SUMARIO

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ASISTENCIA

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Pido a la Secretaría que haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de diputadas y diputados.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca : Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 307 diputadas y diputados; por tanto, hay quórum.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado (a las11:43 horas): Se abre la sesión.

ORDEN DEL DIA

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca : Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Mayoría por la afirmativa, diputada Presidenta. Se dispensa la lectura.

«Segundo Periodo Ordinario de Sesiones.--- Segundo Año de Ejercicio.--- LX Legislatura.

Orden del día

Jueves 6 de marzo de 2008.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones

Del gobierno del estado de Oaxaca.

Proposiciones de acuerdo de los órganos de gobierno

De la Junta de Coordinación Política

Por el que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a Colombia y Ecuador a agotar los mecanismos diplomáticos y de diálogo político para llegar a un acuerdo y solucionar por medios pacíficos el conflicto entre ambos países. (Votación)

Por el que se solicita al titular del Poder Ejecutivo federal y la Secretaría de Relaciones Exteriores que se realicen acciones que manifiesten la enérgica desaprobación del Estado mexicano respecto al programa fronterizo No Pase. (Votación)

Por el que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Junta de Coordinación Política para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, se prevean mecanismos que permitan mantener el mismo número de mujeres con que se contó en el pasado Consejo General del Instituto Federal Electoral. (Votación)

Por el que se solicita a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de esta soberanía que, en ejercicio de sus facultades de control evaluatorio, conferidas en el artículo 39, numeral 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, investigue la edición, los contenidos y las autorizaciones del libro de texto Coahuila, un pasado con visión de futuro . (Votación)

Posicionamiento para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, que se celebra el 8 de marzo, a cargo de los grupos parlamentarios.

Iniciativas

Que expide la Ley de Aprovechamiento de Aceites Usados Automotrices y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos, a cargo del diputado Carlos Alberto Puente Salas , del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Sólo turno a Comisión)

Que reforma diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, a cargo del diputado Carlos Alberto Puente Salas , del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Sólo turno a Comisión)

Que reforma y adiciona el artículo 153 de la Ley General de Población, a cargo del diputado Alejandro Chanona Burguete , del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Que reforma la fracción VIII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 16 y 61 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Alejandro Enrique Delgado Oscoy , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma diversas disposiciones de la Ley de Vías Generales de Comunicación, a cargo del diputado Carlos Sánchez Barrios , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes Federales de Procedimiento Administrativo, y de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, a cargo del diputado Gerardo Octavio Vargas Landeros , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona el artículo 9o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Gerardo Buganza Salmerón , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de los Códigos Penal Federal, y Federal de Procedimientos Penales, suscrita por los diputados Esmeralda Cárdenas Sánchez y Édgar Armando Olvera Higuera, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Radio y Televisión, a cargo de la diputada María Sofía Castro Romero , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona los artículos 1o. y 2o. de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, suscrita por los diputados Andrés Lozano Lozano y Claudia Cruz Santiago, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 21, 94 y 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Alberto Amador Leal , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma la fracción V del Apartado B del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada María del Carmen Salvatori Bronca , del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Manuel Salvador Salgado Amador , del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma diversas disposiciones de la Ley de Planeación, a cargo del diputado Juan Manuel San Martín Hernández , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Raúl Cervantes Andrade , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma diversas disposiciones de la Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos, suscrita por los diputados José Antonio Arévalo González y Jesús Sesma Suárez , del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona los artículos 156 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, y 75 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, a cargo de la diputada Patricia Villanueva Abraján , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Joel Guerrero Juárez , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 17 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Gerardo Octavio Vargas Landeros , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Asociaciones Agrícolas, a cargo de la diputada Bertha Yolanda Rodríguez Ramírez , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes Federal de Procedimiento Administrativo, Orgánica de la Administración Pública Federal, y de Planeación, a cargo del diputado Gerardo Octavio Vargas Landeros , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo quinto transitorio del decreto por el que se aprueba el diverso que adiciona los artículos 3o., párrafo primero, fracciones III, V y VI; y 31, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por integrantes de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Carlos Madrazo Limón y Ector Jaime Ramírez Barba , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que adiciona una fracción XII al artículo 179 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, a cargo de la diputada Mónica Fernández Balboa , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que expide la Ley del Instituto Nacional de Trasplantes; y reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes de los Institutos Nacionales de Salud, y General de Salud, a cargo de la diputada Lorena Martínez Rodríguez , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, suscrita por los diputados Manuel Salvador Salgado Amador y María Guadalupe García Noriega , del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma la fracción V del artículo 110 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado Humberto Dávila Esquivel , del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Que reforma diversas disposiciones de las Leyes General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y de Planeación, a cargo del diputado José Guillermo Fuentes Ortiz , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el primer párrafo del artículo 44 de la Ley del Seguro Social, a cargo del diputado Pablo Trejo Pérez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor, a cargo del diputado José Edmundo Ramírez Martínez , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 151 de la Ley del Seguro Social, a cargo del diputado Pablo Trejo Pérez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 324 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Lorena Martínez Rodríguez , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito, a cargo del diputado David Figueroa Ortega , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes Federal del Trabajo, y del Seguro Social, suscrita por los diputados Daniel Dehesa Mora y Pablo Trejo Pérez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el segundo párrafo de la fracción IV del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Raúl Cervantes Andrade , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 57 del Código Civil Federal, a cargo del diputado Jorge Godoy Cárdenas , del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Que adiciona los artículos 5 y 6 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada María Mercedes Maciel Ortiz , del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 518 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado José Inés Palafox Núñez , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona el artículo 44 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, a cargo del diputado Juan Francisco Rivera Bedoya , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 13 y 25 de la Ley Federal de Radio y Televisión, a cargo del diputado Anuario Luis Herrera Solís , del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona la fracción I del artículo 15 de la Ley del Seguro Social, a cargo del diputado Eduardo Ortiz Hernández , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona el artículo 61 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, a cargo del diputado Juan Francisco Rivera Bedoya , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que adiciona el artículo 39 de la Ley General de Desarrollo Social, a cargo de la diputada Elda Gómez Lugo , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 94, 97, 100, 101 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Alberto Amador Leal , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Juan Francisco Rivera Bedoya , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de los Códigos Penal Federal, y Federal de Procedimientos Penales, a cargo del diputado Christian Martín Lujano Nicolás , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 222 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Fernando Enrique Mayans Canabal , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles, a cargo de la diputada Ma. de los Ángeles Jiménez del Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 79 de la Ley General de Desarrollo Social, a cargo del diputado Othón Cuevas Córdova , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el párrafo segundo del artículo 84 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Ma. de los Ángeles Jiménez del Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma diversas disposiciones de las Leyes General de Salud, General de Educación, y Federal de Radio y Televisión, a cargo del diputado Efraín Morales Sánchez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que adiciona dos párrafos al artículo 65 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, a cargo del diputado Francisco Javier Gudiño Ortiz , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma diversas disposiciones de las Leyes Orgánica de la Administración Pública Federal, de Nacionalidad, y General de Población, a cargo de la diputada Aurora Cervantes Rodríguez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona el artículo 24 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, a cargo del diputado Enrique Rodríguez Uresti , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 56 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Fernando Enrique Mayans Canabal , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma diversas disposiciones de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo, a cargo del diputado Alonso Manuel Lizaola de la Torre , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, a cargo del diputado Fernando Enrique Mayans Canabal , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Dictámenes de primera lectura

De la Comisión de Economía, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código de Comercio.

De la Comisión de la Función Pública, con proyecto de decreto que reforma los párrafos segundo del artículo 13, y tercero y sexto del artículo 37 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

Dictámenes a discusión

De la Comisión de Reforma Agraria, con proyecto de decreto que reforma el artículo 80 de la Ley Agraria.

De las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Gobernación, con proyecto de decreto que expide la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica.

De la Comisión de Economía, con proyecto de decreto que reforma el artículo 35 de la Ley Federal de Competencia Económica.

De la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con proyecto de decreto que reforma la fracción X del artículo 12 de la Ley de Asistencia Social.

De la Comisión de Seguridad Pública, con puntos de acuerdo para exhortar al titular del Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Seguridad Pública federal y de la Procuraduría General de la República, a los gobernadores de los estados y al jefe del Gobierno del Distrito Federal, a fortalecer las acciones e implantar operaciones coordinadas con los municipios encaminadas a identificar y recuperar los automóviles robados.

De la Comisión de la Función Pública, con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de la Función Pública y a la Auditoria Superior de la Federación para que realicen, en el ámbito de sus atribuciones, los procedimientos de revisión y, en su caso, de sanción que les confiere la ley en Pemex Exploración y Producción, zona norte.

Proposiciones

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat para que a través de la Conagua realice estudios de factibilidad de transferencia de agua hacia la comarca lagunera, de Durango y Coahuila, a cargo del diputado Jesús de León Tello , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Seguridad Pública considere en el Programa del Subsidio para la Seguridad Pública Municipal el municipio de Valladolid, Yucatán, a cargo del diputado Joaquín Díaz Mena , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Gobierno del Distrito Federal rinda un informe detallado respecto a los abortos practicados legalmente en el Distrito Federal, a cargo de la diputada Violeta del Pilar Lagunes Viveros , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal remueva al titular de la Sagarpa, ingeniero Alberto Cárdenas Jiménez, a cargo del diputado Carlos Ernesto Navarro López , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob, a la SRE y a la Sedesol implanten un programa de apoyo a la población adulta mayor que vive en Estados Unidos de América, suscrita por los diputados Bertha Yolanda Rodríguez Ramírez y Gerardo Octavio Vargas Landeros , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal dé cumplimiento a los acuerdos aprobados por el Congreso de la Unión, y de la Mesa Directiva de esta soberanía, a cargo del diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva , del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal establezca un plan nacional de contingencia económica, donde incluya un paquete de reformas económicas y fiscales, a cargo del diputado Joaquín Humberto Vela González , del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PGR investigue los delitos de pederastia y pornografía infantil, relativa al expediente 2/2006, a cargo de la diputada Mónica Arriola, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, relativo al proceso electoral en Hidalgo, a cargo del diputado Lorenzo Daniel Ludlow Kuri , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, relativo a la libertad de expresión y el derecho a la información de comunicadores y demás ciudadanos mexicanos, a cargo de la diputada Claudia Cruz Santiago, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Comité de Administración de esta soberanía para que en el ámbito de sus competencias vigile las condiciones laborales que las empresas concesionarias de este recinto brindan a sus trabajadores, a cargo del diputado Humberto Dávila Esquivel , del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la LVI Legislatura del estado de México, así como al gobierno de dicha entidad, investigue respecto a la invasión y proliferación de construcciones en diversas poblaciones comunales o ejidales del estado de México declaradas área natural protegida, con la categoría de parque estatal, denominado ``Santuario del Agua y Forestal Subcuenca Tributaria Río San Lorenzo'', a cargo del diputado Salvador Arredondo Ibarra , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la SCT garantice el servicio de calidad en los aeropuertos del país, a cargo del diputado Octavio Martínez Vargas , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCT y a la Semarnat cancelen el proyecto de muelle para cruceros en la bahía de Zihuatanejo, a cargo del diputado Alejandro Sánchez Camacho , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat para que, en coordinación con las autoridades competentes, elabore y publique una norma oficial para regular el control de la proliferación de la maleza acuática en lagos y embalses, a cargo del diputado Gustavo Macías Zambrano , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la Secretaría de Salud expida una norma oficial mexicana que establezca lineamientos para prevenir, tratar y controlar las enfermedades mentales, suscrita por los diputados Jorge Quintero Bello , Omar Antonio Borboa Becerra y Pedro Armendáriz García , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal informe sobre el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas derivadas de la visita de 2002, a cargo de la diputada Aleida Alavez Ruiz , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la Secretaría de Salud refuerce los programas nacionales contra la farmacodependencia y revise los criterios empleados para la distribución y venta de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, suscrita por los diputados Jorge Quintero Bello , Omar Antonio Borboa Becerra y Pedro Armendáriz García , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la SFP, a la SRE y a la Consejería Jurídica del Ejecutivo federal informen sobre el cumplimiento de los artículos 16 y 17 de la Ley de Nacionalidad, respecto del nombramiento de Juan Camilo Mouriño Terrazo como titular de la Segob, a cargo de la diputada Aleida Alavez Ruiz , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SFP investigue a la CFE por la violación del convenio de colaboración para el subsidio de tarifas eléctricas en Mexicali, Baja California, a cargo de la diputada Dolores de María Manuell-Gómez Angulo , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Conagua, realice las acciones conducentes para equilibrar el acuífero principal de la comarca lagunera, en Coahuila y Durango, a cargo del diputado Jesús Vicente Flores Morfín , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP y a Pemex den prioridad al inicio de la reconfiguración y ampliación de la refinería Antonio Dovalí Jaime, en Salina Cruz, Oaxaca, suscrita por los diputados Carlos Altamirano Toledo e Irma Piñeyro Arias , de los Grupos Parlamentarios del Partido de la Revolución Democrática, y de Nueva Alianza, respectivamente. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, a la Semarnat, a la Profepa, al gobierno de Coahuila y al municipio de Torreón reubiquen a las familias que viven en las colonias aledañas a la compañía Met-Mex Peñoles, ya que se consideran inhabitables por ser zonas de alto riesgo, a cargo del diputado Jesús Vicente Flores Morfín , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP y a Pemex Petroquímica informen periódicamente a los gobiernos municipales y a la opinión pública de los avances de los programas de reconfiguración de las refinerías del país, a cargo del diputado Carlos Altamirano Toledo , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat, a la SE, a la Secretaría de Salud y a la Dirección General de Normas de la Secretaría de Economía para que se expida una norma oficial mexicana que regule la disposición final de pilas y baterías, a cargo del diputado José Luis Espinosa Piña , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la CFE suscriba un convenio que compense las afectaciones que generan las líneas de alta y media tensión en Asunción Ixtaltepec, Oaxaca, suscrita por los diputados Carlos Altamirano Toledo e Irma Piñeyro Arias , de los Grupos Parlamentarios del Partido de la Revolución Democrática, y de Nueva Alianza, respectivamente. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP para que en la ceremonia cívica del 24 de febrero, que rinde honores a la Bandera, se lea en las escuelas de educación básica la Arenga a la Bandera, del maestro Andrés Henestrosa, a cargo de la diputada María Nieves Noriega Blanco Vigil, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal pague de forma inmediata al Sistema de Aguas de la Ciudad de México sus adeudos por concepto de suministro de agua potable, a cargo del diputado Gerardo Villanueva Albarrán , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la ALDF aplique a los contribuyentes del impuesto predial un esquema gradual de actualización del valor catastral, a cargo del diputado Eduardo Sánchez Hernández , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita el Ejecutivo federal para que a través de la SHCP presente a esta soberanía un estudio sobre el impacto que tendría en nuestro país una posible recesión económica en Estados Unidos de América, y las medidas que con el Banco de México se instaurarían para remediar los efectos adversos, a cargo del diputado Alejandro Chanona Burguete , del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del Ejecutivo de Hidalgo realice diversas acciones relativas al control y vigilancia de la contribución por el uso de suelo en diversos municipios de dicha entidad, a cargo del diputado Daniel Ludlow Kuri , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Semarnat y a las autoridades ambientales de los estados establezcan políticas públicas coordinadas en materia de gestión de residuos sólidos urbanos, a cargo del diputado Óscar González Morán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la Sagarpa instaure un programa especial de apoyo a los productores de amaranto, a cargo del diputado Othón Cuevas Córdova , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Semarnat establezca sistemas de depósito-reembolso para envases de PET, a fin de disminuir la generación de este tipo de materiales contaminantes, a cargo del diputado Óscar González Morán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las autoridades federativas lleven a cabo las medidas necesarias para destinar un lugar separado al de los hombres para las mujeres que se encuentren en prisión preventiva o compurgando una sanción, a cargo del diputado José Luis Murillo Torres , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la SSP de las entidades federativas y de los centros penitenciarios del país revisen la normatividad en materia de readaptación social, a fin de que propongan las reformas que permitan restringir las llamadas telefónicas que se realizan desde dichos centros, y se implante un sistema de bloqueo de este medio de comunicación, a cargo del diputado José Luis Murillo Torres , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de las entidades federativas, de los centros penitenciarios del país y del órgano administrativo desconcentrado de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Seguridad Pública federal lleven a cabo revisiones minuciosas y periódicas en los centros federales de readaptación social, a fin de controlar el ingreso de artículos y sustancias prohibidos, a cargo del diputado José Luis Murillo Torres , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Gobierno del Distrito Federal implante mecanismos de control que eviten que funcionarios suyos realicen actividades proselitistas y desvíen recursos materiales y humanos con fines electorales, a cargo del diputado David Mendoza Arellano , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la Sagarpa implante las acciones conducentes para detener el uso de las artes de pesca no selectivas en el polígono del área de refugio para la protección de la vaquita, a cargo del diputado Luis Fernando Rodríguez Ahumada , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a las Comisiones de Justicia, de Seguridad Pública, y de Derechos Humanos, así como a los grupos parlamentarios del Congreso de la Unión, realicen una defensa integral y pública de las modificaciones que requiere el sistema de seguridad pública y de procuración de justicia, a cargo del diputado Carlos Altamirano Toledo , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal establezca como sede del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas el edificio que albergó el Instituto Lingüístico de Verano, a cargo del diputado Wenceslao Herrera Coyac , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al jefe del Gobierno del Distrito Federal, a la SEP y al INAH, emprendan las acciones necesarias para detener la demolición de los edificios y monumentos del centro histórico de la Ciudad de México que forman parte de su patrimonio cultural, a cargo del diputado José Luis Varela Lagunas , del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, relativo a las actividades del Comité del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, a cargo del diputado Manuel Cárdenas Fonseca , del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a través de la Sagarpa a iniciar una campaña de difusión en los medios para dar a conocer exhaustivamente la figura de ``prestador de servicios profesionales'' entre los agentes económicos que intervienen en el desarrollo de programas dirigidos al sector rural, a cargo del diputado Gregorio Barradas Miravete , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud para que a través de la Comisión Nacional de Normalización elabore y expida una NOM en materia de consumo en exceso de botanas y refrescos, a cargo del diputado Tomás Gloria Requena , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal informe sobre la situación de los solicitantes de asilo en Canadá y las condiciones de protección y procuración de justicia que se les otorgan, a cargo del diputado Alejandro Chanona Burguete , del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al SAE realice las acciones conducentes para comercializar bienes a los municipios como apoyo a la gestión de los gobiernos locales, a cargo del diputado Cruz Pérez Cuéllar , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para integrar una mesa de trabajo tendente a resolver los problemas limítrofes y agrarios entre Chiapas y Oaxaca, a cargo del diputado Martín Ramos Castellanos , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las autoridades respeten los derechos humanos de los inmigrantes centroamericanos, a cargo del diputado José Edmundo Ramírez Martínez , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCT para que a través de Capufe condone el peaje en la caseta del Puente de Nautla a los habitantes de la cabecera, congregaciones y ejidos pertenecientes a Nautla, Veracruz, así como también se actualice el padrón de beneficiarios, a cargo de la diputada María de Jesús Martínez Díaz , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal establezca una mesa de análisis para la renegociación del TLCAN, a cargo del diputado Carlos Ernesto Navarro López , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Junta de Gobierno de la Consar presente ante la Comisión de Seguridad Social de esta soberanía la documentación donde conste la autorización de comisiones sobre saldo que aplican las Afore, a cargo de la diputada Lorena Martínez Rodríguez , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCT para que a través del responsable de la Subsecretaría de Infraestructura revise el contrato que dicha dependencia contrajo con la constructora Codiocsa de Xalapa, SA de CV, respecto a la conservación periódica de la carretera Atzalan-Tlapacoyan, Veracruz, a cargo de la diputada María de Jesús Martínez Díaz , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al Servicio Postal Mexicano informe a esta soberanía sobre las medidas de prevención y las querellas presentadas por robo de correspondencia, a cargo de la diputada Silvia Oliva Fragoso , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PGR, a la SSP y a la Administración General de Aduanas informen a esta soberanía sobre los programas implantados para evitar el tráfico de armas desde Estados Unidos de América, a cargo del diputado Ángel Rafael Deschamps Falcón , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal implante un programa de profesionalización de las policías federales y sustitución de efectivos militares en labores de combate del narcotráfico, a cargo del diputado Cuauhtémoc Sandoval Ramírez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la Sagarpa expida el Reglamento de la Ley de Productos Orgánicos, a cargo del diputado Fabián Fernando Montes Sánchez , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobernadores de los estados y a los titulares de la administración pública federal realicen un ahorro monetario del PEF 2008, a fin de que dichos recursos sean trasladados a las Fuerzas Armadas Mexicanas para la adquisición de equipo y mantenimiento del servicio que prestan, a cargo del diputado Jorge Justiniano González Betancourt , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al INAH para que, en coordinación con el gobierno del estado de Puebla, implante las medidas necesarias para la protección, conservación y difusión de la zona arqueológica de Tepexi el Viejo, en Tepexi de Rodríguez, a cargo del diputado José Luis Contreras Coeto , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la Conagua realice los estudios necesarios para determinar la posibilidad de construir una serie de represas en los lechos de los ríos Valles, Tampaón y Santa María del Río, San Luis Potosí, a cargo del diputado David Lara Compeán , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al Ejecutivo federal que en la Rotonda de las Personas Ilustres se erija un cenotafio en honor de don Manuel Crescencio García Rejón y Alcalá, a cargo del diputado Jorge Rubén Nordhausen González , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob para que, a través de la Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos y del Instituto Nacional de Migración, forme un nuevo grupo beta en Nuevo Laredo, Tamaulipas, a cargo de la diputada María Dolores González Sánchez , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobiernos de las entidades federativas para que difundan y promuevan el Día de la Familia, a cargo de la diputada María Victoria Gutiérrez Lagunes , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la ASF entregue un informe exhaustivo sobre la aplicación de los recursos transferidos por la SHCP en 2006 al Fideicomiso para el Programa Especial de Financiamiento a la Vivienda para el Magisterio, a cargo del diputado David Mendoza Arellano , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al presidente municipal de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, respete y evite actos discriminatorios contra los habitantes de la entidad, a cargo del diputado Juan Francisco Rivera Bedoya , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PGR y a la PGJ del Distrito Federal para que, en el ámbito de sus competencias, creen fiscalías especializadas en materia de robo de energía eléctrica y combustibles, a cargo del diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva , del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la STPS y de la PGR se hagan las indagatorias que correspondan a fin de esclarecer los hechos acaecidos el 19 de febrero de 2006 en la mina Pasta de Conchos, de San Juan de Sabinas, Coahuila, concesionada a Industrial Minera México, de Grupo México, a cargo del diputado Ricardo Cantú Garza , del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal instaure el 9 de febrero como Día Nacional del Cirujano Dentista, suscrita por diversos diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se cita a comparecer al titular de la Comisión de Nacional Bancaria y de Valores para que presente un informe pormenorizado respecto de las irregularidades en diversas casas de bolsa y de cambio, a cargo del diputado Alejandro Martínez Hernández , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal impulse medidas normativas y programas públicos que permitan el crecimiento y desarrollo de las zonas urbanas de manera planeada bajo el principio de desarrollo sustentable, a cargo de la diputada Elda Gómez Lugo , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la STPS para que a través de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos considere Coahuila en los salarios mínimos regidos en el área geográfica A, a cargo del diputado Rolando Rivero Rivero , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la SCT y de la SHCP destinen recursos del Fondo Nacional de Infraestructura para la rehabilitación de la Carretera Internacional 15, en el tramo Don-Nogales, Sonora, a cargo del diputado Carlos Ernesto Zatarain González , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sener, a la CFE, a la SHCP y a la Comisión Reguladora de Energía y al gobierno federal para efectúen una revisión y reestructuración de las tarifas eléctricas aplicadas en la región centro del estado de Coahuila, a cargo del diputado Rolando Rivero Rivero , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, relativo a la problemática que se presenta en la Universidad Pedagógica Nacional, a cargo del diputado Salvador Barajas del Toro , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que en coordinación con Capufe proceda a la exención del pago de las carreteras de cuota a los vehículos que transporten mercancía a comunidades y regiones consideradas como zonas de emergencia, a cargo de la diputada Violeta del Pilar Lagunes Viveros , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, a la SEP y a la STPS a realizar acciones en atención a las personas zurdas, a cargo de la diputada Violeta del Pilar Lagunes Viveros , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se convoca al Ejecutivo federal a entablar el diálogo prometido con el Congreso de la Unión, a cargo del diputado Luis Enrique Benítez Ojeda , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Congreso del estado de Puebla a reformar la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, a cargo de la diputada Violeta del Pilar Lagunes Viveros , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, relativo a la distribución de las participaciones federales a los municipios del estado de Jalisco, a cargo del diputado Salvador Barajas del Toro , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a implantar programas de fomento a la industria vitivinícola nacional y elaborar un estudio de viabilidad para la exención del impuesto especial sobre producción y servicios a la enajenación de productos vitivinícolas nacionales, a cargo del diputado Héctor Manuel Ramos Covarrubias , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la PGR a emitir una circular a los agentes del MP federal para que se respete plenamente la garantía del indiciado, a cargo de la diputada Patricia Villanueva Abraján , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal y al jefe delegacional de Cuajimalpa de Morelos que rindan un informe sobre las acciones llevadas a cabo en la barranca La Diferencia, a cargo del diputado Christian Martín Lujano Nicolás , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, relativo a la primera etapa de construcción del tren suburbano Buenavista-Cuautitlán, a cargo del diputado Armando Barreiro Pérez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los tres niveles de gobierno a establecer una mesa de diálogo para dar solución a la huelga de los trabajadores de la mina de cobre Mexicana de Cananea, en el estado de Sonora, a cargo del diputado Carlos Ernesto Navarro López , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al GDF y al titular de la delegación Xochimilco que rindan un informe sobre los avances y acciones que ha realizado la comisión interdependencial para la conservación del patrimonio natural y cultural de esa demarcación, a cargo del diputado Christian Martín Lujano Nicolás , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para que se cite a comparecer al director general de Luz y Fuerza del Centro, a cargo del diputado José Antonio Almazán González , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se declara el Palacio Legislativo de San Lázaro como lugar cien por ciento libre de humo producido por tabaco, a cargo de la diputada Oralia Vega Ortiz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al titular de la SCT que demande a la empresa Ferrocarril Mexicano, SA de CV, la construcción de un libramiento que no permita el paso de sus unidades de transporte de carga por la Ciudad de Tepic, Nayarit, a cargo del diputado Jaime Cervantes Rivera , del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SRE para que a través de la Comisión para la Cooperación Ambiental realice un informe del impacto ambiental que resultará del revestimiento del Canal Todo Americano, a cargo del diputado Luis Fernando Rodríguez Ahumada , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que esta soberanía se pronuncia por el respeto irrestricto a la autonomía del Distrito Federal, a cargo del diputado Gerardo Villanueva Albarrán , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para citar a comparecer al secretario de Salud, a efecto de que explique las medidas adoptadas por el gobierno federal en el caso de la alerta epidemiológica por sarampión, suscrito por los diputados César Duarte Jáquez, Israel Beltrán Montes y Lilia Merodio Reza , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobiernos estatal y municipal de Puebla de Zaragoza a realizar las acciones necesarias para subsanar la problemática del suministro de agua, a cargo del diputado José Luis Contreras Coeto , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, al gobierno del estado de Nuevo León y al Congreso de dicha entidad a atender la solicitud presentada por el municipio de Santa Catarina, respecto a la expropiación del área conocida como Cañón de Ballesteros, a cargo del diputado Juan Manuel Villanueva Arjona , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Congreso del estado de Puebla a realizar reformas a la legislación local, considerando las necesidades sociales actuales, a cargo de la diputada Violeta del Pilar Lagunes Viveros , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a otorgar un apoyo extraordinario a los jubilados y pensionados del IMSS e ISSSTE, a cargo del diputado Juan de Dios Castro Muñoz , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al director general del IMSS a tomar las medidas necesarias para poner fin a los actos de discriminación llevados a cabo contra las médicas residentes de la especialidad máxilofacial en el Centro Médico Nacional La Raza, a cargo del diputado Pablo Trejo Pérez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al jefe del GDF a informar a esta soberanía respecto al daño ecológico por las obras del Metrobús, así como las acciones y programas de reforestación que se implanten en la Ciudad de México, suscrito por los diputados Carlos Rojas Gutiérrez y Eduardo Sánchez Hernández , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno del estado de Guanajuato a respetar la libertad de expresión que ejercen todos los medios de comunicación, a cargo del diputado José Luis Aguilera Rico , del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SRE, a la Embajada de México en Estados Unidos de América y a los Consulados de México en Texas y Arizona a revisar e investigar la aplicación del programa Tolerancia Cero, a cargo de la diputada Blanca Luna Becerril , del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a esta soberanía que se sume a los eventos conmemorativos por el centenario del natalicio del maestro Rafael Preciado Hernández, realizando una sesión solemne el día 29 de abril de 2008, a cargo del diputado Ramón Ignacio Lemus Muñoz Ledo , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCT y a la Cofetel a integrar el área telefónica de servicio local 160, al área 58, a cargo del diputado Juan Darío Arreola Calderón , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al Ejecutivo federal que instruya a la SHCP y a la Secretaría de Salud para que remitan con la mayor brevedad los recursos federales contemplados para resolver el problema de los ``trabajadores precarios'' del sector salud, a cargo del diputado Érick López Barriga, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud y a la Conagua a investigar los altos índices de contaminación con arsénico en el agua potable de la región de los Altos de Jalisco, a cargo de la diputada Martha Angélica Romo Jiménez , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, a fin de que el estado de Guerrero sea integrado plenamente a los trabajos y proyectos para la celebración del bicentenario de la Independencia Nacional y el centenario de la Revolución Mexicana, a cargo del diputado Modesto Brito González , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sagarpa a entregar los recursos pendientes del Programa de Competitividad de la Citricultura para 2007, suscrito por diputados integrantes de la Comisión Especial de Citricultura. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al Congreso de la Unión que realice una evaluación sobre las acciones emprendidas para el cumplimiento del Acuerdo Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Instituto Nacional de las Mujeres, a cargo de la diputada Violeta del Pilar Lagunes Viveros , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para que se establezca una agenda permanente de trabajo con el IFE, a través de un grupo interdisciplinario, para dar paso a las iniciativas legislativas que fortalezcan la participación y el voto de los mexicanos en el extranjero, a cargo del diputado Alberto Amaro Corona , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita la comparecencia del titular de la Conade, a cargo del diputado Javier Hernández Manzanares , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal y al gobernador de Michoacán de Ocampo a implantar medidas para la prevención, localización, combate y extinción de los incendios forestales que se están suscitando en la entidad, a cargo del diputado Rafael Villicaña García , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para que la ASF realice una auditoría integral y especial al Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas, a cargo del diputado Pablo Trejo Pérez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión Nacional de Fomento a la Vivienda para que consolide sus acciones de promoción a fin de lograr niveles de sustentabilidad de ésta, a cargo del diputado José Luis Murillo Torres , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, relativo a los subsidios otorgados a los productores agrícolas en los Estados Unidos de América, en el marco del TLCAN, a cargo del diputado Irineo Mendoza Mendoza , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, en relación con el Fideicomiso del Fondo de Pensiones del Sistema Banrural, a cargo del diputado Carlos Ernesto Zatarain González , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Consejo de Promoción Turística de México a revisar el gasto dirigido a la promoción de México en el extranjero y enfocar sus acciones en la promoción dentro de Europa, a cargo del diputado Carlos Eduardo Felton González , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, relativo a la regularización del contenido de los corridos musicales que hacen referencia a personas que se dedican a actividades ilícitas o delincuencia organizada, a cargo del diputado Irineo Mendoza Mendoza , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a esta soberanía a cumplir la Ley General de Salud en su artículo 188, fracción II, en relación a la recién aprobada Ley del Tabaco, a cargo del diputado Carlos Augusto Bracho González , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, relativo a la crisis política actual en América Latina, a cargo del diputado Humberto Zazueta Aguilar , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para condenar la incursión del Ejército de Colombia en el territorio de la República de Ecuador, a cargo del diputado Cuauhtémoc Sandoval Ramírez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Excitativa

A la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, a solicitud del diputado José Alfonso Suárez del Real y Aguilera , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.»

ACTA DE LA SESION ANTERIOR

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría, consulte a la asamblea si se le dispensa la lectura, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz : Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Diputado Presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el martes cuatro de marzo de dos mil ocho, correspondiente al Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del Segundo Año de Ejercicio de la Sexagésima Legislatura.

Presidencia de la diputada Ruth Zavaleta Salgado

En el Palacio Legislativo de San Lázaro en la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a las 11 horas con 38 minutos del martes 4 de marzo de dos mil ocho, con la asistencia de doscientos cincuenta y cinco diputadas y diputados, la Presidenta declara abierta la sesión.

En votación económica, la asamblea dispensa la lectura al orden del día.

La asamblea dispensa la lectura del acta de la sesión anterior en votación económica y de la misma manera la aprueba.

El gobierno de Sonora, remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente. Se remite al promovente para su conocimiento.

La Junta de Coordinación Política remite:

a) Los siguientes cambios:

En votación económica, la asamblea aprueba los cambios.

b) Los nombres de los integrantes que conformarán el Grupo de Trabajo Plural encargado de investigar el fideicomiso del Fondo de Pensiones del Sistema Banrural. De enterado. Comuníquese.

c) La sustitución del diputado Víctor Aguirre Alcaide por el diputado David Sánchez Camacho , como integrante de la Comisión Especial sobre no Discriminación, Nuevos Sujetos y Nuevos Derechos. De enterado.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, remite información relativa a la situación económica, las finanzas Públicas y la deuda Pública correspondiente a enero de 2008. Se remite a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública.

Se recibe de la Secretaría de Gobernación:

La Cámara de Senadores remite:

La asamblea dispensa la lectura del dictamen con proyecto de decreto de la Comisión de Reforma Agraria, que reforma el artículo 80 de la Ley Agraria. Queda de primera lectura.

La asamblea autoriza dar lectura únicamente a los puntos de acuerdo de los dictámenes que desechan iniciativas con proyecto de decreto de las comisiones:

a) Unidas de Salud y de Gobernación, que reforma y adiciona los artículos 139, 142, 144 y 419 de la Ley General de Salud y adiciona el artículo 39 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

b) Atención a Grupos Vulnerables, que reforma los artículos 7o. y 8o. de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

c) Desarrollo Social, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos.

d) Economía:

La asamblea aprueba los puntos de acuerdo. Archívense los expedientes como asuntos totalmente concluidos.

A las 11 horas con 53 minutos, la Secretaría instruye el cierre del sistema electrónico de asistencia con un registro de 321 diputadas y diputados.

En votación económica, la asamblea dispensa la lectura del dictamen con proyecto de decreto de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, que reforma el artículo 29 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. La Presidenta declara aprobado el proyecto de decreto por 361 votos en pro. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.

A petición de los grupos parlamentarios y en votación económica, la asamblea autoriza posponer la discusión de los siguientes dictámenes con proyecto de decreto de las comisiones:

La asamblea, en votación económica, dispensa la lectura del dictamen con proyecto de decreto de la Comisión de Seguridad Pública, que reforma y adiciona el artículo 10 de la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Se le otorga el uso de la tribuna, en pro, al diputado Humberto Dávila Esquivel , de Nueva Alianza. En votación económica, se considera suficientemente discutido. La Presidenta declara aprobado el proyecto de decreto por 385 votos en pro, ninguno en contra y una abstención. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.

En votación económica, la asamblea dispensa la lectura al dictamen con proyecto de decreto de la Comisión de Gobernación, que concede permiso al licenciado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para aceptar y usar la condecoración de la Orden Nacional Doctor José Matías Delgado, en grado de Gran Cruz Placa de Oro, que le confiere el gobierno de la República de El Salvador. Desde su curul, la diputada Valentina Valia Batres Guadarrama , del Partido de la Revolución Democrática, solicita moción de procedimiento y la Presidencia realiza observaciones y otorga el uso de la palabra al diputado Diódoro Humberto Carrasco Altamirano , del Partido Acción Nacional para fundamentar el dictamen a nombre de la comisión. Interviene en contra la diputada Valentina Valia Batres Guadarrama , del Partido de la Revolución Democrática. Desde sus respectivas curules, hacen comentarios de procedimiento los diputados: Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla , en dos ocasiones; Cuauhtémoc Sandoval Ramírez ; Raymundo Cárdenas Hernández y Valentina Valia Batres Guadarrama , todos del Partido de la Revolución Democrática; María del Pilar Ortega Martínez , del Partido Acción Nacional, en dos ocasiones; Javier González Garza y José Alfonso Suárez del Real y Aguilera , ambos del Partido de la Revolución Democrática; Juan José Rodríguez Prats , del Partido Acción Nacional; Gerardo Villanueva Albarrán , del Partido de la Revolución Democrática; Alfredo Adolfo Ríos Camarena , del Partido Revolucionario Institucional; Pablo Leopoldo Arreola Ortega , del Partido del Trabajo y Valentina Valia Batres Guadarrama , del Partido de la Revolución Democrática, quien presenta solicitud de moción suspensiva, que se desecha en votación económica. Interviene en contra el diputado Francisco Javier Santos Arreola , del Partido de la Revolución Democrática. En votación económica la asamblea considera el asunto suficientemente discutido. La Presidenta declara aprobado el proyecto de decreto por 285 votos en pro, nueve en contra y cinco abstenciones. Pasa al Ejecutivo federal para sus efectos constitucionales.

La Presidenta solicita a la asamblea se le permita retirar de la versión estenográfica las expresiones coloquiales referidas a las condecoraciones que otorgan los gobiernos extranjeros a ciudadanos mexicanos. En votación económica, la asamblea otorga tal petición.

La asamblea dispensa, en votación económica, la lectura del dictamen con proyecto de decreto de la Comisión de Gobernación, que concede el permiso constitucional necesario para que las ciudadanas Tania Lerma Montoya y Brenda Ellerbrock Aguirre, puedan prestar servicios en los Consulados de los Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua y en Guadalajara, Jalisco. La Presidenta declara aprobado el proyecto de decreto por 353 votos en pro, ninguno en contra y 13 abstenciones. Pasa al Senado de la República para sus efectos constitucionales.

En votación económica, la asamblea autoriza dar lectura solo a los puntos de acuerdo de los dictámenes de las comisiones de:

a) Turismo, para exhortar al titular del Poder Ejecutivo federal instruya a la Secretaría de Turismo federal que de manera conjunta implante una estrategia para otorgar apoyos y convertir en un lugar turístico La Ciénega del Golfo de Santa Clara.

b) Seguridad Pública:

c) El Distrito Federal:

d) Defensa Nacional, relativo a la labor que realizan las Fuerzas Armadas de México, en Tabasco y Chiapas.

En votación económica se aprueban los puntos de acuerdo, en su caso con la modificación aceptada por la asamblea. Comuníquense.

Se recibe del diputado Sergio Augusto López Ramírez , del Partido Verde Ecologista de México, iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley de Vivienda. Se turna a la Comisión de Vivienda.

Se les otorga el uso de la tribuna para presentar iniciativas con proyecto de decreto a los diputados:

En votación económica, la asamblea autoriza, a petición de la Junta de Coordinación Política, modificar el orden del día para incluir acuerdo de la misma, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, aplique lo dispuesto en el artículo 61 del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2008, en las comunidades de los municipios de Teapa, Jalapa, Tacotalpa, Nacajuca, Jalpa, Cunduacán, Huimanguillo y Centro, de Tabasco, que resultaron severamente afectadas por las lluvias. En votación económica se aprueba. Comuníquese.

Se recibió de la diputada Ana María Ramírez Cerda , del Partido Verde Ecologista de México, iniciativa con proyecto de decreto, que reforma el párrafo segundo de la fracción novena del artículo dieciséis de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Se turna a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Vivienda.

Se reciben proposiciones con punto de acuerdo de los diputados:

Presentan iniciativas con proyecto de decreto los diputados:

Presidencia del diputado Luis Sánchez Jiménez

Se turna a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Vivienda.

La Secretaría da lectura a solicitud de la Junta de Coordinación Política, para que sea incluido en el orden del día proposición con punto de acuerdo de los grupos parlamentarios de los Partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo y Convergencia, para que se integre una comisión que investigue la legalidad de los contratos otorgados a terceros por Petróleos Mexicanos y sus subsidiarias, la Comisión Federal de Electricidad y Luz y Fuerza del Centro. En votación económica, la asamblea autoriza su inclusión y se le otorga el uso de la tribuna para su presentación al diputado Javier González Garza , del Partido de la Revolución Democrática. Se turna a la Junta de Coordinación Política.

La Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión.

La Presidenta clausura la sesión a las 15 horas con 23 minutos y cita para la próxima que tendrá lugar el jueves 6 de marzo de 2008 a las 11 horas.»

Presidencia del diputado Cristián Castaño Contreras

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras : Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz : Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Mayoría por la afirmativa, ciudadano Presidente.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras : Aprobada el acta.

ESTADO DE OAXACA

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca : «Escudo.--- Oaxaca de Cara a la Nación.

Diputada Ruth Zavaleta Salgado , Presidenta de la Mesa Directiva de la LX Legislatura Federal de la Cámara de Diputados.--- Presente.

Por instrucción del licenciado Ulises Ruiz Ortiz, gobernador constitucional de Oaxaca, con fundamento en el artículo 3o., fracción VII, del decreto que crea esta subsecretaría, en atención a su similar D.G.P.L.60-II-3-1047, de fecha 22 de noviembre de 2007, manifiesto a usted lo siguiente:

Me refiero al punto de acuerdo ``Único. Se exhorta al gobernador constitucional de Oaxaca para que remita un informe, consistente en el estado físico de las personas detenidas por el conflicto suscitado en ese estado...'', hago mención que la información que solicita fue remitida por el gobierno de Oaxaca a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en ejercicio de la facultad de investigación dentro del expediente 01/2007 que inició impulsada por el punto de acuerdo que la propia Cámara de Diputados aprobara en su momento, cuyo propósito es determinar probables violaciones a derechos humanos por parte de servidores públicos de la administración estatal.

La información a que me refiero fue en su momento remitida a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que la hizo pública en la recomendación número 15/2007, que dirigiera al gobierno de Oaxaca.

Este gobierno comparte la preocupación de la honorable Cámara de Diputados de velar por el irrestricto respeto de los derechos humanos de todos sus gobernados y, en virtud de ello, nos hemos abocado a la construcción de una política pública en la materia.

Sin otro particular, reitero a usted las muestras de mi más alta y distinguida consideración.

«Escudo.--- Oaxaca de Cara a la Nación.

Diputada Ruth Zavaleta Salgado , diputada María Mercedes Maciel Ortiz , Presidenta y Secretaria de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.--- Presentes.

Por instrucción del licenciado Ulises Ruiz Ortiz, gobernador constitucional del estado de Oaxaca, con fundamento en el artículo 3o., fracciones II, VII y VIII, del decreto que crea esta subsecretaría, en atención a su similar D.G.P.L.60-II-3-1051, relativo al punto de acuerdo presentado por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, relacionado con la discriminación que padecen los niños con VIH/sida en planteles educativos, les refiero lo siguiente:

La recomendación general 8/2004 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, emitida en septiembre de 2004, fue atendida en su momento por el gobierno del estado a través del Instituto Estatal de Educación Pública. No obstante lo anterior, en atención a la atenta petición formulada por ustedes, nuevamente se ha enviado copia de ésta a la instancia competente a efecto de que se reitere a los niveles educativos lo que en ella se recomienda.

Sin otro particular, reitero a usted la seguridad de mi más alta y distinguida consideración.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras : Remítanse a las comisiones correspondientes, para su conocimiento.

COLOMBIA-ECUADOR

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.--- Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a Colombia y a Ecuador a agotar los mecanismos diplomáticos y de diálogo político para llegar a un acuerdo y solucionar por medios pacíficos el conflicto suscitado entre ambos

La Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo dispuesto en el inciso b), numeral 1, del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo decimocuarto del acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, se somete a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a Colombia y Ecuador para que agoten los mecanismos diplomáticos y de diálogo político para llegar a un acuerdo y solucionar el conflicto entre ambos países, por medios pacíficos.

En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación)...

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras : Señoras legisladoras y señores legisladores, estamos en votación. Les suplico de la manera más atenta que atiendan a la diputada Secretaria.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca : En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Diputado Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras : Aprobado. Comuníquese.

PROGRAMA FRONTERIZO ``NO PASE''

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.--- Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se solicita a los titulares del Poder Ejecutivo federal y de la Secretaría de Relaciones Exteriores que se realicen acciones que manifiesten la enérgica desaprobación del Estado mexicano respecto al programa fronterizo No Pase

La Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo dispuesto en el inciso b), numeral 1, del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo décimo cuarto del acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, hace suya la proposición con punto de acuerdo relativa a la materia objeto del presente, que presentan los diputados Francisco Javier Calzada Vázquez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, y Enrique Serrano Escobar , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por lo que se somete a la consideración del Pleno de esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Por el que se solicita al titular del Poder Ejecutivo que manifieste la enérgica desaprobación del Estado mexicano al programa fronterizo denominado ``No Pase'', que pretende criminalizar la migración en detrimento de los derechos humanos elementales.

Segundo. Por el que se solicita a la Secretaría de Relaciones Exteriores que haga un extrañamiento ante el gobierno de Estados Unidos de América por esta medida de flagrante violación a los derechos humanos.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.

Proposición con punto de acuerdo de urgente resolución, por el que se solicita tanto al titular del Poder Ejecutivo como a la Secretaría de Relaciones Exteriores que se realicen acciones que manifiesten la enérgica desaprobación del Estado mexicano respecto al programa fronterizo ``No Pase''

Los suscritos diputados federales, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El fenómeno migratorio entre México y Estados Unidos, se ha incrementado a raíz de las crisis económicas, y de la consiguiente pérdida de empleo, convirtiendo así la defensa de los derechos de los mexicanos que han tenido que emigrar en busca de las oportunidades que su país no les da, en la expresión más palpable de nuestra falta de desa-rrollo.

El número de mexicanos que viven en Estados Unidos asciende a más de 20 millones, aproximadamente, de los cuales 8 millones residen en California, por lo que las remesas que éstos envían constituyen el tercer rubro de ingresos en la balanza de pagos.

Sin embargo, el fenómeno migratorio no sólo favorece a México sino que resulta benéfico para la economía de ambos países. En Estados Unidos de América ha permitido una mayor producción agrícola e industrial, y es la causa de que regiones con un alto índice de migrantes --como es el caso de California-- posean una economía altamente desarrollada.

Además, la migración mexicana ofrece una mano de obra barata, que cubre los espacios laborales donde se rehúsan a trabajar los estadounidenses; muestra de ello es que entre el 90 y 95 por ciento de los alimentos que consume la población de Estados Unidos de América procede del esfuerzo de los trabajadores migrantes.

En el caso de México, además de ser una válvula de escape para los problemas sociales --por el desempleo y las crisis económicas-- las remesas que los migrantes envían son de gran importancia para la economía nacional y regional. Debido a que se trata de un fenómeno que beneficia a las dos partes, el problema radica en la manera como se percibe el fenómeno en cada Estado.

No obstante, para Estados Unidos de América ha sido una fuente de conflicto, al no reconocer la necesidad de la migración mexicana y al impedir su ingreso legal, desarrollando al mismo tiempo una serie de actitudes xenofóbicas, de rechazo al mexicano y, por tanto, de discriminación por parte de la sociedad estadounidense, que varía en intensidad, dependiendo de cada momento específico, pero que ha presionado al gobierno para que adopte políticas para contener la migración ilegal: desde la Ley Simpson Rodino, hasta la propuesta 187, pasando por la operación guardián, y el cierre y la militarización de la frontera hasta la organización de rancheros cazadores de migrantes, que ocasionan conflictos adicionales entre los dos países vecinos.

Hoy el caso que nos ocupa es el programa de cero tolerancia denominado ``No Pase'', que permitirá a los agentes de la Patrulla Fronteriza detener y en su caso, someter a proceso judicial a los indocumentados que sean sorprendidos sin permiso o documentos en un área de tres millas desde la zona limítrofe con Nuevo México hacia el interior de El Paso, Texas. En los casos de reincidencia se les podrán aplicar multas hasta por 500 dólares, además de una condena que va desde uno a cinco años de cárcel en el centro de detención de El Paso.

El citado programa tiene aplicación en una extensión aproximada de cinco kilómetros en los límites con Ciudad Juárez, desde el puente internacional Paso del Norte-Santa Fe hacia el oeste hasta el área del cerro de Cristo Rey, que es donde se registra la mayoría de los cruces entre Juárez y El Paso.

Sin embargo, y como anteriormente se ha comentado, las constantes medidas del vecino país para impedir la internación de sus fronteras, paradójicamente han producido que, al tener mayores obstáculos los mexicanos para ingresar a Estados Unidos de América, decidan quedarse por tiempo indefinido.

En otras palabras, si tradicionalmente un gran sector de la población migrante ilegal era temporal, hoy día se ha convertido en permanente. Con ello se evidencia el fracaso de la política antiinmigrante de Estados Unidos de América.

No conformes con las incontables muestras que esta política antiinmigrante nos han dado de constantes violaciones a la integridad física y moral de los mexicanos, el programa No pase es el máximo ejemplo de atropello a los derechos elementales de nuestros migrantes, ya que ahora se pretende privar de su libertad y sancionar económicamente, cual delincuentes, a quienes deciden abandonar sus lugares de origen y familia para emprender un no siempre exitoso trayecto hacia Estados Unidos de América, con el único fin de buscar mejores condiciones de vida.

Por todo lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable Cámara de Diputados, con carácter de urgente resolución el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se solicita al titular del Poder Ejecutivo que manifieste la enérgica desaprobación del Estado mexicano al programa fronterizo denominado ``No Pase'', que pretende criminalizar la migración en detrimento de los derechos humanos elementales.

Segundo. Se solicita a la Secretaría de Relaciones Exteriores que haga un extrañamiento ante el gobierno de Estados Unidos de América por esta medida de flagrante violación a los derechos humanos.

En votación económica se pregunta a la asamblea si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras : Aprobado. Comuníquese.

La Cámara de Diputados saluda con afecto a los alumnos de la escuela primaria Juan de Dios Rodríguez Heredia, y a los alumnos de las licenciaturas de estudios internacionales, de ciencia política y de administración pública de la Universidad de Monterrey. Bienvenidos a este recinto parlamentario.

CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.--- Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Junta de Coordinación Política a prever, en el ámbito de su competencia, procedimiento que permitan mantener el mismo número de mujeres con que se contó en el pasado Consejo General del Instituto Federal Electoral

La Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo dispuesto en el inciso b), numeral 1, del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo decimocuarto del acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, hace suya la proposición con punto de acuerdo relativa a la materia objeto del presente, que presentan legisladores de diversos grupos parlamentarios, por lo que se somete a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, exhorta a la Junta de Coordinación Política para que en el ámbito de sus respectivas competencias, se prevean procedimientos que permitan mantener el mismo número de mujeres con el que se contó en el pasado Consejo General del Instituto Federal Electoral.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que un grupo plural de legisladoras y legisladores solicitan que la convocatoria para la elección de consejeros políticos del Consejo General del Instituto Federal Electoral, se emita incluyendo acciones afirmativas para garantizar la presencia de mujeres en la nueva integración de ese consejo.

Las y los que suscriben, legisladoras y legisladores federales de la LX Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción 11, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con las disposiciones contenidas en los artículos 55 y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, para lo cual presenta las siguientes

Consideraciones

Primera. Nunca como en la historia reciente del país hemos constatado que avanzar hacia lograr la equidad entre los géneros es avanzar hacia la consolidación de una sociedad mejor en donde se hace realidad la aspiración a una mejor calidad de vida para todos y todas. Los partidos políticos y las instituciones del país se han visto fortalecidos, estructural y socialmente, cada vez que impulsan liderazgos femeninos y que integran en sus candidaturas, presidencias y espacios de toma de decisiones a mujeres.

Cada una de esas mujeres ha contribuido a consolidar a México --hacia el interior y hacia el exterior-- como una nación democrática, incluyente y generadora de las condiciones necesarias para abatir la brecha de desigualdad que entre hombres y mujeres han establecido históricamente todas las sociedades del orbe, con lo que busca colocarse a la altura de los compromisos internacionales que en la materia ha signado elaís, tales como la Convención de Belém Do Pará y la Conferencia de El Cairo.

En concreto, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Co-CEDAW) ha realizado recomendaciones generales a los países firmantes de la CEDAW, para que, entre otras, promuevan procedimientos efectivos para asegurar a las mujeres su participación en la política y en la vida pública (Recomendación 23).

Segunda. Muchos de los espacios de toma de decisiones que actualmente ocupan mujeres, no sólo han sido producto de su empeño y capacidad para alcanzarlos; son el producto de todo un proceso de reconstrucción cultural, de organización social, de repensar las relaciones entre los géneros y del impulso de acciones concretas que abonan a la eliminación de los obstáculos que las colocan en desventaja competitiva. Si no hubiese otras mujeres antes que ellas, junto con muchos hombres sensibles y visionarios, impulsado acciones concretas a favor de las mujeres, no podríamos contar tales logros.

Tercera. En materia electoral los avances son incipientes pero constantes; a partir de 1996, año en que se inserta la llamada ``ley de cuotas'' en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, ha habido un aumento paulatino, pasando de un 14 por ciento de representación de mujeres en 1995 al 16 por ciento en el 2000, mientras que para las elecciones de 2003 aumentó al 22 por ciento y en el 2006 no hubo ningún avance y se mantuvo el 22 por ciento.

Cuarta. Uno de los ejes fundamentales de la democracia es el de la participación de todos y todas en igualdad de condiciones, por lo que la materia electoral ha sido un eje primordial en la búsqueda de instaurar acciones positivas que impacten de manera directa en las instituciones del país; así, las disposiciones en el Cofipe han sido torales para alcanzar las metas a las que se ha arribado.

Por lo anterior y en un acto de congruencia con los logros ya alcanzados así como con el éxito demostrado en los hechos en cuanto a la implantación de acciones afirmativas, se hace necesario e impostergable ahondar en las acciones tendientes a garantizar la participación de las mujeres en todos los procesos democráticos del país así como en las más altas instancias democráticas nacionales.

Las acciones afirmativas son medidas de carácter temporal que permiten de manera gradual eliminar obstáculos y garantizar la igualdad de oportunidades a sectores que históricamente han sido discriminados. Estas medidas temporales han demostrado su eficacia en casos como Latinoamérica y África, donde gracias a la llamada ``Ley de Cuotas'' hay en promedio 5 por ciento más de mujeres en parlamentos en los últimos 10 años. Gracias a esta medida, en la actualidad la representación parlamentaria ha aumentado significativamente en otros países como Suecia, con el 43 por ciento de mujeres en el parlamento, Dinamarca, que cuenta con 38 por ciento de legisladoras, Finlandia, con un 37.5 por ciento y 36 por ciento en los países bajos. Rwanda es el mejor ejemplo de la aplicación de las acciones afirmativas para contrarrestar la discriminación en la participación política: en 10 años, el país africano pasó de contar con un 4 por ciento de mujeres en la cámara baja, al 49 por ciento de mujeres en los escaños, de acuerdo con el Informe de la Comisión del Estado de las Mujeres elaborado por la ONU.

Quinta. Las recientes reformas constitucionales en materia electoral, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 13 de noviembre del 2007, establecieron un proceso de reestructuración de la integración del Consejo General del Instituto Federal Electoral, la institución rectora de todos los procesos democráticos en el país, por lo que la estructura del mismo debe ser ejemplo de participación de mujeres en su composición. A partir de tales reformas y en cumplimiento al artículo 41 constitucional, que actualmente establece en su parte conducente que los consejeros electorales durarán en su encargo nueve años y serán renovados en forma escalonada, así como del Cuarto Transitorio que señala como plazo para llevar a cabo el procedimiento correspondiente, uno no mayor a 30 días naturales contados a partir de la entrada en vigor del decreto en cita, el 20 de noviembre del año anterior la Junta de Coordinación Política emitió la convocatoria correspondiente para la elección del nuevo consejero presidente, cuyo encargo terminará el 30 de octubre del 2013, y de dos consejeros electorales, cuyo mandato concluirá el 31 de octubre de 2016. Como resultado de este proceso, dejaron su encargo como consejero presidente Luis Carlos Ugalde Ramírez y como consejeros Luisa Alejandra Latapí Renner y Rodrigo Morales Manzanares.

En cumplimiento a la convocatoria emitida por la Junta de Coordinación Política, fueron seleccionados para el cargo de consejero presidente, Leonardo Antonio Valdés Zurita y como consejeros Benito Nacif Hernández y Marco Antonio Baños Martínez. Mediante este primer proceso de renovación, una de las mujeres consejeras fue sustituida por un hombre, no por otra mujer.

La actual composición del Consejo General del IFE cuenta aún con dos mujeres, las María Teresa de Jesús Luna Covera y María Lourdes del Refugio López Flores, las que, sin embargo, deberán dejar su encargo el 15 de agosto del año que cursamos y ser reemplazadas por quienes resulten electos, de acuerdo con la convocatoria que para tal efecto deberá emitir la Junta de Coordinación Política.

Los resultados de la primera convocatoria ofrecen un panorama poco alentador en cuanto a la composición de género del Consejo General. De continuar esta tendencia, estaríamos ante un grave retroceso en cuanto a los avances que en la participación de las mujeres hemos alcanzado como país.

De emitir una nueva convocatoria en los mismos términos en que se hizo la primera, el escenario es que conformaremos un Consejo General del IFE integrado exclusivamente por hombres con lo que estaríamos contraviniendo no sólo el espíritu de la ley electoral, que contiene una de las acciones afirmativas de mayor impacto en la vida democrática nacional, sino que estaríamos dejando de cumplir la propia Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, así como los compromisos internacionales en la materia.

Por lo anterior, es indispensable que nos coloquemos a la altura de las circunstancias y propiciemos los acuerdos mínimos indispensables para que, en este trascendental proceso para la vida democrática del país, implantemos las acciones afirmativas que asegurarán la participación de las mujeres en el Consejo General que está por conformarse, con lo que, una vez más, demostraremos congruencia y el ánimo verdadero de impulsar la perspectiva de género que todos los grupos parlamentarios y sus partidos políticos han señalado en múltiples ocasiones, tanto en sus documentos y propuestas como en sus discursos.

Asegurar la participación de las mujeres en el órgano autónomo que organiza y vigila los procesos electorales en el país, le dará mayor legitimidad y credibilidad social, elemento indispensable ante el proceso tan criticado que hemos impulsado.

Sexta. Como es del conocimiento de todos, la pasada convocatoria que permitió elegir a los consejeros se fundamentó en un artículo único transitorio de Ley Orgánica del Congreso que señalaba: ``La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, por única vez, presentará al Pleno el procedimiento y convocatoria para integración del Consejo General del Instituto Federal Electoral, y las propuestas de nombres para ocupar los cargos de consejero presidente y de los consejeros electorales para su elección.''

En ese sentido habrán de realizarse adecuaciones a la Ley Orgánica del Congreso a fin de definir el mecanismo que se utilizará para llevar a cabo los nuevos nombramientos de consejeros electorales, donde por conducto de una amplia consulta a la sociedad, serán electos 3 nuevos consejeros, tal y como lo señala la Constitución, porque como quedó claro ese mecanismo sólo podía ser utilizado por una ocasión.

Si bien es cierto que el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales señala en el artículo 112 los requisitos para poder ocupar dichos cargos, no señala el procedimiento que habrá de realizar la Cámara de Diputados para ese fin.

Por todo lo ya señalado es que proponemos que como acción positiva, la elección de los siguientes tres consejeros electorales exista voluntad política de manera explícita en todas las fuerzas representadas en la Cámara de Diputados, para asegurar que la composición del Consejo General del Instituto Federal Electoral integre el porcentaje de mujeres que establece la normatividad de la materia en la llamada ``ley de cuotas'', o cuando menos se mantenga el número de consejeras electorales con el que se contó en el pasado Consejo General del Instituto Federal Electoral.

Es indispensable reconocer que, de no hacerlo, estaremos ante una incongruencia de la que tendrán que hacerse cargo quienes impulsen que sólo varones queden integrando el consejo, y la sociedad estará en todo su derecho de reclamar la poca seriedad con que esta LX Legislatura asume, en los hechos, el compromiso de impulsar acciones positivas a favor de las mujeres.

Por lo anteriormente expuesto, presento a esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Junta de Coordinación Política de la LX Legislatura para que en el ámbito de sus respectivas competencias, y en virtud de que habrá de reformarse la Ley Orgánica del Congreso, se prevean en dicha reforma y en los acuerdos que de ella emanen, procedimientos que permitan --sin afectar derechos de terceros--, que se mantenga, cuando menos, el mismo número de mujeres con el que se contó en el pasado Consejo General del Instituto Federal Electoral.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras : Consulte la Secretaría a la asamblea si se aprueba la proposición.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca : En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Diputado Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras : Aprobado. Comuníquese.

LIBRO DE TEXTO

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.--- Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se solicita a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de esta soberanía que, en ejercicio de sus facultades de control evaluatorio, conferidas en el artículo 39, numeral 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, investigue la edición, los contenidos y las autorizaciones del libro de texto Coahuila, un pasado con visión de futuro.

La Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo dispuesto en el inciso b), numeral 1, del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo decimocuarto del acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, hace suya la proposición con punto de acuerdo relativa a la materia objeto del presente, que presenta el diputado Javier González Garza , coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, por lo que se somete a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de esta soberanía, que en ejercido de sus facultades de control evaluatorio conferidas en el artículo 39, numeral 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, proceda a investigar la edición, los contenidos y las autorizaciones del libro de texto Coahuila, un pasado con visión de futuro.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras : Consulte la Secretaría a la asamblea si se aprueba la proposición.

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz : En votación económica se pregunta a la asamblea si es de aprobarse. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano. Las diputadas y diputados que estén por la negativa.

Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras : Aprobado. Comuníquese.

DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras : El siguiente punto del orden del día es posicionamiento para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, que se celebra el 8 de marzo. Se han registrado para referirse al tema las siguientes diputadas y los siguientes diputados:

Elsa Conde Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Alternativa; Irma Piñeyro Arias , del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza; Rosa Elia Romero Guzmán , del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; Ana María Ramírez Cerda , del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; María del Carmen Salvatori Bronca , del Grupo Parlamentario de Convergencia; Yary del Carmen Gebhardt Garduza , del Grupo Parlamentario del PRI; Irene Aragón Castillo , del Grupo Parlamentario del PRD; y María Elena Álvarez Bernal , del Grupo Parlamentario de Acción Nacional.

Por tanto, se concede el uso de la palabra a la diputada Elsa Conde Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Alternativa, hasta por cinco minutos.

La diputada Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez : Con su permiso, señor Presidente.

Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, aunque son detalles que se agradecen, el Día Internacional de la Mujer no es una fecha para el regalo de flores y chocolates; tampoco para que nos deseen felicidades a las mujercitas en este día.

Es una fecha en la que tenemos que dejar muy claro que reivindicamos la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing de 1995, en la que se estableció para las mujeres por los representantes de todo el mundo los siguientes puntos.

Que deben promoverse los objetivos de igualdad, desarrollo y paz para todas las mujeres en interés de la humanidad y tomarse acciones para erradicar la pobreza de la mayor parte de la población, particularmente de nosotras, con base en el crecimiento económico sostenido, el desarrollo social, la protección del medio ambiente y la justicia social.

Que todos los derechos de las mujeres son derechos humanos, por lo que debe impulsarse la igualdad en su reconocimiento y disfrute, particularmente a una vida libre de violencia.

Que debe impulsarse la igualdad de oportunidades en el acceso a los recursos de toda índole, incluidas la tierra, el crédito, la ciencia y la tecnología, la capacitación profesional, la información, las comunicaciones y los mercados, promoviendo en particular la independencia económica de las mujeres.

Que deben reconocerse e impulsarse la distribución equitativa entre hombres y mujeres de las responsabilidades respecto de la familia y fomentar una asociación armoniosa entre ellas.

Que debe hacerse reconocimiento explícito y la reafirmación de derechos de todas las mujeres a controlar todos los aspectos de su salud, en particular los que tienen que ver con su propia fecundidad.

Que deben adoptarse las medidas necesarias para suprimir todos los obstáculos para lograr la igualdad de género y el adelanto y potencial del papel de la mujer.

El Día Internacional de la Mujer es el momento propicio para hacer un recuento de las metas fijadas por los países para lograr la igualdad y para analizar cuántas de estas metas hemos alcanzado.

Uno de los ejes fundamentales de la democracia es la participación de todos en igualdad de condiciones, por lo que la materia electoral ha sido un eje primordial en la búsqueda de instaurar acciones positivas que impacten de manera directa en las instituciones del país. Así, las disposiciones del Cofipe han sido torales para alcanzar una mayor participación de las mujeres en la política.

Por lo anterior y en un acto de congruencia, este día se ha puesto a consideración de este pleno un punto de acuerdo que incluye una de las acciones positivas de mayor relevancia en los tiempos recientes de nuestro país, se trata de un punto que esta asamblea ya ha votado y con el cual hemos garantizado que en la próxima integración del Consejo General del Instituto Federal Electoral contemos con una representación mínima de mujeres.

Este 8 de marzo las mujeres de México podremos decir en voz alta que en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión conmemorar nuestro día se traduce no sólo en felicitarnos a las mujeres, sino en la aplicación de medidas concretas que abonan a la eliminación de la inequidad entre los géneros. Muchas gracias.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras : Gracias, diputada Elsa Conde Rodríguez. Se concede el uso de la palabra a la diputada Irma Piñeyro Arias, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza. Al no encontrarse en el recinto se concede el uso de la palabra a la diputada Rosa Elia Romero Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

La diputada Rosa Elia Romero Guzmán : Con la venia de la Presidencia.

Compañeras diputadas y compañeros diputados, orgullosamente decimos y lo tenemos que reivindicar en el pensamiento socialista postulado por Marx, Engels, Rosa Luxemburgo y Lenin, en el que se denunció la situación opresiva de la mujer en las sociedades clasistas y el cual demandó el derecho de ésta a la igualdad con los hombres y su emancipación.

Estos pensadores dijeron que es a raíz de que surgieron los sistemas de explotación del desarrollo de la división social del trabajo y de la aparición de las clases sociales que la mujer sufrió la opresión y que su liberación sólo podía darse en la medida en que la sociedad cambiara el sistema de producción explotador por un modelo productivo de propiedad social de los medios de producción. Esta exigencia se hace más necesaria en el contexto de un modelo neoliberal que potencia las mujeres.

El 8 de marzo de 1910, en Dinamarca se reunieron las mujeres socialistas, encabezadas por Clara Zetkin y lo denominaron ``Día Internacional de la Mujer'' y desde esa plataforma enarbolaron las demandas de justicia e igualdad para más de la mitad de la humanidad.

Las mujeres no solamente hemos sido juzgadas en el plano económico y político, sino de manera especial en el ideológico. Este hecho se observa en el pensamiento de Aristóteles, donde la acción política tiene lugar en la poli, donde la actividad pública se reservaba exclusivamente a los hombres y así ocurrió también con la práctica de la democracia directa que cultivaron los atenienses y espartanos desde antes de Aristóteles.

En América Latina el surgimiento y desarrollo del Estado, así como su relación con el colectivo femenino hizo evidente que se trataba de una relación de dependencia, basada en la concepción patrimonialista y utilitaria sobre las mujeres.

Asimismo, la familia y la iglesia actuaron como instituciones normativas y garantes del mantenimiento y modernización del orden patriarcal y de la exclusión de las mujeres del sistema político.

En el siglo XIX latinoamericano soplaban los vientos liberales y se iniciaba la secularización del Estado, existiendo una enorme participación femenina; sin embargo, la iglesia, aliada a oligarquías conservadoras, mantuvo su poder sobre la familia y la educación.

El estatus femenino confinado a la reproducción biológica y social no sólo se mantuvo, sino que se reelaboró en la modernización de los gobiernos populistas, que llevaron a cabo a partir de los años 30 del siglo XX.

Al reconocer su condición de ciudadanas y concederles el voto, el populismo hizo más funcional la relación con las mujeres. La mayoría de los gobiernos se vieron obligados a legitimar el voto femenino, primero por la lucha que emprendieron las mujeres; segundo, por el interés de mantenerse en el poder, porque las mujeres representan la mitad del porcentaje electoral.

La década de los sesenta y setenta conoció movimientos feministas vigorosos y una gran parte de ellos en América Latina se vincularon con la lucha revolucionaria de los pueblos, dando por resultado que hoy ningún Estado que se diga democrático niega la igualdad de la mujer y, promueve acciones afirmativas para la mayor participación de ellas.

Sin dejar de reconocer el enorme esfuerzo que realizaron millones de mujeres en el pasado y sin dejar de mencionar que gracias a ese esfuerzo hoy gozamos de limitados derechos, hoy, cuando ya existen algunos derechos favorables a la mujer, todavía hace falta que se traduzcan en hechos reales.

Por esta razón, la mejor manera de conmemorar el Día Internacional de la Mujer es continuar luchando por nuestros derechos y por transitar hacia un nuevo sistema productivo que garantice la igualdad con los hombres. Es cuanto.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras : Gracias, diputada Rosa Elia Romero Guzmán. Se concede el uso de la palabra a la diputada Irma Piñeyro Arias.

La diputada Irma Piñeyro Arias : Con su permiso señor Presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, celebramos el 8 de marzo no sólo como un día en el que se debe enaltecer a las mujeres, sino como una fecha para recordar que debemos sumarnos con acciones y ejemplos en todos los espacios; porque todos tenemos el derecho de vivir en igualdad de condiciones.

En nuestra sociedad, los estereotipos y prejuicios en materia de género le han asignado a la mujer el rol de la reproducción y, por lo tanto, su papel en otros espacios ha sido sistemáticamente desconocido y subvalorado.

Además existe la creencia que es el hombre quien ejerce la función de cabeza de familia en el hogar. Sin embargo, cifras recientes revelan que la situación ha cambiado. Hoy, la mujer es quien dirige y se hace cargo de su familia en muchos hogares, cientos de miles de hogares mexicanos.

Paradójicamente, como fruto de la ancestral división del trabajo, socialmente reconocida y aceptada, las mujeres se enfrentan cotidianamente a un sinnúmero de obstáculos para llevar a cabo las actividades productivas con miras a asegurar la subsistencia de sus familias.

La tarea de la mujer en nuestro país está estrechamente vinculada a una doble jornada. Se caracteriza por la diversidad de labores que asumen en bienestar de sus familias y comunidades como madres, profesionistas, agricultoras en la producción de alimentos y comerciantes, entre otros.

En México más de la mitad de la población son mujeres y, de éstas, 12.5 por ciento millones se ubican en zonas rurales. Son 196 mil localidades menores de 2 mil 500 habitantes donde viven. Aquí, la vulnerabilidad de hogares encabezados por mujeres se intensifica por las condiciones de aislamiento y dispersión. Más de la mitad de esas localidades tienen un alto grado de marginación, donde muchas mujeres indígenas o son analfabetas o se enfrentan a las barreras del idioma o a la discriminación dentro de sus comunidades, en todos los ámbitos de la cotidianeidad en las mismas, sobre todo en la participación política.

Representan 17.3 por ciento de la población económicamente activa. Asimismo, 68 por ciento de la población femenina rural vive en 10 estados de la República Mexicana. Oaxaca tiene más de 50 por ciento de la población rural femenina, seguida de Chiapas, Hidalgo, Guerrero y Michoacán.

Según el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, las mujeres rurales en México constituyen el sector poblacional con menor nivel educativo y evidencian mayores tasas de analfabetismo y mortalidad materna. Tienen menos acceso a recursos y oportunidades de empleo, y presentan mayores niveles de desnutrición y anemia.

Aunque socialmente tan sólo se reconoce su función en la esfera reproductiva es decisivo el papel que desempeñan en todas las cadenas productivas.

Las mujeres rurales se ocupan, entre otras actividades, del cuidado de la huerta y de los animales, siembran, recolectan la cosecha, procesan alimentos, comercializan la producción, cocinan, cuidan y educan a los hijos.

Un gran número de campesinas forman parte de la fuerza de trabajo asalariado, temporal o permanente, en la agricultura comercial, o bien, participan como artesanas.

Podemos afirmar que la columna principal de apoyo de las actividades agropecuarias en México, en pequeña escala, está constituida por las mujeres rurales. Son también el sustento principal de las economías en sus hogares.

Por lo mismo, las estrategias que se planteen para lograr un desarrollo rural sostenido deben incluir el apuntalamiento de sus capacidades productivas y el acceso a recursos que den garantía de seguridad alimentaria, cuidando del medio ambiente, nutrición, gestión de los recursos forestales, uso apropiado del agua y mecanismos que las sitúen y mantengan en el mercado económico.

La pobreza en las zonas rurales tiene efectos devastadores en la salud, educación, nutrición, acceso a recursos, esperanza de vida, ingresos, empleo, mortalidad materna e infantil, participación política y violencia intrafamiliar, tanto para hombres como para mujeres. La población femenina es la que resulta más afectada por la pobreza, en la cual impacta con mayor fuerza y severidad sobre ella. Además, es el sector de la población que sufre con mayor intensidad los efectos de la violencia doméstica.

Las mujeres rurales tienen mayores cargas de responsabilidad debido a que se les exige que cumplan con sus roles de manejo comunitario, productivo y reproductivo, actividades simultáneas con el cuidado del hogar.

Nueva Alianza comparte la lucha de las mujeres mexicanas y exige que el gobierno responda a las necesidades y demandas con políticas públicas inclusivas y con equidad para enfrentar los problemas de pobreza, opresión y desi-gualdad que se han profundizado con la política neoliberal.

Que se implemente vivienda con créditos blandos y sin condicionamiento para la mejora, compra y construcción de las mismas, que garanticen el acceso de las mujeres a una vida digna.

En México, la batalla por reivindicar a la mujer es de todos y se libra en todas partes y todos los días. La promoción de los derechos de las mujeres mexicanas se traduce en el respeto a la libertad, la justicia, la tolerancia y la dignidad. Muchas gracias.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras : Gracias, diputada Irma Piñeyro Arias.

REGISTRO DE ASISTENCIA

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras : Se pide a la Secretaría que instruya el cierre del sistema electrónico de asistencia y dé cuenta del registro de diputadas y de diputados.

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz : ¿Falta algún diputado o diputada por registrar su asistencia? Ciérrese el sistema electrónico de votación. Se informa a la Presidencia que hasta el momento hay una asistencia de 387 diputadas y diputados. Quienes no han registrado su asistencia disponen de 15 minutos para realizarlo por cédula.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras : La Cámara de Diputados saluda la visita del Consejo Coordinador Empresarial, del Valle del Mezquital; del Centro de Estudios Tecnológicos Industriales 166, delDistrito Federal; a los estudiantes de la escuela primaria del Colegio Alemán Alexander von Humboldt, plantel Xochimilco; y a los estudiantes de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Unidad Regional de Tehuacán. Bienvenidos a la Cámara de Diputados.

DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras : Se le concede el uso de la palabra a la diputada Ana María Ramírez Cerda, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, hasta por cinco minutos.

La diputada Ana María Ramírez Cerda : Con su permiso, señor Presidente. Compañeros diputados y compañeras diputadas, el Día Internacional de la Mujer constituye no sólo una fecha histórica, sino un punto de partida para reflexionar sobre los avances alcanzados, los pendientes y el reconocimiento de la importante contribución que hacen las mujeres con su trabajo productivo para el desarrollo de la sociedad.

En el Día Internacional de la Mujer, las mujeres aún se encuentran en un estado de desventaja, inmersas en una sociedad que las hace objeto de discriminación y violencia. Mucho camino ha recorrido el movimiento de las mujeres que con energía ha enfrentado conflictos y ganado batallas. Batallas en las que la mujer ha luchado por el respeto a sus derechos e igualdad en todos los ámbitos: social, político, cultural, religioso y económico.

Sin embargo, y a pesar de los avances logrados, debemos reconocer que las mujeres reclaman el desarrollo de mejores y mayores políticas de igualdad. La insuficiencia de políticas para avanzar hacia sociedades más justas, equitativas y democráticas, que eliminen las situaciones de violencia, pobreza y desigualdad en las que viven las mujeres.

Baste señalar tres importantes ejemplos de discriminación por razón de género: la segregación ocupacional, la discriminación salarial y la violencia contra la mujer. Según un informe de la OIT, el panorama mundial de la lucha por superar la discriminación evidencia un contraste de fracasos y de progresos decisivos.

De acuerdo con información de este organismo internacional, el mundo de las mujeres apenas alcanza el 28.3 por ciento de empleos de buena calidad, entre ellos, como legisladoras, funcionarias o gerentes. Bajo este rubrico se ubica a México entre los países con los índices más bajos en salarios mínimos reales, aunado a que su mayor desempleo urbano y empleo informal se focaliza en el sector femenino.

Para realmente mejorar la situación de las mujeres es urgente que éstas dispongan de empleos decentes y empleos de buena calidad. Reconozcámoslo, México requiere de un mercado de trabajo más productivo y competitivo, con medidas que impulsen la integración laboral de las mujeres mediante la aplicación del principio de igualdad de trato y de oportunidades y no discriminación por razón de sexo.

En este apartado no debemos olvidar a nuestras mujeres indígenas; además de enfrentar la marginación debido a su condición de mujer, enfrentan la pobreza y la exclusión cultural y lingüística en el contexto nacional, lo que origina que su participación social, económica y política sea aún más difícil que la del resto de las mujeres del país.

Por lo que se refiere a la violencia contra la mujer, es evidente que sigue siendo una realidad devastadora. Recordemos que se trata de una violación generalizada de los derechos humanos y un grave impedimento para el logro de la igualdad y el desarrollo.

Este año, la celebración del Día Internacional de la Mujer coincide con el 60 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, para la cual la no discriminación, la igualdad y la equidad de género son elementos fundamentales de derechos humanos.

En consecuencia, compañeros legisladores y compañeras legisladoras, hacer de los derechos humanos una realidad para cada mujer requiere de voluntad política a todos los niveles. Hago un llamado para que el tema central sobre la situación de la otra mitad de la población no sea abordado de manera anecdótica.

Resulta imperativo examinar los datos duros que explican la falta de proporción y la injusticia. Hombres y mujeres tenemos que unirnos para que en nuestras sociedades, el derecho a una vida plena, se pueda ejercer en igualdad de condiciones.

Este día no debe ser sólo un pretexto para la retórica con buenas intenciones. Debemos promover acciones efectivas, continuemos avanzando. Por su atención, muchas gracias.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras : Gracias diputada Ana María Ramírez Cerda. Se concede el uso de la palabra a la diputada María del Carmen Salvatori Bronca, del Grupo Parlamentario de Convergencia, hasta por cinco minutos.

La diputada María del Carmen Salvatori Bronca : Gracias, Presidente; con su permiso.

Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, la libertad, la igualdad, la justicia y el desarrollo son virtudes a las que toda sociedad aspira. Por ello resulta tan insólito que, siendo los mismos ideales que ha perseguido por más de nueve décadas el movimiento internacional de mujeres, hayamos tenido por tanto tiempo tanta incomprensión.

Como sabemos, el Día Internacional de la Mujer fue propuesto por la obrera sindicalista alemana Clara Zetkin, en 1910. Durante su intervención en el Congreso Internacional de Mujeres Socialistas en Copenhague, Dinamarca.

Sin embargo, no fue sino hasta 1975 que la ONU la oficializó en la primera Conferencia Mundial de la Mujer, realizada justamente en esta ciudad, la Ciudad de México.

Ya en los albores del siglo XX, esta y otras mujeres iniciaban la defensa de sus derechos más elementales: el derecho al trabajo y a la participación en asuntos nacionales e internacionales, así como también la protección de las madres, las niñas y los niños.

El trágico suceso que recordamos cada 8 de marzo, el genocidio de 146 obreras textiles que fueron quemadas vivas, mientras reclamaban reducción de la jornada laboral y mejores condiciones en el trabajo, es parte de una consecuencia de hechos que marcaron el comienzo de un largo camino político organizativo, académico y sobre todo social.

Este camino que no llega aún a su puerto de arribo, ha ido conquistando, enhorabuena, sucesivos avances.

Día con día, y especialmente cada 8 de marzo, celebrar esta efeméride nos permite mirarnos como sociedad a través de los ojos del género y en este escrutinio darnos cuenta de lo que hemos logrado. Y también de qué tan lejos seguimos estando de la sociedad equitativa justa y libre a la que tenemos derecho.

En el Día Internacional de la Mujer, a diferencia del Día del Padre, el Día de la Madre, el Día de San Valentín, ninguno de nosotros gastaremos dinero en regalos.

No existe ninguna tienda departamental, ni un talentoso publicista que haya podido aprovechar comercialmente este día.

Sigue siendo entonces un momento para la reflexión, la denuncia, la concertación de voluntades, incluso para quienes no sienten parte de esta historia ni de esta terrible lucha.

México, con sus virtudes y problemas, no se explica a sí mismo sin el papel de las mujeres y aunque sólo unas pocas hayan marchado, hayan pegado carteles y hecho todo lo necesario para demostrar que el género es la mitad de la humanidad y que vale tanto como la otra mitad. Todas y todos nos hemos beneficiado de ello.

Muchos de los avances en materia de equidad de género nos resultan hoy tan elementales y obvios que difícilmente pensamos en ellos. Corríjanme, por favor, si no les resulta aberrante ahora, aún a los más conservadores, pensar en un país en el que las mujeres no puedan votar ni ser votadas, en el que nuestras hijas no pudieran estudiar ni ejercer diversas profesiones, y aún más, estuvieran expuestas a una violencia tal que fuera vista como un derecho natural del varón, frente al que nadie interviene.

Después de lo que hemos avanzado este país imaginario nos resulta totalmente inconcebible; sin embargo, hace pocos años ésa era nuestra realidad y parecía casi imposible de cambiar. Pensemos ahora en nuestras hijas, en nuestras madres, en sus esposas, en sus hermanas, en nuestras hermanas, en nosotras mismas y respondamos esto:

¿Las mujeres tenemos hoy la libertad de elegir? ¿Tenemos acceso a la educación? ¿Algunas de nosotras somos profesionistas? ¿Podemos escoger nuestra profesión? ¿Tenemos servicio médico? ¿Nos hemos auxiliado de una guardería? ¿Podemos recurrir al divorcio ante una situación de violencia o por simple incompatibilidad? ¿Podemos decidir cuántos hijos tener y cuándo tenerlos o no, e incluso decidir si no queremos tenerlos? ¿Tenemos derecho a trabajar y a percibir un salario? ¿Tenemos derecho a formar una familia sin la obligación de contraer matrimonio? ¿Podemos elegir a quién tener como pareja sentimental?

Pues nada de esto era posible hace pocos años, y todos estos derechos han sido conseguidos gracias a otras mujeres que perdieron incluso la vida para que sus hijas y las hijas de sus hijas no sufrieran la misma indiferencia de la sociedad que ellas vivieron.

En materia de derechos civiles y políticos, las mujeres en prácticamente todo el orbe hemos avanzado lo suficiente para explotar y vivir nuestra ciudadanía integralmente. En materia de derechos laborales seguimos en un constante esfuerzo por lograr los puntos elementales que reza la equidad: igual salario por igual trabajo, horarios justos y derechos de maternidad, etcétera.

En materia de salud y educación hemos conquistado grandes cosas, por ello decimos que son sustantivos los avances, pero también lo son los renglones pendientes. Entre ellos desde luego la erradicación de la violencia de género.

La celebración el 8 de marzo en Naciones Unidas tiene este año un tema principal: poner fin a la impunidad de la violencia contra las mujeres y las niñas. Lo repito: poner fin a la impunidad de la violencia contra las mujeres y las niñas.

La directora ejecutiva del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, Ann Veneman, dijo recientemente que la violencia contra las mujeres y las niñas es una de las formas más extremas de desigualdad, y desde luego suscribimos su dicho.

Quiero retomar las palabras de la Presidenta de la Mesa Directiva, Ruth Zavaleta, quien dijo hoy por la mañana en el foro a favor de los derechos de las mujeres: ``para que la mujer pueda llegar a una verdadera equidad de género es necesario que salve primero los problemas económicos y sociales que tiene''.

Es cuanto, diputado Presidente.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras : Gracias, diputada María del Carmen Salvatori Bronca.

La Cámara de Diputados saluda la visita de los alumnos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, de su Facultad de Contaduría. Asimismo, a los invitados de Tlaxcala. Bienvenidos a la Cámara de Diputados.

Se concede el uso de la palabra a la diputada Yary del Carmen Gebhardt Garduza , del Grupo Parlamentario del PRI, hasta por cinco minutos.

La diputada Yary del Carmen Gebhardt Garduza : Con su venia, diputado Presidente.

¿Qué es ser mujer? Una interrogante que sin duda ha cambiado diametralmente con el paso del tiempo. Ser mujer hoy implica ser polifacética y versátil; implica tener el rostro de una estudiante, de una trabajadora, una madre, una hija, todas con la misma convicción. No hay un día para descansar en la lucha por la equidad. Ser mujer es tener el rostro del trabajo y la entrega, del amor y la perseverancia.

El Día Internacional de la Mujer, declarado en 1977 por la Asamblea General de las Naciones Unidas y propuesto por la alemana Clara Zetkin en 1910, fue declarado en honor a la acción de las mujeres para promover la lucha por mejores condiciones laborales, sociales, culturales y políticas; para afirmar a la equidad, junto con la libertad y a la justicia, como valores fundamentales de la civilización contemporánea.

Este día ofrece una oportunidad para que mujeres y hombres nos unamos en pro de una causa de toda la humanidad. El empoderamiento de la mujer es no sólo un objetivo en sí mismo, sino una condición indispensable para mejorar la vida de todas las sociedades.

El Día Internacional de la Mujer pone de relieve los serios rezagos y los obstáculos existentes para que las mujeres puedan mejorar sus vidas. En México, aproximadamente 36 por ciento de las mujeres mayores de 12 años participan en el mercado del trabajo; 9 por ciento de las trabajadoras son comerciantes y vendedoras; 15 por ciento, artesanas y obreras; 13 por ciento, oficinistas; y 12 por ciento, trabajadoras domésticas.

Estos datos evidencian la desproporción entre el empleo y el volumen de la población femenina. En materia social, una de cada cuatro mujeres sufre violencia doméstica; una de cada cuatro mujeres ha sido violada o ha sufrido intento de violación y una de cada cuatro mujeres es acosada sexualmente en el trabajo.

En México las mujeres aportan 85 por ciento del tiempo total de trabajo doméstico y los hombres sólo 15 por ciento. Los hombres dedican en promedio 22 horas a la semana al esparcimiento y convivencia social y las mujeres 20 horas. Lo anterior demuestra que la atención de la esfera doméstica y familiar todavía es vista como una responsabilidad que compete, en gran parte de los casos, sólo a la mujer.

Por ello, el 8 de marzo es un día para reflexionar sobre la larga lucha por la igualdad que sigue hoy en curso. Es un día para tomar conciencia de la indignidad y la injusticia que motiva esa lucha. Pero es también un día para conmemorar y rendir homenaje al valor, la fortaleza y a los logros de todas las mujeres.

En México, en 1935, las mujeres del Partido Nacional Revolucionario ---actualmente el Partido Revolucionario Institucional--- y del Partido Comunista conmemoraron por primera vez el 8 de marzo. Y al igual que en ese año, en el Partido Revolucionario Institucional seguimos comprometidos con una sociedad igualitaria, con políticas afirmativas que garanticen a la mujer la igualdad de trato en las diferentes actividades del quehacer humano, con el acceso de las mujeres a mejores condiciones de vida, así como a una protección de sus derechos en un plano de igualdad entre hombres y mujeres.

La conmemoración de este día es una oportunidad para poner de relieve que las mujeres seguimos transformando la visión y la evolución de las sociedades en todo el mundo; las oportunidades para acceder a mejores condiciones de desarrollo humano para las mujeres están en aumento y las diferencias entre mujeres y hombres van disminuyendo lentamente, gracias a nuestra lucha por la reivindicación de nuestros derechos y las relaciones humanas con base en una verdadera igualdad. No obstante, aún estamos muy lejos de convertir ese entendimiento común en una práctica universal. En casi todos los países las mujeres siguen estando subrepresentadas en los puestos de adopción de decisiones. El trabajo de la mujer es subvalorado, insuficientemente remunerado o no remunerado en su totalidad.

A nivel mundial, de los más de 100 millones de jóvenes que no asisten a la escuela, la mayoría son niñas. De los más de 800 millones de adultos analfabetos que hay en el mundo, la mayoría son mujeres.

La situación por lo que compete a la mujer indígena no es menos alentadora, pues a lo largo de la historia, aún y cuando se esfuerza y trabaja al máximo por mejorar las condiciones de vida, sigue siendo víctima de la marginación, del hambre, de la falta de atención médica, de la violencia física y mental. Factores negativos que devalúan su condición de ser humano, viviendo una realidad caracterizada por la pobreza.

Hoy alzo la voz por todas las mujeres indígenas de nuestro país, para que sean consideradas dentro de los programas de desarrollo humano; que se les proporcionen las oportunidades de mejores ingresos, de una vida saludable, de acceso al tesoro del conocimiento, de libertad política, de seguridad personal, de participación comunitaria y derechos humanos garantizados.

El PRI se pronuncia por políticas afirmativas que garanticen a la mujer el mismo trato, reconocimiento a su contribución laboral, ideológica y científica; igual oportunidad en la toma de decisiones y misma oportunidad a los beneficios de progreso. Muchas gracias.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras : Gracias, diputada Yary del Carmen Gebhardt Garduza.

La Cámara de Diputados saluda la visita de los diputados locales del estado de Baja California Sur. Bienvenidos a la Cámara de Diputados.

Se le concede el uso de la palabra a la diputada Irene Aragón Castillo , del Grupo Parlamentario del PRD, hasta por cinco minutos.

La diputada Irene Aragón Castillo : Con su permiso, señor Presidente.

En este día 8 de marzo en el que se celebra el Día Internacional de la Mujer, las diputadas del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática no haremos un recuento histórico de las luchas de tantas mujeres en el ámbito internacional y nacional, particularmente de la lucha que las mujeres desde la izquierda hemos impulsado por la reivindicación de nuestros derechos.

Las legisladores del PRD no queremos reiterar la misma historia de cada año, las mismas efemérides. Hoy queremos decir que estamos cansadas, decepcionadas, escépticas de las instituciones, de esas instituciones que no han sido capaces de impartir justicia a las mujeres, de promover la equidad, de respetar nuestra dignidad, de prevenir la violencia de género, tanto institucional como doméstica. La lista de agravios, señoras y señores diputados, que sufrimos las mujeres es extensa. No alcanzaría este día de celebración para nombrarlos. Esta violencia es tan cotidiana que por hoy se le ha dado carta de ciudadanía y ha conjuntado nuestro dolor en uno solo.

Por hoy, cualquiera de nosotras es Eufrosina Cruz, Ernestina Ascencio, Lydia Cacho, las viudas de Pasta de Conchos, las vejadas en San Salvador Atenco, las hermanas triquis Virginia y Daniela Ortiz Ramírez, las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, Chihuahua, del Estado de México y el resto del país; las jóvenes ultrajadas de Castaños, Coahuila, las cientos de mujeres indígenas encarceladas por delitos relacionados con el hambre y la miseria. Todas somos madres de algún desaparecido político, todas somos mujeres migrantes vulnerables. La lista es muy amplia.

Pero para ubicar este grave problema, en su justa dimensión, invitamos a cada uno de ustedes a un ejercicio de reflexión y agregar a este recuento las acciones y omisiones institucionales del Estado, de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial que, de manera directa e indirecta han contribuido a vulnerar los derechos humanos de las mujeres.

Por ello no estamos seguras de tener algún motivo para festejar. Sin duda el impulso, la persistencia y la tenacidad de cientos de mujeres han logrado incidir de alguna manera en el ámbito formal, logrando crear instancias y desarrollar leyes que, sin duda también, representan avances.

Reconocemos ese esfuerzo; sin embargo, no vemos la voluntad política para que todo ese capital humano que representamos la fuerza de las mujeres cuente con los instrumentos que nos permitan el ejercicio pleno de nuestros derechos humanos y que la equidad de género sea una realidad.

En esta Cámara de Diputados la equidad es letra muerta. La aprobación de iniciativas tendientes a garantizar el ejercicio de derechos humanos como son la salud, la educación y la asistencia a los grupos vulnerables se analiza y dictamina en función del presupuesto y también de la moral, y si existe un impacto económico, entonces la prioridad social deja de serlo.

Si las propuestas sobre salud sexual y reproductiva fortalecen la autonomía de las mujeres, este Congreso se convierte en lanzador de piedras que juzgan a las magdalenas.

Las legisladoras del PRD abogamos por la vigencia de una democracia equitativa en términos económicos, sociales, jurídicos, políticos y culturales; por una verdadera reforma del Estado que incluya en la legislación esos mecanismos que nos permitan el ejercicio real de las garantías individuales y sociales contempladas en diversos instrumentos internacionales y en nuestra propia Constitución.

Estimamos que la transversalidad de la perspectiva de género es un propósito y un fin que debemos permear en los distintos temas del capítulo ``De las garantías sociales''. Un gesto de buena voluntad política sería el que los diversos actores políticos que participan hoy en la reforma del Estado asuman con seriedad, profesionalismo y sobre todo con compromiso el tema del género. Sin duda eso sí, eso sí sería motivo de celebración.

Otro presente que las mujeres agradeceríamos en este día es el poder constatar la verdadera voluntad política del Ejecutivo federal para cumplir plenamente con la implementación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia y su respectivo reglamento, así como el reglamento del Sistema Nacional de Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, cuya expedición lleva más de año y medio de retraso, así como la implementación del Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia.

Acciones de esta naturaleza nos harían pensar que tal vez las mujeres sí somos importantes para este gobierno federal. Lo demás es demagogia. Un valioso presente sin duda sería el esclarecimiento de los cientos de asesinatos de mujeres en todos los estados del país.

Lo que sí podemos hacer hoy es extender nuestro reconocimiento a todas aquellas mujeres que, desde diversos ámbitos de actuación, han impulsado grandes batallas y debates por el respeto a nuestros derechos y dignidad.

En honor a todas las mujeres que aspiran a construir un país democrático en donde hombres y mujeres tengamos igualdad de oportunidades y donde ser mujer no sea sinónimo de una debilidad. Exigimos congruencia a los poderes e instituciones de este país.

Por último, particularmente felicitamos y reconocemos el esfuerzo y valentía de todas esas mujeres que desde su pequeña trinchera particular van conquistando sus propios espacios y avanzando en pequeños logros, que en suma constituyen una gran fuerza social impulsada por el espíritu de la autonomía sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas. Gracias, Presidente.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras : Gracias, diputada Irene Aragón Castillo.

Esta Presidencia hace notar la presencia del diputado José Bailleres Carriles, presidente de la Gran Comisión del Congreso de Puebla, y la diputada María del Rocío García Olmedo, presidenta de la Mesa Directiva del mismo Congreso de Puebla. Bienvenidos a este recinto parlamentario.

Se le concede el uso de la palabra a la diputada María Elena Álvarez Bernal , del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, hasta por cinco minutos.

La diputada María Elena Álvarez Bernal : Con permiso de la Presidencia.

En esta conmemoración que estamos haciendo en este recinto sobre el Día Internacional de las Mujeres, yo quiero referirme a la relación que tiene la realidad de las mujeres en su vida, con el derecho, con las leyes que son nuestra responsabilidad y que afectan para bien o para mal, esa vida de las mujeres.

El derecho romano, el más grande monumento legal que ha creado la humanidad institucionalizó la inferioridad de las mujeres. Este cuerpo normativo dividió a las personas en dos clases: las que están bajo la autoridad de otras y las que no lo están. En la primera clasificación se ubica a los esclavos, a los hijos y a las mujeres. En la segunda, a las que no lo están. En la primera clasificación están todas las mujeres.

En México, en la Colonia, nuestras Leyes de Indias hicieron suya esta formación jurídico-occidental y consideraron a la mujer sometida al poder del otro, al poder del varón y por tanto, la consideraban carente de capacidad para ser titular de derechos y sujeto de obligaciones.

En el México independiente, a pesar de las inspiradoras ideas de igualdad, continuaron las diferencias entre ambos sexos y no sólo en el derecho privado; también en lo relativo a los derechos políticos. Si posteriormente no se introdujeron conceptos igualitarios en la Constitución, menos podría estar en la mente de los legisladores, ni en la sociedad, la igualdad jurídica y política del hombre y la mujer.

En el artículo 37 de la Constitución, con sus diversas y posteriores reformas, no se habla de sexo ni de género; se habla de ciudadano como término común y según el Constituyente se decía a la persona humana de ambos sexos. Pero en la mente de los forjadores de nuestra ley suprema quedó claro que en lo que respecta a la ciudadanía no pensaron nunca en incluir a las mujeres, en otorgarles el derecho a votar y menos, a ser votadas. Es por esto que en nuestras Constituciones, tanto la de 1857, como la de 1917 trataron como menores de edad a todas las mujeres y fue hasta 36 años después, cuando se les reconoció la ciudadanía plena en el orden municipal y posteriormente se haría en el orden federal.

Esta reivindicación no se dio por voluntad espontánea de los legisladores, todos eran varones en esa época; fue promovida por grupos de mujeres y desde ese momento se hizo evidente que la equidad para las mujeres tendría que ser promovida por las mismas mujeres.

Una vez que se les reconocieron a las mujeres sus derechos ciudadanos, los partidos hicieron tímidamente la inclusión de ellas en el Poder Legislativo. Llegó a la Cámara la primera legisladora en 1952, hasta esa fecha todas las leyes habían sido formuladas por varones.

Nuestras leyes han avanzado en el reconocimiento de los derechos de las mujeres en igualdad con los hombres, y no hay duda de que esto se debe a las mujeres. A las mujeres que en las cámaras y en los partidos políticos han dado lo mejor de sí para lograrlo.

Se ha alcanzado ya que no haya prohibición legal para que las mujeres ejerzan ciertas profesiones. Fue la primera diputada panista Florentina Villalobos la que logró con su iniciativa, que fue aprobada, que en la profesión de los notarios no se excluyera a las mujeres. Gracias a esa iniciativa, a partir de esa fecha, también las mujeres pueden ser notarias. Y así se han ido corrigiendo prohibiciones absurdas que discriminaban a las mujeres.

Con la aprobación de acciones afirmativas hemos logrado aumentar el porcentaje de funcionarias de elección. Se han aprobado presupuestos para crear políticas públicas que resuelvan las necesidades femeninas. Se ha tipificado como delito la violencia contra la mujer, y tenemos leyes en diferentes órdenes, para ir parando esta pandemia. Pero todavía nos falta mucho por reformar.

En el área laboral nos urge borrar la desigualdad en las retribuciones. Falta aprobar más acciones afirmativas que rompan la barrera cultural, para que se dé en la práctica la igualdad de oportunidades para todas las mujeres.

En el campo político tenemos todavía aberraciones como las sustentadas en usos y costumbres que impiden a las mujeres ser ciudadanas plenas. Avergüenza a México lo que le sucede a Eufrosina Cruz Mendoza, que habiendo siendo electa por la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas de su municipio oaxaqueño no puede ejercer el cargo sólo por el hecho de ser mujer.

Todavía es necesario conmemorar un día de la mujer para impulsar el cambio cultural que derribe esas barreras. El Día Internacional de la Mujer es la oportunidad que tenemos para que la sociedad reflexione. Para que reflexione que la discriminación de las mujeres se estableció institucionalmente por las leyes que los varones aprobaron.

Tal vez por el nivel de desarrollo económico, social y científico de la época, pero no se justifica que aún en este momento esté todavía en muchas leyes y se siga la cultura y en la mente de muchos hombres y mujeres esa desigualdad. Los varones, exceptuando la época de la esclavitud, nunca han estado legalmente bajo la autoridad de otro. Y lo más grave es que la mayoría de los mexicanos todavía no son conscientes de esto. Por eso hay algunas voces que en ocasiones se levantan diciendo que se requiere un día del hombre.

Nuestro propósito no es una competencia de sexos, no es una lucha entre hombres y mujeres. Lo que se pretende es cambiar la cultura, es cambiar nuestra historia futura. Pretendemos y esperamos que pronto haya igualdad de oportunidades para todas las mujeres y que ya no se requiera nunca más un Día Internacional de la Mujer para presentar nuestros reclamos. Muchas gracias.

El Presidente Cristián Castaño Contreras : Gracias, diputada María Elena Álvarez Bernal .

La Cámara de Diputados saluda a los alumnos de la escuela preparatoria Jean Piaget, de la escuela Secundaria Técnica número 39 Profesora Concepción Mercado Jardón, del municipio de Zumpango, del Estado de México. Y saluda también esta Presidencia al grupo Juventud Activa, del municipio Real del Monte del estado de Hidalgo. Bienvenidos todos a este recinto parlamentario.

CODIGO DE COMERCIO

El Presidente Cristián Castaño Contreras : El siguiente punto del orden del día es la primera lectura de dictámenes.

En virtud de que han sido publicados en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se les dispensa la lectura.

El Secretario diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés : Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se le dispensa la lectura. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

«Dictamen de la Comisión de Economía, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código de Comercio

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión correspondiente a la LX Legislatura fue turnada, para su estudio y dictamen, la minuta que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código de Comercio, enviada por el Senado de la República el 26 de abril de 2007.

Esta comisión, con fundamento en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos d), e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 58, 60, 87, 88 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se abocó al estudio y análisis de la minuta descrita, al tenor de los siguientes

Antecedentes

Primero. Que en sesión celebrada en la Cámara de Diputados el 3 de septiembre de 2007, los Secretarios dieron cuenta al Pleno de la minuta que remitió el Senado de la República.

Segundo. El Presidente de la Mesa Directiva acordó dar el siguiente trámite: ``Túrnese a la Comisión de Economía''.

Tercero. Mediante el oficio número CE/745/07, de fecha 3 de septiembre de 2007, se dio cuenta a los integrantes de la Comisión de Economía del contenido de esta minuta, remitida por la colegisladora.

Cuarto. Que la minuta en estudio corresponde a la iniciativa presentada en sesión del Senado de la República del Congreso de la Unión en fecha 14 de diciembre de 2006 por el senador Arturo Escobar y Vega, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, la que el 19 de diciembre de 2006 fue turnada por la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial, y de Estudios Legislativos, Primera, para su estudio y dictamen.

Quinto. Que el dictamen de la minuta en estudio fue presentado en sesión pública ordinaria de la Cámara de Senadores el 26 de abril de 2007 y fue dispensada la segunda lectura, y se aprobó por 81 votos a favor.

Sexto. Que la minuta en estudio propone lo siguiente:

Consideraciones

Primera. Que con base en los antecedentes indicados, la Comisión de Economía de la LX Legislatura, con las atribuciones señaladas, se abocó a dictaminar la minuta de referencia.

Segunda. Que la Constitución Política consagra en el artículo 17 el derecho de todos los individuos a una administración de justicia mediante de tribunales expeditos, impartida en los plazos y términos que las leyes fijen y con resoluciones procuradas de manera pronta, completa, imparcial y gratuita. Al respecto, la sujeción de los órganos públicos a la ley, manteniendo un principio de estricta legalidad, sitúa el mencionado derecho ciudadano como un medio de defensa ante cualquier acto de autoridad, implicando la imposibilidad de las autoridades judiciales de retardar o entorpecer indefinidamente la función de administración de justicia, por lo que, al contrario, se verán obligados a sustanciar y resolver los juicios que ante ellas se ventilen, en los términos que la misma ley procesal señale.

Tercera. Que es clara la necesidad de nuestro sistema jurídico vigente de adecuarse a las necesidades y circunstancias del país, toda vez que los ordenamientos legales día con día resultan más inaplicables e inexactos en lo que a materia procesal se refiere, adecuar los ordenamientos permitirá que la impartición de justicia sea pronta, gratuita y expedita, brindando seguridad y certeza jurídica a los ciudadanos que se ven involucrados en un litigio y que, a su vez, ven afectada alguna porción o la totalidad de su patrimonio por la naturaleza de la materia.

Cuarta. Que en los países de ``derecho escrito'', la legislación es sin duda la fuente formal más importante del derecho, por lo que asistiendo a la necesidad de perfeccionar el marco jurídico actual a la realidad, la minuta en estudio propone hacer más explicita, exacta y, por ende, más efectiva la supletoriedad legal aplicable, apoyando con ello a que se cumpla efectivamente lo señalado en el artículo 18 del Código Civil Federal, que refiere: ``El silencio, oscuridad o insuficiencia de la ley no autorizan a los jueces o tribunales para dejar de resolver una controversia''.

Quinta. Que la aplicación de las legislaciones locales de manera supletoria, en el caso de la materia procesal civil, traerá consigo mayor claridad y efectividad en la diligencia de los ordenamientos, toda vez que cada entidad federativa tiene su legislación de la materia, adecuada a las necesidades del lugar y circunstancias. Por ello, incluir como supletoria la legislación local de la materia, en casos de instituciones que no sean reguladas por la legislación federal, hará más eficiente y pronta la impartición de justicia, ya que se estará allegando a los juzgadores de elementos que permitan ventilar adecuadamente los procesos.

Sexta. Que la prueba es la actividad de las partes de un litigio encaminada a convencer al juez de la veracidad de unos hechos que se afirman, por lo que su correcto ofrecimiento y desahogo hace más efectiva la aplicación de justicia, permitiendo que la sustanciación de los procedimientos judiciales sea más eficaz. Por lo anterior se considera que allegar al juez de suficientes elementos probatorios en un litigio permitirá mejores resoluciones. Por otra parte, se pretende agilizar el desahogo de las pruebas periciales, obligando a los peritos a rendir dictamen en término, con lo que además de agilizar el procedimiento se fortalece.

Séptima. Que la apelación es una solicitud que se hace al juez superior para que subsane los defectos, vicios o errores de una resolución dictada por una autoridad inferior, siendo considerado como una expresión del derecho a la tutela judicial efectiva. Así, la apelación ``es el recurso en cuya virtud el tribunal de segundo grado (juzgador ad quem), a petición de parte legítima, reforma, modifica o confirma una resolución de primera instancia (juez a quo)''.

Entonces, podemos calificar a la apelación como el más importante de los recursos judiciales ordinarios. En la actualidad, la manera en que está previsto en la ley complica la impartición de justicia, al ser usado de manera incorrecta por algunos juristas impidiendo un proceso ágil. Así, entonces, permitir que este recurso sea más efectivo es una necesidad para el buen desarrollo y resolución de los litigios en la materia. Mediante las reformas de 1996 se incluyó la figura de la ``apelación preventiva'' en materia de arrendamiento, con lo que se disminuyó considerablemente la carga de trabajo.

Octava. Que el interés legítimo, según Miguel Sánchez Morón, ¹ es en términos generales ``todo interés de cualquier persona, pública o privada, reconocido y protegido por el ordenamiento jurídico'', por lo que debemos entender que es la situación jurídica activa que se ostenta en relación con la actuación de un tercero y que no supone, a diferencia del derecho subjetivo, una obligación correlativa de dar, hacer o no hacer exigible de otra persona, pero sí comporta la facultad del interesado de exigir el respeto del ordenamiento jurídico.

Al respecto, el artículo 1337 del Código de Comercio cita quiénes pueden interponer el recurso de apelación, y la minuta en estudio propone la adición de una fracción IV que permita apelar la sentencia que afecte el interés legítimo de un tercero, a lo que cabe precisar que la intención de esta soberanía al incorporar la figura de ``tercero con interés legítimo'' únicamente pretende posibilitar que los terceros llamados a juicio puedan apelar la sentencia definitiva, siempre que les perjudique la resolución.

Novena. Que uno de los principios que regula el derecho procesal en México es el de ``equidad procesal entre las partes'', y los términos que están considerados en nuestra legislación vigente no atienden claramente este principio, por lo que se deben adecuar en la materia los plazos de contestación de una demanda, permitiendo que los demandados estén en una situación equitativa en los términos para complementar sus probanzas a favor, ya que ``no siempre el que demanda tiene la razón, ni prueba que le asista el derecho para demandar''.

Décima. Que los integrantes de la Comisión de Economía, que dictaminan, reconocen y concluyen que la minuta del Senado contiene propuestas que enriquecen la legislación mexicana en materia de administración de justicia, toda vez que agilizar y hacer más eficiente la aplicación de la legislación procesal trae consigo un beneficio que se refleja en la seguridad y certeza jurídica de las personas cuando se encuentran involucradas en un litigio mercantil, sin dejar atrás que en la mayor parte de las ocasiones el patrimonio es el principal elemento en riesgo en esa materia.

Por lo expuesto, la comisión dictaminadora hace suyos los motivos de la colegisladora y se manifiestan por la necesidad de aprobar la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código de Comercio, en los términos que la remitió el Senado de la República, por lo que presenta al Pleno de esta honorable asamblea, para su análisis, discusión y, en su caso, aprobación, el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código de Comercio

Artículo Único. Se reforman los artículos 1054, 1057, 1058, 1063, 1069, 1079, 1154, 1165, último párrafo, 1191, 1193, 1203, 1223, 1224, 1232, fracción I, 1235, 1247, 1250, 1253, fracciones III, IV, VI y VII, 1254, 1255, 1263, 1336, 1337, fracción III, 1338, 1339, 1340, 1342, 1344, 1345, 1348, 1378, 1396 y 1414; y se adicionan los artículos 1250 Bis, 1250 Bis 1, 1337, fracción IV, 1345 Bis, 1345 Bis 1, 1345 Bis 2, 1345 Bis 3, 1345 Bis 4, 1345 Bis 5, 1345 Bis 6, 1345 Bis 7, 1345 Bis 8 y 1407 Bis, todos del Código de Comercio, para quedar como sigue:

Artículo 1054. En caso de no existir convenio de las partes sobre el procedimiento ante tribunales en los términos de los anteriores artículos, salvo que las leyes mercantiles establezcan un procedimiento especial o una supletoriedad expresa, los juicios mercantiles se regirán por las disposiciones de este libro y en su defecto se aplicará supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles y en caso de que no regule la institución cuya suplencia se requiera, la ley de procedimientos local respectiva .

Artículo 1057. El juez examinará de oficio la personalidad de las partes, pero los litigantes podrán impugnar la de su contraria cuando tengan razones para ello, en vía incidental que no suspenderá el procedimiento y la resolución que se dicte será apelable en el efecto devolutivo, de tramitación inmediata, sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 1126 de este código.

Artículo 1058. Por aquel que no estuviere presente en el lugar del juicio ni tenga representante legítimo, podrá comparecer un gestor judicial para promover en el interés del actor o del demandado, y siempre sujetándose a las disposiciones de los artículos relativos del Código Civil Federal , y gozará de los derechos y facultades de un mandatario judicial. Si la ratificación de la gestión se da antes de exhibir la fianza, la exhibición de ésta no será necesaria.

Artículo 1063. Los juicios mercantiles se substanciarán de acuerdo a los procedimientos aplicables conforme este código, las leyes especiales en materia de comercio y en su defecto por el Código Federal de Procedimientos Civiles y en último término por el Código de Procedimientos Civiles local .

Artículo 1069. ......

...

Las personas autorizadas en los términos de este artículo, serán responsables de los daños y perjuicios que causen ante el que los autorice, de acuerdo a las disposiciones aplicables del Código Civil Federal , relativas al mandato y las demás conexas. Los autorizados podrán renunciar a dicha calidad, mediante escrito presentado al tribunal, haciendo saber las causas de la renuncia.

......

...

Artículo 1079. ...

Artículo 1154. La acción que puede ejercitarse conforme a las fracciones II y III del artículo 1151 procede contra cualquier persona que tenga en su poder las cosas que en ellas se mencionan. Mediante notificación personal se correrá traslado por el término de tres días a aquel contra quien se promueva, para que manifieste lo que a su derecho convenga, exponiendo en su caso las razones que tenga para oponerse a la exhibición o que le impidan realizarla. En dichos escritos deberán ofrecerse las pruebas, las que de admitirse se recibirán en la audiencia que debe celebrarse dentro del plazo de ocho días, y en donde se alegue y en la misma se resuelva sobre la exhibición solicitada. En caso de concederse la exhibición del bien mueble o de los documentos, el juez señalará día, hora y lugar para que se lleve a cabo la misma, con el apercibimiento que considere procedente. La resolución que niegue lo pedido será apelable en ambos efectos y la que lo conceda lo será en el devolutivo, de tramitación conjunta con la sentencia definitiva, que se llegue a dictar en el juicio que se promoviere, con base en dichos medios.

Artículo 1165. ...........................

...

La resolución que niegue el auto de ejecución será apelable en ambos efectos, y en caso contrario se admitirá en el efecto devolutivo, de tramitación conjunta con la sentencia definitiva, que se llegue a dictar en el juicio que se promoviere, con base en dichos medios .

Artículo 1191. Si atendido el interés del negocio hubiere lugar a la apelación, ésta se admitirá sólo en el efecto devolutivo y será de tramitación inmediata . Si la sentencia levanta la providencia precautoria, no se ejecutará sino previa fianza que dé la parte que obtuvo. La sentencia de segunda instancia causará ejecutoria. Cuando la providencia precautoria hubiere sido dictada en segunda instancia, la sentencia no admitirá recurso alguno.

Artículo 1193. ...

El fiador, o la compañía de fianzas que otorgue la garantía por cualquiera de las partes se entiende que renuncia a todos los beneficios legales, observándose en este caso, lo dispuesto en los artículos relativos al Código Civil Federal .

Artículo 1203. Al día siguiente en que termine el periodo del ofrecimiento de pruebas, el juez dictará resolución en la que determinará las pruebas que se admitan sobre cada hecho, pudiendo limitar el número de testigos prudencialmente. En ningún caso se admitirán pruebas contra del derecho o la moral; que se hayan ofrecido extemporáneamente, sobre hechos no controvertidos o ajenos a la litis; sobre hechos imposibles o notoriamente inverosímiles, o bien que no reúnan los requisitos establecidos en el artículo 1198 de este código. Contra el auto que admita alguna prueba que contravenga las prohibiciones señaladas anteriormente o que no reúna los requisitos del artículo 1198, procede la apelación en efecto devolutivo de tramitación conjunta con la sentencia definitiva , cuando sea apelable la sentencia en lo principal. En el mismo efecto devolutivo y de tramitación conjunta con dicha sentencia , será apelable la determinación en que se deseche cualquier prueba que ofrezcan las partes o terceros llamados a juicio, a los que siempre se les considerará como partes en el mismo.

Artículo 1223. Si se presenta pliego de posiciones para el desahogo de la confesional, éste deberá presentarse cerrado, y guardarse así en el secreto del tribunal, asentándose la razón respectiva en la misma cubierta, que rubricará el juez y firmará el secretario. Si no se exhibe el pliego, deberá estarse a lo dispuesto en el siguiente artículo.

Artículo 1224. Si el citado comparece, el juez, en su presencia, abrirá el pliego, se impondrá de las posiciones, y antes de proceder al interrogatorio, calificará las preguntas conforme al artículo 1222.

La notificación personal al que deba absolver posiciones se practicará, por lo menos con dos días de anticipación al señalado para la audiencia, sin contar el día en que se verifique la diligencia de notificación, el día siguiente hábil en que surta efectos la misma ni el señalado para recibir la declaración.

Si la oferente de la prueba decide no presentar pliego de posiciones, tendrá el derecho de articular posiciones verbales en la audiencia respectiva, pero en el caso de incomparecencia de la misma, se castigará con deserción de la confesional.

Contra la calificación de posiciones, procede el recurso de apelación preventiva de tramitación conjunta con la sentencia definitiva.

Artículo 1232. ...

Artículo 1235. Cuando la confesión no se haga al absolver las posiciones, sino al contestar la demanda o en cualquier otro acto del juicio, no siendo en la presencia judicial, para que ésta quede perfeccionada, el colitigante deberá pedir la ratificación, y si existiere negativa injustificada para ratificar dicho escrito que contenga la confesión, o bien omisión de hacerlo, se acusará la correspondiente rebeldía, quedando perfecta la confesión.

Artículo 1247. Las partes sólo podrán objetar los documentos en cuanto a su alcance y valor probatorio dentro de los tres días siguientes al auto admisorio de pruebas , tratándose de los presentados hasta entonces. Los exhibidos con posterioridad podrán ser objetados en igual término, contado desde el día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación del auto que ordene su admisión . No será necesario para la objeción a que se refiere el presente artículo la tramitación incidental de la misma.

Artículo 1250. En caso de que se niegue o se ponga en duda la autenticidad de un documento, objetándolo o impugnándolo de falso, podrá pedirse el cotejo de letras o firmas. Tratándose de los documentos exhibidos junto con la demanda, el demandado si pretende objetarlos o tacharlos de falsedad, deberá oponer la excepción correspondiente, y ofrecer en ese momento las pruebas que estime pertinentes, además de la prueba pericial, debiendo darse vista con dicha excepción a la parte actora, para que manifieste lo que a su derecho convenga respecto a la pertinencia de la prueba pericial, y reservándose su admisión para el auto admisorio de pruebas, sin que haya lugar a la impugnación en la vía incidental. En caso de que no se ofreciera la pericial, no será necesaria la vista a que se refiere el presente artículo sino que deberá estarse a lo dispuesto por los artículos 1379 y 1401 de este código, según sea el caso.

Tratándose de documentos exhibidos por la parte demandada junto con su contestación a la demanda, o bien de documentos exhibidos por cualquiera de las partes con posterioridad a los escritos que fijan la litis, la impugnación se hará en vía incidental.

Las objeciones a que se refiere el párrafo anterior se podrán realizar desde el escrito donde se desahogue la vista de excepciones y defensas y hasta diez días antes de la celebración de la audiencia, tratándose de los presentados hasta entonces, y respecto de los que se exhiban con posterioridad, dentro de los tres días siguientes a aquel en que en su caso, sean admitidos por el tribunal.

Si con la impugnación a que se refieren los dos párrafos anteriores no se ofreciere la prueba pericial correspondiente o no se cumpliere con cualquiera de los requisitos necesarios para su admisión a trámite, se desechará de plano por el juzgador.

Artículo 1250 Bis. En el caso de impugnación y objeción de falsedad de un documento, además de lo dispuesto en el artículo anterior, se observará lo dispuesto en las siguientes reglas:

Artículo 1250 Bis 1. Tanto para la objeción o impugnación de documentos sean privados, o públicos que carezcan de matriz, únicamente se considerarán indubitables para el cotejo:

Artículo 1253. Las partes propondrán la prueba pericial dentro del término de ofrecimiento de pruebas, en los siguientes términos:

Artículo 1254. El juez, antes de admitir la prueba pericial, dará vista a la contraria por el término de tres días, para que manifieste sobre la pertinencia de tal prueba y para que proponga la ampliación de otros puntos y cuestiones además de los formulados por el oferente, para que los peritos dictaminen, y para que designe perito de su parte, debiendo nombrarlo en la misma ciencia, arte, técnica, oficio o industria, en que la haya ofrecido el oferente, así como su cédula profesional, o en su caso los documentos que justifiquen su capacidad científica, artística, técnica, etcétera, requisito sin el cual no se le tendrá por designado, con la sanción correspondiente a que se refiere la fracción VI del artículo anterior.

Artículo 1255. ...

El perito tercero en discordia deberá rendir su peritaje precisamente en la audiencia de pruebas o en la fecha en que según las circunstancias del caso señale el juez y su incumplimiento dará lugar a que el tribunal le imponga como sanción pecuniaria, en favor de las partes, el importe de una cantidad igual a la que cotizó por sus servicios al aceptar y protestar el cargo. En el mismo acto, el tribunal dictará proveído de ejecución en contra de dicho perito tercero en discordia, además de hacerlo saber al tribunal pleno, y a la asociación, colegio de profesionistas o institución que lo hubiera propuesto por así haberlo solicitado el juez, para los efectos correspondientes.

...

Artículo 1263. Para el examen de los testigos no se presentarán interrogatorios escritos. Las preguntas serán formuladas verbal y directamente por las partes, tendrán relación directa con los puntos controvertidos y no serán contrarias al derecho o a la moral. Deberán estar concebidas en términos claros y precisos, procurando que en una sola no se comprenda más de un hecho. El juez debe cuidar de que se cumplan estas condiciones impidiendo preguntas que las contraríen. Contra la desestimación de preguntas sólo cabe el recurso de apelación en el efecto devolutivo, de tramitación conjunta con la sentencia definitiva.

Artículo 1336. Se llama apelación el recurso que se interpone para que el tribunal superior confirme, reforme o revoque las resoluciones del inferior que puedan ser impugnadas por la apelación, en los términos que se precisan en los artículos siguientes.

Artículo 1337. Pueden apelar de una sentencia

Artículo 1338. La apelación puede admitirse en el efecto devolutivo y en el suspensivo, o sólo en el primero pudiendo ser éste, de tramitación inmediata o conjunta con la definitiva, según sea el caso.

Artículo 1339. Sólo son recurribles las resoluciones que se dicten durante el procedimiento y las sentencias que recaigan en negocios cuyo valor exceda de doscientos mil pesos por concepto de suerte principal, sin que sean de tomarse en consideración intereses y demás accesorios reclamados, a la fecha de interposición del recurso, debiendo actualizarse dicha cantidad en forma anual, de acuerdo al Índice Nacional de Precios al Consumidor que publique el Banco de México, el primero de enero de cada año, y a falta de éste será aplicable el que lo sustituya.

Las sentencias que fueren recurribles, conforme al párrafo anterior, lo serán por la apelación que se admitirá en ambos efectos, salvo cuando la ley expresamente determine que lo sean sólo en el devolutivo.

Sólo serán apelables los autos, interlocutorias o resoluciones que decidan un incidente o cuando lo disponga este código, y la sentencia definitiva pueda ser susceptible de apelación, de acuerdo a lo dispuesto en el primer párrafo de este artículo.

El recurso de apelación contra autos, interlocutorias o resoluciones que se dicten en el trámite del procedimiento se admitirán en el efecto preventivo, sin que sea necesario en tal escrito la expresión de agravios; interpuesta la apelación preventiva, se mandará tenerla presente cuando se apele la sentencia definitiva y se reitere ante el superior lo pedido en su oportunidad.

Para que proceda la apelación contra autos, interlocutorias o resoluciones en efecto devolutivo o en el suspensivo se requiere disposición especial de la ley.

La apelación debe interponerse ante el tribunal que haya pronunciado el auto, interlocutoria o resolución, en el acto de la notificación o, a más tardar, dentro de los nueve días siguientes, si se tratare de sentencia definitiva o de seis, si fuere contra auto, interlocutoria o resolución dictada en el procedimiento si se trata de apelaciones de tramitación inmediata, y dentro de esos plazos se deben de exponer los motivos de agravio, y en el término de tres días las preventivas de tramitación conjunta con la sentencia definitiva.

Artículo 1340. La apelación no procede en juicios mercantiles cuando por su monto se ventilen en los juzgados de paz o de cuantía menor o cuando el monto sea inferior a doscientos mil pesos por concepto de suerte principal, debiendo actualizarse dicha cantidad en forma anual, de acuerdo con el Índice Nacional de Precios al Consumidor que publique el Banco de México, el primero de enero de cada año, y a falta de éste será aplicable el que lo sustituya.

El Consejo de la Judicatura Federal, los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia del Distrito Federal y de estados tendrán la obligación de hacer saber a los juzgados y tribunales de su jurisdicción, el Índice Nacional de Precios al Consumidor a que se refiere el párrafo que antecede dentro de los primeros cinco días del año.

Artículo 1342. Las apelaciones se admitirán o denegarán de plano, y se sustanciarán con un solo escrito de cada parte, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1344 de este código .

Artículo 1344. En los casos no previstos en el artículo 1345, la parte que se sienta agraviada por una resolución judicial que sea apelable, dentro del tercer día de su notificación deberá por escrito hacer saber su inconformidad apelando preventivamente la misma sin expresar agravios, y en caso de que la sentencia definitiva le sea adversa, siempre y cuando apele de ella, al expresar agravios en su contra, deberá hacer valer también los agravios que considere le cause la resolución apelada preventivamente; de no presentarse el escrito de inconformidad a que se refiere este párrafo, se tendrá por precluido el derecho del afectado para hacerlo valer como agravio en la apelación que se interponga contra la definitiva.

El tribunal que conozca del recurso en contra de la definitiva solo tomará en consideración tales violaciones, para resolver sobre su procedencia o no, si se expresaron como agravio, siempre y cuando las mismas trasciendan al fondo del juicio, debiendo dictar una sola sentencia. En caso de que existan violaciones procesales que sean trascendentes al fondo del juicio, el tribunal dejará insubsistente la sentencia definitiva, regresando los autos originales al inferior, para que éste proceda a reponer el procedimiento reparándolas en los términos que ordena la resolución del superior.

En caso contrario, estudiará y resolverá la procedencia o no de los agravios expresados en contra de la definitiva.

Artículo 1345. Además de los casos determinados expresamente en la ley, en la forma y términos que se establecen en este capítulo, se tramitarán de inmediato las apelaciones que se interpongan:

Artículo 1345 Bis. En los casos previstos en este capítulo, la apelación debe interponerse ante el juez que pronunció la resolución impugnada en la forma y términos previstos en éste.

Artículo 1345 Bis 1. El litigante al interponer la apelación de tramitación inmediata, expresará los agravios que considere le cause la resolución recurrida, salvo en los que específicamente la ley establezca un trámite diverso.

Las apelaciones de tramitación inmediata que se interpongan contra auto o interlocutoria, deberán hacerse valer en el término de seis días y las que se interpongan contra sentencia definitiva dentro del plazo de nueve días, contados a partir del día siguiente a aquel en que surtan efectos las notificaciones de tales resoluciones.

Artículo 1345 Bis 2. Interpuesta una apelación, si fuera procedente, el juez la admitirá sin sustanciación alguna, siempre que tratándose de apelaciones de tramitación inmediata, en el escrito se hayan hecho valer los agravios respectivos, expresando en su auto si la admite en ambos efectos o en uno solo.

El juez en el mismo auto admisorio ordenará se forme el testimonio de apelación respectivo con todas las constancias que obren en el expediente que se tramitare ante él, si se tratare de la primera apelación que se haga valer por las partes. Si se tratare de segunda o ulteriores apelaciones, solamente formará el testimonio de apelación con las constancias faltantes entre la última admitida y las subsecuentes, hasta la apelación de que se trate.

De igual manera, al tener por interpuesto el recurso de apelación, dará vista con el mismo a la parte apelada, para que en el término de tres días conteste los agravios si se tratare de auto o sentencia interlocutoria, y de seis días si se tratare de sentencia definitiva.

Artículo 1345 Bis 3. Transcurridos los plazos señalados en el artículo anterior, sin necesidad de rebeldía y se hayan contestado o no los agravios, se remitirán al superior, los escritos originales del apelante y en su caso de la parte apelada y las demás constancias que se señalan anteriormente, o los autos originales cuando se trate de apelación en contra de sentencia definitiva, o que deba admitirse en ambos efectos. El testimonio de apelación que se forme por el juez, se remitirá a la superioridad que deba conocer del mismo, dentro del término de cinco días, contados a partir de la fecha en que precluyó el término de la parte apelada para contestar agravios, o en su caso del auto en que se tuvieron por contestados.

El tribunal al recibir el testimonio formará un solo toca o cuaderno, en el que se vayan tramitando todas las apelaciones que se interpongan en el juicio de que se trate, el que deberá mantener en el local del tribunal hasta que concluya el negocio. Una vez terminado el asunto procederá a su destrucción, guardando solo copias con firma autógrafa de las resoluciones dictadas.

Artículo 1345 Bis 4. El tribunal, al recibir las constancias que remita el inferior, revisará si la apelación fue interpuesta en tiempo y bien admitida, y calificará si se confirma o no el grado en que se admitió por el inferior. De encontrarla ajustada a derecho, así lo hará saber y citará a las partes en el mismo auto para dictar sentencia, la que pronunciará y notificará en los términos de este código.

En el caso de que se trate de sentencia definitiva, se dejará en el juzgado copia certificada de ella y de las demás constancias que el juez estime necesarias para ejecutarla, remitiéndose desde luego los autos originales al tribunal correspondiente.

La apelación admitida en ambos efectos suspende desde luego la ejecución de la sentencia, hasta que ésta cause ejecutoria. Cuando se interponga contra auto o interlocutoria que por su contenido impida la continuación del procedimiento y la apelación se admita en ambos efectos, se suspenderá la tramitación del juicio.

Artículo 1345 Bis 5. Se admitirán en un solo efecto las apelaciones en los casos en que no se halle prevenido expresamente que se admitan en ambos efectos.

Artículo 1345 Bis 6. Una vez confirmada la admisión y calificación del grado en que haya sido admitido el recurso por el juez, el tribunal citará a las partes en el mismo auto para oír sentencia. Tratándose de apelaciones que no se tengan que resolver junto con las apelaciones intermedias que deban tramitarse y resolverse junto con ésta, o bien tratándose de apelaciones de intermedias y definitiva que se tramiten y resuelvan de manera conjunta, que no excedan en número de seis, el tribunal contará con un máximo de veinte días para elaborar el proyecto. Si el número de apelaciones que se tengan que resolver de manera conjunta exceden de seis, el plazo para dictar la sentencia se ampliará hasta por diez días más, así como en el caso de que tengan que examinarse expedientes o documentos voluminosos.

Artículo 1345 Bis 7. En el caso de que el apelante omitiera expresar agravios al interponer el recurso de apelación de tramitación inmediata ante el juez, sin necesidad de acusar rebeldía, declarará precluido su derecho, y quedará firme la resolución. Si no se interpusiera apelación en contra de la sentencia definitiva, se entenderán consentidas las resoluciones y autos que hubieran sido apelados durante el procedimiento, y que sean de tramitación conjunta con la definitiva.

Para el caso de que el tribunal considere fundada la apelación promovida, deberá estudiar de oficio aquellas apelaciones que se hayan presentado durante el procedimiento por la parte que en la primera instancia no se encontraba obligada a apelar por haber obtenido sentencia favorable a sus intereses.

Artículo 1345 Bis 8. De los autos y de las sentencias interlocutorias de tramitación inmediata, de los que se derive una ejecución que pueda causar un daño irreparable o de difícil reparación y la apelación proceda en el efecto devolutivo, se admitirán en ambos efectos si el apelante lo solicita al interponer el recurso, y señala los motivos por los que se considera el daño irreparable o de difícil reparación.

Con vista a lo solicitado el juez deberá resolver, y si la admite en ambos efectos señalará el monto de la garantía que exhibirá el apelante dentro del término de seis días para que surta efectos la suspensión.

La garantía debe atender a la importancia del negocio y no podrá ser inferior a seis mil pesos; y será fijada al prudente arbitrio del juez, cantidad que se actualizará en forma anualizada que deberá regir a partir del primero de enero de cada año, de acuerdo con el Índice Nacional de Precios al Consumidor que determine el Banco de México, o el que lo sustituya. Si no se exhibe la garantía en el plazo señalado, la apelación sólo se admitirá en efecto devolutivo.

En caso de que el juez señale una garantía que se estime por el apelante excesiva, o que se niegue la admisión del recurso, en ambos efectos, procede el recurso de revocación en los términos previsto en el Capítulo XXIV de este código.

Artículo 1348. Si la sentencia no contiene cantidad líquida la parte a cuyo favor se pronunció al promover la ejecución presentará su liquidación, de la cual se dará vista por tres días a la parte condenada y sea que la haya o no desahogado, el juez fallará dentro de igual plazo lo que en derecho corresponda. Esta resolución será apelable en el efecto devolutivo, de tramitación inmediata .

Artículo 1378. En el escrito de demanda el actor deberá mencionar los documentos públicos y privados que tengan relación con dicha demanda, así como si los tiene o no a su disposición debiendo exhibir los que posea, y acreditar haber solicitado los que no tengan en los términos del artículo 1061. De igual manera, proporcionará los nombres y apellidos de los testigos que hayan presenciado los hechos contenidos en la demanda, y las copias simples prevenidas en el artículo 1061. Admitida la demanda se emplazará al demandado para que produzca su contestación dentro del término de quince días.

Con el escrito de contestación a la demanda se dará vista al actor, para que manifieste lo que a su derecho convenga dentro del término de tres días y para que mencione a los testigos que hayan presenciado los hechos, y los documentos relacionados con los hechos de la contestación de demanda.

Artículo 1396. Hecho el embargo, acto continuo se notificará al deudor, o a la persona con quien se haya practicado la diligencia para que dentro del término de ocho días, el que se computará en términos del artículo 1075 de este código, comparezca el deudor ante el juzgado a hacer paga llana de la cantidad demandada y las costas, o a oponer las excepciones que tuviere para ello.

Artículo 1407 Bis. Para la tramitación de apelaciones respecto del juicio a que se refiere este capítulo se estará a lo siguiente:

Artículo 1414. Cualquier incidente o cuestión que se suscite en los juicios ejecutivos mercantiles será resuelto por el juez con apoyo en las disposiciones respectivas de este título; y en su defecto, en lo relativo a los incidentes en los juicios ordinarios mercantiles; y a falta de uno u otro, a lo que disponga el Código Federal de Procedimientos Civiles o, en su defecto, la ley procesal de la entidad federativa correspondiente , procurando la mayor equidad entre las partes sin perjuicio para ninguna de ellas.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor a los noventa días siguientes al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, en el entendido de que los asuntos cuya demanda haya sido admitida con anterioridad a la entrada en vigor de la presente reforma se tramitarán con las reglas anteriores a ella.

Nota: 1 Enciclopedia jurídica básica, tomo III (citado por uno de los tribunales colegiados).

Es de primera lectura.

LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PUBLICOS

El Secretario diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés : «Dictamen de la Comisión de la Función Pública, con proyecto de decreto que reforma los párrafos segundo del artículo 13, y tercero y sexto del artículo 37 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos

Honorable Asamblea:

La Comisión de la Función Pública, de esta honorable Cámara de Diputados, con fundamento en las facultades que le confieren los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 58 y 60, del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a su consideración el siguiente dictamen sobre la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 37 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

Antecedentes

La iniciativa que se dictamina fue publicada en la Gaceta Parlamentaria número 2355-II, el jueves 4 de octubre de 2007, presentada al Pleno de esta Cámara el 25 de octubre de 2007, por el diputado Antonio Valladolid Rodríguez , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

En esa última fecha, la Mesa Directiva de esta Cámara la turnó para su estudio y dictamen a la Comisión de la Función Pública.

Una vez recibida, y previo estudio de la misma, se preparó un proyecto de dictamen a favor, el cual fue presentado a la consideración y discusión de esta comisión, la que lo aprobó en sesión de fecha 20 de febrero de 2008, con 16 votos a favor, ninguno en contra, sin abstenciones ni votos particulares.

Contenido de la iniciativa

La finalidad primordial de la iniciativa que se estudia es establecer en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos un rango mínimo y máximo de sanción a imponer al servidor público que no presente su declaración de conclusión del encargo, obligación establecida en la fracción II del artículo 37 de la referida ley.

Lo anterior resulta necesario de acuerdo con el iniciante, porque ``la facultad conferida a la autoridad sancionadora, no puede ser producto de una actuación caprichosa o arbitraria, sino justificada por la evaluación de todas las circunstancias que rodean la situación de hecho advertida por la autoridad ,y que se concretizan mediante los elementos de convicción aportados en el curso del procedimiento respectivo, en el que el servidor público tiene oportunidad de rendir las pruebas que estime pertinentes, en concordancia con las normas que regulan el ejercicio de esa facultad sancionadora...'' .

Para lograr lo anterior, el iniciante pretende que se reforme el artículo 37 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, en los siguientes términos:

Se reforma el párrafo sexto del artículo 37 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, en los siguientes términos:

Consideraciones

Primera. En la redacción actual del sexto párrafo del artículo 37 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, no se establece un rango mínimo y máximo de la sanción a imponer en el caso de que un servidor público no presente su declaración patrimonial de conclusión del encargo. Dicho artículo establece que:

Como podemos observar, no se toma en consideración lo establecido en el artículo 14 de la misma ley, en lo referente a los elementos que la autoridad debe tomar en cuenta para la imposición de las sanciones.

Segunda. El artículo 14 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos establece que:

Al no tomarse en cuenta estos elementos en lo que se refiere a la fracción II del artículo 37, resulta evidente la necesidad de establecer un rango en la sanción que se imponga a los servidores públicos que hayan omitido la presentación de su declaración de conclusión del encargo dentro de los 60 días posteriores a su terminación.

Lo anterior en razón de que la autoridad administrativa debe ceñirse a lo establecido en el artículo 14, para imponer las sanciones relativas en el ámbito de su competencia, atendiendo estos criterios para sancionar cada caso concreto de acuerdo a las circunstancias del mismo.

Tercera. Por otro lado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que ``dada la similitud y la unidad de la potestad punitiva en la interpretación constitucional de los principios del derecho administrativo sancionador, puede acudirse a los principios penales sustantivos, aun cuando la traslación de los mismos en cuanto a grados de exigencia no pueda hacerse de forma automática, porque la aplicación de dichas garantías al procedimiento administrativo sólo es posible en la medida en que resulten compatibles con su naturaleza''. ¹

De donde resulta que la razón de ser de fijar límites mínimos y máximos de sanción es que la autoridad atienda a criterios específicos establecidos en la propia legislación, para determinar la sanción correspondiente a cada caso concreto.

Como ejemplo de lo anterior, en la materia penal, específicamente el inciso A de la fracción I del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece una serie de elementos a considerar a efecto de otorgar la libertad provisional y fijar la caución que se relacionan con la naturaleza, modalidades y circunstancias del delito, así como las características del inculpado y la posibilidad de cumplimiento de las obligaciones procesales a su cargo y los daños y perjuicios causados al ofendido.

Cuarta. De manera tal que, relacionando lo establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de la jurisprudencia citada, y lo establecido en el artículo 20 constitucional, con lo estipulado en el artículo 14 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, podemos concluir que resulta atinada la reforma planteada.

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de la Comisión de la Función Pública de la LX Legislatura someten a la consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforman el segundo párrafo del artículo 13 y los párrafos tercero y sexto del artículo 37, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos

Artículo Único. Se reforman el párrafo segundo del artículo 13, y los párrafos tercero y sexto del artículo 37, todos de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, para quedar como sigue:

Artículo 13. ...

Artículo 37. ...

Transitorio

Artículo Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Nota: 1. Novena época; instancia: Pleno; fuente: Semanario Judicial de la Federación y su gaceta XXIV, agosto de 2006, página 1565, tesis: P./ J. 99/2006 Jurisprudencia; materia(s): constitucional, administrativa. Derecho administrativo sancionador: para la construcción de sus propios principios constitucionales es válido acudir de manera prudente a las técnicas garantistas del derecho penal, en tanto ambos son manifestaciones de la potestad punitiva del Estado.

Palacio Legislativo de San Lázaro.--- México, DF, a 20 de febrero de 2008.

Es de primera lectura.

LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION ESTADISTICA Y GEOGRAFICA - LEY FEDERAL DE COMPETENCIA ECONOMICA

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras : El siguiente capítulo es el de dictámenes a discusión. Se informa a la asamblea que esta Presidencia recibió solicitud de grupos parlamentarios para posponer la discusión y votación de los siguientes dictámenes:

De las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Gobernación, con proyecto de decreto que expide la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica.

De la Comisión de Economía, con proyecto de decreto que reforma el artículo 35 de la Ley Federal de Competencia Económica.

Consulte la Secretaría a la asamblea si se acepta dicha solicitud.

El Secretario diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés : En votación económica se pregunta si se retiran los dictámenes mencionados. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras : Se pospone la discusión de dichos dictámenes.

LEY AGRARIA

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras : El siguiente punto es la discusión del dictamen relativo a las modificaciones que la Cámara de Senadoreshizo a la minuta con proyecto de decreto que reforma el artículo 80 de la Ley Agraria. En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura del dictamen.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca : Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura del dictamen. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Diputado Presidente, mayoría por la afirmativa. Se le dispensa la lectura.

«Dictamen de la Comisión de Reforma Agraria, con proyecto de decreto que reforma el artículo 80 de la Ley Agraria

Honorable Asamblea:

La Comisión de Reforma Agraria, con fundamento en los dispuesto en los artículos 39, numerales 1 y 3, y 45, numeral 6, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, realizó el estudio y análisis de la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 80 de la Ley Agraria, de conformidad con los siguientes:

I. Antecedentes

En sesión realizada por esta Cámara, el 1 de diciembre de 2005, el entonces diputado Javier Galván Guerrero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 80 de la Ley Agraria.

El 17 de abril de 2007, en sesión realizada por esta Cámara, el diputado Salvador Barajas del Toro , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 80 de la Ley Agraria.

Ambas iniciativas fueron turnadas por la Mesa Directiva a esta Comisión de Reforma Agraria los días 1 de diciembre de 2005 y 17 de abril de 2007, respectivamente.

Las dos iniciativas correspondían a la misma materia jurídica, el artículo 80 de la Ley Agraria, y por economía procesal parlamentaria, se dictaminaron en conjunto, conservando la unidad del método, de análisis y de dictamen de cada una de ellas, respetando su fecha de presentación, garantizando el análisis en la exposición de motivos y las consideraciones jurídicas de cada caso.

En reunión ordinaria, realizada el 10 de octubre de 2007, el pleno de la Comisión de Reforma Agraria aprobó el dictamen de las iniciativas con proyecto de decreto que reforman el artículo 80 de la Ley Agraria.

El 31 de octubre de 2007, mediante oficio CRA/722/07, se envío el dictamen a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

El 20 de noviembre de 2007 el dictamen de la iniciativa fue aprobado en lo general y en lo particular por el Pleno de la Cámara de Diputados, con la propuesta de la diputada Valentina Valia Batres Guadarrama , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, al anexar un párrafo al inciso b), que establece: ``si no se hiciere la notificación, la venta será anulada''.

El expediente de la minuta con proyecto de decreto fue enviado por la Mesa Directiva al Senado de la República.

El 13 de diciembre de 2007 la Cámara de Senadores devolvió, para los efectos del inciso e) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la Cámara de Diputados la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 80 de la Ley Agraria.

El 1 de febrero de 2008, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados la turnó a esta Comisión de Reforma Agraria para su estudio y dictamen.

El 6 de febrero de 2008 el pleno de la Comisión de Reforma Agraria de la Cámara de Diputados analizó y aprobó la minuta con proyecto de decreto que reforma el artículo 80 de la Ley Agraria.

II. Análisis de la minuta

La minuta con proyecto de decreto propone ``ampliar el derecho del tanto en la venta de derechos parcelarios, a los ascendientes del enajenante, la concubina o concubinario, o hijos de estos, o a quien le asista el derecho a que se refiere el artículo 80 de la Ley Agraria''.

Pretende otorgar a la concubina o concubinario certidumbre legal, puesto que en la actualidad esta figura está presente en distintas comunidades del campo sin que se reconozcan sus derechos.

Las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión consideran realizar las siguientes modificaciones a la minuta con proyecto de decreto:

III. Considerandos

Por las consideraciones anteriormente expuestas, la Comisión de Reforma Agraria, somete a la consideración de la honorable Asamblea el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforma el artículo 80 de la Ley Agraria

Artículo Único. Se reforma el artículo 80 de la Ley Agraria, para quedar como sigue:

Artículo 80. Los ejidatarios podrán enajenar sus derechos parcelarios a otros ejidatarios o avecindados del mismo núcleo de población.

Para la validez de la enajenación se requiere:

Realizada la enajenación, el Registro Agrario Nacional, procederá a inscribirla y expedirá los nuevos certificados parcelarios, cancelando los anteriores. Por su parte, el comisariado ejidal deberá realizar la inscripción correspondiente en el libro respectivo.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras : En consecuencia, está a discusión, en lo general y en lo particular, el artículo único del proyecto de decreto.

Se ha registrado para hablar en pro la diputada Arely Madrid Tovilla, por lo que se le concede el uso de la palabra hasta por cinco minutos.

La diputada Arely Madrid Tovilla : Diputado Presidente.

Compañeras diputadas y compañeros diputados, he solicitado la palabra para hacer una adición a la exposición de motivos del dictamen a discusión que reforma el artículo 80 de la Ley Agraria de la minuta que nos regresa el Senado de la República.

Se acepta la propuesta del Senado, pero considero que con la facultad que nos otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para interpretar la norma jurídica, solicito que se agregue en la última parte de los considerandos lo siguiente: debe entenderse que la notificación al Comisariado Ejidal es para transmitir la citada notificación a la asamblea, que es la máxima autoridad en los ejidos. En el tema que nos ocupa es muy delicado y es muy importante tomar en cuenta que se pueden cometer hechos delictivos si no se tiene presente que hay que respetar lo que marca la norma.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión, señor Presidente, para agradecer que se tome nota de lo que aquí he señalado. Muchas gracias.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras : Pregunto a la asamblea si existe algún legislador que estuviera en desacuerdo con las consideraciones hechas por las diputada Arely Madrid Tovilla. Si no es así, intégrese al expediente como penúltimo párrafo...

El diputado Salvador Barajas del Toro (desde la curul): Señor Presidente.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras : ¿En contra de la propuesta?

El diputado Salvador Barajas del Toro (desde la curul): Para hablar a favor.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras : ¿A favor del dictamen o de la propuesta de la diputada Arely?

El diputado Salvador Barajas del Toro (desde la curul): A favor.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras : ¿Está usted a favor? ¿Quiere hacer uso de la palabra?

El diputado Salvador Barajas del Toro (desde la curul): Sí, Presidente.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras : Haga usted uso de la palabra. ¿Quiere hacerlo desde la curul? Sonido, por favor, al diputado Salvador Barajas.

El diputado Salvador Barajas del Toro (desde la curul): Gracias, Presidente. Nada más como autor de la iniciativa que hoy recibimos por parte del Senado ya como minuta, sumarnos a la propuesta que hace la diputada Arely, considerando que es lo más pertinente, el que esté enterada la asamblea, que es la máxima autoridad en un ejido.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras : Gracias, diputado Barajas.

Al no existir inconveniente por parte de la asamblea, intégrense estas consideraciones al expediente como penúltimo párrafo en el capítulo de consideraciones.

Al no haber ningún otro diputado registrado para este asunto, consulte la Secretaría a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido el artículo único.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca : Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido el artículo único del proyecto de decreto en lo general y en lo particular. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Diputado Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras : Suficientemente discutido. Se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico, por 10 minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular del proyecto de decreto.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca : Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento para el Gobierno Interior. Ábrase el sistema electrónico por 10 minutos para proceder a la votación, en lo general y en lo particular, del proyecto de decreto.

(Votación)

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras : Queremos destacar la presencia en este salón de sesiones del excelentísimo señor Urs Breiter, embajador de la Confederación Suiza en nuestro país, quien asiste hoy a la ceremonia de instalación del Grupo de Amistad México-Suiza. Le damos la más cordial bienvenida y hacemos votos porque continúen estrechándose los lazos de amistad y de cooperación entre nuestras dos naciones. Bienvenido.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca : ¿Falta alguna diputada o algún diputado de emitir el sentido de su voto? La diputada Maricela Contreras.

La diputada Maricela Conteras Julián (desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca : El diputado Orihuela.

El diputado José Ascención Orihuela Bárcenas (desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca : Está abierto todavía el sistema, eh. Ciérrese el sistema de votación electrónica. Se emitieron 373 votos en pro, 0 en contra y 0 abstenciones, diputada Presidenta.

Presidencia de la diputada Ruth Zavaleta Salgado

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Gracias.Aprobado en lo general y en lo particular, por 373 votos, el proyecto de decreto que reforma el artículo 80 de la Ley Agraria. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.

Queremos destacar la presencia en este salón de sesiones del excelentísimo señor Alain Le Gourrierec, embajador de la República Francesa en nuestro país, quien asiste a la instalación del Grupo de Amista México-Francia de la Cámara de Diputados. Le damos la más cordial bienvenida y hacemos votos porque se fortalezcan los lazos de amistad y cooperación entre ambos países.

LEY DE ASISTENCIA SOCIAL

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Nos han solicitado que el siguiente punto del orden del día se posponga, por lo que pido a la Secretaría que consulte a la asamblea, en votación económica, si es de posponerse a votación el dictamen con proyecto de decreto que reforma la fracción X del artículo 12 de la Ley de Asistencia Social.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca : Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se pospone la discusión del dictamen. Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Los ciudadanos diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Diputada Presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Se pospone.

AUTOMOVILES ROBADOS

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : El siguiente punto del orden del día es el de dictámenes a discusión, con puntos de acuerdo. En virtud de que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se autoriza que sólo se dé lectura a los puntos de acuerdo.

El Secretario diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés : Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se autoriza que sólo se dé lectura a los puntos de acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Mayoría por la afirmativa, diputada Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Se autoriza.

Esta Presidencia hace extensivo que se encuentran con nosotros los estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro, campus San Juan del Río. Muchas gracias por acompañarnos. Sean bienvenidos. Continúe la Secretaría, por favor.

El Secretario diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés : «Dictamen de la Comisión de Seguridad Pública, con puntos de acuerdo a fin de exhortar al titular del Ejecutivo federal --mediante la Secretaría de Seguridad Pública federal y la Procuraduría General de la República--, a los gobernadores de los estados y al jefe del Gobierno del Distrito Federal a fortalecer acciones e implantar operaciones coordinadas con los municipios para identificar y recuperar los automóviles robados

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de la LX Legislatura le fue turnado para su análisis y dictamen proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría de Seguridad Pública Federal y de la Procuraduría General de la República, así como al gobierno del estado de Baja California y a los ayuntamientos de dicha entidad realicen coordinadamente operativos para la identificación y recuperación de automóviles robados.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39, numerales 1, 2, fracción III, y numeral 3; 45, en su numeral 6, incisos e) a g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 58, 60, 87, 88, 90 y 93 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Comisión es competente para conocer de la proposición con punto de acuerdo objeto del presente, y somete a consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen, con base en los siguientes antecedentes y consideraciones:

Antecedentes

Contenido

Consideraciones

A) En lo general

I. Desarrollar las políticas de seguridad pública y proponer la política criminal en el ámbito federal, que comprenda las normas, instrumentos y acciones para prevenir de manera eficaz la comisión de delitos;II. a XXVII. ...

B). En cuanto a la proposición con punto de acuerdo

Por lo anteriormente expuesto, los diputados y diputadas integrantes de la Comisión de Seguridad Pública, aprueban los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular del Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Seguridad Pública federal y de la Procuraduría General de la República; a los gobernadores de los estados y al jefe de Gobierno del Distrito Federal, a través de las instituciones homólogas a aquéllas, a fortalecer las acciones e implementar operativos coordinados con los municipios, encaminados a identificar y recuperar los automóviles robados.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión solicita a las autoridades antes señaladas que informen a ésta de las acciones realizadas en el marco del anterior punto de acuerdo, dentro del plazo de 30 días naturales contados a partir de la notificación de los presentes.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Está a discusión el punto de acuerdo. En virtud de que no se ha registrado orador alguno, se considera suficientemente discutido y se reserva para su votación al final.

PEMEX

El Secretario diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés : «Dictamen de la Comisión de la Función Pública, con punto de acuerdo a fin de exhortar a la Secretaría de la Función Pública y a la Auditoría Superior de la Federación a realizar en el ámbito de sus atribuciones los procedimientos de revisión y, en su caso, de sanción para los que faculta la ley en Pemex Exploración y Producción zona norte

Honorable Asamblea

La Comisión de la Función Pública de esta honorable Cámara de Diputados, con base en las facultades que le confieren los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f); y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 58 y 60 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a su consideración el dictamen sobre la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de la Función Pública, al órgano de transparencia y combate a la corrupción de Pemex, así como a la Auditoría Superior de la Federación, realicen los procedimientos de revisión y en su caso se sancionen las irregularidades que se detecten dentro de PEP zona norte.

Antecedentes

La proposición que se dictamina fue publicada en la Gaceta Parlamentaria número 2377-III, del martes 6 de noviembre de 2007. Y presentada al Pleno de esta Cámara el día 13 de diciembre de 2007, por el diputado Antonio del Valle Toca , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

En esta última fecha la Mesa Directiva de esta Cámara, la turnó para su estudio y dictamen a la Comisión de la Función Pública.

Una vez recibida, y previo estudio de la misma, se preparó un proyecto de dictamen a favor, el cual fue presentado a la consideración y discusión de esta comisión, que lo aprobó en la sesión de fecha 20 de febrero de 2008, con 17 votos a favor, ninguno en contra, sin abstenciones ni votos particulares.

Contenido de la proposición

El proponente señala que dentro de Petróleos Mexicanos no se está actuando conforme a derecho, ya que se presentan irregularidades y corrupción dentro de las licitaciones, contratos públicos, adjudicaciones para realizar obras y otorgar servicios a petróleos mexicanos; además hace referencia a la corrupción que se presenta en diversos actos dentro de la institución, por los despidos injustificados que se presentan y se resuelven por las juntas federales del trabajo de forma parcial y fuera de derecho.

De este modo, se fundamenta en la importancia que reviste Pemex para nuestro país, y argumenta que es necesario que se respete el estado de derecho y se reduzcan la corrupción y la impunidad. Por lo que propone el siguiente acuerdo:

Consideraciones

Primera. Que el Programa de Transparencia y Combate a la Corrupción en Petróleos Mexicanos deriva del Programa Nacional de Combate a la Corrupción y Fomento a la Transparencia y el Desarrollo Administrativo 2001-2006, que fue publicado el 22 de abril de 2002 y su principal propósito consistió en modernizar la administración pública federal.

Y los principales objetivos de dicho programa se encuentran orientados a

De tal modo, para planear y dar seguimiento a las acciones planteadas en el mencionado programa, así como de la aplicación de los acuerdos tomados por la Comisión Intersecretarial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción se creó la Comisión General Directiva para la Transparencia y Combate a la Corrupción en Petróleos Mexicanos.

Las comisiones aludidas carecen de facultades para realizar procedimientos de revisión y, en su caso, de sanción, como lo solicita el proponente, razón por la cual es improcedente exhortar a la Comisión General Directiva para la Transparencia y Combate a la Corrupción en Petróleos Mexicanos, en el sentido propuesto, ya que su principal función es planear y dar seguimiento a las acciones planteadas en el Programa Nacional de Combate a la Corrupción, así como de la aplicación de los acuerdos tomados por la Comisión Intersecretarial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción; y esta última tiene las siguientes funciones, de conformidad con el artículo quinto del acuerdo por el que se crea la Comisión para la Transparencia y el combate a la corrupción en la administración pública federal, como una comisión intersecretarial de carácter permanente, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de diciembre de 2000:

Concluyendo el presente argumento, no es dable el exhortar a esta comisión (órgano de transparencia y combate a la corrupción en petróleos mexicanos), para que aplique procedimientos para los que carece de facultades.

Segunda. Que la Secretaría de la Función Pública, de conformidad con las fracciones XI y XVII del artículo 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, tiene las siguientes atribuciones:

Es decir, que en Petróleos Mexicanos, que es una entidad de la administración pública paraestatal, hay un comisario designado por la Secretaría de la Función Pública, que es el órgano de vigilancia de dicha paraestatal, que se encarga del control y evaluación de la propia entidad, y depende jerárquicamente de la propia secretaría y no de la entidad paraestatal, de conformidad con el artículo 62 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.

Por otra parte, del artículo referido se desprende que la Secretaría de la Función Pública tiene facultades para investigar y sancionar las conductas de los servidores públicos que puedan constituir responsabilidades administrativas; y en su caso, presentar las denuncias respectivas ante el Ministerio Público, por conductas que puedan constituir algún delito.

Por lo tanto, es procedente realizar el exhorto planteado en la proposición a la Secretaría de la Función Pública.

Tercera. Que, de conformidad con las fracciones XII y XV del artículo 16 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, la Auditoría Superior de la Federación tiene como atribuciones investigar, en el ámbito de su competencia, los actos u omisiones que impliquen alguna irregularidad o conducta ilícita en el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de fondos y recursos federales; además de determinar los daños y perjuicios que afecten al Estado en su hacienda pública federal o al patrimonio de los entes públicos federales y fincar directamente a los responsables las indemnizaciones y sanciones pecuniarias correspondientes.

Por lo que también es procedente realizar el exhorto propuesto a la Auditoría Superior de la Federación.

Cuarta. Que resulta necesario adaptar la redacción del punto del exhorto planteado para dotarlo de mayor claridad. Por lo que esta comisión plantea ajustarse a las atribuciones que las leyes respectivas establecen, tanto para la Secretaría de la Función Pública, como para la Auditoría Superior de la Federación.

Por lo anterior, los integrantes de la Comisión de la Función Pública de la LX Legislatura sometemos a la consideración de esta soberanía el siguiente:

Dictamen

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de la Función Pública y a la Auditoría Superior de la Federación para que realicen, dentro del ámbito de sus atribuciones, los procedimientos de revisión y en su caso de sanción que les confiere la ley en Pemex, exploración y producción, zona norte.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Está a discusión el punto de acuerdo. En virtud de que no se ha registrado orador alguno se reserva para su votación en conjunto.

Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueban los puntos de acuerdo.

El Secretario diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés : En votación económica, se pregunta si se aprueban los puntos de acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Mayoría por la afirmativa, diputada Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Aprobados los puntos de acuerdo. Comuníquense.

Esta Presidencia hace extensivo que se encuentran con nosotros los jóvenes de la escuela primaria Jorge Washington. Sean ustedes bienvenidos. También los comerciantes de Naucalpan, Estado de México; grupo juvenil del PAN en Zapopan, Jalisco; y la Universidad Autónoma de Guerrero, plantel San Juan del Río. Sean todos ustedes bienvenidos.

También damos la más cordial bienvenida a los participantes de los Congresos locales de Michoacán, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Morelos, Durango, Hidalgo, Estado de México, Baja California, Chiapas y de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, que se encuentran acompañándonos hoy. Sean bienvenidos.

LEY DE APROVECHAMIENTO DE ACEITES USADOS AUTOMOTRICES - LEY FEDERAL DE DERECHOS

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Esta Presidencia recibió del diputado Carlos Alberto Puente Salas, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, iniciativa que expide la Ley de Aprovechamiento de Aceites Usados Automotrices, y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos.

El Secretario diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés : «Iniciativa que expide la Ley de Aprovechamiento de Aceites Usados Automotrices, y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos, a cargo del diputado Carlos Alberto Puente Salas , del Grupo Parlamentario del PVEM

Carlos Alberto Puente Salas , diputado de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 73, fracciones VII y XXIX-G, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante el Pleno de esta honorable asamblea, la presente iniciativa que contiene proyecto de decreto, con base en la siguiente:

Exposición de Motivos

En beneficio de la salud y la protección del medio ambiente, en años recientes se han expedido una serie de disposiciones jurídicas que buscan atender la gestión integral de los residuos.

Cada año se generan en México más de 325 millones de litros de aceites usados ¹ . Lo que constituye un agente con presencia preponderante entre otros residuos contaminantes.

El aceite usado automotriz proviene de automóviles, camiones, lanchas, motocicletas, máquinas de textiles, equipo agrícola y las máquinas de recortar césped y puede ser reciclado y refinado nuevamente.

El aforo vehicular en México es de alrededor de 20 millones de vehículos, los cuales se someten dos veces al año al cambio de aceite, proceso en el que se utilizan entre dos y cuatro litros de aceite, y por tanto se desecha un tanto igual. Por lo que aproximadamente se generan entre 40 millones de litros y 80 millones de litros de aceites automotrices usados por esta causa.

A los 80 millones de litros de aceites usados automotrices se suman los 4 millones 42 mil 144 litros provenientes de los vehículos que ingresaran en el 2008 al parque vehicular nacional. ²

Por sus características físicas y químicas, un litro de aceite usado y mal manejado puede contaminar un millón de litros de agua, dañando así la agricultura, la fauna, la flora, al ser humano y plantas de tratamiento de aguas residuales.

Las directrices para la gestión de aceites usados automotrices han sido realizadas con éxito en otros países, incluso han logrado un plus a la prevención de la contaminación ambiental, el incentivar actividades económicas de cada localidad, dado que la gestión atrae el objetivo de valorizarlos para otros procesos y darles un manejo integral adecuado.

En el contexto internacional en el que se suscribió el Convenio de Basilea, se demostró la exigencia de establecer en la normatividad mecanismos de tratamiento a los aceites usados, en virtud de constituir potenciales contaminantes al medio ambiente.

La quema de petróleo, carbón y gas natural ha causado un aumento del dióxido de carbono CO2 en la atmósfera que últimamente es de 1.4 partículas por millón al año y produce el consiguiente aumento de la temperatura. ⁴

Los aceites pueden ser hidrocarburos sintéticos, ésteres de hidrocarburos, ésteres de fosfato, glocoles, hidrocarburos clorados y aceites de silicón. Los aceites ya utilizados se clasifican en: lubricantes para transporte, lubricantes hidráulicos (neumáticos, en turbinas y engranajes), aceites en proceso (plastificantes y aditivos) y otros (transferencia de calor, térmicos y etcétera).

El Convenio de Basilea conceptualizó a los aceites usados como ``cualquier producto semisólido o líquido consistente total o parcialmente de aceite mineral o de hidrocarburos sintéticos, residuos aceites de tanques, mezclas de aceites y emulsiones, que pueden generarse en la industria o fuera de ella y cuyas características originales cambiaron durante su uso, volviéndose inadecuados para el uso original''.

La Ley General para la Prevención y Gestión de los Residuos Peligrosos, en su artículo 106, fracciones I, III, IV, XIV y XV, prevé disposiciones comunes a la gestión integral de residuos, también aplicables a los aceites usados automotrices, entre otras, prohíbe el acopio, almacenamiento, transportación, o disposición final de residuos peligrosos, sin contar con la debida autorización para ello, la mezcla de residuos peligrosos que sean incompatibles entre sí, el vertimiento o disposición final en sitios no autorizados para ello y no registrarse como generador.

No obstante lo anterior, el cuerpo normativo en cita, no hace mención a obligaciones específicas y corresponsabilidades de los fabricantes y comercializadores del producto, que en última instancia son beneficiarios de la venta.

Asimismo, este ordenamiento no prevé el compromiso de los fabricantes, productores, dueños de los talleres y prestadores de servicios vinculados al cambio de aceite, de establecer medidas para participar en el control del aceite utilizado para que no se convierta en un contaminante.

La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en su artículo 136, fracciones II, III y IV, así como el artículo 171, ya alude a la contaminación del suelo por las causas anteriormente mencionadas, a saber:

El esquema del marco regulatorio ha sido ineficiente, dado que establecer sanciones no ha sido suficiente para disuadir a las personas de generar un daño al medio ambiente, incluso la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, no cuenta con la capacidad operativa para sancionar administrativamente a este universo de infractores.

Por lo anterior, se propone un esquema proactivo, del control de aceites usados automotrices, que propicie la conciencia en la población del manejo de este residuo.

Por mencionar algunos ejemplos de problemas ocasionados por el mal manejo de los aceites usados, que la iniciativa busca resolver:

En el país, disponibilidad natural media de agua per cápita va en decremento constante, según las proyecciones realizadas por la Conagua en 2007, entre 200 y 100 metros cúbicos cada cinco años irán reduciendo el abasto. (Véase abajo grafica).

La degradación química ocupa la primera causa de afectación de la degradación nacional en suelos.

Al 2005, la Semarnat había detectado 432 sitios abandonados ilegales contaminados con residuos peligrosos, algunos de ellos mezclados con aceites usados automotrices.

La Conagua precisó en 2007 que de los 2.35 millones de metros cúbicos aguas residuales que se generan, sólo se tratan el 2.06 millones de metros cúbicos.

Aunado a lo anterior, en México, la Ley Federal de Derechos prevé el pago de derechos de impacto ambiental por el otorgamiento de la autorización para proyectos de obras o actividades, cuya evaluación corresponda al gobierno federal.

Se pagan también derechos, conforme a la legislación en cita, por el otorgamiento de la licencia ambiental única para la prevención y control de la contaminación de la atmósfera, en la cual se abordan las emisiones de olores, gases y partículas.

Sin embargo, no se prevé el pago de derechos por la generación específica de aceites usados automotrices, no obstante es un residuo frecuente, voluminoso y peligroso, que requiere manejo especial hasta su confinamiento.

Tampoco se prevé el pago de derechos a los fabricantes de aceites automotrices que deben ser considerados corresponsables del manejo que se dé a los aceites usados automotrices como residuo.

El manejo integral de estos aceites permite su reciclado, genera energía, protege nuestra salud y evita la contaminación de nuestro aire, suelo y agua.

La presente iniciativa busca promover el control y reducción de este contaminante, y ulteriormente retirarlo de los cuerpos acuíferos requiere de recursos por lo cual se establecen cantidades por concepto de pago de derechos.

La presente iniciativa promoverá, en México, el establecimiento de sitios que traten aceites usados automotrices para que coadyuven a los establecimientos que los generan y en el corto plazo logren el balance de las capacidades tecnológicas del país para controlar este residuo.

Entre otros indicadores para la gestión de residuos que se pretenden mejorar están:

En conclusión, bajo el contexto actual el impacto de la descarga de aceites usados al drenaje, a los cuerpos de agua superficiales y a los suelos, reafirma la necesidad de establecer un mejor control y manejo ambientalmente adecuado de los aceites usados automotrices, ya que es sumamente importante para proteger los recursos hídricos subterráneos y superficiales.

Por lo expuesto, el que suscribe, Carlos Puente Salas, Diputado de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para garantizar lo dispuesto en los artículos 1o., y 4o., párrafos tercero, cuarto, sexto, séptimo y octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y demás disposiciones jurídicas aplicables, somete a la consideración de esta asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se expide la Ley de Aprovechamiento de Aceites Usados Automotrices, y se adicionan diversas disposiciones a la Ley Federal de Derechos

Artículo Primero. Se expide la Ley de Aprovechamiento de Aceites Usados Automotrices, para quedar como sigue:

Ley de Aprovechamiento de Aceites Usados Automotrices Capítulo I Disposiciones Generales

Artículo 1. La Ley de Aprovechamiento de Aceites Usados Automotrices es de orden público e interés social, y tiene por objeto garantizar los derechos de toda persona a la protección de la salud y a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar, a través del establecimiento de procedimientos prácticos y accesibles para la disposición adecuada de aceites usados automotrices.

Artículo 2. Para los efectos de la Ley de Aprovechamiento de Aceites Usados Automotrices se entenderá por

Artículo 3. Las disposiciones de la presente ley promueven la instrumentación de planes de manejo específicos para revalorizar los materiales contenidos en los aceites usados automotrices y su destino.

Será de aplicación supletoria en atención a lo señalado en esta ley, las disposiciones previstas en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos y sus reglamentos.

Capítulo II De la gestión de los aceites usados automotrices

Artículo 4. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 31, fracción I, de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, las personas físicas y morales consideradas como generadoras de aceites usados automotrices estarán obligadas a:

No estarán sujetos a los numerales anteriores las personas físicas que en su domicilio, por sí mismas, realicen el cambio de aceite de su vehículo, siempre y cuando se realice bajo las condiciones que al efecto establezca la secretaría y los gobiernos locales para su confinamiento.

Artículo 5. Con objeto de prevenir y reducir los riesgos a la salud y al ambiente, asociados a la generación y manejo integral de aceites usados automotrices, se deberán considerar en las soluciones que contribuyan a eliminar el riesgo en los planes de manejo alguno de los siguientes factores:

Artículo 6. La secretaría estará obligada a:

Artículo 7. Las autoridades de los tres órdenes de gobierno, en el ámbito de sus respectivas competencias, integrarán un sistema de gestión integral de aceites usados automotrices, y establecerán las disposiciones jurídicas para sancionar las actividades que contravengan las disposiciones de esta ley.

Artículo 8. Queda prohibido a los propietarios o poseedores de establecimientos que emitan aceites usados automotrices:

Las personas responsables de las conductas a que se refieren los numerales anteriores serán conminadas a sufragar el pago del tratamiento y gestión de aceites usados automotrices en 10 litros por cada infracción y, en su caso, a la remediación de los suelos contaminados con ese residuo, saneamiento de acuífero en caso de haber sido transferidos a éste.

El reglamento que para los fines de esta ley podrá establecer medidas de conmutación de la pena para los casos en que la remediación de suelos no sea factible.

Artículo 9. La secretaría promulgara una serie de estándares básicos que permitan proteger de manera adecuada la salud y el medio ambiente, para el manejo de aceites usados automotrices.

La secretaría acordará con los tres niveles de gobierno los esquemas para la recolección de los aceites usados automotrices provenientes de un generador doméstico.

Artículo 10. Con la finalidad de enmendar el mal manejo que se le da a los aceites usados automotrices y los daños que éstos generan al medio ambiente, los fabricantes, distribuidores, plantas generadoras y encargados de mercadeo de productos y servicios de lubricación, especialistas en aceites y lubricantes en general para el transporte, estarán obligados a:

Las personas físicas y morales obligadas en los términos del presente artículo presentaran, anualmente a la secretaría, un informe detallado de dichas actividades. La omisión de este informe causará la pena pecuniaria del .01 por ciento del valor de las ventas totales, enajenaciones, o producción anual omitida.

Capítulo III De las sanciones

Artículo 11. Sin perjuicio de la aplicación de las penas que procedan, las violaciones a los preceptos de esta ley, y disposiciones que de ellas emanen, constituyen infracción y serán sancionadas administrativamente por la secretaría en los términos de este artículo, con una o más de las siguientes sanciones:

Artículo 12. La secretaría podrá disponer de las cantidades que se recauden por concepto de derechos por conceptos vinculados con la presente ley, siempre y cuando se destinen a revertir el impacto del vertimiento o mal manejo del residuo.

Artículo Segundo. Se adiciona una fracción IX al artículo 194-H y una fracción IX al artículo 194-T, ambos de la Ley Federal de Derechos, para quedar como sigue:

Artículo 194-H. Por los servicios que a continuación se señalan, se pagará el derecho de impacto ambiental de obras o actividades cuya evaluación corresponda al gobierno federal, conforme a las siguientes cuotas:

Artículo 194-T. Por la evaluación de cada solicitud y, en su caso, autorización de las siguientes actividades en materia de residuos peligrosos, se pagará el derecho de prevención y control de la contaminación, conforme a las siguientes cuotas:

Transitorios

Primero. Para los efectos de la expedición de autorizaciones, hasta en tanto no se expida el reglamento de la presente ley, continuarán aplicándose los requisitos, términos, condiciones y plazos establecidos en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y en la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

Segundo. El Reglamento de la Ley de Aprovechamiento de Aceites Usados Automotrices, deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación al año siguiente a la entrada en vigor de este decreto.

Tercero. El presente decreto entrará en vigor el 1 de enero de 2009.

Cuarto. Se derogan y, en su caso, se abrogan, todas las disposiciones que se opongan al presente decreto, y se dejan sin efecto todas las disposiciones administrativas, reglamentarias, acuerdos, circulares, convenios y todos los actos administrativos que contravengan este decreto.

Notas: 1. Según estimaciones de Greenpeace. 2. La Asociación Mexicana de Lubricantes estableció en 2007 que la producción total para el mercado interno mexicano de vehículos fue de 398 mil 278 unidades y motocicletas de 106 mil 990 unidades, las cuales se estima consumen un mínimo de 8 litros anuales, por lo que generarán 4 millones 42 mil 144 litros de aceites automotrices usados en 2008. 3. Palabras del doctor Mario Molina, premio Nobel de Química de 1995, al manifestarse por alcanzar un acuerdo mundial para disminuir las emisiones de carbono a la atmósfera y mitigar los problemas del cambio climático, al asistir el 7 de febrero de 2008 al inicio de una cátedra en gestión ambiental con su nombre en la Universidad Autónoma de Nuevo León, México. 4. Palabras del señor Al Gore, político y ambientalista estadounidense, premio Nobel de la Paz, cifras sobre el calentamiento global en 2006.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Túrnese a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Hacienda y Crédito Público, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : También se recibió del diputado Alberto Puente Salas, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.

El Secretario diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés : «Iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, a cargo del diputado Carlos Alberto Puente Salas , del Grupo Parlamentario del PVEM

Carlos Alberto Puente Salas , diputado de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante el Pleno de esta honorable asamblea, la presente iniciativa que contiene proyecto de decreto, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

La sociedad actual se ha convertido en una insaciable devoradora de energía. Persisten los desequilibrios sociales entre las personas que no tienen acceso a los recursos energéticos y los que acceden y disfrutan de ellos, aun sin considerar a las generaciones futuras.

El desequilibrio quizás más profundo, está en el ritmo de consumo de recursos y su costosa generación y el panorama de los efectos que sobre el ambiente están causando esas actividades.

Durante las últimas décadas, sólo una pequeña parte del mundo se ha hecho conciente de que las fuentes de energía que hacen posible sus estilos de vida son contaminantes.

Es preciso, para asegurar la continuidad de los procesos de creación de riqueza, que los agentes sean conscientes de todas las implicaciones de sus decisiones y actividades y de todos los problemas de sostenibilidad que éstas generan.

Ante la evidencia del efecto invernadero y la posibilidad de cambios climáticos globales, la sociedad, el gobierno e instituciones afrontaran los costos del deterioro ambiental y por lo tanto, poco a poco, será aún más preciso considerar al cambio climático en los procesos de toma de decisiones. ²

Durante la reunión de ministros de Medio Ambiente de la XIII Conferencia de la ONU sobre Cambio Climático, en el 2007, el secretario general de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE, instó a una revisión ``general'' de la fiscalidad que plantee la creación de una tasa que grave el consumo de energía causante del cambio climático. ³

El secretario general de la OCDE, José Ángel Gurría Treviño, en su participación hizo evidente la necesidad de impulsar impuestos verdes que contribuyan a contrarrestar los efectos del cambio climático, al enunciar lo siguiente:

El Partido Verde Ecologista de México reconoce que, desde la perspectiva del cambio climático, lo más recomendable es promover la sustitución del uso de pilas y baterías, por el uso de tecnologías limpias como la energía solar y la energía mecánica; sin embargo esta alternativa aún no es accesible a la población en general.

En ese orden de ideas y desde una perspectiva en pro del combate al cambio climático y de desarrollo sustentable promovida en el país, la iniciativa propone la disminución del consumo de pilas y baterías, a través de un mayor uso de baterías recargables ⁴ , o bien, que toda pila y batería sea sujeta a un plan de manejo para su tratamiento como residuo.

En el país, la responsabilidad ambiental y la aportación al desarrollo sustentable se han inscrito dentro de normativas específicas que tratan de mantener vigentes los esfuerzos para combatir el cambio climático, la generación de residuos y el control de emisiones contaminantes, entre otras causas del deterioro ambiental.

Particularmente, la relación de consumo de energéticos y contaminación del suelo, se vinculan con el tema de generación de basura y el destino que los energéticos tienen después de su utilización, en este contexto, nace la preocupación por la inmensa generación de residuos de manejo especial, producidos en nuestro país a causa del vertimiento de pilas y baterías.

La presente iniciativa presenta una solución inmediata a solo una parte del problema de los residuos, las pilas y baterías, ya que considera prioritaria esta clase de residuos por la peligrosidad que como contaminantes representan a la salud y medio ambiente humano.

Las pilas y baterías están consideradas en nuestra legislación como residuos peligrosos, el artículo 31, fracción V, de la Ley General de la Prevención y Gestión de Residuos, en su texto vigente señala:

Tan sólo la generación estimada de residuos peligrosos reportada del año 2004 a julio de 2007 por las empresas registradas ante Semarnat, como generadoras de residuos peligrosos, fue la siguiente:

Por su parte en el 2004, el Instituto Nacional de Ecología, señaló que: ``partiendo del hecho de que todas las pilas y baterías producidas para consumo nacional o importadas, ya sea legal o ilegalmente, se convierten en residuos, se puede calcular, durante los últimos siete años, un promedio de 35 mil 500 toneladas anuales de este residuo.'' ⁶

Lo anterior se suma al hecho de que en territorio nacional durante el periodo comprendido entre 1960 y 2003 se han liberado al ambiente aproximadamente 635 mil toneladas de pilas y baterías.

Cabe mencionar que casi 30 por ciento de estos residuos, aproximadamente 189 mil 382 toneladas, se componen de materiales tóxicos como dióxido de manganeso, mercurio, níquel, cadmio y compuestos de litio. ⁷

En la actualidad no es posible diagnosticar una evaluación de riesgos que en la salud y el ambiente han provocado la exposición a los componentes tóxicos de las pilas y baterías, así como los compuestos a que dan origen cuando son desechadas, a lo largo del territorio nacional; por lo que es necesario reflexionar sobre la necesidad de contemplar el enfoque precautorio en la normatividad.

De igual manera en la práctica, no ha sido suficiente la difusión de los riesgos a la salud y al medio ambiente que produce la generación de este residuo, el Estado como promotor de estos derechos no ha sabido propiciar la participación del ciudadano común para que las pilas usadas sean confinadas a los sitios establecidos para ello.

Sabemos también que, cuando las pilas y baterías llegan a la basura doméstica tienen dos destinos, ambos con graves consecuencias ambientales: se incineran, lo que genera compuestos muy peligrosos y dañinos tales como las dioxinas y los furanos o bien, al estar a la intemperie sufren la corrosión de sus carcazas, ocasionando que sus compuestos tóxicos se lixivien y contaminen los suelos y cuerpos de agua.

Para ilustrar sus consecuencias, cabe hacer mención de algunos de los efectos que causa su vertimiento sobre los acuíferos: Una pila de mercurio puede contaminar 600 mil litros; una de zinc-aire, 12 mil litros; una de óxido de plata, 14 mil litros; una alcalina, 167 mil litros, y una de carbón-zinc 3 mil litros. (Véase figura 2, efectos en la salud y en el medio ambiente.)

La presente iniciativa propone un verdadero desafío ambiental, atender un residuo que forma parte esencial de miles de cosas que la tecnología coloca en el mercado día con día, sin preocuparse del ciclo de vida de esos bienes o su destino.

El Partido Verde Ecologista de México reconoce que es necesario legislar la responsabilidad de productores e importadores, y de la misma manera reconoce la importancia de dotar de recursos a los municipios para que los mecanismos que propone la presente iniciativa sean viables, por ello para financiar su participación, se establece que las contribuciones serán destinadas a los Municipios y/o demarcaciones territoriales.

No es difícil identificar los Estados que lograron con éxito que en el consumo de pilas y baterías, se respete el clima y la biodiversidad, a través de la creación de instrumentos e incentivos económicos enfocados a su control, para mejor ilustración, menciono las siguientes entidades federativas:

Finalmente, la presente iniciativa coadyuva en el corto plazo, a la reducción de gran cantidad de pilas y baterías que se consumen y desechan, pues impulsa el mecanismo de consumo responsable en la ciudadanía, a través de la promoción del consumo de pilas y baterías más eficientes y en el largo plazo contribuye a que los fabricantes de pilas se motiven a realizar eventualmente el retiro de los compuestos tóxicos de las mismas.

Por lo expuesto, el que suscribe, Carlos Alberto Puente Salas diputado a la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para garantizar lo dispuesto en los artículos 1o., y 4o., párrafos tercero, cuarto, sexto, séptimo y octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y demás disposiciones jurídicas aplicables, someten a la consideración de esta asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adiciona la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios

Artículo Primero. Se adiciona el inciso 1) a la fracción I del artículo 2o., el artículo 2o. F, y la fracción XVII al artículo 3o., de la ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios para quedar como sigue:

Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios:

Artículo 2o. ...

A) a H) ...

Artículo 2o. F. La tasa señalada en el artículo 2o., fracción I, inciso 1), de esta ley se aplicará conforme a lo siguiente:

Las cuotas a que se refiere el artículo 2o., fracción I, inciso h, no computarán para el cálculo del impuesto al valor agregado o cualquier otra contribución.

Las personas físicas y morales que realicen los actos o actividades de primera enajenación o importación, de pilas o de baterías, siempre que acrediten, que una vez concluida su vida útil, las pilas y en su caso, baterías fueron sujetas a un plan de manejo podrán solicitar la devolución de las contribuciones efectivamente pagadas que corresponda al número de pilas o en su caso baterías que fueron objeto de un plan de manejo para la gestión integral como residuo. Para estos efectos presentaran un informe anual de la gestión integral de pilas o baterías.

Se podrán disminuir en las siguientes declaraciones provisionales de pago. Los montos por concepto de devoluciones, descuentos o bonificaciones por actos o actividades de primera enajenación, o de cantidades enajenadas por primera vez, según corresponda, por los que se hayan pagado las contribuciones que establece esta ley.

Los contribuyentes que no disminuyan en un ejercicio fiscal las cantidades que correspondan a las hipótesis descritas en los dos párrafos anteriores, pudiendo haberlo realizado según lo establece el artículo, perderán el derecho a hacerlo en ejercicios fiscales posteriores y hasta por la cantidad en la que pudieron haberlo efectuado.

Los recursos que se recauden en términos del inciso H, fracción I del artículo 2o. de la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios se destinarán a los municipios y demarcaciones territoriales para que realicen la gestión integral de pilas o baterías; las cantidades serán asignadas conforme a los procedimientos establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal.

Artículo 3o. Para los efectos de esta ley se entiende por:

Transitorios

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, con las modalidades que establecen las fracciones siguientes.

Se derogan y, en su caso, se abrogan, todas las disposiciones que se opongan al presente decreto, y se dejan sin efecto todas las disposiciones administrativas, reglamentarias, acuerdos, circulares, convenios y todos los actos administrativos que contravengan este decreto.

Los municipios y las demarcaciones territoriales deberán destinar los recursos que reciban para la instrumentación y ejecución de programas de separación en origen, acopio, almacenamiento temporal, transporte, reciclaje y, en su caso, disposición final de pilas y baterías. Para estos efectos, los municipios podrán otorgar recursos únicamente a personas morales con fines no lucrativos.

Las cantidades recaudadas para la gestión integral de pilas o baterías podrán adicionarse con recursos que se aprueben en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal correspondiente, y de los recursos que aporten las entidades federativas, municipios, los organismos internacionales o los particulares.

Quien o quienes reciban recursos para la gestión integral de pilas o baterías no destinarán o aplicarán, en dinero o en especie, por cualquier título o motivo, directa o indirectamente, por si o a través de interpósita persona, los recursos que reciban para actos o actividades distintos a los fines del manejo y tratamiento de pilas y baterías. Quien o quienes contravengan lo dispuesto en el párrafo anterior serán suspendidos en la recepción de recursos para la gestión integral de pilas o baterías; lo anterior, con independencia de las sanciones que se prevean en otros ordenamientos.

Notas: 1) Palabras del político y ecologista estadounidense, Albert Arnold Gore, Premio Nobel de la Paz 2007, durante la recepción del Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional 2007, Madrid, España. 2) ``Estimados secretarios (Sagarpa, SCT, SE, Sedesol, Semarnat, Sener y SHCP) de distintas áreas que están involucradas, ciertamente por insistencia del presidente, pero que están involucradas al fin de manera transversal en el tema ambiental. El problema ambiental más trascendente, coincido con el doctor Molina, del Siglo XXI, es el cambio climático, uno de los desafíos globales mayores que haya enfrentado la humanidad... Es un problema de seguridad estratégica de cada nación, pero también de todas las naciones, es un problema de subsistencia de la humanidad.''. Palabras de Felipe Calderón Hinojosa, durante la presentación de la Estrategia Nacional de Cambio Climático, el 25 de mayo 2007. 3) Véase El Universal, ``El secretario general de la OCDE José Ángel Gurría, 12 de diciembre de 2007. 4) Una pila recargable evita el uso de al menos 300 desechables. 5) Palabras del científico mexicano doctor Mario José Molina Henríquez, premio Nobel de Química (1995), por sus trabajos conjuntos sobre la química de la atmósfera, especialmente sobre la formación y descomposición del ozono, durante la presentación de la Estrategia Nacional de Cambio Climático, el 25 de mayo 2007 en la Ciudad de México. 6) Castro Díaz, José María Luz Díaz Arias, La Contaminación por Pilas y Baterías en México, INE, México, 2004. 7 Fuente: El Universal, ``Impuestos a pilas y baterías'' entrevista a Jorge Emilio González M., 15 de agosto de 2007, México.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

LEY GENERAL DE POBLACION

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Se concede el uso de la palabra al diputado Alejandro Chanona Burguete, del Grupo Parlamentario de Convergencia, para presentar iniciativa que reforma y adiciona el artículo 153 de la Ley General de Población.

El diputado Alejandro Chanona Burguete : Con el permiso de la Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Adelante, diputado.

El diputado Alejandro Chanona Burguete : Señoras legisladoras y señores legisladores, esta iniciativa tiene como propósito corregir una práctica vergonzante para nuestro país: la constante violación de los derechos humanos de los migrantes que cruzan a través de la porosa frontera sur y dar los primeros pasos ---falta mucho--- para asegurarles condiciones de dignidad humana a ellos, a los migrantes, y que eventualmente están garantizadas por nuestra máxima carta fundamental.

Están en la conciencia de México las noticias recurrentes hasta el hartazgo, acerca de la sistemática violación de los derechos humanos de los migrantes que cruzan en la frontera sur con la intención de alcanzar la frontera norte y, eventualmente, encontrar una oportunidad en Estados Unidos. Y, ¿de qué huyen? Huyen de la exclusión social.

Sabemos que se trata de población vulnerable, generalmente indígena, mujeres, niños, ancianos, hombres en la pobreza, a quienes su condición, efectivamente de exclusión social, los hace presa fácil de lo que es sistemático: la extorsión, la violación, el maltrato, el robo, la explotación y muchas veces, compañeras y compañeros, muchas veces son presa del asesinato.

Y cuando son asegurados por los agentes del Instituto Nacional de Migración ---o del Instituto Nacional de Inmigración--- también sufren toda suerte de vejámenes. No ocultemos el sol con un dedo. La denigración humana de la que son objeto no es tolerable y menos aún por parte de un país como México, que se precia de una larga tradición humanitaria y de derecho de asilo y que mira al norte exigiendo específicamente eso: el respeto de los derechos humanos y fundamentales de nuestros migrantes.

No se pretende disminuir la alta responsabilidad del Estado con este tipo de propuestas, puesto que, por ende, las fronteras son una responsabilidad de éste, del Estado. Por ello no debe significar extender una carta blanca a las autoridades federales, estatales y municipales para la detención arbitraria y la consecuente violación de los derechos fundamentales de estas personas.

Lo que queremos, compañeras y compañeros, es personalizar en cada uno de estos migrantes los altos conceptos de dignidad y respeto a los derechos fundamentales que están consagrados en muchas convenciones globales de las que somos suscriptores y, desde luego, en nuestra Constitución Política.

Sometidos a la responsabilidad moral, social, constitucional e internacional ---subrayo--- debemos actualizar el marco normativo con miras a garantizar a los migrantes la protección de sus gobiernos ---es muy importante---, como ya se prevé eventualmente en la ley reglamentaria de nuestro marco vigente.

Por otro lado ---también es muy importante---, estos migrantes deben contar con la orientación, la asesoría y la representación jurídica que les permita entender su situación y proteger sus derechos. Esto ---subrayo--- a través del Instituto Federal de Defensoría Pública.

Actualmente está previsto este derecho sólo en casos cuando se enfrente una acusación por un delito. La propuesta que hoy someto a consideración de esta soberanía se inscribe en estos dos pilares para ser reforzados: la notificación consular, por un lado, y la defensoría pública de los migrantes.

Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, fortalezcamos este marco, el de los derechos humanos, ampliando, como lo mandata la Constitución, a estos migrantes la seguridad jurídica a la que tienen derecho aquí y en cualquier otro país del mundo.

Con este ánimo presento a este pleno, a esta soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se modificaría el artículo 153 de la Ley General de Población, que plantea lo siguiente:

Con objeto de obligar desde la ley a la autoridad migratoria a notificar sin retraso alguno a la oficina consular o misión diplomática de la que se diga nacional el migrante.

Asimismo, en términos de la ley y las bases generales de organización y funcionamiento del Instituto Federal de Defensoría Pública que sea obligatorio solicitar, para el asegurado, los servicios de un asesor jurídico fundamental.

Estoy cierto que de hacer eco a este tipo de reformas secundarias avanzaremos en el sentimiento de omisión en defensa de los derechos humanos de estos migrantes y, desde luego, de nuestros migrantes fuera del país.

Ruego a la Presidencia de la Mesa Directiva insertar el texto íntegro de esta iniciativa y mi intervención en el Diario de los Debates. Es cuanto, señora Presidenta, muchas gracias.

«Iniciativa que reforma y adiciona el artículo 153 de la Ley General de Población, a cargo del diputado Alejandro Chanona Burguete , del Grupo Parlamentario de Convergencia

El que suscribe, diputado federal Alejandro Chanona Burguete , coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados la siguiente iniciativa de ley que modifica el artículo 153 de la Ley General de Población al tenor de lo siguiente:

El contexto migratorio es cada vez más grande y complejo en la zona fronteriza del sur de México. La frontera chiapaneca limítrofe con Guatemala experimenta un flujo migratorio de difícil comprensión al primer acercamiento, en el que se mezcla la migración de origen, tránsito y destino a un contexto local de altos niveles de inseguridad y pobreza, donde el incremento de la violencia y los altos niveles de marginación en zonas rurales y urbanas son las constantes.

Miles de personas, migrantes de nacionalidades diversas, transitan anualmente por la puerta de entrada al Soconusco; Talismán, Ciudad Hidalgo y Tapachula son paso obligado en el camino hacia el norte del país, Estados Unidos de América y Canadá.

Durante su travesía, estas personas suelen enfrentar riesgos y diversas violaciones a sus derechos humanos: extorsión, robo, asaltos, abusos sexuales, explotación, asesinatos, entre otros, provocados por autoridades o particulares con anuencia de aquellas, pero también por las nulas posibilidades de tener una defensa jurídica que proteja sus derechos.

Adicional a lo anterior, la falta de infraestructura y las inadecuadas condiciones en que se encuentran la mayoría de las estaciones migratorias, ya que continúan careciendo de elementos mínimos que permitan dar alojamiento y un trato digno a las personas migrantes que ahí permanecen aseguradas, no obstante las reformas aprobadas recientemente sobre este asunto.

El número de población extranjera que reside en las comunidades de la zona fronteriza, en los últimos años ha ido en aumento, principalmente de nacionalidad centroamericana (de Guatemala, de El Salvador y de Honduras) aunque va en aumento también la migración de personas de otros países.

Muchos centroamericanos llegaron al país con la idea de continuar su viaje a los Estados Unidos o alguna ciudad de norte o centro de México y, por falta de recursos económicos, se quedan en la zona fronteriza, sin la posibilidad siquiera de regularizar su situación migratoria. En su mayoría son hombres y mujeres jóvenes con hijos, son trabajadores agrícolas, empleadas domésticas, albañiles, vendedores ambulantes y otros de oficios varios.

La población migrante establecida con legal estancia en el país o que se encuentre en trámite de regularización es presa de agentes de seguridad y autoridades de migración, en la zona reciben vejámenes frecuentemente de las autoridades durante su estancia en el país o cuando viajan a sus países de origen. Situación similar viven trabajadores agrícolas y empleadas domésticas que son engañados y explotados en las fincas o centros de trabajo.

Durante los últimos 15 años la violencia se ha incrementado ante la falta de una política criminal y de seguridad ciudadana enmarcada entre otros factores por el clima de guerra psicológica implantada en el estado como estrategia ante el surgimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en 1994, la alternancia en el poder en el ámbito federal que provocó inestabilidad, el uso abusivo de recursos públicos por parte de autoridades municipales, y finalmente por la propagación de fenómenos como la incursión de pandillas juveniles trasnacionales denominadas ``maras''.

A lo anterior, agreguemos nuestra vecindad e intercambio con el contexto de inseguridad existente en el país vecino (Guatemala) en donde la población padece altos índices de violencia estructural y política, y en el que operan grupos clandestinos y aparatos ilegales producto de más de 30 años de guerra y que siguen asolando a la población de ese país.

Este ambiente ha sido caldo de cultivo idóneo para que bajo el argumento de la ``seguridad nacional'' y la lucha contra el terrorismo se realizaran operativos conjuntos en los que participan diversas corporaciones de seguridad del país (militares y policías federales) además de las policías del estado y municipales en la persecución y detención de la población migrante en la zona fronteriza.

Migrantes en tránsito de nacionalidad diversa están siendo materialmente perseguidos, detenidos y retenidos (asegurados) en estancias o estaciones migratorias.

En algunos casos los argumentos que influyen en las detenciones son de carácter subjetivo como raza, vestido, tipo de equipaje e inclusive por el olor que despiden. Un argumento de mayor impacto puede ser tener un tatuaje marcado en el cuerpo, con lo cual pueden ser vinculados a alguno de los dos principales grupos de pandillas juveniles identificados como ``maras''. Durante las redadas practicadas son detenidas personas por sospecha de ser ``maras'' incluyendo personas de nacionalidad mexicana. Lo anterior contribuyó igualmente al estado de inseguridad y a la violación de los derechos fundamentales de las personas migrantes.

Elementos de los tres niveles de gobierno, tales como la Policía Federal Preventiva, policía sectorial, agencias estatales de investigación y policía municipal, realizan operativos conjuntos e imponen un catálogo de delitos (pandillerismo, asalto a mano armada, asociación delictuosa, robo con violencia, entre otros) para justificar las detenciones.

México carece de una política migratoria de respeto a los derechos humanos que atienda y proteja a la población migrante. México ha permitido que su práctica migratoria esté marcada por los intereses del gobierno norteamericano y se vale de la represión policíaca y militar, y de la corrupción para contener el flujo migratorio a costa de la vida y el sufrimiento de miles de personas que cometieron la osadía de revelarse al hambre y a la desesperanza.

Existen indicios que nos hacen pensar seriamente si hay quienes desde los órganos de gobierno se están beneficiando de alguna manera de la situación que priva en la zona fronteriza. El hecho es que las autoridades no están actuando, adecuada y responsablemente, para prevenir que la población migrante corra los riesgos al subir al tren y transitar en parajes despoblados. No está actuando para prevenir que los cuerpos de seguridad de los estados del sur --principalmente-- cometan abusos y actos de corrupción contra la población migratoria. No está actuando para generar un clima de seguridad en la población en general en la zona costera y fronteriza, por el contrario ha hecho una intensa campaña para enraizar en las mentes de la población que existe un riesgo inminente en su vida y seguridad personal. A río revuelto ganancia de pescadores.

Diversos organismos han documentado ampliamente las violaciones a los derechos humanos que sufren los migrantes en México. De acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos ``los extranjeros que se internan en territorio nacional sin contar con la documentación que acredite su legal estancia en el país, se enfrentan a situaciones de violencia, corrupción y violación a sus derechos humanos en su trayecto hacia el norte del país''.

Ahora bien, siendo el Instituto Federal de Defensoría Pública un órgano del Poder Judicial de la federación y del Consejo de la Judicatura Federal, con independencia técnica y operativa, que fue creado para la prestación del servicio de defensoría pública, a fin de garantizar el derecho a la defensa en materia penal y el acceso a la justicia mediante la orientación, asesoría y representación jurídica en las materias administrativa, fiscal, civil y derivada de la penal, que atiende a la población más desprotegida del país bajo los principios de gratuidad, probidad, honradez y profesionalismo, contribuyendo a superar desigualdades sociales y a consolidar el estado de derecho.

El objetivo principal de la iniciativa es contrarrestar las violaciones a los derechos humanos que prevalecen en México contra los indocumentados que son asegurados en el territorio nacional rumbo a Estados Unidos de América, garantizándoles una defensa eficaz independientemente de su estatus legal de conformidad con lo que dispone el artículo 1o. párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que prescribe que todo extranjero que se interne en el país, aun sin autorización para permanecer en territorio mexicano, por el solo hecho de entrar en territorio nacional deberá gozar de la protección de las leyes mexicanas.

Lo anterior, en estricto apego al numeral 133 de la Constitución federal que consigna el principio de supremacía constitucional mediante el cual la Constitución, las leyes del Congreso que emanen de ella y los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el presidente de la república, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de la Unión.

Por tanto, a las personas que refieran ser de nacionalidad extranjera sometidas a cualquier forma de detención o prisión, debe aplicárseles el artículo 36 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares ¹ , que establece las formas de comunicación con el país de origen, así como los principios 16 y 17 del Conjunto de Principios de todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión ² , que prescriben de igual forma sobre la comunicación y el derecho a un abogado.

Por lo anteriormente expuesto y con base en la facultad que me concede el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter por su conducto, a la consideración de esa soberanía, para su discusión y aprobación en su caso, la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se modifica el artículo 153 de la Ley General de Población

Único. Se modifica el artículo 153 de la Ley General de Población, para quedar como sigue:

Artículo 153. La Secretaría de Gobernación, considerando las circunstancias especiales que concurran en cada caso, podrá entregar al extranjero asegurado, en custodia provisional, a persona o institución de reconocida solvencia.

El extranjero entregado en custodia estará obligado a otorgar una garantía, comparecer ante la autoridad migratoria las veces que así se le requiera y firmar en el libro de control de extranjeros.

La autoridad migratoria debe notificar sin retraso alguno a la oficina competente del país del que se dice nacional el asegurado y el lugar de su detención, dejando constancia de ello, asimismo ponerse en comunicación por los medios escritos adecuados con dicha oficina consular o misión diplomática; igualmente esa autoridad deberá salvaguardar sus derechos para que en todo momento el asegurado se mantenga en comunicación con dicha oficina.

Asimismo, en términos de la ley y las Bases Generales de Organización y Funcionamiento del Instituto Federal de Defensoría Pública, es obligatorio solicitar para el asegurado los servicios de un asesor jurídico federal, a fin de que le brinde el patrocinio legal en todas las fases procedimentales o instancias judiciales que prevén las leyes respectivas, con la finalidad primordial de regularizar su situación migratoria.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas: 1) Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de septiembre de 1968. 2) Resolución 43/173, de 9 de diciembre de 1988 adoptada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Gracias, diputado Alejandro Chanona Burguete.Túrnese a la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios.

ARTICULO 78 CONSTITUCIONAL - LEY ORGANICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Se concede el uso de la tribuna al diputado Alejandro Enrique Delgado Oscoy, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, para presentar iniciativa que reforma la fracción VIII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanosy los artículos 16 y 61 de la Ley Orgánica del CongresoGeneral de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Alejandro Enrique Delgado Oscoy : Con su permiso, Presidenta.

Con esta iniciativa que presento hoy, que reforma la fracción VIII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 16 y 61 de la Ley Orgánica del Congreso General, y como integrante de esta legislatura, considero que es importante ajustar los ordenamientos legales que nos rigen, con la finalidad de hacer más eficientes y cabales los procedimientos que se dan de manera interna.

La figura de la protesta de los funcionarios públicos ha sido trascendente en la historia, pues sustituyó a lo que se empleaba como juramentos religiosos y que tiene como objeto comprometerse individualmente para fundar y razonar todos sus actos como tal en la ley, preservando con ello la legalidad y el estado de derecho.

Sin embargo, en el texto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, máximo ordenamiento jurídico de nuestro país, en su numeral 128 establece la obligación de todo funcionario público que antes de tomar posesión, debe prestar la protesta de guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen, situación que no exime a los diputados y senadores del Congreso de la Unión, pues con ello inician el ejercicio de su encargo, cumpliendo así además de lo previsto en la Ley Orgánica del Congreso General, siendo de igual manera en el caso del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Atendiendo a ello, este precepto constitucional no otorga una garantía o un derecho a los funcionarios públicos, pues el estado de derecho consiste en lograr la vigencia real de sus ordenamientos jurídicos, cuyo fundamento es la propia Constitución.

Es así que al obligar a los depositarios de quienes desempeñen esta función y que ejercen una autoridad, deben comprometerse formalmente a cumplir con este máximo ordenamiento y con las leyes que de ella derivan, pues al investirnos del cargo que desempeñamos los legisladores, el cual otorga la legalidad de ese nombramiento, se entiende la aceptación de cumplir con cada una de las facultades que nos otorgan los diversos ordenamientos vigentes.

Es así también que debemos tomar una de las características de la ley que consiste en la claridad y precisión, por ello debemos considerarla dentro de los ordenamientos que nos rigen como Congreso.

El artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece como una de las facultades de la Comisión Permanente, el resolver las licencias de los legisladores. Sin embargo, actualmente esta Comisión no cuenta con la facultad de tomar protesta de ley a los suplentes de los legisladores a los que les fue otorgada la licencia.

En este caso, lo que acontece en la práctica es que una vez que la Comisión Permanente en ejercicio de sus facultades le concede licencia a algún legislador que la solicita, al inicio del periodo ordinario respectivo le envía un oficio a la Mesa Directiva, en donde se le hace de su conocimiento que se le concedió licencia a dichos diputados, y es hasta ese entonces es que el Presidente de la Mesa Directiva ordena que se llame a los suplentes de dichos diputados y una vez que se les toma la protesta de ley entran en funciones.

En este sentido es que desde el tiempo en el que se concedió la licencia hasta que comienza el período ordinario pueden transcurrir hasta cuatro meses, quedando vacía la representación y el lugar del diputado, en tanto comienza el período ordinario, lo cual es sumamente preocupante si consideramos que, aunque el Congreso de la Unión formalmente se encuentra en receso, los trabajos legislativos siguen su curso al realizarse reuniones de trabajo en comisiones, donde realmente está el trabajo legislativo, para continuar con la dictaminación de las iniciativas pendientes de ese trámite.

La Comisión Permanente, como órgano institucional, cuenta con facultades de gran trascendencia e importancia. Y para cumplir con sus funciones de manera responsable, debe contar con esta facultad, la cual obviamente dejaría de funcionar al mismo tiempo que la Comisión Permanente y hasta que comienza el período ordinario de sesiones.

Es así que se ha valorado plantear esa reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como a la Ley Orgánica del Congreso General, para que no se encuentre una limitante legislativa para que el diputado o senador tome la protesta necesaria e inicie el ejercicio de su cargo y con ello retomar la perceptibilidad de la norma.

Ante esa tesitura, la propuesta del artículo 78 constitucional versa en que la Comisión Permanente tome protesta a los diputados y senadores suplentes, que se siga con el trabajo legislativo e inicien el ejercicio de su cargo, homologando en este caso el procedimiento interno dentro del Congreso, de los numerales 16 y 61 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Solicito, señora Presidenta, que sea incluida íntegra en el Diario de los Debates esta iniciativa y esta exposición. Muchas gracias.

«Iniciativa que reforma la fracción VIII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 16 y 61 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Alejandro Enrique Delgado Oscoy , del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, diputado Alejandro Enrique Delgado Oscoy , integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LX Legislatura del Congreso de la Unión, en ejercicio de las facultades que confiere el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de este honorable Pleno la presente iniciativa con base en la siguiente:

Exposición de Motivos

La figura de la protesta de los funcionarios públicos ha sido trascendente en la historia, pues sustituyó a lo que se empleaba como juramentos religiosos, y que tiene como objeto comprometerse individualmente para fundar y razonar todos sus actos como tal en la ley, preservando con ello la legalidad y el estado de derecho.

Sin embargo, en el texto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, máximo ordenamiento jurídico de nuestro país, en su numeral 128 establece la obligación de todo funcionario público para que antes de tomar posesión debe de prestar la protesta de guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen, situación que no exime a los diputados y senadores del Congreso de la Unión, pues con ello inician el ejercicio de su encargo, cumpliendo así además lo previsto en la misma Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos que establece las formalidades de la misma, siendo de igual manera en el caso del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Atendiendo a ello, este precepto constitucional no otorga una garantía o un derecho a los funcionarios públicos, pues el estado de derecho consiste en lograr la vigencia real de sus ordenamientos jurídicos cuyo fundamento es la propia Constitución, es así que al obligar a los depositarios de quienes desempeñan esta función, y que ejercen una autoridad, deben comprometerse formalmente a cumplir con este máximo ordenamiento y con las leyes que de ella deriven, pues al investirnos del cargo que desempeñamos los legisladores el cual otorga la legalidad a ese nombramiento, se entiende la aceptación de cumplir con cada una de las facultades que nos otorgan los diversos ordenamientos vigentes.

Es así que, también debemos retomar una de las características de la ley que consiste en la claridad y precisión, por ello debemos considerarla dentro de los ordenamientos que nos rigen como Congreso.

La protesta de los legisladores se ha realizado de conformidad a la ley fundamental pero también a lo previsto en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, tal como lo refieren los artículos 15 y 16 del citado ordenamiento; es así que encontramos que los diputados que sean llamados con posterioridad a que ejerzan el cargo, se prevé deben rendir protesta constitucional ante el Presidente de la Mesa Directiva en los términos de la ley; pero con ello, se limita esta facultad de la Mesa Directiva, pues dentro de los periodos en que se encuentre en funciones la Comisión Permanente no se puede efectuar dicha protesta.

El artículo 78, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece como una de las facultades de la Comisión Permanente el resolver las licencias de los legisladores; sin embargo, actualmente esta comisión no cuenta con la facultad de tomar la protesta de ley a los suplentes de los legisladores a los que les fue otorgada la licencia.

En este caso, lo que acontece en la práctica, es que una vez que la Comisión Permanente, en ejercicio de sus facultades, le concede licencia a algún legislador que la solicitó, al inicio del periodo ordinario respectivo, le envía un oficio a la mesa directiva en donde se le hace de su conocimiento que se le concedió licencia a dichos diputados, y es hasta ese momento en que el Presidente de la Mesa Directiva ordena que se llamen a los suplentes de dichos diputados, una vez que se presentan les toma la protesta de ley para que entren en funciones.

En este sentido es que, desde el tiempo que se concedió la licencia hasta que comienza el periodo ordinario, puede transcurrir mucho tiempo, quedando vacía la representación y el lugar del diputado, en tanto comienza el periodo ordinario, lo cual es sumamente preocupante, si consideramos que aunque el Congreso de la Unión formalmente se encuentra en receso, los trabajos legislativos siguen su curso al realizarse reuniones de trabajo en comisiones para continuar con la dictaminación de las iniciativas pendientes de ese trámite.

La Comisión Permanente, como órgano constitucional, cuenta con facultades de gran trascendencia e importancia, y para cumplir con sus funciones de manera responsable, debe de contar con esta facultad, la cual, obviamente, dejaría de funcionar al mismo tiempo que la Comisión Permanente al momento en que comience el periodo ordinario de sesiones.

Es así que se ha valorado plantear esta reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para que no se encuentre una limitante legislativa para que el diputado o senador tome la protesta necesaria e inicie el ejercicio de su cargo; y con ello, retomando la perfectibilidad de la norma.

Por lo anterior, someto a la consideración de este honorable Pleno la siguiente

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción VIII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 16 y 61 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo Primero. Se reforma la fracción VIII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar en los siguientes términos:

Artículo 78. ...

Artículo Segundo. Se reforman los artículos 16 y 61 de la Ley Orgánica del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar en los siguientes términos:

Artículo 16.

Artículo 61.

Transitorios

Únic0. La presente iniciativa de ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Gracias, diputado Alejandro Enrique Delgado Oscoy. Insértese íntegro en el Diario de los Debates el texto, ytúrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

Se le da un atento saludo a la doctora Columba Edith Reyes García, jefa de la Unidad de Terapia de Comunicación Humana, y a la licenciada María del Carmen Cores Maza, jefa del Servicio de Problemas de Voz y Habla, ambas del Instituto Nacional de Rehabilitación, que se encuentran hoy con nosotras. Sean bienvenidas.

LEY DE VIAS GENERALES DE COMUNICACION

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Se concede el uso de la tribuna al diputado Carlos Sánchez Barrios, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley de Vías Generales de Comunicación.

El diputado Carlos Sánchez Barrios : Con el permiso de la Presidencia.

Compañeras diputadas y compañeros diputados, las eventualidades de la vida me colocan temporalmente en la situación que enfrenta la mayoría de discapacitados. Sensible a esta realidad, y con apoyo de los preceptos legales que sustentan el ejercicio de la representación popular que ostentamos, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Vías Generales de Comunicación, al tenor de la siguiente exposición de motivos:

A fin de garantizar que el artículo 4o. constitucional cobre plena vigencia y asegure el disfrute del derecho a la protección de la salud propongo reformar la Ley de Vías Generales de Comunicación, para que las personas que viajen con la finalidad de recibir tratamiento médico y las que enfrenten algún tipo de discapacidad reciban descuento en las tarifas de autotransporte de pasajeros, puesto que no obstante la existencia del derecho a la protección de la salud como garantía constitucional, la insuficiencia de los servicios hospitalarios y el fenómeno de concentración en las grandes ciudades obliga al traslado de las personas que requieren servicios médicos, lo que genera gastos que en muchas ocasiones les impide cumplir su tratamiento.

Un dato que revela la concentración existente de los servicios hospitalarios nos indica que de los 188 hospitales de especialidades con los que cuenta la Secretaría de Salud, 69 de ellos se ubican en el Distrito Federal.

Asimismo, en el territorio nacional sólo existe un Centro Médico para atender a la población con alguna discapacidad motriz, auditiva, de lenguaje o mental, y únicamente 12 unidades del sector salud en todo el país tienen esa especialidad.

En consideración a esos motivos propongo la siguiente iniciativa de decreto para reformar la fracción II del artículo 58 y el artículo 59 de la Ley de Vías Generales de Comunicación.

Con el propósito de introducir cambios en la fracción II del artículo 58, que persigue la finalidad de incorporar como sujetos de reducciones en el costo de tarifas de autotransporte de pasajeros por razones de beneficencia a personas que viajen para recibir atención médica y a discapacitados.

La reforma al artículo 59 deja tal disposición en los siguientes términos...

Señor Presidente, estoy consciente de que el tiempo para mi exposición ha concluido. Le ruego que me autorice un minuto más para terminar.

Presidencia del diputado Arnoldo Ochoa González

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González : Está concedido, compañero diputado. Adelante.

El diputado Carlos Sánchez Barrios : Gracias.

Artículo 59. La expedición de tarifas reducidas hasta en 50 por ciento de la cuota ordinaria solamente será obligatoria para las empresas porteadoras, y esto en los casos de calamidad pública para fines de beneficencia, a estudiantes en periodo de vacaciones, repatriados, personas que viajen para recibir atención médica y los discapacitados.

Se incluyen los siguientes artículos en el apartado de

Transitorios. Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Publíquese el presente decreto en el Diario Oficial de la Federación.

Solicito a la Presidencia que ordene la incorporación en el Diario de los Debates del texto íntegro de esta iniciativa.

«Iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley de Vías Generales de Comunicación, a cargo del diputado Carlos Sánchez Barrios , del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado federal de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, Carlos Sánchez Barrios , integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en ejercicio de las facultades que le conceden los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, por la que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Vías Generales de Comunicación, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce el derecho a la protección de la salud. Asimismo, la ley general de la materia, dispone que esa garantía constitucional, incluye el disfrute de servicios médicos y de asistencia social.

No obstante, en México, los servicios hospitalarios son insuficientes y además están concentrados en los grandes centros poblacionales; por ejemplo, la Secretaría de Salud cuenta con sólo 188 hospitales de especialidades, de los cuales 69, se sitúan en el Distrito Federal; el ISSSTE, tiene 6, 4 de ellos en la ciudad capital y de las 16 clínicas de especialidades del IMSS, 10 se localizan en esta urbe.

En resumen, existen 210 clínicas de especialidades, del sector público, para atender a 103 millones 263 mil 388 mexicanos. Esta situación obliga el traslado de las personas que requieren los servicios médicos, lo que genera gastos que, en muchas ocasiones, les impide continuar su tratamiento.

Como muestra, las personas que viajan desde Zumpango del Río, Guerrero, lugar de donde soy originario, hasta esta ciudad capital, realizan los siguientes gastos: 8.50 pesos de la combi que lleva a la terminal de autobuses de la capital del estado; 200 pesos, del transporte de Chilpancingo a México, y en esta ciudad erogan mínimamente 10 pesos en pasajes; es decir, el costo del viaje redondo, por persona, es de 437 pesos, si a esto sumamos los gastos de un acompañante, el total es de 874 pesos, además de los gastos en medicina, alimentación y estancia.

Esta suma representa 17 salarios mínimos; en contraste, según el INEGI, sólo 5 por ciento de la población ocupada gana más de 250 pesos diarios.

En una situación más grave, se encuentran las personas que padecen alguna discapacidad: a pesar de ser 1 millón 795 mil 300, sólo existe un Centro Médico con esa especialidad, y únicamente 12 unidades del sector salud, en todo el país, atienden a la población con alguna dificultad motriz, auditiva, de lenguaje o mental.

Además del rezago en la atención, ese sector poblacional participa menos en la actividad económica y por lo tanto, sus ingresos son menores en promedio al los de la población en general.

Con esos antecedentes, propongo reformar la Ley de Vías Generales de Comunicación, para garantizar que las personas que viajen con la finalidad de recibir tratamiento médico, y las que enfrenten algún tipo de discapacidad, reciban descuentos en las tarifas del autotransporte de pasajeros.

Por los motivos expuestos, presento la siguiente iniciativa de

Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Vías Generales de Comunicación

Único. Se reforman la fracción II, del artículo 58, y el artículo 59 de la Ley de Vías Generales de Comunicación

Artículo 58. ...

Artículo 59. La expedición de tarifas reducidas hasta en un cincuenta por ciento de la cuota ordinaria solamente será obligatoria para las empresas porteadoras, y esto en los casos de calamidad pública para fines de beneficencia, a estudiantes en período de vacaciones, repatriados, personas que viajen para recibir atención médica y los discapacitados.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrara en vigor el siguiente día al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Publíquese el presente decreto en el Diario Oficial de la Federación.

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González : Gracias, diputado Carlos Sánchez. Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates ytúrnese a la Comisión de Transportes.

Se pospone la presentación de la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, y de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, del diputado Gerardo Octavio Vargas Landeros .

Esta Presidencia y la Cámara de Diputados dan la cordial bienvenida a la escuela primaria Voceadores y a los invitados de la comunidad El Olivo, de Tlalnepantla, Estado de México. Bienvenidos a esta Cámara de Diputados.

ARTICULOS 21, 94 Y 102 CONSTITUCIONALES

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González : Se concede el uso de la tribuna al diputado Alberto Amador Leal, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa que reforma los artículos 21, 94 y 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Narcizo Alberto Amador Leal : Gracias, señor Presidente.

Hace algunos días esta soberanía fue testigo de un debate de fondo, no sólo entre los legisladores, sino sobre todo con la sociedad mexicana.

La reforma en materia de seguridad y justicia penal, a virtud de la sensibilidad de senadores y diputados de escuchar y atender el reclamo social del mundo académico, de los abogados, permitió un producto legislativo, sin duda aún imperfecto, incompleto, pero mucho mejor que el proyecto que se venía discutiendo.

Me parece que es un tema que hay que seguir abordando. El debate legislativo no se agota en la presentación o en la aprobación de una iniciativa. El debate tiene que continuar en los diversos ámbitos, escarbando en lo que hemos aprobado, en lo que está en los archivos de las cámaras, que tampoco ha encontrado un cauce de conclusión y es el caso del tema que yo hoy quiero contribuir a la continuación de este debate.

Me parece que esta reforma, aprobada por el Congreso de la Unión y hoy sometida a los congresos de los estados, debe ser complementada en un tema central: la autonomía del Ministerio Público Federal.

Recuerdo o quiero recordar a ustedes que a este respecto existe una minuta de una iniciativa presentada el 7 de febrero de 2006, por el diputado Jorge Leonel Sandoval, de la fracción parlamentaria de mi partido, que quedó en suspenso en el Senado y que no ha sido motivo del dictamen correspondiente en la colegisladora.

Esta iniciativa recoge esa intención, pero va un poco más allá al considerar la experiencia del texto original de la Constitución de 1857, en la cual la acusación penal correspondía al particular afectado por el delito, correspondiendo a la Procuraduría General vigilar los procesos y observar cabalmente la legalidad y los principios procesales. Y a la fiscalía presentar la acusación ante los tribunales de todo delito del que tuviera conocimiento y coadyuvar con el particular, víctima del delito, a la denuncia ante el juez de la causa.

Esta disposición fue transformada a través de una reforma en 1900, promovida por don Eduardo Ruiz, prominente tratadista de derecho constitucional, que convirtió a la Procuraduría General en dependencia del Ejecutivo federal, siendo el propio Ruiz el primer procurador designado.

La Constitución del 17, don Venustiano Carranza y el mismo Constituyente... o a propuesta de Venustiano Carranza, esta reforma permanece. Es decir, la Procuraduría General de la República continúa adscrita al titular del Poder Ejecutivo.

De modo que la iniciativa que hoy presento a su consideración ---y que pido al señor Presidente se inscriba en sus términos--- tiene justamente el propósito de recuperar esta decisión que me parece fundamental, de autonomía al Ministerio Público federal a través de la constitución de una fiscalía general, dependiente del Poder Judicial de la Federación.

La otra vía sería constituir un organismo autónomo, es otra corriente, que habría que ahondar en su estudio. Pero en tanto eso sucede, yo he querido, compañeras diputadas, compañeros diputados, contribuir a este debate con una iniciativa que recoge esa tradición y que hoy someto a su consideración. Muchas gracias.

«Iniciativa que reforma los artículos 21, 94 y 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Alberto Amador Leal , del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado federal Alberto Amador Leal , integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 55 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, que reforma los artículos 21, primer párrafo; 94, primer párrafo; y 102, que quedará comprendido por tres incisos, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Exposición de Motivos

La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, suscrita en Palermo en diciembre de 2000, establece mecanismos de cooperación judicial internacional para el combate de determinadas conductas delictivas, concretamente las concernientes a la pertenencia a organizaciones delictivas transnacionales; el lavado de dinero; la corrupción gubernamental; y la obstrucción de la justicia.

La comunidad internacional ha acordado la adopción de tres protocolos, considerados parte integrantes de la Convención de Palermo, y cuyo fin es establecer medidas de cooperación judicial internacional tendentes a reprimir la trata internacional de personas, y el tráfico ilícito de migrantes, y de armas convencionales.

El artículo 11 de la Convención de Palermo es específico en señalar que los Estados parte observarán sus propias reglas nacionales respecto de los procesos, los fallos y las sanciones que en el fuero interno de éstos se sigan por los delitos materia de la convención y sus protocolos.

Es facultad soberana de cada Estado adoptar las reglas procesales que estime convenientes en materias de procuración y administración de justicia; esas medidas bien pueden ser restrictivas de las libertades públicas o, por el contrario, tendentes a su ampliación y son en todo caso responsabilidad exclusiva del legislador nacional, sin que la decisión tomada en un sentido u otro pueda justificarse invocando el texto de la convención de las Naciones Unidos, que nada regula ni preceptúa al respecto.

En estos momentos se discute ante esta soberanía un proyecto de reformas de la Constitución en materia de justicia penal, por medio de la cual se amplían las atribuciones del Ministerio Público, proyecto ante el que se han levantado voces de diverso género, siendo de destacarse la del presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, quien ha señalado que lo que resulta urgente a la vida del país es la reforma profunda y radical de los órganos encargados de la administración de justicia.

La presente iniciativa tiene como fin aportar elementos que contribuyan a complementar el trabajo de reformas, en el que se ha avanzado, ya muy ampliamente, por ambas Cámaras del Congreso de la Unión.

Ante la opinión pública del país, resulta evidente el descrédito por el que atraviesa la organización responsable de la procuración y de la administración de justicia. Por lo que hace a la procuración de justicia, resulta digna de destacarse la existencia de un decreto, expedido por esta Cámara, que aprueba una iniciativa de fecha 7 de febrero de 2006, presentada por el diputado Jorge Leonel Sandoval Figueroa, integrante del Grupo Parlamentario del PRI, en la LIX Legislatura.

Ese decreto tiene por fin dotar de autonomía al Ministerio Público, mediante la reforma de los artículos 76, fracción II, y 102, Apartado A, y la derogación de la fracción IX del artículo 89, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y que, por lo demás, es el caso que se encuentra pendiente de dictaminación por la Cámara de Senadores.

El decreto referido atribuye al Senado o a la Comisión Permanente, en sus recesos, la facultad de designar al procurador general, conservando en el titular del Poder Ejecutivo la facultad de nombrar y remover libremente a los funcionarios del Ministerio Público, con lo que la procuraduría conserva el carácter de dependencia de la administración pública centralizada, con la salvedad de que el nombramiento de su titular constituiría una restricción de la libre designación de funcionarios por el presidente de la república, tal y como al efecto se consagra en la fracción II del artículo 89 constitucional.

En la presente exposición de motivos se considera que el decreto referido, claramente influido por la Constitución colombiana de 1991, queda a medio camino del modelo que fuera seguido por el autor de la iniciativa en comento, quedando truncos por consiguiente los beneficios que de la adopción de tal modelo pudieran derivarse.

La Constitución colombiana de 1991, según refiere el constitucionalista y constituyente colombiano Álvaro Echeverry Urruburu, distingue como instituciones diversas y separadas entre la Procuraduría General y la Fiscalía General de la Nación.

Corresponde a la primera participar en los procesos a fin de vigilar que se cumplan los principios de legalidad y las reglas procesales; y a la segunda, formular las acusaciones penales respecto a los delitos de que sea sabedora. La distinción, por lo demás, también se hacía en el texto original del artículo 91 de la Constitución de 1857, hasta antes de la reforma de fecha 22 de mayo de 1900.

La presente exposición de motivos propone seguir con mayor fidelidad el modelo que ha servido de guía a la iniciativa presentada por el diputado Jorge Leonel Sandoval Figueroa, salvo por lo que hace a la entidad encargada de formular las acusaciones penales.

Respecto a la Fiscalía General de la Nación, se ha considerado más conveniente seguir como paradigma el texto original de la Constitución de 1857.

Conforme al texto original de la Constitución de 1857, la acusación penal correspondía al particular afectado por el delito, correspondiendo a la Procuraduría General vigilar que en los procesos se observaran cabalmente la legalidad y los principios procesales; y a la fiscalía, presentar acusación penal ante los tribunales de todo delito del que tuviera conocimiento y coadyuvar con el particular víctima del delito que motu proprio hubiese presentado denuncia ante el juez de la causa.

La Procuraduría General, por lo demás, se encontraba integrada a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y no al Senado, como acontece en el caso colombiano.

La reforma de 1900, promovida por don Eduardo Ruiz, prominente tratadista de derecho constitucional en la época, convirtió la Procuraduría General en dependencia del Ejecutivo federal, siendo el propio Ruiz el primer procurador, designado por don Porfirio Díaz.

Posteriormente, el Constituyente de 1917 dotó a la procuraduría del monopolio de la acción penal, fusionando en una sola institución la procuraduría y la fiscalía, conservándola en la esfera del Poder Ejecutivo.

``De tal suerte ha sido benéfica entre nosotros la actuación del Ministerio Público, que sólo cosas buenas pueden esperarse de él'', decía don Venustiano Carranza, ante la asamblea reunida en Querétaro, en el discurso inaugural de sesiones del Congreso Constituyente, el 1 de diciembre de 1916.

Por decisión del Constituyente, el artículo décimo cuarto transitorio de la Constitución suprimió la Secretaría de Justicia, rompiendo con una tradición que provenía desde la Constitución de 1824, sin que tal supresión hubiese sido planteada en programa político alguno, únicamente en atención a que los más cercanos colaboradores de don Venustiano Carranza en la materia, Luis Manuel Rojas y José Natividad Macías, consideraron pertinente seguir el esquema de la institución anglosajona del attorney general, en contra incluso de la opinión de numerosos constituyentes que presentaron iniciativas contra el proyecto referido del artículo transitorio, a las que la Mesa Directiva del Congreso se negó a dar trámite argumentando la expiración del plazo de sesiones, según relata don Antonio Martínez Báez.

La fusión de la procuraduría y la fiscalía en una sola institución, dependiente del Ejecutivo, plasmada en la Constitución de 1917, no se entronizó cabalmente en el país sino hasta la expedición de la legislación penal sustantiva y adjetiva de 1931, cuyas comisiones redactoras fueran presididas por don José Ángel Ceniseros.

Tal sistema se hizo acreedor a la severa crítica de don Luis Cabrera, quien escribió en 1932 ``La misión constitucional del procurador general de la República'', artículo elaborado en virtud de una polémica pública sostenida con el procurador Emilio Portes Gil y que constituye una de las obras fundamentales de la bibliografía política mexicana.

La presente iniciativa propone que la Fiscalía General de la Nación, como encargada estatal de la acusación penal, sea parte integrante del Poder Judicial de la Federación, en cuya organización contará con autonomía funcional en términos de la ley de la materia, y siendo su titular designado por mayoría simple de la Cámara de Diputados, asistiendo a los particulares afectados por el delito el derecho primigenio de presentar querellas ante el juez de instrucción en materia penal que resulte competente, y erigiéndose la fiscalía de la nación en tales casos como coadyuvante del querellante y no a la inversa, como sucede en el actual sistema.

En congruencia con lo expuesto, la presente iniciativa propone asimismo que la designación del procurador general de la república sea exclusiva competencia del Senado de la República, entendiéndose que sea por mayoría absoluta de dicha Cámara, asignando a dicho funcionario una participación en todo proceso civil y penal del ámbito federal, participación por medio de la cual velará porque en los procesos se observen escrupulosamente los principios procesales y de legalidad, auxiliándose del personal por el designado en los términos de la ley de la materia.

Para ello, la presente iniciativa propone modificaciones del artículo 102 de la Constitución, considerándose ocioso por lo demás repetir tal atribución otorgada al Senado, en el texto del artículo 76.

El procurador general de la República intervendrá personalmente en las controversias y acciones a que se refiere el artículo 105 de esta Constitución, tal y como lo hace a la fecha.

La presente iniciativa propone adicionar un tercer inciso al artículo 102 de la Constitución, que contendrá las atribuciones concernientes a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, tal y como la fecha aparece en sus términos en el actual Apartado B del mismo artículo.

En El libro blanco de la reforma judicial, sus autores se lamentan de que el planteamiento de la agenda en la materia haya tenido que llevarse a cabo por la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación ante la ausencia de una secretaría de justicia en el país.

Tal y como acontece desde la reforma constitucional de 1994, la función de consejero jurídico del gobierno seguiría a cargo de la dependencia del Ejecutivo federal que para tal efecto establezca la ley, dependencia prevista en el actual texto de la Constitución, y que en cierta medida ha venido a remediar los problemas que trajo aparejada la supresión de la secretaría de justicia, desde 1917.

Según ha quedado expresado, la presente iniciativa entroniza la figura de la Fiscalía General de la Nación, cuyo titular será parte integrante de la Suprema Corte de la Nación, y será nombrado por mayoría simple de la Cámara de Diputados en términos de ley. El fiscal general de la Nación designará a los agentes del Ministerio Público en los términos de la ley respectiva.

El nuevo titular de la función del Ministerio Público se encargará de la persecución, ante los tribunales, de todos los delitos del orden federal que se persigan de oficio y de coadyuvar con todo querellante que formule acusación ante los jueces en materia penal.

La presente iniciativa será complementada con otra que atienda a la reforma integral de los cuerpos encargados de la administración de justicia en el país.

Con fundamento en la anterior exposición de motivos, se somete a la consideración plenaria de la Cámara de Diputados el siguiente proyecto de

Decreto

El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos decreta

Único. Se reforma el texto de los artículos 21, párrafo primero, 94, párrafo primero, y 102, que quedará formado por tres incisos, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 21. La imposición de las penas es propia y exclusiva de la autoridad judicial. Compete a la autoridad administrativa...

Artículo 94. Se deposita el ejercicio del Poder Judicial de la Federación en una suprema corte de justicia, en un tribunal electoral, en tribunales colegiados y unitarios de circuito, en juzgados de distrito, y en la Fiscalía General de la Nación.

...

...

Artículo 102.

Para ser fiscal general de la Nación se requiere ser ciudadano mexicano por nacimiento, tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la designación, contar con antigüedad mínima de diez años con título profesional de licenciado en derecho, gozar de buena reputación, y no haber sido condenado por delito doloso. El fiscal general de la Nación designará a los agentes del Ministerio Público en los términos de la ley reglamentaria.

Incumbe al Ministerio Público de la Federación la persecución, ante los tribunales, de todos los delitos del orden federal que se persigan de oficio, y coadyuvará con los querellantes que formulen denuncia, querella o acusación ante los jueces de materia penal. Por lo mismo, a él corresponderá solicitar las órdenes de aprehensión contra los inculpados de los delitos que se persigan de oficio, buscar y presentar las pruebas que acrediten la responsabilidad de éstos, hacer que los juicios se sigan con toda regularidad para que la administración de justicia sea pronta y expedita, pedir la aplicación de las penas en los casos reseñados, e intervenir en todos los negocios que la ley determine.

Para ser procurador se requiere ser ciudadano mexicano por nacimiento, tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la designación, contar con antigüedad mínima de diez años con título profesional de licenciado en derecho, gozar de buena reputación, y no haber sido condenado por delito doloso.

El procurador general de la República participará en todo proceso civil y penal del ámbito federal, velando porque en ellos se observen escrupulosamente los principios procesales y de legalidad, para lo que se auxiliará del personal por el designado en los términos de la ley de la materia.

El procurador general de la República intervendrá personalmente en las controversias y acciones a que se refiere el artículo 105 de esta Constitución.

En todos los negocios en que la federación fuese parte, en los casos de los diplomáticos y los cónsules generales y en los demás que sean de la competencia de la federación, el procurador general lo hará por sí o por medio del personal a su cargo.

La función de consejero jurídico del gobierno estará a cargo de la dependencia del Ejecutivo federal que para tal efecto establezca la ley.

C. El Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán organismos de protección de los derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano, los que conocerán de quejas contra actos u omisiones de naturaleza administrativa proveniente de cualquier autoridad o servidor público, con excepción de los del Poder Judicial de la Federación, que violen estos derechos.

Los organismos a que se refiere el párrafo anterior formularán recomendaciones públicas no vinculatorias y denuncias y quejas ante las autoridades respectivas.

Estos organismos no serán competentes tratándose de asuntos electorales, laborales y jurisdiccionales.

El organismo que establezca el Congreso de la Unión se denominará Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y contará con autonomía de gestión y presupuestaria, personalidad jurídica y patrimonio propios.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos tendrá un consejo consultivo, integrado por diez consejeros, que serán elegidos por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores o, en sus recesos, por la del Congreso de la Unión, con la misma votación calificada. La ley determinará los procedimientos por seguir para la presentación de las propuestas por la propia Cámara. Anualmente serán sustituidos los dos consejeros de mayor antigüedad en el cargo, salvo que fuesen propuestos y ratificados para un segundo periodo.

El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, quien lo será también del consejo consultivo, será elegido en los términos del párrafo anterior. Durará en el encargo cinco años, podrá ser reelegido por una sola vez y sólo podrá ser removido en los términos del Título Cuarto de esta Constitución.

El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos presentará anualmente a los Poderes de la Unión un informe de actividades. Al efecto, comparecerá ante las Cámaras del Congreso, en los términos que disponga la ley.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos conocerá de las inconformidades que se presenten en relación con las recomendaciones, acuerdos u omisiones de los organismos equivalentes de las entidades federativas.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González : Gracias, diputado Alberto Amador. Insértese el texto íntegro de la iniciativa en el Diario de los Debates ytúrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Esta Cámara de Diputados da la más cordial bienvenida a las dirigentes de la Asociación Colimense de Universitarias, la licenciada Karel Ochoa Reyes y la maestra Celia Cervantes. Bienvenidas.

ARTICULO 9 CONSTITUCIONAL

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González : Se concede el uso de la tribuna al diputado Gerardo Buganza Salmerón, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa que reforma y adiciona el artículo 9 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Gerardo Buganza Salmerón : Con el permiso de la Presidencia.

Compañeras y compañeros, no voy a consumir mucho tiempo. Simplemente para señalar el propósito de la modificación del articulo 9 constitucional, que tiene por objeto el de buscar el equilibrio de las marchas que se encuentran, principalmente en la Ciudad de México y, desde luego, en algunas otras capitales de las entidades que componen nuestro país.

La búsqueda es agregar, obviamente, que las asambleas y reuniones de petición o protesta a la autoridad no podrán considerarse ilegales, siempre que no afecten derechos de terceros ni se obstruyan las vías de comunicación.

Asimismo se propone el agregar un tercer párrafo, a efecto de establecer que las leyes locales deberán de regular en su respectivo ámbito territorial, tales manifestaciones públicas en los términos del propio artículo 9o. de la Constitución.

Simplemente terminaría leyendo las modificaciones en el decreto.

Artículo único. Se reforma el segundo párrafo y se adiciona un párrafo tercero al artículo 9o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 9o. ...

No se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito, pero solamente los ciudadanos de la república podrán hacerlo para tomar parte en los asuntos políticos del país. Ninguna reunión armada tiene derecho de deliberar.

No se considerará ilegal, y no podrá ser disuelta una asamblea o reunión que tenga por objeto hacer una petición o presentar una protesta por algún acto a una autoridad, siempre que no se afecten derechos de terceros, no se obstruyan las vías de comunicación, no se profieran injurias o se hiciere uso de violencia o amenazas para intimidar u obligar a la autoridad a resolver en el sentido que se desee.

Las leyes locales regularán, en su respectivo ámbito territorial, las asambleas o reuniones a que se refiere el párrafo anterior en los términos señalados en él.

Artículos transitorios. Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Las legislaturas locales y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal deberán expedir, en un plazo no mayor de 90 días, las leyes a que se refiere la presente reforma.

Pido a la Presidencia que incluya toda la iniciativa en el Diario de los Debates; obviamente que incluya también esta introducción de un servidor. Por su atención, gracias.

«Iniciativa que reforma y adiciona el artículo 9o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Gerardo Buganza Salmerón , del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, Gerardo Buganza Salmerón , diputado federal por la LX Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta asamblea iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 9o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

I. Antecedentes

La participación social ha sido un elemento fundamental en la construcción de la democracia en el país, tanto por la expresión de su voluntad a través de las urnas como por medio de manifestaciones para protestar por actos de autoridad, o para solicitar a la autoridad que actúe en determinado sentido.

La historia de la participación social en México a través de manifestaciones públicas tiene episodios inolvidables y que han sido determinantes en la historia del país; algunos de ellos felices, como cuando en 1938 la gente ocupó las calles para celebrar la expropiación de la industria petrolera, decretada por el entonces presidente Lázaro Cárdenas; otros lamentables, como la manifestación estudiantil de 1968, que culminó en una terrible masacre, pero ambos con un contenido social incuestionable.

Sin embargo, la otra cara de la moneda se hace cada vez más evidente en los últimos años, ya que las manifestaciones públicas, sobre todo en la Ciudad de México, se han incrementado significativamente en cantidad, pero han decaído notablemente por lo que a su objeto se refiere, pues la mayor parte tienen únicamente un propósito mediático y político, y muy pocas veces social.

Por ejemplo, la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal reporta que de enero a junio de 2007 se registraron 751 movilizaciones, con un promedio de mil 282 personas cada una: 29 por ciento correspondió a bloqueos, es decir 220, con una duración total de 300 horas, mientras que 185 (24 por ciento) fueron marchas con una duración total de 430 horas. Esto, principalmente en la zona centro de la ciudad.

De todas las movilizaciones anteriores, la autoridad local intervino solamente en apenas 35 asuntos (4.6 por ciento), de los cuales 4 fueron para replegar a los manifestantes, llegando al enfrentamiento; en 5 lograron el repliegue sin enfrentamiento; en 3 ocasiones sólo se enfrentaron a los manifestantes; y en 1 caso se enfrentaron y desalojaron a los manifestantes.

Evidentemente, en la mayoría de las ocasiones la intervención de la autoridad es nula, salvo para realizar ``cortes viales'' y facilitar a los manifestantes la realización de marchas y bloqueos, sea cual fuere su causa, justificada o no, afectando con esto a miles de personas diariamente, con una repercusión muy importante en términos económicos y sobre todo en calidad de vida.

Según cifras de la Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México, las pérdidas diarias que enfrentan los comerciantes establecidos como consecuencia de las marchas rebasan 80 millones de pesos. En el mismo sentido, una manifestación con duración de 4 a 5 horas implica una pérdida de 1 millón 36 mil 459 horas/hombre tan sólo en la zona centro del Distrito Federal.

No deben soslayarse los incalculables costos en términos de deterioro ambiental por una mayor cantidad de emisiones vehiculares, los miles de trabajadores que pierden sus empleos porque no llegaron a su centro de trabajo, los heridos y enfermos cuya condición se agrava o incluso mueren por no llegar a tiempo al hospital, y los incontables conflictos que se ocasionan por la irritabilidad característica de las víctimas de los bloqueos.

Ante esta incuestionable evidencia, la regulación de las manifestaciones masivas, de las marchas y los bloqueos se convierte en una necesidad impostergable en el México de hoy. El reto es encontrar el equilibrio adecuado entre el derecho a manifestarse y el respeto de los derechos de terceros, de manera que la participación social, cualquiera que sea su forma, no encuentre más obstáculo que el derecho constitucional de los demás a vivir en un ambiente adecuado y a transitar libremente.

II. Consideraciones

En el México de hoy, la participación activa de la sociedad es indispensable para el enriquecimiento continuo de la vida democrática, y es un importante indicador de los resultados de la acción del Estado, los cuales deben servir a los gobernantes para orientar el sentido de las políticas públicas en beneficio de los gobernados.

El propósito de esta iniciativa es, precisamente, buscar ese equilibrio a través de una reforma del artículo 9o. constitucional, para agregar que las asambleas y reuniones de petición o protesta a la autoridad no podrán considerarse ilegales, siempre que no afecten derechos de terceros ni obstruyan vías de comunicación.

Asimismo, se propone la adición de un tercer párrafo a efecto de establecer que las leyes locales deberán regular, en su respectivo ámbito territorial, tales manifestaciones públicas en los términos del propio 9o. constitucional, que se reforma.

III. Conclusiones

Por estas consideraciones básicas es importante reiterar que el propósito no es reprimir la manifestación popular sino, únicamente, lograr el anhelado equilibrio entre la voluntad popular y la manifestación social coyuntural, plenamente válida, y el esfuerzo diario de cada persona por salir adelante y gozar de una mejor calidad de vida.

Por todo lo expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto

Artículo Único. Se reforma el segundo párrafo y se adiciona un párrafo tercero al artículo 9o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 9o. No se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito, pero solamente los ciudadanos de la república podrán hacerlo para tomar parte en los asuntos políticos del país. Ninguna reunión armada tiene derecho de deliberar.

No se considerará ilegal, y no podrá ser disuelta una asamblea o reunión que tenga por objeto hacer una petición o presentar una protesta por algún acto a una autoridad, siempre que no se afecten derechos de terceros , no se obstruyan las vías de comunicación , no se profieran injurias o se hiciere uso de violencia o amenazas para intimidar u obligar a la autoridad a resolver en el sentido que se desee.

Las leyes locales regularán, en su respectivo ámbito territorial, las asambleas o reuniones a que se refiere el párrafo anterior en los términos señalados en él.

Artículos Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Las legislaturas locales y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal deberán expedir, en un plazo no mayor de 90 días, las leyes a que se refiere la presente reforma.

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González : Gracias, diputado Buganza. Insértese el texto íntegro de la iniciativa en el Diario de los Debates ytúrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.

CODIGO PENAL FEDERAL - CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González : Tiene la palabra la diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federaly del Código Federal de Procedimientos Penales, suscrita por los diputados Édgar Armando Olvera y Esmeralda Cárdenas Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

La diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez : Con su venia, señor Presidente.

Compañeras diputadas y compañeros diputados, vengo a nombre propio y del diputado Édgar Armando Olvera Higuera, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 222; se reforma la denominación del título décimo del libro segundo, para quedar como ``Delitos contra la función pública''; se reforman los párrafos primero y segundo del artículo 212; las fracciones I, II, III y IV del artículo 214; las fracciones I, III y IV del artículo 223; y el artículo 224, todos del Código Penal Federal.

Y se adicionan los incisos 15) Bis y 15) Ter a la fracción I del artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, a fin de fortalecer el marco jurídico en materia de combate a los delitos cometidos en contra de la función pública; misma que por la brevedad del tiempo sólo haré una presentación general, por lo que pido a la Presidencia que se inserte íntegra en el Diario de los Debates la presente iniciativa.

La corrupción es el uso indebido de la autoridad, entidad o poder público, para el beneficio privado por medio de soborno, extorsión, venta de influencia, nepotismo, fraude, cohecho o malversación, y constituye un fenómeno político, social y económico a nivel mundial. Es un mal universal que corroe las sociedades y las culturas.

Se vincula con otras formas de injusticias e inmoralidades, provoca crímenes y asesinatos, violencia y toda clase de impunidad; genera marginalidad, exclusión y miedo en los más pobres, mientras utiliza el poder en su provecho.

Afecta a la administración de justicia, a los procesos electorales, al pago de impuestos, a las relaciones económicas y comerciales, nacionales e internacionales, y a la comunicación social. Está por igual en la esfera pública como en la privada, y una y otra se necesitan y complementan.

Se liga al narcotráfico, al comercio de armas, a la venta de favores y decisiones, igual que al enriquecimiento ilícito. Además de que la corrupción refleja el deterioro de los valores y las virtudes morales, especialmente de la honradez y de la justicia, atenta contra la sociedad, el orden moral, la estabilidad democrática y el desarrollo integral de los pueblos.

La corrupción administrativa es un proceso perverso realizado por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones, que consiste en apropiarse o desviar indebidamente recursos asignados directa o indirectamente a la atención de los usuarios. Es un mal para nuestra sociedad pues destruye, debilita, desarticula, resquebraja, desintegra un proyecto nacional de Estado y de sociedad. Es así que no podemos ni debemos aceptar la corrupción porque lesiona al ente social.

En México, por ejemplo, este fenómeno ha beneficiado intereses particulares en perjuicio de los públicos, razón por la cual nuestro país ocupó en 2007 la posición número 72 a nivel mundial en la Tabla de Transparencia Internacional. En tanto, por entidad, el Distrito Federal es el estado con mayor índice de corrupción.

Es evidente que la solución al problema de la corrupción pública en México o en cualquier otro país en desarrollo no resulta tan sencilla y tampoco se limita a un esfuerzo nacional o a la voluntad política de sus líderes. Es claro que muchas de las soluciones dependen de reformas internas, pero también muchas otras dependen de la cooperación internacional en la materia.

Asimismo, no podemos negar que la alternancia política en México es un factor útil e importante en el combate a la corrupción, pero no es suficiente por sí solo sino que deben existir acciones en paralelo.

Cierto es que el gobierno mexicano en los últimos años ha redoblado esfuerzos en la lucha contra la corrupción, de hecho fue en Mérida, Yucatán, en donde se firmó el convenio de las Naciones Unidas contra la Corrupción, lo que significó una prueba del enorme esfuerzo que instituciones como la Secretaría de Relaciones Exteriores, la de la Función Pública y la Procuraduría General de la República realizaron para llevar a cabo las negociaciones congruentes con la aplicación de políticas públicas anti corrupción.

Atendiendo lo anterior es que presentamos ante esta honorable asamblea diversas reformas al Código Penal Federal y al Código Federal de Procedimientos Penales, a fin de perfeccionar el marco jurídico en combate a la corrupción, proponiendo reformar el contenido del título décimo, a fin de precisar que el bien jurídico tutelado es la función pública sin distinción alguna sobre el sujeto que lo cometa, ya sea un funcionario o un servidor público.

Asimismo, se propone ampliar la lista de servidores públicos que puedan caer en el supuesto de la norma, pertenecientes a la administración pública federal, paraestatal, a los tribunales administrativos, a la Procuraduría General de la República, así como al jefe de gobierno y a los diputados integrantes de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal por los delitos que se cometan en contra de la función pública.

Se actualizan los contenidos de los artículos que integran el título décimo, como es el caso del capítulo sobre delitos cometidos por el ejercicio indebido al servicio público, se define tanto el ofrecimiento como entrega espontánea, así como en los casos en que no exista la espontaneidad, tratándose del delito de cohecho.

Se reforma el artículo relativo al peculado, en donde se precisa que lo comete el servidor público que para usos propios o ajenos distraiga de su objeto de manera temporal o definitiva dinero, valores, fincas o cualquier bien mueble o inmueble perteneciente a los poderes federales, a la administración pública federal, a los tribunales administrativos, a la Procuraduría General de la República, a los organismos a los que la Constitución otorga autonomía, a un particular que materialmente o por cualquier título legal se encuentre a su disposición.

Además, se prevé actualizar el delito de enriquecimiento ilícito. En cuanto a este delito, se desarrollan elementos normativos a efecto de determinar cuáles son los bienes y derechos que integran el patrimonio del servidor público.

De igual forma, se establece que es ilícita la conducta del particular que haga figurar como suyos los bienes que forman parte del patrimonio considerado como ilícito, de procedencia sin comprobar.

Se incorporan en el catálogo de delitos graves previsto en el artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, los delitos de peculado, al igual que el de enriquecimiento ilícito, a fin de, en determinados casos quien comete este tipo de delitos no tenga la posibilidad de alcanzar la libertad bajo caución, entre otras cuestiones procesales.

Concretamente, se plantea establecer dicha medida de aquellos delitos en los que el monto distraído de los fondos utilizados indebidamente o del enriquecimiento ilícito exceda de las cinco mil veces el salario mínimo, para evitar la impunidad respecto de aquellas conductas cuya cuantía sea tal que constituya un grave perjuicio a la función pública.

En conclusión, el objetivo de esta iniciativa es presentar propuestas para evitar que continúe prevaleciendo la impunidad de los servidores públicos que utilizan su cargo en beneficio propio o de terceros, por lo que proponemos lo siguiente:

Perfeccionar la legislación en materia de combate a la corrupción; precisar el bien jurídico tutelado en la función pública, sin distinción alguna sobre el sujeto que lo cometa, ya sea ciudadano o un servidor público.

Sujetar a los servidores públicos a la posible comisión de delitos contra la función pública. Eliminar, en la medida de lo posible, la necesidad de acudir a otros ordenamientos jurídicos para acreditar los elementos de las conductas ilícitas descritas.

Prohibir, mediante sanciones, se actúe en contra de la función pública y garantizar el cumplimiento de los lineamientos contenidos en tres convenciones internacionales en materia de combate a la corrupción, de los que México es signatario.

En síntesis, la corrupción le cuesta a una sociedad en recursos económicos, en bienestar, en seguridad y en calidad de vida. Los costos sociales que representa la pérdida de oportunidades de crecimiento y desarrollo, la seguridad pública, tener servicios públicos deficientes y una injusta distribución del ingreso, son muy altos e imposibles de medir.

Por desgracia, el avance democrático no garantiza la eliminación de este mal y se requiere de acciones radicales que modifiquen de manera profunda este marco institucional, ya que se está minando la credibilidad que la sociedad tiene en sus dirigentes y en sus políticas públicas, y que nos puede condenar a un gobierno de bajo crecimiento, menor bienestar y mayores desigualdades.

Finalmente, es importante señalar que esta iniciativa contiene algunas propuestas hechas en su momento por el diputado Francisco Barrios Terrazas en la LIX Legislatura, las cuales se han enriquecido para mejorar en su alcance. Es cuanto, diputada Presidenta.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de los Códigos Penal Federal, y Federal de Procedimientos Penales, suscrita por los diputados Esmeralda Cárdenas Sánchez y Édgar Armando Olvera Higuera, del Grupo Parlamentario del PAN

Los suscritos, diputados Esmeralda Cárdenas Sánchez y Edgar Armando Olvera Higuera , integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LX Legislatura, de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, sometemos a la consideración de este honorable Congreso de la Unión, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adicionan diversas disposiciones del Código Penal Federal y del Código Federal de Procedimientos Penales, a fin de fortalecer el marco jurídico en materia de combate a los delitos cometidos en contra de la función pública, misma que se fundamenta y motiva bajo la siguiente

Exposición de Motivos

El funcionario público, siervo de la nación, está obligado a transparentar sus ingresos, su origen, su monto frente a los mexicanos. Escamotear esa información mediante el cobijo de la ley que ampara el secreto implica necesariamente un agravio.

José María Morelos y Pavón

La corrupción ha acompañado al ser humano desde tiempos inmemoriales. Podríamos decir, sin temor a equivocarnos, que desde que el hombre se puso en pie. La corrupción nace y se desarrolla desde las más altas fuentes del poder, cuna mayor, donde se potencializa la corrupción, poder absoluto, corrupción absoluta. Esta corrupción que emana desde las fuentes del poder, con el tiempo, se extiende a todas las clases sociales.

La corrupción es el uso indebido de la autoridad, entidad o poder público, para el beneficio privado por medio de soborno, extorsión, venta de influencia, nepotismo, fraude, cohecho o malversación ¹ . Una definición en sentido general, según Kauffman, es la utilización o abuso de un cargo público en beneficio propio. Por su parte, Van Klaveren define la corrupción como la utilización de cargos públicos como una plataforma para obtener ingresos ilegales. Transparencia Internacional la define de acuerdo con Gianfranco Pasquino: ``se designa como corrupción al fenómeno por medio del cual un funcionario público es impulsado a actuar de modo distinto a los estándares normativos del sistema para favorecer intereses particulares a cambio de una recompensa. Corrupto es por tanto el comportamiento desviado de aquel que ocupa un papel en la estructura estatal'' (Transparencia Internacional Latinoamericana y el Caribe, 1999).

Como puede percibirse, la corrupción constituye un fenómeno político, social y económico a nivel mundial. Es un mal universal que corroe las sociedades y las culturas, se vincula con otras formas de injusticias e inmoralidades, provoca crímenes y asesinatos, violencia, muerte y toda clase de impunidad; genera marginalidad, exclusión y miedo en los más pobres, mientras utiliza legítimamente el poder en su provecho.

Afecta a la administración de justicia, a los procesos electorales, al pago de impuestos, a las relaciones económicas y comerciales, nacionales e internacionales, y a la comunicación social. Está por igual en la esfera pública como en la privada, y una y otra se necesitan y complementan. Se liga al narcotráfico, al comercio de armas, al soborno, a la venta de favores y decisiones, al tráfico de influencias, al enriquecimiento ilícito. Además de que la corrupción refleja el deterioro de los valores y virtudes morales, especialmente de la honradez y de la justicia, atenta contra la sociedad, el orden moral, la estabilidad democrática y el desarrollo integral de los pueblos.

Sabido es de todos que la corrupción no es exclusiva de una época histórica determinada ni de países centralizados, federados, desarrollados o subdesarrollados. El fenómeno ha socavado también en muchos países del primer mundo ² y las prácticas comerciales internacionales de algunas de las mayores potencias económicas, también han influido en la expansión de la corrupción en los países en vías de desarrollo ³ . Así pues, es un hecho incontrovertible que la corrupción es un fenómeno que ha existido desde tiempos inmemoriales en todos los sistemas políticos. Es más, autores como Heidenheimer consideran al fenómeno como endémico en todas las formas de gobierno ⁴ . Ni siquiera el estado democrático de derecho escapa a este grave problema, aunque teóricamente el mismo se funda sobre el principio de la investidura de los gobernantes por los gobernados, a través de elecciones libres y en el sometimiento de los primeros a un marco de legalidad, el cual es puesto en entredicho cuando se presenta el fenómeno de la corrupción ⁵ .

Como muchos otros países democráticos, México no ha sido la excepción a este problema. La corrupción en el sector público y el desvío de los recursos sociales y estatales son un hecho que si bien es cada vez menos frecuente, sigue existiendo, mermando por ende las bases de legitimidad de las autoridades de cualquier nivel de gobierno, abriendo además, una brecha de dimensiones a veces desconocidas, entre voluntad popular y acto de gobierno.

La corrupción administrativa en México existe desde la época de la colonización. Con el fin de encontrar riqueza, y a medida de que las sociedades van avanzando, aparecen más elementos para hacer comparaciones en los niveles de vida de los individuos este mal se agudiza más, y hoy día es uno de los temas obligatorios de políticos, religiosos, filósofos y pensadores de todo índole.

Podríamos definir a la corrupción administrativa como el traspaso indebido de recursos desde un fin legítimo a otro ajeno a las finalidades del servicio público. Asimismo, se define por su actor principal, el funcionario público (o los políticos que ejercen funciones administrativas), de manera que el político que asume un cargo administrativo también pasa a ser sujeto posible de la corrupción administrativa.

En síntesis, la corrupción administrativa es un proceso perverso realizado por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones, que consiste en apropiarse o desviar indebidamente recursos asignados directa o indirectamente a la atención de los usuarios, y puede asumir, además, las formas veladas de la ineficiencia deliberada o no deliberada y de actos conforme a las normas que implican el mismo efecto de desviar recursos de su destino legítimo.

En México por ejemplo, este fenómeno ha beneficiando intereses particulares en perjuicio de los públicos, razón por la cual nuestro país ocupa la posición número 65 a nivel mundial en la tabla de Transparencia Internacional, en tanto que en la entidad nacional, el Distrito Federal es el estado con mayor índice de corrupción.

La Encuesta Nacional de Corrupción y Buen Gobierno (ENCBG) por trámite 2001 y 2003 registró casi 214 millones de actos de corrupción en el uso de servicios públicos anualmente.

Por desgracia, todavía existen oficinas de gobierno y empresas paraestatales que se han convertido en fuentes de ineficiencia y corrupción. Los ejemplos de enriquecimiento desmedido a costa de puestos o cargos públicos en México siguen siendo noticia común en la actualidad, ya que muchos de quienes obtuvieron posiciones clientelares dentro del Estado, las siguen utilizando para amasar grandes riquezas a costa de los mexicanos. Actualmente se estima que el país pierde 9.5 por ciento del producto interno bruto a causa de la corrupción ⁶ .

Por otra parte, Transparencia Mexicana calcula que en ``mordidas'' nada más, México pierde anualmente mil millones de pesos.

Desafortunadamente, nadie es ajeno a las condiciones socioeconómicas que existen en México; la pobreza alcanza, por mucho, el cincuenta por ciento de la población. Si se pretende alcanzar un crecimiento sostenido que permita combatirla deberá ponerse de manifiesto el protagonismo que tiene el fenómeno de la corrupción.

Es evidente que la solución al problema de la corrupción pública en México, o en cualquier otro país en desarrollo, no resulta tan sencilla y tampoco se limita a un esfuerzo nacional o a la voluntad política de sus líderes. Es claro que muchas de las soluciones dependen de reformas internas, pero también, muchas otras dependen de la cooperación internacional en la materia.

Por ejemplo, en el contexto internacional actual, cualquier cruzada contra la corrupción interna de un país se verá incompleta si no está acompañada por la implementación de instrumentos penales de carácter multilateral que proporcionen medidas sobre extradición, homogenización de los tipos penales más frecuentes, asistencia jurídica mutua y repatriación de los bienes producto de la corrupción, entre otras disposiciones. Hasta hace muy pocos años, las únicas iniciativas internacionales en la materia podrían ser catalogadas como normas soft law ⁷ , es decir, declaraciones multilaterales que más allá de expresar la voluntad y buena fe de los Estados signatarios, no tenían ningún efecto vinculante para los mismos. Esto ha cambiado en las últimas décadas, y en la actualidad existen una serie de iniciativas internacionales vigentes y algunas otras en desarrollo, con el único objetivo de internacionalizar la lucha contra la corrupción.

Si bien es cierto, la corrupción ha sido estudiada desde muchas perspectivas; una de ellas es la ``perspectiva de la modernización'', según la cual, la corrupción es resultado de la ausencia de una institucionalización política efectiva ⁸ . Es considerada como una patología social endémica en los regímenes políticos no evolucionados, se considera que a mayor grado de desarrollo o de modernización de una sociedad, menor será el grado de corrupción que se dé en esta ⁹ . Esta patología social puede expandirse en periodos donde una sociedad crece o se desarrolla rápidamente, debido entre otras cosas, al cambio repentino en el esquema de valores, las nuevas fuentes de riqueza y la expansión de la administración. ¹⁰

Es por ello indispensable, si no la erradicación de la corrupción en México, sí su ataque frontal y de forma profunda, frenando su expansión, acotando sus alcances y, quizá lo más importante, reconociéndole ante la cultura ciudadana, bajo el ejercicio de la autocrítica, del autoreconocimiento, ya que ``si predominan los intereses de las organizaciones sociales, existe una tendencia fuerte al soborno; si las organizaciones estatales no tienen el contrapeso de las sociales, aquella tenderán al abuso de poder y a la extorsión''. ¹¹

Pobreza y corrupción parecen estar íntimamente ligadas la una a la otra. Sin embargo, el estudio del fenómeno de la corrupción también nos lleva a descubrir que, aunque parecen dos hermanas inseparables, la corrupción suele tener su propio poderío sin la otra. Verbigracia, en los países desarrollados existe corrupción sin que exista necesariamente la pobreza.

Aunque como ya se ha definido, es un fenómeno universal que en todos los tiempos y en todas las culturas, en México tiene características diferentes; por una parte es un fenómeno aparentemente general en todos los niveles de nuestra sociedad, y por otra tiene connotaciones muy profundas tanto en las mentes de los ciudadanos como en las estructuras del Estado.

En principio es un mal para nuestra sociedad, porque destruye, debilita, desarticula, resquebraja, desintegra un proyecto nacional de Estado y de sociedad. Es así que no podemos ni debemos aceptar la corrupción porque lesiona al ente social. De acuerdo con este principio, generalmente se han hecho muchos juicios sobre la corrupción en México. Sin embargo, creemos que es necesario ir más allá de esta realidad evidente y buscar respuestas más profundas, que nos puedan dar claridad sobre un fenómeno que ha sido constante en los últimos siglos de nuestro país, y que tal parece es el origen de todos nuestros males.

Luego entonces, y considerando los señalamientos de Transparencia Internacional, podemos precisar entre otras, tres causas formales de importancia que generan a la corrupción ¹² :

Cierto es que el gobierno mexicano, en los últimos años, ha redoblado esfuerzos en la lucha contra la corrupción. De hecho, fue en Mérida, Yucatán, el lugar donde se firmó el Convenio de las Naciones Unidas contra la Corrupción, lo que significó una prueba del enorme esfuerzo que instituciones como la Secretaría de Relaciones Exteriores, la de la Función Pública y la Procuraduría General de la República, realizaron para llevar a cabo las negociaciones congruentes con la aplicación de políticas públicas anticorrupción.

Asimismo, no podemos negar que la alternancia política en México es un factor útil e importante en el combate a la corrupción, pero no es suficiente por sí solo, sino que deben existir acciones en paralelo. Según Federico Reyes Heroles, ``el reto del combate de la corrupción no es exclusivamente administrativo o legal, sino también de orden educativo, ya que el cambio de actitud de la sociedad mexicana debe ir enfocado también al cambio en la actitud de civilidad de la ciudadanía'' ¹³ . De cualquier forma, las elecciones del 2000 abrieron las puertas para una mayor fiscalización de la actividad de gobierno.

En conclusión, el objetivo de esta iniciativa es presentar propuestas para evitar que continué prevaleciendo la impunidad de los servidores públicos que utilizan su cargo en beneficio propio y de terceros, por lo que proponemos lo siguiente:

En síntesis, la corrupción le cuesta a una sociedad en recursos económicos, en bienestar, en seguridad y en calidad de vida. Los costos sociales que representan la pérdida de oportunidades de crecimiento y desarrollo, la seguridad pública, tener servicios públicos deficientes y una injusta distribución del ingreso son muy altos e imposibles de medir. Por desgracia, el avance democrático no garantiza la eliminación de este mal y se requiere de acciones radicales que modifiquen de manera profunda este marco institucional, ya que se está minando la credibilidad que la sociedad tiene en sus dirigentes y en sus políticas públicas, y que nos puede condenar a un gobierno de bajo crecimiento, menor bienestar y mayores desigualdades.

Para que un país goce de crecimiento y credibilidad es necesario que exista una justicia fiable, expedita, eficiente, barata y predecible; y en México, lamentablemente, no la hemos alcanzado, por lo que se debe combatir la corrupción y que la sociedad civil participe más activamente en la lucha contra ella, para vigilar y exigir transparencia y claridad en el actuar de los servidores públicos.

Atendiendo a lo anterior es que presentamos ante esta honorable asamblea diversas reformas al Código Penal Federal y al Código Federal de Procedimientos Penales, a fin de perfeccionar el medio jurídico procesal en materia de combate a la corrupción, proponiendo reformar el contenido del Título Décimo, a fin de precisar que el bien jurídico tutelado es la función pública, sin distingo alguno sobre el sujeto que lo cometa, ya sea un ciudadano o el servidor público.

Asimismo, se propone amplificar el elemento normativo relativo al servidor público, a efecto de abarcar a los servidores o funcionarios que actualmente no estuvieren contemplados en el Código Penal Federal, como pudieran ser los que conforman la administración pública federal paraestatal, de los tribunales administrativos, de la Procuraduría General de la República, así como el jefe del Gobierno y los diputados integrantes de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, por los delitos que se cometan en contra de la función pública.

Se actualizan los contenidos de los artículos que integran el Titulo Décimo, como es el caso del capítulo sobre delitos cometidos por el ejercicio indebido del servicio público; así como también, se define tanto el ofrecimiento o entrega espontánea como en los casos en que no exista la espontaneidad en tratándose del delito de cohecho; y se reforma el artículo relativo al peculado en donde se precisa que lo comete el servidor público que para usos propios o ajenos distraiga de su objeto, de manera temporal o definitiva, dinero, valores, fincas o cualquier bien mueble o inmueble perteneciente a los Poderes federales, a la administración pública federal, a los tribunales administrativos, a la Procuraduría General de la República, a los organismos a los que la Constitución otorgue autonomía, o a un particular, que materialmente o por cualquier título legal se encuentre a su disposición.

Además, se prevé actualizar el delito de enriquecimiento ilícito, en cuanto a este delito se desarrollan elementos normativos a efecto de determinar, cuales son los bienes y derechos que integran el patrimonio del servidor público, de igual forma se establece que es ilícita la conducta del particular que haga figurar como suyos los bienes que forman parte del patrimonio considerado ilícito, de procedencia sin comprobar e ilícita.

Por último, se incorpora en el catálogo de delitos graves previsto en el artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, los delitos de peculado al igual que el enriquecimiento ilícito, a fin de que, en determinados casos, quien comenta este tipo delitos no tenga posibilidad de alcanzar la libertad bajo caución, entre otras cuestiones procesales. Concretamente, se plantea establecer dicha medida, respecto de aquellos delitos en que el monto de lo distraído de los fondos utilizados indebidamente o del enriquecimiento ilícito, exceda de 5000 veces el salario minino, ello con el objetivo de evitar impunidad respecto de aquellas conductas cuya cuantía sea tal, que constituya un grave perjuicio a la función pública.

Asimismo, el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, atendiendo a sus principios doctrinales, considera que tanto el Estado como la comunidad deben garantizar el cuidado y mantenimiento del patrimonio de nuestra nación y hacer factible el cumplimiento de esa obligación, y en consecuencia evitar toda forma de corrupción y malversación de los bienes propios de la función pública.

Finalmente, cabe señalar que la presente iniciativa retoma diversas propuestas presentadas en su momento por el diputado Francisco Barrio Terrazas de la LIX Legislatura, mismas que para efectos de la presente iniciativa se enriquecen en cuanto a su contenido y alcance.

En tal sentido es que acudimos a esta soberanía a presentar, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 55 fracción II, 56, 62 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal Federal y del Código Federal de Procedimientos Penales, a fin de fortalecer el marco jurídico en materia de combate a los delitos cometidos en contra de la función pública

Artículo Primero. Se adiciona un párrafo al artículo 222; se reforma la denominación del Titulo Décimo del Libro Segundo para quedar como ``Delitos contra la Función Pública'', el párrafo primero y segundo del artículo 212, las fracciones I, II, III y VI del artículo 214, las fracciones I, III y IV del artículo 223, y el artículo 224, todos del Código Penal Federal, para quedar como sigue

Titulo Décimo Delitos contra la Función Pública Capítulo I Reglas Generales

Artículo 212. Para los efectos de este código, es servidor público toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión, remunerado o no , en las dependencias y entidades que conforman la administración pública federal centralizada y paraestatal; aquéllas personas que bajo cualquier título se encuentren adscritas a los órganos de los Poderes Legislativo y Judicial federal, así como quienes presten sus servicios en tribunales administrativos, en la Procuraduría General de la República o en los organismos a los que la Constitución otorgue autonomía, y toda persona que administre, aplique, custodie o maneje recursos económicos federales.

Las disposiciones contenidas en el presente titulo son aplicables a los gobernadores de los estados, al jefe del Gobierno del Distrito Federal, a los diputados a las legislaturas locales y de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, así como a los magistrados de los tribunales de justicia de los estados y del Distrito Federal , por la comisión de los delitos previstos en este título en materia federal.

...

Artículo 214. ...

Artículo 222. ...

Al que comete el delito de cohecho se le impondrán las siguientes sanciones:

Cuando la cantidad o el valor de la dádiva o promesa no exceda del equivalente de quinientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito, o no sea valuable, se impondrán de tres meses a dos años de prisión, de treinta a trescientos días multa y destitución e inhabilitación de tres meses a dos años, para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.

Cuando la cantidad o el valor de la dádiva, promesa o prestación exceda de quinientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito, se impondrán de dos a catorce años de prisión, de trescientos a mil días multa y destitución e inhabilitación de dos a catorce años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.

En ningún caso se devolverá a los responsables del delito de cohecho, el dinero o dádivas entregadas, las mismas se aplicarán en beneficio del Estado.

Artículo 223. ...

Artículo 224. Comete delito de enriquecimiento ilícito quien durante el tiempo de su empleo, cargo o comisión en el servicio público incremente su patrimonio, en forma que no guarde proporción con los ingresos legítimos que haya percibido.

Para los efectos de este delito se considerarán, como parte del patrimonio del servidor público, los bienes y derechos sobre los cuales tenga la propiedad, dominio, posesión o respecto de los cuales se conduzca como dueño.

También se considerarán como parte del patrimonio del servidor público, los bienes y derechos que en iguales condiciones tengan su cónyuge, concubina o concubinario y dependientes económicos directos, a menos que acredite que éstos los adquirieron lícitamente con sus propios recursos económicos.

Incurre en responsabilidad, asimismo, cualquier persona que haga figurar como suyos bienes que formen parte del patrimonio considerado ilícito.

El incremento patrimonial que se describe en párrafos anteriores, sólo será sancionable cuando el servidor público no pudiere justificar la legítima procedencia de los bienes que lo componen.

Al que cometa el delito de enriquecimiento ilícito se le impondrán las siguientes sanciones:

Decomiso en beneficio del Estado de aquellos bienes cuya procedencia no se logre acreditar.

Cuando el monto a que ascienda el enriquecimiento ilícito no exceda del equivalente de cinco mil veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal, se impondrán de tres meses a dos años de prisión, multa de treinta a trescientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal al momento de cometerse el delito y destitución e inhabilitación de tres meses a dos años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.

Cuando el monto a que ascienda el enriquecimiento ilícito exceda del equivalente de cinco mil veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal, se impondrán de dos a catorce años de prisión, multa de trescientas a quinientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal al momento de cometerse el delito, y destitución e inhabilitación de dos a catorce años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.

Artículo Segundo. Se adiciona los incisos 15) Bis y 15) Ter, a la fracción I del artículo 194, del Código Federal de Procedimientos Penales, para quedar como sigue:

Artículo 194. ...

...

Transitorios

Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo. A las personas que hayan cometido un delito de los contemplados en el presente decreto, con anterioridad a su entrada en vigor, incluidas las procesadas y sentenciadas, les serán aplicadas las disposiciones vigentes en el momento en que se hayan cometido, sin perjuicio de aplicar, cuando proceda, lo previsto en el artículo 56 del Código Penal Federal.

Notas: 1. Programa para el Desarrollo, Naciones Unidas, La lucha en contra de la corrupción para mejorar la gobernabilidad 1999. 2. Ferré Olivé, Juan Carlos. Corrupción y delitos contra la administración pública . Ferré Olivé, Juan Carlos; Musco, Enzo; Almeida Cabral, Jorge, Kunicka-Michalska y otros. Fraude y corrupción en la administración pública. Delitos financieros, fraude y corrupción en Europa, volumen III . Universidad de Salamanca, 2003, página 13. 3. Malem Seña, Jorge F. El fenómeno de la corrupción . Laporta, Francisco J. y Silvina Alvarez, La Corrupción Política , Alianza Editorial, Madrid, 1997, página 71. 4. Laporta, Francisco J. y Alvarez, Silvina. La corrupción política . Alianza Editorial, Madrid, 1997, página 19. 5. Diez Picazo, Luis María. La criminalidad de los gobernantes . Biblioteca de bolsillo, Madrid, 2000, páginas 20-21. 6. Según Francisco Barrio, el entonces secretario de la Contraloría y Desarrollo Administrativo (Secodam), México pierde, por la corrupción que existe en el país, el equivalente al 9.5 por ciento del PIB. El monto señalado significa un equivalente a 54.1 mil millones de dólares, al 37.6 por ciento del gasto de gobierno para el año 2001, al 37.1 por ciento de los activos de la banca nacional, al 33.7 por ciento de la deuda externa del país, o al salario anual de 12.3 millones de trabajadores que ganen tres salarios mínimos. Este porcentaje es significativo si se toma en cuenta que el rubro en el que más gasta el gobierno de México es el de la educación, y este sólo alcanza el 6 por ciento del PIB. Reforma, México. Pierde México por corrupción , 21 de febrero del 2001. 7. Aiolfi, Gemma & Pieth, Mark. How to make a convention work: the organization for economic cooperation and development recommendation and convention on bribery as an example of a new horizon in international law ''. Fijnaut, Cirille and Huberts, Leo. Corruption, integrity and law enforcement ''. Kluwer Law International. The Hague, 2002, páginas 350- 351. 8. Huntington, P. Samuel. Modernization and corruption . Heidenheimer, Arnold J. & Johnston, Michael, Political corruption: concepts and contexts . Transaction Publishers, 2002. 9. Laporta, Francisco J. y Álvarez Silvina. ``La corrupción política ''. op. cit. página 20. 10. Ibídem, página 25. 11. Garzón Valdés, Ernesto. Acerca del concepto de Corrupción . Laporta, Francisco J. y Alvarez, Silvina. La corrupción política , op. cit. página 62. 12. Transparencia Internacional, América Latina y el Caribe (1996). op. cit. página 12. 13. Reforma, México. Ven resultados en dos años en información , 27 de abril del 2002.

Presidencia de la diputada Ruth Zavaleta Salgado

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Gracias, diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez.Túrnese a la Comisión de Justicia.

Esta Presidencia les da la más cordial bienvenida a todos los distinguidos invitados de la Coalición Nacional de Trabajadores del INEGI.

LEY FEDERAL DE RADIO Y TELEVISION

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Se concede el uso de la tribuna a la diputada María Sofía Castro Romero, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Radio y Televisión.

La diputada María Sofía del Perpetuo Socorro Castro Romero : Con su permiso, señora Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Adelante, diputada.

La diputada María Sofía del Perpetuo Socorro Castro Romero : Compañeros diputados y compañeras diputados:

La suscrita, diputada federal María Sofía Castro Romero , del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 55, fracción II, y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona la fracción V al artículo 5 y reforma el artículo 59 de la Ley de Radio y Televisión, con objeto de promover la eliminación de estereotipos en función del sexo de las personas en las transmisiones de estos medios de comunicación, conforme a la siguiente exposición de motivos:

A lo largo de su historia, los medios de comunicación han reproducido los estereotipos de lo femenino y lo masculino mediante la emisión de contenidos con representaciones que fortalecen las iniquidades entre mujeres y hombres.

Cuando hablamos de estereotipos nos referimos al conjunto de creencias sobre las características de todas las personas que integran un grupo. Así, los estereotipos de género son el conjunto de creencias acerca de lo que significa ser hombre o ser mujer.

De esta manera, los estereotipos de género que se manifiestan en los medios muestran a las mujeres básicamente orientadas a los aspectos emocionales y afectivos, como si sólo les fuera posible desarrollar roles de esposas, madres y amas de casa.

Esto lleva a exaltar características, rasgos o cualidades asignadas socioculturalmente al sexo femenino, tales como la ternura, delicadeza, dependencia, inseguridad, indecisión, seducción, coquetería, belleza, entre otras. Al tiempo que se subestiman otras características, como son iniciativa, inteligencia, independencia y asertividad para tomar decisiones.

Por el contrario, a los varones se les asigna el rol de proveedores económicos, aunque esto no necesariamente ocurre en los tiempos actuales. Así, se destaca en ellos la capacidad racional y el manejo del poder, lo que conlleva a la exaltación de calidades como inteligencia, control de cualquier evento, asertividad, audacia, independencia, dominación, fuerza, etcétera.

En la televisión observamos a las mujeres desempeñando papeles de sometimiento, sumisión, mientras que el poder y el estatus quedan reservados a los varones.

Al reforzar la imagen subordinada, abnegada, de las mujeres y al reproducir mensajes sexistas, los medios contribuyen a fomentar la violencia o, por lo menos, justificarla.

Es notable la diferencia de características que socialmente se asigna a cada sexo. El modelo masculino aparece como el ideal al que cualquier persona debería aspirar. Un modelo prestigioso, poderoso y prepotente que anula, invisibiliza o subordina al femenino.

Los estereotipos han funcionado durante muchos años como fuertes obstáculos para que las mujeres sean tratadas de manera digna y equitativa, y como limitantes de sus derechos a la igualdad de oportunidades en la educación, el trabajo, la familia y la sociedad, de tal suerte que los estereotipos de género se han erigido en agentes de desigualdad y discriminación entre los sexos, impidiendo su desarrollo personal e integral.

Por tanto, buscar alternativas para cambiar los viejos prejuicios y estereotipos sobre los papeles que mujeres y hombres cumplen como parte de la familia, la escuela, el trabajo y los distintos ámbitos en que participan constituye una prioridad impostergable.

Aún cuando los medios también han mostrado cómo las mujeres han ganado espacios en distintos ámbitos que anteriormente eran exclusivos de los hombres, no se ha operado un cambio significativo en los contenidos de los mensajes mediáticos.

Ante ello es importante mencionar que el análisis de los contenidos en los medios de comunicación fue uno de los temas centrales plasmados en la plataforma de acción de la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer, en Beijing, China, celebrada en 1995, a cuyos compromisos se sumó México.

Sin embargo, no ha sido posible aterrizarlos en la práctica, tal y como se marca en el Capítulo J de tal documento, que hace referencia a la necesidad de suprimir la proyección constante de imágenes negativas y denigrantes de la mujer en todos los medios de comunicación, sean electrónicos, impresos, visuales o sonoros.

De acuerdo con el documento base de la conferencia, el objetivo estratégico en relación con los medios es fomentar una imagen equilibrada y no estereotipada de la mujer en los medios de difusión y hace un llamado a involucrarse en esta tarea a los gobiernos, a los medios de comunicación, a las agencias de publicidad, al sector privado y a las organizaciones de la sociedad civil.

En el mismo documento, en su Apartado 243, destaca la importancia de difundir información tendiente a eliminar el abuso doméstico de cónyuges y de niños, y todas las formas de violencia contra la mujer, incluyendo la violencia en el hogar.

En México se cuenta también con leyes y acuerdos nacionales que respaldan la necesidad de crear espacios que fomenten la erradicación de todos los tipos de violencia, dignifique los derechos humanos de la mujer y promuevan la igualdad de acceso y el pleno disfrute de los derechos sociales para las mujeres y los hombres.

Por lo anterior, someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que modifica la Ley de Radio y Televisión

En los siguientes términos:

Único. Se adiciona la fracción V al artículo 5o., y se reforma el artículo 59, ambos de la Ley Federal de Radio y Televisión, para quedar como sigue:

Artículo 5o. ...

V. Fomentar la eliminación de estereotipos establecidos en función de sexo.

Artículo 59. Las estaciones de radio y televisión deberán efectuar transmisiones gratuitas diarias con duración hasta de 30 minutos continuos o discontinuos dedicados a difundir temas educativos, culturales, de orientación social, y fomentar la eliminación de estereotipos establecidos en función de sexo. El Ejecutivo federal señalará a la dependencia que deba proporcionar el material para el uso de dicho tiempo y las emisiones serán coordinadas por el Consejo Nacional de Radio y Televisión.

Transitorio. Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Radio y Televisión, a cargo de la diputada María Sofía Castro Romero , del Grupo Parlamentario del PAN

El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, a través de la suscrita, diputada federal María Sofía Castro Romero , perteneciente a la LX Legislatura de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 55, fracción II, y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción V al artículo 5 y se reforma el artículo 59 de la Ley de Radio y Televisión, con objeto promover la eliminación de estereotipos en función del sexo de las personas en las transmisiones de estos medios de comunicación, conforme a la siguiente

Exposición de Motivos

La radio y la televisión son instrumentos de comunicación que permiten contar con información, esparcimiento y toma de conciencia para formar opinión pública. Lo que transmiten influye en la vida diaria, ya que tienen un efecto emotivo e ideológico en el modo en que concebimos el mundo. Por medio de ellos hemos aprendido y unificado aspiraciones; construido imaginarios sociales, familiares y laborales, en donde cada personaje tiene un lugar determinado en la estructura en que se desenvuelve.

Sin intención de generalizar, en los medios, la mirada centrada en el hombre permea la mayoría de sus contenidos. Es ahí donde se encuentran los estereotipos que generan, de manera silenciosa, la violencia de género aceptada y promovida de manera social y políticamente ``correcta''.

Lo anterior lo vemos a diario sin necesidad de tener algunas escenas de violencia explícita, pero que a la larga nos habrán formado como mujeres y hombres acostumbrados a relaciones de género desiguales y violentas, marcadas por el poder de unos sobre otras.

A lo largo de su historia, los medios de comunicación han reproducido los estereotipos de lo femenino y lo masculino mediante la emisión de contenidos con representaciones sexistas, fortaleciendo con ello las inequidades entre mujeres y hombres. Cuando hablamos de estereotipos nos referimos al conjunto de creencias sobre las características de todas las personas que integran un grupo. Así, los estereotipos de género son el conjunto de creencias acerca de lo que significa ser hombre o ser mujer.

De esta manera, los estereotipos de género que se manifiestan en los medios muestran a las mujeres básicamente orientadas a los aspectos emocionales y afectivos, como si sólo les fuera posible desarrollar roles de esposas, madres y amas de casa. Esto lleva a exaltar características, rasgos o cualidades asignadas socioculturalmente al sexo femenino. Tales como la ternura, delicadeza, dependencia, inseguridad, indecisión, seducción, coquetería, belleza, entre otras. Al tiempo que se subestiman otras características: iniciativa, inteligencia, independencia y asertividad para tomar decisiones, entre otras.

Por el contrario, a los varones se les asigna el rol de proveedores económicos (aunque esto no necesariamente ocurre en los tiempos actuales). Así, se destaca en ellos la capacidad racional y el manejo del poder, lo que conlleva a la exaltación de cualidades como inteligencia, control de cualquier evento, asertividad, audacia, independencia, dominación, fuerza, etcétera.

En la televisión, observamos a las mujeres desempeñando papeles de sometimiento o sumisión, mientras que el poder y es estatus quedan reservados a los varones. Al reforzar la imagen subordinada, abnegada de las mujeres, y al reproducir mensajes sexistas, los medios contribuyen a fomentar la violencia, o por lo menos a justificarla.

Es notable la diferencia de características que socialmente se asigna a cada sexo. Vistas en conjunto, poseen una fuerte carga simbólica o de significado en cuanto al valor y el estatus del grupo. Así, el modelo masculino aparece como el ``ideal'' al que cualquier persona debería aspirar; un modelo prestigioso, poderoso y prepotente que anula, invisibiliza o subordina al femenino. A partir de esta concepción sesgada y parcial, tanto mujeres como hombres salen perdiendo. En ambos casos hay capacidades humanas que socialmente se les niegan por el hecho de pertenecer a uno u otro sexo.

Los estereotipos han funcionado durante muchos años como fuertes obstáculos para que las mujeres sean tratadas de manera digna y equitativa, y como limitantes de sus derechos a la igualdad de oportunidades en la educación, el trabajo, la familia y la sociedad. En tanto que a los varones les ha negado el derecho a expresar sus afectos bajo el supuesto de la fortaleza y la insensibilidad. De tal suerte que los estereotipos de género se han erigido en agentes de desigualdad y discriminación entre los sexos impidiendo su desarrollo personal e integral.

Los estereotipos de género suelen derivar en situaciones de violencia familiar, inequidad, discriminación y desigualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, problemática que podría extenderse del interior de los hogares hacia las instituciones públicas o privadas, escuelas, empresas y a la sociedad en su conjunto; con las consecuentes desventajas para las mujeres y, en muchas ocasiones, también para los hombres. Por tanto buscar alternativas para cambiar los viejos prejuicios y estereotipos sobre los papeles que mujeres y hombres cumplen como parte de la familia, la escuela, el trabajo y los distintos ámbitos en que participan constituye una prioridad impostergable.

Afortunadamente, los medios de comunicación no sólo se conciben como agentes generadores de estereotipos, sino también como promotores de la diversidad, del multiculturalismo y, sobre todo, del cambio relativo a la equidad de género. Con un adecuado manejo informativo y una transmisión de imágenes no sexistas, los medios de comunicación pueden ser grandes aliados en el hacer conciencia de la violencia, en buscar un cambio de conductas más equitativas, en la denuncia, pero también en la promoción e incluso exigencia de generar programas y políticas públicas que no deben estar dirigidos exclusivamente a mujeres puesto que los hombres también tienen importantes carencias en el tema.

Aun cuando los medios también han mostrado cómo las mujeres han ganado espacios en distintos ámbitos, que anteriormente eran exclusivos de los hombres, no se ha operado un cambio significativo en los contenidos de los mensajes mediáticos. Por ello es necesario comenzar a responsabilizarse de su aportación en el reforzamiento de estereotipos y actitudes que alimentan la cultura de la inequidad y de dominio de un género sobre otro.

Ante ello es importante mencionar que el análisis de los contenidos en los medios de comunicación fue uno de los temas centrales plasmados en la Plataforma de Acción de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, de Beijing, China, celebrada en 1995, a cuyos compromisos se sumó México. Sin embargo, no ha sido posible aterrizarlos en la práctica, tal y como se marca en el capítulo J de tal documento, que hace referencia a la necesidad de ``suprimir la proyección constante de imágenes negativas y denigrantes de la mujer en los medios de comunicación, sean electrónicos, impresos, visuales o sonoros''.

De acuerdo con el documento base de la conferencia, el objetivo estratégico en relación con los medios es ``fomentar una imagen equilibrada y no estereotipada de la mujer en los medios de difusión'', y hace un llamado a involucrarse en esta tarea a los gobiernos, a los medios de comunicación, a las agencias de publicidad, al sector privado y a las organizaciones de la sociedad civil.

En el mismo documento, en su apartado 243, destaca la importancia de difundir información tendiente a ``eliminar el abuso doméstico de cónyuges y niños y todas las formas de violencia contra la mujer, incluso la violencia en el hogar''.

En México se cuenta también con leyes y acuerdos nacionales que respaldan la necesidad de crear espacios que fomenten la erradicación de todos los tipos de violencia, dignifiquen los derechos humanos de la mujer y promuevan la igualdad de acceso y el pleno disfrute de los derechos sociales para las mujeres y los hombres.

En este sentido, en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia se menciona que corresponde al Estado garantizar a las mujeres la erradicación de la violencia en la comunidad, a través de, entre otras cosas, ``la reeducación libre de estereotipos y la información de alerta sobre el estado de riesgo que enfrentan las mujeres en una sociedad desigual y discriminatoria''.

Asimismo, se encuentra la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres que establece como objetivo de la política nacional la eliminación de estereotipos que fomentan la discriminación y la violencia contra las mujeres. Y de la misma forma, para el presente sexenio el gobierno federal ha establecido el Acuerdo Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres con el que llama a los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, a los gobiernos estatales, a la academia, a las entidades públicas y privadas y la sociedad civil a dar prioridad efectiva a la promoción de la igualdad de trato y oportunidades entre hombres y mujeres para alcanzar la democracia con equidad social y de género.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente

Iniciativa que modifica la Ley de Radio y Televisión, en los siguientes términos:

Único. Se adiciona una fracción V al artículo 5 y se reforma el artículo 59, ambos de la Ley Federal de Radio y Televisión, para quedar como sigue:

Artículo 5 .-...

Artículo 59. Las estaciones de radio y televisión deberán efectuar transmisiones gratuitas diarias, con duración hasta de 30 minutos continuos o discontinuos, dedicados a difundir temas educativos, culturales, de orientación social y fomentar la eliminación de estereotipos establecidos en función del sexo . El Ejecutivo federal señalará la dependencia que deba proporcionar el material para el uso de dicho tiempo y las emisiones serán coordinadas por el Consejo Nacional de Radio y Televisión.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Gracias, diputada María Sofía Castro Romero.Túrnese a la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía.

Esta Presidencia da la más cordial bienvenida a los jóvenes de la escuela primaria urbana Ramón López Velarde, y a los jóvenes de la Universidad Tangamanga, de Axtla de Terrazas, San Luis Potosí. Sean todos ustedes bienvenidos a esta Cámara de Diputados.

También damos la más cordial bienvenida a la escuela secundaria ESTIC-0070, de Zumpango, Estado de México. Bienvenidos.

LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Se concede el uso de la tribuna a la diputada Claudia Cruz Santiago, para presentar iniciativa que reforma y adiciona los artículos 1o. y 2o. de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, suscrita por la ponente y el diputado Andrés Lozano Lozano, del Grupo Parlamentario del PRD.

La diputada Claudia Lilia Cruz Santiago : Muchas gracias, señora Presidenta.

México es heredero de un presidencialismo y de un sistema de partido de Estado que obstruyó durante más de 70 años toda forma de participación política y estableció en los hechos un régimen fuerte, autoritario y antidemocrático.

Este sistema utilizó los peores métodos para sostener el poder. Se crearon organismos irregulares de represión como la Brigada Blanca; se establecieron cárceles clandestinas y se utilizó el equipo y las instalaciones del Ejército y la policía para perseguir a los adversarios políticos y se realizaron las peores violaciones de derechos humanos; el genocidio, la desaparición forzada, la ejecución extrajudicial y la tortura. Es decir, se implantó toda una política de Estado para eliminar a los adversarios políticos.

Actualmente las cosas no han cambiado significativamente. Los conflictos sociales se han intensificado, lo que ha generado que la cifra de presos políticos aumente considerablemente.

El acoso a las y a los luchadores sociales en México es un asunto de suma preocupación. Las autoridades lo tratan como si suya fuera la actividad delictiva o subversiva y lo someten a formas degradantes de persecución, que van desde las acusaciones falsas de delitos como asesinato, narcotráfico o robo, hasta calumnias, humillaciones y acusaciones públicas de estar relacionados con el terrorismo o la corrupción.

Por tanto, no es extraño que México, un pueblo con una larga historia de lucha, tenga dentro de las prisiones a un gran número de defensores de los derechos humanos, de los derechos económicos sociales y culturales, defensores del entorno ecológico, miembros de movimientos sociales, en una palabra, disidentes del sistema económico que prevalece en nuestro país. No hay que olvidar que en nuestro país se han documentado casos por los organismos internacionales de derechos humanos, en los que los motivos son por asuntos meramente políticos. Dolosamente se acusa a los luchadores sociales de pertenecer a la delincuencia organizada.

Una muestra de cómo el Estado ha manipulado el concepto de delincuencia organizada para reprimir la lucha social es la sentencia de 67 años a los dirigentes de San Salvador Atenco, sentencia que contrasta con los 40 años a los que condenaron a Mario Aburto, supuesto asesino de Colosio, a los 13 años de prisión a los que fueron sentenciados narcotraficantes del nivel del Güero Palma, el Chapo Guzmán y Benjamín Arellano Félix.

En el año 2007 se confirmó la tendencia a la represión a las legítimas demandas de los movimientos sociales. El discurso oficial enfatizó la necesidad de enfrentar eficazmente al crimen organizado y garantizar la seguridad pública, dejando de lado lo relativo a la protección de los derechos humanos.

Prueba fehaciente de esta afirmación son los trágicos hechos de Oaxaca, donde numerosos participantes en las manifestaciones realizadas en esa ciudad fueron víctimas de detenciones arbitrarias, amenazas, violencia y actos de intimidación, tales como los que reporta el Observatorio Internacional de Derechos Humanos.

Estos hechos muestran que aún queda mucho por hacer para garantizar la adecuada protección de las víctimas. Los luchadores sociales siguen expuestos a la criminalización de sus acciones, a la descalificación y a la limitación de sus actividades.

Mientras tanto, los agentes del Estado responsables de estos actos continúan gozando de constante impunidad en México.

Por tanto, el sentido de esta propuesta es que se aplique todo el rigor de la ley a los narcotraficantes, a los que corrompen a nuestros menores y los utilizan como carnada sexual para los turistas, a los tratantes de personas y a todos los demás delincuentes que atentan contra nuestra sociedad.

Pero queremos evitar a toda costa que se manipule el sentido de la ley para reprimir a la ciudadanía que no está conforme con un determinado gobierno, que no se repitan los presos y desaparecidos del 68, las víctimas del halconazo y el fracaso rotundo de la fiscalía creada para investigarlos.

Las recientes reformas a la Constitución en materia de combate al crimen organizado fueron voluntad del Constituyente Permanente, que estableció dentro de las consideraciones al dictamen al precisar: ``Las disposiciones excepcionales que se establecen para delincuencia organizada están dirigidas exclusivamente al combate de este tipo de criminalidad y de ninguna manera podrán utilizarse para otras conductas, lo que impedirá a la autoridad competente el ejercicio abusivo a las facultades conferidas en contra de las y los luchadores sociales o aquellas personas que se opongan o critiquen a un régimen determinado''.

Vale la pena enfatizar que no es voluntad de estas comisiones incluir dentro del régimen de delincuencia organizada las conductas de personas en ejercicio de las garantías de libre manifestación del las ideas, libertad de imprenta, derecho a la información, derecho a la asociación, libre ejercicio de la profesión y derecho a la petición, toda vez que éstas son expresiones de un Estado democrático de derecho que postula nuestra Constitución.

Por las razones anteriormente señaladas, esta iniciativa agrega un segundo párrafo al artículo 1o. de la citada ley, con la finalidad de establecer claramente que las disposiciones de la misma no podrán aplicarse, en ningún caso, a lideres e integrantes de movimientos sociales o disidentes de un sistema político que de manera legítima se oponen a un régimen determinado o bien, que se denuncian actos de corrupción de aquellos que ostentan el poder.

Asimismo, se modifica el primer párrafo a fin de establecer la definición de delincuencia organizada, siguiendo los lineamientos precisados en la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y se agrega un segundo párrafo con el objeto de adecuarlo con lo establecido en el artículo 16 de la Constitución.

Por lo antes expuesto y fundado, sometemos a esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma y adiciona los artículos 1o. y 2o. de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada

Artículo único. Se adiciona el segundo párrafo al artículo 1o., y se reforma el primer párrafo y se adiciona el segundo párrafo al artículo 2o., ambos de la Ley Federal de Delincuencia Organizada, para quedar como sigue:

Artículo único. La presente ley tiene por objeto establecer reglas para la investigación, persecución, procesamiento, sanción y ejecución de las penas, por los delitos cometidos por algún miembro de la delincuencia organizada. Sus disposiciones son de orden público y la aplicación en todo el territorio nacional.

Estas disposiciones no podrán ser aplicadas, en ningún caso, a líderes e integrantes de movimientos sociales o disidentes de un sistema político que de manera legítima se oponen a un régimen determinado o bien se denuncian actos de corrupción de aquéllos que ostentan el poder.

Artículo 2o. Por delincuencia organizada se entiende un grupo de tres o más personas formado fortuitamente para cometer delitos en forma permanente o reiterada y en el que no necesariamente que se hayan asignado sus miembros funciones formalmente definidas, ni haya continuidad con la condición de miembro o exista una estructura desarrollada que tenga además como propósito obtener un beneficio económico y material.

Cuando tres o más personas se organicen de hecho, para realizar en forma permanente o reiterada, conductas que por si o unidas a otras tienen como fin o resultado cometer alguno o algunos de los delitos siguientes serán sancionadas por el solo hecho, como miembros de delincuencia organizada.

El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación.

Por lo anterior, solicito a la Presidencia de esta honorable Cámara que se inserte íntegra la presente iniciativa en el Diario de los Debates. Muchas gracias.

«Iniciativa que reforma y adiciona los artículos 1 y 2 de a Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, suscrita por los diputados Andrés Lozano Lozano y Claudia Cruz Santiago, del Grupo Parlamentario del PRD

Los suscritos, diputadas y diputados federales de la LX Legislatura integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 55, fracción I, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentan a la consideración de esta honorable asamblea iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 1o. y 2o. de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

México es heredero de un presidencialismo y de un sistema de partido de Estado, que obstruyó durante más de 70 años toda forma de participación política y estableció en los hechos un régimen fuertemente autoritario y antidemocrático.

Ese sistema utilizó los peores métodos para sostenerse en el poder; se crearon organismos irregulares de represión, como la Brigada Blanca; se establecieron cárceles clandestinas; se utilizaron el equipo y las instalaciones del Ejército y de la policía para perseguir a los adversarios políticos; y se realizaron las peores violaciones de los derechos humanos: el genocidio, la desaparición forzada de personas, la ejecución extrajudicial y la tortura. Es decir, se implantó una política de Estado para eliminar a los adversarios políticos.

Las cosas no han cambiado significativamente: los conflictos sociales se han intensificado, lo que ha generado que la cifra de presos políticos aumente considerablemente. El acoso a los luchadores sociales en México es un problema grave. Las autoridades los tratan como si la suya fuera una actividad delictiva o subversiva, y los someten a formas degradantes de persecución, que van desde acusaciones falsas de delitos como asesinato, narcotráfico o robo hasta calumnias, humillaciones y acusaciones públicas de estar relacionados con el terrorismo o la corrupción.

Por tanto, no es extraño que México, un pueblo con larga historia de lucha, tenga hoy en las prisiones a un gran número de defensores de los derechos humanos, de los derechos económicos, sociales y culturales, defensores del entorno ecológico, miembros de movimientos sociales... en pocas palabras, disidentes del sistema económico que prevalece en el país. ¹

No hay que olvidar que en el país se han documentado casos, por los organismos internacionales de derechos humanos, en los que, por motivos más políticos que jurídicos, dolosamente se acusa a luchadores sociales de pertenecer a la ``delincuencia organizada''.

Una muestra de cómo el Estado ha manipulado el concepto de delincuencia organizada para reprimir la lucha social es la sentencia de 67 años a los dirigentes de San Salvador Atenco, sentencia que contrasta con los 40 años a los que condenaron a Mario Aburto, supuesto asesino de Colosio, o con los 13 años de prisión a que fueron sentenciados narcotraficantes del nivel de El Güero Palma, El Chapo Guzmán o Benjamín Arellano Félix.

En 2007 se confirmó la tendencia a la represión de las legítimas demandas de los movimientos sociales. El discurso oficial enfatizó la necesidad de enfrentar eficazmente el crimen y garantizar la seguridad pública, dejando de lado lo relativo a la protección de los derechos humanos. Prueba fehaciente de esta afirmación son los trágicos hechos de Oaxaca, donde numerosos participantes en las manifestaciones realizadas en la ciudad fueron víctimas de detenciones arbitrarias, amenazas, violencias y actos de intimidación, como reporta el Observatorio Internacional de Derechos Humanos.

Estos hechos muestran que aún queda mucho por hacer para garantizar la adecuada protección de las víctimas. Los luchadores sociales siguen expuestos a la criminalización de sus acciones, a la descalificación o a la limitación de sus actividades. Mientras tanto, los agentes del Estado responsables de estos actos continúan gozando de constante impunidad en México.

Por tanto, el sentido de esta propuesta es que se aplique todo el rigor de la ley a los narcotraficantes, a los que corrompen a nuestros menores y los utilizan como carnada sexual para los turistas, a los tratantes de blancas y a todos los demás delincuentes que atentan contra la sociedad.

Pero queremos evitar a toda costa que se manipule el sentido de la ley, para reprimir a los ciudadanos que no están conformes con un determinado gobierno. Que no se repitan los presos y desaparecidos de 1968, las víctimas del halconazo y el fracaso rotundo de la fiscalía creada para investigarlos.

Lo anterior es la voluntad del Constituyente Permanente en las recientes reformas de la Constitución en materia de combate del crimen organizado, la cual se estableció en las consideraciones del dictamen:

``Las disposiciones excepcionales que se establecen para delincuencia organizada están dirigidas exclusivamente al combate de este tipo de criminalidad y de ninguna manera podrán utilizarse para otras conductas, lo que impedirá a la autoridad competente el ejercicio abusivo de las facultades conferidas contra luchadores sociales o de las personas que se opongan o critiquen a un régimen determinado.'' ``Vale la pena enfatizar que no es voluntad de estas comisiones incluir en el régimen de delincuencia organizada las conductas de personas en ejercicio de las garantías de libre manifestación de las ideas, libertad de imprenta, derecho a la información, derecho de asociación, libre ejercicio de la profesión y derecho de petición, toda vez que éstas son expresión del estado democrático de derecho que postula nuestra Constitución.''

Por las razones señaladas, esta iniciativa agrega un segundo párrafo al artículo 1o. de la citada ley, con la finalidad de establecer claramente que sus disposiciones no podrán aplicarse en ningún caso a líderes e integrantes de movimientos sociales o disidentes de un sistema político que de manera legítima se oponen a un régimen determinado o bien que denuncian actos de corrupción de los que ocupan el poder.

Asimismo, se modifica el primer párrafo del artículo 2o. a fin de establecer la definición de delincuencia organizada siguiendo los lineamientos precisados en la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y se agrega un segundo párrafo, con el objetivo de adecuarlo a lo establecido por el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo expuesto y fundado, sometemos a esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma y adiciona los artículos 1o. y 2o. de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada

Artículo Único. Se adiciona un segundo párrafo al artículo 1o., y se reforma el primer párrafo y se adiciona un segundo párrafo al artículo 2o., ambos de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, para quedar como sigue:

Artículo 1o. La presente ley tiene por objeto establecer reglas para la investigación, persecución, procesamiento, sanción y ejecución de las penas por los delitos cometidos por algún miembro de la delincuencia organizada. Sus disposiciones son de orden público y de aplicación en todo el territorio nacional.

Estas disposiciones no podrán ser aplicadas en ningún caso a líderes e integrantes de movimientos sociales o disidentes de un sistema político que, de manera legítima, se oponen a un régimen determinado o bien que denuncian actos de corrupción de los que ocupan el poder.

Artículo 2o. Por delincuencia organizada se entiende un grupo de tres o más personas, no formado fortuitamente para cometer delitos en forma permanente o reiterada y en el que no necesariamente se haya asignado a sus miembros funciones formalmente definidas ni haya continuidad en la condición de miembro o exista una estructura desarrollada.

Cuando tres o más personas se organicen de hecho para realizar en forma permanente o reiterada conductas que por sí o unidas a otras tienen como fin o resultado cometer alguno o algunos de los delitos siguientes, serán sancionadas por ese solo hecho como miembros de la delincuencia organizada:

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Nota: 1 Véase México se atreve a alzar la voz, informe de Amnistía Internacional que expone las múltiples y diversas dificultades y violaciones de derechos humanos con que se enfrentan los defensores de los derechos humanos en México. Examina además casos ocurridos en los mandatos de los presidentes Ernesto Zedillo Ponce de León y Vicente Fox Quesada.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Gracias, diputada Claudia Cruz. Insértese íntegro el texto en el Diario de los Debates ytúrnese a la Comisión de Seguridad Pública.

ARTICULO 20 CONSTITUCIONAL

La Presienta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Se concede el uso de la tribuna a la diputada María del Carmen Salvatori Bronca , del Grupo Parlamentario de Convergencia, para presentar iniciativa que reforma la fracción V del apartado B del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La diputada María del Carmen Salvatori Bronca : Gracias, Presidenta. Con su permiso.

Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, como se ha dicho ya en innumerables ocasiones, nuestras leyes penales han sido hasta ahora permisivas con la violencia de género y lamentablemente en el trato que se da a víctimas y agresores hay de fondo una creencia acerca del valor de los delitos de violencia contra las mujeres.

Esta creencia vergonzosamente es que se trata de crímenes menores y las denuncias de violencia contra las mujeres no cesan, porque la incidencia de ella en todas sus formas está lejos de haberse erradicado. Entre esas modalidades de violencia destaca la sexual, siendo la violación la que con mayor claridad se identifica y sanciona en nuestro Código Penal.

Sobre el procedimiento que marca nuestra legislación para administrar justicia en estos casos, surgen cuestionamientos muy serios. ¿Es correcto enfrentar a la víctima con su agresor? ¿Los agentes del Estado encargados de facilitar los trámites y acompañar a la víctima están preparados para comprender el sufrimiento físico y psicológico por el cual ésta pasa?

¿Cómo tutelar o proteger durante el proceso judicial a la víctima, cuando la agresión es una violación? Si la obligamos a ratificar una y otra vez la denuncia en condiciones de infraestructura, que no le ofrecen un espacio de seguridad para ello y bajo las cuales se genera el fenómeno que conocemos como doble victimización.

El procedimiento actual que en la mayoría de los casos obliga al careo entre agresor y víctima, tal pareciera que busca juzgar a la víctima y no al que comete el delito. Parte de las agresiones que el Estado comete contra la víctima, se dan cuando se cuestiona su honorabilidad, su vestimenta, su comportamiento ulterior o cualquier conducta que el victimario interprete como consentimiento para la relación sexual.

El Estado debe proporcionar y propiciar que la víctima de violación tenga la garantía de que su integridad física y moral está salvaguardada. La declaración de la víctima debería por tanto prestarse a puerta cerrada o por medio de una grabación o de un video y jamás enfrente de su agresor.

Hoy en día contamos con los apoyos tecnológicos en comunicación, en medicina forense y pericial, que permitirían realizar exámenes proctocológicos y de psiquiatría, aplicables en beneficio de la víctima y en garantía de los derechos del presunto agresor.

Con respecto al careo está comprobado que es siempre la parte inculpada quien lo solicita, porque cualquier abogado que defienda agresores sexuales, sabe de cierto que el careo es una herramienta efectiva de intimidación. Presión que se ejerce, no lo olvidemos, sobre una persona ya atemorizada, humillada y confundida, por mencionar sólo alguno de los rasgos emocionales de la víctima de la violación.

Hay que entender que el careo es un medio de prueba complementario o accesorio que tiene por objeto aclarar los aspectos contradictorios de las declaraciones de las partes para que el órgano jurisdiccional esté en posibilidad de valorarla.

Debe destacarse que el apartado A se refiere a las garantías del inculpado en todo proceso de orden penal; y el apartado B, a las garantías de la víctima o del ofendido. La reforma que se propone busca un mejor equilibrio entre las garantías del inculpado y las de la víctima. Con esta reforma se pretende ampliar los casos de excepción para que, no sólo a los menores sino a cualquier víctima de violación no se les sujete a carearse con el inculpado.

Si bien es cierto que el artículo 20 constitucional impone al juez la obligación de carear al acusado con sus acusadores, los antecedentes legislativos e históricos llevan a la conclusión de que mediante esos careos no se cumple la finalidad de que el acusado conozca a sus acusadores para evitar acusaciones ficticias, por lo que hay razón para que se practiquen, además de que con ello se entorpece el proceso y se evita que la justicia sea expedita.

Esto fortalece la convicción de que la exclusión de los careos en todos los casos de violación no perjudica sustancialmente las defensas de los procesados penalmente y, por tanto, no sería violatoria de sus garantías fundamentales.

Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, en atención a lo que marca nuestra Constitución, nuestras leyes generales, como la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia, y la suscripción de tratados internacionales, como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, aprobemos esta reforma para que nuestra ley penal no siga agrediendo de nueva cuenta a las víctimas de violación.

Solicito a la Presidencia, en obvio de tiempo, que se inserte íntegro el texto de la presente iniciativa en el Diario de los Debates. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias.

«Iniciativa que reforma la fracción V del Apartado B del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada María del Carmen Salvatori Bronca , del Grupo Parlamentario de Convergencia

La suscrita, diputada María del Carmen Salvatori Bronca , del Grupo Parlamentario de Convergencia, en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 55, fracción II del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a consideración de esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 20, Apartado B fracción V, de acuerdo con la siguiente:

Exposición de Motivos

El tema de la violencia contra las mujeres es un tema de gran actualidad en nuestros días. En la opinión pública ciudadana y en los medios de comunicación masiva se tratan con insistencia los temas de la violencia contra las mujeres y del gran número de víctimas que hay en el territorio nacional; de la violencia familiar que existe y de todas las leyes e institutos que se han creado para tratar de erradicar los crímenes cometidos en contra de las mujeres; destaca entre ellos la violación en la escala más baja de los delitos. Al respecto surgen cuestionamientos muy serios ¿Qué decir del procedimiento judicial en el acto más bajo dentro de los delitos, que es la violación? ¿Qué hacer cuando la víctima se tiene que enfrentar en un careo con su agresor? ¿Qué hay del sufrimiento por el cual pasa, y que es no solo psicológico sino físico? ¿Cómo tutelar o proteger durante el proceso judicial a la víctima cuando la agresión es una violación, si obligamos a la víctima a carearse con su agresor, después de sufrir el tormento, la humillación, la impotencia, después de no contar con los instrumentos suficientes que durante el proceso garanticen su integridad, no solo física sino psicológica?

¿Por qué enfrentar al agresor con la víctima que sufrió la violación o un secuestro? Al realizar el careo entre agresor y víctima, tal pareciera que se juzga a la víctima y no al que comete el delito, ya que las víctimas no son tratadas con respeto y dignidad, y se atenta contra su integridad, por ser sometidas a una serie de interrogatorios tormentosos y a un proceso judicial muy largo. No obstante ello, tiene que enfrentar cara a cara a su victimario.

El Estado debe garantizar que la victima de violación tenga la garantía de que su integridad física y moral esté salvaguardada; la declaración de la víctima debería ser a puerta cerrada o por medio de una grabación o de un video, y jamás enfrentar al agresor con la víctima. Hoy en día tenemos los apoyos de la tecnología y los exámenes proctológicos y de psiquiatría practicados por el médico legal, que se pueden aplicar en beneficio de la víctima; y respecto al agresor tenemos el examen de ADN, con el que podemos determinar, sin duda alguna, si el inculpado es culpable o no.

Sin embargo, generalmente quien pide el careo es el inculpado para poder atemorizar a la víctima, quien además de sufrir el dolor emocional por el que pasa al ver de frente a su agresor, revive el tormento de lo sucedido; es hacerle un nuevo daño psicológico, es provocarle inseguridad. Debe ser función del Estado proveer a la protección de las víctimas y no permitir que éstas se sientan desprotegidas y atacadas nuevamente, no sólo por el agresor sino también por el Estado, representado por los agentes del ministerio público y los juzgadores.

Ahora bien, hay que entender que el careo es un medio de prueba complementario o accesorio que tiene por objeto aclarar los aspectos contradictorios de las declaraciones de las partes, para que el órgano jurisdiccional esté en posibilidad de valorarlas.

Conforme a su naturaleza jurídica, el careo puede presentar un doble aspecto: Como garantía constitucional para el inculpado, en términos de la reforma constitucional de septiembre de 2000, en la fracción IV del artículo 20, apartado A de dicho artículo, en la que se precisa que cuando el inculpado así lo solicite, será careado en presencia del juez con quien deponga en su contra; y como garantía de la víctima, al establecer la excepción a esta regla, conforme a lo dispuesto en la fracción V del apartado B del artículo 20 constitucional, para el caso de que la víctima o el ofendido sean menores de edad, que no están obligados a carearse con el inculpado cuando se trate de los delitos de violación o secuestro. En estos casos se llevarán a cabo las declaraciones en las condiciones que establezca la ley.

Debe destacarse que el apartado A se refiere a las garantías del inculpado en todo proceso de orden penal y el apartado B a las garantías de la víctima o el ofendido. La reforma que se propone en esta iniciativa busca un mejor equilibrio entre las garantías del inculpado y las de la víctima, se pretende ampliar los casos de excepción para que, no sólo a los menores sino a cualquier víctima de violación no se le sujete a carearse con el inculpado.

La ley y la práctica han permitido diversas formas de colaboración o de complicidad con quienes violan a una mujer. También la sociedad de una u otra forma ha contribuido a ello. La duda siempre está presente cuando una mujer denuncia esa agresión: ``¿no estará mintiendo?'' ``¿lo hace por venganza?'', ``¿no lo habrá provocado?'' o más aún ``¡se lo merecía!''. Todo ello utilizado a favor del agresor.

Si bien es cierto que el artículo 20 constitucional impone al juez la obligación de carear al acusado con sus acusadores, los antecedentes legislativos e históricos de dicho precepto, conducen a la conclusión de que mediante esos careos no se cumple la finalidad a que se refiere aquélla, es decir, que conozca el acusado a sus acusadores para evitar acusaciones ficticias, por lo que no hay razón para que se practiquen, además de que con ello se entorpece el proceso y se evita que la justicia sea expedita. Esto fortalece la convicción de que la exclusión de los careos en todos los casos de violación no perjudica sustancialmente las defensas de los procesados penalmente y, por lo tanto, no sería violatoria de sus garantías fundamentales.

Por otro lado, el Estado tiene la obligación de combatir por todos los medios legales disponibles, delitos tan detestables como la violación, para evitar la impunidad que propicia su repetición crónica y provoca un estado de indefensión de la víctima si ésta no se presenta al careo.

La legislación penal mexicana utiliza el término violación para definir el empleo de la violencia física o moral al imponer la cópula sin la voluntad de la víctima, por ello, en 1990 la legislación penal en la mayoría de las entidades federativas fue modificada para considerar que el bien jurídico tutelado, en el caso de violación, es la libertad sexual y el normal desarrollo psico-sexual.

Por otra parte hay que recordar que también hay una serie de convenciones y tratados que protegen la integridad de la mujer de los cuales México es parte, como son:

En México hay un alto porcentaje en la incidencia de este delito, pero por desgracia no se tienen cifras exactas, ya que muchas mujeres violadas se callan debido al impacto socio-cultural que provoca este abuso sexual. En la mayoría de los casos prevalece un sentimiento de culpa que impide a la víctima denunciar el hecho. Ello se debe, entre otras cosas, al sistema educativo de México, a la sociedad patriarcal y al sistema jurídico vigente.

El silencio social que acompaña a la violación, la falta de credibilidad en la palabra de la mujer, la complicidad masculina en el ejercicio de la violencia cotidiana, las lagunas del Código Penal y la secular devaluación personal del sexo femenino, han contribuido a que el problema de la violación se incremente en proporciones verdaderamente alarmantes.

La frágil condición física, emocional y psicológica en que se encuentran las víctimas de delitos sexuales, principalmente de la violación, es la causa por la que un gran porcentaje de estos crímenes quedan impunes. También hay mucha ignorancia en torno a cómo levantar la denuncia y al proceso legal, médico y psicológico correspondiente.

La víctima de violación, tras enfrentarse a un abuso sexual, se ve obligada a encarar las humillaciones de las autoridades y médicos legistas, en caso de que se presente la denuncia. Tiene que soportar también el señalamiento de la sociedad y, en algunas ocasiones, el de la familia, o bien mantenerse en silencio y contener en ella todo su sufrimiento y humillación y, por si todo lo anteriormente fuera poco, tiene que enfrentar cara a cara a su agresor.

Todo lo anterior justifica y da sustento para ampliar la garantía de la víctima, para que no sea sujeta a la obligación de carearse con el inculpado en cualquier caso de los delitos de violación o secuestro, con independencia de que se trate o no de un menor de edad.

En mérito de lo expuesto, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del honorable Congreso de la Unión el siguiente proyecto de:

Decreto

Único. Se reforma la fracción V del apartado B del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 20. ...

A ...

B ...

Transitorios

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Gracias, diputada María del Carmen Salvatori Bronca. Insértese íntegro el texto en el Diario de los Debates.Y túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.

ARTICULO 115 CONSTITUCIONAL

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Se concede el uso de la tribuna al diputado Manuel Salvador Salgado Amador, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar iniciativa que reforma el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Manuel Salvador Salgado Amador : Con su permiso, diputada Presidenta.

Compañeras diputadas y compañeros diputados, actualmente existen marcadas desigualdades en el grado de desarrollo de los distintos estados y municipios de nuestro país, por lo cual debemos reflexionar en la posibilidad de replantear ciertas facultades, responsabilidades y esquemas que equilibren a los tres órdenes de gobierno para propiciar el fortalecimiento de los municipios.

En México existen 2 mil 439 municipios con características diferentes entre sí. Cada uno de ellos posee sus rasgos propios que lo diferencian de los demás; aunque en términos de la problemática que enfrentan se dan situaciones comunes tales como la insuficiencia de recursos financieros, de capacidad técnica y humana, en la prestación de servicios públicos e ineficiencia administrativa, entre otros.

El municipio es una instancia política y administrativa del Estado mexicano. Es la unidad básica territorial cuyas características básicas, de acuerdo a la Constitución, son libertad política, libertad de administración y personalidad jurídica.

Esta última se refiere a la capacidad que tiene el municipio para ser sujeto de derechos y obligaciones y manejar su patrimonio conforme a la ley. En este sentido es un poder público que puede celebrar convenios con otros entes sujetos a derechos y obligaciones; celebrar acuerdos dentro de su competencia y jurisdicción; dictar los bandos de policía y buen gobierno, reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de su respectiva jurisdicción y adquirir obligaciones y responsabilidades ante otras instancias gubernamentales.

En este orden de ideas, el ayuntamiento como órgano de representación popular encargado del gobierno y la administración del municipio cuenta con la oportunidad de aprovechar su personalidad jurídica, la cual le brinda el potencial para consolidarse como un promotor económico de éste.

Desde los 80 se reconoció la imperiosa necesidad de impulsar esta característica como forma de conducir económica y financieramente a las comunidades. Sobre todo, en un contexto en el que 44 por ciento de los municipios del país ---mil 77 municipios--- están clasificados como de alta y muy alta marginación, en donde la mayor parte de la población no alcanza a percibir dos salarios mínimos y que se encuentran concentrados fundamentalmente en el sur y sureste del país.

Actualmente el municipio, sobre todo el rural, tiene la necesidad de buscar alternativas de financiamiento o buscar recursos adicionales para constituirse como promotor real del desarrollo y así poder dar respuesta a las demandas ciudadanas.

En este sentido, el financiamiento municipal es fundamental, al entenderse como el conjunto de acciones a través de las cuales los ayuntamientos se allegan de fondos monetarios necesarios para cubrir las actividades operativas que requieren, así como también su ampliación y desarrollo.

Existen varios tipos de financiamiento que pueden ser utilizados por los municipios, pero para ello, los municipios deben generar recursos internos propios que satisfagan las expectativas de gasto, con lo cual pueden ser autofinanciables.

Sin embargo, la característica fundamental que priva a los gobiernos municipales es que no son autosuficientes, lo cual obliga a ver alternativas para proveerse de recursos. Lo anterior, genera gobiernos municipales altamente dependientes del gobierno estatal y federal.

Por otra parte cabe mencionar que los ayuntamientos se renuevan en su totalidad cada tres años y para ello la ley orgánica municipal y la ley electoral de cada entidad determinan el tiempo y la forma en la que deberá hacerse dicha renovación. Pero es una realidad que es una limitante para la planeación del gobierno municipal es el escaso tiempo de gestión con el que cuentan.

En tan sólo tres años deben conocer las necesidades vecinales, la cantidad de los recursos con los que cuentan y los que probablemente van a tener como resultado de su gestión. Asimismo, elaborar un diagnóstico de financiamiento, un análisis financiero del municipio, determinar las estrategias de financiamiento relacionadas al nivel de riesgo que adoptarán; presentación del programa de financiamiento para su aprobación. Y una vez aprobado, recurrir al gobierno a través de convenios para transferir recursos para el desarrollo.

Esto hace que programas y proyectos no coincidan en el tiempo, y que el dinero con el que cuentan en ese momento no sea suficiente para ejecutarlos. Definitivamente, en tres años de gestión de un ayuntamiento no se alcanzan a obtener los frutos de las gestiones hechas y la ciudadanía no observa los beneficios esperados. Como puede apreciarse, la figura de municipio se ha visto obstaculizada para llevar a cabo sus atribuciones, debido al tiempo limitado con el que cuenta. En donde sus gestiones quedan inconclusas y sin recibir los beneficios esperados.

Compañeras diputadas y compañeros diputados, por este motivo debemos otorgar tiempo suficiente a los ayuntamientos para que puedan gestionar convenios de colaboración con las instancias correspondientes, y al mismo tiempo tengan oportunidad de recibir los beneficios de éstos, durante sus administraciones. Es indispensable poner las bases que den continuidad a las políticas públicas elaboradas por los ayuntamientos.

Como legisladores es nuestra responsabilidad reconocer las nuevas necesidades de la federación y llevar a cabo acciones que permitan fomentar su fortalecimiento y paliar la heterogeneidad en todo el territorio nacional.

Por las razones antes expuestas y con la finalidad de fortalecer el desarrollo municipal en beneficio de los ciudadanos, la presente iniciativa pretende reformar el artículo 115 constitucional para ampliar el periodo de gobierno de los presidentes municipales a cuatro años.

Señora Presidenta, en virtud de que la iniciativa se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria de hoy, le ruego que se inserte íntegramente en el Diario de los Debates. Es cuanto, señora Presidenta.

«Iniciativa que reforma el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Manuel Salvador Salgado Amador , del Grupo Parlamentario del PVEM

Manuel Salvador Salgado Amador , integrante de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 115; 71, fracción II; 72; 73, fracción XXX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados de la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, la presente iniciativa con proyecto de decreto con base a la siguiente:

Exposición de Motivos

Actualmente, existen marcadas desigualdades en el grado de desarrollo de los estados y municipios de nuestro país. Esto nos está llevado a reflexionar en la posibilidad de replantear ciertas facultades, responsabilidades y esquemas que equilibren a los tres órdenes de gobierno; para propiciar una descentralización política, a través del fortalecimiento de los municipios.

En México existen 2439 municipios ¹ con características diferentes entre sí. Cada uno posee sus rasgos propios que lo diferencian de los demás; aunque en términos de la problemática que enfrentan, se dan situaciones comunes tales como la insuficiencia de recursos financieros, de capacidad técnica y humana, en la prestación de servicios públicos e ineficiencia administrativa, entre otros.

El municipio es una instancia política y administrativa del Estado mexicano. Es la unidad básica territorial, cuyas características básicas de acuerdo a la Constitución son libertad política, libertad de administración y personalidad jurídica.

Ésta última se refiere a la capacidad que tiene el municipio para ser sujeto de derechos y obligaciones y manejar su patrimonio conforme a la ley; en este sentido es un poder público que puede celebrar convenios con otros entes sujetos a derechos y obligaciones; celebrar acuerdos dentro de su competencia y jurisdicción; dictar los bandos de policía y buen gobierno, reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de su respectiva jurisdicción y adquirir obligaciones y responsabilidades ante otras instancias gubernamentales. ²

En este orden de ideas, el ayuntamiento como órgano de representación popular encargado del gobierno y la administración del municipio cuenta con la oportunidad de aprovechar su personalidad jurídica, la cual le brinda el potencial para consolidarse como un promotor económico de éste. Desde los 80 se reconoció la imperiosa necesidad de impulsar esta característica, como forma de conducir económica y financieramente a las comunidades. Sobre todo, en un contexto en el que 44% de los municipios del país (1,077 municipios) están clasificados como de alta y muy alta marginación, en donde la mayor parte de la población no alcanza a percibir dos salarios mínimos y que se encuentran concentrados fundamentalmente en el sur y sureste del país.

Actualmente el municipio, sobre todo el rural, tiene la necesidad de buscar alternativas de financiamiento o buscar recursos adicionales para constituirse como promotor real del desarrollo y así poder dar respuesta a las demandas ciudadanas.

En este sentido, el financiamiento municipal es fundamental, al entenderse como el conjunto de acciones a través de las cuales los ayuntamientos se allegan de fondos monetarios necesarios para cubrir las actividades operativas que requieren, así como también su ampliación y desarrollo. ³

Existen varios tipos de financiamiento que pueden ser utilizados por los municipios. Algunos son con base en su duración , los cuales pueden ser a corto, mediano y largo plazo; con base en su costo financiero pueden ser gratuitos o con interés. Y con base en su obtención pueden ser financiamientos internos o externos a corto o mediano plazo.

Las fuentes de financiamiento externas a corto y mediano plazo son las participaciones federales y estatales; transferencias regulares de la nación; aportes especiales del presupuesto nacional; regalías y donaciones temporales de la banca comercial y de desarrollo; letras de cambio; factoraje; acreedores comerciales y de fondos reembolsables, entre otras.

Las fuentes de financiamiento internas a largo plazo son las fuentes que internamente genera el municipio y su redituabilidad es a más de un año y consecuentemente habrán de liquidarse en períodos similares como las reservas y utilidades de ejercicios presupuestales anteriores, la eficiencia administrativa en la gestión municipal, etc.

Las fuentes de financiamiento externas a largo plazo son aquellas que se pueden utilizar para inversiones a largo plazo en activos fijos, como por ejemplo: terrenos, edificios, maquinaria, equipo, servicios públicos, préstamos a largo plazo de la banca de desarrollo, factoraje, arrendamiento financiero, entre otros.

Si un municipio genera recursos internos propios y pueden satisfacer expectativas de gasto, éste será autofinanciable. De lo contrario, el municipio se identifica como no autofinanciable. Sin embargo, la característica fundamental que priva en los gobiernos municipales es que no son autosuficientes, lo cual obliga a ver alternativas para proveerse de recursos. Lo anterior, genera gobiernos municipales altamente dependientes del gobierno estatal y federal.

Por otra parte cabe mencionar que, los ayuntamientos se renuevan en su totalidad cada tres años y para ello la ley orgánica municipal y la ley electoral de cada entidad determinan el tiempo y la forma en la que deberá hacerse dicha renovación. Pero es una realidad que, una limitante para la planeación del gobierno municipal es el escaso tiempo de gestión con el que cuentan.

En tan sólo tres años deben conocer las necesidades vecinales, la cantidad de los recursos con los que cuentan y los que probablemente van a tener como resultado de su gestión. Asimismo, elaborar un diagnóstico de financiamiento, un análisis financiero del municipio, determinar las estrategias de financiamiento relacionadas al nivel de riesgo que adoptarán; presentación del programa de financiamiento para su aprobación. Y una vez aprobado recurrir al gobierno a través de convenios para transferir recursos para el desarrollo. Esto hace que programas y proyectos no coincidan en el tiempo y que el dinero con el que cuentan en ese momento no sea suficiente para ejecutarlos.

Definitivamente, en tres años de gestión de un ayuntamiento, no se alcanzan a obtener los frutos de las gestiones hechas y la ciudadanía no observa los beneficios esperados.

Como puede apreciarse, la figura del municipio se ha visto obstaculizada, en cierto modo, para llevar a cabo sus atribuciones debido al tiempo limitado con el que cuenta para hacer gestiones que les permitan allegarse de recursos. Por lo cual, son gestiones que terminan inconclusas y sin recibir los beneficios esperados.

Para fortalecer la gestión pública y administrativa de las autoridades locales de los municipios del país es fundamental establecer las bases para dar continuidad a las políticas públicas elaboradas por presidentes municipales, a través de dar tiempo suficiente para que puedan gestionar convenios de colaboración con las instancias correspondientes y al mismo tiempo, tengan oportunidad de recibir los beneficios de éstos, durante sus administraciones.

Como legisladores es nuestra responsabilidad reconocer las nuevas necesidades de la federación y llevar a cabo acciones que permitan fomentar su fortalecimiento y paliar la heterogeneidad en todo el territorio nacional.

Por las razones antes expuestas, y con el fin de fortalecer el desarrollo municipal en beneficio de los ciudadanos, la presente iniciativa pretende reformar el artículo 115 constitucional para ampliar el periodo de gobierno de los presidentes municipales a 4 años.

En atención a lo anteriormente expuesto, los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en esta soberanía, sometemos a la consideración de este honorable Pleno la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo Único. Se reforma la fracción I, párrafo segundo del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Título Quinto De los Estados de la Federación y del Distrito Federal

Artículo 115. Los Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa el Municipio Libre, conforme a las bases siguientes:

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al siguiente día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Al entrar en vigor estas reformas, el Congreso de la Unión y las Legislaturas de las entidades federativas deberán realizar las adecuaciones a las leyes federales y constitucionales locales que procedan y reglamenten lo aquí estipulado.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Gracias, diputado Manuel Salvador Salgado Amador.Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Se encuentran con nosotros unos visitantes muy especiales. Si voltean hacia arriba se van a dar cuenta, son unos bebés del jardín de niños México, de Tepic, Nayarit, con sus mamás, que nos están acompañando hoy aquí. Sean ustedes bienvenidos. Fueron invitados por la diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela . Yo creo que los financió para traerlos, están muy bebitos.

LEY DEL SEGURO SOCIAL

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Se concede el uso de la tribuna al diputado Pablo Trejo Pérez, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa que reforma el primer párrafo del artículo 44 de la Ley del Seguro Social.

El diputado Pablo Trejo Pérez : Con su permiso, diputada Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Adelante, diputado.

El diputado Pablo Trejo Pérez : Hoy, compañeras legisladoras y compañeros legisladores, presentamos una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 44 de la Ley del Seguro Social, para que se suprima la obligación de interponer el recurso de inconformidad contra la calificación que del accidente o enfermedad de trabajo haga el IMSSde manera definitiva, al tenor de la siguiente exposición de motivos:

La interposición de un recurso adicional va en contra de un principio jurídico esencial, el de una justicia pronta y expedita, además de mermar económicamente al promovente, con mayor razón cuando se trata de un trabajador. De ahí la importancia de luchar porque se suprima las instancias jurídicamente innecesarias.

Recordemos que el recurso de inconformidad es el medio que otorga la Ley del Seguro Social para que los patrones, los trabajadores y los beneficiarios impugnen cualquier acto definitivo del instituto que lesione sus intereses.

Partiendo de lo anterior, diremos que el artículo 44 de la Ley del Seguro Social obliga al trabajador a interponer el recurso de inconformidad en caso de no estar de acuerdo con la calificación que de su accidente o enfermedad de trabajo haga el instituto, lo cual es insostenible jurídicamente con base en los siguientes argumentos:

1. Está en abierta contradicción con los artículos 294 y 295 de la propia Ley del Seguro Social, que marcan como opcional la interposición del recurso de inconformidad para los asegurados y sus beneficiarios, y no como obligación.

Si el recurso de inconformidad se instituye como un derecho respecto a cualquier prestación de la Ley del Seguro Social, con mayor razón tratándose de los riesgos de trabajo, semilla de todo el derecho laboral y de la seguridad social (justicia mínima al operario que ha visto afectada su salud, capacidades y vida en la consecución inmediata de los fines de lucro del empresario, relevado en este caso por el instituto) y que exigen una pronta reparación, ya que estos daños y perjuicios tienen jurídicamente, y en los hechos, carácter de alimentos.

2. La Ley del Seguro Social vigente hasta el 30 de junio de 1997, en el artículo 51, equivalente al actual 44, marcaba como opcional para estos casos la interposición del recurso de inconformidad.

3. Esto significa que, por un craso error jurídico, se omitió modificar en el decreto de reformas de la Ley del Seguro Social publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2001 el mencionado artículo 44 de la ley.

En conclusión, urge una reforma del artículo 44 de la Ley del Seguro Social, no sólo para que no continúe la contradicción normativa aludida, sino para evitar la oposición que existe en el seno del mismo artículo 44 de la ley, entre sus párrafos primero y segundo, ya que mientras en el primero se apunta la obligación de interponer el recurso de inconformidad, en el segundo párrafo, en la parte conducente, se dice: ``entre tanto se tramita el recurso o el juicio''.

En este momento, de concretarse la reforma del primer párrafo del artículo 44 de la Ley del Seguro Social, éste se armonizaría con el segundo párrafo, el que, por tanto, ya no habría necesidad de reformar.

Siendo los trabajadores que enfrentan un siniestro laboral merecen y necesitan con prioridad una definición de sus derechos, los que no pueden ser sustituidos por los paliativos que recibirán en otros seguros, como los ya precisados, con mayor razón, en los casos en que el Instituto Mexicano del Seguro Social, acepta el riesgo de trabajo y sólo el trabajador impugna el grado de evaluación.

Además, el apoyo económico en el ramo de enfermedad o invalidez, mientras se resuelve la impugnación del trabajador, intenta respetar, con limitaciones, lo preceptuado en la Ley Federal del Trabajo, que ordena no dejar en el desamparo al trabajador que ha sufrido un riesgo de trabajo, de la entrega del 100 por ciento de su salario y éste debe pasar a una pensión o indemnización, salvo lo que se señala.

En apoyo de todo lo expuesto, solicitamos, por tanto, la modificación del artículo 44, para que quede en los términos que se ha señalado en la presente iniciativa.

En virtud del tiempo, le pediría, diputada Presidenta, que la iniciativa en comento se inserte íntegramente en el Diario de los Debates, tal y como fue publicada en la Gaceta Parlamentaria. Es cuanto.

«Iniciativa que reforma el primer párrafo del artículo 44 de la Ley del Seguro Social, a cargo del diputado Pablo Trejo Pérez , del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 44 de la Ley del Seguro Social (LSS), para que se suprima la obligación de interponer el recurso de inconformidad contra la calificación que del accidente o la enfermedad de trabajo haga el Instituto Mexicano del Seguro Social ( IMSS) de manera definitiva, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La interposición de un recurso adicional va contra un principio jurídico esencial, el de una justicia pronta y expedita, además de mermar económicamente al promovente, con mayor razón cuando se trata de un trabajador. De ahí la importancia de luchar porque se supriman las instancias jurídicamente innecesarias.

Recordemos que el recurso de inconformidad es el medio que otorga la LSS para que los patrones, los trabajadores y los beneficiarios impugnen cualquier acto definitivo del instituto que lesione sus intereses.

El artículo 44 de la LSS obliga al trabajador a interponer el recurso de inconformidad en caso de no estar de acuerdo con la calificación que de su accidente o enfermedad de trabajo haga el instituto, lo cual es insostenible jurídicamente, con base en los siguientes argumentos:

Al efecto, nos permitimos leer, en su parte conducente, los mencionados preceptos:

Si el recurso de inconformidad se instituye como un derecho respecto a cualquier prestación de la LSS, con mayor razón tratándose de los riesgos de trabajo, semilla de todo el derecho laboral y de la seguridad social (justicia mínima al operario que ha visto afectada su salud, capacidades y vida en la consecución inmediata de los fines de lucro del empresario, relevado en este caso por el instituto) y que exigen una pronta reparación, ya que estos daños y perjuicios tienen jurídicamente (y en los hechos) carácter de alimentos.

Esto, en armonía con los artículos 274 y 275 (equivalentes a los actuales 294 y 295 de la LSS), que igualmente preveían como un derecho para los trabajadores y sus beneficiarios el agotamiento del recurso de inconformidad.

Consecuentemente, desde la LSS que entró en vigor en julio de 1997 debió reformarse el segundo párrafo, en armonía con la obligatoriedad del recurso en comento que se proclamó entonces.

En este momento, de concretarse la reforma del primer párrafo del artículo 44 de la LSS, éste se armonizaría con su segundo párrafo, el que --por tanto-- ya no habría necesidad de reformar.

En el tercer párrafo del actual artículo 44 de la LSS se vuelve a insistir en la no obligatoriedad del recurso de inconformidad: ``en cuanto a los demás seguros se estará a lo que se resuelva en la inconformidad o en los medios de defensa establecidos en el artículo 294 de esta ley''. Este párrafo también está reclamando la reforma del artículo 44 de la LSS, además de que en él se establece un inconstitucional trato desigual, pues mientras los trabajadores víctimas de un riesgo de trabajo deben necesariamente desahogar el recurso de inconformidad, los trabajadores o beneficiario inconformes con la resolución definitiva que se emita en relación con otros seguros (invalidez y vida, enfermedad y maternidad, etcétera) no quedan obligados a este extremo.

Los trabajadores que enfrentan un siniestro laboral merecen y necesitan con prioridad una definición de sus derechos, los que no pueden ser sustituidos por los paliativos que recibirán en otros seguros, como los precisados; con mayor razón en los casos en que el IMSS acepta el riesgo de trabajo y sólo el trabajador impugna el grado de valuación.

Además, el apoyo económico en el ramo de enfermedad o invalidez, mientras se resuelve la impugnación del trabajador, intenta respetar, con limitaciones, lo preceptuado en la Ley Federal del Trabajo, que ordena no dejar en el desamparo al trabajador que ha sufrido un riesgo de trabajo: de la entrega de 100 por ciento de su salario debe pasar a una pensión o indemnización (salvo que afortunadamente sea dado de alta o se rehabilite).

Por lo expuesto, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 44 de la Ley del Seguro Social, suprimiendo la obligatoriedad de interponer el recurso de inconformidad con relación a la calificación definitiva de un riesgo de trabajo efectuada por el IMSS

Artículo Único. Se reforma el primer párrafo del artículo 44 de la Ley del Seguro Social, para quedar en los siguientes términos:

Artículo 44. Cuando el trabajador asegurado no esté conforme con la calificación que del accidente o enfermedad haga el instituto de manera definitiva, podrá interponer el recurso de inconformidad.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Gracias diputado Pablo Trejo Pérez. Insértese íntegro el texto en el Diario de los Debates, ytúrnese a la Comisión de Seguridad Social.

ARTICULO 135 CONSTITUCIONAL

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Se recibió del diputado Raúl Cervantes Andrade, del Grupo Parlamentario del PRI, iniciativa que reforma el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz : «Iniciativa que reforma el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Raúl Cervantes Andrade , del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito diputado integrante de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en uso de las facultades que me confiere la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta honorable Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforma el párrafo primero del artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con la siguiente

Exposición de Motivos

De acuerdo con el artículo 44 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Distrito Federal es la capital de los Estados Unidos Mexicanos y sede de los poderes de la Unión. Asimismo es el centro político, cultural y económico del país. Esta entidad federativa aporta la quinta parte del producto interno bruto de nuestro país y casi el 50% de la recaudación total de impuestos.

Es la ciudad más poblada de la República y una de las mayores aglomeraciones urbanas del mundo, con 8.720.916 habitantes, de acuerdo al Segundo Conteo de Población 2005 elaborado por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. ¹

En su crecimiento demográfico, la Ciudad de México fue incorporando a numerosos poblados que se encontraban en las cercanías. A mediados del siglo XX, su área metropolitana desborda los límites del Distrito Federal, y se extiende sobre 40 municipios del estado de México y un municipio del estado de Hidalgo; según la más reciente definición oficial de 2003 sobre zonas metropolitanas, en la del Valle de México habitan casi 15 millones de personas. De acuerdo con el Reporte Urbanístico de las Naciones Unidas, la Zona Metropolitana de la Ciudad de México es la más grande del hemisferio occidental y la primera aglomeración urbana más grande del mundo, sin contar con el efecto conurbación urbana de Tokio (ciudades contiguas). Sería tras esto, la segunda conurbación, después de Tokio más grande del mundo. ²

De acuerdo con un estudio realizado por Price Waterhouse Coopers, el área metropolitana de la Ciudad de México ocupa el octavo sitio de las ciudades más ricas del mundo al tener un producto interno bruto ³ de 331 mil millones de dólares que se duplicará, según el mismo estudio, en el 2020, colocándola en el séptimo sitio solo detrás de Tokio, Nueva York, Chicago, Los Ángeles, Londres y París.

Asimismo, el Distrito federal es la entidad federativa con el mayor grado de alfabetización. De los más de ocho millones de personas que viven en la Ciudad de México el 94,83% sabe leer y escribir, siendo que la media nacional es de 88,69%. En lo que respecta al grado de escolaridad, el promedio ronda los once años de instrucción cuando en el país éste es de apenas 8 años. La ciudad de México concentra una alta proporción de personas que han concluido una formación universitaria, o de posgrado y tiene uno de los niveles de vida más altos del país.

Sin embargo el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no considera a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, órgano ⁴ legislativo del Distrito Federal, dentro del proceso de modificación constitucional, lo que impide que los capitalinos, representados en la Asamblea Legislativa, puedan pronunciarse sobre la aprobación o no de una reforma constitucional. Es decir, actualmente la ciudad más importante del país, donde se encuentra la mayor concentración de mexicanos, no es tomada en cuenta cuando se propone reformar a la Constitución Política.

Como ha quedado demostrado, los habitantes de la Ciudad de México, hacemos una importante aportación en la vida económica, cultural, científica y política del país, sin embargo no se le reconoce a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal como miembro del Constituyente Permanente como sí lo son los estados de la Federación; aun cuando ya ha habido grandes avances en lo que concierne al reconocimiento de los derechos de los capitalinos, creo que nuestra labor como legisladores federales es incluir la participación de la ciudad capital de todos los mexicanos en las reformas estructurales sociales, económicas y políticas que estaremos construyendo en los próximos años.

De conformidad con lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración de este honorable pleno el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforma el párrafo primero del artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo Único. Se reforma el párrafo primero del artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 135. La presente Constitución puede ser adicionada o reformada. Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes, acuerden las reformas o adiciones, y que éstas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los Estados y de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

...

Transitorio

Único. El presente decreto iniciará su vigencia el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.

ARTICULO 84 CONSTITUCIONAL

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Se recibió también de la diputada María de los Ángeles Jiménez del Castillo, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, iniciativa que reforma el párrafo segundo del artículo 84 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz : «Iniciativa que reforma el párrafo segundo del artículo 84 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Ma. de los Ángeles Jiménez del Castillo, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, Ma. de los Ángeles Jiménez del Castillo, en mi carácter de diputada federal de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento por lo dispuesto en el artículo 71 Fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en correlación con el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de las Estados Unidos Mexicanos, presento a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente iniciativa de ley que reforma el párrafo segundo del artículo 84 de nuestra Carta Magna, al tenor de las siguientes consideraciones.

Exposición de Motivos

Casi desde la Independencia de México, y salvo en dos breves periodos de su historia, México ha sido una república gobernada por presidentes que comparten la jefatura de Estado y del gobierno, entendiéndose con ello, que el Poder Ejecutivo federal reside en la figura del presidente de la república, quien al mismo tiempo es jefe de Estado y de gobierno.

Cargo que se caracteriza por ser de elección popular, con una duración de seis años y sin posibilidad de reelección, sin embargo, nuestra Constitución Política prevé, en su artículo 84, el proceso a seguir por parte del Congreso de la Unión ante la falta absoluta del presidente de la república, el cual a la letra dice:

Artículo 84. En caso de falta absoluta del presidente de la república ocurrida en los dos primeros años del periodo respectivo, si el Congreso estuviere en sesiones, se constituirá inmediatamente en Colegio Electoral, y concurriendo cuando menos las dos terceras partes del número total de sus miembros, nombrará en escrutinio secreto y por mayoría absoluta de votos, un presidente interino; el mismo Congreso expedirá, dentro de los diez días siguientes al de la designación de presidente interino, la convocatoria para la elección del presidente que deba concluir el periodo respectivo, debiendo mediar entre la fecha de la convocatoria y la que se señale para la verificación de las elecciones un plazo no menor de catorce meses, ni mayor de dieciocho.

Si el Congreso no estuviere en sesiones, la Comisión Permanente nombrará, desde luego, un presidente provisional y convocará a sesiones extraordinarias al Congreso para que éste, a su vez, designe al presidente interino y expida la convocatoria a elecciones presidenciales en los términos del artículo anterior.

Cuando la falta de presidente ocurriese en los cuatro últimos años del periodo respectivo, si el Congreso de la Unión se encontrase en sesiones, designará al presidente sustituto que deberá concluir el periodo; si el Congreso no estuviere reunido, la Comisión Permanente nombrará un presidente provisional y convocará al Congreso de la Unión a sesiones extraordinarias para que se erija en Colegio Electoral y haga la elección del presidente substituto.

Una vez analizado el artículo en cita, se concluye que a falta total del presidente de la república durante los primeros dos años de su periodo correspondiente, si el Congreso estuviere en sesiones, se constituirá en el Colegio Electoral y por mayoría absoluta de votos de cuando menos las dos terceras partes del número total de sus miembros, nombrará a un presidente interino y, posteriormente, convocará la elección del presidente que deba concluir el periodo.

Asimismo, en el párrafo segundo establece que si el Congreso de la Unión no estuviere en sesiones, la Comisión Permanente nombrará un presidente provisional y convocará a sesiones extraordinarias al Congreso, no obstante dicho párrafo tiene un error, toda vez que en el último renglón refiere: ``... y expida la convocatoria a elecciones presidenciales en los términos del artículo anterior... (sic)'' , se advierte que indebidamente el legislador asentó en los términos del artículo anterior , cuando lo correcto sería referirse al párrafo anterior , dado que si se aplicara lo que dice ``el artículo anterior'' tendríamos que referirnos al artículo 83 constitucional que a la letra se inserta:

Artículo 83. El presidente entrará a ejercer su encargo el 1o. de diciembre y durará en él seis años. El ciudadano que haya desempeñado el cargo de presidente de la república, electo popularmente, o con el carácter de interino, provisional o sustituto, en ningún caso y por ningún motivo podrá volver a desempeñar ese puesto

Este artículo evidentemente no indica nada respecto a la elección del presidente de la república, que habría de acabar el periodo de aquel que faltare, por lo que es claro que lo correcto es referirlo al párrafo anterior del mismo artículo, esto es al primer párrafo del artículo 84 constitucional, que efectivamente especifica y detalla el proceso para nombrar tanto al presidente interino como al que habrá de terminar el periodo en cuestión.

Una vez expuesto lo antes descrito, y sin perjuicio de que la presente iniciativa de ley sea muy breve, es de gran relevancia para nuestros gobernados, en virtud de la importancia que tiene para la sociedad mexicana la figura del presidente de la república, ya que, hoy por hoy, es a quien la sociedad reconoce como el representante de los tres poderes, acaparando en su persona todas las funciones del poder público estatal, aunado a que es en quien la sociedad ha depositado su voto de confianza mediante su elección popular, razón por la cual, nuestro país no se puede quedar sin su representante por una equivocación de palabra en el artículo 84 constitucional, por lo que dicha iniciativa pretende cambiar la palabra ``artículo'' del segundo párrafo del controvertido numeral por la de ``párrafo'' a fin de que sí se llegase a tener que nombrar un presidente que continúe y termine con un periodo constitucional, el país no sufra un estado de caos y el proceso para nombrar al presidente definitivo no tenga contratiempos ni lagunas que atrasen el bienestar y crecimiento del país.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de la asamblea la siguiente

Inciativa de reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Único. Se reforma el párrafo segundo del artículo 84, para quedar en los siguientes términos:

Artículo 84.

...

Si el Congreso no estuviere en sesiones, la Comisión Permanente nombrará un presidente provisional y convocará a sesiones extraordinarias al Congreso para que éste, a su vez, designe al presidente interino y expida la convocatoria a elecciones presidenciales en los términos del párrafo anterior.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Antes de dar el uso de la palabra, les recuerdo a los diputados, si quieren que se turne alguna iniciativa o algún punto que hayan presentado, con mucho gusto estamos aquí en el área técnica tomando nota.

LEY DE PROMOCION Y DESARROLLO DE LOS BIOENERGETICOS

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Se concede el uso de la tribuna al diputado José Antonio Arévalo González, para presentar iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos, suscrita por el ponente y el diputado Jesús Sesma Suárez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

El diputado José Antonio Arévalo González : Gracias, Presidenta.

Compañeros diputados y compañeras diputadas, la nueva Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de febrero del presente año, define los bioenergéticos como combustibles obtenidos de la biomasa de materia orgánica proveniente de actividades agrícola, pecuaria y silvícola.

Asimismo, de la acuacultura, algacultura, de residuos de la pesca doméstica, de actividades comerciales, industriales, de microorganismos y de enzimas, así como sus derivados producidos por procesos tecnológicos sustentables que cumplan las especificaciones y normas de calidad establecidas por la autoridad competente, en los términos de esta ley. La anterior definición revela que la industria de los bioenergéticos está fundamentada en la producción agropecuaria, especialmente en los cultivos alimentarios.

Analizando la situación mundial de los bioenergéticos encontramos que los países pioneros de estas tecnologías han enfrentado serios problemas ambientales y sociales. Ejemplificando, Estados Unidos es el primer productor mundial de etanol a base de maíz. En este país las prácticas agrícolas involucran gran cantidad de fertilizantes, pesticidas y organismos genéticamente modificados, lo cual ha causado severos daños ambientales.

Por otro lado, Brasil es el primer producto mundial de etanol a base de caña de azúcar. En este país han surgido problemas como la sustitución de la selva amazónica por cañaverales, además de conflictos sociales debido al desequilibrio en los precios nacionales del azúcar.

Argentina, líder en la producción de biodiesel a partir de la soya, se ha topado con el inconveniente de que cada vez son más escasos y costos los alimentos a base de soya, ya que los productores ganan más si la venden como materia prima para generar biodiesel.

De estas experiencias previas se puede inferir que México es susceptible de sufrir las consecuencias negativas que sufrieron Estados Unidos, Brasil o Argentina; o podría ser aún peor, ya que el maíz es la base de la alimentación nacional y México es el centro de origen del maíz. Además, la introducción de variedades genéticamente modificadas para la producción de bioenergéticos constituye una fuerte amenaza para las variedades nativas del maíz y para la seguridad alimentaria de nuestra nación.

Lo ideal sería que el aprovechamiento de cultivos alimentarios se mantuviera debidamente separado de la industria de bioenergéticos. Esto es posible mediante los biocombustibles de segunda generación, es decir aquéllos obtenidos de la biomasa proveniente exclusivamente de residuos de tipo orgánico de cualquier actividad agropecuaria, doméstica o industrial.

Esta definición implica que toda la materia orgánica aprovechable será residuo, no alimento. Bajo este razonamiento consideramos necesario incluir el término de bioenergéticos de segunda generación en la Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos.

Para complementar esta propuesta y minimizar los efectos de la industria de bioenergéticos sobre la seguridad alimentaria proponemos establecer una vigencia anual en los permisos de Sagarpa otorgados para la producción de bioenergéticos a partir de las proporciones comestibles del maíz y de otros cultivos alimentarios.

Para dar un verdadero impulso a los bioenergéticos de segunda generación sobre los bioenergéticos convencionales, proponemos darle prioridad en los ámbitos de infraestructura, tecnología, investigación y capacitación en las disposiciones actuales de la Ley de Promoción y Desarrollo de Bioenergéticos.

Compañeros legisladores, la propuesta del Partido Verde Ecologista de México contenida en la presente iniciativa es comparable con las recomendaciones sobre bioenergética, hechas por el Premio Nobel de Química, Mario Molina.

Los biocombustibles de segunda generación permiten utilizar los productos del campo con una eficiencia máxima, disminuyendo la generación de residuos y abriendo nuevas posibilidades de negocio sin descuidar la producción local y nacional de alimentos.

Por tanto, si México busca alcanzar un sistema energético de primer mundo, necesita también imponer restricciones de primer mundo sobre los bioenergéticos; las necesidades locales deben tener prioridad sobre el comercio global para minimizar los impactos sociales y ambientales negativos de ésta, nuestra industria. Por su atención, muchas gracias.

«Iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos, suscrita por los diputados José Antonio Arévalo González y Jesús Sesma Suárez , del Grupo Parlamentario del PVEM

Los diputados José Antonio Arévalo González y Jesús Sesma Suárez , integrantes de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 4, 71, fracción II, 72, 73, fracciones XXIX-D y XXX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, la presente iniciativa con proyecto de decreto, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

La agricultura mundial está cambiando, principalmente por dos motivos: para enfrentar la escasez de alimentos y para producir combustibles sustitutos del petróleo y sus derivados. Para sustituir al petróleo, está creciendo la tendencia de generar etanol a partir de cultivos que también producen alimento, como maíz, caña de azúcar, remolacha, soya, sorgo y otros. Esto ha generado serios problemas ambientales y sociales en el mundo.

Estados Unidos es el primer productor mundial de etanol a base de maíz; las prácticas agrícolas empleadas en este proceso son actualmente insustentables, ya que involucran el uso de gran cantidad de fertilizantes, pesticidas y organismos genéticamente modificados. Algunos argumentan que el etanol derivado de granos de maíz es un combustible útil de transición hacia el etanol de segunda generación, es decir, aquél que no se produce con las partes comestibles, sino con la celulosa de tallos, hojas y desechos.

Brasil es el primer productor mundial de etanol a base de caña de azúcar. Las prácticas agrícolas son un poco más respetuosas del ambiente, ya que no emplean organismos genéticamente modificados ni agroquímicos en grandes cantidades; sin embargo, han ocasionado problemas como la deforestación de la selva amazónica para plantar caña, además de conflictos sociales debidos al desequilibrio en los precios nacionales del azúcar.

Argentina comenzó recientemente a producir biodiesel a partir de soya, con el inconveniente de que cada vez es más escasa la soya que se vende como alimento, ya que los productores ganan más si la venden como materia prima para generar biodiesel. Los más afectados por esta situación son las comunidades de escasos recursos, que ya no pueden costear los alimentos de soya.

De estas experiencias previas se puede inferir que México es susceptible de sufrir las consecuencias negativas que sufrieron Estados Unidos, Brasil o Argentina. Podría ser aún peor, ya que el maíz es la base de la alimentación nacional y México es el centro de origen del maíz; la introducción de variedades genéticamente modificadas para producción de bioenergéticos sería una fuerte amenaza para las variedades nativas de maíz y para la alimentación de toda la población.

La nueva Ley de promoción y desarrollo de los bioenergéticos ¹ define en su artículo 2, fracción II, los bioenergéticos como combustibles obtenidos de la biomasa provenientes de materia orgánica de las actividades agrícola, pecuaria, silvícola, acuacultura, algacultura, residuos de la pesca, domésticas, comerciales, industriales, de microorganismos, y de enzimas, así como sus derivados, producidos por procesos tecnológicos sustentables que cumplan con las especificaciones y normas de calidad establecidas por la autoridad competente en los términos de esa ley.

Esta definición basa la industria de bioenergéticos en la producción agropecuaria, poniendo principal énfasis en cultivos alimentarios, lo que eventualmente podría constituir un riesgo para la seguridad alimentaria de nuestro país.

Lo ideal sería que el aprovechamiento de cultivos alimentarios se mantuviera debidamente separado de la industria de bioenergéticos. Esto sería posible mediante los combustibles de ``segunda generación'', es decir, aquéllos obtenidos de la biomasa proveniente exclusivamente de residuos de tipo orgánico de cualquier actividad agropecuaria, doméstica o industrial.

Esta definición implica que toda la materia orgánica aprovechable será residuo, por lo tanto, no será materia orgánica comestible. Bajo este razonamiento, consideramos necesario incluir el término ``bioenergéticos de segunda generación'' en la Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos.

Esta misma ley, en un intento por minimizar los efectos de la industria de bioenergéticos sobre el maíz cultivado para alimento, establece en su artículo 11, fracción VIII, que la utilización del grano de maíz como bioenergético requiere permisos previos, ``que se otorgarán solamente cuando existan inventarios excedentes de producción interna de maíz para satisfacer el consumo nacional''. Esta precaución puede considerarse suficiente por algunos analistas; sin embargo, deja abiertas varias posibilidades que podrían afectar la seguridad alimentaria.

Si México busca un sistema energético de primer mundo, necesita también imponer restricciones ``de primer mundo'' sobre la producción de bioenergéticos. Las necesidades locales deben tener prioridad sobre el comercio global para minimizar los impactos sociales y ambientales negativos. ²

Así pues, consideramos necesario modificar el artículo 11, sección VIII de la ley, para establecer una periodicidad y vigencia anual en los permisos de producción de bioenergéticos a partir de las partes comestibles del maíz.

Otra carencia detectada en el artículo 11, sección VIII, es que solamente se considera el maíz como fuente de bioenergéticos; sin embargo, México también tiene potencial suficiente para producir bioenergéticos a partir de otros cultivos; por ello, consideramos pertinente hacer obligatorios los permisos previos para obtener bioenergéticos de las partes comestibles de la caña de azúcar, remolacha, soya, sorgo, trigo y demás cultivos destinados a alimentación humana o animal (piensos).

Las tecnologías de ``segunda generación'' para producir biocombustibles han recibido gran atención por parte de la comunidad internacional, ya que han permitido utilizar los productos del campo con una eficiencia máxima, disminuyendo la generación de residuos y abriendo nuevas posibilidades de negocio, sin descuidar la producción local y nacional de alimento.

El Premio Nobel de Química Mario Molina recomienda que México integre estas tecnologías en la elaboración de bioenergéticos a partir de celulosa de tallos y hojas de maíz, residuos forestales y residuos sólidos urbanos de tipo orgánico. El uso de dichos residuos evitaría la destrucción de ecosistemas y reduciría los cambios de uso de suelo.

El potencial técnico de la bioenergía en México se estima entre 2 mil 635 y 3 mil 771 petajoules al año; sin embargo, su uso actual es 10 veces menor. Se estima una generación de 73 millones de toneladas de residuos de actividades agrícolas y forestales con potencial energético, y aprovechando los residuos sólidos urbanos de las 10 principales ciudades para la generación de electricidad a partir de su transformación térmica, se podría instalar una capacidad de 803 MW y generar 4,507 MWh/año. ³

Para explotar estos recursos a su máximo potencial se requieren incentivos y apoyos que den prioridad a los proyectos para obtención de bioenergéticos de segunda generación sobre los bioenergéticos convencionales. Para ello, se propone señalar la prioridad de estos proyectos en los ámbitos de infraestructura y tecnología (artículo 18), investigación y capacitación (artículo 19) de la misma ley.

En atención a lo anteriormente expuesto, los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en esta soberanía sometemos a la consideración de este honorable Pleno la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos.

Artículo Único. Se reforman las fracciones VIII del artículo 11, V del artículo 19, el párrafo segundo del artículo 18 y se adiciona la fracción II Bis al artículo 2, todos de la Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos, para quedar como sigue:

Artículo 2. Para los efectos de esta ley se entenderá por:

Artículo 11. Para los efectos de la presente ley, la Sagarpa tendrá las siguientes facultades:

Artículo 18. ...

Los incentivos estarán dirigidos a personas que contribuyan al desarrollo de la industria de los bioenergéticos de segunda generación y a la modernización de su infraestructura, a través de la fabricación, adquisición, instalación, operación o mantenimiento de maquinaria para la producción de bioenergéticos de segunda generación. Asimismo, considerarán a aquellas personas que realicen investigaciones de tecnología, cuya aplicación disminuya la generación de emisiones contaminantes a la atmósfera, aguas, suelos, sitios, así como la innovación tecnológica en las plantas de producción de bioenergéticos.

Artículo 19. La Sagarpa y la Sener apoyarán la investigación científica y tecnológica para la producción y uso de los bioenergéticos, así como la capacitación en estas materias y tendrán como propósitos esenciales:

Artículos Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al siguiente día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se derogan todas las disposiciones que contravengan al presente decreto.

Notas: 1 Dictamen de las Comisiones de Agricultura y Ganadería, de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, de Energía, de Puntos Constitucionales, y de Estudios Legislativos de la minuta con proyecto de decreto por el que expide la Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos. Gaceta del Senado número 76 (13-12-07) www.senado. gob.mx/gace.php?sesion=2007/12/13/1 & documento=52 2 Cotter, J. y R. Tirado. 2007. Políticas sobre bioenergía. Greenpeace International. www.greenpeace.org/raw/content/mexico/press/reports/criterios-para-bioenerg-a.pdf 3 Torres-Roldán, F. y E. Gómez-Morales. 2006. Energías renovables para el desarrollo sustentable de México . Sener-GTZ. www.energia.gob.mx/webSener/res/PE y DT/pub/FolletoERenMex-SENER-GTZ ISBN.pdf

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Gracias, diputado José Antonio Arévalo González.Túrnese a la Comisión de Agricultura y Ganadería.

Se concede el uso de la tribuna a la diputada Patricia Villanueva Abraján , del Grupo Parlamentario del PRI. Se pospone esta iniciativa; no se encuentra en este momento la diputada. Se pospone también la que sigue.

LEY DE ASOCIACIONES AGRICOLAS

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Se concede el uso de la tribuna a la diputada Bertha Yolanda Rodríguez Ramírez, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Asociaciones Agrícolas.

La diputada Bertha Yolanda Rodríguez Ramírez : Con el permiso de la Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Adelante, diputada.

La diputada Bertha Yolanda Rodríguez Ramírez : La suscrita, diputada Yolanda Rodríguez Ramírez, a nombre propio y de las compañeras diputadas integrantes del Grupo Parlamentario del PRI, con fundamento en lo establecido en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y los artículos 55 y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley de Asociaciones Agrícolas, al tenor de lo siguiente:

La iniciativa que hoy se somete a la consideración de esta honorable asamblea propone reformar la Ley de Asociaciones Agrícolas, a efecto de impulsar la participación de las mujeres en el desarrollo económico rural a través de la organización de cadenas productivas y comercializadoras de los productos agrícolas constituidas por mujeres. Se prevé también que las asociaciones agrícolas locales, además de estar integradas por productores especializados, también lo sean por mujeres productoras.

De igual forma, se propone que las uniones regionales agrícolas acrediten ante la Confederación Nacional de Productores Agrícolas la participación de mujeres en los cargos de delegadas propietarias y suplentes, para que en ellas se encuentren representadas las asociaciones agrícolas conformadas por mujeres.

La democracia, la promoción y la protección de todos los derechos humanos y libertades fundamentales, inclusive el derecho al desarrollo sin ser concebido éste como asistencia social y la participación plena y equitativa de mujeres y hombres son indispensables a fin de alcanzar la seguridad alimentaria, sostenible para todos.

Por lo expuesto, me permito someter a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforma el artículo 5o., se adiciona la fracción VIII al artículo 3o., y el segundo párrafo al artículo 12 la Ley de Asociaciones Agrícolas

Para quedar como sigue:

Artículo 3o. Las asociaciones agrícolas constituidas en los términos de esta ley tendrán las siguientes finalidades: ...

VIII. Impulsar la participación de las mujeres en el desarrollo económico a través de la organización de cadenas productivas y comercializadoras de productos agrícolas constituidas por mujeres.

Artículo 5o. Las asociaciones locales se denominarán asociaciones agrícolas locales y estarán integradas por productores especializados o por mujeres productoras. Para los efectos de este artículo se entiende por productores especializados a aquellos cuya actividad predominante se dedique a un cultivo o a una rama especial de la economía.

Artículo 12. Las uniones regionales agrícolas también deberán acreditar ante esta confederación la participación de delegadas propietarias y suplentes para que en ellas se encuentre representadas las asociaciones agrícolas conformadas por mujeres.

Artículos transitorios. Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Las uniones regionales agrícolas deberán acreditar, en un plazo de 90 días posteriores a la fecha de publicación del presente decreto en el Diario Oficial de la Federación, a las delegadas propietarias y suplentes ante la Confederación de Productores Agrícolas.

Tercero. Remítase a la honorable Cámara de Senadores, para sus efectos constitucionales.

Muchas gracias.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Asociaciones Agrícolas, a cargo de la diputada Bertha Yolanda Rodríguez Ramírez , del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita diputada Bertha Yolanda Rodríguez Ramírez , en nombre de las diputadas integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LX Legislatura de la Cámara de Diputados al honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo establecido en los artículos 71 fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 55 y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, presento la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Asociaciones Agrícolas al tenor de la presente

Exposición de Motivos

La agricultura es una actividad primordial que contribuye a alcanzar una alimentación suficiente y de calidad nutricional. Esta actividad, que a través de la historia se ha convertido en una actividad no sólo primaria, sino también central en materia económica, en la organización social y en garantía de sustentabilidad nacional, se caracteriza porque es el centro de largos procesos de observación e investigación, misma que desde su descubrimiento han sido realizados principalmente las mujeres.

Por ello, actualmente resulta paradójico que quienes están dedicados a esta importante actividad, por sus precarias condiciones de vida no puedan alimentarse ni alimentar a sus familias adecuadamente, y en el caso de las mujeres las condiciones son aún menos alentadoras, pues a pesar de que a nivel mundial el 80 por ciento de los alimentos son producidos por mujeres, siguen siendo un grupo marginado en el sector agrícola.

Desde el descubrimiento de la agricultura, las mujeres han sido pieza clave en esta materia. Ellas han experimentado, han hibridado semillas, han seleccionado lo comestible y lo no comestible, también han preservado alimentos e inventado y refinado la dieta, la culinaria y sus instrumentos. A través de estas actividades, han generado uno de los más importantes referentes de cada una de las culturas y sociedades; y no es poco decir: ellas han alimentado al mundo. Las mujeres, aun en contextos de pobreza extrema, alimentan a sus comunidades y mantienen patrones de consumo congruentes con el cuidado de la tierra y la colectividad. Sin embargo, al momento de definir las políticas agrícolas y alimenticias, esta es una consideración de último rango, pues en un mundo regido por las relaciones de mercado, ellas apenas mantienen el dominio del 1 por ciento de las tierras agrícolas.

Según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) las agricultoras aportan el 50 por ciento del sustento mundial y hasta el 80 por ciento en los países en vías de desarrollo. Además, están en primera línea de la seguridad alimentaria, de la conservación de la diversidad de los cultivos, la ganadería y la riqueza del medio ambiente, así como de la aplicación de buenas prácticas en sus tareas diarias. En una palabra, a las mujeres les está reservado un papel fundamental en el conocimiento y conservación de la biodiversidad.

En México actualmente las mujeres asumen un papel cada vez más relevante en la agricultura, en parte provocado por la migración rural de los hombres a las ciudades y a otros países, pero siguen siendo infravaloradas en las políticas de desarrollo rural. Frecuentemente son escasas las acciones de apoyo para que produzcan tanto como los hombres a pesar de que diversos estudios coinciden en que las economías nacionales mejorarían considerablemente si se implementaran políticas públicas y acciones afirmativas que impulsen una mayor contribución de las mujeres a la producción agrícola.

En 1995, durante la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer (Beijing, China), los gobiernos se comprometieron en la Declaración de Beijing a: ``promover el conocimiento y favorecer la investigación sobre el papel de las mujeres, particularmente de las zonas rurales e indígenas, en el riego, la gestión de los humedales, el saneamiento, centrándose particularmente en el conocimiento y la experiencia de la mujer indígena''. A pesar de que México fue firmante de esta declaración, la repartición del trabajo agrícola entre hombres y mujeres tiende a desconocer el papel de la mujer que suele realizar hasta jornadas triples. Por ello, el registro estadístico de esta actividad desarrollada por mujeres es poco conocido.

En el medio rural viven 12.2 millones de mujeres que representan el 13.1 por ciento de la población nacional y cerca de la mitad de ellas son menores de 19 años de edad, estas mujeres invierten más de 12 horas promedio de trabajo para garantizar la subsistencia de sus familias. Las mujeres indígenas del campo realizan jornadas de trabajo de entre 16 y 18 horas.

Según datos del Registro Agrario Nacional, para el 2000 había 252 mil ejidatarias, y más de 500 mil posesionarias de la tierra han obtenido su certificado de derechos ejidales, lo que si bien representa un avance legal, no es suficiente para facilitar el acceso de la mujer al desarrollo económico mediante el trabajo agrícola.

El número de mujeres que trabajan de investigadoras en ciencias agrícolas o agentes de asistencia técnica ha sido minúsculo hasta hace poco. En todos los continentes va en aumento el número de mujeres que ingresan al campo de las ciencias agrícolas, pero las cifras son todavía bajas y es escasa su participación con voz y voto en los órganos decisorios agrícolas y ambientales, pues no se toman en cuenta sus capacidades de adoptar decisiones en el ejido y en materia de política agrícola y alimentaria. En México la presencia de las mujeres en cargos de representación y vigilancia en los ejidos ha crecido, pero no lo suficiente ya que sólo representa el 4 por ciento.

En tal sentido es necesario aprovechar al máximo las capacidades de las mujeres en las actividades agrícolas y revalorar su experiencia que sin duda será de gran utilidad en la toma de decisiones en el sector agrario e impulsar su participación y su acceso al desarrollo económico.

La iniciativa que se somete a la consideración de esta honorable asamblea, propone reformar la Ley de Asociaciones Agrícolas, a efecto de impulsar la participación de las mujeres en el desarrollo económico rural, a través de la organización de cadenas productivas y comercializadoras de productos agrícolas, constituidas por mujeres. Se prevé también que las asociaciones agrícolas locales, además de estar integradas por productores especializados, también lo sean por mujeres productoras.

De igual forma se propone que las Uniones Regionales Agrícolas acrediten ante la Confederación Nacional de Productores Agrícolas, la participación de mujeres en los cargos de delegadas propietarias y suplentes, para que en ella se encuentren representadas las asociaciones agrícolas conformadas por mujeres.

La democracia, la promoción y protección de todos los derechos humanos y libertades fundamentales, inclusive el derecho al desarrollo sin ser concebido como asistencia social y la participación plena y equitativa de mujeres y hombres son indispensables a fin de alcanzar la seguridad alimentaria sostenible para todos.

Por lo antes expuesto y fundado, me permito someter a la consideración de esta soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Asociaciones Agrícolas

Único. Se reforma el artículo 5o. y se adiciona una fracción VIII al artículo 3o. y un segundo párrafo al artículo 12, todos de la Ley de Asociaciones Agrícolas para quedar como sigue:

Artículo 3o. Las asociaciones agrícolas constituidas en los términos de está ley tendrán las siguientes finalidades:

Artículo 5o. Las asociaciones locales se denominarán ``Asociaciones Agrícolas Locales'', y estarán integradas por productores especializados o por mujeres productoras. Para los efectos de este artículo, se entiende por productores especializados aquellos cuya actividad predominante se dedique a un cultivo o a una rama especial de la economía rural.

Artículo 12. ...

Las Uniones Regionales Agrícolas también deberán acreditar ante esta Confederación la participación de delegadas propietarias y suplentes, para que en ella se encuentren representadas las asociaciones agrícolas conformadas por mujeres.

Artículos Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Las Uniones Regionales Agrícolas deberán acreditar en un plazo de noventa días posteriores a la publicación del presente decreto en el Diario Oficial de la Federación, a las delegadas propietarias y suplentes ante la Confederación Nacional de Productores Agrícolas.

Tercero. Remítase a la honorable Cámara de Senadores para sus efectos constitucionales.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Gracias, diputada Bertha Yolanda Rodríguez Ramírez . Túrnese a la Comisión de Reforma Agraria. Vamos a posponer también las otras tres iniciativas.

LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Se concede el uso de la tribuna a la diputada Mónica Fernández Balboa, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa que adiciona la fracción XII al artículo 179 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

La diputada Mónica Fernández Balboa : Gracias, Presidenta. Con su permiso.

El artículo 25 constitucional determina que corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la soberanía de la nación.

Igualmente la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, establecida como disposición reglamentaria de la fracción XX del artículo 27 de nuestra Carta Magna, determina que el Estado promoverá las condiciones para el desarrollo rural integral con el propósito de generar empleo y garantizar a la población campesina el bienestar y su participación e incorporación en el desarrollo nacional y fomentará la actividad agropecuaria y forestal para el óptimo uso de la tierra con obras de infraestructura, insumos, créditos, servicios de capacitación y asistencia.

Por ello, una de las responsabilidades fundamentales del Estado es procurar el abasto oportuno y suficiente de alimentos y productos a los grupos sociales menos favorecidos, con base fundamentalmente en la producción nacional.

Consideramos que el cacao y el plátano constituyen parte de la dieta de la mayoría de la población o al menos de manera diferenciada por regiones, siendo motivo más que justificado para que el gobierno federal, en la conducción de su política agropecuaria, considere a estos productos como básicos y estratégicos en cuanto a su importancia en la economía de los productores del campo o de la industria de Tabasco y Chiapas en particular, y de toda la región sur-sureste.

Por ello, estos productos deben ser considerados alimentos básicos y estratégicos en los términos de la fracción V del artículo 3o. de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, puesto que constituyen una base de importancia en la alimentación de la población y en la economía de un gran número de productores del campo.

La fracción XXII del artículo 3o. de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable define como productos básicos y estratégicos aquellos alimentos que son parte de la dieta de la mayoría de la población en general o diferenciada por regiones, y los productos agropecuarios cuyo proceso productivo se relaciona con segmentos significativos de la población rural u objetivos estratégicos nacionales.

Se definen como alimentos básicos y estratégicos los productos básicos, los de mayor importancia en la alimentación de la mayoría de la población por su impacto en la economía de los productores del campo o de la industria. En este rubro entran el maíz, frijol, trigo, arroz, huevo, leche, carne, porcinos, aves y pescado.

Los productos agropecuarios estratégicos y básicos constituyen también la base de protección y ampliación del empleo y del salario de los trabajadores del campo mexicano. Prácticamente la totalidad de quienes dedican su trabajo al sector rural se enfocan en los productos que señala con este carácter la ley. Alrededor de ellos viven y progresan cientos de miles de familias rurales, formando también parte de su cultura regional.

Actualmente México ocupa el octavo lugar como productor de plátano al participar con poco más de 3 por ciento de la producción mundial, y el duodécimo lugar como exportador, y participa con sólo 1.4 por ciento de las exportaciones totales.

Tabasco antes de las inundaciones de noviembre de 2007 era el segundo estado productor de plátano en México, con más de 17 por ciento de la producción, muy por debajo de Chiapas, que constituye el primer estado productor.

Además, se debe resaltar que en el sistema producto cacao participan alrededor de 33 mil productores de Tabasco y Chiapas y otras entidades del país. Este cultivo cuenta con la certificación internacional que reconoce la alta calidad del cacao mexicano.

La problemática que enfrenta la producción agrícola de nuestros campesinos tabasqueños es mayúscula. Nuestro territorio quedó devastado, con pérdidas del 100 por ciento en la producción agrícola, en particular el plátano y el cacao, principales productos agrícolas de la región, altamente dependiente del campo, donde se ubican fuentes importantes de trabajos rurales, lo cual representa el sustento de casi un tercio de la población del estado que depende del sector agropecuario. Los daños en Tabasco amenazan también con reducir la producción nacional, pues el estado es una de las fuentes más importantes de carne y fruta en México, así como de electricidad y agua.

Está por demás decir que el plátano es el cuarto cultivo más importante del mundo, después del arroz, el trigo y el maíz, además de ser considerado un producto básico y de exportación, constituyendo una importante fuente de empleo e ingresos en numerosos países en desarrollo y constituyendo una parte esencial de la dieta diaria para los habitantes de más de 100 países tropicales y subtropicales, incluyendo a México.

Por lo que respecta al cacao, se puede decir que éste es cultivado principalmente en Chiapas y Tabasco en 83 mil 300 hectáreas, generando la actividad de 4.98 millones de jornales al año y cuyo valor de producción es de 551 millones de pesos en este mismo periodo.

Tabasco necesita un trato especial y urgente y de ahí nace la preocupación y la inquietud por proponer a esta honorable soberanía la presente iniciativa que reforma el artículo 179 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable por las repercusiones, todas positivas, que por motivos de tiempo no puedo mencionar en esta tribuna, de incluir el plátano y el cacao dentro de los productos básicos, facilitando que los grupos sociales menos favorecidos tengan acceso a su consumo y se dé prioridad a la producción nacional y estatal de este cultivo, por sí mismo estratégico.

Por esta razón propongo a ustedes esta iniciativa para que, dentro de este marco jurídico, los productores agropecuarios en general, y en particular los productores tabasqueños, tengan una percepción más amplia en cuanto a la construcción de cadenas productivas y conversión de cultivos, optando por productos de gran aceptación regional, nacional y mundial.

Nuestro país tiene el gran compromiso de consolidar la soberanía alimentaria para apoyar la producción agrícola de nuestros campesinos y así elevar la producción y el abasto de los alimentos que la población requiere para su desarrollo sano y nutritivo.

En este sentido, la soberanía alimentaria bien entendida es la capacidad que tiene un estado de determinar por sí mismo sus políticas agropecuarias y estimular las preferencias y hábitos culturales alimenticios, prevalecientes ante la población.

Señora Presidenta, por obviedad del tiempo le ruego que incluya el texto íntegro de esta iniciativa en el Diario de los Debates. Es cuanto, muchas gracias por su atención.

«Iniciativa que adiciona una fracción XII al artículo 179 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, a cargo de la diputada Mónica Fernández Balboa , del Grupo Parlamentario del PRD

Mónica Fernández Balboa , diputada a la LX legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los diversos 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del Pleno de esta honorable Cámara de Diputados la presente iniciativa con proyecto de decreto por el cual se adiciona una fracción XII al artículo 179 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El artículo 25 constitucional determina que corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la soberanía de la nación. Asimismo, la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, como disposición reglamentaria de la fracción XX del artículo 27 de la Carta Magna determina que el Estado promoverá las condiciones para el desarrollo rural integral, con el propósito de generar empleo y garantizar a la población campesina el bienestar y su participación e incorporación en el desarrollo nacional, y fomentara la actividad agropecuaria y forestal para el óptimo uso de la tierra, con obras de infraestructura, insumos, créditos, servicios de capacitación y asistencia técnica. Asimismo expedirá la legislación reglamentaria para planear y organizar la producción agropecuaria, su industrialización y comercialización, considerándolas de interés público.

Por ello una de las responsabilidades fundamentales del Estado es procurar el abasto oportuno y suficiente de alimentos y productos a los grupos sociales menos favorecidos, con base fundamentalmente en la producción nacional.

Consideramos que el cacao y el plátano constituyen parte de la dieta de la mayoría de la población o al menos de manera diferenciada por regiones siendo motivo más que justificado para que el gobierno federal en la conducción de su política agropecuaria, considere a estos productos como básicos y estratégicos en cuanto a su importancia en la economía de los productores del campo o de la industria de Tabasco y en especial de la región sur-sureste, por lo cual estos productos deben ser considerados alimentos básicos y estratégicos, en los términos de la fracción V del artículo 3 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, puesto que constituyen una base de importancia en la alimentación de la población y en la economía de un gran número de productores del campo.

Se hace necesario que el Estado establezca medidas para procurar el abasto de este producto entre la población, mediante líneas de acción del gobierno federal para identificar la demanda de consumo en el país de este producto y de esta manera conducir los programas para cubrir la demanda y aplicación de políticas estratégicas.

La fracción XXII del artículo 3 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable define como básicos y estratégicos aquellos alimentos que son parte de la dieta de la mayoría de la población en general o diferenciada por regiones, y los productos agropecuarios cuyo proceso de obtención se relaciona con segmentos significativos de la población rural u objetivos estratégicos nacionales.

Los productos básicos se definen como alimentos esenciales y estratégicos, los de mayor importancia en la dieta de la mayoría de la población por su impacto en la economía de los productores del campo o de la industria. En este rubro entran maíz, frijol, trigo, arroz, huevo, leche, carne de bovinos, porcinos, aves y pescado.

Los productos agropecuarios estratégicos y básicos constituyen también la base de protección y ampliación del empleo y del salario de los trabajadores del campo mexicano. Prácticamente la totalidad de quienes dedican su trabajo al sector rural cultivan los productos que señala con este carácter la ley. Alrededor de ellos viven y progresan cientos de miles de familias rurales, formando también parte de su cultura regional.

Actualmente México ocupa el octavo lugar como productor de plátano, al participar con 3.1 por ciento de la producción mundial, y el duodécimo como exportador, contribuye con sólo un 1.4 por ciento de las ventas al exterior.

Tabasco, antes de las inundaciones de noviembre del 2007, era el segundo productor de plátano en México, con 17.1 por ciento de la producción, por debajo de Chiapas, que con el 41.96 por ciento es el primer estado productor.

Conforme a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, el sistema producto es el conjunto de elementos y agentes concurrentes de los procesos productivos agropecuarios, incluidos el abastecimiento de equipo técnico, insumos, recursos financieros, la producción primaria, acopio, transformación, distribución y comercialización. De ahí que del 2001 al 2006 se hayan integrado 35 cadenas productivas agrícolas (sistema producto) que representan el 60.0 por ciento de la producción nacional agrícola, constituyéndose en el 2002 la correspondiente al plátano y en el 2003 la del cacao.

Además, se debe resaltar que en el sistema-producto cacao participan alrededor de 33 mil productores de Tabasco, Chiapas y otras entidades del país. Este cultivo cuenta certificación internacional que reconoce la alta calidad del cacao mexicano.

La problemática que enfrenta la producción agrícola de nuestros campesinos tabasqueños es mayúscula. Nuestro territorio quedó devastado, con pérdidas del 100 por ciento en la producción agrícola, en particular el plátano y el cacao, principales productos agrícolas de la región, altamente dependiente del campo, donde se ubican importantes fuentes de trabajos rurales, lo cual representa, el sustento de casi un tercio de la población del estado que depende del sector agropecuario.

El cien por ciento de las cosechas y los campos se ha perdido por la inundación, las zonas agrícolas de Tabasco se encuentran en valles bajos y están muy afectadas. Los daños agropecuarios amenazan también con reducir la producción nacional, pues el estado es una de las fuentes más importantes de carne y fruta en México, así como de electricidad y agua.

Está por demás decir que el plátano es el cuarto cultivo más importante del mundo, después del arroz, el trigo y el maíz. Además de ser considerado un producto básico y de exportación, constituye una importante fuente de empleo e ingresos en numerosos países en desarrollo y constituye una parte esencial de la dieta diaria para los habitantes de más de cien países tropicales y subtropicales incluyendo a México.

El plátano, según el Instituto de la Nutrición y Ciencias Medicas Salvador Zubirán, además de los nutrimentos energéticos, posee una combinación de micronutrimentos, como las vitaminas B6, B9, ácido fólico, A y C, y minerales como el potasio y magnesio, además de fibra, que hacen de esta fruta un complemento indispensable para las comidas del día.

Algunas de sus principales propiedades son las siguientes:

Por lo que respecta al cacao, se puede decir que es cultivado principalmente en Chiapas y Tabasco, en 83 mil 350 hectáreas, generando la actividad de 4.98 millones de jornales al año, y su valor de producción es de 551 millones de pesos en ese mismo periodo, lo cual representa una importante actividad económica para el país.

Aún no se puede afirmar que el campo tabasqueño está muerto; sin embargo, vive una de las peores crisis de los últimos 25 años, que lo pone al borde de la inanición. Aunado a la problemática que durante muchos años ha enfrentado el campo tabasqueño, como resultado de la falta de interés de los gobiernos en sus diferentes ámbitos, al no plantear un proyecto integral para su desarrollo, actualmente, y especialmente el cultivo del cacao se encuentra en grave crisis; con relación a la producción de granos, esto es debido a la falta de respuesta ante la magnitud del desastre natural acaecido en Tabasco.

La semilla de cacao es rica en grasas e hidratos de carbono, nutrientes que aportan energía al organismo, proceden de la manteca de cacao, que contiene una gran proporción de ácido esteárico, un ácido graso saturado que, a diferencia de otros, no aumenta el nivel de colesterol en la sangre. Además, es fuente de minerales tales como el potasio, el fósforo, el magnesio y el calcio, y de vitaminas. El cacao, como materia prima, contiene vitaminas como la tiamina (B1) y el ácido fólico.

El chocolate en la cocina mexicana es de gran uso, no solamente en la repostería, como golosina y un producto dulce, sino también para la elaboración de platillos como el mole, salsas, bebidas calientes y frías, que son consumidas principalmente en el centro y sur del país. Son alimentos que se adaptan preferentemente a los desayunos y las meriendas, y a los casos en que es necesario un aporte energético extra, por ejemplo en la práctica de deporte u otras actividades físicas intensas.

Tabasco necesita un trato especial y urgente, de ahí nace la preocupación y la inquietud por proponer a esta honorable soberanía la presente iniciativa de reforma al artículo 179 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, por las repercusiones todas positivas, de incluir el plátano y el cacao dentro de los productos básicos, facilitando que los grupos sociales menos favorecidos tengan acceso a su consumo y se dé prioridad a la producción nacional y estatal de este cultivo, por sí mismo estratégico.

Ahora bien, el campo mexicano fue víctima muchos años de la simulación. Poco ha cambiado, hoy sigue muy mal distribuida la atención a los productores, sigue haciendo falta una planeación inteligente, capacidad de organización, claridad y criterios productivos en las reglas de operación de los programas rurales, capacitación a quienes no pueden financiarla y distribuir mejor la justicia en la estructura productiva.

Es por esa razón, que proponemos esta iniciativa de ley, para que dentro de este marco jurídico los productores agropecuarios en general y en particular los productores tabasqueños tengan una percepción más amplia en cuanto a la construcción de cadenas productivas y de reconversión de cultivos optando por producto de gran aceptación regional, nacional y mundial como sucede con los productores de maíz y frijol a productores de cacao y plátano.

De esa manera, el impulso, desarrollo y gestión de proyectos productivos para la comercialización e industrialización de productos agropecuarios de impacto social como el plátano y el cacao, que es generador de empleos, si es viable su impulso y por ende la formación de sociedades civiles y mercantiles entre los propios ejidatarios, entre estos y pequeños propietarios y con instancias del propio gobierno.

México tiene el gran compromiso de consolidar la soberanía alimentaria para apoyar la producción agrícola de nuestros campesinos y así elevar la producción y abasto de los alimentos que la población requiere para su desarrollo sano y nutritivo.

En este sentido la soberanía alimentaria, bien entendida, es la capacidad que tiene un Estado para determinar por sí mismo sus políticas agropecuarias y estimular las preferencias y hábitos culturales alimenticios prevalecientes entre la población.

Es por esto que nadie puede poner en duda que los productos señalados anteriormente forman parte de los productos básicos habitual y de gran aceptación regional.

Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a consideración de esta soberanía, el siguiente proyecto de

Decreto que reforma el artículo 179 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

Único. Se adiciona una fracción XII al artículo 179 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, para quedar como sigue:

Artículo 179. Se considerarán productos básicos y estratégicos, con las salvedades, adiciones y modalidades que determine año con año o de manera extraordinaria, la Comisión Intersecretarial, con la participación del Consejo Mexicano y los Comités de los Sistemas-Producto correspondientes, los siguientes:

Transitorios

Único. La presente reforma entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Muchas gracias, diputada Mónica Fernández Balboa. Insértese íntegro el texto en el Diario de los Debates ytúrnese a la Comisión de Desarrollo Rural.

ARTICULO 4O. CONSTITUCIONAL

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Se concede el uso de la tribuna al diputado Carlos Madrazo Limón, para presentar iniciativa que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por el ponente y el diputado Ector Jaime Ramírez Barba, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional.

El diputado Carlos Madrazo Limón : Gracias, Presidenta. Con su permiso.

Los suscritos, diputados federales Carlos Madrazo Limón y Ector Jaime Ramírez Barba , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, integrantes de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracciones del II a LVI y LXIII, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de la Unión, someten a la consideración la iniciativa que reforma el artículo 4o., párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con base en la siguiente exposición de motivos:

Desde los años ochenta comenzaron en México las acciones de descentralización de una considerable cantidad de materias. Aunque se han realizado esfuerzos de descentralización en las entidades y municipios, aún quedan pendientes varias materias en las que ciertas facultades podrían ser distribuidas. Un ejemplo de ello es la salubridad general.

La descentralización es viable en este ámbito, principalmente en servicios básicos y siempre y cuando se valoren cuidadosamente las materias de salubridad general, las condiciones que prevalezcan en los municipios y su aptitud para asumir responsabilidades de éstos.

Facultar al municipio implica retomar aspectos centrales de la concurrencia de facultades entre los tres órdenes de gobierno, involucra reconocer que existen municipios que de facto ya los realizan; que es imprescindible la participación y colaboración de los tres órdenes de gobierno en las acciones de organización, operación, supervisión y evaluación de la prestación de los servicios de salubridad general.

Algunos municipios han demostrado estar en capacidad de prestar esos servicios, tal y como lo hacen las entidades federativas en materia de salubridad general, como la atención médica preferente en los beneficios de los grupos vulnerables, la atención materno-infantil, la salud visual, la salud auditiva, la planeación familiar, la salud mental, la organización, la coordinación y la vigilancia del ejercicio de las actividades profesionales, técnicas y auxiliares, para la salud.

Asimismo, la promoción de la formación de los recursos humanos para la salud, la coordinación de la investigación para la salud y el control de ésta en los seres humanos; la información relativa a las condiciones, los recursos y los servicios de la salud en el país, la educación para la salud, la orientación y la vigilancia en materia de nutrición, la prevención y el control de los efectos nocivos de los factores ambientales en la salud del hombre.

También la salud ocupacional y el saneamiento básico, la prevención y el control de enfermedades transmisibles; la prevención y el control de enfermedades no transmisibles y accidentes, la prevención de la invalidez y la rehabilitación de los inválidos, la asistencia social, el programa contra el alcoholismo y el programa contra el tabaquismo.

Todos ellos comprendidos en el artículo 3o. de la Ley General de Salud vigente. Es preciso añadir que sólo los municipios con las condiciones de desarrollo económico y social suficiente deberán ejercer las facultades que el Congreso les otorgue, mientras que el resto seguirá bajo el esquema federal y estatal hasta alcanzar las circunstancias y requisitos legales necesarios para llevar a cabo actos materiales que se descentralicen.

La descentralización de los servicios de salud es concebida como un proceso que debe culminar en el ámbito municipal, toda vez que esto representa una necesidad social y un reclamo popular.

La descentralización de la vida nacional se traduce en el fortalecimiento del federalismo y del municipio libre; es decir, se propicia la redistribución de beneficios entre regiones e individuos.

Por lo anterior, se propone y se pone a consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma el párrafo tercero del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Único. Se adiciona el párrafo tercero del artículo cuarto constitucional, para quedar como sigue:

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y las modalidades para el acceso a los servicios de salud, y establecerá la concurrencia de la federación, las entidades federativas y los municipios en materia de salubridad general, conforme a lo que se dispone en la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.

Transitorio. Único. El presente decreto entrará en vigor a los 90 días después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, 6 de marzo. Firma su servidor, diputado Carlos Madrazo Limón , y el diputado Ector Jaime Ramírez Barba .

Presidenta, le suplicamos que se integre el documento completo, que le fue entregado, al Diario de los Debates, y que sea pasada a la Comisión de Puntos Constitucionales con la opinión de la Comisión de Salud y de la Comisión del Fortalecimiento al Federalismo. Muchas gracias.

«Iniciativa que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Carlos Madrazo Limón y Ector Jaime Ramírez Barba , del Grupo Parlamentario del PAN

Los suscritos, diputados federales, integrantes del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, 56 y 62, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de la Unión, someten a consideración la iniciativa que reforma el artículo 4o., párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, bajo la siguiente

Exposición de Motivos

La protección de la salud concierne a la sociedad y al gobierno en sus distintos niveles: federación, estados y municipios. La enorme cantidad de acciones sanitarias y su complejidad, como lo son la detección de necesidades, la organización, la planeación, la prestación de servicios de salud, el seguimiento y la evaluación del impacto de las acciones emprendidas en beneficio de la salud, precisa la mejor articulación y corresponsabilidad de todos los actores implicados. Resulta imprescindible armonizar e integrar la colaboración entre los múltiples actores.

Aunque el sistema nacional de salud se encuentra fortalecido interinstitucionalmente, aún se aprecia cierto grado de segmentación, lo que repercute en problemas de coordinación sectorial. Es preciso potenciar las acciones y recursos de manera transversal con el Congreso de la Unión, con la sociedad en su conjunto y con los gobiernos locales y municipales a fin de lograr que cada uno de estos órdenes de gobierno, en la medida de sus capacidades, y con una distribución de competencias y recursos funcional que logre los resultados de salud trazados al 2012, siendo de primera importancia mejorar la calidad del sistema nacional de salud. Estas evidencias han justificado acciones a favor de la descentralización ⁱ .

Desde los años ochenta comenzaron en México las acciones de descentralización de una considerable cantidad de materias. Aunque se han realizado esfuerzos de descentralización hacia las entidades y municipios aún quedan pendientes varias materias en las que ciertas facultades podrían ser distribuidas, un ejemplo de ello es la salubridad general.

Antecedentes históricos de la descentralización en México

El primer intento de descentralización de los servicios de salud se dio hace dos décadas. Fue en 1983 cuando aparece en nuestra Carta Magna, el derecho a la protección de la salud como garantía individual. En este artículo se considera la concurrencia de la federación y de las entidades federativas en materia de salubridad general. De esta modificación constitucional emanó la Ley General de Salud (LGS), que en el artículo 2o. establece sus finalidades, en el 3o. establece de manera taxativa las materias de salubridad general y en el 13o. su distribución entre la federación y las entidades federativas.

La descentralización de los servicios de salud se dio en dos fases:

Este primer intento no tuvo los resultados deseados dada la dispersión de servicios de salud, la falta de recursos, el costo y la complejidad de la descentralización, la gran movilización de personal y la regresión centralizadora ante los problemas de proceso, tales como la falta de capacidad local ⁱⁱⁱ .

A nivel municipal se descentralizaron algunos servicios, sin que esto dependiera de las capacidades de los municipios y los recursos con los que contaban. Sin embargo, al generalizarse las disposiciones descentralizadoras, algunos municipios enfrentaron problemas, motivando la constante colaboración con la federación y los gobiernos estatales.

El anterior intento ofreció experiencia, enseñanza e impulso para un segundo esfuerzo realizado en el sexenio de Ernesto Zedillo (1994-2000). De este modo, en el año de 1996 se inició el proceso de descentralización de los servicios de salud que atienden a la población abierta, el cual se construyó con fundamento en el artículo 26 constitucional y legal en la Ley de Planeación, operacionalizados en el Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000 y el Programa de Reforma del Sector Salud.

En dicho marco se suscribió el Acuerdo Nacional para la Descentralización de los Servicios de Salud, que comprendía los siguientes elementos:

Los objetivos de dicho acuerdo se vincularon de tal modo que los estados de la federación asumirían, cabalmente, las responsabilidades asignadas a ellas por la Ley General de Salud, así como el manejo y operación de los servicios de salud, en el ámbito de sus respectivas competencias. Asimismo, se otorgó a los estados el manejo y operación de los recursos financieros disponibles y la facultad de participar en el diseño e instrumentación de la política nacional de salud. En cuanto a las relaciones laborales de los recursos humanos para la salud, se contempló que la relación de éstos fuera con las administraciones locales, dejando sus plazas federales. Finalmente, se contempló un mayor acercamiento entre prestadores y usuarios de servicios de salud, así como mayor inmediatez, proximidad y ejecución de las funciones del municipio en acciones sanitarias.

Para fortalecer la descentralización se creó el Consejo Nacional de Salud, para funcionar como instancia permanente de coordinación entre las autoridades de la Secretaría de Salud y las 31 entidades federativas. Por otro lado, se destinaron recursos encaminados a cumplir con la labor de descentralización.

Para profundizar las labores de los estados, la Ley de Coordinación Fiscal estableció que los recursos para que los estados efectivamente cumplan con sus obligaciones en materia de salubridad general se obtuvieran del Ramo 33, a través del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), fondo que puede ser fortalecido selectivamente para apoyar a los municipios con capacidad para llevar a cabo las acciones de salubridad general que el Congreso disponga en la Ley General de Salud.

Participación municipal en acciones sanitarias

Como podemos apreciar en las anteriores líneas, la realidad normativa actual hace posible la participación de los municipios en acciones sanitarias, además de que tanto en el artículo 15 constitucional como en la propia Ley General de Salud posee facultades eminentemente sanitarias, por lo que transcribimos los artículos correspondientes:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Título Quinto De los Estados de la Federación y del Distrito Federal

Artículo 115. Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su división territorial, y de su organización política y administrativa, el Municipio Libre, conforme a las bases siguientes:

Ley General de Salud Título Segundo Sistema Nacional de Salud Capítulo I Disposiciones Comunes

Artículo 9o . Los gobiernos de las entidades federativas coadyuvarán, en el ámbito de sus respectivas competencias y en los términos de los acuerdos de coordinación que celebren con la Secretaría de Salud, a la consolidación y funcionamiento del sistema nacional de salud. Con tal propósito, los gobiernos de las entidades federativas planearán, organizarán y desarrollarán en sus respectivas circunscripciones territoriales, sistemas estatales de salud, procurando su participación programática en el sistema nacional de salud.

La Secretaría de Salud auxiliará, cuando lo soliciten los estados, en las acciones de descentralización a los municipios que aquéllos lleven a cabo.

[...]

Capítulo II Distribución de Competencias

Artículo 21 . Los acuerdos de coordinación que se celebren se sujetarán a las siguientes bases:

Título Tercero Bis De la Protección Social en Salud Capítulo I Disposiciones Generales

Artículo 77 Bis 5. La competencia entre la federación y las entidades federativas en la ejecución de las acciones de protección social en salud quedará distribuida conforme a lo siguiente:

A) Corresponde al Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría de Salud:

B) Corresponde a los gobiernos de los estados y el Distrito Federal, dentro de sus respectivas circunscripciones territoriales:

Título Sexto Información para la Salud Capítulo Único

Artículo 106. Las dependencias y entidades de la administración pública federal, los gobiernos de las entidades federativas, los municipios y las autoridades de las comunidades indígenas cuando proceda, así como las personas físicas y morales de los sectores social y privado, que generen y manejen la información a que se refiere el artículo 104 de esta ley, deberán suministrarla a la Secretaría de Salud, con la periodicidad y en los términos que ésta señale, para la elaboración de las estadísticas nacionales para la salud.

Título Séptimo Promoción de la Salud Capítulo IV Efectos del Ambiente en la Salud

Artículo 126. La construcción de obras o instalaciones, así como la operación o el funcionamiento de las existentes, donde se usen fuentes de radiación para fines médicos, industriales, de investigación u otros deberán observar las normas oficiales mexicanas de seguridad radiológica que al efecto se emitan.

La Secretaría de Salud y las autoridades federales, estatales y municipales , en sus respectivos ámbitos de competencia, se coordinarán para evitar que se instalen o edifiquen comercios, servicios y casas habitación en las áreas aledañas en donde funcione cualquier establecimiento que implique un riesgo grave para la salud de la población.

Título Décimo Acción Extraordinaria en Materia de Salubridad General Capítulo Único

Artículo 184 . La acción extraordinaria en materia de salubridad general será ejercida por la Secretaría de Salud, la que podrá integrar brigadas especiales que actuarán bajo su dirección y responsabilidad y tendrán las atribuciones siguientes:

Título Décimo Séptimo Vigilancia Sanitaria Capítulo Único

Artículo 393. Corresponde a la Secretaría de Salud y a los gobiernos de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, la vigilancia del cumplimiento de esta ley y demás disposiciones que se dicten con base en ella.

La participación de las autoridades municipales y de las autoridades de las comunidades indígenas, estará determinada por los convenios que celebren con los gobiernos de las respectivas entidades federativas y por lo que dispongan los ordenamientos locales.

Título Décimo Octavo Medidas de Seguridad, Sanciones y Delitos Capítulo I Medidas de Seguridad Sanitaria

Artículo 403. Son competentes para ordenar o ejecutar medidas de seguridad, la Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias.

La participación de los municipios y de las autoridades de las comunidades indígenas estará determinada por los convenios que celebren con los gobiernos de las respectivas entidades federativas y por lo que dispongan los ordenamientos locales.

La descentralización educativa como modelo

Como ejemplo de servicio descentralizado encontramos al educativo. Es pertinente mencionar que hay servicios básicos que se han descentralizado hasta el nivel municipal, el caso de la descentralización educativa es emblemático. En este ejemplo, la misma Constitución, en su artículo tercero faculta a los tres niveles de gobierno, federación, entidades y municipios, las acciones educativas.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo 3o. Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado ---federación, estados, Distrito Federal y municipios---, impartirá educación preescolar, primaria y secundaria. La educación preescolar, primaria y la secundaria conforman la educación básica obligatoria.

Como apreciamos, dada la jerarquía de garantía individual que tiene la educación y la importancia de su respeto, resultó necesario hacer concurrir a los tres órdenes de gobierno para que, a través de su participación, se logre la actualización y la garantía de tan importante derecho.

El otorgamiento de facultades a los municipios en materia educativa ha venido acompañada de su propio financiamiento. Así pues, a través de la Ley de Coordinación Fiscal, materializada en el Ramo 33 del Presupuesto de Egresos de la Federación, se incluyen recursos para que los municipios cumplan con su compromiso educativo. Dichos recursos se distribuyen a través del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica (FAEB), el Fondo de Aportaciones para Educación Técnica y de Adultos (FAETA), el Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) --que incluye un Fondo de Asistencia Social y otro para la estructura educativa ^iv , el Fondo de Aportaciones a la Infraestructura Social (FAIS), ^v entre otros. ^vi

Con lo anterior podemos observar que la descentralización es viable, principalmente en servicios básicos siempre y cuando se valoren cuidadosamente los actos materiales que se distribuyen (las materias de salubridad general en este caso), las condiciones que prevalezcan en los municipios y su aptitud para asumir dichas responsabilidades.

Facultar al municipio implica retomar aspectos centrales de la concurrencia de facultades entre los tres órdenes de gobierno, involucra reconocer que existen municipios que de facto lo realizan, que existen las disposiciones constitucionales y legales que lo permiten, que es imprescindible la participación y colaboración de los tres órdenes de gobierno en acciones de organización, operación, supervisión y evaluación de la prestación de los servicios de salubridad general, tal y como lo hacen las entidades en materias de salubridad general como la atención médica, preferentemente en beneficio de grupos vulnerables; la atención materno-infantil; la salud visual; la salud auditiva; la planificación familiar; la salud mental; la organización, coordinación y vigilancia del ejercicio de las actividades profesionales, técnicas y auxiliares para la salud; la promoción de la formación de recursos humanos para la salud; la coordinación de la investigación para la salud y el control de ésta en los seres humanos; la información relativa a las condiciones, recursos y servicios de salud en el país; la educación para la salud; la orientación y vigilancia en materia de nutrición; la prevención y el control de los efectos nocivos de los factores ambientales en la salud del hombre; la salud ocupacional y el saneamiento básico; la prevención y el control de enfermedades transmisibles; la prevención y el control de enfermedades no transmisibles y accidentes; la prevención de la invalidez y la rehabilitación de los inválidos; la asistencia social; el programa contra el alcoholismo; y el programa contra el tabaquismo, comprendidos en las fracciones II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI Y XXII del artículo 3o. de la Ley General de Salud vigente.

Finalmente, es preciso señalar que sólo aquellos municipios con las condiciones de desarrollo económico y social óptimos ejercerán las facultades que el Congreso les otorgue, mientras que el resto seguirán bajo el esquema federal y estatal, hasta alcanzar las circunstancias y requisitos legales necesarios para llevar a cabo los actos materiales que se descentralicen, es decir, las materias de salubridad general correspondientes.

Aspectos programáticos de la participación municipal en salud

De manera muy concreta se mencionan los aspectos operativos, administrativos y ejecutivos aprobados mediante el mecanismo constitucional y legal de planeación, que tendrán un impacto positivo de aprobarse la presente iniciativa.

Estrategia 1. Fortalecer y modernizar la protección contra riesgos sanitarios

1.2. Mejorar la coordinación operativa con las entidades federativas y los municipios en materia de protección contra riesgos sanitarios

Uno de los principales problemas ambientales que enfrenta el país es el de la mala calidad del agua, que influye en el desarrollo de enfermedades del aparato digestivo, síndromes respiratorios, afecciones del sistema nervioso y hepatitis, entre otras.

Por esta razón, es de suma importancia que la población cuente con agua de calidad bacteriológica para su uso y consumo. También es importante abatir la contaminación exógena de los alimentos, que se debe a la falta de instalaciones apropiadas y equipo moderno en la industria productora de alimentos, y a las malas condiciones de limpieza de los rastros y los malos hábitos higiénicos de los trabajadores que manejan alimentos.

Otros riesgos que es necesario combatir son los relacionados con la calidad de los productos alimenticios, que suelen contaminarse a todo lo largo de la cadena de producción, conservación, preparación y manejo.

A través de la suscripción de acuerdos específicos de coordinación entre la Secretaria de Salud y las entidades federativas, se fortalecerá el federalismo cooperativo y la rectoría del Estado para la protección de la población contra riesgos sanitarios. Con estos fines en mente, la actual administración se propone:

2.2. Fortalecer los servicios de promoción de la salud y prevención de enfermedades, incorporando acciones efectivas basadas en evidencias científicas, así como reformando la acción comunitaria para el desarrollo de entornos saludables

Las acciones de promoción de la salud y prevención de enfermedades, además de incluir el fortalecimiento de los determinantes positivos de la salud, deben acompañarse del combate a los determinantes negativos del proceso salud-enfermedad, y el control de los riesgos del entorno.

La mejor manera de promover conductas saludables es creando entornos --escuelas, sitios de trabajo, centros de recreación, comunidades y municipios- que, entre otras cosas, estimulen la actividad física, desincentiven el consumo de alimentos de bajo valor nutricional y estén libres de humo. Con estos propósitos, en el Programa Nacional de Salud 2007-2012 se ha propuesto:

Estrategia nacional de promoción y prevención para una mejor salud: 10 componentes

Esta estrategia tiene como objetivo disminuir el impacto de las enfermedades y las lesiones en individuos, familias y comunidades mediante intervenciones específicas dirigidas a las personas que se combinarán con intervenciones dirigidas a la construcción de entornos favorables a la salud.

Se implantará en colaboración con las familias, comunidades, medios de comunicación, sociedad civil, sindicatos, sector privado y distintos órdenes de gobierno. Esta estrategia cuenta con 10 componentes.

4. Reforma de la acción comunitaria para la salud. Este componente busca reorientar la participación comunitaria que será informada, consciente, voluntaria, activa, organizada, relacionada y representativa. Estas características son condiciones irrenunciables para la creación de comunidades, municipios y entornos saludables.

8. Políticas públicas saludables. Este componente busca integrar la salud a las políticas públicas mediante acciones de colaboración con instituciones gubernamentales y no gubernamentales. Asimismo, busca la integración de los distintos órdenes de gobierno a esta estrategia, sobre todo el municipal, a través de la Red Mexicana de Municipios por la Salud.

Estrategia 5. Organizar e integrar la prestación de servicios del sistema nacional de salud

Líneas de acción

5.5. Promover una mayor colaboración entre instituciones, entidades federativas y municipios para el mejor aprovechamiento de la capacidad instalada en materia de prestación de servicios de salud. La segmentación del sistema nacional de salud ha traído como consecuencia, entre otras cosas, un uso muy deficiente de los recursos humanos especializados, infraestructura y equipo de las unidades públicas de salud. Con el fin de abatir este problema la actual administración se propone:

6.2. Promover mecanismos para fortalecer las finanzas municipales para hacer frente a sus responsabilidades sanitarias.

Los municipios requieren contar con la capacidad financiera para hacer frente a diversas funciones y servicios públicos que tienen a su cargo por mandato constitucional y que inciden sobre la salubridad local, contándose entre los principales la provisión de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas limpias y residuales, y el manejo de residuos sólidos, entre otros.

Las fuentes de financiamiento de los municipios incluyen recursos federales, recursos federalizados, recursos estatales y aquellos recursos propios que provienen del ejercicio de sus potestades tributarias dentro de su ámbito jurisdiccional.

Con el propósito de fortalecer las actividades de salubridad local, en la actual administración se procederá a:

Foros de consulta ciudadana

Sistema de acceso al seguro universal

Fortalecer la cobertura universal en salud y la infraestructura en municipios de alta y muy alta marginación.

b) El municipio como entorno saludable en el Programa Sectorial de Salud 2007-2012⁵

De la misma manera que el municipio se ubica como el entorno promotor de la salud del mexicano en los actuales planes, el Programa Sectorial de Salud privilegia la interacción de este orden de gobierno con el estatal y el federal para la efectiva ejecución de las estrategias y el logro de los indicadores más sensibles de salud, mismos que están ubicados en el municipio.

Estrategia 1. Fortalecer y modernizar la protección contra riesgos sanitarios

1.2. Mejorar la coordinación operativa con las entidades federativas y los municipios en materia de protección contra riesgos sanitarios.

1.3. Promover la coordinación intersectorial, intergubernamental e internacional para hacer más efectivos los procesos de protección contra riesgos sanitarios.

Estrategia 5. Organizar e integrar la prestación de servicios del sistema nacional de salud

Líneas de acción

5.5. Promover una mayor colaboración entre instituciones, entidades federativas y municipios para el mejor aprovechamiento de la capacidad instalada en materia de prestación de servicios de salud.

Conclusión

La descentralización de los servicios de salud es concebida como un proceso que debe culminar en el ámbito municipal toda vez que esto representa una necesidad social, un reclamo popular. La descentralización de la vida nacional se traduce en el fortalecimiento del federalismo y del municipio libre, es decir, se propicia la redistribución de beneficios entre regiones e individuos. Los cambios en materia de descentralización hacia el municipio deben ser desde la base constitucional , seguida por una etapa propedéutica de fortalecimiento municipal que preceda a la etapa de descentralización municipal , en la que la legislación coordine a los órdenes de gobierno, transfiera facultades, programas y recursos a los municipios para lograr la más amplia protección del derecho a la protección de la salud, a fin de que la prestación de los servicios básicos se realice por la autoridad más próxima a la comunidad, y que los problemas se resuelvan en el lugar donde se producen. ⁶

Los promoventes recordamos el adagio del eminente constitucionalista Felipe Tena Ramírez que reza ``el municipio es la primera escuela de la democracia y el último reducto de las garantías individuales'', y consideramos que siendo el derecho a la protección de la salud un derecho fundamental, la participación del municipio en materia de salubridad general no sólo complementa, sino que vigoriza la garantía de este elemental derecho.

Por lo anterior, se pone a consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma el párrafo tercero del artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme al siguiente

Decreto

Único. Se adiciona el párrafo tercero del artículo 4o. constitucional para quedar como sigue:

Artículo 4o. El varón y la mujer son iguales ante la ley. Ésta protegerá la organización y el desarrollo de la familia.

...

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la federación, las entidades federativas y los municipios en materia de salubridad general, conforme a lo que se dispone en la fracción XVI del artículo 73, de esta Constitución.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor a los 90 días después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas: i. Soberón-Acevedo G, Martínez-Narváez G., La descentralización de los servicios de salud en México en la década de los ochenta, Revista Salud Publica de México, 1996; volumen 38, páginas 371-378. ii. Fajardo Ortiz, Guillermo, La descentralización de los servicios de salud en México (1981-2000), Revista Elementos, no. 53, volumen 11, marzo-mayo 2004, página 45. iii. Soberón-Acevedo G, op. cit. iv. Secretaría de Salud. Programa Sectorial de Salud. Diario Oficial de la Federación. 17 de enero de 2008. v. Secretaría de Salud. Programa Nacional de Salud 2007-2012. vi. Ruiz-De-Chávez M, Lara-Ponte R. Estrategias para la descentralización municipal en salud . Salud Pública México 1990; 32:597-602. 4. Es de señalarse que uno de los objetivos del FAM es apoyar a la descentralización. 5. El FAIS también incluye fondos para la realización de infraestructura social en materia de salud. 6. El Distrito Federal y las demarcaciones territoriales (área metropolitana) cuentan con el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN). Dicho fondo está destinado principalmente a cuestiones de salud pública (artículo 37 LCF).

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Gracias, diputado Carlos Madrazo Limón. Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates, ytúrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, con opinión de la Comisión de Salud y de la Comisión de Fortalecimiento al Federalismo.

Se acaban de recibir dos oficios de la Cámara de Senadores. Proceda la Secretaría a dar cuenta, por favor.

CONDECORACIONES

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.--- Presentes.

Para los efectos legales correspondientes, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto de decreto por el que se concede permiso para que el licenciado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, pueda aceptar y usar la condecoración de la ``Orden del Halcón'', en grado de ``Estrella de Gran Cruz'', que le confiere el gobierno de la República de Islandia.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Minuta Proyecto de Decreto

Artículo Único. Se concede permiso para que el licenciado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, pueda aceptar y usar la condecoración de la ``Orden del Halcón'', en grado de ``Estrella de Gran Cruz'', que le confiere el gobierno de la República de Islandia.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Túrnese a la Comisión de Gobernación.

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.--- Presentes.

Para los efectos legales correspondientes, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto de decreto por el que se concede permiso para que la licenciada Margarita Ester Zavala Gómez del Campo pueda aceptar y usar la condecoración de la ``Orden del Halcón'', en grado de ``Cruz de Comendador con Estrella'', que le confiere el gobierno de la República de Islandia.

México, DF, a 6 de marzo de 2008.--- Senador José González Morfín (rúbrica), Vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Minuta Proyecto de Decreto

Artículo Único. Se concede permiso para que la licenciada Margarita Ester Zavala Gómez del Campo pueda aceptar y usar la condecoración de la ``Orden del Halcón'', en grado de ``Cruz de Comendador con Estrella'', que le confiere el gobierno de la República de Islandia.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Túrnense a la Comisión de Gobernación.

COMARCA LAGUNERA DE DURANGO Y COAHUILA

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Esta Presidencia recibió del diputado Jesús de León Tello, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, punto de acuerdo por el que se exhorta a la Semarnat a que, a través de la Conagua, realice estudios de factibilidad de transferencia de agua hacia la comarca lagunera de Durango y Coahuila.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca : «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat a realizar mediante la Conagua estudios de factibilidad de transferencia de agua hacia la comarca lagunera de Durango y Coahuila, a cargo del diputado Jesús de León Tello , del Grupo Parlamentario del PAN

Los suscritos, diputados Federales, Jesús de León Tello , Carlos Augusto Bracho González y María del Carmen Fernández Ugarte , integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, ante la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la alta consideración de esta soberanía una proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La comarca lagunera geográficamente se ubica en el centro-norte de la República Mexicana. Son parte de esta comarca 16 municipios pertenecientes a los estados de Durango y Coahuila, contribuyendo cada uno con 11 y 5 municipios respectivamente. De acuerdo a datos del INEGI, en la comarca lagunera se ubican más de 1.3 millones de personas, de las cuales el 73 por ciento corresponde a población urbana y el resto a población rural.

La comarca debe su origen y nombre a las 13 lagunas que con anterioridad existieron. La más grande de ellas la Laguna de Mayrán, alimentada por los cauces de los ríos Nazas y Aguanaval. El progreso ha dictado pauta en la región y se han construido diferentes presas como Lázaro Cárdenas y Francisco Zarco, mismas que regulan el agua que fluye hacia la comarca, por lo que casi todas las lagunas han desaparecido. La situación en la comarca es preocupante debido a la fuerte sobreexplotación de los mantos freáticos de la región.

De acuerdo a la Comisión Nacional del Agua, en la región existe un fuerte desequilibrio en materia de agua, producto de la extracción de mil 20 millones de metros cúbicos de agua, en comparación con los 519 metros cúbicos de recarga del líquido al subsuelo.

Por otro lado, hace 50 años, de los pozos profundos de la comarca se extraían entre 80 y 100 litros de agua por segundo, a una profundidad de sólo 20 metros. Hoy día es necesario llegar a los 200 o 300 metros de profundidad para extraer únicamente de 30 a 40 litros por segundo.

En general, en nuestro país se vive una situación de presión constante sobre el recurso hídrico. Con base en datos de la OCDE, a pesar de que durante el periodo 1941-2004 la precipitación promedio anual fue de 773 mm sobre el territorio nacional, que equivalen en promedio a mil 513 metros cúbicos de agua al año, el 73 por ciento regresa a la atmósfera, y del restante, es muy poco el volumen de agua que en realidad puede aprovecharse por el hombre, ya que en el país se sufre de una deficiencia en la infraestructura de almacenamiento y regulación para captación del agua de lluvia.

En el mundo se estima que en un periodo de 25 años, la mitad de la población enfrente serias dificultades para acceder al agua dulce y satisfacer sus necesidades de consumo y otros usos, como el riego. Hoy día, aproximadamente el 40 por ciento de la población mundial sufre una escasez grave de agua. Considerando las crecientes variaciones climáticas acaecidas por el fenómeno del calentamiento global, es muy posible que las condiciones se agraven y deterioren enormemente en los años subsecuentes. Nuestra nación no está exenta de enfrentarse a dificultades de este tipo y de otros, derivadas de la condición ambiental degradada.

Dada la posición de desabasto del agua en la comarca lagunera, numerosas fuentes productivas como molinos de trigo, despepitadoras, fábricas de tejido, entre otras, se encuentran paradas o abandonadas, al no contar con agua para operar.

En la comarca existen aproximadamente 2 mil 500 pozos que contribuyen a la explotación del acuífero. Dados los bajos niveles de agua que hoy día prevalecen en el territorio en comento, los niveles de arsénico en el vital líquido se están concentrando de manera muy peligrosa. Así, los habitantes de la comarca lagunera se ven expuestos a consumir agua contaminada con arsénico.

De acuerdo al Centro de Investigaciones Biomédicas de la Universidad Autónoma de Coahuila, se han registrado afectaciones a más de 25 mil laguneros de diversas comunidades de Coahuila y Durango a causa del arsénico. Sabemos que entre los daños estudiados y registrados por la ingesta y exposición a tan peligroso metaloide, se encuentran los cancerígenos, de malformaciones genéticas, problemas circulatorios, gangrena en las extremidades inferiores, entre otros.

Una propuesta de solución a la grave problemática que se presenta, podría ser el plan MEVA. Dicho plan, cuya autoría corresponde al contador público Mario Enrique Vázquez Ávila, nominado al Premio Mundial del Agua Estocolmo 2007, consiste en la transferencia de agua de la Sierra Madre Occidental, en el estado de Durango, aprovechando los excedentes de agua que van a dar al mar desde el crestón de la Sierra Madre y trasladarlos a la comarca lagunera.

De manera específica, se propone encauzar el agua de los ríos Piaxtla y San Lorenzo, evitando que el caudal llegue al mar sin ser aprovechado, dando con esto origen a una oportunidad desperdiciada de atracción de aproximadamente 2 mil millones de metros cúbicos anuales de agua de estos ríos. El agua se trasvasaría hacia la presa Lázaro Cárdenas y de ahí a la comarca lagunera, por el cauce del río Nazas.

Con estas acciones se estaría en posibilidad de lograr un repunte agrícola y pecuario derivado del aprovechamiento del agua en la zona. Adicionalmente a los beneficios de recuperación de la comarca lagunera y de la reposición del acuífero, se tendrían los beneficios derivados del uso, explotación y aprovechamiento del caudal transferido en proyectos como la producción de electricidad en las hidroeléctricas de la zona.

En diversos comunicados de organismos internacionales, como las Naciones Unidas o el Banco Mundial, se ha expresado que el plan MEVA es realizable, factible y necesario. Por lo anterior, solicito a las autoridades competentes evalúen un proyecto que organismos internacionales ya han evaluado y consideran viable, con el objetivo de brindar herramientas de decisión para la posible puesta en marcha del mismo y el beneficio de los ciudadanos de la laguna y del país en general, al revertir el desabasto de agua y disminuir la presión por el vital líquido.

Por lo previamente expresado, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales para que, a través de la Comisión Nacional del Agua, realice los estudios de factibilidad pertinentes para determinar la viabilidad de la transferencia del agua de la Sierra Madre Occidental, en el estado de Durango, a la comarca lagunera de Durango y Coahuila.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Túrnese a la Comisión de Recursos Hidráulicos, con opinión de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

ESTADO DE YUCATAN

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Se recibió del diputado Joaquín Díaz Mena, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Seguridad Públicaa que considere dentro del Programa del Subsidio para la Seguridad Pública Municipal al municipio de Valladolid, Yucatán.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca : «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Seguridad Pública a considerar Valladolid, Yucatán, en el Programa del Subsidio para la Seguridad Pública Municipal, a cargo del diputado Joaquín Díaz Mena , del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, diputado federal de la LX Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo establecido en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a esta honorable asamblea un punto de acuerdo, conforme a las siguientes

Consideraciones

El 15 de enero pasado, la Secretaría de Seguridad Pública federal publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el que se establecen las bases de la elegibilidad de municipios para la asignación de recursos del subsidio para seguridad pública municipal, con arreglo al artículo 10 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2008, en el que se establece un fondo en el Ramo 36 de seguridad pública para el otorgamiento de subsidios a los municipios y al Distrito Federal, con objeto de fortalecer el desempeño en sus funciones en materia de seguridad pública.

Los recursos asignados son de 3 mil 589 millones de pesos y los subsidios serán destinados para tales conceptos conforme a las reglas del fondo municipal a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública, con el propósito de profesionalizar y equipar a los cuerpos de seguridad pública, y de mejorar la infraestructura de las corporaciones.

Los criterios para acceder a este programa son el número de habitantes y la tasa de incidencia delictiva por municipio, y en Yucatán se incluyeron únicamente los municipios de Mérida y Tizimín.

De esos recursos, 75 por ciento de la aportación es federal y 25 por ciento municipal, de acuerdo con lo publicado el 15 de enero, donde se enumeran 135 municipios y 15 demarcaciones territoriales del Distrito Federal.

En Yucatán, el municipio de Valladolid representa un detonante fundamental para le economía del estado. Su principal atractivo es la cercanía con el sitio turístico más visitado del mundo maya, Chichén Itzá, que recientemente obtuvo una denominación entre las siete nuevas Maravillas del Mundo.

Por las pirámides de Chichén Itzá, los cenotes ('espejos de agua') Zaci, Dzitnup, Ikil, por la imagen arquitectónica colonial y por ser el punto donde se dio la primera chispa de la Revolución Mexicana, el 3 de junio de 1910, el municipio de Valladolid es uno de los principales puntos turísticos del estado y del país.

De acuerdo con los resultados que presenta el II Conteo de Población y Vivienda de 2005, Valladolid es el tercer municipio con mayor número de habitantes en Yucatán, con 68 mil 863, sólo detrás de Tizimín, con 69 mil 553 habitantes, y Mérida, con 781 mil 146.

Por su ubicación geográfica, Valladolid es un paso obligatorio para el vecino de Quintana Roo, lo que representa gran afluencia de transportes de carga y de vehículos particulares.

Hechos violentos presuntamente relacionados con el narcotráfico y el crimen organizado suscitados recientemente en Quintana Roo y en Yucatán convierten a Valladolid, por su ubicación estratégica, en un lugar vulnerable a la presencia de organizaciones delictivas.

Ante ese tipo de escenarios, los recursos actuales asignados al municipio resultan por demás insuficientes para hacer frente a este tipo de amenazas a la seguridad pública.

Se requieren mayores recursos para invertir en los principales rubros, como profesionalización, plataforma, equipamiento e infraestructura, a fin de garantizar seguridad a la sociedad vallisoletana y para que el municipio de Valladolid colabore efectivamente en la consolidación de la seguridad en el estado.

Este punto de acuerdo se presenta con el objetivo de coadyuvar a las gestiones que ya realiza el ayuntamiento de Valladolid para que este municipio sea considerado con la mayor brevedad en el Programa del Subsidio para la Seguridad Pública Municipal. Por lo anterior, me permito poner a su consideración el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Secretaría de Seguridad Pública federal, a través de su titular, Genaro García Luna, para que considere Valladolid, Yucatán, como elegible en el Programa del Subsidio para la Seguridad Pública Municipal.

Segundo. Comuníquese el presente exhorto al secretario de Seguridad Pública federal, Genero García Luna.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Túrnese a la Comisión de Seguridad Pública.

ESTADO DE GUERRERO

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Se recibió del diputado Modesto Brito González, del Grupo Parlamentario del PRD, punto de acuerdo a fin de que el estado de Guerrero sea integrado plenamente a los trabajos y proyectos para la celebración del bicentenario de la Independencia Nacional y del centenario de la Revolución Mexicana.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca : «Proposición con punto de acuerdo, para que Guerrero se integre plenamente a los trabajos y proyectos relativos a la celebración del bicentenario de la Independencia y el centenario de la Revolución Mexicana, a cargo del diputado Modesto Brito González , del Grupo Parlamentario del PRD

El que suscribe, Modesto Brito González , diputado federal de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del Pleno de la honorable Cámara de Diputados proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Primera. Que el 16 de junio de 2006 se publicó el decreto en el Diario Oficial en que se establece 2010 como el Año del Bicentenario del Inicio de la Independencia Nacional y del Centenario del Inicio de la Revolución Mexicana. En dicho decreto se marcaron las bases para constituir la comisión organizadora para los trabajos de celebración de ambos festejos, la que elaboró ya un programa base de tareas, que contienen ``la relación de eventos y proyectos recomendables en todo el país para llevarse a cabo desde la entrada en vigor del decreto hasta finales de 2010''.

Asimismo, en el mencionado documento se manifiesta que una de las intenciones de esta celebración consiste en ``la integración de los grupos de la población, tomando en cuenta la integración pluricultural, para que la realización y organización de estos festejos sean incluyentes de toda la sociedad mexicana y de los mexicanos en el exterior''.

Por otro lado, en el mencionado programa base se ``pueden definir, actividades, obras (públicas) o expresiones que den realce a estos dos hechos históricos''.

Al mismo tiempo, se establece la integración de un denominado ``consejo asesor'' el cual, entre otras cosas, ``podrá auxiliar en la preparación, organización y coordinación del programa base y en el enlace con los Poderes de la Unión, entidades federativas, municipios y organismos de la sociedad civil, además de reflejar la opinión y el sentir de los distintos sectores de la sociedad''.

También se establece, como una obligación para la realización de los trabajos del bicentenario y centenario la coordinación de las actividades con los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, así como de las instituciones educativas, culturales y cívicas del país y con los organismos representativos de los sectores privado y social.

Segunda. Que en el denominado ``documento base'' se han establecido, de manera general, planteamientos que indican la ruta para la celebración en comento.

Uno de los objetivos generales, determinado en el documentó base, señala ``la inclusión y promoción de los más amplios sectores de la sociedad para propiciar en los mexicanos un conocimiento más amplio y profundo de su historia. Como crear una amplia convocatoria, para que participen en la conmemoración las instituciones, los grupos organizados de la sociedad y los individuos, garantizando la pluralidad, la inclusión y la diversidad''.

Tercera. Destaca para la nación la organización del Congreso de Anáhuac, que sesionó de septiembre a noviembre de 1813 en Chilpancingo y en el cual el generalísimo José María Morelos y Pavón presentó los Sentimientos a la Nación, entre los que destacan las siguientes proclamas:

En la realización de este Congreso se signó el acta solemne de la Declaración de Independencia de la América Septentrional, que fue el primer documento que establece la independencia de la Nueva España.

Este documento histórico representó y representa una de las bases del constitucionalismo mexicano y que el lugar donde se llevó a cabo la celebración del primer Congreso es hoy el estado de Guerrero, que por justicia debe ser incluido sin dilación en el proyecto base de realización de obras públicas del bicentenario de la Independencia y centenario de la Revolución Mexicana.

Por otro lado, entre otras cosas, destaca la ciudad de Tixtla, pues en ella nació el general Vicente Guerrero, el 10 agosto de 1783, quien fue autor de la frase ``La patria es primero'', pronunciada cuando su padre acudió para pedirle que depusiera las armas y la guerrilla, y aceptase el indulto de los realistas. Lo rechazó, manteniendo con ello la lucha libertaria, y posteriormente realizó la consumación de la independencia con Agustín de Iturbide. Dicha locución se encuentra inmortal en la corona visible del recinto de la honorable Cámara de Diputados.

Cuarta. Que a 50 kilómetros hacia el noreste del puerto de Acapulco se encuentra la Hacienda de la Providencia, centro de operaciones del general Juan Álvarez, insurgente y patriota guerrerense, quien luchó, entre otras cosas, al lado de los generales José María Morelos, Vicente Guerrero, los Galeana y los Bravo. Esta hacienda hoy es símbolo nacional y requiere atención integral, motivada también por la celebración bicentenaria.

Que también en el puerto de Acapulco se encuentra el Parque Nacional del Veladero, relevante en la historia nacional, pues en ese lugar las fuerzas insurgentes dirigidas por el general José María Morelos , en 1811 obtuvieron un triunfo contra las fuerzas realistas, no sin padecer bajas, estableciendo después el sitio alrededor del fuerte de San Diego.

Quinta. Que en Guerrero se encuentra la ciudad de Iguala de la Independencia, cuna de la Bandera Nacional, y que es la tercera en importancia en esta entidad. Se encuentra en la región norte del estado, a 720 metros sobre el nivel del mar.

En torno de esta importante ciudad del norte del estado se desarrollaron acontecimientos históricos de suma relevancia para al nación, tanto en la Independencia nacional como en la Revolución Mexicana. En ella se dio a conocer el Plan de Iguala , que consistía en la proclama para finalizar el enfrentamiento militar entre mexicanos y poder alcanzar la Independencia. El documento fue aceptado por las dos fuerzas beligerantes: el Ejército Insurgente, encabezado por Vicente Guerrero y Pedro Ascencio; y el Ejército Realista, dirigido por Agustín de Iturbide. Dicho texto, entre otras cosas, establecía:

Al mismo tiempo que se proclamó este plan, se confeccionó lo que sería las bases de nuestra Bandera Nacional por el sastre y peluquero José Magdaleno Ocampo, en Iguala, Guerrero. Además, los municipios colindantes a esta ciudad, como Teloloapan, sirvieron de base como centro de operaciones para ambos ejércitos durante sus últimos enfrentamientos, en los que el Realista fue batido por el Insurgente. En consecuencia, se realizaron negociaciones para pactar la emancipación, dentro del contexto, del Plan de Iguala, elaborado por Agustín de Iturbide y sugiriendo éste a Vicente Guerreo su parecer.

La proclamación del Plan de las Tres Garantías, en la ciudad de Iguala, se realizó el 24 de febrero de 1821, que hoy es conocido como Día de la Bandera.

Destaca sin duda la importancia de la región norte de Guerrero para tan relevante celebración histórica, que hoy se enmarca en el homenaje del bicentenario de la Independencia.

Sexta. La región norte de Guerrero, durante el periodo conocido como ``Revolución Mexicana'', se destacó por la lucha maderista y la Revolución Agraria del Sur, encabezada por los generales Emiliano Zapata y Jesús H. Salgado, oriundo de la comunidad de Los Sauces, municipio de Teloloapan.

También la región fue refugio para el general Álvaro Obregón, cuando era perseguido de muerte por la fuerzas carrancistas, al querer aspirar a la Presidencia de la República.

Durante el movimiento revolucionario, entre otros hechos en Guerrero, fue relevante el movimiento social y democrático escuderista, en el puerto de Acapulco, como se destaca en el texto del autor guerrerense Jorge Salvador Aguilar La alternancia del gatopardo: ``El movimiento encabezado por el Partido Obrero de Acapulco, que recién estrenada la Constitución de la República de 1917, un vigoroso movimiento popular formado alrededor de las ideas magonistas y dirigido por Juan R. Escudero y sus hermanos impulsado por la demandas populares insatisfechas, levantan demandas económicas y políticas bastante razonables, como salarios justos, jornadas de ocho horas, reparto de tierra y democratización de la estructura política, de la misma manera que lo hacen otras corrientes... en Tabasco Veracruz, Yucatán y Michoacán... Asimismo, el movimiento escuderista (en la elección municipal de ese tiempo ) logra ganar el ayuntamiento del puerto y una diputación, sin cuestionar los fundamentos del poder , impulsa una reestructuración a fondo del gobierno municipal y una serie de obras, la más importante es la carretera México-Acapulco; todo esto concita el miedo y el odio de la oligarquía acapulqueña, encabezada principalmente por comerciantes españoles, que atentan por primera vez contra Juan Arnulfo Escudero, (violencia) que lo deja sin un brazo, con medio cuerpo paralizado y con dificultades para hablar, pero ni esto impide que tome posesión de su ultimo mandato''.

Séptima. Sin embargo, frente a los acontecimientos que se están desarrollando por la celebración de la Independencia y Revolución Mexicana, en el documento base referido se señala en un apartado especial la realización de propuestas de obras públicas, con motivo de tan festejado homenaje, pero omite en ese catálogo, de propuestas de obras públicas, el estado de Guerrero, en la cual se consumó la guerra fraticida y el nacimiento de lo que sería la nación independiente.

Se interpreta esta acción como una omisión grave, pues no se realiza un esfuerzo por recuperar e integrar la entidad de importancia historia, con obras públicas de impacto permanente. También, el planteamiento de la celebración para Guerrero es limitado, pues se reduce sólo a festejos tradicionales, sin impacto. Omisión que de seguir y mantenerse así, sólo demuestra una conducta sustentada en la simulación, el engaño y la ignorancia que no es permisible por la importancia de la propia celebración.

Se requiere reconsiderar el planteamiento realizado para impulsar la elaboración de obras públicas con sentido social de infraestructura en Guerrero, para que de verdad se retribuya un poco la aportación de este espacio de patria en el proceso libertario, realizado hace 200 años. La importancia del estado de Guerrero y su valor histórico no están sujetos a discusión de ningún tipo.

Como todos sabemos. Guerrero es uno de los estados más pobres. Por el contrario, si se quiere utilizar el bicentenario para una celebración transparente, se deben de realizar esfuerzos que se concreten en obras públicas, que se ejecuten en los lugares en los que se realizó la actividad protagónica de nuestra historia. De no hacerlo, será una burla más a nuestros padres fundadores y a nosotros mismos, pues una actitud demagógica de esta naturaleza sólo demuestra la falta auténtica de conocimiento y la manipulación de la historia.

Por todo lo expuesto, se presenta ante esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. Se solicita respetuosamente a las autoridades respectivas que se integren y se amplíen en el documento base de la celebración del bicentenario el criterio y la ejecución para la realización de obras de infraestructura, rehabilitación de caminos, remozamiento y zonas para la ciudad de Iguala y municipios colindantes, como Teloloapan, Ixcateopan, Apaxtla de Castrejón, Cocula, Tepecoacuilco, Acaptetlahuaya, Ixcapuzalco, Buenavista de Cuéllar, Huitzuco, Arcelia y Cueztala, con la participación incluyente de la autoridades respectivas, pues la región destacose indiscutiblemente en el proceso de la consumación libertaria de la Independencia nacional y la Revolución Mexicana.

Segundo. Se exhorta respetuosamente a las autoridades respectivas a integrar a la celebración del bicentenario los acontecimientos célebres de la consumación de la Independencia y los hechos de Revolución Mexicana en el norte del estado de Guerrero, como Acatempan, localidad del municipio de Teloloapan, así como que se destaque y apoye, por las instancias organizativas del bicentenario y de cultura nacional, el Museo de Telolopan, y la fiesta popular de Los Diablos del 16 de septiembre en esta ciudad . Asimismo, se destaque la representación de la tradicional Celebración del Fuego, que parte de Ixcateopan hacia la ciudad de Iguala, denominada ``Danza'' o ``Fiesta de Macuilxóchitl''.

Tercero. Se exhorta respetuosamente para que se elaboren de parte de las autoridades ejecutivas del bicentenario actividades concretas y apropiadas del festejo, que tome en cuenta de manera plena e integral, tanto en los preparativos como en la ejecución, a la estación del tren del Balsas en Iguala cuya historia destaca por los hechos que se presentaron en la Revolución Mexicana y al Museo de la Bandera Santuario a la Patria, de la misma ciudad, que ha mantenido de forma permanente la muestra de la evolución histórica de nuestro lábaro patrio y que hoy es centro importante de cultura de la región.

Cuarto. Que se exhorta para que se programen y ejecuten, por las autoridades correspondientes y con la participación social que establecen los lineamientos del documento base referido, actividades y obras públicas de infraestructura adicionales para la celebración del bicentenario y de la Revolución en la ciudad y puerto de Acapulco, en el Parque Nacional del Veladero, en la Hacienda de la Providencia, así como en la ciudad de Tixtla, localidades todas de Guerrero . La entidad se destacó por la lucha y consumación de la Independencia, de las luchas agrarias, sociales y cívicas en el periodo conocido como ``Revolución Mexicana''.

Notas: *Versión libre de manifiesto Sentimientos de la Nación. **Versión libre del Plan de Iguala.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Túrnese a la Comisión Especial para el apoyo de los festejos del bicentenario de la Independencia y del centenario de la Revolución.

TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMERICA DEL NORTE

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Se recibió también del diputado Irineo Mendoza Mendoza, del Grupo Parlamentario del PRD, punto de acuerdo relativo a los subsidios otorgados a los productores agrícolas en Estados Unidos de América, en el marco del Tratado de Libre Comercio.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca : «Proposición con punto de acuerdo, relativo a los subsidios otorgados a los productores agrícolas en Estados Unidos de América, en el marco del TLCAN, a cargo del diputado Irineo Mendoza Mendoza , del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado Irineo Mendoza Mendoza , integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LX Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía punto de acuerdo relacionado con los subsidios otorgados a los productores agrícolas en Estados Unidos de América, en el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), conforme a las siguientes

Consideraciones

En estos meses, compañeras y compañeros legisladores, hemos sido testigos de innumerables manifestaciones de los productores agrícolas en prácticamente todo el país. Pero no vengo hoy a recordar ni a exponer los argumentos de este sector de la sociedad mexicana, por válidos que sean; tampoco vengo a recordar a todos los presentes que durante los últimos 20 años los salarios en el agro perdieron un tercio del poder adquisitivo, o que la apertura en el campo expulsó a un cuarto de su población, de acuerdo con las propias cifras del Banco Mundial, para quienes son muy enterados de estas organizaciones internacionales.

En la discusión que se ha generado en el marco del TLCAN hay un tema que hemos dejado de lado, tanto en su análisis como en sus implicaciones en el sector agrícola: los subsidios que da Estados Unidos a sus productores.

En esta discusión, vale la pena definir que los subsidios son aplicados para estimular artificialmente el consumo o la producción de un bien o servicio. En este sentido, el nivel de recursos que se canalizan mediante los subsidios dependerá de la disponibilidad de los recursos.

Ante la discusión de la desgravación total de los productos agrícolas en el marco del TLCAN, y la insuficiencia de recursos públicos para plantear políticas que ayuden a recuperar el nivel de vida de los casi 30 millones de mexicanos que aún viven en el campo, vale la pena señalar que cada cinco años el Congreso de Estados Unidos renueva su política federal agrícola. Así, en 2002 el Congreso estadounidense aprobó la Ley Agrícola (Farm Bill) 2002-07, con la cual se aumentaron en 51 mil millones de dólares los recursos destinados a los subsidios del campo, para quedar en un total de 297 mil millones de dólares en dicho quinquenio. ¿Qué hizo el gobierno mexicano para compensar los efectos de esta ley en el campo mexicano? Tal parece que nada, o lo que se hizo fue insuficiente. Y la siguiente pregunta sería ésta: ¿Qué hará el gobierno mexicano en el marco de la entrada en vigor de la desregulación agropecuaria y la entrada en vigor del proyecto de Ley Agrícola HR 2419, que está a discusión en el Congreso estadounidense?

Hoy día, mientras nuevamente el Congreso estadounidense discute los recursos que destinará al sector agrícola para los próximos cinco años, se atribuye a la agricultura 1 por ciento del PIB y a los agricultores 2 por ciento del total de la población, mientras que los subsidios domésticos se propone que se mantengan para las cosechas del periodo 2008 a 2012 de arroz, azúcar, sorgo, cebada y lácteos, y se aumentan para las de trigo, algodón, soya y derivados.

En dicha propuesta, el proyecto HR 2419 de Ley Agrícola, Nutrición y Bioenergía, los subsidios federales agrícolas son de entre 13 y 15 por ciento del presupuesto agrícola total, los cuales fluctúan entre 16.5 y 24.3 billones de dólares anuales.

Lo que debe quedarnos claro de los datos anteriores es que nuestro principal socio comercial, efectivamente, hace gala del dicho popular ``candil de la calle, y oscuridad de la casa'', pues mientras impulsa la liberación comercial en otras naciones, en su territorio continúa impulsando el proteccionismo y la aplicación de los subsidios para estimular la competitividad en algunas ramas de producción agrícola, pues de acuerdo con los propios datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, en Estados Unidos los subsidios ascienden a 44.9 por ciento del valor bruto, mientras que en México representan sólo 17.4 del valor de cada producto.

En este contexto, compañeros legisladores, ¿qué debemos discutir e impulsar como una solución integral de los problemas del campo? No es sólo la canalización de mayores recursos, mejor uso y distribución de éstos, sino plantear una política de mediano y largo plazos. No debemos continuar año tras año discutiendo el programa especial concurrente, sino que debemos proyectarlo a un periodo intersexenal para que deje de estar sujeto a vaivenes políticos, y restricciones presupuestarias.

También debe serse claro ante la defensa de los intereses de nuestros campesinos. No podemos continuar con el proceso de empobrecimiento, migración y demás fenómenos que hoy afectan a los casi 30 millones de mexicanos que aún viven en el campo mexicano. El Estado mexicano debe asumir una postura que cumpla los acuerdos internacionales establecidos, pero también las necesidades de su sociedad. No podemos continuar con una postura sumisa, que agudice aún más el actual proceso de empobrecimiento.

Si bien es cierto que nos faltaron creatividad, compromiso y capacidad para llegar a acuerdos y hacer lo que estuvo en nuestras manos para prever la entrada en vigor de la desregulación total del TLCAN, es más cierto aún que, ante todo, las instituciones mexicanas deben procurar el bienestar de los mexicanos;

Por todo lo anterior, se propone el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta a las Secretarías de Economía, y de Agricultura a informar de manera puntual, clara y oportuna a esta soberanía acerca de las acciones que han realizado en torno de los subsidios agrícolas que ha llevado a cabo Estados Unidos, en el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

Segundo. Se exhorta a las Secretarías de Economía, y de Agricultura, Ganadería y Pesca a informar a esta soberanía de las acciones por tomar en el marco de la posible aprobación del proyecto de Ley Agrícola HR 2419, por el Congreso estadounidense.

Tercero. Se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca a informar a esta soberanía de las acciones realizadas en materia de políticas públicas, a fin de incrementar la productividad, niveles de vida y producción del sector agrícola mexicano.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Túrnese a la Comisión de Economía.

CORRIDOS MUSICALES

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Se recibió del diputado Irineo Mendoza Mendoza, del Grupo Parlamentario del PRD, punto de acuerdo relativo a la regularización del contenido de los corridos musicales que hacen referencia a personas que se dedican a actividades ilícitas o delincuencia organizada.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca : «Proposición con punto de acuerdo, relativo a la regulación del contenido de los corridos musicales que hacen referencia a personas dedicadas a actividades ilícitas o a la delincuencia organizada, a cargo del diputado Irineo Mendoza Mendoza , del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado Irineo Mendoza Mendoza , integrante del Grupo Parlamentario del PRD en la LX Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía punto de acuerdo relacionado con la regulación de los corridos musicales en México, de conforme a las siguientes

Consideraciones

Nuestro país se ha caracterizado por contar con una diversidad cultural muy amplia, que puede apreciarse desde su gastronomía, sus etnias, construcciones prehispánicas y hasta su música típica, las canciones que se interpretan en diferentes ritmos, los cuales se escuchan a menudo en actos sociales.

Haciendo referencia específicamente a los corridos, vale la pena señalar que el corrido mexicano es un género musical propio de la voz y la cultura mestiza que posee características singulares, es un género lírico-épico-narrativo, que en sus inicios constituía para las multitudes iletradas la única fuente de información sobre los sucesos más importantes en los tiempos de la Revolución Mexicana, donde los personajes que representaban ideales revolucionarios o que eran ``bandidos buenos'' merecían la admiración del pueblo.

Posteriormente, con el paso del tiempo fue variando y, asimismo, fue sujeto de interpretaciones, con temáticas propias de indocumentados mexicanos, que hasta este punto son válidos, pues en su mayoría son de protesta en razón de la discriminación de que son objeto los paisanos y las personas de otros países que tratan de cruzar la frontera del norte de nuestro país. El problema radica en que ahora el corrido musical mexicano versa sobre actos delictivos, como ejecuciones y narcotráfico, que se dan en la frontera mexicano-estadounidense principalmente. Así surgieron los corridos La banda del carro rojo y Contrabando y traición, por mencionar algunos.

Una situación no menos grave es que ahora, en algunos corridos, hasta presumen de llevar a cabo sus actos bajo el influjo de alguna droga, y en su mayoría se narra el exceso de violencia con que fue realizado tal o cual acto.

Ante ese escenario, es realmente preocupante que los corridos musicales con ese contenido, que son del gusto popular, más que ser sujeto de regularización y restricción por las Secretarías de Gobernación, y de Educación Pública, sean por el contrario motivo de rating para las estaciones de radio o de numerosas ventas de discos para las distribuidoras.

Ese tipo de corridos sólo reflejan la realidad de lo que ocurre en México en materia de enfrentamientos y delincuencia organizada, pero tampoco son elementos que nutran nuestra cultura, y ante tal situación es indispensable no permitir que continúe la proliferación de ese género musical, que con impunidad y sarcasmo narra las ``hazañas'' de los delincuentes.

En esta discusión debe tenerse presente que el narcotráfico es un problema no sólo de seguridad nacional sino de salud pública, pues al ser escuchado por menores de edad puede llegar a crearles una idea falsa de la realidad, confundiéndolos del verdadero sentido de lo que significa trabajo, o incluso encaminarlos al consumo de alguna droga. Por tal motivo considero que debe regularse ese tipo de canciones, ya que en ellas se describe el delincuente como si fueran motivo de orgullo nacional, cuando son sólo la miseria de nuestra sociedad.

Por esa razón, el tema que propongo no versa sobre la prohibición, pues sé que no sería en razón de las libertades consagradas justamente en la Constitución General. Se propone la censura y que el gobierno federal asuma la responsabilidad que le corresponde, no sólo con las radiodifusoras sino con los productores de discos y los propios compositores. Incluso, de manera desafortunada, nos encontramos con que los propios cantantes de este género son nota y se encuentran en la infortuna del asesinato, como fue el caso de Chalino Sánchez, Valentín Elizalde y, recientemente, de Sergio Gómez, por mencionar algunos.

Por ello, y pese al escaso marco jurídico existente en el país, deben aplicarse puntualmente las normas jurídicas que regulan los contenidos generales de la radio y la televisión en el país y deben generarse políticas encaminadas a dar cumplimiento a la ley. Incluso, debería procurarse que cuando vaya a transmitirse uno de esos corridos o videos musicales, el presentador advierta respecto del contenido, además de restringir los horarios y programas que pueden ser escuchados por menores de edad.

Como Poder Legislativo, tenemos una tarea por resolver en cuanto a elaborar un marco normativo que regule este tipo de actividades, teniendo presente la libertad de expresión, pero cuidando las raíces y los valores de la sociedad mexicana. Por otra parte, el gobierno federal, mediante las Secretarías de Gobernación, y de Educación, debe hacer frente a este problema, proponiendo las adecuaciones y restricciones necesarias.

Por lo señalado, propongo el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se solicita a la Secretaría de Gobernación que informe a la Cámara de Diputados sobre las acciones en materia de regulación que esté llevando a cabo respecto a los narcocorridos, en lo referente a estaciones de radio, distribuidoras y grupos musicales.

Segundo. Se solicita a la Secretaría de Educación Pública que informe a la Cámara de Diputados sobre las acciones en materia de difusión de la cultura mexicana con relación a los corridos, como género lírico-épico-narrativo.

Lo anterior, para estar en condiciones de encaminar una legislación por el rumbo que a todos los mexicanos nos convenga y estar en la verdadera posibilidad de arrancar el problema de la delincuencia organizada desde la raíz.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Túrnese a la Comisión de Gobernación. Continúe la Secretaría, por favor.

ORDEN DEL DIA

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca : «Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias.--- Segundo Año de Ejercicio.--- LX Legislatura

Orden del día

Martes 11 de marzo de 2008.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones

La Secretaría de Cultura del gobierno del Distrito Federal, invita a la ceremonia cívica que con motivo del DCLXXXIII aniversario de la fundación de México-Tenochtitlán, tendrá lugar el 13 de marzo a las 10:00 horas.

Dictámenes a discusión

De la Comisión de Economía, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código de Comercio.

De la Comisión de la Función Pública, con proyecto de decreto que reforma el segundo párrafo del artículo 13 y los párrafos tercero y sexto del artículo 37 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

Los asuntos no abordados en esta sesión y los demás con los que la Mesa Directiva dé cuenta.»

CLAUSURA Y CITATORIO

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado (a las 15:07 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el martes 11 de marzo a las 11:00 horas. Se les informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 9: 30 horas.

--------------- O ---------------

RESUMEN DE TRABAJOS

• Tiempo de duración: 3 horas 24 minutos.
• Quórum a la apertura de sesión: 307 diputados.
• Asistencia al cierre de registro: 321 diputados.
• Acuerdos de la Junta de Coordinación Política: 4.
• Efemérides: 1.
• Proposiciones con puntos de acuerdo: 5.
Diputados por grupo parlamentario que participaron durante la sesión: 18PAN-2, PRD-7, PRI-3, Convergencia-2, PVEM-4.
• Se recibió:
• 2 oficios del gobierno del estado de Oaxaca, con los que remite contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados
• 2 minutas con proyectos de decreto;
• 6 iniciativas del PAN;
• 4 iniciativas del PRD;
• 3 iniciativas del PRI;
• 2 iniciativas del Convergencia;
• 4 iniciativas del PVEM.
• Dictámenes de primera lectura:
• 1 de la Comisión de Economía, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código de Comercio;
• 1 de la Comisión de la Función Pública, con proyecto de decreto que reforma los párrafos segundo del artículo 13, y tercero y sexto del artículo 37 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos
• Dictámenes aprobados:
• 1 de la Comisión de Reforma Agrariacon proyecto de decreto, que reforma el artículo 80 de la Ley Agraria;
• 1 de la Comisión de Seguridad Pública, con punto de acuerdo, a fin de exhortar al titular del Ejecutivo federal -mediante la Secretaría de Seguridad Públicafederal y la Procuraduría General de la República-, a los gobernadores de los estados y al jefe del Gobierno delDistrito Federala fortalecer acciones e implantar operaciones coordinadas con los municipios para identificar y recuperar los automóviles robados;
• 1 de la Comisión de la Función Pública, con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Secretaría de la Función Públicay a la Auditoría Superior de la Federación a realizar, en el ámbito de sus atribuciones, los procedimientos de revisión y, en su caso, de sanción para los que faculta la ley en PemexExploración y Producción zona norte.

DIPUTADOS QUE PARTICIPARON DURANTE LA SESION
(en orden alfabético)

• Álvarez Bernal, María Elena(PAN) Día Internacional de la Mujer: 45
• Aragón Castillo, Irene(PRD) Día Internacional de la Mujer: 44
• Arévalo González, José Antonio((PVEM) Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos: 135
• Barajas del Toro, Salvador(PRI) Ley Agraria: 63
• Brito González, Modesto(PRD) Estado de Guerrero: 160
• Buganza Salmerón, Gerardo(PAN) Artículo 9 constitucional: 100
• Cárdenas Sánchez Esmeralda(PAN) Código Penal Federal - Código Federal de Procedimientos Penales: 103
• Castro Romero, María Sofía(PAN) Ley Federal de Radio y Televisión: 112
• Cervantes Andrade, Raúl(PRI) Artículo 135 constitucional: 132
• Chanona Burguete, Alejandro(Convergencia) Ley General de Población: 86
• Conde Rodríguez, Elsa de Guadalupe(Alternativa) Día Internacional de la Mujer: 37
• Cruz Santiago Claudia Lilia, (PRD) Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada: 116
• De León Tello, Jesús(PAN) Comarca Lagunera de Durango y Coahuila: 157
• Delgado Oscoy. Alejandro Enrique (PAN) Artículo 78 constitucional - Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos: 90
• Díaz Mena, Joaquín(PAN) Estado de Yucatán: 159
• Fernández Balboa, Mónica(PRD) Ley de Desarrollo Rural Sustentable: 142
• Gebhardt Garduza, Yary del Carmen(PRI) Día Internacional de la Mujer: 42
• Jiménez del Castillo, Ma. de los Ángeles (PAN) Artículo 84 constitucional: 134
• Leal, Alberto Amador (PRI) Artículos 21, 94 y 102 constitucionales: 95
• Madrazo Limón, Carlos(PAN) Artículo 4o. constitucional: 147
• Madrid Tovilla, Arely (PRI) Ley Agraria: 62
• Mendoza Mendoza, Irineo(PRD) Corridos musicales: 166
• Mendoza Mendoza, Irineo(PRD) Tratado de Libre Comercio de América del Norte: 164
• Piñeyro Arias, Irma(Nueva Alianza) Día Internacional de la Mujer: 38
• Puente Salas, Carlos Alberto(PVEM) Ley de Aprovechamiento de Aceites Usados Automotrices - Ley Federal de Derechos: 71
• Puente Salas, Carlos Alberto(PVEM) Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios: 80
• Ramírez Cerda, Ana María(PVEM) Día Internacional de la Mujer: 40
• Rodríguez Ramírez, Bertha Yolanda(PRI) Ley de Asociaciones Agrícolas: 139
• Romero Guzmán, Rosa Elia(PT) Día Internacional de la Mujer: 38
• Salgado Amador, Manuel Salvador(PVEM) Artículo 115 constitucional: 124
• Salvatori Bronca, María del Carmen(Convergencia) Artículo 20 constitucional: 120
• Salvatori Bronca, María del Carmen(Convergencia) Día Internacional de la Mujer: 41
• Sánchez Barrios, Carlos(PRD) Ley de Vías Generales de Comunicación: 93
• Trejo Pérez, Pablo(PRD) Ley del Seguro Social: 128

SECRETARÍA GENERAL
REPORTE DE ASISTENCIA

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL
1 Acosta Dávila Constantino	ASISTENCIA
2 Aguilar López José Alejandro	ASISTENCIA
3 Alcalde Virgen Moisés	ASISTENCIA
4 Alcaraz Hernández Alma Edwviges	CÉDULA
5 Álvarez Bernal María Elena	ASISTENCIA
6 Amezola Fonceca Gerardo	ASISTENCIA
7 Aranda Orozco Gerardo	INASISTENCIA
8 Arellano Arellano Joel	ASISTENCIA
9 Arenas Guzmán Margarita	ASISTENCIA
10Arizméndi Uribe Efraín	ASISTENCIA
11 Armendáriz García Pedro	CÉDULA
12 Arredondo Ibarra Salvador	ASISTENCIA
13 Arredondo Velázquez Jesús	ASISTENCIA
14 Ávila Mayo Obdulio	ASISTENCIA
15 Barradas Miravete Gregorio	CÉDULA
16 Barrios Rodríguez Juan Enrique	ASISTENCIA
17 Bello Pérez Alfonso Othón	ASISTENCIA
18 Berber Martínez Antonio	ASISTENCIA
19 Bermúdez Viramontes Andrés	ASISTENCIA
20 Bolaños Aguilar Edmundo Javier	ASISTENCIA
21 Borboa Becerra Omar Antonio	ASISTENCIA
22 Borrego Estrada Felipe	PERMISO MESA DIRECTIVA
23 Bracho González Carlos Augusto	ASISTENCIA
24 Buganza Salmerón Gerardo	ASISTENCIA
25 Campos Galván María Eugenia	PERMISO MESA DIRECTIVA
26 Carbajal Méndez Liliana	ASISTENCIA
27 Carbajal Tejada Rogelio	ASISTENCIA
28 Cárdenas Sánchez Esmeralda	ASISTENCIA
29 Cardona Benavidez Alma Xóchil	ASISTENCIA
30 Carrasco Altamirano Diódoro Humberto	ASISTENCIA
31 Castaño Contreras Cristián	ASISTENCIA
32Castro De la Rosa Osiel	ASISTENCIA
33 Castro Muñoz Juan de Dios	ASISTENCIA
34Castro Romero Ma. Sofía Del Perpetuo	ASISTENCIA
35 Ceja Romero Ramón	ASISTENCIA
36 Chávez García Daniel	ASISTENCIA
37 Collado Lara Beatriz	ASISTENCIA
38 Contreras Coeto José Luis	ASISTENCIA
39 Corral Aguilar María Mercedes	ASISTENCIA
40 Cuen Garibi Marcela	ASISTENCIA
41 Curiel Preciado Leobardo	ASISTENCIA
42 Dávila Fernández Adriana	ASISTENCIA
43 Dávila García Francisco	INASISTENCIA
44 De la Torre Jaramillo Eduardo Sergio	ASISTENCIA
45 De León Tello Jesús	ASISTENCIA
46 Degante Romero Silvia Emilia	ASISTENCIA
47Del Toro del Villar Tomás	ASISTENCIA
48 Del Valle Toca Antonio	ASISTENCIA
49 Delgado Oscoy Alejandro Enrique	ASISTENCIA
50Denegre Vaught Ramírez Rosaura Virginia	ASISTENCIA
51 Deschamps Falcón Ángel Rafael	ASISTENCIA
52 Díaz García José Antonio	ASISTENCIA
53 Díaz Garibay Felipe	ASISTENCIA
54 Díaz Gordillo Martha Cecilia	ASISTENCIA
55 Díaz Mena Joaquín Jesús	ASISTENCIA
56 Díaz de León Torres Leticia	ASISTENCIA
57 Domínguez Servién Francisco	ASISTENCIA
58 Duck Núñez Edgar Mauricio	ASISTENCIA
59 Enríquez Flores Armando	ASISTENCIA
60 Escaroz Soler Gerardo Antonio	ASISTENCIA
61 Escobar Jardinez Adolfo	ASISTENCIA
62 Espinosa Piña José Luis	ASISTENCIA
63 Félix Holguín Armando Jesús	ASISTENCIA
64 Felton González Carlos Eduardo	ASISTENCIA
65 Fernández Cabrera Adrián	ASISTENCIA
66Fernández Ugarte Ma. del Carmen	ASISTENCIA
67 Figueroa Ortega David	ASISTENCIA
68 Flores Domínguez Emilio Ramón Ramiro	CÉDULA
69 Flores Grande Arturo	ASISTENCIA
70 Flores Morfín Jesús Vicente	ASISTENCIA
71 Fraile García Francisco Antonio	CÉDULA
72 Franco Cazarez Ricardo	OFICIAL COMISIÓN
73 Fuentes Ortíz José Guillermo	ASISTENCIA
74 García González Carlos Alberto	ASISTENCIA
75 García Müller Martha Margarita	ASISTENCIA
76 García Reyes Ángel Humberto	ASISTENCIA
77 García Reyes Beatriz Eugenia	ASISTENCIA
78 García Vivián Raúl	ASISTENCIA
79 Garmendia Hernández Yolanda Mercedes	PERMISO MESA DIRECTIVA
80 Gómez Leyva Silvio	PERMISO MESA DIRECTIVA
81 González Betancourt Jorge Justiniano	ASISTENCIA
82 González Martínez María Gabriela	ASISTENCIA
83 González Morán Martín Oscar	ASISTENCIA
84 González Roaro Benjamín Ernesto	ASISTENCIA
85 González Ruiz Felipe	ASISTENCIA
86González Sánchez Ma. Dolores	INASISTENCIA
87Gudiño Ortíz Francisco Javier	OFICIAL COMISIÓN
88 Guerrero Torres José Gildardo	ASISTENCIA
89 Gutiérrez Lagunes María Victoria	ASISTENCIA
90 Hernández Núñez Elia	ASISTENCIA
91 Hurtado Pérez Nelly Asunción	ASISTENCIA
92 Iragorri Durán Enrique	INASISTENCIA
93Jiménez del Castillo Ma. de los Ángeles	ASISTENCIA
94 Jiménez Ramos María Esther	ASISTENCIA
95 Joaquín Coldwell Addy Cecilia	ASISTENCIA
96 Lagunes Viveros Violeta del Pilar	ASISTENCIA
97 Landero Gutiérrez Alejandro	INASISTENCIA
98 Landeros González Ramón	ASISTENCIA
99 Lara Compeán David	ASISTENCIA
100 Larios Córdova Héctor	ASISTENCIA
101 Laviada Hernández Iñigo Antonio	CÉDULA
102 Lemus Muñoz Ledo Ramón Ignacio	ASISTENCIA
103 Leura González Agustín	ASISTENCIA
104 Lezama Aradillas René	ASISTENCIA
105 Limas Frescas María Soledad	ASISTENCIA
106 Lizaola de la Torre Alonso Manuel	INASISTENCIA
107 López Cisneros José Martín	ASISTENCIA
108 López Reyna Omeheira	ASISTENCIA
109 López Silva Rubí Laura	ASISTENCIA
110 Ludlow Kuri Lorenzo Daniel	OFICIAL COMISIÓN
111 Lujano Nicolás Christian Martín	INASISTENCIA
112 Maawad Robert Luis Xavier	ASISTENCIA
113 Macías Zambrano Gustavo	INASISTENCIA
114 Madrazo Limón Carlos	ASISTENCIA
115Magallón Arceo Leonardo Melesio de J.	ASISTENCIA
116 Malagón Ríos Martín	ASISTENCIA
117 Maldonado González David	ASISTENCIA
118Manuell-Gómez Angulo Dolores De María	INASISTENCIA
119 Martínez Díaz María de Jesús	ASISTENCIA
120 Martínez Valero Dora Alicia	INASISTENCIA
121 Medellín Varela Antonio	ASISTENCIA
122 Medina Macias Alma Hilda	ASISTENCIA
123 Medina Rodríguez Delber	INASISTENCIA
124 Medina Rodríguez Lizbeth Evelia	ASISTENCIA
125 Mejía García Luis Alonso	ASISTENCIA
126 Méndez Meneses Apolonio	ASISTENCIA
127 Mendoza Morales Lucía Susana	ASISTENCIA
128 Mohamar Dainitin Oscar Miguel	OFICIAL COMISIÓN
129 Mollinedo Hernández Agustín	ASISTENCIA
130 Monraz Ibarra Miguel Ángel	ASISTENCIA
131 Montes Sánchez Fabián Fernando	ASISTENCIA
132 Mora Cuevas Marisol	ASISTENCIA
133 Morales Ramos José Nicolás	ASISTENCIA
134 Morelos Borja María Esperanza	ASISTENCIA
135 Moreno Álvarez Mario Eduardo	ASISTENCIA
136 Morgan Franco Rocío del Carmen	ASISTENCIA
137 Muñoz Serrano José Antonio	ASISTENCIA
138 Murillo Flores Francisco Javier	ASISTENCIA
139 Murillo Torres José Luis	ASISTENCIA
140 Navarro Sugich Carlos Alberto	ASISTENCIA
141 Nordhausen González Jorge Rubén	ASISTENCIA
142Noriega Blanco Vigil María Nieves	ASISTENCIA
143 Ochoa López Nabor	ASISTENCIA
144 Olvera Higuera Edgar Armando	ASISTENCIA
145 Orozco Ruiz Velazco Marco Heriberto	ASISTENCIA
146Ortega Martínez Ma. del Pilar	ASISTENCIA
147Ortíz Hernández Eduardo	ASISTENCIA
148 Oviedo Oviedo Ernesto	ASISTENCIA
149 Padilla Orozco Raúl Alejandro	ASISTENCIA
150 Palafox Núñez José Inés	ASISTENCIA
151 Paredes Rodríguez Francisco Javier	ASISTENCIA
152 Parra Jiménez Dolores María del Carmen	ASISTENCIA
153 Parra Noriega Luis Gustavo	PERMISO MESA DIRECTIVA
154 Pérez Cuéllar Cruz	INASISTENCIA
155 Peyrot Solís Marco Antonio	ASISTENCIA
156 Plascencia Alonso Francisco Javier	ASISTENCIA
157 Priego Tapia Gerardo	ASISTENCIA
158 Pulido Pecero Pedro	ASISTENCIA
159 Quintero Bello Jorge	ASISTENCIA
160 Ramírez Barba Ector Jaime	ASISTENCIA
161 Ramírez Pech Edgar Martín	ASISTENCIA
162 Ramírez Villarreal Gustavo	ASISTENCIA
163 Ramos Covarrubias Héctor Manuel	ASISTENCIA
164 Reyes López Carlos Armando	ASISTENCIA
165 Rincón Vargas Mirna Cecilia	ASISTENCIA
166 Rivera Rivera José Guadalupe	ASISTENCIA
167 Rivero Rivero Rolando	ASISTENCIA
168 Rodríguez Ahumada Luis Fernando	ASISTENCIA
169 Rodríguez Jiménez Ricardo	ASISTENCIA
170 Rodríguez Prats Juan José	ASISTENCIA
171 Rodríguez Uresti Enrique	INASISTENCIA
172 Rodríguez Vizcarra Velázquez Adriana	ASISTENCIA
173 Rojas Hernández Laura Angélica	CÉDULA
174 Román Isidoro Demetrio	ASISTENCIA
175 Romo Jiménez Martha Angélica	ASISTENCIA
176 Rubio Chávez José Ignacio Alberto	ASISTENCIA
177 Rueda Gómez Francisco	ASISTENCIA
178 Ruiz Velasco de Lira Ernesto	ASISTENCIA
179 Salas Contreras Marcos	ASISTENCIA
180 Salazar Madera Mario Alberto	ASISTENCIA
181 Salum del Palacio Jorge Alejandro	OFICIAL COMISIÓN
182 Sánchez Díaz de Rivera Antonio	ASISTENCIA
183 Sánchez Domínguez Alejandro	PERMISO MESA DIRECTIVA
184 Sánchez Gil Carlos René	ASISTENCIA
185 Sánchez Juárez Claudia	ASISTENCIA
186 Sánchez Trujillo José Víctor	ASISTENCIA
187Sandoval Munguia Juan Manuel	ASISTENCIA
188 Serrato Castell Luis Gerardo	ASISTENCIA
189 Shej Guzmán Sara	ASISTENCIA
190 Solano Muñoz José de Jesús	ASISTENCIA
191 Stefanonni Mazzocco Martín	ASISTENCIA
192 Tamayo Herrera Yadhira Yvette	ASISTENCIA
193 Torres Gómez Artemio	ASISTENCIA
194 Torres Herrera Víctor Manuel	ASISTENCIA
195 Torres Torres Carlos Alberto	ASISTENCIA
196 Valenzuela García María Gloria Guadalupe	ASISTENCIA
197 Valladolid Rodríguez Antonio	INASISTENCIA
198 Vasconcelos Rueda Antonio	ASISTENCIA
199 Vázquez Martínez Alberto	ASISTENCIA
200 Vega Corona Antonio	ASISTENCIA
201 Velázquez Gutiérrez José Guillermo	ASISTENCIA
202 Verástegui Ostos César Augusto	ASISTENCIA
203 Verdín Saldaña Jaime	ASISTENCIA
204 Victoria Alva Juan	ASISTENCIA
205 Vieyra Olivares Adriana Rebeca	ASISTENCIA
206 Villanueva Arjona Juan Manuel	PERMISO MESA DIRECTIVA
207 Zambrano Elizondo Javier Martín	ASISTENCIA
Asistencias: 174
Asistencias por cédula: 7
Asistencias comisión oficial: 5
Permiso Mesa Directiva: 7
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 14
Total diputados: 207

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA
1Aguirre Alcaide Victor	PERMISO MESA DIRECTIVA
2 Alavez Ruiz Aleida	ASISTENCIA
3 Almazán González José Antonio	ASISTENCIA
4 Almonte Borja Ramón	INASISTENCIA
5 Alonso Flores Lourdes	ASISTENCIA
6Wilfrido Alonso Razo Humberto	ASISTENCIA
7 Altamirano Toledo Carlos	ASISTENCIA
8 Alva Olvera Maribel Luisa	INASISTENCIA
9 Álvarez Ramón Silbestre	ASISTENCIA
10 Amaro Corona Alberto	ASISTENCIA
11 Aragón Castillo Irene	ASISTENCIA
12 Arellano Pulido Miguel Ángel	ASISTENCIA
13Arreola Calderón Juan Dario	ASISTENCIA
14 Barreiro Pérez Armando	ASISTENCIA
15 Batres Guadarrama Valentina Valia	ASISTENCIA
16 Bautista Bravo Alliet Mariana	PERMISO MESA DIRECTIVA
17Bravo Padilla Itzcóatl Tonatiuh	ASISTENCIA
18 Brito González Modesto	ASISTENCIA
19 Calzada Vázquez Francisco Javier	ASISTENCIA
20 Campos Aburto Amador	ASISTENCIA
21 Cárdenas Hernández Raymundo	ASISTENCIA
22 Cervantes Rodríguez Aurora	ASISTENCIA
23 Chávez García Higinio	ASISTENCIA
24Condado Escamilla Cuitlahuac	CÉDULA
25 Contreras Julián Maricela	ASISTENCIA
26 Cruz Santiago Claudia Lilia	ASISTENCIA
27 Cuevas Córdova Othón	ASISTENCIA
28 Dagdug Lützow Moisés Félix	INASISTENCIA
29 De la Rosa García Juan Hugo	PERMISO MESA DIRECTIVA
30 De los Santos Molina Joaquín Conrado	ASISTENCIA
31 Dehesa Mora Daniel	ASISTENCIA
32 Del Toro Mario Enrique	ASISTENCIA
33 Díaz Contreras Adriana	ASISTENCIA
34 Escandón Cadenas Rutilio Cruz	ASISTENCIA
35 Espejel Lazcano Jaime	PERMISO MESA DIRECTIVA
36 Fernández Balboa Mónica	CÉDULA
37 Flores Maldonado César	ASISTENCIA
38 Flores Salazar Guadalupe Socorro	ASISTENCIA
39 Franco Melgarejo Rafael	PERMISO MESA DIRECTIVA
40 Gálvez Rodríguez Fernel Arturo	ASISTENCIA
41 García Rodríguez Víctor Hugo	ASISTENCIA
42 Garzón Contreras Neftalí	ASISTENCIA
43 González Garza Javier	ASISTENCIA
44 Guerra Ochoa Juan Nicasio	ASISTENCIA
45 Gutiérrez Calzadilla José Luis	ASISTENCIA
46 Hernández Gaytán Daisy Selene	ASISTENCIA
47 Hernández Hernández Sergio	ASISTENCIA
48 Hernández Manzanares Javier	INASISTENCIA
49 Hernández Silva Benjamín	ASISTENCIA
50Nohelia Ibarra Franquez Sonia	ASISTENCIA
51 Jacques y Medina José	ASISTENCIA
52 Jiménez Valenzuela María Eugenia	ASISTENCIA
53 Landero López Pedro	ASISTENCIA
54Lemarroy Martínez Juan Darío	PERMISO MESA DIRECTIVA
55 Leyva Piñón Ana Yurixi	ASISTENCIA
56 Lizárraga Peraza Víctor Manuel	PERMISO MESA DIRECTIVA
57 López Barriga Erick	ASISTENCIA
58 López Becerra Santiago	INASISTENCIA
59 López Rojas Alberto	ASISTENCIA
60 López Torres Ma. Soledad	ASISTENCIA
61 Lozano Lozano Andrés	ASISTENCIA
62 Luna Munguía Alma Lilia	PERMISO MESA DIRECTIVA
63 Márquez Madrid Camerino Eleazar	ASISTENCIA
64 Márquez Tinoco Francisco	PERMISO MESA DIRECTIVA
65 Martínez Hernández Alejandro	INASISTENCIA
66 Martínez Martínez Carlos Roberto	ASISTENCIA
67 Martínez Martínez Francisco	ASISTENCIA
68 Martínez Padilla Hugo Eduardo	ASISTENCIA
69 Martínez Vargas Octavio	ASISTENCIA
70 Matías Alonso Marcos	ASISTENCIA
71 Matus Toledo Holly	ASISTENCIA
72 Mayans Canabal Fernando Enrique	ASISTENCIA
73 Mendoza Arellano David	ASISTENCIA
74 Mendoza Flores Roberto	ASISTENCIA
75 Mendoza Maldonado Fausto Fluvio	ASISTENCIA
76 Mendoza Mendoza Irineo	ASISTENCIA
77 Monreal Ávila Susana	ASISTENCIA
78 Montalvo Rojas Victorio Rubén	ASISTENCIA
79 Morales Sánchez Efraín	ASISTENCIA
80 Morales Vázquez Carlos Orsoe	ASISTENCIA
81Narcía Álvarez Héctor	ASISTENCIA
82 Navarro López Carlos Ernesto	ASISTENCIA
83 Navarro Quintero Miguel Ángel	CÉDULA
84 Ojeda Hernández Concepción	ASISTENCIA
85 Oliva Fragoso Silvia	ASISTENCIA
86 Orcí Martínez Juan Adolfo	PERMISO MESA DIRECTIVA
87 Ortega Martínez Antonio	PERMISO MESA DIRECTIVA
88 Ortiz Magallón Rosario Ignacia	ASISTENCIA
89Pacheco LLanes Ramón Félix	ASISTENCIA
90 Pedraza Chávez Isidro	INASISTENCIA
91 Pedrozo Castillo Adrián	ASISTENCIA
92 Peña Sánchez Miguel Ángel	ASISTENCIA
93 Pérez Cruz Raciel	ASISTENCIA
94 Pulido Santiago Celso David	PERMISO MESA DIRECTIVA
95 Ramos Becerril Rafael Plácido	ASISTENCIA
96 Ramos Castellanos Martín	INASISTENCIA
97 Rasgado Corsi Gloria	PERMISO MESA DIRECTIVA
98 Ríos Gamboa Raúl	INASISTENCIA
99 Romero Gutiérrez Odilón	ASISTENCIA
100Ruíz Sánchez Salvador	ASISTENCIA
101 Saavedra Coronel José Antonio	ASISTENCIA
102 San Martín Hernández Juan Manuel	PERMISO MESA DIRECTIVA
103 Sánchez Barrios Carlos	ASISTENCIA
104 Sánchez Cabrales Rafael Elías	PERMISO MESA DIRECTIVA
105 Sánchez Camacho Alejandro	ASISTENCIA
106 Sánchez Camacho David	ASISTENCIA
107Sánchez Jiménez V. Luis	INASISTENCIA
108 Sánchez Ramos Francisco	ASISTENCIA
109 Sandoval Ramírez Cuauhtémoc	PERMISO MESA DIRECTIVA
110 Santos Arreola Francisco Javier	ASISTENCIA
111 Solares Chávez Miguel Ángel	ASISTENCIA
112 Soriano Sánchez Rosa Elva	OFICIAL COMISIÓN
113 Soto Ramos Faustino	CÉDULA
114 Soto Sánchez Antonio	ASISTENCIA
115 Suárez del Real y Aguilera José Alfonso	PERMISO MESA DIRECTIVA
116 Torres Baltazar María Elena	ASISTENCIA
117 Torres García Daniel	ASISTENCIA
118 Trejo Pérez Pablo	ASISTENCIA
119 Ulloa Pérez Emilio	ASISTENCIA
120 Vallejo Estevez Mario	INASISTENCIA
121 Varela López Víctor Gabriel	ASISTENCIA
122 Velázquez Aguirre Jesús Evodio	ASISTENCIA
123 Villanueva Albarrán Gerardo	ASISTENCIA
124 Villicaña García Rafael	ASISTENCIA
125 Zavaleta Salgado Ruth	ASISTENCIA
126 Zazueta Aguilar Jesús Humberto	ASISTENCIA
127 Zepeda Hernández Martín	ASISTENCIA
Asistencias: 94
Asistencias por cédula: 4
Asistencias comisión oficial: 1
Permiso Mesa Directiva: 17
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 11
Total diputados: 127

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
1 Abramo Masso Yerico	ASISTENCIA
2 Aguilar Diego	ASISTENCIA
3 Aguilar Solís Samuel	ASISTENCIA
4 Aispuro Torres José Rosas	ASISTENCIA
5 Alcántara Núñez Jesús Sergio	INASISTENCIA
6 Aldana Prieto Luis Ricardo	ASISTENCIA
7 Amador Gaxiola Daniel	PERMISO MESA DIRECTIVA
8 Amador Leal Narcizo Alberto	ASISTENCIA
9 Ayala Almeida Joel	CÉDULA
10 Badillo Martínez Roberto	CÉDULA
11Barajas Del Toro Salvador	ASISTENCIA
12 Barajas López Ramón	ASISTENCIA
13 Barba Hernández Alfredo	ASISTENCIA
14 Beltrán Montes Israel	ASISTENCIA
15 Benítez Ojeda Luis Enrique	CÉDULA
16 Bernal Gutiérrez Andrés Marco Antonio	ASISTENCIA
17 Biebrich Torres Carlos Armando	CÉDULA
18 Blanco Pajón José Luis	ASISTENCIA
19 Caballero Camargo Gustavo Fernando	ASISTENCIA
20 Camacho Quiroz César Octavio	ASISTENCIA
21 Canavati Tafich Jesús Ricardo	ASISTENCIA
22 Carballo Bustamante Andrés	ASISTENCIA
23Cárdenas Del Avellano Enrique	PERMISO MESA DIRECTIVA
24 Cárdenas Monroy Oscar Gustavo	ASISTENCIA
25 Cervantes Andrade Raúl	PERMISO MESA DIRECTIVA
26 Chaurand Arzate Carlos	ASISTENCIA
27 Colín Guadarrama María Mercedes	PERMISO MESA DIRECTIVA
28 Cordero Alfonzo Arnulfo Elías	ASISTENCIA
29De la Garza Treviño Jorge Luis	PERMISO MESA DIRECTIVA
30 Díaz Athié Antonio de Jesús	ASISTENCIA
31 Díaz Solorzano Elmar Darinel	ASISTENCIA
32 Domínguez Domínguez Nemesio	INASISTENCIA
33 Duarte Jáquez César Horacio	ASISTENCIA
34 Escajeda Jiménez José Rubén	INASISTENCIA
35 Escalante Jasso Aracely	ASISTENCIA
36 Espinosa Abuxapqui Eduardo Elías	ASISTENCIA
37 Estefan Chidiac Charbel Jorge	PERMISO MESA DIRECTIVA
38 Flores Sandoval Patricio	ASISTENCIA
39 Gamboa Patrón Emilio	ASISTENCIA
40 Garza Garza Horacio Emigdio	ASISTENCIA
41 Gebhardt Garduza Yary del Carmen	ASISTENCIA
42 Gloria Requena Tomás	ASISTENCIA
43 Gómez Lugo Elda	ASISTENCIA
44 González Calderón Martha Hilda	CÉDULA
45 González García Sergio	ASISTENCIA
46 González Salum Miguel Ángel	ASISTENCIA
47 González Zarur Mariano	ASISTENCIA
48 Guerrero García Javier	CÉDULA
49 Guerrero Juárez Joel	ASISTENCIA
50 Herrera Ale Juana Leticia	PERMISO MESA DIRECTIVA
51 Herrera Coyac Wenceslao	ASISTENCIA
52 Izquierdo Bustamante Alfonso Rolando	ASISTENCIA
53 Lagunes Gallina Gerardo	CÉDULA
54 Lescieur Talavera Jorge Mario	ASISTENCIA
55 López Balbuena Guillermina	ASISTENCIA
56Madrid Tovilla Arely	ASISTENCIA
57 Martínez Rocha Arturo	PERMISO MESA DIRECTIVA
58 Martínez Rodríguez Lorena	ASISTENCIA
59 Méndez Lanz Víctor Manuel	ASISTENCIA
60 Mendívil Amparán Gustavo Ildefonso	ASISTENCIA
61 Merodio Reza Lilia Guadalupe	ASISTENCIA
62Moctezuma Pereda Fernando Quetzalcoatl	ASISTENCIA
63 Montalvo Gómez Pedro	ASISTENCIA
64 Morales García Elizabeth	PERMISO MESA DIRECTIVA
65 Mota Hernández Adolfo	OFICIAL COMISIÓN
66 Muñoz Serna Rogelio	CÉDULA
67 Murat José	ASISTENCIA
68 Ochoa González Arnoldo	ASISTENCIA
69 Ojeda Camacho Gilberto	ASISTENCIA
70 Olivares Monterrubio Alejandro	PERMISO MESA DIRECTIVA
71 Olivares Ventura Héctor Hugo	ASISTENCIA
72 Ordaz Jiménez Ismael	ASISTENCIA
73 Orihuela Bárcenas José Ascención	ASISTENCIA
74 Orihuela Trejo José Amado	ASISTENCIA
75Ortiz Del Carpio Víctor	ASISTENCIA
76 Ortiz Proal Mauricio	ASISTENCIA
77 Padilla Gutiérrez Héctor	PERMISO MESA DIRECTIVA
78 Pagés Llergo Rebollar María Beatriz	ASISTENCIA
79 Palma César Víctor Samuel	ASISTENCIA
80 Parás González Juan Manuel	ASISTENCIA
81 Patrón Montalvo Jesús Manuel	ASISTENCIA
82 Peñuelas Acuña Mayra Gisela	PERMISO MESA DIRECTIVA
83 Pérez Valdés Daniel	ASISTENCIA
84 Pinete Vargas María del Carmen	ASISTENCIA
85 Quiñones Canales Lourdes	ASISTENCIA
86 Ramírez Martínez José Edmundo	ASISTENCIA
87 Ramírez Stabros Jesús	CÉDULA
88 Reyna García José Jesús	PERMISO MESA DIRECTIVA
89 Ríos Camarena Alfredo Adolfo	CÉDULA
90 Rivera Bedoya Juan Francisco	ASISTENCIA
91 Rodríguez Ramírez Bertha Yolanda	ASISTENCIA
92 Rojas Gutiérrez Carlos	CÉDULA
93Ruíz Chávez Sara Latife	ASISTENCIA
94 Salas López Ramón	ASISTENCIA
95 Sánchez Hernández Eduardo	ASISTENCIA
96 Sandoval Paredes Sergio	ASISTENCIA
97 Serrano Escobar Enrique	ASISTENCIA
98 Sosa Castelán Gerardo	ASISTENCIA
99 Toledo Luis Jorge	PERMISO MESA DIRECTIVA
100Valencia De los Santos Víctor Leopoldo	ASISTENCIA
101 Vargas Landeros Gerardo Octavio	ASISTENCIA
102Vega Ortíz María Oralia	ASISTENCIA
103 Velasco Pérez Juan Carlos	ASISTENCIA
104 Villa Villa Isael	PERMISO MESA DIRECTIVA
105 Villanueva Abraján Patricia	PERMISO MESA DIRECTIVA
106 Zatarain González Carlos Ernesto	ASISTENCIA
Asistencias: 75
Asistencias por cédula: 11
Asistencias comisión oficial: 1
Permiso Mesa Directiva: 16
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 3
Total diputados: 106

CONVERGENCIA
1 Abad De Jesús Juan	ASISTENCIA
2 Aguilera Rico José Luis	ASISTENCIA
3 Cárdenas Márquez Elías	ASISTENCIA
4 Castellanos Hernández Félix	ASISTENCIA
5 Castillo Romero Patricia Obdulia de Jesús	ASISTENCIA
6 Chanona Burguete Alejandro	ASISTENCIA
7 Del Río Virgen José Manuel	ASISTENCIA
8 Esteva Salinas Alberto	CÉDULA
9 Godoy Cárdenas Jorge	PERMISO MESA DIRECTIVA
10 López Lena Cruz Humberto	INASISTENCIA
11 Salvatori Bronca María del Carmen	ASISTENCIA
12 Samperio Montaño Juan Ignacio	ASISTENCIA
13 Sansores San Román Layda Elena	ASISTENCIA
14 Tagle Martínez Martha Angélica	ASISTENCIA
15 Uscanga Cruz Robinson	OFICIAL COMISIÓN
16 Valdés Chávez Ramón	ASISTENCIA
17 Varela Lagunas Tomás José Luis	ASISTENCIA
18 Velasco Oliva Jesús Cuauhtémoc	ASISTENCIA
Asistencias: 14
Asistencias por cédula: 1
Asistencias comisión oficial: 1
Permiso Mesa Directiva: 1
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 1
Total diputados: 18

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO
1 Arévalo González José Antonio	ASISTENCIA
2 Chozas y Chozas Olga Patricia	ASISTENCIA
3 Cobo Terrazas Diego	INASISTENCIA
4 Elizondo Garrido Francisco	ASISTENCIA
5 Estrada González Faustino Javier	INASISTENCIA
6García Noriega Ma. Guadalupe Josefina	ASISTENCIA
7 González Martínez Jorge Emilio	CÉDULA
8 Lavara Mejía Gloria	ASISTENCIA
9 López Adame Antonio Xavier	ASISTENCIA
10 López Ramírez Sergio Augusto	ASISTENCIA
11 Notholt Guerrero Alan	ASISTENCIA
12 Portilla Dieguez Manuel Salvador	ASISTENCIA
13 Puente Salas Carlos Alberto	ASISTENCIA
14 Ramírez Cerda Ana María	ASISTENCIA
15 Salgado Amador Manuel Salvador	ASISTENCIA
16 Sesma Suárez Jesús	ASISTENCIA
17 Velasco Rodríguez Verónica	ASISTENCIA
Asistencias: 14
Asistencias por cédula: 1
Asistencias comisión oficial: 0
Permiso Mesa Directiva: 0
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 2
Total diputados: 17

PARTIDO DEL TRABAJO
1 Aguilar Jiménez Rubén	ASISTENCIA
2 Arreola Ortega Pablo Leopoldo	ASISTENCIA
3 Cantú Garza Ricardo	ASISTENCIA
4 Cervantes Rivera Jaime	INASISTENCIA
5 Garay Ulloa Silvano	ASISTENCIA
6 Herrera Solís Anuario Luis	ASISTENCIA
7Maciel Ortiz Ma. Mercedes	ASISTENCIA
8 Peregrino García Abundio	ASISTENCIA
9 Romero Guzmán Rosa Elia	ASISTENCIA
10 Solís Parga Rodolfo	CÉDULA
11 Vela González Joaquín Humberto	ASISTENCIA
Asistencias: 9
Asistencias por cédula: 1
Asistencias comisión oficial: 0
Permiso Mesa Directiva: 0
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 1
Total diputados: 11

NUEVA ALIANZA
1 Arriola G. Mónica T.	PERMISO MESA DIRECTIVA
2 Cárdenas Fonseca Manuel	ASISTENCIA
3 Castillo Nájera Ariel	PERMISO MESA DIRECTIVA
4 Dávila Esquivel Humberto	ASISTENCIA
5 Gómez Pasillas Jacinto	PERMISO MESA DIRECTIVA
6 Jiménez Godínez Miguel Ángel	ASISTENCIA
7 Luna Becerril Blanca	INASISTENCIA
8 Luna Rodríguez Silvia	PERMISO MESA DIRECTIVA
9 Piñeyro Arias Irma	ASISTENCIA
Asistencias: 4
Asistencias por cédula: 0
Asistencias comisión oficial: 0
Permiso Mesa Directiva: 4
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 1
Total diputados: 9

ALTERNATIVA
1 Arvizu Rivas Aida Marina	ASISTENCIA
2 Conde Rodríguez Elsa de Guadalupe	ASISTENCIA
3 García Méndez Armando	OFICIAL COMISIÓN
4 Hernández Valadés Delio	ASISTENCIA
5 Pedro Cortés Santiago Gustavo	CÉDULA
Asistencias: 3
Asistencias por cédula: 1
Asistencias comisión oficial: 1
Permiso Mesa Directiva: 0
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 0
Total diputados: 5

SECRETARÍA GENERAL
REPORTE DE INASISTENCIAS

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL
Diputado
1 Bello Pérez Alfonso Othón
2 Bolaños Aguilar Edmundo Javier
3 Carbajal Méndez Liliana
4 Dávila Fernández Adriana
5 Denegre Vaught Ramírez Rosaura Virginia
6 Díaz Gordillo Martha Cecilia
7 Flores Grande Arturo
8 García González Carlos Alberto
9 García Reyes Beatriz Eugenia
10 García Vivián Raúl
11 Hernández Núñez Elia
12 Iragorri Durán Enrique
13 Landero Gutiérrez Alejandro
14 Lujano Nicolás Christian Martín
15 Madrazo Limón Carlos
16 Martínez Valero Dora Alicia
17 Medellín Varela Antonio
18 Mejía García Luis Alonso
19 Morgan Franco Rocío del Carmen
20 Nordhausen González Jorge Rubén
21 Reyes López Carlos Armando
22 Rodríguez Uresti Enrique
Faltas por grupo: 22

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA
Diputado
1 Aguirre Alcaide Victor
2 Almonte Borja Ramón
3 Álvarez Ramón Silbestre
4 Cuevas Córdova Othón
5 Dagdug Lützow Moisés Félix
6 Flores Maldonado César
7 Martínez Padilla Hugo Eduardo
8 Mendoza Flores Roberto
9 Ortega Martínez Antonio
10 Torres García Daniel
Faltas por grupo: 10

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
Diputado
1 Palma César Víctor Samuel
2 Reyna García José Jesús
3 Sosa Castelán Gerardo
4 Vargas Landeros Gerardo Octavio
Faltas por grupo: 4

CONVERGENCIA
Diputado
1 López Lena Cruz Humberto
Faltas por grupo: 1

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO
Diputado
1 González Martínez Jorge Emilio
2 Portilla Dieguez Manuel Salvador
Faltas por grupo: 2

PARTIDO DEL TRABAJO
Diputado
1 Cervantes Rivera Jaime
Faltas por grupo: 1

VOTACIONES

PARTIDO ACCION NACIONAL
1 Acosta Dávila, Constantino	Favor
2 Aguilar López, José Alejandro	Favor
3 Alcalde Virgen, Moisés	Ausente
4 Alcaraz Hernández, Alma Edwviges	Favor
5 Álvarez Bernal, María Elena	Favor
6 Amezola Fonceca, Gerardo	Favor
7 Aranda Orozco, Gerardo	Ausente
8 Arellano Arellano, Joel	Favor
9 Arenas Guzmán, Margarita	Favor
10 Arizméndi Uribe, Efraín	Favor
11 Armendáriz García, Pedro	Ausente
12 Arredondo Ibarra, Salvador	Favor
13 Arredondo Velázquez, Jesús	Favor
14 Ávila Mayo, Obdulio	Favor
15 Barradas Miravete, Gregorio	Favor
16 Barrios Rodríguez, Juan Enrique	Ausente
17 Bello Pérez, Alfonso Othón	Favor
18 Berber Martínez, Antonio	Favor
19 Bermúdez Viramontes, Andrés	Favor
20 Bolaños Aguilar, Edmundo Javier	Favor
21 Borboa Becerra, Omar Antonio	Favor
22 Borrego Estrada, Felipe	Ausente
23 Bracho González, Carlos Augusto	Favor
24 Buganza Salmerón, Gerardo	Favor
25 Campos Galván, María Eugenia	Ausente
26 Carbajal Méndez, Liliana	Favor
27 Carbajal Tejada, Rogelio	Favor
28 Cárdenas Sánchez, Esmeralda	Favor
29 Cardona Benavídez, Alma Xóchil	Favor
30 Carrasco Altamirano, Diódoro Humberto	Ausente
31 Castaño Contreras, Cristián	Favor
32 Castro de la Rosa, Osiel	Favor
33 Castro Muñoz, Juan de Dios	Favor
34 Castro Romero, María Sofia	Favor
35 Ceja Romero, Ramón	Favor
36 Chávez García, Daniel	Favor
37 Collado Lara, Beatriz	Ausente
38 Contreras Coeto, José Luis	Favor
39 Corral Aguilar, María Mercedes	Favor
40 Cuen Garibi, Marcela	Favor
41 Curiel Preciado, Leobardo	Favor
42 Dávila Fernández, Adriana	Favor
43 Dávila García, Francisco	Ausente
44 De la Torre Jaramillo, Eduardo Sergio	Favor
45 De León Tello, Jesús	Favor
46 Degante Romero, Silvia Emilia	Favor
47 Del Toro del Villar, Tomás	Favor
48 Del Valle Toca, Antonio	Favor
49 Delgado Oscoy, Alejandro Enrique	Favor
50 Denegre Vaught, Rosaura	Favor
51 Deschamps Falcón, Ángel Rafael	Favor
52 Díaz de León Torres, Leticia	Favor
53 Díaz García, José Antonio	Favor
54 Díaz Garibay, Felipe	Favor
55 Díaz Gordillo, Martha Cecilia	Ausente
56 Díaz Mena, Joaquín Jesús	Favor
57 Domínguez Servién, Francisco	Favor
58 Duck Núñez, Edgar Mauricio	Favor
59 Enríquez Flores, Armando	Favor
60 Escaroz Soler, Gerardo Antonio	Favor
61 Escobar Jardinez, Adolfo	Favor
62 Espinosa Piña, José Luis	Favor
63 Félix Holguín, Armando Jesús	Favor
64 Felton González, Carlos Eduardo	Favor
65 Fernández Cabrera, Adrián	Favor
66 Fernández Ugarte, Carmen	Favor
67 Figueroa Ortega, David	Favor
68 Flores Domínguez, Emilio Ramón Ramiro	Favor
69 Flores Grande, Arturo	Favor
70 Flores Morfín, Jesús Vicente	Favor
71 Fraile García, Francisco Antonio	Favor
72 Franco Cazarez, Ricardo	Ausente
73 Fuentes Ortiz, José Guillermo	Favor
74 García González, Carlos Alberto	Favor
75 García Müller, Martha Margarita	Favor
76 García Reyes, Ángel Humberto	Favor
77 García Reyes, Beatriz Eugenia	Favor
78 García Vivián, Raúl	Favor
79 Garmendia Hernández, Yolanda Mercedes	Ausente
80 Gómez Leyva, Silvio	Ausente
81 González Betancourt, Jorge Justiniano	Favor
82 González Martínez, María Gabriela	Favor
83 González Morán, Martín Oscar	Favor
84 González Roaro, Benjamín Ernesto	Favor
85 González Ruiz, Felipe	Favor
86 González Sánchez, María Dolores	Ausente
87 Gudiño Ortiz, Francisco Javier	Ausente
88 Guerrero Torres, José Gildardo	Favor
89 Gutiérrez Lagunes, María Victoria	Favor
90 Hernández Núñez, Elia	Favor
91 Hurtado Pérez, Nelly Asunción	Favor
92 Iragorri Durán, Enrique	Ausente
93 Jiménez del Carrillo, María de los Ángeles	Favor
94 Jiménez Ramos, María Esther	Favor
95 Joaquín Coldwell, Addy Cecilia	Favor
96 Lagunes Viveros, Violeta del Pilar	Favor
97 Landero Gutiérrez, Alejandro	Ausente
98 Landeros González, Ramón	Favor
99 Lara Compeán, David	Favor
100 Larios Córdova, Héctor	Favor
101 Laviada Hernández, Íñigo Antonio	Favor
102 Lemus Muñoz Ledo, Ramón Ignacio	Favor
103 Leura González, Agustín	Favor
104 Lezama Aradillas, René	Favor
105 Limas Frescas, María Soledad	Favor
106 Lizaola de la Torre, Alonso Manuel	Favor
107 López Cisneros, José Martín	Favor
108 López Reyna, Omeheira	Favor
109 López Silva, Rubí Laura	Favor
110 Ludlow Kuri, Lorenzo Daniel	Ausente
111 Lujano Nicolás, Christian Martín	Ausente
112 Maawad Robert, Luis Xavier	Favor
113 Macías Zambrano, Gustavo	Ausente
114 Madrazo Limón, Carlos	Favor
115 Magallón Arceo, Leonardo Melesio de Jesús	Favor
116 Malagón Ríos, Martín	Favor
117 Maldonado González, David	Favor
118 Manuell-Gómez Angulo, Dolores de María	Ausente
119 Martínez Díaz, María de Jesús	Favor
120 Martínez Valero, Dora Alicia	Ausente
121 Medellín Varela, Antonio	Favor
122 Medina Macias, Alma Hilda	Favor
123 Medina Rodríguez, Delber	Ausente
124 Medina Rodríguez, Lizbeth Evelia	Favor
125 Mejía García, Luis Alonso	Favor
126 Méndez Meneses, Apolonio	Favor
127 Mendoza Morales, Lucía Susana	Favor
128 Mohamar Dainitin, Oscar Miguel	Ausente
129 Mollinedo Hernández, Agustín	Favor
130 Monraz Ibarra, Miguel Ángel	Favor
131 Montes Sánchez, Fabián Fernando	Ausente
132 Mora Cuevas, Marisol	Favor
133 Morales Ramos, José Nicolás	Favor
134 Morelos Borja, María Esperanza	Favor
135 Moreno Álvarez, Mario Eduardo	Favor
136 Morgan Franco, Rocío del Carmen	Favor
137 Muñoz Serrano, José Antonio	Favor
138 Murillo Flores, Francisco Javier	Favor
139 Murillo Torres, José Luis	Favor
140 Navarro Sugich, Carlos Alberto	Favor
141 Nordhausen González, Jorge Rubén	Favor
142 Noriega Blanco Vigil, María Elena de las Nieves	Favor
143 Ochoa López, Nabor	Ausente
144 Olvera Higuera, Edgar Armando	Favor
145 Orozco Ruiz Velazco, Marco Heriberto	Favor
146 Ortega Martínez, María del Pilar	Favor
147 Ortiz Hernández, Eduardo	Favor
148 Oviedo Oviedo, Ernesto	Favor
149 Padilla Orozco, Raúl Alejandro	Ausente
150 Palafox Núñez, José Inés	Favor
151 Paredes Rodríguez, Francisco Javier	Favor
152 Parra Jiménez, Dolores María del Carmen	Favor
153 Parra Noriega, Luis Gustavo	Ausente
154 Pérez Cuéllar, Cruz	Ausente
155 Peyrot Solís, Marco A.	Favor
156 Plascencia Alonso, Francisco Javier	Favor
157 Priego Tapia, Gerardo	Favor
158 Pulido Pecero, Pedro	Favor
159 Quintero Bello, Jorge	Favor
160 Rodríguez Vizcarra Velázquez, Adriana	Favor
161 Ramírez Barba, Ector Jaime	Favor
162 Ramírez Pech, Edgar Martín	Favor
163 Ramírez Villarreal, Gustavo	Favor
164 Ramos Covarrubias, Héctor Manuel	Favor
165 Reyes López, Carlos Armando	Favor
166 Rincón Vargas, Mirna Cecilia	Favor
167 Rivera Rivera, José Guadalupe	Favor
168 Rivero Rivero, Rolando	Favor
169 Rodríguez Ahumada, Luis Fernando	Ausente
170 Rodríguez Jiménez, Ricardo	Favor
171 Rodríguez Prats, Juan José	Favor
172 Rodríguez Uresti, Enrique	Ausente
173 Rojas Hernández, Laura Angélica	Favor
174 Román Isidoro, Demetrio	Favor
175 Romo Jiménez, Martha Angélica	Favor
176 Rubio Chávez, José Ignacio Alberto	Favor
177 Rueda Gómez, Francisco	Favor
178 Ruiz Velasco de Lira, Ernesto	Favor
179 Salas Contreras, Marcos	Favor
180 Salazar Madera, Mario Alberto	Favor
181 Salum del Palacio, Jorge Alejandro	Ausente
182 Sánchez Díaz de Rivera, Antonio	Favor
183 Sánchez Domínguez, Alejandro	Ausente
184 Sánchez Gil, Carlos René	Favor
185 Sánchez Juárez, Claudia	Favor
186 Sánchez Trujillo, José Víctor	Favor
187 Sandoval Munguia, Juan Manuel	Favor
188 Serrato Castell, Luis Gerardo	Ausente
189 Shej Guzmán Sara	Favor
190 Solano Muñoz, José de Jesús	Favor
191 Stefanonni Mazzocco, Martín	Favor
192 Tamayo Herrera, Yadhira Yvette	Favor
193 Torres Gómez, Artemio	Favor
194 Torres Herrera, Víctor Manuel	Favor
195 Torres Torres, Carlos Alberto	Favor
196 Valenzuela García, María Gloria Guadalupe	Favor
197 Valladolid Rodríguez, Antonio	Ausente
198 Vasconcelos Rueda, Antonio	Favor
199 Vázquez Martínez, Alberto	Favor
200 Vega Corona, Antonio	Favor
201 Velázquez Gutiérrez, José Guillermo	Favor
202 Verástegui Ostos, César Augusto	Favor
203 Verdín Saldaña, Jaime	Favor
204 Victoria Alva, Juan	Favor
205 Vieyra Olivares, Adriana Rebeca	Favor
206 Villanueva Arjona, Juan Manuel	Ausente
207 Zambrano Elizondo, Javier Martín	Favor
Favor: 171
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 36
Total: 207

PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA
1 Aguirre Alcaide, Víctor	Ausente
2 Alavez Ruiz, Aleida	Ausente
3 Almazán González, José Antonio	Ausente
4 Almonte Borja, Ramón	Ausente
5 Alonso Flores, Lourdes	Favor
6 Alonso Razo, Humberto Wifredo	Favor
7 Altamirano Toledo, Carlos	Favor
8 Alva Olvera, Maribel Luisa	Ausente
9 Álvarez Ramón, Silbestre	Ausente
10 Amaro Corona, Alberto	Favor
11 Aragón Castillo, Irene	Favor
12 Arellano Pulido, Miguel Ángel	Favor
13 Arreola Calderón, Juan Dario	Favor
14 Barreiro Pérez, Armando	Favor
15 Batres Guadarrama, Valentina Valia	Favor
16 Bautista Bravo, Alliet Mariana	Ausente
17 Bravo Padilla, Itzcóatl Tonatiuh	Ausente
18 Brito González, Modesto	Favor
19 Calzada Vázquez, Francisco Javier	Favor
20 Campos Aburto, Amador	Favor
21 Cárdenas Hernández, Raymundo	Favor
22 Cervantes Rodríguez, Aurora	Favor
23 Chávez García, Higinio	Favor
24 Condado Escamilla, Cuitlahuac	Favor
25 Contreras Julián, Maricela	Favor
26 Cruz Santiago, Claudia Lilia	Favor
27 Cuevas Córdova, Othón	Favor
28 Dagdug Lützow, Moisés Félix	Ausente
29 De la Rosa García, Juan Hugo	Ausente
30 De los Santos Molina, Joaquín Conrado	Favor
31 Dehesa Mora, Daniel	Favor
32 Del Toro , Mario Enrique	Ausente
33 Díaz Contreras, Adriana	Favor
34 Escandón Cadenas, Rutilio Cruz	Favor
35 Espejel Lazcano, Jaime	Ausente
36 Fernández Balboa, Mónica	Favor
37 Flores Maldonado, César	Favor
38 Flores Salazar, Guadalupe Socorro	Favor
39 Franco Melgarejo, Rafael	Ausente
40 Gálvez Rodríguez, Fernel Arturo	Favor
41 García Rodríguez, Víctor Hugo	Ausente
42 Garzón Contreras, Neftalí	Favor
43 González Garza, Javier	Favor
44 Guerra Ochoa, Juan Nicasio	Favor
45 Gutiérrez Calzadilla, José Luis	Favor
46 Hernández Gaytán, Daisy Selene	Favor
47 Hernández Hernández, Sergio	Favor
48 Hernández Manzanares, Javier	Ausente
49 Hernández Silva, Benjamín	Favor
50 Ibarra Franquez, Sonia Nohelia	Favor
51 Jacques y Medina, José	Favor
52 Jiménez Valenzuela, María Eugenia	Favor
53 Landero López, Pedro	Favor
54 Lemarroy Martínez, Juan Dario	Ausente
55 Leyva Piñón, Ana Yurixi	Favor
56 Lizárraga Peraza, Víctor Manuel	Ausente
57 López Barriga, Erick	Ausente
58 López Becerra, Santiago	Ausente
59 López Rojas, Alberto	Favor
60 López Torres, María Soledad	Favor
61 Lozano Lozano, Andrés	Favor
62 Luna Munguía, Alma Lilia	Ausente
63 Márquez Madrid, Camerino Eleazar	Favor
64 Márquez Tinoco, Francisco	Ausente
65 Martínez Hernández, Alejandro	Ausente
66 Martínez Martínez, Carlos Roberto	Favor
67 Martínez Martínez, Francisco	Favor
68 Martínez Padilla, Hugo Eduardo	Favor
69 Martínez Vargas Octavio	Favor
70 Matías Alonso, Marcos	Favor
71 Matus Toledo, Holly	Favor
72 Mayans Canabal, Fernando	Favor
73 Mendoza Arellano, David	Favor
74 Mendoza Flores, Roberto	Favor
75 Mendoza Maldonado, Fausto Fluvio	Favor
76 Mendoza Mendoza, Irineo	Favor
77 Monreal Ávila, Susana	Favor
78 Montalvo Rojas, Victorio Rubén	Favor
79 Morales Sánchez, Efraín	Ausente
80 Morales Vázquez, Carlos Orsoe	Favor
81 Narcía Álvarez, Héctor	Ausente
82 Navarro López, Carlos Ernesto	Favor
83 Navarro Quintero, Miguel Ángel	Favor
84 Ojeda Hernández, Concepción	Favor
85 Oliva Fragoso, Silvia	Favor
86 Orcí Martínez, Juan Adolfo	Ausente
87 Ortega Martínez, Antonio	Ausente
88 Ortiz Magallón, Rosario Ignacia	Favor
89 Pacheco Llanes, Ramón Félix	Favor
90 Pedraza Chávez, Isidro	Ausente
91 Pedrozo Castillo, Adrián	Ausente
92 Peña Sánchez, Miguel Ángel	Favor
93 Pérez Cruz, Raciel	Favor
94 Pulido Santiago, Celso David	Ausente
95 Ramos Becerril, Rafael Plácido	Favor
96 Ramos Castellanos, Martín	Ausente
97 Rasgado Corsi, Gloria	Ausente
98 Ríos Gamboa, Raúl	Ausente
99 Romero Gutiérrez, Odilón	Favor
100 Ruiz Sánchez, Salvador	Favor
101 Saavedra Coronel, José Antonio	Favor
102 San Martín Hernández, Juan Manuel	Ausente
103 Sánchez Barrios, Carlos	Favor
104 Sánchez Cabrales, Rafael Elías	Ausente
105 Sánchez Camacho, Alejandro	Favor
106 Sánchez Camacho, David	Favor
107 Sánchez Jiménez, Venancio Luis	Ausente
108 Sánchez Ramos, Francisco	Ausente
109 Sandoval Ramírez, Cuauhtémoc	Ausente
110 Santos Arreola, Francisco Javier	Favor
111 Solares Chávez, Miguel Ángel	Favor
112 Soriano Sánchez, Rosa Elva	Ausente
113 Soto Ramos, Faustino	Ausente
114 Soto Sánchez, Antonio	Favor
115 Suárez del Real y Aguilera, José Alfonso	Ausente
116 Torres Baltazar, María Elena	Favor
117 Torres García, Daniel	Favor
118 Trejo Pérez, Pablo	Favor
119 Ulloa Pérez, Emilio	Favor
120 Vallejo Estevez, Mario	Ausente
121 Varela López, Víctor Gabriel	Favor
122 Velázquez Aguirre, Jesús Evodio	Ausente
123 Villanueva Albarrán, Gerardo	Ausente
124 Villicaña García, Rafael	Favor
125 Zavaleta Salgado, Ruth	Favor
126 Zazueta Aguilar, Jesús Humberto	Favor
127 Zepeda Hernández, Martín	Favor
Favor: 84
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 43
Total: 127

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
1 Abramo Masso, Yerico	Favor
2 Aguilar , Diego	Favor
3 Aguilar Solís, Samuel	Ausente
4 Aispuro Torres, José Rosas	Favor
5 Alcántara Núñez, Jesús Sergio	Ausente
6 Aldana Prieto, Luis Ricardo	Favor
7 Amador Gaxiola, Daniel	Ausente
8 Amador Leal, Narcizo Alberto	Favor
9 Ayala Almeida, Joel	Favor
10 Badillo Martínez, Roberto	Favor
11 Barajas López, Ramón	Favor
12 Barajas del Toro, Salvador	Favor
13 Barba Hernández, Alfredo	Ausente
14 Beltrán Montes, Israel	Favor
15 Benítez Ojeda, Luis Enrique	Favor
16 Bernal Gutiérrez, Andrés Marco Antonio	Ausente
17 Biebrich Torres, Carlos Armando	Favor
18 Blanco Pajón, José Luis	Favor
19 Caballero Camargo, Gustavo Fernando	Favor
20 Camacho Quiroz, César Octavio	Favor
21 Canavati Tafich, Jesús Ricardo	Favor
22 Carballo Bustamante, Andrés	Favor
23 Cárdenas del Avellano, Enrique	Ausente
24 Cárdenas Monroy, Oscar Gustavo	Favor
25 Cervantes Andrade, Raúl	Ausente
26 Chaurand Arzate, Carlos	Favor
27 Colín Guadarrama, María Mercedes	Ausente
28 Cordero Alfonzo, Arnulfo Elías	Favor
29 De la Garza Treviño, Jorge Luis	Ausente
30 Díaz Athié, Antonio de Jesús	Favor
31 Díaz Solorzano, Elmar Darinel	Favor
32 Domínguez Domínguez, Nemesio	Ausente
33 Duarte Jáquez, César Horacio	Favor
34 Escajeda Jiménez, José Rubén	Ausente
35 Escalante Jasso, Aracely	Favor
36 Espinosa Abuxapqui, Eduardo Elías	Favor
37 Estefan Chidiac, Charbel Jorge	Ausente
38 Flores Sandoval, Patricio	Favor
39 Gamboa Patrón, Emilio	Favor
40 Garza Garza, Horacio Emigdio	Favor
41 Gebhardt Garduza, Yary del Carmen	Favor
42 Gloria Requena, Tomás	Favor
43 Gómez Lugo, Elda	Favor
44 González Calderón, Martha Hilda	Favor
45 González García, Sergio	Ausente
46 González Salum, Miguel Ángel	Favor
47 González Zarur, Mariano	Favor
48 Guerrero García, Javier	Favor
49 Guerrero Juárez, Joel	Favor
50 Herrera Ale, Juana Leticia	Ausente
51 Herrera Coyac, Wenceslao	Favor
52 Izquierdo Bustamante, Alfonso Rolando	Favor
53 Lagunes Gallina, Gerardo	Favor
54 Lescieur Talavera, Jorge Mario	Favor
55 López Balbuena, Guillermina	Favor
56 Madrid Tovilla, Areli	Favor
57 Martínez Rodríguez, Lorena	Favor
58 Martínez Rocha, Arturo	Ausente
59 Méndez Lanz, Víctor Manuel	Favor
60 Mendívil Amparám, Gustavo Ildefonso	Favor
61 Merodio Reza, Lilia Guadalupe	Favor
62 Moctezuma Pereda, Fernando Quetzalcoatl	Favor
63 Montalvo Gómez, Pedro	Favor
64 Morales García, Elizabeth	Ausente
65 Mota Hernández, Adolfo	Ausente
66 Muñoz Serna, Rogelio	Favor
67 Murat , José	Favor
68 Ochoa González, Arnoldo	Favor
69 Ojeda Camacho, Gilberto	Favor
70 Olivares Monterrubio, Alejandro	Ausente
71 Olivares Ventura, Héctor Hugo	Ausente
72 Ordaz Jiménez, Ismael	Favor
73 Orihuela Bárcenas, José Ascención	Favor
74 Orihuela Trejo, José Amado	Favor
75 Ortiz del Carpio, Víctor	Favor
76 Ortiz Proal, Mauricio	Favor
77 Padilla Gutiérrez, Héctor	Ausente
78 Pagés Llergo Rebollar, María Beatriz	Favor
79 Palma César, Víctor Samuel	Ausente
80 Parás González, Juan Manuel	Ausente
81 Patrón Montalvo, Jesús Manuel	Favor
82 Peñuelas Acuña, Mayra Gisela	Ausente
83 Pérez Valdés, Daniel	Favor
84 Pinete Vargas, María del Carmen	Favor
85 Quiñones Canales, Lourdes	Favor
86 Ramírez Martínez, José Edmundo	Favor
87 Ramírez Stabros, Jesús	Favor
88 Reyna García, José Jesús	Ausente
89 Ríos Camarena, Alfredo Adolfo	Favor
90 Rivera Bedoya, Juan Francisco	Favor
91 Rodríguez Ramírez, Bertha Yolanda	Favor
92 Rojas Gutiérrez, Carlos	Ausente
93 Ruiz Chávez, Sara Latife	Favor
94 Salas López, Ramón	Favor
95 Sánchez Hernández, Eduardo	Favor
96 Sandoval Paredes, Sergio	Favor
97 Serrano Escobar, Enrique	Favor
98 Sosa Castelán, Gerardo	Favor
99 Toledo Luis, Jorge	Ausente
100 Valencia de los Santos, Víctor Leopoldo	Favor
101 Vargas Landeros, Gerardo Octavio	Favor
102 Vega Ortiz, María Oralia	Favor
103 Velasco Pérez, Juan Carlos	Favor
104 Villa Villa, Isael	Ausente
105 Villanueva Abraján, Patricia	Ausente
106 Zatarain González, Carlos Ernesto	Favor
Favor: 78
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 28
Total: 106

CONVERGENCIA
1 Abad de Jesús, Juan	Favor
2 Aguilera Rico, José Luis	Ausente
3 Cárdenas Márquez, Elías	Favor
4 Castellanos Hernández, Félix	Favor
5 Castillo Romero, Patricia Obdulia de Jesús	Favor
6 Chanona Burguete, Alejandro	Favor
7 Del Río Virgen, José Manuel	Favor
8 Esteva Salinas, Alberto	Favor
9 Godoy Cárdenas, Jorge	Ausente
10 López Lena Cruz, Humberto	Ausente
11 Salvatori Bronca, María del Carmen	Favor
12 Samperio Montaño, Juan Ignacio	Ausente
13 Sansores San Román, Layda Elena	Favor
14 Tagle Martínez, Martha Angélica	Favor
15 Uscanga Cruz, Robinson	Ausente
16 Valdés Chávez, Ramón	Favor
17 Varela Lagunas, Tomás José Luis	Favor
18 Velasco Oliva, Jesús Cuauhtémoc	Ausente
Favor: 12
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 6
Total: 18

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO
1 Arévalo González, José Antonio	Favor
2 Chozas y Chozas, Olga Patricia	Favor
3 Cobo Terrazas, Diego	Ausente
4 Elizondo Garrido, Francisco	Favor
5 Estrada González, Faustino Javier	Ausente
6 García Noriega, María Guadalupe Josefina	Favor
7 González Martínez, Jorge Emilio	Favor
8 Lavara Mejía, Gloria	Favor
9 López Adame, Antonio Xavier	Ausente
10 López Ramírez, Sergio Augusto	Favor
11 Notholt Guerrero, Alan	Favor
12 Portilla Diéguez, Manuel	Favor
13 Puente Salas, Carlos Alberto	Favor
14 Ramírez Cerda, Ana María	Favor
15 Salgado Amador, Manuel Salvador	Favor
16 Sesma Suárez, Jesús	Favor
17 Velasco Rodríguez, Verónica	Favor
Favor: 14
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 3
Total: 17

PARTIDO DEL TRABAJO
1 Aguilar Jiménez, Rubén	Ausente
2 Arreola Ortega, Pablo Leopoldo	Favor
3 Cantú Garza, Ricardo	Ausente
4 Cervantes Rivera, Jaime	Ausente
5 Garay Ulloa, Silvano	Favor
6 Herrera Solís, Anuario Luis	Favor
7 Maciel Ortiz, María Mercedez	Favor
8 Peregrino García, Abundio	Favor
9 Romero Guzmán, Rosa Elia	Favor
10 Solís Parga, Rodolfo	Favor
11 Vela González, Joaquín Humberto	Ausente
Favor: 7
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 4
Total: 11

PARTIDO NUEVA ALIANZA
1 Arriola Gordillo, Mónica	Ausente
2 Cárdenas Fonseca, Manuel	Favor
3 Castillo Nájera, Ariel	Ausente
4 Dávila Esquivel, Humberto	Favor
5 Gómez Pasillas, Jacinto	Ausente
6 Jiménez Godínez, Miguel Ángel	Favor
7 Luna Becerril, Blanca	Ausente
8 Luna Rodríguez, Silvia	Ausente
9 Piñeyro Arias, Irma	Favor
Favor: 4
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 5
Total: 9

PARTIDO ALTERNATIVA SOCIAL
1 Arvizu Rivas, Aida Marina	Ausente
2 Conde Rodríguez, Elsa de Guadalupe	Favor
3 García Méndez, Armando	Ausente
4 Hernández Valadés, Delio	Favor
5 Pedro Cortés, Santiago Gustavo	Favor
Favor: 3
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 2
Total: 5