SUMARIO
Se refieren a la toma de protesta de diputado federal respecto a la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación relativa a la configuración de la vacante a cargo de diputado federal del Grupo Parlamentario de Convergencia en la Cámara de Diputados de la LX Legislatura, en la tercera circunscripción plurinominal, los legisladores:
Diputado Octavio Martínez Vargas.
Diputado Ramón Valdés Chávez.
Senador Alejandro González Yáñez.
Diputado Francisco Javier Calzada Vázquez.
Desde su curul el diputado Gerardo Villanueva Albarrán.
Diputada Lariza Montiel Luis.
Diputado Ramón Valdés Chávez.
Diputado Raúl Cervantes Andrade.
Se considera suficientemente discutido.
Oficio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con el que informa de la apertura de su primer periodo de sesiones del año 2009. De enterado.
Comunicación del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo de la Cámara de Senadores con la informa la elección como coordinador y vicecoordinador a los senadores Ricardo Monreal Avila y Alejandro González Yáñez, respectivamente. Se remite a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores.
El senador Fernando Jorge Castro Trenti presenta iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, respecto a la introducción ilegal de armas de fuego y explosivos al país. Se turna a la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Senadores.
El diputado Carlos Altamirano Toledo presenta iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley que Prohíbe la Fabricación, Importación, Distribución, Venta, Renta y Uso de Juguetes Bélicos. Se turna a las Comisiones Unidas de Economía y de Educación Pública y Servicios Educativos, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.
El diputado Manuel Portilla Diéguez presenta iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 47 y 48 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, para que en los procesos de admisión y supervisión del personal de la PGR se aplique la prueba conocida como electroencefalograma virtual. Se turna a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados.
Se recibe del diputado José Luis Aguilera Rico iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el Capítulo Tres Bis y los artículos 322 Bis y 322 Ter del Código Penal Federal, para castigar a quien cometa delitos de violencia en espectáculos deportivos. Se turna a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados.
El senador Rogelio Rueda Sánchez presenta iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 28 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y el 60 Ter de la Ley General de Vida Silvestre, para proteger, restaurar, investigar o conservar las áreas de manglares. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca de la Cámara de Senadores.
Comunicación del senador Gustavo Enrique Madero Muñoz con solicitud para aceptar y usar la condecoración Medalla Presidencial que le otorga el gobierno de la República de Guatemala.
Se dispensan todos los trámites y es aprobado, pasa al Ejecutivo federal para sus efectos constitucionales.
Dictamen de la Tercera Comisión con punto de acuerdo referente a la proposición presentada en la sesión del 22 de diciembre de 2008 para exhortar al titular de la Secretaría de Salud a presentar por escrito la decisión anunciada el pasado 26 de noviembre respecto a la no reubicación del hospital psiquiátrico infantil Doctor Juan N. Navarro.
Dictamen de la Tercera Comisión con punto de acuerdo relativo a la proposición presentada en la sesión del 22 de diciembre de 2008 por la que se solicita a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, y de Educación Pública que destinen recursos extraordinarios a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos para cubrir el adeudo que tiene con el Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores.
Dictamen de la Tercera Comisión con punto de acuerdo referente a la proposición presentada en la sesión del 22 de diciembre de 2008 por la que se solicita a la Sociedad Hipotecaria Federal, Sociedad Nacional Crediticia, que entregue inmediatamente un informe detallado de los peritos valuadores que no cumplieron con el plazo de tres años para obtener su cédula profesional de posgrado.
Dictamen de la Tercera Comisión con punto de acuerdo sobre la proposición presentada en la sesión del 22 de diciembre de 2008 por la que se solicita al Ejecutivo federal que remita a través de Petróleos Mexicanos un informe detallado sobre los términos de la contratación para la perforación de pozos petroleros en Chicontepec.
Dictamen de la Tercera Comisión con punto de acuerdo relativo a la proposición presentada en la sesión del 22 de diciembre de 2008 por la que se solicita al secretario de Desarrollo Social que instaure las medidas pertinentes para la implantación de estufas ecológicas en las comunidades indígenas y campesinas del país que actualmente utilizan fogón abierto para cocinar.
Dictamen de la Tercera Comisión con punto de acuerdo referente a la proposición presentada en la sesión del 22 de diciembre de 2008, por la que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a realizar un programa emergente para el aprovechamiento de la carretera transístmica en el estado de Oaxaca.
Dictamen de la Tercera Comisión con punto de acuerdo respecto a la proposición presentada en la sesión del 22 de diciembre de 2008 para exhortar al titular del Ejecutivo federal a mejorar las condiciones laborales y humanas de los trabajadores agrícolas mexicanos y a integrar una subcomisión para atender y proponer soluciones a los trabajadores agrícolas temporales.
Son aprobados en conjunto los anteriores siete dictámenes. Comuníquense.
El diputado Carlos Augusto Bracho González presenta proposición con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal, a través del Servicio de Administración Tributaria y su Administración General de Aduanas, la modificación de la Regla 2.7.2., relativa a la franquicia de mercancía de pasajeros. Se turna a la Tercera Comisión.
El diputado Francisco Javier Calzada Vázquez presenta proposición con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal a acordar, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la ampliación del horario de aplicación de la tarifa eléctrica 9 N para el uso agrícola a las 24 horas. Se turna a la Tercera Comisión.
El diputado Ramón Valdés Chávez presenta proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a acudir ante la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados a explicar por qué las instituciones bancarias no otorgan tarjetas de crédito a personas de 65 años o más. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.
La senadora Beatriz Zavala Peniche presenta proposición con punto de acuerdo relativo al respeto a las normas que prescriben a los partidos políticos la equidad de género en la conformación de sus candidaturas a cargos de elección popular. Se turna a la Primera Comisión.
Desde sus respectivas curules, solicitan su adhesión las diputadas.
Marcela Cuen Garibi.
María Esther Jiménez Ramos.
El senador Rubén Fernando Velázquez López presenta proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las Presidencias de las Mesas Directivas del Congreso de la Unión a acordar que se celebre una sesión solemne el 5 de febrero de 2010 en la ciudad de Querétaro, como parte de los festejos del bicentenario de la Independencia y del centenario de la Revolución Mexicana. Se turna a las Presidencias de las Mesas Directivas de las Cámaras de Diputados y de Senadores.
Se recibe del diputado Elías Cárdenas Márquez proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Federal de Electricidad y a la Compañía Luz y Fuerza del Centro a evitar y sancionar el robo de energía eléctrica en el país. Se turna a la Tercera Comisión.
El diputado Carlos Eduardo Felton González presenta proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que atiendan la problemática generada por el paro nacional pesquero por el precio de los combustibles.
Desde sus respectivas curules, solicitan su adhesión a este asunto los senadores:
Rogelio Rueda Sánchez.
Se turna a la Tercera Comisión.
El senador Rubén Fernando Velázquez López presenta proposición con punto de acuerdo, que exhorta al Ejecutivo federal a informar a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de la Comisión Nacional del Agua sobre la sobreexplotación de los mantos acuíferos en la zona hidrológica-administrativa del Valle de México. Se turna a la Tercera Comisión.
La diputada María Esther Jiménez Ramos, presenta solicitud de excitativa a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Energía. La Presidencia realiza la excitativa correspondiente.
Comenta la situación política y económica nacional el diputado Gerardo Villanueva Albarrán.
Desde sus curules, realizan interpelaciones los senadores:
Luis Alberto Villarreal García.
María Beatriz Zavala Peniche.
Interviene el senador Rogelio Rueda Sánchez.
Rectifica hechos el diputado Octavio Martínez Vargas.
De la próxima sesión.
ASISTENCIA
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Proceda la Secretaría a pasar lista de asistencia.
El Secretario senador Jesús Garibay García: Se va a pasar lista de asistencia de los integrantes de la Comisión Permanente.
¿Falta algún legislador de pasar lista? Merodio Reza Guadalupe, en sustitución de Escajeda Jiménez José Rubén ; Juan Carlos Velasco, en sustitución de José Ascención Orihuela; Rolando Rivero, en sustitución de Luis Fernando. Gracias, diputado.
Señor presidente, hay una asistencia de 33 legisladores. Hay quórum, señor presidente.
El Presidente diputado César Duarte Jáquez (a las 12:26 horas): Se abre la sesión.
ORDEN DEL DIA
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.
El Secretario senador Jesús Garibay García: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura del orden del día. Los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.
Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.
« Comisión Permanente.--- Primer Receso.--- Tercer Año de Ejercicio.--- LX Legislatura.
Orden del día
Jueves 8 de enero de 2009.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Comunicaciones
De la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo de la Cámara de Senadores.
Protesta del diputado José Francisco Melo Velázquez.
Iniciativas
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, suscrita por los senadores Fernando Castro Trenti, Rogelio Rueda Sánchez, Ramiro Hernández García, Cleominio Zoreda Novelo, Mario López Valdez y Raúl Mejía González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Que expide la Ley que Prohíbe la Fabricación, Importación, Distribución, Venta, Renta y Uso de Juguetes Bélicos, suscrita por los diputados Othón Cuevas Córdova y Carlos Martínez Martínez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Que reforma los artículos 47 y 48 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, a cargo del diputado Manuel Portilla Diéguez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)
Que adiciona un Capítulo III Bis y los artículos 322 Bis y 322 Ter del Código Penal Federal, suscrita por el diputado José Luis Aguilera Rico , del Grupo Parlamentario Convergencia. (Turno a Comisión)
Que reforma y adiciona los artículos 28 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y 60 Ter de la Ley General de Vida Silvestre, a cargo del senador Rogelio Rueda Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Solicitud de particular
Del senador Gustavo Enrique Madero Muñoz, por el que solicita el permiso constitucional necesario para aceptar y usar la condecoración Medalla Presidencial, que le otorga el Gobierno de la República de Guatemala. (Dispensa de todos los trámites)
Dictámenes a discusión
De la Tercera Comisión de trabajo, con puntos de acuerdo para exhortar al secretario de Salud a presentar por escrito las causas de la no reubicación del hospital psiquiátrico infantil doctor Juan N. Navarro.
De la Tercera Comisión de trabajo, con punto de acuerdo por el que se solicita respetuosamente a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, y de Educación Pública a considerar su apoyo para que se destinen recursos extraordinarios, por única vez, a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos.
De la Tercera Comisión de trabajo, con punto de acuerdo por el que se solicita a la Sociedad Hipotecaria Federal, SNC, que entregue un informe detallado de los peritos valuadores que no cumplieron con el plazo de tres años para obtener su cédula profesional de posgrado.
De la Tercera Comisión de trabajo, con punto de acuerdo por el que solicita al Ejecutivo Federal a remitir, a través de Petróleos Mexicanos, en un plazo no mayor de ocho días un informe detallado sobre los términos de contratación para la perforación de pozos en Chicontepec.
De la Tercera Comisión de Trabajo, con puntos de acuerdo para solicitar respetuosamente al secretario de Desarrollo Social del Gobierno de la República que se instauren medidas pertinentes para la implantación de estufas ecológicas en las comunidades indígenas y campesinas del país, que actualmente utilizan fogón abierto para cocinar.
De la Tercera Comisión de trabajo, con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a realizar un programa emergente para revertir el deterioro de la carretera transístmica en Oaxaca.
De la Tercera Comisión de trabajo, con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal a mejorar las condiciones laborales de los trabajadores agrícolas mexicanos.
Proposiciones
Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a modificar, a través del Servicio de Administración Tributaria y su Administración General de Aduanas, la regla 2.7.2., relativa a la franquicia de mercancía de pasajeros, suscrita por los diputados Carlos Alberto García González y Carlos Agusto Bracho González, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo federal a acordar a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la ampliación a las 24 horas del día de la tarifa 9N, para uso agrícola, a cargo del diputado Francisco Javier Calzada Vázquez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a acudir ante la de Hacienda y Crédito Público de esta soberanía para explicar por qué las instituciones bancarias no expiden tarjetas de crédito a personas de 65 años o más, suscrita por el diputado Elías Cárdenas Márquez , del Grupo Parlamentario Convergencia. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, relativo al respeto de las normas que prescriben a los partidos políticos la equidad de género en la formación de candidaturas a cargos de elección popular, a cargo de la senadora Beatriz Zavala Peniche, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las Presidencias de las Mesas Directivas del Congreso de la Unión a acordar que se celebre una sesión solemne el 5 de febrero de 2010 en la ciudad de Querétaro, como parte de los festejos del bicentenario de la Independencia, suscrita por los senadores Silvano Aureoles Conejo, José Luis García Zalvidea y Rubén Velázquez López, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión Federal de Electricidad y a Luz y Fuerza del Centro a evitar y sancionar el robo de energía eléctrica en el país, suscrita por el diputado Elías Cárdenas Márquez , del Grupo Parlamentario Convergencia. (Urgente resolución)
Con para exhortar a la Sagarpa y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a atender la problemática generada por el paro nacional pesquero, a cargo del diputado Carlos Eduardo Felton González , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo federal a informar a través de la Semarnat y de la Conagua respecto a las políticas públicas por ejecutar para revertir la sobreexplotación de los mantos acuíferos en la zona hidrológico-administrativa del valle de México, suscrita por los senadores Silvano Aureoles Conejo, José Luis García Zalvidea y Rubén Velázquez López, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Excitativas
A las Comisiones Unidas de Gobernación, y de Energía, a solicitud de la diputada Dolores de María Manuell-Gómez Angulo , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Agenda política
Comentarios respecto a la situación Política y Económica Nacional, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.»
El diputado Octavio Martínez Vargas (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: A ver, permítame, diputado. ¿Con qué objeto?
El diputado Octavio Martínez Vargas (desde la curul): Gracias, compañero presidente. Le solicito que me permita hacer uso de la tribuna, a fin de plantear la modificación del trámite, con fundamento en el artículo 19 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Adelante, diputado.
El diputado Octavio Martínez Vargas : Con su permiso, compañero presidente.Está planteado en el orden del día, de la sesión de hoy, tomar protesta a un compañero que se presume que es legislador integrante de esta legislatura; sin embargo, esta soberanía, esta Comisión Permanente, tiene la obligación de cuidar cómo protestamos todas las legisladoras y todos los legisladores, en ambas Cámaras, cumplir y hacer cumplir nuestra Constitución.
Y el artículo 78 constitucional, en sus ocho fracciones, establece claramente las facultades de la Comisión Permanente, cada una de ellas, a qué está facultada la Comisión Permanente. Y no encontramos en ninguna de las facultades de la Comisión Permanente que pueda tomar protesta a un legislador.
La fracción VIII refiere conocer y resolver sobre las solicitudes de licencia que le sean presentadas por los legisladores, ``licencia'', no ``toma de protesta''. Creo que sería un mal inicio, un precedente que no va a ayudar a cumplir las normas en este país.
Usted, señor presidente de esta Cámara, compañeras y compañeros de la Mesa Directiva, están obligados a escuchar a los legisladores, a hacer cumplir el reglamento que nos rige y, principalmente, a cumplir la Constitución.
Propongo, luego entonces, que se modifique el trámite y que se le dé curso en el periodo ordinario, que inicia en algunas semanas.
Por cierto, en los artículos 8o. y 9o. del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos se establece puntualmente el método de toma de protesta de cada uno de los legisladores, y se subraya claramente que tendrá que ser en la Cámara a la que pertenece.
Le pido, compañero presidente, de manera muy respetuosa, que se ponga a votación este planteamiento de modificación de trámite, a efecto de poder hacer cumplir nuestra Constitución. Por su atención, muchas gracias.
«Diputado César Duarte Jáquez.--- Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente.--- Presente.
Los suscritos, legisladores a la LX Legislatura del Congreso de la Unión e integrantes de la Comisión Permanente correspondiente al primer receso del tercer año de ejercicio de la citada legislatura, manifestamos nuestra petición por este medio y con fundamento en el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que el orden del día de la sesión de la Comisión Permanente de esta fecha sea modificado en relación al tercer punto del apartado de comunicaciones en lo que se refiere a la toma de protesta del diputado José Francisco Melo Velásquez, ya que en este órgano colegiado carece de la facultad expresa para realizarlo.
Pedimos que para atender el fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y con fundamento en los artículos 18 y 19 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se inserte dicho punto en el orden del día de la primera sesión de la Cámara de Diputados, correspondiente al segundo periodo ordinario del tercer año de ejercicio, siguiendo los preceptos dispuestos en los artículos 8 y 9 del mismo reglamento.
El diputado Ramón Valdés Chávez (desde la curul): Señor presidente, solicito la palabra.
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Diputado Ramón Valdés, por favor.
El diputado Ramón Valdés Chávez : Qué curioso que cuando las cosas nos son favorables, las instituciones existen. En el PRD, cuando se habló del FAP, estuvieron de acuerdo con el Trife. Cuando se ha hablado de otras situaciones, están de acuerdo con el Trife. Hoy no.La resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le da la razón a Convergencia, pero sobre todo, le da la razón a un ciudadano, al ahora diputado José Francisco Melo. En ese sentido es todo un triunfo de los ciudadanos y del estado de derecho.
La soberbia de la partidocracia no puede quitar ni conceder derechos a discreción; para eso están las leyes, para impedir la utilización arbitraria y abusiva del poder. Para eso existe el equilibrio de poderes, para que no se utilice el Congreso como un vehículo para la venganza política.
En la revocación se fundamentó de una mayoría construida mediante quién sabe qué oscuros acuerdos. Es cierto. En la democracia se toman las decisiones por mayoría, pero ello jamás ha significado el atropello de los derechos de las minorías y mucho menos de los ciudadanos. Por cierto, la primera parte de nuestra Carta Magna está dedicada a defender y preservar las garantías de los individuos, no de los partidos ni de los órganos de gobierno. Por algo será.
En este caso la justicia afortunadamente se ha empatado con la legalidad dándole la razón a quien desde el principio la tuvo. La simple lectura del artículo 63 de la Constitución y del artículo 20 del anterior Cofipe, nos da la claridad de que la vacante de la Cámara de Diputados debería ser cubierta por quien seguía en la lista de Convergencia.
Para ilustrar a la asamblea citaré lo que dice el tribunal: ``La interpretación gramatical, sistemática y funcional, en términos de lo dispuesto en el artículo 3o., párrafo segundo, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, y 2o., párrafo primero, de la Ley General de Sistemas de Medios de Impugnación en Materia Electoral, permite advertir que una vez que finaliza la coalición ---esto es cuando concluye el proceso electoral federal---, sólo subsisten los partidos políticos.
Por ello, las vacantes que ocurran respecto de las diputaciones federales por el principio de representación proporcional deben reconocerse salvo imposibilidad jurídica o material a la siguiente forma de candidatos del mismo partido político al que originalmente se hubiera asignado y que se hubiere conformado la coalición, porque propiamente se trata de una sustitución.''
Tal se lo hemos dicho al pleno de la Cámara de Diputados, cuando se cometió el error de echar para atrás su acuerdo del 14 de octubre.
Se nos acusó de haber querido sorprender al pleno. Hoy queda claro quienes fueron los que conocieron la ley, intentaron torcerla para cobrar supuestos agravios y además lo hicieron mal. No tiene caso abundar en pifias jurídicas que se cometieron en torno a este caso porque ya sabemos, la soberbia es mala consejera.
Qué paradójico es que quienes usaron políticamente a la Cámara para denostar a uno de sus miembros, hoy invoquen al respecto a su soberanía. Si el Poder Judicial no puede defender al ciudadano, de qué democracia estamos hablando.
Invito a los compañeros del PRD, del PAN y de las demás fuerzas, a que demos la vuelta a esta página y a ese asunto, y dediquemos nuestros esfuerzos a los temas de mayor trascendencia para la ciudadanía; al menos esto es lo que harán, como siempre, los 19 diputados. Respetemos la ley.
Que se cumpla la ley, que se acate el fallo del tribunal y que se tome protesta al compañero Francisco Melo. Ni más ni menos el que incumple la ley y viola la Constitución, que se atenga a las consecuencias.
Ahora el tribunal está ordenando a este supremo poder, que tome la protesta al compañero Francisco Melo, esto es lo que queremos, ni más ni menos. Gracias.
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Muchas gracias, senador. Ha habido una propuesta de modificación del orden del día por parte del señor diputado Octavio Martínez Vargas, y hemos conocido una posición en contra, del señor senador Ramón Valdés.
Pregunto al diputado Martínez Vargas si hay legisladores que lo respaldan, como lo establece el reglamento.
El diputado Octavio Martínez Vargas (desde la curul): Sí, compañero presidente, suscribe esta solicitud el legislador Javier Calzada y el legislador Carlos Altamirano.
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Muy bien. En tanto, tiene el uso de la palabra, en contra, el señor senador Alejandro González Yáñez.
El senador Alejandro González Yáñez: Muchas gracias, diputado presidente César Duarte.
Estimadas colegisladoras y estimados colegisladores, cuando el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación asume una resolución, ella por su naturaleza es inatacable. Es profundamente lamentable que este órgano colegiado de la nación, incluso entrara a debatir, a cuestionar dicha resolución.
Procede, en consecuencia, que se asuma a plenitud la determinación del tribunal. No hacerlo así iniciaríamos un severo proceso de ilegalidad por parte del Congreso de la Unión.
Debe ser José Francisco Melo Velázquez quien en este día tome la protesta de ley correspondiente, así es el mandato, es directo. Acariciar otra posibilidad es colocarse fuera de la legalidad.
El artículo 99 señala claramente que esas resoluciones tienen ese mandato, e incluso esta específica resolución dice: ``Tómese la protesta a José Francisco Melo Velázquez como diputado en la sesión ordinaria de la Comisión Permanente''.
Le pedimos a usted, diputado presidente César Duarte, a toda la Mesa Directiva y, por supuesto, a todas y a todos los integrantes de la Comisión Permanente, que demos el curso correspondiente.
Incluso no debería votarse, porque una resolución de esta trascendencia no puede considerarse a votación de si se acata o no. Simplemente se acata y se le da curso. Es lo que les pido a ustedes, compañeras legisladoras y compañeros legisladores. Muchas gracias.
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Muchas gracias, senador don Alejandro González Yáñez. Ha solicitado el uso de la palabra, en pro, el diputado Javier Calzada.
El diputado Francisco Javier Calzada Vázquez : Gracias, diputado presidente.Nuestro compañero, el diputado Octavio Martínez, en los términos del artículo 19 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, hace la solicitud de que el trámite se lleve en los términos que establece la Constitución Política.
La Constitución Política, en el artículo 78, da la claridad sobre las atribuciones de la Comisión Permanente. Y la Comisión Permanente, de acuerdo con el artículo 78, fracción VIII, tiene la facultad de conocer y resolver sobre las solicitudes de licencia que le sean presentadas por los legisladores.
El principio de autoridad establece que nosotros, como un poder del Estado mexicano, tenemos solamente las atribuciones que la ley establece. No es el caso de los ciudadanos, a quienes lo que no les está prohibido, les está permitido.
De tal manera que no vemos en esta solicitud que se hace a la Presidencia de la Mesa, la circunstancia de debatir una resolución del tribunal. No estamos entrando al fondo ni pretendemos entrar en la dinámica de si esta resolución es inatacable o no lo es. Sencillamente lo que pretendemos es que la Constitución se cumpla.
En el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, en el artículo 8o., se establece el mecanismo de la toma de protesta. Y la toma de protesta de los legisladores y las legisladoras, en los artículos 8o. y 9o. del Reglamento para el Gobierno Interior, se establece con absoluta claridad que debe ser ante el pleno de la respectiva Cámara de que se trate.
En esos términos, diputado presidente, respaldamos la solicitud que hace nuestro compañero Octavio Martínez Vargas . Dejamos claro que no estamos entrando al fondo de la resolución, sino que lo que pretendemos es hacer que la Constitución se cumpla.
Por último, si en el texto de la resolución del tribunal se está dando una indicación a un poder independiente, nosotros debemos tener la madurez para tener claro que lo que está legislado está en la Constitución, está en el Reglamento Interior y no en esta ocasión, como en otras, permitamos que legislen desde el Poder Judicial. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Gracias, señor diputado. Tengo en la lista todavía a la diputada Lariza Montiel Luis. Sonido en la curul del diputado Gerardo Villanueva.
El diputado Gerardo Villanueva Albarrán (desde la curul): Gracias. Es solamente un llamado respetuoso, fraterno, a mis compañeros legisladores para que en los debates en la Comisión Permanente, sobre todo cuando abordan temas de legalidad, aborden los temas que al pueblo de México le interesan, que son su bienestar: enfrentar la crisis económica, la seguridad pública.Me parece que el debate que estamos dando es penoso, es preocupante. Si en tres semanas se toma protesta o si es en este momento creo que es olímpicamente intrascendente para la opinión pública y para los intereses del pueblo de México.
Luego entonces, yo les ruego a los compañeros legisladores que podamos omitir este debate y que se tome una definición por parte de la Mesa Directiva, para que el legislador entre en funciones cuando tenga que entrar legalmente.
Pero me parece que es algo ofensivo, por las características de miras que debe tener el Parlamento, que la Comisión Permanente esté dando este debate.
Por otro lado, insisto en que, por la unidad de las fuerzas progresistas, tiene que ponerse por encima de intereses menores. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Gracias, diputado, por su moción. La señora diputada Lariza Montiel Luistiene el uso de la palabra.
La diputada Lariza Montiel Luis : Gracias, presidente.Es una pena que al diputado no le interese discutir sobre la legalidad. El Poder Legislativo tiene su origen etimológico en lege facere. Si no es este órgano colegiado, donde se encuentran reunidas todas las fuerzas políticas que representan a este país, no sé en dónde más podríamos discutir actos de legalidad que afectan o no puedan afectar a un ciudadano.
Indudablemente, la situación del país es algo que se debe analizar y ya se está haciendo. Sin embargo, no es el único propósito que debemos tener quienes en política estamos ocupados en este país.
Estimados compañeros. Es evidente que el asunto que nos ocupa hoy no versa sobre a quién le corresponde el derecho para asumir una vacante a la diputación. En ese sentido, la autoridad jurisdiccional ya se ha pronunciado, a petición de los interesados.
Siendo el Partido Acción Nacional un impulsor permanente del respeto a la legalidad y a los cauces institucionales, y respetuoso de la vida interna de los partidos políticos, en ese sentido nos hemos conducido durante más de 70 años de participación activa en la vida política de nuestro país.
Es un hecho innegable que el Tribunal Electoral cuenta con facultades para conocer de un juicio para la protección de los derechos del ciudadano cuando cualquiera de ellos considere que sus derechos han sido violentados. Uno de ellos, el derivado del derecho de votar y ser votado en la asunción de un cargo público para el que fue electo.
Sobre esto no tenemos duda, y el artículo 99 constitucional así lo señala.
En ese sentido, se promovieron efectivamente diversas alegaciones, teniendo como fondo únicamente la interpretación gramatical del artículo 63 constitucional, en el supuesto que refiere la existencia de una vacante en la Cámara de Diputados, en atención a un acuerdo votado por el pleno de la Cámara de Diputados ya señalada.
El pronunciamiento del Tribunal Electoral evidentemente no se cuestiona. Sin embargo, lo que es preocupante es que yendo más allá de lo solicitado y aún de lo que en deber le corresponde, de manera excesiva el Tribunal Electoral haya determinado ordenar al Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados o de la Comisión Permanente, lo que sucediera primero, citar a los ciudadanos Francisco Melo Velázquez y Carmen Patricia Palma Olvera, a rendir la protesta constitucional en la próxima sesión.
Es un hecho que por encontrarnos en un periodo de receso el supuesto correspondiente sería la Comisión Permanente.
Como todos sabemos, el cumplimiento de las resoluciones judiciales es una obligación; sin embargo, no sólo es cierto, sino que es un principio de derecho que tiene además por objeto dotar de certeza jurídica a cualquier ciudadano, que los servidores públicos y las autoridades no podemos llevar a cabo actos que no nos estén conferidos, que no nos estén conferidos en el marco jurídico que rige nuestra función.
En ese sentido, consideramos necesario establecer de manera clara y contundente, la posición del Partido Acción Nacional de inconformarse ante lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal, única y exclusivamente en el sentido de ordenar a la Comisión Permanente la rendición de la toma de protesta a una fórmula de diputado, siendo que el órgano legislativo no cuenta con facultades para ello dentro de lo que refiere el artículo 78 constitucional.
Lo anterior, evidentemente al margen del derecho que le haya sido reconocido a los ciudadanos y que nuestro partido no puede menos que respetar.
Sin embargo, también en estricto respecto de la legalidad, nos pronunciamos en contra de cualquier posición de un órgano o autoridad que pretenda de manera infundada llamar a otro, obligarlo, siendo Cámara de Diputados o de Senadores, y en el caso que nos ocupa, la Comisión Permanente, a la realización de un acto que exceda de las facultades que nos han sido previstas constitucional o legalmente.
En consecuencia, lo conducente debe ser que la rendición de la protesta correspondiente se realice, a la fórmula de diputados mencionada, en la primera sesión ordinaria del segundo periodo de sesiones del tercer año de la legislatura, como en derecho corresponde.
Ésa es la postura de Acción Nacional, y nos parece que como partidos políticos debemos asumir una posición al respecto y pronunciarnos en esta Cámara. Es cuanto.
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Muchas gracias, diputada Lariza Montiel Luis. En contra, ha solicitado el uso de la palabra el señor diputado Ramón Valdés Chávez.
El diputado Ramón Valdés Chávez : Gracias, señor diputado; se reconoce.Es curioso que quienes hablan ante la opinión pública de no usar esta tribuna para cosas menores, sean los que primero iniciaron el debate, sean los que iniciaron que se suspenda el orden del día, un orden del día que estaba aprobado. Sin embargo, nosotros queremos insistir en que es un resolutivo de la autoridad máxima en materia electoral.
Ya no invitemos al pleno de la Comisión Permanente a violar la Constitución, la ley. Los que invocan el artículo 78 quieren violar el artículo 63, pues se desafía el fallo, que es muy claro y meridiano, que dio el tribunal, pidiendo que se convoque a Francisco Melo, y así lo hizo ayer el presidente de esta Comisión Permanente.
Reitero que quien descarta y no cumple la ley, viola la Constitución; puede ser incluso sujeto a juicio político. Que se cumpla el resolutivo, compañeros diputados y compañeros senadores. Procedamos a la toma de protesta de Melo.
No hay, como ustedes dicen, gran diferencia entre un día y otros días. No hay ninguna diferencia, ¿cuál es el problema en que se tome ahora? ¿O pretenden buscar alguna argucia más para que después no tomen la protesta a Francisco Melo, como lo hicieron desde octubre? Es todo, compañeros. Gracias.
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Muchas gracias. El diputado Raúl Cervantes tiene el uso de la palabra, en pro.
El diputado Raúl Cervantes Andrade : Muchas gracias, señor presidente.Tomo la tribuna para razonar el porqué del sentido del voto de la bancada del PRI en esta Comisión Permanente de los senadores y los diputados.
Nosotros no estamos cuestionando el fondo del tema que resolvió el Tribunal Federal Electoral. Me parece, en mi criterio como abogado, que es impecable. Me parece que el tema de una democracia y un desarrollo democrático de un país es el respeto a las instituciones y al derecho.
En el fondo el tema del Tribunal Federal Electoral pudiera ser no impecable, siempre inapelable; pero en este caso yo creo que cumple la dos. No tengo duda de que la resolución, en el fondo, cumple el principio adecuado de administración de justicia en materia electoral; no tengo duda. Y segundo, que es evidente para todos los presentes que es la última instancia constitucional en materia electoral.
El tema no está ahí. El quid del tema no está en lo electoral; está en las facultades constitucionales de una ley orgánica y de un reglamento que nos rigen. La naturaleza de la ley que genera un Congreso, y que se da a sí mismo, como una excepción, por ejemplo, es un ``no publicación''.
Somos un órgano creador de normas y somos un órgano que creamos nuestra propia norma para autorregularnos. Quiere decir que somos los creadores de la norma y, al mismo tiempo, los sujetos destinatarios de la norma.
De eso se trata, de si sabemos o no respetar las normas que se da este Congreso. No la individualidad de bancadas o de diputados, o de senadores, porque pudieron haber sido en otra legislatura, sino en el cumplimiento por tener capacidad de iniciativa, de que si pensamos que hay normas que son inadecuadas en el ejercicio de nuestras funciones, esas normas son las que habrían que cambiar. Y me parece que el tema de fondo es por qué la Permanente debe o no debe tomar protesta en casos de este tipo.
Y cuál es el razonamiento constitucional, sobre de por qué sólo es pedir licencia y por qué hasta la excepción constitucional de una toma de protesta, como dice la Constitución, en su caso, en un presidente de la República.
Me parece que el análisis constitucional sí tiene una lógica adecuada. Tú tomas protesta ante tu Cámara, porque tomas protesta entre pares. Sólo somos Congreso en sesiones de Congreso General, y sólo convivimos y coexistimos en el mismo órgano, senadores y diputados, cuando estamos en una Comisión Permanente, mandatada específicamente para casos concretos. Ése es el bien jurídico que está a discusión en este momento.
Si nosotros lo que queremos es cambiar el criterio de la naturaleza jurídica de la Comisión Permanente, cambiar el criterio de las normas que nos dimos a nosotros mismos y también dar cumplimiento a una resolución del Tribunal Federal Electoral. No es un tema menor.
No es un tema menor que en la casa en la que se producen las leyes se respeten las leyes. No es un tema menor que en donde se debate... siempre se debe debatir en un Congreso cómo deben manejarse los principios jurídicos en su aplicación, y ponernos como ejemplo.
La Permanente no tiene expresamente una facultad y, aun y cuando no está prohibido, hay un principio de legalidad a todas las autoridades que no le aplica a los privados, sólo le aplica a las autoridades, y es el principio de legalidad; nadie puede hacer lo que no está expresamente en la ley, primero.
Y segundo, el otro bien jurídico tutelado sería la temporalidad del ejercicio del ciudadano que va a rendir protesta y que tiene legítimo derecho, que ya se lo otorgó en una norma particular el Tribunal Federal Electoral, para poder ejercer su función.
Lo que se tomará a votación es si le daremos cumplimiento. Será así: toma protesta ahorita o pasa al periodo ordinario, y si en la primera semana dejamos de manera pulcra, impoluta y sin ninguna duda, desde el punto de vista político y jurídico, que el ciudadano sea diputado conforme a derecho en la primera sesión, en el periodo ordinario.
No negamos su derecho; sólo respetamos a las instituciones y al Tribunal, respetamos a su partido y respetamos al ciudadano que será diputado. Lo único que estamos haciendo y razonando es por qué preferimos hacerlo dentro de dos semanas. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Muchas gracias, diputado.
Consulte la Secretaría a la asamblea si el asunto se encuentra suficientemente discutido.
El Secretario senador Jesús Garibay García: En votación económica se consulta a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido el punto planteado. Los legisladores y las legisladoras que consideren que está suficientemente discutido levanten la mano. Los legisladores y las legisladoras que consideren que no está suficientemente discutido favor de emitir su voto.
Por mayoría se considera suficientemente discutido, presidente.
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Suficientemente discutido.
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 18 y 19 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se ratifica el trámite considerado en el orden del día de esta sesión. Es decir, si se ratifica el orden del día propuesto. De no ser ratificado, se plantearía la modificación propuesta por el señor diputado Martínez Vargas.
El Secretario senador Jesús Garibay García: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea, en votación económica, si se ratifica el orden del día que ha sido publicado. Los que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Los que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.
Mayoría por la negativa, señor presidente.
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: No se ratifica el orden del día. En consecuencia, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se acepta la modificación propuesta por el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
El Secretario senador Jesús Garibay García: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea si se aprueba la propuesta presentada por el Grupo Parlamentario del PRD al orden del día. Los que estén por que se apruebe sírvanse manifestarlo. Los que estén por que no se apruebe sírvanse manifestarlo.
Mayoría para que se apruebe.
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Se modifica el orden del día con la propuesta hecha por el Grupo Parlamentario del PRD. Continúe la Secretaría.
El Secretario senador Jesús Garibay García: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se aprueba el orden del día con la modificación que fue aprobada. Los que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Los que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.
Aprobado el orden del día por mayoría.
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Se aprueba el orden del día.
ACTA DE LA SESION ANTERIOR
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior.
Pido a la Secretaría que consulte a la asamblea si se le dispensa la lectura, tomando en cuenta que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.
El Secretario senador Ramiro Hernández García: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria. Los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.
Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.
«Acta de la sesión de la del Congreso de la Unión, celebrada el siete de enero de dos mil nueve, correspondiente al Primer Receso del Tercer Año de Ejercicio de la Sexagésima Legislatura.
Presidencia del diputado César Duarte Jáquez
En el salón Legisladores de la República del Palacio Legislativo de San Lázaro en la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la del Congreso de la Unión, con la asistencia de 35 legisladores, a las 14 horas con 17 minutos del miércoles 7 de enero de 2009, el Presidente declara abierta la sesión.
En sendas votaciones económicas, la asamblea dispensa la lectura del orden del día y del acta de la sesión anterior y aprueba ésta última.
Se reciben contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados:
Se recibe la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con relación a la configuración de la vacante del cargo de diputado federal propietario y suplente del Grupo Parlamentario de Convergencia en la Cámara de Diputados de la LX Legislatura. En cumplimiento con la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se llama al ciudadano José Francisco Melo Velázquez, para que rinda protesta como diputado federal, el jueves 8 de enero del año en curso y en su oportunidad se comunique a la Sala Superior del referido tribunal.
Se recibe de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público:
La Secretaría de Gobernación remite:
a) Las propuestas del presidente de la República, para los nombramientos de los ciudadanos:
Se turnan a la Tercera Comisión de Trabajo.
b) Los nombramientos que el presidente de la República otorga a los ciudadanos:
Se turnan a la Segunda Comisión de Trabajo.
c) Solicitudes de permiso constitucional necesario para que los ciudadanos: Laura Bernal Morales, Martín Guevara de la Cruz, José Luis Meneses Valle y Édgar Arias Patrón, puedan prestar servicios en la Embajada de Estados Unidos de América, en México y en sus Consulados en Matamoros, Tamaulipas y en Tijuana, Baja California, respectivamente. Se turnan a la Primera Comisión de Trabajo.
d) Contestaciones a puntos de acuerdo:
Se recibe oficio del diputado Carlos Chaurand Arzate , del Partido Revolucionario Institucional, por el que solicita licencia por tiempo indefinido, para separarse de sus funciones como diputado federal, electo en la segunda circunscripción plurinominal, a partir del 12 de enero de 2009. En votación económica, la asamblea aprueba los puntos de acuerdo por los que se concede la licencia solicitada. El Presidente extiende un reconocimiento a la trayectoria del solicitante.
Se reciben iniciativas con proyecto de decreto:
Se otorga el uso de la tribuna para presentar iniciativas con proyecto de decreto a los diputados:
Presidencia del senador Luis Alberto Villarreal García
La Secretaría da lectura a una proposición de acuerdo de la del Congreso de la Unión, por la que expresa su más enérgica condena por el ataque del que fue objeto Televisa Monterrey el 6 de enero de 2009 y rechaza todo acto de violencia o terrorismo en contra de cualquier ciudadano. En votación económica se aprueba. Comuníquese.
En sendas votaciones económicas, la asamblea dispensa la primera y segunda lectura del dictamen con proyecto de decreto de la Primera Comisión de Trabajo, que concede permiso a los ciudadanos Claudia Michelle Artola Padilla, Jesús Fernando Solís Bustillo, Fernando Flores Grajales, Mariana González Pedrajo, Giselle Santos Burgoa Márquez, Gabriela Soto Urías y Julio César Salcedo Aguiar, para prestar servicios en las Embajadas de Australia, de la República de Polonia y de Estados Unidos de América, en México, respectivamente. El Presidente declara aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por 32 votos. Pasa al Ejecutivo federal para sus efectos constitucionales.
En votación económica, la asamblea autoriza sólo la lectura de los puntos de acuerdo del dictamen de la Primera Comisión de Trabajo, para exhortar a los tres niveles de gobierno a impulsar la conmemoración del Día Internacional del Migrante. Interviene en pro el diputado Francisco Javier Calzada Vázquez , del Partido de la Revolución Democrática.
Presidencia del diputado César Duarte Jáquez
En sendas votaciones económicas, se considera suficientemente discutido y se aprueba. Comuníquese.
De conformidad con los artículos 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la asamblea, en votación económica, dispensa todos los trámites a la solicitud de permiso constitucional necesario del diputado César Duarte Jáquez, para aceptar y usar la condecoración Medalla Presidencial que le otorga el gobierno de la República de Guatemala. El Presidente declara aprobado en lo general el proyecto de decreto por 32 votos. Pasa al Ejecutivo federal para sus efectos constitucionales.
Se concede el uso de la palabra para presentar proposiciones con punto de acuerdo a los legisladores:
Se otorga la palabra al senador Luis Alberto Villarreal García, del Partido Acción Nacional, para presentar proposición con punto de acuerdo, en consenso con los grupos parlamentarios representados en la Comisión Permanente, por el que se condena enérgicamente la incursión militar israelí en contra de la población palestina en la franja de Gaza. Se considera de urgente resolución y se otorga el uso de la palabra, en pro, al senador Javier Orozco Gómez, del Partido Verde Ecologista de México y al diputado Gerardo Villanueva Albarrán , del Partido de la Revolución Democrática. En sendas votaciones económicas se considera suficientemente discutido y se aprueba. Comuníquese.
Se reciben proposiciones con punto de acuerdo de los legisladores:
El Presidente clausura la sesión a las 16 horas con 26 minutos y cita para la próxima que tendrá lugar el jueves 8 de enero de 2009 a las 11:00 horas.»
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.
El Secretario senador Ramiro Hernández García: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.
Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Aprobada el acta. Continúe con comunicaciones la Secretaría.
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION
El Secretario senador Jesús Garibay García: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Suprema Corte de Justicia de la Nación.--- Presidencia.--- México.
Diputado César Duarte Jáquez, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.
Me es grato comunicar, por su digno conducto, a esa Cámara de Diputados, que hoy la Suprema Corte de Justicia de la Nación inauguró su primer periodo de sesiones correspondiente al año en curso.
Reitero a usted la seguridades de mi consideración atenta y distinguida.
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: De enterado.
PARTIDO DEL TRABAJO
El Secretario senador Jesús Garibay García: «Diputado César Duarte Jáquez, Presidente de la del Congreso de la Unión.--- Presente.
Por este conducto nos permitimos comunicarle que, por acuerdo del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la Cámara de Senadores y de la Comisión Ejecutiva Nacional del PT, con fecha de hoy han sido elegidos como coordinador y vicecoordinador del Grupo Parlamentario en esta Cámara los siguientes senadores:
Lo anterior se hace del conocimiento para todos los efectos y trámites legales correspondientes.
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Remítase a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores.
LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Tiene la palabra el senador Fernando Castro Trenti, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, suscrita por los senadores Rogelio Rueda Sánchez, Ramiro Hernández García, Cleominio Zoreda Novelo, Mario López Valdez y Raúl Mejía González, integrantes todos del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
El senador Fernando Castro Trenti: Con el permiso de la Mesa Directiva. Señor presidente, voy a dar a conocer en sus términos esta iniciativa con proyecto de decreto, por la que se plantea reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, en forma específica los artículos 84, 84 Ter, 84 Quáter y todos los demás relativos de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, con base en lo siguiente:
Como ustedes saben, el análisis que se ha hecho alrededor de las circunstancias políticas y de convivencia en un estado de derecho en la república nos lleva a considerar que uno de los graves flagelos que azota a la sociedad es la inseguridad, ya que alrededor de 6 mil mexicanos, 6 mil compatriotas, fueron victimados por hechos delictivos violentos y que pagaron con su vida la ineficacia de las instituciones del Estado mexicano, encargadas, sobre todas las cosas, de garantizar una legítima convivencia de la sociedad.
Este flagelo sin duda se ve facilitado, íntimamente ligado a la falta de control y de regulación que existe en la comunidad internacional, y particularmente con nuestros vecinos del norte respecto de la comercialización indiscriminada de armas de fuego.
Ésta es una circunstancia que, al evaluarla, el Grupo Parlamentario del PRI presentó en la Cámara de Senadores una iniciativa, donde plantea un exhorto a la Cámara de Senadores y a las Cámaras legislativas estatales de Estados Unidos de Norteamérica, con el propósito de que asuman su responsabilidad y cambien su régimen jurídico, que permite, en este momento, que cualquier persona con escasos conocimientos y con una cantidad ínfima de recursos, en algunos casos, adquiera hasta una AK-47, la cual se comercializa en 15 y 20 dólares.
Que estas disposiciones cambien a partir de constituir una nueva política que considere no solamente su idiosincrasia y su realidad nacional, sino su responsabilidad que tiene este país en el concierto de las naciones.
Ya lo hemos visto, estamos padeciendo gracias a una serie de políticas económicas fallidas y sobre todo, políticas económicas que hoy en día no pueden ser sostenidas, como generar un flagelo y detonar un problema gravísimo en el mundo.
Hoy igual sucede, por esa política orientada sólo a satisfacer los intereses económicos de las grandes industrias encargadas de la fabricación y comercialización de estas armas y que entran a toda Latinoamérica en forma indiscriminada.
Justamente esta iniciativa plantea no solamente voltear los ojos hacia afuera, quienes son los directamente responsables de esa comercialización, sino plantea, en forma específica, sancionar a las autoridades nacionales que, teniendo obligación de combatir, de estar atentos, de vigilar y de sancionar la introducción de armas de fuego y explosivos a nuestro país, no lo hagan por acción o por omisión.
En forma específica es esta iniciativa, endurecer las disposiciones de carácter legal para presentar un frente legislativo que dé una herramienta eficaz a las autoridades responsables del combate contra la delincuencia organizada y que nos permita que tengan una herramienta que genere un elemento fundamental contra la impunidad, y que permita abatir el índice de las muertes violentas.
En forma concreta voy a leer el proyecto de decreto que reza en los siguientes términos:
Artículo primero. Se deroga la fracción II del artículo 84; se reforma el artículo 84 Ter; y se adiciona el artículo 84 Quáter, todos de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
Artículo 84 Ter. Las penas a las que se refieren los artículos citados se aumentarán hasta en el doble cuando el responsable sea o haya sido servidor público de alguna corporación policial, miembro de algún servicio privado de seguridad o miembro del Ejército, Armada o Fuerza Aérea, en situación de retiros, de reserva o inactivo.
Artículo 84 Quáter. Al servidor público que estando obligado por sus funciones a impedir la introducción de armas al país, a que se refieren los artículos 84, fracción I, y 84 Bis, y no lo haga por acción o por omisión, se le impondrá de 15 años de prisión, además se le impondrá la destitución del empleo o cargo, inhabilitación para desempeñar cualquier cargo o comisión pública. Es cuanto, señor presidente.
«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, suscrita por los senadores Fernando Castro Trenti, Rogelio Rueda Sánchez, Ramiro Hernández García, Cleominio Zoreda Novelo, Mario López Valdez y Raúl Mejía González, del Grupo Parlamentario del PRI
Los suscritos, senadores de la LX Legislatura del H. Congreso de la Unión, ejerciendo la facultad consagrada en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 55, fracción II, y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta H. Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 84, 84 Ter y 84 Quater, todos de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, con base en la siguiente:
Exposición de Motivos
En el pasado periodo ordinario de sesiones, específicamente el 25 de noviembre de este año, compañeros senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional presentaron una iniciativa con proyecto de decreto para reformar tanto la Ley de Seguridad Nacional como la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.
En dicha iniciativa se enfatizaba sobre la necesidad apremiante de combatir el tráfico de drogas, pero sobre todo de erradicar la introducción ilegal de armas de fuego y explosivos a nuestro país, toda ve que constituye un problema que, en los últimos años, se ha convertido en un grave riesgo para la estabilidad del mismo.
En tal virtud, se propuso que el delito de introducción ilegal de armas de fuego y explosivos al país esté previsto como amenaza de seguridad nacional con la clara intención de que al momento de que el gobierno federal elabore la Agenda Nacional de Riesgos tome en cuenta tanto al Plan Nacional de Desarrollo como a las medidas tendientes a evitar o combatir las amenazas de seguridad nacional previstas en la propia Ley de Seguridad Nacional.
Igualmente se propuso otorgarle la facultad explícita a la Secretaría de Seguridad Pública para que, a través de la Policía Federal Preventiva, coadyuve con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Dirección General de Aduanas en la seguridad y vigilancia de cada uno de los puentes internacionales del país.
Ciertamente, esta labor ha sido realizada desde siempre por la Policía Federal Preventiva; sin embargo, la intención de dicha iniciativa fue facultar explícitamente a la Secretaría de Seguridad Pública a fin de que sea corresponsable directa ante la eventual comisión de aquellos actos de corrupción que deriven en la introducción ilegal de armas de fuego y explosivos al país, toda vez que en el artículo 84 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos se prevén sanciones para aquellas autoridades cuya acción u omisión sea constitutiva del delito de tráfico ilegal de armas.
Así las cosas, el día de hoy acudimos ante esta soberanía para someter una iniciativa que complementaría la de mis compañeros y de un servidor a fin de elevar el castigo para aquellas autoridades que participen en la introducción ilegal al país de armas de fuego y explosivos.
Todos los aquí presentes, estaremos de acuerdo en que, durante los últimos meses, semanas y días, el principal tema de discusión en todo el país ha sido el problema de la inseguridad que tanto nos ha lastimado. Más allá del estancamiento económico, de los altos índices de desempleo, de la escalada en los precios de los artículos de primera necesidad, y otras cuestiones más, el problema de seguridad pública en el país se ha convertido en la principal demanda de una sociedad que ya no está dispuesta a seguir viviendo bajo el yugo de la delincuencia y la impunidad.
Esto ha quedado ampliamente demostrado en el reciente informe nacional sobre la situación de seguridad pública de la Comisión Nacional de Derechos Humanos 2008. En síntesis, los datos que aparecen en el denominado ``II Informe Especial sobre el Ejercicio Efectivo del Derecho a la Seguridad Pública'', simplemente son terribles.
En similares términos se encuentran los recientes resultados publicados en el Informe del Latinobarómetro 2008. En ellos se afirma que el problema más importante de México es la delincuencia, por encima de la economía y el desempleo. Según este informe, un 42% de la población en México dice haber sido víctima de un delito, lo que concuerda con el hecho de que de que el problema de la inseguridad pública es percibido como el más importante en México.
Por lo tanto, al confrontar las cifras de la CNDH y del Latinobarómetro con el discurso triunfalista del gobierno y de las instituciones encargadas de combatir a la delincuencia común y al crimen organizado éste último se convierte en simple retórica. El Estado mexicano ha sido superado por la corrupción, la impunidad y la delincuencia que, en conjunto, sacaban día con día sus instituciones y, peor aún, la confianza de su población.
El principio fundamental que legitima la presencia o existencia de cualquier Estado es, precisamente, la seguridad pública. Si los ciudadanos no tienen garantizada su integridad física y la de sus posesiones, entonces, los pilares fundamentales de la estructura del Estado están quebrantados.
Pero, ciertamente, en esta batalla el Congreso de la Unión también tiene un papel importante y, sin duda alguna, una enorme responsabilidad compartida.
De acuerdo con estimaciones de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el tráfico ilícito de armas de fuego del año 2006, la proliferación de armas de fuego sin control alguno ocasiona que éstas caigan en manos de la delincuencia común, delincuencia organizada e incluso de grupos terroristas, lo cual constituye una grave amenaza a la seguridad nacional, regional e internacional.
En México, la proliferación de armas de fuego y explosivos ha fomentado la ola de violencia, prolongando los conflictos entre cárteles y contribuyendo a exacerbar la inseguridad en gran escala. Esta es, indudablemente, una de las principales causas por las que no se ha logrado erradicar el grave problema de inseguridad pública que afecta a nuestro país desde hace algunos años.
Asimismo, información de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el mundo está inundado por casi 500 millones de armas de fuego; cifra suficiente para tener un arma por cada 12 personas en la tierra. Ciertamente, la mayoría de estas armas está controlada por autoridades legales, pero cuando éstas caen en manos de terroristas, criminales y fuerzas irregulares, las mismas traen devastación, exacerban los conflictos, provocan flujos de refugiados, socavan el estado de derecho, y engendran una cultura de violencia e impunidad.
Convirtiéndose en una amenaza para la paz y el desarrollo, la democracia y los derechos humanos.
Las armas de fuego como el fusil de asalto AK-47 son fáciles de comprar, pues puede adquirirse por tan sólo 15 dólares. Además, son fáciles de usar, al requerir un entrenamiento mínimo, e inclusive son fáciles de ocultar y transportar, toda vez que requieren poco mantenimiento y pueden durar por décadas.
De acuerdo con estimaciones de organizaciones no gubernamentales, al menos el 90% de las armas de fuego utilizadas por la delincuencia organizada provienen del extranjero, principalmente de los Estados Unidos de Norteamérica donde existen más de 12 mil puntos de venta de armas diseminados a lo largo de toda su frontera sur.
Datos ofrecidos por expertos en el tema de tráfico ilegal de armas calculan que diariamente los traficantes ingresan al país en promedio 2 mil armas de grueso calibre; actividad que representa un negocio de más de 30 mil millones de dólares al año y que provoca altos índices de violencia.
En nuestro país, cientos de ilícitos que se cometen al año están relacionados con armas de fuego, de los cuales el narcotráfico es el principal.
Estimaciones oficiales señalan que, del 1 de diciembre de 2006 al 30 de octubre del 2008, se han decomisado 25 mil 657 armas, 2.4 millones de municiones y 1,642 granadas de fragmentación. Tan sólo el pasado día jueves 6 de noviembre del presente año se logró el decomiso de 288 armas largas, 126 cortas, un lanzacohetes, 287 granadas, 500 mil cartuchos de diversos calibres y mil cargadores. En síntesis se trata de un verdadero arsenal en manos de una delincuencia mejor pertrechada que cualquier policía municipal del país.
Las redes de la delincuencia organizada han llegado a lugares que hasta ahora eran insospechados, y sus prácticas criminales han adoptado las más variopintas modalidades. El Estado y la sociedad civil han sucumbido ante el avance desmedido de las diferentes actividades criminales y de los índices delictivos.
Es verdad que el flagelo de la delincuencia requiere reformas integrales capaces de englobar el amplio espectro de una verdadera política de Estado en materia de seguridad pública, concretamente en la prevención del delito, averiguación previa, impartición de justicia y readaptación social del delincuente, pero ello no es óbice para elaborar propuestas que inevitablemente habrán de ser retomadas en alguna futura reforma integral en esta materia.
Las instituciones encargadas de velar por la seguridad en las fronteras de nuestro país han sucumbido ante la voracidad de los grupos criminales. La tibieza de las autoridades federales para combatir el tráfico ilegal de armas en el país ha contribuido a que la batalla que sostiene contra la delincuencia organizada se vislumbre interminable.
El problema principal de delincuencia en México es un reflejo fiel y exacto de la agenda de pendientes a los que se enfrenta nuestro país; agenda que está instalada en la propia opinión pública, incluso de forma aún mayor que la tasa real de la delincuencia en el país.
En tal virtud, es imperativo realizar las acciones pertinentes desde esta soberanía con el único afán de erradicar por completo la corrupción al interior de las instituciones encargadas de salvaguardar las fronteras de nuestro país.
De conformidad con lo anteriormente expuesto, se propone la discusión y en su caso, aprobación del siguiente
Proyecto de Decreto
Primero. Se deroga la fracción II del artículo 84, se reforma el artículo 84 Ter y se adiciona un artículo 84 Quater, todos de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, para quedar como siguen:
Artículo 84. (...)
Artículo 84 Ter. Las penas a que se refieren los artículos 82, 83, 83 Bis, 83 Ter y 83 Quater 84 y 84 Bis de esta Ley se aumentarán hasta en el doble cuando el responsable sea o haya sido servidor público de alguna corporación policial, miembro de algún servicio privado de seguridad o miembro del Ejército, Armada o Fuerza Aérea en situación de retiro, de reserva o en activo.
Artículo 84. Quater. Al servidor público que estando obligado por sus funciones a impedir la introducción de armas al país a que se refieren los artículos 84, fracción I, y 84 Bis y no lo haga por acción o por omisión se le impondrá de quince a cuarenta y cinco años de prisión. Además, se le impondrá la destitución del empleo o cargo e inhabilitación para desempeñar cualquier cargo o comisión públicos.
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Gracias, senador don Fernando Castro Trenti. Túrnese a la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Senadores.
LEY QUE PROHIBE LA FABRICACION, IMPORTACION, DISTRIBUCION, VENTA, RENTA Y USO DE JUGUETES BELICOS
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Tiene la palabra el señor diputado Carlos Altamirano Toledo, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley que Prohíbe la Fabricación, Importación, Distribución, Venta, Renta y Uso de Juguetes Bélicos, suscrita por los diputados Othón Cuevas Córdovay Carlos Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Carlos Altamirano Toledo : Gracias, señor presidente, con su venia.Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, me permito presentar una iniciativa de ley de mis compañeros diputados Othón Cuevas Córdova y Carlos Martínez.
En virtud de que está publicada en la Gaceta Parlamentaria, solicito, señor presidente, que el texto íntegro sea publicado en el Diario de los Debates. No voy a leer la iniciativa; voy a explicar algunas de las razones que motivan esta iniciativa.
En primer lugar debemos asumir, los mexicanos, la preocupación por la conducta violenta de niños y jóvenes que no se limita al interior de los hogares, sino que se ha trasladado a centros educativos, sociales y culturales y en todos los grupos socioeconómicos.
Esta violencia, según especialistas en pedagogía, tiene su origen en la educación, en la que es esencial el tipo de juego y juguetes que se utilizan y que en muchos casos son juguetes bélicos.
Estos juguetes deben entenderse como aquellos que imitan armas de fuego y punzo-cortantes o vehículos que sirven para jugar a confrontaciones de guerra y a matar.
Este tipo de juguete, continúan afirmando los pedagogos, no contribuye a lograr una educación basada en el respeto, la justicia y la paz, sino a una expresión incontrolada de la violencia, de competencia, entre los niños y las niñas.
En opinión de los promoventes, es necesario ir más allá de las campañas de concientización que se han realizado en el país y que también promueven organismos internacionales como la UNICEF, para tratar de reducir la violencia entre los adolescentes.
Por ello, la iniciativa propuesta prohíbe este tipo de juguetes, que en nada contribuyen a tener una sociedad más consciente y pacífica.
Si bien los promoventes reconocen que la prohibición a los juguetes bélicos implica costos para el gobierno y los fabricantes, consideran que será más alto el costo que como sociedad seguiremos pagando si no hacemos algo para prevenir conductas de los niños y niñas que más adelante se convierten en conductas delictivas.
Por lo expuesto se propone a esta Comisión Permanente la presente iniciativa que prohíbe la fabricación, la importación, la distribución, la venta, la renta y el uso de juguetes bélicos en todo el territorio nacional, cuyo articulado, como lo he dicho, no leeré por razones de tiempo.
Concluyo señalando que la responsabilidad de la formación y la recreación de los niños mexicanos no sólo es responsabilidad de las familias, sino que es una responsabilidad social de todos.
Tomemos decisiones para que el juego infantil sirva para ejercitar y estimular la mente, despertando en los niños el respeto por la vida, la creatividad, la sana emulación, la camaradería, la lealtad, el trabajo en equipo, el respeto al adversario, la comprensión y la tolerancia con los demás, dentro de un espíritu de paz y fraternidad. Gracias.
«Iniciativa que expide la Ley que prohíbe la Fabricación, Importación, Distribución, Venta, Renta y Uso de Juguetes Bélicos, suscrita por los diputados Othón Cuevas Córdova y Carlos Martínez Martínez , del Grupo Parlamentario del PRD
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el suscrito, diputado integrante del Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa de Ley que prohíbe la Fabricación, Importación, Distribución, Venta, Renta y Uso de Juguetes Bélicos, con base en la siguiente
Exposición de MotivosLa conducta violenta de niños y de jóvenes y las muertes que provoca por su desarrollo en nuestra sociedad se han elevado drásticamente en los últimos años. Todos hemos sido testigos a través de los medios de comunicación de cómo el comportamiento de niños y de adolescentes no sólo se vive lamentablemente en los hogares, sino que se ha trasladado a centros educativos, sociales y culturales y en todos los grupos socioeconómicos. Como ejemplo de ello, destacan algunas notas en los medios de comunicación que denuncian conductas de niños en escuelas que agreden a sus compañeros con objetos y golpes, o videos que pueden ser vistos en Internet donde algunos adolescentes son agredidos y golpeados por otros compañeros de clases, así como diversos hechos de homicidios en otros países.
Esta violencia en la mayoría de los casos tiene su origen en la educación que se da a los niños en el seno de las familias, teniendo como elemento esencial del proceso de aprendizaje, el tipo de juego y de juguete que utilizan millones de niños en todo el mundo con consentimiento de los padres: los juguetes bélicos. ``Los juguetes bélicos provocan que los menores vayan adquiriendo en el juego la disyuntiva de matar o morir, imponer la ley del más fuerte y, en consecuencia, pierdan el aprecio por los valores de la convivencia familiar y social, el respeto de los demás y el valor de la integridad física y de la vida humana'', según afirman estudios de la Secretaría de Seguridad Pública en el Distrito Federal, con datos del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, con datos de una encuesta sobre la violencia en primaria y en secundaria.
Estos juguetes deben entenderse como los que imitan armas de fuego y punzocortantes o vehículos que sirven para jugar a confrontaciones de guerra y a matar. Este tipo de juguetes, continúan los pedagogos, no contribuye a lograr una educación basada en el respeto, la justicia y la paz sino a una expresión incontrolada de la violencia y competencia entre los niños y las niñas. Además, lo que estos juguetes fomentan y se aprende de ellos entra en conflicto con los valores que educadores, padres y madres tratan de fomentar: una cultura de la paz y la fraternidad.
Por otro lado, si bien la industria mundial del juguete ha estado en alerta para ofrecer juguetes seguros y se ha visto en la necesidad de reaccionar en algunos casos como la fue la contaminación por plomo en juguetes de una industria china a mediados del año pasado, no debe dejarse de lado la preocupación que los fabricantes deben tener por los juguetes bélicos que forman parte de la actividad recreativa diaria de los niños.
En el país, diversos gobiernos locales e instituciones federales han realizado campañas de concienciación para que los padres de familia entreguen los juguetes bélicos a cambio de juguetes educativos o libros escolares. La misma práctica la realizan organismos internacionales como el Unicef para tratar de reducir la violencia entre los adolescentes, pues la familiaridad con este tipo de juguetes, a decir de diversas investigaciones, favorece la tendencia a ser primodelincuentes con armas verdaderas.
El año pasado, según datos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, a 2007 se registraron 3 mil suicidios de adolescentes en el país y se tuvieron reportes de que 2.5 millones de hogares tenían un arma.
Por ello y ante la grave violencia que vive el país, la cual se expresa en diversos ejemplos, como primer paso es urgente que tomemos medidas desde nuestro ámbito de acción para controlar la producción, comercialización y compraventa de este tipo de juguetes, que en nada contribuyen a tener una sociedad más conciente y pacífica.
Por otro lado, también está el interés de los fabricantes y distribuidores establecidos y no establecidos, que tienen un ingreso y dan empleo a miles de personas en esta industria. Sin embargo, se debe concienciar a estos empresarios e incentivar para que transformen su producto e innoven en otros.
Es cierto que implicará un costo para el gobierno y para el fabricante mismo; sin embargo, será mayor el costo que como sociedad seguiremos pagando si no hacemos algo para prevenir conductas de los niños que más adelante se conviertan en conductas delictivas. Algunos estudios internacionales han demostrado también que el uso continuo de videojuegos con acciones de violencia afecta las conductas de los niños y los predisponen para ser agresivos en su medio familiar y social. Si bien estos estudios también han detectado que el nivel de concentración para algunas actividades de los niños se eleva, el riesgo que se corre es la posibilidad de que el niño tenga una fijación hacia actividades agresivas.
Por otra parte, en el caso del etiquetado para los juguetes no violentos, existe la Norma Oficial Mexicana NOM-015-SCFI-2007, aprobada el pasado 17 de abril, la cual entrará en vigor en un plazo de nueve meses a partir de esa fecha. Esta reglamentación establece la información comercial que deben incluir los juguetes que se venden en el territorio nacional, elaborados con cualquier material y operados con baterías o cualquier otra fuente de alimentación.
Sobre el control de fabricación de los juguetes bélicos, éstos se hallan reglamentados exclusivamente para las réplicas de armas de fuego por la Secretaría de Economía, por la Dirección General de Normas, a través de la NOM-161-SCFI-2003. Ésta regula el tipo de juguete, material y funcionamiento con el cual pueden ser fabricadas las réplicas para el uso del consumidor. Sin embargo, pese a esta normatividad, existen réplicas muy exactas de armas de fuego que son utilizadas para cometer diversos delitos.
Asimismo y junto con esta irregularidad, en la reglamentación de los juguetes no bélicos no se habla de los juguetes que imitan cuchillos, lanzas, de artillería, contundentes o arrojadizas, de puño, de corte, de asta, etcétera, que son en la mayoría de los casos los juguetes con que los niños desarrollan sus habilidades, la fijación de sus metas y sus capacidades motrices, lo que resulta muy lamentable y peligroso.
La Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes tiene, entre otros objetivos, el de ``asegurar un desarrollo pleno e integral, lo que implica la oportunidad de formarse física, mental, emocional, social y moralmente en condiciones de igualdad... tener una vida libre de violencia''.
Por lo expuesto, y con base en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se somete a consideración de la asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de
Decreto que crea la Ley que prohíbe la Fabricación, Importación, Distribución, Venta, Renta y Uso de Juguetes Bélicos
Artículo 1o. Se prohíben la fabricación, importación, distribución, venta, renta y uso de juguetes bélicos en todo el territorio nacional.
Artículo 2o. Para los fines de esta ley, entiéndase por juguetes bélicos todos los objetos, los instrumentos o las réplicas que imiten cualquier clase de armas de fuego, sean éstas cortas, largas o de artillería; blancas, sean éstos contundentes, arrojadizas, arrojadoras, de puño o de corte o de asta, y de guerra, como tanques, aviones de combate o barcos armados, utilizados por el Ejército Mexicano, la policía federal y los organismos de seguridad pública, u otra clase de armas.
Artículo 3o. El Estado promoverá, por conducto de la Secretaría de Economía y de la Secretaría de Educación Pública la producción, importación, distribución, venta y uso de juguetes que sirvan para ejercitar y estimular la mente y que despierten en los niños el respeto por la vida, la creatividad, la sana emulación, la camaradería, la lealtad, el trabajo en equipo, el respeto del adversario, la comprensión y la tolerancia con los demás y el entendimiento entre los hombres, dentro de un espíritu de paz y fraternidad.
Artículo 4o. La vigilancia de lo dispuesto en el artículo 1o. de esta ley corresponde al gobierno federal y, en especial, a la Secretaría de Economía, a la Procuraduría General de la República y al Servicio de Administración Tributaria.
Artículo 5o. Las personas físicas o jurídicas que fabriquen, importen, distribuyan, renten o vendan los juguetes indicados en el artículo 2o. de la presente ley serán sancionadas con la cancelación de la licencia de funcionamiento de su respectivo establecimiento, con el decomiso de los artículos referidos y del inmueble donde se encuentre el local, así como con una multa que iría de ciento cincuenta a doscientos salarios mínimos generales vigentes.
Quienes realicen estas actividades sin disponer para ello de establecimiento comercial serán sancionados con multas sucesivas que oscilarán entre doscientos salarios mínimos generales vigentes y quinientos salarios mínimos generales vigentes cada uno, ajustados según la gravedad de la infracción, así como con el decomiso de los artículos. Las sanciones serán impuestas por la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Economía.
Artículo 6o. Las instituciones educativas de nivel primaria y secundaria implantarán clases de prevención del delito y de la peligrosidad de los juguetes bélicos mediante la distribución de información clara y sencilla, de acuerdo con el nivel educativo. La distribución de esta información estará a cargo de las autoridades educativas, en coordinación con la Procuraduría General de la República y la Secretaría de la Defensa Nacional.
Artículo 7o. Se implantará un acuerdo entre los integrantes del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Seguridad, Información Comercial y Prácticas de Comercio para que en los noventa días posteriores a la entrada en vigor de la presente ley, por medio de las normas oficiales mexicanas, se incluyan las leyendas respectivas en todos los juguetes sobre la prohibición explícita de comercializar juguetes bélicos en el territorio nacional.
Artículo 8o. Se modifican los reglamentos, las guías y las normas para evitar en lo sucesivo la fabricación, comercialización e introducción de juguetes bélicos en todo el territorio nacional.
Artículo 9o. Se implantará un programa de apoyo a la industria del juguete que se vea afectada por estas disposiciones para que pueda reconvertir su planta industrial y se le apoye en un nuevo plan de negocios para el diseño, fabricación y comercialización de otro tipo de juguetes y productos.
Artículo 10. Con relación a la publicidad, ésta se retirará en todas las versiones impresas y en medios electrónicos que hagan alusión a los juguetes bélicos; y el Estado promoverá, utilizando los tiempos oficiales, campañas sobre la peligrosidad de estos juguetes para el comportamiento de los niños que lleguen a usarlos en caso de haberlos adquirido antes de la entrada en vigor de esta ley.
TransitorioArtículo Único. Esta ley en entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Muchas gracias, diputado don Carlos Altamirano Toledo. Intégrese el texto íntegro al Diario de los Debates ytúrnese a las Comisiones Unidas de Economía, y de Educación Pública y Servicios Educativos, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.
LEY ORGANICA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Se concede el uso de la palabra al señor diputado Manuel Portilla Diéguez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 47 y 48 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.
El diputado Manuel Portilla Diéguez : Gracias. Con su permiso, diputado presidente.Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, actualmente el fenómeno de la corrupción dentro de los cuerpos policiacos ha dado como resultado la desconfianza y el descrédito ciudadano de las instituciones encargadas de la administración y de la procuración de justicia.
La corrupción es un problema que afecta gravemente la legitimidad de la democracia, distorsiona el sistema económico y constituye un factor de desintegración social. Por ello es de extrema urgencia crear mecanismos que permitan erradicar este fenómeno con la finalidad de garantizar el bienestar social.
Quiero precisar que las asimetrías en los requisitos de ingreso y el procedimiento de reclutamiento del personal que actualmente se practican en la Procuraduría General de la República dificultan la selección del personal apropiado que cumpla las exigencias y necesidades del Estado en el combate a la delincuencia.
Es necesario recalcar que sin duda existen numerosos oficiales comprometidos y entregados al deber de servir y proteger a la ciudadanía. Sin embargo, y para la problemática que hoy expongo, la eficacia de la Procuraduría General se ha visto minada por la corrupción, la insuficiente preparación de sus integrantes, la infiltración y la amenaza de la delincuencia organizada, así como por los recursos limitados de que dispone la Procuraduría para cumplir su importante labor.
Debemos dotar a la Procuraduría de nuevos métodos que permitan establecer parámetros de evaluación y control de sus elementos, y especialmente vigilar las técnicas de selección de nuevos aspirantes a preservar la seguridad pública.
Por ello es necesario modernizar los requisitos de admisión y supervisión del personal de la Procuraduría en las diferentes etapas de su desarrollo profesional, para lo cual se propone que se incluya en los requisitos de evaluación la prueba denominada ``electroencefalograma virtual''.
Esta prueba proporcionará información contundente y veraz para ingreso, selección, permanencia, promoción, remoción, separación y sanción de los elementos encargados de la seguridad pública. Con esta prueba se otorgarán más elementos para conocer el perfil psicológico y asimismo para detectar a quienes carecen del espíritu de servicio y de los valores éticos.
El Estado debe adoptar medidas más estrictas para el control y el reclutamiento de una de las instituciones que durante mucho tiempo ha sido pilar fundamental en el combate a la delincuencia. Se debe hacer una depuración de los malos elementos y se deben establecer mecanismos de evaluación que permitan garantizar que los integrantes de la Procuraduría sean elementos honestos y capaces para enfrentar los retos que la inseguridad y la delincuencia organizada ha puesto al Estado mexicano.
La intención de la iniciativa que hoy presento tiene el objetivo de disminuir el índice de elementos corruptos que han invadido a la Procuraduría, cerrar el paso a la delincuencia organizada y establecer un mecanismo de control periódico de quienes ya la integran. Todo ello tendrá un efecto positivo en la sociedad, ya que la corrupción es una conducta humana que obstaculiza el desarrollo económico social de nuestro país.
Por ello debemos cerrar el paso a la corrupción y a los malos elementos que se benefician de ella; debemos restablecer los principios rectores de nuestra nación, como la libertad, la legalidad, la paz y la seguridad social.
Por ello, compañeros legisladores, los exhorto a que cerremos filas para combatir la corrupción; a que creemos mecanismos de supervisión, evaluación y control de uno de los pilares de la seguridad de nuestro país, como es la Procuraduría General de la República. Y uno de los mecanismos es la prueba del electroencefalograma virtual. Es cuanto, presidente. Muchas gracias.
«Iniciativa que reforma los artículos 47 y 48 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, a cargo del diputado Manuel Portilla Diéguez, del Grupo Parlamentario del PVEM
Manuel Portilla Diéguez. diputado de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 71, fracción II, 72 y 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 56, 60, 176 y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos solicita que se turne a las comisiones correspondientes, para dictamen y posterior discusión en el Pleno de la Cámara de Diputados de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 47 y 48 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República (PGR), al tenor de la siguiente
Exposición de MotivosEl fenómeno de la corrupción en los cuerpos policiacos ha dado como resultado la desconfianza y el descrédito ciudadano a los ministerios públicos, peritos y autoridades del sistema de justicia penal.
Pese a la existencia de más de mil corporaciones de policía en todo el país, incluidas las federales, las estatales y las municipales, la falta de coordinación y unidad de mando, así como las asimetrías en los requisitos de ingreso, procedimientos de reclutamiento y selección, hacen que la sociedad no pueda tener confianza en la efectividad de la actuación policiaca, lo cual provoca que la delincuencia encuentre espacios sociales propicios de acción.
Es necesario recalcar que hay sin duda numerosos oficiales comprometidos y entregados al deber de servir y proteger a la ciudadanía. Sin embargo, la eficacia de la PGR se ha visto minada por la corrupción, la insuficiente preparación de sus integrantes, y la infiltración y la amenaza de la delincuencia organizada, así como por los recursos limitados de que disponen las corporaciones para cumplir su importante labor.
Por ello es necesario modernizar los parámetros regulatorios de admisión y supervisión del personal de la PGR en las diferentes etapas de su desarrollo profesional, para lo cual se propone que se incluya entre los requisitos de evaluación el electroencefalograma virtual. Esta prueba proporcionará información contundente para el ingreso, selección, permanencia, profesionalización, promoción, remoción, separación y sanción de los elementos encargados de la seguridad pública.
A través de esta prueba se otorgarán mayores elementos para conocer el perfil psicológico de quienes integran la PGR para detectar a quienes carecen de espíritu de servicio, preparación suficiente y valores éticos.
Es necesario sobre todo para impedir la infiltración de delincuentes y el reclutamiento de elementos viciados que por su comportamiento hayan sido expulsados de otras corporaciones, a diferencia de la prueba del polígrafo, el cual es un instrumento de medición de respuestas fisiológicas, pulso y respiración, el cual puede incluir otro tipo de respuestas del sistema nervioso central como la respuesta galvánica de la piel, la tensión arterial. El polígrafo se basa en el principio de que el hecho de mentir genera mayor activación autónoma central que no se aprecia a simple vista, sino que se mide a través de instrumentos adecuados, que se utilizan mientras se formula un cuestionario.
El polígrafo no es un método exacto, 1 pues ciertas personas pueden falsear los resultados (psicópatas o personas entrenadas); es decir, no es una técnica infalible y además es costosa en los aspectos técnico y humano.
En torno del polígrafo se han creado una serie de mitos que persisten hasta nuestros días, ya que este aparato no detecta verdades ni mentiras sino cambios fisiológicos en la medida en que nos emocionamos. Ése es el principal problema de esta prueba, ya que se basa en la presunción de que el mentiroso se pone nervioso por miedo a que lo descubran.
En términos técnicos, el polígrafo se fundamenta en el principio de que el hecho de mentir genera mayor activación autónoma central, que no se aprecia a simple vista sino que se mide a través de instrumentos adecuados, que se utilizan mientras se formula un cuestionario verbal de preguntas de si o no. 2
Es necesario quitar los mitos que se han generado alrededor de la aplicación del polígrafo como un elemento que nos pueda ayudar a determinar si una persona dice la verdad o no, ya que diversas investigaciones demuestran que el polígrafo no es 100 por ciento fiable.
Ahora bien, la exigencia de la sociedad consistente en tener una procuraduría sumamente capacitada para enfrentar con éxito a la delincuencia, exige un trabajo minucioso y detallado de agentes del Ministerio Público de la Federación, agentes de la Policía Federal Investigadora y peritos profesionales y técnicos. Cada acción de la delincuencia debe ser combatida de manera profesional y especializada, desde la prevención hasta la disuasión, sometimiento y confinamiento de los criminales, mirando siempre por el respeto de los derechos humanos.
El desconocimiento sobre los principios éticos y morales que rigen la actuación del personal, así como la deficiente formación moral y profesional, ha contribuido al desarrollo desmesurado y mantenimiento latente de la corrupción. Por ello se hace necesario fortalecer los mecanismos de contratación, capacitación, y evaluación del personal, logrando así integrar corporaciones con elevados valores éticos y morales.
Una situación común y cotidiana que se presenta en el quehacer de procuración de justicia y que contribuye a incrementar en forma ostensible la corrupción está en la penetración del crimen organizado en los cuadros de mando. Esto sucede cuando se carece de un método confiable de evaluación de las capacidades que permita diferenciar a cabalidad los conceptos éticos y de valores para poder adoptar actitudes con rectitud.
El combate de la corrupción de la procuraduría debe iniciar desde un estricto proceso de reclutamiento y selección de personal, de acuerdo con el perfil, con programas de formación básica, donde con especial énfasis se deben inculcar valores de legalidad en el desempeño cotidiano de los deberes, así como consolidar una estructura ética.
Si bien es cierto que en la actualidad se aplican pruebas para determinar la capacidad y probidad de quienes pretenden ingresar en la PGR, también lo es que la aplicación de estas pruebas no ha reducido eficientemente los niveles de corrupción en la procuraduría. Por ello se deben implantar nuevas evaluaciones que permitan de una manera sistematizada valorar a un tiempo centenares de individuos con la consiguiente reducción de costos.
Por ello se propone establecer la prueba de electroencefalograma virtual, 5 como un nuevo sistema de evaluación que ha demostrado eficacia mediante diversos estudios, así como un bajo costo.
Su importancia radica en el objetivo mismo, pues permite de manera sistematizada valorar a un tiempo centenares de individuos donde el estrés pudiese provocar respuestas conductuales inadecuadas por patología de fondo, es decir, un campo biológico propicio para la disfunción entre el raciocinio y el afecto.
La prueba de electroencefalograma virtual es la única medida conocida para evaluar parámetros biológicos, y ello permite al área de recursos humanos tener la primera medida biológica en cinco parámetros: confiable, consistente y que correlaciona con la electroencefalografía, montando dicho marcaje en una imagen de resonancia magnética, permitiendo visualizar las áreas afectadas, junto con graficas, características de la persona y recomendaciones.
Esta prueba permite a muy bajo costo realizar estos estudios sin necesidad de más infraestructura que computadoras, Internet y claves, otorgando un valor agregado a recursos humanos en cuanto a la posibilidad de medir psicosis, es decir, personas fuera de la realidad, antecedentes de riesgo para todos los parámetros; epilepsia: la que se manifiesta por el lóbulo temporal, básicamente en conductas impulsivo-agresivas; trastornos de sensopercepción que nos hablan de problemas de entendimiento o ejecución de las tareas encomendadas o en evaluación, y suple el polígrafo, tan manipulado como caro, y las pruebas psicométricas empleadas tradicionalmente, que carecen de indicadores neurofisiológicos desestabilizantes de la integridad psíquica del individuo.
El electroencefalograma virtual es un instrumento de medición psicológica integral asociado a un mapeo cerebral digitalizado, dirigido a individuos, que permite conocer niveles de organización emocional en el ámbito personal y laboral, así como su grado de vulnerabilidad a incurrir en actos violentos ante situaciones de estrés.
Actualmente, esta prueba es aceptada y empleada por jueces y magistrados del Tribunal Superior de Justicia en México como método de prueba pericial orientada a determinar no solamente la peligrosidad del individuo sino su vulnerabilidad a cometer el delito que se le imputa, tanto en el ámbito penal como en el civil familiar.
La prueba de electroencefalograma virtual es utilizada ya como un instrumento para sustentar diagnósticos de disfunciones cerebrales en juicios penales y civiles familiares como pruebas periciales; su aplicación se postula como una herramienta fundamental para las labores de los departamentos de recursos humanos, tanto en su fase de reclutamiento como de monitoreo y seguimiento de su personal activo.
Mediante la prueba se obtiene información de ambos hemisferios cerebrales, con lo que se pueden identificar zonas disfuncionales vinculadas a estados psicóticos (desórdenes de contacto con la realidad, personalidades sociopáticas y psicopáticas), epilépticos (descargas eléctricas anormales que producen alteraciones en el cerebro, traducidas en conductas anómalas o violentas) y sensoperceptuales (alteraciones en la integración del aprendizaje y su ejecución). 6
Nuestra propuesta
Establecer mecanismos de evaluación más eficientes, a fin de conocer la condición biopsicosocial de los aspirantes a ocupar algún puesto en la PGR.
Por ello se propone adicionar la prueba de electroencefalograma virtual a las evaluaciones practicadas a quienes pretenden ingresar en la PGR, a fin de que sólo puedan ingresar quienes demuestren tener el perfil psicológico, biológico y social idóneo para el desempeño de sus labores y, de esa forma, detectar a quienes carecen de espíritu de servicio, de preparación suficiente y de valores éticos.
La prueba del polígrafo, además de ser costosa y manipulable, requiere equipo especializado. En cambio, la prueba de electroencefalograma virtual sólo requiere computadoras, Internet y claves; y como el objeto de estudio, además de ser psicológico es biológico, garantiza con ello la veracidad de los resultados.
Para ello se propone hacer modificaciones a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República con la finalidad de que se instituya este método como un sistema de evaluación.
Por lo expuesto y a fin de garantizar una evaluación más objetiva de las personas que ingresan en la PGR, en términos de lo previsto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Grupo Parlamentario del Partido Verde somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de
Decreto que reforma los artículos 47 y 48 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República
Artículo Único. Se reforman los artículos 47 y 48 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la Republica, para quedar como sigue.
Artículo 47. ... ...
Artículo 48. El reglamento de esta ley establecerá los exámenes para todo el personal de la procuraduría, con la finalidad de evaluar los procesos de reclutamiento, monitoreo y seguimiento de su personal activo , entre los cuales deberán incluirse el toxicológico y el examen de electroencefalograma virtual , así como los procedimientos conforme a los cuales se llevarán a cabo.
...
TransitoriosPrimero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. La Procuraduría General de la República tendrá un plazo máximo de treinta días naturales a partir de la entrada en vigor del presente decreto a fin de hacer las adecuaciones técnicas necesarias para la aplicación de esta prueba.
Notas 1 La prueba del polígrafo tiene la desventaja de dar parámetros no válidos si se aplica en sujetos ansiosos y que por su neurobiología presentarán respuestas elevadas; es decir, serán clasificados como mentirosos. El polígrafo eleva la posibilidad de que se produzcan parámetros no válidos, como se demuestra en Mitos y realidades del polígrafo (marcadores fisiológicos de la actividad emocional), estudio realizado por el doctor Benjamín Domínguez Trejo, de la Facultad de Psicología de la UNAM y asesor de la CNDH. Este estudio permitió constatar que las respuestas de cada sujeto pueden ser modificadas a voluntad con entrenamiento. 2 Raskin, D. (SF). ``Técnicas poligráficas para la detección del engaño'', en Raskin, D. 3 Octubre de 2002, Comité de Expertos de la Academia Nacional de Ciencias (NAS, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos. 4 Los expertos de la NAS concluían que la precisión del polígrafo para distinguir entre amenazas potenciales o reales a la seguridad e inocentes es insuficiente para justificar la confianza en su uso en investigaciones de empleados de agencias gubernamentales. 5 ``La prueba de electroencefalograma virtual es resultado de una investigación realizada por más de 20 años con el propósito de crear un instrumento lingüístico vinculado a valores de electroencefalografía específicamente a síndromes frontotemporales en donde se balancea razón y afecto, respectivamente'': doctor Luis A. Pando Orellana, Reliability and validity of the EV-POL questionnaire in a sample of mexican patients. 6 http://www.evpol.com.mx/El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Gracias, señor diputado.Túrnese a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados.
CODIGO PENAL FEDERAL
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Se recibió iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el capítulo III Bis a los artículos 322 Bis y 322 Ter del Código Penal Federal, suscrita por el diputado José Luis Aguilera Rico, del Grupo Parlamentario de Convergencia.
El Secretario senador Jesús Garibay García: «Iniciativa que adiciona el Capítulo IX Bis y los artículos 322 Bis y 322 Ter del Código Penal Federal, suscrita por el diputado José Luis Aguilera Rico , del Grupo Parlamentario de ConvergenciaEl suscrito, José Luis Aguilera Rico , diputado de la LX Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario de Convergencia, con fundamento en los artículos 71, fracción II, 72 y 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 122 y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 56, 60, 63, 64, 176 y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan el Capítulo IX Bis y los artículos 322 Bis y 322 Ter del Código Penal Federal, al tenor de la siguiente
Exposición de MotivosVándalos, pandilleros desalmados, contaminados por el odio y el desprecio, infiltrados entre las barras y los grupos de animación, dominan a fuerza de violencia los estadios, con lo cual desplazan y alejan de los escenarios a los auténticos aficionados.
El balompié es el deporte de más influencia que atrae a las grandes masas, pero desgraciadamente, al seguidor, simpatizante o aficionado este deporte no lo invita al autocontrol. Como está concebido, no son el deporte en sí ni quienes lo practican lo que induce al fanático a la violencia. El futbol, inexplicablemente, es el deporte en que el público resulta más susceptible al cambio radical de estado de ánimo en función del desarrollo del partido y del resultado. En segundos, el ``aficionado'', deformado en fanático, cambia drásticamente de estado de ánimo y de carácter: alegría, tristeza, impotencia, frustración, coraje; se torna agresivo y el cúmulo de reacciones adversas, e incluso positivas, provoca histeria, y estalla la violencia.
Desafortunadamente, estas reacciones de los espectadores no son casos aislados. Se registran en grupos, entre la multitud que asiste a espectáculos deportivos, y las pasiones se desbordan con más facilidad en el futbol.
La violencia es más común en muchos de los estadios de futbol en el mundo, donde imperan las barras bravas, y tribus urbanas, hooligans, donde los fanáticos, generalmente con sus arengas, dan el toque de agresividad verbal hacia el equipo rival, hacia los fanáticos contrarios. Se desata el duelo de la palabra al hecho, y se suscitan batallas campales, con resultados trágicos.
Alrededor del mundo se han suscitado hechos como los siguientes:
De igual manera, acontecimientos similares se han presentado en nuestro país:
El club Pachuca, que ha recibido todo tipo de felicitaciones y elogios por su título en la Copa Sudamericana, fue el iniciador del fenómeno que agobia a los directivos del balompié nacional, las barras que ahora significan una amenaza a la sana convivencia en las tribunas. Andrés Fassi, ex preparador físico de los Tuzos, fue uno de los más entusiastas impulsores de las barras bravas en la década de los noventa, con el afán de dar colorido y ambiente a los partidos del equipo hidalguense. Fassi contrató a un personaje argentino para encargarlo de organizar la barra Ultra Tuza, cuya función era imitar la actuación de las argentinas. Sin embargo, pronto degeneró todo y apareció en las tribunas del estadio Hidalgo una porra escocesa, con pocos pero audaces integrantes que acaparaban la atención porque en el momento menos esperado daban la espalda a la cancha y se levantaban la falda para enseñar el trasero, desnudo.
No tardó en aparecer la barra americanista Monumental, en 1999, cuyos miembros eran tan rijosos, que pronto tuvieron roces y hubo una escisión, de la que nació un disturbio, aún más violento.
El fenómeno también atrapó a los aficionados de Pumas que, con los de Tigres, se han caracterizado por protagonizar los peores desmanes.
La aparente gota que derramó el vaso fueron las escenas televisadas de seguidores del cuadro de la UNAM, en el estadio Luis Pirata Fuente, que destrozaban butacas y lanzaban fragmentos de ellas a la cancha. Lo mismo hicieron en la fase de liguilla cuando Pachuca eliminó a los auriazules.
Uno de los choques de mayor envergadura fue el del 30 de octubre de 2005, cuando América venció 2-1 a Pumas. Hubo batalla campal, con saldo de 318 detenidos y 20 heridos. La rivalidad llegó al extremo de lanzarse amenazas de muerte en sus respectivos portales de Internet.
Desde 2007 la Federación Mexicana de Futbol intenta aniquilar al Frankestein, el monstruo que antaño creó, toda vez que hoy ha perdido el control de las porras o barras (la denominación es lo de menos), pues los grupos de animación se han convertido en una seria amenaza para el espectador.
La historia de actos vandálicos o disturbios en los estadios y fuera de ellos alrededor del mundo es interminable. En éstos se han visto involucrados directamente los fanáticos y las autoridades, indirectamente los deportistas, árbitros, federativos y medios de comunicación, que en conjunto han sido incapaces de prevenir y controlar la violencia en los estadios.
Que los disturbios futbolísticos en nuestro país sean similares a los que acontecen en los del primer mundo no nos convierte en primermundistas. Por ello debemos legislar al respecto para evitar así una historia deportiva con una tragedia más que continúe marcado el deporte nacional.
En mérito de lo expuesto, el Grupo Parlamentario de Convergencia, convencido de que uno de sus objetivos es atender desde el ámbito legislativo las necesidades sociales de México, se propone el proyecto de iniciativa con base en el siguiente
Decreto por el que adicionan el Capítulo III Bis y los artículos 322 Bis y 322 Ter del Código Penal Federal
Artículo Único. Se adicionan el Capítulo III Bis y los artículos 322 Bis y 322 Ter del Código Penal Federal, para quedar como sigue:
Capítulo III Bis Violencia en Espectáculos DeportivosArtículo 322 Bis. Comete el delito de violencia en espectáculos deportivos y se castigará con prisión de uno a cuatro años y multa de diez a ochenta cuotas, sin perjuicio de las sanciones a que se haya hecho acreedor por la comisión de diverso delito, a quien en un encuentro deportivo, encontrándose en el interior de un estadio o recinto utilizado para ese fin o en los espacios de estacionamiento o calles circundantes inmediatas al mismo, cometa por sí o incite a otros a cometer actos que produzcan lesiones a terceros o daños a bienes muebles o inmuebles.
Artículo 322 Ter. Además de las sanciones previstas en este capítulo, a juicio del juez se podrá prohibir al inculpado asistir a estadios o recintos de espectáculos deportivos por un término de seis meses a cuatro años, en cuyo caso se ordenará la publicación especial de sentencia.
TransitorioÚnico. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Túrnese a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados.
LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA PROTECCION AL AMBIENTE - LEY GENERAL DE VIDA SILVESTRE
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Tiene el uso de la palabra el senador Rogelio Rueda Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa de proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 28 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y el 60 Ter de la Ley General de Vida Silvestre.
El senador Rogelio Rueda Sánchez: Con la venia de la Presidencia.
Compañeros legisladores, traigo una iniciativa que presento y que espero en su oportunidad sea dictaminada favorablemente y aprobada por ambas Cámaras, para modificar una parte de la legislación ambiental, en la que creo que en los fines todos coincidimos. Queremos la preservación del medio ambiente y de los recursos naturales como un medio para la preservación de la especie humana, del mejor entorno para el desarrollo del ser humano.
Por eso tenemos como un elemento central del concepto de desarrollo la sustentabilidad. El propio Constituyente Permanente en el año de 99 califica el desarrollo que debe ser regido por el Estado, la rectoría del desarrollo nacional prevista en el artículo 25 es calificada como un desarrollo que debe ser no sólo integral, sino sustentable.
Por supuesto, resulta entonces que desarrollo y sustentabilidad no son incompatibles, sino que deben ser consustanciales. La sustentabilidad califica al desarrollo, pero no lo excluye ni lo hace nugatorio.
Por ello, el desarrollo nacional implica la necesidad de proyectos en ocasiones de gran magnitud, de un impacto en el crecimiento y el empleo, que es también otra de las instrucciones de la constitución al Estado para conducir el desarrollo.
Este tipo de proyectos tiene siempre retos importantes en materia de planeación, de financiamiento; tiene complejidad técnica y desafíos tecnológicos. La conjunción de todos estos elementos es la obligación del Estado, mediante el gobierno.
Por eso es importante que estos proyectos, cuando resultan de evidente beneficio público para el desarrollo regional o nacional, tengan el marco jurídico adecuado para poderse llevar a cabo de manera ágil, oportuna, cuidando el medio ambiente, pero privilegiando también el desarrollo y la generación de empleos.
En este caso específico estoy planteando la modificación a un artículo de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, así como a otro de la Ley General de Vida Silvestre, que implica un reconocimiento de que vale la pena matizar, de que vale la pena corregir, en su caso, la forma como hemos ido conduciendo el marco jurídico, porque coincidiendo en el objetivo de proteger el medio ambiente, hemos, sin embargo, imposibilitado en buena medida la ejecución de proyectos importantes para el desarrollo regional y nacional.
La atención al medio ambiente, en este caso no quedaría descuidada sino obligaría, por supuesto, a quien realice las obras y actividades, a informar con antelación a la Secretaría del Medio Ambiente de las características de las mismas, los tiempos en que pretendan llevarse a cabo, su probable impacto en el medio ambiente, así como las acciones de compensación y de mitigación a las que se comprometa.
La Secretaría tendría 60 días para establecer su idoneidad o incluso ordenar su adecuación. Por eso estamos planteando que eso sólo fuera posible cuando las obras y actividades sean de utilidad pública manifiesta, en cuanto su contribución al desarrollo regional e incluso nacional.
La importancia de que las obras y actividades referidas tengan una utilidad pública evidente radica en que ésta presupone que los beneficios colectivos ciertos, de naturaleza regional e incluso nacional, son valorados como superiores a las probables afectaciones al manglar que, en todo caso, por supuesto deben ser compensadas y mitigadas.
En esto consiste esta modificación que, siendo breve en su contenido específico, tendría un impacto amplio en la posibilidad de ejecución de proyectos de infraestructura, especialmente de importancia regional y nacional.
El marco jurídico actual realmente es sumamente limitativo en el caso de un servidor, que representa al estado de Colima en el Senado de la República. Tenemos el caso del puerto de Manzanillo, que ha visto sumamente limitada la posibilidad de crecimiento, precisamente por este marco jurídico tan restrictivo.
Estamos planteando que la posibilidad exista cuando sea ---decíamos y lo repito--- evidente el beneficio para el de-sarrollo regional, nacional y, por supuesto, que se compense, se mitigue e incluso pueda ampliarse el mejoramiento del medio ambiente.
Tenemos ---sólo lo planteo como ejemplo--- el caso de una laguna con cientos de hectáreas que está muriendo, que está en malas condiciones y que no se tienen los recursos para ejecutar las acciones que la rescaten.
Tener en una parte de esa laguna infraestructura portuaria permitiría generar las condiciones que la recuperasen, que la reviviesen y que, en todo caso, incluso mejorasen el medio ambiente, el entorno de esa región. Y que al propio tiempo generasen muchos más empleos para nuestra región y para nuestro país.
Por eso creo que es importante que podamos tener el dictamen y, en su oportunidad, contar con el apoyo de los legisladores, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados.
Si bien sería una acción más que podría servir a la coyuntura económica, a las dificultades y a la necesidad de invertir en infraestructura, que es uno de los objetivos que compartimos del paquete apenas ayer presentado, vale la pena dejar claro que es una decisión que el Congreso puede tomar y que no sólo es útil en esta coyuntura, sino en las próximas décadas. Porque el país seguirá requiriendo infraestructura, proyectos de desarrollo regional y nacional que puedan tener condiciones de ser ejecutados y no limitados o impedidos, como el marco jurídico actual nos lo presenta. Por su apoyo, muchas gracias.
«Iniciativa que reforma y adiciona los artículos 28 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y 60 Ter de la Ley General de Vida Silvestre, a cargo del senador Rogelio Rueda Sánchez, del Grupo Parlamentario del PRI
El suscrito, Rogelio Rueda Sánchez, senador de la LX Legislatura del H. Congreso de la Unión, ejerciendo la facultad consagrada en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 55, fracción II, y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 28 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente y el 60 Ter de la Ley General de Vida Silvestre, con base en la siguiente:
Exposición de Motivos
La sociedad actual se caracteriza por su enorme interés en la conservación del medio ambiente y los recursos naturales; interés que proviene de la aceptación generalizada sobre la importante función que los recursos naturales desempeñan, toda vez que su contribución es decisiva para nuestra viabilidad futura como nación, e incluso para el mantenimiento de la propia especie humana,
Tanto el disfrute como la preservación del medio ambiente y los recursos naturales constituyen una exigencia social que necesariamente debe reflejarse en una regulación que sea acorde a las propias circunstancias de cada momento.
Ciertamente, el disfrute y la preservación del medio ambiente y los recursos naturales redundan en la mejora de la calidad de vida de la sociedad; sin embargo, dichos beneficios no son incompatibles con un aprovechamiento ordenado y sobre todo sustentable de sus recursos, que propicie el desarrollo nacional.
De lo anterior se desprende la centralidad del concepto desarrollo sustentable. Es decir, el desarrollo no puede ser un concepto aislado carente de referencias. Siendo un objetivo altamente valorado por toda sociedad no constituye, paradójicamente, un fin en sí mismo. El desarrollo es ante todo un medio dirigido a la obtención de satisfactores socialmente apreciados.
El marco normativo mexicano refleja, sin duda, las consideraciones del párrafo precedente. A nivel constitucional esto se aprecia con claridad en el artículo 25 de la Ley Fundamental, al asignarle al Estado la rectoría del desarrollo nacional. Es de observar que el Constituyente Permanente quiso dejar asentado en nuestro máximo ordenamiento, por reforma del 23 de junio de 1999, que tal desarrollo debería ser no solo integral, sino también sustentable.
De esa manera se estableció en la Constitución un mandato que necesariamente encuentra también una definición programática, y que consiste en que el desarrollo nacional debe ser integral, sustentable, y orientado al fortalecimiento de la soberanía nacional mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo.
Resulta en consecuencia claro que desarrollo y sustentabilidad lejos de ser incompatibles son necesaria y obligadamente consubstanciales. La segunda califica al primero, pero ni lo excluye ni lo hace nugatorio.
El desarrollo nacional supone, entre otros aspectos, la necesidad de emprender proyectos cuya magnitud e impacto en el crecimiento y el empleo son evidentes e indiscutibles.
Tales proyectos, en general, enfrentan importantes retos en materia de planeación, financiamiento, complejidad técnica y desafío tecnológico, entre otros. La conjunción de los elementos que permitan afrontar tales retos debe además de darse de manera convergente en el tiempo para reducir los usualmente altos costos.
De ahí que la oportunidad con que se realizan tales proyectos resulta fundamental, toda vez que las posibilidades de retraso, e incluso de cancelación de proyectos socialmente relevantes aumentan sensiblemente cuando estos, por alguna razón, no son ejecutados en tiempo.
Asimismo, cuando el proyecto, obras o actividades a realizar tengan un evidente y manifiesto impacto en el desarrollo regional o nacional, estos deben ser tratados con una visión que, sin perder de vista la sustentabilidad, privilegien y faciliten su realización.
El caso específico de los manglares resulta de gran importancia. Tanto la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, así como la Ley General de Vida Silvestre disponen un tratamiento especial en el caso de obras y actividades que impacten manglares.
Tal tratamiento, en términos concretos implica el que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales deba autorizar la manifestación de impacto ambiental que al efecto deba presentar quien pretenda realizar obras y actividades en zona de manglares. Es el caso que en la práctica tal procedimiento de presentación y autorización suele llevar mucho tiempo, en ocasiones años enteros, con las consiguientes dilaciones y altos costos sociales, económicos y de oportunidad. 1
Por tal motivo se estima necesario que, tratándose de obras y actividades cuya utilidad pública y aportación al desarrollo regional o nacional sea evidente, deba existir una previsión normativa que las exceptúe del procedimiento mencionado sin menoscabo de la atención al medio ambiente.
Es por ello que se propone exceptuar estas obras y actividades de alto impacto, para el caso de manglares, del requisito de manifestación de impacto ambiental previsto en el artículo 28 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, armonizando también, y como consecuencia, el artículo 60 Ter de la Ley General de Vida Silvestre.
Sin embargo, la atención al medio ambiente no queda descuidada al obligarse a quien realice tales obras y actividades a informar con antelación a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales de las características de las mismas, los tiempos en que pretendan llevarse a cabo, y su probable impacto en el medio ambiente, así como aquellas acciones compensatorias y de mitigación a las que se comprometa. Relativo a estas últimas la Secretaría dispondrá de sesenta días para establecer su idoneidad, o bien proponer su adecuación.
Es de reiterarse que tal excepción solo podrá darse cuando se trate de obras y actividades cuya utilidad pública sea manifiesta en atención a su contribución al desarrollo regional e incluso nacional. Asimismo, queda sujeta a la presentación del informe y compromiso mencionados en el párrafo que antecede.
La importancia de que las obras y actividades referidas tengan una utilidad pública evidente radica en que esta presupone que los beneficios colectivos ciertos, de naturaleza regional, e incluso nacional, son valorados como superiores a las probables afectaciones al manglar, mismas que en todo caso deberán ser compensadas y mitigadas.
De conformidad con lo anteriormente expuesto, y de manera respetuosa, los que suscriben, proponemos la discusión y en su caso, aprobación del siguiente:
Proyecto de Decreto
Artículo Primero. Se adiciona un penúltimo párrafo al artículo 28 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para quedar como sigue:
Artículo 28. ...
Segundo. Se reforma el segundo párrafo del artículo 60 Ter de la Ley General de Vida Silvestre, para quedar como sigue:
Artículo 60 Ter. Queda prohibida...
Se exceptuarán de la prohibición a que se refiere el párrafo anterior las obras o actividades que tengan por objeto proteger, restaurar, investigar o conservar las áreas de manglar, así como las obras y actividades de interés público señaladas en el penúltimo párrafo del artículo 28 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Nota: 1 De acuerdo con las prescripciones actuales de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, las entidades federativas tienen completamente vedado el derecho a realizar las evaluaciones de impacto ambiental así como la expedición de las autorizaciones correspondientes cuando se trate de actividades y obras en manglares, entre muchos otros. Véase artículo 11, fracción III de esta ley.El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Muchas gracias, senador don Rogelio Rueda Sánchez.Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca de la Cámara de Senadores de Senadores.
Proceda la Secretaría a leer la comunicación del senador Gustavo Enrique Madero Muñoz.
PERMISO PARA ACEPTAR CONDECORACION
El Secretario senador Ramiro Hernández García: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Senado de la República.---LX Legislatura.
Ciudadanos Secretarios de la Mesa Directiva de la del Congreso de la Unión.--- Presentes.
Conforme a lo establecido en el artículo 37, inciso c), fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, por este conducto solicito a esta Comisión Permanente permiso para aceptar y usar condecoración denominada Medalla Presidencial, que me será conferida por el gobierno de la República de Guatemala el próximo 13 de enero del presente.
Para tal efecto, adjunto al presente copia simple de la carta enviada por el Presidente del Congreso de la República de Guatemala, por la que comunica el otorgamiento de dicha condecoración. Asimismo, adjunto copia simple del acuerdo gubernativo 478-2006 por el que se aprueba el otorgamiento de ésta.
Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.
«Escudo.--- El Presidente del Congreso de la República de Guatemala.
Excelentísimo señor Gustavo Enrique Madero Muñoz, Presidente del Senado de la República:
Dentro del marco de nuestras fraternas relaciones donde la libertad, la dignidad y la situación geopolítica de nuestra región la hacen especial, es necesario cultivar la convivencia y preservar los conceptos de vida que nuestros pueblos merecen y hoy exigen.
Con esos valores de referencia nos hemos visto estimulados a destacar la excelente oportunidad que hace viva nuestra articulación y con manifestaciones que exalten los hechos, particularmente hoy que se nos ha informado que en Consejo de Ministros, el excelentísimo señor Presidente Constitucional de la República, ciudadano don Álvaro Colom Caballeros, dispuso condecorarlo con la ``Medalla Presidencial'', la cual será impuesta en una recepción que se llevará a cabo en el Palacio Nacional, el martes 13 de enero de 2009, a las 19:00 horas.
En nuestra condición de presidente saliente y presidente entrante de la Junta Directiva del Congreso de la República nos congratulamos por tal acontecimiento y nos honramos en invitar al excelentísimo señor Presidente del Senado de la República, ciudadano don Gustavo Enrique Madero Muñoz para que asista a la sesión solemne programada para el día 14 de enero de 2009, en la cual tomará posesión la nueva Junta Directiva de este alto organismo del Estado.
Como se estila en estas invitaciones nuestra institución se hará cargo de los gastos de boleto aéreo, hospedaje y alimentación para su excelencia y un representante que lo acompañe en la estadía los días 13 y 14 de enero de 2009.
Con la esperanza de poder tener el honor y el privilegio de saludarlo en esta su casa, hacemos propicia la oportunidad para suscribirnos de su excelencia con la manifestación de nuestros sentimientos de fraterna amistad, como sus servidores.
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Con fundamento en los artículos 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensan todos los trámites y se pone a discusión y votación de inmediato.
El Secretario senador Ramiro Hernández García: Por instrucciones de la Presidencia, con fundamento en los artículos 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se consulta a la asamblea si se dispensan todos los trámites y se pone a discusión y votación de inmediato. Los legisladores y las legisladoras que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Los legisladores y las legisladoras que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.
Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Se dispensan todos los trámites.
Proceda la Secretaría a leer el proyecto de decreto.
El Secretario senador Ramiro Hernández García: Artículo único. Se concede permiso al ciudadano Gustavo Enrique Madero Muñoz para aceptar y usar la condecoración Medalla Presidencial que le confiere el gobierno de la República de Guatemala.
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Está a discusión el proyecto de decreto. No habiendo quien haga uso de la palabra, proceda la Secretaría a recoger la votación nominal.
El Secretario senador Ramiro Hernández García: Se va a proceder a recoger la votación nominal, en lo general y en lo particular; por la afirmativa el de la voz, y por la negativa el senador Jesús Garibay.
Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
La diputada Marcela Cuen Garibi (desde la curul): A favor.
El diputado Rolando Rivero Rivero (desde la curul): A favor.
La diputada María Esther Jiménez Ramos (desde la curul): A favor.
El diputado Carlos Augusto Bracho González (desde la curul): A favor.
El diputado Juan de Dios Castro Muñoz (desde la curul): A favor.
El senador Humberto Andrade Quezada (desde la curul): A favor.
El diputado Manuel Portilla Diéguez (desde la curul): A favor.
El senador Javier Orozco Gómez (desde la curul): A favor.
La diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza (desde la curul): A favor.
El diputado Juan Carlos Velasco Pérez (desde la curul): A favor.
El diputado Ramón Valdés Chávez (desde la curul): A favor.
El diputado Gerardo Villanueva Albarrán (desde la curul): A favor.
El diputado Octavio Martínez Vargas (desde la curul): A favor.
El senador Alejandro González Yáñez (desde la curul): Muy a favor.
El senador Federico Döring Casar (desde la curul): En pro.
La diputada Lariza Montiel Luis (desde la curul): A favor.
El diputado Carlos Eduardo Felton González (desde la curul): A favor.
La senadora María Beatriz Zavala Peniche (desde la curul): A favor.
La senadora Eva Contreras Sandoval (desde la curul): A favor.
La senadora Gabriela Ruiz del Rincón (desde la curul): A favor.
La diputada Blanca Luna Becerril (desde la curul): A favor.
El diputado Raúl Cervantes Andrade (desde la curul): Sí.
El senador Fernando Jorge Castro Trenti (desde la curul): Sí.
El senador Rogelio Rueda Sánchez (desde la curul): Sí.
El senador Cleominio Zoreda Novelo (desde la curul): Sí.
El senador Rubén Fernando Velázquez López (desde la curul). Rubén Velázquez, a favor.
El Secretario senador Ramiro Hernández García: ¿Falta algún legislador de emitir su voto? Se va a proceder a recoger la votación de la Mesa Directiva.
El Secretario senador Jesús Garibay García: Sí.
El Vicepresidente diputado Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla : Por la afirmativa.
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Sí.
El Vicepresidente senador Luis Alberto Villarreal García: En pro.
El Secretario senador Ramiro Hernández García: A favor.
Se emitieron 31 votos a favor y ninguno en contra.
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Aprobado el proyecto de decreto. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
HOSPITAL PSIQUIATRICO INFANTIL DOCTOR JUAN N. NAVARRO
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: El siguiente punto del orden del día es el de dictámenes a discusión, con puntos de acuerdo.
En virtud de que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se autoriza que sólo se lean los puntos de acuerdo.
El Secretario senador Jesús Garibay García: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea si se autoriza que sólo se lean los puntos de acuerdo. Los que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Los que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.
Mayoría por la afirmativa, presidente.
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Se autoriza. Continúe la Secretaría.
El Secretario senador Jesús Garibay García: «Dictamen de la Tercera Comisión, con puntos de acuerdo para exhortar al secretario de Salud a indicar por escrito las causas de la no reubicación del hospital psiquiátrico infantil Doctor Juan N. Navarro
Honorable Asamblea:
A la Tercera Comisión ---Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas--- de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, en el primer receso del tercer año de ejercicio constitucional de la LX Legislatura, fue turnada el 22 de diciembre de 2008, para análisis y dictamen, proposición con punto de acuerdo para exhortar al secretario de Salud presente por escrito la decisión anunciada el 26 de noviembre de 2008, respecto a la no reubicación del hospital psiquiátrico infantil Doctor Juan N. Navarro, presentada por la diputada Valentina Batres Guadarrama , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 122, párrafo primero, y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 58, 60, 87, 88, 175 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la del Congreso de la Unión dictamen, al tenor de los siguientes
Antecedentes
1. Con fecha 22 de diciembre de 2008, la diputada Valentina Batres Guadarrama , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó ante el Pleno de la del Congreso de la Unión la proposición de mérito.
2. En esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente dispuso que dicha solicitud de punto de acuerdo se turnara, para estudio y dictamen correspondiente, a la Tercera Comisión ---Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas---, por lo que se emite en este acto el dictamen correspondiente.
3. La proposición en estudio, en síntesis, contiene los siguientes fundamentos y razones en que se sustenta:
Con base en lo anterior, la autora de la proposición solicita que se exhorte al secretario de Salud a que presente por escrito la decisión anunciada el 26 de noviembre de 2008, respecto a la no reubicación del hospital psiquiátrico infantil Doctor Juan N. Navarro.
En consecuencia, los integrantes de la Tercera Comisión emiten punto de acuerdo al tenor de las siguientes
Consideraciones
La Comisión Permanente coincide en la importancia que el hospital psiquiátrico tiene en la atención de pacientes discapacitados mentales y ser el único en su género. Esta importancia se hace evidente con la población que atiende: más de 6 mil derechohabientes y más de 20 mil expedientes abiertos. En este orden de ideas, se debe destacar el hecho de que ya existe un antecedente en los trabajos de demolición o reubicación del hospital mencionado en la pasada Comisión Permanente, que ya hacía evidente un problema con este asunto.
Más allá de las razones de este hospital en particular, nos preocupan las familias y los trabajadores que, de una u otra forma, dependen del nosocomio, ya sea por ser derechohabientes o empleados de éste.
No se debe pasar por alto que un hospital de esta naturaleza tan específica de atención de padecimientos se encuentre deteriorado y que las instalaciones no cubran los estándares mínimos para la población usuaria y sus trabajadores.
Por las razones expuestas, esta entidad legislativa considera pertinente que la dependencia referida dé una explicación por escrito donde informe las causas por las que no se reubicó el hospital en cuestión sin que se tomen represalias contra el personal que labora en dicha institución y que se ha manifestado legítimamente.
La Comisión Permanente, en esta tesitura, exhorta al secretario de Salud a presentar por escrito la decisión anunciada el 26 de noviembre de 2008, respecto a la no reubicación del hospital.
Por tanto, los integrantes de la Tercera Comisión ---Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas--- de la Comisión Permanente someten a la honorable asamblea los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión solicita al secretario de Salud, José Ángel Córdova Villalobos, a informar a esta comisión sobre la cancelación del proyecto de reubicación del hospital psiquiátrico infantil Doctor Juan N. Navarro.
Segundo. Se exhorta al secretario de Salud, así como a la directora del hospital, doctora Dora María Pérez Ordaz, a proceder a cancelar toda acción contra el personal laboral del hospital psiquiátrico infantil, quienes se manifestaron legítimamente en contra del proceso de reubicación.
Tercero. Se solicita al secretario de Salud que informe a esta soberanía quiénes conforman la comisión para la renovación del hospital, y cuándo y dónde se reúne ésta.
Cuarto. Se exhorta respetuosamente al secretario de Salud a instalar de inmediato el comité multidisciplinario.
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Gracias, diputado secretario.
Está a discusión el punto de acuerdo. En virtud de que no se ha registrado orador alguno, se considera suficientemente discutido y se reserva para su votación económica en conjunto.
ESTADO DE MORELOS
El Secretario senador Jesús Garibay García: «Dictamen de la Tercera Comisión, con punto de acuerdo por el que se solicita respetuosamente a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, y de Educación Pública que consideren su apoyo para que destinen recursos extraordinarios, por única vez, a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos
Honorable Asamblea:
A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente fue turnada la proposición con punto de acuerdo por la que se solicita a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, y de Educación Pública que destinen recursos extraordinarios por única vez a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos para cubrir el adeudo que tiene con el Infonavit, presentada por el diputado Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Los integrantes de esta comisión realizaron el estudio y análisis de la proposición a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.
Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de la Tercera Comisión que suscriben, someten a consideración del Pleno el presente dictamen:
Antecedentes
La proposición con punto de acuerdo que se cita en el proemio fue presentada en la sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 22 de diciembre de 2008, y turnada para estudio y dictamen correspondiente a la Tercera Comisión.
Consideraciones
I. En el capítulo de consideraciones, el autor de la proposición con punto de acuerdo que se dictamina señala que la Universidad Autónoma del Estado de Morelos es considerada una de las principales universidades del país y ofrece estudios superiores y de posgrado de calidad en diversas áreas.
Que actualmente la institución se encuentra envuelta en una problemática económica ya que, derivado de una auditoría practicada por el Infonavit durante los ejercicios de 2001 y de 2003, se determinaron créditos fiscales a favor de éste.
Que el Infonavit, en ejercicio sus facultades, llevó a cabo el embargo de cinco cuentas bancarias, de las cuales a la fecha no ha sido posible disponer de los recursos que en ellas se encuentran, originando problemas en la realización de los proyectos de la UAEM, ya que éstas se encuentran congeladas.
Que la universidad ha realizado propuestas al Infonavit para cubrir el adeudo conforme a los recursos con que cuenta, no logrando generar un acuerdo, ya que el importe que el instituto determina, aun con reducciones, es superior a lo que la institución puede pagar.
Que, por ello, se considera de vital importancia obtener el apoyo de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, y de Educación Pública para que, en coordinación, destinen recursos extraordinarios, por única vez, a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos.
II. La comisión dictaminadora desea señalar que, sin duda, la educación superior es un bien público social y un derecho humano universal, a partir del cual debe tener un papel estratégico en los procesos de desarrollo sustentable. Por ello se considera que se necesita una educación que contribuya eficazmente a la convivencia democrática, a la tolerancia y a crear un espíritu de solidaridad y de cooperación, que cree las oportunidades para quienes hoy no las tienen y que contribuya, con la creación del conocimiento, a la trasformación social y productiva de nuestras sociedades.
Por otra parte, sabemos que la Universidad Autónoma del Estado de Morelos tiene como misión impulsar el desarrollo de investigación de alto nivel, con un claro compromiso con las necesidades del estado y del país; propiciar la transferencia de los resultados y productos hacia los sectores social, gubernamental y productivo; y divulgar la investigación hacia todos los sectores y estratos sociales de la población. Sin duda, compartimos esos objetivos.
Por ello, las metas que se buscan en esa institución, como promover la consolidación de los grupos de investigación existentes y generar grupos que respondan a las necesidades y realidades de la institución; consolidar los programas educativos de posgrado de la institución, a través de la administración y gestión eficientes de recursos humanos y materiales; y vincular los productos de la investigación con los sectores social, gubernamental y productivo, de tal manera que éstos tengan efecto directo en el entorno, no podemos permitir que sufran menoscabo.
Por otra parte, debemos considerar lo que establece el artículo 11 de la Ley para la Coordinación de la Educación Superior:
Artículo 11. A fin de desarrollar la educación superior en atención de las necesidades nacionales, regionales y estatales y de las necesidades institucionales de docencia, investigación y difusión de la cultura, el Estado proveerá a la coordinación de este tipo de educación en toda la república, mediante el fomento de la interacción armónica y solidaria entre las instituciones de educación superior y a través de la asignación de recursos públicos disponibles destinados a dicho servicio, conforme a las prioridades, los objetivos y los lineamientos previstos en esta ley.
En tal virtud, nos manifestamos en favor de la proposición presentada por el autor, a efecto de, como señala, no permitir que la viabilidad financiera y las funciones sustantivas de la universidad, así como los derechos laborales del personal, se encuentren en riesgo.
En mérito de lo expuesto, la Tercera Comisión se permite someter a consideración del Pleno el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración entre poderes, solicita respetuosamente a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, y de Educación Pública que se evalúe la situación por la que atraviesa la Universidad Autónoma del Estado de Morelos respecto a los pagos pendientes que tiene con el Infonavit y, derivado de esa evaluación, considerar la forma de apoyar a la misma universidad. Dicho apoyo podrá incluir la reestructuración del adeudo y los medios necesarios para resolver el problema.
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Está a discusión el punto de acuerdo. En virtud de que no ha solicitado ningún legislador el uso de la palabra, lo consideramos suficientemente discutido y se reserva para su votación económica en conjunto.
SOCIEDAD HIPOTECARIA FEDERAL
El Secretario senador Jesús Garibay García: «Dictamen de la Tercera Comisión, con punto de acuerdo por el que se solicita a la Sociedad Hipotecaria Federal, SNC, que entregue un informe detallado sobre los peritos valuadores que no cumplieron el plazo de tres años para obtener cédula profesional de posgrado
Honorable Asamblea:
A la Tercera Comisión de Trabajo --de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas--, de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, en el primer receso del tercer año de ejercicio constitucional de la LX Legislatura, le fue turnada el 22 de diciembre de 2008 para su análisis y dictamen la proposición con punto de acuerdo por la que se solicita a la Sociedad Hipotecaria Federal, SNC, un informe detallado de los peritos valuadores que no cumplieron con el plazo de tres años para obtener su cédula profesional de posgrado; presentada por el diputado Octavo Martínez Vargas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 122, párrafo primero, y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como 58, 60, 87, 88, 175 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la del Congreso de la Unión el presente dictamen, al tenor de los siguientes
Antecedentes
1. El 22 de diciembre de 2008 el diputado Octavo Martínez Vargas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó ante el Pleno de la del Congreso de la Unión la proposición de mérito.
2. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la del Congreso de la Unión dispuso que dicha solicitud de punto de acuerdo se turnara para su estudio y dictamen correspondiente a la Tercera Comisión, de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, por lo que se emite en este acto el dictamen correspondiente.
3. La proposición en estudio, en síntesis, contienen los siguientes fundamentos y razones en que se sustenta:
Con base en lo anterior, el autor de la proposición solicita que se requiera a la Sociedad Hipotecaria Federal, SNC, informe sobre los nombres de los valuadores que no cumplieron con los requisitos para obtener su cédula profesional de posgrado, al fenecer el término otorgado por la Ley de Transparencia y de Fomento a la Competencia en el Crédito Garantizado.
En consecuencia, los integrantes de la Tercera Comisión emiten al presente punto de acuerdo al tenor de las siguientes
Consideraciones
Mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de febrero de 2005, se reformaron diversas disposiciones de la Ley de Transparencia y de Fomento a la Competencia en el Crédito Garantizado, estableciéndose en sus disposiciones transitorias lo siguiente:
``Artículo primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Artículo segundo. Las personas que cuenten actualmente con autorización de perito valuador ante la Sociedad Hipotecaria Federal, SNC, contarán con un plazo de tres años, contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto en el Diario Oficial de la Federación, para obtener la cédula profesional a que se refiere el artículo 3, fracción IX, pudiendo en el transcurso de dicho plazo fungir como peritos valuadores.
Si concluido el plazo antes señalado no obtuvieran la cédula profesional en cuestión, la autorización como perito valuador les será cancelada''.
En estricto acatamiento a dichas disposiciones, los valuadores adscritos a la Sociedad Hipotecaria Federal contaban con un término de tres años para obtener su cédula profesional de posgrado, en el entendido que de no hacerlo así perderían la autorización para hacerlo. Considerando que el decreto se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 7 de febrero de 2005, es evidente que el plazo de tres años definido en los transitorios referidos precluyó el 7 de febrero de 2008.
En razón de ello, aquellos valuadores que no hayan dado debido cumplimiento al transitorio segundo del decreto citado, están impedidos para ejercer dicha profesión. Por su parte la Sociedad Hipotecaria Federal deberá abstenerse de requerir avalúos a estas personas y de otorgarle pleno valor probatorio a los que, en su caso, emitan dichas personas, en virtud de que carecerían de la patente respectiva para ejercer la profesión de valuadores.
El Poder Legislativo federal que aprobó el proyecto de decreto antes señalado, independientemente de sus facultades esencialmente legislativas, goza de las atribuciones necesarias para cerciorarse del debido cumplimiento de los preceptos que aprueba, mediante el ejercicio de sus atribuciones de control constitucional.
Específicamente, el Congreso de la Unión, y en su receso la Comisión Permanente, goza de las facultades necesarias para requerirle a la Sociedad Hipotecaria Federal, SNC, informe sobre aquellos valuadores que no cumplieron con el requisito de la cédula profesional, con el fin de asegurarse que se haya dado cumplimiento a la disposición, y de esta forma otorgar mayor calidad, profesionalismo y seguridad a los avalúos inmobiliarios que emitan los profesionistas en la materia, como lo autorizan los artículos 78, fracción III, y 93, cuarto párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Aunado a lo anterior, el Poder Legislativo federal debe contribuir al fortalecimiento de las instituciones relacionadas con el crédito, a fin de darle mayor certeza y efectividad al mismo y coadyuvar a la superación de la crisis financiera qua actualmente rige a la sociedad mundial y a la de nuestro país.
Los legisladores integrantes de esta Tercera Comisión coincidimos plenamente con el autor de la proposición, en el sentido de corroborar que aquellos valuadores carentes de la cédula respectiva sean retiraros de su cargo, y que la Sociedad Hipotecaria Federal se abstenga de apoyarse en éstos valuadores. Con ello se elimina cualquier posibilidad de incumplimiento de las normas aprobadas por el Congreso de la Unión.
Por tanto, los legisladores integrantes de la Tercera Comisión de Trabajo, de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, de la del Congreso de la Unión, someten a esa honorable asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión solicita a la Sociedad Hipotecaria Federal, SNC, un informe detallado con los nombres de los peritos valuadores que no cumplieron con el plazo de tres años para obtener su cédula profesional de posgrado, como lo dispone el artículo segundo transitorio del decreto que reformó la Ley de Transparencia y de Fomento a la Competencia en el Crédito Garantizado, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de febrero de 2005, en virtud de que ha fenecido el término otorgado.
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Está a discusión el punto de acuerdo. No habiendo quien haya hecho solicitud de uso de la palabra, se considera suficientemente discutido y se reserva para su votación económica en conjunto.
PETROLEOS MEXICANOS
El Secretario senador Jesús Garibay García: «Dictamen de la Tercera Comisión, con punto de acuerdo por el que se solicita al Ejecutivo federal que, a través de Petróleos Mexicanos, remita en un plazo no mayor de ocho días un informe detallado sobre los términos de contratación para la perforación de pozos en Chicontepec
Honorable Asamblea:
A la Tercera Comisión de Trabajo ---de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas--- de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, en el primer receso del tercer año de ejercicio constitucional de la LX Legislatura, le fue turnada el 22 de diciembre de 2008, para su análisis y dictamen, la proposición con punto de acuerdo para solicitar al Ejecutivo federal, a través de Petróleos Mexicanos, que remita en un plazo no mayor a ocho días un informe detallado sobre los términos de la contratación para la perforación de pozos en Chicontepec; presentada por el diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva , del Grupo Parlamentario del Partido Convergencia.
Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 122, párrafo primero, y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como 58, 60, 87, 88, 175 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la del Congreso de la Unión el presente dictamen, al tenor de los siguientes
Antecedentes
1. El 22 de diciembre de 2008, el diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva , del Grupo Parlamentario del Partido Convergencia, presentó ante el Pleno de la del Congreso de la Unión la proposición de mérito.
2. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la del Congreso de la Unión dispuso que dicha solicitud de punto de acuerdo se turnara para su estudio y dictamen correspondiente a la Tercera Comisión ---de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas---, por lo que se emite en este acto el dictamen correspondiente.
3. La proposición en estudio, en síntesis, contiene los siguientes fundamentos y razones en que se sustenta:
Con base en lo anterior, el autor de la proposición solicita que Petróleos Mexicanos remita un informe detallado sobre los términos de la contratación para la perforación de pozos en Chicontepec en un plazo que no exceda los ocho días.
En consecuencia, los integrantes de la Tercera Comisión emiten el presente punto de acuerdo al tenor de las siguientes
Consideraciones
En la reforma energética recientemente aprobada quedó muy clara la no privatización de Pemex; así como no dar paso a la participación privada en áreas estratégicas.
Lo anterior se fundamenta en el artículo 27 de nuestra carta magna:
Dicha disposición constitucional sigue vigente y con ella se mantienen los siguientes principios:
En el mismo cuerpo de la Constitución, particularmente en el artículo 25, se reconocen estos principios:
Esas áreas estratégicas son delimitadas en el artículo 28 constitucional: correos, telégrafos, radiotelegrafía, petróleo y los demás hidrocarburos, petroquímica básica, minerales radiactivos y generación de energía nuclear, electricidad y otras que señala el Congreso.
Por otro lado, uno de los objetivos primordiales de la reforma energética era reforzar los aspectos de transparencia y rendición de cuentas. Ello se materializó al lograr que la Auditoría Superior de la Federación vigilara y diera puntual seguimiento a los procesos de licitación, y que los contratos que suscriba Pemex sean del conocimiento y acceso públicos.
Sumado a esto, se conformó el Comité de Transparencia y Rendición de Cuentas, el cual está estrechamente vinculado con la operación y toma de decisiones de Pemex, y con la fiscalización y rendición de cuentas. En concordancia, el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios trabajará para dictaminar sobre la procedencia de no celebrar licitaciones públicas, en términos de las disposiciones aplicables, y definir el procedimiento de contratación.
En ese sentido, esta entidad legislativa considera pertinente exhortar a la dependencia referida a elaborar, en un plazo no mayor a ocho días, un informe detallado sobre los términos de la contratación para la perforación de pozos en Chicontepec.
Los legisladores integrantes de esta comisión consideran que esta es una oportunidad para poner en marcha los mecanismos aprobados en la reforma energética. Sin duda, los aspectos constitucionales sobre la pertenencia del petróleo como bien de todos los mexicanos son intocables, y cualquier práctica que busque interpretarlos de una manera diferente debe ser desechada.
Es por ello que la Comisión Permanente aprueba la petición hecha por el diputado y solicita al Ejecutivo federal que sea entregado el informe que se pide en el plazo señalado.
Por tanto, los legisladores integrantes de la Tercera Comisión de Trabajo ---de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas---, de la del Congreso de la Unión, someten a esa honorable asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión solicita al Ejecutivo federal que remita, en un plazo no mayor a 8 días, un informe detallado e inmediato, a través del director de Petróleos Mexicanos, sobre los términos de la contratación para la perforación de pozos petroleros en Chicontepec, donde incluya el fundamento legal para su otorgamiento y los montos que comprenden las licitaciones, así como los datos técnicos de los pozos.
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Está a discusión el punto de acuerdo. No habiendo quien haya solicitado el uso de la palabra, se considera suficientemente discutido y se reserva para la votación económica en conjunto.
ESTUFAS ECOLOGICAS
El Secretario senador Ramiro Hernández García: «Dictamen de la Tercera Comisión, con puntos de acuerdo a fin de solicitar respetuosamente al secretario de Desarrollo Social del Gobierno de la República que se instauren medidas conducentes a implantar ``estufas ecológicas'' en las comunidades indígenas y campesinas del país que utilizan fogón abierto para cocinar
Honorable Asamblea:
A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente, fue turnada la proposición con punto de acuerdo por la que se solicita al secretario de Desarrollo Social que instaure las medidas conducentes para implantar ``estufas ecológicas'' en las comunidades indígenas y campesinas del país que actualmente utilizan fogón abierto para cocinar, presentada por el senador Javier Orozco Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Los ciudadanos legisladores integrantes de esta Comisión realizaron el estudio y análisis de la Proposición a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.
Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno el presente:
Dictamen
Antecedentes
La proposición con punto de acuerdo que se cita en el proemio, fue presentada en la sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 22 de diciembre de 2008, y turnada para su estudio y dictamen correspondiente a la Tercera Comisión.
Consideraciones
En su capítulo de consideraciones el autor de la proposición con punto de acuerdo que se dictamina señala que alrededor de la cuarta parte de la población mexicana, entre 25 y 28 millones de habitantes cocina con leña; 19 millones de habitantes usan este energético como combustible único para cocinar, según los más recientes datos del INEGI y alrededor de 8 millones la usan en combinación con gas LP. El mayor uso de la leña se concentra en los hogares rurales y semi-urbanos. Desafortunadamente, su utilización lleva implícito altos costos ambientales, de salud y eficiencia laboral.
Que el uso de la leña no es solo un recurso o herramienta de sobrevivencia, también es parte de un sistema integral de vivienda que proporciona luz, calefacción, protección de insectos, etcétera y la manera en que la que se usa afecta mucho a la convivencia, comodidad, estilos de preparación de platos y economía.
Que para las familias que viven en estos medios, la contaminación dentro dé una casa es a veces peor que la contaminación en las grandes ciudades y es uno de los principales problemas ambientales en el mundo. Los estudios epidemiológicos han indicado que la presencia de los contaminantes dentro de la casa está ligada a las infecciones respiratorias en los niños, infecciones de los pulmones como el asma y bronquitis crónico, cáncer de los pulmones, problemas en el parto e inclusive una tasa más alta de niños nacidos muertos y niños que nacen de bajo peso.
Que no obstante, a pesar de los esfuerzos por modificar el fogón abierto, hay muchos hogares en México que siguen sin acceso a las nuevas estufas ecológicas, por lo tanto, se requiere de un esfuerzo decidido a nivel local, estatal y nacional para dotar a estas comunidades de este servicio.
II. La Comisión Dictaminadora desea señalar que la conservación de los recursos naturales es un tema que efectivamente nos preocupa a todos, tanto a las autoridades como a la sociedad civil en general, máxime dónde la tasa de deforestación pone en peligro a los ecosistemas.
En México, dónde un alto porcentaje de la población rural depende en gran medida de la leña para cocinar, ya se está apoyando la construcción de estufas ahorradoras de energía, como una de las mejores alternativas para solucionar la tala inmoderada para la extracción de leña a una escala menor, ayudando a preservar el bosque.
Efectivamente, ya en varias entidades del país se ha establecido la implantación de estufas mejoradas como una forma de combatir el problema de deforestación, mejorar la salud de las personas que cocinan con leña, disminuir el impacto ambiental de la combustión de la madera y aliviar una parte del trabajo diario que se asocia con la recolección de la leña.
Las estufas ecológicas han demostrado ser una herramienta útil, para generar mejores condiciones de vida para la población que las necesitan, sin embargo es necesario que cada vez sean más las comunidades beneficiadas, es por ello que sometemos a la consideración de la asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración entre poderes, solicita respetuosamente al titular de la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno de la República que fomente medidas pertinentes para la implantación de ``estufas ecológicas'' en las comunidades indígenas y campesinas del país, que actualmente utilizan fogón abierto para cocinar.
Segundo. Se exhorta al secretario de Desarrollo Social para establecer convenios de colaboración con organizaciones no gubernamentales que fomentan la construcción de ``estufas ecológicas'', con la finalidad de proveer a más familias indígenas y campesinas de este mecanismo de utilización de energía renovable.
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Está a discusión el punto de acuerdo. No habiendo quien haya solicitado el uso de la palabra, se considera suficientemente discutido y se reserva para su votación económica en conjunto.
ESTADO DE OAXACA
El Secretario senador Ramiro Hernández García: «Dictamen de la Tercera Comisión, con punto de acuerdo a fin de exhortar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a realizar un programa urgente para revertir el deterioro de la carretera transístmica en Oaxaca
Honorable Asamblea:
A la Tercera Comisión ---Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas--- de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, en el primer receso del tercer año de ejercicio constitucional de la LX Legislatura, fue turnada el 22 de diciembre de 2008, para análisis y dictamen, proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a realizar un programa emergente para revertir el deterioro de la carretera transístmica en el estado de Oaxaca, presentada por el diputado Carlos Altamirano Toledo , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 122, párrafo primero, y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como 58, 60, 87, 88, 175 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, que suscriben, someten a consideración del Pleno de la del Congreso de la Unión dictamen, al tenor de los siguientes
Antecedentes
1. Con fecha 22 de diciembre de 2008, el diputado Carlos Altamirano Toledo , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó ante el Pleno de la del Congreso de la Unión la proposición de mérito.
2. En esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente dispuso que dicha solicitud de punto de acuerdo se turnara, para estudio y dictamen correspondiente, a la Tercera Comisión ---Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas---, por lo que se emite en este acto el dictamen correspondiente.
3. La proposición en estudio, en síntesis, contiene los siguientes fundamentos y razones en que se sustenta:
Con base en lo anterior, el autor de la proposición exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes realizar un programa emergente para revertir el deterioro de la carretera transístmica.
En consecuencia, los integrantes de la Tercera Comisión emiten punto de acuerdo al tenor de las siguientes
Consideraciones
La Comisión Permanente considera que el papel que desempeña la infraestructura, y en el caso específico de la infraestructura carretera, en el proceso de desarrollo económico cobra cada vez mayor interés
Es impensable pretender que México se inserte en el proceso de globalización con éxito sin una infraestructura moderna y bien planeada.
En el caso particular de nuestro país, contar con un sistema carretero que satisfaga las necesidades de desarrollo local, regional y nacional es básico para detonar e impulsar el crecimiento de cualquier entidad, ciudad o municipio.
En este sentido, es importante resaltar que el esquema institucional que guía las acciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en materia de carreteras, ha sido rebasado por la realidad. Las funciones básicas para que la infraestructura vial satisfaga, en la forma más racional posible las necesidades de la sociedad, el mantenimiento de las obras físicas de los caminos, no han sido del todo cubiertas. Los resultados saltan a la vista: el deterioro, la falta de atención y las condiciones deplorables en las que se encuentra la carretera mencionada.
La modernización y el mantenimiento de las carreteras nacionales demandan el ejercicio de una adecuada gestión gubernamental, ya que constituye una herramienta que permitirá salvaguardar el patrimonio vial, satisfacer a los usuarios de las carreteras y constituirse en un detonador del desarrollo de las distintas regiones que conforman el país.
Más aún, en este año en el que el panorama económico luce complicado contar con una infraestructura carretera con altos niveles de operación que permita asegurar el abasto oportuno de insumos para la producción de bienes de consumo y el traslado de manera eficiente, tanto de productos como de la gente que quiere llegar a sus trabajos, implica mayores oportunidades de desarrollo y crecimiento, y sortear de mejor manera la crisis que estamos padeciendo.
Es por estas razones que la Comisión Permanente, por la importancia que reviste para esta región del país, considera pertinente exhortar a la dependencia referida a elaborar un plan emergente para reparar la carretera transístmica en el estado de Oaxaca.
Por tanto, los integrantes de la Tercera Comisión ---Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas--- de la Comisión Permanente someten a esa honorable asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a realizar un programa emergente para revertir el deterioro de la carretera transístmica en Oaxaca, y promover su aprovechamiento integral.
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Gracias, señor senador. En virtud de que nadie ha hecho solicitud del uso de la palabra, se considera suficientemente discutido y se reserva para la votación económica en conjunto. Continúe, por favor, señor senador.
TRABAJADORES AGRICOLAS
El Secretario senador Ramiro Hernández García: «Dictamen de la Tercera Comisión, con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal a mejorar las condiciones laborales de los trabajadores agrícolas mexicanos
Honorable Asamblea:
A la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, en el primer receso del tercer año de ejercicio constitucional de la LX Legislatura, fue turnada el veintidós de diciembre de dos mil ocho, para su análisis y dictamen la proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta al titular del Ejecutivo Federal a mejorar las condiciones laborales de los trabajadores agrícolas mexicanos y a integrar una Subcomisión para atender y proponer soluciones a los trabajadores agrícolas temporales; presentada por el diputado Alberto Amaro Corona , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 122, párrafo primero, y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como 58, 60, 87, 88, 175 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la del Congreso de la Unión el presente dictamen, al tenor de los siguientes:
Antecedentes
1. Con fecha veintidós de diciembre de dos mil ocho, el diputado Alberto Amaro Corona , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó ante el Pleno de la del Congreso de la Unión la proposición de mérito.
2. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la del Congreso de la Unión, dispuso que dicha solicitud de punto de acuerdo se turnara para su estudio y dictamen correspondiente a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, por lo que se emite en este acto el dictamen correspondiente.
3. La proposición en estudio, en síntesis, contienen los siguientes fundamentos y razones en que se sustenta:
Con base a lo anterior, el autor de la proposición solicita se exhorte al Ejecutivo Federal a revisar las condiciones del Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales para mejorar las condiciones laborales y humanas de los trabajadores agrícolas mexicanos; así como la integración de una Subcomisión sobre dicho Programa para atender y proponer las soluciones para mejorar las condiciones de los derechos humanos de los mismos.
En consecuencia, los integrantes de la Tercera Comisión emiten el presente Punto de Acuerdo al tenor de las siguientes:
Consideraciones
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el principio de supremacía constitucional se expresa con el ajuste y no contradicción de las normas secundarias, incluidos los tratados internacionales, a la Constitución. Ello implica, como atinadamente lo ha definido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en jurisprudencia por contradicción, que jerárquicamente la norma fundamental es la disposición superior del Estado y que los instrumentos internacionales se ubican inmediatamente en el nivel inferior, pero en forma superior a las leyes secundarias federales o estatales; por lo que todo acto jurídico debe ajustarse primeramente a la Constitución, luego a los Tratados Internacionales y posteriormente a las normas secundarias.
En aplicación de ello, no debe existir ningún acto jurídico que desconozca o contradiga las prerrogativas reconocidas en los instrumentos internaciones, como son los tratados en materia laboral que nuestro país tiene celebrado y todas. En su caso, aquellos actos jurídicos que se hayan celebrado al tenor de otros principios jurídicos deben ajustarse a la normatividad, sin distinción alguna a fin de que prevalezca el estado constitucional y de derechos sin excepción alguna.
En ese tenor, los integrantes de la presente Comisión apreciamos claramente que el Programa de Trabajadores Mexicanos Temporales, así como el Acuerdo para el Empleo Temporal de Trabajadores Agrícolas Mexicanos en Canadá, por el que se instauró el programa de Trabajadores Agrícolas Temporales en Canadá, son actos jurídicos celebrados en 1974, cuyas disposiciones se ajustaron en su momento a las disposiciones constitucionales, internaciones e interpretaciones judiciales de esa época.
De tal suerte que al día de hoy, a más 35 años de su emisión, es indispensable y necesario su actualización al marco de los nuevos criterios jurídicos y en materia de derechos humanos y, sobre todo, para ajustarlo a las existencias sociales, políticas y económicas del momento.
La necesidad de proteger y defender los derechos humanos de los migrantes mexicanos, ante el incremento del fenómeno migratorio, es una garantía exigida ya no sólo socialmente sino jurídicamente, toda vez que nuestro país se ha caracterizado por si política proteccionista a los derechos humanos y, sobre todo, los de los migrantes, a fin de dar un ejemplo a la comunidad internacional sobre la protección y defensa de los mismos.
A simple vista se aprecia que en los términos que actualmente se encuentra vigente el Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales, se desconocen diversos derechos de los trabajadores, como son el pago de horas extras, seguridad en los descuentos, respeto a horarios de descanso, seguridad en el importe de su sueldo, prestaciones sociales y de salud, claridad en las condiciones de trabajo, entre otros.
Por lo que es evidente la necesidad de que el Ejecutivo Federal, en el estricto ejercicio de las facultades que le corresponden, haga una revisión del citado Programa, a fin de mejorar las condiciones de los trabajadores agrícolas mexicanos, para lo cual deberá coadyuvarse con las Secretaría de Relaciones Exteriores, Gobernación, Hacienda y Crédito Público, del Trabajo y Previsión Social, y de Salud, para que en forma multidisciplinaria se analicen y protejan todos los derechos humanos de los migrante mexicanos que buscan su sustento en Canadá.
Los integrantes de la Tercera Comisión estamos conscientes que ante el fenómeno de la migración y la imposibilidad material de ofrecer fuentes de trabajo seguras en nuestra Nación; debemos proteger a los trabajadores mexicanos, a fin de garantizar el franco respeto a sus derechos humanos y laborales en el extranjero.
En ese orden de ideas, coincidimos con el proponente también en la necesidad de crear una Subcomisión que se encargue de proponer a la brevedad soluciones al mejoramiento de las condiciones de trabajo de los empleados agrícola mexicanos en Canadá, en los términos propuestos por el autor del punto de acuerdo en estudio.
Por tanto, los legisladores integrantes de la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, someten a esa honorable Asamblea el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. La del Congreso de la Unión exhorta al titular del Ejecutivo Federal a revisar, a través de la Secretarías de Relaciones Exteriores, de Gobernación, de Hacienda y Crédito Público, del Trabajo y Previsión Social, y de Salud, las condiciones del Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales; tomando en consideración las propuestas de modificación descritas en el cuerpo del presente documento para mejorar las condiciones laborales y humanas de los trabajadores agrícolas mexicanos.
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Está a discusión el punto de acuerdo. En virtud de que ningún legislador ha solicitado el uso de la palabra, se considera suficientemente discutido.
Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueban los puntos de acuerdo.
El Secretario senador Ramiro Hernández García: En votación económica se pregunta si se aprueban los puntos de acuerdo. Los legisladores y las legisladoras que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Los legisladores y las legisladoras que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.
Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Aprobados los puntos de acuerdo. Comuníquense.
FRANQUICIA MERCANCIA DE PASAJEROS
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: El siguiente punto del orden del día es el de proposiciones con punto de acuerdo. Tiene el uso de la palabra el diputado Carlos Augusto Bracho González, en nombre del diputado Carlos Alberto García González, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, para presentar punto de acuerdo por el que exhorta al Ejecutivo federal mediante el SAT, y la Administración General de Aduanas, a modificar la Regla 2.7.2., relativa a la franquicia de mercancía de pasajeros.
El diputado Carlos Augusto Bracho González : Gracias, señor presidente.Agradezco que compañero diputado tamaulipeco Carlos Alberto García González haya compartido conmigo este punto de acuerdo, para poderlo suscribir y presentarlo a ustedes.
Es con relación a una modificación a la Regla 2.7.2., relativa a la franquicia de mercancía de pasajeros, a fin de que su alcance comprenda el mismo periodo durante el año que el del Programa Paisano, puesto en marcha por la Secretaría de Gobernación mediante el Instituto Nacional de Migración. Es relativo a lo siguiente.
Esta regla, que se publicó el 30 de abril de 2008 y se reformó, dice lo siguiente: ``Durante los periodos comprendidos del 27 de junio al 31 de agosto de 2008 y del 24 de noviembre de 2008 al 9 de enero de 2009, los pasajeros de nacionalidad mexicana provenientes del extranjero que ingresen al país por vía terrestre, con excepción de las personas residentes en la franja o región fronteriza, podrán importar, al amparo de su franquicia, hasta 300 dólares o su equivalente en moneda nacional''.
Sin embargo, el Programa Paisano inicia el 24 de octubre, lo que estamos solicitando tanto al SAT, al Servicio de Administración Tributaria y a la Administración General de Aduanas, es que pueda recorrer esta fecha del 24 de noviembre hacia atrás, al 24 de octubre de cada año, para que sean beneficiados también los paisanos que vienen de Estados Unidos y que seguramente traen objetos para sus familias.
En este contexto, pues, es de notarse que tanto la regla de carácter general como el Programa Paisano prevén como fecha de terminación el mismo 9 de enero de 2009. En tal sentido es que se considera que, en todos los programas y disposiciones implantados por el gobierno federal debe existir coherencia y armonía, de tal forma que se encuentren en perfecta alineación unos con otros, en especifico aquellos que tengan estrecha relación por razón de la materia como lo es el caso que nos ocupa.
De aprobarse este punto de acuerdo, o que esté de acuerdo el Ejecutivo, infiere la necesaria relación o vínculo que tiene el programa con la disposición señalada, o sea, el Programa Paisano con la resolución de la Regla 2.7.2. y, con esto, empatamos para que los paisanos y sus familiares puedan beneficiarse.
Por todo lo expuesto, y ya que resulta deseable y posible que las disposiciones y programas implantados por las dependencias federales cumplan plenamente sus objetivos y con ello se otorguen mayores beneficios a nuestros paisanos, además de que las políticas públicas deben emitirse con base en principios de hegemonía y armonía, en busca siempre del mayor beneficio social de la comunidad, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo.
Se exhorta al Ejecutivo federal, mediante el Servicio de Administración Tributaria y su Administración General de Aduanas, a que modifique la Regla 2.7.2, relativa a la franquicia de mercancía de pasajeros, a fin de que su alcance comprenda el mismo periodo durante el año que el diverso Programa Paisano, o sea que se empate la segunda etapa, de acuerdo con la regla del 24 de noviembre de 2008, y que pueda incluirse desde el 24 de octubre, junto con el Programa Paisano.
Ése es el objetivo de este punto de acuerdo. Mucho le agradeceré, señor presidente, en virtud de que se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria, que se pueda integrar en el Diario de los Debates de esta sesión. Muchas gracias por su atención.
«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a modificar a través del Servicio de Administración Tributaria y de su Administración General de Aduanas la Regla 2.7.2., relativa a la franquicia mercancía de pasajeros, suscrita por los diputados Carlos Alberto García González y Carlos Augusto Bracho González , del Grupo Parlamentario del PAN.
Los suscritos diputados federales Carlos Augusto Bracho González y Carlos Alberto García González integrantes de esta LX Legislatura del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentamos ante esta honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a través del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y su Administración General de Aduanas (AGA) , la modificación de la Regla 2.7.2. relativa a la Franquicia Mercancía de pasajeros, a efecto de que su alcance comprenda el mismo periodo durante el año, que el diverso Programa Paisano puesto en marcha por la Secretaría de Gobernación a través del Instituto Nacional de Migración, bajo las siguientes:
ConsideracionesDe conformidad a la Primera Resolución de modificaciones a las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior para 2008, publicada en el DOF el 30 de abril de 2008, se reformó la Regla 2.7.2. último párrafo, estableciéndose que:
``Durante los periodos comprendidos del 27 de junio al 31 de agosto de 2008 y del 24 de noviembre de 2008 al 9 de enero de 2009, los pasajeros de nacionalidad mexicana provenientes del extranjero que ingresen al país por vía terrestre, con excepción de las personas residentes en la franja o región fronteriza, podrán importar al amparo de su franquicia mercancía hasta por 300 dólares o su equivalente en moneda nacional, asimismo, los pasajeros procedentes de la franja o región fronteriza al interior del país, podrán importar al amparo de su franquicia mercancía hasta por 300 dólares o su equivalente en moneda nacional''En función de ello, se advierte claramente que por lo que se refiere al periodo 2008-2009, se aplicará durante los días que corren del 24 de noviembre de 2008 al 9 de enero de 2009 la Administración General de Aduanas del Servicio de Administración Tributaria elevará la franquicia terrestre de 75 a 300 dólares para que los paisanos puedan ingresar con un mayor volumen de mercancías.
Por otra parte, la Secretaría de Gobernación, a través del Instituto Nacional de Migración, como cada año iniciando durante la tercera semana de octubre y finalizando durante la segunda semana de enero, pone en marcha el Operativo de Invierno Paisano 2008 con el propósito de proteger a nuestros connacionales y orientarles durante el viaje y estancia que realizan a nuestro país en la temporada de fiestas de fin de año, así como para el regreso a sus sitios de residencia, contemplado en el periodo 2008-2009, a partir del 24 de octubre y hasta el 9 de enero de 2009.
En este contexto, es de anotarse que tanto la Regla de Carácter General como el Programa Paisano, contemplan como fecha de terminación de sus respectivos planes el día 9 de enero de 2009, sin embargo, existe una diferencia en cuanto a su fecha de inicio, equivalente exactamente a un mes.
En tal sentido, es que se considera que en todos los programas y disposiciones implementados por el gobierno federal debe existir coherencia y armonía, de tal forma que se encuentren en perfecta alineación unos con otros, en específico aquellos que tengan estrecha relación por razón de la materia, como es el caso que nos ocupa.
Resulta pues, que el Programa Paisano tiene por objetivo proteger los intereses de los connacionales que regresan a su lugar de origen durante la época navideña después de una larga jornada en nuestro vecino país del norte, mientras que, la Regla de Carácter General 2.7.2. en materia de comercio exterior, tiene por objeto otorgar una franquicia de mercancías para pasajeros de nacionalidad mexicana provenientes del extranjero que ingresen por vía terrestre hasta por 300 dólares o su equivalente en moneda nacional, para que los paisanos puedan ingresar con un mayor volumen de mercancías; de lo que se infiere la necesaria relación o vinculo que tiene el Programa con la disposición señalada, ya que nuestros connacionales seguramente traerán mercancía para regalar en las fiestas decembrinas y es por ello que sería conveniente equiparar el periodo de aplicación del Programa Paisano con el comprendido en la Regla de Comercio exterior.
Por todo lo, expuesto, y ya que resulta deseable y posible que las disposiciones y programas implementados por las dependencias federales cumplan plenamente sus objetivos y con ello se otorguen mayores beneficios a nuestros paisanos, además de que las políticas públicas deben emitirse con base en principios de hegemonía y armonía en busca siempre del mayor beneficio social de la comunidad, es que se solicita al Servicio de Administración Tributaria la modificación de la Regla de Carácter General en materia de Comercio Exterior 2.7.2., para que su periodo de aplicación se alinie con el Programa Paisano puesto en marcha por la Secretaría de Gobernación.
Es por ello, que sometemos a la consideración de esta honorable Asamblea, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el siguiente:
Punto de AcuerdoÚnico. Se exhorta al Ejecutivo federal a través del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y su Administración General de Aduanas (AGA), la modificación de la Regla 2.7.2. relativa a la Franquicia Mercancía de pasajeros, a efecto de que su alcance comprenda el mismo periodo durante el año que el diverso Programa Paisano, puesto en marcha por la Secretaría de Gobernación a través del Instituto Nacional de Migración.
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Gracias, diputado Carlos Augusto Bracho González. Insértese íntegramente en el Diario de los Debates y túrnese a la Tercera Comisión.
TARIFAS ELECTRICAS
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Tiene el uso de la palabra el diputado Francisco Javier Calzada Vázquez, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, mediante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a que acuerde la ampliación del horario de aplicación de la tarifa 9N.
El diputado Francisco Javier Calzada Vázquez : Con su venia, diputado presidente.En el artículo 31 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica se le da la competencia a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con la participación de las de Economía y de Energía, a propuesta de la Comisión Federal de Electricidad, para fijar las tarifas eléctricas, su ajuste y su modificación.
Esta proposición con punto de acuerdo es un exhorto respetuoso al Ejecutivo federal para que mediante la Secretaría de Hacienda acuerde la ampliación del horario de aplicación de la tarifa 9N para uso agrícola a las 24 horas del día.
Actualmente existen dos tarifas especiales para la producción agrícola: la 9CU, que se aplica de las 8:00 horas a las 24:00 horas y que cuesta 40 centavos kilovatio/hora, y la 9N, que se aplica de las 0:00 horas a las 8:00 horas y cuesta 20 centavos kilovatio/hora. Es decir, durante 16 horas del día los productores pagan una tarifa el doble de cara que la más baja.
Los precios de los diversos insumos del sector agrícola se han elevado considerablemente en el último año, impactando en el precio al consumidor final de los productos básicos, y se habla de una crisis mundial de alimentos que en México afecta de manera especial a los mexicanos de menor poder adquisitivo.
Una ampliación en el horario de aplicación de la tarifa 9N reduciría los costos de producción de las tierras de riego con agua subterránea que en el campo mexicano significan 591 mil hectáreas. Éstas representan 10.99 por ciento de toda la agricultura de riego y 3.55 del total de la agricultura nacional.
El Ejecutivo federal redujo, mediante acuerdo publicado el 20 de noviembre de 2007, las tarifas para el uso industrial y presentó como argumento que es una prioridad para el gobierno federal instrumentar medidas tarifarias que promuevan la competitividad del sector industrial. Por lo que es conveniente reducir los cargos de energía consumida en el periodo de punta para los usuarios de dicho sector.
A partir de marzo de 2008 entró en vigor una segunda reducción a los cargos de energía eléctrica consumida en los periodos de punta para tarifas correspondientes al sector industrial y empresarial.
El costo de estos subsidios al sector industrial es de 23 mil 326 millones de pesos. Esta propuesta va exactamente en el mismo sentido para dar un trato equitativo a los productores del campo, puesto que es interés del Estado mexicano no sólo el desarrollo industrial, sino también el desarrollo agropecuario.
El Estado mexicano puede bajar con relativa facilidad las tarifas para el sector agrícola, dado que los ingresos totales por la venta de energía eléctrica de este sector en 2007 fue de 3 mil 775.1 millones de pesos. Es decir, apenas 16.1 por ciento de los subsidios que están siendo entregados al sector industrial.
Estas razones son la que le dan el fundamento para exhortar al Ejecutivo a que después del anuncio de ayer, en donde se dan a conocer las medidas para la defensa de la economía familiar y el empleo, en las que efectivamente se promueve buscar cómo atemperar los efectos de este fenómeno, pero se hace una omisión grave, ignorando lo que ocurre en el campo mexicano.
Es realmente intrascendente, irrelevante, el apoyo anunciado ayer por el Ejecutivo federal para el sector agropecuario. Por esa razón estamos proponiendo que se subsidien las tarifas eléctricas del sector agropecuario, para que las 24 horas del día se aplique la tarifa 9N, que es a 20 centavos el kilovatio/hora.
No estamos en contra de apoyar a las Pyme, a las pequeñas y medianas empresas. No estamos en contra de que el Ejecutivo federal destine recursos para atender la demanda de la planta productiva nacional, pero no sólo se produce en la mancha urbana y en las fábricas, donde está la producción primaria del país es en el campo mexicano y en donde no estamos de acuerdo es en que se abandone al campo mexicano, que se deje a los campesinos a su suerte y que sigan, como siempre, pagando los costos elevados de los errores internacionales o de los errores locales del manejo de la economía.
Por esa razón quiero pedirle, diputado presidente, que este punto de acuerdo se ponga a consideración como de urgente u obvia resolución y que, además, se lleve a cabo la votación de manera nominal, para saber con claridad; que los mexicanos sepan, los campesinos de este país, quién de los legisladores está a favor del campo mexicano. Muchas gracias.
«Proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo federal a acordar a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la ampliación a las 24 horas del día de la tarifa 9N, para uso agrícola, a cargo del diputado Francisco Javier Calzada Vázquez , del Grupo Parlamentario del PRD
El suscrito, diputado Francisco Javier Calzada Vázquez , integrante del Grupo Parlamentario del Partido de Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 58 del Reglamento General para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 78, fracción tercera, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes
Consideraciones1. Según el artículo 31 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, compete a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con la participación de las de Economía y Energía, y a propuesta de la Comisión Federal de Electricidad, fijar las tarifas eléctricas, su ajuste y modificación.
2. Actualmente existen dos tarifas especiales para la producción agrícola, la 9cu, que se aplica de las 8:00 horas a las 24 horas, y cuesta 40 centavos kilowatt hora; y la 9n, que se aplica de las 00:00 horas a las 8:00 horas, y cuesta 20 centavos kilowatt hora. Es decir, durante 16 horas del día los productores pagan una tarifa el doble de cara que la más baja.
3. Los precios de los diversos insumos del sector agrícola se han elevado considerablemente en el último año, impactando en el precio al consumidor final de los productos básicos y se habla de una crisis mundial de alimentos que en México afecta de manera especial a los mexicanos de menor poder adquisitivo.
4. Una ampliación en el horario de aplicación de la tarifa 9n reduciría los costos de producción de las tierras de riego con aguas subterránea. En el campo mexicano 591 mil hectáreas están en esta categoría. Estas tierras representan el 10.99 por ciento de toda la agricultura de riego y el 3.55 del total de la agricultura nacional.
5. El Ejecutivo federal redujo, mediante acuerdo publicado el 20 de noviembre de 2007 las tarifas para el uso industrial, bajo el argumento de que ``es una prioridad para el gobierno federal instrumentar medidas tarifarias que promuevan la competitividad del sector industrial, por lo que es conveniente reducir los cargos de energía consumida en el periodo de punta para los usuarios de dicho sector''.
6. A partir del 1 de marzo de 2008 entró en vigor una segunda reducción a los cargos de energía eléctrica consumida en los periodos de punta para tarifas correspondientes al sector industrial y empresarial.
7. El costo total de los subsidios a tarifas eléctricas al sector industrial es de 23 mil 326 millones de pesos.
8. Esta propuesta va exactamente en el mismo sentido, para dar un trato equitativo a los productores del campo, puesto que es interés del Estado mexicano, no sólo el desarrollo industrial, sino también el agropecuario.
9. El Estado mexicano puede bajar con relativa facilidad las tarifas para el sector agrícola, dado que los ingresos totales por la venta de energía eléctrica a este sector en 2007 fue de 3 mil 775.1 millones de pesos. Es decir, apenas el 16.1 por ciento de los subsidios entregados a los industriales.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a esta soberanía el siguiente
Punto de AcuerdoÚnico. Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal a que, a través de la Secretaría de Hacienda, acuerde la ampliación del horario de aplicación de la tarifa 9n para el uso agrícola a las 24 horas del día.
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Gracias, señor diputado.
Consulte la secretaría a la asamblea si... ¿Sí, diputado?
El diputado Francisco Javier Calzada Vázquez : Que consulte la Secretaría a la asamblea si se considera de urgente resolución.
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Señor diputado Calzada, si me permite usted. Queda integrado.
Consulte la Secretaría a la asamblea si se considera de urgente resolución el punto de acuerdo propuesto por el diputado Calzada.
El Secretario senador Jesús Garibay García: En votación económica se pregunta a la asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición. Los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.
Mayoría por la negativa.
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Túrnese a la Tercera Comisión.
ADULTOS MAYORES
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Tiene el uso de la palabra el diputado Ramón Valdés Chávez, para presentar proposición con punto de acuerdo en el que exhorta a la Comisión Nacional Bancaria y de Valoresa que acuda ante la Comisión de Hacienda y Crédito Públicode la Cámara de Diputados a explicar por qué las instituciones bancarias no otorgan tarjetas de crédito a las personas de 65 años o más, suscrita por el diputado Elías Cárdenas Márquez, del Grupo parlamentario de Convergencia.
El diputado Ramón Valdés Chávez : Efectivamente, es un punto de acuerdo del diputado Elías Cárdenas Márquez, de Convergencia. Gracias, señor presidente.Decía Bertolt Brecht: ``Es más delito tener un banco, que asaltarlo''. Sobre todo ahora que vemos las tarjetas de crédito, los intereses que tienen y los intereses en general.
El párrafo tercero del artículo 1o. de la Constitución a la letra dice: ``Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana o tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas''.
La discriminación separa y diferencia cosas entre sí, es la desigualdad de trato que se da a uno o varios miembros de una comunidad o grupo étnico. La discriminación se refleja en un evidente y notable deterioro humano que afecta a lo económico, político y social en cualquier sociedad.
Si se discriminara por edad en el mundo, se habría afectado a 200 millones en 1950; para 1970 a 307 millones; y para 2000 quienes tenían 60 de edad o más ya habían superado los 500 millones de habitantes.
Por el número en la esperanza de vida para el año 2050, el número de personas de más de 60 años de edad será de 2 mil millones. En la población mundial los porcentajes de jóvenes y adultos mayores serán igual; la discriminación a estos últimos les priva de los derechos que disfrutan otros.
Todas las instituciones bancarias son unidades económicas que se dedican a actividades inmersas en las ocupaciones de los comerciantes que per se son fortuitas. Esto es, por su propia naturaleza pertenecen al campo económico de las pérdidas y las ganancias, los bancos mexicanos apuestan únicamente a las ganancias.
A propósito, se discrimina a las personas que tienen 65 años de edad, ahora hasta por los plásticos que ofrecen las tiendas de autoservicio. Puede ser lógico que se investigue el historial de crédito, pero para negar el otorgamiento de la tarjeta de crédito, en todo caso debe ser la capacidad financiera, nunca la edad.
La discriminación tiene costos profundos, que cubren no sólo los grupos estigmatizados, sino la sociedad. Algunos de estos costos son: la desigualdad, las pérdidas económicas, el quebranto de los derechos y libertades y la negación de oportunidades para quienes son objeto de discriminación, la degradación de la vida democrática porque las oportunidades de desarrollo son selectivas. Es muy común en el país la discriminación por la edad.
Si las instituciones bancarias no otorgan tarjetas de crédito a las personas de 65 años o más que la soliciten discriminan, porque ello forma parte, primero, de las actividades que realizan todos los comerciantes sujetos a la eventualidad de ganar o perder. Y, en segundo lugar, la Carta Magna prohíbe la discriminación por edad.
No se pueden establecer preferencias o discriminación alguna a los solicitantes del servicio que nos juren una clientela seleccionada, que condicione el consumo, reserve derechos de admisión, excluya o establezca prácticas similares, salvo que se afecten la seguridad y la tranquilidad del establecimiento o se funden discusiones de otros ordenamientos legales.
La Constitución prohíbe la discriminación por edad. El merito de lo expuesto, y con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo.
Único. Se exhorta, con las condiciones debidas, al titular de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a que acuda al pleno de la Comisión de Hacienda y Crédito Público a explicar porqué las instituciones bancarias violando la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y otras leyes, no otorgan tarjetas de crédito a personas de 65 años o más edad.
Se solicita también que la presente proposición con punto de acuerdo se trámite, por obvias razones, de urgente resolución y con fundamento en los artículos 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Señor presidente, le solicito atentamente la sustitución de los textos de las propuestas del diputado, que entrego en este momento.
«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a acudir ante la de Hacienda y Crédito Público de esta soberanía para explicar por qué las instituciones bancarias no expiden tarjetas de crédito a personas de 65 años o más, suscrita por el diputado Elías Cárdenas Márquez , del Grupo Parlamentario de Convergencia
El suscrito, diputado Elías Cárdenas Márquez , del Grupo Parlamentario de Convergencia, LX Legislatura, con fundamento en los artículos 58,59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita que se exhorte al titular de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para que explique por qué las instituciones bancarias, violando la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y otras leyes federales, no otorgan tarjetas de crédito a las personas de 65 años o más, de conformidad con los siguientes.
Antecedentes1. El 14 de agosto de 2001, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se aprueba el diverso en que se adicionan un segundo y tercer párrafos al artículo 1o., se reforma el artículo 2o., se deroga el párrafo primero del artículo 4o., se adicionan un sexto párrafo al artículo 18, y un último párrafo a la fracción tercera del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El párrafo tercero del artículo 1o. a la letra dice ``Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las capacidades diferentes, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana o tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas''.
El 4 de diciembre de 2006, otro decreto, publicado también en el Diario Oficial, modifica nuevamente el citado párrafo primero y cambia la expresión ``las capacidades diferentes'' por ``las discapacidades''. Las editoriales usan indistintamente una u otra expresión en sus impresos.
2. La discriminación separa y diferencia cosas entre sí. Es la desigualdad de trato que se da a uno o varios miembros de una comunidad o grupo étnico.·
Los casos que más afectan a los seres humanos guardan relación con la raza, etnia, edad, color de la piel, lengua, nacionalidad, religión, sexo, orientación sexual, condición social y económica, estado civil, familiar, educación, salud y discapacidades de cualquier tipo.
La discriminación se refleja en un evidente y notable deterioro del desarrollo humano que afecta lo económico, social y político de cualquier sociedad.
Si se discriminara por edad, en el mundo se habrían afectado a 200 millones en 1950; para 1970 a 307 millones y en el año 2000 quienes tenían 60 años de edad o más ya habían superado los 580 millones de habitantes. La Organización de las Naciones Unidas ha establecido principios en beneficio de los adultos mayores:
Por el aumento en la esperanza de vida, para el año 2050 el número de personas de más de 60 años será de 2 mil millones. En la población mundial, los porcentajes de jóvenes y adultos mayores serán iguales. La discriminación a estos últimos, los priva de los derechos que otros disfrutan.
En nuestro país alrededor del diez por ciento de la población tiene alguna discapacidad, y por cálculos del Consejo Nacional de Población las personas de la tercera edad, entre los años 2000 y 2050, aumentarán en 30 millones.
3. Todas las instituciones bancarias son unidades económicas que se dedican a actividades inmersas en las ocupaciones de los comerciantes que per se son fortuitas, esto es, que por su propia naturaleza pertenecen al campo económico de las pérdidas y las ganancias.
Los bancos mexicanos apuestan únicamente a las ganancias.
A manera de ejemplo, en tarjetas de débito, de conformidad con la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros y la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, la institución bancaria HSBC por aclaración improcedente por uso de cajero de otro banco cobra 300 pesos; por esa misma actividad Scotiabank cobra 150 pesos; por retiro HSBC cobra 19.95 pesos, Scotiabank cobra 20 pesos; y por reposición de tarjeta por robo y extravío HSBC cobra 100 pesos, Scotiabank 75 pesos, Banco Fácil 100 pesos y Bansi 150 pesos. Son los mismos servicios pero los cobros son diferentes.
A propósito se discrimina a las personas que tienen 65 años de edad, ahora hasta por los plásticos que ofrecen las tiendas de autoservicio. Puede ser lógico que se investigue el historial de crédito, pero para negar el otorgamiento de la tarjeta el criterio, en todo caso, debe ser la capacidad financiera, nunca la edad.
De acuerdo con datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y con cifras que actualizó la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), el margen financiero de la banca mexicana, en promedio, es el doble que en los Estados Unidos de América y el triple que en Gran Bretaña. Esto significa que la tarjeta Banamex clásica cuesta 178 por ciento más en México; 115 por ciento más la Bancomer Visa y 300 por ciento más la BBVA Bancomer.
La discriminación tiene costos profundos que cubren no sólo los grupos estigmatizados sino toda la sociedad.
Algunos de esos costos son:
En 2005 la Secretaría de Desarrollo Social y el Consejo Nacional para prevenir la Discriminación realizan la primera Encuesta Nacional sobre Discriminación, que de manera general desliza al país entre los rezagos del autoritarismo y la intolerancia; por ejemplo, 40 por ciento opina que las mujeres deben trabajar en labores propias de su sexo; 30.5 por ciento justifica que los hombres ganen más que ellas; 14.5 por ciento opinó que no hay que gastar tanto en la educación de las mujeres porque luego se casan o que tienen menos capacidades que los hombres para ejercer cargos de importancia. (21 por ciento).
Lo muy común en el país es la discriminación por edad.
Actualmente la edad promedio es de 26 años; para el 2050 será de 36.
Por todo lo anterior, presento ante esta honorable asamblea las siguientes
Consideraciones1. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos tajantemente prohíbe la discriminación en su artículo 1o., al estatuir que ``Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas''.
La Constitución es muy clara e incontrovertible ya que lo prohibido está impedido; es lo que se manda o se dispone con autoridad, en este caso, que no se haga.
Si se afectan los derechos de terceros, si hay tratos diferenciados, o si las oportunidades no promueven una igualdad real, seguramente se está ante acciones discriminatorias, vengan de personas o de leyes.
No es discriminatorio lo que distingue, excluye, restringe o prefiere, por ejemplo entre ciudadanos o no ciudadanos, los requisitos de ingreso o permanencia en el servicio público o el trato diferente que en su beneficio recibe una persona que padece una enfermedad mental.
Si las instituciones bancarias no otorgan tarjetas de crédito a las personas de 65 años o más que las soliciten, discriminan porque ello forma parte, primero, de las actividades que realizan todos los comerciantes sujetas a la eventualidad de ganar o perder y, en segundo lugar, la carta magna prohíbe la discriminación por edad.
La norma reglamentaria, como es la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación que fue publicada el 11 de junio de 2003 en el Diario Oficial de la Federación, la define en su artículo 4 así: ``Para los efectos de esta ley se entenderá por discriminación toda distinción, exclusión o restricción que, basada en el origen étnico o nacional, sexo, edad, discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, referencias sexuales, estado civil o cualquier otra, tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas.
También se entenderá como discriminación la xenofobia y el antisemitismo en cualquiera de sus manifestaciones.''
El objeto de la ley reglamentaria es prevenir y eliminar todas las formas de discriminación que se ejerzan contra cualquier persona, en los términos señalados en el artículo 1o. constitucional y promover la igualdad de oportunidades y de trato (artículo 1o.).
Si las disposiciones de la ley son de orden público y de interés social, inciden siempre en beneficio de los gobernados.
Al propio estado le corresponde iniciar o activar las condiciones para que la libertad y la igualdad de las personas sean reales y efectivas. Los poderes públicos federales deberán eliminar las barreras que limiten o impidan el desarrollo pleno de las personas y su efectiva participación en la vida económica, cultural, social y política del país y promover la participación de los demás órdenes de gobierno y de los particulares para que se eliminen dichos obstáculos, (artículo 2o.)
Son tan precisos estos mandatos que agregar muchos comentarios puede empañarlos; sólo estos:
Si le sumamos lo esencial que dispone el artículo 3o., ordena que las autoridades y los órganos públicos federales adopten las medidas que estén a su alcance para que toda persona goce de todos los derechos y libertades que consagra nuestra Constitución Política, leyes y tratados de los que México sea parte.
2. También la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros es de orden público y de interés social.
El Banco de México está facultado para emitir disposiciones de carácter general para regular, no sólo las tasas de interés, sino las comisiones y pagos anticipados de las operaciones que realicen con sus clientes, y hasta suspender operaciones con aquellas instituciones que violenten la ley de la materia.
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de oficio, podrá suspender la publicidad que realicen las entidades financieras cuando a su juicio sean inexactas, desleales y que induzcan a error en las operaciones y servicios que presten.
Sin embargo, los bancos se publicitan como les viene en gana y cobran en forma idéntica. No hay quien los obligue a acatar las leyes vigentes. Todo indica que son protegidos por Hacienda, en primera instancia.Observe este caos en el cobro de instituciones bancarias: por retiro de efectivo Afirme cobra 15 pesos, pero BBVA Bancomer se le pagan 20 pesos, 10 pesos Bancoppel, 7.25 a Banjército, a Banorte 19, Famsa 12, 19.95 a HSBC y 20 pesos a Scotiabank .
Pero así continúa el desorden en los otros rubros que pagan los clientes: consulta de saldo, por retiro en tu banco, por aclaración improcedente, reposición de tarjeta por robo y extravío.
Aún con esta veta de cobros, discriminan por edad cuando le niegan a quien tiene 65 años o más la expedición de una tarjeta de crédito.
Esta ley no atiende expresamente la discriminación por edad. Es omisa a pesar de la Constitución.
Prevé sanciones en el rango de 200 a 2 mil días de salario, y hasta la multa de 4 mil a 20 mil días de salario en otras hipótesis distintas a la edad.
3. La Ley de Instituciones de Crédito es de orden público y de aplicación general en todo el país. Su objeto es regular el servicio de banca y crédito, la organización y funcionamiento de esas instituciones, sus actividades y operaciones, su desarrollo sano y equilibrado y, sin duda alguna, la fundamental es la protección de los intereses del público.
La conclusión jurídica la advierte la Ley de Protección al Consumidor que fija en su artículo 58 al proveedor de bienes, productos o servicios un límite, para que no niegue o condicione sus actividades al consumidor, por razones de género, nacionalidad, étnicas, preferencia sexual, religiosas o cualquiera otra particularidad. En esta última parte, se engloba la edad.
No se pueden establecer preferencias o discriminación alguna a los solicitantes del servicio que configure una clientela seleccionada, condicione el consumo, reserve derechos de admisión, excluya o establezca prácticas similares, salvo que se afecten la seguridad y tranquilidad del establecimiento o se funden en disposiciones de otros ordenamientos legales.
Si el proveedor está obligado a dar las facilidades a las personas con discapacidad para que puedan utilizar los bienes o los servicios que ofrecen, a mayor abundamiento a quienes sólo por la edad se les discrimina.
Tanto las facilidades como los dispositivos no pueden ser inferiores a los que determinen las disposiciones legales o normas oficiales aplicables.
Tampoco el proveedor puede establecer condiciones o limitaciones que reduzcan los derechos que legalmente correspondan al discapacitado y, se agrega, al discriminado por edad.
La Constitución prohíbe la discriminación por edad.
Son de aplicación supletoria a la Ley de Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, la Ley Federal de Protección al Consumidor, el Código de Comercio, la Ley de Instituciones de Crédito, la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, entre otras.
En mérito de lo expuesto, y con fundamento en los artículos 58, 59, y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de AcuerdoÚnico. Se exhorta, con las consideraciones debidas, al titular de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para que acuda al pleno de la Comisión de Hacienda y Crédito Público a explicar por qué las instituciones bancarias, violando la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y otras leyes federales, no otorgan tarjetas de crédito a las personas de 65 años de edad o más.
Se solicita también al Pleno de esta Cámara de Diputados que la presente proposición con punto de acuerdo se tramite por obvias razones, de urgente resolución, con fundamento en los artículos 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Presidencia del senador Luis Alberto Villarreal García
El Presidente senador Luis Alberto Villarreal García: Gracias, diputado. Lamentablemente no puede esta Presidencia consultar si se considera de urgente u obvia resolución su solicitud, toda vez que la Comisión Permanente, de conformidad con el artículo 78 de nuestra Constitución, no tiene facultades para imponerle a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados la comparecencia en cuestión.
Si usted así lo desea, el turno sería enviarlo a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados directamente, para que ahí se examine y, en su caso, se apruebe su solicitud. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.
EQUIDAD DE GENERO
El Presidente senador Luis Alberto Villarreal García: Tiene la palabra la senadora Beatriz Zavala Peniche, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar proposición con punto de acuerdo relativa al respeto a las normas que prescriben a los partidos políticos la equidad de género, en la conformación de sus candidaturas a cargos de elección popular.
La senadora María Beatriz Zavala Peniche: Con el permiso de la Mesa Directiva; con el permiso de las señoras legisladoras y los señores legisladores.
La que suscribe, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, por la que se exhorta a los partidos políticos al respeto a lo establecido en las normas para adjudicar a mujeres candidaturas a cargos de elección popular, de acuerdo a las siguientes consideraciones.
México ha hecho un largo recorrido en materia de firma de convenios y acuerdos internacionales y de aprobación de leyes para garantizar a las mujeres el acceso a las oportunidades en todos los aspectos de la vida nacional.
Hemos visto en varias ocasiones que la existencia de un marco jurídico amplio, técnicamente bien conformado y conveniente a nuestra realidad, no es un detonante para que las cosas efectivamente cambien.
No estaría por demás, en este momento, hablar de nuestro avance legislativo en materia de equidad social, en 1974 la adición al artículo 4o. de la Constitución con el terminante ``el hombre y la mujer son iguales ante la ley''.
En los últimos años este Congreso ha aprobado las reformas constitucionales al artículo 1o. para establecer la prohibición de toda discriminación, motivada, entre otras cosas, por razones de género a la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación de 2003; a la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres de 2006; a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia de 2007.
Asimismo, se han ratificado por el Senado de la República importantes instrumentos en materia internacional, para equiparar a nuestro país a los niveles legales y sociales de otros países.
Todo este esfuerzo se ha realizado para tratar de regular y garantizar jurídicamente la igualdad entre los géneros y proponer lineamientos y mecanismos institucionales hacia el cumplimiento de una igualdad sustantiva, no discursiva, en los ámbitos público y privado.
Se han propuesto y operado acciones de política nacional y temas y programas para la observancia de las normas en la materia. Según las leyes aprobadas, estas normas y políticas son de orden público y de indudable interés social.
Se trata de la cultura jurídica que debe prevalecer en una comunidad determinada. Nada de esto ha llevado a abandonar los esquemas tradicionales de rezago de la mujer en todos los aspectos de la vida pública.
Mientras se pronuncian discursos avanzados en materia social, se mantienen los cotos de poder intocados, donde se reparten cargos y oportunidades solamente entre hombres o dando una mínima participación de género, cuando no existe otra salida.
También se han realizado en varias ocasiones maniobras para esquivar las disposiciones legales aparentando un respeto que se vulnera a la primera oportunidad.
Se habla de educación para crear conciencia. Seguramente es necesaria en las escuelas, en la publicidad y en los medios. Pero los políticos, más aún los legisladores, seguramente ya tenemos una formación ética y social suficiente para valorar lo que significa la discriminación permanente y no confesada, en todos los terrenos, no por capacidades, sino por prejuicios.
En este momento quiero referirme a la participación de las mujeres en la vida política del país. A una participación y representación política...
El Presidente senador Luis Alberto Villarreal García: Permítame, senadora. Le voy a dar un minuto más para que concluya su intervención.
La senadora María Beatriz Zavala Peniche: Como no. Muchas gracias.
Es reiterativo, pero no inútil, recordar que la mujer representa más de 50 por ciento de la población del país. Yo quiero poner un ejemplo de por qué el exhorto que inmediatamente voy a leer, y está aquí en la Comisión Permanente, y con todo respeto. En el Partido Revolucionario Institucional, aquí en la Comisión Permanente, no aparece en el grupo de los senadores ninguna mujer, ninguna senadora, ni como titular ni como sustituta.
En el grupo parlamentario de diputados, en la Permanente del mismo partido, no aparece ninguna titular, solamente suplente. En el PRD aparece una mujer, de tres integrantes titulares.
Son ejemplos concretos de la falta de equidad de representación en el Congreso y en las funciones. Cierto es que el Cofipe tiene vigente varias normativas que quiero señalar y que dan la posibilidad o deben garantizar esa equidad. Está, por ejemplo, el artículo 219, está el artículo 220 y el artículo 221.
Sin embargo, con los ejemplos dados y con la realidad política nacional, proponemos lo siguiente
Primero. Se exhorta a los partidos políticos y coaliciones nacionales a que, en observancia de las normas legales establecidas en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en las elecciones de 2009 registren un mínimo de 40 por ciento de candidatas mujeres en las listas de representación proporcional, respetando de esta manera la participación de género establecida.
Segundo. Se les exhorta, asimismo, con total respeto a lo que establezcan los estatutos de cada partido, a que en las listas que se sometan a sus procesos democráticos internos para selección de candidatos de mayoría relativa, se incluya un porcentaje de mujeres similar al que la ley indica para las listas de representación proporcional.
Tercero. Se exhorta a los partidos políticos a que en las fórmulas de diputados los suplentes de las mujeres candidatas sean del mismo género que la titular propietaria de la candidatura, a fin de mantener la participación de género establecida en la ley.
Es cuanto, señor presidente.
«Proposición con punto de acuerdo, relativo al respeto de las normas que prescriben a los partidos políticos la equidad de género en la formación de candidaturas a cargos de elección popular, a cargo de la senadora Beatriz Zavala Peniche, del Grupo Parlamentario del PAN
La que suscribe, Beatriz Zavala Peniche, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento de lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta a los partidos políticos a respetar lo establecido en las normas para adjudicar a mujeres candidaturas a cargos de elección popular, de acuerdo con las siguientes
Consideraciones
México ha hecho un largo recorrido en materia de firma de convenios y acuerdos internacionales y de aprobación de leyes para garantizar a las mujeres el acceso a las oportunidades en todos los aspectos de la vida nacional. Hemos visto en varias ocasiones que la existencia de un marco jurídico amplio, técnicamente bien conformado y conveniente a nuestra realidad, no es un detonante para que las cosas efectivamente cambien.
La sociedad ha mostrado tener distintos tiempos para adaptarse a prácticas de equidad y de respeto a las mujeres. El tiempo que corre tan rápidamente en materia de adopción de tecnologías nuevas o de modas, o desafortunadamente de crecimiento de la violencia, no ha corrido con la misma diligencia en materia de patrones sociales de conducta. La moral patriarcal ha guardado para la mujer un lugar de privilegio, si puede decirse así, solamente en el marco doméstico y afectivo, que no es, a todas luces, el único en el cual se debe garantizar una presencia femenina efectiva que, por otro lado, se establece en las leyes.
No estaría por demás en este momento hablar de nuestro avance legislativo en materia de equidad social. En 1974 la adición al artículo 4o. de la Constitución con el terminante ``el hombre y la mujer son iguales ante la ley''. En los últimos años, este Congreso ha aprobado las reformas constitucionales del artículo 1o. para establecer la prohibición de toda discriminación motivada, entre otras cosas, por razón de género: la Ley Federal para prevenir y eliminar la Discriminación, de 2003; la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, de 2006; y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, de 2007.
Asimismo, se han ratificado por el Senado de la República importantes instrumentos en materia internacional para equipar a nuestro país a los niveles legales y sociales de otros países. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde por primera vez aparecimos las mujeres como titulares de derechos, fue aprobada en 1948. En 1979 se aprobó la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres, que México ratificó en 1981. Se han ratificado varios acuerdos de los organismos internacionales en la cuestión de equidad de oportunidades para ambos géneros.
Todo este esfuerzo se ha realizado para tratar de regular y de garantizar jurídicamente la igualdad entre los géneros y de proponer lineamientos y mecanismos institucionales hacia el cumplimiento de una igualdad sustantiva, no discursiva, en los ámbitos público y privado. Se han propuesto y operado acciones de política nacional, sistemas y programas para la observancia de las normas en la materia. Según las leyes aprobadas, estas normas y políticas son de orden público y de indudable interés social. No olvidemos que por orden público se entiende el conjunto de principios, normas e instituciones que no pueden ser alteradas ni modificadas por la voluntad de los individuos. Se trata de la cultura jurídica que debe prevalecer en una comunidad determinada.
Nada de esto ha llevado a abandonar los esquemas tradicionales de rezago de la mujer en todos los aspectos de la vida pública. Mientras se pronuncian discursos avanzados en materia social, se mantienen los cotos de poder intocados donde se reparten cargos y oportunidades solamente entre hombres, o dando una mínima participación de género cuando no existe otra salida. También se han realizado, en varias ocasiones, maniobras para esquivar las disposiciones legales, aparentado un respeto que se vulnera a la primera oportunidad. Se habla de educación para crear conciencia, seguramente, es necesaria en las escuelas, en la publicidad y en los medios. Pero los políticos y, más aún, los legisladores seguramente ya tenemos una formación ética y social suficiente para valorar lo que significa la discriminación permanente y no confesada en todos los terrenos, no por capacidades sino por prejuicios.
El artículo 4o. de la Ley Federal para prevenir y eliminar la Discriminación define la discriminación como ``toda distinción, exclusión o restricción que, basada en el origen étnico o nacional, sexo, edad, discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil, o cualquier otra, tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas''. Estas disposiciones han requerido que se prevean medidas positivas y compensatorias en favor de la igualdad de oportunidades.
En este momento quiero referirme a la participación de las mujeres en la vida política del país. A una participación y representación política equilibrada entre mujeres y hombres. Casi es reiterativo, pero no inútil, recordar que la mujer representa más del 50 por ciento de la población del país. Por tanto, lo que se plantea en este momento preelectoral a los partidos políticos no son medidas compensatorias de nada sino un llamado a fin de lograr de una vez la igualdad que se olvida fácilmente en el momento clave de la adjudicación de candidaturas a cargos de elección popular.
Cabe señalar que el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), vigente desde enero de este año, no consagra la igualdad en materia de elección por los partidos políticos de candidatos, sino un tímido 40 por ciento de participación de un mismo sexo. No se necesita ser adivino para saber que el 60 por ciento será adjudicado a candidatos del sexo masculino y la minoría al femenino.
A pesar de que el Cofipe regula en detalle todas las etapas del proceso para llegar a un acto electoral limpio y confiable, y de que contamos con disposiciones que posibiliten que las mujeres llegar a los cargos de representación popular, aunque no en paridad con los hombres como se ha dicho, no tenemos mecanismos para garantizar que permanezcan en ellos. Se presentan casos en que la propietaria de una candidatura, por razones no explicadas ni explicables, pide licencia al cargo y accede a éste el suplente, que casi en todos los casos es hombre. Con estos movimientos, se evade la intención de la norma y se escamotea la voluntad popular que emitió su voto en favor de una mujer candidata.
En esa regulación de los procesos electorales, ya sean los de renovación solamente de la Cámara de Diputados o los que elijan al Ejecutivo federal, el procedimiento de registro de candidatos ocupa un capítulo entero en el cual se fijan normas y marcos de conducta a los partidos políticos. Me permitiré citar algunas de dichas disposiciones.
En el artículo 219 del Cofipe se establece que
En el artículo 220, a su vez, se dispone que
Y en el artículo 221 se prevé el incumplimiento de las normas anteriores.
Con esta trascripción de los preceptos legales, es evidente que los partidos ya tienen lineamientos claros para el registro de candidaturas con respeto a las disposiciones de género, así como el margen de rectificación que se les otorga y la sanción de la negativa del registro para el caso de que se reincida en la conducta irregular.
Por las razones expuestas en las consideraciones anteriores, me permito presentar ante esta soberanía la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta a los partidos políticos y coaliciones nacionales a efecto de que, en observancia de las normas legales establecidas en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en las próximas elecciones de 2009 procedan al registro de un mínimo de 40 por ciento de candidatas mujeres en las listas de representación proporcional, respetando de esta manera la participación de género establecida.
Segundo. Se les exhorta, asimismo, con total respeto a lo que se establezca en los estatutos de cada partido, a incluir en las listas que se someten a sus procesos democráticos internos para selección de candidatos de mayoría relativa un porcentaje de mujeres similar al que la ley indica para las listas de representación proporcional.
Tercero. Se exhorta a los partidos políticos a efecto de que en las fórmulas de diputados los suplentes de las mujeres candidatas sean del mismo género que la titular propietaria de la candidatura, a fin de mantener la participación de género establecida por la ley.
Presidencia del diputado César Duarte Jáquez
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Muchas gracias, senadora Beatriz Zavala Peniche. Túrnese...
Senadora, si acepta usted que se suscriban. No se puede decir que no hay representación femenina aquí en el Congreso. Quieren signarlo. También la diputada Lilia Merodio, del PRI. Se suman, en fin, todas las compañeras senadoras.
La diputada Marcela Cuen Garibi (desde la curul): Marcela Cuen, también para sumarme al punto que ha presentado la senadora Beatriz.
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Muy bien, diputada.
La diputada María Esther Jiménez Ramos (desde la curul): María Esther Jiménez, si lo permite la senadora, también me integro.
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Bien.
La senadora María Beatriz Zavala Peniche (desde la curul): También invitamos a que se sumen los legisladores de todos los grupos parlamentarios.
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Seguramente habrán de hacerlo en la Comisión y al momento de aprobarla también quedará muy claro.Túrnese a la Primera Comisión.
BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA - CENTENARIO DE LA REVOLUCION MEXICANA
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Tiene el uso de la palabra el senador Rubén Velázquez López, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar proposición con punto de acuerdo en el que se exhorta a las presidencias de las Mesas Directivas del Congreso de la Unión a que acuerden celebrar una sesión solemne el 5 de febrero de 2010, en la Ciudad de Querétaro, como parte de los festejos del Bicentenario de la Independencia, suscrita por los senadores Silvano Aureoles Conejo, José Luis García Zalvidea y él mismo. Tiene el uso de la palabra, señor senador.
El senador Rubén Fernando Velázquez López: Los festejos históricos del bicentenario de la Independencia y del centenario de la Revolución no pueden pasar por alto los aniversarios de las constituciones de 1857 y de 1917. Ésta última promulgada en la ciudad de Querétaro.
La propuesta que a nombre propio y de mis compañeros, los senadores Silvano Aureoles Conejo y José Luis García Zalvidea, pongo a consideración que es la solicitud respetuosa a las presidencias de las Mesas Directivas de la Cámara de Diputados y del Senado de la República, para que acuerden celebrar, el 5 de febrero de 2010, una sesión solemne del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en la ciudad de Querétaro, Querétaro, en el marco de los festejos históricos, precisamente del ya cercano 2010.
La Constitución Política de 1917 sintetiza las luchas y los anhelos de la nación mexicana: independencia, soberanía, libertad y justicia. Es el proyecto rector de la vida política, jurídica, social y económica del país.
Este día se conmemora la promulgación de nuestra actual ley fundamental, elaborada en la ciudad de Querétaro durante las sesiones del Congreso Constituyente, convocado por Venustiano Carranza, primer jefe del Ejército Constitucionalista y encargado del Poder Ejecutivo de los Estados Unidos Mexicanos en aquellos años.
El antecedente inmediato de la Carta Magna de 1917 es la Constitución de 1857, documento que fue hecho posible luego de la victoria de la Revolución de Ayutla, en 1855, encabezada por Juan Álvarez e Ignacio Comonfort, en contra de Antonio López de Santa Anna.
El texto constitucional de 1857 mantuvo su vigor durante los años posteriores al triunfo de los liberales. Durante el periodo en que gobernó el general Porfirio Díaz, el artículo 78 en el cual se prohibía la reelección del presidente de la república, sufrió una modificación significativa, lo que permitió al general Díaz mantenerse poco más de 30 años en el poder.
En 1910, a raíz de varios hechos que coartaban la voluntad política de los mexicanos y sus derechos plasmados en la Constitución de 1857, surgió el movimiento revolucionario encabezado por don Francisco I. Madero, que provocó la renuncia del presidente Díaz.
En febrero de 1913 el presidente Madero fue derrocado por el usurpador Victoriano Huerta, rompiéndose la vigencia del orden constitucional. Para restaurar el imperio de esta Constitución se levantó en armas don Venustiano Carranza, gobernador maderista de Coahuila. Sin embargo, luego de la experiencia de la lucha armada se prefirió redactar una nueva Constitución.
El 22 de octubre de 1916 se llevaron a cabo elecciones para la conformación de un Congreso Constituyente que inició sesiones en Querétaro el primero de diciembre de 1916, concluyéndolas a finales de enero de 1917.
El anteproyecto original presentado por Carranza fue superado a raíz de los debates entre los congresistas. Se logró un documento más radical que abarcó aspectos sociales y políticos que ninguna otra constitución del mundo había planteado antes.
La Constitución fue firmada el 31 de enero y jurada el 5 de febrero de 1917, garantizando los derechos y las demandas sociales políticas y económicas, así como la soberanía nacional y la propiedad del Estado sobre la riqueza del subsuelo.
De entre sus artículos más importantes destacan el 3o., que plasma el derecho a la educación; el 27, que determina los tipos de propiedad de la tierra y las aguas, y el 123, que expresa los derechos fundamentales de las clases trabajadoras.
En este sentido, es propicio y coherente, en el marco de los festejos del bicentenario de la Independencia y del Centenario de la Revolución Mexicana, realizar una sesión solemne por el Congreso de la Unión, en ocasión de la celebración del aniversario de la promulgación de las Constituciones de 1857 y 1917 en la ciudad de Querétaro.
Proponemos y ponemos a consideración este punto de acuerdo, y esperamos el interés y el apoyo a esta propuesta y en general a las actividades alrededor de los festejos históricos que impulsamos en la comisión especial en la materia, de la que yo formo parte. Muchas gracias por su atención.
«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las Presidencias de las Mesas Directivas del Congreso de la Unión a acordar que se celebre una sesión solemne el 5 de febrero de 2010 en la ciudad de Querétaro, como parte de los festejos del bicentenario de la Independencia, suscrita por los senadores Silvano Aureoles Conejo, José Luis García Zalvidea y Rubén Velázquez López, del Grupo Parlamentario del PRD
Quienes suscriben, Silvano Aureoles Conejo, José Luis García Zalvidea y Rubén Velázquez López, senadores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LX Legislatura del honorable Senado de la Republica, en ejercicio de la facultad que les confieren los artículos 67 numeral 1 inciso b de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de la honorable Comisión Permanente, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las presidencias de las Mesas Directivas de las Cámaras legislativas que integran el Congreso de la Unión, para que acuerden celebrar una sesión solemne el 5 de febrero de 2010 en la ciudad de Querétaro, como parte de los festejos del bicentenario de la Independencia y centenario de la Revolución Mexicana, de conformidad con los siguientes
Considerandos
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 sintetiza las luchas y los anhelos de la nación mexicana: independencia, soberanía, libertad y justicia. Es el proyecto rector de la vida política, jurídica, social y económica del país.
Este día se conmemora la promulgación de nuestra actual ley fundamental, elaborada en la ciudad de Querétaro, entre diciembre de 1916 y enero de 1917, durante las sesiones del Congreso Constituyente convocado por Venustiano Carranza, primer jefe del Ejército Constitucionalista y encargado del Poder Ejecutivo de los Estados Unidos Mexicanos.
El antecedente inmediato de la Carta Magna de 1917 es la Constitución de 1857, documento que fue hecho posible luego de la victoria de la Revolución de Ayutla en 1855, encabezada por Juan Álvarez e Ignacio Comonfort, en contra de Antonio López de Santa Anna.
El texto constitucional de 1857 mantuvo su vigor durante los años posteriores al triunfo de los liberales.
Durante el periodo en el que gobernó el general Porfirio Díaz, el artículo 78, en el cual se prohibía la reelección del presidente de la República, sufrió una modificación significativa, lo que permitió al general Díaz mantenerse de manera legal y continua poco más de 30 años en el poder.
En 1910, a raíz de varios hechos que coartaban la voluntad política de los mexicanos y sus derechos plasmados en la Constitución de 1857, surgió el movimiento revolucionario encabezado por Francisco I. Madero Que provocó la renuncia del presidente Díaz al cargo.
En febrero de 1913, el presidente Madero fue derrocado por el usurpador Victoriano Huerta, rompiéndose la vigencia del orden constitucional. Para restaurar el imperio de esa Constitución se levantó en armas Venustiano Carranza, gobernador maderista de Coahuila. Sin embargo, luego de la experiencia de la lucha armada, se prefirió redactar una nueva. Así, el 22 de octubre de 1916 se llevaron a cabo elecciones para la conformación de un Congreso Constituyente, que modificara y actualizara el texto de la Carta Magna de 1857.
El Congreso inició sus sesiones en Querétaro el 1 de diciembre de 1916, concluyéndolas a finales de enero de 1917. El anteproyecto original presentado por Carranza fue superado a raíz de los debates entre los congresistas. Se logró un documento más radical, que abarcó aspectos sociales y políticos que ninguna otra Constitución del mundo había planteado antes.
La Constitución fue firmada el 31 de enero y jurada el 5 de febrero de 1917, garantizando los derechos y demandas sociales, políticas y económicas, así como la soberanía nacional y la propiedad del Estado sobre las riquezas del subsuelo.
Entre sus artículos más importantes destacan el 3o., el 27 y el 123. El artículo 3o. se refiere a las responsabilidades del Estado en cuanto a garantizar los derechos a la educación, con carácter laico, gratuito y obligatorio para todos los mexicanos. El 27 prevé los tipos de propiedad de la tierra y aguas, a la vez que prohíbe los monopolios en todo el territorio nacional. El artículo 123 establece las características generales de las condiciones de trabajo, garantizando una remuneración justa, además de fomentar y apoyar los derechos generales de las clases trabajadoras.
En este sentido, es propicio, en el marco de los festejos del bicentenario de la Independencia y del centenario de la Revolución Mexicana realizar una sesión solemne por el honorable Congreso de la Unión en ocasión de la celebración del aniversario de la promulgación de las constituciones de 1857 y 1917, en la ciudad de Querétaro.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión solicita respetuosamente a las Presidencias de las Mesas Directivas de la Cámara de Diputados y del Senado de la República para que acuerden celebrar, el 5 de febrero de 2010 --aniversario de la promulgación de las Constituciones de 1857 y 1917-- una sesión solemne de Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos en la ciudad de Querétaro, Querétaro, en el marco de los festejos del bicentenario de la Independencia y del centenario de la Revolución Mexicana, de conformidad con lo que previene el artículo 68 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 5 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Muchas gracias, senador don Rubén Velázquez López.Túrnese a los presidentes de las Mesas Directivas de las Cámaras de Diputados y de Senadores.
ENERGIA ELECTRICA
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Se recibió proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Federal de Electricidady a la Compañía de Luz y Fuerza del Centroa evitar y sancionar el robo de energía eléctrica en el país, suscrita por el diputado Elías Cárdenas Márquez, del Grupo Parlamentario de Convergencia.
El Secretario senador Jesús Garibay García: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión Federal de Electricidad y a Luz y Fuerza del Centro a evitar y sancionar el robo de energía eléctrica en el país, suscrita por el diputado Elías Cárdenas Márquez , del Grupo Parlamentario de ConvergenciaEl suscrito, diputado Elías Cárdenas Márquez , del Grupo Parlamentario de Convergencia, LX Legislatura, con fundamento en los artículos 73, fracción XXIX, numeral 5, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita que se exhorte tanto a la Comisión Federal de Electricidad como a Luz y Fuerza del Centro a fin de evitar o sancionar el robo de energía eléctrica en todo el territorio nacional, de conformidad con los siguientes
Antecedentes1. En 1937 en que el país contaba con 18.3 millones de habitantes y que sólo 7 millones tenían el servicio de electricidad (38.25 por ciento), 3 empresas privadas proporcionaban el servicio con tarifas elevadas e interrupciones constantes, las cuales atendían preferentemente a los mercados urbanos más redituables, sin considerar a las poblaciones rurales donde habitaba el 62 por ciento de la población nacional. Por esos problemas, el gobierno federal creó, el 14 de agosto de ese mismo año, la Comisión Federal de Electricidad, con una producción apenas al año siguiente de 64 kilowatts que, en 1945, había alcanzado la producción de 45 mil 594 kilowatts.
2. Actualmente, la capacidad instalada en el país es de 49 mil 931 megawatts, desagregados en 44.87 por ciento de generación termoeléctrica ( CFE); 22.95 por ciento, de productores independientes de energía (PIE); 22.14 por ciento, de hidroelectricidad; 1.93 por ciento, geotérmica; 2.73 por ciento, nucleoeléctrica y, por último, 0.17 por ciento, de nucleoeléctrica.
3. Que las pérdidas no técnicas, esto es, el robo de fluido eléctrico, de acuerdo al primer informe de labores de la Secretaría de Energía de la presente administración, poco más del 40 por ciento de la electricidad generada por la Comisión Federal de Electricidad y Luz y Fuerza del Centro se pierde por ese concepto, respectivamente, en un 10.48 por ciento y en un 32.31 por ciento que, convertido en números, representa una pérdida cercana a 18 mil millones de pesos anuales.
4. Efectivamente, no toda la electricidad que se produce se factura y se vende, pues al hacer en la mayoría de los casos grandes recorridos por las líneas y redes eléctricas, como no puede almacenarse y por la transformación de voltajes, se va perdiendo la energía producida y hasta se tiene como aceptable que las empresas que generan y venden electricidad registren pérdidas, tanto técnicas como no técnicas.
Por ejemplo, Tokio Electric Power registra un bajo nivel de pérdidas, situado en un 5.5 por ciento. Electricité de Francia o CGE de Chile, aproximadamente, andan en un 8.5 por ciento. Si como Unión Fenosa de Nicaragua o EEMCA de Ecuador o ENEE de Honduras o en Argentina, EPE, que registran pérdidas respectivamente de 35, 42.8 o 30 o más por ciento o 35 por ciento; en contraposición, podemos afirmar que es elevado.
Anterior a octubre de 2003, la Comisión Federal de Electricidad registró un 10.5 por ciento en pérdidas; Luz y Fuerza del Centro, en cambio, registró 28.51 por ciento.
5. Un 12.47 por ciento de las pérdidas de energía de la Comisión Federal de Electricidad corresponde a pérdidas técnicas y 16.04 por ciento a las no técnicas, es decir, a las que derivan de usos ilícitos que, cuantificados en unidades de energía, ascienden a 12 mil 507 millones de kilowatts-hora, con un costo que se estima en 13 mil 95 millones de pesos.
Acapulco, Guerrero, desde hace 45 años representa un problema para la Comisión Federal de Electricidad, pero en los últimos 10 años ocupa el primer lugar en el robo de energía eléctrica. Sólo en 2008 tendrá pérdidas por 420 millones de pesos que equivalen al 32.65 por ciento de quebranto en la oferta a los usuarios del orden de los 100 millones de kilowatts-hora.
Colonias de la zona rural del puerto como Polígono D, Radio Coco, Vacacional, Zapata, Simón Bolívar, Ciudad Renacimiento y La Libertad son los lugares con mayor número de ``diablitos''.
Luz y Fuerza del Centro, en 2007, reportó pérdidas por 18 mil millones de pesos por el robo de energía eléctrica. Más de la mitad, en el Distrito Federal.
El delito de robo de energía eléctrica no es privativo de alguna comunidad, municipio o entidad federativa, se comete en todo el territorio nacional.
6. El sujeto activo en el delito de robo de energía eléctrica puede ser cualquier persona, de cualquier nivel económico, social o cultural. Se encuentra en negocios establecidos como restaurantes, carnicerías, cafés internet, máquinas tragamonedas, talleres de herrerías, paleterías, venta de computadoras y equipo electrónico y hasta en salas cinematográficas que exhiben películas triple equis.
Este delito no solamente ocurre en ciudades perdidas o asentamientos humanos irregulares. Ahora, se ha extendido hasta zonas residenciales como las Lomas de Chapultepec o Polanco.
Las bandas de piratas de la luz dotan de energía a comercios, casas habitación, puestos fijos y más, comúnmente al ambulantaje. Han hecho del robo de energía eléctrica una verdadera industria que perjudica principalmente a los usuarios que pagan el costo de este delito.
El robo de energía eléctrica se ha difundido a colonias como Centro, Doctores, Balbuena, Roma y Juárez, por citar sólo algunas.
El problema se agrava en el estado de México, en colonias de Ciudad Netzahualcóyotl y Ecatepec de Morelos.
Por ello, incluso, hay quienes han encontrado un modus vivendi en la instalación de conexiones eléctricas pirata ---conocidas comúnmente como ``diablitos''--- en negocios que consumen mucha energía eléctrica o hasta en unidades habitacionales en el servicio de bombas para el agua, en casas habitación y no digamos en comercios ocasionales del ambulantaje y en asentamientos humanos irregulares.
A mayor abundamiento, el robo de energía eléctrica resulta productivo para todos los participantes, incluidos el consumidor y el instalador de diablitos.
Por todo lo anterior, presento ante esta honorable asamblea las siguientes
Consideraciones1. Que tanto la Comisión Federal de Electricidad como la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, para evitar el robo de energía, pueden blindar sus redes eléctricas con la instalación de cables trenzados y forrados con una malla plástica que con el calentamiento propio se endurece y evita que los cables puedan cortarse para la colocación de los diablitos.
Como ejemplo, Luz y Fuerza del Centro empezó con el blindaje de su red eléctrica en 2002, con una inversión de aproximadamente 7 mil millones de pesos, y se instalaron simultáneamente 6 millones de medidores, 125 mil kilómetros de cableado en baja tensión y 5 mil transformadores en la Ciudad de México. Ambas paraestatales reconocieron que en 2003 se había incrementado el robo de energía eléctrica en 8.7 y 1.29 por ciento, respectivamente, en Luz y Fuerza del Centro y la Comisión Federal de Electricidad.
Hay que agregar que con el robo de energía eléctrica, en principio, pueden quemarse los transformadores, ampliarse la variación de voltaje y, por supuesto, las tarifas pagadas por los ciudadanos se incrementan y las pérdidas, que son millonarias, van en perjuicio, en última instancia, de la economía mexicana y específicamente de los usuarios cumplidos.
2. Que el delito de robo se encuentra tipificado en el Código Penal Federal en el artículo 367 y lo define como el apoderamiento de una cosa ajena mueble sin consentimiento de la persona que pueda disponer de ella con arreglo a la ley y equiparado al robo, el uso o el aprovechamiento de energía eléctrica.
Lo regula como una ficción jurídica que, dicho sea de paso, es aceptada en todas las legislaciones cuyos textos constitucionales lo permiten. Las ficciones jurídicas se consagran por una necesidad.
En mérito de lo expuesto, y con fundamento en los artículos 73, fracción XXIX, numeral 5, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de AcuerdoÚnico. Se exhorta, con las consideraciones debidas, a los titulares de la Comisión Federal de Electricidad y de Luz y Fuerza del Centro a girar instrucciones a las áreas administrativas y jurídicas que correspondan para que se evite el robo de energía eléctrica en todo el territorio nacional o se inicien las averiguaciones previas en contra de quien o quienes cometan el delito que sanciona el Código Penal Federal en el artículo 368, fracción II, y el nuevo Código Penal para el Distrito Federal en el artículo 221, fracción I.
Se solicita también al Pleno de la Cámara de Diputados que la proposición con punto de acuerdo se tramite, por obvias razones, de urgente resolución, con fundamento en los artículos 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Túrnese a la Tercera Comisión.
SECTOR PESQUERO
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Tiene el uso de la palabra el diputado Carlos Eduardo Felton González, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, para presentar proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Sagarpa y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Públicoa que atiendan la problemática generada por el paro nacional pesquero.
El diputado Carlos Eduardo Felton González : Muchas gracias, diputado presidente.Ayer, ante esta soberanía, un diputado y un senador presentaron puntos de acuerdo respecto al paro nacional pesquero que se ha venido difundiendo en los medios de comunicación nacionales.
De hecho, ayer le solicité al senador Rueda que me permitiera suscribir, junto con él, el que él suscribiera; decisión que fue atendida. Hoy quiero, en mi carácter de secretario de la Comisión de Pesca, como sinaloense, específicamente mazatleco, que conoce de la problemática pesquera por haber trabajado por espacio de 10 años en el mismo sector, presentar algunas consideraciones y finalmente dar a conocer mi solicitud de punto de acuerdo sobre este tema.
Más allá de cuántas embarcaciones o cuántos cientos o miles de trabajadores del mar están acatando este paro, lo que nos debe preocupar en el fondo son los empleos que este paro pudiera poner en riesgo.
No es desconocido para los compañeros legisladores que México, por los miles de kilómetros que tiene de litoral y los cientos de especies marinas, tiene un gran potencial sujeto de explotación. Sin embargo, es histórico también el hecho de que por muchos años a la pesca no se le ha dado la atención debida.
También sabemos que en lo que respecta a presupuesto se han logrado avances importantes. De 2 años para acá, de mil 800 millones de pesos que se tenía de presupuesto brincamos a 3 mil 600. Sin embargo, seguimos todavía quedándonos cortos en lo que el país requiere en el renglón pesquero y que podemos, de alguna manera, aprovechar, máxime cuando ayer el presidente Calderón, de manera muy puntual, presentó el Acuerdo Nacional para la Protección de las Familias sin Empleo.
Y aquí la pesca encaja perfectamente bien en este propósito del presidente Calderón, no solamente de preservar los empleos que ya se tienen, sino de buscar la manera de generar nuevas alternativas.
Mazatlán, específicamente hablando de la pesca de camarón, depende y ha dependido por muchos años de esta pesquería, y actualmente tiene la mayor flota pesquera camaronera en el país.
Estamos hablando de poco más o menos 600 embarcaciones dedicadas a la pesca de camarón. Embarcaciones que le dan empleo a más de cinco mil trabajadores del mar; trabajadores que merecen mi respeto, porque es una actividad no fácil, es una actividad peligrosa, es una actividad que demanda mucha entrega y que no siempre le proporciona al trabajador de la pesca o no siempre le reditúa en recursos lo que esta actividad representa en riesgo.
Solamente en Mazatlán, lo comentaba, tenemos 600 embarcaciones, 5 mil pescadores. Estamos hablando de cinco mil familias, que finalmente dependen de esta actividad y no estoy contando las empacadoras y no estoy contando las personas que de alguna manera participan y comercializan este producto y también viven de él.
No es desconocido tampoco para nosotros el hecho de que hace 2 años el sector pesquero podía adquirir el litro de diesel a 3.50. Actualmente el precio del diesel anda en los 5 pesos con 45 centavos, un incremento de 55 por ciento.
También es importante dar a conocer que el precio internacional del camarón, que actualmente enfrenta una competencia muy, muy fuerte de países de centro y Sudamérica, la misma pesquería en estanques ha propiciado que el precio del camarón internacional baje y este año hemos tenido una reducción entre un 7 y un 9 por ciento en el precio internacional del camarón.
Finalmente, todos estos datos que pongo hoy a su consideración, insisto, tienen el interés de llamar la atención de ustedes en el tema que debe ser el fondo, más allá de todo movimiento que pudiera ser de tipo político o como hace un momento me preguntaban sobre el actuar del comisionado. Yo creo que más allá de cuestión política lo que nos debe de ocupar es precisamente la preservación del empleo de estos miles de trabajadores que dependen de la pesca en todos los rincones del país.
En ese sentido, compañeros diputados y senadores, hoy vengo a hacer una propuesta con punto de acuerdo muy específica, que dice así:
Primero. Se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) a que atienda de manera urgente el paro nacional pesquero, buscando generar las alternativas de solución que permitan reactivar la actividad pesquera de manera inmediata; así como los miles de empleos que la misma generan.
Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que lleve a cabo, de inmediato, un análisis a fondo de los precios de los combustibles que se expenden en el país, con la finalidad adecuarlos a los nuevos precios internacionales del petróleo, y que le permitan a las diferentes actividades productivas en México recuperar la competitividad necesaria para continuar generando los empleos que requerimos. Muchas gracias.
«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la Sagarpa y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a atender la problemática generada por el paro nacional pesquero, a cargo del diputado Carlos Eduardo Felton González , del Grupo Parlamentario del PAN
El suscrito, diputado federal por Sinaloa, Carlos Eduardo Felton González , miembro del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LX Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a ésta honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes
ConsideracionesMéxico, siendo un país rico en costas y en diversidad de productos marinos, es privilegiado al contar con un sector considerablemente amplio dedicado a la pesca. Actividad económica de gran importancia alimentaria, tanto a nivel nacional, por lo que representa en todas las localidades pesqueras, como internacional, por ser un país de basta exportación.
No obstante, el sector que se dedica a esta actividad históricamente ha sufrido diversos cambios administrativos al paso de los diferentes gobiernos, motivo por el cual el de-sarrollo de este campo no ha sido el mejor.
La pesca en nuestro país, en sus diferentes modalidades, representa empleo directo para más de 450 mil pescadores y se estiman más de 2 millones de personas en las actividades indirectas relacionadas.
Respecto a los costos de producción, el combustible representa, por mucho, el principal insumo para la pesca, ya que alcanza hasta el 60 por ciento de los costos por viaje de operación; por lo que se entiende la importancia e impacto del precio del combustible en la pesca.
Al término de la pasada administración federal, el precio que el sector pesquero pagaba por litro de diesel era de 3.50 pesos fijos. Este apoyo permitió que la pesca fuera competitiva y que el sector se fortaleciera.
De dos años para acá, el apoyo al diesel se fijó en 2.00 pesos por litro, cantidad que se resta al precio comercial del mismo; por lo que pasó de 3.50 pesos, a finales de 2006, a 5.45 actualmente. Un incremento porcentual de 55 por ciento, lo que significa que el apoyo de dos pesos por litro que existía prácticamente se vio pulverizado.
Si consideramos que algunas pesquerías de otros países reciben apoyos oficiales de hasta el 60 por ciento del costo de los combustibles, entenderemos la pérdida de competitividad de nuestra pesquería, principalmente la de camarón; y además debemos considerar el bajo precio internacional del crustáceo.
Por lo anteriormente expuesto, el sector pesquero del país, a través de las cámaras pesqueras, convocaron, a partir del 1 de enero de este año, a un paro nacional de la flota pesquera. A este llamado se han ido sumando embarcaciones de diferentes pesquerías en 10 estados de la república, entre los que se cuentan Sinaloa, Sonora, Baja California, Nayarit, Tamaulipas, Oaxaca, Chiapas, Campeche y Yucatán. Tan sólo en Mazatlán hay más de 400 barcos camaroneros en paro, con lo que suman aproximadamente mil barcos camaroneros en el Pacífico y poco más de 400 en el golfo de México.
Este movimiento empieza a afectar la economía familiar de miles de personas que dependen de la pesca de alta mar, así como de empleados que laboran en las diferentes empacadoras que empezarán a resentir la falta de producto e iniciarán con el despido de trabajadores.
En virtud de de lo antes expuesto, se somete a la consideración esta asamblea el siguiente:
Punto de AcuerdoPrimero. Se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a que atienda de manera urgente el paro nacional pesquero, buscando generar las alternativas que permitan reactivar la actividad pesquera de manera inmediata, así como los miles de empleos que de ella dependen.
Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que lleve a cabo de inmediato un análisis de los precios de los combustibles que se expenden en el país, con la finalidad de adecuarlos a los precios internacionales del petróleo, para que le permitan a las diferentes actividades productivas en México recuperar la competitividad necesaria para continuar generando los empleos que requerimos.
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Senador Rueda.
El senador Rogelio Rueda Sánchez (desde la curul): Si le consulta al orador si autoriza incluirnos en el punto de acuerdo.
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Diputado, que si permite a los señores senadores suscribir, hacerla de urgente.
El diputado Carlos Eduardo Felton González : Con mucho gusto, encantado.
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Se suma el senador Castro Trenti, el senador Cleominio y el senador Rogelio Rueda. Túrnese a la Tercera Comisión.
MANTOS ACUIFEROS
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Se concede el uso de la palabra al senador Rubén Velázquez López, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que exhorta al Ejecutivo federal, mediante la Semarnat y la Conagua, a que informe sobre las políticas públicas por ejecutar para revertir la sobreexplotación de los mantos acuíferos de la zona hidrológica administrativa del Valle de México, suscrita por los señores senadores Silvano Aureoles Conejo, José Luis García Zalvidea, así como él mismo.
El senador Rubén Fernando Velázquez López: Gracias, diputado.
El tema al que me voy a referir debe ocupar la atención nuestra como otros temas que se tocan acá en tribuna, porque estamos hablando del agua. Voy a hablar del agua, que sin el agua no puede haber vida, como todos los sabemos.
Quisiera comentarles, legisladoras, legisladores, lo siguiente. Sólo por dar un dato concreto, la Conagua ha informado de cerca de 4 mil pozos clandestinos en el valle de México. Ésta es una de las causas de la sobreexplotación de los mantos acuíferos en esta zona.
El problema es grave, pues como exponen los investigadores del Centro de Sustentabilidad de la Universidad Autónoma Metropolitana, rápidamente se está llegando a un punto en que no habrá inversión, ni bombeo, ni reparación de canales suficiente para prevenir la acumulación de agua de manera permanente en esta zona. Ésta es una cita de este Centro de Sustentabilidad.
Además de la previsible falta del vital líquido en el futuro cercano, tenemos el problema de los hundimientos, como los presentados en el municipio de Chalco, precisamente por la sobreexplotación del acuífero subyacente del lago de Xico.
En el contexto global la escasez de agua empeorará, en parte por los efectos del calentamiento climático y, por supuesto, por la sobreexplotación, sobre todo, en las grandes urbes.
La ONU tiene información de mil 300 millones de personas sin acceso al agua; y de 31 países con grave escasez. La demanda de agua se duplica cada 20 años. En nuestro país, desde la década de los setenta se ha aumentado dramáticamente el número de acuíferos sobreexplotados. Prácticamente se ha triplicado la cifra, de 32 en 1975 a 101 en 2007; de éstos se extrae 58 por ciento de agua subterránea para todos los usos.
Hay investigadores que afirman que ya se está extrayendo agua de la que ellos denominan ``agua histórica''. Es decir, agua almacenada en lo más profundo de la tierra o en profundidades durante millones y millones de años.
De las regiones hidrológico-administrativas sobreexplotadas destacan las del valle de México, la zona metropolitana de la Ciudad de México, Chalco, Amecameca, Texcoco y Cuautitlán, y también Pachuca.
La Comisión Nacional del Agua ha detectado, sólo en el Valle de México, 3 mil 848 pozos clandestinos. Para dar el número exacto de lo que hice mención en un principio. Se duplica así las fuentes de abastecimiento con concesión correspondiente.
A más de las denuncias de diversas organizaciones, investigadores y ciudadanos, no existe una atención a esta problemática específica. Por ejemplo: a la denuncia de investigadores del proyecto Sierra Nevada, de la Universidad Autónoma Metropolitana, que denuncian irregularidades en la operación de pozos en la región conocida como de ``los volcanes''. Y aunado a ello, daños a los mantos freáticos de la zona, se les ha obstruido la información y en este sentido por parte del registro público de derechos de agua.
Por ello, proponemos este punto de acuerdo para que la del Congreso de la Unión exhorte al Ejecutivo federal, mediante la Semarnat y la Conagua, para que informen sobre las políticas públicas que ejecutará a corto, mediano y largo plazo para revertir la sobreexplotación de los mantos acuíferos en la zona hidrológica-administrativa del Valle de México.
Asimismo, para que esta Comisión Permanente exhorte al Ejecutivo, mediante las instancias citadas, a que se entregue a los investigadores del proyecto Sierra Nevada la información completa sobre la operación de pozos en la región de los volcanes. Debemos apoyar las iniciativas ciudadanas, de organizaciones y de investigadores que coadyuven a conocer la realidad sobre la explotación de agua en diversas regiones del país, a fin de tener información concreta que ayude a la solución de esta problemática, que nos concierne a todos; que, ojalá, nos ocupemos todos, gracias.
«Proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo federal a informar a través de la Semarnat y de la Conagua respecto a las políticas públicas por ejecutar para revertir la sobreexplotación de los mantos acuíferos en la zona hidrológico-administrativa del Valle de México, suscrita por los senadores Silvano Aureoles Conejo, José Luis García Zalvidea y Rubén Velázquez López, del Grupo Parlamentario del PRD
Los que suscriben, senadores Silvano Aureoles Conejo, José Luis Máximo García Zalvidea y Rubén Fernando Velázquez López, integrantes de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo previsto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta Comisión Permanente la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y a la Comisión Nacional del Agua, para que informen sobre las políticas públicas a ejecutar para revertir la sobre explotación de los mantos acuíferos en la zona hidrológica-administrativa del Valle de México.
Consideraciones
Primera. Conforme a información que da a conocer la Organización de Naciones Unidas mil 300 millones de personas no tienen acceso al agua potable, y 31 países enfrentan escasez grave, lo que sin duda empeorará día con día a causa de los efectos del cambio climático. Y la demanda hídrica se duplica aproximadamente cada 20 años.
De las aguas, la dulce es la más escasa y por supuesto la más preciada, porque 94 por ciento del agua es salobre, y del seis por ciento que es dulce, 4.3 por ciento es subterránea y 1.7 por ciento está helada. De modo que el agua dulce de la atmósfera y la superficie terráquea: nubes, lluvia, ríos, lagos, humedales, etcétera es apenas el 0.03 por ciento de toda el agua.
Aprovechar mejor el agua ha sido desafío permanente de la humanidad y todas las civilizaciones han desarrollado ingeniosos sistemas de explotación; pero el problema de las obras hídricas es la escala, la velocidad y la ineptitud socio ambiental. La falta de consideración por los hombres y por la naturaleza con que actúa el capital nos ha llevado a sobreexplotar los matos acuíferos, poniendo en riesgo la sustentabilidad del líquido.
Segunda. En México, a partir de los setentas, ha estado aumentando sustancialmente el número de acuíferos sobreexplotados; 32 en 1975, 36 en 1981, 80 en 1985, 97 en 2001, 102 en 2003 y 104 en 2006. Sin embargo, en el 2007 se redujo el número a 101. De éstos se extrae el 58 por ciento del agua subterránea para todos los usos.
De las regiones hidrológico-administrativas sobreexplotadas destacan las del Valle de México:
Tercera. La Comisión Nacional del Agua ha detectado en el Valle de México 3 mil 848 pozos que funcionan de manera clandestina, lo que representa el doble de las fuentes de abastecimiento que cuentan con la concesión correspondiente. Según los datos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), en la zona metropolitana del Valle de México operan de manera regular 3 mil 23 pozos.
El titular de la Conagua reconoció que la existencia de pozos de agua clandestinos ha provocado un severo problema de sobre explotación en 70 acuíferos del valle de México, de donde se extrae hasta un 100 por ciento de su capacidad de recarga, lo que convierte a este manto acuífero en el más explotado del mundo.
La sobre explotación ya había sido denunciada en otras ocasiones, como el caso de investigadores del proyecto Sierra Nevada de la Universidad Autónoma Metropolitana, quienes denunciaron irregularidades en la operación de pozos en la región de los volcanes, lo que ha propiciado daños a los mantos freáticos por la sobre explotación de los veneros.
Los integrantes del proyecto Sierra Nevada ponen como ejemplo de lo que sucede con la extracción de agua el caso de la región de los volcanes.
Los académicos de la UAM se han encontrado con ``obstrucciones a la hora de solicitar expedientes completos al registro público'' de derechos del agua; que cuando se denuncian les contestan que no hay nada que hacer jurídicamente.
Cuarta. Los efectos de la sobreexplotación de los mantos acuíferos en las últimas décadas ya se dejan sentir, han provocado un hundimiento de 13 metros en la zona del valle de Chalco, y la formación de un nuevo lago pone en riesgo miles de viviendas.
Según investigadores del Centro de Geociencias de la UNAM se está creando otra vez el lago de Xico en el municipio de Chalco, por el hundimiento de 13 metros en 20 años, el grosor de sus arcillas y la intensiva sobreexplotación del acuífero subyacente.
Este lago ha alterado el drenaje natural, y está acumulando agua superficial. Si no se detiene el hundimiento, para 2015 el hundimiento total será de 16 metros en una extensión de entre mil 200 y mil 500 hectáreas, incluyendo zonas urbanas de Chalco y Tláhuac.
Investigadores del Centro de Sustentabilidad Centli de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), expusieron que, de seguir la sobreexplotación de los acuíferos será cada día más difícil y costoso desalojar las aguas pluviales.
Por lo expuesto, sometemos a consideración de la Comisión Permanente los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Comisión Nacional del Agua, para que informe sobre las políticas públicas que ejecutará a corto, mediano y largo plazos, para revertir la sobreexplotación de los mantos acuíferos en la zona hidrológico-administrativa del Valle de México.
Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo federal a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y a la Comisión Nacional del Agua para que entregue a los investigadores del proyecto Sierra Nevada de la Universidad Autónoma Metropolitana la información sobre los expedientes referentes a la operación de pozos en la región de los volcanes que fue solicitada al Registro Público de Derechos del Agua.
Notas: 1. http://oncetv-ipn.netJnoticias/index.php?modulo=despliegue amp; dt fecha=2008-12-17 amp; n umnota=50.2. http://www.eluniversal.com.mx/notas/564277.html.3. http://www.eluniversal.com.mx/ciudad/93519.html.El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Muchas gracias, senador don Rubén Velázquez López.Túrnese a la Tercera Comisión.
LEY DE LA COMISION REGULADORA DE ENERGIA - LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL - LEY DEL SERVICIO PUBLICO DE ENERGIA ELECTRICA
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: La Presidencia recibió de la diputada Dolores de María Manuell- Gómez Angulo, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, solicitud de excitativa a las Comisiones Unidas de Gobernación, y de Energía de la Cámara de Diputados.
De conformidad con lo que establece el artículo 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se excita a las comisiones mencionadas para que emitan el dictamen correspondiente.
La diputada María Esther Jiménez Ramos (desde la curul): Señor presidente, deseo hacer uso de la palabra para este tema.
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Adelante, se le concede el uso de la palabra. Tiene el uso de la palabra nuestra compañera diputada María Esther Jiménez.
La diputada María Esther Jiménez Ramos : Estaba prevista en el orden del día, señor presidente. Con su permiso, señor presidente.La de la voz, diputada María Esther Jiménez Ramos , en nombre de la diputada Dolores de María Manuell-Gómez Angulo , diputada federal a la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, propone a la Presidencia de la Mesa Directiva lo siguiente:
Que formule segunda excitativa a las Comisiones de Gobernación, y de Energía, para que, de conformidad con el artículos 45, apartado sexto, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y la fracción XVI del artículo 21 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, emitan el dictamen correspondiente de la iniciativa que reforma diversos artículos de la Ley de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica y de la Ley del Servicio Pública de Energía Eléctrica, en razón de los siguientes antecedentes.
Con fecha 9 de diciembre de 2004 el diputado Óscar Pimentel, del Grupo Parlamentario del PRI, presentó iniciativa que reforma diversos artículos de la Ley de la Comisión Reguladora de Energía, el artículo 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y los artículos 30 y 31 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica.
La Mesa Directiva de este órgano legislativo dio cuenta de dicha iniciativa y dictó el trámite que al calce reza ``túrnese a las Comisiones Unidas de Energía y de Gobernación''.
El 25 de abril de 2006, en sesión plenaria de Comisiones Unidas de Gobernación, y de Energía ---tal como reza el trámite de la Mesa Directiva---, se reunieron los integrantes de éstas para aprobar el dictamen, y se dio trámite para ser considerado de primera lectura ante el pleno de la Cámara de Diputados, sometido al orden del día de esa fecha.
A la fecha, esta legislatura no ha conocido dictamen alguno que prevea ésta y otras modificaciones que se han propuesto en el mismo sentido.
Consideraciones: las altas temperaturas en verano en Mexicali, Baja California, hacen que el consumo de energía eléctrica sea elevado e indispensable para quienes ahí habitan.
En general, las condiciones climáticas en la última década se han intensificado y el país ha sufrido la consecuencia de ellas, elevando hasta en 25 por ciento el consumo de energía eléctrica.
Las modificaciones propuestas por esta iniciativa son de suma importancia para el diseño, análisis y aplicación del sistema tarifario de energía eléctrica en el país, donde lo más importante es que se le quite a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la facultad de diseñar y aplicar las tarifas en este rubro, sin atender la importancia que tiene la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica.
Las Comisiones de Gobernación y de Energía no han cumplido su encomienda de dictaminar, rebasando por mucho el tiempo de dictaminación en los términos del artículo 91 del mismo Reglamento para el Gobierno Interior, sin haber manifestado motivo alguno que justifique la demora o suspensión del trámite que todo proyecto de ley debe seguir al interior de las Cámaras del Congreso.
Por lo expuesto y fundado, y tras haberse cumplido de sobra el tiempo que se marca en el artículo 87 del Reglamento para el Gobierno Interior, y en aras de que se cumpla lo enmarcado en el inciso f) del apartado VI del artículo 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito solicitar a usted, señor presidente de la Mesa Directiva, hacer la excitativa por segunda ocasión a las Comisiones Unidas de Gobernación, y de Energía, a fin de que emitan el dictamen correspondiente de la iniciativa en mención. Es cuanto.
«Excitativa a las Comisiones Unidas de Gobernación, y de Energía, a solicitud de la diputada Dolores de María Manuell-Gómez Angulo , del Grupo Parlamentario del PAN
La suscrita, Dolores de María Manuell-Gómez Angulo , diputada federal a la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, propone a esta Presidencia de la Mesa Directiva que formule una segunda excitativa a las Comisiones de Gobernación y Energía para que, de conformidad con los artículos 45, apartado 6, inciso f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y la fracción XVI del artículo 21 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; emita el dictamen correspondiente de la iniciativa que reforma los artículos 1; 2, primer párrafo, fracciones I a IV; 3, fracciones I a XXII; 4, primer párrafo; 5, fracción III; 6, fracción I; 9, primer párrafo; adiciona las fracciones V, VI y VII al artículo 2; XXIII, XXIV y XXV al artículo 3, segundo párrafo al artículo 4; el capítulo IV, Del patrimonio y presupuesto de la comisión, y el artículo 12, todos de la Ley de la Comisión Reguladora de Energía; la fracción X del artículo 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y se reforman los artículos 30 y 31 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, en razón de los siguientes:
Antecedentes1. Que el 9 de diciembre de 2004 el diputado Oscar Pimentel, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa que reforma diversos artículos de la Ley de la Comisión Reguladora de Energía, el artículo 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y 30 y 31 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica.
2. Que la Mesa Directiva de este órgano legislativo federal dio cuenta de dicha iniciativa y giró el trámite que al calce reza ``Túrnese a las Comisiones Unidas de Energía y Gobernación''.
3. Que el 25 de abril de 2006, en sesión plenaria de Comisiones Unidas de Gobernación y Energía, tal como reza el trámite de la Mesa Directiva, se reunieron los integrantes de las mismas para aprobar el dictamen y se dio trámite para ser considerado de primera lectura ante el Pleno de la Cámara de Diputados, sometido al orden del día de esa fecha.
4. Que a la fecha, esta legislatura no ha conocido dictamen alguno que contemple estas y otras modificaciones que se han propuesto en el mismo sentido y de esta materia sin que medie discusión y análisis alguno, privándonos lo que establecen los artículos 95, 96, 97, 98, 99 y 100 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
5. Que el 25 de octubre de 2008, la que suscribe presentó una primer solicitud al Presidente de la Mesa Directiva de esta instancia federal, a efecto de que formulara una primer excitativa en términos de nuestra normatividad interna, que al calce se estableció por parte del diputado Presidente de la Mesa Directiva.
ConsideracionesPrimero. Las altas temperaturas en la temporada de verano en las ciudades de Mexicali, Baja California, y San Luis Río Colorado, Sonora, hacen que el consumo de energía eléctrica sea elevado por lo que el consumo de energía eléctrica se ha vuelto indispensable para quienes ahí habitan.
Segundo. Que en general las condiciones climatológicas en la última década se ha intensificado, y que el país ha sufrido las consecuencias de ellas, arrojando a la población al consumo cada vez mayor de energía eléctrica, ya sea para la calefacción o la refrigeración de aire acondicionado en hogares, lo cual obliga a que el gasto sea exagerado para algunas familias que han elevado hasta en un 25 por ciento el consumo de energía eléctrica.
Tercero. Que las modificaciones propuestas por esta iniciativa son de suma importancia para el diseño, análisis y la aplicación del sistema tarifario de energía eléctrica en el país; dónde lo más importante es que se le quite a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la facultad de diseñar y aplicar las tarifas en este rubro, sin atender la importancia que tiene la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica, en primer lugar, y en segundo lugar, las necesidades sociales que puede aportar la Secretaría de Desarrollo Social.
Cuarto. Que los considerandos que he presentado desde la primera excitativa son importantes, y que esta segunda es complementaria de la misma y se establece de esta manera, a fin de que se pueda consolidar lo enmarcado en el artículo 21 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Quinto. Que las Comisiones de Gobernación y Energía no han cumplido su encomienda de dictaminar, rebasando por mucho el tiempo de dictaminación, y que en los términos del artículo 91 del mismo Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos no se ha manifestado motivo alguno que justifique la demora o suspensión del trámite que todo proyecto de ley deberá seguir al interior de las cámaras del Congreso.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, y tras haberse cumplido de sobra el tiempo que se enmarca en el artículo 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en aras de que se cumpla lo enmarcado en el inciso f) del apartado 6 del artículo 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito solicitarle a usted, señor Presidente de la Mesa Directiva, se excite en segunda ocasión a las Comisiones Unidas de Gobernación y Energía, a efecto de que emitan el dictamen correspondiente de la iniciativa en mención.
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Gracias, diputada. En tanto, de conformidad con lo que establece el artículo 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos,se excita a las comisiones mencionadas para que emitan el dictamen correspondiente.
POLITICA Y ECONOMICA NACIONAL
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: El siguiente punto del orden del día es el de los comentarios respecto a la situación política y económica nacional. Para este efecto tiene el uso de la palabra el diputado Gerardo Villanueva Albarrán, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Gerardo Villanueva Albarrán : Con su permiso, diputado presidente.Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, en este punto del orden del día, referente a la situación política y económica nacional, el Grupo Parlamentario del PRD manifiesta su postura señalando lo siguiente:
En las acciones anunciadas por Calderón, con el tema del Acuerdo Nacional a favor de la Economía Familiar y el Empleo, no se observa el diseño de una política social clara, que facilite el desarrollo regional y garantice la rectoría del Estado en el sector financiero, como lo marca la ley.
Para corroborar lo anterior es necesario señalar lo siguiente: En materia de apoyo a la economía familiar, la estrategia sólo congela el precio de las gasolinas, pero en un nivel en el que actualmente superan por mucho al que existe en otros países del mundo.
Por ejemplo, en Estados Unidos el precio de la gasolina se ha reducido en casi 40 por ciento. En el Reino Unido la reducción fue de 17 por ciento, al igual que en Francia y España. Para poner un caso más cercano a la economía mexicana, en Brasil la reducción fue de 16 por ciento.
En el caso de México este incremento se ha llevado al exceso de 12 por ciento en el precio de las gasolinas.
Hay que recordar que en campaña Calderón prometió la reducción de los combustibles, de la energía eléctrica, del diesel, de la gasolina, y lo primero que promovió aquí, con su grupo parlamentario, fue el gasolinazo.
No se plantea la reducción ni el congelamiento del precio del diesel, que es utilizado por los sectores productivos, como es el caso del agro o de la pesca. Tampoco se pone freno al alza de los precios de los principales artículos de consumo de la canasta básica, señalando que, en estos casos, muchos han registrado incrementos superiores al 100 por ciento.
El aumento no otorga un incremento emergente al salario mínimo, que restituya el poder adquisitivo del mismo y el cual mínimamente debería ser entre 12 y 15 por ciento, si quisiéramos alcanzar ese objetivo.
Además se habla de que se va a ampliar a 250 mil plazas de empleo temporal. Hay que señalar con énfasis ``temporal'', cuando el secretario del Trabajo del gobierno espurio dice que en lo que va del gobierno, el gobierno del empleo, del sexenio que iba a ser del empleo, se han perdido 2 millones de empleos, y nos anuncia muy campechanamente que en 2009 se van a perder 1 millón. Es decir, esta medida no atiende ni siquiera 7.5 por ciento del problema.
Sobre las tarifas de energía eléctrica se establece que las tarifas industriales y comerciales, en mediana y alta tensión, se congelarán y tendrán reducciones que van desde 9 por ciento para la tarifa comercial, hasta 20 por ciento para la alta tensión.
Sin embargo, el golpe a la economía familiar ya está dado, ya que el año pasado, tanto la tarifa residencial como la comercial mostraron incrementos muy superiores a las reducciones anunciadas.
Quiero comentar aquí que se anuncia que se van a destinar 750 millones de pesos para que los sectores de la población más empobrecidos cambien sus electrodomésticos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Van a regalar lavadoras y refrigeradores en año electoral? Bueno, pues como diría mi compañera senadora, ``habrá que indagarlo'', porque esto suena francamente como un populismo de derecha bastante despreciable por la situación en la que está sobreviviendo el pueblo de México.
Incrementar el monto que los trabajadores puedan retirar de su Afore agrava todavía más la crisis de este sistema, y en consecuencia de las futuras pensiones de nuestros trabajadores.
Los fondos de pensiones ya perdieron cerca de 30 por ciento de su valor. Con el desempleo, el trabajador dejará de cotizar, pero las Afore siguen cobrando comisiones, y esta propuesta promueve el retiro de una parte del fondo.
Por otro lado, la estrategia de incrementar créditos de vivienda me parece que es un cinismo impresionante. Si aquí estamos denunciando que la cartera vencida la están comprando los despachos extranjeros, si aquí estamos diciendo que los grandes beneficiarios de los créditos de vivienda o de los subsidios que se aprueban desde el gobierno para la promoción de vivienda las aprovechan las inmobiliarias y los bancos, y resulta que se anuncia esta medida. No la entiendo, y no la podemos admitir, y no hay que dejar de denunciarlo.
Se anuncian incentivos fiscales para que las empresas no despidan personal. Sin embargo, no sólo se mantiene, sino que se incrementa en 0.5 por ciento la aplicación del impuesto empresarial a tasa única, el famoso IETU, aun y cuando este impuesto tiene un fuerte sesgo contra el empleo.
Por otro lado, sobre el ejercicio del gasto público y la creación de obra pública, el programa no establece montos de recursos, sino exclusivamente los que ya fueron aprobados en el Presupuesto de Egresos.
Es decir, está anunciando una medida como propia, de algo que aprobamos aquí los diputados federales.
El programa de infraestructura básica de este país fue aprobado en el Presupuesto de Egresos de 2009 por los diputados federales en la Cámara de Diputados. No entiendo cuál medida nueva. ¿Dónde está la novedad? Existe una total ausencia de un programa de austeridad y los gastos superfluos del gobierno; sin embargo, se hacen anuncios...
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Permítame, diputado. Senador Villarreal.
El senador Luis Alberto Villarreal García (desde la curul): Pregunto al orador, a través de usted, si me permite formularle una pregunta.
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Diputado, si acepta una pregunta.
El diputado Gerardo Villanueva Albarrán : Con mucho gusto.
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Adelante, senador Villarreal.
El senador Luis Alberto Villarreal García (desde la curul): Quisiera preguntar al diputado si en las notas que sus asesores le escriben no le enunciaron, entre paréntesis, que ayer el presidente de la república, al hacer el anuncio respecto a la infraestructura, agradeció a la Cámara de Diputados y reconoció de la Cámara de los Diputados la aprobación de este programa de infraestructura.
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Gracias, senador. Adelante, señor diputado.
El diputado Gerardo Villanueva Albarrán : Estoy haciendo consideraciones generales del anuncio mediático, por cierto muy teatral, del presidente espurio. Entonces no tiene nada que ver si agradece o no agradece, son funciones constitucionales que tenemos los diputados federales y las tratamos de cumplir de acuerdo con nuestros principios y programas, de acuerdo con el partido al que cada quien pertenezca.
Me permite continuar, diputado presidente.
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Adelante, diputado.
El diputado Gerardo Villanueva Albarrán : Miren, por lo anterior, el Grupo Parlamentario del PRD propone, para mejorar la situación económica del país, y con estos puntos concluyo, diputado presidente; le ruego que me permita leerlos.
1. Debe bajar el precio de las gasolinas, del diesel, del gas y de la luz, como lo prometieron. Además, esta Cámara tomó medidas para que esto se dé y existe un colchón, por llamarlo de alguna manera, de más de 130 mil millones de pesos.
Ese margen lo tiene hoy por hoy la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y es el monto que se estimó de subsidio a la gasolina y al diesel, en la Ley de Ingresos para 2009. Que se haga, que no sean insensibles, que se haga, que se baje el precio de las gasolinas, el diesel, el gas y la luz.
2. Aumentar de emergencia el salario mínimo para recuperar cuando menos lo perdido por la inflación en la canasta básica durante los últimos años.
3. Se debe derogar el IETU, como apoyo a trabajadores asalariados, comercios y empresas.
4. El gobierno debe intervenir para evitar más pérdidas en los fondos de retiro de los trabajadores.
5. Se debe impulsar al sector agropecuario, para producir en México lo que consumimos y dejar de comprar los alimentos en el extranjero.
6. Es urgente fortalecer a la industria de la construcción para reactivar la economía y generar empleos, por supuesto inyectando recursos frescos, no con lo que ya aprobamos aquí los diputados el año pasado.
7. Se deben extender los apoyos al desarrollo social. Se tiene que comprender que el Estado existe no nada más para garantizar las instituciones y la seguridad pública, sino sobre todo la seguridad social; es decir, que se haga lo que se hace en el Distrito Federal, que se universalicen los programas de adultos mayores, de madres jefas de familia y de discapacitados.
8. Es indispensable reducir los sueldos de los altos funcionarios públicos, eliminar los privilegios en el gobierno y aplicar un plan de austeridad republicana para ahorrar y destinar esos fondos a la atención de la crisis económica y el bienestar social.
Aquí el principal problema de Calderón es que cree sus propias mentiras. Quiere seguir gobernando este país con spots y con estrategias mediáticas y de propaganda política. Le queremos recordar que así no se gobierna, que no puede cometer el gravísimo error, y menos en estas circunstancias, de creer las mentiras que señala su publicidad y su propaganda política. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Muchas gracias, señor diputado. Senadora Zavala.
La senadora María Beatriz Zavala Peniche (desde la curul): Pregunto al orador si, por su conducto, acepta una pregunta respecto a las propuestas que ha planteado.
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Diputado Gerardo Villanueva, ¿acepta usted?
El diputado Gerardo Villanueva Albarrán : Con muchísimo gusto.
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Adelante, senadora.
La senadora María Beatriz Zavala Peniche (desde la curul): En uno de los puntos señala la universalización de los programas sociales. Mi pregunta es si consideran hacer universales o extensivos los recursos y los programas sociales en un año de crisis económica mundial a quienes no lo requieren, a quienes tienen los medios económicos suficientes para completar todos sus gastos de manutención y de una vida digna.
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Gracias, senadora Zavala. Adelante, señor diputado.
El diputado Gerardo Villanueva Albarrán : Muchas gracias, diputado presidente.
Le agradezco mucho la pregunta, senadora, porque así me permite extender los criterios, específicamente en este punto.
Existen dos posiciones: la del estado de bienestar y la del estado policiaco que se promueve actualmente en nuestro país. Y en el PRD creemos en el estado de bienestar, en el estado social democrático y de derecho que entiende que su fin último es el beneficio a su población y al pueblo.
Por tanto, entendemos la política no como esta relación entre los que dominan y los dominados. Entendemos el Estado como esa entidad social que tiene que poner los medios para la vida y su desarrollo. Ése es el concepto de política que plantea la idea, nada teórica en el Distrito Federal, de la universalización de la atención social a la población, porque lo otro ha derivado en corrupción, en clientelismo, la focalización que esto de dar oportunidades; o sea, no, no.
Toda la población de un Estado debe tener oportunidades; toda la población, y no nada más quien el Estado diga. Ésa es la gran diferencia. La universalización evita la corrupción y, sobre todo, una cosa muy dramática que se da en las comunidades indígenas, en las zonas rurales o en las colonias populares, donde los programas federales se aplican, que es la división, la discriminación. Porque resulta que hay unos pobres que sí reciben el apoyo y otros pobres que no lo reciben. Y eso, senadora, es absolutamente inadmisible.
Le quiero agregar además un dato. Lo que pasa en el Distrito Federal ha servido de ejemplo para gobiernos democráticos y de izquierda en el mundo entero. Se invierten 25 mil millones de pesos en la política social y la obra pública, nada más que la fórmula y el secreto es algo que jamás va a comprender la derecha gobernante, se llama ``austeridad republicana'', ``disciplina en el ejercicio del gasto público'' y ``eliminación de subejercicios'', porque esto es un problema que tenemos en el gobierno federal de manera dramática.
Entonces, creo que la postura sí es radicalmente distinta a la que se aplica actualmente por parte de los programas federales del gobierno panista, y nuestra propuesta de universalización, sin duda alguna, resuelve ese problema sin discriminar y sin arrojar a la burocracia gobernante a la corrupción.
Con esto termino la respuesta a la señora senadora.
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Muchas gracias, diputado don Gerardo.
El diputado Gerardo Villanueva Albarrán : Muchas gracias a usted, diputado presidente.
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Gracias.
La senadora María Beatriz Zavala Peniche (desde la curul): Señor presidente.
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Senadora.
La senadora María Beatriz Zavala Peniche (desde la curul): La pregunta concreta no fue respondida. Recursos públicos sociales a quien no tiene necesidad económica, ésa fue la pregunta.
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Gracias, senadora. Tiene uso de la palabra el senador Rogelio Rueda.
El senador Rogelio Rueda Sánchez: Con su venia, presidente.
En nombre del Grupo Parlamentario del PRI, presente en la Comisión Permanente, tanto de senadores como de diputados, me permito compartir con ustedes que el Acuerdo Nacional a favor de la Economía Familiar y el Empleo, presentado ayer, pretende hacer frente a la crisis financiera internacional y se presenta como un plan emergente.
Tenemos no sólo un retraso en su presentación, sino un desconocimiento en los plazos de ejecución específicos de las medidas que se presentan. Esto nos permite inferir que no será infalible, frente a la creciente desaceleración económica internacional, especialmente ahora que el sistema financiero mexicano ha disminuido el crecimiento del crédito, las exportaciones, las remesas.
En tanto, la demanda interna está ya sin duda mostrando signos de debilidad; de ahí que el reto estará en la rapidez de los resultados anunciados y en la correcta ejecución ---si vale decirlo así--- de los programas específicos, de los puntos anunciados.
No podemos dejar de lado que el panorama económico se prevé complicado y las proyecciones de crecimiento continúan a la baja. Por ello, el primer paso debe ser que el gobierno federal haga pública su valoración oficial sobre el comportamiento de la economía nacional y sus principales variables esperadas para 2009.
Para poder contar con un punto de partida propio y no sujeto a las previsiones de los organismos internacionales, requerimos conocer la magnitud del problema por enfrentar.
El incremento temporal del gasto público podrá no estimular en el corto y el largo plazos nuestra actividad económica, dejando de resolver los excesivos riesgos que hemos de afrontar con la desaceleración mundial; sobre todo en lo referente a la protección de los sectores socialmente más vulnerables y a la promoción del empleo, si no contamos con esta identificación de la magnitud del problema.
Por ello, requerimos esto como una base para la discusión y para generar los consensos respecto a éste y otros temas prioritarios en la agenda nacional.
El gobierno federal sustenta su planteamiento en la ya famosa cobertura sobre el precio del petróleo, presupuestado en 70 dólares, de la que, por cierto no conocemos aún sus estipulaciones y alcances contractuales detallados. Pero no podrá asegurarse que ocurra lo mismo con otros ingresos fiscales, máxime que una menor actividad económica significará una menor recaudación impositiva.
Así, las circunstancias imperantes demandan también la reinstauración de una disciplina fiscal y monetaria que el Ejecutivo no ha incluido en sus anuncios.
La importancia del financiamiento privado y no sólo público que debe fluir es una condición necesaria para la reactivación económica, en donde este pacto enunciado no consideró medidas para recomponer el sistema financiero, medidas para recuperar la demanda y restablecer la confianza.
Además, por supuesto, no adopta un paquete de estímulos fiscales que en muchos otros países forman parte, sin duda, de las medidas. No se considera la reducción en los precios de los combustibles.
Nosotros hemos ya planteado ayer que deben bajar el precio internacional por lo menos, pero aquí se congelan, se congelan en las nubes. Allá se congelan los precios, porque se privilegia la visión tributaria que garantice los ingresos fiscales.
En lugar de privilegiar la protección a la economía de las familias mexicanas y con ese mismo criterio no se incluye la reducción de las tarifas domésticas en el consumo de energía eléctrica.
Por supuesto, el tema recién mencionado, de nuevo, de los paros en el sector pesquero, buscando reducir los costos del diesel marino; han enfrentado una insensibilidad del gobierno que raya en el absurdo.
``El diesel seguirá subiendo'', ha sido su única respuesta. ¿Estarán buscando acabar con el sector pesquero? Pero al continuar aumentando los precios del diesel, está también aumentando el costo de los productores agropecuarios y está también aumentando el costo del transporte de mercancías, y esto, sin duda, tendrá una generación de inflación que perjudica a las familias mexicanas.
Me parece que este anunció del día de ayer debe ser, en principio, bienvenido, porque son necesarias medidas en materia de política económica. Sin embargo, nos parece insuficiente. Hasta aquí llega la creatividad del actual gobierno. Hasta aquí se atreve con los, casi, innumerables instrumentos, con toda la capacidad del gobierno.
Estaremos, sin embargo, atentos a que se cumplan y, por supuesto, ese análisis y en el complemento de lo que México requiere. Estaremos atentos a participar en el foro Qué hacer para crecer, que ha convocado el Senado de la República, para que las decisiones de política económica que se tomen sean decisiones con un horizonte más allá del primer semestre de este año.
En el PRI vamos a insistir en que las decisiones de política económica se tomen pensando en las próximas generaciones y no sólo en las próximas elecciones. Muchas gracias.
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Muchas gracias, senador Rogelio Rueda. Para hechos, ha solicitado el uso de la palabra el diputado Martínez Vargas, y se le concede.
El diputado Octavio Martínez Vargas : Con su venia, compañero presidente.Sin duda, el anuncio que escuchamos ayer en el transcurso del día, en la tarde, es un documento que no cumple las necesidades que requiere nuestro país.
Los asesores que rodean al titular del Ejecutivo federal no tuvieron más imaginación para incorporar el ámbito más importante, más creativo y más realista, y más sustantivos.
Quiero hablar de un tema que por cierto está ausente, que es la industria turística. Esta actividad es la tercera fuente generadora de riqueza en nuestro país, después del petróleo y la refinación, y simplemente al gobierno no le importa. Lo hemos visto en los presupuestos, lo hemos visto en la designación de los servidores públicos que están al frente de estas dependencias, lo hemos visto en la intención de reducir, incluso, recursos al tema de la promoción en diversas modalidades, que expresan puntualmente el desdén a esta actividad; 2.3 millones de empleos genera esta actividad política.
No hay apoyo a los micro y pequeños empresarios turísticos. No hay una política que fomente el ingreso del turista extranjero. No hay una política que nos permita promocionar todos los destinos turísticos en el país de manera más amplia y más diversa. Simplemente este tema, que a España, a Francia, a países sudamericanos les ha permitido crecer, al gobierno mexicano no se le ocurrió.
¿Por qué? Porque no le interesa. Subrayan la parte de Bancomext y Nafinsa, el programa de Pyme.
Hay que ponerle atención, porque si vamos a ver lo que observamos en 2007 y 2008, recursos públicos aprobados por esta Cámara de Diputados y que simple y llanamente fueron destinados mil millones de pesos para la industria del maíz. Qué magia beneficiar siempre a los más poderosos, a los que más requieren y no a quienes lo necesitan.
El programa Pyme con esa liberación de recursos, simplemente no tuvo cómo explicar ese apoyo tan grosero y grotesco. Lo mismo en Bancomext que en Nafinsa, donde por cierto, en días pasados acaba de dejar el cargo Mario Laborín y asume la responsabilidad un nuevo titular. Vamos a ver, vamos a ver si en verdad llega sin compromisos y llega con una investidura republicana; si llega en verdad a cumplir los acuerdos que se han referido.
No entendemos aún cómo es que la lógica de estas instituciones, que debiesen fomentar el crecimiento económico de nuestro país, la generación de empleos, se limiten exclusivamente a apoyar a un grupo de empresarios del norte de nuestro país ligados a Acción Nacional ---también hay que subrayarlo---, que de manera muy ágil, muy expresa, se les liberan recursos con un trámite que no ha durado más que 15 días en el plan más largo de un plan de negocios.
Saludamos los 25 puntos de este plan que han anunciado; no creo que sean suficientes, sin embargo, vamos a estar vigilantes de que se cumplan, primero; de darle seguimiento a cada uno de ellos.
Por eso, compañeras legisladoras y compañeros legisladores, lo que debiésemos hacer en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados en el próximo periodo ordinario, es generar comisiones plurales den seguimiento a estos temas que el gobierno federal ha estructurado.
Que vigile puntualmente su cumplimiento; que mida si en verdad se están cumpliendo y no ---como hemos visto en otros años, en otras administraciones y en esta misma--- que única y exclusivamente fueran anuncios, como ha habido muchos en otras materias, en materia de seguridad pública ---por ejemplo---, que han hecho anuncios con bombo y platillo y que simple y llanamente no han cumplido su objetivo ni resolvieron el problema por el cual fueron creados.
Por eso vamos a estar atentos a crear esta comisión plural, esta comisión que dé seguimiento a lo antes referido. Y ojalá que los 25 puntos antes mencionados verdaderamente se cumplan. Por su atención, muchas gracias.
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Muchas gracias, señor diputado.
No habiendo más oradores, pido a la Secretaría que lea el orden del día de la próxima sesión.
ORDEN DEL DIA
El Secretario senador Ramiro Hernández García: « Comisión Permanente.--- Primer Receso.--- Tercer Año de Ejercicio.--- LX Legislatura.
Orden del día
Miércoles 14 de enero de 2009.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Comunicaciones
Los asuntos con los que la Mesa Directiva dé cuenta.»
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Muchas gracias, senador secretario don Ramiro Hernández.
CLAUSURA Y CITATORIO
El Presidente diputado César Duarte Jáquez (a las 15:15 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el próximo miércoles, 14 de enero, a las 11: 00 horas.
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RESUMEN DE TRABAJOS