de las políticas públicas del acuerdo de desarrollo sustentable firmado en la Cumbre de Río (1992), entendiéndose por desarrollo sustentable aquél que permite compatibilizar el uso de los recursos con la conservación de los ecosistemas, por lo tanto, la gestión del recurso hídrico en las industrias deberá incluir (1) reducir el consumo de agua, disminuyendo su extracción, ya sea reciclando o reutilizando al máximo el suministro, (2) extraerla de los ecosistemas, con el menor deterioro posible y (3) procurar que el impacto sobre los ecosistemas sea mínimo, devolviendo las aguas a los cuerpos naturales en condiciones aceptables y preferentemente con tratamientos terciarios.
Los anteriores datos y consideraciones representan razones suficientes para legislar el uso del agua en la industria.
Debemos considerar también que desde la revolución industrial se incrementó la utilización de los combustibles fósiles (petróleo y sus derivados) en las actividades industriales y de transporte, aumentando la cantidad de óxidos de nitrógeno y dióxido de carbono emitida a la atmósfera, si a estas actividades se le agregan otras conductas humanas depredatorias como la deforestación, lo que nos pone al límite de la capacidad regenerativa de la atmósfera para eliminar el dióxido de carbono, principal responsable del efecto invernadero, el cual según el consenso de la comunidad científica de todo el mundo, ha aumentado dramáticamente en los últimos años, lo que esta contribuyendo determinantemente al calentamiento global del clima de la tierra.
En otras palabras, el dióxido de carbono es uno de los gases de efecto invernadero que contribuye a que la temperatura de la Tierra sea habitable y se mantenga dentro de un rango determinado. Sin dióxido de carbono, la Tierra sería un bloque de hielo. Por otro lado, un exceso de dióxido de carbono acentuaría el fenómeno conocido como efecto invernadero, reduciendo la emisión de calor al espacio y provocando un mayor calentamiento del planeta.
El eminente estado de calentamiento global, mismo que tiene preocupada a toda la población y a los tomadores de decisión a nivel mundial debe hacernos conscientes de que el sector industrial es el principal agente de contaminación por las descargas que emite, por ello es que desde finales del siglo pasado, en el seno de los organismos e instituciones internacionales y nacionales, se están haciendo llamados para frenar la contaminación industrial y la depredación del medio ambiente que están derritiendo los cascos polares y los glaciares, al tiempo que se reducen dramáticamente los caudales de agua limpia para consumo humano, así como las reservas de agua para las generaciones futuras, fenómeno conocido como ``cambio climático''; razón por la cual el Panel Intergubernamental de Cambio Climático sigue advirtiendo que el margen de habitabilidad del planeta se está reduciendo, por la magnitud del calentamiento global que está ocurriendo.
Debido a que el cambio climático es un problema global y es muy difícil que los países lo puedan resolver de manera individual, en 1998 se estableció el Protocolo de Kyoto en Japón, instrumento para que todos los países firmantes participen en la reducción de las emisiones de gases invernadero como el bióxido de carbono, metano y otros.
El protocolo de Kyoto fue firmado por 186 países en Bonn, Alemania, en el año 2001, donde se comprometían a reducir, en el periodo de servicio de 2008 al 2012, al menos 5 por ciento por debajo de los niveles de emisión de 1990.
En la actualidad, el principal problema relacionado con el cumplimiento del Protocolo de Kyoto es el control de las emisiones al aire y las descargas a los cuerpos de agua.
Es en ese contexto que México, como uno de los países firmantes del Protocolo de Kyoto tiene que normar y aplicar medidas regulatorias para el uso industrial del agua y el reuso y el vertido de deshechos contaminantes que ella misma genera ya sea permanente o intermitentemente.
Para el caso mexicano la actual Ley de Aguas Nacionales no contempla la reutilización industrial en forma específica. Además, las personas físicas o morales sólo requieren un permiso expedido por la autoridad del agua para descargar los deshechos industriales en los cuerpos de agua, es decir, el pago por el permiso es como si se cobrara por contaminarla pero no hay disposición legal que obligue en forma efectiva a limpiarla. El resultado es que el saneamiento y restauración de los cuerpos de aguas contaminadas quedan sin control ni mecanismos que obliguen a las autoridades a normar y regular esta agua, porque no hay un capitulado específico para el uso industrial dentro de la Ley de Aguas vigente, ya que en el Título Sexto, ``Usos del Agua'', los usos reconocidos son:
El Capítulo IV, ``Otras Actividades Productivas'', contiene un párrafo en el artículo 82, que señala: ``la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas nacionales en actividades industriales, de acuacultura, turismo y otras actividades productivas, se podrá realizar por personas físicas o morales previa la concesión respectiva otorgada por la autoridad del agua, en los términos de la presente ley y sus reglamentos''. Este señalamiento muestra la gran diferencia que hay entre el inexistente marco jurídico que regula y norma este uso, de lo que realmente significa este recurso para la industria.
En este sentido, hay que recordar que el agua puede ser utilizada de diferentes maneras en la industria, ya sea para limpiar, calentar y enfriar, generar vapor, transportar sustancias o partículas disueltas, también puede ser la materia prima o parte constitutiva del producto; por ejemplo, el agua embotellada o la industria de bebidas; o como disolvente, tal es el caso de la industria del papel y detergentes.
Por estas consideraciones presento ante esta soberanía la iniciativa con proyecto de
Decreto por el que se modifica el artículo 82, se adiciona y se crean el artículo 82 Bis y el Capítulo IV Bis del Título Sexto de la Ley de Aguas Nacionales, para quedar como sigue:
Primero. Se modifica el artículo 82, párrafo primero, para quedar como sigue:
Artículo 82. La explotación, uso o aprovechamiento de las aguas nacionales en actividades de acuacultura, turismo y otras actividades productivas, se podrá realizar por personas físicas o morales previa la concesión respectiva otorgada por ``la Autoridad del Agua'', en los términos de la presente ley y sus reglamentos.
Segundo. Se adiciona un Capítulo IV Bis al Título Sexto, denominado ``Usos del Agua'', para quedar como sigue
Capítulo IV Bis Uso IndustrialTercero. Se adiciona y crea el artículo 82 Bis al Capítulo IV Bis del Título Sexto de la Ley de Aguas Nacionales, para quedar como sigue:
Artículo 82 Bis. La explotación, uso o aprovechamiento de las aguas nacionales en actividades industriales, se podrá realizar por personas morales previa la concesión respectiva otorgada por ``la Autoridad del Agua'', en los términos de la presente ley y sus reglamentos.
Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el diario Oficial de la Federación.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras : Gracias, diputada Lourdes Alonso Flores.Túrnese su iniciativa a la Comisión de Recursos Hidráulicos.
LEY MINERA
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras : Se concede el uso de la palabra al diputado Jericó Abramo Masso, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Minera.
El diputado Jericó Abramo Masso : Con su permiso, Presidente.Con su permiso, compañeras legisladoras y compañeros legisladores. Esta iniciativa que presentamos este día es producto de un compromiso adquirido con los familiares de los mineros fallecidos en Pasta de Conchos y con esta soberanía, que nos mandató para que, a través de la Comisión Especial para conocer las responsabilidades y origen de la tragedia de la mina de carbón de Pasta de Conchos, realizáramos las acciones que fueron aprobadas por el pleno y que una de ellas era la reforma a la Ley Minera.
Ahora la presentamos firmada por las diputadas y los diputados Claudia Cruz Santiago, Octavio Martínez Vargas , José Antonio Almazán, Rosario Ortiz Magallón , Silvano Garay Ulloa , Elías Cárdenas Márquez , Enrique Serrano Escobar y el de la voz.
Esta reforma contiene 23 reformas a igual número de artículos, con tres ejes fundamentales. Uno, mayor seguridad a los trabajadores. Dos, beneficio a las comunidades. Tres, establecer con claridad las sanciones a los incumplimientos de este ordenamiento.
Una vez estudiadas las diferentes legislaturas de los países con actividad minera moderna y madura, incluimos aquellos ordenamientos que dan prioridad a la seguridad e higiene en las actividades de la industria minera metalúrgica.
Sabemos que los productos minerales son una medida del progreso de la humanidad y que su posesión y control son de importancia básica al desarrollo económico del mundo actual. El Banco Mundial señala que la contribución del sector minero a la civilización, especialmente durante la era industrial así como el progreso material, es incalculable.
Es importante resaltar que la minería es parte inherente de la historia de nuestro país. Lo ha sido desde la explotación ancestral de nuestros indígenas hasta ser la cuna del movimiento revolucionario de México. Por su importancia socioeconómica nos obliga a desmenuzarla para conocer los factores que la regulan y los problemas que existen.
Esta iniciativa integra nuevos conceptos que se encuentran en la legislación internacional y que son producto de años de experiencia sobre el funcionamiento de las minas.
Se establece, en el artículo 3o., la creación de la Comisión Nacional de Seguridad e Higiene en Minas como un órgano público descentralizado, encargado de emitir disposiciones de carácter general en materia de seguridad e higiene, así como a edificar su debido cumplimiento. Este órgano estará constituido por seis especialistas en la materia que serán nombrados por el titular del Ejecutivo federal con el conocimiento del Congreso de la Unión.
Se establece el concepto de ``peligro o riesgo inminente'' como la existencia de cualquier condición o práctica en una mina, la cual pudiera ser causa de muerte o daño físico severo ante esta práctica o condición y pueda ser corregida.
Se establece el concepto de condición social de la concesión o asignación minera como el requisito indispensable para el otorgamiento de una concesión minera y que consiste en el historial del cumplimiento a las normas en materia de seguridad e higiene, equilibrio ecológico y protección al ambiente.
Asimismo se establece la responsabilidad social, la cual es la obligación del concesionario invertir en educación, salud, recuperación del medio ambiente y otras acciones en beneficio de la comunidad en un mínimo del 1 por ciento de sus sufridas utilidades antes del financiamiento impuesto de depreciaciones y amortizaciones del ejercicio de esta obligación, que deberá acompañar del resultado del balance auditado del concesionario. El incumplimiento de ésta y las anteriores condiciones, serán causa de nulidad de la concesión minera.
Se define el concepto de interés superior del trabajador minero como el principio que prioriza la vida y salud de los trabajadores sobre el interés de la producción o cualquier otro y que deberá de ser cumplido por todos los que intervienen en la industria minera metalúrgica.
Dentro de las obligaciones de la Secretaría de Economía se precisa la obligación de la verificación del cumplimiento de este ordenamiento. El incumplimiento de esta edificación dará lugar a la aplicación de sanciones que corresponda, de conformidad con la legislación en la materia de responsabilidad administrativa. Si con motivo de este incumplimiento se presume la comisión de delitos contra la función pública, quien conozca de ella deberá de presentar la denuncia penal correspondiente.
Se obliga al concesionario a mantener la información automatizada sobre la aplicación de las medidas de seguridad, tales como el polveo y la medición de gas metano, así como la instalación de salidas de emergencia, ubicación satelital de los trabajadores, sistema de comunicaciones y otras aplicaciones tecnológicas para reforzar la seguridad.
Por último, además de otras medidas, se establece que sólo se otorgarán las concesiones o asignaciones a quienes han cumplido con la condición y responsabilidad social, que no hubiesen tenido un siniestro por omisión o negligencia a las obligaciones que establece este ordenamiento, y que la responsabilidad de un siniestro será causa de la cancelación de la concesión de manera irrevocable.
Le solicito, Presidente, que se integre la versión estenográfica y la versión completa publicada en la Gaceta del día de hoy. Además le entrego a esta soberanía la iniciativa de ley que rubrican las diputadas y los diputados antes mencionados. Muchas gracias.
«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Minera, a cargo del diputado Jericó Abramo Masso, del Grupo Parlamentario del PRI
De conformidad con los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y de los artículos 55, fracción II, y 56 del Reglamento General para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los diputados y diputadas, abajo firmantes, de diferentes Grupos Parlamentarios representados en la Cámara de Diputados, presentamos a esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley Minera, bajo la siguiente:
Exposición de MotivosComo compromiso de la Comisión Especial para Conocer el Origen y Responsabilidades de la Tragedia de la Mina Pasta de Conchos, fue llevar a cabo las acciones que se definieron y que fueron aprobadas por esta H. Soberanía como parte del Informe Final. Por lo que se desarrolló, bajo la premisa de la seguridad e higiene en las minas y tomando en cuenta los antecedentes de las tragedias ocurridas en nuestro país, una Iniciativa que reforma a la Ley Minera vigente, de manera congruente con el compromiso adquirido.
AntecedentesLa minería es parte inherente de la historia de nuestro país, lo ha sido desde la explotación artesanal por los diferentes grupos indígenas que poblaron la República, la explotación desmedida de los conquistadores para llevarse las riquezas mineras, y la cuna del movimiento que ha sido el símbolo del inicio de la Revolución Mexicana, por lo que su importancia socio-económica nos obliga ha desmenuzarla para conocer los factores que la regulan y los problemas que existen. No podemos pensar en la construcción de este país, sin pensar en esos trabajadores, que con valentía, se sumergen en las profundidades de la tierra, ni de sus familias que noche con noche esperan su regreso, sabiendo que la muerte acecha traicioneramente.
Conocer su historia, su explotación y su beneficio, es conocer a México, conocer a las comunidades mineras que la componen, su problemática, sus necesidades, sus demandas y, sobre todo, el abandono histórico que han sufrido en sus condiciones laborales, de ingreso, de seguridad social, de salud, de educación y de todo aquello que significa desarrollo.
C. W. Cerril, del U.S. Bureau of Mines, establece que: ``los productos minerales son una medida del progreso de la humanidad, y que su posesión y control son de importancia básica al desarrollo económico del mundo actual.'' A su vez, el Banco Mundial señala que la contribución del sector minero a la civilización, especialmente durante la era industrial, así como al progreso material, es incalculable. Y si estas funciones no son claras en las estadísticas globales o regionales, ello se debe a que su valor solo figura hasta el momento en que el producto se convierte en materia prima del sector industrial. (Joaquín Muñoz, ``La minería en México. Bosquejo Histórico'', Universidad Nacional Autónoma de México- Quinto Centenario Universidad Complutense-1986)
Si observamos la composición de la producción minera en México, veremos que de acuerdo a la información, esta constituido por 27 diferentes metales y 45 tipos de minerales no metálicos; que existen operaciones en 22 de los 32 estados de la República, que ocupan a mas de 298 mil trabajadores, que representa el 3 por ciento del producto interno bruto, y que grande regiones dependen del trabajo minero para su subsistencia. En el primer semestre de 2007, las ventas al exterior alcanzaron 5 mil 60 millones de dólares.
En el Códice Mendocino y la matricula de tributos del emperador Moctezuma, se mencionan 18 provincias tributarias de productos mineros; Sahagún, en su historia, tanto como Molina y Remi Simeon en sus vocabularios, nos permiten formar largas listas de vocablos referentes a la actividad minero-metalúrgico de los pueblos que conformaban el vasto imperio azteca. Y se sabe, por Foucault, que la palabra, el nombre, existen en función de la cosa o el hecho; por lo que los vocablos nos están hablando de algo que existía en el entorno prehispánico de los náhuatl. Sabemos que los metales y minerales empleados por los indígenas fueron recogidos y extraídos en explotaciones mineras formales, lo que implica un conocimiento mínimo de las técnicas que se pretende que les llegaron por Europa.
Algunas explotaciones mineras indígenas han sido estudiadas por científicos mexicanos y extranjeros como lo fueron Tarayse en 1869 y Orozco y Berra en 1873. El primero estudió los depósitos de obsidiana del Cerro de las Navajas, en el Estado de Hidalgo; el segundo estudió la extracción de minerales de cobre del Cerro del Águila, en el Estado de Guerrero; otros han estudiado la explotación de los minerales de mercurio en la región del Fuerte de las Ranas, cercano a San Joaquín, Estado de Querétaro, y la de estaño en la zona de Taxco, también Estado de Guerrero.
En estos y muchos otros lugares de México se han encontrado restos de los trabajos mineros que los indígenas realizaron empleando el método de torrefacción, es decir calentando la pared rocosa y fracturándola por medio del enfriamiento súbito con agua. No está de más decir que este fue el método de explotación empleado en todo el mundo hasta la introducción de la pólvora, lo que sucedió por primera vez en México hacia7 el año 1560, para ser adoptado en Europa durante el siglo siguiente.
Es importante resaltar lo que la minería significa en nuestra historia, como se expresa al inicio de esta Exposición de Motivos, uno de los pilares fundamentales del desarrollo tanto político como económico.
Para establecer esta propuesta, se revisaron las diferentes legislaciones existentes en aquellos países cuya minería es una de las actividades principales y se encuentran en un paralelismo con nuestro país, ya sea como socio comercial, Estados Unidos de Norteamérica, o mantienen una simetría con nuestro país; así como, con las organizaciones internacionales que mantenemos acuerdos, principalmente la Organización Internacional de Trabajo.
Caso Estados Unidos de Norteamérica
Nuestro socio comercial tiene, quizá, una de las legislaciones mas avanzadas en cuanto a la seguridad e higiene, a su regulación y a las sanciones ante cualquier violación a sus leyes o actas, como se les conoce en este país. El 15 de junio de 2006, el Presidente de los Estados Unidos, George W Bush, firmo el Acta de Mejoramiento de las Minas y una Nueva Respuesta a las Emergencias (Mine Improvement and New Emergency Response Act), o ``Acta Minera''. Esta Acta, calificada como la más importante legislación en seguridad de minas desde hace 30 años, hace una adición al Acta Federal de Seguridad e Higiene en Minas de 1977.
Esta reforma hace de la seguridad e higiene en minas la parte principal de su objetivo. Establece la obligación de los operadores de una mina subterránea de carbón a tener un Programa de Emergencia, que asegure la evacuación de todo el personal en peligro, y el mantenimiento de un equipo individual subterráneo en caso de que no pudiesen evacuar la mina. Este programa deberá ser aprobado por la Secretaría del Trabajo, quien escuchara a los trabajadores y a sus representantes.
La adición mencionada al Acta de Seguridad e Higiene en Minas, exige a las empresas mineras a tener y actualizar un programa específico de respuesta a una emergencia por cada mina que se explota, y exige que se cuente con dos equipos de rescate situados, máxime, a una hora de distancia. Al uso de equipo y tecnología que actualmente se encuentran disponibles en el mercado. Establece la responsabilidad legal de los rescatistas y empresa que los emplea. Requiere que cada programa o plan de emergencias sean revisados, actualizados y certificados por la Agencia de Seguridad e Higiene en Minas (MSHA, por sus siglas en inglés).
Así mismo, instruye al Secretario del Trabajo a exigir un equipo inalámbrico de 2-vías (2-way) de comunicación y un sistema de seguimiento electrónico que localiza a los mineros atrapados desde la superficie, en un término de tres años. Establece un programa de uso de tecnología no clasificada, que sería aplicada a la seguridad en las minas. Exige a los operadores de una mina a dar aviso en 15 minutos máximo de un accidente o incidente que suponen un riesgo de muerte, y fija una multa a los responsables de una mina, que va desde 5 mil a 60 mil dólares quienes no lo hagan. Aumenta las sanciones civiles y penales para quienes violen las normas federales de seguridad en minas, multas que van de 250 mil dólares la primera vez, 500 mil dólares la segunda, y establece 2.2 millones de dólares máximo de sanción para violaciones flagrantes y, otorga a MSHA la facultad de cerrar temporalmente una mina que se niega a acatar las sanciones y multas, además de, establecer una nueva oficina del Instituto Nacional para la Seguridad e Higiene, dedicado a mejorar la seguridad en minas. Por último, esta Ley establece becas y programas de formación dedicadas a la seguridad en minas.
Legislación Española:
En la Legislación Española encontramos que se establecen diferentes aspecto que obligan al patrón a tener actualizado su Programa de Seguridad, pero también las obligaciones de todos lo que intervienen en una mina, como por ejemplo:
Real Decreto 1389/1997, de 5 de septiembre, por el que se aprueban las disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en las actividades mineras. BOE núm. 240 de 7 de octubre
Se revisaron otras legislaturas como es el caso de Australia, Nueva Zelandia, y las normas establecidas para la seguridad e higiene de la Organización Internacional del Trabajo, de manera de hacer de esta iniciativa un instrumento riguroso de obligaciones que garanticen la seguridad e higiene de los trabajadores de las minas, así como la protección a las comunidades y al medio ambiente donde se hayan las minas.
Conclusión
Todos los accidentes o desastres que ha ocurrido en las minas, han quedado como simple referencia, sin que hubiese habido algún castigo o tomado acción necesaria para establecer un referente que evitara, en un futuro, se repitiera estos desastres que traen consigo la pena en muchos de los hogares de los trabajadores mineros.
La tragedia más grande que se tiene registró fue el 31 de marzo de 1969, en la mina Barroteran, cuando 153 mineros murieron a causa de la acumulación de gases. En 1998, 37 trabajadores fallecieron en la mina Cuatro y Medio; En el 2001 murieron 12 más en el Pozo la Morita después de registrarse una explosión. En 2002, donde 13 mineros perdieron la vida en el Pozo la Espuelita en el municipio de Melchor Múzquiz. Los mineros murieron ahogados al derrumbarse las paredes de la mina llena de agua.
En el caso del Pozo la Morita, el empresario concesionario registró a los empleados con un salario por abajo del que se otorgaba para pagar menos cuotas al Seguro Social, lo que ocasiono que se les indemnizara por debajo de lo que debía ser. Ningún concesionario ha sido castigado por estos accidentes.
De acuerdo a la actual Ley Minera, corresponde a la Secretaría de Economía, otorgar las concesiones, y mantener la vigilancia para que se cumpla con los parámetros de seguridad establecidos para sector de la producción en el país.
Sin embargo, la Ley no establece sanciones en caso de desastres mineros a las empresas concesionarias que hubiesen cometido negligencia a las observaciones o exigencias de seguridad. En el caso de Pasta de Conchos, el desastre ocurrió apenas 16 días después de una de las autoridades de la Secretaria de Trabajo, de acuerdo a declaraciones del Delegado de esta Secretaría, se había hecho recomendaciones que no cumplió la empresa.
Grave es, de comprobarse, las declaraciones del minero Hervey Flores, uno de los sobrevivientes, quien declaro que: ``de todas las minas que he trabajado, la seguridad aquí esta por los suelos''; además de agregar que se estaba preparando una huelga para reclamar mejores medidas de seguridad.
En esta iniciativa se han introducidos conceptos que por su importancia era menester que nuestra legislación los contemplaran, tal es el caso de conceptos como: Riesgo Inminente, disposiciones obligatorias, operador de mina, accidente o siniestro, responsabilidad social, condición social e interés superior del trabajador. En fin, la pretensión es otorgar un instrumento que establezca obligaciones y sanciones a los concesionarios de las minas.
Por lo anterior, presentamos a esta H. Soberanía, la siguiente Iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Minera, para quedar como sigue:
Artículo 1. La presente Ley es reglamentaria del artículo 27 constitucional en materia minera y sus disposiciones son de orden público, de interés social y de observancia en todo el territorio nacional. Su aplicación corresponde al Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Economía, a quien en lo sucesivo se le denominará la Secretaría
Artículo 2.
Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley se entiende por:
Artículo 7. Son obligaciones de la Secretaría:
Artículo 9. ...
...
La administración del Servicio Geológico Mexicano estará a cargo de un Órgano de Gobierno y de su Director General.
El Órgano de Gobierno estará integrado por:
...
Para la validez de sus reuniones se requerirá de la asistencia de por lo menos la mitad más uno de sus miembros y siempre que la mayoría de asistentes sean representantes de la administración pública federal. Sus resoluciones se tomarán por mayoría de los miembros presentes y, en caso de empate, el Presidente tendrá voto de calidad.
...
Artículo 10.
...
Los títulos de concesión y asignación mineras y los decretos de incorporación de zonas a reservas mineras se expedirán, siempre y cuando se cumplan plenamente las condiciones y requisitos establecidos por esta Ley y su Reglamento, sin perjuicio de tercero. En el caso de los títulos de concesión y de asignación minera, solo podrán otorgarse a quienes hayan sido calificados como persona o sociedad legalmente capacitada. En ningún caso se expedirán títulos de concesión o de asignación minera, a quienes hayan incumplido con la Condición Social de la concesión o asignación minera y/o Responsabilidad Social establecidas en el artículo 3 de este ordenamiento.
Artículo 11. Se consideran legalmente capacitadas para ser titulares de concesiones mineras a las personas físicas y a las sociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas:
Artículo 13. Las concesiones y las asignaciones mineras se otorgarán sobre terreno libre al primer solicitante en tiempo de un lote minero, siempre que se cumplan las condiciones y requisitos que establecen la presente Ley y su Reglamento. De ninguna manera se otorgara a persona o sociedad legalmente no capacitada.
...
Artículo 13 Bis. Los concursos mediante los cuales se otorguen las concesiones a que se refiere el artículo anterior deberán garantizar las mejores condiciones económicas para el Estado, para la seguridad e higiene y condiciones laborales de los trabajadores mineros, así como el cumplimiento de la Responsabilidad Social y el Interés Superior del Trabajador Minero, establecidos en el artículo 3 de este ordenamiento, las cuales se realizarán conforme a lo siguiente:
Artículo 15.
...
Las concesiones mineras tendrán una duración de veinticinco años, contados a partir de la fecha de su inscripción en el registro publico de minería y se prorrogaran por igual término si sus titulares no incurrieron en las causales de cancelación previstas en la presente ley y lo solicitan dentro de los cinco años previos al termino de su vigencia.
...
Artículo 19. Las concesiones mineras confieren derecho a:
Artículo 21. La Secretaría resolverá sobre la procedencia de las solicitudes de expropiación, ocupación temporal o constitución de servidumbre, previa audiencia de la parte afectada y dictamen técnico fundado. El monto de la indemnización se determinará por medio de avalúo practicado por la Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales, con base en los criterios que fije el Reglamento de la presente Ley. En el caso de zonas en comunidades indígenas, así como de comunidades o pueblos considerados de extrema pobreza, equiparables a aquellos, la Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales, deberá privilegiar la distribución equitativa de las riquezas; el reconocimiento a las comunidades indígenas como entidades de interés público, así como abatir las carencias y rezagos que afectan a los pueblos y comunidades indígenas.
...
...
Artículo 27. Los titulares de concesiones mineras, independientemente de la fecha de su otorgamiento, están obligados a:
...
...
En el cumplimiento de sus obligaciones, los titulares de las concesiones mineras deberán apegarse al principio del Interés Superior del Trabajador Minero, establecido en el artículo 3 de este ordenamiento.
Artículo 31. ...
...
La suspensión sin razón alguna de aquellas obras que se hubiesen venido realizando con motivo de evitar un riesgo inminente, será objeto de la cancelación inmediata de la concesión. De ninguna manera deberá suspenderse las obras que son necesarias para la seguridad e higiene de las minas, con excepción de lo establecido en el artículo 43 de la presente Ley.
Durante la suspensión de las obras deberán cumplirse cabalmente las disposiciones en materia de seguridad e higiene, de equilibrio ecológico y de protección al ambiente. Igualmente deberán respetarse de manera puntual, los derechos de los trabajadores en materia laboral y de seguridad social, sin hacer distinción entre trabajadores sindicalizados y no sindicalizados.
Artículo 34. ...
El responsable deberá dedicarse fundamentalmente a verificar el cumplimiento de dichas normas, cerciorarse de que se tomen las medidas necesarias para prevenir accidentes y enfermedades, así como notificar de inmediato aquéllas que no se hayan adoptado a la Secretaría, a la Comisión, al titular de la concesión de explotación o a quien lleve a cabo estos trabajos, a la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene, a la secretaría del Trabajo y Previsión Social y al Instituto Mexicano del Seguro Social.
La omisión de lo establecido en el párrafo anterior dará origen a la suspensión de uno a 10 años en el ejercicio de su profesión ante la Secretaría, previó ejercicio de su garantía de audiencia. Si dicho incumplimiento se presenta ante un riesgo inminente, será responsable de la comisión de delito, de conformidad con los términos señalados en el Código Penal Federal.
Artículo 37. Las personas que beneficien minerales o sustancias sujetos a la aplicación de la presente Ley están obligadas a:
I. ...
II. Sujetarse a las disposiciones generales, y las normas oficiales mexicanas aplicables a la industria minero-metalúrgica en materia de seguridad e higiene en las minas y de equilibrio ecológico y protección al ambiente,
En caso de un accidente o siniestro provocado por la negligencia o incumplimiento de las disposiciones generales y de las normas oficiales, del titular u administrador del beneficio, que produzca la muerte o lesiones a los trabajadores, así como un desastre ecológico, estará obligado a la indemnización de la población afectada y, en el caso de los trabajadores mineros, al pago de las indemnizaciones establecidas por la ley aplicable aumentándose estas en un cien por ciento,
Artículo 39. En las actividades de exploración, explotación y beneficio de minerales o sustancias, los concesionarios mineros deberán cumplir el marco jurídico aplicable para el cuidado del medio ambiente y la protección ecológica.
Artículo 40. ...
Artículo 42. Las concesiones y las asignaciones mineras se cancelarán por:
Artículo 43. ...
Si la visita de inspección que en su caso se practique revela peligro o riesgo inminente , la Secretaría dispondrá de inmediato la suspensión provisional de de todo trabajo en el lote minero , al igual que las medidas de seguridad por adoptarse dentro del plazo que al efecto fije. De no cumplirse en el plazo señalado, ordenará la cancelación definitiva de la concesión y dejara de ser considerara persona legalmente capacitada al titular de ésta.
Los funcionarios de la Administración Federal responsables que no cumplan con lo establecido en este artículo serán sancionados con la suspensión inmediata de sus funciones y serán sujetos a una investigación del órgano interno de la Secretaría para la aplicación de las sanciones correspondientes en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.
Capítulo Sépimo De las Inspecciones, Sanciones y RecursosArtículo 53. La Secretaría, en ejercicio de las facultades de verificación que les confiera esta Ley, deberá practicar visitas de inspección con arreglo a las disposiciones siguientes:
Artículo 55. Se sancionará con la cancelación de la concesión minera cualquiera de las infracciones siguientes:
Se sancionará con la cancelación de la asignación minera que corresponda cualquiera de las infracciones previstas por las fracciones II, III, IV , VI, VII, X o XI anteriores, en lo conducente.
Artículo 58. La facultad de la Secretaría para verificar el cumplimiento de los deberes y obligaciones que impone esta Ley, así como para sancionar su inobservancia, se extinguirá en un plazo de diez años contados a partir de la fecha del incumplimiento o, si éste es de carácter continuo, a partir del día en que cese. La relativa al pago de los derechos sobre minería prescribirá de acuerdo con lo previsto por las disposiciones de la materia.
De no ejercer las facultades previstas en este ordenamiento, las autoridades responsables serán sancionadas conforme a la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, con la inhabilitación para el ejercicio de un puesto público por 20 años.
TransitoriosPrimero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. El Ejecutivo federal tendrá 60 días a partir de la publicación establecida en el artículo primero transitorio, del nombramiento de los miembros señalados en la fracción IV del artículo 3 del presente ordenamiento.
Tercero. En el caso de las concesiones o asignaciones otorgadas con anterioridad a la presente reforma, mantendrán el término establecido de duración en estas.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras : Gracias, diputado Jericó Abramo Masso.Túrnese su iniciativa a las Comisiones de Economía, de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Trabajo y Previsión Social.
El diputado Juan José Rodríguez Prats(desde la curul): Presidente, solicito que se amplíe el turno con opinión de la Comisión de Energía.El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras : Atendiendo su petición, diputado,túrnese con opinión de la Comisión de Energía.
LEY FEDERAL DE PROTECCION AL CONSUMIDOR
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras : Se concede ahora el uso de la palabra al diputado Jesús Sesma Suárez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar iniciativa que reforma el artículo 17 de la Ley Federal de Protección al Consumidor.
El diputado Jesús Sesma Suárez : Con su venia, señor Presidente. Compañeras y compañeros, el papel es uno de los recursos más utilizados por el hombre desde hace más de dos mil años.Hoy es considerado uno de los productos más utilizados indiscriminadamente, ya que durante la segunda mitad del siglo XX sextuplicamos su uso, y desde los sesenta hemos duplicado esta cifra.
Por eso debemos estar conscientes de que la producción y el comercio de papel es una actividad económica clave para la economía, para la industria mexicana, para la educación, para la comunicación e inclusive para el cuidado de la salud.
Lamentablemente la producción del papel hoy nos llama la atención porque se ha basado en un aprovechamiento no sustentable de los recursos naturales y forestales que tenemos no nada más en el país, sino en el mundo.
En México se cortan 500 mil árboles diarios para la fabricación de papel, de acuerdo con la Profeco. Para producir tan sólo una tonelada de papel, se requieren dos toneladas de madera, 4 mil litros de agua y 7 mil 600 kilómetros de superficie.
Asombrosamente la producción y utilización del papel no se ha visto compenetrada en el reciclaje, lo que ha enfocado el día de hoy nuestra atención, ya que si todos recicláramos papel y cartón, ahorraríamos 33 por ciento de la energía necesaria para producir este material, además, por cada tonelada ahorraríamos 28 mil litros de agua y salvaríamos 17 árboles diarios.
Es más, con la utilización del papel hecho con materiales reciclables se reduce la contaminación del aire en 74 por ciento, y del agua en 34 por ciento en los procesos productivos del papel.
Sin embargo la producción actual del papel reciclado constituye tan sólo 38 por ciento en lo que es Estados Unidos, mientras que en México ni siquiera se considera como cifra exacta que expresa el reducido porcentaje de la producción del papel en nuestro país.
Los mexicanos consumimos alrededor de 180 kilogramos de papel al año, siendo uno de los principales consumidores la industria de la publicidad.
En este rubro la inversión de la mercadotecnia directa se ha concentrado principalmente en el telemarketing y en el correo directo, con una inversión aproximada de mil 800 millones de pesos y un crecimiento anual de 18 por ciento.
Mientras que el Servicio Postal Mexicano reporta, en el informe de 2006, que el uso del correo directo son 669 millones de piezas manejadas por franqueo, importe pagado como catálogos, folletos y un sinnúmero de promociones que llegan a nuestros hogares y a nuestras oficinas.
En este momento el correo directo, junto con la Internet, se ha convertido en estrategia de promociones de mercadeo más importante para las empresas, con la primicia de una tasa de venta de 1 por ciento por cada mil piezas de correo directo que se envía a los hogares.
Si bien la Ley Federal de Protección para el Consumidor reconoce el derecho de los consumidores para no ser molestados por las empresas de marketing con envíos de publicidad, no existe ninguna restricción hacia el producto publicitario que, claramente pasará a ser un residuo más que se integrará a los 22 millones de toneladas de papel que contaminan nuestro país cuando son desechadas.
Por lo anterior, esta iniciativa tiene como propósito incentivar el uso de papel reciclado para los impresos con fines publicitarios, en razón de la explotación de nuestros recursos naturales que se ejecuta de manera no sustentable y la crisis ambiental a la que nos estamos enfrentando diariamente. Los consumidores están sumamente preocupados y esperan cambios hacia los patrones de consumo sostenible.
Por ello, el Partido Verde Ecologista de México busca y ofrecerá, a través de esta iniciativa, que la industria de la comunicación y la industria del papel coincidan en un punto intermedio, donde se puedan aprovechar las nuevas tecnologías para la producción de papel reciclado que sea menos costoso para nuestro medio ambiente.
Cabe destacar que el Código Fiscal de la Federación asigna a la publicidad un beneficio fiscal que no debe ser tomado como algo dado, porque utilizar papel reciclado para los impresos enviados por correo directo puede ser el tránsito hacia procesos menos contaminantes.
Ante el escenario donde los volúmenes y calidades del papel reciclado no son aún suficientes, proponemos un transitorio, con un plazo de seis meses, para la entrada en vigor de este decreto, a fin de que se produzcan papeles reciclados de características compatibles con la demanda.
Para terminar, consideren que debemos reflexionar que cambiar la forma de actuar de vivir es difícil, pero no debemos eludir nuestra responsabilidad para buscar alternativas para crecer sin comprometer el bienestar de las futuras generaciones y protegiendo, por supuesto, al medio ambiente. Muchísimas gracias.
«Iniciativa que reforma el artículo 17 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, a cargo del diputado Jesús Sesma Suárez , del Grupo Parlamentario del PVEM
Jesús Sesma Suárez , diputado a la LX Legislatura del H. Congreso de la Unión, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 4, párrafo cuarto; 71, fracción II; 72; y 73, fracción XXX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 56 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto en el que se reforma y adiciona el artículo 17 de la Ley Federal de Protección al Consumidor con base en la siguiente:
Exposición de MotivosDurante la historia de la humanidad, el papel ha existido como un bien escaso y precioso. El día de hoy este insumo prácticamente cubre el planeta. Desde lo que llega a nuestro correo hasta la moneda en nuestras carteras, y los empaques de nuestros alimentos y medicinas, el papel está al alcance. El consumo global de papel se ha sextuplicado durante la segunda mitad del siglo XX y se ha duplicado desde 1970.
El 93 por ciento del papel que actualmente utilizamos viene de los árboles, y el papel es el responsable por aproximadamente la quinta parte del aprovechamiento forestal del mundo. Las fibras contenidas en una hoja de papel pueden venir de la celulosa de cientos de árboles que han viajado desde cualquier bosque del mundo hasta el consumidor.
La industria papelera ocupa el 5º lugar en el consumo de energía. La industria de la celulosa utiliza tanta energía como la industria del hierro y el acero. 1 En algunos países, incluyendo a los Estados Unidos, el papel constituye casi el 40 por ciento de toda la basura sólida municipal. De acuerdo a datos de 1991, el 15% de los desechos residenciales del DF se componen de papel. 2
Aunque el papel fue en su inicio inventado para comunicar, en la actual sociedad de consumo sirve a otros propósitos; sirve para empacar, o para ser desechado rápidamente, contribuyendo con el 40% de la carga de residuos municipales de muchos países industrializados.
La producción del papel es una actividad económica clave, ya que representa el 2.5% de la producción industrial mundial y el 2% del comercio internacional. Los productos de papel son importantes para la educación, para las comunicaciones, para los empaques e inclusive para el cuidado de la salud. No obstante, desde hace tiempo la producción de papel ha atraído atención porque incita el aprovechamiento no sustentable de los recursos forestales y por su contribución a la generación de residuos.
México corta medio millón de árboles diariamente para obtener la pulpa virgen. Al mismo tiempo, se desechan 10 millones de periódicos al finalizar el día. Anualmente se tiran 22 millones de toneladas de papel en nuestro país. Si todos recicláramos el papel y el cartón, salvaríamos 33% de la energía que se necesita para producirlos. Además, por cada tonelada, ahorraríamos 28 mil litros de agua y 17 árboles. 3
De acuerdo con el Instituto Worldwatch el consumo global de celulosa para la fabricación de papel puede reducirse en más de 50 por ciento si en los países industrializados se logra disminuir el consumo de papel aunado a una mayor eficiencia en la fabricación de papel y el aumento del uso de materiales reciclados. En la actualidad contamos con la tecnología idónea para disminuir suficientemente el impacto del papel en los bosques del mundo, así como para reducir el uso de la energía, contaminación del aire y del agua, y los desechos sólidos, con lo que también se ahorra dinero. 4
Es más redituable ambientalmente reciclar el papel que utilizar el tradicional. Es más económico reutilizar el papel, sobre todo porque disminuye sustancialmente el consumo de energía.
Uno de los grandes consumidores de papel en nuestro país es la industria de la publicidad; de acuerdo a datos de la Asociación Mexicana de Agencias de Publicidad (AMAP) esta industria ha mantenido una tendencia ascendente y es el rubro principal de la comunicación comercial en México. Acumula un poco más de 44 mil millones de pesos anuales de inversión, de los cuales aproximadamente el 14% se destinan a la publicidad en medios impresos.
En dicha industria, la inversión en la mercadotecnia directa se concentra principalmente en el telemarketing y en el correo directo, con una inversión anual aproximada de 1800 millones de pesos y un crecimiento anual del 18%.
En los Estados Unidos, se han realizado investigaciones sobre los costos ambientales y económicos del correo directo, y se han obtenido los siguientes datos:
Junto con el Internet, el correo directo se está convirtiendo en la estrategia de promoción y mercadeo más importante para las empresas, bajo el estimado de una tasa de venta de 1% para 1,000 piezas de correo directo, con un costo aproximado de 25 pesos por envío.
Los consumidores están sumamente preocupados porque no ven compromiso por parte de la autoridad ni de las corporaciones ante el escenario ambiental y el calentamiento global. Consumers Internacional 5 reconoce que resolver las necesidades de los consumidores del futuro dependerá de los cambios que hoy se realicen hacia patrones de consumo más sostenibles.
Existen dos puntos de vista radicalmente opuestos sobre el consumo de papel. El sector empresarial argumenta que el papel puede producirse de una manera ambientalmente eficiente y que no deben establecerse límites en su consumo. Los grupos ambientalistas y sociales, por su parte, argumentan que tal ecoeficiencia puede resultar útil, pero que no será suficiente para responder a las demandas morales de una explotación limitada de los recursos naturales del mundo.
Asimismo, el estudio ``Towards a Sustainable Paper Cycle del World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), se encontró que es necesario que la industria papelera ``Cambie de un enfoque de volumen (vender más papel) a uno que busque satisfacer los requerimientos y necesidades de las personas y responda a las preocupaciones del consumidor y al escenario ambiental actual''.
Sabemos que las actividades analizadas en esta iniciativa forman parte del crecimiento económico y se reconoce la importancia de la industria del papel y de la comunicación. Sin embargo es importante aprovechar las alternativas que ofrecen las tecnologías actuales para que la actividad humana no perpetúe los esquemas de destrucción de recursos naturales que actualmente se registran. Es por ello que esta iniciativa brinda una opción a los envíos de ``correo directo'' más acorde con las preocupaciones de los consumidores.
El Código Fiscal de la Federación asigna al concepto ``Publicidad'' (asociado al concepto ``Regalías'') beneficios fiscales que se expresan el la deducción del 15% de los gastos coligados a dicho concepto, de acuerdo a los términos de la fracción III del artículo 39 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. Consideramos que en el caso de la publicidad por ``correo directo'' dicho beneficio fiscal debe ser un estímulo para la utilización del papel reciclado y evitar el uso de papeles no reciclados, o plastificados, o que ocasionen dificultades para su posterior reciclaje, lo cual puede quedar enmarcado en la Ley Federal de Protección al Consumidor.
Con la intención de que la industria del papel pueda contar con los insumos necesarios para el cumplimiento de esta iniciativa, se incluye un transitorio que da un plazo de 6 meses para orientar su producción a papeles reciclados de características compatibles con la demanda.
En virtud de lo anterior, el Partido Verde Ecologista hace la siguiente propuesta a fin de que las empresas dedicadas a la publicidad promuevan prácticas de producción más acordes al desarrollo sustentable, por lo que somete a consideración el siguiente proyecto de
Decreto que reforma el artículo 17 de la Ley Federal de Protección al Consumidor.
Único. Se reforma el artículo 17 de la Ley Federal de Protección al Consumidor para quedar como sigue:
Artículo 17. La publicidad que se envíe a los consumidores deberá indicar el nombre, domicilio, teléfono y en su defecto la dirección electrónica del proveedor; de la empresa que en su caso, envíe la publicidad a nombre del proveedor y de la Procuraduría.
La publicidad que se envíe a los consumidores deberá ser impresa en papel reciclado, sin plastificado, sin gomas o pegamento, utilizando los productos y las tecnologías que ocasionen menores dificultades para el reciclaje del papel.
El consumidor podrá exigir directamente a proveedores específicos y a empresas que utilicen información sobre consumidores con fines mercadotécnicos o publicitarios, no ser molestado en su domicilio, lugar de trabajo, dirección electrónica o por cualquier otro medio, para ofrecerle bienes, productos o servicios, y que no le envíen publicidad. Asimismo, el consumidor podrá exigir en todo momento a proveedores y a empresas que utilicen información sobre consumidores con fines mercadotécnicos o publicitarios, que la información relativa a él mismo no sea cedida o transmitida a terceros, salvo que dicha cesión o transmisión sea determinada por una autoridad judicial.
TransitoriosÚnico. El presente decreto entrará en vigor 180 días después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Notas: 1 http://www.biodegradable.com.mx/Reciclado_papel.html 2 Restrepo I., Bernache G, Rathje W. Los demonios del consumo (basura y contaminación), Centro de Ecodesarrollo, México 1991. 3 http://www.biodegradable.com.mx/Reciclado_papel.html 4 Janet Abramovitz y Ashley Mattoon, Recuperación del paisaje de papel. Worldwatch, 1999. 5 www.consumersinternational.org/El Presidente diputado Cristian Castaño Contreras: Gracias, diputado Jesús Sesma Suárez.Túrnese su iniciativa a la Comisión de Economía.
Queremos destacar la presencia en este salón de sesiones de una delegación internacional de legisladores y funcionarios de Canadá, de España, del sistema del Mercosur y del Consejo Mexicano de Economía Social y Solidaria, quienes sostendrán una reunión de trabajo con integrantes de las Comisiones de Fomento Cooperativo y Economía Social de la Cámara de Diputados, y de Fomento Económico de la Cámara de Senadores. Les damos la más cordial bienvenida y hacemos votos por el fortalecimiento del diálogo, la colaboración y los lazos de amistad entre nuestras naciones. Bienvenidos.
Asimismo, saludamos al grupo ciudadano de Zacatlán, Puebla, quienes visitan hoy este recinto parlamentario. También sean bienvenidos a la Cámara de Diputados.
LEY DE ORGANIZACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL QUE ABROGA LA LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras : Se concede ahora el uso de la palabra al diputado Pablo Trejo Pérez, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa que expide la Ley de Organización de la Administración Pública Federal y abroga la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
El diputado Pablo Trejo Pérez : Con su permiso, diputado Presidente.En 1950, el científico alemán Albert Einstein dijo: ``los grandes espíritus siempre han encontrado violenta oposición de parte de los mediocres''.
Honorable asamblea, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal fue creada en 1976. Desde entonces ha sido reformada en 18 ocasiones, principalmente para adaptar la administración pública federal a las necesidades del presidente de la república en turno.
El contexto económico, político y social del país ha cambiado radicalmente desde entonces. La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal fue diseñada para dar orden y racionalidad a la enorme estructura y aparatos burocráticos del Ejecutivo federal que en esa época era el modelo dominante. Ese modelo consistía en dar un papel fundamental en el desarrollo económico al Estado
Tras dos décadas de adelgazamiento del sector público y, porqué no decirlo, de abandono del Estado en áreas productivas, tenemos ahora una ley obsoleta e inadecuada a los desafíos del México del siglo XXI. Aunque se cambió el modelo económico, no cambió la estructura legal y administrativa de la administración pública, porque los presidentes se dieron cuenta de que era un instrumento útil para mantener el control sobre la misma.
La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal fue promulgada también en una época donde el presidente de la república era el centro del Estado, cuando los demás poderes federales generalmente se le subordinaban. Por ello, en dicha ley destaca la ausencia de mecanismos de transparencia y rendición de cuentas de las dependencias y sus funcionarios.
Asimismo, el auge petrolero de esa época fue uno de los argumentos que expuso en su tiempo el presidente López Portillo, para justificar la nueva ley, a fin de administrar adecuadamente la riqueza proveniente de dichos recursos naturales.
Las principales debilidades de la ley que organiza el aparato gubernamental del Poder Ejecutivo federal pueden resumirse en lo siguiente: no contempla contrapesos reales ni equilibrios en la administración pública ya que el marco jurídico fue promulgado cuando los Poderes Legislativo y Judicial estaban supeditados al titular del Poder Ejecutivo. No tiene mecanismos de rendición de cuentas.
El principio de organización subyace en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal vigente. Es de carácter burocrático, es decir, las dependencias no tienen un mandato o misión, ni tampoco tienen establecidos resultados objetivos, ni metas a alcanzar, sino asuntos qué resolver o tramitar. De esta forma no se premian los resultados ni la eficiencia, sino otras consideraciones ajenas al servicio público como son el amiguismo, el compadrazgo, la lealtad, entre otras.
La Secretaría de Hacienda tiene un papel preponderante en la administración pública federal, al grado tal que las prioridades de las dependencias y entidades no son cumplir los objetivos de las políticas públicas, sino observar el control presupuestario y financiero que la dependencia les impone.
Una alta y excesiva burocracia bien remunerada no tiene incentivos para lograr los objetivos de los programas, ni compromisos de resultados, sino únicamente conservar su trabajo y sus privilegios. También muestra la inexistencia de mecanismos para la rendición de cuentas de parte de los titulares de las dependencias. Una administración pública federal costosa, ineficiente y corrupta, una escasa participación del Poder Legislativo en la fiscalización de la gestión pública. Los vicios antes señalados deben ser enfrentados y erradicados ya que el pueblo de México no tiene por qué cargar con ellos.
Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, en estos tiempos escuchamos conceptos como eficiencia en la gestión, indicadores de desempeño y competitividad. Pero en los hechos poco se hace para encausar al país en ese sentido.
La iniciativa de la nueva Ley de Organización de la Administración Pública Federal tiene el objeto de promover una transformación profunda en la administración pública para que ésta alcance resultados de manera eficaz, sea menos costosa para los contribuyentes y rinda cuentas a la sociedad y a sus representantes populares.
La Ley de Organización de la Administración Pública Federal que hoy presentamos es un instrumento que desde el Poder Legislativo contribuye para que se modernice el Poder Ejecutivo y con ello se materialicen los beneficios de una administración pública eficiente para todos los mexicanos. Muchas gracias.
«Iniciativa que expide la Ley de Organización de la Administración Pública Federal y abroga la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo del diputado Pablo Trejo Pérez , del Grupo Parlamentario del PRD
El suscrito diputado integrante de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, en uso de las facultades que me confiere la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente Iniciativa con proyecto de decreto por la que se expide la Ley de Organización de la Administración Pública Federal y se deroga la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de conformidad con la siguiente:
Exposición de Motivos1. Antecedentes
La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF vigente) fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 1976. Dicha norma legal abrogó la Ley de Secretarías y Departamentos de Estado del 23 de diciembre de 1958. Desde su publicación, ha sido reformada 18 ocasiones, principalmente, para adaptar a la administración pública federal a las necesidades del Presidente de la República en turno.
A partir de 1976, la administración pública se dividió en ``centralizada'' (integrada por la presidencia de la República, las Secretarías de Estado y los Departamentos Administrativos) y en ``paraestatal'' (conformada por los Organismos Públicos Descentralizados, las Empresas de Participación Estatal, las Instituciones Nacionales de Crédito, las Instituciones Nacionales de Seguros y de Fianzas y los Fideicomisos, a los que genéricamente se les denominó como ``entidades paraestatales'').
La principal característica de la LOAPF vigente respecto a la ley de 1958 fue la incorporación del ``sector paraestatal'' como parte de la administración pública federal, y, por lo tanto, sujeto de ser normado por tal disposición legal. Anteriormente, el sector paraestatal estaba regulado por la Ley para el Control de los Organismos descentralizados y Empresas de Participación Estatal. Cabe señalar que en 1976 existían alrededor de 1,500 entidades paraestatales, resultado de importante crecimiento que tuvo el sector público en la década de los setenta, lo que implicó la necesidad de agruparlas en sectores que a partir de esa fecha pasaron a ser coordinados por las secretarías de estado; ello a fin de evitar la dispersión de esfuerzos, programas y proyectos. No se omite señalar que por lo insuficiente que resultó la LOAPF vigente para normar a las entidades paraestatales, fue necesario promulgar posteriormente la Ley Federal de Entidades Paraestatales en 1986. Asimismo, el auge petrolero de esa época (altos precios y descubrimiento de nuevos yacimientos petroleros) fue uno de los argumentos que expuso el Presidente José López Portillo para justificar la reforma administrativa a fin de administrar adecuadamente la riqueza proveniente de dichos recursos naturales.
A nivel central, los cambios más relevantes fueron la creación de la Secretaría de Programación y Presupuesto para concentrar en una sola dependencia la planeación gubernamental y la elaboración de los programas y proyectos del Presupuesto de Egresos para alinearlos con la dicha planeación; la desaparición de la Secretaría de la Presidencia, y la inclusión, en la Secretaría de Obras Públicas, la función de los asentamientos humanos (por el grave problema que tenían algunas ciudades por la migración del campo a la ciudad y hacia Estados Unidos). Asimismo, se creó el Departamento de Pesca. De acuerdo con lo anterior, la estructura administrativa del sector central fue la siguiente:
Secretarías:
Durante el periodo 1982 -- 1988 se reformó la LOAPF vigente para crear la Secretaría de la Contraloría General de la Federación y modificar tres Secretarías: la de Patrimonio y Fomento Industrial, que se convirtió en la de Energía, Minas e Industria Paraestatal; la de Comercio se transformó en Comercio y Fomento Industrial, y la de Asentamientos Humanos y Obras Públicas, en Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología.
La creación de la Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal tuvo el objetivo de concentrar en una sola dependencia el seguimiento y la evaluación de todas las entidades paraestatales y así, facilitar la identificación de cuáles privatizar y cuáles mantener en el sector público. La creación de la Secretaría de la Contraloría obedeció a la necesidad de combatir la corrupción en el desempeño público. La de Desarrollo Urbano y Ecología para impulsar políticas públicas que promovieran un crecimiento ordenado de la población a la vez que se protegiera al medio ambiente.
En el periodo 1988 -- 1994 desapareció la Secretaría de Programación y Presupuesto, cuyas funciones fueron absorbidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dependencia que desde entonces tiene las atribuciones de administrar, controlar e inspeccionar la hacienda pública federal, así como de dirigir la política monetaria y crediticia, manejar la deuda pública y todas aquellas operaciones relacionadas con el sistema bancario. El fortalecimiento de esta Secretaría obedeció a la necesidad de centralizar todos los instrumentos de la política económica (el PEF, la Ley de Ingresos, el PND, la supervisión del sector financiero, los precios y tarifas del sector público, la política monetaria y la modernización de la administración pública federal) a fin de facilitar los ajustes fiscales que fueron necesarios para salir delante de las crisis de la deuda, económica y financiera de 1986 -1987.
Otra modificación del sector central en este período fue la modificación de los nombres de las Secretarías de Desarrollo Urbano y Ecología que se denominó Desarrollo Social y la de Salubridad y Asistencia que cambió por el de Salud y la creación de la Secretaría de Pesca.
En relación con el sector paraestatal, fue sin duda el que más modificaciones sufrió, ya que la desincorporación de algunas entidades iniciada en el sexenio anterior, fue llevada prácticamente hasta sus últimas consecuencias. El sector paraestatal se redujo a su mínima expresión y el producto de las ventas realizadas fue destinado a pagar la deuda externa principalmente y a financiar los programas sociales como el de Solidaridad,
Cabe señalar que durante este periodo fueron creados varios organismos desconcentrados y descentralizados como el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, la Comisión Nacional del Deporte, la Comisión Nacional del Agua, la Comisión Nacional para el Ahorro de Energía, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Instituto Federal Electoral.
En la administración 1994 -- 2000 la Secretaría de Pesca se fusionó con la de Medio Ambiente y Recursos Naturales; la Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal se denominó simplemente como Secretaría de Energía toda vez que ya no había prácticamente más entidades paraestatales que evaluar ni vender, salvo las del sector ( Pemex, CFE y LyFC); la Secretaría de la Contraloría General de la Federación pasó a ser de Contraloría y Desarrollo Administrativo (le fue incorporada la función de modernización administrativa que tenía la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para ``justificar'' la permanencia de dicha dependencia en virtud de su fracaso contra el combate a la corrupción); cabe mencionar que las nuevas atribuciones que se le otorgaron están: (i) autorizar conjuntamente con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, las estructuras orgánicas y ocupacionales de las dependencias y entidades de toda la Administración Pública Federal; (ii) establecer las normas, políticas y lineamientos generales en materia de adquisiciones, arrendamientos, desincorporación de activos, servicios y obras públicas; (iii) expedir las normas técnicas, y en su caso, construir, habilitar, conservar y administrar los edificios públicos y en general los bienes inmuebles de la Federación cuando no están expresamente asignados a otra dependencia o entidad, y (iv) llevar el registro público de la propiedad inmobiliaria federal y el inventario general correspondiente.
Finalmente, durante la administración 2000 -- 2006 se dieron dos cambios importantes: a la Secretaría de Agricultura, se le añadió la función de pesca que tenía la Secretaría del Medio Ambiente, para integrar en una sola dependencia a todas las políticas públicas relacionadas con la alimentación y la nutrición de los mexicanos. Se creó además la Secretaría de Seguridad Pública, para concentrar en un solo mando a todas las policías federales y así, combatir mejor a la delincuencia y para quitarle a la Secretaría de Gobernación (que tenía bajo su mando el aparato policial federal) las atribuciones policiacas que frecuentemente se utilizaron con fines de persecución política y dejarle solo la responsabilidad del desarrollo democrático y la construcción de acuerdos. 1
Finalmente, el inicio de la Administración 2006 -- 2012 ha sido la única vez en que la LOAPF vigente no fue modificada. La actual administración decidió no modificar nombres a las Secretarías actuales ni crear nuevas dependencias ni suprimir alguna de las existentes.
2. Causas que motivan una nueva ley para la administración pública federal
A 32 años de haberse promulgado la LOAPF vigente, es necesario hacer una revisión al desempeño gubernamental para determinar si las dependencias y entidades federales están a la altura de la nueva realidad política del país y para cumplir cabalmente el mandato que la Constitución le marca al Ejecutivo Federal.
En la exposición de motivos de la LOAPF vigente, el Presidente José López Portillo argumentó que era necesario ``convertir la compleja estructura burocrática que ha desarrollado la administración pública, en un instrumento con responsabilidades claras y precisas, que evite la duplicación de funciones y que permita que las decisiones gubernamentales se traduzcan efectivamente en los resultados que demandan los habitantes del país''.
La LOAPF vigente responde a las necesidades del contexto político y económico del país de la década de los setenta y fue básicamente un instrumento de control del Presidente de la República sobre la administración pública (en el marco del Presidencialismo reinante entonces) misma que había crecido enormemente como resultado de las políticas de expansión del sector público que se aplicaron en la anterior administración.
Sin embargo, las condiciones económicas, sociales y políticas de México han cambiado drásticamente. La pluralidad política y la alternancia, en adición a los cambios estructurales que en materia económica se materializaron en las últimas dos décadas, muestran que las bases de organización y los instrumentos de control y evaluación de la administración pública han quedado rebasados.
Las principales debilidades de la organización del aparato gubernamental del Poder Ejecutivo Federal pueden resumirse en las siguientes:
En los últimos años se han hecho importantes contribuciones a la modernización administrativa desde el punto de vista de la legislación: se han promulgado nuevas disposiciones para la fiscalización superior, para garantizar el acceso a la información pública, para establecer las responsabilidades de los servidores públicos y para efectuar la programación y presupuestación.
A fin de continuar avanzando hacia un mejor gobierno, es necesario promulgar un nuevo marco normativo para la administración pública federal. Dicho marco, debe constituirse en el eje central de la modernización del aparato gubernamental. Para ello, esta Iniciativa propone derogar la LOAPF vigente y en su lugar promulgar una nueva Ley de Organización de la Administración Pública Federal (nueva LOAPF). La LOAPF vigente ha sido modificada tantas veces que resulta más fácil expedir una nueva norma legal que parta de una nueva concepción de la administración pública pero donde se incorporen aquellos aspectos rescatables de la norma actual.
3. Descripción de la iniciativa
La iniciativa de nueva LOAPF tiene el objeto de promover una transformación profunda en la administración pública para que ésta alcance resultados de manera eficaz, sea menos costosa para los contribuyentes y rinda cuentas a la sociedad y a sus representantes populares.
La nueva LOAPF tiene las siguientes aportaciones respecto a la LOAPF vigente:
(a) Se incluyeron los fines de la administración pública federal (3). 3
Acorde con la evolución de las teorías de las organizaciones y especialmente de las que estudian la administración pública, la mayoría de los países de la OCDE han estado poniendo hincapié en el establecimiento de un mandato (o misión) y fines u objetivos claros a las instituciones públicas. Lo anterior para dirigir el quehacer de los funcionarios hacia metas comunes y para facilitar la rendición de cuentas y la evaluación del desempeño.
La LOAPF vigente no contempla los fines de la administración pública federal, tampoco el mandato de las dependencias. Por esta omisión, ¿cómo puede evaluarse el desempeño del sector público federal? ¿cómo exigirles cuentas a los Secretarios de Despacho?
Un fin es el objetivo hacia donde se dirigen las actividades de las dependencias y entidades y representan los resultados finales que se desean; por eso se dice que son la guía que orienta el trabajo de los servidores públicos.
En las organizaciones interactúan diversos actores, cada uno con sus correspondientes responsabilidades, intereses y objetivos individuales, mismos que no necesariamente suelen converger en el fin común, a menos que se lleve a cabo un proceso de alineación entre actividades -- objetivos y mandato. Esta divergencia se presenta en mayor magnitud en organizaciones complejas, como es el caso de un gobierno nacional.
Los fines denotan los resultados que se buscan a mediano y largo plazos por medio de las políticas públicas. Al Poder Legislativo le corresponde determinar este marco de referencia por medio de la legislación, mismo que tiene una relativa estabilidad porque cambia poco con el tiempo. Así, la nueva LOAPF propone establecer que Ejecutivo organizará la administración pública federal para alcanzar los siguientes fines:
(b) Los principios del servicio público que deben observar los funcionarios para lograr los fines de la administración pública federal (4).
Para el cumplimiento de los fines de la administración pública federal, la nueva LOAPF establece que los funcionarios públicos deberán observarán los siguientes principios del servicio público:
(c) Las responsabilidades de los titulares de las dependencias (9 y 10).
Actualmente es difícil exigir cuentas a los Secretarios de Estado por los resultados que obtienen en la administración del Ramo bajo su responsabilidad porque la legislación no contempla cuáles son sus responsabilidades. Por esta causa, la nueva LOAPF plantea establecer que los titulares de las dependencias son responsables de cumplir los mandatos respectivos. En el caso de las dependencias coordinadoras, los titulares deberán promover también que las entidades paraestatales cumplan su objeto y que observen los lineamientos de política nacional y sectorial que emita el Ejecutivo.
Las responsabilidades específicas de los titulares de las dependencias conforme a la nueva LOAPF son:
(d) Lineamientos para crear puestos de altos funcionarios y para que el número de éstos sea el mínimo indispensable en las dependencias (13).
La LOAPF vigente contempla que los Secretarios de Estado podrán ser auxiliados por los siguientes funcionarios para ``el despacho de los asuntos de su competencia'': Subsecretarios, Oficial Mayor, Directores, Subdirectores, Jefes y Subjefes de Departamento, oficina, sección y mesa, y por los demás funcionarios que establezca el reglamento interior respectivo y otras disposiciones legales. Esta disposición es el sustento jurídico para que la administración pública federal tenga estructuras burocráticas verticales (es decir, muchos niveles de puesto) y de que obligatoriamente, todas las dependencias tengan por obligación que crear todos los niveles de puestos que establece la ley y los reglamentos interiores. Los niveles de puestos que existen actualmente en cualquier dependencia para los funcionarios son (se parte del puesto de mayor jerarquía): Secretario, Subsecretario, Jefe de Unidad o Coordinador General, Director General, Director General Adjunto, Director de Área, Subdirector, Jefe de Departamento y Enlace. Si una dependencia tiene una Dirección General, obligatoriamente debe contar con Directores, Subdirectores, Jefes de Departamento y Enlaces, aun cuando no los necesite o no se justifiquen.
Estructuras burocráticas con varios niveles de puesto y mando se justificaron en la década de los ochenta, cuando el sector público era visto como un agente productivo importante en la economía, tenía bajo su responsabilidad importantes áreas del desarrollo y era visto como un instrumento eficaz para dar empleo a la población. Esto ha derivado en el hecho de que las dependencias tienen varias plazas de altos funcionarios con altas remuneraciones, muchas de las cuales no se justifican, pero que están en los organigramas porque la Ley lo establece y lo permite.
Para evitar los incentivos perversos a crear puestos de altos funcionarios, la nueva LOAPF establece que los Secretarios de Estado se podrá auxiliar por los siguientes puestos de mando: Subsecretarios, Directores Generales y demás funcionarios que establezca el reglamento interior respectivo y otras disposiciones legales. Esta disposición tiene el objetivo de dar flexibilidad para que no todas las dependencias tengan que tener todos los puestos de funcionarios de mando que contempla la LOAPF vigente.
En adición, también dispone que el número y la denominación de los puestos de mando deberá ser congruente con la estructura organizacional de la dependencia y ésta con el mandato respectivo. Así, una dependencia podrá tener directores generales que tendrán bajo su mando uno o dos niveles, según sus necesidades, responsabilidades, atribuciones y cargas de trabajo y no los 5 que actualmente existen. Lo que se busca es que aquellas dependencias que son pequeñas, no tengan todos los niveles que tienen las de mediano y gran tamaños. Para ello se propone que los Titulares de las dependencias, previa opinión de la Secretaría de la Función Pública, puedan autorizar la creación o la supresión de puestos de mando que a su juicio sean indispensables o no para el cumplimiento del mandato de la dependencia, según sea el caso. En todo caso, las dependencias procurarán establecer estructuras horizontales, es decir, estructuras reducidas y con pocos niveles y jerarquías.
(e) Reglas claras para establecer delegaciones en las entidades federativas (13).
En esta Legislatura se aprobaron diversas reformas para transparentar la creación y administración de las delegaciones federales en las entidades federativas, en el marco de la reforma hacendaria aprobada a finales de 2007. A fin de complementarlas, la nueva LOAPF plantea que las dependencias y entidades puedan establecer oficinas de representación en las entidades federativas o delegaciones siempre y cuando se garantice una mejor ejecución de las políticas, los programas y los proyectos públicos a su cargo; no se dupliquen los que en su caso ejecuten los gobiernos estatales, municipales y del Distrito Federal, y se observe lo siguiente:
Asimismo, las dependencias y entidades podrán suscribir convenios con las entidades federativas para la ejecución de responsabilidades concurrentes con el fin de reducir costos de operación y procurar un mejor cumplimiento de los objetivos de los programas y los proyectos.
(f) Reglas más claras para crear órganos desconcentrados para establecerles su mandato y para destinarles una parte de los ingresos que capten por concepto de derechos (15).
Actualmente la administración pública federal cuenta con varios órganos desconcentrados que auxilian a las dependencias federales en labores de supervisión y regulación: p. ej. el SAT, la CNBV, la Cofetel, el Instituto Nacional de Inmigración, la Comisión Federal de Competencia, la Consar, la CRE, etc. Sin embargo, al depender directamente de las Secretarías de Estado su presupuesto y decisiones están condicionadas a las políticas del Ramo. Adicionalmente, no son pocos los casos donde las decisiones del órgano desconcentrado entran en conflicto con las políticas de la dependencia toda vez que no existe claridad respecto a las atribuciones específicas que tienen.
Esta realidad ha impulsado varias propuestas tendientes a dotarles de una mayor ``autonomía'', incluso, se ha planteado darles a estos órganos la de tipo ``constitucional'' como la tienen el IFE y la CNDH.
En lugar de darles una ``autonomía constitucional'' esta Iniciativa precisa las reglas para la creación y operación de dichos órganos, planteando que éstos podrán crearse para una profesional, especializada, eficaz y eficiente aplicación del marco jurídico y regulatorio y demás actividades de supervisión que sea responsabilidad de una dependencia. De esta manera, la división del trabajo quedaría establecida de la siguiente forma: las dependencias se concentrarán principalmente en la planeación, aplicación y evaluación de las políticas públicas del sector, mientras que sus órganos desconcentrados serán instancias técnicas responsables regular y supervisar al mismo sector.
Los órganos administrativos tendrán facultades específicas para aplicar la legislación o cualquier otra normatividad que se derive de ésta y resolver sobre la materia y dentro del ámbito territorial que se determine en cada caso, de conformidad con las disposiciones legales aplicables.
Los órganos administrativos tendrán autonomía técnica y de gestión, en los términos de su ley respectiva. Los Titulares de las dependencias preverán en sus proyectos de Presupuesto de Egresos los recursos humanos, materiales, técnicos y financieros que sean necesarios y suficientes para que puedan cumplir con su objeto.
Finalmente, conviene señalar que en los últimos años se ha modificado la Ley Federal de Derechos para ``etiquetar'' una parte de los mismos a mejorar los bienes y servicios que prestan los órganos desconcentrados. Lo anterior porque se argumenta que ellos imponen multas o perciben altos ingresos y a cambio, reciben un exiguo presupuesto que no les permite atender sus responsabilidades. p. ej. la Profepa no tiene personal suficiente para combatir la tala de bosques y selvas; la CRE no tiene personal para regular a los permisionarios de gas LP; la Profeco no tiene inspectores para evitar los abusos a los consumidores.
Por lo anterior, la nueva LOAPF propone que podrá destinarse una parte de los derechos que cobren los órganos desconcentrados, y en su caso, las dependencias, a incrementar la cobertura y la calidad de los servicios que proporcionan, en los términos de las disposiciones fiscales.
(g) Lineamientos para normar el contenido de los reglamentos interiores de las dependencias. En particular, se establece la obligación de establecer indicadores y metas sexenales, entre otras (16).
La LOAFP no señala el contenido mínimo que debe contener el reglamento interior de una dependencia. En particular, éstos no incluyen los mandatos de las dependencias. Actualmente, los reglamentos interiores son los documentos normativos que contienen la estructura organizacional de una dependencia y las atribuciones de sus unidades administrativas y de los principales funcionarios.
La nueva LOAPF propone que el reglamento interior de las dependencias sea expedido por el Presidente de la República y por el titular de la dependencia como lo prevé la LOAPF vigente pero que contenga cuando menos lo siguiente:
(h) Lineamientos para contener el gasto de operación de las áreas no sustantivas de las dependencias (comunicación social, contralorías, administración, servicios jurídicos, etc.) así como para su subrogación (18).
En esta Legislatura también se avanzó en el establecimiento de normas de racionalidad y austeridad para las dependencias y entidades en el marco de la reforma hacendaria. A fin de complementarlas, la Iniciativa de nueva LOAPF propone establecer que las dependencias cuenten con unidades administrativas que les proporcionen servicios de apoyo en materia de planeación, programación, presupuesto, informática y estadística, recursos humanos, recursos materiales, contabilidad, archivos, contraloría, jurídico, tecnologías de información, enlaces y los demás que sean estrictamente necesarias para el cumplimiento de su mandato.
Los titulares de las dependencias determinarán la subordinación jerárquica de estas unidades administrativas y procurarán que el gasto que se asigne a las mismas se mantenga en niveles mínimos. En casos económicamente justificados y siempre que no se afecte la consecución del mandato de la dependencia, podrán subrogarse algunos de estos servicios de apoyo.
La LOAPF vigente no es un instrumento adecuado para la rendición de cuentas del Ejecutivo, toda vez que no reglamenta las comparecencias de los funcionarios en el Poder Legislativo. Por ello, se plantea que los titulares de las dependencias y entidades, una vez abierto el período de sesiones ordinarias, darán cuenta al Congreso de la Unión del estado que guarden sus respectivos sectores, y especialmente, respecto al cumplimiento de los objetivos, los indicadores y las metas reportados en el informe a que hace referencia el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados.
(j) Los mandatos de cada una de las dependencias así como las atribuciones específicas para que estén en posibilidades de cumplirlos (25 al 45). Asimismo, se precisan algunas de las atribuciones de las siguientes Secretarías: Relaciones Exteriores, Defensa Nacional, Marina, Hacienda y Crédito Público, Desarrollo Social, Medio Ambiente y Recursos Naturales, Energía, Economía y Función Pública.
Una de las principales aportaciones de la nueva LOAPF es el establecimiento de los mandatos de cada dependencia. Los mandatos corresponden a su misión (término muy utilizado en la planeación estratégica), que es el propósito más general que describe de forma clara, precisa y simplificada el mandato de una dependencia o entidad. 4 La misión es el marco de referencia para el establecimiento de los objetivos estratégicos. El adjetivo ``estratégico'' o ``general'' se utiliza generalmente para denotar los fines buscados de mediano y largo plazo pero alineados con el mandato o misión; es decir, especifican y describen los resultados finales que se pretende alcanzar para cumplir con la misión en un horizonte de tiempo mediante la acción de una política pública, la ejecución de un proyecto o la provisión de bienes y servicios públicos. El establecimiento de los mandatos facilitará la labor fiscalizadora de la Auditoría Superior de la Federación cuando proceda a efectuar sus auditorías al desempeño a las dependencias, con base en las reformas constitucionales en materia de fiscalización que aprobó el Constituyente Permanente recientemente.
La nueva LOAPF propone los siguientes mandatos:
Asimismo, se precisan algunas atribuciones de las siguientes dependencias a fin de permitir un mejor cumplimiento de sus mandatos:
Esta iniciativa no quiere dejar pasar por alto diversas propuestas que se han hecho para replantear las atribuciones y los mandatos de algunas dependencias del Ejecutivo, mismas que de manera enunciativa pero no exhaustiva se describen a continuación:
Los planteamientos antes señalados no fueron incorporados en el texto de la Iniciativa porque requieren de una amplia discusión sobre los alcances, efectos y pertinencia de los mismos. No obstante, se han descrito en esta exposición de motivos a fin de detonar una discusión al interior del Congreso de la Unión.
(k) Los mandatos y los fines de las entidades paraestatales: organismos públicos, empresas y fideicomisos (46 a 48).
De forma semejante a como se establecieron los mandatos de las dependencias, la nueva LOAPF establece que los organismos descentralizados son las entidades paraestatales creadas por ley o decreto del Congreso de la Unión, con personalidad jurídica, patrimonio propio y demás recursos y atribuciones que requieran para la consecución de su objeto, cualquiera que sea la estructura legal que adopten.
El objeto de los organismos es proveer un servicio público o social, hacerse cargo de un área estratégica que el Estado ejerza de manera exclusiva o efectuar una actividad de carácter prioritario, según lo determine el Congreso de la Unión. Lo anterior implica que el Ejecutivo no tiene la atribución de crear organismos (como es el caso de Luz y Fuerza del Centro que fue creada mediante decreto del Presidente de la República) y que la existencia de éstos solo se fundamenta por medio de una Ley (como el caso de la CFE que no tiene una Ley Orgánica propia aun cuando es uno de los organismo más importantes del país).
La nueva LOAPF retoma la definición de las empresas de participación estatal mayoritaria prevista en la LOAPF vigente. No obstante, precisa que las sociedades civiles así como las asociaciones civiles en las que la mayoría de los asociados sean dependencias o entidades de la administración pública federal o servidores públicos federales que participen en razón de sus cargos o alguna o varias de ellas se obliguen a realizar o realicen las aportaciones económicas preponderantes se considerarán como entidades paraestatales, y por lo tanto, sujetas a la normatividad aplicable al sector público y a la acción de las instancias fiscalizadoras.
Asimismo, la nueva LOAPF establece que el objeto de las empresas de participación estatal mayoritaria es auxiliar a las dependencias y a los organismos descentralizados en la consecución de sus mandatos y sus objetos, respectivamente.
A fin de poner orden y transparentar la creación de fideicomisos, la nueva LOAPF plantea que los fideicomisos públicos sean aquellos vehículos jurídicos que se constituyan con el propósito de coadyuvar al logro del objeto o del mandato de las entidades o de las dependencias, respectivamente.
(l) Reglas y lineamientos para constituir fideicomisos públicos, para su operación y para su rendición de cuentas. Asimismo, las responsabilidades de los funcionarios públicos que intervengan en sus consejos técnicos (48, 49 y Quinto Transitorio).
En los últimos años, el Ejecutivo Federal ha utilizado la figura de los fideicomisos para evadir la rendición de cuentas, para dar un manejo poco transparente a los recursos públicos y para evadir la acción de las instancias de fiscalización como fue el caso del Fideicomiso de Transforma México creado por la Lotería Nacional o el Fideicomiso de Aduanas, I y II, creado por el SAT. Por trasparentar la operación de los fideicomisos, la nueva LOAPF plantea que los funcionarios públicos que conformen el Comité Técnico de un fideicomiso responderán por sus actos frente a las autoridades competentes. Asimismo, que los titulares de las dependencias y entidades son responsables de la administración de los mismos.
Asimismo, las dependencias o entidades deben justificar plenamente la constitución de los fideicomisos; los fideicomisos deben observar las disposiciones presupuestarias, de transparencia y de fiscalización aplicables, y finalmente, deben contar con la autorización del Presidente de la República, previa opinión favorable de la Secretaría de la Función Pública.
En disposiciones transitorias, la nueva LOAPF establece lo siguiente:
(m) Fortalecimiento de las Secretarías de Estado en la conducción y evaluación de las entidades paraestatales. Regularización de organismos que no están bajo la coordinación de ninguna dependencia: IMSS, ISSSTE e Infonavit (51) y de Luz y Fuerza del Centro y la CFE, que no tienen leyes orgánicas (Artículo Tercero Transitorio).
En los últimos años se ha observado que las entidades paraestatales no siempre se ciñen a la autoridad de las Secretaría de Estado, principalmente porque muchas de ellas tienen más recursos e infraestructura y por el apoyo político que tienen sus titulares de parte del Presidente de la República, en perjuicio del cumplimiento de los objetivos de las políticas públicas, del mandato de las dependencias y de los fines de la administración pública federal.
A fin de evitar los incentivos perversos que esta situación conlleva, la nueva LOAPF propone que corresponde a las Secretarías de Estado coordinar la programación y presupuestación, conocer la operación, evaluar los resultados y participar en los órganos de gobierno de las entidades agrupadas en el sector a su cargo, conforme a lo dispuesto en las leyes.
Atendiendo a la naturaleza de las actividades de las entidades paraestatales, el titular de una dependencia podrá agruparlas en subsectores, cuando así convenga para facilitar su coordinación y dar congruencia al funcionamiento de dichas entidades.
Tratándose del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores, del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado estarán coordinados por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social con el apoyo de las Secretarías de Salud y de Hacienda y Crédito Público, en el ámbito de su competencia. Cabe señalar que estas entidades no son coordinadas actualmente por ninguna Secretaría de Estado, lo que no coadyuva a que las dependencias puedan cumplir con sus mandatos.
Asimismo, se establece la obligación al Ejecutivo de enviar al Congreso las iniciativas de Leyes Orgánicas de la Comisión Federal de Electricidad y de Luz y Fuerza del Centro en un plazo no mayor a 6 meses a partir de la entrada en vigor de la nueva LOAPF.
(n) Otras aportaciones de la nueva LOAPF
De conformidad con lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración de este honorable Pleno el siguiente:
Proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Organización de la Administración Pública Federal y se deroga la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
Único. Se expide la Ley de Organización de la Administración Pública Federal para quedar como sigue:
LEY DE ORGANIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA FEDERAL TITULO PRIMERO Disposiciones Generales CAPÍTULO PRIMERO Objeto, definiciones y principiosArtículo 1. Para efectos de esta Ley, se entenderá por:
Artículo 2. La presente Ley es de orden público y tiene por objeto reglamentar el artículo 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de organización y evaluación de la Administración Pública.
La Administración Pública está integrada por las dependencias y las entidades del Ejecutivo.
CAPÍTULO SEGUNDO Fines de la Administración Pública y principios de la LeyArtículo 3. El Ejecutivo organizará la Administración Pública para alcanzar los siguientes fines:
Artículo 4. Para el cumplimiento de los fines de la Administración Pública, los funcionarios observarán los siguientes principios del servicio público:
Artículo 5. Para el ejercicio de sus atribuciones y responsabilidades constitucionales el Ejecutivo dirigirá directamente a la Administración Pública Centralizada. Asimismo, podrá auxiliarse en la Administración Pública Paraestatal en los términos de esta Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables.
Artículo 6. Para los efectos del artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y una vez que el Congreso de la Unión haya aprobado la suspensión de garantías, el Presidente de la República acordará con todos los Secretarios de Estado, el Procurador General de la República y el Consejero Jurídico del Ejecutivo.
Artículo 7. El Presidente de la República podrá convocar a reuniones a los Secretarios de Estado y demás funcionarios competentes cuando se trate de definir o evaluar la política del Gobierno de la República en materias que sean de la competencia concurrente de varias dependencias o entidades. Las reuniones serán presididas por el Ejecutivo y será auxiliado por un Secretario Técnico que éste designe, que estará adscrito a la Presidencia de la República.
Artículo 8. El Presidente de la República contará con las unidades administrativas de asesoría, de apoyo técnico y de coordinación que el mismo determine, de acuerdo con el presupuesto asignado a la Presidencia de la República.
TÍTULO TERCERO De la Administración Pública Centralizada CAPÍTULO PRIMERO De las dependencias del EjecutivoArtículo 9. Las dependencias tendrán igual rango, y entre ellas no habrá, por lo tanto, preeminencia alguna.
Los titulares de las dependencias son responsables de cumplir los mandatos respectivos que esta Ley y demás disposiciones aplicables determinen. En el caso de las dependencias coordinadoras, los titulares promoverán que las entidades cumplan su objeto y que observen los lineamientos de política nacional y sectorial emitidos por el Ejecutivo.
Artículo 10. Los titulares de las dependencias tienen las siguientes responsabilidades:
Artículo 11. Cada Secretaría de Estado formulará, respecto de los asuntos de su competencia, los proyectos de leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes del Presidente de la República.
En los juicios de amparo, el Presidente de la República podrá ser representado por el titular de la dependencia a que corresponde el asunto, según la distribución de competencias prevista en la Ley. Los recursos administrativos promovidos contra actos de los Secretarios de Estado serán resueltos dentro del ámbito de su Secretaría en los términos de los ordenamientos legales aplicables.
Artículo 12. Los reglamentos, decretos y acuerdos expedidos por el Presidente de la República deberán, para su validez y observancia constitucionales ir firmados por el Secretario de Estado respectivo, y cuando se refieran a asuntos de la competencia de dos o más dependencias, deberán ser refrendados por todos los titulares de los mismos.
Tratándose de los decretos promulgatorios de las leyes o decretos expedidos por el Congreso de la Unión, sólo se requerirá el refrendo del titular de la Secretaría de Gobernación.
Artículo 13. Al frente de cada Secretaría de Estado habrá un Secretario quien se podrá auxiliar por los siguientes puestos de mando: Subsecretarios, Directores Generales y demás funcionarios que establezca el reglamento interior respectivo y otras disposiciones legales.
El número y la denominación de los puestos de mando adicionales a los señalados en el párrafo anterior deberán ser congruentes con la estructura organizacional de la dependencia y ésta con el mandato respectivo.
Los titulares de las dependencias, previa opinión de la Secretaría de la Función Pública, podrán autorizar la creación o supresión de puestos de mando que a su juicio sean o no indispensables para el cumplimiento del mandato de la dependencia, según el caso. En todo caso, las dependencias procurarán establecer estructuras reducidas y con pocos niveles y jerarquías.
Las dependencias y entidades podrán establecer oficinas de representación en las entidades federativas o delegaciones siempre y cuando se garantice una mejor ejecución de las políticas, los programas y los proyectos públicos a su cargo; no se dupliquen los que en su caso ejecuten los gobiernos estatales, municipales y del Distrito Federal, y se observe lo siguiente:
Las dependencias y entidades podrán suscribir convenios con las entidades federativas para la ejecución de responsabilidades concurrentes con el fin de reducir costos de operación y procurar un mejor cumplimiento de los objetivos de los programas y los proyectos.
Artículo 14. Corresponde originalmente a los titulares de las dependencias el trámite y resolución de los asuntos de su competencia, pero para la mejor organización del trabajo y una toma de decisiones expedita podrán delegarse en los funcionarios cualesquiera de sus facultades, excepto aquellas que por disposición de ley o del reglamento interior respectivo, deban ser ejercidas precisamente por dichos titulares.
La delegación de facultades no modifica la situación jurídica de los servidores públicos.
Los titulares de las dependencias podrán subordinar directamente las unidades administrativas que se establezcan en el reglamento interior respectivo, o en su caso, subordinarlas a las Subsecretarías. En el caso de la Procuraduría General de la República, la organización y la delegación de facultades observará lo establecido en su ley respectiva, situación que también aplica para aquellas dependencias que cuenten con una ley propia.
Los acuerdos por los cuales se deleguen facultades o se adscriban unidades administrativas se publicarán en el Diario Oficial de la Federación.
Artículo 15. Para una profesional, especializada, eficaz y eficiente aplicación del marco jurídico y regulatorio y demás actividades de supervisión que sea responsabilidad de una dependencia, se podrán crear órganos administrativos, que les estarán jerárquicamente subordinados.
Los órganos administrativos tendrán facultades específicas para aplicar la legislación o cualquier otra normatividad que se derive de ésta y resolver sobre la materia y dentro del ámbito territorial que se determine en cada caso, de conformidad con las disposiciones legales aplicables.
Los órganos administrativos tendrán autonomía técnica y de gestión, en los términos de su ley respectiva. Los Titulares de las dependencias preverán en sus proyectos de Presupuesto de Egresos los recursos humanos, materiales, técnicos y financieros que sean necesarios y suficientes para que puedan cumplir con su objeto.
Podrá destinarse una parte de los derechos que cobren los órganos administrativos, y en su caso, las dependencias, a incrementar la cobertura y la calidad de los servicios que proporcionan, en los términos de las disposiciones fiscales.
Artículo 16. El reglamento interior de cada una de las dependencias será expedido por el Presidente de la República y por el titular de la dependencia, y contendrá cuando menos lo siguiente:
Artículo 17. El titular de cada dependencia expedirá los manuales de organización, de procedimientos y de servicios al público, los que deberán contener información sobre la estructura orgánica de la dependencia y las funciones de sus unidades administrativas, así como sobre los sistemas de comunicación y coordinación y los principales procedimientos administrativos. Los manuales y demás instrumentos de apoyo administrativo interno, deberán mantenerse permanentemente actualizados. Los manuales de organización deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación.
Artículo 18. Las dependencias contarán con unidades administrativas que les proporcionen servicios de apoyo en materia de planeación, programación, presupuesto, informática y estadística, recursos humanos, recursos materiales, contabilidad, archivos, contraloría, jurídico, tecnologías de información, enlaces y los demás que sean necesarios para el cumplimiento de su mandato.
Los titulares de las dependencias determinarán la subordinación jerárquica de estas unidades administrativas y procurarán que el gasto que se asigne a las mismas se mantenga en niveles mínimos. En casos económicamente justificados y siempre que no se afecte la consecución del mandato de la dependencia, podrán subrogarse algunos de estos servicios de apoyo.
Artículo 19. El Presidente de la República podrá crear comisiones intersecretariales, para el despacho de asuntos en que deban intervenir varias dependencias.
Las entidades podrán integrarse a dichas comisiones cuando se trate de asuntos relacionados con su objeto.
Las comisiones podrán ser transitorias o permanentes y serán presididas por quien determine el Presidente de la República.
Artículo 20. Los titulares de las dependencias podrán celebrar convenios de coordinación de acciones entre la administración pública y los Gobiernos Estatales, y en los casos necesarios, con los Municipios, previo acuerdo con el Gobierno del Estado correspondiente, satisfaciendo las formalidades legales que en cada caso procedan, a fin de favorecer el desarrollo integral y regional de las entidades federativas.
Artículo 21. Los titulares de las dependencias y entidades, una vez abierto el período de sesiones ordinarias, darán cuenta al Congreso de la Unión del estado que guarden sus respectivos ramos, y especialmente, respecto al cumplimiento de los objetivos, los indicadores y las metas reportados en el informe a que hace referencia el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados.
Los titulares de las dependencias y entidades deberán informar, además, cuando cualquiera de las Cámaras los cite en los casos en que se discuta una Iniciativa o se estudie un problema del desarrollo que esté dentro del ámbito de su competencia.
Artículo 22. En casos extraordinarios o cuando exista duda sobre la competencia de alguna Secretaría de Estado para conocer de un asunto determinado, el Presidente de la República resolverá, por conducto de la Secretaría de Gobernación, a qué dependencia corresponde el despacho del mismo.
Artículo 23. Cuando alguna dependencia o entidad necesite informes, datos o la cooperación técnica de cualquier otra dependencia o entidad, ésta o éstas tendrán la obligación de proporcionarlos, atendiendo en lo correspondiente a las normas que determine la Secretaría de la Función Pública y demás disposiciones aplicables.
CAPÍTULO SEGUNDO Mandatos de las dependencias del EjecutivoArtículo 24. Para el cumplimiento de las atribuciones y responsabilidades constitucionales y legales del Ejecutivo, la Administración Pública Centralizada estará compuesta por las siguientes dependencias:
Artículo 25. A la Secretaría de Gobernación le corresponde procurar una relación armónica entre la sociedad y sus autoridades, entre los Poderes Federales, entre los tres órdenes de gobierno, entre las fuerzas políticas legalmente reconocidas y entre las organizaciones civiles y sociales a fin de elevar la cultura política y democrática del país; promover el cumplimiento de los derechos y obligaciones constitucionales de los mexicanos; garantizar la seguridad interior, y aplicar la política de población y de protección civil.
Para el logro de su mandato, tiene las siguientes atribuciones:
Artículo 26. A la Secretaría de Relaciones Exteriores le corresponde promover y defender los intereses económicos, políticos, sociales y culturales del Estado mexicano ante la comunidad internacional.
Para el logro de su mandato, tiene las siguientes atribuciones:
Artículo 27. A la Secretaría de la Defensa Nacional le corresponde garantizar la defensa del territorio nacional, defender al Estado mexicano cuando su soberanía esté en peligro y cuidar la paz pública cuando exista una perturbación grave del orden social.
Para el logro de su mandato, tiene las siguientes atribuciones:
Artículo 28. A la Secretaría de Marina le corresponde vigilar y cuidar el mar territorial, su espacio aéreo y costas del territorio, defender al Estado mexicano cuando su soberanía esté en peligro y cuidar la paz pública en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional.
Para el logro de su mandato, tiene las siguientes atribuciones:
Artículo 29. A la Secretaría de Seguridad Pública le corresponde preservar la seguridad pública federal y promover la política del Estado mexicano para la prevención del delito y la política contra la criminalidad, con respeto a los derechos humanos.
Para el logro de su mandato, tiene las siguientes atribuciones:
Artículo 30. A la Secretaría de Hacienda y Crédito Público le corresponde la conducción de la política financiera y fiscal del país a fin de crear condiciones macroeconómicas y financieras favorables para el desarrollo económico y regional del país y para la creación de empleos.
Para el logro de su mandato, tiene las siguientes atribuciones:
Artículo 31. A la Secretaría de Desarrollo Social le corresponde generar y promover condiciones de bienestar individuales y comunitarias que permitan a la población desarrollar habilidades personales y productivas que les permitan mejorar sus niveles de calidad de vida.
Para el logro de su mandato, tiene las siguientes atribuciones:
Artículo 32. A la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales le corresponde promover una explotación óptima y sustentable de los recursos naturales renovables y no renovales no energéticos del Estado mexicano para asegurar su disponibilidad en la medida de lo posible a las futuras generaciones.
Para el logro de su mandato, tiene las siguientes atribuciones:
Artículo 33. A la Secretaría de Energía le corresponde promover una explotación óptima y sustentable de los recursos energéticos del Estado mexicano para asegurar su disponibilidad en la medida de lo posible a las futuras generaciones en términos de calidad y confiabilidad adecuadas y a precios razonables.
Para el logro de su mandato, tiene las siguientes atribuciones:
Artículo 34. A la Secretaría de Economía le corresponde promover el desarrollo económico nacional y regional por medio de la coordinación de las políticas públicas que incidan directamente en la competitividad, el empleo y las actividades industriales y comerciales.
Para el logro de su mandato, tiene las siguientes atribuciones:
Artículo 35. A la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación le corresponde promover políticas públicas que promuevan el desarrollo agropecuario, pesquero y rural del país a fin de asegurar a los mexicanos una oferta adecuada de alimentos a precios competitivos o en su caso, justos y la calidad de vida de los habitantes de las zonas rurales.
Para el logro de su mandato, tiene las siguientes atribuciones:
Artículo 36. A la Secretaría de Comunicaciones y Transportes le corresponde elevar los índices de competitividad y reducir los niveles de aislamiento y marginación de las regiones y del país por medio de la promoción de una suficiente infraestructura de comunicaciones y transportes, de calidad y a precios competitivos.
Para el logro de su mandato, tiene las siguientes atribuciones:
Artículo 37. A la Secretaría de la Función Pública le corresponde promover una administración pública austera, moderna, profesional, eficiente, eficaz, productiva, honesta y de excelencia.
Para el logro de su mandato, tiene las siguientes atribuciones:
Artículo 38. A la Secretaría de Educación Pública le corresponde promover una educación conforme a los principios de la Constitución Política que le permita a los mexicanos tener las habilidades y los conocimientos esenciales para tener un adecuado conocimiento de su realidad social, política y cultural; altos niveles de productividad laboral, y herramientas cognitivas para procurarse un mejor nivel de vida.
Para el logro de su mandato, tiene las siguientes atribuciones:
Artículo 39. A la Secretaría de Salud le corresponde promover políticas, programas, servicios y proyectos de salud pública que procuren reducir los índices de mortalidad y morbilidad y eleven los niveles de bienestar físico, mental y emocional de la población.
Para el logro de su mandato, tiene las siguientes atribuciones:
Artículo 40. A la Secretaría del Trabajo y Previsión Social le corresponde promover una oferta suficiente de empleos; el respeto de los derechos y obligaciones laborales previstos en el marco jurídico; el aumento de la productividad laboral; el fomento de relaciones obrero - patronales armónicas, y el continuo mejoramiento de los niveles de bienestar de los asalariados.
Para el logro de su mandato, tiene las siguientes atribuciones:
Artículo 41. A la Secretaría de la Reforma Agraria le corresponde regularizar los problemas relativos a la tenencia de la tierra y aguas así como los conflictos agrarios a fin de dar suficiente seguridad jurídica al sector agropecuario para detonar su desarrollo.
Para el logro de su mandato, tiene las siguientes atribuciones:
Artículo 42. A la Secretaría de Turismo le corresponde promover el desarrollo nacional, regional y municipal del turismo y de las actividades económicas complementarias, con pleno respeto a la normatividad ecológica.
Para el logro de su mandato, tiene las siguientes atribuciones:
Artículo 43. A la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal le corresponde elaborar y en su caso, revisar las Iniciativas de Leyes y Proyectos de Decretos que suscriba el Ejecutivo así como proporcionar asesoría jurídica al Presidente de la República a fin de procurar una armonización de todos los documentos jurídicos que se sometan a su consideración y en apego a las atribuciones y facultades que le confiere la Constitución Política.
Para el logro de su mandato, tiene las siguientes atribuciones:
Artículo 44. La función de consejero jurídico, prevista en el Apartado A del artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estará a cargo de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal. Al frente de la Consejería Jurídica habrá un Consejero que dependerá directamente del Presidente de la República, y será nombrado y removido libremente por éste.
Para ser Consejero Jurídico se deben cumplir los mismos requisitos que para ser Procurador General de la República.
A la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal le serán aplicables las disposiciones sobre presupuesto, contabilidad y gasto público federal, así como las demás que rigen a las dependencias del Ejecutivo Federal. En el reglamento interior de la Consejería se determinarán las atribuciones de las unidades administrativas, así como la forma de cubrir las ausencias y delegar facultades.
Las dependencias de la Administración Pública enviarán a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal los proyectos de iniciativas de leyes o decretos a ser sometidos al Congreso de la Unión, a una de sus cámaras o a la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, por lo menos con un mes de anticipación a la fecha en que se pretendan presentar, salvo en los casos de las iniciativas de ley de ingresos y proyecto de presupuesto de egresos de la Federación, y en aquellos otros de notoria urgencia a juicio del Presidente de la República. Estos últimos serán sometidos al Ejecutivo por conducto de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal.
Las demás dependencias y entidades de la Administración Pública proporcionarán oportunamente a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal la información y apoyo que requiera para el cumplimiento de sus funciones.
Artículo 45. La Procuraduría General de la República y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología se regirán por sus leyes orgánicas respectivas.
TÍTULO TERCERO De la Administración Pública Paraestatal CAPÍTULO ÚNICO De la Administración Pública ParaestatalArtículo 46. Son organismos las entidades creadas por ley o decreto del Congreso de la Unión, con personalidad jurídica, patrimonio propio y demás recursos y atribuciones que requieran para la consecución de su objeto, cualquiera que sea la estructura legal que adopten.
El objeto de los organismos es proveer un servicio público o social, hacerse cargo de un área estratégica que el Estado ejerza de manera exclusiva o efectuar una actividad de carácter prioritario, según lo determine el Congreso de la Unión.
Artículo 47. Son empresas de participación estatal mayoritaria las siguientes:
Se asimilan a las empresas de participación estatal mayoritaria, las sociedades civiles así como las asociaciones civiles en las que la mayoría de los asociados sean dependencias o entidades de la Administración Pública o servidores Públicos Federales que participen en razón de sus cargos o alguna o varias de ellas se obliguen a realizar o realicen las aportaciones económicas preponderantes.
El objeto de las empresas de participación estatal mayoritaria es auxiliar a las dependencias y a los organismos en la consecución de sus mandatos y sus objetos, respectivamente.
Artículo 48. Los fideicomisos públicos son aquellos vehículos jurídicos que se constituyen con el propósito de coadyuvar al logro del objeto o del mandato de las entidades o de las dependencias, respectivamente.
En los fideicomisos constituidos por el Ejecutivo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público fungirá como fideicomitente único de la Administración Pública Centralizada.
Los funcionarios que conformen el Comité Técnico de un fideicomiso responderán por sus actos frente a las autoridades competentes.
Los titulares de las dependencias y entidades son responsables de la administración de los fideicomisos.
Artículo 49. Las dependencias o entidades deberán justificar plenamente la constitución de los fideicomisos. Los fideicomisos deberán observar las disposiciones presupuestarias, de transparencia y de fiscalización aplicables.
Los fideicomisos de la administración pública deberán contar con la autorización del Presidente de la República, previa opinión favorable de la Secretaría de la Función Pública.
Artículo 50. A fin de que se pueda llevar a efecto la intervención que, conforme a las leyes, corresponde al Ejecutivo en la operación de las entidades de la Administración Pública Paraestatal, el Presidente de la República las agrupará por sectores definidos, considerando el objeto de cada una de dichas entidades en relación con la esfera de competencia que ésta y otras leyes atribuyen a las Secretarías de Estado.
Artículo 51. La intervención a que se refiere el Artículo anterior se realizará a través de la dependencia que corresponda según el agrupamiento que por sectores haya realizado el propio Ejecutivo, la cual fungirá como coordinadora del sector respectivo.
Corresponde a los coordinadores de sector coordinar la programación y presupuestación, conocer la operación, evaluar los resultados y participar en los órganos de gobierno de las entidades agrupadas en el sector a su cargo, conforme a lo dispuesto en las leyes.
Atendiendo a la naturaleza de las actividades de dichas entidades, el titular de la dependencia coordinadora podrá agruparlas en subsectores, cuando así convenga para facilitar su coordinación y dar congruencia al funcionamiento de las citadas entidades.
Tratándose del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores, del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado estarán coordinados por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social con el apoyo de las Secretarías de Salud y de Hacienda y Crédito Público, en el ámbito de su competencia.
Artículo 52. Las relaciones entre el Ejecutivo y las entidades paraestatales, para fines de congruencia global de la Administración Pública, con el sistema nacional de planeación y con los lineamientos generales en materia de gasto, ingresos, endeudamiento, control y evaluación, se llevarán a cabo en la forma y términos que dispongan las leyes, por conducto de las Dependencias coordinadoras con base en los lineamientos que al efecto emitan las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública en el ámbito de su competencia.
TRANSITORIOSArtículo Primero. Se abroga la Ley Orgánica de la Administración Pública publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 1976, y se derogan las demás disposiciones legales que se opongan a lo establecido en la presente Ley.
Artículo Segundo. El personal de las dependencias y entidades en ninguna forma resultará afectado en los derechos que haya adquirido, en virtud de su relación laboral con la Administración Pública con la publicación de la presente Ley.
Artículo Tercero. El Ejecutivo enviará al Congreso las iniciativas de Leyes Orgánicas de la Comisión Federal de Electricidad y de Luz y Fuerza del Centro en un plazo no mayor a 6 meses a partir de la entrada en vigor del presente Decreto.
Artículo Cuarto. La presente Ley entrará en vigor el 1º de enero de 2009.
Artículo Quinto. En un plazo no mayor de 6 meses a la entrada en vigor del presente Decreto, las dependencias y entidades de la administración pública, enviarán a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública una lista que describa todos los fideicomisos que estén bajo su administración, donde se incluya su objeto, antecedentes, descripción y cuantificación monetaria de su patrimonio, integración de sus consejos técnicos y una evaluación del cumplimiento de sus objetivos a fin de que propongan al Ejecutivo su permanencia o en su caso, su reestructuración o extinción.
El patrimonio de los fideicomisos que el Ejecutivo ordene su extinción deberá reintegrarse a la Tesorería de la Federación.
El Ejecutivo informará en un apartado especial de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 2009 las acciones que se hayan efectuado para dar cumplimiento a este artículo.
Los Poderes Legislativo y Judicial y los órganos autónomos deberán enviar al Ejecutivo la lista de los fideicomisos que administren en los términos del primer párrafo del presente artículo para su inclusión en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 2009.
Artículo Sexto. El Ejecutivo publicará en un plazo no mayor de 6 meses posterior a la entrada en vigor del presente Decreto los reglamentos internos de las dependencias con base en las disposiciones de esta Ley.
Notas: 1 Cabe señalar que durante dicha administración cambió la denominación de la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo por el de la Secretaría de la Función Pública (publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 10 de abril de 2003). Además, a tal dependencia se le confirió la atribución para dirigir, organizar y operar el Sistema de Servicio Profesional de Carrera en las dependencias de la Administración Pública. 2 Por ejemplo, todas las atribuciones de una dependencia comienzan con la siguiente redacción: ``A la Secretaría X corresponde el despacho de los siguientes asuntos: ...'' 3 Los números entre paréntesis corresponden a los artículos de la nueva LOAPF. 4 La literatura económico -- administrativa considera que misión y propósito son sinónimos; no obstante, en ocasiones suelen diferenciarse. Cuando eso sucede, el término ``propósito'' se entiende como el fin de la organización pero enunciado dentro del contexto social y económico. Por ejemplo, el propósito de Pemex podría ser ``contribuir al bienestar de los habitantes proporcionando bienes y servicios públicos de calidad a precios razonables'', mientras que su misión podría enunciarse únicamente como ``proveer combustibles con estándares de calidad internacional a precios competitivos''. Cuando no se especifica la diferencia entre ambos conceptos, en la misión se incluye generalmente el contexto socioeconómico. 5 Una de las razones por las cuales la SHCP tiene una posición de privilegio en la administración pública federal es porque la LOAPF vigente le confiere la atribución de elaborar el Plan Nacional de Desarrollo, el Informe de Gobierno y la Cuenta Pública. 6 Esta reforma establece la posibilidad de que ya no sea la SHCP la que fije todos los precios y tarifas del sector público, sino otras dependencias. Lo anterior a fin de que no sean solamente los criterios de recaudación los que predominen sino otros criterios económicos, de fomento a la competitividad y de justicia y equidad. Bibliografía Arellano David, ``Política pública, racionalidad imperfecta e irracionalidad. Hacia una perspectiva diferente'', Gestión y Política Pública, vol. 5, núm. 2, 1996. ---------, Cabrero Enrique y Del Castillo Arturo, Reformando al gobierno, una visión organizacional del cambio gubernamental, México, M.A. Porrúa, 2000. ---------, Gil José Ramón, Ramírez Jesús, Rojano Ángeles, ``Nueva gerencia pública en acción: procesos de modernización presupuestal. Un análisis inicial en términos organizativos (Nueva Zelanda, Reino Unido, Australia y México)'', en Reforma y democracia, CLAD, núm. 17, Caracas, 2000. Barzelay Michael, New Public Management Research: Origins, Shape and Prospects, London School of Economics, manuscrito, 2000. Cabrero Mendoza Enrique, ``Usos y costumbres en la hechura de las políticas públicas en México. Límites de las policy sciences en contextos cultural y políticamente diferentes'', en Gestión y Política Pública, México, CIDE, vol. 9, núm. 2, 2000. ---------, Del administrador al gerente público, México, INAP, 1995. Carrillo Castro, Alejandro, ``Algunas notas en torno a la elaboración del Proyecto de Ley Orgánica de la Administración Pública Federal de 1976 en Revista de Administración Pública, México, INAP. Casar María Amparo, ``Las relaciones entre el poder ejecutivo y el legislativo: el caso de México'', en Política y Gobierno, México, CIDE, vol. 6, núm. 1, 1999. ---------, ``Las bases político-institucionales del poder presidencial en México''. Política y Gobierno. vol. 3, vol. 1, 1er. semestre, 1996, pp. 61-92. Castellanos Coutiño, Horario, ``Comentarios a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en Revista de Administración Pública, México, INAP. Cuadrado Roura, Juan R., Política Económica. Objetivos e instrumentos, McGraw-Hill, México, 2001. Chávez Presa Jorge A., Para recobrar la confianza en el gobierno. Hacia la transparencia y mejores resultados con el presupuesto público, México: Fondo de Cultura Económica, 2000. Exposición de Motivos de la Iniciativa de Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Guerrero Amparán Juan Pablo, Un estudio de caso de la reforma administrativa en México: los dilemas de la instauración de un servicio civil en el ámbito federal, México, Documento de Trabajo núm. 61, CIDE, División de Administración Pública, 1998. Guerrero Omar, ``Las Secretarías de Estado y la administración interna en México, en Revista de Administración Pública, México, INAP. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. López Presa José Octavio (coord.), Corrupción y cambio, México, Fondo de Cultura Económica, 1998. Martner, Gonzalo, Presupuesto por programas, Siglo XXI, México, 1995. Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública Federal 2003, SHCP. Musgrave, Richard A., y Peggy B. Musgrave, Hacienda pública, teórica y aplicada, McGraw-Hill, México, 1995. North, Douglass, Instituciones, cambio institucional y desempeño económico, FCE, México, 1990. ---------, Instituciones, cambio institucional y desempeño económico, FCE, México, 1990. ---------, Structure and Change in Economic History, Norton, Nueva York, 1981. Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. PUMA -- Public Management. Documentos varios. OCDE. Sistema Nacional de Planeación Democrática, Principios y Organización, spp, México, 1985. Vázquez Arroyo, Francisco, Presupuesto por programas para el sector público de México, UNAM, México, 1991. Williamson, Oliver, Organization Theory: From Chester Barnard to the Present and Beyond, Oxford University Press, Nueva York, 1990. --------- y Sydney G. Winter, La naturaleza de la empresa. Orígenes, evolución y desarrollo, FCE, México, 1996. Wilson, James Q., Bureaucracy, Basic Books, Nueva York, 1988El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras : Gracias, diputado Pablo Trejo Pérez.Túrnese su iniciativa a la Comisión de Gobernación, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO - LEY GENERAL DE EDUCACION
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras : Se concede el uso de la palabra a la diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de la Ley General de Educación.
La diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza : Con su permiso, señor Presidente.Compañeros diputados, la suscrita, diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza , integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución General de la República; y 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, pone a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 62 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional, y el 24 de la Ley General de Educación, bajo la siguiente exposición de motivos:
La iniciativa que hoy presento aquí, en la más alta tribuna de la nación, trata un tema de interés fundamental para la juventud de nuestro país.
Es del conocimiento de todos que actualmente los jóvenes universitarios al concluir sus carreras y buscar empleos se enfrentan a un círculo vicioso, presentan su currículum y lo primero que les dicen es: ``no te podemos dar empleo porque no tienes experiencia''.
¿Cómo pueden tener experiencia si no han podido prestar sus servicios o trabajaban en otras cosas que nada tienen que ver con su profesión para poder pagar sus estudios? ¿Cómo se le puede demandar experiencia a alguien a quien no se le brinda una oportunidad?
Venezuela, por ejemplo, tiene la Ley del Servicio Comunitario del Estudiante de la Educación Superior, para ayudar al recién egresado a entrar en la vida laboral del país.
Uruguay cuenta con la Ley de Empleo Juvenil; Argentina, con la Ley de Pasantías Educativas, entre muchos otros países que ya han puesto en marcha un marco jurídico que responde a las necesidades de un sector importante: el de los jóvenes.
Las cifras no mienten. En abril de 2000 la tasa de desocupación fue de 2.71 por ciento. Y para diciembre de 2007 sufrió un incremento de casi 1 por ciento porcentual, ubicándose en 3.5 por ciento. Y el sector en donde se ve la mayor afectación es en el de los jóvenes.
El servicio social que todos los estudiantes tienen que cubrir para concluir su carrera universitaria se encuentra regulado por diversos ordenamientos jurídicos. La intención de la presente iniciativa es la de brindar certeza a quienes prestan su servicio social, permitiéndoles poner en práctica sus conocimientos para que cuenten con la posibilidad de incorporarse, si ellos lo eligen, en la dependencia gubernamental en donde realizaron su servicio social.
Por lo que propongo, compañeras legisladoras y compañeros legisladores, modificar la Ley del Servicio de Trabajadores al Servicio del Estado, con la finalidad de que a los jóvenes prestadores del servicio se les realice una evaluación al final de su periodo, para valorar el desempeño y poner a consideración de su jefe inmediato si se puede quedar a laborar en dicha institución.
Con esta medida incentivaremos a los estudiantes para lograr excelencia académica y que quienes deseen incorporarse a la administración pública y cuenten con el perfil académico necesario puedan hacerlo. Como consecuencia, las dependencias de los Poderes del Estado estarán incorporando a jóvenes facultados para el ámbito laboral.
Es necesario mencionarles que estas acciones no impactarán en los presupuestos de las dependencias ni engrosarán la burocracia, toda vez que se hace referencia a que las plazas a ocupar serán las que estén vacantes. Les pido, compañeras legisladoras y compañeros legisladores, que conozcan y apoyen mi propuesta de darles a los jóvenes de México la oportunidad de un desarrollo y crecimiento integral, que les permita visualizar mejores oportunidades en el futuro.
Solicito a la Presidencia que se inserte en forma íntegra en el Diario de los Debates la presente iniciativa. Es cuanto, señor Presidente.
«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, y General de Educación, a cargo de la diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza , del Grupo Parlamentario del PRI
La suscrita, diputada federal Lilia Guadalupe Merodio Reza , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y del artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de la Unión, pone a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan el artículo 62 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional y el artículo 24 de la Ley General de Educación, con base en la siguiente
Exposición de MotivosEl Grupo Parlamentario del PRI tiene un profundo compromiso con la juventud que está terminando los estudios universitarios en toda la república mexicana, porque sabemos que en ellos reside que el futuro de México sea exitoso u oscuro, por ello debemos impulsarlos para que se preparen adecuadamente y tengan la mayor certeza laboral posible.
Actualmente la juventud universitaria al concluir sus carreras y buscar empleo se enfrentan a un círculo vicioso, presentan su currículum y lo primero que les dicen es: ``no te podemos dar empleo porque no tienes experiencia''.
¿Cómo pueden tener experiencia si no han podido prestar sus servicios o trabajaban en otras cosas que en nada tienen que ver con su profesión, para poder pagar sus estudios?
¿Cómo se le puede demandar experiencia a alguien que no se le brinda una oportunidad?
Ese es el dilema al que se enfrentan muchos jóvenes egresados de las universidades actualmente. Aunado a las elevadas cifras de desempleo en México, los recién egresados tienen doblemente difícil el panorama, ya que carecen de oportunidades para poder desarrollar sus potencialidades.
Otros países del mundo cuentan con acciones afirmativas para poder incorporar a los jóvenes en el campo laboral, por ejemplo, Venezuela tiene la Ley de Servicio Comunitario del Estudiante de Educación Superior, que permite que las y los jóvenes realicen trabajo comunitario auspiciado por el Estado, según sus propios perfiles y profesiones y puedan ser incorporados al mercado laboral.
Uruguay cuenta con una Ley de Empleo Juvenil, que incluso difunde a través de una guía que contiene información de cómo funciona esta ley y sus beneficios, esta guía es distribuida en las dependencias del Estado y en las empresas privadas. Esta acción sin duda es una acción afirmativa que ayuda a las y los recién egresados universitarios a incorporarse al mercado laboral.
En Argentina existe la Ley de Pasantías Educativas, que tiene por objeto generar la extensión orgánica del sistema educativo en el ámbito de empresas u organismos públicos o privados, en los cuales los alumnos realizan residencias programadas u otras formas de prácticas supervisadas relacionadas con su formación y especialización, llevadas a cabo bajo la organización y control de las unidades educativas que lo integran y a las que aquellos pertenecen, según las características y condiciones que se fijan en convenios bilaterales estipulados en la ley en comento.
Los objetivos del sistema de pasantías educativas son, entre otros:
Podría continuar citando ejemplos sobre acciones de Estados que apoyan e impulsan la inserción de las y los jóvenes en el mercado laboral en otros países.
Desafortunadamente en México las cosas son muy diferentes, en el país existe la prestación del servicio social, actualmente este servicio que realizan los estudiantes, se encuentra regulado en diversos ordenamientos jurídicos, de manera muy dispersa.
Debemos incentivar y apoyar a los universitarios dotándoles de una regulación jurídica congruente, armónica, eficaz que permita sistematizar el servicio social de los pasantes, y que responda a los desafíos de este nuevo milenio, con estricto respeto a la autonomía universitaria y desde luego a la soberanía de los estados, pero sobre todo, para buscar insertarlos a la vida laboral en un ambiente de competitividad.
Actualmente el estudio del servicio social de los estudiantes desde la perspectiva jurídica, es una tarea pendiente para la doctrina, debido a la escasez de investigaciones al respecto; es un desafío para los legisladores por la difusa y gran dispersión normativa, cuyos orígenes obedecen a la distribución de competencias del régimen federal mexicano, a la autonomía universitaria consagrada como garantía constitucional, y a diversos factores de naturaleza política y social; también es una carga a la que deben supeditarse los estudiantes, que en ocasiones se ha reglamentado en forma discrecional por cada institución educativa, quebrantándose los principios de abstracción, equidad y generalidad que debe caracterizar a toda norma jurídica.
Actualmente sólo se hace mención de su obligatoriedad en el artículo 24 de la Ley General de Educación que establece: ``Los beneficiados directamente por los servicios educativos deberán prestar servicio social, en los casos y términos que señalen las disposiciones reglamentarias correspondientes. En éstas se preverá la prestación del servicio social como requisito previo para obtener título o grado académico.''
Encontrar una definición sistemática e integral del marco legal que rige el servicio social de los estudiantes en nuestro país, es una tarea compleja; en primer lugar, en atención a la distribución de competencias entre la Federación y los estados que impera en el sistema constitucional mexicano, tanto en materia educativa como del ejercicio profesional; en segundo lugar, por la categoría de autonomía que la misma norma suprema y las leyes reconocen a las universidades públicas en el rango de garantía constitucional, lo que les permite reglamentar a su interior el servicio social que presten los estudiantes; y, el tercero, que puede originarse como consecuencia del ejercicio de la potestad reglamentaria que corresponde al Poder Ejecutivo federal y a los poderes ejecutivos de cada una de las entidades federativas, en sus respectivos ámbitos de competencia y que con apoyo en esta facultad puede reglamentarse esta actividad.
Por lo anterior, me permito decir que éste es un tema que debe ser abordado con detenimiento escuchando todas las voces de los actores involucrados, para dotarle de una normatividad eficaz, que ayude a esta noble acción a dar los resultados para los que fue creada.
La intención de esta iniciativa es dar certeza a quienes prestan su servicio social, de que lo realizarán en condiciones que les permitan poner en práctica sus conocimientos y tendrán la posibilidad de incorporarse a la vida laboral en la dependencia en la que prestan su servicio social.
Por un lado, debemos reconocer que algunas de las instituciones de gobierno en el país, no cuentan con personal adecuadamente capacitado y en muchas ocasiones es improvisado según la conveniencia del gobierno en turno, por lo que no se profesionaliza el servicio en las instituciones, no se da continuidad al trabajo cuando concluye una administración y se reinventan las cosas cada tres o seis años. Lo que menciono desafortunadamente pasa en todas las instancias del gobierno.
Debemos erradicar estos vicios y proyectarnos hacia el futuro, haciendo una planeación a largo plazo, ya se han dado importantes avances, como la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal. Sin embargo, aun hace falta pensar en las nuevas generaciones que desean incorporarse año con año a la vida económicamente activa.
Por lo anterior, propongo que se reforme la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional, en su artículo 62, a fin de dotar de facultades a las dependencias de los poderes de la Unión, al Gobierno del Distrito Federal y demás dependencias a que hace referencia el artículo primero de la ley en comento, a efecto de que quienes presten el servicio social en ellas tengan la posibilidad después de evaluaciones sobre su desempeño, de incorporarse a la dependencia donde hayan prestado su servicio social.
También es necesario reformar el artículo 24 de la Ley General de Educación, a fin de dotar de facultades, a las instituciones educativas en pleno respeto a la autonomía universitaria para que puedan establecer convenios con las dependencias a fin de que generen los mecanismos reglamentarios para evaluar a los alumnos que sean candidatos a trabajar en las dependencias de los Poderes de la Unión.
Con estas medidas incentivaremos a las y los estudiantes para lograr excelencia académica y que quienes deseen incorporarse a la administración pública y cuenten con el perfil académico necesario, puedan hacerlo.
En consecuencia las dependencias de los poderes de la Unión estarán incorporando a jóvenes capacitados y de excelencia académica que ayudarán al mejor desahogo de las tareas en las dependencias.
No podemos ser indolentes ante la situación de incertidumbre y frustración que viven las y los jóvenes mexicanos al no poder encontrar espacios para incorporarse laboralmente y cómo consecuencia continúe la fuga de cerebros como ha sucedido hasta ahora.
Estas acciones no impactarán el presupuesto de egresos ni engrosarán la burocracia en las dependencias, toda vez que se hace referencia a que las plazas a ocupar serán las que estén vacantes o cuando haya de nueva creación, no se propone crear plazas para quienes concluyen el servicio social, por otro lado, se busca garantizar que quienes sean sujetos de este derecho cuenten con el perfil más adecuado y con el nivel académico que permita elevar la calidad de los servicios que prestan las dependencias.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente Iniciativa con proyecto de
Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 62 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional, y el artículo 24 de la Ley General de Educación.
Artículo Primero. Se adiciona un párrafo al artículo 62 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 constitucional, para quedar de la siguiente manera:
Artículo 62. Las plazas de última categoría de nueva creación o las disponibles en cada grupo, una vez corridos los escalafones respectivos con motivo de las vacantes que ocurrieren, y previo estudio realizado por el titular de la dependencia, tomando en cuenta la opinión del sindicato, que justifique su ocupación, serán cubiertas en un 50 por ciento libremente por los titulares y el restante 50 por ciento por los candidatos que proponga el sindicato.
Las dependencias a que se refiere el artículo primero de esta ley, a través de su titular, de quien este designe o del área de recursos humanos, podrán realizar convenios con las instituciones educativas de nivel universitario, ya sean públicas o privadas, a efecto de que las y los estudiantes que están por concluir sus estudios profesionales presten el servicio social, con la opción de ser incorporados a las plazas a que hace mención el párrafo primero del presente artículo, previa aprobación de los métodos de selección que para el efecto se establezcan en el convenio.
Los aspirantes para ocupar las plazas vacantes deberán reunir los requisitos que para esos puestos, señala cada una de las dependencias.
Artículo Segundo. Se adiciona un segundo párrafo al artículo 24 de la Ley General de Educación para quedar de la siguiente manera
Artículo 24. Los beneficiados directamente por los servicios educativos deberán prestar servicio social, en los casos y términos que señalen las disposiciones reglamentarias correspondientes. En éstas se preverá la prestación del servicio social como requisito previo para obtener título o grado académico.
Las instituciones de educación superior, ya sean públicas o privadas, podrán realizar convenios con las dependencias de los poderes de la Unión a efecto de que los prestadores del servicio social, puedan ser incorporados a las plazas vacantes previa aprobación de los métodos de selección que para el efecto se establezcan en el convenio.
TransitoriosPrimero. Las dependencias a que se refiere el artículo primero de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional promoverán los convenios a que hace referencia la presente reforma, apegándose a las necesidades de recursos humanos que la dependencia tenga, de común acuerdo con las instituciones educativas.
Segundo. Los convenios ha que hace referencia el presente decreto, procuraran incentivar a las y los alumnos que tengan un perfil de excelencia académica y que mejor cubran el perfil de las plazas a que hace referencia el artículo 62 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional.
Tercero. Los métodos de selección a que hace referencia el presente decreto, serán elaborados conjuntamente entre la institución educativa y la dependencia en cuestión.
Cuarto. La presente iniciativa entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras : Gracias, diputada Guadalupe Merodio Reza. Como solicita, insértese de manera íntegra en el Diario de los Debates ytúrnese su iniciativa a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, de Seguridad Social, y de Educación Pública y Servicios Educativos.
LEY ORGANICA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras : Se concede el uso de la palabra al diputado Armando Barreiro Pérez, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa que reforma la fracción VI del artículo 53 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.
El diputado Armando Barreiro Pérez : Con su permiso, diputado Presidente.El que suscribe, Armando Barreiro Pérez , diputado federal e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en esta LX Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, y con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VI del artículo 53 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, al tenor de los siguientes motivos:
En México desde hace aproximadamente 30 años se ha empleado la aspersión aérea de herbicidas para la erradicación de plantíos ilícitos: marihuana y amapola. Para ello la Procuraduría General de la República empleaba anualmente aproximadamente 75 mil litros sobre cerca de 9 mil hectáreas de tierra, con este propósito.
A partir de 1970, el personal técnico operativo y administrativo de erradicación, adscrito a la Unidad de Operaciones de la Agencia Federal de Investigaciones y de Servicios Aéreos, dependiente de la Oficialía Mayor de la PGR, organizó sus actividades a través de una planeación sistemática debido al aumento registrado en la siembra de plantíos ilícitos en el territorio nacional y a la suscripción de diversos convenios de cooperación bilateral entre los gobiernos de México y de Estados Unidos de América para la lucha contra el narcotráfico, estableciendo con ello una campaña permanente de combate en contra de este flagelo.
Los resultados de esas actividades realizadas por la PGR, así como la verificación de la eficiencia y eficacia en las acciones de erradicación hasta el año 2000 fueron avaladas por la Sección de Asuntos de Narcóticos de Estados Unidos de América, y desde hace cuatro años con una periodicidad semestral, se evaluaron las actividades de la Dirección General de Erradicación y el desempeño de su personal mediante la certificación por la norma de calidad ISO-9001-2000.
Sin embargo, a partir de diciembre de 2006 se inició un proceso de transferencia a la Secretaría de la Defensa Nacional los bienes y presupuestos que utilizaba la PGR en esta importante función.
Con fecha 2 de enero de 2007, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 54, fracciones I, X y XI de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; y 134, fracciones I, III y IV de la Ley Federal del Trabajo, los trabajadores de las mencionadas direcciones son separados de sus cargos y pasan a ser comisionados al Cuerpo de Fuerzas Federales de la Policía Federal Preventiva, violando la garantía constitucional considerara en el artículo 16, en el primer párrafo, que establece que todo mandato debe ser comunicado por escrito a donde la autoridad competente funde y motive la causa legal del procedimiento.
Además, señala que la indicación es conforme a lo establecido en el artículo 134, fracciones I, III y IV de la Ley Federal del Trabajo, la cual no es aplicable en forma directa a la situación laboral del personal técnico, operativo y administrativo de la Dirección de Erradicación, en virtud de que son trabajadores al servicio del Estado, debiendo ser aplicable en forma directa a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Artículo 123, Apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Lo anterior trae como consecuencia que hasta el momento la PGR no ha definido la situación laboral de alrededor de mil 200 trabajadores de las Direcciones Generales de Erradicación, y de Servicios Aéreos, respectivamente, lo que repercute en sus derechos laborales.
Por otro lado, se demuestra en la Ley Orgánica de la PGR, sustentable en los artículos 21 y 102, apartado A, de la Constitución Política, que establece en su artículo 4o., fracción I, inciso b), que es facultad de esta dependencia investigar y perseguir los delitos del orden federal.
Cabe señalar que actualmente la totalidad del personal de la Dirección de Erradicación no ejerce sus funciones, por el hecho de que sus instalaciones aeroportuarias han sido ocupadas por personal militar y el equipo aéreo ha sido transferido a la Sedena, lo que repercute en sus derechos laborales, ya que la propia PGR no ha definido la situación de los trabajadores adscritas a esta área.
En virtud de lo anterior proponemos establecer en la Ley Orgánica de la PGR, incorporar a los directores generales, a los coordinadores y a los titulares de las unidades, al título octavo de dicha ley, y establecer en la fracción VI del artículo 53 una causal de responsabilidad para aquel funcionario que deje de realizar en forma general y sistemática las funciones asignadas a su dirección general, coordinación o unidad o bien, adscribir personal del sector centralizado a órganos policiales distintos a las de sus funciones.
Por lo antes expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de
Decreto por el que se reforma el artículo 53 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.
Artículo único. Se reforma la denominación del capítulo VIII y se reforma la fracción VI del artículo 53 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, para quedar como sigue:
Capítulo VIII. De las causas de responsabilidad de los agentes del Ministerio Público de la Federación, de los directores generales, coordinadores, titulares de unidades, agentes de la Policía Federal Investigadora y peritos y demás funcionarios de la Procuraduría General de la República.
Artículo 53. Son causas de responsabilidad de los agentes del Ministerio Público de la Federación, de los directores generales, coordinadores, titulares de unidades, agentes de la policía federal investigadora y de los peritos:
VI. Omitir la práctica de las diligencias necesarias en cada asunto o dejar de realizar en forma general y sistemática las funciones asignadas a su dirección general, coordinación o unidad, o adscribir personal del sector centralizado a órganos policiales distintos a las de sus funciones.
Solicito, diputado Presidente, dada la brevedad del tiempo, que pueda integrarse al Diario de los Debates, toda vez que esta iniciativa ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.
Y además, solicito que en adenda se corrija el texto publicado en la Gaceta Parlamentaria del 14 de febrero de 2008, el párrafo séptimo, renglón segundo, donde el texto señala ``AFI/UDO/DGI/0053/20007'', y debe decir: ``AFI/UDO/ DGI/0053/2007''.
Es cuanto, diputada Presidenta.
«Iniciativa que reforma la fracción VI del artículo 53 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, a cargo del diputado Armando Barreiro Pérez , del Grupo Parlamentario del PRD
El suscrito Armando Barreiro Pérez , diputado federal e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VI del artículo 53 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, al tenor de la siguiente:
Exposición de MotivosEn México, desde hace aproximadamente 30 años, se ha empleado la aspersión aérea de herbicidas para la erradicación de plantíos ilícitos (marihuana y amapola), para lo cual la Procuraduría General de la República (PGR), emplea anualmente, aproximadamente 75,000 litros sobre cerca de 9,000 hectáreas de tierra con este propósito.
A partir de 1970, el personal técnico-operativo y administrativo de erradicación adscrito a la Unidad de Operaciones de la Agencia Federal de Investigaciones y de Servicios Aéreos dependiente de la Oficialía Mayor de la Procuraduría General de la República (PGR) organizó sus actividades a través de una planeación sistemática, debido al aumento registrado en la siembra de plantíos ilícitos en el territorio nacional y a la suscripción de diversos convenios de cooperación bilateral entre los gobiernos de México y de Estados Unidos de América para la lucha contra el narcotráfico, estableciendo con ello una campaña permanente de combate en contra de este flagelo.
Es así como se da inicio a la conformación de personal especializado en el combate de la siembra y del cultivo de plantíos ilícitos, mediante la aspersión aérea de herbicidas con una metodología técnico-operativa funcional basada en la investigación y experimentación realizada por este mismo personal, con la infraestructura necesaria para desarrollar sus operaciones aéreas, con instalaciones adecuadas, hangares equipados para el mantenimiento de aeronaves y equipo logístico, con procedimientos metodológicos de gabinete para la planeación, registro, análisis y seguimiento estadístico de los resultados obtenidos en sus operativos.
Los resultados de esas actividades realizadas por la PGR, así como la verificación de la eficiencia y eficacia en las acciones de erradicación hasta el año 2000, fueron avaladas por la Narcotics Affairs Section (Sección de Asuntos de Narcóticos) de Estados Unidos de América, y desde hace cuatro años con una periodicidad semestral, se evaluaron las actividades de la Dirección General de Erradicación y el desempeño de su personal mediante la certificación por la norma de calidad ISO-9001-2000.
Sin embargo, a partir de diciembre de 2006 se inició un proceso para transferir a la Secretaria de la Defensa Nacional (Sedena) los bienes y presupuestos que utiliza la PGR en esta importante función.
Ha trascendido en diversos medios de comunicación de la existencia de un Convenio de colaboración firmado entre la PGR y la Sedena 1 , en donde se establece que a partir del mes de abril del 2007, la Sedena comenzó a realizar las tareas de combate a la siembra y cultivo de plantíos ilícitos, mediante la aspersión aérea de herbicidas, con 26 aeronaves y 43 equipos transferidos por la PGR.
Con fecha 2 de enero de 2007, mediante el oficio número AFI/UDO/DGI/0053/2007, firmado por el director general de Intercepción, se notificó al personal que presta sus servicios en la Dirección General de Erradicación, que por instrucciones superiores y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 54, fracciones I, X y XI, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; y 134, fracciones I, III y IV, de la Ley Federal del Trabajo, dejan de prestar sus servicios en la mencionada dirección y que a partir de la misma fecha son comisionados hasta nueva orden al Cuerpo de Fuerzas Federales de la Policía Federal Preventiva, por lo que se les indica en el mismo oficio que se presenten de manera inmediata en las instalaciones de avenida Constituyentes número 947, colonia Belem de las Flores, delegación Miguel Hidalgo, donde permanecerán a las ordenes del general Héctor Sánchez Gutiérrez, coordinador de las Fuerzas Federales de Apoyo.
Cabe señalar que quien firma el oficio a que hago referencia es el Director General de Intercepción, y no el Director General de Erradicación y que al hacerlo viola la garantía constitucional considerada en el artículo 16, en el primer párrafo, ya que todo mandato debe ser por escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento.
El director general de Intercepción al hacerlo rebasa las atribuciones específicas reguladas en el artículo 65 del Reglamento de la Ley Orgánica de la PGR, la cual en ninguna de sus fracciones le otorga atribuciones para comisionar al personal de esta Dependencia a otras instituciones federales, y cuando menciona que por instrucciones superiores no especifica a que superiores se refiere ni quién dio las órdenes y tampoco muestra el oficio que pruebe de quien se recibe la instrucción.
Además, señala que la indicación es conforme a lo establecido en el artículo 134, fracciones I, III y IV, de la Ley Federal del Trabajo, la cual no es aplicable en forma directa a la situación laboral del personal técnico-operativo y administrativo de la Dirección de Erradicación, en virtud de que son trabajadores al servicio del Estado, debiendo ser aplicable en forma directa la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Artículo 123, Apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Lo anterior, trae como consecuencia que hasta el momento la PGR no ha definido la situación laboral de alrededor de 1,200 trabajadores de las direcciones generales de Erradicación y de Servicios Aéreos respectivamente, lo que repercute en sus derechos laborales.
En el supuesto de existir un convenio firmado entre ambas dependencias, este debió hacerse del conocimiento de la Secretaría de Hacienda y de la Función Pública; al no seguirse este procedimiento se incurre en una situación a todas luces inconstitucional, dando pie a lo estipulado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 21, primer párrafo, donde se establece que la investigación y persecución de los delitos incumben al Ministerio Público, el cual se auxiliará con una policía, la cual estará bajo su autoridad y mando inmediatos, por tanto a él le corresponde solicitar las órdenes de aprehensión contra los inculpados; buscar y presentar las pruebas que acrediten la responsabilidad de éstos; solicitar la aplicación de las penas e intervenir en todos los asuntos que le determine la Ley.
Por otro lado, se demuestra en la Ley Orgánica de la PGR, sustentada en los artículos 21 y 102 apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en su artículo 4, fracción I, inciso b, que es facultad de esta dependencia la de investigar y perseguir los delitos del orden federal, y en lo referente a los delitos contra la salud, se definen en el título séptimo del Código Penal Federal que en su artículo 198 alude a la siembra, cultivo o cosecha de plantas de marihuana, amapola, hongos alucinógenos, peyote o cualquier otro vegetal que produzca efectos similares.
Respecto a la estructura interna de la propia PGR, la existencia de las Direcciones Generales de Intercepción y de Erradicación y las funciones de intercepción y erradicación que tienen encomendadas, constituyen una parte medular de las atribuciones del Ministerio Público de la Federación, por lo que trasladarlas a la Sedena es violatoria de los artículos 21 y 102 apartado A constitucionales, salvo que se reformara la Constitución.
Cabe señalar que actualmente, la totalidad del personal de la Dirección de Erradicación no ejerce sus funciones, por el hecho de que sus instalaciones aeroportuarias han sido ocupadas por personal militar y el equipo aéreo ha sido transferido a la Sedena, lo que repercute en sus derechos laborales, ya que la propia PGR no ha definido la situación de los trabajadores adscrito a estas áreas.
En virtud de lo anterior, proponemos establecer en la Ley Orgánica de la PGR, incorporar a los directores generales, a los coordinadores y a los titulares de unidades, al título octavo de dicha Ley y establecer en la fracción VI del artículo 53, una causal de responsabilidad para aquel funcionario que deje de realizar en forma general y sistemática las funciones asignadas a su Dirección General, Coordinación o Unidad, o bien adscribir personal del sector centralizado a Órganos Policiales distintos a las de sus funciones.
Por lo antes expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente:
Iniciativa con proyecto de decreto por el se reforma el artículo 53 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.
Artículo Único. Se reforma la denominación del capítulo octavo y se reforma la fracción VI del artículo 53 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General De la República, para quedar como sigue:
CAPÍTULO VIII De las Causas de Responsabilidad de los Agentes del Ministerio Público de la Federación, de los Directores Generales, Coordinadores, Titulares de Unidades, Agentes de la Policía Federal Investigadora y Peritos y demás Funcionarios de la Procuraduría General de la República Artículo 53. Son causas de responsabilidad de los agentes del Ministerio Público de la Federación de los Directores Generales, coordinadores, titulares de unidades agentes de la policía federal investigadora y de los peritos:Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Gracias, compañero diputado Armando Barreiro Pérez. Insértese íntegro el texto en el Diario de los Debates ytúrnese a la Comisión de Justicia.
El siguiente punto del orden del día es la primera lectura...
El diputado Armando Barreiro Pérez : Diputada Presidenta.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Sí.
El diputado Armando Barreiro Pérez : Solicitaría que también este documento fuera turnado a la Comisión de Seguridad Pública, toda vez que en esta comisión estamos dándole seguimiento a la problemática antes descrita.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Vamos a tomar en cuenta su petición, diputado. Y lo vamos a pedir con opinión de la Comisión de Seguridad Pública.
El diputado Armando Barreiro Pérez : Gracias.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : A usted.
ARTICULOS 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22; 73; 115 Y 123 CONSTITUCIONALES
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : El siguiente punto del orden del día es la primera lectura del dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca : «Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de Justicia con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
HONORABLE ASAMBLEA:
A las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia, se turnó para su estudio, análisis y dictamen, la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Estas Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, 72 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39, 45 numeral 6 incisos f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, 56, 60 y 88, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea el presente Dictamen, basándose en los siguientes:
ANTECEDENTES
Primero.- En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión en fecha 12 de diciembre de 2007, se aprobó el dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia con Proyecto de Decreto que reforma disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, turnándose al Senado de la República.
Segundo.- En fecha 13 de diciembre de 2007, la Mesa Directiva del Senado de la República turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Justicia, de Gobernación, de Seguridad Pública y de Estudios Legislativos, Segunda, para su estudio, análisis y dictamen.
Tercero.- El 1º de febrero de 2008 se recibió en Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión la minuta remitida, que fue turnada mediante oficio número D.G.P.L. 60-II-3-1328 a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia para el estudio y análisis de las modificaciones hechas por la colegisladora.
CONTENIDO DE LA MINUTA
La minuta en estudio, remitida por el Senado en su carácter de Cámara revisora, coincide en términos generales con la propuesta de reforma constitucional al sistema de justicia penal realizada por esta Cámara de Diputados, en el sentido de implantar un sistema garantista, en el que se respeten los derechos tanto de la víctima y ofendido, como del imputado, partiendo de la presunción de inocencia para este último, regido por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, con las características de acusatoriedad y oralidad; la primera, para asegurar una trilogía procesal en la que el ministerio público sea la parte acusadora, el inculpado esté en posibilidades de defenderse y que al final, sea un juez quien determine lo conducente; la segunda, que abonará a fomentar la transparencia, garantizando al mismo tiempo una relación directa entre el juez y las partes, propiciando que los procedimientos penales sean más ágiles y sencillos.
Todo ello respetando los fundamentales principios y características de los sistemas acusatorios, y adaptado al mismo tiempo a las necesidades inminentes de nuestro país de combatir eficientemente los altos índices de delincuencia que aquejan a la ciudadanía y a la naturaleza de nuestras instituciones, permitiendo con ello su consolidación de manera gradual a la cultura y tradición jurídica mexicana.
Hay coincidencias en cuanto a la inclusión de un juez de control que resuelva, en forma inmediata, y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad, que así lo requieran, cuidando se respeten las garantías de las partes y que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho. El juez de control se hará cargo del asunto una vez vinculado a proceso el indiciado, hasta el auto de apertura a juicio. Un juez o tribunal que no haya tenido contacto con la causa, llevará a cabo el juicio oral, y un juez ejecutor vigilará y controlará la ejecución de la pena.
En cuanto a la prisión preventiva, ambas Cámaras están de acuerdo en que sólo pueda aplicarse cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, o cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. Para los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, en contra del libre desarrollo de la personalidad y en contra de la salud, la prisión preventiva se sugiere que se aplique en todos los casos.
También se estima necesario que se prevean mecanismos alternativos de solución de controversias, que por mandato constitucional expreso, procuren asegurar la reparación del daño, sujetas a supervisión judicial en los términos que la legislación secundaria lo juzgue conveniente. Tal medida generará economía procesal, además de alcanzar un objetivo fundamental, como es el de lograr que la víctima de un delito esté cobijada y que el inculpado se responsabilice de sus acciones, reparando, en lo posible, el daño causado.
Respecto a la defensa del imputado, se propone eliminar la ``persona de confianza'' y garantizar el derecho a una defensa adecuada por abogado. Para consolidar tal objetivo y que exista igualdad de condiciones, se prevé asegurar un servicio de defensoría pública de calidad para la población y asegurar las condiciones para un servicio profesional de carrera para los defensores, estableciendo que sus emolumentos no podrán ser inferiores a los que correspondan a los agentes del ministerio público.
En cuanto a delincuencia organizada, dada la complejidad que requiere dicho tema por el daño que causa a la sociedad, se propone un régimen especial desde su legislación, haciendo tal tarea facultad exclusiva del Congreso de la Unión y definiéndola a nivel constitucional como una organización de hecho de tres o más personas, para cometer en forma permanente o reiterada delitos en los términos de la ley de la materia. Para estos casos, se autoriza decretar arraigo a una persona por parte del juez de control y a solicitud del ministerio público, con las modalidades de lugar y tiempo que la ley señale, siempre y cuando sea necesario para el éxito de la investigación, la protección de personas o bienes jurídicos, o cuando exista riesgo fundado de que el inculpado se sustraiga a la acción de la justicia. No podrá exceder de cuarenta días, plazo prorrogable únicamente cuando el ministerio público acredite que subsisten las causas que le dieron origen, y en ningún caso podrá exceder los ochenta días.
Es importante precisar que las disposiciones excepcionales que se establecen para delincuencia organizada, están dirigidas exclusivamente al combate de este tipo de criminalidad, y de ninguna manera podrán utilizarse para otras conductas, lo que impedirá a la autoridad competente el ejercicio abusivo de las facultades conferidas, en contra de luchadores sociales o a aquellas personas que se opongan o critiquen a un régimen determinado.
Ahora bien, es importante precisar que el párrafo cuarto del artículo 21 constitucional vigente señala que las resoluciones del Ministerio Público sobre el no ejercicio y desistimiento de la acción penal, podrán ser impugnadas por vía jurisdiccional en los términos que establezca la ley. Con la reforma que nos ocupa, tal disposición se mantiene, aunque se traslada al artículo 20, concretamente al creado apartado C, fracción VII, para dar congruencia a la nueva estructura de dicho numeral, y hacer que los derechos de la víctima u ofendido se contemplen en la Constitución de manera ordenada y concentrada.
En el artículo segundo transitorio del proyecto de decreto, se dispone que el sistema procesal penal acusatorio previsto en los artículos relativos, entre ellos el 20, entrará en vigor cuando lo establezca la legislación secundaria correspondiente, sin exceder el plazo de ocho años.
Dado que el derecho de la víctima u ofendido no forma parte del sistema procesal penal acusatorio por instrumentar, este Constituyente Permanente mantiene su convicción de que el precepto aludido debe seguir en vigor, pues, además de tratarse de una prerrogativa que actualmente tienen los agraviados de los delitos, su reubicación obedece únicamente a las razones aludidas en párrafos precedentes, sin que ello, desde luego, conlleve la intención de modificar tal derecho o condicionar su ejercicio a la adopción del sistema procesal penal acusatorio. Esto sería un contrasentido.
A mayor abundamiento, resulta fundamental destacar que múltiples instrumentos de carácter internacional que nuestro país ha suscrito -como la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y del Abuso de Poder de la Organización de las Naciones Unidas, entre otros- prevén el derecho a una tutela judicial efectiva, siendo uno de los requisitos indispensables para ello, que toda persona esté en posibilidad de impugnar ante un juez, determinaciones de alguna autoridad que viole sus derechos fundamentales. Ello cobra vital importancia, pues de conformidad con el artículo 133 constitucional, los tratados internacionales celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión, siempre y cuando estén de acuerdo con la misma. En este orden de ideas, debe decirse que en el caso de México, la incorporación de tratados internacionales al orden jurídico es ipso iure, por el solo hecho de satisfacer las condiciones que el artículo 133 establece.
Además, la mayoría de los ordenamientos procesales penales de las entidades federativas y el federal prevén medios de impugnación para combatir el no ejercicio o desistimiento de la acción penal, y no obstante que esto no fuera así, en todos los casos procede el juicio de garantías, de conformidad con la fracción VII del artículo 114 de la Ley de Amparo. Por ello, es correcto que persista inalterado este derecho en el texto constitucional y que la legislación secundaria sea congruente con el mismo, solidificando, enriqueciendo y perfeccionando los derechos de las víctimas u ofendidos para impugnar por vía jurisdiccional las resoluciones del ministerio público que determinen el no ejercicio o el desistimiento de la acción penal.
En suma, se insiste en que es voluntad de este Constituyente Permanente que el derecho de las víctimas u ofendidos establecido en el párrafo cuarto del artículo 21, que se traslada a la fracción VII del apartado C del artículo 20 que se propone, no se modifique un ápice y mantenga absolutamente su vigor.
MODIFICACIONES HECHAS POR EL SENADO
La colegisladora consideró procedente realizar las siguientes modificaciones a la minuta remitida por esta Cámara de Diputados:
a) El artículo 16, párrafo décimo, establecía:
Al respecto, las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Justicia, de Gobernación, de Seguridad Pública y de Estudios Legislativos, Segunda, de la Cámara de Senadores, consideraron que a fin de no lesionar los derechos de las personas en ese tipo de documentación y en aras de hacer congruente tal disposición con el sistema procesal penal acusatorio, propusieron que el ejercicio de la facultad otorgada al Procurador General de la República estuviera sujeta a autorización judicial previa al hecho.
Sin embargo, en el Pleno de dicha Cámara se propuso la supresión del párrafo en su totalidad, por lo que estas Comisiones Unidas coinciden con la mencionada supresión. Además, debe decirse que el control judicial para este y otro tipo de solicitudes, en su caso, ya se encuentra contemplado en el ahora párrafo catorceavo del artículo en estudio.
b) El artículo 16, párrafo duodécimo, señalaba:
El Senado modificó dicho párrafo eliminando las palabras ``información o conocimiento de'', con lo cual coinciden estas Comisiones Unidas que hoy dictaminan.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia, aprueban las modificaciones realizadas por el Senado de la República, y para los efectos del artículo 135 constitucional, someten a consideración de esta Asamblea, el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
Único. Se reforman los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22; las fracciones XXI y XXIII del artículo 73; la fracción VII del artículo 115 y la fracción XIII del apartado B del artículo 123, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.
No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión.
La autoridad que ejecute una orden judicial de aprehensión, deberá poner al inculpado a disposición del juez, sin dilación alguna y bajo su más estricta responsabilidad. La contravención a lo anterior será sancionada por la ley penal.
Cualquier persona puede detener al indiciado en el momento en que esté cometiendo un delito o inmediatamente después de haberlo cometido, poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad más cercana y ésta con la misma prontitud, a la del Ministerio Público . Existirá un registro inmediato de la detención.
Sólo en casos urgentes, cuando se trate de delito grave así calificado por la ley y ante el riesgo fundado de que el indiciado pueda sustraerse a la acción de la justicia, siempre y cuando no se pueda ocurrir ante la autoridad judicial por razón de la hora, lugar o circunstancia, el Ministerio Público podrá, bajo su responsabilidad, ordenar su detención, fundando y expresando los indicios que motiven su proceder.
En casos de urgencia o flagrancia, el juez que reciba la consignación del detenido deberá inmediatamente ratificar la detención o decretar la libertad con las reservas de ley.
La autoridad judicial, a petición del Ministerio Público y tratándose de delitos de delincuencia organizada, podrá decretar el arraigo de una persona, con las modalidades de lugar y tiempo que la ley señale, sin que pueda exceder de cuarenta días, siempre que sea necesario para el éxito de la investigación, la protección de personas o bienes jurídicos, o cuando exista riesgo fundado de que el inculpado se sustraiga a la acción de la justicia. Este plazo podrá prorrogarse, siempre y cuando el Ministerio Público acredite que subsisten las causas que le dieron origen. En todo caso, la duración total del arraigo no podrá exceder los ochenta días.
Por delincuencia organizada se entiende una organización de hecho de tres o más personas, para cometer delitos en forma permanente o reiterada, en los términos de la ley de la materia.
Ningún indiciado podrá ser retenido por el Ministerio Público por más de cuarenta y ocho horas, plazo en que deberá ordenarse su libertad o ponérsele a disposición de la autoridad judicial; este plazo podrá duplicarse en aquellos casos que la ley prevea como delincuencia organizada. Todo abuso a lo anteriormente dispuesto será sancionado por la ley penal.
En toda orden de cateo, que sólo la autoridad judicial podrá expedir, a solicitud del Ministerio Público , se expresará el lugar que ha de inspeccionarse, la persona o personas que hayan de aprehenderse y los objetos que se buscan, a lo que únicamente debe limitarse la diligencia, levantándose al concluirla, un acta circunstanciada, en presencia de dos testigos propuestos por el ocupante del lugar cateado o en su ausencia o negativa, por la autoridad que practique la diligencia.
La policía podrá ingresar sin orden judicial a un domicilio cuando exista una amenaza actual o inminente a la vida o a la integridad corporal de las personas, así como en el caso de flagrancia cuando se esté persiguiendo materialmente al inculpado, en los términos del párrafo cuarto de este artículo, debiendo informar de inmediato a la autoridad competente.
Las comunicaciones privadas son inviolables. La ley sancionará penalmente cualquier acto que atente contra la libertad y privacía de las mismas, excepto cuando sean aportadas de forma voluntaria por alguno de los particulares que participen en ellas. El juez valorará el alcance de éstas, siempre y cuando contengan información relacionada con la comisión de un delito. En ningún caso se admitirán comunicaciones que violen el deber de confidencialidad que establezca la ley.
Exclusivamente la autoridad judicial federal, a petición de la autoridad federal que faculte la ley o del titular del Ministerio Público de la entidad federativa correspondiente, podrá autorizar la intervención de cualquier comunicación privada. Para ello, la autoridad competente deberá fundar y motivar las causas legales de la solicitud, expresando además, el tipo de intervención, los sujetos de la misma y su duración. La autoridad judicial federal no podrá otorgar estas autorizaciones cuando se trate de materias de carácter electoral, fiscal, mercantil, civil, laboral o administrativo, ni en el caso de las comunicaciones del detenido con su defensor.
Los Poderes Judiciales contarán con jueces de control que resolverán, en forma inmediata, y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad, que requieran control judicial, garantizando los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos. Deberá existir un registro fehaciente de todas las comunicaciones entre jueces y Ministerio Público y demás autoridades competentes.
Las intervenciones autorizadas se ajustarán a los requisitos y límites previstos en las leyes. Los resultados de las intervenciones que no cumplan con éstos, carecerán de todo valor probatorio.
La autoridad administrativa podrá practicar visitas domiciliarias únicamente para cerciorarse de que se han cumplido los reglamentos sanitarios y de policía; y exigir la exhibición de los libros y papeles indispensables para comprobar que se han acatado las disposiciones fiscales, sujetándose en estos casos, a las leyes respectivas y a las formalidades prescritas para los cateos.
La correspondencia que bajo cubierta circule por las estafetas estará libre de todo registro, y su violación será penada por la ley.
En tiempo de paz ningún miembro del Ejército podrá alojarse en casa particular contra la voluntad del dueño, ni imponer prestación alguna. En tiempo de guerra los militares podrán exigir alojamiento, bagajes, alimentos y otras prestaciones, en los términos que establezca la ley marcial correspondiente.
Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho.
Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales.
Las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias. En la materia penal regularán su aplicación, asegurarán la reparación del daño y establecerán los casos en los que se requerirá supervisión judicial.
Las sentencias que pongan fin a los procedimientos orales deberán ser explicadas en audiencia pública previa citación de las partes.
Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones.
La Federación, los Estados y el Distrito Federal garantizarán la existencia de un servicio de defensoría pública de calidad para la población y asegurarán las condiciones para un servicio profesional de carrera para los defensores. Las percepciones de los defensores no podrán ser inferiores a las que correspondan a los agentes del Ministerio Público.
Nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter puramente civil.
Artículo 18. Sólo por delito que merezca pena privativa de libertad habrá lugar a prisión preventiva. El sitio de ésta será distinto del que se destinare para la extinción de las penas y estarán completamente separados.
El sistema penitenciario se organizará sobre la base del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley. Las mujeres compurgarán sus penas en lugares separados de los destinados a los hombres para tal efecto.
La Federación, los Estados y el Distrito Federal podrán celebrar convenios para que los sentenciados por delitos del ámbito de su competencia extingan las penas en establecimientos penitenciarios dependientes de una jurisdicción diversa.
La Federación, los Estados y el Distrito Federal establecerán, en el ámbito de sus respectivas competencias, un sistema integral de justicia que será aplicable a quienes se atribuya la realización de una conducta tipificada como delito por las leyes penales y tengan entre doce años cumplidos y menos de dieciocho años de edad, en el que se garanticen los derechos fundamentales que reconoce esta Constitución para todo individuo, así como aquellos derechos específicos que por su condición de personas en desarrollo les han sido reconocidos. Las personas menores de doce años que hayan realizado una conducta prevista como delito en la ley, solo serán sujetos a rehabilitación y asistencia social.
La operación del sistema en cada orden de gobierno estará a cargo de instituciones, tribunales y autoridades especializados en la procuración e impartición de justicia para adolescentes. Se podrán aplicar las medidas de orientación, protección y tratamiento que amerite cada caso, atendiendo a la protección integral y el interés superior del adolescente.
Las formas alternativas de justicia deberán observarse en la aplicación de este sistema, siempre que resulte procedente. En todos los procedimientos seguidos a los adolescentes se observará la garantía del debido proceso legal, así como la independencia entre las autoridades que efectúen la remisión y las que impongan las medidas. Éstas deberán ser proporcionales a la conducta realizada y tendrán como fin la reintegración social y familiar del adolescente, así como el pleno desarrollo de su persona y capacidades. El internamiento se utilizará solo como medida extrema y por el tiempo más breve que proceda, y podrá aplicarse únicamente a los adolescentes mayores de catorce años de edad, por la comisión de conductas antisociales calificadas como graves.
Los sentenciados de nacionalidad mexicana que se encuentren compurgando penas en países extranjeros, podrán ser trasladados a la República para que cumplan sus condenas con base en los sistemas de reinserción social previstos en este artículo, y los sentenciados de nacionalidad extranjera por delitos del orden federal o del fuero común, podrán ser trasladados al país de su origen o residencia, sujetándose a los Tratados Internacionales que se hayan celebrado para ese efecto. El traslado de los reclusos sólo podrá efectuarse con su consentimiento expreso.
Los sentenciados, en los casos y condiciones que establezca la ley, podrán compurgar sus penas en los centros penitenciarios más cercanos a su domicilio, a fin de propiciar su reintegración a la comunidad como forma de reinserción social. Esta disposición no aplicará en caso de delincuencia organizada y respecto de otros internos que requieran medidas especiales de seguridad.
Para la reclusión preventiva y la ejecución de sentencias en materia de delincuencia organizada se destinarán centros especiales. Las autoridades competentes podrán restringir las comunicaciones de los inculpados y sentenciados por delincuencia organizada con terceros, salvo el acceso a su defensor, e imponer medidas de vigilancia especial a quienes se encuentren internos en estos establecimientos. Lo anterior podrá aplicarse a otros internos que requieran medidas especiales de seguridad, en términos de la ley.
Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión .
El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. El juez ordenará la prisión preventiva, oficiosamente, en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud.
La ley determinará los casos en los cuales el juez podrá revocar la libertad de los individuos vinculados a proceso.
El plazo para dictar el auto de vinculación a proceso podrá prorrogarse únicamente a petición del indiciado, en la forma que señale la ley. La prolongación de la detención en su perjuicio será sancionada por la ley penal. La autoridad responsable del establecimiento en el que se encuentre internado el indiciado, que dentro del plazo antes señalado no reciba copia autorizada del auto de vinculación a proceso y del que decrete la prisión preventiva, o de la solicitud de prórroga del plazo constitucional, deberá llamar la atención del juez sobre dicho particular en el acto mismo de concluir el plazo y, si no recibe la constancia mencionada dentro de las tres horas siguientes, pondrá al indiciado en libertad.
Todo proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso . Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un delito distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación, si fuere conducente.
Si con posterioridad a la emisión del auto de vinculación a proceso por delincuencia organizada el inculpado evade la acción de la justicia o es puesto a disposición de otro juez que lo reclame en el extranjero, se suspenderá el proceso junto con los plazos para la prescripción de la acción penal.
Todo mal tratamiento en la aprehensión o en las prisiones, toda molestia que se infiera sin motivo legal, toda gabela o contribución, en las cárceles, son abusos que serán corregidos por las leyes y reprimidos por las autoridades.
Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación.
A. De los principios generales:
I. El proceso penal tendrá por objeto el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen;
II. Toda audiencia se desarrollará en presencia del juez, sin que pueda delegar en ninguna persona el desahogo y la valoración de las pruebas, la cual deberá realizarse de manera libre y lógica.
III. Para los efectos de la sentencia sólo se considerarán como prueba aquellas que hayan sido desahogadas en la audiencia de juicio. La ley establecerá las excepciones y los requisitos para admitir en juicio la prueba anticipada, que por su naturaleza requiera desahogo previo.
IV. El juicio se celebrará ante un juez que no haya conocido del caso previamente. La presentación de los argumentos y los elementos probatorios se desarrollará de manera pública, contradictoria y oral;
V. La carga de la prueba para demostrar la culpabilidad corresponde a la parte acusadora, conforme lo establezca el tipo penal. Las partes tendrán igualdad procesal para sostener la acusación o la defensa, respectivamente.
VI. Ningún juzgador podrá tratar asuntos que estén sujetos a proceso con cualquiera de las partes sin que esté presente la otra, respetando en todo momento el principio de contradicción, salvo las excepciones que establece esta Constitución;
VII. Una vez iniciado el proceso penal, siempre y cuando no exista oposición del inculpado, se podrá decretar su terminación anticipada en los supuestos y bajo las modalidades que determine la ley. Si el imputado reconoce ante la autoridad judicial, voluntariamente y con conocimiento de las consecuencias, su participación en el delito y existen medios de convicción suficientes para corroborar la imputación, el juez citará a audiencia de sentencia. La ley establecerá los beneficios que se podrán otorgar al inculpado cuando acepte su responsabilidad.
VIII. El juez sólo condenará cuando exista convicción de la culpabilidad del procesado;
IX. Cualquier prueba obtenida con violación de derechos fundamentales será nula; y
X. Los principios previstos en este artículo, se observarán también en las audiencias preliminares al juicio.
B. De los derechos de toda persona imputada:
I. A que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa.
II. A declarar o a guardar silencio. Desde el momento de su detención se le harán saber los motivos de la misma y su derecho a guardar silencio, el cual no podrá ser utilizado en su perjuicio. Queda prohibida y será sancionada por la ley penal, toda incomunicación, intimidación o tortura. La confesión rendida sin la asistencia del defensor carecerá de todo valor probatorio.
III. A que se le informe, tanto en el momento de su detención como en su comparecencia ante el Ministerio Público o el juez, los hechos que se le imputan y los derechos que le asisten. Tratándose de delincuencia organizada, la autoridad judicial podrá autorizar que se mantenga en reserva el nombre y datos del acusador.
La ley establecerá beneficios a favor del inculpado, procesado o sentenciado que preste ayuda eficaz para la investigación y persecución de delitos en materia de delincuencia organizada;
IV. Se le recibirán los testigos y demás pruebas pertinentes que ofrezca, concediéndosele el tiempo que la ley estime necesario al efecto y auxiliándosele para obtener la comparecencia de las personas cuyo testimonio solicite, en los términos que señale la ley;
V. Será juzgado en audiencia pública por un juez o tribunal. La publicidad sólo podrá restringirse en los casos de excepción que determine la ley, por razones de seguridad nacional, seguridad pública, protección de las víctimas, testigos y menores, cuando se ponga en riesgo la revelación de datos legalmente protegidos, o cuando el tribunal estime que existen razones fundadas para justificarlo.
En delincuencia organizada, las actuaciones realizadas en la fase de investigación podrán tener valor probatorio, cuando no puedan ser reproducidas en juicio o exista riesgo para testigos o víctimas . Lo anterior sin perjuicio del derecho del inculpado de objetarlas o impugnarlas y aportar pruebas en contra.
VI. Le serán facilitados todos los datos que solicite para su defensa y que consten en el proceso.
El imputado y su defensor tendrán acceso a los registros de la investigación cuando el primero se encuentre detenido y cuando pretenda recibírsele declaración o entrevistarlo. Asimismo, antes de su primera comparecencia ante juez podrán consultar dichos registros, con la oportunidad debida para preparar la defensa. A partir de este momento no podrán mantenerse en reserva las actuaciones de la investigación, salvo los casos excepcionales expresamente señalados en la ley cuando ello sea imprescindible para salvaguardar el éxito de la investigación y siempre que sean oportunamente revelados para no afectar el derecho de defensa;
VII. Será juzgado antes de cuatro meses si se tratare de delitos cuya pena máxima no exceda de dos años de prisión, y antes de un año si la pena excediere de ese tiempo, salvo que solicite mayor plazo para su defensa;
VIII. Tendrá derecho a una defensa adecuada por abogado, al cual elegirá libremente incluso desde el momento de su detención. Si no quiere o no puede nombrar un abogado, después de haber sido requerido para hacerlo, el juez le designará un defensor público . También tendrá derecho a que su defensor comparezca en todos los actos del proceso y éste tendrá obligación de hacerlo cuantas veces se le requiera, y
IX. En ningún caso podrá prolongarse la prisión o detención, por falta de pago de honorarios de defensores o por cualquiera otra prestación de dinero, por causa de responsabilidad civil o algún otro motivo análogo.
La prisión preventiva no podrá exceder del tiempo que como máximo de pena fije la ley al delito que motivare el proceso y en ningún caso será superior a dos años, salvo que su prolongación se deba al ejercicio del derecho de defensa del imputado. Si cumplido este término no se ha pronunciado sentencia, el imputado será puesto en libertad de inmediato mientras se sigue el proceso, sin que ello obste para imponer otras medidas cautelares.
En toda pena de prisión que imponga una sentencia, se computará el tiempo de la detención.
C. De los derechos de la víctima o del ofendido:
I. Recibir asesoría jurídica; ser informado de los derechos que en su favor establece la Constitución y, cuando lo solicite, ser informado del desarrollo del procedimiento penal;
II. Coadyuvar con el Ministerio Público; a que se le reciban todos los datos o elementos de prueba con los que cuente, tanto en la investigación como en el proceso, a que se desahoguen las diligencias correspondientes, y a intervenir en el juicio e interponer los recursos en los términos que prevea la ley.
Cuando el Ministerio Público considere que no es necesario el desahogo de la diligencia, deberá fundar y motivar su negativa;
III. Recibir, desde la comisión del delito, atención médica y psicológica de urgencia;
IV. Que se le repare el daño. En los casos en que sea procedente, el Ministerio Público estará obligado a solicitar la reparación del daño, sin menoscabo de que la víctima u ofendido lo pueda solicitar directamente, y el juzgador no podrá absolver al sentenciado de dicha reparación si ha emitido una sentencia condenatoria.
La ley fijará procedimientos ágiles para ejecutar las sentencias en materia de reparación del daño;
V. Al resguardo de su identidad y otros datos personales en los siguientes casos: cuando sean menores de edad; cuando se trate de delitos de violación, secuestro o delincuencia organizada; y cuando a juicio del juzgador sea necesario para su protección, salvaguardando en todo caso los derechos de la defensa.
El Ministerio Público deberá garantizar la protección de víctimas, ofendidos, testigos y en general todas los sujetos que intervengan en el proceso. Los jueces deberán vigilar el buen cumplimiento de esta obligación;
VI. Solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y restitución de sus derechos;
VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño.
Artículo 21. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función.
El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público. La ley determinará los casos en que los particulares podrán ejercer la acción penal ante la autoridad judicial.
La imposición de las penas, su modificación y duración son propias y exclusivas de la autoridad judicial.
Compete a la autoridad administrativa la aplicación de sanciones por las infracciones de los reglamentos gubernativos y de policía, las que únicamente consistirán en multa, arresto hasta por treinta y seis horas o en trabajo a favor de la comunidad; pero si el infractor no pagaré la multa que se le hubiese impuesto, se permutará esta por el arresto correspondiente, que no excederá en ningún caso de treinta y seis horas.
Si el infractor de los reglamentos gubernativos y de policía fuese jornalero, obrero o trabajador, no podrá ser sancionado con multa mayor del importe de su jornal o salario de un día.
Tratándose de trabajadores no asalariados, la multa que se imponga por infracción de los reglamentos gubernativos y de policía, no excederá del equivalente a un día de su ingreso.
El Ministerio Público podrá considerar criterios de oportunidad para el ejercicio de la acción penal, en los supuestos y condiciones que fije la ley.
El Ejecutivo Federal podrá, con la aprobación del Senado en cada caso, reconocer la jurisdicción de la Corte Penal Internacional.
La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución .
Las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil, disciplinado y profesional. El Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno deberán coordinarse entre sí para cumplir los objetivos de la seguridad pública y conformarán el Sistema Nacional de Seguridad Pública, que estará sujeto a las siguientes bases mínimas:
a) La regulación de la selección, ingreso, formación, permanencia, evaluación, reconocimiento y certificación de los integrantes de las instituciones de seguridad pública. La operación y desarrollo de estas acciones será competencia de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los municipios en el ámbito de sus respectivas atribuciones.
b) El establecimiento de las bases de datos criminalísticos y de personal para las instituciones de seguridad pública. Ninguna persona podrá ingresar a las instituciones de seguridad pública si no ha sido debidamente certificado y registrado en el sistema.
c) La formulación de políticas públicas tendientes a prevenir la comisión de delitos.
d) Se determinará la participación de la comunidad que coadyuvará, entre otros, en los procesos de evaluación de las políticas de prevención del delito así como de las instituciones de seguridad pública.
e) Los fondos de ayuda federal para la seguridad pública, a nivel nacional serán aportados a las entidades federativas y municipios para ser destinados exclusivamente a estos fines.
Artículo 22. Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. Toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado.
No se considerará confiscación la aplicación de bienes de una persona cuando sea decretada para el pago de multas o impuestos, ni cuando la decrete una autoridad judicial para el pago de responsabilidad civil derivada de la comisión de un delito. Tampoco se considerará confiscación el decomiso que ordene la autoridad judicial de los bienes en caso de enriquecimiento ilícito en los términos del artículo 109, la aplicación a favor del Estado de bienes asegurados que causen abandono en los términos de las disposiciones aplicables, ni la de aquellos bienes cuyo dominio se declare extinto en sentencia. En el caso de extinción de dominio se establecerá un procedimiento que se regirá por las siguientes reglas:
I. Será jurisdiccional y autónomo del de materia penal.
II. Procederá en los casos de delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, robo de vehículos y trata de personas, respecto de los bienes siguientes:
III. Toda persona que se considere afectada podrá interponer los recursos respectivos para demostrar la procedencia lícita de los bienes y su actuación de buena fe, así como que estaba impedida para conocer la utilización ilícita de sus bienes.
Artículo 73. El Congreso tiene facultad:
I. a XX. ...
XXI. Para establecer los delitos y faltas contra la Federación y fijar los castigos que por ellos deban imponerse, así como legislar en materia de delincuencia organizada.
...
...
XXII. ...
XXIII. Para expedir leyes que establezcan las bases de coordinación entre la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, así como para establecer y organizar a las instituciones de seguridad pública en materia federal, de conformidad con lo establecido en el artículo 21 de esta Constitución .
XXIV. a XXX. ...
Artículo 115. Los estados adoptarán...
I. a VI. ...
VII. La policía preventiva estará al mando del presidente municipal en los términos de la Ley de Seguridad Pública del Estado. Aquélla acatará las órdenes que el Gobernador del Estado le transmita en aquellos casos que éste juzgue como de fuerza mayor o alteración grave del orden público.
...
VIII. ...
Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley.
El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán:
Apartado A ...
Apartado B ...
I. A XII.
XIII. Los militares, marinos, personal del servicio exterior, agentes del Ministerio Público, peritos y los miembros de las instituciones policiales , se regirán por sus propias leyes.
Los agentes del Ministerio Público, los peritos y los miembros de las instituciones policiales de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, podrán ser separados de sus cargos si no cumplen con los requisitos que las leyes vigentes en el momento del acto señalen para permanecer en dichas instituciones, o removidos por incurrir en responsabilidad en el desempeño de sus funciones. Si la autoridad jurisdiccional resolviere que la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio fue injustificada, el Estado sólo estará obligado a pagar la indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho, sin que en ningún caso proceda su reincorporación al servicio, cualquiera que sea el resultado del juicio o medio de defensa que se hubiere promovido.
Las autoridades del orden federal, estatal, del Distrito Federal y municipal, a fin de propiciar el fortalecimiento del sistema de seguridad social del personal del Ministerio Público, de las corporaciones policiales y de los servicios periciales, de sus familias y dependientes, instrumentarán sistemas complementarios de seguridad social.
El Estado proporcionará a los miembros en el activo del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, las prestaciones a que se refiere el inciso f) de la fracción XI de este apartado, en términos similares y a través del organismo encargado de la seguridad social de los componentes de dichas instituciones.
XIII Bis. a XIV. ...
Transitorios
Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, con excepción de lo dispuesto en los artículos transitorios siguientes.
Segundo. El sistema procesal penal acusatorio previsto en los artículos 16, párrafos segundo y decimocuarto; 17, párrafos tercero, cuarto y sexto; 19; 20 y 21, párrafo séptimo, de la Constitución, entrará en vigor cuando lo establezca la legislación secundaria correspondiente, sin exceder el plazo de ocho años, contado a partir del día siguiente de la publicación de este Decreto.
En consecuencia, la Federación, los Estados y el Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán expedir y poner en vigor las modificaciones u ordenamientos legales que sean necesarios a fin de incorporar el sistema procesal penal acusatorio. La Federación, los Estados y el Distrito Federal adoptarán el sistema penal acusatorio en la modalidad que determinen, sea regional o por tipo de delito.
En el momento en que se publiquen los ordenamientos legales a que se refiere el párrafo anterior, los poderes u órgano legislativos competentes deberán emitir, asimismo, una declaratoria que se publicará en los órganos de difusión oficiales, en la que señale expresamente que el sistema procesal penal acusatorio ha sido incorporado en dichos ordenamientos y, en consecuencia, que las garantías que consagra esta Constitución empezarán a regular la forma y términos en que se substanciarán los procedimientos penales.
Tercero. No obstante lo previsto en el artículo transitorio segundo, el sistema procesal penal acusatorio previsto en los artículos 16, párrafos segundo y decimocuarto; 17, párrafos tercero, cuarto y sexto; 19, 20 y 21, párrafo séptimo, de la Constitución, entrará en vigor al día siguiente de la publicación del presente Decreto en el Diario Oficial de la Federación, en las entidades federativas que ya lo hubieren incorporado en sus ordenamientos legales vigentes, siendo plenamente válidas las actuaciones procesales que se hubieren practicado con fundamento en tales ordenamientos, independientemente de la fecha en que éstos entraron en vigor. Para tal efecto, deberán hacer la declaratoria prevista en el artículo transitorio segundo.
Cuarto. Los procedimientos penales iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del nuevo sistema procesal penal acusatorio previsto en los artículos 16, párrafos segundo y decimocuarto; 17, párrafos tercero, cuarto y sexto; 19; 20 y 21, párrafo séptimo, de la Constitución, serán concluidos conforme a las disposiciones vigentes con anterioridad a dicho acto.
Quinto. El nuevo sistema de reinserción previsto en el párrafo segundo del artículo 18, así como el régimen de modificación y duración de penas establecido en el párrafo tercero del artículo 21, entrarán en vigor cuando lo establezca la legislación secundaria correspondiente, sin que pueda exceder el plazo de tres años, contados a partir del día siguiente de la publicación de este Decreto.
Sexto. Las legislaciones en materia de delincuencia organizada de las entidades federativas, continuarán en vigor hasta en tanto el Congreso de la Unión ejerza la facultad conferida en el artículo 73, fracción XXI, de esta Constitución. Los procesos penales iniciados con fundamento en dichas legislaciones, así como las sentencias emitidas con base en las mismas, no serán afectados por la entrada en vigor de la legislación federal. Por lo tanto, deberán concluirse y ejecutarse, respectivamente, conforme a las disposiciones vigentes antes de la entrada en vigor de esta última.
Séptimo. El Congreso de la Unión, a más tardar dentro de seis meses a partir de la publicación de este Decreto, expedirá la ley que establezca el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Las entidades federativas expedirán a más tardar en un año, a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, las leyes en esta materia.
Octavo. El Congreso de la Unión, las Legislaturas de los estados y el órgano legislativo del Distrito Federal, deberán destinar los recursos necesarios para la reforma del sistema de justicia penal. Las partidas presupuestales deberán señalarse en el presupuesto inmediato siguiente a la entrada en vigor del presente decreto y en los presupuestos sucesivos. Este presupuesto deberá destinarse al diseño de las reformas legales, los cambios organizacionales, la construcción y operación de la infraestructura, y la capacitación necesarias para jueces, agentes del Ministerio Público, policías, defensores, peritos y abogados.
Noveno. Dentro de los dos meses siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto se creará una instancia de coordinación integrada por representantes de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, además del sector académico y la sociedad civil, así como de las Conferencias de Seguridad Pública, Procuración de Justicia y de Presidentes de Tribunales, la cual contará con una secretaría técnica, que coadyuvará y apoyará a las autoridades locales y federales, cuando así se lo soliciten.
Décimo. La federación creará un fondo especial para el financiamiento de las actividades de la secretaría técnica a que se refiere el artículo transitorio octavo. Los fondos se otorgarán en función del cumplimiento de las obligaciones y de los fines que se establezcan en la Ley.
Décimo Primero. En tanto entra en vigor el sistema procesal acusatorio, los agentes del Ministerio Público que determine la ley podrán solicitar al juez el arraigo domiciliario del indiciado tratándose de delitos graves y hasta por un máximo de cuarenta días.
Esta medida será procedente siempre que sea necesaria para el éxito de la investigación, la protección de personas o bienes jurídicos, o cuando exista riesgo fundado de que el inculpado se sustraiga a la acción de la justicia.
«Voto particular al dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de Justicia, con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que presenta el diputado Victorio Montalvo Rosas, del Grupo Parlamentario del PRD
HONORABLE ASAMBLEA:
Por disentir del parecer de la mayoría, con fundamento en los artículos 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 88, 119 y 124 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de la Unión, los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, nos permitimos formular el siguiente VOTO PARTICULAR respecto de la minuta de las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia, que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de justicia penal, lo que hacemos en los siguientes términos:
ANTECEDENTES
1. En fecha 12 de diciembre de 2007, se aprobó por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, dictamen de las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia con proyecto de decreto, que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, turnándose al Senado de la República para sus efectos constitucionales.
2. En fecha 13 de diciembre de 2007, la Mesa Directiva del Senado de la República turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Justicia, de Gobernación, de Seguridad Pública y de Estudios Legislativos, Segunda, para su estudio, análisis y dictamen correspondiente.
3. En sesión de la Cámara de Senadores de fecha 13 de diciembre de 2007, las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Justicia, de Gobernación, de Seguridad Pública y de Estudios Legislativos, Segunda, presentaron Dictamen que fue aprobado y turnado a ésta Honorable Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales.
4. Con fecha 1° de febrero de 2007, la Cámara de Diputados recibió la minuta remitida, misma que fue turnada mediante oficio número G.GP.L. 60-II-3-1328 a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia para el estudio, análisis y dictamen correspondiente.
CONSIDERACIONES
La inviolabilidad del domicilio es considerado desde los Sentimientos de la Nación de José María Morelos y Pavón como un asilo sagrado en el que a cada uno se le guarden sus propiedades y se le respete su casa.
La Constitución de Apatzingán de 1814, al proclamar los derechos del hombre y del ciudadano en igualdad de condiciones ante la ley, consideraba la casa de cualquier ciudadano como un ``asilo inviolable'' en el cual sólo se podría entrar cuando un incendio, una inundación, o la reclamación de la misma casa hiciera necesario este acto y que las visitas domiciliarias, las execuciones civiles deberían hacerse durante el día, y con respeto a la persona y objeto indicado en el acta que mande la visita o la execución.
La Constitución Federal de de 1824, no obstante su brevedad, establecía en su artículo 152 que ``ninguna autoridad podrá librar orden para el registro de las casas, papeles y otros efectos de los habitantes de la república, si no es en los casos expresamente dispuestos por ley y en la forma que ésta determine''.
La Constitución de 1857 estableció que nadie puede ser molestado en su persona familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.
El Congreso Constituyente de 1916-1917, en el dictamen leído en la sesión del 27 de diciembre de 1916, en su parte correspondiente establecía:
Derivado de lo anterior, podemos afirmar que la inviolabilidad del domicilio se circunscribe en lo que conocemos como principios fundamentales de nuestra Constitución, es decir, aquellos principios que construyen la estructura política y hacen efectivas las disposiciones constitucionales, en los que se encuentran también determinaciones o mandatos en los que se resumen los reclamos y las aspiraciones más elevadas para el pueblo mexicano, y en los cuales han emanado de procesos históricos y sociales, estableciendo postulados de origen dialéctico que son el ser y esencia de nuestra comunidad jurídico-política.
De ahí que nuestra Constitución protege algunos valores mínimos de manera inexorable, de ahí que nos cuestionemos si en un Estado Social y Democrático de Derecho ¿puede el poder reformador de la Constitución, modificar e incluso desvirtuar valores fundamentales como la inviolabilidad del domicilio?, desde luego que no; porque cambiar valores fundamentales equivale a lo menos a un Golpe de Estado, sin embargo, la presente reforma pretende incorporar en la Constitución un instrumento de control violatorio a las garantías individuales
ARGUMENTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN
PRIMERO. México es heredero de un presidencialismo y de un sistema de Partido de Estado, que obstruyó durante más de setenta años toda forma de participación política y estableció en los hechos un régimen fuertemente autoritario y antidemocrático.
Éste sistema utilizó los peores métodos para sostenerse en el poder; se crearon organismos irregulares de represión, como la ``Brigada Blanca'', se establecieron cárceles clandestinas, se utilizó el equipo y las instalaciones del ejército y la policía para perseguir a los adversarios políticos y se realizaron las peores prácticas en contra de la dignidad humana tales como: el genocidio, la desaparición forzada de persona, la ejecución extrajudicial y la tortura, es decir se instrumentó toda una política de Estado encaminada a eliminar a los adversarios políticos.
Actualmente las cosas no han cambiado significativamente, los conflictos sociales se han intensificado, lo que ha generado que la cifra de presos políticos aumente considerablemente. El acoso a los luchadores sociales en México es un problema grave. Las autoridades los tratan como si la suya fuera una actividad delictiva o subversiva, y los someten a formas degradantes de persecución que van desde acusaciones falsas de delitos como asesinato, narcotráfico o robo, hasta calumnias, humillaciones y acusaciones públicas de estar relacionados con el terrorismo o la corrupción.
Por tanto, no es extraño que México, un pueblo con una larga historia de lucha, tenga hoy dentro de las prisiones a un gran número de defensores de los derechos humanos, de los derechos económicos, sociales y culturales, defensores del entorno ecológico, miembros de movimientos sociales, en una palabra disidentes del sistema económico que prevalece en nuestro país 1.
No hay que olvidar que en nuestro país se han documentado casos, por los organismos internacionales de derechos humanos, en los que, por motivos más políticos que jurídicos, dolosamente se acusa a luchadores sociales, de pertenecer a la ``delincuencia organizada''.
Una muestra de cómo el Estado ha manipulado el concepto de delincuencia organizada para reprimir la lucha social es la sentencia de 67 años a los dirigentes de San Salvador Atenco, sentencia que contrasta con los 40 años a los que condenaron a Mario Aburto, supuesto asesino de Colosio, o a los 13 años de prisión a los que fueron sentenciados narcotraficantes del nivel del Güero Palma, el Chapo Guzmán o Benjamín Arellano Félix.
SEGUNDO. En el año 2007 se confirmó la tendencia a la represión de las legítimas demandas de los movimientos sociales. El discurso oficial enfatizó la necesidad de enfrentar eficazmente al crimen y garantizar la seguridad pública, dejando de lado lo relativo a la protección de los derechos humanos. Prueba fehaciente de esta afirmación son los trágicos hechos de Oaxaca, donde numerosos participantes en las manifestaciones realizadas en esta ciudad fueron víctimas de detenciones arbitrarias, amenazas, violencias y actos de intimidación, tal como lo reporta el Observatorio Internacional de Derechos Humanos.
Estos hechos, nos muestran que aún queda mucho por hacer para garantizar la adecuada protección de las víctimas. Los luchadores sociales siguen expuestos a la criminalización de sus acciones, a la descalificación o a la limitación de sus actividades. Mientras tanto, los agentes del Estado responsables por estos actos continúan gozando de la constante impunidad en México.
Por otra parte, en nuestro país las policías y algunos funcionarios o servidores públicos encargados de hacer cumplir la ley que hacen uso ilegítimo de la fuerza y de las armas de fuego en perjuicio de las personas a las que pretenden detener, someter o asegurar ha alcanzado niveles que son preocupantes para los organismos defensores de los derechos humanos.
Al respecto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que el uso de la fuerza debe ser considerado excepcional, puede aplicarse en la prevención del delito y para efectuar un arresto legal y solamente cuando es proporcional al legítimo objetivo que se pretende lograr. Es el último recurso al que deben recurrir las autoridades y sólo para impedir un hecho de mayor gravedad y deben tomarse en cuenta las características personales de los involucrados.
Sin embargo, la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos en su recomendación general número 12/2006 señaló que con relación a los operativos de seguridad pública realizados por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, lo siguiente:
Por tanto, en las circunstancias actuales dotar de facultades constitucionales a las policías para ingresar sin orden judicial a un domicilio, se estaría otorgando una patente de corso para violentar derechos humanos y fomentar la impunidad.
TERCERO. La minuta enviada por el Senado de la República que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Justicia Penal, es improcedentes y contraria a las garantías individuales establecidas en nuestra Constitución, aunado a que se encuentran en franca contradicción con los tratados internacionales en materia de derechos humanos que México ha ratificado cumplir ante la comunidad internacional.
Sin duda, el Estado tiene en todo momento el imperativo de cumplir con su primordial misión de generar un adecuado equilibrio en la sociedad que garantice por lo menos el respeto a las garantías individuales. Esta tarea no resulta sencilla y la historia nos ha demostrado que las vías fáciles llevan al fracaso, donde se sacrifican derechos y libertades fundamentales también se resta autoridad y legitimidad a un proyecto político democrático que apuesta más por defender al Estado y no las garantías individuales de las personas.
Finalmente, los Informes y recomendaciones de los organismos internacionales especializados en la protección de los derechos humanos proponen hacer prevalecer en toda ocasión, la jerarquía de la seguridad de los derechos, garantías y libertades fundamentales de las personas por sobre las facultades del Estado, misma que a través de sus agentes, hipotéticamente pretenderían cuidar dichos derechos y libertades esenciales para la persona humana, sin embargo, estos Informes son contundentes, el Estado incumple con su principal obligación que es garantizar el cumplimiento de lo que el jurista Luigui Ferrajoli ha denominado la ley del más débil, los derechos de las personas.
Autores como Miguel Carbonell han señalado al respecto:
CUARTO. Considerando los criterios anteriores analicemos las reformas que incluye la minuta.
La Minuta motivo del presente voto particular, propone reformar en el párrafo once del artículo 16 constitucional en los siguientes términos:
Al respecto cabe señalar, que nuestro país ha ratificado un número importante de tratados internacionales en materia de derechos humanos, los cuales de acuerdo al artículo 133 de nuestra Constitución forman parte de la ley suprema de toda la unión, en tal virtud, frente a la comunidad internacional, el Estado mexicano, es responsable del cumplimiento de sus compromisos internacionales, sin perjuicio de que al interior del propio Estado, éstos sean materialmente cumplidos por las autoridades federales o las autoridades locales.
Es precisamente por lo anterior que la Constitución Federal establece que los tratados internacionales serán ley suprema de la Unión, cuando hayan sido celebrados por el Presidente de la República, precisamente en su carácter de Jefe de Estado, y aprobados por el Senado de la República, en virtud de que compete a este órgano la representación de las entidades federativas en el Poder Legislativo Federal.
En este orden de ideas, es oportuno recordar que el artículo 28 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos señala que ``cuando se trate de un Estado parte constituido como Estado Federal, el gobierno nacional de dicho Estado parte, cumplirá todas las disposiciones de la presente Convención relacionadas con las materias sobre las que ejerce jurisdicción legislativa y judicial'' y que ``con respecto a las disposiciones relativas a las materias que corresponden a la jurisdicción de las entidades componentes de la Federación, el gobierno nacional debe tomar de inmediato las medidas pertinentes, conforme a su constitución y sus leyes, a fin de que las autoridades competentes de dichas entidades puedan adoptar las disposiciones del caso para el cumplimiento de esta Convención'' , de lo que se desprende la obligación del Estado Mexicano de responder del cumplimiento de los compromisos internacionales, sin posibilidad de aducir que algún incumplimiento es responsabilidad de una entidad federativa determinada.
Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su artículo 17 establece que nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y reputación; y que toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques.
Asimismo, el numeral 2 del artículo 11 de la Convención Americana de Derechos Humanos señala que nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación.
El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha establecido que aunque ciertas injerencias a la vida privada o al domicilio de las personas estén establecidas en las legislaciones de los Estados, éstas no deben violentar los principios que establece el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en ese sentido, el Estado debe adecuar su legislación para prevenir que esta figura se utilice discrecionalmente por la autoridad con el fin de vulnerar los derechos humanos de las personas.
La propia Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha señalado que la protección de la vida privada, la vida familiar y el domicilio de injerencias arbitrarias o abusivas implica el reconocimiento de que existe un ámbito personal que debe estar exento e inmune a las invasiones o agresiones abusivas o arbitrarias por parte de terceros o de la autoridad pública. En este sentido, el domicilio y la vida privada y la familiar se encuentran intrínsecamente ligados, ya que el domicilio se convierte en un espacio en el cual se puede desarrollar libremente la vida privada y la vida familiar 2.
Por otra parte, el artículo 4° constitucional establece el derecho a una vivienda digna y decorosa, de igual manera lo hacen los tratados internacionales en materia de derechos humanos y otros ordenamientos constitucionales. Para que ese derecho sea efectivo se requiere de una serie de prestaciones de carácter positivo a cargo de los poderes públicos, pero también es necesario que el Estado proteja el uso y goce de la vivienda. Para ello es esencial que ni los particulares ni los órganos públicos puedan entrar en ella.
Para las autoridades la prohibición de entrar a una vivienda se concreta justamente en la inviolabilidad del domicilio.
Existen dos bienes jurídicos que la inviolabilidad del domicilio preserva: uno es el disfrute de la vivienda y otro es el derecho a la vida privada reconocido en varios instrumentos internacionales; combinando ambos bienes jurídicos se obtiene la justificación de la inviolabilidad del domicilio, en tanto que permite disfrutar sin interferencias ilegítimas de la vivienda y permite además desarrollar la vida privada sin ser objeto de molestias.
De aprobarse el dictamen en sus términos, cualquier ciudadano, por simple presunción, estaría catalogado como delincuente, particularmente se le limitarían las garantías de libertad personal, de protección a la integridad personal, legalidad y seguridad jurídica, libre asociación, derecho a un juicio justo, entre otras, todas ellas consagradas en instrumentos internacionales obligatorios para México como serían: el Pacto internacional de derechos civiles y políticos de la ONU (1966), la Convención Americana de Derechos Humanos, Pacto de San José de la OEA (1969), entre otros.
Por tanto, la aprobación de éste párrafo once al artículo 16 va en contra de las obligaciones internacionales que el Estado mexicano se ha obligado a cumplir, por tanto consideramos imprescindible su derogación, del presente dictamen, para que quede en los siguientes términos:
ARTÍCULO TRANSITORIO
ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Notas: 1 Ver informe de Amnistía Internacional ``México se atreven a alzar la voz''. Este informe expone las múltiples y diversas dificultades y violaciones de derechos humanos con los que se enfrentan los defensores de los derechos humanos en México. El informe examina casos ocurridos tanto durante el mandato del presidente Ernesto Zedillo Ponce de León como en el del presidente Vicente Fox Quesada.2 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Escué Zapata Vs. Colombia. Sentencia de 4 de julio de 2007, párrafo 95.El diputado Andrés Lozano Lozano (desde la curul): Presidenta.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Sí. Sí, diputado Andrés Lozano. Le dan sonido a la curul del diputado Andrés Lozano, por favor.
El diputado Andrés Lozano Lozano (desde la curul): Gracias, diputada Presidenta. Para que me conceda el uso de la tribuna para objetar que el dictamen a que se ha referido sea enlistado como de primera lectura, en virtud de que no cumple las normas que regulan su formulación y presentación, diputada Presidenta.La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Sí, diputado. No está a discusión el punto todavía.
El diputado Andrés Lozano Lozano (desde la curul): Para darle claridad al procedimiento.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : O sea, ¿quiere usted objetar el procedimiento?
El diputado Andrés Lozano Lozano (desde la curul): Quiero objetar el procedimiento.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Permítame, nada más termino de leerlo. No me dejó concluir de leerlo. Lo voy a leer y le voy a dar el uso de la palabra. ¿Le parece?
El diputado Andrés Lozano Lozano (desde la curul): Sí, Presidenta.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : De las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de Justicia, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanosen materia de Justicia Penal.
En este punto está pidiéndome el diputado la palabra. Se la voy a otorgar para que argumente la cuestión del procedimiento que han hecho de observación a esta mesa en privado. Por favor, diputado.
El diputado Andrés Lozano Lozano : Gracias, diputada Presidenta, con su venia.Compañeros diputados, estamos hoy ante una violación flagrante del proceso legislativo y máxime aun cuando se trata de una reforma constitucional.
Se pretende someter en primera lectura a esta asamblea un dictamen que adolece de la formulación y de su procedimiento y, por tanto, de su presentación ahora en este momento. Cómo es posible que ahora estemos tratando de pasar en primera lectura un dictamen de una minuta del Senado que tiene reformas a artículos transitorios que no contenía esa minuta enviada por el Senado de la República.
Estamos ante un escenario en el que por lo oscurito, en la chicana legislativa, el PRI y el PAN hacen reformas a un dictamen que no fueron discutidas en las comisiones y que fueron integradas en el dictamen. Ahora entiendo cuando ayer en comisiones preguntaba por qué se reparte 15 minutos antes este dictamen, tratándose de una reforma constitucional. Es evidente la respuesta, en lo oscurito, sin que nos diéramos cuenta, pretendían llevar a cabo reformas a artículos transitorios que ni siquiera el Senado había enviado, y más luces se vieron cuando la Presidenta de esta Cámara el martes, sabiendo pasada la discusión, da entrada, a las 13:45 horas, a una fe de erratas a la que se refería esa minuta.
Ésa es la realidad, compañeros diputados. Pretenden violar el procedimiento legislativo. No les importa que sea un dictamen aseado, lo único que les importa es lograr sus objetivos. Ésa es la realidad, hay una chicana legislativa.
¿En qué parte de los antecedentes en su caso, se refiere a esa supuesta corrección de la fe de erratas en el dictamen? ¿En qué momento se informó a los diputados integrantes de las comisiones unidas que se estaba haciendo una fe de erratas, que todavía no había llegado a la Cámara de Diputados? ¿Por qué, si es una fe de erratas, no se indicó en el momento de su discusión en las comisiones? Por una simple y sencilla razón, porque saben que están fuera del procedimiento legislativo y entonces buscaron la forma para poder, por la puerta de atrás, resolver los errores que cometieron en el Senado de la República.
Ésa es la realidad y eso va a constar en actas. Por eso lo que pido y lo que corresponde a la Presidenta de la Mesa Directiva, con fundamento en el acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones y de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, es que se devuelva el dictamen a las comisiones unidas, en virtud de que éste no cumple las normas que regulan su formulación y presentación, y me refiero en concreto al artículo undécimo de este acuerdo.
Compañeros, démonos la oportunidad de debatir. Hagamos de éste y del espacio de las comisiones, el lugar de encuentros y de desencuentros, no del desaseo legislativo, no el de la trampa, no el de la puerta de atrás. Podemos diferir, pero hagámoslo cuidando nuestros propios procedimientos y no tratando de sorprender a todos los diputados que integramos esta Cámara y a quienes nos debemos, que realmente están sorprendiendo al pueblo de México. Es cuanto, diputada Presidenta.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Gracias, diputado Lozano.
¿Algún presidente de las comisiones quiere pasar a tomar la palabra?
Compañeras diputadas y compañeros diputados, informo a ustedes que la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, en uso de las atribuciones que le confiere el artículo 20, numeral 2, inciso e), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, observó el cuidado del procedimiento de la minuta que hoy está registrada en el orden del día de primera lectura.
Uno. La minuta se recibió formalmente por parte del Senado de la República y fue turnada a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia con fecha primero de febrero de 2008.
Dos. Con fecha 19 de febrero de 2008 se recibió fe de erratas a la misma minuta remitida por el Senado de la República, dándose cuenta de la misma a todos y cada uno de las diputadas y diputados y turnándose a las mismas comisiones unidas.
Tres. Ayer, miércoles 20 de febrero, la Mesa Directiva recibió el dictamen de las comisiones unidas que recae a la misma minuta. En consecuencia, dados los elementos formales con que cuenta la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, fue procedente su incorporación como de primera lectura.
A mayor precisión, el dictamen de las comisiones unidas cuenta con los elementos formales para su procesamiento en el pleno, puesto que cuenta con las firmas necesarias y se sujeta a lo referente conducente del artículo 72 constitucional. No obstante lo anterior, esta Presidencia se encuentra sujeta y subordinada a las decisiones que determine el pleno de esta Cámara de Diputados.
En términos del artículo 18 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, solicito a la Secretaría que consulte a la asamblea si es de retirarse el punto. Lo tiene que someter a aprobación de este pleno. Por favor.
El diputado Andrés Lozano Lozano (desde la curul): Señora Presidenta.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Sí, diputado Lozano. Le dan sonido a la curul del diputado Lozano, por favor.
El diputado Andrés Lozano Lozano (desde la curul): Diputada Presidenta, de manera respetuosa no es un asunto de definición de la asamblea. Es un asunto en el que debemos velar por la legalidad y el cumplimiento de las formas en los dictámenes que se someten a consideración. No son las firmas. Las firmas lo que indican es el sentido de un voto a favor o en contra.Lo que estamos en este momento objetando es que ese dictamen ---sin que se nos informara a los diputados integrantes de las Comisiones Unidas de Justicia, y de Puntos Constitucionales que se había llevado a cabo una reforma, una fe de erratas que nunca se discutió en comisiones, y que se incorporó en ese dictamen---, que esa fe de erratas entró cuatro horas después de parte del Senado a esta Cámara de Diputados ---a las 13:45 horas---. Ésa es la irregularidad y el desaseo en el proceso legislativo.
En todo caso, discutamos ---si es el caso--- si esta fe de erratas lo es o no lo es. Ése sería el fondo del asunto, y eso nos daría luces y la posibilidad, a usted, de poderlo regresar a comisiones nuevamente para su discusión. Es cuanto, diputada Presidenta.
El diputado Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla (desde la curul): Señora Presidenta.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Sí. Sonido a la curul del diputado Tonatiuh, por favor.
El diputado Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla : Gracias, diputada Presidenta.Primeramente quisiera ---para ilustrar a la asamblea--- señalar que no es una impugnación o un cuestionamiento al trámite que ha dado la Presidencia de esta Cámara, en virtud de que cuando recibió la fe de erratas del Senado no tenía por qué tener un puntual conocimiento ---en ese momento--- de las convocatorias que habían hecho las comisiones unidas a las que se estaba haciendo el turno correspondiente.
Sin embargo, el pleno es para eso. El pleno es para dar cuenta de que tal y como lo ha señalado el diputado Lozano, a las 13:45 del 19 de febrero, la Presidencia de la Cámara da entrada a la fe de erratas. Pero esto ocurre horas después de que las comisiones habían emitido ya un dictamen. Y a mayor abundamiento, ese mismo día se emitió un boletín de prensa, el 2264, en donde se da a conocer que ya las comisiones habían aprobado la reforma de la que estamos hablando, antes, incluyendo la fe de erratas de que todavía no daba cuenta la Presidencia.
Entonces como el pleno es para esto, nosotros queremos hacerlo de su conocimiento, respetuosamente, y solicitar que la Secretaría dé lectura al artículo undécimo del punto de acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, que está suscrito por todos los coordinadores parlamentarios de esta LX Legislatura. Concretamente al artículo undécimo, porque ahí viene muy claramente establecido a quién le corresponde, si es al pleno o a la Mesa Directiva o a su Presidencia, el trámite que estamos en este momento sometiendo a la consideración.
Entonces solicito respetuosamente que, diputada Presidenta, se dé lectura al artículo undécimo de este acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, si es tan amable.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Instruyo a la Secretaría que pueda dar lectura al punto que está pidiendo el diputado Tonatiuh Bravo.
La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca : Acuerdo de los órganos de gobierno.
Artículo undécimo: Una vez que un dictamen sea remitido a la Mesa Directiva no podrán pasar más de siete días hábiles para que se incluya en el orden del día para efectos de la primera lectura. El mismo plazo se observará para que sea sometido a discusión y votación en el pleno. La excepción a esta norma sólo podrá darse cuando
a) La Mesa Directiva por conducto de la Presidencia, según lo dispuesto en el artículo 20, numeral 2, inciso e), de la Ley Orgánica del Congreso General, devuelva el dictamen a la comisión respectiva, en virtud de que éste no cumpla las normas que regulan su formulación y presentación; y
b) Si hubiera acuerdo de los coordinadores de los grupos parlamentarios para prorrogar su presentación hasta siete días hábiles.
Es cuanto, Presidenta.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Le dan sonido a la curul del diputado Tonatiuh.
El diputado Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla (desde la curul): Sí, en conclusión, diputada Presidenta, compañeras diputadas y compañeros diputados, la petición muy respetuosa a la Mesa Directiva es que, haciendo uso de estas atribuciones contempladas en el artículo undécimo, lo regrese a las comisiones, con el propósito de que éstas puedan dictaminar con posterioridad a cuando fue recibida la fe de erratas, que proviene del Senado, y no con anterioridad. De esa manera las comisiones lo pueden subsanar y en la próxima sesión se puede dar cuenta de la primera lectura del mismo.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Compañeros diputados, a interpretación de esta Mesa Directiva ---y lo hemos discutido antes de que se discuta este punto--- no tenemos nosotros la atribución para regresar en este momento a las comisiones el dictamen, toda vez que se recibió con todas las prebendas jurídicas, cumplió todos los requisitos y las firmas que la Mesa Directiva considera que debe recibir un dictamen. No prejuzgamos, no estamos revisando si hubo algún antecedente que no viene plasmado en esta minuta; juzgamos con lo que nos entregan, de la minuta y cumplió todos los requisitos legales.
Por lo cual pido a la Secretaría que consulte al pleno, porque ahora es el pleno, teniendo ya el dictamen en el orden del día, el que debe decidir si se va a discutir o no. Sí, le dan sonido al diputado Lozano, por favor.
El diputado Andrés Lozano Lozano (desde la curul): A ver... no, Presidenta, no es como usted lo señala. No es la asamblea, es la Mesa Directiva por conducto de la Presidencia la que devuelve el dictamen a la comisión, en virtud de que éste no cumple las normas que regulan su formulación y presentación; no sus firmas, no el sentido del voto. No cumple las normas que regulan su formulación porque se le hicieron modificaciones al dictamen que no fueron sometidas a consideración de los integrantes de las comisiones.En todo caso no abra una votación, y abra el debate para ver si esto sucedió o no, y después de que el pleno se pronuncie, pero no lo determine de esa manera, porque no hemos escuchado si esto es como lo expreso o si hay elementos distintos que tengamos que debatir.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Precisamente, diputado. Ése es su dicho y esos elementos no están en la mesa cuando se registran los dictámenes para discutirse. No podemos prejuzgar. Nosotros integramos en el orden del día lo que las comisiones nos integran debidamente requisitado, con todo lo que la ley nos está exigiendo.
Ahí no tenemos nosotros manera de prejuzgar lo que usted está argumentando. Eso seguramente, cuando se discuta la segunda lectura del dictamen, será motivo de revisión: si esta fe de erratas tuvo que haberse aceptado o no. Pero ya tendrá que ser en la discusión de la segunda lectura.
En este momento el pleno es el que tendrá que tomar la decisión de si este punto se pasa a primera lectura o no. La Mesa Directiva se sujeta, después de que tiene en el orden del día un tema, a lo que opine el pleno, por favor.
Vamos a continuar con la votación. ¿De procedimiento, compañera Aleida Alavez, o de argumentación política? De procedimiento. Vamos a permitirle a la diputada la palabra.
La diputada Aleida Alavez Ruiz (desde la curul): Es necesario, diputada Presidenta, que escuche lo que están comentando los diputados Andrés Lozano y Tonatiuh respecto a que esta minuta fue leída una vez que ya había sido aprobado el dictamen en comisiones unidas.Eso no es una cuestión de que se tenga que enlistar todo lo que llega o que se cubra solamente un procedimiento en tiempos, cuando no se está cubriendo. Entonces qué fue lo que aprobaron en comisiones unidas. Por qué lo pone a primera lectura.
Es una cuestión que tenemos que guardar con pulcritud porque es una reforma constitucional; no estamos hablando de una reforma a ley secundaria. Por tanto, es solamente de procedimiento que se retire, se devuelva y ambas comisiones revisen lo que aprobaron, porque a lo mejor ni siquiera tienen claro los diputados integrantes de esas comisiones lo que aprobaron. Y entonces sí que regrese a primera lectura a la Mesa Directiva.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Yo acepto lo que usted propone, diputada, siempre y cuando el pleno lo avale así. Tengo que someterme a lo que el pleno en este momento decida. No es un asunto de argumentación política de qué cosa pasó atrás del dictamen.
Por favor, continúe la Secretaría. Consulte la Secretaría a la asamblea si se retira el punto o se mantiene en el orden del día.
La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca : Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica...
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Permítame, diputada.
Los que voten a favor es para que se retire; los que voten en contra es para que se quede en el orden del día.
La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca : Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si es de retirarse el punto de acuerdo.
Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Diputada, permítame.
Compañeros diputados, voy a pedir que se haga la votación nominal para conformidad de los compañeros que están en contra de esta situación. Que sea la votación nominal para consultar.
Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos, para saber si se mantiene o no este dictamen en el orden del día.
La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca : Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento y ábrase el sistema electrónico hasta por cinco minutos.
(Votación)
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Saludamos... la verdad creo que ya hasta se retiraron los niños de la escuela primaria Xitle, que estaban desde hace un rato, no los mencionamos. Perdón.
Esta Presidencia les da la más cordial bienvenida a los alumnos de la licenciatura en ciencias políticas de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Sean ustedes bienvenidos. Gracias por estar acompañándonos.
La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca : ¿Falta algún diputado o alguna diputada en emitir el sentido de su voto? Ciérrese el sistema electrónico de votación.
Se emitieron 126 votos en pro, 240 en contra y 6 abstenciones, diputada Presidenta.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Se mantiene el dictamen en el orden del día. En el punto del orden del día estaba incluida esta primera lectura, se va a mantener para poderlo votar.
PRESTAR SERVICIOS EN REPRESENTACIONES DIPLOMATICAS
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Continúo con las lecturas del orden del día. que es la primera lectura de dictámenes. En virtud de que han sido publicados en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura.
La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca : Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.
Diputada Presidenta, mayoría por la afirmativa.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.
Honorable Asamblea:
En oficios fechados el 5 de febrero del año en curso, la Secretaría de Gobernación, solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Eduardo González Caudillo, Cristina Rendón Dávila, Maria Christina Fernández Molins, Ana Balbina Macias Morales, Karla Alejandra Revilla Mimiaga y Alejandro Cachu Ortiz, puedan prestar servicios de carácter administrativo, en la Embajada de los Estados Unidos de América en México y en sus consulados en Ciudad Juárez, Chihuahua y en Tijuana, Baja California, respectivamente.
En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, el día 12 de febrero del año en curso, se turnó a la suscrita Comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.
Considerando
Por lo expuesto, esta comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente:
Artículo Primero. Se concede permiso al ciudadano Eduardo González Caudillo, para prestar servicios como asistente de inmigración en el Departamento de Inmigración, en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.
Artículo Segundo. Se concede permiso a la ciudadana Gabriela Cristina Rendón Dávila, para prestar servicios como analista política Senior en la Consejería de Asuntos Políticos, en la Embajada de Estados Unidos de América en México.
Artículo Tercero. Se concede permiso a la ciudadana María Christina Fernández Molins, para prestar servicios como coordinadora de Capacitación e Idiomas en la Sección de Recursos Humanos, en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.
Artículo Cuarto. Se concede permiso a la ciudadana Ana Balbina Macías Morales, para prestar servicios como auxiliar de visas, en el Consulado de los Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Artículo Quinto. Se concede permiso a la ciudadana Karla Alejandra Revilla Mimiaga, para prestar servicios como asistente en la Oficina Consular, en el Consulado de los Estados Unidos de América en Tijuana, Baja California.
Artículo Sexto. Se concede permiso al ciudadano Alejandro Cachu Ortiz, para prestar servicios como asistente consular, en el Consulado de los Estados Unidos de América en Tijuana, Baja California.
Es de primera lectura.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.
Honorable Asamblea:
En oficio fechado 5 de febrero del año en curso, la Secretaría de Gobernación solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Guillermo Flores Grajales, Angélica Donají Atristáin Michel, María Luisa Castanedo Robles, Gabriela Capó Ramírez, Yadira Estrada Guevara, José Ignacio Estrella Garay, Eileen Hernández Chávez, Juan Carlos Hernández Azuela, Héctor José Huerta Huitzil y Patricia Evelyn Grounds Reynolds puedan prestar servicios en la Embajada del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte en México.
En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión el día 12 de febrero de 2008 se turnó a la suscrita comisión, para su estudio y dictamen, el expediente relativo.
Considerando
Por lo expuesto, esta Comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea el siguiente
Proyecto de Decreto
Artículo Primero. Se concede permiso al ciudadano Guillermo Flores Grajales para prestar servicios como director de Administración y Finanzas en el Departamento Cultural, en la Embajada del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte en México.
Artículo Segundo. Se concede permiso a la ciudadana Angélica Donají Atristáin Michel para prestar servicios como asesora cultural en el Departamento Cultural, en la Embajada del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte en México.
Artículo Tercero. Se concede permiso a la ciudadana María Luisa Castanedo Robles para prestar servicios como gerente de Apoyo a Proyectos en el Departamento Cultural, en la Embajada del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte en México.
Artículo Cuarto. Se concede permiso a la ciudadana Gabriela Capó Ramírez para prestar servicios como gerente de Proyectos Gubernamentales en el Departamento Cultural, en la Embajada del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte en México.
Artículo Quinto. Se concede permiso a la ciudadana Yadira Estrada Guevara para prestar servicios como asesora de Eventos Académicos en el Departamento Cultural, en la Embajada del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte en México.
Artículo Sexto. Se concede permiso al ciudadano José Ignacio Estrella Garay para prestar servicios como gerente de sitio Web en el Departamento Cultural, en la Embajada del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte en México.
Artículo Séptimo. Se concede permiso a la ciudadana Eileen Hernández Chávez para prestar servicios como gerente de Planta y Logística en el Departamento Cultural, en la Embajada del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte en México.
Artículo Octavo. Se concede permiso al ciudadano Juan Carlos Hernández Azuela para prestar servicios como gerente de Promoción Educativa en el Departamento Cultural, en la Embajada del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte en México.
Artículo Noveno. Se concede permiso al ciudadano Héctor José Huerta Huitzil para prestar servicios como gerente de Promoción y Relaciones Públicas en el Departamento Cultural, en la Embajada del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte en México.
Artículo Décimo. Se concede permiso a la ciudadana Patricia Evelyn Grounds Reynolds para prestar servicios como gerente de Proyectos Especiales en el Depart mento Cultural, en la Embajada del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte en México.
Es de primera lectura.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.
Honorable asamblea:
En oficio de fecha 5 de febrero de 2008, la Secretaría de Gobernación solicita el permiso constitucional necesario a los ciudadanos Adriana María del Socorro Rebollo Philippe, Mario Romero Bustos, Susana Elizabeth Solano Flores, Mónica Terán Aguilar, Elvira Adriana Alonso Izaguirre, Carla Paola Balderas Ramírez, Pedro Balleza Hernández, Rocío Angélica Bermejo del Villar, Encarnación Mireya Campos Luna, Gabriel Alberto Ceballos Rodríguez, para prestar servicios de carácter administrativo, en la Embajada del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte en México.
En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el 12 de febrero del año en curso, se turnó a la suscrita comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.
Considerando
Por lo expuesto, esta comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente:
Proyecto de Decreto
Artículo Primero. Se concede permiso a la ciudadana Adriana María del Socorro Rebollo Philippe, para prestar servicios como gerente de proyectos en el Departamento Cultural, en la Embajada del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte en México.
Artículo Segundo. Se concede permiso al ciudadano Mario Romero Bustos, para prestar servicios como gerente de sistemas en el Departamento Cultural, en la Embajada del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte en México.
Artículo Tercero. Se concede permiso a la ciudadana Susana Elizabeth Solano Flores, para prestar servicios como gerente de Becas e Intercambios en el Departamento Cultural, en la Embajada del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte en México.
Artículo Cuarto. Se concede permiso a la ciudadana Mónica Terán Aguilar, para prestar servicios como asesora de Servidos Educativos el Departamento Cultural, en la Embajada del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte en México.
Artículo Quinto. Se concede permiso a la ciudadana Elvira Adriana Alonso Izaguirre, para prestar servicios como asistente de proyectos de gobernabilidad en el Departamento Cultural, en la Embajada del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte en México.
Artículo Sexto. Se concede permiso a la ciudadana Carla Paola Balderas Ramírez, para prestar servicios como asistente de Servicios Educativos en el Departamento Cultural, en la Embajada del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte en México.
Artículo Séptimo. Se concede permiso al ciudadano Pedro Balleza Hernández, para prestar servicios como asistente de sistemas en el Departamento Cultural, en la Embajada del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte en México.
Artículo Octavo. Se concede permiso a la ciudadana Rocío Angélica Bermejo del Villar, para prestar servicios como asistente cultural en el Departamento Cultural, en la embajada del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte en México.
Artículo Noveno. Se concede permiso a la ciudadana Encarnación Mireya Campos Luna, para prestar servicios como asistente general en el Departamento Cultural, en la Embajada del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte en México.
Artículo Décimo. Se concede permiso al ciudadano Gabriel Alberto Ceballos Rodríguez, para prestar servicios como asistente de Mercadotecnia Educativa en el Departamento Cultural, en la Embajada del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte en México.
Es de primera lectura.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.
Honorable Asamblea:
En oficio fechado el martes 5 de febrero del año en curso, la Secretaría de Relaciones Exteriores a través de la de Gobernación, solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos María Concepción Amador Mariscal, Liliana Capetillo Delgado, Olivia Catalán Calvillo, Édgar Iván Chávez Sánchez, Omar Domínguez Medina, Aída Verónica Ferreyra Olmedo, Gabriela Hernández Merino, Ramón Herrera González, Mariana Novo Catalá, Roberto Guatimoc Orozco Gutiérrez, Yolanda Rodríguez Camacho, María Dolores Rojas Almanza, Vania Jocelyn Salgado Hernández, Jaime Lira Medina y Carlos Adrián Pompa González, puedan prestar servicios de carácter administrativo, en la Embajada de Canadá en México y en el Consulado de Canadá en Monterrey, Nuevo León, respectivamente.
En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el martes 12 de febrero, se turnó a la suscrita comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.
Considerando
Por lo expuesto, esta comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente:
Proyecto de Decreto
Artículo Primero. Se concede permiso a la ciudadana María Concepción Amador Mariscal, para prestar servicios como asistente de inmigración, en la Embajada de Canadá en México.
Artículo Segundo. Se concede permiso a la ciudadana Liliana Capetillo Delgado, para prestar servicios como asistente administrativa de la Sección Política, en la Embajada de Canadá en México.
Artículo Tercero. Se concede permiso a la ciudadana Olivia Catalán Calvillo, para prestar servicios como asistente de integridad migratoria, en la Embajada de Canadá en México.
Artículo Cuarto. Se concede permiso al ciudadano Édgar Iván Chávez Sánchez, para prestar servicios como delegado comercial adjunto, en la Embajada de Canadá en México.
Artículo Quinto. Se concede permiso al ciudadano Omar Domínguez Medina, para prestar servicios como asistente administrativo, en la Embajada de Canadá en México.
Artículo Sexto. Se concede permiso a la ciudadana Aída Verónica Ferreyra Olmedo, para prestar servicios como jefa de Recursos Humanos, en la Embajada de Canadá en México.
Artículo Séptimo. Se concede permiso a la ciudadana Gabriela Hernández Merino, para prestar servicios como asistente de biblioteca, en la Embajada de Canadá en México.
Artículo Octavo. Se concede permiso al ciudadano Ramón Herrera González, para prestar servicios como gerente de cancillería, en la Embajada de Canadá en México.
Artículo Noveno. Se concede permiso a la ciudadana Mariana Novo Catalá, para prestar servicios como administradora en México de Export Development, en la Embajada de Canadá en México.
Artículo Décimo. Se concede permiso al ciudadano Roberto Guatimoc Orozco Gutiérrez, para prestar servicios como administrador de la Sección Comercial, en la Embajada de Canadá en México.
Artículo Undecimo. Se concede permiso a la ciudadana Yolanda Rodríguez Camacho, para prestar servicios como asistente de la sección de Asuntos Públicos, en la Embajada de Canadá en México.
Artículo Decimosegundo. Se concede permiso a la ciudadana María Dolores Rojas Almanza, para prestar servicios como asistente de la Propiedad, en la Embajada de Canadá en México.
Artículo Decimotercero. Se concede permiso a la ciudadana Vania Jocelyn Salgado Hernández, para prestar servicios como asistente de la Unidad de Enlace con el Congreso, en la Embajada de Canadá en México.
Artículo Decimocuarto. Se concede permiso al ciudadano Jaime Lira Medina, para prestar servicios como chofer, mensajero y de mantenimiento, en el Consulado de Canadá en Monterrey, Nuevo león.
Artículo Decimoquinto. Se concede permiso al ciudadano Carlos Adrián Pompa González, para prestar servicios como delegado general adjunto, en el Consulado de Canadá en Monterrey, Nuevo León.
Es de primera lectura.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.
Honorable Asamblea:
En oficio de fecha 5 de febrero de 2008, la Secretaría de Gobernación solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Manuel Ernesto Medina López, Natalia Imelda Soto Paredes, Teresa de Jesús Basto Paredes y Evaristo Medrano González puedan prestar servicios de carácter administrativo en los Consulados de Estados Unidos de América en Nogales, Sonora; en Guadalajara, Jalisco, y en Matamoros, Tamaulipas; respectivamente.
En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión el 12 de febrero del año en curso se turnó a la suscrita comisión, para su estudio y dictamen, el expediente relativo.
Considerando
Por lo expuesto, esta comisión se permite someter a consideración de la honorable asamblea, el siguiente
Proyecto de Decreto
Artículo Primero. Se concede permiso al ciudadano Manuel Ernesto Medina López para prestar servicios como asistente consular, en el Consulado de Estados Unidos de América en Nogales, Sonora.
Artículo Segundo. Se concede permiso a la ciudadana Natalia Imelda Soto Paredes para prestar servicios como auxiliar en la Sección Consular, en el Consulado de Estados Unidos de América en Guadalajara, Jalisco.
Artículo Tercero. Se concede permiso a la ciudadana Teresa de Jesús Basto Paredes para prestar servicios como asistente administrativa en el Área de Servicios Generales, en el Consulado de Estados Unidos de América en Guadalajara, Jalisco.
Artículo Cuarto. Se concede permiso al ciudadano Evaristo Medrano González para prestar servicios como mecánico de mantenimiento, en el Consulado de Estados Unidos de América en Matamoros, Tamaulipas.
Es de primera lectura.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.
Honorable Asamblea:
En oficios fechados el 5 de febrero del año en curso, la Secretaría de Gobernación solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Ángel Mendoza García, Thalía Isabella Saenger Pedrero, Rogelio Martínez Guzmán y Martín Esteva Sánchez puedan prestar servicios de carácter administrativo en las Embajadas de la República Popular China, de Canadá, del Reino de España, y de la República Árabe de Egipto en México, respectivamente.
En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el 14 de febrero del año en curso se turnó a la suscrita comisión, para su estudio y dictamen, el expediente relativo.
Considerando
Por lo expuesto, esta Comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente
Proyecto de Decreto
Artículo Primero. Se concede permiso al ciudadano Ángel Mendoza García para prestar servicios como chofer en la Embajada de la República Popular China en México.
Artículo Segundo. Se concede permiso a la ciudadana Thalía Isabella Saenger Pedrero, para prestar servicios como asistente de Pasaportes en la Sección Consular, en la Embajada de Canadá en México.
Artículo Tercero. Se concede permiso al ciudadano Rogelio Martínez Guzmán para prestar servicios como subalterno en la Embajada del Reino de España en México.
Artículo Cuarto. Se concede permiso al ciudadano Martín Esteva Sánchez para prestar servicios como mensajero en la Embajada de la República Árabe de Egipto en México.
Es de primera lectura.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Continúe la Secretaría, por favor.
ORDEN DEL DIA
El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas : «Segundo Periodo Ordinario de Sesiones.--- Segundo Año de Ejercicio.--- LX Legislatura.
Orden del día
Martes 26 de febrero de 2008.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Comunicaciones
Dictámenes a discusión
De las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Justicia Penal.
De las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería y de Salud, con proyecto de decreto que adiciona los artículos 378 Bis y 456 Bis de la Ley General de Salud.
De la Comisión de Relaciones Exteriores, con proyecto de decreto que reforma el párrafo primero del artículo 20 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano.
De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Eduardo González Caudillo, Gabriela Cristina Rendón Dávila, María Christina Fernández Molins, Ana Balbina Macías Morales, Karla Alejandra Revilla Mimiaga y Alejandro Cachu Ortiz, puedan prestar servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América en México y en sus Consulados en Ciudad Juárez, Chihuahua y en Tijuana, Baja California.
De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Guillermo Flores Grajales, Angélica Donají Atristain Michel, María Luisa Castanedo Robles, Gabriela Capó Ramírez, Yadira Estrada Guevara, José Ignacio Estrella Garay, Eileen Hernández Chávez, Juan Carlos Hernández Azuela, Héctor José Huerta Huitzil y Patricia Evelyn Grounds Reynolds, puedan prestar servicios en la Embajada del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte en México.
De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Adriana María del Socorro Rebollo Philippe, Mario Romero Bustos, Susana Elizabeth Solano Flores, Mónica Terán Aguilar, Elvira Adriana Alonso Izaguirre, Caria Paola Balderas Ramírez, Pedro Balleza Hernández, Rocío Angélica Bermejo del Villar, Encarnación Mireya Campos Luna y Gabriel Alberto Ceballos Rodríguez, puedan prestar servicios en la Embajada del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte en México.
De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos María Concepción Amador Mariscal, Liliana Capetillo Delgado, Olivia Catalán Calvillo, Edgar Iván Chávez Sánchez, Omar Domínguez Medina, Aída Verónica Ferreira Olmedo, Gabriela Hernández Merino, Ramón Herrera González, Mariana Novo Catalá, Roberto Guatimoc Orozco Gutiérrez, Yolanda Rodríguez Camacho, María Dolores Rojas Almanza, Vania Jocelyn Salgado Hernández, Jaime Lira Medina y Carlos Adrián Pompa González, puedan prestar servicios en la Embajada de Canadá en México y en su Consulado en Monterrey, Nuevo León, respectivamente.
De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Manuel Ernesto Medina López, Natalia Imelda Soto Paredes, Teresa de Jesús Basto Paredes y Evaristo Medrano González, puedan prestar servicios en los Consulados de los Estados Unidos de América en Nogales, Sonora; Guadalajara, Jalisco y Matamoros, Tamaulipas, respectivamente.
De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Ángel Mendoza García, Thalía Isabella Saenger Pedrero, Rogelio Martínez Guzmán y Martín Esteva Sánchez, puedan prestar servicios en las Embajadas de la República Popular China en México; de Canadá en México; del Reino de España en México y de la República Árabe de Egipto en México; respectivamente.
Los asuntos no abordados en esta sesión y los demás con los que la Mesa Directiva dé cuenta.»
CLAUSURA Y CITATORIO
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado (a las 15:22 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el martes 26 de febrero a las 11:00 horas. Se les informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 9: 30 horas.
--------------- O ---------------
RESUMEN DE TRABAJOS
DIPUTADOS QUE PARTICIPARON DURANTE LA SESION
(en orden alfabético)
ASISTENCIA
SECRETARÍA GENERAL
| GRUPO PARLAMENTARIO |
ASISTENCIA | ASISTENCIA POR CÉDULA |
ASISTENCIA COMISIÓN OFICIAL |
PERMISO MESA DIRECTIVA |
INASISTENCIA JUSTIFICADA |
INASISTENCIAS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALT | 193 | 0 | 5 | 2 | 0 | 7 | 207 |
| PRD | 108 | 2 | 2 | 7 | 0 | 8 | 127 |
| PRI | 80 | 1 | 3 | 10 | 0 | 12 | 106 |
| CONV | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 |
| PVEM | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 17 |
| PT | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| NA | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| ALT | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| TOTAL | 431 | 5 | 12 | 19 | 0 | 33 | 33 |
Nota: Las diferencias que existen entre las listas de asistencias y el número de votos puede variar conforme a los diputados presentes al momento de la votación.
SECRETARÍA GENERAL
REPORTE DE ASISTENCIA
| PARTIDO ACCIÓN NACIONAL | |
|---|---|
| 1 Acosta Dávila Constantino | INASISTENCIA |
| 2 Aguilar López José Alejandro | ASISTENCIA |
| 3 Alcalde Virgen Moisés | ASISTENCIA |
| 4 Alcaraz Hernández Alma Edwviges | ASISTENCIA |
| 5 Álvarez Bernal María Elena | ASISTENCIA |
| 6 Amezola Fonceca Gerardo | INASISTENCIA |
| 7 Aranda Orozco Gerardo | ASISTENCIA |
| 8 Arellano Arellano Joel | ASISTENCIA |
| 9 Arenas Guzmán Margarita | ASISTENCIA |
| 10Arizméndi Uribe Efraín | ASISTENCIA |
| 11 Armendáriz García Pedro | ASISTENCIA |
| 12 Arredondo Ibarra Salvador | ASISTENCIA |
| 13 Arredondo Velázquez Jesús | ASISTENCIA |
| 14 Ávila Mayo Obdulio | ASISTENCIA |
| 15 Barradas Miravete Gregorio | ASISTENCIA |
| 16 Barrios Rodríguez Juan Enrique | ASISTENCIA |
| 17 Bello Pérez Alfonso Othón | ASISTENCIA |
| 18 Berber Martínez Antonio | ASISTENCIA |
| 19 Bermúdez Viramontes Andrés | ASISTENCIA |
| 20 Bolaños Aguilar Edmundo Javier | ASISTENCIA |
| 21 Borboa Becerra Omar Antonio | ASISTENCIA |
| 22 Borrego Estrada Felipe | ASISTENCIA |
| 23 Bracho González Carlos Augusto | ASISTENCIA |
| 24 Buganza Salmerón Gerardo | ASISTENCIA |
| 25 Campos Galván María Eugenia | ASISTENCIA |
| 26 Carbajal Méndez Liliana | ASISTENCIA |
| 27 Carbajal Tejada Rogelio | ASISTENCIA |
| 28 Cárdenas Sánchez Esmeralda | ASISTENCIA |
| 29 Cardona Benavidez Alma Xóchil | ASISTENCIA |
| 30 Carrasco Altamirano Diódoro Humberto | ASISTENCIA |
| 31 Castaño Contreras Cristián | ASISTENCIA |
| 32Castro De la Rosa Osiel | ASISTENCIA |
| 33 Castro Muñoz Juan de Dios | ASISTENCIA |
| 34Castro Romero Ma. Sofía Del Perpetuo | ASISTENCIA |
| 35 Ceja Romero Ramón | ASISTENCIA |
| 36 Chávez García Daniel | ASISTENCIA |
| 37 Collado Lara Beatriz | ASISTENCIA |
| 38 Contreras Coeto José Luis | ASISTENCIA |
| 39 Corral Aguilar María Mercedes | ASISTENCIA |
| 40 Cuen Garibi Marcela | ASISTENCIA |
| 41 Curiel Preciado Leobardo | ASISTENCIA |
| 42 Dávila Fernández Adriana | ASISTENCIA |
| 43 Dávila García Francisco | ASISTENCIA |
| 44 De la Torre Jaramillo Eduardo Sergio | ASISTENCIA |
| 45 De León Tello Jesús | ASISTENCIA |
| 46 Degante Romero Silvia Emilia | ASISTENCIA |
| 47Del Toro del Villar Tomás | ASISTENCIA |
| 48 Del Valle Toca Antonio | ASISTENCIA |
| 49 Delgado Oscoy Alejandro Enrique | ASISTENCIA |
| 50Denegre Vaught Ramírez Rosaura Virginia | ASISTENCIA |
| 51 Deschamps Falcón Ángel Rafael | ASISTENCIA |
| 52 Díaz García José Antonio | ASISTENCIA |
| 53 Díaz Garibay Felipe | ASISTENCIA |
| 54 Díaz Gordillo Martha Cecilia | ASISTENCIA |
| 55 Díaz Mena Joaquín Jesús | ASISTENCIA |
| 56 Díaz de León Torres Leticia | ASISTENCIA |
| 57 Domínguez Servién Francisco | ASISTENCIA |
| 58 Duck Núñez Edgar Mauricio | ASISTENCIA |
| 59 Enríquez Flores Armando | ASISTENCIA |
| 60 Escaroz Soler Gerardo Antonio | ASISTENCIA |
| 61 Escobar Jardinez Adolfo | ASISTENCIA |
| 62 Espinosa Piña José Luis | ASISTENCIA |
| 63 Félix Holguín Armando Jesús | ASISTENCIA |
| 64 Felton González Carlos Eduardo | ASISTENCIA |
| 65 Fernández Cabrera Adrián | ASISTENCIA |
| 66Fernández Ugarte Ma. del Carmen | ASISTENCIA |
| 67 Figueroa Ortega David | ASISTENCIA |
| 68 Flores Domínguez Emilio Ramón Ramiro | ASISTENCIA |
| 69 Flores Grande Arturo | INASISTENCIA |
| 70 Flores Morfín Jesús Vicente | ASISTENCIA |
| 71 Fraile García Francisco Antonio | ASISTENCIA |
| 72 Franco Cazarez Ricardo | ASISTENCIA |
| 73 Fuentes Ortíz José Guillermo | ASISTENCIA |
| 74 García González Carlos Alberto | ASISTENCIA |
| 75 García Müller Martha Margarita | ASISTENCIA |
| 76 García Reyes Ángel Humberto | ASISTENCIA |
| 77 García Reyes Beatriz Eugenia | ASISTENCIA |
| 78 García Vivián Raúl | ASISTENCIA |
| 79 Garmendia Hernández Yolanda Mercedes | ASISTENCIA |
| 80 Gómez Leyva Silvio | ASISTENCIA |
| 81 González Betancourt Jorge Justiniano | ASISTENCIA |
| 82 González Martínez María Gabriela | ASISTENCIA |
| 83 González Morán Martín Oscar | ASISTENCIA |
| 84 González Roaro Benjamín Ernesto | ASISTENCIA |
| 85 González Ruiz Felipe | ASISTENCIA |
| 86González Sánchez Ma. Dolores | ASISTENCIA |
| 87Gudiño Ortíz Francisco Javier | ASISTENCIA |
| 88 Guerrero Torres José Gildardo | INASISTENCIA |
| 89 Gutiérrez Lagunes María Victoria | ASISTENCIA |
| 90 Hernández Núñez Elia | ASISTENCIA |
| 91 Hurtado Pérez Nelly Asunción | ASISTENCIA |
| 92 Iragorri Durán Enrique | INASISTENCIA |
| 93Jiménez del Castillo Ma. de los Ángeles | ASISTENCIA |
| 94 Jiménez Ramos María Esther | ASISTENCIA |
| 95 Joaquín Coldwell Addy Cecilia | PERMISO MESA DIRECTIVA |
| 96 Lagunes Viveros Violeta del Pilar | ASISTENCIA |
| 97 Landero Gutiérrez Alejandro | ASISTENCIA |
| 98 Landeros González Ramón | ASISTENCIA |
| 99 Lara Compeán David | ASISTENCIA |
| 100 Larios Córdova Héctor | ASISTENCIA |
| 101 Laviada Hernández Iñigo Antonio | ASISTENCIA |
| 102 Lemus Muñoz Ledo Ramón Ignacio | ASISTENCIA |
| 103 Leura González Agustín | ASISTENCIA |
| 104 Lezama Aradillas René | ASISTENCIA |
| 105 Limas Frescas María Soledad | ASISTENCIA |
| 106 Lizaola de la Torre Alonso Manuel | ASISTENCIA |
| 107 López Cisneros José Martín | ASISTENCIA |
| 108 López Reyna Omeheira | ASISTENCIA |
| 109 López Silva Rubí Laura | ASISTENCIA |
| 110 Ludlow Kuri Lorenzo Daniel | ASISTENCIA |
| 111 Lujano Nicolás Christian Martín | ASISTENCIA |
| 112 Maawad Robert Luis Xavier | ASISTENCIA |
| 113 Macías Zambrano Gustavo | ASISTENCIA |
| 114 Madrazo Limón Carlos | ASISTENCIA |
| 115Magallón Arceo Leonardo Melesio de J. | ASISTENCIA |
| 116 Malagón Ríos Martín | ASISTENCIA |
| 117 Maldonado González David | OFICIAL COMISIÓN |
| 118Manuell-Gómez Angulo Dolores De María | ASISTENCIA |
| 119 Martínez Díaz María de Jesús | ASISTENCIA |
| 120 Martínez Valero Dora Alicia | ASISTENCIA |
| 121 Medellín Varela Antonio | ASISTENCIA |
| 122 Medina Macias Alma Hilda | ASISTENCIA |
| 123 Medina Rodríguez Delber | INASISTENCIA |
| 124 Medina Rodríguez Lizbeth Evelia | ASISTENCIA |
| 125 Mejía García Luis Alonso | ASISTENCIA |
| 126 Méndez Meneses Apolonio | ASISTENCIA |
| 127 Mendoza Morales Lucía Susana | ASISTENCIA |
| 128 Mohamar Dainitin Oscar Miguel | ASISTENCIA |
| 129 Mollinedo Hernández Agustín | ASISTENCIA |
| 130 Monraz Ibarra Miguel Ángel | ASISTENCIA |
| 131 Montes Sánchez Fabián Fernando | ASISTENCIA |
| 132 Mora Cuevas Marisol | ASISTENCIA |
| 133 Morales Ramos José Nicolás | ASISTENCIA |
| 134 Morelos Borja María Esperanza | ASISTENCIA |
| 135 Moreno Álvarez Mario Eduardo | ASISTENCIA |
| 136 Morgan Franco Rocío del Carmen | ASISTENCIA |
| 137 Muñoz Serrano José Antonio | ASISTENCIA |
| 138 Murillo Flores Francisco Javier | ASISTENCIA |
| 139 Murillo Torres José Luis | ASISTENCIA |
| 140 Navarro Sugich Carlos Alberto | ASISTENCIA |
| 141 Nordhausen González Jorge Rubén | OFICIAL COMISIÓN |
| 142Noriega Blanco Vigil María Nieves | ASISTENCIA |
| 143 Ochoa López Nabor | ASISTENCIA |
| 144 Olvera Higuera Edgar Armando | ASISTENCIA |
| 145 Orozco Ruiz Velazco Marco Heriberto | ASISTENCIA |
| 146Ortega Martínez Ma. del Pilar | ASISTENCIA |
| 147Ortíz Hernández Eduardo | ASISTENCIA |
| 148 Oviedo Oviedo Ernesto | ASISTENCIA |
| 149 Padilla Orozco Raúl Alejandro | OFICIAL COMISIÓN |
| 150 Palafox Núñez José Inés | ASISTENCIA |
| 151 Paredes Rodríguez Francisco Javier | ASISTENCIA |
| 152 Parra Jiménez Dolores María del Carmen | ASISTENCIA |
| 153 Parra Noriega Luis Gustavo | ASISTENCIA |
| 154 Pérez Cuéllar Cruz | ASISTENCIA |
| 155 Peyrot Solís Marco Antonio | ASISTENCIA |
| 156 Plascencia Alonso Francisco Javier | ASISTENCIA |
| 157 Priego Tapia Gerardo | ASISTENCIA |
| 158 Pulido Pecero Pedro | ASISTENCIA |
| 159 Quintero Bello Jorge | ASISTENCIA |
| 160 Ramírez Barba Ector Jaime | ASISTENCIA |
| 161 Ramírez Pech Edgar Martín | ASISTENCIA |
| 162 Ramírez Villarreal Gustavo | ASISTENCIA |
| 163 Ramos Covarrubias Héctor Manuel | ASISTENCIA |
| 164 Reyes López Carlos Armando | ASISTENCIA |
| 165 Rincón Vargas Mirna Cecilia | ASISTENCIA |
| 166 Rivera Rivera José Guadalupe | ASISTENCIA |
| 167 Rivero Rivero Rolando | ASISTENCIA |
| 168 Rodríguez Ahumada Luis Fernando | OFICIAL COMISIÓN |
| 169 Rodríguez Jiménez Ricardo | ASISTENCIA |
| 170 Rodríguez Prats Juan José | ASISTENCIA |
| 171 Rodríguez Uresti Enrique | ASISTENCIA |
| 172 Rodríguez Vizcarra Velázquez Adriana | ASISTENCIA |
| 173 Rojas Hernández Laura Angélica | ASISTENCIA |
| 174 Román Isidoro Demetrio | ASISTENCIA |
| 175 Romo Jiménez Martha Angélica | ASISTENCIA |
| 176 Rubio Chávez José Ignacio Alberto | ASISTENCIA |
| 177 Rueda Gómez Francisco | ASISTENCIA |
| 178 Ruiz Velasco de Lira Ernesto | ASISTENCIA |
| 179 Salas Contreras Marcos | ASISTENCIA |
| 180 Salazar Madera Mario Alberto | ASISTENCIA |
| 181 Salum del Palacio Jorge Alejandro | ASISTENCIA |
| 182 Sánchez Díaz de Rivera Antonio | ASISTENCIA |
| 183 Sánchez Domínguez Alejandro | INASISTENCIA |
| 184 Sánchez Gil Carlos René | ASISTENCIA |
| 185 Sánchez Juárez Claudia | ASISTENCIA |
| 186 Sánchez Trujillo José Víctor | PERMISO MESA DIRECTIVA |
| 187Sandoval Munguia Juan Manuel | ASISTENCIA |
| 188 Serrato Castell Luis Gerardo | ASISTENCIA |
| 189 Shej Guzmán Sara | ASISTENCIA |
| 190 Solano Muñoz José de Jesús | ASISTENCIA |
| 191 Stefanonni Mazzocco Martín | ASISTENCIA |
| 192 Tamayo Herrera Yadhira Yvette | OFICIAL COMISIÓN |
| 193 Torres Gómez Artemio | ASISTENCIA |
| 194 Torres Herrera Víctor Manuel | ASISTENCIA |
| 195 Torres Torres Carlos Alberto | ASISTENCIA |
| 196 Valenzuela García María Gloria Guadalupe | ASISTENCIA |
| 197 Valladolid Rodríguez Antonio | ASISTENCIA |
| 198 Vasconcelos Rueda Antonio | ASISTENCIA |
| 199 Vázquez Martínez Alberto | ASISTENCIA |
| 200 Vega Corona Antonio | ASISTENCIA |
| 201 Velázquez Gutiérrez José Guillermo | ASISTENCIA |
| 202 Verástegui Ostos César Augusto | ASISTENCIA |
| 203 Verdín Saldaña Jaime | ASISTENCIA |
| 204 Victoria Alva Juan | ASISTENCIA |
| 205 Vieyra Olivares Adriana Rebeca | ASISTENCIA |
| 206 Villanueva Arjona Juan Manuel | ASISTENCIA |
| 207 Zambrano Elizondo Javier Martín | ASISTENCIA |
| Asistencias: 193 | |
| Asistencias por cédula: 0 | |
| Asistencias comisión oficial: 5 | |
| Permiso Mesa Directiva: 2 | |
| Inasistencias justificadas: 0 | |
| Inasistencias: 7 | |
| Total diputados: 207 | |
| PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA | |
|---|---|
| 1Aguirre Alcaide Victor | INASISTENCIA |
| 2 Alavez Ruiz Aleida | ASISTENCIA |
| 3 Almazán González José Antonio | ASISTENCIA |
| 4 Almonte Borja Ramón | ASISTENCIA |
| 5 Alonso Flores Lourdes | ASISTENCIA |
| 6Wilfrido Alonso Razo Humberto | ASISTENCIA |
| 7 Altamirano Toledo Carlos | ASISTENCIA |
| 8 Alva Olvera Maribel Luisa | ASISTENCIA |
| 9 Álvarez Ramón Silbestre | ASISTENCIA |
| 10 Amaro Corona Alberto | ASISTENCIA |
| 11 Aragón Castillo Irene | ASISTENCIA |
| 12 Arellano Pulido Miguel Ángel | ASISTENCIA |
| 13Arreola Calderón Juan Dario | ASISTENCIA |
| 14 Barreiro Pérez Armando | ASISTENCIA |
| 15 Batres Guadarrama Valentina Valia | ASISTENCIA |
| 16 Bautista Bravo Alliet Mariana | PERMISO MESA DIRECTIVA |
| 17Bravo Padilla Itzcóatl Tonatiuh | ASISTENCIA |
| 18 Brito González Modesto | ASISTENCIA |
| 19 Calzada Vázquez Francisco Javier | ASISTENCIA |
| 20 Campos Aburto Amador | ASISTENCIA |
| 21 Cárdenas Hernández Raymundo | ASISTENCIA |
| 22 Cervantes Rodríguez Aurora | ASISTENCIA |
| 23 Chávez García Higinio | ASISTENCIA |
| 24Condado Escamilla Cuitlahuac | INASISTENCIA |
| 25 Contreras Julián Maricela | INASISTENCIA |
| 26 Cruz Santiago Claudia Lilia | ASISTENCIA |
| 27 Cuevas Córdova Othón | ASISTENCIA |
| 28 Dagdug Lützow Moisés Félix | ASISTENCIA |
| 29 De la Rosa García Juan Hugo | ASISTENCIA |
| 30 De los Santos Molina Joaquín Conrado | ASISTENCIA |
| 31 Dehesa Mora Daniel | ASISTENCIA |
| 32 Del Toro Mario Enrique | ASISTENCIA |
| 33 Díaz Contreras Adriana | ASISTENCIA |
| 34 Escandón Cadenas Rutilio Cruz | ASISTENCIA |
| 35 Espejel Lazcano Jaime | ASISTENCIA |
| 36 Fernández Balboa Mónica | ASISTENCIA |
| 37 Flores Maldonado César | ASISTENCIA |
| 38 Flores Salazar Guadalupe Socorro | INASISTENCIA |
| 39 Franco Melgarejo Rafael | INASISTENCIA |
| 40 Gálvez Rodríguez Fernel Arturo | ASISTENCIA |
| 41 García Rodríguez Víctor Hugo | ASISTENCIA |
| 42 Garzón Contreras Neftalí | ASISTENCIA |
| 43 González Garza Javier | ASISTENCIA |
| 44 Guerra Ochoa Juan Nicasio | ASISTENCIA |
| 45 Gutiérrez Calzadilla José Luis | ASISTENCIA |
| 46 Hernández Gaytán Daisy Selene | ASISTENCIA |
| 47 Hernández Hernández Sergio | ASISTENCIA |
| 48 Hernández Manzanares Javier | OFICIAL COMISIÓN |
| 49 Hernández Silva Benjamín | ASISTENCIA |
| 50Nohelia Ibarra Franquez Sonia | ASISTENCIA |
| 51 Jacques y Medina José | ASISTENCIA |
| 52 Jiménez Valenzuela María Eugenia | ASISTENCIA |
| 53 Landero López Pedro | ASISTENCIA |
| 54Lemarroy Martínez Juan Darío | INASISTENCIA |
| 55 Leyva Piñón Ana Yurixi | ASISTENCIA |
| 56 Lizárraga Peraza Víctor Manuel | ASISTENCIA |
| 57 López Barriga Erick | ASISTENCIA |
| 58 López Becerra Santiago | PERMISO MESA DIRECTIVA |
| 59 López Rojas Alberto | ASISTENCIA |
| 60 López Torres Ma. Soledad | ASISTENCIA |
| 61 Lozano Lozano Andrés | ASISTENCIA |
| 62 Luna Munguía Alma Lilia | PERMISO MESA DIRECTIVA |
| 63 Márquez Madrid Camerino Eleazar | ASISTENCIA |
| 64 Márquez Tinoco Francisco | ASISTENCIA |
| 65 Martínez Hernández Alejandro | ASISTENCIA |
| 66 Martínez Martínez Carlos Roberto | OFICIAL COMISIÓN |
| 67 Martínez Martínez Francisco | ASISTENCIA |
| 68 Martínez Padilla Hugo Eduardo | ASISTENCIA |
| 69 Martínez Vargas Octavio | ASISTENCIA |
| 70 Matías Alonso Marcos | ASISTENCIA |
| 71 Matus Toledo Holly | ASISTENCIA |
| 72 Mayans Canabal Fernando Enrique | ASISTENCIA |
| 73 Mendoza Arellano David | ASISTENCIA |
| 74 Mendoza Flores Roberto | ASISTENCIA |
| 75 Mendoza Maldonado Fausto Fluvio | ASISTENCIA |
| 76 Mendoza Mendoza Irineo | ASISTENCIA |
| 77 Monreal Ávila Susana | PERMISO MESA DIRECTIVA |
| 78 Montalvo Rojas Victorio Rubén | ASISTENCIA |
| 79 Morales Sánchez Efraín | ASISTENCIA |
| 80 Morales Vázquez Carlos Orsoe | ASISTENCIA |
| 81Narcía Álvarez Héctor | ASISTENCIA |
| 82 Navarro López Carlos Ernesto | ASISTENCIA |
| 83 Navarro Quintero Miguel Ángel | ASISTENCIA |
| 84 Ojeda Hernández Concepción | ASISTENCIA |
| 85 Oliva Fragoso Silvia | ASISTENCIA |
| 86 Orcí Martínez Juan Adolfo | PERMISO MESA DIRECTIVA |
| 87 Ortega Martínez Antonio | ASISTENCIA |
| 88 Ortiz Magallón Rosario Ignacia | ASISTENCIA |
| 89Pacheco LLanes Ramón Félix | ASISTENCIA |
| 90 Pedraza Chávez Isidro | ASISTENCIA |
| 91 Pedrozo Castillo Adrián | CÉDULA |
| 92 Peña Sánchez Miguel Ángel | ASISTENCIA |
| 93 Pérez Cruz Raciel | ASISTENCIA |
| 94 Pulido Santiago Celso David | ASISTENCIA |
| 95 Ramos Becerril Rafael Plácido | ASISTENCIA |
| 96 Ramos Castellanos Martín | ASISTENCIA |
| 97 Rasgado Corsi Gloria | ASISTENCIA |
| 98 Ríos Gamboa Raúl | INASISTENCIA |
| 99 Romero Gutiérrez Odilón | PERMISO MESA DIRECTIVA |
| 100Ruíz Sánchez Salvador | ASISTENCIA |
| 101 Saavedra Coronel José Antonio | ASISTENCIA |
| 102 San Martín Hernández Juan Manuel | ASISTENCIA |
| 103 Sánchez Barrios Carlos | ASISTENCIA |
| 104 Sánchez Cabrales Rafael Elías | ASISTENCIA |
| 105 Sánchez Camacho Alejandro | ASISTENCIA |
| 106 Sánchez Camacho David | ASISTENCIA |
| 107Sánchez Jiménez V. Luis | ASISTENCIA |
| 108 Sánchez Ramos Francisco | ASISTENCIA |
| 109 Sandoval Ramírez Cuauhtémoc | ASISTENCIA |
| 110 Santos Arreola Francisco Javier | ASISTENCIA |
| 111 Solares Chávez Miguel Ángel | ASISTENCIA |
| 112 Soriano Sánchez Rosa Elva | ASISTENCIA |
| 113 Soto Ramos Faustino | ASISTENCIA |
| 114 Soto Sánchez Antonio | ASISTENCIA |
| 115 Suárez del Real y Aguilera José Alfonso | ASISTENCIA |
| 116 Torres Baltazar María Elena | ASISTENCIA |
| 117 Torres García Daniel | PERMISO MESA DIRECTIVA |
| 118 Trejo Pérez Pablo | ASISTENCIA |
| 119 Ulloa Pérez Emilio | ASISTENCIA |
| 120 Vallejo Estevez Mario | ASISTENCIA |
| 121 Varela López Víctor Gabriel | INASISTENCIA |
| 122 Velázquez Aguirre Jesús Evodio | ASISTENCIA |
| 123 Villanueva Albarrán Gerardo | CÉDULA |
| 124 Villicaña García Rafael | ASISTENCIA |
| 125 Zavaleta Salgado Ruth | ASISTENCIA |
| 126 Zazueta Aguilar Jesús Humberto | ASISTENCIA |
| 127 Zepeda Hernández Martín | ASISTENCIA |
| Asistencias: 108 | |
| Asistencias por cédula: 2 | |
| Asistencias comisión oficial: 2 | |
| Permiso Mesa Directiva: 7 | |
| Inasistencias justificadas: 0 | |
| Inasistencias: 8 | |
| Total diputados: 127 | |
| PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL | |
|---|---|
| 1 Abramo Masso Yerico | ASISTENCIA |
| 2 Aguilar Diego | PERMISO MESA DIRECTIVA |
| 3 Aguilar Solís Samuel | ASISTENCIA |
| 4 Aispuro Torres José Rosas | PERMISO MESA DIRECTIVA |
| 5 Alcántara Núñez Jesús Sergio | OFICIAL COMISIÓN |
| 6 Aldana Prieto Luis Ricardo | ASISTENCIA |
| 7 Amador Gaxiola Daniel | ASISTENCIA |
| 8 Amador Leal Narcizo Alberto | ASISTENCIA |
| 9 Ayala Almeida Joel | ASISTENCIA |
| 10 Badillo Martínez Roberto | ASISTENCIA |
| 11Barajas Del Toro Salvador | ASISTENCIA |
| 12 Barajas López Ramón | ASISTENCIA |
| 13 Barba Hernández Alfredo | ASISTENCIA |
| 14 Beltrán Montes Israel | ASISTENCIA |
| 15 Benítez Ojeda Luis Enrique | INASISTENCIA |
| 16 Bernal Gutiérrez Andrés Marco Antonio | ASISTENCIA |
| 17 Biebrich Torres Carlos Armando | ASISTENCIA |
| 18 Blanco Pajón José Luis | ASISTENCIA |
| 19 Caballero Camargo Gustavo Fernando | PERMISO MESA DIRECTIVA |
| 20 Camacho Quiroz César Octavio | ASISTENCIA |
| 21 Canavati Tafich Jesús Ricardo | ASISTENCIA |
| 22 Carballo Bustamante Andrés | INASISTENCIA |
| 23Cárdenas Del Avellano Enrique | INASISTENCIA |
| 24 Cárdenas Monroy Oscar Gustavo | INASISTENCIA |
| 25 Cervantes Andrade Raúl | ASISTENCIA |
| 26 Chaurand Arzate Carlos | PERMISO MESA DIRECTIVA |
| 27 Colín Guadarrama María Mercedes | PERMISO MESA DIRECTIVA |
| 28 Cordero Alfonzo Arnulfo Elías | INASISTENCIA |
| 29De la Garza Treviño Jorge Luis | ASISTENCIA |
| 30 Díaz Athié Antonio de Jesús | ASISTENCIA |
| 31 Díaz Solorzano Elmar Darinel | ASISTENCIA |
| 32 Domínguez Domínguez Nemesio | ASISTENCIA |
| 33 Duarte Jáquez César Horacio | ASISTENCIA |
| 34 Escajeda Jiménez José Rubén | INASISTENCIA |
| 35 Escalante Jasso Aracely | ASISTENCIA |
| 36 Espinosa Abuxapqui Eduardo Elías | ASISTENCIA |
| 37 Estefan Chidiac Charbel Jorge | INASISTENCIA |
| 38 Flores Sandoval Patricio | ASISTENCIA |
| 39 Gamboa Patrón Emilio | ASISTENCIA |
| 40 Garza Garza Horacio Emigdio | ASISTENCIA |
| 41 Gebhardt Garduza Yary del Carmen | PERMISO MESA DIRECTIVA |
| 42 Gloria Requena Tomás | ASISTENCIA |
| 43 Gómez Lugo Elda | ASISTENCIA |
| 44 González Calderón Martha Hilda | ASISTENCIA |
| 45 González García Sergio | ASISTENCIA |
| 46 González Salum Miguel Ángel | ASISTENCIA |
| 47 González Zarur Mariano | ASISTENCIA |
| 48 Guerrero García Javier | ASISTENCIA |
| 49 Guerrero Juárez Joel | ASISTENCIA |
| 50 Herrera Ale Juana Leticia | INASISTENCIA |
| 51 Herrera Coyac Wenceslao | ASISTENCIA |
| 52 Izquierdo Bustamante Alfonso Rolando | PERMISO MESA DIRECTIVA |
| 53 Lagunes Gallina Gerardo | ASISTENCIA |
| 54 Lescieur Talavera Jorge Mario | ASISTENCIA |
| 55 López Balbuena Guillermina | ASISTENCIA |
| 56Madrid Tovilla Arely | ASISTENCIA |
| 57 Martínez Rocha Arturo | OFICIAL COMISIÓN |
| 58 Martínez Rodríguez Lorena | ASISTENCIA |
| 59 Méndez Lanz Víctor Manuel | ASISTENCIA |
| 60 Mendívil Amparán Gustavo Ildefonso | ASISTENCIA |
| 61 Merodio Reza Lilia Guadalupe | ASISTENCIA |
| 62Moctezuma Pereda Fernando Quetzalcoatl | ASISTENCIA |
| 63 Montalvo Gómez Pedro | ASISTENCIA |
| 64 Morales García Elizabeth | CÉDULA |
| 65 Mota Hernández Adolfo | ASISTENCIA |
| 66 Muñoz Serna Rogelio | ASISTENCIA |
| 67 Murat José | ASISTENCIA |
| 68 Ochoa González Arnoldo | ASISTENCIA |
| 69 Ojeda Camacho Gilberto | ASISTENCIA |
| 70 Olivares Monterrubio Alejandro | ASISTENCIA |
| 71 Olivares Ventura Héctor Hugo | INASISTENCIA |
| 72 Ordaz Jiménez Ismael | PERMISO MESA DIRECTIVA |
| 73 Orihuela Bárcenas José Ascención | OFICIAL COMISIÓN |
| 74 Orihuela Trejo José Amado | ASISTENCIA |
| 75Ortiz Del Carpio Víctor | ASISTENCIA |
| 76 Ortiz Proal Mauricio | ASISTENCIA |
| 77 Padilla Gutiérrez Héctor | ASISTENCIA |
| 78 Pagés Llergo Rebollar María Beatriz | ASISTENCIA |
| 79 Palma César Víctor Samuel | ASISTENCIA |
| 80 Parás González Juan Manuel | ASISTENCIA |
| 81 Patrón Montalvo Jesús Manuel | ASISTENCIA |
| 82 Peñuelas Acuña Mayra Gisela | INASISTENCIA |
| 83 Pérez Valdés Daniel | ASISTENCIA |
| 84 Pinete Vargas María del Carmen | ASISTENCIA |
| 85 Quiñones Canales Lourdes | ASISTENCIA |
| 86 Ramírez Martínez José Edmundo | ASISTENCIA |
| 87 Ramírez Stabros Jesús | ASISTENCIA |
| 88 Reyna García José Jesús | INASISTENCIA |
| 89 Ríos Camarena Alfredo Adolfo | ASISTENCIA |
| 90 Rivera Bedoya Juan Francisco | ASISTENCIA |
| 91 Rodríguez Ramírez Bertha Yolanda | PERMISO MESA DIRECTIVA |
| 92 Rojas Gutiérrez Carlos | ASISTENCIA |
| 93Ruíz Chávez Sara Latife | ASISTENCIA |
| 94 Salas López Ramón | ASISTENCIA |
| 95 Sánchez Hernández Eduardo | ASISTENCIA |
| 96 Sandoval Paredes Sergio | ASISTENCIA |
| 97 Serrano Escobar Enrique | ASISTENCIA |
| 98 Sosa Castelán Gerardo | ASISTENCIA |
| 99 Toledo Luis Jorge | PERMISO MESA DIRECTIVA |
| 100Valencia De los Santos Víctor Leopoldo | ASISTENCIA |
| 101 Vargas Landeros Gerardo Octavio | ASISTENCIA |
| 102Vega Ortíz María Oralia | ASISTENCIA |
| 103 Velasco Pérez Juan Carlos | ASISTENCIA |
| 104 Villa Villa Isael | INASISTENCIA |
| 105 Villanueva Abraján Patricia | ASISTENCIA |
| 106 Zatarain González Carlos Ernesto | ASISTENCIA |
| Asistencias: 80 | |
| Asistencias por cédula: 1 | |
| Asistencias comisión oficial: 3 | |
| Permiso Mesa Directiva: 10 | |
| Inasistencias justificadas: 0 | |
| Inasistencias: 12 | |
| Total diputados: 106 | |
| CONVERGENCIA | |
|---|---|
| 1 Abad De Jesús Juan | ASISTENCIA |
| 2 Aguilera Rico José Luis | ASISTENCIA |
| 3 Cárdenas Márquez Elías | ASISTENCIA |
| 4 Castellanos Hernández Félix | ASISTENCIA |
| 5 Castillo Romero Patricia Obdulia de Jesús | ASISTENCIA |
| 6 Chanona Burguete Alejandro | ASISTENCIA |
| 7 Del Río Virgen José Manuel | ASISTENCIA |
| 8 Esteva Salinas Alberto | ASISTENCIA |
| 9 Godoy Cárdenas Jorge | ASISTENCIA |
| 10 López Lena Cruz Humberto | INASISTENCIA |
| 11 Salvatori Bronca María del Carmen | ASISTENCIA |
| 12 Samperio Montaño Juan Ignacio | ASISTENCIA |
| 13 Sansores San Román Layda Elena | ASISTENCIA |
| 14 Tagle Martínez Martha Angélica | INASISTENCIA |
| 15 Uscanga Cruz Robinson | CÉDULA |
| 16 Valdés Chávez Ramón | ASISTENCIA |
| 17 Varela Lagunas Tomás José Luis | ASISTENCIA |
| 18 Velasco Oliva Jesús Cuauhtémoc | ASISTENCIA |
| Asistencias: 15 | |
| Asistencias por cédula: 1 | |
| Asistencias comisión oficial: 0 | |
| Permiso Mesa Directiva: 0 | |
| Inasistencias justificadas: 0 | |
| Inasistencias: 2 | |
| Total diputados: 18 | |
| PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO | |
|---|---|
| 1 Arévalo González José Antonio | OFICIAL COMISIÓN |
| 2 Chozas y Chozas Olga Patricia | ASISTENCIA |
| 3 Cobo Terrazas Diego | ASISTENCIA |
| 4 Elizondo Garrido Francisco | ASISTENCIA |
| 5 Estrada González Faustino Javier | ASISTENCIA |
| 6García Noriega Ma. Guadalupe Josefina | ASISTENCIA |
| 7 González Martínez Jorge Emilio | INASISTENCIA |
| 8 Lavara Mejía Gloria | CÉDULA |
| 9 López Adame Antonio Xavier | ASISTENCIA |
| 10 López Ramírez Sergio Augusto | ASISTENCIA |
| 11 Notholt Guerrero Alan | ASISTENCIA |
| 12 Portilla Dieguez Manuel Salvador | ASISTENCIA |
| 13 Puente Salas Carlos Alberto | ASISTENCIA |
| 14 Ramírez Cerda Ana María | INASISTENCIA |
| 15 Salgado Amador Manuel Salvador | ASISTENCIA |
| 16 Sesma Suárez Jesús | ASISTENCIA |
| 17 Velasco Rodríguez Verónica | ASISTENCIA |
| Asistencias: 13 | |
| Asistencias por cédula: 1 | |
| Asistencias comisión oficial: 1 | |
| Permiso Mesa Directiva: 0 | |
| Inasistencias justificadas: 0 | |
| Inasistencias: 2 | |
| Total diputados: 17 | |
| PARTIDO DEL TRABAJO | |
|---|---|
| 1 Aguilar Jiménez Rubén | ASISTENCIA |
| 2 Arreola Ortega Pablo Leopoldo | ASISTENCIA |
| 3 Cantú Garza Ricardo | ASISTENCIA |
| 4 Cervantes Rivera Jaime | ASISTENCIA |
| 5 Garay Ulloa Silvano | ASISTENCIA |
| 6 Herrera Solís Anuario Luis | ASISTENCIA |
| 7Maciel Ortiz Ma. Mercedes | ASISTENCIA |
| 8 Peregrino García Abundio | ASISTENCIA |
| 9 Romero Guzmán Rosa Elia | INASISTENCIA |
| 10 Solís Parga Rodolfo | ASISTENCIA |
| 11 Vela González Joaquín Humberto | ASISTENCIA |
| Asistencias: 10 | |
| Asistencias por cédula: 0 | |
| Asistencias comisión oficial: 0 | |
| Permiso Mesa Directiva: 0 | |
| Inasistencias justificadas: 0 | |
| Inasistencias: 1 | |
| Total diputados: 11 | |
| NUEVA ALIANZA | |
|---|---|
| 1 Arriola G. Mónica T. | ASISTENCIA |
| 2 Cárdenas Fonseca Manuel | ASISTENCIA |
| 3 Castillo Nájera Ariel | ASISTENCIA |
| 4 Dávila Esquivel Humberto | ASISTENCIA |
| 5 Gómez Pasillas Jacinto | ASISTENCIA |
| 6 Jiménez Godínez Miguel Ángel | ASISTENCIA |
| 7 Luna Becerril Blanca | ASISTENCIA |
| 8 Luna Rodríguez Silvia | ASISTENCIA |
| 9 Piñeyro Arias Irma | OFICIAL COMISIÓN |
| Asistencias: 8 | |
| Asistencias por cédula: 0 | |
| Asistencias comisión oficial: 1 | |
| Permiso Mesa Directiva: 0 | |
| Inasistencias justificadas: 0 | |
| Inasistencias: 0 | |
| Total diputados: 9 | |
| ALTERNATIVA | |
|---|---|
| 1 Arvizu Rivas Aida Marina | ASISTENCIA |
| 2 Conde Rodríguez Elsa de Guadalupe | ASISTENCIA |
| 3 García Méndez Armando | ASISTENCIA |
| 4 Hernández Valadés Delio | ASISTENCIA |
| 5 Pedro Cortés Santiago Gustavo | INASISTENCIA |
| Asistencias: 4 | |
| Asistencias por cédula: 0 | |
| Asistencias comisión oficial: 0 | |
| Permiso Mesa Directiva: 0 | |
| Inasistencias justificadas: 0 | |
| Inasistencias: 1 | |
| Total diputados: 5 | |
SECRETARÍA GENERAL
REPORTE DE INASISTENCIAS
| PARTIDO ACCIÓN NACIONAL | ||
|---|---|---|
| Diputado | ||
| 1 Acosta Dávila Constantino | ||
| 2 Amezola Fonceca Gerardo | ||
| 3 Flores Grande Arturo | ||
| 4 Guerrero Torres José Gildardo | ||
| 5 Iragorri Durán Enrique | ||
| 6 Medina Rodríguez Delber | ||
| 7 Sánchez Domínguez Alejandro | ||
| Faltas por grupo: 7 | ||
| PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA | ||
|---|---|---|
| Diputado | ||
| 1 Aguirre Alcaide Victor | ||
| 2 Condado Escamilla Cuitlahuac | ||
| 3 Contreras Julián Maricela | ||
| 4 Flores Salazar Guadalupe Socorro | ||
| 5 Franco Melgarejo Rafael | ||
| 6 Lemarroy Martínez Juan Darío | ||
| 7 Ríos Gamboa Raúl | ||
| 8 Varela López Víctor Gabriel | ||
| Faltas por grupo: 8 | ||
| PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL | ||
|---|---|---|
| Diputado | ||
| 1 Benítez Ojeda Luis Enrique | ||
| 2 Carballo Bustamante Andrés | ||
| 3 Cárdenas Del Avellano Enrique | ||
| 4 Cárdenas Monroy Oscar Gustavo | ||
| 5 Cordero Alfonzo Arnulfo Elías | ||
| 6 Escajeda Jiménez José Rubén | ||
| 7 Estefan Chidiac Charbel Jorge | ||
| 8 Herrera Ale Juana Leticia | ||
| 9 Olivares Ventura Héctor Hugo | ||
| 10 Peñuelas Acuña Mayra Gisela | ||
| 11 Reyna García José Jesús | ||
| 12 Villa Villa Isael | ||
| Faltas por grupo: 12 | ||
| CONVERGENCIA | ||
|---|---|---|
| Diputado | ||
| 1 López Lena Cruz Humberto | ||
| 2 Tagle Martínez Martha Angélica | ||
| Faltas por grupo: 2 | ||
| PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO | ||
|---|---|---|
| Diputado | ||
| 1 González Martínez Jorge Emilio | ||
| 2 Ramírez Cerda Ana María | ||
| Faltas por grupo: 2 | ||
| PARTIDO DEL TRABAJO | ||
|---|---|---|
| Diputado | ||
| 1 Romero Guzmán Rosa Elia | ||
| Faltas por grupo: 1 | ||
| ALTERNATIVA | ||
|---|---|---|
| Diputado | ||
| 1 Pedro Cortés Santiago Gustavo | ||
| Faltas por grupo: 1 | ||