SUMARIO
Oficio del Gobierno del Distrito Federal con el que envía contestación a punto de acuerdo, aprobado por la Cámara de Diputados en la sesión del pasado 21 de octubre, para exhortar a las Secretarías de Salud federal y de las entidades federativas así como a las autoridades competentes a fortalecer la coordinación intersectorial y asegurar que el agua para uso y consumo humano distribuida por los sistemas de abastecimiento público cuente con la calidad mínima exigida por la Norma Oficial Mexicana-179-SSA1-1998, para prevenir enfermedades derivadas de la ingesta de agua contaminada. Se remite a la Comisión de Recursos Hidráulicos para su conocimiento.
Oficio del gobierno del estado de Michoacán con el que envía contestación a punto de acuerdo, aprobado por la Cámara de Diputados en la sesión del pasado 21 de octubre, por el que se solicita al secretario de Seguridad Pública federal así como a los gobernadores de los estados y al jefe de Gobierno del Distrito Federal que informen a esta soberanía sobre las acciones implantadas y los resultados obtenidos en materia de dignificación de la calidad de vida de los internos en los centros de readaptación social federales y estatales. Se remite a la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados para su conocimiento.
Oficio de Ferrocarriles Nacionales de México, en liquidación, con el que envía contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados para solicitar a este organismo que informe sobre la situación jurídica del inmueble en que se sitúa la antigua estación del ferrocarril en Otumba, estado de México. Se remite a la Comisión de la Función Pública de la Cámara de Diputados para su conocimiento.
Oficio del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con el que envía resolución relativa al acuerdo de la Mesa Directiva respecto de la configuración de la vacante al cargo de diputado federal del Grupo Parlamentario de Convergencia en la Cámara de Diputados de la LX Legislatura, en la tercera circunscripción plurinominal.
En cumplimiento con la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se llama al ciudadano José Francisco Melo Velázquez para que rinda protesta como diputado federal y, en su oportunidad, se comunique ello a la Sala Superior del referido tribunal.
Oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con el que envía, en siete tomos, el Presupuesto de Egresos aprobado para el ejercicio fiscal de 2009. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados y a la Dirección General del Centro de Documentación, Información y Análisis, para consulta de los diputados.
Oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con el que envía información relativa a la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública correspondiente al mes de noviembre de 2008. Se remite a las comisiones de Hacienda y Crédito Público de las Cámaras de Diputados y de Senadores, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para su conocimiento.
Oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con el que informa que en el mes de noviembre de 2008 el Servicio de Administración Tributaria únicamente dio destino a mercancía perecedera, de fácil descomposición o deterioro y aquella que no es transferible al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes. Se remite a las comisiones de Economía de la Cámara de Diputados, y de Fomento Económico de la Cámara de Senadores para su conocimiento.
Seis oficios de la Secretaría de Gobernación con los que remite las propuestas del Presidente de la República, para los nombramientos de los ciudadanos Adriana Cabezut Uribe, Martha Gladys Calderón Martínez, Julián Casarrubias Pérez, Jorge Avelino Castañeda González, Rosa María Corripio Moreno, Armando Flores Hernández, María Guadalupe Herrera Calderón, Faustino Gerardo Hidalgo Ezquerra, Lucila Padilla López, Avelino Carmelo Toscano Toscano, Analicia Vega León y Rita Amparo Velasco de León como magistrados de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa para un periodo de diez años, y de los ciudadanos Francisco Cárdenas Elizondo, como magistrado supernumerario de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por un periodo de diez años; Carlos Chaurand Arzate, como magistrado de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por un periodo de diez años; Alfredo Salgado Loyo, como magistrado de Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por un periodo de quince años; Rafael Anzures Uribe, como magistrado de la Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por un periodo de diez años; y Rafael Estrada Sámano, como magistrado de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por un periodo de diez años. Se turnan a la Tercera Comisión.
Dos oficios de la Secretaría de Gobernación con los que remite las propuestas del Presidente de la República para los nombramientos de los ciudadanos Francisco Javier Barrio Terrazas, como embajador extraordinario y plenipotenciario de México en Canadá; y Fernando Sandoval Flores como embajador extraordinario y plenipotenciario de México en la República Cooperativa de Guayana, así como observador permanente ante la Comunidad del Caribe con sede en Guayana. Se turnan a la Segunda Comisión.
Oficio de la Secretaría de Gobernación con los que remite las solicitudes de permiso constitucional necesario para que cuatro ciudadanos puedan prestar servicios en representaciones diplomáticas, respectivamente. Se turnan a la Primera Comisión.
Oficio de la Secretaría de Gobernación con el que envía contestación al punto de acuerdo, aprobado por la Cámara de Diputados en la sesión del 25 de septiembre de 2008, para exhortar a la Secretaría de la Función Pública a solicitar a las autoridades correspondientes los embargos precautorios a los ex funcionarios sancionados y a que den vista al Ministerio Público por la probable participación en conductas delictivas; y a inhabilitar de manera indefinida la empresa Gutsa Infraestructura, SA de CV, para que no pueda participar en licitaciones o adjudicaciones directas de obras públicas tanto en el Gobierno federal como en los de los estados y los municipios. Se remite a la Comisión de la Función Pública de la Cámara de Diputados para su conocimiento.
Oficio de la Secretaría de Gobernación con el que envía contestación al punto de acuerdo, aprobado por la Cámara de Diputados en la sesión del 12 de octubre de 2008, para exhortar al Ejecutivo federal a informar sobre el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas derivadas de la visita del año 2002. Se remite a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados para su conocimiento.
Oficio de la Secretaría de Gobernación con el que envía contestación al punto de acuerdo, aprobado por la Cámara de Senadores en la sesión del 23 de septiembre de 2008, relativo a la concesión otorgada a Sistemas Profesionales de Comunicación, SA de CV, ahora Operadora Unefón, SA de CV. Se remite a la Cámara de Senadores.
Se recibe oficio del diputado Carlos Chaurand Arzate por el que solicita licencia para separarse de sus funciones como diputado federal electo en la segunda circunscripción plurinominal. Se aprueban los puntos de acuerdo respectivos.
El Presidente diputado César Duarte Jáquez realiza comentarios.
Oficio del Congreso del estado de Morelos con el que remite iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 37 de la Ley de Coordinación Fiscal. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.
Oficio de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal con el que remite iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo a la fracción II del artículo 64 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Se turna a la Comisión de la Función Pública de la Cámara de Diputados.
Se recibe del diputado José Alfonso Suárez del Real y Aguilera iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan y reforman los artículos 26, 29, 73, 74 y 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se crea la Ley Reglamentaria del Artículo 28 Bis de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de los artículos 1o., 4o. y 5o. de la Ley General de Planeación, los artículos 10, 11, 12, 14 y 16 de la Ley Orgánica del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos, los artículos 2, fracciones IV, V, VI y XV, 3, 5, 6, 7, 10, 15, 16, 63 y 70 de la Ley Orgánica de la Armada de México, y los artículos 6, 27, 29 y 30 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; se reforman los artículos 11 y 50 Bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; se adiciona un artículo 14 Bis y se reforma el artículo 15 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; y se adiciona un Título Sexto a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con la seguridad nacional. Se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Gobernación de la Cámara de Diputados.
La diputada Lariza Montiel Luis presenta iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Salud en materia de trasplantes y donación de órganos. Se turna a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados.
El diputado Octavio Martínez Vargas presenta iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los incisos b), c) y j) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respecto a la capacidad del Ejecutivo federal de poder hacer observaciones al Presupuesto de Egresos de la Federación. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.
Proposición de acuerdo de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión por la que expresa su más enérgica condena por el ataque del que fue objeto Televisa Monterrey el 6 de enero de 2009 y rechaza todo acto de violencia o terrorismo en contra de cualquier ciudadano. Aprobado; comuníquese.
Primera lectura del dictamen de la Primera Comisión de Trabajo con proyecto de decreto que concede permiso a siete ciudadanos para que puedan prestar servicios en representaciones diplomáticas. Se dispensa la segunda lectura.
Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto. Pasa al Ejecutivo federal para sus efectos constitucionales.
Dictamen de la Primera Comisión con punto de acuerdo sobre la proposición presentada en la sesión del 22 de diciembre de 2008 para exhortar al Ejecutivo federal, a los gobiernos de los estados, del Distrito Federal y de los municipios a impulsar, desde sus respectivos ámbitos de competencia, la instauración del 18 de diciembre como Día Internacional del Migrante.
Interviene el diputado Francisco Javier Calzada Vázquez.
Se considera suficientemente discutido y se aprueba. Comuníquese.
Comunicación del diputado César Duarte Jáquez con solicitud de permiso para aceptar y usar la condecoración Medalla Presidencial que le otorga el Gobierno de la República de Guatemala.
Se le dispensan todos los trámites y es aprobado, pasa al Ejecutivo federal para sus efectos constitucionales.
El senador Luis Alberto Villarreal García presenta proposición con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente rechaza las acciones bélicas iniciadas en Medio Oriente y se suma al llamado urgente emitido por la Secretaría de Relaciones Exteriores para que los involucrados pongan fin a las hostilidades y respeten el derecho internacional humanitario.
A discusión intervienen los legisladores:
Diputado Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla.
Senador Luis Alberto Villarreal García.
Diputado Gerardo Villanueva Albarrán.
El Presidente informa que se presentará en el transcurso de la sesión una propuesta para solventar las peticiones.
El senador Ramiro Hernández García presenta proposición con punto de acuerdo para exhortar al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a suspender el incremento semanal a los precios de las gasolinas y diesel. Se turna a la Tercera Comisión.
El senador Javier Orozco Gómez presenta proposición con punto de acuerdo para elaborar una Norma Oficial Mexicana para la producción de envases, bolsas y botellas de plástico en congruencia con la tecnología denominada ``oxodegradación''. Se turna a la Tercera Comisión.
El diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva presenta proposición con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal para que, en coordinación con el Congreso de la Unión, diseñe y apruebe un plan de redistribución del gasto público que amortigüe los efectos negativos de la recesión económica en el empleo, ingreso y nivel de vida del pueblo mexicano. Se turna a la Tercera Comisión.
La senadora María Teresa Ortuño Gurza presenta proposición con punto de acuerdo para exhortar a la LIX Legislatura del Congreso del estado de Sinaloa para dar cumplimiento al artículo sexto transitorio del decreto que reforma los artículos 6, 41, 85, 99, 108, 116 y 122; se adiciona el artículo 134 y se deroga un párrafo al artículo 97 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de noviembre de 2007. Se turna a la Primera Comisión.
El senador Rogelio Rueda Sánchez presenta proposición con punto de acuerdo, para exhortar al titular del Poder Ejecutivo federal instruya a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público detener el incremento del precio de los combustibles, en particular los asociados a actividades agropecuarias y pesqueras.
Desde su curul, el diputado Carlos Eduardo Felton González se adhiere a la proposición.
Se turna a la Tercera Comisión.
El senador Jesús Garibay García presenta proposición con punto de acuerdo para que se recuperen los créditos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores vendidos a las empresas recuperadoras de créditos. En votación económica, no se considera de urgente resolución. Se turna a la Tercera Comisión.
El senador Luis Alberto Villarreal García presenta proposición con punto de acuerdo, en consenso con los grupos parlamentarios representados en la Comisión Permanente, por el que se condena enérgicamente la incursión militar israelí en contra de la población palestina en la Franja de Gaza. Se considera de urgente resolución.
Intervienen los legisladores:
Senador Javier Orozco Gómez.
Diputado Gerardo Villanueva Albarrán.
Se considera suficientemente discutido y es aprobado. Comuníquese.
Se recibe del senador Gabino Cué Monteagudo, proposición con punto de acuerdo relativo al incremento de los precios del diesel marino y de las tarifas eléctricas que afectan la productividad del sector pesquero nacional. Se turna a la Tercera Comisión.
Se recibe de la diputada Guillermina López Balbuena proposición con punto de acuerdo para exhortar al titular del Ejecutivo federal rectifique su política de empleo. Se turna a la Tercera Comisión.
Se recibe del diputado Carlos Altamirano Toledo proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Procuraduría General de la República a que dé cumplimiento a sus obligaciones en materia de transparencia y acceso a la información pública gubernamental. Se turna a la Primera Comisión.
Se recibe del diputado Humberto López Lena Cruz proposición con punto de acuerdo por el que exhorta al Secretario de Hacienda y Crédito Público a informar y publicar los montos que se hayan determinado a los interesados en el cambio de frecuencias autorizadas de la banda de amplitud modulada. Se turna a la Tercera Comisión.
Se recibe del diputado Octavio Martínez Vargas proposición con punto de acuerdo para que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorte al director general de la Comisión Nacional del Agua a informar sobre las afectaciones que tendrá la falta de suministro de agua anunciada durante tres días de cada mes de enero a mayo de 2009 y las medidas que se llevarán a cabo en el Distrito Federal y el estado de México. Se turna a la Tercera Comisión.
Se recibe del diputado Octavio Martínez Vargas proposición con punto de acuerdo para exhortar al gobernador del estado de México avale las garantías individuales de libre asociación, manifestación, tránsito y petición e instruya a los funcionarios públicos para que cumplan los acuerdos alcanzados en la colonia Villa de las Flores del municipio de Coacalco, por la construcción de un puente vehicular. Se turna a la Primera Comisión.
Se recibe del diputado Octavio Martínez Vargas, proposición con punto de acuerdo para exhortar a las autoridades ejecutivas y legislativas de las 32 entidades federativas a llevar a cabo las acciones necesarias que permitan la adecuación de las normas locales a lo dispuesto por la Convención Internacional de los Derechos de los Niños y la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes respecto a la explotación sexual infantil. Se turna a la Primera Comisión.
De la próxima sesión.
ASISTENCIA
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Proceda la Secretaría a pasar lista de asistencia.
El Secretario diputado José Rubén Escajeda Jiménez : Se va a pasar lista de asistencia de los integrantes de la Comisión Permanente.
Señor presidente, hay una asistencia de 35 legisladores. Hay quórum.
El Presidente diputado César Duarte Jáquez (a las 14:17): Se abre la sesión.
ORDEN DEL DIA
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.
El Secretario diputado José Rubén Escajeda Jiménez : Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura del orden del día. Los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.
Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.
« Comisión Permanente.--- Primer Receso.--- Tercer Año de Ejercicio.--- LX Legislatura.
Orden del día
Miércoles 7 de enero de 2009.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Comunicaciones
De los Gobiernos del Distrito Federal y del Estado de Michoacán.
De Ferrocarriles Nacionales de México en Liquidación.
Del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Oficios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Para dar cumplimiento al artículo 42, fracción VI, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, remite el Presupuesto de Egresos aprobado para el Ejercicio Fiscal de 2009 (en siete tomos).
Con el que remite información relativa a la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública correspondiente a noviembre de 2008.
Por el que informa que el Servicio de Administración Tributaria, por conducto de las autoridades aduaneras locales competentes, en el mes de noviembre de 2008 únicamente dio destino a mercancía perecedera, de fácil descomposición o deterioro y aquella que no es transferible al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE).
Oficios de la Secretaría de Gobernación
Con el que remite propuesta del Presidente de la República para los nombramientos de Adriana Cabezut Uribe, Martha Gladys Calderón Martínez, Julián Casarrubias Pérez, Jorge Avelino Castañeda González, Rosa María Corripio Moreno, Armando Flores Hernández, María Guadalupe Herrera Calderón, Faustino Gerardo Hidalgo Ezquerra, Lucila Padilla López, Avelino Carmelo Toscano Toscano, Analicia Vega León y Rita Amparo Velasco de León como magistrados de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa para un periodo de diez años. (Turno a Comisión)
Con el que remite propuesta del Presidente de la República para el nombramiento de Francisco Cárdenas Elizondo como magistrado supernumerario de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por un periodo de diez años. (Turno a Comisión)
Con el que remite propuesta del Presidente de la República para el nombramiento de Carlos Chaurand Arzate como magistrado de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por un periodo de diez años. (Turno a Comisión)
Con el que remite propuesta del Presidente de la República para el nombramiento de Alfredo Salgado Loyo como magistrado de Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por un periodo de quince años. (Turno a Comisión)
Con el que remite propuesta del Presidente de la República para el nombramiento de Rafael Anzures Uribe como magistrado de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por un periodo de diez años. (Turno a Comisión)
Con el que remite propuesta del Presidente de la República para el nombramiento de Rafael Estrada Sámano como magistrado de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por un periodo de diez años. (Turno a Comisión)
Por el que comunica que el Presidente de la República nombró al ciudadano Francisco Javier Barrio Terrazas como embajador extraordinario y plenipotenciario de México en Canadá. (Turno a Comisión)
Por el que comunica que el Presidente de la República nombró al ciudadano Fernando Sandoval Flores como embajador extraordinario y plenipotenciario de México en la República Cooperativa de Guayana, así como observador permanente ante la Comunidad del Caribe (CARICOM) con sede en Guayana. (Turno a Comisión)
Por el que solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Laura Bernal Morales, Martín Guevara de la Cruz, José Luis Meneses Valle y Edgar Arias Patrón puedan prestar servicios en la Embajada de Estados Unidos de América en México y en sus Consulados en Matamoros, Tamaulipas, y en Tijuana, Baja California, respectivamente. (Turno a Comisión)
Dos con los que remite contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados.
Con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Senadores.
Comunicaciones
Licencia del diputado Carlos Chaurand Arzate .
Solicitud de particular
Del diputado César Duarte Jáquez, por el que solicita el permiso constitucional necesario para aceptar y usar la condecoración Medalla Presidencial, que le otorga el Gobierno de la República de Guatemala. (Turno a Comisión)
Iniciativa del Congreso del estado de Morelos
Que reforma el artículo 37 de la Ley de Coordinación Fiscal. (Turno a Comisión)
Iniciativa de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal
Que adiciona un segundo párrafo a la fracción II del artículo 64 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. (Turno a Comisión)
Iniciativas
Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, expide la Ley Reglamentaria del artículo 28 Bis constitucional; reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos, de la Ley Orgánica de la Armada de México, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley General de Planeación, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por el diputado José Alfonso Suárez del Real y Aguilera , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Solo Turno a Comisión)
Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Salud en materia de trasplantes y donación de órganos, a cargo de la diputada Lariza Montiel Luis , en nombre del diputado Ector Jaime Ramírez Barba , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Que reforma y adiciona los incisos b), c) y j) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Octavio Martínez Vargas , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Dictamen de primera lectura
De la Primera Comisión de trabajo, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Claudia Michelle Artola Padilla, Jesús Fernando Solís Bustillo, Fernando Flores Grajales, Mariana González Pedrajo, Giselle Santos Burgoa Márquez, Gabriela Soto Urías y Julio César Salcedo Aguiar, para prestar servicios en las Embajadas de Australia, de la República de Polonia, y de Estados Unidos de América en México, respectivamente. (Dispensa de segunda lectura, discusión y votación)
Dictamen a discusión
De la Primera Comisión de trabajo, con puntos de acuerdo para exhortar a los tres niveles de gobierno a impulsar la conmemoración del Día Internacional del Migrante.
Proposiciones
Con punto de acuerdo, por el que la Comisión Permanente rechaza las acciones bélicas iniciadas en Medio Oriente y se suma al llamado urgente emitido por la Secretaría de Relaciones Exteriores para que los actores involucrados pongan fin a las hostilidades y respeten el derecho internacional humanitario, a cargo del senador Luis Alberto Villarreal García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, para exhortar al secretario de Hacienda y Crédito Público a suspender el injustificado incremento semanal a los precios de las gasolinas y del diesel, a cargo del senador Ramiro Hernández García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, para condenar enérgicamente la incursión militar israelí contra la población palestina en la franja de Gaza, la cual viola los principios de la Carta de las Naciones, y llamar a las partes en conflicto a alcanzar un inmediato cese del fuego, a cargo del diputado Javier González Garza y suscrita por los diputados Octavio Martínez Vargas , Carlos Altamirano Toledo e Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, para elaborar una NOM sobre la producción de envases, bolsas y botellas de plástico congruente con la tecnología denominada ``oxodegradación'', a cargo del senador Javier Orozco Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a diseñar y aprobar en coordinación con el Congreso de la Unión un plan de redistribución del gasto público que amortigüe los efectos negativos de la presente recesión económica en el empleo, en el ingreso y en el nivel de vida del pueblo mexicano, a cargo del diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva , del Grupo Parlamentario Convergencia. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, para exhortar al Congreso de Sinaloa a cumplir en el ámbito de sus facultades el artículo sexto transitorio del decreto, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de noviembre de 2007, a través del cual el poder reformador de la Constitución realizó diversas modificaciones y adiciones en materia electoral a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la senadora María Teresa Ortuño Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, para exhortar al titular del Poder Ejecutivo federal a instruir de inmediato a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que detenga el incremento del precio de los combustibles, así como ofrecer respuesta a las demandas de los pescadores actualmente en paro, suscrita por senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, a fin de que se recuperen los créditos del Infonavit vendidos a las empresas dedicadas a recuperarlos, a cargo del diputado Javier González Garza , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, relativo al alza del diesel marino y de las tarifas eléctricas, que afecta la productividad del sector pesquero nacional, a cargo del senador Gabino Cué Monteagudo, del Grupo Parlamentario Convergencia. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, para exhortar al titular del Ejecutivo federal a rectificar su política de empleo, suscrita por la diputada Guillermina López Balbuena , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo federal a acordar a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la ampliación a las 24 horas del día de la tarifa 9N, para uso agrícola, a cargo del diputado Francisco Javier Calzada Vázquez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que el Congreso de la Unión expresa su más enérgico rechazo al uso de la fuerza en la franja de Gaza y exhorta al gobierno mexicano a confirmar a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores la adhesión del país a los esfuerzos internacionales orientados al cese inmediato de las hostilidades y a la solución pacífica del conflicto, a cargo del diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva y suscrita por el diputado Alejandro Chanona Burguete , del Grupo Parlamentario Convergencia. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, para exhortar a la Procuraduría General de la República a cumplir sus obligaciones en materia de transparencia y acceso a la información pública gubernamental, a cargo del diputado Carlos Altamirano Toledo , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, para solicitar al Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados que formule un exhorto al secretario de Hacienda y Crédito Público sobre la propuesta de la Cofetel relativa a la contraprestación que deban cubrir los interesados en la transición de AM a FM, a fin de que informe y publique los montos determinados al efecto, suscrita por el diputado Humberto López Lena Cruz , del Grupo Parlamentario Convergencia. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, a fin de que la del Congreso de la Unión realice un exhorto al director general de la Conagua para que informe respecto a los alcances de las afectaciones que tendrá la falta de suministro de agua anunciada durante tres días de cada mes de enero a mayo de 2009 y a las medidas que tomará sobre el particular, a cargo del diputado Octavio Martínez Vargas , en nombre de la diputada Silvia Oliva Fragoso , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al gobernador del estado de México a salvaguardar, con estricto arreglo a derecho, las garantías individuales de libre asociación, manifestación, tránsito y petición que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, e instruir a los servidores públicos para que cumplan los acuerdos que asignaron los munícipes de la colonia Villa de las Flores, a cargo del diputado Octavio Martínez Vargas , en nombre de la diputada Eva Sánchez Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a las autoridades ejecutivas y legislativas de las 32 entidades federativas a llevar a cabo acciones que permitan la adecuación de las normas locales a lo dispuesto en la Convención Internacional de los Derechos de los Niños y en la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo del diputado Octavio Martínez Vargas , en nombre de la diputada Ana Yurixi Leyva Piñón , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a modificar, a través del Servicio de Administración Tributaria y su Administración General de Aduanas, la regla 2.7.2., relativa a la franquicia de mercancía de pasajeros, suscrita por los diputados Carlos Alberto García González y Carlos Agusto Bracho González, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (Turno a Comisión)
Excitativa
A las Comisiones Unidas de Gobernación y de Energía, a solicitud de la diputada Dolores de María Manuell-Gómez Angulo , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Agenda política
Comentarios sobre la situación política nacional, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.»
ACTA DE LA SESION ANTERIOR
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría que consulte a la asamblea si se le dispensa la lectura, tomando en consideración que también ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.
La Secretaria diputada Marcela Cuen Garibi : Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria. Los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.
Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.
«Acta de la sesión de la del Congreso de la Unión, celebrada el veintidós de diciembre de dos mil ocho, correspondiente al Primer Receso del Tercer Año de Ejercicio de la Sexagésima Legislatura.
Presidencia del Diputado César Duarte Jáquez
En el salón Legisladores de la República del Palacio Legislativo de San Lázaro en la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la del Congreso de la Unión, con la asistencia de 31 legisladores, a las 13 horas con 44 minutos del lunes 22 de diciembre de 2008, el Presidente declara abierta la sesión.
En sendas votaciones económicas, la asamblea dispensa la lectura del orden del día, del acta de la sesión anterior y aprueba ésta última.
Se recibe invitación de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal, a la ceremonia cívica a celebrarse el miércoles 7 de enero con motivo del 102 aniversario de la huelga de Río Blanco. Se designa comisión de representación.
Remiten contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados:
La Dirección General de Petróleos Mexicanos, remite el informe de los ingresos netos obtenidos en flujo de efectivo correspondientes al periodo enero-noviembre, comparado contra el presupuesto original. Se remite a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público de las Cámaras de Diputados y de Senadores.
Se reciben de la Secretaría de Gobernación:
Se otorga el uso de la tribuna para presentar iniciativas con proyecto de decreto a los diputados:
A solicitud del senador Marco Humberto Aguilar Coronado, del Partido Acción Nacional, la asamblea guarda un minuto de silencio en memoria de miembros del Ejército y un ex jefe policiaco, víctimas del atentado perpetrado en Chilpancingo, Guerrero.
El Presidente declara aprobados en lo general y en lo particular, por 33 votos en pro, los proyectos de decreto. Pasan al Ejecutivo federal para sus efectos constitucionales.
En votación económica, la asamblea autoriza dar lectura a los puntos de acuerdo de los dictámenes de la Primera Comisión de Trabajo, que exhortan:
En sendas votaciones económicas, se consideran suficientemente discutidos y se aprueban. Comuníquense.
Se reciben proposiciones con punto de acuerdo de los diputados:
Se otorga el uso de la tribuna para presentar proposiciones con punto de acuerdo a los legisladores:
Presidencia del senador Luis Alberto Villarreal García
En sendas votaciones económicas, la asamblea considera el asunto de urgente resolución, suficientemente discutido y se aprueba. Comuníquese.
Se reciben proposiciones con punto de acuerdo de los legisladores:
Presenta proposición con punto de acuerdo el diputado Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla , del Partido de la Revolución Democrática, para solicitar a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, y de Educación Pública, que destinen recursos extraordinarios, por única vez, a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, para cubrir el adeudo que tiene con el Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores. Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.
En votación económica, la asamblea autoriza se dé lectura a los puntos de acuerdo de los dictámenes de la Tercera Comisión de Trabajo, por los que se:
Presidencia del diputado César Duarte Jáquez
En sendas votaciones económicas, se consideran suficientemente discutidos y se aprueban. Comuníquense.
Se otorga el uso de la tribuna para referirse a la situación política en México a los legisladores: diputado Octavio Martínez Vargas , del Partido de la Revolución Democrática; senador Juan Bueno Torio, del Partido Acción Nacional; diputado Gerardo Villanueva Albarrán , del Partido de la Revolución Democrática; senador Humberto Andrade Quezada, del Partido Acción Nacional, quien contesta alusiones personales y acepta interpelación del diputado Villanueva Albarrán, quien posteriormente interviene en dos ocasiones, para contestar alusiones personales. Rectifican hechos los diputados Martínez Vargas, Juan de Dios Castro Muñoz , del Partido Acción Nacional y Villanueva Albarrán, quien acepta interpelación del senador Andrade Quezada, finaliza el senador Juan Bueno Torio, del Partido Acción Nacional.
El Presidente clausura la sesión a las 16 horas con 43 minutos y cita para la próxima que tendrá lugar el miércoles 7 de enero de 2009 a las 13:00 horas.»
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.
La Secretaria diputada Marcela Cuen Garibi : Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.
Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Aprobada el acta. Continúe la Secretaría con las comunicaciones.
AGUA CONTAMINADA
El Secretario diputado José Rubén Escajeda Jiménez : «Escudo.---Ciudad de México.--- Capital en Movimiento.--- Secretaría de Gobierno.
Diputado César Duarte Jáquez, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presente.
Por instrucciones del secretario de Gobierno, licenciado José Ángel Ávila Pérez, adjunto oficio número GDF-SMA-SACM-OF-L-1089-08 y anexo de éste, mediante el cual el director general del Sistema de Aguas de la Ciudad de México informa diversos aspectos relacionados con el agua para consumo humano y la calidad mínima exigida en la NOM-179-SSA-1-1998.
Lo anterior, en relación con el oficio número DGPL 60-II-4-1669, de fecha 21 de octubre del año en curso, en donde se comunicó por parte de la vicepresidenta de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo la aprobación de un punto de acuerdo relacionado con el asunto antes citado.
Aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.
«Escudo.---Ciudad de México.--- Capital en Movimiento.--- Secretaría de Gobierno.
Licenciado José Ángel Ávila Pérez, secretario de Gobierno del Distrito Federal.--- Presente
En atención al oficio número SG/LVH/1097/2008, por el que el licenciado Luis Villanueva Herrera, asesor jurídico del secretario de Gobierno del Distrito Federal, solicita información para atender el acuerdo de la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, celebrada el 21 de octubre de 2008, en la que aprobó el punto de acuerdo en el que exhorta a asegurar que el agua para uso y consumo humano, distribuida por los abastecimientos públicos, cuente con la calidad mínima exigida por la NOM-179-SSA-1-1998, para prevenir y evitar enfermedades derivadas de la ingesta de agua. Sobre el particular me permito indicar lo siguiente:
Se anexa cuadernillo con la información sobre los programas de vigilancia de la calidad del agua que realiza este Sistema de Aguas de la Ciudad de México en forma contínua y permanente desde los años cincuenta, así como las acciones que se han realizado y las que se pretenden efectuar con la finalidad de dar cumplimiento a la normatividad aplicable en la materia, como sigue aclarando que la calidad mínima lo establece la NOM-127-SSA-1-1994.
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Remítase a la Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados, para su conocimiento.
CENTROS DE READAPTACION SOCIAL
El Secretario diputado José Rubén Escajeda Jiménez : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo.
Diputado César Duarte Jáquez, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presente.
Por instrucciones del maestro Leonel Godoy Rangel, gobernador del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, y con fundamento en los artículos 12, fracciones I y XVI, del Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada del Estado de Michoacán de Ocampo, y en atención al punto de acuerdo, de fecha 21 de octubre de 2008, remitido con número de oficio DGPL 60-II-4-1670, expediente 3660, en el que se exhorta al Ejecutivo estatal a informar, a través de las instancias competentes en materia de ejecución de penas en sus ámbitos de competencia, sobre las acciones implantadas y resultados obtenidos en materia de dignificación de la calidad de vida de los internos que se encuentran en los centros de readaptación social (Ceresos) federales y estatales. Por este conducto le remito oficio número ST/776/2008, suscrito por la licenciada María de la Luz Hernández Pacheco, secretaria técnica de la Secretaría de Seguridad Pública del estado, en el que informa oportunamente las acciones que respecto del mencionado punto de acuerdo se están tomando en el gobierno democrático de Michoacán de Ocampo.
Sin otro particular por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo.
Licenciado David Garibay Tena, subsecretario de Enlace Legislativo y Asuntos Registrales.--- Presente.
Por instrucciones de la maestra en derecho Citlalli Fernández González, secretaria de Seguridad Pública, y con relación al oficio número SELAR/854/2008, de fecha 10 de noviembre del 2008, relativo al exhorto que realiza la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión al gobierno del estado a efecto de que a través de sus instancias competentes en materia de ejecución de penas, en sus diversos ámbitos, se informe sobre las acciones implantadas y resultados obtenidos en materia de dignificación de la calidad de vida de los internos que se encuentran en los centros de readaptación social federales y locales. Al respecto me permito enviarle oficio número DGPRS/683/ 2008, de fecha 28 de noviembre de este año, en el cual el doctor Jaime Álvarez Ramos, director general de Prevención y Readaptación Social del estado, rinde informe en forma impresa y en medio magnético sobre las acciones implantadas y resultados obtenidos en materia de dignificación de la calidad de vida de los internos que se encuentran en los centros de readaptación social del estado.
Sin más por el momento, me permito enviarle un cordial saludo.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo.
Licenciada María de la Luz Hernández Pacheco, secretaria técnica de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.--- Presente.
En atención a su similar número ST/722/08, de fecha 17 de noviembre de este año, en el que remite para atención de esta dirección a mi cargo el oficio número SELAR/854/2008, de fecha 10 de noviembre de esta anualidad, signado por el licenciado David Garibay Tena, subsecretario de Enlace Legislativo y Asuntos Registrales de la Secretaría de Gobierno, en el que solicita que informe sobre las acciones implantadas y resultados obtenidos en materia de dignificación de la calidad de vida de los internos que se encuentran en los centros de readaptación social en el estado. Por tal motivo, remito a usted en forma impresa y en medio magnético la relación de acciones efectuadas a la fecha, lo anterior para dar cabal cumplimiento a lo solicitado.
Sin otro en particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
«Escudo.--- Secretaría de Seguridad Pública.--- Dirección General de Prevención y Readaptación Social del Estado de Michoacán.
Con la finalidad de atender el informe solicitado por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, relacionado con las acciones implantadas y resultados obtenidos en materia de dignificación de la calidad de vida de los internos que se encuentran en los centros de readaptación social federales y estatales, se debe señalar que dentro de las acciones que se han llevado a cabo por la Dirección General de Prevención y Readaptación Social se tiene que cuantitativamente no existen problemas de sobrepoblación dentro de los centros penitenciarios estatales, ya que a la fecha se cuenta de forma general con una capacidad para 8 mil 859 espacios, y a noviembre de este año existen un total de 8 mil 101 internos, contando con 777 espacios disponibles. Cualitativamente, en el centro de readaptación social Licenciado David Franco Rodríguez y en los centros preventivos distritales situados en Ciudad Hidalgo, Los Reyes, Tacámbaro y Tanhuato existen problemas parciales de saturación; asimismo, cabe señalar que es evidente la existencia de un deterioro en la mayoría de las instalaciones de los centros preventivos distritales del estado, ya que algunos casos son inadecuados porque fueron adaptados dentro de las presidencias municipales. Por tal motivo, y con la finalidad de lograr la dignificación en la calidad de vida y atención que se les proporciona a los sentenciados en el estado, actualmente se encuentran obras en proceso para la construcción de centros de readaptación social, como lo son la segunda etapa del Cereso Licenciado David Franco Rodríguez, además de los situados en los distritos de Tacámbaro, Apatzingán y Los Reyes, buscando con ello una capacidad para habilitar un total de 2 mil 793 espacios para internos fijos y transitorios, además de las adecuaciones que actualmente se realizan a las instalaciones del centro de integración para adolescentes situado en Morelia, a fin de brindar una mejor atención a los adolescentes y a sus familiares.
Por otro lado, la Dirección General de Prevención y Readaptación ha implantado nuevas estrategias encaminadas, entre otras, a disminuir la reincidencia delictiva de los sentenciados, logrando con ello la disminución de la población penitenciaria existente en los centros de reclusión estatales, lo que reflejará indiscutiblemente una mejora en la calidad de vida de los sujetos a la prisión corporal. Por tal motivo, se ha creado la cárcel abierta para el sistema penitenciario del estado, cuyo propósito es el de constituirse en el órgano rector en la aplicación de las medidas alternativas a la pena de prisión, enfocando sus acciones principalmente a lograr una adecuada reinserción social de los sentenciados con base en las premisas de la educación, el trabajo, la capacitación, el deporte y la salud.
Ahora bien, dentro de las acciones ejecutadas a fin de dar atención médica, social, psicológica y psiquiátrica de los sentenciados, se debe mencionar que de forma permanente es proporcionada atención en medicina preventiva, además de suministrarles los medicamentos del cuadro básico que requieran, y tratándose de a los casos de atención especializada o atención en psiquiatría, son proporcionados en los hospitales dependientes de la Secretaría de Salud del estado.
La problemática existente en el sistema penitenciario estatal y, en general, la prevaleciente en el país no está relacionada con los tratamientos técnicos que son aplicados a los sentenciados, está relacionada principalmente con la infraestructura penitenciaria. No obstante que en el estado se está trabajando en este rubro, es necesario precisar que se debe continuar con la dignificación de las instalaciones de la mayoría de los centros penitenciarios estatales, por lo que es de suma importancia que los recursos asignados para la infraestructura penitenciaria nacional sean etiquetados para que única y exclusivamente sean destinados a este concepto.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo.
Maestra Citlalli Fernández González, secretaria de Seguridad Pública.--- Presente.
Por instrucciones del maestro Fidel Calderón Torreblanca, secretario de Gobierno, y con fundamento en los artículos 23, fracción I, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Michoacán de Ocampo; 11, fracciones I y XIX, y 12, fracciones I y XVI, del Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada del Estado de Michoacán de Ocampo, remito para su conocimiento y atención procedente copia simple del oficio número DGPL 60-II-4-1670, expediente 3660, signado por los diputados José Luis Espinosa Piña y Manuel Portilla Diéguez, vicepresidente y secretario de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en donde se exhorta al Ejecutivo estatal a informar, a través de las instancias competentes en materia de ejecución de penas en sus ámbitos de competencia, sobre las acciones implantadas y resultados obtenidos en materia de dignificación de la calidad de vida de los internos que se encuentran en los centros de readaptación social federales y estatales.
Solicitándole remitir la información solicitada a la brevedad posible, en virtud de que, cómo se desprende del anterior documento, establece un término para enviar dicha información.
Sin otro particular por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Remítase a la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados, para su conocimiento.
ESTADO DE MEXICO
El Secretario diputado José Rubén Escajeda Jiménez : «Ferrocarriles Nacionales de México, en Liquidación.--- Subdirección General de Administración y Finanzas.
Diputado César Duarte Jáquez y diputada Rosa Elia Romero Guzmán , Presidente y Secretaria de la Mesa Directiva de la LX Legislatura.--- Presentes.
Me refiero a su oficio número DGPL 60-II-4-1573, expediente 3457, de fecha 25 de septiembre de 2008, mediante el cual comunican al delegado fiduciario encargado de la liquidación de Ferrocarriles Nacionales de México el punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, consistente en solicitar a este organismo que se informe la situación jurídica actual del bien inmueble en el que se sitúa la antigua estación del ferrocarril en Otumba, estado de México, si ya ha sido desincorporada del patrimonio del organismo, quién posee su custodia actual.
Sobre el particular, informo a esa honorable Cámara lo siguiente:
Es pertinente señalar que en los archivos de este organismo no obra documento alguno mediante el cual dicho inmueble se haya entregado para su custodia a la persona moral en cita.
Por último, hago de su conocimiento que este organismo recibió la solicitud de donación efectuada por la asociación de mérito, respecto del complejo ferroviario que conformó la estación de Otumba, a la cual re cayó el oficio número SGJ/DPL/0243/2008, de fecha 14 de noviembre de 2008, del cual adjunto copia.
«Ferrocarriles Nacionales de México, en Liquidación.--- Subdirección General Jurídica.--- Dirección de Procedimientos Legales.
Licenciado Claudio E. Flores Aguirre, presidente de Amigos del Ferrocarril en Otumba, Otumba, Estado de México.--- Presente.
Me refiero a su escrito de fecha 21 de agosto de 2008, dirigido al delegado fiduciario encargado de la liquidación de Ferrocarriles Nacionales de México, por el cual solicita, a nombre de la asociación que representa, la donación del complejo ferroviario que alberga la estación de Otumba, localizada en el municipio de Otumba, a fin de destinarla como Museo del Ferrocarril.
Sobre el particular, le comento que el marco normativo adjetivo para formalizar la donación prevista en los artículos 20, fracción IV, del Decreto de Extinción de Ferrocarriles Nacionales de México, y decimosexto transitorio de la Ley General de Bienes Nacionales, no ha sido aprobado.
En tanto ello ocurre, este organismo se encuentra integrando los expedientes relativos a solicitudes de donación. En virtud de lo anterior, debe presentar la documentación que se señala a continuación para su conocimiento y efectos a que haya lugar:
En este orden de ideas, es de señalar que la recepción y el análisis de la solicitud de donación de mérito no es constitutiva de derecho, autorización o prerrogativa alguna.
Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Remítase a la Comisión de la Función Pública de la Cámara de Diputados, para su conocimiento.
GRUPO PARLAMENTARIO DE CONVERGENCIA
La Secretaria diputada Marcela Cuen Garibi : «De la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Por lo expuesto y fundado se resuelve:
Primero. Se decreta la acumulación del expediente del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano SUP-JDC-2910/2008 al expediente SUP-JDC-2909/2008. Al efecto, glósese copia certificada de los puntos resolutivos de esta sentencia en el expediente del juicio acumulado.
Segundo. Se deja sin efecto la revocación que el pleno de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados hizo del acuerdo de la Mesa Directiva de la propia Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, por el que se configuraba la vacante al cargo de diputado federal del grupo parlamentario de Convergencia en la Cámara de Diputados en la LX Legislatura, el cual fue aprobado el 14 de octubre de 2008.
Tercero. La vacante de miembros de la Cámara de Diputados electos por el principio de representación proporcional que originalmente se asignó a Convergencia, precisamente a los ciudadanos Alberto Esteva Salinas y Gustavo Velázquez Lavariega, ubicados en el sexto lugar de la lista de la tercera circunscripción plurinominal, en tanto que se trata de una sustitución, deberá ser cubierta por la fórmula de candidatos formada por José Francisco Melo Velázquez y Carmen Patricia Palma Olvera, como propietario y suplente, respectivamente, en los términos fijados en la última parte del considerando cuarto de esta ejecutoria.
Cuarto. El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados o el presidente de la Comisión Permanente, lo que ocurra en la sesión más inmediata, deberá requerir la presencia de los integrantes de la fórmula de candidatos a diputados, formada por José Francisco Melo Velázquez y Carmen Patricia Palma Olvera, como propietario y suplente, respectivamente, lo cual deberá ocurrir en la próxima sesión de cualquiera de dichos órganos e informar a esta Sala Superior sobre su cumplimiento dentro de los tres días siguientes.
Notifíquese personalmente a los actores en los domicilios respectivos señalados en autos y por oficio acompañado copia certificada de la presente resolución a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión y al Instituto Federal Electoral, y por estrados a los demás interesados.
En su oportunidad, devuélvanse las constancias atinentes a... y archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Así, por unanimidad, lo resolvieron los magistrados que integran la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en ausencia del magistrado Flavio Galván Rivera, ante el secretario general de Acuerdos.
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Gracias, secretaria. En cumplimiento de la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, llámese al ciudadano José Francisco Melo Velázquez para que rinda protesta mañana, jueves 8 de enero, como diputado federal y, en su oportunidad, comuníquese de este cumplimiento a la Sala Superior del referido tribunal.
Continúe la Secretaría con las comunicaciones.
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION 2009
El Secretario diputado José Rubén Escajeda Jiménez : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Diputado César Duarte Jáquez, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.--- Presente.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42, fracción VI, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se entrega el Presupuesto de Egresos aprobado para el ejercicio fiscal de 2009, conforme a lo siguiente:
Asimismo, se entrega disco compacto con la información de los tomos y una presentación complementaria a nivel sectorial, información que estará disponible en la página de la secretaría, a partir de esta fecha, en la dirección electrónica www.hacienda.gob.mx
Adicionalmente, me permito mencionar a usted que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 23 y 44 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, el pasado 12 de diciembre se comunicó a las dependencias y a las entidades la distribución de sus presupuestos aprobados y sus calendarios de presupuesto autorizados en 2009 mediante el oficio circular número 307-A.-2352, del cual se turnó copia a ese órgano legislativo a efecto de dar cumplimiento a lo previsto en el propio artículo 44 de esa ley. Cabe señalar que el oficio circular en comento, del cual se anexa copia, se encuentra disponible en la dirección electrónica siguiente:
http://www.apartados.hacienda.gob.mx/presupuesto/temas/comunicacion/2009/index.html
Reitero a usted la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados y remítase a la Dirección General del Centro de Documentación, Información y Análisis, para consulta de los diputados.
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
El Secretario diputado José Rubén Escajeda Jiménez : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Diputado César Duarte Jáquez, Presidente de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.--- Presente.
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 107, fracción 11, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría, me permito enviar información relativa a los montos de endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del erario federal, en los términos de la Ley General de Deuda Pública, y el costo total de las emisiones de deuda interna y externa correspondientes a noviembre de 2008. Asimismo, se informa sobre la recaudación federal participable que sirvió de base para el cálculo del pago de las participaciones a las entidades federativas, así como el pago de éstas desagregada por tipo de fondo, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, y por entidad federativa, efectuando en ambos casos la comparación correspondiente con noviembre de 2007. De igual forma, en términos del artículo 22, fracción I, de la Ley del Servicio de Administración Tributaría, se proporciona la información sobre la evolución de la recaudación para noviembre de 2008. Adicionalmente, se incluye la información consolidada sobre las finanzas públicas y la deuda pública a noviembre del año en curso.
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Remítase a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público de las Cámaras de Diputados y de Senadores, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, para su conocimiento.
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
El Secretario diputado José Rubén Escajeda Jiménez : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.--- Servicio de Administración Tributaria.
Diputado César Duarte Jáquez, Presidente de la Mesa Directiva de la del Congreso de la Unión.--- Presente.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 145, penúltimo párrafo, de la Ley Aduanera, por este conducto me permito hacer de su conocimiento que el Servicio de Administración Tributaria, por conducto de las autoridades aduaneras locales competentes, en noviembre de 2008 únicamente dieron destino a mercancía perecedera, de fácil descomposición o deterioro y que no es transferible al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes.
De los bienes reportados como destinados por dichas autoridades aduaneras se informa en relación anexa.
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Remítase a la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados y a la Comisión de Fomento Económico de la Cámara de Senadores, para su conocimiento.
TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA
El Secretario diputado José Rubén Escajeda Jiménez : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.
Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.
Por este conducto, y con fundamento en el artículo 27, fracción IX, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; y los artículos 4, 5 y 7 transitorio del decreto por el que se expide la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de diciembre de 2007, corresponde al titular del Ejecutivo federal proponer los nombramientos de magistrados del propio tribunal.
Por lo anterior, agradeceré a ustedes se sirvan disponer lo conducente para que se someta a la consideración de ese órgano legislativo la propuesta de nombramiento de Adriana Cebezut Uribe, Martha Gladys Calderón Martínez, Julián Casarrubias Pérez, Jorge Avelino Castañeda González, Rosa María Corripio Moreno, Armando Flores Hernández, María Guadalupe Herrera Calderón, Faustino Gerardo Hidalgo Ezquerra, Lucila Padilla López, Avelino Carmelo Toscano Toscano, Analicia Vega León y Rita Amparo Velasco de León, como magistrados de sala regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa por un periodo de diez años.
Asimismo, me permito remitir la comunicación signada por el presidente de los Estados Unidos Mexicanos, los datos curriculares y el dictamen de evaluación de las citadas personas.
Sin otro particular, reciban un cordial saludo.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Presidencia de la República.
Presidente de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión--- Presente.
El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 establece una estrategia clara y viable para avanzar en la transformación de México sobre bases sólidas y realistas. En este sentido, uno de los ejes rectores que estructuran dicho plan es el estado de derecho y seguridad; por ello, uno de los retos más importantes para el Ejecutivo federal, a mi cargo, consiste en que el sistema de impartición de justicia fiscal y administrativa esté integrado por servidores públicos de experiencia confirmada y vocación de servicio indiscutible.
Por otra parte, corresponde al honorable Congreso de la Unión, conforme al artículo 73, fracción XXIX-H, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la atribución de expedir leyes que instituyan tribunales de lo contencioso administrativo, dotados de plena autonomía para dictar sus fallos, y que tengan a su cargo dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública federal y los particulares, estableciendo las normas para su organización, su funcionamiento, el procedimiento y los recursos contra sus resoluciones; de esta manera, el Congreso de la Unión tuvo a bien expedir la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en vigor desde el siete de diciembre de 2007.
La impartición de justicia está ineludiblemente vinculada con el progreso de la nación y con la convivencia armónica de la sociedad, por ello resulta fundamental que el Estado garantice a todos los ciudadanos un sistema de justicia eficaz y expedito. Por tal razón, la atribución que el titular del Poder Ejecutivo federal tiene de nombrar a los magistrados del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa con la aprobación del Senado de la República o, en los recesos de éste, de la del Congreso de la Unión, resulta de la mayor repercusión para el beneficio de la colectividad y del bien común.
El artículo séptimo transitorio de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa señala que los magistrados de dicho tribunal que a la entrada en vigor de la referida ley se encuentren en ejercicio de sus cargos, continuarán en ellos hasta concluir el periodo para el cual fueron designados, sin perjuicio de que el tribunal pueda proponerlos, previa evaluación de su desempeño, para ser nombrados como magistrados conforme a lo señalado por dicha ley.
En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 4 y 5 de la ley referida, hago del conocimiento de esa soberanía que doce nombramientos de magistrados de sala regional cumplirán su vencimiento el próximo 31 de diciembre de 2008. En tal virtud, el magistrado presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, Francisco Cuevas Godínez, comunicó al Ejecutivo federal a mi cargo que la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión privada el pasado 29 de septiembre, acordó proponer para magistrados de sala regional a los siguientes ciudadanos que en orden alfabético se enlistan:
Una vez examinados los expedientes y dictámenes de evaluación interna del pleno del tribunal en comento, he decidido hacerlos propios y presentar a la aprobación del órgano legislativo los nombramientos, para un nuevo periodo de diez años, a favor de los servidores públicos mencionados. Como ya se refirió, el pleno del tribunal remitió al Ejecutivo federal a mi cargo, los expedientes de mérito, en los que se reconoce que dichos servidores públicos han observado en su trabajo los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo, independencia, honestidad y eficiencia, que rigen a la administración de justicia en nuestro país, por lo que su desempeño jurisdiccional es satisfactorio en varios indicadores de evaluación.
Al analizar los expedientes se pudo constatar que dichos servidores públicos continúan cumpliendo con los requisitos legales exigidos por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Tribunal para desempeñarse como magistrados de sala regional; es decir, son mexicanos por nacimiento, no han adquirido otra nacionalidad, cuentan con pleno goce de sus derechos civiles y políticos, son mayores de treinta y cinco años, presentan notoria buena conducta, son licenciados en derecho con titulo expedido cuando menos diez años anteriores a la fecha del nombramiento y con ocho años mínimos de experiencia en materia fiscal o administrativa.
Me permito subrayar que los magistrados de sala regional de referencia han cumplido durante el ejercicio de su magistratura con diversos cursos, seminarios, congresos o simposios de actualización en materia administrativa y de tributación; reportando la mayoría de ellos una importante actividad docente en sus lugares de adscripción. Asimismo, se destaca su productividad como articulistas especializados en materia fiscal y administrativa con la publicación de diversas ponencias expertas en la materia.
En su desempeño jurisdiccional se verificó que en los expedientes de los magistrados no existan quejas justificadas contra ellos, ni notas de demérito, ni ningún procedimiento de responsabilidad pendiente. Desde el año de su nombramiento a la fecha, se estima que en los rubros de asuntos en rezago y asuntos resueltos, el promedio es aceptable, si se considera el notable aumento de demandas y asuntos que en algunas salas regionales se ha registrado en los últimos años.
En términos generales, se considera que la actuación de dichos funcionarios públicos, de conformidad con los resultados arrojados por las visitas de inspección, es admisible y han sido atendidas las observaciones que en su caso se han generado, por lo que el Ejecutivo federal, a mi cargo, tiene la convicción de que la aprobación de sus nombramientos representa una respuesta institucional adecuada a los conflictos que resuelve el tribunal en el país.
Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en los artículos 4, 5 y 7 transitorio de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, someto a la consideración de la del Congreso de la Unión los nombramientos de los ciudadanos Adriana Cabezut Uribe, Martha Gladys Calderón Martínez, Julián Casarrubias Pérez, Jorge Avelino Castañeda González, Rosa María Corripio Moreno, Armando Flores Hernández, María Guadalupe Herrera Calderón, Faustino Gerardo Hidalgo Ezquerra, Lucila Padilla López, Avelino Carmelo Toscano Toscano, Analicia Vega León y Rita Amparo Velasco de León como magistrados de sala regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa por un periodo de diez años.
Reitero a usted, ciudadano Presidente, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.
Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.
Por este conducto, y con fundamento en el artículo 27, fracción IX, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; y en los artículos 4, 5 y tercero transitorio del Decreto por el que se expide la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de diciembre de 2007, corresponde al Ejecutivo federal proponer los nombramientos de magistrados del propio tribunal.
Por lo anterior, agradeceré a ustedes se sirvan disponer lo conducente para que se someta a consideración de ese órgano legislativo la propuesta de nombramiento de Francisco Cárdenas Elizondo como magistrado supernumerario de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa por un periodo de 10 años.
Asimismo, me permito remitir la comunicación signada por el presidente de los Estados Unidos Mexicanos y los datos curriculares de la citada persona. Sin otro particular, reciban un cordial saludo.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Presidencia de la República.
Presidente de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión--- Presente.
La impartición de justicia es una responsabilidad clave para el progreso del Estado mexicano. En tal virtud, el Congreso de la Unión expidió la nueva Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, publicada el pasado 6 de diciembre de 2007, que erige a dicha institución como un tribunal de lo contencioso-administrativo dotado de plena autonomía e independencia para dictar sus fallos.
El Ejecutivo federal a mi cargo comparte legalmente con el Senado de la República y, en los recesos de éste, con la Comisión Permanente la facultad de nombrar a los magistrados del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. El ejercicio de esta atribución es de la mayor importancia para los órganos Legislativo y Ejecutivo, porque su ejercicio responsable repercute directamente en el fortalecimiento de la confianza de los mexicanos en las instituciones públicas, particularmente en las encargadas de la impartición de justicia.
En la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa se establece, en el artículo 9, que dicho órgano jurisdiccional contará con 5 magistrados supernumerarios de Sala Regional, cuyas funciones, entre otras, consisten en cubrir las faltas de los magistrados de Sala Regional, a efecto de que las propias salas no interrumpan la misión pública de la actividad jurisdiccional, así como sustituir a los 2 magistrados que se integren a la Junta de Gobierno y Administración del Tribunal.
Como es de su conocimiento, en punto de acuerdo de la Cámara de Senadores adoptado durante la sesión del Pleno del 28 de octubre del año en curso, se aprobaron 4 nombramientos de magistrados supernumerarios de Sala Regional, correspondientes a los licenciados César Octavio Irigoyen Urdapilleta, Francisco Javier Marín Sarabia, Virginia Petriz Herrera y Alfredo Ureña Herrera. Por tanto, se encuentra pendiente nombrar al quinto magistrado supernumerario de Sala Regional.
En virtud de lo anterior, me permito presentar a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión al ciudadano Francisco Cárdenas Elizondo, quien ha tenido una trayectoria destacada en la función administrativa y jurisdiccional, ya que fue subprocurador Fiscal de la Federación en la Región Noreste de 1982 a 1984, magistrado del entonces Tribunal Fiscal de la Federación de 1985 a 1991, y magistrado del Tribunal Superior de Justicia del estado de Coahuila de 1994 a 1999. En lo tocante a actividades académicas, se ha desempeñado como catedrático de las Universidades Autónoma de Coahuila, Iberoamericana y Autónoma del Noreste, con diversidad de publicaciones en las materias de derecho fiscal, familiar y administrativo.
Considerando los requisitos que exige el artículo 6 de la referida ley orgánica, el Ejecutivo federal a mi cargo se avocó a la tarea de verificar que el licenciado Francisco Cárdenas Elizondo, que ahora se nombra magistrado supernumerario de Sala Regional, cumple íntegramente con dicho contenido normativo. En efecto, es mexicano por nacimiento y no ha adquirido otra nacionalidad; se encuentra en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos; es mayor de 35 años; goza de notoria buena conducta; es licenciado en derecho con experiencia mínima de 8 años en materia fiscal o administrativa y su título está debidamente registrado y expedido con más de 10 años anteriores a la fecha de la presente designación. Por lo que se considera cuenta con una visión calificada de la importancia que conlleva el ejercicio de la facultad jurisdiccional, y ha mostrado una gran vocación institucional y de servicio público en su trayectoria profesional.
En virtud de lo anterior, en ejercicio de la facultad conferida en el artículo 4 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y con fundamento en los artículos 5 y tercero transitorio de la misma ley, por su digno conducto someto a consideración de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión el nombramiento como magistrado supernumerario de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en favor del licenciado Francisco Cárdenas Elizondo, por un periodo de 10 años.
Se envía anexo a la presente los datos curriculares y la documentación que acredita el cumplimiento de los requisitos que exige la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa para el nombramiento de mérito.
Reitero a usted las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.
Por este conducto y con fundamento en los artículos 27, fracción IX, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; y 4, 5 y 6 del decreto por el que se expide la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de diciembre de 2007, corresponde al titular del Ejecutivo federal proponer los nombramientos de magistrados del propio tribunal.
Por lo anterior, agradeceré a ustedes que se sirvan disponer lo conducente para que se someta a la consideración de ese órgano legislativo, la propuesta de nombramiento de Carlos Chaurand Arzate como magistrado de sala regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa por un periodo de 10 años.
Asimismo, me permito remitir la comunicación signada por el presidente de los Estados Unidos Mexicanos y los datos curriculares de la citada persona. Sin otro particular, reciban un cordial saludo.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Presidencia de la República.
Presidente de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión--- Presente.
Uno de los objetivos principales de la presente administración es generar confianza en la ciudadanía respecto a las instituciones y las leyes que las rigen, a fin de lograr un verdadero estado de derecho. Por tal motivo, resulta indispensable que las autoridades actúen de manera íntegra y transparente, generando certeza y seguridad jurídica mediante la estricta aplicación de la ley.
En todo país democrático es necesario contar con un sistema de justicia eficaz, expedito y sin corrupción, que garantice una efectiva impartición de justicia. Por tal motivo, el Congreso de la Unión, en virtud de la facultad que le confiere el artículo 73, fracción XXIX-H, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para expedir leyes que instituyan tribunales de lo contencioso-administrativo, dotados de plena autonomía para dictar sus fallos, y que tengan a su cargo dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública federal y los particulares, expidió la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en vigor desde el 7 de diciembre de 2007.
En virtud de lo anterior y con arreglo a lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley Orgánica en comento, el titular del Poder Ejecutivo federal a mi cargo, con la aprobación de la Cámara de Senadores o, en los recesos de éste, de la del Congreso de la Unión, se encuentra facultado para nombrar a los magistrados del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, lo que conlleva una gran responsabilidad, toda vez que para generar confianza en las instituciones públicas encargadas de la importante y trascendental función de la impartición de justicia, es necesario allegarse de profesionales con gran vocación institucional y de servicio que garanticen de manera objetiva la expedita y honesta aplicación de la ley.
Como es de su conocimiento, dos magistrados de sala regional fueron designados como magistrados de sala superior. Adicionalmente, el próximo 31 de diciembre vencerá el nombramiento de la magistrada de sala regional María Beatriz Alicia Zentella Mayer, lo que hace obligatorio seleccionar a las personas que podrán ocupar dichas vacantes, a fin de dar continuidad y permanencia a las funciones jurisdiccionales.
Por lo expuesto, con fundamento en los artículos 4 y 5 de la Ley Orgánica en comento, someto a la aprobación de la del Congreso de la Unión el nombramiento del licenciado Carlos Chaurand Arzate como magistrado de sala regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa por un periodo de 10 años.
En términos del artículo 6 de la multicitada Ley Orgánica, el Ejecutivo federal a mi cargo ha verificado que el licenciado Chaurand Arzate sea mexicano por nacimiento y no haya adquirido otra nacionalidad, que se encuentre en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos, que sea mayor de treinta y cinco años, goce de notoria buena conducta y que sea licenciado en derecho con experiencia mínima de ocho años.
En efecto, el licenciado Carlos Chaurand Arzate nació en la ciudad de Celaya, Guanajuato, el 7 de julio de 1951, es licenciado en derecho por la Universidad de Guanajuato, cuenta con diplomado en administración pública por el Instituto Nacional de Administración Pública y cursos de posgrado en derecho y política por la Universidad de Salamanca, España. En cargos de elección popular, cuenta con experiencia legislativa, ya que ha sido diputado federal en la LVI Legislatura y senador de la república en las LVIII y LIX Legislaturas e integrante de la Comisión Legislativa de Hacienda y Crédito Público.
En la administración pública, se desempeñó como director jurídico de los Servicios Coordinados de Salud Pública en el estado de Guanajuato, secretario del ayuntamiento municipal de la ciudad de Celaya, Guanajuato, de 1973 a 1975, secretario auxiliar del gobernador constitucional de Guanajuato de 1975 a 1977 y subdirector nacional del Consejo para la Atención de la Juventud de 1979 a 1981. En actividades académicas, es catedrático de la Universidad de Guanajuato y de la Universidad Lasallista Benavente de Celaya, en las materias de derecho procesal civil y derecho administrativo, respectivamente.
Como se puede apreciar, el licenciado Chaurand Arzate es un experimentado profesional del derecho, con una verdadera vocación de servicio a la colectividad, por lo que se considera que puede desempeñar con eficiencia y probidad el cargo de magistrado de sala regional. En tal virtud, el Ejecutivo federal a mi cargo tiene la convicción de que esta propuesta de designación merece de dicha soberanía su aprobación para beneficiar con la experiencia y pericia de dicho ciudadano al tribunal en el cumplimiento de su objeto público.
Por lo expuesto y, con fundamento en los artículos 4, 5 y 6 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, someto a consideración de la del Congreso de la Unión el nombramiento del ciudadano Carlos Chaurand Arzate , por un periodo de 10 años, como magistrado de sala regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.
Reitero a usted, ciudadano presidente, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.
Por este conducto, y con fundamento en el artículo 27, fracción IX, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; y los artículos 4, 5 y 6 del decreto por el que se expide la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de diciembre de 2007, corresponde al titular del Ejecutivo federal proponer los nombramientos de magistrados del propio tribunal.
Por lo anterior, agradeceré a ustedes se sirvan disponer lo conducente para que se someta a la consideración de ese órgano legislativo la propuesta de nombramiento de Alfredo Salgado Loyo como magistrado de sala superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por un periodo de quince años.
Asimismo, me permito remitir la comunicación signada por el presidente de los Estados Unidos Mexicanos y los datos curriculares de la citada persona.
Sin otro particular, reciban un cordial saludo.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Presidencia de la República.
Presidente de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión--- Presente.
El progreso de toda nación se funda en la justicia efectiva que brinda el estado de derecho, su vigencia depende fundamentalmente de la confianza de la ciudadanía en su gobierno y en las leyes que lo rigen. Para ello es indispensable una actuación íntegra y transparente de la autoridad, que brinde a los ciudadanos la certidumbre de que cuentan, en todo momento, con instituciones que garantizarán el respeto a sus derechos mediante la aplicación de la ley.
Uno de los objetivos fundamentales para este gobierno es garantizar la estricta aplicación de la ley con el propósito de generar certeza y seguridad jurídica para toda la población. En tal virtud, para la efectiva impartición de justicia en nuestro país, resulta fundamental que el Estado garantice el acceso de todos los ciudadanos a un sistema de justicia eficaz, expedito y sin corrupción. Por tal motivo, el honorable Congreso de la Unión, en virtud de la facultad que le confiere el artículo 73, fracción XXIX-H, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, expidió la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en vigor desde el 7 de diciembre de 2007.
De conformidad con el artículo 4 de la ley orgánica antes mencionada, el del Poder Ejecutivo a mi cargo se encuentra facultado para nombrar a los magistrados del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa con la aprobación del Senado de la República o, en los recesos de éste, de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.
El ejercicio de esta atribución conlleva una gran responsabilidad, toda vez que para una adecuada impartición de justicia resulta indispensable generar la confianza de todos los habitantes en las instituciones públicas encargadas de la importante y trascendental función de la impartición de justicia fiscal y administrativa.
Con motivo de la existencia de una vacante en la sala superior del citado tribunal, y con fundamento en los artículos 4 y 5 de la ley orgánica en comento, someto a la aprobación de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, por su digno conducto, el nombramiento del ciudadano Alfredo Salgado Loyo como magistrado de sala superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por un periodo de quince años.
El Ejecutivo federal, a mi cargo, verificó que el ciudadano Alfredo Salgado Loyo cumple cabalmente con los requisitos que exige el artículo 6 de la multicitada ley orgánica; es decir, ser mexicano por nacimiento y no haber adquirido otra nacionalidad, encontrarse en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos, ser mayor de treinta y cinco años, gozar de notoria buena conducta, y ser licenciado en derecho con experiencia mínima de ocho años.
Adicionalmente, el ciudadano Alfredo Salgado Loyo se ha destacado por su constante preparación en el ámbito del derecho, por su trayectoria profesional con gran vocación institucional y de servicio público, así como por su amplia experiencia docente y destacada productividad como articulista.
El Ejecutivo federal a mi cargo tiene la plena convicción de que la propuesta de designación como magistrado de sala superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa de Alfredo Salgado Loyo representa una efectiva respuesta a las necesidades de nuestro país.
Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en los artículos 4, 5 y 6 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, someto a la consideración de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión el nombramiento del ciudadano Alfredo Salgado Loyo como magistrado de sala superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa por un periodo de quince años.
Reitero a usted, ciudadano Presidente, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.
Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.
Por este conducto, con fundamento en el artículo 27, fracción IX, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; y los artículos 4, 5 y 6 del decreto por el que se expide la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de diciembre de 2007, corresponde al titular del Ejecutivo federal proponer los nombramientos de magistrados del propio tribunal.
Por lo anterior, agradeceré a ustedes se sirvan disponer lo conducente para que se someta a la consideración de ese órgano legislativo la propuesta de nombramiento de Rafael Anzures Uribe como magistrado de sala regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por un periodo de diez años.
Asimismo, me permito remitir la comunicación signada por el presidente de los Estados Unidos Mexicanos y los datos curriculares de la citada persona.
Sin otro particular, reciban un cordial saludo.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Presidencia de la República.
Presidente de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión--- Presente.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 73, fracción XXIX-H, que es facultad del honorable Congreso de la Unión expedir leyes que instituyan tribunales de lo contencioso administrativo, dotados de plena autonomía para dictar sus fallos, y que tengan a su cargo dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública federal y los particulares, estableciendo las normas para su organización, su funcionamiento, el procedimiento y los recursos contra sus resoluciones.
La Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa es el resultado del esfuerzo del Poder Legislativo que ha dado frutos en la impartición de justicia en nuestro país, procurando la creación de una estructura de justicia eficaz, expedita y sin corrupción. Para el Ejecutivo federal a mi cargo es fundamental que la ciudadanía tenga confianza en su gobierno y en las leyes que lo rigen, por ello resulta elemental que los poderes Legislativo y Ejecutivo se combinen de la manera más constructiva para que los servidores públicos que se encarguen de impartir justicia en las materias del tribunal sean los mejores hombres con que el Estado puede contar para el servicio de la colectividad.
En términos del artículo 4 de la ley orgánica arriba citada, el Poder Ejecutivo, a mi cargo, cuenta con facultades para nombrar a los magistrados del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa con la aprobación del Senado de la República o, en los recesos de éste, de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 8 de la ley orgánica en comento, el magistrado presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa me ha comunicado la existencia de tres vacantes de magistrados de sala regional, en atención a que, con motivo de la entrada en vigor de la nueva Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa fueron nombrados dos magistrados de sala regional como magistrados de sala superior, además de que la magistrada María Beatriz Alicia Zentella Mayer, cuyo nombramiento vence el 31 de diciembre de 2008, ha decidido retirarse de las funciones.
De conformidad con lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 4 y 5 de la ley orgánica en comento, someto a la aprobación de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, por su digno conducto, el nombramiento del ciudadano licenciado Rafael Anzures Uribe como magistrado de sala regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por un periodo de diez años.
El Ejecutivo federal a mi cargo ha verificado que el licenciado Anzures Uribe es mexicano por nacimiento y no ha adquirido otra nacionalidad, que se encuentra en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos, que es mayor de treinta y cinco años, goza de notoria buena conducta y es licenciado en derecho con experiencia mínima de ocho años, de conformidad con los requisitos que exige el artículo 6 de la referida ley orgánica.
En efecto, el abogado Rafael Anzures Uribe nació en la Ciudad de México el 20 de noviembre de 1960, es egresado de la Escuela Libre de Derecho con título expedido el 15 de mayo de 1985. En su experiencia profesional y administrativa destacan, entre otros, sus cargos como director general de Asuntos Jurídicos de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, subprocurador fiscal del Distrito Federal y subprocurador fiscal federal de Asuntos Financieros de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; en el rubro académico, actualmente es catedrático de la Escuela Libre de Derecho y de la Universidad Panamericana en las asignaturas de economía política y responsabilidad del Estado y de los servidores públicos, respectivamente. En tal virtud, se ha destacado por ser un profesional con gran vocación institucional y de servicio público.
El Ejecutivo federal a mi cargo tiene la convicción de que la propuesta de designación como magistrado de sala regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa del ciudadano licenciado Rafael Anzures Uribe representa una alternativa efectiva para realizar con un perfil de excelencia la función jurisdiccional en materia fiscal y administrativa.
Por lo antes expuesto, y con fundamento en los artículos 4, 5 y 6 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, someto a la consideración de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión el nombramiento del ciudadano Rafael Anzures Uribe como magistrado de sala regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa por un periodo de diez años.
Reitero a usted, ciudadano Presidente, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.
Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.
Por este conducto y con fundamento en el artículo 27, fracción IX, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; y los artículos 4, 5 y 6 del decreto por el que se expide la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de diciembre de 2007, corresponde al titular del Ejecutivo federal proponer los nombramientos de magistrados del propio tribunal.
Por lo anterior, agradeceré a ustedes se sirvan disponer lo conducente para que se someta a la consideración de ese órgano legislativo la propuesta de nombramiento de Rafael Estrada Sámano como magistrado de sala regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por un periodo de diez años.
Asimismo, me permito remitir la comunicación signada por el presidente de los Estados Unidos Mexicanos y los datos curriculares de la citada persona.
Sin otro particular, reciban un cordial saludo.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Presidencia de la República.
Presidente de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión--- Presente.
Uno de los ejes rectores que estructuran el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 es el estado de derecho y seguridad, por ello uno de los retos más importantes para mi gobierno es que el sistema de impartición de justicia fiscal y administrativa se encuentre integrado por servidores con vocación de servicio público probado.
En este sentido, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 73, fracción XXIX-H, establece como facultad del Congreso la expedición de leyes que instituyan tribunales de lo contencioso administrativo, dotados de plena autonomía para dictar sus fallos y que tengan a su cargo dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública federal y los particulares, estableciendo las normas para su organización, su funcionamiento, el procedimiento y los recursos contra sus resoluciones.
Derivado de lo anterior, el Congreso expidió la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, vigente desde el 7 de diciembre del año 2007, la cual es resultado del esfuerzo del Poder Legislativo que ha dado frutos en la impartición de justicia en nuestro país, estableciendo así un sistema de justicia eficaz, expedito y moderno, conforme a los desafíos que enfrenta la impartición de justicia fiscal y administrativa.
El artículo 4 de la ley antes citada establece que el Poder Ejecutivo, a mi cargo, cuenta con facultades para nombrar a los magistrados del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa con la aprobación del Senado de la República o, en los recesos de éste, de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.
En esa virtud, resulta indispensable nombrar a profesionales del derecho con amplia experiencia en materia fiscal y administrativa que generen confianza en la sociedad respecto de la impartición de justicia, fortaleciendo con ello la estructura y el buen funcionamiento del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.
Por otra parte, hago de su conocimiento que el magistrado presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa comunicó al Ejecutivo federal, a mi cargo, la existencia de tres vacantes de magistrados de sala regional, en atención a que, con motivo de la entrada en vigor de la nueva Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa fueron nombrados dos magistrados de sala regional como magistrados de sala superior, además de que la magistrada María Beatriz Alicia Zentella Mayer, cuyo nombramiento vence el 31 de diciembre de 2008, ha decidido retirarse de las funciones jurisdiccionales.
Por lo antes expuesto, y de conformidad con lo previsto por los artículos 4 y 5 de la ley orgánica en comento, someto a la aprobación de la del Congreso de la Unión, por su digno conducto, el nombramiento del ciudadano Rafael Estrada Sámano como magistrado de sala regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por un periodo de diez años.
El Ejecutivo federal a mi cargo, al revisar el expediente del ciudadano Rafael Estrada Sámano, ha constatado que el profesional en derecho es ciudadano mexicano por nacimiento, que no ha adquirido otra nacionalidad, que se encuentra en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos, que cumple con la edad mínima de treinta y cinco años, goza de notoria buena conducta y que cuenta con experiencia jurídico administrativa mínima de ocho años, conforme a lo previsto en el artículo 6 de la referida ley orgánica.
El ciudadano Rafael Estrada Sámano se ha destacado por ser un servidor público con vocación institucional y de servicio público probado, pues se ha desempeñado en distintos cargos de alta responsabilidad pública. En 1972 como secretario de Acuerdos del Juzgado Décimo Primero de lo Civil en el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, en 1994 como consejero ciudadano suplente del Consejo General del Instituto Federal Electoral, en 1996 como subprocurador jurídico y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República, en el 2000 como subsecretario de Previsión Social de la Secretaría del Trabajo y en el 2006 fue candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por la vacante del licenciado Juan Díaz Romero.
El Ejecutivo federal a mi cargo tiene la plena convicción de que la designación como magistrado de sala regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa del licenciado Rafael Estrada Sámano es una designación que beneficia a la institución, porque la fortalece con la experiencia jurisdiccional que dicho ciudadano adquirió como servidor público.
Por lo antes expuesto, con fundamento en los artículos 4, 5 y 6 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, someto a la consideración de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión el nombramiento del ciudadano Rafael Estrada Sámano como magistrado de sala regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa por un periodo de diez años.
Reitero a usted, ciudadano Presidente, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Túrnense a la Tercera Comisión de Trabajo. Continúe la Secretaría.
EMBAJADOR EXTRAORDINARIO Y PLENIPOTENCIARIO
La Secretaria diputada Marcela Cuen Garibi : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.
Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.
Por este conducto y con fundamento en lo establecido por la fracción XIV del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, me permito remitir copia del Acuerdo a la Secretaría de Relaciones Exteriores'', en el que en uso de la facultad que le confiere la fracción III del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el presidente de la República tiene a bien nombrar a Francisco Javier Barrio Terrazas embajador extraordinario y plenipotenciario de México en Canadá.
Lo que hago de su conocimiento para los fines procedentes.
Sin otro particular, reciban un cordial saludo.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.
Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.
Por este conducto y con fundamento en lo establecido en la fracción XIV del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, me permito remitir copia del ``acuerdo a la Secretaría de Relaciones Exteriores'', en el que en uso de la facultad que le confiere la fracción III del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el presidente de la República tiene a bien nombrar a Fernando Sandoval Flores embajador extraordinario y plenipotenciario de México en la República Cooperativa de Guyana, así como observador permanente ante la Comunidad del Caribe, con sede en Guyana.
Lo que hago de su conocimiento para los fines procedentes.
Sin otro particular, reciban un cordial saludo.
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Túrnense a la Segunda Comisión.
PERMISO PARA PRESTAR SERVICIOS EN REPRESENTACIONES DIPLOMATICAS
La Secretaria diputada Marcela Cuen Garibi : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.
Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.
Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que mediante oficio número DAN-04255, el licenciado Alejandro Estivill Castro, director general para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita se tramite ante el Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción II, Apartado C, del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que las personas que se citan a continuación puedan prestar sus servicios al gobierno extranjero que se menciona.
Por lo anterior, me permito anexar, para la integración de los expedientes, copias certificadas de las actas de nacimiento que acreditan la nacionalidad mexicana de dichas personas y originales de los escritos en los que solicitan que se realicen los trámites correspondientes, asimismo, copias simples de sus identificaciones oficiales.
Sin otro particular, reciban un cordial saludo.
EMPRESA GUTSA INFRAESTRUCTURA, SA DE CV
La Secretaria diputada Marcela Cuen Garibi : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.
Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.
En respuesta a los oficios número DGPL 60-II-5-1281 y D.G.P.L. 60-II-4-1574, me permito remitir para los fines procedentes, original del similar número CA/40/2008 suscrito por el ingeniero Ernesto González Cancino, coordinador de Asesores del secretario de la Función Pública, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo a la empresa Gutsa Infraestructura, SA de CV.
Sin otro particular, reciban un cordial saludo.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Diputado César Duarte Jáquez, Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión de la LX Legislatura.--- Presente.
Por instrucciones del titular del ramo, hago referencia a su oficio D.G.P.L.60-II-4-1574 de fecha 25 de septiembre del presente año, por el que comunica el punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión en sesión celebrada en dicha fecha, mediante el cual se solicita a la Secretaría de la Función Pública, envíe un informe del estado actual de los expedientes derivados de los procedimientos administrativos de responsabilidades que se iniciaron en contra de las siguientes personas: Manuel Zubiría Maqueo, ex Director General de Capufe; Manuel José Castellanos Cervera, ex Director Jurídico de Capufe; Pedro Antonio Ramírez Cetina, ex Gerente de Administración de Capufe; Sergio Emilio Segura Ortega; Ignacio Peña Aburto, ex Director Técnico de Capufe; Ricardo Héctor René Basurto Cortés, Delegado de la Zona Centro-Sur de Capufe; y Eduardo Gerardo Tirado del Río, actual Gerente de Licitaciones de Capufe. Así como un informe del estado en que se encuentra el expediente administrativo que se le inició a la empresa Gutsa Infraestructura, SA de CV, por el que se le impuso como sanción la inhabilitación por el periodo de un año para poder contratar con el servicio público, además de que se señale en éste, si actualmente tiene algún procedimiento administrativo en curso.
Asimismo, hago referencia al oficio D.G.P.L.60-II-5-1281 de fecha 12 de diciembre de 2007, firmado por las diputadas Ruth Zavaleta Salgado y María Mercedes Maciel Ortiz , entonces Presidenta y Secretaria de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, LX Legislatura, por el que comunican el punto de acuerdo aprobado por dicho órgano legislativo en sesión celebrada en dicha fecha, mediante el que se exhorta a la Secretaría de la Función Pública para que, en ejercicio de sus atribuciones, informe sobre el resultado de las investigaciones, respecto a la empresa Gutsa Infraestructura, SA de CV, tanto en el caso de la Autopista del Sol, como en el de la construcción de la Biblioteca José Vasconcelos, y en el supuesto de que en dicha investigación se encuentren irregularidades, actúe en consecuencia; así como si se ha iniciado algún procedimiento para inhabilitar a la empresa Gutsa Infraestructura, SA de CV.
Con el fin de atender ambos puntos de acuerdo, y tomando en consideración la concurrencia de los temas contenidos en éstos, le comunico lo siguiente:
De las auditorías practicadas por el Órgano Interno de Control en el Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas (CAPFCE), actualmente Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (Inifed), relacionadas con la empresa Gutsa Infraestructura, SA de CV, de los ejercicios 2005, 2006 y 2007, vinculadas con la construcción de la Biblioteca José Vasconcelos, se desprendieron una serie de observaciones por las que se iniciaron cuatro procedimientos administrativos en contra de servidores públicos del CAPFCE; y uno en contra de la empresa Gutsa Infraestructura, a la que se le impuso sanción económica por 771 mil 342 pesos, por incumplimiento del contrato de obra pública CAPFCE-77-01/04, por presentar extemporáneamente la póliza de cumplimiento de contrato, riesgo civil y daños a terceros. Dicha empresa fue notificada de la sanción impuesta por el mencionado Órgano Interno de Control el 10 de octubre de 2007, e impugnó la misma ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, asunto que se encuentra sub judice, o pendiente de resolución.
En cuanto al caso de la rehabilitación de la superficie de rodamiento de diversos tramos carreteros de la Autopista Cuernavaca-Acapulco, también conocida como Autopista del Sol, el Órgano Interno de Control en Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe), inició dos procedimientos administrativos con números de expediente 22/2006 y ER-007/2007, en los que se sancionaron a los siguientes servidores públicos:
Inconformes con las sanciones impuestas por el Órgano Interno de Control de Capufe, los ciudadanos Manuel Zubiría Maqueo, Manuel José Castellanos Cervera, Pedro Antonio Ramírez Cetina, Ricardo René Héctor Octavio Basurto Cortés, Eduardo Gerardo Tirado del Río y Sergio Emilio Segura Ortega, impugnaron la resolución mediante juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, procedimientos que a la fecha se encuentran sub judice, o pendientes de resolución.
Ahora bien, por lo que hace a la solicitud de que se informe si en alguno de los casos descritos anteriormente se dio vista al Ministerio Público de la federación, es importante señalar que, hasta la fecha no se tiene conocimiento que la entidad Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe), a través de sus servidores públicos facultados para ello, hayan presentado querella alguna.
Por otra parte, el director general de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, hizo del conocimiento de esta secretaría la probable irregularidad cometida por la empresa Gutsa Infraestructura, al haber subcontratado los trabajos objeto de los contratos de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 148-228/03MF209-6018 y 161-226/03MF209-61 08, ambos relativos a la rehabilitación de la superficie de rodamiento de diversos tramos carreteros de la autopista Cuernavaca-Acapulco, también conocida como Autopista del Sol.
En fecha 22 de agosto de 2007, se registraron en el área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control en Capufe dos expedientes administrativos de sanción, mediante los cuales se determinó formalmente dar por rescindidos administrativamente los contratos en cita, sin embargo, en fecha 27 de agosto 2007, se remitieron los expedientes administrativos registrados en el área de Responsabilidades, a la Secretaría de la Función Pública, atendiendo a la facultad de atracción ejercida por la Unidad de Normatividad de Adquisiciones, Obras Públicas, Servicios y Patrimonio Federal. Así, dicha unidad, en el expediente DS/156-4/2007, y después de garantizar a la empresa en cuestión su derecho de audiencia y, tomando en cuenta sus manifestaciones de defensa formuladas y las pruebas de descargo aportadas, resolvió el procedimiento administrativo incoado a la empresa Gutsa Infraestructura, SA de CV, quedando acreditada la imputación de haber subcontratado la ejecución de los trabajos que le fueron encomendados por Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, en términos de los referidos contratos de obra pública, en contravención al artículo 47, cuarto párrafo, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, con lo que se ubicó en el supuesto de los artículos 77 y 78, fracción IV, de la invocada ley.
Consecuentemente, con fecha 23 de noviembre de 2007, se resolvió imponer a la empresa Gutsa Infraestructura, las sanciones consistentes en multa por la cantidad de 283 mil 192 pesos, e inhabilitación de un año para presentar propuestas y celebrar contratos en las materias reguladas por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, con las dependencias y entidades de la administración pública federal y los gobiernos de las entidades federativas cuando utilicen recursos federales. Lo anterior fue hecho del conocimiento de las dependencias y entidades de la administración pública federal, la Procuraduría General de la República, así como de las entidades federativas, mediante la circular número UNAOPSPF/309/DS/ 029/2007, del 6 de diciembre de 2007, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 del mismo mes y año.
Inconforme con las sanciones decretadas en su contra, Gutsa Infraestructura, SA de CV, promovió juicio de amparo 1663/2007, del que tocó conocer al Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal, autoridad que, mediante sentencia interlocutoria del 11 de febrero de 2008, concedió las suspensión definitiva de la inhabilitación impuesta, para el efecto de que ``...se le permita a la parte quejosa contratar y presentar propuestas (...) en las materias de obras públicas y servicios relacionados con las mismas...''. En razón de lo anterior, el 7 de mayo del presente año, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la circular UNAOPSF/309/DS/005/2008, por la que se informó que los efectos del impedimento en cuestión quedan suspendidos hasta en tanto se resuelve el fondo del amparo, por lo que a la fecha dicha empresa se encuentra en aptitud de presentar propuestas y, en su caso, celebrar los contratos que eventualmente le sean adjudicados.
La información contenida en los dos párrafos precedentes está publicada en el directorio electrónico de proveedores y contratistas sancionados, que se encuentra disponible para su consulta en el portal web de esta secretaría (https://www.funcionpublica.Qob.mx) bajo el link de Empresas Sancionadas.
Finalmente, le informo que, tanto en los archivos de la Unidad de Normatividad de Adquisiciones, Obras Públicas, Servicios y Patrimonio Federal, como en los de las áreas de Responsabilidades de los diversos Órganos Internos de Control adscritos a las dependencias y entidades de la administración pública federal, no se cuenta con algún otro procedimiento administrativo en trámite seguido en contra de Gutsa Infraestructura, SA de CV, por infracciones a las Leyes Reglamentarias del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Por lo anteriormente expuesto, la Secretaría de la Función Pública ratifica su compromiso con el honorable Congreso de la Unión, sus órganos internos y sus miembros en particular, de prestar la colaboración necesaria para que cumplan con sus fines constitucionales y legales, en especial, con sus atribuciones de control sobre la administración pública federal, con la atenta solicitud de que se tengan por atendidos los puntos de acuerdo referidos en el presente oficio.
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Remítase a la Comisión de la Función Pública de la Cámara de Diputados, para su conocimiento.
GRUPO DE TRABAJO DE DETENCIONES ARBITRARIAS DE NACIONES UNIDAS, DERIVADAS DE LA VISITA DE 2002
La Secretaria diputada Marcela Cuen Garibi : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.
Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.
En respuesta al oficio número D.G.P.L. 60-II-1-1834 signado por los diputados César Duarte Jáquez y Manuel Portilla Diéguez, Presidente y Secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número DGARACDH/003450 suscrito por el maestro Pascual Moreno Méndez, director general de Atención a Recomendaciones y Amigables Conciliaciones en Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República, así como el anexo que en él se menciona, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo al Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas.
Sin otro particular, reciban un cordial saludo.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Procuraduría General de la República.
Cuauhtémoc Cardona Benavides, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.--- Presente.
Me refiero al oficio número SEL/300/445/08, de fecha 23 de octubre de 2008, en el que informo a esta institución; que mediante oficio número D.G.P.L 60-II-1-1834, los diputados César Duarte Jáquez y Manuel Portilla Diéguez, Presidente y Secretario, respectivamente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, comunicaron a esa secretaría el punto de acuerdo aprobado por el Pleno de ese órgano legislativo, en sesión celebrada el 12 de octubre de 2008, que a continuación se describe:
Al respecto informo a usted que recibimos el oficio número DDH-DCP-06424, suscrito por el ministro Alejandro Negrín, director general de Derechos Humanos y Democracia de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en el cual remite el informe del mencionado Grupo de Trabajo, que se anexa al presente.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Relaciones Exteriores.
Maestro Pascual Moreno Méndez, director general de Atención a Recomendaciones y Amigables Conciliaciones en Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República.--- Presente.
Hago referencia a la visita que en 2002, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria realizó a nuestro país con el fin de investigar la posible arbitrariedad de las detenciones de presos comunes, así como la situación de algunos migrantes detenidos. En diciembre de ese mismo año, el Grupo de Trabajo emitió el informe E/CN.4/2003/ 8/Add.3, el cual contiene una serie de recomendaciones para el gobierno de México.
A este respecto y en respuesta a sus comunicaciones de referencia, sobre los puntos de acuerdo emitidos por el honorable Congreso de la Unión, en los que exhorta al Ejecutivo federal a remitir el informe del gobierno de México sobre el cumplimiento de las citadas recomendaciones, adjunto envío documento informativo, el cual explica que el Ejecutivo federal elaboró un informe inicial en marzo de 2003 y uno de seguimiento en octubre de 2004 en relación a las recomendaciones emitidas por dicho Grupo de Trabajo, que fueron enviados oportunamente al mecanismo internacional citado.
Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
«Visita a México del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria 2002
Respuesta y seguimiento de México a las recomendaciones del Grupo de Trabajo
Información adicional en materia de detención arbitraría que se ha hecho del conocimiento de otros órganos de tratados de derechos humanos
Llamamientos urgentes al gobierno de México
Reforma Judicial y sus aspectos positivos en la lucha contra la detención arbitraria
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Remítase a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, para su conocimiento.
UNEFON
La Secretaria diputada Marcela Cuen Garibi : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.
Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.
En respuesta del oficio número DGPL-1P3A.-6516, signado por el senador José González Morfín, vicepresidente de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes original del similar número CA/37/2008, suscrito por el ingeniero Ernesto González Cancino, coordinador de asesores de la Secretaría de la Función Pública, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo a la concesión otorgada a Sistemas Profesionales de Comunicación, SA de CV, ahora Operadora Unefón, SA de CV.
Sin otro particular, reciban un cordial saludo.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de la Función Pública.
Por instrucciones del titular del ramo, me refiero a su oficio número SEL/300/3965/08, de fecha 24 de septiembre del presente año, por el que comunica el punto de acuerdo, aprobado por el Pleno de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, LX Legislatura, en sesión celebrada el 23 de septiembre de 2008, mediante el cual se solicita a la Secretaría de la Función Pública que proporcione información detallada sobre el cumplimiento de las acciones solicitadas por la Auditoría Superior de la Federación emitidas como resultado de la auditoría especial número 06-0-09100-06-721, practicada a la concesión otorgada a Sistemas Profesionales de Comunicación, SA de CV, ahora Operadora Unefón, SA de CV, en el marco de la revisión y fiscalización superior de la Cuenta Pública de 2006, relativas a las investigaciones y al inicio de procedimientos administrativos para el fincamiento de probables responsabilidades sancionatorias y penales que se deriven de actos u omisiones de servidores públicos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de la Comisión Federal de Telecomunicaciones y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Sobre el particular, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 27, fracción XIV, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, me permito solicitar a usted que, a través de la Secretaría de Gobernación, se haga llegar al Congreso de la Unión el oficio de respuesta que se acompaña.
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de la Función Pública.
Senador José González Morfín, Vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión de la LX Legislatura.--- Presente.
Por instrucciones del titular del ramo, me refiero a su oficio número DGPL-1P3A.-6516, por el que comunica a la Secretaría de Gobernación el punto de acuerdo, aprobado por el Pleno de ese órgano legislativo en sesión celebrada el 23 de septiembre de 2008, en el que se solicita a esta secretaría información detallada sobre el cumplimiento de las acciones solicitadas por la Auditoría Superior de la Federación emitidas como resultado de la auditoría especial número 06-0-09100-06-721, practicada a la concesión otorgada a Sistemas Profesionales de Comunicación, SA de CV, ahora Operadora Unefón, SA de CV, en el marco de la revisión y fiscalización superior de la Cuenta Pública de 2006, relativas a las investigaciones y al inicio de procedimientos administrativos para el fincamiento de probables responsabilidades sancionatorias y penales que se deriven de actos u omisiones de servidores públicos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de la Comisión Federal de Telecomunicaciones y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Sobre el particular, me permito comunicarle que, en atención del punto de acuerdo identificado en el párrafo anterior, los Órganos Internos de Control en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en la Comisión Federal de Telecomunicaciones y en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dependientes de la Secretaría de la Función Pública, han abierto expedientes de denuncia, iniciado auditorías y solicitado información a la Auditoría Superior de la Federación para allegarse de las evidencias relacionadas con los hechos que se describen en el informe de resultados de la auditoría número 06-0-09100-06-721, que a continuación se detallan:
Se determinó abrir dos expedientes de denuncia. En el primero de ellos se analiza lo relativo a la irregularidad en la notificación del recurso de revisión, abierto el 13 de junio, en tanto que en el otro expediente, abierto el 22 de mayo, se revisa todo lo relacionado con la fundamentación y motivación en el otorgamiento de la segunda prórroga, así como la determinación y cobro de intereses. Los expedientes se encuentran en etapa de investigación e identificación de presuntos responsables.
El 24 de noviembre de 2008 se presentó en dicho Órgano Interno de Control, por la Auditoría Superior de la Federación, una promoción de responsabilidades administrativas sancionatorias relacionada con el pago de 550 millones de pesos a la empresa Unefón, SA de CV, en 2006, por lo cual se abrió el expediente número DE-079/2008, y con fecha 26 de noviembre del mismo año se informó sobre lo conducente a la Auditoría Superior de la Federación
Con fecha 18 de abril, el subsecretario de Control y Auditoría de la Gestión Pública de la Secretaría de la Función Pública refirió el comunicado de fecha 15 de abril de 2008, mediante el cual el auditor superior de la Federación informó al titular de esta dependencia que, como resultado de la revisión y fiscalización superior de la Cuenta Pública de 2006, se determinaron a la Secretaría de la Función Pública diversas promociones de instancias de control (PIC), en cinco de las cuales la atención corresponde al Órgano Interno de Control en dicha comisión.
Derivado de lo anterior, se emitió la orden de auditoría correspondiente a la revisión de las operaciones realizadas y derivadas de la licitación iniciada en 1997 para el otorgamiento de concesiones para uso, aprovechamiento y explotación de bandas de frecuencia del espectro radioeléctrico para prestación del servicio de acceso inalámbrico fijo o móvil y que se dirige a atender los requerimientos derivados de la auditoría número 06-0-09100-06-721.
El 25 de mayo, la Auditoría Superior de la Federación remitió al Órgano Interno de Control los papeles de trabajo y las constancias documentales relacionadas con las PIC.
El 7 de junio de 2008, dicho Órgano Interno de Control remitió a la Auditoría Superior de la Federación copias de los acuerdos de radicación y por el que se integraron a éste las constancias documentales que fueron recibidas de la propia Auditoría Superior de la Federación para continuar integrando la investigación.
Con acuerdo del 18 de abril de 2008 se radicó el expediente de investigación número DE-24/2008-T-31. El 08 de mayo de 2008, el director general de Auditorías Especiales de la Auditoría Superior de la Federación remitió copia certificada de los papeles de trabajo que soportan la irregularidad que dio lugar a la promoción de intervención de esta instancia de control número 06-0-27100-06-721-02-003.
La información contenida en los expedientes descritos en el presente oficio tiene el carácter de reservada, de conformidad con lo dispuesto en la fracción V del artículo 14 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
Por lo expuesto, la Secretaría de la Función Pública ratifica su compromiso con el Congreso de la Unión, sus órganos internos y sus miembros en particular de prestar la colaboración necesaria para que cumplan sus fines constitucionales y legales, en especial sus atribuciones de control sobre la administración pública federal, con la atenta solicitud de que se tenga por atendido el punto de acuerdo referido en el proemio de este oficio.
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Remítase a la Cámara de Senadores. Continúe la Secretaría.
DIPUTADO QUE SOLICITA LICENCIA
La Secretaria diputada Marcela Cuen Garibi : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.
Diputado César Duarte Jáquez, Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente.--- Presente.
Por este conducto, y con fundamento de lo dispuesto en el artículo 62 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del honorable Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito solicitar licencia por tiempo indefinido para separarme de mi cargo como diputado federal a partir del 12 de enero del año en curso.
Lo hago de su conocimiento a efecto de que se realicen todos los trámites conducentes.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: De conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se pide a la Secretaría poner a discusión el punto de acuerdo.
La Secretaria diputada Marcela Cuen Garibi : Está a discusión el siguiente punto de acuerdo.
Único. Se concede licencia al diputado Carlos Chaurand Arzate para separarse de sus funciones como diputado federal electo en la segunda circunscripción plurinominal a partir del 12 de enero del presente año.
No habiendo quién haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.
Mayoría por la afirmativa, presidente.
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Aprobado. Comuníquese a la Cámara de Diputados.
Yo aquí quiero que me permitan hacer una mención especial, porque conceder hoy licencia a un parlamentario que ha marcado huella, tanto en el Senado de la República como en la Cámara de Diputados, como es nuestro compañero diputado Carlos Chaurand Arzate , es un reconocimiento a esa vasta vida parlamentaria que ha llevado y las aportaciones que le ha dado al Poder Legislativo mexicano.
Felicidades, enhorabuena y le deseamos el mayor de los éxitos.
LEY DE COORDINACION FISCAL
El Secretario diputado José Rubén Escajeda Jiménez : «Escudo.--- Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos.
Secretarios de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.--- Presentes.
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 40, fracción III, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; y 71, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito remitirles en copia certificada el decreto número mil ciento cuarenta y seis, expedido por este Congreso en sesión de la misma fecha, por el cual se envía iniciativa de decreto que reforma el artículo 37 de la Ley de Coordinación Fiscal, para los efectos legales a que haya lugar.
Reitero a ustedes la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.
«Escudo.--- Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos.
Doctor Marco Antonio Adame Castillo, gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Morelos.--- Presente.
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 38 y 40, fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, y en cumplimiento de lo establecido en la fracción XIII del artículo 94 de la Ley Orgánica para el Congreso del estado, me permito remitir a usted el decreto número mil ciento cuarenta y seis, por el que se reforma el artículo 37 de la Ley de Coordinación Fiscal, para ser presentada ante el Congreso de la Unión, expedido por este Congreso en sesión de la misma fecha para su aplicación en cumplimiento de lo dispuesto en la fracción XVII del artículo 70 de la misma Constitución, en el Periódico Oficial Tierra y Libertad, órgano de difusión del gobierno del estado.
Reitero a usted la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.
«Escudo.--- Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos.
La Quincuagésima Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Morelos, en ejercicio de las facultades que le otorga el artículo 40, fracción II, de la Constitución Política local, y
Considerando
I. Del proceso legislativo
II. Materia del dictamen
Es materia de este dictamen la iniciativa presentada por los diputados integrantes del Partido Acción Nacional. Pretende precisar que las aportaciones federales con cargo al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales se destinarán sólo a la satisfacción de las necesidades directamente vinculadas a la seguridad pública de sus habitantes.
Así, exponen los iniciadores:
Que el Ramo 33, ``Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios'', surge de la integración de programas y recursos que antes se ejercían a través de los Ramos 12, 25, 25 y 28, derivado de una serie de reformas y acciones con el objetivo de descentralizar las responsabilidades y los recursos humanos y materiales.
Que en el programa económico enviado por el Ejecutivo federal al Poder Legislativo en noviembre de 1997 para su aprobación y entrada en vigor al año siguiente se planteó la propuesta para la creación del Ramo 33, lo cual implicó reformar y adicionar un capítulo, el V, a la Ley de Coordinación Fiscal, traduciéndose en la creación de la figura ``Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios'', que fue incorporado por primera ocasión en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 1998.
Que la propuesta original presentada por el Ejecutivo federal para crear este ramo consideraba únicamente tres fondos: el de educación básica, el de servicios de salud, y el de infraestructura social municipal.
Que durante las deliberaciones en la comisión dictaminadora se amplió y enriqueció la propuesta original del Ejecutivo, modificándose la denominación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, a la que se llamó ``Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social'', al mismo tiempo que se le integraron dos fondos: uno destinado a los municipios, denominado ``Fondo para la Infraestructura Social Estatal''. Asimismo, se propuso ante el Pleno la creación de dos fondos adicionales, destinados a la satisfacción, en general, de las necesidades municipales y del Distrito Federal. Surgieron así los Fondos de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y del Distrito Federal, y de Aportaciones Múltiples. Además, al Fondo de Educación Básica se incorporaron recursos y facultades con la finalidad de apoyar e impulsar la educación normal en los estados de la federación, denominándose ``Fondos de Aportaciones para la Educación Básica y Normal''.
Que con la creación del Ramo 33 se dotó a las entidades federativas y a los municipios de mayor certeza jurídica y certidumbre en la disponibilidad de recursos y más responsabilidades sobre el uso y la vigilancia de éstos. Tales recursos son transferencias etiquetadas que sólo pueden emplearse para los fines que la Ley de Coordinación Fiscal señala.
Que hay por parte de los iniciadores el temor fundado de que los recursos no son utilizados en el rubro para el cual fueron creados o están destinados. Tal es el caso del Fondo IV, perteneciente al Ramo 33, dado que en algunos municipios dicho recurso no se utiliza con los requerimientos fundamentales para tal efecto, como la provisión presupuestaria en el ejercicio que se generaron, causa de pasivos, autorizaciones previas, aplicación en inversión pública productiva, registro soportado o difusión de montos. Sin embargo, el texto del artículo 37 de la Ley de Coordinación Fiscal no es del todo claro en cuanto a la aplicación del recurso en comento; por tanto, es preponderante que se aplique únicamente al rubro de seguridad pública y no desviar a ningún otro concepto, dadas las condiciones que actualmente acontecen de manera generalizada en el país en materia de seguridad.
III. Valoración
Los integrantes de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Legislación; de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública; y de Seguridad Pública y Protección Civil estudiamos con cuidado la iniciativa presentada, y coincidimos con los iniciadores en que es necesario dar mayor certeza y certidumbre jurídica en el destino de los recursos destinados a las entidades federativas y municipios en materia de seguridad pública, y dado que el artículo 37 de la Ley de Coordinación Fiscal no es del todo claro en cuanto a la aplicación de dicho recurso, consideramos procedente aprobar la presente iniciativa a efecto de que sea presentada al Congreso de la Unión y de que éste dictamine lo conducente.
El Constituyente Permanente de la nación ha realizado con el transcurso del tiempo variadas modificaciones, a la Carta Magna y a diversos ordenamientos, con objeto de regular situaciones particularmente acontecidas y de acuerdo con las condiciones sociales, políticas, jurídicas o económicas, buscando en todo momento un orden justo, equilibrado, que garantice la convivencia entre los mexicanos, y su desarrollo económico, cultural y social.
La presente iniciativa pretende por ello perfeccionar una ley a efecto de dar certeza, certidumbre y seguridad jurídica en que los recursos destinados se destinen exclusivamente para los objetivos a que estén reservados, que en este caso es la satisfacción de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes.
Por lo expuesto, esta soberanía ha tenido a bien expedir el siguiente
Decreto número mil ciento cuarenta y seis, que reforma el artículo 37 de la Ley de Coordinación Fiscal para ser presentada ante el Congreso de la Unión
Primero. La Quincuagésima Legislatura del Congreso del estado, en ejercicio del derecho consagrado en el artículo 71, fracción III, constitucional, presenta a consideración del honorable Congreso de la Unión iniciativa de decreto que reforma el artículo 37 de la Ley de Coordinación Fiscal.
Segundo. Para el efecto de la presentación de la iniciativa correspondiente ante el Congreso de la Unión, se formula la propuesta en los términos siguientes:
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 37 de la Ley de Coordinación Fiscal
Artículo Único. Se reforma el artículo 37 de la Ley de Coordinación Fiscal, para quedar en los siguientes términos:
Artículo 37. Las aportaciones federales que, con cargo al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, reciban los municipios a través de las entidades y las demarcaciones territoriales por conducto del Distrito Federal se destinarán exclusivamente a la satisfacción de las necesidades directamente vinculadas a la seguridad pública de sus habitantes. Respecto de las aportaciones que reciban con cargo al fondo a que se refiere este artículo, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal tendrán las mismas obligaciones a que se refieren las fracciones I y III del artículo 33 de esta ley.
Transitorios
Artículo Primero. Aprobado que sea el presente decreto que contiene la iniciativa correspondiente, túrnese al honorable Congreso de la Unión, para los efectos establecidos en el artículo 71, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo Segundo. Remítase a las legislaturas de los estados y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, solicitándoles su adhesión.
Artículo Tercero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.
LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS
El Secretario diputado José Rubén Escajeda Jiménez : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Asamblea Legislativa del Distrito Federal.--- IV Legislatura.
Diputado César Duarte Jáquez, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presente.
Por este conducto y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, Base Primera, fracción V, inciso ñ) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 42, fracción VIII del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; artículo 10, fracción II y artículo 36, fracciones V y XVI de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, me permito remitir a usted el original de la iniciativa por la que se adiciona un segundo párrafo a la fracción II del artículo 64 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, para los efectos constitucionales y legislativos conducentes.
Sin otro particular, reitero a usted mi consideración distinguida.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Asamblea Legislativa del Distrito Federal.--- IV Legislatura.
Los que suscribimos, diputados de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, IV Legislatura, en nuestro carácter de integrantes de la Mesa Directiva de este órgano de gobierno local, con fundamento de lo dispuesto en los artículos 122, Apartado C, Base Primera, fracción V, inciso ñ), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 42, fracción VIII, del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 10, fracción II, 31, 32 y 36, fracciones II, V, VI y XV, de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, nos permitimos someter a consideración de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
Considerandos
Primero. En los artículos 122, Apartado C, Base Primera, fracción V, inciso ñ), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 42, fracción VIII, del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 10, fracción II, 17, fracción V, y 89, párrafos primero y segundo, de la Ley Orgánica; y en los ordenamientos de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal se otorga a esta soberanía la facultad de presentar al honorable Congreso de la Unión iniciativas de reforma a leyes de aplicación local del Distrito Federal, en los términos prescritos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal.
Ahora bien, de los textos legales invocados en el párrafo precedente se desprende que las iniciativas que se pueden presentar al honorable Congreso de la Unión se constriñen a las materias relativas al Distrito Federal.
En ese tenor, se considera que la presente iniciativa sí versa sobre materias del Distrito Federal, considerando que la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, en el artículo 3o., fracciones I Bis, IV y VI, se establece que ésta es aplicable por los tres órganos de gobierno locales del Distrito Federal, conforme a su transcripción.
Como consecuencia de lo anterior, se desprende que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal es competente para presentar la iniciativa de reforma dirigida al Congreso de la Unión para que, en ejercicio de sus atribuciones como órgano legislativo del Distrito Federal, adicione un segundo párrafo a la fracción II del artículo 64 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, a efecto de armonizarla con las disposiciones que en materia de pruebas prevé la ley que regula el uso de tecnología para la seguridad pública del Distrito Federal.
Segundo. Las Comisiones Unidas de Seguridad Pública, y de Ciencia y Tecnología están facultadas para realizar el análisis y el dictamen de la iniciativa de reforma dirigida al Congreso de la Unión para que, en ejercicio de sus atribuciones como órgano legislativo del Distrito Federal, adicione un segundo párrafo a la fracción II del artículo 64 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, a efecto de armonizarla con las disposiciones que en materia de pruebas prevé la Ley que regula el Uso de Tecnología para la Seguridad Pública del Distrito Federal, de conformidad de lo establecido en los artículos 59, 60, fracción II, 61, 62, fracciones VIII y XXX, 63 y 64 de la Ley Orgánica; 1, 28, 32, primer párrafo, y 33 del Reglamento para el Gobierno Interior; 1, 4, 34, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 y 63 del Reglamento Interior de las Comisiones, todos ellos de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
Tercero. La iniciativa de reforma dirigida al Congreso de la Unión para que, en ejercicio de sus atribuciones como órgano legislativo del Distrito Federal, adicione un segundo párrafo a la fracción II del artículo 64 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, a efecto de armonizarla con las disposiciones que en materia de pruebas prevé la Ley que regula el Uso de Tecnología para la Seguridad Pública del Distrito Federal, consiste en lo siguiente:
Ahora bien, este órgano legislativo local considera procedente aprobar la iniciativa de reforma dirigida al Congreso de la Unión conforme a lo siguiente:
A. Corresponde al Congreso de la Unión
Así las cosas, el artículo 34 de la Ley que Regula el Uso de Tecnología para la Seguridad Pública del Distrito Federal establece que la información obtenida con arreglo a la misma hará prueba plena, salvo el caso en que, durante el transcurso del procedimiento correspondiente, se acredite que fue obtenida en contravención de alguna de sus disposiciones, y señala que en todo caso el juzgador apreciará el resultado de las pruebas de refutabilidad a que haya sido sometida para determinar su alcance probatorio, conforme a su transcripción:
Ahora bien, el artículo 29 de la ley de referencia prevé que la información obtenida con equipos o sistemas tecnológicos en términos de la misma, constituye un medio de prueba, entre otros, en los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio con los que tenga relación, como se desprende de su transcripción:
De esa forma, es trascendente la iniciativa de reforma, dirigida al honorable Congreso de la Unión, que nos ocupa; considerando que a través del procedimiento administrativo disciplinario establecido en los artículos 64 y 65 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos se sancionan los servidores públicos del Distrito Federal que incurran en actos u omisiones que violenten las obligaciones que les impone el artículo 47 de esa norma federal, además de que en muchas ocasiones el ejercicio de esas funciones se realiza en la vía y espacios públicos, por lo que su desempeño puede ser captado con equipos y sistemas tecnológicos; al tenor de lo cual, tomando en cuenta la amplia cobertura de los sistemas y equipos tecnológicos con que cuenta la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, se estará en posibilidad de realizar una mejor y óptima aplicación de la ley que se propone reformar.
III.3. De un estudio exhaustivo a la iniciativa de reforma dirigida al Congreso de la Unión para que, en ejercicio de sus atribuciones como órgano legislativo del Distrito Federal, adicione un segundo párrafo a la fracción II del artículo 64 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, a efecto de armonizarla con las disposiciones que en materia de pruebas prevé la Ley que Regula el Uso de Tecnología para la Seguridad Pública del Distrito Federal, estas comisiones dictaminadoras concluyen que la misma no invade la esfera federal, en virtud de que el artículo que se propone adicionar sólo aplica a los servidores públicos del Distrito Federal y no a los dependientes de alguno de los poderes de la federación, conforme se dispuso en el artículo segundo transitorio del decreto de reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 13 de marzo de 2002, que a la letra dice:
Las disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos seguirán aplicándose en dicha materia a los servidores públicos de los órganos Ejecutivo, Legislativo y Judicial de carácter local del Distrito Federal.''
De esa forma, en la materia, la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos es aplicable en la federación y la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos regula el procedimiento administrativo disciplinario contra las personas que desempeñan un empleo, cargo o comisión públicos en los órganos Ejecutivo, Legislativo y Judicial locales del Distrito Federal.
Como consecuencia de lo anterior, el artículo 64 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos que se propone al Congreso de la Unión adicionar en su fracción II, no es aplicable a los trabajadores federales, por lo que estas comisiones de análisis y estudio legislativo concluyen que la propuesta que se hace no invade su esfera de competencia.
En mérito de lo expuesto y fundado la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, IV Legislatura, acordó resolver y se:
Resuelve
Único. La Asamblea Legislativa del Distrito Federal, IV Legislatura, aprueba la presentación de la iniciativa por la que se adiciona un segundo párrafo a la fracción II del artículo 64 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, para quedar como sigue:
Artículo 64. ...
Transitorios
Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Se derogan todas las disposiciones legales y administrativas que se opongan a la presente reforma.
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Túrnese a la Comisión de la Función Pública de la Cámara de Diputados.
ARTICULOS 26, 29, 73, 74 Y 76 CONSTITUCIONALES - LEY REGLAMENTARIA DEL ARTICULO 28 BIS CONSTITUCIONAL - LEY GENERAL DE PLANEACION - LEY ORGANICA DEL EJERCITO Y LA FUERZA AEREA MEXICANOS - LEY ORGANICA DE LA ARMADA DE MEXICO - LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL - LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION - LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA GUBERNAMENTAL - LEY ORGANICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Se recibió iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; que expide la Ley Reglamentaria del artículo 28 Bis constitucional; reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos, de la Ley Orgánica de la Armada de México, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley General de Planeación, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información PúblicaGubernamental, y de la Ley Orgánica del CongresoGeneral de los Estados Unidos Mexicanos, en nombre del diputado José Alfonso Suárez del Real y Aguilera, del Grupo Parlamentario del PRD.
El Secretario diputado José Rubén Escajeda Jiménez : «Iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; expide la Ley Reglamentaria del Artículo 28 Bis Constitucional; y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de las Leyes Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, Orgánica de la Armada de México, Orgánica de la Administración Pública Federal, General de Planeación, Orgánica del Poder Judicial de la Federación, Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por el diputado José Alfonso Suárez del Real y Aguilera , del Grupo Parlamentario del PRDEl suscrito, diputado federal a la LX Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 71, fracción II, 73, fracción XIV, 78, fracción III, y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 122, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del Congreso de la Unión iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan y reforman los artículos 26, 29, 73, 74 y 76 de la Carta Magna; se crea la Ley Reglamentaria del Artículo 28 Bis de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de los artículos 1o., 4o. y 5o. de la Ley General de Planeación, los artículos 10, 11, 12, 14 y 16 de la Ley Orgánica del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos, los artículos 2, fracciones IV, V, VI y XV, 3, 5, 6, 7, 10, 15, 16, 63 y 70 de la Ley Orgánica de la Armada de México, y los artículos 6, 27, 29 y 30 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; se reforman los artículos 11 y 50 Bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; se adiciona un artículo 14 Bis y se reforma el artículo 15 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; y se adiciona un Título Sexto a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente
Exposición de MotivosMucho se ha escrito sobre seguridad nacional, sin embargo, nuestro texto constitucional no contempla una definición del término. Lo hay de Seguridad Pública y éste, contenido en el artículo 21 Constitucional, ha sido motivo de varias reformas que tienden a perfeccionarlo y a fijar los límites que la propia sociedad está demandando. No obstante, la propia Carta Magna proporciona claros parámetros que nos sirven para establecer esta definición. Es nuestra intención el establecimiento de un marco jurídico normativo que cambie radicalmente el actual concepto de la Seguridad Nacional, establezca nuevas relaciones entre los Poderes de la Unión en este ámbito, tales que contribuyan a un verdadero equilibrio y se garantice, de esta manera, que las decisiones que se tomen en torno a ella, lo serán en beneficio del país, de nuestras instituciones democráticas y del estado de derecho. Como podemos observar en los siguientes artículos constitucionales, la Seguridad Nacional tiene dos componentes: la seguridad interior y la seguridad exterior de la nación.
La experiencia legislativa nos ha enseñado, no obstante que el esquema de seguridad nacional que actualmente tenemos en México, resulta no sólo inoperante sino que se constituye en sí mismo, como un grave riesgo para la seguridad nacional.
Preocupados por contribuir en el establecimiento de una nueva relación entre los Poderes de la Unión, es que hemos diseñado una nueva relación entre las instancias de seguridad nacional, a partir no sólo de los principios fundamentales consignados en el proyecto de nación elaborado por nuestros Constituyentes sino en la observación de diversas experiencias internacionales, que ha avivado en nuestro ánimo el interés legítimo por gozar de la seguridad nacional no sólo como un derecho del ciudadano sino como una obligación del Estado mexicano.
Por ello hemos dado forma a un nuevo artículo constitucional, el 28 bis, en el cual se sistematizan los elementos anteriores creando, al mismo tiempo, una nueva instancia deliberativa, a nivel constitucional: el Consejo de Seguridad Nacional, formado por representantes de los tres Poderes de la Unión, de manera equitativa y paritaria, cumpliendo con ello el mandato de los artículos 41 y 49 de nuestra Carta Magna:
No podrán reunirse dos o más de estos Poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el Legislativo en un individuo, salvo en el caso de facultades extraordinarias al Ejecutivo de la Unión, conforme a lo dispuesto en el artículo 29. En ningún otro caso, salvo lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 131, se otorgarán facultades extraordinarias para legislar.
Asimismo, en este nuevo artículo constitucional se establece que la evaluación de las políticas en materia de Seguridad Nacional corresponde al Poder Legislativo, por lo cual se introduce, al mismo tiempo, una fracción XIV-B al artículo 73, facultando al Congreso para recibir los informes que emita el Ejecutivo en uso de las facultades concedidas por el artículo 89 fracción VI. Consecuentemente, las reformas que se plantean de los artículos 29 y 73, fracción XIV, tienen el objeto fundamental de armonizar legislativamente los principios antes planteados.
Específicamente, en el caso del artículo 29, nos atenemos a lo establecido por Leandro Despouy, relator de la Organización de las Naciones Unidas, para determinar que ``por tratarse de un acto jurídico la declaración del Estado de Excepción debe ser motivada, es decir, debe contener, entre otros elementos, una explicitación clara de los motivos por los que se implanta... De esta suerte, en una situación de paz y normalidad, el criterio que se impone es el goce de los derechos humanos. Si, por el contrario, de lo que se trata es de hacer frente a una situación de crisis... que sí constituye un 'peligro público', que entrañe una amenaza grave para el conjunto de la comunidad, entonces podrá declararse el estado de excepción...'' 1
Por otro lado, partiendo de la naturaleza intrínseca del enrolamiento ciudadano en nuestras Fuerzas Armadas y del tipo de encomiendas que se les atribuyen en el marco de un Estado democrático, es que proponemos que sea la Cámara de Diputados la que ratifique los nombramientos presidenciales de coroneles y demás jefes superiores del Ejército, Fuerza Aérea y Armada nacionales, a partir del principio de representación de la ciudadanía que ésta posee.
Por lo anterior proponemos la modificación del artículo 26 para establecer un efectivo mecanismo de participación activa del Poder Legislativo en la planeación democrática y que sea el Congreso de la Unión junto con el Poder Ejecutivo quienes establezcan las bases de participación popular en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo.
Adicionalmente, proponemos la creación de la Ley Reglamentaria del Artículo 28 Bis de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que sustituiría la vigente Ley de Seguridad Nacional, la cual se abrogaría. En este texto legal se contempla la reglamentación de las atribuciones que el artículo 28 bis otorga al nuevo Consejo de Seguridad Nacional y se determina, según lo establecido por la Organización de las Naciones Unidas en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos que, en el caso de la limitación de garantías individuales deben instituirse, a nivel nacional, reglas claras para su suspensión, en casos de emergencia. Por ello definimos como amenaza ``todo acto o hecho que pueda representar un peligro para la estabilidad y viabilidad del orden constitucional, las instituciones democráticas, la soberanía popular, la independencia y el territorio nacionales'' y, como peligro real e inminente para la Seguridad Nacional, la actualización de estas amenazas.
En esta ley reglamentaria establecemos también que es facultad de la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional el aprobar la Agenda Nacional de Riesgos, contando, para el efecto, con la opinión del nuevo Consejo de Seguridad Nacional, conformado ahora como una instancia deliberativa tripartita y paritaria, que tomará sus acuerdos por mayoría simple de sus integrantes. Asimismo, se señala que el Consejo de Seguridad Nacional contará con tres miembros del Poder Ejecutivo, tres del Legislativo y tres del Judicial, en el ánimo de hacer corresponsables a los tres Poderes de la Unión en la toma de decisiones en una materia tan sensible como lo es la de la seguridad nacional.
En este sentido, si bien el titular del Ejecutivo federal tiene la facultad innegable de diseñar y aplicar las políticas en la materia, éstas no podrán ser puestas en práctica sin la aprobación previa del Consejo de Seguridad Nacional, salvo en casos de extrema urgencia, cuando podrá hacer frente a los peligros reales e inminentes sin este requisito pero debiendo informar a la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional y al Congreso de la Unión de los motivos que generaron estas acciones y sus resultados, ya que los principios filosóficos en materia de equilibrio de poderes señalan que es al Poder Legislativo, en el caso mexicano como representantes de la ciudadanía y del Pacto Federal, al que corresponde dar seguimiento de las políticas públicas implementadas para la defensa de la soberanía, el territorio, las instituciones estatales y los derechos políticos y sociales de la ciudadanía.
Señala Fortino Delgado: 2
El equilibrio de poderes será, por tanto, un baluarte insustituible de toda democracia, y exige también una intensa interlocución con la sociedad, que deberá darse en la representatividad parlamentaria; los flujos de comunicación deben ser directos y bastantes para hacerse oír en el Estado...
Está ya reconocida la necesidad de la evaluación y control legislativo de las políticas y acciones vinculadas con la Seguridad Nacional que emprenda el Poder Ejecutivo. Queda así plasmado en la Ley de Seguridad Nacional sancionada por el Congreso de la Unión y cumplimentada por el Ejecutivo, es así que la intención del legislador fue que este Poder ejerciera facultades fiscalizadoras en la materia. Resulta imprescindible, en el marco de la construcción de un Estado social democrático y de Derecho, la implementación de políticas públicas que obliguen a la corresponsabilidad, en materia de Seguridad Nacional, entre los Poderes de la Unión, para lo cual, debe ser obligatorio para el Consejo de Seguridad Nacional establecer una permanente comunicación con el Congreso de la Unión, a través de la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional, para informar de todas las acciones tomadas en respuesta a las amenazas planteadas en la Agenda Nacional de Riesgos, así como la realización de un informe final que comprenda desde el momento de la detección de éstas, las acciones implementadas para contener las posibles situaciones de emergencia y las políticas públicas que se proponen para evitar que éstas se presenten nuevamente.
Toda esta información debe ser evaluada por la propia Comisión de legisladores, quienes emitirán un juicio relativo a la pertinencia de las medidas adoptadas. En este caso, no podrían aducirse motivos de seguridad nacional para no hacer del conocimiento de la Comisión toda esta información ya que, los legisladores, la reciben como representantes de la ciudadanía y garantes del pacto federal. Sin embargo, al no existir en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos disposición expresa respecto de la Comisión a que nos referimos, es que, en la LX Legislatura ha sido habilitada a partir de un Acuerdo tomado en la Junta de Coordinación Política, 3 el cual si bien no carece de legalidad, resta institucionalidad a sus trabajos.
Por lo anterior, resulta ineludible asumir la obligación que nuestro marco legal nos impone e institucionalizar, en consecuencia, las acciones de la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional, al tenor de lo que marca la ley reglamentaria.
En el contexto de una fuerte polémica social y política generada por la falta de institucionalidad e inefectividad del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, proponemos redireccionar el sentido de su existencia. Si bien coincidimos en que el Estado Mexicano debe, ineludiblemente, contar con órganos que efectúen labores de inteligencia, consideramos también que éstas no pueden y no deben ser conducidas por una entidad tan fuertemente cuestionada e ilegítima. En este sentido, consideramos que las labores de inteligencia desarrolladas por la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad Pública, la Procuraduría General de la República y Petróleos Mexicanos así como las labores de diagnóstico y prevención en materia de protección civil y de desastres ambientales resulta suficiente con una deficiencia fundamental: no existe un órgano que reciba, analice e integre toda esta información.
Por ello, el ahora llamado `` Centro de Investigación y Seguridad Nacional'', creado por la Ley de Seguridad Nacional, pasará a ser el Centro de Diagnóstico Integral de Seguridad Nacional, órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, que funcionará como un área integradora de la información generada por las instancias de seguridad nacional y pública con facultades de investigación. Si bien es cierto que las actividades del Centro cambian radicalmente, también lo es que contará con facultades de investigación acotadas de mayor manera ya que, en los casos en que se presenten peligros reales e inminentes para la seguridad Nacional, el Centro podrá hacer uso de las facultades de investigación que esta Ley le otorga. Asimismo, se establece la obligatoriedad para que, en el momento en que un hecho concreto atente en contra de la Seguridad Nacional y éste constituya presuntamente un delito, el Titular del Ejecutivo, a través del funcionario que él designe, deberá presentar la denuncia penal correspondiente, para que el Ministerio Público tome las previsiones correspondientes.
Asimismo, en la iniciativa que proponemos se establece que las instancias que pueden ser consideradas de seguridad nacional son únicamente las que tienen la facultad legal para desarrollar labores de inteligencia, disposición que tiene por objeto determinar las características que deben poseer estas instancias, debido a las importantes labores que desenvuelven a favor de la preservación del Estado mexicano.
Como un organismo encargado de coordinar las labores de inteligencia, dentro del propio Consejo de Seguridad Nacional, se establece la creación del Comité Técnico Nacional de Inteligencia, conformado por aquellas instancias que tienen facultades en esta materia, presidido por el Secretario de la Defensa Nacional agrupando al Secretario de Marina, al Secretario de Seguridad Pública, al Secretario de Hacienda y Crédito Público, al Procurador General de la República y al Director General del Centro de Diagnóstico Integral de Seguridad Nacional. Este órgano del Consejo de Seguridad Nacional será el encargado de constituir y dirigir una Red Nacional de Diagnóstico de Seguridad Nacional, que permitirá detectar y enfrentar cualquier riesgo a lo largo del territorio nacional.
El Comité Técnico Nacional de Inteligencia tiene como objeto, el intercambio de la información generada a partir de las labores de inteligencia que pudieran constituir una amenaza para la Seguridad Nacional. Esta información deberá ser procesada por el propio Centro, encargado de elaborar un diagnóstico preciso de la situación y de las mejores formas de enfrentarlo para evitar que ésta pueda afectar la estabilidad del Estado mexicano.
En cuanto hace a la Ley General de Planeación, se propone la modificación de los artículos 1o., 4o. y 5o., como ha sido propuesto con anterioridad por nuestro Grupo Parlamentario, con el sentido de que el Congreso de la Unión tenga un papel activo en la definición del Plan Nacional de Desarrollo y, específicamente en la materia de Seguridad Nacional, que la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional apruebe la Agenda Nacional de Riesgos.
Respecto de las Leyes Orgánicas del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos y la de la Armada de México, consideramos que la definición del mando que ejerce el Presidente de la República como ``Mando Supremo'' resulta del todo anacrónica y sin fundamento en el marco de un efectivo equilibrio de Poderes y la construcción de una democracia eficaz, efectiva y operante. Por ello proponemos que se le denomine como Mando Presidencial o Comandante Presidente. De la misma manera, se derogan las facultades atribuidas al Mando Presidencial, en ambos ordenamientos legales, que entran en contradicción con las facultades otorgadas a la Cámara de Diputados y/o al Congreso de la Unión por nuestra Constitución General ya desde los textos fundacionales del Estado Mexicano de 1824 y 1857.
En lo relativo y como parte de la armonización legislativa correspondiente, se modifican los artículos 11 y 50 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para atribuir al Pleno de la Suprema Corte de Justicia la facultad de designar a los dos ministros que formarán parte del nuevo Consejo de Seguridad Nacional.
Por último, resulta indispensable señalar que, en el desenvolvimiento de nuestras actividades legislativas, hemos sido testigos de cómo, partiendo de una falsa interpretación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, las autoridades encargadas de salvaguardar la información reservada sitúan en la misma categoría a los legisladores que al público en general, sin tomar en cuenta, el carácter sustantivo que les da su representatividad. Esto sucede, de manera cotidiana, especialmente en las actividades que tienen que ver con la seguridad nacional.
En este sentido, se nos ha impedido ejercer las facultades que nuestro texto constitucional nos ha atribuido de manera expresa, para fiscalizar el gasto público en instancias como el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Seguridad Pública, sólo por poner algunos ejemplos.
Asimismo, ha sido imposible ejercer un efectivo control legislativo, como la intención del legislador lo determinaba en la formulación de la Ley de Seguridad Nacional, en estas actividades, dado que las propias instancias invocan el texto legal que hoy proponemos modificar, como un escudo infranqueable, imposible e intransitable.
Por ello, para reformar la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, proponemos la introducción de un artículo 14 bis en el cual se estipula, explícitamente, que la información reservada en la materia debe ser entregada a los legisladores federales con el fin último de desempeñar las atribuciones que constitucionalmente les han sido encomendadas, como hemos formulado en Iniciativas previamente presentadas ante esta soberanía.
No obstante lo anterior, estamos convencidos que mucha de esta información merece quedar resguardada del conocimiento popular y mediático y que representaría un grave riesgo para la Seguridad Nacional que fuera filtrada y utilizada por agentes que pudieran lesionar la estabilidad del Estado Mexicano. Es esta la razón de que, en ese mismo artículo, se establezca que los legisladores federales que tengan acceso a esta información y que la hagan pública, serán sujetos de responsabilidad y deberán ser sometidos a procedimientos de desafuero, en términos de lo establecido en el Título Cuarto de la Constitución Federal, y a que se les finquen las responsabilidades administrativas, penales y civiles que correspondan, según lo determinado en la legislación aplicable en la materia.
Asimismo, es mi preocupación que, siendo el plazo máximo de reserva el de 12 años y el plazo de prescripción de la promoción de causas de responsabilidad administrativa para los servidores públicos en casos graves es de cinco años, según lo establecido en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Esto quiere decir que, si dentro de la información reservada, de manera indebida, se oculta información de la cual resultan causas de responsabilidad entonces y debido a los plazos antes mencionados, sería imposible fincarle responsabilidades al servidor público, generando un ámbito de impunidad resguardado con el hálito de la seguridad nacional.
Por ello proponemos que el plazo de prescripción para las causas de responsabilidad cuando la información haya sido clasificada como reservada, sea contado a partir del momento en que ésta se haga pública.
Por todo lo anterior, congruente y comprometido en la construcción de un estado social democrático de derecho, someto a consideración del Congreso de la Unión la siguiente iniciativa con proyecto de
DecretoArtículo Primero. Se reforman y adicionan los artículos 26, 29, 73, 74, 76 y 89 y se crea el artículo 28 bis de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 26.
A. (...)
Los fines del proyecto nacional contenidos en esta Constitución determinarán los objetivos de la planeación. La planeación será democrática a través de una participación activa del Congreso de la Unión . Mediante la participación de los diversos sectores sociales recogerá las aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlas al plan y los programas de desarrollo. Habrá un plan nacional de desarrollo al que se sujetarán obligatoriamente los programas de la Administración Pública Federal.
La ley facultará al Ejecutivo y al Congreso de la Unión para que establezcan los procedimientos de participación y consulta popular en el sistema nacional de planeación democrática, y los criterios para la formulación, instrumentación, control y evaluación del plan y los programas de desarrollo. Asimismo, determinarán los órganos responsables del proceso de planeación y las bases para que el Ejecutivo Federal y el Congreso de la Unión coordinen mediante convenios con los gobiernos de las entidades federativas e induzcan y concierten con los particulares las acciones a realizar para su elaboración y ejecución.
En el sistema de planeación democrática, el Congreso de la Unión tendrá la intervención que señale el artículo 73 constitucional y la ley.
B. (...)
Artículo 28 Bis. El Estado garantizará la seguridad nacional, entendida como:
Se crea el Consejo de Seguridad Nacional, como una instancia deliberativa, el cual aprobará las políticas del Ejecutivo en la materia y que estará integrado de la siguiente manera:
La evaluación de las políticas en materia de seguridad nacional corresponderá al Poder Legislativo, a través de la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional, a la que el Ejecutivo proporcionará toda la información que requiera.
Artículo 29. En los casos de invasión o interrupción del orden constitucional , solamente el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, de acuerdo con el Consejo de Seguridad Nacional y con aprobación del Congreso de la Unión, y, en los recesos de éste, de la Comisión Permanente, podrá suspender en todo el país o en lugar determinado las garantías que fuesen obstáculo para hacer frente inmediatamente al hecho ; pero deberá hacerlo por un tiempo limitado, por medio de prevenciones generales y sin que la suspensión se contraiga a determinado individuo. Si la suspensión tuviese lugar hallándose el Congreso reunido, éste concederá las autorizaciones que estime necesarias para que el Ejecutivo haga frente al hecho , pero si se verificase en tiempo de receso, se convocará sin demora al Congreso para que las acuerde.
Artículo 73. El Congreso tiene facultad para
Artículo 74. Son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados:
(...)
Artículo 76. Son facultades exclusivas del Senado:
(...)
(...)
Artículo 89. Las facultades y obligaciones del Presidente, son las siguientes:
(...)
Artículo Segundo. Se crea la Ley Reglamentaria del Artículo 28 Bis de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar en los siguientes términos:
Ley Reglamentaria del Artículo 28 Bis de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Artículo 1. Las disposiciones de la presente Ley son de orden público y de observancia general en todo el territorio nacional.
La misma tiene por objeto establecer las bases de integración y acción coordinada de las instituciones y autoridades encargadas de preservar la Seguridad Nacional, en sus respectivos ámbitos de competencia; así como la forma y los términos en que las autoridades de las entidades federativas y los municipios colaborarán con la Federación en dicha tarea y regular los instrumentos legítimos para fortalecer los controles aplicables en la materia.
Artículo 2. Corresponde al Titular del Ejecutivo federal el diseño y aplicación de las políticas en la materia, previa aprobación del Consejo de Seguridad Nacional.
Artículo 3. Para efectos de esta Ley, por Seguridad Nacional se entiende:
Artículo 4. La Seguridad Nacional se rige por los principios de legalidad, responsabilidad, respeto a los derechos humanos y garantías individuales y sociales, confidencialidad, lealtad, transparencia, eficiencia, coordinación y cooperación.
Artículo 5. Para los efectos de la presente Ley, son amenazas a la Seguridad Nacional todo acto o hecho que pueda representar un peligro para la estabilidad y viabilidad del orden constitucional, las instituciones democráticas, la soberanía popular, la independencia y el territorio nacionales.
Artículo 6. Para los efectos de la presente Ley, se entiende por peligro real e inminente para la Seguridad Nacional, la actualización de las amenazas a que se refiere el artículo anterior y que constituyen una trasgresión del marco jurídico nacional, concreta y presente, que pone en peligro a la Seguridad Nacional y que requiere una respuesta inmediata por parte del Estado.
Artículo 7. Para los efectos de la presente Ley, se entiende por:
Artículo 8. En el Plan Nacional de Desarrollo y en el programa que de él derive, se definirán temas de Seguridad Nacional.
La Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional aprobará la Agenda Nacional de Riesgos contando con la opinión del Consejo de Seguridad Nacional.
Artículo 9. A falta de previsión expresa en la presente Ley, se estará a las siguientes reglas de supletoriedad:
Artículo 10. Las instancias de Seguridad Nacional contarán con la estructura, organización y recursos que determinen las disposiciones que les den origen.
Las actividades propias de inteligencia para la Seguridad Nacional cuyas características requieran de confidencialidad y reserva para el éxito de las investigaciones serán normadas presupuestalmente de manera específica por las dependencias del Ejecutivo Federal que correspondan, de acuerdo a su competencia.
En ningún caso y por ningún motivo, las dependencias, organismos y órganos desconcentrados de la Administración Pública Federal que no desarrollen labores de inteligencia podrán ser considerados como instancias de seguridad nacional.
Artículo 11. El personal de las instancias de Seguridad Nacional, acordará previamente a su ingreso con la institución contratante, la guarda de secreto y confidencialidad de la información que conozcan en o con motivo de su función.
Artículo 12. Los titulares de las instituciones de Seguridad Nacional, deben reunir los requisitos siguientes:
Artículo 13. Para la coordinación de las acciones de las instancias federales orientadas a preservar la Seguridad Nacional, el Ejecutivo podrá determinar lo conducente.
Artículo 14. El Consejo de Seguridad Nacional es una instancia deliberativa, tripartita y paritaria, que estará integrado de la siguiente manera:
Los integrantes del Consejo no podrán nombrar suplente y la asistencia a sus reuniones es obligatoria para todos ellos.
El Consejo contará con un Secretario Técnico, que será nombrado por el Consejo y dependerá directamente de él. Contará con un presupuesto asignado en el Presupuesto de Egresos de la Federación. Éste no será integrante del Consejo.
Artículo 15. Son facultades y atribuciones del Consejo de Seguridad Nacional, las siguientes:
Todos los acuerdos que se tomen en el Consejo, lo serán por mayoría simple de votos de sus integrantes.
Artículo 16. El Titular del Ejecutivo diseñará y aplicará las políticas en materia de Seguridad Nacional, previa aprobación del Consejo, para lo cual deberá:
Artículo 17. El Secretario Técnico del Consejo tendrá a su cargo las siguientes funciones:
Artículo 18. El Consejo se reunirá, al menos, una vez cada dos meses, excepto cuando, al presentarse una situación de emergencia, el Titular del Ejecutivo lo convoque, de manera extraordinaria.
Artículo 19. Las reuniones del Consejo serán de carácter reservado. Para un mejor conocimiento por parte de sus miembros de los asuntos que se sometan a su competencia, podrán asistir a ellas los funcionarios o servidores públicos que determine el Consejo.
Las actas y documentos que se generen en las sesiones del Consejo son reservados, y su divulgación se considerará como causa de responsabilidad, conforme lo establezcan las leyes.
Previa autorización del Consejo, también se podrán realizar consultas a expertos, instituciones académicas y de investigación en las materias relacionadas con la Seguridad Nacional.
Artículo 20. Para la coordinación de las labores de investigación, se crea el Comité Técnico Nacional de Investigación. Se integrará con
Las reuniones del Comité Técnico Nacional de Investigación serán bimensuales y tendrán por objeto el intercambio de la información obtenida por las actividades de investigación y que constituya una amenaza para la Seguridad Nacional. Esta información deberá ser procesada por el Centro, independientemente del seguimiento que de ésta, haga cada una de las instancias.
Capítulo II Del Centro de Diagnóstico Integral de Seguridad NacionalArtículo 21. El Centro de Diagnóstico Integral de Seguridad Nacional es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, con autonomía técnica, operativa y de gasto, adscrito directamente al Titular de dicha Secretaría.
Artículo 22. Son funciones del Centro:
Artículo 23. Los mecanismos y las reglas para la selección, ingreso, nombramiento, capacitación, promoción y profesionalización del personal del Centro, se regirán por el Estatuto Laboral que al efecto expida el Presidente de la República. En éste se garantizarán los mecanismos de capacitación y promoción para la seguridad laboral, así como los estímulos requeridos para un servicio confiable, profesional y de calidad por parte del personal del Centro.
Artículo 24. Todas las funciones que desempeñen los servidores públicos del Centro, serán consideradas de confianza y están obligados a mantener reserva de la información y de los asuntos a los que tengan acceso, por la naturaleza de sus funciones.
Artículo 25. Los servidores públicos del Centro estarán sujetos a los mecanismos de control de confiabilidad que determine el Estatuto.
Capítulo IV De la Coordinación para la Seguridad NacionalArtículo 26. En la aplicación de la presente Ley y las medidas de coordinación que establece, se mantendrá el respeto a las atribuciones de las instancias que participen. El Centro recibirá, analizará e integrará toda la información que generen las instancias de seguridad nacional.
Artículo 27. Cuando un hecho concreto que atente en contra de la Seguridad Nacional constituya a su vez presuntamente un delito, el Titular del Ejecutivo, a través del funcionario que él designe, estará obligado a presentar la denuncia correspondiente, sin perjuicio de seguir ejerciendo las facultades que tengan en la esfera de su competencia, para realizar los diagnósticos respectivos para prevenir y evitar amenazas, con independencia de las que le correspondan al Ministerio Público.
Artículo 28. En los términos y ámbitos de competencia que para las instancias prevé el Título Sexto de la presente Ley, el Titular del Ejecutivo Federal celebrará convenios de colaboración generales y específicos para coordinar las acciones en materia de Seguridad Nacional con autoridades estatales y municipales y otras entidades de la Administración Pública Federal, de lo cual deberá informar a la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional.
En el mismo sentido y para establecer los términos y lineamientos que orienten el ejercicio de las atribuciones que le confiere la presente Ley, celebrará Bases de Colaboración con las dependencias de la Administración Pública Federal que resulten competentes.
En materia de procuración de Justicia, el Centro será auxiliar del Ministerio Público de la Federación y prestará cooperación, apoyo técnico y tecnológico, intercambio de información sobre delincuencia organizada y las demás acciones legales que se acuerden en el Consejo, observando en todo momento respeto a las formalidades legales, los derechos humanos y las garantías individuales.
Artículo 29. Con independencia de los mecanismos de coordinación que se establezcan, cuando se presenten peligros reales e inminentes para la Seguridad Nacional las instancias, los organismos constitucionalmente autónomos y las instituciones de seguridad de las entidades federativas, proporcionarán de manera inmediata la cooperación e información que se les solicite, a fin de que el Titular del Ejecutivo federal pueda actuar según lo establecido en la fracción VI del artículo 89 constitucional y lo dispuesto en esta Ley.
Artículo 30. Las instancias establecerán una Red Nacional de Diagnóstico de Seguridad Nacional, que sirva como instrumento de apoyo en el proceso de toma de decisiones.
En la formación y operación de la Red, así como en la instrumentación de las políticas, programas y acciones relacionadas con la Seguridad Nacional, se integrará al esfuerzo de la Federación, el de las entidades federativas y los municipios, a través del Titular del Ejecutivo Federal, mediante convenios de colaboración que se celebrarán conforme a lo establecido por el Título Sexto de la presente Ley.
Artículo 31. Los integrantes del Consejo, podrán solicitar a los distintos órganos de gobierno y a los organismos constitucionalmente autónomos, la información necesaria para el cumplimiento de las atribuciones que le otorga esta ley.
Título Tercero De la Inteligencia para la Seguridad Nacional Capítulo I De la Información y la InteligenciaArtículo 32. Se entiende por inteligencia el conocimiento obtenido a partir de la recolección y procesamiento de información, para la toma de decisiones en materia de Seguridad Nacional. Estas acciones deberán ser realizadas únicamente por las instancias autorizadas y en ningún caso deberán ser transferidas, encargadas, contratadas o subcontratadas con empresas privadas o particulares.
Artículo 33. La información sólo podrá ser recabada, compilada y procesada con fines de Seguridad Nacional por las instancias autorizadas.
Artículo 34. Al ejercer atribuciones propias de la producción de inteligencia, las instancias gozarán de autonomía técnica y podrán hacer uso de cualquier método de recolección de información autorizado legalmente, sin afectar en ningún caso las garantías individuales ni los derechos humanos.
Artículo 35. Para los efectos de esta Ley se entiende por contrainteligencia a las medidas de protección de las instancias en contra de actos lesivos e ilegales, así como a las acciones orientadas a disuadir o contrarrestar su comisión.
Capítulo II De las Intervenciones de Comunicaciones Sección I De la SolicitudArtículo 36. En los casos de peligro real e inminente a los que se refiere el artículo 6 de esta Ley, el Gobierno Mexicano podrá hacer uso de los recursos que legalmente se encuentren a su alcance, incluyendo la información anónima.
Artículo 37. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Centro deberá solicitar en los términos y supuestos previstos por el artículo 36 de la presente Ley, autorización judicial para efectuar intervenciones de comunicaciones privadas en materia de Seguridad Nacional. En estos casos, el Centro deberá hacer del conocimiento del Ministerio Público federal los hechos que constituyan un delito, para que éste tome las previsiones correspondientes.
Se entiende por intervención de comunicaciones la toma, escucha, monitoreo, grabación o registro, que hace una instancia autorizada, de comunicaciones privadas de cualquier tipo y por cualquier medio, aparato o tecnología.
Artículo 38. La solicitud a que se refiere el artículo anterior sólo procederá cuando se esté en uno de los supuestos que se contemplan en el artículo 6 de la presente Ley. En ningún otro caso podrá autorizarse al Centro la intervención de comunicaciones privadas.
El Poder Judicial de la Federación, de acuerdo con su ley orgánica, determinará los juzgados que deban conocer de las solicitudes que en materia de Seguridad Nacional se presenten para intervenir comunicaciones privadas.
Artículo 39. Los procedimientos judiciales que se instauren para autorizar las solicitudes de intervención en materia de Seguridad Nacional no tendrán naturaleza contenciosa y sus constancias procesales carecerán de valor probatorio en procedimientos judiciales o administrativos.
Cuando el Centro coopere en las actividades de procuración de justicia, las intervenciones de comunicaciones privadas en las que se preste auxilio técnico tendrán naturaleza distinta a las reguladas por este Capítulo y se ajustarán a los requisitos y formalidades que establezca el Código Federal de Procedimientos Penales y la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.
Sección II Del ProcedimientoArtículo 40. El procedimiento tiene carácter reservado, por lo que las solicitudes se registrarán en un libro de gobierno especial que se manejará por el personal que para tal efecto designe el juez. No se permitirá el acceso a los expedientes a persona alguna, salvo al secretario del juzgado y a quien se autorice por escrito por parte del juez.
Artículo 41. La solicitud a que se refiere el artículo 37, debe contener:
I. Una descripción detallada de los hechos y situaciones que representen algún peligro real e inminente para la Seguridad Nacional en los términos del artículo 6 de esta Ley. Deberá contener los datos de las personas que se considere como probables responsables y estos datos deberán ser puestos a disposición del Ministerio Público federal para que presente la denuncia penal correspondiente.Dicha descripción omitirá datos de identificación de personas, lugares o cosas cuya difusión indebida, ponga en riesgo su seguridad o la investigación en curso.
Artículo 42. Una vez presentada la solicitud, el juez debe proporcionar acuse de recibo y emitir dentro de las veinticuatro horas contadas a partir de la solicitud, una resolución fundada y motivada en la que puede otorgar o negar la autorización solicitada.
En caso de negarla, el juez señalará los motivos de su negativa y los requisitos que deben cubrirse para la procedencia de ésta.
La intervención puede aplicarse a comunicaciones y emisiones privadas, realizadas por cualquier medio de transmisión, conocido o por conocerse, o entre presentes, incluyendo la grabación de imágenes privadas.
Artículo 43. El juez, al emitir la resolución que autorice la medida solicitada, en todo caso deberá precisar:
Artículo 44. La ejecución de las intervenciones en materia de Seguridad Nacional, en términos de lo señalado en los artículos 36 y 37 de esta Ley están a cargo del Centro. El control lo deberá realizar el juez que autorizó la intervención, pudiendo fincar responsabilidades penales en caso de que los investigadores del Centro se excedan en el uso de las facultades concedidas por vía judicial.
Artículo 45. Los datos que se obtengan de las actividades autorizadas mediante resolución judicial será información reservada que sólo podrá conocer el Director General del Centro, el Titular del Ejecutivo federal, el Consejo de Seguridad Nacional, la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional y los jueces federales competentes.
Sección III De la Vigencia de la AutorizaciónArtículo 46. Las intervenciones se autorizarán por un lapso no mayor de noventa días naturales. Como casos de excepción debidamente justificados, el juez podrá autorizar prórroga a dicho plazo; hasta por un periodo igual al de la autorización original.
Artículo 47. La solicitud de prórroga se someterá al procedimiento a que se refiere la Sección II del presente Capítulo, y en ella se deberán especificar las consideraciones que justifiquen que la intervención continúa siendo necesaria para investigar un peligro real e inminente a la Seguridad Nacional. En la descripción de los hechos que motiven la prórroga se aplicará lo dispuesto en la fracción I del artículo 41 de esta ley.
Sección IV De las ObligacionesArtículo 48. El personal del juzgado referido en el artículo 40 está obligado a mantener secreto del contenido de las solicitudes y resoluciones de autorización, así como aquella información generada por la aplicación de las mismas, de la que llegaren a tener conocimiento.
Artículo 49. Las empresas concesionarias que provean o presten servicios de comunicación de cualquier tipo, están obligadas a conceder todas las facilidades y acatar las resoluciones por las que se autoricen las actividades en materia del presente título.
De la misma manera, en el caso de las instituciones federales, estatales, del Distrito Federal y municipales, estarán obligadas a otorgar y facilitar el desarrollo de estas actividades, previa autorización judicial.
Artículo 50. Toda información que se obtenga por medio de las actividades materia del presente Capítulo es parte de la información del Centro, por lo que su destino final será determinado por el Consejo. Las personas que participen en las diligencias de intervención de comunicaciones, excepto el personal instruido para ello por el Director General del Centro, se abstendrán de obtener o guardar original o copia de la información obtenida a través de tales medidas.
Artículo 51. La información y los materiales de cualquier especie que sean producto de una intervención de comunicaciones privadas autorizadas conforme a las disposiciones de este Capítulo, tendrán invariablemente el carácter de reservados. Su difusión no autorizada implicará responsabilidad en los términos de la presente Ley, sin perjuicio de lo dispuesto en otros ordenamientos legales aplicables.
Sección V De los Casos de UrgenciaArtículo 52. En casos de excepción, existan indicios de que pueda consumarse un peligro real e inminente y el cumplimiento del procedimiento establecido en la Sección II del presente Capítulo ponga en riesgo la Seguridad Nacional, el juez, por la urgencia, podrá autorizar de inmediato la medida que se requiera, sin menoscabo de las responsabilidades civiles, administrativas o penales que resulten de dicha autorización. La pertinencia de esta solicitud deberá ser evaluada, posteriormente, por la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional.
Capítulo III Del Acceso a la Información en materia de Seguridad NacionalArtículo 53. Cada instancia es responsable de la administración y protección de la información que genere o custodie, en los términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y la presente Ley.
Artículo 54. Además de la información que satisfaga los criterios establecidos en la legislación general aplicable, es información reservada por motivos de Seguridad Nacional:
El encargado de determinar si la información es reservada por motivos de Seguridad Nacional será el Titular del Ejecutivo Federal, de acuerdo con la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional.
Artículo 55. La publicación de información no reservada, generada o custodiada por el Centro, se realizará invariablemente con apego al principio de la información gubernamental.
Artículo 56. Los servidores públicos que laboren en las instancias que integren el Consejo o en el Centro, así como cualquier otro servidor público o cualquier persona que se le conceda acceso a la información relacionada con la Seguridad Nacional, deberán otorgar por escrito un compromiso de confidencialidad que observarán en todo tiempo, aún después de que hayan cesado en el cargo en razón del cual se les otorgó el acceso, pudiendo ser objeto de responsabilidad administrativa, civil o penal, de acuerdo con la legislación en la materia y lo establecido en la presente ley.
Artículo 57. La persona que por algún motivo participe o tenga conocimiento de productos, fuentes, métodos, medidas u operaciones de inteligencia, registros o información derivados de las acciones previstas en la presente Ley, debe abstenerse de difundirlo por cualquier medio y adoptar las medidas necesarias para evitar que lleguen a tener publicidad.
Artículo 58. Corresponde al Centro definir las medidas de protección, destrucción, códigos de seguridad en las comunicaciones y demás aspectos necesarios para el resguardo de la información que se genere con motivo de sus investigaciones en materia de seguridad nacional.
Título Cuarto Del Control Legislativo Capítulo ÚnicoArtículo 59. Las políticas y acciones vinculadas con la Seguridad Nacional estarán sujetas a la evaluación del Poder Legislativo Federal, por conducto exclusivo de la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional, que se integrará por tres senadores y tres diputados.
La presidencia de la Comisión será rotativa, anual y recaerá alternadamente en un senador y un diputado.
Artículo 60. La Comisión Bicamaral tendrá las siguientes atribuciones:
Artículo 61. Los informes y documentos que se entregue deberán contener toda la información necesaria para que los legisladores puedan realizar su función evaluatoria.
El titular del Ejecutivo federal debe entregar a esta Comisión Bicamaral la información reservada así como la información reservada por razones de seguridad nacional, con toda prontitud y oportunidad.
Artículo 62. Los legisladores integrantes de la Comisión Bicamaral deberán resguardar y proteger la información y documentación que se les proporcione, evitando su uso indebido, sin que pueda ser difundida o referida. En caso contrario, serán causa de responsabilidad en términos de la legislación en la materia.
Título Quinto De la Protección de los Derechos de las Personas Capítulo ÚnicoArtículo 63. Los servidores públicos cuyas áreas estén relacionadas con la Seguridad Nacional, orientarán, con base en los principios previstos en el artículo 4o., el desempeño de sus funciones, preservando los de legalidad, responsabilidad, respeto a los derechos humanos y garantías individuales y sociales que deben cumplir en términos de las disposiciones legales que regulan al servicio público.
Artículo 64. Fuera de los casos y condiciones previstos por esta ley, ninguna persona estará obligada a proporcionar información a los servidores públicos adscritos al Centro.
Artículo 65. Los datos personales de los sujetos que proporcionen información, serán confidenciales.
Artículo 66. En ningún caso se divulgará información reservada que, a pesar de no tener vinculación con amenazas a la Seguridad Nacional o con acciones o procedimientos preventivos de las mismas, lesiones la privacidad, la dignidad de las personas o revelen datos personales.
Título Sexto De la Cooperación de las Instancias Estatales, del Distrito Federal y Municipales Capítulo ÚnicoArtículo 67. La cooperación de los poderes y órganos de gobierno de las entidades federativas en la función de garantizar la Seguridad Nacional se establecerá para:
Artículo 68. Los gobiernos de las entidades federativas, en el ejercicio de las atribuciones que les correspondan por virtud de lo previsto en el presente Título, en ningún caso estarán facultados para causar actos de molestia o de cualquier naturaleza que afecten la esfera jurídica de los particulares.
Artículo 69. En la regulación y el ejercicio de las atribuciones que conforme al presente Título les correspondan a las entidades federativas, se observará puntualmente lo previsto por los artículos 117, 118 y 119 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo 70. El resguardo, protección y vigilancia de las instalaciones estratégicas del país corresponde a la Federación, que se coordinará con las instituciones de los estados, del Distrito Federal y los municipios para garantizar la seguridad perimetral y el apoyo operativo, en caso necesario, de acuerdo con lo establecido en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
El Ejecutivo federal constituirá un Grupo Interinstitucional para las Instalaciones Estratégicas, encargado de coordinar las acciones en la materia.
Artículo Tercero. Se reforman los artículos 1o., 4o. y 5o. de la Ley General de Planeación, para quedar como sigue:
Artículo 1o. ...
Artículo 4o. Es responsabilidad del Ejecutivo federal conducir la planeación nacional del desarrollo con la participación democrática del Congreso de la Unión , de conformidad con lo dispuesto en la presente ley.
Artículo 5o. El Ejecutivo federal, al tomar posesión como Presidente de la República, remitirá el proyecto del plan al Congreso de la Unión dentro de los primeros nueve meses de su administración, para su examen, modificación y aprobación. En el ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, el Congreso de la Unión después de recibir el plan deberá aprobar éste antes del 15 de diciembre del mismo año en que lo recibió.
El Congreso de la Unión, previo a la aprobación o modificación, según sea el caso, del proyecto de plan, mediante convocatorias consultará a los grupos sociales a que se refiere el artículo 20 de la presente ley, quienes participarán en la planeación democrática. El resultado de la consulta será referencia obligada para la revisión y en su caso, aprobación o modificación del plan.
Asimismo, el Congreso de la Unión formulará las observaciones que estime pertinentes durante la ejecución del propio plan.
En materia de Seguridad Nacional, la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional aprobará la Agenda Nacional de Riesgos contando con la opinión del Consejo de Seguridad Nacional.
Artículo Cuarto. Se reforman los artículos 10, 11, 12, 14 y 16 de la Ley Orgánica del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 10. El Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos conforman una organización que realiza sus operaciones mediante una estructura jerárquica que comprende los siguientes niveles de mando:
Artículo 11. El mando presidencial del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, corresponde al presidente de la República, quien lo ejercerá por sí o a través del Secretario de la Defensa Nacional; para el efecto, durante su mandato se le denominará Comandante Presidente de las Fuerzas Armadas.
Artículo 12. Cuando se trate de operaciones militares en las que participen elementos de más de una Fuerza Armada o de la salida de tropas fuera del Territorio Nacional, el Presidente de la República ejercerá su Mando (...) por conducto de la autoridad militar que juzgue pertinente.
Artículo 14. Son facultades del Mando Presidencial :
Artículo 16. El Alto Mando del Ejército y Fuerza Aérea lo ejercerá el Secretario de la Defensa Nacional, el cual será un ciudadano o ciudadana mexicano , hijo de padres mexicanos, designado por el Presidente de la República, de una terna propuesta por la Cámara de Diputados .
Artículo Quinto. Se reforman los artículos 2, fracciones IV, V, VI y XV, 3, 5, 6, 7, 10, 15, 16, 63 y 70 de la Ley Orgánica de la Armada de México.
Artículo 2. Son atribuciones de la Armada de México, las siguientes:
Artículo 3. La Armada de México ejecutará sus atribuciones por sí o conjuntamente con el Ejército y Fuerza Aérea o en coadyuvancia con las dependencias del Ejecutivo Federal, cuando lo ordene el Mando Presidencial o cuando las circunstancias así lo requieran.
Artículo 5. La Armada de México, para el cumplimiento de su misión, ejercicio de sus atribuciones y desarrollo de sus operaciones navales, comprende los siguientes niveles de Mando:
El Presidente de la República es el Comandante Presidente de las Fuerzas Armadas. Para efectos de esta Ley se le reconocerá como Mando Presidencial de la Armada de México.
Artículo 6. Son atribuciones y obligaciones del Mando Presidencial las siguientes:
Artículo 7. El Alto Mando lo ejercerá el Secretario de Marina y será responsable ante el Mando Presidencial del desempeño de las atribuciones siguientes:
Artículo 10. Los mandos pueden ser
Artículo 15. Las regiones navales son áreas geoestratégicas que agrupan a zonas, sectores, subsectores y apostaderos navales. Serán determinadas por el Congreso, de conformidad con el artículo 73 fracción XIV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos .
...
Artículo 16. Las zonas navales son las áreas geográfico-marítimas determinadas por el Mando Presidencial , que agrupan a sectores, subsectores y apostaderos navales, fuerzas adscritas, incorporadas y destacadas, así como unidades y establecimientos que se encuentran dentro de su jurisdicción.
...
Artículo 63. Los ascensos de Capitán de Navío hasta Almirante serán conferidos de acuerdo a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley de Ascensos de la Armada.
Para tal efecto, el Alto Mando propondrá al Mando Presidencial el personal que reúna los requisitos para ascender, y le informará de las vacantes que existan para cada jerarquía para que éste proceda conforme a lo establecido en la fracción III-B del artículo 74 constitucional .
Artículo 70. Para los efectos de ratificación de los nombramientos de Capitán de Navío hasta Almirante, a que se refiere la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Alto Mando remitirá la documentación correspondiente a la Cámara de Diputados o a la del Congreso de la Unión, por conducto de la Secretaría de Gobernación.
Artículo Sexto. Se deroga el artículo 6o. y se reforman los artículos 27, 29 y 30 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para quedar como sigue:
Artículo 6o. Se deroga.
Artículo 27. A la Secretaría de Gobernación corresponde el despacho de los siguientes asuntos:
Artículo 29. A la Secretaría de la Defensa Nacional corresponde el despacho de los siguientes asuntos:
Artículo 30. A la Secretaría de Marina corresponde el despacho de los siguientes asuntos:
Artículo Séptimo. Se reforman los artículos 11 y 50 Bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para quedar como sigue:
Artículo 11. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia velará en todo momento por la autonomía de los órganos del Poder Judicial de la Federación y por la independencia de sus miembros, y tendrá las siguientes atribuciones:
Artículo 50 Bis. En materia federal, la autorización para intervenir de comunicaciones privadas, será otorgada de conformidad con la Ley Federal en materia de Delincuencia Organizada y con la Ley Reglamentaria del artículo 28 bis constitucional respectivamente.
Artículo Octavo. Se adiciona un artículo 14 bis y se reforma el artículo 15 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, para quedar como sigue:
Artículo 14 Bis. Las disposiciones contenidas en los artículos 13 y 14 de esta Ley, relativas al carácter reservado de la información no serán aplicables a los legisladores federales, en el desempeño de sus atribuciones constitucionales y legales. Su difusión al público será causa de responsabilidad en términos de lo establecido en el Título Cuarto constitucional así como de la legislación aplicable en la materia.
Artículo 15. La información clasificada como reservada según los artículos 13 y 14, podrá permanecer con tal carácter hasta por un periodo de doce años. Esta información podrá ser desclasificada cuando se extingan las causas que dieron origen a su clasificación o cuando haya transcurrido el periodo de reserva. La disponibilidad de esa información será sin perjuicio de lo que, al respecto, establezcan otras leyes. Para efecto de establecer causas de responsabilidad de los funcionarios públicos en términos de la legislación aplicable en la materia, el término de prescripción comenzará a correr a partir del momento en que la información sea desclasificada o haya transcurrido el período de reserva.
(...)
Artículo Noveno. Se adiciona un Título Sexto a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Título Sexto De la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional Capítulo ÚnicoArtículo 136.
1. Para el control y evaluación de las políticas y acciones vinculadas con la Seguridad Nacional, se constituye la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional. En el ámbito legislativo, esta Comisión tiene el carácter de ordinaria, por lo cual quedan a su cargo las tareas de dictamen legislativo, de información y de control evaluatorio conforme a lo dispuesto por el artículo 93 constitucional.
2. La Comisión estará integrada por tres senadores y tres diputados. La Presidencia de la Comisión será rotativa anual y recaerá alternadamente en un senador y en un diputado.
3. Los miembros de esta Comisión serán electos por el pleno de cada Cámara a propuesta de las respectivas juntas de Coordinación Política.
Artículo 137.
La Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional tendrá, además, las atribuciones que le otorga la Ley Reglamentaria del Artículo 28 Bis de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las demás que le otorgue otras disposiciones legales.
Artículo 138.
La Comisión Bicamaral deberá resguardar y proteger la información y documentación que se le proporcione, evitando su uso indebido, sin que pueda ser difundida o referida. En caso contrario, será causa de responsabilidad administrativa, civil o penal, de conformidad con la legislación en la materia.
TransitoriosArtículo Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Artículo Segundo. Se abroga la Ley de Seguridad Nacional, publicada el 31 de enero de 2005 en el Diario Oficial de la Federación.
Artículo Tercero. El Consejo de Seguridad Nacional deberá quedar instalado y celebrar su primera reunión durante los treinta días naturales siguientes al inicio de la vigencia de la Ley Reglamentaria del Artículo 28 Bis de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Asimismo, el Comité Técnico Nacional de Investigación contará con un plazo no mayor a los cuarenta y cinco días naturales para su instalación.
Artículo Cuarto. El Ejecutivo Federal expedirá y publicará el Reglamento de la Ley Reglamentaria del Artículo 28 Bis de la Constitución Política, dentro de los siguientes sesenta días naturales a la entrada en vigor de la presente, por lo cual se deroga el Reglamento de la Ley de Seguridad Nacional y el Reglamento para la Coordinación de Acciones Ejecutivas en materia de Seguridad Nacional, vigentes.
Artículo Quinto. El Titular del Ejecutivo Federal expedirá el Estatuto Laboral del Centro, dentro de los siguientes noventa días naturales a la entrada en vigor de la Ley Reglamentaria del Artículo 28 Bis de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual deberá ser publicado en el Diario Oficial de la Federación, para surtir plenos efectos.
Artículo Sexto. El Ejecutivo Federal dispondrá las medidas presupuestarias necesarias para el cumplimiento de la Ley Reglamentaria del Artículo 28 Bis de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el ejercicio presupuestal vigente, medidas que deberán ser incluidas en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación del siguiente ejercicio fiscal, para su aprobación por la Cámara de Diputados.
Artículo Séptimo. La autonomía de gasto que el artículo 21 que la Ley Reglamentaria del Artículo 28 Bis de la Constitución Política establece para el Centro de Diagnóstico Integral de Seguridad Nacional en el ejercicio de su presupuesto, se definirá en el reglamento de esta Ley, en los términos de las disposiciones presupuestarias aplicables.
Artículo Octavo. El Poder Judicial de la Federación determinará los juzgados a que se refiere el segundo párrafo del artículo 37, dentro de los cuarenta y cinco días naturales siguientes a la entrada en vigor de la Ley Reglamentaria del Artículo 28 Bis de la Constitución Política.
Artículo Noveno. Respecto de la información clasificada como reservada con anterioridad a la entrada en vigor de este decreto, los legisladores federales podrán solicitarla a las instancias responsables de su salvaguarda, de manera expresa, por escrito y bajo los términos y condiciones que se establecen en este decreto.
Notas: 1 Despouy, Leandro. Derechos humanos y estados de excepción. 2 Delgado Carrillo, Fortino, ``El equilibrio de poderes'', en Valadés, Diego; y Gutiérrez Rivas, Rodrigo (coordinadores), Democracia y gobernabilidad, memoria del cuarto Congreso nacional de derecho constitucional, www.bibliojuridica.org. 3 Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se designan los diputados que representarán la LX Legislatura en la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional, dado en el Palacio Legislativo el 23 de octubre de 2006; y acuerdo por el que se designan los senadores que integrarán la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional, jueves 9 de noviembre de 2006, publicado en la Gaceta Parlamentaria número 16, primer año de ejercicio, primer periodo ordinario.El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de Gobernación, de la Cámara de Diputados.
LEY GENERAL DE SALUD
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Tiene la palabra la diputada Lariza Montiel Luis, en nombre del diputado Ector Jaime Ramírez Barba, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de trasplantes y donación de órganos.
La diputada Lariza Montiel Luis : Gracias.Honorable asamblea, es un hecho que el avance de la ciencia nos abruma con su velocidad. Recientemente se ha anunciado el primer trasplante de cara. Lo que hasta hace pocos años podría considerarse como producto de la ciencia ficción, hoy es una realidad.
Lamentablemente la ley no avanza a tal velocidad y en ocasiones, incluso, se convierte en una limitante para aprovechar los enormes progresos que la ciencia tiene que ofrecer, tal es el caso del ordenamiento que rige a nuestro país en materia de salud, que en diversas ocasiones se ha modificado, intentando mejorar la regulación sobre trasplantes y donación de órganos y tejidos.
Lamentablemente muchas de esas reformas en lugar de coadyuvar han obstaculizado las acciones correspondientes para su autorización y realización, de modo que nuestra tarea es perfeccionar el marco jurídico con el fin de fortalecer la cultura de la donación y facilitar los procedimientos de los trasplantes.
Para Acción Nacional este tema es de principal importancia; forma parte de la plataforma política legislativa que hemos registrado en su momento, y es la razón por la cual se ha impulsado desde esta bancada su estudio y promoción.
La mayoría de los legisladores que signan la presente iniciativa han promovido a su vez esfuerzos particulares, pero se han sumado en esta propuesta a partir de una multiplicidad de razones. Entre las principales encontramos la urgencia de que nuestro país encuentre un reflejo real entre la gente que está a favor de la donación, que supera 70 por ciento de la población y las personas que de ello se beneficiarían.
Un trasplante de órganos exitoso procura bienestar físico a las personas, les permite ejercer sus capacidades de manera cercana a lo normal y en ocasiones, plenamente. Esto les permite, además, reincorporarse a la vida social, laboral y productiva.
Por otro lado, la protección y el acrecentamiento de los valores que coadyuven a la conservación y disfrute de condiciones de salud son también finalidades del derecho a la protección de la salud en los términos que ha promulgado la Organización Mundial, y que se encuentran previstos en nuestra Constitución.
En el fenómeno del trasplante, esta finalidad se refiere al altruismo y solidaridad de aquellos que voluntaria, responsable y explícitamente deciden donar alguno de sus órganos para restaurar otra vida.
En México, a pesar de la sistematización existente mediante el Centro Nacional de Trasplantes y el Registro Nacional de Trasplantes, existe una larga lista de espera y un notorio subregistro de las necesidades. Puntos esenciales en los que debemos trabajar como país.
Por obviedad de tiempo y debido a lo extenso, complejo y técnico del tema, no abundaré en mayores especificaciones. Sin embargo, creo importante mencionar que este esfuerzo conjunto busca, por un lado, fomentar y facilitar los procedimientos de la donación y el trasplante de órganos, sin que por ello se pretenda descuidar la voluntad del donador o su familia, y mucho menos la seguridad con que se deben llevar a cabo estas intervenciones.
Es importante señalar particularmente el trabajo de los diputados Octavio Vargas Landeros y Victorio Rubén Montalvo Rojas ; de las diputadas Lorena Martínez Rodríguez y Mayra Gisela Peñuelas Acuña ; del senador Guillermo Tamborrel Suárez; del presidente de la Comisión de Salud en el senado, Ernesto Saro Boardman; y por supuesto del diputado presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, Ector Jaime Ramírez Barba , quien tuvo la percepción correcta al buscar conjuntar los esfuerzos desde todos los puntos de vista para crear una reforma viable y que sobre todo sea de ayuda para la salud de los mexicanos.
Compañeros legisladores, éstas son las razones por las que se promueve la iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de trasplantes y donación de órganos, que hoy presento en nombre de diversos diputados y senadores de los grupos parlamentarios que forman este Congreso.
Solicito atentamente a la Presidencia que se considere como Cámara de origen a la de Diputados, e igualmente que el presente documento, así como la exposición de motivos de la iniciativa, sean publicados en el Diario de los Debates. Es cuanto.
«Iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de trasplantes y donación de órganos, a cargo de la diputada Lariza Montiel Luis , en nombre del diputado Ector Jaime Ramírez Barba , del Grupo Parlamentario del PAN
Los suscritos, Lariza Montiel Luis , en nombre de Ector Jaime Ramírez Barba , Guillermo Enrique Marcos Tamborrel Suárez, Juan Abad de Jesús , Ernesto Saro Boardman, Lorena Martínez Rodríguez , Fernando Enrique Mayans Canabal , Francisco Javier Calzada Vázquez , Victorio Montalvo Rojas , Gerardo Octavio Vargas Landeros , Mayra Gisela Peñuelas Acuña , Adriana Rebeca Vieyra Olivares , Daniel Dehesa Mora , Margarita Arenas Guzmán , María Mercedes Corral Aguilar , Ángel Humberto García Reyes , Beatriz Eugenia García Reyes , Yolanda Mercedes Garmendia Hernández , Jorge Quintero Bello , José Ignacio Alberto Rubio Chávez , María Gloria Guadalupe Valenzuela García , legisladores en la LX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Salud en materia de trasplantes y donación de órganos al tenor de la siguiente
Exposición de MotivosLa iniciativa que sometemos a su consideración es el resultado del trabajo conjunto de legisladores de diversos grupos parlamentarios que coincidimos en nuestra preocupación por fomentar una cultura de la donación de órganos en nuestro país ya que este tipo de procedimientos significa la única esperanza para una mejor calidad de vida de miles de mexicanos, derivado de dicha inquietud, algunos de los legisladores que hemos suscrito la presente han presentado iniciativas que vale la pena mencionar como antecedente directo de la que hoy se presenta.
AntecedentesEn febrero de 2007, el diputado Gerardo Octavio Vargas Landeros , del Grupo Parlamentario del PRI, presentó una iniciativa que proponía, entre otras cosas, que el Centro Nacional de Transplantes otorgara permisos provisionales, por única vez, para actos de disposición de órganos, tejidos y células a establecimientos de salud.
También el diputado Victorio Rubén Montalvo Rojas , del Grupo Parlamentario del PRD, presentó en marzo de 2007 una iniciativa en la que propone que en caso de donación de órganos y tejidos o ambos, no se requerirá el consentimiento del o la cónyuge, el concubinario, la concubina, los descendientes, los ascendientes, los hermanos, el adoptado o el adoptante, cuando el donante hubiere fallecido a consecuencia del enfrentamiento con elementos policiales o al intentar evadirse de manera violenta de su captura por la comisión de un delito grave. En el caso de los cadáveres que se desconozca su identidad serán considerados como donadores de órganos y tejidos. En ambos casos deberán intervenir las autoridades sanitarias y las ordenadas por las judiciales o por el Ministerio Público para su extracción.
El 2 de octubre de 2007, el senador Guillermo Enrique Marcos Tamborrel Suárez presentó una iniciativa que buscaba facilitar los procedimientos y mecanismos para la donación y el trasplante así como brindar seguridad a los donantes y sus familias sobre el destino correcto de la donación.
Asimismo, la diputada Lorena Martínez Rodríguez , también del Grupo Parlamentario del PRI presentó en abril de 2008 dos iniciativas. Una en la que proponía el consentimiento tácito del donante cuando no haya manifestado su negativa a que su cuerpo o componentes sean utilizados para trasplantes, siempre y cuando no se obtenga la negativa expresa del cónyuge, pareja permanente, concubino, ascendiente o descendiente consanguíneo en línea directa, adoptante o adoptado, y que en ausencia de estas personas, se solicite autorización para practicar la extracción al juez de lo civil con competencia territorial en el lugar de la extracción, quien deberá expedirla dentro de las 6 horas de producido el deceso. Esta iniciativa fue turnada a la Comisión de Salud y está pendiente de resolución.
La otra iniciativa de la diputada Lorena Martínez Rodríguez propone crear el Instituto Nacional de Transplantes en sustitución del actual Centro Nacional de Transplantes con el objetivo hacer frente a la actual transición epidemiológica y, en particular, al déficit de transplantes. Esta iniciativa fue turnada a la Comisión de Salud con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, y también se encuentra pendiente de dictamen.
Con el mismo espíritu de la iniciativa del diputado Montalvo Rojas, el diputado Calzada Vázquez del PRD, buscaba en su iniciativa que las personas que fallezcan como resultado de su participación en actividades de la delincuencia organizada serán sujetos de donación de órganos y tejidos.
Resulta pues evidente que el tema de mejorar y facilitar la donación de órganos y tejidos para trasplantes es una materia susceptible de mejoras, por lo que todos los promoventes citados, así como otros preocupados por promover una cultura de la donación en el país, hemos coincidido en un trabajo carente de sesgos partidistas que pretende reformar diversas disposiciones de la Ley General de Salud en materia de donación y trasplante de órganos.
ConsideracionesEl articulo 73 en su fracción XVI faculta al Congreso de la Unión para dictar leyes en materia de salubridad general, lo que aunado al derecho de la protección a la salud que se establece en el artículo cuarto párrafo tercero de nuestra Carta Magna, otorga un fundamento constitucional a la presente iniciativa.
El derecho a la protección de la salud fue reconocido en 1983 por el artículo 4o. constitucional al ser adicionado este párrafo con motivo de su tercera reforma. Posteriormente, la Ley General de Salud, de 1984, desarrolló las finalidades de este derecho fundamental, que se encuentran estrechamente asociadas al fenómeno del transplante de órganos, dado que, como lo señala la Constitución de la Organización Mundial de la Salud, se entiende por salud a un estado de completo bienestar físico, mental y social y no sólo la ausencia de enfermedad, dando así una visión integral del concepto.
De este modo el transplante exitoso de un órgano procura bienestar físico al hombre y le permite ejercer sus capacidades de manera cercana a lo normal y en ocasiones plenamente a tal grado que le permite reinsertarse a la vida social, laboral y productiva.
El trasplante de un órgano permite alargar la vida de los pacientes con insuficiencia orgánica terminal y en ocasiones restaurar todo o parte de la calidad de vida relacionada a la salud.
Existe la percepción generalizada de que los trasplantes aumentan la calidad de vida y reinserción laboral de todos los pacientes. Como toda generalización esta no es siempre válida ni mucho menos verdadera. En materia de salud y transplantes es preciso definir el concepto de calidad de vida y acotarlo al de calidad de vida relacionado con la salud, de este modo se evita el error de sobre valorar los beneficios de esta intervención y minimizar sus riesgos y costos. Numerosos estudios apoyan la mejoría de la calidad de vida relacionada a la enfermedad en el paciente postransplantado, principalmente en los aspectos físicos en el caso del transplante hepático. Sin embargo, al observar la evolución de pacientes postransplantados de pulmón, la calidad de vida puede incluso declinar. En otros casos como el trasplante de córnea y de riñón los beneficios son más claros.
En el caso del transplante renal, aunque generalmente se acepta que la CVRS mejora en el postransplantado, existen dudas de cual es el tratamiento inmunosupresor que confiere mayor nivel de calidad de vida.
Las anteriores consideraciones sobre la calidad de vida del paciente postransplantado son útiles para valorar los resultados de estas intervenciones sanitarias, fijar prioridades de asignación de recursos y sobre todo identificar grupos de pacientes con mayor probabilidad de obtener resultados favorables de un trasplante. Es por esto que las consecuencias de un transplante son muy variables, ya que puede fluctuar del éxito a la ocurrencia de complicaciones como el rechazo al órgano transplantado, infecciones y otro tipo de complicaciones y estados psicológicos que definitivamente deterioran la calidad de vida.
La protección y el acrecentamiento de los valores que coadyuven a la creación, conservación y disfrute de condiciones de salud que contribuyan al desarrollo social y la extensión de actitudes solidarias y responsables de la población en la preservación, conservación, mejoramiento y restauración de la salud; son también finalidades del derecho a la protección de la salud introduciendo un aspecto axiológico, es decir, se otorga reconocimiento a aquellos valores que deben ser protegidos y acrecentados, pues resultan en mejores condiciones de salud y desarrollo social. En el fenómeno del transplante, esta finalidad se refiere obviamente al altruismo y solidaridad de aquellos que voluntaria, responsable y explícitamente 1 deciden donar alguno de sus órganos en vida para restaurar otra, así como al valor de aquellos disponentes, que en vida deciden trascender a través de la disposición de sus órganos para donación después de su muerte.
La eficacia y oportunidad de los servicios de salud son aspectos fundamentales de la calidad en la prestación del servicio de salud de la población. Si se toma en cuenta que en el Presupuesto de 2008, el gasto programado para vacunar a todos los mexicanos, es equivalente al relativo a 258 transplantes renales, las necesidades de trasplantes en nuestro país, plantean un dilema ético y presupuestal que debe ser estudiado desde etapas más tempranas del problema, aquellas en las que es posible prevenir, como es el caso de la diabetes mellitus, que tras una evolución desfavorable evoluciona a insuficiencia renal crónica y surge la necesidad de un transplante renal. Aunque es imprescindible implantar el abordaje preventivo, una vez establecida la condición que requiere un órgano o tejido para mantener la vida o la función es preciso contar con mecanismos ágiles que satisfagan eficaz y oportunamente la demanda de órganos.
El transplante desde la visión humana y científica
El trasplante de órganos es uno de los logros más encumbrados del desarrollo científico pues permite prolongar la vida de aquellas personas afectas de enfermedades que han causado un daño irreparable en alguno (s) de sus órgano (s). La donación de órganos, desde el punto de vista moral, es un acto de suma filantropía; desde la visión científica resulta milagrosa y desde la tanatológica resulta paradójica, pues la muerte de un hombre es capaz de otorgar vida y calidad de vida a muchos, toda vez que el altruismo del disponente en vida ofrece órganos que otras personas necesitan (dos córneas, corazón, pulmones, riñones, hueso, entre otros).
Los trasplantes en México
Según sitio electrónico del Centro Nacional de Transplantes (Cenatra), el Sistema Nacional de Trasplantes (SNT) es la coordinación de esfuerzos encaminada a obtener órganos y tejidos para trasplante regida bajo los principios de gratuidad, altruismo, solidaridad, confidencialidad e información.
En el SNT participan todas las instituciones del Sistema Nacional de Salud (SNS); las instancias procuradoras de justicia federal y estatales; organismos no gubernamentales (ONG), fundaciones y empresas dedicadas a la prestación del servicio público de transporte aéreo y terrestre de pasajeros, coordinadas por el Centro Nacional de Trasplantes. El objetivo del SNT consiste en promover la donación de órganos y tejidos, facilitar su obtención, procuración y la sistematización del proceso para una mejor distribución de ellos.
El Sistema Nacional de Trasplantes, afirma el texto en su página web, aún sigue en proceso de integración y consolidación. Cabe mencionar que el 19 de enero de 1999 se publica en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el que se crea el Consejo Nacional de Trasplantes como una comisión intersecretarial de la administración pública federal, cuyo objeto es la promoción, apoyo y coordinación de acciones en materia de transplantes que realizan las instituciones del sistema nacional de salud.
En México, no obstante la sistematización orgánica y funcional a través de un centro nacional de trasplantes (Cenatra), un Registro Nacional de Trasplantes (Renatra), de legislación y regulación sanitaria en la materia y de profesionales calificados tanto para en el diseño, ejecución y operación del programa, existe en la actualidad una larga lista de espera, sin mencionar un notorio sub registro.
Con relación al sub registro de la lista de espera, la aseveración anterior se basa en lo siguiente:
Necesidad de riñones
La lista de espera nacional reporta al 13 de Agosto de 2007 4366 personas activas que necesitan un riñón, equivalentes al 43 por ciento del total de órganos registrados en la lista. La Sociedad Latinoamericana de Nefrología, Hipertensión Arterial, Diálisis y el Comité de Registro de Transplantes, sito en Buenos Aires Argentina (Cusamano, 2006), es una asociación que recolecta información sobre la insuficiencia renal crónica en 20 países del continente.
Dicha sociedad afirma que la prevalencia de pacientes en terapia renal sustitutiva aumentó de 129 personas por millón (0.000129) en 1992 a 447 personas por millón en 2004. En el mismo año, 56 por ciento estaban en hemodiálisis, 23 por ciento en diálisis peritoneal y 21 por ciento tenían un transplante renal. Con las anteriores cifras en mente, si existen 353 PMP con IRC en terapia renal sustitutiva o hemodiálisis (se resta el 23 por ciento que ya tiene transplante renal), la cifra de personas candidatas a transplante renal sería de 36 mil 372 en un país como México con 103 millones de habitantes, es decir existen 32 mil 6 personas (8.3 veces más de lo reportado) que necesitan un transplante renal. Lo anterior sirva como estimación de la necesidad real de órganos, en particular de riñones.
Necesidad de córneas
El transplante de cornea es la más atigua y frecuente forma de transplante de tejido sólido en seres humanos (Chong, 2007). El Sistema Nacional de Información en Salud (Sinais) reporta 495 mil 240 defunciones en el año 2005, esta mortalidad ofrece 200 veces la cantidad de córneas registradas en la lista. Obviamente que a estas 990 mil 480 córneas es preciso restar aquellas que no reúnen las características para ser transplantadas.
Factores que hacen al programa de transplante corneal susceptible de obtener mayores beneficios (tasa bruta de mortalidad).
Las muertes citadas ocurren en toda la extensión geográfica del país (suficientes para cubrir las necesidades regionales).
Las córneas pueden ser conservadas durante semanas o meses en bancos (Buscar Eye Bank Denmark).
Dado que el transplante corneal es un procedimiento electivo, es decir, es posibe decidirse anticipadamente a las circunstancias de tiempo, lugar y modo de realización la asignación de córneas puede realizarse programadamente.
Por las anteriores razones, la necesidad nacional y regional de córneas y transplantes debería quedar satisfecha y con esto la mitad de los órganos de la lista nacional ya que las córneas representan el 52 por ciento del total por lo que las córneas deberían esperar a los pacientes y no los pacientes a las córneas como en el sistema danés (Ehlers, 2002).
En México no existe una proyección de la necesidad de trasplantes, sin embargo, es posible afirmar que incrementará gradualmente debido a los siguientes factores:
Por estos motivos la necesidad de órganos se incrementa al igual que la lista de espera de los mismos ya que existe muy poca disponibilidad y acceso a ellos. Creemos que hay maneras de aumentar el éxito de los trasplantes en México entre las que encontramos los siguientes:
Los legisladores que signamos la presente iniciativa hemos manifestado nuestra preocupación respecto a este tema en el transcurso de la presente legislatura, presentando esfuerzos individuales con el único fin de fomentar la cultura de la donación de órganos y facilitar el proceso para realizar trasplantes, sin embargo queremos que todos esfuerzos fructifiquen en una legislación más eficaz por lo cual hemos llegado a un consenso respecto al tema y ponemos a consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa con proyecto de
Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Salud
Artículo Único. Se reforman los artículos 17 Bis fracción VIII; 313; 314 fracción VI; 316; 329; 336; 338 fracciones IV y V; 339; 343; 344; 345; se adicionan las fracciones XV, XVI y XVII al artículo 314; un tercer y quinto párrafo al artículo 322; un último párrafo al artículo 337; un artículo 341 Bis, y se deroga la fracción VII del artículo 314 de la Ley de General de Salud, para quedar como sigue:
Artículo 17 Bis. ...
Artículo 313. ...
Artículo 314. ...
Artículo 316. Los establecimientos a que se refiere el artículo anterior contarán con un responsable sanitario, de quien deberán dar aviso ante la Secretaría de Salud.
Los establecimientos en los que se extraigan órganos, tejidos y células, deberán de contar con un Comité Interno de Coordinación para la donación de órganos y tejidos, que será presidido por el Director General o su inmediato inferior que cuente con un alto nivel de conocimientos médicos académicos y profesionales. Este comité será responsable de hacer la selección del establecimiento de salud que cuente con un programa de trasplante autorizado, al que enviará los órganos, tejidos o células, de conformidad con lo que establece la presente ley y demás disposiciones jurídicas aplicables.
Lo dispuesto en el párrafo anterior no es aplicable para los establecimientos que realicen actos de disposición de sangre, componentes sanguíneos y células progenitoras hematopoyéticas, las que deberán contar con un Comité de Medicina Transfusional, el cual se sujetará a las disposiciones que para tal efecto emita la Secretaría de Salud.
A su vez, los establecimientos que realicen actos de trasplantes, deberán contar con un comité interno de trasplantes que será presidido por el director general o su inmediato inferior que cuente con un alto nivel de conocimientos médicos académicos y profesionales, y será responsable de hacer la selección de disponentes y receptores para trasplante. De conformidad con lo que establece la presente ley y demás disposiciones jurídicas aplicables. Los establecimientos en los que se extraigan órganos y tejidos y se realicen trasplantes, únicamente deberán contar con un Comité Interno de Trasplantes.
El Comité Interno de Trasplantes deberá coordinarse con el comité hospitalario de bioética a que se refiere el artículo 41 Bis de esta Ley en los asuntos de su competencia.
Artículo 322. ...
Los disponentes secundarios, podrán otorgar el consentimiento a que se refiere el párrafo anterior.
En todos los casos se deberá cuidar que la donación se rija por los principios de altruismo, ausencia de ánimo de lucro y factibilidad, condiciones que se deberán manifestar en el acta elaborada para tales efectos por el comité interno respectivo. En el caso de sangre, componentes sanguíneos y células progenitoras hematopoyéticas se estará a lo dispuesto en las disposiciones jurídicas que al efecto emita la Secretaría de Salud.
Artículo 329. El Centro Nacional de Trasplantes hará constar el mérito y altruismo del donador y de su familia.
Artículo 336. Para la asignación de órganos y tejidos de donador no vivo, se tomará en cuenta la gravedad del receptor, la oportunidad del trasplante, los beneficios esperados, la compatibilidad con el receptor y los demás criterios médicos aceptados, así como la ubicación hospitalaria e institucional del donador.
Cuando no exista urgencia o razón médica para asignar preferentemente un órgano o tejido, ésta se sujetará estrictamente a las bases de datos hospitalarias, institucionales, estatales y nacional que se integrarán con los datos de los pacientes registrados en el Centro Nacional de Trasplantes.
Artículo 337. ...
...
El traslado de órganos, tejidos y células adecuadamente etiquetados e identificados, podrá realizarse en cualquier medio de transporte por personal debidamente acreditado bajo la responsabilidad del establecimiento autorizado para realizar trasplantes o para la disposición de órganos, tejidos y células.
Artículo 338. ...
Artículo 339. La distribución y asignación de órganos, tejidos y células en el país, de donador con pérdida de la vida para trasplante, deberá sujetarse a los criterios y procedimientos emitidos por el Centro Nacional de Trasplantes.
Asimismo, el Centro Nacional de Trasplantes supervisará y dará seguimiento dentro del ámbito de su competencia a los procedimientos señalados en el párrafo anterior, mismos que deberán ser atendidos por los Centros Estatales de Trasplantes que establezcan los gobiernos de las entidades federativas y por los Comités Internos correspondientes en cada establecimiento de salud.
El Centro Nacional de Trasplantes dará aviso a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, en caso de detectar irregularidades en el desarrollo de las atribuciones en el ámbito de su competencia.
Artículo 341 Bis. La Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidades federativas, en sus respectivos ámbitos de competencia, deberán impulsar la donación de células progenitoras hematopoyéticas, para coadyuvar en el tratamiento o curación de los pacientes que las requieran, asimismo, la Secretaría de Salud fijará las bases y modalidades a las que se sujetará el Sistema Nacional de Salud al respecto.
La Secretaría de Salud, emitirá las disposiciones que regulen tanto la infraestructura con que deberán contar los bancos de sangre que lleven a cabo actos de disposición y distribución de células progenitoras hematopoyéticas, como la obtención, procesamiento y distribución de dichas células.
Artículo 343. La pérdida de la vida ocurre cuando se presentan la muerte encefálica o el paro cardíaco irreversible.
La muerte encefálica se determina cuando se verifican los siguientes signos:
Se deberá descartar que dichos signos sean producto de intoxicación aguda por narcóticos, sedantes, barbitúricos o sustancias neurotrópicas.
Artículo 344. Los signos clínicos de la muerte encefálica deberán corroborarse por cualquiera de las siguientes pruebas:
Artículo 345. No existirá impedimento alguno para que a solicitud y con la autorización de las siguientes personas: el o la cónyuge, el concubinario o la concubina, los descendientes, los ascendientes, los hermanos, el adoptado o el adoptante; conforme al orden expresado, se prescinda de los medios artificiales cuando se presente la muerte encefálica comprobada y se manifiesten los demás signos de muerte a que se refiere el artículo 343.
TransitorioÚnico. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
El Presidente senador Luis Alberto Villarreal García: Así se hará, diputada. Túrnese a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados.
ARTICULO 72 CONSTITUCIONAL
El Presidente senador Luis Alberto Villarreal García: Tiene la palabra el diputado Octavio Martínez Vargas , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los incisos b), c) y j) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Octavio Martínez Vargas : Con su venia, compañero presidente.Esta iniciativa lo que busca, compañeras legisladoras y compañeros legisladores, es empoderar al Poder Legislativo.
Encontramos que en estas dos fracciones de nuestra Carta Magna vienen temas que quizá han sido en otro momento, en otra administración, juicios de controversias constitucionales, y lo que hoy hemos visto en el mundo, en las repúblicas, es que el Poder Legislativo ha adquirido una mayor fortaleza frente al Poder Ejecutivo.
De tal suerte que la modificación a la fracción b) del artículo 72 de nuestra Carta Magna plantea que no diga ``diez días útiles'', cuando se refiere a que el Ejecutivo, una vez que conoce de los dictámenes, una vez que conoce de las aprobaciones por el Poder Legislativo y pasa al Ejecutivo, diga ``siete días naturales''.
¿Qué quiere decir esto? Encontramos que hay ambigüedad sobre qué es un día útil. Encontramos que se refiere exclusivamente a los periodos ordinarios. Cuando hay un periodo de receso ---que por cierto tenemos un periodo largo de cuatro meses--- no son considerados días útiles, mucho menos días naturales para efectos de esta fracción y de este artículo.
Y eso es importante que lo retomemos. Hay iniciativas que se aprueban en la Cámara de Senadores, en la Cámara de Diputados y que pasan al Poder Ejecutivo para sus efectos constitucionales, pero que simplemente no se observan o no se promulgan, y lo que se plantea es que diga ``siete días naturales''.
Sabemos que el Ejecutivo tiene un pool de asesores jurídicos que muy bien les puede permitir observar todo lo que aquí se resuelve.
La fracción c) se refiere, cuando en la misma hipótesis el Ejecutivo regresa al Poder Legislativo alguna iniciativa observada y plantea en el texto original que se requieren dos terceras partes para su aprobación, y no diría ``dos terceras partes'' sino que fuese confirmado por ``la mayoría del número total de votos''.
Y la fracción j), compañeras y compañeros, no menos importante, tiene que ver con la facultad exclusiva que tiene la Cámara de Diputados para discutir y aprobar el Presupuesto.
Ésta no es casual que se encuentre plasmada en nuestra Constitución, en el artículo 74, fracción IV, sino que habría que incorporarla particularmente a la redacción del artículo 72, que a la letra diría: ``El titular del Poder Ejecutivo no puede hacer observaciones a las resoluciones del Congreso o a alguna de las Cámaras. También cuando ejerzan facultades de cuerpo electoral o de jurado. Lo mismo cuando la Cámara de Diputados apruebe el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación y declare que debe acusarse a uno de los altos funcionarios de la federación por delitos oficiales''.
Vimos y seguimos puntualmente aquella controversia en 2005, en donde el Ejecutivo se inconformó con lo que esta soberanía había resuelto en términos del Presupuesto, y había dado pie para efectos de generar una controversia anticonstitucional, y así fue declarada porque no había claridad en la Constitución.
Esto lo que busca es que haya certidumbre, que haya claridad puntual en la redacción de nuestra Carta Magna, que se empodere al Poder Legislativo y que el Ejecutivo ejerza sus funciones, pero que también a la Cámara de Diputados se le permita puntualmente generar el proceso que desarrolla mediante las comisiones ordinarias, las comisiones dictaminadoras, e incluso mediante los datos que giramos y derivamos a todas las comisiones dictaminadoras, del tema del Presupuesto.
Hoy día vemos a gobernadores, a presidentes municipales, incluso a secretarios de Estado venir a este poder, a esta soberanía a plantear su presupuesto, de tal suerte que lo que motivó al legislador a incluir la exclusividad ha sido un poco sesgado.
Hoy planteamos esta iniciativa, el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, que busca única y exclusivamente fortalecer y empoderar al Poder Legislativo. Por su atención, muchísimas gracias.
«Iniciativa que reforma y adiciona los incisos b), c) y j) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Octavio Martínez Vargas , del Grupo Parlamentario del PRD
El suscrito, diputado federal Octavio Martínez Vargas , integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, suscribe la presente iniciativa y somete a la consideración de esta soberanía el proyecto de decreto que reforma y adiciona los incisos b), c) y j) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en atención a la siguiente:
Exposición de MotivosLa presente iniciativa tiene como propósito fundamental, acabar con falsas interpretaciones jurídicas respecto a la cuestionada capacidad del Ejecutivo federal de poder hacer observaciones al Presupuesto de Egresos de la Federación, cuando es una facultad exclusiva de la Cámara de Diputados aprobarlo, como lo dispone la fracción IV del artículo 74 constitucional, y el inciso J) del artículo 72 de nuestra carta magna donde se prohíbe que la intromisión del Ejecutivo ``no puede hacer tales observaciones a las resoluciones de alguna de las Cámaras'', por ende el Presupuesto de Egresos es una facultad exclusiva de esta soberanía; estamos refiriéndonos a una norma general, que no puede ser susceptible del efecto suspensivo, porque su impacto es económico y constitucionalmente no se puede aplicar el presupuesto del año anterior para todo el universo del gasto público, (excepto previsiones salariales) incluso muchos abogados constitucionalistas así lo manifestaron en su momento; pero existió una diferencia de opiniones y la presión que ejerció el ex titular del Ejecutivo federal en el sexenio anterior con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tuvo que resolver de una manera diferente.
Para explicarme mejor, tal parece que todo aquello que no se menciona en el inciso j) es susceptible de ser vetado. Sin embargo, no es así; porque la regla sobre qué puede vetar el presidente de la República se refiere únicamente a la materia del propio artículo 72; las leyes o decretos cuya resolución no sea exclusiva de alguna de las cámaras; reitero, cualquier otro acto del Congreso no es susceptible de ser vetado. Así, especificando, el presidente no tiene facultad de veto respecto a:
Hay que precisar que el presidente no posee la facultad de veto respecto de las reformas constitucionales porque:
Es necesario precisar que esta soberanía no aceptó las observaciones que hizo el Ejecutivo federal al Presupuesto de Egresos de la Federación del Ejercicio Fiscal 2005, y más adelante se precisa.
La intensión de crear la figura jurídica de ``observaciones'' o en otros países se entiende como veto presidencial , es que el presidente puede hacer observaciones a proyectos de ley que le envíe el Congreso, dentro de diez días hábiles posteriores a aquel en que los recibió. Las finalidades del veto son:
Pero el hacer observaciones al Presupuesto de Egresos invade la esfera jurídica de la Cámara de Diputados, es excederse en su poder.
El veto u observaciones es una institución conocida del derecho constitucional mexicano, pues estuvo reglamentado en la Constitución de Cádiz (artículos 144-150); en la de Apatzingán (artículos 128 y 129); en la Constitución de l824 (artículos 55 y 56), en la de 1836 (artículos 35, 36 y 37 de la ley tercera), y en la Constitución Liberal de 1857 (artículo 71).
El artículo 55 de la Constitución Federal de 1824, ordenó que los proyectos de ley pasarán al presidente quien tenía diez días para hacerles observaciones. Si el presidente devolvía el proyecto dentro de esos diez días, este se discutía de nuevo en las dos cámaras, y para devolvérselo al presidente, antes debía ser aprobado por las dos terceras partes de los legisladores presentes, Si no se lograba esa votación, no se podía volver a proponer el proyecto sino hasta el año siguiente.
En la Constitución de 1857, dentro del procedimiento para la formación de la ley el artículo 70 indicaba que una vez que se hubiera discutido el dictamen de la comisión respectiva, se enviaría al presidente una copia del expediente para que, en el término de siete días, manifestara su opinión o expresara que no iba a hacer uno de esta facultad. Si la opinión del Ejecutivo era de conformidad, se pasaba a votación de ley, pero si su opinión discrepaba en todo o en parte, se turnaba el expediente a la comisión respectiva y sobre el nuevo dictamen se realizaba otra discusión, concluida ésta se procedía a votar. El artículo 71 señalaba que en caso de urgencia notoria, calificada por el voto de dos tercios de los diputados presentes, el Congreso podía estrechar o dispensar los trámites establecidos en el artículo 70. En esta forma el presidente no contaba en 1857 con la facultad de veto, sino sólo de opinión dentro del procedimiento legislativo; incluso esta opinión podía ser omitida en los términos del citado artículo 71. Por medio de las reformas del 13 de noviembre de 1874, se concedió el veto al presidente; pero el veto podía ser superado por la mayoría de los votos de los legisladores presentes.
Emilio Rabasa, entre las críticas que realizó a la Constitución de 1857, se refirió a la simple mayoría para superar el veto, ya que era partidario de que el veto sólo se pudiera superar por los dos tercios de votos. Rabasa, afirmó que: ''La diferencia entre la simple mayoría y dos tercios de votos es considerable y hacia decir en aquella época que servirla para despojar al congreso de la facultad legislativa. El privilegio del veto no tiene tal poder, porque es simplemente negativo: es la facultad de impedir, no de legislar; y como una ley nueva trae la modificación de lo existente, la acción del veto al impedirla, no hace sino mantener algo que ya está en la vida de la sociedad. El valor de los dos tercios de votos no puede calcularse simplemente por la aritmética como ha hecho observar un escritor, porque es preciso agregar a los números la influencia moral del presidente en el ánimo de cada una de las cámaras, que tienen, hasta en los malos tiempos, una minoría de hombres sensatos, capaces de sobreponer a los sentimientos comunes el juicio superior del bien público''.
Con la iniciativa que hoy se presenta, se busca que en la Constitución, nuestra ley suprema, se especifique que el Presupuesto de Egresos de la Federación no puede ser susceptible de observación alguna por el Ejecutivo federal; basta recordar que el 8 de septiembre de 2004, el Ejecutivo federal hizo llegar a esta Cámara de Diputados el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005.
En sesión del 15 de noviembre de 2004, la Cámara de Diputados aprobó el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005.
El 22 de noviembre de 2004 se envió el citado decreto al presidente de la República para los efectos constitucionales correspondientes.
El 30 de noviembre de 2004, mediante oficio número SEL/300/4599/04, el subsecretario de Gobernación envió a la Cámara de Diputados las observaciones del presidente de la República al decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005, así como el original del decreto de referencia.
El 14 de diciembre de 2004 la Cámara de Diputados acordó no admitir con el carácter de observaciones para trámite en la Cámara de Diputados, el documento enviado por el presidente de la República mediante el oficio mencionado en el párrafo anterior, y por tanto, la devolución al Ejecutivo federal de dicho documento, así como del original del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005, para su publicación.
El 20 de diciembre de 2004 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal (PEF) 2005.
El titular del Ejecutivo, en el sexenio anterior, presentó una controversia constitucional el 21 de diciembre de 2004. El consejero jurídico del Ejecutivo federal, en representación del titular del Poder Ejecutivo federal, interpuso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una demanda de controversia constitucional contra la Cámara de Diputados. Los actos cuya invalidez se demandó fueron:
Uno de los argumentos centrales de la controversia constitucional que interpuso el Ejecutivo fue que el Presupuesto de Egresos, no se apegó al Planade ( Plan Nacional de Desarrollo) dicho plan era un acto unilateral del propio Ejecutivo federal, que no contemplaba las principales necesidades de la sociedad y no participaba en lo absoluto la Cámara de Diputados. Su principal reclamo fue porque los legisladores de la LIX Legislatura negaron otorgar financiamiento a un capricho de la esposa del Ejecutivo que fue la biblioteca José Vasconcelos y el programa Enciclopedia; sabían los legisladores que el programa tenía inconsistencias y era prioritario crear más escuelas en zonas rurales, el referido programa Enciclomedia fue un fracaso educativo y tecnológico, no se encontraron diferencias significativas en las habilidades de conocimiento, aplicación y evaluación de los contenidos entre los niños que utilizaron Enciclomedia y los que contaron con ese equipo, e incluso niños de sexto de primaria que no utilizaron esa tecnología tuvieron un mejor conocimiento al lograr 1.48 puntos sobre 1.2 de quienes sí tuvieron esa herramienta. Y los de quinto año sin Enciclomedia fueron mejor evaluados con 2 puntos sobre 1.7 de sus compañeros que si contaron con ese equipo.
El equipo Enciclomedia es carísimo para el erario público, cada aula cuesta 50 mil pesos e incluso hubo equipos extraviados.
El contenido didáctico e informativo que se les ofreció a los estudiantes, contenía fechas erróneas en historia, y la primera versión del libro electrónico matemáticas no fue actualizada.
Ahora bien, en cuanto a la biblioteca José Vasconcelos, basta recordar la clausura de ésta, con la irresponsabilidad de servidores públicos al prestar su servicio el 1 de junio del 2006, cuando la obra no estaba concluida.
Sin embargo, el 22 de diciembre de 2004, la Comisión de Receso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante oficios 5750 y 5051, admitió la demanda de controversia constitucional y ese mismo día se notificó a la Cámara de Diputados. Se habilitaron del 22 de diciembre al 2 de enero de 2005 como días hábiles para que la Cámara de Diputados manifestara lo que a su derecho considerara pertinente.
Ese mismo día, 22 de diciembre de 2004, la Suprema Corte de Justicia de la Nación acordó conceder la suspensión de la aplicación del gasto público en algunos rubros del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005, por un monto de 4 mil 195 millones de pesos, solicitada por el Ejecutivo federal.
El 26 de diciembre de 2004, la Cámara de Diputados presentó recurso de reclamación en contra de la admisión de la demanda; asimismo, interpuso dos incidentes de nulidad de actuaciones respecto de los acuerdos dictados por la Comisión de Receso el 22 de diciembre de 2004 que corresponden tanto al expediente principal como al incidente de suspensión en la controversia constitucional 109/2004. El 28 de enero de 2005 la Cámara de Diputados dio contestación a la demanda de controversia constitucional 109/2004. El 10 y 15 de febrero de 2005 la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró infundados los recursos de reclamación e incidentes de nulidad, respectivamente, presentados por la Cámara de Diputados.
El 30 de marzo de 2005, las partes en la controversia de que se trata presentaron alegatos, y el procurador general de la república, su opinión al respecto.
El 9 de mayo de 2005, Vicente Fox, titilar del Ejecutivo en el anterior sexenio, se entrevistó con el entonces ministro Mariano Azuela Huitron, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2 buscado presionar e incidir para que el fallo resultara a su favor, viciando el procedimiento y el buen juicio de los ministros.
El 16 de mayo del año 2005, los ministros de la Suprema Corte estaba divididos en sus decisiones, en determinar si procedía o no las observaciones del Ejecutivo al Presupuesto de Egresos; el problema radicaba en definir la naturaleza jurídica del presupuesto; es decir, si se trata de un acto administrativo o una norma general. 3
El 17 de mayo de 2005 la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió la controversia constitucional 109/2004 en los siguientes términos:
El segundo resolutivo remite a los términos del séptimo considerando, en el cual se expresa:
Declarando la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalido el acuerdo descrito en el párrafo anterior, acuerdo que esta soberanía emitió, vulnerando la división de poderes, por ello, compañeros legisladores, propongo otorgar a esta soberanía, la Cámara de Diputados, el equilibrio y armonía jurídica que se merece, reformando el inciso J) del artículo 72 constitucional, donde se prohíbe al titular del Ejecutivo federal hacer observaciones al Presupuesto de Egresos de la Federación; asimismo, se busca agilizar una de las labores del Ejecutivo que es promulgar la leyes que emite el Congreso de la Unión, y que ésta no exceda de siete días naturales, contados en periodo ordinario y en receso, no importa en qué periodo se encuentre el Poder Legislativo, esto no debe ser un obstáculo para que el Ejecutivo federal realice su trabajo, debe actualizarse la legislación, en virtud de que existen leyes que se aprueban el último día del periodo ordinario y su curso no puede seguir su cauce en virtud de que se presenta un receso.
También se propone que proyecto de ley o decreto desechado en todo o en parte por el Ejecutivo, será devuelto, con sus observaciones, a la Cámara de su origen. Deberá ser discutido de nuevo por ésta, y si fuese confirmado por la mayoría del número total de votos, no por las dos terceras partes del número total de los votos como está actualmente, así pasará otra vez a la Cámara revisora.
Por las razones anteriormente expuestas, someto a su consideración el siguiente proyecto de
DecretoArtículo 72.
A. ...
B. Se reputará aprobado por el Poder Ejecutivo, todo proyecto no devuelto con observaciones a la Cámara de su origen, dentro de siete días naturales; en su caso la devolución deberá hacerse el primer día útil en que el Congreso esté reunido.
C. El proyecto de ley o decreto desechado en todo o en parte por el Ejecutivo será devuelto, con sus observaciones, a la Cámara de su origen. Deberá ser discutido de nuevo por ésta, y si fuese confirmado por la mayoría del número total de votos, pasará otra vez a la Cámara revisora. Si por ésta fuese sancionado por la misma mayoría, el proyecto será ley o decreto y volverá al Ejecutivo para su promulgación.
...
D. al I.
J. El titular del Poder Ejecutivo no puede hacer observaciones a las resoluciones del Congreso o de alguna de las Cámaras, cuando ejerzan funciones de cuerpo electoral o de jurado, lo mismo que cuando la Cámara de Diputados apruebe el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación y declare que debe acusarse a uno de los altos funcionarios de la federación por delitos oficiales.
...
TransitorioÚnico. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Notas: 1. Diccionario Jurídico, desarrollo jurídico. Copyright 2000. 2. El Universal, 9 de mayo de 2005. 3. Noticiario 11 Noticias, Canal 11. Conducción Adriana Pérez, 16 de mayo del 2005, a las 21:35 horas.El Presidente senador Luis Alberto Villarreal García: Gracias a usted, diputado. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.
La Mesa Directiva de la Comisión Permanente, en la sesión de hoy acordó, por unanimidad, presentar un punto de acuerdo respecto a los lamentables acontecimientos sucedidos ayer en Televisa Monterrey, para lo cual solicito a la Secretaría que lea el punto de acuerdo.
ESTADO DE NUEVO LEON
El Secretario diputado José Rubén Escajeda Jiménez : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Comisión Permanente.
Acuerdo de la del Congreso de la Unión, por el que expresa su más enérgica condena por el ataque de que fue víctima Televisa Monterrey
Primero . La del Congreso de la Unión expresa su más enérgica condena por el ataque del que fue víctima Televisa Monterrey ayer por la noche, y de todo medio de comunicación, periodista, reportero o conductor que ha sufrido cualquier atentado, pues pone en riesgo la libertad de expresión.
Segundo . La del Congreso de la Unión expresa su absoluto rechazo a todo acto de violencia o terrorismo en contra de cualquier ciudadano.
Tercero . La del Congreso de la Unión exige a las autoridades correspondientes esclarecer todos los sucesos que han tenido lugar en contra de medios de comunicación y de periodistas, y el deslinde de las responsabilidades a que haya lugar.
En votación económica se pregunta si se aprueba. Los legisladores y las legisladoras que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Los legisladores y las legisladoras que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.
Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente senador Luis Alberto Villarreal García: Aprobado, comuníquese.
PERMISO PARA PRESTAR SERVICIOS EN REPRESENTACIONES DIPLOMATICAS
El Presidente senador Luis Alberto Villarreal García: El siguiente punto del orden del día es la primera lectura de dictamen.
En virtud de que ha sido publicado en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura.
La Secretaria diputada Marcela Cuen Garibi : Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura. Los legisladoras y las legisladoras que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Los legisladores y las legisladoras que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.
Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Comisión Permanente.
Honorable Asamblea:
En oficios de noviembre y diciembre de 2008, la Secretaría de Gobernación, solicitó el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Claudia Michelle Artola Padilla, Jesús Fernando Solís Bustillo, Fernando Flores Grajales, Mariana González Pedrajo, Giselle Santos Burgoa Márquez, Gabriela Soto Urías y Julio César Salcedo Aguiar, puedan prestar servicios en las Embajadas de Australia, de la República de Polonia y de los Estados Unidos de América, en México, respectivamente.
En sesión celebrada por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión el 22 de diciembre de 2008 se turnó a la suscrita comisión, para su estudio y dictamen, el expediente relativo.
Considerando
Proyecto de Decreto
Artículo Primero. Se concede permiso a la ciudadana Claudia Michelle Artola Padilla, para prestar servicios como gerente de Desarrollo de Negocios en la Embajada de Australia, en México.
Artículo Segundo. Se concede permiso al ciudadano Jesús Fernando Solís Bustillo para prestar servicios como gerente de Desarrollo de Negocios para México, Centroamérica y el Caribe, en la Embajada de Australia, en México.
Artículo Tercero. Se concede permiso al ciudadano Fernando Flores Grajales para prestar servicios como asistente administrativo, cajero, en la Embajada de Australia, en México.
Artículo Cuarto. Se concede permiso a la ciudadana Mariana González Pedrajo para prestar servicios en el Departamento de Administración en la Embajada de la República de Polonia, en México.
Artículo Quinto. Se concede permiso a la ciudadana Giselle Santos Burgoa Márquez para prestar servicios como project management assistant en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.
Artículo Sexto. Se concede permiso a la ciudadana Gabriela Soto Urías para prestar servicios como website content manager/translator (administradora de contenido web y traductora), en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.
Artículo Séptimo. Se concede permiso al ciudadano Julio César Salcedo Aguiar para prestar servicios como asistente de información en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.
El Presidente senador Luis Alberto Villarreal García: Es de primera lectura.
En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria el dictamen de la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede permisos a ciudadanos mexicanos para prestar servicios a gobiernos extranjeros, consulte la Secretaría a la asamblea si se le dispensa la segunda lectura y se pone de inmediato a discusión y votación.
La Secretaria diputada Marcela Cuen Garibi : Por instrucciones de la Presidencia, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se consulta a la asamblea si se dispensa la segunda lectura del dictamen y se pone a discusión y votación de inmediato. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.
Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente senador Luis Alberto Villarreal García: En consecuencia, se le dispensa la segunda lectura. Se pide a la Secretaría poner a discusión el proyecto de decreto.
La Secretaria diputada Marcela Cuen Garibi : Está a discusión el proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Claudia Michelle Artola Padilla, Jesús Fernando Solís Bustillo, Fernando Flores Grajales, Mariana González Pedrajo, Giselle Santos Burgoa Márquez, Gabriela Soto Urías y Julio César Salcedo Aguiar para prestar servicios en las Embajadas de Australia, de la República de Polonia y de Estados Unidos de América en México, respectivamente.
El Presidente senador Luis Alberto Villarreal García: No habiendo quien haga uso de la palabra, para los efectos del artículo 134 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, se pregunta a la asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular.
No habiendo quien haga uso de la palabra, ni artículo reservado, proceda la Secretaría a recoger la votación nominal de este proyecto de decreto, en lo general y en lo particular.
La Secretaria diputada Marcela Cuen Garibi : Se va a proceder a recoger la votación nominal, en lo general y en lo particular, del proyecto de decreto. Se pide que se hagan los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento para el Gobierno Interior.
La diputada María Esther Jiménez Ramos (desde la curul): Por la afirmativa.
El diputado Carlos Augusto Bracho González : (desde la curul): A favor.
El diputado Juan de Dios Castro Muñoz (desde la curul): Por el sí.
El senador Humberto Andrade Quezada (desde la curul): Sí.
La diputada Lariza Montiel Luis (desde la curul): Sí.
El diputado Manuel Portilla Diéguez (desde la curul): Sí.
El senador Javier Orozco Gómez (desde la curul): Sí.
El diputado Raúl Cervantes Andrade (desde la curul): Sí.
El diputado Francisco Javier Calzada Vázquez (desde la curul): A favor.
El diputado Gerardo Villanueva Albarrán (desde la curul): A favor.
El diputado Octavio Martínez Vargas (desde la curul): A favor.
El diputado Carlos Altamirano Toledo (desde la curul): Altamirano, a favor.
El senador Marco Humberto Aguilar Coronado (desde la curul): Sí.
El diputado Luis Fernando Rodríguez Ahumada (desde la curul): A favor.
El diputado Carlos Eduardo Felton González (desde la curul): A favor.
La senadora María Teresa Ortuño Gurza (desde la curul): Sí.
La senadora María Beatriz Zavala Peniche (desde la curul): Sí.
La senadora Eva Contreras Sandoval (desde la curul): Sí.
La senadora Gabriela Ruiz del Rincón (desde la curul): A favor.
La diputada Blanca Luna Becerril (desde la curul): A favor.
El diputado José Ascención Orihuela Bárcenas (desde la curul): A favor.
El senador Renán Cleominio Zoreda Novelo (desde la curul): Sí.
El senador Ramiro Hernández García ( desde la curul): A favor.
El senador Raúl José Mejía González (desde la curul): A favor.
El senador Rogelio Humberto Rueda Sánchez (desde la curul): Sí.
El senador Rubén Fernando Velázquez López (desde la curul): A favor.
La senadora Josefina Cota Cota (desde la curul): A favor.
El senador Jesús Garibay García (desde la curul): A favor.
El Secretario diputado José Rubén Escajeda Jiménez : A favor.
El diputado Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla (desde la curul): A favor.
El senador Luis Alberto Villarreal García (desde la curul): En pro.
La Secretaria diputada Marcela Cuen Garibi : A favor.
¿Falta algún legislador de emitir su voto? Se emitieron 32 votos en pro, 0 votos en contra.
El Presidente senador Luis Alberto Villarreal García: Aprobado el proyecto de decreto por 32 votos. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
DIA INTERNACIONAL DEL MIGRANTE
El Presidente senador Luis Alberto Villarreal García: El siguiente punto del orden del día es el dictamen a discusión con punto de acuerdo. En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se autoriza que sólo se lean los puntos de acuerdo.
El Secretario diputado José Rubén Escajeda Jiménez : Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se autoriza que sólo se lean los puntos de acuerdo. Los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.
Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente senador Luis Alberto Villarreal García: Se autoriza.
El Secretario diputado José Rubén Escajeda Jiménez : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Comisión Permanente.
A la Primera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente, correspondiente al primer receso del tercer año de ejercicio constitucional de la LX Legislatura, fue turnada la proposición con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal, a los gobiernos de los estados, del Distrito Federal y de los municipios impulsen desde sus respectivos ámbitos de competencia la conmemoración del ``Día Internacional del Migrante'', el 18 de diciembre, presentada por el senador Ángel Alonso Díaz-Caneja, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Los ciudadanos legisladores integrantes de esta Comisión realizaron el estudio y análisis de los planteamientos de la propuesta, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.
Con fundamento en los artículos 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 párrafo primero y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 58, 60, 87, 88 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de la Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la del Congreso de la Unión el presente
Dictamen
Antecedentes
La Proposición que se cita en el proemio, fue presentada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 22 de diciembre de 2008 y turnada para su estudio y dictamen correspondiente a la Primera Comisión de Trabajo, de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia.
Consideraciones
I. En su capítulo de antecedentes, el autor de la proposición manifiesta sustancialmente lo siguiente:
• Que el fenómeno social de la migración hoy en día ha tomado fuerza y se ha generalizado en todos los espacios de acción de la población; ello, en gran medida, por la globalización. La continuidad de este fenómeno ha generado que los países involucrados tomen múltiples medidas al respecto.• Que con relación al tema de migración, México es el país con mayor ingreso de remesas en el mundo, con 19 mil 970.50 millones de dólares aproximadamente, cantidad registrada por el Banco de México durante el 2008. Sumado a esto, actualmente residen en los Estados Unidos de América aproximadamente 11 millones de connacionales, según las últimas cifras del Buró del Censo de la Unión Americana, además de una comunidad creciente denominada población méxico-americana, compuesta por descendientes de mexicanos, que supera los 15 millones de personas. Este fenómeno se debe, en gran medida, a la situación geográfica en la que nos encontramos, que permite, con mayor facilidad, la fluidez de migrantes al vecino país del norte; y, por otro lado, la situación económica y social que atraviesan millones de mexicanos.• Que la Organización de Naciones Unidades (ONU) ha manifestado su preocupación respecto al fenómeno de la migración y todos los factores que a éste rodean, que van desde los derechos humanos y la calidad laboral, hasta los flujos económicos que le son subyacentes.• Señala que el 4 de diciembre de 1990, la Asamblea General de la ONU adoptó la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, antecedente de lo que hoy conocemos como el Día Internacional del Migrante, el cual se proclamó el 18 de diciembre.II. En su capítulo de consideraciones, el autor de la Proposición que se dictamina señala:
• Que la proclamación del 18 de diciembre como Día Internacional del Migrante se debe, entre otros motivos, al creciente número de migrantes que existe en el mundo, y a la preocupación internacional por asegurar su protección y el respeto de sus derechos y libertades fundamentales.• Que los estados miembros de la ONU, así como organizaciones intergubernamentales y organizaciones no-gubernamentales, están invitados a observar el Día Internacional del Migrante a través de difusión de información sobre los derechos humanos y las libertades fundamentales de los migrantes, el intercambio de experiencias y la formulación de medidas para protegerlos.• Termina señalando que México, a través de sus diferentes órganos gubernamentales, fomenta programas sociales que tienen como objetivo brindar seguridad a los connacionales que se encuentran en el exterior, así como alentar y promover los flujos de las personas con un amplio sentido del respeto a sus derechos humanos, ya sea para el regreso a su lugar de origen y/o para la protección de su persona y patrimonio.Siendo así fundamental la necesidad de impulsar en mayor medida la participación de otras instituciones en la defensa y tutela de los derechos de los migrantes, desde los gobiernos estatales y municipales, incluyendo a los poderes legislativos estatales y el Congreso de la Unión hasta los órganos desconcentrados de la administración pública y organizaciones de la sociedad civil.Para tal efecto, el autor propone el siguiente:``Punto de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente exhorta al Ejecutivo federal, gobiernos estatales, Distrito Federal y municipios a que impulsen, desde sus respectivos ámbitos de competencia, la conmemoración del 18 de diciembre como Día Internacional del Migrante, para que la próxima celebración, en 2009, tenga un mayor realce.Segundo. La Comisión Permanente solicita a la Secretaría de Gobernación para que, a través del Instituto Nacional de Migración, envíe un informe al Senado de la República al inicio del próximo periodo ordinario de sesiones, con la cantidad de migrantes mexicanos que visitaron el territorio nacional durante el 2008, el número de connacionales que se quedó a residir en el país, de visitantes que ingresaron en el periodo vacacional de diciembre, de extranjeros que se quedó a residir en territorio nacional, y de mexicanos migrantes que durante el periodo vacacional de diciembre del mismo año estuvo en el país y no retornó al extranjero.''III. Los integrantes de la Comisión Dictaminadora coinciden plenamente y hacen suyos los planteamientos del autor de la proposición con punto de acuerdo, tomando en cuenta los siguientes elementos principales:
• La Proposición de referencia aborda el tema de la conmemoración del 18 de diciembre denominado ``Día Internacional del Migrante''.• Que efectivamente México suscribió la Carta de las Naciones Unidas por la que se creó la Organización de las Naciones Unidas, admitido el 7 de noviembre de 1945; ratificada por nuestro país el 5 de octubre de 1945 y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17 de octubre de 1945.• Como se señala en la Proposición con Punto de Acuerdo en cuestión, el 4 de diciembre de 2000 la Asamblea General de la ONU, teniendo en cuenta que existe un importante número de inmigrantes en el mundo, y que ese número continúa incrementándose, proclamó el Día Internacional del Migrante (resolución 55/93), para lo cual se reproduce literalmente la resolución aprobada por la Asamblea General:``55/93. Proclamación del 18 de diciembre Día Internacional del MigranteLa Asamblea General,Tomando nota de la decisión 2000/288 del Consejo Económico y Social, de 28 de julio de 2000,Considerando que la Declaración Universal de Derechos Humanos proclama que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y que toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en ella, sin distinción de ningún tipo, en particular de raza, color u origen nacional,Teniendo en cuenta el número elevado y cada vez mayor de migrantes que existe en el mundo,Alentada por el creciente interés de la comunidad internacional en proteger efectiva y plenamente los derechos humanos de todos los migrantes, y destacando la necesidad de seguir tratando de asegurar el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos los migrantes,1. Decide proclamar el 18 de diciembre Día Internacional del Migrante;2. Invita a los Estados Miembros, así como a las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales, a que, para conmemorar el Día Internacional del Migrante, entre otras cosas, difundan información sobre los derechos humanos y las libertades fundamentales de los migrantes, intercambien experiencias y formulen medidas para protegerlos;3. Pide al Secretario General que señale la presente resolución a la atención de todos los gobiernos y organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales apropiadas.''• La Comisión Dictaminadora toma en cuenta que, conforme a lo dispuesto en el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ``esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la ley suprema de toda la nación''.Con sustento en lo anterior, la Comisión Dictaminadora considera procedente exhortar respetuosamente a los gobiernos federal, estatales, municipales y del Distrito Federal, en los términos propuestos en el instrumento que se dictamina.
Por lo que se refiere al segundo resolutivo de la proposición que se dictamina, esta Comisión toma en cuenta los siguientes elementos:
• El 19 de octubre de 1993, fue creado el Instituto Nacional de Migración, el cual tiene por objeto la planeación, ejecución, control, supervisión y evaluación de los servicios migratorios, al igual que las relaciones de coordinación con las diferentes dependencias de la Administración Pública Federal que concurrieran en la atención y solución de los asuntos relacionados con la materia.• Que el Instituto Nacional de Migración es un Órgano Técnico Desconcentrado de la Administración Pública Federal, dependiente de la Secretaría de Gobernación, el cual aplica la legislación migratoria vigente. Se reproducen literalmente los artículos 35, 36 y 55 del Reglamento Interior de la Segob:``Artículo 35. Para la más eficaz atención y el eficiente despacho de los asuntos de su competencia, la Secretaría contará con órganos administrativos desconcentrados que le estarán jerárquicamente subordinados.Los órganos administrativos desconcentrados y sus titulares tendrán las competencias y facultades que este Reglamento les confiere y, en su caso, las específicas que les señale el instrumento jurídico que los cree o regule o los acuerdos de delegación de facultades del Secretario.El Secretario establecerá la estructura orgánica y funciones complementarias de los órganos administrativos desconcentrados, mediante acuerdos que serán publicados en el Diario Oficial de la Federación.Artículo 36. La Secretaría tendrá los siguientes órganos administrativos desconcentrados:I. a IV. ...V. Instituto Nacional de Migración;VI. a XI. ...Artículo 55. El Instituto Nacional de Migración es un órgano técnico desconcentrado que tiene por objeto la planeación, ejecución, control, supervisión y evaluación de los servicios migratorios, así como el ejercicio de la coordinación con las diversas dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, que concurren en la atención y solución de los asuntos relacionados con la materia.Para el desarrollo de sus atribuciones, el Instituto contará con los servidores públicos que se requieran y el personal adscrito a la Unidad de Verificación y Vigilancia, de conformidad con las disposiciones normativas aplicables.''Consecuentemente, la Comisión Dictaminadora considera procedente solicitar a la Secretaría de Gobernación, por conducto del Instituto Nacional de Migración, haga llegar a esta Soberanía, un informe detallado y actualizado sobre el movimiento migratorio durante el año 2008.
En mérito de lo antes expuesto, los integrantes de la Primera Comisión, someten a la consideración del Pleno el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. La del Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración entre los Poderes, exhorta respetuosamente a los titulares del Poder Ejecutivo federal, de los gobiernos estatales y municipales y del Distrito Federal, por conducto de las dependencias competentes, impulsen la conmemoración y celebración del ``Día Internacional del Migrante'', establecido el 18 de diciembre.
Segundo. La del Congreso de la Unión, con sustento en lo dispuesto en los numerales 1 y 3 del artículo 45 y en los numerales 1 y 3 del artículo 97 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita al titular de la Secretaría de Gobernación, por conducto del Instituto Nacional de Migración, haga llegar a esta soberanía, un informe detallado y actualizado sobre el movimiento migratorio durante el año 2008.
El diputado Francisco Javier Calzada Vázquez (desde la curul): Pido la palabra.
El Presidente senador Luis Alberto Villarreal García: ¿Está solicitando el uso de la palabra?
El diputado Francisco Javier Calzada Vázquez (desde la curul) Sí.
El Presidente senador Luis Alberto Villarreal García: Y es de concedérsele. En consecuencia, están a discusión los puntos de acuerdo. Se abre el registro de oradores, y tengo registrado al presidente de la comisión, supongo que en pro. Tiene usted, para el efecto, el uso de la palabra.
El diputado Francisco Javier Calzada Vázquez : Muchas gracias, diputado presidente.Señoras legisladoras y señores legisladores, en la Primera Comisión ---Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia--- aprobamos este dictamen con el propósito de hacer un gran reconocimiento al Día Internacional de los Migrantes, en particular en nuestro país a los hermanos mexicanos que han tenido que irse a trabajar a Estados Unidos, por necesidad no por gusto.
Y qué bueno que se haga este exhorto a los órdenes de gobierno para homogeneizar la fecha y para poder hacer el reconocimiento que necesitan los migrantes. Pero aquí más que reconocimientos, lo que necesitan los migrantes son acciones de los tres poderes del Estado mexicano.
Lo que necesitan los migrantes es un trato más justo, más equitativo, un trato más recíproco. Bastaría decir simplemente que a noviembre del año pasado, que es la cifra más reciente disponible, habían enviado remesas por 21 mil 577 millones de dólares, una estimación de 236 mil millones de pesos.
Eso es lo que hace que haya tranquilidad en el sector rural mexicano, lo que le da los medios de subsistencia a millones de familias mexicanas. Y a cambio de eso el gobierno federal solamente en el Presupuesto ha asignado... entre la iniciativa que mandó el Ejecutivo federal y esta legislatura le hemos concedido 700 millones de pesos para el pago de adeudo de braceros migratorios del 42 al 64; 503 millones al Programa 3 x 1, conocido como ``iniciativa ciudadana de mexicanos en el exterior''; y otros cuantos programas que son realmente incipientes.
Ahora, nuestros paisanos están regresando de Estados Unidos ante la crisis financiera y económica que se vive en aquel país, cuando pierden el empleo, cuando están dejando de pagar sus hipotecas, cuando están dejando de pagar los créditos de sus vehículos. Y ahora nosotros en México les asignamos una partida de apenas 300 millones de pesos para hacerle frente y atender a los mexicanos que ahora por necesidad están regresando de Estados Unidos hacia México.
Había un debate estéril sobre quienes escriben en los diarios diciendo que no iba a haber tal retorno; que México no tenía que hacer esa predicción. Hoy, el presidente electo de Estados Unidos está diciendo que la dimensión del problema de Estados Unidos se está agravando y que no es del tamaño que se pensaba, sino que va a ser mucho peor.
Nosotros aquí sí estamos a favor de hacer ese reconocimiento a los migrantes, pero yo creo que basta de reconocimientos, basta de discursos. Necesitamos acciones concretas, necesitamos recibir dignamente a los paisanos que están regresando de Estados Unidos.
Necesitamos una mejor relación con ellos. Necesitamos activar programas de atiendan a los que se quedan acá, de las familias que a raíz de la migración están divididas. Eso es lo que convoca el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
No más discursos para los migrantes. Acciones y programas concretos. Muchas gracias.
Presidencia del diputado César Duarte Jáquez
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Consulte la Secretaría a la asamblea si se considera suficientemente discutido el punto de acuerdo.
El Secretario diputado José Rubén Escajeda Jiménez : En votación económica, se pregunta a la asamblea si se considera suficientemente discutido el punto de acuerdo. Los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.
Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Suficientemente discutido.
El Secretario diputado José Rubén Escajeda Jiménez : En votación económica se preguntan si se aprueban los puntos de acuerdo. Los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.
Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Aprobados los puntos de acuerdo. Comuníquense. Continúe la Secretaría.
PERMISO PARA ACEPTAR CONDECORACION
El Secretario diputado José Rubén Escajeda Jiménez : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.
Secretarios de la Comisión Permanente.--- Presentes.
El suscrito, diputado federal César Duarte Jáquez, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, por mi propio derecho solicito de esta Comisión Permanente el premiso a que se refiere el artículo 37, inciso c), fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para aceptar y usar la condecoración Medalla Presidencial, que me será conferida por el gobierno de la República de Guatemala el próximo 13 de enero del presente.
Para los efectos conducentes, adjunto a la presente copia simple de la carta enviada por el presidente del Congreso de la República de Guatemala, por la que comunica el otorgamiento de dicha condecoración; asimismo, adjunto copia simple del acuerdo gubernativo 478-2006 por el que se aprueba el otorgamiento de la misma.
Finalmente, solicito atentamente que al presente asunto se le dé carácter de urgente, en términos del artículo 50 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
En espera de su aceptación, aprovecho la ocasión para enviarles un cordial saludo.
«Escudo.--- El Presidente del Congreso de la República de Guatemala.
Excelentísimo señor César Duarte Jáquez, Presidente de la Cámara de Diputados de los Estados Unidos Mexicanos:
Dentro del marco de nuestras fraternas relaciones donde la libertad, la dignidad y la situación geopolítica de nuestra región la hacen especial, es necesario cultivar la convivencia y preservar los conceptos de vida que nuestros pueblos merecen y hoy exigen.
Con esos valores de referencia nos hemos visto estimulados a destacar la excelente oportunidad que hace viva nuestra articulación y con manifestaciones que exalten los hechos, particularmente hoy que se nos ha informado que en Consejo de Ministros, el excelentísimo señor Presidente Constitucional de la República, ciudadano don Álvaro Colom Caballeros, dispuso condecorarlo con la ``Medalla Presidencial'', la cual será impuesta en una recepción que se llevará a cabo en el Palacio Nacional, el martes 13 de enero de 2009, a las 19:00 horas.
En nuestra condición de presidente saliente y presidente entrante de la Junta Directiva del Congreso de la República nos congratulamos por tal acontecimiento y nos honramos en invitar al excelentísimo señor Presidente de la Cámara de Diputados, ciudadano don César Duarte Jáquez para que asista a la sesión solemne programada para el día 14 de enero de 2009, en la cual tomará posesión la nueva Junta Directiva de este alto organismo del Estado.
Como se estila en estas invitaciones nuestra institución se hará cargo de los gastos de boleto aéreo, hospedaje y alimentación para su excelencia y un representante que lo acompañe en la estadía los días 13 y 14 de enero de 2009.
Con la esperanza de poder tener el honor y el privilegio de saludarlo en esta su casa, hacemos propicia la oportunidad para suscribirnos de su excelencia con la manifestación de nuestros sentimientos de fraterna amistad, como sus servidores.
«Escudo.--- Presidencia de la República de Guatemala, C.A.
Acuerdo Gubernativo No. 478-2006
El Presidente de la República
Considerando
Que la Constitución Política de la República de Guatemala establece como función del Presidente de la República la concesión de condecoraciones a guatemaltecos y extranjeros, por lo cual se instituyó una condecoración que el Presidente de la República puede otorgar a personas individuales o jurídicas, tanto nacionales como extranjeras, que lo merezcan por sus servicios prestados o por sus aportes que contribuyan especialmente al engrandecimiento del país. Dicha condecoración se instituyó por medio del Acuerdo Gubernativo número 71-92, de fecha 20 de febrero de 1992 y sus reformas.
Que el Acuerdo Gubernativo citado en el considerando anterior, ha sido objeto de reformas; por lo que es conveniente unificarlas en un solo cuerpo legal para facilitar la aplicación del procedimiento contenido en las mismas. Para el efecto anterior es imperativo derogar los acuerdos gubernativos citados y emitir una nueva disposición.
Por tanto, en ejercicio de las funciones que le confieren los incisos e) y u) del artículo 183 de la Constitución Política de la República de Guatemala.
Acuerda
Artículo 1. Instituir la ``Orden Presidencial'' la que será otorgada por el Presidente de la República como símbolo de honor y reconocimiento a las personas guatemaltecas o extranjeras que lo merezcan por sus servicios prestados o por sus aportes en las ciencias, la educación, la cultura, el desarrollo y en otras actividades que contribuyan o hayan contribuido especialmente al engrandecimiento de Guatemala.
Artículo 2. La Orden Presidencial se materializará en una medalla-insignia con las dimensiones y características establecidas en el artículo 3 del presente acuerdo, haciéndose pertinente la elaboración de réplicas de la misma, de menores dimensiones, para hacer apropiado su uso en ceremonias protocolarias y un rosetón o botón para utilizar en traje de calle, cuando corresponda.
Artículo 3. La medalla, ostentará en su anverso el Escudo Nacional, esmaltada en sus colores naturales, con una banda periférica en que se leerá: ``Orden Presidencial. Guatemala'' y en su reverso, grabado, los nombres y apellidos del recipiendario y del Presidente de la República. Todo, engastado en una joya labrada en metal consistente en: Estrella de cuatro lados con puntas abiertas y cuatro picos interpuestos entre sus puntas; la parte interior de las puntas esmaltada en blanco, y en celeste su parte exterior y los cuatro picos interpuestos; colocada sobre una cruz de ocho picos por punta, con una separación lineal de tres pulgadas y un cuarto (3 ¼'') entre sus puntas extremas. La totalidad de sus piezas llevarán baño de oro y penderá de un listón en colores azul, blanco y celeste, de cuatro centímetros de longitud.
Artículo 4. Al recipiendario de la Orden Presidencial se le entregará asimismo una réplica a escala de la medalla, bañada en oro, con listón, con dimensión de tres cuartos de pulgada (3/4'') entre sus puntas extremas, para utilizar en la solapa durante actos ceremoniales en que sea pertinente. En igual forma se entregará un rosetón o botón, en listón del mismo color de la orden principal, para utilizar en traje de calle cuando corresponda.
Artículo 5. Corresponde al Presidente de la República, como Jefe Supremo de la orden, decidir el otorgamiento de la misma mediante acuerdo gubernativo, en el cual se detalle los méritos de la persona que justifican recibir ese alto honor.
El Secretario Privado de la Presidencia será el Canciller de la Orden Presidencial y, como tal, responsable de todo lo relacionado con su otorgamiento, incluyendo llevar el libro de registro de las personas a quienes se confiera, debiendo disponer en su presupuesto lo concerniente para asegurar el debido cumplimiento de lo establecido en este acuerdo.
Artículo 6. La medalla será acompañada de un diploma, el cual consistirá en un certificado suscrito por el canciller de la orden en el que se debe consignar los datos relativos al Acuerdo Gubernativo por el que se confirió la Orden Presidencial, el detalle de los méritos de la persona que justificaron el alto honor y los datos de su inscripción en el libro respectivo.
Artículo 7. Se deroga el Acuerdo Gubernativo número 71-92 de fecha 20 de febrero de 1992; el Acuerdo Gubernativo número 412-2003, de fecha 11 de julio de 2003 y el Acuerdo Gubernativo número 262-2006, de fecha 24 de mayo de 2006.
Artículo 8. El presente acuerdo empezará a regir el día siguiente de su publicación en el Diario de Centro América.
Comuníquese.
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Con fundamento en los artículos 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, consulte la Secretaría a la asamblea si se le dispensan los trámites y se pone a discusión y votación de inmediato.
El Secretario diputado José Rubén Escajeda Jiménez : Por instrucciones de la Presidencia, con fundamento en los artículos 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se consulta a la asamblea si se le dispensan todos los trámites y se pone a discusión y votación de inmediato. Los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.
Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Se dispensan todos los trámites. Proceda la Secretaría a leer el proyecto de decreto.
El Secretario diputado José Rubén Escajeda Jiménez : Artículo único. Se concede permiso al ciudadano César Duarte Jáquez para aceptar y usar la condecoración Medalla Presidencial que le confiere el gobierno de la República de Guatemala.
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Está a discusión el proyecto de decreto. No habiendo quien haga uso de la palabra, proceda la Secretaría a recoger la votación nominal.
El Secretario diputado José Rubén Escajeda Jiménez : Se va a proceder a recoger la votación nominal, en lo general y en lo particular. Se pide que se hagan los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento para el Gobierno Interior. Su servidor, José Rubén Escajeda Jiménez , recogerá los votos por la afirmativa, y se suplica a la diputada Marcela Cuen que tome la votación por la negativa.
La diputada María Esther Jiménez Ramos (desde la curul): Por la afirmativa.
El diputado Carlos Augusto Bracho González (desde la curul): A favor.
El diputado Juan de Dios Castro Muñoz (desde la curul): Sí.
El senador Humberto Andrade Quezada (desde la curul): Sí.
La diputada Lariza Montiel Luis (desde la curul): A favor.
El senador Javier Orozco Gómez (desde la curul): A favor.
El diputado Raúl Cervantes Andrade (desde la curul): A favor.
El diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva (desde la curul): A favor.
El diputado Francisco Javier Calzada Vázquez (desde la curul): A favor.
El diputado Gerardo Villanueva Albarrán (desde la curul): A favor.
El diputado Octavio Martínez Vargas (desde la curul): A favor.
El diputado Carlos Altamirano Toledo (desde la curul): A favor.
El senador Marco Humberto Aguilar Coronado (desde la curul): Sí.
El diputado Luis Fernando Rodríguez Ahumada (desde la curul): Sí.
La senadora María Teresa Ortuño Gurza (desde la curul): Sí.
La senadora María Beatriz Zavala Peniche (desde la curul): Sí.
La senadora Eva Contreras Sandoval (desde la curul): Sí.
La senadora Gabriela Ruiz del Rincón (desde la curul): A favor.
La diputada Blanca Luna Becerril (desde la curul): A favor.
El diputado José Ascensión Orihuela Bárcenas (desde la curul): A favor.
El senador Renán Cleominio Zoreda Novelo (desde la curul): Sí.
El senador Ramiro Hernández García (desde la curul): A favor.
El senador Raúl José Mejía González (desde la curul): A favor.
El senador Rogelio Rueda Sánchez (desde la curul): Sí.
El senador Rubén Fernando Velázquez López (desde la curul): Sí.
La senadora Josefina Cota Cota (desde la curul): A favor.
El senador Jesús Garibay García (desde la curul): Garibay García, a favor.
El Secretario diputado José Rubén Escajeda Jiménez : A favor.
El diputado Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla (desde la curul): A favor.
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Duarte Jáquez, a favor.
El senador Luis Alberto Villarreal García: Villarreal García, a favor.
La Secretaria diputada Marcela Cuen Garibi : A favor.
El Secretario diputado José Rubén Escajeda Jiménez : ¿Falta algún legislador o alguna legisladora de emitir su voto?
Señor presidente, se emitieron 32 votos a favor.
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Aprobado el proyecto de decreto por 32 votos. Aprobado por unanimidad. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
MEDIO ORIENTE
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: El siguiente punto del orden del día es el de proposiciones con punto de acuerdo.
Tiene el uso de la palabra el senador Luis Alberto Villarreal García, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, para presentar punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente rechaza las acciones bélicas iniciadas en Medio Oriente.
El senador Luis Alberto Villarreal García: ``La noche oscura no termina cuando somos capaces de distinguir al hombre entre su sombra, termina cuando somos capaces de no ver con diferencias a los hombres, no importa su edad, su raza o su religión''. Simon Peres.
Con el permiso de la Presidencia. Vengo a solicitar una propuesta con punto de acuerdo, de urgente resolución, por el que la Comisión Permanente de este Congreso de la Unión rechaza las acciones bélicas iniciadas en Medio Oriente y se suma al llamado urgente, emitido por la Secretaría de Relaciones Exteriores, para que los actores involucrados pongan fin a las hostilidades y respeten el derecho internacional humanitario, al tiempo que exhorta al gobierno federal a que el representante de nuestro país ante el Consejo de Seguridad de la ONU lleve a cabo las acciones necesarias en la búsqueda de este cometido.
Quisiera solicitar a la Presidencia que me permita hacer una sustitución al primer resolutivo que está publicado, toda vez que el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional me ha solicitado ciertas modificaciones y hemos decidido sustituir.
Para el efecto y antes de continuar con la exposición de motivos de este punto de acuerdo, quisiera solicitar, presidente, si me permite que la Secretaría lea, toda vez que como proponente estoy aceptando esta solicitud que me hace el PRI.
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Con gusto, señor senador.
Solicito a la Secretaría que lea la modificación propuesta.
La Secretaria diputada Marcela Cuen Garibi : Resolutivo.
Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a las partes en conflicto a respetar las disposiciones aplicables que contemplen el derecho humanitario internacional respecto a la protección de la población civil, y la Carta de las Naciones Unidas, en relación con la neutralidad de los espacios físicos de la ONU.
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Continúe, señor senador.
El senador Luis Alberto Villarreal García: Gracias, presidente.
En efecto, el pasado 27 de diciembre, luego de un cese al fuego de seis meses, las fuerzas armadas de Israel bombardearon el territorio que ocupa la franja de Gaza, afectando gravemente a la población civil, a los hospitales, los sistemas de abastecimiento de agua y de todo servicio público, edificios de gobierno y mezquitas de la zona.
Al día siguiente nuestro gobierno emitió un comunicado para expresar su preocupación por dichos bombardeos, así como por el excesivo uso de la fuerza en la zona de Gaza, y manifestó también un tajante rechazo al lanzamiento de cohetes desde la franja de Gaza hacia el territorio israelí.
Ese mismo día el gobierno de México hizo un llamado a los actores involucrados en el conflicto para que respetaran el derecho internacional humanitario y para que cesen de manera inmediata las acciones militares y se permita el acceso a las organizaciones internacionales y ayuda humanitaria a la zona de conflicto.
A pesar de múltiples esfuerzos emprendidos por distintos países vecinos a la zona de conflicto y de diferentes latitudes, así como por el Consejo de Seguridad para alcanzar el restablecimiento de la paz, y del llamado de la comunidad internacional para que cese el fuego, el pasado 3 de enero las tropas israelíes iniciaron una incursión terrestre en la zona de Gaza.
Ante esa escalada de violencia, el gobierno de nuestro país emitió un nuevo comunicado para reiterar a las partes su urgente llamado para ponerle fin a las hostilidades y alcanzar el cese inmediato al fuego.
El gobierno de la república y todo gobierno democrático en el mundo no han parado de exigir de manera tajante y formal que cesen las hostilidades y que se permita la atención a los civiles. Todos los días, desde hace 11 días, hemos visto y leído terribles crónicas de lo que los ciudadanos en la franja de Gaza están padeciendo por la beligerancia y la intransigencia de las partes en conflicto.
Por eso hoy subo a esta tribuna para proponer el siguiente punto de acuerdo, además del que ya se dio lectura:
Segundo: La del Congreso de la Unión expresa su respaldo absoluto a las medidas diplomáticas que ha iniciado el gobierno de México y se suma al llamado urgente emitido por la Secretaría de Relaciones Exteriores para que los actores involucrados en el conflicto en Medio Oriente pongan fin a las hostilidades y se renueve inmediatamente el cese al fuego, así como para que se respete el derecho internacional humanitario y se permita el acceso a las organizaciones internacionales de asistencia humanitaria al conflicto.
Tercero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobierno federal a que mediante la Cancillería, y nuestro representante en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, lleve a cabo todas las acciones diplomáticas en la búsqueda del restablecimiento de la paz en la franja de Gaza.
Cuarto. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión manifiesta su solidaridad con las víctimas de los lamentables acontecimientos que han venido sucediéndose en la franja de Gaza, y hace votos por el pronto restablecimiento del diálogo entre los actores del conflicto, a fin de que se encuentre una salida pacífica que permita evitar la pérdida de más vidas humanas, especialmente de civiles.
Presidente, toda vez que esta solicitud es de urgente resolución, le solicito que consulte a la asamblea si es de aceptarse el trámite, que lo haga de manera nominal, si es que algún legislador me apoya en esta posición. Gracias.
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Ha solicitado para... Antes, el diputado Tonatiuh Bravo tiene el uso de la palabra.
El diputado Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla : Gracias diputado presidente.Estimadas legisladoras y estimados legisladores, los Grupos Parlamentarios del Partido de la Revolución Democrática, del Partido Revolucionario Institucional y de Convergencia inscribimos un punto de acuerdo que tiene que ver, precisamente, con el tema al que el senador que me antecedió en el uso de la palabra se ha referido.
Hay una propuesta de inserción del ejemplar que ustedes tienen en la Gaceta Parlamentaria a un resolutivo segundo, en donde se exhorta a las partes en conflicto a respetar las disposiciones aplicables que contempla el derecho humanitario internacional respecto a la protección de la población civil, y la carta de las Naciones Unidas, con relación a la neutralidad de los espacios físicos de la ONU.
Está suscrito por los diputados, no solamente que aparecen en la Gaceta Parlamentaria, el diputado Javier González Garza y el de la voz, sino también por los diputados Alejandro Chanona, Cuauhtémoc Velasco, el senador Fernando Castro Trenti, del Partido Revolucionario Institucional, el diputado Octavio Martínez, del Partido de la Revolución Democrática, y el diputado José Ascención Orihuela.
En virtud de que se tratan de contenidos similares, pediría que se conjugara un mismo punto de acuerdo de la Permanente; el punto de acuerdo modifica la petición que se hacía en el sentido de hacer referencia al embajador.
De tal manera que solamente expresa estos tres puntos que están en la Gaceta Parlamentaria, los cuales voy a leer:
Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión condena enérgicamente la incursión militar israelí en contra de la población palestina en la franja de Gaza, la cual viola los principios contenidos en la carta de las Naciones Unidas y llama a las partes en conflicto a alcanzar de inmediato el cese al fuego.
Segundo. (Al que ya di lectura) Se exhorta a las partes en conflicto a respetar las disposiciones aplicables que contempla el derecho humanitario internacional respecto a la protección de la población civil de la carta de las Naciones Unidas con relación a la neutralidad de los espacios físicos de la ONU.
Tercero. Se hace un respetuoso llamado al gobierno de Israel y a la Autoridad Nacional Palestina para iniciar, lo más pronto posible, pláticas que permita alcanzar una paz justa y duradera en la zona.
Ésos son los tres puntos que contiene, y en virtud de que hay grupos parlamentarios que estamos haciendo una fundamentación similar, solicito al senador que hiciéramos un proyecto conjunto para que la Permanente tuviera una sola expresión.
Tomando también en consideración que este punto sí está agendado como de urgente resolución, y el que el senador ha leído está en el orden del día como de turno a Comisión.
El senador Luis Alberto Villarreal García (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Sí, senador Villarreal.
El senador Luis Alberto Villarreal García: Quisiera hacer algunas precisiones, en un ánimo, por supuesto, constructivo, porque me parece que lo que aquí estamos discutiendo es, a final del día, una posición del Congreso de la Unión respecto a lo que está sucediendo en la franja de Gaza, en donde nos estamos solidarizando con las víctimas y en donde estamos, por supuesto, repudiando lo que allá está sucediendo.
Las precisiones son en el siguiente sentido:
En primer término, cuando yo hice, inscribí mi proposición, venía como urgente u obvia; pero si no está así publicado, lo he solicitado en la tribuna y ése es un trámite que tiene que resolver la asamblea.
En segundo término, los resolutivos que leí, que son cuatro y que están publicados, tienen una sustitución que me solicitó, a nombre del Grupo Parlamentario del PRI, el senador Ramiro, que fue el que yo leí junto con los otros tres. De manera que ya no me quedó muy claro si estamos hablando del punto de acuerdo que yo presenté o estamos hablando de un punto de acuerdo diferente al que usted y otros legisladores, con todo el derecho del mundo, están presentando.
Porque, a mí me parece ---para concluir mi precisión---, me parece indispensable que este Congreso, al margen de partidos políticos reconozca una labor diplomática que el Estado mexicano está llevando a cabo. No es el PAN, no es el PRI, no es el PRD, no es ningún partido; es la diplomacia mexicana, la representación ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de nuestro país.
Ayer, en México, fue enfático y sin titubeos. Ha hecho un trabajo y está buscando primero restablecer la paz, y segundo, por supuesto, condenar los actos que se están llevando a cabo, tanto los ataques por parte de los israelíes como, por supuesto, del lanzamiento de cohetes desde la franja de Gaza hacia Israel.
Cuando usted habla de una sustitución, la sustitución era un intercambio en donde se decía: ``no queremos reconocerle eso a la diplomacia mexicana, o se lo reconocemos siempre y cuando se ponga un quinto artículo que establezca la exigencia del Congreso de la Unión a que retiremos a nuestro embajador de México en Israel''; a lo cual, por supuesto que yo les dije, que no podíamos negociar una cosa por la otra, porque finalmente no tenían nada que ver.
Es nuestra posición. Por supuesto que estoy en toda la disposición de que encontremos un texto común. Pero, ya no me quedó muy claro y sí quería hacer estas precisiones, toda vez que usted así lo mencionó, y me parece que la asamblea tiene todo el derecho del mundo a conocer cuáles fueron las realidades. Muchas gracias.
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Muchas gracias, señor senador.
En este asunto, en virtud de que hay claras posiciones de buscar un consenso y tomar, y que ha sido signado por la gran mayoría de los grupos parlamentarios que componen la Comisión Permanente, daríamos paso a buscar un resolutivo en conjunto, común; por tanto, tendríamos el tiempo para eso.
El diputado Gerardo Villanueva Albarrán (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Sí, diputado. ¿Con qué objeto, diputado Gerardo Villanueva?
El diputado Gerardo Villanueva Albarrán (desde la curul): Quiero tomar la palabra para que mi opinión sea considerada por los diputados proponentes de este punto de acuerdo.
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Lo exhorto, señor diputado, como no está en discusión todavía el punto y los grupos parlamentarios van a procesar un solo comunicado, un solo posicionamiento, le solicito que se sume precisamente a esa discusión que se concrete; ahorita en la discusión cada quien podrá hacer uso de la tribuna, conforme a derecho les corresponde.
El diputado Gerardo Villanueva Albarrán (desde la curul): Eso era.
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Gracias, diputado.
PRECIOS DE GASOLINAS Y DIESEL
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Vamos a dar el uso de la palabra al senador Ramiro Hernández García, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar un punto de acuerdo por el que se exhorta alsecretario de Hacienda y Crédito Públicoa que suspenda el injustificado incremento semanal de los precios de gasolina y diesel, mientras que los grupos parlamentarios concretan un solo resolutivo. Tiene el uso de la palabra el señor senador.
El senador Ramiro Hernández García: Muchas gracias, señor presidente.
Compañeras y compañeros, en enero de 2008 entró en vigor un decreto firmado por el Ejecutivo federal en el que se estableció el incremento global al impuesto a las gasolinas. Dicho aumento mensual consiste en 2 centavos, 2.4 y 1.66 por cada litro de gasolina Magna y Premium, y de diesel, respectivamente.
El decreto tendría una vigencia de 18 meses y su objeto sería incrementar la recaudación de recursos, que estarían destinados para el desarrollo de infraestructura en las entidades federativas y sus municipios, según lo que se establece en la Ley de Impuestos Especiales sobre Producción y Servicios.
El 10 de septiembre pasado, el secretario de Hacienda y Crédito Público anunció la decisión del gobierno federal de eliminar gradualmente los subsidios a la gasolina. El principal argumento fue que los mexicanos teníamos que pagar el combustible al mismo precio que en otros países, concretamente Estados Unidos, ya que dicho subsidio representaba una carga financiera para la Secretaría de Hacienda.
No obstante, el argumento principal del gobierno en este momento ya no tiene justificación. La gasolina y el diesel en México son al día de hoy más caros que en Estados Unidos.
Podemos afirmar que a partir de noviembre de 2008 las gasolinas Premium y Magna son más baratas en Estados Unidos que en México. Lo que implica que el subsidio a favor de los consumidores nacionales ha desaparecido y, con éste, los argumentos para incrementar los precios a nivel nacional.
Con base en la información proporcionada por Pemex y el Departamento de Energía de Estados Unidos, la gasolina Premium en Estados Unidos registró un precio medio de 11.49 pesos por litro en julio de 2008 y se redujo a 7.20 pesos por litro en diciembre de 2008. En México pasó de 9.04 a 9.54 pesos por litro.
En el caso de la gasolina Magna, en Estados Unidos durante el mismo periodo registró un precio promedio de 10.85 pesos por litro y se redujo a 6.18 pesos. En México pasó de 7.24 a 7.64 pesos por litro.
En todo 2008, y hasta el 3 de enero de 2009, en nuestro país el precio de la gasolina Magna ha aumentado 10.1 por ciento; la Premium tuvo un incremento de 9.6 por ciento; y el diesel, de 24.4 por ciento. Se han dado 36 incrementos en los últimos tres meses.
De igual manera, ante la caída del precio internacional, nuestra gasolina ya no registra subsidio alguno. Al contrario, registra un sobreprecio respecto al que se establece en el mercado internacional.
No se entiende entonces por qué tiene que seguir subsidiando los combustibles cuando el precio del hidrocarburo cayó a una tercera parte de lo que se cotiza cuando iniciaron los aumentos. Ya no existen razones para aplicar los famosos deslices. Ahora pensaríamos que el desliz en los precios debería darse, pero a la baja. Los aumentos en los precios de la gasolina siguen afectando en forma directa la economía familiar, lesionando el poder adquisitivo de los trabajadores.
De igual manera el alza de los precios de los combustibles es el principal factor para provocar inflación, porque genera aumentos en todos los precios de los productos y los servicios. Asimismo, ha generado descontento social; muestra de ello es el paro de más de 2 mil camaroneros que con justo derecho demandan un precio razonable del diesel.
Es el momento para que la Secretaría de Hacienda realice una medida de tipo económico y social, y suspenda los incrementos al precio de la gasolina y del diesel, y los ajuste a los niveles internacionales.
Por lo expuesto, someto a la consideración de este pleno, como un asunto de mayor importancia, el siguiente punto de acuerdo.
Se exhorta al secretario de Hacienda y Crédito Público a que suspenda el injustificado incremento semanal a los precios de la gasolina Premium y Magna, y al diesel, y los ajuste a los precios internacionales.
Este punto lo agendamos desde el 22 de diciembre. Hoy lo estamos presentando, 7 de enero de 2009. Es cuanto, señor presidente.
«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al secretario de Hacienda y Crédito Público a suspender el injustificado incremento semanal de los precios de las gasolinas y del diesel, a cargo del senador Ramiro Hernández García, del Grupo Parlamentario del PRI
El que suscribe, Ramiro Hernández García, senador de la República por el estado de Jalisco e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en la LX Legislatura de la honorable Cámara de Senadores, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución al tenor de las siguientes:
Consideraciones
Primera. En enero de 2008, entró en vigor un decreto firmado por el Ejecutivo federal, en el que se estableció el incremento gradual al impuesto a las gasolinas. Dicho aumento mensual consistía en: 2 centavos, 2.44 centavos y 1.66 centavos, por cada litro de gasolina Magna, gasolina Premium UBA y diesel, respectivamente.
Segunda. El decreto tendría una vigencia de 18 meses, y su objeto sería incrementar la recaudación de recursos, que estarían destinados para el desarrollo de infraestructura en las entidades federativas y sus municipios, según lo estipulado en la propia Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios.
Tercera. El 10 de septiembre pasado el secretario de Hacienda y Crédito Público, doctor Agustín Carstens Carstens, anuncio la decisión del gobierno federal de eliminar gradualmente los subsidios presupuestales a la gasolina, el principal argumento esgrimido por el funcionario para tan dolorosa y drástica medida, fue que los mexicanos teníamos que pagar el combustible al mismo precio que se pagaba en otros países, concretamente en Estados Unidos de América, porque el gobierno ya no podía sostener la inyección de recursos públicos que en ese momento nos hacía tener una de las gasolinas más baratas del mundo.
Cuarta. El argumento original para elevar el precio del combustible fue que el incremento del subsidio era incosteable, representando una carga financiera insostenible para la Secretaría de Hacienda. La Secretaría de Hacienda estimó en septiembre pasado, que el subsidio al combustible sería de unos 25 mil millones de dólares en el 2008, frente a una estimación inicial de 19 mil millones de dólares. En consecuencia, el precio de los combustibles en México se mantuvo por debajo de los precios internacionales, gracias al subsidio.
Quinta. El argumento principal del gobierno se ha derrumbado: la gasolina y el diesel en México son más caros que en Estados Unidos. El precio de la gasolina más vendida en México (Magna) alcanzó los 7.66 pesos por litro el 13 de diciembre pasado, comparado con 40.3 centavos por litro que pagan actualmente los consumidores estadounidenses en promedio, según datos de la Asociación Mexicana de Empresarios Gasolineros y de la página Fuelleconomy.gov, del gobierno de Estados Unidos.
Sexta. Ante la caída de los precios internacionales de los hidrocarburos, el escenario anterior se ha invertido, por lo que nuestra gasolina ya no registra subsidio alguno, sino que al contrario, ahora es más cara que la que se oferta en el mercado internacional, que ha registrado importantes disminuciones debido a la caída de los precios del petróleo a nivel mundial.
Séptima. los analistas del mercado de combustibles en Estados Unidos pronostican que en las próximas semanas se mantendrá la tendencia a la baja en sus combustibles y que la gasolina regular podría reducirse 99 centavos más para ubicarse en precios que estiman podrían llegar hasta el equivalente de los 4 pesos por litros.
Octava. De igual manera, no se entiende porque tiene que seguir subiendo cuando el precio del hidrocarburo cayó en 70 por ciento. A una tercera parte de lo que se cotizaba cuando iniciaron los aumentos, ya no existen razones para aplicar ``la política de desliz''. Quisiera mencionar que de enero hasta noviembre pasado, el costo de la gasolina Magna se ha incrementado 7.8 por ciento, la Premium lo ha hecho en 9.19 por ciento y el diesel en 17.70 por ciento.
Novena. Sin duda, el incremento en el precio de las gasolinas seguirá afectando en forma directa la economía familiar, lesionando el poder adquisitivo de los trabajadores. De igual manera afectará a todos los sectores de la comunidad. Definitivamente, el alza de precios en los combustibles es el principal factor para provocar inflación, porque genera incremento en todos los productos y servicios
Ya no hay necesidad de seguir incrementando las gasolinas porque solamente pegará en el bolsillo de los mexicanos. Creo que es momento que la Secretaría de Hacienda tome una medida de tipo social y decir ya detener el incremento al precio de las gasolinas y el diesel.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de este Pleno, como de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de manera respetuosa y en el ámbito de sus competencias, para que suspenda el injustificado incremento semanal a los precios de las gasolinas Premium, Magna y Diesel, y los ajuste a los precios internacionales de referencia.
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Muchas gracias, senador don Ramiro Hernández García.Túrnese a la Tercera Comisión de Trabajo.
El senador Javier Orozco Gómez (desde la curul): Pido la palabra.
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Sí, señor senador, ¿con qué objeto?
El senador Javier Orozco Gómez (desde la curul): Sobre el mismo tema.
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Ha sido turnado, señor senador, a la comisión. No está a discusión.
PRODUCCION DE ENVASES, BOLSAS Y BOTELLAS DE PLASTICO
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Tiene la palabra el senador Javier Orozco Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar punto de acuerdo por el que se crea una norma oficial mexicana, conforme a la tecnología denominada ``oxodegradación''.
El senador Javier Orozco Gómez: Con su permiso, señor presidente.
Honorable asamblea, la producción de plásticos se ha convertido en un problema ambiental de dimensiones considerables por el tardío procedimiento, precisamente, de su degradación. Los plásticos son materiales de variados usos que han desplazado a la madera y al vidrio de una gran cantidad de aplicaciones, que incluyen a la industria de la construcción, la alimentaria, la farmacéutica y también a la del transporte.
No obstante, la afectación principal al medio ambiente se ubica en la producción de bolsas y botellas, porque se comercializan y desperdician de manera masiva; cuando se desechan permanecen en el ambiente durante décadas. Además, miles de bolsas obstruyen alcantarillas y drenajes, matan animales en tierra, ríos y océanos y desfiguran en el entorno las calles, playas y paisajes.
Sin embargo, es importante reconocer los aspectos positivos de la industria del plástico en la vida diaria, sin dejar de considerar su impacto ambiental. Hay amplios sectores que requieren forzosamente de una alta durabilidad del plástico, garantizando, incluso, su no biodegradación. De esta manera en algunas tareas, fomentar una rápida degradación podría tener un riesgo a la vida humana, por ejemplo en el caso de las instalaciones eléctricas.
Por esta razón lo ideal es buscar mejores procesos de degradación en las envolturas de alimentos y bebidas que en términos estrictos representan solamente el 27 por ciento de los productos plásticos. Generalmente son productos como refrescos, pan, galletas, sopas de pasta, cereales, botanas, productos perecederos y productos de la línea de abarrotes como café, leche y chocolate, por mencionar algunos.
A su vez la distribución masiva y gratuita de bolsas de plástico en los supermercados, tiene un impacto tan negativo como la producción de botellas de refresco, que se usan en cantidades impresionantes en nuestro país.
Ante este impacto ambiental los científicos e ingenieros vienen desarrollando plásticos biodegradables obtenidos de fuentes renovables como plantas y las propias bacterias. Proponen como alternativa, después de diversos estudios, un mecanismo llamado ``oxodegradación''.
Se basa en la introducción de una pequeña cantidad de aditivo, generalmente 3 por ciento, al proceso convencional de manufactura de productos de plástico. Esta adición combina el comportamiento del plástico y su degradación comienza inmediatamente después de su fabricación y se acelerará cuando se exponga al calor, luz o el propio estrés.
Este proceso es irrevocable y continúa hasta que el material sea reducido a nada más que dióxido de carbono, agua y humus, y no deja fragmento de petropolímeros en el suelo. Las bolsas serán consumidas por bacterias y hongos después que el aditivo haya reducido la estructura de las moléculas a niveles que permiten a microorganismos vivos acceder al carbono e hidrógeno en ellos contenidos.
Es muy importante señalar que no contienen cloro orgánico y el costo adicional es mínimo e inexistente para fabricar productos con esta tecnología. El tiempo que tardan estos plásticos en degradarse puede programarse en el momento de la producción y puede ser tan corto como unos cuantos meses o tan largo como unos cuantos años.
Una importante ventaja es que las bolsas oxobiodegradables no producen metano y pueden llenarse con desperdicios orgánicos, como la oxobiodegradación que no es fotodegradación. El proceso continuará aunque el plástico continúe enterrado.
En México estamos totalmente rezagados en la lucha contra los plásticos convencionales que ocasionan un daño irreversible al ambiente. No existe legislación que inhiba su producción y mucho menos el fomento a la utilización de métodos alternativos, como el almidón, bacterias u oxodegradación, a pesar de que México es considerado el segundo consumidor de plástico en América Latina.
La oxodegradación empieza a ser utilizada en México, pero no seguimos dependiendo de la voluntad empresarial para cambiar los esquemas de producción no biodegradable. Por esta razón y por lo expuesto y fundado, la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México propone a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo.
Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión respetuosamente solicita a la Secretaría de Economía estudiar los elementos técnicos y científicos para elaborar una norma mexicana para los productos de envases, bolsas y botellas de plástico, en congruencia con una nueva tecnología denominada ``oxodegradación'', procurando seguir en el precedente las especificaciones de la Norma Americana ASTM6954, con el objetivo de mitigar los efectos negativos de la degradación tardía en este tipo de plásticos.
Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión respetuosamente exhorta a la Secretaría de Economía a realizar una campaña extensa entre las empresas que elaboran y distribuyen envases, bolsas y botellas de plástico, con el objetivo de concientizar sobre la utilización de productos biodegradantes, considerando los altos beneficios ambientales y los reducidos costos económicos.
Finalmente, señor presidente, le solicito que el texto íntegro del presente punto de acuerdo se inserte en el Diario de los Debates. Por su atención, muchas gracias.
«Proposición con punto de acuerdo, para elaborar una NOM sobre la producción de envases, bolsas y botellas de plástico congruente con la tecnología denominada ``oxodegradación'', a cargo del senador Javier Orozco Gómez, del Grupo Parlamentario del PVEM
Los suscritos, senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LX Legislatura del Senado de la República, de conformidad con lo establecido en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de esta Cámara, la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes
Consideraciones
La producción de plástico se ha convertido en un problema ambiental de dimensiones considerables, por el tardío procedimiento de su degradación. No son biodegradables porque son polímeros demasiado largos y compactos para ser degradados por los organismos descomponedores. Además se fabrican a partir de derivados del petróleo, fuente no renovable de energía.
Los plásticos son materiales de variados usos que han desplazado a la madera y al vidrio de una gran cantidad de aplicaciones que incluyen la industria de la construcción, la alimenticia, la farmacéutica y la del transporte. Se utilizan con mucha frecuencia como substitutivo del cuero, en la industria del calzado, y de la lana en la textil; ha reemplazado a la goma como aislante en las instalaciones eléctricas y al metal en muchas piezas de automóviles; también para fabricar todo tipo de electrodomésticos. No obstante, la afección principal al medio ambiente se ubica en la producción de bolsas y botellas, porque se comercializan y desperdician de manera masiva. Cuando se desechan permanecen en el ambiente durante décadas y en muchos casos es imposible recoger los productos. Miles de bolsas obstruyen alcantarillas y drenajes, matan animales en la tierra, ríos y océanos, y desfiguran las calles, playas y paisajes. También tienen un impacto muy costoso sobre la gestión de los residuos.
La palabra plástico procede de la voz griega plastikós , que significa ``capaz de ser moldeado'' con durabilidad, ante la aplicación de fuerzas relativamente débiles y a temperaturas no muy alejadas de la ambiental. Sin embrago, es importante reconocer los aspectos positivos de la industria del plástico en la vida diaria, sin dejar de considerar su impacto ambiental. Hay amplios sectores que requieren forzosamente de una alta durabilidad del plástico, garantizando incluso su no-biodegradación; de esta manera, en algunas tareas, fomentar una rápida degradación podría poner en riesgo la vida humana, por ejemplo, en las instalaciones eléctricas.
Por esta razón, lo ideal es buscar mejores procesos de degradación en las envolturas de alimentos y bebidas, que en términos estrictos representa solamente el 27 por ciento de los productos plásticos. Generalmente son productos tales como refrescos, pan, galletas, sopas de pasta, cereales, aguas embotelladas, botanas, productos perecederos y productos de la línea de abarrotes, como café, leche y chocolate.
De acuerdo a investigaciones sobre el plástico, los fabricantes de estos artículos venden sus productos a través de una serie de intermediarios, como las tiendas de autoservicio y un gran número de distribuidores mayoristas concentrados generalmente en las centrales de abasto de las ciudades importantes, quienes cumplen con el objetivo principal de revender la mercancía. Un gran número de las compras que efectúa el público en general se realiza a través de este sistema. Ejemplos de este canal de distribución son los supermercados y las tiendas de autoservicio o detallistas. Vender a través de supermercados resulta muy atractivo para los transformadores. Para tener éxito en este contexto es importante saber cómo enfrentarse al gran poder de negociación y políticas rígidas de las grandes cadenas comerciales, donde cualquier negociación con ellos la gana el proveedor que ofrezca el precio más bajo y con el financiamiento directo a más largo plazo, además de que cumpla con una serie de especificaciones en el producto, la forma de entrega y las cantidades mínimas de venta.
A su vez, la distribución masiva y gratuita de bolsas de plástico en supermercados tiene un impacto tan negativo como la producción de botellas de refresco, que se venden en cantidades impresionantes en México. De hecho, nuestro país es uno de los principales consumidores, a nivel internacional de éstos. También tienen un impacto sumamente negativo aquellos productos plásticos que se vinculan con el contrabando y la piratería, debido a su falta de certificación o violación de las disposiciones legales de fabricación, importación o comercialización.
Para muestra, tenemos el caso de la entrada de discos compactos. México ocupa el tercer lugar en el mundo con mayor venta de discos compactos piratas, con ventas por más de 400 millones de dólares, detrás de Rusia y China, según la Federación Internacional de la Industria Fonográfica. Se estima que existen 55 mil puestos donde se comercializan 105 millones de copias piratas de música por año, 40 millones más que las de discos originales en el mismo período. Esta actividad, se distribuye por todo el país.
La industria audiovisual distribuye anualmente en México 22 millones de copias de películas en diversos formatos, mientras que los piratas llegan a vender casi 30 millones, señalan datos oficiales.
Ante su impacto ambiental, los científicos e ingenieros vienen desarrollando plásticos biodegradables obtenidos de fuentes renovables, como las plantas y las bacterias. El almidón es una importante opción. Siendo un polímero natural, se encuentra en cereales como el maíz y los tubérculos, como la papa o la yuca. Primero, el almidón se extrae y los microorganismos los transforman en una molécula más pequeña: el ácido láctico. Después es tratado químicamente para formar cadenas o polímeros, los que se unen entre sí, convirtiéndose en el plástico llamado PLA (poliláctido). El PLA se encuentra en el mercado desde 1990 y ha demostrado ser muy bueno en medicina, para implantes, suturas y cápsulas de remedios, debido a su capacidad de disolverse al cabo de un tiempo. También se usa para hacer macetas que pueden plantarse directamente en la tierra. Para hacer polímeros biodegradables se emplean bacterias que fabrican gránulos de los plásticos llamados polihidroxialcanoato (PHA) y polihidroxibutiratos (PHB). Las bacterias pueden crecer en cultivo y el plástico ser extraído fácilmente.
Históricamente, su producción ha sido limitada porque son más caros que los convencionales. En contraparte, tienen un menor impacto negativo sobre el medio ambiente. Una adecuada legislación podría propiciar un aumento en la inversión, mitigando los efectos adversos tradicionalmente asociados con el plástico, ya que las partículas remanentes de plástico pueden ser dañinas para el suelo, aves y animales.
Algunos fabricantes de plásticos y científicos han alertado sobre las limitaciones de las bolsas de almidón, principalmente porque se crean con materias primas en un mundo donde la seguridad alimentaria es una preocupación internacional. Algunas personas afirman que no está bien desviar los recursos agrícolas de la producción de alimentos cuando hay tanta hambre en el mundo, ni usar fertilizante y pesticidas sin necesidad.
Proponen como alternativa un mecanismo llamado Oxo-Degradación. Se basa en la introducción de una pequeña cantidad de aditivo (generalmente 3 por ciento) al proceso convencional de manufactura de productos de plástico; esta adición cambia el comportamiento del plástico y su degradación comienza inmediatamente después de su fabricación y se acelerará cuando se expone al calor, luz o estrés. Este proceso es irrevocable y continúa hasta que el material se ha reducido a nada más que dióxido de carbono, agua y humus y no deja fragmentos de petropolímeros en el suelo.
Las bolsas serán consumidas por bacterias y hongos después que el aditivo haya reducido la estructura de la molécula a niveles que permite a microorganismos vivos acceder al carbono e hidrógeno en ella contenidos. En este momento, ha dejado de ser un plástico y se ha convertido en fuente de alimento. Se describe como biodegradable o hasta omidegradable.
Es muy importante señalar que no contienen cloro-orgánico y el costo adicional es mínimo o inexistente para producir productos con esta tecnología.
El tiempo que tardan estos plásticos en degradarse puede programarse en el momento de la producción, y puede ser tan corto como unos cuantos meses, o tan largo como unos cuantos años. También pueden compostarse y no necesitan ser enterrados para degradarse.
Una importante ventaja es que las bolsas oxobiodegradables no producen metano y pueden llenarse con desperdicios orgánicos y ser colocadas directamente en el bio-reactor sin necesidad de abrirlas y deshacerse de ellas por separado. Como la oxobiodegradación no es fotodegradación, el proceso continuará aunque el plástico se encuentre enterrado. Sin embargo, la exposición a la luz solar acelera el proceso de degradación.
Algunos países han empezado a utilizar el método de oxodegradación. Uno de los más grandes supermercados de Inglaterra, el CO-OP, se encuentra liderando la iniciativa de utilizar bolsas de plástico oxobiodegrable en ese país. Otros países han implementado algunos mecanismos fiscales y legales, para detener la producción de bolsas convencionales. Por ejemplo, en Irlanda, se introdujo un impuesto adicional, ocasionando una disminución significativa en el número de bolsas en circulación. Otros países también se han sumado a la condena de la utilización de bolsas de plástico no fácilmente degradable: Barbados, Colombia, Sri Lanka, Corsica, India, Bangladesh, Taiwán y China. Paralelamente, algunas naciones han fomentado fuertemente la producción y distribución de bolsas de supermercado, basura, cilindros, botellas y envases para cosméticos en países como Reino Unido, Brasil, Argentina, Hong Kong y Costa Rica, entre otros, a base de oxobiodegradación.
En México estamos totalmente rezagados en la lucha contra los plásticos convencionales que ocasionan un daño irreversible al medio ambiente. No existe legislación que inhiba su producción y mucho menos el fomento a la utilización de métodos alternativos como el almidón, bacterias u oxo-degradación, a pesar de que México es considerado el segundo consumidor de plástico en América Latina, con un consumo cercano a los 7 millones de toneladas al año. También somos potencia en producir botellas (100 millones), envases (3 millones) y 260 mil toneladas de bolsas de plástico. De esta inmensa producción no se recicla ni el 2 por ciento. La mayoría de los envases y embalajes están hechos de tereftalato de polietileno (PET), que en ocasiones tarda hasta cientos de años en degradarse. Otro plástico, el PVC, origina elevada contaminación al ser fabricado, y si es incinerado produce dioxinas y furanos sumamente tóxicos.
La tecnología relacionada con el uso de aditivos permite acelerar el proceso de degradación, de tal manera que lo que se conseguiría poco a poco durante cientos de años, ahora se puede obtener en sólo tres. Existe la posibilidad de extender la vida útil del producto si es que éste se maneja en condiciones adecuadas de almacenamiento, por ejemplo, en un lugar cerrado y oscuro.
``Una vez que ocurre el momento de biodegradación, el plástico no sólo se fragmentará, sino que será consumido por bacterias y hongos en cuanto el aditivo reduzca su estructura molecular a un nivel que permita a los microorganismos acceder a las moléculas de carbón e hidrógeno. Desde ese momento ya se ha vuelto biodegradable. Este proceso continúa hasta que el material se ha reducido completamente a dióxido de carbono, agua y biomasa...sin dejar fragmentos de petro-polímeros en el suelo. La única condición ambiental que exige este proceso de degradación es la presencia de oxigeno''. Al respecto, cabe mencionar que los plásticos oxo-biodegradables adicionados con dw2R cumplen con la norma americana ASTM 6954.
La d2wR, que generalmente se usa de manera conjunta con una gota, es un logotipo muy conocido en países desarrollados y sirve para identificar una variedad de productos semi-rígidos y flexibles totalmente degradables, así como una variedad de aditivos únicos. Cuando están incluidos en el proceso de manufactura convencional, provocan la descomposición de forma total y segura, en agua, dióxido de carbono y una pequeña cantidad de biomasa.
En México, desde el cuarto bimestre de 2008, Bimbo, la mayor empresa panificadora del país, anunció que implantaría el uso de plásticos biodegradables en todos su empaques, los cuales en un plazo de cinco años se convierten en composta, en lugar de los cien años o más que duran los plásticos tradicionales.
Esperemos que esta medida, tenga un impacto social en todas aquellas empresas que utilizan envolturas de plástico y se fomente la creación de una ola que propicie más adeptos. De acuerdo con un informe especial de tendencias , el poder de los consumidores es inmenso: tarde o temprano, los clientes finales cambiaran su actitud ante el producto cuando se den cuenta de la estafa o el daño que provocan sus acciones al comprar productos de una marca en particular frente a su competencia, que si bien puede ser cara hasta en un 10 o 20 por ciento, en realidad si hace algo por el medio ambiente.
Por otra parte, dentro de las medidas legislativas para inhibir la distribución de bolsas de plástico en supermercados, llama la atención la iniciativa aprobada en Chihuahua, mediante la cual se prohíbe la utilización de bolsas de polietileno u otros derivados del petróleo en los centros comerciales, y a su vez sustituirlas por bolsas reciclables. La reforma contempla una adición al artículo 95 Bis de la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente de Chihuahua, para que ``con las nuevas reglas se permite la distribución de bolsas de plástico reciclables hechas con productos derivados del maíz, cuyo uso está poco extendido en la actualidad, así como las del papel reciclable y tela''.
La técnica utilizada por la empresa Bimbo funciona a base de hidrocarburos, lo que equivale a decir que su estructura molecular está constituida de átomos de hidrogeno ligados a átomos de carbono en largas cadenas, las cuales proporcionan la flexibilidad, resistencia y evitan que el oxígeno se ligue a átomos de carbono de hidrogeno, causando oxidación que, a su vez, genera degradación.
La tecnología involucrada en los d2wR consiste en la introducción de un pro-degradante no polímero, el cual reacciona como un catalizador y causa una rápida desagregación de las cadenas moleculares. Este pro-degradante tienen la forma de una sal metálica y causa la descomposición de las uniones carbono-carbono de las estructuras moleculares donde la fractura es activada. Los productos plásticos se tornarán frágiles y rápidamente se desintegrarán en pequeños fragmentos. La continua disminución del tamaño de las estructuras permite que el oxígeno se ligue al carbono para producir CO2. La masa molecular disminuye rápidamente a menos de 40 mil unidades y, en esta etapa, el material se torna permeable al agua y los microorganismos comienzan a tener acceso al carbono e hidrogeno. El carbono es utilizado en la formación de estructura celulares y es expelido en la forma de CO2, y el hidrogeno como H2O. Esta etapa puede ser descrita de forma precisa como bio-degradación.
La oxidegradación empieza a ser utilizada en México, mientras tanto, seguimos dependiendo de la voluntad empresarial para cambiar los esquemas de producción no biodegradable.
De acuerdo con el Centro Empresarial de Plástico, expertos en Sistemas de Evaluación de la Conformidad, la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 1 de julio de 1992, marca un parte aguas en la cultura nacional de la normalización.
Antes de esta ley todas las normas oficiales mexicanas (conocidas como NOM) eran responsabilidad exclusiva de la Dirección General de Normas (la DGN) de la actual Secretaría de Economía, en cuanto a su elaboración, edición, revisión y actualización, e incluso su vigilancia. A partir de esta ley se establece un conjunto de modificaciones a la cultura de la normalización y de la evaluación de la conformidad en México, tendientes a desarrollar las actividades de normalización de una manera unificada, tanto por las dependencias o entidades de la administración pública federal, como por la iniciativa privada y todos los sectores de la sociedad afectados o interesados en la normalización.
Es así que la Ley Federal sobre Metrología y Normalización establece dos tipos básicos de normas, vigentes al día de hoy y de aplicación para todo el país:
Las normas mexicanas específicas para el sector de los plásticos se codifican en la serie NMX--E ``Plásticos y sus productos'', y hasta el año pasado fueron responsabilidad de la DGN de la Secretaría de Economía. A fines de 2003 el Centro de Normalización y Certificación de Productos, A C (CNCP), obtuvo de la DGN su registro para operar como el organismo nacional de normalización encargado de las normas del sector plástico.
El catálogo de normas del CNCP contiene 253 títulos de NMX, pero al descontar aquéllas que han sido revisadas y canceladas (48 NMX a la fecha), quedan 205 normas que todavía incluyen diez proyectos de éstas, que se encuentran aún en proceso de revisión por parte de los respectivos subcomités de normalización encargados de su elaboración, antes de obtener su declaratoria de vigencia, la cual se publica en el Diario Oficial de la Federación para conocimiento de todas las partes interesadas en su aplicación, observancia y seguimiento.
``Los temas y artículos de plástico comprendidos en las normas mexicanas de la serie NMX-E son tan diversos como tubos y conexiones para agua, gas, alcantarillado y drenaje, para ductos eléctricos, riego o drenaje agrícola; botones, pelo de ángel , o vasos de precipitados (estos tres temas de normas están cancelados en la actualidad); materiales para uso agrícola (19 normas); cintas de polietileno para máquinas de escribir eléctricas; bolsas para botes de basura o para uso en el sector salud; resinas y sus propiedades; cabos de monofilamento o multifilamentos; reciclado y terminología, nomenclatura, vocabulario, definiciones y símbolos utilizados en los plásticos. De las 205 NMX enlistadas en el catálogo de normas mexicanas del CNCP, 33 por ciento se refieren a tuberías plásticas; 18 por ciento a materias primas; 44 por ciento a otros productos y el 5 por ciento restante a temas como vocabulario y terminología''.
Al descontar las normas publicadas de 1998 hacia atrás, quedarían solamente 73 vigentes a la fecha, de las cuales 70 por ciento se refiere a tuberías, incluyendo las de especificaciones y de métodos de prueba para tubos y conexiones; 19 por ciento se refiere a diversos métodos de prueba, 6 por ciento a bolsas para el sector salud, y cintas de goteo para uso agrícola, reciclado y abreviaturas de términos relacionados con los plásticos, 5 por ciento.
Las normas deben entenderse como acuerdos de carácter técnico logrados mediante la libre participación y el consenso de todas las partes de la economía que puedan resultar afectadas ante la carencia de una norma actualizada y vigente o la ausencia de su cumplimiento y vigilancia. Se mantiene en algunos campos la dependencia de normas extranjeras elaboradas para cumplir con necesidades y especificaciones de otros mercados y de condiciones climáticas y económicas diferentes a las nuestras.
Es muy importante que los empresarios tomen conciencia de la importancia de la normalización de artículos de consumo, llámense juguetes, enseres domésticos, calzado, discos compactos, etcétera. Deben acercarse a las distintas instancias especializadas como el CNCP donde pueden conocer el procedimiento para llevar a cabo la normalización de sus productos.
En razón de lo anteriormente expuesto, y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General del los Estados Unidos, los legisladores del Partido Verde Ecologista de México ponemos a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión respetuosamente solicita a la Secretaría de Economía que estudie los elementos técnicos y científicos para elaborar una norma mexicana para la producción de envases, bolsas y botellas de plástico en congruencia con la nueva tecnología denominada oxo-degradación, procurando seguir en lo procedente las especificaciones de la norma americana ASTM 6954, con el propósito de mitigar los efectos negativos de la degradación tardía de este tipo de plástico.
Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión respetuosamente exhorta a la Secretaría de Economía a realizar una campaña extensa entre aquellas empresas que elaboran y distribuyen envases, bolsas y botellas de plástico, con el objetivo de concientizarlas sobre la utilización de productos biodegradantes, considerando los altos beneficios ambientales y los reducidos costos económicos.
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Muchas gracias, senador don Javier Orozco Gómez.Túrnese a la Tercera Comisión.
RECESION ECONOMICA
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Tiene la palabra el señor diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva, del Grupo Parlamentario de Convergencia, para presentar punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, en coordinación con el Congreso de la Unión, a que diseñe y apruebe un plan de redistribución del gasto público que amortigüe en México los efectos negativos de la recesión económica.
El diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva : Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, la crisis inmobiliaria y financiera de Estados Unidos y la recesión económica mundial en marcha afectarán en México, como finalmente lo ha reconocido el titular del Poder Ejecutivo federal.Nos encontramos ante un panorama en el que se han conjuntado la crisis financiera, económica, alimentaria y, en el caso particular de nuestro país, la de seguridad pública; ese escenario está generando menores expectativas de crecimiento para México, 0.9 según estimaciones del Fondo Monetario Internacional.
A lo que se suma la caída de los precios del petróleo en el mercado internacional y la devaluación del peso, lo que redundará en el deterioro de las finanzas públicas por el descenso de los ingresos fiscales y el aumento de las erogaciones por concepto de pago de la deuda.
Convergencia lo advirtió en su momento, el Presupuesto para 2009 era la oportunidad para tomar decisiones y acotar a los mercados y sus excesos, pero lo dejamos pasar.
Se validó un Presupuesto electorero. No se buscó el bien de México sino el reparto partidista y de cuotas. Hoy a unos cuantos días de su aprobación y entrada en vigor, tanto la Ley de Ingresos como el Presupuesto de Egresos de la Federación requieren de un replanteamiento, pues a todas luces ya resultan inviables e insostenibles.
Por ejemplo, la recaudación de impuestos como el IVA, el IETU y el ISR tendrá una baja entre 10 y 15 por ciento este año, a consecuencia de la recesión económica. Si consideramos que el gobierno espera recaudar en 2009, 1 billón 161 mil 200 millones por esos 3 impuestos, la pérdida de ingresos sería de entre 116 mil millones y 174 mil millones de pesos, 10 y 15 por ciento, respectivamente.
Además, y no obstante el llamado ``blindaje'' al crudo mexicano, por medio de coberturas de riesgo anunciadas por Hacienda, 40 por ciento de los ingresos previstos en la ley provienen de las exportaciones de petróleo, cuyo precio fue estimado en 70 dólares por barril y en los últimos meses se ha desplomado hasta colocarse en 40 dólares, el pasado lunes 5 de enero.
En 2008 el promedio de exportación diaria de petróleo crudo fue de 1 millón 402 mil barriles diarios, dando un total de 511 millones, 730 mil barriles en el año.
La cobertura del gobierno federal para 2009 sólo contempla 330 millones de barriles a 70 dólares, por lo que el riesgo se encuentra en 181 millones 730 mil que no se contemplarán en este seguro, significando en estos términos una pérdida aproximada de 5 mil 451 millones de dólares.
Otro riesgo se ubica en el decremento de la producción del crudo, entre enero y octubre de 2008, la producción de petróleo crudo promedió 2 millones 810 mil barriles diarios, volumen inferior a 9.6 por ciento respecto al observado en 2007, debido principalmente a la declinación de Cantarell y, por tanto, en el volumen de exportación entre enero y octubre, la exportación del petróleo crudo fue menor en 17 por ciento respecto a 2007.
Asociado a esto el problema que se está agravando es el aumento del desempleo. Economistas de la UNAM coinciden en que poco se podrá avanzar en la generación de empleos en 2009.
Las estimaciones del secretario de Hacienda de generar alrededor de 538 mil empleos en la presentación del paquete económico, resultan una fantasía en este momento, cuando analistas financieros consultados por el Banco de México, valoran que de diciembre de 2008 a diciembre de 2009, sólo se crearán 81 mil nuevas plazas, siendo 2009 uno de los peores años que México enfrentará en este renglón.
Para 2009 el salario mínimo aumentó 4.6 por ciento, equivalente a 2 pesos con 4 centavos diarios, mientras que los productos incluidos en la canasta básica han aumentado entre 19 y 43 por ciento en los últimos 30 meses, según diferentes estimaciones.
Este panorama nos muestra un aumento de la pobreza y la pérdida de ingreso de la mayor parte de las familias, lo que afectará, sobre todo, a los sectores más desvalidos económicamente.
En conclusión, lo más probable es que el régimen se vea obligado a efectuar un recorte presupuestal. Por eso en Convergencia creemos que estamos aún a tiempo de realizar una cirugía mayor al presupuesto que mitigue en lo posible los efectos de la situación económica del país.
Debemos terminar con los gastos superfluos que imperan en las oficinas de los tres Poderes de la Unión, los regalos y fiestas de fin de año que exhibió la prensa, la contratación y disfrute de oficinas de lujo de que hace gala la élite del gobierno mexicano y los privilegios de la alta burocracia, el disfrute de gastos médicos mayores, los coches de lujo, los viajes internacionales a placer, la multiplicación innecesaria de asistentes, asesores y guaruras, las donaciones y regalos injustificados, el uso discrecional de partidas presupuestales y las exenciones y privilegios fiscales, así como la proliferación de elefantes blancos y el aumento desmedido de corruptelas en las adquisiciones y obras pública.
La multiplicación de gastos injustificados en las instituciones públicas, compensaciones, edificios, planes de retiro, reparto de la nómina entre parientes y allegados, gastos de representación, el uso y abuso del gasto público a nivel federal, estatal y municipal en apoyo de las campañas electorales, los privilegios a grupos corporativos, sindicales, etcétera, etcétera.
Estas razones hacen urgente una redistribución del gasto público que erradique los gastos superfluos y privilegios de que disfrutamos los servidores públicos, liberando recursos que puedan ser destinados al fomento de la actividad económica, a la construcción de infraestructura que promueva el empleo, el fortalecimiento de la pequeña y mediana empresa que genera 96 por ciento de las fuentes de trabajo en el país, y la consolidación de programas sociales, más allá de lo acordado a favor de la economía familiar.
Por lo anterior, y conforme al artículo 21 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, sometemos a su consideración el siguiente punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a que, en coordinación con el Congreso de la Unión, diseñe y apruebe una redistribución del Presupuesto de Egresos que amortigüe los efectos negativos de la recesión económica en marcha en el empleo, ingreso, y nivel de vida del pueblo mexicano.
Finalmente, considerando, que no se vale proponer sin estar dispuesto a sacrificar beneficios personales, procederé a renunciar a los beneficios que me otorga la Cámara de Diputados para la atención de gastos médicos mayores. Por su atención, muchas gracias.
«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a diseñar y aprobar en coordinación con el Congreso de la Unión un plan de redistribución del gasto público que amortigüe los efectos negativos de la presente recesión económica en el empleo, en el ingreso y en el nivel de vida del pueblo mexicano, a cargo del diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva , del Grupo Parlamentario de Convergencia
El suscrito, diputado federal del Grupo Parlamentario de Convergencia de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con base en el artículo 23, numeral 1, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la soberanía proposición con punto de acuerdo mediante el cual se exhorta al Ejecutivo federal a diseñar y a aprobar, en coordinación con el Congreso de la Unión, un plan de redistribución del gasto público que amortigüe los efectos negativos de la recesión económica en marcha en el empleo, el ingreso y el nivel de vida del pueblo mexicano, al tenor de las siguientes
ConsideracionesLa crisis inmobiliaria y financiera de Estados Unidos de América y la recesión económica mundial en marcha afectarán a México, como finalmente ha reconocido el Ejecutivo federal. Nos encontramos ante un panorama en el que se han conjuntado las crisis financiera, económica, alimentaria y, en el caso particular de nuestro país, la crisis de seguridad pública.
Ese escenario está generando menores expectativas de crecimiento para México (0.9 por ciento según estimaciones del Fondo Monetario Internacional), a lo que se suma la caída de los precios del petróleo en el mercado internacional y la devaluación del peso, lo que redundará en el deterioro de las finanzas públicas por el descenso de los ingresos fiscales y el aumento de las erogaciones por concepto de pago de la deuda.
Convergencia lo advirtió en su momento: el Presupuesto para 2009 era la oportunidad para tomar decisiones y acotar a los mercados y sus excesos, pero la dejamos pasar. Se validó un Presupuesto electorero, no se buscó el bien de México sino el reparto partidista y de cuotas. Hoy, a unos cuantos días de su aprobación y entrada en vigor, tanto la Ley de Ingresos como el Presupuesto de Egresos de la Federación requieren de un replanteamiento pues a todas luces ya resultan inviables e insostenibles.
Por ejemplo, la recaudación de impuestos como el IVA, el IETU y el ISR tendrán una baja de entre 10 y 15 por ciento este año, a consecuencia de la recesión económica. Si consideramos que el gobierno espera recaudar en 2009 1 billón 161 mil 200 millones por estos 3 impuestos, la pérdida de ingresos sería entre 116 mil 120 millones de pesos y 174 mil 180 millones (10 y 15 por ciento, respectivamente).
Además, y no obstante el llamado blindaje al crudo mexicano por medio de coberturas de riesgos anunciado por Hacienda, el 40 por ciento de los ingresos previstos en la ley provienen de las exportaciones de petróleo, cuyo precio fue estimado en 70 dólares por barril, y en los últimos meses se ha desplomado hasta colocarse en 40 dólares, el pasado lunes 5 de enero. En 2008 el promedio de exportación diaria de petróleo crudo fue de 1 millón 402 mil barriles diarios, dando un total de 511 millones 730 mil barriles en el año. La cobertura del gobierno federal para 2009 sólo considera 330 millones de barriles a 70 dólares, por lo que el riesgo se encuentra en 181 millones 730 mil barriles que no se consideran en este seguro, significando en estos términos una pérdida aproximada de 5 mil 451 millones de dólares.
Otro riesgo se sitúa en el decremento de la producción del crudo (entre enero y octubre de 2008 la producción de petróleo crudo promedió 2 millones 816 mil barriles diarios, volumen inferior en 9.6 por ciento respecto a lo observado en 2007 debido principalmente a la declinación de Cantarell) y, por tanto, en el volumen de exportación (entre enero y octubre la exportación del petróleo crudo fue menor en 17 por ciento respecto a 2007).
Asociado a esto, el problema que se está agravando es el aumento del desempleo: economistas de la UNAM coinciden en que poco se podrá avanzar en la generación de empleos en 2009. Las estimaciones del secretario de Hacienda de generar alrededor de 538 mil empleos en la presentación del paquete económico y, más aún, las del ``presidente del empleo'' que prometió 1 millón de fuentes de trabajo anuales, resultan una fantasía en este momento, cuando analistas financieros consultados por el Banco de México valoran que de diciembre de 2008 a diciembre de 2009 sólo se crearán 81 mil nuevas plazas, siendo 2009 uno de los peores años que México enfrentará en este renglón.
Para 2009 el salario mínimo aumentó 4.6 por ciento, equivalente a 2 pesos con 4 centavos diarios, mientras que los productos incluidos en la canasta básica han aumentado entre 19.79 y 43.13 por ciento en los últimos 30 meses (según datos del Centro de Investigación y Análisis de la Cámara de Diputados y el Centro de Análisis Multidisciplinario de la UNAM, respectivamente). Este panorama nos muestra un aumento de la pobreza y la pérdida de ingresos de la mayor parte de las familias, lo que afectará sobre todo a los sectores más desvalidos económicamente.
En conclusión, lo más probable es que el régimen se vea obligado a efectuar un recorte presupuestal.
En Convergencia creemos que estamos aún a tiempo de realizar una cirugía mayor al Presupuesto que mitigue en lo posible los efectos de la situación económica del país. Debemos terminar con los gastos superfluos que imperan en las oficinas de los tres Poderes de la Unión: los regalos y fiestas de fin de año que exhibió la prensa, la contratación y disfrute de oficinas de lujo de que hace gala la elite del gobierno mexicano y los privilegios de la alta burocracia, el disfrute de gastos médicos mayores, los coches de lujo, los viajes internacionales a placer, la multiplicación innecesaria de asistentes, asesores y guaruras, las donaciones y regalos injustificados. El uso discrecional de partidas presupuestales y las exenciones y privilegios fiscales, así como la proliferación de elefantes blancos y el aumento desmedido de corruptelas en las adquisiciones y obras públicas; la multiplicación de gastos injustificados en las instituciones públicas (compensaciones, edificios, planes de retiro, reparto de la nómina entre parientes y allegados, gastos de representación, etcétera); el uso y el abuso del gasto público a nivel federal, estatal y municipal en apoyo de las campañas electorales; los privilegios a grupos corporativos sindicales, etcétera.
La clase política y los administradores públicos no debemos seguir permitiendo la dilapidación de la riqueza nacional sin compartir los sacrificios económicos crecientes del pueblo mexicano. Tenemos que entender que estamos obligados a cambiar nuestras prácticas de ejercicio dispendioso del gasto, reconocer que estamos inmersos en una crisis económica devastadora y que tenemos que compartir las carencias progresivas de trabajadores, amas de casa, empresarios, etcétera.
El punto medular es que aprobamos un Presupuesto de Egresos sin considerar los efectos de esta crisis y, por tanto, es nuestro deber y responsabilidad corregir el camino y trabajar en el diseño de un programa de emergencia para que los mexicanos, principalmente los más desprotegidos, no se vean tan golpeados.
Entre otras, proponemos que se adopten las siguientes medidas:
Es obvio también que la administración pública federal y su reflejo en estados y municipios requieren ser reformados; su crecimiento ha sido desproporcionado, generando por doquier cotos de poder burocrático que solo sirven para consumir el presupuesto público y que en realidad no aportan o aportan muy poco a los servicios que debe proporcionar la administración pública. Sin embargo, no se ha entendido que la asignación presupuestal debe revelar las prioridades del gobierno sustentadas en la atención a las demandas sociales, condición sine qua non de un gobierno democrático. En nuestro país ha prevalecido la politización de la administración, generando que los compromisos e intereses políticos orienten la asignación de los recursos. Asimismo, la burocratización ha favorecido la generación de grandes transferencias de gasto o exenciones fiscales hacia los grupos que apoyan políticamente. La falta de controles efectivos y ausencia de rendición de cuentas ha traído consigo uno de los principales problemas que enfrenta México: la corrupción, impunidad y discrecionalidad en la asignación y operación de los recursos públicos.
Estas razones hacen urgente una redistribución del gasto público que erradique los gastos superfluos y privilegios de los servidores públicos, liberando recursos que puedan ser destinados al fomento de la actividad económica, a la construcción de infraestructura que promueva el empleo, al fortalecimiento de la pequeña y mediana empresas que genera el 96 por ciento de las fuentes de trabajo en el país y a la consolidación de los programas sociales.
Y considerando que no se vale proponer sin estar dispuesto a sacrificar beneficios personales procederé a renunciar a los beneficios que me otorga la Cámara de Diputados para la atención de gastos médicos mayores.
Por lo anterior, y conforme al artículo 21 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria que señala que en caso de que durante el ejercicio fiscal disminuyan los ingresos previstos en la Ley de Ingresos se podrá compensar con el Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros, y haciendo ajustes al gasto administrativo no vinculado directamente a la atención de la población, pongo a consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de AcuerdoÚnico. Por el que se exhorta al Ejecutivo federal a diseñar y a aprobar, en coordinación con el Congreso de la Unión, una redistribución del Presupuesto de Egresos que amortigüe los efectos negativos de la recesión económica en marcha en el empleo, el ingreso y el nivel de vida del pueblo mexicano.
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Muchas gracias, señor diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva.Túrnese a la Tercera Comisión.
ARTICULOS 6, 41, 85, 97, 99, 108, 116,122 Y 134 CONSTITUCIONALES
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Tiene la palabra la señora senadora María Teresa Ortuño Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar punto de acuerdo por el que exhorta al Congreso de Sinaloa a cumplir el artículo sexto transitorio del decreto en materia electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de noviembre de 2007.
La senadora María Teresa Ortuño Gurza: Muchas gracias, señor presidente.
Compañeros legisladores, compañeros de los medios, ayer mi compañera senadora panista María Serrano me llamó por teléfono para solicitarme que presentara, a nombre de ella, este punto de acuerdo que ella redactó. Es propuesta de ella, pero cuando la conocí no puedo menos que compartir con ustedes que ella es muy correcta en las formas en que solicita este asunto que voy a comentar con ustedes.
Todos sabemos que se logró, por el consenso de las fuerzas políticas, una reforma constitucional en materia electoral que ha sido muy discutida, muy polémica, que se opina de una manera o de otra, pero es una reforma constitucional.
Quienes en su momento manifestaron sus desacuerdos o disensos en alguna cosa ocuparon las vías que la misma Constitución establece para manifestarlos: ir a la Corte, señalar que no estaban de acuerdo. No es el caso del Congreso de Sinaloa.
Me voy enterando, por boca de mi compañera María Serrano, que decidieron no cumplir la Constitución, que ellos habían aprobado, porque recordemos que una reforma constitucional recorre todo el país, todos los congresos locales ---quienes hemos sido diputados locales lo sabemos muy bien--- para que se pueda aceptar. El Congreso de Sinaloa no se opuso en su momento a esta aprobación, y se sumó a ella.
El artículo sexto transitorio dice ---y un artículo transitorio, amigas, amigos, tiene el mismo valor que el cuerpo completo del dictamen--- que tienen un plazo de un año los Congresos de los estados para adecuar su legislación a la modificación que la Constitución, por acuerdo del Constituyente Permanente, llevó a cabo.
Ah, pues en Sinaloa no se pusieron de acuerdo, porque dicen ellos que mejor entre en vigor esta reforma constitucional a partir del 2011en su estado. Cuando leo el texto de mi compañera, que es muy cuidado, muy respetuoso, muy técnico, muy jurídico, señala ella en su escrito que el propio poder reformador estableció en el artículo sexto transitorio lo siguiente:
``Las legislaturas de los estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal deberán adecuar su legislación aplicable conforme a lo dispuesto en este decreto a más tardar en un año a partir de su entrada en vigor. En su caso se observará lo dispuesto en el artículo 105, fracción II, párrafo cuarto, de la Constitución política.''
El artículo 105 habla, pues, de lo que pasa cuando se viola la Constitución. Como diría una persona en términos muy coloquiales, que no vulgares, ``pues si no es enchílame otra''. Verdaderamente una reforma constitucional tiene que cuidarse, tiene que atenderse porque cumplió todos los requisitos.
Y dice el Congreso de Sinaloa, con mayoría priista, por cierto, fiel a su origen, dice: ``El pleno de la legislatura de-sechó el dictamen''. Porque hubo varias propuestas para esa adecuación y se generó un dictamen. Pero el pleno del Congreso de Sinaloa desecha el dictamen, en virtud de que el Grupo Parlamentario del PRI, al formar mayoría en la comisión, pretende establecer que la reforma constitucional federal electoral en esa entidad, en cuanto a la homologación de fechas para la celebración de las elecciones federales y locales, entre en vigor en el año 2011 para regular el proceso que corresponde al año 2013 y no de manera inmediata, como ordena la legislación federal para regular el proceso inmediato por realizarse en el año 2010.
Es decir, están por tener un proceso electoral en 2010. No quieren adecuarla para ése; tampoco quieren para la del 2009. No, a ellos les acomoda más que empiece el 2011 y dicen que mejor entre en vigor en el 2011.
Por tanto, con sumo asombro, con algo que sería incluso cómico si no fuera trágico, vengo a plantear la solicitud de mi compañera senadora María Serrano para que al respecto se pronuncie esta Comisión Permanente.
Ella propone el siguiente párrafo:
Único. Se exhorta respetuosamente a la LIX Legislatura en el honorable Congreso de Sinaloa con la finalidad de que en el ámbito de sus facultades soberanas dé cumplimiento al artículo sexto transitorio del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de noviembre de 2007, mediante el cual el poder reformador de la Constitución rea-lizó diversas reformas y adiciones en materia electoral a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Ella lo firma, lo solicita muy atentamente, y yo lo presento por petición que me honra mucho, con mi asombro y con la invitación, como lo dije hace un momento, en las comisiones, estamos en la Tercera Comisión, pues hay cosas en donde de qué manera se pierde el estilo.
Restituyamos el prestigio y la dignidad del Poder Legislativo. Invitemos con todo convenimiento, como debe ser, al Congreso de Sinaloa, a cumplir la obligación que juraron, porque para eso los legisladores rindieron protesta de cumplir y hacer cumplir, y ésta es parte de su tarea.
No es un asunto opinable, es un asunto al que están sujetos, incluso, de una responsabilidad por violación a la Constitución a un juicio político. No tenemos por qué llegar a eso, pero sí me sumo a la petición, seguramente del pueblo y del gobierno de Sinaloa, que en otras cosas es muy admirable pero que tiene que hacerse algo ahí en el Poder Legislativo para que esta violación no se concrete. Muchas gracias, señor presidente.
«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al Congreso de Sinaloa a cumplir en el ámbito de sus facultades el artículo sexto transitorio del decreto, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de noviembre de 2007, a través del cual el poder reformador de la Constitución realizó diversas modificaciones y adiciones en materia electoral a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la senadora María Teresa Ortuño Gurza, del Grupo Parlamentario del PAN
María Serrano Serrano, senadora de la república de la LX Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración de la del Congreso de la Unión proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta respetuosamente a la LIX Legislatura del Congreso de Sinaloa a cumplir en el ámbito de sus facultades soberanas el artículo sexto transitorio del decreto, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 13 de noviembre de 2007, a través del cual el poder reformador de la Constitución realizó diversas reformas y adiciones en materia electoral a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Con fecha 13 de noviembre de 2007 fue publicado en el DOF el decreto por el que el poder reformador de la Constitución realizó diversas reformas y adiciones en materia electoral a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El propio poder reformador estableció en el artículo sexto transitorio lo siguiente:
El referido decreto entró en vigor, conforme señala el artículo transitorio primero, el 14 de noviembre de 2007, y a la fecha la Constitución de Sinaloa y su legislación electoral no han sido adecuadas al nuevo texto constitucional federal.
No obstante que en la actual legislatura local se presentaron diversas iniciativas por cada uno de los grupos parlamentarios, éstas fueron dictaminadas por la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, en la que el Grupo Parlamentario del PRI tiene mayoría. El dictamen de esta comisión fue sometido al Pleno en fecha 19 de diciembre de 2008 sin que se lograra el número de votos que para el caso de la reforma constitucional señala el artículo 159 de la Constitución Política de Sinaloa.
El Pleno de la legislatura desechó el dictamen en virtud de que el Grupo Parlamentario del PRI, al formar mayoría en la comisión, pretendió establecer que la reforma constitucional federal electoral en esta entidad, en cuanto a la homologación de las fechas para la celebración de las elecciones federales y locales entre en vigor en 2011, para regular el proceso que corresponde a 2013 y no de manera inmediata, como ordena la legislación federal, para regular el proceso inmediato por realizarse en 2010.
Por las razones anteriores se exhorta respetuosamente a la legislatura de dicha entidad federativa a cumplir con la mayor brevedad la obligación constitucional que le impuso el poder reformador de la Constitución.
Por lo expuesto y fundado someto, con el grado de urgente y obvia resolución, a consideración de la Comisión Permanente del Congreso de Unión el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta respetuosamente a la LIX Legislatura del Congreso de Sinaloa a cumplir en el ámbito de sus facultades soberanas el artículo sexto transitorio del decreto, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de noviembre de 2007, a través del cual el poder reformador de la Constitución realizó diversas reformas y adiciones en materia electoral a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Gracias, senadora, doña María Teresa Ortuño Gurza.Túrnese a Primera Comisión de Trabajo.
PRECIOS DE GASOLINAS Y DIESEL
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Tiene la palabra el senador Rogelio Rueda Sánchez, para presentar punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a que instruya a la Secretaría de Hacienda y Crédito Públicoa detener el incremento de los precios de los combustibles, y en coordinación con la Sagarpa a ofrecer respuesta a la demanda de los pescadores, actualmente en paro, en nombre de diversos senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
El senador Rogelio Rueda Sánchez: Muchas gracias, presidente; con su venia.
Hace un momento presentó nuestro compañero senador Ramiro Hernández un punto de acuerdo que registró el 22 de diciembre, que, sin embargo, no puedo desahogarse la presentación en su oportunidad.
En cuanto a la detención de los aumentos de los combustibles, ha sido anunciado ya, esta misma mañana, el congelamiento del precio en cuanto a la gasolina, así como otros anuncios, como la disminución en el precio del gas LP, que por supuesto afecta la economía de las familias.
Tiene, sin embargo, otra parte que está considerada en lo que estoy presentando, que implica disminuir los precios para que por lo menos queden homologados con los precios internacionales y esto, por supuesto, tiene sentido, porque sí creo que todos solemos quejarnos cuando identificamos de algún comerciante, el que reetiqueten y aumenten los precios para después venir a ofrecernos que están en oferta y que nos hacen descuento, pues eso lo que está haciendo el gobierno, precisamente, ahora. Ha venido aumentando constantemente los precios de estos bienes, y por supuesto, con una gran repercusión para los costos, y ahora resulta que congelan.
Nos parece que a lo menos que podemos aspirar como país petrolero que somos, es a que los precios, en este caso, que en el extranjero están más baratos de cómo los tenemos aquí, por lo menos los tengamos a ese precio internacional.
Alguna otra ventaja debiera haber de que seamos país petrolero, sin embargo, por lo menos, bajarlos al precio internacional en este momento. Y, por supuesto, el énfasis en esta proposición se refiere a la atención al sector pesquero.
Ha sido desatendido su planteamiento, al día siguiente de que se anunció el paro todavía se anuncia otro aumento, con una gran insensibilidad que creemos debe corregirse, y por ello estamos planteando, en primer término, el que podamos, en la Comisión Permanente, recibir la información con detalle de los términos en que se aplicará la anunciada suspensión de los incrementos en los precios de combustibles, y por supuesto, de manera específica, en relación con los combustibles utilizados en las actividades agropecuarias y pesqueras, como es el caso de la gasolina y del diesel marinos.
Además, por supuesto, estaríamos insistiendo en el plantea-miento que mencioné ---el que ya hizo el senador Ramiro Hernández--- de que puedan reducirse, al menos al nivel de los precios internacionales, los precios de los combustibles en nuestro país.
Por supuesto, la sola detención de su incremento no es suficiente para reactivar estos sectores económicos. Quienes somos representantes de entidades costeras, hemos visto cómo la pesca ha venido decayendo, cómo no ha habido una atención adecuada a estas actividades productivas importantes, de las que dependen miles de familias y que, además, requerimos para poder aprovechar, de manera sustentable, nuestros inmensos recursos marinos.
Finalmente, el tercer punto que incorpora esta proposición implica solicitar la comparecencia del comisionado nacional de Pesca, para que explique de manera más integral las acciones que la dependencia a su cargo esté ejecutando para reactivar la actividad pesquera.
Sin duda, el tema del precio de los combustibles es fundamental para esta actividad, pero también hay otras acciones que deben tomarse en cuenta y, por supuesto, exhortar al Ejecutivo federal para que se establezca una mesa de diálogo con las organizaciones de pescadores y acuicultores que actualmente se encuentran en paro, para encontrar solución a los problemas de fondo de este importante sector productivo.
Esos son los contenidos de los tres puntos de acuerdo que esta proposición contiene, y solicitaría, señor presidente, que se pudiera considerar de urgente y obvia resolución.
Finalmente lo que estamos planteando es lo siguiente:
Primero, que se nos haga llegar la información de cómo operará ---esto anunciado durante la mañana---. Segundo, he insistido en el planteamiento del senador Ramiro Hernández, de que los precios deban reducirse, por lo menos, a los niveles internacionales. Y tercero, exhortar a que se establezca la mesa de diálogo con los productores pesqueros, actualmente en paro, y, en su oportunidad, que comparezca también aquí el funcionario del área, para que nos informe, no sólo sobre el tema de combustibles, sino sobre las acciones que de fondo puedan resolver estos problemas. Por su atención, muchas gracias.
«Proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar al titular del Poder Ejecutivo federal a instruir de inmediato a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que detenga el alza de los combustibles, así como a ofrecer respuesta a las demandas de los pescadores en paro, suscrita por senadores del Grupo Parlamentario del PRI
Los que suscriben, senadores Fernando Castro Trenti, Rogelio Rueda Sánchez, Ramiro Hernández García, Cleominio Zoreda Novelo, Mario López Valdez, Raúl Mejía González, Adolfo Toledo Infanzón, Alejandro Moreno Cárdenas y Francisco Herrera León, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de la soberanía proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente
Exposición de Motivos
Como es del conocimiento público desde el primer día de este año de 2009, más de 2 mil embarcaciones de la flota pesquera nacional se encuentran en paro, tanto en el pacífico como en el Golfo de México, como una expresión de su inconformidad ante los constantes incrementos del diesel marino, insumo fundamental para su actividad, mismo que en sólo un año aumentó en más de un cien por ciento, haciendo prácticamente incosteable la pesca, tan importante para la alimentación del pueblo mexicano.
Los números no mienten y se encuentran como parte central de esa inconformidad social, misma que debe ser atendida de inmediato por las autoridades responsables, como en más de una ocasión lo advertimos desde la tribuna del Senado y de esta propia Comisión Permanente, al observar cómo el precio internacional de los energéticos ha tenido un comportamiento a la baja, mientras aquí en México se encarece gradualmente. En el caso del diesel marino el precio pasó de 3.50 pesos por litro en enero de 2008, a 7.33 pesos en diciembre del mismo año.
El día de hoy el ciudadano Presidente de la República anunció una serie de acciones que forman parte del Acuerdo Nacional a favor de la Economía Familiar y el Empleo, mismas en las que se incluyen el congelamiento de los precios de las gasolinas en todo el país durante este año y la reducción del precio del gas LP en un 10 por ciento, que se mantendrá en el transcurso del 2009. No queda claro, al menos con la información disponible hasta el momento, si el diesel marino se incluye en ese congelamiento de precios o si se contempla la disminución de su precio, como sería lo deseable y es un punto en el cual insistiremos, si es que no se ha considerado así en el programa anticrisis anunciado hoy por el Presidente y que sin duda contiene aspectos de la mayor importancia para el país. Nosotros habíamos venido insistiendo en la necesidad y en la urgencia de contar con un programa de esta naturaleza, que contara con líneas de acción en las que se incluyera a los factores de la producción, para proteger el empleo y los sectores más necesitados del país, que siempre resultan los más afectados en las situaciones de crisis como la que hoy enfrentamos.
Precisamente el sector pesquero es uno de esos sectores, ya que desde hace tiempo vive condiciones difíciles que afectan la producción pesquera y la vida misma de las miles de familias de los pescadores que se dedican a esa actividad. Es por eso que, desde octubre del año 2007, mediante una proposición de nuestro compañero senador Mario López Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en el Senado, realizó un exhortó a la Cámara de Diputados, a fin de que en el análisis y discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2008 se etiquetaran los recursos necesarios para dar cumplimiento a los programas de apoyo al diesel agropecuario y al diesel marino, así como a la gasolina ribereña, también asociada a la actividad pesquera.
Frente a la política de incremento progresivo y gradual del precio de los combustibles que adoptado el Ejecutivo desde enero del 2008, habíamos venido señalando incongruencias e inconvenientes. El argumento original para elevar los precios de los combustibles, fue que el incremento del subsidio era incosteable y que los mexicanos teníamos que pagar los combustibles al mismo precio que se pagaba en otros países, concretamente en Estados Unidos. Así nos lo hizo saber el Secretario de Hacienda el 10 de septiembre del 2008 cuando anunció la decisión del Gobierno Federal de eliminar gradualmente los subsidios presupuestales a la gasolina.
Sin embargo, los hechos demuestran que ese argumento ya no tiene justificación: la gasolina y el diesel en México son hoy más caros que en Estados Unidos. Mientras el consumidor estadounidense paga el equivalente a 40.3 centavos de dólar por litro de gasolina magna (5.44 pesos aprox.), en México se paga a 7.66 pesos por litro. Así lo hizo notar el pasado 22 de diciembre nuestro compañero senador Ramiro Hernández García al registrar un punto de acuerdo con exhorto al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que suspendiera, por injustificado, el incremento semanal a las gasolinas y al diesel, para ajustarlos a los precios internacionales de referencia. Esperamos que en ese sentido caminen las acciones anunciadas hoy por el Presidente de la República y que efectivamente los precios se equiparen, sobre todo en el caso del diesel marino, en el tema que nos ocupa.
En él hemos insistido y lo seguiremos haciendo, como lo muestra el hecho que el martes 9 de diciembre de ese mismo año, nuestro grupo parlamentario propuso un exhortó al Ejecutivo Federal para que suspendiera el incremento al precio de las gasolinas y al diesel marino y agropecuario -incluyendo además las tarifas eléctricas- ante los graves conflictos sociales que de no hacerlo se podrían propiciar. Esto fue mediante otro punto de acuerdo presentado ante el pleno del Senado República.
Al parecer esos llamados han tenido eco en el acuerdo anunciado hoy, aunque se requiere conocer más a fondo de qué manera se enfrentarán problemas como el que hoy plantea el paro pesquero que no ha sido atendido con oportunidad. Tiene que actuarse de manera urgente, pues la actividad pesquera es un modo de vida del que dependen miles de familias mexicanas y una fuente invaluable para el sustento alimenticio del pueblo mexicano.
Es un problema con una doble dimensión social y económica, por eso no debe minimizarse, como desafortunadamente lo han hecho algunas autoridades, como el comisionado Nacional de Pesca, quien en lugar de atender el asunto con oportunidad, se ha dedicado a hacer declaraciones frívolas e irresponsables, como las que registraron los medios el 6 de enero cuando el funcionario cuestionó el por qué quienes se mantienen en paro, no lo hacen en septiembre, cuando es la mejor época de captura de camarón.
Quizá por residir en el norte del país el comisionado ignora que los pescadores de Campeche tienen años padeciendo la disminución de la captura de camarón y que cada día se les restringen más las áreas de pesca precisamente porque el área de mayor producción del crustáceo es ocupada por la actividad petrolera. De la Sonda de Campeche se extrae casi el 80 por ciento de la producción de hidrocarburos y hoy los pescadores de la zona pagan el diesel más caro a nivel internacional. Esa es una de las incongruencias que deben resolverse.
Pero además hay que considerar que la pesca es una actividad productiva con un alto contenido social y que en diversas regiones del país, como Oaxaca, Veracruz o Tabasco, se vive esa gran paradoja de aportar alta producción de hidrocarburos, mientras la actividad pesquera se deteriora como opción productiva, en vez de fortalecerse.
En general, la pesca enfrenta problemas de desorganización para la producción que se refleja en limitados ingresos para los pescadores, sobre explotación de los recursos y deterioro de los ecosistemas productivos que, sólo por citar el caso de Oaxaca, se ha traducido en impactos como la pérdida del 47 por ciento de la flota en alta mar en un periodo de 13 años y con ello la pérdida de 384 empleos directos.
Asimismo, el problema del precio afecta lo mismo a los pescadores del Golfo de México que a los del pacífico, a los del norte que a los del sur, por lo que ese movimiento de paro se ha extendido, agregando a pescadores de Baja California, Oaxaca, Campeche, Tamaulipas, Yucatán, Sinaloa y Chiapas, que en conjunto suman más de 2 mil embarcaciones.
Por eso insistimos en que el asunto no puede subestimarse y demandamos una acción urgente y sin dilación.
Por lo que proponemos el siguiente punto de acuerdo que consideramos de urgente y obvia resolución:
Punto de Acuerdo
Primero. La del Congreso de la Unión exhorta al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de que instruya al Secretario de Hacienda y Crédito Público, Doctor Agustín Carstens Carstens, para que la dependencia a su cargo informe de inmediato sobre los términos en que se aplicará la suspensión de los incrementos en los precios de los combustibles, principalmente los utilizados en actividades agropecuarias y pesqueras, como gasolina y el diesel marinos.
Segundo. La del Congreso de la Unión realiza un exhorto urgente al Ejecutivo federal, para que reduzca al menos al nivel de los precios internacionales que rigen en la actualidad, los precios de los combustibles en el país, especialmente los relacionados con actividades agropecuarias y pesqueras, ya que la sola detención de su incremento no resulta suficiente para la reactivación de estos sectores económicos.
Tercero. La Comisión Permanente solicita la comparecencia del Comisionado Nacional de Pesca, Ramón Corral Ávila para que explique las acciones de la comisión a su cargo para la reactivación de la actividad pesquera. Asimismo, se exhorta al Titular del Poder Ejecutivo federal, para que instruya a las dependencias correspondientes, a establecer una mesa de diálogo con las diversas organizaciones de pescadores y acuicultores que actualmente se encuentran en paro para encontrar solución a los problemas de fondo de ese sector productivo.
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Muchas gracias, senador, don Rogelio Rueda Sánchez. Por tanto...
El diputado Carlos Eduardo Felton González (desde la curul): Diputado presidente.
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Sí, diputado.
El diputado Carlos Eduardo Felton González (desde la curul): Si me permite la voz.
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Todavía no está a discusión. Vamos a poner a consideración si es de urgente u obvia resolución. ¿Con qué objeto, diputado?
El diputado Carlos Eduardo Felton González (desde la curul): Es el mismo tema. Solamente quería acompañar la propuesta del senador Rueda, ya que hoy no me fue posible meter a tiempo mi punto de acuerdo, que va más o menos en el mismo sentido, como representante popular de Mazatlán, en Sinaloa, puerto eminentemente pesquero, en donde la problemática del paro nacional nos afecta...
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Directamente.
El diputado Carlos Eduardo Felton González (desde la curul): ... de fuerte manera. Yo quisiera, mientras tengo la oportunidad de leer mi punto de acuerdo, sumarme a esta propuesta del senador, si así lo tiene a bien el senador Rueda.
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Señor senador, ¿acepta usted que sea signado por el señor diputado?
El senador Rogelio Humberto Rueda Sánchez (desde la curul): Por supuesto.
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Okey. En ese contexto y en la suma de, supongo, su grupo parlamentario, consulte la Secretaría a la asamblea si se considera de urgente resolución. Señor senador.
El senador Rogelio Humberto Rueda Sánchez (desde la curul): Pensé que lo iba a poner a discusión.
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Primero es en consideración, si es urgente.
Consulte la Secretaría a la asamblea si se considera de urgente resolución.
La Secretaria diputada Marcela Cuen Garibi : En votación económica se pregunta a la asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición. Los legisladores y las legisladoras que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Los legisladores y las legisladoras que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.
Señor presidente, no hay dos terceras partes por la afirmativa.
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Túrnese a la Tercera Comisión.
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Tiene el uso de la palabra el señor senador Jesús Garibay García, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar punto de acuerdo relativo a los créditos del Infonavit, en nombre del diputado Javier González Garza.
El senador Jesús Garibay García: Gracias, ciudadano presidente. Llegará el tema económico. Hoy parece que no quiere llegar.
Jesús Garibay García y el diputado Javier González Garza , integrantes de la LX Legislatura, presentamos el siguiente punto de acuerdo.
Antecedentes: de acuerdo con información proporcionada por distintas organizaciones de defensa de los derechohabientes ---de la cual se dio cuenta ayer en los medios---, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) vendió decenas de miles de créditos vencidos a las empresas de capital estadounidense Pendulum Associates y Sociedad Cooperativa, para la resolución de activos y propiedades, que forman parte de cinco compañías dedicadas a la cobranza de cartera vencida.
La entrega de estos créditos a entidades privadas encargadas de ``administrar'' ---entre comillas--- deudas constituye, en primer lugar, un acto de profunda insensibilidad del actual gobierno, pues pone a miles de familias en riesgo de perder su patrimonio al dejarlas a merced de las conocidas prácticas de hostigamiento, acoso y persecución de los despachos de cobranza.
Al actuar en este sentido, las autoridades parecen soslayar que el incremento en la cartera vencida no necesariamente refleja irresponsabilidad o una cultura del no pago de los deudores sino que, en muchos casos, obedece a factores como el desempleo, los ínfimos salarios, el encarecimiento de los productos básicos y los servicios, el desgaste sostenido del poder adquisitivo y la capacidad de pago, problemáticas ante las cuales el gobierno debiera contribuir a buscar soluciones, no a agravarlas.
Esta actitud, por lo demás, contrasta con el apremio con que en este país se ha rescatado a grandes capitales financieros y propietarios de importantes empresas en problemas económicos, lo que pone en evidencia el signo antipopular, oligárquico y proempresarial de las últimas administraciones, incluida la actual.
Adicionalmente de que los créditos vencidos de referencia se hayan rematado a precios irrisorios de 15 mil pesos cada uno, deja la impresión de que, más que buscar resolver los problemas de insolvencia del Infonavit, la venta obedece a un designio de beneficiar a círculos empresariales cercanos al poder público.
Es significativo señalar que el consejo de administración de las empresas señaladas es presidido... ¿por quién creen? Por Roberto Enrique Collar López, ex coordinador general de Recursos Corporativos del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), quien en 2006 adquirió para Scrap 2 créditos vencidos del Infonavit de manera por demás irregular.
La adjudicación se dio el mismo día en que esa compañía se constituyó ante notario público, y varios meses después de que se publicaran las convocatorias de las subastas públicas correspondientes. De esto dio testimonio el periódico La Jornada el 18 de enero de 2008. Hace justamente un año.
Otra de las beneficiarias de la venta de cartera vencida ha sido Camp Mark, compañía que adquirió 18 mil 702 créditos subastados tras la primera convocatoria que se publicó el 31 de octubre de 2005, y a la que se ha vinculado con la empresa Construcciones Prácticas, propiedad de los hermanos Bribiesca Sahagún, señalados por haber incurrido en tráfico de influencias durante el sexenio del ex presidente de la república.
En suma, la entrega de créditos vencidos del Infonavit a entidades particulares es, a lo que puede verse, una medida orientada a satisfacer la voracidad y los ánimos especulativos de dichas empresas a costa de los deudores y sus familias.
Es necesario, por tanto, que el organismo ponga fin a esa práctica y emprenda programas de reestructuración de las deudas dedicadas a causas de las necesidades de la población y a las circunstancias económicas actuales que no signifiquen pérdida del patrimonio de los derechohabientes.
Es obligado, asimismo, que el instituto haga transparentes los mecanismos de adjudicación de los créditos vencidos, a fin de esclarecer las suspicacias generadas en torno a estos procesos.
Hoy que tardíamente descubren lo que iba a pasar y lo que pasó con los incrementos a la gasolina, tardíamente, a los 36, espero que registren y no olviden que en esta fecha empezamos a señalar el tema del Infonavit y las corruptelas que ahí están, para que después no vengan aquí a lamentarse de lo que se les advirtió con tiempo.
Recuerden que en noviembre, en la tribuna del Senado, les dije que el gasolinazo iba a ser toda una tragedia. Y después, por cierto, les recordé que... cuando los dejaron colgados iría alguna senadora ---con todo respeto---, que los dejaron colgados con su acuerdazo... ya ven lo que les pasó.
Por lo expuesto, ponemos a consideración de esta asamblea el siguiente punto de acuerdo.
Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión solicita al titular del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores la entrega de la información detallada, a esta soberanía, de las operaciones realizadas con relación a la venta de la cartera vencida.
Segundo. La Comisión Permanente exhorta al titular del Ejecutivo federal a que de inmediato intervenga ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, a fin de que recupere los créditos en cartera vencida, que inconstitucional e ilegalmente fueron vendidos a empresas recuperadoras de crédito.
De manera que, con la intervención de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM y de otras instituciones de educación superior, se fijen montos justos de amortización en bien del instituto, de los trabajadores y sus familias y de la preservación del patrimonio familiar. Igualmente para que este instituto se comprometa a no volver a vender cartera vencida.
Tercero. La Comisión Permanente exhorta a la Auditoría Superior de la Federación y a la Secretaría de la Función Pública a que, en el ámbito de sus respectivas competencias, practiquen las auditorías necesarias con relación a la venta de cartera vencida, ejerciendo, en su caso, las acciones legales que correspondan.
Espero de todos ustedes su generosidad para que sea aprobado de urgente u obvia resolución. Gracias, presidente. Es todo.
«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que se recuperen los créditos del Infonavit vendidos a las empresas dedicadas a recuperarlos, a cargo del diputado Javier González Garza , del Grupo Parlamentario del PRD
El suscrito, diputado Javier González Garza , integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta al Pleno de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo con el objeto de que se recuperen los créditos-Infonavit vendidos a empresas recuperadoras de créditos.
Consideraciones
En la hora actual, la seguridad social lucha contra los constantes embates del neoliberalismo, que buscan lucrar a toda costa con instituciones cuya esencia es el bienestar de la clase trabajadora y la preservación de nuestra soberanía. Así, frente a la corriente que busca su privatización y desmantelamiento, el pueblo exige la preservación de su esencia solidaria. El Instituto para el Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Infonavit, no es ajeno a esta disyuntiva histórica; o se preserva como institución de seguridad social, o ahonda su carácter de negocio creciente para las constructoras y recuperadoras de crédito, abrigadas por el tráfico de influencias.
El manejo que el Infonavit ha realizado de la cartera vencida es absolutamente arbitrario y nada transparente, y ha sido violatorio de la fracción XII Apartado A del artículo 123 constitucional, del artículo 49 de la Ley del Infonavit y de la jurisprudencia sobre el tema. Por lo que --con toda razón-- se ha formado un verdadero escándalo, ya que la venta de la cartera vencida que comprende poco más de 120 mil créditos se realiza sin respaldo jurídico, pero sobre todo lo que se ha buscado con esta venta es el enriquecimiento de un grupo de empresas recuperadoras de créditos. Este hecho resulta aún más alarmante cuando se sabe que mayoritariamente estas empresas son de capital trasnacional, concretamente norteamericano, como es el caso de las empresas Pendulum Associates y Scrap 2. Estas empresas han adquirido las viviendas de la cartera vencida en alrededor de 20 mil pesos y las han vendido, por lo bajo desde 300 mil hasta por 700 mil pesos, lo que significa que han obtenido ganancias increíbles.
Esta cartera vencida es absolutamente injusta e inconstitucional, ya que despoja a los trabajadores de la relación jurídica contractual con el Infonavit, el único con el que el trabajador pactó el crédito, y por tanto el único jurídicamente legitimado para exigir el cumplimiento de tal contrato en caso de omisión de pagos por parte del trabajador, igualmente se le priva de las condiciones pactadas en dicho contrato en apego a la Ley del Infonavit. La consecuencia última que se busca es que al trabajador le sean arrebatados su crédito, su vivienda y las amortizaciones realizadas hasta ese momento al instituto. Los trabajadores son enfrentados a despachos jurídicos despiadados que aplican una política de terror, los cuales les exigen a los trabajadores para reestructurar los créditos, mensualidades de hasta el 75 por ciento de su salario; o bien el pago de montos impagables que deben realizar en una sola exhibición bajo la amenazada de privarlos de sus viviendas sin haber sido vencidos en algún juicio formal. Por otro lado, tal reestructuración ya de entrada cuesta a los trabajadores alrededor de 20 mil pesos, lo que también es fuente de abultadas ganancias para las recuperadoras de créditos.
Cabe precisar, que de las viviendas en cartera vencida, Sonora tiene 23 mil, 20 por ciento del total nacional, y Sinaloa 15 mil, es decir, casi el 13 por ciento de este total.
En agravio de lo anterior, señalamos que diversas organizaciones sociales, han denunciado que abogados litigantes del PAN, son los que manejan los despachos que cobran la cartera vencida.
La venta de la cartera vencida es insostenible, la única política viable debe partir de la realidad: el empleo y los salarios dignos van a la baja en nuestro país, paralelamente ha proliferado el empleo eventual e informal; lo que indudablemente se agravará en el marco de la actual crisis económica. A esto sumemos la situación de precariedad económica de los incapacitados y jubilados. La gravedad de la situación se completa con la mecánica operativa de los créditos del Infonavit cuyo saldo se actualiza conforme a los incrementos del salario mínimo, base del cobro de elevados intereses.
Tomando en cuenta lo anterior, no cabe duda de que la inmensa mayoría de los trabajadores, si no es que la totalidad de ellos reconocen el adeudo que tienen con el instituto y están en la mejor disposición de cubrirlo, sólo piden amortizaciones justas para seguir cubriéndolo y preservando su patrimonio familiar, demanda que el Instituto está en posibilidad de realizar en el marco de la ley.
Con base en lo expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. La del Congreso de la Unión solicita al Infonavit la entrega de la información detallada de las operaciones realizadas en relación a la venta de la cartera vencida a esta soberanía.
Segundo. La Comisión Permanente exhorta al Ejecutivo federal, para que de inmediato intervenga ante el Infonavit, a fin de recuperar los créditos en cartera vencida que inconstitucional e ilegalmente fueron vendidos a empresas recuperadoras de créditos; de manera que con la intervención de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM y de otras instituciones de educación superior, se fijen montos justos de amortización en bien del instituto, los trabajadores y sus familias, así como de la preservación del patrimonio familiar. Igualmente para que este instituto se comprometa a no volver a vender la cartera vencida.
Tercero. La Comisión Permanente exhorta a la Auditoría Superior de la Federación y a la Secretaría de la Función Pública, para que en el ámbito de sus respectivas competencias, practiquen las auditorías necesarias en relación a la venta de cartera vencida. Ejerciendo en su caso las acciones legales que correspondan.
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: De nada, senador don Jesús Garibay García. Túrnese a la Tercera Comisión de Trabajo... de urgente... consulte la Secretaría a la asamblea si se considera de urgente u obvia resolución.
El Secretario diputado José Rubén Escajeda Jiménez : En votación económica se pregunta a la asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición. Los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.
Señor presidente, no hay dos terceras partes por la afirmativa.
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Túrnese a la Tercera Comisión.
MEDIO ORIENTE
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Retomando el punto de acuerdo referente al conflicto en el Medio Oriente, se concede el uso de la palabra al senador Luis Alberto Villarreal, para que lea los cuatro resolutivos propuestos en consenso por todos los grupos parlamentarios.
El senador Luis Alberto Villarreal García: Gracias, presidente.
Antes de leer los cuatro resolutivos, quisiera solicitar a la Presidencia que se inserte íntegramente el texto del punto de acuerdo que está publicado y presentado por el PRD, y respaldado por Convergencia, como parte íntegra del Diario de los Debates, y al mismo tiempo las consideraciones que en su momento el de la voz hizo.
«Proposición con punto de acuerdo de la Comisión Permanente, por el que se condenan enérgicamente la acciones bélicas en la franja de Gaza, se exhorta a las partes a respetar el derecho humanitario internacional, se respaldan las medidas diplomáticas del Estado mexicano y se exhorta a éste a redoblar sus acciones por el cumplimiento de las resoluciones de la ONU y el restablecimiento de la paz en la región
Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión condena enérgicamente la incursión militar israelí en contra de la población palestina en la franja de Gaza, así como el lanzamiento de cohetes desde ahí al territorio de Israel, acciones violatorias de los principios y resoluciones de la Organización de las Naciones Unidas y hace una llamada a las partes en conflicto a alcanzar de inmediato el cese al fuego.
Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a las partes en conflicto a respetar las disposiciones aplicables que contempla el derecho humanitario internacional, respecto a la protección de la población civil y la Carta de las Naciones Unidas en relación con la neutralidad de los espacios físicos de la ONU.
Tercero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobierno federal para que, a través de la cancillería y del representante de México en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, lleve a cabo todas las acciones diplomáticas en la búsqueda del restablecimiento de la paz en la franja de Gaza y exija firmemente el cumplimiento a la resolución 181 de las Naciones Unidas.
Cuarto. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión expresa su respaldo a las medidas diplomáticas que hasta ahora ha llevado a cabo el Estado mexicano y se suma al llamado urgente para que los actores involucrados en el conflicto en Medio Oriente pongan fin a las hostilidades y se reanude de inmediato el cese al fuego, así como para que se respete el derecho internacional humanitario y se permita el acceso de las organizaciones internacionales de asistencia humanitaria a la zona de conflicto.
«Proposición con punto de acuerdo, para condenar enérgicamente la incursión militar israelí contra la población palestina en la franja de Gaza, la cual viola los principios de la Carta de las Naciones, y llamar a las partes en conflicto a alcanzar un inmediato cese del fuego, a cargo del diputado Javier González Garza y suscrita por los diputados Octavio Martínez Vargas , Carlos Altamirano Toledo e Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla , del Grupo Parlamentario del PRD
Los suscritos, Javier González Garza , Octavio Martínez Vargas , Carlos Altamirano Toledo y Tonatiuh Bravo Padilla , diputados federales de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración del Pleno de esta Comisión Permanente la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes
Consideraciones
1. El 29 de noviembre de 1947, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la resolución 181 (II) por una votación de 33 votos a favor, 13 en contra y 10 abstenciones.
2. En tal resolución se aprobó el llamado Plan de Partición de Palestina, el cual contempló dividir dicho territorio, de aproximadamente 28 mil kilómetros cuadrados: para un futuro Estado de Israel se asignó el 57 por ciento, para un futuro Estado Palestino se asignó el 42 por ciento y el 1 por ciento restante quedaría reservado a Jerusalén bajo un estatuto internacional
3. El 15 de mayo se proclamó el nacimiento del Estado de Israel y, días después, se inició la primera guerra árabe-israelí. Al término de esa guerra, Israel ocupó 20 mil 850 kilómetro cuadrados del total del territorio originalmente asignado por la ONU.
4. El 28 de abril de 1956 se inició la segunda guerra árabe-israelí y, después de firmarse diversos armisticios, llego a su fin.
5. El 5 de junio de 1967, se inició el tercer conflicto árabe-israelí, mejor conocido como la ``guerra de los seis días''. Al término del conflicto Israel ocupó el 100 por ciento del territorio palestino, Cisjordania, la Franja de Gaza y la parte vieja de Jerusalén, además de la península egipcia del Sinaí y un territorio sirio conocido como las alturas del Golán. Como consecuencia de la guerra, el 22 de noviembre de 1967, la Asamblea General de la ONU adoptó la resolución 242, por medio de la cual, entre otras cosas, pidió a Israel el retiro inmediato de los territorios ocupados.
6. También, como consecuencia de la guerra y la ocupación territorial, cerca de 2 millones de palestinos se vieron obligados a emigrar, principalmente hacia Jordania y el Líbano, en calidad de refugiados.
7. El 6 de octubre 1973 se produjo el cuarto conflicto árabe-israelí, mejor conocido como la ``guerra del Yom Kippur'' y, en 1982, el Estado de Israel invadió al Líbano.
8. Recientemente, el 27 de diciembre del 2008, el Estado de Israel inició un fuerte ataque contra la población palestina en la franja de Gaza. La justificación israelí para el ataque fue la obligación de proteger a sus ciudadanos de los constantes ataques con obuses que ha venido realizando la organización palestina Hamas.
9. En un inicio, los ataques se concentraron en bombardeos aéreos en contra de objetivos previamente planificados. No obstante, dada la enorme densidad poblacional de la franja de Gaza, tales bombardeos no distinguieron entre los milicianos palestinos y la población civil y desarmada.
10. Más tarde y como una segunda etapa de la ``Operación plomo sólido'', Israel inició un incursión por vía terrestre hasta lograr un bloqueo completo de la franja de Gaza.
11.Las consecuencias de dichos bombardeos han sido desastrosos, especialmente para la población civil palestina: hasta el 5 de enero pasado, había 530 muertos y cerca de 2 mil 600 heridos. Tal situación se ha vuelto verdaderamente grave ya que con el bloqueo israelí se ha generado una gran carencia de alimentos y, sobre todo, de medicinas, y la real imposibilidad de que las ambulancias puedan recoger a los heridos.
12. Un condenable hecho sucedido el 6 de enero fue el bombardeo contra una escuela administrada por la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados en Oriente Medio, UNRWA por sus siglas en ingles, en el que murieron al menos 42 niños y decenas quedaron heridos.
13. No obstante que la comunidad mundial ha condenado los ataques, incluida la Unión Europea, las Naciones Unidas, después de tres reuniones, no ha logrado adoptar una resolución, debido a la oposición de Estados Unidos de América.
14. Conviene señalar que la cancillería mexicana emitió un comunicado, el 3 de enero pasado, mediante el cual llamó a las partes a poner fin a las hostilidades, a alcanzar un inmediato cese al fuego, y ponderó la necesidad de respetar el derecho internacional humanitario y permitir el acceso a las organizaciones internacionales para prestar asistencia humanitaria a todos los heridos.
Por lo antes expuesto, sometemos a la consideración del Pleno de esta del Congreso de la Unión el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. La del Congreso de la Unión condena enérgicamente la incursión militar israelí en contra de la población palestina en la franja de Gaza, la cual viola los principios contenidos en la Carta de las Naciones, y llama a las partes en conflicto a alcanzar un inmediato cese del fuego.
Segundo. La del Congreso de la Unión hace un respetuoso llamado al gobierno de Israel y a la Autoridad Nacional Palestina para iniciar, lo más pronto posible, platicas que permitan alcanzar una paz justa y duradera en la zona.
«Proposición con punto de acuerdo, por el que el Congreso de la Unión expresa su más enérgico rechazo al uso de la fuerza en la franja de Gaza y exhorta al gobierno mexicano a confirmar a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores la adhesión del país a los esfuerzos internacionales orientados al cese inmediato de las hostilidades y a la solución pacífica del conflicto, a cargo del diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva y suscrita por el diputado Alejandro Chanona Burguete , del Grupo Parlamentario de Convergencia
Los suscritos, Alejandro Chanona Burguete y Cuauhtémoc Velasco Oliva , diputados del Grupo Parlamentario de Convergencia en la LX Legislatura, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos presentan ante la Comisión Permanente proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, por el que el Congreso de la Unión expresa su más enérgico rechazo al uso de la fuerza en la franja de Gaza y exhorta al gobierno mexicano a confirmar a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores la adhesión de México a los esfuerzos internacionales orientados al cese inmediato de las hostilidades, a la solución pacífica del conflicto y al aseguramiento de la asistencia humanitaria a la población afectada, al tenor de las siguientes
Consideraciones
La situación de conflicto que prevalece en la franja de Gaza amerita un llamado urgente a la comunidad internacional para lograr el cese inmediato de las hostilidades y auxiliar a la población afectada.
Desde el pasado 27 de diciembre tuvimos noticia de las operaciones de inteligencia y militares que apuntaban a una escalada de violencia entre israelíes y palestinos.
Hoy, nos preocupan profundamente las consecuencias de las hostilidades en la población civil, sobre todo mujeres, ancianos y niños, así como sus efectos en la vida cotidiana de un millón y medio de habitantes de la franja de Gaza.
Este enfrentamiento ha cobrado la vida de alrededor de 500 palestinos, de quienes se calcula que sólo 10 por ciento es miembro activo de Hamas y 20 por ciento es niño. Asimismo, se registran más de 2 mil 500 heridos.
También nos preocupan las consecuencias del conflicto en otras latitudes, la posible participación de otras naciones y las manifestaciones sociales alrededor del mundo que son disueltas por la fuerza y en ocasiones enfrentan a simpatizantes de ambos bandos.
La ayuda humanitaria internacional apenas empezó a fluir. Sin embargo, se enfrenta a todas las dificultades que significa operar en un terreno colmado de fuego cruzado.
Estamos convencidos del derecho de cualquier Estado a defenderse y asegurar la protección de sus ciudadanos. Pero de ningún modo comulgamos con la idea de soluciones bélicas a los conflictos.
No estamos de acuerdo en la reinstitución del uso de la violencia para resolver controversias. No nos equivoquemos: debemos señalar con toda claridad que este método unilateral debe ser superado por la comunidad internacional. En su lugar, se erige la sociedad internacional organizada, a cuya fuerza debemos adherirnos.
México debe confirmar su compromiso en el fortalecimiento de los mecanismos de solución pacífica de las controversias, apoyados en el multilateralismo.
En ese sentido, saludamos los esfuerzos internacionales que se llevan a cabo para solucionar el conflicto.
Pedimos una solución a los miembros del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, así como reconocemos las acciones diplomáticas de la misión de la Unión Europea en la región, la posible mediación de Egipto y la idea de celebrar una sesión especial de la Asamblea General de la ONU.
México no debe sustraerse de su obligación internacional de coadyuvar a la paz y a la prosperidad de la humanidad, desde cualquier foro y espacio a su alcance.
Desde el Congreso de la Unión, nos hacemos partícipes de una política exterior de Estado que actúe con responsabilidad, que se sume a los esfuerzos internacionales que se llevan a cabo y que siga una orientación clara fincada en nuestros principios de política exterior.
En consideración de lo anterior, nos permitimos someter a la aprobación de la Comisión Permanente, como de urgente u obvia resolución, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. El Congreso de la Unión expresa su más enérgico rechazo al uso de la fuerza en la franja de Gaza y exhorta al gobierno mexicano a confirmar a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores la adhesión de México a los esfuerzos internacionales orientados al cese inmediato de las hostilidades, a la solución pacífica del conflicto y al aseguramiento de la asistencia humanitaria a la población afectada.
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Muchas gracias, señor senador.
Es obvio que es de urgente resolución; por tanto, está a discusión la proposición.
Se ha registrado el senador Javier Orozco Gómez, del Partido Verde Ecologista de México, en pro, y tiene el uso de la palabra.
El senador Javier Orozco Gómez: Con su permiso, ciudadano presidente.
Sin lugar a dudas los acontecimientos que hemos visto en días recientes en el Medio Oriente nos hacen reflexionar precisamente sobre la violencia que sin freno se ha desatado en la franja de Gaza, uno de los dos territorios palestinos, como resultado del afán de querer exterminar al contrario, en lugar de reconocer su existencia y coexistir.
Una auténtica masacre está ocurriendo en ese lugar. En unos cuantos días hemos sido testigos de cómo se ha demolido una gran cantidad de edificios, como también la pérdida de vidas humanas.
Para la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México nos es muy importante apoyar este punto de acuerdo que han presentado las diversas fracciones en la Comisión Permanente, haciendo un llamamiento para el cese inmediato de todo acto de violencia y actitudes militares en la franja de Gaza. Asimismo, para que las organizaciones internacionales atiendan las graves necesidades humanitarias y económicas de esa población, y adopten las medidas necesarias para que aseguren la distribución de los suministros de socorro que se requieran.
Asimismo, celebramos el acuerdo que la Comisión Permanente ha logrado en un tema de carácter internacional, con estricto apego a nuestro marco constitucional, con un gran sentido diplomático de respeto a las naciones en conflicto, para rechazar enérgicamente las acciones bélicas en el Medio Oriente. Por tal motivo, nuestra fracción se suma a este punto de acuerdo. Muchas gracias.
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Muchas gracias, senador don Javier Orozco Gómez. Tiene el uso de la palabra el señor diputado Gerardo Villanueva, del Grupo Parlamentario del PRD, también en pro de este dictamen.
El diputado Gerardo Villanueva Albarrán : Con su permiso, diputado presidente.Quiero hacer uso de la palabra para manifestarme a favor del punto de acuerdo que se presenta hoy.
Evidentemente que los hechos son muy dolorosos. Podrían ser elocuentes para asumir una posición aún más radical de la que se está planteando, y lo comento porque se ha dicho también en esta tribuna que en algún momento se pudo haber fijado la posibilidad de retirar la Embajada de México en Israel.
Me parece que aun esa medida queda lejos de la condena que merece el Estado de Israel. Es decir, lo que está sucediendo en Palestina es una matanza, para decirlo en los términos más claros.
Estamos frente al peor Estado criminal, que no obstante de haber padecido el holocausto durante el nacionalsocialismo, actúa no nada más sin memoria, sino burlándose, atropellando todas las normas de carácter internacional que hoy, con toda elegancia y hasta diplomacia, estamos apelando.
Espero que la Comisión Permanente no se vea pequeña ante la gran destrucción que está sufriendo el pueblo palestino y ante la masacre de, al menos, 650 civiles.
Ayer, 6 de enero, día, en el caso de México, muy simbólico por el trato especial que se da a los niños, fueron masacrados al menos 40 niños por el ataque a una escuela, considerada territorio neutral por la Organización de las Naciones Unidas.
Entonces me parece que el documento se tiene que respaldar por los límites que tiene este Congreso; pero lo que está sucediendo allá es algo innombrable. Estamos hablando de la prolongación, quizás, de la justicia infinita que promueve el Estado imperialista yanqui. Estamos siendo testigos de un castigo colectivo al pueblo palestino, y me parece que eso merecerá, de mantenerse esta ofensiva criminal del Estado de Israel, que tanto el Congreso de la Unión como el Ejecutivo federal mediante las instancias correspondientes, analicen, estudien con toda seriedad la posibilidad de ruptura de relaciones con este Estado criminal.
Porque además es evidente, cuando señalamos aquí ciertos instrumentos, ciertos convenios de años pasados, por cierto, productos de guerras que desató el Estado de Israel... estamos siendo testigos, y ahí está la evidencia no nada más en los medios de comunicación, sino en los comunicados formales de la Autoridad Nacional Palestina, de la masacre que está ocurriendo en Palestina.
También hay que recordar que nada más para tener una idea, el ejército de Israel, gracias a Estados Unidos, es el más costoso, el que tiene más poderío militar que los 22 países de la Liga Árabe. Estamos hablando de alrededor de 800 mil efectivos, militares profesionales, ante alrededor de 10 mil militantes radicales, considerados incluso como guerrilleros por parte de la Autoridad Nacional Palestina, de este grupo extremista llamado Hamas.
Entonces, no creo que sea demasiado señalar que en el futuro el Estado mexicano considere la ruptura de relaciones con el Estado de Israel, por la evidente falta de respeto a la normatividad internacional y por la matanza que está llevando a cabo en Palestina.
Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Muchas gracias, diputado Gerardo Villanueva.
Consulte la Secretaría a la asamblea si se encuentra suficientemente discutida la proposición.
La Secretaria diputada Marcela Cuen Garibi : En votación económica se pregunta a la asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición. Los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.
Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Suficientemente discutida.
Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el punto de acuerdo.
La Secretaria diputada Marcela Cuen Garibi : En votación económica se pregunta si se aprueba la proposición. Los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.
Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Aprobada por unanimidad. Comuníquese.
SECTOR PESQUERO
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Se recibió del señor senador Gabino Cué Monteagudo, del Grupo Parlamentario de Convergencia, punto de acuerdo relativo al incremento de los precios de diesel marino y de las tarifas eléctricas que afectan la productividad del sector pesquero nacional.
La Secretaria diputada Marcela Cuen Garibi : «Proposición con punto de acuerdo, relativo al alza del diesel marino y de las tarifas eléctricas, que afecta la productividad del sector pesquero nacional, a cargo del senador Gabino Cué Monteagudo, del Grupo Parlamentario de Convergencia
El suscrito, Gabino Cué Monteagudo, senador del Grupo Parlamentario de Convergencia en la LX Legislatura del honorable Senado de la República, en ejercicio de la facultad conferida en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía propuesta con punto de acuerdo relativo al incremento de los precios del diesel marino y de las tarifas eléctricas que afectan la productividad del sector pesquero nacional, al tenor de las siguientes
Consideraciones
En nuestro país la actividad pesquera es de gran relevancia, no sólo porque representa para aproximadamente 1 millón de mexicanos la oportunidad al empleo productivo y de generación de capital y divisas sino porque significa el abasto de alimentos para todos los habitantes del país. Además de que constituye el 0.16 por ciento de nuestro producto interno bruto (PIB).
Sin embargo, en los últimos años el sector parece olvidado y depreciado, tanto en su potencial económico como en su desarrollo, modernización y protección al medio ambiente, generando además de la poca productividad problemas sociales alternos como el desempleo.
Desde el inicio de esta legislatura, hemos evidenciado las enormes carencias a las que se enfrenta el sector pesquero nacional que vive una inaceptable situación en lo social y productivo, repercutiendo directamente en la población de pescadores y sus comunidades, sobre todo, los pescadores ribereños que se encuentran en una situación de subsistencia, ya que sus rudimentarias técnicas de pesca, escasa capacitación tecnológica, embarcaciones en mal estado y de poca capacidad, además de las carencias económicas les impiden invertir y hacer de su actividad una fuente de recursos de alta rentabilidad.
Hoy volvemos hacer uso de la tribuna de esta del Congreso de la Unión para denunciar un hecho lamentable que afecta directamente al sector pesquero nacional. El incremento indiscriminado de los precios de los insumos energéticos, como el diesel, la gasolina ribereña y las tarifas eléctricas, ha puesto en jaque al sector pesquero nacional.
Para la actividad pesquera, el diesel y las tarifas eléctricas son insumos fundamentales para el desarrollo de las labores productivas. Insumos que también representan un porcentaje considerable del costo total de la actividad pesquera.
Se estima, según datos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, que el consumo medio anual de diesel para embarcaciones es de alrededor de 472 millones de litros. Lo que representa un importante porcentaje de los dividendos obtenidos por la venta de productos marinos.
Debido a ello, en 2005, como una medida que asegurara la competitividad y el desarrollo del sector agropecuario y pesquero, el gobierno federal fijó el precio del diesel en 3.50 pesos por litro.
Para diciembre de 2006, se dio continuidad al apoyo, pero bajo un esquema distinto, pues en lugar de fijar los precios ahora se establecía un apoyo gubernamental de 2 pesos por litro, y la diferencia era asumida por el productor.
Lo cual se traduce en una pesada carga para los pescadores, pues si tómanos en cuenta que por cada viaje que realizan en altamar obtienen 8 toneladas de pescado --la cual está tasada en 2 mil pesos por tonelada-- las ganancias ascienden a 16 mil pesos, de los cuales se tiene que descontar gastos de combustible, mantenimiento y personal.*
Esto aunado a los constantes aumentos de precios en el diesel y las tarifas eléctricas, se vuelve casi insostenible.
Además, recordemos que el sector se encuentra en situación precaria, sobre todo, los pescadores ribereños que, en su gran mayoría, viven con deficiencias de infraestructura social. Por lo que se advierte la necesidad de un cambio en la política de apoyos al sector.
Al iniciar 2009 nos despertamos con la noticia de que la flota camaronera y atunera del país se manifestó en contra de los incrementos de los combustibles, en particular del diesel marino.
El sector pesquero está resistiendo una grave crisis estructural y de financiamiento debido a que no puede hacer frente al inmoderado incremento en los precios de los energéticos que a principios de 2008 costaba 3.50 pesos por litro de diesel y que al finalizar el año ascendió a 7.33 pesos, sin que se haya respetado el descuento autorizado al sector.
Se prevé que, de continuar con esta política de aumentos graduales al finalizar 2009, el costo se sitúe en 9.50 pesos por litro; lo que significará sin duda la decadencia de la actividad pesquera nacional.
Para el caso particular del precio del diesel, que es utilizado por el transporte de carga y las embarcaciones marinas, durante 2008 acumuló una alza de 23.6 por ciento, situación que causó molestias y protestas entre los pescadores de Sinaloa, y que hoy se ha generalizado entre pescadores de Oaxaca, Tamaulipas, Campeche, Sonora Yucatán y Colima, bajo el movimiento denominado ``Cero pesca 2009'', que propone el paro indefinido de actividades hasta no tener respuesta positiva de sus demandas por parte de las autoridades federales.
Según reportes periodísticos, en el movimiento participan alrededor de 2 mil embarcaciones del océano Pacífico y del golfo de México, en protesta porque los constantes incrementos al diesel hacen incosteable esta actividad. A estos se les han sumando alrededor de 25 mil pescadores ribereños de Oaxaca, entre libres y cooperativistas, ya que también se ven afectados por el incremento en la gasolina que utilizan para sus 5 mil 90 embarcaciones menores que pescan en los litorales de Oaxaca.
Por ello, es urgente que el gobierno federal a través de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público actúe de inmediato y suspenda los incrementos del diesel marino.
Es importante resaltar que el sector no sólo necesita del ajuste equitativo de los precios de los energéticos sino que requiere de muchas otras acciones que detonen su verdadero fortalecimiento, entre las que destaca la asistencia tecnológica, apoyos financieros que les permita fortalecer la infraestructura comercial y básica, reordenamiento pesquero, etcétera.
No basta con paliativos temporales que calmen las aguas del descontento sino que se requiere, como lo hemos señalado en puntos de acuerdo que hemos sometido a consideración del Senado de la República durante esta legislatura, la existencia de una verdadera política de Estado para el sector pesquero nacional, en donde se incorpore una perspectiva de desarrollo regional para el sector, que atienda las necesidades regionales y proporcione elementos de coordinación entre los estados y municipios de forma, que impulse, con eficacia, el desarrollo de la actividad pesquera en el país.
Es decir, se debe poner la debida atención para revitalizar la actividad pesquera en las entidades y fortalecer la cadena de procesamiento y comercialización.
Es inexplicable que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público siga manteniendo esta política de aumento gradual a los precios de los combustibles, pese a que afecta la inflación cuando las tendencias internacionales indican lo contrario. Por lo que el argumento de la secretaría para sostener los incrementos graduales a fin de igualar los precios nacionales e internacionales queda sin sustento y, sin embargo, se mantiene vigente.
Es necesario que se implanten medidas emergentes para que bajen los precios al diesel, gasolina y electricidad, en apoyo a la economía de miles de pescadores en el país.
Por ello, el gobierno federal se debe sensibilizar ante la problemática que se vive en el sector pesquero y proponer vías de solución y alternativas integrales para el fortalecimiento de la actividad pesquera nacional.
Debemos evitar que por la indiferencia y minimización del conflicto se desencadene una grave crisis económica y social, ya que se advierte el desabasto de productos marinos y el cierre temporal, en el peor de los casos permanente, de fuentes de empleos directos e indirectos.
El movimiento Cero pesca 2009 no debe tratarse como un movimiento localizado que afecta a un solo sector, sino que puede ser el detonante de movimientos paralelos que constituyan en el principio de una protesta a nivel nacional, por las consecuencias de la grave crisis económica que asecha nuestra puerta.
La autoridades federales deben abordar la problemática de los altos costos de las tarifas eléctricas y de los combustibles con sensibilidad y responsabilidad social, ya que se ven afectados miles de familias y quedan suspendidos más de 350 mil fuentes de empleo que dependen de la actividad pesquera en el país.
En este sentido, la propuesta que presento busca solidarizarse con los pescadores que solicitan mayor atención de las autoridades federales para el desarrollo y supervivencia del sector, ya que de no atenderse con prontitud sus demandad podría devenirse una grave crisis de abasto de productos del mar, sin dejar de lado la problemática social y económica que deriva de la perdida de fuentes de empleo.
Es necesario emprender con urgencia la solución de los problemas estructurales y de corto plazo, si no queremos más tarde lamentarnos y hacer del potencial beneficio de la actividad pesquera tan sólo un espejismo.
En mérito de lo anterior, someto a consideración de la asamblea los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. La del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal a realizar las acciones necesarias, en el ámbito de sus atribuciones, para que se suspenda el incremento en los precios del diesel marino y de las tarifas eléctricas que afectan la productividad del sector pesquero nacional.
Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a llevar a cabo las acciones necesarias para continuar con los lineamientos de subsidio de apoyo al diesel marino durante el ejercicio fiscal de 2009; así como a establecer de inmediato mesas de trabajo con los pescadores en paro a fin de evitar el desabasto de productos marítimos.
Nota: *Ver El Universal, lunes 5 de enero de 2009, página A10.Dado en el salón de sesiones de la honorable del Congreso de la Unión, a 7 enero de 2009.--- Senador Gabino Cué Monteagudo (rúbrica).»
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Túrnese a la Tercera Comisión.
POLITICA DE EMPLEO
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Se recibió de la diputada Guillermina López Balbuena, del Grupo Parlamentario del PRI, un exhorto al titular del Ejecutivo federal a rectificar la política del empleo.
La Secretaria diputada Marcela Cuen Garibi : «Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al titular del Ejecutivo federal a rectificar su política de empleo, suscrita por la diputada Guillermina López Balbuena , del Grupo Parlamentario del PRILa suscrita, Guillermina López Balbuena , diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de conformidad con lo previsto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo con el cual se exhorta al titular del Ejecutivo federal a rectificar su política de empleo, con base en lo siguiente:
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía ha señalado que en el último trimestre de 2008, la tasa nacional de desocupación fue de 4.11 por ciento respecto a la población económicamente activa, tasa superior a la que se registró en el mismo periodo de 2007, que fue de 3.93 por ciento.
La tasa de desempleo que se ha publicado es la de mayor nivel desde que el Inegi divulga la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo en 2005, al concentrar a 1.9 millones de personas en el tercer trimestre de 2008. Otro dato alarmante es que la tasa de desempleo nacional se incrementó 0.07 puntos porcentuales con relación a la del segundo trimestre. Señores legisladores, esta tasa de desempleo confirma que la economía del país no marcha.
Por otra parte, la población subocupada, la que trabajó más tiempo, fue de 2.9 millones de personas durante julio-septiembre de 2008, representando una baja de 27 mil personas respecto al mismo periodo de un año antes. Sin embargo, el sector informal ascendió a 11.8 millones de personas. Con ello, se observa que México está sumamente atrasado en la aplicación de medidas que permitan mayor vinculación entre la oferta y la demanda empresarial.
El Instituto Mexicano del Seguro Social ha reportado que durante este año se han perdido más de 100 mil empleos, las empresas confirman que en el país hay un alto índice de desempleo, a pesar de que el gobierno federal asegure y confirme que la tasa de desempleo no ha tenido variaciones, señor presidente Calderón, para miles de mexicanos la realidad es otra.
En el mismo sentido de la crisis de desempleo, se observa que los despidos se centran en el sector femenil, por lo que es oportuno recalcar que las mujeres han sido el eje del desarrollo de sus familias y comunidades en el país. Además, en este sector se concentran los más altos índices de precariedad, y cuenta con los más bajos niveles de instrucción y de ingresos.
Como legisladora, observo que el gobierno dirige su política de empleo a que las mujeres busquen ocuparse en trabajos domésticos o en el comercio ambulante.
Señor presidente Calderón, le recuerdo que usted alardeó durante toda su campaña electoral como el ``presidente del empleo'', pero la realidad demuestra lo contrario; es decir, podríamos señalar que usted es el ``presidente del desempleo'', los mexicanos a dos años de su administración están cansados por sus promesas y mentiras. Además, ya se dieron cuenta de que lo expresado durante su campaña fueron solamente promesas, que usted vivía en un mundo de utopías.
Compañeros legisladores, es sabido que el gobierno cuenta con los instrumentos y mecanismos necesarios para incentivar a las empresas y expandir su economía atrayendo inversiones. Es urgente que se apliquen medidas que generen una recuperación en el corto plazo de empleos, siendo éstos mucho mejor remunerados, así como lograr empatar el perfil de los trabajadores con las necesidades de las empresas.
Además, hay que recordar al gobierno federal que no hay recetas milagrosas, que ningún programa urgente podrá atender el desempleo, sólo este funcionara si la economía mexicana se encamina hacia la reactivación. Por ultimo, señor presidente, le informo que los jóvenes expresan que actualmente encuentran dificultades para encontrar trabajo sienten que su administración sólo produce desempleados con títulos.
Por lo expresado, presento ante la del Congreso de la Unión el siguiente
Punto de AcuerdoPrimero. Con base en el principio de división de poderes, se exhorta al titular del Ejecutivo federal, licenciado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, a revisar su política de empleo, haciendo hincapié en la generación y recuperación de éstos.
Segundo. Se exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a realizar una inspección e investigación a las empresas con el fin de detener el incremento de despidos en el sector femenil.
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Túrnese a la Tercera Comisión.
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Se recibió del diputado Carlos Altamirano Toledo, del Grupo Parlamentario del PRD, punto de acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría General de la Repúblicaa que cumpla sus obligaciones en materia de transparencia y acceso a la información pública gubernamental.
La Secretaria diputada Marcela Cuen Garibi : «Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la Procuraduría General de la República a cumplir sus obligaciones en materia de transparencia y acceso a la información pública gubernamental, a cargo del diputado Carlos Altamirano Toledo , del Grupo Parlamentario del PRDEl que suscribe, diputado Carlos Altamirano Toledo , integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LX Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en el artículo 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante la soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
ConsideracionesLa Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2002, y tiene como finalidad proveer lo necesario para garantizar el acceso de toda persona a la información en posesión de los Poderes de la Unión, los órganos constitucionales autónomos o con autonomía legal, y cualquier otra entidad federal cuya observancia es obligatoria para todos los servidores públicos federales.
Los objetivos de la ley son los siguientes:
El Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) es un órgano de la administración pública federal, con autonomía operativa, presupuestaria y de decisión, encargado de promover y difundir el ejercicio del derecho de acceso a la información; resolver sobre la negativa a las solicitudes de acceso a la información y proteger los datos personales en poder de las dependencias y entidades.
En la ley se otorga al IFAI, entre otras atribuciones, para que interprete en el orden administrativo la ley, de conformidad con el artículo 6 constitucional; conozca y resuelva los recursos de revisión interpuestos por los solicitantes; para que acceda en todo momento a la información reservada o confidencial de los sujetos obligados para determinar su debida clasificación, desclasificación o la procedencia de otorgar su acceso.
De esta forma, los solicitantes acuden al IFAI con recursos de revisión cuando las dependencias argumentan que la información está clasificada, pudiendo determinar si esa clasificación es correcta.
Por otro lado, la Procuraduría General de la República (PGR) es considerada una dependencia sujeta a la aplicación de la mencionada ley.
Sin embargo, la PGR se ha negado sistemáticamente a entregar expedientes de casos conocidos públicamente, aún cuando existe de por medio la facultad conferida al IFAI de revisar la debida clasificación de la información o la existencia de resoluciones respecto a la procedencia de los recursos de revisión interpuestos por los ciudadanos a quienes se les niega la información o no quedan satisfechos con las respuestas emitidas por la procuraduría.
La PGR, para evitar que el IFAI de cumplimiento a la facultad de revisar la clasificación de la información reservada o confidencial, ha recurrido al Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa o por la vía del juicio de amparo para impedir la revisión de los documentos que tiene bajo su custodia.
Algunos de los casos que ilustran dicho desacato, no sólo legal sino contra el precepto constitucional de máxima publicidad, los encontramos en las solicitudes sobre el número de secuestros ocurridos en México entre 1998 y 2008, la investigación de la Interpol España en coordinación con el Ministerio de Hacienda para conocer el origen de la prosperidad y operación de las empresas de Manuel Carlos Mouriño Antanes, o en los casos de averiguaciones previas ya concluidas.
Al respecto de este último punto, en el artículo 14 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se establece que también se considera como información reservada las averiguaciones previas, pero señala que cuando concluya el periodo de reserva o las causas que hayan dado origen a la reserva de la información podrá ser pública, protegiendo la información confidencial que en ella se contenga.
Por las consideraciones anteriores, considero que la Procuraduría General de la República ha actuado en desacato de la ley y de la Constitución, por lo que se le debe exhorta a actuar de manera transparente y no obstruir al acceso público de la información.
Por lo anterior, pongo a la consideración de la Comisión Permanente proposición con
Puntos de AcuerdoPrimero. Se exhorta a la Procuraduría General de la República a que dé cumplimiento a las obligaciones de transparencia y acceso a la información pública.
Segundo. Se exhorta a la Secretaría de la Función Pública a informar a esta soberanía, a través del Órgano Interno de Control de la Procuraduría General de la República, sobre el estado en que se encuentran las denuncias interpuestas por el IFAI en contra de los servidores públicos que pudieron incurrir en responsabilidad por violar las disposiciones jurídicas en la materia.
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Túrnese a la Primera Comisión.
FRECUENCIAS DE RADIO
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Se recibió del diputado Humberto López Lena Cruz, del Grupo Parlamentario de Convergencia, punto de acuerdo por el que se exhorta alsecretario de Hacienda y Crédito Públicoa que informe y publique los montos que se hayan determinado, relativos a la contraprestación que deban cubrir los interesados de la transición de AM a FM.
La Secretaria diputada Marcela Cuen Garibi : «Proposición con punto de acuerdo, para solicitar al Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados que formule un exhorto al secretario de Hacienda y Crédito Público sobre la propuesta de la Cofetel relativa a la contraprestación que deban cubrir los interesados en la transición de AM a FM, a fin de que informe y publique los montos determinados al efecto, suscrita por el diputado Humberto López Lena Cruz , del Grupo Parlamentario de ConvergenciaEl suscrito, Humberto López Lena Cruz , diputado a la LX Legislatura de la Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 y 60 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita al Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente que formule un exhorto al doctor Agustín Guillermo Carstens Carstens, secretario de Hacienda y Crédito Público, para que de tener la propuesta de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, Cofetel, relativa a la contraprestación que deban cubrir los interesados en la transición de AM a FM, se informe y se publiquen los montos que hayan determinado para tal efecto.
AntecedentesI. Por instrucciones del licenciado Felipe Calderón Hinojosa, presidente de la República el lunes 15 de septiembre de 2008, fue publicado por el licenciado Luis Téllez Kuenzler, secretario de Comunicaciones y Transportes el acuerdo por el que se establecen los requisitos para llevar a cabo el cambio de frecuencias autorizadas para prestar el servicio de radio y que operan en la banda de amplitud modulada, a fin de optimizar el uso, aprovechamiento y explotación de un bien del dominio público en transición a la radio digital.
II. El artículo 25 constitucional en su párrafo primero establece lo siguiente: Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la soberanía de la nación y su régimen democrático y que, mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución.
III. De acuerdo con el artículo 27 constitucional ``le corresponde a la nación el dominio directo del espacio situado sobre el territorio nacional, en la extensión y términos que fije el derecho internacional. El dominio de la nación es inalienable e imprescriptible y la explotación, el uso o el aprovechamiento de los recursos de que se trata, por los particulares o por sociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas, no podrá realizarse sino mediante concesiones, otorgadas por el Ejecutivo Federal, de acuerdo con las reglas y condiciones que establezcan las leyes.''
V. Así también conforme a lo establecido por el artículo 28 constitucional le corresponde al Estado concesionar la prestación de servicios públicos o la explotación, uso y aprovechamiento de bienes de dominio de la federación, salvo las excepciones que éstas prevengan.
ConsideracionesDel párrafo primero del artículo 1 de La ley Federal de Derechos se desprende lo siguiente: los derechos que establece esta ley, se pagarán por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público de la Nación, así como por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, excepto cuando se presten por organismos descentralizados u órganos desconcentrados y en este último caso, cuando se trate de contraprestaciones que no se encuentren previstas en esta ley.
La fracción I del artículo 3 de la Ley General de Bienes Nacionales, considera como tal al espacio situado sobre el territorio nacional, que es de dominio de la nación y es inalienable e imprescriptible y la explotación, el uso y aprovechamiento de dicho recurso, por los particulares o por sociedades constituidas conforme a las leyes se deberá realizar mediante concesiones otorgadas por el Ejecutivo federal de acuerdo a las reglas y condiciones que establezcan las leyes.
Ese bien situado en el espacio sobre el territorio nacional, lo conforma el espectro radioeléctrico y las bandas de frecuencia que forman parte de él, los cuales constituyen un bien del dominio público de la nación, por lo que su uso, aprovechamiento y explotación conlleva, entre otros, a que el Estado tenga el derecho de recibir una contraprestación económica por el otorgamiento de la concesión respectiva.
Esto lo confirma la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la acción de inconstitucionalidad 26/2006, al resolver que el espectro radioeléctrico es un bien de dominio público, por lo que su uso, aprovechamiento y explotación debe otorgarse con sujeción a los principios dispuestos por el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Por tales motivos, en el acuerdo emitido por el Ejecutivo a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de fecha 15 de septiembre de 2008, se instituye para los empresarios interesados en el cambio de frecuencia una contraprestación.
En el punto cuarto del acuerdo de referencia establece lo siguiente:
La Cofetel analizará que las solicitudes de cambio cumplan con los requisitos establecidos en el presente acuerdo y, de ser así, requerirá a los concesionarios el pago de la contraprestación económica que se deberá cubrir por el cambio de frecuencias. El monto de la contraprestación será determinado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a propuesta de la comisión, debiendo tomar en cuenta:
Dado que ya están establecidos en el acuerdo los 4 criterios para determinar la contraprestación, es necesario que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la decrete.
Y a tres meses de que surtió efectos el acuerdo el secretario de Hacienda no ha publicado el monto correspondiente, por lo que no se ha logrado cumplir con todos los requisitos contemplados en el acuerdo.
Lo que se pretende con esta proposición es transparentar este requisito para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público establezca contraprestaciones justas, tanto para los empresarios como para el Estado. Toda vez que el espectro radioeléctrico en el cual se transmiten las ondas hertzianas es un bien nacional como lo establece el artículo 3 fracción I de la Ley General de Bienes Nacionales.
Por lo antes expuesto, me permito someter a la consideración de esta honorable soberanía el siguiente
Punto de AcuerdoÚnico. Por el que se exhorta al doctor Agustín Guillermo Carstens Carstens, secretario de Hacienda y Crédito Público, para que con base en el acuerdo de fecha 15 de septiembre de 2008 emitido por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por el que se establecen los requisitos para el cambio de frecuencias autorizadas de la banda de amplitud modulada:
La Cofetel publicó, el pasado 20 de octubre de 2008 en tiempo y forma, la disponibilidad de frecuencias en las poblaciones existentes, de la Región I del país y después de casi 3 meses de la fecha de esa publicación y de tener la propuesta de la Cofetel, relativa a la contraprestación que deben cubrir los interesados, se solicita que se informe y se publiquen los montos determinados por esa secretaría.
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Túrnese a la Tercera Comisión.
SUMINISTRO DE AGUA
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Se recibió del diputado Octavio Martínez Vargas, del Grupo Parlamentario del PRD, punto de acuerdo por el que solicita a la Comisión Permanenteque realice el exhorto al director general de la Comisión Nacional del Aguapara que informe sobre los alcances en las afectaciones que tendrá la falta de suministro de agua, suscrito por la diputada Olivia Fragoso.
La Secretaria diputada Marcela Cuen Garibi : «Proposición con punto de acuerdo, a fin de que la del Congreso de la Unión realice un exhorto al director general de la Conagua para que informe respecto a los alcances de las afectaciones que tendrá la falta de suministro de agua anunciada durante tres días de cada mes de enero a mayo de 2009 y a las medidas que tomará sobre el particular, a cargo del diputado Octavio Martínez Vargas , en nombre de la diputada Silvia Oliva Fragoso , del Grupo Parlamentario del PRDLa que suscribe, diputada Silvia Oliva Fragoso , integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LX Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, pone a consideración de la honorable del Congreso de la Unión la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
ConsideracionesQue el agua es un recurso natural finito muy preciado para el hombre, esencial para mantener la vida, el desarrollo y el medio ambiente. El agua desempeña un papel fundamental en la vida de los individuos, tanto a nivel biológico como a nivel Industrial.
Que ``México se encuentra inmerso en una realidad hidrológica compleja derivada de la degradación sostenida y hasta el momento incontenible, de sus ríos, acuíferos, cuencas, humedales y en sí de todos sus ecosistemas lacustres, realidad que comparte con la mayoría de los países del orbe, al grado que este tema ya es considerado como un fenómeno de magnitud planetaria''. (www.agua.org.mx. Centro Virtual de Información del Agua).
Que la falta de agua se ha convertido en un importante problema en el país y principalmente en la cuenca hidrográfica del valle de México, la cual abastece a una de las ciudades más grandes del mundo con 8 millones 720 mil 916 habitantes, en el Distrito Federal según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en 2005.
Que la problemática del agua atiende a diversos factores: la complicación y el costo de abastecer de agua a la ciudad y al estado de México, la insuficiencia de plantas de tratamiento, la sobreexplotación del acuífero del valle de México y además, la pérdida por fugas en las redes de distribución de entre el 35 y 40 por ciento del vital líquido que se consume en la zona metropolitana del valle de México, debido a la obsolescencia de la infraestructura hidráulica.
Que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales cuya función es administrar y preservar las aguas nacionales y sus bienes inherentes, para lograr su uso sustentable, con la participación de la sociedad.
Que el país esta dividido en 13 regiones hidrológico-administrativas debido a que las cuencas son las unidades básicas de gestión de los recursos hídricos, y la Conagua desempeña sus funciones a través de 13 organismos de cuenca, cuyo ámbito de competencia corresponde a cada una de estas regiones.
Que el 12 de diciembre de 2007, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el que se determina la circunscripción territorial de los organismos de cuenca de la Comisión Nacional del Agua, estableciendo los 100 municipios de Hidalgo, México y Tlaxcala, que junto con las 16 delegaciones del Distrito Federal conforman el Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México, con sede en la Ciudad de México.
Que en el Distrito Federal corresponde al Sistema de Aguas de la Ciudad de México, entre otras cosas, el suministro y distribución de los servicios de agua potable con la cantidad, calidad y eficiencia necesarios. Que la instancia competente en el estado de México es la Comisión del Agua de dicha entidad. Además de que ambos organismos tienen la facultad de establecer mecanismos de coordinación con las instituciones y organismos precisos para desarrollar acciones conjuntas de planeación e instrumentación que conduzcan a lograr el uso eficiente del agua en el Distrito Federal y en el estado de México.
Que mediante un comunicado de prensa de la Comisión Nacional del Agua, el pasado 16 de diciembre de 2008, el titular del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México presentó un balance sobre la sustentabilidad hídrica de esa región, señalando que existe un nivel crítico en las 7 presas que abastecen al sistema Cutzamala, indicando que tienen un nivel de almacenamiento de 63 por ciento, debido a la insuficiente precipitación pluvial, cuando en años anteriores --en esta temporada-- se contaba con un almacenamiento del 85 por ciento de su capacidad.
Que la Conagua acordó junto con las autoridades del Sistema de Aguas de la Ciudad de México y de la Comisión del Agua del Estado de México realizar acciones de mantenimiento en las redes de distribución y en las líneas de conducción del sistema Cutzamala, por lo que se tiene programado suspender el servicio durante tres días al mes, de enero a mayo del próximo año, para lograr un ahorro de 10 millones de metros cúbicos en los meses de estiaje.
Que esta medida anunciada preocupa de sobremanera a los habitantes del Distrito Federal y principalmente, a los ciudadanos de la delegación Iztapalapa, ya que esta demarcación se ha visto castigada desde meses atrás con la falta en el suministro de agua potable en diversas colonias, abasteciendo este líquido mediante pipas que en muchos de los casos son insuficientes.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía con carácter de urgente y obvia resolución la siguiente proposición con
Punto de AcuerdoPrimero. Que la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión realice un atento exhorto al ingeniero José Luis Luege Tamargo, director general de la Comisión Nacional del Agua, para que Informe a esta soberanía de manera detallada sobre los alcances, los días y las zonas que afectará la suspensión del servicio de agua anunciada para los primeros cinco meses de 2009, así como las medidas que tomará el organismo que dirige, a fin de disminuir las afectaciones que causará dicha suspensión.
Segundo. Que la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión realice un exhaustivo exhorto al ingeniero José Luis Luege Tamargo, director general de la Comisión Nacional del Agua para que ponga enmarca --de manera urgente-- una campaña de información en medios de comunicación masiva, dirigida a la población para dar a conocer de manera detallada los alcances, los días y las zonas que afectará la suspensión del servicio de agua anunciada para los primeros cinco meses de 2009, y sobre las medidas que ésta deberá tomar para disminuir las afectaciones por falta de agua, así como una campaña sobre el cuidado del agua.
Tercero. Que la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión realice un atento exhorto a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a fin de que dentro del marco de su competencia realice lo conducente ante las autoridades facultadas de esa entidad para que informen sobre los alcances y afectaciones de la suspensión en el servicio de agua anunciada para los primeros cinco meses de 2009; las medidas que serán tomadas para disminuir las afectaciones, así como la solicitud de una campaña masiva de información sobre la problemática, falta y cuidado del agua.
Cuarto. Que la del Congreso de la Unión realice un atento exhorto al Poder Legislativo del estado de México a fin de que dentro del marco de su competencia realice lo conducente ante las autoridades facultadas de esa entidad para que informen sobre los alcances y afectaciones de la suspensión en el servicio de agua anunciada para los primeros cinco meses de 2009; las medidas que serán tomadas para disminuir las afectaciones, así como la solicitud de una campaña masiva de información sobre la problemática, falta y cuidado del agua.
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Túrnese a la Tercera Comisión de Trabajo.
ESTADO DE MEXICO
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Se recibió del mismo diputado Octavio Martínez Vargas, en nombre de la diputada Eva Sánchez Valdez, del Grupo Parlamentario del PRD, punto de acuerdo por el que se exhorta al gobernador delEstado de Méxicoa cumplir las garantías individuales de la libre asociación, manifestación, tránsito y petición que establece la Constitución en los acuerdos signados por los munícipes de la colonia Villa de las Flores.
La Secretaria diputada Marcela Cuen Garibi : «Proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar al gobernador del estado de México a salvaguardar, con estricto arreglo a derecho, las garantías individuales de libre asociación, manifestación, tránsito y petición que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, e instruir a los servidores públicos para que cumplan los acuerdos que asignaron los munícipes de la colonia Villa de las Flores, a cargo del diputado Octavio Martínez Vargas , en nombre de la diputada Eva Sánchez Valdez, del Grupo Parlamentario del PRDLa diputada federal Eva Angelina Sánchez Valdez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LX Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la soberanía punto de acuerdo fundado en los siguientes antecedentes y consideraciones.
Antecedentes1. A partir de septiembre de 2008, el gobierno del estado de México y el ayuntamiento de Coacalco de Berriozábal iniciaron la construcción de un puente vehicular en la calle de Yutes y bulevar Coacalco, en la colonia Villa de las Flores, en el municipio de Coacalco de Berriozábal.
2. Esta obra generó un descontento en los vecinos de dicha colonia, entre otras consideraciones porque
a) En la construcción de esta vialidad se destruye el jardín recreativo que se encuentra en el camellón de la calle de Yutes.
b) Dicho puente desemboca a un costado de la escuela secundaria Felipe Neri Villarelo, causando peligro a los alumnos que acuden al centro escolar.
3. Es una obra que no cuenta con los informes de impacto ambiental, técnico, ni social como lo confirman los informes justificados que rindieron las autoridades responsables ante el juzgado federal en materia administrativa con sede en Naucalpan de Juárez, donde se interpuso el juicio de amparo contra la construcción del puente vehicular Yutes.
4. La autoridad estatal y municipal no cuentan con los procedimientos necesarios para garantizar el pago de daños a los inmuebles que afecta la construcción del puente vehicular.
5. El 4 de noviembre de 2008, motivados por el incumplimiento de las autoridades, los vecinos se organizaron para acudir a Toluca en busca de una entrevista con el gobernador del estado de México.
6. Los vecinos se reunieron en la colonia Villa de las Flores el día en comento, aproximadamente a las 8:00 horas, de donde salieron alrededor de las 9:00 horas hacia su destino.
Sin embargo, en el tramo de La Marquesa de la autopista México-Toluca, aproximadamente a las 12:10 horas, fueron detenidos por agentes de seguridad pública de la Agencia de Seguridad Estatal del gobierno del estado de México.
Los agentes de las patrullas 1506 y 1651 les indicaron que bajaran del autobús, que quién era el líder responsable y qué adónde se dirigían. Los vecinos le indicaron que se dirigían a Toluca para conseguir entrevistarse con el gobernador Enrique Peña Nieto y exponerle el problema de la construcción de un puente vehicular en el municipio de Coacalco de Berriozábal.
Estas autoridades les impidieron seguir su trayecto, manifestándoles que tenían instrucciones de impedir el tránsito a Toluca a cualquier manifestación que fuera contra el gobernador.
De lo anterior, los agentes de la patrulla 1651 indicaron que no podían dejarlos pasar, porque era una instrucción de ``arriba''. Después de 50 minutos, los quejosos exigieron a los agentes que respetaran sus garantías constitucionales que los protegían para poder circular sin un permiso previo, a los que los elementos de seguridad pública les respondieron, ``por mis huevos no van a pasar, ¿qué no entiendes pendejo?, ninguna protesta va llegar al señor gobernador y, si quieres, váyanse caminando''.
Acto seguido, las autoridades indicaron al operador del autobús que entregara las llaves, que el vehículo sería remolcado a alguna oficina cercana a su domicilio.
Posteriormente, obligaron a descender a todas las personas que se encontraban en el interior del autobús, quienes, al ser intimidados con la amenaza de que el autobús sería remitido a un corralón, buscaron la forma de desplazarse mediante autobuses de transporte público a Toluca.
7. Ese mismo día, 4 de noviembre de 2008, efectuaron una reunión de trabajo los siguientes funcionarios públicos: ingeniero Manuel Ortiz García, director general del SAASCAEM; maestro en ciencias Saúl Ramírez Antonio, director general de Gobierno Región Tultitlán; ingeniero Sergio Rodríguez Medina, subdirector de Coordinación de Obras; licenciado Javier Rodríguez Vivas, jefe de Departamento de Gobierno Región XIV; ingeniero Silvestre Cruz Cruz, subdirector de Estudios y Proyectos; y arquitecto Javier Gómez Galarza, jefe del Departamento de Supervisión de Obra; y los vecinos de la colonia Villa de las Flores, donde se acordó, entre otros puntos, el siguiente:
En este sentido, es pertinente señalar que desde el 4 de noviembre que se emitió este documento, los trabajos de la obra no han sido detenidos, siendo evidentes los avances en la construcción del puente, ocasionando una desilusión a los vecinos la promesa de campaña: Te lo firmo y te lo cumplo.
8. Finalmente, el 14 de noviembre del año en curso, la Unidad de Transparencia de y Acceso a la Información Pública de la presidencia municipal, mediante el oficio número PM/UTAI/0350/2008, informó a los vecinos lo siguiente: ``le manifiesto que la construcción de dicho puente es competencia de la empresa OHL, contratada por el gobierno del estado y el honorable ayuntamiento de Coacalco, a través de la Dirección General de Desarrollo Urbano, sólo se hizo responsable de la liberación del predio donde se realizará dicha obra''; y como es en los tiempos del partido oficial, aquí nadie sabe nada y, sin embargo, la obra se sigue construyendo.
ConsideracionesPrimera. Consideramos que la actitud de las autoridades locales es contraria a las disposiciones constitucionales que norman la vida del país, ya que arbitrariamente se impidió a los pobladores del municipio de Coacalco, en el estado de México, tener derecho a ser escuchados por el gobernador del estado de México, respecto a una obra pública que les afecta directamente y contra la cual han hecho público su desacuerdo.
Segunda. Pese a que fueron atendidos por las autoridades que se mencionan en el punto 7 de esta proposición, y más aún con la documental que se anexa emitida por la Unidad de Transparencia de y Acceso a la Información Pública de la presidencia municipal en Coacalco, se hace patente la voluntad irrespetuosa y contraria a la voluntad popular por parte de la autoridad estatal y municipal, en el sentido de que, por un lado, les impidieron hacer pública su manifestación de rechazo a dicha obra, posteriormente la promesa que les hicieron a los pobladores del municipio de referencia de que la obra iba a ser retrasada y, por último, el hecho de que las obras continúan y de que no hay nada que las detenga, constituyendo, todo esto, un engaño y una burla al acuerdo que las mismas autoridades suscriben y que se comprometen a respetar, cuando en el terreno de los hechos no es así.
Tercera. Por todo lo anterior, solicitamos a esta Comisión Permanente que haga un exhorto al gobernador del estado de México a respetar las libertades y las garantías individuales contenidas en la Constitución General de la República, respecto al derecho de la libre expresión de las ideas y de manifestación pública por parte de los colonos de Villa de las Flores, así como a instruir a los funcionarios públicos correspondientes para que hagan cumplir la palabra empeñada el 4 de noviembre de 2008 en las oficinas del gobierno del estado del municipio de Naucalpan, estado de México, respecto a la suspensión de las obras del puente vehicular en la calle de Yutes y bulevar Coacalco, en la colonia Villa de las Flores, en el municipio de Coacalco de Berriozábal, en dicha entidad federativa.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta soberanía los siguientes
Puntos de AcuerdoPrimero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, con pleno respeto de su soberanía, exhorta al gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto, a garantizar, en estricto apego a derecho, las garantías individuales de libre asociación, manifestación, transito y petición que se establecen en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, con pleno respeto de su soberanía, exhorta al gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto, a instruir a sus funcionaros públicos den cumplimiento a los acuerdos que signaron con los munícipes de la colonia Villa de las Flores.
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Túrnese a la Primera Comisión.
EXPLOTACION SEXUAL INFANTIL
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Se recibió del diputado Octavio Martínez Vargas, en nombre de la diputada Ana Yurixi Leyva Piñón, del Grupo Parlamentario del PRD, punto de acuerdo por el que exhorta a las autoridades ejecutivas y legislativas a que lleven a cabo las acciones necesarias que permitan la adecuación de las normas locales a lo dispuesto en la Convención Internacional de los Derechos de los Niños.
La Secretaria diputada Marcela Cuen Garibi : «Proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar a las autoridades ejecutivas y legislativas de las 32 entidades federativas a llevar a cabo acciones que permitan la adecuación de las normas locales a lo dispuesto en la Convención Internacional de los Derechos de los Niños y en la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo del diputado Octavio Martínez Vargas , en nombre de la diputada Ana Yurixi Leyva Piñón , del Grupo Parlamentario del PRDLa suscrita, diputada Ana Yurixi Leyva Piñón , integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes
ConsideracionesEl 13 de noviembre de 2006, al inicio de la presente LX Legislatura se recibieron las Observaciones finales emitidas por el Comité de los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas, respecto al III Informe de México sobre la Niñez. En este documento se reconoce lo ya realizado y destacan las reformas a los artículos 4 y 18 de la Constitución; la aprobación de la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes; la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación; la tipificación de violencia intrafamiliar en códigos de 15 entidades federativas; la ratificación del protocolo sobre la trata de personas; la ratificación del Convenio 182 de la Organización Internacional del Trabajo; el programa de acción 2002-2010, y la ratificación de protocolos facultativos de la Convención de los Derechos de la Niñez, referentes a la participación de niños en conflictos armados y a la venta, prostitución y la utilización en pornografía de niños; avances indiscutibles que requieren reconocimiento, difusión de sus objetivos y continuidad en las acciones de gobierno.
Se detallan también en el documento del organismo de la ONU los pendientes que México mantiene en torno a la Convención de los Derechos de la Niñez, varias de ellas corresponden al Poder Legislativo.
Las recomendaciones se dividen en capítulos. En la estructura del documento que contiene las observaciones se encuentra que las primeras observaciones son para avanzar en el ámbito de la legislación, entre las que destacan algunos temas prioritarios como son: el hecho de que la edad mínima para contraer matrimonio en este país es de 14 años para las niñas y 16 años para los niños y requiere una reforma legal para aumentarla e igualarla para los dos géneros.
También están pendientes las reformas del Código de Procedimientos Civiles, para asegurar que los niños sean escuchados en las actuaciones judiciales que los afectan.
Es muy importante reformar las leyes que afectan con castigo corporal, que debería estar explícitamente prohibido.
Pero sobre todo, destacar la inexistencia de una legislación eficaz para combatir y hacer frente al problema de la explotación sexual infantil, sobre todo cuando persisten prácticas como las recientemente ocurridas en Hueytlalpan, Puebla; la trata y secuestro de niños y niñas y adolescentes, tanto a nivel federal como estatal, por lo que es necesario introducir reformas al Código Penal y tipificar adecuadamente estos delitos.
El tema de los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes es un tópico que se refiere a la justicia, a la equidad y a la posibilidad de contar --en un futuro próximo-- con ciudadanos más concientes de sus derechos y de sus obligaciones en un entorno de más solidaridad para un desarrollo social sustentable y con mayor cohesión social.
En atención a las anteriores consideraciones propongo a esta soberanía la presente proposición con
Punto de AcuerdoÚnico. Se hace un respetuoso exhorto a los titulares de los poderes Ejecutivos de las 32 entidades federativas del país, así como a los órganos legislativos de las entidades a hacer las modificaciones legales e institucionales necesarias para hacerlas compatibles con la Convención Internacional de los Derechos de los Niños y en la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Túrnese a la Primera Comisión de Trabajo. Continúe la Secretaría con el orden del día.
ORDEN DEL DIA
La Secretaria diputada Marcela Cuen Garibi : « Comisión Permanente.--- Primer Receso.--- Tercer Año de Ejercicio.--- LX Legislatura.
Orden del día
Jueves 8 de enero de 2009.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Comunicaciones
De la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Los demás asuntos con los que la Mesa Directiva dé cuenta.»
CLAUSURA Y CITATORIO
El Presidente diputado César Duarte Jáquez (a las 16:25 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar mañana, jueves 8 de enero, a las 11: 00 horas.
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RESUMEN DE TRABAJOS