SUMARIO

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ASISTENCIA

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Proceda la Secretaría a pasar lista de asistencia.

El Secretario diputado José Rubén Escajeda Jiménez : Por instrucciones de la Presidencia se procede a pasar lista de asistencia.

Señor Presidente, se encuentran presentes 33 legisladores, por lo cual tenemos quórum.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez (a las 12:37 horas): Se abre la sesión.

ORDEN DEL DIA

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.

El Secretario diputado José Rubén Escajeda Jiménez : Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura del orden del día. Los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

« Comisión Permanente.--- Primer Receso.--- Tercer Año de Ejercicio.--- LX Legislatura.

Orden del día

Miércoles 21 de enero de 2009.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones

Del gobierno del estado de México.

Del Consejo Estatal de Seguridad Publica del gobierno del estado de Yucatán.

De la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

De la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

Del senador Carlos Jiménez Macías.

Del diputado José Amado Orihuela Trejo .

Oficio de la Comisión Nacional del Agua

Con el que remite informe de los ingresos excedentes recaudados al 31 de diciembre de 2008.

Oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Con el que remite información relativa al pago de las participaciones a las entidades federativas, correspondiente al mes de diciembre de 2008 desagregada por tipo de fondo, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y por entidad federativa, efectuando la comparación correspondiente al mes de diciembre de 2007.

Con el que remite el documento Distribución del pago de impuestos y recepción del gasto público por deciles de hogares y personas; resultados para el año de 2006.

Oficios de la Secretaría de Gobernación

Por el que solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Míriam Angélica Sandoval Coronel, Jaime Vargas Muñiz, Manuel Ramírez Gallegos y Jaime Adrián Treviño Rodríguez puedan prestar servicios en la Embajada de Estados Unidos de América en México; y en sus Consulados en Monterrey, Nuevo León, y en Ciudad Juárez, Chihuahua, respectivamente; así mismo, informa que la ciudadana María de Lourdes Cetina Presuel ha dejado de prestar servicios a gobierno extranjero. (Turno a Comisión)

Por el que solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Manlio Favio Pano Mendoza pueda desempeñar el cargo de cónsul honorario de la República de Polonia en la Ciudad de Acapulco, con circunscripción consular en los estados de Guerrero, Michoacán y Oaxaca. (Turno a Comisión)

Por el que solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Sergio Agustín de la Maza Jiménez pueda desempeñar el cargo de cónsul honorario de Rumanía en la Ciudad de Veracruz, con circunscripción consular en los estados de Chiapas, Tabasco y Veracruz. (Turno a Comisión)

Cuatro con los que remite contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados.

Con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Senadores.

Iniciativas del Congreso del estado de Baja California

Que reforma el artículo 9 Bis de la Ley Federal de Juegos y Sorteos. (Turno a Comisión)

Que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Salud. (Turno a Comisión)

Iniciativas

Que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de Seguridad Privada, a cargo del diputado Luis Fernando Rodríguez Ahumada , del Grupo Parlamentario Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que adiciona un segundo párrafo al artículo segundo transitorio y un artículo tercero transitorio al decreto por el que se declara reformado el párrafo cuarto y adicionados los párrafos quinto y sexto, del artículo 18 constitucional, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de diciembre de 2005, suscrita por los senadores Pedro Joaquín Coldwell y Jesús Murillo Karam, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Seguridad Privada, suscrita por la diputada Silvia Oliva Fragoso , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, suscrita por el diputado José Manuel del Río Virgen , del Grupo Parlamentario Convergencia. (Turno a Comisión)

Que expide la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, suscrita por diputadas de la Mesa Directiva de la Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados. (Turno a Comisión)

Que deroga diversas disposiciones de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, y adiciona el Capítulo Vigésimo Séptimo al Código Penal Federal, a cargo del diputado Juan de Dios Castro Muñoz y suscrita por los diputados María Elena de las Nieves Noriega Blanco Vigil y Ramón Ignacio Lemus Muñoz Ledo , del Grupo Parlamentario Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma diversos artículos de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, suscrita por los senadores Francisco Herrera León y Rogelio Rueda Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 8 y 13 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y adiciona un segundo párrafo al artículo 247 del Código Penal Federal, suscrito por el diputado Hugo Eduardo Martínez Padilla , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona los artículos 26, 115 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Carlos Augusto Bracho González y suscrita por los integrantes de la Comisión de Desarrollo Metropolitano, del Grupo Parlamentario Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que adiciona el artículo 10 de la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, a cargo del diputado Octavio Martínez Vargas , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que adiciona diversas disposiciones de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, suscrita por los senadores Ramón Moreno Valle y José Guillermo Anaya Llamas, del Grupo Parlamentario Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma diversas disposiciones de la Ley del Sistema de Horario en los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la senadora Eva Contreras Sandoval, del Grupo Parlamentario Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Dictámenes de primera lectura

De la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Pedro Haces Sordo para aceptar y usar la condecoración de la Orden de Isabel la Católica, en grado de Cruz de Oficial, que le confiere el gobierno de España. (Dispensa de segunda lectura, discusión y votación)

De la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede permiso a la ciudadana Míriam Ramírez Santos para prestar servicios en la Embajada de Estados Unidos de América en México. (Dispensa de segunda lectura, discusión y votación)

De la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Álvaro López Saucedo y Zacarías Estrada Vega para aceptar y usar las condecoraciones, en diferentes grados, que les otorgan el Ejército de la República de Argentina; las Fuerzas Armadas de la República de El Salvador; los Ejércitos de las Repúblicas de Chile, y Federativa de Brasil; y la Fuerza Aérea de la República de Chile respectivamente. (Dispensa de segunda lectura, discusión y votación)

De la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos María Teresa Mercado Pérez, Emilio Cosgaya Rodríguez y José Luis Corro Chávez para aceptar y usar las condecoraciones, en diferentes grados, que les otorgan los gobiernos del Reino de Dinamarca, de Estados Unidos de América, y de la República de Colombia, respectivamente. (Dispensa de segunda lectura, discusión y votación)

Dictámenes a discusión

De la Primera Comisión, con puntos de acuerdo relativos a la construcción de un puente vehicular en la colonia Villa de las Flores, de Coacalco de Berriozábal, México.

De la Primera Comisión, con puntos de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal a emitir el Reglamento de la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas.

De la Primera Comisión, con puntos de acuerdo sobre el caso de la ciudadana Ana Laura Montero Ocampo.

De la Primera Comisión, con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente, con absoluto respeto de la división de poderes, formula un atento exhorto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a efecto de que se resuelva el incidente de inejecución de sentencia número 00686/2008.

De la Tercera Comisión, con punto de acuerdo para exhortar al secretario de Hacienda y Crédito Público a detener la propuesta de la Cofetel relativa a la contraprestación que deben cubrir los interesados en la transición de AM a FM; y a informar y efectuar publicaciones sobre los montos determinados al efecto.

De la Tercera Comisión, con puntos de acuerdo para solicitar al gobierno federal que elabore una norma oficial mexicana sobre la producción de envases, bolsas y botellas de plástico congruente con la tecnología denominada ``oxodegradación''.

De la Tercera Comisión, con punto de acuerdo para solicitar al titular del Poder Ejecutivo federal que se implanten en la administración pública federal políticas que fortalezcan a las familias mexicanas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4o. constitucional.

De la Tercera Comisión, con puntos de acuerdo para exhortar al gobierno de Guerrero a subsidiar el pago de energía eléctrica a los participantes en la Feria de la Bandera, de Iguala.

De la Tercera Comisión, con puntos de acuerdo a efecto de exhortar a la Semarnat, a la Secretaría de la Función Pública, y al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología a informar y efectuar una revisión sobre el diseño de lineamientos para el estudio de poblaciones de toninas con fines de captura.

De la Tercera Comisión, con puntos de acuerdo para solicitar al Infonavit que informe sobre las operaciones realizadas con relación a la venta de la cartera vencida.

De la Segunda Comisión, con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Educación Pública a solicitar a las escuelas públicas del país impulsen las visitas escolares a los museos como parte fundamental de la formación cultural y educativa de los alumnos.

De la Segunda Comisión, con puntos de acuerdo por los que se solicita al nuevo gobierno de Estados Unidos que revoque de manera inmediata la medida tomada por el Departamento de Justicia y se regrese a interpretaciones anteriores que otorgan y garantizan el debido proceso legal en los procedimientos de deportación a nuestros connacionales.

Proposiciones

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al INAH y al gobierno del estado de México a establecer una mesa de trabajo con los tres niveles de gobierno, con organizaciones sociales y con especialistas para preservar la zona arqueológica de Teotihuacán, suscrita por el diputado José Alfonso Suárez del Real y Aguilera , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Solo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al secretario de Seguridad Pública federal a evaluar la seguridad, el desempeño y la funcionalidad del transponder integrado en la calcomanía del Registro Público Vehicular, suscrita por el diputado José Rubén Escajeda Jiménez , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Solo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, relativo al contrato de interconexión de energía solar, suscrita por el diputado Diego Cobo Terrazas , del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Solo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, sobre el grado de afectación del ambiente en el perímetro del fraccionamiento Villa Magna, situado en Ejido Capulines, en la zona intermedia de salvaguarda de Minera México, SA de CV, en San Luis Potosí, suscrita por el senador Javier Orozco Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Solo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, relativo al cambio de la rana de madriguera en la NOM-059-SEMARNAT-2001, suscrita por el diputado Diego Cobo Terrazas , del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Solo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la ASF, a la Secretaría de la Función Pública, a la SEP y a la Sedesol a investigar el uso de los recursos federales otorgados en 2006 y 2007 a seis municipios, en especial a Monclova, Coahuila, a cargo del diputado Carlos Augusto Bracho González y suscrita por el diputado Rolando Rivero Rivero , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo federal a emprender la reactivación de la industria de fertilizantes aprobada como parte de la pasada reforma energética, a cargo del diputado José Rubén Escajeda Jiménez , Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a informar al Congreso de la Unión sobre diversos aspectos de la Iniciativa Mérida, e invitar a una reunión al secretario de Relaciones Exteriores, suscrita por el diputado Armando Barreiro Pérez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para exhortar al titular de la Sagarpa a cumplir los principios de libres competencia y concurrencia en el mercado de la guayaba, a cargo del diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva , del Grupo Parlamentario Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para que la Cámara de Diputados realice foros de debate sobre la aplicación de la pena de muerte en el país y su posible eficacia como medida punitiva, a cargo de la diputada Gloria Lavara Mejía y suscrita por el senador Javier Orozco Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que la Comisión Permanente exhorta al Ejecutivo federal a enviar a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores ayuda humanitaria internacional para víctimas de los ataques israelíes en la franja de Gaza, a cargo del senador Humberto Aguilar Coronado y suscrita por la senadora Adriana González Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al titular del Poder Ejecutivo federal a suspender la aplicación del decreto que establece las condiciones para la importación definitiva de vehículos usados, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de diciembre de 2008, a cargo del senador Fernando Castro Trenti, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, relativo a las insuficiencias e irregularidades en la implantación del programa ProÁrbol, a cargo del senador Rubén Fernando Velázquez López, en nombre propio y de los senadores Silvano Aureoles Conejo y José Luis García Zalvidea, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, respecto a la aplicación del ProÁrbol, a cargo del senador Gabino Cué Monteagudo, del Grupo Parlamentario Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SHCP, a la Condusef y al Sindicato Nacional de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana a informar a esta soberanía sobre el conocimiento y la medida adoptada respecto a los fondos del fideicomiso bancario 56342/FID/III/06, a cargo del diputado Carlos Augusto Bracho González y suscrita por el diputado Rolando Rivero Rivero , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para ampliar por un periodo de seis meses posterior a la pérdida del empleo el servicio de guardería infantil, suscrita por los diputados César Duarte Jáquez, Emilio Gamboa Patrón y Lilia Merodio Reza e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita la comparecencia del secretario de Hacienda y Crédito Público, suscrita por el diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para que el INAH reintegre a su lugar de origen diversas obras de arte sacro pertenecientes a templos católicos de Teotihuacán, México, a cargo del diputado Ramón Valdés Chávez , del Grupo Parlamentario Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que la Comisión Permanente felicita a Barack Obama por su histórico triunfo y expresa su deseo para que los Congresos de Estados Unidos de América y de México inicien una nueva época de diplomacia parlamentaria, basada en el principio de la corresponsabilidad, a cargo del senador Luis Alberto Villarreal García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para exhortar al titular del Poder Ejecutivo federal a investigar a través de la PGR y de la Secretaría de la Función Pública el financiamiento otorgado por la Secretaría de la Reforma Agraria al Partido Acción Nacional y a informar a esta soberanía sobre tales acciones, suscrita por los senadores Fernando Castro Trenti y Melquiades Morales Flores y diversos senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, relativo a la presentación del Poder Ejecutivo federal en el foro México ante la crisis: ¿qué hacer para crecer?, a cargo del senador Rubén Fernando Velázquez López, en nombre propio y del senador José Luis García Zalvidea, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que la Comisión Permanente exhorta al Ejecutivo federal a retirar al Ejército de las actividades de seguridad pública y combate de la delincuencia organizada, y a implantar una nueva estrategia en la materia, a cargo del diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva , del Grupo Parlamentario Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Secretaría de Economía a realizar a través del Prologyca un estudio de factibilidad de instalación de una central de abasto en Matamoros, Tamaulipas, suscrita por el diputado Carlos Alberto García González , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Secretaría de Gobernación que prorrogue 30 días hábiles más el plazo para el registro de los ex trabajadores migratorios, suscrita por el diputado Enrique Serrano Escobar , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que la Comisión Permanente solicita a la SCJN que resuelva y dé el fallo de su investigación respecto a los hechos acontecidos en Oaxaca a partir de mayo de 2006 que constituyen graves violaciones de las garantías individuales, suscrita por los diputados Carlos Martínez Martínez y Othón Cuevas Córdova , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que la Comisión Permanente rechaza la decisión del presidente de Estados Unidos, George W. Bush, de conmutar la sentencia a dos ex agentes de la Patrulla Fronteriza que ocasionaron serios daños al connacional Osvaldo Aldrete Dávila, a cargo del senador Luis Alberto Villarreal García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la ASF a investigar respecto a las concesiones aeroportuarias otorgadas por la SCT a los grupos empresariales Asur y GAP y a Compañía Mexicana de Aviación, suscrita por los senadores Rogelio Rueda Sánchez y Raúl Mejía González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para exhortar al titular del Ejecutivo federal a cumplir los principios consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del senador Jesús Garibay García, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para exhortar a las Juntas de Coordinación Política de las Cámaras de Diputados y de Senadores a incluir en el foro México ante la crisis: ¿qué hacer para crecer? acciones específicas para atender a los adultos mayores y a las personas con discapacidad, a cargo de la diputada Marcela Cuen Garibi y suscrita por la diputada Laura Angélica Rojas Hernández , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al titular del Poder Ejecutivo federal a instruir a la Secretaría de Agricultura para que efectúe un estudio técnico sobre la viabilidad del cultivo de especies florales, e introduzca éstas en la industria cosmética y el mercado internacional de flores de ornato, a cargo del senador Raúl Mejía González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que la Comisión Permanente cita a comparecer a los titulares de la Sagarpa y de la Conapesca respecto al movimiento Cero Pesca 2009, a cargo del diputado Gerardo Villanueva Albarrán y suscrita por el diputado Alejandro Sánchez Camacho , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Consejo de Administración de la Comisión Federal de Electricidad a equiparar el precio de compra del carbón nacional respecto al internacional, a cargo de la diputada Lariza Montiel Luis , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al titular del Poder Ejecutivo federal a realizar a través de la Secretaría de Salud, en coordinación con la SEP, una revisión de las guarderías y estancias infantiles para obtener un padrón real y revisar cuáles cumplen la NOM-167-SSA1-1997 para la prestación de servicios de asistencia social a menores y adultos mayores, suscrita por la senadora María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para exhortar a las autoridades federales y de Coahuila a investigar la desaparición del ciudadano Sergio Gabriel León Castillo, a cargo del diputado Gerardo Villanueva Albarrán , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al titular del Ejecutivo federal a considerar la congelación del precio del diesel para uso agropecuario, transporte de pasajeros y de carga, marina mercante nacional y sector de pesca comercial y deportiva en el país durante todo el año, suscrita por los senadores Sebastián Calderón Centeno, Alberto Coppola Joffroy y Juan Bueno Torio, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita que la Comisión Permanente promueva una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra el decreto por el que se establecen las condiciones para la importación definitiva de vehículos usados, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de diciembre de 2008, suscrita por el diputado Enrique Serrano Escobar , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para exhortar al INAH y al gobierno del estado de México a resguardar y conservar los monumentos y zonas arqueológicos, a cargo de la senadora María de Lourdes Rojo e Incháustegui, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Banco de México, al Ejecutivo federal, a las instituciones de crédito y a los usuarios de servicios financieros en materia de tasas de interés, suscrita por el diputado Martín Malagón Ríos , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para exhortar a las dependencias del Ejecutivo federal a ejecutar las obras y acciones señaladas en el decreto del Presupuesto de Egresos para 2009, a cargo del diputado Carlos Altamirano Toledo , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la PGR a declarar el no ejercicio de la acción en contra de Lucía Andrea Morett Álvarez, a cargo del diputado Carlos Altamirano Toledo y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, relativo a la reciente reunión de los presidentes de Estados Unidos de América y de México, a cargo del diputado Javier Calzada Vázquez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo federal a incluir el gas natural en el Acuerdo Nacional en Defensa de la Economía Familiar y del Empleo y a fijar un precio único para todo 2009, suscrita por la diputada Eva Sánchez Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la titular de la SEP a prorrogar la aplicación del acuerdo 358, que establece el Programa Especial 2005-2009 para la acreditación de la educación preescolar en el Distrito Federal, suscrita por los diputados Valentina Valia Batres Guadarrama y Gerardo Villanueva Albarrán , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a abstenerse de hacer proselitismo religioso en los actos públicos y a trasparentar si en la organización del Encuentro Mundial de las Familias 2009 se utilizaron recursos públicos, suscrita por integrantes de los Grupos Parlamentarios del Partido de la Revolución Democrática, de Convergencia y de Alternativa. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para solicitar al Comité Técnico que Administra el Fideicomiso del Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos que prorrogue el registro en las 37 mesas receptoras en el país, suscrita por la diputada Susana Monreal Ávila , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Excitativas

A las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, a solicitud del senador Carlos Sotelo García, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

A las Comisiones Unidas de Defensa Nacional, y de Gobernación, a solicitud del diputado José Alfonso Suárez del Real y Aguilera , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.»

ACTA DE LA SESION ANTERIOR

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior.

Pido a la Secretaría que consulte a la asamblea si se le dispensa la lectura, tomando en consideración que también ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.

El Secretario diputado José Rubén Escajeda Jiménez : Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura del orden del día. Los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Acta de la sesión de la del Congreso de la Unión, celebrada el catorce de enero de dos mil nueve, correspondiente al Primer Receso del Tercer Año de Ejercicio de la Sexagésima Legislatura.

Presidencia del Diputado César Duarte Jáquez

En el salón Legisladores de la República del Palacio Legislativo de San Lázaro en la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la del Congreso de la Unión, con la asistencia de 32 legisladores, a las 12 horas con 15 minutos del miércoles 14 de enero de 2009, el Presidente declara abierta la sesión.

En sendas votaciones económicas, la asamblea dispensa la lectura del orden del día y del acta de la sesión anterior y aprueba ésta última.

El Congreso de Oaxaca remite acuerdo por el que solicita la conformación de una Comisión Especial de Vigilancia que dé seguimiento a las actuaciones del Banco de México, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros. Se turna a las Juntas de Coordinación Política de las Cámaras de Diputados y de Senadores.

Se reciben contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados:

El Instituto Federal Electoral remite copia certificada del acuerdo por el que se establecen medidas y compromisos de los partidos políticos y de este instituto, para propiciar condiciones de seguridad, legalidad y transparencia, durante el resto del proceso electoral federal 2008-2009. Se remite a las Juntas de Coordinación Política de las Cámaras de Diputados y de Senadores.

Solicitan licencia para separarse de sus funciones como diputados federales:

En sendas votaciones económicas la asamblea aprueba los puntos de acuerdo por los que se conceden las licencias solicitadas. Comuníquense a la Cámara de Diputados. El Presidente hace un reconocimiento a la trayectoria de los solicitantes.

Se recibe comunicación del diputado Juan Enrique Barrios Rodríguez , del Partido Acción Nacional, por la que informa la reincorporación a sus labores legislativas, a partir del 12 de enero de 2009. De enterado, comuníquese a la Cámara de Diputados.

El Presidente informa a la asamblea que a las puertas del salón de sesiones se encuentra el ciudadano José Francisco Melo Velázquez, diputado federal electo en la III circunscripción por el Grupo Parlamentario del Partido Convergencia, quien acompañado por una comisión designada rinde la protesta, en cumplimiento al 3o. punto de la resolución emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Desde su curul, el senador Marco Humberto Aguilar Coronado, del Partido Acción Nacional, solicita que en la primera sesión de la Cámara de Diputados del segundo periodo de sesiones ordinarias del tercer año de ejercicio, se tome la protesta constitucional al diputado Melo Velázquez y la Presidencia hace notar que se tomará en cuenta dicha solicitud.

El ciudadano Pedro Haces Sordo, solicita el permiso constitucional necesario para aceptar y usar la condecoración de Isabel la Católica, en Grado de Cruz de Oficial, que le confiere el gobierno de España. Se turna a la primera comisión de trabajo.

La Secretaría de Gobernación remite:

a) Dos oficios por los que comunica que el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, se ausentará del territorio nacional:

Se remiten a las Comisiones de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados y de Senadores para su conocimiento.

b) Solicitud de permiso constitucional necesario para que los ciudadanos:

Las solicitudes de permiso se turnan a la Primera Comisión de Trabajo, las cancelaciones de permisos se remiten a las Comisiones de Gobernación de las Cámaras de Diputados y de Senadores.

a) Contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados relativos a:

d) Contestaciones a puntos de acuerdo:

Se remiten a la Cámara de Senadores.

La Secretaría da cuenta del presupuesto de dietas, honorarios, sueldos y gastos de la Cámara de Senadores para febrero de 2009. En votación económica se aprueba.

En sendas votaciones económicas, la asamblea dispensa la primera y segunda lectura del dictamen de la Primera Comisión de Trabajo, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Laura Bernal Morales, Martín Guevara de la Cruz, José Luis Meneses Valle y Édgar Arias Patrón, para prestar servicios en la Embajada de Estados Unidos de América, en México y en sus Consulados en Matamoros, Tamaulipas y en Tijuana, Baja California, respectivamente. El Presidente declara aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por 26 votos. Pasa al Ejecutivo federal para sus efectos constitucionales.

En votación económica, la asamblea autoriza dar lectura sólo a los puntos de acuerdo del dictamen de la Tercera Comisión de Trabajo, por el que la Comisión Permanente, ratifica los nombramientos de magistrados de Sala Regional, magistrado supernumerario de sala regional y magistrados de sala superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, expide a favor de diversos ciudadanos. En votación económica, la Asamblea considera el asunto suficientemente discutido. El Presidente declara aprobado el punto de acuerdo por 27 votos. Comuníquese al Ejecutivo federal.

El Presidente informa a la asamblea la presencia de los ciudadanos Adriana Cabezut Uribe, Martha Gladys Calderón Martínez, Julián Casarrubias Pérez, Jorge Avelino Castañeda González, Rosa María Corripio Moreno, Armando Flores Hernández, María Guadalupe Herrera Calderón, Faustino Gerardo Hidalgo Ezquerra, Lucila Padilla López, Avelino Carmelo Toscano Toscano, Analicia Vega León, Rita Amparo Velasco de León, Carlos Chaurand Arzate , Rafael Anzures Uribe y Rafael Estrada Sámano, para rendir protesta como magistrados de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; Francisco Cárdenas Elizondo, como Magistrado Supernumerario de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y Alfredo Salgado Loyo, como Magistrado de Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Se designa una comisión de cortesía y rinden la protesta de ley.

En sendas votaciones económicas, la asamblea autoriza dar lectura sólo a los puntos de acuerdo de los dictámenes de:

a) La Segunda Comisión de Trabajo, por los que la Comisión Permanente, ratifica los nombramientos que el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, expidió a favor de los ciudadanos:

b) La Tercera Comisión de Trabajo:

En votación económica, se aprueban en conjunto. Comuníquense.

c) La Primera Comisión de Trabajo:

En votación económica, la asamblea aprueba en conjunto los puntos de acuerdo antes citados. Comuníquense.

Presidencia del diputado Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla

Se concede el uso de la tribuna al diputado Cesar Duarte Jáquez, del Partido Revolucionario Institucional, para presentar proposición con punto de acuerdo, por la que exhorta al Ejecutivo federal a modificar las disposiciones que regulan la importación de vehículos del extranjero, en virtud de la presente situación económica. Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.

Se concede el uso de la palabra para presentar iniciativas con proyecto de decreto a los legisladores:

Presidencia del diputado César Duarte Jáquez

Se recibe de la diputada Maricela Contreras Julián , del Partido de la Revolución Democrática, iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Se turna a la Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados.

Se reciben solicitudes de excitativas del:

Se reciben proposiciones con punto de acuerdo de los legisladores:

El Presidente clausura la sesión a las 14 horas con 45 minutos y cita para la próxima que tendrá lugar el miércoles 21 de enero de 2009 a las 11:00 horas.»

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.

El Secretario senador Jesús Garibay García: Por instrucciones de la Presidencia se pone a discusión el acta de la sesión anterior. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Aprobada el acta. Continúe con las comunicaciones.

CENTROS PENITENCIARIOS

El Secretario senador Jesús Garibay García: «Escudo.--- Gobierno del estado de México.

Licenciada Martha Hilda González Calderón , Vicepresidenta de la Mesa Directiva de la LX Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presente.

En atención a su oficio número DGPL 60-II-4-1784, de fecha 2 de diciembre de 2008, dirigido al licenciado Enrique Peña Nieto, gobernador del estado de México, mediante el cual comunica que la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en sesión, aprobó el punto de acuerdo para exhortar a los Poderes Ejecutivos de las entidades federativas a implantar las acciones necesarias para realizar el bloqueo de llamadas de teléfonos celulares y otros medios de comunicación no permitidos, así como a fortalecer las medidas para evitar el ingreso de artículos y sustancias prohibidas. Al respecto, hago de su conocimiento lo siguiente:

El gobierno del estado de México comparte con la Cámara de Diputados federal la preocupación que manifiesta en su oficio, motivo por el cual me permito informarle que se ha instalado un equipo técnico que permitirá inhibir toda señal de telefonía celular en los centros preventivos y de readaptación social de la entidad que presentan mayor población carcelaria, como lo son Santiaguito --en Almoloya de Juárez--, Ecatepec, Tlalnepantla y Bordo de Xochiaca --en Nezahualcóyotl.

Actualmente, este mecanismo se encuentra en etapa de pruebas, y se tiene considerado ampliarlo durante este año a las restantes instituciones penitenciarias, por lo cual resulta inminente la necesidad de contar con un presupuesto adicional para incorporar este sistema en el resto de nuestros centros.

Por otro lado, hago de su conocimiento que los 21 centros preventivos y de readaptación social, así como la penitenciaría modelo de la entidad, cuentan con un sistema de detección aleatoria de drogas y explosivos, lo que nos ha permitido incrementar la seguridad que garantice la integridad de los internos y fortalezcan la custodia interna y seguridad externa de los penales.

Sin otro particular por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Remítase a la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados, para su conocimiento.

SECUESTRO

El Secretario senador Jesús Garibay García: «Escudo.--- Consejo Estatal de Seguridad Pública.--- Secretaría General de Gobierno.--- Gobierno del estado de Yucatán.

Diputada Martha Hilda González Calderón , Vicepresidenta de la Mesa Directiva de la LX Legislatura del Poder Legislativo Federal.--- Presente

En referencia a su oficio número D.G.P.L. 60-II-2-1789 enviado a la gobernadora constitucional del estado de Yucatán, Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, al respecto le anexo copia simple de los oficios de contestación números PGJ/DC/2251/2008, del procurador general de Justicia del estado; y SSP/686/08, del secretario de Seguridad Pública, mediante los cuales informan del avance de las acciones que se están llevando a cabo para dar cumplimiento al acuerdo nacional respecto a los puntos señalados en su oficio.

Sin más por el momento aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

«Escudo.--- Secretaría de Seguridad Pública.--- Gobierno del estado de Yucatán.

Licenciado Carlos Pacheco Medina, secretario ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública.--- Presente.

En atención a su oficio CEPS-SE-540-2008, mediante el cual nos informa sobre el dictamen, puntos de acuerdo y solicitudes enviadas por los diputados federales Hilda González Calderón y José Luis Espinosa Piña , de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, referentes a la conformación, desarrollo o fortalecimiento de la unidades especialidades en combate al secuestro, así como su solicitud para el envío de la contestación respectiva a fin de que se concentre la información y sea enviada, me permito informarle sobre este punto.

De acuerdo con la información en la atención de los puntos de acuerdo para cumplir con los compromisos adoptados por esta entidad en el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Legalidad y la Justicia pactado por el Consejo Nacional de Seguridad Pública el 21 de agosto de 2008 y, por consiguiente, de las instrucciones de la gobernadora Ivonne Arcelly Ortega Pacheco, derivadas en la decimosexta sesión extraordinaria del Consejo Estatal de Seguridad Pública, sobre esta acción de compromiso, instruyó al procurador general de Justicia del Estado para que integre la Unidad Antisecuestro con la participación del Consejo Estatal de Seguridad Pública y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.

Derivado de lo anterior, mediante oficio PJG/DC/ 01932/2008, el procurador convocó a una reunión el 14 de octubre de 2008, en la cual se realizó la presentación del proyecto de la Unidad Modelo de Atención al Delito del Secuestro, incluyendo justificación, marco organizacional y funcionamiento, así como el proceso de evaluación del personal y el programa de capacitación para dicha unidad antisecuestro, tal y como hace referencia usted en los avances que se presentan sobre los compromisos.

Esta Secretaría de Seguridad Pública participa en este proceso y coadyuva en todo momento con el apoyo necesario y la coordinación debida para la operación y funcionamiento de esta unidad y el cumplimiento a los puntos de acuerdo e indicaciones de la señora gobernadora.

Espero que esta información cumpla con sus requerimientos y aprovecho la ocasión para enviarle un saludo cordial.

«Escudo.--- Procuraduría General de Justicia.--- Gobierno del estado de Yucatán.

Licenciado Carlos Martín Pacheco Medina, secretario ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública.--- Presente.

En respuesta al oficio de fecha 5 de noviembre de 2008, y con número CESP-SE-463/2008, que refiere al oficio D.G.P.L 60-II-2-1789, enviado por la diputada federal Hilda González Calderón, Vicepresidenta de la Mesa Directiva de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, tenemos a bien informarle que, a fin de implantar mecanismos más estrictos de incorporación de elementos a los cuerpos de seguridad pública, con el objetivo de garantizar la legalidad e integridad del personal que ingresa a laborar a esta Procuraduría y con base en el Acuerdo Nacional por la Justicia y la Legalidad suscrito el pasado 21 de agosto de 2008, se han Implementado las siguientes acciones:

Es importante señalar, que aquellos elementos que no cumplen o aprueban alguno de los requisitos establecidos por la Procuraduría, no son aceptados.

Sin más por el momento me despido, enviándole un cordial saludo.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Remítase a la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados, para su conocimiento.

ESTADO DE VERACRUZ

El Secretario senador Jesús Garibay García: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Diputado Federal César Duarte Jáquez, Presidente de la Mesa Directiva de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados.--- Presente.

Me refiero a su atento oficio D.G.P.L.60-II-1-1954 del 2 de diciembre de 2008, en el que comunica al ciudadano secretario de Gobernación acerca del punto de acuerdo aprobado por el Pleno de ese órgano legislativo, mediante el que se exhorta al titular de esta secretaría a llevar a cabo una revisión del estado que guarda el contrato celebrado por el Centro SCT Veracruz con la Constructora Codiocsa de Xalapa, SA de CV, para la conservación periódica de la carretera Atzalan-Tlapacoyan, en el estado de Veracruz; asimismo, que se verifique si la empresa está cumpliendo las especificaciones técnicas y de calidad, si el monto asignado a la obra corresponde a los trabajos por realizar, y se verifique el plazo de terminación de la obra establecido en el contrato.

Sobre el particular, por instrucciones del ciudadano secretario del ramo me permito comunicarle lo siguiente:

Sin otro particular, le saludo cordialmente.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Remítase a la Comisión de Transporte de la Cámara de Diputados, para su conocimiento.

COMIDA CHATARRA

El Secretario senador Jesús Garibay García: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Asamblea Legislativa del Distrito Federal.--- IV Legislatura.

Diputado César Horacio Duarte Jáquez , Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.--- Presente.

Por este conducto y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 42, fracción XXV, del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 50, fracciones IV, V, VIII, y 58, fracción XVII, de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, me permito hacer de su conocimiento que el Pleno de la Diputación Permanente de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en sesión celebrada en la fecha citada al rubro, resolvió aprobar el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. La Asamblea Legislativa del Distrito Federal exhorta a la Comisión de Salud de la honorable Cámara de Diputados a reconsiderar su decisión de rechazar la modificación de la Ley General de Salud, para acotar la publicidad de comida chatarra en televisión y exhortar a la Secretaría de Salud a realizar un estudio que determine el sobrepeso en menores de edad y su relación con la publicidad comercial.

Segundo. Publíquese en dos diarios de circulación nacional.

Lo anterior para los efectos correspondientes. Anexo al presente copia del punto de acuerdo en comento.

Sin otro particular, reitero a usted mi consideración distinguida.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Asamblea Legislativa del Distrito Federal.--- IV Legislatura.

Propuesta de punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, que presentan los diputados Tomás Pliego Calvo y Salvador Martínez Della Rocca del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal exhorte a la Comisión de Salud de la honorable Cámara de Diputados a reconsiderar su decisión de rechazar la modificación de la Ley General de Salud para acotar la publicidad de comida chatarra en televisión y exhortar a la Secretaría de Salud a realizar un estudio que determine el sobrepeso en menores de edad y su relación con la publicidad comercial.

Considerandos

1. Es conocimiento común que la obesidad infantil en México es considerada por la Organización Mundial de la Salud y por la Secretaría de Salud como un problema de salud pública, y es uno de los padecimientos epidémicos en los últimos años por imitación y consumo de alimentos con alto valor energético que han incrementado su frecuencia en México. Cuando una enfermedad adquiere un estatuto de epidémica, es obligación del estado, del gobierno y sus instituciones, asumir sus responsabilidades de control para atenuar, neutralizar e inhibir todo aquello que concurse en la generación de sus condiciones. El Poder Legislativo federal tiene la responsabilidad, en su toma de decisiones, de producir legislaciones regulatorias que moderen a las empresas y a particulares, en su afán de nutrir el circuito comercial, para detener todo aquello que influya en las conductas sociales y sea contrario a la salud, tal como la incitación publicitaria a consumir comida chatarra y la sugestión comercial al consumo de tabaco.

2. El viernes 2 de enero de 2009, diversos medios de comunicación difundieron la información de que la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados rechazó modificar la Ley General de Salud para acotar la publicidad de comida chatarra en televisión y exhortar a la Secretaría de Salud a realizar un estudio que determine el sobrepeso en menores de edad y su relación con la publicidad comercial, por considerar que las responsables de la obesidad infantil son las madres, por los alimentos que proporcionan a sus hijos diariamente. Ahí se propuso que la Secretaría de Salud debía realizar ``un estudio para determinar la relación entre la ingesta de comida de lato contenido calórico y escaso valor nutricional, y su publicidad en los medios de comunicación masiva''. En la propuesta se expuso que la influencia de la comida chatarra y rápida en México es uno de los factores que contribuyen a la obesidad, especialmente en los menores, ya que se caracterizan por un alto contenido en calorías y escaso valor nutricional. Se refirió que desde la Encuesta Nacional de Salud de 2006 se documentó que la obesidad en niños de primaria se incrementó 33 por ciento desde 1999, y que actualmente se estima que 26 por ciento de la población de entre cinco y un años de edad padece sobrepeso u obesidad. Asimismo, se ponderó que las estrategias de publicidad y de mercadotecnia de estas empresas ``tienen un impacto favorable en la población para comprar y consumir esos productos, y que la televisión es el mejor medio para promocionarlos''.

3. Los argumentos expuestos ante tal resolución contravienen la racionalidad argumental al aducir que son las madres las responsables de la alimentación diaria de sus hijos. Asimismo, contravienen el gran capital de argumentaciones legislativas que desde la misma Cámara de Diputados se han producido y generado para atacar sistémicamente las causas de la obesidad infantil.

4. La Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en esta IV Legislatura, ha emprendido una lucha singular, desde sus muy acotadas facultades, contra la obesidad infantil y ha encontrado en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República, en sus diversas legislaciones, estudios y puntos de acuerdo favorables para detener, en principio, la proliferación de la obesidad en las generaciones de escolares.

5. La decisión de la Comisión de Salud en la Cámara de Diputados frena de tajo un proceso regulatorio nodal, el de inhibir la incitación publicitaria masiva al consumo de alimentos nocivos a la salud que forma parte de los múltiples procesos de generación de obesidad infantil.

Por lo anteriormente expuesto se propone el siguiente

Punto de Acuerdo

1. La Asamblea Legislativa del Distrito Federal exhorta a la Comisión de Salud de la honorable Cámara de Diputados a reconsiderar su decisión de rechazar la modificación de la Ley General de Salud para acotar la publicidad de comida chatarra en televisión, y exhortar a la Secretaría de Salud a realizar un estudio que determine el sobrepeso en menores de edad y su relación con la publicidad comercial.

2. Publíquese en dos diarios de circulación nacional.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Túrnese a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. Continúe la Secretaría con la comunicación del diputado José Amado Orihuela Trejo .

DIPUTADO QUE SOLICITA LICENCIA

El Secretario diputado José Rubén Escajeda Jiménez : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.

Diputado César Duarte Jáquez, Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente.--- Presente.

Por este conducto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 62 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito solicitar licencia por tiempo indefinido para separarme de mi cargo como diputado federal a partir del 26 de enero del año en curso.

Lo hago de su conocimiento a efecto de que se realicen todos los trámites conducentes.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: De conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se pide a la Secretaría poner a discusión el punto de acuerdo.

El Secretario diputado José Rubén Escajeda Jiménez : Está a discusión el siguiente punto de acuerdo.

Único. Se concede licencia por tiempo indefinido al diputado José Amado Orihuela Trejo para separarse de sus funciones como diputado federal electo en el IV distrito de Morelos, a partir del 26 de enero del presente año.

No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Los legisladores y las legisladoras que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Los legisladores y las legisladoras que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Mayoría por la afirmativa, señor presidente.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Aprobado. Comuníquese a la Cámara de Diputados. Continúe con la comunicación del senador Carlos Jiménez Macías.

SENADOR QUE SE REINCORPORA

El Secretario diputado José Rubén Escajeda Jiménez : «Diputado César Duarte Jáquez, Presidente de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.--- Presente.

Estimado diputado Duarte:

El suscrito, Carlos Jiménez Macías, senador de la República a la LX Legislatura, con licencia concedida por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión en sesión del 17 de diciembre de 2008, respetuosamente comunico a usted mi reincorporación a mis actividades como senador de la República a partir del 21 de enero del año en curso.

Lo que comunico a usted para los efectos legales y administrativos que correspondan.

Sin otro particular, reitero a usted mi consideración distinguida.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: De enterado. Comuníquese a la Cámara de Senadores. Continúe con la comunicación de la Comisión Nacional del Agua.

COMISION NACIONAL DEL AGUA

El Secretario diputado José Rubén Escajeda Jiménez : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.--- Comisión Nacional del Agua.

Diputado César Duarte Jáquez, Presidente de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados.--- Presente

Con relación al Programa de Devolución de Derechos (Prodder) y, de acuerdo con lo establecido en el artículo 231-A de la Ley Federal de Derechos, me permito informar a usted que de los ingresos excedentes recaudados por esta comisión al 31 de diciembre de 2008 se tramitaron ante la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público afectaciones presupuestarias para su autorización por mil 941.2 millones de pesos, de los cuales, al 31 de diciembre de 2008, se han autorizado y realizado la devolución de mil 111.0 millones de pesos a los diversos municipios y prestadores de los servicios de agua potable y saneamiento inmersos en este programa. Los restantes 830.2 millones de pesos están en proceso de autorización por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, considerándose dichos recursos como adeudos de ejercicios fiscales anteriores (Adefas), para ser radicados a más tardar en febrero del año en curso.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Remítase a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, para su conocimiento.

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

El Secretario senador Jesús Garibay García: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Diputado César Duarte Jáquez, Presidente de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.--- Presente.

Con el propósito de dar cumplimiento a lo señalado en el artículo 107, tercer párrafo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, me permito anexar la información relativa al pago de las participaciones a las entidades federativas correspondiente a diciembre de 2008, desagregada por tipo de fondo, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y por entidad federativa, efectuando la comparación respectiva a diciembre de 2007.

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi atenta consideración.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Remítase a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados; y a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores, para su conocimiento.

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

El Secretario senador Jesús Garibay García: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Presidente de la Mesa Directiva, de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.--- Presente.

En atención a lo dispuesto en los artículos 31 de la Ley del Servicio de Administración Tributaria y 25 de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009, me permito enviar el documento Distribución de pago de impuestos y recepción del gasto público por deciles de hogares y personas. Resultados para el año de 2006, el cual contiene la información relativa al estudio de ingreso-gasto por decil de ingreso de las familias, su contribución en los distintos impuestos, así como los bienes y servicios públicos que reciben con recursos federales, el cual se basa en la información estadística disponible a la fecha, por lo que coincide con el documento que, en esta materia, se entregó al Congreso de la Unión en enero de 2008.

Aprovecho la oportunidad para reiterarle mi consideración más distinguida.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Remítase a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados; y a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores.

PERMISO PARA PRESTAR SERVICIOS

El Secretario senador Jesús Garibay García: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

Por este conducto, me permito hacer de su conocimiento que, mediante oficios números DAN-04352 y DAN-04363, el licenciado Alejandro Estivill Castro, director general para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita se tramite ante el honorable Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción II, Apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que las personas que se citan a continuación puedan prestar sus servicios al gobierno extranjero que se menciona:

Por lo anterior, me permito anexar para la integración de sus expedientes copias certificadas de las actas de nacimiento que acreditan la nacionalidad mexicana de dichas personas, originales de los escritos en los que solicitan que se realicen los trámites correspondientes, y copias simples de sus identificaciones oficiales.

Igualmente, se informa que la persona que se cita a continuación solicita la cancelación del permiso que le fue concedido para prestar servicios al gobierno extranjero que se menciona:

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Las solicitudes de permisos túrnense a la Primera Comisión. Por lo que se refiere a la cancelación de permiso,túrnese a las Comisiones de Gobernación de la Cámara de Diputados y de Senadores.

CONSUL HONORARIO

El Secretario senador Jesús Garibay García: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que mediante oficio número PRO-00166, la Consejera Aureny Aguirre O. Sunza, directora general adjunta para Misiones Extranjeras, encargada de la Dirección General de Protocolo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita que se tramite ante el honorable Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción IV, Apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que Manlio Favio Pano Mendoza pueda desempeñar el cargo de cónsul honorario de la República de Polonia en la ciudad de Acapulco, con circunscripción consular en los estados de Guerrero, Michoacán y Oaxaca.

Por lo anterior me permito anexar para la integración de su expediente, originales de la carta dirigida al honorable Congreso de la Unión con la que el interesado solicita dicho permiso y de la constancia de identidad, copia certificada del acta de nacimiento de dicha persona, así como copias simples de su currículum vitae, de su identificación oficial y de la nota de nombramiento formulada por la Embajada de la República de Polonia en México.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que mediante oficio número PRO-00166, la Consejera Aureny Aguirre O. Sunza, directora general adjunta para Misiones Extranjeras, encargada de la Dirección General de Protocolo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita que se tramite ante el honorable Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción IV, Apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que Sergio Agustín de la Maza Jiménez pueda desempeñar el cargo de cónsul honorario de Rumania en la ciudad de Veracruz, con circunscripción consular en los estados de Chiapas, Tabasco y Veracruz.

Por lo anterior me permito anexar para la integración de su expediente, originales de la carta dirigida al honorable Congreso de la Unión con la que el interesado solicita dicho permiso y de la constancia de identidad, copia certificada del acta de nacimiento de dicha persona, así como copias simples de su currículum vitae, de su identificación oficial y de la nota de nombramiento formulada por la Embajada de Rumania en México.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Túrnense a la Primera Comisión.

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

El Secretario diputado José Rubén Escajeda Jiménez : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 60-II-3-1909 signado por los diputados César Duarte Jáquez y María Eugenia Jiménez Valenzuela , Presidente y Secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número DEBCS/ LAP/4075/2008 suscrito por el licenciado Javier Dovala Molina, delegado estatal en Baja California Sur de la Procuraduría General de la República, así como los anexos que en él se mencionan, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo al combate a la delincuencia organizada en esa entidad federativa.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Procuraduría General de la Republica.

Licenciado Cuauhtémoc Cardona Benavides, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.--- Presente.

Distinguido licenciado Cardona Benavides:

Con fundamento en los artículos 1o., 10 fracción VII, 11 fracción II de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la Republica; 72 fracción IV, 78 y 79 fracción I, del Reglamento de esta propia ley, en atención a su oficio número SEU300/4458/08 del 23 de octubre de 2008, dirigido al licenciado Eduardo Medina Mora Icaza, procurador general de la República en el que hace del conocimiento del titular de la institución, que mediante el diverso número D.G.P.L.60-II-3-1909, los diputados César Duarte Jáquez y María Eugenia Jiménez Valenzuela , Presidente y Secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, comunican a la Secretaría de Gobernación el punto de acuerdo aprobado por el Pleno de ese órgano legislativo, en sesión celebrada el 21 de octubre del actual y que a la letra dice:

Con motivo de la recepción de dichos puntos de acuerdo emitido por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, la delegación de PGR en Baja California Sur, procedió a elaborar los oficios DEBCS/LAP/3492/ 2008, DEBCS/LAP/3493/2008, DEBCS/LAP/3565/2008, DEBCS/LAP/3566/2008 y DEBCS/LAP/3570/2008, dirigidos al comandante de la 3/a Zona Militar; al titular de la comandancia de la Región III BCS de la Policía Federal Preventiva; secretario de Seguridad Pública en BCS; procurador general de Justicia en el estado de BCS y comandante de la 40/a Zona Militar, los cuatro primeros con residencia en esta ciudad y el último en Guerrero Negro de esta entidad federativa.

En los oficios referidos, de los cuales se anexa copia, se propuso a los titulares de las dependencias señaladas, establecer la coordinación necesaria para estar en posibilidad de dar cabal cumplimiento al punto de acuerdo referido y dentro del plazo establecido enviar el informe respectivo sobre las acciones realizadas en forma conjunta por las tres dependencias federales a que aluden los puntos de acuerdo en coordinación con las autoridades estatales en materia de prevención y procuración de justicia.

Con este motivo, el 19 de noviembre de 2008, a las 19:00 horas se celebró una reunión de coordinación en las instalaciones de la 3/a. Zona Militar con residencia en esta capital, a la cual asistieron los responsables de las dependencias señaladas con antelación, entre los que se encontraba el general de brigada DEM Arturo Vallarta Tafolla; el comisario Modesto Aguilar Lagunes; el licenciado Lenin Geovani Rodríguez Aguilar; el licenciado Fernando González Rubio Cerecer y el suscrito como titular de la delegación de la PGR en Baja California Sur.

En dicha reunión se acordó continuar con el blindaje del estado en el que participan autoridades federales, estatales y municipales; Continuar con los operativos conjuntos de disuasión como el denominado Todos unidos contra la delincuencia implantado por el gobierno del estado desde el inicio del año 2008 en todo el territorio de Baja California Sur, en el que participan activa y permanentemente la Sedena, la PGR, la PFP, la PGJE y la Secretaría de Seguridad Pública estatal.

Asimismo, se determinó establecer las bases de operaciones mixtas en La Paz y Ciudad Constitución, iniciando en la capital del estado el 25 de noviembre de 2008, con la participación de personal perteneciente al 49/0 Batallón de Infantería y en Ciudad Constitución el 26 de noviembre de 2008, con la participación de personal perteneciente al 17/0 Regimiento de Caballería Motorizado, mismas actividades que concluirán el viernes 9 de enero de 2009.

Por parte de este órgano desconcentrado y en relación con las acciones realizadas por la delegación estatal de la PGR en Baja California Sur, adjunto al presente se envía el documento respectivo, en el cual se describen dichas acciones en materia sustantiva correspondientes del 1 de enero al 10 de diciembre de 2008, entre las que se destaca la disminución de la incidencia delictiva que se tuvo en esta entidad federativa del 1 de enero al 30 de noviembre de 2007, en comparación con la que se presentó en ese periodo de 2008.

Lo anterior, como resultado de la coordinación existente desde el inicio del año 2008 entre las autoridades de seguridad pública y procuración de justicia de los tres niveles de gobierno, federal, estatal y municipal.

Esperando haber dado cabal cumplimiento con lo establecido en dichos puntos de acuerdo por lo que se refiere al exhorto que corresponde a la Procuraduría General de la República, aprovecho la oportunidad para reiterarle mi distinguida consideración.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Remítase a la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados, para su conocimiento.

VEHICULOS COMERCIALES - TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMERICA DEL NORTE

El Secretario diputado José Rubén Escajeda Jiménez : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L.90-II-6-2829 signado por los diputados César Duarte Jáquez y Jacinto Gómez Pasillas , Presidente y Secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número 800-01-00-00-00-2009- 00024 suscrito por la licenciada Alejandra Esperanza González Vega, administradora de Operación Aduanera 7 del Servicio de Administración Tributaria, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo a la importación de vehículos al amparo del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Licenciado Cuauhtémoc Cardona Benavides, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.--- Presente.

Me refiero a su oficio número SEL/300/5278/08, de fecha 5 de diciembre de 2008, a través del cual hace del conocimiento sobre el punto de acuerdo aprobado por el Pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, mediante el cual se exhorta, entre otras, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ``a vigilar que todos los vehículos, nuevos o usados, que se importen al amparo del Tratado de Libre Comercio de América del Norte a partir del 1 de enero de 2009, cumplan con las normas y estándares ambientales, y de otro tipo, establecidos en nuestro país.''

Sobre el particular, me permito comentarle que el Servicio de Administración Tributaria, como órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tiene la responsabilidad de fiscalizar por conducto de sus unidades administrativas, el cumplimiento de las disposiciones tributarias y aduaneras, tales como, el pago de contribuciones y aprovechamientos, así como el cumplimiento de las regulaciones y restricciones no arancelarias, incluidas las normas oficiales mexicanas, entre otras, siempre y cuando tales obligaciones se encuentren previstas en algún ordenamiento de carácter general y coercitivo y que a su vez este ordenamiento señale que la vigilancia de su cumplimiento, es competencia de las autoridades aduaneras.

Ahora bien, en el caso especifico de los vehículos importados al amparo del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, la Administración General de Aduanas y sus Unidades Administrativas, dependientes del Servicio de Administración Tributaría, no tienen competencia para vigilar el cumplimiento de las normas y estándares ambientales, ya que las propias normas oficiales mexicanas que han sido emitidas sobre esta materia, atribuyen tal facultad a autoridades distintas a las aduaneras.

Sin embargo, en atención al exhorto formulado por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, esta unidad administrativa, establecerá canales de comunicación con dichas dependencias, a fin de implantar acciones conjuntas que permitan una adecuada vigilancia en el cumplimiento de las disposiciones ambientales.

Sin otro particular de momento, reciba un cordial saludo.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Remítase a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados, para su conocimiento.

FUENTES DE ENERGIA RENOVABLES

El Secretario diputado José Rubén Escajeda Jiménez : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L.60-II-6-2603, signado por los diputados César Duarte Jáquez y José Manuel del Río Virgen , Presidente y Secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputado del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir, para los fines procedentes, copia del similar número 378- 0005, suscrito por Antero R. Inman Campos, director general de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo al uso de fuentes de energías renovables.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Cuauhtémoc Cardona Benavides, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.--- Presente.

Con relación a su oficio número SEL/300/5156/08, dirigido al doctor Agustín Carstens Carstens, secretario del ramo, mediante el cual informa sobre el punto de acuerdo aprobado por el Pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, referente a promover la implantación de un programa de uso de fuentes de energías renovables; a continuación se describen las actividades realizadas en esta Secretaría para coadyuvar con el programa en comento.

Uso de fuentes de energía renovables

El este rubro se informa que, de manera conjunta con la antigua Comisión Nacional para el Ahorro de Energía, actualmente Comisión para el Uso Sustentable de Energía, se elaboraron varios programas de ahorro de energía dentro de los cuales destacan los siguientes:

Se dio continuidad a las medidas operacionales que contribuyen a hacer más eficiente los sistemas de iluminación:

Se dio continuidad a las medidas operacionales que contribuyen a incrementar la eficiencia en los sistemas de aire acondicionado:

Programa de autogeneración de energía eléctrica, el cual ha permitido, en lo referente a la Comisión Nacional para el Ahorro de Energía, la SHCP después de aplicar las recomendaciones de ahorro propuestas por dicha comisión, en coordinación con la misma, se diseño e implementó un sistema integral de cogeneración de energía eléctrica y térmica en los inmuebles de Constituyentes 1001 y el conjunto La Virgen, el cual está en operación desde el año 2006, mediante el cual durante el segundo trimestre del 2008 se evitó el consumo de aproximadamente 200 mil kilowats/hora, adicionalmente se produjo en sitio energía eléctrica y térmica obteniendo ahorros por concepto de este servicio de aproximadamente 10 millones de pesos, en 2008, en estos dos inmuebles, lo que representa un 30 por ciento de ahorro respecto a la utilización del suministro de Luz y Fuerza del Centro.

Programa de cogeneración de energía térmica, mediante el cual se cuenta con equipamiento para el aprovechamiento térmico de energía térmica equivalente a 100 toneladas de aire acondicionado.

Se continúa la operación de equipos de aprovechamiento térmico, los cuales convierten el aire caliente generado por las microturbinas, en agua helada (5 °C), la cual se está utilizando para los equipos de aire lavado del edificio C3, brindando aire de confort a aproximadamente 400 personas. Este proceso de aprovechamiento térmico sustituye el consumo de aproximadamente 19 mil kilowats/hora mensuales.

Programa de uso eficiente del parque vehicular de la SHCP

Se cuenta con el servicio integral de transportación terrestre a través de un sistema de pool central y en unidades administrativas, el cual brinda servicios compartidos bajo demanda, sin asignación específica, así como un conjunto de camionetas con rutas fijas entre los principales inmuebles de la SHCP. Estos servicios compartidos han permitido la disminución de 183 vehículos (34.6 por ciento), ya que al inicio de la administración se contaba con 528 unidades y actualmente se cuenta con 345.

Aplicación de tecnologías para el aprovechamiento de fuentes de energía tales como la eólica y la solar

Durante el ejercicio 2009 se tiene contemplado instalar en el inmueble de Palacio Nacional infraestructura para el aprovechamiento de energía solar, a fin de disminuir el consumo de combustibles para instalaciones hidrosanitarias en este inmueble.

Utilización de agua de lluvia

Durante el ejercicio 2009 se tiene contemplado instalar en varios inmuebles de esta secretaría, infraestructura para el aprovechamiento del agua de lluvia a fin reutilizarla y de disminuir el consumo de agua potable en estos inmuebles.

Se ha realizado la elaboración y colocación de trípticos tendientes al uso eficiente y racional del agua, en núcleos sanitarios y lugares de uso de agua.

Adicionalmente se comenta que se cuenta con instalaciones hidrosanitarias del tipo ahorrador de agua, las cuales consisten en mingitorios ecológicos (sin agua) y válvulas ahorradoras de agua en WC de tanque bajo.

Adicionalmente se realizan las siguientes acciones diarias y semanales:

Reciclamiento

Reciclamiento sustentable de cartuchos de impresión, fotocopiado, escaneo y fax, con el fin de contribuir con los aspectos de sustentabilidad ecológica. Todos los cartuchos de toner, después de su uso, se ingresan a un programa de desechos ecológicos de la empresa HP (se anexa oficio número VHM-SHCP-NOV08/3, de la empresa Vision Holdings México, S de RL).

Otras acciones

Papel sustentable de impresión, fotocopiado, escaneo y fax. Se configuraron todos los multifuncionales de la SHCP para que las impresiones de todo el personal de la secretaría sean a doble cara en la hoja.

Con el control del servicio de impresión, fotocopiado, escaneo y fax se ha logrado reducir en un 15.18 por ciento las hojas impresas, comparado el consumo del ejercicio 2008 contra el ejercicio 2007.

Adicionalmente, se realizó la implantación de los servicios de colaboración electrónicos (control de gestión electrónica, servicio de administración de documentos; así como avances a fin de sistematizar los servicios de la SHCP), lo cual permitirá a corto plazo la eliminación parcial de los documentos administrativos internos en la secretaría.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Remítase a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados, para su conocimiento.

ESTADO DE SONORA

El Secretario diputado José Rubén Escajeda Jiménez : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 60-II-6-2674 signado por los diputados César Duarte Jáquez y Jacinto Gómez Pasillas , Presidente y Secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número 10 suscrito por el doctor Álvaro Castro Estrada, subsecretario del Trabajo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo al conflicto minero de Cananea, Sonora.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

Licenciado Cuauhtémoc Cardona Benavides, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.--- Presente.

Me refiero a su atento oficio SEL/300/5419/08, de fecha 12 de diciembre de 2008, dirigido al licenciado Javier Lozano Alarcón, secretario del Trabajo y Previsión Social, mediante el cual remite el punto de acuerdo aprobado el día 11 del mismo mes por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, por el que se invita al sindicato, empresa y trabajadores, como partes en el conflicto minero de Cananea, Sonora, a continuar en la mesa de negociaciones para arribar a un acuerdo que beneficie y reactive la economía de esa región.

Al respecto, por instrucciones superiores y para los efectos conducentes, me permito comunicarle que esta dependencia del Ejecutivo federal toma debida nota del citado punto de acuerdo, en la inteligencia de que la atención para resolver la suspensión de labores en dicha unidad minera que persiste desde el mes de julio de 2007, se ha brindado y así se seguirá haciendo con toda dedicación, imparcialidad y profesionalismo, bajo el imperio de la ley. Sin embargo, como se ha resaltado en diversas ocasiones, lamentablemente el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Siderúrgicos, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana, insiste en anteponer su particular interés de resolver, desde la mesa laboral de negociación, cuestiones de carácter orden penal que involucran a algunos de sus miembros, como el señor Napoleón Gómez Urrutia, lo cual va en contra de los principios y normas del orden jurídico nacional.

Por tanto, los esfuerzos impulsados por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para que se revuelva en definitiva este conflicto laboral por la vía del diálogo y la negociación, han sido obstaculizados por la falta de entendimiento entre el referido sindicato y la empresa concesionaria de la mina. No omito mencionar que la propia Ley Federal del Trabajo exige la voluntad de ambas partes para poner fin a un movimiento de huelga; no basta la sola participación de las autoridades para resolver una problemática de esta naturaleza.

Le envío un cordial saludo y le reitero las seguridades de mi consideración distinguida.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Remítase a la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados, para su conocimiento.

PERSONAS CON DISCAPACIDAD

El Secretario diputado José Rubén Escajeda Jiménez : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

En respuesta al oficio número III-675, signado el 27 de marzo de 2003 por la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes copia del similar número 311/010, suscrito por el licenciado Gerardo de la Torre González, director de Fomento a la Productividad de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, así como el anexo que en el mismo se menciona, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo al informe trimestral sobre los avances en materia de contratación de personas que sufren algún tipo de discapacidad, correspondiente al cuarto trimestre de 2008.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Remítanse a la Cámara de Senadores.

LEY FEDERAL DE JUEGOS Y SORTEOS

El Secretario diputado José Rubén Escajeda Jiménez : «Escudo.--- Poder Legislativo de Baja California.--- XIX Legislatura.

Diputado César Duarte Jáquez, Presidente de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- México, DF.

Por medio del presente nos dirigimos muy respetuosamente a usted, y con fundamento en el artículo 71, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se envía dictamen No. 71 de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, mediante el cual la honorable XIX Legislatura del Estado de Baja California, remite reforma al artículo 9 Bis de la Ley Federal de Juegos y Sorteos.

Agradeciendo de antemano la atención que se sirva otorgar al presente, aprovechamos la oportunidad para reiterarle nuestra consideración y respeto.

«Escudo.--- Poder Legislativo de Baja California.--- XIX Legislatura.

Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales

Dictamen número 71

Honorable Asamblea:

Se recibió en la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, para su estudio y análisis, iniciativa de decreto que adiciona un artículo 9o. Bis a la Ley Federal de Juegos y Sorteos, presentada por los ciudadanos diputados Antonio Ricardo Cano Jiménez y Carlos Alonso Angulo Rentería, integrantes del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, en sesión ordinaria de la honorable XIX Legislatura, el 19 de junio de 2008.

La comisión que suscribe, en ejercicio de las facultades que le confieren los artículos 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 28 fracción I, 29, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California 55, 61, 62, 63, 70, 73, 74, 110, 117, 122, 123, 124 y demás relativos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California, realiza el presente dictamen con base en los siguientes

Antecedentes

I. Con fecha 19 de junio de 2008, los diputados referidos en el proemio de este dictamen, presentaron en sesión ordinaria de la honorable XIX Legislatura, la iniciativa señalada en el proemio de este dictamen.

II. Recibida que fue la iniciativa en comento, el Presidente de la Mesa Directiva, de acuerdo a la facultad que le confiere el artículo 50 fracción II inciso f), de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California, la turnó mediante oficio número 2412 de fecha 20 de junio de 2008 a esta Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales.

III. Posteriormente, dicha iniciativa fue turnada con fecha 25 de junio de 2008 a la Dirección de Asuntos Jurídicos Legislativos de la honorable XIX Legislatura del estado de Baja California, para que previo análisis y estudio, formulara el dictamen correspondiente, y que éste se discutiera en el seno de esta comisión y posteriormente, someterse a la consideración del Pleno de la honorable legislatura.

IV. Con fecha 22 de octubre de 2008, el diputado promoverte de la iniciativa Antonio Ricardo Cano Jiménez, presento ante la Oficialía de Partes, Archivo y Correspondencia del honorable Congreso, adenda la iniciativa de reforma aludida en esté dictamen, con el objeto de complementar y clarificar la pretensión legislativa.

V. Analizada que fue en cada uno de sus términos, esta Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, en cumplimiento de lo dispuesto en la fracción II, del artículo 62 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de Baja California, somete al Pleno la consideración del Pleno, previo el siguiente:

Análisis y estudio

A) De la exposición de motivos

El autor de la iniciativa argumenta en su exposición de motivos lo siguiente:

Unos de los temas que más controversia ha generado a lo largo de los años no sólo en nuestro estado, sino a lo largo de nuestro país, lo es sin duda el relativo a la proliferación de la instalación y operación de establecimientos donde se ofertan juegos de azar y juegos con apuestas y sorteos. Como muestra de lo anterior, actualmente el sitio oficial en Internet de la Dirección General Adjunta de Juegos y Sorteos de la Secretaría de Gobernación, nos revela la existencia de 24 permisionarios registrados, y, en operación, alrededor de 209 establecimientos, de los cuales 7 se encuentra registrados dentro del municipio de Mexicali, 15 en el municipio de Tijuana, 2 en el municipio de Ensenada y 1 en los municipios de Tecate y Playas de Rosarito, respectivamente.

A este respecto, la sociedad nos ha planteado diversas inquietudes que giran en torno al tema destacado precisamente dudas fundadas sobre si la operación de dichos establecimientos y su proliferación en nuestra ciudades, trae consigo realmente, beneficios directos para la comunidad donde se desarrollan, o si constituyen simplemente una fuente de recursos para sus propietarios, toda vez, que es una realidad que en el transcurrir del tiempo cada vez más personas se muestran afines a estas prácticas, en virtud de la accesibilidad a los mismos, sin que las autoridades manifiesten aparentemente alguna forma de control sobre ellos.

En este contexto, debemos de recordar que históricamente los juegos de azar han estado ligados a las más auténticas raíces de nuestra cultura, ya que forma parte de nuestras costumbres, de nuestras conmemoraciones y fiestas mexicanas. Juegos como la lotería, las rifas, las carreras de caballo y las peleas de gallos entre otras, son parte esencial del folklore mexicano. Por ello, este tipo de juego de azar y los juegos con apuestas y sorteos en sus diversos formatos y escenarios han adquirido una notable presencia e influencia en diversos ámbitos y conductas de nuestra sociedad, a tal punto que podemos hablar del desarrollo de una cultura del juego.

Incluso estas actividades han sido consideradas como ``valor agregado'' del sector turístico no solo de nuestro país, sino en muchos otros que han encontrado en los juegos de azar y juegos con apuestas y sorteos una empresa de entretenimiento responsable.

En décadas pasadas como en la actualidad, el primer desafío de nuestros gobiernos ha sido la lucha contra el juego clandestino. En este sentido, nuestras autoridades desde sus respectivos ámbitos de gobierno han avanzado en el diseño de la legislación necesaria con el propósito de tener bajo su control todas aquellas alternativas de juegos donde el azar y las apuestas y sorteos en cualquiera de sus modalidades se hacen presentes.

En México, desde el año de 1974 fue aprobada y publicada en el Diario Oficial de la Federación, la Ley Federal de Juegos y Sorteos, y fue hasta 1994 cuando se realizó la publicación de su reglamento denominado Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos. Estas legislaciones lograron establecer, entre otros aspectos, el marco jurídico que regula los juegos de azar y juegos con apuestas y sorteos en sus diversas modalidades, desglosando su operatividad y la forma de vigilancia que la autoridad debe ejecutar sobre los mismos.

Por ello, es que en nuestros días, admitimos como una alternativa de esparcimiento y entretenimiento y como elemento importante para el mercado turístico, los establecimientos donde se oferta diversión desarrollando actividades con juegos de azar y juegos con apuesta y sorteos, toda vez que nuestra legislación fue tipificando administrativa y penalmente la práctica de estos, buscando derivar las utilidades producidas de la explotación de las actividades con juegos de azar y juegos con apuesta y sorteos legalmente constituidos, a la ejecución de programas y acciones sociales directas para contraer los efectos derivados de una práctica recurrente.

Sin embargo, la normatividad se ha visto rebasada en razón a que éste tipo de programas y acciones sociales realizados por el Estado para contrarrestar los efectos de su práctica recurrentes, se vuelven insuficientes ante la proliferación de los establecimientos donde se oferta esta clase de actividades, toda vez, que, la población se ha tornado más a fin a participar en juegos de azar y juegos con apuestas y sorteos, tendiendo a desarrollar lamentablemente en muchos de los casos, conductas negativas enfocadas al vicio por el juego de azar.

Cuantas veces no hemos escuchado sobre historias que circulan a diario en diversos ámbitos sobre jugadores, donde detrás de ellas se esconde un drama humano de familias destruidas en decadencia por el vicio al juego de azar. De ahí que, como autoridades debemos preocuparnos en reformar el marco jurídico que regula la materia para prevenir a la ciudadanía sobre los problemas sociales y de salud que derivan de practicar en forma constante estas conductas relacionadas con los juegos de azar y apuestas. Cabe mencionar, que si bien es cierto, la instalación de este tipo de establecimientos se ha realizado en forma legal generando consigo entre otros aspectos, el contar con una fuente de empleo segura para cientos de personas, así como la obtención de recursos para el Estado, también lo es, que desde una perspectiva sociológica, la utilización constante y en forma permanente de los juegos de azar, revela en la persona un comportamiento psicosocial que el Estado debe atender con políticas correctas de prevención, toda vez que está plenamente avalado por organizaciones internacionales de la salud los costos sociales asociados al abuso de estos juegos de azar traen consigo problemáticas graves, como las generadas por las adicciones que ampliamente conocemos, más aún cuando desde temprana edad se induce a esta práctica de apuestas cotidianas y de conducta reiterativa.

En este sentido, en países como Gran Bretaña, la asociación de médicos unidos de la British Medical Asociation, calificaron al juego de azar de apuestas y sorteos compulsivos, como un ``veneno social'' ya que la adicción al juego es tan corrosiva como la adicción a las drogas y al alcoholismo, generando daños físicos, psicológicos y mentales severos, así como vicios sociales que contribuyen a la ruptura familiar y potencial ruina económica en edades maduras.

La práctica compulsiva del juego de azar y de juegos con apuestas y sorteos temprana e irresponsable se diagnostica como un padecimiento mental: la ludopatía, lo que ha traído incluso como consecuencia que una de cada cinco personas que sufren problemas graves por el juego de azar, haya llegado a atentar contra su integridad física en alguna etapa de su vida.

Como se advierte, la ludopatía consiste en una alteración progresiva del comportamiento por lo que el individuo siente una incontrolable necesidad de jugar, es decir, se trata de una adicción. A su vez, los ludópata pueden manifestar otras enfermedades de origen psicosomático generalmente aparejadas con otras adicciones como el alcoholismo y el tabaquismo.

La ludopatía es oficialmente reconocida como una enfermedad por la Organización Mundial de la Salud, OMS, y a partir de 1980 la Asociación de Psiquiatría Americana la incluyó como una categoría en su Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales. De ahí que la Organización Mundial de la Salud ha definido a la ludopatía, o las apuestas compulsivas, como trastorno mental de impulsos, enfermedad progresiva que daña y merma la salud del jugador.

De ahí que, la práctica de los juegos de azar y juegos con apuestas de sorteos en forma compulsiva, implica un sufrimiento y descontrol, por lo que la persona pierde la libertad de decisión generando también una gran cantidad de costos sociales, es decir, la ludopatía tiene rasgos psicológicos y neurológicos que empobrecen la conducta social.

Consecuentemente, este panorama encuentra una posición dual del Estado, ya que es éste quien regula la instalación y funcionamiento de establecimientos en que practiquen actividades relativas a juegos de azar y juegos con apuestas, y, a su vez, quien debe desarrollar los programas tendientes a proteger la integridad física y mental de las personas. Por esto los eslabones que van al abuso de esta conducta, robusteciendo la legislación con el establecimiento de medidas que permitan al jugador conocer las consecuencias que generan estas prácticas reiteradas del juego de azar.

En este sentido, con la presente Iniciativa se pretende adicionar la Ley Federal de Juegos y Sorteos la obligación de que los establecimientos comerciales cuyas actividad principal o complementaria sea prestar servicio de entretenimiento o diversión mediante la explotación de actividades relativas a juegos de azar y juegos con apuestas, de fijar anuncios de advertencia que hagan del conocimiento del usuario las consecuencias nocivas del juego compulsivo. Previniendo que aquellos que infrinjan esta disposición serán sancionadas en los términos de la normatividad aplicable. Con lo anterior, se busca proporcionar al Estado de un medio seguro para prevenir a las personas sobre la enfermedad que produce la práctica recurrente de juegos con azar y juegos con apuestas y sorteos.

B) De la exposición de motivos de la adenda

En décadas pasadas como en la actualidad, el primer desafío de nuestros gobiernos ha sido la lucha contra el juego clandestino. En este sentido, nuestras autoridades desde sus respectivos ámbitos de gobierno han avanzado en el diseño de la legislación necesaria con el propósito de tener bajo su control todas aquellas alternativas de juegos donde el azar y las apuestas y sorteos en cualquiera de sus modalidades se hacen presentes.

Sin embargo la normatividad ha rebasado en razón a que este tipo de programas y acciones sociales realizadas por el Estado para contrarrestar los efectos de sus prácticas recurrentes se vuelven insuficiente ante la proliferación de los establecimientos donde se oferta esta clase de actividades, toda vez que la población se ha tomado más a fin a participar en juegos de azar y juegos con apuesta y sorteos, tendiendo a desarrollar lamentablemente en muchos de los casos, conductas negativas como consecuencia de la practica reiterada y compulsiva por los juegos de azar y apuestas.

Cabe mencionar, que desde una perspectiva sociológica, la practica constante y compulsiva de los juegos de azar, revela en la persona un comportamiento psico-social que el Estado debe atender con política correctas de prevención, toda vez que está plenamente avalado por organizaciones internacionales de la salud los costos sociales asociados al abuso de estos juegos de azar traen consigo problemática graves, como las generadas por las adicciones que ampliamente conocemos, más aún cundo desde temprana edad se induce a esta práctica de apuestas cotidianas y de conducta reiterativa.

En este sentido, en países como Gran Bretaña, la asociación de médicos unidos de la British Medical Asociation, calificaron al juego de azar de apuestas y sorteos compulsivos, como un ``veneno social'' ya que la adicción al juego es tan corrosiva como la adicción a las drogas ya la alcoholismo, generando daños físicos, psicológicos y mentales severos, así como vicios sociales que contribuyen ala ruptura familiar y potencial ruina económica en edades maduras.

La práctica compulsiva del juego de azar y de juegos con apuestas y sorteos temprana e irresponsable se diagnostica como un padecimiento mental: la ludopatía o juego patológico, lo que ha traído incluso como consecuencia que una de cada cinco personas que sufren problemas graves por el juego de azar, haya llegado a atender contra su integridad física en alguna etapa de su vida.

Como se advierte, la ludopatía o juego patológico, consiste en una alteración progresiva del comportamiento por lo que el individuo siente una incontrolable necesidad de jugar, es decir, se trata de una adicción. A su vez, los ludópata pueden manifestar otras enfermedades de origen psicosomático generalmente aparejadas con otras adicciones como el alcoholismo y el tabaquismo.

La ludopatía o juego patológico es oficialmente reconocida como una enfermedad en la CIE por la Organización Mundial de la Salud, OMS.

La CIE es publicada por la Organización Mundial de la Salud. Es usada mundialmente ara las estadísticas sobre morbilidad y mortalidad, los sistemas de reintegro y soportes de decisión automática en medicina. Este sistema está diseñado para romper la comparación internacional de la recolección, procesamiento, clasificación y prestación de estas estadísticas.

La lista CIE-10 tiene su origen en la Lista de la Muerte cuya primera edición, la primera en incluir también causas de morbilidad. En este comento, la lista en vigor es la décima, y la OMS sigue trabajando en ella.

La CIE-10 fue desarrollada en 1992 para rastrear estadísticas de mortalidad. La OMS publica actualizaciones menores anuales y actualizaciones mayores cada tres años.

Dentro de las clasificaciones de la CIE encontramos la denominada F60-69 sobre los trastornos de la personalidad y comportamiento del adulto, rubro donde se encuentra clasificada la ludopatía o juego patológico.

CIE-10

(F60-69) Trastornos de la personalidad y del comportamiento del adulto.

Trastornos impulsivos y de hábito.

(F63.0) Ludopatía patológica.

...

(F63) La ludopatía consiste en una alteración progresiva del comportamiento por la que un individuo siente una incontrolable necesidad de jugar (juegos de azar), menospreciando cualquier consecuencia negativa. Se trata de una adicción.

Es un trastorno reconocido por la Organización Mundial de la Salud en su Clasificación Internacional de Enfermedades en el año 1992. Sin embargo, esta no fue la primera vez que, como cegaría diagnostica y con el nombre de juego patológico, se reflejó en los ámbitos profesionales. Ya en 1980 aparece en el Manual Diagnóstico y Estadístico (DSM III). Para detectar casos de juego patológico en población normal (normalmente con el fin de conocer la prevalencia e incidencia del problema) se utilizan diversos instrumentos estadísticos como el South Oaks Gambling Screen o la Escala Breve de Detección de Juego Patológico.

El juego puede llegar a ser algo más importante en la vida de un jugador que su familia, trabajo o bienes materiales.

El juego compulsivo es una enfermedad que se caracteriza con el impulso incontrolable a jugar. Se puede decir que uno es un jugador compulsivo cuando este juega no solo ya por el hecho de ganar, sino por el mismo placer de jugar y no es capaz de parar, ocasionando así problemas tanto emocionales, como familiares, legales, financieros, etcétera, puede estar acompañada de otras como el alcohol, drogas, es una enfermedad que destruye tanto al jugador como a las personas que lo rodean.

Los ludópatas pueden manifestar otras enfermedades de origen psicosomático. Suele estar aparejadas con otras adicciones como el alcoholismo y el tabaquismo. Las familias suelen tener un patrón característico de funcionamiento, de manera que el propio afectado por el problema no suele ser la persona que solicita ayuda a los servicios profesionales y/o las asociaciones de autoayuda, indicios de juego compulsivo:

Si bien el sistema DSM (III, III-r y IV1) y la CIE-102 incluye este trastorno entre las alteraciones debidas a un bajo control de los impulsos, lo cierto es que los criterios diagnósticos operativos DSM tiene exactamente el mismo diseño que el de las adiciones a sustancias; lo que muestra la concepción subyacente para la enfermedad en ese sistema: se trata de un problema adictivo ``sin sustancia'' en un apartado que no es el suyo.

DSM-IV

Trastornos del control de los impulsos no clasificados en otros apartados del manual (por ejemplo, trastornos relacionados con sustancias, parafilias, trastorno antisocial de la personalidad, trastorno del estado de ánimo con características esencial de los trastornos del control de los impulsos en la dificultad para resistir un impulso, una motivación o una tentación de llevar as cabo un acto perjudicial para la persona o para los demás. En la mayoría de los trastornos de esta sección, el individuo percibe una sensación de tensión o activación interior antes de cometer el acto y luego experimentar placer, gratificación o liberación en el momento de llevarlo a cabo. Tras el acto puede o no haber arrepentimiento, autorreproches o culpa. En esta sección se incluyen los trastornos siguientes:

Trastorno explosivo intermitente. Se caracteriza por un comportamiento de juego desadaptado, recurrente y persistente.

F63.0

Juego patológico, (312.31)

Características diagnósticas.

La característica esencial del juego patológico es un comportamiento de juego, desadaptivo, persistente y recurrente (criterio A), que altera la continuidad de la vida personal, familiar o profesional. No debe realizarse el diagnóstico si el comportamiento de juego se explica mejor por la presencia de un episodio maniaco (Criterio B).

El individuo puede estar preocupado por el juego (por ejemplo, reviviendo experiencias pasadas de juego, planificando la próxima aventura de juego o pensando en la forma de conseguir producir para seguir jugando) (Criterio A1).

Muchos individuos afectos de juego patológico continúan a menudo jugando a pesar de los repetidos esfuerzos para controlar, disminuir o detener su comportamiento (Criterio A3).

Se pueden sentir inquietos o irritables cuando intentan parar de jugar (Criterio A4).

El individuo puede jugar como estrategia para escapar de su problema o para liberarse de su disforia (por ejemplo, sentimientos de desesperanza, culpa, ansiedad, depresión) (Criterio A5).

Se puede presentar un patrón de cazas o perseguir las propias pérdidas, con una necesidad urgente de seguir con el juego (a menudo con grandes apuestas o aceptando riegos desproporcionados), para contrarrestar una o varias perdidas. El individuo puede abandonarse estrategia de juego y tratar de recuperar todas las pérdidas de una sola vez. Aunque todos los jugadores pueden jugar durante cortos periodos de tiempo, es el juego a largo plazo lo más característico de los individuos con juego patológico (Criterio A6).

El individuo o puede mentir a los miembros de su familia, terapeutas u otros para ocultar su grado de implicación en el juego. (Criterio A7).

Cuando el individuo se queda sin dinero y sin crédito, pueden aparecer comportamientos antisociales (por ejemplo, falsificación, fraude, robo, o abuso de confianza) para obtener dinero. (Criterio A8).

El individuo puede haber comprometido o perdido una relación interpersonal importante, un trabajo o una oportunidad educativa o profesional debido al juego, (A9).

El individuo también puede recurrir a la estrategia de lanzarse en paracaídas pidiendo ayuda a la familia o a otras personas ante su desesperada situación económica a partir de jugar. (Criterio A10).

De ahí que la Organización Mundial de la Salud ha definido a la ludopatía o las apuestas compulsivas, como un trastorno mental de impulsos, enfermedad progresiva que daña y merma la salud del jugador.

Sin lugar dudas, la práctica de los juegos de azar y juegos con apuestas y sorteos en forma compulsiva, implica un sufrimiento y descontrol, por lo que la persona pierde la libertad de decisión generando también una gran cantidad de costos sociales, es decir, la ludopatía tiene rasgos psicológicos y neurológicos que empobrecen la conducta social.

Consecuentemente, este panorama encuentra una posición dual del Estado, ya que es este quien regula la instalación y funcionamiento de establecimientos en que se practiquen actividades relativas a juegos de azar y juegos con apuestas y a su vez, quien debe desarrollar los programas tendientes a proteger la integridad física y mental de las personas. Por esto debemos iniciar acciones destinadas a reducir en cierta medida los eslabones que van al abuso de esta conducta, robusteciendo la legislación con el establecimiento de medidas que permitan al jugador conocer las consecuencias que generan prácticas reiteradas del juego de azar.

En este sentido, con la presente iniciativa se pretende adicionar la Ley Federal de Juegos y Sorteos la obligación de que los establecimientos comerciales cuya actividad principal o complementaria sea prestar servicios de entretenimiento o diversión mediante la explotación de actividades relativas a juegos de azar y juegos con apuestas, de fijar anuncios de advertencia que hagan del conocimiento del usuario las consecuencias nocivas del juego compulsivo. Previendo que aquellos que infrinjan esta disposición serán sancionados en los términos de la normatividad aplicable. Con lo anterior, se busca proporcionar al Estado de un medio seguro para prevenir a las personas sobre la enfermedad que produce la práctica recurrente de juegos con azar y juegos con apuestas y sorteos.

B) Del marco jurídico

La Constitución Política del estado de Baja California es la norma primaria por cuyo conducto se nutren de validez los actos que realizan los funcionarios y representantes populares de esta entidad federativa. En este tenor, el artículo decimotercero del citado ordenamiento, dispone que el ejercicio del Poder Legislativo se deposita en una asamblea de representantes del pueblo, al cual se denomina Congreso del Estado.

Por otra parte, la Constitución General de la República, previene la distribución competencial aplicable a que deben ceñirse los distintos órganos de gobierno y en el caso particular, es el artículo 124 de la citada Carta Magna, donde se establece que las facultades que no están expresamente concedidas a la federación, se encuentran reservadas a los estados, por lo que toda iniciativa de reforma de ley debe circunscribirse a las materias propias sobre las cuales goza de competencia la entidad federativa.

Por su parte, el artículo 71 de la Constitución General de la República otorga el derecho de iniciar leyes o decretos en el ámbito federal, tanto al presidente de la República, a los diputados y senadores del Congreso de la Unión y a las Legislaturas de los estados y se prevé que las iniciativas presentadas por las diputaciones de las Legislaturas de los estados, pasarán desde luego a comisión.

En tal virtud, y toda vez que la materia sobre la cual el iniciador propone la reforma en estudio versa sobre la Ley Federal de Juegos y Sorteos, creando un artículo 9 Bis toda vez que esta es una materia exclusiva de legislador federal por disposición expresa de la misma Carta Magna en su artículo 73 fracción X, que establece que para legislar en toda la república sobre hidrocarburos, minería, sustancias químicas, explosivos, pirotecnia, industria cinematográfica, comercio, juegos con apuestas y sorteos, intermediación y servicios financieros, energía eléctrica y nuclear y para expedir las leyes del trabajo reglamentarias del artículo 123 del mismo cuerpo normativo fundamental; es que en consecuencia, le compete a esta comisión de conformidad con lo establecido por los artículos 61 y 62 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California, elaborar el dictamen correspondiente para posteriormente someterlo a votación del honorable Congreso del estado de Baja California y, en su caso, enviar la propuesta de reformas al honorable Congreso de la Unión.

Por lo tanto, es facultad de esta comisión dictaminadora, el análisis de la iniciativa y la emisión del dictamen correspondiente, previo estudio de la misma, donde se expresen de manera clara y suficiente los razonamientos jurídicos pertinentes.

C) Pretensión legislativa

Con la presente iniciativa se pretende adicionar a la Ley Federal de Juegos y Sorteos la obligación impuesta a los establecimientos comerciales cuya actividad principal o complementaria sea prestar servicio de entretenimiento o diversión mediante la explotación de actividades relativas a juegos de azar y juegos con apuestas, de fijar anuncios de advertencia que hagan del conocimiento del usuario las consecuencias nocivas del juego compulsivo. Previendo que aquellos que infrinjan esta disposición serán sancionados en los términos de la normatividad aplicable.

D) Análisis y estudio de la propuesta

A fin de ser claros en el análisis de la Iniciativa, se transcriben a continuación el precepto vigente cuya reforma se propone, así como el texto propuesto para el legislador, y posteriormente se emiten los comentarios respectivos.

Texto vigente

Artículo 9o. Ningún lugar en que se practiquen juegos con apuestas o se efectúen sorteos, podrá establecerse cerca de escuelas o centros de trabajo.

Artículo 9o. Bis. No existe

Texto propuesto por el legislador, 19 de junio de 2008

Artículo 9o. Bis. Todo local abierto o cerrado en que se practiquen actividades relativas a juegos de azar y juegos con apuestas y sorteos, deberá fijar dentro del establecimiento, o escenario temporal donde estos se desarrollen, anuncios de advertencia que hayan del conocimiento del jugador que la práctica reiterada de los juegos de azar y juegos con apuestas y sorteos perjudica la salud, pudiendo generar ludopatía; escrito con letra fácilmente legible, en colores contrastantes y sin que se invoque o se haga referencia a alguna disposición legal.

Transitorios

Primero. Una vez aprobado en el Pleno del honorable Congreso del estado de Baja California, remítase al honorable Congreso de la Unión para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 71, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Segundo. Hecho lo anterior y una vez efectuado el análisis correspondiente y decretada la procedencia de la presente iniciativa por parte del Congreso de la Unión, se solicita se proceda a su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Texto de la adenda, 22 de octubre de 2008

Artículo 9o. Bis. Todo local abierto o cerrado en que se practiquen actividades relativas a juegos de azar y juegos con apuestas y sorteos, deberá fijar dentro del establecimiento, o escenario temporal donde estos se desarrollen, anuncios de advertencia que hagan del conocimiento del jugador que la práctica reiterada de los juegos de azar y juegos con apuestas y sorteos perjudica la salud, pudiendo generar una alteración progresiva en el comportamiento del jugador; escrito con letra fácilmente legible, en colores contrastantes y sin que se invoque o se haga referencia a alguna disposición legal.

Transitorios

Primero. Una vez aprobada la presente remisión por el Pleno del honorable Congreso del estado de Baja California, remítase al honorable Congreso de la Unión para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 71, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Segundo. Hecho lo anterior y una vez efectuado el análisis correspondiente y decretada la procedencia de la presente iniciativa por parte del Congreso de la Unión, se solicita se proceda a su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

C) Análisis particular de la iniciativa

Marco legal

Constitución federal

Artículo 4o. (Se deroga el párrafo primero)

El varón y la mujer...

Toda persona...

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI, del artículo 73 de esta Constitución.

Toda persona...

Toda familia...

Los niños y las niñas...

Los ascendientes...

El Estado otorgará...

Artículo 73. El Congreso tiene facultad:

Ley General de Salud

Artículo 3o. En los términos de esta ley, es materia de salubridad general:

Artículo 63. La protección de la salud física y mental de os menores es una responsabilidad que comparten los padres, tutores o quienes ejerzan la patria potestad sobre ellos, el Estado y la sociedad en general.

Capítulo VII Salud Mental

Artículo 72. La prevención de las enfermedades mentales tiene carácter prioritario. Se basará en el conocimiento de los factores que afectan la salud mental, las causas de las alteraciones de la conducta, los métodos de prevención y control de las enfermedades mentales, así como otros aspectos relacionado con la salud mental.

Artículo 73. Para la promoción de la salud mental, la Secretaría de Salud, las instituciones de salud y los gobiernos de las entidades federativas, en coordinación con las autoridades competentes en cada materia, fomentarán y apoyarán:

Artículo 74. La atención de las enfermedades mentales comprende:

Artículo 75. El internamiento de personas con padecimientos mentales en establecimientos destinados a tal efecto, se ajustará a principios éticos y sociales, además de los requisitos científicos y legales que determine la Secretaría de Salud y establezcan las disposiciones jurídicas aplicables.

Artículo 76. La Secretaría de Salud establecerá las normas oficiales mexicanas para que se preste atención a los enfermos mentales que se encuentran en reclusorios o en otras instituciones no especializadas en salud mental.

A estos efectos, se establecerá la coordinación necesaria entre las autoridades sanitarias, judiciales, administrativas y otras, según corresponda.

Artículo 77. Los padres, tutores o quienes ejerzan la patria potestad de menores, los responsables de su guarda, las autorices educativas y cualquier persona que esté en contacto con los mismos, procurarán la atención inmediata de los menores que presenten alteraciones de conducta que permitan suponer la existencia de enfermedades mentales.

A tal efecto, podrán obtener orientación y asesoramiento en las instituciones públicas dedicadas a la atención de enfermos mentales.

Para efecto de iniciar nuestro estudio, se advierte que de conformidad a lo referido por el artículo 4o. de la Constitución federal, se encuentra consagrado el derecho a la protección a la salud, como garantía social, representando las bases conforme a las cuales se llevan a cabo los programas de gobierno, así también como el fundamento de las disposiciones en materia de salud. En este contexto, dentro de los objetivos nacionales del Plan Nacional de Desarrollo, en el punto 5), refiere a reducir la pobreza extrema y asegurar la igualdad de oportunidades y la ampliación de capacidades para que todos los mexicanos mejoren significativamente su calidad de vida y tengan garantizados alimentación, salud , educación, vivienda digna y un medio ambiente adecuado para su desarrollo, tal y como lo establece la Constitución federal.

En este sentido, al no encontrarse definiciones del concepto de salud en el texto de nuestras leyes, las autoridades mexicanas han venido adoptando el concepto inmerso en la Constitución de la Organización Mundial de la Salud.

De acuerdo con la OMS: ``La salud no sólo es la ausencia de enfermedad, sino un estado de completo bienestar físico y mental, en un contexto ecológico-social propicio para su desarrollo. La salud descansa en la esfera de prácticamente todas las interacciones, sociales y culturales, y es, con ellas, un componente sinergético de bienestar social.''

La Ley General de Salud, señala como una de las finalidades del derecho social, la protección del derecho a la salud, el lograr el bienestar físico mental del hombre para contribuir así al ejercicio pleno de sus capacidades.

Para los efectos del derecho a la protección de la salud, se consideran servicios básicos de salud, además de la atención médica y la asistencia social, formando lo que se conceptualiza como servicios de salud pública, es decir, los que se relacionan en general con la salud de toda la población, los referentes a los siguientes rubros:

De esta manera, se advierte que este instituto, fue creado de conformidad con el decreto del Ejecutivo federal publicado en el Diario Oficial de la Federación, de fecha 26 de diciembre de 1979 y tiene por objeto de conformidad con el artículo 2o., fracción I y III de dicho ordenamiento, coadyuvar al funcionamiento y consolidación del Sistema Nacional de Salud, contribuyendo al cumplimiento del derecho a la protección de la salud en el área de psiquiatría y la salud mental, así como realizar estudios e investigaciones en el campo de los trastornos y enfermedades mentales.

En este contexto, se evidencia la necesidad de establecer que es lo que debemos entender por juegos de azar, siendo éstos juegos aquellos en los cuales las posibilidades de ganar o perder no dependen de la habilidad del jugador sino exclusivamente del azar, de ahí que la mayoría de ellos sean también juegos de apuestas cuyos premios están determinados por las probabilidad estadística de acertar la combinación elegida, mientras menores sean las probabilidades de obtener la combinación correcta, mayor es el premio.

El azar es también un elemento importante en numerosos juegos que combina, algunos juegos de azar típicos como son los siguientes: bingo, cara o cruz, dados, lotería, lotería primitiva o ``lotto'', lotería instantánea o ``rasca'', máquinas tragamonedas, quinielas, keno, rifa, ruleta, entre otros.

El tema de los juegos de azar es sumamente controversial, ya que existe la novedad de aumentar cada vez más diferentes tipos juegos, pero cuando se habla de su regulación es que se entra en diversidad.

En la legislación actual, en el artículo 9 de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, establece que se entiende por: ``Máquinas tragamonedas, el artefacto, dispositivo electrónico o electromecánico, digital, interactivo o de cualquier tecnología similar, que mediante la inserción de un billete, moneda, tarjeta, banda magnética, ficha, dispositivo electrónico de pago u objeto similar, o por el pago de alguna contraprestación, está disponible para operarse y que, como resultado de dicha operación, permite al usuario del mismo obtener mediante el azar o una combinación de azar y destreza, la entrega inmediata o posterior de premios en efectivo o en especie''.

Por lo que se advierte que el juego es fundamental en todas las sociedades, pero como se constituye por las costumbres de cada cultura, su legalización y regulación a lo largo de la historia mexicana siempre ha creado polémica, el artículo 1o. de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, establece la prohibición en todo el territorio nacional de los juegos de azar y los juegos de apuestas, pero si bien el artículo 5o. de la ley aludida anteriormente contemplaba el conceder permisos y los cuales estarán a cargo de la Secretaría de Gobernación.

Bajo este tenor se advierte que al Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría de Gobernación, corresponde la reglamentación, autorización, control y vigilancia de los juegos permitidos (que son los mencionados en el artículo 2o., fracción I) cuando en ellos medien apuestas de cualquier clase y corresponde también a la citada secretaría, la reglamentación, autorización, control y vigilancia de los sorteos, con excepción del de la Lotería Nacional, que se regirá por su propia ley.

Por lo que se aprecia que no podrá establecerse ni funcionar ninguna casa, lugar abierto o cerrado, en que se practiquen juegos con apuestas ni sorteos, de ninguna clase, sino sólo en el caso de que cuenten con permiso de la Secretaría de Gobernación, la que según lo dispone expresamente el artículo 4o. de la Ley Federal de Juegos y Sorteos fijará los requisitos y condiciones que en cada caso concreto deberán cumplirse. La Secretaría de Gobernación ejercerá vigilancia y control de tales juegos con apuestas y sorteos, así como el cumplimiento de la ley, por medio de los inspectores que designe y con el mismo fin, integrará los organismos o comisiones que estime convenientes.

La Secretaría de Gobernación estará facultada para autorizar en ferias regionales el cruce de apuestas en los espectáculos determinados en el reglamento de la ley.

En este marco de atribuciones, la pretensión del legislador cobra relevancia, cuando instituye la necesidad de establecer una obligación a los establecimientos comerciales cuya actividad principal o complementaria sea prestar servicios de entretenimiento o diversión mediante la explotación de actividades relativas a juegos de azar y juegos con apuestas, de generar una anuncios con la advertencia de hacer del conocimiento a los usuarios las consecuencias del juego compulsivo que pueden generar en ludopatía.

Al respecto se estudió de manera detallada la legislación aplicable para el caso que nos ocupa, recurriendo también al análisis y estudio de jurisprudencia, así como de los manuales y criterios relativos para identificar la ludopatía o juego patológico, específicamente en la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y otros problemas de Salud conocida como (CIE-10), al igual que del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales por sus siglas en inglés DSM-IV.

A fin de estar en condiciones para continuar con el análisis de la presente reforma, buscamos el significado de ``salud mental'' con el objeto de identificar si la ludopatía o juego patológico se encuentran dentro del campo de estudio de ésta.

Al respecto consultamos el manual de Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y otros Problemas de Salud por sus siglas CIE-10, publicado por la Organización Mundial de la Salud, el cual provee los códigos para clasificar las enfermedades y una amplia variedad de signos, síntomas, hallazgos anormales, denuncias, circunstancias sociales y causas externas de daños y/o enfermedad. Al respecto dicho manual identifica a la ludopatía dentro del apartado correspondiente a los trastornos impulsivos y de hábito, definiéndola como una ``Alteración progresiva del comportamiento por la que un individuo siente una incontrolable necesidad de jugar, menospreciando cualquier consecuencia negativa''. Por otro lado, el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales en su última versión, por sus siglas en inglés DSM-IV, expedido por la Asociación Psiquiátrica de Estados Unidos de América, clasifica los trastornos mentales con el propósito de proporcionar descripciones claras de las categorías diagnósticas, con el fin de que los clínicos y los investigadores puedan diagnosticar, estudiar e intercambiar información y tratar los distintos trastornos mentales. Éste manual identifica al juego patológico dentro del apartado de los trastornos de control de los impulsos, definiéndolo como ``un comportamiento de juego desadaptativo, persistente y recurrente que altera la continuidad de la vida personal, familiar o profesional''.

En este entendido se considera que la ludopatía o juego patológico como una enfermedad identificada por la falta de control de los impulsos, caracterizado por un comportamiento de juego desadaptado, recurrente y persistente, el cual tiene como característica esencial el juego desadaptativo, por lo tanto no existe duda que esta enfermedad se encuentra dentro del campo de estudio de la salud mental, la cual es estudiada principalmente por psicólogos y psiquiatras.

Bajo los señalamientos anteriores, es importante definir lo que se entiende por adicción y correlacionarlo con el juego compulsivo. Al respecto es importante transcribir un artículo publicado por Elisardo Becoña Iglesias del Departamento de Psicología, de la Universidad Iberoamericana, Distrito Federal, México.

La historia de las adicciones va unida a la historia del hombre. Fumar cigarrillos, beber alcohol, mascar hojas de coca, esnifar preparados psicoactivos, beber pócimas, fumar marihuana, utilizar el opio para el dolor, etcétera, son ejemplos bien conocidos de algunas de las sustancias que el hombre ha utilizado a lo largo de la historia o sigue utilizando. Mas actualmente, junto a las anteriores, y sus derivados industriales o químicos, destacan las nuevas adicciones, unas derivadas de sustancias, como es el caso de la heroína, la cocaína, las drogas de diseño, el LSD, entre las más importantes, y otras adicciones comportamentales, sin sustancia, como resultado de nuestra sociedad tecnológica, como la adicción a Internet, al juego de azar , al teléfono móvil, a los teléfonos eróticos, al sexo, a las compras, y a un amplio etcétera de conductas que pueden llegar a ser adictivas (Becoña, 1998b).

Por ello, en los últimos años se incluyen distintas conductas bajo la denominación genérica de adicciones o conductas adictivas. Basadas inicialmente en el concepto de dependencia (física y psíquica), y evolucionando a partir del mismo, se aplicaban inicialmente a sustancias psicoactivas que ingeridas por un individuo tenían la potencialidad de producir dependencia. Con el transcurrir de los años se observó que también existían conductas, que sin haber sustancia de por medio, tenían la capacidad de producir dependencia y el resto de las características que tenían las dependencias a las sustancias psicoactivas.

Una característica central a las conductas adictivas, es la pérdida de control. La persona con una conducta adictiva no tiene control sobre esa conducta, aparte de que la misma le produce dependencia, tolerancia, síndrome de abstinencia y una incidencia negativa muy importante en su vida, que va a ser en muchos casos la causa de que acuda en busca de tratamiento o le fuercen a buscarlo. Gossop (1989) definió como elementos característicos de una adicción: 1) un fuerte deseo o un sentimiento de compulsión para llevar a cabo la conducta particular (especialmente cuando la oportunidad de llevar a cabo tal conducta no está disponible); 2) la capacidad deteriorada para controlar la conducta (especialmente, en términos de controlar su comienzo, mantenimiento o nivel en el que ocurre); 3) malestar y estado de ánimo alterado cuando la conducta es impedida o la deja de hacer; y 4) persistir en la conducta a pesar de la clara evidencia de que le está produciendo graves consecuencias al individuo. En la misma línea, Echeburúa (1999) considera como características principales de las conductas adictivas la pérdida de control, la fuerte dependencia psicológica, la pérdida de interés por otras actividades gratificantes y la interferencia grave en la vida cotidiana.

Bajo estas premisas, es que se considera necesario que se implemente la reforma con el objeto de que se establezca que en todo local abierto o cerrado en que se practiquen actividades relativas a juegos de azar y juegos con apuestas y sorteos, deberá fijar dentro del establecimiento, o escenario temporal donde estos se desarrollen, anuncios de advertencia que hagan del conocimiento del jugador que la práctica reiterada de los juegos de azar y juegos con apuestas y sorteos perjudica la salud, pudiendo generar ludopatía.

Sin detrimento de lo anterior, se advierte que con fecha 22 de octubre de 2008, fue presentada adenda por el legislador iniciador diputado Antonio Ricardo Cano Jiménez, debido a que el diputado Enrique Acosta Fregoso integrante de esta comisión, en sesión de fecha 17 de octubre del año en curso, solicitó que se esclareciera el término ludopatía para que fuera entendido en el lenguaje coloquial por las personas que regularmente acuden a este tipo de establecimientos. Debido a lo anterior, el iniciador presenta la adenda en la fecha indicada, de la siguiente manera:

Artículo 9o. Bis. Todo local abierto o cerrado en que se practiquen actividades relativas a juegos de azar y juegos con apuestas y sorteos, deberá fijar dentro del establecimiento, o escenario temporal donde estos se desarrollen, anuncios de advertencia que hagan del conocimiento del jugador que la práctica reiterada de los juegos de azar y juegos con apuestas y sorteos perjudica la salud, pudiendo generar una alteración progresiva en el comportamiento del jugador; escrito con letra fácilmente legible, con colores contrastantes y sin que se invoque o se haga referencia a alguna disposición legal.

De lo anterior, se observa que si bien el legislador sustituye el término ``ludopatía'' por ``alteración progresiva en el comportamiento del jugador'', a nuestro entender, es necesario clarificar la adenda planteada por el legislador, únicamente en cuanto a la denominación de ludopatía, ya que se considera indispensable incluir que ésta es una alteración progresiva por la que el jugador puede sentir una incontrolable necesidad de jugar. Lo anterior, se justifica con el objeto de lograr un mayor entendimiento entre la propuesta y la exposición de motivos del legislador.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se llega a los siguientes:

Considerandos

Primero. Que es facultad del Congreso del estado, legislar sobre todos los ramos de la administración pública que sean competencia del estado; asimismo, es facultad de los diputados presentar iniciativas de leyes y decretos, de conformidad con lo previsto por los artículos 27 y 28 ambos en su fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California.

Segundo. Que es facultad del Congreso del Estado, conocer de las iniciativas de reformas presentadas por los diputados de su propia legislatura que afecten al ámbito de competencia federal y dictaminar sobre la procedencia o improcedencia de las mismas para en su caso, dar curso al proceso legislativo correspondiente ante el honorable Congreso de la Unión.

Tercero. Que la propuesta en estudio, pretende adicionar la Ley Federal de Juegos y Sorteos, mediante un artículo 9o. Bis y con ello, la obligación de que los establecimientos comerciales cuya actividad principal o complementaria sea prestar servicios de entretenimiento o diversión mediante la explotación de actividades relativas a juegos de azar y juegos con apuestas, fijen anuncios de advertencia que hagan del conocimiento del usuario las consecuencias nocivas del juego compulsivo.

Cuarto. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 4o. garantiza el derecho a la salud, este derecho se consagra como garantía social, representando las bases conforme a la cual se llevan a cabo los programas de gobierno, así como el fundamento de las disposiciones en materia de salud.

Quinto. Que el derecho a la salud, es ejercido de manera concurrente por la federación y las entidades federativas; siendo protegido según lo dispone el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Sexto. Que en este contexto el derecho a la salud mental, debe de también ser protegido, ya que acorde al Manual de Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y otros Problemas de Salud por sus siglas (CIE-10), publicado por la Organización Mundial de la Salud, el cual provee los códigos para clasificar las enfermedades y una amplia variedad de signos, síntomas, hallazgos anormales, denuncias, circunstancias sociales y causas externas de daños y/o enfermedad, identifica a la ludopatía dentro del apartado correspondiente a los trastornos impulsivos y de hábito, definiéndola como ``una alteración progresiva del comportamiento por la que un individuo siente una incontrolable necesidad de jugar, menospreciando cualquier consecuencia negativa''.

Séptimo. Que acorde a lo referido por el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales en su última versión, por sus siglas en inglés (DSM-IV), expedido por la Asociación Psiquiátrica de Estados Unidos de América, clasifica los trastornos mentales con el propósito del proporcionar descripciones claras de las categorías diagnósticas con el fin de que los clínicos y los investigadores puedan diagnosticar, estudiar e intercambiar información y tratar los distintos trastornos mentales. Este manual identifica al juego patológico dentro del apartado de los trastornos de control de los impulsos, definiéndolo como ``un comportamiento de juego desadaptativo, persistente y recurrente que altera la continuidad de la vida personal, familiar o profesional''.

Octavo. Que derivado de los dos considerandos anteriores, la ludopatía o juego patológico, se clasifica como una enfermedad identificada por la falta de control de los impulsos caracterizado por un comportamiento de juego desadaptado, recurrente y persistente, el cual tiene como característica esencial el juego desadaptativo, por lo tanto no existe duda que ésta enfermedad se encuentra dentro del campo de estudio de la salud mental, la cual es estudiada principalmente por psicólogos y psiquiatras.

Noveno. Que en este tenor, la intención del legislador de crear un artículo 9o. Bis en la Ley Federal de Juegos y Sorteos, con el objeto de fijar anuncios de advertencia que hagan del conocimiento del usuario las consecuencias nocivas de la ludopatía, cobra importancia y justifica la necesidad de prever el supuesto pretendido por el legislador, con la iniciativa y la adenda presentada, sin embargo con el objeto de dar mayor claridad al texto propuesto se considera necesario prever que si bien el legislador sustituye el término ``ludopatía'' por ``alteración progresiva en el comportamiento del jugador'', a nuestro entender, es necesario clarificar la adenda planteada por le legislador, únicamente en cuanto a la denominación de ludopatía, ya que se considera indispensable incluir que ésta alteración por la que el jugador puede sentir una incontrolable necesidad de jugar. Lo anterior, se justifica con el objeto de lograr un mayor entendimiento entre la propuesta y la exposición de motivos del legislador.

Décimo. Que del análisis jurídico realizado a la iniciativa en estudio, ésta Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales considera que jurídicamente es procedente.

Undécimo. Que el presente dictamen fue aprobado unanimidad de los diputados integrantes de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, siendo los siguientes: Juan Manuel Gastélum Buenrostro, Juan Macklis Anaya, Adriana Guadalupe Sánchez Martínez y Enrique Méndez Juárez.

Por todo lo anterior, la comisión que suscribe somete a consideración a esta honorable asamblea el siguiente punto

Resolutivo

Único. Se aprueba la remisión de la reforma al artículo 9o. Bis de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, para quedar como sigue:

Artículo 9o. Bis. Todo local abierto o cerrado en que se practiquen actividades relativas a juegos de azar y juegos con apuestas y sorteos, deberá fijar dentro del establecimiento, o escenario temporal donde estos se desarrollen, anuncios de advertencia que hagan del conocimiento del jugador que la práctica reiterada de los juegos de azar y juegos con apuestas y sorteos perjudica la salud, pudiendo generar una alteración progresiva en el comportamiento por la cual puede sentir una incontrolable necesidad de jugar; escrito con letra fácilmente legible, en colores contrastantes y sin que se invoque o se haga referencia a alguna disposición legal.

Transitorios

Primero. Una vez aprobada la presente remisión por el Pleno del honorable Congreso del estado de Baja California, remítase al honorable Congreso de la Unión para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 71, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Segundo. Hecho lo anterior y una vez efectuado el análisis correspondiente y decretada la procedencia de la presente iniciativa por parte del Congreso de la Unión, se solicita se proceda a su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Túrnese a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados.

LEY GENERAL DE SALUD

El Secretario diputado José Rubén Escajeda Jiménez : «Escudo.--- Poder Legislativo de Baja California.--- XIX Legislatura.

Diputado César Duarte Jáquez, Presidente de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- México, DF

Por medio del presente nos dirigimos muy respetuosamente a usted, y con fundamento en el artículo 71, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se envía el dictamen número 77 de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, mediante el cual la honorable XIX Legislatura del estado de Baja California remite reforma que adiciona la fracción XXII Bis al artículo 3, reforma el contenido del artículo 74 y adiciona el Capítulo V, ``Programa contra la Ludopatía'', al Título Décimo Primero, ``Programa contra las Adicciones'', así como los artículos 193 Bis y 193 Quáter, todos a la Ley General de Salud.

Agradecemos de antemano la atención que se sirva otorgar al presente, y aprovechamos la oportunidad para reiterarle nuestra consideración y respeto.

«Escudo.--- Poder Legislativo de Baja California.--- XIX Legislatura.

Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales

Dictamen número 77

Honorable Asamblea:

Se turnó a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, para estudio, análisis y dictamen, iniciativa de decreto por la cual el honorable Congreso de Baja California promueve ante el honorable Congreso de la Unión iniciativa de reforma que adiciona la fracción XXII Bis al artículo 3, reforma el contenido del artículo 74 y adiciona el Capítulo V, ``Programa contra la Ludopatía'', al Título Décimo Primero, ``Programas contra las Adicciones'', así como los artículos 193 Bis, 193 Ter y 193 Quáter, todos a la Ley General de Salud, presentada por el diputado Antonio Ricardo Cano Jiménez, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, con fecha 19 de junio de 2008, así como adenda que comenta y clarifica la iniciativa señalada presentada el 22 de octubre de 2008; también, iniciativa de decreto que adiciona el artículo 9 Bis a la Ley Federal de Juegos y Sorteos, presentada por los diputados Antonio Ricardo Cano Jiménez y Carlos Alonso Angulo Rentaría, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, en sesión ordinaria de honorable XIX Legislatura el 19 de junio de 2008.

Esta comisión, con las facultades que le conceden los artículos 55, 57, 61, 62, 63, 70, 73, 74, 110, fracción I, 117, 122, 123 y demás relativos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de Baja California, elabora el presente dictamen, con base en los siguientes

Antecedentes

I. con fecha 19 de junio de 2008, el diputado Antonio Cano Jiménez presentó ante el Pleno de este honorable Congreso las iniciativas de que se hace mención en el proemio de este dictamen.

II. Mediante oficio de fecha 20 de junio de 2008, el presidente de la Mesa Directiva de la honorable XIX Legislativa constitucional de Baja California turnó a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, para estudio, análisis y, en su caso, formulación del dictamen correspondiente, las iniciativas en comento; lo anterior, de conformidad con la fracción I del artículo 29 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California.

III. Con fecha 25 de junio de 2008 fue recibida en la Dirección de Asuntos Jurídicos Legislativos del honorable Congreso, de conformidad con lo establecido en el artículo 63 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del estado de Baja California.

IV. Posteriormente, con fecha 23 de octubre de 2008, fue recibida en la Dirección de Asuntos Jurídicos Legislativos de este honorable Congreso una adenda, suscrita por el legislador, mediante la cual complementa y clarifica la iniciativa en estudio.

En su oportunidad y seguido el proceso legislativo en todas sus etapas, esta comisión suscribe el presente dictamen, conforme al siguiente

Análisis y estudio de la iniciativa

I. Aspectos generales

A) De la exposición de motivos

Lo anterior se sustenta en la exposición de motivos que a continuación se transcribe:

Los juegos de azar y los juegos con apuestas en sus diversos formatos y escenarios han adquirido con el paso de los años una notable presencia e influencia en diversos ámbitos y conductas de nuestra sociedad, a tal punto que podemos hablar de una ``cultura del juego''.

Históricamente, los juegos de azar han estado ligados a las más auténticas raíces de nuestra cultura, ya que forman parte de nuestras costumbres, de nuestras conmemoraciones y fiestas mexicanas. Juegos como la lotería, las rifas, las carreras de caballos y las peleas de gallos son parte esencial del folclor mexicano. Incluso, estas actividades han sido consideradas ``valor agregado'' del sector turístico no sólo de nuestro país, sino en muchos otros que han encontrado en los juegos de azar y juegos con apuestas y sorteos una empresa de entretenimiento responsable, siendo así a partir del conocimiento de los riesgos que implica la práctica reiterada de estos juegos.

En décadas pasadas, como en la actualidad, el primer desafío de los gobiernos fue la lucha contra el juego clandestino. En ese sentido, las distintas áreas de gobierno han avanzado en el diseño de la legislación necesaria con el propósito de tener bajo su control todas las opciones de juegos donde el azar y las apuestas en cualquiera de sus modalidades se hacen presentes. Nuestra legislación fue tipificando administrativa y penalmente su práctica, buscando adicionalmente derivar las utilidades producidas de la explotación de las actividades con juegos de azar y juegos con apuestas y sorteos legalmente constituidos a la ejecución de programas y acciones sociales directas para contrarrestar los efectos derivados de una práctica recurrente.

Por ello, en nuestros días, admitidos como una alternativa de esparcimiento y entretenimiento y como elemento importante para el mercado turístico, los establecimientos donde se ofrece diversión desarrollando actividades con juegos de azar, juegos con apuesta y juegos sorteos se han multiplicado.

Desde una perspectiva sociológica, tal situación revela un comportamiento psicosocial que el Estado debería atender con políticas correctas, toda vez que el crecimiento dramático de estas conductas sociales tiene un revés que requiere un enfoque de salud pública, ya que se trata del incremento de jugadores compulsivos diagnosticados médicamente como ludópata, constituyendo, por ende, un riesgo en la salud mental de los mexicanos, toda vez que están plenamente avalados por organizaciones internacionales de la salud los costos sociales asociados al abuso de estos juegos de azar, que traen consigo problemáticas graves, como las generadas por las adicciones que ampliamente conocemos, más aún cuando desde temprana edad se induce a esta práctica de apuestas cotidianas y de conducta reiterativa.

En este sentido, en países como Gran Bretaña, la asociación de médicos unidos de la British Medical Association calificaron el juego de azar de apuestas y sorteos compulsivos como un ``veneno social'', ya que la adicción al juego es tan corrosiva como la adicción a las drogas y al alcohol, generando daños físicos, psicológicos y mentales severos, así como vicios sociales que contribuyen a la ruptura familiar y potencial ruina económica en edades maduras.

La práctica compulsiva del juego de azar y de juegos con apuestas y sorteos temprana e irresponsable se diagnostica como un padecimiento mental: la ludopatía, lo que ha traído como consecuencia que una de cada cinco personas que sufren problemas graves por el juego de azar, haya llegado a atentar contra su integridad física en alguna etapa de su vida.

Como se advierte, la ludopatía consiste en una alteración progresiva del comportamiento por la que el individuo siente una incontrolable necesidad de jugar; es decir, se trata de una adicción como el alcoholismo y el tabaquismo.

La ludopatía es oficialmente reconocida como una enfermedad por la Organización Mundial de la Salud (OMS). En 1980, la Asociación Estadounidense de Psiquiatría la incluyó como una categoría en su Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales. De ahí que la OMS haya definido la ludopatía, o las apuestas compulsivas, como un trastorno mental de impulsos, enfermedad progresiva que daña y merma la salud del jugador.

Psicológicamente, la ludopatía se presenta como una alteración de forma gradual en el comportamiento del individuo, el cual tiene una incontrolable necesidad de jugar y apostar, prestando poca o nula relevancia a las consecuencias negativas.

Consecuentemente, la práctica de los juegos de azar y juegos con apuesta y sorteos en forma compulsiva implica un sufrimiento y descontrol, por lo que la persona pierde su libertad de decisión generando también gran cantidad de costos sociales, es decir, la ludopatía tiene rasgos psicológicos y neurológicos que empobrecen la conducta social.

Miles de historias sobre jugadores circulan a diario en diversos ámbitos, pero detrás de ellas se esconde un drama humano de familias destruidas o en decadencia. Éstas son las consecuencias y el precio de una vida dedicada al juego compulsivo.

Este panorama encuentra una posición dual del Estado, ya que éste regula la instalación y el funcionamiento de establecimientos en que se practiquen actividades relativas a juego de azar y juegos con apuestas y, a su vez, es garante de la salud pública. Por esto último debemos iniciar acciones tendentes a prevenir, atender y contener la patología derivada de una de sus estrategias más importantes de recaudación de ingresos y ayuda social directa.

El objetivo no es fácil, pero sí claro: reducir en cierta medida los eslabones que van al abuso de esta conducta, mediante el adecuado control, la vigilancia e inspección, así como robustecer la legislación necesaria para ello.

En ese sentido, y en refuerzo de estas acciones, se presenta iniciativa de decreto por la cual el honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Baja California promueve ante el honorable Congreso de la Unión iniciativa de reforma de la Ley General de Salud, con objeto de adicionar el Capítulo V, ``Programas contra las Adicciones'', con objeto de que la federación, los gobiernos estatales, y las dependencias y las entidades públicas, en sus respectivos ámbitos de competencia, desarrollen acciones encaminadas a la ejecución de programas de prevención contra la ludopatía y padecimientos originados por ésta y, en su caso, la rehabilitación de los ludópatas. Para ello, además, se propone adicionar la fracción XXII Bis al artículo 3 de la Ley General de Salud, a efecto de considerar materia de salubridad general el citado programa contra la ludopatía.

Aunado a lo anterior, y para efecto de legislar respecto a la ludopatía no sólo como una adicción sino, además, como una enfermedad mental, se plantea reformar la fracción I del artículo 74 de la citada Ley General de Salud.

B) Intención de la iniciativa

La presente iniciativa de decreto pretende adicionar la fracción XXII Bis al artículo 3, reformar el contenido del artículo 74 y adicionar al Título Décimo Primero, ``Programas contra las Adicciones'', el Capítulo V, ``Programa contra la Ludopatía, o Juego Patológico'', así como adicionar los artículos 193 Bis, 193 Ter y 193 Quáter de la Ley General Salud, con objeto de establecer, organizar, promover, supervisar y evaluar la prestación del programa contra la ludopatía.

II. Aspectos particulares

A) Comparación

Con objeto de clarificar todo lo anterior, nos permitimos presentar la siguiente comparación:

Ley General de Salud

Texto vigente

Artículo 3o. En los términos de esta ley, es materia de salubridad general:

Artículo 74. La atención de las enfermedades mentales comprende

Título Décimo Primero Programa contra las Adicciones

Capítulos I. a IV. ...

Texto de la iniciativa y su adenda

Artículo 3o. En los términos de esta ley, es materia de salubridad general

Artículo 74. La atención de las enfermedades mentales comprende

Título Décimo Primero Programas contra las Adicciones

Capítulo V Programa contra la Ludopatía, o Juego Patológico

Artículo 193 Bis. La Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, se coordinarán para la ejecución del Programa contra la Ludopatía, o Juego Patológico, que comprenderá, entre otras, las siguientes acciones:

Artículo 193 Ter. Para poner en práctica las acciones contra la ludopatía, o juego patológico, las autoridades sanitarias del estado, en coordinación con otras dependencias y entidades públicas, realizarán actividades de investigación en los siguientes aspectos:

Artículo 193 Quáter. Todo local abierto o cerrado en que se practiquen actividades relativas a juegos de azar y juegos con apuestas y sorteos deberá fijar dentro del establecimiento, o escenario temporal donde éstos se desarrollen, anuncios de advertencia que hagan del conocimiento del jugador que la práctica reiterada de los juegos de azar y juegos con apuestas y sorteos perjudica la salud, pudiendo generar ludopatía, o juego patológico, escrito con letra fácilmente legible, en colores contrastantes y sin que se invoque o se haga referencia a alguna disposición legal.

Transitorios

Primero. Una vez aprobado en el Pleno del honorable Congreso de Baja California, remítase al Congreso de la Unión para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 71, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Segundo. Hecho lo anterior, y una vez efectuado el análisis correspondiente y decretada la procedencia de la presente iniciativa por el Congreso de la Unión, se solicita que se proceda a su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

B) Marco jurídico

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo 4o. El varón y la mujer son iguales ante la ley. Ésta protegerá la organización y el desarrollo de la familia.

Artículo 71. El derecho de iniciar leyes o decretos compete

Ley General de Salud

Artículo 1o. La presente ley reglamenta el derecho a la protección de la salud que tiene toda persona en los términos del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general; es de aplicación en toda la república y sus disposiciones son de orden público e interés social.

Artículo 2o. El derecho a la protección de la salud tiene las siguientes finalidades:

Artículo 3o. En los términos de esta ley, es materia de salubridad general

Artículo 13. La competencia entre la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general quedará distribuida conforme a lo siguiente:

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California

Artículo 1. El estado de Baja California es parte integrante e inseparable de la federación, constituida por los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 14. El Congreso del estado...

Los diputados, como representantes del pueblo, podrán auxiliar a sus representados y a las comunidades del estado en sus demandas sociales y de orden administrativo de interés general, a fin de lograr su oportuna solución, por lo que las autoridades administrativas del estado y los ayuntamientos deberán atender su intervención y ver por la oportuna resolución de sus promociones.

Artículo 27. Son facultades del Congreso

Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California

Artículo 110. Las iniciativas que se presenten al Congreso del estado podrán ser

Artículo 115. Las iniciativas de leyes y decretos corresponden

Artículo 160. Toda resolución del Congreso del estado tendrá el carácter de ley o decreto. El primer nombre corresponde a las que versen sobre materias de interés común, dentro del ámbito de atribuciones del Poder Legislativo. El segundo corresponde a las que, dentro del ámbito, sean sólo relativas a determinados tiempos, lugares, entidades públicas o personas.

Artículo 161. Los proyectos de ley y los decretos aprobados por el Congreso se remitirán al Ejecutivo firmados por el presidente y el secretario de la Mesa Directiva del Congreso del estado.

Artículo 162. Las iniciativas adquirirán el carácter de ley cuando sean aprobadas por el Congreso del estado y publicadas por el Ejecutivo.

Si la ley no fija el día en que deba comenzar a observarse, será obligatoria en todo el estado tres días después de la fecha de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

Artículo 163. En el caso de que el Ejecutivo juzgue conveniente hacer observaciones a un proyecto aprobado por el Congreso del estado, éste podrá ejercitar su derecho de veto, atendiendo a lo previsto en el artículo 34 de la Constitución local.

Artículo 164. El gobernador del estado no podrá hacer observaciones sobre los decretos que manden abrir o cerrar sesiones del Congreso o los emitidos por éste cuando actúe en funciones de jurado de sentencia.

De todo lo anterior, resulta conveniente elaborar un análisis sobre la posibilidad de incluir en la Ley General de Salud los programas contra la ludopatía, o juego patológico, además de verificar si el Congreso del estado cuenta con facultades para promover ante el Congreso de la Unión la presente iniciativa.

Para ello iniciamos el presente análisis investigando el significado de los conceptos ``salud mental'', ``ludopatía'' y ``juego patológico'', igual que identificar la normatividad aplicable en materia de salud.

A fin de contar con dicha información, se revisaron de manera detallada los manuales y criterios relativos para identificar la ludopatía, o juego patológico, específicamente en la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y otros Problemas de Salud, conocida como ``CIE-10'' y expedida por la OMS, igual que el Manual de Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-IV, por sus siglas en inglés), expedido por la Asociación Estadounidense de Psiquiatría.

La salud mental es definida en términos generales como ``el estado de equilibrio entre una persona y su entorno sociocultural, lo que garantiza su participación laboral, intelectual y de relaciones para alcanzar un bienestar y calidad de vida''. Por otro lado, también se define como ``un estado de bienestar emocional y psicológico en el cual el individuo es capaz de hacer uso de sus habilidades emocionales y cognitivas, y funciones sociales, y de responder a las demandas ordinarias de la vida cotidiana''.

Con objeto de definir ludopatía, o juego patológico, recurrimos primero a la CIE-10, la cual provee los códigos para clasificar las enfermedades y una amplia variedad de signos, síntomas, hallazgos anormales, denuncias, circunstancias sociales y causas externas de daños o enfermedad. Dicho manual identifica la ludopatía en el apartado correspondiente a los trastornos impulsivos y de hábito, definiéndola como una ``alteración progresiva del comportamiento por la que un individuo siente una incontrolable necesidad de jugar, menospreciando cualquier consecuencia negativa''.

Por otro lado, el DSM-IV clasifica los trastornos mentales con el propósito de proporcionar descripciones claras de las categorías diagnósticas, a fin de que los clínicos y los investigadores puedan diagnosticar, estudiar e intercambiar información y tratar los distintos trastornos mentales. Ese manual identifica el juego patológico en el apartado de los trastornos de control de los impulsos, definiéndolo como ``un comportamiento de juego desadaptativo, persistente y recurrente que altera la continuidad de la vida personal, familiar o profesional''.

Con base en las anteriores definiciones, podemos resumir que ludopatía y juego patológico son términos distintos empleados de manera análoga para identificar la misma enfermedad de la falta de control de impulsos caracterizada por un comportamiento de juego desadaptado, recurrente y persistente, el cual tiene como característica esencial el juego desadaptativo.

Ahora bien, entrando en el campo jurídico para identificar la normatividad que pudiese regular la ludopatía, o juego patológico, iniciamos el análisis del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual define las bases para garantizar la protección del derecho a la salud, señalando que la ley de la materia, en este caso la Ley General de Salud, definirá las modalidades para el acceso a los servicios de salud.

Dicha ley prevé, entre otras cosas, los fines que persigue la protección de este derecho, estableciendo entre éstos ``el bienestar físico y mental del hombre'', señalando a su vez como materia de salubridad general ``la salud mental''. De igual forma, señala las atribuciones o competencias que tendrán los estados en materia de salud, facultando a las entidades federativas para la atención en materia de salud mental.

La Ley General de Salud es el medio a través del cual se debe regular la ludopatía, o juego patológico, toda vez que no considera acciones específicas o programas contra esta alteración de comportamiento, denominada ``ludopatía'', o ``juego patológico'', la cual se encuentra en el campo de estudio de la salud mental, y que es estudiada principalmente por psicólogos y psiquiatras.

Por otro lado, hay la necesidad de verificar si el Congreso del estado cuenta con facultades para presentar iniciativas de ley ante el Congreso de la Unión. Al respecto, tenemos que la propia Carta Magna, en el artículo 71, fracción III, señala que también las Legislaturas de los estados tienen el derecho de iniciar leyes; por tanto, no existe impedimento alguno para presentar ante el Congreso de la Unión la iniciativa que nos ocupa a fin de establecer en la Ley General de Salud las consideraciones que señala el legislador en su iniciativa.

Con el ánimo de fundar la concurrencia en materia de salud existente entre la federación y los estados, tenemos la siguiente jurisprudencia:

La adenda presentada por el legislador tiene como objetivo únicamente incluir en esta iniciativa de reforma la frase ``juego patológico'', la cual se refiere a la misma conducta adictiva que se conoce de manera análoga a la ``ludopatía''. Dicho trastorno es identificado por los manuales, según hemos advertido.

Por lo expuesto y fundado, se llega a los siguientes

Considerandos

Primero. Que nuestra nación está constituida en una república, representativa, democrática, federal compuesta por estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior.

Segundo. Que es facultad de los estados ejercer su soberanía a través de sus poderes.

Tercero. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos faculta a las Legislaturas de los estados para promover iniciativas de ley ante el Congreso de la Unión.

Cuarto. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 4o. garantiza, el derecho a la salud, el cual de manera concurrente en las entidades federativas es protegido, según dispone el artículo 73 de esta ley suprema.

Quinto. Que la Ley General de Salud establece como materia de salubridad general la salud mental.

Sexto. Que organismos internacionales reconocen la enfermedad mental denominada ludopatía, o juego patológico, la cual se encuentra identificada en los manuales de psicología y psiquiatría reconocidos por la Organización Mundial de la Salud.

Séptimo. Que con objeto de dar homogeneidad con la reciente reforma aprobada por esta comisión mediante el dictamen número 71, que se refiere a la adición de un artículo 9 Bis, a la Ley de Juegos y Sorteos, se consideró necesario adecuar el texto del artículo 193 Quáter de la Ley General de Salud, que considere el texto de lo que se entiende por ludopatía, o juego patológico.

Octavo. Que del análisis jurídico, apoyado en manuales de psicología y psiquiatría, realizado a la iniciativa en estudio, la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales considera que jurídicamente es procedente.

Noveno. Que el presente dictamen fue aprobado por unanimidad de los integrantes de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales: Juan Manuel Gastélum Buenrostro, Juan Manuel Molina García, Juan Macklis Anaya, Enrique Méndez Juárez, Adriana Guadalupe Sánchez Martínez y Enrique Acosta Fragoso.

Por lo expuesto, se somete a consideración del Pleno de la XIX Legislatura de Baja California el siguiente

Resolutivo

Único. Se aprueba la iniciativa de decreto por la cual el honorable Congreso de Baja California promueve ante el honorable Congreso de la Unión iniciativa de reforma que adiciona la fracción XXII Bis al artículo 3, reforma el contenido del artículo 74 y adiciona el Capítulo V, ``Programa contra la Ludopatía'', al Título Décimo Primero, ``Programas contra las Adicciones'', así como los artículos 193 Bis, 193 Ter y 193 Quáter, todos a la Ley General de Salud, para quedar de la siguiente manera:

Artículo 3. En los términos de esta ley, es materia de salubridad general

Artículo 74. La atención de las enfermedades mentales comprende

Título Décimo Primero Programas contra las Adicciones

Capítulo V Programa contra la Ludopatía, o Juego Patológico

Artículo 193 Bis. La Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, se coordinarán para la ejecución del Programa contra la Ludopatía, o Juego Patológico, que comprenderá, entre otras, las siguientes acciones:

Artículo 193 Ter. Para poner en práctica las acciones contra la ludopatía, o juego patológico, las autoridades sanitarias del estado, en coordinación con otras dependencias y entidades públicas, realizarán actividades de investigación en los siguientes aspectos:

Artículo 193 Quáter. Todo local abierto o cerrado en que se practiquen actividades relativas a juegos de azar y juegos con apuestas y sorteos deberá fijar en el establecimiento, o escenario temporal donde éstos se desarrollen, anuncios de advertencia que hagan del conocimiento del jugador que la práctica reiterada de los juegos de azar y juegos con apuestas y sorteos perjudica la salud, pudiendo generar una alteración progresiva en el comportamiento por la cual puede sentir una incontrolable necesidad de jugar, escrito con letra fácilmente legible, en colores contrastantes y sin que se invoque o se haga referencia a alguna disposición legal.

Transitorios

Primero. Una vez aprobada la presente remisión de esta iniciativa por el Pleno del honorable Congreso de Baja California, remítase al honorable Congreso de la Unión para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 71, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, anexando el acta del Diario de los Debates que motive y demás constancias que el órgano de dirección considere necesarias para su trámite legislativo.

Segundo. Hecho lo anterior y una vez efectuado el análisis correspondiente y decretada la procedencia de las presentes iniciativas por el Congreso de la Unión, se solicita que se proceda a su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Túrnese a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados.

Queremos destacar la presencia de la presidenta, el secretario general y los vicepresidentes de la Internacional Socialista de Jóvenes, que hoy nos acompañan en esta sesión de la Comisión Permanente. Sean bienvenidos.

LEY FEDERAL DE SEGURIDAD PRIVADA

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Tiene la palabra el diputado Luis Fernando Rodríguez Ahumada, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de Seguridad Privada.

El diputado Luis Fernando Rodríguez Ahumada : Con permiso de la Presidencia.

Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, el proyecto que presento ante ustedes es una iniciativa para adicionar y modificar diversas disposiciones de la Ley Federal de Seguridad Privada, la cual fue publicada el 6 de julio de 2006, y cuyo primordial objetivo fue la regulación de la prestación de servicios de seguridad privada cuando esto se presente en dos o más entidades federativas.

Por ello, la esencia que le da vida a esta norma provee el reconocimiento a la importancia que dicha actividad tiene en su carácter complementario de las labores de corporaciones de seguridad pública incidentes dentro de los muros de las corporaciones.

El crecimiento de la oferta de servicios de seguridad privada fue motivado principalmente por la percepción de mayor inseguridad en los espacios públicos. Pero, sobre todo, por la creciente actividad del crimen organizado, que hizo mella en los efectos económicos de comerciantes, empresarios y demás agentes de la actividad productiva, al asaltar de manera recurrente sus transportes e instalaciones, y aun incurriendo en la práctica de secuestros, con la consiguiente exigencia de cuantiosos rescates.

Si bien es cierto que la necesidad de proteger los entornos privados de los particulares le ha concedido a la autoridad pública que autorice la existencia y operación de empresas de seguridad privada, éstas no pueden desempeñarse sin un protocolo de autorización y las condiciones de organización, funcionamiento, equipamiento y empleo de la tecnología de seguridad que debe ser expedido por las autoridades encargadas de la seguridad pública.

Sin embargo, el fenómeno de la apertura de servicios de seguridad privada ha propiciado que diversas empresas operen como células independientes, aunque formen parte de la misma corporación. De tal manera que, en términos prácticos, procuran cumplir una sola de las autorizaciones de funcionamiento, declarando que constituyen empresas separadas cuando operan en entidades federativas distintas, aun cuando en el fondo forman parte de un solo cuerpo de la empresa.

Esta forma de eludir la obligación legal, de declarar operaciones cuando incurren en dos o más entidades federativas a cargo de muchas empresas, se ha convertido en un fenómeno no solamente recurrente, sino en una especie de evasión del cumplimiento de obligaciones que la autoridad ha determinado como insoslayable para la adecuada regulación de los servicios de seguridad privada.

El número de estas empresas registrado por la Secretaría de Seguridad Pública asciende a más de 4 mil en todas sus modalidades y cobertura en distintas partes del país. Se ubican desde las empresas que operan en únicamente dos entidades federativas, hasta las que manifiestan actividades en todos los estados y el Distrito Federal.

Esto da una idea de las proporciones en que la actividad ha crecido, y sobre todo indica la magnitud del trabajo de supervisión, control y, en su caso, aplicación de sanciones por inobservancia de las obligaciones establecidas.

El personal que labora en actividades de seguridad privada registrado asciende a decenas de miles de elementos, sin considerar a los prestadores de servicios que operan fuera de los registros establecidos.

Con ello el papel de la autoridad federal se convierte no solamente en útil, sino en indispensable para controlar el crecimiento exponencial de estos servicios, dado que de no seguir haciéndolo correctamente seguiremos teniendo aquellos elementos que al momento de salir de esas corporaciones incurren en prácticas de delincuencia, sin que haya un registro de los mismos.

Por otra parte, en el mercado de los servicios de seguridad privada se ha producido un acelerado avance tecnológico que, aplicado a instalaciones, equipos, sistemas de comunicación, monitoreo de movimientos por cámaras y censores, etcétera, ha provocado que la ley vigente resulte inaplicable.

Esto porque no prevé nuevos equipos con los que las empresas están ofreciendo sus servicios; más aún en las que prestan servicio de seguimiento, monitoreo y rastreo de llamadas, personas, bienes muebles, etcétera.

Por ello el objetivo de las modificaciones que se proponen en la presente iniciativa de reforma a la Ley Federal de Seguridad Privada es adecuar la ley a los nuevos requerimientos tecnológicos, reforzar los requisitos a cumplir por las empresas privadas que ofrecen servicios de vigilancia, rastreo, monitoreo y seguimiento de personas y vehículos, como lo son dispositivos de localización que operan vía satélite integrado, pudiendo ser un sistema de localización satelital, un dispositivo de localización de personas y un chip de identificación implantable en el cuerpo humano, entre otros.

El inminente crecimiento de empresas que ofrecen estos servicios y la facilidad con que evaden los registros federales al darse de alta en cada entidad federativa o en el Distrito Federal, bajo otra razón social, provocan incertidumbre en el funcionamiento de los servicios que ofrecen, dejando a la ciudadanía en un estado de peligro y de indefensión.

Por tanto, la presente iniciativa propone que sea la Secretaría de Seguridad Pública federal, observando en lo conducente las disposiciones a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la que tenga los medios jurídicos idóneos para regularizar a estas empresas; y que sea una estricta selección de aquellas que obtendrán su registro respetando la autonomía de las dependencias locales, a fin de que establezcan los criterios por seguir para otorgar un registro local a las empresas que sólo prestan sus servicios en su entidad.

Considerando lo anterior, la iniciativa de reforma a la citada ley contiene los cambios y adecuaciones los artículos 1o., 2o., 13, 15, 16, 19, 22, 25, 26, 29, 30, 31, 33, 35, 36, 37 y 43 de la citada ley.

Por el respeto al tiempo que se nos da, solicito a la Presidencia que la presente iniciativa sea insertada íntegramente en el Diario de los Debates. Por su atención, muchas gracias.

«Iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de Seguridad Privada, a cargo del diputado Luis Fernando Rodríguez Ahumada , del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, diputado federal del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en la fracción II, del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en la fracción II, del artículo 55 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; somete a la consideración de esta honorable asamblea, la presente iniciativa de reforma a diversos artículos de la Ley Federal de Seguridad Privada, para incorporar nuevos conceptos tecnológicos que emplean las empresas que ofrecen servicios de seguridad privada, así como reforzar los procesos de reglamentación de dichas empresas, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

I. Antecedentes

La Ley Federal de Seguridad Privada fue publicada el 6 de julio 2006, con el objeto de que la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno federal regule la prestación de dichos servicios, cuando estos se presten en dos o más entidades federativas. El mismo ordenamiento provee el reconocimiento de la importancia que esta actividad tiene en su carácter complementario a las labores de las corporaciones de seguridad pública, situada en el ámbito de la seguridad intramuros y en otros entornos de los particulares, sus personas y patrimonio.

Como resultado de tal disposición, la Secretaría de Seguridad Pública creó la Dirección General de Registro y Supervisión a Empresas y Servicios de Seguridad Privada, cuya tarea principal se prevé en la ley para expedir las autorizaciones que permitan a una persona física o moral prestar servicios de seguridad privada en dos o más entidades federativas.

Lo anterior como consecuencia de la creciente demanda de solicitudes de autorización de servicios de seguridad privada, aunado al vertiginoso desarrollo de la tecnología empleada tanto en los sistemas de seguridad de espacios físicos e inmuebles, así como en los equipos de tecnología de protección de vehículos, como es el caso de los blindajes y también en el ámbito de las comunicaciones personales y colectivas, por mencionar únicamente algunos de esos campos.

El crecimiento de la oferta de servicios de seguridad privada fue motivado por la percepción de una mayor inseguridad en los espacios públicos, pero sobre todo, por la creciente actividad del crimen organizado que hizo mella en los efectos económicos de comerciantes, empresarios y demás agentes de la actividad productiva al asaltar de manera recurrente sus transportes, instalaciones y aún, incurriendo en la práctica de secuestros, con la consiguiente exigencia de cuantiosos rescates.

Si bien es cierto que la necesidad de proteger los entornos privados de los particulares les ha concedido que la autoridad pública autorice la existencia y operación de empresas de seguridad privada, estas no pueden desempeñarse sin un protocolo de autorización y las condiciones de organización, funcionamiento, equipamiento y empleo de la tecnología de seguridad, que debe ser expedido por las autoridades encargadas de la seguridad pública.

Al respecto la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de enero del presente año, establece en el artículo 150 que, además de cumplir con las disposiciones de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, los particulares que presten servicios de seguridad, protección, vigilancia o custodia de personas, lugares o establecimientos, de bienes o valores, incluido su traslado; deberán obtener autorización previa de la secretaría, cuando los servicios comprendan dos o más entidades federativas; o de la autoridad administrativa que establezcan las leyes locales, cuando los servicios se presten sólo en el territorio de una entidad. En el caso de la autorización de la secretaría, los particulares autorizados, además deberán cumplir la regulación local.

Dicho registro tiene como finalidad la supervisión de empresas de seguridad privada, para lo cual la Secretaría de Seguridad Pública creó la Dirección General de Registro y Supervisión a Empresas de Seguridad Privada.

Sin embargo, el fenómeno de la apertura de servicios de seguridad privada ha propiciado que diversas empresas operen como células independientes aunque formen parte de la misma corporación, de tal manera que en términos prácticos procuran cumplir con una sola de las autorizaciones de funcionamiento, declarando que constituyen empresas separadas cuando operan en entidades federativas distintas, aun y cuando en el fondo forman un solo cuerpo de empresa.

Esta forma de eludir la obligación legal de declarar operaciones cuando ocurren en dos o más entidades federativas a cargo de muchas empresas, se ha convertido en un fenómeno no solamente recurrente, sino de una especie de evasión del cumplimiento de obligaciones que la autoridad ha determinado como insoslayable para la adecuada regulación de los servicios de seguridad privada.

El número de estas empresas registrado por la Secretaría de Seguridad Pública, asciende a más de 4 mil en todas sus modalidades y cobertura en distintas partes del país, con lo que se ubican desde las empresas que operan en únicamente dos entidades federativas, hasta aquéllas que manifiestan actividades en todos los estados y el Distrito Federal. Esto da una idea de las proporciones en que la actividad ha crecido y, sobre todo, indica la magnitud del trabajo de supervisión, control y, en su caso, de aplicación de sanciones por inobservancia de las obligaciones establecidas.

El personal que labora en actividades de seguridad privada registrado, asciende a decenas de miles de elementos, sin considerar a los prestadores de servicios que operan fuera de los registros establecidos. Con ello, el papel de la autoridad federal se convierte no solamente en útil sino indispensable para controlar el crecimiento exponencial de estos servicios.

Por otra parte, en el mercado de los servicios de seguridad privada se ha producido un acelerado avance tecnológico, que aplicados a instalaciones, equipos, sistemas de comunicación, monitoreo de movimientos por cámaras y censores, localizadores satelitales y equipos de intercepción de señales de aparatos de comunicación, entre otros; ha provocado que la ley vigente resulte inaplicable, ya que no contempla los nuevos equipos con los que las empresas están ofreciendo sus servicios, mas aún, en aquéllas que prestan servicios de seguimiento, monitoreo y rastreo de llamadas, y/o personas, bienes muebles, etc.

Como resultado de todo lo anterior, la Secretaría de Seguridad Pública consideró en su actual modelo de gestión la reestructuración a la Dirección General creada para la autorización de los servicios de seguridad privada, transformándola en la Dirección General de Seguridad Privada la cual deberá asegurar que los servicios de seguridad proporcionados por particulares en dos o más entidades federativas, se apeguen a la normatividad aplicable en la materia y aplicar en su ámbito de competencia la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, estableciendo los procedimientos necesarios para su debida regulación y supervisión, con la finalidad de contribuir al logro de los objetivos de la Estrategia Nacional para la Prevención del Delito y el Combate a la Delincuencia.

Es por ello, que el objetivo de las modificaciones que se proponen en la presente iniciativa de reforma a la Ley Federal de Seguridad Privada, es el de adecuar la ley a los nuevos requerimientos tecnológicos, reforzar los requisitos a cumplir por las empresas privadas que ofrecen servicios de vigilancia, rastreo, monitoreo y seguimiento de personas y vehículos, como lo son dispositivos de localización que operan vía satélite integrado pudiendo ser un sistema de localización vehicular satelital GPS-GPRS (e-tracker), un dispositivo de localización satelital de personas GPS-GPRS-SMS (Xega SOS, E-Phone Pro, E-Phone Esc, o VIP 911), y un Chip de Identificación implantable en el cuerpo humano denominado ``Verichip'', entre otros.

El inminente crecimiento de empresas que ofrecen estos servicios, y la facilidad con la que evaden los registros federales al darse de alta en cada entidad federativa o en el Distrito Federal bajo otra razón social, provocan incertidumbre en el buen funcionamiento de los servicios que ofrecen dejando a la ciudadanía en un estado de indefensión, es por ello que la presente iniciativa propone que sea la Secretaría de Seguridad Pública Federal observando en lo conducente las disposiciones de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la que tenga los medios jurídicos idóneos para regularizar a estas empresas, y que sea una estricta selección de aquéllas que obtendrán su registro, respetando la autonomía de las dependencias locales, con el fin de que establezcan los criterios a seguir para otorgar un registro local a las empresas que sólo presten sus servicios en su entidad.

Considerando lo anterior, la iniciativa de reforma a la citada ley contiene los siguientes cambios y adecuaciones.

En el artículo 1, se establece que la presente ley tiene por objeto regular la prestación de servicios de seguridad privada cuando estos comprendan dos o mas entidades federativas, en la modalidades y condiciones previstas en la misma, así como en su reglamento, la infraestructura, equipo es instalaciones inherentes a las mismas, siendo sus disposiciones de orden público e interés social y de observancia general en todo el territorio nacional.

En cuanto a los servicios que se presten solo dentro del territorio de una entidad federativa, estarán regulados como lo establezcan las leyes locales correspondientes.

En el artículo 2, dedicado a las definiciones y conceptos contenidos en la ley, se actualiza la anterior denominación de la dirección responsable de las autorizaciones federales por la denominación de Dirección General de Seguridad Privada, con la intención de que su nomenclatura le permita denotar el cúmulo de sus funciones y la cobertura integral de sus intervenciones públicas.

El artículo 13 se reforma para precisar que, en caso de no cumplir los prestadores de servicios de seguridad privada con los plazos señalados para presentar sus informes a la Dirección General de Seguridad Privada, se tendrán por presentadas en forma extemporánea , sujetándose a la aplicación de las sanciones correspondientes establecidas en la ley y su Reglamento.

En el artículo 15 se incluyen los servicios de seguridad privada sujetos a regulación, mejorando la definición de conceptos y actualizando la lista vigente, con las siguientes actividades: traslado y protección de personas, vigilancia en los bienes, traslado y /o custodia de bienes y valores, localización e información sobre personas físicas o morales y bienes y establecimiento y operación de sistemas y equipos de seguridad.

El contenido de los artículos 16, 19, 22, 25 y 26, se reforman para que la Dirección General de Seguridad Privada, cuente con las atribuciones necesarias para otorgar o negar la expedición de autorizaciones. En igual sentido se establecen los requisitos que en materia de fianza, equipo, presentación de informes, solicitudes de revalidación, cumplimiento de obligaciones de registro, empleo de logotipo, uniformes, uso de vehículos, reportes de movimientos de personal activo en la prestación de servicio, credenciales y medios de identificación y la posibilidad de que la Dirección General niegue la autorización como medio de sanción al incumplimiento de las obligaciones establecidas.

La obligación de proveer capacitación permanente a los elementos de los servicios de seguridad privada se establece mediante adecuaciones a los artículos 29, 30 y 31 de la ley, previéndose que sean capacitadores internos o externos a las organizaciones prestadoras de servicios de seguridad privada, los que, previa registro ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social del gobierno federal, sean los que se reconozcan como capacitadores validados por la Dirección General de Seguridad Privada, con esto se impide que la capacitación sea improvisada o se provea por personas sin la preparación requerida por la propia ley.

En el mismo sentido, pero para el personal operativo, el artículo 33 refuerza sus obligaciones en la materia de utilización del equipo de telecomunicación autorizado por la Dirección General de Seguridad Privada.

El artículo 35 prevé que, además de cumplir con las disposiciones de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y de la presente ley, los prestadores de servicios deberán de cumplir con la regulación local de la entidad federativa en la que presten sus servicios.

Con relación a las atribuciones de vigilancia, supervisión y control que deberá ejercer la Dirección General de Seguridad Privada para asegurar el cumplimiento de la ley y de las obligaciones de los prestadores de servicios autorizados, los artículos 36 y 37 de la ley se adicionan para establecer que corresponde a la dirección determinar en cualquier momento el tipo y alcances de las visitas de verificación que aseguren la correcta operación de las autorizaciones expedidas.

Finalmente, el artículo 43 clarifica el supuesto principal que proceden las sanciones que determina la ley y que ocurre cuando en las visitas de verificación practicadas, se detecte la inobservancia de las obligaciones establecidas, así como por las infracciones comprobadas.

En atención a los aspectos que la iniciativa de reforma prevé para la ley en comento y

Considerando

Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en su artículo 21 que la Seguridad Pública es una función a cargo de la federación, los estados, el distrito federal y los municipios cuya ejecución deberá realizarse en forma coordinada entre los distintos ordenes de gobierno y que la seguridad privada no puede desligarse de la seguridad pública en su carácter de actividad complementaria;

Que la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública establece que además de cumplir con las disposiciones de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, los particulares que presten servicios de seguridad, protección, vigilancia o custodia de personas, lugares o establecimientos, de bienes o valores, incluido su traslado; deberán obtener autorización previa de la Secretaría, cuando los servicios comprendan dos o más entidades federativas; o de la autoridad administrativa que establezcan las leyes locales, cuando los servicios se presten sólo en el territorio de una entidad. En el caso de la autorización de la Secretaría, los particulares autorizados, además deberán cumplir la regulación local.''

Que la Ley General determina que los servicios privados de seguridad son auxiliares a la función de seguridad pública y quienes se dediquen a estos servicios, así como el personal que utilicen, se regirán en lo conducente, por las normas que determine la ley, incluyendo los principios de actuación y desempeño y la obligación de aportar los datos para el registro de su personal y equipo y, en general, proporcionar la información estadística y sobre la delincuencia al Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Que la coordinación de la federación con las entidades federativas y los municipios en materia de seguridad privada forma parte de las materias que deben regularse bajo estándares y normas uniformes en todo el país por motivo de una pertinencia técnica y un mejor control de dichos servicios; y

Que el crecimiento de la oferta de servicios de seguridad privada requiere de un marco legal uniforme y actualizado, evitándose con ello la laxitud y dispersión de normas locales y federales que no puedan complementarse por efecto de su posible localismo o generalidad, se presenta el siguiente proyecto de

Decreto por el cual se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal de Seguridad Privada

Único. Se reforman los artículos 1, fracciones VII, VIII y XII del artículo 2, 13, 15, 16, 19, 22, fracciones IX, XIII, XV, y XVII del artículo 25, 26, 29, 30, 31, fracción II del artículo 33, 35, 36, 37 y 43, todos de la Ley Federal de Seguridad Privada para quedar como sigue:

Artículo 1. La presente ley tiene por objeto regular la prestación de servicios de seguridad privada, cuando estos comprendan dos o más entidades federativas, en las modalidades y condiciones previstas en esta ley y su reglamento, así como la infraestructura, equipo e instalaciones inherentes a las mismas. Sus disposiciones son de orden público e interés social y de observancia general en todo el territorio nacional.

...

Artículo 2. ...

Artículo 13. Para efectos del registro, el prestador de servicios, estará obligado a informar, dentro de los primeros 10 días naturales de cada mes, sobre la situación y actualizaciones relativas a cada uno de los rubros contemplados en el artículo que antecede, de no hacerlo en el término señalado, se tendrán por presentadas en forma extemporánea, sujetándose a la aplicación de las sanciones correspondientes establecidas en la ley y su Reglamento.

Artículo 15. ...

Artículo 16. ...

Una vez que la Dirección General reciba la solicitud de autorización, deberá solicitar a la entidad federativa en que el prestador de servicios tenga establecida o pretenda establecer su oficina matriz, un informe sobre los antecedentes profesionales, de imagen e impacto social del peticionario. Dicho informe deberá ser remitido por la autoridad local en un plazo máximo de quince días hábiles y será tomado en cuenta por la Dirección General, al momento de resolver lo procedente, de no recibirse el informe en el plazo establecido, se entenderá que no hay objeción alguna por parte de la entidad que corresponda.

Artículo 19. Para revalidar la autorización otorgada, bastará que el prestador de servicios, con treinta días hábiles de anticipación a la extinción de la vigencia de la autorización, lo solicite y manifieste, bajo protesta de decir verdad, no haber variado las condiciones existentes al momento de haber sido otorgada, o en su caso, actualice aquellas documentales que así lo ameriten, tales como inventarios, movimientos de personal, pago de derechos, póliza de fianza, modificaciones a la constitución de la empresa y representación de la misma, Planes y Programas de Capacitación y Adiestramiento, y demás requisitos que por su naturaleza lo requieran.

Artículo 22. ...

Para el caso de la modificación, solo se efectuará cuando la misma consista en la ampliación o restricción del ámbito territorial o modalidades otorgadas en la autorización o su revalidación.

Capítulo III De los Requisitos para Prestar Servicios de Seguridad Privada

Artículo 25. ...

Artículo 26. ...

Artículo 29. Los prestadores de servicios estarán obligados a capacitar a su personal operativo. Dicha capacitación podrá llevarse a cabo en las instituciones educativas de la secretaría, en las academias estatales o en los centros de capacitación privados, que deberán ser verificados autorizados y revalidados anualmente por la Dirección General. El Reglamento establecerá los tiempos, formas y plazos para ello.

...

Artículo 30. La Dirección General podrá concertar acuerdos con los prestadores de servicios para colaborar en la instrumentación y modificación a sus planes y programas de capacitación y adiestramiento.

Artículo 31. El prestador de servicios deberá registrar ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social los planes y programas de capacitación y adiestramiento que deberán incluir los cursos básicos, de actualización y de ser el caso de especialización para el personal operativo; posteriormente deberá entregar un ejemplar a la secretaría para su seguimiento.

Artículo 33. ...

Artículo 35. Además de cumplir con las disposiciones de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y de la presente ley, los prestadores de servicios deberán de cumplir con la regulación local de la entidad federativa en la que presten sus servicios.

Artículo 36. La Dirección General podrá ordenar en cualquier momento la práctica de visitas de verificación, inclusive de manera previa para otorgar una autorización con el fin de comprobar que se cuenta con los medios humanos, de formación, técnicos, financieros y materiales para brindar los servicios de forma adecuada.

...

Artículo 37. El objeto de la verificación, además de lo señalado en el artículo que antecede, será comprobar el cumplimiento a las disposiciones legales y reglamentarias aplicables, así como de las obligaciones y restricciones a que se sujeta la autorización o revalidación.

...

Artículo 43. Las sanciones a que se refiere este capítulo, serán aplicadas por la Secretaría con base en las visitas de verificación practicadas, por la inobservancia de las obligaciones establecidas en la ley, así como por las infracciones comprobadas.

Transitorios

Primero. La presente ley entrará en vigor a partir del día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Dentro de los noventa días siguientes a la entrada en vigor del presente decreto, la Secretaría deberá expedir y adecuar las disposiciones reglamentarias correspondientes conforme a éste.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Túrnese a la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados.

ARTICULO 18 CONSTITUCIONAL

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Se recibió una iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el segundo párrafo al artículo segundo transitorio, y el artículo tercero transitorio al decreto por el que se declara reformado el párrafo 4o. y adicionados los párrafos 5o. y 6o. del artículo 18 constitucional, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de diciembre de 2005, suscrita por los senadores Pedro Joaquín Coldwell y Jesús Murillo Karam, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

El Secretario diputado José Rubén Escajeda Jiménez : «Iniciativa que adiciona un segundo párrafo al artículo segundo transitorio y un artículo tercero transitorio al decreto por el que se declaran reformado el párrafo cuarto y adicionados los párrafos quinto y sexto del artículo 18 constitucional, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de diciembre de 2005, suscrita por los senadores Pedro Joaquín Coldwell y Jesús Murillo Karam, del Grupo Parlamentario del PRI

Los suscritos, Jesús Murillo Karam y Pedro Joaquín Coldwell, senadores por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LX Legislatura del Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad conferida en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo segundo transitorio y un artículo tercero transitorio al decreto por el que se declaran reformado el párrafo cuarto y adicionados los párrafos quinto y sexto, y se recorre el orden de los últimos dos párrafos del artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 12 de diciembre de 2005, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El 12 de diciembre de 2005 se publicó en el DOF el decreto por el que se declaran reformado el párrafo cuarto y adicionados los párrafos quinto y sexto, y se recorre el orden de los últimos dos párrafos del artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el que se estableció un nuevo sistema de justicia integral para adolescentes.

El poder reformador de la Constitución valoró la pertinencia de llevar por primera vez al texto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la noción de la justicia penal para adolescentes, a fin de reconocer en forma explícita en la Carta Magna el derecho a un sistema de justicia especializado, respetuoso de sus derechos y las garantías fundamentales, particularmente el derecho al debido proceso legal.

Esta reforma busca redefinir los sistemas de justicia que se aplican a los menores de edad, sentando las bases, los lineamientos y los principios constitucionales que permiten el posterior desarrollo de una legislación específica en la materia, a escalas local y federal, que encuentre un claro y sólido sustento en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En esta reforma, las bases, los lineamientos y los principios están dirigidos de manera clara hacia las entidades federativas, con el propósito de regular e impulsar la formación de todos los modelos de justicia para menores de edad en el país.

Pese a lo establecido en el cuarto párrafo del artículo 18 reformado, no se estableció en los transitorios del decreto de fecha 12 de diciembre de 2005 disposición alguna respecto de la temporalidad para que operaran las reglas del sistema en el ámbito federal. Por ende, una vez implantada la reforma a escala local, se hace evidente la necesidad del establecimiento de leyes, instituciones y órganos específicos para el ámbito federal.

Por otro lado, la reforma tiene como objetivo lograr la implantación del sistema integral en todos los sistemas locales, beneficiando a los menores ya procesados, sin que su implantación provocara que se dejaran de sancionar conductas realizadas durante la vigencia de la legislación anterior.

Es evidente que los transitorios originales de la reforma no consideraron algunos de los elementos necesarios para armonizar dos sistemas, con lo que se generaba una posibilidad de impunidad por razones puramente formales y procesales.

En consecuencia, se proponen la adición de un segundo párrafo al artículo segundo transitorio y la incorporación de un tercero para hacer frente a los problemas descritos.

Por las razones expuestas, sometemos a consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de

Decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo segundo transitorio y un artículo tercero transitorio al decreto por el que se declaran reformado el párrafo cuarto y adicionados los párrafos quinto y sexto, y se recorre el orden de los últimos dos párrafos del artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de diciembre de 2005

Artículo Único. Se adicionan un segundo párrafo al artículo segundo transitorio y un artículo tercero transitorio al decreto por el que se declaran reformado el párrafo cuarto y adicionados los párrafos quinto y sexto, y se recorre el orden de los últimos dos párrafos del artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Transitorios

Primero. ...

Segundo. (...)

La federación contará con un año a partir de la entrada en vigor del presente decreto para crear las leyes, las instituciones y los órganos que se requieran para la implantación del sistema de justicia integral para adolescentes en materia federal.

Tercero. Los asuntos tramitados hasta el momento en que se implanten las leyes, las instituciones y los órganos a que se refiere el transitorio anterior se tramitarán conforme a la legislación con que se iniciaron. Los asuntos que se encuentren pendientes de resolución en el momento en que inicie la operación del nuevo sistema se enviarán a la autoridad que resulte competente para que continúe en el conocimiento de éstos hasta su conclusión.

Artículo Transitorio

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionalesde la Cámara de Senadores.

LEY FEDERAL DE SEGURIDAD PRIVADA

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Se recibió iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Seguridad Privada, suscrita por la diputada Silvia Oliva Fragoso, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

El Secretario diputado José Rubén Escajeda Jiménez : «Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Seguridad Privada, suscrita por la diputada Silvia Oliva Fragoso , del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, Silvia Oliva Fragoso , diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la Cámara de Diputados de la LX Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 55, fracción II, y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Seguridad Privada, en virtud de la siguiente

Exposición de Motivos

En la actualidad, en México la seguridad pública se encuentra inmersa en una severa crisis, la delincuencia organizada ha puesto en jaque a las instituciones del Estado, representando uno de los problemas más graves que debe enfrentar.

La población ha sido víctima de innumerables delitos, los medios de comunicación día a día informan de homicidios, secuestros, robos, etcétera, por lo que la ciudadanía se siente insegura, tiene miedo y desconfianza en la policía y el ministerio público; además, el gobierno ha sido incapaz de solucionar este problema por ineficacia, corrupción e impunidad.

Según los datos del Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad, en su quinta Encuesta Nacional sobre Inseguridad (ENSI-5), la tasa nacional es de 10 mil 480 delitos por cada 100 mil habitantes (incidencia delictiva), notoriamente superior a la que se presenta en países que tienen un aceptable nivel de seguridad pública, como son casi todos los integrantes de la Unión Europea, como Australia, Canadá, Chile y Japón. En España, por ejemplo, la tasa es de 4 mil 600 delitos por cada 100 mil habitantes y en México, ésta es del 11 por ciento de víctimas (prevalencia delictiva), que es significativamente más alta que la de aquellos países.

Son notables las diferencias que se advierten tanto en la incidencia como en la prevalencia delictivas en las entidades del país: las mayores tasas se presentan en el Distrito Federal que sufrió 25 mil 700 delitos y fueron victimizadas 14 mil 800 personas; en el estado de México 15 mil delitos y 9 mil 800 personas victimizadas; en Baja California 13 mil 700 delitos y 8 mil 700 personas victimizadas; Tamaulipas, 13 mil 800 delitos y 8 mil 400 personas victimizadas; y Nuevo León, 12 mil 500 delitos y 8 mil 300 victimizaciones, todo lo anterior por cada 100 mi habitantes.

Según este estudio podemos advertir que la probabilidad de ser victimizado es sumamente alta, al punto que se suscitan importantes reflexiones; así podemos observar que los habitantes de las ciudades donde se han elevado el número de delitos han cambiado sus hábitos de vida, en cuanto a salir de la casa, abordar transporte público o dejar jugar a los niños fuera de casa, pero además, ante esta grave afectación, algunos ciudadanos han optado por contratar seguridad privada, por lo que se ha dado un alto crecimiento en los últimos años de estas empresas.

De acuerdo con datos recabados por la Secretaría de Seguridad Pública Federal (SSP) del Registro Nacional de Empresas de Seguridad Privada, se reconoce que de las diez mil empresas que se calcula existen en el país, el 80 por ciento operan fuera de toda normatividad, únicamente en 2007 se contaba con 358 compañías con autorización federal, 78 mil 927 elementos operativos, 9 mil 228 vehículos y 23 mil 721 armas.

Entonces, podemos advertir que la seguridad privada es un sector económico en rápida expansión, creador de una enorme cantidad de empleos formales e informales, desempeñan la función de salvaguardar los bienes materiales y humanos a través de diversos medios, con personal de vigilancia y con medios tecnológicos, por lo que la legislación tiene que estar acorde con su crecimiento.

Algunas empresas contribuyen a cubrir las crecientes necesidades de seguridad de nuestras sociedades; otras, funcionan en la ilegalidad ya que no cuentan con ningún permiso para prestar el servicio y han ocasionado varios problemas.

Los problemas que presentan las empresas ilegales en la prestación de servicios de seguridad privada son variados, entre los que se encuentran: no cuentan con ninguna autorización federal ni local para operar; no cuentan con pólizas de responsabilidad civil para garantizar el pago de daños a terceros durante la prestación de los servicios que les sean contratados; sus instalaciones son inadecuadas para el normal desarrollo de la actividad; falta de capacitación de sus elementos, no se presentan debidamente uniformados, abandonan el servicio, en ocasiones consumen bebidas alcohólicas, llegan desvelados o no asientan datos en una bitácora ni hacen reportes; otra de las fallas que se suscitan en la mayoría de empresas de seguridad, es que a los elementos operativos no se le investiga, en cuanto a sus antecedentes laborales y penales ni a su modo de vivir, contratando personal de dudosa procedencia, poniendo en riesgo la vida y el patrimonio de los usuarios.

Otra situación que no permite un buen servicio de seguridad privada, es que las empresas de protección no les brindan equipos ni sueldos adecuados a su personal, de acuerdo a la peligrosidad de su trabajo, les asignan horarios de trabajo fuera de la ley y no se les proporcionan prestaciones sociales ni seguridad en el empleo.

Se advierte que existen una serie de irregularidades que ni la Secretaría de Seguridad Pública federal ni las dependencias correspondientes de los estados han sancionado a una gran cantidad de empresas ``pirata'' que prestan diversos servicios de seguridad privada sin cubrir los requisitos mínimos para su funcionamiento.

Por la problemática que se ha generado con el crecimiento incontrolado de estos servicios de protección y por la insuficiencia de la Ley Federal de Seguridad Privada, es que nace la inquietud de modificarla; además, en este sector ha aumentado la utilización de equipos con nuevas tecnologías, algunas peligrosas para la salud y otros que atentan contra la dignidad y privacidad de las personas, por lo que se debe incluir en la ley el control de las actividades relacionadas con importación, comercialización, instalación o arrendamiento de equipos para la vigilancia y la seguridad privada y la actividad relacionada con las centrales de alarma y monitoreo, a fin de garantizar que estos servicios se realicen en las mejores condiciones de eficiencia, imagen y certeza, con el respeto irrestricto a los derechos humanos, todo en beneficio de la población.

Estas modificaciones se presentan para que los prestadores de este servicio actúen sobre la base de principios fundamentales para el correcto funcionamiento de las empresas, y para que la autoridad correspondiente tenga los elementos necesarios para el control de las mismas, para que basados en la ley, se puedan otorgar las licencias y en su caso se emitan las sanciones correspondientes para que las actividades de protección se proporcionen con eficiencia, integridad y dignidad; para que el trato y la protección a los usuarios y a la población en general sea el correcto, evitando arbitrariedades y violencia, actuando con congruencia y proporcionalidad en sus facultades y utilizando los medios adecuados para la seguridad.

En la presente iniciativa, uno de los aspectos más importante que se adiciona, es la urgente necesidad de que el establecimiento capacite a su personal para que cuente con un perfil ético, como requisito indispensable para ingresar al servicio de seguridad privada.

Se considera indispensable ese perfil de los directivos y de los elementos que proporcionen protección, porque es conocido que algunos delitos de robos y secuestros han sido realizados por los propios elementos de seguridad contratados, o han sido ellos mismos los que proporcionan datos importantes de los bienes que poseen o informan de las actividades cotidianas que realizan los usuarios, paran ser utilizados más tarde por los delincuentes, además que cuenten con la aptitud, idoneidad y confiabilidad, para que su actuar esté basado en esos principios éticos, en la legalidad, la eficiencia, el profesionalismo y la honradez.

Un objetivo que se persigue con la entrada en vigor de la presente iniciativa, es que los servicios de seguridad privada se presten con integridad y dignidad, pero sobre todo, que la protección y el trato sea el correcto hacia las personas, evitando arbitrariedades y violencia, actuando con congruencia y proporcionalidad en casos necesarios.

En cuanto a los fines que se persiguen con las presentes modificaciones a la ley, se está contemplando el fortalecimiento de la seguridad pública, no únicamente bajo el esquema de coordinación de la secretaría con los prestadores de servicios (lo que ya se encuentra previsto en la normatividad vigente), sino que se trata de profesionalizar a la protección privada porque en la medida que esos servicios se efectúen con racionalidad, eficiencia, apego a la legalidad y respeto irrestricto a los derechos humanos, se apoyará indiscutiblemente a la seguridad pública.

Otra necesidad que se presenta en la actualidad, es que se deben determinar las características de los medios materiales y técnicos para la protección, utilizando únicamente los que sean homologados o autorizados por la secretaría, de manera que se garantice su eficacia y se evite que produzcan daños o molestias a terceros. Es importante mencionar que dentro de las medidas de seguridad que deberá tomar en cuenta la dirección general, es la prohibición de la utilización de medios materiales o técnicos que pudieran causar algún daño físico o perjuicio al cliente o a terceros o poner en peligro a la sociedad.

Se requiere un estricto control, inspección y vigilancia de quienes realicen actividades tales como la fabricación, importación, comercialización, instalación o arrendamiento de equipos de seguridad, para que se tenga la base de datos de estas empresas y se puedan investigar en caso de que los clientes sean objeto de delitos relacionados con la actividad mencionada; algunos de los que se necesita regular son los de detección, identificación, interferencia, escucha, etcétera; el listado lo determinará el reglamento que emita el Ejecutivo por ser aspectos técnicas.

Se contempla también en la presente iniciativa, el control, la inspección y vigilancia de quienes instalan y operan centrales de alarma y monitoreo, porque están relacionadas directa o indirectamente con aparatos, dispositivos y sistemas electrónicos para la protección de bienes muebles e inmuebles para tener un registro de estas empresas, para evitar que sean utilizadas para realizar delitos en lugar de proporcionar seguridad.

Quienes realicen estas actividades, deberán presentar semestralmente a la dirección general, para su registro, todos los equipos o sistemas que adquieran o comercialicen al Registro Nacional de Empresas, Personal y Equipo de Seguridad Privada. También se busca con el mencionado registro, tener control de todos aquellos equipos que se usan para la seguridad en edificios e instalaciones, los equipos de detección, de visión, de seguridad bancaria, etc. para evitar que los usuarios pudieran ser objeto de delitos o se le puedan causar daños físicos o molestar en su honor y en la privacidad.

Se incluye en la propuesta, como requisito para que la secretaría otorgue la autorización correspondiente, que el prestador de servicios de seguridad privada presente una póliza de fianza expedida por institución legalmente autorizada, para garantizar el pago de daños a terceros durante la prestación de los servicios que les sean contratados y así responder a algún daño que se pudiera causar al usuario o a terceros.

Consideramos necesario que la capacitación del personal operativo sea constante, se deberá acreditar inicialmente que los elementos han recibido un curso básico de inducción al servicio, sin menoscabo de la que se proporcionen periódicamente. Para cada una de las actividades mencionadas en la Ley de Seguridad Privada se tendrá un plan de capacitación; cuando la actividad por desempeñar requiera el uso de la fuerza, dicho programa deberá centrarse en cuatro aspectos fundamentales cuando menos, que son persuasión verbal y psicológica, utilización de la fuerza corporal, uso adecuado de instrumentos no letales, y como última opción, en casos extremos, la utilización de armas de fuego, las cuales tienen que contar con el registro correspondiente y ser utilizadas con un alto grado de responsabilidad.

Se contempla que la capacitación del personal de seguridad privada puedan llevarse a cabo en la secretaría, en Instituciones de seguridad pública estatales o locales y en instituciones privadas que tengan la autorización correspondiente; las que no requieran uso de la fuerza se podrán impartir en dependencias de la Secretaría de Educación Pública o en centros de capacitación privados, instituciones los cuales deberán ser autorizados por la dirección general. El Reglamento de Seguridad Privada establecerá los programas, los tiempos y los lugares adecuados para ello.

Dentro de las obligaciones que establece la ley para el personal de seguridad privada, se determina que ellos deberán abstenerse de comunicar a terceros cualquier información sobre los clientes o de personas relacionadas con ellos, así como de sus bienes y efectos que se custodien o se conozcan por el ejercicio de sus funciones, garantizando así la confidencialidad del servicio.

Es importante destacar que la iniciativa incluye la obligación del personal de seguridad privada de hacer la denuncia o poner inmediatamente a disposición de la autoridad competente a los presuntos delincuentes, así como los instrumentos, efectos y pruebas de los hechos que se les imputan, cuando, en el ejercicio de sus funciones, se atrape en flagrancia o se conozca de la comisión de algún delito.

Se propone también ampliar las sanciones por responsabilidades en que puedan incurrir las empresas de seguridad privada, por lo que se rediseñaron las causales de la suspensión temporal y se adicionaron otras sanciones como son la cancelación y la revocación de la autorización.

Se cambiaron también las consideraciones para interponer una sanción, cabe resaltar que la secretaría podrá interponer multas que oscilarán entre el 50 por ciento y el 100 por ciento adicional de las sanciones originalmente impuestas, de acuerdo con la gravedad de la infracción, las circunstancias de ejecución y las condiciones económicas de la empresa.

Como podemos observar, la presente iniciativa es más estricta que la Ley vigente, porque aumenta los requisitos para operar como empresa de seguridad privada, endurece las sanciones para quienes actúen contrario a la ley; pero esto es necesario para tratar de controlar a las empresas ``pirata'', porque muchas de ellas que ahora están funcionando sin ningún problema, en lugar de proporcionar protección a sus clientes, representan un verdadero peligro para la seguridad de las personas y sus bienes.

Es importante mencionar que recientemente la Suprema Corte de Justicia de la Nación validó la Ley Federal de Seguridad Privada, que había sido objeto de una controversia constitucional por parte de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, otorgando al gobierno federal la facultad de regular a las empresas que presten este servicio en dos o más entidades federativas y que corresponde a la Secretaría de Seguridad Pública federal regularlas.

Con una cerrada votación, los ministros determinaron también que el Congreso de la Unión sí tiene facultades para emitir la Ley Federal de Seguridad Privada, consagrado en el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su fracción XXIII, donde se dispone de manera clara la obligación del Poder Legislativo respecto de expedir leyes relativas a las bases de coordinación sobre las cuales deben trabajar las autoridades de seguridad pública, de los tres poderes de gobierno.

Por ello es importante que se cuente con una Ley Federal de Seguridad Privada que otorgue certeza jurídica a los usuarios de este servicio y que proporcione a la autoridad los elementos necesarios para el control de este sector. Esta reforma debe ser tomada en cuenta, ya que ante el clima de inseguridad que vive nuestro país, han aumentado considerablemente estas empresas que ofrecen variadas alternativas, entre ellas servicios con elementos de seguridad y la venta o renta de instrumentos tecnológicos, todo ello debe ser controlados para evitar que se le revierta la intención al cliente y en lugar de protegerlo, les causen daños por la falta de ética de los empleados y los conviertan en víctimas de la delincuencia.

En virtud de lo anterior y ante la urgente necesidad de tomar medidas legislativas al respecto presento ante esta soberanía la siguiente

Iniciativa

Artículo Único. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 1o., la fracción III, VII y VIII del artículo 3o., el artículo 4o., primer párrafo artículo 5o., la fracción V del artículo 7, la fracción V y VI del artículo 15, la fracción III del articulo 26, el articulo 29, la fracción XXII, XXIX y XXX del artículo 32, la fracción VII del artículo 33, las fracciones III y VI del artículo 40, y la fracción III, V y VI del articulo 42; y se adicionan un segundo párrafo al artículo 1o., la fracción V-1 del artículo 2o., la fracción IX y X del artículo 3o., la fracción VII y VIII del artículo 15, la fracción XXXI y XXXII del artículo 32, la fracción IX y X del artículo 33, el artículo 37 Bis fracciones I, II, III y IV, todos de la Ley Federal de Seguridad Privada para quedar como sigue:

Artículo 1. La presente ley tiene por objeto regular la prestación de servicios de seguridad privada, cuando estos se presten en dos o más entidades federativas, a fin de garantizar que se realicen en las mejores condiciones de eficiencia, imagen y certeza en beneficio de la población, en las modalidades previstas en esta ley y su reglamento, así como la infraestructura, equipo e instalaciones inherentes a las mismas. Sus disposiciones son de orden público e interés social y de observancia general en todo el territorio nacional.

Los servicios se prestarán tomando en cuenta los principios de integridad y dignidad; protección y trato correcto a las personas, evitando en todo momento arbitrariedades y violencia, actuando en congruencia y proporcionalidad en la utilización de sus facultades y medios disponibles.

...

Artículo 2. Para los efectos de esta ley, se entenderá por:

Artículo 3. La aplicación, interpretación y efectos, en el ámbito administrativo de la presente ley, corresponde al Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría y tiene los fines siguientes:

Artículo 4. En todo lo no previsto por la presente ley, serán aplicables en forma supletoria, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Artículo 5. La Secretaría a través de la Dirección General realizará todas aquellas acciones tendientes a que los servicios de seguridad privada se lleven a cabo con eficiencia y calidad, proporcionado certeza y confianza a los prestatarios y tendrá las siguientes facultades en materia de seguridad privada:

...

Artículo 7. La Secretaría, con la intervención que corresponda al Sistema Nacional de Seguridad Pública, podrá suscribir convenios o acuerdos con las autoridades competentes de los Estados, Distrito Federal y Municipios, con el objeto de establecer lineamientos, acuerdos y mecanismos relacionados con los servicios de seguridad privada, que faciliten:

Artículo 15. Es competencia de la Secretaría, por conducto de la Dirección General, autorizar los servicios de Seguridad Privada, cuando estos se presten en dos o más entidades federativas y de acuerdo a las modalidades siguientes:

Artículo 26. De ser procedente la autorización, el solicitante deberá presentar dentro de los diez días hábiles siguientes a la notificación de procedencia:

...

Artículo 29. Los prestadores de servicios estarán obligados a capacitar inicialmente a su personal operativo sin menoscabo de la capacitación y adiestramiento que periódicamente se proporcione, de conformidad a la modalidad que se le requiera para mejor proveer los servicios o realizar las actividades de seguridad privada.

En su caso deberán acreditar a través de los cursos y capacitación que determine la Secretaría, que poseen los conocimientos necesarios y suficientes para la utilización de la fuerza, en el desempeño de sus actividades.

En este caso, los programas y planes de capacitación y adiestramiento se deberán impartir a los elementos operativos, deberán contener cuando menos los siguientes rubros:

Dicha capacitación podrá llevarse a cabo en las instituciones educativas de la Secretaría, en Instituciones o academias estatales o locales de Seguridad Pública, en instituciones privadas que tengan la autorización correspondiente; los que no requieran el uso de la fuerza se podrán impartir en dependencias de la Secretaría de Educación Pública o en los centros de capacitación privados, mismos que deberán ser autorizados y revalidados anualmente por la Dirección General.

El Reglamento establecerá los tiempos, formas y plazos para ello.

Artículo 32. Son obligaciones de los prestadores de servicios:

Dicho registro de compradores y usuarios deberá presentarse semestralmente ante la Dirección General y se aplicarán las disposiciones relativas al Registro Nacional de Empresas, Personal y Equipo de Seguridad Privada contenidas en el Capítulo III de la presente Ley.

Artículo 33. Son obligaciones del personal operativo de seguridad privada:

Artículo 37 Bis. Serán objeto de inspección, control y vigilancia por parte de la Dirección General, los siguientes equipos:

Artículo 40. Las resoluciones de la Secretaría, que apliquen sanciones administrativas, deberán estar debidamente fundadas y motivadas, tomando en consideración:

Artículo 42. ...

La Secretaría, en su caso, podrá imponer simultáneamente una o más de las sanciones administrativas señaladas en las fracciones anteriores.

En todos los casos se dará difusión pública a las sanciones, la cual se hará a costa del infractor, en el Diario Oficial de la Federación y en uno de los diarios de mayor circulación nacional, identificando claramente al infractor, el tipo de sanción, el número de su autorización y el domicilio de su establecimiento en su caso.

En caso de que el prestador de servicios no dé cumplimiento a las resoluciones que impongan alguna de las sanciones anteriores, se procederá a hacer efectiva la fianza a que se refiere la fracción III del artículo 26 de esta ley.

Transitorios

Primero. La presente ley entrará en vigor a partir de los 30 días siguientes de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Las personas físicas o morales dispondrán de un término 60 días naturales, contados a partir de la entrada en vigor de esta ley, para regularizar su situación conforme a esta ley.

Tercero. El reglamento de la presente ley deberá adecuarse conforme a la presente ley dentro de un plazo no mayor de noventa días hábiles siguientes a la fecha en que ésta entre en vigor.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Túrnese a la Comisión de Seguridad Públicade la Cámara de Diputados.

LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Se recibió iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, suscrita por el diputado José Manuel del Río Virgen, del Grupo Parlamentario de Convergencia.

El Secretario diputado José Rubén Escajeda Jiménez : «Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, suscrita por el diputado José Manuel del Río Virgen , del Grupo Parlamentario de Convergencia

El suscrito, integrante de la LX Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, conforme con la siguiente

Exposición de Motivos

A poco más de un siglo de la aparición de las primeras leyes formales de seguridad social, estas enfrentan una serie de retos que debemos observar y analizar dentro del marco de la realidad social y familiar que actualmente vivimos. La rápida transición demográfica y el aumento en la esperanza de vida, son sólo algunos de los elementos que han afectado la viabilidad operativa de los tradicionales sistemas de seguridad social.

La presente iniciativa planea una nueva relación entre los trabajadores y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) retomando ejes centrales de las experiencias y propuestas más destacadas que han estado en la deliberación pública en tiempos recientes, e incorporando innovaciones y modificaciones sustanciales, producto de la continuación del diálogo con los diferentes actores sindicales y patronales.

La iniciativa sienta las bases para la conformación de un sistema nacional de seguridad social, que permita la transformación del ISSSTE a fin de superar la difícil situación que atraviesa su relación con los trabajadores, para otorgarles una protección integral a ellos y a sus familiares, no sólo durante el tiempo en que presten sus servicios, sino cuando por edad, separación del cargo, invalidez, vejez o muerte, lo requieran.

Esta iniciativa emprende el camino hacia un sistema nacional de seguridad social al trabajador, que es un justo reclamo de los trabajadores en la realidad social y familiar del México de hoy. Es congruente y complementaria con las reformas que han venido gestándose en los últimos años en la seguridad social.

Como es sabido, con las últimas reformas de seguridad social los trabajadores pueden migrar entre el sector público y privado llevando consigo los recursos de su pensión sin perder las aportaciones que ellos mismos y sus patrones efectuaron. Sólo con un sistema de seguridad social con cobertura nacional los trabajadores obtienen plena certidumbre y flexibilidad laboral.

Sin embargo, este cambio tiene implicaciones profundas en la organización de la institución que incide en la vida cotidiana de los trabajadores; pues, como es sabido, el sistema vigente padece de fallas graves e introduce distorsiones en el comportamiento de los trabajadores, pues el trabajador al servicio de Estado enfrenta hoy gran incertidumbre y desprotección al cambiar de empleo dentro del propio Estado, debido a que debe comprobar su estancia laboral en las distintas dependencias y organismos gubernamentales, instituciones autónomas, instituciones educativas y el Congreso de la Unión, entre otras.

El trabajador tiene poca certidumbre de recibir los beneficios de la seguridad social, ya que el proceso para obtenerlos es tortuoso, pues es necesario acreditar la antigüedad en cada una de las dependencias donde laboró y la obtención de su hoja única de servicios en cada institución es laborioso, lento, y no le permite seguir contando con la seguridad social que gozaba cuando estaba activo.

El cambio continuo de denominación de las dependencias y las desincorporaciones de algunas entidades públicas complicaron aún más este proceso, que debe ser un derecho del trabajador, sin que medie mayor trámite más allá de dar oportuno aviso al ISSSTE, y que éste último solicite las hojas de servicio a las dependencias donde laboró el trabajador.

Además de las distorsiones laborales expuestas, la situación se va a complicar aún más cuando el trabajador haya migrado del sector público al privado o viceversa, pues deberá hacer sus solicitudes de comprobación de empleo, tanto en las dependencias gubernamentales como en las empresas del sector privado donde laboró.

Con todo esto, el trabajador tendrá que evaluar muy bien su situación personal, profesional y familiar, con el detalle necesario para poder tomar esta importante decisión, pues al solicitar su jubilación cuando se tuvo más de un patrón en el sector público y privado, sin lugar a dudas se verá perjudicado por la falta de certidumbre jurídica y, sobre todo, por su viabilidad financiera y por la suspensión temporal de los servicios médicos para él y su familia.

Es cierto que las leyes de seguridad social prevén un periodo prejubilatorio que permite que efectúe sus trámites de pensión por jubilación, pero no hay ninguna protección similar cuando el trabajador laboró en diversas dependencias del sector público; pues debe cumplir con los requisitos que establecen las leyes y contar con la totalidad de la documentación respectiva.

Asimismo, esta situación se agrava cuando el trabajador es despedido por recorte laboral, por liquidación, por disposición de un directivo cuando se da un cambio de administración, por ocupar una plaza de confianza, entre otras, y será mucho más complicado cuando un trabajador provenga del sector privado y se incorpore al público, y viceversa.

Por todo lo anterior, se estima conveniente efectuar reformas y adiciones a diversos artículos de la Ley del ISSSTE, a fin de que el trabajador tenga la certeza de alcanzar una vejez digna y decorosa, pues contar con una pensión cuando ya concluyó la vida laboral es uno de los grandes avances alcanzados en materia de bienestar social, pero requiere perfeccionarse.

Conforme a lo anterior, hagamos que la seguridad social, en términos de ley, cumpla la finalidad de garantizar el derecho a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo, así como el otorgamiento de una pensión que sea garantizada por el Estado, en forma fácil, sencilla, y sin contratiempos para los trabajadores.

Análisis de las disposiciones actuales de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

Actualmente, las disposiciones jurídicas contenidas en la Ley del ISSSTE obligan al trabajador a entregar información y documentación comprobatoria, a efecto de dar trámite a su solicitud de pensión. Sin embargo, debe reconocerse que toda la obligatoriedad recae sobre el trabajador, y en este lapso queda sin efecto laguna responsabilidad hacia el instituto; en detrimento de sus ingresos y hasta del patrimonio de su familia.

Este artículo establece obligaciones a los trabajadores que trastocan sus actividades diarias, tanto laborales como privadas, pues para llevar a cabo las mismas tienen la necesidad de solicitar permiso o abandonar el lugar donde desempeñan su trabajo, tantas veces como las dependencias o entidades donde laboró se lo requieran.

El tener que presentarse al instituto vuelve a trastornar la vida cotidiana del trabajador, pues deberá pedir permiso y ausentarse del trabajo o dedicar un día de asueto o de vacaciones para tener al día su expediente. Por otra parte, existen pensionados discapacitados para ello, por lo que se le complica efectuar este tipo de trámite.

Nuevamente, se nota en estos artículos el calvario tortuoso que conlleva el otorgamiento de un derecho al trabajador, pues mismo no debiera tener ninguna obligación de efectuar estos trámites, ya que el ISSSTE, al recibir la solicitud del trabajador y aportar los datos de la entidades y/o dependencias donde laboró, debería abocarse a requerir esta información y, únicamente, cuando existiere alguna duda consultarla al trabajador.

Con solicitar a las dependencias o entidades la información necesaria se puede cumplir con este ordenamiento, sin tener que inferir molestias al trabajador.

Estos artículos muestran la falta de entendimiento de las necesidades de las personas en edad avanzada, pues en lugar de atenderlas con todas las consideraciones necesarias, les ponen trabas para recibir una prestación que debería ser inmediata y les permita hacer más gratos los últimos años de vida.

Nuevamente este artículo muestra la falta de sensibilidad hacia os trabajadores de la tercera edad, pues establece requisitos que difícilmente puede cumplir este personal y que el instituto debería otorgar sin mayor requerimiento por tratarse de un servicio social que no debe negarse en esta etapa última de la vida.

Este artículo muestra nuevamente la falta de solidaridad hacia los trabajadores de la tercera edad y de los enfermos, de tal forma que merman los derechos que conlleva la seguridad social, misma que tiene por finalidad garantizar el derecho a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo que debe ser garantizada por el Estado.

En este artículo se traslada una obligación de las dependencias y entidades al trabajador, pues, de acuerdo con el artículo anterior de esta propia ley, la obligación de realizar los descuentos es exclusiva de los patrones.

Por lo anteriormente expuesto, el suscrito diputado somete a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto

Se reforma el artículo 8, en su primer párrafo, para quedar como sigue:

Artículo 8. Los trabajadores están obligados a proporcionar a las dependencias o entidades en que presten sus servicios:

.....

.....

Se reforma el artículo 10, en su sexto párrafo, para quedar como sigue:

Artículo 10. El Trabajador y el pensionado deberán auxiliar al instituto a mantener al día su expediente electrónico y el de sus familiares derechohabientes. Para el efecto, la Junta Directiva incluirá en el reglamento respectivo disposiciones que los incentiven a remitir información periódicamente a las instalaciones que el instituto determine para cumplir con esta disposición.

Se reforma el artículo 44, párrafo único, para quedar como sigue:

Artículo 44. El derecho al goce de las pensiones de cualquier naturaleza, comenzará el día en que el trabajador o sus familiares derechohabientes entreguen la solicitud respectiva.

Se reforma el artículo 45, primer párrafo, para quedar como sigue:

Artículo 45. En aquellos casos en que se dictamine procedente el otorgamiento de la pensión, el instituto estará obligado a otorgar la resolución en que conste el derecho a la misma, en un plazo de máximo noventa días, contados a partir de la fecha en que reciba la solicitud respectiva .

.....

Se reforma el artículo 50, párrafo único, para quedar como sigue:

Artículo 50. El instituto podrá ordenar en cualquier tiempo la verificación y autenticidad de los documentos y la justificación de los hechos que hayan servido de base para conocer una pensión. Asimismo, se podrá solicitar a las dependencias o entidades la exhibición de los documentos que en su momento se pudieron haber presentado para acreditar la pensión. Cuando se descubra que los documentos son falsos, el instituto, procederá a la respectiva revisión y, en su caso, denunciará los hechos al Ministerio Público para los efectos que procedan.

Se reforma el artículo 86, párrafo único, para quedar como sigue:

Artículo 86. El derecho al goce de la pensión por cesantía en edad avanzada comenzará el día en que el trabajador solicite el otorgamiento de dicha pensión .

Se reforma el artículo 87, primer párrafo, para quedar como sigue:

Artículo 87. El instituto reunirá todos los requisitos establecidos en esta sección para que los trabajadores puedan disponer de su cuenta individual con el objeto de disfrutar de una pensión de cesantía en edad avanzada. Para tal propósito podrán optar por alguna de las alternativas siguientes:

.....

Se reforma artículo 89, primer párrafo, para quedar como sigue:

Artículo 89. Para tener derecho al goce de las prestaciones del seguro de vejez, se requiere que el trabajador o pensionado por riesgos del trabajado o invalidez haya cumplido sesenta y cinco años de edad y tenga reconocidos por el instituto un mínimo de quince años de cotización.

.....

Se reforma el artículo 115, primer párrafo, para quedar como sigue:

Artículo 115. El otorgamiento de las prestaciones establecidas en este capítulo será inmediato tan pronto como se presente la solicitud ante el instituto, previa revisión, quien se encargará de recabar la información correspondiente.

.....

Se reforma el artículo 163, segundo párrafo, para quedar como sigue:

Artículo 163. En los casos en que la dependencia no aplique los descuentos, el instituto solicitará el pago directamente a la dependencia omisa , sin perjuicio de las actualizaciones y recargos que se establezcan en el reglamento correspondiente.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Túrnese a las comisiones de Trabajo y Previsión Social, y de Seguridad Social de la Cámara de Diputados.

LEY DEL INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Se recibió iniciativa de decreto que expide la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, suscrita por diputados integrantes de la mesa directiva de la Comisión de Equidad y Génerode la Cámara de Diputados.

El Secretario diputado José Rubén Escajeda Jiménez : «Iniciativa que expide la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, suscrita por diputadas de la mesa directiva de la Comisión de Equidad y Género

Las suscritas, integrantes de la Comisión de Equidad y Género, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por el artículo 55, fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de esta soberanía, la siguiente iniciativa que contiene el proyecto de decreto por el que se expide la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Nuestro país ha suscrito y ratificado diversos instrumentos internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres, entre los que destacan la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y su Protocolo Facultativo; la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención Belén do Pará); la Plataforma de Acción de Beijing; la Cuarta Conferencia Internacional sobre la Mujer y la Conferencia Internacional sobre la Población y Desarrollo.

La importancia de que México sea parte de estos instrumentos estriba en que existió un avance en el reconocimiento de los derechos de las mujeres, lo que derivó en una primera intención de establecer políticas públicas acordes con la materia, la creación del Instituto Nacional de las Mujeres en el 2001.

A partir de este hecho, se estableció el Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres 2001-2006, que constituyó el eje rector de la política nacional para incorporar la perspectiva de género en las acciones de gobierno y en los procesos de definición del presupuesto, logrando avances de manera gradual.

Aunado a ello, se han dado pasos en el proceso de armonización de los instrumentos internacionales con la legislación mexicana, pues se han aprobado ordenamientos como la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, que tienen por objeto reconocer y hacer respetar los derechos humanos de las mujeres.

La importancia de estos instrumentos jurídicos estriba en que sientan las bases para el diseño de una política nacional en materia de igualdad de género y en materia de atención, prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, donde las instancias y dependencias de la administración pública federal así como los estados y municipios, en coordinación con organizaciones de la sociedad civil, deben realizar acciones para lograr los objetivos que en dichas legislaciones se establecen.

No obstante los avances y logros del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) en la transversalidad de la perspectiva de género en las políticas públicas, las y los legisladores que suscribimos la presente, consideramos necesario armonizar el marco normativo de referido instituto, a efecto de fortalecerlo otorgándole atribuciones y responsabilidades que se derivan del nuevo marco en materia de de derechos de las mujeres en el país.

De ahí que, con la presente iniciativa se proponga expedir la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres para adecuar su integración, atribuciones, organización y competencia del Inmujeres a las necesidades de desarrollo y fortalecimiento del propio organismo, de acuerdo a los ordenamientos legales en materia de igualdad, no discriminación y de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, generando mejores condiciones para robustecer sus estrategias y líneas de acción a favor de las mujeres del país.

Es importante resaltar que la presente iniciativa retoma diversas propuestas de reforma y adición que diputadas y diputados, tanto de la LIX y LX Legislaturas han presentado como una valiosa aportación para lograr el fortalecimiento del Inmujeres.

En relación a las iniciativas que se retoman de la LIX Legislatura se enuncian las siguientes:

Para el caso de las iniciativas presentadas durante la LX Legislatura que han sido consideradas, son las siguientes:

Adicionalmente es de destacar que la propuesta de iniciativa se integró con la participación del Instituto Nacional de las Mujeres, del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género así como todas las diputadas y diputados de la Comisión de Equidad y Género, en diversas mesas de trabajo para finalmente concluir la estructura del proyecto de iniciativa.

El Capitulo I relativo a las Disposiciones Generales, se puntualiza el objeto de la ley, los criterios generales, objetivos específicos y atribuciones del Inmujeres, acorde a las nuevas atribuciones y actividades que le atribuyen la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Se sustituye el término de ``equidad de género'' por el de ``igualdad de género'', ya que con motivo de los compromisos internacionales asumidos en la Organización de las Naciones Unidas con la ratificación de la CEDAW, el gobierno de México sustentó su VI Informe Periódico ante el Comité de Expertas en el 36 período de sesiones de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), con fecha 17 de agosto de 2006.

De dicho informe, nuestro país recibió las observaciones finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación de la Mujer (COCEDAW); destacando la siguiente:

Con la propuesta de iniciativa se pretende dar cumplimiento a dicha recomendación, en atención a que el Instituto Nacional de las Mujeres es el órgano encargado de establecer la política del Estado mexicano, para lograr la igualdad entre mujeres y hombres.

Por otro lado, se reagrupan los objetivos de la legislación vigente, de tal manera que se atiendan estas recomendaciones; además de que vayan en congruencia con la legislación en materia de igualdad y no violencia contra las mujeres que se han enunciado.

Se hace la inclusión del Distrito Federal para el logro de los objetivos señalados.

Se incorpora un artículo que tiene como propósito que en el ejercicio de sus atribuciones, el Inmujeres ponga especial atención a las mujeres indígenas, con la finalidad de contribuir en el avance y logró en el respeto de sus derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados y convenios internacionales de los que México es parte.

Para el caso del Capítulo II, relativo a la Estructura Organizativa del instituto, así como la integración y facultades de la Junta de Gobierno, se le da el carácter de órgano de toma de decisiones a la Junta de Gobierno, con la inclusión como vocales de la misma a la Secretaría de Seguridad Pública y a la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación.

Además se hace énfasis en que la Junta de Gobierno debe aprobar el presupuesto, los informes y estados financieros del instituto, y se le otorga la facultad de designar y remover, a propuesta de la Presidencia del Instituto, a las y los servidores públicos en los diferentes niveles administrativos que integran el instituto.

En el articulado del Capítulo III, relativo al proceso de nombramiento y duración de la Presidencia del instituto, se establecen las facultades que se le atribuyen, de tal manera que la persona titular del Instituto tenga conocimiento y experiencia en actividades relacionadas con la promoción de los derechos humanos de las mujeres, y por su trabajo activo en políticas públicas con perspectiva de género, así como por su participación con las organizaciones de la sociedad civil.

Por lo que hace a las facultades que se le asigna a la persona que ocupe la Presidencia del instituto, se establecen nuevas atribuciones relativas a la formulación de programas institucionales a corto, mediano y largo plazo; además de establecer la obligación de que el anteproyecto del Presupuesto de Egresos del Instituto se someta a consideración de la Junta de Gobierno, entre otras facultades y obligaciones, respectivamente.

Además se hace la inclusión de indicadores de calidad en los mecanismos de evaluación en la eficiencia y eficacia del instituto.

Por otra parte, se incluye a las presidencias de las Comisiones de Equidad y Género del honorable Congreso de la Unión, para que participen en la presentación del informe anual de actividades del instituto.

Para el caso del Capítulo IV relativo al nombramiento, facultades y obligaciones de la Secretaría Ejecutiva del Inmujeres, se adiciona como requisito para la persona que pretenda ocupar la titularidad del cargo, tenga conocimiento y experiencia en actividades relacionadas con la promoción de la igualdad de género, a favor de los derechos humanos de las mujeres y por su trabajo activo en políticas públicas con perspectiva de género.

Por otra parte, se establece como una de las obligaciones de la Secretaría Técnica del instituto la de proponer que las políticas generales del instituto contemplen las materias de igualdad de género, acceso de las mujeres a una vida libre de violencia y no discriminación.

Para el Capítulo V relativo a la integración, duración y atribuciones de los Consejos Consultivo y Social del instituto, se armoniza el término ``igualdad de género'' en relación con el de equidad, atendiendo al criterio formulado líneas atrás y se agrega como un tema de especial atención, el impulso a las organizaciones de mujeres indígenas.

Se propone que el Capítulo VI, de la colaboración de los tres Poderes de la Unión, la inclusión del Distrito Federal a fin de puntualizar la colaboración con el instituto, así como de los estados y municipios, con el propósito de que el Inmujeres tenga la facultad de solicitar información y datos a estas entidades, en el marco de las atribuciones y las materias que regula la ley.

Para el Capítulo VII, se sustituye el ``Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y No Discriminación contra las Mujeres'' para quedar como ``Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres'', lo anterior de acuerdo a lo que establece la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.

Uno de los avances para incidir en la transversalización de la perspectiva de género, es la adición de un Capítulo VIII, del Presupuesto de Egresos de la Federación, en el cual se incorporan disposiciones para que el Inmujeres promueva en el proceso de presupuesto elementos que atiendan las necesidades diferenciadas entre mujeres y hombres, y permitan identificar su impacto; es importante mencionar que son retomadas de la experiencia exitosa que se ha tenido con la aplicación del artículo 25 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2008.

En ese sentido, se propone que el instituto sea el encargado de impulsar la igualdad entre mujeres y hombres, a través de la incorporación de la perspectiva de género en el diseño, elaboración y aplicación de los programas y actividades de la administración pública federal; y que sea el órgano coadyuvante con las dependencias y entidades para que incorporen la perspectiva de género en el anteproyecto de Presupuesto de Egresos que envía el Ejecutivo a la Cámara de Diputados.

En atención a ello, se recorren los Capítulos IX en relación al Patrimonio, Presupuesto y Control de los Recursos del Instituto Nacional de las Mujeres, así como el Capítulo X, del Régimen Laboral, actualizando el articulado conforme a la propuesta de ley contenida en la presente iniciativa.

Finalmente, en los artículos transitorios se propone que entre en vigor el primero de enero de 2010, a fin de que el Inmujeres pueda hacer las proyecciones y ajustes a su normatividad interna, así como en materia administrativa.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados, el siguiente proyecto de

Decreto por el que se expide la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres

Único. Se expide la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, para quedar como sigue:

Capítulo I Disposiciones Generales

Artículo 1. La presente ley tiene por objeto establecer las atribuciones y competencia del Instituto Nacional de las Mujeres. Sus disposiciones son de orden público y de observancia general en toda la república, en materia de igualdad de género y de derechos entre mujeres y hombres, en los términos del artículo cuarto, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 2. Se crea el Instituto Nacional de las Mujeres como un organismo público descentralizado de la administración pública federal, con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía técnica y de gestión para el cumplimiento de sus atribuciones, objetivos y fines.

Artículo 3. Son sujetos de los derechos que esta ley garantiza todas las mujeres mexicanas y extranjeras que se encuentren en el territorio nacional, y las mexicanas en el extranjero, sin importar origen étnico, nacional, lengua, identidad de género, expresión de rol de género, edad, estado civil, idioma, cultura, condición social, discapacidad, preferencia sexual, religión o dogma; quienes podrán participar en los programas, servicios y acciones que se deriven del presente ordenamiento.

Artículo 4. El instituto tiene por objeto promover la igualdad de género, así como el ejercicio pleno de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de las mujeres y su participación igualitaria en la vida política, económica, cultural y social del país; fomentar la no discriminación hacia las mujeres, así como las acciones que permitan la atención, prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, en términos de las facultades que se derivan de la presente ley y de la legislación de la materia.

Lo anterior, bajo los criterios de:

Artículo 5. Para los efectos de esta ley se entenderá por:

Artículo 6. El instituto tendrá como objetivos específicos, los siguientes:

Artículo 7. El instituto tendrá las siguientes atribuciones:

Artículo 8. Las oficinas centrales del Instituto Nacional de las Mujeres tendrán su domicilio legal en el Distrito Federal.

Artículo 9. El Instituto Nacional de las Mujeres se integrará con una Junta de Gobierno, una Presidencia, una Secretaría Ejecutiva y las estructuras administrativas que establezca su Estatuto Orgánico. Asimismo, contará con dos órganos auxiliares de carácter honorífico, que serán: el Consejo Consultivo y el Consejo Social.

Artículo 10. En el cumplimiento de los objetivos y ejercicio de las atribuciones contenidas en la presente Ley, el Instituto pondrá especial atención en el caso de mujeres indígenas, en el respeto de sus derechos humanos y libertades fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los Tratados y convenios internacionales de los que México es parte, de conformidad con el artículo 133 constitucional.

Capítulo II Estructura orgánica y funcional del Instituto Nacional de las Mujeres

Artículo 11. El instituto contará con la siguiente estructura organizativa:

El Consejo Consultivo y el Consejo Social, son dos órganos auxiliares de carácter honorífico, de consulta, asesoría técnica y análisis cuyas atribuciones y forma de integración se ajustarán a las disposiciones previstas en la presente Ley.

La Presidencia y la Secretaría Ejecutiva contarán con las estructuras administrativas que establezca el Estatuto Orgánico del instituto.

Artículo 12. En las situaciones de orden legal no previstas en el presente ordenamiento o en los convenios y tratados internacionales suscritos por el gobierno mexicano en la materia y ratificados por el Senado de la República, de conformidad con el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo que no se opongan a la presente ley se aplicarán de manera supletoria la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, el Código Civil Federal, así como los principios generales de derecho.

Artículo 13. La Junta de Gobierno es el órgano de administración del instituto, encargado de fijar, dirigir, supervisar, evaluar y controlar las actividades a cargo de esta entidad, y estará integrada por:

I. Secretaría de Gobernación; II. Secretaría de Relaciones Exteriores; III. Secretaría de Seguridad Pública; IV. Secretaría de Economía; V. Secretaría de Hacienda y Crédito Público; VI. Secretaría de Desarrollo Social; VII. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; VIII. Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; IX. Secretaría de Educación Pública; X. Secretaría de la Función Pública; XI. Secretaría de Salud; XII. Secretaría de Trabajo y Previsión Social; XIII. Secretaría de la Reforma Agraria; XIV. Procuraduría General de la República; XV. Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas; XVI. Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación, y XVII. Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).

En ambos casos, se tratará de ciudadanas mexicanas en pleno ejercicio de sus derechos, se garantizará que provengan de los diferentes ámbitos de la sociedad civil organizada, reflejando su pluralidad, en los términos a los que hacen referencia los artículos 22 y 24 de esta ley.

La Junta de Gobierno, con la aprobación de la mayoría de sus asistentes, de acuerdo al tema que se trate en su agenda, podrá invitar a representantes de otras dependencias e instituciones públicas federales, estatales, del Distrito Federal o municipales, así como a organizaciones privadas y sociales, no comprendidas en el artículo anterior, los que tendrán derecho a voz y no a voto en la sesión o sesiones correspondientes.

En la primera sesión de la Junta de Gobierno se establecerán los lineamientos para designar a las mujeres vocales propietarias señaladas en la fracción II, inciso b) y se definirá la duración de su encargo y los casos en que podrán ser reelectas.

En la segunda sesión de la Junta de Gobierno, la Presidencia del instituto propondrá una secretaria técnica y una prosecretaria.

Las personas integrantes de la Junta de Gobierno que señala el inciso a) de la fracción II del presente artículo, podrán ser suplidas por representantes que al efecto designen, que deben ser del nivel administrativo inmediato inferior al del titular de la dependencia o entidad de que se trate.

Las personas integrantes de la Junta de Gobierno, podrán ser suplidas por los representantes que al efecto designen.

Artículo 14. Para el cumplimiento de las atribuciones del instituto, la Junta de Gobierno tendrá las siguientes facultades:

Artículo 15. La Junta de Gobierno celebrará sesiones ordinarias por lo menos cuatro veces por año y las extraordinarias que convoque la persona titular de la Presidencia o, cuando menos, una tercera parte de sus integrantes.

La convocatoria será notificada formalmente con una antelación de cuando menos tres días hábiles, para las sesiones ordinarias, y de un día para las extraordinarias.

La inasistencia de sus integrantes deberá comunicarse a la persona titular de la Presidencia con cuarenta y ocho horas antes de la celebración del evento, en el caso de sesiones ordinarias, y para las extraordinarias, doce horas antes.

La Junta de Gobierno sesionará válidamente con la asistencia de por lo menos la mitad más uno de sus integrantes. Las resoluciones se tomarán por mayoría de votos de los presentes y la Presidencia tendrá voto de calidad en caso de empate.

Asistirán a las sesiones de la Junta de Gobierno, con voz pero sin voto, la secretaria ejecutiva del instituto; la secretaria técnica y la prosecretaria de la Junta de Gobierno, así como la o el Comisario Público del instituto.

Los acuerdos de la Junta de Gobierno versarán sobre los asuntos incluidos en el orden del día y aquéllos urgentes que se darán a conocer a la Junta de Gobierno con ese carácter.

Capítulo III De la Presidencia del Instituto Nacional de las Mujeres

Artículo 16. La persona que ocupe la Presidencia de la República, nombrará de una terna integrada por consenso, a la persona titular de la Presidencia del instituto; de no alcanzar el mismo, por acuerdo de las tres quintas partes de la totalidad de los integrantes de la Junta de Gobierno, debiendo reunir los requisitos siguientes:

Artículo 17. La persona titular de la Presidencia del instituto tendrá las siguientes facultades:

Artículo 18. La persona titular de la Presidencia durará en su cargo tres años, pudiendo ser ratificada únicamente por un segundo periodo de tres años.

Artículo 19. La persona titular de la Presidencia sólo podrá permanecer en su encargo durante el período de ejercicio constitucional de aquella que ocupe la Presidencia de la República y que le haya otorgado el nombramiento.

Capítulo IV De la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres

Artículo 20. La Presidencia del instituto propondrá a la Junta de Gobierno el nombramiento o remoción de la secretaria ejecutiva, la cual debe reunir para su designación, los siguientes requisitos:

Artículo 21. La secretaría ejecutiva tendrá las siguientes facultades y obligaciones:

Capítulo V Del Consejo Consultivo y del Consejo Social del Instituto Nacional de las Mujeres

Artículo 22. El Consejo Consultivo será un órgano asesor y promotor de las acciones que se emprendan en beneficio de las mujeres en el marco de esta ley.

Se integrará por un número no menor de diez ni mayor de veinte mujeres, cuyas participantes no percibirán retribución, emolumento o compensación alguna y se seleccionarán entre las mujeres representativas de los diferentes sectores de la sociedad, de organizaciones políticas y privadas, de asociaciones civiles, así como de instituciones académicas, quienes serán designadas por las organizaciones representativas de defensa de los derechos humanos y libertades fundamentales de las mujeres y propuestas a la Junta de Gobierno del instituto.

La Junta de Gobierno determinará en el Estatuto Orgánico del Instituto, la estructura, organización y funciones del Consejo Consultivo, el cual será dirigido por una consejera presidenta.

Artículo 23. Las integrantes del Consejo Consultivo durarán en su encargo tres años, pudiendo permanecer únicamente por otro periodo igual. Las nuevas integrantes deben representar a organizaciones distintas a las representadas en el periodo inmediato anterior. El Consejo debe presentar anualmente un informe de actividades ante la Junta de Gobierno.

Artículo 24. El Consejo Social será un órgano de análisis, evaluación y seguimiento de las políticas públicas, programas, proyectos y acciones que se emprendan en beneficio de las mujeres en el marco de esta ley.

Se integrará por un número no menor de diez ni mayor de veinte mujeres representativas de los sectores público, privado y social, que se hayan distinguido por sus tareas a favor del impulso de la igualdad de género.

La Junta de Gobierno determinará en el Estatuto Orgánico del instituto la estructura, organización y funciones del Consejo Social, el cual será dirigido por una consejera presidenta.

Artículo 25. Las integrantes del Consejo Social durarán en su encargo tres años, pudiendo permanecer un periodo más. Las nuevas integrantes deberán representar a organizaciones distintas de las representadas en el periodo inmediato anterior. Al término de su encargo, el Consejo Social presentará un informe anual a la Junta de Gobierno.

Artículo 26. El Consejo Consultivo tendrá las siguientes atribuciones:

Artículo 27. El Consejo Social tendrá las siguientes atribuciones:

Artículo 28. El instituto solicitará a las personas titulares de las dependencias y entidades de la administración pública federal, información relativa a la ejecución de las políticas tendentes a aplicar la transversalidad de la perspectiva de género en sus programas; a las personas titulares de los órganos de impartición de justicia tanto federal como locales, su colaboración para fomentar la observancia de la legislación nacional e internacional en materia de género, y a las personas que presidan las Mesas Directivas de ambas Cámaras del honorable Congreso de la Unión, información sobre los asuntos legislativos relacionados con el tema de género.

Capítulo VI De la Colaboración de los Tres Poderes de la Unión

Artículo 29. Las autoridades y personal de las mismas, de las entidades federativas, el Distrito Federal y municipios, proporcionarán al instituto la información y datos que éste les solicite, en los términos de los acuerdos que al efecto se celebren.

Capítulo VII Del Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Artículo 30. Las dependencias y entidades de la administración pública federal, los órganos de impartición de justicia federal, así como las Cámaras del honorable Congreso de la Unión, en el ejercicio de sus atribuciones y funciones incorporarán el enfoque de género en sus políticas, programas y acciones institucionales.

Como resultado de la evaluación del programa, el instituto podrá emitir opiniones y propuestas dirigidas a las personas u órganos a que se refiere el artículo 28, de la presente ley.

Capítulo VIII Del Presupuesto de Egresos de la Federación

Artículo 31. El titular del Poder Ejecutivo federal, por conducto del instituto, será el encargado de impulsar la igualdad entre mujeres y hombres, a través de la incorporación de la perspectiva de género en el diseño, elaboración y aplicación de los programas y actividades que la administración pública federal presente en el Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente.

Artículo 32. El instituto coordinará y vigilará que las dependencias y entidades de la administración pública federal consideren en sus programas o actividades, lo siguiente:

Artículo 33. Establecer coordinadamente con las dependencias y entidades de la administración pública federal, la metodología de rendición de cuentas sobre las acciones realizadas en materia de igualdad de género, detallando objetivos específicos, población objetivo, indicadores utilizados, la programación de las erogaciones y el ejercicio de los recursos.

Artículo 34. El instituto deberá presentar los informes en los términos y plazos que establecen las disposiciones legales aplicables ante la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, detallando entre otros: objetivos, estrategias población, modificaciones, programación y ejercicio de las erogaciones, modalidades y criterios de evaluación; así como aquellos que establezca la legislación en la materia.

Capítulo IX Del Patrimonio y de los Recursos del Instituto Nacional de las Mujeres

Artículo 35. El instituto contará con patrimonio propio y se integrará:

Artículo 36. El Presupuesto de Egresos de la Federación deberá contener las partidas y previsiones necesarias para sufragar los gastos derivados de su operación, sin perjuicio de que le sean asignadas partidas adicionales.

Artículo 37. La gestión del instituto estará sometida al régimen del presupuesto anual de la administración pública federal.

Artículo 38. El instituto queda sometido a las reglas de contabilidad, presupuesto y gasto público aplicables a la administración pública federal.

Capítulo X Del Régimen Laboral

Artículo 39. Las relaciones laborales entre el Instituto y sus trabajadores se regirán por el Apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Transitorios

Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor el primero de enero de 2010.

Artículo Segundo. Se abroga la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de enero del 2001.

Artículo Tercero. La Presidencia, la Junta de Gobierno y los órganos auxiliares conservarán su actual conformación e integración, hasta el término de su nombramiento.

Artículo Cuarto. La titular de la Presidencia del Instituto Nacional de las Mujeres contará con un período comprendido entre la publicación del presente decreto y su entrada en vigor, para presentar a la actual Junta de Gobierno, las propuestas de modificación al Estatuto Orgánico y al Reglamento Interior necesarias a fin de proveer al debido cumplimiento del mismo.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Túrnese a la Comisión de Equidad y Género, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Públicade la Cámara de Diputados.

LEY FEDERAL SOBRE MONUMENTOS Y ZONAS ARQUEOLOGICOS, ARTISTICOS E HISTORICOS - CODIGO PENAL FEDERAL

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Tiene la palabra el señor diputado Juan de Dios Castro Muñoz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa que deroga diversas disposiciones de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, y adiciona el capítulo vigésimo séptimo al Código Penal Federal, suscrita por los diputados María Elena de las Nieves Noriega Blanco Vigily Ramón Ignacio Lemus Muñoz Ledo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

El diputado Juan de Dios Castro Muñoz : Gracias, Presidente; con su permiso.

Me permito presentar a todos ustedes una iniciativa con proyecto de decreto de mis compañeros diputados María Elena de las Nieves Noriega Blanco Vigil y Ramón Ignacio Lemus Muñoz Ledo , integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, por el que se derogan diversas disposiciones de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, y se adiciona el capítulo vigésimo séptimo al Código Penal Federal.

Como todos sabemos, México es un país con sitios y monumentos arqueológicos de suma importancia. El patrimonio que tiene México en valor arqueológico es el primero en todo el continente americano.

La regulación jurídica para la preservación de bienes culturales ha estado presente en diferentes momentos de nuestra historia. México ha sido un país pionero en materia de protección de su patrimonio cultural.

Si bien en ningún otro momento en la historia de nuestro país la conciencia y la necesidad de preservar los bienes culturales han sido tan intensas, de igual manera, jamás habían estado en peligro de desaparecer por las constantes agresiones, producto no sólo de la acción de la naturaleza sino del propio ser humano, entorpeciendo así el estudio y el entendimiento del pasado. Tal es el caso de lo sucedido en días pasados en Tabasco, con el daño causado a las piezas arqueológicas del parque-museo La Venta.

El saqueo y la destrucción de nuestro pasado es un lento suicidio de la memoria histórica, un atentado contra el patrimonio cultural y un debilitamiento de nuestra identidad como nación. Por ello la legislación adopta un relevante papel como medio para desarrollar instrumentos eficaces que permitan garantizar su preservación. De ahí la necesidad de trasladar el capítulo Sanciones, de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos al Código Penal Federal.

Uno de los razonamientos de lo antes expresado es evitar el problema que representa el tipificar conductas en una ley de naturaleza administrativa, en lugar de hacerlo en el Código Penal Federal, ocasionando un problema de dispersión de las normas en materia penal, toda vez que la propia Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos se remite a las reglas generales señaladas en el Código Penal Federal para resolver acerca de figuras como la ``reincidencia''.

Los órganos encargados de la procuración e impartición de justicia se enfrentan día a día con la innecesaria dispersión normativa, siendo ésta la razón primordial por la que nuestro derecho se orienta cada vez más a la unificación de las normas penales.

Es de suma importancia reunir en un solo cuerpo normativo todas las conductas que son consideradas como delitos. La armonización y posterior unificación de las normas penales facilitan el trabajo de la autoridad responsable de su aplicación.

Por ello, en lo que se refiere a los montos de las sanciones administrativas actualmente establecidas en la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicos, y que en un parámetro real no son los adecuados, se propone que el monto de las multas se fije en los términos establecidos en el Código Penal Federal; es decir, en días multa, y no como en la redacción vigente, que establece cantidades líquidas.

Se aumentan, también, en sus mínimos, las penas privativas de la libertad en determinados delitos, en atención al bien jurídico tutelado.

Se separan las conductas relativas a la realización de actos traslativos de dominio de un monumento arqueológico mueble y su comercialización.

Se aumenta la penalidad a los sujetos que promuevan, organicen, financien o dirijan la realización, sin autorización, de trabajos en excavación sobre monumentos arqueológicos.

Como pena accesoria, se prevé la destitución y la inhabilitación de los servidores públicos del INAH, por un tiempo igual a la pena de prisión impuesta, que hayan otorgado indebidamente la autorización para realizar trabajos arqueológicos.

Las anteriores, entre otras conductas previstas en la propuesta. Por razones de tiempo, solicito a la Presidencia que se inserte el cuerpo íntegro de la iniciativa en el Diario de Debates.

Con las precisiones jurídicas contenidas en la presente iniciativa se busca otorgar la certeza y la coherencia jurídicas que no se advierten en la redacción vigente de la ley federal mencionada, además de resaltar la importancia de que los delitos en contra del patrimonio cultural sean acordes con la política de sanciones pecuniarias en días multa que hoy rigen a los cuerpos legales.

Señor presidente, solicito que sea tan amable de turnarla a la Comisión de Justicia, y también a la Comisión de Cultura, para su opinión. Es cuanto, señor presidente. Por su atención, muchas gracias.

«Iniciativa que deroga diversas disposiciones de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, y adiciona el Capítulo Vigésimo Séptimo al Código Penal Federal, a cargo del diputado Juan de Dios Castro Muñoz y suscrita por los diputados María Elena de las Nieves Noriega Blanco Vigil y Ramón Ignacio Lemus Muñoz Ledo , del Grupo Parlamentario del PAN

Los suscritos diputados federales María Elena de las Nieves Noriega Blanco Vigil y Ramón Ignacio Lemus Muñoz Ledo , integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 55, fracción II, 56, 62 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de este honorable Congreso de la Unión la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se derogan diversas disposiciones de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos y se adiciona un Capítulo Vigésimo Séptimo al Código Penal Federal, de acuerdo con la siguiente

Exposición de Motivos

México es un país con sitios y monumentos arqueológicos, artísticos e históricos, variado y de gran riqueza, legado tanto de las civilizaciones que se asentaron en el actual territorio mexicano, como de la época de la Colonia y la etapa como nación independiente. Dicho legado constituye el patrimonio cultural que sitúa a nuestro país como el séptimo lugar mundial y el primero en América en cuanto al número de Declaratorias registradas en la lista del Patrimonio Cultural de la UNESCO.

El patrimonio arqueológico formado por el conjunto de vestigios de distintos tipos, así como los monumentos de la época colonial: construcciones civiles, militares y religiosas; las pinturas, esculturas y diversos objetos de la etapa virreinal, son la fuente principal y en el caso de un largo periodo de la historia de las antiguas civilizaciones, la única, para estudiar y comprender el pasado. De igual manera han dado origen a bienes culturales, que han evolucionado hacia una mayor participación en la vida social de las comunidades, dejando de ser objetos de estudio o museo, para convertirse en elementos generadores de desarrollo.

Si bien, en ningún otro momento en la historia de nuestro país la conciencia y la necesidad de preservar los bienes culturales han sido tan intensas, de igual manera, jamás habían estado en peligro de desaparecer por las constantes agresiones producto no sólo de la acción de la naturaleza sino del propio ser humano, entorpeciendo así el estudio y entendimiento del pasado. El saqueo de nuestro pasado es un lento suicidio de la memoria, histórica un atentado contra el patrimonio cultural y un debilitamiento de nuestra identidad como nación. Urge crear una mayor conciencia para acabar con la destrucción, alteración, robo y tráfico de las raíces del México Prehispánico. ¹ El saqueo y tráfico de los bienes culturales es un fenómeno que está inscrito en la agenda como uno de los problemas nacionales. ²

La regulación jurídica para la preservación de bienes culturales ha estado presente en diferentes momentos de nuestra historia. Así en el periodo que va de 1810 a 1850, se dicta una gran cantidad de leyes con las que se busca la defensa y acrecentamiento del patrimonio cultural. Por su importancia cabe destacar la circular de la Secretaría de Relaciones Exteriores del 28 de octubre de 1835, con la que esa dependencia exhorta a verificar el cumplimiento de la prohibición de extraer monumentos y antigüedades mexicanas contenidas en el arancel de aduanas. ³

La referencia más antigua que se tiene documentada sobre el registro del patrimonio cultural, es una autorización de Carlos III en la época virreinal, dada en favor del capitán de Dragones, Guillermo Dupaix, para realizar investigaciones sobre las antigüedades de las provincias y sacar diseños exactos de los monumentos y edificaciones. Lo anterior con el objetivo de contar con el conocimiento de la historia del país. Se autorizó así a Dupaix para que transitara por todo el país con esa encomienda. ⁴ El término monumento se aplicó a los bienes que por sus características singulares sobresalían de su entorno y no podían considerarse tesoros por carecer de valor económico. ⁵

En este contexto histórico, el 24 de noviembre de 1864 Maximiliano de Habsburgo prohíbe las excavaciones de monumentos en la península de Yucatán. Más tarde Porfirio Díaz expide dos decretos, el primero promulgado el 3 de junio de 1896 y el segundo publicado el 11 de mayo de 1897, ambos en materia de exploraciones arqueológicas. Igualmente, promulgó la Ley Relativa de los Monumentos Arqueológicos, la cual determinó por primera vez que los bienes prehispánicos existentes en territorio mexicano fuesen considerados propiedad de la nación y que nadie podía explorarlos, removerlos ni restaurarlos sin autorización del Ejecutivo federal; cabe destacar que en esta ley ya se contemplaba el delito de destrucción o deterioro de los monumentos prehispánicos, pena que consistió en arresto mayor y multa de segunda clase. ⁶

Sobresalen también otras leyes como la de Victoriano Huerta en 1914 y una iniciativa del gobierno de Venustiano Carranza de 1916 en materia de conservación de monumentos, objetos históricos, artísticos y de bellezas naturales. ⁷

Posteriormente se realizaron varias adiciones a la Constitución Política de 1917, entre otras, la integración en la fracción XXV del artículo 73 de una referencia específica sobre monumentos arqueológicos, artísticos e históricos y, durante los gobiernos de Emilio Portes Gil y Abelardo L. Rodríguez, se decretan ordenamientos en materia de protección y registro de bienes arqueológicos. Entre ellos, destaca la Ley sobre Protección y Conservación de Monumentos Arqueológicos e Históricos, Poblaciones Típicas y Lugares de Belleza Natural, promulgada el 19 de enero de 1934 en la cual se prohibía la exportación de monumentos prehispánicos y los declarados como históricos por la Secretaría de Educación Pública.

Es importante resaltar que esta ley cuenta con una mayor lógica legislativa en la materia, pues incorpora el concepto de monumento, en su acepción tradicional, como un bien cuya magnificencia y estética lo distinguen de su entorno, además clasifica y distingue claramente a los monumentos prehispánicos de los históricos, señalando que eran, respectivamente:

Al ser una ley de carácter federal, extiende su tutela sobre los bienes monumentales que al momento de la promulgación de la ley estuvieran al cuidado de la Secretaría de Educación Pública, que formaran parte de los museos y galerías, o bien, que el Departamento de Monumentos Artísticos, Arqueológicos e Históricos declarara con dicho carácter.

En 1970 se publica en el Diario Oficial de la Federación la Ley del Patrimonio Cultural. Dos años más tarde, el 28 de abril de 1972, se promulgó la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos con el objeto de fortalecer el marco jurídico para detener y prevenir actos atentatorios contra la integridad, conservación, recuperación y propiedad del patrimonio cultural, la cual fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de mayo del mismo año. Tal ordenamiento que se encuentra vigente hasta nuestros días y tipifica diversas figuras delictivas expresadas en un capítulo denominado De las Sanciones.

En términos generales podemos decir que México es un país pionero en materia de protección del Patrimonio Cultural. Considérese que el mismo concepto ``patrimonio cultural'' como tal, difundido por la UNESCO a partir del siglo XX, en México ya existía, primero como ``antigüedades mexicanas'', posteriormente vino la acepción que lo denominaría ``monumento'', en referencia a la fuente de conocimiento científico, cultural e histórico tangible e intangible. Bienes sujetos de protección en tanto que tienen dicho valor. ⁸

La necesidad de preservar nuestro patrimonio cultural debe obligarnos a llevar a cabo una recapitulación urgente y seria de todas las leyes y convenios existentes, con el propósito de desarrollar instrumentos más eficaces y generar acciones decididas. ⁹ ``El reconocimiento y la importancia del patrimonio cultural como objeto digno de ser jurídicamente protegido de manera sistemática y bajo parámetros científicos, fueron motivados por la grave situación que lo pone en peligro de desaparecer. Derivado de lo anterior, diversas convenciones multinacionales han pretendido establecer principios generales de protección sobre el patrimonio cultural que indiscutiblemente es de interés común''. ¹⁰

El daño que produce el saqueo, la destrucción, alteración y el coleccionismo basado en el tráfico ilícito de bienes culturales, es enorme. Genera la destrucción de contextos históricos, vital para el entendimiento de los pueblos que produjeron los bienes culturales que le dieron origen. ``Quienes saquean no están preocupados por registrar datos que permitan dar respuestas a muchas interrogantes que hay sobre los pueblos antiguos de México''. ¹¹ Es por eso que la legislación adopta un relevante papel como medio para garantizar la conservación de un bien común sobre el interés particular.

De tal suerte habrá que entender que la protección de nuestro patrimonio cultural y el desarrollo económico y social que éste genera son conceptos íntimamente ligados y no excluyentes y toda política nacional representa la inclusión de esta materia, tal como se concibe tanto en el Plan Nacional de Desarrollo como en los programas sectoriales de cultura y turismo.

Si bien es cierto que los sitios y zonas arqueológicas son un recurso que impulsa la actividad turística dentro del denominado turismo cultural, también puede ser un objeto de degradación patrimonial a causa del turismo masivo.

La pretensión es evitar todas aquellas acciones que deterioren y sean un factor de pérdida de los bienes culturales, patrimonio de los mexicanos, fortalecer la protección del patrimonio cultural para que siga siendo un recurso aprovechable y no solamente un recurso explotado.

De ahí la necesidad de generar estrategias de carácter jurídico y trasladar el capítulo de sanciones de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos al Código Penal Federal.

Uno de los razonamientos de lo antes expresado, es evitar el problema que representa el tipificar conductas en una Ley de naturaleza administrativa, en lugar de hacerlo en el Código Penal Federal, ocasionando un problema de dispersión de las normas en materia penal, toda vez que la propia Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, se remite a las reglas generales señaladas en el Código Penal Federal para resolver acerca de figuras como la reincidencia.

Los órganos encargados de la procuración e impartición de justicia se enfrentan día a día con la innecesaria dispersión normativa, siendo ésta la razón primordial por la que nuestro derecho se orienta cada vez más a la unificación de las normas penales que aún se encuentran en diversas leyes de carácter administrativo.

Es de suma importancia reunir en un sólo cuerpo normativo todas las conductas que son consideradas como delitos. La armonización y posterior unificación de las normas penales facilitan el trabajo de la autoridad responsable de su aplicación y otorgan certidumbre jurídica a los sujetos a un proceso penal.

De esta forma, resulta necesario derogar las disposiciones que establecen una conducta penal típica de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, para trasladarlas al Código Penal Federal, actualizándolas y adecuándolas a la realidad social y a las reglas generales emitidas por la Legislación Penal vigente.

En lo que se refiere a los montos de las sanciones administrativas actualmente establecidas en la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos y que en un parámetro real no son las adecuadas, proponemos que el monto de las multas se fijen en los términos establecidos en el Código Penal Federal, es decir, en días multa y no como la redacción vigente que establece cantidades líquidas.

Se aumentan en sus mínimos las penas privativas de la libertad en determinados delitos, en atención al bien jurídico protegido, y a fin de acortar el rango de discrecionalidad del juez para imponer arbitrariamente desde el plazo mínimo de un año hasta diez años.

Se separan las conductas relativas a la realización de actos traslativos de dominio de un monumento arqueológico mueble y a su comercialización, para dar una penalidad mayor por el carácter eminentemente lucrativo que muchas veces buscan los coleccionistas al ir tras una pieza arqueológica, con relación a aquellos sujetos que sólo lo transporten, exhiban o reproduzcan.

Se aumenta la penalidad a los sujetos que promuevan, organicen, financien o dirijan la realización sin autorización de trabajos de excavación sobre monumentos arqueológicos inmuebles, o en zonas de monumentos arqueológicos, en virtud de su peligrosidad por contar estos sujetos con conocimientos amplios sobre la labor arqueológica.

Como pena accesoria, se contempla la destitución e inhabilitación de los servidores públicos pertenecientes al Instituto Nacional de Antropología e Historia, por un tiempo igual a la pena de prisión impuesta, que hayan otorgado indebidamente la autorización para la realizar trabajos arqueológicos y dispongan para sí de un monumento arqueológico mueble, situación no establecida en la redacción de la ley federal vigente.

Asimismo, se eleva hasta en una mitad más de la pena aplicable al servidor público que indebidamente se apodere de un monumento mueble arqueológico, histórico o artístico, como consecuencia de la confianza en él depositada y por la disposición del monumento arqueológico mueble.

En el caso de daños a monumentos arqueológicos, artísticos o históricos, se unifica el criterio respecto al medio comisivo empleado, dejándolo de manera general. Se unifica además su penalidad y conservando la sanción pecuniaria hasta por el monto del daño causado.

Un monumento arqueológico o histórico mueble encontrado o procedente de un inmueble considerado como monumento histórico, sin distinguir si lo es por disposición de la ley o por declaratoria, no puede ser detentado indebidamente por los particulares, ya que estaría causando un perjuicio a la nación; por tal motivo se aumenta el mínimo de la pena aplicable a quien ilegalmente tenga en su poder uno de los objetos antes mencionados. ¹²

Se mantiene la descripción de la conducta relativa a quien por cualquier medio pretenda sacar o saque del país un monumento arqueológico, artístico o histórico, sin que medie permiso de la autoridad competente. De esta forma se prevé integrar tanto a las Instituciones como a los órganos del gobierno encargados de otorgar, en su caso, la autorización correspondiente y no sólo al instituto, como se señala en el texto vigente.

En un solo precepto se contempla el aumento de hasta un tanto más de la pena privativa de libertad a los reincidentes y delincuentes habituales en los delitos tipificados en el Título adicionado.

Con las precisiones jurídicas mencionadas a lo largo de esta exposición de motivos se busca otorgar la certeza y coherencia jurídica que no se advierten en la redacción vigente de la Ley Federal mencionada, además estaría acorde con la política de sanciones pecuniarias en días multa que hoy rigen a los cuerpos legales.

El patrimonio cultural de México es invaluable, por ello resulta necesario adecuar la ley a nuestra realidad social y garantizar la preservación de nuestros monumentos, arte y memoria histórica.

En ello consiste nuestra obligación legislativa, permitir que posteriores generaciones de mexicanos disfruten de un legado cultural, histórico y artístico, que nos une y nos identifica como nación. ``No reformar nuestras leyes sería un delito sordo y callado que violentaría las bases mismas de nuestra sociedad, al atentar contra los cimientos primigenios de nuestra propia identidad cultural'' ¹³

En virtud de lo señalado el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional acude a esta soberanía a presentar, la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se derogan diversas disposiciones de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos y se adiciona un Capítulo Vigésimo Séptimo al Código Penal Federal

Artículo Primero. Se derogan los artículos 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 y 54 del Capítulo Sexto de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos para quedar como sigue:

Capítulo VI De las Sanciones

Artículo 47. se deroga;

Artículo 48. se deroga;

Artículo 49. se deroga;

Artículo 50. se deroga;

Artículo 51. se deroga;

Artículo 52. se deroga;

Artículo 53. se deroga;

Artículo 54. se deroga.

Artículo Segundo. Se adiciona el Título Vigésimo Séptimo al Código Penal Federal y un Capítulo Único en materia de los delitos cometidos en contra de monumentos y zonas arqueológicos, artísticos e históricos para quedar como sigue:

Título Vigésimo Séptimo Capítulo Único De los Delitos Cometidos en contra de Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos

Artículo 430. Al que por cualquier medio realice trabajos materiales de exploración arqueológica en monumentos arqueológicos inmuebles, o en zonas de monumentos arqueológicos, sin la autorización del Instituto Nacional de Antropología e Historia, se le impondrá prisión de cinco a diez años y de trescientos a mil días multa.

Se incrementará hasta en una mitad más las penas señaladas en el párrafo anterior, al que promueva, organice, financie o dirija a un grupo de dos o más personas para la comisión de los delitos previstos en el párrafo anterior.

Artículo 431. Al que valiéndose del cargo o comisión del Instituto Nacional de Antropología e Historia o de la autorización otorgada por éste para la ejecución de trabajos arqueológicos, disponga para sí o para otro de un monumento arqueológico mueble, se le impondrá prisión de cinco a diez años y de quinientos a mil días multa.

Si el delito lo comete algún servidor público perteneciente al Instituto Nacional de Antropología e Historia, además de las penas señaladas en el párrafo anterior, se le destituirá e inhabilitará del cargo por un tiempo igual a la pena privativa de la libertad impuesta.

Artículo 432. Al que efectúe cualquier acto traslativo de dominio de un monumento arqueológico mueble o comercie con ellos sin el permiso y la inscripción correspondiente, se le impondrá prisión de cinco a diez años y de quinientos a mil días multa.

Al que transporte, exhiba o reproduzca un monumento arqueológico mueble sin el permiso y la inscripción correspondiente, se le impondrá prisión de uno a cinco años y de cien a quinientos días multa.

Artículo 433. Al que ilegalmente tenga en su poder un monumento arqueológico o un monumento histórico mueble que se haya encontrado en o que proceda de un inmueble considerado como monumento histórico, se le impondrá prisión de tres a seis años y de quinientos a mil días multa.

Artículo 434. Al que se apodere de un monumento mueble arqueológico, histórico o artístico, sin consentimiento de quien puede disponer de él con arreglo a la Ley, se le impondrá prisión de cinco a diez años y de quinientos a mil días multa.

La pena se elevará hasta en una mitad cuando se cometa por servidores públicos o por personas que en razón de su cargo o función, deban tener la guarda y custodia de los bienes protegidos por este artículo.

Artículo 435. Al que por cualquier medio dañe o destruya un monumento arqueológico, artístico o histórico, se le impondrá prisión de dos a diez años y multa hasta por el valor del daño causado.

Artículo 436. Al que por cualquier medio pretenda sacar o saque del país un monumento arqueológico, artístico o histórico, sin permiso de la autoridad competente, se le impondrá prisión de dos a doce años y de trescientos a dos mil días multa.

Artículo 437. A los reincidentes y delincuentes habituales en los delitos tipificados en este Título, se les aumentará hasta un tanto más de la duración de la pena privativa de la libertad.

Artículos Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Los delitos previstos en los artículos 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 y 54 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, vigentes hasta la entrada en vigor del presente decreto, seguirán aplicándose por los hechos realizados durante su vigencia. Asimismo, dichos preceptos seguirán aplicándose a las personas procesadas o sentenciadas por los delitos previstos y sancionados por los mismos artículos. Lo anterior sin perjuicio de aplicar, cuando proceda, lo previsto en el artículo 56 del Código Penal Federal.

Notas: 1 Cfr., Gertz Manero, Alejandro. Revista Arqueología Mexicana, volumen IV, número 21, página 22, Editorial Raíces, México 1996. 2 En materia de saqueo, producto del tráfico ilícito un importante patrimonio cultural de nuestro país descansa fuera del territorio nacional. Considérense las colecciones privadas de Edward Herbert Thompson, poseedor de varias figurillas de oro y piedras preciosas obtenidas del dragado de cenotes en Chichén Itzá, o bien los Murales Teotihuacanos que, luego de una negociación entre los gobierno de México y Estados Unidos quedó dividida entre el INAH y el Museo de Young de la ciudad de San Francisco, California; y qué decir del robo al Museo Nacional de Antropología e Historia en 1985. En cuanto al daño al patrimonio cultural de la nación, podemos mencionar algunos casos tales como la alteración del patrimonio artístico del Casino de la Selva en 2001, los ocasionados a la traza urbana del centro histórico de Oaxaca en 2005, el lamentable derribo de edificios históricos en el centro de la Ciudad de México en 2007 y el daño causado en días pasados a diversas piezas arqueológicas en el parque museo La Venta de Villahermosa, Tabasco. 3 Cfr., Gertz Manero, Alejandro, Revista Arqueología Mexicana, volumen IV, número 21, página 26, Editorial Raíces, México 1996. 4 Aceves García, Salvador. ``La protección y aprovechamiento del patrimonio edificado''. En sexto Taller de imagen urbana en ciudades turísticas con patrimonio histórico . México, 2000 http://www.inah.gob.mx/mohi/my-html/ponencias/560.html página consultada el 23 de julio de 2005. 5 Luego del movimiento de Independencia, el decreto del 18 de marzo de 1825, ordenó la conformación del Museo Nacional que debía reunir y ordenar cuanto pudiera dar un conocimiento más exacto del país, de sus orígenes y de los progresos de la ciencia y de la artes. Dentro de este patrimonio, tenían un lugar especial los monumentos anteriores o contemporáneos a la llegada de los españoles. En 1822 se creó el Conservatorio de Antigüedades por empeño de Lucas Alamán. En el año de 1877, el Conservatorio de Antigüedades se dividió en tres departamentos, uno de estos fue el de Arqueología e Historia, que en 1886 pasaría al Museo Nacional. Para el 11 de mayo de 1897 se expidió el decreto del Congreso número 3939, en el que se publicó la Ley sobre Monumentos Arqueológicos. En este ordenamiento se señaló que los monumentos arqueológicos son propiedad de la nación, primer ordenamiento específico en materia de bienes muebles e inmuebles de valor cultural. 6 Olvera, Guillermo El patrimonio cultural de México, legislación y defensa jurídica. Tesis para obtener el grado de licenciatura en derecho por la Universidad de Guadalajara. 7 La Ley sobre Conservación de Monumentos Históricos y Artísticos y Bellezas Naturales publicada el 6 de abril de 1914 fue el primer intento serio por otorgar protección a diversos bienes del patrimonio cultural de una forma sistemática, pues señalaba, entre otras cosas la necesidad de incorporar el concepto de restauración; establece además un concepto de patrimonio cultural de manera explícita, señalando en su primer considerando que los monumentos, edificios y objetos artísticos e históricos constituyen un patrimonio de la cultura universal que los pueblos deben conservar y cuidar empeñosamente. Por otro lado, la conservación de los bienes se declaró de utilidad pública nacional, bajo la protección de la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes, a través de la Inspección Nacional de Monumentos Artísticos e Históricos, antecedente del actual Instituto Nacional de Antropología e Historia. 8 Seminario DEAS-INAH y Ministerio de Obras Públicas del IX Región de Santiago de Chile, 17 de octubre del 2001. 9 Cfr., Gertz Manero, Alejandro, Revista Arqueología Mexicana, volumen IV, número 21, página 27, Editorial Raíces, México 1996. 10 Becerril Miró, José Ernesto. El derecho del patrimonio histórico-artístico en México, Editorial Porrúa, México, 2003 11 Cfr., Nalda, Enrique. Revista Antropología Mexicana, volumen IV, número 21, página 50, Editorial Raíces, México 1996. 12 Ya que actualmente la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos sólo protege a los monumentos por disposición de la propia ley. 13 Cfr., Gertz Manero, Alejandro. Revista Arqueología Mexicana, volumen IV, número 21, página 24, Editorial Raíces, México 1996.

Presidencia del senador Luis Alberto Villarreal García

El Presidente senador Luis Alberto Villarreal García: Gracias, diputado; así se hará. Túrnese a las Comisiones Unidas de Cultura, de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Justicia de la Cámara de Diputados.

La diputada Blanca Luna Becerril (desde la curul): Presidente.

El Presidente senador Luis Alberto Villarreal García: ¿Sí?

La diputada Blanca Luna Becerril (desde la curul): Presidente, quiero, por su conducto, solicitar al diputado Juan de Dios Castro que me permita suscribir la iniciativa.

El diputado Juan de Dios Castro Muñoz : No es mía, pero con todo gusto.

La diputada Blanca Luna Becerril (desde la curul): Gracias.

El Presidente senador Luis Alberto Villarreal García: Aceptada, diputada. Gracias a usted, y así se registrará.

LEY FEDERAL SOBRE MONUMENTOS Y ZONAS ARQUEOLOGICOS, ARTISTICOS E HISTORICOS

El Presidente senador Luis Alberto Villarreal García: Se presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversos artículos de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, suscrita por los senadores Francisco Herrera León y Rogelio Rueda Sánchez, del Grupo Parlamentario del PRI.

El Secretario diputado José Rubén Escajeda Jiménez : «Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 y 55 de Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, para elevar las penalizaciones por daños y destrucción del patrimonio cultural de la nación.

Los suscritos senadores de la República en la LX Legislatura, Francisco Herrera León y Rogelio Rueda Sánchez integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta honorable soberanía, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifican los artículos 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 y 55 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, para elevar las penalizaciones por daños y destrucción del Patrimonio Cultural de la Nación, de conformidad con la siguiente

Exposición de Motivos

México es depositario de 3000 años de cultura, que se manifiestan en múltiples expresiones arqueológicas, históricas y artísticas que dan cuenta del esplendor de antiguos pueblos prehispánicos que arrancan con la milenaria cultura olmeca para culminar con la maya, mixteca, purépecha, zapoteca, mexica, nahua, tolteca y teotihuacana, entre otras.

Según el Instituto Nacional de Antropología e Historia se tienen registrados más 37 mil sitios arqueológicos en toda la geografía del país destacando las áreas Maya, Valle de Oaxaca y el Altiplano.

La Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, publicada el 6 de mayo de 1972, es la respuesta del Estado mexicano a la necesidad de proteger el territorio cultural nacional, y junto con los extraordinarios atractivos naturales conforman el patrimonio de la nación.

La inmensa riqueza cultural- de nuestro país, se convierte a la vez en una debilidad para la nación, toda vez que el carácter federal de la ley no incentiva a los estados de la República a participar en su cuidado y desarrollo, como tampoco da cabida a la sociedad para que la asuma como propia.

El patrimonio cultural de México siempre ha sido sujeto de múltiples amenazas derivadas de las diferentes expresiones del desarrollo, baste recordar que en 1958, el zócalo de la cultura Olmeca en la localidad de La Venta en Tabasco fue materialmente destrozado por los trabajos de construcción de la planta petroquímica de Pemex, lo que motivó que el poeta tabasqueño Carlos Pellicer, trasladara las cabezas monumentales al parque Museo La Venta en la ciudad de Villa hermosa, Tabasco.

Los sucesos recientes ocurridos el pasado 11 de enero en el parque Museo de la Venta, en donde 23 piezas arqueológicas fueron dañadas por el vertimiento de sustancias químicas, revela la vulnerabilidad en que se encuentra el patrimonio cultural arqueológico, frente a la más supina y retrógrada de las ignorancias, cuando un grupo de jóvenes bajo el argumento de ejercer sus derechos de libertad de creencias justificaron la ejecución de un ritual prehispánico que conlleva la destrucción de las piezas arqueológicas en comento.

El patrimonio cultural de México, por su carácter único en el planeta está llamado a constituirse en patrimonio de la humanidad, lo que nos significa como los depositarios de un valor universal que va más allá de la estrecha visión patrimonialista que grupos fragmentarios reclaman.

La delgada línea que separa la libertad de creencia, consagrada en nuestra Carta Magna, de la insana práctica de creencias fundamentalistas que derivan en la comisión de delitos, precisa de una clara definición por parte del estado mexicano, por lo que se demanda la aplicación de soluciones enérgicas, antes de que las pérdidas sean irreversibles y se acabe con una cultura arqueológica que nos ha distinguido a través del tiempo.

Con la finalidad de coadyuvar a la preservación y conservación del patrimonio arqueológico, histórico y artístico que aún nos queda, se hace necesario, acorde a lo señalado por la propia ley, aumentar la gravedad de las penas a las que se hagan acreedores aquellos que atenten contra el patrimonio nacional, tomando en cuenta la antigüedad y el valor que tenga para la humanidad su conservación y preservación.

Por todo ello y ante la necesidad de revitalizar la protección del patrimonio cultural de la nación, que permita consolidar a éste como uno de los ejes fundamentales para promover el desarrollo nacional, presento a ustedes iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifican los artículos 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 y 55; de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, donde se propone elevar las penalizaciones por daños y destrucción del Patrimonio Cultural de la Nación.

Estimados compañeros legisladores:

Preservar y cuidar monumentos históricos, es una práctica que debe inculcarse desde las fases tempranas en la educación de los mexicanos, toda vez que representa el mejor medio para desarrollar y formar una población consciente del valor que significa el patrimonio cultural de la Nación.

No obstante cualquier conducta que atente contra la integridad de esa riqueza cultural, tendrá que ser sancionada enérgicamente y emitir una señal a la delincuencia, el vandalismo y la ignorancia, de que no permitiremos que la patria sea descastada.

Por lo expuesto anteriormente, someto a esta Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión la presente

Iniciativa con proyecto de decreto

Artículo Único. Se reforman los artículos 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 y 55; todos de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, para quedar de la manera siguiente

CAPITULO VI De las Sanciones

Artículo 47. Al que realice trabajos materiales de exploración arqueológica, por excavación, remoción o por cualquier otro medio, en monumentos arqueológicos, inmuebles, o en zonas de monumentos arqueológicos, sin la autorización del Instituto Nacional de Antropología e Historia, se le impondrá prisión de cuatro a doce años y multa de mil a quince mil pesos.

Artículo 48. Al que valiéndose del cargo o comisión del Instituto Nacional de Antropología e Historia o de la autorización otorgada por éste para la ejecución de trabajos arqueológicos, disponga para sí o para otro de un monumento arqueológico mueble, se le impondrá prisión de cinco a quince años y multa de cinco mil a veinticinco mil pesos.

...

Artículo 49. Al que efectúe cualquier acto traslativo de dominio de un monumento arqueológico mueble o comercie con él y al que lo transporte, exhiba o reproduzca sin el permiso y la inscripción correspondiente, se le impondrá prisión de cuatro a doce años y multa de cinco mil a veinticinco mil pesos.

Artículo 50. Al que ilegalmente tenga en su poder un monumento arqueológico o un monumento histórico mueble y que éste se haya encontrado en o que proceda de un inmueble a los que se refiere la fracción I del artículo 36, se le impondrá prisión de cuatro a diez años y multa de mil a cien mil pesos.

Artículo 51. Al que se apodere de un monumento mueble arqueológico, histórico o artístico sin consentimiento de quien puede disponer de él con arreglo a la ley, se le impondrá prisión de cinco a quince años y multa de cinco mil a treinta mil pesos.

Artículo 52. Al que por medio de incendio, inundación, explosión o daño físico causado por vertimiento de sustancias químicas peligrosas o de cualquier otro tipo, dañe o destruya un monumento arqueológico, artísticos o histórico, se le impondrá prisión de cinco a diez años y multa hasta por el doble del valor del daño causado.

Al que por cualquier otro medio dañe o destruya un monumento arqueológico, artístico o histórico, se le impondrá prisión de cinco a doce años y multa de mil a cien mil pesos.

Cuando el delito sea cometido con dolo o violencia, las penas establecidas en este artículo, se agravarán en un tercio de la máxima señalada, además de que se perderá el beneficio de obtener la libertad provisional.

Artículo 53. Al que por cualquier medio pretenda sacar o saque del país un monumento arqueológico, artístico o histórico, sin permiso del instituto competente, se le impondrá prisión de cuatro a quince años y multa de mil a cien mil pesos.

Artículo 55. Cualquier infracción a esta ley o a su reglamento, que no esté prevista en este capítulo, será sancionada por los institutos competentes, con multa de mil a cien mil pesos, la que podrá ser impugnada mediante el recurso de reconsideración, en los términos del reglamento de esta ley.

Transitorios

Único. El presente decreto iniciará su vigencia el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

El Presidente senador Luis Alberto Villarreal García: Túrnese a las Comisiones Unidas de Cultura, y de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Senadores.

LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PUBLICOS - CODIGO PENAL FEDERAL

El Presidente senador Luis Alberto Villarreal García: Se recibió iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 8o. y 13 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, y adiciona el segundo párrafo al artículo 247 del Código Penal Federal, suscrita por el diputado Hugo Eduardo Martínez Padilla , del Grupo Parlamentario del PRD.

El Secretario diputado José Rubén Escajeda Jiménez : «Iniciativa que reforma los artículos 8 y 13 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y adiciona un segundo párrafo al artículo 247 del Código Penal Federal, suscrita por el diputado Hugo Eduardo Martínez Padilla , del Grupo Parlamentario del PRD

El que suscribe, Hugo Eduardo Martínez Padilla , diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LX Legislatura, en ejercicio de la facultad conferida en los artículos 71, fracción II, 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del honorable Congreso de la Unión, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XXIII, se adiciona la fracción XXIV y se recorre la subsiguiente del artículo 8, se reforma el quinto párrafo del artículo 13 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y que adiciona un segundo párrafo del artículo 247 del Código Penal Federal, conforme a la siguiente

Exposición de Motivos

Las reformas constitucionales a los artículos 69 y 93, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el pasado 15 de agosto, modificaron el formato del informe presidencial, en virtud de que ya no se obliga al titular del Ejecutivo a asistir cada año a la apertura del periodo de sesiones del honorable Congreso de la Unión para presentar su informe de gobierno, sobre el estado que guarda la administración pública federal, sino, exclusivamente a enviarlo por escrito, con lo que se pone fin a la época del protagonismo en el día del presidente de México.

También, con las reformas constitucionales se introdujeron otros cambios como el darle al Poder Legislativo las potestades para plantear por escrito ``preguntas parlamentarias'' al presidente y ampliar la información del estado que guarda la administración pública del país, las que deberán ser respondidas en un término no mayor a 15 días naturales a partir de su recepción, así como citar a los secretarios de Estado, al procurador general de la República y a los directores de las entidades paraestatales, quienes comparecerán y rendirán informes ``bajo protesta de decir verdad'', cuando se discuta una ley o se estudie un negocio concerniente a sus respectivos ramos o actividades o para que respondan a interpelaciones o preguntas.

La reforma quedó asentada en la Carta Magna de la siguiente manera:

Lo anterior, permitirá un diálogo del Congreso de la Unión con el titular del Ejecutivo federal y establecerá la aplicación de un sistema de comparecencias de los miembros del gabinete, en el cual, aquel funcionario que mienta al Congreso será acreedor a sanciones administrativas y penales, lo que posibilita las condiciones reales para contar con un presidencialismo acotado, del que han dado cuenta varios politólogos y constitucionalistas mexicanos.

Por otra parte, al entenderse que las relaciones entre los Poderes de la Unión son un punto fundamental en una democracia, el sistema político mexicano debe sustentarse en procedimientos que permitan un adecuado balance en el ejercicio del poder, especialmente en el control de la gestión administrativa, puesto que no basta con las reformas constitucionales para producir los resultados esperados en cuanto a las comparecencias de los funcionarios públicos.

En consecuencia, es necesario llevar acabo algunas reformas a la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y al Código Penal Federal, sólo así los mandatos constitucionales dejaran de ser sólo buenas intenciones, sin ninguna posibilidad de hacer cumplir el ejercicio de transparencia y de la rendición de cuentas del Poder Ejecutivo al Legislativo, por lo que, el mandato constitucional requiere de reformas secundarias que le permitan tener eficacia normativa.

Las reformas legales que promueve la presente iniciativa coadyuvarán a fortalecer el equilibrio de los Poderes de la Unión y, de esta manera, hacer efectiva otra modalidad de la rendición de cuentas o del accountability horizontal, que los teóricos han definido como:

En consecuencia, considerando que el artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, es el precepto que prevé las obligaciones de los servidores públicos federales, se propone adicionar la fracción XXIV para establecer como una obligación de los servidores públicos, proporcionar de manera oportuna, y bajo protesta de decir verdad, la información y los datos que se les soliciten de forma verbal durante las comparecencias ante cualquiera de las Cámaras del honorable Congreso de la Unión o en sus respectivas comisiones; o mediante pregunta por escrito que deberá ser respondida en los términos y los tiempos que marca la normatividad vigente.

La presente iniciativa propone que, en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, se reforme el quinto párrafo de la fracción V del artículo 13, para establecer que el incumplimiento de la fracción XXIV del artículo 8, será considerado como una infracción grave. La cual representará una inhabilitación de diez a veinte años y además la destitución del cargo.

Asimismo, y toda vez que las sanciones penales y administrativas son independientes, la propuesta plantea una adición al artículo 247 correspondiente al Capítulo V Falsedad en declaraciones judiciales y en informes dados a una autoridad, del Código Penal Federal, la cual tiene por objeto establecer que se impondrán de cinco a diez años de prisión y de trescientos a quinientos días multa a los servidores públicos a que se refieren los artículos 69 y 93 que no proporcionen de manera oportuna, completa y veraz, la información y los datos que les soliciten de manera verbal durante las comparecencias ante cualquiera de las Cámaras del Congreso de la Unión o de sus respectivas comisiones; o mediante pregunta por escrito que deberá ser respondida en los términos y los tiempos que marca la normatividad vigente.

Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración de esta honorable asamblea, la presente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma la fracción XXIII, adiciona la fracción XXIV y se recorre la subsiguiente del artículo 8, y se reforma el quinto párrafo del artículo 13, ambos de la Ley Federal de responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, se adiciona un segundo párrafo del artículo 247 del Código Penal Federal

Artículo Primero. Se reforma la fracción XXIII, se adiciona la fracción XXIV y se recorre la subsiguiente del artículo 8 y se reforma el quinto párrafo del artículo 13 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, para quedar como sigue:

Artículo 8. ...

...

Artículo 13. ...

Artículo Segundo. Se adiciona un segundo párrafo del artículo 247 del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

247. ...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Nota: 1 O´Donell Guillermo, Accountability Horizontal , Ágora, número 8, 1998, páginas 5-34.

El Presidente senador Luis Alberto Villarreal García: Túrnese a las Comisiones Unidas de la Función Pública, y de Justicia de la Cámara de Diputados.

ARTICULOS 26, 115 Y 122 CONSTITUCIONALES

El Presidente senador Luis Alberto Villarreal García: Tiene la palabra el diputado Carlos Augusto Bracho González , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 26, 115 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los integrantes de la Comisión de Desarrollo Metropolitano.

El diputado Carlos Augusto Bracho González : Muchas gracias, señor presidente.

Quiero decirles, compañeras legisladoras y compañeros legisladores, que para mí es un privilegio y un gran honor hablar en nombre de la Comisión de Desarrollo Metropolitano de la Cámara de Diputados. Narraré la iniciativa que hemos presentado, que tiene un gran valor jurídico y que, seguramente, traerá grandes beneficios a la ciudadanía de México.

En un país predominantemente urbano, con pluralismo político y acentuada diversidad social y regional, con alternancia partidista en el gobierno y una distribución menos asimétrica de la representación democrática en los órganos legislativos, resulta imperativo para el interés general acometer la adecuación de nuestro ordenamiento jurídico nacional para dar respuesta a los problemas y requerimientos de la urbanización de índole metropolitana, que comprende a la fecha 29 de las 32 entidades federativas. Fíjense qué importante: 29 de las 32, por eso la trascendencia de esta iniciativa.

Los ordenamientos jurídicos vigentes en el país resultan insuficientes en varios aspectos de la materia metropolitana, tanto en el nivel federal, como más aun en el nivel de las entidades federativas y municipios.

Un obstáculo básico consiste en que aún no se establece en el ámbito nacional una visión compartida del fenómeno metropolitano. Entre los especialistas nacionales y extranjeros hay consenso en torno a que el desarrollo metropolitano requiere necesariamente un enfoque transversal de la administración pública y concurrencia de los sectores público, social y privado.

Es decir, requiere un enfoque que permita integrar y potenciar la acción de los diferentes sectores de administración pública entre sí: desarrollo urbano; desarrollo económico; infraestructura básica; equipamiento urbano; vivienda; servicios públicos como transporte, seguridad, salud, educación y cultura, deporte y recreación; y medio ambiente. Asimismo, que articule la acción pública y la acción social y privada sobre la base de una planeación y un ordenamiento territorial del desarrollo metropolitano.

Se ha llegado a coincidir en que establecer la coordinación metropolitana, necesariamente, con carácter imperativo, entraña el riesgo de socavar la soberanía de los estados y la autonomía del municipio libre; en cambio, es posible introducir o inducir que tanto los municipios como los gobiernos estatales pueden encontrar fórmulas propias de organización institucional para la gestión pública metropolitana.

Si desde la Constitución federal se establece el reconocimiento del territorio metropolitano como ámbito delimitado de actuación gubernamental y administrativa, y de cuyo desarrollo dependen las posibilidades de integrar planes y proyectos de desarrollo y recurrir a fuentes fiscales de financiamiento, para lo cual será necesario garantizar la participación de los municipios en la toma de decisiones que conciernen a su diseño, ejecución, financiamiento y evaluación, a cargo de los ejecutivos estatales.

Debe corresponder a estados y municipios decidir los órganos y organismos públicos que se hagan cargo de la planeación, coordinación y gestión metropolitana establecidas como componentes integrantes de la acción concurrente en la Constitución federal.

Por esta razón, quienes integramos la Comisión de Desarrollo Metropolitano de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión pudimos acordar, sin perjuicio del grupo parlamentario del que formamos parte, y desde el inicio de esta LX Legislatura, trabajar en la elaboración de una iniciativa de reforma constitucional, por consenso.

Consiste en establecer la figura metropolitana como materia objeto de regulación legal y la base para que las legislaturas de las entidades federativas elaboren, en estricto respeto de la soberanía de los estados y la autonomía del municipio libre, las leyes, y procedan a crear los órganos o las entidades públicas que consideren más apropiadas a las características, necesidades y requerimientos de la zona metropolitana comprendida dentro de sus territorios y, en el caso de territorio de dos o más entidades federativas, puedan coordinarse entre ellas y la federación.

Por ello, la propuesta legislativa de la Comisión de Desarrollo Metropolitano ha procurado hacer prevalecer dos principios fundamentales de nuestro régimen republicano y democrático de gobierno: el federalismo cooperativo y la descentralización política, que suponen un efectivo respeto a la soberanía de los estados y a la autonomía del municipio libre.

De tal manera que el legislador asume que los estados y municipios tienen la facultad y la responsabilidad correspondientes para hacerse cargo de elaborar las leyes y las políticas públicas adecuadas para regular y fomentar el desarrollo de las zonas metropolitanas que contengan o que forman sus territorios.

Para los integrantes de la Comisión de Desarrollo Metropolitano queda claro que deberá corresponder a estados y municipios la decisión de cuáles son los órganos u organismos públicos que deban ser creados, y hacerse cargo de la planeación, la coordinación y la gestión metropolitana, de conformidad con las características, necesidades y requerimientos del desarrollo de la zona o zonas metropolitanas comprendidas en su territorio.

En alcance normativo se deberá prever una base jurídica desde la legislación federal para que, en consecuencia, cada gobierno estatal desarrolle la legislación en materia metropolitana, que establezca las funciones y atribuciones para la acción política y la coordinación intergubernamental, así como la debida concurrencia de los sectores público, social y privado.

Solicito, presidente, que me dé un minuto si es tan amable, por favor, para concluir.

Presidencia del diputado César Duarte Jáquez

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Adelante, diputado Bracho.

El diputado Carlos Augusto Bracho González : Gracias, diputado presidente.

Por otro lado, es importante mencionar que este proyecto parlamentario es resultado de un esfuerzo conjunto ---y aquí la importancia de esto--- y la cooperación de los sectores privado y social, con cuyos representantes de organizaciones con interés y experiencia en la materia urbana y metropolitana nos reunimos en 46 reuniones de trabajo y 3 foros académicos, y en el Congreso Nacional Metropolitano, este último llevado a cabo del 3 al 7 de marzo de 2008 en Monterrey, Nuevo León.

El resultado final ---aquí está el meollo de esta iniciativa--- de todo este esfuerzo es la presente iniciativa, la cual establece como propuesta la reforma de los artículos 26, 115 y 122 constitucionales, a fin de establecer el reconocimiento de la zona metropolitana como unidad física, espacial, económica y urbana, como un ámbito diferenciado del desa-rrollo urbano y regional, así como la actuación de los poderes públicos, órdenes de gobierno y autoridades administrativas en este espacio territorial.

Inducir la adecuada integración intersectorial de normatividad, políticas públicas, planeación y ejecución de obras, proyectos y servicios sobre el territorio metropolitano para orientar la debida concurrencia y coordinación entre autoridades municipales y gobierno estatal y, entre éste y la federación, cuando se trate de zonas interestatales, así como asegurar la adecuada concurrencia de los sectores privado y social, y la participación ciudadana en el desarrollo económico y urbano metropolitano.

Aprovecho para hacer un reconocimiento a los iniciadores de tan trascendente avance legislativo: desde luego a los Ejecutivos y Legislativos estatales y a los presidentes municipales de ayuntamientos, con quienes la Comisión de Desarrollo Metropolitano se ha reunido en la Cámara o en las respectivas zonas metropolitanas que nos invitaron a recorrer, para identificar las necesidades y proyectos en curso.

Finalmente, someto a la consideración de esta honorable del Congreso de la Unión la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan el primero y el segundo párrafos del artículo 26; la fracción VI del artículo 115; y el apartado G, base quinta, del artículo 122, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por encontrarse publicada dicha iniciativa en la Gaceta Parlamentaria, solicito que se inserte el texto en el Diario de los Debates; y agradezco mucho, señor presidente, que me haya permitido extenderme un poco en esta iniciativa de gran trascendencia para el país. Muchas gracias.

«Iniciativa que reforma y adiciona los artículos 26, 115 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Carlos Augusto Bracho González , del Grupo Parlamentario del PAN, y suscrita por integrantes de la Comisión de Desarrollo Metropolitano

Los que suscriben, diputados federales de la LX Legislatura del honorable Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, integrante de la Comisión de Desarrollo Metropolitano, en ejercicio de la facultad que confiere la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 55, fracción II, y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración del Pleno de la honorable Cámara de Diputados la presente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforman, modifican y adicionan los artículos 26, 115 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Conceptuar el término zona metropolitana representa en la actualidad diversas dificultades, toda vez que en estricto sentido son territorios urbanizados que constituyen unidades socioespaciales que se encuentran generalmente fragmentados por las divisiones político-administrativas (estatales o municipales), provocando impactos negativos en la economía por las limitaciones de actuación y movilidad de los actores metropolitanos. Cada uno de ellos tiene espacios de actuación diferentes:

A mayor abundamiento, el doctor A. Iracheta (2003; 216), ha propuesto que una metrópoli del presente podría caracterizarse por los siguientes elementos o atributos:

Es un centro que ejerce preeminencia económica en una región e incluso en un país, por las múltiples funciones que desempeña, pudiendo asumir éstas a nivel internacional como producto de la globalización de la economía. Casi siempre coincide con una concentración elevada de población, pero son las funciones y no solo el tamaño de la población las que forman parte del concepto. Así, por ejemplo, ciudades como México (ZMVM), Sao Paulo o Shangai son muy pobladas, pero menos importantes en términos globales que ciudades con menor población como Madrid, Londres o París.

La metrópoli ocupa frecuentemente el territorio de varias circunscripciones político-administrativas (entidades federativas y municipios), lo que obliga a que exista coordinación entre sus gobiernos para atender las materias que les son comunes, aunque existen algunos casos en los que la magnitud de población y actividad económica que se asume para una metrópoli, se concentran en una solo jurisdicción administrativa. ¹

Las funciones más importantes que ejercen las áreas metropolitanas son la oferta de diversos tipos de empleo a la región de influencia; la presencia de servicios superiores como cultura, finanzas, educación superior, entre otros; la oferta de muy variadas mercancías; la concentración del poder de decisión sobre su zona de influencia; la concentración de información e investigación que brinda a su hinterland , y la capacidad para desarrollar y difundir conocimiento y tecnología.

El crecimiento de muchas de estas zonas se ha producido por fenómenos de conurbación entre la ciudad central y centros secundarios y terciarios cuyo crecimiento, separado del núcleo metropolitano, fue posible por la modernización y expansión acelerada de los sistemas de transporte.

Internamente, en el área urbana de la metrópoli hay una serie de características particulares que complican enormemente la organización y creación de servicios urbanos, destacando en las metrópolis del mundo menos desarrollados, la desigualdad en el acceso a los beneficios de la urbanización por los grupos sociales, la localización inadecuada de las funciones urbanas, la irregularidad, informalidad e ilegalidad en la generación de asentamientos humanos, los sistemas de transporte fracturados y el deterioro creciente del ambiente en general.

Dado que estas zonas se forman por migración y conurbación, también se caracterizan por el choque entre las culturas regionales de origen de muchos pobladores con la cultura urbana y sus diversas subculturas, propias de la metrópoli.

En lo funcional, las metrópolis rebasan los umbrales convencionales para la solución de problemas de abastecimiento de bienes y servicios, transportación, disposición de desechos, etc., requiriendo de tecnologías cada vez más complejas y acordes con la escala de los problemas y con la diversidad de condiciones y sistemas político-administrativos de sus partes.

Finalmente, por la inmensa demanda de bienes que tienen, afectan los procesos productivos de vastas regiones y presionan a los recursos naturales; por ello, la metrópoli y la zona metropolitana, debe analizarse no solo por lo que produce, sino por lo que demanda del resto del territorio.

Con base en las conceptuaciones anteriores ^'' y con el propósito de aportar elementos para la gobernabilidad, administración y gestión metropolitana en México, se podría establecer lo siguiente:

La magnitud económica de las metrópolis

La proporción del PIB de las 56 metrópolis con relación al país, se incrementó entre 1990 y 2005 en 1.69 por ciento, al pasar de 62.43 a 64.12 por ciento del total nacional.

La dinámica de esta mayor concentración se atribuye a un conjunto grande de metrópolis con incrementos modestos de participación en el PIB nacional, destacando Monterrey y Ciudad Juárez con 0.64 y 0.35 por ciento de incremento en los 15 años respectivamente.

Por otra parte, destaca la pérdida de concentración del PIB nacional, en primer lugar, en el Valle de México, que perdió 1.52 por ciento de esta proporción y también en el estado de Veracruz, ya que todas sus metrópolis (8) perdieron del orden de .05 por ciento de participación en promedio durante el periodo. Otras metrópolis como Acapulco o Villahermosa, perdieron igualmente participación en el total nacional.

Como consecuencia, mientras que la concentración de población entre 1990 y 2005 en estas metrópolis, pasó de 52.8 a 56.0 por ciento, el PIB de las metrópolis elevó su concentración en el país en 1.69 por ciento, lo que sería una indicación de incremento de productividad por habitante.

Justificación de la reforma

Efecto de la urbanización metropolitana en el desarrollo nacional

Uno de cada dos mexicanos vive en territorio metropolitano (56 ZM integradas por más de 300 municipios), 56 por ciento de la población total nacional y en ellas se genera el 71 por ciento del PIB nacional.

El 50.3 por ciento de la población total vive en las 102 ciudades más grandes, que presentan procesos diferenciados de conurbación y metropolización, cuya tasa media anual de crecimiento (2.3 por ciento) está por encima de la media nacional (1.9 por ciento).

Ventajas: polos de atracción por ventajas comparativas sobre otras ciudades en el país y en el mundo (mejor cobertura y calidad en infraestructura y equipamiento, movilidad, transporte y servicios públicos) que se traducen en economías de escala, encadenamiento productivo, integración de mercados y calidad de vida.

Desventajas: saturación, congestionamiento, deterioro ambiental e inequidad social, por un patrón de crecimiento desordenado, fragmentado e inestable que tiende a polarizar la calidad de vida entre áreas (centro y periferia y entre áreas periféricas), acumulando problemas de funcionamiento y rezagos e insuficiencia de financiamiento mediante fuentes fiscales propias (dependencia fiscal).

La viabilidad del desarrollo urbano depende, en cualquier caso, de que los Ayuntamientos y los ejecutivos estatales sean capaces de establecer y mantener acuerdos para planear y ordenar los asentamientos, la actividad económica y el desarrollo urbano que afecta a todas las partes que integran estas zonas metropolitanas.

Una visión de largo aliento de la planificación, es importante para contemplar al Estado mexicano, ante sus retos y transformación, ante los retos de un proyecto nacional de desarrollo, que prevea los escenarios que deberán tener las metrópolis en México. Ya que las zonas metropolitanas son un fenómeno de crecimiento que ha estado presente en la dinámica nacional.

Pertinencia jurídica y oportunidad política

En un país predominantemente urbano, con pluralismo político y acentuada diversidad social y regional, con alternancia partidista en el gobierno y una distribución menos asimétrica de la representación democrática en los órganos legislativos, resulta imperativo para el interés general acometer la adecuación de nuestro ordenamiento jurídico nacional para dar respuesta a los problemas y requerimientos de la urbanización de índole metropolitana, que comprende a la fecha a 29 de las 32 entidades federativas.

Es evidente que el marco legal, federal y estatal, resulta obsoleto e insuficiente para dar paso a una efectiva gestión pública metropolitana.

Problema, reto y alcance de la reforma

Problema: establecer la materia metropolitana como objeto que requiere de regulación especial, en tanto concierne al desarrollo urbano en territorios que rebasan la autonomía administrativa municipal y requiere la integración de la toma de decisiones, la colaboración y la acción coordinada por parte de los municipios y los estados.

Ya no se trata de actuar sobre conurbaciones a partir del esquema de competencias concurrentes, sino de crear bases para orientar el desarrollo de redes de heterogéneas ciudades que interactúan entre sí sobre territorio de varios municipios, y de cuya interacción depende en creciente medida el desarrollo urbano, la competitividad económica, los equilibrios ambientales y el bienestar de la población de cada ciudad y de la zona metropolitana que conforman.

Reto: inducir el perfeccionamiento de la legislación estatal vigente, salvaguardando la soberanía de los estados y la autonomía del municipio libre, de modo que la coordinación y gestión unificada de las funciones de gobierno a escala metropolitana sean efectivas, congruentes y consistentes y no dependan, como hasta ahora, de la posibilidad de concurrencia y del voluntarismo político.

Hasta ahora la prospectiva y planeación, la coordinación intergubernamental y la regulación legal del desarrollo metropolitano resultan nulos o insuficientes, debido en parte a desiguales capacidades institucionales y condiciones económicas, urbanas, ambientales y sociales, entre municipios y entidades que conforman las metrópolis.

Alcance: inducir en las entidades federativas la gobernabilidad metropolitana, lo que implica una actuación gubernamental local que encare problemas de funcionamiento y acometa proyectos de desarrollo para hacer viable el desarrollo futuro de las metrópolis.

No se trata de establecer un nuevo orden de gobierno, sino propiciar la articulación de la administración pública estatal y municipal para dar cabida esquemas de colaboración y coordinación intergubernamental que deberán darse a sí mismos las entidades federativas y municipios, para asegurar la concertación con los sectores privado y social y una efectiva planeación y gestión pública metropolitana.

Estas unidades territoriales que en su constante expansión física sobrepasan los ámbitos municipales, plantean nuevos problemas de administración y nuevos retos en la gobernabilidad del territorio, así como en las formas y mecanismos de colaboración y asociación entre municipios.

La eficaz gestión de las zonas metropolitanas implica la concurrencia de diversos gobiernos municipales, así como de sus respectivos gobiernos estatales, con esquemas de organización administrativa y capacidades operativas y financieras diferentes, quienes además generalmente tienen autoridades provenientes de diversos partidos, así como visiones, planes y proyectos divergentes. Gobernar y administrar estos conglomerados metropolitanos representa un reto a los gobiernos divididos, a la pluralidad y a la participación efectiva de la sociedad en las decisiones de su comunidad.

Si bien es cierto que muchas de las acciones, funciones, obras y servicios públicos que demanda la población pueden ser resueltos bajo la organización y dirección de las autoridades municipales, también es cierto que hay un buen número de elementos comunes que afectan a toda la zona metropolitana y que incluso condicionan el desarrollo nacional y el ordenamiento y gobernabilidad del territorio que no pueden mantenerse exclusivamente al arbitrio y capacidad de las autoridades municipales.

Por ello es necesario preguntarse, sólo a manera de ejemplo: ¿el conjunto de planes municipales en una zona metropolitana forma un proyecto integral? ¿Los grandes trayectos de transporte público intermunicipales en una metrópoli se resuelven con rutas diseñadas, operadas y decididas por los gobiernos federal estatales o municipales, muchas veces de manera independiente? ¿Las grandes instalaciones, infraestructuras y equipamientos que sirven a toda la metrópoli, pueden ser diseñadas, construidas y administradas de manera independiente por un municipio sin la concurrencia y coordinación del resto que conforman la metrópoli? ¿La promoción y localización de inversiones productivas en una zona metropolitana son un asunto de cada municipio o debiera ser realizado de común acuerdo? ¿La localización de las viviendas de la población puede definirse independientemente de su relación con el resto de las actividades en la metrópoli?

Estas asimetrías entre los actores públicos y sus programas, la falta de respuestas a las preguntas planteadas, los resultados limitados e incluso negativos de iniciativas de una jurisdicción al margen del resto, así como las asincronías en sus agendas, prioridades y calendarios, son elementos que deterioran la convivencia en las metrópolis y que impiden una gestión con visión regional y de largo plazo.

La falta de autoridad para la toma de decisiones, de acuerdos y voluntad política en la atención de los problemas de las metrópolis, la carencia o insuficiencia del marco legal en la materia, las diferencias en la normatividad urbana, las disposiciones administrativas contrapuestas, la competencia por inversiones e incentivos sin complementariedad entre jurisdicciones y la ausencia de mecanismos eficaces de coordinación entre sectores y entre gobiernos, representan serios obstáculos para la correcta gestión y administración metropolitana.

Los actuales marcos de actuación institucional de los municipios en materia de desarrollo urbano, pero especialmente para la gestión metropolitana, hoy un fenómeno irreversible, han sido ampliamente rebasados.

En este sentido, es necesario generar las estrategias e instrumentos para que la planeación, coordinación y administración metropolitana se constituyan como mecanismos de gestión social y acción institucional que puedan decidir en el ordenamiento del territorio, el desarrollo económico y la gobernabilidad para otorgar sustentabilidad a nuestras zonas metropolitanas.

En conclusión las zonas metropolitanas enfrentan e implican problemas de una enorme complejidad institucional, que puede resumirse en lo siguiente:

Premisas y estructura de la propuesta

Para solventar las insuficiencias del ordenamiento jurídico nacional, a fin de regular el desarrollo urbano metropolitano, la propuesta comprende reformar el contenido del primer y segundo párrafo del artículo 26; de la fracción VI del artículo 115 Constitucional, así como adecuar el contenido del artículo 122, apartado G, bajo las siguientes premisas:

Conclusiones

Por lo anterior se requiere una reforma constitucional cuyo alcance establezca las bases de orden general, suficientemente incluyentes, para inducir con la debida consistencia y congruencia las subsecuentes reformas a las leyes federales y estatales en la materia.

El núcleo de la reforma reside en ampliar el margen de iniciativa y de decisión de los gobiernos locales para cooperar y asociarse entre sí, a partir de beneficios y contribuciones compartidas y sin conculcar autonomías, para actuar conjunta y coordinadamente en el territorio metropolitano.

En ese sentido, para atender las limitantes y problemas expuestos, la LX Legislatura de la H. Cámara de Diputados por medio de su Comisión de Desarrollo Metropolitano, realizó diversas actividades tendientes a establecer un debate amplio, plural y abierto, entre legisladores, especialistas en la materia, provenientes de la academia, el gobierno en sus tres órdenes, federal, estatal y municipal, sectores privado y social en general, que permitieron orientar una reforma constitucional adecuada a las condiciones de las metrópolis mexicanas.

Para alcanzar dicho objetivo, la Comisión de Desarrollo Metropolitano de la Cámara de Diputados, realizó 46 reuniones de trabajo, 3 foros académicos y en especial un Congreso Nacional Metropolitano, eventos realizados con el objeto de obtener propuestas que permitieran reformar y actualizar el marco normativo aplicable en materia de desarrollo urbano y metropolitano, lo anterior permitió obtener el mayor número de datos e información a efecto de brindar una posición objetiva respecto al impulso de una reforma legislativa con visión integral para elevar a rango constitucional la zona metropolitana como unidad territorial de la acción gubernamental, a fin de dar fuerza legal y continuidad institucional a proyectos y obras que determinen conjuntamente las autoridades municipales y las estatales en las zonas metropolitanas, considerando que la coordinación en los diferentes ámbitos de gobierno resulta fundamental para el adecuado y sustentable desarrollo metropolitano del país.

De esta forma se enriqueció la perspectiva legislativa mediante el intercambio de experiencias y acciones de carácter metropolitano, políticas públicas, diseño institucional y proyectos gubernamentales, privados o sociales, en zonas metropolitanas del país y de otros países, recogiendo diversos puntos de vista y perspectivas tendientes a evaluar la pertinencia de adecuar el marco normativo en materia metropolitana. Cabe destacar que la Secretaría de Desarrollo Social a través de la Subsecretaria de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio, el Colegio Mexiquense, AC, y la Universidad Autónoma Metropolitana, fueron soportes importantes en la realización de los eventos y sobre todo en la realización de investigaciones y estudios que sirvieron de base para la realización de la presente iniciativa.

Así las cosas, indistintamente del origen partidario, la responsabilidad de gobernanza, en y entre territorios comprendidos en las metrópolis, requiere adecuadas normas, instituciones y políticas públicas para dar respuesta a las necesidades de la población y los requerimientos del desarrollo, cada vez más diversificados y crecientes en las zonas metropolitanas. Está en riesgo el desarrollo sustentable y la generación de oportunidades para 5 de cada 10 mexicanos que en 2010 residirán en estas grandes aglomeraciones urbanas.

De ahí la prioridad que debe asignarse a esta materia dentro de la agenda legislativa nacional, al esfuerzo de corresponsabilidad entre sociedad y gobierno y a la consistencia y efectividad de la coordinación intergubernamental.

Esta postura legislativa, refrendada a través de la presente iniciativa, hace propicio el compromiso compartido de los integrantes de esta Comisión, para emprender la actualización y definición de los ordenamientos necesarios, que tengan por objetivo coadyuvar al mejor manejo, administración y desarrollo de las zonas metropolitanas en todo el país; al mejoramiento de los niveles de vida de la población; la mitigación de los efectos adversos que trae consigo el crecimiento urbano, así como apoyar las acciones de sociedad y gobierno para enfrentar de manera coordinada no sólo efectos sino causas de la complejidad metropolitana.

En el curso del intercambio de puntos de vista, la presentación de propuestas y la discusión de unos y otras, se ha llegado a coincidir en que establecer la coordinación metropolitana necesariamente con carácter imperativo entraña el riesgo de socavar soberanía a los estados y la autonomía del municipio libre; en cambio, es posible inducir que tanto los municipios como los gobiernos estatales pueden encontrar fórmulas propias de organización institucional para la gestión pública metropolitana, si desde la Constitución federal se establece el reconocimiento del territorio metropolitano como ámbito delimitado de actuación gubernamental y administrativa y de cuyo desarrollo dependen las posibilidades de integrar planes y proyectos de desarrollo y recurrir a fuentes fiscales de financiamiento, para lo cual será necesario garantizar la participación de los municipios en la toma de decisiones que conciernen a su diseño, ejecución, financiamiento y evaluación, a cargo de los ejecutivos estatales. Debe corresponder a estados y municipios decidir los órganos y organismos públicos que se hagan cargo de la planeación, coordinación y gestión metropolitana establecidas como componentes integrantes de la acción concurrente en la Constitución federal.

El avance de las fronteras de conocimiento en la economía, sociedad, demografía, entre otras; así como las contribuciones de trabajos sobre los escenarios de nuestro país hacia el 2010, 2015, 2020 y 2030, nos hacen asumir que contamos con metodologías e instrumentos para pensar la construcción planificada de nuestra nación y al estado con una planeación de largo plazo, para conducir a las generaciones hacia el futuro que queremos.

Deberá remitirse hacia la legislación secundaria la regulación del desarrollo urbano metropolitano y mantener en el texto normativo de la reforma constitucional exclusivamente la base general para

La reforma deja intacta la base que concierne a que no habrá autoridad intermedia entre el municipio y el gobierno estatal.

Los estados y municipios serán libres de establecer los órganos o entidades públicas encargados de la planeación, coordinación y gestión intergubernamental metropolitana.

Mediante esta iniciativa, el Estado mexicano reconocerá a escala constitucional la existencia de zonas metropolitanas como áreas de importancia estratégica para el desarrollo nacional. Por ello, la iniciativa que hoy se somete a consideración de la Cámara de Diputados propone reformar los artículos 26, 115 y 122 constitucionales, con el propósito de señalar la obligación de las autoridades municipales para participar en los procesos de planeación del desarrollo y ordenación del territorio, cuando formen parte de una zona metropolitana, así como para fijar la obligación de crear comisiones metropolitanas que atiendan en forma coordinada los planes y desarrollos que atiendan las necesidades de la zona metropolitana que conforman en materia de planeación, ejecución y financiamiento de acciones, obras o servicios públicos en el territorio que comprenda dicha región o zona metropolitana.

La reforma establece la oportunidad para que los poderes ejecutivos y legislativos de las entidades involucradas en una zona metropolitana, junto con los municipios respectivos, desarrollen los instrumentos de coordinación necesarios, en los temas y materias que sean declarados como de interés metropolitano.

Por lo expuesto, y en virtud a los argumentos planteados, honorable asamblea, los que suscriben la presente, integrantes de la Comisión de Desarrollo Metropolitano de la LX Legislatura al Congreso de la Unión, con fundamento en lo previsto por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en la fracción II del artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, sometemos a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados, la presente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman, modifican y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Único. Se reforman y adicionan el primer y segundo párrafos del artículo 26, la fracción VI del artículo 115 y el Apartado G, Base Quinta, del artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 26. El Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional con una visión prospectiva que imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la Nación con perspectiva del futuro .

Los fines del proyecto nacional contenidos en esta Constitución determinarán los objetivos de la planeación con un enfoque de políticas de Estado . La planeación será democrática. Mediante la participación de los diversos sectores sociales recogerá las aspiraciones y demandas de la sociedad considerando los escenarios de las zonas metropolitanas, para incorporarlas al plan y los programas de desarrollo. Habrá un plan nacional de desarrollo al que se sujetarán obligatoriamente los programas de la administración pública federal.

Artículo 115. ...

Se delimitarán y declararán por los estados y la federación como zonas metropolitanas interestatales aquellas que se forman en territorios municipales de dos o más entidades federativas.

Cuando sea necesario, la federación delimitará y declarará zonas metropolitanas transfronterizas. En estas zonas, la federación, los estados y municipios, de manera coordinada, planearán y regularán el desarrollo metropolitano de acuerdo con la ley de la materia.

La federación y las entidades federativas, garantizarán la participación de los municipios y de los sectores social y privado en la elaboración de planes y proyectos de desarrollo metropolitano.

La federación, las entidades federativas y los municipios, según corresponda, establecerán los órganos que deban encargarse de la planeación, coordinación y ejecución de acciones en la zona metropolitana respectiva.

La federación, las entidades federativas y los municipios, preverán el financiamiento para la ejecución de los planes y proyectos de desarrollo metropolitano.

Artículo 122. ...

Bases Primera a Cuarta. ...

Base Quinta. ...

... ... ...

...

G. Para la eficaz coordinación de las distintas jurisdicciones estatales y municipales entre sí, y de éstas con la federación y el Distrito Federal en la planeación y ejecución de acciones en la zona metropolitana del valle de México , de acuerdo con el artículo 115, fracción VI de esta Constitución, en materia de asentamientos humanos; protección al ambiente; preservación y restauración del equilibrio ecológico; transporte, agua potable y drenaje; recolección, tratamiento y disposición de desechos sólidos y seguridad pública, el Distrito Federal, los estados y la federación, delimitarán y declararán la zona metropolitana respectiva. La federación, los estados, los municipios y el Distrito Federal, planearán y regularán de manera conjunta y coordinada el desarrollo de dicha zona de conformidad con la Ley de la materia. Los respectivos gobiernos involucrados podrán suscribir convenios para la creación de comisiones metropolitanas en las que concurran y participen con apego a sus leyes.

...

...

H. ...

Artículos Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Congreso de la Unión, las legislaturas de los estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal deberán aprobar las leyes y, en su caso, las reformas que sean necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en el presente decreto a más tardar en un plazo de un año, contado a partir de la fecha de entrada en vigor de éste.

Tercero. En tanto se expiden las disposiciones legales y reglamentarias correspondientes, continuarán aplicándose las que sobre la materia se hubieren expedido con anterioridad, en todo lo que no se opongan a este decreto.

Notas: 1 Un caso es el de Ciudad Juárez, Chihuahua. 2 En un documento elaborado por la Comisión de Asentamientos Humanos y Obras Públicas de la LVI Legislatura de la Cámara de Diputados, en coordinación con la Sedesol (1997), se propusieron los siguientes elementos característicos para identificar procesos metropolitanos en México: A. Incluye al menos una aglomeración urbana y más de una ciudad o localidad urbana o centro de población generalmente conurbados, concentran un importante número de habitantes, en relación con la población urbana estatal o regional. B. Presenta una dinámica socioeconómica, urbana y política significativa. C. Incorpora elementos de infraestructura productiva y de equipamiento para la prestación de servicios de salud, educación, cultura, recreación, comercio, abasto y comunicación de influencia estatal, regional o nacional. D. Representa una unidad geográfico-económica donde se producen, intercambian y consumen bienes y servicios; está formada por una alta concentración de actividades secundarias y terciarias, que significan una importante aportación al producto interno bruto estatal, regional o nacional; predomina la población económicamente activa no agrícola. E. El conjunto de localidades urbanas que la forman presenta integración funcional. Es decir, existe una estrecha interrelación entre las localidades del conjunto metropolitano en sus elementos estructuradores básicos (economía, usos de suelo, infraestructura, equipamiento, servicios, etcétera) permitiendo su funcionamiento como una estructura urbana metropolitana integral o tendencial. F. Por su magnitud, se integra por núcleos sociales diversos, manteniendo aún características individuales de identidad propia. Presentan características generales compartidas por los diversos núcleos poblacionales en términos de educación, cultura, tradición, historia y sentido de pertenencia al conglomerado. 3 Transfronterizas: Tijuana, Nuevo Laredo, Ciudad Juárez y Matamoros. Interestatales: Monterrey-Saltillo-Ramos Arizpe-Arteaga, Tampico-Madero-Altamira, Torreón-Gómez Palacios-Lerdo y Puerto Vallarta. Estatales: Guadalajara y León.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Gracias, diputado don Carlos Augusto Bracho González.Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.

LEY QUE CREA EL FIDEICOMISO QUE ADMINISTRARA EL FONDO DE APOYO SOCIAL PARA EX TRABAJADORES MIGRATORIOS MEXICANOS

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Se recibió del diputado Octavio Martínez Vargas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 10 de la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social a ex Trabajadores Migratorios Mexicanos.

El Secretario diputado José Rubén Escajeda Jiménez : «Iniciativa que adiciona el artículo 10 de la Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, a cargo del diputado Octavio Martínez Vargas , del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado federal Octavio Martínez Vargas , integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 10 de la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, en atención a la siguiente

Exposición de Motivos

El Programa Bracero fue un programa binacional de trabajadores agrícolas firmando un convenio entre México y los Estados Unidos el 4 de agosto de 1942. El objetivo del programa fue solventar el abandono de los campos agrícolas estadounidenses como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial.

Los programas Bracero incluían:

Dichos programas tenían las siguientes características:

El referido acuerdo protegía a los trabajadores mexicanos para que no fueran reclutados por el Ejército de los Estados Unidos, también se previó que los mexicanos no deberían ser utilizados para desplazar a trabajadores locales, debido a que sólo cubrían la escasez de mano de obra, según la orden ejecutiva de Roosevelt, no habría trato discriminatorio para los mexicanos en territorio norteamericano. El gobierno de los Estados Unidos pagaría el viaje redondo de los trabajadores mexicanos, así como sus viáticos durante su traslado.

El trabajo de los braceros se destinaría al sector agrícola, y si algún trabajador aceptaba trabajar en la industria era deportado.

Las deducciones se autorizaban en un 10 por ciento a los salarios, como un Fondo de Ahorro Campesino, que estaría en manos de cada patrón y que le sería devuelto al trabajador a su regreso a México a través del Banco de Crédito Agrícola de México; entidad gubernamental responsable del depósito, guarda y aplicación o, en su defecto, devolución de cantidades que los trabajadores mexicanos aportaran a dicho fondo.

Aunque el acuerdo protegía sus principales derechos, no fue así, padecieron discriminación y ese diez por ciento de su fondo de ahorro nunca les fue devuelto.

Por lo que, un justo reclamo de los ex trabajadores migratorios o para sus familias es recuperar parte de los ahorros que durante ese periodo hicieron a través del Banco Wells Fargo y transferidos posteriormente al Banco de Crédito Rural, hoy Financiera Rural.

En el 2003 se instalaron las mesas receptoras y registraron aproximadamente 45 mil trabajadores, quedaron fuera miles de ellos, en virtud de que se les solicitaba a los beneficiarios el requisito de estar en el padrón de la Secretaría de Gobernación. La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que el padrón que formó dicha secretaría era inconstitucional.

Pero hasta el 25 de mayo de 2005 se crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos y se presentó a la Cámara de Diputados un padrón de beneficiarios del Programa Bracero, los cuales serían apoyados con 38 mil pesos.

Los integrantes del Comité Técnico actualmente son:

De conformidad con lo señalado en el artículo 3 de la ley en referencia.

Al cierre de 2007 se había beneficiado a 23 mil 553 ex trabajadores, quedaron pendiente por 19 mil 80 ex trabajadores del padrón original.

Para el 2008 se aprobó un presupuesto de 700 millones de pesos para brindar el apoyo social a 18 mil 421 ex trabajadores; por lo que quedarían pendientes de este apoyo social 659 ex trabajadores del padrón original.

No obstante, el primer día de septiembre de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación reformas a la multicitada ley, que en esencia proponen:

El 24 de noviembre del 2008 se publico en el Diario Oficial de la Federación dicha convocatoria para que acudieran las personas interesadas a las treinta y siete mesas receptoras, ubicadas en las entidades federativas de la República mexicana y el Distrito Federal, para que acrediten los requisitos de elegibilidad que establece el artículo 6 de la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, así como el numeral 4 de las Reglas de Operación del Fideicomiso 2106 Fondo de Apoyo Social Para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos (1942 a 1964).

Se ha publicado en diferentes medios de comunicación que los primeros días de instalación de las mesas receptoras existieron fallas técnicas y errores humanos donde las personas encargadas no contaban con la capacitación adecuada, motivando la perdida de días en registrar a los interesados.

Con la convocatoria que señala el artículo tercero transitorio de la referida ley, fenece el tiempo de vigencia el 28 de enero de 2009, y hasta la fecha se han registrado 135 mil beneficiarios.

De acuerdo con los diferentes escenarios que hizo el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, se estimaban un millón 293 mil 502 posibles beneficiarios, en la menor de las estimaciones, eran 647 mil 750 posibles beneficiarios.

Por lo que, se observa una deficiencia en la logística y operatividad de las mesas receptoras.

La terrible realidad es que, concluyendo el plazo de inscripción, habrá miles de trabajadores ex braceros que no pudieron realizar dicho registro y acudirán a esta soberanía para demandarnos la apertura del padrón.

Por ello, propongo que la Cámara de Diputados, si considera pertinente, instruya al comité técnico la apertura de otra convocatoria para instalar las treinta y siete mesas receptoras en todo el país, y que puedan entregar sus documentos aquellos ex braceros que quedaron fuera.

Compañeros legisladores, debemos tener la facultad de atender la demanda social que muchos años han padecido; nosotros somos los que atendemos a la gente y escuchamos sus reclamos y no podemos pasar por otra desgastante lucha con el Ejecutivo federal para convencerlo de que debe abrir la inscripción del padrón una vez más.

Es, y debe ser, una responsabilidad de todos nosotros solicitarle, instruirle, al comité técnico que convoque.

Por lo anteriormente expuesto, pongo a la consideración del honorable Congreso de la Unión la presente iniciativa con proyecto de

Decreto

Artículo único. Se adiciona el artículo 10 de la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 10. El comité técnico deberá realizar convocatoria y apertura de instalación de las mesas receptoras a que se refiere el artículo tercero transitorio de esta ley, cuando la Cámara de Diputados lo considere pertinente.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Públicode la Cámara de Diputados.

LEY DE LOS SISTEMAS DE AHORRO PARA EL RETIRO

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Se recibió una iniciativa con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, suscrita por los senadores Ramón Moreno Valle y José Guillermo Anaya Llamas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

El Secretario diputado José Rubén Escajeda Jiménez : «Iniciativa que adiciona diversas disposiciones de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, suscrita por los senadores Ramón Moreno Valle y José Guillermo Anaya Llamas, del Grupo Parlamentario del PAN

Rafael Moreno Valle y José Guillermo Anaya Llamas, senadores de la República de la LX Legislatura, e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II, y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de esta Cámara de Senadores, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, de conformidad con la siguiente

Exposición de Motivos

La crisis financiera por la que atraviesa el mundo ha generado efectos adversos en la actividad económica de nuestro país. La alta volatilidad que existe en los mercados amenaza con sumergir al mundo en un proceso de recesión, y afectar gravemente la economía de las familias mexicanas ante posibles alzas de precios y una reducción considerable de su poder adquisitivo.

En estos tiempos de crisis, contar con mecanismos de ahorro, que permitan frenar los efectos adversos de este difícil trance se convierte en una necesidad imperativa. Dentro de estos mecanismos encontramos al Sistema de Ahorro para el Retiro, cuya finalidad es que, a través del ahorro, los trabajadores mexicanos cuenten con recursos suficientes bajo condiciones de transparencia y seguridad, para tener un retiro digno.

En este sentido, los legisladores tenemos la ineludible tarea de garantizar que los recursos de los trabajadores que día con día cotizan dentro de este sistema, cuenten con mecanismos que les permitan conocer, de forma clara, el manejo de sus recursos y que coadyuven a vigilar que quienes llevan a cabo su administración realicen las inversiones de una manera segura y responsable.

Así, podemos encontrar que en otros países con esquemas similares de ahorro para el retiro, se ha reconocido esta necesidad de brindar datos claros y oportunos a los trabajadores para que cuenten con la información necesaria y transparente que les permita conocer el manejo de sus recursos, así como los riesgos a los que éstos se encuentran expuestos.

Un ejemplo claro de esta situación lo podemos encontrar en las inversiones llevadas a cabo por las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afore) en los llamados instrumentos derivados , los cuales conllevan un alto nivel de riesgo que, de no ser usados de manera prudente, se pueden traducir en pérdidas para los trabajadores cuyos recursos son invertidos en este tipo de instrumentos, pero que a su vez, si son utilizados responsablemente, con fines de cobertura, permiten minimizar los riesgos en las inversiones.

Por ejemplo, en Chile las administradoras de fondos de pensiones proporcionan información mensual a sus afiliados sobre composición y movimientos en la cartera de inversiones para cada tipo de fondo de pensiones, incluyendo las inversiones en derivados. En Colombia, la Superintendencia emite comunicados de prensa mensuales reportando al público el valor y clasificación del portafolio de inversión, así como sus componentes.

La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) publica de manera mensual información básica sobre las inversiones de los recursos administrados por las Afore; sin embargo, no proporciona un nivel de detalle que le permita a los trabajadores conocer de manera clara en qué tipo de instrumentos se invierten sus recursos y los riesgos que asumen, no obstante que la Consar tiene disponible de manera diaria el detalle de los portafolios de inversión de las Afore, incluidos los derivados (instrumentos de riesgo).

Por lo anteriormente expuesto, la presente iniciativa propone que las Afore proporcionen la información detallada sobre las inversiones de sus recursos, incluyendo las inversiones a través de derivados, que llevan a cabo en las Sociedades de Inversión Especializadas en Fondos para el Retiro (Siefores), conjuntamente con el detalle de los riesgos asumidos por estas empresas, ya que, en momentos coyunturales como los que atraviesan actualmente los mercados, es necesario conocer además de la información detallada, el índice de riesgo al cual se encuentran expuestos sus recursos, para que el trabajador pueda comprender los peligros a los cuales están sometidos sus fondos y elegir la Afore que más se ajuste a su perfil de ahorro.

En este contexto, se propone que, con la finalidad de que los trabajadores conozcan de manera completa el detalle de los riesgos a los cuales están expuestos sus recursos y las inversiones en instrumentos que pudieran ocasionar pérdidas significativas en sus ahorros, se modifique el contenido del artículo 18 bis de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, a fin de que las administradoras entreguen a quien así lo solicite, en un plazo máximo de cinco días hábiles, la información detallada de la cartera de valores de las sociedades de inversión en que se encuentren invertidos sus recursos, así como el riesgo en derivados; de crédito y de contraparte que puedan resultar de la falta de pago de un tercero, los de liquidez asociados a la necesidad de vender anticipadamente una inversión y el nivel de riesgo asociado al rendimiento que obtienen los trabajadores, a través de la aplicación de metodologías comúnmente aceptadas.

Para ello, este tipo de inversiones se deberán segregar por clase de activo, dónde además, se incluya para cada clase la exposición en instrumentos financieros derivados tanto en mercados bursátiles como extrabursátiles.

Tipo de valor, emisora, serie, número de títulos, importe total, porcentaje de activos netos

Así, los valores que integran las inversiones de cada Siefore deberán ser clasificados en:

En el caso de inversiones a través de instrumentos financieros derivados, los criterios aplicables deberán contener:

Toda vez que éstas medidas se plantean con el objeto de establecer mecanismos que coadyuven a dar transparencia al manejo de los recursos dentro del Sistema de Ahorro para el Retiro, y se refuercen los mecanismos para garantizar una administración responsable de los recursos, bajo un enfoque de inversión a largo plazo, someto a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto

Único. Se adicionan los párrafos cuarto y quinto al artículo 18 bis de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, para quedar como sigue:

Artículo 18 Bis. ...

...

...

Con el objeto de dar acceso a los trabajadores a la información sobre la composición y movimiento de las inversiones de sus recursos, las administradoras deberán entregar a cualquier persona que así lo solicite, dentro de un plazo máximo de cinco días hábiles, la cartera de valores de las sociedades de inversión en que se encuentren invertidos sus recursos, en la que se deberá señalar el tipo de valor de que se trata, la emisora, la serie del valor, el número de títulos, el importe total, el porcentaje de activos netos, así como el nivel de riesgo observado, entre otros indicadores, a través de la aplicación de metodologías comúnmente aceptadas establecidas en las disposiciones de carácter general que al respecto emita la comisión.

En caso de inversiones realizadas a través de instrumentos financieros derivados, la información deberá contener el tipo de derivado, el tipo de exposición, los activos de referencia, el valor nocional, el valor de mercado y el porcentaje de activos netos, entre otra información, establecida en las disposiciones de carácter general que al respecto emita la comisión.

Artículo Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Públicode la Cámara de Senadores.

LEY DEL SISTEMA DE HORARIO EN LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Tiene la palabra la senadora Eva Contreras Sandoval, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley del Sistema de Horario en los Estados Unidos Mexicanos.

La senadora Eva Contreras Sandoval: Señor presidente, compañeras legisladoras y compañeros legisladores, acudo ante ustedes en representación no sólo de mi estado, de Jalisco, sino también del de Nayarit y de sus habitantes, quienes se han dirigido a esta servidora para solicitar apoyo ante las necesidades que viven en esa entidad. Por eso propongo la iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley del Sistema de Horario en los Estados Unidos Mexicanos.

El objetivo principal de esta propuesta se dirige a homologar los usos horarios entre Nayarit y Jalisco. Es decir, que Nayarit deje de formar parte del horario del Pacífico y se homologue con el horario del centro, el cual rige en Jalisco.

Esta propuesta ha sido planteada de manera reiterada por los habitantes de ambos estados. Lo han solicitado incluso a otras legislaturas y aún no les hemos dado una respuesta clara a sus necesidades.

Ambos estados guardan una estrecha relación, no sólo económica, productiva y laboral, sino incluso en el sector turístico. El antecedente de los husos horarios data desde 1884, en la Conferencia Internacional sobre Meridianos celebrada en Washington, Estados Unidos.

En ese entonces se acordó dividir la superficie terrestre en 24 zonas que recibieron el nombre de ``husos horarios''. En México hemos realizado varias reformas para que los estados tengan husos horarios conforme a su ubicación geográfica. De igual manera, se han visto beneficiados Campeche, Quintana Roo y Yucatán, ya que sus actividades tienen relación directa con el comercio, la producción y el turismo.

De igual forma, el 2 de noviembre de 1982, con base en la ubicación geográfica, las actividades comerciales, productivas y turísticas, así como para evitar un gasto innecesario de energía, se decretó que en Campeche y Yucatán rigiera el horario del meridiano 90 grados.

Estos cambios en los husos horarios se realizaron ante una necesidad de la población y provocaron interesantes beneficios en ahorro de energía, ventajas de producción y turismo. Ahora le toca el turno a Nayarit, ya que al homologar el horario se beneficiarían diversos sectores económicos en ambos estados.

El ámbito turístico es de suma importancia y en esta época de crisis económica resulta un área imprescindible para el crecimiento mercantil del país. No sólo este eje se vería beneficiado por el cambio del huso horario del país, sino que las actividades laborales, productivas y comerciales también generarían mejoras, debido a la vinculación que existe entre Nuevo Vallarta (Nayarit) y Puerto Vallarta (Jalisco), como importantes destinos turísticos del país.

Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, los invito a analizar y discutir lo antes posible esta iniciativa. No demoremos más el avance en nuestros estados. Escuchemos a quienes representamos. Sería positivo que concretáramos esta reforma, que tal vez a simple vista parece secundaria, pero es trascendente para el crecimiento de Nayarit y del país. Por su atención, muchas gracias, compañeros.

«Iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley del Sistema de Horario en los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la senadora Eva Contreras Sandoval, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, Eva Contreras Sandoval, senadora de la República, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en ejercicio de la atribución que le confieren los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley del Sistema de Horario en los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Habitantes de Jalisco y Nayarit solicitaron desde hace ya varios años una reforma que les permita trabajar y colaborar de manera más productiva entre sus habitantes, debido a las relaciones cercanas que tienen ambas entidades federativas. Por ello propongo homologar los husos horarios entre Nayarit y Jalisco.

El antecedente sobre los husos horarios se encuentra en la Conferencia Internacional sobre Meridianos, celebrada en Washington, Estados Unidos, en 1884 a la cual asistieron diversos países con la finalidad de establecer un sistema general de zonas de tiempo en todo el mundo. En ese entonces se acordó dividir la superficie terrestre en 24 zonas; es decir, de manera imaginaria se establecieron veinticuatro partes iguales que recibieron el nombre de husos horarios. El meridiano de Greenwich se estableció como el meridiano 0° o primer meridiano.

En México fue hasta el 29 de diciembre de 1921 cuando, por medio de un acuerdo presidencial del entonces presidente Álvaro Obregón, se aceptó como meridiano el tipo 105° para aplicarse desde Baja California hasta Veracruz y Oaxaca, y para el resto del país se utilizaría el meridiano tipo de 90° al oeste de Greenwich. El 15 de Noviembre de 1930 se publica en el Diario Oficial de la Federación que se establecerán tres horas a lo largo de la República Mexicana, la hora del golfo, la del centro y la del oeste. En 1931 se aplica por primera vez el concepto de husos horarios estacionales, lo que actualmente conocemos como horario de verano.

El 21 de diciembre de 1981, mediante un decreto publicado el 23 de diciembre por el presidente López Portillo, se estableció que por razones de ubicación geográfica era necesario establecer un horario diferente para los estados de Campeche, Quintana Roo y Yucatán, ya que sus actividades tenían una relación directa con el comercio, la producción y el turismo. De igual forma, el 2 de noviembre de 1982 se decretó que, con base en la ubicación geográfica, las actividades comerciales, productivas y turísticas, y para evitar un gasto innecesario de energía, en Campeche y Yucatán rigiera el horario del meridiano 90°.

Estas reformas, o cambios, en los husos horarios implementados en el país, se realizaron ante una necesidad de la población, y se traducen en mayores beneficios en cuanto al ahorro de energía, comerciales, de producción y de turismo. En el Senado, como representantes de los diferentes estados de la República mexicana, tenemos el compromiso de dar respuesta a las demandas de la población que mediante su voto nos eligió para trabajar por ellos.

Homologar el horario de Nayarit con el que corresponde al de Jalisco, es decir, el del centro, es necesario para que las actividades productivas que se realizan en ambos estadosse desarrollen con todo su potencial e incluso se formalice el cambio de horario que en algunos lugares se realiza para mejorar las relaciones comerciales. El ámbito turístico es de suma importancia y en esta época de crisis económica, resulta un área imprescindible para el crecimiento mercantil del país. No sólo este eje se vería beneficiado por el cambio de huso horario en Nayarit, sino que actividades laborales, productivas y comerciales también generarían mejoras debido a la vinculación que existe entre Nuevo Vallarta y Puerto Vallarta como destinos turísticos del país.

Para el estado de Nayarit una de las principales actividades económicas es el turismo, el cual podría ser beneficiado si se trabaja en coordinación con el horario que rige en estado de Jalisco, territorio con el cual tiene una estrecha relación, no sólo porque comparten aeropuerto, sino también porque muchos de sus habitantes se trasladan para laborar en Jalisco o viceversa. Es por ello que presento esta iniciativa con la finalidad de homologar el huso horario entre estados Jalisco y Nayarit, es decir, modificar la Ley del Sistema de Horario en su artículo tercero para que Nayarit se ubique en la zona centro, referida al meridiano 90 grados al oeste de Greenwich y que comprende la mayor parte del territorio nacional.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto

Único. Se reforma el numeral II del artículo 3, de la Ley del Sistema de Horario en los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 3. ...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor a los 180 días después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Las entidades federativas de Jalisco y Nayarit informarán a sus habitantes sobre la homologación de los horarios y sus beneficios, a través de los distintos medios de comunicación.

Tercero. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Túrnese a la Comisión de Energía de la Cámara de Senadores. Gracias, senadora Eva Contreras Sandoval.

PERMISO PARA ACEPTAR CONDECORACION

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: El siguiente punto del orden del día es la primera lectura de dictámenes la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede permiso a diversos ciudadanos para prestar servicios a gobiernos extranjeros.

En virtud de que han sido publicados en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si de les dispensa la lectura.

El Secretario senador Jesús Garibay García: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se les dispensa la lectura. Los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Mayoría por la afirmativa, señor presidente.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Comisión Permanente.

Honorable Asamblea:

A la comisión que suscribe le fue turnada, para su estudio y dictamen, la solicitud de permiso constitucional necesario para que el ciudadano Pedro Haces Sordo pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden de Isabel la Católica, en grado de Cruz de Oficial, que le otorga el gobierno del Reino de España.

La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III del apartado C) del artículo 37 constitucional, se permite someter a la aprobación de la honorable asamblea, el siguiente

Proyecto de Decreto

Artículo Único. Se concede permiso al ciudadano Pedro Haces Sordo para aceptar y usar la condecoración de la Orden de Isabel la Católica, en grado de Cruz de Oficial, que le otorga el gobierno del Reino de España.

Es de primera lectura.

PERMISO PARA PRESTAR SERVICIOS

El Secretario senador Jesús Garibay García: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Comisión Permanente.

Honorable Asamblea:

En oficio fechado el 7 de enero de 2009, la Secretaría de Gobernación solicita el permiso constitucional para que la ciudadana Míriam Ramírez Santos pueda prestar servicios de carácter administrativo, en la Embajada de Estados Unidos de América en México.

En sesión celebrada por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión el 14 de enero se turnó a la suscrita comisión, para su estudio y dictamen, el expediente relativo.

Considerando

Por lo expuesto, esta comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea el siguiente

Proyecto de Decreto

Articulo Único. Se concede permiso a la ciudadana Míriam Ramírez Santos para prestar servicios como asistente administrativa FSN-7/1, en la Agencia de Desarrollo Internacional en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.

Es de primera lectura.

PERMISO PARA ACEPTAR CONDECORACION

El Secretario senador Jesús Garibay García: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Comisión Permanente.

Honorable Asamblea:

A la Primera Comisión que suscribe, le fueron turnados los oficios de la Secretaría de Gobernación, por los que solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Álvaro López Saucedo y Zacarías Estrada Vega, puedan aceptar y usar las condecoraciones que en diferentes grados les otorgan el Ejército de la República Argentina; las Fuerzas Armadas de la República de Colombia y de la República de El Salvador; los Ejércitos de la República de Chile y Federativa del Brasil y la Fuerza Aérea de la República de Chile, respectivamente.

La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder los permisos solicitados y, en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III, del apartado C), del artículo 37 constitucional, y el artículo 60, segundo párrafo, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente

Proyecto de Decreto

Artículo Primero. Se concede permiso al subteniente de artillería Álvaro López Saucedo, para aceptar y usar las condecoraciones Medalla del Ejército de Argentina, mérito académico Francisco José de Caldas, medalla estrella Capitán General Gerardo Barrios, Medalla Bernardo O'Higgins y Medalla Mariscal Hermes Aplicación y Estudio de una Corona, que le otorgan el Ejército de la República Argentina, las Fuerzas Armadas de la República de Colombia, la Fuerza Armada de la República de El Salvador, el Ejército de la República de Chile y el Ejército de la República Federativa del Brasil.

Artículo Segundo. Se concede permiso al subteniente de fuerza aérea piloto aviador Zacarías Estrada Vega, para aceptar y usar las condecoraciones Fuerza Aérea de Chile; mérito académico Francisco José de Caldas; y medalla estrella Capitán General Gerardo Barrios, que le otorgan la Fuerza Aérea de la República de Chile; las Fuerzas Armadas de la República de Colombia, y la Fuerza Armada de la República de El Salvador.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Comisión Permanente.

Honorable Asamblea:

A la Primera Comisión de Trabajo que suscribe, le fueron turnados los oficios de la Secretaría de Gobernación, por los que solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos María Teresa Mercado Pérez, Emilio Cosgaya Rodríguez y José Luis Corro Chávez, puedan aceptar y usar las condecoraciones que en diferentes grados les confieren los gobiernos del Reino de Dinamarca, de Estados Unidos de América y de la República de Colombia, respectivamente.

La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder los permisos solicitados y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III del Apartado C) del artículo 37 constitucional y al segundo párrafo del artículo 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente:

Proyecto de Decreto

Artículo Primero. Se concede permiso a la ciudadana María Teresa Mercado Pérez, para aceptar y usar la condecoración de la Orden de Dannebrog, en grado de Insignia, que le otorga el gobierno del Reino de Dinamarca.

Artículo Segundo. Se concede permiso al ciudadano Emilio Cosgaya Rodríguez, para aceptar usar la condecoración Medalla del Servicio Meritorio, que le otorga el gobierno de Estados Unidos de América.

Artículo Tercero. Se concede permiso al ciudadano José Luis Corro Chávez, para aceptar y usar la condecoración Orden Naval Almirante Padilla, en grado de Comendador, que le otorga el gobierno de la República de Colombia.

Es de primera lectura.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: En virtud de que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria los dictámenes de la Primera Comisión, con proyectos de decreto que conceden permisos a ciudadanos mexicanos, para prestar servicios a gobiernos extranjeros, consulte la Secretaría a la asamblea si se les dispensa la segunda lectura y se ponen a discusión y votación de inmediato.

El Secretario senador Jesús Garibay García: Por instrucciones de la Presidencia, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se consulta a la asamblea si se dispensa la segunda lectura de los dictámenes y se ponen a discusión y votación de inmediato. Los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Mayoría por la afirmativa, ciudadano presidente.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Se les dispensa la segunda lectura. En consecuencia, se pide a la Secretaría poner a discusión los proyectos de decreto.

El Secretario senador Jesús Garibay García: Está a discusión el proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Pedro Haces Sordo para aceptar y usar la condecoración de la Orden de Isabel la Católica, en grado de Cruz de Oficial, que le confiere el gobierno de España.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Está a discusión el dictamen. No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación nominal en conjunto.

El Secretario senador Jesús Garibay García: Está a discusión el proyecto de decreto que concede permiso a la ciudadana Míriam Ramírez Santos para prestar servicios en la Embajada de Estados Unidos de América en México.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Está a discusión el dictamen. No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación nominal en conjunto.

El Secretario senador Jesús Garibay García: Está a discusión el proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Álvaro López Saucedo y Zacarías Estrada Vega para aceptar y usar las condecoraciones que en diferentes grados les otorga el Ejército de la República de Argentina, las Fuerzas Armadas de la República de El Salvador, los Ejércitos de la República de Chile, la Federativa del Brasil y la Fuerza Aérea de la República de Chile, respectivamente.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Está a discusión el dictamen en lo general. No habiendo quien haga uso de la palabra, para los efectos del artículo 134 del Reglamento para el Gobierno Interior del CongresoGeneral, se presenta a la asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular.

En virtud de que no se ha reservado artículo alguno para su discusión en lo particular, se reserva para su votación nominal en conjunto.

El Secretario senador Jesús Garibay García: Está a discusión el proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadadanos María Teresa Mercado Pérez, Emilio Cosgaya Rodríguez y José Luis Corro Chávez para aceptar y usar las condecoraciones que en diferentes grados les otorgan los gobiernos del Reino de Dinamarca, de Estados Unidos de América y de la República de Colombia, respectivamente.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Está a discusión el dictamen en lo general. No habiendo quien haga uso de la palabra, para los efectos del artículo 134 del Reglamento para el Gobierno Interior del CongresoGeneral, se pregunta a la asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular.

No habiendo quien haga uso de la palabra, proceda la Secretaría a recoger la votación nominal de este proyecto de decreto y los anteriormente reservados, en un solo acto.

El Secretario senador Jesús Garibay García: Se va a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular de los proyectos de decreto. Se pide que se hagan los avisos que refiere el artículo 161 del Reglamento para el Gobierno Interior.

Por la afirmativa el de la voz llevará la votación, y por la negativa mi compañero diputado Escajeda.

La diputada Marcela Cuen Garibi (desde la curul): Sí.

La diputada Lariza Montiel Luis (desde la curul): Sí.

El diputado Juan de Dios Castro Muñoz (desde la curul): Sí.

El senador Ángel Juan Alonso Díaz-Caneja (desde la curul): Sí.

La diputada Gloria Lavara Mejía (desde la curul): Sí.

El senador Javier Orozco Gómez (desde la curul): Sí.

El senador José Luis Lobato Campos (desde la curul): Sí.

El diputado Octavio Martínez Vargas (desde la curul): A favor.

El diputado Carlos Altamirano Toledo (desde la curul): A favor.

La diputada María Esther Jiménez Ramos (desde la curul): A favor.

La senadora María Beatriz Zavala Peniche (desde la curul): A favor.

La senadora Eva Contreras Sandoval (desde la curul): A favor.

La senadora Gabriela Ruiz del Rincón ( desde la curul): A favor.

El senador Renán Cleominio Zoreda Novelo (desde la curul): Sí.

El senador Raúl José Mejía González (desde la curul): Sí.

El diputado Raúl Cervantes Andrade (desde la curul): Sí.

El senador Rubén Fernando Velázquez López (desde la curul): Sí.

El Secretario senador Jesús Garibay García: Falta algún legislador o alguna legisladora de pasar lista... perdón, de emitir su voto. Se va a proceder a tomar la votación de la Mesa Directiva.

El Vicepresidente diputado Itzcóatl Tonatiuh Bravo: A favor.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: A favor.

El Vicepresidente senador Luis Alberto Villarreal: En pro.

El Secretario diputado José Rubén Escajeda Jiménez : A favor.

El Secretario senador Jesús Garibay García: Sí.

Señor presidente, se emitieron 23 votos por el sí y 0 en contra.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Aprobados los proyectos de decreto por 23 votos. Pasan al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.

ORDEN DEL DIA

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: A solicitud de la Mesa Directiva, existe un punto de acuerdo de urgente a una resolución que ha planteado la diputada Secretaria de la misma, diputada Marcela Cuen Garibi, y que ha logrado el consenso de la Mesa Directiva. Yo solicito plantear el cambio del orden del día para discutir este asunto, ya que hay una representación nacional de interesados en este tema y nos ha solicitado la diputada que se plantee de esa forma.

Solicito a la Secretaría que consulte a la asamblea si se modifica el orden del día para tratar este punto de acuerdo.

El Secretario diputado José Rubén Escajeda Jiménez : Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea si se acepta el cambio del orden del día para tratar este asunto. Los que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Los que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Mayoría por la afirmativa, ciudadano presidente.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: En consecuencia, consulte la Secretaría a la asamblea... bueno, aprobado pues... que se modifique el orden del día. Consulte la Secretaría a la asamblea si se considera de urgente resolución.

El Secretario diputado José Rubén Escajeda Jiménez : En votación económica se pregunta a la asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición. Los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: En tanto, se concede el uso de la palabra a la diputada Marcela Cuen, para dar lectura.

El Secretario senador Jesús Garibay García: Señor presidente, no he concluido la consulta.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Adelante, señor senador.

El Secretario senador Jesús Garibay García: Los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Sí se considera de urgente u obvia resolución.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Se considera de urgente u obvia resolución. Tiene el uso de la palabra la diputada Cuen.

PRECIO DEL DIESEL

La diputada Marcela Cuen Garibi : Muchas gracias, presidente; y muchas gracias a todo el pleno.

«Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo federal a tomar las medidas necesarias para disminuir el precio del diesel para el autotransporte, en virtud de la situación económica.

Los suscritos, integrantes de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, nos permitimos poner a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta al titular del Ejecutivo federal a tomar las medidas necesarias para disminuir el precio del diesel para autotransporte en virtud de la situación económica.

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular del Ejecutivo federal a tomar las medidas necesarias con el fin de disminuir el precio del diesel para el autotransporte, en virtud de la crisis en la que se encuentra dicho sector.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular del Ejecutivo federal a que las dependencias correspondientes a su cargo realicen una reunión de trabajo con las agrupaciones de autotransportistas a nivel nacional, con el objeto de poner fin a la crisis por la que atraviesa dicho sector.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Gracias, diputada. En consecuencia, como ha sido previamente ya concedido por la asamblea, de urgente u obvia resolución el trámite, ha solicitado el diputado Octavio Martínez Vargasel uso de la palabra, en pro.

El diputado Octavio Martínez Vargas : Muchas gracias, compañero presidente.

Desde luego, me sumo al planteamiento de nuestra compañera legisladora, a esta solicitud a efecto de poder solicitar al gobierno de la república explore la posibilidad de disminuir el precio del diesel en el transporte.

Pero quisiera plantear ---si me permiten--- en mi condición de legislador y como establece nuestro reglamento interno, una adición a esta proposición: que abarque el tema de los prestadores de servicios pesqueros. Particularmente a los que participan en esta industria y que hoy tienen varados mil 420 barcos en los muelles, en los puertos de todos nuestros litorales, y que, desde luego, no ha habido una solución a este tema.

Dicho sea de paso, que ayer estuvo el comisionado en esta soberanía, con un discurso ambiguo, sin propuestas, sin soluciones y pasando y trasladándole el tema a la Secretaría de Hacienda.

Por eso, considero muy importante que este tema también se incorpore a este punto de acuerdo, a fin de que se evalúe. Si bien es importante el transporte, sin duda y particularmente todo lo que tiene que ver con el traslado de productos perecederos, que hoy con el precio de la canasta básica y la carestía hace que se eleven los precios de manera sustantiva, no menos importante es el tema grave que tenemos a lo largo y ancho de nuestro país, que tiene que ver con los pesqueros de México.

Ojalá que podamos modificar y adicionar esta proposición a fin de que el gobierno de la república, mediante las secretarías de Estado, particularmente la de Hacienda, pueda explorar, revisar y ver con buena disposición la disminución de los combustibles, particularmente del diesel.

Es decir, que a nivel internacional, por cierto, los precios de los combustibles están disminuyendo, particularmente el diesel, lo que ha propiciado que nuevamente la economía interna, toda la cadena industrial, toda la cadena que participa en la distribución económica de los países, está teniendo incentivos, está teniendo apoyos de sus gobiernos, a fin de disminuir los costos de operación.

En nuestro país únicamente nos hemos dedicado a decir ``congelamos los precios; no subirán más''; pero los estamos congelando una vez que están arriba de todos los precios, con los países con los que desarrollamos actividades económicas, con los que tenemos firmados convenios de colaboración, de participación, y por supuesto, de venta de productos que se distribuyen y se procesan en nuestro país.

Ojalá que pueda considerarse esta parte, y desde luego que nuestro grupo parlamentario, el del Partido de la Revolución Democrática, como lo ha venido haciendo en todo momento sobre el tema pesquero en nuestro país, con el tema del transporte, está en la mejor disposición y en el ánimo congruente de apoyar a esta industria que es sumamente importante. Por su atención, muchas gracias.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Gracias, diputado Martínez Vargas.

Han solicitado sumarse a la firma de este punto de acuerdo el señor senador Renán Cleominio Zoreda Novelo, a quien con gusto se da esa condición, y el señor senador Rubén Velázquez López, así como los también senadores Ángel Alonso y Raúl Mejía.

Voy a solicitar el uso de la palabra, si ustedes me permiten, a favor del punto de acuerdo.

Nos parece que este asunto que es fundamental; se debe centrar, como ha sido la expresión de la Mesa Directiva, en una posición del Poder Legislativo, aportando, sin duda, al llamado que el jefe de las instituciones del país hizo en los primeros días de enero en la firma del Acuerdo Nacional Anticrisis.

En ese sentido, es elemental que puntos tan sensibles como los energéticos se tengan en una estrategia económica integral, porque el impacto de los mismos tiene que ver, sin duda, con los efectos de la crisis económica.

Sería cómodo, desde la oposición, para cualquier partido político, plantear de manera muy sencilla cualquier iniciativa en reducción de costos y de precios. Todos sabemos las implicaciones económicas que tienen para el gobierno y los compromisos establecidos en el Presupuesto de Egresos; que está íntimamente ligado a los ingresos; que estos servicios que presta el Estado están determinados.

En ese sentido, con gran responsabilidad, el Poder Legislativo asume este punto de acuerdo porque creemos que podemos colaborar con el Ejecutivo y establecer una estrategia que impacte. Porque debemos reconocer, primero, que se ha determinado subir en ruedas al transporte del país.

El transporte que antes se utilizaba era el ferrocarril; gradualmente tenía un menor impacto en el costo del transporte. Hoy por hoy el uso del diesel en los camiones de carga es estrictamente el impacto económico que se tendrá directamente, por el valor del diesel, y a su vez, desde un bulto de cemento hasta una caja de galletas, o un bulto de frijol, tiene efecto de manera directa en el impacto.

Por eso este exhorto al Ejecutivo federal, para que una vez establecido el planteamiento de los 25 puntos del Ejecutivo, le demos un marco principal, y vayamos afinando estrategias que tengan impactos en la economía.

La importancia de bajar el diesel tiene efecto en todas las cadenas productivas del país, en toda prestación de servicios, que como aquí se ha dicho en el tema de los pescadores, también tiene que ver el impacto en materia forestal, ganadera, minera, en fin, en el comercio y los servicios en general.

Por eso este tema, con toda responsabilidad, el Legislativo debe asumirlo, establecer un mecanismo de equilibrios para que ese impacto no deteriore, también, el ingreso de los recursos que sin duda se verán disminuidos por el impacto de la misma crisis, los recursos que ingresarán a las arcas del gobierno de la república y, en ese sentido, con responsabilidad y seriedad demos ese equilibrio; pero también cuidemos, sin duda, el trabajo que se vincula al transporte mismo y los efectos económicos, como he dicho, al precio que se puede incrementar, de todos los productos si no se cuida este insumo fundamental para que funcione el transporte del país. Muchas gracias.

Presidencia del senador Luis Alberto Villarreal García

El Presidente senador Luis Alberto Villarreal García: Gracias a usted, diputado presidente César Duarte Jáquez. Tiene el uso de la palabra el senador Ángel Alonso Díaz-Caneja, para el mismo efecto.

El senador Ángel Juan Alonso Díaz-Caneja: Gracias, señor presidente.

Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, en este sentido el Partido Acción Nacional, en la voz de un servidor, se suma a este exhorto, obviamente para que se dé el análisis pertinente.

Yo creo que nadie en este país está en contra de que pudiera apoyarse a los diferentes sectores productivos, pero como lo mencionó también el que me antecedió en el uso de la palabra, que se haga un exhorto para que dándose este apoyo no se altere lo que la Cámara de Diputados dispuso en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2009.

Creo que la situación que vamos a vivir en este año merece todo un análisis y un apoyo al sector productivo, a todos los sectores productivos del país. En este sentido, el presidente de la República ha sido muy puntual en sus diferentes planes de apoyo para que la crisis mundial no afecte en demasía a nuestro país, y por tanto, no tenemos ningún objetivo más que sumarnos a que se apoye al sector productivo.

Por otro lado, también quisiera mencionar que hay inscrito en el orden del día un punto de acuerdo de mis compañeros senadores Sebastián Calderón Centeno, Luis Coppola Joffroy, de mi Grupo Parlamentario de Acción Nacional, en donde se exhorta al titular del Ejecutivo federal que se contemple la congelación del precio de diesel para uso agropecuario para el transporte de pasajeros y de carga, para la marina mercante nacional y para el sector de la pesca comercial y deportiva en todo el país durante el año.

Por tanto, siendo una materia similar, yo pediría a la Presidencia que en el resolutivo se sume este punto de acuerdo de los compañeros senadores de Acción Nacional, que complementa todo el punto de acuerdo y obviamente tiene la anuencia que tenía que ser posterior, pero ya lo votamos para que fuera de urgente u obvia resolución, pero obviamente tendrá el apoyo de los diputados, las diputadas, los senadores y las senadoras de Acción Nacional. Es cuanto, señor presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar al titular del Ejecutivo federal a considerar la congelación del precio del diesel para uso agropecuario, transporte de pasajeros y de carga, marina mercante nacional y sector de pesca comercial y deportiva en el país durante todo el año, suscrita por los senadores Sebastián Calderón Centeno, Alberto Coppola Joffroy y Juan Bueno Torio, del Grupo Parlamentario del PAN

Los que suscriben, Sebastián Calderón Centeno, Juan Bueno Torio Luis y Alberto Coppola Joffroy senadores de la República de la LX Legislatura, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de esta Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión la siguiente proposición con punto de acuerdo para solicitar al titular del Ejecutivo federal que se contemple la congelación del precio del diesel para uso agropecuario, para el transporte de pasajeros y de carga, para la marina mercante nacional y para el sector de la pesca comercial y deportiva en todo el país durante todo el año, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El diesel es un combustible hidrocarburo que se utiliza para el transporte de carga, de pasajeros, para las embarcaciones de la marina mercante, cuya flota naviera está compuesta por las embarcaciones con bandera mexicana y las embarcaciones inscritas en el padrón de abanderamiento mexicano, así como para los buques de la Armada de México en el desempeño de sus tareas relativas al ejercicio de la soberanía en las zonas marinas mexicanas.

También es un energético e insumo fundamental para las labores productivas del sector agropecuario y para el sector industrial, y representa un porcentaje importante del costo total de las actividades productivas.

Respecto al autotransporte de carga, considerando que alrededor del 90 por ciento de la población, mercancías y productos de la canasta básica y toda la materia prima que utiliza la industria del país se realiza mediante camiones de carga, el diesel es de sobrada importancia, pues es el insumo principal para poder realizar dicha actividad. Es así que, de no contemplar medidas suficientes respecto a la congelación del precio del diesel, el impacto será en la canasta básica.

Es importante señalar, a manera de ejemplo, lo que sucede en Veracruz, donde transportistas paralizaron alrededor de diez mil unidades en las principales ciudades, lo cual ha provocado caos que obliga a los usuarios, la mayoría de ellos estudiantes y trabajadores, a utilizar taxis o vehículos particulares, lo que refleja sin duda un gasto en la economía de los ciudadanos, que no están en condiciones de hacerlo. Los municipios más afectados fueron Jalapa, Coatepec, Banderilla, Papantla, Poza Rica, Misantla, Tuxpan, Córdoba, Orizaba, Huatusco, Fortín de las Flores, el Puerto de Veracruz, Boca del Río, Alvarado, San Andrés y Santiago Tuxtla, Cosoleacaque, Catemaco, Minatitlán y Coatzacoalcos.

A lo anterior hay que sumar que los transportistas han fijado un plazo con el objeto de realizar un nuevo paro en el que podrían detener alrededor de 45 mil camiones de aproximadamente 23 estados de la República.

Por cuanto hace a la pesca, es de considerarse que comprende dos grandes segmentos: la captura, que es una actividad esencialmente extractiva de los recursos marinos, y la acuacultura que se refiere a la producción pesquera en ambientes controlados.

Ambas constituyen actividades del sector primario, por lo tanto son un motor del desarrollo regional y un factor de impulso económico nacional.

De acuerdo con especialistas e investigadores, las aguas de México albergan mil 200 especies con posibilidades de ser capturadas; 305 están plenamente identificadas y 60 de éstas tienen una gran importancia económica.

México ocupa el lugar 16 entre los 20 países pesqueros más importantes del mundo.

La Cámara Nacional de las Industrias Pesquera y Acuícola (Canainpesca) apunta que la nación mexicana exporta productos del mar a cerca de 50 países, aunque las ventas se concentran principalmente en el mercado estadounidense, que absorbe cerca del 80 por ciento. No obstante, la industria enfrenta situaciones difíciles por los escasos recursos financieros y las altas tasas de interés existentes; ya que, además del entorno económico, el sistema bancario sigue considerando la pesca como una actividad de alto riesgo.

Hay que agregar el incremento gradual del precio del diesel, con la consecuente afectación a la industria pesquera nacional, que ha decidido, desde el 1 de enero del presente año, paralizar sus actividades.

La suspensión de actividades de los pescadores de Sinaloa, por el alto precio del diesel marino, ha tenido su réplica en varios estados costeros del país como Campeche, Baja California, Oaxaca, Sonora, Tamaulipas y Yucatán; con lo cual se han dejado de producir cientos de toneladas de pescado y camarón; lo que genera un impacto económico negativo para la economía nacional.

Cabe recordar que desde el 2005 hasta el 2008, conforme a lo dispuesto en la Ley de Ingresos de la Federación, el Diesel se encontraba subsidiado, por lo que el presupuesto del sector, encabezado por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación tiene contemplado una partida para que dicha secretaría, a través de la Comisión Nacional de Pesca y Acuacultura, cubra una porción del combustible al que tienen acceso las empresas del sector y los pescadores individuales.

El año pasado se dedicaron 885 millones de pesos para este rubro; sin embargo, en ese mismo año, la política fiscal realizó 33 incrementos al precio del referido combustible, lo que provocó un aumento de 23.6 por ciento en su precio.

Al finalizar el 2007, el litro de diesel costaba menos de 6 pesos, y para fines de 2008 el precio había subido a 7.33 pesos.

En septiembre de 2008, la Secretaría de Hacienda estableció el mecanismo de aumentos semanales al precio del combustible, con la finalidad de reducir el subsidio gubernamental al producto mencionado, señalando que tan sólo el año pasado el importe del subsidio ascendió a 260 mil millones de pesos, y que lo que se pretende es que en el presente año la cifra se reduzca a la mitad; esto es, a 138 mil millones de pesos. Lo anterior porque los altos precios del petróleo en el mercado internacional encarecían la importación del combustible. Sin embargo, tal afirmación carece a nuestro entender, de sustento, habida cuenta de la caída del precio del barril a nivel internacional. No obstante, el incremento del precio en nuestro país ha sido gradual e ininterrumpido.

Esta decisión de incrementar el precio del combustible contrasta con los precios a nivel internacional. Por ejemplo, Estados Unidos de América y Europa han deteminado reducir el precio hasta en un 17 por ciento en los dos últimos meses del año pasado.

Esta situación resulta muy preocupante, ya que al permanecer ancladas las embarcaciones dedicadas a la pesca produce los siguientes efectos:

Entre otras consecuencias graves para la economía de México.

Ahora bien, consideramos de particular importancia destacar las acciones del presidente de la República para enfrentar la crisis económica por la que atraviesa el mundo entero y que afecta desde luego a nuestro país, que consisten en la firma del Acuerdo Nacional a favor de la Economía Familiar y el Empleo; propuesto el miércoles 7 de enero del presente año, el cual contiene 25 medidas para enfrentar la crisis económica.

En el referido acuerdo se asumen compromisos que sin duda tienden a proteger el empleo, así como apoyar el ingreso de las familias y procurar una necesaria estabilidad económica.

Entre las medidas que se adoptan, se encuentra la de congelar los precios de las gasolinas en todo el país durante el 2009 y reducir el precio del gas LP en un 10 por ciento, manteniéndolo en ese nivel por el resto del presente año. Estas dos acciones, se señala en el acuerdo, amplían el ingreso disponible de las familias por un monto de 45 mil 400 millones de pesos, que podrán ahorrar o destinar a la adquisición de otros bienes, además de que se beneficiarán por una menor inflación que resultaría de dichas acciones.

Resulta positivo que el Ejecutivo federal adopte dichas medidas ante la crisis y de manera responsable emprenda acciones directas y concretas para mitigar los efectos de la crisis internacional en la economía interna, tales como la congelación del precio de las gasolinas y la reducción del gas LP, en los momentos en que se necesita fortalecer nuestra economía.

Sin embargo, en dicho acuerdo no se incluye la congelación del precio del diesel; no obstante que dicho combustible constituye un insumo de primera necesidad para el transporte de carga, la agricultura, la pesca deportiva, la industria y la marina mercante; incluso la marina armada se ve afectada por el constante aumento del hidrocarburo.

Y particularmente, por cuanto hace a la pesca, resulta altamente preocupante que en la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009, ya no se contempla el estímulo fiscal a los contribuyentes que adquieran diesel marino especial y que se utiliza como combustible para las embarcaciones destinadas al desarrollo de las actividades de la marina mercante, en perjuicio de las actividades de la gente dedicada a la pesca en nuestro país; no obstante que dicha actividad puede ser un factor detonante para aumentar la tasa de crecimiento de nuestra economía, razón por lo que resulta de vital importancia evitar que los pescadores mexicanos vean mermada su actividad por el alto precio del diesel marino.

En ese sentido, consideramos esencial que, a fin de promover el fortalecimiento de los sectores productivos nacionales dedicados a la actividad agropecuaria, agrícola, ganadera, pesquera, al transporte de carga, así como de la marina mercante nacional e incluso de la marina armada de México, se considere dentro del Acuerdo Nacional a favor de la Economía Familiar y el Empleo la congelación del precio del diesel; toda vez que, como resultado de los constantes aumentos del precio del referido combustible, como actualmente se viene realizando, no sólo se producen una serie de incrementos en los precios sectoriales y un alza de los precios al consumidor, sino también puede generar presiones inflacionarias sobre el conjunto de la economía nacional.

Por tal razón, con el firme y sensible propósito de enfrentar la crisis económica que afecta a todos los sectores económicos de nuestro país, proponemos a esta soberanía, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se formula un respetuoso exhorto al titular del Ejecutivo federal, a fin de que se amplíe el Acuerdo Nacional a favor de la Economía Familiar y el Empleo, con el objeto de que se contemple la congelación del precio del diesel para uso agropecuario, el transporte de pasajeros y de carga, la marina mercante nacional y el sector de la pesca comercial y deportiva, en todo el país durante todo el año.

Presidencia del diputado César Duarte Jáquez

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Gracias, señor senador.

Hay dos propuestas de modificación al resolutivo del punto de acuerdo, una hecha por el señor diputado Octavio Martínez Vargas , en donde plantea que se adicione a la industria pesquera como beneficiaria en la baja del precio del diesel, como lo ha planteado, también, el señor senador.

Entonces pido a la Secretaría poner a consideración de la asamblea si es de modificar el texto del punto de acuerdo que se ha planteado para que se plantee la posibilidad de incorporar estas dos propuestas.

El Secretario senador Jesús Garibay García: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta si se considera que se adicionen los dos puntos al punto de acuerdo que se está proponiendo. Compañeros legisladores proponentes, espero el texto para poder darle lectura. Los que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Los que estén por la negativa sírvanse.

Mayoría por la afirmativa, para que se incorporen las dos proposiciones.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Aprobada la incorporación de las mismas.

En tanto, por favor, lea la Secretaría cómo quedaría finalmente con estas dos adiciones el punto de acuerdo.

El Secretario senador Jesús Garibay García: Punto de acuerdo. A ver, personal de apoyo, el punto de acuerdo original.

Punto de acuerdo. Primero. La del Congreso de la Unión exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a tomar las medidas necesarias a fin de disminuir el precio del diesel para autotransporte, en virtud de la crisis en la que se encuentra dicho sector.

Segundo. La del Congreso de la Unión exhorta al titular del Ejecutivo federal a que las dependencias correspondientes a su cargo realicen una reunión de trabajo con las agrupaciones de autotransportistas a nivel nacional, con objeto de poner fin a la crisis por la que atraviesa dicho sector.

Tercero. De igual forma se considere el diesel para la industria pesquera.

Cuarto. Se formula respetuoso exhorto al titular del Ejecutivo federal, a fin de que se amplíe el Acuerdo Nacional en Favor de la Economía Familiar y el Empleo, con objeto de que se contemple la congelación del precio del diesel para uso agropecuario, para el transporte de pasajeros y de carga, para la Marina Mercante Nacional y para el sector de la pesca comercial y deportiva en todo el país durante todo el año.

Serían las dos adiciones, presidente.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Bien. Consulte la Secretaría a la asamblea si se aprueban las adiciones... Se han aprobado, perdón. Se les ha dado ya lectura.

Consulte la Secretaría a la asamblea si se encuentra suficientemente discutida la proposición.

El Secretario senador Jesús Garibay García: En votación económica se pregunta a la asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición con las dos adiciones. Los legisladores y las legisladoras que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Los legisladores y las legisladoras que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Mayoría por la afirmativa, señor presidente.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Suficientemente discutida.

Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueba la proposición con sus adiciones.

El Secretario senador Jesús Garibay García: En votación económica se consulta a la asamblea si se aprueba el punto de acuerdo con las dos adiciones. Los legisladores y las legisladoras que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Los legisladores y las legisladoras que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Mayoría por la afirmativa, señor presidente.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Aprobado por unanimidad. Comuníquese.

ESTADO DE MEXICO

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: El siguiente punto del orden del día es el de dictámenes a discusión de la Primera Comisión, con puntos de acuerdo.

En virtud de que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se autoriza que sólo se lean los puntos de acuerdo.

El Secretario senador Jesús Garibay García: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se autoriza que sólo se lean los puntos de acuerdo. Los legisladores y las legisladoras que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Los legisladores y las legisladoras que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Mayoría por la afirmativa, señor presidente.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Se autoriza. Continúe la Secretaría.

El Secretario senador Jesús Garibay García: «Dictamen de la Primera Comisión, con puntos de acuerdo relativos a la construcción de un puente vehicular en la colonia Villa de las Flores, de Coacalco de Berriozábal, México

Honorable Asamblea:

A la Primera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente correspondiente al primer receso del tercer año de ejercicio constitucional de la LX Legislatura, fue turnada la proposición con punto de acuerdo a fin de exhortar al gobernador del estado de México a salvaguardar, con estricto arreglo a derecho, las garantías individuales de libre asociación, manifestación, tránsito y petición que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, e instruir a los servidores públicos para que cumplan los acuerdos que asignaron los munícipes de la colonia Villa de las Flores, a cargo del diputado Octavio Martínez Vargas , en nombre de la diputada Eva Sánchez Valdez, del Grupo Parlamentario del PRD.

Los ciudadanos legisladores integrantes de esta Comisión realizaron el estudio y análisis de los planteamientos de la proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno el presente:

Dictamen

Antecedentes

La proposición con punto de acuerdo que se cita en el proemio, fue presentada en la sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 7 de enero de 2009 y turnada para su estudio y dictamen correspondiente a la Primera Comisión de trabajo --de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia.

Consideraciones

I. En el presente caso, los integrantes de la comisión dictaminadora consideraron reproducir literalmente los capítulos relativos a antecedentes, consideraciones y resolutivos contenidos en la proposición con punto de acuerdo que se dictamina, por las razones que más adelante se expresan:

``Consideraciones

``Puntos de Acuerdo

En el caso, como lo reconoce expresamente la autora de la proposición que se dictamina, se trata de un asunto de la competencia directa del gobierno del estado de México y del ayuntamiento de Coacalco de Berriozábal, por lo que esta comisión dictaminadora estima prudente que en lugar de exhorto, se solicita del municipio de Coacalco de Berriozábal del estado de México, en coordinación con el gobierno del estado de México, investigue los hechos denunciados y se finquen, en su caso, las responsabilidades correspondientes y que se remita el asunto a las citadas autoridades locales, para su conocimiento y efectos en el ámbito de sus respectivas competencias.

En mérito de lo antes expuesto, la Primera Comisión, Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, somete a la consideración del Pleno el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. La del Congreso de la Unión, con sustento en los numerales 1 y 3 del artículo 45 y 1 y 3 del artículo 97 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con pleno respeto de su soberanía, solicita del municipio de Coacalco de Berriozábal del estado de México, en coordinación con el gobierno del estado de México, investigue los hechos denunciados y se finquen, en su caso, las responsabilidades correspondientes.

Segundo. Remítase el expediente al ciudadano gobernador y al C. presidente municipal de Coacalco de Berriozábal del estado de México, para su conocimiento y efectos en el ámbito de sus respectivas competencias.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Están a discusión los puntos de acuerdo. En virtud de que no se ha registrado orador alguno, se consideran suficientemente discutidos y se reservan para su votación económica en conjunto.

LEY PARA PREVENIR Y SANCIONAR LA TRATA DE PERSONAS

El Secretario senador Jesús Garibay García: «Dictamen de la Primera Comisión, con puntos de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal a emitir el Reglamento de la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas

Honorable Asamblea:

A la Primera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente correspondiente al primer receso del tercer año de ejercicio constitucional de la LX Legislatura, fue turnada la proposición con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo federal a emitir el Reglamento de la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas y, en consecuencia, a establecer la Comisión Intersecretarial correspondiente, a cargo del senador Raúl Mejía González y suscrita por los senadores Ramiro Hernández García y Adolfo Toledo Infanzón, del Grupo Parlamentario del PRI.

Los ciudadanos legisladores integrantes de esta Comisión realizaron el estudio y análisis de los planteamientos de la Proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno el presente:

Dictamen

Antecedentes

La proposición con punto de acuerdo que se cita en el proemio, fue presentada en la sesión del pleno de la Comisión Permanente de fecha 14 de enero de 2009 y turnada para su estudio y dictamen correspondiente a la Primera Comisión de Trabajo de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia.

Consideraciones

I. En el capítulo de exposición de motivos, los autores de la proposición que se dictamina, mencionan que el 27 de noviembre de 2007 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se expide la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada; el Código Federal de Procedimientos Penales y el Código Penal Federal, señalando que la Ley fue resultado de un proceso de discusión de mucho tiempo, que tuvo como cámara de origen al Senado de la República y en el que todos los grupos parlamentarios coincidieron al votarla a favor, de manera unánime.

Comentan los autores de la proposición que durante las deliberaciones legislativas se puso de manifiesto el desconocimiento que como sociedad se tenía acerca de la magnitud y complejidad del problema de la trata de personas; se contaban apenas con estimaciones muy generales respecto al número de víctimas, mientras se conocían reportes internacionales muy alarmantes que señalaban a México como el primer centro de reclutamiento con fines de explotación sexual de menores que llegan anualmente a Estados Unidos de América, y se tenían visiones fragmentadas del fenómeno dada su conexión con otros delitos, como la violencia doméstica y las violaciones a los derechos laborales. La legislación que se propuso y aprobó logró precisar el marco jurídico de la trata de personas, en su especificidad y como parte de un fenómeno de delincuencia organizada que tiene dimensión internacional.

Destacan los mismos proponentes que el resultado legislativo es sólo el inicio de una acción pública que requiere ser complementado; que el artículo 10 de la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas señala que ``el Ejecutivo federal establecerá una comisión intersecretarial en los términos del artículo 21 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal'', lo que es imprescindible para precisar los diagnósticos, definir estrategias, trazar líneas de acción y definir prioridades que hagan avanzar más rápido en el combate del fenómeno. Que el artículo 12 de la Ley en comento tendrá la finalidad de elaborar un Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas. Lo anterior revela la importancia de que se cumpla lo establecido y no se demore más la emisión del Reglamento de la Ley indicado en el Artículo Segundo Transitorio del Decreto por el que se aprobó la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas.

Por otra parte, señalan los proponentes que se han realizado varios exhortos al Ejecutivo para que proceda a la publicación del Reglamento de ley, necesario, sin resultados positivos: ``El martes 8 de julio de 2008, la del Congreso de la Unión aprobó un Punto de Acuerdo cuyo artículo Único establece que 'La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al Poder Ejecutivo Federal a que expida el Reglamento de la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas'. El miércoles 10 de septiembre de 2008 se presentó nuevamente ante el pleno de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, una nueva proposición por la que se realiza otro exhorto al Ejecutivo federal para que emita el Reglamento de la multicitada ley. Y el pasado 4 de diciembre varios compañeros senadores hicieron lo propio presentando un punto de acuerdo con ese propósito''.

Concluyen los proponentes al señalar que es muy importante insistir en el exhorto y hacerlo con la urgencia que el caso amerita. El Estado tiene que cumplir con la parte que le corresponde en la lucha contra el crimen de la trata de personas, para convocar la participación directa de la sociedad civil organizada, fortalecer los mecanismos de cooperación institucional, la colaboración entre los poderes públicos, a nivel federal y local, y para participar de la valiosa asistencia de los organismos especializados del sistema de Naciones Unidas. Es responsabilidad del Poder Legislativo vigilar el estricto cumplimiento de los mandatos de la ley.

Los mismos autores de la Proposición que se dictamina formulan el siguiente:

``Punto de Acuerdo

Para tales efectos se atenderá a lo siguiente:

Además, en los artículos 12 y 13 se establecen las atribuciones, incluyendo su participación en el diseño del Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, de la Comisión Intersecretarial de referencia.

D) Se precisó que fue el miércoles 16 de julio, en que se aprobó el dictamen de la Primera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente, que contiene Punto de Acuerdo: Por el que se exhorta al Poder Ejecutivo Federal a expedir el Reglamento de la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas.

E) También se precisó que fue el 21 de octubre de 2008 en que la diputada Holly Matus Toledo presentó ante el Pleno de la Cámara de Diputados un punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a expedir el Reglamento de la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas. Dicha proposición fue turnada a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados. Se encuentra pendiente de dictamen.

F) Se confirmó que el 4 de diciembre de 2008, los senadores Rubén Velázquez López, José Luis García Zalvidea, Antonio Mejía Haro, Lázaro Mazón Alonso, Salomón Jara Cruz y Héctor Bautista López, presentaron proposición con punto de acuerdo por el que, principalmente, se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a efecto de que se publique a la brevedad posible el Reglamento de la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, turnada a la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Senadores y aún pendiente de dictamen.

G) El cuerpo de asistencia técnica de esta Comisión de Trabajo realizó una búsqueda en el Diario Oficial de la Federación y se pudo constatar que no aparece publicado el Reglamento de la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas ni decreto o resolución del Ejecutivo que provea a la integración y funcionamiento de la Comisión Intersecretarial a que se refieren los artículos 10 a 13 de la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas.

Consecuentemente, la comisión dictaminadora toma en consideración que efectivamente el 16 de julio de 2008 esta Comisión Permanente aprobó un punto de acuerdo por el que se exhorta al Poder Ejecutivo Federal a que expida el Reglamento de la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas y que no se encontró constancia, hasta el momento, de que se haya cumplido con el mandato legal de expedir el Reglamento de referencia, según lo establecido en el artículo Segundo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, y considera procedente exhortar nuevamente al Titular del Poder Ejecutivo Federal para que expida el Reglamento citado.

Ante la falta de constancia oficial de que se haya procedido a la integración de la Comisión Intersecretarial para coordinar las acciones de la Administración Pública Federal en materia de la prevención y sanción de la trata de personas, la Comisión Permanente considera igualmente procedente solicitar del Titular del Poder Ejecutivo Federal que se sirva informar de los avances en la integración de dicha Comisión y, en su caso, en la elaboración del Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas.

Por otra parte, la comisión dictaminadora no considera procedente y oportuno realizar un extrañamiento al titular del Poder Ejecutivo federal, por la demora en publicar el Reglamento en cuestión, en virtud de que, como se ha precisado, de las tres proposiciones con Punto de Acuerdo que se citan en la que ahora se dictamina, dos se encuentran pendientes en comisiones y obviamente no fueron del conocimiento del titular del Poder Ejecutivo y sólo una, la aprobada el 16 de julio de 2008, fue notificada al Ejecutivo federal.

Además, la comisión dictaminadora no encontró fundamento legal o precedente en la práctica parlamentaria que dé sustento a la formulación de un extrañamiento de tal naturaleza.

En mérito de lo antes expuesto, la Primera Comisión, Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, somete a la consideración del Pleno, el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. La del Congreso de la Unión, exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal, a expedir y publicar, a la mayor brevedad, el Reglamento de la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, previsto en el artículo segundo transitorio del decreto por el que se expide la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada; el Código Federal de Procedimientos Penales y el Código Penal Federal.

Segundo. La del Congreso de la Unión solicita al titular del Poder Ejecutivo Federal, en el ámbito de colaboración entre los Poderes, se sirva enviar a esta soberanía un informe detallado de los avances en la integración de la Comisión Intersecretarial, prevista en el artículo 10 a 14 de la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, a efecto de avanzar en la elaboración del Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, de conformidad con lo que establece la ley de la materia.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Están a discusión los puntos de acuerdo. En virtud de que no se ha registrado orador alguno, se consideran suficientemente discutidos y se reservan para su votación económica en conjunto.

ANA LAURA MONTERO OCAMPO

El Secretario senador Jesús Garibay García: «Dictamen de la Primera Comisión, con puntos de acuerdo sobre el caso de la ciudadana Ana Laura Montero Ocampo

Honorable Asamblea:

A la Primera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente correspondiente al primer receso del tercer año de ejercicio constitucional de la LX Legislatura, fue turnada la proposición con punto de acuerdo relativo al caso de la ciudadana Ana Laura Montero Ocampo, suscrita por la diputada Maricela Contreras Julián , del Grupo Parlamentario del PRD.

Los ciudadanos legisladores integrantes de esta Comisión realizaron el estudio y análisis de los planteamientos de la proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la del Congreso de la Unión el presente:

Dictamen

Antecedentes

La proposición con punto de acuerdo que se cita en el proemio, fue presentada en la sesión del pleno de la Comisión Permanente de fecha 14 de enero de 2009 y turnada para su estudio y dictamen correspondiente a la Primera Comisión de Trabajo de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia.

Consideraciones

I. La autora de la proposición que se dictamina se refiere al caso de Ana Laura Montero Ocampo, mujer de 27 años, pasante en sociología de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, luchadora social en pro de los derechos humanos y el respeto de las culturas indígenas, cantante y profesora de danza y lengua náhuatl en las comunidades de Tlaxcala, que a su parecer ha sido privada injustamente de su libertad; ha sufrido violaciones a sus derechos humanos por autoridades administrativas y judiciales de dicho estado al aprehenderla, incomunicarla durante cinco días, amenazarla y presionarla psicológicamente.

Refiere la proponente que Ana Laura Montero Ocampo fue consignada el 24 de septiembre de 2008 ante el juez primero de lo penal en Tlaxcala y remitida al Centro de Readaptación Social de Apizaco, donde permanece recluida sujeta a proceso penal, acusada de haber asesinado a su suegra.

Menciona igualmente la proponente que se han hecho diversas denuncias públicas en medios de comunicación por parte de organismos de derechos humanos; que la Asociación Civil Asilegal y la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala se han hecho cargo de la representación legal de la inculpada y, sin embargo, las instituciones encargadas de impartir justicia ``en su calidad de autoridades policiacas, judiciales y ministeriales, continúan vulnerando sus derechos humanos''.

También refiere la autora de la proposición que se dictamina que: ``Es necesario que las autoridades asuman el compromiso de garantizar y respetar los derechos humanos de mujeres y hombres que son sujetos a un proceso penal pues se debe garantizar una debida administración e impartición de justicia, así como el respeto a la labor de organizaciones y personas que buscan la protección de los derechos fundamentales''.

Con sustento en lo anterior, propone el siguiente punto de acuerdo:

``Punto de Acuerdo

En el caso, como reconoce expresamente en su parte introductoria la autora de la proposición que se dictamina, se trata de la aprehensión y sujeción a proceso ante el juez primero de lo penal en Tlaxcala, de Ana Laura Montero acampo, a quien ``se le acusa de haber asesinado a su suegra'' y que está siendo representada legalmente por la Asociación Civil Asilegal y la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala. Se trata claramente de un asunto del orden común, de la jurisdicción y competencia de las autoridades administrativas y judiciales del estado de Tlaxcala.

Aún cuando los integrantes de la comisión dictaminadora ven con simpatía y solidaridad la intención de la proponente de fomentar el respeto a los derechos humanos de mujeres y hombres que son sujetos a un proceso penal, sobre todo si involucran a personas y organizaciones que buscan la protección de los derechos fundamentales, como se señala se trata de Ana Laura Montero acampo, a quien la misma proponente reconoce el carácter de ``luchadora social en pro de los derechos humanos, y el respeto a las culturas indígenas, cantante y profesora de danza y de lengua Náhuatl, en las comunidades de Tlaxcala'', la comisión dictaminadora considera que no ha lugar a la proposición que se dictamina, por las siguientes razones:

Como se ha señalado, se menciona el hecho de la aprehensión de Ana Laura Montero acampo, acusada de haber asesinado a su suegra, consignada el 24 de septiembre de 2008 ante el juez primero de lo penal en Tlaxcala y remitida al Centro de Readaptación Social Femenil de Apizaco, donde permanece recluida bajo proceso legal.

Se desconocen los detalles de dicho proceso, incluyendo los elementos del auto de formal prisión y la situación que guarda el mismo. El cuerpo de asistencia técnica de esta comisión dictaminadora realizó la investigación pertinente y sólo pudo constatar en los medios impresos de comunicación masiva locales (El Sol de Tlaxcala) y El Universal (en línea), sin que se hayan encontrado mayores datos que los aportados por la autora de la Proposición que se dictamina.

c) Existe una contradicción entre lo que se solicita en el punto de acuerdo y los hechos relatados en la parte introductoria de la proposición de mérito, pues en ésta se señala que Ana Laura Montero Ocampo fue consignada ante el juez primero de lo penal en Tlaxcala y en el punto de acuerdo se solicita que se exhorte ``al Poder Judicial de la Federación para que en la estimación del procedente ejercicio de acción penal en contra de la ciudadana Ana Laura Montero acampo, recluida en el Centro de Readaptación Social de Apizaco, Tlaxcala, se apegue a los principios de independencia e imparcialidad, analizando de forma objetiva las pruebas de cargo en las que se basa la acusación en contra de la ciudadana mencionada''; pues es claro que el Poder Judicial de la Federación no está involucrado ni tiene competencia de una acción penal por la presunta comisión del delito de homicidio, que conforme a los hechos confirmados fue consignada ante el juez primero de lo penal en Tlaxcala. Lo anterior determina que sea jurídica y prácticamente improcedente conceder la solicitud formulada por la autora de la proposición.

No obstante, en el caso, como reconoce expresamente en su parte introductoria la autora de la proposición que se dictamina, se trata de la aprehensión y sujeción a proceso ante el juez primero de lo penal en Tlaxcala, por lo que esta Comisión Dictaminadora estima prudente que en lugar de exhorto, se remita el asunto al Tribunal Superior de Justicia del estado de Tlaxcala, para su conocimiento y efectos en el ámbito de su respectiva competencia y con objeto de que se garanticen y respeten la labor de los defensores de los derechos humanos en México. De la misma forma, que dicho tribunal, se apegue a los principios de independencia e imparcialidad, analizando de forma objetiva las pruebas de cargo en las que se basa la acusación en contra de la ciudadana Ana Laura Montera Ocampo.

En mérito de lo antes expuesto, la Primera Comisión, Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, somete a la consideración del Pleno, el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. La del Congreso de la Unión, con absoluto respeto a la división de poderes, exhorta al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, se apegue a los principios de independencia e imparcialidad, analizando de forma objetiva las pruebas de cargo en las que se basa la acusación en contra de la ciudadana Ana Laura Montero Ocampo.

Segundo. Remítase copia simple del presente dictamen al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, para su conocimiento y efectos en el ámbito de su respectiva competencia.

Tercero. Archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Están a discusión los puntos de acuerdo. En virtud de que no se ha registrado orador alguno, se consideran suficientemente discutidos y se reservan para su votación económica en conjunto.

ESTADO DE VERACRUZ

El Secretario senador Jesús Garibay García: «Dictamen de la Primera Comisión, con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente, con absoluto respeto de la división de poderes, formula un atento exhorto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a efecto de que se resuelva el incidente de inejecución de sentencia número 00686/2008

Honorable Asamblea:

A la Primera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente correspondiente al primer receso del tercer año de ejercicio constitucional de la LX Legislatura, fue turnada la proposición con punto de acuerdo para exhortar a la SCJN a resolver el incidente de inejecución de sentencia número 00686/2008, considerando que la indemnización que se pague se base en el valor real y vigente, suscrita por el diputado Celso David Pulido Santiago , del Grupo Parlamentario del PRD.

Los ciudadanos legisladores integrantes de esta Comisión realizaron el estudio y análisis de los planteamientos de la Proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la del Congreso de la Unión el presente:

Dictamen

Antecedentes

La proposición con punto de acuerdo que se cita en el proemio, fue presentada en la sesión del pleno de la Comisión Permanente de fecha 14 de enero de 2009 y turnada para su estudio y dictamen correspondiente a la Primera Comisión de Trabajo de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia.

Consideraciones

I. En el capítulo de consideraciones, el autor de la proposición que se dictamina manifiesta sustancialmente lo siguiente:

Veracruz, junto con Oaxaca, Chiapas y Michoacán, es una de las entidades federativas con mayores índices de problemas agrarios sin resolver y donde se concentran los conflictos más delicados; en el sur de la entidad se contabilizan al menos 18 conflictos con más de 20 años de existencia. Uno de ellos es el del Ejido El Jagüey y su anexo El Playón, en el Municipio de Minatitlán y en el cual sus pobladores, desde 1987, fueron afectados mediante un decreto de expropiación por causas de utilidad pública debido a que existían asentamientos irregulares en los terrenos del Ejido, que se encontraban prácticamente dentro de la zona urbana de Minatitlán; sin embargo, la indemnización de 80 hectáreas no se realizó en ese tiempo ni se depositó ante alguna autoridad administrativa o judicial.

Continúa señalando el proponente que: Los afectados, desde 1987, promovieron el juicio de amparo 609/1987, que resolvió ordenar al titular de la Secretaría de la Reforma Agraria indemnizar el pago correspondiente a dichas 80 hectáreas. La Secretaría responsable ha manifestado la imposibilidad de dar cumplimiento a la resolución del Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, debido a que se verían afectadas cientos de personas que actualmente vieron regularizadas sus posesiones por parte de la Comisión Reguladora de la Tenencia de la Tierra (CORETT). Los afectados promovieron ante el Juez Décimo de Distrito en Veracruz, un incidente de cumplimiento sustituto a fin de que se lleve a cabo un avalúo actual de las hectáreas que eran propiedad del Ejido. Dicho incidente fue remitido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para su resolución, misma que se encuentra pendiente.

Con sustento en lo anterior, propone el siguiente punto de acuerdo:

``Punto de Acuerdo

De manera especial, el Poder Judicial debe disponer de independencia frente a los otros poderes para poder juzgar imparcialmente, asistido de la ley y la razón. Difiere este poder de los otros dos, en que su actuación está regulada con detalle, sin que cuente con el ámbito de discrecionalidad que le es característico a los poderes Ejecutivo y Legislativo.

Sin embargo, con el propósito de atender la solicitud planteada, por su contenido y fines sociales, la Comisión Dictaminadora considera que en el caso procede, exhortar respetuosamente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a efecto de que se resuelva el incidente de inejecución de sentencia número 00686/2008.

En mérito de lo antes expuesto, la Primera Comisión, Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, somete a la consideración del Pleno, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La del Congreso de la Unión, con absoluto respeto a la división de poderes, hace un atento exhorto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a efecto de que se resuelva el incidente de inejecución de sentencia número 00686/2008.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Gracias, diputado secretario. Está a discusión el punto de acuerdo. En virtud de que no se ha registrado orador alguno, se considera suficientemente discutido.

Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueban los puntos de acuerdo.

El Secretario diputado José Rubén Escajeda Jiménez : En votación económica se pregunta si se aprueban los puntos de acuerdo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Se aprueba, presidente.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Aprobados los puntos de acuerdo. Comuníquense.

FRECUENCIAS DE RADIO

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: El siguiente punto del orden del día es el de dictámenes a discusión de la Tercera Comisión, con puntos de acuerdo.

En virtud de que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se autoriza que sólo se lean los puntos de acuerdo.

El Secretario diputado José Rubén Escajeda Jiménez : Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se autoriza que sólo se lean los puntos de acuerdo. Las legisladoras y los legisladoras que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Mayoría por la afirmativa, señor presidente.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Se autoriza. Continúe la Secretaría.

El Secretario diputado José Rubén Escajeda Jiménez : «Dictamen de la Tercera Comisión, con punto de acuerdo para exhortar al secretario de Hacienda y Crédito Público a detener la propuesta de la Cofetel relativa a la contraprestación que deben cubrir los interesados en la transición de AM a FM; y a informar y efectuar publicaciones sobre los montos determinados al efecto

Honorable Asamblea:

A la Tercera Comisión, Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, con fecha 7 de enero de 2008, fue turnada para su análisis una proposición con punto de acuerdo presentada por el diputado Humberto López Lena Cruz , del Grupo Parlamentario de Convergencia, referente a solicitar al Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, formule un exhorto al Secretario de Hacienda y Crédito Público para que, de tener la propuesta de la Cofetel, relativa a la contraprestación que deban cubrir los interesados en la transición de AM a FM, informe y publique los montos que se hayan determinado para tal efecto.

1. Análisis de la propuesta

Los suscritos integrantes de la Tercera Comisión estiman procedente puntualizar la propuesta contenida en el acuerdo de mérito

La propuesta que se analiza parte de las consideraciones de Acuerdo de fecha 15 de septiembre de 2008, publicado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes publicado como Acuerdo por el que se establecen los requisitos para llevar a cabo el cambio de frecuencias autorizadas para prestar el servicio de radio y que operan en la banda de Amplitud Modulada, a fin de optimizar el uso, aprovechamiento y explotación de un bien del dominio público en transición a la radio digital.

Señalan el proponente que el mencionado acuerdo instituye para los empresarios interesados en el cambio de frecuencia una contraprestación.

Se destaca en la propuesta que el punto cuarto de dicho acuerdo establece lo siguiente:

Agrega el promovente que la pretensión de su propuesta es que se transparenten los montos correspondientes que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público debe establecer para este efecto.

2. Consideraciones de la Comisión

La Tercera Comisión, Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, considera atendible la preocupación y la solicitud del proponente, toda vez que el Acuerdo por el que se establecen los requisitos para llevar a cabo el cambio de frecuencias autorizadas para prestar el servicio de radio y que operan en la banda de Amplitud Modulada, a fin de optimizar el uso, aprovechamiento y explotación de un bien del dominio público en transición a la radio digital, la Comisión Federal de Telecomunicaciones continua con el proceso de análisis y evaluación del desarrollo de las tecnologías digitales reconocidas y consideradas para su estudio con el propósito de emitir la recomendación sobre la adopción del estándar de radio digital que mejor garantice las necesidades de la industria de la radio y del público radioescucha.

Asimismo, señala el acuerdo, el proceso que constituye la introducción de la nueva tecnología de la radio digital es necesario establecer condiciones en el corto plazo (un año) que favorezcan la transición de los concesionarios y permisionarios de la radio, a efecto de lograr obtener los beneficios que esta tecnología ofrece; en tal virtud, la Secretaría de comunicaciones y Transportes considera conveniente otorgar la posibilidad a aquellos concesionarios que operan en la banda de AM, de solicitar el cambio para operar en la banda de FM, a fin de allegarse de los recursos necesarios para, en un futuro, migrar al estándar digital que se determine en su momento. Asimismo, el acuerdo precisa que una vez que la Cofetel de a conocer el espectro disponible para cada región los concesionarios y permisionarios de AM tendrán un plazo de seis meses para presentar su solicitud, la cual será evaluada por la Cofetel.

Aunado a lo anterior, quienes dictaminan desean agregar que coincide con los términos de la propuesta, aun cuando de acuerdo al punto Tercero del mismo acuerdo señala que los concesionarios y permisionarios presentarán a la Cofetel la solicitud dentro de los seis meses siguientes a la fecha en que se publique la información relativa a las poblaciones en las que exista suficiente capacidad de espectro.

Esta comisión coincide en la importancia de que la Secretaría de Hacienda dé a conocer los montos a los concesionarios, mismas que deberán ser contraprestaciones justas tanto para los empresarios como para el Estado, toda vez que el espectro radioeléctrico es un bien nacional.

En mérito de lo antes expuesto, la Tercera Comisión, Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, se permite someter a la consideración del Pleno de la del Congreso de la Unión el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que, en términos del artículo 45 y 97 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, informe a esta soberanía sobre los montos que deberán pagar los concesionarios o permisionarios que estén interesados en llevar a cabo el cambio de frecuencias para operar en la banda de FM, como contraprestación económica al Estado.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Está a discusión el punto de acuerdo. En virtud de que no se ha registrado orador alguno, se considera suficientemente discutido y se reserva para su discusión en conjunto.

PRODUCCION DE ENVASES, BOLSAS Y BOTELLAS DE PLASTICO

El Secretario diputado José Rubén Escajeda Jiménez : «Dictamen de la Tercera Comisión, con puntos de acuerdo para solicitar al gobierno federal que elabore una norma oficial mexicana sobre la producción de envases, bolsas y botellas de plástico congruente con la tecnología denominada ``oxodegradación''

Honorable Asamblea:

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente fue turnada la proposición con punto de acuerdo para elaborar una NOM para la producción de envases, bolsas y botellas de plástico en congruencia con la tecnología denominada ``oxodegradación'', presentada por el senador Javier Orozco Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 párrafo primero y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la del Congreso de la Unión el presente:

Dictamen

Antecedentes

1. En sesión celebrada el 7 de enero de 2009, por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, el senador Javier Orozco Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó una proposición con punto de acuerdo para que se elabore una NOM para la producción de envases, bolsas y botellas de plástico en congruencia con la tecnología denominada ``oxodegradación''.

2. La anterior propuesta se turnó a la Tercera Comisión de la Comisión Permanente, Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, la cual se reunió para la elaboración del dictamen correspondiente el día 20 de enero de 2009.

I. Análisis de la propuesta

La propuesta de mérito hace hincapié en que la producción de plástico se ha convertido en un problema ambiental de dimensiones considerables, por el tardío procedimiento de su degradación. No son biodegradables por que son polímeros demasiados largos y compactos para ser degradados por los organismos de descomposición. Además se fabrican a partir de derivados del petróleo, fuente no renovable de energía.

Los plásticos son materiales de variados usos que han desplazado a la madera y al vidrio de una gran cantidad de aplicaciones que incluyen la industria de la construcción, la alimenticia, la farmacéutica y la del transporte. Se utilizan con mucha frecuencia como substituto del cuero, en la industria del calzado, y de la lana en la textil; ha reemplazado a la goma como aislante en las instalaciones eléctricas y al metal en muchas piezas de automóviles; también para fabricar todo tipo de electrodomésticos. No obstante, la afección principal al medio ambiente se ubica en la producción de bolsas y botellas, porque se comercializan y desperdician de manera masiva. Cuando se desechan permanecen en el ambiente durante décadas y en muchos casos es imposible recoger los productos. Miles de bolsas obstruyen alcantarillas y drenajes, matan animales en la tierra, ríos y océanos, y desfiguran las calles, playas y paisajes. También tienen un impacto muy costoso sobre la gestión de los residuos.

Por esta razón, lo ideal es buscar mejores procesos de degradación, en las envolturas de alimentos y bebidas, que en términos estrictos representa solamente el 27% de los productos plásticos.

La distribución masiva y gratuita de bolsas de plástico en supermercados, tiene un impacto tan negativo como la producción de botellas de refresco, que se venden en cantidades impresionantes en México. De hecho, nuestro país es uno de los principales consumidores, a nivel internacional de éstos. También tienen un impacto sumamente negativo, aquellos productos plásticos que se vinculan con el contrabando y la piratería, debido a su falta de certificación o violación de las disposiciones legales de fabricación, importación o comercialización.

La industria audiovisual distribuye anualmente en México 22 millones de copias de películas en diversos formatos, mientras que los piratas llegan a vender casi 30 millones, señalan datos oficiales.

Ante su impacto ambiental, los científicos e ingenieros vienen desarrollando plásticos biodegradables obtenidos de fuentes renovables, como las plantas y las bacterias. El almidón es una importante opción. Siendo un polímero natural, se encuentra en cereales como el maíz y los tubérculos, como la papa o la yuca.

Primero, el almidón se extrae y los microorganismos los transforman en una molécula más pequeña: el ácido láctico. Después es tratado químicamente para formar cadenas o polímeros, los que se unen entre sí, convirtiéndose en el plástico llamado PLA (poliláctido). El PLA se encuentra en el mercado desde 1990 y ha demostrado ser muy bueno en medicina, para implantes, suturas y cápsulas de remedios, debido a su capacidad de disolverse al cabo de un tiempo.

Proponen como alternativa, un mecanismo llamado oxodegradación. Se basa en la introducción de una pequeña cantidad de aditivo (generalmente 3%) al proceso convencional de manufactura de productos de plástico; esta adición cambia el comportamiento del plástico y su degradación comienza inmediatamente después de su fabricación y se acelerará cuando se expone al calor, luz o estrés. Este proceso es irrevocable y continúa hasta que el material se ha reducido a nada más que dióxido de carbono, agua y humus y no deja fragmentos de petropolímeros en el suelo.

Las bolsas serán consumidas por bacterias y hongos después que el aditivo haya reducido la estructura de la molécula a niveles que permite a microorganismos vivos acceder al carbono e hidrógeno en ella contenidos. En este momento, ha dejado de ser un plástico y se ha convertido en fuente de alimento. Se describe como biodegradable o hasta omidegradable.

Señala el promovente que en México estamos totalmente rezagados en la lucha contra los plásticos convencionales que ocasionan un daño irreversible al medio ambiente. No existe legislación que inhiba su producción y mucho menos el fomento a la utilización de métodos alternativos como el almidón, bacterias u oxo-degradación, a pesar de que México es considerado el segundo consumidor de plástico en América Latina, con un consumo cercano a los 7 millones de toneladas al año. También somos potencia en producir botellas (100 millones), envases (3 millones) y 260 mil toneladas de bolsas de plástico. De inmensa producción no se recicla ni el 2 por ciento. La mayoría de los envases y embalajes están hechos de tereftalato de polietileno (PET), que en ocasiones tarda hasta cientos de años en degradarse. Otro plástico, el PVC, origina elevada contaminación al ser fabricado, y si es incinerado produce dioxinas y furanos sumamente tóxicos.

Es muy importante que los empresarios tomen conciencia de la importancia de la normalización de artículos de consumo, llámense juguetes, enseres domésticos, calzado, discos compactos. Deben acercarse a las distintas instancias especializadas como el Centro de Normalización y Certificación de Productos donde pueden conocer el ABC para llevar a cabo la normalización de sus productos.

II. Consideraciones de la Comisión

El mecanismo llamado oxodegradación. Se basa en la introducción de una pequeña cantidad de aditivo (generalmente el 3%) al proceso convencional de manufactura de productos de plástico, esta adición cambia el comportamiento del plástico y su degradación comienza inmediatamente después de su fabricación y se acelerará cuando se exponga al calor, luz o estrés. Este proceso es irrevocable y continua hasta que el material se ha reducido a nada más que dióxido de carbono, agua y humus y no deja fragmentos de petropolímeros en el suelo.

Algunos países han empezado a utilizar el método de oxodegradación. Uno de los más grandes supermercados de Inglaterra, se encuentra liderando la iniciativa de utilizar bolsas de plástico oxobiodegradable en ese país. Otros países han implementado algunos mecanismos fiscales y legales para detener la producción de bolsas convencionales.

Por ejemplo, en Irlanda se introdujo un impuesto adicional, ocasionando una disminución significativa en el número de bolsas en circulación. Otros países, también se han sumado a la condena de la utilización de bolsas de plástico no fácilmente degradable: Barbados, Colombia, Sri Lanka, India, Bangladesh, Taiwan y China.

La oxodegradación empieza a ser utilizada en México, mientras tanto, seguimos dependiendo de la voluntad empresarial para cambiar los esquemas de producción no biodegradables.

Existen distintos niveles que permiten apresurar o retardar el proceso de oxodegradación del plástico, los cuales puede variar dependiendo de las necesidades que se requieran. Eso sí, el aditivo siempre se debe utilizar en una cantidad correspondiente a una inclusión porcentual en peso muy pequeña de aditivo respecto a la cantidad de materia prima, que de ninguna manera afectará la apariencia ni funcionalidad de los productos plásticos en el tiempo de vida determinado, incluso el material no pierde la posibilidad de ser reciclado.

El tiempo de declinación de los productos que usan plásticos oxobiodegradables oscila en un rango que va de 6 meses hasta 5 de años y puede ser programado desde el momento de su transformación. Asimismo, existe la posibilidad de extender la vida útil del producto si es que éste se maneja en condiciones adecuadas de almacenamiento, por ejemplo, en un lugar cerrado y oscuro.

Actualmente, este tipo de plásticos se utilizan principalmente en película extruída para productos como bolsas de supermercado, bolsas para basura y también en cilindros, botellas y envases para cosméticos en países como Reino Unido, Brasil, Argentina, Hong Kong y Costa Rica, entre otros.

En mérito de lo antes expuesto, la Tercera Comisión, Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, de la Comisión Permanente, se permite someter a la consideración del Pleno de la del Congreso de la Unión el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, solicita a la Secretaría de Economía se analicen los elementos técnicos y científicos para elaborar una Norma Mexicana para la producción de envases, bolsas y botellas de plástico en congruencia con la nueva tecnología denominada oxodegradación, procurando seguir en lo procedente, las especificaciones de la Norma Americana ASTM 6954 con el objetivo de mitigar los efectos negativos de la degradación tardía de este tipo de plástico.

Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Economía a realizar una campaña extensa entre aquellas empresas que elaboran y distribuyen envases, bolsas y botellas de plástico, con el objetivo de concientizarlas sobre la utilización de los productos biodegradables, considerando los altos beneficios ambientales y los reducidos costos económicos.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Están a discusión los puntos de acuerdo. En virtud de que no se ha registrado orador alguno, se consideran suficientemente discutidos y se reservan para su votación en conjunto.

FAMILIAS MEXICANAS

El Secretario diputado José Rubén Escajeda Jiménez : «Dictamen de la Tercera Comisión, con punto de acuerdo para solicitar al titular del Poder Ejecutivo federal que se implanten en la administración pública federal políticas que fortalezcan a las familias mexicanas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4o. constitucional

Honorable Asamblea:

A la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, en el primer receso del tercer año de ejercicio constitucional de la LX Legislatura, fue turnada el catorce de enero de dos mil nueve, para su análisis y dictamen la proposición con punto de acuerdo por la que se solicita al titular del Poder Ejecutivo Federal que implante en la Administración Pública Federal políticas públicas que fortalezcan a las familias mexicanas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4o. Constitucional; presentada por la senadora María Teresa Ortuño Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 122, párrafo primero, y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como 58, 60, 87, 88, 175 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la del Congreso de la Unión el presente dictamen, al tenor de los siguientes:

Antecedentes

1. Con fecha catorce de enero de dos mil nueve, la senadora María Teresa Ortuño Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó ante el Pleno de la del Congreso de la Unión la proposición de mérito.

2. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la del Congreso de la Unión, dispuso que dicha solicitud de punto de acuerdo se turnara para su estudio y dictamen correspondiente a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, por lo que se emite en este acto el dictamen correspondiente.

3. La proposición en estudio, en síntesis, contienen los siguientes fundamentos y razones en que se sustenta:

El Encuentro Mundial de las Familias es una reunión de importancia internacional y, no obstante su aparente carácter religioso, será un espacio de reflexión social que con toda seguridad rendirá importantes frutos. Como gobierno debemos aprovechar. No debe de ser ajeno al gobernante los esfuerzos que la sociedad civil organizada lleve a cabo, independientemente de las orientaciones religiosas o filosóficas que sustenten los trabajos de dicho congreso, lo cierto es que hay una voluntad con propósitos nobles para encontrar fortalezas a las familias mexicanas.

Con base a lo anterior, los autores de la proposición solicitan que se exhorte al Ejecutivo Federal a considerar la instalación de una nueva refinería y la construcción de un complejo petroquímico en el Estado de Tabasco.

En consecuencia, los integrantes de la Tercera Comisión emiten al presente Punto de Acuerdo al tenor de las siguientes:

Consideraciones

A pesar de que en los últimos años la idea de equidad ha permeado el discurso político y el de las propias familias y de la sociedad en general, nos encontramos muy lejos de verdaderas prácticas de equidad al interior de los grupos familiares y de respeto y reconocimiento hacia los diversos arreglos de convivencia existentes en nuestro país.

Dadas las condiciones en que se desenvuelve la vida de las familias mexicanas en este momento es imprescindible:

Por todo lo anterior, coincidimos que ha habido un cambio en el paradigma de protección social, que conlleva el traslado de riesgos al individuo y a sus familias, entre otras causas, por la pérdida de calidad de servicios públicos sociales. Aunado a esto, la aplicación de políticas económicas en los últimos veinticinco años, en particular las de contención salarial y vulneración sistemática de los derechos laborales de los trabajadores, ha implicado el empobrecimiento de las familias, la pérdida de bienes acumulados por éstas y una persistente inseguridad económica, que tensiona las relaciones familiares, propicia las migraciones y la violencia social y familiar.

Afirmamos que por discusiones de conceptos, se ha postergado una urgente y necesaria reflexión colectiva sobre los efectos perversos de las políticas económicas que han provocado graves omisiones en la incorporación de programas y acciones colectivas indispensables para asegurar la protección y el desarrollo pleno de los seres humanos, dejando vacíos de atención los que repercuten en las problemáticas psicosociales que se viven actualmente, tales como la depresión y el suicidio (incluso infantil), los desór- denes alimenticios, las adicciones no sólo a substancias sino a conductas compulsivas, el abandono, la frustración, la deserción escolar, la explotación y trata de seres humanos y el reclutamiento juvenil en el crimen organizado, entre otros.

Consideramos que los individuos y las familias resienten las reiteradas crisis económicas, el desempleo, la precariedad laboral, el desmantelamiento de la seguridad social y de los servicios sociales públicos y la tremenda desigualdad en la distribución de la riqueza, el poder, el tiempo, la información y el conocimiento. Las acciones a favor de las familias debieran procurar una mayor justicia social, una mayor inclusión, una mayor responsabilidad social del Estado y las empresas y el rechazo a las condiciones de abuso, discriminación e inequidad en el acceso a una mejor calidad de vida para todas las familias y sus integrantes.

En esa tesitura, reconocemos que solamente mediante un diálogo social amplio, incluyente, constructivo y respetuoso, que reconozca la diversidad y heterogeneidad que caracterizan actualmente a la sociedad mexicana y en particular a las familias que la integran, será posible desarrollar las instituciones, la legislación, las verdaderas políticas públicas y lo más importante, los acuerdos sociales, que nos permitan avanzar en el desarrollo de sistemas de protección social hacia las familias como parte del desarrollo de la democracia del país, la construcción de un Estado de Derecho laico y la realización de los derechos humanos de todos.

Por ello, atendiendo al principio que se establece en el artículo 4 constitucional, el cual ordena diversas disposiciones a favor de la familia, como el derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos o el derecho de toda familia para disfrutar de vivienda digna y decorosa, entre otras cosas, creemos que el Estado debe crear las políticas públicas que por esta obligado.

En consecuencia, los integrantes de esta Comisión consideramos oportuno aprobar la solicitud de la senadora proponente, con el fin de que el Ejecutivo federal implante las políticas públicas que fortalezcan a las familias mexicanas.

Por tanto, los legisladores integrantes de la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, someten a esa honorable asamblea el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La del Congreso de la Unión, exhorta al Ejecutivo federal para que implante en la administración pública federal, políticas públicas que tiendan a fortalecer a la familias mexicanas en su organización y desarrollo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4o. constitucional, aprovechando las reflexiones y conclusiones que se den en ocasión del Encuentro Mundial de las Familias que se lleva a cabo en la Ciudad de México.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Está a discusión el punto de acuerdo. En virtud de que no se ha registrado orador alguno, se considera suficientemente discutido y se reserva para su votación en conjunto.

ESTADO DE GUERRERO

El Secretario diputado José Rubén Escajeda Jiménez : «Dictamen de la Tercera Comisión, con puntos de acuerdo para exhortar al gobierno de Guerrero a subsidiar el pago de energía eléctrica a los participantes en la Feria de la Bandera, de Iguala

Honorable Asamblea:

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente, fue turnada la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al gobierno de Guerrero a subsidiar a los participantes de la Feria de la Bandera, en Iguala, el pago por el uso de energía eléctrica, e implantar medidas para concienciar a dichos participantes respecto al ahorro de energía eléctrica, a fin de favorecer la reducción de costos por consumo eléctrico, presentada por el senador Rubén Fernando Velázquez López y suscrita por el senador Lázaro Mazón Alonso, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Los ciudadanos legisladores integrantes de esta Comisión realizaron el estudio y análisis de la Proposición a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente Dictamen.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno el presente:

Dictamen

Antecedentes.

La proposición con punto de acuerdo que se cita en el proemio, fue presentada en la sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 14 de enero de 2009, y turnada para su estudio y dictamen correspondiente a la Tercera Comisión.

Consideraciones

En su capítulo de Consideraciones los autores de la proposición con punto de acuerdo que se dictamina señalan que la Feria de la Bandera que año con año se celebra en Iguala, Guerrero, es una de las expresiones esenciales de la nación para conmemorar el lábaro patrio, el símbolo primordial de la identidad mexicana, que se remonta a la época de la Independencia, cuando México surgía como un nuevo estado libre y soberano el 24 de febrero de 1821 y en donde don Magdaleno Ocampo confeccionó con los colores verde, blanco y rojo, en franjas diagonales y en cada franja una estrella dorada de cinco picos.

Que sin duda, debemos a los igualtecos la preservación de esta humilde tradición en una feria abierta al pueblo que lleva ya más de medio siglo. Esta feria, a petición personal de los participantes, continúa sin cobrar a los asistentes, a fin de que puedan disfrutar de los espectáculos de primer nivel.

Que como parte de la feria, además, se llevan a cabo conferencias, danzas prehispánicas, el tradicional desfile cívico-militar y juegos florales, organizados por los poetas del lugar, donde el ganador se hace acreedor al Tamarindo de Oro.

Que sobre la cima del cerro Tehuehe, perteneciente a la colonia CNOP, se iza a una altura de 114 metros un lienzo de bandera de 250 kilos y una dimensión de 27 x 50 metros desde el 24 de febrero de 1998.

Que debido a la atención que los participantes han tenido con los asistentes, actualmente se han descuidado áreas necesarias para proteger la economía de quienes proporcionan entretenimiento, pues la mayoría de ellos han visto afectados sus ingresos por el alto costo del uso de energía eléctrica necesaria.

Que consideran necesaria una asistencia del gobierno de Guerrero a fin de ayudar a los participantes de la feria mediante un significativo subsidio en el pago de las tarifas eléctricas.

II. La comisión dictaminadora desea señalar que se celebrará la 60 edición de la Feria de la Bandera en Iguala, Guerrero; misma que año con año se lleva a cabo para conmemorar a nuestro Lábaro Patrio, el símbolo que da identidad a todos los mexicanos.

Son los igualtecos los que continúan esta tradición que lleva más de medio siglo. Y son ellos los que han decidido no cobrar la entrada a la feria. Ofrecen en sus instalaciones, exposiciones ganaderas, artesanales, educativas, comerciales, palenque, juegos mecánicos y el Teatro del Pueblo, en el que se presentan diversos artistas.

En esa ciudad, el 24 de febrero de 1821, Agustín de Iturbide firma el Plan de Iguala en donde quedan simbolizadas tres garantías fundamentales: Independencia, Religión y Unión, valores que son representados en la bandera confeccionada en el lugar, por don Magdaleno Ocampo con los colores verde, blanco y rojo, en franjas diagonales y en cada franja una estrella dorada de cinco picos. El color blanco representa la Religión, el verde la Independencia y el rojo la Unión.

Adicionalmente se puede visitar el Museo y Santuario de la Bandera en el antiguo Palacio y cárcel municipal, en cuyas salas se muestran exposiciones pictóricas y fotográficas, y en el patio central se desarrollan diversos eventos culturales, obras de teatro, recitales de música, lectura de poesía, danza y presentacienes de libros.

Un dato del cual los igualtecos se jactan es que Iguala es la única ciudad mencionada en el Himno Nacional Mexicano:

Y que este fue entonado por primera vez en Iguala el primero de marzo de 1854 estando presente, el entonces presidente don Antonio López de Santa Anna.

Por otra parte, tenemos conocimiento que el martes 13 de enero del presente año, se presentó ante el pleno del Congreso guerrerense una iniciativa de decreto mediante el cual se instituye la ``Feria Nacional de la Bandera'' como un festejo histórico, cívico y cultural; y mediante el cual este festejo año con año tendría recursos etiquetados desde la propia Cámara de Diputados y no dependería tan sólo de las aportaciones que pueda hacer el gobierno en turno.

Asimismo, para que el evento que el Presidente de la República encabeza año con año, los 24 de febrero en el Campo Marte de la Ciudad de México, se traslade a la explanada del asta bandera monumental de Iguala para que ahí se haga el evento oficial.

Por lo anterior, nos manifestamos a favor de la proposición presentada por los autores, a efecto de que como lo señalan, solicitar al gobernador del estado de Guerrero a considerar subsidiar a los participantes de la Feria de la Bandera, en Iguala, Guerrero.

En mérito de lo antes expuesto, la Tercera Comisión, se permite someter a la consideración del Pleno el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. En el marco de colaboración entre poderes, la del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobernador del estado de Guerrero a considerar subsidiar a los participantes de la Feria de la Bandera, en Iguala, el pago por el uso de energía eléctrica e implantar medidas para concientizar a dichos participantes respecto al ahorro de energía eléctrica, a fin de favorecer la reducción de costos por consumo.

Segundo. Remítase copia del expediente al gobernador del estado de Guerrero.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Están a discusión los puntos de acuerdo. En virtud de que no hay orador que haya solicitado el uso de la palabra, se consideran suficientemente discutidos y se reservan para su votación en conjunto.

TONINAS

El Secretario diputado José Rubén Escajeda Jiménez : «Dictamen de la Tercera Comisión, con puntos de acuerdo a efecto de exhortar a la Semarnat, a la Secretaría de la Función Pública, y al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología a informar y efectuar una revisión sobre el diseño de lineamientos para el estudio de poblaciones de toninas con fines de captura

Honorable Asamblea:

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente, fue turnada la proposición con punto de acuerdo sobre la ``Convocatoria SEMARNAT-INE-CONACYT2008/01. Diseño de lineamientos para el estudio de poblaciones de toninas con fines de captura'', presentada por el senador Javier Orozco Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Los ciudadanos legisladores integrantes de esta Comisión realizaron el estudio y análisis de la Proposición a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno el presente:

Dictamen

Antecedentes

La proposición con punto de acuerdo que se cita en el proemio, fue presentada en la sesión del pleno de la Comisión Permanente de fecha 14 de enero de 2009, y turnada para su estudio y dictamen correspondiente a la Tercera Comisión.

Consideraciones

En su capítulo de Consideraciones el autor de la proposición con punto de acuerdo que se dictamina señala que en diciembre pasado, en la página web de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), se publicó la convocatoria del Fondo Sectorial de Investigación Ambiental.

Que el Fondo sectorial tiene como objetivo apoyar proyectos de investigación científica y tecnológica que contribuyan a generar el conocimiento requerido por el sector, a atender los problemas, necesidades u oportunidades en materia de medioambiente, a fortalecer la competitividad científica y tecnológica de las empresas relacionadas con el sector y a promover la creación de nuevos negocios a partir de la aplicación de conocimientos y avances tecnológicos.

Para tal fin se han establecido cuatro agendas:

Que dentro de la agenda azul se encuentra la convocatoria ``Semarnat-INE-Conacyt 2008/01. Diseño de lineamientos para el estudio de poblaciones de toninas con fines de captura''.

Que dicha convocatoria se sustenta en argumentos tales como necesidades de los delfinarios para capturar delfines en aguas mexicanas para las actividades de nado con delfines y recreativos o terapéuticos. Acepta expresamente que ``... ha habido una constante petición de permisos de captura de delfines por parte de los empresarios del ramo...''; sin embargo, la ley establece que las capturas se pueden autorizar sólo con fines de investigación o educación.

Que el objetivo principal de esta convocatoria es ``diseñar un plan estratégico de atención a peticiones de extracción de toninas para su uso en actividades de nado''. El plan también debe incluir un diseño de lineamientos que sirvan de referencia para el estudio poblacional de toninas con fines de extracción.

Que la convocatoria para este proyecto específico es ilegal y que la misma adolece de serias omisiones y declaraciones falsas para sustentarse. En primer lugar, se debe reconocer que la Ley General de Vida Silvestre fue reformada el 10 de enero de 2002, para prohibir todo tipo de extracción comercial o de subsistencia, en su artículo 60 Bis:

Que en tal virtud, la convocatoria de referencia es ilegal porque abre una investigación para poder realizar una actividad que se encuentra expresa y totalmente prohibida por ley.

II. La comisión dictaminadora desea señalar que el delfín nariz de botella o Tonina Común (Tursiops truncatus), es el más grande de los delfines picudos, están protegidos y su extracción está permitida solo bajo permisos especiales. Debido a que la pesca comercial se incrementó a partir de finales de 1800, esta especie disminuyó en número dramáticamente a principios de 1900. Esto tiene mucho que ver con la capacidad de estos animales de pescar las mismas especies que los barcos, de seguirlos y de ``robar'' peces o descarte. El peligro mayor de conservación actual lo constituye la pesca comercial de atún, ya que los delfines suelen quedar atrapados en las redes de pesca para aquella especie.

Dentro de las especies de delfines que se encuentran en los delfinarios, la tonina, o delfín de nariz de botella, es una de las especies de mamíferos marinos que con mayor frecuencia se encuentra en estos espacios y de la que mejor se tiene conocimiento de sus aspectos biológicos y ecológicos.

No obstante hay que reconocer que en su hábitat natural, el mundo submarino de estas especies sigue siendo distante para la mayoría de los seres humanos, por lo que el creciente conocimiento sobre estos animales exige la protección tanto de estos delfines como de su hábitat marino.

Estos delfines se encuentran en la NOM-059-ECOL-2001, que se refiere a las especies en riesgo. En este sentido, todas las especies de delfines se encuentran en la categoría de ``Sujetas a protección especial'', o sea ``aquellas que podrían llegar a encontrarse amenazadas por factores que inciden negativamente en su viabilidad, por lo que se determina la necesidad de propiciar su recuperación y conservación, o la recuperación o conservación de las especies asociadas''.

Es importante destacar que la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, en su programa Acción para los Cetáceos del Mundo 2002-2010, ha establecido que ``remover cetáceos vivos de la vida silvestre para exhibición en cautiverio/o investigación es equivalente a la cacería, ya sea incidental o deliberada, ya que los animales llevados a cautiverio (o muertos durante las operaciones de captura) dejan de contribuir a mantener la población natural.''

Finalmente, es oportuno señalar que, en todo el mundo las especies más amenazadas son los mamíferos marinos y primates, y de los primeros, ballenas y delfines son las especies más amenazadas, por lo que se debe promover su conservación y recuperación, por lo que es necesario cuidar el medio ambiente y nuestra biodiversidad.

Es por ello que avalamos que la captura de las toninas debe cumplir exclusivamente los propósitos de investigación científica a través de instituciones acreditadas de educación superior. En tal virtud, nos manifestamos a favor de la Proposición presentada por el autor, a efecto de que como lo señala, solicitar la revisión de la convocatoria ``Semarnat-INE-Conacyt 2008/01. Diseño de lineamientos para el estudio de poblaciones de toninas con fines de captura''.

En mérito de lo antes expuesto, la Tercera Comisión, se permite someter a la consideración del Pleno el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. En el marco de colaboración entre poderes, la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a que informe a esta soberanía acerca del proceso completo de elaboración de la convocatoria ``Semarnat-INE-Conacyt 2008/01. Diseño de lineamientos para el estudio de poblaciones de toninas con fines de captura'', en cuanto a los motivos que la originaron, sus objetivos y fines.

Segundo. Se solicita respetuosamente a la Secretaría de la Función Pública para que, en el ámbito de su competencia, inicie una investigación acerca de la legalidad del proceso de elaboración y emisión de la convocatoria ``Semarnat-INE-Conacyt 2008/01. Diseño de lineamientos para el estudio de poblaciones de toninas con fines de captura'', y se proceda conforme a derecho. Asimismo, para que rinda un informe pormenorizado de dichas acciones a esta soberanía.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Están a discusión los puntos de acuerdo. En virtud de que no se ha registrado orador alguno, se consideran suficientemente discutidos y se reservan para su votación económica en conjunto.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES

El Secretario diputado José Rubén Escajeda Jiménez : «Dictamen de la Tercera Comisión, con puntos de acuerdo para solicitar al Infonavit que informe sobre las operaciones realizadas con relación a la venta de la cartera vencida

Honorable Asamblea:

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente, fue turnada la proposición con punto de acuerdo por la que se solicita al Infonavit la entrega de la información detallada de las operaciones realizadas en relación a la venta de la cartera vencida, presentada por el senador Jesús Garibay García a nombre del diputado Javier González Garza , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Los ciudadanos legisladores integrantes de esta Comisión realizaron el estudio y análisis de la Proposición a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno el presente:

Dictamen

Antecedentes

La proposición con punto de acuerdo que se cita en el proemio, fue presentada en la sesión del pleno de la Comisión Permanente de fecha 7 de enero de 2009, y turnada para su estudio y dictamen correspondiente a la Tercera Comisión.

Consideraciones

En su capítulo de Consideraciones el autor de la proposición con punto de acuerdo que se dictamina señala que el manejo que el Infonavit ha realizado de la cartera vencida es absolutamente arbitrario y nada transparente, y ha sido violatorio de la fracción XII Apartado A del artículo 123 constitucional, del artículo 49 de la Ley del Infonavit y de la jurisprudencia sobre el tema. Por lo que --con toda razón-- se ha formado un verdadero escándalo, ya que la venta de la cartera vencida que comprende poco más de 120 mil créditos se realiza sin respaldo jurídico, pero sobre todo lo que se ha buscado con esta venta es el enriquecimiento de un grupo de empresas recuperadoras de créditos. Este hecho resulta aún más alarmante cuando se sabe que mayoritariamente estas empresas son de capital trasnacional, concretamente norteamericano, como es el caso de las empresas Pendulum Associates y Scrap 2. Estas empresas han adquirido las viviendas de la cartera vencida en alrededor de 20 mil pesos y las han vendido, por lo bajo desde 300 mil hasta por 700 mil pesos, lo que significa que han obtenido ganancias increíbles.

Que esta cartera vencida es absolutamente injusta e inconstitucional, ya que despoja a los trabajadores de la relación jurídica contractual con el Infonavit, el único con el que el trabajador pactó el crédito, y por tanto el único jurídicamente legitimado para exigir el cumplimiento de tal contrato en caso de omisión de pagos por parte del trabajador, igualmente se le priva de las condiciones pactadas en dicho contrato en apego a la Ley del Infonavit. La consecuencia última que se busca es que al trabajador le sean arrebatados su crédito, su vivienda y las amortizaciones realizadas hasta ese momento al instituto. Los trabajadores son enfrentados a despachos jurídicos despiadados que aplican una política de terror, los cuales les exigen a los trabajadores para reestructurar los créditos, mensualidades de hasta el 75 por ciento de su salario; o bien el pago de montos impagables que deben realizar en una sola exhibición bajo la amenazada de privarlos de sus viviendas sin haber sido vencidos en algún juicio formal. Por otro lado, tal reestructuración ya de entrada cuesta a los trabajadores alrededor de 20 mil pesos, lo que también es fuente de abultadas ganancias para las recuperadoras de créditos.

Que la venta de la cartera vencida es insostenible, la única política viable debe partir de la realidad: el empleo y los salarios dignos van a la baja en nuestro país, paralelamente ha proliferado el empleo eventual e informal; lo que indudablemente se agravará en el marco de la actual crisis económica. A esto sumemos la situación de precariedad económica de los incapacitados y jubilados. La gravedad de la situación se completa con la mecánica operativa de los créditos del Infonavit cuyo saldo se actualiza conforme a los incrementos del salario mínimo, base del cobro de elevados intereses.

Que la inmensa mayoría de los trabajadores, si no es que la totalidad de ellos reconocen el adeudo que tienen con el instituto y están en la mejor disposición de cubrirlo, sólo piden amortizaciones justas para seguir cubriéndolo y preservando su patrimonio familiar, demanda que el Instituto está en posibilidad de realizar en el marco de la ley.

Efectivamente, el Infonavit es una institución de seguridad social cuyo objeto central, de acuerdo a la fracción XII del Apartado A del artículo 123 constitucional y el artículo 3 de la Ley de este Instituto, es el otorgamiento de créditos de vivienda baratos y suficientes. Obteniendo, básicamente, los recursos destinados al cumplimiento del mismo de las aportaciones patronales a favor de los trabajadores, de los descuentos realizados a los salarios de los acreditados, e inclusive de la aportaciones voluntarias llevadas a cabo por los propios trabajadores.

Del servicio esencial de otorgamiento de créditos a los trabajadores, derivan otra serie de servicios que complementan al primero y lo hacen posible: uno de ellos es la información al trabajador sobre el monto del ahorro de su subcuenta de vivienda, su puntuación y por tanto si está en derecho de que se le otorgue el préstamo relativo, igualmente sobre cuál es el saldo de su crédito.

Este servicio, es fundamental para el trabajador, a efecto de estar vigilante sobre el saldo de sus ahorros, pero sobre todo para saber si ya tiene derecho de solicitar un crédito Infonavit, para hacer realidad uno de los derechos humanos básicos, el cual es el acceso a una vivienda digna.

El Instituto en su carácter de organismo descentralizado forma parte de la administración pública federal. Además de que la esencia de toda institución de seguridad social es que el cumplimiento de sus atribuciones quede a cargo de instituciones públicas.

En tal virtud, nos manifestamos a favor de la Proposición presentada por el autor, a efecto de que como lo señala, solicitar a dicho Instituto información detallada de las operaciones realizadas en relación a la venta de la cartera vencida.

En mérito de lo antes expuesto, la Tercera Comisión, se permite someter a la consideración del Pleno el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. La del Congreso de la Unión solicita, al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), remitir a esta soberanía información detallada de las operaciones realizadas en relación a la venta de la cartera vencida.

Segundo. Exhorta a la Auditoría Superior de la Federación y a la Secretaría de la Función Pública, para que en el ámbito de sus respectivas competencias, practiquen las auditorías necesarias en relación a la venta de cartera vencida, ejerciendo en su caso las acciones legales que correspondan.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Están a discusión los puntos de acuerdo. En virtud de que no se ha registrado orador alguno, se consideran suficientemente discutidos.

Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueban los puntos de acuerdo.

El Secretario diputado José Rubén Escajeda Jiménez : En votación económica se pregunta si se aprueban los puntos de acuerdo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Aprobados los puntos de acuerdo. Comuníquense.

EDUCACION DE NIVEL BASICO Y MEDIO - VISITA DE MUSEOS

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: El siguiente punto del orden del día es el de dictámenes a discusión de la Segunda Comisión, con puntos de acuerdo.

En virtud de que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se autoriza que sólo se lean los puntos de acuerdo.

El Secretario diputado José Rubén Escajeda Jiménez : Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se autoriza que sólo se lean los puntos de acuerdo. Los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Mayoría por la afirmativa, señor presidente.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Se autoriza. Continúe la Secretaría.

El Secretario diputado José Rubén Escajeda Jiménez : «Dictamen de la Segunda Comisión, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública a que solicite a las escuelas públicas del país impulsen las visitas escolares a los museos como parte fundamental de la formación cultural y educativa de los alumnos.

Honorable Asamblea:

A la Segunda Comisión, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, con fecha 22 de diciembre de 2008, fue turnada para su análisis una proposición con punto de acuerdo suscrita por los diputados federales Alejandro Landero Gutiérrez , María Elena de las Nieves Noriega Blanco Vigil y Margarita Arenas Guzmán , integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, por la que se exhorta a facilitar la visita a los museos del país como parte fundamental de la formación cultural y educativa.

1. Análisis de la propuesta

Los suscritos integrantes de la Segunda Comisión estiman procedente puntualizar la propuesta contenida en el acuerdo de mérito, que a la letra señala:

Único. La H. Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Educación Pública a que instruya a las escuelas públicas del país, de nivel básico y medio, a facilitar la visita de los museos como parte fundamental de la formación cultural y educativa.

La propuesta que se analiza parte de las consideraciones de que el museo es el lugar donde, con fines exclusivamente culturales, se guardan y exponen objetos notables pertenecientes a las ciencias y las artes.

Señalan los proponentes que en 1977, el Consejo Internacional de Museos, que depende de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, por sus siglas en inglés), declaró el 18 de mayo como el Día Internacional del Museo, siendo México uno de los ciento noventa y tres Estados miembros de la UNESCO, por lo que tal día es celebrado en nuestro país.

Agregan que actualmente los museos de México cuentan con un gran acervo a nivel nacional, que incluyen temas como: arte, ciencia, tecnología, historia, temas particulares (cera, minería, electricidad), arqueológicos, de personajes, medio ambiente, entre otros. Éstos están abiertos al público con costos sumamente accesibles e incluso, de forma gratuita para estudiantes y académicos, convirtiéndose en centros de educación que no buscan el lucro y que proporcionan conocimientos complementarios que no pueden ofrecer las instituciones educativas. Asimismo, tienden el puente de acceso al patrimonio artístico de la nación y del mundo.

En México se tienen registrados 1150 museos, contando con 143 de ellos en la Ciudad de México, por lo que se le considera la cuarta ciudad del mundo con más museos. Sin embargo, la cantidad de visitantes a los museos en México ha disminuido, lo que resulta preocupante debido a que los objetivos de los museos, como: educar, formar, crear un reconocimiento de la identidad, conservar y difundir la memoria colectiva, quedan sumamente acotados, perjudicando la difusión y creación de la cultura mexicana y del resto del mundo.

Se destaca en la propuesta que de conformidad con datos proporcionados por algunos museos, revelan que en lapsos de sólo seis meses, durante el 2008, la afluencia de visitantes se redujo significativamente, llegando a calcularse en hasta un 50 por ciento su descenso; hace tan sólo 3 años (en 2005) se recibían a más de medio millón de visitantes, actualmente y hasta septiembre, sólo se recibieron a menos de 300 mil visitantes, lo que refleja la ausencia de alumnos de todos los niveles, catedráticos y visitantes en general y su consecuente desvinculación de los aportes que ofrecen los museos de México.

2. Consideraciones de la Comisión

De acuerdo con información del sistema de información cultural de la Conaculta, en la República Mexicana existen 1153 museos. Muchos museos amplían su oferta cultural y organizan diversas actividades: música, cine, talleres infantiles, juegos, conferencias, con el que amplían las posibilidades de ocio y disfrute.

Cabe señalar que en la IV Feria de Museos Metropolitanos, realizada en septiembre de 2007, en ocasión de la inauguración, la titular de la Secretaría de Educación Pública se pronunció porque los museos se conviertan en una extensión de los salones de clases y una experiencia para los estudiantes que los visitan. La funcionaria federal consideró que debe haber una reconciliación permanente entre las aulas y los museos, los cuales han hecho una importante labor para atraer cada día a un mayor número de visitantes. Asimismo, es de destacar que la Secretaría de Educación Pública se ha manifestado por buscar una mayor vinculación entre los museos y las escuelas.

La Segunda Comisión, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, considera atendible la preocupación y la solicitud de los proponentes, toda vez que la educación, desde mediados del siglo XX, es una de las funciones de los museos, habiéndose convertido en la actualidad en obligada. En 1974 el Consejo Internacional de Museos (ICOM, por sus siglas en inglés), consideró que la educación y la comunicación debían incorporarse a los museos y recomendó la creación de departamentos de educación y acción cultural (DEAC).

La idea que los fundamenta es que diferentes tipos de público se puedan ir educando a partir de las propuestas que emitan y las actividades fundamentales para conseguir una mayor educación dentro del museo serán diversas: exposiciones temporales, conferencias, simposios/ciclos, talleres creativos, publicaciones, visitas escolares y visitas guiadas.

Aunado a lo anterior, quienes dictaminan desean agregar que la seguridad escolar se ha convertido en un asunto de principal importancia para educadores, estudiantes y ciudadanos; por tanto, es necesario enfatizar que las visitas escolares deben realizarse bajo condiciones que respondan por la seguridad de quienes trabajan y visitan los museos, entendiendo como visitas escolares las actividades programadas y sistematizadas que los alumnos realizan en forma grupal fuera de las escuelas, centros y unidades de enseñanza, y que tienen como propósito complementar los conocimientos adquiridos en las aulas.

En mérito de lo antes expuesto, la Segunda Comisión, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, se permite someter a la consideración del Pleno de la del Congreso de la Unión el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Educación Pública a que solicite a las escuelas públicas del país, nivel básico y medio, impulsen las visitas escolares a los museos como parte fundamental de la formación cultural y educativa de los alumnos.

Las visitas escolares deben realizarse bajo lineamientos establecidos por los propios planteles, con la finalidad de que se lleven a cabo en condiciones que garanticen la seguridad de los participantes y la mejor organización de las mismas.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Está a discusión el punto de acuerdo. En virtud de que no se ha registrado orador alguno, se considera suficientemente discutido y se reserva para su votación económica en conjunto.

MIGRANTES

El Secretario senador Jesús Garibay García: «Dictamen de la Segunda Comisión, con punto de acuerdo por el que se solicita al nuevo gobierno de Estados Unidos revoque de manera inmediata la medida tomada por el Departamento de Justicia y se regrese a interpretaciones anteriores que otorgan y garantizan el debido proceso legal en los procedimientos de deportación de nuestros connacionales.

Honorable Asamblea:

A la Segunda Comisión, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, con fecha 14 de enero de 2009, fue turnada para su análisis una proposición con punto de acuerdo para que la Comisión Permanente exprese su total rechazo a la medida del Departamento de Justicia de los Estados Unidos de Norteamérica, de negar el derecho a un defensor de oficio a los migrantes que se encuentren en proceso de deportación, suscrita por los senadores Silvano Aureoles Conejo y Rubén Fernando Velázquez López, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

I. Análisis de la propuesta

Los suscritos integrantes de la Segunda Comisión estiman procedente puntualizar la propuesta contenida en el acuerdo de mérito, que a la letra señala:

Primero. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión expresa su total rechazo a la medida del Departamento de Justicia de los Estados Unidos de Norteamérica de negar el derecho a un defensor de oficio a los migrantes que se encuentran en proceso de deportación. Segundo. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores tome las acciones pertinentes para proteger y mantener informados a los mexicanos radicados en los Estados Unidos de Norteamérica, sobre las posibles repercusiones de la entrada en vigor de las medidas aplicadas por el Departamento de Justicia.

La propuesta que se analiza surge de la decisión del Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América de que los inmigrantes que enfrentan un proceso de deportación no tienen derecho a un abogado de oficio y si contratan uno privado, deben hacerlo sin que ello signifique gastos para el gobierno.

Los legisladores hacen referencia a las declaraciones del titular del Departamento de Justicia, Michael Mukasey, quien en días pasados señaló que ni la Constitución, ni la Ley de Inmigración autorizan a las personas en proceso de deportación a obtener ayuda por los errores que pudieran cometer sus abogados mediante la apertura y reconsideración de sus casos ante un juez.

Señalan los proponentes que en un comunicado publicado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América, se señala que la Constitución no da a los extranjeros en proceso de deportación derecho a un abogado de oficio debido a que ese derecho sólo se aplica a casos penales y los que se siguen a inmigrantes solamente son casos civiles.

Agregan los legisladores que, debido a estos acontecimientos, diversos movimientos pro-inmigrantes, como la American Immigration Law Foundation (Fundación para las Leyes de Inmigración de Estados Unidos), se han pronunciado sobre esta situación diciendo que el gobierno ha reprimido el derecho de los inmigrantes a una defensa justa para su proceso de deportación.

Lo anterior, agregan, conlleva a que las personas que se encuentran en esta situación legal queden sin derecho a ser escuchados y con la certeza de que serán vencidos en juicio por las autoridades judiciales norteamericanas, eliminando sus derechos legales a una defensa adecuada y revirtiendo décadas de precedentes legales que hasta ahora les garantizaban un proceso justo.

II. Consideraciones de la Comisión

1. La Segunda Comisión, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, considera procedente la preocupación y la solicitud de los senadores, toda vez que se ha decidido que los inmigrantes indocumentados, solicitantes de asilo y demás, no tienen garantizado el derecho de reapertura de sus casos si el alegato es que sus abogados no han ejercido una defensa apropiada.

2. Quienes dictaminan desean agregar que el punto primero de la propuesta parte del supuesto de que los migrantes en proceso de deportación contaban con defensor de oficio, lo cual es inexacto, en razón de que en EUA nunca ha estado contemplado en la Ley el uso de fondos públicos para defensores de oficio en casos de migración. Sin embargo, la medida en comento sí tiene un efecto negativo para la comunidad mexicana residente en Estados Unidos, pues no permite interponer un recurso en contra de la deportación cuando se cometan errores por parte de los abogados privados en perjuicio de sus clientes.

3. La posibilidad de interponer dicho recurso contra la deportación por errores de los abogados fue un criterio adoptado hace 15 años por el Poder Ejecutivo estadounidense que se produjo gracias a la interpretación de la Quinta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, misma que se refiere a la garantía del debido proceso legal. Esta disposición garantiza que cualquier acción por parte del Gobierno que afecte a un individuo debe respetar ciertos principios para que sea una acción justa y apegada a derecho; uno de dichos principios es que la persona tiene derecho a una defensa eficaz cuando exista un procedimiento en su contra.

4. El Departamento de Justicia decidió revocar dicho criterio, basándose en una jurisprudencia reciente de la Corte Suprema de los Estados Unidos que establece que el derecho a apelar por errores cometidos por abogados sólo es procedente cuando los abogados son proporcionados por el Estado, luego entonces, toda vez que en los procesos de deportación no se proporcionan abogados de oficio, no es posible el recurso de apelación según este nuevo criterio del Departamento de Justicia.

En mérito de lo antes expuesto, la Segunda Comisión, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, se permite someter a la consideración del Pleno de la del Congreso de la Unión el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión expresa su rechazo a la medida del Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América con la que no acepta interponer un recurso en contra de la deportación cuando el abogado del procesado comete errores.

Segundo. La del Congreso de la Unión solicita al Gobierno Federal nuevo gobierno de los Estados Unidos revoque de manera inmediata la medida del Departamento de Justicia y se regrese a interpretaciones anteriores que otorgan y garantizan el debido proceso legal en los procedimientos de deportación de nuestros connacionales.

Tercero. La del Congreso de la Unión solicita a la Secretaría de Relaciones Exteriores disponga lo conducente para que, a través de las representaciones consulares de México en los Estados Unidos, se informe a los mexicanos radicados en los Estados Unidos sobre las posibles repercusiones de la entrada en vigor de las medidas anunciadas por el Departamento de Justicia.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Están a discusión los puntos de acuerdo. En virtud de que no se ha registrado orador alguno, se consideran suficientemente discutidos.

Consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si se aprueban los puntos de acuerdo.

El Secretario senador Jesús Garibay García: En votación económica se pregunta si se aprueban los puntos de acuerdo. Los legisladores y legisladoras que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Mayoría por la afirmativa, señor presidente.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Aprobados los puntos de acuerdo. Comuníquense.

CARLOS CANSECO GONZALEZ

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: La Mesa Directiva lamenta el sensible fallecimiento del doctor Carlos Canseco González, acaecido en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, el 14 de enero del presente año. Fue un destacado médico egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, reconocido en varios países por sus aportaciones en la prevención y el tratamiento de las enfermedades alérgicas. Por ello solicitamos guardar un minuto de silencio en su memoria y nos unimos a la pena que embarga a su familia.

(Se guarda un minuto de silencio)

ESTADO DE MEXICO

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: El siguiente punto del orden del día es el de proposiciones con punto de acuerdo.

La Presidencia recibió del diputado José Alfonso Suárez del Real y Aguilera , del Grupo Parlamentario del PRD, punto de acuerdo por el que exhorta al INAH a que establezca una mesa de trabajo con los tres niveles de gobierno ---federal, estatal y municipal---, organizaciones sociales y especialistas, a fin de preservar la integridad de la zona arqueológica de Teotihuacan.

El Secretario senador Jesús Garibay García: «Proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar al INAH y al gobierno del estado de México a establecer una mesa de trabajo con los tres niveles de gobierno, federal, estatal y municipal, organizaciones sociales y especialistas para preservar la integridad de la zona arqueológica de Teotihuacán, suscrita por el diputado José Alfonso Suárez del Real y Aguilera , del Grupo Parlamentario del PRD

El diputado José Alfonso Suárez del Real y Aguilera , integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrátiva a la LX Legislatura, con fundamento en el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía una proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Sin duda alguna la zona arqueológica de Teotihuacan es uno de los símbolos más representativos de la cultura prehispánica, y de los que identifican riqueza y diversidad cultural de nuestro país.

Gracias a la cultura teotihuacana, durante los siglos I al VIII, se desarrolla la civilización Olmeca en sus más originales y puras formas, con aportaciones en la escritura, la mitología, la poesía, la cerámica, estética mural y el cómputo del tiempo. Dichas aportaciones abrevarán las culturas del altiplano, particularmente los mexicas.

Desde los tiempos en que se construyó la urbe teotihuacana, se expresaba la compleja organización social, su estructurada forma de gobierno, con lo que se constituyó en una de las mayores urbes jamás construidas por la humanidad. Sobre la importancia de la cultura teotihuacana, sus aportaciones al conocimiento para la humanidad, la trascendencia, su cosmología y originalidad de su estética. Plasmada en cerámica, arte escultórico, murales y arquitectura, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) le otorgó la declaración de sitio patrimonio cultural de la humanidad.

En contraste, hace apenas 4 años se enfrentó en la LIX Legislatura una crisis por la construcción de un Wal Mart en el perímetro C de la zona arqueológica, y se actuó en contra del intento de explotar indebidamente nuestro patrimonio cultural.

Nuestra intención no es tomar iniciativas contra del turismo, ni de los proyectos de promoción turística, ni de encontrar sus diferentes formas de vinculación con la cultura; tampoco estamos en contra de proyectos de desarrollo económico y social que beneficie a los mexicanos que habitan en los municipios vecinos de la zona arqueológica: Lo que no podemos aceptar es el riesgo de que una obra de montaje pueda dañar a los monumentos arqueológicos de Teotihuacan, ni podemos aceptar el riesgo de que se emitan por parte de la UNESCO, recomendaciones, que de no ser atendidas, pudieran promover el retiro de la declaratoria de patrimonio cultural de la humanidad.

Recuperamos una de las propuestas que han dado resultado en la resolución de conflictos donde el patrimonio cultural se encuentra en riesgo: una mesa de trabajo, en que coincidan representantes de los tres niveles de gobierno, estatal, municipal y federal; que tenga un carácter ejecutivo y que plantee las diferentes vías de solución a problemas derivados de las obras de montaje de luz y sonido, pero que también resuelvan los problemas de desarrollo urbano, desarrollo social y económico de los municipios colindantes con la zona arqueológica; además de integrar a especialistas y autoridades del Instituto Nacional de Antropología e Historia, y representantes de la sociedad civil, con el propósito de salvaguardar la zona e investigar los posibles daños ocasionados a los monumentos arqueológicos, con la intención de restaurarlos.

Refrendamos nuestro apoyo a la solicitud de suspensión de las obras, particularmente el montaje de rieles por taquetes expansivos, o cualquier otro procedimiento que implique un posible deterioro de la zona arqueológica y de sus monumentos, en tanto no se obtengan los resultados y resoluciones por parte de los integrantes de la mesa de trabajo.

Por todo lo anterior, sometemos este punto de acuerdo a la consideración de la Comisión Permanente, de urgente u obvia resolución.

Punto de Acuerdo

Primero. Exhortar al Instituto Nacional de Antropología e Historia y al gobierno del Estado de México a establecer, de manera urgente, la mesa de trabajo que integre a los tres niveles de gobierno, estatal, municipal y federal; así como a las organizaciones sociales y especialistas, para que en apego a las facultades del Instituto Nacional de Antropología e Historia y el interés del pueblo de México se preserve la integridad de la zona arqueológica de Teotihuacán

Segundo. Esta soberanía se pronuncia a favor del resguardo del patrimonio cultural, en particular de la zona arqueológica de Teotihuacan, por lo que reitera la intervención del Instituto Nacional de Antropología e Historia para suspender las obras de montaje de cableado e instalación de luz y sonido, en tanto que la mesa de trabajo emita los resultado de sus investigaciones y pueda conocerse el nivel de deterioro o la posible destrucción de los monumentos arqueológicos y, si fuera el caso, se proceda en consecuencia en contra de los presuntos responsables, y en relación al proyecto de luz y sonido, el Instituto Nacional de Antropología e Historia autorice un sistema no lesivo a los monumentos de la zona arqueológica de Teotihuacan.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Túrnese a la Segunda Comisión.

REGISTRO PUBLICO VEHICULAR

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: La Presidencia recibió del diputado José Rubén Escajeda Jiménez, del Grupo Parlamentario del PRI, proposición con punto de acuerdo por el que exhorta alsecretario de Seguridad Públicafederal a que evalúe la seguridad, el desempeño y la funcionalidad del transpondedor integrado en la calcomanía del Registro Público Vehicular.

El Secretario senador Jesús Garibay García: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al secretario de Seguridad Pública federal a evaluar la seguridad, el desempeño y la funcionalidad del transponder integrado en la calcomanía del Registro Público Vehicular, suscrita por el diputado José Rubén Escajeda Jiménez , del Grupo Parlamentario del PRI

José Rubén Escajeda Jiménez , diputado federal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, pertenecientes a la LX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentamos ante los integrantes de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes

I. Antecedentes

1. La Secretaría de Seguridad Pública federal publicó en el Diario Oficial de la Federación el 3 de julio del 2008, la licitación pública internacional a través de medios remotos de comunicación electrónica bajo la cobertura de los tratados de libre comercio de los que México forma parte. Clave 22103001-001-08. ``Etiquetas de identificación por radiofrecuencia integrada a calcomanía insertada en un formato para el Registro Público Vehicular''.

2. El 9 de julio de 2008, fue presentada la proposición con punto de acuerdo en relación con el registro público vehicular, por el diputado Pablo Tejo Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, misma que fue turnada a la Primera Comisión, Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.

3. En la sesión del Pleno de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión celebrada el 16 de junio del 2008, se aprobó el dictamen con punto de acuerdo sobre el Registro Público Vehicular, resolviendo:

La Tercera Comisión de trabajo, en su caso, realizará los actos preparatorios para la eventual reunión de trabajo, establecerá el formato y con la intervención del Presidente de la Comisión Permanente, determinará la fecha y hará la invitación correspondiente para la realización de la reunión.''

4. El 27 de agosto del 2008, asistió el ciudadano Roberto Campa Cifrian, entonces secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a una reunión de trabajo con los integrantes de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a fin de explicar la ``licitación pública internacional a través de medios remotos de comunicación electrónica bajo la cobertura de los tratados de libre comercio de los que México forma parte. Clave 22103001-001-08. ``Etiquetas de identificación por radiofrecuencia integrada a calcomanía insertada en un formato para el Registro Público Vehicular''.

5. El pasado 27 de octubre del 2008, se declaro desierta la licitación pública que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 3 de julio del 2008.

6. La Secretaría de Seguridad Pública Federal, publicó en el Diario Oficial de la Federación el 4 de noviembre del 2008, en segunda convocatoria la ``licitación pública internacional a través de medios remotos de comunicación electrónica bajo la cobertura de los tratados de libre comercio de los que México forma parte. Clave 22103001-001-08. ``Etiquetas de identificación por radiofrecuencia integrada a calcomanía insertada en un formato para el Registro Público Vehicular''.

7. El 12 de diciembre del 2008, la empresa de tecnología Neology, ganó el concurso de licitación de las calcomanías con chips de radiofrecuencia para el Registro Público Vehicular, mediante una oferta de 34 millones 750 mil dólares.

II. Consideraciones

Es importante hacer mención que en la reunión de trabajo que se celebró el 27 de agosto del 2008, con el ciudadano Roberto Campa Cifrian, entonces secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, los legisladores integrantes de la Tercera Comisión vertieron cometarios sobre la situación de inseguridad que prevalece en nuestro país, haciendo clara su preocupación por la falta de seguridad de la tecnología que se pretende aplicar en el Registro Público Vehicular, y por ende de la vulnerabilidad en la que nos encontraríamos los mexicanos por el uso de tecnología clonable y no encriptable.

Haciendo hincapié en que la tecnología que se necesita, a fin de atacar la delincuencia es otra, ya que según lo manifestado por los legisladores de diversos grupos parlamentarios, se debería incluir un geolocalizador en el chip de los vehículos, por ejemplo la diputada Susana Monreal Ávila dijo al respecto:

Asimismo el senador Carlos Lozano de la Torre dijo:

También hizo patente la preocupación el senador Mario López Valdez:

Es importante que se garantice que la tecnología contratada sea la adecuada, ya que es de vital importancia la seguridad y la confiabilidad de los datos de los vehículos, así como certificar que el origen de los vehículos sea de procedencia legal.

Por todo lo expuesto, el suscrito somete a consideración de los integrantes de esta Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al secretario de Seguridad Pública federal, a evaluar y certificar, en laboratorios nacionales o incluso internacionales, la seguridad, desempeño y funcionalidad operativa del transponder, contratado mediante licitación pública, con la empresa de tecnología Neology.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Túrnese a la Primera Comisión.

ENERGIAS RENOVABLES

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: La Presidencia recibió del diputado Diego Cobo Terrazas, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, punto de acuerdo relativo al contrato de interconexión de energía solar.

El Secretario senador Jesús Garibay García: «Proposición con punto de acuerdo, relativo al contrato de interconexión de energía solar, suscrita por el diputado Diego Cobo Terrazas , del Grupo Parlamentario del PVEM

El diputado Diego Cobo Terrazas , integrante de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión por el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 60 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

Las energías renovables representan una alternativa real, no sólo para satisfacer las necesidades energéticas del país sino para contribuir al combate del cambio climático, cuyo origen guarda estrecha relación con la generación y el consumo de energía.

A diferencia del sistema eléctrico convencional, que depende de plantas generadoras centralizadas, las energías renovables pueden integrar sistemas modulares que facilitan su manejo y aprovechamiento.

La generación de electricidad a través de energías renovables en pequeños sistemas modulares puede proveer la cantidad necesaria para satisfacer total o parcialmente las necesidades energéticas a escalas doméstica, comercial e, incuso, industrial y con ello disminuir de manera importante la dependencia de los combustibles fósiles.

Desafortunadamente, la ausencia de un marco legal especial, los subsidios mal orientados e inexistentes y la falta de voluntad política por intereses creados evitan que las energías renovables encuentren su punto de impulso para proyectarse adecuadamente.

Actualmente, pese a que ya hay desarrollo tecnológico que permite el aprovechamiento de las energías renovables, en México persisten trabas burocráticas que impiden el desarrollo de estas fuentes energéticas, en especial de los sistemas de generación de pequeña escala.

La Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica permite a los particulares generar electricidad para su autoabastecimiento o incluso para su venta a los suministradores ( CFE y LFC). En el caso de las energías renovables, la Ley para el Aprovechamiento de las Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética (LAERFTE), que entró en vigor el 29 de noviembre de 2008, establece los primeros instrumentos técnico-jurídicos para permitir mayor participación de las energías renovables en la generación nacional de electricidad.

El artículo 7o. de la LAERFTE señala que la Comisión Reguladora de Energía tiene la facultad para expedir las reglas generales de interconexión al sistema eléctrico nacional, que le deberán proponer los suministradores, escuchando la opinión de los generadores.

Hasta la fecha, los modelos de contrato de interconexión para fuentes de energías renovables son de corto alcance y están desfasados de la realidad tecnológica y del mercado.

El esquema de interconexión se debe actualizar para reconocer el derecho que la LAERFTE otorga a los particulares, a fin de que generen electricidad en la modalidad de autoabastecimiento de pequeña escala, de manera que mediante un contrato y la instalación de un medidor especial bidireccional vendan sus excedentes a la red del sistema eléctrico nacional. Sin embargo, el modelo de contrato en cuestión presenta importantes limitaciones.

Si bien los sistemas fotovoltaicos son sumamente eficientes, los costos de esta tecnología aún resultan elevados, por lo que conviene combinarlos con otras fuentes para formar sistemas híbridos. Los sistemas eólico-solares son los más viables.

Desafortunadamente, el único modelo de contrato de interconexión con la red del sistema eléctrico nacional excluye los sistemas híbridos, lo que con claridad representa una barrera para la promoción de estas tecnologías limpias.

La producción de electricidad a partir de energías renovables en su modalidad de pequeña escala no debe ser desestimada. En la medida en que estas tecnologías abaraten sus costos, mayor cantidad de personas y comunidades podrá hacer uso de ellas.

En diversas naciones desarrolladas, estos sistemas de interconexión de pequeña escala forman parte fundamental de las políticas de combate del cambio climático. México no debe abstraerse de ello, por lo que resulta indispensable que la administración pública establezca las regulaciones adecuadas para su fomento.

Por lo expuesto, los legisladores que suscribimos, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, nos permitimos someter a consideración del Pleno de la honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Secretaría de Energía a promover modificaciones del modelo de contrato de interconexión para fuente de energía solar de pequeña escala, a fin de que se adecue a las disposiciones de la ley en cuanto a los máximos permitidos de generación y se amplíe su alcance para permitir la interconexión de sistemas eólicos, minihidráulicos e híbridos.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Túrnese a la Comisión de Energíade la Cámara de Diputados.

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: La Presidencia recibió del señor senador Javier Orozco Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, punto de acuerdo sobre el grado de afectación del medio ambiente dentro del perímetro del fraccionamiento Villa Magna, ubicado en el ejido Capulines, dentro de la zona intermedia que salvaguarda la Empresa Industrial Minera México, SA de CV, en la ciudad de San Luis Potosí.

El Secretario senador Jesús Garibay García: «Proposición con punto de acuerdo, sobre el grado de afectación del ambiente en el perímetro del fraccionamiento Villa Magna, situado en Ejido Capulines, en la zona intermedia de salvaguarda de Minera México, SA de CV, en San Luis Potosí, suscrita por el senador Javier Orozco Gómez, del Grupo Parlamentario del PVEM

El senador Javier Orozco Gómez, integrante de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

Para el Partido Verde Ecologista de México es de extrema importancia velar por la salud de todos los pobladores independientemente del lugar en donde se encuentren; por lo tal motivo, exhortamos a diferentes autoridades a cumplir con los fines para los cuales fueron creadas, en razón de los siguientes antecedentes:

La empresa Industrial Minera México SA de CV, dentro de sus labores (catalogadas por las autoridades ambientales como altamente riesgosas), emite diversos agentes tóxicos al ambiente, que producen afectaciones tanto ecológicas como humanas.

Dentro de los agentes tóxicos en mención se encuentra el amoniaco, que aún emitiendo los valores máximos permisibles por la legislación, produce afectaciones en humanos como irritación en piel, ojos y vías respiratorias, y si se ingiere puede causar efectos corrosivos en boca, esófago y estómago, por ser un elemento de naturaleza caústica, además irrita los tejidos profundos de los pulmones y puede provocar edema pulmonar. Las mismas afectaciones pueden inferirse para los animales de granja, domésticos y de consumo humano. En referencia a afectaciones ecológicas, la exposición de diversos materiales al amoniaco gaseoso, en presencia de humedad, puede originar una película alcalina corrosiva sobre ellos, que podría afectar suelos y agua que, en determinadas circunstancias, pudiera filtrarse a los mantos freáticos, y así contaminar el agua de uso y consumo animal y humano.

Los contaminantes emitidos por la empresa deben ser manejados de acuerdo a las normas oficiales mexicanas y la legislación en materia ambiental, a fin de controlar las afectaciones humanas y el deterioro ambiental.

Si bien lo referente a residuos peligrosos es materia federal, la licencia de uso de suelo y el adecuado desarrollo urbano son responsabilidad del Ayuntamiento de San Luis Potosí.

De acuerdo con la Ley Orgánica del Municipio Libre de San Luis Potosí, los ayuntamientos tienen la obligación de realizar un plan de desarrollo urbano, que debe comprender datos que permitan su aplicación en función de la situación social, cumpliendo con condiciones de seguridad que permitan al municipio desarrollarse adecuadamente, sin exponer a los habitantes a eventos que pongan en peligro su salud o el equilibrio ecológico.

Es inconcebible que debido a las inconsistencias del Plan de Desarrollo Urbano para el Municipio de San Luis potosí, se haya concedido la licencia para el desarrollo del fraccionamiento Villa Magna, que se encuentra ubicado en la zona intermedia de salvaguarda de la empresa Industrial Minera México SA de CV, de la cual ya hicimos mención.

Tomando en cuenta lo referido, es necesario realizar una investigación sobre los procedimientos y acciones que las autoridades directamente facultadas han realizado en torno al asunto en comento, así como los fundamentos para permitir el desarrollo del proyecto.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a su consideración la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a que, en el ámbito de su competencia, realice una evaluación de riesgo sobre el grado de afectación al medio ambiente dentro del perímetro del fraccionamiento Villa Magna, ubicado en el ejido Capulines, dentro de la zona intermedia de salvaguarda de la empresa Industrial Minera México SA de CV, en San Luís Potosí.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud para que, en el ámbito de su competencia, y a través de las instancias adecuadas, realice una investigación y evaluación de riesgo a la salud humana dentro del perímetro del fraccionamiento Villa Magna, ubicado en el ejido Capulines, dentro de la zona intermedia de salvaguarda de la empresa Industrial Minera México SA de CV, en San Luís Potosí.

Tercero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión respetuosamente solicita a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente que remita a esta soberanía las recomendaciones emitidas respecto del fraccionamiento Villa Magna, ubicado en el ejido Capulines, dentro de la zona intermedia de salvaguarda de la empresa Industrial Minera México SA de CV, en San Luís Potosí, así como cualquier otra información que coadyuve a la evaluación del riesgo.

Cuarto. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión solicita respetuosamente al municipio de San Luís Potosí que rinda un informe a esta soberanía respecto al permiso otorgado a la empresa Desarrolladora Intersaba, SA de CV, sobre la factibilidad del fraccionamiento Villa Magna, así como la reconsideración de los permisos y autorizaciones de nuevos asentamientos humanos en el perímetro de la empresa Industrial Minera México SA de CV, refinería electrolítica de zinc, por los posibles daños que pudieran ocasionárseles.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca de la Cámara de Senadores.

RANA DE MADRIGUERA

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Esta Presidencia recibió del diputado Diego Cobo Terrazas, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, punto de acuerdo relativo al cambio de la rana de madriguera en la NOM-059-Semarnat-2001.

El Secretario senador Jesús Garibay García: «Proposición con punto de acuerdo, relativo al cambio de la rana de madriguera en la NOM-059-SEMARNAT-2001, suscrita por el diputado Diego Cobo Terrazas , del Grupo Parlamentario del PVEM

El diputado Diego Cobo Terrazas , integrante de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

El pasado 5 de diciembre fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el proyecto de modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2001, ``Protección ambiental. Especies nativas de México de flora y fauna silvestres. Categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión o cambio. Lista de especies en riesgo''.

Este proyecto se publicó, para consulta pública, de conformidad con el artículo 47 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, a efecto de que los interesados, dentro de los 60 días naturales contados a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, presenten sus comentarios ante el Comité Consultivo Nacional de Normalización de Medio Ambiente y Recursos Naturales, ya que el próximo 2 de febrero termina el plazo referido.

La Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2001 tiene su origen en el artículo 56 de la Ley General de Vida Silvestre, y tiene por objeto identificar las especies o poblaciones de flora y fauna silvestres en riesgo en la República Mexicana, así como establecer los criterios de inclusión, exclusión o cambio de categoría de riesgo para las especies o poblaciones mediante un método de evaluación de su riesgo de extinción.

De acuerdo con el artículo 58 de la Ley General de Vida Silvestre, las especies o poblaciones en riesgo serán identificadas de la siguiente forma:

Por otro lado, a nivel internacional se formó la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN), la cual es una red ambiental global que, entre otros trabajos, cuenta con una lista de roja de especies amenazadas. Su propósito es catalogar y poner de manifiesto las plantas y los animales que se enfrentan a un mayor riesgo de extinción global. Sus categorías son las siguientes:

De acuerdo con Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2001, la rana de madriguera (Smilisca dentata) está clasificada como una especie amenazada, sin sufrir ninguna modificación en el proyecto de modificación de la norma.

Mientras que en la lista de IUCN, está catalogada como una especie en peligro, debido a que su extensión de ocurrencia es menor que 5 mil kilómetros cuadrados, su área de ocupación es inferior a 500 kilómetros cuadrados, su distribución está muy fragmentada y hay un continuo descenso en el grado y la calidad de su hábitat en el sur Aguascalientes y el extremo noroeste de Jalisco, México.

La lista roja menciona que la población de esta especie tiende a disminuir, siendo sus principales amenazas la transformación del hábitat original de pastizales en tierras agrícolas y la consiguiente contaminación de los pesticidas.

El hábitat de la rana de madriguera se limita a las zonas de pastizales inundables donde la formación de encharcamientos favorece a su reproducción. Al ser una rana de hábitos cavadores, en temporada de estiaje se refugia dentro de galerías construidas en suelos arcillosos, las cuales tienen una profundidad aproximada de 30 centímetros y una longitud de hasta 5 metros. Durante la época de lluvias intensas, la rana de madriguera sale de la galería para aparearse, ``los machos llaman a las hembras desde el interior de estanques temporales o en terrenos inundados que no superan los 30 centímetros de profundidad, ya sea desde la orilla o dentro del estanque donde emiten su reclamo flotando''.* Una vez que los huevos son depositados en el agua y disgregados en el fondo del estanque, transcurren entre 4 y 5 semanas para que los renacuajos nazcan. De acuerdo con las observaciones de campo realizadas por el maestro en ciencias Gustavo E. Quintero Díaz, presidente de Conservación de la Biodiversidad del Centro de México, A C, con sede en Aguascalientes, al salir del estanque, los renacuajos no han completado su metamorfosis pues todavía tienen el 60 por ciento de su cauda.

La rana de madriguera se encuentra en un área de menos de 100 kilómetros cuadrados de superficie. Esto la hace la especie con la distribución geográfica más restringida de las ranas arborícolas registradas en México. Muy a pesar de que se tenían registradas sólo 8 localidades en que se distribuía la especie, las últimas observaciones de campo llevadas a cabo en el periodo 2002-2007 revelan que sólo se observaron ejemplares en 2 localidades. Una al sur de la población Villa Hidalgo, Jalisco, donde se reportó la presencia de tan sólo 3 individuos de ranas de madriguera, lo que sugiere que esta población está a punto de extinguirse, mientras que la otra localidad se sitúa en el poblado de Buenavista de Peñuelas, municipio de Aguascalientes, Aguascalientes, donde se encuentra una población que en los dos últimos años se ha logrado reproducir con éxito, no obstante que el número de individuos ha demostrado un decremento significativo por las patentes amenazas a su conservación. Sin embargo, la principal amenaza en Buenavista de Peñuelas es, como en todos los casos, la actividad antrópica, como el cambio en el uso de suelo para actividades ganaderas, agrícolas y urbanas, así como la construcción de vías de comunicación.

Según los monitores realizados para la especie dentro del poblado de Buenavista de Peñuelas, en 2005 la población era de 397 ejemplares, para el 2006 había disminuido a 256 ejemplares y, pese a que para 2007 se cuantificaron 426 ejemplares, en un solo periodo de ese año la población decreció en 126 individuos. Para 2008 no se tiene aun un registro de los individuos que integran esta población de la Smilisca dentata. No obstante, hasta agosto se habían realizado 3 muestreos en la zona, los cuales se registraron por lo menos 50 ranas atropelladas; esto, debido a que el hábitat se fragmentó por el paso de una carretera. Aunado a lo anterior, los predios donde habita la rana son destinados para actividades agrícolas y pecuarias, lo que provoca la compactación del suelo y su acidez, en detrimento de la especie.

El Partido Verde Ecologista de México ha realizado diversos puntos de acuerdo, manifestando su preocupación por la especie de rana de madriguera, refiriendo los siguientes:

Por lo expuesto, el legislador que suscribe, diputado a la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y demás disposiciones jurídicas aplicables, somete a consideración de la honorable asamblea proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a modificar en la NOM-059-SEMARNAT-2001, ``Protección ambiental. Especies nativas de México de flora y fauna silvestres. Categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio. Lista de especies en riesgo'', el estatus de la especie conocida como rana de madriguera (Smilisca dentata), de ``amenazada'' a ``en peligro de extinción''.

Nota:

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturalesde la Cámara de Diputados.

ESTADO DE COAHUILA

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Esta Presidencia recibió del diputado Carlos Augusto Bracho Gonzálezpunto de acuerdo por el que exhorta a la Secretaría de la Función Pública, a la Secretaría de Educación Públicay a la Sedesol a que realicen una investigación del uso de recursos federales otorgados durante 2006 y 2007 a seis municipios, en especial el de Monclova, Coahuila, suscrito por el diputado Rolando Rivero Rivero, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

El Secretario senador Jesús Garibay García: «Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la ASF, a la Secretaría de la Función Pública, a la SEP y a la Sedesol a investigar el uso de los recursos federales otorgados en 2006 y 2007 a seis municipios, en especial a Monclova, Coahuila, a cargo del diputado Carlos Augusto Bracho González y suscrita por el diputado Rolando Rivero Rivero , del Grupo Parlamentario del PAN

Rolando Rivero Rivero , diputado federal integrante de la LX Legislatura del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ante quien expongo proposición con punto de acuerdo basado en lo siguiente:

En Coahuila, el 5 de octubre se llevó a cabo elección para diputados locales, en donde 9 presidentes municipales por el Partido Revolucionario Institucional renunciaron a su cargo para ostentar la candidatura, donde salieron triunfantes de dicho proceso. El problema real no es ese. El problema es que se sabe perfectamente que el objeto de presentarse como candidato para diputados locales es única y exclusivamente para tratar, al estar en el Congreso de Coahuila, tapar todas las anomalías económicas que presentan sus municipios: la Auditoría Superior local ha demostrado grandes desviaciones e irregularidades en el uso de los recursos, inclusive federales. Este punto de acuerdo pretende exhortar a la Auditoría Superior de la Federación, a la Secretaría de la Función Pública, a la Auditoria Superior local, a la Secretaría de Educación Pública y a la Secretaría de Desarrollo Social a realizar una investigación exhaustiva a los siguientes municipios: Monclova, Saltillo, Piedras Negras, Frontera, Parras de la Fuente y Matamoros, en Coahuila; para que se investiguen los fondos que correspondieron a la aportaciones que se realizaron durante 2006 y 2007.

En el municipio de Monclova, a su presidente anterior, Pablo González González, se le acusa de desviaciones por más de 65 millones de pesos; en el municipio de Saltillo, a su presidente anterior, Fernando de las Fuentes, por 38 millones de pesos; en Piedras Negras, Jesús Mario Flores, por 32 millones de pesos; en Frontera, Rogelio Ramos, por 22 millones de pesos; en Parras de la Fuente, Ignacio Segura, por 18 millones de pesos; y en Matamoros, Raúl Onofre, por 18 millones de pesos.

En el caso del municipio de Monclova, Coahuila --el más grave--, éste recibió durante 2006 y 2007 recursos por 182 millones de pesos en exceso, a los que tuvo la administración anterior en el periodo 2004-2005; de ellos, 61 millones de pesos corresponden a participaciones y fondos, 26 a derechos, 34 a impuestos, 55 a contribuciones especiales y 4 a otros conceptos. A pesar de todo esto, los recursos fueron insuficientes y el ayuntamiento hipotecó con préstamos que actualmente suman más 150 millones de pesos.

Uno de los recursos más importantes fue de 23 millones 136 mil 842 pesos que corresponden al ramo educativo, que no fueron depositados en cuentas aparte para proceder a su manejo de acuerdo con la Ley de Coordinación Fiscal. Como ésta existe una infinidad de recursos que no han sido debidamente comprobados y que, en total, la Auditoria Superior local lo acusa de malversación de fondos por 65 millones de pesos, que no puede, hasta la fecha, comprobar, así como el incumplimiento de lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Contrataciones de Servicios, donde 17 millones de pesos, hasta la fecha, no se sujetan a comprobación.

Por lo anterior, pido y exhorto, como diputado federal de esta LX Legislatura, y como del municipio de Monclova, cabecera de mi distrito III, a realizar una revisión exhaustiva de los recursos federales otorgados durante 2006 y 2007 que hasta la fecha se presumen fueron gastados en forma irregular y que muchos de estos fueron a dar a los bolsillos tanto del presidente municipal como de las personas encargadas del manejo económico del municipio.

Por lo anterior expuesto, propongo

Punto de Acuerdo

Único. Exhorto a la Auditoría Superior de la Federación, a la Secretaría de la Función Pública, a la Auditoria Superior local, a la Secretaría de Educación Pública y a la Secretaría de Desarrollo Social a realizar una investigación exhaustiva del uso de los recursos federales otorgados durante 2006 y 2007 para los 6 municipios antes indicados y, en especial, los de Monclova, Coahuila, con el único objeto de deslindar responsabilidades sobre el manejo de los recursos públicos y federales asignados a cada uno de ellos, y hacer caer todo el peso de la ley a quien resulte responsable de los que se sirvieron de ellos. Lo anterior, pido sea enviado en forma expedita a turno de comisiones para proceder a lo que resulte.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Túrnese a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federaciónde la Cámara de Diputados.

FERTILIZANTES

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Tiene la palabra el señor diputado Rubén Escajeda Jiménez, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar punto de acuerdo por el que exhorta al Ejecutivo federal a que reactive la industria de fertilizantes, aprobada en la pasada reforma energética.

El diputado José Rubén Escajeda Jiménez : La crisis financiera actual ha puesto en alerta prácticamente a todas las economías del mundo, poniendo en entredicho la viabilidad del actual sistema económico, impuesto por los principales organismos internacionales.

Para el sector rural esto no es diferente. A pesar de tener en los últimos tres años presupuestos inéditos, dirigidos a abatir el rezago en el campo, éste no se ha visto reflejado. No me cabe duda, es por falta de interés y por una mala operación de los diferentes programas.

Los números no mienten. Los subejercicios son por demás evidentes; agreden la realidad que viven los campesinos día a día.

La crisis económica que en México se ha reflejado de forma inmediata, dibuja un escenario de urgencia ante el panorama de desesperanza que agobia a la mayoría de los habitantes del sector rural.

El punto de acuerdo que hoy planteo, que me permito presentar, va enfocado a ayudar a abatir parte de este rezago.

El tema de los fertilizantes es una de las mayores preocupaciones que tenemos los productores, debido al alto costo de producción que significan, teniendo hoy día programas que no son suficientes para comprar los mínimos necesarios de este elemental producto.

Es inconcebible... cómo es posible que un bulto de fertilizante cueste alrededor de 700 pesos, y que con el subsidio que ofrece el gobierno federal a través del programa Procampo solamente se pueda comprar ---por lo que le dan por una hectárea, que son mil 160 pesos--- bulto y medio de fertilizante. Ésa es la triste realidad.

Deberían aplicar acciones como las anunciadas por un gobierno estatal, por cierto el de Durango, en donde hace escasos tres días se anunció un programa para subsidiar el diesel agropecuario, dos pesos por litro, para que los productores más pobres, que tienen cuando mucho cinco hectáreas, puedan acceder a este importante programa.

Ante esta realidad, los diputados federales ya hicimos nuestra parte, ya lo hicimos en el marco de la reforma petrolera. Hicimos lo necesario para que el ingrediente con el que se fabrican los fertilizantes sólidos pueda tener precios preferenciales, pero es muy importante que las autoridades, el Ejecutivo federal, a través de sus secretarios, implanten todas las acciones necesarias para hacer que los fertilizantes bajen.

Sembrar en este país, compañeros legisladores, es un verdadero acto de patriotismo, es un verdadero acto de valentía. Es necesario que los funcionarios entiendan, por favor, que la reforma que se hizo debe aterrizar en activar la industria de fertilizantes de este país; una industria, por cierto, desmantelada.

Háganlo, señores funcionarios, por el bien de la soberanía alimentaria de este país. Háganlo por el bien de los más pobres. Háganlo por el bien de México.

El punto de acuerdo que hoy planteo textualmente dice lo siguiente:

Único. La del Congreso de la Unión solicita al Ejecutivo federal que instruya a los secretarios de los ramos correspondientes para que, en el ámbito de sus atribuciones y facultades, cumplan de forma urgente lo previsto en la sección quinta del decreto por el que se expide la Ley de Petróleos Mexicanos, en donde se adiciona el artículo 3o. de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; el artículo 1o. de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y un párrafo tercero a un artículo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público aprobada en la reforma energética a fin, reitero, de reactivar la industria de fertilizantes en México.

Solicito, señor presidente, en términos de los artículos 59 y 60 del Reglamento, que se turne este punto de acuerdo como de urgente resolución. Por su atención, muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo federal a emprender la reactivación de la industria de fertilizantes aprobada como parte de la pasada reforma energética, a cargo del diputado José Rubén Escajeda Jiménez , del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, diputado federal de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del Pleno de la del Congreso de la Unión.

Antecedentes

La crisis financiera actual ha puesto en alerta a prácticamente a todas las economías del mundo, poniendo en entredicho la viabilidad del actual sistema económico impuesto por los principales organismos internacionales.

La crisis mundial pone en relieve el grave deterioro que en México se ha generado por la falta de empleos, por la inseguridad, por la falta de respuestas oportunas a los principales problemas que permean cada vez más a millones de mexicanos.

Para el sector rural, esto no es diferente. A pesar de tener en los últimos tres años presupuestos inéditos dirigidos a abatir el rezago en el campo, éste no se ha visto reflejado, ya sea por falta de interés o por una torpe operación de los diferentes programas por parte del gobierno federal. Los números no mienten: los subejercicios son por demás descarados y agreden la realidad que viven los campesinos día a día.

La crisis económica que en México se ha reflejado de forma inmediata dibuja un escenario de urgencia ante los escenarios de desesperanza que agobian a la mayoría de los habitantes del sector rural. Los altos precios de los elementos básicos para producir han generado una serie de contradicciones entre el discurso y la realidad. Por un lado, el presidente Calderón anuncia un plan anticrisis, donde no aborda de forma concreta medidas que ayuden a solventar los problemas que padece el campo. Por otro lado, anuncia una disminución en el costo de la gasolina y el gas, pero en el combustible del diesel, cuya herramienta es vital para la producción en el sector, no se menciona nada, como si los campesinos no fueran merecedores o, más grave aún, como si no necesitaran este apoyo.

Este punto de acuerdo que me permito presentar va enfocado a ayudar a abatir parte del rezago campesino.

El tema de los fertilizantes es una de las mayores preocupaciones que los campesinos tienen, debido al alto costo de producción que significan, teniendo hoy día programas que no son suficientes para poder comprar los mínimos necesarios de este elemental producto.

Actualmente, la producción en México de fertilizante es nula, trayendo consigo graves desventajas para la competitividad en relación con nuestros socios comerciales. Se tiene comprobado que reactivando la industria mexicana de fertilizante se podría disminuir el costo de éste hasta un 40 por ciento sobre el precio que en el mercado se adquiere hoy por hoy.

Ante esta realidad, los legisladores incluimos, en la pasada reforma petrolera aprobada, el rubro para la reactivación de la industria mexicana de fertilizante, siendo éste el conducto para que del uso de amoniaco anhidro se pueda obtener fertilizante sólidos a mejores costos, provocando, entre otras cosas, no sólo una reactivación del sector laboral sino otorgar a los campesinos una mejor oportunidad de rentabilidad en el campo mexicano.

Muchas veces se cuestiona el papel de los legisladores. Se nos dice que nosotros debemos ser actores para coadyuvar a obtener las herramientas que ayuden a disminuir la brecha entre pobres y ricos; y es cierto: ésta debe ser uno de nuestros principales objetivos. Ante esto, la argumentación expuesta va en ese sentido. El presidente de la República tiene frente a sí la oportunidad de responder a una demanda de uno de los sectores más importantes del país. Ajustándose a lo aprobado por la honorable Cámara de Diputados, el presidente tiene en sus manos el renacimiento de una industria por demás estratégica para los productores mexicanos.

Debemos reconocer el esfuerzo de los campesinos al trabajar en condiciones altamente desfavorables y así responder a un justo reclamo que por años se ha presentado en el sector rural.

Es impostergable realizar cambios profundos en la política rural y este es uno de ellos. Ante el marco de una crisis que se profundizará mes con mes, la reactivación de la industria nacional de fertilizantes viene a ser una oportunidad de desarrollo y competitividad.

Hacemos un llamado a la sensibilización del Ejecutivo federal y a todos los responsables para que se dé cumplimiento a lo que marca, en este rubro, la reforma petrolera.

Por lo anteriormente expuesto, me permito presentar a la soberanía proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La del Congreso de la Unión solicita al Ejecutivo federal que instruya a los secretarios de los ramos correspondientes para que, en el ámbito de sus atribuciones y facultades, se cumpla de forma urgente lo previsto en la sección quinta del decreto por el que se expide la Ley de Petróleos Mexicanos, en donde se adiciona el artículo tercero de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, el artículo 1 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y un párrafo tercero al artículo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, aprobada en la reforma energética con la finalidad de reactivar la industria de fertilizantes en México.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Gracias, señor diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea si es de aceptarse el trámite de urgente u obvia resolución.

El Secretario senador Jesús Garibay García: En votación económica se pregunta a la asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición. Los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

No se considera de urgente u obvia resolución, señor presidente.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Túrnese a la Tercera Comisión.

INICIATIVA MERIDA

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Tiene la palabra el señor diputado Armando Barreiro Pérez, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar punto de acuerdo por el que exhorta al Ejecutivo federal a que informe al Congreso de la Unión sobre diversos aspectos de la Iniciativa Mérida; y se invita a una reunión de trabajo alsecretario de Relaciones Exteriores.

El diputado Armando Barreiro Pérez : Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, el tema de la Iniciativa Mérida, y las consecuencias que su operación en nuestro país seguramente tendrá, es un asunto al que nos parece que no se le ha otorgado la importancia que debe merecerle a quienes integran el Poder Judicial en México.

Tanto en el Senado de la República como en el Cámara de Diputados se han presentado y promovido numerosos puntos de acuerdo solicitando al Ejecutivo de este país que informe a esta soberanía sobre los asuntos sustantivos de la Iniciativa Mérida, tales como las fechas precisas de inicio operativo de los compromisos bilaterales establecidos y el desglose de responsabilidades institucionales en el cumplimiento de tales compromisos.

Quiénes serán las autoridades encargadas de otorgar la capacitación a los funcionarios mexicanos competentes de operar la nueva infraestructura, como por ejemplo, la operación del nuevo software para el control sobre la migración; si nuestro país ha autorizado la aportación de armas de agentes estadounidenses en nuestro territorio; y cómo se operarán mecanismos permanentes de consulta con organizaciones no gubernamentales, entre muchos otros asuntos.

La mayor parte de la información con que se cuenta se obtiene generalmente por declaraciones que aparecen en los medios de comunicación, por diversos funcionarios tanto del gobierno norteamericano como del nuestro, o de escuetos comunicados que se llegan a emitir.

Ni los informes gubernamentales ni los discursos de los funcionarios son suficientemente convincentes como para ganar credibilidad social. El clamor de los ciudadanos y sus familias es el que se presenta en hechos que demuestren la eficacia de las instituciones en un horizonte estratégico y que se suspendan las declaraciones efectistas, que sólo parecen buscar impactos publicitarios.

Así, es fundamental que los recursos adicionales que se han gestionado a través de la Iniciativa Mérida generen resultados también adicionales, no solamente en las metas operativas más obvias, como lo es la capacitación de personal y otras similares, sino también exigir del gobierno federal el compromiso para obtener resultados que demuestren el esfuerzo adicional de eficacia y eficiencia institucionales que la situación demanda.

Recordemos que el pasado 3 de diciembre México y Estados Unidos firmaron una carta de entendimiento mediante la cual se libera la primera parte de los recursos previstos en esta iniciativa. En dichos recursos y con dicha cantidad se estaría orientando a la compra de equipos de inspección no intrusiva, tecnología aplicada, perros adiestrados, capacitación en materia de control de confianza y técnicas de investigación, entre otras.

En el acto de firma del acuerdo de cooperación se indicó que la entrega de recursos y equipos se complementaría hacia marzo o abril del presente año y lo recibirían varias dependencias e instancias del Estado mexicano. Días después la cancillería mexicana informa que durante la segunda etapa de aplicación de los recursos de esta iniciativa se destinaría otra cantidad para la compra de helicópteros y aviones que se entregarían a las instituciones mexicanas.

Carlos Rico Ferrat, subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, detalló que los recursos serían liberados antes de que concluyera la administración del presidente George Bush.

No obstante, el 7 de enero pasado, el entonces embajador de Estados Unidos en nuestro país, Antonio Garza, señaló que México recibiría hasta el próximo otoño el equipo con un valor de 99 millones de dólares, como parte de la segunda fase de la Iniciativa Mérida.

De todo esto, compañeras legisladoras y compañeros legisladores, se deriva que es importante que el Ejecutivo federal informe a esta soberanía con precisión sobre los tiempos y las aplicaciones de los programas previstos en esta Iniciativa Mérida.

Para finalizar quisiera comentarles lo siguiente. Mucho se ha festinado que ayer, con el ascenso de Barack Obama a la presidencia de Estados Unidos, sea posible el inicio de una nueva era en la vida y los asuntos públicos del pueblo norteamericano, así como las relaciones del gobierno norteamericano con los demás países del mundo, particularmente con el nuestro; en donde, particularmente, entre otros temas, se deben revisar con mayor puntualidad las responsabilidades de ambos países en materia de narcotráfico, consumo de drogas y tráfico de armas que, como es reconocido, afecta ya significativamente la estabilidad social e institucional de ambas naciones.

Por lo expuesto, someto a esta soberanía la aprobación de la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente resolución

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión invita al subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores a una reunión de trabajo a fin de tratar los diversos asuntos de interés nacional relacionados con los compromisos adoptados y con los acuerdos específicos para ejecutar cada una de las medidas previstas en la Iniciativa Mérida de Cooperación Bilateral.

Segundo. Se exhorta al Ejecutivo federal a entregar a esta soberanía toda la información disponible sobre la implantación en México de la Iniciativa Mérida que contenga, entre otros documentos, el plan de trabajo, la estructura orgánica, los elementos normativos y la metodología con la que se ejecutarán los acuerdos, así como el número de integrantes y el tipo de función que realizará el personal extranjero que intervendrá en la implantación de los acuerdos de cooperación.

Solicito a la Presidencia que, toda vez que se han efectuado algunos cambios en el punto de acuerdo original, se inscriba el presente en el Diario de los Debates y se publique en la Gaceta Parlamentaria. Es cuanto. Muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a informar al Congreso de la Unión sobre diversos aspectos de la Iniciativa Mérida e invitar a una reunión a la secretaria de Relaciones Exteriores, a cargo del diputado Armando Barreiro Pérez , del Grupo Parlamentario del PRD

Compañeras y compañeros legisladores: el tema de la llamada Iniciativa Mérida y las consecuencias que su operación en nuestro país seguramente tendrá, es un asunto al que nos parece no se le ha otorgado la importancia que debe merecerle a quienes integramos el Poder Legislativo en México.

Tanto en el Senado de la República como en la Cámara de Diputados, se han presentado y promovido numerosos puntos de acuerdo, solicitando al Ejecutivo de este país, informe a esta soberanía sobre los asuntos sustantivos de la Iniciativa Mérida, tales como las fechas precisas de inicio operativo de los compromisos bilaterales establecidos; el desglose de responsabilidades institucionales en el cumplimiento de tales compromisos; quiénes serán las autoridades encargadas de otorgar la capacitación a los funcionarios mexicanos competentes de operar la nueva infraestructura, como la operación del nuevo software para el control sobre la migración; si nuestro país ha autorizado la portación de armas de agentes estadounidenses en nuestro territorio y cómo se operarán mecanismos permanentes de consulta con organización no gubernamentales, entre muchos otros asuntos.

La mayor parte de la información con que se cuenta, se obtiene generalmente por declaraciones que aparecen en los medios de comunicación por diversos funcionarios, tanto del gobierno norteamericano como del nuestro, o de escuetos comunicados que se llegan a emitir.

Ni los informes gubernamentales ni los discursos de los funcionarios son suficientemente convincentes para ganar la credibilidad social; el clamor de los ciudadanos y sus familias es el que se presenten hechos que demuestren la eficacia de las instituciones en un horizonte estratégico y que se suspendan las declaraciones efectistas que sólo parecen buscar impactos publicitarios.

Así, es fundamental que los recursos adicionales que se han gestionado a través de la Iniciativa Mérida generen resultados también adicionales, no solamente en las metas operativas más obvias, como lo es la capacitación de personal y otras similares, sino también exigir del gobierno federal el compromiso para obtener resultados que demuestren el esfuerzo adicional de eficacia y eficiencia institucionales que la situación demanda.

Recordemos que el pasado 3 de diciembre, México y Estados Unidos firmaron una Carta de Entendimiento mediante la cual se libera la primera parte de los recursos contemplados en la Iniciativa Mérida. Se liberaron así 197 millones 175 mil dólares de los 400 millones de dólares para apoyar la lucha contra el narcotráfico en territorio nacional. Dicha cantidad estaría orientada a la compra de equipos de inspección no intrusiva, tecnología aplicada, perros adiestrados, capacitación en materia de control de confianza y técnicas de investigación, entre otras. En el acto de firma del acuerdo de cooperación, se indicó que la entrega de recursos y equipos se completaría hacia marzo o abril del presente año y los recibirían varias dependencias e instancias del Estado Mexicano, como la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena).

Días después autoridades de la. Cancillería mexicana informaron que durante la segunda etapa de aplicación de los recursos de la Iniciativa Mérida se destinarían 116.5 millones de dólares para la compra de helicópteros y aviones que se entregarían a la Sedena y a la Semar. Carlos Rico Ferrat, subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), detalló que los recursos serían liberados antes de que concluyera la administración del presidente estadounidense George Bush.

No obstante, apenas el 7 de enero, pasado, el entonces embajador de Estados Unidos en nuestro país, Antonio O. Garza, señaló que México recibirá hasta el próximo otoño el equipo con un valor de 99 millones de dólares, como parte de la segunda fase de la Iniciativa Mérida, los cuales serán entregados por medio de la Agencia de Cooperación en Defensa y Seguridad del Departamento de Defensa de aquella nación.

A pesar de que el Congreso de la Unión ha reiterado en numerosas ocasiones la petición de información precisa al Ejecutivo federal para dar seguimiento puntual a los acuerdos derivados de la Iniciativa Mérida, éste ha mostrado muy poca voluntad para compartir dicha información. Ya, en otros mecanismos de cooperación bilateral antidrogas, ha sido necesario ajustar los esquemas funcionales para que la soberanía nacional no sea vulnerada.

Compañeras y compañeros legisladores: mucho se ha festinado que el día de ayer, con el ascenso de Barack Obama a la Presidencia de los Estados Unidos, sea posible el inicio de una nueva era en la vida y los asuntos públicos del pueblo norteamericano, así como las relaciones del gobierno norteamericano con los demás países del mundo, particularmente con el nuestro, en donde, entre otros temas, se revisen con mayor puntualidad las responsabilidades de ambos países en materia de narcotráfico, consumo de drogas y tráfico de armas que, como es reconocido, afecta ya significativamente la estabilidad social e institucional de ambas naciones.

Por lo anteriormente expuesto, someto a esta soberanía la aprobación de la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente resolución:

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión invita al subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores a una reunión de trabajo con el fin de tratar los diversos asuntos de interés nacional relacionados con los compromisos adoptados y con los acuerdos específicos para ejecutar cada una de las medidas contempladas en la Iniciativa Mérida de cooperación bilateral.

Segundo. Se exhorta al Ejecutivo federal a entregar a esta soberanía toda la información disponible sobre la implantación en México de la Iniciativa Mérida, que contenga, entre otros documentos, el plan de trabajo, la estructura orgánica, los elementos normativos y la metodología con que se ejecutarán los acuerdos, así como el número de integrantes y el tipo de función que realizará el personal extranjero que intervendrá en la implantación de los acuerdos de dicho acuerdo de cooperación.

El senador Luis Alberto Villarreal García (desde la curul): Señor presidente.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Sí, senador.

El senador Luis Alberto Villarreal García (desde la curul): Solicito al orador si puede volver a leer el resolutivo número uno, por favor.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Cómo no. Señor diputado, si es tan amable y generoso en leer de nueva cuenta al resolutivo número uno.

El diputado Armando Barreiro Pérez : Cómo no. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión invita al subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores a una reunión de trabajo a fin de tratar los diversos asuntos de interés nacional relacionados con los compromisos adoptados y con los acuerdos específicos para ejecutar cada una de las medidas previstas en la Iniciativa Mérida de Cooperación Bilateral.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Gracias, señor diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea si se considera de urgente resolución.

El Secretario senador Jesús Garibay García: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición. Los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, hay dos terceras partes por la afirmativa.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Se considera de urgente resolución. En consecuencia, está a discusión la proposición con punto de acuerdo. En el uso de la palabra el señor senador Alberto Villarreal García, en pro.

El senador Luis Alberto Villarreal García: Gracias, presidente.

Para Acción Nacional es de suma importancia que un tema tan delicado y ---diría yo--- que marca un parteaguas de nuestra relación bilateral México-Estados Unidos, y señalo el porqué, porque esta iniciativa habla ya un lenguaje de cooperación y no de asistencia, que era con la prepotencia que regularmente nuestros vecinos del norte hacían este tipo de planes bilaterales.

México no está pidiendo ni ayuda ni asistencia. Lo que está buscando es cooperación para resolver un problema de dos países, y que requiere una solución conjunta de dos países con acciones acordadas de manera bilateral, con responsabilidades acordadas de manera bilateral.

Me parece que, en consecuencia, la invitación que el primer resolutivo de este punto de acuerdo hace al subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, don Carlos Rico, de esta comisión para que acuda a una mesa de trabajo a platicar con los legisladores el estatus que guarda esta iniciativa y todo el proceso de cooperación, es de suma importancia.

Diría también que el Senado de la República desde hace varios meses ha establecido ya un mecanismo permanente de consulta e información que integran senadores de todas las fuerzas políticas. Particularmente las comisiones que tienen que ver con relaciones exteriores, con seguridad y con justicia ---y lo digo con toda franqueza---, que siempre hemos recibido no solamente un trato amable por parte de la secretaria Espinosa, sino un trato de mucha responsabilidad, de mucha cercanía y de manera muy cercana y permanente con el subsecretario, para estar los senadores de la república informados del proceso de este instrumento internacional.

De manera que Acción Nacional, dicho lo anterior ---y sobre todo porque creo que quizás en la Cámara de Diputados no se ha tenido esta información de manera tan contundente, como sí la hemos tenido en el Senado de la República--- expresa su voto en pro de este dictamen, para que podamos todos conocer el estatus que guarda la iniciativa, particularmente ahora, en esta coyuntura del inicio del nuevo gobierno en Estados Unidos de Norteamérica. Y en segundo lugar, porque siempre hemos sido un partido que ha estado en pro de la transparencia y del acceso a la información. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Muchas gracias, señor senador Luis Alberto Villarreal García. No habiendo nadie más que haya solicitado el uso de la palabra... Diputado Martínez Vargas, en pro.

El diputado Octavio Martínez Vargas : Muchas gracias, en nombre propio y de mi amigo, el legislador Calzada. Desde luego, me sumo a la proposición de nuestro compañero Armando Barreiro.

Creo que es de la mayor relevancia darle seguimiento al Plan Mérida, que tanto fue anunciado, cacareado y poco se han evaluado los resultados. Nos dio en días pasados cifras de alrededor de 6 mil personas muertas en tan sólo 2008. Cada día conocemos de más armamentos que se decomisan, que se encuentran en los distintos operativos que de-sarrolla la Procuraduría Federal de la República y la Secretaría de Seguridad Pública; desde luego se conoce que las armas provienen de Estados Unidos.

De tal suerte, es importante dar seguimiento a lo estructurado en este acuerdo, conocer cuáles han sido los resultados, la evaluación, la evolución del mismo y desde luego estar dándole seguimiento puntual.

A nosotros nos hubiese gustado que viniera la titular de la dependencia; pero está bien, va a venir el subsecretario. Entiendo que también tiene autoridad para efecto de participar en este poder, a esta soberanía, sobre el Plan Mérida. Ojalá que los resultados sean positivos.

Estamos claros de que con el arribo del nuevo presidente de Estados Unidos se tendrá, en el mediano plazo, agendado este tema. Está claro que sus prioridades son otras; es la agenda de su país, es la agenda internacional, es la agenda económica y financiera de Estados Unidos. Y está claro que el tema de la relación con México no es prioridad. Quedó plasmado incluso en la visita que hizo nuestro titular del Poder Ejecutivo: tan sólo un medio nacional de Estados Unidos tocó en un párrafo la visita.

De tal suerte que este poder, esta soberanía tiene la responsabilidad de dar seguimiento a este tema y desde luego seguirlo exponiendo. Vamos a estar atentos a la visita del subsecretario. Ojalá que haya buenos resultados, que se respete nuestra soberanía, que se respete lo plasmado en ese acuerdo, que haya cumplimiento del mismo y, por supuesto, que se mida puntualmente, de manera bimestral, lo que ahí se ha estructurado.

Decir que, por lo que hace a 2008, no hay muy buenos datos: muchos muertos, pocos criminales detenidos. Hay muchos muertos, gente inocente incluso; mucha gente inocente, y habría que subrayar equivocaciones periódicas por parte de la autoridad federal en términos de balacear y detener a familias que iban transitando, por no detenerse. No ha dejado muy buenas referencias este plan.

De tal suerte, esperamos que lo que se estructure de aquí en adelante sea más atinado, más preciso; que se corrija toda esta estrategia, y por supuesto, que se cumpla lo relacionado con nuestra soberanía.

Por su atención, y con la venia de mi compañero Calzada, muchas gracias.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Muchas gracias, señor diputado Octavio Martínez Vargas.

El diputado Armando Barreiro Pérez (desde la curul): Con su permiso, diputado presidente.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Sí.

El diputado Armando Barreiro Pérez ( desde la curul): Solicito solamente que pudiera agregarse al mismo Diario de Debates, como una fe de erratas, que esta propuesta se aborde en la Segunda Comisión de la Comisión Permanente, y que seguramente será el próximo martes a las 17:00 horas. Para estar preparados en este asunto. Es cuanto.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Es como fe de erratas; sólo particulariza la fecha en que sería la cita.

El senador Luis Alberto Villarreal García (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Sí, senador. Tome el micrófono, senador.

El senador Luis Alberto Villarreal García (desde la curul): Solamente sería que esta mesa de trabajo, con el subsecretario, se llevará a cabo en la Segunda Comisión de la Comisión Permanente.

La fecha, obviamente por ser una invitación, habría que acordarla con el subsecretario Rico.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Muy bien. No habiendo más oradores, se considera suficientemente discutido.

Consulte la Secretaría a la asamblea si se aprueba, puntualizando el mecanismo exacto de la convocatoria, que sería en el seno de la Segunda Comisión.

El Secretario senador Jesús Garibay García: En votación económica se pregunta a la asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si es de aprobarse el punto de acuerdo con la adición señalada. Los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Mayoría por la afirmativa, señor presidente.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Aprobado. Comuníquese.

ESTADO DE AGUASCALIENTES

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Recibimos del diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva, del Grupo Parlamentario de Convergencia, un punto de acuerdo para exhortar al titular de la Sagarpa, el cumplimiento de los principios de libre competencia y libre concurrencia en el mercado de la guayaba.

El Secretario senador Jesús Garibay García: «Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al titular de la Sagarpa a cumplir los principios de libres competencia y concurrencia en el mercado de la guayaba, a cargo del diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva , del Grupo Parlamentario de Convergencia

El suscrito, diputado federal del Grupo Parlamentario de Convergencia en la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con base en el artículo 23, numeral 1, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración de esta soberanía proposición con puntos de acuerdo, mediante los cuales se exhorta al secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) a cumplir los principios de libre competencia y libre concurrencia en el mercado de la guayaba; y a la Comisión Federal de Competencia, a verificar la posible existencia de prácticas monopólicas en la exportación de guayaba de Aguascalientes a Estados Unidos, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En México, el cultivo de guayaba está cobrando gran importancia: se sitúa en el lugar 13 en cuanto a volumen de producción entre las frutas, pues actualmente se produce en 22 estados del país, en una superficie de 22 mil 841 hectáreas. Destacan como principales productores Michoacán, Aguascalientes y Zacatecas, que en conjunto representan 89 por ciento de la superficie cosechada. Tan sólo en 2007 se produjeron 267 mil 912 toneladas de la fruta, con un valor de mil 70 millones de pesos, en beneficio de 6 mil familias.

Después de ciertas renuencias, el 20 de noviembre de 2008 se llevó a cabo el primer tratamiento de irradiación de un embarque de guayaba de Aguascalientes, con mil 80 cajas de 8.2 kilogramos cada una, por un total de 8 mil 856 kilogramos, para su envío al mercado estadounidense, lo que marcó el inicio de las exportaciones de guayaba mexicana en esta modalidad a ese país, después de intensas negociaciones entre la Sagarpa y el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, y del trabajo constante e intenso de los productores y empacadores de esta fruta.

Con este nuevo mercado se amplían las posibilidades de desarrollo de este sector productivo al tener esta opción de comercialización, gracias a la aplicación de medidas de mitigación de riesgo como el tratamiento basado en irradiación, beneficiando con esto a más de 56 mil productores que se dedican al cultivo del fruto en la República Mexicana.

El gobierno mexicano estima que con la venta de este producto en Estados Unidos podrán recibir por el producto cerca de 80 millones de dólares, cantidad que podrá ascender hasta 400 millones de dólares en los próximos años.

No obstante tan prometedor escenario, se han presentado anomalías para la exportación de guayaba irradiada en fresco hacia Estados Unidos porque, para llegar a cumplir los requisitos que exige su gobierno, tuvo que crearse un organismo que tuviera la obligación de responder ante los eventuales problemas en calidad e inocuidad de la guayaba, lo que motivó la creación de la asociación civil Productores y Empacadores Exportadores de Guayaba Mexicana (Peguam).

Peguam, de conformidad con los estatutos, tiene por objeto realizar por cuenta propia o por mandato de sus asociados campañas de promoción de la guayaba mexicana en los mercados nacionales e internacionales, con recursos propios o federales, estatales o municipales.

En el contrato de distribución de guayaba de México en Estados Unidos se designa específicamente a tres personas morales que fungirán como distribuidores, importadores y comercializadores aprobados para el territorio de Estados Unidos: Austral Trading México, SA de CV; F-Díaz LLC; y Frutas Exóticas del Paraíso, SA de CV, por un plazo de cinco años, generando monopolio en la distribución del producto.

Lo anterior ocasiona que no se garantice la libre competencia, generando prácticas que podrían ser calificadas de monopólicas en virtud de que con el contrato mencionado se desplaza indebidamente a otros agentes del mercado y se les impide sustancialmente su acceso o establece ventajas exclusivas en favor de una o varias personas, como en el presente caso ocurre en favor de Pegual, en perjuicio de otros distribuidores, pues los productores buscan la venta de su fruta a través de sus cadenas de distribución o con alguna otra distribuidora que mejore el precio de la compra.

En el artículo primero transitorio, que se refiere al carácter de la asociación, se establece que, ``con fundamento en los lineamientos establecidos por Aphis (Departamento de Agricultura de Estados Unidos) y la Sagarpa, es y será la única organización o asociación facultada para que por medio de ésta y de acuerdo con la reglamentación que aplica se pueda realizar la exportación de guayaba nacional en fresco a Estados Unidos de América''.

Evidentemente, con este tipo de contratos Peguam asume la exclusividad para la distribución y venta de los productos por exportar a Estados Unidos, situación que en la primera temporada la ha beneficiado al comprar el producto en 2.1 dólares por kilogramo y venderlo a 6 dólares por libra (13.2 dólares por kilogramo), causando un evidente perjuicio a la productores.

Por tanto, el tipo de contratos como el celebrado por la Peguam afecta los derechos y la comercialización directa con otros clientes, ya que Peguam autoriza sólo el producto que se va a exportar a través de dichos distribuidores, y de no ser así no hay posibilidad de exportación a Estados Unidos, aun cuando se cumplan todas las disposiciones legales y la normatividad fitosanitaria.

Otro problema que afecta a los agricultores es que si al momento de seleccionar la fruta que cumpla los requisitos fitosanitarios para su exportación se identifica fruta que al no cumplir las normas requeridas se destina al mercado nacional, comercializando el empaque de la fruta a precios por debajo del costo de producción.

Esta situación ha generado inconformidad de los productores agrupados en diferentes organismos, como el Consejo Estatal de la Guayaba de Aguascalientes; la asociación rural de interés colectivo Usuarios de Riego del Valle de Huajucar, SRL de IP de CV; Guayeco, SA de CV; Frusec, SA de CV; Guayabaso, SPR de RI; Agroindustria la Colosal del Centro, SPR de RL; y Frugar de Calvillo, SA de CV, que han manifestado su inconformidad a la Sagarpa; sin embargo, no se han visto favorecidos, manteniéndose esta problemática, que repercutirá gravemente en la producción.

En Convergencia nos preocupa que el asunto esté concentrando la exportación de un producto como la guayaba y con ello se restringa sustancialmente la posibilidad de que los productores, de manera directa e independiente, puedan suministrar su mercancía al mercado estadounidense.

Estamos en presencia del desplazamiento de algunos de los productores de guayaba de Aguascalientes, con el riesgo de impedirles el acceso al mercado de Estados Unidos, al establecerse la posibilidad de exportación exclusivamente por Peguam, asociación que se ha atribuido la exclusividad en la venta final de dicha fruta.

Desde nuestra perspectiva, podríamos estar en presencia de prácticas monopólicas que buscan desplazar indebidamente a productores de guayaba del mercado, impedirles el acceso a ese mercado o establecer ventajas exclusivas a favor de Peguam. Ante la tolerancia de la Sagarpa y el posible daño económico de los productores de guayaba, resulta fundamental la intervención de la Comisión Federal de Competencia.

Por lo expuesto, someto a consideración de la Comisión Permanente la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a cumplir, en observancia de las disposiciones legales en materia de competencia económica, los principios de libre competencia y libre concurrencia en la exportación de guayaba del estado de Aguascalientes.

Segundo. Se exhorta a la Comisión Federal de Competencia a verificar, en cumplimiento de los artículos 9, 10 y 11 de la Ley Federal de Competencia Económica, la posible existencia de prácticas monopólicas que impidan la libre concurrencia en la exportación de guayaba en el estado de Aguascalientes.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Túrnese a la Tercera Comisión.

PENA DE MUERTE

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Se concede el uso de la palabra a nuestra compañera diputada Gloria Lavara Mejía, para presentar punto de acuerdo para que la Cámara de Diputados realice foros de debate sobre la aplicación de la pena de muerte en el país y su posible eficacia como medida de sanción punitiva, suscrita por el senador Javier Orozco Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

La diputada Gloria Lavara Mejía : Con su permiso, señor presidente.

Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, nuestro país vive una etapa de crisis en materia de seguridad ---de todos es sabido--- y la población reclama desde hace tiempo acciones firmes y decidas para enfrentarla.

No podemos ignorar que un importante sector de ella se ha pronunciado, inclusive, a favor de reinstaurar la pena de muerte en nuestro país. El Partido Verde presentó una iniciativa para reformar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como diversas leyes secundarias, con objeto de reinstaurar la pena de muerte, para sancionar a los secuestradores que priven de la vida o mutilen a sus víctimas, y a los miembros y ex miembros del Ejército, de la Marina, de las policías y del Ministerio Público que participen en algún secuestro.

Es necesario recalcar que esta iniciativa tiene su fundamento en un reclamo social, ya que en este rubro la capacidad del Estado ha sido ampliamente rebasada por la delincuencia organizada.

Compañeras diputadas y compañeros diputados, senadoras y senadores, como podemos ver éste es un reclamo a nacional que merece ser discutido responsablemente en foros, para poder llegar a una solución y con ello erradicar un mal que se ha generalizado en todo el territorio nacional.

Debemos llevar a cabo estos foros de discusión, en donde seguramente ---entre todos--- encontraremos la mejor solución, para con ello crear mecanismos que permitan cerrar el paso a la delincuencia y establecer la paz y seguridad, nuevamente, a todos los ciudadanos.

No olvidemos que los legisladores que integramos el Congreso de la Unión somos depositarios de la representación popular, y una de nuestras obligaciones consiste precisamente en canalizar los reclamos de la población a este Congreso, que es responsable de analizarlos y de discutirlos.

Por ello, en el momento de legislar o de participar en la toma de decisiones públicas, como representantes populares, debemos servir a los intereses de nuestros representados, y una de esas maneras es mediante la celebración de foros.

No debemos pasar por alto que la esencia del trabajo parlamentario consiste precisamente en debatir, en intercambiar opiniones y escuchar los argumentos de aquellos con los que disentimos. Porque sólo de esta forma las decisiones que emanen del Congreso reflejarán la verdadera voluntad de los mexicanos y de la democracia que se viven en México.

Aun cuando tenemos una democracia representativa no podemos hacer a un lado las demandas de los mexicanos. Estamos obligados a conducirnos como el espacio donde las manifiestan.

Ya lo decía Bobbio, la existencia de instituciones de la democracia representativa no impide la adopción, para ciertos casos, de mecanismos de democracia participativa o directa a fin de conocer la opinión directa de la ciudadanía.

Por ello, los representantes populares debemos reconocer la necesidad de incorporar fórmulas cada vez más amplias mediante las cuales el pueblo pueda decidir directamente sobre la acción del Estado.

Las elecciones populares son apenas el comienzo de la democracia; el mínimo grado de democracia. A partir de ahí hay que construir con ése y otros métodos democráticos que comprendan a toda la sociedad.

El ejercicio democrático que proponemos no es nuevo y forma parte de mecanismos que permiten discutir cualquier tipo de problema político, más allá de las limitaciones impuestas por las rivalidades partidistas, porque constituyen instrumentos políticamente neutros que producen resultados apoyados en la opinión pública y logran conferir una dimensión extraordinaria a cambios políticos fundamentales.

Obligan a los representantes a responder a las demandas populares y, muchas veces, obligan a tomar decisiones necesarias en situaciones donde los legisladores no quieren asumir el riesgo de inclinarse a favor de una opción determinada.

Diputados y diputadas, senadores y senadoras, debemos abrirnos al diálogo. Con la realización de estos foros daremos la oportunidad al pueblo de México a que exprese su voz, y con ello garantizar que el trabajo legislativo que nosotros realizamos sea un verdadero reflejo de la voluntad popular.

Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a esta soberanía como de urgente u obvia resolución la siguiente proposición con punto de acuerdo.

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión respalda la propuesta del Grupo Parlamentario del Partido Verde para realizar foros a fin de analizar el catálogo de delitos graves, el incremento de penas, la cadena perpetua y la pertinencia de incorporar la pena de muerte como medida para combatir la delincuencia.

Es cuanto, señor presidente. Por su atención, muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, para que la Cámara de Diputados realice foros de debate sobre la aplicación de la pena de muerte en el país y su posible eficacia como medida punitiva, a cargo de la diputada Gloria Lavara Mejía y suscrita por el senador Javier Orozco Gómez, del Grupo Parlamentario del PVEM

La diputada Gloria Lavara Mejía y el senador Javier Orozco Gómez, integrantes de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión del Grupo Parlamentario del Partido Verde, con fundamento en los artículos 78 de la Constitución Política, 116 de la Ley Orgánica, y 58, 59, 60 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentamos la siguiente proposición con punto de acuerdo solicitando sea considerada como de urgente u obvia resolución, con base en los siguientes

Considerandos

El pasado 20 de agosto el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la Cámara de Diputados presentó ante la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión iniciativa para reformar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos así como diversas leyes secundarias, con el objeto, entre otros, de reinstaurar la pena de muerte en nuestro país para sancionar única y exclusivamente a

La iniciativa presentada fue turnada a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de Justicia para su dictamen.

Es importante mencionar que esta propuesta forma parte de un paquete integral de reformas que los legisladores del Partido Verde presentamos para combatir el delito de secuestro, toda vez que estamos concientes que la pena de muerte por sí sola resultaría insuficiente para hacerle frente a este grave delito.

En el mismo sentido, el pasado 11 de diciembre del año en curso, la LVII Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Coahuila presentó ante esta Cámara de Diputados iniciativa para reformar los artículos 14 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el objeto de que las entidades federativas estén facultadas para prever en sus respectivos códigos penales la pena de muerte para sancionar a los secuestradores que priven de la vida a sus víctimas. Cabe señalar que el Congreso de Coahuila presentó esta iniciativa en ejercicio de las facultades previstas en la fracción III del artículo 71 de la Constitución.

Estas iniciativas recogen un reclamo actual de un importante sector de la sociedad mexicana. Diversas encuestas de opinión señalan que los Mexicanos están a favor de incrementar las penas como medida para inhibir la comisión de delitos, e inclusive, algunas de ellas, evidencian el alto índice de aprobación que la pena de muerte tiene entre la población de nuestro país.

Como ejemplo de lo anterior, tenemos la encuesta titulada ``Incremento de penas a delitos graves'' elaborada por Consulta Mitofsky durante el mes de febrero de 1997, ¹ en donde el 74.8 por ciento de los mexicanos encuestados estuvieron de acuerdo en aplicar la pena de muerte para los delitos graves y ubicaron a esta acción entre las tres medidas que con mayor urgencia debía adoptarse para combatir el crimen ² en nuestro país.

En el mismo sentido se encuentra la encuesta ``Attitudes to the death penaltiy'', elaborada por la empresa IPSO MORI durante el año 2007, ³ en la cual el 60 por ciento de los mexicanos encuestados consideraron que si la pena de muerte fuera aplicada en nuestro país el número de asesinatos se reduciría y el 46 por ciento consideró la pena de muerte un castigo apropiado para los homicidas. ⁴

Nuestro país vive una etapa de crisis en materia de seguridad, la población reclama desde hace tiempo acciones firmes y decididas para enfrentarla y no podemos ignorar que un importante sector de ella se ha pronunciado a favor de reinstaurar la pena de muerte en nuestro país.

``El gobierno democrático tiene una justificación teórica que parece inapelable: el mejor gobierno es aquel en el que interviene --de forma más o menos directa-- el pueblo. Pero debe justificarse también en los hechos: un gobierno democrático se justifica en los hechos si y sólo si es capaz de proporcionar un nivel mínimo de bienestar y seguridad a los habitantes de un Estado.'' ⁵

Los legisladores que integramos el honorable Congreso de la Unión somos depositarios de la representación popular y una de nuestras obligaciones consiste precisamente en canalizar los reclamos de la población a este Congreso que es la institución responsable de analizarlos y discutirlos.

Por ello, ``no podemos continuar exclusivamente sobre la base de la teoría de la representación política, ``montada sobre el mito de la identidad entre representante y representado y la indivisibilidad de la soberanía''. ⁶

Porque ``la identidad entre pueblo y representante popular tiende a fundar la creencia de que cuando éste decide es como si decidiera aquél, que su decisión es la decisión del pueblo, que él expresa la voluntad general, la voluntad de todos, o del todo común. O sea, que en tal supuesto, el pueblo se autogobierna... La ficción no puede extremarse hasta tal punto. ⁷ Si la soberanía es esencial y originalmente del pueblo, ésta no puede seguir siendo un mero dogma.

Por ello, en el momento de legislar o de participar en la toma de decisiones públicas, como representantes populares debemos servir a los intereses de nuestros representados y una de esas maneras es a través de la celebración de foros.

Más aún, no debemos pasar por alto que la esencia del trabajo parlamentario consiste precisamente en debatir, en intercambiar opiniones y escuchar los argumentos de aquellos con los que disentimos, porque sólo de esta forma las decisiones que emanen de este Congreso reflejarán la verdadera voluntad de los mexicanos y de la democracia que se vive en México.

Si bien en México hemos constituido una democracia representativa, no olvidemos la base de toda democracia, el pueblo. Como lo indica Sartori, la definición etimológica de la democracia es ``...el gobierno o el poder del pueblo''. ⁸

Por ello, aún cuando tenemos una democracia representativa no podemos hacer a un lado las demandas de los mexicanos, estamos obligados a conducirnos como el espacio donde las manifiesten.

Ya lo decía Bobbio, ``la existencia de instituciones de la democracia representativa no impide la adopción, para ciertos casos... de mecanismos de democracia participativa o directa... a fin de conocer la opinión directa de la ciudadanía a través de una votación general; incluso, cabe afirmar que una democracia integral requiere del complemento de instrumentos de democracia participativa o directa y representativa''.⁹

No olvidemos que ``...la evolución del sistema democrático representativo a través de la historia, se ha caracterizado por el ensanchamiento gradual y progresivo de la participación del pueblo... en la toma de las decisiones del Estado... las instancias populares de consulta y decisión en materia de funciones pública,... se han incorporado poco a poco a un número significativo de sistemas constitucionales''. ¹⁰

Por ello, los representantes populares debemos reconocer la necesidad de incorporar fórmulas cada vez más amplias mediante las cuales el pueblo pueda decidir directamente sobre la acción del Estado. En este sentido Bobbio afirmó: ``la pregunta que debemos plantearnos no es ¿quién vota?, sino ¿sobre qué puntos puede votar?'' ¹¹

Las elecciones populares son apenas el comienzo de una democracia el mínimo grado de democracia. A partir de allí hay que construirla con ese y otros métodos democráticos que comprendan a toda la sociedad.

El ejercicio democrático que propone el Grupo Parlamentario del Partido Verde no es nuevo, recordemos que los griegos fueron los primeros en practicar la democracia directa pero los romanos le dieron usos más amplios. Por ejemplo, a partir del siglo IV antes de Cristo, las autoridades romanas recurrieron al plebiscitum para legitimar sus decisiones ante la asamblea de los plebeyos. ¹²

Con la Revolución Francesa y la lenta consolidación de las formas de gobierno democrático, su aplicación se volvió más común. Por ejemplo, se hizo uso del plebiscito para la aprobación de la anexión de territorios a Francia. ¹³

``En América, algunas de las trece colonias de la Nueva Inglaterra (Massachussets, Connecticut, New Hampshire y Rhode Island) sometieron sus nuevas constituciones a la aprobación popular por la misma vía, a partir de 1778.'' ¹⁴

``En el siglo XIX el procedimiento empezó a ser parte de la vida política interna de algunos países. En Suiza, por ejemplo, esta práctica, difundida a nivel de los cantones, fue incorporada a las dinámicas de reforma constitucional y de elaboración de las leyes a nivel federal. ... En Estados Unidos, algunos estados secesionistas sometieron a la aprobación de sus votantes su separación de la Unión Americana.'' ¹⁵

``En otros países, particularmente... [en] Estados Unidos, estas formas de iniciativa o de democracia directa dieron origen a toda una escuela política y filosófica que se llamó el ``progresivismo'', a principios del siglo XX. ...y que provocó que el estado de Oregon fuera pionero en el establecimiento del referéndum y del plebiscito en 1902.'' ¹⁶ En consecuencia, ``49 de los estados de la federación utilizan una forma u otra de democracia directa; 39 de ellos exigen o permiten a los gobiernos locales realizar consultas sobre cuestiones que les competan.'' ¹⁷

Por su parte, en América Latina ``...a inicios de los años noventa cobró fuerza la tendencia de expandir los mecanismos de democracia directa, en busca de mayores niveles de participación ciudadana, para corregir la crisis de representación...'' ¹⁸

Así, ``...a fines de 2000, 13 países de América Latina regulan a nivel nacional diferentes mecanismos de democracia directa en sus respectivas Constituciones''. ¹⁹

``Para México estas instituciones (el referéndum, el plebiscito o la iniciativa popular) no son una innovación, sino que paradójicamente existe una gran tradición en este sentido y sucede lo mismo en los estados...'' ²⁰

``En diciembre de 1863, se realizó [dos referenda ] para confirmar a Maximiliano como emperador de México; en tanto que el segundo, de las siete leyes de noviembre de 1874, se realizó con el fin de reformar la Constitución de 1857 y restaurar el Senado.'' ²¹

``Hay que mencionar que desde 1930 ha existido en los estados alguna expresión de democracia directa, como la ley oaxaqueña del plebiscito de ese año, pero fue a partir de la Ley Orgánica del Distrito Federal de 1978 cuando se adoptaron con mayor difusión e intensidad. ²²

``Posteriormente algunas entidades federativas las han incluido en sus respectivas constituciones, siendo el caso las siguientes, con respecto al referéndum:

...en el DF se reformó el Estatuto de Gobierno (Diario Oficial de la Federación del 4 de diciembre de 1997) en el cual se incluyeron como formas de participación ciudadana la iniciativa popular y el plebiscito.'' ²³

Si bien nuestra Carta Magna no regula expresamente los mecanismos de democracia directa, no podemos pasar por alto que actualmente ya no satisface la democracia solamente representativa debemos combinarla con mecanismos mediante los cuales el pueblo intervenga directamente para fines distintos a la elección de autoridades.

``Estos mecanismos permiten discutir cualquier tipo de problema político más allá de las limitaciones impuestas por las rivalidades partidistas: ...

Los legisladores del Partido Verde, por mi conducto, reiteramos la pertinencia de realizar foros en los que se analice el catálogo de delitos graves, el incremento de penas y la pertinencia de incorporar nuevamente la pena de muerte a nuestro sistema jurídico como medida para combatir a la delincuencia.

Fundamentalmente porque la democracia tiene que ser dinámica en sus formas y procedimientos [debido] a que la consulta directa favorece la responsabilidad ciudadana, conducen a la rápida toma de decisiones sobre temas controvertidos, propician la creación de foros públicos para debatir temas nacionales críticos y permiten a los líderes nacionales conocer el punto de vista de la ciudadanía''.²⁵

Como en su momento propusimos ante la Cámara de Diputados, a estos foros se deberá convocar a especialistas en temas de seguridad, universidades, institutos de investigación, organizaciones no gubernamentales, autoridades, y a todo ciudadano interesado para que discutan de cara a la sociedad estos tema que sin duda forman parte de los reclamos más sentidos de la sociedad mexicana contemporánea.

Sin duda alguna, el Congreso de la Unión es el espacio idóneo para llevar a cabo el análisis y discusión de estos temas, ya que en él se encuentran representados los diversos sectores que integran la sociedad mexicana.

Un claro ejemplo de los beneficios que se pueden obtener de este tipo de foros, son los debates que el Senado de la República organizó en torno a la reforma energética. En ellos se abordaron las diversas propuestas y se escucharon los distintos puntos de vista respecto del tema energético, lo que sirvió para que la población y los propios legisladores fijáramos una postura informada respecto del tema y contribuyó a conciliar las posiciones de los distintos actores políticos que en un inicio parecían irreconciliables.

En resumen, consideramos que los foros que proponemos contribuirán de manera significativa, a que las decisiones que se tomen en torno a este tema no se basen en prejuicios sino que tengan un verdadero sustento científico y democrático.

Como ya se mencionó, actualmente existen dos iniciativas de Ley presentadas ante la Cámara de Diputados que proponen, entre otras cuestiones, reinstaurar la pena de muerte en nuestro país. Sobre este particular, es importante destacar que los artículos 71 y 72 de nuestra Constitución, la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, específicamente los artículos 55 a 64, de este último ordenamiento, regulan expresamente el trámite que deben seguir dichas iniciativas. En este contexto, la obligación de este Congreso respecto de dichas iniciativas es clara: deben ser dictaminadas en las comisiones a las que fueron turnadas para que, en su caso, sean aprobadas por el Pleno de la cámara de origen y sigan un trámite similar en la cámara revisora.

Es importante mencionar que el pasado 8 de diciembre de 2008 el periódico El Universal publicó una encuesta en torno a el tema que se sujeta a consideración de esta Comisión Permanente; en ella el 83 por ciento de los mexicanos encuestados se manifestó a favor de que el Congreso Mexicano debatiera las iniciativas en materia de pena de muerte, mientras que sólo el 13 por ciento consideró que el tema no debía ser debatido. ²⁶

Por último, para este año la Cámara de Diputados aprobó aproximadamente mil quinientos millones de pesos para cubrir gastos inherentes al desarrollo de las funciones legislativas, entre ellos, la organización de foros y eventos.

Todos estos datos, sin duda, son reveladores, y por ello los Legisladores del Partido Verde continuaremos pronunciándonos por que se abra el tema al debate, para que conozcamos los diversos puntos de vista, los discutamos y fijemos una posición informada respecto a este polémico tema, ya que sin duda los legisladores tenemos derecho a disentir pero no podemos negarnos a debatir los temas por controvertidos que éstos sean máxime si son una demanda popular.

Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos como de urgente u obvia resolución a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión respalda la propuesta del Grupo parlamentario del Partido Verde para realizar Foros para analizar el catálogo de delitos graves, el incremento de penas y la pertinencia de incorporar la pena de muerte como medida para combatir la delincuencia.

Notas: 1 Disponible en: http://www.consulta.com.mx/interiores/99_pdfs/ 12_mexicanos_pdf/20070225_NA_IncrementoPenaDelitos.pdf (consultado el 19/12/08). 2 El tamaño de la muestra fue de 1000 mexicanos mayores de 18 años con credencial para votar por mes. Las entrevistas se realizaron del 23 al 28 de febrero de 2007. 3 Disponible en: http://www.ipsos-mori.com/_assets/internationalsocialtrends/attitudes-to-death-penalty.pdf (consultada el 19/12/08). 4 El tamaño de la muestra fue de 1000 personas entrevistadas en cada uno de los siguientes países a partir de mil encuestas que se realizaron en Corea del Sur, México, Estados Unidos de América, Reino Unido, Francia, Canadá, Alemania, Italia y España. 5 Carbonell, Miguel. ``Democracia y Representación en México: algunas cuestiones pendientes.'' Democracia y representación en el umbral del siglo XXI. Memoria del III Congreso Internacional de Derecho Electoral, tomo I, Orozco Henríquez Jesús, J. compilador. Serie Doctrina Jurídica, número 12. México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1999. p. 78 6 Sáchica, Luis Carlos. Democracia, representación, participación. Costa Rica, IIDH-CAPEL, 1985. p. 13 7 Sáchica, Luis Carlos. Democracia, representación, participación. Costa Rica, IIDH-CAPEL, 1985. p. 15 8 Sartori, Giovanni. Teoría de la Democracia , volumen 2, México, Alianza Editorial, p. 41. 9 Bobbio, El Futuro de la democracia, segunda edición, traducción de José Fernández Santillán, México, Fondo de Cultura Económica, 1999, pp. 60 y 61 10 Puertas Gómez, Gerardo. ``Democracia e instituciones de democracia semidirecta. Una aproximación teórico-conceptual'', en Justicia Electoral . Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 2000, no. 11, p. 77 11 Bobbio Norberto, citado por Puertas Gómez, Gerardo. ``Democracia e instituciones de democracia semidirecta. Una aproximación teórico-conceptual'', en Justicia Electoral . Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 2000, no. 11, p. 77 12 V. Prud'homme, Jean-Francois. Consulta popular y democracia directa. México, IFE, 1997. p. 23 13 Loc. Cit. 14 Loc. Cit. 15 Ibid. pp. 23 y 24 16 González Oropeza, Manuel. ``Participación ciudadana como complemento del gobierno representativo'', Democracia y representación en el umbral del siglo XXI. Memoria del III Congreso Internacional de Derecho Electoral Tomo I, Orozco Henríquez Jesús, J. compilador. Serie Doctrina Jurídica, número 12. México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1999, p. 264 17 Prud'homme, Jean-Francois, ob. cit., p. 33 18 Zovatto G. Daniel. ``La práctica general de las instituciones de democracia directa en América Latina''. Un balance comparado: 1978-2000. Sistema representativo y democracia semidirecta. Memoria del VII Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional. México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2002. p. 898 19 Ibid., p. 899 20 González Oropeza, Manuel. Obra citada, p. 263. 21 Vázquez Alfaro, José Luis. ``Viabilidad del referéndum constitucional en el ordenamiento federal mexicano'', en Democracia y representación en el umbral del siglo XXI. Memoria del III Congreso Internacional de Derecho Electoral, tomo I, Orozco Henríquez Jesús, J. compilador. Serie Doctrina Jurídica, número 12. México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1999, p. 362 22 González Oropeza, Manuel. Obra citada, p. 263 23 Vázquez Alfaro, José Luis. Obra citada, p. 361 y 362 24 V. Prud´homme, Jean-Francois, Obra citada, p. 48 y 49. 25 V. Prud´homme, Jean-Francois, Consulta popular y democracia directa. México, IFE, 1997. pp. 35 y 36. 26 El tamaño de la muestra fue de 500 mexicanos mayores de 18 años con credencial para votar en viviendas en el Distrito Federal. Las entrevistas se realizaron vía telefónica el 5 de diciembre de 2008 y los resultados sólo son válidos para los mexicanos que cuentan con línea telefónica en su hogar.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Gracias, diputada Gloria Lavara. Ha solicitado la proponente que sea de urgente resolución; por lo tanto, solicito a la Secretaría que consulte a la asamblea si es de aprobarse la urgente resolución.

El Secretario diputado José Rubén Escajeda Jiménez : En votación económica se pregunta a la asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición. Los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, se aprueba.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Es de urgente resolución.

Ha solicitado el uso de la palabra el señor diputado Juan de Dios Castro Muñoz , en pro del punto de acuerdo.

El diputado Juan de Dios Castro Muñoz : Con el permiso de la Presidencia.

Efectivamente, como acabamos de escuchar a nuestra compañera legisladora Gloria Lavara, ninguno de los partidos políticos aquí representados podemos soslayar la consecución de foros que recojan el sentir social sobre un tema tan delicado, como son las sanciones punitivas, ante la gran ola de inseguridad que por muchos factores se ha presentado en nuestro país.

No es éste el foro ni es tampoco éste el momento de entrar en el fondo del debate de alguna de las penas propuestas en el punto de acuerdo. No es aquí, en este momento, la tribuna para exponer nuestros puntos de acuerdo o de desacuerdo respecto a la pena de muerte que, como sabemos, el Partido Acción Nacional se ha opuesto de manera contundente, en congruencia con nuestros principios, a esa pena.

Sin embargo, Acción Nacional no puede eludir el llevar a cabo una consulta con la sociedad, porque estamos seguros de que la pena de muerte no es ni la panacea ni la solución para que sea la única materia de discusión en los foros.

Sí estamos de acuerdo con el Partido Verde Ecologista en recoger el sentir social, en caminar juntos en esa consulta. Estamos de acuerdo en el debate y la confrontación de las ideas y ahí, en su momento, iremos también en la propuesta de la cadena perpetua, de la ampliación de penas, del perfeccionamiento de las autoridades y los procedimientos ministeriales, de las propuestas para enriquecer la consulta... y la aportación presupuestaria al Poder Judicial, son elementos sine qua non que de forma integral sí podrán resolver el problema de inseguridad.

No vamos ahorita a discutir en un debate a favor o en contra de la pena de muerte, tampoco de la cadena perpetua. En este momento Acción Nacional se suma a caminar juntos a un debate social para saber qué requiere la sociedad. Pena de muerte, también cadena perpetua, ampliación de penas, modificar el esquema ministerial, en fin, todo esto lo vamos a recoger. Acción Nacional está a favor de recoger la opinión de la sociedad. Y ahí daremos el debate porque somos un partido democrático y el debate es característica esencial de toda sociedad democrática. Por su atención, muchas gracias.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Muchas gracias, señor diputado. Ha pedido el uso de la palabra el señor diputado Octavio Martínez Vargas, en pro del dictamen.

El diputado Octavio Martínez Vargas : Muchas gracias, compañero presidente.

Desde luego, estamos a favor de los debates sobre todos los temas, compañeros legisladores. Todos son sumamente importantes de desahogar, conocer la opinión de los investigadores, de los académicos y particularmente de los ciudadanos que opinen sobre este tema.

Ha habido anteriormente mesas sobre este tema. Yo recuerdo, particularmente en la licenciatura, cuando me formaba en la carrera de derecho, todos mis profesores siempre referían que no era la solución la pena de muerte, que en donde se lleva a cabo no resuelve el problema delictivo.

Por cierto, en distintas ocasiones nuestro gobierno, muchos partidos políticos, hemos solicitado cancelar sentencias de pena de muerte en Estados Unidos contra connacionales que están purgando, en algún momento, un proceso, y sentenciados a perder la vida; y nos hemos sumado a través de nuestras autoridades consulares, de nuestros embajadores, de nuestra autoridad federal, a hacer este llamado.

Incluso en algunos momentos hemos acudido hasta distintas religiones a fin de que hagan llamados para que no se pierda la vida de un ser humano. Sin embargo, el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática no cree que sea la solución.

Está bien, consultemos, pero está demostrado en México, mediante los académicos, que en los países donde se desa-rrollan penas de muerte, donde están permitidas por la ley vigente, no se reduce el índice delictivo, que no se inhibe la delincuencia y que no se corrige a los delincuentes.

Lo que me llama poderosamente la atención, y lo digo de manera muy fraterna, porque además nos hemos sumado al Partido Verde cuando viene y nos plantea: ``tenemos que proteger la tala clandestina, el combate a la rana en Aguascalientes, el combate a las aves en el sur del país'', en fin, y entendemos que tienen un sentido de responsabilidad por preservar las especies animales en nuestro país, y qué bueno que así sea.

El problema es cuando quieren extinguir al ser humano; ahí ya no nos hace clic. Está muy bien que protejan a la rana en Aguascalientes, pero no creo que sea lo correcto quitarle la vida a una persona que se le impute algún delito o que se le considere delincuente.

Hay una incongruencia por parte del Partido Verde, que ojalá lo pudiesen revisar particularmente.

Creo que esta propuesta, quizá, pueda llevar un matiz político de cara a las elecciones de julio; ojalá les dé resultados. Lo que no podemos es querer tener dos discursos y por un lado proteger a las especies animales y por otro lado quitarle la vida a los seres humanos.

Resumo, el Partido de la Revolución Democrática saluda esta convocatoria. Ojalá se determine con puntualidad cuál va a ser el programa, la metodología, los lugares y los convocados y, por supuesto, hay considerar puntualmente que también se revise este tema que tiene que ver con la incongruencia del Partido Verde. Por su atención, muchas gracias.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Gracias, señor diputado don Octavio Martínez Vargas. Tiene el uso de la palabra el señor senador don Jesús Garibay.

El senador Jesús Garibay García: Gracias, ciudadano presidente.

Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, hace unos días escuché la propaganda política del partido proponente de ése punto de acuerdo. La escuché con una enorme sorpresa de mi parte, pero no es menor la que estoy viendo aquí, y dice: ``Nada más eso nos faltaba, que no estén de acuerdo en aprobar la pena de muerte''. Y luego dice ahí que en el Partido Verde... en fin.

Yo creo que no se valen las acciones encubiertas de carácter evidentemente electoral, como ésta que están haciendo. Seguramente mañana vamos a escuchar propaganda nuevamente que va a decir: ``La del Congreso de la Unión aprueba los foros para que mantengas las esperanza''.

Yo creo que requerimos ser un poco más serios en este tipo de planteamientos. Yo recuerdo que el ahora presidente de la Comisión Permanente aquí, el señor diputado que preside, cuando un gobernador del norte, de Coahuila, dijo que lo único que estaban definiendo ya, no era la pena de muerte, era cómo los iban a matar.

Y el diputado presidente, en una acción congruente que yo respeto y hago mía, aun cuando el tema no lo asumamos... ese gobernador, ese Congreso que aquí vino a entregar la iniciativa tiene todo el derecho de hacerlo.

Como el señor senador Orozco, y su partido, tienen todo el derecho de hacerlo. Lo apoyamos y nos solidarizamos respecto del derecho que tienen. Pero, sí les recriminamos que vengan aquí a prepararse el terreno para poder salvar su registro en el próximo proceso electoral.

Y, cómo es posible que el Partido Acción Nacional aplauda y se sume, cosa poco común, a un punto de urgente resolución. ¿Qué nos pasa, señores? ¿O van a ir de la manita para 2009? Si van a ir de la manita para 2009, ¿qué les pasa, señores del PRI? En estos casos, ustedes nada más hacen como que no escuchan, como que no oyen; nadan de muertito.

No he escuchado actitud de parte de la presidenta de su partido que nos indique que van a nadar de muertito. Por el contrario, dicen que van a ganar no sé cuántos distritos y que ya van así, que ya van asá; que van a ganar todas las gubernaturas que están en el proceso electoral para 2009. Y, sin embargo, se suman. Sólo que sea con la esperanza de a ver si así el Verde se va con ustedes también. A veces se ha ido con ustedes.

Por eso quise hacer uso de la palabra, para decirles que estoy por el derecho que tienen. Pero, para reprocharles, desde esta tribuna, el uso electorero que le están dando al tema. Eso no se vale, y menos en un país que está atravesando por una situación como la de México.

Deberíamos estar ocupados por el empleo, por el crecimiento, por mantener la caída. Deberíamos estar ocupados por la salud. Y deberíamos estar preocupados por el tema de la seguridad. Y deberíamos estar preocupados para ver cómo los tres niveles de gobierno: federal, estatal y municipal, pudiéramos conjuntar esfuerzos para poder sacar adelante a este país, en este momento tan difícil.

Señores, a tiempo lo señalo. Como a tiempo señalé el famoso ``gasolinazo''. Aquel que fue de segunda generación y que ahora han parado, pero, no graciosamente, sino ---yo creo--- que por un acto de elemental responsabilidad.

Los exhorto para que no hagan uso electorero de esa propuesta, señores del Partido Verde. Y respeto, compañero senador, compañera diputada, el derecho que tienen para hacer el planteamiento. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Gracias, señor senador.

Consulte la Secretaría a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido.

El Secretario senador Jesús Garibay García: Va de nuevo. Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si el punto de acuerdo se considera suficientemente discutido. Los legisladoras y las legisladoras que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Los legisladores y las legisladoras que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Mayoría por la afirmativa, señor presidente.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Suficientemente discutido.

Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueba el punto de acuerdo.

El Secretario senador Jesús Garibay García: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta si se aprueba la proposición. Los legisladores y las legisladoras que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Los legisladores y las legisladoras que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Mayoría por la afirmativa, señor presidente.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Se aprueba el punto de acuerdo. Comuníquese.

La senadora Eva Contreras Sandoval (desde la curul): Señor presidente.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Senadora.

La Senadora Eva Contreras Sandoval (desde la curul): Señor presidente, si el orador hiciera el favor de leer el resolutivo, para ver si se hizo alguna adición de la propuesta del Partido Acción Nacional respecto a ampliar estos foros a la cadena perpetua. Quería saber si se había incluido.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Sí, sí se adicionó. Así se votó, compañera senadora.

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Tiene el uso de la palabra el señor senador Luis Alberto Villarreal García, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional y vicepresidente de la Comisión Permanente, para presentar punto de acuerdo por el que la Comisión Permanentefelicita a Barack Obama por su histórico triunfo, y expresa su deseo para que los Congresos de Estados Unidos de América y de México inicien una nueva época de diplomacia parlamentaria basada en el principio de la corresponsabilidad.

El senador Luis Alberto Villarreal García: Gracias, presidente.

Quiero solicitarle que, si así lo decide en su momento la asamblea, el tema sea considerado de obvia resolución, particularmente porque me parece que estamos en el momento de poder hacer un pronunciamiento en este sentido.

En agosto de 1963, cuando todavía en algunos estados de la Unión Americana algunos gobernadores de ese país salían con declaraciones incendiarias a pedir y a exigir a la sociedad norteamericana que se prohibiera el acceso de los hombres y las mujeres de color a las escuelas públicas en Estados Unidos, el presidente John F. Kennedy decía que la única forma que iba a tener ese país de romper todas las ataduras y ser libre, era precisamente mediante el entendimiento de su propia sociedad, para garantizar los principios de la Constitución estadounidense.

Unos años después, el doctor Martin Luther King salía a la calle junto con millones, a exigir el cese de la xenofobia y las políticas racistas, y a exigir que hubiera igualdad entre hombres y mujeres, sin importar el color de la piel o la creencia religiosa. Ésa fue también la bandera del entonces senador Robert Kennedy, en la búsqueda de la presidencia de ese país. Que hubiera el reconocimiento social a que los hombres y las mujeres hemos nacido iguales.

Ayer, como un asunto no poco relevante ni menor, asumió la Presidencia de Estados Unidos de Norteamérica un hombre de color.

Y más allá de que respetamos la decisión del pueblo norteamericano a elegir a sus autoridades, nos parece que debe haber una celebración mundial de saber que lo que fue en algún momento un sueño o una propuesta de Kennedy o de Martin Luther King en Estados Unidos ---y de muchos líderes a lo largo y ancho de nuestro planeta y en todos los continentes---, hoy sea una realidad que nos permita refrescar la memoria de los seres humanos de seguir imponiéndonos y de seguir exigiendo el cese de las políticas xenófobas y racistas que poco bien nos han hecho, y mucho daño nos han originado.

Por ello, en este momento me parece prudente felicitar al primer presidente de color, al presidente número 44 de Estados Unidos de Norteamérica; de un país con el que compartimos más de 3 mil kilómetros de frontera; de un país con el que enfrentamos problemas comunes, muy serios, que afectan a todas las ciudadanas y a todos los ciudadanos de nuestro país. Y que, por supuesto, felicitemos al pueblo norteamericano, que tuvo la oportunidad de romper con estos tabúes, a partir de hacer esta elección.

El presidente Obama, el 44 de Estados Unidos, es el presidente con el mayor respaldo popular en una elección en Norteamérica. Me parece también que habrá que celebrar una serie de medidas que ayer en su discurso de inauguración el presidente Obama señaló.

El hecho de dejar atrás la soberbia, la prepotencia y la arrogancia que caracterizó la administración desafortunada de George W. Bush, y poner palabras como la humildad, el entendimiento, la cooperación y la solidaridad como herramientas indispensables para resolver los mayúsculos problemas que enfrenta el mundo, son dignos de aplaudirse y de saludarse.

El basar ---como lo expresó ayer el liderazgo de su país--- en el poder del ejemplo y no como hasta antes de ayer, en donde se había confundido el poder con el poder de la violencia, la guerra y el odio para resolver los problemas, nos parece también algo digno de saludarse con gusto, y de aplaudirse.

El hecho de que le haya expresado al mundo entero ---desde la villa más pequeña, como en la que nació su padre, hasta las más grandes ciudades--- su ánimo honesto de iniciar una nueva forma de diálogo y de relacionarse con el mundo, también es algo que queremos celebrar.

El que la única reunión que haya sostenido en su época de transición el ahora presidente, Barack Obama, haya sido con el mandatario de nuestro país, también es un gesto que reconocemos. Éste implica que haya un ánimo, un interés formal, serio, de reiniciar una etapa con mayor dinamismo, con mejor comunicación y de mayor colaboración entre nuestros países, y es algo que debemos señalar.

En consecuencia, quiero someter a consideración de esta soberanía, de urgente u obvia resolución, las propuestas del punto de acuerdo que está publicado en la Gaceta Parlamentaria de hoy. Es cuanto, señor presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que la Comisión Permanente felicita a Barack Obama por su histórico triunfo y expresa su deseo para que los Congresos de Estados Unidos de América y de México inicien una nueva época de diplomacia parlamentaria, basada en el principio de la corresponsabilidad, a cargo del senador Luis Alberto Villarreal García, del Grupo Parlamentario del PAN

Luis Alberto Villarreal García, senador por Guanajuato, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento de lo dispuesto en el artículo 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la soberanía proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, por el que la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión felicita a Barack Obama por su histórico triunfo, y expresa su deseo para que los Congresos de Estados Unidos de América y de México inicien una nueva época de diplomacia parlamentaria basada en el principio de la corresponsabilidad.

Puntos Resolutivos

Primero. La del Congreso de la Unión felicita a Barack Obama por su toma de protesta como el 44 presidente de Estados Unidos de América, al tiempo que envía sus mejores deseos al pueblo estadounidense en esta nueva etapa que inicia, con el ánimo firme de que encuentren un próspero porvenir.

Segundo. La del Congreso de la Unión expresa su beneplácito al presidente Barack Obama por el interés enunciado en su discurso inaugural para comenzar una nueva era de cooperación multilateral, basada en el entendimiento entre las naciones, y así dar solución a los grandes problemas globales de manera conjunta, con base en el diálogo y en la negociación y no en la imposición unilateral.

Tercero. La del Congreso de la Unión expresa su deseo para que los Congresos Estados Unidos de América y México, de acuerdo con sus facultades, inicien una nueva época de diplomacia parlamentaria basada en el principio de corresponsabilidad que permita a ambos órganos legislativos hacer frente a los retos y a los problemas que enfrentan sus sociedades.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Gracias, senador Luis Alberto Villarreal García. Consulte la Secretaría a la asamblea si es de urgente resolución el punto de acuerdo.

El Secretario senador Jesús Garibay García: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las legisladoras y las legisladoras que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, sí hay dos terceras partes de los aquí presentes.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Es de urgente resolución. Está a discusión el punto de acuerdo. En tanto nadie ha solicitado el uso de la palabra, se considera suficientemente discutido.

Consulte la Secretaría a la asamblea si es de aprobarse.

El Secretario senador Jesús Garibay García: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la asamblea si es de aprobarse el anterior punto de acuerdo. Los legisladores y legisladoras que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Los legisladores y legisladoras que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Mayoría por la afirmativa, señor presidente.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Aprobado. Comuníquese.

IMPORTACION DE VEHICULOS USADOS

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Se concede el uso de la palabra al señor senador Raúl Mejía González, en nombre de él y del señor senador Fernando Castro Trenti, para presentar un punto de acuerdo en el que se exhorta al titular del Ejecutivo federal a que suspensa la aplicación del decreto que establece las condiciones para la importación definitiva de vehículos usados, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de diciembre de 2008.

El senador Raúl José Mejía González: Compañeras legisladoras y compañeros legisladores:

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar al titular del Poder Ejecutivo federal a suspender la aplicación del decreto que establece las condiciones para la importación definitiva de vehículos usados, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de diciembre de 2008.

El suscrito, senador Fernando Castro Trenti, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de conformidad con lo previsto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de ésta Comisión Permanente la siguiente proposición con punto de acuerdo con base en la siguiente

Exposición de Motivos

En los estados del norte del país se han estado movilizando, y con razón, numerosos ciudadanos inconformes con la forma en que las autoridades hacendarias y policiacas han venido criminalizando a los propietarios de autos importados.

Desde el año pasado, el Servicio de Administración Tributaria y la Policía Federal Preventiva han realizado operativos tendientes a decomisar vehículos procedentes, principalmente, de los Estados Unidos, esto acompañado muchas veces del uso excesivo de la fuerza, cuando no de la brutalidad policiaca, lo cual constituye un menoscabo en la dignidad de quienes son víctimas de esta clase de actividades.

Si lo antes descrito por sí sólo resulta grave, los instrumentos publicados en el Diario Oficial de la Federación el 24 y 31 de diciembre de 2008, a través de los cuales se establecen las condiciones para la importación definitiva de vehículos usados y se reforma el anexo dos de la resolución que establece el mecanismo para garantizar el pago de contribuciones en mercancías sujetas a precios estimados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, han vuelto insoportable la situación para miles de habitantes de los estados fronterizos del norte del país.

Se afirma lo anterior, toda vez que lo dispuesto en la publicación del 24 de diciembre, en el sentido de obligar a los importadores a presentar ante la autoridad aduanera un certificado de origen válido suscrito por la compañía armadora correspondiente, constituye un requisito inútil y difícil de obtener, ya que es casi imposible para un particular requerir de una compañía armadora domiciliada en el extranjero un documento para identificar un vehículo, siendo que, por virtud de diversas normas de carácter internacional, es obligatorio que los vehículos automotores cuenten con un número de identificación vehicular, el cual incluye a su vez el código identificador del fabricante internacional, datos suficientes para probar fehacientemente la procedencia de un automotor.

Por otra parte, a través de las reformas publicadas el 31 de diciembre, fueron elevados considerablemente los precios estimados en dólares aplicables a la importación de vehículos usados, situación que es violatoria de lo dispuesto por el anexo 300-A.2 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte; ya que en el mismo se especifica que a partir del 1 de enero del año en curso, nuestro país no podrá adoptar ni mantener una prohibición o restricción a la importación de esta clase de vehículos, y que tengan por lo menos diez años de antigüedad, siendo caso que en la referida resolución se establecen mecanismos para valuar estos bienes y garantizar así el pago de unas contribuciones que ya no deberían subsistir, lo cual constituye un contrasentido.

Medidas como las señaladas con anterioridad pueden incidir de manera grave en la economía de los estados fronterizos del norte de México, relacionadas con la importación de vehículos usados, desalentando con ello el desarrollo de esta región, al provocar el cierre de numerosas fuentes de trabajo; calamidad que vendría a agudizar los problemas generados por la inseguridad, el desempleo y la falta de oportunidades.

Ahora bien, si tal y como ya han señalado ante los medios de comunicación diversos funcionarios hacendarios, las autoridades centrales del Servicio de Atención Tributaria se encuentran estudiando la posibilidad de dar marcha atrás a la implementación de las medidas publicadas el 24 y 31 de diciembre del año pasado, lo menos que se puede esperar es que tales decisiones sean tomadas a la brevedad posible, para así evitar un escalamiento en el tono de las protestas que sobre este particular se han venido presentando en diversos estados de la República.

Por virtud de lo antes expuesto, solicito a esta soberanía se apruebe el siguiente punto de acuerdo, con carácter de urgente u obvia resolución.

Punto de Acuerdo

Primero. La del Congreso de la Unión exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal para que suspenda la aplicación del decreto por el que se establecen las condiciones para la importación definitiva de vehículos usados, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de diciembre de 2008, así como las reformas al anexo dos de la resolución que modifica a la diversa que establece el mecanismo para garantizar el pago de contribuciones en mercancías sujetas a precios estimados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, publicada en el Diario Oficial el 31 de diciembre de 2008.

Segundo. La Comisión Permanente exhorta a los gobiernos estatales y municipales, así como al titular del Poder Ejecutivo federal, para que a través de los secretarios de Economía, Seguridad Pública, y de Hacienda y Crédito Público, sean suspendidos los operativos de decomiso y/o detención de autos irregulares de procedencia extranjera.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Gracias, señor senador. Preguntamos al señor senador Raúl Mejía si acepta. Entonces, se suma el señor senador Rubén Velázquez López.

Consulte la Secretaría de la asamblea si es de aprobarse el trámite como de urgente resolución.

El Secretario senador Jesús Garibay García: En votación económica se pregunta a la asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición. Los señores legisladores y las señoras legisladoras que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Los señores legisladores y las señoras legisladoras que consideren que no es de urgente resolución sírvanse manifestarlo.

No hay dos terceras partes por la afirmativa, señor presidente.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Túrnese a la Tercera Comisión.

PROGRAMA PROARBOL

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Tiene la palabra el señor senador Rubén Fernando Velázquez López para presentar un punto de acuerdo relativo a las insuficiencias e irregularidades detectadas en la implantación del programa Proárbol, en nombre propio y de los señores senadores Silvano Aureoles Conejo y José Luis García Zalvidea, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

El senador Rubén Fernando Velázquez López: Gracias, presidente.

En diferentes ocasiones, junto a varios colegas del Grupo Parlamentario del PRD, levantamos la voz para pedir un observatorio al programa denominado Proárbol.

Tenemos en Proárbol un programa con evidente falta de operatividad y resultados. Así como señalamientos de sesgo político, más allá de su presunción inmediata.

Una vez más este problema sale a la luz, con datos certeros en una seria investigación periodística. Con toda claridad, más allá de la publicidad oficial se nos ubica en el quinto lugar mundial en deforestación, en el que estamos estancados, con un promedio de 600 mil hectáreas destruidas cada año.

La organización Greenpeace realizó un muestreo entre febrero y julio de 2008, para evaluar el Programa de Reforestación de Conafor aplicado en 2007. El resultado es catastrófico: 74 por ciento murió a pocos meses de ser plantados y sólo 8 por ciento de los árboles estaban en condiciones de sobrevivir hacia 2009.

Greenpeace lo señala muy bien: se tiraron a la basura 2 mil 430 millones de pesos, de los 2 mil 700 millones que se invirtieron. Esto sólo en 2007.

La Conafor informa un gasto en 2008 de 4 mil 100 millones de pesos en acciones de reforestación de bosques, selvas y zonas áridas.

La versión oficial dice que en 2008 se reforestaron 480 mil hectáreas y que se superó la meta planteada a principios de ese año, sembrando casi 290 millones de árboles.

Escuchamos informes irreales. Que se rompió el récord Guinness en México, cuando alrededor de 150 funcionarios en 24 horas plantaron 350 mil árboles. Esos funcionarios necesitarían, durante 24 horas, no haber dormido, no haber comido, y aún así, no terminarían de plantar esos árboles como se informa.

El titular de la Semarnat, en defensa de Proárbol, refiere que va más allá de ser un programa reforestador, dando protección general al medio ambiente.

La realidad es que no funciona como un programa de reforestación y no vemos ningún resultado concreto de protección al ambiente. Sostiene que se utiliza la vocación natural de los ecosistemas con las poblaciones que ahí habitan.

Sin embargo, diversas organizaciones denuncian que la mayoría de los árboles no corresponden al ecosistema donde fueron sembrados.

Es necesario que escuchemos de viva voz la explicación de los esquemas de aplicación de este programa y que podamos opinar constructivamente respecto a las políticas de medio ambiente y forestales.

Por ello, la primera parte de este exhorto se dirige a solicitar la comparecencia de los titulares de la Semarnat y la Conafor en la Comisión de Medio Ambiente del Senado.

Se han detectado además problemas técnicos en Proárbol. Árboles que no llegaron durante el tiempo de lluvias y nadie los quiso plantar. Un porcentaje importante de recursos de los que no pueden verificar su destino. Supuestos beneficiarios que no recibieron árboles para plantar, ni recurso monetario.

Además, lista de beneficiarios sin datos específicos de descripción del medio. Sin referencias para verificar que se plantaron los árboles asignados a través del Proárbol y que el beneficiario realmente sea propietario.

Asimismo, hay denuncias de varios grupos de silvicultores sobre favoritismos, de irregularidades en Proárbol. Se señala un sesgo en el marco de calificación de los diferentes programas de subsidios a favor de una figura organizativa creada e impulsada por la propia Conafor; la Confederación de Organizaciones de Silvicultores (Conosil), que tiene oficinas dentro de las instalaciones de la Comisión Nacional Forestal.

El artículo 23 del decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2008, en la fracción VI establece: ``En ningún caso se podrán etiquetar o predeterminar de manera específica recursos a determinadas personas físicas o morales u otorgarles preferencia o ventaja sobre el resto de la población objetiva.

También queda prohibida la utilización de los programas de apoyo para promover o inducir la filiación de la población objetivo o determinadas asociaciones o personas morales.''

Esto es contrario a lo que sucede en Proárbol.

Para 2008 se asignó un presupuesto de 5 mil 294.7 millones de pesos. Cifra que representa uno de los presupuestos más altos de la historia para promover el manejo sustentable de los recursos forestales de México. Ante la situación económica que vivimos, no podemos dejar de impulsar la optimización y la transparencia de los recursos forestales.

Por lo expuesto, es necesaria la aprobación de un punto de acuerdo de esta Comisión Permanente a fin de exhortar a los siguientes:

Primero. El Senado de la República, a fin de que solicite la comparecencia del secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales y del director general de la Comisión Nacional Forestal, en una reunión de trabajo ante la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Senado, para que respondan a diversos cuestionamientos de la implantación del programa Proárbol.

Segundo. A los titulares de la Semarnat y la Conafor, a fin de que se reorienten las políticas ambientales y de reforestación para optimizar los recursos que se ejercen, se revisen las reglas de operación de los programas ambientales, en particular Proárbol, a fin de subsanar los problemas técnicos que redundan en desperdicio de recursos.

Tercero. Y a la Secretaría de la Función Pública, a fin de agilizar las auditorías al Programa Nacional Forestal, y remitir a la brevedad un informe detallado respecto de sus resultados, a las Cámaras de Diputados y de Senadores.

La situación del medio ambiente en México y la necesidad de transparencia en los recursos públicos son razón más que suficiente para apoyar este exhorto. Es cuanto, presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, relativo a las insuficiencias e irregularidades en la implantación del programa ProÁrbol, a cargo del senador Rubén Fernando Velázquez López, en nombre propio y de los senadores Silvano Aureoles Conejo y José Luis García Zalvidea, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, Rubén Fernando Velázquez López, en nombre propio y de los senadores Silvano Aureoles Conejo y José Luis García Zalvidea, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LX Legislatura del honorable Senado de la República, en ejercicio de la facultad que les confieren los artículos 67, numeral 1, inciso b, de la Ley Orgánica del Congreso General, así como 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta Comisión Permanente, la siguiente proposición con punto de acuerdo con relación a las insuficiencias e irregularidades detectadas en la implantación del programa ProÁrbol, al tenor de las presentes

Consideraciones

Primera. Uno de los principales problemas de la conservación de medio ambiente de nuestro país es el sector forestal, ya que la degradación de los bosques y selvas ha tenido como consecuencia la desaparición de grandes zonas ambientales. Las causas de la deforestación y degradación forestal son materias colaterales, principalmente impulsadas por la pérdida de bosques y a la falta de aplicación adecuada de los programas implementados en este rubro por el gobierno federal.

Es reconocido por las propias autoridades del medio ambiente, que México ocupa el cuarto lugar en los países con mayor deforestación en el mundo, y es que en nuestro país, con un promedio de 600 mil hectáreas destruidas cada año, el 14 por ciento de las emisiones de gases invernadero son producto de la deforestación derivada los incendios, tala clandestina y conversión de zonas forestales en campos para la agricultura y la ganadería.

Segunda. El gobierno federal ha instrumentado desde hace dos años, ProÁrbol, principal programa de apoyo al sector forestal, el cual tiene como objetivos:

Sin embargo, estas metas no han sido cumplidas, ya que una de las características de este programa es que la mayor parte de los subsidios son destinados a la plantación de árboles y no a su mantenimiento, por lo que esto ha generado una falta de eficacia en la tasa de reforestación.

A este programa se le han detectado anomalías sobre el destino de los recursos en el ejercicio del 2008, ya que no ha podido involucrar a la población con programas productivos y sustentables.

Para el 2008 a ProÁrbol se le autorizo ejercer recursos por 4 mil 799 millones de pesos, y para el 2009 se autorizaron 4 mil 930 millones de pesos. El 38.5 por ciento del presupuesto de ProÁrbol está destinado a programas de conservación y restauración de ecosistemas forestales y en los proyectos en los que esté involucrada la población sólo se destina el 2 por ciento del presupuesto.

De acuerdo con la Comisión Nacional Forestal, en 2007 se plantaron 253 millones de árboles con una tasa de supervivencia de 58 por ciento; no obstante, diversas organizaciones no gubernamentales han estimado con estudios de campo que 74 por ciento de las plantas sembradas no sobrevivieron y que 26 por ciento de los árboles que sí crecieron se encuentra en malas condiciones debido a que no son especies nativas de la región, y a que alrededor de 15 millones de árboles l, son especies clasificadas como exóticas, que están prohibidas por la Ley General de Vida Silvestre y la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.

Tercera. Organizaciones ambientalistas han puesto en tela de juicio el manejo de los 2 mil 700 millones de pesos que el gobierno invirtió para este programa, mientras que asociaciones de silvicultores ya han denunciado ante la Cámara de Diputados favoritismo e irregularidades, por la falta de transparencia en la asignación de los recursos.

Esta falta de transparencia en la operación de este programa ya ha sido objeto de debate hacia el interior de la Cámara de Senadores, ya que el 11 de septiembre de año próximo pasado, el senador Silvano Aureoles Conejo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó una propuesta con punto de acuerdo, al Pleno del Senado de la República, por el que se exhortaba a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a ajustarse a lo dispuesto en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación en materia de transparencia en relación con el programa ProÁrbol.

Derivado de esta propuesta el 30 de septiembre de 2008, fue aprobado el dictamen de la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, por el cual el Senado de la República, exhortó a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y a la Comisión Nacional Forestal (Conafor) a que, en el ámbito de sus respectivas competencias, publicaran de inmediato la convocatoria del Programa de Asistencia Técnica para acceder a los Programas Forestales del programa ProÁrbol; y que a la vez, informaran, en su caso, del avance del ejercicio en los recursos del Programa de Asistencia Técnica para acceder a los programas forestales de ProÁrbol, la fecha de publicación de las reglas de operación y de la convocatoria correspondiente, así como las organizaciones locales, regionales, estatales y nacionales que han sido beneficiadas con este programa, bajo qué procedimiento se les asignaron los apoyos y los montos de los mismos.

Aunado a lo anterior, en fechas recientes el mismo ejecutivo federal a través de la Secretaría de la Función Pública, ha iniciado una investigación para esclarecer el destino de 2 mil 700 millones de pesos que se invirtieron en el programa ProÁrbol, ya que el 90 por ciento de la inversión, no dio frutos.

La Secretaría de la Función Pública ha iniciado una investigación, luego de que en el estado de Chiapas se ha denunciado por los medios de comunicación nacional, que existen viveros apoyados por este programa, que carecen de planta alguna y de que zonas en las que deberían de existir árboles se encuentran en un estado desértico.

Es por ello que resulta es necesario solicitar que el gobierno federal, a través de la secretaria del ramo, comparezca a efecto de clarificar los resultados del programa forestal ProÁrbol, el cual ha sido enarbolado como bandera de uno de los mayores logros del actual gobierno hacia el exterior, en especial en la Organización de la Naciones Unidas a la cual, en próximas fechas enviaran los últimos resultados de dicho programa.

Dicho informe lo sustentará México el 10 de febrero ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, como parte del Examen Periódico Universal (EPU) y en él considera aspectos como derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.

Se señala en ProÁrbol un sesgo en el marco de calificación de los diferentes programas de subsidios a favor de una figura organizativa creada e impulsada por la propia Conafor y que son las asociaciones regionales agrupadas en una central denominada Confederación de Organizaciones de Silvicultores, que tiene sus oficinas dentro de las propias instalaciones de la Comisión Nacional Forestal.

El artículo 23 del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2008, en su fracción VI, establece que ``en el caso de programas que no cuenten con padrón de beneficiarios, deberán mejorar, manejarse invariablemente mediante convocatoria abierta, y en ningún caso se podrán etiquetar o predeterminar de manera específica recursos a determinadas personas físicas o morales u otorgarles preferencia o ventajas sobre el resto de la población objetiva.

Esto es contrario a lo que está sucediendo en ProÁrbol.

Por lo anterior, ponemos a consideración de esta Comisión Permanente, el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al Senado de la República a efecto de que se solicite la comparecencia del secretario de Medio Ambiente y Recursos naturales, ciudadano Juan Rafael Elvira Quezada, y al director general de la Comisión Nacional Forestal, ciudadano José Cibrián Tovar, a una reunión de trabajo ante la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de aquella representación soberana, a efecto de que respondan a diversos cuestionamientos respecto de la implementación del programa ProÁrbol.

Segundo. La del Congreso de la Unión, exhorta al secretario de Medio Ambiente y Recursos naturales, ciudadano Juan Rafael Elvira Quezada, y al director general de la Comisión Nacional Forestal, ciudadano José Cibrián Tovar, a efecto de que se reorienten las políticas ambientales y de reforestación, a fin de optimizar los recursos que se ejercen, se revisen las reglas de operación de los programas ambientales, en particular ProÁrbol, a fin de subsanar los problemas técnicos que redundan en desperdicio de recursos.

Tercero. La del Congreso de la Unión extiende un respetuoso exhorto a la Secretaría de la Función Pública a fin de agilizar las auditorías al Programa Nacional Forestal y remitir con la mayor brevedad un informe detallado respecto de sus resultados a las Cámaras de Diputados y de Senadores.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Gracias, señor senador. Consulte la Secretaría a la asamblea si se considera de urgente resolución.

El Secretario diputado José Rubén Escajeda Jiménez : En votación económica se pregunta a la asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición. Los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Túrnese a la Tercera Comisión.

PROGRAMA PROARBOL

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Se recibió del senador Gabino Cué Monteagudo, del Grupo Parlamentario de Convergencia, iniciativa de punto de acuerdo para la aplicación del programa Proárbol.

El Secretario diputado José Rubén Escajeda Jiménez : «Proposición con punto de acuerdo, respecto a la aplicación del ProÁrbol, a cargo del senador Gabino Cué Monteagudo, del Grupo Parlamentario de Convergencia

El suscrito, Gabino Cué Monteagudo, senador del Grupo Parlamentario de Convergencia en la LX Legislatura del Senado de la República, en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la siguiente propuesta con punto de acuerdo respecto a la aplicación del programa ProÁrbol, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El pasado 30 de septiembre presentamos una propuesta con punto de acuerdo a fin de que el titular de la Comisión Nacional Forestal (Conafor) informará respecto a la aplicación del programa ProÁrbol en el estado de Oaxaca, debido a que se habían registrado diversas denuncias respecto a su operación. La propuesta fue turnada a la Comisión de Desarrollo Rural del Senado de la República y se encuentra pendiente de dictamen.

En esa ocasión sostuvimos que el estado de Oaxaca presenta una problemática importante en cuanto a la conservación de los recursos naturales y la sustentabilidad ecológica, y que ocupa unos de los primeros lugares en áreas forestales perturbadas, ya que de sus 6.1 millones de hectáreas forestales, 1.9 millones de ellas se encuentran deforestadas.

A este propósito, el gobierno federal, a través de ProÁrbol, se puso como meta para 2008 plantar 11 millones de árboles, aunque para revertir la tendencia de deforestación en Oaxaca se requiere por lo menos de una siembra anual de 40 millones de árboles.

Pese a que puede verse como una buena noticia, lo cierto es que ningún esfuerzo es suficiente si las acciones que se realizan para llevar a cabo los programas de reforestación son inadecuadas.

De ahí que en regiones de la Mixteca, diversos ejidatarios manifestaron su inconformidad por la entrega de plántulas de no más de 5 centímetros, que apenas sobrepasan los 2 meses de germinación y que son inadecuadas para realizar tareas de reforestación, ya que al ser demasiado pequeñas corren el riesgo de morir.

Asimismo, evidenciaron la gran desorganización y retrasos en la entrega de apoyos económicos y de la semilla que en muchas ocasiones es de mala calidad.

Aunado a ello, existe un deficiente seguimiento de los resultados de las reforestación, pese a que, de acuerdo con las reglas de operación, cada área por reforestar está georreferenciada para su ubicación y monitoreo, debido a que la Conafor carece de personal suficiente para supervisar los predios reforestados, por lo que se desconoce cuantos de los 8 millones de árboles plantados en el 2007 siguen en pie.

De hecho en diversas entrevistas periodísticas funcionaros de la Conafor en Oaxaca reconocen que existen errores en la entrega de plantas pequeñas o para reforestar que no son nativas ni propicias para la región, lo cual sin duda trae efectos colaterales y alteraciones en los ecosistemas.

Pareciera que esta misma situación que mostramos desde el pasado mes de septiembre se repite en comunidades de Jalisco, Chihuahua, Puebla, Aguascalientes, Guanajuato, Morelos, Nuevo León y Chiapas, tal como lo documenta la investigación periodística realizada por el periódico El Universal y que salió a la luz pública la semana pasada.

A dos años de vida del programa ProÁrbol, que se erige como una de la políticas sociales más importantes de este gobierno para combatir la pobreza y recuperar las áreas naturales, se han destinado 2 mil 700 millones de pesos, y según informes ofíciales se han sembrado 250 millones de árboles durante 2007. La meta para el 2008 fue de 280 millones de árboles plantados.

Lo anterior no significa que todos esos árboles y especies cactáceas sembradas sigan en pie reverdeciendo, es más ni siquiera se tiene la seguridad de que hayan sido debidamente plantadas debido a que en muchas de las regiones a reforestar, que ya contaban con el proyecto aprobado, las plantas llegaron a destiempo, cuando ya no era época de lluvias y por lo tanto la plantación de estos fue suspendida.

Según información emitida por distintas organizaciones no gubernamentales, como Greenpeace y los mismos ejidatarios beneficiados por el programa, han existido diversas irregularidades y errores administrativos que han dilatado la entrega de los recursos y de árboles, así como presuntos favoritismos en la compra de semillas y en la aprobación de proyectos productivos.

Es innegable que existe la incertidumbre en cuanto al manejo de los recursos asignados, debido a que hay zonas en las que no se concreto la reforestación ya que el beneficiario jamás recibió recurso alguno; sin embargo, de acuerdo con los registros institucionales sí se culmino el proceso, por lo que surge la pregunta obligada de dónde quedo el dinero asignado.

Argumentar que las pérdidas del total de los árboles sembrados sólo fueron del 42 por ciento y no del 90 por ciento, como lo denuncian las organizaciones no gubernamentales y los propios ejidatarios no libera a las autoridades de la responsabilidad correspondiente, ya que se está registrando una pérdida de casi la mitad de los recursos forestales y económicos invertidos.

Es inconcebible que a dos años de operación un programa de tal envergadura no cuente con mecanismos bien definidos de transparencia y rendición de cuentas, y que las referencias documentales sean listas de beneficiarios que no guardan relación directa con la asignación de recursos y la reforestación de los terrenos. Se requiere verificar y constatar de lo asignado corresponda con las metas oficialmente difundidas.

Por lo que en el ánimo de contribuir a terminar con la duda y las especulaciones sobre la aplicación del programa ProÁrbol en todo el país, nos parece pertinente que el secretario del ramo envíe de manera inmediata a esta soberanía un informe pormenorizado de la aplicación de los recursos utilizados, los padrones de beneficiarios, los montos entregados y de los resultados y alcances obtenidos.

Es necesario que las autoridades correspondientes expliquen ampliamente la forma de operación del programa, pero sobre todo de las metas alcanzadas. Estamos de acuerdo en que no se puede descalificar un programa por una muestra aislada por lo que para evitar perspicacias es necesario que se cuente con una evaluación nivel nacional sobre los resultados de tan ambicioso programa gubernamental

Como país que cuenta con una megadiversidad natural se requiere de políticas públicas y acciones gubernamentales que den sustento y viabilidad a la gran riqueza forestal que poseemos, y que al mismo tiempo mejore las condiciones de vida de los mexicanos que viven en zonas boscosas y rurales.

Por ello es importante que se verifiquen la eficacia y eficiencia de los programas gubernamentales del sector forestal, que dicho sea de paso han recibido una importante ampliación presupuestal. Es indispensable que se realice un seguimiento puntal de los alcances y de los resultados de la aplicación de los recursos destinados al programa ProÁrbol, así como su efectiva operación. Nos pronunciamos a favor de que el manejo de los recursos públicos que se ejecutan a través de programas gubernamentales se ejerzan de manera transparente y que los beneficios lleguen directamente a los mexicanos que menos tienen.

En este sentido, debemos descartar o en su caso aclarar cualquier situación que pueda desviar u obscurecer los efectos benéficos de dicho programa, ya que es inconcebible que se otorguen recursos para la reforestación y que éstos se estén aplicando incorrectamente.

Es necesario e importante que el Congreso de la Unión, esté debidamente informado cierta y oportunamente de los resultados de los programas, proyectos y acciones que se llevan a cabo, así como las medidas y sanciones que se aplican.

En mérito de lo anterior, someto a consideración de esta asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. La del Congreso de la Unión solicita al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales que remita con la mayor brevedad a esta soberanía un informe detallado respecto a los alcances, metas y resultados del programa ProÁrbol durante los ejercicios fiscales 2007 y 2008, a fin de contar con información que permita aclarar las presuntas irregularidades de que ha sido objeto dicho programa gubernamental, y se deslinden responsabilidades, o en su caso se castigue a los responsables.

Segundo. Asimismo, que rinda un informe pormenorizado respecto a las acciones de reforestación que se están llevando a cabo en Oaxaca, donde presuntamente se están entregando semillas de mala calidad y plántulas cuyo crecimiento no es el adecuado para las tareas de reforestación.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, de la Cámara de Senadores.

PRECIO DEL CARBON MINERAL

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Se concede el uso de la palabra a la diputada Lariza Montiel Luis, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar punto de acuerdo por el que se exhorta al Consejo de Administración de la Comisión Federal de Electricidada equiparar el precio de compra del carbón nacional respecto al internacional.

La diputada Lariza Montiel Luis : Con el permiso de la Presidencia.

Honorable asamblea, el carbón mineral es el recurso natural por excelencia de Coahuila. Está unido a nuestra historia y al desarrollo social y económico de miles de familias coahuilenses de todos los niveles socioeconómicos que dependen de la explotación.

No obstante, al estar inmersos en un mundo marcado por la libre competencia, la cadena productiva nacional que se aglutina en torno al carbón está siendo afectada injustamente por quien tiene el monopolio de la compra de dicho mineral.

En el pasado han quedado ya las prácticas de proteccionismo exacerbado por parte del gobierno a algunas empresas nacionales. Ese proteccionismo que tanto daño hizo a nuestro país y contra el cual Acción Nacional siempre ha luchado.

Pero parece que en materia de carbón mineral, sin una justificación válida, la Comisión Federal de Electricidad aplica la receta a la inversa, colocándose en el extremo opuesto.

Se da prioridad al carbón extranjero por encima del carbón nacional, a pesar de que la necesidad de ambos para la industria eléctrica es exactamente la misma. Y en vez de desactivar el aparato productivo nacional, la CFE actúa contraviniendo directamente lo instruido por el presidente Felipe Calderón en su Plan Nacional de Desarrollo y en el recién firmado Acuerdo Nacional en favor de la Economía Familiar y el Empleo.

Entre las consideraciones que se analizaron para realizar esta propuesta, tenemos que, tan sólo entre 2003 y 2008, según datos de la propia página de la Comisión Federal de Electricidad, el precio del carbón importado pasó de 1.36 a 6.23 dólares americanos por millón de BTU, lo que significó un aumento de 358 por ciento.

Mientras tanto el carbón nacional, producto del monopolio en la compra, sólo aumentó de 1.98 a 2.76 dólares por millón de BTU. Esto es, en el mismo periodo; significa que hubo un aumento de únicamente 39 por ciento.

Recordemos, o sepamos, con toda claridad, que el valor del carbón mineral se encuentra en sus unidades de calor. Por lo que no hay excusa que valga o justifique esta desigualdad de más de 300 por ciento en el aumento otorgado.

Otra razón por lo que es importante apoyar esta causa tiene que ver con las condiciones laborales de los mineros.

Todos conocimos la tragedia de la mina de Pasta de Conchos. Sin embargo, y sin lugar a dudas, el derecho de los mineros de todo el país a exigir mejores condiciones laborales, en lo económico y en la seguridad del empleo es natural y lógico. Pero además es lo mínimo que el Estado mexicano puede y debe resolver.

Sin embargo, no olvidemos que para que los productores puedan ofrecer mejores condiciones laborales, también es urgente revaluar el precio del producto que trabajan.

Sólo se pide buscar la equidad para quienes dedican su vida a esta actividad económica, y que con su trabajo diario contribuyen al desarrollo nacional y estatal.

En este sentido, la Cámara de Diputados ha recibido ya y ha emitido un exhorto, o ha solicitado un exhorto a la Comisión Federal de Electricidad con relación a esta problemática, sin que haya hasta la fecha dictamen de la comisión correspondiente.

Recientemente se firmó el Acuerdo Nacional en Favor de la Economía Familiar y el Empleo, con el objetivo de enfrentar la crisis que se vive a nivel mundial y favorecer condiciones para vivir mejor. Ahí también nosotros, como Poder Legislativo, nos comprometimos a apoyar en el ámbito de nuestras facultades, siendo el tercero de los pilares presentados, el apoyo a la competitividad y a las Pyme, y una de sus medidas que el gobierno federal realice cuando menos el 20 por ciento de sus compras a pequeñas y medianas empresas mexicanas. Debemos entonces apoyar la equiparación del precio del carbón nacional con el internacional y dar prioridad a la compra del producto nacional.

De esta manera el gobierno federal podría impulsar, al menos, 10 mil empleos más para la región y para el país. Se fortalecería la seguridad laboral de los trabajadores en las minas, pagando una añeja deuda que el país tiene con nuestros mineros.

Finalmente, se podría también comprometer un monto de inversión considerable en materia de innovación, con lo cual se permitiría mejorar la explotación mineral y con ello el medio ambiente.

Señoras legisladoras y señores legisladores, los productores nacionales piden el mismo precio de compra que se da a los productores internacionales por parte de la Comisión Federal de Electricidad.

Existe suficiente oferta y capacidad de producción en nuestro país, y esto, además, concuerda con las directrices fijadas por el presidente. La pluralidad política del país debe apoyar esto. Es lo mínimo que podemos hacer en una crisis económica internacional.

En este sentido propongo exhortar a la Comisión Federal de Electricidad a que convoque a las Uniones Nacional y Mexicana de Productores de Carbón a una reunión de trabajo de forma urgente, a fin de mediar y abogar por una pronta resolución.

Exhortar al Consejo de Administración de la Comisión Federal de Electricidad a que se dé preferencia al consumo del carbón mineral mexicano por encima del extranjero, estableciendo el mismo precio a productos de igual valor.

Señor presidente, atentamente solicito que el presente posicionamiento, así como el punto de acuerdo, se inserte en el Diario de los Debates. Es cuanto.

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Consejo de Administración de la Comisión Federal de Electricidad a equiparar el precio de compra del carbón nacional respecto al internacional, a cargo de la diputada Lariza Montiel Luis , del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo:

Antecedentes

El carbón mineral es el recurso natural por excelencia del estado de Coahuila. Está unido a nuestra historia y al desarrollo social y económico de nuestro estado. Miles de familias Coahuilenses, de todos los niveles socio-económicos, dependen de la explotación del mismo para su desarrollo económico.

En un mundo globalizado, marcado por la libre competencia, toda la cadena productiva nacional que se aglutina en torno al carbón, está siendo afectada injustamente por quien tiene el monopolio de la compra de dicho mineral.

En el pasado quedaron las prácticas de proteccionismo exacerbado por parte del Gobierno Mexicano a las empresas nacionales, ese proteccionismo que tanto daño hizo a nuestro país y contra el cual siempre luchamos en Acción Nacional.

Hoy, en contraposición, la Comisión Federal de Electricidad ( CFE), en materia de carbón mineral, aplica la receta totalmente a la inversa, se coloca en el extremo opuesto, con lo cual tampoco estamos de acuerdo. Se pasó del absurdo proteccionismo a la total desprotección.

Hoy se da prioridad al carbón extranjero, por encima del carbón nacional, siendo que la utilidad de ambos para la industria eléctrica nacional es exactamente la misma. En vez de incentivar al aparato productivo nacional, la CFE prefiere comprar carbón mineral extranjero a un precio muy por encima del carbón nacional, contraviniendo directamente con lo instruido por el ciudadano presidente de la república en su Plan Nacional de Desarrollo y en el recién firmado Acuerdo Nacional en Favor de la Economía Familiar y el Empleo.

En días pasados esta soberanía recibió un punto de acuerdo del Congreso del estado de Coahuila, aprobado por la unanimidad de los partidos políticos representados en el mismo, mediante el cual se solicita la intervención de este Congreso de la Unión ante la Comisión Federal de Electricidad, a efecto de que equipare a la brevedad posible el precio de compra del carbón nacional con el internacional y con ello de un trato equitativo a los productores nacionales con respecto de los internacionales.

En el Grupo Parlamentario del PAN nos sumamos a lo establecido por el Congreso del estado de Coahuila y apoyamos el esfuerzo del Grupo Parlamentario del PAN en dicha legislatura local, se unieron con los demás partidos políticos y con el Gobierno del estado, para mirar por el mejor desarrollo económico de toda una región, la región carbonífera de Coahuila. En Acción Nacional consideramos que es de suma importancia fijar los lineamientos que determinen el precio de compra del carbón por parte de CFE, en términos justos, de manera equitativa, patriótica y por supuesto, competitiva.

El carbón es un recurso natural que nuestro país produce y explota, igual que el resto de los energéticos que tanto defendemos. No podemos ignorar a una industria que genera miles de empleos y provee electricidad a millones de hogares mexicanos.

Consideraciones

Problemática del precio de compra

Tan sólo entre el año 2003 y el 2008, según lo publicado por la propia Comisión Federal de Electricidad en su página de Internet, el carbón importado pasó de 1.36 a 6.23 (USD/MMBTU), lo que significó un aumento del 358 por ciento en el precio internacional del carbón. Mientras el productor internacional vende en base a los precios que fija el mercado internacional y la libre competencia, el carbón nacional, producto del monopolio en la compra, mejor conocido como monopsonio, aumentó de 1.98 en 2003 a 2.76 (USD/MMBTU) en 2008, lo que significa únicamente un 39 por ciento de aumento, en el mismo periodo.

Recordemos y sepamos con toda claridad, que el valor del carbón mineral se encuentra en sus unidades de calor, por lo que no hay excusa que valga o justifique esta desigualdad.

Demanda de electricidad versus demanda de carbón mineral

Actualmente México demanda cada vez más electricidad. En la medida en que avanza el desarrollo económico de las familias mexicanas, y el número de éstos, la necesidad de energéticos aumentará.

Es un dato reconocido que el carbón mineral es el energético más barato que existe en el mercado mundial, sin embargo al día de hoy las plantas de carbón de CFE no están siendo utilizadas a su capacidad máxima, por supuestos problemas de suministro, orillándose a operar centrales que trabajan en base a otro tipo de energéticos como el combustóleo, gas o diesel, que en la mayoría de los casos tienen que importar a un costo mucho mayor.

Con finalidad comparativa tan sólo el combustóleo nacional subió de 3.08 un en 2003 a 9.18 (USD/MMBTU) en 2008, esto significa un incremento de 198 por ciento, por su parte el gas industrial subió de 4.52 a 9.23 (USD/MMBTU) un incremento del 104 por ciento. Todo ello cuando en México y en Coahuila tenemos suficiente carbón para surtir a la CFE.

Condiciones laborales de los mineros del país

Todos conocimos la tragedia de la mina de Pasta de Conchos, en Coahuila. Sin lugar a dudas el derecho de los mineros a exigir mejores condiciones laborales, en lo económico y en la seguridad en el empleo, es natural, lógica y es lo mínimo que el Estado mexicano puede y debe resolver. En este sentido también, para que los productores puedan ofrecer mejores condiciones laborales a los mineros de nuestro país, es urgente revaluar y mejorar el precio del carbón.

Es una propuesta político-histórica de nuestro partido mejorar las condiciones de trabajo de las actividades más riesgosas, como lo es el trabajo de los mineros mexicanos.

Frente a la inequidad y prioridad del mercado internacional por encima del nacional, sólo se pide equidad para quienes dedican su vida a esta actividad económica y que con su trabajo diario contribuyen al desarrollo nacional y estatal. Ante lo absurdo de generar electricidad con métodos más costosos, sólo pedimos sentido común, uso eficiente de los recursos económicos, y apoyo a la cadena productiva nacional que existe en torno a la explotación del carbón mineral.

Como se sabe, el día 7 de enero de 2009 se firmó Acuerdo Nacional en Favor de la Economía Familiar y el Empleo para Vivir Mejor, por parte de los tres niveles de gobierno y demás agentes económicos. Este acuerdo integrado por varios pilares enfocados a enfrentar de una mejor manera la crisis económica que ya estamos enfrentando a nivel mundial, en él los gobiernos estatales y Poderes como el Legislativo nos comprometimos para apoyar en el ámbito de nuestras facultades.

Pues bien, el tercero de los pilares presentados por el presidente de la república, se desarrolla en torno al ``Apoyo de la Competitividad y a las Pymes'' y se traduce en acciones concretas, entre las cuales destaca:

Al apoyar la equiparación del precio del carbón nacional con el internacional y al dar prioridad a la compra del producto nacional, el gobierno federal evitará que miles de mexicanos tengan que recurrir en su auxilio a causa del desempleo.

Con la equiparación del precio del carbón nacional y el extranjero por parte de CFE, no solamente se garantiza que esos miles de empleos se mantengan, sino que con ello se podrían lograr al menos 10 mil empleos más para la región y para el país, se fortalece la seguridad laboral de los trabajadores en las minas y se paga una añeja deuda que el país tiene con nuestros mineros y se garantiza una mayor inversión en innovación que permitirá mejorar la explotación mineral y con ello el medio ambiente.

Los productores nacionales piden el mismo precio de compra que se da a los productores internacionales por parte de la Comisión Federal de Electricidad, es nuestro deber apoyarlos, existe suficiente oferta y capacidad de producción en nuestro país, el beneficio es el mismo, está acorde con las directrices fijadas por el Sr. Presidente de la República, la pluralidad política del país lo apoya y en medio de una crisis económica internacional es lo mínimo que se puede pedir

En virtud de lo expuesto, someto a la consideración de este honorable Pleno el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Comisión Federal de Electricidad a convocar a las Uniones Nacional y Mexicana de Productores de Carbón, a una reunión de trabajo de forma urgente, a fin de mediar y abogar por una pronta solución.

Segundo. Se exhorta al Consejo de Administración de la Comisión Federal de Electricidad a dar preferencia al consumo del carbón mineral mexicano por encima del extranjero a productos de igual valor estableciendo el mismo precio.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Insértese en el Diario de los Debates y túrnese a la Tercera Comisión.

SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES PETROLEROS DE LA REPUBLICA MEXICANA

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Se recibió del diputado Carlos Augusto Bracho González, punto de acuerdo por el que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Condusef y al Sindicato Nacional de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana a que informen a esta soberanía sobre el conocimiento y las medidas adoptadas respecto a los fondos del fideicomiso bancario 56342/FID/III/06, suscrito por el diputado Rolando Rivero Rivero, del Grupo Parlamentario del PAN.

El Secretario diputado José Rubén Escajeda Jiménez : «Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la SHCP, a la Condusef y al Sindicato Nacional de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana a informar a esta soberanía sobre el conocimiento y la medida adoptada respecto a los fondos del fideicomiso bancario 56342/FID/ III/06, a cargo del diputado Carlos Augusto Bracho González y suscrita por el diputado Rolando Rivero Rivero , del Grupo Parlamentario del PAN

Los trabajadores y ex trabajadores de Petróleos Mexicanos que laboraron en el periodo comprendido entre 1970 y 1992 me han pedido la intervención para que se investigue las aportaciones de un seguro de vida contratado en ese entonces con la compañía de seguros La República, misma que desde 1994 anuncia la quiebra, y los activos y pasivos son incorporados al Grupo Financiero Interacciones SA de CV, mismos que pasan a formar parte a un fidecomiso bancario numero 56342/FID/III/06, el cual ascendió a ochocientos veintiocho millones quinientos cuarenta y siete mil ciento noventa y ocho pesos, producto de las aportaciones para un seguro de vida contratado a través del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana con la compañía de seguros La República.

Rolando Rivero Rivero , diputado federal integrante de la LX Legislatura del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamentos en los artículos 58,59 y 60 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, expone la siguiente proposición con punto de acuerdo basado en lo siguiente:

Este punto de acuerdo pretende exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, al Sindicato Nacional de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana con el único objeto de darle seguimiento a la sentencia a favor de los trabajadores, lograda el 3 de octubre de 2005, en donde se condena al reembolso de la reserva matemática depositada legalmente ante la instancia hacendaria del gobierno federal para beneficio de todos los que laboran o laboraban durante el ejercicio comprendido entre 1970 y 1992 y que hasta la fecha han venido afectando a mas de 80 mil trabajadores, de los cuales 10 mil pertenecen al Consejo de Defensa de Minatitlán AC.

Se menciona, asimismo, que una vez decretada la resolución final, los trabajadores, a través de la Coalición Petrolera Independiente, comenzaron los trámites para reclamar lo que se le había descontado en el periodo 1970-1992, que se realizaría a través de una institución bancaria.

Se hace notar que el fallo anterior fue conocido por la pasada administración federal desde finales de septiembre de 2006, y el expediente turnado al subsecretario de Gobierno el 14 de noviembre de 2006, mediante el oficio UCG/007147/2006 acusado con el folio 009013, tomando también conocimiento la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros mediante la copia girada por los trabajadores a la comisión.

Se hace conocimiento también que a la fecha se encuentra pendiente de resolver, y que a pesar de declararse a la quiebra la empresa de seguros La República, los activos fueron incorporados al Grupo Financiero Interacciones SA de CV, conformándose un fondo de reserva y un fideicomiso bancario numero 56342/FID/III/06, el cual ascendió a la cantidad antes citada de 828 millones 547 mil 198 pesos.

De igual manera, como diputado federal de esta LX Legislatura, pido se reviva el caso y se condene al reembolso de la reserva matemática, depositada legalmente ante la instancia hacendaria del gobierno federal, y se invoca al contenido de los artículos 31, fracción VIII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, así como lo previsto en el artículo 11 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, por cuanto hace a sus fracciones primera y tercera que la letra señalan.

En mérito de lo antes expuesto, someto a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se solicita al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el ámbito de su competencia y su colaboración entre poderes, y en los términos del artículo 93 constitucional, que informe a esta soberanía sobre el conocimiento y medidas adoptadas, en su caso, sobre la constitución, administración y aplicación sobre los fondos del fidecomiso bancario 56342/FID/III/06, relativo al fondo de reserva de la empresa de seguros La República, actualmente Interacciones SA de CV con el objeto de afrontar sus obligaciones patrimoniales, contraídas respecto al pago del seguro de vida de miles de trabajadores y ex trabajadores de Petróleos Mexicanos contratados durante el periodo 1970-1992

Segundo. Se solicita al titular de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios y Servicios Financieros, que informe a esta soberanía sobre el conocimiento de las medidas implementadas conforme al artículo 11 de la Ley de Protección y Defensa del Usuario y Servicios Financieros, la forma en que se ha dado la solución del conflicto entre los trabajadores que contrataron el pago de seguro de vida descrito anteriormente.

Tercero. Se exhorta al Sindicato Nacional de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana a que haga uso de sus recursos y facultades en defensa de sus trabajadores, para la liquidación pronta y expedita de los fondos que originaron el fidecomiso bancario 56342/FID/III/06 aún sin resolverse.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Túrnese a la Tercera Comisión.

GUARDERIA INFANTIL

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Se recibió de los diputados César Duarte Jáquez, Emilio Gamboa Patrón, Lilia Merodio, Enrique Serrano e Israel Beltrán Montes, punto de acuerdo para que se exhorte al Ejecutivo federal y se amplíe el servicio de guardería infantil por un periodo de seis meses posteriores a la pérdida del empleo.

El Secretario diputado José Rubén Escajeda Jiménez : «Proposición con punto de acuerdo, para ampliar por un periodo de seis meses posterior a la pérdida del empleo el servicio de guardería infantil, suscrita por los diputados César Duarte Jáquez, Emilio Gamboa Patrón y Lilia Merodio Reza e integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

Los que suscriben, diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de conformidad con lo previsto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de la del Congreso de la Unión la presente proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

La participación de las mujeres en el ámbito económico ha ido en aumento para bien del desarrollo, la economía y la igualdad. En el caso de Latinoamérica, por ejemplo, en el año 2002 la participación de las mujeres en la población económicamente activa fue del 38.9 por ciento, comparado con el 20.9 por ciento que se tenía en los años sesenta.

En África, donde las mujeres forman parte de más de la mitad de los pequeños agricultores, se tiene registrado que su trabajo produce alrededor del 80 por ciento de los alimentos y constituyen cerca de las tres cuartas partes de la fuerza laboral en la producción y procesamiento de los mismos. Pero las mujeres todavía no tienen acceso a la tierra. Sin derechos de propiedad, ellas no están en condiciones de obtener ni créditos ni apoyo para la producción.

Asimismo, existen múltiples retos para mejorar la condición de la participación de las mujeres en la actividad económica y comercial, como son evitar que tengan un nivel de salario inferior en condiciones similares a los hombres. En comparación con los varones, su participación se encuentra más a menudo en los sectores informales, careciendo de beneficios y derechos legales; generalmente las mujeres son más propensas a ser contratadas en posiciones menos regulares, en condición temporal y en puestos de jerarquía inferior y limitadas oportunidades de desarrollo.

Además, la función reproductora de las mujeres ha seguido siendo percibida como un estigma en el mercado laboral. En un esfuerzo para promover un cambio de actitud, algunos gobiernos han adoptado políticas para armonizar las responsabilidades laborales y familiares en pugna.

En el Código del Trabajo y el Código de Bienestar Familiar de Polonia se garantiza la igualdad de derechos a las mujeres y a los hombres en lo que respecta a licencias para atender las necesidades familiares, pero se concede protección especial a las mujeres por razones de maternidad.

En nuestro país tenemos el Reglamento para la Prestación de los Servicios de Guardería, regulatorio de la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social, el cual establece, específicamente en su artículo 3, que los asegurado que causen baja en el régimen obligatorio conservarán el derecho a las prestaciones que otorga el ramo de guarderías sólo durante las cuatro semanas posteriores a la presentación del aviso correspondiente.

Este periodo resulta a todas luces insuficiente e injusto, ya que las madres trabajadoras que cuentan con el servicio de guardería infantil, como una prestación derivada de su empleo y de la aportación de sus cuotas obrero-patronales, al causar baja en sus empleos se encuentran en el conflicto de hallar un lugar en donde dejar a sus hijos a fin de realizar otro tipo de actividades para subsistir, tomado en cuenta la escasez de fuentes de trabajo el período de cuatro semanas resulta exiguo, quedando en franca desprotección del régimen social del Estado.

Recientemente el presidente de la República dio a conocer el Acuerdo Nacional en Favor de la Economía Familiar y el Empleo. Dentro de sus 25 medidas se encuentra la ampliación de la cobertura del Seguro Social para trabajadores desempleados, extendiéndose de dos a seis meses la cobertura de atención médica y de maternidad para quienes hayan perdido el empleo, pero no consideró a las mujeres trabajadoras con hijos en sus guarderías, lo cual es una omisión inaceptable.

De tal manera que nuestra propuesta consiste en reconocer la necesidad de que se amplíe el servicio de guardería infantil por un periodo de seis meses posteriores a la pérdida del empleo, a fin de beneficiar a las mujeres trabajadoras, que tienen la cualidad de ser madres y ello no debe ser un estigma ni jurídico, ni social.

Con estos antecedentes, propongo a esta asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La del Congreso de la Unión exhorta al Poder Ejecutivo federal a ampliar en el Reglamento para la Prestación de los Servicios de Guardería el servicio de guardería infantil por un periodo de seis meses posteriores a la baja del empleo, para que las mujeres trabajadoras del régimen del seguro social, como una medida adicional al Acuerdo Nacional en Favor de la Economía Familiar y el Empleo dentro de sus 25 puntos.

Segundo. Asimismo, se exhorta al Ejecutivo federal a garantizar, a través del Instituto Mexicano del Seguro Social, la ampliación de seis meses en la cobertura de los derechos de los trabajadores desempleados.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Túrnese a la Tercera Comisión.

BANAMEX

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Se recibió del diputado Juan Guerra Ochoa, punto de acuerdo por el que solicita la comparecencia delsecretario de Hacienda y Crédito Público.

El Secretario diputado José Rubén Escajeda Jiménez : «Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita la comparecencia del secretario de Hacienda y Crédito Público, suscrita por el diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa , del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado federal a la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta asamblea, proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Con plenitud de jurisdicción las autoridades de Estados Unidos de América resolvieron realizar diversas acciones en rescate de intermediarios financieros cuya matriz se encuentra en aquel país. Sin embargo, los efectos de tales decisiones implican una modificación sustancial del accionariado de tal empresa surtiendo literalmente una prohibición contenida en ley mexicana. Claramente el artículo 18 de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras señala que de ninguna manera, es decir directa o indirectamente, ninguna instancia del exterior que revista atribuciones de autoridad puede detentar el capital de sociedades que controlen intermediarios financieros en nuestro país.

Las razones para tal prohibición son claras. Se precisa mantener alejado a nuestro sistema bancario y bursátil de intereses y objetivos ajenos a la política y directrices de las autoridades nacionales. Siendo además inadecuado que la participación en los mercados cambiario y de capitales sea interferido por agentes que responden a necesidades y orientaciones provenientes de entornos distintos al nuestro.

Ha sido tan lenta la reacción de las autoridades financieras de nuestro país, que ya existen preocupaciones respecto de la remisión de enormes sumas de dólares a la matriz de Banamex. En efecto, en forma por demás cuestionable las autoridades cambiarias del país se han empeñado en la más turbia defensa de una paridad, no obstante que nos encontramos en un supuesto mercado libre de divisas.

La merma para la reserva de activos internacionales no se ha conducido dentro de los márgenes contenidos en ley para atemperar los desbalances en el ingreso y egreso de divisas, sino que ha tenido el más heterodoxo fin de mantener una apariencia de estabilidad cambiaria. Los beneficios para el país de librar esa guerra perdida no pueden tener otro objetivo que soportar el maltrecho discurso oficial de estabilidad y control por parte de las autoridades financieras.

En ese entorno de dólares subsidiados con cargo a la reserva de activos internacionales que administra el Banco de México, se han venido realizando subasta a tipos de cambio ``preferenciales o ficticios'' que no tienen como beneficiarios a todos los participantes del mercado, ni al público en general sino a un número limitado y muy cerrado de adquirentes que con cargo a la riqueza nacional vienen deshaciendo operaciones de derivados o pagando posiciones deudoras en divisas.

Tal privilegio y prebenda carece de todo sustento financiero, legal y se aparta del correcto uso de recursos públicos y ha permitido que intermediarios filiales se encuentren en condición de aligerar o desahogar pasivos de sus matrices con acceso a los dólares baratos que la Comisión de Cambios ha venido usando en forma discrecional y opaca.

Esas cuantiosas sumas inducen un tipo de cambio artificialmente, siendo que tanto Banco de México como la Nacional Financiera deberán dar puntual cuenta de las acciones, omisiones y determinaciones que se han venido ejecutando en un entorno de crisis financiera internacional.

Ahora bien la regularidad, continuidad y salud de nuestro sistema de pagos son bienes jurídico fundamentales del Estado Mexicano que debemos preservar ajenos a la problemática de otros sistemas financieros, evitando en lo posible no solo el contagio de deterioro y quebrantos que hubieren registrado tales intermediarios, sino que además debemos mantener a nuestros intermediarios ajenos a la tentación de transferir utilidades exorbitantes que los descapitalicen, así como evitar que incurran en prácticas usurarias a modo de refaccionar a sus matrices o rescatar a sus accionistas fuera del país.

La inusitada disparidad del margen financiero que presentan algunos bancos, como Banamex, debe ser motivo de alarma y preocupación de las autoridades financieras, ya que no solo resulta anormal entre el grupo de bancos que detenta en el mundo Citibank, sino que carece de explicación fundada en el profesionalismo, novedad de instrumentos y productos, o en la competitividad, y solo se recarga en una libre carrera que aleja a la tasa pasiva de la activa en operaciones bancarias, es decir, la alta rentabilidad esta asociada a un sistema judicial notablemente dispar con los usuarios del crédito, de practicas de cobranza que habían sido abandonadas desde hace décadas y en la manipulación de la valuación de activos y reservas.

Esas utilidades de las que sus administradores dicen estar orgullosos representa un enorme fracaso de las autoridades normativas y supervisoras del sistema, ya que no ha sido hábil para conducir sanas políticas de crédito, induce a un esquema de tasas que en ocasiones llega a ser usurario y quebranta con el aparato productivo nacional deteriorando el sistema de pagos.

No es necesario un profundo análisis para darse cuenta que Banamex es uno de los principales jugadores en nuestro sistema de pagos, sino es que acaso es el intermediario dominante en ese mercado. Es público y notorio que las autoridades financieras del vecino país tienen intereses no solo de regulación, sino patrimoniales en la empresa que detenta y controla a Banamex.

Su interés pues ya no sólo es el apego de un intermediario a las sanas prácticas financieras, sino que de manera urgente e inaplazable buscan maximizar y obtener pronta recuperación de las inversiones hechas en la empresa que es hoy principal accionista de Banamex.

Es por ello que resulta inadmisible e impertinente el argumento de que tales acciones tuvieran el carácter de preferente.

No obstante las restricciones corporativas de voto que pudieran tener tales instrumentos es claro que por su magnitud, y especialmente por el doble carácter del titular dichas acciones tienen igual o mayor alcance que las del resto de los accionistas. Pero aún suponiendo sin conceder que tuvieren alguna diferencia en el terreno de los negocios, no la tienen en el tratamiento que da la ley mexicana.

No pudo ser más claro y enfático el legislador al señalar que de ninguna manera, y esto incluye y abarca cualquier esquema o artificio, por lo que ni directa o indirectamente, provisional o permanentemente, con propósito patrimonial o de regulación, es posible evadir la prohibición contenida en un dispositivo de orden público.

Reconociendo la más absoluta capacidad de los Estados para regir en el territorio propio la vida institucional de su sistema financiero, y por tanto siendo absolutamente respetuosos de los efectos de una resolución en lo tocante a ser observadas por sus destinatarios, resulta de concluir que tal inversión no puede surtir efectos en nuestro territorio, siendo imperioso que se restituya la situación legal a la tenencia de un grupo de control financiero regulado por ley mexicana.

Dado que al tenor de lo dispuesto por el artículo 12 de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras se ha violado la ley de la materia debe ponerse en inmediata marcha el proceso ordenado y encausado por las autoridades financieras para revocar la autorización para operar como sociedad controladora a Grupo Financiero Banamex, SA de CV, tomándose las providencias y medidas necesarias a efecto de que el sistema y los usuarios del mismo no resulten afectados por la recomposición de capital de dicha controladora, debiéndose evaluar entre otras alternativas la intervención transitorias de los intermediarios controlados.

Ahora bien, el titular de las finanzas públicas nacionales debe explicar que ha hecho y que medidas adoptara para velar por la independencia de nuestro sistema de pagos y para evitar que las subastas ordenadas por la Comisión de Cambios no sean instrumento político de la administración en turno.

De igual forma deberá dar cuenta a esta soberanía de la revisión e investigación que se practique en el sistema financiero mexicano, respecto de otras posibles incursiones o interferencias de instancias de autoridad en bancos, casas de bolsa, casas de cambio u otros intermediarios autorizados para operar en México.

Por ello sometemos a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados acuerda citar al secretario de Hacienda y Crédito Público para que explique las acciones y determinaciones que la dependencia a su cargo haya iniciado o deba iniciar con motivo de la participación accionaria de instancias que revisten calidad de autoridad extranjera en el capital del principal accionista de la sociedad controladora denominada Grupo Financiero Banamex, SA de CV, al tenor de lo dispuesto por el artículo 18 de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras.

Segundo. La Cámara de Diputados acuerda solicitar a los titulares del Banco de México y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para que detallen la participación de Banamex, S.A. así como de los demás integrantes del Grupo Financiero Banamex, SA de CV, en las subastas de divisas propaladas por instrucción de la Comisión de Cambios entre septiembre y diciembre del 2008.

Tercero. La Cámara de Diputados acuerda se solicite un informe a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para que en el ámbito de su competencia requiera a la Bolsa Mexicana de Valores para que explique los pormenores bajo los cuales se llevaron al cabo de inversiones por agencias gubernamentales extranjeras en el capital del principal accionista del Grupo Financiero Banamex, SA de CV, como hecho relevante, así como los términos en que se divulgo entre el público inversionista.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.

ESTADO DE MEXICO

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Se recibió del diputado Ramón Valdés Chávez, del Grupo Parlamentario de Convergencia, punto de acuerdo para que el INAH reintegre a su lugar de origen diversas obras de arte sacro pertenecientes a los templos católicos del municipio de Teotihuacán,Estado de México.

El Secretario diputado José Rubén Escajeda Jiménez : «Proposición con punto de acuerdo, para que el INAH reintegre a su lugar de origen diversas obras de arte sacro pertenecientes a templos católicos de Teotihuacán, México, a cargo del diputado Ramón Valdés Chávez , del Grupo Parlamentario de Convergencia

El que suscribe, Ramón Valdés Chávez , diputado federal integrante del Grupo Parlamentario de Convergencia en la LX legislatura, con fundamento en el artículos 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, propongo ante esta soberanía proposición con punto de acuerdo para que el Instituto Nacional de Antropología e Historia, conforme a sus atribuciones, reintegre a su lugar de origen diversas obras de arte sacro pertenecientes a templos católicos del municipio de Teotihuacán, Estado de México.

Antecedentes

El valle de Teotihuacán alberga, entre su riqueza histórica, manifestaciones culturales y arquitectónicas que forman parte de la identidad y orgullo de los Teotihuacanos.

Investigadores y especialistas han realizado diversos estudios sobre Teotihuacán y su entorno, tal es el caso del doctor Manuel Gamio, quien realizó investigaciones arqueológicas y antropológicas que aportaron a documentar el acervo histórico, cultural y arquitectónico de los pueblos de Teotihuacán.

Con el fin de dar a conocer esta riqueza, y teniendo como marco los festejos del centenario de la Independencia, en abril de 1922, el doctor Manuel Gamio, en su calidad de director de Antropología de la Secretaría de Agricultura y Fomento (entonces), solicitó a las comunidades, en calidad de préstamo, algunos oleos y esculturas de imágenes religiosas para que fueran exhibidos en el museo de sitio de la zona arqueológica; dichas piezas serían reintegradas al concluir los festejos; sin embargo, hoy, próximos a celebrar el bicentenario, estás no han sido devueltas a su lugar de origen.

Hoy se sabe, por investigaciones hechas por vecinos de las comunidades, que algunas de estas obras se ubican en el Museo Nacional del Virreinato, en Tepotzotlán, estado de México, como es el caso de una escultura de San Joaquín, perteneciente a la iglesia de Santa María Coatlán, y un óleo de la Virgen de la Candelaria, por el pintor poblano José Mariano Farfán de los Godos, fechada en 1770, con número de inventario 10241065, perteneciente al templo del Barrio de la Purificación.

A casi cien años de sucedidos los hechos, las comunidades, por medio de sus autoridades locales y municipales, han hecho un sin fin de solicitudes al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) para que las obras regresen al lugar de donde fueron extraídas, a lo que la autoridad sólo ha respondido con evasivas y condicionantes, que las comunidades poco a poco han cubierto con sus propios recursos, como la restauración de retablos y estructuras arquitectónicas, sin que con ello el INAH proceda a reintegrar el patrimonio que salió en calidad de préstamo de sus templos.

Con el propósito de rescatar parte del patrimonio histórico y cultural que da vida a la identidad de las comunidades que custodian uno de los sitios más emblemático de nuestro país y del mundo, las comunidades reclaman que se inicie el proceso de reintegración de estas obras de arte sacro que son parte del patrimonio y culto religioso de los teotihuacános.

Por lo anterior, presento a esta honorable asamblea las siguientes

Consideraciones

Primero. Las obras no sólo constituyen arte sacro, también son parte de los objetos religiosos de veneración en la región; coartarla es limitar la libertad de culto, que se encuentra garantizada en el artículo 24 de nuestra Carta Magna.

Segundo. Las obras son parte del acerbo histórico de la región, despojarlas arbitrariamente es sustraer a los pueblos su identidad y raíces culturales.

Tercero. Los vecinos de las comunidades han respondido ante todas las exigencias del INAH para la preservación idónea de las obras de arte, por lo que no podría, en ese sentido, haber oposición para que conserven lo que de suyo les pertenece.

Cuarto. Las obras que actualmente se encuentran en el Museo Nacional del Virreinato y se solicita su pronta reintegración a su sitio original son, entre otras:

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Que el Instituto Nacional de Antropología e Historia, conforme a sus atribuciones, reintegren a su lugar de origen diversas obras de arte sacro pertenecientes a templos católicos del municipio de Teotihuacán, Estado de México, objeto del presente punto de acuerdo.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Túrnese a la Segunda Comisión.

SECRETARIA DE LA REFORMA AGRARIA - PARTIDO ACCION NACIONAL

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Se recibió de los señores senadores Fernando Castro Trenti, Melquíades Morales Flores y diversos senadores del Grupo Parlamentario del PRI, punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal, mediante la Procuraduría General de la Repúblicay de la Secretaría de la Función Pública, a que investiguen el financiamiento otorgado por la Secretaría de la Reforma Agrariaal Partido Acción Nacional, y se informe a esta soberanía de esas acciones.

El Secretario diputado José Rubén Escajeda Jiménez : «Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al titular del Poder Ejecutivo federal a investigar a través de la PGR y de la Secretaría de la Función Pública el financiamiento otorgado por la Secretaría de la Reforma Agraria al Partido Acción Nacional y a informar a esta soberanía sobre tales acciones, suscrita por los senadores Fernando Castro Trenti y Melquiades Morales Flores y diversos senadores del Grupo Parlamentario del PRI

Los suscritos, senadores Fernando Castro Trenti, Melquíades Morales Flores, Rogelio Rueda Sánchez, Raúl Mejía González y Adolfo Toledo Infanzón, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de conformidad con lo previsto por los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta Comisión Permanente la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al ciudadano presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, para que, a través de los ciudadanos procurador general de la República y secretario de la Función Pública, sea investigado el financiamiento otorgado por la Secretaría de la Reforma Agraria al Partido Acción Nacional, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

El tema que nos permitimos exponer ante ustedes es, a nuestro juicio, de la mayor importancia en estos momentos, en que esta próximo el proceso electoral de 2009, y porque el principal involucrado en el caso es el partido en el gobierno.

Existen indicios que nos permiten afirmar que se han estado utilizando recursos públicos para apoyar el trabajo electoral de Acción Nacional en el Distrito Federal. Este hecho, que es de suyo grave, lo es más cuando se trata de recursos federales que debieran ser destinados a los campesinos mexicanos por parte de la Secretaría de la Reforma Agraria, dependencia que ha brillado por su ausencia en el campo, donde se viven situaciones de pobreza y abandono como nunca antes, pero que hoy aparece en los medios asociada a una actividad político-electoral del partido en el gobierno. Esto es inadmisible.

En el caso del Partido Acción Nacional, existen elementos de convicción que prueban de manera sobrada que la triangulación de recursos hacia dicha organización ha sido una constante durante los últimos años. Ejemplo de lo anterior lo constituyen el desvío de 55 millones de pesos del Programa de Vivienda Rural de la Secretaría de Desarrollo Social para financiar campañas electorales, así como la contratación de una empresa fantasma que tuvo como fin espiar a los integrantes de la presente legislatura federal, ambos hechos registrados durante 2006.

También conviene traer a la memoria el desvío de más de un millón y medio de pesos hacia Agropraxis y Agronexos, organizaciones en las que participaron esposas de dos funcionarios de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), esto con la supuesta finalidad de impulsar proyectos productivos a partir del año pasado.

Sin embargo, quienes así han actuado parecen haber aprendido poco de sus errores y amparados en sus relaciones personales, han neceado en su afán de allegarse ilícitamente recursos públicos: investigaciones periodísticas recientes han evidenciado que por lo menos cinco integrantes de la dirigencia del PAN-DF ¹ están acreditados como técnicos agrarios ante la SRA, de donde obtuvieron apoyos económicos por casi siete millones de pesos durante 2008, provenientes de dos programas dirigidos al sector más pobre del campo mexicano, es decir, el Fondo de Apoyo para Proyectos Productivos en el Núcleo Agrario y del Programa de la Mujer en el Sector Agrario.

Son recursos que debieran ser destinados a las regiones rurales más pobres del país, mucho más en estos momentos en que la crisis golpea con fuerza a las familias campesinas y cuando las organizaciones agrarias se quejan, con justa razón, del abandono en que los ha tenido el gobierno federal.

¡Que coincidencia! Los técnicos agrarios son militantes del PAN y han obtenido millones de pesos de programas agrarios. Ahora resulta que, dentro de sus cuadros, el PAN tiene habilitados campesinos en la ciudad de México.

Dada la evidente ilegalidad que despide este asunto, valdría la pena que el gobierno aclarara si las organizaciones creadas por los funcionarios partidistas en comento existen realmente y si cumplen los fines para los cuales fueron creadas. Convendría que las autoridades agrarias informaran a la opinión pública sobre la manera en que se vienen ejerciendo los recursos destinados al desarrollo social y los resultados que esto ha traído en el combate a la pobreza, ya que en todas estas corruptelas nos encontramos con un hilo que nos conduce hacia un mismo lugar: la dirigencia panista capitalina.

De no aclararse lo aquí expuesto, podríamos arribar a varias conclusiones sumamente preocupantes: una, el gobierno federal ha hecho de la triangulación de recursos una práctica recurrente para favorecer electoralmente a su partido, trastocando con ello la equidad en los procesos electorales; dos, que los recursos estatales dirigidos al combate a la pobreza constituyen una caja chica puesta a la disposición del algunos personajes ligados a las más altas esferas del poder; y tercera, que el gobierno de las ``manos limpias'' no tiene interés de ensuciárselas cuando de castigar la corrupción propia se trata.

Por virtud de lo antes expuesto, y toda vez que estamos ante la posible comisión de delitos cometidos en contra del servicio público y de ilícitos en materia electoral que podrían redundar en responsabilidades administrativas, solicito a esta soberanía sea aprobado el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La del Congreso de la Unión, exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal para que, a través de los ciudadanos procurador general de la República y secretario de la Función Pública, se investigue el financiamiento otorgado por la Secretaría de la Reforma Agraria al Partido Acción Nacional, y se informe a esta soberanía sobre estas acciones.

Nota: 1 Los funcionarios panistas que aparecen en la relación de beneficiados con apoyos de la SRA son Xareni Mendoza Fonseca, Érika de Anda Martínez, Juan Pablo Saavedra Olea, Ricardo Uribe Nava y David Covarrubias Aguilar; secretaria de Vinculación Ciudadana, directora de Gobierno, director Electoral y Operativos de Vinculación Ciudadana, respectivamente.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Túrnese a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados.

EJERCITO

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Se recibió del diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva, del Grupo Parlamentario de Convergencia, punto de acuerdo para que la Comisión Permanenteexhorte al Ejecutivo federal a que retire al Ejército de las actividades en materia de seguridad pública y combate a la delincuencia organizada, e implante una nueva estrategia en esta materia.

El Secretario diputado José Rubén Escajeda Jiménez : «Proposición con punto de acuerdo, por el que la Comisión Permanente exhorta al Ejecutivo federal a retirar al Ejército de las actividades de seguridad pública y combate de la delincuencia organizada, y a implantar una nueva estrategia en la materia, a cargo del diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva , del Grupo Parlamentario de Convergencia

El suscrito, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario de Convergencia de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con base en los artículos 23, numeral 1, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo mediante el cual la Comisión Permanente realiza un respetuoso exhorto al Ejecutivo federal para que, a la brevedad posible, retire al Ejército de las actividades que viene realizando en materia de seguridad pública y combate a la delincuencia organizada e implante una nueva estrategia en la materia, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Según lo reportan los resultados de prestigiados investigadores nacionales y extranjeros desde hace más de una década, nuestro país viene enfrentando una difícil y creciente crisis de seguridad pública. Esta situación deriva, entre otros aspectos, de la deficiente planeación de las políticas públicas para asumir como Estado acciones responsables en materia de seguridad pública; es decir, combatir sus causas estructurales y garantizar el adecuado funcionamiento de las instituciones responsables de la seguridad.

Esta situación se ha acentuado de manera contundente con la alternancia en el poder en el 2000. A partir de este momento, las Fuerzas Armadas han extendido su papel y presencia en distintos campos de la seguridad y la justicia. No obstante la promesa de campaña del entonces candidato Vicente Fox, en el sentido de retirar de las esferas policíacas y de inteligencia a los miembros de las Fuerzas Armadas Mexicanas (FAM), a la hora de la conformación de su gabinete fuimos testigos de la contradicción cuando nombró a un general en activo como procurador general de la República.

Con este antecedente, se da inicio a un proceso de militarización del combate a la delincuencia organizada, entendida ésta no sólo por la presencia de militares en instancias civiles del gobierno o en puestos de seguridad pública en los distintos niveles de gobierno, sino también por la falta de un contrapeso social que contenga los riesgos de este proceso.

Es comprensible que ante el ascenso de la delincuencia organizada, particularmente expresada en el narcotráfico y la deficiencia probada de las políticas públicas en la materia, la militarización en seguridad pública se convierta en una respuesta casi desesperada de la actual administración federal.

Sin embargo, lo preocupante es que, paralelo a este proceso, no se desarrollen mecanismos que permitan un mayor control sobre el desempeño de las fuerzas armadas; control que permita evaluar el efecto real que se genera en el combate a la delincuencia.

En este sentido, es revelador que, a casi una década de emplear al Ejército en tareas contra el narcotráfico, la droga continúe no sólo entrando fácilmente a México sino que, además, su oferta en las calles de las principales ciudades del país sea una realidad. No ha sido en vano, como aquí en el Congreso de la Unión y en el seno de los diversos grupos de poder y de la sociedad civil se busca redefinir, el marco jurídico y atender el narcomenudeo, el secuestro, las ejecuciones, los abusos que se cometen contra inocentes, la violación a los derechos humanos, etcétera, como los principales problemas de seguridad que enfrenta el país.

A este escenario, no debemos sustraer la debilidad institucional que fue reconocida desde la administración pasada y reconocida por el actual gobierno sobre la falta real de un brazo operativo profesionalizado. Es decir, los mexicanos no contamos con los recursos humanos necesarios suficientemente capacitados para realizar las tareas que impone el combate a uno de los problemas más sensibles a nivel nacional: el crimen organizado; hecho que nos ha llevado a presenciar incidentes que, desafortunadamente, le han costado la vida de muchas personas.

No podemos cerrar los ojos ante un hecho tan atroz como es la violación a los derechos humanos. Sin embargo, los datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos son contundentes al señalar a la Procuraduría General de la República, a la Secretaría de la Defensa Nacional y a la Secretaría de Seguridad Pública federal como las dependencias que acumulan el mayor número de quejas por haber violentado las garantías individuales.

Pero debemos dejar claro que, ante la desesperación del gobierno actual y la insuficiente capacitación del Ejército Mexicano en materia de derechos humanos, la respuesta no debe ser la descalificación a una de las instituciones más reconocidas e identificadas con la solidaridad a la población, particularmente en casos de emergencia o desastres naturales.

En este sentido, la Organización de las Naciones Unidas ha expresado que ``el mantenimiento del orden dentro del territorio del país debe realizarse por medio de las fuerzas de seguridad civiles''.

Los medios de comunicación a diario dan cuenta de los agravios a viajeros y pobladores con denuncias sobre revisiones tan exhaustivas como insultantes, extorsiones y amenazas, y ahora ataques armados e indiscriminados a quienes no se detienen en dichos puestos.

Los hechos más recientes

Estos acontecimientos y otros que integrarían una gran lista arrojaron declaraciones preocupantes del ombudsman nacional, quien destacó que la espiral de violencia y agresividad es de tal magnitud que tan sólo en 2008 han ocurrido 5 mil 585 ejecuciones atribuidas al crimen organizado ---igual número al que se registraron durante todo el sexenio de Vicente Fox---, un promedio de siete secuestros diarios y, en general, desde hace tres años, 43 mil 835 mexicanos han sido afectados cada día por crímenes del fuero común y federal.

En este escenario resulta irresponsable permitir que se obligue al Ejército a desempeñar una labor que no sólo va más allá de su deber constitucional sino que se le expone a situaciones lamentables como las mencionadas. Por ello, consideramos que debe sustituirse la participación del Ejército en el combate al narcotráfico, con el diseño de una estrategia que apunte más al combate a sus soportes financieros, lavado de dinero y eficiencia de las labores de inteligencia.

Nosotros como legisladores tenemos el deber de coadyuvar en la construcción de alternativas viables de política pública donde se reduzcan los costos sociales, económicos y la vigencia del estado de derecho.

Por lo anterior expuesto, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente realice un respetuoso exhorto al Ejecutivo federal a efecto de que, a la brevedad posible, retire al Ejército de las actividades que viene realizando en seguridad pública y combate a la delincuencia organizada e implante una nueva estrategia en la materia.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Túrnese a la Primera Comisión.

El punto 23, que es del diputado Carlos Alberto García González , se pospone.

EX TRABAJADORES MIGRATORIOS

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Se recibió del diputado César Duarte Jáquez y del diputado Enrique Serrano Escobar, punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Gobernaciónque extienda por 30 días hábiles el plazo para el registro de los trabajadores migratorios, y se revise el contexto de este programa.

El Secretario diputado José Rubén Escajeda Jiménez : «Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Secretaría de Gobernación que prorrogue 30 días hábiles más el plazo para el registro de los ex trabajadores migratorios, suscrita por el diputado Enrique Serrano Escobar , del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, Enrique Serrano Escobar , diputado federal de la LX Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del PRI, con fundamento en los artículos 58, 59, 60 y 159 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de la honorable Comisión Permanente la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente resolución, al tenor de los siguientes

Antecedentes

Con fecha 24 de noviembre de 2008, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Convocatoria a las personas interesadas para que acudan a las treinta y siete mesas receptoras ubicadas en las entidades federativas de la República Mexicana y el Distrito Federal, para que acrediten los requisitos de elegibilidad que establece el artículo 6 de la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, así como el numeral 4 de las Reglas de Operación del Fideicomiso 2106 Fondo de Apoyo Social Para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos (1942 a 1964), la cual tuvo posteriores publicaciones hasta el 28 de noviembre de 2008.

En dicha convocatoria se señalan diversos municipios como sede de mesas receptoras para atender a los estados de la República.

Para el caso de Chihuahua sólo se establecieron tres municipios sede para recibir los documentos, entre los que se cuentan Camargo, Parral y Chihuahua; los cuales resultaron insuficientes debido a lo extenso del territorio del estado.

Derivado de lo anterior, se solicitó a la Coordinación de Control y Seguimiento del Fideicomiso 2106 de la Secretaría de Gobernación, se diera apertura a ventanillas de recepción en los municipios de Ciudad Juárez y Janos; ya que en ellos habitan cientos de beneficiarios del fideicomiso, que dicho sea de paso, son personas de edad muy avanzada, que requieren ser acompañados por alguien y de escasos recursos, por lo que su traslado a la ciudad de Chihuahua que es la más cercana, (340 kilómetros) les representa una tarea compleja además de una erogación incosteable.

Lamentablemente hasta la fecha no se obtuvo una respuesta favorable de parte de la Secretaría de Gobernación, por lo que se ha gestionado que el municipio de Ciudad Juárez, preste dos autobuses para trasladar diariamente a la ciudad de Chihuahua a los braceros beneficiarios de este fideicomiso, para registrarse en las mesas de recepción.

Cabe mencionar que a pesar de los esfuerzos realizados por apoyar a los beneficiarios del Fideicomiso 2106, el tiempo establecido en la Convocatoria a las personas interesadas para que acudan a las treinta y siete mesas receptoras ubicadas en las entidades federativas de la República Mexicana y el Distrito Federal, para que acrediten los requisitos de elegibilidad que establece el artículo 6 de la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, así como el numeral 4 de las Reglas de Operación del Fideicomiso 2106 Fondo de Apoyo Social Para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos (1942 a 1964), resulta insuficiente para que las personas interesadas puedan realizar su registro, ya que el plazo vence el 28 del presente mes y año.

Lo anterior, es una problemática que no sólo afecta al estado de Chihuahua, sino a las diversas entidades de la República Mexicana, que de igual manera cuentan con escasas mesas de registro y que representan una traslado y erogación a veces incosteable para los miles de ex trabajadores migratorios mexicanos que por tercera ocasión acuden al registro que les establecen las diversas convocatorias lanzadas por el gobierno federal, sin que hasta la fecha se les haya entregado nada.

Por lo anteriormente expuesto y en virtud de que resulta justo y conveniente que este grupo de ex trabajadores mexicanos, que con esfuerzo y ahínco soñaron construir un patrimonio para su familia, reciban el apoyo social al que se hicieron acreedores desde hace varias décadas y que busca resarcirlos del perjuicio que les produjo la pérdida de de los ahorros que se crearon en el tiempo que laboraron en Estados Unidos de América; someto a la consideración de la honorable Comisión Permanente, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita a la Secretaría de Gobernación que extienda por treinta días hábiles más el plazo para el registro de los ex trabajadores migratorios mexicanos o sus beneficiarios establecido en la Convocatoria a las personas interesadas para que acudan a las treinta y siete mesas receptoras ubicadas en las entidades federativas de la República Mexicana y el Distrito Federal, para que acrediten los requisitos de elegibilidad que establece el artículo 6 de la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, así como el numeral 4 de las Reglas de Operación del Fideicomiso 2106 Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos (1942 a 1964), publicada en el Diario Oficial de la Federación del 24 al 28 de noviembre del 2008.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Túrnese a la Primera Comisión.

OSWALDO ALDRETE DAVILA

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Se recibió de senador Luis Alberto Villarreal García, del Grupo Parlamentario del PAN, punto de acuerdo por el que la Comisión Permanenterechaza la decisión del presidente de Estados Unidos, George Bush, de conmutar la sentencia a dos ex agentes de la patrulla fronteriza estadounidense que ocasionaron serios daños al connacional Oswaldo Aldrete Dávila.

El Secretario diputado José Rubén Escajeda Jiménez : «Proposición con punto de acuerdo, por el que la Comisión Permanente rechaza la decisión del presidente de Estados Unidos, George W. Bush, de conmutar la sentencia a dos ex agentes de la Patrulla Fronteriza que ocasionaron serios daños al connacional Osvaldo Aldrete Dávila, a cargo del senador Luis Alberto Villarreal García, del Grupo Parlamentario del PAN

Luis Alberto Villarreal García, senador de la República Guanajuato, e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, por el que la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión rechaza la decisión del presidente de Estados Unidos, George W. Bush, de conmutar la sentencia a dos ex agentes de la patrulla fronteriza estadounidense que ocasionaron serios daños al connacional Osvaldo Aldrete Dávila.

Punto Resolutivo

Único. La del Congreso de la Unión rechaza, al considerarla un claro ejercicio de impunidad, la decisión del presidente George W. Bush de conmutar la sentencia de dos ex agentes de la patrulla fronteriza, José Alonso Compean e Ignacio Ramos, encontrados culpables por un tribunal estadounidense, de ocasionar serios daños a mano armada a Osvaldo Aldrete Dávila, y de obstruir la justicia.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Túrnese a la Segunda Comisión.

LINEAS AEREAS

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Se recibió de los señores senadores Rogelio Rueda Sánchez y Raúl Mejía González, del Grupo Parlamentario del PRI, un punto de acuerdo por el que se exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a que realice una investigación respecto a las concesiones aeroportuarias otorgadas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportesa los grupos empresariales denominados ``Asur'' y ``Gap'', y a la empresa denominada ``Compañía Mexicana de Aviación''.

El Secretario diputado José Rubén Escajeda Jiménez : «Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la ASF a investigar respecto a las concesiones aeroportuarias otorgadas por la SCT a los grupos empresariales Asur y GAP y a Compañía Mexicana de Aviación, suscrita por los senadores Rogelio Rueda Sánchez y Raúl Mejía González, del Grupo Parlamentario del PRI

Los que suscriben, Rogelio Rueda Sánchez y Raúl Mejía González, senadores de la república a la LX Legislatura, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo por el que se formula un exhorto a la Auditoría Superior de la Federación para que realice una investigación respecto de las concesiones aeroportuarias otorgadas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a los grupos empresariales denominados Grupo Aeroportuario del Sureste (Asur) y Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP), así como respecto de la concesión de servicio de transporte aéreo otorgada a la empresa denominada Compañía Mexicana de Aviación, al tenor de las siguientes

Consideraciones

I. El artículo 6 de la Ley de Aeropuertos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 22 de diciembre de 1995, establece que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) es autoridad aeroportuaria en tanto que la propia ley considera como de jurisdicción federal todo lo relacionado con la construcción, administración, operación y explotación de aeródromos civiles. En razón de ello, la disposición legal citada otorga a la SCT, en su fracción III, la atribución expresa de ``otorgar concesiones y permisos, así como autorizaciones en los términos de esta Ley, verificar su cumplimiento y resolver, en su caso, su modificación, terminación o revocación'', facultándole, además, para imponer las sanciones que correspondan por el incumplimiento a lo previsto en la propia ley (fracción X).

II. Como es del conocimiento público, en virtud de concesiones otorgadas por el gobierno federal, a través de la SCT, a los grupos empresariales denominados Grupo Aeroportuario del Sureste (Asur) y Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP), así como de la operación de compra-venta de Mexicana de Aviación durante el gobierno del ex Presidente Vicente Fox Quezada, los grupos empresariales mencionados tienen a su cargo la administración y operación aeroportuaria de un buen numero de los aeropuertos mas importantes del país.

En efecto, el Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) administra los aeropuertos de Aguascalientes, Guadalajara, Guanajuato, Hermosillo, La Paz, Los Cabos, Los Mochis, Manzanillo, Mexicali, Morelia, Puerto Vallarta y Tijuana. Por su parte, el Grupo Aeroportuario del Sureste administra y opera los aeropuertos de Cancún, Cozumel, Huatulco, Mérida, Minatitlán, Oaxaca, Tapachula, Veracruz y Villahermosa.

III. Como es conocido, el Grupo Aeroportuario del Pacífico adquirió en 1999 del Gobierno Federal una participación del 15 por ciento de sus acciones de la serie BB, a socio estratégico de Aeropuertos Mexicanos del Pacífico, la cual tiene como accionistas a Corporación Mexicana de Aeropuertos, Aena Internacional y Desarrollo de Concesiones Aeroportuarias. La primera, es una sociedad mexicana de inversión conjunta, 50 por ciento propiedad de Pal Aeropuertos, SA de CV, y 50 por ciento propiedad de Promotora Aeronáutica del Pacífico, SA de CV. Pal Aeropuertos, SA de CV, es una entidad de propósito específico propiedad de Eduardo Sánchez Navarro Redo, un inversionista mexicano con intereses significativos en la actividad inmobiliaria.

Por su parte, Promotora Aeronáutica del Pacífico, SA de CV, es una entidad de propósito específico propiedad de Laura Díez Barroso Azcárraga y su esposo, Carlos Laviada Ocejo.

La señora Díez Barroso tiene experiencia en la industria editorial, especialmente en revistas. Actualmente participa en los Consejos de Administración de Teléfonos de México, Grupo Financiero Inbursa y Royal Caribbean Cruises LTD. La segunda es una subsidiaria totalmente propiedad de Aena, una sociedad propiedad del Estado español que administra todas las operaciones aeroportuarias en España y la tercera es una subsidiaria de Abertis Infraestructuras, SA, que es una de las compañías mas importantes en infraestructura en Europa. Los dos socios sobresalientes que son los señores Laura Díez Barroso Azcárraga y Eduardo Sánchez Navarro Redo, integran un 5 por ciento de las acciones de GAP.

IV. Por lo que se refiere al Grupo Aeroportuario del Sureste, el gobierno mexicano vendió un total del 15 por ciento del capital de Asur a Inversiones y Técnicas Aeroportuarias, SA de CV (ITA), como resultado del proceso de licitación pública, con lo cual esta empresa adquirió acciones clase I, serie BB, representativas del 15 por ciento del capital social de Asur.

Derivado de lo anterior, ITA es una sociedad cuyo 51 por ciento es propiedad del señor Fernando Chico Pardo y 49 por ciento de Copenhagen Airports, SA, y posee el 15 por ciento de las acciones de la serie BB de Asur. Posteriormente, el 29 de marzo de 2007, ITA resuelve convertir 7.35 por ciento de las acciones serie BB en acciones de la serie B. El 19 de junio de 2007 y como resultado de una oferta pública para la adquisición de acciones de la serie B realizada en los mercados de Estados Unidos de América y México, Agrupación Aeroportuaria Internacional, SA de CV, y Agrupación Aeroportuaria Internacional II, SA de CV, empresas indirectamente propiedad de y controladas por el señor Fernando Chico Pardo, adquirieron el 19.91 por ciento de las acciones de la serie B, con lo cual posee el 23.81 por ciento de las acciones de Asur.

El señor Fernando Chico Pardo es miembro de los Consejos de Administración de diversas empresas, entre ellas: Grupo Carso, Grupo Financiero Inbursa, Grupo Posadas y el Fondo de Pensiones de la Organización de las Naciones Unidas.

V. Ahora bien, el artículo 29 de la Ley de Aeropuertos establece que

VI. Estas normas restrictivas de la Ley de Aeropuertos tienen sentido a partir de la consideración de que es necesario garantizar la libre competencia de las compañías de transporte aéreo y las condiciones mejores para el uso de los aeropuertos del país por parte de dichas compañías. A ello obedece que el legislador haya establecido en el artículo 29 de la Ley de Aeropuertos limitaciones para que concesionarios de transporte aéreo tengan a su vez porcentajes accionarios superiores al 5 por ciento en las empresas controladoras de concesiones aeroportuarias y a la inversa.

VII. Pero resulta que esta previsión y restricción claramente establecida en la norma legal no se cumple en el caso de los grupos aeroportuarios referidos ya que, como es públicamente conocido, los señores Laura Díez Barroso Azcárraga, Eduardo Sánchez Navarro Redo y Fernando Chico Pardo tienen en conjunto el 30 por ciento de las acciones de la empresa de transporte aéreo denominada Compañía Mexicana de Aviación, lo que claramente implica una violación a las restricciones establecidas en el ya citado artículo 29 de la Ley de Aeropuertos.

VIII. De lo anterior se desprende que las concesiones otorgadas por la SCT durante el gobierno de Vicente Fox Quezada, no se ajustaron a las normas legales sobre el particular, por lo que se hace necesario que en términos de la Ley de Fiscalización, intervenga la Auditoría Superior de la Federación para realizar las investigaciones necesarias para deslindar las responsabilidades e imponer las medidas y/o sanciones que correspondan.

Por lo anteriormente expuesto, pongo a la consideración de esta soberanía el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La del Congreso de la Unión exhorta a la Auditoría Superior de la Federación para que, en términos de las atribuciones que le confiere la Ley de Fiscalización, realice las investigaciones respecto de las concesiones aeroportuarias otorgadas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a los grupos empresariales denominados Grupo Aeroportuario del Sureste y Grupo Aeroportuario del Pacífico, así como respecto de la concesión de servicio de transporte aéreo otorgada a la empresa denominada Compañía Mexicana de Aviación, cuidando el preciso cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley de Aeropuertos y, en su caso, formular las observaciones que correspondan y aplicar las sanciones que procedan.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Túrnese a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados.

PODER EJECUTIVO FEDERAL

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Se recibió del senador Jesús Garibay García, del Grupo Parlamentario del PRD, punto de acuerdo por el que exhorta al titular del Ejecutivo federal a que cumpla los principios consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El Secretario diputado José Rubén Escajeda Jiménez : «Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al titular del Ejecutivo federal a cumplir los principios consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del senador Jesús Garibay García, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, senador Jesús Garibay García, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LX Legislatura del honorable Senado de la República, en ejercicio de la facultad que le confieren los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la siguiente propuesta con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del Ejecutivo federal a cumplir con los principios consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La bienvenida del presidente Calderón a los asistentes al sexto Encuentro Mundial de las Familias --instituido en 1994 por Juan Pablo II y por el que la iglesia católica reivindica el papel fundamental de la familia en la transmisión de los valores cristianos-- no fue la de un jefe de Estado a una delegación internacional en donde la perspectiva neutral del ejercicio del gobierno se hace escuchar.

En ningún momento en su discurso apeló a los valores contenidos en la Constitución que él prometió cumplir, entre ellos el reconocimiento de la diversidad de la sociedad mexicana, reconocida y salvaguardada por nuestra Constitución, que establece el derecho a la no discriminación por ningún motivo, ya sea, entre otros, por preferencia sexual, género, raza o religión.

En un pronunciamiento que revela la mentalidad que dominó en el encuentro que el Presidente de la República avaló con su presencia y con su discurso, el arzobispo de Santo Domingo, Nicolás de Jesús López Rodríguez, declaró que ``con escotes pronunciados y minifaldas las mujeres están provocando al hombre'', en tanto que el obispo auxiliar de Tegucigalpa, Darwin Rudy Andino, añadió que ``debido a la ropa provocativa que usan las mujeres se exponen a violaciones, a que las usen, que las traten como un trapo viejo, porque desvaloran su persona y su dignidad''.

Más aún, la religiosa ecuatoriana Alexandra Marcillo declaró que ``las mujeres tienen la culpa de que las ataquen''.

Y por si fuera poco el obispo de Ciudad Juárez --donde se han cometido miles de feminicidios en los últimos años-- Renato Ascencio, señaló que ``la mujer no sólo debe cambiar su forma de vestir sino sus actitudes''.

Las autoridades políticas y judiciales del país debieran tomar cartas en el asunto, pues es evidente que con tales pronunciamientos se está fomentando la discriminación y la violencia hacia las mujeres.

La iglesia católica no debe de olvidar que existen en nuestro país leyes, empezando por la Constitución, que regulan y garantizan la igualdad y la equidad de género y el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia y que los ministros de culto, no podrán en reunión pública, en actos del culto o de propaganda religiosa, ni en publicaciones de carácter religioso, oponerse a las leyes del país según lo señala el inciso e) del artículo 130 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo anteriormente expuesto, someto a ustedes la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al titular del Poder Ejecutivo federal a cumplir los principios consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Segundo. La del Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al secretario de Gobernación para que llame a la Iglesia Católica a cumplir y respetar lo que disponen nuestra Constitución y demás leyes que conforman el sistema jurídico mexicano.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Túrnese a la Primera Comisión.

FLORES DE ORNATO

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Se recibió del senador Raúl Mejía González, del Grupo Parlamentario del PRI, punto de acuerdo para exhortar al titular del Ejecutivo federal a que gire sus instrucciones a la Secretaría de Agricultura para que se efectúe un estudio técnico sobre la viabilidad del cultivo en especies florales e introducirlas a la industria cosmética y al mercado internacional de flores de ornato.

El Secretario diputado José Rubén Escajeda Jiménez : «Proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar al titular del Poder Ejecutivo federal a instruir a la Secretaría de Agricultura para que efectúe un estudio técnico sobre la viabilidad del cultivo de especies florales, e introduzca éstas en la industria cosmética y el mercado internacional de flores de ornato, a cargo del senador Raúl Mejía González, del Grupo Parlamentario del PRI

Las actuales tendencias en el consumo mundial, a pesar de la crisis, señalan que los artículos cosméticos y de cuidado corporal siguen ocupando un lugar destacado en el gasto personal. Las cifras hablan por sí mismas. La industria francesa de la cosmética generó en el 2003 poco más de 16 mil millones de dólares, donde tres empresas; L'Oreal, LVMH (Louis Vuitton-Moet-Hennesy) y Laboratoire Pierre Favre, tienen la mayor participación del mercado francés y poseen varias de las marcas más exitosas a nivel mundial. En términos generales, la industria europea de cosméticos es la mayor del mundo; en 2003, en la Unión Europea se generaron ventas por más de 66 mil millones de dólares, el doble de ventas que la industria japonesa, y un tercio más que la estadounidense.

Los productos que ofrecen al consumidor una visión holística del cuidado del cuerpo con un enfoque ecológico, actualmente tienen una mayor demanda en los países industrializados y van ganando mercado entre las clases medias y altas de los países en desarrollo. Esta nueva industria, denominada cosmética natural, resulta más accesible al consumidor, incluso por cuestiones de precio, que las grandes marcas presentes en las cadenas departamentales y de supermercados.

Por su valor en el mercado internacional, el cultivo de especies florales y aromáticas puede ser un nicho agroindustrial que, de ser impulsado, podría rendir importantes dividendos para un país que tradicionalmente se ha caracterizado por su gusto hacia las flores, especies y plantas medicinales. Hay que tomar en consideración que los principales importadores de materias primas para la manufactura de perfumes, cosméticos y productos de tocador, son Estados Unidos, Francia -que exporta casi el 46 por ciento de los productos que se consumen en el mundo-- y China. En virtud de lo anterior, resulta necesario saber qué es lo que estos países demandan, no sólo como materia prima, sino como productos con valor agregado.

Un aspecto de singular relevancia es que el cultivo de especies aromáticas constituye una alternativa para la recuperación de los suelos pobres. En El Salvador, recientemente se ha experimentado con vetiver para evitar la erosión de los suelos, con resultados altamente satisfactorios.

México podría incursionar, por los diferentes tipos de suelo y climas presentes en todo el territorio, así como por la mano de obra, en la oferta de las materias primas agrícolas y en los procesos de destilación de aceites esenciales, que requieren de una tecnología no tan costosa.

En el caso concreto de Nayarit, los diferentes climas presentes en la entidad podrían ser adecuados para el cultivo de distintas especies agrícolas y florales, cuya demanda en el mercado internacional va en aumento; las cuales pueden ser una alternativa para la sustitución de los cultivos tradicionales de la entidad, como el tabaco, los cuales sufren un fuerte descenso en la demanda.

Existen varios cultivos que pueden ser introducidos en Nayarit para la industria perfumera y/o de productos cosméticos, como las variedades de rosa damascena y rosa centifolia, ambas muy apreciadas por la perfumería. Los principales países proveedores de ambas variedades de rosa son Bulgaria, Turquía y Francia. La rosa damascena se produce en Bulgaria y Turquía y la centifolia se cultiva en Francia y Marruecos. Los tres climas son de tipo mediterráneo, semejantes a los de ciertas zonas de Nayarit.

Las dos variedades de rosas generan un aceite esencial con alrededor de 300 componentes, algunos de los cuales el olfato humano no ha sido capaz de identificar. De ahí que no sea posible imitar las propiedades aromáticas de las rosas, por lo cual no existe ningún producto sintético capaz de sustituir el aceite esencial de rosas, lo que también explica su alto costo en el mercado.

Si para lograr la extracción de una gota de aceite esencial de rosa se requieren treinta flores, el cultivo de dicha planta debe ser masivo y requiere de un volumen importante de mano de obra semi calificada. Además, la extracción del aceite esencial implica un proceso artesanal sencillo -se elabora mediante disolventes y vapor de agua- el cual puede ser llevado a cabo mediante empresas familiares o cooperativas.

Lo que se ha descrito acerca de la rosa aplica para otras variedades de flores y plantas aromáticas para la industria perfumera, como el nardo -flor, originaria de Sonora- vetiver, pachulí, lavanda, gardenia, jazmín y violeta, entre otros.

En cuanto a las plantas aromáticas para condimento, hay que hacer notar que el clavo, la canela, la pimienta y el comino, especias sumamente utilizadas en la gastronomía nacional, en su mayoría son importadas de Asia. Adicionalmente, la salvia, la menta, el tomillo y el orégano son especies de alto valor que pueden ser cultivadas en el país.

El cultivo de flores y plantas aromáticas implicaría el fomento a la agroindustria y la generación de empleos directos e indirectos, gracias a la articulación de una cadena productiva que iría desde la siembra hasta la producción del aceite esencial, su comercialización y exportación. Sin duda, las múltiples aplicaciones de las plantas aromáticas y el incremento paulatino de su consumo podrían augurar un futuro prometedor para los productores de estas especies.

Por lo que se refiere al cultivo de flores de ornato para la exportación, ésta es una industria donde México puede ser altamente competitivo en el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Estados Unidos y Canadá son los primeros importadores de flores frescas a nivel mundial, seguidos de Europa. Los principales exportadores en América son Colombia y Chile; sin embargo, el principal exportador de flores sigue siendo Holanda, seguido de Israel y los países del sudeste Asiático. México puede competir en este rubro, y Nayarit específicamente puede exportar la especie conocida como ave del paraíso, cuyo precio es muy alto en el mercado internacional. Igualmente, las rosas, las gladiola y crisantemos se encuentran entre los cultivos de ornato competitivos en calidad y precio.

Lo que se requiere, señores legisladores, es que exista una política agroindustrial de estado que aliente a los productores de nuevos cultivos cuyo valor en el mercado internacional sea alto, que sean adecuados a los distintos suelos y condiciones climatológicas del país, que generen empleos y que sirvan para enriquecer los suelos, evitando así la desertificación que tanto tememos.

Teniendo en cuenta lo antes expuesto, me permito poner a su consideración el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Solicitar al titular del Ejecutivo federal que gire las instrucciones pertinentes a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para que efectúe un estudio técnico sobre la viabilidad del cultivo de especies florales, plantas aromáticas y especies de plantas de ornato.

Segundo. Solicitar al titular del Ejecutivo federal que gire las instrucciones pertinentes a la Secretaría de Economía para que realice un estudio técnico de mercado sobre las especies florales y aromáticas de mayor demanda en el mercado internacional.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Túrnese a la Tercera Comisión.

SECTOR PESQUERO

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Se recibió del diputado Gerardo Villanueva Albarránpunto de acuerdo por el que la Comisión Permanentecita a comparecer a los titulares de la Sagarpa y la Conapesca, relativo al movimiento Cero Pesca 2009, suscrito por el diputado Alejandro Sánchez Camacho, del Grupo Parlamentario del PRD.

El Secretario diputado José Rubén Escajeda Jiménez : «Proposición con punto de acuerdo, por el que la Comisión Permanente cita a comparecer a los titulares de la Sagarpa y de la Conapesca respecto al movimiento Cero Pesca 2009, a cargo del diputado Gerardo Villanueva Albarrán y suscrita por el diputado Alejandro Sánchez Camacho , del Grupo Parlamentario del PRD

Los suscritos, diputados federales de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de esta Comisión Permanente la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Al tomar posesión el ingeniero Alberto Cárdenas Jiménez como titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, aseguró que la dependencia asumiría tres importantes desafíos el desarrollo rural integral con énfasis en el combate a la pobreza en el campo, el desarrollo sustentable y competitivo de la actividad agropecuaria y pesquera, y la política de diálogo intenso y de concertación, e incluso afirmó que buscaría una interlocución permanente con los legisladores de todos los partidos políticos. Estas promesas han quedado en el olvido y Cárdenas Jiménez, conjuntamente con el ingeniero Ramón Corral Ávila, que preside la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, deben asumir sus responsabilidades y hacer realidades sus ofrecimientos ante la grave situación que se presenta en el campo y en el sector pesquero nacional.

Traer a la memoria lo dicho en diciembre de 2006 por Cárdenas Jiménez, nos parece oportuno, pues su actuación y la de Corral Ávila frente al creciente movimiento denominado Cero pesca 2009, contradice el objetivo de propiciar el desarrollo sustentable y competitivo de la actividad pesquera y no es la mejor manera de propiciar un diálogo intenso en pos de la concertación. El ingeniero Corral caracterizó este movimiento social como irreal, que no lo deja en las mejores condiciones para generar confianza orientada a un diálogo productivo. Lo cierto es que de mantenerse y crecer este movimiento, las consecuencias, no sólo para los pescadores involucrados sino también para los consumidores, pueden resultar considerables.

El consumo promedio de productos del mar de los mexicanos es apenas de seis kilos anuales por persona, frente a, por ejemplo, los más de 40 kilos por persona que se consumen en Japón. Pero, además, más allá del impacto real en la producción que pueda tener el movimiento Cero pesca 2009, existe la amenaza de que se presente un creciente incremento en los precios al consumidor, y con ello se inhiba aún más el consumo de estos productos cuya integración a la dieta del pueblo mexicano se debe promover para hacer frente a los problemas de malnutrición y obesidad que se han ido agravando. Recordemos que la obesidad y el sobrepeso en México se han convertido en un asunto de salud pública; en promedio 4 de cada 10 niños sufren de sobrepeso o son obesos, en los adolescentes se observan sobrepeso u obesidad en 3 de cada 10. De continuar con esta tendencia para el 2010, 5 de cada 10 niños y adolescentes padecerán de sobrepeso u obesidad. En el caso de los adultos este padecimiento es mucho más severo, 7 de cada 10 adultos tienen problemas de sobrepeso u obesidad. Además, la obesidad está relaciona con la diabetes, que es la primera causa de muerte en México. Y todo ello pudiese ser disminuido con una correcta política que estimule el consumo de los productos del mar.

No está de más recordar que la disminución del precio de los energéticos fue una de las promesas electorales de Felipe Calderón. Se tiene el dato de que durante el último bimestre del 2008 se perdieron más de 400 mil empleos en el país, y ahora con la actitud de incomprensión y rechazó a la disminución de los precios de los combustibles y energía eléctrica para los productores por parte de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación se mantienen en riesgo más de 350 mil empleos directos que genera el sector pesquero, con pérdidas estimadas en 300 mil millones de pesos mensuales.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La del Congreso de la Unión, en el marco de la colaboración entre poderes, cita a comparecer al ingeniero Alberto Cárdenas Jiménez, titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; y al Ingeniero Ramón Corral Ávila, que preside la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, para que informen las acciones realizadas, o las posibles salidas de resolución al conflicto conocido como Cero pesca 2009.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Túrnese a la Tercera Comisión.

MENORES Y ADULTOS MAYORES

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Se recibió de la senadora María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario del PRI, punto de acuerdo para que se exhorte al titular del Ejecutivo federal mediante la Secretaría de Salud, en coordinación con la Secretaría de Educación Pública, a que revise las guarderías y estancias infantiles para tener un padrón real y verificar cuáles cumplen la Norma 167-SSA1-1997 para la presentación de servicios de asistencia social para menores y adultos mayores.

El Secretario diputado José Rubén Escajeda Jiménez : «Proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar al titular del Poder Ejecutivo federal a realizar a través de la Secretaría de Salud, en coordinación con la SEP, una revisión de las guarderías y estancias infantiles para obtener un padrón real y revisar cuáles cumplen la NOM-167-SSA1-1997 para la prestación de servicios de asistencia social a menores y adultos mayores, suscrita por la senadora María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario del PRI

Con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de la honorable asamblea proposición con punto de acuerdo con base en las siguientes

Consideraciones

La participación de la mujer en las diferentes actividades económicas la ha convertido en una fuente importante de ingresos en su hogar o, en muchos de los casos, en el único sostén de su familia.

Lo anterior la ha llevado a cambiar su rol de madre para convertirse en importante factor económico para los diferentes sectores y en un pilar fundamental para la economía familiar.

Sin embargo, tal situación, de igual forma, la obliga a buscar apoyo para el cuidado de sus hijos. Hay quienes tienen los recursos para contratar una niñera privada o cuentan con el respaldo de algún familiar para la atención a los niños, pero el gran porcentaje busca los servicios de estancias infantiles particulares, ya que, en el caso de las trabajadoras con derecho al Instituto Mexicano del Seguro Social ( IMSS) o del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) se enfrentan a que el cupo es escaso y la cercanía de las guarderías a sus hogares les queda a una distancia considerable a su fuente de empleo.

Ante este panorama, la creación de guarderías y estancias infantiles se ha convertido en algo común en el país, pero la falta de coordinación entre las autoridades competentes ha ocasionado que la apertura de esta clase de negocios resulte atractiva y que, a su vez, se propaguen sin cumplir con todos los requisitos establecidos para su funcionamiento.

En este sentido, la Secretaría de Salud es la que por norma tiene injerencia en la apertura de estos negocios que reciben a los menores de edad, pero, aun así, existe un descontrol y falta de criterios homologados para la apertura y funcionamiento de éstos.

Tal situación implica un peligro para los menores de edad, ya que la falta de instalaciones adecuadas y la formación de las personas que los cuidan pueden carecer de la debida preparación.

A pesar de que la normatividad obliga a la Secretaría de Salud a la observancia de la aplicación de los criterios para el establecimiento y operación de las estancias infantiles, lo cierto es que esta facultad a recaído en los gobiernos de las entidades federativas, provocando la existencia de múltiples reglamentos que rigen su funcionamiento, pero, al parecer, no resultan ser las adecuadas para ordenar de una manera sistémica a éstas.

Son muchos aspectos los que hay que considerar para abrir una estancia infantil, ya que cada entidad federativa tiene sus propios estatutos para dar su aprobación, tales como licencia de sanidad correspondiente, permiso de incorporación otorgado por la dependencia encargada de la educación pública, presentación de dictámenes periciales que demuestren las condiciones idóneas de las instalaciones equipo y mobiliario, estableciendo el número de niños que pueden albergar.

La lista de requisitos puede variar de un lugar a otro, pero entre los requerimientos más importantes se solicita copia de la licencia de salud que acredite que el inmueble reúne las condiciones de higiene y de salud, copia de la constancia de uso de suelo para utilizarlo en servicios educativos expedido por la autoridad municipal correspondiente, copia del dictamen de Protección Civil, relación del personal directivo y docente con copias de la documentación que acrediten su formación académica y su experiencia laboral.

Ahora bien, la Secretaría de Salud pone en práctica sus propios criterios para dar su dictamen. Su fundamento recae en la NOM 167-SSA-1-1997, la cual trata sobre la prestación de servicios de asistencia social para menores y adultos. En el numeral siete se marcan los pasos a seguir para el funcionamiento de las estancias infantiles.

En este caso, los puntos son diversos, entre los que destacan, contar con áreas de recepción, salas de usos múltiples, botiquines de primeros auxilios, salas de atención con cunas, colchonetas, mesas y sillas infantiles, muebles de guarda y baño de artesa.

Asimismo, área común de usos múltiples para el desarrollo de actividades físicas, de entrenamiento y de recreación en tiempo libre.

Las anteriores características aparecen sólo en unas cuantas estancias infantiles, pues se han dado casos de guarderías establecidas en departamentos y casas de Infonavit que carecen del suficiente espacio para el esparcimiento de los infantes.

Al no estar normadas y supervisadas correctamente por parte de la autoridad federal, conforme a los múltiples requisitos que plantea la NOM 167-SSA-1-1997, la integridad de los niños corre peligro al permanecer bajo la tutela de gente sin los conocimientos adecuados, o bien, en instalaciones impropias.

El problema de las estancias infantiles irregulares es que en muchos de los casos sólo inician el proceso en una dependencia local y comienzan labores con la excusa de que su trámite se encuentra en proceso.

Las instituciones involucradas admiten que ha faltado mayor coordinación; por tanto, es necesario tomar cartas en el asunto con el deseo de regularizar a las estancias infantiles, por lo que es necesario realizar un exhorto a las autoridades correspondientes a efecto de que hagan lo necesario para cumplir con este aspecto.

Cabe señalar que, ante la presentación de un número considerable de solicitudes para abrir esta clase de negocios, se hace necesaria la regularización de las estancias infantiles.

Aunque un importante número de estancias infantiles labora sin contar con las mejores instalaciones o personal avalado por la Secretaría de Salud, al parecer no hay mucha prisa por darle solución al conflicto.

A más de un año y medio de existencia del Sistema Nacional de Guarderías y Estancias Infantiles, es necesario realizar las modificaciones correspondientes para la mejora del servicio.

Es necesario que la Secretaría de Salud en coordinación con la Secretaría de Educación Pública realice una revisión de las guarderías y estancias infantiles para tener un padrón real y revisar cuáles cumplen con la NOM-167-SSA1-1997, para la prestación de servicios de asistencia social para menores y adultos mayores.

Es por ello que el llamado es para lograr que las actividades inherentes a los servicios de asistencia social en guarderías infantiles tomen en cuenta los siguientes aspectos:

Finalmente, es necesario e inevitable tomar cartas en el asunto, materia de esta proposición, ya que hablamos de una problemática que genera demérito en la calidad y en la seguridad de un servicio tan sensible como lo es el cuidado de los niños de las madres trabajadoras mexicanas.

En este sentido, el objetivo es generar mejores condiciones de calidad y seguridad de un servicio como el que proporcionan las guarderías, pero que, en aras de ampliar la cobertura de éste, se está generando una crisis estructural del sector al condenar a los actuales prestadores del servicio a condiciones de operación muy por debajo de sus estándares mínimos de operación y funcionalidad.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de la asamblea proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión solicita al Ejecutivo federal que realice una revisión de las guarderías y estancias infantiles, a través de la Secretaría de Salud en coordinación con la Secretaría de Educación Pública, para tener un padrón real y revisar cuáles cumplen con la NOM-167-SSA1-1997, para la prestación de servicios de asistencia social para menores y adultos mayores.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión solicita al Ejecutivo federal que informe a la soberanía, a través de la Secretaría de Salud, sobre las medidas que tomará en coordinación con los gobiernos de las entidades federativas para evitar un demérito en la calidad y seguridad de un servicio tan sensible como lo es el cuidado de los niños de las madres trabajadoras mexicanas, y lograr estándares mínimos de operación y funcionalidad de las guarderías y estancias infantiles.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Túrnese a la Comisión de Salud de la Cámara de Senadores.

SERGIO GABRIEL LEON CASTILLO

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Se recibió del diputado Gerardo Villanueva Albarrán, del Grupo Parlamentario del PRD, punto de acuerdo para exhortar a las autoridades federales y de Coahuila a que investiguen la desaparición del ciudadano Sergio Gabriel León Castillo.

El Secretario diputado José Rubén Escajeda Jiménez : «Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a las autoridades federales y de Coahuila a investigar la desaparición del ciudadano Sergio Gabriel León Castillo, a cargo del diputado Gerardo Villanueva Albarrán , del Grupo Parlamentario del PRD

El que suscribe, diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la honorable asamblea proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

Debemos detener la inseguridad y la delincuencia que existe en nuestro país y, por tanto, no puedo dejar pasar por alto el acontecimiento que vive la familia de León Castillo. En mi sentir como padre, sé la desesperación que viven y la incertidumbre de no saber nada de su hijo Sergio Gabriel de León Castillo, que desde el pasado 15 de noviembre de 2008 desapareció en la ciudad de Coahuila. Estudiante del tercer semestre de parapsicología de la escuela Narro de Saltillo, Coahuila, con apenas 22 años de edad, no podemos cerrar los ojos ante toda esta situación que con todo el esfuerzo de responsabilidad como padres hacemos todo lo posible por brindarle los estudios a nuestros hijos en la medida de lo posible, para que ellos salgan adelante y se desarrollen de manera personal y profesional, pero no es posible que por personas que privan de la libertad por cualquier razón truncan los sueños, los proyectos y las ilusiones de la persona y de las familia. Por ello, no podemos permitir seguir con estas injusticias y, en mi labor como legislador, exijo que se le dé respuesta a este asunto y se castigue a los que resulten responsables.

Por lo que exhorto a las autoridades de Coahuila, en los tres niveles, a investigar y a brindar todo el apoyo a los familiares de dicha persona para que juntos podamos resolver este asunto.

Por lo antes expuesto, someto a la honorable soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a las autoridades, tanto federales y municipales de Coahuila a investigar la desaparición de Sergio Gabriel de León Castillo, a fin de dar con su paradero y se haga justicia.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Túrnese a la Primera Comisión.

IMPORTACION DE VEHICULOS USADOS

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Se recibió del diputado Enrique Serrano Escobar, del Grupo Parlamentario del PRI, punto de acuerdo por el que la Comisión Permanentepromueva controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nacióncontra el decreto en el que se establecen las condiciones para la importación definitiva de vehículos usados publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de diciembre de 2008.

El Secretario diputado José Rubén Escajeda Jiménez : «Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita que la Comisión Permanente promueva una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra el decreto por el que se establecen las condiciones para la importación definitiva de vehículos usados, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de diciembre de 2008, suscrita por el diputado Enrique Serrano Escobar , del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, Enrique Serrano Escobar , diputado federal de la LX Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 58, 59, 60 y 159 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la honorable Comisión Permanente proposición con punto de acuerdo, de urgente resolución, al tenor de las siguientes

Antecedentes

El Poder Ejecutivo federal ha publicado en diversas ocasiones decretos que han tenido por objeto ordenar el mercado de vehículos usados, estableciendo condiciones para su importación definitiva.

Como ejemplos más recientes, tenemos el decreto por el que se establecen las condiciones para la importación definitiva de vehículos automotores usados, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de agosto de 2005, y el decreto por el que se establecen las condiciones para la importación definitiva de vehículos automotores usados destinados a permanecer en la franja fronteriza norte del país, en Baja California y Baja California Sur, en la región parcial de Sonora y en los municipios de Cananea y Caborca, Sonora, publicado el 26 de abril de 2006

Con fecha 24 de diciembre de 2008, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se establecen las condiciones para la importación definitiva de vehículos usados, el cual deja sin efectos los decretos antes mencionados.

El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) establece que, a partir del 1 de enero de 2009, México no podrá adoptar ni mantener una prohibición o restricción a la importación de vehículos originarios usados, provenientes de Estados Unidos de América (EUA) o de Canadá que tengan diez años o más de antigüedad.

Asimismo, en el TLCAN se establece un arancel preferencial a los vehículos usados originarios que cuenten con un certificado de origen válido, que confirme que un bien que se exporte de territorio de una parte a territorio de otra parte califica como originario.

Derivado de lo anterior, el artículo 501 del Capítulo V del tratado en comento establece que, en caso de que el exportador no sea el productor del bien, podrá llenar y firmar el certificado de origen basado en

No obstante con lo anterior, el decreto del Ejecutivo federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de diciembre del 2008 argumenta que, para acreditar que un vehículo es originario de un Estado parte del TLCAN, es necesario que el propietario cuente con un certificado de origen del fabricante o con información fehaciente de que dicho vehículo cumple la regla de origen correspondiente, estableciendo en su artículo 3 lo siguiente:

Artículo 3. En la importación definitiva al país de vehículos usados, bajo trato arancelario preferencial previsto en los Tratados de Libre Comercio y acuerdos comerciales de los que México es parte, el importador deberá cumplir con las formalidades y requisitos que en dichos ordenamientos se establecen, así como presentar ante la autoridad aduanera, por conducto de agente o apoderado aduanal, el certificado de origen válido o, en su caso, el documento comprobatorio de origen que corresponda de conformidad con las disposiciones aplicables al momento de la importación.

El certificado de origen o el documento comprobatorio de origen deberá estar debidamente requisitado, con información directamente proporcionada por la compañía armadora del vehículo de que se trate, anexando el certificado o documento expedido por dicha compañía con base en el cual se obtuvo información respecto del origen del vehículo.

En caso de no contar con el certificado o documento expedido por la compañía armadora, el importador deberá presentar una declaración por escrito, bajo protesta de decir verdad, suscrita por la compañía armadora, en la que manifieste que el vehículo usado que se pretende importar fue fabricado, manufacturado o ensamblado como un bien originario, de conformidad con las disposiciones o reglas de origen aplicables al tratado o acuerdo correspondiente.

Es decir, que el decreto citado obliga a presentar el certificado de origen del automóvil con información proporcionada directamente por la compañía armadora, lo que prácticamente resulta imposible, sin mencionar que van en frontal contradicción con la opción que establece el tratado de que sea el exportador el que llene y firme el certificado de origen sin que intervenga el productor o armadora del vehículo en este caso.

Cabe mencionar que en el mismo tratado, al establecer los lineamiento para la emisión del certificado de origen, se establece en su párrafo 4, artículo 501, Capítulo V, que ``ninguna de las disposiciones del párrafo 3 se interpretará como obligación del productor de proporcionar un certificado de origen al exportador.

Consideraciones

Que en el orden jerárquico del sistema jurídico mexicano se concede a los tratados internacionales especial grado, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Que, de conformidad con la fracción X del artículo 89 constitucional, es facultad del presidente de la República dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, sometiéndolos a la aprobación del Senado.

Que, con base en lo dispuesto en el artículo 76, fracción I, constitucional, corresponde a la Cámara de Senadores ``aprobar los tratados y convenciones diplomáticas que celebre el presidente de la República con las potencias extranjeras'', por lo que los tratados a los que se refiere el artículo 133 de la Constitución son una clase especial de normas jurídicas que por mandato constitucional se incorporan a la legislación nacional con la jerarquía de ley suprema de toda la unión, categoría jurídica que sólo se les reconoce cuando estén de acuerdo con la ley fundamental, de conformidad con la tesis plenaria VIII/2007 ¹ publicada en la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.

Que en el artículo 133 constitucional se establece el principio de supremacía constitucional, el cual significa que la ley fundamental es precisamente la primera en jerarquía, siguiéndole en segundo lugar los tratados internacionales congruentes y concordantes con el texto de la Constitución, y en tercero las leyes federales, atendiendo a las tesis plenarias LXXXVII/99 ² y IX/2007 ³ publicadas en la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.

Que los compromisos internacionales son asumidos por el Estado mexicano en su conjunto y comprometen a todas sus autoridades frente a la comunidad internacional; por ello, se explica que el constituyente haya facultado al presidente de la República a suscribir los tratados internacionales en su calidad de jefe de Estado y, de la misma manera, el Senado interviene como representante de la voluntad de las entidades federativas y, por medio de su ratificación, obliga a sus autoridades.

Que un tratado es un acuerdo de voluntades de dos o más Estados, por medio del cual se crean o modifican derechos y obligaciones para los gobiernos; es decir, en virtud de su capacidad soberana, los Estados contraen obligaciones por medio de los tratados, mediante los cuales se autolimitan, por lo que es imposible jurídicamente que puedan desconocer esas obligaciones libremente contraídas. De acuerdo con lo anterior, es comprensible que al Estado, dentro de su interior, le toque elegir los medios para satisfacer sus obligaciones.

Que el decreto por el que se establecen las condiciones para la importación definitiva de vehículos usados, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 24 de diciembre del 2008, al contravenir las estipulaciones del TLCAN, viola los principios básicos de supremacía constitucional, expresado en el artículo 133 de nuestro código político de 1917, donde se estipula que todos los entes y autoridades determinados en ella están obligados a acatarla y a someter su actuación a lo que ésta disponga. Por razón de ese principio de supremacía, podemos afirmar que todo acto que la contradiga es nulo de pleno derecho.

Que el decreto se traduce en un ilícito constitucional, pues por una parte se infringe el artículo 133 constitucional, aunado a que se están vulnerando los derechos de los gobernados, toda vez que se les obliga en su carácter de exportadores e importadores a que, en el caso de la introducción de vehículos usados que lleguen a nuestro país, se presente el certificado de origen del automóvil requisitado o signado por la compañía armadora, como ya se ha dicho anteriormente, en contravención a lo establecido por el TLCAN.

Que la controversia constitucional establecida en la fracción I del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos tiene como función dirimir los conflictos que surgen entre órganos de gobierno y entre los poderes de un Estado; es decir, se trata de un juicio entre poderes u órganos que gozan de autoridad, las cuales, en uso de su autonomía, ejercen las facultades o atribuciones que les han sido conferidas. Con base en este artículo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación es la encargada de conocer sobre este tipo de controversias, y su competencia se constriñe a conocer cuestiones de constitucionalidad.

Que, en este contexto, la controversia constitucional tiende a preservar esencialmente la distribución de competencias entre los diferentes niveles de gobierno, con estricto apego a las disposiciones constitucionales, a fin de garantizar y fortalecer el estado de derecho, el equilibrio de poderes, la supremacía constitucional y el sistema federal.

Que en el caso del decreto que nos ocupa se acredita tanto la existencia de una violación a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que es atribuible a uno de aquéllos que, en virtud de lo dispuesto en la fracción I del artículo 105 constitucional, puedan ser susceptibles de ser demandados en la controversia.

En este sentido, el legislativo federal está facultado para interponer el recurso en contra del decreto emitido por el Ejecutivo federal, pues dicho acto se estima inconstitucional.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de la honorable Comisión Permanente los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se solicita respetuosamente que la honorable Comisión Permanente promueva una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con base en lo dispuesto en el artículo 105, fracción I, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contra el decreto por el que se establecen las condiciones para la importación definitiva de vehículos usados, en el Diario Oficial de la Federación del 24 de diciembre del 2008, a fin de que nuestro máximo tribunal declare su nulidad por ser violatorio del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y, por tanto, el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Segundo. Gírense instrucciones a quien corresponda, a efecto de que se elabore e interponga el escrito de demanda de controversia constitucional en los términos anteriormente establecidos.

Notas: 1 Supremacía constitucional y ley suprema de la unión. Interpretación del artículo 133 constitucional. A partir de la interpretación del precepto citado, si aceptamos que las leyes del Congreso de la Unión, a las que aquél se refiere, corresponden, no a las leyes federales sino a aquéllas que inciden en todos los órdenes jurídicos parciales que integran al Estado mexicano y cuya emisión deriva de cláusulas constitucionales que constriñen al legislador para dictarlas, el principio de supremacía constitucional implícito en el texto del artículo en cita claramente se traduce en que la Constitución General de la República, las leyes generales del Congreso de la Unión y los tratados internacionales que estén de acuerdo con ella constituyen la ley suprema de la unión; esto es, conforman un orden jurídico superior, de carácter nacional, en el cual la Constitución se sitúa en la cúspide y, por debajo de ella, los tratados internacionales y las leyes generales. Amparo en revisión número 120/2002. Mc. Cain México, SA de CV. 13 de febrero de 2007. Mayoría de seis votos. Disidentes: José Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, José de Jesús Gudiño Pelayo y Juan N. Silva Meza. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretarios: Andrea Zambrana Castañeda, Rafael Coello Cetina, Malkah Nobigrot Kleinman y Maura A. Sanabria Martínez. El tribunal pleno, el 20 de marzo en curso, aprobó, con el número VIII/2007, la tesis aislada que antecede. México, Distrito Federal, a 20 de marzo de 2007. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época. Tomo XXV, abril de 2007. Página 6. Tesis aislada. 2 Tratados internacionales. Se sitúan jerárquicamente por encima de las leyes federales y en un segundo plano respecto de la Constitución federal. Persistentemente en la doctrina, se ha formulado la interrogante respecto a la jerarquía de normas en nuestro derecho. Existe unanimidad respecto de que la Constitución federal es la norma fundamental y que aunque en principio la expresión ``serán la ley suprema de toda la unión'' parece indicar que no sólo la Carta Magna es la suprema, la objeción es superada por el hecho de que las leyes deben emanar de la Constitución y ser aprobadas por un órgano constituido, como lo es el Congreso de la Unión y de que los tratados deben estar de acuerdo con la ley fundamental, lo que claramente indica que sólo la Constitución es la ley suprema. El problema respecto a la jerarquía de las demás normas del sistema ha encontrado en la jurisprudencia y en la doctrina distintas soluciones, entre las que destacan las siguientes: supremacía del derecho federal frente al local y misma jerarquía de los dos, en sus variantes lisa y llana, y con la existencia de leyes constitucionales, y la de que será ley suprema la que sea calificada de constitucional. No obstante, la Suprema Corte de Justicia considera que los tratados internacionales se encuentran en un segundo plano, inmediatamente debajo de la ley fundamental y por encima del derecho federal y el local. Esta interpretación del artículo 133 constitucional, deriva de que estos compromisos internacionales son asumidos por el Estado mexicano en su conjunto y comprometen a todas sus autoridades frente a la comunidad internacional; por ello, se explica que el constituyente haya facultado al presidente de la República a suscribir los tratados internacionales en su calidad de jefe de Estado y, de la misma manera, el Senado interviene como representante de la voluntad de las entidades federativas y, por medio de su ratificación, obliga a sus autoridades. Otro aspecto importante para considerar esta jerarquía de los tratados es la relativa a que en esta materia no existe limitación competencial entre la federación y las entidades federativas; esto es, no se toma en cuenta la competencia federal o local del contenido del tratado sino que por mandato expreso del propio artículo 133 el presidente de la República y el Senado pueden obligar al Estado mexicano en cualquier materia, independientemente de que para otros efectos ésta sea competencia de las entidades federativas. Como consecuencia de lo anterior, la interpretación del artículo 133 lleva a considerar en un tercer lugar al derecho federal y al local en una misma jerarquía, en virtud de lo dispuesto en el artículo 124 de la ley fundamental, el cual ordena que ``las facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales se entienden reservadas a los Estados''. No se pierde de vista que, en su anterior conformación, este máximo tribunal había adoptado una posición diversa en la tesis P. C/92, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, número 60, correspondiente a diciembre de 1992, página 27, de rubro ``Leyes federales y tratados internacionales tienen la misma jerarquía normativa''. Sin embargo, este tribunal pleno considera oportuno abandonar tal criterio y asumir el que considera la jerarquía superior de los tratados incluso frente al derecho federal. Amparo en revisión 1475/98. Sindicato Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo. 11 de mayo de 1999. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: Antonio Espinoza Rangel. El tribunal pleno, en su sesión privada celebrada el 28 de octubre en curso, aprobó, con el número LXXVII/1999, la tesis aislada que antecede, y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a 28 de octubre de 1999. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época. Tomo X, noviembre de 1999. Página 46. Tesis aislada. 3 Tratados internacionales. Son parte integrante de la ley suprema de la unión y se sitúan jerárquicamente por encima de las leyes generales, federales y locales. Interpretación al artículo 133 constitucional. La interpretación sistemática al artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos permite identificar la existencia de un orden jurídico superior, de carácter nacional, integrado por la Constitución federal, los tratados internacionales y las leyes generales. Asimismo, a partir de dicha interpretación, armonizada con los principios de derecho internacional dispersos en el texto constitucional, así como con las normas y premisas fundamentales de esa rama del derecho, se concluye que los tratados internacionales se sitúan jerárquicamente abajo de la Constitución federal y por encima de las leyes generales, federales y locales, en la medida en que el Estado mexicano al suscribirlos, de conformidad con lo dispuesto en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados entre los Estados y Organizaciones Internacionales o entre Organizaciones Internacionales y, además, atendiendo al principio fundamental de derecho internacional consuetudinario pacta sunt servanda, contrae libremente obligaciones frente a la comunidad internacional que no pueden ser desconocidas invocando normas de derecho interno y cuyo incumplimiento supone, por lo demás, una responsabilidad de carácter internacional. Amparo en revisión número 120/2002. Mc. Cain México, SA de CV. 13 de febrero de 2007. Mayoría de seis votos. Disidentes: José Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, José de Jesús Gudiño Pelayo y Juan N. Silva Meza. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretarios: Andrea Zambrana Castañeda, Rafael Coello Cetina, Malkah Nobigrot Kleinman y Maura A. Sanabria Martínez. El tribunal pleno, el 20 de marzo en curso, aprobó, con el número IX/2007, la tesis aislada que antecede. México, Distrito Federal, a 20 de marzo de 2007. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época. Tomo XXV, abril de 2007. Página 6. Tesis aislada.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Se turna a la Primera Comisión.

Se recibió de la senadora María de Lourdes Rojo el punto 37, el cual se pospone.

TASAS DE INTERES BANCARIAS

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Se recibió del diputado Martín Malagón Ríos, del Grupo Parlamentario del PAN, punto de acuerdo para que se exhorte al Banco de México, al Ejecutivo federal y a las instituciones de crédito del usuario de los servicios financieros en materia de tasas de interés.

El Secretario diputado José Rubén Escajeda Jiménez : «Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al Banco de México, al Ejecutivo federal, a las instituciones de crédito y a los usuarios de servicios financieros en materia de tasas de interés, suscrita por el diputado Martín Malagón Ríos , del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, diputado Martín Malagón Ríos , integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

A finales del año 2007 y a lo largo del 2008, los organismos y autoridades financieras internacionales han alertado sobre la difícil situación financiera que las diversas economías, tanto desarrolladas como emergentes, comienzan a resentir. No en vano el Fondo Monetario Internacional advierte sobre la desaceleración de la economía mundial producto del shock más peligroso que haya afectado a los mercados financieros desarrollados desde los años treinta.

En este contexto, las autoridades de los diversos países afrontan el reto de estabilizar las condiciones financieras de sus economías durante el período de desaceleración, es por esto que se deben identificar aquellos posibles focos rojos que puedan derivar en una crisis que afecte a un amplio sector de la población.

En el caso de México, si bien es cierto que existe una avanzada regulación en materia financiera, aún existen áreas susceptibles de mejorar y que pueden contribuir al fortalecimiento de nuestra capacidad de respuesta ante el deterioro económico internacional, tales como los niveles de ahorro y financiamiento.

En este sentido, las tasas de interés son de especial importancia dado que, en parte, reflejan el costo del financiamiento y a la vez incentivan, o en su caso inhiben, los niveles de ahorro e inversión en una economía.

Sin embargo, el diferencial entre la tasa de interés que pagan las instituciones financieras a los ahorradores (tasa pasiva) y la que cobran por los préstamos otorgados (tasa activa), en el caso de México, resulta realmente elevado si lo comparamos en el ámbito internacional, pues mientras que en el período 2000 a 2005, en promedio, Corea mostró un diferencial de 1.7 puntos porcentuales, España 2.0, Chile 4.1, Sudáfrica 4.9 y Panamá 5.3, en México se observaron 5.8 puntos porcentuales ¹ , estimándose que al cierre del 2007 fue del orden de 5 puntos porcentuales ² .

Este elevado diferencial deja al descubierto que en México realmente existen pocos incentivos para ahorrar y, a la vez, el financiamiento resulta muy costoso.

Como muestra, si observamos la tasa de interés de diversos instrumentos bancarios se observa que ésta, en promedio, va del 1.13 al 7.73 por ciento anual ³ , hecho que contrasta con las relativas al crédito al consumo, pues por ejemplo, la tasa promedio anual de las tarjetas de crédito bancario se localiza en un 41.78 por ciento, mientras que las referentes a los créditos hipotecarios, en promedio, son del 12.55 por ciento.

Ante estos diferenciales de tasas de interés, las instituciones financieras poco contribuyen a ser impulsoras de los sectores productivos, dado que, al otorgar pocos incentivos para el ahorro, se reduce la cantidad de recursos disponibles para financiar el desarrollo económico del país.

Sin embargo, éste no es el único problema que se genera, pues las instituciones financieras y demás entidades que otorgan financiamiento, al cobrar elevadas tasas de interés favorecen el incremento de la cartera vencida producto de que los créditos otorgados muchas veces se vuelven impagables, no por el monto inicial de éstos, sino por la acumulación de elevados intereses, lo que puede representar una fuente de inestabilidad tanto para el sector público como para el privado.

En los últimos meses, las elevadas tasas de interés, en conjunto con otros factores han incrementado el índice de morosidad ⁴ , pues por ejemplo, en el mes de noviembre de 2008, en la cartera de crédito al consumo este índice, en promedio, fue del 8.49 por ciento, sin embargo, si observamos la cartera de crédito al consumo a través de tarjetas de crédito la morosidad se localizó en el 10.32 por ciento ⁵ .

Según el Banco de México, la morosidad del crédito al consumo ha sido resultado, entre otros, de la estrategia seguida por algunos bancos para atender a sectores de la población considerados de mayor riesgo y sobre los que en algunos casos, no existía información crediticia previa, pero también al otorgamiento de tarjetas de crédito a consumidores que ya disponen de éstas, aumentos en las líneas de crédito y reducciones en el pago mínimo mensual.

De esta manera, diversos factores se conjuntan y generan elevadas tasas de de interés que derivan en una mayor morosidad, hecho que como legislador y como usuario de los servicios financieros me preocupa, de ahí que acudo ante esta representación popular para manifestar mi inquietud y solicitar se exhorte a los diversos actores del sistema financiero mexicano con la finalidad de buscar la reducción de las tasas de interés para impulsar el financiamiento bajo condiciones más favorables, sin poner en riesgo al sistema financiero y evitando que la población de bajos ingresos quede fuera de los servicios financieros.

Por lo anteriormente expuesto, pongo a consideración de la honorable Comisión Permanente el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se hace un respetuoso exhorto al Banco de México para que, de manera urgente, en el marco de sus atribuciones y con base en su autonomía, emita disposiciones de carácter general que favorezcan la reducción del diferencial de las tasas de interés.

Segundo. Se exhorta al Banco de México para que, en un plazo no mayor a sesenta días a partir de la publicación de este exhorto, informe a esta Cámara de Diputados sobre las políticas y actividades realizadas por la institución para regular las tasas de interés.

Tercero. De la manera más atenta se exhorta al Ejecutivo federal para que estudie, implante y evalúe programas de educación encaminados a formar a los usuarios de los servicios financieros para que éstos tengan los elementos para comparar, analizar y decidir sobre las diversas opciones existentes en el mercado, con el objeto de que obtengan las mejores condiciones crediticias.

Cuarto. Se exhorta a las instituciones financieras para que se sensibilicen ante el entorno financiero adverso y reduzcan las tasas de interés que cobran por los créditos, a partir del reconocimiento del costo de los recursos que captan y la diferenciación del nivel de riesgo que los diversos clientes les representan.

Quinto. Se exhorta a los usuarios de los servicios financieros a analizar y comparar las diversas opciones tanto de ahorro como de crédito con la finalidad de que obtengan aquéllas condiciones más favorables acorde a sus características y capacidad financiera.

Notas: 1 Datos tomados del Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2008-2012. 2 Cabe señalar que para la determinación del diferencial de las tasas de interés se emplean las tasas relativas a los diversos créditos, por ejemplo las relativas a crédito al consumo, hipotecario y empresarial, así también las de los diversos instrumentos de ahorro. 3 Tasas de interés al mes de octubre de 2008, de acuerdo al Banco de México. 4 Índice de Morosidad igual a cartera vencida sobre la cartera total. 5 CNBV (noviembre 2008). Boletín Estadístico, Banca Múltiple, Cartera de Crédito y Captación.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Túrnese a la Tercera Comisión.

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION, 2009

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Se recibió del señor diputado Carlos Altamirano Toledo, del Grupo Parlamentario del PRD, punto de acuerdo para exhortar a las dependencias del Ejecutivo federal a que ejecuten las obras y acciones señaladas en el decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2009.

El Secretario diputado José Rubén Escajeda Jiménez : «Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a las dependencias del Ejecutivo federal a ejecutar las obras y acciones señaladas en el decreto del Presupuesto de Egresos para 2009, a cargo del diputado Carlos Altamirano Toledo , del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LX Legislatura, con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política Mexicana; y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a esta soberanía proposición con punto de acuerdo, conforme a las siguientes

Consideraciones

El decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación representa más que un listado de obras y acciones; el acuerdo regional que por medio de los diputados federales, orienta la inversión y los programas públicos.

Toda vez que el decreto ya fue publicado en Diario Oficial de la Federación (el 28 de noviembre del 2008) lo que corresponde es su aplicación.

En esa circunstancia, la motivación del presente punto es doble.

Por una parte, que el decreto no sufra modificaciones en las obras y acciones que los legisladores incluimos a petición de distintos niveles de gobierno y en beneficio de las comunidades.

Lo anterior obedece a que hemos tenido noticias de que, por ejemplo, en Oaxaca se intenta violar lo dispuesto en el decreto, unificando y mezclando recursos de diversos proyectos deportivos y culturales.

En este punto es importante tener presente que el gobierno federal debe hacer valer su anuncio de ejecutar sin modificaciones el presupuesto aprobado y que, además, las inversiones públicas no sólo beneficiarán por la obra pública ejecutada sino también significan un estímulo a la economía de las comunidades.

Por otra parte, por el impacto y monto de los proyectos, lo conveniente es que sean las mismas autoridades municipales las que los realicen.

Puede ser que los municipios no tengan la capacidad para ejecutar grandes proyectos que requieren una planeación o perspectiva global; pero sin duda son los más indicados para realizar los proyectos e inversiones de impacto regional que, en muchos casos, ellos mismos gestionaron y promovieron en distintos ramos del presupuesto, presentando los estudios pertinentes a las autoridades federales

De esta forma, considero oportuno comunicarle al gobierno federal nuestro interés en prevenir retrasos o modificaciones a los proyectos, así como alentar la suscripción de los mecanismos legales necesarios para que sean las autoridades municipales quienes realicen los proyectos de inversión destinados a sus comunidades.

Por lo anteriormente expuesto, solicito a esta soberanía tenga a bien aprobar la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La del Congreso de la Unión exhorta a las dependencias del Ejecutivo federal a que ejecuten sin variaciones las obras y acciones señaladas en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación 2009, en beneficio de las entidades federativas, y que sean las autoridades municipales quienes las realicen.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Túrnese a la Tercera Comisión.

LUCIA ANDREA MORETT ALVAREZ

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Se recibió del mismo diputado, don Carlos Altamirano Toledo, punto de acuerdo para exhortar a la Procuraduría General de la Repúblicaa que declare el no ejercicio de la acción en contra de Lucía Andrea Morett Álvarez, suscrito por varios diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PRD.

El Secretario diputado José Rubén Escajeda Jiménez : «Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la PGR a declarar el no ejercicio de la acción en contra de Lucía Andrea Morett Álvarez, a cargo del diputado Carlos Altamirano Toledo y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRD

Los que suscriben, diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido la Revolución Democrática a la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los diversos numerales 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de esta soberanía, como asunto de urgente u obvia resolución, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

1. El primero de marzo de 2008, a las 00:30 horas, aproximadamente, el ejército colombiano atacó con bombas de fragmentación y misiles de alto poder un campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), situado en la provincia de Sucumbíos, a dos kilómetros de la frontera colombo-ecuatoriana, en las cercanías del río San Miguel y la localidad de Granada, en territorio Ecuatoriano.

Posteriormente, entre la 1:00 y las 3:00 horas de la madrugada, tropas colombianas aerotransportadas fueron desembarcadas en el lugar y remataron a personas heridas, retiraron cadáveres y aparatos de comunicación. Permanecieron unas doce horas y se retiraron a territorio colombiano.

2. Como resultado de ese ataque murieron alrededor de 24 personas, entre las cuales se encuentran 4 estudiantes mexicanos: Verónica Natalia Velázquez Ramírez, Juan González del Castillo, Fernando Franco Delgado, Soren Ulises Avilés Ángeles, y al menos tres resultaron heridas, entre ellas Lucía Andrea Morett Álvarez.

Los estudiantes mexicanos se encontraban en ese lugar con el propósito de realizar investigaciones sobre la problemática político-social en esa región.

3. El 25 de marzo del año en curso, el licenciado José Antonio Ortega Sánchez, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Justicia Penal AC, y Guillermo Velasco Arzac, presidente de Mejor Sociedad Mejor Gobierno AC, presentaron ante la Procuraduría General de la República una denuncia de hechos en contra de quien resulte responsable de diversos ilícitos, a la cual se le asignó el número PGR/SIEDO/UEITA/028/2008, misma que ratificó, el pasado 11 de abril, y en la que involucra a Lucía, conjuntamente con los estudiantes fallecidos en el ataque del ejército colombiano a territorio ecuatoriano.

La Procuraduría General de la República inició de oficio otra averiguación previa en la que se investiga la probable comisión de delitos en contra de mexicanos en el extranjero, la cual hasta el momento no ha presentado ningún avance; y ni la representación social de la federación ha realizado actuación alguna que busque salvaguardar los derechos de Lucía o los familiares de nuestros connacionales asesinados en Sucumbíos, como víctimas de diversos delitos.

4. A diez meses sobrevivido al avieso ataque en Ecuador, Lucía Morett regresó a México en diciembre pasado, después de que la Procuraduría General de la República no encontrara ningúna prueba de las imputaciones formuladas en su contra, pero sin que determinara el cierre de la indagatoria que pesa sobre ella; situación que constituye un terrible atentado en contra de los derechos humanos de Lucía, pues la ubica en una situación de zozobra e incertidumbre continua; es en el reconocimiento de la inocencia de Lucía en donde el Ministerio Público de la Federación también se ha visto omiso.

5. El 5 de enero pasado trascendió en diversos medios de comunicación que el Fiscal General de Ecuador, Washington Pesantes, señaló que su oficina había iniciado ya los trámites para peticionar al gobierno mexicano la extradición de Lucía hacía su país; en el cual un juez local de la provincia de Sucumbíos había dictado, en contra de esta última, una orden de llamamiento a juicio por la probable comisión del delito de atentar en contra de la seguridad interior del Estado ecuatoriano. Ésta resolución judicial contraviene la firme actitud del presidente Rafael Correa, quien desde abril de 2008 señaló que Lucía no había cometido delito alguno.

6. Más allá de que Lucía no ha cometido ningún delito, la acusación que sobre ella pesa tiene un carácter esencialmente político y ese es la naturaleza del injusto penal que se le imputa. Este último hecho hace improcedente la petición de extradición en términos de lo que dispone el tratado que sobre la materia tiene celebrado nuestro país con la República de Ecuador.

7. Así, Lucía es víctima de una persecución política en la que el gobierno mexicano debe exigir y velar con toda firmeza por el respeto a los derechos humanos de Lucía Morett, considerando que las acusaciones en su contra tienen motivaciones políticas y que la resolución del juez local de Sucumbíos en la que requiere a la propia Lucía, no representa la postura oficial del gobierno ecuatoriano.

Por todo lo anterior, ponemos a la consideración de esta asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso Unión de los Estados Unidos Mexicanos exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de la República a que declare el no ejercicio de la acción en contra de Lucía Andrea Morett Álvarez dentro de la averiguación previa PGR/SIEDO/UEITA/028/2008 por no existir prueba alguna en contra, y con la finalidad de salvaguardar sus garantía de libertad y seguridad jurídica.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso Unión de los Estados Unidos Mexicanos exhorta respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores a que respete los derechos humanos y las garantías de seguridad jurídica de Lucía Andrea Morett Álvarez, negando la posible petición de extradición del gobierno ecuatoriano, considerando que la acusación que pesa sobre ella es de carácter esencialmente político.

Tercero. Se solicita a la Secretaría de Relaciones Exteriores realizar una exhaustiva investigación y las acciones diplomáticas correspondientes, para esclarecer los homicidios de los ciudadanos mexicanos Verónica Natalia Velázquez Ramírez, Juan González del Castillo, Fernando Franco Delgado y Soren Ulises Avilés Ángeles que perecieron en Ecuador en marzo pasado.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Túrnese a la Primera Comisión.

PRECIO DEL GAS NATURAL

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Se recibió de la diputada Eva Sánchez Valdez, punto de acuerdo por el que exhorta al Ejecutivo federal a que incluya en el Acuerdo Nacional de Defensa de la Economía Familiar y del Empleo el gas natural, a fin de que fije un precio único para todo 2009.

El Secretario diputado José Rubén Escajeda Jiménez : «Proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo federal a incluir el gas natural en el Acuerdo Nacional en Defensa de la Economía Familiar y del Empleo y a fijar un precio único para todo 2009, suscrita por la diputada Eva Sánchez Valdez, del Grupo Parlamentario del PRD

La diputada federal Eva Sánchez Valdez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LX Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía punto de acuerdo, fundado en los siguientes antecedentes y consideraciones.

Antecedentes

1. El 7 de enero del presente año, el titular del Ejecutivo federal presentó el Acuerdo Nacional en favor de la Economía Familiar y el Empleo, en Palacio Nacional ante integrantes del Poder Legislativo, Poder Judicial, la Conferencia Nacional de Gobernadores, presidentes municipales, líderes empresariales, sindicales y sociales.

El acuerdo se encuentra dividido en cinco ejes rectores que a su vez se dividen en puntos a ejecutar.

El segundo eje rector considera en las medidas uno y dos, ``congelar'' el precio de las gasolinas durante todo el año y reducir el precio del Gas LP en un diez por ciento y mantenerlo así el resto del año 2009.

Sin duda debemos señalar que existieron promesas de campaña donde el ahora titular del ejecutivo, se comprometió que de ser electo presidente de los Estados Unidos Mexicanos, bajaría los precios de los energéticos destinados al consumo de las familias mexicanas: luz, gas, gasolina, etc. La obviedad no se juzga los precios aumentaron, algunos hasta en 35 por ciento.

2. Es pertinente destacar que el día 4 de noviembre de 2008, el Presidente Legítimo de México, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, entregó ante los diputados federales del Frente Amplio Progresista, en el salón de protocolo del Palacio de San Lázaro de la Cámara de Diputados, el Programa para la Defensa de la Economía Popular. Acciones en materia presupuestaria. En dicho texto, en el punto 16, estableció: ``Deben bajarse de inmediato los precios de las gasolinas, el diesel, el gas y la energía eléctrica''.

Dicha petición anticipó lo que ahora el gobierno federal y este Congreso de la Unión se resistía a reconocer: la crisis financiera en los Estados Unidos de América y en consecuencia la crisis económica que ahora se encuentra afectando directamente el poder adquisitivo de las clases económico-sociales paupérrimas de la república.

3. Ahora bien, el acuerdo nacional propuesto por el titular del Ejecutivo federal se encuentra limitado para resolver la crisis que se padece por los hogares mexicanos, sigue sin atender de forma integral la falta de poder adquisitivo y su recuperación, el sector agropecuario y su abandono; y recientemente el aumento al diesel de uso marítimo.

Ante lo anterior también consideramos que el ``acuerdo'' deja inatendible lo concerniente al consumo de gas natural por millones de familias mexicanas.

4. En 1996, el gobierno mexicano mediante una reforma constitucional en materia de gas, inicio a proveer el consumo industrial y doméstico del gas natural, entre otras consideraciones porque a) México es uno de los principales productores de este energético; b) existen reservas importantes de este energético en nuestro país; c) es un combustible que no contiene azufre ni plomo, ni produce partículas suspendidas en el ambiente.

Por estas consideraciones se promovió el uso del energético en millones de hogares mexicanos.

5. La Asociación Mexicana de Gas Natural, AC, establece que la distribución de este energético en nuestro país asciende casi a un millón y medio de casas habitación donde se beneficia su consumo a cerca de seis millones de mexicanos.

Debemos establecer que la crisis económica-social que existe en nuestra patria, afecta directamente a los extractos sociales más pobres pero que no deja de afectar a las clases medias a quienes en estos procesos de crisis económica afecta directamente su estabilidad y nivel económico de vida.

6. Debido a la devaluación que afecta al peso mexicano desde el mes de septiembre y octubre del 2008 debido al acaparamiento de dólares por algunas empresas traidoras a la economía mexicana (la Cámara de Diputados aprobó exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, publicitar el nombre de las empresas que se beneficiaron en esta conducta delictiva), a enero de 2009, se estima que el valor cambiario frente al dólar americano asciende a 28 por ciento.

Debemos señalar que la devaluación del peso mexicano frente al dólar americano se ha cotizado de forma escandalosa y preocupante en el mes de enero, hasta en 14 pesos con 50 centavos por dólar en las casas de cambio del aeropuerto internacional de la Ciudad de México. En consecuencia se profundiza el aumento del precio de gas natural debido a los índices y fórmulas con las que se determina el valor de dicho energético.

7. La Comisión Reguladora de Energía, fijó el precio de gas natural para el mes de enero del presente año en 5.147 dólares por millón de BTU equivalentes a 4.878 dólares por gigajoules.

Que el cálculo del costo mensual del gas natural distribuido en México se hace con base en la fórmula establecida en el resolutivo segundo de la Resolución 046/2005 y con referencia en los siguientes indicadores:

Como observamos, la cotización de la venta del gas natural se establece a partir de índices y precios de referencia de empresas del sur de los Estados Unidos de América como lo es la tasa de referencia del sur de Texas.

Con base en lo expuesto consideramos:

Por lo expuesto, sometemos a consideración de la del Congreso de la Unión la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La del Congreso de la Unión, con pleno de respeto de su soberanía, exhorta al titular del Ejecutivo federal a incluir en el Acuerdo Nacional en Defensa de la Economía Familiar y del Empleo el gas natural, para que fije un precio único para todo 2009 y se le equipare el trato con el gas LP.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Túrnese a la Tercera Comisión.

EDUCACION PREESCOLAR

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Se recibió de los diputados Valentina Batres Guadarramay Gerardo Villanueva Albarrán, del Grupo Parlamentario del PRD, punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Educación Públicaa que prorrogue la aplicación del Acuerdo 358 que establece el Programa Especial 2005-2009, para la acreditación de la educación preescolar en elDistrito Federal.

El Secretario diputado José Rubén Escajeda Jiménez : «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la titular de la SEP a prorrogar la aplicación del acuerdo 358, que establece el Programa Especial 2005-2009 para la acreditación de la educación preescolar en el Distrito Federal, suscrita por los diputados Valentina Valia Batres Guadarrama y Gerardo Villanueva Albarrán , del Grupo Parlamentario del PRD

Los suscritos, Valentina Valia Batres Guadarrama y Gerardo Villanueva Albarrán , diputados federales a la LX Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos presentan la siguiente proposición con puntos de acuerdo, a fin de que esta soberanía exhorte a la secretaria de Educación Pública (SEP), Josefina Vázquez Mota, a prorrogar la aplicación del acuerdo número 358, ``Por el que se establece el programa especial 2005-2009 para la acreditación de la educación preescolar que reciben los niños que asisten a centros comunitarios de atención a la infancia en el Distrito Federal'', publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 3 de junio de 2005.

Para el efecto, basamos la presente petición en los siguientes

Antecedentes

I. El 12 de noviembre de 2002 se publicó en el DOF el decreto mediante el cual se adicionan y reforman los artículos 3o. y 31 constitucionales para establecer la obligatoriedad de la educación preescolar, para efecto de que paulatinamente se diera cumplimiento a tal disposición, el artículo quinto transitorio señala: ``... para el ciclo escolar 2004-2005 será obligatorio cursar el tercer año de educación preescolar, el segundo año de preescolar, a partir del ciclo 2005-2006 y el primer año de preescolar, a partir del ciclo 2008-2009, y que en los plazos señalados, el Estado mexicano habrá de universalizar en todo el país, con calidad, la oferta de este servicio educativo.

II. El artículo sexto transitorio del decreto citado dispone que en las zonas en donde no haya sido posible establecer la infraestructura para la prestación del servicio de educación preescolar, las autoridades educativas federales, en coordinación con las locales, establecerán los programas especiales que se requieran y tomarán las decisiones pertinentes para asegurar el acceso de los educandos a los servicios de educación primaria.

III. El 3 de junio de 2005 fue publicado en el DOF el acuerdo número 358, ``Por el que se establece el Programa Especial 2005-2009 para la acreditación de la educación preescolar que reciben los niños que asisten a centros comunitarios de atención a la infancia en el Distrito Federal'', con el objetivo de acreditar la educación preescolar de los niños que asisten a los centros comunitarios, a efecto de garantizar su acceso a la educación primaria, en los términos que establece el artículo 3o. constitucional y la Ley General de Educación. Dicho acuerdo señala que ``se entiende por centros comunitarios los establecimientos en el Distrito Federal que, sin fines de lucro, prestan a niños menores de seis años servicios de custodia, alimentación, hospedaje, en su caso, salud y enseñanza, identificados por la población''.

IV. El artículo segundo transitorio del acuerdo 358 establece: ``Los centros comunitarios que a la entrada en vigor del presente acuerdo se encuentren prestando servicios de educación preescolar, deberán proporcionar a la SEP la información y documentación mencionada en este acuerdo, dentro de los noventa días siguientes a la entrada en vigor del mismo, en las oficinas de la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal''.

V. En el artículo tercero transitorio del multicitado acuerdo se estableció que la vigencia del mismo será hasta antes del inicio del ciclo escolar 2009-2010.

VI. A fin de dar cumplimiento a lo establecido en el acuerdo 358, los centros comunitarios han realizado diversas acciones para dar cabal observancia a la reforma constitucional, sin embargo se han enfrentado con diversas circunstancias que han impedido la conclusión.

VII. Por todo lo anterior y a fin de asegurar el acceso y la continuidad de los educandos a los servicios de educación preescolar y primaria es que se hace necesario que este programa, descrito en el acuerdo número 258 de la SEP, cuya prórroga se solicita, se inscriba en el marco que dispone dicho precepto constitucional, toda vez que el Programa Especial establece lineamientos específicos para que los niños que asisten a centros comunitarios reciban un servicio educativo acorde con los principios pedagógicos conforme a los que operan los planteles educativos, previendo que se preserve ante todo, su integridad física y psicológica, además de que se garantice la acreditación de la educación preescolar.

Por lo expuesto, sometemos a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La del Congreso de la Unión exhorta a la secretaria de Educación Pública, Josefina Vázquez Mota, a prorrogar la aplicación del acuerdo número 358, ``Por el que se establece el Programa Especial 2005-2009 para la acreditación de la educación preescolar que reciben los niños que asisten a centros comunitarios de atención a la infancia en el Distrito Federal'', publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de junio de 2005, toda vez que éste ha reportado buenos resultados y que, de no hacerlo, los centros comunitarios no podrían impartir educación preescolar, deparando un grave perjuicio a los usuarios de estos centros, que a falta de infraestructura de la SEP, son utilizados con excelentes resultados.

Segundo. La del Congreso de la Unión exhorta a la secretaria de Educación Pública, Josefina Vázquez Mota, a establecer mesas de trabajo con los titulares de los centros comunitarios que operan actualmente en el Distrito Federal al amparo del acuerdo número 358 de la SEP y la Secretaría de Educación del Gobierno del Distrito Federal, a fin de que se busque una solución que beneficie la educación preescolar en el Distrito Federal.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Túrnese a la Segunda Comisión.

PODER EJECUTIVO FEDERAL

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Se recibió de varios diputados de los Grupos Parlamentarios del PRD, Convergencia y Alternativa, punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a abstenerse de actos públicos de proselitismo religioso, y transparentar en la organización del Encuentro Mundial de las Familias 2009 si se utilizaron recursos públicos.

El Secretario diputado José Rubén Escajeda Jiménez : «Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a abstenerse de hacer proselitismo religioso en los actos públicos y a trasparentar si en la organización del Encuentro Mundial de las Familias 2009 se utilizaron recursos públicos, suscrita por integrantes de los Grupos Parlamentarios del PRD, de Convergencia y de Alternativa

Los suscritos, diputados federales integrantes del Grupo Parlamentario de Convergencia, Partido Socialdemócrata, y Partido de la Revolución Democrática, de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 43, 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, con base en los siguientes

Considerandos

Ante esta máxima tribuna de la nación, venimos a expresar nuestro extrañamiento, nuestra más enérgica protesta y preocupación, por la participación del titular del Ejecutivo al inaugurar el Encuentro Mundial de las Familias, e ir más allá de una mera cortesía de dar la bienvenida o inaugurar un acto religioso de ésta magnitud; ya que en este evento, el titular del Ejecutivo fijó su posición respecto a la familia, la violencia y la desigualdad social, no como un jefe de Estado, sino a partir de los valores morales de una iglesia en la cual milita, al afirmar que los divorcios recogidos en la legislación civil propician la desintegración familiar y esto provoca la proliferación de individuos que recurren a la violencia, olvidando que son la falta de educación, el desempleo y los desequilibrios económicos que durante más de tres décadas han sumido a nuestro país en la pobreza.

La mencionada actitud es inadmisible en una sociedad democrática, ya que ignora de manera deliberada que nuestro país es una nación plural y multireligiosa. Con esta acción irresponsable, se menoscaban la libertad del derecho a la educación, de creencia, de conciencia, pensamiento e ideología y discrimina arbitrariamente a las otras iglesias, religiones y a quienes a partir de su cosmovisión y construcción cultural propia de la naturaleza del México del siglo XXI, perciben los valores desde otra perspectiva educativa, social, ideológica, política y religiosa.

Con esta actitud, el titular del Ejecutivo y los funcionarios que acudieron con la investidura oficial en horas de trabajo, sin ser esta una labor inherente a la función pública, vulneraron de manera dolosa los preceptos constitucionales que dan sustento al estado de derecho y las libertades en nuestro país, esencialmente los artículos 24 y 130 constitucionales y los artículos 1, 3 y 29, fracción X, de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público; este último artículo, cobra mayor relevancia cuando de manera pública en un acto religioso ataviados con sus prendas litúrgico-religiosas, se opusieron descalificando de manera prepotente los preceptos de las leyes del país, emanadas de la soberanía popular, así como a las instituciones que dan normalidad al funcionamiento histórico de la vida nacional, en específico el presidente del episcopado mexicano Carlos Aguirre Retes y Norberto Rivera Carrera, entre otros.

Por lo anterior, ésta soberanía, en el uso de sus facultades, y en coordinación con las instituciones cuya atribución sea procedente, solicita se de cumplimiento al artículo 108 constitucional y a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, a fin de garantizar los objetivos democráticos y de respeto a la sociedad en su conjunto de la función pública.

En éste sentido, para evitar éstas anomalías en lo sucesivo, se les exhorta a cumplir con lo mandatado en el artículo 24 constitucional, el cual establece que: ``Los actos religiosos de culto público, se celebrarán ordinariamente en los templos. Los que extraordinariamente se celebren fuera de éstos se sujetarán a la ley reglamentaria'', con lo cual, quedan claras las faltas e infracciones a los artículos 1, 3 y 29 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, en los que incurrieron el titular del Ejecutivo, los funcionarios y los líderes religiosos.

En este sentido, el contenido del artículo primero y tercero de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público establecen que: ``La presente ley, fundada en el principio histórico de la separación del Estado y las iglesias, así como en la libertad de creencias religiosas, es reglamentaria de las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de asociaciones, agrupaciones religiosas, iglesias y culto público, al establecer de manera clara que sus normas son de orden público y de observancia general en el territorio nacional...''; bajo esta lógica, en su artículo tercero expresa claramente que ``El Estado mexicano es laico. El mismo ejercerá su autoridad sobre toda manifestación religiosa, individual o colectiva, sólo en lo relativo a la observancia de las leyes, conservación del orden y la moral pública y la tutela de los derechos de terceros'', siendo aún más específica para evitar su inobservancia, cuando ordena que ``El Estado no podrá establecer ningún tipo de preferencia o privilegio en favor de religión alguna''. Tampoco de ``ninguna iglesia ni agrupación religiosa''.

Respecto a las faltas graves señaladas en la citada ley, está permitir que los distintos conferencistas y los clérigos nacionales e internacionales, los funcionarios y el titular del Ejecutivo, se manifestaran en contra de los principios de las leyes que dan sustento al sistema jurídico mexicano al expresar que sólo con los principios y normas morales de dicha iglesia, se pueden mejorar las condiciones del país, al afirmar que quienes no profesan sus creencias manifiestan comportamientos antisociales; dichas suposiciones son claramente ignorantes de la verdadera realidad que padece nuestra nación, ya que se ha culpado a las mujeres de la violencia existente en su contra por ``vestir de manera indecente''; se pronunciaron abiertamente por la discriminación y exclusión social de las diversas formas de familia existentes, la libertad en la procreación y el espaciamiento de los hijos, la condena al divorcio, la diversidad sexual, la laicidad del Estado y la educación impartida en las escuelas públicas, contraviniendo abiertamente el artículo 3º constitucional.

Lo anterior, deja en claro la visión retrógrada y regresiva de su jerarquía eclesiástica en materia de derechos humanos, con el consentimiento por omisión del Ejecutivo y las instancias responsables en la Secretaría de Gobernación de mantener el orden, además de pretender imponer con un despliegue y despilfarro de recursos en los medios electrónicos y los informativos en horarios triple a la visión de una sola iglesia del mundo. Por ello, lo antes mencionado es violatorio del artículo 130 constitucional, donde se establece claramente la separación del Estado y las iglesias.

Históricamente el mandato soberano del pueblo, ha propugnado por el respeto a la libertad de creencia y de conciencia; pues a partir de estos principios, se han consolidado diversas libertades de la sociedad mexicana afectadas en el Encuentro Mundial de las Familias 2009; sin embargo, a pesar de la visones fundamentalistas y regresivas que son inherentes a todas las visones dogmáticas radicales de las creencias religiosas o políticas, nuestro país seguirá garantizando su derecho de asociación y de culto siempre y cuando se apegue al estado de derecho.

Lo anterior, plantea que los funcionarios que incumplieron con estos mandatos deberán ser responsables de sus actos y sancionados conforme a lo establecido en el artículo 108 constitucional y lo establecido en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

Lo antes expuesto y fundado, se agrava sí algunas instituciones del Ejecutivo federal aportaron recursos públicos para la realización de dicho encuentro; más aún sí se trata del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia que tiene entre sus tareas concretas el apoyo a la niñez y la familia sin distinción alguna, lo que de acuerdo a sus fines seria una distorsión grave de sus funciones, ya que estaría imponiendo valores, una religión y visión del mundo ignorando la diversidad de las familias existentes en nuestro país.

Con fundamento en todo lo anterior, nos pronunciamos por la búsqueda compartida de la solución de los problemas sociales como la igualdad entre hombres y mujeres por encima de los prejuicios, dogmas o creencias religiosas de sometimiento y abnegación de las mujeres; crear e impulsar políticas de Estado en favor de una vida libre de violencia; respeto a las diversas formas de organización familiar; el respeto a las diversas formas de expresión social, cultural, política y religiosa; el respeto al derecho a decidir sobre el número y espaciamiento de los hijos; el respeto a los derechos humanos específicos, la dignidad de las mujeres y a no ser vista como un ser meramente reproductivo de la humanidad; así como impulsar el análisis serio y el manejo ético de las nuevas relaciones de la humanidad.

En un ejercicio democrático, ante esta soberanía, expresamos nuestra más profunda indignación, porque con estas actitudes por ignorancia o estrategia, se busca polarizar a la sociedad y es evidente que todavía falta mucho por hacer para que el Ejecutivo garantice la autonomía de las instituciones frente a las normas, reglas, convicciones religiosas e ideológicas.

Por todo lo anterior, solicitamos a esta soberanía que se tomen las medidas pertinentes y correctivas que eviten polarizaciones sociales por estas razones, ya que los fundamentalismos en cualquiera de sus manifestaciones distorsionan el buen funcionamiento, la gobernabilidad y la normalidad social; así mismo, nos manifestamos por buscar los mecanismos pertinentes para que el Ejecutivo gobierne para todo el pueblo sin discriminación alguna y se consoliden la igualdad y las libertades de la sociedad, ya que su obligación principal consiste en gobernar para la pluralidad de la sociedad mexicana; por tanto está obligado a fortalecer el Estado laico en beneficio del pueblo de México al que juró obedecer. Resta decir que debemos actuar con firmeza y la razón histórica de nuestras leyes para consolidar una nación abierta y tolerante a la riqueza de las expresiones sociales.

Por lo antes expuesto, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para que se vote a favor la presente propuesta con base a los acuerdos que se hacen valer y en cumplimiento a lo fundado con anterioridad, sometemos a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. La del Congreso de la Unión manifiesta su rechazo a las expresiones contrarias a las libertades de conciencia, pensamiento, educación y de creencias del pueblo mexicano, contenidas en la Constitución y las leyes expresadas en el marco del Encuentro Mundial de las Familias.

Segundo. Exhorta al Ejecutivo federal para que, a través de la Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos, y en el marco de sus facultades y atribuciones, llame al orden a los jerarcas católicos que suscribieron las expresiones a que se refiere el punto anterior.

Tercero. Se solicita a la Secretaría de la Función Pública que, en el marco de sus atribuciones, determine si la asistencia de servidores públicos federales al evento citado en horario de trabajo constituye un motivo para ser sancionados, y que proceda en consecuencia.

Cuarto. Se solicita a la Auditoría Superior de la Federación que realice una auditoría a la Presidencia de la República, a la Secretaría de Gobernación y al Sistema Nacional para el Desarrollo de la Familia, a fin de determinar si se utilizaron recursos públicos para la realización del evento eclesiástico objeto del presente acuerdo.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Túrnese a la Primera Comisión.

EX TRABAJADORES MIGRATORIOS

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Se recibió de la compañera diputada doña Susana Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del PRD, punto de acuerdo por el que se solicita al Comité Técnico que Administra el Fideicomiso del Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos que otorgue una prórroga para continuar con el registro de las 37 mesas receptoras instaladas en el país.

El Secretario diputado José Rubén Escajeda Jiménez : «Proposición con punto de acuerdo, para solicitar al Comité Técnico que Administra el Fideicomiso del Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos que prorrogue el registro de las 37 mesas receptoras en el país, suscrita por la diputada Susana Monreal Ávila , del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, diputada federal Susana Monreal Ávila , integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la honorable asamblea proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes

Consideraciones

1. El programa Bracero, iniciado en la década de los cuarenta, sirvió como fuente de empleo y, con éste, se gozó de garantías como alimentos, hospedaje, transporte y, en su caso, repatriación.

2. El 17 de abril de 2001 se crea la Comisión Especial para dar seguimiento a los fondos de los trabajadores mexicanos braceros, la cual se instaló en septiembre de 2001, y que actualmente continúa con su trabajo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2, numeral II, de la Ley que crea el Fideicomiso que administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos.

3. En reclamo de los ex trabajadores migratorios que laboraron a través del convenio entre México y Estados Unidos de América de 1942 a 1964 de recuperar para ellos o sus familias parte de los ahorros que durante ese periodo hicieron a través del banco Wells Fargo y transferidos posteriormente al Banco de Crédito Rural (hoy Financiera Rural), el 29 de diciembre de 2000 se promulgó la Ley que crea el Fideicomiso que administrará el Fondo de Apoyo Social para los ex Trabajadores Migratorios.

4. En 2003 se instalaron las mesas receptoras que registraron 45 mil trabajadores, quedando fuera miles de ellos, en virtud de que la Secretaría de Gobernación utilizó un criterio erróneo al solicitar una serie de requisitos que no estaban considerados; dentro de ellos, requerir que hayan efectuado su registro en el padrón de la Secretaría de Gobernación. Por ese motivo, se desecharon muchas solicitudes. Resultado del amparo de muchos inconformes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que el padrón que formó dicha secretaría era inconstitucional. Por tal razón, éste no era un requisito fundamental para reclamar el beneficio. Además, no se cubrió la difusión necesaria.

5. Derivado de las complicaciones presentadas con la aprobación de la multicitada ley, el fideicomiso fue el mecanismo institucional para dar la solución a las demandas sociales que se venían presentando, por lo que la Secretaría de Gobernación integró un padrón de ex trabajadores migratorios, quedando la inclusión en este listado sujeta a la exhibición de pruebas documentales que acreditaran efectivamente que las personas interesadas laboraron en Estados Unidos de América durante aquellos años, o bien, que eran familiares con legítimo derecho a recibir la cantidad de 38 mil pesos.

6. Los integrantes del comité técnico son los siguientes: 1) Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quien lo presidirá; 2) Gobernación; 3) Contraloría y Desarrollo Administrativo; 4) Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros; 5) Comisión Nacional Bancaria y de Valores; 6) Banco de México; y 7) Un representante de cada uno de los dos gobiernos de las entidades federativas que hayan celebrado los convenios, de conformidad con lo señalado en el artículo 3 de la ley en referencia.

7. En sesión de la Cámara de Diputados de fecha 27 de abril de 2006 se aprobó el dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversos artículos de la Ley que crea el Fideicomiso que administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos. En esa misma fecha, la Mesa Directiva remitió a la Cámara de Senadores y ésta turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios Legislativos, Primera, para estudio y dictamen.

En esencia la reforma contempla lo siguiente:

8. En sesión del 23 de octubre de 2007, la colegisladora aprobó el decreto, materia de este dictamen, que con esta misma fecha remitió a la Cámara de Diputados.

9. Con fecha 25 de octubre de 2007, la Mesa Directiva turnó a Comisión de Hacienda y Crédito Público para estudio y dictamen. Y en sesión plenaria del jueves 10 de abril del 2008, la Cámara de Diputados aprobó las reformas con 393 votos en pro y 1 abstención, y se devolvió a la Cámara de Senadores para los efectos de lo dispuesto en el artículo 72, inciso e), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

10. La Cámara de Senadores aprueba la minuta con 70 votos en pro el martes 22 de abril de 2008, y pasó al Ejecutivo federal para los efectos constitucionales (publicándose en la Gaceta Parlamentaria, número 2482-III).

11. El primer día de septiembre del año próximo pasado se publicó en el Diario Oficial de la Federación la promulgación de las reformas señaladas en los párrafos anteriores.

12. El 24 de noviembre del 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación y en los diarios de mayor circulación la convocatoria a las personas interesadas para que acudieran a las 37 mesas receptoras situadas en las entidades federativas de la República Mexicana y del Distrito Federal, para que acreditaran los requisitos de elegibilidad que se establece en el artículo 6 de la Ley que crea el Fideicomiso que administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, así como el numeral 4 de las Reglas de Operación del Fideicomiso 2106 Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos (de 1942 a 1964).

13. Tuvo que pasar más de 5 años para que las reformas permitieran publicar una nueva convocatoria para inscribir aquellos trabajadores ex braceros que por circunstancias ajenas a su voluntad no pudieron hacerlo en su momento.

14. En las reglas de operación se especifica que las mesas receptoras contarán con personal capacitado y se atenderían los aspectos técnicos y logísticos para brindar un adecuado servicio a los nuevos beneficiarios; sin embargo, se detectaron fallas en el sistema: el personal carecía de capacitación, desconocían el manejo del programa y del sistema electrónico, sin contar las inmensurables filas. Aunado a esto, se originó una falla técnica del sistema de captura, ocasionando que por días no se recibieran documentos de los beneficiarios.

15. Hasta ayer se estima un registro de 130 mil trabajadores migratorios mexicanos. Los compañeros han pasado por un procedimiento tortuoso y han esperado mucho tiempo para recibir el beneficio que legítimamente les corresponde. Por ello, acudo a su buena voluntad política para que se solicite al comité técnico una prórroga al cierre de las mesas receptoras que concluye este 28 de enero. Dicha prórroga consiste en 5 días más para reponer aquéllos que por fallas en el sistema no pudieron operar con normalidad y, a su vez, dar la atención debida.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de la honorable asamblea proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión solicita al Comité Técnico que administra el Fideicomiso del Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos que otorgue una prórroga para continuar con el registro de las 37 mesas receptoras instaladas en todo el país por 5 días posteriores al 28 de enero, fecha señalada en la convocatoria.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Túrnese a la Tercera Comisión.

ARTICULO 93 CONSTITUCIONAL

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Se recibió del senador Carlos Sotelo García, del Grupo Parlamentario del PRD, solicitud de excitativa a la Cámara de Senadores.

El Secretario diputado José Rubén Escajeda Jiménez : «Excitativa a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de Estudios Legislativos, a solicitud del senador Carlos Sotelo García, del Grupo Parlamentario del PRD

El que suscribe, Carlos Sotelo García, senador de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en uso de la facultad que le confieren los artículos 66, numeral 1, inciso c), y 67, inciso g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, respetuosamente le solicita que se envíe excitativa a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de Estudios Legislativos para la elaboración y presentación del dictamen correspondiente a la iniciativa presentada por su conducto, el 29 de abril del 2008, la que contiene el proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para fortalecer las comisiones de investigación del Congreso de la Unión sobre el funcionamiento de la administración pública o sobre materias de interés público.

Por ello, con fundamento en los artículos invocados, me permito solicitarlo de la manera más atenta, sin dejar de considerar además que el plazo legal de las comisiones unidas para llevar a cabo el proceso de dictamen en 20 días hábiles a partir del turno ha sido ampliamente rebasado.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Remítase a la Cámara de Senadores.

LEY PARA CONSERVAR LA NEUTRALIDAD DEL PAIS

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: La Presidencia recibió del diputado José Alfonso Suárez del Real y Aguilera, del Grupo Parlamentario del PRD, solicitud de excitativa a las Comisiones Unidas de Gobernación, y de Defensa Nacional.

El Secretario diputado José Rubén Escajeda Jiménez : «Excitativa a las Comisiones Unidas de Defensa Nacional, y de Gobernación, a solicitud del diputado José Alfonso Suárez del Real y Aguilera , del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado integrante de la Comisión de Defensa Nacional, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, respetuosamente solicita, que en uso de la facultad que le confiere la fracción XVI, del artículo 21 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, excite en nombre de la Cámara, a las Comisiones de Defensa Nacional, y de Gobernación de la honorable Cámara de Diputados, para que se presente el dictamen correspondiente, en sus términos, de la iniciativa que reforma los artículos 1o., 2o., 3o. y 4o. y adiciona los artículos 5o. y 6o. de la Ley para conservar la Neutralidad del País, al tenor de las siguientes consideraciones

Antecedentes

Primero. Con fecha 10 de noviembre de 1939 fue promulgada, en el Diario Oficial de la Federación, la Ley para Conservar la Neutralidad del País, instrumento legislativo que fortaleció la vocación pacifista de la nación mexicana, garantizando nuestro estatuto de país neutral, de frente a la escalada bélica que significó la segunda conflagración mundial.

Segundo. Con fecha 14 de mayo de 2003, la senadora Sara Isabel Castellanos Cortés , integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó una iniciativa por la que se pretendía reformar y adicional la Ley para Conservar la Neutralidad del País, con el objetivo único de adecuar su discurso a los instrumentos internacionales signados por el Estado mexicano.

Tercero. El 28 de octubre de 2004, el Pleno de la Cámara de Senadores desechó la iniciativa de la senadora Castellanos y, lamentablemente, aprobó la abrogación de la ley. El 15 de marzo de 2005, la Cámara de Diputados recibió esta minuta modificándola y reenviándola a la Cámara de Senadores para los efectos del artículo 72 constitucional inciso e).

Cuarto. Nuevamente, el 26 de abril de 2006, la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados recibió de la Cámara de Senadores, la minuta con proyecto de decreto por el que se abroga la Ley para Conservar la Neutralidad del País.

Quinto. El 11 de junio de 2008 el diputado Pablo Trejo Pérez presentó, ante la del Congreso de la Unión, la iniciativa que suscribimos los diputados Javier González Garza , Cuauhtémoc Sandoval Ramírez y José Alfonso Suárez del Real y Aguilera , para reformar y adicionar la Ley para Conservar la Neutralidad del País.

Sexto. Nuestro texto constitucional señala, explícitamente que los principios rectores de la política exterior mexicana son: ``la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la cooperación internacional para el desarrollo; y la lucha por la paz y la seguridad internacionales''.

Séptimo. Con fecha lunes 5 de enero de 2009, el presidente Álvaro Colom ordenó enviar al Ejército guatemalteco hacia su frontera con México, de frente a la ``avalancha del narcotráfico mexicano, que ha causado un montón de muertos''.

Octavo. El lunes 12 de enero del presente año, la prensa mexicana dio cuenta del anuncio del secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos de América, en dónde se informó sobre el envío de tropas estadounidenses a la frontera sur de este país, con la finalidad de resguardarlo de la delincuencia organizada.

Noveno. Los días jueves 15 y viernes 16 de enero de 2009 se dio a conocer, en los medios de comunicación, un informe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos de América, en el que se cataloga a México como ``un problema de seguridad de proporciones inmensas para Estados Unidos'', debido al alto grado de infiltración del crimen organizado en las instituciones estatales de nuestro país.

Décimo. Por último, el lunes 19 de enero, la agencia estadounidense Strategic Forecasting emitió el informe denominado Los Cárteles Mexicanos de la Droga: el progreso del gobierno y el aumento de la violencia, en donde se señala que ``la seguridad interna de México estará en peligro en caso de que el gobierno federal no reduzca la operación de las organizaciones especializadas en el tráfico de drogas e inhiba los índices de violencia que hubo en 2008''.1

De lo antepuesto, resulta evidente que, como representantes de la nación, tenemos la obligación de refrendar el compromiso adquirido por México con la comunidad internacional, al instaurar los principios de autodeterminación de los pueblos y resolución pacífica de las controversias como baluartes de la política exterior nacional, con la finalidad única de establecer que es México, y únicamente México, el responsable de solucionar los problemas institucionales que aquejan a nuestra nación, en el marco de la cooperación internacional para confrontar al inmensamente poderoso cáncer del crimen organizado. Que rechazamos cualquier intento de constituir nuestro territorio como una zona de guerra y que defenderemos nuestra soberanía por todos los medios posibles.

Por lo anteriormente expuesto, debido a la preocupación que ha generado la reacción internacional frente a un problema que, consideramos, atañe no únicamente a los mexicanos sino a todos y cada uno de los ciudadanos del mundo que, responsablemente, se oponen a la intervención armada como método de resolución de los conflictos y privilegian la cooperación internacional como el arma diplomática para enfrentar al crimen transnacional, el que suscribe, en uso de las atribuciones que le confiere la ley, se permite presentar a esta honorable soberanía, la propuesta de la siguiente:

Excitativa

^Única.A las Comisiones Unidas de Defensa Nacional, y de Gobernación de la honorable Cámara de Diputados, les solicita el análisis y dictamen de la iniciativa que reforma los artículos 1o., 2o., 3o. y 4o. y adiciona un artículo 5o. y 6o. de la Ley para Conservar la Neutralidad del País, suscrita por los diputados Javier González Garza , Cuauhtémoc Sandoval Ramírez y José Alfonso Suárez del Real y Aguilera , la cual les fue turnada para su atención por la Mesa Directiva de la del Congreso de la Unión, con fecha 11 de junio de 2008.

Nota: 1 Excelsior, Advierte agencia en EU de escalada de violencia, nota firmada por Lemic Madrid.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: De conformidad con lo que establece el artículo 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se excita a las comisiones mencionadas para que emitan el dictamen correspondiente.

Se ha acordado que las iniciativas quedan en el mismo orden en que han estado apareciendo hoy, a las que no se ha dado lectura ni se han turnado.

Continúe la Secretaría con el orden del día.

ORDEN DEL DIA

El Secretario senador Jesús Garibay García: « Comisión Permanente.--- Primer Receso.--- Tercer Año de Ejercicio.--- LX Legislatura.

Orden del día

Miércoles 28 de enero de 2009.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Presentación por el doctor José Luis Soberanes Hernández, Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, del informe de actividades de dicha institución correspondiente al periodo del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2008.

Comunicaciones

Los asuntos con los que la Mesa Directiva dé cuenta.»

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Gracias, compañero senador.

Queremos enviar una felicitación y desearle el mayor de los éxitos al compañero diputado con licencia Miguel Ángel Jiménez, quien ha sido nombrado director de la Lotería Nacional. Le deseamos éxito en su encargo.

CLAUSURA Y CITATORIO

El Presidente diputado César Duarte Jáquez (a las 15:51 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el próximo miércoles, 28 de enero, a las 11: 00 horas.

--------------- O ---------------

RESUMEN DE TRABAJOS

• Tiempo de duración: 3 horas 14 minutos
• Quórum a la apertura de sesión: 33 legisladores
• Diputado que solicita licencia: 1
• Senador que se reincorpora: 1
• Minuto de silencio: 1
Legisladores por grupo parlamentario que participaron durante la sesión: 69PAN-15 PRD-23 PRI-18 Convergencia-6 PVEM-4 Nueva Alianza-1 Alternativa-1 Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados-1
• Se recibieron:
• 1 oficio del gobierno del estado de México con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados;
• 1 oficio del Consejo Estatal de Seguridad Publica del gobierno del estado de Yucatán con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados;
• 1 oficio de la Secretaría de Comunicaciones y Transportescon el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados;
• 1 oficio de la Asamblea Legislativa delDistrito Federal;
• 1 oficio de la Comisión Nacional del Agua;
• 2 oficios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;
• 1 oficio de la Secretaría de Gobernacióncon el que solicita el permiso constitucional necesario para que cuatro ciudadanos puedan prestar servicios en diversas representaciones diplomáticas, respectivamente; asimismo, informa que ha dejado de prestar servicios una ciudadana;
• 2 oficios de la Secretaría de Gobernacióncon los que solicita los permisos constitucionales necesarios para que igual número de ciudadanos puedan desempeñar el cargo de Cónsul Honorario, respectivamente;
• 4 oficios de la Secretaría de Gobernacióncon el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados;
• 2 iniciativas del Congreso del estado de Baja California;
• 38 proposiciones con puntos de acuerdo;
• 2 excitativas a comisiones;
• 5 iniciativas del PAN;
• 3 iniciativas del PRD;
• 2 iniciativas del PRI;
• 1 iniciativa de Convergencia;
• 1 iniciativa de Comisión de Equidad y Génerode la Cámara de Diputados.
• Dictámenes de primera lectura:
• 1 de la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede el permiso al ciudadano Pedro Haces Sordo, para aceptar y usar la condecoración de la Orden de Isabel la Católica, en grado de Cruz de Oficial, que le confiere el gobierno de España;
• 1 de la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede el permiso a la ciudadana Míriam Ramírez Santos para prestar servicios en la Embajada de Estados Unidos de América en México;
• 2 de la Primera Comisión, con proyectos de decreto que conceden permiso a cinco ciudadanos para aceptar y usar las condecoraciones que les otorgan gobiernos extranjeros.
• Dictámenes aprobados:
• 1 de la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede el permiso al ciudadano Pedro Haces Sordo para aceptar y usar la condecoración de la Orden de Isabel la Católica, en grado de Cruz de Oficial, que le confiere el gobierno de España;
• 1 de la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede el permiso a la ciudadana Miriam Ramírez Santos, para prestar servicios en la Embajada de Estados Unidos de América en México;
• 2 de la Primera Comisión, con proyectos de decreto que conceden permiso a cinco ciudadanos para aceptar y usar las condecoraciones que les otorgan gobiernos extranjeros;
• 1 de la Primera Comisión, con punto de acuerdo para exhortar al gobernador del estado de México a avalar las garantías individuales de libre asociación, manifestación, tránsito y petición e instruir a los funcionarios públicos para que cumplan los acuerdos alcanzados en la colonia Villa de las Flores, municipio de Coacalco, por la construcción de un puente vehicular;
• 1 de la Primera Comisión, con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal a emitir el Reglamento de la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas y, en consecuencia, se proceda al establecimiento de la comisión intersecretarial en la materia;
• 1 de la Primera Comisión, con punto de acuerdo relativo al caso de la ciudadana Ana Laura Montero Ocampo, recluida en el estado de Tlaxcala;
• 1 de la Primera Comisión, con punto de acuerdo para exhortar a la Suprema Corte de Justicia de la Nacióna resolver el incidente de inejecución de sentencia número 00686-2008 en problemas de tierras agrarias en el municipio de Minatitlán;
• 1 de la Tercera Comisión, con punto de acuerdo por el que exhorta alsecretario de Hacienda y Crédito Públicoa informar y publicar los montos que se hayan determinado a los interesados en el cambio de frecuencias autorizadas de la banda de amplitud modulada;
• 1 de la Tercera Comisión, con punto de acuerdo para elaborar una Norma Oficial Mexicana para la producción de envases, bolsas y botellas de plástico en congruencia con la tecnología denominada ``oxodegradación'';
• 1 de la Tercera Comisión, con punto de acuerdo por el que se solicita al titular del Poder Ejecutivo federal que implante políticas públicas que fortalezcan a las familias mexicanas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo cuarto constitucional;
• 1 de la Tercera Comisión, con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de Guerrero a subsidie el pago por el uso de energía eléctrica a los participantes de la Feria de la Bandera en la ciudad de Iguala;
• 1 de la Tercera Comisión, con punto de acuerdo sobre la convocatoria Semarnat-INE-Conacyt 2008/01. ``Diseño de lineamientos para el estudio de poblaciones de toninas con fines de captura'';
• 1 de la Tercera Comisión, con punto de acuerdo para que se recuperen los créditos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, vendidos a las empresas recuperadoras. En votación económica, no se consideró de urgente resolución;
• 1 de la Segunda Comisión, con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Educación Públicaa instruir a las escuelas públicas del país de nivel básico y medio para facilitar la visita de los museos como parte fundamental de la formación cultural y educativa;
• 1 de la Segunda Comisión, con punto de acuerdo por el que solicita al nuevo gobierno de Estados Unidos de América que revoque de manera inmediata la medida tomada por el Departamento de Justicia de negar el derecho a un defensor de oficio a los migrantes que se encuentren en proceso de deportación.
• Alonso Díaz-Caneja, Ángel Juan (PAN).• Altamirano Toledo, Carlos (PRD).• Altamirano Toledo, Carlos (PRD). • Barreiro Pérez, Armando (PRD).• Batres Guadarrama, Valentina Valia (PRD).• Bracho González, Carlos Augusto (PAN). • Bracho González, Carlos Augusto (PAN).• Bracho González, Carlos Augusto (PAN). • Castro Muñoz, Juan de Dios (PAN). • Castro Muñoz, Juan de Dios (PAN).• Castro Tentri, Fernando (PRI). • Cobo Terrazas, Diego (PVEM).• Cobo Terrazas, Diego (PVEM).• Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados.• Contreras Sandoval, Eva (PAN). • Cué Monteagudo, Gabino (Convergencia).• Cuen Garibi, Marcela (PAN).• Del Río Virgen, José Manuel (Convergencia).• Duarte Jáquez, César (PRI).• Duarte Jáquez, César (PRI).• Duarte Jáquez, César (PRI).• Escajeda Jiménez, José Rubén (PRI).• Escajeda Jiménez, José Rubén (PRI).• Garibay García, Jesús (PRD).• Garibay García, Jesús (PRD).• Guerra Ochoa, Juan Nicasio (PRD).• Herrera León, Francisco (PRI). • Integrantes del PRD, Convergencia y Alternativa.• Joaquín Coldwell, Pedro (PRI).• Lavara Mejía, Gloria (PVEM).• Luna Becerril, Blanca (Nueva Alianza). • Malagón Ríos, Martín (PAN).• Martínez Padilla, Hugo Eduardo (PRD). • Martínez Vargas, Octavio (PRD).• Martínez Vargas, Octavio (PRD). • Martínez Vargas, Octavio (PRD).• Martínez Vargas, Octavio (PRD).• Mejía González, Raúl José (PRI).• Mejía González, Raúl José (PRI).• Monreal Ávila, Susana (PRD).• Montiel Luis, Lariza (PAN).• Moreno Valle Rosas, Rafael (PAN). • Oliva Fragoso, Silvia (PRD).• Orantes López, María Elena (PRI).• Orozco Gómez, Javier (PVEM).• Rodríguez Ahumada, Luis Fernando (PAN).• Rueda Sánchez, Rogelio (PRI).• Sánchez Valdez, Eva (PRD).• Serrano Escobar, Enrique (PRI).• Sotelo García, Carlos (PRD).• Suarez del Real y Aguilera, José Alfonso (PRD). • Suárez del Real y Aguilera, José Alfonso (PRD).• Valdés Chávez, Ramón (Convergencia).• Velasco Oliva, Jesús Cuauhtémoc (Convergencia).• Velasco Oliva, Jesús Cuauhtémoc (Convergencia).• Velázquez López, Rubén Fernando (PRD).• Villanueva Albarrán, Gerardo (PRD).• Villanueva Albarrán, Gerardo (PRD).• Villarreal García, Luis Alberto (PAN).• Villarreal García, Luis Alberto (PAN).• Villarreal García, Luis Alberto (PAN).
• Precio del diesel: 148
• Lucía Andrea Morett Álvarez: 252
• Presupuesto de Egresos de la Federación, 2009: 251
• Iniciativa Mérida: 194, 199
• Educación preescolar: 256
• Artículos 26, 115 y 122 constitucionales: 119
• Estado de Coahuila: 191
• Sindicato Nacional de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana: 224
• Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos - Código Penal Federal: 106
• Pena de muerte: 208
• Secretaría de la Reforma Agraria- Partido Acción Nacional: 230
• Energías renovables: 184
• Rana de madriguera: 188
• Ley del Instituto Nacional de las Mujeres: 92
• Ley del Sistema de Horario en los Estados Unidos Mexicanos: 139
• Programa Proárbol: 218
• Precio del diesel: 146
• Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado: 87
• Ex trabajadores migratorios: 234
• Guardería infantil: 225
• Precio del diesel: 147
• Fertilizantes: 192
• Registro Público Vehicular: 183
• Pena de muerte: 209
• Poder Ejecutivo Federal: 238
• Banamex: 227
• Ley Federal sobre Monumentos, Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos: 113
• Poder Ejecutivo Federal: 257
• Artículo 18 constitucional: 77
• Pena de muerte: 201
• Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos - Código Penal Federal: 113
• Tasas de interés bancarias: 249
• Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos- Código Penal Federal: 116
• Iniciativa Mérida: 198
• Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos: 133
• Pena de muerte: 208
• Precio del diesel: 146
• Flores de ornato: 239
• Importación de vehículos usados: 212
• Ex trabajadores migratorios: 260
• Precio del carbón mineral: 220
• Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro: 135
• Ley Federal de Seguridad Privada: 78
• Menores y adultos mayores: 242
• Estado de San Luis Potosí: 186
• Ley Federal de Seguridad Privada: 69
• Líneas aéreas: 236
• Precio del gas natural: 254
• Importación de vehículos usados: 245
• Artículo 93 constitucional: 262
• Ley para Conservar la Neutralidad del País: 262
• Estado de México: 181
• Estado de México: 229
• Ejército: 232
• Estado de Aguascalientes: 199
• Programa Proárbol: 214
• Sector pesquero: 241
• Sergio Gabriel León Castillo: 244
• Estados Unidos de América: 210
• Oswaldo Aldrete Dávila: 235
• Iniciativa Mérida: 198, 199