SUMARIO

---

ASISTENCIA

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Proceda la Secretaría a pasar lista de asistencia.

La Secretaria diputada Marcela Cuen Garibi : Se va a proceder a pasar lista de asistencia a los integrantes de la Comisión Permanente.

Tenemos una asistencia de 25 legisladores, señor presidente.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez (a las 11:51 horas): Se abre la sesión.

ORDEN DEL DIA

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Consulte la Secretaría a la asamblea si se le dispensa la lectura al orden del día, en virtud de que se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria.

La Secretaria diputada Marcela Cuen Garibi : Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se le dispensa la lectura al orden del día. Los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

« Comisión Permanente.--- Primer Receso.--- Tercer Año de Ejercicio.--- LX Legislatura.

Orden del día

Miércoles 28 de enero de 2009.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones

De la Sociedad Hipotecaria Federal.

Del Instituto Nacional de Antropología e Historia.

Del Congreso del estado de Durango.

De la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

De la Comisión Nacional del Agua.

De la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

De la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados.

Licencias de los diputados Sara Latife Ruiz Chávez y Juan de Dios Castro Muñoz .

Oficio del Banco de México

Con el que remite información sobre el presupuesto de esta institución correspondiente al ejercicio del 2009, estructurado en dos partes: de gasto corriente e inversión en activos fijos; y de inversión en activo circulante por concepto de producción de billete y adquisición de moneda metálica. (Turno a Comisión)

Informes del Banco de México sobre la ejecución de la política monetaria propuesta a seguir durante el año 2009 y sobre la Inflación octubre-diciembre de 2008, de conformidad con lo que establece el artículo 51, fracción I, de la Ley del Banco de México. (Turno a Comisión)

Oficio de la dirección general de Petróleos Mexicanos

Con el que remite informe de los ingresos netos obtenidos en flujo de efectivo correspondientes al periodo enero-diciembre de 2008, comparado contra el presupuesto original.

Oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Por el que informa que en el mes de diciembre de 2008 únicamente dieron destino a mercancía perecedera, de fácil descomposición o deterioro y aquella que no es transferible al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE).

Oficios de la Secretaría de Gobernación

Por el que comunica que el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, se ausentará del territorio nacional del 27 de enero al 1 de febrero de 2009, a efecto de participar en la reunión anual del Foro Económico Mundial en Davós, Suiza.

Con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Senadores.

Iniciativa del Congreso del estado de San Luis Potosí

Que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley General de Desarrollo Rural Sustentable. (Turno a Comisión)

Presentación, por el doctor José Luis Soberanes Fernández, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, del informe de actividades de dicha institución correspondiente al periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2008.

Iniciativas

Que reforma la fracción III del artículo 231 de la Ley Federal del Derecho de Autor, a cargo del diputado Fidel Antuña Batista , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 131 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del senador Fernando Castro Trenti, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que adiciona diversas disposiciones a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, suscrita por la diputada Maricela Contreras Julián , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

De decreto por el que se establece el 12 de agosto como Día Nacional de la Juventud, a cargo del diputado Fidel Antuña Batista , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 30 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, a cargo del diputado Carlos Augusto Bracho González , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social, a cargo del senador Humberto Aguilar Coronado, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y suscrita por diversos legisladores. (Turno a Comisión)

Dictámenes de primera lectura

De la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Manlio Favio Pano Mendoza para aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario de la República de Polonia en Acapulco, con circunscripción consular en Guerrero, Michoacán y Oaxaca. (Dispensa de segunda lectura, discusión y votación)

De la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Sergio Agustín de la Maza Jiménez para aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario de Rumanía en la ciudad de Veracruz, con circunscripción consular en Chiapas, Tabasco y Veracruz. (Dispensa de segunda lectura, discusión y votación)

De la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Míriam Angélica Sandoval Coronel, Jaime Vargas Muñiz, Jaime Adrián Treviño Rodríguez y Manuel Ramírez Gallegos para prestar servicios en la Embajada de Estados Unidos de América en México; y en sus Consulados en Monterrey, Nuevo León, y en Ciudad Juárez, Chihuahua. (Dispensa de segunda lectura, discusión y votación)

Dictámenes a discusión

De la Primera Comisión, con punto de acuerdo por el que se solicita información y se exhorta al secretario de Seguridad Pública a fortalecer las medidas de evaluación y certificación del transponder objeto de una licitación pública.

De la Primera Comisión, con puntos de acuerdo relativos a una controversia constitucional sobre las condiciones para la importación definitiva de vehículos usados.

De la Primera Comisión, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación a adoptar en el ámbito de su competencia las medidas y los mecanismos administrativos conducentes a atender a todos los ex trabajadores migratorios mexicanos con derecho.

De la Primera Comisión, con punto de acuerdo relativo a la desaparición del joven Sergio Gabriel de León Castillo.

De la Primera Comisión, con puntos de acuerdo relativos al caso de Lucía Andrea Morett Álvarez.

De la Primera Comisión, con punto de acuerdo por el que se solicita a los secretarios del Trabajo y Previsión Social, y de Economía, así como al procurador general de la República, información actualizada sobre el conflicto SNTMMSRM-Grupo Minero México.

De la Segunda Comisión, con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de México y al Instituto Nacional de Antropología e Historia a establecer una mesa de trabajo con los tres niveles de gobierno, organizaciones sociales y especialistas a fin de preservar la integridad de la zona arqueológica de Teotihuacán.

De la Segunda Comisión, con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Educación Pública que informe por el Instituto Nacional de Antropología e Historia respecto a la situación de diversas obras de arte sacro de supuesta pertenencia a templos católicos de Teotihuacán, México.

De la Segunda Comisión, con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente rechaza la decisión del ex presidente de Estados Unidos de América de conmutar la sentencia a dos ex agentes de la Patrulla Fronteriza que ocasionaron graves daños al mexicano Osvaldo Aldrete Dávila.

De la Segunda Comisión, con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente solicita a la Secretaría de Educación Pública que analice la posibilidad de prorrogar la aplicación del acuerdo número 358, por el que se establece el programa especial 2005-2009 para acreditar la educación preescolar impartida en centros comunitarios de atención a la infancia del Distrito Federal.

De la Tercera Comisión de trabajo, con puntos de acuerdo por los que se solicita información al secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales y al director general de la Comisión Federal de Electricidad, Alfredo Elías Ayub, en relación al proyecto de geotermia en el bosque La Primavera, en el estado de Jalisco.

De la Tercera Comisión, con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a informar a la Comisión Permanente, mediante la Secretaría de Salud, sobre los criterios del programa Caravanas de la Salud.

De la Tercera Comisión, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Consejo de Administración de la Comisión Federal de Electricidad a equiparar el precio de compra del carbón nacional con el internacional.

De la Tercera Comisión, con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobernador de Baja California Sur a cumplir los acuerdos entre su administración y el personal de custodia penitenciaria de esa entidad.

De la Tercera Comisión, con punto de acuerdo por el que se requiere a la jefa de la delegación Miguel Hidalgo que informe sobre los alcances del proyecto de construcción de los deprimidos en Reforma-Palmas y Ferrocarril de Cuernavaca-Ejército Nacional, en la Ciudad de México.

De la Tercera Comisión, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a reactivar la industria de fertilizantes, aprobado en la pasada reforma energética.

De la Tercera Comisión, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Condusef y al Sindicato Nacional de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana a informar sobre el conocimiento y la medida adoptada respecto a los fondos del fideicomiso bancario número 56342/FID/III/06.

De la Tercera Comisión, con punto de acuerdo por el que se solicita al titular del Ejecutivo federal que instruya a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para que efectúe un estudio técnico sobre la viabilidad del cultivo de especies florales, plantas aromáticas y especies de plantas de ornato.

De la Tercera Comisión, con punto de acuerdo por el que se solicita a las Secretarías de Comunicaciones y Transportes, y de la Función Pública que informen sobre los avances, el cumplimiento y la ejecución del Fondo Nacional de Infraestructura.

De la Tercera Comisión, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a incluir en el Acuerdo Nacional en defensa de la Economía Familiar y del Empleo el gas natural, a fin de que fije un precio único para todo 2009.

De la Tercera Comisión, con punto de acuerdo para ampliar el servicio de guardería infantil por un periodo de seis meses posterior a la pérdida de empleo.

De la Tercera Comisión, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a cumplir, en observancia de las disposiciones legales en materia de competencia económica, los principios de libre competencia y libre concurrencia en la exportación de guayaba de Aguascalientes.

De la Tercera Comisión, con punto de acuerdo por el que se exhorta a las dependencias del Ejecutivo federal a ejecutar las obras y acciones señaladas en el decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2009.

De la Tercera Comisión, con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Semarnat a revisar e investigar los términos en que se entregó la playa de Miramar, en Tampico, a la sección uno del Sindicato Nacional de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana.

De la Tercera Comisión, con puntos de acuerdo para exhortar a la secretaria de Educación Pública y a la directora general de Educación Indígena a pagar los salarios vencidos y demás prestaciones laborales a 65 trabajadores de dicha dependencia.

De la Tercera Comisión, con punto de acuerdo relativo a la problemática de la sigatoka negra en Jalisco.

De la Tercera Comisión, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a informar a través de la Semarnat y de la Conagua sobre los alcances que tendrán las afectaciones por la falta de suministro de agua de enero a mayo, en particular en el valle de México.

De la Tercera Comisión, con punto de acuerdo a fin de exhortar al Ejecutivo federal a acordar mediante la SHCP la ampliación a las 24 horas del día de la tarifa 9N para uso agrícola.

De la Tercera Comisión, con punto de acuerdo por el que se solicita al Comité Técnico que administra el Fideicomiso del Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos que prorrogue el registro de las 37 mesas receptoras del país.

De la Tercera Comisión, con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno de Nayarit y a la Sedesol a proporcionar a los niños y a los adolescentes jornaleros la atención necesaria en materia de salud, educación y alimentación.

De la Tercera Comisión, con punto de acuerdo por el que se exhorta a las comisiones correspondientes de ambas Cámaras a solicitar la comparecencia del secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, ciudadano Juan Rafael Elvira Quesada, y del director general de la Comisión Nacional Forestal, ciudadano José Cibrián Tovar, para que respondan a diversos cuestionamientos sobre la implantación del Proárbol.

De la Tercera Comisión, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Banco de México, al Ejecutivo federal, a las instituciones de crédito y a los usuarios de los servicios en materia de tasas de interés.

De la Tercera Comisión, con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo federal a suspender o, en su caso, modificar la aplicación del decreto por el que se establecen las condiciones para la importación definitiva de vehículos usados publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de diciembre de 2008.

De la Tercera Comisión, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a modificar, a través del Servicio de Administración Tributaria y la Administración General de Aduanas, la regla 2.7.2, relativa a la franquicia ``mercancía de pasajeros''.

De la Tercera Comisión, con punto de acuerdo por el que la del Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Federal de Electricidad y a la Compañía de Luz y Fuerza del Centro a evitar y sancionar el robo de energía eléctrica en el país.

Dictámenes negativos de proposiciones

De la Tercera Comisión, con puntos de acuerdo por los que se desecha la proposición para exhortar a las Secretarías de Comunicaciones y Transportes, y de Seguridad Pública a implantar un programa que salvaguarde la integridad física de los usuarios de carreteras y autopistas nacionales en la temporada navideña.

De la Tercera Comisión, con punto de acuerdo por el que se desecha la proposición para exhortar al Ejecutivo federal a considerar la instalación de la refinería anunciada por él y la construcción de un complejo petroquímico en Tabasco.

De la Tercera Comisión, con punto de acuerdo por el que se desecha la proposición a fin de solicitar la comparecencia del secretario de Comunicaciones y Transportes para que informe sobre las medidas y las acciones realizadas con objeto de construir una terminal de contenedores de Manzanillo.

Proposiciones

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Cámara de Diputados a solicitar a la ASF que lleve a cabo acciones orientadas a supervisar y transparentar el manejo de los recursos asignados a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte en el ejercicio fiscal de 2009, suscrita por el senador Javier Orozco Gómez y por el diputado Manuel Portilla Diéguez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Sólo turno a Comisión)

punto de acuerdo, a fin de solicitar al titular del Poder Ejecutivo federal que revise el Acuerdo Nacional en favor de la Familia Rural y el Empleo para Vivir Mejor, a cargo del diputado José Rubén Escajeda Jiménez , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Secretaría de Economía a realizar a través del Prologyca un estudio de factibilidad de instalación de una central de abasto en Matamoros, Tamaulipas, suscrita por el diputado Carlos Alberto García González , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que la Comisión Permanente solicita a la SCJN que resuelva y dé el fallo de su investigación respecto a los hechos acontecidos en Oaxaca a partir de mayo de 2006 que constituyen graves violaciones de las garantías individuales, suscrita por los diputados Carlos Martínez Martínez y Othón Cuevas Córdova , del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que la Comisión Permanente exhorta al Ejecutivo federal a enviar a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores ayuda humanitaria internacional para víctimas de los ataques israelíes en la franja de Gaza, a cargo del senador Humberto Aguilar Coronado y suscrita por la senadora Adriana González Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para exhortar al INAH y al gobierno del estado de México a resguardar y conservar los monumentos y zonas arqueológicos, a cargo de la senadora María de Lourdes Rojo e Incháustegui, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, a fin de solicitar a la Junta de Coordinación Política del Senado de la República que propicie una reunión de las Comisiones de Seguridad Pública, Defensa Nacional, Asuntos Fronterizos Norte, Relaciones Exteriores, América del Norte con sus homólogas del Senado estadounidense a efecto de impulsar una estrategia bilateral y mecanismos legales para el combate del tráfico de armas, suscrita por los senadores Ramiro Hernández García y Fernando Castro Trenti, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para exhortar a las Juntas de Coordinación Política de las Cámaras de Diputados y de Senadores a incluir en el foro México ante la crisis: ¿qué hacer para crecer? acciones específicas para atender a los adultos mayores y a las personas con discapacidad, a cargo de la diputada Marcela Cuen Garibi y suscrita por la diputada Laura Angélica Rojas Hernández , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Secretaría de Gobernación a incrementar los recursos presupuestados para el Fondo Nacional de Prevención de Desastres y a destinarlos urgentemente a prevenir daños a la población que habita en localidades de alto riesgo, a cargo del diputado Gerardo Villanueva Albarrán , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para exhortar a los titulares de la SCT, de Ferrocarriles Nacionales de México, y del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos a llevar a cabo las gestiones de donación sobre los inmuebles que ocupan diversas estaciones de Yucatán, a cargo del diputado Fidel Antuña Batista , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para solicitar al Ejecutivo federal que ejerza tanto los recursos presupuestados en el Procampo y en el Progan como los destinados al subsidio del diesel agropecuario y marino en el primer trimestre de 2009, suscrita por los diputados César Duarte Jáquez y José Rubén Escajeda Jiménez , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, relativo a la reciente reunión de los presidentes de Estados Unidos de América y de México, a cargo del diputado Javier Calzada Vázquez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que la Comisión Permanente se solidariza con los periodistas Ana Lilia Pérez y Miguel Badillo, y se manifiesta por el respeto irrestricto de la libertad de expresión y los derechos humanos, a cargo del diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva , del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para exhortar a las legislaturas de los estados a derogar de los respectivos códigos penales las agravantes y las atenuantes de responsabilidad de los homicidios y de las lesiones causados por la infidelidad conyugal, a cargo de la diputada Blanca Luna Becerril , del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que la Comisión Permanente saluda la decisión del presidente de Estados Unidos de América, Barak Obama, de ordenar el cierre de la prisión de Guantánamo, a cargo del senador Luis Alberto Villarreal García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, relativo a la presentación del Poder Ejecutivo federal en el foro México ante la crisis: ¿qué hacer para crecer?, a cargo del senador Rubén Fernando Velázquez López, en nombre propio y del senador José Luis García Zalvidea, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Secretaría de Relaciones Exteriores a proponer al gobierno de Estados Unidos de América una mesa de negociaciones relativas a los temas migratorio y de seguridad fronteriza, a cargo del senador Rubén Fernando Velázquez López, en nombre propio y del senador José Luis García Zalvidea, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, a fin de que la Cámara de Diputados exhorte a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas a investigar los agravios infligidos el 16 de enero del presente año al periodista Miguel Agustín Badillo Cruz, suscrita por el diputado Elías Cárdenas Márquez , del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para exhortar al secretario de Seguridad Pública, al subsecretario del Sistema Penitenciario Federal y al director general del Instituto Mexicano del Seguro Social a llevar a cabo las gestiones conducentes a reformar el Reglamento de la Colonia Penal Federal Islas Marías, a cargo del diputado Fidel Antuña Batista , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a privilegiar a empresas nacionales en el destino de los recursos designados a las acciones del Acuerdo Nacional en favor de la Economía Familiar y el Empleo, a cargo del senador Rogelio Humberto Rueda Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para citar a comparecer al director general de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano, a cargo del diputado Octavio Martínez Vargas , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al secretario de Comunicaciones y Transportes a instruir al director del Centro SCT Oaxaca para que se concluya la pavimentación de 60 kilómetros en la carretera federal 185, Transístmica, suscrita por el diputado Humberto López Lena Cruz , del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Semarnat a agilizar el cambio de uso de suelo para construir la autopista México-Tuxpan, suscrita por el diputado Íñigo Antonio Laviada Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para exhortar a las autoridades correspondientes a resolver el conflicto en la Agencia de Noticias del Estado Mexicano, a cargo del diputado José Ascensión Orihuela Bárcenas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para exhortar al titular del Ejecutivo federal a instaurar el 9 de febrero como Día del Odontólogo, a cargo del senador Rubén Fernando Velázquez López, en nombre de los senadores Lázaro Mazón Alonso y José Luis García Zalvidea, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al titular del Ejecutivo federal a instruir a los secretarios de Comunicaciones y Transportes, y de la Defensa Nacional para que la Base Área Militar número 2 de Ciudad Ixtepec reanude los vuelos comerciales y los privados, suscrita por el diputado Humberto López Lena Cruz , del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la SEP a cumplir el programa de educación física vigente para que ésta se imparta dos veces a la semana, suscrita por la diputada María Soledad Limas Frescas , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al titular de la SCT a otorgar un trato igualitario a Aviacsa respecto de las demás aerolíneas y permitirle reestructurar su deuda para que siga operando, a cargo del diputado Octavio Martínez Vargas , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno federal a defender la industria siderúrgica nacional ante la política comercial proteccionista de Estados Unidos de América, a cargo del diputado Francisco Javier Calzada Vázquez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Excitativas

A la Comisión de Puntos Constitucionales, a solicitud del diputado Carlos Altamirano Toledo , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

A las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Hacienda y Crédito Público, a solicitud del diputado Carlos Altamirano Toledo , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

A la Comisión de Hacienda y Crédito Público, a solicitud del diputado Carlos Altamirano Toledo , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

A la Comisión de Puntos Constitucionales, a solicitud del diputado Carlos Altamirano Toledo , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.»

ACTA DE LA SESION ANTERIOR

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la secretaría consulte a la asamblea si se le dispensa la lectura, en virtud de que se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria.

El Secretario senador Ramiro Hernández García: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea si se le dispensa la lectura al acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria. Los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se le dispensa la lectura.

«Acta de la sesión de la del Congreso de la Unión, celebrada el veintiuno de enero de dos mil nueve, correspondiente al Primer Receso del Tercer Año de Ejercicio de la Sexagésima Legislatura.

Presidencia del diputado César Duarte Jáquez

En el salón Legisladores de la República del Palacio Legislativo de San Lázaro en la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la del Congreso de la Unión, con la asistencia de 33 legisladores, a las 12 horas con 37 minutos del miércoles 21 de enero de 2009, el Presidente declara abierta la sesión.

En sendas votaciones económicas, la asamblea dispensa la lectura del orden del día y del acta de la sesión anterior y de la misma manera aprueba esta última.

Remiten contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados:

Se recibe de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, acuerdo por el que solicita a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados reconsidere la decisión de rechazar la reforma de la Ley General de Salud, para acotar la publicidad de comida chatarra en televisión. Se turna a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados.

Se recibe oficio del diputado José Amado Orihuela Trejo , del Partido Revolucionario Institucional, por el que solicita licencia por tiempo indefinido, para separarse de sus funciones como diputado federal, electo en el IV distrito electoral de Morelos, a partir del 26 de enero de 2009. En votación económica, la asamblea aprueba los puntos de acuerdo por los que se concede la licencia solicitada. Comuníquese a la Cámara de Diputados.

El senador Carlos Jiménez Macías, del Partido Revolucionario Institucional, informa la reincorporación a sus labores legislativas, a partir de esta fecha. De enterado, comuníquese a la Cámara de Senadores.

La Comisión Nacional del Agua, remite informe de los ingresos excedentes recaudados al 31 de diciembre de 2008. Se remite a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Recursos Hidráulicos de las Cámaras de Diputados y de Senadores, para su conocimiento.

Se remiten, para su conocimiento, a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados y a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores los siguientes documentos que envía la Secretaría de Hacienda y Crédito Público:

• Información relativa al pago de las participaciones a las entidades federativas, correspondiente al mes de diciembre de 2008 desagregada por tipo de fondo, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y por entidad federativa, efectuando la comparación respectiva a diciembre de 2007.

El documento Distribución del pago de impuestos y recepción del gasto público por deciles de hogares y personas. Resultados para el año dos mil seis .

Se reciben de la Secretaría de Gobernación:

a) Solicitudes de permiso constitucional necesario para que los ciudadanos:

Las solicitudes de permisos se turnan a la Primera Comisión de Trabajo y la cancelación de permiso se turna a las Comisiones de Gobernación de las Cámaras de Diputados y de Senadores.

b) Contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados, relativas:

c) Contestación a punto de acuerdo, aprobado por la Cámara de Senadores, relativo al informe trimestral sobre los avances en materia de contratación de personas que sufren algún tipo de discapacidad, correspondiente al cuarto trimestre de 2008. Se remite a la Cámara de Senadores.

Se recibe del Congreso de Baja California, iniciativas con proyecto de decreto que:

El diputado Luis Fernando Rodríguez Ahumada , del Partido Acción Nacional, presenta iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de Seguridad Privada. Se turna a la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados.

Se reciben iniciativas con proyecto de decreto de los legisladores:

Presidencia del senador Luis Alberto Villarreal García

El diputado, Juan de Dios Castro Muñoz presenta en nombre propio y de los diputados María Elena de las Nieves Noriega Blanco Vigil y Ramón Ignacio Lemus Muñoz Ledo , del Partido Acción Nacional, iniciativa con proyecto de decreto que deroga diversas disposiciones de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos y adiciona un capítulo XXVII al Código Penal Federal. Se turna a las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Justicia de la Cámara de Diputados. Se adhiere a este asunto la diputada Blanca Luna Becerril , de Nueva Alianza.

Se reciben iniciativas con proyecto de decreto de los legisladores:

Presenta iniciativa con proyecto de decreto el diputado Carlos Augusto Bracho González , en nombre propio y de integrantes de la Comisión de Desarrollo Metropolitano, del Partido Acción Nacional, que reforma y adiciona los artículos 26, 115 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.

Presidencia del diputado César Duarte Jáquez

Se reciben iniciativas con proyecto de decreto de los legisladores:

En sendas votaciones económicas, la asamblea dispensa la primera y segunda lectura de los dictámenes con proyecto de decreto de la Primera Comisión de Trabajo, que conceden permisos a los ciudadanos:

El Presidente declara aprobados en conjunto los dictámenes en comento por 23 votos. Pasan al Ejecutivo federal para sus efectos constitucionales.

A solicitud de la Mesa Directiva y con la aprobación de la asamblea, en votación económica, se concede el uso de la tribuna a la senadora Marcela Cuen Garibi , en nombre de los senadores Sebastián Calderón Centeno, Alberto Coppola Joffroy y Juan Bueno Torio, del Partido Acción Nacional, para presentar proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta al titular del Ejecutivo federal tomar las medidas necesarias con el fin de disminuir el precio del diesel para el autotransporte, en virtud de la crisis en la que se encuentra dicho sector. En votación económica se considera de urgente resolución. Intervienen en pro los diputados: Octavio Martínez Vargas , del Partido de la Revolución Democrática, quien propone adiciones; César Duarte Jáquez, del Partido Revolucionario Institucional y senador Ángel Alonso Díaz- Caneja, del Partido Acción Nacional. Se adhieren los senadores Renán Cleominio Zoreda Novelo, Raúl José Mejía González, ambos del Partido Revolucionario Institucional; Rubén Fernando Velázquez López, del Partido de la Revolución Democrática y Ángel Juan Alonso Díaz Caneja, del Partido Acción Nacional. En sendas votaciones económicas, se aceptan las adiciones, se considera suficientemente discutido y se aprueba. Comuníquese.

La asamblea autoriza en votación económica, sólo la lectura de los puntos de acuerdo de los dictámenes de:

a) La Primera Comisión de Trabajo:

Para exhortar al Ejecutivo federal emita el Reglamento de la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas.

Sobre el caso de la ciudadana Ana Laura Montero Ocampo.

Por el que la Comisión Permanente, con absoluto respeto a la división de poderes, hace un atento exhorto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a efecto de que se resuelva el incidente de inejecución de sentencia número 00686/2008.

En votación económica, la asamblea aprueba en conjunto los puntos de acuerdo. Comuníquense.

b) La Tercera Comisión de Trabajo:

Para solicitar al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, informe sobre las operaciones realizadas con relación a la venta de la cartera vencida.

En votación económica, la asamblea aprueba en conjunto los puntos de acuerdo. Comuníquense.

b) De la Segunda Comisión de Trabajo:

En votación económica, la asamblea aprueba en conjunto los puntos de acuerdo. Comuníquense.

A solicitud de la Presidencia, la asamblea guarda un minuto de silencio en memoria del doctor Carlos Canseco González, fallecido el 14 de enero de 2009 en Monterrey, Nuevo León.

Se reciben proposiciones con punto de acuerdo de los legisladores:

Se concede el uso de la tribuna para presentar proposiciones con punto de acuerdo a los diputados:

Se recibe del diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva , de Convergencia, proposición con punto de acuerdo para exhortar al secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a que dé cumplimiento a los principios de libre competencia y libre concurrencia en el mercado de la guayaba. Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.

Presentan proposiciones con punto de acuerdo los legisladores:

Se recibe del senador Gabino Cué Monteagudo, de Convergencia, proposición con punto de acuerdo respecto a la aplicación del Programa ProÁrbol. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca de la Cámara de Senadores.

La diputada Lariza Montiel Luis , del Partido Acción Nacional, presenta proposición con punto de acuerdo, para exhortar al Consejo de Administración de la Comisión Federal de Electricidad, equipare el precio de compra del carbón nacional con respecto al internacional. Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.

Se reciben proposiciones con punto de acuerdo de los legisladores:

Se reciben solicitudes de excitativas del:

El Presidente clausura la sesión a las 15 horas con 51 minutos y cita para la próxima que tendrá lugar el miércoles 28 de enero de 2009 a las 11:00 horas.»

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.

El Secretario senador Ramiro Hernández García: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Aprobada el acta. Continúe la Secretaría con las comunicaciones.

SOCIEDAD HIPOTECARIA FEDERAL

La Secretaria diputada Marcela Cuen Garibi : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Sociedad Hipotecaria Federal.

del Congreso de la Unión.

Me refiero al oficio número DGPL 60-II-2-2123, expediente 437 CP, del 8 de enero de 2009, recibido en la oficialía de partes de esta Sociedad Hipotecaria Federal, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo (SHF), el 9 del mismo mes y año, suscrito por el diputado César Duarte Jáquez y el senador Ramiro Hernández García, Presidente y Secretario de la del Congreso de la Unión, respectivamente, mediante el cual hacen del conocimiento que en sesión del 8 de enero de 2009 se aprobó el punto de acuerdo que a continuación se transcribe:

Acompañando al oficio se anexa copia del dictamen correspondiente emitido por la Tercera Comisión --Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas-- de la Comisión Permanente.

Al respecto, en relación con el requerimiento contenido en el punto de acuerdo, así como en el dictamen correspondiente, informo lo siguiente:

Por lo que se refiere a la autorización en términos de la Ley de Crédito Garantizado y las Reglas, la SHF realiza el análisis de las solicitudes como valuador profesional conforme le son puestos a consideración por parte de la unidad de valuación respectiva, quien a su vez, para poder inscribir a los interesados en su padrón, se asegura de que éstos cumplan con los requisitos normativos. Este esquema que deriva de la Ley de Crédito Garantizado, procura que los valuadores profesionales mantengan la relación directa con la unidad de valuación, lo que permite la transparencia y seguridad en el proceso, teniendo como razón el hecho de que la unidad de valuación, siendo una persona moral, cuenta con procesos, controles y políticas que permiten el establecimiento de medidas que aseguran a la población contar con mayores elementos de certidumbre en la prestación del servicio de valuación, debido a que el resultado no depende de un solo individuo, sino de una unidad de valuación, la cual se responsabiliza de la función de los valuadores profesionales que se encuentran inscritos en su padrón.

Es menester destacar que una vez transcurrido el plazo de tres años de vigencia de la autorización, temporalidad que establece la Ley de Crédito Garantizado, y que comienza a partir del otorgamiento de ésta como valuador profesional, para poder seguir fungiendo como valuador profesional se debe solicitar la renovación de dicha autorización, siendo necesario que el interesado cumpla con el mismo procedimiento que el relativo a la solicitud de autorización.

Por lo anterior, los valuadores profesionales que solicitan su renovación a través de la unidad de valuación correspondiente, conforme a los términos del artículo segundo transitorio del decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Transparencia y Fomento a la Competencia en el Crédito Garantizado, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de febrero de 2005, se encuentran obligados a presentar la documentación a la unidad de valuación que acredite el cumplimiento de los requisitos aplicables, para la procedencia de la solicitud que, en su caso, se presente a la SHF.

En este sentido se concluye que conforme al artículo segundo transitorio del decreto antes señalado, no se obligó a quienes contaban con la autorización al 8 de febrero de 2005 a que durante la vacatio legis, debieran presentar la cédula profesional de postgrado en valuación respectiva, por lo que SHF sólo quedó facultada a verificar el cumplimiento del requisito de la cédula profesional de postgrado en valuación expedida por la Secretaría de Educación Pública, conforme a las disposiciones normativas aplicables contenidas en la Ley de Crédito Garantizado y las Reglas; esto es, al momento de resolver una solicitud de autorización o renovación, según sea el caso.

Conforme a lo señalado, se informa que la SHF ha verificado en el otorgamiento de las autorizaciones y sus renovaciones para la práctica valuatoria de inmuebles objeto de créditos garantizados a la vivienda, que los interesados a través de las unidades de valuación acrediten el cumplimiento de los requisitos que les son exigibles conforme al marco jurídico establecido en la Ley de Crédito Garantizado y las Reglas, por lo que las autorizaciones y renovaciones que la SHF ha emitido se han realizado conforme a los términos de las disposiciones normativas y en estricto cumplimiento a las mismas, particularmente a lo dispuesto por el artículo segundo transitorio en comento.

El requisito antes mencionado y que se adicionó mediante el decreto citado implica que para poder solicitar la autorización o, en su caso, la renovación de ésta como valuador profesional, el interesado debe acreditar que cuenta con cédula profesional de postgrado en valuación expedida por la Secretaría de Educación Pública, motivo por el cual, en acatamiento a la fracción citada, a partir del 8 de febrero de 2005, para emitir la autorización como valuador profesional, la SHF verifica en las solicitudes que se realizan por conducto de cada unidad de valuación interesada, que el particular que requiere obtener la autorización como valuador profesional, cuenta con cédula profesional de postgrado en valuación expedida por la Secretaría de Educación Pública.

En este sentido, a partir del 8 de febrero de 2005, la SHF ha verificado, para emitir la autorización como valuador profesional, que el interesado acredite a través de la unidad de valuación correspondiente, contar con la cédula profesional de postgrado en valuación señalada.

Igualmente, por lo que se refiere a la renovación de la autorización como valuador profesional, a partir del 8 de febrero de 2008, fecha en que terminó la vacatio legis referida, la SHF ha verificado para emitirla que el interesado acredite a través de la unidad de valuación correspondiente, contar con la cédula profesional de postgrado en valuación señalada.

Si concluido el plazo antes señalado no obtuvieran la cédula profesional en cuestión, la autorización como perito valuador les será cancelado.

Lo anterior implicó que quienes contaban con la autorización expedida por la SHF podrían continuar realizando avalúos para inmuebles objeto de créditos garantizados a la vivienda, sin la obligación de cumplimentar el requisito establecido por la fracción IX del artículo 3o. de la Ley de Transparencia y de Fomento a la Competencia en el Crédito Garantizado (Ley de Crédito Garantizado), consistente en contar con cédula profesional de postgrado en valuación expedida por la Secretaría de Educación Pública, manteniendo los derechos y obligaciones inherentes a la autorización conferida.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Remítase a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados, así como al promovente, para su conocimiento.

ESTADO DE MEXICO

La Secretaria diputada Marcela Cuen Garibi : «Instituto Nacional de Antropología e Historia.

Diputado César Duarte Jáquez, Presidente de la Mesa Directiva de la LX Legislatura de la honorable Cámara de Diputados.--- Presente.

En atención al oficio número D.G.P.L.90-II-6-2713, mediante el cual informa que la del Congreso de la Unión, aprobó los puntos de acuerdo en los que se ``exhorta al Instituto Nacional de Antropología, suspenda los diversos trabajos que se realizan en los basamentos piramidales de la zona arqueológica de Teotihuacán, por el denominado espectáculo de Luz y Sonido y, por otra parte, solicita al Ejecutivo que lleve a cabo la investigación correspondiente y si existe delito en contra el patrimonio nacional, se proceda a fincar las responsabilidades que correspondan''; al respecto me permito informar lo siguiente:

En todo momento la postura del Instituto Nacional de Antropología e Historia ha sido la de cumplir con la obligación de respetar la integridad de los monumentos arqueológicos, sin dañar en forma alguna los vestigios originales de las estructuras de la zona arqueológica de Teotihuacán, por lo que desde la presentación del proyecto denominado Resplandor Teotihuacano ante este instituto por la Secretaría de Turismo del gobierno del estado de México, por procedimiento normativo se sometió a revisión del Consejo de Arqueología, órgano colegiado integrado por especialistas en la materia y que actúa como una instancia técnica.

De la revisión realizada por dicho órgano colegiado a la propuesta, resultaron modificaciones al proyecto con el propósito de mejorar su contenido y salvaguardar el patrimonio.

No obstante lo anterior, con el objeto de atender los planteamientos formulados por los trabajadores de este instituto, con fecha 23 de diciembre de 2008 se inició el retiro de canaletas, para minimizar el impacto visual de la citada instalación. Asimismo, se procedió a desmontar las luminarias que habían sido ancladas con taquetes, de 5 centímetros, a los empedrados reconstruidos en los cuerpos de la pirámide del Sol y de la Luna. Las oquedades de 5 centímetros de profundidad han sido rellenadas con mezcla a base de cal química, arena y cemento en muy bajas proporciones; y, en su caso, piedra molida. No omito señalar que todas estas acciones se han realizado bajo la estricta supervisión del personal especializado del Instituto Nacional de Antropología e Historia.

Es importante señalar que el proyecto denominado Resplandor Teotihuacano promovido por el gobierno del estado de México se inscribe dentro del convenio celebrado entre el gobierno del estado de México, Nacional Financiera, SNC, Fonatur, los ayuntamientos de Teotihuacán, Axapusco, Texocotitla, Otumba, Acolman, Nopaltepec, San Martín de las Pirámides y este instituto como testigo, para llevar a cabo el Programa Regional de Desarrollo Turístico del Corredor Teotihuacán-Acolman-Otumba, estado de México.

Cabe mencionar que las decisiones del Instituto Nacional de Antropología e Historia se han tomado con estricto arreglo a lo que señala la Ley Orgánica del propio instituto y la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, determinaciones que se sustentan con la opinión del Consejo de Arqueología, motivo por el cual podemos afirmar que las personas que han intervenido en los trabajos y supervisión del proyecto Resplandor Teotihuacano no han provocado daño alguno al patrimonio arqueológico, en virtud de que todas las actividades se han ejecutado de conformidad con las especificaciones técnicas aprobadas, por lo que en este sentido, el instituto reitera que de ninguna manera los trabajos realizados han ocasionado daños físicos a las estructuras arqueológicas originales de las pirámides.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para enviarles un cordial saludo.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Remítase a las comisiones correspondientes y al promovente, para su conocimiento.

LEY QUE CREA EL FIDEICOMISO 2106 - EX TRABAJADORES MIGRATORIOS MEXICANOS

La Secretaria diputada Marcela Cuen Garibi : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Congreso del Estado Libre y Soberano de Durango.

Licenciado César Duarte Jáquez, Presidente de la Comisión Permanente de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados.

En sesión ordinaria de la Comisión Permanente verificada el 13 de enero del presente año, la honorable Sexagésima Cuarta Legislatura del Estado de Durango aprobó un punto de acuerdo que a la letra dice lo siguiente:

Envíese el presente punto de acuerdo a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a través de la Comisión Permanente, para que en breve promuevan una modificación al decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de septiembre de 2008, que reforma, adiciona y deroga algunos artículos de la Ley que crea el Fideicomiso 2106, y varios numerales de las reglas de operación del fideicomiso del programa Fondo de Apoyo Especial para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, de tal manera que

Sin otro particular, nos es grato reiterarle las seguridades de nuestra consideración atenta y distinguida.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Remítase a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, para su conocimiento.

LEY FEDERAL DE COMPETENCIA ECONOMICA

La Secretaria diputada Marcela Cuen Garibi : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Asamblea Legislativa del Distrito Federal.--- IV Legislatura.

Diputado César Duarte Jáquez, Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.--- Presente.

Por este conducto y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 42, fracción XXV, del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 50, fracciones IV, V, VII y 58, fracción XVII, de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, me permito hacer de su conocimiento que el Pleno de la Diputación Permanente de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en sesión celebrada en la fecha citada al rubro, resolvió aprobar el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. Esta Asamblea Legislativa del Distrito Federal exhorta a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a realizar las adecuaciones necesarias a la Ley Federal de Competencia Económica, con el propósito de incorporar la normativa requerida para fijar precios máximos a los productos básicos, en situaciones especiales.

Lo anterior para los efectos correspondientes, anexo al presente sírvase encontrar copia del punto de acuerdo en comento.

Sin otro particular, reitero a usted mi consideración distinguida.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Asamblea Legislativa del Distrito Federal.--- IV Legislatura.

Diputado Daniel Salazar Núñez, Presidente de la Mesa Directiva de la Diputación Permanente en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal de la IV Legislatura.--- Presente.

El suscrito, diputado Enrique Vargas Anaya, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, de la IV Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 13, fracción II, y 17, fracción VI, de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa, así como 133 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, somete a la consideración de este honorable órgano legislativo la siguiente propuesta con propuesta de punto de acuerdo para exhortar a la Cámara de Diputados a realizar las adecuaciones necesarias a la Ley Federal de Competencia Económica con el propósito de incorporar la normativa requerida para fijar precios máximos a los productos básicos, en situaciones especiales.

Considerandos

Primero. Que al concluir el 2008 era evidente que la crisis económica internacional había contaminado el ambiente nacional. Las expectativas de todos los agentes económicos eran de una reducción en los ritmos de crecimiento económico, y el año concluía con la inflación más elevada de los últimos ocho años, duplicando prácticamente los pronósticos oficiales.

En el caso de los productos básicos, el incremento de los precios está ahora muy por encima del crecimiento del índice general de precios al consumidor, golpeando severamente la economía familiar.

En esta perspectiva, el gobierno federal tardíamente ha propuesto una serie de acciones que, a criterio de este legislador, no atacan los efectos devastadores de la pérdida del poder adquisitivo de la mayoría de la población.

Segundo. Que el modelo neoliberal que se ha aplicado desde hace más de 20 años, y la consecuente desregulación de prácticamente todo el sistema de mercado, han puesto en entredicho el principio constitucional de rectoría económica del estado , supuestamente para dinamizar la capacidad de producción de la economía sin distorsionar el mercado. Cuando ha sido el carácter predominantemente oligopólico lo que ha deformado dramáticamente el principio de libre mercado.

Las prácticas monopólicas están a la orden del día, perjudicando a los consumidores nacionales, en especial a los estratos de menores ingresos.

Tercero. Que el haber desmantelado el sistema de precios de garantía y desaparecido a la Compañía Nacional de Subsistencias Populares han sido factores que, en momentos de crisis, contribuyen a encarecer los productos básicos, favoreciendo las practicas especulativas, como se ha visto en el caso de las tortillas.

Cuarto. Que el gobierno ha sido renuente a incorporar mecanismos de control de precios aún temporalmente, dando argumentos falaces al respecto, mientras se continúa beneficiando únicamente a los grandes empresarios y comerciantes transnacionales y nacionales, quienes demuestran poca solidaridad con la situación actual y contribuyen a la especulación, el acaparamiento y la espiral inflacionaria.

Quinto. Que la pérdida real del poder adquisitivo de la mayoría de la población, resultante del crecimiento de los precios perjudica la mermada situación de la mayoría de las familias mexicanas, que al no contar con capacidad de compra refuerza la expectativa de estancamiento de la producción y, en consecuencia, de pérdida de empleos, que agudiza la crisis económica. Así, el estancamiento con inflación es la peor cara del capitalismo salvaje, que en el caso de México, dominado por una minoría beneficiada con el esquema neoliberal, ha provocado que hasta un premio Nóbel de Economía se haya mofado del mismo, catalogándolo como ``capitalismos de compadres''.

Sexto. Que actualmente, a pesar de que constitucionalmente se cuenta con los instrumentos jurídicos necesarios para la regulación económica del mercado, las leyes secundarias, como la Federal de Competencia Económica y la de Defensa del Consumidor, intencionalmente no cuentan con las atribuciones explicitas para regular casos especiales como el que se está viviendo en este momento en el país, para instrumentar, temporalmente, precios máximos en los productos de consumo básico.

Séptimo. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 25 señala:

Octavo. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 25 señala:

Noveno. Que en la misma Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 28 señala que las prácticas monopólicas están prohibidas en este país:

Asimismo, el último párrafo del artículo citado señala:

Décimo. Que el marco legal vigente para regular el proceso de fijación de precios para el consumidor nacional se encuentra estrechamente limitado ya que la emisión de un decreto que establezca o fije precios para determinados bienes y servicios requiere de inexistencia de condiciones de competencia, a criterio de la Comisión Federal de Competencia, con base en el artículo séptimo de la Ley Federal de Competencia Económica.

y limpiadores, analgésicos, antibióticos, anticonceptivos y hormonales, antigripales, metro, o transporte eléctrico, taxi, cuadernos, carpetas y útiles escolares.

Decimoquinto. Que por todo lo anterior, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 17, fracción VI, de la Ley Orgánica; y 133 del Reglamento para el Gobierno Interior, ambos de la Asamblea Legislativa del DF, someto a la consideración de este Pleno el siguiente punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución.

Único. Esta Asamblea Legislativa del Distrito Federal exhorta a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión a realizar las adecuaciones necesarias a la Ley Federal de Competencia Económica con el propósito de incorporar la normativa requerida para fijar precios máximos a los productos básicos, en situaciones especiales.

AGUA ADICIONAL A LA REGION LAGUNERA

La Secretaria diputada Marcela Cuen Garibi : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.--- Comisión Nacional del Agua

Senador Luis Alberto Villarreal García, Presidente de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.--- Presente.

Hago referencia al punto de acuerdo aprobado en la sesión de la Comisión Permanente del 22 de diciembre de 2008, que se transcribe a continuación:

Al respecto me permito informarle que el Comité Técnico de Operación de Obras Hidráulicas (CTOOH) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) es quien autoriza los volúmenes de agua a extraer de las 137 presas que abastecen a los distritos de riego, en función del volumen de agua almacenado al inicio del año agrícola y de una probabilidad de ocurrencia de las aportaciones a las presas del 98 por ciento, correspondiente a un año seco. Este cuerpo colegiado está integrado por diferentes áreas de la Conagua; dependencias del gobierno federal, como la CFE, la Segob, la Sagarpa, entre otras; e instituciones de enseñanza e investigación como el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua y el Instituto de Ingeniería de la UNAM.

El 1 de octubre de 2008, inicio del año agrícola, las presas del río Nazas, El Palmito ( Lázaro Cárdenas) y Las Tórtolas (Francisco Zarco), tenían almacenados 3 mil 386.9 y 343.7 millones de metros cúbicos (Mm³) respectivamente.

El CTOOH tomó el acuerdo de extraer del sistema de presas Lázaro Cárdenas y Francisco Zarco 1,050 Mm³ para el año agrícola 2008-2009, considerando los decretos presidenciales de 1963 y 1988, así como las reglas de extracción vigentes para el sistema de presas en comento.

Este volumen de agua autorizado, fue dado a conocer al Comité Hidráulico del Distrito de Riego 017, Región Lagunera, Coahuila y Durango, por la Dirección General del Organismo de Cuenca Cuencas Centrales del Norte, solicitando la elaboración del plan de riegos del año agrícola 2008-2009. El Comité Hidráulico aprobó el plan de riegos en la reunión del 17 de diciembre de 2008.

Le recuerdo que el Comité Hidráulico está integrado por los 17 presidentes de las asociaciones civiles de usuarios (módulos), que tienen concesionados el agua y la infraestructura para prestar el servicio de riego a sus asociados. Este comité es presidido por el ingeniero en jefe del distrito de riego, quien sólo tiene voto de calidad.

El punto de acuerdo de la Comisión Permanente fue remitido al CTOOH por la Subdirección General de Infraestructura Hidroagrícola (SGIH), para su discusión en su reunión del 13 de enero de 2009.

Para que el CTOOH tuviera más elementos, la SGIH le envió el análisis del plan de riegos 2008-2009, que se anexa al presente para su conocimiento.

A continuación comento algunos aspectos importantes de dicho análisis.

La Conagua cuenta con datos de escurrimientos del río Nazas desde 1929. Los escurrimientos anuales del río Nazas son muy variables, lo que hace que el coeficiente de variación sea muy grande e igual a 0.62. Las sequías hidrológicas en el río Nazas son muy recurrentes, en 78 años se han presentado 19 sequías hidrológicas, 1 extraordinaria y 2 severas, con 5 o más años de duración.

En los años agrícolas 1989-1990 a 1992-1993 se tuvieron aportaciones del río Conchos a las presas El Palmito y Las Tórtolas mayores a la media aritmética de mil 317.6 Mm³.

A partir del año agrícola 1993-1994 inició una sequía hidrológica en el río Nazas, que fue interrumpida en el año 1995-1996. Pero a partir del año 1996-1997 se inició la sequía extraordinaria que terminó en el año 2003-2004.

En los años agrícolas en que se tuvieron aportaciones a las presas mayores que la media aritmética, se hicieron extracciones superiores a las mil 50 Mm³, contraviniendo los decretos de 1963 y 1988. Por ejemplo en el año agrícola 1991-1992 se extrajeron 1,753 Mm³. Esta política de extracción, aunada a la sequía extraordinaria que inició en el año 1996-1997, ocasionó que el 1 de octubre de 2001 se tuvieran almacenados en las dos presas tan sólo 622 Mm³, autorizando el CTOOH una extracción de 309 Mm³, para ese año agrícola.

La Conagua propuso reglas de extracción de agua del sistema de presas El Palmito-Las Tórtolas, en función de la suma de los volúmenes de agua almacenados al 1 de octubre de cada año. Si este volumen de agua almacenado es mayor o igual a 2 mil 640.0 Mm³, el volumen de agua autorizado a extraer es de mil 50 Mm³. Estas reglas fueron obtenidas con ayuda de un modelo matemático de simulación del funcionamiento de los vasos de almacenamiento de ambas presas.

Tomando en cuenta los almacenamientos que se tenían el 1 de diciembre de 2008 y que eran 3 mil 127.3 Mm³ en El Palmito y 344.8 Mm³ en la Francisco Zarco, se hizo una simulación del funcionamiento de los dos vasos, considerando la extracción autorizada de mil 50 Mm³ en el año agrícola 2008-2009 y aportaciones correspondientes a un año seco, encontrándose que para los años agrícolas de 2009-2010 y 2010-2011 se autorizarían 880 y 717 Mm³, respectivamente. Si se autorizan los 360 Mm³ adicionales solicitados en el Punto de Acuerdo y si el año 2008-2009 fuera seco se autorizaría para el próximo año agrícola 530 Mm³.

Finalmente en el análisis se presenta una simulación en donde se considera el almacenamiento que tenían las presas el 1 de diciembre de 2008, que en el año agrícola 2008-2009 se extraen los mil 50 Mm³ autorizados y que se presentan los escurrimientos observados a partir del año 1993-1994. Los resultados de la simulación muestran que en el peor año, aplicando las reglas de extracción propuestas por la Conagua, se extraen 417 Mm³, volumen superior a los 309 Mm³ extraído en el año agrícola 2001-2002.

El CTOOH tomó el acuerdo 4550, en su reunión 874 del 13 de enero de 2009, que a la letra dice:

Contestar a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, que no es conveniente aprobar 350 Mm³ de la presa Lázaro Cárdenas, Durango, adicionales a los mil 50 Mm³ asignados para el ciclo agrícola 2008-2009; a fin de respetar los Decretos Presidenciales y propiciar un uso racional del recurso; así como proponer presentantes, en su caso, los análisis técnicos realizados, que fundamentan lo anterior.

Senador Villarreal García, la Comisión Nacional del Agua está en la mejor disposición para llevar a cabo una reunión de trabajo a la brevedad, con el senador Ramiro Hernández García y los diputados Rubén Escajeda Jiménez y Javier Guerrero García , promotores del punto de acuerdo, o con quien usted considere conveniente, para presentarles el análisis del plan de riegos 2008-2009 del Distrito de Riego 017, Región Lagunera, Coahuila y Durango.

Sin otro particular, quedo de usted.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Remítase al promovente, para su conocimiento.

ESTADO DE MEXICO

La Secretaria diputada Marcela Cuen Garibi : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.--- Comisión de Cultura.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.--- Comisión de Cultura.

Informe de la Comisión de Cultura, referente al Programa Regional de Desarrollo Turístico del Corredor Teotihuacán-Acolman-Otumba-San Martín-Axapusco-Nopaltepec, y al proyecto Resplandor Teotihuacano

``Antes de finalizar, queremos insistir en la necesidad de que la arqueología alcance ya el nivel científico que le pertenece, y que no se convierta en un medio para restauraciones de monumentos para el turismo...''Eduardo Matos Moctezuma.

Con fundamento en el numeral 6, inciso g), del artículo 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de la mesa directiva de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados nos permitimos presentar a consideración de la Comisión Permanente y de la Junta de Coordinación Política de este órgano legislativo el informe relativo al Programa Regional de Desarrollo Turístico del Corredor Teotihuacan-Acolman-Otumba-San Martín-Axapusco-Nopaltepec y, en particular, con relación al proyecto Resplandor Teotihuacano, bajo las siguientes

Consideraciones

Zona arqueológica de Teotihuacán

La cultura teotihuacana tuvo un esplendor de 600 años, que abarcan los siglos I al VIII. En ese periodo se desarrolla la vertiente de la que abrevarán las culturas del altiplano, particularmente los mexicas.

Según el doctor Miguel León Portilla, ¹ la ciudad de Teotihuacan fue en su tiempo una de las mayores urbes en el mundo. Abarcaba 22 kilómetros cuadrados y su población alcanzaba los 70 mil habitantes; esto explica el porqué se considera una de las más grandes obras culturales de la humanidad, además de los sistemas de conocimientos logrados por la civilización mesoamericana, como son la escritura y el conteo de los días en un calendario de gran precisión. La zona arqueológica de Teotihuacán es una de las zonas más estudiadas y conocidas por especialistas mexicanos y más allá de nuestras fronteras. Las diferentes referencias de Teotihuacán permiten constatar que por casi 750 años no hubo ciudad en Mesoamérica que compitiera con las dimensiones, fama y poder de Teotihuacán.

Testimonios

Los testimonios de los cronistas de la época colonial como Fray Gerónimo de Mendieta, el padre Motolinía, Fray Bernardino de Sahagún, Fray Juan de Torquemada, Francisco Xavier Clavijero y Francisco del Paso y Troncoso, entre otros, dieron cuenta de la existencia de las grandes pirámides y de lo que llamaban montículos; sin embargo, es Fray Juan de Torquemada quien ofreció el siguiente testimonio:

Lo que sabré afirmar en esto, es que estos indios de la Nueva España tenían dos templos de grandísima altura y grandeza, edificados a 6 leguas de esta ciudad, junto a San Juan Teotihuacán, los cuales estaban apartados de poblado y lo están ahora, aunque no en mucha distancia. Alrededor de ellos hay otros asientos que pasan de más de 2 mil, por lo cual se llama aquel lugar Teotihuacán, que quiere decir ``Lugar de Dioses''. ²

Fray Bernardino de Sahagún recibió por sus informantes la referencia del gran centro ceremonial Teotihuacán, cuya ubicación se identificaba junto al pueblo que se llama San Juan Teotihuacán.

Expediciones a Teotihuacán

Los viajeros y expedicionarios daban cuenta del asombro ante Teotihuacán; según el arqueólogo Eduardo Matos Moctezuma, Teotihuacán es uno de los sitios más estudiados arqueológicamente, y sus primeras expediciones datan del siglo XVII, cuando Gemelli Carreri llega a Teotihuacán en la expedición comandada por Pedro de Alva; sin embargo, es hasta el siglo XIX en que se multiplicaron las crónicas y las expediciones: Alexander von Humboldt ofreció su testimonio en sitios de las cordilleras y monumentos de los pueblos indígenas de América, en que publicó las investigaciones y cálculos que el científico mexicano Juan José de Oteiza y Vértiz hiciera en 1803, de la altura y medidas de la base piramidal y secciones de las pirámides de Teotihuacan. ³

Sin embargo, es hasta el año de 1864, con la expedición de la comisión científica de Pachuca, que estudiosos como Gamio consideraron el inicio del estudio formal de las ruinas de la zona arqueológica. En el año 1877, Don Gumersindo publicó en los anales del Museo Nacional el resultado de sus investigaciones. Unos años después, en 1885, el explorador francés Desiré Charnay ofreció en su obra Les anciennes villes du noveau monde una descripción de Teotihuacán, y los hallazgos realizados después de las excavaciones que realizó en el lado occidental de la Calzada de los Muertos y en el panteón del pueblo de San Juan Teotihuacán.

Son altamente consideradas las aportaciones del profesor William H. Holmes publicadas en 1897, con un método cercano a los procedimientos de la arqueología científica.

A partir de su nombramiento como inspector de monumentos arqueológicos en 1884, el señor Leopoldo Batres inició las expediciones por cuenta del gobierno; posteriormente, entre 1905 y 1910 realizaría las obras de reconstrucción con la escalinata solicitada por el presidente Díaz, así como una línea de tren que pasaba al pie de las pirámides.

Es para las celebraciones de las fiestas del Centenario que se inauguraron las obras la zona arqueológica, que se reconstruyó con afectaciones a por lo menos 7 metros del basamento original y la destrucción de algunos murales de los cuales no se registraron ni las imágenes.

Sin duda, las investigaciones de Manuel Gamio arrojaron nueva luz, no sólo de la riqueza e importancia de Teotihuacán en el conocimiento científico del México prehispánico. Gamio no sólo emprendió la primera investigación científica basada en la geología, particularmente en la estratigrafía, que son excavaciones que se realizan con objeto de precisar la sucesión y formación de las diversas capas que constituyen el subsuelo, así como el análisis de los restos animales y vegetales, de la misma manera que los vestigios materiales. Pero Gamio no se contentó con inaugurar la arqueología científica en México, integró a su estudio disciplinas como la etnología y la antropología cultural de las poblaciones del valle de Teotihuacán.

En el sexenio del presidente Adolfo López Mateos, el Instituto Nacional de Antropología e Historia comenzó importantes trabajos como el proyecto de Teotihuacán, en septiembre de 1962, cuyos trabajos finalizaron en septiembre de 1964, dejando a la vista la gran plaza de la Pirámide del Sol y el complejo Palacio de Quetzal-Mariposa la Calle de los Muertos y la plaza de la Pirámide de la Luna. Se construyó también una carretera para facilitar la comunicación con la zona arqueológica.

Desde entonces, los trabajos de investigadores como los de William Sanders, Laurette Sejourné, Eduardo Matos Moctezuma y Jacques Soustelle han dado luz a numerosos aspectos de la cultura teotihuacana: cosmogonía, poesía, cerámica, murales, rituales, ceremonias, astrología, etcétera.

Recientemente, en 2003 se dieron a conocer los resultados de las investigaciones bajo la Pirámide de la Luna, coordinada por el arqueólogo Rubén Cabrera en colaboración con el japonés Saburo Sugiyama. Posteriormente, en 2006 se dieron a conocer los nexos e influencia de la cultura teotihuacana en la cultura maya, así como el carácter central de la jerarquía militar de una cultura que se había concebido como sacerdotal.

Precedentes históricos en el resguardo del patrimonio cultural mexicano

La protección del patrimonio cultural y su expresión en la identidad nacional consistió en uno de los imperativos de la nación mexicana. Por tal motivo, uno de los primeros decretos emitidos por el presidente Guadalupe Victoria en 1825 fue para crear la institución del Museo Mexicano, en cuyo acervo se encontraban la Piedra de Sol (popularmente conocida como Calendario Azteca y más correctamente identificada como Piedra de Sacrificios), las piezas arqueológicas procedentes de la Isla de Sacrificios, la Coatlicue y los monolitos entregados por Diego de la Rosa. Basta considerar que este museo es la simiente del Museo Nacional de Antropología e Historia, en el cual, hasta entrado el siglo XX, se concentraban las colecciones arqueológicas y de historia natural, como lo documentó Alfonso L. Herrera en los catálogos de las colecciones del Museo Nacional.

Por otro lado, en 1911 se iniciaron las actividades formales de la Escuela Internacional de Arqueología y Etnología Americanas, que tuvo la dirección de investigadores como Eduard Seler, Franz Boas y Manuel Gamio. Esta institución legó un conjunto de innovaciones metodológicas y técnicas para realizar excavaciones; se destacaron por su importancia las de Cuicuilco, obra realizada en su mayor parte sobre una extensión cubierta de lava; el palacio de Sayil en Yucatán; la zona de Teopanzolco o lugar del Templo Viejo, Morelos; y el templo de Quetzalcóatl en Teotihuacán.

Posteriormente, en 1913, el gobierno federal expidió un reglamento que facultaba al Museo Nacional para inspeccionar los monumentos arqueológicos, por lo que las labores académicas de arqueología, etnografía e historia se trasladaron a la Escuela de Altos Estudios. Esta institución fue fundada por Justo Sierra en 1910, mismo año en el que, con una nueva organización, la Universidad de México abrió sus puertas de nueva cuenta.

A propuesta del doctor Manuel Gamio, en 1917, como parte de la Secretaría de Agricultura y Fomento, se funda la Dirección de Estudios Arqueológicos y Etnográficos, misma que el año siguiente se convirtió en la Dirección de Antropología.

La Dirección de Antropología se reubicará en 1921 en la Secretaría de Educación Pública, de reciente creación. Pero es hasta 1930 en que podemos considerar que surge la política pos revolucionaria de protección al patrimonio cultural, al expedirse la primera ley que otorgaba facultades a la Dirección de Arqueología para la inspección general de monumentos. Por este motivo es que se establece el Departamento de Monumentos Artísticos, Arqueológicos e Históricos.

En consecuencia, el presidente Lázaro Cárdenas presentó al Congreso de la Unión una iniciativa de ley con el propósito de transformar el Departamento de Monumentos Artísticos, Arqueológicos e Históricos, de la Dirección de Arqueología de la Secretaría de Educación Pública, en un instituto, que al tener patrimonio y personalidad jurídica propias, contaría con recursos superiores a los que el gobierno federal podría suministrarle; recibiría aportaciones de las autoridades estatales y municipales y de particulares. Este es el paso decisivo para la creación del Instituto Nacional de Antropología e Historia.

Es importante destacar, como uno de los acontecimientos más importantes para la vida cultural de México en el siglo XX, la creación de las instituciones culturales federales. A partir de entonces, se han desarrollado las políticas de educación, formación de públicos, programa cultural y resguardo patrimonial. El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura se fundó el 31 de diciembre de 1946, y el Instituto Nacional de Antropología e Historia el 3 de febrero de 1939, día en que también se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley Orgánica del Instituto Nacional de Antropología e Historia.

Marco normativo vigente

El patrimonio cultural se encuentra protegido por el artículo 73, fracción XXV, de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, principio del que se deriva la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas, Arqueológicos, Artísticos e Históricos y su Reglamento, así como la Ley Orgánica del Instituto Nacional de Antropología e Historia, (INAH) y su reglamento, que se encuentra en proceso de revisión.

Es importante documentar que la derivación de algunos principios en materia de política cultural guardan una historia vinculada a la configuración del horizonte de los bienes de la nación, pero en lo que respecta a la protección de nuestro patrimonio cultural, las políticas de patrimonio, resguardo e investigación se concentraron en un primer momento en el patrimonio arqueológico, el cual ha tenido una importancia sustancial en la legislación cultural y en la construcción, tanto del imaginario social como de las instituciones culturales. Las historia jurídica de la protección de patrimonio arqueológico se remonta a la Ley Orgánica de Secretarías de Estado, del 23 de febrero de 1861; la del 26 de marzo de 1894; el decreto del 3 de julio de 1896 y la ley del 11 de mayo de 1897, que se refieren, por vez primera, a la propiedad de ruinas y monumentos arqueológicos; la ley del diciembre de 1902, que declaró las ruinas arqueológicas como bienes de dominio público, y la ley del 30 de enero de 1930 que legisla en el mismo sentido.

Las diferentes leyes que preceden a la Ley Federal sobre Monumentos son significativas para armar el complejo conjunto que han definido las políticas de patrimonio, resguardo e investigación de las culturas que componen la pluralidad de nuestra civilización. El 19 de enero de 1934 se promulga la Ley sobre Protección y Conservación de Monumentos Arqueológicos e Históricos, Poblaciones Típicas y Lugares de Belleza Natural, que tiene el carácter de ley federal y dispone, expresamente en sus artículos 2 y 4 el dominio de la nación de los bienes arqueológicos:

Es así que gran parte de estos preceptos, producto de un proceso histórico, se integran a la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos de 1972, la cual define por primera vez los lineamientos de protección y resguardo del patrimonio cultural. Esta ley establece los mecanismos fundamentales de la protección de bienes culturales muebles e inmuebles, y lo diferencia en el ámbito de políticas, acciones, y competencia de instituciones específicas (Instituto Nacional de Antropología e Historia e Instituto Nacional de Bellas Artes); del concepto de monumentos: arqueológicos, artísticos e históricos, se derivan las facultades de ambos institutos.

Turismo cultural

El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 identifica las políticas a favor del desarrollo humano sustentable, éstas se definen como parte de las políticas públicas en materia de desarrollo económico, y derivado de dicho desarrollo humano sustentable, se establecen las políticas en materia de turismo. Es en esta propuesta de gobierno para el desarrollo económico que se define la prioridad que tendrá el turismo a favor de la evolución económica de las comunidades y como un factor de crecimiento social.

Particularmente se define el compromiso de impulsar el desarrollo humano, por lo que todos los programas deberán incidir en el mejoramiento de las condiciones de vida de las comunidades de los destinos turísticos, por medio de proyectos de prestación de servicios ligados al turismo.

``Hoy tenemos la oportunidad histórica de impulsar el desarrollo humano sustentable como motor de la transformación de México en el largo plazo y, al mismo tiempo, como un instrumento para que los mexicanos mejoren sus condiciones de vida''.

Por su parte, las políticas en materia de turismo se articulan en el Programa Sectorial de Turismo 2007-2012, del cual destacamos los siguientes puntos:

Por su parte, el subsector cultura se encuentra referido en el Plan Nacional de Desarrollo, en el eje 3.8 cultura, arte, deporte y recreación, las vertientes generales de la política cultural, se expresan en el objetivo 21.

Por otra parte, en el eje 7 cultura y turismo del Programa Nacional de Cultura 2007-2012, en el objetivo 1, relativo al turismo cultural, aparece como una prioridad del gobierno:

Sustentado en lo anterior, el gobierno del estado de México ha promovido el

Programa Regional de Desarrollo Turístico del Corredor Teotihuacán-Otumba-Acolman-San Martín-Axapusco-Nopaltepec

Según se desprende del convenio firmado el 22 de mayo de 2007 por autoridades del Instituto Nacional de Antropología e Historia, el gobierno del estado de México y el Fonatur, publicado el 16 de enero de 2008 en la Gaceta del Gobierno del Estado de México.

El espíritu del legislador ha considerado desde 2003 la ampliación de horario en zonas como Teotihuacán. Prueba de ello es la aprobación de la Ley de Derechos que, en 2008, precisó y clasificó los servicios y las zonas arqueológicos como a continuación se indica:

Ley de Derechos de 2008

Por otra parte, en la Ley de Derechos de 2008, vigente a la fecha, en el artículo 288 se considera:

La Cámara de Diputados aprobó este artículo, además de que en la LIX Legislatura se realizaron las previsiones presupuestales, en la autorización de hacer regularizable la partida correspondiente a la ampliación de jornada para el Instituto Nacional de Antropología e Historia; sin embargo, ninguna forma de aprovechamiento puede violentar, omitir o contravenir el marco jurídico vigente, ni poner en riesgo la integridad del patrimonio cultural.

Observaciones

Los integrantes de la mesa directiva de la Comisión de Cultura asumimos el compromiso para la revisión de la legalidad de los programas de instalación de la iluminación del proyecto Resplandor Teotihuacano, así como las autorizaciones correspondientes, como establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 109.

Problemas y propuestas que se desprenden de las investigaciones

Conclusiones

I. Tras el análisis documental, y de los diversos argumentos y posturas emitidas, tanto en la visita efectuada a la zona arqueológica, como en las reuniones sostenidas en el Palacio Legislativo de San Lázaro con representantes de investigadores, arqueólogos, restauradores y arquitectos, trabajadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia, así como con representantes del gobierno del estado de México, en relación con el Programa Regional de Desarrollo del Corredor Turístico Teotihuacán-Acolman-Otumba-San Martín-Axapusco-Nopaltepec, los integrantes de la mesa directiva de la Comisión de Cultura consideramos que existen elementos sustantivos que, articulados bajo los principios rectores de protección patrimonial, inclusión social y transparencia fortalecerán los objetivos fundamentales de la propuesta; lo anterior sustenta que al respecto resolvamos lo siguiente:

II. En referencia al proyecto Resplandor Teotihuacano declaramos que:

Sustentados en todo lo anterior, hemos ubicado las cinco áreas de riesgo que a continuación exponemos junto a los exhortos que para superarlas proponemos a las autoridades federales, en particular al Instituto Nacional de Antropología e Historia y las autoridades del gobierno del estado de México:

1. Protección del patrimonio cultural

2. Suspensión de los trabajos de perforación y anclaje

3. Reversión de los procesos lesivos

4. Participación de la comunidad académica y expertos del INAH en el diseño de los proyectos

5. Transparencia y rendición de cuentas

Notas: 1 Cita en Miguel León Portilla, Azteca-Mexicas, México, Algaba ediciones 2005, pp. 31.2. Citado en Manuel Gamio, La población del valle de Teotihuacán, México, Instituto Nacional Indigenista, tomo II, página 101

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Remítase a la Cámara de Diputados.

COMISION NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

El Secretario senador Ramiro Hernández García: «Escudo.--- Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Diputado César Duarte Jáquez, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.--- Presente.

Con fundamento en las Leyes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres que confieren a esta Comisión Nacional el seguimiento, evaluación y monitoreo en materia de igualdad entre mujeres y hombres en el país, y con la finalidad de dar seguimiento a las conclusiones y propuestas del segundo Informe Especial sobre el Derecho de Igualdad entre Mujeres y Hombres, me permito comunicarle las propuestas derivadas del informe antes mencionado, dirigidas al Congreso de la Unión.

Se hace de su conocimiento que el informe especial de 2008 se encuentra a su disposición en el portal electrónico de esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos (http://www.cndh.org.mx) o, en su caso, podrá requerirlo en formato de disco compacto a este organismo.

Le solicitamos atentamente que, en caso de que la institución a su cargo realice acciones encaminadas a cumplir alguna de las propuestas, nos las haga saber en su oportunidad.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Gracias, senador secretario.Remítase a las Juntas de Coordinación Política de las Cámaras de Diputados y de Senadores. Continúe la Secretaría.

DIPUTADOS QUE SOLICITAN LICENCIA

La Secretaria diputada Marcela Cuen Garibi : «Diputado César Duarte Jáquez, Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente.--- Presente.

Por este conducto, y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 62 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito solicitar licencia por tiempo indefinido para separarme de mi cargo como diputada federal a partir de la fecha.

Lo hago de su conocimiento para los efectos a que haya lugar, con el propósito de que se realicen todos los trámites conducentes.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: De conformidad con lo que establece el artículo 71, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se pide a la Secretaría poner a discusión el punto de acuerdo.

La Secretaria diputada Marcela Cuen Garibi : Está a discusión el siguiente punto de acuerdo.

Único. Se concede licencia por tiempo indefinido a la diputada Sara Latife Ruiz Chávez para separarse de sus funciones como diputada federal electa en el I distrito de Quintana Roo, a partir de esta fecha.

No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Los legisladores y las legisladoras que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo Los legisladores y las legisladoras que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Aprobado. Comuníquese a la Cámara de Diputados.

Le deseamos a nuestra compañera Sara Latife Ruiz Chávez el mayor de los éxitos en el encargo que se le ha encomendado. Continúe, senador secretario.

El Secretario senador Ramiro Hernández García: «Diputado César Duarte Jáquez, Presidente de la Mesa Directiva de la del Congreso de la Unión.--- Presente.

A través de este conducto y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 62 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito solicitar licencia por tiempo indefinido para separarme de mi encargo como diputado federal a partir del día 1 de febrero de 2009.

Lo hago de su conocimiento para efecto de que se realicen todos los trámites conducentes.

Sin otro particular por el momento, agradezco la atención que se sirva dar a la presente; asimismo, le reitero mi consideración más alta y distinguida.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: De conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se pide a la Secretaría poner a discusión el punto de acuerdo.

El Secretario senador Ramiro Hernández García: Está a discusión el siguiente punto de acuerdo.

Único. Se concede licencia por tiempo indefinido al diputado Juan de Dios Castro Muñoz para separarse de su función como diputado federal electo en la primera circunscripción plurinominal, a partir del 1 de febrero del presente año.

No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Los legisladores y las legisladoras que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Los legisladores y las legisladoras que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Aprobado. Comuníquese a la Cámara de Diputados.

Señor diputado Juan de Dios Castro Muñoz , le deseamos el mayor de los éxitos, a partir del 1 de febrero, en su nueva encomienda. Felicidades.

Continúe la Secretaría con la comunicación del Banco de México.

BANCO DE MEXICO

La Secretaria diputada Marcela Cuen Garibi : « Banco de México.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 51, fracción I de la Ley del Banco de México, informo a ustedes sobre el presupuesto de esta institución, correspondiente al ejercicio de 2009.

El presupuesto del banco está estructurado en dos partes: la primera respecto del gasto corriente e inversión en activos fijos y la segunda representa a la inversión en activo circulante.

Presupuesto de gasto corriente e inversión en activos fijos

Presupuesto de inversión en activo circulante

Nota: 1) El índice nacional de precios al consumidor y la inflación en Estados Unidos de América, que se utilizan como referencia para el cálculo de este presupuesto, se obtuvieron del documento de Criterios Generales de Política Económica para la iniciativa de Ley de Ingresos y el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2009 por lo que no debe considerarse como un pronóstico del Banco Central.

« Banco de México.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 51, fracción 1, de la Ley del Banco de México, envío a esa honorable Comisión Permanente la exposición sobre la política monetaria que el Banco de México se ha propuesto seguir en el ejercicio de 2009, así como el informe sobre la inflación octubre-diciembre de 2008.

Ruego a ustedes dar el trámite que corresponda en los términos establecidos por los ordenamientos aplicables.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Túrnense a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores.

PETROLEOS MEXICANOS

La Secretaria diputada Marcela Cuen Garibi : «Escudo.--- Pemex.--- Dirección General.--- Coordinación Política.

Diputado César Duarte Jáquez, Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente.--- México, DF.

Conforme a lo establecido en el artículo 6o., fracción IV inciso a) del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2008, adjunto a usted los ingresos netos obtenidos en flujo de efectivo correspondientes al período enero-diciembre, comparado contra el presupuesto original, remitidos a esta Coordinación Ejecutiva por la Dirección Corporativa de Finanzas.

Aprovecho para comentarle que la información de ingresos netos que se le está enviando, se presentará para su aprobación y registro correspondiente en el próximo Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Remítase a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores.

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

La Secretaria diputada Marcela Cuen Garibi : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Diputado César Duarte Jáquez, Presidente de la Mesa Directiva y de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.--- Presente.

En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 145, penúltimo párrafo de la Ley Aduanera, por este conducto me permito hacer de su conocimiento que el Servicio de Administración Tributaria, por conducto de las autoridades aduaneras locales competentes, en el mes de diciembre de 2008, únicamente dieron destino a mercancía perecedera, de fácil descomposición o deterioro y aquella que no es transferible al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE).

Los bienes reportados como destinados por dichas autoridades aduaneras se informan en relación anexa.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Remítase a la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, y a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial de la Cámara de Senadores, para su conocimiento.

Continúe, señor senador secretario, con oficio de la Secretaría de Gobernación.

PRESIDENTE SE AUSENTA DEL TERRITORIO NACIONAL

El Secretario senador Ramiro Hernández García: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

Por este conducto y para los efectos del artículo 88 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito hacer de su conocimiento que Betina C. Chávez Soriano, directora general de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, comunica que el presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, se ausentará del territorio nacional del 27 de enero al 1 de febrero de 2009, a efecto de participar en la reunión anual del Foro Económico Mundial (FEM) en Davós, Suiza.

Por lo anterior y con fundamento en lo establecido en la fracción XIV del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, les acompaño copia del documento a que me he referido.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Relaciones Exteriores.

Licenciado Cuauhtémoc Cardona Benavides, subsecretario de Enlace Legislativo.--- Secretaría de Gobernación.--- Presente.

Por instrucciones de la secretaria de Relaciones Exteriores, embajadora Patricia Espinosa Cantellano, con fundamento en el artículo 16, fracciones I y III, del Reglamento Interior de la secretaría, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 88 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solicito a usted que sea el amable conducto para informar a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión que el presidente de la República, licenciado Felipe Calderón Hinojosa, se ausentará del territorio nacional a partir del 27 de enero y regresará el 1 de febrero de 2009, a efecto de participar en la reunión anual del FEM de Davós, Suiza. La participación del ciudadano presidente Felipe Calderón en dicho encuentro se sustenta en los siguientes motivos:

El FEM es un espacio privilegiado de diálogo sobre temas de alcance global que reúne a líderes de los ámbitos político, empresarial, académico y de la sociedad civil.

En esta ocasión, el tema general del foro es ``Dando forma al mundo poscrisis''. Entre los rubros específicos de la reunión anual para este año destacan los siguientes:

En este marco, la participación del presidente tendrá el propósito de

Para alcanzar dichos objetivos, el presidente Calderón participará en diversas sesiones organizadas por el FEM, así como en reuniones bilaterales con otros jefes de Estado, empresarios, académicos y expertos en cambio climático.

A fin de difundir entre los participantes en dicho foro las fortalezas y perspectivas de la economía mexicana, el presidente de la República dictará una conferencia sobre las acciones que México está tomando para mitigar los efectos de la crisis, apuntalar la competitividad del país y relanzar el crecimiento económico y la creación de empleo. Asimismo, encabezará un foro de análisis y discusión en el que, además de los mensajes anteriores, se brindará a los participantes información sobre las oportunidades que ofrece México para el comercio y la inversión productiva.

El presidente participará también en una cena con líderes latinoamericanos, en la que se discutirán vías para lograr que nuestra región se convierta en el próximo polo de sustentabilidad global, con énfasis en iniciativas para confrontar el cambio climático y preservar la biodiversidad. Esta intervención responde al interés que ha mostrado la comunidad internacional por conocer con mayor detalle la estrategia que México ha desarrollado para instaurar políticas públicas favorables a la protección y preservación del ambiente, y refleja un creciente reconocimiento del liderazgo internacional que el país ha asumido en la materia.

El presidente Calderón será orador además en la sesión plenaria ``Respondiendo a la crisis financiera'', en la que compartirá el panel con el secretario general de la ONU, Ban Ki-Moon; el primer ministro de Reino Unido, Gordon Brown; el primer ministro de Irlanda, Brian Cowen; y los jefes de Estado o de gobierno de Pakistán, Finlandia, República de Corea, República Checa, Sudáfrica, Suecia, Australia, Tailandia y Ucrania.

El presidente Calderón participará con otros líderes globales en sesiones sobre economía global y cambio climático.

En el marco del foro, el presidente Calderón también sostendrá encuentros bilaterales con el presidente de la Confederación Suiza y con el primer ministro de Dinamarca. Asimismo, se reunirá con los titulares de grandes empresas con inversiones en México, como la presidenta de Pepsi Co., señora Indra K. Nooyi; el presidente de Volkswagen AG, señor Martin Winterkom; y el presidente de Coca Cola Co., señor Multar Kent.

Finalmente, el presidente Calderón se reunirá con titulares de empresas que aún no tienen presencia en México pero que han manifestado interés en invertir en el país.

Proméxico aprovechará la presencia de México en el foro para promover las oportunidades que ofrece el país, destacando la estabilidad y fortaleza económica, así como los esfuerzos que México lleva a cabo para apuntalar la confianza que despierta en el exterior. Al efecto, se desplegará una campaña de publicidad que culminará con un coctel en el que se reiterarán los mensajes del presidente Calderón y se ofrecerá mayor información sobre el país. Se tiene considerada la participación del presidente en la apertura del encuentro.

En los términos del propio artículo 88 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, concluido el viaje del presidente de la República se enviará un informe al honorable Congreso de la Unión sobre los resultados de las gestiones realizadas.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Remítase a las Comisiones de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, para su conocimiento.

MEXICO - CUBA

El Secretario senador Ramiro Hernández García: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

En respuesta al oficio número DGPL-1P3A.-8840, signado por el senador José González Morfín, Vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir, para los fines procedentes, copia del similar número DEP-0042/09, suscrito por Betina C. Chávez Soriano, directora general de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo al memorándum de entendimiento en materia migratoria entre México y Cuba.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Relaciones Exteriores.--- Dirección General de Coordinación Política.

Licenciado Cuauhtémoc Cardona Benavides, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.--- Presente.

Por instrucciones de la secretaria de Relaciones Exteriores, embajadora Patricia Espinosa Cantellano, y con fundamento en el artículo 16, fracciones I y III, del Reglamento Interior de la Secretaría de Relaciones Exteriores, me permito hacer de su conocimiento que nuestra Embajada en Cuba ha hecho llegar a las autoridades correspondientes de ese país el punto de acuerdo aprobado en la sesión del 4 de diciembre del año próximo pasado relativo a la suscripción de un memorándum de entendimiento en materia migratoria entre México y Cuba:

Adicionalmente, le solicito su apoyo para que por la vía diplomática se haga llegar el contenido del presente acuerdo al gobierno de la República de Cuba, y en su momento se informe a esta Cámara de Senadores de la recepción que hagan de este acuerdo.''

Lo anterior, para los efectos procedentes y el aviso correspondiente que por su amable conducto se dirija a la Mesa Directiva del Senado de la República.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle la seguridad de mi más alta consideración.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Remítase a la Cámara de Senadores.

LEY GENERAL DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE

El Secretario senador Ramiro Hernández García: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- LVIII Legislatura.--- San Luis Potosí.

Diputados Secretarios del honorable Congreso del estado de Chihuahua.--- Presentes.

En cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 6 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado; por determinación emitida en sesión ordinaria del día de la fecha y, en cumplimiento de lo ordenado en el resolutivo primero del dictamen de la Comisión de Desarrollo Rural y Forestal, que se aprobó por unanimidad de votos del pleno; notificamos que esta soberanía respalda la iniciativa planteada al Congreso de la Unión, que propone reformar y adicionar diversos artículos de la Ley General de Desarrollo Rural Sustentable.

Para los efectos legales y administrativos conducentes, y para mejor proveer, se adjunta copia certificada del instrumento parlamentario aludido.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de San luis Potosí

Diputados secretarios de la LVIII Legislatura del honorable Congreso del Estado.--- Presentes.

En sesión ordinaria celebrada el 30 de junio del presente año, a la Comisión de Desarrollo Rural y Forestal le fue turnada para su estudio y dictamen iniciativa al Congreso de la Unión, a fin de que se reformen y adicionen diversos artículos de la Ley General de Desarrollo Rural Sustentable a efecto de lograr una mejor aplicación en los programas que benefician el desarrollo forestal y la implementación de políticas públicas en nuestro país, presentada por el Congreso de Chihuahua.

Considerandos

Primero. Que la iniciativa es acorde a lo dispuesto en los artículos 130 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de San Luis Potosí; 61, 62 y 67 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado, por lo que es procedente su análisis y correspondiente dictamen.

Segundo. Que, con base en lo dispuesto en los artículo 105, fracción II, y VI de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, esta comisión es competente para conocer y dictaminar la solicitud que se plantea al Congreso de la Unión, a fin de que se reformen y adicionen diversos artículos de la Ley General de Desarrollo Rural Sustentable a efecto de lograr una mejor aplicación de programas que beneficien el desarrollo forestal y la implementación de políticas públicas en nuestro país.

Tercero. La nueva legislación hace un gran esfuerzo por señalar diversas formas para conciliar el aprovechamiento forestal con la conservación, y reconoce la necesidad de conservar; proteger y restaurar la biodiversidad de los ecosistemas forestales, a la vez se refiere al bienestar económico de los bosques; es decir; apela a los postulados de un desarrollo sustentable. Sin embargo, los principales problemas del campo forestal y su relación con la conservación están relacionados con la insuficiencia o poca claridad de los mecanismos de control y seguimiento para programas y proyectos, así como para aspectos de vigilancia y aplicación de la legislación, el combate a la corrupción y el tráfico ilegal.

Cuarto. No obstante, al igual que con el marco jurídico nacional, y a pesar de sus buenas intenciones, las leyes estatales enfrentan su punto débil en su aplicación. Los instrumentos y herramientas de la política sectorial forestal, agropecuaria, de pesca, ambiental, industrial o de turismo, entre otras, encuentran en las zonas rurales las mayores dificultades para la aplicación de las leyes. Existe una grave carencia de infraestructura para la aplicación de la ley, además de inercias de comportamiento entre los residentes locales y los encargados de la aplicación, que con frecuencia resultan en prácticas ilegales y corrupción.

Este cuerpo dictaminador considera oportuno adherirse a la propuesta del Congreso de Chihuahua para que el honorable Congreso de la Unión reforme y adicionen diversos artículos de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, a efecto de lograr una mejor aplicación de programas que beneficien el desarrollo forestal y la implementación de políticas publicas a favor de desarrollo forestal en nuestro país.

En tal virtud, con fundamento en los artículos 94 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado; 85 y 86 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado, ponemos a consideración de este cuerpo colegiado legislativo, el siguiente

Dictamen

Único. Se aprueba la iniciativa; se envía al Congreso de la Unión a fin de que se reformen y adicionen los artículos 5; 22, fracción XXXII; 23; 24, fracciones I; 67, fracción III; 74, fracción III; 97; 112;116 y 163, fracciones XXIV, XXV y XXV de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, a efecto de lograr una mejor aplicación de programas que beneficien el desarrollo forestal y la implementación de políticas públicas en nuestro país, presentada por el Congreso Chihuahua, para quedar como sigue:

Artículo 5. La propiedad de los recursos forestales comprendidos dentro del territorio nacional corresponde a los ejidos, las comunidades, pueblos y comunidades indígenas, personas físicas o morales, la federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios que sean propietarios de los terrenos donde aquéllos se ubiquen. Los procedimientos establecidos por esta ley no alterarán el régimen de propiedad de dichos terrenos. El aprovechamiento de estos terrenos estará condicionado a la realización de un programa de manejo autorizado por la secretaría.

Artículo 22. ...

Artículo 23. El sector público forestal impulsará la creación de las promotoras de desarrollo forestal en las entidades federativas, en coordinación con los estados y los municipios.

Artículo 24. ...

Artículo 27. ...

Artículo 62. ...

Artículo 64. El manejo y el aprovechamiento de los recursos forestales estarán a cargo del titular del aprovechamiento. En el caso de que éste decida contratar a un prestador de servicios forestales, dicho prestador será responsable solidario con el titular; para lo cual el titular del aprovechamiento deberá registrar el contrato ante la secretaría con el objeto de asegurar la corresponsabilidad.

Artículo 67. ...

Artículo 74. ...

Artículo 97. El aprovechamiento de recursos no maderables requerirá de la prestación de un programa de manejo simplificado a la autoridad competente. El reglamento o las normas oficiales mexicanas establecerán los requisitos y casos en que se requerirá autorización y/o presentación de programas de manejo simplificados.

Artículo 112. La comisión y los gobiernos de las entidades federativas promoverán la organización de los propietarios de terrenos forestales cuya ubicación esté entre los límites asignados al territorio de cada unidad de manejo forestal.

Artículo 116. ...

La autorización deberá revalidarse cada dos años, de lo contrario, se cancelara de manera automática.

Artículo 163. Son infractores a lo establecido en esta ley;

Primero. Notifíquese de esta resolución al Congreso de Chihuahua.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Túrnese a la Comisión de Desarrollo Rural de la Cámara de Diputados.

COMISION NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: El siguiente punto del orden del día es la presentación del informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanospor el doctor José Luis Soberanes Fernández.

Se designa en comisión para recibir al doctor José Luis Soberanes Fernández, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a los siguientes legisladores: Senador Luis Alberto Villarreal García, diputado Rubén Escajeda Jiménez, diputado Tonatiuh Bravo Padilla , diputado Manuel Portilla Diéguez y diputado Cuauhtémoc Velasco.

Se pide a la comisión cumplir su cometido.

(La comisión cumple su cometido)

Se encuentra entre nosotros el doctor José Luis Soberanes Fernández, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para presentar el informe de actividades correspondiente al periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2008.

Tiene la palabra el doctor José Luis Soberanes Fernández, hasta por 30 minutos. Le damos la más cordial de las bienvenidas.

El presidente de la CNDH, José Luis Soberanes Fernández: Señor diputado César Duarte, presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión; diputada Omeheira López Reyna , presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la honorable Cámara de Diputados; señoras legisladoras federales; señores legisladores federales; señoras consejeras del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; señoras y señores:

El conocimiento, promoción e impulso de los derechos humanos en nuestro país hoy día son parte esencial de la deliberación democrática, desde muy diversos enfoques doctrinarios; lo mismo en la academia que en los partidos políticos, los poderes públicos y los medios de comunicación.

Este hecho representa un avance indudable que contrasta, sin embargo, con la situación de escaso respeto que, con notables claroscuros en todo el país, sigue dándose alrededor del cumplimiento de los derechos fundamentales.

Durante 2008 se presentaron hechos que evidenciaron esa realidad contradictoria de avances y retrocesos, y se generó un amplio debate en la opinión pública, dejando algunas importantes enseñanzas para el fortalecimiento de las garantías fundamentales.

Varios de estos casos fueron asuntos que abordó la CNDH, y de manera sucinta mencionaré algunos.

El caso de la profesora Eufrosina Cruz Mendoza, quien con gran valentía denunció la discriminación que sufren muchas mujeres indígenas en Oaxaca al intentar ejercer sus derechos políticos. No debe dejar de ser tema de reflexión, pues caracteriza conductas y actitudes discriminatorias persistentes dentro de la sociedad mexicana que prolonga la desigualdad con motivos de género.

Otro caso relevante en 2008 fueron los casos de tortura con los que se pretendía capacitar a los policías municipales de León, Guanajuato, y que mostró la facilidad con que muchos servidores públicos pueden seguir anclados a una práctica absurda y cruel, y confundirla con un método de aprendizaje que, en los hechos, no los hace estar más capacitados ni mejor organizados para enfrentar a la delincuencia, pero que puede convertirlos en verdaderos maestros del desprecio de los derechos fundamentales de las personas.

Un tema que también generó un gran debate fue la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en torno a la despenalización del aborto. Una vez más expreso mi reconocimiento y respeto a quienes fueron partícipes de esa discusión y argumentación con sus mejores razonamientos.

Ojalá que ese hecho constate que los mexicanos estamos dispuestos a debatir con tolerancia y civilidad aspectos torales para la convivencia y la armonía sociales, sin caer en la descalificación personal o en el denuesto que encona y agravia, pero nada esclarece.

La principal preocupación de los mexicanos sigue siendo sin lugar a dudas la seguridad pública. La delincuencia organizada parece empecinada en demostrar que tiene capacidad para enfrentar con toda su fuerza al Estado con actos de extrema violencia y atemorizar a la población decapitando personas o cometiendo actos que ponen en riesgo la vida y la libertad de los mexicanos.

Ante este desafío, el reclamo de los actores sociales no se ha hecho esperar. A lo largo y ancho del país seguimos escuchando como una sola voz a la sociedad que exige la posibilidad de vivir en paz. Miles de personas se han manifestado por distintos medios para reclamar medidas gubernamentales que detengan la ola delictiva de secuestros, feminicidios y muertes, consecuencia de la acción de bandas criminales que sienten que pueden quedar impunes.

Legisladores, autoridades y sociedad civil se comprometieron a impulsar acciones para modificar las estructuras de la procuración y administración de justicia, con la finalidad de superar el flagelo de la impunidad y poner coto a la corrupción y a la marcada ineficacia de las policías.

Es tan grande la impotencia social generada por la inseguridad que han llegado a presentarse iniciativas de ley contrarias a los derechos humanos, como proponer abierta permisividad para que se realicen cateos sin orden judicial, aprehensiones de personas bajo el supuesto de que parecen sospechosos y el arraigo domiciliario; incluso otras medidas tan irracionales e inútiles como la pena de muerte.

Si se cumpliera con mayor certeza y eficacia la aplicación de las leyes en materia penal advertiríamos que es posible abatir la enorme impunidad que caracteriza al delito y la actividad de la delincuencia organizada.

Cualquier camino que no sea el de la aplicación rigurosa de las leyes o incluso el simple aumento de las penalidades, que pueden ser hasta de 70 años, nos puede hacer caer como sociedad en una simple forma de distracción no para aprender a enfrentar mejor la realidad de una delincuencia actualmente desbordada, sino para evadirla.

A pesar de las críticas, algunas figuras delictivas fueron modificadas por nuestros legisladores. Otras no han prosperado gracias al esfuerzo de grupos sociales e instituciones que por años han trabajado por hacer valer los derechos fundamentales.

En este sentido, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sigue siendo aliada de cualquier movimiento cívico impulsor de cambios a favor del pleno respeto a los derechos humanos, comenzando por el derecho a la seguridad pública, pero sin desdibujar o confundir las causas de la inseguridad.

Así como defendemos el derecho al uso legítimo de la fuerza cuando se sujeta a los principios y a las reglas que la permitan, nos opondremos a aplaudir el abuso como método de trabajo de cualquier agente de la autoridad o asumir que una situación excepcional puede ser considerada como parte de la normalidad social o de la vida cotidiana.

Discutamos de manera civilizada y abierta cualquier tema de interés público, incluso las propuestas sobre la pena de muerte. Pero hagámoslo con gran honestidad y sobre bases de la mayor objetividad posible.

Todos los días de 2008 fuimos testigos, y a la vez actores, de la búsqueda ciudadana para corregir acciones de autoridad que transgredan las garantías individuales. Así, durante 2008 la Comisión Nacional prestó más de 40 mil servicios al público del Distrito Federal y atendió a más de 5 mil personas en sus oficinas foráneas en diversos puntos de la república. Como consecuencia de lo anterior registramos 6004 quejas por presuntas violaciones a los derechos humanos.

Las autoridades que generaron el mayor número fueron la Secretaría de la Defensa Nacional, con 1,230 y el Instituto Mexicano del Seguro Social, con 1,007. Le siguieron la Procuraduría General de la República, con 769; la Policía Federal Preventiva de la Secretaría de Seguridad Pública, con 284; y el Instituto Nacional de Migración, con 258.

Recibimos 256 quejas por deficiencias en la atención a derechohabientes del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y 237 de la Secretaría de Educación Pública.

Por su parte, se presentaron 216 quejas contra el órgano administrativo desconcentrado Prevención y Readaptación Social; contra la Secretaría de Seguridad Pública Federal, 191; y contra el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, 189.

En el mismo periodo emitimos 67 recomendaciones. Los principales destinatarios de éstas fueron la Secretaría de la Defensa Nacional, con 14; el Instituto Nacional de Migración, con 7; y la Secretaría de Seguridad Pública, con 5.

Algunas autoridades decidieron rechazar las recomendaciones de la CNDH, entre ellas el procurador general de la República y los gobernadores de Baja California, Sinaloa y Guerrero. Al lamentar estas decisiones consideramos que en nada contribuyen a combatir la impunidad; por el contrario, abren la puerta para que otras autoridades sigan cometiendo abusos sin señalamiento ni testigo alguno.

Al margen de que anoche recibimos una comunicación del procurador general de la República, rechazando la recomendación de Pasta de Conchos, donde como ustedes saben murieron 65 mineros, con el rechazo del procurador general de la República veremos que estos homicidios volverán a quedar impunes.

En 2008 continuamos impulsando el acercamiento entre el quejoso y la autoridad responsable, en un esfuerzo por pactar acuerdos de conciliación entre las partes y promover una cultura de diálogo y compromiso. De esta manera se concretaron 272 casos en los cuales las autoridades en cuestión aceptaron llegar a soluciones conciliatorias, siempre a favor del quejoso, a fin de restituirlo en sus derechos que habían sido conculcados.

Firmamos 558 convenios con instituciones académicas, gubernamentales y de la sociedad civil organizada, en su mayor parte para realizar actividades de capacitación.

Aunque nuestra función principal es conocer e investigar presuntas violaciones de los derechos humanos, los ombudsman también buscamos consolidar una cultura de respeto a éstos, para fortalecer la senda de la democracia. Por ello durante 2008 impulsamos las tareas de promoción, divulgación y estudio, mediante la difusión de más de 1 millón 700 mil impresos de diversos tipos.

Asimismo, con la finalidad de ampliar la cobertura de atención a los distintos sectores y grupos de la población en materia de capacitación se realizaron mil 463 acciones, entre cursos, diplomados y talleres que beneficiaron a más de 84 mil personas.

Debido a los alarmantes problemas de inseguridad ---ya mencionados---, el ombudsman nacional presentó el Segundo informe especial sobre el ejercicio efectivo del derecho a la seguridad pública.

En esta investigación se elaboraron cinco propuestas de trabajo basadas en la necesidad de revaluar la eficacia de la estrategia nacional de seguridad pública, en la promoción de políticas efectivas e integrales para prevenir el delito y recuperar la confianza social hacia las instituciones de procuración y administración de justicia.

Es muy importante subrayar la necesidad de salvaguardar a toda costa los derechos fundamentales de los periodistas. Uno de los grupos más vulnerables por la delincuencia organizada y algunas autoridades, mediante ataques, hostigamiento y homicidios.

Sigue siendo apremiante que se haga efectivo el compromiso de respetar su trabajo, porque ellos contribuyen a reforzar el pluralismo y son piedra angular en el ejercicio de la libertad de expresión.

Durante el periodo de actividades que hoy informamos, radicamos de oficio seis casos relacionados con actos presuntamente violatorios de los derechos humanos en perjuicio de periodistas, en ocho casos más se ejerció la facultad de atracción.

En 2008 presentamos una acción de inconstitucionalidad para reclamar la salvaguarda de los derechos fundamentales de los menores infractores de Guerrero. Esta acción fue motivada por el notorio incumplimiento de la reforma a la Constitución Mexicana que estableció un sistema integral de justicia para adolescentes, reforma que no fue acatada en tiempo y forma por las autoridades guerrerenses.

Conscientes de que en México cada año miles de personas son víctimas de esta nueva forma de esclavitud, que es la trata de personas, instalamos comités regionales en las ciudades de Tijuana, Nogales, Aguascalientes y Campeche, con objeto de atender el problema con un enfoque institucional, jurídico y social.

Señoras y señores, no obstante los avances en materia de derechos humanos, aún contamos con innumerables rezagos y tareas pendientes. Sólo en un marco de colaboración y tolerancia cambiaremos el horizonte de abusos y vejaciones que ensombrece a la república.

La labor del ombudsman nunca estará exenta de cuestionamientos, como la de cualquier institución en un régimen democrático. En la CNDH aceptamos muchas de las observaciones tendientes a mejorar nuestro trabajo; estamos siempre abiertos al diálogo y a la cooperación. Pero no aceptaremos críticas sin fundamento, cuya finalidad innegable sea vulnerar la confianza social ganada durante los casi 19 años del trabajo institucional.

Esta confianza ha quedado acreditada en las numerosas encuestas de confianza ciudadana que desde 2001 nos sitúan entre los cinco primeros lugares a nivel nacional. Estamos convencidos de que nuestro esfuerzo mantendrá a los derechos humanos como parte de la agenda prioritaria para el desarrollo de México. Ésta es nuestra convicción y el mandato que nos otorga nuestra Carta Magna.

Señoras legisladoras y señores legisladores, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es un organismo del Estado mexicano fuerte y profesional. El camino para lograrlo ha sido largo y nada fácil, pero hoy podemos decir que la sociedad mexicana nos reconoce como una institución confiable y dedicada enteramente a defender sus derechos.

Esto no sería posible sin el trabajo y el empeño de cada una de las personas que laboran en la CNDH. Para ellas mi agradecimiento, porque en su labor cotidiana radica la clave de la sólida fe en nuestra noble institución.

Cuando me fue asignada la alta encomienda constitucional de velar, proteger y difundir los derechos humanos en el país, estábamos en un periodo histórico distinto y sin precedentes. Por primera vez en todos los espacios de representación política se vivía la experiencia de la transición democrática que terminó por cerrar el ciclo de dominio de una sola fuerza partidista en el Poder Ejecutivo federal.

Eran tiempos de gran esperanza ciudadana de cambio en todos los órdenes. Este clima también se vio reflejado en el desarrollo del ombudsman nacional. Iniciaba su etapa como organismo público autónomo. La elección de su titular fue por vez primera y sería, en lo sucesivo, una designación de la Cámara de Senadores, previa auscultación entre las organizaciones sociales y por medio de una votación calificada.

Encabezar a la CNDH en su nueva faceta de autonomía y rendición de cuentas ante los Poderes de la Unión representó un gran desafío, pues hubo que consolidar su funcionamiento y presencia en la sociedad. Este proceso implicó, por un lado, transformar su diseño institucional y administrativo a fin de adecuarlo a las normas constitucionales y legales. Por otro, fortalecer a la institución para que las personas tuvieran la certeza de contar con un defensor frente a los abusos del poder.

Teníamos claro que la ola democrática no traería un cambio inmediato ni automático en la cultura política, y habría resistencias de muchas autoridades a considerar a los defensores de derechos humanos como adversarios políticos o un estorbo en sus decisiones.

Iniciamos nuestra labor con gran responsabilidad y entusiasmo. Aprovechamos la experiencia acumulada de la comisión nacional, los grupos de la sociedad civil y los organismos internacionales, y emprendimos un plan de trabajo para consolidar el sistema no jurisdiccional de protección de los derechos humanos en México.

Esta estrategia previó la creación y la ampliación de diversos programas especiales de protección, defensa, promoción y observancia, dotándolos de mayores recursos materiales y de personal, con la finalidad de atender la problemática de sectores de la sociedad de alta vulnerabilidad.

Es el caso de los programas de Atención a Víctimas del Delito, Migrantes, Igualdad entre Mujeres y Hombres, VIH/sida y Trata de Personas; y el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, el que encabezamos por invitación del Estado mexicano.

Digno también es de mencionarse la creación del Centro Nacional de Derechos Humanos, brazo académico de la comisión.

Establecimos oficinas regionales de atención en varios puntos de la República Mexicana, sobre todo en los lugares donde existe una permanente exposición a la violación de las garantías individuales, migrantes mexicanos e inmigrantes extranjeros, sobre todo latinoamericanos.

De igual forma innovamos en los recursos y en las herramientas para hacer respetar los derechos humanos con la emisión de informes especiales y recomendaciones generales.

Gracias al compromiso de los legisladores por fortalecer la autonomía de la CNDH y los ombudsman locales fue posible adicionar la Carta Magna para otorgar la facultad de ejercer acciones de inconstitucionalidad a fin de impugnar cualquier ley o tratado internacional que vulnere los derechos humanos.

Ésta ha sido mi convicción durante el tiempo que he estado al frente del organismo. No obstante las descalificaciones de las que algunas veces fuimos objeto, siempre hubo firmeza en las decisiones y un compromiso activo de estricta sujeción a la ley y de nunca rehuir la responsabilidad de señalar las omisiones y los abusos de una autoridad.

Muestra de lo anterior fueron las distintas recomendaciones que muchas veces pusieron a la institución y a los derechos humanos en el centro del debate público, entre ellas, la primera recomendación emitida a un presidente de la República, por la desaparición forzada de personas en la década de los setenta y principios de los ochenta del siglo pasado, y el grave asunto de los feminicidios en Ciudad Juárez, Chihuahua.

En ambos casos las autoridades no cumplieron ni remotamente los señalamientos. A veces por la simple falta de voluntad, y otras por la falta de capacidad para afrontar los problemas y los resultados de las investigaciones.

En los dos casos señalados persiste una gran deuda con las víctimas y sus familiares, y un lastre para la consolidación de la democracia en nuestro país.

Algunas organizaciones sociales cuestionaron nuestras resoluciones por esos hechos. Nos acusaron de falta de independencia y de inacción; afirmaron que perderíamos legitimidad en nuestro trabajo frente a asuntos similares que se presentaran el futuro. Sin embargo, los hechos han confirmado lo contrario, así lo muestran los estudios de opinión en los cuales, como ya señalamos, la institución cuenta con un alto nivel, y estable, de confianza ciudadana.

Es urgente poner un alto a la criminalidad desbordada porque ésta amenaza la paz social. Hay regiones de la república que sufren severas crisis de gobernabilidad. Ahí están los saldos del narcotráfico y el clima de inseguridad que se vive en varios puntos del país.

Las situaciones que enfrentamos han obligado al Estado a hacer uso de las Fuerzas Armadas en tareas policiales que no son de su competencia, poniendo en riesgo la plena vigencia de las garantías individuales, así como el reconocimiento que con tantos años de trabajo y esfuerzo labró nuestro Ejército Nacional.

Esta presencia y acción directa de nuestras Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública deben ser temporales. No hagamos de lo excepcional algo normal a menos que aceptemos que se desdibuje el proyecto nacional trazado en nuestra Constitución, lo cual estoy seguro que nadie desea.

Seguiremos insistiendo en las acciones necesarias para mitigar la pobreza, porque ésta niega los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales a millones de mexicanos. Abatir la marginación es una demanda ancestral en nuestro país, ante la cual no podemos cejar.

Las demandas sociales que surgen con la globalización han replanteado paradigmas en torno a las minorías, los grupos vulnerables y los derechos colectivos, obligando a reformar nuestras leyes.

Hay que estar a la vanguardia y abiertos a los cambios, a fin de evitar que en este contexto se tome el camino de la intolerancia y la privación de las libertades fundamentales.

La defensa de los derechos humanos no es una moda, tampoco puede ni debe responder a ideologías o visiones partidistas. Ninguna fuerza política o social es dueña de la bandera de los derechos humanos; por el contrario, se trata de una conquista de todos los mexicanos y de una responsabilidad compartida entre autoridades, grupos de la sociedad civil e instituciones académicas.

Si aspiramos a hacer de nuestro país un referente internacional en materia de derechos humanos, si queremos que nuestra voz tenga autoridad y peso en el debate global, es necesario, primero, resolver la situación dentro de nuestras fronteras. Una y otra vez, desde el año 2000 y a lo largo de todo el 2008 hemos sostenido que no podemos exigir a los demás lo que no estamos dispuestos a cumplir con nosotros mismos.

Nuestro más alto deber es apostar por el estado de derecho y la democracia. Las garantías individuales son una victoria del pueblo de México y tenemos el honor de velar por su estricto cumplimiento. Actuar cada año guiados por esa convicción ha sido mi obligación y al mismo tiempo el mayor privilegio que he tenido como servidor público. Muchas gracias.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Se pide a la comisión designada acompañar al doctor José Luis Soberanes Fernández cuando desee retirarse de este recinto.

Se turna el informe del doctor José Luis Soberanes Fernández a las Comisiones de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados y del Senado de la República.

CONSUL HONORARIO

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: El siguiente punto del orden del día es la primera lectura de dictámenes.

En virtud de que han sido publicados en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se les dispensa la lectura.

La Secretaria diputada Marcela Cuen Garibi : Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se les dispensa la lectura. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Comisión Permanente.

Honorable Asamblea:

En oficio fechado el 14 de enero de 2009, la Secretaría de Gobernación solicitó el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Manlio Favio Pano Mendoza, pudiera aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario de la República de Polonia en Acapulco, con circunscripción consular en Guerrero, Michoacán y Oaxaca.

En sesión celebrada por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, el 21 de enero del año en curso, se turnó a la suscrita comisión para su estudio y dictamen el expediente relativo.

Considerando

Por lo expuesto, esta comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente

Proyecto de Decreto

Único. Se concede permiso al ciudadano Manlio Favio Pano Mendoza para aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario de la República de Polonia en Acapulco, con circunscripción consular en estados de Guerrero, Michoacán y Oaxaca.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Comisión Permanente.

Honorable Asamblea:

En oficio de fecha 13 de enero de 2009, la Secretaría de Gobernación solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Sergio Agustín de la Maza Jiménez pueda aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario de Rumanía en la ciudad de Veracruz, con circunscripción consular en Chiapas, Tabasco y Veracruz.

En sesión celebrada por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión el 21 de enero del año en curso se turnó a la suscrita comisión, para estudio y dictamen, el expediente relativo.

Considerando

Por lo expuesto, esta comisión se permite someter a consideración de la honorable asamblea el siguiente

Proyecto de Decreto

Artículo Único. Se concede permiso al ciudadano Sergio Agustín de la Maza Jiménez para aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario de Rumanía en la ciudad de Veracruz, con circunscripción consular en Chiapas, Tabasco y Veracruz.

Son de primera lectura.

PERMISO PARA PRESTAR SERVICIOS EN REPRESENTACIONES DIPLOMATICAS

La Secretaria diputada Marcela Cuen Garibi : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Comisión Permanente.

Honorable Asamblea:

En oficio de fecha 13 de enero de 2009, la Secretaría de Gobernación solicitó el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Miriam Angélica Sandoval Coronel, Jaime Vargas Muñiz, Jaime Adrián Treviño Rodríguez y Manuel Ramírez Gallegos pudieran prestar servicios de carácter administrativo en la Embajada de Estados Unidos de América en México y en sus consulados en Monterrey, Nuevo León, y en Ciudad Juárez, Chihuahua, respectivamente.

En sesión celebrada por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, el 21 de enero de 2009 se turnó a la suscrita comisión, para estudio y dictamen, el expediente relativo.

Considerandos

Por lo expuesto, esta comisión se permite someter a consideración de la honorable asamblea el siguiente proyecto de

Proyecto de Decreto

Artículo Primero. Se concede permiso a la ciudadana Miriam Angélica Sandoval Coronel para prestar servicios como auxiliar contable en la Embajada de Estados Unidos de América en México.

Artículo Segundo. Se concede permiso al ciudadano Jaime Vargas Muñiz para prestar servicios como chofer del Departamento de Servicios Generales en el Consulado de Estados Unidos de América en Monterrey, Nuevo León.

Artículo Tercero. Se concede permiso al ciudadano Jaime Adrián Treviño Rodríguez para prestar servicios como empleado del Departamento de Seguridad en el Consulado de Estados Unidos de América en Monterrey, Nuevo León.

Artículo Cuarto. Se concede permiso al ciudadano Manuel Ramírez Gallegos para prestar servicios como carpintero en el Consulado de Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Es de primera lectura.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: En virtud de que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria, los dictámenes de la Primera Comisión, con proyectos de decreto que conceden permisos a los ciudadanos mexicanos para aceptar y usar condecoraciones y prestar servicios a gobiernos extranjeros, consulte la Secretaría a la asamblea si se les dispensa la segunda lectura y se ponen a discusión y votación de inmediato.

La Secretaria diputada Marcela Cuen Garibi : Por instrucciones de la Presidencia, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se consulta a la asamblea si se dispensa la segunda lectura de los dictámenes y se ponen a discusión y votación de inmediato. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor Presidente, mayoría por la afirmativa. Se les dispensa la segunda lectura.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: En consecuencia, se pide a la Secretaría poner a discusión los proyectos de decreto.

La Secretaria diputada Marcela Cuen Garibi : Está a discusión el proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Manlio Favio Pano Mendoza para aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario de la República de Polonia en la ciudad de Acapulco, con circunscripción consular en Guerrero, Michoacán y Oaxaca.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación nominal en conjunto. Continúe la Secretaría.

La Secretaria diputada Marcela Cuen Garibi : Está a discusión el proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Sergio Agustín de la Maza Jiménez para aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario de Rumanía en la ciudad de Veracruz, con circunscripción consular en Chiapas, Tabasco y Veracruz.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación nominal en conjunto.

La Secretaria diputada Marcela Cuen Garibi : Está a discusión el proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Míriam Angélica Sandoval Coronel, Jaime Vargas Muñiz, Jaime Adrián Treviño Rodríguez y Manuel Ramírez Gallegos para prestar servicios en la Embajada de Estados Unidos de América en México y en sus Consulados en Monterrey, Nuevo León, y Ciudad Juárez, Chihuahua, respectivamente.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Está a discusión el dictamen en lo general. No habiendo quien haga uso de la palabra, para los efectos del artículo 134 del Reglamento para el Gobierno Interior del CongresoGeneral, se pregunta a la asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular.

En virtud de que no se ha reservado artículo alguno para su discusión en lo particular, proceda la Secretaría a recoger la votación nominal de este proyecto de decreto y los anteriormente reservados en un solo acto.

La Secretaria diputada Marcela Cuen Garibi : Se va a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular de los proyectos de decreto. Se pide que se hagan los avisos a que refiere el artículo 161 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Marcela Cuen, va a recoger la votación por la afirmativa. Y el senador Ramiro Hernández recogerá la votación por la negativa.

El diputado Juan de Dios Castro Muñoz (desde la curul): A favor.

El diputado Manuel Portilla Diéguez (desde la curul): A favor.

El senador Javier Orozco Gómez (desde la curul): A favor.

El diputado José Ascención Orihuela Bárcenas (desde la curul): A favor.

El diputado Raúl Cervantes Andrade (desde la curul): Sí.

El senador Gabino Cué Monteagudo (desde la curul): A favor.

El diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva (desde la curul): A favor.

El diputado José Rubén Escajeda Jiménez (desde la curul): A favor.

El diputado Carlos Augusto Bracho González (desde la curul): A favor.

El diputado Gerardo Villanueva Albarrán (desde la curul): A favor.

El diputado Octavio Martínez Vargas (desde la curul): A favor.

El diputado Francisco Javier Calzada Vázquez (desde la curul): A favor.

El diputado Carlos Altamirano Toledo (desde la curul): A favor.

La senadora Josefina Cota Cota (desde la curul): A favor.

El senador Raúl José Mejía González (desde la curul): A favor.

El senador Fernando Jorge Castro Trenti (desde la curul): Sí.

El senador Marco Humberto Aguilar Coronado (desde la curul): Sí.

El senador Ulises Ramírez Núñez (desde la curul): Sí.

La senadora María Teresa Ortuño Gurza (desde la curul): A favor.

La senadora Gabriela Ruiz del Rincón (desde la curul): En favor.

El diputado Carlos Eduardo Feltón González (desde la curul): A favor.

La diputada María Esther Jiménez Ramos (desde la curul): A favor.

El senador Rolando Rivero Rivero (desde la curul): En suplencia de Luis Fernando Rodríguez Ahumada , a favor.

La Secretaria diputada Marcela Cuen Garibi : Gracias. ¿Falta algún legislador de emitir su voto? Se va a recoger la votación de la Mesa Directiva.

El Secretario senador Ramiro Hernández García: A favor.

El Vicepresidente diputado Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla : A favor.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: A favor.

El Vicepresidente senador Luis Alberto Villarreal García: En pro.

La Secretaria diputada Marcela Cuen Garibi : Sí.

Se emitieron 29 votos en pro y 0 votos en contra.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Aprobados los proyectos de decreto por 29 votos. Pasan al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.

REGISTRO PUBLICO VEHICULAR

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: El siguiente punto del orden del día es el de dictámenes a discusión de la Primera Comisión, con puntos de acuerdo. En virtud de que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se autoriza que se lean sólo los puntos de acuerdo.

El Secretario senador Ramiro Hernández García: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se autoriza que se lean sólo los puntos de acuerdo. Los legisladores y las legisladoras que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Se autoriza. Continúe la Secretaría.

El Secretario senador Ramiro Hernández García: «Dictamen de la Primera Comisión, con punto de acuerdo por el que se solicita información y se exhorta al secretario de Seguridad Pública a fortalecer las medidas de evaluación y certificación del transponder objeto de una licitación pública

Honorable Asamblea

A la Primera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente correspondiente al primer receso del tercer año de ejercicio constitucional de la LX Legislatura, fue turnada la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al secretario de Seguridad Pública a evaluar la seguridad, el desempeño y la funcionalidad del Transponder integrado en la calcomanía del Registro Público Vehicular, suscrita por el diputado José Rubén Escajeda Jiménez , del Grupo Parlamentario del PRI.

Los ciudadanos legisladores integrantes de esta Comisión realizaron el estudio y análisis de los planteamientos de la proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno el presente:

Dictamen

Antecedentes

La proposición con punto de acuerdo que se cita en el proemio, fue presentada en la sesión del pleno de la Comisión Permanente de fecha 21 de enero de 2009 y turnada para su estudio y dictamen correspondiente a la Primera Comisión de Trabajo de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia.

Consideraciones

I. Esta comisión dictaminadora considera pertinente reproducir literalmente los Antecedentes invocados por el autor de la proposición que se dictamina:

``La Tercera Comisión de trabajo, en su caso, realizará los actos preparatorios para la eventual reunión de trabajo, establecerá el formato y con la intervención del Presidente de la Comisión Permanente, determinará la fecha y hará la invitación correspondiente para la realización de la reunión.''

4. El 27 de agosto del 2008, asistió el ciudadano Roberto Campa Cifrián, entonces secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a una reunión de trabajo con los integrantes de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a fin de explicar la ``licitación pública internacional a través de medios remotos de comunicación electrónica bajo la cobertura de los tratados de libre comercio de los que México forma parte. Clave 22103001-001-08. ``Etiquetas de identificación por radiofrecuencia integrada a calcomanía insertada en un formato para el Registro Público Vehicular''.

5. El pasado 27 de octubre del 2008, se declaró desierta la licitación pública que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 3 de julio del 2008.

6. La Secretaría de Seguridad Pública Federal, publicó en el Diario Oficial de la Federación el 4 de noviembre del 2008, en segunda convocatoria de ``licitación pública internacional a través de medios remotos de comunicación electrónica bajo la cobertura de los tratados de libre comercio de los que México forma parte. Clave 22103001-001-08. ``Etiquetas de identificación por radiofrecuencia integrada a calcomanía insertada en un formato para el Registro Público Vehicular''.

7. El 12 de diciembre del 2008, la empresa de tecnología Neology, ganó el concurso de licitación de las calcomanías con chips de radiofrecuencia para el Registro Público Vehicular, mediante una oferta de 34 millones 750 mil dólares.

En el capítulo de Consideraciones, el proponente hace referencia a los comentarios que se vertieron por parte de los legisladores en la reunión de trabajo que se celebró el 27 de agosto de 2008, con el ciudadano Roberto Campa Cifrián, entonces secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y concluye que es importante que se garantice que la tecnología contratada sea la adecuada, ya que es de vital importancia la seguridad y la confiabilidad de los datos de los vehículos, así como certificar que el origen de éstos sea de procedencia legal.

II. Los integrantes de la comisión dictaminadora coinciden con planteamientos y se solidarizan con la Proposición que se dictamina.

La comisión dictaminadora, con el apoyo del cuerpo de asistencia técnica, constató que en el Diario Oficial de la Federación de 4 de noviembre de 2008, aparece publicada la Segunda Convocatoria 002, del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Dirección de Administración y Enlace, para participar en forma escrita o a través de medios remotos de comunicación electrónica en la licitación pública internacional bajo la cobertura de los tratados de libre comercio que contienen un capítulo de compras del sector público, para la adquisición de ``Etiquetas de Identificación por Radiofrecuencia Integrada a Calcomanía insertada en un formato para el Registro Público Vehicular''.

También se pudo constatar en la página electrónica de la Secretaría de Seguridad Pública que dicha Secretaría, a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, adjudicó a la empresa Neology, S de RL, el contrato para la adquisición del Sistema de Etiquetas de Identificación materia de la convocatoria.

La comisión dictaminadora advierte, como lo destaca el proponente, la preocupación que ha provocado entre diversos legisladores la licitación antes mencionada y la importancia que tiene el garantizar que la tecnología contratada sea la adecuada, por la importancia para la seguridad y la confiabilidad de los datos de los vehículos, así como para la certificación que de su origen, tiene para el país.

En mérito de lo antes expuesto, la Primera Comisión, Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, somete a la consideración del Pleno, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La del Congreso de la Unión, con sustento en lo dispuesto en los numerales 1 y 3 del artículo 45 y 1 y 3 del artículo 97 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita del secretario de Seguridad Pública informe a esta soberanía, sobre las medidas que se hayan adoptado o se vayan a adoptar para evaluar y certificar la seguridad, desempeño y funcionalidad operativa de las ``Etiquetas de Identificación por Radiofrecuencia Integrada a Calcomanía Insertada en un Formato para el Registro Público Vehicular (``TRANSPONDER'')'', contratado mediante Licitación Pública, con la empresa Neology, S. de R.L., exhortando respetuosamente al titular de la Secretaría de Seguridad Pública a fortalecer las medidas de evaluación y certificación, con la participación que corresponda a laboratorios nacionales o internacionales.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Está a discusión el punto de acuerdo. En virtud de que no se ha registrado orador alguno, se considera suficientemente discutido y se reserva para su votación económica en conjunto.

IMPORTACION DE VEHICULOS USADOS

El Secretario senador Ramiro Hernández García: «Dictamen de la Primera Comisión, con puntos de acuerdo relativos a una controversia constitucional sobre las condiciones para la importación definitiva de vehículos usados

Honorable Asamblea

A la Primera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente correspondiente al primer receso del tercer año de ejercicio constitucional de la LX Legislatura, fue turnada la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita que la Comisión Permanente promueva una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra el decreto por el que se establecen las condiciones para la importación definitiva de vehículos usados, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de diciembre de 2008, suscrita por el diputado Enrique Serrano Escobar , del Grupo Parlamentario del PRI.

Los ciudadanos legisladores integrantes de esta comisión realizaron el estudio y análisis de los planteamientos de la proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno el presente:

Dictamen

Antecedentes

La proposición con punto de acuerdo que se cita en el proemio, fue presentada en la sesión del pleno de la Comisión Permanente de fecha 21 de enero de 2009 y turnada para su estudio y dictamen correspondiente a la Primera Comisión de Trabajo de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia.

Consideraciones

I. En el capítulo de Antecedentes, el autor de la proposición que se dictamina menciona que el Ejecutivo federal ha publicado en diversas ocasiones decretos que han tenido por objeto ordenar el mercado de vehículos usados, estableciendo condiciones para su importación definitiva, citando los publicados en el Diario Oficial de la Federación de 22 de agosto de 2005, 26 de abril de 2006 y 24 de diciembre de 2008.

Invoca el Tratado de Comercio de América del Norte (TLCAN) que establece que, a partir del 1 de enero de 2009, México no podrá adoptar ni mantener una prohibición o restricción a la importación de vehículos originarios usados, provenientes de Estados Unidos de América o de Canadá que tengan 10 años o más de antigüedad. El mismo TLCAN establece un arancel preferencial a los vehículos usados originarios que cuenten con un certificado de origen válido, citando el artículo 501 del capítulo V del Tratado en comento, que establece ``en caso de que el exportador no sea el productor del bien, podrá llenar y firmar el certificado de origen basado en: ``a) Su conocimiento respecto de si el bien califica como originario; b) La confianza razonable en la declaración escrita del productor de que el bien califica como originario; o c) Un certificado que ampare el bien, llenado y firmado por el productor y proporcionando voluntariamente al exportador''.

Continúa el proponente que no obstante lo anterior, el decreto del Ejecutivo federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de diciembre del 2008 argumenta que, con fundamento en el artículo 3º del TLCAN, para acreditar que un vehículo es originario de un Estado parte del Tratado, es necesario que el propietario cuente con un certificado de origen del fabricante o con información fehaciente de que dicho vehículo cumple las reglas de origen correspondiente; el certificado de origen o el documento comprobatorio de origen deberá estar debidamente requisitado, con información directamente proporcionada por la compañía armadora del vehículo de que se trate, anexando el certificado o documento expedido por dicha compañía con base en el cual se obtuvo información respecto del origen del vehículo, y que en caso de no contar con el certificado o documento expedido por la compañía armadora, el importador deberá presentar una declaración por escrito, bajo protesta de decir verdad, suscrita por la compañía armadora, en la que manifieste que el vehículo usado que se pretende importar fue fabricado, manufacturado o ensamblado como un bien originario, de conformidad con las disposiciones y reglas de origen aplicables al tratado o acuerdo correspondiente. Es decir, que el decreto obliga a presentar el certificado de origen del automóvil con información proporcionada directamente por la compañía armadora, lo que prácticamente resulta imposible y contradice lo que establece el TLCAN.

En el capítulo de Consideraciones, el proponente invoca los artículos 133, 76, fracción I y el 89, fracción X de la Constitución Política de Estados Unidos de América y argumenta lo siguiente: El artículo 133 constitucional establece el principio de supremacía constitucional de la Constitución, los tratados internacionales, y las leyes federales; que los compromisos internacionales son asumidos por el Estado mexicano en su conjunto y comprometen a todas sus autoridades frente a la comunidad internacional; que un tratado es un acuerdo de voluntades de dos o más estados por medio del cual se crean o modifican derechos y obligaciones para los gobiernos; que el decreto de 24 de diciembre del 2008, al contravenir las estipulaciones del TLCAN, viola los principios básicos de supremacía constitucional expresados en el artículo 133 de nuestra Constitución.

Continúa el proponente que la controversia constitucional establecida en la fracción I del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos tiene como función dirimir los conflictos que surgen entre órganos de gobierno y entre los poderes de un Estado y que, en este contexto, la controversia constitucional tiende a preservar esencialmente la distribución de competencias entre los diferentes niveles de gobierno, con estricto apego a las disposiciones constitucionales, a fin de garantizar y fortalecer el estado de derecho, el equilibrio de poderes, la supremacía constitucional y el sistema federal. Se solicita que la Comisión Permanente promueva controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra el Decreto por el que se establecen las condiciones para la importación definitiva de vehículos usados, publicado en el Diario Oficial de la Federación de 24 de diciembre de 2008, a fin de que nuestro máximo tribunal declare su nulidad por ser violatorio del TLCAN y, por tanto, del artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

II. Los integrantes de la comisión dictaminadora coinciden con los planteamientos y propuestas de la proposición con punto de acuerdo que se dictamina, tomando en cuenta lo siguiente:

Consecuentemente, con sustento en el artículo literalmente transcrito y en el principio de la supremacía de las leyes frente a los decretos del Ejecutivo, se considera procedente que el Congreso de la Unión promueva controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación con base en lo dispuesto en el artículo 105, fracción I, inciso c) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en los términos formulados por el autor de la proposición con punto de acuerdo que se dictamina.

En razón de la materia, la comisión dictaminadora considera que se remita el expediente a la Cámara de Senadores, para efectos de que elabore y tramite la demanda de Controversia Constitucional citada y la someta a suscripción del Presidente de esa Cámara, tomando en cuenta el plazo que para la interposición de la demanda establece el artículo 21, fracción II de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En mérito de lo antes expuesto, la Primera Comisión, Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, somete a la consideración del Pleno, el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. La del Congreso de la Unión, considera procedente que se promueva una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con base en lo dispuesto en el artículo 105, fracción I, inciso c) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contra el Decreto por el que se establecen las condiciones para la importación definitiva de vehículos usados, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 24 de diciembre de 2008, a fin de que nuestro máximo Tribunal declare su nulidad por estar en contradicción con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y, por lo tanto, en contravención de lo dispuesto por el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Segundo. Remítase copia del expediente al Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores a efecto de que instruya se elabore y tramite la demanda de controversia constitucional.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Están a discusión los puntos de acuerdo.

El diputado Raúl Cervantes Andrade (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Diputado Raúl Cervantes.

El diputado Raúl Cervantes Andrade (desde la curul): No es para la Cámara de Senadores. Sé que dice así. Hemos hablado en la comisión y va como fe de erratas, para que vaya para la Cámara de Diputados.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Bueno, vamos a considerarla como una modificación.

Consulte la Secretaría a la asamblea si es de aceptarse la modificación para que se turne a la Cámara de Diputados.

El Secretario senador Ramiro Hernández García: Está a consideración de la asamblea la propuesta de modificación que se pone a su consideración. Quienes estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Quienes estén por la negativa sírvanse manifestarlos.

Mayoría por la afirmativa, señor presidente.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: En los términos del dictamen, y con la modificación aprobada por la asamblea, se reserva para su votación económica en conjunto.

EX TRABAJADORES MIGRATORIOS

El Secretario senador Ramiro Hernández García: «Dictamen de la Primera Comisión, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación a adoptar en el ámbito de su competencia las medidas y los mecanismos administrativos conducentes a atender a todos los ex trabajadores migratorios mexicanos con derecho

Honorable Asamblea:

A la Primera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente correspondiente al primer receso del tercer año de ejercicio constitucional de la LX Legislatura, fue turnada la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Gobernación que prorrogue 30 días hábiles más el plazo para el registro de los ex trabajadores migratorios, suscrita por el diputado Enrique Serrano Escobar , del Grupo Parlamentario del PRI.

Los ciudadanos legisladores integrantes de esta Comisión realizaron el estudio y análisis de los planteamientos de la proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno el presente:

Dictamen

Antecedentes

La proposición con punto de acuerdo que se cita en el proemio, fue presentada en la sesión del pleno de la Comisión Permanente de fecha 21 de enero de 2009 y turnada para su estudio y dictamen correspondiente a la Primera Comisión de Trabajo de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia.

Consideraciones

I. En el capítulo de Antecedentes, el autor de la proposición que se dictamina manifiesta que con fecha 24 de noviembre de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la convocatoria a las personas interesadas para que acudan a las 36 mesas receptoras ubicadas en las entidades federativas para que acrediten los requisitos de elegibilidad que establece el artículo 6 de la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para Extrabajadores Migratorios Mexicanos, así como el numeral 4 de las Reglas de Operación del Fideicomiso 2106 Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos (1942 a 1964), la cual tuvo posteriores publicaciones hasta el 28 de noviembre de 2008; en dicha convocatoria se señalan diversos municipios como sede de mesas receptoras; para el caso de Chihuahua sólo se establecieron tres municipios sede para recibir los documentos: Camargo, Parral y Chihuahua, los cuales resultaron insuficientes debido a lo extenso del territorio del estado; que, en base en lo anterior, se solicitó a la Coordinación de Control y Seguimiento del Fideicomiso 2106 de la Secretaría de Gobernación, se abrieran ventanillas de recepción en los municipios de Cd. Juárez y Janos. Lamentablemente, hasta la fecha no se obtuvo una respuesta favorable por parte de la Secretaría citada, por lo que se ha gestionado que el Municipio de Cd. Juárez preste dos autobuses para trasladar diariamente a la ciudad de Chihuahua a los braceros beneficiarios para registrarse en las mesas de recepción; a pesar de los esfuerzos realizados, considera el proponente que el plazo que vence el 28 del presente mes y año, resulta insuficiente.

Formula el proponente el siguiente:

Punto de Acuerdo

II. Los integrantes de la comisión dictaminadora coinciden sustancialmente con los planteamientos y los objetivos de la Proposición con punto de acuerdo que se dictamina y consideran conveniente que se adopten medidas para solucionar el problema sensible de atender a todos los extrabajadores migratorios elegibles en los términos de la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos y su correspondiente Convocatoria publicada en el Diario Oficial de la Federación del 24 al 28 de noviembre de 2008.

Sin embargo, la convocatoria expedida en cumplimiento con lo dispuesto en los artículos transitorios del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación de 1° de septiembre de 2008. Señala en los artículos transitorios lo siguiente:

Cuarto. Al finalizar el plazo establecido en el artículo tercero transitorio, el Comité Técnico integrará un registro de las personas que presentaron la documentación respectiva; asimismo, autorizará los apoyos de quienes hayan cumplido con los requisitos y condiciones previstos en el artículo 6° de la ley y publicará en el Diario Oficial de la Federación la lista de beneficiarios que recibirán el apoyo social, debiendo para tal efecto observar lo dispuesto en la fracción III del artículo 5° de la Ley.

Sexto. Al efecto, el Comité Técnico del Fideicomiso deberá presentar a la Cámara de Diputados, a través de la Comisión Especial para dar Seguimiento a los Fondos de los Trabajadores Mexicanos Braceros, un informe trimestral sobre el avance de su gestión que permita conocer su situación financiera y determinar, en su caso, la cantidad a presupuestar para el año siguiente.''

Consecuentemente, la Comisión Dictaminadora considera que en el caso procede exhortar al titular de la Secretaría de Gobernación para que, en el ámbito de su competencia, adopte las medidas y los mecanismos administrativos que propicien que sean atendidos todos los ex trabajadores migratorios mexicanos elegibles para ser beneficiarios del Fondo de Apoyo Social para Extrabajadores Migratorios Mexicanos, de conformidad con lo previsto en la Ley de la materia y la convocatoria publicada el 24 de noviembre de 2008. Asimismo se solicita se otorgue un prórroga para el cumplimiento de este trámite e incluir otros documentos para poder realizar el mismo.

En mérito de lo antes expuesto, la Primera Comisión, Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, somete a la consideración del Pleno, el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. La del Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Gobernación para que, en el ámbito de su competencia, adopte las medidas y los mecanismos administrativos que propicien que sean atendidos todos los ex trabajadores migratorios elegibles para ser beneficiarios del Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, de conformidad con lo previsto en la Ley de la materia y la Convocatoria publicada el 24 de noviembre de 2008.

Segundo. Se solicita al Comité Técnico que administra el Fideicomiso del Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, otorgue una prórroga para continuar con el registro de las 37 mesas receptoras instaladas en todo el país.

Tercero. De otorgarse esta prórroga se solicita se puedan tomar en cuenta para el registro de los ex braceros otros documentos como son: la mica blanca, otros recibos de pago que expida el padrón, la mención honorífica, la credencial que entregaba la Secretaría de Gobernación a cada trabajador antes de emigrar y eliminar el apostillamiento del Seguro Social Americano.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Están a discusión los puntos de acuerdo. En virtud de que no se ha registrado orador alguno, se consideran suficientemente discutidos y se reservan para su votación en conjunto.

SERGIO GABRIEL LEON CASTILLO

El Secretario senador Ramiro Hernández García: «Dictamen de la Primera Comisión, con punto de acuerdo relativo a la desaparición del joven Sergio Gabriel de León Castillo

Honorable Asamblea

A la Primera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente correspondiente al primer receso del tercer año de ejercicio constitucional de la LX Legislatura, fue turnada la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las autoridades de estado de Coahuila, tanto federales, estatales y municipales, investiguen la desaparición del C. Sergio Gabriel de León Castillo a fin de dar con su paradero y se haga justicia, presentada por el diputado Gerardo Villanueva Albarrán , del Grupo Parlamentario del PRD.

Los ciudadanos legisladores integrantes de esta Comisión realizaron el estudio y análisis de los planteamientos de la proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno el presente:

Dictamen

Antecedentes

La proposición con punto de acuerdo que se cita en el proemio, fue presentada en la sesión del pleno de la Comisión Permanente de fecha 21 de enero de 2009 y turnada para su estudio y dictamen correspondiente a la Primera Comisión de Trabajo de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia.

Consideraciones

I. En el capítulo de Consideraciones, el autor de la proposición que se dictamina se limita a señalar que: ``Debemos detener la inseguridad y la delincuencia que existe en nuestro país, y por lo tanto, no puedo dejar pasar por alto el acontecimiento que vive la familia de León Castillo, y en mi sentir como padre sé la desesperación que viven y la incertidumbre de no saber nada de su hijo Sergio Gabriel de León Castillo, que desde el pasado 15 de noviembre del 2008 desapareció en la ciudad de Coahuila; estudiante del tercer semestre de Parapsicología de la Escuela Narro de Saltillo, Coahuila, con apenas 22 años de edad...'', abundando el proponente en el pesar de los padres del joven citado y concluye al formular el siguiente punto de acuerdo:

II. Los integrantes de la comisión dictaminadora reconocen la sensibilidad y propósitos de justicia que inspiran al autor en la elaboración y presentación de su proposición, pero consideran que este es uno de los casos en los que no se aportan los elementos suficientes para que la comisión dictaminadora pueda normar su criterio y resolver conforme a derecho y la práctica parlamentaria, en los términos solicitados por el proponente.

Asimismo, se toma en cuenta que ya existe la denuncia correspondiente ante la autoridad del estado de Coahuila, por parte de los familiares del desaparecido, iniciando así una averiguación, a efecto de determinar el esclarecimiento de los hechos.

La comisión dictaminadora toma principalmente en cuenta que, de acuerdo con las expresiones contenidas en el capítulo de Consideraciones de la proposición con punto de acuerdo que se dictamina, se trata de un caso particular que afecta exclusivamente a una persona y su familia, sin que se trate de un asunto de interés social o general.

Por lo tanto, de acuerdo con la doctrina, la práctica y los acuerdos parlamentarios, no se considera materia para una proposición con punto de acuerdo aquélla que verse sobre asuntos que entrañen una gestión, los cuales deberán exponerse de una manera directa ante el Comité de Información, Gestoría y Quejas de la Cámara correspondiente. En el caso, siendo el proponente un diputado, se considera procedente remitir el asunto al Comité de referencia de la Cámara de Diputados.

En mérito de lo antes expuesto, la Primera Comisión, Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, somete a la consideración del Pleno, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Remítase copia del expediente al Comité Información, Gestoría y Quejas de la Cámara de Diputados.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Está a discusión el punto de acuerdo. En virtud de que no se ha registrado orador alguno, se considera suficientemente discutido y se reserva para su votación en conjunto.

LUCIA ANDREA MORETT ALVAREZ

El Secretario senador Ramiro Hernández García: «Dictamen de la Primera Comisión, con puntos de acuerdo relativos al caso de Lucía Andrea Morett Álvarez

Honorable Asamblea:

A la Primera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente correspondiente al primer receso del tercer año de ejercicio constitucional de la LX Legislatura, fue turnada la proposición con punto de acuerdo para exhortar a la PGR a declarar el no ejercicio de la acción en contra de Lucía Andrea Morett Álvarez, a cargo del diputado Carlos Altamirano Toledo y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRD.

Los ciudadanos legisladores integrantes de esta Comisión realizaron el estudio y análisis de los planteamientos de la proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno el presente:

Dictamen

Antecedentes

La proposición con punto de acuerdo que se cita en el proemio, fue presentada en la sesión del pleno de la Comisión Permanente de fecha 21 de enero de 2009 y turnada para su estudio y dictamen correspondiente a la Primera Comisión de Trabajo de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia.

Consideraciones

I. Los integrantes de la comisión dictaminadora consideran pertinente transcribir literalmente el Capítulo de Consideraciones de la Proposición con punto de acuerdo que se dictamina:

Consideraciones

Punto de Acuerdo

II. Los integrantes de la comisión dictaminadora reconocen los propósitos de justicia que inspiran a los autores en la elaboración y presentación de su proposición, pero consideran que este es uno de los casos en los que no se aportan los elementos suficientes para que la comisión dictaminadora pueda normar su criterio y resolver conforme a derecho y la práctica parlamentaria, además de que resulta difícil y complicado precisar y comprobar la atingencia de todos los datos mencionados por los proponentes, sobre todo en el tiempo tan reducido del ejercicio de esta Comisión Permanente correspondiente al primer receso del tercer año de ejercicio de la LX Legislatura.

Por otra parte, el Procurador General de la República es el titular responsable del despacho de los asuntos que el artículo 102, Apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, atribuyen de manera exclusiva al Ministerio Público de la Federación; por lo tanto, la comisión dictaminadora considera que no es procedente ni correcto exhortarle para que resuelva un asunto particular y concreto, mucho menos si se pretende incidir o influir en el sentido de la resolución que se le solicita, porque ello atenta contra su autonomía de gestión y de decisión.

Por lo anterior, la comisión dictaminadora considera procedente en este caso, solicitar información del titular de la Procuraduría General de la República, sobre el estado que guarda la averiguación previa iniciada en contra de Lucía Andrea Morett Álvarez, lo que permitirá que esta soberanía pueda estar debidamente informada sobre este asunto, además de mostrar el interés que diversos legisladores tienen sobre el mismo.

Por las mismas razones, no se considera conveniente exhortar a la Secretaría de Relaciones Exteriores a que respete los derechos humanos y las garantías de seguridad jurídica de Lucía Andrea Morett Álvarez, negando la posible petición de extradición del gobierno ecuatoriano, en virtud de que no se considera correcto incidir o influir en el ámbito de competencia de una dependencia del Poder Ejecutivo federal y porque esta petición se sustenta en que ``el 5 de enero pasado trascendió en diversos medios de comunicación que el fiscal general de Ecuador había declarado que su oficina inició los trámites para peticionar al gobierno mexicano la extradición de la persona antes citada a su país'', sin que se haya podido constatar que esto se haya producido, ni los fundamentos que justifiquen tal petición. Lo anterior justifica igualmente que lo que procede en este caso es solicitar de la Secretaría de Relaciones Exteriores la información correspondiente.

Finalmente, lo expresado en los dos párrafos anteriores es igualmente aplicable a la solicitud a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que realice una exhaustiva investigación y las acciones diplomáticas correspondientes para esclarecer los homicidios de los ciudadanos mexicanos Verónica Natalia Velázquez Ramírez, Juan González del Castillo, Fernando Franco Delgado y Soren Ulises Avilés Ángeles, que según afirman los proponentes perecieron en Ecuador en marzo pasado, sin que se aporte constancia eficiente ni información suficiente.

En mérito de lo antes expuesto, la Primera Comisión, Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, somete a la consideración del Pleno, el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. La del Congreso de la Unión, con fundamento en los numerales 1 y 3 del artículo 45 y 1 y 3 del artículo 97 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita al titular de la Procuraduría General de la República, se sirva informar a esta soberanía sobre el estado procesal que guarda la averiguación previa iniciada en contra de la C. Lucía Andrea Morett Álvarez, PGR/SIEDO/UITA/028/2008.

Segundo. La del Congreso de la Unión, con fundamento en los numerales 1 y 3 del artículo 45 y 1 y 3 del artículo 97 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita a la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, se sirva informar a esta soberanía, si existe algún procedimiento de extradición del Gobierno de Ecuador, en contra de la C. Lucía Andrea Morett Álvarez.

Tercero. La del Congreso de la Unión, con fundamento en los numerales 1 y 3 del artículo 45 y 1 y 3 del artículo 97 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita a la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, se sirva remitir a esta soberanía, la información que disponga de los mexicanos Verónica Natalia Velázquez Ramírez, Juan González del Castillo, Fernando Franco Delgado y Soren Ulises Avilés Ángeles, mencionados en los sucesos de la República de Ecuador en el mes de marzo de 2008 y, en su caso, las gestiones que haya realizado esa Secretaría, sobre el particular.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Gracias, senador secretario. Está a discusión el punto de acuerdo.

Ha solicitado el uso de la palabra el señor diputado Gerardo Villanueva Albarrán . Por tanto, se le concede. Es del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

El diputado Gerardo Villanueva Albarrán : Muchas gracias, diputado presidente.

En realidad hasta ahí dio el acuerdo en la Primera Comisión de la Comisión Permanente, porque la proposición con punto de acuerdo hace algunos señalamientos un poco más exigentes hacia la autoridad federal y, sin embargo, quiero decir que en términos generales estamos de acuerdo.

En primer lugar señalo, en este caso, que existe un principio universal de derechos que indica que toda persona es inocente hasta que se demuestre su culpabilidad. Y me parece que en este tema las acusaciones sin fundamento que pesan sobre la ciudadana Lucía Morett van manchadas por ausencia de elementos, ausencia total de elementos. Hay que recordar que los denunciantes utilizan notas periodísticas para elaborar esta denuncia.

Hasta la fecha desconocemos mayores detalles de las imputaciones hechas a la compatriota Lucía Morett. Por ello, y ante el vacío de información que existe, la comisión resuelve solicitar esta información a las instancias pertinentes del gobierno federal, como son la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Procuraduría General de la República.

Sin embargo, en la proposición cuyo dictamen hoy se somete a la consideración del pleno, se menciona en el segundo párrafo del numeral tercero de los considerandos que la Procuraduría General de la República ha iniciado de oficio una averiguación previa en la que se investiga la probable comisión de delitos en contra de connacionales, en contra de mexicanos en el extranjero, que, aunque de suyo es un hecho positivo, no parece presentar hasta ahora ningún avance.

Por ello propongo a este pleno que se adicione un cuarto resolutivo al dictamen, ya que estamos solicitando información y que la PGR ha iniciado una denuncia para investigar sobre presuntos delitos cometidos en el extranjero en contra de ciudadanos mexicanos, que podamos solicitar también, agregando un resolutivo cuarto que diga lo siguiente:

Cuarto. La del Congreso de la Unión, con fundamento en los numerales 1 y 3 del artículo 45, y 1 y 3 del artículo 97 de la Ley Orgánica de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita al procurador general de la República que informe a esta soberanía sobre el estado procesal que guarda la averiguación previa en la que se investigue la probable comisión de delitos en contra de mexicanos en el extranjero, materia de este resolutivo.

Lo anterior, en razón de dar seguimiento y coadyuvar desde esta soberanía a cumplir con el deber del Estado mexicano por salvaguardar la vida y la integridad de los mexicanos que se encuentren fuera de nuestras fronteras. Por tal motivo es relevante que el Congreso de la Unión conozca la información que corresponda con relación a los fallecimientos de la y los ciudadanos Verónica Natalia Velázquez Ramírez, Juan González del Castillo, Fernando Franco Delgado y Soren Ulises Avilés Ángeles, quienes resultaron brutalmente asesinados por el Ejército colombiano en suelo ecuatoriano.

Finalmente, y respecto de quienes presentan la denuncia penal a que se refiere la averiguación previa PGR/SIEDO/UEITA/028/2008 en contra de la ciudadana Lucía Morett Álvarez, es relevante señalar que no sólo no aportaron información que haga llegar a la conclusión de una probable comisión de ningún delito. La mayor evidencia de ello ---como lo decía hace rato--- son notas publicadas en la prensa nacional. Se lleva un año con esta denuncia y no ha hecho nada el Ministerio Público precisamente por falta de elementos.

Adicionalmente a lo que parecen ser sólo infundios de quienes presentaron dicha indagatoria, resulta importante agregar que estas mismas personas han sido pública y plenamente vinculadas con grupos de extrema derecha, que incluso han atacado públicamente a altos funcionarios del gobierno de Calderón.

Hay que recordar que los mismos denunciantes impulsaron una campaña sucia, una campaña en contra de Andrés Manuel López Obrador en la elección de 2006; estuvieron detrás de esta campaña que lo vinculaba con dictadores.

Uno de los denunciantes es presidente de la asociación civil Mejor Sociedad, Mejor Gobierno, que, entre otras actividades, es responsable de financiar esta propaganda negra electoral en medios de comunicación. El otro denunciante es presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, AC, que en su página electrónica hace acusaciones públicas sobre la ciudadana Lucía Morett, sin presentar ninguna prueba de su dicho, y más aún, sin utilizar, en todo caso, a las instituciones conducentes para fundamentar su querella.

Podríamos abundar más acerca de quienes hacen la denuncia objeto del primer resolutivo, pero no es materia de esta petición de información que vamos a establecer desde la Comisión Permanente. Sin embargo, el asunto profundo y relevante es garantizar los derechos constitucionales de Lucía Morett, y de cualquier otra u otro ciudadano mexicano al que no se le haya demostrado responsabilidad alguna de ningún delito y evitar, asimismo a toda costa, la comisión de delitos contra mexicanos en el extranjero.

Dejo a consideración esta propuesta para que la PGR nos informe acerca de esta denuncia que ya ha sido presentada, para saber qué avances hay en la investigación del brutal asesinato de los ciudadanos antes mencionados. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Muchas gracias, diputado Gerardo Villanueva Albarrán. Hemos escuchado con atención sus distintos argumentos de propuesta de modificación. Sólo le pediría, señor diputado, que concrete la propuesta de modificación para registrarla y ponerla a consideración de la asamblea.

El Secretario senador Ramiro Hernández García: Está a consideración la propuesta que hace el diputado Villanueva para incorporar un cuarto apartado que consiste en lo siguiente:

Cuarto. La del Congreso de la Unión, con fundamento en los numerales 1 y 3 del artículo 45, y 1 y 3 del artículo 97 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita al procurador general de la República que informe a esta soberanía sobre el estado procesal que guarda la averiguación previa en la que se investiga la probable comisión de delitos en contra de mexicanos en el extranjero.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Consulte la Secretaría a la asamblea si se acepta la modificación propuesta por el diputado Gerardo Villanueva Albarrán.

El Secretario senador Ramiro Hernández García: Se pregunta si se acepta la modificación propuesta por el diputado Villanueva. Quienes estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: No se acepta la modificación, y se concreta en los términos del dictamen.

En virtud de que no ha habido un orador más que se haya registrado, se considera suficientemente discutido y se reserva para su votación económica en conjunto. Continúe la Secretaría.

SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES MINEROS, METALURGICOS Y SIMILARES DE LA REPUBLICA MEXICANA

El Secretario senador Ramiro Hernández García: «Dictamen de la Primera Comisión, con punto de acuerdo por el que se solicita a los secretarios del Trabajo y Previsión Social, y de Economía, así como al procurador general de la República, información actualizada sobre el conflicto SNTMMSRM-Grupo Minero México

Honorable Asamblea

A la Primera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente correspondiente al primer receso del tercer año de ejercicio constitucional de la LX Legislatura, fue turnada proposición con punto de acuerdo para exhortar a los secretarios de Gobernación y del Trabajo y Previsión Social a realizar gestiones ante las autoridades correspondientes a efecto de que se libere de inmediato al presidente del Consejo de Vigilancia del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana, suscrita por los diputados Rosario Ignacia Ortiz Magallón y José Antonio Almazán González , del Grupo Parlamentario del PRD.

Los ciudadanos legisladores integrantes de esta Comisión realizaron el estudio y análisis de los planteamientos de la proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la del Congreso de la Unión el presente:

Dictamen

Antecedentes

La proposición con punto de acuerdo que se cita en el proemio, fue presentada en la sesión del pleno de la Comisión Permanente de fecha 22 de diciembre de 2008 y turnada para su estudio y dictamen correspondiente a la Primera Comisión de Trabajo de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia.

Consideraciones

I. En el capítulo de Consideraciones, el autor de la proposición que se dictamina manifiesta sustancialmente lo siguiente:

Que han sido detenidos diversas personas pertenecientes al Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSRM), por un presunto fraude.

Que se congelaron cuentas bancarias al SNTMMSRM.

Que el 19 de febrero de 2006, perdieron la vida 65 trabajadores mineros en la tragedia de la mina Pasta de Conchos, debido a las pésimas condiciones de la mina y que a la fecha los cuerpos de dichos mineros no han podido ser rescatados.

Continua señalando el proponente que desde el año 2006, trabajadores mineros paralizan esa industria, a través de movimientos de huelga en diversas minas de todo el país. En virtud de que el grupo México no corrigió las graves condiciones en materia de seguridad e higiene, los trabajadores agremiados al SNTMMSRM, decidieron estallar tres huelgas el 30 de julio de 2007; en Cananea, Sonora, en Taxco, Guerrero, y en Sombrerete, Zacatecas, teniendo todas ellas como causal las sistemáticas y graves violaciones a las normas de seguridad e higiene por el Grupo México.

Que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, publicó un informe en donde concluye que los cuerpos policíacos han violado la Constitución Política Mexicana, en virtud del uso de la fuerza excesiva contra los trabajadores en huelga y sin autorización judicial.

Asimismo refieren los proponentes que:

Finalmente, señala que el secretario del Trabajo y Previsión Social, no ha cumplido las obligaciones que le mandata la ley, particularmente el artículo 40 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, el cual establece como su obligación ``vigilar la observancia y la aplicación de las disposiciones contenidas en el artículo 123 y otros de la Constitución federal; en la Ley Federal del Trabajo y en sus reglamentos''.

Por lo que con estos y otros argumentos proponen lo siguiente:

Punto de Acuerdo

II. La comisión dictaminadora analizó cuidadosamente la información aportada y los argumentos formulados por los autores de la proposición que se dictamina y toman en consideración lo siguiente:

A) Señalan los mismos proponentes que se trata de un asunto que ha sido conocido y abordado en diversos momentos y en diversas instancias del Poder Legislativo federal, principalmente por la Cámara de Diputados y por la Comisión Permanente y que los temas tratados en diversos puntos de acuerdo anteriores coinciden sustancialmente con lo que plantea nuevamente la proposición que se dictamina.

También toman en cuenta que en otros puntos de acuerdo ya aprobados anteriormente, existe constancia de que las autoridades involucradas, principalmente los titulares de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, de la Secretaría de Economía y de la Procuraduría General de la República remitieron a esta Soberanía las contestaciones correspondientes. En su momento, la información contenida, fue turnada a la Tercera Comisión de Trabajo de esta Comisión Permanente y, al término del receso correspondiente, se remitieron junto con los expedientes a las Comisiones de Trabajo y Previsión Social de las Cámaras de Diputados y de Senadores del Congreso de la Unión.

b) La proposición que ahora se dictamina concluye con la presentación de tres proyectos de resolutivos: en los dos primeros se exhorta al secretario de Gobernación a realizar gestiones tendientes a la liberación del ciudadano Juan Linares Montufar y para cesar las agresiones al Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana y se descongelen las cuentas bancarias de este sindicato, respectivamente. El tercer resolutivo solicita al secretario del Trabajo y Previsión Social su intervención en relación a la solución del conflicto laboral entre el sindicato antes mencionado y la empresa que explota las minas de Cananea, Sonora; Taxco, Guerrero, y Sombrerete, Zacatecas.

Sin embargo, en los resolutivos primero y segundo de la proposición que se dictamina no se cita fundamento legal para el exhorto que pretende se haga al titular de la Secretaría de Gobernación; en cambio en el resolutivo tercero se cita expresamente el artículo 40 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que precisamente establece las facultades de la Secretaría del Trabajo, entre las que se encuentra el conocimiento y solución de los conflictos laborales, como el que es la materia de fondo de este asunto.

Lo cierto es que la Secretaría de Gobernación no tiene entre sus atribuciones, determinadas en el artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la de realizar gestiones tendientes a liberar de manera inmediata a un ciudadano sujeto a un procedimiento de averiguación previa (atribuciones que corresponden al Ministerio Público en los términos del artículo 102, Apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los procesos penales corresponden a la esfera de competencia del Poder Judicial de la Federación, conforme a lo dispuesto en los artículos 103 y siguientes de la propia Constitución General); y tampoco esta secretaría tiene atribuciones para intervenir a efecto de que se descongelen las cuentas bancarias de un sindicato, cuestión que sólo puede resolverse por la vía judicial, por lo que estaríamos igualmente en el ámbito de competencia del Poder Judicial de la Federación, en los términos del artículo 103 y siguientes constitucionales.

Esta comisión dictaminadora, estima que las propuestas de los dos primeros puntos resolutivos en cuestión, carecen de sustento porque, al no tener la Secretaría de Gobernación atribuciones en materia de libertad de personas sujetas a averiguación o procesos penales o liberación de cuentas bancarias por resolución de autoridad competente, esta soberanía considera que no es procedente exhortarle a efecto de que intervenga para invadir o influir en espacios competencia de otros poderes u otras dependencias, lo que sería en contradicción de los principios de división de los poderes consagrado en el artículo 49 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo que se refiere al resolutivo tercero de la proposición, como se ha señalado, se trata de un asunto que se ha venido discutiendo en esta soberanía desde el año de 2006 y ha sido materia de diversas proposiciones y de la aprobación de varios puntos de acuerdo.

Por ello, esta comisión dictaminadora considera que, por el tiempo transcurrido y tomando en cuenta las serias limitaciones de tiempo que impone el receso legislativo en que funciona la Comisión Permanente, lo prudente es solicitar la información actualizada sobre el estado que guarda el conflicto colectivo entre el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana y el Grupo Minero México, titular de las concesiones mineras en Cananea, Sonora; Taxco, Guerrero, y Sombrerete, Zacatecas.

En mérito de lo antes expuesto, la Primera Comisión, Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, somete a la consideración del Pleno, el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. La del Congreso de la Unión, con sustento en los numerales 1 y 3 del artículo 45 y 1 y 3 del artículo 97 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita a los titulares de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, de la Secretaría de Economía y de la Procuraduría General de la República, informar a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, sobre la situación actual que guarda el conflicto colectivo entre el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana y el Grupo Minero México, titular de las concesiones mineras en Cananea, Sonora; Taxco, Guerrero; y Sombrerete, Zacatecas.

Segundo. La Comisión Permanente exhorta respetuosamente, al titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, para que en el ámbito de sus facultades y competencias, con fundamento en el artículo 40 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, establezca una mesa de trabajo entre el Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana y el Grupo Minero México a fin de dar solución a las huelgas estalladas el 30 de julio de 2007 en Cananea, Sonora; Taxco, Guerrero; y Sombrerete, Zacatecas.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Gracias, senador secretario. Ha solicitado el uso de la palabra, en contra del dictamen, el señor diputado Gerardo Villanueva Albarrán. Por tanto, se le concede el uso de la palabra.

El diputado Gerardo Villanueva Albarrán : Gracias, diputado presidente.

Quiero insistir en que los resolutivos propuestos por la diputada Rosario Ortiz Magallón y el diputado José Antonio Almazán González sean incluidos tal cual en el resolutivo del dictamen que hoy se nos presenta.

Los voy a leer, porque en sí mismos explican las razones por las que yo opiné a favor de mantener el sentido del dictamen en la Primera Comisión y por qué voté en contra.

Primero. La Comisión Permanente exhorta al secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, a realizar gestiones ante las autoridades competentes para que sea liberado de forma inmediata el ciudadano Juan Linares Montufar, presidente del Consejo de Vigilancia del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana.

Segundo. La Comisión Permanente solicita al licenciado Fernando Gómez Mont, secretario de Gobernación, que cesen las agresiones al Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana, y se descongelen las cuentas bancarias de este sindicato, en virtud de que es dinero de los trabajadores agremiados a él.

Tercero. La Comisión Permanente solicita a Javier Lozano Alarcón, secretario del Trabajo y Previsión Social, que en el ámbito de sus facultades y en la aplicación del artículo 40 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, intervenga en el conflicto minero a fin de que se establezca una mesa de trabajo entre el Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana y el Grupo Minero México, de Germán Larrea Mota Velasco, a fin de solucionar las huelgas estalladas el 30 de julio de 2007 en Cananea, Sonora; Taxco, Guerrero; y Sombrerete, Zacatecas.

Por eso a mí me parece que es insuficiente el alcance del exhorto que se estaría planteando en el resolutivo que ganó la votación en la comisión, pero me siento con obligación de plantear aquí públicamente y ante el pleno de la Comisión Permanente, la necesidad de darles facilidades a los trabajadores que están haciendo uso de un derecho que otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que, sin embargo, para apretarlos, para presionarlos, para lastimar a sus familias, no tienen acceso a esos fondos. Sabemos dónde están, sabemos en qué bancos.

Tenemos que estar exigiendo los representantes populares. ¿Dónde están los representantes populares de Guerrero, de Zacatecas, de Sonora? Que se suban aquí conmigo a exigir que esas cuentas se abran. Y que también le exijamos al secretario de Gobernación que deje en paz a los trabajadores mineros.

Los testimonios de los trabajadores mineros son los siguientes: ``Desde que llegó este nuevo secretario de Gobernación el asunto está peor. Llegó a querer apretar. Está del lado de las empresas''. Me parece que éste es un asunto digno de reconsiderarse.

Me temo mucho que, como en otros temas, se pueda tener la razón y, sin embargo, no vamos a tener suficientes votos para ayudar a estas familias y a estos trabajadores.

Por eso quise subir aquí a dejar testimonio, con mucha contundencia, de que no se vale que desde el gobierno federal, de este gobierno espurio, estén golpeando y reprimiendo a los trabajadores, además con detenciones absolutamente arbitrarias.

Y por otro lado, que no tengamos temor de exigir que a estos trabajadores se les regrese el dinero que ellos mismos han acumulado en los fondos del propio sindicato.

Ante esta crisis y después de casi dos años de huelga, me parece que es lo menos que podríamos hacer.

Sostengo que lo propuesto por los diputados del PRD es lo justo pero, sobre todo, es necesario para los trabajadores mineros que están en pie de lucha en contra de, al parecer, el propio gobierno federal. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Muchas gracias, señor diputado Gerardo Villanueva Albarrán. Diputado Javier Calzada, a favor del dictamen.

El diputado Francisco Javier Calzada Vázquez : Con su venia, diputado presidente.

Efectivamente, el conflicto minero, que ha dejado sin empleo a muchas familias en estos tres estados de la república, tiene sentido de urgente atención.

Soy compañero de bancada de los diputados ponentes de este punto de acuerdo, en el que solicitan que la Comisión Permanente exhorte al secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, a realizar gestiones ante las autoridades competentes para que sea liberado de manera inmediata el ciudadano Juan Linares Montúfar, presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana, y que se descongelen las cuentas bancarias de este sindicato en virtud de que es dinero de los trabajadores.

Y en tercer lugar, proponen la instalación de una mesa de diálogo en la Primera Comisión ---Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia---, que tengo a bien presidir. Discutimos este asunto y logramos el acuerdo de que la Comisión Permanente solicite a los secretarios del Trabajo y Previsión Social y de Economía, y al procurador general de la República, que informen a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión sobre la situación actual que guarda el conflicto colectivo entre el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana y el Grupo Minero México, titular de las concesiones mineras en Cananea, Sonora; Taxco, Guerrero; y Sombrerete, Zacatecas.

En segundo lugar, la comisión aprobó que se establezca una mesa de trabajo entre el Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana, y el Grupo Minero México, a fin de solucionar las huelgas estalladas el 30 de julio de 2007.

Por la alusión directa que hace el compañero diputado Gerardo Villanueva sobre que los diputados de Guerrero, de Sonora y de Zacatecas vengamos a defender esto, solamente aclaro que, por un lado, se está solicitando la información al gobierno federal en las áreas competentes; y, por otro lado, se está haciendo el exhorto a que se establezcan las mesas de diálogo para que se atienda de manera urgente este conflicto.

De tal manera que los representantes, en mi caso, de Zacatecas, no estamos siendo omisos en este tema; estamos tratando de que se atienda con la urgencia, con la prioridad, con la diligencia que requiere.

El único disenso que tenemos con el punto de acuerdo que propusieron los diputados firmantes se refiere a que se hacen juicios sobre la situación jurídica de personas, y nosotros no tenemos los elementos suficientes para hacer un exhorto, una recomendación en el sentido del tratamiento jurídico que debe darse a las personas que se encuentran en esa situación.

Ésa es la diferencia con respecto del posicionamiento del diputado Gerardo Villanueva. Y quiero dejar claro aquí que a los representantes, por lo menos en el caso de Zacatecas, nos interesa, estamos poniendo atención y estamos trabajando sobre la solución desde las posibilidades que tenemos en la Cámara de Diputados, en la Comisión Permanente, de trabajar a favor de la solución del conflicto. Por eso votaremos a favor en los términos del dictamen. Gracias, diputado presidente.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Muchas gracias, diputado Javier Calzada.

Está suficientemente discutido. En virtud de que no se ha registrado orador alguno, se considera suficientemente discutido.

Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueban los puntos de acuerdo.

El Secretario senador Ramiro Hernández García: Por instrucciones de la Presidencia...

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Permítame, secretario. Con excepción del punto de acuerdo relativo a la importación de vehículos; los demás puntos de acuerdo se votarán en conjunto. Posteriormente pasaremos a la votación de este tema.

El Secretario senador Ramiro Hernández García: En votación económica se pregunta si se aprueban los puntos de acuerdo. Los legisladores y las legisladoras que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Los legisladores y las legisladoras que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Mayoría por la afirmativa, señor presidente.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Aprobados los puntos de acuerdo. Comuníquense.

IMPORTACION DE VEHICULOS USADOS

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: En lo que respecta al punto de acuerdo que plantea el procesamiento para una controversia constitucional, respecto a mecanismos de importación de vehículos, consulte la Secretaría a la asamblea si es de aprobarse con la modificación propuesta, que es el turno a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

El Secretario senador Ramiro Hernández García: En votación económica se pregunta si se aprueba con la modificación a la que hace referencia el señor presidente. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las legisladores y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

No se aprueba, señor presidente; mayoría...

El diputado Francisco Javier Calzada Vázquez (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Sí. Diputado Calzada.

El diputado Francisco Javier Calzada Vázquez (desde la curul): Diputado presidente, solamente para consultar si lo que se acaba de votar es la aprobación del punto de acuerdo en lo general, votan a favor de la modificación y en contra de la aprobación. Entonces, entiendo, que no quedó claro el sentido de la votación.

Yo le pido a la Mesa que, por favor, aclare esta situación. Porque los compañeros de todos los partidos que estaban en la comisión, en la Primera Comisión, aprobaron el dictamen en los términos en que se encuentra. Entonces, se vota a favor de la modificación que propone el diputado Gerardo Villanueva y se vota en contra del dictamen en sus términos. Solamente para que se aclare esta situación.

El senador Marco Humberto Aguilar Coronado (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Senador Aguilar Coronado.

El senador Marco Humberto Aguilar Coronado (desde la curul): Éste es el proceso legislativo, señor presidente, señor diputado. Estuvimos a favor de la modificación, porque nos parecía que no era un tema de la Cámara de Senadores. Pero no estamos de acuerdo en el fondo del asunto y por eso votamos en contra de este punto de acuerdo.

Los que votaron a favor no hicieron mayoría y, por tanto, es un punto de acuerdo que se desecha; así es el proceso legislativo.

El diputado Gerardo Villanueva Albarrán (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Diputado Villanueva Albarrán.

El diputado Gerardo Villanueva Albarrán (desde la curul): O sea que lo que se discutió en la Primera Comisión, de ese supuesto interés por los trabajadores y por los conflictos laborales de este país, también se desecha por parte del PAN. Es bueno saberlo.

ESTADO DE MEXICO

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: El siguiente punto del orden del día es del de dictámenes a discusión de la Segunda Comisión, con puntos de acuerdo.

En virtud de que se encuentran en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se autoriza que se lean sólo los puntos de acuerdo.

La Secretaria diputada Marcela Cuen Garibi : Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se autoriza que se lean sólo los puntos de acuerdo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Se autoriza.

La Secretaria diputada Marcela Cuen Garibi : «Dictamen de la Segunda Comisión, con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de México y al Instituto Nacional de Antropología e Historia a establecer una mesa de trabajo con los tres niveles de gobierno, organizaciones sociales y especialistas a fin de preservar la integridad de la zona arqueológica de Teotihuacán

Honorable Asamblea:

A la Segunda Comisión, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, con fecha 21 de enero de 2009, fue turnada para su análisis una proposición con punto de acuerdo suscrita por el diputado José Alfonso Suárez del Real y Aguilera , integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, por la que se exhorta al gobierno del Estado de México y al Instituto Nacional de Antropología e Historia a establecer una mesa de trabajo, con el fin de preservar la integridad de la zona arqueológica de Teotihuacan.

1. Análisis de la propuesta

Los suscritos integrantes de la Segunda Comisión estiman procedente puntualizar la propuesta contenida en el acuerdo de mérito, que a la letra señala:

Las argumentaciones del proponente se basan en la importancia de la cultura teotihuacana, sus aportaciones al conocimiento para la humanidad, la trascendencia, su cosmología y originalidad de su estética, plasmada en cerámica, arte escultórico, murales y arquitectura. Señala, que por estas razones, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) le otorgó la declaración de sitio patrimonio cultural de la humanidad.

Al respecto, hace mención a la crisis que enfrentó la LIX Legislatura por la construcción de una tienda Wal Mart en el perímetro C de la zona arqueológica, y se actuó en contra del intento de explotar indebidamente el patrimonio cultural.

Señala que la intención de la propuesta no es tomar iniciativas contra del turismo ni de los proyectos de promoción turística; agrega que tampoco se está en contra de proyectos de desarrollo económico y social que beneficien a quienes habitan en los municipios vecinos de la zona arqueológica y manifiesta que su preocupación es el riesgo de que una obra de montaje pueda dañar a los monumentos arqueológicos de Teotihuacan, así como el riesgo de que se emitan por parte de la UNESCO, recomendaciones, que pudieran promover el retiro de la declaratoria de patrimonio cultural de la humanidad.

El diputado propone que con la finalidad de encontrar una solución al conflicto se constituya una mesa de trabajo, en que coincidan representantes de los tres niveles de gobierno, estatal, municipal y federal; que tenga un carácter ejecutivo y que plantee las diferentes vías de solución a problemas derivados de las obras de montaje de luz y sonido, pero que también resuelvan los problemas de desarrollo urbano, desarrollo social y económico de los municipios colindantes con la zona arqueológica; además de integrar a especialistas y autoridades del Instituto Nacional de Antropología e Historia, y representantes de la sociedad civil, con el propósito de salvaguardar la zona e investigar los posibles daños ocasionados a los monumentos arqueológicos, con la intención de restaurarlos.

Asimismo, refrendan la solicitud de suspensión de las obras de montaje de rieles por taquetes expansivos, o cualquier otro procedimiento que implique un posible deterioro de la zona arqueológica y de sus monumentos, en tanto no se obtengan los resultados y resoluciones por parte de los integrantes de la mesa de trabajo.

2. Consideraciones de la Comisión

La propuesta que se analiza parte de las obras que, con motivo del proyecto Resplandor Teotihuacano , se llevan a cabo en la zona arqueológica de Teotihuacan y ha dado lugar a la discusión en la Comisión Permanente de un punto de acuerdo aprobado con fecha 22 de diciembre de 2008, mismo que se aprobó en los siguientes términos

Al discutir el punto de referencia, los legisladores manifestaron que el patrimonio teotihuacano está siendo destruido para reactivar un espectáculo que podría dañar irreversiblemente las estructuras que son motivo de orgullo de los mexicanos. Como antecedentes, mencionan que en 1988 el INAH suspendió el espectáculo de luz y sonido por el daño evidente que se le provocaba a la zona arqueológica de Teotihuacan, acción que fue bien vista por científicos e intelectuales y la misma comunidad teotihuacana, ya que con ello Teotihuacan aspiraría al nombramiento de patrimonio histórico cultural de la humanidad.

Los proponentes señalaron que bajo un nuevo argumento, se busca nuevamente poner en marcha un espectáculo que para su operación requiere que se estén perforando los basamentos y se están colocando estructuras metálicas que indudablemente ponen en alto riesgo las pirámides.

Con el aval del gobierno del estado se presentó el proyecto ante empresarios y algunas autoridades municipales con el argumento que sería un espectáculo multimedia en el que no se colocaría ningún elemento extraño a los basamentos piramidales. En ocasión de la discusión, se habló de que se debe vigilar que el proyecto que se desarrolla no dañe la estructura de la Pirámide del Sol, pues este tipo de proyectos se han realizado en Chichén Itzá y Tulum con gran éxito, con el debido cuidado de los monumentos históricos.

Asimismo, se solicitó la suspensión de las obras que alteren las estructuras sin que se suspenda la creación del espectáculo. Los grupos parlamentarios manifestaron que este tipo de espectáculos se dan en muchas regiones del mundo y, en este sentido, benefician a esa zona del estado de México en lo que se refiere a la promoción de turismo.

Señalaron la urgencia de detener el proyecto y que se revise y si se encuentran condiciones para que el proyecto se lleve adelante sin vulnerar o dañar el basamento y las estructuras mismas de las pirámides, ya que conservarlas y preservarlas no solamente ayudará a mantener nuestra identidad cultural histórica, sino que el turismo siga fluyendo a nuestro país.

Asimismo, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente turnó en sesión del pasado 21 de enero del año en curso el Informe de la Comisión de Cultura sobre el Programa Regional de Desarrollo Turístico del Corredor Teotihuacán - Acolman - Otumba - San Martín - Axapusco - Nopaltepec y en particular, al proyecto Resplandor Teotihuacano , avalado unánimemente por los integrantes de la mesa directiva de la referida Comisión, a través del cual presenta el análisis, las observaciones y conclusiones, en torno al programa de referencia.

La Segunda Comisión, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, considera atendible la preocupación y la solicitud de los proponentes, toda vez que pese a las recomendaciones emitidas por esta soberanía para suspender los trabajos en la zona, se continua con la colocación de luminarias y cableado.

En mérito de lo antes expuesto, la Segunda Comisión, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, se permite someter a la consideración del Pleno de la del Congreso de la Unión el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. La del Congreso de la Unión exhorta al Gobierno del Estado de México y al Instituto Nacional de Antropología e Historia a que establezcan una mesa de trabajo que integre a los tres niveles de gobierno, federal, estatal y municipal, así como instituciones involucradas, representantes comunitarios, organizaciones sociales, organizaciones gremiales y especialistas con el propósito de que den a conocer el impacto estructural de las obras que con motivo del proyecto Resplandor Teotihuacano se realizan en esa zona arqueológica.

Segundo. La del Congreso de la Unión reitera la solicitud de suspender las obras del montaje multimedia en tanto se constituye la mesa de trabajo arriba descrita y dé a conocer sus conclusiones respecto al posible deterioro del monumento arqueológico.

Tercero. La del Congreso de la Unión hace suyas las conclusiones y resolutivos del informe de la Comisión de Cultura.

La Secretaria diputada Marcela Cuen Garibi : Están a discusión los puntos de acuerdo.

Ha solicitado el uso de la palabra el señor diputado Rubén Escajeda Jiménez, para proponer una modificación al dictamen.

El diputado José Rubén Escajeda Jiménez : Solamente para hacer una propuesta de modificación para que el punto de acuerdo fuese de la siguiente manera:

Primero. La del Congreso de la Unión exhorta al Instituto Nacional de Antropología e Historia y al gobierno del Estado de México a que establezcan una mesa de trabajo que integre a los tres niveles de gobierno: federal, estatal y municipal, así como académicos y especialistas, con el propósito de que den a conocer el impacto estructural de las obras que con motivo del proyecto Resplandor Teotihuacano se realizan en esta zona arqueológica.

Segundo. La del Congreso de la Unión hace suya las conclusiones y los resolutivos del informe de la Comisión de Cultura.

Ésa sería la propuesta. Entiendo que ya hay un acuerdo entre las diversas fracciones.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Consulte la Secretaría a la asamblea si es de aceptarse la modificación planteada por el diputado Rubén Escajeda Jiménez.

La Secretaria diputada Marcela Cuen Garibi : Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se acepta la propuesta del diputado Escajeda. Los legisladores y las legisladoras que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Los legisladores y las legisladoras que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Se acepta la modificación al dictamen.

En virtud de que no hay oradores, se considera suficientemente discutido. Se reserva para la votación económica en conjunto con las modificaciones aprobadas por la asamblea. Continúe la Secretaría.

ESTADO DE MEXICO

La Secretaria diputada Marcela Cuen Garibi : «Dictamen de la Segunda Comisión, con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Educación Pública que informe por el Instituto Nacional de Antropología e Historia respecto a la situación de diversas obras de arte sacro de supuesta pertenencia a templos católicos de Teotihuacán, México

Honorable Asamblea:

A la Segunda Comisión, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, con fecha 21 de enero de 2009, fue turnada para su análisis una proposición con punto de acuerdo suscrita por el diputado Ramón Valdés Chávez , integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Convergencia, por la que se pide al Instituto Nacional de Antropología e Historia, reintegre a su lugar de origen diversas obras de arte sacro pertenecientes a templos católicos de Teotihuacan, Estado de México.

1. Análisis de la propuesta

Los suscritos integrantes de la Segunda Comisión estiman procedente puntualizar la propuesta contenida en el acuerdo de mérito, que a la letra señala:

Señala el proponente que investigadores y especialistas han realizado diversos estudios sobre Teotihuacán y su entorno, tal es el caso del doctor Manuel Gamio, quien realizó investigaciones arqueológicas y antropológicas que aportaron a documentar el acervo histórico, cultural y arquitectónico de los pueblos de Teotihuacan.

Con el fin de dar a conocer esta riqueza, y teniendo como marco los festejos del centenario de la Independencia, en abril de 1922, el doctor Manuel Gamio, en su calidad de director de Antropología de la Secretaría de Agricultura y Fomento, solicitó a las comunidades, en calidad de préstamo, algunos oleos y esculturas de imágenes religiosas para que fueran exhibidos en el museo de sitio de la zona arqueológica; dichas piezas serían reintegradas al concluir los festejos; sin embargo, hoy, próximos a celebrar el bicentenario, estás no han sido devueltas a su lugar de origen.

Declara el proponente que por investigaciones hechas por vecinos de las comunidades, que algunas de estas obras se ubican en el Museo Nacional del Virreinato, en Tepotzotlán, Estado de México.

2. Consideraciones de la Comisión

La Segunda Comisión, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, considera atendible la preocupación y la solicitud del diputado que propone el punto de acuerdo, sin embargo, los abajo firmantes consideramos pertinente señalar que en su propuesta señala que su propuesta la formula en base a investigaciones realizadas por vecinos de las comunidades del municipio de Teotihuacan.

Al respecto, es pertinente señalar que el Instituto Nacional de Antropología e Historia cuenta con un número telefónico para realizar las denuncia por robo, saqueo o daño al patrimonio cultural, toda vez que el INAH es una Institución con plena facultad normativa y rectora en materia de protección y conservación del patrimonio cultural, y cuenta con trabajo de investigación en las áreas antropología, arqueología, historia, restauración, museología y paleontología.

No obstante lo anterior, esta comisión considera pertinente solicitar al INAH la información correspondiente sobre el particular, con fundamento en el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

En mérito de lo antes expuesto, la Segunda Comisión, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, se permite someter a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La del Congreso de la Unión solicita a la Secretaría de Educación Pública informe, a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia, la situación de las siguientes obras de arte sacro y la supuesta pertenencia a templos católicos de Teotihuacan:

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Está a discusión el punto de acuerdo. En virtud de que no ha habido solicitud de ningún legislador para hacer uso de la palabra, se considera suficientemente discutido y se reserva para su votación en conjunto.

OSVALDO ALDRETE DAVILA

La Secretaria diputada Marcela Cuen Garibi : «Dictamen de la Segunda Comisión, con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente rechaza la decisión del ex presidente de Estados Unidos de América de conmutar la sentencia a dos ex agentes de la Patrulla Fronteriza que ocasionaron graves daños al mexicano Osvaldo Aldrete Dávila

Honorable Asamblea:

A la Segunda Comisión, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, con fecha 21 de enero de 2009, fue turnada para su análisis una proposición con punto de acuerdo suscrita por el senador Luis Alberto Villarreal García, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, por la que se la Comisión Permanente rechaza la decisión del ex Presidente de los Estados Unidos de América, de conmutar la sentencia a dos ex agentes de la patrulla fronteriza estadounidense que ocasionaron serios daños al connacional Osvaldo Aldrete Dávila.

Los suscritos integrantes de la Segunda Comisión estiman procedente puntualizar la propuesta del Senador contenida en el acuerdo de mérito, que a la letra señala:

1. Consideraciones de la Comisión

La Segunda Comisión, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, al analizar el tema que nos ocupa considera pertinente abundar que Osvaldo Aldrete Dávila fue herido por los agentes mientras se alejaba de un cargamento de marihuana en 2005, fue sentenciado a nueve años y medio en prisión por su participación en otros dos intentos de tráfico cometidos el mismo año. Aldrete fue atacado en el 2005, y testificó contra los agentes en su juicio del 2006. Dijo ante el jurado que estaba desarmado cuando le dispararon y que corrió hacia México después de reñir con Compeán. Ramos y Compeán argumentaron creer que Aldrete estaba armado.

Aldrete se declaró culpable en abril por los cargos de posesión e intento de distribución de droga, y un cargo por crimen organizado para el tráfico y posesión de esa sustancia controlada. Se le dictó sentencia poco más de una semana después que una corte de apelaciones federal ratificara las sentencias de Ignacio Ramos y José Alonso Compeán, los dos agentes declarados culpables por el tiroteo. Los agentes fueron sentenciados a 10 años de prisión por disparar contra Alderete.

Varios representantes del Congreso solicitaron al presidente George W. Bush que redujera la sentencia de los agentes o les otorgara el perdón. El caso de los agentes tuvo repercusión entre la población conservadora preocupada por la protección de la frontera, hubo gente que simpatizó con los agentes argumentando que sólo hacían su trabajo al defender la frontera contra criminales.

En un acto final de benevolencia, el pasado lunes 19 de enero, el ex presidente George W. Bush otorgó el perdón a Ignacio Ramos y José Compeán, quienes serán liberados en marzo próximo.

En mérito de lo antes expuesto, la Segunda Comisión, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, se permite someter a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La del Congreso de la Unión rechaza, al considerarla un claro ejercicio de impunidad, la decisión del ex presidente George W. Bush, de conmutar la sentencia de dos ex agentes de la Patrulla Fronteriza, José Alonso Compeán e Ignacio Ramos, encontrados culpables por un tribunal estadounidense de ocasionar daños a mano armada al connacional Osvaldo Aldrete Dávila y de obstruir la justicia.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Está a discusión el punto de acuerdo. En virtud de que no hay solicitud de legislador alguno en este tema, se considera suficientemente discutido y se reserva para su votación en conjunto.

EDUCACION PREESCOLAR

La Secretaria diputada Marcela Cuen Garibi : «Dictamen de la Segunda Comisión, con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente solicita a la Secretaría de Educación Pública que analice la posibilidad de prorrogar la aplicación del acuerdo número 358, por el que se establece el programa especial 2005-2009 para acreditar la educación preescolar impartida en centros comunitarios de atención a la infancia del Distrito Federal

Honorable Asamblea:

A la Segunda Comisión, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, con fecha 21 de enero de 2009, fue turnada para su análisis una proposición con punto de acuerdo suscrita por los diputados Valentina Batres Guadarrama y Gerardo Villanueva Albarrán , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para exhortar a la Secretaría de Educación Pública a que prorrogue la aplicación del Acuerdo 358 que establece el Programa Especial 2005-2009, para la acreditación de la educación preescolar en el Distrito Federal.

Los suscritos integrantes de la Segunda Comisión estiman procedente puntualizar la propuesta del Senador contenida en el acuerdo de mérito, que a la letra señala:

1. Análisis de la propuesta

La proposición en estudio tiene lugar derivado de los siguientes argumentos: el 12 de noviembre de 2002 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto mediante el cual se adicionan y reforman los artículos 3o. y 31 constitucionales para establecer la obligatoriedad de la educación preescolar.

Para efecto de que paulatinamente se diera cumplimiento a tal disposición, el artículo Quinto Transitorio señala: ``... para el ciclo escolar 2004-2005 será obligatorio cursar el tercer año de educación preescolar, el segundo año de preescolar, a partir del ciclo 2005-2006 y el primer año de preescolar, a partir del ciclo 2008-2009. En los plazos señalados, el Estado mexicano habrá de universalizar en todo el país, con calidad, la oferta de este servicio educativo.

El artículo Sexto Transitorio del decreto citado dispone que en las zonas en donde no haya sido posible establecer la infraestructura para la prestación del servicio de educación preescolar, las autoridades educativas federales, en coordinación con las locales, pondrán en marcha programas especiales para cumplir con la prestación del servicio de educación preescolar en las zonas donde no haya sido posible establecer la infraestructura para la prestación de ese servicio educativo.

El 3 de junio de 2005 fue publicado en el DOF el Acuerdo número 358, por el que se establece el Programa Especial 2005-2009, para la acreditación de la educación preescolar que reciben los niños que asisten a centros comunitarios de atención a la infancia en el Distrito Federal, con el objetivo de acreditar la educación preescolar de los niños que asisten a los centros comunitarios, a efecto de garantizar su acceso a la educación primaria, en los términos que establece el artículo 3o. constitucional y la Ley General de Educación.

Asimismo, señala que en el artículo Tercero Transitorio del Acuerdo se estableció que la vigencia del mismo será hasta antes del inicio del ciclo escolar 2009-2010.

Para concluir, los proponentes agregan que a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo 358, los centros comunitarios han realizado diversas acciones para dar cabal observancia a la reforma constitucional, sin embargo se han enfrentado con diversas circunstancias que han impedido la conclusión, de las cuales no proporciona más datos o referencias.

2. Consideraciones de la Comisión

Efectivamente, como lo señala la proponente, el Acuerdo número 358 de la Secretaría de Educación Pública y publicado el 3 de junio de 2005, tiene como objetivo que la educación preescolar que reciben los niños en centros comunitarios, se ajuste a los prescrito por el artículo 3º constitucional y la Ley General de Educación.

El programa de referencia señala que los establecimientos en el Distrito Federal que, sin fines de lucro prestan a niños menores de seis años servicios de custodia, alimentación, hospedaje, en su caso, salud y enseñanza, identificados por la población como centros comunitarios, se denominarán indistintamente como centros comunitarios de atención a la infancia en el Distrito Federal.

Los centros comunitarios son administrados y operan sus servicios como resultado de procesos autogestivos de las comunidades, en coordinación con grupos privados y, en algunos casos, con instituciones gubernamentales u organizaciones no gubernamentales. Están constituidos como asociaciones civiles, instituciones de asistencia privada u otras formas legales de asociación para participar en proyectos de desarrollo social.

El objetivo general de este programa es acreditar la educación preescolar de los niños y niñas que asisten a los centros comunitarios, a efecto de garantizar su acceso a la educación primaria en los términos que establece el artículo 3º. Constitucional y la Ley General de Educación.

En el punto IV del programa, se especifica que para el cumplimiento de los objetivos del Programa Especial, los centros comunitarios desarrollarán las siguientes estrategias: Una evaluación diagnóstica que tiene como finalidad que los centros identifiquen los principales problemas relacionados con su organización y funcionamiento y a partir de ello, pongan en marcha acciones oportunas encaminadas a mejorar la calidad del servicio que ofrecen; y un plan de mejoramiento, mediante el cual los centros comunitarios deben asumir el compromiso de poner en marcha un conjunto de acciones relacionadas con su organización y funcionamiento, que sistematizarán en un plan de mejoramiento, con la finalidad de elevar la calidad de la atención educativa de los niños en edad preescolar.

Por otra parte, en el punto VI del Programa, señala que ``la SEP supervisará que los centros comunitarios cumplan con lo establecido en el presente Programa y en las disposiciones jurídicas y pedagógicas aplicables, para lo cual los centros comunitarios colaborarán en las actividades que para tales efectos, la autoridad realice'', en este sentido quienes dictaminan consideran relevante el compromiso adquirido y el grado de cumplimiento de los responsables de los centros comunitarios.

Es pertinente subrayar que el propio acuerdo señala en su artículo Tercero Transitorio que el programa especial que establece el Acuerdo estará vigente hasta antes del inicio del ciclo escolar 2009-2010.

Cabe agregar que los integrantes de la Segunda Comisión nos adherimos al interés de los proponentes y el propósito que da lugar a su petición, sin el ánimo de menoscabar la normatividad expedida al respecto por el Ejecutivo Federal.

En mérito de lo antes expuesto, la Segunda Comisión, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, se permite someter a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La del Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración de Poderes, solicita a la titular de la Secretaría de Educación Pública analice la posibilidad de otorgar una prórroga en la aplicación del Acuerdo número 358 por el que se establece el Programa Especial 2005-2009, para la acreditación de la educación preescolar que reciben los niños que asisten a centros comunitarios de atención a la infancia en el Distrito Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 3 de junio de 2005.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Está a discusión el punto de acuerdo. En virtud de que no se ha registrado orador alguno, se considera suficientemente discutido.

Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueban los puntos de acuerdo, incluyendo la modificación aprobada por la asamblea en el punto de acuerdo de Teotihuacan.

La Secretaria diputada Marcela Cuen Garibi : En votación económica se pregunta si se aprueban los puntos de acuerdo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Aprobados los puntos de acuerdo. Comuníquense.

ESTADO DE JALISCO

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: El siguiente punto del orden del día es el de dictámenes a discusión de la Tercera Comisión, con puntos de acuerdo.

En virtud de que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se autoriza que se lean sólo los puntos de acuerdo.

El Secretario senador Ramiro Hernández García: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se autoriza que se lean sólo los puntos de acuerdo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Se autoriza.

El Secretario senador Ramiro Hernández García: «Dictamen de la Tercera Comisión, con punto de acuerdo por el que se solicita al secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales y al director general de la Comisión Federal de Electricidad información sobre el proyecto de geotermia en el bosque La Primavera, en Jalisco

Honorable Asamblea:

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente, fue turnada la proposición con punto de acuerdo relativa al proyecto geotérmico en el bosque La Primavera en el estado de Jalisco, presentada por el senador Rubén Fernando Velázquez López y suscrita por el senador José Luis García Zalvidea, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Los ciudadanos legisladores integrantes de esta comisión realizaron el estudio y análisis de la proposición a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno el presente dictamen:

Antecedentes

La proposición con punto de acuerdo que se cita en el proemio, fue presentada en la sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 14 de enero de 2009, y turnada para su estudio y dictamen correspondiente a la Tercera Comisión.

Consideraciones

En su capítulo de Consideraciones los autores de la proposición con punto de acuerdo que se dictamina señalan que la explotación de yacimientos geotermales constituye uno de los más importantes recursos de energía alterna con que contamos para diversificar la base energética nacional y resolver diversos problemas de demanda eléctrica. No obstante, estos proyectos pueden ocasionar efectos ambientales negativos, como emanaciones de ácido sulfhídrico, deforestación derivada de la construcción de infraestructura, daños a especies endémicas, protegidas o en peligro, o contaminación de cuerpos hídricos.

Que tal es la preocupación ante la autorización del documento de manifestación de impacto ambiental que el pasado 11 de noviembre libró la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) a la Comisión Federal de Electricidad ( CFE) para reanudar las obras del proyecto geotermoeléctrico Cerritos Colorados --suspendidas hace casi dos décadas--, que proporcionarían en una primera etapa 25 megavatios de energía. El proyecto es ambicioso, pues se habla de aumentar la producción hasta en 75 megavatios, lo que equivale a 12 por ciento de la energía que requiere la zona metropolitana de Guadalajara.

Que evidentemente, este importante y prometedor proyecto, que comenzaría con la perforación de hasta 14 pozos geotérmicos, representa una oportunidad para aprovechar el potencial energético del bosque La Primavera, mas no podemos dejar de considerar las razones que orillaron a la suspensión de tal proyecto, en 1989: el grave daño ambiental causado a la zona y el descontento e indignación de los jaliscienses por no haber sido consultados --como hoy ocurre, de nueva cuenta.

Que según la manifestación de impacto ambiental de la CFE, las obras necesarias en la zona de Cerritos Colorados son construir una línea de subtransmisión del bosque a la zona metropolitana, perforar direccionalmente 14 nuevos pozos a partir de las plataformas de pozos ya existentes, 9 pozos productores y 5 inyectores, rehabilitar 4 pozos geotérmicos ya existentes, construir 2.5 kilómetros de vaporductos, tendido de 3.5 kilómetros de tubería para la inyección de las aguas residuales del fluido geotérmico y modificar 250 metros de un camino existente.

Que diversos órganos gubernamentales y de la sociedad civil han manifestado su inquietud, por considerar que la información proporcionada por la paraestatal y la Semarnat es incompleta y parcial porque no incorpora puntos de vista externos y de mayor rigor científico, y porque se han detectado diversas irregularidades en la aprobación de tal proyecto, como el que pese a que la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas no emitió opinión alguna sobre el proyecto de geotermia en La Primavera, la Semarnat dé luz verde a este centro de generación de energía eléctrica.

Que con un adecuado enfoque de sustentabilidad éste podría ser un proyecto para generar energía eléctrica limpia, eterna y renovable para Guadalajara, proveniente de los yacimientos volcánicos que están profundamente ocultos en las entrañas del bosque La Primavera, es necesario, mas no a un costo tan alto como los más de 31 mil árboles que fueron talados cuando se puso en marcha por primera vez este proyecto.

II. La comisión dictaminadora desea señalar que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) autorizó a la Comisión Federal de Electricidad ( CFE) el reinicio de los trabajos de exploración y explotación geotérmica dentro del Área Natural Protegida Bosque de La Primavera. Este proyecto fue suspendido en 1989 debido a los daños ambientales provocados por la comisión.

Con este permiso, la CFE tiene luz verde para perforar 14 pozos destinados a la generación de energía eléctrica, adicionales a los 14 pozos ya creados por la misma dependencia en los años 80, en la zona del bosque conocida como Cerritos Colorados.

La autorización establece que la comisión tiene 12 meses de plazo para construir la infraestructura necesaria y así comenzar a operar.

El permiso para instalar esta central de generación de energía, fue otorgado el pasado 11 de noviembre por la Semarnat, luego de siete meses de evaluación.

La autorización para la ejecución de este proyecto fue otorgada por el actual titular de la Dirección de Impacto y Riesgo Ambiental de la dependencia federal y quien hasta el año pasado se desempeñara como director de Verificación Normativa en la secretaría jalisciense de Medio Ambiente (Semades).

En la manifestación de impacto ambiental, la CFE señala que en este campo geotérmico se instalará una unidad de generación eléctrica con capacidad total de 25 megawatts, bajo el argumento de solventar la creciente necesidad de energía que demanda la zona metropolitana de Guadalajara. Adicionalmente, construirá una línea de transmisión para enviar la energía fuera del bosque, por lo que se deberán eliminar algunas áreas de arbolado dentro del área protegida de La Primavera.

Incluso, esta sólo sería la primera etapa de construcción, ya que la paraestatal pretende adicionar --en una segunda etapa-- infraestructura para generar hasta 75 megawatts de energía.

En la perforación de pozos, la instalación del generador y la línea de conducción de energía de esta primera etapa, la CFE invertirá un total de 42 millones 330 mil dólares y 6 millones 171 mil dólares en medidas de prevención y mitigación por impactos ambientales.

De acuerdo con la zonificación establecida en el Programa de manejo del área de protección de flora y fauna del bosque de La Primavera, el campo geotermoeléctrico Cerritos Colorados, se ubica en una zona considerada como de aprovechamiento especial.

Esta área donde se asentará el proyecto, se define ``como una superficie de extensión reducida con presencia de recursos naturales que son esenciales para el desarrollo social, y que deben ser explotados sin deteriorar el ecosistema, modificar el paisaje, ni causar impactos irreversibles''.

El predio donde se construirá la central, se localiza a 15 kilómetros al occidente de la Ciudad de Guadalajara, dentro de la microcuenca del arroyo El Caracol, que forma parte del territorio del municipio de Zapopan dentro de La Primavera.

El proyecto geotérmico autorizado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) dentro del bosque La Primavera, fue condicionado para evitar contaminación por ácido sulfhídrico.

Este compuesto químico será emitido como parte de los procesos de generación de energía eléctrica dentro del bosque, pudiendo ocasionar daños a la salud de la flora y fauna que vive en la zona de influencia de la obra y que forma parte del área natural protegida.

La Comisión Federal de Electricidad ( CFE), promovente de la obra, está obligada a contar con un sistema de monitoreo de emisiones por la dispersión del ácido sulfhídrico.

``(La CFE) deberá realizar un monitoreo de suelos y de vegetación, es decir, un sistema de muestreo que permita obtener resultados y conclusiones sobre los efectos del ácido sulfhídrico'', refieren parte de las condicionantes emitidas por la Semarnat en el resolutivo de la manifestación de impacto ambiental autorizada a la paraestatal el pasado 11 de noviembre.

Pese a que el proyecto fue autorizado, la dependencia federal emitió una serie de condicionantes que buscan mitigar los impactos ambientales que provocará la comisión dentro del área natural protegida.

En particular, las condicionantes son las siguientes:

Por lo anterior, nos manifestamos a favor de la Proposición presentada por los autores, a efecto de que como lo señalan, solicitar información al secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Juan Rafael Elvira Quesada, y al director general de la Comisión Federal de Electricidad, Alfredo Elías Ayub, en relación al proyecto de geotermia en el bosque La Primavera, Jalisco.

En mérito de lo antes expuesto, la Tercera Comisión, se permite someter a la consideración del Pleno el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. En el marco de colaboración entre poderes, la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Juan Rafael Elvira Quesada, a efecto de que remita a esta representación soberana un informe detallado con relación al impacto ambiental previsto en la implantación del proyecto de geotermia en el bosque La Primavera, Jalisco, a efecto de evaluar su sustentabilidad y viabilidad ecológica.

Segundo. Se exhorta al Director General de la Comisión Federal de Electricidad, Alfredo Elías Ayub, a efecto de que remita a esta representación soberana un informe detallado y pormenorizado con relación al proyecto de geotermia en el bosque La Primavera, Jalisco.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Están a discusión los puntos de acuerdo. En virtud de que no ha habido solicitud alguna de legislador, se consideran suficientemente discutidos y se reservan para su votación económica en conjunto.

PROGRAMA CARAVANAS DE LA SALUD

El Secretario senador Ramiro Hernández García: «Dictamen de la Tercera Comisión, con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a informar a la Comisión Permanente, mediante la Secretaría de Salud, sobre los criterios del programa Caravanas de la Salud

Honorable Asamblea:

A la Tercera Comisión --Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas-- de la Comisión Permanente le fue turnada la proposición con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Salud, a que informe a la Comisión Permanente sobre los criterios del programa Caravanas de la Salud en el 2009, presentada por el senador Ramiro Hernández García y suscrita por la senadora María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Los ciudadanos legisladores integrantes de esta comisión realizaron el estudio y análisis de la proposición a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión que suscriben someten a la consideración del Pleno el presente dictamen.

Antecedentes

La proposición con punto de acuerdo que se cita en el proemio fue presentada en la sesión del Pleno de la Comisión Permanente del 14 de enero de 2009, y turnada para su estudio y dictamen correspondiente a la Tercera Comisión.

Consideraciones

En su capítulo de consideraciones, el autor de la proposición con punto de acuerdo que se dictamina señala que el gobierno federal estableció como uno de sus programas prioritarios el de Caravanas de la Salud, que tiene por objeto acercar la oferta de la red de servicios de salud con criterios de calidad, anticipación, integralidad y resolutividad, mediante equipos itinerantes de salud, a la población que habita en micro regiones con bajo índice de desarrollo humano, que carecen de atención médica oportuna debido a su ubicación geográfica, dispersión y condiciones de acceso, en las cuales resulta muy complejo el establecimiento de unidades médicas fijas y personal que lo atienda.

Para atender a poblaciones dispersas de comunidades caracterizadas por su tamaño y pocos habitantes, que residen en zonas orográficas de complejo acceso en México, la actual administración federal, a través de la Secretaría de Salud, diseñó una nueva estrategia de atención itinerante que beneficiaría, según las reglas de operación del programa Caravanas de la Salud, a 1.2 millones de personas que habitan en un poco más de 20 mil localidades que cuentan con problemas de acceso regular a servicios integrales e institucionales de salud.

Que la prioridad, en un primer momento, se centró en los 125 municipios de menor índice de desarrollo humano, de las 32 entidades federativas.

Es importante enfatizar que el programa Caravanas de la Salud constituye uno de los principales esfuerzos de la política de salud del gobierno de México, para resolver las actuales limitaciones de cobertura de servicios que aún prevalecen.

Que el programa tiene como misión acercar la oferta de servicios de salud con equipos itinerantes a la población que habita en las micro regiones de menor índice de desarrollo humano y alto grado de marginación.

Para lograr esta misión, se ha definido desde la perspectiva de la planeación estratégica la visión de que ``En México, para el 2012 no existirá ninguna persona o familia que carezca de atención médica básica, independientemente de su status socioeconómico, laboral y su lugar de residencia; esta atención será otorgada por todas las instituciones del sector salud, ya sea a través de unidades fijas o de unidades móviles, todas ellas contarán con una acreditación que asegure la calidad y eficacia de los servicios que prestan''.

Que los objetivos se han formulado con la finalidad de contribuir a mejorar las condiciones de salud de la población más pobre y sin acceso a los servicios de salud, a través de la oferta de servicios de prevención, promoción y atención ambulatoria; a partir de un servicio regular de promoción, prevención y atención médica, mediante equipos de salud itinerantes y unidades móviles.

La comisión dictaminadora desea señalar que la instrumentación del programa Caravanas para la Salud para el 2009 plantea ampliar el padrón de beneficiados de aquellas comunidades con difícil acceso a los servicios médicos, pero con la salvedad de que acotará el campo de acción.

Las reglas de operación 2009, publicadas el 30 de diciembre de 2008 en el Diario Oficial de la Federación, plantean que el programa atenderá a 1.4 millones de personas; es decir, 200 mil personas más que la meta fijada para el 2008.

Sin embargo, mientras que en el año que acaba de concluir el programa buscaba atender a 1.2 millones de habitantes de 20 mil localidades con difícil acceso a los servicios de salud en todos los estados del país, para el 2009 la Secretaría de Salud priorizará a 6 mil localidades de 125 municipios, localizadas en tan sólo siete entidades federativas.

Es decir, la prioridad del programa se centrará en los 125 municipios de menor índice de desarrollo humano, localizados en Chiapas, Durango, Guerrero, Nayarit, Oaxaca, Puebla y Veracruz, de acuerdo con las reglas de operación antes descritas.

El incremento presupuestal del programa Caravanas de la Salud para el 2009 es mayor en un 14 por ciento respecto al aprobado en el 2008, con un monto total de 614 millones de pesos.

Por otro lado, el pasado 6 de enero el presidente Felipe Calderón Hinojosa reiteró el compromiso de su gobierno con la salud de los mexicanos, y aseguró que, a pesar de la coyuntura económica internacional adversa, no se detendrá las inversiones en este sector.

En este sentido, el presidente de la República señaló que para alcanzar esta meta se han puesto en marcha varias acciones, entre las que destacan el aumento en los recursos presupuestales destinados a la salud, que por cierto, es un logro del Poder Legislativo, ya que el presupuesto enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso de la Unión para el 2009 traía un recorte descomunal para el sector salud, de 4 mil millones de pesos, bajo el pretexto de que sería necesario destinar recursos para fortalecer el combate que el gobierno federal ha emprendido contra la delincuencia organizada.

En este sentido, el Congreso de la Unión logró, a partir de las modificaciones correspondientes, que para el 2009 la Secretaría de Salud cuente, en el ramo 12, con más de 85 mil millones de pesos, 23 por ciento más que en 2008.

A pesar de todo ello, no se entiende cómo funcionará la medida de reducir geográficamente el programa Caravanas de la Salud y aumentar al mismo tiempo la cobertura de la población beneficiada.

De igual forma, sería deseable que la Secretaría de Salud informe a esta soberanía, con datos verificables, el número de beneficiarios del programa en el 2008, así como el impacto que este programa ha traído en la mejora de la salud de la población más desprotegida.

Es incomprensible, por tanto, que después de un año de haber puesto en marcha el programa Caravanas de la Salud, la Secretaría de Salud vuelva a aplicar como criterio de prioridad la atención a los habitantes de los 125 municipios de menor índice de desarrollo humano, localizados en siete entidades federativas que cuentan con problemas de acceso regular a servicios integrales e institucionales de salud.

La pregunta en este punto sería si no se ha hecho lo suficiente, a más de un año de instaurado el programa, para lograr que la atención médica de la población de estas comunidades marginadas fuera atendida y, en su caso, establecer mecanismos institucionales para brindarles opciones de mayor calidad y permanencia para la atención de su salud, y si estos beneficios deberían trasladarse a otras partes de la República.

En mérito de lo antes expuesto, la Tercera Comisión, se permite someter a la consideración del Pleno el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La del Congreso de la Unión solicita al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Salud, que informe sobre los criterios tomados en cuenta en las reglas de operación del programa Caravanas de la Salud para el 2009, para ampliar la cobertura a 200 mil personas respecto al 2008, pero reduciendo, de 20 mil localidades con difícil acceso a los servicios de salud en todos los estados del país, a tan sólo 6 mil localidades de 125 municipios localizadas en siete entidades federativas.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Está a discusión el punto de acuerdo. En virtud de que no se ha registrado orador alguno, se considera suficientemente discutido y se reserva para su votación económica en conjunto.

PRECIO DEL CARBON MINERAL

El Secretario senador Ramiro Hernández García: «Dictamen de la Tercera Comisión, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Consejo de Administración de la Comisión Federal de Electricidad a equiparar el precio de compra del carbón nacional con el internacional

Honorable Asamblea:

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente fue turnada la proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta al Consejo de Administración de la Comisión Federal de Electricidad a equiparar el precio de compra del carbón nacional con respecto al internacional, presentada por la diputada Lariza Montiel Luis , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Los ciudadanos legisladores integrantes de esta Comisión realizaron el estudio y análisis de la proposición a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión que suscriben someten a la consideración del Pleno el presente dictamen.

Antecedentes

La proposición con punto de acuerdo que se cita en el proemio fue presentada en la sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 21 de enero de 2009, y turnada para su estudio y dictamen correspondiente a la Tercera Comisión.

Consideraciones

En su capítulo de consideraciones el autor de la proposición con punto de acuerdo que se dictamina señala que el carbón mineral es el recurso natural por excelencia del estado de Coahuila. Está unido a nuestra historia y al desarrollo social y económico de nuestro estado. Miles de familias coahuilenses, de todos los niveles socio-económicos, dependen de la explotación del mismo para su desarrollo económico.

Que en un mundo globalizado, marcado por la libre competencia, toda la cadena productiva nacional que se aglutina en torno al carbón, está siendo afectada injustamente por quien tiene el monopolio de la compra de dicho mineral.

En el pasado quedaron las prácticas de proteccionismo exacerbado por parte del gobierno mexicano a las empresas nacionales, ese proteccionismo que tanto daño hizo a nuestro país y contra el cual siempre luchamos en Acción Nacional.

Que hoy, en contraposición, la Comisión Federal de Electricidad ( CFE), en materia de carbón mineral, aplica la receta totalmente a la inversa, se coloca en el extremo opuesto, con lo cual tampoco estamos de acuerdo. Se pasó del absurdo proteccionismo a la total desprotección.

Que hoy se da prioridad al carbón extranjero, por encima del carbón nacional, siendo que la utilidad de ambos para la industria eléctrica nacional es exactamente la misma. En vez de incentivar al aparato productivo nacional, la CFE prefiere comprar carbón mineral extranjero a un precio muy por encima del carbón nacional, contraviniendo directamente con lo instruido por el ciudadano presidente de la república en su Plan Nacional de Desarrollo y en el recién firmado Acuerdo Nacional en Favor de la Economía Familiar y el Empleo.

Que en días pasados se recibió un punto de acuerdo del Congreso del estado de Coahuila, aprobado por la unanimidad de los partidos políticos representados en el mismo, mediante el cual se solicita la intervención de este Congreso de la Unión ante la Comisión Federal de Electricidad, a efecto de que equipare a la brevedad posible el precio de compra del carbón nacional con el internacional y con ello de un trato equitativo a los productores nacionales con respecto de los internacionales.

Que en el Grupo Parlamentario del PAN nos sumamos a lo establecido por el Congreso del estado de Coahuila y apoyamos el esfuerzo del Grupo Parlamentario del PAN en dicha legislatura local, se unieron con los demás partidos políticos y con el gobierno del estado, para mirar por el mejor desarrollo económico de toda una región, la región carbonífera de Coahuila. En Acción Nacional consideramos que es de suma importancia fijar los lineamientos que determinen el precio de compra del carbón por parte de CFE, en términos justos, de manera equitativa, patriótica y por supuesto, competitiva.

El carbón es un recurso natural que nuestro país produce y explota, igual que el resto de los energéticos que tanto defendemos. No podemos ignorar a una industria que genera miles de empleos y provee electricidad a millones de hogares mexicanos.

II. La comisión dictaminadora desea señalar que actualmente México demanda cada vez más electricidad. En la medida en que avanza el desarrollo económico de las familias mexicanas, y el número de éstos, la necesidad de energéticos aumentará.

Es un dato reconocido que el carbón mineral es el energético más barato que existe en el mercado mundial, sin embargo al día de hoy las plantas de carbón de CFE no están siendo utilizadas a su capacidad máxima, por supuestos problemas de suministro, orillándose a operar centrales que trabajan en base a otro tipo de energéticos como el combustóleo, gas o diesel, que en la mayoría de los casos tienen que importar a un costo mucho mayor.

Con finalidad comparativa tan sólo el combustóleo nacional subió de 3.08 un en 2003 a 9.18 (USD/MMBTU) en 2008, esto significa un incremento de 198 por ciento, por su parte el gas industrial subió de 4.52 a 9.23 (USD/MMBTU) un incremento del 104 por ciento. Todo ello cuando en México y en Coahuila tenemos suficiente carbón para surtir a la CFE.

Todos conocimos la tragedia de la mina de Pasta de Conchos, en Coahuila. Sin lugar a dudas el derecho de los mineros a exigir mejores condiciones laborales, en lo económico y en la seguridad en el empleo, es natural, lógica y es lo mínimo que el Estado mexicano puede y debe resolver. En este sentido también, para que los productores puedan ofrecer mejores condiciones laborales a los mineros de nuestro país, es urgente revaluar y mejorar el precio del carbón.

Es una propuesta político-histórica de nuestro partido mejorar las condiciones de trabajo de las actividades más riesgosas, como lo es el trabajo de los mineros mexicanos.

Frente a la inequidad y prioridad del mercado internacional por encima del nacional, sólo se pide equidad para quienes dedican su vida a esta actividad económica y que con su trabajo diario contribuyen al desarrollo nacional y estatal. Ante lo absurdo de generar electricidad con métodos más costosos, sólo pedimos sentido común, uso eficiente de los recursos económicos, y apoyo a la cadena productiva nacional que existe en torno a la explotación del carbón mineral.

Como se sabe, el día 7 de enero de 2009 se firmó Acuerdo Nacional en Favor de la Economía Familiar y el Empleo para Vivir Mejor, por parte de los tres niveles de gobierno y demás agentes económicos. Este acuerdo integrado por varios pilares enfocados a enfrentar de una mejor manera la crisis económica que ya estamos enfrentando a nivel mundial, en él los gobiernos estatales y Poderes como el Legislativo nos comprometimos para apoyar en el ámbito de nuestras facultades.

Pues bien, el tercero de los pilares presentados por el presidente de la república, se desarrolla en torno al apoyo de la competitividad y a las Pymes, y se traduce en acciones concretas, entre las cuales destaca:

Al apoyar la equiparación del precio del carbón nacional con el internacional y al dar prioridad a la compra del producto nacional, el gobierno federal evitará que miles de mexicanos tengan que recurrir en su auxilio a causa del desempleo.

Con la equiparación del precio del carbón nacional y el extranjero por parte de CFE, no solamente se garantiza que esos miles de empleos se mantengan, sino que con ello se podrían lograr al menos 10 mil empleos más para la región y para el país, se fortalece la seguridad laboral de los trabajadores en las minas y se paga una añeja deuda que el país tiene con nuestros mineros y se garantiza una mayor inversión en innovación que permitirá mejorar la explotación mineral y con ello el medio ambiente.

Los productores nacionales piden el mismo precio de compra que se da a los productores internacionales por parte de la Comisión Federal de Electricidad, es nuestro deber apoyarlos, existe suficiente oferta y capacidad de producción en nuestro país, el beneficio es el mismo, está acorde con las directrices fijadas por el señor presidente de la república, la pluralidad política del país lo apoya y en medio de una crisis económica internacional es lo mínimo que se puede pedir.

Es por ello que nos manifestamos a favor de la proposición presentada por el autor, a efecto de que como lo señala, se exhorte a la CFE a revisar la posibilidad de equiparar el precio de compra del carbón nacional con los estándares internacionales.

En mérito de lo antes expuesto, la Tercera Comisión se permite someter a la consideración del Pleno el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al Consejo de Administración de la Comisión Federal de Electricidad a dar preferencia al consumo del carbón mineral mexicano por encima del extranjero a productos de igual valor estableciendo el mismo precio y convocar a las Uniones Nacional y Mexicana de Productores de Carbón, a una reunión de trabajo de forma urgente, a fin de mediar y abogar por una pronta solución.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Está a discusión el punto de acuerdo. En virtud de que no se ha registrado ningún legislador para hacer uso de la palabra, se considera suficientemente discutido y se reserva para su votación económica en conjunto.

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

El Secretario senador Ramiro Hernández García: «Dictamen de la Tercera Comisión, con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobernador de Baja California Sur a cumplir los acuerdos entre su administración y el personal de custodia penitenciaria de esa entidad

Honorable Asamblea:

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente fue turnada la proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta al titular del Ejecutivo del estado de Baja California Sur a cumplir los acuerdos entre el gobierno estatal y el personal de custodia penitenciaria de esta entidad, presentada por el diputado Salvador Barajas del Toro , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Los ciudadanos legisladores integrantes de esta comisión realizaron el estudio y análisis de la proposición a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión que suscriben someten a la consideración del Pleno el presente dictamen.

Antecedentes

La proposición con punto de acuerdo que se cita en el proemio fue presentada en la sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 14 de enero de 2009, y turnada para su estudio y dictamen correspondiente a la Tercera Comisión.

Consideraciones

En su capítulo de consideraciones el autor de la proposición con punto de acuerdo que se dictamina señala que el pasado 31 de enero de 2008 el gobierno de Baja California Sur suscribió con el personal de custodia de los centros de readaptación social de los municipios de La Paz, Los Cabos, Comondú, Loreto y Mulegé un acuerdo de reorientación de recursos del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio de 2008, con la finalidad de apoyar en la mejora de las condiciones de vida de los propios custodios, mismo que quedó de la siguiente manera:

Que en virtud de que transcurrieron más de 10 meses y no hubo ninguna respuesta, ni se cumplió con el compromiso suscrito por parte del gobierno del estado con el personal de custodia de los Centros de Readaptación Social del estado, el pasado 14 de noviembre del 2008 el ingeniero Celso Estebes Reyes, representante en gestoría particular del personal de custodia, adscrito en La Paz, Constitución y Santa Rosalía realizó un exhorto al Ejecutivo estatal, ingeniero Narciso Agúndez Montaño con copia para el presidente de la Comisión de Seguridad Publica del honorable Congreso del estado de Baja California Sur, para que se considerara el cumplimiento del compromiso contraído, sin que a la fecha exista ninguna respuesta.

Que el lunes 12 de enero se presentaron en la sede del Partido Revolucionario Institucional un grupo de custodios inconformes para solicitar apoyo de la dirigencia, para exhortar la intervención de los legisladores federales, para la revisión del caso, en virtud de que se encuentran desempeñando sus funciones en un estado de verdadero riesgo, ya que no cuentan con los instrumentos necesarios de trabajo, y a su vez no se hace entrega de todos los activos que se asignan a los centros penitenciarios y a su personal.

II. La comisión dictaminadora desea manifestar su respaldo a los custodios inconformes para que se cumplan los acuerdos a los que se comprometió el Gobierno del Estado de Baja California Sur.

Están de acuerdo que los custodios deben contar con los elementos suficientes y necesarios para desempeñar sus labores dentro de los centros de readaptación social a los que pertenecen y que es inadmisible que se encuentren constantemente en riesgo.

En el Presupuesto de Egresos de la Federación del año pasado se autorizó un bono de riesgo para el personal de custodia penitenciaria de los municipios de La Paz, Los Cabos, Comondú, Loreto y Mulegé, y solamente se ha entregado a una parte del personal, excluyendo a parte de ellos por considerar que no cumplieron con la evaluación realizada, que no se sustenta en una metodología definida.

Conscientes de la necesidad apremiante de atender esta situación, nos manifestamos a favor de la Proposición presentada por el autor, a efecto de que como lo señala se exhorte al gobernador de Baja California Sur para que dé cumplimiento a los acuerdos pactados con el personal de custodia penitenciaria de esa entidad.

En mérito de lo expuesto, la Tercera Comisión se permite someter a la consideración del Pleno el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Ejecutivo del estado de Baja California Sur para que se cumplan los acuerdos suscritos por el gobierno de ese estado y el personal de custodia penitenciaria de la entidad, el 31 de enero del 2008.

Segundo. Solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que informe a esta Comisión Permanente de los recursos asignados al estado de Baja California Sur durante el ejercicio fiscal del 2008 para atender dichos compromisos.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Están a discusión los puntos de acuerdo. En virtud de que nadie ha solicitado el uso de la palabra, se consideran suficientemente discutidos y se reservan para su votación económica en conjunto.

DISTRITO FEDERAL

El Secretario senador Ramiro Hernández García: «Dictamen de la Tercera Comisión, con punto de acuerdo por el que se requiere a la jefa de la delegación Miguel Hidalgo que informe sobre los alcances del proyecto de construcción de los deprimidos en Reforma-Palmas y Ferrocarril de Cuernavaca-Ejército Nacional, en la Ciudad de México

Honorable Asamblea

A la Tercera Comisión de trabajo --Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas-- de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión en el Primer Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LX Legislatura, fue turnada el diecisiete de diciembre de dos mil ocho, para su análisis y dictamen, la proposición con punto de acuerdo por la que se requiere a la jefa de la delegación Miguel Hidalgo que informe sobre los alcances del proyecto de construcción de los deprimidos en Reforma-Palmas y Ferrocarril de Cuernavaca-Ejército Nacional, en la ciudad de México; presentada por el Diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva , del Grupo Parlamentarios del Parlamentario del Partido Convergencia.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 122, párrafo primero, y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como 58, 60, 87, 88, 175 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la del Congreso de la Unión el presente dictamen, al tenor de los siguientes:

Antecedentes

1. Con fecha diecisiete de diciembre de dos mil ocho, el diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva , del Grupo Parlamentario del Partido Convergencia, presentó ante el Pleno de la del Congreso de la Unión la proposición de mérito.

2. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la del Congreso de la Unión dispuso que dicha solicitud de punto de acuerdo se turnara para su estudio y dictamen correspondiente a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, por lo que se emite en este acto el dictamen correspondiente.

3. La proposición en estudio, en síntesis, contiene los siguientes fundamentos y razones en que se sustenta:

A. Que en opinión del autor, el privilegio que enmarca un cargo de representación popular encuentra su fundamento en la obligación de servir a los ciudadanos. Todo cargo de elección popular tiene su fundamento en la voluntad de los ciudadanos. Ésta es la esencia de la democracia.

Los habitantes del Distrito Federal tienen derecho a proponer la adopción de acuerdos o la realización de actos a la delegación en que residan; ser informados sobre toda acción de gobierno de interés público; presentar quejas y denuncias por irregularidades de la actuación de los servidores públicos; emitir opinión y formular propuestas para la solución de problemas de interés público; y ser informados sobre la realización de obras y servicios de la administración pública del Distrito Federal, entre otros. Igualmente, los jefes delegacionales, darán audiencia pública por lo menos dos veces al mes a los habitantes de la delegación, en la que éstos podrán proponer la adopción de determinados acuerdos o recibir información sobre determinadas actuaciones.

B. Que la jefa de la delegación Miguel Hidalgo hace caso omiso de las demandas ciudadanas y se niega a dialogar con los vecinos y a proporcionarles toda la información que les permita conocer el sustento de las obras que emprende, cuando de manera ostensible resultarán afectados su entorno urbano, la ecología de la zona por la destrucción de áreas verdes, la sobresaturación de los servicios e incluso el deterioro de su patrimonio por la depreciación de sus casas.

Ello se aprecia con el proyecto integral Palmas, que consta de seis obras: los deprimidos Palmas-Reforma-Bosques, Cofre de Perote, Cerro de Pichacahua, Monte Tabor, Monte Altai, Ejército Nacional y Ferrocarril de Cuernavaca. Estas obras tendrán un costo aproximado de 330 millones de pesos, de los cuales la delegación tiene dispuestos 80. Dicha obra, según la jefa delegacional, pretende liberar los seis puntos de mayor conflicto vial que impiden la fluidez de los vehículos que circulan en dirección al poniente de la capital. Sin embargo, en las últimas semanas han existido diversas inconformidades por parte de vecinos de Lomas de Chapultepec, a las que se han sumado vecinos de otras colonias de la misma delegación Miguel Hidalgo.

C. Que los vecinos han señalado que las obras viales Palmas-Reforma y Ferrocarril de Cuernavaca-Ejército Nacional provocarían alteración del trazo de Palmas y Reforma, con túneles y puentes elevados, dañando irreversiblemente una de las avenidas más emblemáticas de la Ciudad de México; colapso de las vialidades del poniente del Distrito Federal con las obras simultáneas en Constituyentes, Periférico Norte, Revolución, Ferrocarril de Cuernavaca y Palmas-Reforma; avasallamiento de camellones y árboles, incluidas especies protegidas de árboles; desaparición de los retornos de Palmas y Reforma para dar lugar a un eje vial, como en Constituyentes; incremento del tráfico vehicular por el fenómeno de tráfico inducido, según la opinión de expertos; y riesgo de accidentes, pues en Ferrocarril de Cuernavaca no hay planos de los ductos de Pemex y de conductos de gas.

Esto ha generado reacciones de vecinos de Miguel Hidalgo, quienes se preguntan: ¿por qué se niega la delegada a discutir el proyecto y a mostrar los estudios que lo soportan?; y la respuesta de la autoridad delegacional ha sido la evasión del diálogo, el silencio e, incluso, el desdén.

D. Que se han generado diversos problemas en las colonias aledañas:

En razón de lo anterior, el diputado proponente, argumentando el desinterés de la actual jefa delegacional en Miguel Hidalgo ante las demandas y peticiones vecinales, solicita se le requiera a dicho servidor público envié un informe sobre los alcances del proyecto de construcción de los deprimidos en Reforma-Palmas y Ferrocarril de Cuernavaca-Ejército Nacional y los motivos por los cuales se ha negado a darles información, escucharlos y disipar dudas y temores de los vecinos de la demarcación.

En consecuencia, los integrantes de la Tercera Comisión emiten al presente punto de acuerdo al tenor de las siguientes:

Consideraciones

La Ciudad de México es una de las ciudades más grandes del mundo. Particularmente en la delegación Miguel Hidalgo se concentran las colonias, comercios y actividades que involucran una gran actividad económica y de tránsito a diversos lugares dentro y fuera de la ciudad; lo cual la hace merecedora de un tratamiento especial en el desarrollo de sus proyectos de obras de infraestructura vial y ecológica.

Los integrantes de esta Comisión reconocen la importancia de la realización de obras que beneficien el desahogo del tránsito vehicular en el Distrito Federal, a fin de elevar la calidad del nivel de vida de sus habitantes, las actividades personales, laborales, recreativas y culturales y mejorar las condiciones ambientales de la ésta gran urbe.

Sin embargo, también estamos concientes de la vital importancia de no alterar el medio ambiente, respetándose la vida silvestre y las posibilidades de rescatar la existencia de árboles que contribuyen a crear pulmones que vigoricen esta ciudad. Independientemente de ello, nos manifestamos como partícipes de que las obras públicas no nada más se ajusten a los cánones de la legalidad, sino también a las disposiciones en materia de transparencia e información, a fin de que la población no sólo se vea beneficiada con a obras realizadas sino que también se le otorgue la seguridad jurídica de conocer y participar en los proyectos de gobierno de su comunidad y, al mismo, tiempo, otorgarle la tranquilidad de que ninguna actividad se realizará para vulnerar su más entrañables intereses.

En ese sentido, las obras públicas realizadas por cualquier entidad pública, deben ajustarse al marco de legalidad, transparencia e información que la Constitución y las leyes locales señalan, respetando el derecho a la información y transparencia que todo ciudadano debe tener. Ello redundará en un amplio conocimiento de la obra, en la garantía de que no se afectarán derechos adquiridos, sociales, ecológicos, económicos y culturales, sino que, por el contrario, que la obra otorgará mayores beneficios de los que actualmente goza la comunidad.

Al efecto, es ampliamente conocido lo controversial que ha resultado la construcción de los deprimidos Reforma-Palmas y Ferrocarril de Cuernavaca-Ejercito Nacional, como se desprende a través de diversos medios de comunicación impresos y electrónicos, donde genéricamente se han difundo inconformidad de los vecinos, bloqueos, manifestaciones, reuniones de trabajo y algunos acuerdos celebrados entre las partes interesadas. Lo cual denota el amplio interés que la comunidad de la delegación Miguel Hidalgo tiene en dichas obras, independientemente del interés que todos los habitantes del Distrito Federal tienen en un desahogo más exitoso de las principales vialidades de la capital.

Ello exige de los representantes populares una respuesta inmediata y satisfactoria a las necesidades de sus representados. Independiente de la certeza, o no, de las afirmaciones del proponente, sin prejuzgar sobre la existencia de las omisiones descritas en la proposición, los integrantes de la Tercera Comisión consideramos de capital importancia atender los reclamos de la comunidad de la delegación Miguel Hidalgo, en el sentido de transparentas la información relativa a los alcances de los proyectos relativos a las obras antes descritas.

Al mismo tiempo, consideramos importante, para el caso de que efectivamente exista negativa de la citada delegación en proporcionar información a los gobernados que la han solicita, también informe sobre las razones de dicha negativa.

Por tanto, los legisladores integrantes de la Tercera Comisión de trabajo --Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas-- de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, someten a esa honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión solicita a la jefa de la delegación Miguel Hidalgo, de la Ciudad de México, que rinda un informe detallado, con carácter urgente, en un término no mayor de quince días, sobre los alcances del proyecto de construcción de los deprimidos en Reforma-Palmas y Ferrocarril de Cuernavaca-Ejército Nacional; y asimismo, en su caso, informe los avances del diálogo y entrega de la información de dichos proyectos de obra a los vecinos de esa demarcación integrantes de Salvo Lomas, AC, Amigos de Polanco, Asambleas Ciudadanas, Alarbo, AC, y Asociación de ex Alumnos del Liceo Franco Mexicano.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Está a discusión el punto de acuerdo. En virtud de que no se ha registrado orador alguno, se considera suficientemente discutido y se reserva para su votación en conjunto.

FERTILIZANTES

El Secretario senador Ramiro Hernández García: «Dictamen de la Tercera Comisión, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a reactivar la industria de fertilizantes, aprobado en la pasada reforma energética

Honorable Asamblea

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente fue turnada proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta al Ejecutivo federal a reactivar la industria de fertilizantes aprobada en la pasada reforma energética, presentada por el diputado José Rubén Escajeda Jiménez , del Grupo Parlamentario del Partido de Revolucionario Institucional.

Los integrantes de esta comisión realizaron el estudio y análisis de la proposición a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión que suscriben someten a la consideración del Pleno el presente dictamen.

Antecedentes

La proposición con punto de acuerdo que se cita en el proemio fue presentada en la sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 21 de enero de 2009 y turnada para estudio y dictamen correspondiente a la Tercera Comisión.

Consideraciones

En el capítulo ``Consideraciones'', el autor de la proposición con punto de acuerdo señala que la crisis financiera actual ha puesto en alerta a prácticamente a todas las economías del mundo, poniendo en entredicho la viabilidad del actual sistema económico impuesto por los principales organismos internacionales.

Que la crisis mundial pone en relieve el grave deterioro que en México se ha generado por la falta de empleos, por la inseguridad, por la falta de respuestas oportunas a los principales problemas que permean cada vez más a millones de mexicanos.

Que para el sector rural, esto no es diferente. A pesar de tener en los últimos tres años presupuestos inéditos dirigidos a abatir el rezago en el campo, éste no se ha visto reflejado, ya sea por falta de interés o por una torpe operación de los diferentes programas por parte del gobierno federal. Los números no mienten: los subejercicios son por demás descarados y agreden la realidad que viven los campesinos día a día.

Que la crisis económica que en México se ha reflejado de forma inmediata dibuja un escenario de urgencia ante los escenarios de desesperanza que agobian a la mayoría de los habitantes del sector rural. Los altos precios de los elementos básicos para producir han generado una serie de contradicciones entre el discurso y la realidad.

Por un lado, el presidente Calderón anuncia un plan anticrisis, donde no aborda de forma concreta medidas que ayuden a solventar los problemas que padece el campo. Por otro lado, anuncia una disminución en el costo de la gasolina y el gas, pero en el combustible del diesel, cuya herramienta es vital para la producción en el sector, no se menciona nada, como si los campesinos no fueran merecedores o, más grave aún, como si no necesitaran este apoyo.

Que el tema de los fertilizantes es una de las mayores preocupaciones que los campesinos tienen, debido al alto costo de producción que significan, teniendo hoy día programas que no son suficientes para poder comprar los mínimos necesarios de este elemental producto.

Actualmente, la producción en México de fertilizante es nula, trayendo consigo graves desventajas para la competitividad en relación con nuestros socios comerciales. Se tiene comprobado que reactivando la industria mexicana de fertilizante se podría disminuir el costo de éste hasta un 40 por ciento sobre el precio que en el mercado se adquiere hoy por hoy.

Que ante esta realidad, los legisladores incluimos, en la pasada reforma petrolera aprobada, el rubro para la reactivación de la industria mexicana de fertilizante, siendo éste el conducto para que del uso de amoniaco anhidro se pueda obtener fertilizante sólidos a mejores costos, provocando, entre otras cosas, no sólo una reactivación del sector laboral sino otorgar a los campesinos una mejor oportunidad de rentabilidad en el campo mexicano.

Que debemos reconocer el esfuerzo de los campesinos al trabajar en condiciones altamente desfavorables y así responder a un justo reclamo que por años se ha presentado en el sector rural.

Que es impostergable realizar cambios profundos en la política rural y este es uno de ellos. Ante el marco de una crisis que se profundizará mes con mes, la reactivación de la industria nacional de fertilizantes viene a ser una oportunidad de desarrollo y competitividad.

II. La comisión dictaminadora desea señalar que los legisladores deben ser actores para coadyuvar a obtener las herramientas que ayuden a disminuir la brecha entre pobres y ricos; y es cierto: éste debe ser uno de sus principales objetivos. Ante esto, el presidente de la República tiene frente a sí la oportunidad de responder a una demanda de uno de los sectores más importantes del país. Ajustándose a lo aprobado el año pasado por el Congreso de la Unión, el presidente tiene en sus manos el renacimiento de una industria por demás estratégica para los productores mexicanos, tal es el caso de los fertilizantes.

Conviene recordar que el 28 de octubre del año pasado el Congreso de la Unión aprobó un conjunto de siete minutas relativas a la reforma energética que comprenden una mezcla de las propuestas presentadas por los diversos Grupos Parlamentarios.

En este marco, se aprobó una nueva ley denominada Ley de Petróleos Mexicanos en la que Pemex ofrecerá a la industria nacional de fertilizantes un suministro estable de insumos y contratos de largo plazo que contemplen precios fijos sólo para los productores agropecuarios.

El objetivo de incluir una medida de esta naturaleza en la reforma energética fue el reconocimiento de la pérdida de rentabilidad que sufrió durante más de una década (1992-2002) la industria de los fertilizantes nitrogenados en México, derivada de los altos precios del amoniaco. Lo que ocasionó que la infraestructura nacional para la fabricación de estos productos se redujera en un 25 por ciento de su capacidad instalada.

Por tanto, el amoniaco y los fertilizantes nitrogenados constituyen insumos básicos para la productividad de las actividades agropecuarias e influyen en forma significativa en los costos de producción de los productos de este mismo sector y, en consecuencia, en la rentabilidad y competitividad de la actividad agropecuaria nacional.

Actualmente los altos costos de importación y distribución de fertilizantes nitrogenados, han ocasionado una grave disminución en su aplicación con la consecuente merma en los rendimientos, productividad, rentabilidad y competitividad de la agricultura mexicana.

En este sentido, con el fin de que los productores agropecuarios mexicanos contarán con fertilizantes a precios competitivos, se propuso un esquema en el que el gobierno federal debe garantizar el abasto de insumos a precios estables a los productores de fertilizantes, por medio de contratos a mediano plazo.

Debido a que el objetivo es atender a los productores agropecuarios y consumidores finales, el esquema que se propuso sólo incluye a los productores de fertilizantes nitrogenados que participen en el programa que implante el gobierno federal.

Es importante destacar que a efecto de que el beneficio llegue a la población que se pretende beneficiar con la medida, en este caso los productores agropecuarios, el acceso al programa debe estar limitado a aquellas empresas productoras de fertilizantes que se comprometan a trasladar el beneficio.

Es por ello que nos manifestamos a favor de la proposición presentada por el autor, a efecto de que como lo señala, se exhorte al Ejecutivo federal para que cumpla con el programa de apoyo a la industria a los fertilizantes que se derivó de la reforma energética.

En mérito de lo antes expuesto, la Tercera Comisión, se permite someter a la consideración del Pleno el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La del Congreso de la Unión solicita al Ejecutivo federal que instruya a los secretarios de los ramos correspondientes para que, en el ámbito de sus atribuciones y facultades, se cumpla de forma urgente lo previsto en la sección quinta del decreto por el que se expide la Ley de Petróleos Mexicanos, en donde se adiciona el artículo tercero de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, el artículo 1 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y un párrafo tercero al artículo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, aprobada en la reforma energética con la finalidad de reactivar la industria de fertilizantes en México.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Está a discusión el punto de acuerdo. En virtud de que ningún legislador ha solicitado el uso de la palabra, se considera suficientemente discutido y se reserva para su votación en conjunto.

SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES PETROLEROS DE LA REPUBLICA MEXICANA

El Secretario senador Ramiro Hernández García: «Dictamen de la Tercera Comisión, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Condusef y al Sindicato Nacional de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana a informar sobre el conocimiento y la medida adoptada respecto a los fondos del fideicomiso bancario número 56342/FID/III/06

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente fue turnada proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros y al Sindicato Nacional de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana a informar a esta soberanía sobre el conocimiento y medida adoptada respecto a los fondos del fideicomiso bancario número 56342/FID/III/06, a cargo del diputado Carlos Augusto Bracho González y suscrita por el diputado Rolando Rivero Rivero , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Los integrantes de esta comisión realizaron el estudio y análisis de la proposición a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión que suscriben someten a la consideración del Pleno el presente dictamen.

Antecedentes

La proposición con punto de acuerdo que se cita en el proemio fue presentada en la sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 21 de enero de 2009, y turnada para estudio y dictamen correspondiente a la Tercera Comisión.

Consideraciones

En su capítulo ``Consideraciones'' el autor de la proposición con punto de acuerdo señala que los trabajadores y ex trabajadores de Petróleos Mexicanos que laboraron en el periodo comprendido entre 1970 y 1992 solicitaron su intervención para que se investigue las aportaciones de un seguro de vida contratado en ese entonces con la compañía de seguros La República, que desde 1994 anuncia la quiebra, y los activos y pasivos son incorporados al Grupo Financiero Interacciones, SA de CV, que pasan a formar parte a un fidecomiso bancario numero 56342/FID/III/06, el cual ascendió a 828 millones 547 mil 198 pesos, producto de las aportaciones para un seguro de vida contratado a través del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana con la compañía de seguros La República.

Que con fundamento en los artículos 58,59 y 60 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el único objeto de darle seguimiento a la sentencia a favor de los trabajadores, lograda el 3 de octubre de 2005, en donde se condena al reembolso de la reserva matemática depositada legalmente ante la instancia hacendaria del gobierno federal para beneficio de todos los que laboran o laboraban durante el ejercicio comprendido entre 1970 y 1992 y que hasta la fecha han venido afectando a mas de 80 mil trabajadores, de los cuales 10 mil pertenecen al Consejo de Defensa de Minatitlán, AC.

Que se menciona, asimismo, que una vez decretada la resolución final, los trabajadores, a través de la Coalición Petrolera Independiente, comenzaron los trámites para reclamar lo que se le había descontado en el periodo 1970-1992, que se realizaría a través de una institución bancaria.

Que se hace notar que el fallo anterior fue conocido por la pasada administración federal desde finales de septiembre de 2006, y el expediente turnado al subsecretario de Gobierno el 14 de noviembre de 2006, mediante el oficio número UCG/007147/2006 con el folio de acuse número 009013, tomando también conocimiento la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros mediante la copia girada por los trabajadores a la comisión.

Que se hace conocimiento también que a la fecha se encuentra pendiente de resolver, y que a pesar de declararse a la quiebra la empresa de seguros La República, los activos fueron incorporados al Grupo Financiero Interacciones, SA de CV, conformándose un fondo de reserva y un fideicomiso bancario numero 56342/FID/III/06, el cual ascendió a la cantidad antes citada de 828 millones 547 mil 198 pesos.

Que de igual manera, como diputado federal de esta LX Legislatura pido se reviva el caso y se condene al reembolso de la reserva matemática, depositada legalmente ante la instancia hacendaria del gobierno federal, y se invoca al contenido de los artículos 31, fracción VIII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, así como lo previsto en el artículo 11 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros.

La comisión dictaminadora desea señalar que la solicitud del promovente para el reembolso del fondo de reserva del fideicomiso bancario citado tiene fundamento legal en los artículos y fracciones del siguiente marco jurídico:

Por lo anterior, es importante darle seguimiento al fallo pendiente de resolver a favor de los trabajadores que tiene precedente desde hace cuatro años y que condena el reembolso del monto citado.

Es importante verificar también que a pesar de declararse en quiebra la empresa de seguros La República, los activos fueron incorporados al Grupo Financiero Interacciones, SA de CV, y que por lo tanto está conformada la reserva y fideicomiso de los recursos monetarios para ese fin.

Es por ello que nos manifestamos a favor de la proposición presentada por el autor, a efecto de que como lo señala, se exhorte a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a informar, en observancia de las disposiciones legales en materia de protección a los usuarios del sistema financiero, las medidas adoptadas y la información suficientemente fundamentada sobre los fondos del fideicomiso bancario número 56342/FID/III/06

En mérito de lo antes expuesto, la Tercera Comisión se permite someter a consideración del Pleno los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se solicita al secretario de Hacienda y Crédito Público, en el ámbito de su competencia y su colaboración entre poderes, y en los términos del artículo 93 constitucional, que informe a esta soberanía sobre el conocimiento y medidas adoptadas sobre la constitución, administración y aplicación sobre los fondos del fidecomiso bancario número 56342/FID/III/06, relativo al fondo de reserva de la empresa de seguros La República, actualmente Interacciones, SA de CV, con objeto de afrontar sus obligaciones patrimoniales contraídas respecto al pago del seguro de vida de miles de trabajadores y ex trabajadores de Petróleos Mexicanos contratados durante el periodo 1970-1992.

Segundo. Se solicita al presidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios y Servicios Financieros, que informe a esta soberanía sobre el conocimiento de las medidas implantadas conforme al artículo 11 de la Ley de Protección y Defensa del Usuario y Servicios Financieros, la forma en que se ha dado la solución del conflicto entre los trabajadores que contrataron el pago de seguro de vida descrito anteriormente.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Están a discusión los puntos de acuerdo. En virtud de que no se ha registrado orador alguno, se consideran suficientemente discutidos. Se reserva para su votación económica en conjunto.

FLORES DE ORNATO

El Secretario senador Ramiro Hernández García: «Dictamen de la Tercera Comisión, con punto de acuerdo por el que se solicita al titular del Ejecutivo federal que instruya a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para que efectúe un estudio técnico sobre la viabilidad del cultivo de especies florales, plantas aromáticas y especies de plantas de ornato

Honorable Asamblea

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente le fue turnada la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a instruir a la Secretaría de Agricultura para que efectúe un estudio técnico sobre la viabilidad del cultivo de especies florales, e introduzca éstas en la industria cosmética y el mercado internacional de flores de ornato, presentada por el senador Raúl Mejía González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Los ciudadanos legisladores integrantes de esta comisión realizaron el estudio y análisis de la proposición a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión que suscriben someten a la consideración del Pleno el presente dictamen.

Antecedentes

La proposición con punto de acuerdo que se cita en el proemio fue presentada en la sesión del Pleno de la Comisión Permanente del 21 de enero de 2009, y turnada para su estudio y dictamen correspondiente a la Tercera Comisión.

Consideraciones

En su capítulo de consideraciones el autor de la proposición con punto de acuerdo que se dictamina señala que las actuales tendencias en el consumo mundial, a pesar de la crisis, señalan que los artículos cosméticos y de cuidado corporal siguen ocupando un lugar destacado en el gasto personal.

Que por su valor en el mercado internacional, el cultivo de especies florales y aromáticas puede ser un nicho agroindustrial que, de ser impulsado, podría rendir importantes dividendos para un país que tradicionalmente se ha caracterizado por su gusto hacia las flores, especies y plantas medicinales. Hay que tomar en consideración que los principales importadores de materias primas para la manufactura de perfumes, cosméticos y productos de tocador, son Estados Unidos, Francia -que exporta casi el 46 por ciento de los productos que se consumen en el mundo-- y China. En virtud de lo anterior, resulta necesario saber qué es lo que estos países demandan, no sólo como materia prima, sino como productos con valor agregado.

Que un aspecto de singular relevancia es que el cultivo de especies aromáticas constituye una alternativa para la recuperación de los suelos pobres.

Que México podría incursionar, por los diferentes tipos de suelo y climas presentes en todo el territorio, así como por la mano de obra, en la oferta de las materias primas agrícolas y en los procesos de destilación de aceites esenciales, que requieren de una tecnología no tan costosa. En el caso concreto de Nayarit, los diferentes climas presentes en la entidad podrían ser adecuados para el cultivo de distintas especies agrícolas y florales, cuya demanda en el mercado internacional va en aumento; las cuales pueden ser una alternativa para la sustitución de los cultivos tradicionales de la entidad, como el tabaco, los cuales sufren un fuerte descenso en la demanda.

Que existen varios cultivos que pueden ser introducidos en Nayarit para la industria perfumera y/o de productos cosméticos, como las variedades de rosa damascena y rosa centifolia, ambas muy apreciadas por la perfumería.

Que lo que se requiere, es que exista una política agroindustrial de estado que aliente a los productores de nuevos cultivos cuyo valor en el mercado internacional sea alto, que sean adecuados a los distintos suelos y condiciones climatológicas del país, que generen empleos y que sirvan para enriquecer los suelos, evitando así la desertificación que tanto tememos.

La comisión dictaminadora desea señalar que la diversidad de clima y suelo de México permite la producción de una amplia gama de frutas, hortalizas y flores que se comercializan en los mercados nacionales e internacionales.

El cultivo de especies hortícolas ha constituido, desde sus inicios, una actividad de importancia económica y social dentro del sector agrícola. Con el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá existe una serie de posibilidades para el sector agropecuario dentro de las cuales la horticultura juega un papel preponderante, dado que la mayor cantidad de exportaciones agrícolas se relacionan con frutales, hortalizas y flores.

Sin duda la producción de flores y plantas de ornato ha cobrado auge en gran parte del país por dos causas fundamentales: una de ellas es el deterioro del suelo y el agua, al elegir este tipo de producción y abandonar en parte o completamente el cultivo de alimentos; la otra está relacionada con el mercado de plantas que ha cobrado importancia, ya que se obtienen mejores dividendos.

La falta de agua de buena calidad ha orillado a muchos productores a dedicarse básicamente a plantas de ornato y flores en viveros con macetas o bolsas.

Coincidimos en que el cultivo de flores y plantas aromáticas implicaría el fomento a la agroindustria y la generación de empleos directos e indirectos, gracias a la articulación de una cadena productiva que iría desde la siembra hasta la producción del aceite esencial, su comercialización y exportación. Sin duda, las múltiples aplicaciones de las plantas aromáticas y el incremento paulatino de su consumo podrían augurar un futuro prometedor para los productores de estas especies.

Por lo anterior, nos manifestamos a favor de la proposición presentada por el autor, a efecto de solicitar al titular del Ejecutivo Federal que gire las instrucciones pertinentes a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para que efectúe un estudio técnico sobre la viabilidad del cultivo de especies florales, plantas aromáticas y especies de plantas de ornato.

En mérito de lo antes expuesto, la Tercera Comisión, se permite someter a la consideración del Pleno el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. En el marco de colaboración entre poderes, la del Congreso de la Unión solicita al titular del Ejecutivo federal que instruya a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para que efectúe un estudio técnico sobre la viabilidad del cultivo de especies florales, plantas aromáticas y especies de plantas de ornato.

Segundo. Se solicita al titular del Ejecutivo federal que instruya a la Secretaría de Economía para que realice un estudio técnico de mercado sobre las especies florales y aromáticas de mayor demanda en el mercado internacional.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Está a discusión el punto de acuerdo. No habiendo quien haya solicitado el uso de la palabra, se considera suficientemente discutido y se reserva para su votación económica en conjunto.

PROGRAMA Y FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

El Secretario senador Ramiro Hernández García: «Dictamen de la Tercera Comisión, con punto de acuerdo por el que se solicita a las Secretarías de Comunicaciones y Transportes, y de la Función Pública que informen sobre los avances, el cumplimiento y la ejecución del Fondo Nacional de Infraestructura

Honorable Asamblea

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente, fue turnada la proposición con punto de acuerdo por la que se solicita a los secretarios de Comunicaciones y Transportes, y de la Función Pública que informen a la Comisión Permanente sobre los avances, el cumplimiento y la ejecución del Programa y el Fondo Nacional de Infraestructura, respectivamente, presentada por el senador Ramiro Hernández García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Los ciudadanos legisladores integrantes de esta comisión realizaron el estudio y análisis de la proposición a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno el presente dictamen:

Antecedentes

La proposición con punto de acuerdo que se cita en el proemio, fue presentada en la sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 14 de enero de 2009, y turnada para su estudio y dictamen correspondiente a la Tercera Comisión.

Consideraciones

En su capítulo de Consideraciones el autor de la proposición con punto de acuerdo que se dictamina señala que el 18 de julio de 2007, el Ejecutivo federal presentó el Programa Nacional de Infraestructura 2007-2012 (PNI). Tenía como objetivos multiplicar los intercambios productivos, elevar la competitividad de la economía, llevar los servicios básicos a más familias, favorecer la integración de mercados, propiciar un desarrollo regional más equilibrado y generar los empleos que demandan millones de mexicanos.

Que el programa consideraba una inversión base de 2 billones 532 mil millones de pesos en conjunto, para los sectores carretero, ferrocarriles, puertos, aeropuertos, telecomunicaciones, agua potable, hidroagrícola y control de inundaciones, electricidad, y producción de hidrocarburos, así como refinación, gas y petroquímica. De los 2 billones 532 mil millones de pesos que importaría el PNI, 78.0 por ciento estaría a cargo del sector público y 22.0 por ciento provendría de fuentes privadas.

Que el 7 de febrero de 2008 se expidió el decreto por el que se ordena la creación del fideicomiso Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin). A través de éste se canalizarían recursos del orden de 270 mil millones de pesos para inversiones en proyectos de infraestructura durante los siguientes cinco años. En su inicio, el fondo contó con recursos líquidos por más de 40 mil millones de pesos.

Que el Fonadin crearía 700 mil empleos directos desde su constitución y hasta el cierre de la administración federal, aumentaría el crecimiento económico en 0.6 por ciento adicional cada año.

Que según el secretario de Hacienda, la idea de dicho fondo ``no era únicamente crear la infraestructura que por sí misma generaría empleos e impulsaría la economía sino que, además, sería muy importante para aumentar la competitividad del país y para interconectar mejor a la nación y así ayudar también al bienestar social y al abatimiento de la pobreza''.

Que el Fonadin quedó a cargo del Banobras, entidad encargada de la coordinación con las dependencias y las entidades de la administración pública federal. También realizaría las contrataciones necesarias, en concordancia con los fines del Fonadin. De la misma manera, la SCT fue designada para otorgar las concesiones para los proyectos de caminos y puentes. A la Secretaría de la Función Pública corresponde fiscalizar la operación y evaluar el desempeño del Fonadin. Por tanto, son las dependencias federales encargadas de su coordinación, operación y evaluación.

Que al cierre de octubre pasado, la Secretaría de Hacienda informó que la inversión en infraestructura en comunicaciones y transportes registraba un avance de 65 por ciento contra el programa anual. Con ello se reconoció la existencia de un subejercicio de los recursos presupuestales, hecho que el secretario de Comunicaciones y Transportes aceptó ante la comisión respectiva en la Cámara de Senadores, al asegurar que en 2008 la dependencia a su cargo tendría un subejercicio de 4.4 por ciento.

Explicó que en el caso de las carreteras, mil 400 millones de pesos no se gastarían, de un monto total de casi 40 mil millones asignados por el Congreso de la Unión en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2008.

Que un hecho que ha preocupado al legislativo son los subejercicios presupuestales. De hecho, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes se ha destacado como una de las dependencias con mayor subejercicio, por lo cual es necesario que las dependencias de la administración pública federal cumplan el exhorto presidencial para que su ejecución fluya lo más rápido posible a efecto de contener los efectos derivados de la coyuntura de crisis internacional.

II. La comisión dictaminadora desea señalar que en 2009, el presupuesto carretero ronda 49 mil 751.4 millones de pesos, 24.4 por ciento más respecto al año anterior, enfatizando el destino de los recursos hacia la construcción de nuevas vías y en trabajos de conservación.

Adicionalmente, han pasado 18 meses del anunció del Programa Nacional de Infraestructura y casi un año de anunciado el Fondo Nacional de Infraestructura, cuyo propósito es atenuar el efecto adverso de la desaceleración de la economía mexicana, generar empleos, y escalar lugares en competitividad a través de incentivos mediante el desarrollo de infraestructura.

En estos momentos, de crisis económica, las inversiones en infraestructura son fundamentales para fortalecer el mercado interno y el empleo. Por ello, nos manifestamos a favor de la proposición presentada para solicitar a los titulares de las dependencias de la administración pública federal involucrados que den a conocer los proyectos y avances en la ejecución del programa, así como el destino de los recursos asignados.

En mérito de lo antes expuesto, la Tercera Comisión, se permite someter a la consideración del Pleno el siguiente

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión solicita a los secretarios de Comunicaciones y Transportes, y de la Función Pública, informen a esta soberanía sobre los avances, el cumplimiento y la ejecución del Programa Nacional de Infraestructura 2007-2012.

Segundo. Se solicita al director de Banobras, Alonso Pascual García Tamés, que informe a esta soberanía sobre el monto y destino de los recursos ejercidos en los proyectos del Fondo Nacional de Infraestructura.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Gracias, senador secretario. Está a discusión el punto de acuerdo. No habiendo quien haga uso de la palabra, se considera suficientemente discutido y se reserva para su votación en conjunto.

PRECIO DEL GAS NATURAL

El Secretario senador Ramiro Hernández García: «Dictamen de la Tercera Comisión, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a incluir en el Acuerdo Nacional en defensa de la Economía Familiar y del Empleo el gas natural, a fin de que fije un precio único para todo 2009

Honorable Asamblea

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente, fue turnada la proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta al Ejecutivo federal que incluya en el Acuerdo Nacional a favor de la Economía Familiar y del Empleo el gas natural, para que fije un precio único para todo el 2009, presentada por la diputada Eva Angelina Sánchez Valdés, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Los ciudadanos legisladores integrantes de esta comisión realizaron el estudio y análisis de la proposición a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno el presente dictamen.

Antecedentes

La proposición con punto de acuerdo que se cita en el proemio fue presentada en la sesión del Pleno de la Comisión Permanente del 21 de enero de 2009, y turnada para su estudio y dictamen correspondiente a la Tercera Comisión.

Consideraciones

En su capítulo de consideraciones el autor de la proposición con punto de acuerdo que se dictamina señala que el 7 de enero del presente año, el titular del Ejecutivo federal presentó el Acuerdo Nacional en favor de la Economía Familiar y el Empleo, en palacio nacional ante integrantes del Poder Legislativo, el Poder Judicial, la Conferencia Nacional de Gobernadores, presidentes municipales, líderes empresariales, sindicales y sociales.

El acuerdo se encuentra dividido en cinco ejes rectores que a su vez se dividen en puntos a ejecutar.

El segundo eje rector considera en las medidas uno y dos, congelar el precio de las gasolinas durante todo el año y reducir el precio del gas LP en un diez por ciento y mantenerlo así el resto del 2009.

Sin duda se debe señalar que existieron promesas de campaña donde el ahora titular del Ejecutivo se comprometió a que de ser electo presidente de los Estados Unidos Mexicanos bajaría los precios de los energéticos destinados al consumo de las familias mexicanas: luz, gas, gasolina, etcétera. La obviedad no se juzga, los precios aumentaron, algunos hasta 35 por ciento.

Que es pertinente destacar que el 4 de noviembre de 2008, el presidente legítimo de México, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, entregó ante los diputados federales del Frente Amplio Progresista, en el salón de protocolo del Palacio de San Lázaro de la Cámara de Diputados, el Programa para la Defensa de la Economía Popular. Acciones en materia presupuestaria. En dicho texto, en el punto 16, estableció que ``Deben bajarse de inmediato los precios de las gasolinas, el diesel, el gas y la energía eléctrica''.

Dicha petición anticipó lo que ahora el gobierno federal y este Congreso de la Unión se resistía a reconocer: la crisis financiera en los Estados Unidos de América, y en consecuencia la crisis económica que ahora se encuentra afectando directamente el poder adquisitivo de las clases económico-sociales paupérrimas de la república.

Que, ahora bien, el acuerdo nacional propuesto por el titular del Ejecutivo federal se encuentra limitado para resolver la crisis que se padece por los hogares mexicanos, sigue sin atender de forma integral la falta de poder adquisitivo y su recuperación, el sector agropecuario y su abandono; y recientemente el aumento al diesel de uso marítimo.

Ante lo anterior también consideramos que el acuerdo deja inatendible lo concerniente al consumo de gas natural por millones de familias mexicanas.

Que en 1996 el gobierno mexicano, mediante una reforma constitucional en materia de gas, inicio a proveer el consumo industrial y doméstico del gas natural, entre otras consideraciones porque

Por estas consideraciones se promovió el uso del energético en millones de hogares mexicanos.

Que la Asociación Mexicana de Gas Natural, AC, establece que la distribución de este energético en nuestro país asciende casi a un millón y medio de casas habitación donde se beneficia su consumo a cerca de seis millones de mexicanos.

Debemos establecer que la crisis económico-social que existe en nuestra patria afecta directamente a los extractos sociales más pobres, pero no deja de afectar a las clases medias, su estabilidad y nivel de vida.

Que debido a la devaluación que afecta al peso mexicano desde septiembre y octubre de 2008 debido al acaparamiento de dólares por algunas empresas traidoras a la economía mexicana (la Cámara de Diputados aprobó exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que publique el nombre de las empresas que se beneficiaron en esta conducta delictiva), a enero de 2009, se estima que el valor cambiario frente al dólar americano asciende a 28 por ciento.

Debemos señalar que la devaluación del peso mexicano frente al dólar americano se ha cotizado de forma escandalosa y preocupante en el mes de enero, hasta en 14 pesos con 50 centavos por dólar en las casas de cambio del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. En consecuencia, se profundiza el aumento del precio de gas natural debido a los índices y fórmulas con las que se determina el valor de dicho energético.

Que la Comisión Reguladora de Energía fijó el precio de gas natural, para enero del presente año, en 5.147 dólares por millón de BTU; equivalentes a 4.878 dólares por gigajoules.

Que el cálculo del costo mensual del gas natural distribuido en México se hace con base en la fórmula establecida en el resolutivo segundo de la resolución 046/2005 y con referencia en los siguientes indicadores:

Que como observamos, la cotización de la venta del gas natural se establece a partir de índices y precios de referencia de empresas del sur de los Estados Unidos de América, como la tasa de referencia del sur de Texas.

La Comisión Dictaminadora desea señalar que considerando que el Acuerdo Nacional en defensa de la Economía Familiar y del Empleo impulsado por el titular de Ejecutivo federal es un plan parcial y, en consideración de algunos economistas, ineficaz y excluyente; y que la Comisión Reguladora de Energía cuenta con las facultades legales para establecer un precio fijo para la adquisición de gas natural durante el tiempo que se considere la economía mexicana en crisis; puede ser pertinente que dicha comisión estudie la posibilidad y viablidad.

En función de que el presidente de la República, a través del acuerdo antes citado, está considerando congelar y bajar los precios de energéticos de uso común como gasolina, gas LP y energía eléctrica, se podría incorporar al gas natural.

Es por ello que nos manifestamos a favor de la proposición presentada por el autor, a efecto de que como lo señala, se exhorte al Ejecutivo federal para que fije un precio único al gas natural durante el 2009.

En mérito de lo antes expuesto, la Tercera Comisión, se permite someter a la consideración del Pleno el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La del Congreso de la Unión, con pleno respeto de su soberanía, exhorta al titular del Ejecutivo federal a incluir en el Acuerdo Nacional en defensa de la Economía Familiar y del Empleo, el gas natural, para que fije un precio único para todo 2009 y se le equipare el trato con el gas LP.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Gracias, senador secretario. Está a discusión el punto de acuerdo. Se encuentra suficientemente discutido, dado de que no ha habido solicitud alguna. Y en virtud de que no se ha registrado orador, se reserva para su votación en conjunto.

GUARDERIA INFANTIL

El Secretario senador Ramiro Hernández García: «Dictamen de la Tercera Comisión, con punto de acuerdo para ampliar el servicio de guardería infantil por un periodo de seis meses posterior a la pérdida de empleo

Honorable Asamblea:

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente, fue turnada la proposición con punto de acuerdo, para ampliar el Servicio de Guardería Infantil por un periodo de seis meses, posterior a la pérdida de empleo, suscrita por los diputados César Duarte Jáquez, Emilio Gamboa Patrón , Lilia Merodio Reza e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Los ciudadanos legisladores integrantes de esta comisión realizaron el estudio y análisis de la proposición a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno el presente dictamen:

Antecedentes

La proposición con punto de acuerdo que se cita en el proemio, fue presentada en la sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 21 de enero de 2009, y turnada para su estudio y dictamen correspondiente a la Tercera Comisión.

Consideraciones

En su capítulo de Consideraciones los autores de la proposición con punto de acuerdo que se dictamina señalan que la participación de las mujeres en el ámbito económico ha ido en aumento para bien del desarrollo, la economía y la igualdad. En el caso de Latinoamérica, por ejemplo, en el año 2002 la participación de las mujeres en la población económicamente activa fue del 38.9 por ciento, comparado con el 20.9 por ciento que se tenía en los años sesenta.

Que en África, donde las mujeres forman parte de más de la mitad de los pequeños agricultores, se tiene registrado que su trabajo produce alrededor del 80 por ciento de los alimentos y constituyen cerca de las tres cuartas partes de la fuerza laboral en la producción y procesamiento de los mismos. Pero las mujeres todavía no tienen acceso a la tierra. Sin derechos de propiedad, ellas no están en condiciones de obtener ni créditos ni apoyo para la producción.

Asimismo, existen múltiples retos para mejorar la condición de la participación de las mujeres en la actividad económica y comercial, como son evitar que tengan un nivel de salario inferior en condiciones similares a los hombres. En comparación con los varones, su participación se encuentra más a menudo en los sectores informales, careciendo de beneficios y derechos legales; generalmente las mujeres son más propensas a ser contratadas en posiciones menos regulares, en condición temporal y en puestos de jerarquía inferior y limitadas oportunidades de desa-rrollo.

Que, además, la función reproductora de las mujeres ha seguido siendo percibida como un estigma en el mercado laboral. En un esfuerzo para promover un cambio de actitud, algunos gobiernos han adoptado políticas para armonizar las responsabilidades laborales y familiares en pugna.

Que en el Código del Trabajo y el Código de Bienestar Familiar de Polonia se garantiza la igualdad de derechos a las mujeres y a los hombres en lo que respecta a licencias para atender las necesidades familiares, pero se concede protección especial a las mujeres por razones de maternidad.

Que en nuestro país tenemos el Reglamento para la Prestación de los Servicios de Guardería, regulatorio de la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social, el cual establece, específicamente en su artículo 3, que los asegurados que causen baja en el régimen obligatorio conservarán el derecho a las prestaciones que otorga el ramo de guarderías sólo durante las cuatro semanas posteriores a la presentación del aviso correspondiente.

Este periodo resulta a todas luces insuficiente e injusto, ya que las madres trabajadoras que cuentan con el servicio de guardería infantil, como una prestación derivada de su empleo y de la aportación de sus cuotas obrero-patronales, al causar baja en sus empleos se encuentran en el conflicto de hallar un lugar en donde dejar a sus hijos a fin de realizar otro tipo de actividades para subsistir, tomado en cuenta la escasez de fuentes de trabajo el período de cuatro semanas resulta exiguo, quedando en franca desprotección del régimen social del Estado.

Que recientemente el presidente de la República dio a conocer el Acuerdo Nacional en Favor de la Economía Familiar y el Empleo. Dentro de sus 25 medidas se encuentra la ampliación de la cobertura del Seguro Social para trabajadores desempleados, extendiéndose de dos a seis meses la cobertura de atención médica y de maternidad para quienes hayan perdido el empleo, pero no consideró a las mujeres trabajadoras con hijos en sus guarderías, lo cual es una omisión inaceptable.

II. La comisión dictaminadora desea señalar que se debe reconocer la aportación que el género femenino hace a la economía de nuestro país y que una manera de hacerlo es precisamente con este tipo de incentivos.

Resulta insuficiente, como lo manifiestan los autores de la proposición, el periodo de cuatro semanas para el servicio de guardería infantil con el que cuentan las madres trabajadoras y día con día se aumenta la preocupación de encontrar sitios donde dejar a sus hijos para que ellas puedan trabajar y llevar el sustento a sus hijos.

La ley en este sentido establece claramente que:

Teniendo el sustento legal y reconociendo el esfuerzo de este género productivo y trabajador, cómo lo es la mujer mexicana, reconocemos la necesidad de que se amplíe el servicio de guardería infantil por un periodo de seis meses posteriores a la pérdida del empleo, a fin de beneficiar a las mujeres trabajadoras, que tienen la cualidad de ser madres y ello no debe ser un estigma ni jurídico, ni social.

Estamos inmersos en una crisis mundial de la que todavía no se conocen sus verdaderas proporciones. El ejemplo más claro es el Acuerdo Nacional en Favor de la Economía Familiar y el Empleo que hace unas semanas anunció el presidente de la República y en el que, el Congreso de la Unión, hará valer cada una de sus medidas, incluyendo el cuidado, fomento y preservación del empleo.

En mérito de lo antes expuesto, la Tercera Comisión, se permite someter a la consideración del Pleno el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La del Congreso de la Unión exhorta al Poder Ejecutivo federal a ampliar en el Reglamento para la Prestación de los Servicios de Guardería el servicio de guardería infantil por un periodo de seis meses posteriores a la baja del empleo, para que las mujeres trabajadoras del régimen del seguro social, como una medida adicional al Acuerdo Nacional en Favor de la Economía Familiar y el Empleo dentro de sus 25 puntos. Asimismo, a garantizar por medio del Instituto Mexicano del Seguro Social, la ampliación de seis meses en la cobertura de los derechos de los trabajadores desempleados.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Gracias, senador secretario. Está a discusión el punto de acuerdo. En virtud de que no ha habido solicitud del uso de la palabra, se considera suficientemente discutido y se reserva para su votación en conjunto.

ESTADO DE AGUASCALIENTES

El Secretario senador Ramiro Hernández García: «Dictamen de la Tercera Comisión, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a cumplir, en observancia de las disposiciones legales en materia de competencia económica, los principios de libre competencia y libre concurrencia en la exportación de guayaba de Aguascalientes

Honorable Asamblea:

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente fue turnada la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) a cumplir los principios de libre competencia y libre concurrencia en el mercado de la guayaba; y a la Comisión Federal de Competencia, a verificar la posible existencia de prácticas monopólicas en la exportación de guayaba de Aguascalientes a Estados Unidos, presentada por el diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva , del Grupo Parlamentario de Convergencia.

Los ciudadanos legisladores integrantes de esta Comisión realizaron el estudio y análisis de la proposición a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión que suscriben someten a consideración del Pleno el presente dictamen.

Antecedentes

La proposición con punto de acuerdo que se cita en el proemio fue presentada en la sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 21 de enero de 2009, y turnada para su estudio y dictamen correspondiente a la Tercera Comisión.

Consideraciones

En su capítulo de consideraciones el autor de la proposición con punto de acuerdo que se dictamina señala que el 20 de noviembre de 2008 se llevó a cabo el primer tratamiento de irradiación de un embarque de guayaba de Aguascalientes, con mil 80 cajas de 8.2 kilogramos cada una, por un total de 8 mil 856 kilogramos, para su envío al mercado estadounidense, lo que marcó el inicio de las exportaciones de guayaba mexicana en esta modalidad a ese país, después de intensas negociaciones entre la Sagarpa y el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, y del trabajo constante e intenso de los productores y empacadores de esta fruta.

Que con este nuevo mercado se amplían las posibilidades de desarrollo de este sector productivo al tener esta opción de comercialización, gracias a la aplicación de medidas de mitigación de riesgo como el tratamiento basado en irradiación, beneficiando con esto a más de 56 mil productores que se dedican al cultivo del fruto en la República Mexicana.

Que se han presentado anomalías para la exportación de guayaba irradiada en fresco hacia Estados Unidos porque, para llegar a cumplir los requisitos que exige su gobierno, tuvo que crearse un organismo que tuviera la obligación de responder ante los eventuales problemas en calidad e inocuidad de la guayaba, lo que motivó la creación de la asociación civil Productores y Empacadores Exportadores de Guayaba Mexicana (Peguam).

Que en el contrato de distribución de guayaba de México en Estados Unidos se designa específicamente a tres personas morales que fungirán como distribuidores, importadores y comercializadores aprobados para el territorio de Estados Unidos: Austral Trading México, SA de CV; F-Díaz LLC; y Frutas Exóticas del Paraíso, SA de CV, por un plazo de cinco años, generando monopolio en la distribución del producto.

Que lo anterior ocasiona que no se garantice la libre competencia, generando prácticas que podrían ser calificadas de monopólicas en virtud de que con el contrato mencionado se desplaza indebidamente a otros agentes del mercado y se les impide sustancialmente su acceso o establece ventajas exclusivas en favor de una o varias personas, como en el presente caso ocurre en favor de Pegual, en perjuicio de otros distribuidores.

II. La comisión dictaminadora desea señalar que en México, el cultivo de guayaba está cobrando gran importancia, se cultivan 22 mil 764 hectáreas a nivel nacional ubicadas en 20 estados de la república, generando una producción promedio de más de 300 mil toneladas anuales, con un valor superior a los 836 millones de pesos. Destacando en producción los Estados de Michoacán, Zacatecas, Aguascalientes y el estado de México.

La mayor parte de la producción de guayaba se consume en fresco, de tal forma que se utiliza del 87 al 92 por ciento para este propósito, destinándose del 8 al 13 por ciento restante para la industria. Los alcances comerciales del fruto de guayaba han demostrado ser prometedores y actualmente su cultivo está en expansión.

El fruto es variable de acuerdo a las numerosas variedades en forma, tamaño y otras características. Pueden ser globulares, ovoides o piriformes y tener de 2.5 a 15 centímetros de diámetro longitudinal (William y Harold, 1963). Posee importantes propiedades nutrimentales como son alto contenido de vitamina C (superior 5 veces al de los cítricos, condición que caracteriza a la guayaba como la reina de la vitamina C), contenido de hidratos de carbono, vitaminas y minerales. Estas características le han conferido gran aceptación e integración en la dieta humana, ya que en la actualidad se utiliza para la industria en la producción de alimentos, bebidas y productos farmacéuticos.

Efectivamente como lo señala el proponente, el 20 de noviembre de 2008 se llevó a cabo el primer tratamiento de irradiación de un embarque de guayaba para su envío al mercado estadounidense, lo cual marcó el inicio de las exportaciones de guayaba mexicana bajo esta modalidad a ese país, después de intensas negociaciones entre la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) y, del trabajo constante e intenso de los productores y empacadores de esta fruta, siempre acompañados por las autoridades estatales y federales. Este primer embarque consistió en mil 80 cajas de 8.2 kilogramos, cada una, haciendo un total de 8 mil 856 kilogramos, de guayaba del estado de Aguascalientes.

Este cargamento se envió cumpliendo con la regulación publicada por el USDA, el 14 de octubre del año en curso (Federal Register volumen 73, número 199, páginas 60673-60674), donde notifica su decisión de expedir permisos para la importación de guayabas de México a los Estados Unidos, cumpliendo con los siguientes requisitos fitosanitarios:

Con este nuevo mercado se amplían las posibilidades de desarrollo de este sector productivo al tener esta opción de comercialización, gracias a la aplicación de medidas de mitigación de riesgo como el tratamiento cuarentenario a base de irradiación, beneficiando con esto a más de 56 mil productores que se dedican al cultivo de este fruto en la República Mexicana.

Por lo anterior, es importante verificar que no se presente ningún desplazamiento de productores de guayaba de Aguascalientes, con el riesgo de impedirles el acceso al mercado de Estados Unidos de América, al establecerse la posibilidad de exportación exclusivamente por la empresa Peguam, asociación que se ha atribuido la exclusividad en la venta final de dicha fruta.

Es por ello que nos manifestamos a favor de la Proposición presentada por el autor, a efecto de que como lo señala, exhortar a la Sagarpa a cumplir, en observancia de las disposiciones legales en materia de competencia económica, los principios de libre competencia y libre concurrencia en la exportación de guayaba del estado de Aguascalientes a Estados Unidos de América

En mérito de lo antes expuesto, la Tercera Comisión se permite someter a la consideración del Pleno el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. En el marco de colaboración entre poderes, la del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a cumplir, en observancia de las disposiciones legales en materia de competencia económica, los principios de libre competencia y libre concurrencia en la exportación de guayaba del estado de Aguascalientes a Estados Unidos de América.

Segundo. Se exhorta a la Comisión Federal de Competencia a verificar, en cumplimiento de los artículos 9, 10 y 11 de la Ley Federal de Competencia Económica, la posible existencia de prácticas monopólicas que impidan la libre concurrencia en la exportación de guayaba en el estado de Aguascalientes a Estados Unidos de América.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Está a discusión el punto de acuerdo.

Ha solicitado el uso de la palabra el diputado Javier Calzada, del Grupo Parlamentario del PRD. ¿En pro o en contra del punto de acuerdo, diputado?

El diputado Francisco Javier Calzada Vázquez (desde la curul): Para proponer una modificación.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Para proponer una modificación al dictamen.

El diputado Francisco Javier Calzada Vázquez : Gracias, diputado presidente. Para proponerle a la asamblea que el alcance de este punto de acuerdo no sea con exclusividad para Aguascalientes, sino que se incluya también a Michoacán, que es el primer productor nacional de guayaba, y a Zacatecas, que es el tercer productor nacional de guayaba.

Por lo que a nosotros corresponde, en Zacatecas, quiero decir que éste es un cultivo de mucha importancia para el ingreso de las familias del Cañón de Juchipila, en donde están ubicados los municipios de Jalpa, Tabasco, Huanusco, Moyahua y el propio Juchipila.

Quiero decirles que en Zacatecas, en esta región hay 4 mil hectáreas dedicadas a este cultivo, que producen alrededor de 20 mil toneladas al año y que una integradora de productores, que es la más grande del país, en manos de productores produce pulpa de guayaba que se está exportando, en una cantidad de alrededor de 5 mil toneladas al año.

Por esa razón nosotros solicitamos a la asamblea que el alcance de este punto de acuerdo tenga también contemplados Michoacán y Zacatecas. Muchas gracias, diputado presidente.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Gracias, diputado Javier Calzada. El diputado Ascención Orihuela hace suya la propuesta en nombre del Grupo Parlamentario del PRI; se suma a la propuesta de que se incluya a Zacatecas y a Michoacán. El Partido de Convergencia también se suma. También el Grupo Parlamentario de Acción Nacional.

Consulte la Secretaría a la asamblea si se admite la modificación propuesta por el diputado Javier Calzada.

El Secretario senador Ramiro Hernández García: Está a su consideración la modificación propuesta. Los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo

Mayoría por la afirmativa, señor presidente.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Se acepta la modificación. Se considera suficientemente discutido y se reserva para su votación económica en conjunto, con la modificación aprobada por la asamblea. Continúe la Secretaría.

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION, 2009

El Secretario senador Ramiro Hernández García: «Dictamen de la Tercera Comisión, con punto de acuerdo por el que se exhorta a las dependencias del Ejecutivo federal a ejecutar las obras y acciones señaladas en el decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2009

Honorable Asamblea:

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente fue turnada la proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta a las dependencias del Ejecutivo federal, ejecuten las obras y acciones señaladas en el decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2009, presentada por el diputado Carlos Altamirano Toledo , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Los ciudadanos legisladores integrantes de esta comisión realizaron el estudio y análisis de la proposición a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.

Con fundamento en los artículos 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión que suscriben someten a la consideración del Pleno el presente dictamen.

Antecedentes

La proposición con punto de acuerdo que se cita en el proemio, fue presentada en la sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 21 de enero de 2009, y turnada para su estudio y dictamen correspondiente a la Tercera Comisión.

Consideraciones

En su capítulo de consideraciones el autor de la proposición con punto de acuerdo que se dictamina señala que el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación representa más que un listado de obras y acciones; el acuerdo regional que por medio de los diputados federales, orienta la inversión y los programas públicos.

Toda vez que el decreto ya fue publicado en Diario Oficial de la Federación (el 28 de noviembre del 2008) lo que corresponde es su aplicación.

Que bajo esta circunstancia, la motivación del presente punto es doble. Por una parte, que el decreto no sufra modificaciones en las obras y acciones que los legisladores incluyeron a petición de distintos niveles de gobierno y en beneficio de las comunidades.

Lo anterior obedece a que se han tenido noticias de que, por ejemplo, en Oaxaca se intenta violar lo dispuesto en el decreto, unificando y mezclando recursos de diversos proyectos deportivos y culturales.

En este punto es importante tener presente que el gobierno federal debe hacer valer su anuncio de ejecutar sin modificaciones el presupuesto aprobado y que, además, las inversiones públicas no sólo beneficiarán por la obra pública ejecutada sino también significan un estímulo a la economía de las comunidades.

En segundo lugar, por el impacto y monto de los proyectos, lo conveniente es que sean las mismas autoridades municipales las que los realicen.

Puede ser que los municipios no tengan la capacidad para ejecutar grandes proyectos que requieren una planeación o perspectiva global; pero sin duda son los más indicados para realizar los proyectos e inversiones de impacto regional que, en muchos casos, ellos mismos gestionaron y promovieron en distintos ramos del presupuesto, presentando los estudios pertinentes a las autoridades federales.

Que de esta forma, el promovente considera oportuno comunicarle al gobierno federal su interés en prevenir retrasos o modificaciones a los proyectos, así como alentar la suscripción de los mecanismos legales necesarios para que sean las autoridades municipales quienes realicen los proyectos de inversión destinados a sus comunidades.

II. La comisión dictaminadora desea señalar que la solicitud del autor para pedirle a las dependencias del gobierno federal que ejecuten las obras y acciones del Presupuesto de Egresos 2009, cobra especial relevancia en un año marcado por la recesión global.

Particularmente en épocas de crisis, la exigencia de ejercer el gasto público con mayor eficiencia es mayúscula para hacer posibles las obras y los resultados que la sociedad demanda.

Otro aspecto de enorme relevancia es el subejercicio del gasto. En reiteradas ocasiones hemos hecho eco en el Congreso de la Unión de modo particular a los subejercicios y transferencias que pervierten los objetivos y las metas trazadas en el presupuesto y se someten a reiterados ajustes con amplia discrecionalidad.

Ejemplo de ello son las cifras de la Secretaría de Hacienda sobre el segundo trimestre del año pasado, 86.6 por ciento del subejercicio en el periodo de abril-junio se centraba en cuatros ramos.

En Comunicaciones y Transportes, con 4 mil 981.5 millones de pesos; Educación Pública, con 4 mil 702.7 millones de pesos; Medio Ambiente, por mil 32.4 millones de pesos; y Sagarpa, con mil 13 millones de pesos.

El subejercicio en el área de seguridad pública alcanzaba los mil 362.9 millones de pesos en el primer semestre del 2008.

Otras dependencias que no habían ejercido recursos en su totalidad eran la Defensa Nacional, las Secretarías de Marina, de Seguridad Pública, de Salud, Hacienda, la Cancillería y la Procuraduría General de la República.

Con cifras menores, los informes de Hacienda reportaban subejercicio en Gobernación, Trabajo, Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, Reforma Agraria, Desarrollo Social, Función Pública, Tribunales Agrarios, Presidencia de la República, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y Consejería Jurídica del Ejecutivo federal.

Es por ello que nos manifestamos a favor de la proposición presentada por el autor, a efecto de que como lo señala, se exhorte a la administración pública federal a ejecutar completa y sin variaciones las obras públicas y las acciones contenidas en el Presupuesto de Egresos de la Federación para este año.

En mérito de lo antes expuesto, la Tercera Comisión se permite someter a la consideración del Pleno el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La del Congreso de la Unión exhorta a las dependencias del Ejecutivo federal a que ejecuten sin variaciones las obras y acciones señaladas en el decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación 2009, en beneficio de las entidades federativas, y que sean las autoridades municipales quienes las realicen.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Gracias, senador Secretario. No habiendo quién haya solicitado el uso de la palabra, se considera suficientemente discutido y se reserva para su votación en conjunto.

SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES PETROLEROS DE LA REPUBLICA MEXICANA

La Secretaria diputada Marcela Cuen Garibi : «Dictamen de la Tercera Comisión, con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Semarnat a revisar e investigar los términos en que se entregó la playa de Miramar, en Tampico, a la sección uno del Sindicato Nacional de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana

Honorable Asamblea:

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente fue turnada la proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) a revisar e investigar los términos en que se entregó la playa de Miramar, en Tampico, Tamaulipas, a la Sección Uno del Sindicato Nacional de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, presentada por el diputado Octavio Martínez Vargas , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Los ciudadanos legisladores integrantes de esta Comisión realizaron el estudio y análisis de la Proposición a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.

Con fundamento en los artículos 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno el presente dictamen.

Antecedentes

La proposición con punto de acuerdo que se cita en el proemio, fue presentada en la sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 14 de enero de 2009, y turnada para su estudio y dictamen correspondiente a la Tercera Comisión.

Consideraciones

En su capítulo de consideraciones el autor de la proposición con punto de acuerdo que se dictamina señala que las playas del país por ley son propiedad de la federación y, por tanto, deben ser públicas y no se pueden vender. Según lo que la Ley General de Bienes Nacionales establece en el artículo 7, son bienes de uso común las playas marítimas y la zona federal marítimo-terrestre.

Que en el artículo 119 establece que la zona federal marítimo-terrestre estará constituida por la faja de 20 metros de ancho de tierra firme, transitable y contigua a playas o, en su caso, a las riberas de los ríos, desde la desembocadura de éstos en el mar hasta 100 metros río arriba.

Que en la misma ley se establece que el Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, promoverá el uso y aprovechamiento sustentables de la zona federal marítimo-terrestre y los terrenos ganados al mar. Con este objetivo, dicha dependencia podrá celebrar convenios o acuerdos de coordinación con objeto de que los gobiernos de los estados y de los municipios, en su caso, administren, conserven y vigilen dichos bienes.

Todas estas disposiciones se ratifican en el Reglamento para el Uso y Aprovechamiento del Mar Territorial, Vías Navegables, Playas, Zona Federal Marítimo-Terrestre y Terrenos ganados al Mar.

Que en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en el artículo 32 Bis, otorga el despacho a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en la fracción VIII, de ejercer la posesión y propiedad de la nación en las playas, zona federal marítimo-terrestre y terrenos ganados al mar. Mientras la fracción XXXIX le concede otorgar contratos, concesiones, licencias, permisos, autorizaciones o asignaciones, y reconocer derechos, según corresponda, en materia de aguas, forestal, ecológica, explotación de la flora y fauna silvestres, y sobre playas, zona federal marítimo-terrestre y terrenos ganados al mar.

Que a pesar de la legislación señalada, el ayuntamiento de Ciudad Madero, Tamaulipas, que preside Sergio Posadas Lara, anunció que mediante convenio entregó 150 hectáreas de frente de playa en Miramar a la sección uno del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana.

Que la playa de Miramar representa uno de los principales puntos turísticos de Tamaulipas, y la cesión del terreno mencionado deja entrever un posible acto de tráfico de influencias, ya que el actual presidente municipal, antes de tomar el cargo, era dirigente justamente de la sección uno, con la que se firmó el convenio.

Que los empresarios del sector turístico han expresado que el plan de desarrollo turístico de la playa de Miramar se preveía con una inversión por más de 200 millones de dólares y que se encontraba estancado desde hace más de seis años por la falta de certeza jurídica en torno de la tenencia de la tierra y que con la llegada de Sergio Posadas, en vez de solucionar el problema de legalidad, se entregaron 120 hectáreas de frente de playa al sindicato. Además, el promotor de esta playa es Jaime Posadas Lara, hermano del alcalde de Ciudad Madero.

II. La comisión dictaminadora desea señalar que la legislación en materia playas establece claramente la propiedad y las facultades que el Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, tiene para su uso.

Por su parte,

Asimismo, la ley también establece el otorgamiento de las concesiones para el uso o aprovechamiento de los inmuebles federales.

Con el sustento anterior, aunado al apoyo de leyes y reglamentos relacionados con los derechos para el uso y aprovechamiento de los bienes nacionales, nos manifestamos a favor de la Proposición presentada por el autor, a efecto de que como lo señala se exhorte al titular de la Semarnat para que investigue los términos en los que se entregó la playa de Miramar, en Tampico, a la Sección Uno del Sindicato Nacional de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana.

En mérito de lo expuesto, la Tercera Comisión, se permite someter a la consideración del Pleno el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a revisar e investigar los términos en que se realizó la entrega de la playa de Miramar, en Tampico, Tamaulipas, a la Sección Uno del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, y a informar de los resultados a esta soberanía.

Presidencia del senador Luis Alberto Villarreal García

El Presidente senador Luis Alberto Villarreal García: Está a discusión el punto de acuerdo. En virtud de que no se ha registrado orador alguno, se considera suficientemente discutido y se reserva para su votación económica en conjunto.

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION INDIGENA

La Secretaria diputada Marcela Cuen Garibi : «Dictamen de la Tercera Comisión, con puntos de acuerdo para exhortar a la secretaria de Educación Pública y a la directora general de Educación Indígena a pagar los salarios vencidos y demás prestaciones laborales a 65 trabajadores de dicha dependencia

Honorable Asamblea:

A la Tercera Comisión de Trabajo --de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas-- de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, en el primer receso del tercer año de ejercicio constitucional de la LX Legislatura, fue turnada el 17 de diciembre de 2008, para su análisis y dictamen la proposición con punto de acuerdo para exhortar a la secretaria de Educación Pública y a la directora general de Educación Indígena a pagar los salarios vencidos y demás prestaciones a que tienen derecho 75 trabajadores adscritos a dicha unidad administrativa; presentada por los diputados Valentina Valia Batres Guadarrama y Gerardo Villanueva Albarrán , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 122, párrafo primero, y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como 58, 60, 87, 88, 175 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la del Congreso de la Unión el presente dictamen, al tenor de los siguientes:

Antecedentes

1. Con fecha 17 de diciembre de 2008, los diputados Valentina Valia Batres Guadarrama y Gerardo Villanueva Albarrán , del Grupo Parlamentario del Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentaron ante el Pleno de la del Congreso de la Unión la proposición de mérito.

2. En esa fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la del Congreso de la Unión, dispuso que dicha solicitud de punto de acuerdo se turnara para su estudio y dictamen correspondiente a la Tercera Comisión --de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas--, por lo que se emite en este acto el dictamen correspondiente.

3. La proposición en estudio, en síntesis, contiene los siguientes fundamentos y razones en que se sustenta:

Con base en lo anterior, los autores de la proposición solicitan que se exhorte a la Secretaría de Educación Pública y a la directora general de Educación Indígena haga el pago de los salarios vencidos y demás prestaciones laborales a los 65 trabajadores adscritos a dicha unidad administrativa.

En consecuencia, los integrantes de la Tercera Comisión emiten al presente punto de acuerdo al tenor de las siguientes:

Consideraciones

La Comisión Permanente tiene especial interés en que las instituciones públicas respeten los derechos laborales de los trabajadores al servicio del Estado, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones que como empleador tiene el gobierno y el adecuado ejercicio de las prerrogativas de los servidores públicos.

En inteligencia de ello, cualquier expresión popular en el sentido de que el gobierno está incumpliendo sus deberes laborales, principalmente el pago de salarios vencidos y demás prestaciones inherentes, deben ser atendidas por los legisladores, quienes como representantes sociales corresponde dar seguimiento al estricto cumplimiento de la legislación que aprueban.

Lo anterior, dentro del ámbito del ejercicio de sus facultades de control constitucional, que implican constituirse como un mecanismo de peso y contra peso con otras dependencias de gobierno del Poder Ejecutivo federal, a fin de vigilar el debido respeto de los intereses populares, en marco de respeto de las atribuciones constitucionales y legales de cada dependencia de gobierno.

En ese orden de ideas, el presente punto de acuerdo no constituye un mandato de esta autoridad legislativa con efectos vinculatorios, que prejuzgue sobre la situación concreta planteada ni que revoque los mandatos legítimos de las autoridades judiciales o ejecutivas emitidos en el ejercicio de sus atribuciones.

Las autoridades laborales competentes son a quienes corresponde emitir sus resoluciones apegadas a derecho, de acuerdo a las afirmaciones y pruebas aportadas por la partes. De ahí que para los efectos del análisis de la propuesta que precede al presente dictamen, no se prejuzgue sobre la certeza de las afirmaciones de los proponentes, ya que ello implicaría vulnerar la esfera de competencia de las autoridades competentes para ello.

El Poder Legislativo federal, como autoridad de representación popular, corresponde coadyuvar al adecuado ejercicio del estado de derecho, lo que implica que cada autoridad respeto los derechos de los gobernados y, al mismo tiempo, ejerza las atribuciones que le corresponda. Incluso, implica contribuir al sistema de control constitucional entre las dependencias, como un garante del orden constitucional.

En ese tenor, basta con la sola expectativa del derecho vulnerado a que hacen referencia los diputados autores de la proposición, para que esta comisión considere suficiente invitar a la Secretaría de Educación Pública y a la Dirección General de Educación Indígena a que haga el pago de los salarios vencidos y demás prestaciones laborales a los 65 empleados de dicha unidad administrativa.

Lo anterior independientemente de la existencia de algún medio de defensa legal que exista a favor de las dependencias del Ejecutivo federal, ya que si bien éstos pueden resultar favorables al empleador o a los trabajadores, también lo es que los mecanismos autocompositivos siempre deben prevalecer sobre los jurisdiccionales, a fin de evitar dilaciones en el cumplimiento de las obligaciones laborales y mayores beneficios a las partes en materia de impartición de justicia.

En ese sentido, esta entidad legislativa considera pertinente exhortar a las dependencias referidas al pago de las prestaciones laborales citadas, en razón de que conforme a los principios del ejercicio del buen derecho, aún en el supuesto de que existan medios de defensa que agotar por parte de la Secretaría de Educación Pública, éstos sólo retrazan el cumplimiento inminente de una obligación laboral de su parte que, tarde o temprano deberán acatar, habida cuenta que el salario y demás prestaciones laborales de los trabajadores, son prestaciones irrenunciables y de vital importancia para la sobrevivencia del servidor público.

La justificación de retrazar el cumplimiento de una prestación laboral con el apoyo de estrategias legales, sólo constituye una estrategia dilatoria que expresa un acto de prepotencia de la autoridad, máxime si es inminente un resultado judicial desfavorable a sus intereses. Es en esos momentos cuando el ejercicio de un derecho a impugnar, se convierte en un abuso de un derecho a retrazar el cumplimiento de una obligación.

La Comisión Permanente, en esta tesitura, pretende exhortar a la Secretaría de Educación Pública y a la Dirección General de Educación Indígena a realizar el pago de las prestaciones laborales reclamadas por sus empleados, evitando las estrategias dilatorias y contribuyendo a un ambiente de adecuado ejercicio del derecho en esas dependencias.

Lo anterior, se reitera, sin perjuicio de las decisiones laborales y judiciales y definitivas que emitan las autoridades competentes para ello.

Aunado lo anterior, se considera oportuno exhortar a la directora general de Educación Indígena a contribuir a un ambiente de armonía en la dependencia a su cargo, absteniéndose de tomar alguna represalia en contra de aquellos trabajadores que han ejercido su legítimo derecho a defender su prerrogativas constitucionales.

Por tanto, los legisladores integrantes de la Tercera Comisión de Trabajo --de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas--, de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, someten a esa honorable asamblea el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. La del Congreso de la Unión exhorta a la titular de la Secretaría de Educación Pública y a la directora general de Educación Indígena, Rosalinda Morales Garza, a que paguen de inmediato el salario y demás prestaciones laborales a que tienen derecho los 65 trabajadores inconformes adscritos a la citada Dirección General.

Segundo. Se exhorta a la directora general de Educación Indígena, Rosalinda Morales Garza, a conducirse institucionalmente y respetar los derechos de los trabajadores adscritos a esa Dirección General, así como a no tomar represalias en contra de ningún trabajador por haber ejercido su legítimo derecho a defenderse ante las autoridades competentes para ello.

El Presidente senador Luis Alberto Villarreal García: Gracias, secretaria. Está a discusión el punto de acuerdo. En virtud de que no se ha registrado orador alguno, se considera suficientemente discutido y se reserva para su votación económica en conjunto.

ESTADO DE JALISCO

La Secretaria diputada Marcela Cuen Garibi : «Dictamen de la Tercera Comisión, con punto de acuerdo relativo a la problemática de la sigatoka negra en Jalisco

Honorable Asamblea

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente, fue turnada la proposición con punto de acuerdo relativa a la problemática de la sigatoka negra en Jalisco, presentada por la senadora Bertha Yolanda Rodríguez Ramírez , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Los ciudadanos legisladores integrantes de esta comisión realizaron el estudio y análisis de la proposición a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno el presente dictamen.

Antecedentes

La proposición con punto de acuerdo que se cita en el proemio fue presentada en la sesión del Pleno de la Comisión Permanente del 14 de enero de 2009, y turnada para su estudio y dictamen correspondiente a la Tercera Comisión.

Consideraciones

En su capítulo de consideraciones el autor de la proposición con punto de acuerdo que se dictamina señala que la sigatoka negra, causada por el hongo Mycosphaerella fijienesis , es considerada la enfermedad más peligrosa para los cultivos de plátano en todo el mundo; a tal grado que en algunos casos puede reducir la producción hasta en un 50 por ciento en la mayoría de los países productores, donde se propaga con gran rapidez y ha estado socavando la producción durante las tres últimas décadas.

Esta afectación disminuye la capacidad fotosintética de la planta y, como consecuencia, hay reducciones en rendimiento; lo que afecta la economía de los agricultores. El hongo se propaga de manera fácil y puede hacerlo a través del agua o el viento. El riego por aspersión, por ejemplo, ayuda a esparcir la enfermedad en el plantío.

El control tradicional se basa en la aplicación de funguicidas. Sin embargo, el control químico en plantaciones comerciales eleva en forma considerable los costos de producción, lo cual afecta de manera importante a los pequeños productores.

Que en algunos países los insumos químicos representan hasta 27 por ciento del costo de producción para los plátanos de exportación. Los fungicidas sistémicos permiten luchar de forma eficaz contra la sigatoka negra en las plantaciones comerciales, pero sus efectos sobre el ambiente y la salud de los trabajadores en las plantaciones son preocupantes.

Que, por otra parte, no hay realmente un control biológico de la enfermedad. Su manejo más bien consiste en tratar de minimizar su propagación en el plantío, eliminando hojas afectadas y, mejor aún, quemándolas. Pero como el hongo se propaga con el viento, el manejo se dificulta cuando los vecinos no hacen lo mismo.

Que los plátanos representan el alimento básico para casi 500 millones de personas en el mundo, pero sus cultivos se están perdiendo cada día más debido a las enfermedades. En los países en desarrollo, los plátanos representan el cuarto cultivo alimentario en importancia, después del arroz, el trigo y el maíz.

A escala mundial, 85 por ciento del cultivo se produce para el consumo doméstico y el comercio local, en gran parte sin usar los plaguicidas, lo que los hace susceptibles a las enfermedades. El 15 por ciento del cultivo global de plátano destinado a la exportación depende en gran parte de los insumos químicos.

Que México tiene un potencial de exportación de 10 mil toneladas por año, y es un importante productor de plátano a escala mundial, pues se sitúa en el decimotercer lugar en hectáreas cosechadas y en el octavo en toneladas producidas. Para nuestro país, el sector platanero es una gran fuente generadora de trabajo, ya que la actividad permite contar con 100 mil empleos directos en el campo y 150 mil indirectos.

Que el primer reporte oficial del hongo causante de la sigatoka negra que afectaba plantaciones comerciales de plátano en México fue en Chiapas y Tabasco, en el sureste, en 1981. Sin embargo, la enfermedad fue observada por primera vez en el área de Tapachula, Chiapas, a finales de 1980. Posteriormente, la sigatoka negra se diseminó hacia Veracruz y Oaxaca, en 1985.

Que en la región del Pacífico-centro, la sigatoka negra se detectó por primera vez en Colima en 1989, y un año después se diseminó a los vecinos Michoacán, Jalisco y Guerrero. En noviembre de 1994 la enfermedad fue encontrada en Nayarit. Con este último registro, la enfermedad se encuentra en todas las áreas productoras de plátanos en la república mexicana.

Que en Jalisco, la presencia de la sigatoka negra se detectó por primera vez en el ejido de El Rebalse, en 1990. La enfermedad se convirtió en el principal problema fitosanitario que amenaza la producción del cultivo de plátanos, siendo que este cultivo es fuente importante de alimentos y divisas en Cihuatlán.

A partir de esa fecha, año con año, y sobre todo en la época de lluvias, la enfermedad se agrava considerablemente, ya que es la temporada propicia para la proliferación de la sigatoka negra, haciéndola más difícil de controlar.

En esta época los productores de plátano del valle de Cihuatlán ven afectada gravemente su economía, ya que para poder vender su producción deben bajar los precios de su cosecha, lo cual trae consigo la reducción de su cotización en los mercados nacionales.

Que este año en particular, el costo de los productos para el control de la sigatoka negra se ha incrementado de manera significativa, lo que ha afectado considerablemente el buen control de la enfermedad respecto de años anteriores.

Actualmente, el nivel de infección en las huertas del municipio de Cihuatlán podría considerarse en un punto muy riesgoso si no se toman las medidas necesarias para controlar la presencia de la sigatoka negra en los cultivos, lo que pone en riesgo la economía del municipio.

La comisión dictaminadora desea señalar que en este año en particular de crisis económica global se debe tener especial cuidado en atender a la planta productiva nacional.

La situación que se plantea en la proposición, sin lugar a dudas, hace evidente que se está poniendo en peligro el bienestar y el nivel de vida de miles de personas que encuentran sustento en el cultivo de plátano.

El plátano, como lo señala el promovente, tiene un potencial exportador muy importante, por ser parte de la dieta básica en muchos países, que redundaría en beneficios económicos y generación de empleos directos e indirectos en el campo mexicano.

Por tal virtud, el Estado está obligado a garantizar las condiciones mínimas que permitan a los mexicanos desarrollar su actividad económica de la mejor manera posible. Nosotros, como legisladores, debemos escuchar los problemas de la gente y buscar una solución que les permita alcanzar ese objetivo.

En mérito de lo antes expuesto, la Tercera Comisión, se permite someter a la consideración del Pleno el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a que de manera urgente tome las medidas necesarias y establezca programas y políticas encaminadas a controlar y combatir de manera efectiva la presencia de la sigatoka negra en los cultivos de plátano de Jalisco, específicamente en el municipio de Cihuatlán, y en las demás entidades federativas en que se cultive el plátano.

El Presidente senador Luis Alberto Villarreal García: Está a discusión el punto de acuerdo. En virtud de que no se ha registrado orador alguno, se considera suficientemente discutido. En consecuencia, se reserva para su votación económica en conjunto.

SUMINISTRO DE AGUA EN VALLE DE MEXICO

La Secretaria diputada Marcela Cuen Garibi : «Dictamen de la Tercera Comisión, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a informar a través de la Semarnat y de la Conagua sobre los alcances que tendrán las afectaciones por la falta de suministro de agua de enero a mayo, en particular en el valle de México

Honorable Asamblea:

A la Tercera Comisión --Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas-- de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, en el primer receso del tercer año de ejercicio constitucional de la LX Legislatura, fueron turnadas el 7 y el 14 de enero de 2009, para análisis y dictamen, proposiciones con punto de acuerdo.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 122, párrafo primero, y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 58, 60, 87, 88, 175 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la del Congreso de la Unión el presente dictamen, al tenor de los siguientes:

Antecedentes

1. Con fechas 7 y 14 de enero de dos mil nueve, los legisladores citados presentaron ante el Pleno de la del Congreso de la Unión las proposiciones de mérito.

2. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la del Congreso de la Unión dispuso que dichas solicitudes de punto de acuerdo se turnaran para su estudio y dictamen correspondiente a la Tercera Comisión --Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas--, por lo que se emite en este acto el Dictamen correspondiente.

3. Las proposiciones en estudio, en síntesis, contienen los siguientes fundamentos y razones en que se sustentan:

Con base en lo anterior, los autores de las proposiciones solicitan que el Ejecutivo federal y las dependencias responsables en cada caso expliquen las afectaciones que producirá en la población el corte del suministro en el sistema Cutzamala mediante una campaña informativa, además de implantar políticas de conciencia sobre el ahorro y cuidado del agua que debe tener la sociedad.

En consecuencia, los integrantes de la Tercera Comisión emiten el presente punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

La falta de agua se ha convertido en un importante problema en el país y principalmente en la cuenca hidrográfica del valle de México, la cual abastece a una de las ciudades más grandes del mundo con 8 millones 720 mil 916 habitantes, en el Distrito Federal según datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática en 2005.

La problemática del agua atiende a diversos factores: la complicación y el costo de abastecer de agua a la ciudad y al estado de México, la insuficiencia de plantas de tratamiento, la sobreexplotación del acuífero del valle de México y además, la pérdida por fugas en las redes de distribución de entre el 35 y 40 por ciento del vital líquido que se consume en la zona metropolitana del valle de México, debido a la obsolescencia de la infraestructura hidráulica.

En esta sentido, la Comisión Nacional del Agua es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales cuya función es administrar y preservar las aguas nacionales y sus bienes inherentes, para lograr su uso sustentable, con la participación de la sociedad.

La Conagua acordó junto con las autoridades del Sistema de Aguas de la Ciudad de México y de la Comisión del Agua del Estado de México realizar acciones de mantenimiento en las redes de distribución y en las líneas de conducción del sistema Cutzamala, por lo que se tiene programado suspender el servicio durante tres días al mes, de enero a mayo del próximo año, para lograr un ahorro de 10 millones de metros cúbicos en los meses de estiaje.

Esta medida anunciada preocupa de sobremanera a los habitantes del Distrito Federal y, principalmente, a los ciudadanos de la delegación Iztapalapa, ya que esta demarcación se ha visto castigada desde meses atrás con la falta en el suministro de agua potable en diversas colonias, abasteciendo este líquido mediante pipas que en muchos de los casos son insuficientes.

En ese sentido, esta entidad legislativa considera pertinente exhortar al Ejecutivo federal para que, en coordinación con sus dependencias, tome en cuenta las propuestas planteadas por los promoventes.

Los integrantes de esta comisión de trabajo consideran que aún es tiempo de informar mediante intensas campañas de información sobre las consecuencias que tendrá el corte en el suministro de agua.

Además de informar con oportunidad sobre este problema, las autoridades deben diseñar políticas conducentes a fomentar la cultura del ahorro del agua.

Por tanto, los integrantes de la Tercera Comisión --Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas-- de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión someten a esa honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de la Comisión Nacional del Agua, a informar qué comunidades se verán afectadas, los efectos sobre su población y las acciones que están coordinando para disminuir estos efectos por la restricción del suministro de agua en la zona hidrológico-administrativa del valle de México y los avances y alcances del proyecto para ampliar la infraestructura de distribución de agua. Asimismo, a informar sobre el número de pozos clandestinos.

El Presidente senador Luis Alberto Villarreal García: Está a discusión el punto de acuerdo. En virtud de que no se ha registrado orador alguno, se considera suficientemente discutido y se reserva para su votación económica en conjunto.

TARIFAS ELECTRICAS

La Secretaria diputada Marcela Cuen Garibi : «Dictamen de la Tercera Comisión, con punto de acuerdo a fin de exhortar al Ejecutivo federal a acordar mediante la SHCP la ampliación a las 24 horas del día de la tarifa 9N para uso agrícola

Honorable Asamblea:

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente, fue turnada la proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo federal a acordar, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la ampliación a las 24 horas del día de la tarifa 9n, para uso agrícola, presentada por el diputado Francisco Javier Calzada Vázquez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Los ciudadanos legisladores integrantes de esta comisión realizaron el estudio y análisis de la proposición a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno el presente dictamen.

Antecedentes

La proposición con punto de acuerdo que se cita en el proemio fue presentada en la sesión del Pleno de la Comisión Permanente del 8 de enero de 2009, y turnada para su estudio y dictamen correspondiente a la Tercera Comisión.

Consideraciones

En su capítulo de consideraciones el autor de la proposición con punto de acuerdo que se dictamina señala que según el artículo 31 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, compete a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con la participación de las de Economía y Energía, y a propuesta de la Comisión Federal de Electricidad, fijar las tarifas eléctricas, su ajuste y modificación.

Que actualmente existen dos tarifas especiales para la producción agrícola, la 9cu, que se aplica de las 8:00 a las 24 horas, y cuesta 40 centavos kilowatt hora; y la 9n, que se aplica de las 00:00 a las 8:00 horas, y cuesta 20 centavos kilowatt hora. Es decir, durante 16 horas del día los productores pagan una tarifa el doble de cara que la más baja.

Que los precios de los diversos insumos del sector agrícola se han elevado considerablemente en el último año, impactando en el precio al consumidor final de los productos básicos; y se habla de una crisis mundial de alimentos que en México afecta de manera especial a los mexicanos de menor poder adquisitivo.

Que el Ejecutivo federal redujo, mediante acuerdo publicado el 20 de noviembre de 2007, las tarifas para el uso industrial, bajo el argumento de que ``es una prioridad para el gobierno federal instrumentar medidas tarifarias que promuevan la competitividad del sector industrial, por lo que es conveniente reducir los cargos de energía consumida en el periodo de punta para los usuarios de dicho sector''.

Que a partir del 1 de marzo de 2008 entró en vigor una segunda reducción a los cargos de energía eléctrica consumida en los periodos de punta para tarifas correspondientes al sector industrial y empresarial.

La comisión dictaminadora desea señalar que una ampliación en el horario de aplicación de la tarifa 9N reduciría en forma importante los costos de producción de las tierras de riego con aguas subterránea.

En el campo mexicano 591 mil hectáreas están en esta categoría. Estas tierras representan el 10.99 por ciento de toda la agricultura de riego y el 3.55 del total de la agricultura nacional.

Sin duda es necesario apoyar al campo, máxime si se considera que el costo total de los subsidios a tarifas eléctricas al sector industrial es de 23 mil 326 millones de pesos.

El Estado puede bajar con relativa facilidad las tarifas para el sector agrícola, dado que los ingresos totales por la venta de energía eléctrica a este sector en 2007 fue de 3 mil 775.1 millones de pesos. Es decir, apenas el 16.1 por ciento de los subsidios entregados a los industriales.

En tal virtud, nos manifestamos a favor de la proposición presentada por el autor, a efecto de exhortar al Ejecutivo para que coordine con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la ampliación del horario de aplicación de la tarifa menciona que abatiría costos significativos para el sector agrícola.

En mérito de lo antes expuesto, la Tercera Comisión, se permite someter a la consideración del Pleno el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal a que, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, acuerde la ampliación del horario de aplicación de la tarifa 9n para el uso agrícola a las 24 horas del día.

El Presidente senador Luis Alberto Villarreal García: Está a discusión el punto de acuerdo. En virtud de que no se ha registrado orador alguno, se considera suficientemente discutido. Se reserva para su votación económica en conjunto.

EX TRABAJADORES MIGRATORIOS

La Secretaria diputada Marcela Cuen Garibi : «Dictamen de la Tercera Comisión, con punto de acuerdo por el que se solicita al Comité Técnico que administra el Fideicomiso del Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos que prorrogue el registro de las 37 mesas receptoras del país

Honorable Asamblea:

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente, fue turnada la proposición con punto de acuerdo por la que se solicita al comité técnico que administra el Fideicomiso del Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, otorgue una prórroga para continuar con el registro de la 37 Mesa Receptora del país, presentada por la diputada Susana Monreal Ávila , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Los ciudadanos legisladores integrantes de esta Comisión realizaron el estudio y análisis de la proposición a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno el presente dictamen.

Antecedentes

La proposición con punto de acuerdo que se cita en el proemio, fue presentada en la sesión del pleno de la Comisión Permanente de fecha 21 de enero de 2009, y turnada para su estudio y dictamen correspondiente a la Tercera Comisión.

Consideraciones

En su capítulo de Consideraciones el autor de la proposición con punto de acuerdo que se dictamina señala que el 17 de abril de 2001 se crea la Comisión Especial para dar seguimiento a los fondos de los trabajadores mexicanos braceros, la cual se instaló en septiembre de 2001, y que actualmente continúa con su trabajo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2, numeral II, de la Ley que crea el Fideicomiso que administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos.

Que en reclamo de los ex trabajadores migratorios que laboraron a través del convenio entre México y Estados Unidos de América de 1942 a 1964 de recuperar para ellos o sus familias parte de los ahorros que durante ese periodo hicieron a través del banco Wells Fargo y transferidos posteriormente al Banco de Crédito Rural (hoy Financiera Rural), el 29 de diciembre de 2000 se promulgó la Ley que crea el Fideicomiso que administrará el Fondo de Apoyo Social para los ex Trabajadores Migratorios.

Que en 2003 se instalaron las mesas receptoras que registraron 45 mil trabajadores, quedando fuera miles de ellos, en virtud de que la Secretaría de Gobernación utilizó un criterio erróneo al solicitar una serie de requisitos que no estaban considerados; dentro de ellos, requerir que hayan efectuado su registro en el padrón de la Secretaría de Gobernación. Por ese motivo, se desecharon muchas solicitudes. Resultado del amparo de muchos inconformes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que el padrón que formó dicha secretaría era inconstitucional. Por tal razón, éste no era un requisito fundamental para reclamar el beneficio. Además, no se cubrió la difusión necesaria.

Que derivado de las complicaciones presentadas con la aprobación de la multicitada ley, el fideicomiso fue el mecanismo institucional para dar la solución a las demandas sociales que se venían presentando, por lo que la Secretaría de Gobernación integró un padrón de ex trabajadores migratorios, quedando la inclusión en este listado sujeta a la exhibición de pruebas documentales que acreditaran efectivamente que las personas interesadas laboraron en Estados Unidos de América durante aquellos años, o bien, que eran familiares con legítimo derecho a recibir la cantidad de 38 mil pesos.

Que en sesión de la Cámara de Diputados de fecha 27 de abril de 2006 se aprobó el dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversos artículos de la Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos. En esa misma fecha, la Mesa Directiva remitió a la Cámara de Senadores y ésta turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios Legislativos, Primera, para estudio y dictamen.

Que en sesión del 23 de octubre de 2007, la colegisladora aprobó el decreto, materia de este dictamen, que con esta misma fecha remitió a la Cámara de Diputados.

Que con fecha 25 de octubre de 2007, la Mesa Directiva turnó a Comisión de Hacienda y Crédito Público para estudio y dictamen. Y en sesión plenaria del jueves 10 de abril del 2008, la Cámara de Diputados aprobó las reformas con 393 votos en pro y 1 abstención, y se devolvió a la Cámara de Senadores para los efectos de lo dispuesto en el artículo 72, inciso e), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Que la Cámara de Senadores aprueba la minuta con 70 votos en pro el martes 22 de abril de 2008, y pasó al Ejecutivo federal para los efectos constitucionales (publicándose en la Gaceta Parlamentaria, número 2482-III).

Que el primer día de septiembre del año próximo pasado se publicó en el Diario Oficial de la Federación la promulgación de las reformas señaladas en los párrafos anteriores.

Que el 24 de noviembre del 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación y en los diarios de mayor circulación la convocatoria a las personas interesadas para que acudieran a las 37 mesas receptoras situadas en las entidades federativas de la República Mexicana y del Distrito Federal, para que acreditaran los requisitos de elegibilidad que se establece en el artículo 6 de la Ley que crea el Fideicomiso que administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, así como el numeral 4 de las Reglas de Operación del Fideicomiso 2106 Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos (de 1942 a 1964).

Que tuvieron que pasar más de 5 años para que las reformas permitieran publicar una nueva convocatoria para inscribir aquellos trabajadores ex braceros que por circunstancias ajenas a su voluntad no pudieron hacerlo en su momento.

Que en las reglas de operación se especifica que las mesas receptoras contarán con personal capacitado y se atenderían los aspectos técnicos y logísticos para brindar un adecuado servicio a los nuevos beneficiarios; sin embargo, se detectaron fallas en el sistema: el personal carecía de capacitación, desconocían el manejo del programa y del sistema electrónico, sin contar las inmensurables filas. Aunado a esto, se originó una falla técnica del sistema de captura, ocasionando que por días no se recibieran documentos de los beneficiarios.

II. La comisión dictaminadora desea señalar que el Programa Bracero, iniciado en la década de los cuarenta, sirvió como fuente de empleo y, con éste, se gozó de garantías como alimentos, hospedaje, transporte y, en su caso, repatriación.

Los integrantes del comité técnico son los siguientes: 1) Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quien lo presidirá; 2) Gobernación; 3) Contraloría y Desarrollo Administrativo; 4) Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros; 5) Comisión Nacional Bancaria y de Valores; 6) Banco de México; y 7) Un representante de cada uno de los dos gobiernos de las entidades federativas que hayan celebrado los convenios.

En esencia la reforma contempla lo siguiente:

En función de que este asunto cuenta con un proceso largo en ambas Cámaras del Congreso de la Unión, nos manifestamos a favor de la proposición presentada por el autor, a efecto de que como lo señala, se exhorte al Comité competente para dé una prórroga y se puede seguir con el registro de la 37 Mesa Receptora.

En mérito de lo antes expuesto, la Tercera Comisión, se permite someter a la consideración del Pleno el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. La del Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Gobernación para que, en el ámbito de su competencia, adopte las medidas y los mecanismos administrativos que propicien que sean atendidos todos los ex trabajadores migratorios elegibles para ser beneficiarios del Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, de conformidad con lo previsto en la ley de la materia y la convocatoria publicada el 24 de noviembre de 2008.

Segundo. Se solicita al comité técnico que administra el Fideicomiso del Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, otorgue una prórroga para continuar con el registro de las 37 mesas receptoras instaladas en todo el país.

Tercero. De otorgarse esta prórroga se solicita se puedan tomar en cuenta para el registro de los ex braceros otros documentos como son: la mica blanca, otros recibos de pago que expida el patrón, la mención honorífica, la credencial que entregaba la Secretaría de Gobernación a cada trabajador antes de emigrar y eliminar el apostillamiento del Seguro Social Americano.

El Presidente senador Luis Alberto Villarreal García: Están a discusión los puntos de acuerdo...

El diputado José Rubén Escajeda Jiménez (desde la curul): Presidente.

El diputado Francisco Javier Calzada Vázquez (desde la curul): Presidente.

El Presidente senador Luis Alberto Villarreal García: Con mucho gusto, diputado. Solamente que solicitó el uso de la palabra en primer término el diputado Rolando Rivero Rivero , y la Presidencia le concede el uso de la voz hasta por tres minutos.

El diputado Rolando Rivero Rivero : Muchas gracias, señor presidente.

Ante todo, creo que esta prórroga es eminentemente necesaria. Existe un registro en 37 mesas receptoras en toda la República Mexicana y una inconformidad bastante considerable en todos los estados ---todavía--- porque algunos de los que todavía quieren registrarse no tienen sus papeles originales, como lo así lo solicita la Secretaría de Gobernación.

Muchos ex braceros traen copias, muchos de ellos entregaron sus originales allá por el 2006 a ciertas ciudades y que además resultaron perdidizas. Inclusive en el norte de nuestro país hay infinidad, o había infinidad de micas y de documentos originales que fueron llevados por un amigo llamado ``Marente'', en El Paso, Texas. Ahí se encontraron cientos y a veces miles de documentos; los ex braceros estaban desesperados por recuperarlos esos documentos, ya que, de verdad, sin esos, sin originales, actualmente y de acuerdo con la nueva reglamentación, no pueden ser registrados.

Por tanto, hay algunos que conservan copias de esos documentos, y creo que eso sería un punto muy importante de tratar aquí, porque es necesario que muchos de los que perdieron sus originales, con la confianza dada desde 2006 y 2007 ante la Secretaría de Gobernación y ante algunas ciudades que usaron esos, vamos a decir esos puntos de recepción, pues prácticamente quedaron al descubierto los ex braceros.

Y ahora ---hoy--- todavía tenemos, al día de hoy, muchas manifestaciones de la necesidad de prolongar este plazo. Yo creo que 30 días sería más que suficiente. Pero también sería poner una cláusula de que los trabajadores puedan registrarse con copias de lo que ello representen en sus documentos, en lugar de que sean originales; porque muchos de ellos fueron extraviados por las mismas autoridades. Muchas gracias, señor presidente.

El Presidente senador Luis Alberto Villarreal García: Gracias a usted, diputado. Corresponde el uso de la palabra al diputado Francisco Javier Calzada, y la Presidencia se lo concede hasta por tres minutos.

El diputado Francisco Javier Calzada Vázquez : Gracias, senador presidente.

Quiero hacer referencia a que en la Primera Comisión ---Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia---, fue aprobado un punto de acuerdo en similares términos que está en el orden del día, en el número 3, de los dictámenes a discusión, y que se encuentra, básicamente, proponiendo que efectivamente se amplíe el plazo para que los ex trabajadores migrantes pudieran hacer su trámite, toda vez que ha sido insuficiente, a todas luces, el plazo que estableció la convocatoria.

Habría que decir, no puede omitirse, que este recurso que están recuperando los trabajadores no es un subsidio del gobierno federal. Es el producto del trabajo del periodo de 1942 a 1964 de quienes estuvieron en Estados Unidos, que les retuvieron sus recursos y que ese dinero fue transferido por el gobierno de Estados Unidos a México.

Y que se ha establecido una cantidad homogénea para los trabajadores, para los ex braceros, pero que ellos tienen derecho a recibir este recurso y que, además de ampliar el plazo, habría que solicitarle a la Secretaría de Gobernación que pudiera poner mejor cuidado en brindarle facilidades, incluso hasta en las instalaciones donde se atiende, porque por lo menos en Zacatecas, en la visita que hice, donde se estaban llevando a cabo los trámites ni siquiera había una silla para cada uno de los interesados.

De tal manera que exigimos un trato digno para las y los mexicanos que están ahorita realizando ese trámite, pero también quiero proponer a la Comisión Permanente que el exhorto que se haga a la Secretaría de Gobernación no quede abierto en los términos de un plazo razonable, sino como lo acaba de decir el legislador que me antecedió, se establezca un plazo de 30 días para darle certidumbre a los beneficiarios de este programa para que se pueda realizar su trámite con tranquilidad.

Y, efectivamente, buscar las facilidades para que ellos puedan tener la posibilidad de recuperar sus documentos originales que fueron proporcionados a organizaciones que veían una posibilidad de lucro con este conflicto social, pero que una vez que vieron que no iba a haber recursos ahí, qué buscar con estas organizaciones, lo que hicieron fue quedarse con esos documentos y que nosotros, desde todos los recursos disponibles que tenemos, hemos recuperado muchos de esos documentos y hemos entregado los originales a sus propietarios y que sí, efectivamente, hay bastantes razones para poder pedirle a la Secretaría de Gobernación que amplíe el plazo, porque muchos de ellos quedarían fuera de esta posibilidad. Muchas gracias, senador presidente.

El Presidente senador Luis Alberto Villarreal García: Gracias a usted, diputado. Corresponde el uso de la palabra, hasta por tres minutos, al diputado Rubén Escajeda.

El diputado José Rubén Escajeda Jiménez : Muchas gracias, señor presidente.

Tan importante es este punto de acuerdo y su contenido social, que fue ventilado como aquí se ha dicho, en la Primera y en la Tercera Comisión. Y es cierto lo que aquí han propuesto los diputados que me antecedieron. Es un verdadero calvario, es un verdadero esfuerzo el que hacen los beneficiarios para poder lograr cumplir con los requisitos necesarios para poder dar trámite a este tipo de beneficios.

Es conveniente que los requisitos disminuyan. Es necesario que los documentos que se solicitan puedan conseguirlos con menos complicaciones los beneficiarios. Por ello la fracción del PRI se pronuncia, como lo hizo en el seno de ambas comisiones, por precisar en los términos del punto de acuerdo que se ha planteado, que el plazo para la prórroga que se solicita pueda, como aquí se ha dicho, ser de 30 días.

Esto, para que tengan todos nuestros connacionales, señores merecedores de este beneficio, la posibilidad de rescatar documentos que, por el trabajo de muchos seudolíderes que han aprovechado y han visto un área de oportunidad para sacar ganancia, y que por cierto por todo cobran... puedan tener nuestros amigos los beneficiarios a este tipo de programa, puedan tener el tiempo necesario.

Creo que la ampliación de un plazo de 30 días es razonable, que yo he visto que hay aceptación por los diversos grupos parlamentarios. Y yo creo que sería mandar buenas señales a todo el pueblo de México, de nuestra responsabilidad republicana, luchar por el bien de los más desprotegidos. Por su atención, muchas gracias.

El Presidente senador Luis Alberto Villarreal García: Gracias a usted, diputado. Tiene el uso de la palabra, hasta por tres minutos, el senador Gabino Cué.

El senador Gabino Cué Monteagudo: Gracias, senador presidente.

Seré muy breve, pero en el mismo sentido yo creo que todos los legisladores aquí presentes, de una manera u otra, hemos tenido contacto con este tema tan sensible, que muchos de los ex braceros han venido planteándonos en diferentes ocasiones.

De la misma manera, y en nombre del Grupo Parlamentario de Convergencia, me sumo a esta preocupación, y a la vez solicito que en la Secretaría de Gobernación, con su nuevo titular, don Fernando Gómez Mont, haya sensibilidad para no solamente ampliar el tiempo en que deben estar abiertas las mesas de recepción de documentos, sino también para que se flexibilice el criterio a la hora de revisar los documentos que los ex braceros, las viudas de ex braceros o los familiares de ex braceros presentan ante estas mesas receptoras.

Lo comento porque hay que partir de la base de que han pasado muchos años, ha habido muchos intentos de atender esta solicitud de los ex braceros. Ya aquí se ha comentado también que ha habido quienes han querido lucrar políticamente a través de gestiones que en muchas ocasiones no han logrado llegar al fin que se desea.

Y también hay que decirlo, muchas de estas personas o los familiares de los ex braceros, viven en comunidades, como en Oaxaca en la Sierra Sur, que en algunas ocasiones por contingencias naturales, como el huracán Paulina, muchas de estas personas ---y sin duda en otros estados de la república quizás ha sucedido de la misma manera, por esos fenómenos--- han perdido documentación que hoy hace difícil acreditar el hecho de que sus familiares o ellos mismos fueron ex braceros.

En ese sentido, y terminando, queremos insistir y tenemos la confianza de que el titular de la Secretaría de Gobernación tendrá esa sensibilidad, y abrir la posibilidad a que este tema se atienda con celeridad, pero también con mucha sensibilidad social y política.

Yo creo que es un gran esfuerzo del Ejecutivo, pero también del Legislativo, el constituir este fondo. Todos los representantes populares aquí presentes, y los que no están, creo que somos la voz de esa gente que quiere ser atendida. Ojalá exista esa sensibilidad del gobierno federal. Por su atención, gracias. Gracias, presidente.

El Presidente senador Luis Alberto Villarreal García: Gracias a usted, señor senador.

La Presidencia consulta a la asamblea si es de aceptarse la modificación que se ha propuesto al dictamen, que consiste en establecer un término de 30 días. Consulte la Secretaría a la asamblea si es de aceptarse la modificación.

La Secretaria diputada Marcela Cuen Garibi : En votación económica se consulta a la asamblea si es de aprobarse la modificación. Los legisladores y las legisladoras que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Los legisladores y las legisladoras que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente senador Luis Alberto Villarreal García: Aceptada la modificación.

En consecuencia, consulte a la asamblea si se encuentran suficientemente discutidos los puntos de acuerdo.

La Secretaria diputada Marcela Cuen Garibi : Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea si considera que están suficientemente discutidos los puntos. Los legisladores y las legisladoras que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Los legisladores y las legisladoras que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente senador Luis Alberto Villarreal García: Suficientemente discutidos. En consecuencia, se reservan para su votación económica en conjunto.

ESTADO DE NAYARIT

La Secretaria diputada Marcela Cuen Garibi : «Dictamen de la Tercera Comisión, con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno de Nayarit y a la Sedesol a proporcionar a los niños y a los adolescentes jornaleros la atención necesaria en materia de salud, educación y alimentación

Honorable Asamblea:

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente, fue turnada la proposición con punto de acuerdo, por la que se exhorta al Gobierno del estado de Nayarit y a la Sedesol, proporcione la atención necesaria en materia de salud, educación y alimentación a las niñas, niños y adolescentes jornaleros, presentada por la diputada Sonia Noelia Ibarra Franquez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Los ciudadanos legisladores integrantes de esta comisión realizaron el estudio y análisis de la proposición a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno el presente dictamen

Antecedentes

La proposición con punto de acuerdo que se cita en el proemio, fue presentada en la sesión del pleno de la Comisión Permanente de fecha 14 de enero de 2009, y turnada para su estudio y dictamen correspondiente a la Tercera Comisión.

Consideraciones

En su capítulo de Consideraciones el autor de la proposición con punto de acuerdo que se dictamina señala que el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), define al trabajo infantil como la participación de los niños y niñas en cualquier actividad económica que no perjudique u obstaculice su salud, desarrollo o educación.

Sin embargo, la realidad indica que un gran porcentaje del trabajo infantil en México se traduce en maltrato y explotación infantil, padecida por los niños y niñas menores de 12 años que desempeñan cualquier trabajo, así como los que se encuentran en edades comprendidas entre los 12 y los 14 años y que realizan trabajos peligrosos. A su vez, la explotación infantil trae consigo las peores formas de trabajo infantil, en las que niñas, niños y adolescentes de todo el país son víctimas del tráfico de personas, son esclavizados, obligados a prostituirse, reclutados por la fuerza u obligados a realizar actividades ilegales o que amenazan su integridad.

Que para evitar este escenario y como medida de prevención, es necesario dirigir nuestra atención hacia Nayarit, en donde más de 500 niños y niñas indígenas entre residentes e inmigrantes, se encuentran en condiciones de vida deplorables, sin protección ante las inclemencias del tiempo y sin posibilidad de cubrir sus necesidades de educación y alimentación.

Que de acuerdo con información de distintas asociaciones rurales, durante el periodo de cultivo que se da de noviembre a junio, llegan a la zona agrícola de Nayarit unos 80 mil jornaleros procedentes de los municipios de El Nayar y Huajicori, en la sierra de la entidad, así como de Michoacán, Oaxaca, Chiapas y Veracruz. El mayor porcentaje de migración infantil se da entre abril y mayo, con el inicio del levantamiento de la cosecha, principalmente de frijol, jitomate y tabaco.

Que la falta de empleo y las proyecciones negativas en materia económica que se contemplan con el inicio de año en periodo de crisis, propició que se adelantara la llegada de más de 500 niños y niñas jornaleros agrícolas que esperan en las calles sin ningún tipo de cuidado, a que sus padres encuentren un empleo que les permita comer. Se trata de niñas y niños que año con año arriban a los municipios de Tuxpan, San Blas, Compostela y Tecuala, pero de manera preponderante, al municipio de Santiago Ixcuintla, en el ejido de Otates, por tratarse del principal productor agrícola de la entidad.

Que debido a que se trata de una población infantil en extrema pobreza, la mayoría de los niños no tiene en donde dormir ni que comer; hablar de su derecho a la educación ya sería demasiado para ellos, y sus condiciones de salud, en condiciones precarias porque la mayoría vive a la intemperie de las plazas principales de los municipios o cerca de los campos de cultivo.

Que desafortunadamente, lo que ocurre en Nayarit se reproduce en otras entidades federativas y es reflejo de la situación que se vive a nivel nacional. En materia de trabajo y explotación infantil, cifras de la UNICEF estiman que en que en México hay 3.3 millones de niños entre 6 y 14 años que trabajan para apoyar la economía de sus familias. Cada año, aproximadamente 350 mil niños y niñas, hijos de jornaleros agrícolas, abandonan sus comunidades de origen para emigrar con sus familias a los campos de cultivo. Menos del 10 por ciento de ellos asiste a la escuela (SEP 2007). De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE, 2007), el 28 por ciento de los jóvenes mexicanos entre 15 y 19 años de edad trabaja y en consecuencia no está estudiando.

Que la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, realizada en 2007 por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, arrojó que durante ese año, existían en México 3.6 millones de niñas y de niños de 5 a 17 años de edad realizando alguna actividad económica; cifra que representa el 27.5 por ciento de la población total de nuestro país. Del total de la población infantil que trabaja, el 51.3 por ciento de las niñas y niños reciben una remuneración, mientras que el 45.2 por ciento son trabajadores sin pago.

Que debido a lo anterior, México no está cumpliendo con lo establecido en el Convenio 182 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre las peores formas de trabajo infantil, ni con la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada en 1990. Ésta última, ha realizado recomendaciones a nuestro país respecto al papel del Estado mexicano en materia de diseño y aplicación de políticas públicas que permitan sancionar, prevenir y erradicar el abuso, el descuido, los malos tratos y la violencia sobre la población infantil, así como para garantizar su salud, ecuación y esparcimiento.

II. La comisión dictaminadora desea señalar que es preocupante que gran parte del apoyo que han recibido los hijos e hijas de jornaleros migrantes ha sido de la sociedad civil, a través de la organización de colectas en donde se reciben cobijas, ropa y alimentos para entregarlos a los niños en situación de calle.

La situación ha llegado a tal extremo, que organizaciones sociales han pedido en calidad de préstamo, algunos albergues que se destinan únicamente a la población adulta en tiempo de cosecha de tabaco.

En lo que se refiere a la legislación nacional, la situación que actualmente viven cientos de niñas y niños en Nayarit, contraviene lo establecido en la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, así como en el artículo 4 de la Carta Magna, en el que se establece que ``...los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral...El Estado proveerá lo necesario para propiciar el respeto a la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos y otorgará las facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez''.

En tal virtud, nos manifestamos a favor de la proposición presentada por el autor, a efecto de que como lo señala, se exhorte al Gobierno del estado de Nayarit y a la Sedesol para atender el problema de las niñas, niños y jóvenes jornaleros y se les procure mejores servicios de alimentación, salud y educación.

Peticiones como ésta, deberían extenderse a todo el territorio nacional, ya que es un problema generalizado en todo el país.

En mérito de lo antes expuesto, la Tercera Comisión, se permite someter a la consideración del Pleno el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La del Congreso de la Unión exhorta al Gobierno del estado de Nayarit a implantar las acciones necesarias para satisfacer los requerimientos de las niñas, niños y adolescentes jornaleros agrícolas en la entidad, en materia de salud, educación y alimentación, con especial atención en los municipios de Tuxpan, San Blas, Compostela, Tecuala y Santiago Ixcuintla. Asimismo, a las entidades federativas en que se encuentren adolescentes jornaleros agrícolas.

El Presidente senador Luis Alberto Villarreal García: Está a discusión el punto de acuerdo. En virtud de que no se ha registrado orador alguno, se considera suficientemente discutido. Se reserva para su votación económica en conjunto.

PROGRAMA PROARBOL

La Secretaria diputada Marcela Cuen Garibi : «Dictamen de la Tercera Comisión, con punto de acuerdo por el que se exhorta a las comisiones correspondientes de ambas Cámaras a solicitar la comparecencia del secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, ciudadano Juan Rafael Elvira Quesada, y del director general de la Comisión Nacional Forestal, ciudadano José Cibrián Tovar, para que respondan a diversos cuestionamientos sobre la implantación del Programa Proárbol

Honorable Asamblea:

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente, fue turnada la proposición con punto de acuerdo con relación a las insuficiencias e irregularidades detectadas en la implantación del programa ProÁrbol, presentada por el senador Rubén Fernando Velázquez López, en nombre propio y de los senadores Silvano Aureoles Conejo y José Luis García Zalvidea, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Los ciudadanos legisladores integrantes de esta comisión realizaron el estudio y análisis de la proposición a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno el presente dictamen:

Antecedentes

La proposición con punto de acuerdo que se cita en el proemio, fue presentada en la sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 21 de enero de 2009, y turnada para su estudio y dictamen correspondiente a la Tercera Comisión.

Consideraciones

En su capítulo de Consideraciones los autores de la proposición con punto de acuerdo que se dictamina señalan que el gobierno federal ha aplicado desde hace dos años, ProÁrbol, principal programa de apoyo al sector forestal.

Que a este programa se le han detectado anomalías sobre el destino de los recursos en el ejercicio del 2008, ya que no ha podido involucrar a la población con programas productivos y sustentables.

Que organizaciones ambientalistas han puesto en tela de juicio el manejo de los 2 mil 700 millones de pesos que el gobierno invirtió para este programa, mientras que asociaciones de silvicultores ya han denunciado ante la Cámara de Diputados favoritismo e irregularidades, por la falta de transparencia en la asignación de los recursos.

La Comisión Dictaminadora desea señalar que ProÁrbol es el principal programa de apoyo al sector forestal de la actual administración federal.

Este programa reúne en una sola convocatoria los apoyos que otorga la Conafor e integra el eje fundamental de las actividades de la institución en torno al objetivo de impulsar el desarrollo forestal, prioritariamente en los municipios con mayor índice de marginación en México identificados por la Secretaría de Desarrollo Social (101 municipios).

Este programa amplio e integrador debe garantizar la eficacia, transparencia y equidad en la entrega y ejercicio de los recursos forestales, ya que los 45 conceptos de apoyo que abarca, están sujetos a reglas de operación.

Sus objetivos particulares son: disminuir los índices de pobreza y marginación en áreas forestales, mediante la inducción a un manejo y uso adecuado de sus recursos naturales; generar desarrollo y expansión económica a partir de la valoración, conservación y aprovechamiento sustentable de los recursos de los bosques, selvas y la vegetación de las zonas áridas; e impulsar la planeación y organización forestal, elevar la producción y productividad de los recursos forestales, su conservación y restauración, así como elevar el nivel de competitividad del sector para contribuir a mejorar la calidad de vida de los mexicanos.

Por lo anterior, nos manifestamos a favor de la proposición presentada por los autores, a efecto de que como lo señalan solicitar información al secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y al director general de la Comisión Nacional Forestal, mediante una reunión de trabajo ante la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales senatorial, para que respondan a diversos cuestionamientos respecto de la implantación del programa ProÁrbol.

En mérito de lo antes expuesto, la Tercera Comisión, se permite someter a la consideración del Pleno el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a las comisiones correspondientes de ambas Cámaras, a efecto de que soliciten la comparecencia del secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, ciudadano Juan Rafael Elvira Quezada, y del director general de la Comisión Nacional Forestal, ciudadano José Cibrián Tovar, para que respondan a diversos cuestionamientos respecto de la implantación del programa ProÁrbol.

Segundo. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de la Función Pública a fin de que agilice las auditorías al Programa Nacional Forestal y remita un informe detallado respecto de sus resultados a las Cámaras de Diputados y de Senadores.

El Presidente senador Luis Alberto Villarreal García: Están a discusión los puntos de acuerdo. En virtud de que no se ha registrado orador alguno, se consideran suficientemente discutidos. En consecuencia, se reservan para su votación económica en conjunto.

TASAS DE INTERES BANCARIAS

La Secretaria diputada Marcela Cuen Garibi : «Dictamen de la Tercera Comisión, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Banco de México, al Ejecutivo federal, a las instituciones de crédito y a los usuarios de los servicios en materia de tasas de interés

Honorable Asamblea:

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente fue turnada la proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta al Banco de México, al Ejecutivo federal, a las instituciones de crédito y a los usuarios de los servicios en materia de tasas de interés, presentada por el diputado Martín Malagón Ríos , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Los integrantes de esta comisión realizaron el estudio y análisis de la proposición a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de la Tercera Comisión, que suscriben, someten a consideración del Pleno el presente dictamen:

Antecedentes

La proposición con punto de acuerdo que se cita en el proemio fue presentada en la sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 21 de enero de 2009, y turnada para estudio y dictamen correspondiente a la Tercera Comisión.

Consideraciones

En el capítulo de consideraciones, el autor de la proposición con punto de acuerdo que se dictamina señala que a finales de 2007 y a lo largo de 2008 los organismos y las autoridades financieros internacionales han alertado sobre la difícil situación financiera que las diversas economías, tanto desarrolladas como emergentes, comienzan a resentir.

Que en este contexto, las autoridades de los diversos países afrontan el reto de estabilizar las condiciones financieras de sus economías durante el periodo de desaceleración. Por esto se deben identificar los focos rojos que puedan derivar en una crisis que afecte a un amplio sector de la población.

Que en el caso de México, si bien es cierto que existe una avanzada regulación en materia financiera, hay aún áreas susceptibles de mejorar y que pueden contribuir al fortalecimiento de nuestra capacidad de respuesta ante el deterioro económico internacional, como los niveles de ahorro y financiamiento.

Que en este sentido, las tasas de interés son de especial importancia dado que, en parte, reflejan el costo del financiamiento y, a la vez, incentivan, o --en su caso-- inhiben, los niveles de ahorro e inversión en una economía.

Que sin embargo, el diferencial entre la tasa de interés que pagan las instituciones financieras a los ahorradores (tasa pasiva) y la que cobran por los préstamos otorgados (tasa activa), en el caso de México, resulta realmente elevado si lo comparamos en el ámbito internacional, pues mientras que en el periodo 2000-2005, en promedio, Corea mostró un diferencial de 1.7 puntos porcentuales, España 2.0, Chile 4.1, Sudáfrica 4.9 y Panamá 5.3, en México se observaron 5.8 puntos porcentuales, estimándose que al cierre de 2007 fue del orden de 5 puntos porcentuales.

Este elevado diferencial deja al descubierto que en México realmente hay pocos incentivos para ahorrar y, a la vez, el financiamiento resulta muy costoso.

Como muestra, si observamos la tasa de interés de diversos instrumentos bancarios resalta que ésta, en promedio, va de 1.13 a 7.73 por ciento anual, hecho que contrasta con las relativas al crédito al consumo pues, por ejemplo, la tasa promedio anual de las tarjetas de crédito bancario se localiza en 41.78 por ciento, mientras que las referentes a los créditos hipotecarios, en promedio, son de 12.55 por ciento.

Que ante estos diferenciales de tasas de interés, las instituciones financieras poco contribuyen a ser impulsoras de los sectores productivos dado que, al otorgar pocos incentivos para el ahorro, se reduce la cantidad de recursos disponibles para financiar el desarrollo económico del país.

Sin embargo, éste no es el único problema que se genera, pues las instituciones financieras y demás entidades que otorgan financiamiento, al cobrar elevadas tasas de interés favorecen el incremento de la cartera vencida, producto de que los créditos otorgados muchas veces se vuelven impagables, no por el monto inicial de éstos sino por la acumulación de elevados intereses, lo que puede representar una fuente de inestabilidad tanto para el sector público como para el privado.

Que en los últimos meses, las elevadas tasas de interés, con otros factores, han incrementado el índice de morosidad pues, por ejemplo, en noviembre de 2008, en la cartera de crédito al consumo este índice, en promedio, fue de 8.49 por ciento. Sin embargo, si observamos la cartera de crédito al consumo a través de tarjetas de crédito la morosidad se localizó en 10.32 por ciento.

Que según el Banco de México, la morosidad del crédito al consumo ha sido resultado, entre otros, de la estrategia seguida por algunos bancos para atender a sectores de la población considerados de mayor riesgo y sobre los que en algunos casos no existía información crediticia previa, pero también al otorgamiento de tarjetas de crédito a consumidores que ya disponen de éstas, aumentos en las líneas de crédito y reducciones en el pago mínimo mensual.

Que de esta manera, diversos factores se juntan y generan elevadas tasas de interés, que derivan en una mayor morosidad, hecho que, como legislador y como usuario de los servicios financieros, me preocupa, de ahí que acudo ante esta representación popular para manifestar mi inquietud y solicitar que se exhorte a los actores del sistema financiero mexicano con la finalidad de buscar la reducción de las tasas de interés para impulsar el financiamiento en condiciones más favorables, sin poner en riesgo el sistema financiero y evitando que la población de bajos ingresos quede fuera de los servicios financieros.

De acuerdo con el Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2008-2012 y diversos boletines del Banco de México y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en nuestro país el diferencial de tasas activas (cobro por los préstamos que otorga la banca) y pasivas (pago a los ahorradores) es elevado respecto a los estándares internacionales.

Lo anterior inhibe el desarrollo económico de la economía mexicana y genera pocos incentivos al ahorro y la inversión. Asimismo, en cuanto a la morosidad del crédito al consumo, es incuestionable que ésta va en aumento.

El Congreso de la Unión ha realizado en los últimos años reformas legislativas para atender este asunto. Las medidas adoptadas por ambas Cámaras han logrado bajar el costo del financiamiento a través de las tarjetas de crédito mediante buenas prácticas, como las que se llevan a cabo en muchos países y que han probado su eficiencia.

Es importante mencionar la reforma más reciente de la Ley de Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros. En el artículo 18 Bis 2 de dicha ley quedó establecido que

En tanto, en el artículo 4 se precisó:

En términos generales, se pretende que las instituciones financieras mejoren sus prácticas y establezcan mecanismos que transparenten los servicios, que reduzcan los costos tanto en tarjetas de crédito como intereses y comisiones.

No se debe dejar de lado que, aun cuando se han realizado reformas importantes, el sector financiero sigue siendo un sector poco regulado y, en este sentido, hay que seguir fortaleciéndolo.

Por ello nos manifestamos en favor de la proposición presentada por el autor, a efecto de que, como señala, se exhorte al Banco de México, al Ejecutivo federal, a las instituciones de crédito y a los usuarios de los servicios, en materia de tasas de interés, en un contexto de recesión global que puede ocasionar mayores distorsiones en la economía.

En mérito de lo expuesto, la Tercera Comisión se permite someter a consideración del Pleno los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La del Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo federal a estudiar, implantar y evaluar programas de educación encaminados a informar a los usuarios de los servicios financieros para que éstos tengan elementos para comparar, analizar y decidir sobre las diversas opciones existentes en el mercado, con objeto de que obtengan las mejores condiciones crediticias.

Segundo. La del Congreso de la Unión exhorta a las instituciones financieras a sensibilizarse ante el entorno financiero adverso y a reducir las tasas de interés que cobran por los créditos, a partir del reconocimiento del costo de los recursos que captan y la diferenciación del nivel de riesgo que los clientes les representan.

El diputado Octavio Martínez Vargas (desde la curul): Solicito el uso de la palabra.

El Presidente senador Luis Alberto Villarreal García: Diputado Octavio Martínez, ¿en qué sentido?

El diputado Octavio Martínez Vargas (desde la curul): Para motivar esta resolución de la Tercera Comisión. Es para fundamentar el dictamen.

El Presidente senador Luis Alberto Villarreal García: Con mucho gusto, diputado Martínez. Tiene usted el uso de la palabra para fundamentar el dictamen, hasta por tres minutos.

El diputado Octavio Martínez Vargas : Muchas gracias, compañero presidente.

Les participo que la preocupación sobre este tema que nos lleva a resolver en sentido positivo, en donde las instituciones bancarias han ---algunas--- iniciado procedimientos a favor de los deudores, conviniendo, a fin de reducir las tasas de interés, en dar meses suficientes para reestructurar sus deudas.

Pero lo correcto es que no han sido todas las instituciones bancarias; son solamente algunas. Valdría la pena que esta soberanía exhorte al Ejecutivo, a las instituciones financieras de nuestro país, a fin de que pueda como estructura, puntualmente, sensibilizarse sobre el clima financiero nacional e internacional y conocer que más de 1 millón 300 mil mexicanos tienen problemas de esta naturaleza, y que la crisis nacional, la falta de empleos, la pérdida de los mismos está llevando a no pagar ni siquiera el interés mínimo y, desde luego, entrar a un esquema complicado con estas instituciones bancarias.

Creo, tenemos la seguridad en el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, que todas y cada una de las instituciones bancarias que funcionan en nuestro país, sí están en condiciones de generar programas más objetivos que favorezcan a todos los usuarios.

Si contrastamos el interés que pagan a los ahorradores a los inversionistas nacionales, observaremos que hay una diferencia abismal en lo que se le da a un inversionista, a un ahorrador y en el que se le cobra a algún usuario, no solamente de tarjetas de crédito, sino de cualquier servicio bancario, de los más de 200 servicios que presta una institución bancaria.

Simplemente es majadero, es grosero y es usurero lo que las instituciones bancarias desarrollan en nuestro país. Por eso es puntual que esta soberanía apruebe este punto de acuerdo, apruebe esta resolución de la comisión, a fin de que el gobierno federal inicie acciones para fortalecer a los que hoy se encuentran en esta problemática.

Pero también para que las instituciones bancarias y las instituciones financieras, todas, sin excepción, puedan generar programas emergentes en razón de la problemática que tenemos. Acorde con lo que requiere nuestro país. Y no hay justificación alguna, como nos han venido diciendo que está en riesgo el ahorro de los mexicanos, cuando simplemente la utilidad es mínima.

Esperando que se cumpla, lo aprobamos, y habría que darle seguimiento, a fin de que las instituciones bancarias cumplan cabalmente lo que ha resuelto esta soberanía. Por su atención, muchas gracias.

El Presidente senador Luis Alberto Villarreal García: Gracias a usted, diputado. Toda vez que no se ha registrado ningún otro orador, se consideran suficientemente discutidos los puntos de acuerdo y, en consecuencia, se reservan para su votación económica en conjunto. Continúe la Secretaría.

IMPORTACION DE VEHICULOS EXTRANJEROS

La Secretaria diputada Marcela Cuen Garibi : «Dictamen de la Tercera Comisión, con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo federal a suspender o, en su caso, modificar la aplicación del decreto por el que se establecen las condiciones para la importación definitiva de vehículos usados publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de diciembre de 2008

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente, fueron turnadas las siguientes proposiciones con punto de acuerdo: por la que se exhorta al titular del Ejecutivo federal a modificar las disposiciones que regulan la importación de vehículos, presentada por el diputado César Duarte Jáquez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; y por la que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a suspender la aplicación del decreto que establece las condiciones para la importación definitiva de vehículos usados, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de diciembre de 2008, presentada por el Senador Raúl Mejía González, en nombre del senador Fernando Castro Trenti, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Los ciudadanos legisladores integrantes de esta comisión realizaron el estudio y análisis de las proposiciones a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno el presente dictamen.

Antecedentes

Las proposiciones con punto de acuerdo que se citan en el proemio fueron presentadas en las sesiones del Pleno de la Comisión Permanente del 14 y 21 de enero de 2009, respectivamente; y turnadas para su estudio y dictamen correspondiente a la Tercera Comisión.

Consideraciones

En su capítulo de consideraciones el autor de la primer proposición con punto de acuerdo que se dictamina, diputado César Duarte Jáquez, señala que es necesario reconocer que la compra de vehículos en nuestro territorio muchas veces resulta más costosa que en otras partes del mundo.

Que dadas las condiciones económicas en que nos encontramos, marcadas por un recorte evidente en el otorgamiento de créditos, resulta a menudo muy difícil adquirir un automóvil, por lo que muchas personas han recurrido a la importación de vehículos de nuestro socio comercial más importante, Estados Unidos de América.

Que el presente punto de acuerdo tiene dos objetivos principales; el primero, que en el marco del recién publicado decreto por el que se establecen las condiciones para la importación definitiva de vehículos se elimine el requisito de contar con un certificado de origen emitido por la empresa armadora del vehículo.

Que resulta difícil, improbable e impráctico que un ciudadano mexicano que desee adquirir un automóvil fuera del país pueda estar en posibilidades de requerir a una compañía extranjera que le expida un documento de comprobación de procedencia.

Que el segundo resolutivo del punto de acuerdo tiene como objetivo que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en virtud de la situación económica en que nos encontramos, modifique el anexo 2 de la resolución que establece el mecanismo para garantizar el pago de contribuciones sujetas a precios estimados por dicha secretaría, a efecto de reducir en 50 por ciento la valuación que realiza sobre los diferentes vehículos, brindando un apoyo muy importante a los sectores que necesitan los automóviles para la realización de sus actividades; lo cual es congruente con las medidas adoptadas y las acciones emprendidas en términos del Acuerdo Nacional a favor de la Economía Familiar y el Empleo, presentado por el Ejecutivo federal el pasado 7 de enero.

Por su parte, los proponentes de la segunda proposición, senadores Raúl Mejía González y Fernando Castro Trenti establecen que el Servicio de Administración Tributaria y la Policía Federal Preventiva han realizado operativos tendientes a decomisar vehículos procedentes, principalmente, de los Estados Unidos, esto acompañado muchas veces del uso excesivo de la fuerza, cuando no de la brutalidad policíaca, lo cual constituye un menoscabo en la dignidad de quienes son víctimas de esta clase de actividades.

Que los instrumentos publicados en el Diario Oficial de la Federación el 24 y 31 de diciembre de 2008, a través de los cuales se establecen las condiciones para la importación definitiva de vehículos usados, y se reforma el anexo dos de la resolución que establece el mecanismo para garantizar el pago de contribuciones en mercancías sujetas a precios estimados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, han vuelto insoportable la situación para miles de habitantes de los estados fronterizos del norte del país.

Que lo dispuesto en la publicación del 24 de diciembre, en el sentido de obligar a los importadores a presentar ante la autoridad aduanera un certificado de origen válido suscrito por la compañía armadora correspondiente, constituye un requisito inútil y difícil de obtener, ya que es casi imposible para un particular requerir de una compañía armadora domiciliada en el extranjero un documento para identificar un vehículo; siendo que, por virtud de diversas normas de carácter internacional, es obligatorio que los vehículos automotores cuenten con un número de identificación vehicular, el cual incluye a su vez el código identificador del fabricante internacional, datos suficientes para probar fehacientemente la procedencia de un automotor.

Que en las reformas publicadas el 31 de diciembre fueron elevados considerablemente los precios estimados en dólares aplicables a la importación de vehículos usados, situación que es violatoria de lo dispuesto en el anexo 300-A.2 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte; ya que en el mismo se especifica que a partir del 1 de enero del año en curso nuestro país no podrá adoptar ni mantener una prohibición o restricción a la importación de esta clase de vehículos, y que tengan por lo menos diez años de antigüedad, siendo que en la referida resolución se establecen mecanismos para valuar estos bienes y garantizar así el pago de unas contribuciones que ya no deberían subsistir, lo cual constituye un contrasentido.

La comisión dictaminadora desea señalar que, con el fin de ordenar el mercado de automóviles usados, el 22 de agosto de 2005 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se establecen las condiciones para la importación definitiva de vehículos automotores usados.

El 26 de abril de 2006 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se establecen las condiciones para la importación definitiva de vehículos automotores usados, destinados a permanecer en la franja fronteriza norte del país, en los estados de Baja California y Baja California Sur, en la región parcial Estado de Sonora y en los municipios de Cananea y Caborca, Sonora; con el fin de regular la estancia definitiva de los vehículos importados en la región y franja señaladas.

El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) establece que, a partir del 1 de enero de 2009, México no podrá adoptar ni mantener una prohibición o restricción a la importación de vehículos originarios usados, provenientes de territorio de Estados Unidos de América o de Canadá que tengan diez años o más de antigüedad.

En el TLCAN se establece un arancel preferencial a los vehículos originarios usados que cuenten con un certificado de origen válido, que servirá para certificar que un bien que se exporte directamente del territorio de una parte a territorio de otra parte califica como originario, así como para acreditar que todos sus componentes y refacciones adicionadas no modificaron el carácter de originario que tenía el vehículo cuando fue fabricado.

El 24 de diciembre de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se establecen las condiciones para la importación definitiva de vehículos usados, que en sus artículos 3 y 5 establecen lo siguiente:

En tal virtud, consideramos conveniente continuar otorgando un esquema preferencial para la franja y región fronteriza norte del país, para los vehículos usados ligeros de cinco a nueve años de antigüedad, cuyo número de identificación vehicular corresponda a un vehículo fabricado o ensamblado en alguno de los países de la región TLCAN, a fin de que puedan ser importados definitivamente al territorio nacional con un arancel del 10 por ciento, sin que se requiera permiso previo de importación y sin presentar un certificado de origen.

Además, resulta sumamente importante impedir la importación definitiva al territorio nacional de vehículos usados que en el país de procedencia, por sus características físicas o por cuestiones técnicas, esté restringida o prohibida su circulación, así como cuando el vehículo haya sido reportado como robado. Además, establecer la regulación de la contaminación de la atmósfera proveniente de todo tipo de fuentes emisoras, para asegurar una calidad del aire satisfactoria para el bienestar de la población y el equilibrio ecológico; por lo que los vehículos importados de manera definitiva al territorio nacional deben sujetarse a las disposiciones jurídicas aplicables en materia de protección al medio ambiente.

Por otra parte, coincidimos en que la situación económica en que se encuentra actualmente nuestro país, requiere de diversas acciones por parte del gobierno y del Congreso para intentar aminorar los efectos de la misma.

Además, debemos evitar sucesos que puedan incidir de manera grave en la economía de los estados fronterizos del norte de México, relacionadas con la importación de vehículos usados, desalentando con ello el desarrollo de esta región, al provocar el cierre de numerosas fuentes de trabajo; agudizando los problemas generados por la inseguridad, el desempleo y la falta de oportunidades, a efecto de evitar un escalamiento en el tono de las protestas que sobre este particular se han venido presentando en diversos estados de la República.

En mérito de lo antes expuesto, la Tercera Comisión, se permite someter a la consideración del Pleno el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. En el marco de colaboración entre poderes, la del Congreso de la Unión exhorta al titular del Ejecutivo federal para que suspenda, o en su caso modifique, la aplicación del decreto por el que se establecen las condiciones para la importación definitiva de vehículos usados, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de diciembre de 2008; a efecto de eliminar el requisito de presentación del certificado de origen emitido por la compañía armadora del vehículo, acreditando la procedencia del vehículo con el número de identificación vehicular; así como las reformas al anexo dos de la resolución que modifica a la diversa que establece el mecanismo para garantizar el pago de contribuciones en mercancías sujetas a precios estimados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, publicada en el Diario Oficial el 31 de diciembre de 2008, disminuyendo en 50 por ciento el valor que se considera para cada uno de los vehículos que se enlistan en dicho anexo

Segundo. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal y a los gobiernos estatales y municipales, para que, a través de los secretarios de Economía, de Seguridad Pública y de Hacienda y Crédito Público, sean suspendidos los operativos de decomiso y/o detención de autos irregulares de procedencia extranjera.

El Presidente senador Luis Alberto Villarreal García: Están a discusión los puntos de acuerdo. En virtud de que no se ha registrado orador alguno, se consideran suficientemente discutidos y, por tanto, se reservan para su votación económica en conjunto.

FRANQUICIA MERCANCIA DE PASAJEROS

La Secretaria diputada Marcela Cuen Garibi : «Dictamen de la Tercera Comisión, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a modificar, a través del Servicio de Administración Tributaria y la Administración General de Aduanas, la regla 2.7.2, relativa a la franquicia ``mercancía de pasajeros''

Honorable Asamblea:

A la Tercera Comisión --Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas--, con fecha 8 de enero de 2008 le fue turnada, para su análisis, una proposición con punto de acuerdo presentada por el diputado Carlos Augusto Bracho González y suscrita por el diputado Carlos Alberto García González , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para exhortar al Ejecutivo Federal, a través del Servicio de Administración Tributaria y su Administración General de Aduanas, a modificar la Regla 2.7.2., relativa a la franquicia mercancía de pasajeros.

Los suscritos integrantes de la Tercera Comisión estiman procedente puntualizar la propuesta contenida en el acuerdo de mérito, que a la letra que de conformidad a la Primera Resolución de modificaciones a las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior para 2008, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de abril de 2008, se reformó la Regla 2.7.2., último párrafo, estableciéndose que:

``Durante los periodos comprendidos del 27 de junio al 31 de agosto de 2008 y del 24 de noviembre de 2008 al 9 de enero de 2009, los pasajeros de nacionalidad mexicana provenientes del extranjero que ingresen al país por vía terrestre, con excepción de las personas residentes en la franja o región fronteriza, podrán importar al amparo de su franquicia mercancía hasta por 300 dólares o su equivalente en moneda nacional, asimismo, los pasajeros procedentes de la franja o región fronteriza al interior del país, podrán importar al amparo de su franquicia mercancía hasta por 300 dólares o su equivalente en moneda nacional.''

En función de ello, se advierte claramente que por lo que se refiere al periodo 2008-2009, se aplicará durante los días que corren del 24 de noviembre de 2008 al 9 de enero de 2009 la Administración General de Aduanas del Servicio de Administración Tributaria elevará la franquicia terrestre de 75 a 300 dólares para que los paisanos puedan ingresar con un mayor volumen de mercancías.

Por otra parte, la Secretaría de Gobernación, a través del Instituto Nacional de Migración, como cada año iniciando durante la tercera semana de octubre y finalizando durante la segunda semana de enero, pone en marcha el Operativo de Invierno Paisano con el propósito de proteger a nuestros connacionales y orientarles durante el viaje y estancia que realizan a nuestro país en la temporada de fiestas de fin de año, así como para el regreso a sus sitios de residencia, contemplado en el periodo 2008-2009, a partir del 24 de octubre y hasta el 9 de enero de 2009.

En este contexto, esta comisión considera que tanto la regla de carácter general como el programa Paisano contemplan como fecha de terminación de sus respectivos planes el día 9 de enero de 2009, sin embargo, existe una diferencia en cuanto a su fecha de inicio, equivalente exactamente a un mes.

En tal sentido, es que se considera que en todos los programas y disposiciones implementados por el gobierno federal debe existir coherencia y armonía, de tal forma que se encuentren en perfecta alineación unos con otros, en específico aquellos que tengan estrecha relación por razón de la materia, como es el caso que nos ocupa.

En atención a que resulta deseable y posible que en el futuro las disposiciones y programas implementados por las dependencias federales cumplan sus objetivos y con ello se otorguen mayores beneficios a nuestros paisanos, se solicita al Servicio de Administración Tributaria la modificación de la Regla de Carácter General en materia de Comercio Exterior 2.7.2., para que su periodo de aplicación se alinee con el programa Paisano puesto en marcha por la Secretaría de Gobernación.

En mérito de lo antes expuesto, la Tercera Comisión --Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas-- se permite someter a la consideración del Pleno de la del Congreso de la Unión el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Gobernación, el Instituto Nacional de Migración, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Administración General de Aduanas (AGA), para que dentro de la esfera de sus facultades, lleven a cabo las acciones coordinadas y tendientes a fin de que la Regla 2.7.2., relativa a la Franquicia Mercancía de Pasajeros y el programa Paisano comprendan el mismo periodo durante todo el año.

El Presidente senador Luis Alberto Villarreal García: Está a discusión el punto de acuerdo. En virtud de que no se ha registrado orador alguno, se considera el mismo suficientemente discutido y se reserva para su votación económica en conjunto.

Continúe la Secretaría. Es el punto de acuerdo relativo al exhorto a la Comisión Federal de Electricidad. Es el último dictamen de la Tercera Comisión. Adelante, secretaria.

ENERGIA ELECTRICA

La Secretaria diputada Marcela Cuen Garibi : «Dictamen de la Tercera Comisión, con punto de acuerdo por el que la del Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Federal de Electricidad y a la Compañía de Luz y Fuerza del Centro a evitar y sancionar el robo de energía eléctrica en el país

Honorable Asamblea:

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente fue turnada la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Federal de Electricidad ( CFE) y a la Compañía de Luz y Fuerza del Centro a evitar y sancionar el robo de energía eléctrica en el país, presentada por el diputado Elías Cárdenas Márquez , del Grupo Parlamentario de Convergencia.

Los ciudadanos legisladores integrantes de esta Comisión realizaron el estudio y análisis de la proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.

Con fundamento en los artículos 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127, párrafo primero, y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión que suscriben someten a consideración del Pleno de la del Congreso de la Unión el presente dictamen.

Antecedentes

La proposición con punto de acuerdo que se cita en el proemio, fue presentada en la sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 8 de enero de 2008, y turnada para su estudio y dictamen correspondiente a la Tercera Comisión de trabajo --Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Publicas.

1. Análisis de la propuesta

El autor de la proposición con punto de acuerdo, expresa sustancialmente lo siguiente:

En 1937, el país contaba con 18.3 millones de habitantes y sólo 7 millones tenían el servicio de electricidad (38.25 por ciento), 3 empresas privadas proporcionaban el servicio con tarifas elevadas e interrupciones constantes, las cuales atendían preferentemente a los mercados urbanos más redituables, sin considerar a las poblaciones rurales donde habitaba el 62 por ciento de la población nacional. Por esos problemas, el gobierno federal creó, el 14 de agosto de ese mismo año, la Comisión Federal de Electricidad, con una producción apenas al año siguiente de 64 kilowatts que, en 1945, había alcanzado la producción de 45 mil 594 kilowatts.

Actualmente, la capacidad instalada en el país es de 49 mil 931 megawatts, desagregados en 44.87 por ciento de generación termoeléctrica ( CFE); 22.95 por ciento, de productores independientes de energía; 22.14 por ciento, de hidroelectricidad; 1.93 por ciento, geotérmica; 2.73 por ciento, nucleoeléctrica y, por último, 0.17 por ciento, de nucleoeléctrica.

Argumenta el proponente que las pérdidas no técnicas, esto es, el robo de fluido eléctrico, de acuerdo al primer informe de labores de la Secretaría de Energía de la presente administración, poco más del 40 por ciento de la electricidad generada por la Comisión Federal de Electricidad y Luz y Fuerza del Centro se pierde por ese concepto, respectivamente, en un 10.48 por ciento y en un 32.31 por ciento que, convertido en números, representa una pérdida cercana a 18 mil millones de pesos anuales.

Por ejemplo, Tokio Electric Power registra un bajo nivel de pérdidas, situado en un 5.5 por ciento. Electricité de Francia o CGE de Chile, aproximadamente, andan en un 8.5 por ciento. Si como Unión Fenosa de Nicaragua o EEMCA de Ecuador o ENEE de Honduras o en Argentina, EPE, que registran pérdidas respectivamente de 35, 42.8 o 30 o más por ciento o 35 por ciento; en contraposición, podemos afirmar que es elevado.

Anterior a octubre de 2003, la Comisión Federal de Electricidad registró un 10.5 por ciento en pérdidas; Luz y Fuerza del Centro, en cambio, registró 28.51 por ciento.

Un 12.47 por ciento de las pérdidas de energía de la Comisión Federal de Electricidad corresponde a pérdidas técnicas y 16.04 por ciento a las no técnicas, es decir, a las que derivan de usos ilícitos que, cuantificados en unidades de energía, ascienden a 12 mil 507 millones de kilowatts-hora, con un costo que se estima en 13 mil 95 millones de pesos.

Entre las principales ciudades del país, Acapulco, Guerrero, desde hace 45 años representa un problema para la Comisión Federal de Electricidad, pero en los últimos 10 años ocupa el primer lugar en el robo de energía eléctrica. Sólo en 2008 tendrá pérdidas por 420 millones de pesos que equivalen al 32.65 por ciento de quebranto en la oferta a los usuarios del orden de los 100 millones de kilowatts-hora. Colonias de la zona rural del puerto como Polígono D, Radio Coco, Vacacional, Zapata, Simón Bolívar, Ciudad Renacimiento y La Libertad son los lugares con mayor número de ``diablitos''.

Luz y Fuerza del Centro, en 2007, reportó pérdidas por 18 mil millones de pesos por el robo de energía eléctrica. Más de la mitad, en el Distrito Federal.

6. El sujeto activo en el delito de robo de energía eléctrica puede ser cualquier persona, de cualquier nivel económico, social o cultural. Se encuentra en negocios establecidos como restaurantes, carnicerías, cafés internet, máquinas tragamonedas, talleres de herrerías, paleterías, venta de computadoras y equipo electrónico y hasta en salas cinematográficas que exhiben películas triple equis.

Este delito no solamente ocurre en ciudades perdidas o asentamientos humanos irregulares. Ahora, se ha extendido hasta zonas residenciales como las Lomas de Chapultepec o Polanco. Las bandas de piratas de la luz dotan de energía a comercios, casas habitación, puestos fijos y más, comúnmente al ambulantaje. Han hecho del robo de energía eléctrica una verdadera industria que perjudica principalmente a los usuarios que pagan el costo de este delito.

Consideraciones de la comisión

Efectivamente, como se denuncia en la propuesta de análisis no toda la electricidad que se produce se factura y se vende, pues al hacer en la mayoría de los casos grandes recorridos por las líneas y redes eléctricas, como no puede almacenarse y por la transformación de voltajes, se va perdiendo la energía producida y hasta se tiene como aceptable que las empresas que generan y venden electricidad registren pérdidas, tanto técnicas como no técnicas.

El delito de robo de energía eléctrica no es privativo de alguna comunidad, municipio o entidad federativa, se comete en todo el territorio nacional.

Sugiere el proponente que tanto la Comisión Federal de Electricidad como la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, para evitar el robo de energía, pueden blindar sus redes eléctricas con la instalación de cables trenzados y forrados con una malla plástica que con el calentamiento propio se endurece y evita que los cables puedan cortarse para la colocación de los diablitos.

Como ya se ha reconocido, el robo de energía eléctrica a la compañía de Luz y Fuerza del Centro sigue siendo grave, pues la gente se sigue colgando de los cableados o altera sus medidores. Aún cuando se han construido nuevas instalaciones con cables blindados y subterráneos, frenar por completo el robo es imposible, pues blindar los miles de kilómetros de redes de distribución implica una tarea descomunal.

Por la misma razón la electricidad nos cuesta a todos y hay muchos municipios de las entidades del país que arrastran deudas por miles de millones de pesos.

En la siguiente tabla se muestra un análisis del panorama mundial de pérdidas no técnicas, donde se indica el porcentaje de pérdidas no técnicas respecto a la energía generada en el año indicado.

Fuente: Sistemas Integrales contra el Robo de Energía. Congreso Latinoamericano de Distribución Eléctrica. Septiembre 2008. Mar del Plata, Argentina. Pedro Puente Lozano, Ingeniería Mecánica y Eléctrica, titulado por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Monterrey.

Cabe señalar que, en 2008, Luz y Fuerza del Centro registró pérdidas de energía eléctrica por aproximadamente 12 mil millones de pesos, lo que a su vez representa 32 por ciento de la venta total de energía. Las pérdidas consideran las ``tomas'' ilícitas de electricidad, lectura errónea de los medidores y alteración en la factura de los recibos.

Al respecto, autoridades de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro han exigido la creación de una fiscalía especializada para sancionar el robo de energía eléctrica que le cuesta a la compañía miles de millones de pesos. Dicha fiscalía tendría que estar dirigida y operada por la Procuraduría General de la República, la cual actuaría en función de las denuncias que presentara la paraestatal.

Actualmente, el robo de energía eléctrica no está tipificado como un delito que amerite la cárcel, sólo se sanciona como falta administrativa.

En mérito de lo antes expuesto, la Tercera Comisión, Hacienda y Crédito Publico, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Publicas, de la Comisión Permanente, se permite someter a la consideración del Pleno de la del Congreso de la Unión el siguiente

Punto de Acuerdo

Único: La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a los titulares de la Comisión Federal de Electricidad y de Luz y Fuerza del Centro a girar instrucciones a las áreas administrativas y jurídicas que correspondan para que se evite el robo de energía eléctrica en todo el territorio nacional; y se inicien las averiguaciones previas en contra de quien o quienes cometan el delito que sanciona el Código Penal Federal en el artículo 368, fracción II, y el nuevo Código Penal para el Distrito Federal en el artículo 321, fracción I.

El Presidente senador Luis Alberto Villarreal García: Muchas gracias. Está a discusión el punto de acuerdo. En virtud de que no se ha registrado orador alguno, se considera suficientemente discutido y se reserva para su votación económica en conjunto.

Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueban los puntos de acuerdo.

La Secretaria diputada Marcela Cuen Garibi : Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a la asamblea si se aprueban los puntos de acuerdo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente senador Luis Alberto Villarreal García: Aprobados los puntos de acuerdo. Comuníquense.

CARRETERAS Y AUTOPISTAS

El Presidente senador Luis Alberto Villarreal García: El siguiente punto del orden del día es el de dictámenes negativos a discusión, de la Tercera Comisión, con puntos de acuerdo.

En virtud de que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se autoriza que se lean sólo los puntos de acuerdo.

El Secretario senador Ramiro Hernández García: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se autoriza que se lean sólo los puntos de acuerdo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente senador Luis Alberto Villarreal García: Se autoriza.

El Secretario senador Ramiro Hernández García: «Dictamen de la Tercera Comisión, con puntos de acuerdo por los que se desecha la proposición para exhortar a las Secretarías de Comunicaciones y Transportes, y de Seguridad Pública a implantar un programa que salvaguarde la integridad física de los usuarios de carreteras y autopistas nacionales en la temporada navideña

Honorable Asamblea

A la Tercera Comisión ---Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas---, de la del Congreso de la Unión, en el primer receso del tercer año de ejercicio constitucional de la LX Legislatura, fue turnada el 22 de diciembre de 2008, para su análisis y dictamen, la proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta a las Secretarías de Comunicaciones y Transportes, y de Seguridad Pública, a implementar un programa para salvaguardar la integridad física de los usuarios en carreteras y autopistas nacionales en temporada navideña, suscrita por el diputado Manuel Portilla Diéguez y el senador Javier Orozco Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 122, párrafo primero, y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como 58, 60, 87, 88, 175 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión que suscriben someten a la consideración del Pleno de la del Congreso de la Unión el presente dictamen, al tenor de los siguientes

Antecedentes

1 . El 22 de diciembre de 2008, el Diputado Manuel Portilla Diéguez y el senador Javier Orozco Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentaron ante el Pleno de la del Congreso de la Unión la proposición de mérito.

2 . En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la del Congreso de la Unión dispuso que dicha solicitud de punto de acuerdo se turnara, para su estudio y dictamen correspondiente, a la Tercera Comisión ---Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas---, por lo que se emite en este acto el dictamen correspondiente.

3. La proposición en estudio, en síntesis, contienen los siguientes fundamentos y razones en que se sustenta:

Asimismo, según información de la Secretaría de Turismo ``el mercado doméstico es de gran importancia dentro de la actividad turística, ya que se representa alrededor del 80 por ciento de la actividad turística del país''.

México, al ser un país con gran riqueza cultural y arqueológica, dispone de infinitas posibilidades turísticas que permiten diversas actividades, a través, entre otros, de la red carretera nacional, la cual permite la comunicación entre los diversos puntos turísticos, y cuyo uso se incrementa durante los periodos vacacionales.

Por ejemplo, según la Secretaría de Turismo, ``durante las vacaciones de semana santa del presente año, el 25.2 por ciento de los más de 103 millones de mexicanos viajó a algún lugar, y el 89 por ciento de los desplazamientos se realizó por carretera''.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), de 1997 a 2007 el número de accidentes de tránsito aumentó en un 90 por ciento, con un registro de 248 mil 117 percances durante 1997, y 473 mil 045 incidentes en 2007. No obstante, debemos considerar que, si bien es cierto que los reportes de accidentes de tránsito han aumentado en 10 años, el número de percances durante 2006 y 2007 disminuyó en un 4.2 por ciento en diciembre; esto, de acuerdo a la información del INEGI, que en 2006 registró 42 mil 531 accidentes que, comparativamente con 2007, disminuyeron con mil 777 accidentes menos reportados.

Es importante notar que el aumento de accidentes de tránsito, de 1997 a 2007, no ha sido una constante en todas las entidades federativas.

Otro dato importante es que el total de víctimas fatales afortunadamente ha disminuido en un 8.3 por ciento de 1997 a 2007, según datos del mismo instituto.

Esto demuestra que las Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y de Seguridad Pública y la policía de tránsito de los diferentes estados han realizado acciones para dar seguridad a los paseantes. Sin embargo, es necesario redoblar esfuerzos para disminuir aun más el número de víctimas fatales.

De esta información debemos notar que, de acuerdo con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el número de incidentes, tan sólo en carreteras federales, en el periodo de enero a agosto de 2007 fue de 20 mil 69; mientras que en el mismo periodo de 2008 se registraron 20 mil 87. Si consideramos que en 2006 el número de accidentes fue de 18 mil 879, y que el número de víctimas fatales ha aumentado en un 12.7 por ciento, es notable que hacen falta operativos que disminuyan estas cifras.

Es importante mencionar que dentro de la temporada navideña y de fin de año, que comprendió del 11 de diciembre de 2007 al 7 de enero de este, hubo 321 muertos y mil 865 heridos en diversos accidentes en las carreteras del país.

La labor de las Secretarías de Comunicaciones y Transportes, y de Seguridad Pública en esta materia ha sido importante; por ejemplo, en el operativo de Semana Santa 2008, hubo disminuciones marginales de 3.8 por ciento en el número de accidentes registrados a lo largo de la red carretera nacional; de igual forma, el número de lesionados tuvo una disminución de tres puntos porcentuales, y el número de personas que perdieron la vida, tuvo una disminución de 1.4 por ciento.

Con base en lo anterior, los autores de la proposición solicitan que se exhorte a las Secretarías de Comunicaciones y Transportes, y de Seguridad Pública que ejecuten un programa para salvaguarda la integridad física de los usuarios en carreteras y autopistas federales en la temporada navideña.

En consecuencia, los integrantes de la Tercera Comisión emiten al presente punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

Los integrantes de esta comisión coincidimos plenamente con la preocupación de los legisladores proponentes en que es necesario que las Secretarías de Comunicaciones y Transportes, y de Seguridad Pública ejecuten acciones coordinadas para salvaguardar la integridad física de los usuarios de los servicios de carreteras y autopistas federales, ya que se trata de una actividad que contribuirá con el mejoramiento de la actividad económica y las regiones eminentemente turísticas y de un generador de empleo en nuestro país.

Sin embargo, es notorio y evidente que ha concluido el período vacaciones navideño, por lo que resultaría ocioso formular el exhorto solicitado a las secretarías citadas, toda vez que, en términos generales, las actividades laborales y estudiantiles se normalizarán a partir del lunes 5 y hasta el miércoles 7 de enero del año en curso.

Razón por la cual se consideró oportuno desechar la proposición citada, al considerar inoportuno el exhorto, tras concluir el período vacacional relativo a las festividades de navidad y año nuevo.

Por tanto, los legisladores integrantes de la Tercera Comisión ---Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas--- de la del Congreso de la Unión, someten a esa honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero . Se desecha la proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta a las Secretarías de Comunicaciones y Transportes, y de Seguridad Pública, a implementar un programa para salvaguardar la integridad física de los usuarios en carreteras y autopistas nacionales en temporada navideña; presentada por el diputado Manuel Portilla Diéguez y el senador Javier Orozco Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, el 22 de diciembre de 2008.

Segundo . Archívese el presente asunto como totalmente concluido y, en su oportunidad, comuníquese al autor de la proposición para los efectos legales a que haya lugar.

El Presidente senador Luis Alberto Villarreal García: Está a discusión el punto de acuerdo. En virtud de que no se ha registrado orador alguno, se considera suficientemente discutido y se reserva el mismo para su votación económica en conjunto.

PETROLEOS MEXICANOS - ESTADO DE TABASCO

El Secretario senador Ramiro Hernández García: «Dictamen de la Tercera Comisión, con punto de acuerdo por el que se desecha la proposición para exhortar al Ejecutivo federal a considerar la instalación de la refinería anunciada por él y la construcción de un complejo petroquímico en Tabasco

Honorable Asamblea:

A la Tercera Comisión de Trabajo --de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas--, de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, en el primer receso del tercer año de Ejercicio Constitucional de la LX Legislatura, fue turnada el 22 de diciembre de 2008, para su análisis y dictamen la proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta al Ejecutivo federal a considerar la instalación de una refinería, anunciada por el presidente de la República, y la construcción de un complejo petroquímico en Tabasco; presentada por los diputados César Duarte Jáquez, Raúl Cervantes Andrade , José Ascención Orihuela Bárcenas y José Rubén Escajeda Jiménez , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 122, párrafo primero, y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como 58, 60, 87, 88, 175 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la del Congreso de la Unión el presente dictamen, al tenor de los siguientes:

Antecedentes

1. Con fecha 22 de diciembre de 2008, los diputados César Duarte Jáquez, Raúl Cervantes Andrade , José Ascención Orihuela Bárcenas y José Rubén Escajeda Jiménez , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentaron ante el Pleno de la del Congreso de la Unión la proposición de mérito.

2. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la del Congreso de la Unión, dispuso que dicha solicitud de punto de acuerdo se turnara para su estudio y dictamen correspondiente a la Tercera Comisión --de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas--, por lo que se emite en este acto el dictamen correspondiente.

3. La proposición en estudio, en síntesis, contienen los siguientes fundamentos y razones en que se sustenta:

La inversión estimada para ambos proyectos a precios actuales, es del orden de 10 mil millones de pesos para la refinería y 5 mil millones de pesos para el complejo petroquímico. Dicha obra permitiría emplear a 14 mil trabajadores de la entidad, durante la fase de construcción, que durará cinco años.

Con base a lo anterior, los autores de la proposición solicitan que se exhorte al Ejecutivo federal a considerar la instalación de una nueva refinería y la construcción de un complejo petroquímico en Tabasco.

En consecuencia, los integrantes de la Tercera Comisión emiten al presente punto de acuerdo al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Durante el año 2008 en México se llevaron al cabo las reformas en materia petrolera más importantes, después de la propia expropiación petrolera del 18 de marzo 1938. En un hecho sin precedentes en la vida política del país las fuerzas políticas de mayor importancia convergieron en una reforma estructural a Petróleos Mexicanos y al sistema petrolero mexicano y por unanimidad se realizaron las reformas necesarias y se crearon las leyes vitales para rescatar del rezago tecnológico y revitalizar la industria petrolera mexicana.

Al mismo tiempo, a nivel mundial, la crisis financiera sigue azotando las economías de todos las países y México, tiene que realizar los actos necesarios para mantener abante su economía, sin vulnerar su propia soberanía ni comprometer sus recursos energéticos.

Por ello, atinadamente el gobierno federal anuncio la construcción de una nueva refinería y de un completo petroquímico que contribuirán a la reducción de costos de los energéticos en la población mexicana, al fortalecimiento de la infraestructura energética y al desarrollo de una independencia en la explotación y aprovechamiento de los recursos naturales del país.

En esa tesitura, independientemente de que es facultad exclusiva del Ejecutivo federal realizar los estudios técnicos necesarios para decidir el lugar dónde se construirán la refinería y el complejo petroquímico referido; debido al alto impacto que dichas obras traerán a la economía nacional y de la población, es evidente el interés político que el Poder Legislativo federal tiene en que las decisiones tomadas en ese sentido, sean las más adecuadas, a fin de que, además de los beneficios referidos, el país cuento con un ahorro en dicha inversión que redunde las instalaciones más estratégicas y productivas del país.

Por ello, atendiendo a los principios constitucionales de colaboración entre poderes, y sin que ello implique una disposición vinculatoria, atendiendo a los estudios técnicos y profesionales que corroboren las aspectos descritos por los autorices de la proposición a estudio, los integrantes de la presente comisión coincidimos que resulta oportuno exhortar al Ejecutivo federal a que considere la construcción de estas magnas obras de infraestructura energética en Tabasco.

Información reciente sobre este asunto revela que los estudios técnicos se están realizando y, dada la complejidad natural de un sector como el energético, es oportuno dar más tiempo a que dichos estudios concluyan.

Razón por la cual se consideró adecuado desechar la proposición citada al considerar inoportuno el exhorto, y dar el tiempo necesario y suficiente para el proyecto de refinería citado. Lo anterior, con el objeto de que el país cuente con la mejor infraestructura posible.

Por tanto, los legisladores integrantes de la Tercera Comisión de Trabajo --de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas--, de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, someten a esa honorable asamblea el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. Se desecha la presente proposición por considerar inoportuno el exhorto. Asimismo, se considera pertinente brindar el tiempo necesario y suficiente para los estudios técnicos del proyecto de refinería citado, con el propósito de elegir la mejor opción. Lo anterior, con el objeto de que el país cuente con la mejor infraestructura posible.

Segundo. Archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

El Presidente senador Luis Alberto Villarreal García: Está a discusión el punto de acuerdo. En virtud de que no se ha registrado orador alguno, se considera suficientemente discutido y se reserva para su votación económica en conjunto.

ESTADO DE COLIMA

El Secretario senador Ramiro Hernández García: «Dictamen de la Tercera Comisión, con punto de acuerdo por el que se desecha la proposición a fin de solicitar la comparecencia del secretario de Comunicaciones y Transportes para que informe sobre las medidas y las acciones realizadas con objeto de construir una terminal de contenedores en Manzanillo

Honorable Asamblea

A la Tercera Comisión de trabajo --Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas-- de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión en el primer receso del tercer año de ejercicio constitucional de la LX Legislatura, fue turnada el diecisiete de diciembre de dos mil ocho, para su análisis y dictamen, la proposición con punto de acuerdo por la que se solicita la comparecencia del secretario de Comunicaciones y Transportes que informe sobre las medidas y acciones realizadas para construir y licitar transparentemente la nueva terminal de contenedores del puerto de Manzanillo; presentada por los senadores Rogelio Rueda Sánchez, Martha Leticia Sosa Govea, Jesús Dueñas Llerenas y Carlos Sotelo García, de los Grupos Parlamentarios de los Partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional y de la Revolución Democrática, respectivamente.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 122, párrafo primero, y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como 58, 60, 87, 88, 175 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión que suscriben someten a la consideración del Pleno de la del Congreso de la Unión el presente dictamen, al tenor de los siguientes

Antecedentes

1. Con fecha diecisiete de diciembre de dos mil ocho, los senadores Rogelio Rueda Sánchez, Martha Leticia Sosa Govea, Jesús Dueñas Llerenas y Carlos Sotelo García, de los Grupos Parlamentarios de los Partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional y de la Revolución Democrática, respectivamente, presentaron ante el Pleno de la del Congreso de la Unión la proposición de mérito.

2. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la del Congreso de la Unión dispuso que dicha solicitud de punto de acuerdo se turnara, para su estudio y dictamen correspondiente, a la Tercera Comisión --Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas--, por lo que se emite en este acto el dictamen correspondiente.

3. La proposición en estudio, en síntesis, contienen los siguientes fundamentos y razones en que se sustenta:

Tal decisión nos obliga a ser vigilantes de su cumplimiento, fue considerada e incluida entre las principales obras contempladas en el Programa Nacional de Infraestructura 2007-2012 del Ejecutivo federal, y que sin duda resulta de la mayor importancia para la viabilidad económica del país.

En el citado programa se prevé que la construcción de Manzanillo II quede finalizada en el presente sexenio, aspecto en el cual deja desfasado tanto por sus mayores alcances como por su mayor actualidad al Programa Maestro de Desarrollo Portuario de Manzanillo, documento este último que a pesar de tal desfasamiento prevé la realización de acciones diversas tendientes a la construcción del nuevo puerto.

Entre ellas puede citarse la anexión de la laguna de Cuyutlán al recinto portuario ampliando el actual polígono, así como la realización de estudios de impacto ambiental, técnicos, socioeconómicos, y de conectividad carretera y ferroviaria, ninguno de los cuales ha sido siquiera iniciado.

Si consideramos la complejidad propia de un proyecto de esta naturaleza, así como el tiempo que para su realización determinó el Ejecutivo federal, resulta evidente el atraso en que las autoridades están ya incurriendo.

Con base a lo anterior, los autores de la proposición solicitan que se cite a comparecer ante esta Tercera Comisión al Secretario de Comunicaciones y Transportes para que informe las medidas y acciones realizadas para construir las obras relativas a los contenedores del puerto de Manzanillo y explicar la carencia de acciones, en su caso, relativas a la construcción del puerto de Manzanillo.

En consecuencia, los integrantes de la Tercera Comisión emiten al presente punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

En términos de lo dispuesto en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los recursos económicos que disponga en Estado serán administrara con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos los que estén destinados.

Asimismo, la contratación de obras se llevara al cabo a través de licitación pública, mediante convocatoria pública para que libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente, a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.

En este orden de ideas, independientemente del interés político y social que tiene el Poder Legislativo de que una obra como la modernización del puerto de Manzanillo y la construcción del puerto de Manzanillo II, se ejecute conforme a derecho y en estricto cumplimiento a los principios constitucionales antes señalados; es importante también que en un ejercicio de colaboración entre poderes y en franco acatamiento a los principios de control constitucional, la población tenga acceso, a través de sus representantes populares, a toda la información necesaria para conocer las medidas y acciones que implementado el gobierno federal para la modernización del puerto de Manzanillo y la construcción del puerto de Manzanillo II, con el fin de transparentar dichas actividades y evitar se lesiones el ambiente de confianza con el gobierno.

En efecto, la cultura de la transparencia y la información en nuestro país ha contribuido a darle mayor certeza social a todos los proyectos de obras públicas, en virtud de que con ello se permite conocer las bases de una licitación, las formalidades en el desarrollo de la misma, el respeto al marco jurídico de la misma, quienes son los licitantes triunfadores y la ejecución de las obras. Además evita, como sucedía en gobiernos anteriores, que los servidores públicos obren con preferencias e intereses mezquinos, con el ánimo de favorecer a grupos económicamente poderosos a cambio de su correspondiente regalía.

De ahí la necesidad social y política de que todo proceso de licitación y obra pública sea transparente. Máxime, si como en el presente caso, la ejecución de la obra no sólo afectará el gasto público en dimensiones considerables, sino que además requiere de la integración de varios programas y obras con la finalidad de afectar lo menos posible a la población económicamente activa y de comunidades aledañas a los puertos.

El éxito de una obra pública de la magnitud de la modernización y construcción de los Puertos de Manzanillo, no nada más debe expresarse en la conclusión de la misma, sino en las menores afectaciones a los sectores sociales, populares y económicos que le rodean, para que, a su vez, se vean beneficiados con el mejoramiento de su comunidad, si nivel de vida y en su seguridad pública.

Información reciente sobre este asunto revela que está en proceso la integración de los programas y obras antes citados y que se encuentran con un avance sustancial. En tal virtud, se consideró adecuado desechar la proposición citada al considerar inoportuno el exhorto, y dar el tiempo necesario y suficiente para la integración final de los programas. Lo anterior, con el objeto de que la entidad cuente con la mejor infraestructura posible.

Por tanto, los legisladores integrantes de la Tercera Comisión de trabajo --Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas-- de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión someten a consideración de la asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se desecha la presente proposición por considerar inoportuno el exhorto. Asimismo, se considera pertinente brindar el tiempo necesario y suficiente para la integración final de los programas en relación a la nueva terminal de contenedores del puerto de Manzanillo.

Segundo. Archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

El Presidente senador Luis Alberto Villarreal García: Está a discusión el punto de acuerdo. En virtud de que no se ha registrado orador alguno, se considera suficientemente discutido y se reserva para su votación económica en conjunto.

Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los puntos de acuerdo.

El Secretario senador Ramiro Hernández García: En votación económica se pregunta si se aprueban los puntos de acuerdo. Los legisladores y las legisladoras que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente senador Luis Alberto Villarreal García: Archívense los expedientes como asuntos totalmente concluidos.

LEY FEDERAL DEL DERECHO DE AUTOR

El Presidente senador Luis Alberto Villarreal García: El siguiente punto del orden del día es el de la presentación de iniciativas. Se recibió del diputado Fidel Antuña Batista , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción III del artículo 231 de la Ley Federal del Derecho de Autor.

El Secretario senador Ramiro Hernández García: «Iniciativa que reforma la fracción III del artículo 231 de la Ley Federal del Derecho de Autor, a cargo del diputado Fidel Antuña Batista , del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, concordantes con el diverso 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite presentar para su análisis y dictamen la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción III del artículo 231 de la Ley Federal del Derecho de Autor, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Primero. El progreso de una nación se cimenta en una cultura de legalidad eficiente que brinde a su sociedad un verdadero estado de derecho, es decir, se fundamenta en la observancia e irrestricto respeto de la ley que acceda a una convivencia pacífica, sana y donde se garantice el disfrute de una vida y patrimonio seguros.

Lo anterior depende de la confianza de la ciudadanía en su gobierno y en las leyes que lo rigen. En este tenor el gobierno mexicano promueve y mantiene constantes esfuerzos para que la actuación de funcionarios y servidores públicos responda a las demandas de la sociedad, siendo transparente para asegurar el respeto a sus derechos mediante la aplicación de la ley. Por tanto, el Estado tiene obligación de adecuar el marco legal a los constantes cambios de la sociedad y que ante la sofisticación de la delincuencia, responda a ser un sistema justo en torno a su realidad nacional.

Segundo. La sociedad mexicana requiere de un marco jurídico moderno, suficiente, claro y sencillo que norme de manera efectiva la administración del país en todos sus sentidos: económico, social, cultural, financiero, tecnológico, de comercio, etcétera, a efecto de que se combata y castigue la arbitrariedad, la corrupción y la impunidad, y que al mismo tiempo amplíe espacios de escrutinio social.

En el mismo sentido, el gobierno de la república, en su Plan Nacional de Desarrollo, particularmente el de la administración 2007-2012 establece en su primer eje rector el compromiso de trabajar estrechamente con la sociedad y los poderes Legislativo y Judicial, para que se respeten de manera absoluta los derechos humanos, y sean debidamente tutelados por la legislación, teniendo como uno de sus objetivos:

Tercero . Estos compromisos se deben entre otras cosas a la trascendental problemática que México cursa desde aproximadamente los años setenta, en cuanto al fenómeno llamado ``piratería'', el cual trae consigo repercusiones económicas y en especie en varios sectores industriales, especialmente en el cine , pues además afecta a la sociedad en general porque devasta la planta productiva, lo cual genera desempleo. Por ello, los derechos de autor han sido un mecanismo que otorga como pago al esfuerzo invertido en el desarrollo de una creación intelectual, y constituyen la vía más importante para fomentar la creatividad y sostener a las industrias que se relacionan con éste.

Ante lo expuesto, la industria de los medios (entre las cuales se encuentra la cinematográfica) ha tomado acciones firmes para frenar el robo de sus obras, ya sea colaborando con otras empresas de cine y video con acciones preventivas; revisando las estrategias de precios y calendarios de estrenos, así como cerrando los procesos de distribución para controlarlos y evitar filtraciones.

Cuarto . Se ha advertido que la piratería en la industria fílmica ha sido controlada por organizaciones criminales, que cuentan con poder e infraestructuras bien constituidas, pues ante la innovación tecnológica de información y comunicaciones, las copias de obras fílmicas hoy se pueden obtener de varias formas:

Quinto . El fenómeno de la piratería crece de manera indiscriminada más aún a través del software ya que su naturaleza es internacional; esto hace difícil la persecución del delito. Ante tal situación, este acto delictivo se ha convertido en una de las prioridades para el Gobierno Federal Mexicano pues afecta a un importante sector productivo de nuestro país, por lo que ha enfocando sus esfuerzos a combatir este fenómeno en un entorno reactivo-correctivo dado que la introducción de las tecnologías de la información y comunicación y su acelerado desarrollo han tenido que impulsar gestiones que vayan a la par de este dinamismo.

No obstante parte esencial para el combate de este delito, es el desarrollo de mecanismos preventivos que impulsen la cultura de la legalidad. En este tenor y a efecto de coadyuvar a prevenir el incremento y expansión de esta transgresión al marco jurídico legal y de derechos humanos, en materia de derechos de autor y de propiedad industrial, se deben implementar acciones legales que accedan el blindar a una parte importante del sector de servicios de la industria cinematográfica: salas cinematográficas, videosalas, transportes públicos y otros, en el sentido de utilizar artefactos, dispositivos y/o equipos de audio, fotografía, video y/o comunicación, periféricos y consumibles, para realizar grabaciones de películas en estos establecimientos o lugares.

Lo anterior se fundamenta en lo dispuesto en el artículo 27 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que señala: ``Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan en razón de sus producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora'', concordante con los diversos 1, 2, 3, 4 y 16 de la Ley Federal del Derecho de Autor, así como 5, 6 y 9 de la Ley Federal de Cinematografía, 2 fracciones V y VI, y 6 fracción I de la Ley de la Propiedad Industrial.

Sexto . Si la dinámica objeto de estudio se basa en una probable acción que induzca a un delito llevado a cabo por una organización criminal (delincuencia organizada), calificaremos el hecho de realizar grabaciones de películas en salas cinematográficas, videosalas, transportes públicos y otros lugares públicos como una conducta sancionable administrativamente por la Ley Federal del Derecho de Autor ; por tanto esta LX Legislatura de la Cámara de Diputados tiene el compromiso y la facultad de acuerdo al artículo 73, fracción XXI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de legislar en esta materia a fin de prever y garantizar la protección de los derechos de propiedad intelectual; establecer más y mejores instrumentos de impartición de justicia en delitos asociados con esta modalidad delincuencial, que permitan combatir la impunidad; disminuir los niveles de incidencia delictiva a efecto de desarticular núcleos con gran poder económico y estratégicamente ubicados; y a su vez se promueva la cooperación internacional para hacer frente a la delincuencia organizada, con pleno respeto a la soberanía, integridad territorial e igualdad jurídica de los estados y naciones.

Séptimo . Considerando las disposiciones contenidas en los Artículos 5, 6 y 9 de la Ley Federal de Cinematografía.

Las obras cinematográficas son obras protegidas por Ley Federal del Derecho de Autor, conforme a lo establecido en los artículos 3 y 4 de la citada ley.

En este tenor debemos advertir que la acción de realizar una grabación será entendida como fijación, concordante a los artículos 5, 6 y 13, fracción IX, de la Ley Federal del Derecho de Autor:

Se somete a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente proyecto de

Decreto

Único. Se reforma la fracción III del artículo 231 de la Ley Federal del Derecho de Autor, para quedar de la siguiente manera:

Artículo 231. Constituyen infracciones en materia de comercio las siguientes conductas cuando sean realizadas con fines de lucro directo o indirecto:

El Presidente senador Luis Alberto Villarreal García: Túrnese a la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados.

ARTICULO 131 CONSTITUCIONAL

El Presidente senador Luis Alberto Villarreal García: Se recibió del senador Fernando Castro Trenti, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 131 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El Secretario senador Ramiro Hernández García: «Iniciativa que reforma el artículo 131 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del senador Fernando Castro Trenti, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, senador Fernando Castro Trenti, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de conformidad de lo previsto en los artículos 55, fracción II, y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la Comisión Permanente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 131 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con la siguiente

Exposición de Motivos

Con fecha 28 de marzo de 1951 fue publicada la adición de un párrafo tercero al artículo131 constitucional, a través de la cual se estableció que el Ejecutivo federal podrá ser facultado por el Congreso de la Unión para aumentar, disminuir o suprimir las cuotas de las tarifas de exportación e importación expedidas por el propio Congreso, y para crear otras, así como para restringir y para prohibir las importaciones, las exportaciones y el tránsito de productos, artículos y efectos cuando lo estime urgente, a fin de regular el comercio exterior, la economía del país, la estabilidad de la producción nacional, o de realizar cualquiera otro propósito en beneficio del país.

El propio Ejecutivo al enviar al Congreso el presupuesto fiscal de cada año, someterá a su aprobación el uso que hubiese hecho de la facultad concedida.

De conformidad con su exposición de motivos, dicha reforma tuvo por objeto erigir a la categoría constitucional la costumbre en el Estado mexicano, establecida por una imperiosa ley de necesidad de otorgar al Ejecutivo federal la facultad de cooperar con el Congreso de la Unión mediante ciertas oportunas regulaciones a la mejor eficiencia del sistema fiscal, haciendo factible la adecuada elasticidad de los aranceles como medio de consolidación de la política económica del país y de realizar los esenciales fines de carácter social, demográfico, exterior, etcétera, encaminados a favorecer el desarrollo de las industrias nacionales, lograr su florecimiento, equilibrar y estimular la producción nacional.

De la interpretación literal, causal y teleológica realizada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia al texto de referencia, nuestro más alto tribunal ha concluido que con lo dispuesto en el decreto referido líneas arriba se estableció una excepción al principio de división de poderes previsto en el artículo 49 de nuestra Carta Magna, esto a fin de dotar al Estado de mecanismos jurídicos eficientes y expeditos que le permitan encauzar las operaciones de comercio internacional en beneficio de la economía nacional y responder con la velocidad necesaria a las fluctuaciones que el intercambio de bienes con el sector externo provoca a aquélla.*

Mediante dicha reforma constitucional, afirma la Corte, el Congreso de la Unión quedó facultado para autorizar al Ejecutivo federal el ejercicio de la potestad necesaria para emitir disposiciones de observancia general de la misma jerarquía que las leyes dictadas por el propio órgano legislativo en las citadas materias, para cuya emisión no se requiere seguir el proceso legislativo regulado en el artículo 72 constitucional, pero el propio Ejecutivo, al enviar el presupuesto fiscal de cada año, debe someter a la aprobación del Congreso el uso de dicha facultad.

A diferencia de estas potestades formalmente legislativas, destaca la Corte que en términos de lo previsto en el citado artículo 131, el propio legislador federal puede otorgar a una autoridad administrativa diversas atribuciones para aplicar lo dispuesto en un ordenamiento federal que regula el comercio exterior, lo que da lugar a que ésta emita diversos actos, ya sea con efectos generales o individualizados, que no tienen la misma jerarquía que los actos formal y materialmente legislativos que corresponde dictar a la potestad legislativa, ni pueden válidamente implicar el ejercicio de una facultad reservada constitucionalmente al Congreso de la Unión, por lo que, además, el ejercicio de estas facultades no está sujeto a la aprobación a que se refiere el párrafo segundo del artículo 72 constitucional.

Ahora bien, la referida atribución otorgada al Ejecutivo, a fin de que emita actos formalmente administrativos pero materialmente legislativos, se encuentra proyectada en el artículo 4o. de la Ley de Comercio Exterior, en el cual se establece que el Ejecutivo federal tendrá las siguientes facultades:

De igual forma, el artículo 31 del Código Fiscal de la Federación establece que el Ejecutivo federal, mediante resoluciones de carácter general, podrá dictar las medidas relacionadas con la administración, control, forma de pago y procedimientos señalados en las leyes fiscales, sin variar las disposiciones relacionadas con el sujeto, el objeto, la base, la cuota, la tasa o la tarifa de los gravámenes, las infracciones o las sanciones de las mismas, a fin de facilitar el cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes.

Como ejemplo de lo antes mencionado, tenemos que el Ejecutivo Federal expidió los decretos por los que se establece el impuesto general de importación para la región fronteriza y la franja fronteriza norte, se modifica la tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, y se establecen las condiciones para la importación definitiva de vehículos usados, todos ellos publicados el 24 de diciembre de 2008 en el Diario Oficial de la Federación.

De igual forma, con fecha 9 de septiembre de 2008, fue publicado en la Gaceta Parlamentaria número 2588-A de la Cámara de Diputados el informe que sobre el uso de la facultad conferida al Ejecutivo federal en el artículo 131 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia arancelaria durante el periodo comprendido de diciembre de 2007 a agosto de 2008, remitido por el ejecutivo federal.

De conformidad con lo expuesto, tenemos entonces que, como excepción al principio de división de poderes, el legislativo autoriza al Ejecutivo a fin de que emita actos materialmente legislativos tendientes a regular el comercio exterior, sin que para ello se agote el procedimiento a que se refiere el artículo 72 constitucional, situación jurídica que ha sido reflejada en la Ley de Comercio Exterior y proyectada a través de diversos decretos publicados en el Diario Oficial de la Federación e informes entregados al legislativo federal.

Ahora bien, aun cuando no se discute la necesidad de que el presidente ejerza la facultad de emitir actos legislativos en materia de comercio exterior, esto a fin de atender las condiciones que puedan presentarse durante un ejercicio fiscal determinado, lo cierto es que tanto esta materia como la imposición de contribuciones tendientes a cubrir el presupuesto son funciones compartidas entre el Congreso y el presidente, atendiendo para ello a lo dispuesto por los artículos 73, fracciones VII y XXI, apartado 1o. y 89 fracciones I y XIII de la Carta Magna, así como por los principios de división de poderes y de legalidad tributaria, éste último condensado en el latinajo nullum tributum sine lege, lo cual nos lleva a replantear el papel que hasta ahora ha desempeñado el Legislativo en este aspecto fundamental de la economía nacional.

En efecto, resulta necesario establecer un nuevo diseño constitucional que permita una mayor participación del legislativo en el ámbito del comercio exterior, toda vez que hasta el momento, y derivado de la estructura contenida en nuestra ley fundamental, al Congreso le ha sido asignado un papel de espectador en tan delicado rubro.

Lo anterior se afirma, toda vez que al presidente de la República le corresponde no sólo legislar, sino imponer modalidades y recaudar aquellas contribuciones que al efecto se fijen a las operaciones relacionadas con el comercio exterior, correspondiéndole al Legislativo únicamente aprobar el uso que se hubiese hecho de la facultad concedida al Ejecutivo, situación que, aunque resulta perfectamente entendible, deriva en un notorio desequilibrio de atribuciones al cual es necesario modificar.

En esta tesitura, si el Congreso de la Unión se encuentra en desacuerdo con la forma en que el Ejecutivo ejerce la multicitada autorización para legislar o las medidas llevadas a cabo por este último no se traducen en los resultados esperados, justo es que, partiendo de la idea de que quien puede lo más puede lo menos, tenga también la posibilidad de modificar el rumbo a través de la emisión de decretos tendientes a dejar sin efectos o a modificar en todo o en parte lo hecho desde la Presidencia de la República, ejerciendo así no sólo una facultad constitucional, sino responsabilizándose de actuar en materia fiscal y económica, tal como se lo ordena la Carta Magna.

La necesidad de legislar en el sentido que se propone cobra especial importancia cuando vemos las consecuencias que ha traído el ejercicio sin contrapesos de la facultad legislativa conferida al ejecutivo, esto por virtud de la puesta en marcha de los decretos relativos a la importación de automóviles, expedidos los días 24 y 31 de diciembre de 2008 y a los cuales hemos hecha referencia en párrafos anteriores.

Tales instrumentos, lejos de cumplir con los objetivos para los cuales fueron emitidos, han provocado la movilización de numerosos ciudadanos, sembrando la semilla de un grave conflicto social en los estados fronterizos del norte del país, esto debido a que se ha criminalizado la posesión de vehículos, recurriéndose a excesos en el uso de la fuerza por parte de las autoridades encargadas de hacer cumplirlos. Pero no sólo eso, dichos decretos también han traído consigo una maraña burocrática derivada de la exigencia a los importadores de presentar un certificado de origen, lo cual, lejos de facilitar la legal introducción de estos bienes a nuestro país, imposibilitaron en los hechos el cumplimiento de las cargas fiscales a que están obligados los contribuyentes.

Es por tal motivo, que presentamos un punto de acuerdo durante la sesión de la Comisión Permanente del 21 de enero por el que el Legislativo urge a dejar sin efecto lo establecido por estos decretos presidenciales lo que por desagracia, no es suficiente en términos normativos.

La actual coyuntura económica requiere la acción responsable y decidida de los Poderes de la Unión. La época en que la fortaleza de uno menoscababa el margen de acción de los otros ha quedado atrás y, por tanto, requerimos de un diseño constitucional acorde con las nuevas exigencias. Una estructura legal que permita la acción coordinada, que no subordinada, de los órganos estatales frente a los vaivenes económicos.

De aprobarse la presente iniciativa, estamos seguros que habremos dado un paso trascendental en la mejor distribución de competencias, pero también en el involucramiento responsable de todos los actores políticos en el mejoramiento de las condiciones de vida de los mexicanos.

En tal virtud, y de conformidad con lo antes expuesto, se propone para su discusión y en su caso aprobación el siguiente proyecto de

Decreto

Artículo Único. Se reforma el artículo 131 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Artículo 131. ...

...

El Congreso de la Unión podrá, a través de la emisión de decretos, revocar o modificar en todo momento lo realizado por el presidente en el ejercicio de la autorización a que se refiere el párrafo anterior.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Congreso cuenta con un plazo de seis meses a partir de la entrada en vigor del presente decreto para expedir las normas legales que al efecto resulten procedentes.

Nota: *Tesis aislada segunda CXV/2001, sustentada por la Segunda Sala, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIV, agosto de 2001, novena época, página 211, en cuyo rubro se lee ``Comercio exterior. Diferencia entre las facultades formalmente legislativas cuyo ejercicio puede autorizar el Congreso de la Unión al Ejecutivo federal en términos de lo previsto en el párrafo segundo del artículo 131 de la Constitución Federal y las facultades conferidas a una autoridad administrativa al tenor del párrafo primero del propio dispositivo constitucional''.

El Presidente senador Luis Alberto Villarreal García: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Senadores.

LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA PROTECCION AL AMBIENTE

El Presidente senador Luis Alberto Villarreal García: Se recibió iniciativa con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, suscrita por la diputada Maricela Contreras Julián , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

El Secretario senador Ramiro Hernández García: «Iniciativa que adiciona diversas disposiciones a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, suscrita por la diputada Maricela Contreras Julián , del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, diputada Maricela Contreras Julián , integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El capítulo 21 de la Agenda 21 establece las bases para un manejo integral de los residuos sólidos como parte del desarrollo sostenible.

Se establece ahí que el manejo de los residuos debe contemplar la minimización de la producción de residuos, el reciclaje, la recolección y el tratamiento y disposición final adecuados. Se dice que cada país y cada ciudad establecerán sus programas para lograr lo anterior, según sus condiciones locales y capacidades económicas.

De acuerdo con las metas a corto y mediano plazos fijados en la Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo realizada en 1992 en Río de Janeiro, para el año 2000 los países en desarrollo tendrán que haber establecido las capacidades para monitorear las áreas temáticas mencionadas y haber establecido criterios para la disposición final adecuada y para la vigilancia ambiental; para el año 2005 deberían tratar adecuadamente cuando menos el 50 por ciento de sus residuos municipales.

En México, con la entrada en vigor de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente se dio una nueva clasificación a los residuos sólidos urbanos, de manejo especial y peligroso y desde hace muchos años se desarrollan acciones tendentes a controlar los residuos, pero en muchos casos no han sido las más adecuadas y el problema ambiental y posiblemente de salud persiste en varios lugares con una tendencia a su agravamiento.

Las soluciones que se han implementado van en busca del control de residuos al final de su ciclo y esto ha propiciado resultados con bajo impacto para la sociedad y las mismas autoridades.

A principios de los setenta se realizan esfuerzos serios y metódicos con la utilización de herramientas profesionales para atacar el problema alcanzando niveles de cobertura del servicio de recolección formal en un 80 por ciento y del 50 por ciento en una disposición en rellenos sanitarios o sitios controlados.

Sin embargo, se considera que existen 2 mil 445 municipios en el país, más de 200 mil localidades, y que en las áreas metropolitanas se asientan casi el 50 por ciento de población, menos del cinco por ciento de los municipios han resuelto el problema.

Actualmente la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales lleva a cabo estudios cuyo objetivo es el establecimiento de metodologías que permitan la validación y una transparencia para definir indicadores de generación de residuos en México. Para los Residuos Sólidos Urbanos, y según datos reportados por la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), en 2004 la generación de este tipo de residuos en todo el país fue de 94,800 toneladas diarias, equivalentes a 34.6 millones de toneladas anuales. En cuanto a la generación por estados y municipios o localidades, la información disponible es muy dispersa y desequilibrada.

La Sedesol realizó un levantamiento de cédulas de encuestas en 47 localidades y según la información que arroja, la tasa de generación per cápita baja corresponde a zonas semirrurales o rurales, y la de mayor corresponde a las grandes ciudades metropolitanas.

De acuerdo con los informes históricos de la Sedesol, la generación y composición de los residuos sólidos urbanos ha variado significativamente durante las últimas décadas, derivado del propio desarrollo, así como del incremento poblacional y los cambios en los patrones de urbanización.

Según las proyecciones de la Sedesol, y bajo la premisa del incremento poblacional tenemos que para:

Las sociedades no siempre han producido basura. El tipo y la cantidad de desperdicios que producimos como muestran las proyecciones tienen que ver con nuestras formas de producción y de consumo. En las sociedades modernas el uso indiscriminado de empaques y bolsas de plástico contribuye enormemente a la producción de residuos.

Cuando recogen los residuos de nuestras casas (el camión o los recolectores), el problema de la basura desaparece ante nuestros ojos, pero en realidad sólo cambiado de lugar ya que la generación de basura trae consigo:

El plástico es uno de los materiales más utilizados en el mundo y su vez, de los que más tiempo tardan en ser descompuestos. Por lo tanto, lograr el máximo nivel de aprovechamiento es fundamental para el medio ambiente

Existen diversas variedades de plástico siendo las más comunes el polietileno tereftalato, el polietileno de alta densidad, el cloruro de vinilo, el polietileno de baja intensidad, el prolipropileno, el poliestireno crista.

Uno de los grandes problemas que actualmente enfrentamos son las bolsas de plástico.

Las bolsas de plástico diariamente las usamos, son prácticas, en ellas llevamos de todo y facilitan la carga, pero cuando las dejamos de utilizar se convierten en basura su vida es fugaz y nos estorba convirtiéndose en un desecho.

El ponerlas en un cesto de basura no significa que ahí termina el problema, las bolsas de un sólo uso tardan en desaparecer cerca de cien años y, aun que una bolsita podría parecer inofensiva, lo cierto es que en grandes cantidades causa daño al medio ambiente y pone en peligro a la fauna marina.

Este problema va en aumento, porque en las últimas tres décadas se ha incrementado su uso, y un ejemplo de ello se percibe en los supermercados, donde nueve de cada diez bolsas son de plástico, de las cuales se reparten alrededor de diez en un promedio de dos minutos que, si se multiplican por una hora, son 300 bolsas de plástico distribuidas entre los consumidores.

A pesar de que no hay estadísticas oficiales de cuántas bolsas de este material usamos al día los mexicanos, grupos ambientalistas calculan que tan sólo en la Ciudad de México y el Área Metropolitana se consumen más de 20 millones al día, y a nivel mundial usamos un millón de bolsas.

Las bolsas de plástico que no llegan a los rellenos sanitarios, en época de lluvias tapan las coladeras, y cuando llegan al mar ocasionan que disminuya el oxígeno del agua, porque los organismos biodegradadores necesitan más para tratar de desintegrarlas y, de esta manera, las especies marinas pierden oxigeno y mueren.

Los rellenos sanitarios son instalaciones en las que se aplican una serie de medidas para disminuir los efectos contaminantes de la concentración de desperdicios: selección de terrenos con suelo de baja filtración, protección del suelo con material impermeabilizante, recubrimiento cotidiano con tierra sobre capa de desperdicios, instalación de tubos para salida de gases, captación de lixiviados, y control de animales nocivos.

Una de las alternativas que actualmente se contemplan es la de la incineración, aunque se revisan sus costos económicos y ambientales.

Del total de los residuos sólidos que se generan sólo un porcentaje es recogido y trasladado al relleno sanitario. El resto desafortunadamente se arroja en barrancas, lotes baldíos y en la calle.

El proyecto de decreto que se somete a consideración tiene por finalidad la prohibición en un plazo máximo de dos años del uso de bolsas de material no biodegradable para contener las mercancías, materiales y productos despachados por los supermercados y comercios en todo el territorio nacional y promover su reemplazo por otras que permitan su rápida degradación y reciclaje.

La iniciativa tiene su origen en la necesidad de promover la preservación del medio ambiente y una mejor calidad de vida en nuestra sociedad y en nuestras futuras generaciones.

Cada bolsa de plástico que se utiliza en las compras tiene un importante costo ambiental, no sólo porque en su fabricación se utilizan energías no renovables, se contamina el medio ambiente. Es decir, sus efectos contaminantes no sólo repercuten a nivel de su biodegradabilidad, al tardar años e incluso décadas para descomponerse, sino además, porque su incineración genera gases que resultan altamente tóxicos, y las tintas de la serigrafía con las que están impresas contienen residuos metálicos contaminantes.

El origen de las bolsas de plástico, es el petróleo, el gas natural y otros derivados de la industria petroquímica, que en las fabricas de plástico se transforman en moléculas de hidrógeno y carbono conocidos como polímeros o resinas polímeras, el polietileno se calienta a altas temperaturas y el polímero fundido se convierte en un tubo, que da origen a las bolsas de plástico.

Las bolsas de materiales no biodegradables son un verdadero problema para la preservación del hábitat ya que una vez que pasan a ser basura, se mantienen en ese estado por décadas por consecuencia afecta a animales que las ingieren dañándolos o matándolos, son también un problema estético para el paisaje.

Muchos países están tomando en serio el problema de las bolsas de plástico y proponiendo alternativas. En México algunas cadenas de supermercados han adoptado medidas al respecto.

En Japón el Ministerio de Medio Ambiente inició una campaña para sustituir el uso de las bolsas de plástico por las de tela.

En Estados Unidos, San Francisco es la primera ciudad de este país en prohibirlas, de manera progresiva, una idea que están planteando en otras ciudades.

En Los Ángeles se ha optado por sustituirlas por otras recicladas y biodegradables.

En la localidad inglesa de Devon las han eliminado de los establecimientos comerciales y ofrecen en su lugar bolsas de tela.

En Alemania se incentiva a los consumidores a usar sus propias bolsas de tela, de lo contrario deben pagar para obtener bolsas de plástico en las tiendas, si así lo deciden; en este país existe una ley que se implementó en tres etapas:

Algunos cambios en este sentido se han dado en Sudáfrica y Bangladesh, donde se usan más ampliamente las bolsas de yute, y en otros países se promueve el uso de bolsas de tela, de papel y otros materiales.

Por lo antes expuesto, y porque es un tema de suma importancia tanto para la protección de nuestro medio ambiente y la salud de nuestra sociedad, es que se somete a consideración el siguiente proyecto de

Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente

Artículo Único. Se adiciona al artículo 134 una fracción VII, al artículo 137 un tercer párrafo, al artículo 138 una fracción III y el artículo 141 Bis a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para quedar como sigue:

Artículo 134. Para la prevención y control de la contaminación del suelo, se considerarán los siguientes criterios:

Artículo 137. ... ...

La Secretaría determinará el régimen de sanciones por el incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 134, fracción VII.

Artículo 138. La Secretaría promoverá la celebración de acuerdos de coordinación y asesoría con los gobiernos estatales y municipales para:

Artículo 141 Bis. Las bolsas utilizadas para contener las mercancías, materiales o productos despachados por los supermercados, almacenes, comercios o industrias en general, deberán ser remplazadas por bolsas de materiales biodegradables.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor a los dos años siguientes contados a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El reemplazo a que se refiere el artículo 141 Bis de las bolsas de plástico por materiales biodegradables, deberá realizarse en un plazo de dos años contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto.

El Presidente senador Luis Alberto Villarreal García: Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados.

DIA NACIONAL DE LA JUVENTUD

El Presidente senador Luis Alberto Villarreal García: Se recibió del diputado Fidel Antuña Batista , del Grupo Parlamentario del PAN, iniciativa con proyecto de decreto que establece el 12 de agosto como Día Nacional de la Juventud.

El Secretario senador Ramiro Hernández García: «Iniciativa que establece el 12 de agosto como Día Nacional de la Juventud, a cargo del diputado Fidel Antuña Batista , del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, diputado integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, concordantes con el diverso 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite presentar, para su análisis y dictamen, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se establece el 12 de agosto como Día Nacional de la Juventud, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Primero. La juventud se ha definido como un concepto que va más allá de una simple explicación cronológica del desarrollo humano, de acuerdo con el coordinador del Centro de Investigación y Estudios sobre la Juventud del Instituto Mexicano de la Juventud, José Antonio Pérez Islas, la juventud es ``el periodo de semiindependencia y de formación que prepara para la vida adulta'', no obstante dadas las constantes y profundas transformaciones de la humanidad en sus aspectos social, cultural, económico, político, tecnológico y científico, se ha hecho más compleja su definición; cabe destacar esto en virtud de que son múltiples los factores que inciden en la identidad de la juventud; uno de los más relevantes es el determinado por el consumismo, donde la meta y objetivos se centran en conseguir sus más grandes anhelos y satisfacer sus necesidades.

Consecuencia de esto es que el comportamiento colectivo de los jóvenes tiene importantes efectos en la cultura de las sociedades y en la transformación de los valores y costumbres. Frecuentemente representados por los movimientos juveniles, los cuales asumen formas contraculturales, cuestionando activamente ciertos valores sostenidos por la generación de sus padres, suscitando así conflictos entre generaciones.

Así pues, los jóvenes tienen problemáticas generales y específicas que suelen a su vez definir estudios y políticas focalizadas a tratar de darles solución, como: el primer empleo, desempleo juvenil, criminalidad juvenil, embarazo adolescente, control de la natalidad, educación, sexualidad, drogadicción, inseguridad, adicciones, violencia, et. al., y que suelen tener una fuerte importancia para este estrato poblacional. De ahí que los jóvenes tiendan a agruparse en organizaciones específicamente juveniles, a veces completamente autónomas y otras como secciones juveniles de organizaciones más amplias, como los departamentos juveniles de los partidos políticos, sindicatos, iglesias, etcétera.

Entre las organizaciones internacionales juveniles pueden mencionarse:

Lo anterior, aunado a los avances tecnológicos y científicos han dado lugar a que la sociedad se transforme constante y apresuradamente, principalmente en su estrato juvenil tanto que la expectativa de vida haya crecido, de 45 años a mediados del XIX a 75.1 años (77.5 años en las mujeres y 72.7 en los varones) en el año 2008, de acuerdo a datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Por tanto, el periodo de la juventud en el ser humano se ha visto relacionado con el proceso de educación en y para la vida de las personas, así como su ingreso al mundo de la definición y replanteamiento de políticas laborales, medioambientales, sociales, económicas y educativas de una nación, todo ello partiendo de la satisfacción de sus necesidades.

Segundo . La juventud como se ha observado trae consigo un sinnúmero de aspectos sociales, culturales, físicos, fisiológicos, económicos, ambientales, etcétera, que deben ser analizados para plantearse a nivel nacional qué tipo de país y de futuro se pretende, ya que los jóvenes pueden ser la solución no sólo a sus propios problemas, sino también a otros importantes desafíos a los que se enfrenta el mundo hoy en día; pues los jóvenes constituyen un recurso humano importante para el cambio social y el desarrollo económico del país.

De acuerdo con Arie Hoekman, representante del Fondo de Población de las Naciones Unidas en México ``El futuro de las poblaciones del mundo depende del futuro de sus jóvenes''.

Tercero . En este sentido, el compromiso de México estriba en garantizar que los jóvenes de ambos sexos disfruten plenamente de todos los derechos humanos y libertades fundamentales, tomando medidas eficaces contra las violaciones de estos.

Para lo anterior debemos citar algunas características que hoy en día presenta la juventud mexicana. De acuerdo a datos proporcionados por el Inegi, entre 2005 y 2008 se estima que el número de jóvenes pasó de 28.8 millones a 34.4 millones, incrementándose en un 19.4 por ciento, mientras que la población total del país creció a un ritmo de 0.89 por ciento anual.

En materia educativa, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Juventud el 43.8 por ciento de los jóvenes se dedica únicamente a actividades académicas, el 5.3 por ciento lleva a cabo actividades académicas y laborales y el 22 por ciento no realiza actividad alguna. Asimismo, en relación con la deserción escolar, según datos de la misma encuesta nacional se señala que los jóvenes dejan la escuela a los 16 años, lo que significa que apenas han completado la educación básica, debido entre otras causas: a integrarse a la fuerza laboral (42 por ciento), insatisfacción por continuar sus estudios (29 por ciento) y el 12 por ciento debido a que sus padres no desean que éstos continúen sus estudios.

Otro indicador significativo y que al tercer trimestre de 2008 tenemos referencia por el Inegi, es que los jóvenes representan el 32 por ciento de la población nacional total, asimismo que 15.9 millones jóvenes pertenecen a la población económicamente activa (PEA), es decir que éstos representan el poco más del 52 por ciento del total de la fuerza de trabajo del país, índice claramente importante.

En cuanto a la concentración urbana, los jóvenes se localizan principalmente en las zonas metropolitanas pues el 50.6 por ciento reside en localidades de 15 mil y más habitantes, el 14.5 por ciento en zonas de urbanidad media, 13.9 por ciento en lugares con urbanidad baja y el 21.0 por ciento en regiones rurales; es decir, al inicio del siglo XXI los jóvenes mexicanos son predominantemente metropolitanos, lo que nos indica que este estrato de la población requiere cada vez más y con mayor frecuencia, ser atendida en todos sus aspectos.

De los factores y datos citados, se infiere que en México los jóvenes cursan diversas problemáticas en su desarrollo, algunas de ellas ambiguas, otras claras, conocidas y nuevas, tales como aspectos sobre fecundidad, nupcialidad y de familias estables; ocupación y desempleo; salud, salubridad y seguridad públicas; crecimiento demográfico; calidad de vida y ambiente; morbilidad y mortalidad; desarrollo profesional y económico; oportunidades de acceso a mejores servicios urbanos, de educación y de vida por condiciones de vulnerabilidad; adicciones; etcétera, lo cual se ve aún mayormente impactado por la presencia del fenómeno ``globalización'' pues ante la creciente infraestructura de las tecnologías de información y comunicaciones, se ha hecho necesario que los jóvenes mexicanos evolucionen y se desarrollen a pasos agigantados para hacer frente de manera reactiva la competencia que se avista con países altamente desarrollados en cuanto a su economía, educación, ciencia, cultura, modo de vida, entre otros.

Como se puede advertir la juventud es un tema pluridisciplinario muy importante, que debe ser fortalecido e impulsado por acciones tendientes a optimizar sus condiciones para su adaptación al fenómeno de la globalización.

Cuarto . A través del Programa Nacional de Juventud (Pronajuve) 2008-2012 el gobierno federal identifica a la juventud como actor social, autónomo y sujeto de derecho. Este programa tiene por objeto atender diversas líneas de acción tendientes a resolver las problemáticas antes señaladas.

En el marco del Pronajuve en su objetivo 3, establece garantizar el derecho de las y los jóvenes a una educación pertinente y de calidad, a través del impulso de programas para la disminución de la deserción escolar y aumentar la eficiencia terminal. En este sentido el gobierno federal ha puesto en marcha la Alianza por la Calidad en la Educación, refrendando este objetivo no sólo con la juventud sino con toda la población.

El objetivo 4 del Pronajuve, señala salvaguardar el derecho de las y los jóvenes al trabajo, a través de su integración laboral en condiciones de trabajo decente, generando políticas que reconozcan sus derechos laborales, así como programas de capacitación acorde con las exigencias del mundo laboral, y sobretodo impulsando la creación de empleos. En este sentido es pertinente mencionar que en materia legislativa el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional tiene como prioridad presentar reformas a la Ley Federal del Trabajo a fin crear alternativas de empleo para las y los jóvenes estudiantes.

Finalmente, el objetivo 5 del Pronajuve refiere promover el acceso equitativo de las y los jóvenes a los servicios de salud pública y el fomento de estilos saludables de vida, realizando acciones para reducir las enfermedades y factores de riesgos que con mayor frecuencia afecta a este sector.

Quinto . En todo este contexto es preciso mencionar que décadas atrás, las Naciones Unidas han discutido ampliamente este tema, así como provisto ciertas acciones y actividades para concientizar sobre la importancia de la juventud para cada una de las naciones; como ejemplo de ello en México, el miércoles 28 de agosto de 1985 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el decreto por el que se declaró exclusivamente para ese año, el 13 de septiembre de 1985 como Día Nacional de la Juventud Mexicana , considerando que además de promover el Año Internacional de la Juventud, se impulsaba la solidaridad de la juventud mexicana y su participación en los planes y programas del gobierno mexicano, así como fomentar el desarrollo político, social y económico que sustentase el nacionalismo, haciendo referencia a la fecha histórica del 13 de septiembre, la cual recuerda y conmemora el sacrificio llevado a cabo por los jóvenes cadetes del Heroico Colegio Militar en el año de 1847, en la épica defensa de sus ideales y de la patria en el Castillo de Chapultepec.

Con este decreto se logró divulgar lo que proponía el Año Internacional de la Juventud y fijar en la mente de los jóvenes mexicanos, la necesidad de consolidar el sentimiento popular la celebración de dicho día en apoyo de los valores libertarios de la juventud mexicana.

Sexto . Ante lo expuesto y viendo que la historia se encuentra enmarcada por diversas problemáticas, así como por actos históricos, que se asemejan e inclusive se multiplican en otras regiones, las Naciones Unidas consideraron que en la actualidad, hay tres grandes grupos de componentes con las que los jóvenes crecen y se convierten en miembros de sus sociedades:

Estos tres componentes determinan las posibilidades de desarrollo durante la juventud, por lo que al contar con información, capacidades, poder de reflexión y los cauces para participar en la solución de problemas relacionados con estos temas, se les permitirá actuar como adultos responsables que dirigirán las naciones de una manera más eficiente.

Esta participación accederá a una sociedad democrática en la que se cavilará sobre los derechos y deberes de la juventud de forma respetuosa, consciente y más preocupada por sus derechos y de los demás.

En este tenor, el 12 de agosto fue declarado por la Asamblea General de las Naciones Unidas como el Día Internacional de la Juventud , mediante resolución número 54/120 del año 1999, cumpliendo con la recomendación de la Conferencia Mundial de Ministros de Asuntos de la Juventud, realizada un año antes, ya que en 1995 la Organización de las Naciones Unidas había aprobado el Programa de Acción Mundial para los Jóvenes.

El Día Internacional de la Juventud tiene por objeto reafirmar los compromisos asumidos en ese programa, tales como: incrementar el conocimiento que se posee sobre la situación global de la juventud y la comprensión sobre sus necesidades y aspiraciones; promover políticas supranacionales y locales entre entes estatales y privados para salvaguardar la integridad y valores de la juventud, entre otras. Así también, es el día en que se deben elaborar normas internacionales que aumenten y fortalezcan los derechos de los jóvenes, informar sobre éstas, impulsar su aplicación, además de promover e inclusive financiar acciones que accedan a observarlas.

Del mismo modo, este día sirve para realizar el reconocimiento de que la juventud presenta altos índices de pobreza extrema, analfabetismo, desempleo, enfermedades graves, violencia, delincuencia, drogadicción y abuso, problemáticas que cursan y que los convierten en grupos más vulnerables; así como buscar las soluciones que correspondan.

Igualmente, es el día de la lucha contra la desigualdad, la explotación, la inequidad en la distribución del ingreso y la corrupción, la oportunidad en que se debe fortalecer la inversión en instituciones y programas que protegen a los jóvenes a fin de reforzar los sistemas de educación formal e informal, donde la participación de los gobiernos, sociedad, instituciones públicas y privadas, intelectuales de todas las disciplinas brinden conocimientos científicos, técnicos, tecnológicos y operativos para disminuir las problemáticas que la juventud enfrenta.

Séptimo. En virtud de lo anterior se observa que un factor importante para la consecución y obtención de estos objetivos, es la participación de los jóvenes, quienes directamente manifiestan sus inquietudes, problemáticas, etcétera, en torno a mejorar sus condiciones de vida, basadas en la realidad que viven.

En consecuencia es preciso señalar que los jóvenes se les da la posibilidad de desarrollar competencias y conocimientos necesarios para la participación, aprenden lo que necesitan para ser miembros útiles y responsables de una sociedad, adquiriendo experiencia que da lugar a establecer una democracia real. Esto es, la participación no se limita a ``dar una opinión en lo particular'', sino que tiende a un proceso de razonamiento sobre los derechos y obligaciones propios, los del resto de las personas y con los de las mismas.

Con esta formación se advierte que un joven cuya integración activa se ha visto fomentada desde la infancia facilita que éste, será una persona con más posibilidades de entender y valorar la opinión y creencias particulares y las de los demás, así como sus interrelaciones.

Por tanto a efecto de observar lo establecido en los artículos 1o., 2o., 3o., 4o., 5o., 6o., 9o. y 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, México ratificó en el 2005 la ``Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes'', donde se justifica la necesidad de que la población joven cuente con bases jurídicas para el pleno reconocimiento y protección de sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Por lo que se establecieron obligaciones fundamentales para los Estados parte, siendo dos de las más importantes:

1. Crear un organismo gubernamental que se encargue de diseñar, coordinar y evaluar políticas públicas de juventud.

2. Promover todas las medidas legales y de cualquier otra índole destinadas a fomentar la organización y consolidación de estructuras de participación juvenil en los ámbitos locales, regionales y nacionales.

De aquí que el gobierno federal mexicano en estos tres últimos años se ha dado a la tarea de instrumentar políticas para el desarrollo de los jóvenes, confiriendo al Instituto Mexicano de la Juventud, que opera desde 1999, como el coordinador y encargado de definir y aplicar la política nacional de juventud. Este Instituto cuenta con un Programa Nacional de la Juventud (2008-2012), que tiene como base seis premisas:

Estas premisas están planteadas en unidades de medida que dan cuenta de la situación actual y que trazan cifras por alcanzar para el año 2012, las cuales orientadas hacia una visión intersecretarial permiten que el Gobierno Federal promueva la implantación de al menos un programa dirigido a esta población, de tal forma que se advierta la divulgación de medidas legales destinadas a fomentar la participación juvenil a nivel federal con el objeto de garantizar medidas y acciones para el desarrollo de las y los jóvenes, además de reconocer sus derechos.

Octavo . Por tanto considerando que la población juvenil crece rápidamente y que en consecuencia el desarrollo social, cultural y económico son cada vez más complejos e importantes para el progreso del país; así como que tal situación conlleva a dar origen a nuevas y mayores problemáticas, se hace necesario diseñar y fomentar una política nacional de juventud continua que sea objetiva, práctica y que garantice el pleno desarrollo de los jóvenes ; crear y promover medidas legales en donde se les reconozcan sus derechos y que se asegure su participación en los distintos ámbitos y niveles de poder.

Lo anterior se podrá concretar de manera coordinada, participativa y más ágilmente, si además de evocar un Día Internacional de la Juventud, se solemniza de manera oficial el Día Nacional de la Juventud, cuyo objeto sea resaltar la relevancia de la juventud en la sociedad y tenga por cometido la coacción de los Tres Poderes de la Unión en sus Tres Órdenes de Gobierno, para armonizar y adecuar las normativas nacionales en la materia a las políticas dictadas por los organismos internacionales; así como proponer, diseñar, desarrollar, implantar, dirigir y establecer acciones y esquemas de financiamiento de las mismas que den oportunidad a enfrentar los enormes desafíos que tiene la juventud, en lo referente a sus derechos, problemas, metas y objetivos.

Por lo expuesto, se somete a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente proyecto de

Decreto por el que se establece el 12 de agosto como Día Nacional de la Juventud

Artículo 1. Se declara Día Nacional de la Juventud el 12 de agosto de cada año.

Artículo 2. En el marco del Día Nacional de la Juventud, las dependencias del Ejecutivo federal, en sus respectivos ámbitos de competencia, desarrollarán lo siguiente:

Artículo 3. El Instituto Mexicano de la Juventud, en su calidad de coordinador y encargado de definir y aplicar la política nacional de juventud, en colaboración con las demás entidades de la Administración Pública Federal y Gobiernos Estatales, deberá:

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

El Presidente senador Luis Alberto Villarreal García: Túrnese a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados.

LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES

El Presidente senador Luis Alberto Villarreal García: Se recibió del diputado Carlos Augusto Bracho González , del Grupo Parlamentario del PAN, iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el inciso j) al artículo 30 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.

El Secretario senador Ramiro Hernández García: «Iniciativa que adiciona el artículo 30, Capítulo II, de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, a cargo del diputado Carlos Augusto Bracho González , del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, Carlos Augusto Bracho González , diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, somete a consideración del Pleno de esta Cámara la presente iniciativa con proyecto de decreto.

Exposición de Motivos

Es fundamental atender las necesidades de los adultos mayores, de tal manera que se puedan eliminar las barreras que dificultan su participación plena en la sociedad. El volumen y la estructura de la población de 60 años o más, así como el conocimiento de cómo incide el comportamiento demográfico en su estructura por edad y sexo, constituyen la base para el diagnóstico, el diseño, el seguimiento y la evaluación de las políticas públicas dirigidas a mejorar el bienestar y la calidad de vida de este grupo de población, considerando sus necesidades y oportunidades particulares.

Las personas adultas mayores presentan un ``riesgo social'' más amplio, que resulta en parte inherente al avance de la edad y que se acentúa por las deficiencias de cobertura y calidad en materia de seguridad social, atención de la salud, vivienda, empleo, discriminación, marginación y transporte, por mencionar algunos; por su mayor propensión a presentar limitaciones físicas o mentales, o sólo por su condición étnica.

Muchos de ellos están en situación de dependencia, no cuentan con definición de funciones y muchas veces son excluidos de las decisiones. Todos ellos comparten el atributo básico de la edad, el que se supone genera problemas similares y que los hace destinatarios de programas sectoriales o políticas públicas específicas en el país.

La presente iniciativa tiene por objeto adicionar el inciso j) al artículo 30, Capítulo II, de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, referente a incluir la Secretaría de Comunicaciones y Transportes entre las mencionadas dependencias que se encuentran en el artículo.

Es nuestro deber como legisladores realizar los proyectos encaminados a subsanar las lagunas u omisiones de las leyes. Me parece pertinente la adición mencionada, ya que las personas adultas mayores necesitan gozar de la mayor certeza, certidumbre, protección y de las facultades necesarias para su pleno desarrollo, y adecuación de su ley.

En el Capítulo II de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, referente al gobierno, administración y vigilancia, en el artículo 30 menciona que el Consejo Directivo es el órgano de gobierno del instituto y responsable de la planeación y el diseño específico de las políticas públicas anuales que permitirán la ejecución transversal en favor de las personas adultas mayores.

Estará integrado por los titulares de las siguientes dependencias: y menciona las distintas instituciones de las letras ``a'' a la letra ``i'', sin mencionar la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de la cual propongo que, dada su importancia para el desarrollo de los adultos mayores, se incluya el titular en el consejo directivo.

Es de suma importancia reforzar la legislación al respecto, a fin de que este órgano directivo quede debidamente fortalecido, con diferentes opiniones, puntos de vista, estrategias y recursos, así como asegurar el compromiso y respaldo de los titulares de esas instituciones.

Armonizando la misma ley y en congruencia con el Capítulo III, referente a los programas y las obligaciones de las instituciones públicas en su artículo 20, que menciona lo que corresponde garantizar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes

Es de suma importancia y lógico que el titular de dicha secretaría se integre al consejo directivo, por la naturaleza de las acciones que tiene conferidas esta secretaría en la ley y que, por ende, es necesario que participe en las decisiones del consejo directivo del instituto a la par de las demás instituciones.

Entre la visión de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes se encuentra ser un agente de cambio en el país, mediante la promoción y la generación de más y mejores servicios e infraestructura de comunicaciones y transportes, que sean asequibles para todos los mexicanos y coadyuven al mejoramiento de la calidad de la vida y a la construcción de una sociedad más igualitaria y justa, siempre trabajando con los más altos estándares de calidad y ética profesional, estableciendo sinergias entre los distintos niveles de gobierno y con la sociedad en general.

Ese fin se adecua perfectamente a lo que buscamos: accesibilidad, calidad, igualdad y justicia para los adultos mayores.

Una vez descrita la iniciativa, invito a los legisladores de la Cámara de Diputados a analizar, discutir y, en su momento, otorgar un voto afirmativo a la presente.

Por lo expuesto, la propuesta de esta iniciativa es que se haga una adición al artículo 30, Capítulo II, de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.

Por ello pongo a consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de

Decreto que adiciona el inciso j) al artículo 30 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores

Artículo Único. Se adiciona el inciso j) al artículo 30 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, para quedar como sigue:

Artículo 30. ...

Transitorio

Único. Este decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

El Presidente senador Luis Alberto Villarreal García: Túrnese a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Diputados.

LEY DEL SEGURO SOCIAL

El Presidente senador Luis Alberto Villarreal García: Se recibió del senador Humberto Aguilar Coronado, del Grupo Parlamentario del PAN, iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social, suscrita por diversos legisladores.

El Secretario senador Ramiro Hernández García: «Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social, a cargo del senador Humberto Aguilar Coronado, del Grupo Parlamentario del PAN, y suscrita por diversos legisladores

Los suscritos, integrantes de diversos grupos parlamentarios, con fundamento de lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, 72, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 62, 63 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta soberanía iniciativa con decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

De conformidad con los datos oficiales dados a conocer por la Secretaría de Desarrollo Social, existen en el país 1.2 millones de jornaleros agrícolas migrantes, de los cuales el 42.6 por ciento son mujeres y el 57.4 por ciento son hombres; aproximadamente el 40 por ciento del total son menores de 15 años y ese mismo porcentaje representa a los jornaleros que pertenecen a algún grupo indígena. El 29 por ciento de los jornaleros mayores de 14 años es analfabeto.

Poco más de la mitad de la población total de jornaleros agrícolas (55.6 por ciento) migra en grupos familiares y cerca del 61.1 por ciento de los hijos de familias jornaleras de entre 4 y 14 años de edad no asiste a la escuela. Las mujeres jornaleras reciben mínima atención médica durante su embarazo, y casi la mitad de ellas carece por completo de ésta.

Los datos referidos evidencian la necesidad de crear condiciones propicias para ampliar la cobertura de la seguridad social en el campo, a efecto de contribuir a la elevación de los niveles de vida de este tipo de trabajadores, mediante el acceso efectivo a la seguridad social y, en particular, a servicios de salud integrales, con calidad y trato digno, que satisfagan sus necesidades de salud.

Para lo anterior se debe tener presente que las labores de los trabajadores eventuales se requieren de manera intermitente, sujeto a los requerimientos y duración de los ciclos productivos, que no se extienden, en promedio, más allá de 27 semanas al año, así como a las condiciones climáticas; es de una alta rotación y se concentra en mayor cantidad al final del ciclo del cultivo, con la recolección de las cosechas.

En efecto, los diferentes ciclos agrícolas entre las regiones del país, la extensión o magnitud de las actividades, las varias temporadas de siembra y cosecha, así como la insuficiencia de mano de obra local, demandan una gran movilidad de una importante proporción de estos trabajadores. Ello conlleva un constante cambio, en ocasiones muy rápido, de patrón, de localidad y de periodo laborado.

Cabe recordar que teniendo en consideración tales condiciones específicas del trabajo en el campo, se han realizado esfuerzos para avanzar en la protección de los trabajadores eventuales del campo y su familia mediante su acceso a los beneficios de la seguridad social.

De esta manera, la Ley del Seguro Social vigente reconoce plenamente a los trabajadores eventuales del campo como sujetos del Régimen Obligatorio del Seguro Social, que rige para toda persona que presta sus servicios por virtud de una relación laboral conforme la definen los artículos 20 y 21 de la Ley Federal del Trabajo.

La Ley del Seguro Social y el Reglamento para la Seguridad Social para el Campo representaron un significativo avance a favor del aseguramiento pleno de estos trabajadores.

Asimismo, teniendo en cuenta las peculiaridades de las condiciones en que prestan sus servicios los trabajadores eventuales del campo, se realizaron reformas y adiciones a la Ley del Seguro Social, que tuvieron por objeto establecer un capítulo específico referente a la seguridad social en el campo, en el cual se precisaron las vías para que dichos trabajadores y sus familias gocen, con la debida sustentación financiera, de los beneficios que otorga la ley, así como simplificar el cumplimiento de las obligaciones patronales para favorecer la ampliación de la cobertura de la seguridad social en el campo mexicano.

También destacan en esa reforma, las disposiciones que permiten la subrogación de los servicios médicos mediante la reversión de parte de las cuotas obrero patronales, así como la subrogación del servicio de guarderías, previéndose en ambos casos la participación de los patrones del campo en la prestación de dichos servicios.

Adicionalmente, en 2007 el Ejecutivo federal dispuso medidas de apoyo al aseguramiento de los trabajadores eventuales del campo, a través del otorgamiento de beneficios fiscales y facilidades administrativas para éstos y sus patrones, que han favorecido la ampliación de la cobertura de la seguridad social para este sector. La vigencia de estos beneficios ha sido ampliada hasta el 31 de diciembre de 2010.

No obstante que estas acciones constituyen un esfuerzo en favor de los patrones y trabajadores eventuales del campo, en los hechos subsisten condiciones que dificultan que los trabajadores eventuales del campo tengan acceso efectivo a prestaciones de seguridad social, que les permitan a ellos y a sus familias, asegurar un nivel digno de vida, durante y después de su actividad productiva, con responsabilidad social y apoyo a través del financiamiento público.

Prueba de ello, es que en el más reciente decreto del Ejecutivo federal que amplió la vigencia de los beneficios fiscales a que se ha hecho referencia, expresamente se reconoce la necesidad de ``avanzar en la revisión integral del marco jurídico en materia de seguridad social de los trabajadores eventuales del campo''.

En este orden de ideas, resulta conveniente otorgar la mayor certeza y seguridad jurídica a los patrones del campo y a los trabajadores eventuales del campo, con respecto a las condiciones de su acceso a la seguridad social, para lo cual resulta indispensable promover una reforma a los artículos relativos de la Ley del Seguro Social, mediante la cual se reconozca la modalidad del trabajo que desarrollan los trabajadores temporales del campo, ampliando sus formas de acceso a la seguridad social, reduciendo los períodos de espera establecidos en la propia Ley para alcanzar los beneficios de la seguridad social.

Es decir, se trata de dar un marco legal más adecuado a las políticas públicas definidas para este sector de trabajadores, atendiendo a las particularidades de la temporalidad de sus labores y las necesidades de financiamiento y, en consecuencia, realizar las reformas legales pertinentes para que en un marco de equidad, responsabilidad social y cumplimiento de la Ley, se les otorguen efectivamente los beneficios de la seguridad social que consagra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La propuesta consiste en reafirmar los principios de la seguridad social y de su instrumento básico que es el seguro social, así como consolidar, mediante su incorporación en la ley de la materia los avances logrados a la fecha, a fin de otorgar certeza jurídica y permanencia a los beneficios que emanan de las disposiciones de carácter administrativo hoy vigentes.

Se debe destacar, que entre las causas de la falta de aseguramiento de los trabajadores eventuales del campo, sobresale el hecho de que para los patrones del campo de menores recursos, que constituyen una proporción importante de ese sector, resulta oneroso y de difícil cumplimiento, el procedimiento general establecido para ello, debido a las peculiaridades de rotación y control que se presentan en los trabajos del campo, así como a la carencia de medios tecnológicos, realizar en tiempo y forma los trámites de registro y presentación de movimientos de altas, bajas, reingresos y movimientos salariales, además de la determinación y entero de cuotas obrero-patronales, e incluso los trámites para la obtención de beneficios fiscales previstos en disposiciones administrativas.

En tal virtud, en la iniciativa se propone un esquema simplificado para que estos patrones puedan cumplir con las obligaciones relativas a su registro ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, así como a la inscripción de los trabajadores y la comunicación de sus movimientos de alta, baja, reingreso y modificaciones de salario, en su caso.

Asimismo, se considera en la iniciativa el establecimiento de un mecanismo simplificado para la determinación de las cuotas obrero patronales, con el apoyo del Instituto para realizarla, así como para efectuar la individualización de las cuotas del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, para el depósito de los importes respectivos en la cuenta individual de cada trabajador y para el registro de sus periodos cotizados.

Por otra parte, atendiendo a los datos disponibles en relación al ingreso promedio de los trabajadores eventuales del campo se propone introducir un salario equivalente a 1.68 veces el salario mínimo diario general de la zona geográfica de que se trate, siempre y cuando el salario efectivamente percibido por el trabajador no sea inferior, pues en ese supuesto las cuotas se deberán enterar con base en el salario real que perciba el trabajador. De esta forma, Estado, patrones y trabajadores contribuirán de una forma estable y predecible al financiamiento de la seguridad social de los trabajadores referidos.

En continuidad de las reformas a la Ley del Seguro Social de 2005, que establecen la posibilidad de la subrogación de servicios médicos y de guarderías para ampliar la cobertura de la seguridad social en el campo, se prevé en la presente iniciativa mayores elementos de supervisión y vigilancia por parte del IMSS, a fin de asegurar la calidad de los servicios subrogados.

Otro problema observado en el trabajo del campo es que los trabajadores llegan a la cesantía o la vejez sin recursos para su sobrevivencia y sin contar con documentos que acrediten la prestación de sus servicios para determinadas personas durante un cierto número de años.

Por ello, con la finalidad de que el trabajador tenga mayor seguridad y una forma de comprobar su derecho a las prestaciones diferidas, se considera la obligación para el patrón de entregar a cada trabajador, al término de la relación laboral, una constancia escrita del periodo laborado durante el ciclo de cultivo y del salario percibido, la cual, en su caso, podrá ser exhibida por el trabajador para acreditar sus derechos, de manera que ese documento crea certeza y coadyuva a precisar los derechos laborales de los jornaleros y a preconstituir pruebas para hacerlos efectivos en el momento en que sea necesario.

Al considerar que elevar el nivel de vida de los trabajadores eventuales del campo y sus beneficiarios, requiere que exista continuidad en su acceso a servicios de salud, la iniciativa prevé que tengan acceso a dichos servicios durante los períodos en que, en razón de los ciclos a que está sujeta su actividad laboral, se encuentran en receso. Para ello, se propone que las dependencias y entidades de la administración pública federal que forman parte del sistema nacional de salud, faciliten su incorporación a los programas de salud del Estado mexicano en sus lugares de origen cuando no estén sujetos a una relación laboral.

Por último, pero de la mayor importancia, se tiene el hecho de que al trabajar a lo sumo la mitad del año, a los trabajadores estacionales del campo les resulta doblemente difícil acumular las semanas cotizadas que se exigen legalmente para tener derecho al otorgamiento de diversas prestaciones económicas establecidas en la Ley del Seguro Social.

De ahí que en la iniciativa se considere, tratándose de estos trabajadores, el establecimiento de periodos de espera proporcionales a la temporalidad de sus periodos de aseguramiento, para acceder a las pensiones de invalidez, cesantía en edad avanzada y vejez, así como al subsidio de maternidad, en condiciones de equidad, y también la posibilidad de ampliar su capacidad de realizar retiros de sus cuentas individuales dentro del sistema de ahorro para el retiro en caso de desempleo.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta asamblea iniciativa con proyecto de

Decreto

Artículo Único. Se reforman los artículos 234, 237, 237-A, 237-B, 237-C, 237-D, 238 y 239, y se adicionan los artículos 237-E, 237-F, 237-G, 237-H, 239-A, 239-B, y 239-C, así como las secciones primera, ``Generalidades'', que comprende los artículos 234 al 237, y segunda, `` De los Trabajadores Eventuales del Campo'', que comprende los artículos 237-A al 239-C; al Capítulo X, ``De la Seguridad Social en el Campo del Título Segundo'', todos ellos de la Ley del Seguro Social, para quedar como sigue

Capitulo X De la Seguridad Social en el Campo

Sección Primera Generalidades

Artículo 234. La seguridad social se extiende al campo mexicano en los términos y formas que se establecen en la presente ley y los reglamentos respectivos.

El acceso a la seguridad social de los sujetos a que se refiere el presente capítulo podrá ser apoyado por el tercer aportante establecido en el artículo 230 de esta ley. En cualquier caso, éstos podrán acceder al seguro de salud para la familia regulado por este ordenamiento.

Los indígenas, campesinos temporaleros de zonas de alta marginalidad y todas aquellas familias campesinas cuya condición económica se sitúe en pobreza extrema tendrán acceso a las prestaciones de solidaridad social, bajo la forma y términos que establecen los artículos 214 a 217 de esta ley.

Artículo 237. Los trabajadores asalariados de carácter permanente en actividades del campo se comprenden en el artículo 12, fracción I, de esta ley y accederán a la seguridad social en los términos que establezca ésta y sus reglamentos.

Sección Segunda De los Trabajadores Eventuales del Campo

Artículo 237 A. Los trabajadores asalariados eventuales dedicados a actividades del campo se comprenden en el artículo 12, fracción I, de la ley y accederán a la seguridad social en los términos, condiciones y modalidades que señala esta ley y las disposiciones reglamentarias y administrativas que de ella derivan.

Artículo 237 B. Los patrones del campo que contraten trabajadores eventuales del campo tendrán las obligaciones siguientes:

Artículo 237 C. Los trabajadores eventuales del campo tienen el derecho de solicitar al instituto su inscripción y demás condiciones de trabajo y, en su caso, presentar la documentación que acredite su relación de trabajo, demuestre el tiempo laborado y los salarios percibidos.

El derecho a que se refiere el párrafo anterior podrá ser ejercitado por los trabajadores de manera directa, o bien, a través de su representante legal quien acreditará dicha representación en los términos que establezca el reglamento correspondiente.

La solicitud de inscripción a que se refiere el primer párrafo de este artículo se podrá realizar en la localidad en la que estén prestando sus servicios, o en su lugar de origen.

Lo anterior no libera a los patrones del cumplimiento de sus obligaciones ni les exime de las sanciones y responsabilidades en que hubieran incurrido o del fincamiento de los capitales constitutivos previstos en esta ley.

De igual forma, el trabajador, por conducto del instituto, podrá realizar los trámites administrativos necesarios para ejercer los derechos derivados de las pensiones establecidas por esta ley.

Artículo 237 D. Los patrones del campo que contraten trabajadores eventuales del campo, podrán efectuar la inscripción y el pago de las cuotas obrero patronales con el salario que resulte de aplicar el factor de 1.68, sobre el salario mínimo general del área geográfica que corresponda, siempre y cuando el salario base de cotización sea superior a 1.68 veces el salario mínimo general. En caso contrario, la incorporación y pago de las cuotas obrero patronales, se hará con base en el salario real percibido por el trabajador.

El Consejo Técnico del instituto, proveerá lo necesario, ante el Ejecutivo federal, para la revisión de las bases de cotización a que se refiere este artículo, a fin propiciar que se mantenga o restituya, en su caso, el equilibrio financiero de los seguros.

Lo anterior, sin perjuicio de los derechos del trabajador previstos en el artículo 237 C de esta ley.

Artículo 237 E. Serán responsables de la inscripción y el pago de las cuotas obrero patronales de los trabajadores eventuales del campo, los patrones que contraten, bajo cualquier título, a terceros para la cosecha de sus cultivos, recolección y preparación de los productos para su primera enajenación, siendo estos últimos obligados solidarios con el patrón, en el cumplimiento de las obligaciones derivadas de esta ley.

Artículo 237 F. En aquellos lugares donde el Instituto no cuente con instalaciones, a juicio del propio Instituto, para prestar los servicios de salud que tiene encomendados, éste podrá celebrar convenios con los patrones del campo, para que éstos otorguen a sus trabajadores las prestaciones en especie correspondientes al seguro de enfermedades y maternidad a que se refiere la Sección Segunda, Capítulo IV, del Título Segundo de esta ley, relativas a servicios médicos y hospitalarios, pudiendo convenirse en la reversión de una parte de la cuota obrero patronal en proporción a la naturaleza y cuantía de los servicios otorgados. En dichos convenios se pactará, en su caso, el pago de subsidios a través de un esquema programado de reembolsos, en los términos que establezcan las reglas de carácter general que para tal efecto expida el Consejo Técnico.

Los trabajadores eventuales del campo y sus beneficiarios, durante el tiempo que aquéllos estén sujetos a una relación laboral, recibirán las prestaciones del seguro de enfermedades y maternidad en la localidad en que realizan su trabajo, o bien, en el lugar de su residencia, cuando los beneficiarios permanezcan en el mismo.

Las dependencias y entidades de la administración pública federal que forman parte del sistema nacional de salud, en términos de las disposiciones aplicables, facilitarán la incorporación de los trabajadores eventuales del campo a los programas de salud del Estado mexicano en sus lugares de origen, cuando no estén sujetos a una relación laboral y, por tanto, no gocen de los beneficios del régimen de seguridad social del Instituto Mexicano del Seguro Social, sin perjuicio de otorgarles apoyos previstos en otros programas de la administración pública federal.

Artículo 237 G. En aquellos lugares donde el instituto no cuente con instalaciones, a juicio del propio Instituto, para prestar los servicios de guardería que tiene encomendados, éste podrá celebrar convenios con los patrones del campo y organizaciones de trabajadores eventuales del campo para la subrogación de los servicios que contempla el ramo de guarderías a que se refiere la Sección Primera, Capítulo VII, del Título Segundo, de esta ley, en los términos que establezcan las reglas de carácter general que para tal efecto expida el Consejo Técnico.

Cuando los hijos que tengan derecho al servicio de guardería no acompañen al trabajador, dichos servicios se prestarán en sus lugares de origen, en los términos establecidos en el párrafo anterior. Asimismo, las dependencias y entidades de la administración pública federal que forman parte del sistema nacional de guarderías y estancias infantiles celebrarán, a solicitud del Instituto Mexicano del Seguro Social, los convenios de colaboración correspondientes.

Artículo 237 H. En todo caso, los patrones del campo y las organizaciones a que se refiere este capítulo estarán obligados a proporcionar al instituto los informes y estadísticas que éste les exigiere y a sujetarse a las instrucciones, normas técnicas, inspecciones y vigilancia prescritas por el propio instituto, en los términos de las reglas de carácter general que con respecto a los servicios médicos y de guarderías expida el Consejo Técnico.

Artículo 238. La trabajadora eventual del campo tendrá derecho durante el embarazo y el puerperio a un subsidio en los términos establecidos en los artículos 101 y 102 de esta ley, con la salvedad que para tener derecho al subsidio se requiere que tenga cubiertas por lo menos doce cotizaciones semanales, dentro de los doce meses anteriores a la fecha en que debiera comenzar el pago del subsidio.

Artículo 239. Para efectos de las pensiones de los seguros que comprende el régimen obligatorio, los trabajadores eventuales del campo se sujetaran a las siguientes modalidades:

Artículo 239 A. Cuando el trabajador eventual del campo deje de estar sujeto a una relación laboral, en los términos de esta ley, tendrá derecho a

Artículo 239 B. Las autoridades federales, estatales y municipales, así como los integrantes de los sectores social y privado, proporcionarán al instituto los datos que éste les solicite en relación con las actividades del campo a que se refiere esta sección, a fin de garantizar los derechos de los trabajadores eventuales del campo y sus beneficiarios.

Artículo 239 C. Se reputará como fraude y se sancionará como tal, en los términos del Código Penal Federal, la inscripción como trabajador eventual del campo de personas que no tengan ese carácter, así como la obtención o el propiciar su obtención, de los seguros, prestaciones y servicios que esta ley establece, mediante cualquier engaño o aprovechamiento de error, ya sea en virtud de simulación, sustitución de personas o cualquier otro acto.

Transitorios

Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor a los noventa días naturales siguientes al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo. A partir de la entrada en vigor de este decreto se derogan las disposiciones que se opongan a éste.

El Presidente senador Luis Alberto Villarreal García: Túrnese a la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados.

COMISION NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

El Presidente senador Luis Alberto Villarreal García: El siguiente punto del orden del día es el de proposiciones con punto de acuerdo. La Presidencia recibió del senador Javier Orozco Gómez y del diputado Manuel Portilla Diéguez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados a que solicite a la Auditoría Superior de la Federación llevar a cabo las adiciones necesarias para supervisar y transparentar el manejo de los recursos asignados a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte para el ejercicio de 2009.

El Secretario senador Ramiro Hernández García: «Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la Cámara de Diputados a solicitar a la ASF que lleve a cabo acciones orientadas a supervisar y transparentar el manejo de los recursos asignados a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte en el ejercicio fiscal de 2009, suscrita por el senador Javier Orozco Gómez y por el diputado Manuel Portilla Diéguez, del Grupo Parlamentario del PVEM

El pasado 2008 fue un año del que mucho se esperó, hablando deportivamente, no sólo por la realización a nivel internacional de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos celebrados en Beijín, China y de la expectación creada por nuestros representantes nacionales en dicha justa.

Además de la actuación de quienes nos representaron competitivamente, también de quienes administran y dirigen nuestro deporte nacional, se esperaba más.

Al finalizar dichas eventos, diversas fueron las voces que se expresaron a favor o en contra de los resultados alcanzados por nuestros atletas, hay quienes lanzaron campanas al vuelo señalando que fue una de las mejores actuaciones de nuestro país al haber conquistado sólo 2 preseas áureas y una de bronce en los olímpicos, además de 10 de oro, 3 de plata y 7 de bronce en los Paralímpicos.

Valdría la pena cuestionarnos si ¿Son éstas, las verdaderas expectativas deportivas de nuestro país? ¿Fue poco o mucho el dinero que se invirtió? ¿Fue correcto el uso de los recursos que se asignaron? ¿Además de la inversión para Juegos Olímpicos y Paralímpicos, en que más se gasto el presupuesto asignado?

Lo anterior en referencia a los resultados obtenidos por las delegaciones mexicanas que nos representaron en Beijín, para los cuales se otorgó a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte un monto extra a ejercer en 2008.

El criticado desempeño de nuestros atletas participantes en dichos eventos y las constantes declaraciones por parte de ellos, así como las diferentes quejas y denuncias presentadas sobre la falta de apoyo económico para su preparación, pusieron en duda y a luz pública la mala aplicación de los recursos destinados al deporte nacional.

Con la finalidad de esclarecer estos hechos se solicitó formalmente la comparecencia del titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte; no obstante creemos conveniente que formal y legalmente se haga un estudio detallado del fin y destino de los recursos otorgados al deporte nacional en el Presupuesto de Egresos de la Federación durante 2008.

Es por ello y conforme a lo establecido en el artículo 14 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, nos permitimos solicitar a la Auditoría Superior de la Federación se realice auditoria sobre los recursos ejercidos por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, la Confederación Deportiva Mexicana y el Comité Olímpico Mexicano el año pasado.

Por otra parte, pero en el mismo tema, para este 2009, año no olímpico pero si de procesos electorales federales, a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte se le ha asignado un presupuesto de 3 mil 546 millones de pesos, es decir, se ha destinado un incremento superior aproximado a los 2 mil millones de pesos.

Unido a lo anterior, es de resaltar que en el rubro destinado al desarrollo de infraestructura en municipios el monto a ejercer en el presente año será de 640.5 millones de pesos; asimismo en cuanto a los recursos que la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte destinará solo al estado de Jalisco en virtud de los Juegos Panamericanos del 2111, aunque en diferentes rubros, la suma es por un total de 1 mil 650 millones de pesos.

No obstante y que durante la presentación de la estrategia nacional en materia de cultura física y deporte, se habló de la creación de un sistema nacional de evaluación y rendición de cuentas del Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte; paralelamente convendría solicitar a la Auditoría Superior de la Federación, que lleve a cabo las acciones necesarias con la única finalidad de supervisar y transparentar el correcto manejo de los recursos asignados, para el presente ejercicio fiscal, a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte.

Independientemente de lo anterior y en un año en el que políticamente lo más conveniente para el justo y buen desempeño de los procesos electorales, deberá ser precisamente el uso adecuado y transparente de los recursos públicos; por lo que el establecimiento de mecanismos de participación de los titulares de las dependencias y entidades de la administración pública federal, en su calidad de integrantes del Ejecutivo federal, den certeza a la ciudadanía de que los fondos públicos se utilicen exclusivamente en los planes y programas formalmente establecidos, garantizando así el correcto uso y destino de los recursos federales.

Lo anterior dará certeza a la población nacional y nos permitirá certificar que dichos recursos públicos, sean materiales o humanos, no se utilicen para apoyar campañas de candidatos o partidos políticos durante los próximos procesos electorales federales, estatales y municipales, durante su organización, soporte o ejecución.

Dentro de las facultades exclusivas de la Cámara de Diputados se encuentran dos tareas fundamentales que se están relacionadas entre si. En primera instancia se encuentra la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación, donde se plasman las erogaciones que hará el Estado mexicano y en particular, por el caso que nos ocupa, la administración pública del país.

Los recursos públicos que son establecidos en el decreto de Presupuesto, se destinan a las diversas áreas y tareas que tienen encomendadas las dependencias o entidades de la administración. Para consolidar esta labor legislativa la propia Constitución le otorga a la Cámara de Diputados la facultad denominada revisión de la Cuenta Pública, la que tiene por objeto conocer los resultados de la gestión financiera, comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados por el presupuesto y el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas.

En la revisión de la Cuenta Pública, la Comisión de Vigilancia de la Auditoria Superior de la Federación tiene amplias facultades para verificar tanto las cantidades erogadas como la exactitud y justificación del presupuesto ejercido, por lo que todas las autoridades involucradas están en la obligación de suministrar los datos y la información requerida, aun tratándose de organismos descentralizados, como es el caso de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte.

Si bien es cierto, que el ejercicio fiscal de 2009 está en marcha, y que su revisión vendrá con posterioridad de acuerdo a las disposiciones constitucionales y legales; también lo es, que la histórica cantidad otorgada a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, más de 3 mil 500 millones de pesos, hace necesario una vigilancia estricta de los recursos, sobre todo, considerando que nos encontramos en un año electoral, donde la equidad y la transparencia en los programas y acciones de gobierno, no deben poner en duda o bajo sospecha las contiendas electorales.

Por tal motivo, se hace necesario que la Comisión Legislativa de Vigilancia de la Auditoria Superior de la Federación, se encargue desde este momento de llevar a cabo un monitoreo pormenorizado de los gastos que se realicen con el presupuesto público asignado a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte. No se debe de perder de vista, que una de las facultades inherentes a todo Congreso es precisamente el control de las acciones del gobierno, a fin de cumplir cabalmente con los pesos y contrapesos entre los poderes públicos.

Es por lo anterior y con la finalidad de coadyuvar en el ejercicio correcto de los recursos públicos, así como en el crecimiento y desarrollo de la actividad física y deportiva de nuestro país, que sometemos a consideración de ésta honorable asamblea dicte el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la honorable Cámara de Diputados solicite a la Auditoría Superior de la Federación, realizar auditoria sobre los recursos ejercidos por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, la Confederación Deportiva Mexicana y el Comité Olímpico Mexicano, durante el ejercicio fiscal de 2008.

Segundo. Se exhorta a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, de la honorable Cámara de Diputados, a que lleve a cabo las acciones necesarias con el fin de supervisar y transparentar el manejo de los recursos asignados a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, para el ejercicio fiscal de 2009.

El Presidente senador Luis Alberto Villarreal García: Túrnese a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados.

ACUERDO NACIONAL EN FAVOR DE LA FAMILIA RURAL Y EL EMPLEO PARA VIVIR MEJOR

El Presidente senador Luis Alberto Villarreal García: La Presidencia recibió del diputado José Rubén Escajeda Jiménez , del Grupo Parlamentario del PRI, punto de acuerdo mediante el cual solicita que Poder Ejecutivo revise el Acuerdo Nacional en favor de la Familia Rural y el Empleo para Vivir Mejor.

El Secretario senador Ramiro Hernández García: «Proposición con punto de acuerdo, a fin de solicitar al titular del Poder Ejecutivo federal que revise el Acuerdo Nacional en favor de la Familia Rural y el Empleo para Vivir Mejor, a cargo del diputado José Rubén Escajeda Jiménez , del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado federal del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LX Legislatura, con fundamento en los artículos 23, numeral 1, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del Pleno de la del Congreso de la Unión proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, bajo los siguientes

Antecedentes

Sobre estos temas, me permito presentar un diagnóstico breve sobre la situación del país, a fin de dimensionar los temas de fondo sobre los que no se aborda su tratamiento y menos su solución en el acuerdo nacional en comento.

Por todo lo anterior se somete a este Pleno soberano, de urgente y obvia resolución, proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta al Ejecutivo federal a realizar una revisión del Acuerdo Nacional en favor de la Familia Rural y el Empleo para Vivir Mejor para ajustarlo a la situación real del país y en particular del trabajador del campo y la ciudad.

Segundo. Se exhorta al Ejecutivo federal a cumplir con el punto primero, a realizar foros temáticos regionales y abiertos sobre problemas estructurales y coyunturales del país, con la participación de los sectores de la economía y, dentro de ellos, se invite principalmente a los representantes de los trabajadores del campo y la ciudad.

Tercero. Que en estos foros participen también con propuestas y compromisos los representantes de los Poderes Legislativo y Judicial, así como los tres Poderes de la Unión.

Cuarto. Finalmente que de manera consensuada y con compromisos concretos y con plazos definidos sea presentado a la sociedad para su conocimiento y ejecución.

El Presidente senador Luis Alberto Villarreal García: Túrnese a la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados.

ESTADO DE TAMAULIPAS

El Presidente senador Luis Alberto Villarreal García: Se recibió punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Economía, mediante el programa Prologyca, realice un estudie de factibilidad a instalar una central de abasto en Matamoros, Tamaulipas, suscrito por el diputado Alberto García González, del Grupo Parlamentario del PAN.

El Secretario senador Ramiro Hernández García: «Proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Secretaría de Economía a realizar a través del Prologyca un estudio de factibilidad de instalación de una central de abasto en Matamoros, Tamaulipas, suscrita por el diputado Carlos Alberto García González , del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, Carlos Alberto García González , diputado federal de la LX Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos presenta ante esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría de Economía, a través del Programa para la Agenda de Competitividad en Logística y Centrales de Abasto (Prologyca), a realizar un estudio a efecto de determinar la factibilidad de instalar una central de abasto en Matamoros, Tamaulipas, con base en las siguientes

Consideraciones

El abasto de productos agropecuarios constituye un factor fundamental en los niveles de acceso, disponibilidad y consumo de alimentos de la población. Su relevancia también radica en las interrelaciones que guarda con la problemática del sector agropecuario, el transporte, la infraestructura de acopio y distribución física de alimentos, así como los programas y estrategias alimentarias encaminados a fortalecer las condiciones nutricionales de la población.

El abasto de alimentos ha evolucionado dramáticamente en las últimas dos décadas. La expansión de grandes cadenas de comercialización está modificando las formas tradicionales de intermediación y especulación; la emergencia de un nuevo esquema de abasto alimentario se posibilita por los procesos de desregulación estatal y apertura comercial a los que ha entrado el país, pero además por la aplicación de desarrollos tecnológicos al comercio, la globalización de los patrones de consumo y las nuevas estrategias de compra de la población.

Sin embargo, mientras estas tendencias comienzan a generalizarse, no podemos dejar de reconocer la presencia que todavía mantienen las formas tradicionales de abasto de alimentos, considerados por algunos como un ``mal necesario'', sobre todo porque siguen siendo un soporte fundamental para conectar la producción de distintas regiones del país con el consumo alimentario de los diversos centros de población, estructurando una compleja red de unidades, agentes de intermediación e intereses comerciales.

Una radiografía de la infraestructura para el abasto nos indica la fuerza que mantienen algunos de los principales actores en la fase del comercio.

En el país participan más de 3 mil 500 establecimientos, de los cuales 60 son centrales y módulos de abasto especializados en acopio, almacenamiento y comercialización mayorista de frutas y hortalizas; existen, además, 32 centros mayoristas, mil 909 almacenes especializados, 154 rastros y empacadoras tipo inspección federal, mil 61 rastros municipales y privados, y 269 frigoríficos.

En el rubro de comercio al menudeo de tipo tradicional, hay en el país alrededor de 600 mercados públicos y un número indeterminado de tianguis y mercados sobre ruedas.

En cuanto a oferta alimentaria, cobertura de infraestructura y mecanismos de intermediación, podríamos decir que el sistema de abasto alimentario en México es acorde con la demanda alimentaria de la población. Sin embargo, aunque un sistema de abasto satisfaga los requerimientos de una región o ciudad, puede convertirse en un proceso irracional y costoso por la ausencia de mecanismos de integración territorial o la excesiva intermediación, lo que supone la formación de regiones y sectores sociales que son abastecidos en diferentes escalas y que presentan riesgos para obtener una oferta de alimentos suficiente, estable y, sobre todo, accesible en términos del precio.

Por ejemplo, por la magnitud en infraestructura de acopio y centrales mayoristas que históricamente ha adquirido la ciudad de México, aquí se concentra más de 40 por ciento del volumen nacional de frutas y hortalizas, por esta razón, el Distrito Federal se ha convertido indirectamente en una de las entidades emisoras más importantes del país, de ahí la necesidad de descentralizar el acopio de abasto alimentario.

Al respecto, considero una opción el municipio de Matamoros, Tamaulipas, por las siguientes razones:

Gracias a su ubicación geográfica, Matamoros se convierte en un municipio único en el país, con gran potencial de desarrollo económico. Posee una extensión territorial de 3 mil 351.96 kilómetros cuadrados, que representa 4.19 por ciento de la superficie estatal; es el sexto municipio con mayor superficie en Tamaulipas. Es frontera con Estados Unidos, la principal potencia económica del mundo. Cuenta con un extenso litoral costero, además de ser la ciudad fronteriza más cercana a la capital del país, por aire o por tierra.

Con bases sólidas para el crecimiento en el comercio exterior, Matamoros se hace presente como la frontera más cercana con los países pertenecientes al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, así como de los flujos comerciales que surgen entre México y EUA hacia los mercados de Centroamérica. Es la frontera más corta México-EUA hacia el este, y abarca 70 por ciento del mercado de EUA.

El desarrollo económico de Matamoros ha variado a través de la historia. Destacan las actividades industriales, comerciales y de servicios, sin olvidar su vocación agrícola.

Matamoros tiene grandes expectativas para el sector económico, ya que se consolidan sus ámbitos tales como industriales, comerciales, agropecuarios, pesqueros, de servicios, y por supuesto lo turístico, Esto gracias a que es un punto de conexión de México con Estados Unidos, ya que cuenta con cuatro puentes internacionales, un aeropuerto internacional, y un sistema ferroviario y marítimo, que le permiten tener un desarrollo comercial sobresaliente.

No obstante, las instalaciones comerciales colectivas son claramente insuficientes. Matamoros cuenta con tres tianguis, seis mercados públicos, seis bodegas y un mercado de abasto claramente insuficiente para el volumen de movimiento del comercio local.

En razón de ello se exhorta a la Secretaría de Economía a considerar la realización de un estudio que determine la factibilidad de instalar una central de abasto en Matamoros, Tamaulipas, con apoyo del gobierno federal, a fin de impulsar favorablemente la cadena de valor de los productos agroalimentarios y facilitar su abasto, en las mejores condiciones, a la población.

Se propone que el apoyo federal se obtenga a través del Prologyca. Este programa tiene como objetivo impulsar la reconversión de centrales de abasto en modernos y eficientes centros logísticos que repercutan favorablemente en la cadena de valor de los productos agroalimentarios y faciliten su abasto a la población en las mejores condiciones. Dicho programa se desarrolla en cinco líneas estratégicas: 1. Desarrollar o reconvertir la infraestructura considerando el elemento logístico, de manera que permita que las centrales de abasto operen eficientemente; 2. Impulsar mejoras en el proceso de distribución de los productos agroalimentarios; 3. Promover el desarrollo de la cadena de frío, de tal manera que permita prolongar la vida útil de los productos; 4. Impulsar el desarrollo de los canales minoristas tradicionales, clientes naturales de las centrales de abasto; y 5. Promover el desarrollo de la capacidad empresarial y organizacional de los mayoristas, fomentando un cambio cultural y organizacional.

Con esta acción se obtendrán diversos beneficios: creación de empleos directos e indirectos; reducción de tiempos de movilización de las mercancías; eficientar la logística y los servicios ligados a las transacciones comerciales; una adecuada conectividad para el suministro y reexpedición de productos y recuperar su vocación mayorista; impulsar mejoras en el proceso de distribución de los productos agroalimentarios, vinculando el sector mayorista con el sector productivo para que desde el origen se atiendan los requerimientos del mercado y se propicie la integración de cadenas de valor; apoyar la modernización para fortalecer su participación en el abasto, de tal manera que permita transferir los beneficios a los consumidores finales, etcétera.

Por ello someto a consideración de esta honorable asamblea, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría de Economía, a través del Programa para la Agenda de Competitividad en Logística y Centrales de Abasto, a realizar un estudio para determinar la factibilidad de instalar una central de abasto en Matamoros, Tamaulipas.

El Presidente senador Luis Alberto Villarreal García: Túrnese a la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados.

ESTADO DE OAXACA

El Presidente senador Luis Alberto Villarreal García: Tiene la palabra el diputado Carlos Altamirano Toledo , para presentar punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente solicita a la Suprema Corte de Justicia la Nación que resuelva y dé el fallo de investigación respecto a los hechos acontecidos en Oaxaca a partir de mayo de 2006, que constituyen graves violaciones a las garantías individuales, suscrito por los diputados Carlos Martínez Martínez y Othón Cuevas Córdova , todos del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

La Presidencia le concede el uso de la palabra hasta por tres minutos.

El diputado Carlos Altamirano Toledo : Gracias, presidente.

Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, solicito su atención para respaldar una proposición que presentaron los diputados federales del PRD por Oaxaca, en particular los diputados Othón Cuevas Córdova , Carlos Martínez y el de la voz, para presentarlo a su consideración, por ser un asunto de gran trascendencia para la vigencia del estado de derecho, de las libertades y de la justicia en Oaxaca.

Me refiero a la facultad constitucional de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para designar uno o varios comisionados para que averigüen hechos que constituyen graves violaciones a algunas garantías individuales establecidas en nuestra Carta Magna.

El hecho es que por los graves acontecimientos que sucedieron en Oaxaca en 2006, la Cámara de Diputados solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante un punto de acuerdo ---escuchen la fecha--- del 28 de marzo de 2007, que esta institución ejerciera su facultad constitucional, pues se denunció en esos acontecimientos, se evidenció la grave y sistemática violación de las garantías individuales en Oaxaca.

¿Qué es lo que planteamos? Que los hechos se investiguen y que se haga justicia pronto, sin dilaciones, pues se mantiene vivo el agravio.

El país no puede apostar a la simpleza del olvido; éste sólo genera rencor y pospone la vigencia plena de la vida democrática. Ni los oaxaqueños ni el conjunto de los mexicanos podremos vivir una normalidad democrática si lo único que existe es el olvido o la indiferencia a las violaciones constitucionales, y por esta vía el fomento a nuevas violaciones.

Lo que tenemos ante nosotros son 2 años y 10 meses de inacción, en los que no hay castigo a los responsables. No puede haber olvido ante lo ocurrido bajo la intervención de la autoridad, y de ninguna forma se puede ir al proceso político de 2009 en Oaxaca con el pendiente de saber si en el estado valen o no las garantías constitucionales. Con los detenidos y encarcelados hubo múltiples atropellos y arbitrariedades. A más de dos años del movimiento social de Oaxaca no se conoce a ningún responsable de estas arbitrariedades.

Con paciencia y mucha prudencia se han utilizado los recursos constitucionales y legales para enfrentar estas arbitrariedades. En la proposición solicitamos a la Comisión Permanente exhortar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a que no le dé vueltas, que resuelva si los hechos investigados constituyen o no violaciones graves a las garantías individuales.

Señor presidente, solicito que someta a votación ese punto como de obvia o urgente resolución. Muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que la Comisión Permanente solicita a la SCJN que resuelva y dé el fallo de investigación respecto a lo acontecido en el estado de Oaxaca a partir de mayo de 2006, que constituye graves violaciones de las garantías individuales, a cargo del diputado Carlos Martínez Martínez y suscrita por el diputado Othón Cuevas Córdova , del Grupo Parlamentario del PRD

Los suscritos, diputados Othón Cuevas Córdova y Carlos Martínez Martínez , integrantes del Grupo Parlamentario del PRD de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por la cual la del Congreso de la Unión solicita a la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva y de el fallo de su investigación, con base en su facultad de investigación prevista en el párrafo segundo del articulo 97 constitucional y el punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados en la presente legislatura, respecto de los hechos acontecidos en el estado de Oaxaca, a partir de mayo de 2006, que constituyen graves y sistemáticas violaciones a las garantías individuales, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El artículo 97 constitucional tiene gran relevancia para la conformación del estado de derecho y para sustentar la seguridad jurídica de la sociedad mexicana, los elementos expresados en este artículo consagran la facultad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para designar de entre los miembros del Poder Judicial de la federación, uno o varios comisionados para que averigüen hechos que constituyan graves violaciones a alguna o algunas garantías individuales establecidas en la Carta Magna.

Esta facultad de nuestro máximo tribunal sólo puede ser ejercida a petición del Ejecutivo federal, de algún gobernador o de alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión.

Amparada en este mandato la Cámara de Diputados de la LX Legislatura, y ante los graves acontecimientos que suceden en Oaxaca, en años recientes, los cuales han sometido a la sociedad oaxaqueña al desamparo del estado de derecho, solicitamos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de un punto de acuerdo aprobado por el Pleno de su soberanía el 28 de marzo del año 2007, ejercer su facultad constitucional en virtud de que en tales acontecimientos se puede apreciar la grave y sistemática violación a las garantías individuales que privan en el estado de Oaxaca.

Razón por la cual solicitamos exhortar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a que, con la finalidad de no seguir prolongando la determinación que en forma definitiva debe tomar en relación a si los hechos investigados constituyen o no violaciones graves a las garantías individuales, y tomando en consideración que en los términos de la regla número 5 de las reglas generales del propio acuerdo general número 16/2007, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se establece en el segundo párrafo a la letra: ``Las investigaciones podrán durar hasta seis meses, correspondiendo al Pleno decidir si amplía dicho plazo, cuando la investigación así lo requiera'', en el caso concreto ese plazo ha sido ampliado en dos ocasiones por el Pleno de la corte, tiempo suficiente para la realización de la investigación ordenada, razón por la cual se hace necesario el fallo del máximo órgano de justicia de la nación en relación a estos hechos.

Los hechos que se piden investigar hasta el día de hoy se encuentran en la impunidad que tiene como características y funciones: la ausencia del castigo, la prolongación de una situación de injusticia ejercida contra las personas, la ausencia de investigación, el no ejercicio de la acción penal, la mala integración de la averiguación, la parcialidad de los jueces, entre otros. La impunidad no es un dejar de hacer o dejar pasar, sino un acto racional y deliberado de violencia y violación a los derechos humanos. Esto supone un problema de seguridad social y de procuración de justicia.

Por ejemplo, con los detenidos y encarcelados del movimiento social hubo violaciones a su debido proceso legal; se dieron detenciones arbitrarias (sin existir flagrancia, orden de aprehensión o tratarse de casos urgentes); se quebrantó la integración de averiguaciones previas por una fiscalía móvil, ubicada en zona federal; se incomunicó a los detenidos en virtud de no haber tenido derecho a una llamada y haber quedado prohibida toda visita o comunicación con personas ajenas a la ``autoridad''; se tiene documentada tortura e intimidación física y psicológica de los detenidos (como la amenaza de muerte de tirarlos de los helicópteros, durante los traslados a los penales de Oaxaca y Nayarit); se cometió con ellos privación de los estímulos sensoriales, de necesidades fisiológicas y de contextos sociales; existió tortura física por parte de elementos de la PFP y de la policía ministerial del estado de Oaxaca, quienes les propinaron golpes, lesiones, daños psicológicos, hasta simulación de ejecuciones; se les imposibilitó el contar con un defensor de confianza; hubo casos de violación a la integridad personal y sexual de los y las detenidas, al haber sido vejados en el penal de Nayarit, principalmente (eran desnudados y desnudadas al salir de sus celdas, para ir a alguna revisión de carácter psicológico, medico o de trabajo social, dentro del penal. O el caso de un joven que fue obligado a realizar sexo oral a un elemento de la PFP); no se contó con traductores en los casos en que las personas pertenecen a un grupo étnico o pueblo indígena; no hubo acceso a los expedientes, por parte de los familiares o por los propios detenidos; hizo falta atención médica durante las primeras 72 horas en que estuvieron recluidos a pesar de las lesiones graves que les fueron propinadas por las fuerzas estatales y federales de seguridad pública; se trasgredió contundentemente la legalidad en los traslados a cárceles de alta seguridad de las personas por ser considerados delincuentes de alta peligrosidad, sin existir los exámenes criminológicos y psicológicos necesarios para dicha determinación, entre otros más.

El movimiento social más contundente de los últimos años que se levantó en Oaxaca, integrado primordialmente por la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, APPO, está por cumplir tres años de su inicio en 2009, y a la fecha no se conoce a ningún responsable de las arbitrariedades que se cometieron hacia la población de la entidad.

El propio Senado de la República reconoció y discutió, en el dictamen de la Comisión de Gobernación, el 20 de octubre de 2006, por el que se analizaba la desaparición de poderes en el estado de Oaxaca, en el capitulo relativo a las ``Consideraciones Políticas, Sociales y Económicas'' y señaló, lo siguiente:

Es público y notorio que la crispación y el encono entre las partes en conflicto se ha incrementado, al grado que es patente la ingobernabilidad por la que atraviesa la entidad...

La autoridad local, desplegó una operación política tardía e ineficiente, que alentó el conflicto, desdibujó la legalidad y sumió a la ciudadanía en la incertidumbre y la desesperación...

Por una parte, la sociedad oaxaqueña, en particular la que habita en la ciudad capital, padece la arbitrariedad, la inseguridad, la incertidumbre y el desgobierno. Con ello, ha resultado afectada en el disfrute de sus garantías individuales, en el ejercicio de sus derechos, en la protección de su integridad física y su patrimonio, en el acceso a los servicios públicos y en el detrimento de su fuente de ingresos.

Además de los términos generales del dictamen del Senado de la República, a la fecha nadie sabe quien mató a 20 personas durante el conflicto (reconocidas por la CNDH), dónde están los más de 20 desaparecidos, nadie es garante de los cientos de heridos y lesionados, ninguna persona es responsable de los procesos legales equivocados que se le siguieron a muchas ciudadanas y ciudadanos que fueron detenidos arbitrariamente (por ejemplo el 14 de junio, el 6, 9 y 11 de agosto, el 29 y 30 de octubre, el 2, 20, 25, 26 y 30 de noviembre de 2006, el 16 de julio y el lunes del cerro de 2007, por citar alguna fechas), y encarcelados injustamente, muchos de ellos en penales de máxima seguridad como si fueran delincuentes de alta peligrosidad y absueltos después sin cargo alguno, en cumplimiento de las ejecutorias de amparo decretadas.

Y principalmente, hacemos la proposición porque ya existe el Acuerdo General Número 16/2007, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el que se establecen las reglas a que deberán sujetarse las comisiones de investigación que se formen con motivo del ejercicio de la facultad consignada en el artículo 97, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y es por todo lo anterior que sometemos a la consideración de esta soberanía, a efecto de que se considere como de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La del Congreso de la Unión solicita a la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva y dé el fallo sobre la solicitud número 1/2007, de ejercicio de la facultad de investigación, por los hechos ocurridos en el estado de Oaxaca dentro de los periodos de investigación que ordenó averiguar y que comprenden de mayo de 2006 al 31 de enero de 2007 y los días 16 y 17 de julio de 2007, hechos probablemente constitutivos de graves y sistemáticas violaciones a las garantías individuales, toda vez que tales hechos se encuentran en la impunidad.

Segundo. Se hace la anterior solicitud con base en la facultad de investigación, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación prevista en el párrafo segundo del articulo 97 constitucional, el punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados de la LX Legislatura el pasado 28 de marzo de 2007 y el acuerdo general número 16/2007, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el que se establecen las reglas a que deberán sujetarse las comisiones de investigación que se formen con motivo del ejercicio de la facultad consignada en el artículo 97, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aprobado el 20 de agosto de 2007.

El Presidente senador Luis Alberto Villarreal García: Gracias a usted, diputado. Permítame un segundo, senador. Supongo que desea hacer uso de la palabra, pero antes debo consultar si se considera de urgente...

El senador Gabino Cué Monteagudo (desde la curul): Presidente...

El Presidente senador Luis Alberto Villarreal García: Micrófono en la curul del senador Gabino Cué.

El senador Gabino Cué Monteagudo (desde la curul): Entiendo el procedimiento, presidente, pero lo que quiero solicitar es que, por su conducto, se pregunte al diputado Carlos Altamirano si me permite signar con él este punto de acuerdo, junto con los dos compañeros diputados de Oaxaca que él mencionó.

El diputado Carlos Altamirano Toledo : Sí.

El Presidente senador Luis Alberto Villarreal García: Así lo ha aceptado, senador. Así que le pedimos a la secretaría técnica de la Mesa Directiva que recabe la firma correspondiente y se le tenga al senador Gabino Cué como suscribiente del punto de acuerdo.

Consulte la Secretaría a la asamblea si se considera a la presente proposición de urgente resolución.

La Secretaria diputada Marcela Cuen Garibi : Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a la asamblea, en votación económica, y con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente u obvia resolución la proposición. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo...

El Presidente senador Luis Alberto Villarreal García: Voy a solicitarle a la Secretaría que recabe de manera nominal la votación, toda vez que no hay claridad en el resultado de ésta.

El diputado José Rubén Escajeda Jiménez (desde la curul): Presidente, ¿qué es exactamente lo que se va a someter a votación? ¿Se va a someter como de urgente resolución?

El Presidente senador Luis Alberto Villarreal García: Estamos consultando a la asamblea si se considera o no de urgente resolución. Como no hay claridad, le he solicitado, y así está el trámite ya dictado a la Secretaría, que sea en votación nominal.

La Secretaria diputada Marcela Cuen Garibi : Se va a recoger la votación nominal. Háganse los avisos del artículo 161 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General.

Marcela Cuen, la de la voz, recabará la votación a favor y el senador Ramiro Hernández recogerá la votación por la negativa.

La diputada María Esther Jiménez Ramos (desde la curul): Por la negativa.

El diputado Fidel Antuña Batista (desde la curul): Por la negativa.

El diputado Carlos Augusto Bracho González (desde la curul): En contra.

El senador Humberto Aguilar Coronado (desde la curul): Abstención, señor presidente.

El diputado Juan de Dios Castro Muñoz (desde la curul): Castro, no.

El senador Gabino Cué Monteagudo (desde la curul): Por el sí.

El diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva (desde la curul): A favor.

El diputado Octavio Martínez Vargas (desde la curul): Antes de emitir mi voto, quiero referir mi inconformidad con el método, compañero presidente, porque ya se había votado, y los legisladores de Acción Nacional habían votado...

El Presidente senador Luis Alberto Villarreal García: Señor diputado, eso no está a discusión; no había claridad para saber si había las dos terceras partes que se requieren de acuerdo con el reglamento.

El diputado Octavio Martínez Vargas (desde la curul): A favor; y mi reproche por cómo condujo usted la votación.

El diputado Francisco Javier Calzada Vázquez (desde la curul): A favor.

El diputado Carlos Altamirano Toledo (desde la curul): A favor.

El diputado Carlos Eduardo Felton González (desde la curul): En contra.

El diputado Rolando Rivero Rivero (desde la curul): En contra.

La senadora Gabriela Ruiz del Rincón (desde la curul): En contra.

La senadora María Teresa Ortuño Gurza (desde la curul): No.

El senador Ulises Ramírez Núñez (desde la curul): No.

El diputado José Ascención Orihuela Bárcenas (desde la curul): No.

El diputado José Rubén Escajeda Jiménez (desde la curul): En contra.

El senador Rogelio Humberto Rueda Sánchez (desde la curul): No.

El senador Raúl José Mejía González (desde la curul): No.

El senador Rubén Fernando Velázquez López (desde la curul): Sí.

La Secretaria diputada Maricela Cuen Garibi: ¿Falta algún legislador de emitir su voto?

Se va a pasar a recoger la votación de la Mesa Directiva.

El Secretario senador Ramiro Hernández García: No.

El Vicepresidente diputado Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla : Sí.

El Vicepresidente senador Luis Alberto Villarreal García: Sí.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: No.

La Secretaria diputada Maricela Cuen Garibi: No.

Señor presidente, no hay dos terceras partes.

El Presidente senador Luis Alberto Villarreal García: No se considera de urgente resolución. En consecuencia se turna a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados.

FRANJA DE GAZA

El Presidente senador Luis Alberto Villarreal García: Tiene la palabra el senador Humberto Aguilar Coronado, para presentar punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente exhorta al Ejecutivo federal a que, mediante la Secretaría de Relaciones Exteriores, envíe ayuda humanitaria internacional en apoyo a las víctimas de los ataques israelíes en la franja de Gaza, suscrito por senadora Adriana González Carrillo, del Grupo Parlamentario del PAN. Tiene la palabra hasta por tres minutos.

El senador Marco Humberto Aguilar Coronado: Gracias, señor presidente.

Legisladores y legisladoras, como todos sabemos, en la franja de Gaza se emprendió una operación militar sin precedentes. Los objetivos, según se anunció, tenían que ver con desactivar al grupo responsable del envío de misiles, así como de distintos ataques terroristas a objetivos israelíes.

No fue una intervención quirúrgica, terminó en un enfrentamiento sin precedentes, y supuso un retroceso importante en la negociación de lo convenido en los Tratados de Oslo, de 1993. Una flagrante violación al derecho internacional y, por supuesto, al derecho internacional humanitario.

Afortunadamente la operación militar terminó el pasado 18 de enero, pero el proceso de reconstrucción y de reconciliación tomará mucho tiempo más. Luego de 23 días de intenso bombardeo de la aviación, la marina y la artillería, las autoridades palestinas y organizaciones no gubernamentales reportan más de mil 300 palestinos fallecidos y 5 mil 400 heridos. De acuerdo con distintos expertos y autoridades internacionales en la materia, el número de muertos podría aumentar sustancialmente a partir de la limpieza de los escombros.

Se estima que más de 25 mil viviendas y edificios resultaron dañados o destruidos, junto con 25 escuelas, universidades y hospitales; 16 edificios de ministerios y departamentos gubernamentales; 20 ambulancias; 10 plantas eléctricas y un conjunto de mil 500 negocios que van desde fábricas, tiendas y otros establecimientos comerciales.

A este diagnóstico habría que agregar la destrucción de buena parte de la infraestructura de Gaza, incluyendo recursos acuíferos y tierras de cultivo. En total, la Autoridad Nacional Palestina ha reportado que se cuantifican pérdidas de aproximadamente mil 900 millones de dólares.

Cáritas, Aministía Internacional y otras organizaciones no gubernamentales han venido documentando la magnitud de la catástrofe que dejó el conflicto. Según sus evaluaciones, hay cerca de 1.2 millones de personas, es decir cuatro de cada cinco palestinos residentes en Gaza, que precisan con urgencia de ayuda humanitaria.

Además, 80 mil personas ---según datos del Comité Internacional de la Cruz Roja--- se han quedado sin hogar y muchos necesitan medicamentos, alimentos y material sanitario.

Buena parte de la comunidad internacional ha enviado ya ayuda humanitaria y México no puede ser la excepción. Nuestro país históricamente ha sido solidario con las catástrofes ocasionadas por conflictos bélicos y desastres naturales. Por eso, la asistencia humanitaria es considerada una de las más nobles expresiones de la solidaridad y de la cooperación internacional frente a los desafíos que a escala global nos plantean distintas situaciones de emergencia.

El pueblo palestino necesita en este momento de nuestra cooperación. Y México, una potencia media con intereses globales. Un miembro no permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Un país con un importante liderazgo hemisférico en internacional en materia de paz y de desarme. Y actualmente secretario pro témpore del Grupo de Río, tiene la oportunidad de brindarla y, en buena medida, de encabezar estos esfuerzos en nuestra región inmediata.

Por lo anteriormente expuesto, la senadora Adriana González Carrillo y Humberto Aguilar Coronado sometemos a la consideración de este pleno, en términos del 58 y 59 de nuestro ordenamiento interior, la siguiente proposición, de urgente u obvia resolución

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo federal a que, mediante la Secretaría de Relaciones Exteriores, envíe ayuda humanitaria internacional en apoyo de las víctimas de los ataques israelíes en la franja de Gaza.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo federal a coordinar acciones conjunta del Grupo de Río, para enviar ayuda humanitaria internacional a la franja de Gaza.

Por su atención, señoras y señores, muchas gracias. Gracias, señor presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que la Comisión Permanente exhorta al Ejecutivo federal a enviar a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores ayuda humanitaria internacional para víctimas de los ataques israelíes en la franja de Gaza, a cargo del senador Humberto Aguilar Coronado y suscrita por la senadora Adriana González Carrillo, del Grupo Parlamentario del PAN

Quien suscribe, Adriana González Carrillo, senadora integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LX Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente, la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución por el que la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, a enviar ayuda humanitaria internacional en apoyo a las víctimas de los ataques israelíes en la franja de Gaza en virtud de las siguientes

Consideraciones

El pasado 27 de diciembre, Israel emprendió una operación militar sin precedentes en la denominada franja de Gaza. Sus objetivos, anunció, tenían que ver con desactivar la organización de Hamas, el grupo responsable del envío de misiles así como de distintos ataques terroristas a objetivos israelíes.

Lejos de ser una operación quirúrgica, la intervención del ejército israelí devino en un enfrentamiento sin precedentes en la historia reciente del conflicto. Además, supuso un retroceso importante en la negociación desde lo convenido en los Acuerdos de Oslo de 1993 y una flagrante violación al derecho internacional y por supuesto al derecho internacional humanitario. La operación terminó el pasado 18 de enero pero el proceso de reconstrucción y reconciliación tomará mucho tiempo más por las dimensiones del ataque y sus múltiples implicaciones para la paz y la seguridad de la zona.

Luego de 23 días de intenso bombardeo de la aviación, la marina y la artillería israelí, las autoridades palestinas y organizaciones no gubernamentales reportan más de mil 300 palestinos fallecidos, 5 mil 400 heridos, 400 de ellos en estado crítico y gran parte de ellos, niños. Sin embargo, de acuerdo con distintos expertos y autoridades internacionales en la materia, el número de muertos podría aumentar sustancialmente a partir de la limpieza de escombros.

Se estima que más de 22 mil viviendas y edificios resultaron dañados o destruidos total o parcialmente junto con 25 escuelas, universidades y hospitales, 16 edificios de ministerios y departamentos gubernamentales, 20 ambulancias, 10 plantas eléctricas y un conjunto de mil 500 negocios entre fábricas, tiendas y otros establecimientos comerciales. A este diagnóstico, por supuesto, habría que agregar la destrucción de buena parte de la infraestructura de Gaza incluyendo recursos acuíferos y tierras de cultivo. En total, la Autoridad Nacional Palestina ha reportado que se cuantifican pérdidas de aproximadamente mil 900 millones de dólares.

Cáritas, Amnistía Internacional y otras organizaciones no gubernamentales han venido documentando la magnitud de la catástrofe humanitaria que dejó el conflicto. Según sus evaluaciones, hay cerca de 1.2 millones de personas, es decir, cuatro de cada cinco palestinos residentes en Gaza, que precisan con urgencia de ayuda humanitaria. Además, 80 mil personas, según datos del Comité Internacional de la Cruz Roja se han quedado sin hogar, muchos más necesitan medicamentos y en definitiva gran parte de la población necesita alimentos y material sanitario.

Buena parte de la comunidad internacional ha enviado ya ayuda humanitaria y México no puede ser la excepción. Nuestro país ha sido históricamente solidario con las catástrofes humanitarias ocasionadas por conflictos y desastres naturales.

La asistencia humanitaria es una de las más nobles expresiones de la solidaridad y de la cooperación internacional frente a los desafíos que, a escala global, nos plantean distintas situaciones de emergencia. México ha venido brindando asistencia humanitaria a países y pueblos hermanos en necesidad. El pueblo palestino necesita en este momento de nuestra cooperación y México --una potencia media con intereses globales, un miembro no permanente del Consejo de Seguridad, un país con un importante liderazgo hemisférico e internacional en materia de paz y desarme, y actualmente el secretario pro témpore del Grupo de Río-- tiene la posibilidad de brindarla y, en buena medida, de encabezar estos esfuerzos en nuestra región inmediata.

Por las consideraciones anteriormente expuestas, se somete a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente, la siguiente proposición de urgente u obvia resolución:

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, a enviar ayuda humanitaria internacional en apoyo a las víctimas de los ataques israelíes en la franja de Gaza.

Segundo . La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo federal a coordinar acciones conjuntas del Grupo de Río para enviar ayuda humanitaria internacional a la franja de Gaza.

Presidencia del diputado César Duarte Jáquez

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Gracias, senador don Humberto Aguilar Coronado. Ha solicitado urgente u obvia resolución. Consulte la Secretaría a la asamblea si se considera de urgente resolución.

El Secretario senador Ramiro Hernández García: En votación económica se pregunta a la asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición. Los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, hay dos terceras partes por la afirmativa; es mayoría calificada.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Se considera de urgente resolución. En consecuencia, está a discusión la proposición con punto de acuerdo. No habiendo quien haya solicitado el uso de la palabra, se considera suficientemente discutido.

Solicito a la Secretaría que consulte a la asamblea si es de aprobarse.

El Secretario senador Ramiro Hernández García: En votación económica se pregunta si se aprueba la proposición. Los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Aprobada. Comuníquese.

ESTADO DE MEXICO

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Se concede el uso de la palabra al señor senador Fernando Velázquez López, quien, en representación de la senadora María de Lourdes Rojo, del Grupo Parlamentario del PRD, presenta un punto de acuerdo por el que exhorta al Instituto Nacional de Antropología e Historia y al gobierno delEstado de Méxicoa que resguarden y conserven los monumentos y las zonas arqueológicas.

El senador Fernando Velázquez López: Gracias, presidente.

En nombre de mi compañera María Rojo y del mío propio, subo a exponer este punto en un tema que ya ha sido bastante discutido, se ha ventilado ampliamente; pero hay que seguir insistiendo porque la evolución de cada sociedad se refleja en su cultura, misma que revela rasgos específicos de una identidad que se ha ido forjando a lo largo del tiempo.

En ese orden de ideas, el legado de las generaciones que nos precedieron se manifiesta de manera tangible e intangible. Las instituciones que rigen nuestra vida política y social tienen tanta importancia como lo vestigios materiales que muestran el camino que nuestros antecesores y nosotros hemos andado para llegar a lo que hoy somos, y nos proponen las vías que podemos seguir para llegar a lo que queremos ser como nación.

Así la conservación y preservación de monumentos y zonas históricos, arqueológicos y artísticos están muy lejos de ser un tema sólo de relevancia administrativa, de cumplimiento con la norma antes bien se trata de algo que debe ser asumido como una de las grandes prioridades en materia de política cultural, puesto que los vestigios materiales tangibles de nuestra identidad, si bien padecen los efectos del tiempo, dichos efectos deben ser minimizados por todos los medios disponibles, para evitar daños o destrucción irreversible.

Sin duda la promoción de estos monumentos y zonas debe ser fortalecida tanto para los propios mexicanos como para el resto del mundo, puesto que son muestra de lo que hemos sido, y prefiguran lo que somos capaces de lograr. Conocer esos vestigios debe ser motivo de inspiración.

Comparto estas reflexiones ante ustedes, integrantes de esta soberanía, a propósito de dos hechos que han llamado poderosamente la atención de la opinión pública, y lo siguen haciendo a pesar de que ocurrió hace varios días: Por una parte la ejecución de un proyecto de iluminación en Teotihuacan, Estado de México; y por la otra, el daño causado a 23 de 27 piezas ubicadas en el parque La Venta, de Tabasco.

En ambos casos se advierte la falta de previsión inexcusable, puesto que en el primero, bajo el pretexto de instalar equipo de iluminación, se optó por realizar trabajos que afectan la integridad del sitio siendo que la instalación como ha resultado, según opinión de expertos, puede realizarse ---como parece que ya lo están haciendo--- sin realizar daño alguno.

Asimismo, en el segundo caso, la afectación, por parte de particulares, a 23 piezas situadas en La Venta, se debe no sólo a la ignorancia de estas personas, sino a la falta de vigilancia en la zona y de protección de las piezas afectadas.

Sin duda, es evidente también la responsabilidad de las autoridades puesto que por omisión se dio lugar a los daños mencionados. Hemos sabido que se está intentando corregir el daño causado en Teotihuacan y que se ha procedido contra los responsables en La Venta, y ya se han iniciado los trabajos de restauración de las piezas dañadas; pero debe resultarnos inaceptable que las autoridades responsables de impedir que sucedan actos como los que se han señalado, se limiten a encogerse de hombros y ofrecer que no volverá a repetirse y que harán lo que esté a su alcance para reparar el daño.

La gravedad de lo expuesto se subraya en el caso de Teotihuacan, zona arqueológica reconocida como patrimonio de la humanidad en 1987, gracias a la recomendación del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios ---y órgano de la UNESCO de carácter apolítico---, en el sentido de que los trabajos de montaje del espectáculo Resplandor Teotihuacano, promovido por el gobierno del Estado de México, se han suspendido hasta en tanto se presenten soluciones satisfactorias a los aspectos de índole técnica de tal montaje.

Sin duda, tanto el gobierno del Estado de México como el Instituto Nacional de Antropología e Historia tienen un papel fundamental para que el sitio sea respetado en su integridad, sin perjuicio de que ambas instancias propicien las mejores condiciones para que el mismo sea plenamente disfrutado por los visitantes.

Por otra parte, en cuanto al parque de La Venta, si bien éste fue concebido por el poeta tabasqueño Carlos Pellicer de un modo tal que coincidieran las condiciones originales del sitio con la magnificencia de las piezas ahí descubiertas, ello no debe ser impedimento para el buen resguardo, tanto del sitio como de las piezas, ni para la realización de la adecuada vigilancia del lugar.

Es de considerarse que en el caso de Teotihuacan corresponde tanto al gobierno del Estado de México como al Instituto Nacional del Antropología e Historia, adoptar, desde luego, las medidas necesarias para la preservación del sitio, así como su adecuada promoción, en tanto que en el caso de La Venta, el mencionado instituto debe evaluar los hechos referidos para determinar la manera en que el lugar y las piezas ahí instaladas sean sujetos de una debida vigilancia y sea adoptadas medidas de protección conducentes.

Así no sólo estamos planteando la observación de la ley, la determinación de responsabilidades que no se han visto, sino que además se provea en lo necesario a su exacta aplicación y se sancione a los servidores públicos que hayan incurrido en algún tipo de responsabilidad.

Por lo anterior, me permito someter a la consideración de esta honorable Comisión Permanente el siguiente punto de acuerdo.

Primero. Que la Comisión Permanente del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, de la LX Legislatura, resuelve exhortar al titular del Poder Ejecutivo del Estado de México y al director del Instituto Nacional de Antropología e Historia a que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, adopten las medidas necesarias para la debida e idónea preservación de las zona arqueológica de Teotihuacan.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, de la LX Legislatura resuelve exhortar al titular del Instituto Nacional de Antropología e Historia para que ordene la adopción de las medidas pertinentes orientadas a que el sitio de La Venta, Tabasco, cuente con vigilancia suficiente y medidas de protección idóneas para la preservación de las piezas que ahí se encuentren.

Tercero. Asimismo, se exhorta a dichas autoridades para que determinen las responsabilidades que correspondan y apliquen las sanciones conducentes, y en su oportunidad informen a la Comisión de Cultura del Senado de la República sobre el estado que guardan los casos referidos y las acciones emprendidas a cada uno.

Gracias, presidente. Y espero el apoyo de los participantes. Gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al INAH y al gobierno del estado de México a resguardar y conservar los monumentos y zonas arqueológicos, a cargo de la senadora María de Lourdes Rojo e Incháustegui, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, senadora de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con puntos de acuerdo, de urgente u obvia resolución, con base en las siguientes

Consideraciones

La evolución de cada sociedad se refleja en su cultura, misma que revela rasgos específicos de una identidad que se ha ido forjando a lo largo del tiempo; en ese orden de ideas, el legado de las generaciones que nos precedieron se manifiesta de manera tangible e intangible; las instituciones que rigen nuestra vida política y social tienen tanta importancia como los vestigios materiales que muestran el camino que nuestros antecesores y nosotros hemos andado para llegar a lo que hoy somos y nos proponen las vías que podemos seguir para llegar a lo que queremos ser como nación.

Así, la conservación y preservación de monumentos y zonas históricos, arqueológicos y artísticos están muy lejos de ser un tema sólo de relevancia administrativa, de cumplimiento de la norma; antes bien, se trata de algo que debe ser asumido como una de las grandes prioridades en materia de política cultural puesto que los vestigios materiales, tangibles de nuestra identidad si bien padecen los efectos del tiempo, dichos efectos deben ser minimizados por todos los medios disponibles para evitar daños o destrucción irreversibles.

Por supuesto, esto no significa que abramos la puerta a ``daños controlados'' que pueden ser corregidos, sino que se evite rigurosamente el deterioro de esos vestigios.

Sin duda, la promoción de esos monumentos y zonas debe ser fortalecida, tanto para los propios mexicanos como para el resto del mundo, puesto que son muestra de lo que hemos sido y prefiguran lo que somos capaces de lograr; conocer esos vestigios debe ser motivo de inspiración y enaltecimiento, pero de ninguna manera pretexto para lacerarnos ni permitir que otros lo hagan. El acceso a nuestros monumentos y zonas arqueológicos, en lo particular, debe estar sujeto a reglas que implican respeto y propiciar su conservación y preservación.

Comparto estas reflexiones ante ustedes, integrantes de esta soberanía, a propósito de dos hechos que han llamado la atención de la opinión pública; por una parte, la ejecución de un proyecto de iluminación en Teotihuacán, México, y por la otra, el daño causado a 23 de 27 piezas situadas en el parque La Venta, Tabasco.

En ambos casos, se advierte falta de previsión inexcusable, puesto que en el primero, bajo el pretexto de instalar equipo de iluminación, se optó por realizar trabajos que afectan la integridad del sitio siendo que la instalación, como ha resultado según opinión de expertos, puede realizarse sin realizar daño alguno; asimismo, en el segundo caso, la afectación de 23 piezas situadas en La Venta por parte de particulares se debe no sólo a la ignorancia de dichas personas, sino a la falta de vigilancia en la zona y de protección de las piezas afectadas; sin duda es evidente también responsabilidad de las autoridades, puesto que por omisión se dio lugar a los daños mencionados.

Hemos sabido que se ha intentado corregir el daño causado en Teotihuacán y que se ha procedido contra los responsables de La Venta y ya se han iniciado los trabajos de restauración de las piezas dañadas, pero debe resultarnos inaceptable que las autoridades responsables de impedir que sucedan actos como los que se han señalado, se limiten a encogerse de hombros y ofrecer que no volverán a repetirse y que harán lo que esté a su alcance para reparar el daño.

La gravedad de lo expuesto se subraya en el caso de Teotihuacán, zona arqueológica reconocida como patrimonio de la humanidad en 1987, gracias a la recomendación del Consejo Internacional de Sitios y Monumentos, órgano de la UNESCO (de carácter apolítico), en el sentido de que los trabajos de montaje del espectáculo ``Resplandor Teotihuacano'', promovido por el gobierno del estado de México, sean suspendidos hasta en tanto se presenten soluciones satisfactorias a los aspectos de índole técnica de dicho montaje. Sin duda, tanto el gobierno del estado de México como el Instituto Nacional de Antropología e Historia tienen un papel fundamental para que el sitio sea respetado en su integridad, sin perjuicio de que ambas instancias propicien las mejores condiciones para que el mismo sea plenamente disfrutado por los visitantes.

Por otra parte, en cuanto al parque La Venta, si bien éste fue concebido por el poeta tabasqueño Carlos Pellicer de un modo tal que coincidieran las condiciones originales del sitio con la magnificencia de las piezas ahí descubiertas, ello no debe ser impedimento para el buen resguardo tanto del sitio como de las piezas ni para la realizar la adecuada vigilancia del lugar.

Es oportuno recordar el contenido del artículo 2o. de la Ley sobre Monumentos Históricos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos:

Es de utilidad pública, la investigación, protección, conservación, restauración y recuperación de los monumentos arqueológicos, artísticos e históricos y de las zonas de monumentos.

La Secretaría de Educación Pública, el Instituto Nacional de Antropología e Historia , el Instituto Nacional de Bellas Artes y los demás institutos culturales del país, en coordinación con las autoridades estatales , municipales y los particulares, realizarán campañas permanentes para fomentar el conocimiento y respeto a los monumentos arqueológicos, históricos y artísticos.

El Instituto Nacional de Antropología e Historia y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, de acuerdo con lo que establezca el reglamento de esta ley, organizarán o autorizarán asociaciones civiles, juntas vecinales, y uniones de campesinos como órganos auxiliares para impedir el saqueo arqueológico y preservar el patrimonio cultural de la Nación. Además se establecerán museos regionales.

En el caso de Teotihuacán, corresponde al gobierno del estado de México y al Instituto Nacional de Antropología e Historia adoptar desde luego las medidas necesarias para la preservación del sitio, así como su adecuada promoción, en tanto que en el caso de La Venta el mencionado Instituto debe evaluar los hechos referidos para determinar la manera en que el lugar y las piezas ahí instaladas sean sujetos de una debida vigilancia y sean adoptadas medidas de protección conducentes.

Así, no sólo estamos planteando la observancia de la ley, la determinación de responsabilidades que no se ha visto sino que además se provea en lo necesario a su exacta aplicación y se sancione a los servidores públicos que hayan incurrido en algún tipo de responsabilidad.

Por lo expuesto, me permito someter a consideración de la honorable Comisión Permanente, con carácter de urgente y obvia resolución, los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, LX Legislatura, resuelve exhortar al titular del Poder Ejecutivo del estado de México y al director del Instituto Nacional de Antropología e Historia a adoptar, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, las medidas necesarias para la debida e idónea preservación de la zona arqueológica de Teotihuacán.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, LX Legislatura, resuelve exhortar al titular del Instituto Nacional de Antropología e Historia a ordenar la adopción de las medidas pertinentes orientadas a que el sitio La Venta, Tabasco, cuente con vigilancia suficiente y medidas de protección idóneas para la preservación de las piezas que ahí se encuentran.

Tercero. Asimismo, se exhorta a dichas autoridades a determinar las responsabilidades que correspondan, a aplicar las sanciones conducentes y, en su oportunidad, a informar a la Comisión de Cultura del Senado de la República sobre el estado que guardan los casos referidos y las acciones emprendidas en cada uno.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Gracias, senador.

El diputado José Rubén Escajeda Jiménez (desde la curul): Señor presidente.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Sí, diputado.

El diputado José Rubén Escajeda Jiménez (desde la curul): Nada más para puntualizar que en atención al tema de Teotihuacan, en elEstado de Méxicoya se había precisado un punto de acuerdo, un resolutivo, ya que en cuanto al tema de Tabasco creo que es procedente. Yo sugeriría que si ya se aprobó un resolutivo en el tema de Teotihuacan, pues se sostuviera este resolutivo.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Se turna a la Comisión de Cultura de la Cámara de Senadores.

TRAFICO DE ARMAS

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Se recibió de la Junta de Coordinación Políticadel Senado de la Repúblicaun punto de acuerdo para que se propicie una reunión de trabajo de las Comisiones de Seguridad Pública, de Defensa Nacional, de Asuntos Fronterizos Norte, de Relaciones Exteriores, de América del Norte, con sus homólogos del Senado de los Estados Unidos de América, a fin de impulsar una estrategia bilateral y mecanismos legales para el combate del tráfico de armas, suscrita por los senadores Ramiro Hernández García y Fernando Castro Trenti, del Grupo Parlamentario del PRI.

El Secretario senador Ramiro Hernández García: «Proposición con punto de acuerdo, a fin de solicitar a la Junta de Coordinación Política del Senado de la República que propicie una reunión de las Comisiones de Seguridad Pública, Defensa Nacional, Asuntos Fronterizos Norte, Relaciones Exteriores, América del Norte con sus homólogas del Senado estadounidense a efecto de impulsar una estrategia bilateral y mecanismos legales para el combate del tráfico de armas, suscrita por los senadores Ramiro Hernández García y Fernando Castro Trenti, del Grupo Parlamentario del PRI

Los que suscriben, Ramiro Hernández García y Fernando Castro Trento, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en la LX Legislatura de la Cámara de Senadores, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permiten someter a consideración de la asamblea proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Las armas que se decomisan en México provienen en su gran mayoría de Estados Unidos, donde las leyes permiten la compra y la venta de armamento de cualquier tipo.

Un reporte del Comité de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense (citado en la revista Nexos) señala que 2 mil armas atraviesan cada día los puestos fronterizos del norte del país, lo que genera un mercado de unos 30 mil millones de dólares al año.

De acuerdo con la misma cita, en los primeros 2 años del gobierno de Felipe Calderón, 1 millón 460 mil armas habrían ingresado clandestinamente en territorio nacional. En entrevista para el periódico El País, el procurador Eduardo Medina Mora ( 23 de noviembre de 2008) declaró que, en el mismo lapso, sólo 27 mil de esas armas habrían sido aseguradas por las autoridades.

La misma Embajada de Estados Unidos en México, a través de un comunicado, ha manifestado su preocupación por el tráfico de armas que ha contribuido a la violencia en México. Al respecto, ha reiterado el compromiso de Washington de trabajar con el gobierno de México para combatir este ilícito.

Incluso, representantes de la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego del Departamento de Justicia del gobierno estadounidense se han reunido con funcionarios mexicanos a fin de buscar reducir el flujo de armas que ingresan en México provenientes de Estados Unidos.

La misma Procuraduría General de la República cuenta con informes claros de que la mayoría de las armas decomisadas al crimen organizado ingresa en México por la frontera norte. Reconoce que las aduanas no constituyen un filtro seguro para detener el tráfico indiscriminado de toda clase de armamento, lo que manifiesta el alto grado de corrupción, impunidad y complicidad de las autoridades que administran las fronteras, y que son una amenaza para la seguridad de los mexicanos.

En la línea fronteriza con Estados Unidos hay 12 mil 706 tiendas donde las armas pueden ser compradas de manera legal: armerías, supermercados, tiendas deportivas y de empeño.

Colindamos con el mayor mercado de armas del mundo. Si a esto se suma una frontera de 3 mil 152 kilómetros en la que sólo hay 19 puntos de paso formales, puede entenderse por qué el tráfico de pertrechos es, junto con el de drogas y de personas, nuestro problema mayor.

El problema no es que se vendan armas sino que sin mayor control se expende armamento de grueso calibre.

Aunque desde 1995 el gobierno mexicano estableció el grupo CG-Armas, un mecanismo de intercambio de información que incluye a la PGR y a seis secretarías de Estado (Relaciones Exteriores, Sedena, Semar, Hacienda, Gobernación y Seguridad Pública federal), el tráfico es imparable.

Se han firmado acuerdos con las autoridades estadounidenses, consistentes en el rastreo de las armas confiscadas, a fin de determinar su origen, ruta y destino final. Asimismo, los dos gobiernos se comprometieron a dar seguimiento, ya que coincidieron en la necesidad de fortalecer los mecanismos de coordinación e intercambio de información para mejorar las técnicas de identificación, detección e intercepción de todo tipo de armamento. Todo ello, sin resultados concretos.

Las armas más decomisadas son la AK47, que puede adquirirse en la frontera en 600 dólares, y la AR-15, cuyo precio ronda mil dólares. En los aseguramientos, sin embargo, aparecen con frecuencia lanzacohetes y fusiles Barrett. Estos últimos son imposibles de adquirir por menos de 8 mil dólares.

Hay también un convenio suscrito por el secretario de Hacienda, Agustín Carstens Carstens, y el encargado de la seguridad nacional de Estados Unidos, Michael Chertoff, donde ambos gobiernos pusieron en marcha un programa de coordinación aduanera que busca combatir con mayor eficiencia el contrabando de mercancía y el tráfico ilegal de armas.

El gobierno de México, en el marco de las buenas relaciones bilaterales, requiere un compromiso de Estados Unidos para el intercambio de información sobre el registro de vendedores y de compradores de armas. El tráfico de armas es un factor que permite la operación de la delincuencia organizada, particularmente del narcotráfico en el país, pero para Estados Unidos representa una ventana abierta para el terrorismo.

En varias ocasiones, la PGR y la Secretaría de Relaciones Exteriores han solicitado a sus contrapartes estadounidenses incrementar las medidas de vigilancia para prevenir el comercio negro de armamento. Esto, sin buenos resultados.

De igual manera, en la última reunión interparlamentaria México-Estados Unidos, realizada en Austin, Texas, se abordó el tráfico de armas, junto con el fenómeno de la inmigración y el narcotráfico, temas fundamentales en la relación bilateral.

El Senado de la República debe contribuir a diseñar una estrategia bilateral para el combate del tráfico ilegal de armas. Se requieren mecanismos de la diplomacia parlamentaria. De ahí nuestra propuesta para que la Junta de Coordinación Política propicie un encuentro entre las Comisiones de Seguridad Pública y su homóloga del Senado de Estados Unidos. Todo ello, en un marco de igualdad y corresponsabilidad.

El tema se ha convertido en un asunto de seguridad nacional para ambos países, toda vez que entre el equipo asegurado hay armas de alta tecnología, con poder de destrucción, con capacidad de fuego y de nueva generación. De ahí la importancia de que el Senado de la República tome cartas en el asunto y en el marco de sus competencias legales.

Es preciso señalar la pertinencia de analizar los retos comunes mediante la celebración de una reunión de dichas comisiones parlamentarias. Resulta indispensable la búsqueda de soluciones de problemas compartidos que incluya la participación plural de ambos Congresos y compartir los retos comunes sobre el tráfico de armas en la región.

Por lo expuesto, se somete a consideración de la Comisión Permanente la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Para que la Junta de Coordinación Política del Senado de la República propicie una reunión de trabajo de las Comisiones de Seguridad Pública y Defensa Nacional, Asuntos Fronterizos Norte y Relaciones Exteriores, América del Norte, con sus homólogas del Senado de Estados Unidos, a fin de impulsar una estrategia bilateral y mecanismos legales para el combate del tráfico de armas.

Segundo. A través de los canales institucionales establecidos por la diplomacia parlamentaria, se haga del conocimiento del Senado de Estados Unidos el contenido de este punto de acuerdo.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Túrnese a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores.

PERSONAS ADULTAS MAYORES - PERSONAS CON DISCAPACIDAD

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Se recibió de la diputada Marcela Cuen Garibiun punto de acuerdo por el que se exhorta a las Juntas de Coordinación Política de la de Diputados y de la Cámara de Senadoresa que incluyan acciones específicas en el foro denominado México ante la crisis: ¿qué hacer para crecer?, para atender a las personas adultas mayores y a las personas con discapacidad, suscrita por la diputada Laura Angélica Rojas Hernández, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional.

El Secretario senador Ramiro Hernández García: «Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a las Juntas de Coordinación Política de las Cámaras de Diputados y de Senadores a incluir en el foro México ante la crisis: ¿qué hacer para crecer? acciones específicas para atender a los adultos mayores y a las personas con discapacidad, a cargo de la diputada Marcela Cuen Garibi y suscrita por la diputada Laura Angélica Rojas Hernández , del Grupo Parlamentario del PAN

Laura Angélica Rojas Hernández , Presidenta de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la LX legislatura, con fundamento en los artículo 58, 59 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración de la Comisión Permanente la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las Juntas de Coordinación Política de las Cámaras de Diputados y de Senadores a incluir acciones específicas en el foro denominado México ante la crisis ¿qué hacer para crecer?, a fin de atender a las personas adultas mayores y a las personas con discapacidad, en razón de los siguientes

Considerandos

Primero. Las economías del mundo se están viendo afectadas por una de las peores crisis que se hayan visto en las últimas décadas. México no es la excepción, en especial porque su economía está fuertemente vinculada a la economía de los Estados Unidos.

Segundo. La crisis en las economías de todo el mundo ha ocasionado en nuestro país la pérdida de empleos, ya que de octubre a diciembre del 2008 el número de trabajadores afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social pasó de 14 millones 564 mil 569 personas empleadas en el sector formal de la economía, a 14 millones 178 mil 117. Quedándose sin empleo más de 400 mil personas, entre permanentes y eventuales.

Tercero. El Fondo Monetario Internacional recortó sus pronósticos de crecimiento del 2009 para México, la proyección fue reducida a un 0.9 por ciento, desde el 1.8 por ciento previo publicado hace apenas un mes. Lo que ocasionará una mayor pérdida de empleos y un aumento en los precios de las materias primas, con lo que encarecerían los precios de los productos y las familias mexicanas no tendrían un acceso tan fácil a los recursos básicos.

Cuarto. Del punto anterior y dada la situación que vive actualmente México, las Juntas de Coordinación Política de las Cámaras de Diputados y Senadores, se reunieron el 12 de enero del año en curso, para crear un plan emergente, con la finalidad de contrarrestar los efectos de la crisis mundial económica en las familias mexicanas. En dicha reunión se estableció la creación del Foro denominado ``México ante la Crisis ¿Qué Hacer para Crecer?, donde se plantearán por parte del Poder Ejecutivo, una serie de medidas para contrarrestar los efectos de la Crisis por la que atraviesa nuestro país.

Quinto. Los más afectados en esta crisis económica son los grupos vulnerables, dentro de los que se encuentran los adultos mayores y las personas con discapacidad, ya que además de sufrir discriminación para ser contratados en algún empleo, no cuentan con los recursos económicos suficientes para enfrentar esta crisis financiera.

Sexto. Por este motivo se solicita que se tomen en cuenta medidas que pongan en posibilidad de igualdad para afrontar la problemática económica a estos grupos vulnerables, en el caso de los adultos mayores se ponga mayor énfasis en las pensiones y en subsidios a los asilos; por lo que respecta a las personas con discapacidad, se otorguen subsidios en pagos de servicios a las familias que cuenten con integrantes con alguna discapacidad, esto con la finalidad de que les rindan más sus ingresos y puedan cubrir sus necesidades.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a las Juntas de Coordinación Política de las Cámaras de Diputados y de Senadores a incluir acciones específicas en el foro denominado México ante la crisis ¿qué hacer para crecer?'' , a fin de atender a los adultos mayores y a las personas con discapacidad.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Túrnese a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores.

FONDO NACIONAL DE PREVENCION DE DESASTRES

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Se recibió del diputado Gerardo Villanueva Albarrán, del Grupo Parlamentario del PRD, punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernacióna que incremente los recursos presupuestados al Fondo Nacional de Prevención de Desastres y los destine urgentemente a la previsión de daños a la población que habita las localidades de alto riesgo.

El Secretario senador Ramiro Hernández García: «Proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Secretaría de Gobernación a incrementar los recursos presupuestados para el Fondo Nacional de Prevención de Desastres y a destinarlos urgentemente a prevenir daños a la población que habita en localidades de alto riesgo, a cargo del diputado Gerardo Villanueva Albarrán , del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, Gerardo Villanueva Albarrán , diputado federal a la LX Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, pongo a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación a incrementar los recursos destinados a la prevención de desastres.

La mañana del 22 de enero pasado, dos personas fallecieron como consecuencia del desgajamiento de un cerro en la colonia Palmitas, en la delegación Iztapalapa.

El 13 de octubre pasado, señalamos que era fundamental asignar recursos federales para mitigar riesgos en el Distrito Federal.

Por eso respaldamos la propuesta que presentó el jefe del Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard Casaubón, para que la Cámara de Diputados asignara 3 mil 94 millones de pesos para trabajos constructivos encaminados a mitigar riesgos y evitar el colapso de inmuebles dañados.

Dichos recursos estarían destinados a la rehabilitación o reconstrucción total de 14 mil 639 viviendas con daño estructural, hidrometereológico o geológico detectadas por la Secretaría de Protección Civil, la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial, las delegaciones y el Instituto de Vivienda del Distrito Federal.

Específicamente, se solicitaron 2 mil 474 millones de pesos para 8 mil 391 viviendas con daño estructural concentradas en las delegaciones Cuauhtémoc, Venustiano Carranza, Miguel Hidalgo y Benito Juárez; 369 millones de pesos para 2 mil 648 viviendas con daño hidrometeorológico que afecta fundamentalmente a las delegaciones Álvaro Obregón, Gustavo A. Madero y Cuajimalpa, y 251 millones de pesos para 3 mil 600 viviendas con daño geológico concentrado en viviendas de Iztapalapa y Tláhuac.

Sin embargo, este requerimiento no fue atendido por la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados. Lejos de ello, dispuso --y la Cámara de Diputados así lo aprobó-- la ridícula suma de 300 millones de pesos para el Fondo Nacional de Prevención de Desastres (Fopreden). Es decir, apenas el 0.01 por ciento del Presupuesto federal, que asciende a más de 3 billones de pesos.

La Ley General de Protección Civil dispone que es obligación del Sistema Nacional de Protección Civil, coordinado por la Secretaría de Gobernación del gobierno federal, garantizar ``la prevención, auxilio y recuperación de la población y de su entorno ante situaciones de desastre''.

No estamos cumpliendo con la prevención y el gobierno federal se encuentra absolutamente pasivo en este aspecto. Por eso, independientemente de las obligaciones que el propio gobierno de la ciudad tiene en materia de protección civil, creemos que el riesgo de que más gente perezca, justifica la asignación de mayores recursos federales.

Además, el Gobierno del Distrito Federal ha mostrado preocupación creando una secretaría dedicada a esta función, determinando hasta los inmuebles específicos en alto riesgo y los trabajos que requieren, y destinando este año 400 millones de pesos --100 más que lo que el gobierno federal está destinando a todo el país-- orientados hacia la atención de vivienda en riesgo, construcción de muros de contención, relleno de minas y taludes, y la adquisición de equipo de rescate y emergencias.

En total, el Gobierno del Distrito Federal tiene presupuestados este año mil 53 millones 417 mil 986 pesos a la protección civil, es decir, el 0.1 por ciento del total del presupuesto de la ciudad, que asciende a 122 mil 628 millones 589 mil 139 pesos.

Por lo anterior, propongo el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Esta soberanía exhorta a la Secretaría de Gobernación a incrementar los recursos presupuestados al Fondo Nacional de Prevención de Desastres y destinarlos urgentemente a prevenir daños a la población que habita localidades con alto riesgo.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Túrnese a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados.

ESTADO DE YUCATAN

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Tiene la palabra el diputado Fidel Antuña Batista, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional. Presentará punto de acuerdo para exhortar a los titulares de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, deFerrocarriles Nacionales de Méxicoy del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos a que lleven a cabo gestiones de donación de los inmuebles que ocupan diversas estaciones de ferrocarril en Yucatán.

El diputado Fidel Antuña Batista : Con su permiso, presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente.

Compañeros diputados, el proyecto legislativo que presento es una proposición con punto de acuerdo para que Ferrocarriles Nacionales de México, su dependencia coordinadora y su órgano liquidador, lleven a cabo las gestiones de donación de los inmuebles que ocupan ocho estaciones, dos bases y un anden ferroviario, a diversos ayuntamientos de Yucatán.

Hay que destacar que dichos inmuebles representan no sólo un valor histórico para la nación, pues el sistema ferroviario impulsó la industrialización, la intercomunicación y el desarrollo económico de las localidades en donde fueron edificadas, innovando las formas de organización laboral y social que derivaron en un nuevo territorio urbano, estimulador del progreso de la región y del país.

Ejemplo de ello se encuentra en Yucatán, cuya industria henequenera, como principal actividad económica, llegó a utilizar al ferrocarril por más de 100 años, como medio no sólo de distribución, intercomunicación y transporte de su producción, favoreciendo el desarrollo del puerto de Progreso, que constituye desde ese entonces la salida comercial más importante de la península al extranjero, al interior de México, siendo en sí el enclave de la economía más importante de la península, en términos de aportación al producto nacional y al tamaño de su aparato productivo y distributivo en esta época.

Por tanto, debemos considerar que estas edificaciones son la convergencia socioeconómica cultural y artística entre el pasado y el presente en cuanto a sus formas, sus estilos y dimensiones.

No obstante, estos inmuebles se encuentran amenazados por el deterioro natural, el desmantelamiento, los saqueos, los asentamientos humanos y comerciales irregulares, entre otras causas, poniendo en riesgo el patrimonio que visto desde el concepto de la infraestructura municipal pueden ser nuevamente impulsores del desarrollo de las localidades donde se ubican.

En efecto, la innovación tecnológica de comunicaciones, la información, han dado lugar a la introducción de nuevos y mejores servicios. Y el ferrocarril, en el sureste, quedó a un lado, por lo que esta estructura hoy en abandono, además de ser un elemento enriquecedor podría ser una identidad y un simbolismo del México pueden ser nuevamente impulsores de una economía alterna y ser revitalizadores, ampliados y renovadores, con el fin de dar a sus localidades un objeto funcional, operativo y de progreso con respecto a su ambiente natural.

Esto, compañeros legisladores, significa que debemos impulsar acciones para que el desarrollo sustentable de las regiones, sea un hecho.

¿Cómo? Promoviendo que el Ejecutivo federal coordine acciones con el gobierno de Yucatán y sus municipios, a fin de transferir la custodia, recuperación, vigilancia, administración, cuidado, conservación y rescate, de estos centros de desarrollo. En estos centros tendremos parques, escuelas, centros culturales y hospitales.

Luego entonces, solicito a ustedes el apoyo para esta propuesta, muy importante para el desarrollo no sólo de Yucatán, sino de todos sus municipios. Muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a los titulares de la SCT, de Ferrocarriles Nacionales de México, y del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos a llevar a cabo las gestiones de donación sobre los inmuebles que ocupan diversas estaciones de Yucatán, a cargo del diputado Fidel Antuña Batista , del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, diputado Fidel Antuña Batista , del Grupo Parlamentario de Acción Nacional de la LX Legislatura en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con base en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en su carácter de coordinadora del organismo público descentralizado Ferrocarriles Nacionales de México, y del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC, en su carácter de liquidador de Ferrocarriles Nacionales de México y a este último a que lleven a cabo las gestiones de donación de los inmuebles que ocupan las estaciones de ferrocarril Tunkás, Dzitás, Espita, Calotmul, Maxcanú, Valladolid, Tekantó y Tizimín Nuevo; así como las Bases Tixkokob, Quintana Roo y el anden Cacalchén, en favor de los ayuntamientos Tunkás, Dzitás, Espita, Calotmul Maxcanú, Valladolid, Tekantó, Tizimín, Tixkokob, Quintana Roo y Cacalchén, respectivamente, con base en las siguientes

Consideraciones

Los ferrocarriles en México han significado un medio de transporte con tecnología compleja, de apoyo y base del comercio de los sectores agrícola, manufacturero, y otros, así como generador de la libre competencia al interior y exterior de la región. Con este medio de transporte se coadyuvó a innovar formas de organización laboral y social, derivándose un nuevo territorio urbano que ha originado mayores recursos y posibilidades de desarrollo social, económico y cultural, tendente al mejoramiento de la calidad de vida de ser social.

El sistema de transporte de ferrocarriles fue la coyuntura entre lo conservador y la modernidad que dio identidad a México, manifestándose esto en las estaciones de ferrocarril , donde se observa la convergencia cultural y artística entre pasado y presente en cuanto sus formas, estilos y dimensiones.

Igualmente fue la funcionalidad de los ferrocarriles pues basada en su entorno social y económico, representó su más grande importancia toda vez que siendo pequeñas o grandes infraestructuras propiciaron con su arquitectura e instalaciones doquiera el lugar en que fueron ubicadas, la conformación de sus principales funciones: ser un sistema impulsor de la industrialización, intercomunicación y ampliación de los mercados regionales, de una manera segura y confiable, ofreciendo viajes regulares entre regiones contiguas, transportación de productos y amplia seguridad en el inmueble, así como costos bajos y moderados. Además las estaciones ferroviarias representaron edificios que comprendían desde plataformas modestas y austeras, hasta amplias explanadas con andenes, patios, bodegas y talleres, que ofrecieron una vasta gama de servicios: reloj con hora exacta, fondas, salas de espera de primera y segunda clases, oficinas bien organizadas (directivas, técnicas y operativas, entre ellas de telégrafo y correo, entre otros), así como recursos humanos, materiales y de obra pública para un correcto sistema de señalamiento acústico y visual.

Esto accedió a que las relaciones sociales y laborales que se establecieron en las estaciones de ferrocarril transformaran el comportamiento e identidad de la sociedad. Ejemplo de ello se encuentra la entidad federativa de Yucatán, cuya industria henequenera como principal actividad económica, llegó a utilizar al ferrocarril por más de 50 años como medio de distribución, favoreciendo la intercomunicación de las haciendas, transporte de su producción así como el desarrollo del puerto Progreso que constituye la salida más importante de la península al extranjero y al interior de México, siendo el enclave económico más importante de la península en términos de aportación al producto nacional y del tamaño de su aparato productivo y distributivo; sin embargo ante la exigüidad de algunas actividades como la minera, se proveyó un escenario de desinterés entre empresarios extranjeros para invertir en el establecimiento de los ferrocarriles, lo que accedió a modernizar los sistemas de transporte y comunicación.

En este tenor y derivado de otras causales, escenario similar se expandió en todo el territorio nacional, por lo que el gobierno federal para los años 70 y 80 decidió reestructurar el sistema ferroviario con la participación de la inversión privada, ya que eran insuficientes los recursos públicos con los que contaba para su conservación, así como cubrir las demandas de la población por un servicio más eficiente, de menor costo y tiempo de entrega. Lo anterior conllevó a fusionar los sistemas ferroviarios existentes dando origen a la instauración de un nuevo ente público descentralizado llamado Ferrocarriles Nacionales de México; este organismo ante el desarrollo y sofisticación de nuevos medios de comunicación y transporte cursó por una notable disminución de funciones y servicios, menguando los recursos para su sostenimiento, dando por resultado su extinción y liquidación en los años 90.

El escenario anterior aunado a las condiciones económicas y sociales del país, propiciaron que los inmuebles destinados a las estaciones de ferrocarril, hoy en día se encuentren en constante amenaza por el deterioro natural, desmantelamientos, venta o administración inadecuada de sus infraestructuras, saqueos, suspensión de servicios, asentamientos humanos y comerciales irregulares, entre otros; por lo que considerando que las estaciones de ferrocarril conforman un elemento enriquecedor del patrimonio histórico y cultural, de identidad y simbolismo de México, así como posibles impulsoras de una economía alterna, se hace necesario que éstas puedan ser readaptadas, ampliadas o renovadas con el fin de dar a sus localidades un objeto funcional, operativo de progreso económico, cultural y social .

Luego entonces, considerando que:

Es necesario promover acciones concretas, efectivas de rescate, conservación y de usos alternativos de dichas estaciones ferroviarias , para estimular una nueva región urbana , es decir, un territorio con organización y actividades propias para el progreso y crecimiento continuo, general, armónico, equitativo e imparcial de una sociedad fortalecida con sistemas de conducción flexibles que haga frente a los retos de una economía de constante evolución (globalizada) debido a sus avances tecnológicos, científicos, de información, transporte, comunicaciones y más.

Por tanto, reconocer que estos inmuebles forman parte de la innovación, reactivación y consolidación de una economía local y nacional globalizada, además de ser un patrimonio, hace necesario disponerlas a sus respectivos ayuntamientos, municipios o gobiernos estatales con la finalidad de optimizar su custodia, vigilancia, aprovechamiento social, administración y cuidado.

Ahora bien, de conformidad con el primer párrafo de la fracción VI, del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:

Y con fundamento a lo dispuesto en la fracción IV, del artículo 2o. del decreto por el que se extingue el organismo público descentralizado Ferrocarriles Nacionales de México y se abroga su Ley Orgánica del 4 de junio de 2001:

Concordante con los diversos Décimo Sexto Transitorio, 1 fracción IV, 2 fracción VIII, 4, 6 fracción V y 84 fracción X de la Ley General de Bienes Nacionales.

Las estaciones de ferrocarril Tunkás, Dzitás, Espita, Calotmul, Maxcanú, Valladolid, Tekantó y Tizimín Nuevo; así como las bases Tixkokob, Quintana Roo y el anden Cacalchén, en favor de los ayuntamientos Tunkás, Dzitás, Espita, Calotmul Maxcanú, Valladolid, Tekantó, Tizimín, Tixkokob, Quintana Roo y Cacalchén, respectivamente, respectivamente, constituyen un fuerte potencial para impulsar la actividad económica de Yucatán a partir de su ubicación geográfica, importancia económico-mercantil y turística, por contar con la infraestructura ferroviaria y condiciones productivas, así como con la presencia de ex haciendas henequeneras que bien pueden ser integradas a un circuito cultural, recreativo y de capital social único del estado.

Por lo que éstas serán objeto de ser fiscalizados por la Secretaría de la Función Pública, de acuerdo a lo dispuesto en la fracción XV, del artículo 29 de la Ley General de Bienes Nacionales.

Ante el interés por que los ayuntamientos Tunkás, Dzitás, Espita, Calotmul Maxcanú, Valladolid, Tekantó, Tizimín, Tixkokob, Quintana Roo y Cacalchén, de Yucatán, solicitan rescatar la riqueza histórica del patrimonio ferrocarrilero y que además éste sea impulsor del progreso económico, cultural y social de dichas localidades; me permito someter a la consideración de este alto cuerpo colegiado el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta a los titulares de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en su carácter de coordinadora del organismo público descentralizado Ferrocarriles Nacionales de México, y del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC, en su carácter de liquidador de Ferrocarriles Nacionales de México y a este último lleven a cabo las gestiones de donación de los inmuebles que ocupan las estaciones de ferrocarril Tunkás, Dzitás, Espita, Calotmul, Maxcanú, Valladolid, Tekantó y Tizimín Nuevo; así como las bases Tixkokob, Quintana Roo y el anden Cacalchén, en favor de los ayuntamientos Tunkás, Dzitás, Espita, Calotmul Maxcanú, Valladolid, Tekantó, Tizimín, Tixkokob, Quintana Roo y Cacalchén, todos ellos de Yucatán.

Segundo. Comuníquese el presente punto de acuerdo a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, al organismo descentralizado Ferrocarriles Nacionales de México y al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC, para su resolución.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Gracias, diputado Fidel Antuña Batista.

Consulte la Secretaría a la asamblea si se considera de urgente resolución.

La Secretaria diputada Marcela Cuen Garibi : En votación económica se pregunta a la asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente u obvia resolución la proposición. Los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, sí hay las dos terceras partes.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Se considera de urgente resolución.

No habiendo quien haya solicitado el uso de la palabra, consulte la Secretaría a la asamblea si es de aprobarse el punto de acuerdo.

La Secretaria diputada Marcela Cuen Garibi : Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a la asamblea si es de aprobarse el punto de acuerdo. Los legisladores y las legisladoras que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Los legisladores y las legisladoras que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Aprobado. Comuníquese.

Presidencia del diputado Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla

DIESEL AGROPECUARIO Y MARINO

El Presidente diputado Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla : Se concede el uso de la palabra al diputado Cesar Duarte, con el propósito de presentar punto de acuerdo por el que se solicita al Ejecutivo federal que ejerza los recursos presupuestados de Procampo y Progan, así como los destinados para el subsidio del diesel agropecuario y marino, en el primer trimestre de este año, suscrita por él mismo y el diputado José Rubén Escajeda Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

El diputado César Duarte Jáquez : Muchas gracias, diputado presidente.

Este punto de acuerdo tiene que ver precisamente con la serie de medidas a las que el Ejecutivo federal nos ha convocado en el Acuerdo Nacional Anticrisis, y ha habido un debate que el mismo Congreso ha convocado para ello, que ayer se inició, para sumarse a la serie de medidas, de estrategias en las que, con responsabilidad, los Poderes de la Unión, los actores económicos del país, los sectores productivos, las organizaciones sindicales y las organizaciones campesinas se han venido planteando medidas que deben hacer eficiente el uso de los recursos públicos, que ha sido precisamente la principal medida que el gobierno planteó: incentivar la economía y que los recursos públicos se activen.

Por eso venimos a plantear este punto de acuerdo, porque si bien estaba establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación la aplicación de los programas para activar la producción agropecuaria, como el Procampo, como el Progan, como el programa de Diesel Agropecuario.

Estos programas deberían iniciarse precisamente en los tiempos establecidos en los ciclos agropecuarios; es decir, en el ciclo primavera-verano se establece previamente el pago del Procampo; pero en la realidad, en la práctica, el gobierno --- la Secretaría de Agricultura--- los retarda demasiado. Sabemos, por ejemplo, que el año pasado los recursos del Procampo se estuvieron pagando por noviembre y diciembre.

Esto sin ninguna duda desestimula la producción, porque el productor requiere estos recursos para la compra de semilla, para la compra de fertilizantes, para la renta de tractor, si no lo tiene en el barbecho; en fin, para hacer sus trabajos previos a la producción y aprovechar la humedad en el tiempo que se establece por los ciclos naturales.

En ese sentido, esta proposición tiene que ver con pedir respetuosamente al Ejecutivo federal que establezca, de manera rígida, a la Secretaría de Agricultura, el compromiso de establecer en el primer trimestre los pagos de los programas para que sirvan precisamente e incentiven la producción nacional.

Uno de los puntos fundamentales que deben atender en la crisis es mantener el autoempleo de los productores agropecuarios; el autoempleo en el que con estos recursos se pueden comprar los insumos fundamentales para llevar a cabo la producción y, sobre todo, siembra de maíz, de frijol, de los granos fundamentales que establece el Procampo, así como también establecer en el Progan, que es un programa establecido para incentivar la producción ganadera, que en ese sentido se den el primer trimestre los pagos.

Hemos comentado con autoridades de la Secretaría de Hacienda, no se ve que exista ningún inconveniente en este sentido; sin embargo, tradicionalmente la Secretaría de Agricultura retarda demasiado, no sabemos por qué, el pago de éstos.

Ése es el tema, de establecer de manera puntual el pago inmediato de los programas al inicio del año, lo que corresponde al Procampo, el Progan, y se recarguen también las tarjetas de diesel establecidas en la Ley de Energía para el Campo, que ha sido un programa que la Secretaría de Agricultura ha distribuido a lo largo y ancho del país; pero que se ha visto disminuido el beneficio, puesto que antes, cuando se aprueba esta ley y este programa de Incentivos a Precios Preferentes del Diesel, el diesel estaba estipulado alrededor de 4.50 el litro, el subsidio era de 2 pesos y se entrega a 2.50 al productor.

Hoy andamos en el orden de los 7.50, de los 8 pesos, establecido en el crecimiento del precio este año; entonces el impacto sigue siendo de 2 pesos y, desgraciadamente, no se ve ese impacto positivo en la producción.

En ese sentido propongo, de urgente resolución el siguiente punto de acuerdo.

Único. La del Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo federal a que, mediante el secretario de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación modifique el calendario de gastos de los programas Procampo, Progan, con el objetivo de que los recursos asignados en el ejercicio fiscal de 2009 se ejerzan durante los primeros tres meses del presente año, a fin de fortalecer el autoempleo y, a su vez, reactivar al sector agropecuario nacional.

De igual forma, el monto asignado al Programa Especial Concurrente en el rubro de competitividad y los apoyos al diesel agropecuario y marino, se apliquen en el mismo periodo mencionado en el punto anterior, en aras de fomentar la producción del sector agrícola mexicano.

Firmamos los señores diputados Rubén Escajeda Jiménez, su servidor y quien se quiera sumar a este punto.

«Proposición con punto de acuerdo, para solicitar al Ejecutivo federal que ejerza tanto los recursos presupuestados en el Procampo y en el Progan como los destinados al subsidio del diesel agropecuario y marino en el primer trimestre de 2009, suscrita por los diputados César Duarte Jáquez y José Rubén Escajeda Jiménez , del Grupo Parlamentario del PRI

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del Pleno de Comisión Permanente la presente proposición con punto de acuerdo, con carácter de urgente y obvia resolución, al tenor de los siguientes

Antecedentes

La crisis financiera global que actualmente estamos padeciendo, aunada a la problemática de la escasez de alimentos básicos que se presentó desde el año 2008, así como el incremento en el precio de algunos energéticos, hacen necesario implementar mecanismos de compensación que permitan disminuir los efectos negativos que se presentan en México, los cuales se resienten de manera más significativa en los sectores sociales que menos tienen.

Con el objetivo de subsanar dicha dificultad, es imperativo que el gobierno federal diseñe y aplique medidas que coadyuven a superar la crisis que enfrentamos, para ello es fundamental que se proporcionen apoyos en cuantía suficiente hacia sectores de la economía que generan un alto impacto en el aparato productivo nacional, como es el caso del sector primario.

Las medidas que se apliquen deben tener como principal objetivo lograr la reactivación del mercado interno, ya que ello permitirá que la oferta y la demanda puedan lograr un nuevo punto de equilibrio en el que los costos de producción se ubiquen por debajo del precio de los productos.

En este sentido es importante señalar que el sector agropecuario nacional desempeña un papel determinante en el proceso de recuperación económica, ya que no sólo es proveedor de alimentos, sino además es generador de insumos que son utilizados en la industria.

En este momento en que la crisis se agudiza de manera importante es prioritario procurar un uso más eficiente de los recursos, asimismo, es fundamental contar con un adecuado manejo de los programas a cargo del gobierno federal, vigilando y certificando que la distribución de los apoyos se realice de manera objetiva y transparente, ya que es la única forma en que podemos erradicar la pobreza y con ello contribuir a detener el acelerado desmantelamiento del campo mexicano.

En lo que respecta al sector primario, contamos con programas públicos que proporcionan apoyos económicos a los agricultores, el ejemplo más representativo de ello es el Procampo.

Cabe mencionar que dicho programa cuenta con un padrón cercano a los 3 millones de beneficiarios, en términos de cantidad de tierra cultivable, asimismo, cuenta con un registro de más de 14 millones de hectáreas, de las cuales el 27 por ciento del total se ubican en el norte del país.

Pese a los beneficios que trae consigo este programa, debemos reconocer que no es suficiente para solventar los efectos de la crisis, sin embargo, si su ejecución es adecuada, puede ser un paliativo importante ante las diversas problemáticas que sufren muchos de quienes trabajan la tierra. En razón de ello, solicitamos que la implementación del mismo se realice de manera eficiente, y que dadas las circunstancias económico-financieras que enfrenta el campo mexicano, se realice una adecuación al calendario de aplicación de los recursos, permitiendo que los más de mil 821 millones de pesos que se aprobaron para el presente año, se ejerzan de manera inmediata.

El panorama de corto plazo que enfrenta el campo mexicano es adverso, por lo que se requiere de acciones inmediatas que reactiven a dicho sector, lo cual sólo es posible hacerlo mediante la inyección de recursos en cuantía suficiente y en un periodo de tiempo que no vaya más allá del mes de marzo de 2009, ya que de no hacerlo se corre el riesgo de que la crisis interna se agudice y que las consecuencias que pueda traer consigo repercutan en los millones de familias que tienen en la actividad agrícola su medio de subsistencia.

Otro de los planes estratégicos en el apoyo al sector primario es el Programa Ganadero (Progan), el cual tiene como principal objetivo apoyar a los productores del país, quienes requieren de recursos inmediatos que les permitan solventar sus gastos de producción. Es importante señalar, que la Cámara de Diputados aprobó en este rubro un presupuesto de 4 mil 200 millones de pesos.

Derivado de lo anterior, es preciso destacar que un elemento fundamental en el desarrollo del campo, es la capacidad de generación de empleo en el sector agrícola, considerando que tiene la cualidad de producir empleos directos e indirectos, siendo el autoempleo el principal detonante de las actividades que se desarrollan en el campo. La posibilidad de contar con un empleo en el sector primario permite a los campesinos contar con una mayor certidumbre en sus ingresos, reflejándose de manera inmediata en una mejoría sustancial en la calidad de vida de las familias dependientes de esta actividad.

Asimismo, no debemos dejar al margen la utilización de insumos energéticos que permiten la realización de las actividades en el agro mexicano, como es el caso del diesel, el cual ha presentado incrementos importantes en su precio, complicando el desarrollo del sector e incrementando los costos operativos del mismo, por lo que resulta imperativo contar con un mecanismo que permita bajar el precio de dicho combustible, ya que de no hacerla se corre el riesgo de caer en una escala inflacionaria debido a que el incremento en el costo de producción será trasladado al precio final del producto, el cual es pagado por el consumidor final.

En razón de lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo federal a través del titular de la Secretaría de Agricultura, Recursos Naturales, Pesca y Alimentación

El Presidente diputado Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla : Gracias, diputado. La diputada Marcela.

La diputada Marcela Cuen Garibi (desde la curul): Me suscribo a este punto.

El diputado César Duarte Jáquez: Con mucho gusto, diputada.

El Presidente diputado Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla : Entonces lo suscribe la diputada Marcela. Adelante. ¿Para sumarse?

El senador Rogelio Rueda Sánchez (desde la curul): También me sumo.

El Presidente diputado Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla : El diputado Ascención Orihuela.

El diputado José Ascención Orihuela Bárcenas (desde la curul): También.

El Presidente diputado Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla : Senador Gabino Cué.

El senador Gabino Cué Monteagudo (desde la curul): Me sumo, presidente.

El Presidente diputado Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla : Diputado Cuauhtémoc Velasco.

El diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva (desde la curul): Me sumo.

El Presidente diputado Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla : Diputado Javier Calzada.

El diputado Francisco Javier Calzada Vázquez (desde la curul): Me suscribo.

El Presidente diputado Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla : Diputado Octavio Martínez.

El diputado Octavio Martínez Vargas : Me sumo, presidente.

El Presidente diputado Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla : Adelante. Lo suscribe también la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional. Senador Mejía.

El senador Raúl José Mejía González (desde la curul): Servidor. También me sumo.

El Presidente diputado Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla : Adelante. Se pregunta a la asamblea si es de considerarse de urgente resolución. Consulte la Secretaría, si es tan amable.

El Secretario senador Ramiro Hernández García: En votación económica se pregunta a la asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición. Los legisladores y las legisladoras que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Los legisladores y las legisladoras que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, hay dos terceras partes por la afirmativa; es mayoría calificada.

El Presidente diputado Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla : Se considera de urgente resolución.

Está a consideración el punto... a discusión. Se votó si es de urgente resolución. Está a discusión.

El senador Luis Alberto Villarreal García (desde la curul): Yo pedí la palabra.

El Presidente diputado Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla : El senador Luis Alberto Villarreal, en el uso de la palabra.

El senador Luis Alberto Villarreal García (desde la curul): En pro. Y lo hago en pro porque me parece que vale la pena hacer varias consideraciones, que sin el ánimo de armar una controversia con el diputado proponente, me parece que es importante señalar por qué no llegan a tiempo los recursos en muchas ocasiones.

¿Por qué? En los convenios de colaboración que suscriben la secretarías federales con los estados y los municipios, en la mayoría de las ocasiones, y quienes hemos tenido la oportunidad de estar en una administración municipal o quienes han estado al frente de una administración estatal, saben que regularmente este tipo de convenios están amarrados a dos cosas: uno, a que haya proyectos ejecutivos validados, y dos, a que esté recaba la información correspondiente para poder dotar a los beneficiarios de los programas correspondientes.

Y en esta parte a mí me parece pertinente consultarle al proponente si me acepta que se incluya dentro de la propuesta que esta propuesta le obligue o le pida, mejor dicho, de manera muy respetuosa a los gobiernos estatales y a los gobiernos municipales, que le metan el acelerador, porque quienes están pagando son, por nuestra ineficiencia, los campesinos de este país.

Porque cuando llegan las tarjetas con diesel, pues ya no son tiempos de utilizar el diesel. Cuando se ocupaba el diesel, no llegó. Cuando se ocupaba la semilla o el fertilizante no llegó. Y es el momento en el que tenemos que decirle, en un ánimo de corresponsabilidad y en un ánimo de decir, nos toca a todos y pongamos todos lo que nos corresponde por el bien de los campesinos, y a quienes les toque integrar los expediente, que a quien le toca hacer los listados, lo hagan en tiempo para que puedan así darle cumplimiento a los convenios que han suscrito en esta materia.

Y por eso cuando el diputado proponente señala aquí que la Secretaría de Hacienda no tiene inconveniente, pues claro que no lo tiene. Y en muchas ocasiones la Secretaría de Hacienda y muchas otras secretarías federales están desesperadas correteando a quienes tienen que hacer esta otra parte del trabajo, para que puedan tener beneficios los campesinos como lo han autorizado en el Presupuesto de Egresos los señores y las señoras diputados.

En consecuencia, el PAN, por supuesto, mi fracción está en pro de que en el primer trimestre del año lleguen estos recursos para que se hagan efectivos y para que puedan llegar a donde tienen que llegar y para que puedan resolver lo que tienen que resolver, pero también, quiere puntualizar con todas las letras que debemos pedirle respetuosamente a los alcaldes y a los gobernadores de los estados de nuestro país, que hagan la parte, también, que les corresponda, para que lleguen los recursos que tienen que llegar. Es cuanto, señor presidente.

Presidencia del diputado César Duarte Jáquez

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Gracias, señor diputado. La senadora Teresa Ortuño y el diputado Orihuela, y el diputado Javier Calzada.

La senadora María Teresa Ortuño Gurza: Por supuesto que asumo como mías todas y cada una de las palabras que presentó aquí mi compañero senador Luis Alberto Villarreal García.

Sólo quiero hacer una precisión adicional. Éste es un fenómeno muy común en donde parece, y lo digo con todo convencimiento, y podría decir hasta con cariño, como un deporte: ``túpanle al negro'', ``péguenle al gobierno federal, porque es el causante de todos los males''.

Y yo no he visto ese celo de algunos legisladores en exigir a las autoridades locales, no solamente, voy a adicionar, no solamente que tengan el dinero y lo ejerzan en conjunto, sino la trasparencia para decirle a los beneficiados de dónde les llegan los apoyos.

Porque es una chulada ver a los dirigentes repartir el dinero como si fuera de ellos. A los alcaldes repartir el dinero como si fuera de ellos. A los gobernadores reclamar por un lado, ``nos abandona la federación'', y por el otro lado repartir dinero federal. Es bastante divertido ver esos escenarios políticos.

Yo creo que el dinero es de los impuestos de todos, de todos, y nadie tiene por qué adueñarse de los beneficios que este dinero puede proporcionar para, en algo, aliviar muchos de estos males que tenemos que atajar; pero es obligación y es honestidad y es integridad no lucrar políticamente con ellos a la hora de las entregas; y como el gobierno federal en ninguna parte dispone de todo el personal para poder hacer las entregas.

Y porque las reglas impuestas, también por el gobierno federal en sus programas, obligan a la coordinación con estados y municipios, vienen a repartir los funcionarios que no le dicen a la gente de dónde les viene el apoyo, o le dicen: ``Sí, es apoyo federal, pero yo te lo conseguí. Yo me lucí, yo me paré, yo fui y te conseguí; yo te gestioné, así que aunque sea dinero federal, yo te lo traigo aquí''.

Me parece que lo que necesitamos es decir: ``Lo estatal es de todos, lo municipal es de todos, lo federal es de todos''. Y exigir por parejo a todas las autoridades que, en este mosaico de estados de la república en que vivimos, no le entren con más ganas unos que otros. Debe subirse este punto y propongo que la invitación se le haga a todos los órdenes de gobierno. Muchas gracias.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Senadora, ¿autoriza una pregunta al diputado Gerardo Villanueva Albarrán?

La senadora María Teresa Ortuño Gurza: Sí.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Adelante.

El diputado Gerardo Villanueva Albarrán (desde la curul): Muchas gracias, diputado presidente.

Senadora, muchas gracias por aceptar la pregunta, que iría antecedida de una reflexión, porque de verdad estamos aquí los perredistas muy sorprendidos de la exposición que usted hace acerca del origen de los recursos de todos los programas, locales, municipales y por supuesto, federales.

Coincidimos con usted en que no pueden ser utilizados políticamente, y le voy a decir una cosa. Independientemente de estar de acuerdo o no con lo que usted está diciendo, la ley prohíbe que se utilicen de esa manera.

Sin embargo, fíjese que en los órganos electorales de todo el país y en el IFE se van a seguir dando estos debates por quejas que presentan los partidos políticos, en particular el PRD ha presentado una, en la que el PAN está mencionando... El PAN, su partido, de manera incongruente y de manera indebida, y también de manera muy desesperada, que ellos son los autores de todos los programas sociales de este país.

No obstante los resolutivos que emitan los consejeros electorales, que pueden ser muy respetables, aunque sean absolutamente impugnables, nosotros vamos a seguir insistiendo en que esta cultura de legalidad ---y sobre todo de respeto a la gente que recibe, que merece, y con quienes debemos defender juntos que se mantengan esos programas---, no sean utilizados de manera tan cínica, tan arbitraria y a veces hasta con el respaldo de las autoridades electorales.

Ahí tenemos una tarea pendiente los diputados. Quedaron lagunas en la ley y es por eso que el PRD, y ojalá senadores del PAN, como usted, nos acompañen en hacer ese tipo de impugnaciones, aun cuando sea su partido el que esté violando la ley.

Entonces, esta reflexión tiene que ver con esa pregunta que le estaría haciendo en este momento: ¿coincidiría con nosotros en impugnar al PAN, por hacer uso indebido de los programas sociales para promocionar a su corriente política en un año electoral?

Eso es todo, diputado presidente. Muchas gracias, senadora, por su respuesta. De antemano le agradezco.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Adelante, senadora.

La senadora María Teresa Ortuño Gurza: Yo actúo siempre con buena fe en todas mis intervenciones, y no le asigno a nadie unas palabras que no le puse en la boca.

Estábamos hablando de un punto de acuerdo muy interesante y muy de apoyarse, del diputado César Duarte; el tema, los apoyos al campo. Me perdí en asuntos electorales de los que no estábamos hablando, sino en el de hacer un exhorto a las autoridades, y dijimos que hay que sumar también a las locales.

Sobre el otro tema, discúlpeme, diputado, Acción Nacional en los órganos electorales fijó su postura ayer, y este debate es de otro orden.

Por supuesto, a mí no me van a venir a pedir congruencias, disculpe, ni usted ni nadie. Yo la voy a tener toda la vida y no voy a tener que demostrárselo a usted ni a nadie. Sí me sumo al punto de acuerdo con esa precisión, solicitándole al diputado proponente que se agregue el exhorto por parejo y que se le dé el mismo peso a lo que significa. Porque no todos los programas llevan dinero municipal, pero muchas veces los alcaldes o sus funcionarios reparten esos programas.

Por eso le sugeriría nada más que el exhorto lleve el mismo ímpetu que le pone a lo federal para lo local también. En ese sentido me sumo a lo que dijo.

Otro debate con mucho gusto y cuando quieran. Con permiso.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Gracias. Diputado Ascención Orihuela, tiene el uso de la palabra.

El diputado José Ascención Orihuela Bárcenas : Gracias, señor presidente.

Creo que hay una enorme confusión o ignorancia en lo que se está planteando. El punto de acuerdo que yo escuché habla de tres programas que tienen que ver estrictamente con recursos federales. Procampo, Progan y el subsidio al diesel son recursos exclusivamente federales.

Yo no sé si el intento de subir el debate, quería la senadora que se le hiciera la pregunta que no contestó, pero no tiene nada que ver con lo que plantearon. Estos programas no tienen componentes ni municipales ni estatales. Eso es otra cosa.

Ustedes vinieron a plantear aquí que se les lleve el acuerdo a los estados y a los municipios, pero son tres programas específicos. El punto de acuerdo es de tres programas específicos que no tienen más que recursos federales. O hay ignorancia o no entendieron la propuesta.

Señor presidente, yo sugiero, propongo que retiren la propuesta que hicieron, porque no cabe, no ha lugar la propuesta de que se les convoque a los estados y a los municipios a aportar su componente. Obviamente no es el caso.

El otro caso, bueno, tendríamos que hablar de otros programas que no es el caso de la propuesta y discutiríamos en otros términos. A la mejor en las reglas de operación, la eficacia que han tenido los funcionarios federales y las instancias federales. Yo sugiero que se retire la propuesta, porque no ha lugar.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Gracias, diputado. Para rectificación de hechos, el senador Luis Alberto Villarreal García.

El senador Luis Alberto Villarreal García: Le solicité la palabra, primero, en el ánimo, por supuesto, de respaldar una propuesta que es importante no solamente para mi partido o para el partido del diputado proponente, sino para todos los mexicanos que tienen acceso a este tipo de programas.

Discúlpeme, diputado, está muy equivocado. Se lo digo a usted directamente. Sí operan municipios y estados estos programas que, efectivamente ---como usted lo señaló---, llevan exclusivamente recursos federales sin mezcla. Y si no se operan a tiempo, y para poderlos operar a tiempo se requiere de un trabajo previo de campo que regularmente, ---se lo digo con conocimiento de causa--- respaldan en los municipios y en los estados, no se puede entregar algo que no está debidamente operado.

Porque si no hay una lista...

El diputado José Ascención Orihuela Bárcenas (desde la curul): El padrón...

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Se evitan los diálogos, señor diputado. Respeten al orador.

El senador Luis Alberto Villarreal García: La intención es muy sencilla. Finalmente éste es un exhorto respetuoso muy importante. Queremos que en este exhorto respetuoso y muy importante, esté también considerada la autoridad local y la autoridad municipal simple y llanamente, porque me parece que hoy, en estos tiempos por los que está atravesando nuestro país, requiere el esfuerzo, el trabajo, el compromiso y la tenacidad de todos los servidores públicos, independientemente del ámbito o de la esfera de competencia e independientemente del partido político, de la proveniencia de cualquier funcionario.

En ese sentido, nosotros nos sumamos. Con todo respeto, en mi caso yo no puedo quitar mi propuesta. Sin embargo, este es un asunto que no decido yo, sino que finalmente decide la asamblea.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Gracias, señor senador.

Por alusiones personales, Ascención Orihuela; enseguida el diputado Javier Calzada, y luego el diputado Rubén Escajeda.

El diputado José Ascención Orihuela Bárcenas : Solamente para precisar que en los programas, en estos tres programas federales, no hay intervención ni de municipios ni de otro tipo de autoridades que no sean las responsables, que es la Secretaría de Agricultura. Ella realiza los padrones de Procampo, los padrones y el padrón de subsidio al diesel.

Esto está establecido y se pagan en oficinas que dependen de la Secretaría de Agricultura o, en su caso, de convenios que realiza con los gobiernos de los estados en oficinas de gobiernos de los estados. Pero no tienen ninguna injerencia otras autoridades. Solamente preciso eso.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Diputado Javier Calzada, tiene el uso de la palabra.

El diputado Francisco Javier Calzada Vázquez : Gracias, diputado presidente.

En nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en primer lugar hago explícito el respaldo al punto de acuerdo que presenta nuestro presidente de la Cámara de Diputados, César Duarte.

Habría que decir también que es importante que se le dé este enfoque a la solución de un problema que está a lo largo y ancho del país. Se anuncian medidas para disminuir los incrementos periódicos al diesel, pero al diesel en general. Al diesel que consumen los transportistas, los industriales, etcétera. Y también al que le interesa a una buena parte de la población que, como siempre, es la de menores ingresos, la más desprotegida, la que viene pagando el costo de todas las decisiones que se toman aquí en el centro.

Por esa razón es inteligente el mecanismo que se propone de incrementar los recursos al Programa Especial Concurrente del Campo, y destinar un mayor subsidio particularmente a los que tienen esta dificultad que son el sector agropecuario y el sector pesquero en particular, que ha hecho manifestaciones en muchos estados de la república.

Por esa razón, nos congratulamos de este enfoque y esta solución. Esperamos que haya sensibilidad de parte del Ejecutivo federal para hacer los ajustes, de acuerdo con las facultades que le asigna la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en la marcha, en el ejercicio del presupuesto, para poder hacerle frente a estos problemas.

En esa misma línea, el día de hoy esta Comisión Permanente aprobó un punto de acuerdo donde solicitamos que a los productores agrícolas que tienen la necesidad de extraer el agua mediante pozo profundo, que no tienen el beneficio de los canales de riego, como es la mayoría de los agricultores del estado de Sinaloa, y donde la producción es más cara, donde cuesta más por los recibos de la energía eléctrica.

Ahorita nuestros agricultores están pagando 40 centavos kilovatio-hora, durante 16 horas al día y solamente 8 horas, las más difíciles de las 12 de la noche a las 8 de la mañana, están pagando 20 centavos kilowatt-hora. El punto de acuerdo que hoy aprobamos es un exhorto para que se ajusten las tarifas y solamente paguen durante las 24 horas la tarifa más baja, de 20 centavos kilovatio-hora.

Nosotros estamos de acuerdo en que, en las medidas que anunció el Ejecutivo, se haya apoyado a los industriales con un subsidio a la energía eléctrica. Lo que no compartimos, no entendemos y en lo que nunca vamos a estar de acuerdo es en que solamente se apoye a los que tienen ingresos de medio hacia arriba, y se siga dejando olvidados a los agricultores.

Por eso, en este mismo sentido, así como se hace este exhorto al Ejecutivo para incremento al subsidio del diesel agropecuario y pesquero, también hago aquí el exhorto para que el Ejecutivo federal pudiera se sensible a la disminución de las tarifas eléctricas del sector agropecuario. Hasta ahí el comentario. Muchas gracias, diputado presidente.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Gracias, diputado Javier Calzada. Tiene el uso de la palabra el señor diputado Rubén Escajeda.

El diputado José Rubén Escajeda Jiménez : Con permiso, señor presidente.

Llama la atención verdaderamente tanta incongruencia.

Cuando se habla de no politizar las cosas, y muchos hemos recibido en nuestra casa una carta del titular del Ejecutivo, donde presume el estar ejerciendo recursos y nunca habla ---por cierto--- de que la Cámara de Diputados, conformada por diputados de todos los partidos, tiene el mérito de haber autorizado los recursos.

Seamos congruentes, y seamos congruentes con la posición que en el discurso se menciona, en temas en donde nadie puede decir que no. El punto de acuerdo que hoy se plantea es muy preciso y categórico: Progan, Procampo, tarjetas para el diesel, recurso al 100 por ciento federal.

Naturalmente que los gobernadores tienen que hacer su parte. Ojalá que todas las conductas de los gobernadores pudieran servir como ejemplo, como en el caso de Durango, que autorizó un subsidio de dos pesos por litro de diesel para los productores de menos de cinco hectáreas. Ojalá que el señor presidente de la república pueda emular esta actitud de un gobierno que entiende a la gente.

Y ojalá también que pudieran entender quienes gobiernan este país el cómo la sociedad se está sobrecalentando, cómo la sociedad tiene que manifestarse ---como lo haremos el próximo 30 de este mes--- para reclamarle a la autoridad y a los distintos órdenes de gobierno, a la Secretaría de Agricultura en especial, el subejercicio de los recursos y la falta de voluntad política para atender a la gente.

Cuidado. El termómetro de la sociedad puede tener otras consecuencias. Ojalá que el reflejo político ---ojalá que lo tengan--- de quienes gobiernan este país los lleve a pensar en tomar medidas serias, medidas inteligentes; no medidas demagogas que no tienen absolutamente ninguna otra intención más que un fin totalmente electoral.

Ojalá, por el bien del campo de este país, que por cierto, reitero que los productores de este país hacemos milagros; verdaderamente es un acto de patriotismo el sembrar en este país cuando no existen los apoyos necesarios y suficientes para seguir resolviendo el grave problema de crisis económica y de crisis alimentaria sobre todo, que se avecina.

Señor presidente, termino reiterando la posición de la fracción del PRI, para que el punto de acuerdo que hoy, por cierto, usted y su servidor propusimos, se conserve tal y como se ha planteado. Por su atención, muchas gracias.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Tiene el uso de la palabra el señor senador Rubén Velázquez.

El senador Rubén Fernando Velázquez López: Legisladoras y legisladores, éste es un tema que naturalmente nos interesa a todos, obviamente me interesa a mí no sólo porque soy legislador, sino porque también trabajo el campo y sufro los problemas que ahí se están llevando a cabo y tenemos desde hace mucho tiempo.

Yo creo que este punto de acuerdo, como otros que se han propuesto en esta legislatura, deberíamos desahogarlo con prontitud y con el afán verdaderamente de ayudar al que está allá, en el campo, no acá en la tribuna, no aquí en las curules o en los escaños, disfrutando de este medio ambiente; sino allá en donde verdaderamente se sufre.

Quiero rechazar que hubiera, en esta propuesta y en los discursos que me han antecedido, algún interés electoral. Lo dudo. Por supuesto debe de haber. Pero yo vengo a llamar la atención a la autoridad y a los legisladores, que son del partido de la autoridad, a que estemos con el ojo avizor.

Pareciera que cada vez vamos empujando más a querer despertar a ese México bronco, que todos conocemos por la historia, y que por cierto en mi estado ya hemos tenido algunos huracanes fuertes cuando se despierta el México bronco.

Creo que vale la pena, amigos y amigas, que escuchemos qué está pasando allá con la gente. El movimiento pesquero que surgió desde hace unos días para acá, por supuesto que no es menor, y la verdad no estamos viendo ---o yo no estoy viendo--- una actitud diligente para que resolver esas inquietudes, sino al revés. Es para menospreciarlas.

No estoy viendo una actitud propositiva con las preocupaciones que han surgido, con todas las denuncias que se han hecho en el manejo del programa Proárbol, en la Conafor, he visto igual una actitud de desprecio, de no quererse sentar a oír y a resolver la problemática que se está presentando con hechos, con razones, con argumentos.

He leído, desafortunadamente, declaraciones de nuestro compañero senador con licencia, al que conocemos de hace muchos años, a don Alberto Cárdenas, en donde dice: ``No me tiemblan las corvas''. Si no le tienen que temblar las corvas, el asunto es que hay que sentarse a resolver el problema, el problema que está ahí.

Entiendo a mis amigos del PAN, para sumar este punto que están proponiendo, que acepten los proponentes del punto de acuerdo, para que sumen a los estados y a los municipios.

Quisiera, a ver si es posible, mover la sensibilidad de los proponentes, porque no es un asunto que se deba tampoco de rechazar. Ya entiendo que estamos tratando de proteger a nuestros gobiernos locales. No se olviden que en mi estado gobierna el PRD y hay muchos estados gobernados por el PRI y otros por el PAN.

Es una propuesta entonces que tiene que llamar la atención a todos, porque aunque es muy probable que en este caso específico del Procampo, Progan y el subsidio al diesel lo operan directamente las oficinas o las delegaciones de la Sagarpa, pero efectivamente lo hacen con padrones que están establecidos.

El Procampo es inamovible, sufre algunos pequeños cambios, pero los otros son movibles, se mueven y ahí participa la autoridad estatal y la autoridad municipal.

Creo que nos debemos de abrir, diputado Duarte y diputado tocayo, Rubén, a esta propuesta que hacen los amigos del PAN, porque nos toca a todos.

Quisiera oír a mis amigos del PAN, un compromiso para que hablemos con el área de Agricultura y veamos por qué no llegan los apoyos al campo. Es un asunto de dale y dale y dale, todos los días y todas las semanas, cuando estamos legislando y no es posible que no abramos los oídos a ese punto.

Es muy probable que el secretario de Agricultura nos esté diciendo la verdad cuando dice que ya están todos los recursos en los estados, y luego ocurra que los estados no hacen la mezcla, y entonces no pueden gastar. Pero eso es para los programas de desarrollo rural y de activos productivos, y no sé qué nombres les han puesto hoy.

Para éstos en especial no necesitan la mezcla de recursos, como ya se dijo. Pero necesitamos, diputados y senadores, diputadas y senadoras, hacer un documento que comprometa a los políticos servidores, y espero que sean servidores con los productores.

¿Qué no estamos oyendo el problema? ¿Qué no nos están diciendo todos los días, en todos los sentidos y en muchos lenguajes y palabras de qué tamaño es la crisis que tenemos?

De verdad, nosotros no sentimos la crisis, porque cada mes nos dan nuestra dieta, nuestro sueldo; la bronca es allá, cuando tienen que vender una tonelada de maíz ni siquiera a 2 mil 500 pesos. La bronca es allá, cuando los que están queriendo sembrar ahorita en el otoño-invierno, y asómbrense y estados como el mío, no llegan los apoyos del otoño-invierno.

Ésos son problemas que se tienen que resolver, cuando la mayor parte de los apoyos se van para el norte, para Sinaloa, para Jalisco, para todas aquellas regiones, porque han peleado y han tomado carreteras y han tomado casetas y han puesto en un brete al gobierno y por eso los apoyos se van para allá. Y si no, los reto a que analicemos cómo se están usando los recursos del campo, qué porcentaje se va para un lado y qué porcentaje se va para el otro lado, es decir, para un México y para el otro México.

Ésa es la otra parte que tenemos que uniformar, que tenemos también que igualar, que justificar. Por eso a mí me parece que es prudente que en este punto, que es propositivo, no lo detengamos, porque estemos en desacuerdo en no llamar a los gobiernos locales, a los estatales y a los municipales, a que se sumen a que el gasto que va al campo se haga con la prontitud, con la diligencia que se merece el asunto, estimados amigos.

Y creo que el exhorto debe ir a todos los niveles; yo creo que incluso deberíamos ampliarlo, pero no lo voy a meter. Sólo digo que evitemos la tozudez, evitemos el desprecio de los funcionarios del gobierno, de todos los gobiernos, no solamente el federal, de todos los gobiernos, porque luego ocurre en cualquier nivel, ante reclamos de la gente que está organizada o no organizada.

¿Será que necesitamos que esté violentado todo el país o una parte del país para que digamos ``cuánta razón tenemos''? Acuérdense de los pronósticos que hacían de la debacle económica en el mundo, y las autoridades de México decían: ``aquí no va a llegar, aquí no es cierto''. Hasta que llegó. Lo mismo está pasando con este tema.

La mayor parte de los mexicanos todavía, por fortuna, están en el campo. Pero todos ustedes salen, salimos al campo a visitar a nuestros electores y nos damos cuenta cómo la mayor parte de los terrenos están ya sin trabajar.

De tal manera que sí nos preocupemos, sí nos ocupemos. Yo hago ese llamado a los presentes para que busquemos una redacción a esta propuesta que han hecho los diputados del PRI, para que salgamos todos en apoyo a este asunto y vaya el exhorto a todos los niveles del gobierno.

Estoy de acuerdo con eso, porque no solamente es culpa de las autoridades que están en la federación; también tenemos culpables en los estados. Aceptémoslo priistas y aceptémoslo perredistas. Yo creo que así es el asunto. Muchas gracias.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Gracias, senador.

Consulte la Secretaría a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido.

El Secretario senador Ramiro Hernández García: En votación económica se pregunta a la asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición. Los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Suficientemente discutido. No recibimos ninguna propuesta.

La senadora María Teresa Ortuño Gurza (desde la curul): La propuesta, señor presidente, fue verbal en el sentido de que cuando se dice ``convocamos a las autoridades'', que se agregue ``estatales y municipales''; que se agregue la invitación en el mismo sentido.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Apoyo técnico, por favor haga un escrito para que se presente y pueda ser considerado. Que se establezca por escrito la modificación propuesta por la senadora Ortuño, que incluye las palabras municipio y estado, enseguida de la palabra Sagarpa, nos dice el senador Luis Alberto Villarreal.

El diputado José Ascención Orihuela Bárcenas (desde la curul): Señor presidente.

Si me permite, senadora, es que no cabe, porque estamos hablando de tres programas federales. Cómo exhortamos al estado y al municipio a que los ejerzan si es una facultad exclusiva del gobierno federal. No da. Es para otro tipo de proyectos.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: No se admiten diálogos entre legisladores, compañeros. Ahorita lo consultamos.

Lea la Secretaría la propuesta hecha por la senadora Ortuño... Ahorita vamos a poner a discusión ese punto para ver si se acepta.

¿La unidad técnica ya la tiene? Lea la Secretaría la propuesta de adición de la senadora Teresa Ortuño.

El Secretario senador Ramiro Hernández García: Sería en los términos siguientes:

Se agregaría un numeral 2, que quedaría en los términos siguientes: ``De igual forma, invitamos a los gobiernos estatales y municipales a agilizar el cumplimiento de sus tareas en orden a este mismo objetivo''.

Entonces el que está como 2 pasaría a ser el numeral 3.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Consulte la Secretaría a la asamblea si es de aceptarse.

El Secretario senador Ramiro Hernández García: En votación económica se pregunta si se acepta la propuesta. Los legisladores y las legisladoras que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Los legisladores y las legisladoras que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Mayoría por la afirmativa, señor presidente.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Se acepta la adición.

Consulte la Secretaría a la asamblea si es de aprobarse el punto de acuerdo con la adición aceptada por la asamblea.

El Secretario senador Ramiro Hernández García: En votación económica se pregunta si se aprueba el punto de acuerdo con la modificación aprobada. Los legisladores y las legisladoras que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Los legisladores y las legisladoras que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Aprobado. Comuníquese.

INDUSTRIA SIDERURGICA

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Se concede el uso de la palabra al diputado Javier Calzada Vázquez, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar un punto de acuerdo resolutivo a la reciente reunión de los presidentes de Estados Unidos de América y de México.

El diputado Francisco Javier Calzada Vázquez : Gracias, diputado presidente.

Se comunicó oportunamente para hacer el cambio por el punto registrado en el orden, que es una proposición con punto de acuerdo para exhortar al gobierno federal a que defienda la industria siderúrgica nacional ante la política comercial.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Se concede, señor diputado, el cambio de turno, ya que es del mismo grupo parlamentario. Tiene el uso de la palabra para ese punto de acuerdo, al que usted ha dado lectura.

El diputado Francisco Javier Calzada Vázquez : En días pasados la oficina del congresista norteamericano Peter Visclosky anunció que fue aprobada una enmienda a la Ley de Recuperación y de Reinversión de Estados Unidos, por medio de la cual se incluye, dentro de este ordenamiento, la denominada Ley Acero Americano Primero.

Con esta enmienda todas las obras públicas que lleva a cabo el gobierno de Estados Unidos, relativas a proyectos de construcción, reparación y mantenimiento que requiere el acero, deberán llevarse a cabo exclusivamente con acero fabricado en Estados Unidos, por lo que el acero importado no tendrá oportunidad de participar en esas obras, excepto que no haya suficiente oferta de acero doméstico o que sea 25 por ciento más caro que el extranjero.

Esta medida de política comercial claramente proteccionista atenta contra el libre comercio entre Estados Unidos y México, y afectará directamente a los productores nacionales de acero. La industria siderúrgica nacional exporta a 113 países, pero 70.1 por ciento de las exportaciones totales tienen como destino Estados Unidos.

Desde la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, la producción de acero de México se duplicó llegando a representar en la actualidad 13 por ciento de la producción siderúrgica total de la región del tratado, que representa 12 por ciento de la demanda mundial de acero.

La importancia de esta industria en el desarrollo de la economía mexicana es indiscutible; representa 2.2 por ciento del producto interno bruto, da empleo directo e indirecto a más de 600 mil personas, opera 79 por ciento de su capacidad instalada y exporta acero por un valor de 7 mil millones de dólares.

Asimismo, la prudencia en el manejo de los asuntos públicos recomienda tomar acciones para anticiparse a los posibles efectos negativos que sobre otras ramas industriales, como la del cemento o la del vidrio, tendrían medidas proteccionistas similares no sólo a las del gobierno de Estados Unidos de América, sino de otros países, pues en el contexto de esta crisis económica mundial tomar medidas que restringen el comercio internacional es común.

Hay muchos ejemplos de estas nuevas medidas de protección. Rusia subió los aranceles de importación a los automóviles y los camiones de 25 por ciento a 30 por ciento. La Unión Europea ha dicho que podría volver a imponer aranceles de 79 por ciento a componentes de imprentas de libros de China. Vietnam subirá los impuestos al acero de 8 por ciento a 12 por ciento para impulsar el uso de productos nacionales. Y nuestro gobierno cuenta con los instrumentos para tratar de revertir este tipo de medidas que atentan contra el comercio bilateral México-Estados Unidos de América.

Por lo expuesto, propongo el siguiente punto de acuerdo.

Primero. Se exhorta respetuosamente al gobierno federal a que, en los términos y atribuciones consignadas dentro del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el Servicio Exterior Mexicano realice las gestiones pertinentes a fin de contrarrestar los efectos negativos sobre la industria siderúrgica nacional derivados de la enmienda a la Ley de Reinversión y Recuperación del Congreso de Estados Unidos, por la cual se establece que deberá utilizarse exclusivamente acero fabricado en Estados Unidos en las obras públicas de ese país.

Segundo. Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal a que tome las medidas conducentes para anticipar los efectos negativos sobre otras ramas productivas, como el cemento o el vidrio, derivados de medidas proteccionistas similares de los gobiernos de otros países.

Es cuanto, diputado presidente; le agradezco esta oportunidad.

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno federal a defender la industria siderúrgica nacional ante la política comercial proteccionista de Estados Unidos de América, a cargo del diputado Francisco Javier Calzada Vázquez , del Grupo Parlamentario del PRD

El que suscribe, Francisco Javier Calzada Vázquez , diputado de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 42 y 34 incisos a), b) y c) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a consideración de la del Congreso de la Unión, la siguiente proposición con punto de acuerdo para exhortar respetuosamente al gobierno federal a que tome las medidas necesarias para contrarrestar los efectos negativos que tendrán, sobre la industria siderúrgica nacional y otras ramas productivas, las medidas de política comercial proteccionista de los Estados Unidos de América, conforme a las siguientes:

Consideraciones

En días pasados, la oficina del congresista norteamericano Pete Visclosky anunció que fue aprobada una enmienda a la Ley de Reinversión y Recuperación de Estados Unidos (American Recovery and Reinvestment Act) por medio de la cual se incluye dentro de este ordenamiento la denominada Ley de Primero el Acero Americano (American Steel First Act).

Con esta enmienda, todas las obras públicas que lleva a cabo el gobierno de los Estados Unidos, relativas a proyectos de construcción, reparación y mantenimiento que requieran acero, deberán llevarse a cabo exclusivamente con acero fabricado en Estados Unidos, por lo que el acero importado no tendrá oportunidad de participar en esas obras excepto que no haya suficiente oferta de acero doméstico o que sea 25 por ciento más caro que el extranjero.

Esta medida de política comercial claramente proteccionista atenta contra el libre comercio entre Estados Unidos y México, y afectará directamente a los productores nacionales de acero. La industria siderúrgica nacional exporta a 113 países, pero el 70.1 por ciento de las exportaciones totales tiene como destino al vecino del norte.

Desde la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) la producción de acero de México se duplicó llegando a representar en la actualidad el 13 por ciento de la producción siderúrgica total de la región del TLCAN que representa el 12 por ciento de la demanda mundial de acero.

La importancia de esta industria en el desarrollo de la economía nacional es indiscutible: representa el 2.2 por ciento del producto interno bruto, da empleo directo e indirecto a más de 600 mil personas, opera al 79 por ciento de su capacidad instalada y exporta acero por un valor de 7 mil millones de dólares.

Asimismo, la prudencia en el manejo de los asuntos públicos recomienda tomar acciones para anticiparse a los posibles efectos negativos que sobre otras ramas industriales, como la del cemento o la del vidrio, tendrían medidas proteccionistas similares no sólo del gobierno de Estados Unidos de América sino de otros países, pues en el contexto de crisis económica mundial tomar medidas que restringe el comercio internacional son comunes.

Hay muchos ejemplos de estas nuevas medidas de protección. Rusia subió los aranceles de importación a los automóviles y los camiones del 25 al 30 por ciento; la Unión Europea ha dicho que podría volver a imponer aranceles del 79 por ciento a un componente de imprentas de libros de China; Vietnam subirá los impuestos al acero del 8 al 12 por ciento para impulsar el uso de productos nacionales; la India estableció licencias de importación para algunos productos de acero y materiales de madera; Ucrania, Ecuador y Argentina han considerado tomar medidas similares.

Nuestro gobierno cuenta con los instrumentos para tratar de revertir este tipo de medidas que atentan contra el comercio bilateral México-Estados Unidos de América. Recordemos que en 2002 fue creado el Comité de Comercio de Acero de Norteamérica, con el objetivo de una mayor integración del mercado regional siderúrgico. Dicho comité está formado por representantes de industrias y gobiernos de los tres países del TLCAN y se encarga de monitorear temas como políticas intra-tratado, temas de comercio internacional tendencias del mercado global y el desarrollo de la industria.

Esta instancia debe utilizarse, junto con otro tipo de medidas, para que México plantee la necesidad de establecer políticas que permitan una mejor competencia y un mayor volumen de comercio entre los socios del TLCAN y no políticas que dañen la relación de intercambio.

Por todo lo anteriormente expuesto, propongo el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente al gobierno federal para que, en los términos y atribuciones consignadas dentro del TLCAN, el servicio exterior realice las gestiones pertinentes a fin de contrarrestar los efectos negativos sobre la industria siderúrgica nacional derivados de enmienda a la Ley de Reinversión y Recuperación de Estados Unidos (American Recovery and Reinvestment Act) del Congreso de los Estados Unidos por la cual se establece que deberá utilizarse exclusivamente acero fabricado en Estados Unidos en las obras públicas de ese país.

Segundo. Se exhorta respetuosamente al gobierno federal para que tome las medidas conducentes a fin de anticipar los efectos negativos sobre otras ramas productivas, como el cemento o el vidrio, derivado de medidas proteccionistas similares de los gobiernos de otros países.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Se turna a la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados.

ORDEN DEL DIA

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Lea la Secretaría una solicitud de cambio del orden del día que nos ha enviado la mayoría de los miembros de la Mesa Directiva, para ponerla a consideración del pleno.

La Secretaria diputada Marcela Cuen Garibi : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.

Diputado César Duarte Jáquez, Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.--- Presente.

Los suscritos le solicitamos que en uso de las facultades, que le confiere el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ponga a consideración del pleno de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la modificación del orden del día para dar entrada en el primer turno en que sea posible a una proposición con punto de acuerdo por el cual se exhorta al Ejecutivo federal para que mantenga sin aumento el precio del diesel durante todo el año 2009 para su uso agropecuario, para el transporte de pasajeros y de carga, para la Marina Mercante Nacional, así como el sector de la pesca comercial y deportiva en todo el país, suscrita por legisladores de diversos grupos parlamentarios.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Gracias, diputada.

Consulte la Secretaría a la asamblea si es de aceptarse la modificación al orden del día.

La Secretaria diputada Marcela Cuen Garibi : En votación económica se pregunta a la asamblea si es de modificarse el orden del día. Los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Los legisladores y las legisladoras que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

PRECIO DEL DIESEL

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: En consecuencia, lea el punto de acuerdo de manera inmediata... Por tanto, se concede el uso de la palabra al señor diputado Tonatiuh Bravo Padilla.

El diputado Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla : Gracias, diputado presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que la Comisión Permanente exhorta al Ejecutivo federal a mantener sin aumento el precio del diesel durante todo 2009, presentada por diputados de diversos grupos parlamentarios.

El suscrito, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LX Legislatura, con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política Mexicana, 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a esta honorable soberanía, proposición con punto de acuerdo, conforme a las siguientes

Consideraciones

El día de ayer el Ejecutivo anunció una respuesta insuficiente sobre el aumento al diesel. Sobre este punto todos los grupos parlamentarios cuestionamos que haya tenido que esperar que miles de pescadores, de transportistas y de campesinos empezaran a sufrir y protestar por esa alza para empezar a reaccionar de forma tardía.

Además, lo que anunció ayer el gobierno fue una disminución parcial, del 75 por ciento al incremento mensual .Esto significa que el aumento será de 25 por ciento, o como dijo el secretario Carstens, en vez de tener aumentos semanales ahora serán mensuales.

Pero desde nuestro punto de vista el problema no es si el aumento es pequeño o grande, si los productores van enfrentar el costo en una fecha u otra.

El fondo del problema es que la medida anunciada por el Ejecutivo es insuficiente, más si se considera que apenas la semana pasada acordamos pedirle al Ejecutivo que congelara el precio del hidrocarburo.

En la sesión del 21 de enero de la del Congreso de la Unión, todas las bancadas acordamos hacer adición a una proposición por la que se exhortó al titular del Ejecutivo federal a tomar las medidas necesarias, con el fin de disminuir el precio del diesel para el autotransporte y los pescadores, en virtud de la crisis en la que se encuentran dichos sectores.

Esto puede consultarse en la versión estenografita y el punto de acuerdo votado en la sesión referida que dice claramente en su primer punto, disminuir el precio del diesel; en el tercer punto se pide que se considere el diesel para la industria pesquera, y en el cuarto punto dice que se contemple la congelación del precio del diesel para uso agropecuario, para el transporte de pasajeros y de carga, para la marina mercante nacional y para el sector de la pesca comercial y deportiva en todo el país, durante todo el año.

No podemos darnos por satisfechos cuando la representación del Legislativo acuerda solicitarle al gobierno una disminución del precio y este nos responde anunciando que ahora el aumento va a ser más chiquito pero aumento.

Por supuesto que el gobierno no está obligado a seguir puntualmente los puntos de acuerdo del Legislativo, pues eso implicaría una forma de gobierno distinta, pero creo que tenemos la razón cuando pedimos atención a una causa justa. Entre todos convenimos que lo que se comunicara fuera una petición de disminución, y lo que esta respondiendo el gobierno es insuficiente.

De esta forma sigue siendo vigente la necesidad de una política de apoyo a la reactivación económica, de aliento a los trabajadores del campo y a los pescadores

Por ello, los legisladores firmantes los convocamos a decirle muy claramente al gobierno que la medida anunciada es insuficiente y que lo exhortamos, por segunda vez, a que en su política anticrisis se decida a congelar el precio del diesel tal y como lo demanda la realidad de la sociedad mexicana.

Por lo anteriormente expuesto, me permito presentar ante esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo Federal para que mantenga sin aumento el precio del diesel durante todo el 2009, para su uso agropecuario, para el transporte de pasajeros y de carga, para la Marina Mercante Nacional, así como el sector de la pesca comercial y deportiva en todo el país.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Gracias, señor diputado Tonatiuh Bravo.

Había solicitado el diputado Ascención Orihuela sumarse a la firma de éste; el diputado Rubén Escajeda, el senador Rogelio Rueda, el diputado Octavio Martínez Vargas ; todo el Grupo Parlamentario del PRD, de Convergencia, y nada más.

Consulte la Secretaría a la asamblea si se considera de urgente resolución.

El Secretario senador Ramiro Hernández García: Con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de la Unión, se consulta a la asamblea si se considera de urgente u obvia resolución. Los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

No son las dos terceras partes, señor presidente.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Túrnese a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados.

Se acaba de recibir una comunicación del diputado Gustavo Macías Zambrano . Léala la Secretaría.

DIPUTADO QUE SOLICITA LICENCIA

La Secretaria diputada Marcela Cuen Garibi : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.

Diputado César Horacio Duarte Jáquez , Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.--- Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 47 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicano, me dirijo a usted para solicitarle muy atentamente que sea el conducto para someter a consideración del Pleno de esta Comisión Permanente mi solicitud de licencia para separarme por tiempo indefinido del cargo de diputado federal de la LX Legislatura, a partir del 1 de febrero del año en curso.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Gracias, diputada secretaria. De conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se pide a la secretaría de la asamblea poner a discusión el punto de acuerdo.

La Secretaria diputada Marcela Cuen Garibi : Está a discusión el siguiente punto de acuerdo.

Único. Se concede licencia por tiempo indefinido al diputado Gustavo Macías Zambrano para separarse de sus funciones como diputado federal electo en el I distrito de Jalisco, a partir del 1 de febrero del presente año.

No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Aprobado. Comuníquese a la Cámara de Diputados.

PERIODISTAS ANA LILIA PEREZ Y MIGUEL BADILLO

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Tiene el uso de la palabra el señor diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva, del Grupo Parlamentario de Convergencia, para presentar punto de acuerdo por el que la Comisión Permanentese solidariza con Ana Lilia Pérez y Miguel Badillo, y se manifiesta por el respeto irrestricto a la libertad de expresión, a los derechos humanos.

El diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva : Compañeras y compañeros, una de las más representativas libertades de los sistemas democráticos es precisamente el derecho del individuo a exponer sus pensamientos y opiniones, por medio de la palabra, por escrito o cualquier otro medio de reproducción, sin autorizaciones previas o censura de la autoridad y sin más limitación que lo que la ley establece.

Esos límites son los derechos de los demás a ser respetados en su honor, intimidad y fama, así como el respeto al orden público. Lo anterior viene al caso, porque recientemente hemos visto con profunda preocupación, que una de las manifestaciones de esta libertad, la de expresión, tutelada en el artículo 7o. de la Constitución, se ha visto vulnerada en la persona de dos periodistas: Miguel Badillo, director, y Ana Lilia Pérez, reportera, ambos de la revista Contralínea.

¿Cuál es el delito que han cometido para ser perseguidos y acosados? Ninguno. El verdadero motivo parece ser un mal entendido o sentimiento de revancha, y por qué no decirlo con todas sus letras: ``parece ser un acto de autoritarismo'', con el uso faccioso de las instituciones del estado de derecho, para castigar a quien en ejercicio de un derecho informó a sus lectores en febrero de 2008 que Juan Camilo Mouriño Terrazo, como funcionario público, organizaba negocios privados, beneficiando a compañías de su familia.

Hace unos días Miguel Badillo fue detenido unas horas, como consecuencia de las denuncias que ha realizado como parte de su trabajo. La periodista Ana Lilia Pérez, por su parte, investigó y divulgó asuntos de corrupción en Petróleos Mexicanos que involucran a empresarios, funcionarios y políticos de muy alto nivel.

Hoy se encuentra oculta como medida de seguridad ante las amenazas de muerte que ha recibido, y para evitar su detención, derivada de una denuncia por ``daño moral'', entrecomillado, interpuesta por empresarios gaseros, por una orden de aprehensión que un juez de Guadalajara dictó en su contra por un supuesto desacato de un requerimiento judicial del cual nunca tuvo conocimiento.

La revista publicó que Jesús Alfonso Zaragoza López, socio mayoritario del presidente del consejo de administración del poderoso consorcio Z Gas, integrado por 80 empresas, había comentado que en el sexenio de Fox, el entonces secretario de Energía, Felipe Calderón Hinojosa, lo recibió en sus oficinas para ayudarle en sus negocios y que a cambio él lo apoyó económicamente para su campaña a la Presidencia de la República.

La periodista realizó una serie de relevaciones que incomodaron al empresario Jesús Alfonso Zaragoza López, pese a existir grabación de ellas, así la reportera señaló que dicho empresario le reveló como los directivos de Pemex le ofrecieron el negocio de los ductos mucho antes de que se hablara de una reforma energética.

Cómo el entonces secretario de Comunicaciones y Transportes, Pedro Cerisola, le ayudó a instalar su planta de gas de Manzanillo, la cual le renta Pemex Gas para almacenar el gas que luego Pemex le vende a él, y él a su vez distribuye a millones de consumidores.

Detalló cómo soborna a alcaldes y autoridades locales y federales para que le permitan instalar sus plantas de gas en zonas prohibidas, aún contra de las protestas ciudadanas, como lo hizo en el pueblo de Campos, según documento de los pobladores.

Lo anterior da lugar a que en agosto de 2007 el empresario presentara la primera demanda en contra de la revista Contralínea, del subdirector Miguel Badillo, y la reportera Ana Lilia Pérez.

Los mismos reporteros han denunciado públicamente una serie de irregularidades en el juicio, pese a que durante el juicio Zaragoza reconoció como suya la voz de las grabaciones que los periodistas exhibieron como prueba que éstas no fueron debidamente valoradas.

El empresario no aportó una sola prueba que sostuviera sus acusaciones. Los reporteros presentaron, además de las grabaciones, cientos de documentos que respaldaban las investigaciones periodísticas publicadas, incluidas los que el denunciante les proporcionó, algunos de ellos emitidos por Calderón Hinojosa.

Al denunciante se le permitió entrar al juzgado con guardaespaldas armados, y a Ana Lilia Pérez no se le permitió declarar. El juez la declaró confesa.

Compañeras y compañeros, ¿hasta cuándo vamos a permitir que la sola expresión de las ideas y el ejercicio de una profesión dé paso al acoso y a las amenazas?

Ana Lilia Pérez es contundente cuando afirma: ``No maté, no robé, no violenté ley alguna. Mi única arma es la palabra, y con ella hice lo único que sé hacer: periodismo, honrosa profesión de la que me sostengo con un salario ganado decorosamente, sin pretensiones de enriquecimiento, como me han ofrecido los empresarios y funcionarios a quienes he investigado''.

Por tales motivos consideramos extremadamente grave que se presenten este tipo de hechos, pues lo que está de por medio es la defensa de la libertad de expresión y del derecho ciudadano a estar informado.

Por lo expuesto, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución.

Primero. La del Congreso de la Unión se solidariza con los periodistas Ana Lilia Pérez y Miguel Badillo, y se manifiesta por el respeto irrestricto a la libertad de expresión, tutelada en el artículo 7o. constitucional.

Segundo. La del Congreso de la Unión exhorta al presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a que resuelva la queja presentada, relacionada con los periodistas Miguel Badillo y Ana Lilia Pérez, respecto del acoso del que son objeto en el ejercicio de su profesión.

Tercero. La Comisión Permanente exhorta a la Procuraduría General de la República a que integre debidamente la averiguación previa correspondiente a la denuncia existente por las amenazas que han recibido dichos periodistas.

Quisiera agregar un cuarto punto, derivado de un hecho que hoy se dio a conocer a la opinión pública, que está planteado en los siguientes términos, y que someto a consideración de este pleno:

Cuarto. La del Congreso de la Unión expresa su rechazo a los actos de intimidación mediante supuestas acciones legales que han sufrido varios medios de comunicación, como es el caso del amago de embargo al Diario Monitor, y que igualmente constituyen un atentado contra la libertad de expresión.

Es cuanto, señor presidente. Entrego a usted el agregado del punto número cuatro y le ruego someter a votación para que se determine si es de aceptarse que sea de urgente u obvia resolución.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que la Comisión Permanente se solidariza con los periodistas Ana Lilia Pérez y Miguel Badillo, y se manifiesta por el respeto irrestricto de la libertad de expresión y los derechos humanos, a cargo del diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva , del Grupo Parlamentario de Convergencia

El suscrito, diputado federal del Grupo Parlamentario de Convergencia de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con base en el artículo 23, numeral 1, inciso f, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, mediante el cual la del Congreso de la Unión se solidariza con Ana Lilia Pérez y Miguel Badillo, y se manifiesta por el respeto irrestricto a la libertad de expresión; además exhorta al titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos a que resuelva la queja presentada relacionada con los periodistas Miguel Badillo y Ana Lilia Pérez, respecto al acoso del que son objeto en el ejercicio de su profesión, y a la Procuraduría General de la República para que integre debidamente la averiguación previa correspondiente por la denuncia de las amenazas que han recibido dichos periodistas, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Parte fundamental de los elementos de un estado de derecho es el respeto a los derechos humanos. En nuestro país todo individuo tiene tuteladas una serie de garantías y libertades contenidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las cuales no pueden restringirse ni suspenderse más que en los casos que la misma constitución establece.

Las características generales del estado de derecho han sido el imperio de la ley, la ley como expresión de la voluntad general; la separación de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial; la legalidad del gobierno, su regulación por la ley y el control judicial, y el respeto a los derechos y libertades fundamentales, garantía jurídico-formal.

En una sociedad democrática, los ciudadanos deben tener a su alcance los canales de expresión de sus coincidencias y sus diferencias, que les permitan la discusión aceptando su sometimiento a la ley y a las instituciones que ellos mismos han avalado. Son esas mismas instituciones las que deben garantizar el respeto de sus libertades.

Una de las más representativas libertades de los sistemas democráticos es precisamente el derecho del individuo a exponer sus pensamientos y opiniones por medio de la palabra, por escrito o cualquier otro medio de reproducción sin autorizaciones previas o censura de la autoridad, y sin más limitación que la que la ley establece. Esos límites son los derechos de los demás a ser respetados en su honor, intimidad y fama, así como el respeto al orden público.

Lo anterior viene al caso porque recientemente hemos visto con profunda preocupación que una de las manifestaciones de esta libertad, la libertad de expresión, tutelada en el artículo 7o. de la Constitución, se ha visto vulnerada en la persona de dos periodistas Miguel Badillo, director y Ana Lilia Pérez, reportera, ambos de la revista Contralínea.

¿Cuál es el delito que han cometido para verse perseguidos y acosados? Ninguno. El verdadero motivo parecer ser un mal entendido sentimiento de revancha y, por qué no decirlo con todas sus letras, parece ser un acto de autoritarismo que con el uso faccioso de las instituciones vulnera el estado de derecho para castigar a quien, en ejercicio de un derecho, informó a sus lectores en febrero de 2008 que Juan Camilo Mouriño Terrazo, como funcionario público realizaba negocios privados, beneficiando a compañías de su familia.

Miguel Badillo hace unos días fue detenido por unas horas como consecuencia de las denuncias que ha realizado en su trabajo. La periodista Ana Lilia Pérez, por su parte, investigó y divulgó asuntos de corrupción en Petróleos Mexicanos que involucran a empresarios, funcionarios y políticos de muy alto nivel. Hoy se encuentra oculta, como medida de seguridad ante las amenazas de muerte que ha recibido y para evitar su detención, derivada de una denuncia por daño moral interpuesto por empresarios gaseros, por una orden de aprehensión que un juez de Guadalajara giró en su contra, por un supuesto desacato de un requerimiento judicial del cual nunca tuvo conocimiento.

La revista publicó que Jesús Alfonso Zaragoza López, socio mayoritario y presidente del Consejo de Administración del poderoso consorcio Zeta Gas, integrado por 80 empresas, había comentado que en el sexenio de Fox ``el entonces secretario de Energía, Felipe Calderón Hinojosa, lo recibió en sus oficinas para ayudarle en sus negocios y a cambio, él lo apoyó económicamente para su campaña a la Presidencia de la República''.

La periodista realizó una serie de revelaciones que incomodaron al empresario Jesús Alfonso Zaragoza López, pese a existir grabación de ellas. Así, la reportera señaló que dicho empresario le reveló:

Lo anterior, dio lugar a que en agosto de 2007 el empresario presentara la primera demanda en contra de la revista Contralínea, de su director, Miguel Badillo y la reportera Ana Lilia Pérez.

Los mismos reporteros han denunciado públicamente una serie de irregularidades en el juicio:

A través de un mensaje leído por la reportera vía telefónica, el 18 de enero pasado, explicó a la opinión pública y a quienes se encontraban frente al hemiciclo a Juárez, durante un acto de solidaridad, los pormenores de la persecución de que es objeto, luego de que su coacusado, Miguel Badillo, fue detenido.

En Convergencia nos resulta sorprendente y aberrante que una profesionista en comunicación viva esa terrible realidad por el sólo hecho de realizar su trabajo. Desde febrero de 2008 el acoso de los contratistas de Pemex en su contra se recrudeció, cuando investigó y publicó en Contralínea los contratos que firmó en Pemex Juan Camilo Mouriño en su dualidad de funcionario público y empresario privado y cuando le entregó los contratos a Andrés Manuel López Obrador, se desataron las amenazas directas de funcionarios públicos.

Desde entonces ha recibido llamadas telefónicas amenazándola de muerte. Su domicilio está constantemente vigilado, ha padecido seguimientos y ha sido fotografiada.

Todo lo anterior, fue debidamente denunciado desde 2008 ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos y ante la Fiscalía Especializadas en Delitos en Contra Periodistas, de la Procuraduría General de la República. Hasta la fecha no ha habido respuesta.

Compañeros legisladores

¿Hasta cuándo vamos a permitir que la sola expresión de nuestras ideas y el ejercicio de una profesión de paso al acoso y las amenazas?

¿Por qué debemos tolerar que el cumplimiento de un deber periodístico, que permitió investigar, descubrir y divulgar actos de corrupción en Pemex, en los que se encuentran involucrados empresarios, funcionarios y políticos de muy alto nivel, orille a sus autores a vivir en la zozobra y, peor aun, a una periodista la obligue a vivir escondida, temiendo por su seguridad?

¿Vamos a permitir que nuestro estado de derecho se siga desquebrajando por actos del poder que vulneran las garantías individuales de los gobernados?

¿La persecución es el costo que se tiene que pagar por investigar y publicar los negocios en Pemex de empresarios vinculados al extinto Juan Camilo Mouriño y con quien hoy ostenta el cargo de titular del Ejecutivo Federal?

¿Qué tipo de justicia existe en nuestro país que resuelve que no se tiene derecho a publicar las entrevistas que concedió un empresario, entre otras razones, porque los hechos narrados tuvieron lugar en lugares distintos, la frontera norte, y la reportera radica en el Distrito Federal?

Ana Lilia Pérez es contundente cuando afirma ``No maté, no robé, no violente ley alguna. Mi única arma es la palabra, y con ella, hice lo único que sé hacer, periodismo, honrosa profesión de la que me sostengo con un salario ganado decorosamente, sin pretensiones de enriquecimiento, como me han ofrecido los empresarios y funcionarios a quienes he investigado''.

Por tales motivos, consideramos extremadamente grave que se presenten este tipo de hechos, pues lo que está de por medio es la defensa de la libertad de expresión y del derecho ciudadano de estar informado.

En efecto, la sociedad mexicana tiene derecho a saber lo que ocurre en Pemex, empresa propiedad de todos los mexicanos. Desde hace algunos años hemos visto recrudecida esta persecución contra los editores y reporteros que, en el caso que se comenta, en el plano judicial contempla siete demandas, seis de ellas involucran a Miguel Badillo y en una a Jorge Meléndez Preciado, integrante del grupo María Cristina.

Convergencia se suma al apoyo que medios de comunicación y organizaciones han manifestado a los periodistas Miguel Badillo y a Ana Lilia Pérez y valoramos el férreo compromiso de Miguel Badillo con su profesión cuando expresa ``no vamos a abandonar nuestras investigaciones periodísticas, vamos a continuar tope donde tope''. Tal señalamiento merece del apoyo de todos los que vemos en la libertad el mayor de los derechos y el mejor de los caudales del pensamiento.

Por lo antes expuesto, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. La del Congreso de la Unión se solidariza con los periodistas Ana Lilia Pérez y Miguel Badillo, y se manifiesta por el respeto irrestricto a la libertad de expresión, tutelada en el artículo 7o. Constitucional.

Segundo. La del Congreso de la Unión exhorta al titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos a que resuelva la queja presentada respecto a los periodistas Miguel Badillo y Ana Lilia Pérez, relativa al acoso del que son objeto en el ejercicio de su profesión.

Tercero. La Comisión Permanente exhorta a la Procuraduría General de la República para que integre debidamente la averiguación previa correspondiente por la denuncia existente por las amenazas que han recibido dichos periodistas.

«Propuesta para un cuarto apartado al punto de acuerdo.

Cuarto. La del Congreso de la Unión expresa su rechazo a los actos de intimidación mediante supuestas acciones legales que han sufrido varios medios de comunicación, como el amago de embargo a Diario Monitor y que igualmente constituyen un atentado contra la libertad de expresión.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Gracias, señor diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva.

Consulte la Secretaría a la asamblea si se considera de urgente resolución.

La Secretaria diputada Marcela Cuen Garibi : En votación económica se pregunta a la asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición. Los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

No hay dos terceras partes, señor presidente. Fueron nueve y ocho.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Se turna a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados.

HOMICIDIOS - INFIDELIDAD CONYUGAL

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Se recibió de la diputada Blanca Luna Becerril, del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, punto de acuerdo por el que exhorta a las legislaturas de los estados a que deroguen de sus códigos penales las agravantes y atenuantes de responsabilidad en los homicidios y las lesiones causados por la infidelidad conyugal.

La Secretaria diputada Marcela Cuen Garibi : «Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a las legislaturas de los estados a derogar de los respectivos códigos penales las agravantes y las atenuantes de responsabilidad de los homicidios y de las lesiones causados por la infidelidad conyugal, a cargo de la diputada Blanca Luna Becerril , del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

Blanca Luna Becerril , diputada a la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, con fundamento en los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 122, fracción I, y 127 del la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 60, 171 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones jurídicas aplicables, presento ante el Pleno de esta honorable Comisión Permanente el presente punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En 2003, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en conjunto con diversos actores del gobierno, organizaciones de la sociedad civil e instituciones académicas, elaboraron el Diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos en México, en el que se señalaron los principales obstáculos estructurales que impedían lograr una plena vigencia de los derechos humanos en el país.

El diagnóstico analizó las situaciones particulares de ciertos grupos y sectores de la sociedad, incluyendo un capítulo sobre los derechos humanos de las mujeres, el cual fue actualizado en 2006.

En este capítulo, además de identificarse los problemas y las causas estructurales de la violencia y discriminación que viven las mujeres mexicanas en diferentes ámbitos, se reconoció la urgente necesidad de reformas legislativas y acciones administrativas para mejorar la situación de los derechos humanos de las mujeres en México, formulándose para ello una serie de recomendaciones y propuestas.

En este sentido, el diagnóstico y la actualización del capítulo sobre los derechos humanos de las mujeres recomendaron la ``derogación de las agravantes, atenuantes o eximentes que responden a consideraciones morales y protegen el honor, así como las disposiciones que perdonan o sancionan con penas más bajas ciertas conductas que se consideran irrefrenables por ser propias de la naturaleza humana1''. ¹

A pesar de las recomendaciones, en la actualidad, en algunas entidades federativas todavía se encuentran en los códigos penales respectivos los llamados ``homicidios por infidelidad conyugal'', mismos que son señalados en el derecho internacional como homicidios en razón de honor. ``En 14 legislaciones estatales estos delitos son considerados con una penalidad inferior a la que generalmente tiene el homicidio, la cual va de 8 a 20 años de prisión en los códigos estatales. Es decir, la legislación en algunos estados castiga al homicidio por infidelidad conyugal con una pena menor a la que corresponde a la privación de la vida de otro -sin más-, lo cual no es congruente con las recomendaciones en la materia''. ²

Cuadro.* Homicidio por infidelidad conyugal (razón de honor).Al que sorprendiendo a su cónyuge (algunos códigos mencionan a la concubina) en un acto carnal o próximo a su consumación mate. * Delitos contra las mujeres. Análisis de Clasificación Mexicana de Delitos.

Esta situación se repite para el tipo penal de lesiones por infidelidad conyugal. ``El estado de emoción violenta'', se argumenta, al igual que en el homicidio, para considerar las circunstancias que llevan a una persona a cometer un delito, por lo que la sanción al mismo debe atender a tales circunstancias. Así, en atención a las motivaciones que llevan al agresor a un estado de emoción violenta, la penalidad estipulada por este delito en los diferentes códigos penales se ve reducida al compararlas con la correspondiente a lesiones. ³ En la actualidad, ocho códigos penales locales consideran las lesiones por infidelidad conyugal, con penalidad menores.

Cuadro.* Lesiones por infidelidad conyugal (razón de honor)Al que en un estado de emoción violenta, por la sorpresa de encontrar a su cónyuge en el acto adulterino o en uno próximo a su consumación, prive de la vida o lesione a uno o ambos.

Un ejemplo de lo antes mencionado lo encontramos claramente en el artículo 171 el Código Penal del Estado de Chiapas:

Es en este sentido que, como parte del compromiso de armonizar y homologar la legislación nacional conforme a los tratados y convenciones internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres, y con el fin de continuar en la lucha por erradicar la discriminación de género y proteger los derechos de las mujeres mexicanas, someto a consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Por el que se exhorta a las legislaturas locales a derogar en sus códigos penales las agravantes y atenuantes de responsabilidad en los homicidios y lesiones causados por infidelidad conyugal, por considerarse discriminatorios de conformidad con las recomendaciones en materia de derechos humanos de las mujeres.

Notas: 1 Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos en México, capítulo 5: derechos humanos de las mujeres, México 2003, pp. 146.2 Patricia Olamendi Torres. Delitos contra las mujeres. Análisis de clasificación mexicana de delitos. Unifem, México 2007, pp. 24.3 Ibídem, pp. 27.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Túrnese a la Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados.

PRISION DE GUANTANAMO

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Se recibió del diputado Carlos Bracho González y del senador Luis Alberto Villarreal García, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, punto de acuerdo por el que la Comisión Permanentesaluda la decisión del presidente de Estados Unidos de América, Barack Obama, de ordenar el cierre de la prisión de Guantánamo.

La Secretaria diputada Marcela Cuen Garibi : «Proposición con punto de acuerdo, por el que la Comisión Permanente saluda la decisión del presidente de Estados Unidos de América, Barack Obama, de ordenar el cierre de la prisión de Guantánamo, a cargo del senador Luis Alberto Villarreal García, del Grupo Parlamentario del PAN

Luis Alberto Villarreal García, senador de la República por el estado de Guanajuato, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución por el que la Comisión Permanente del honoroble Congreso de la Unión saluda la decisión del presidente de Estados Unidos de América, Barack Obama, de ordenar el cierre de la prisión de Guantanamo, Cuba, así como otras prisiones clandestinas que mantenía la Agencia Central de Inteligencia de dicho país fuera de su jurisdicción. Dichos actos refrendan el compromiso del presidente Obama con el respeto a los derechos humanos y al derecho humanitario internacional.

Punto Resolutivo

La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, saluda la decisión del presidente de Estados Unidos de América, Barack Obama, de ordenar el cierre de la prisión de Guantánamo, Cuba, así como otras prisiones clandestinas que mantenía la Agencia Central de Inteligencia de ese país fuera de su jurisdicción. Dichos actos refrendan el compromiso del presidente Obama con el respeto a los derechos humanos y el derecho humanitario internacional.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de la República.

FORO ``MEXICO ANTE LA CRISIS ¿QUE HACER PARA CRECER?''

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Se recibió del senador Rubén Fernando Velázquez López, punto de acuerdo relativo a la presentación del Poder Ejecutivo federal al foro México ante la crisis: ¿qué hacer para crecer? en nombre propio y del senador José Luis García Zalvidea, del Grupo Parlamentario del PRD.

La Secretaria diputada Marcela Cuen Garibi : «Proposición con punto de acuerdo, relativo a la presentación del Poder Ejecutivo federal en el foro México ante la crisis: ¿qué hacer para crecer?, a cargo del senador Rubén Fernando Velázquez López, en nombre propio y del senador José Luis García Zalvidea, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, Rubén Fernando Velázquez López, en nombre propio y de José Luis García Zalvidea, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LX Legislatura del Senado de la República, en ejercicio de la facultad que confieren los artículos 67, numeral 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la Comisión Permanente proposición con punto de acuerdo con relación a la representación del Poder Ejecutivo federal en el foro México ante la crisis: ¿qué hacer para crecer?, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El actual modelo económico prevaleciente en el mundo y adoptado por nuestro país hace más de veinte años, enfrenta un agotamiento tal, que ha inmerso al mundo en lo que puede calificarse como una recesión sin precedentes por su profundidad y extensión en la economía mundial, en voz de los principales organismos internacionales y bancos centrales del mundo.

Desde sus primeros signos, en agosto de 2007, con el deterioro del sector inmobiliario en Estados Unidos, la actual recesión económica mundial ha contribuido a profundizar la incapacidad estructural de crecimiento de la economía mexicana que a lo largo de este sexenio se ha manifestado en términos alarmantes en los indicadores de

Hoy enfrentamos como nación las consecuencias de la disminución o abandono de funciones históricas del Estado, tales como la seguridad social y la su participación en la economía; las tesis de libre mercado que determinaron el diseño de las políticas públicas impusieron una visión que no corresponde a nuestra realidad, por ejemplo, en una evaluación general del actual modelo el saldo es claro: magro crecimiento, con alta desigualdad social.

El legislador está obligado a replantear el contenido y las estrategias de la política económica actual, es decir, cómo funciona, quiénes participan en su definición en la misma definición del Estado-nación.

La recesión mundial y los constantes cambios de la posición del Ejecutivo y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre las expectativas económicas le restan seriedad a los órganos gubernamentales en la implantación de políticas contra la recesión económica y son una oportunidad para discutir una política económica alternativa de Estado ``en pro de la reactivación económica y en contrapeso de un paradigma de pensamiento basado en el libre mercado que se encuentra en crisis al inicio del siglo XXI''; aquel que sin reglas inevitablemente polariza a la sociedad, generando una concentración de la riqueza nacional de manera inmoral y ofensiva a costa del empobrecimiento del pueblo mexicano; aquel al que sólo importa la ganancia, muy lejano del objetivo de crecimiento sostenido, distribución del ingreso y justicia social; aquel bajo el cual 1 por ciento de los adultos más ricos acapara 40 por ciento de los activos planetarios, mientras que el 50 por ciento por ciento más pobre posee solo 1 por ciento de aquélla. ¹

En el país deben considerarse de manera urgente varias medidas para lograr una sustitución progresiva del actual modelo económico y que lamentablemente no se incluyen --cuando menos de manera efectiva-- en el llamado ``Acuerdo Nacional en favor de la Economía Familiar y el Empleo''.

Como medidas inmediatas, consideramos que sobresalen las siguientes:

Combustibles

Los precios de la gasolina y el gas LP no podrán favorecer a los que menos tienen. La gasolina debe ajustarse a la baja, pues no existe justificación para ser más cara que los precios internacionales, en específico, que en Estados Unidos.

El otro gran pendiente respecto a combustibles es el caso del diesel. El discurso oficial es tajante y cerrado en cuanto a analizar siquiera la viabilidad y beneficios de ajustar el precio, sobre todo en beneficio de los sectores productivos, no sólo el de la pesca, sino el ganadero, el agrícola, el de la construcción, entre otros.

Necesitamos una respuesta social y adecuada en este sentido. De inicio es necesario un alto al deslizamiento del precio del diesel. Respaldamos, además, la propuesta de nuestro partido de reducir en 10 por ciento el precio de las gasolinas, el diesel y el gas natural.

Tarifas eléctricas

La acción de reducir tarifas eléctricas para empresas es importante, pero no es suficiente. Además de las empresas, es necesario poner la vista en las familias, que pagan altos cobros de luz, en tarifas domésticas. Urge una revisión al total de la tarifas, y adecuar aquellas que se ha comprobado, son injustas no sólo en términos sociales, sino técnicos, por altura, clima, etcétera.

Salario

Más allá de los anuncios relacionados con los programas de ``empleo temporal'', se deben revisar los salarios, sobre todo los de los que menos tienen.

En esta legislatura he alzado la voz, junto con otros compañeros, para pedir la nivelación de los salarios, en las regiones A, B, C, donde el sur --donde viven los más pobres-- es la zona más discriminada.

No se ha resuelto la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores: gasolinas inalcanzables, congeladas a un precio inaccesible, precios altos en alimentos, aún los de la canasta básica, etcétera, sobran las justificaciones, y el clamor del asalariado es un salario justo por su trabajo. La propuesta concreta, en que coincidimos con el plan contra la crisis del PRD, es el aumento inmediato de 8 por ciento del salario mínimo, y el derivado de las relaciones contractuales.

Debe revisarse el tema de las remesas que los mexicanos envían. Las remesas disminuyeron durante los primeros nueve meses del año en 3.7 por ciento, y en el total de 2008 el Banco de México informó de una caída de alrededor de 2.5 por ciento.

El gobierno federal debe presentar un plan real para atender a los migrantes mexicanos que regresan al país ante la crisis, y fomentar que los envíos de dinero del exterior sirvan para que las familias se reactiven económicamente, y no sólo se utilice en el gasto. Es decir, plantear programas que combinen inversión pública con capitales directos a beneficiarios de las remesas, vinculados a las Pyme y al mejoramiento de vivienda, entre otros.

Medicamentos

Otro aspecto grave en el plan anticrisis oficial es la falta de propuestas, y por ende de acciones en el sector de abasto de medicamentos.

El PRD ha planteado ya su posición respecto al anuncio de aumentar la cobertura del IMSS en caso de desempleo, pero a la vez hemos llamado a un plazo más amplio para aquellos afectados con pérdida de empleo, y a el gobierno federal y al total de los Ejecutivos estatales ha replantear sus políticas y acciones de salud.

En cuanto al abasto de medicamentos, el anuncio de la Asociación Nacional de Farmacias de México, que ha pasado desapercibido, debe llamarnos a la conciencia y a la acción: los medicamentos subirán 18 por ciento en 2009.

La palabra usada por esta asociación respecto a la alza es que es ``irremediable'', de no existir una acción real y directa por parte del gobierno, toda vez que los insumos de los medicamentos se adquieren en dólares y se fijan conforme a la inflación.

Así, se aleja del poder adquisitivo del pueblo la posibilidad de comprar medicamentos, es decir, de atender su salud. Existen testimonios y datos de cómo la especulación por parte de las farmacias en el país lleva a vender al precio más alto en las poblaciones marginadas.

Es urgente una política pública para garantizar el abasto suficiente, la disponibilidad de precios justos de medicamentos y buscar mecanismos para erradicar prácticas comerciales crueles.

Vivienda

Respecto a ampliar el subsidio para vivienda popular, debemos apuntar también la necesidad de agilizar el ejercicio de los recursos, revisar la tramitología que aún sufren quienes pretenden acceder a estos créditos.

Pero sobre todo, revisar los casos de las personas que ante la crisis han perdido el empleo, o se han visto imposibilitadas para pagar estrictamente su crédito y se ven en peligro de perder el hogar, por el que han luchado en beneficio de sus familias.

Se engruesan las filas de los morosos que en la mayoría de los casos no se niegan a pagar, pero ruegan, un replanteamiento de su deuda, dada su situación económica. Ahora tenemos noticia del lamentable caso de la venta de deuda a empresas privadas, que alcanza los 14 billones de cartera vencida del Infonavit.

Debe considerarse la propuesta del PRD respecto a una eventual suspensión de pagos mensuales, a los morosos, en tanto se revisa y regulariza su situación.

Transparencia y austeridad pública

Entre otras cosas se anuncia también mayor transparencia en el ejercicio de los recursos. La transparencia es una obligación, y no una dádiva. Hay un reconocimiento implícito de la falta de transparencia, por la que nos pronunciamos hacia todos los niveles de gobierno.

Debemos conocer cómo, cuándo y en qué se gasta el dinero en todas las áreas de gobierno, de todos los poderes, de todos los niveles, y a partir de ahí, replantear el gasto público, para eliminar excesos en sueldos y otros beneficios.

Ahora bien, un verdadero plan de reactivación, requiere que sean planteadas reformas serias y profundas en nuestra legislación, tales como las que a continuación se señalan:

Impulsar una reforma hacendaria integral

En materia tributaria , es necesario retomar los pendientes de la reforma fiscal iniciada --y truncada-- en 2007 a efecto de fortalecer las finanzas públicas del Estado mexicano.

Desde nuestro punto de vista, el cambio en los criterios generales de política económica significará un duro golpe a la expectativa de ingreso para 2009 y una oportunidad para reactivar una reforma hacendaria integral basada en

Considero que la capacidad del Estado para reactivar el ciclo económico depende fundamentalmente de sus capacidades financieras para incrementar el gasto y la inversión pública. En este sentido, el fortalecimiento de la Hacienda Pública se convierte en una prioridad para el Estado Mexicano frente a la recesión económica que debe debatirse bajo los siguientes criterios:

El objetivo de esta propuesta es construir un nuevo pacto fiscal y hacendario en el Estado mexicano.

En lo que toca a los sectores bancario e industrial , es requerido un compromiso de las empresas y los bancos, para reorientar las inversiones del mercado financiero al productivo, es decir, el renuevo del actual modelo basado en la especulación financiera y en la exportación, por otro sustentado en el fortalecimiento del mercado interno, principalmente, centrado en las Pyme --que en conjunto generan aproximadamente 80 por ciento de los empleos en México.

Regulación de la banca extranjera

Una verdadera política económica alternativa, debe considerar el rediseño de los órganos reguladores del sector bancario, con el propósito de regular la competencia, el fortalecimiento del sistema de pagos a través de un desarrollo integral de la infraestructura bancaria a nivel nacional, la flexibilización y canalización estratégica del crédito a sectores productivos nacionales, el estímulo real al ahorro y la disminución de las altas tasas de interés crediticio a un punto que fortalezca en su conjunto la competitividad financiera de la banca de México.

Ampliación de las facultades del Banco de México

Es fundamental para una política económica de reactivación, ampliar las facultades del Banco de México en aras de continuar con su objetivo de estabilidad del poder adquisitivo en México, pero integrando la promoción del pleno crecimiento económico y la regulación de las tasas de interés del sector bancario y el fortalecimiento del sistema de pagos (obligando a los bancos a ampliar su cobertura bancaria de forma integral en el territorio nacional).

Reindustrialización del país

Se requiere una nueva política industrial, que emule realmente las estrategias de industrialización de las regiones desarrolladas como Estados Unidos, Europa, Asia o China.

Una política industrial activa la definimos como acciones directas del Estado para reconstruir las cadenas productivas de productos e insumos prioritarios para el mercado interno y que además generen empleos formales. Para tal efecto, es necesario reconstruir y fortalecer la banca de desarrollo, donde el Estado financie los grandes proyectos nacionales que faciliten la reindustrialización de la economía, disminuyendo la dependencia del exterior, promocionando la creación de infraestructura nacional; potenciando el desarrollo regional que en su conjunto permitan atender las necesidades sociales y económicas de los estados más pobres en la nación.

Combate de monopolios y oligopolios

Otra de las grandes carencias de nuestra política económica es la falta de facultades de los órganos del Estado para el combate de oligopolios y monopolios; la Comisión Federal de Competencia es prácticamente obsoleta en su diseño, pues carece de facultades reales de sanción, en sus criterios de definición de competencia teórica y observada para eliminar los privilegios de empresas dentro de un mercado cautivo en sectores como: telefónico, alimentos (principalmente la tortilla), bancario, medicinas (farmacéuticas), industrial (acero y cemento).

Política laboral y salarial

Finalmente, la política laboral y salarial debe concentrase en la recuperación real del salario mínimo, la eliminación de sindicatos burocráticos a merced del gobierno y la elevación de la productividad. En contraposición a la flexibilización laboral propuesta por algunos empresarios y sectores políticos, consideramos que es necesario redefinir y ampliar el concepto de salario mínimo como el eje de una estrategia de fortalecimiento del mercado interno, estableciéndolo en función de la productividad, pero respetando los principios constitucionales de defensa al trabajador y de la cobertura de seguridad social.

Desde nuestro punto de vista, la propuesta del ejecutivo está limitada al no considerar este tema dentro de un programa de reactivación económica, la recuperación económica depende del salario y de su poder adquisitivo real; por tanto, recuperar su valor, es fundamental para el éxito de una política económica basada en el mercado nacional.

Asimismo, tenemos claro que para generar empleo, es menester transitar de las vigentes políticas de promoción, a otras de creación de empleo con inversión pública, sobre todo donde la clase empresarial considere que no es rentable, pues el empleo genera consumo, y éste, es el instrumento más eficaz para reactivar la demanda agregada y en consecuencia, el ciclo económico.

Visto lo anterior, es innegable que para crear un acuerdo verdaderamente nacional, es necesario que todos los actores que participan o intervienen en el diseño de la política económica, confluyan en la necesaria reconcepción del contenido de la política económica.

En este tenor, el Senado de la República, a través del Instituto Belisario Domínguez, lanzó una convocatoria abierta al foro de propuestas y compromisos México ante la crisis: ¿qué hacer para crecer?, como un espacio plural y objetivo del poder legislativo, frente a la Nación, para

Por ello es imprescindible contar con la presencia de los secretarios de Hacienda y Crédito Público, de Economía, y del Trabajo y Previsión Social, así como del gobernador del Banco de México, como responsables directos de la implantación de la política económica.

Por lo anterior, ponemos a consideración de la Comisión Permanente, con carácter de urgente, el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. La del Congreso de la Unión extiende un respetuoso exhorto al titular del Poder Ejecutivo federal, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, a instruir a los responsables directos de la implantación de la política económica, secretarios de Economía, del Trabajo y Previsión Social, y de Hacienda y Crédito Público, así como al gobernador del Banco de México, para que en el marco de la celebración del foro México ante la crisis: ¿qué hacer para crecer?, presenten su diagnóstico y propuestas para enfrentar la crisis en que nos hayamos inmersos.

Nota. 1 Cifras de United Nation University-World Institute for Development Economics Researchs, 2006-2007.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Túrnese a la Comisión de Comercio Industrial de la Cámara de Senadores.

MEXICO - ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Se recibió del mismo senador Rubén Fernández Velázquez López, en nombre propio y del senador José Luis García Zalvidea, del Grupo Parlamentario del PRD, punto de acuerdo por el que exhortan a la Secretaría de Relaciones Exterioresa que proponga al gobierno de Estados Unidos de América una mesa de negociaciones relativa a los temas migratorio y de seguridad fronteriza.

La Secretaria diputada Marcela Cuen Garibi : «Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la Secretaría de Relaciones Exteriores a proponer al gobierno de Estados Unidos de América una mesa de negociaciones relativas a los temas migratorio y de seguridad fronteriza, a cargo del senador Rubén Fernando Velázquez López, en nombre propio y del senador José Luis García Zalvidea, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, Rubén Fernando Velázquez López, en nombre propio y del senador José Luis García Zalvidea, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LX Legislatura del honorable Senado de la República, en ejercicio de la facultad que nos confieren los artículos 67, numeral 1 inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de esta Comisión Permanente, con carácter de urgente, la siguiente: Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a proponer al gobierno de los Estados Unidos de América, una mesa de negociaciones con relación a los temas migratorio y de seguridad fronteriza.

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal --a través de la secretaria de Relaciones Exteriores, Patricia Espinoza Castellano-- a iniciar las gestiones necesarias para establecer con el gobierno de los Estados Unidos de América, una mesa bilateral de diálogo, negociaciones y acuerdos, con relación a los retos comunes en materia de migración y seguridad fronteriza.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Túrnese a la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Senadores.

PERIODISTA MIGUEL AGUSTIN BADILLO CRUZ

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Se recibió punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados exhorta a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos en contra de Periodistas, a que se investiguen los delitos cometidos en agravio del periodista Miguel Badillo Cruz, el pasado 16 de enero del presente año, suscrito por el diputado Elías Cárdenas Márquez, del Grupo Parlamentario de Convergencia.

La Secretaria diputada Marcela Cuen Garibi : «Proposición con punto de acuerdo, a fin de que la Cámara de Diputados exhorte a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas a investigar los agravios infligidos el 16 de enero del presente año al periodista Miguel Agustín Badillo Cruz, suscrita por el diputado Elías Cárdenas Márquez , del Grupo Parlamentario de Convergencia

El suscrito, diputado Elías Cárdenas Márquez , del Grupo Parlamentario de Convergencia de la LX Legislatura, con fundamento en los artículos 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 58, 59 y 60 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos solicita que se exhorte a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas, de conformidad con el acuerdo A/031/06 del procurador general de la República publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de febrero de 2006, se sirva investigar y perseguir el delito o delitos cometidos en agravio del periodista Miguel Agustín Badillo Cruz, también conocido como Miguel Badillo Cruz el viernes 16 de enero de 2009, de conformidad con los siguientes

Antecedentes

1. A pesar de que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos textualmente dice en su artículo 6o. que ``La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso que se ataque la moral, los derechos de tercero, provoque algún delito o perturbe el orden público; el derecho a la información será garantizado por el Estado''.

Esta garantía se violentó flagrantemente, cuando el periodista Miguel Agustín Badillo Cruz también conocido como Miguel Badillo Cruz, director de las revistas Contralínea, periodismo de investigación y Fortuna, negocios y finanzas, quien también es autor de la columna Oficio de papel, fue bajado de su automóvil y detenido por los ocupantes de dos patrullas de la Policía Bancaria e Industrial, (una de ellas identificada con el número económico A14-08), en las inmediaciones de su domicilio, sito al sur de la Ciudad de México.

2. Los ocupantes de dichas patrullas le informaron al periodista que la orden de aprehensión se derivaba del expediente 749/2008, radicado en el juzgado 38 Civil del Distrito Federal. Con posterioridad el abogado defensor de nombre Horacio Gómez Mendieta se percató que en dicho juzgado no obraba el expediente y tampoco existía ninguna orden de aprehensión o detención. La orden había sido emitida en el juzgado 49 de lo Civil, expediente 1528/2008 en cumplimiento de un exhorto del juzgado Décimo Tercero de lo Civil del primer partido judicial con residencia en Guadalajara, Jalisco.

El expediente se inició en contra de la revista Contralínea, conjuntamente con los periodistas Miguel Agustín Badillo Cruz, Ana Lilia Pérez Mendoza y un tercero de nombre Abraham Rodríguez Ortega, promovido por Multigas, SA de CV, que es una de las 80 empresas, propiedad del Grupo Zeta Gas.

El señor Badillo Cruz, cuando las dos patrullas se enfilaban hacia Cuernavaca, Morelos, con llamadas telefónicas hechas en su celular, les desvió el itinerario y mucho después fue remitido al Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario del Gobierno del Distrito Federal, conocido como el Torito, con domicilio en la avenida Aquiles Serdán s/n, esquina con Lago Gascasónica, colonia Huichapan, delegación Miguel Hidalgo y a pesar de que había sido detenido a las 9:30 horas fue ingresado a las 12:30 horas del día de los hechos.

A mayor abundamiento, Badillo Cruz ni Pérez Mendoza fueron notificados para que comparecieran ante ningún juzgado del ramo civil de Guadalajara o del Distrito Federal. Lo anterior abona el hecho de que la privación de la libertad fue ilegal y agravada por la intervención de las patrullas de la Policía Bancaria e Industrial.

3. Badillo Cruz recobró su libertad, vía amparo, interpuesto en el juzgado Octavo de Distrito en Materia Civil a las 20:00 horas del día de los hechos.

Por todo lo anterior presento ante esta honorable asamblea las siguientes

Consideraciones

1. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada y proclamada por la Resolución de la Asamblea 217 (iii) del 10 de diciembre de 1948 de las Naciones Unidas, considera que, el menosprecio de los derechos humanos, origina actos de barbarie que ultrajan la conciencia humana, pues la aspiración más elevada del hombre es el advenimiento de un mundo en que los seres humanos disfruten de la libertad de palabra.

Agrega (artículo 18) que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de conciencia; de opinión y de expresión; a investigar y recibir informaciones; a difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión (artículo 20). Es decisiva la declaración cuando establece que las personas, en el ejercicio de sus derechos, y disfrute de sus libertades solamente estarán sujetas a las limitaciones establecidas por la ley para satisfacer los derechos y libertades de los demás (artículo 29).

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 16 de diciembre de 1966, también reconoce que nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones (artículo 19). Tendrá la persona libertad de expresión que comprende buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin fronteras ya sea en forma oral, por escrito, de manera impresa o artística. Sólo tendrá por límite la ley.

Por su parte, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en su artículo IV, dice que ``toda persona tiene derecho a la libertad de investigación, de opinión y de expresión y difusión del pensamiento por cualquier medio''.

La Convención Americana sobre Derechos Humanos, suscrita en San José, Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969, artículo 13, numeral 3, va más allá, al prohibir que se restringa por medios indirectos el derecho de expresión, tales como el abuso en los controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres o aparatos que se usen en la difusión de informaciones o por cualesquiera otros medios que se encaminen a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones.

Por último, el acuerdo A/031/06 en su segundo considerando, dice que la libertad de expresión es un derecho humano fundamental reconocido en diversas declaraciones y tratados internacionales, tales como la Declaración Americana sobre Derechos Humanos y Deberes del Hombre, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, todos ellos instrumentos internacionales de los que México es parte.

Pero es más específica cuando en su acuerdo segundo, textualmente dice que ``la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra Periodistas, de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias aplicables será competente para dirigir, coordinar y supervisar las investigaciones y, en su caso, la persecución de los delitos contra periodistas nacionales o extranjeros dentro del territorio nacional, perpetrados con motivo de su ejercicio profesional.

Como observamos tanto las declaraciones como los tratados internacionales de los que México forma parte y el acuerdo al que nos venimos refiriendo, en el caso que nos ocupa, es letra muerta, ya que Miguel Agustín Badillo Cruz , también conocido Miguel Badillo Cruz , no solamente no le notificaron el supuesto medio de apremio, sino que fue detenido arbitrariamente por las patrullas de la Policía Bancaria e Industrial , por lo que a la multicitada fiscalía, le corresponde investigar y castigar a la o las personas que delinquieron en agravio del periodista.

En mérito de los expuesto y con fundamento en los artículos 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta, con las consideraciones necesarias, a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra Periodistas, de conformidad con el acuerdo A/031/06 del procurador general de la República, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de febrero de 2006, se sirva investigar y perseguir el delito o delitos que se cometieron en agravio del periodista Miguel Agustín Badillo Cruz, también conocido como Miguel Badillo Cruz, el viernes 16 de enero de 2009.

Se solicita también del pleno de la honorable Comisión Permanente que la presente proposición con punto de acuerdo se tramite por obvias razones, de urgente resolución, con fundamento en los artículos 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Túrnese a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados.

ISLAS MARIAS

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Tiene el uso de la palabra el señor diputado Fidel Antuña Batista, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, para presentar punto de acuerdo por el que exhorta a los titulares de la Secretaría de Seguridad Pública, de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario Federal y del Instituto Mexicano del Seguro Sociala que lleven a cabo las gestiones necesarias para reformar el Reglamento de la Colonia Penal Federal de Islas Marías.

El diputado Fidel Antuña Batista : Con su permiso, señor presidente.

El proyecto legislativo que presento es un punto de acuerdo para exhortar a los titulares de la Secretaría de Seguridad Pública y del Instituto Mexicano del Seguro Social a que, en el ámbito de sus respectivas competencias, se reforme el Reglamento de la Colonia Penal Federal de Islas Marías, y en consecuencia, se realicen las gestiones normativas necesarias para mejorar y ampliar la cobertura de los servicios de salud y desarrollo social que se otorga a la población interna de ese penal federal.

Como es de nuestro conocimiento, la Colonia Penal Federal de Islas Marías es un centro penitenciario que data de 1905, el cual ha cursado por varias transformaciones, desde ser conceptualizado como un lugar aislado para castigar los delitos y a los delincuentes, para remediar la sobrepoblación de la cárcel de San Juan de Ulúa, en su tiempo, hasta ser hoy día, por su estructura, y sus condiciones socioambientales y de oportunidades objetivas, un sitio favorable para la readaptación social del interno.

Con la creación de este centro penitenciario se pudo realizar la primera clasificación e internamiento de presos con respecto a sus derechos y garantías individuales que, hoy en día, aunado a la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, son factores base que dan oportunidad de implantar un óptimo tratamiento para la readaptación y reinserción del interno a la sociedad, así como generar un sistema penitenciario más eficiente.

Tras estos 103 años de profundos cambios en el país, y en particular en materia penitenciaria, hoy advertimos un marco jurídico para la Colonia Penal Federal de Islas Marías, exiguo ante la modernización normativa que en esta materia se tiene, así como por su infraestructura, condiciones de área natural protegida y estructura orgánica, pues hoy depende de un órgano desconcentrado de una secretaría relativamente de nueva creación, en donde figura una nueva organización y nuevas autoridades para lo mismo.

Por otro lado, también se observa en su operación la existencia de algunas áreas de oportunidad respecto de la atención a la población interna, derivadas de las condiciones geográficas y ambientales de la colonia penal, como es la procuración de la salud. Sus características de vulnerabilidad y los perfiles clínicos que ésta presenta hacen que se requiera de una mayor atención. Por consiguiente, el robustecer el marco administrativo de procuración de estos servicios es inevitable.

Ahora bien, sabiendo que el Instituto Mexicano del Seguro Social tiene por mandato gubernamental dar observancia a este aspecto en ese centro penitenciario a través de su Programa IMSS-Oportunidades, así como el que dicho programa, además, impulsa el desarrollo social primordial para el proceso de readaptación del interno.

Es ineludible que esos servicios se amplíen en la medida de lo posible y además se complementen con las acciones comunitarias y de desarrollo con el objeto de hacer más eficaz la adherencia del interno a su tratamiento y readaptación.

Por tanto, compañeros legisladores, concluyo.

Primero. La Secretaría de Seguridad Pública tendrá que reformar el Reglamento de la Colonia Penal Federal de Islas Marías para hacer congruente y oportuna su aplicación. Posteriormente, renovar el convenio de colaboración que tiene con el instituto de salud, a fin de ampliar los servicios de salud y de desarrollo comunitario en dicho centro penitenciario.

Muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al secretario de Seguridad Pública, al subsecretario del Sistema Penitenciario Federal y al director general del Instituto Mexicano del Seguro Social a llevar a cabo las gestiones conducentes a reformar el Reglamento de la Colonia Penal Federal Islas Marías, a cargo del diputado Fidel Antuña Batista , del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, diputado federal Fidel Antuña Batista , del Grupo Parlamentario de Acción Nacional de la LX Legislatura en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con base en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la Secretaría de Seguridad Pública, de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario Federal, del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social y del Instituto Mexicano del Seguro Social, que lleven a cabo, en el ámbito de sus respectivas competencias, las gestiones necesarias para reformar el reglamento de la colonia penal federal Islas Marías, así como el convenio de colaboración para otorgar los servicios de salud a los internos, con base en las siguientes

Consideraciones

Primera. Como antecedentes en materia penitenciaria, tenemos que los centros de reclusión operados por el gobierno federal mexicano iniciaron con la instauración de la colonia penal federal Islas Marías en 1905, cuyo objeto fue remediar la sobrepoblación de la cárcel de San Juan de Ulúa y llevar a cabo la primera clasificación e internamiento de presos.

Durante muchos años este establecimiento de reclusión sirvió para contener presos calificados de alta peligrosidad para la sociedad mexicana, lo anterior asociado a su ubicación geográfica, accedió a conceptualizarlo como un lugar de aislamiento donde como muchos otros centros penitenciarios, estaba relacionado al sufrimiento y constante violación de los derechos humanos de los reclusos. Esto dio lugar a que el gobierno federal señalara en la Constitución de 1917 lineamientos más claros para la operación del sistema penitenciario, ordenando la completa separación entre procesados y condenados.

Tal situación coadyuvó a reorganizar el funcionamiento de la Colonia Penal Federal de Islas Marías, con la expedición de su reglamento interior el 10 de marzo de 1920; asimismo, por las condiciones de este penal en aquella época, el continuo incremento de su población interna, y a fin de atender sus características jurídicas y comunitarias, el 30 de diciembre de 1939 se expide el Estatuto de las Islas Marías, donde se estableció que este penal operaría bajo la supervisión y vigilancia de la federación, tal como señalan los artículos 1 y 2 de dicho ordenamiento.

En este tenor, y con la reforma al artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos del 23 de febrero de 1965, el gobierno federal inició una reorganización del trabajo en los reclusorios, diversificando funciones en materia de readaptación social, teniendo entre sus principales vertientes la ejecución de sanciones de reos sentenciados, el tratamiento de menores y el gobierno de la colonia penal federal de Islas Marías.

No obstante, a fin de observar lo establecido en el artículo 18 constitucional, en diciembre de 1970, con la aprobación de la iniciativa de Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, promovida por el Poder Ejecutivo (basada en las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos), se advirtió como premisa el respeto a las garantías individuales a que los internos tienen derecho, y se procedió a regular el tratamiento de readaptación social del interno, en base al trabajo, la capacitación para el mismo y la educación.

En este sentido, la colonia penal federal cambia su condición para albergar, brindar atención y un tratamiento de readaptación social, a aquellos internos que resultaban ser de baja peligrosidad y criminalidad. Esto permitió que el gobierno federal impulsara tres líneas de operación dentro de la procuración de la seguridad pública:

Sin embargo, derivado del centralismo del sistema político mexicano de ese entonces, la constante evolución de la delincuencia y el incremento de ésta población, el gobierno federal dentro del marco del Programa de máxima seguridad se propuso mantener esfuerzos para ofrecer un mejor tratamiento de readaptación y reinserción de los individuos privados de su libertad que resguardara su integridad física y mental; lo que dio paso a reestructurar el sistema penitenciario organizacional en su organización y funcionamiento, armonizando actividades en materia de prevención, readaptación y reincorporación social.

A razón de lo expuesto, y debido a la sofisticación de la delincuencia y del crimen organizado, en los noventa el gobierno federal estableció metas sustantivas en materia de prevención y readaptación social que coadyuvaron a constituir un moderno Sistema Nacional Penitenciario que accedió a reformar el Reglamento de la Colonia Penal Federal de Islas Marías el 17 de septiembre de 1991, el cual atendía la organización, funciones, administración y gobierno de ese establecimiento, de acuerdo a las características delictivas, jurídicas, físicas y psicológicas de la población interna que albergaba en ese entonces. Se fortaleció con la entrada en vigor de la Ley que Establece las Normas Mínimas Sobre Readaptación Social de Sentenciados en 1992. De ahí que hasta el presente siglo el penal es considerado un sitio que ofrece, por su estructura y condiciones socio-ambientales, oportunidades objetivas para la readaptación social del interno.

Segunda. El 27 de noviembre de 2000, se publicó el decreto por el que se declara área natural protegida, con el carácter de reserva de la biosfera, el archipiélago conocido como Islas Marías, en virtud de que este territorio representa un relicto de la biota del trópico seco mexicano que ha permanecido aislado del continente por más de ocho millones de años, y que actualmente funciona como un rico reservorio de especies de fauna silvestre endémicas a México. En este instrumento se establece, en sus artículos sexto y séptimo, que no se autorizarán nuevos centros de urbanización ni de población en dicho archipiélago, a excepción de los considerados por programas y proyectos de la colonia penal federal, y en su caso se ubicaran en la Isla María Madre, lugar donde se encuentra este penal federal, previa su viabilidad en respeto y apego a los lineamientos de conservación de la biosfera.

Ante tal situación, el gobierno federal evaluó la posibilidad de desaparecer la colonia penal federal de Islas Marías procediendo a trasladar internos a sus centros de reclusión de origen, a algunos les fue otorgado el beneficio de libertad anticipada y minoritariamente algunos extinguieron su pena privativa de libertad, situación que puede corroborarse con la disminución de su población, que llegó a situarse en el 2004 en un 65 por ciento (649 internos).

No obstante, derivado de un estudio integral de las condiciones de la colonia penal federal en relación con el impacto que ésta tiene respecto a la demanda de servicios innovadores en materia de prevención del delito y de readaptación social; lo dispuesto en los artículos decimosegundo y decimotercero del decreto señalado, tocante a la zonificación de áreas en este territorio; y, hacer frente al alto índice demográfico de la población interna a nivel nacional, todo ello favorecido con la decisión del gobierno federal de integrar en un solo órgano de gobierno (hoy Secretaría de Seguridad Pública) las funciones que en materia de seguridad pública se tenían asignadas a una gran cantidad de instituciones, transfiriéndose así la responsabilidad penitenciaria de la Secretaría de Gobernación a la Secretaría de Seguridad Pública; en el año 2004 se da a conocer la decisión de ``retomar el proyecto de colonia penal federal'', con lo que se inician trabajos de dignificación de áreas y recepción de los nuevos internos.

Tercera. Como se ha podido observar, dadas las profundas transformaciones del país y en particular en materia penitenciaria, el gobierno federal ha implementado acciones para responder al fenómeno de la delincuencia y el crimen organizado, fortaleciendo y consolidando un sistema penitenciario que responda a la demanda de una seguridad pública nacional. A pesar de ello, y por la complejidad e interdependencia de los factores que inciden en este fenómeno y su diversificación, se ha hecho necesario estudiar el tema con un enfoque pluridisciplinario para salvaguardar un estado de derecho donde se observe el respeto absoluto de los derechos humanos y la dignidad de toda persona, por lo que se han llevado a cabo reformas en su normatividad, infraestructura y estructura orgánica. Como ejemplo tenemos el reciente Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, celebrado el 25 de agosto de 2008, en el que se reconoció la necesidad de que los tres poderes de la unión, en los tres órdenes de gobierno, debían participar conjunta y coordinadamente en una estrategia nacional en materia de seguridad pública, a efecto de advertir políticas integrales de prevención del delito, procuración e impartición de justicia, readaptación social, participación ciudadana, inteligencia y análisis legislativo, entre otros.

Es así que, ante el análisis del marco jurídico de la colonia penal federal de Islas Marías, se advierte que su reglamentación se encuentra exigua, toda vez que ante la modernización normativa del sistema penitenciario se ha observado:

Lo anterior advierte que la legislación actual ha rebasado la regulación expedida el 12 de septiembre de 1991 para la colonia penal federal de Islas Marías, siendo necesario estructurar una nueva reglamentación que comprenda los ámbitos jurídico, normativo, administrativo, técnico y operativo actuales, además de:

Cuarta. Tomando en cuenta que la colonia penal se localiza en la Isla María Madre del archipiélago de la Islas Marías, ubicada en el mar territorial mexicano del océano Pacífico y que su población dentro del marco jurídico en materia de los derechos humanos es considerada como un grupo vulnerable, en custodia del Poder Ejecutivo y que a efecto de favorecer la adherencia al tratamiento de readaptación social de los internos, a éstos se le ha permitido la convivencia continua con el cónyuge y/o los familiares, incluyendo hijos (mayores y menores de edad) dentro de la colonia penal o con fines de visita; se observa que la comunidad de este penal federal requiere un marco administrativo de procuración de servicios urbanos robusto en materias de salud, sanidad y de seguridad, entre otros.

En este tenor, atendiendo los principios de respeto a las garantías individuales de los internos dictados en los artículos 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, XI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 25, numeral 1, de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 14, 25.1 y 74.1 de las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, 1 y 6 del Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley; y con el fin de observar las disposiciones contenidas en los artículos 4, 6, 8, fracciones I, II, XIV y XX; 10, fracciones I y IX; 12, fracciones I, III y X; 17, inciso B, fracciones I, VI y XVIII del Reglamento del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, se hace ineludible actualizar el convenio de colaboración que la colonia penal federal ``Islas Marías'' tiene con el Instituto Mexicano del Seguro Social.

Lo anterior en virtud de que el entorno de este centro penitenciario refiere una población varonil y femenil, desde niños hasta adultos mayores; que las características de la población interna han cambiado física y fisiológicamente, distinguiéndose entre los principales rasgos la edad, oscilante en su mayoría de entre 31 y 40 años, seguida por los 41 a 50 años, periodos donde hay mayor incidencia en enfermedades agudas (gripas, salmonellas, infecciones cutáneas, etcétera), crónico-degenerativas (hipertensión arterial sistémica, insuficiencia venosa profunda, diabetes mellitus, cardiopatías, epilepsias, asma, artritis reumatoide y diferentes tipos de cáncer, entre otras) e inclusive infectocontagiosas (sífilis, tuberculosis, procesos neumónicos, neisseria meningitidis (altamente peligrosa y mortal en los menores de edad)), las cuales requieren de atención especializada e inclusive de intervención quirúrgica y que en consecuencia hacen de este entorno un medio sensible en materia de salud.

Quinta. Que para efecto de que el manejo clínico--médico de los internos sea el más adecuado, a fin de resguardar su integridad física y mental y coadyuvar a que respondan favorablemente al tratamiento técnico instaurado para desarrollar sus capacidades biopsicosociales y que por las condiciones geográficas, climatológicas, de infraestructura sanitaria y de salud (edificio de salud facultado hasta un cierto segundo nivel de atención médica), en casos extraordinarios se ha hecho necesario implementar acciones médicas y de custodia emergentes para trasladar al interno a centros penitenciarios estatales con el objeto de recibir atención oportuna en instituciones de salud de segundo nivel.

Y que conforme a lo dispuesto en los numerales 1, 5 y 9 de los Principios Básicos para el Tratamiento de Reclusos, se establece que se respetarán las garantías individuales de los internos teniendo acceso a los servicios de salud, según corresponda; y que acorde a lo establecido en el artículo 47 del Reglamento de la Colonia Penal Federal de Islas Marías, es el Instituto Mexicano del Seguro Social ( IMSS) la autoridad responsable de la prestación de los servicios de salud y del desarrollo de la comunidad.

Es necesario que la Secretaría de Seguridad Pública y el IMSS, en el ámbito de competencia, realicen accidentes tendientes a complementar y/o fortalecer la infraestructura técnica, tecnológica, operativa y profesional que permita dotar de los servicios de salud a la población interna, en un segundo nivel suficiente, acorde a las características y condiciones espaciales de la colonia penal.

Sexta. Se entenderá por primer y segundo nivel de atención médica lo señalado en los numerales 4.1.20 y 4.1.21 de la norma oficial mexicana NOM-173-SSA1-1992.

Séptima. Que en 1973, bajo el concepto de solidaridad social, el IMSS empezó a organizar, establecer y otorgar atención médica, farmacéutica y hospitalaria a la población marginada rural, suburbana y urbana; cuyo financiamiento estaba a cargo de la federación. Que en 1979, el gobierno federal decidió ampliar la prestación de servicios de salud a campesinos marginados, firmando un convenio entre la Coordinación General del Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos Marginados (Coplamar) lo que condujo al IMSS a establecer y operar un plan de solidaridad social por cooperación comunitaria denominado Programa IMSS-Coplamar, en el cual los costos de inversión y de operación correspondieron al gobierno federal, a Coplamar la obtención de los recursos y al IMSS la administración y contabilización de los fondos, así como el otorgamiento de los servicios de salud; lo que significó un cambio histórico en la descentralización de los servicios de salud; de tal forma que la hoy Secretaría de Salud se convirtió básicamente en un actor vigilante de la normatividad, supervisor y evaluador del IMSS. Esto dio oportunidad a que dicho instituto de salud se hiciera cargo de la total responsabilidad del programa IMSS-Coplamar, por lo que el gobierno federal decidió integrar a la colonia penal federal ``Islas Marías'' a los beneficios de este programa, pues reconoció en ella a una población marginal, dadas sus características jurídicas, socioeconómicas y de localización geográfica.

Octava. Que el programa IMSS-Coplamar, a partir de 1990 cambia su denominación por IMSS-Solidaridad como consecuencia de la gran importancia de sus recursos y cobertura en servicios de salud a todo el territorio nacional. Pero derivado de las acciones implementadas en 1997 por la federación, relativas a la creación del Programa Nacional de Educación, Salud y Alimentación (Progresa) cuyo objeto fue afrontar importantes rezagos del medio rural en materia de salud, educación y principalmente desnutrición, con el objeto de mejorar la economía e integridad familiar, asintió el cambio de denominación por Programa IMSS-Oportunidades.

Novena. Que los pasados 1 y 2 de septiembre de 2008, la licenciada Carolina Gómez Vinales, titular de la Unidad IMSS-Oportunidades en Sinaloa, jurisdicción a la que compete dicho programa en las Islas Marías, realizó una gira de trabajo para evaluar los servicios del hospital rural de Islas Marías, de la cual resultó llevar a cabo la construcción del Centro de Atención Rural al Adolescente y el Módulo de Salud Ginecológica, con el fin de impulsar el desarrollo saludable de la juventud que habita en Islas Marías, y combatir enfermedades crónico-degenerativas, como el cáncer de mama y cérvico-uterino en la población femenina.

Décima. Que por la complejidad que representa el factor salud en una persona privada de su libertad (por sus antecedentes de vida delictiva) y que las actuales condiciones de accesibilidad a los servicios de salud en un territorio apartado del continente son insuficientes a pesar de lo expuesto en el párrafo anterior, es evidente adecuar un instrumento de colaboración que permita ofrecer a los internos de Islas Marías los servicios de salud de manera integral, preventiva, curativa, de rehabilitación y de vigilancia epidemiológica; impulsar el desarrollo técnico y humano del personal para garantizar la cobertura, calidad, efectividad y eficiencia de la prestación de esos servicios; además de promover la acción comunitaria (actividades de desarrollo social y urbano contemplada en el Programa IMSS- Oportunidades) bajo una cultura de respeto al medio ambiente y confidencialidad conforme a lo establecido en los artículos 13, 14, 18 y 19 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 45 de la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y numerales 5.6 y 5.11 de la norma oficial mexicana NOM-168-SSA1-1998.

Situación que alude a las autoridades competentes de la seguridad pública y del Instituto Mexicano del Seguro Social para coordinar acciones tendientes a renovar el convenio de colaboración para formalizar la prestación de servicios de salud de la población interna de la colonia penal federal ``Islas Marías'', conforme a los avances profesionales, técnicos, tecnológicos y operativos que se enmarcan en un segundo nivel de atención médica y en el Programa IMSS-Oportunidades.

Decimoprimera. Ante los argumentos expuestos, es imperioso consolidar un sistema penitenciario federal eficiente y homogéneo en su normatividad, que acceda a conjuntar acciones orientadas a uniformar los criterios reglamentarios de la colonia penal federal ``Islas Marías'' que garanticen en todo momento la seguridad e integridad física y mental de los internos, fortalecer las metas y objetivos de la readaptación social de éstos y disponer de un instrumento actual en materias de salud y de desarrollo social de esta comunidad.

Por lo anterior, me permito someter a la consideración del alto cuerpo colegiado de esta Cámara de Diputados, el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta a los titulares de la Secretaría de Seguridad Pública, de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario Federal, del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social y del Instituto Mexicano del Seguro Social, a que lleven a cabo, en el ámbito de sus respectivas competencias, las gestiones necesarias para reformar el Reglamento de la Colonia Penal Federal ``Islas Marías''; así como, a realizar las gestiones normativas necesarias para mejorar y dar prontitud a la ampliación de la cobertura de los servicios de salud y desarrollo social que se otorgan a la población interna de ese penal federal, de acuerdo a los avances profesionales, técnicos, operativos y tecnológicos que se enmarcan en el Programa IMSS-Oportunidades; y, en su caso, se fortalezcan las acciones de coordinación necesarias para lograrlo.

Segundo. Comuníquese el presente punto de acuerdo a la Secretaría de Seguridad Pública y al Instituto Mexicano del Seguro Social, para su resolución.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Gracias, señor diputado.

Consulte la Secretaría a la asamblea si es de aprobarse la urgencia que ha planteado el señor diputado Fidel Antuña Batista .

La Secretaria diputada Marcela Cuen Garibi : En votación económica se pregunta a la asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición. Los legisladores y las legisladoras que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Los legisladores y las legisladoras que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, no hay dos terceras partes por la afirmativa.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Se turna a la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados.

ECONOMIA FAMILIAR Y EL EMPLEO

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Se concede el uso de la palabra al señor senador Rogelio Humberto Rueda Sánchez, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar punto de acuerdo por el que exhorta al Ejecutivo federal a privilegiar a empresas nacionales en el destino de recursos designados a las acciones del Acuerdo Nacional en Defensa de la Economía Familiar y del Empleo.

El senador Rogelio Humberto Rueda Sánchez: Con la venia de la Presidencia, y en relación con el Acuerdo Nacional en Defensa de la Economía Familiar y el Empleo, quiero recordar a mis compañeros legisladores que la crisis es mundial, pero que los paquetes de emergencia tal como el que México ha presentado, y otros países igualmente lo han hecho, son nacionales.

Con globalización y con libre mercado, pero cada país está defendiendo sus intereses nacionales. Nada menos, convocado por este Congreso, ayer inició el foro México ante la crisis: ¿qué hacer para crecer?

Y si bien este documento, esta proposición con punto de acuerdo ya estaba registrada, creo que hay coincidencias en lo que ahí se plantea. Coincidencias en las que, seguramente también, nosotros podemos sumarnos.

Hago, tres, cuatro referencias rápidas de lo que ayer se planteaba.

Primero. Hay que tomar decisiones muy rápido; por eso planteo la posibilidad de que esta proposición pueda ser aceptada por los compañeros legisladores, para tratarse como de urgente resolución.

Segundo. Hay prioridad. Coincidían, quienes ayer intervinieron en el foro, en que hay que proteger el empleo. Tenemos que proteger a los mexicanos, a las posiciones de trabajo. Si bien es cierto, tendremos una disminución, no un crecimiento, sino una caída en el producto interno bruto. Ayer mismo se estableció que hasta el momento se calcula entre 0.8 y 1.8 por ciento de caída en el producto interno bruto; pero tenemos que hacer todo lo posible por proteger el empleo de los mexicanos.

Tercero. Hay que fortalecer el mercado interno para que pueda haber protección al empleo, para que pueda haber una solución para las empresas mexicanas. Tiene que haber fortalecimiento del mercado interno. Las decisiones de política económica que están anunciadas tienen que ir en función de fortalecer el mercado interno.

Tenemos también que sostener a las empresas mexicanas. Necesitamos que una vez que esta crisis pase, y como ayer se decía, sin conocer la duración que vaya a tener, sin conocer la profundidad que vaya a tener, pero sabemos que va a terminar. Necesitamos que haya empresas mexicanas con las cuales empezar de nuevo el crecimiento. Por eso el planteamiento es que nos esforcemos por que no quede desolada la economía mexicana, una vez que esta crisis pueda pasar.

Por ello estoy planteando esta proposición con punto de acuerdo, para que en función de lo previsto ya por el presidente de la república, por el Poder Ejecutivo, en el contenido del Acuerdo Nacional en Defensa de la Economía Familiar y el Empleo, de poder cumplir, por supuesto, con las previsiones presupuestales, hacer una inversión importante en infraestructura pública; que estemos dando preferencia y fortalecimiento a las empresas nacionales.

El contenido del punto de acuerdo se refiere a los dos puntos específicos siguientes:

Primero. Se exhorta al Ejecutivo federal a privilegiar de manera vigorosa la contratación de empresas nacionales en el destino de los recursos designados a las acciones del Acuerdo Nacional en Defensa de la Economía Familiar y el Empleo.

Segundo. Se solicita a los secretarios de Hacienda y Crédito Público, y de la Función Pública que informen a esta soberanía sobre las medidas y los lineamientos por los que se destinarán los recursos designados a las acciones del Acuerdo Nacional en Defensa de la Economía Familiar y el Empleo. En particular se solicita que detallen las políticas específicas que se implantarán a fin de garantizar que los recursos que se ejerzan se contraten con empresas mexicanas.

Es cuanto, muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a privilegiar a empresas nacionales en el destino de los recursos designados a las acciones del Acuerdo Nacional en favor de la Economía Familiar y el Empleo, a cargo del senador Rogelio Humberto Rueda Sánchez, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, senador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, para exhortar al Ejecutivo federal a privilegiar a empresas nacionales como destino de los recursos para inversión en infraestructura del Acuerdo Nacional en Favor de la Economía Familiar y el Empleo.

Consideraciones

Las circunstancias económicas por las que atraviesa el mundo hacen necesario que, en el marco de libre competencia y mercado, cada país vele por sus intereses nacionales. Desde hace varios años diversos países, tanto desarrollados como en desarrollo, han implementado programas que claramente protegen y velan por el bienestar socioeconómico de sus ciudadanos y de sus empresas nacionales.

Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, existen diversas políticas públicas y normatividades que favorecen a empresas locales. Según la corte suprema de aquel país, dichas políticas son permisibles en una amplia gama de situaciones, como por ejemplo, cuando el Estado actúa como participante (no como regulador) en el mercado (en el caso de compras por parte del gobierno). Este tipo de políticas existen en cada nivel de gobierno y en muchos municipios y entidades federativas de nuestro vecino del norte. A nivel federal, estas políticas preferenciales se materializan en la Ley de Compre Americano de 1933 (Buy American Act ) la cual establece que el gobierno federal y sus dependencias den preferencia a los bienes domésticos en las compras que realiza el gobierno. El objetivo de dicha ley es proteger el empleo y crear fuentes de trabajo para sus ciudadanos, ya que establece una preferencia a favor de proveedores estadounidenses de 6 a 12 por ciento en el diferencial de precios frente a ofertas extranjeras. Actualmente, por lo menos 35 entidades federativas de Estados Unidos han adoptado en sus programas de compra versiones similares a esta ley federal. La Ley de Compre Americano incluso se aplica en programas de construcción de autopistas con ayuda federal.

En nuestro país, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público explícitamente reconoce la necesidad de proteger y fomentar las empresas nacionales. Dicho ordenamiento permite licitaciones exclusivas para empresas nacionales (artículo 28) y da facultad a la Secretaría de Economía para dictar ``las reglas que deban observar las dependencias y entidades, derivadas de programas que tengan por objeto promover la participación de las empresas nacionales, especialmente de las micro, pequeñas y medianas'' (artículo 8). Asimismo, con objeto de fomentar el desarrollo y la participación de las empresas nacionales, en los casos que se da libertad para contratar adquisiciones, arrendamientos y servicios sin sujetarse al procedimiento de licitación pública, la ley establece que las dependencias y entidades deben adjudicar a empresas nacionales cuando menos el cincuenta por ciento del valor de las adquisiciones (artículo 42).

En diversas ocasiones el presidente Felipe Calderón ha reconocido como uno de los principales objetivos de su administración el apoyo a las empresas nacionales. Por ejemplo, el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 considera el apoyo a la pequeña y mediana empresa nacional por medio del mercado de compras de gobierno como una prioridad nacional. Adicionalmente, en julio de 2007 el Ejecutivo federal instrumentó el Programa Cadenas Productivas, el cual pretende fortalecer la participación de empresas mexicanas en las adquisiciones del sector público.

El pasado 7 de enero de 2009, el presidente de la República presentó el Acuerdo Nacional en Favor de la Economía Familiar y el Empleo, el cual se compone de cinco pilares que incluyen 25 acciones firmadas por el Ejecutivo federal, los gobernadores del país, representantes de este Poder Legislativo y las organizaciones sociales, empresariales y obreras del país, además de estar testificado por el Banco de México, el Instituto Federal Electoral y los partidos políticos nacionales.

El objetivo de dicho acuerdo es superar los efectos negativos de la crisis económica mundial en nuestro país por medio del apoyo al empleo, a la economía familiar y a las pequeñas y medianas empresas, así como incrementar la inversión en infraestructura y transparentar y hacer más eficiente el gasto público.

A fin de enfrentar el fenómeno de recesión y las pérdidas de empleo que enfrenta nuestra economía nacional, el acuerdo destaca el apoyo a la economía familiar congelando los precios de las gasolinas y del gas LP, y aumentando los apoyos crediticios para adquirir vivienda popular. Del mismo modo, se plantea proteger el empleo por medio del Programa de Empleo Temporal, ampliando la cobertura del Seguro Social para Trabajadores Desempleados y fortaleciendo el Servicio Nacional de Empleo. Adicionalmente, propone apoyar a la industria y a las pequeñas y medianas empresas por medio de acciones como la reducción a las tarifas eléctricas industriales y el incremento en los recursos para créditos a las pequeñas y medianas empresas.

Por último, el acuerdo pone especial énfasis en la inversión en infraestructura para la competitividad y el empleo, por lo que se plantea canalizar adecuadamente el presupuesto asignado a este sector, a fin de alcanzar una inversión impulsada por el sector público de 570 mil millones de pesos para construir carreteras, vías férreas, puentes y puertos, entre otros. Por lo mismo, se contempla acelerar la inversión en infraestructura y con los excedentes derivados del petróleo aumentar los recursos para ese rubro en 30 mil millones de pesos. Aunado a lo anterior, se plantea concretar el ejercicio eficiente del gasto público y otorgar a Petróleos Mexicanos 17 mil millones de pesos para inversión.

Es indiscutible que la crisis económica que vive nuestro país pone en riesgo las fuentes de empleo de millones de mexicanos. De acuerdo con información de la Secretaría del Trabajo, en 2008 la tasa de desempleo pasó de 3.25 a 4.32 por ciento. Tal incremento se registró incluso en el mes de diciembre, en el que tradicionalmente se contratan a trabajadores temporales por fin de año.

La encuesta de expectativas del empleo, de una empresa especializada en el mercado laboral, Manpower, revela además que los empleadores mexicanos, igual que sus homólogos en 29 países y territorios, disminuirán el ritmo de contrataciones. Los pronósticos de contratación en comparación con el año anterior son también más débiles en México y en otros 24 países y territorios, con empleadores en 21 países y territorios, incluyendo México. Del mismo modo, analistas de Monex, Scotiabank, IXE, HSBC, el Centro de Investigación y Docencia Económicas, el Tecnológico de Monterrey, y el Instituto Mexicano de Executivos en Finanzas proyectan un rango de decrecimiento en el producto interno bruto de México de -0.5 a -1 por ciento en este año.

A fin de que las medidas anticíclicas y las acciones del Acuerdo Nacional en Favor de la Economía Familiar y el Empleo verdaderamente beneficien al país, es prioritario y necesario que los beneficios económicos de las inversiones públicas permanezcan en el territorio nacional. Tener recursos no garantiza que se usen correctamente.

Por lo anterior, el Congreso de la Unión, en uso de sus facultades, debe manifestar su preocupación y cumplir con la obligación de verificar el uso óptimo de los recursos públicos. Es necesario que esta soberanía resalte la importancia y necesidad de que los recursos públicos beneficien al país en general. Dentro de los recursos destinados a las adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras públicas se debe dar preferencia a empresas mexicanas cuyas rentas permanezcan en el país, y no otorgarlos a contratistas internacionales que eventual e improvisadamente buscan en México una situación coyuntural y desplazan a empresas nacionales que benefician a la sociedad en general.

Más aún, como se ha indicado ya, es preciso que los mexicanos cobremos conciencia de que este tipo de medidas no sólo son oportunas en estos momentos, sino que en muchos países que son nuestros socios comerciales existen legislaciones especiales para beneficiar a empresas nacionales en las compras gubernamentales. No debemos confundir los imperativos de la economía de mercado, con una renuncia imperdonable a proteger los intereses nacionales por encima de cualquier otro.

Los recursos públicos deben constituir una base para el desarrollo empresarial nacional y la generación de empleos con objeto de alcanzar el bien común de la sociedad mexicana. Es necesario que el gran poder adquisitivo del gobierno se aproveche en beneficio de las empresas mexicanas y genere empleos y actividad económica en nuestro territorio.

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta al Ejecutivo federal a privilegiar de manera vigorosa la contratación de empresas nacionales en el destino de los recursos designados a las acciones del Acuerdo Nacional en Favor de la Economía Familiar y el Empleo.

Segundo. Se solicita a los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la Secretaría de la Función Pública que informen a esta soberanía sobre las medidas y lineamientos por los que se destinarán los recursos designados a las acciones del Acuerdo Nacional en Favor de la Economía Familiar y el Empleo. En particular, se solicita que se detallen las políticas específicas que se implementarán, a fin de garantizar que los recursos que se ejerzan se contraten con empresas mexicanas.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Muchas gracias, señor senador Rogelio Rueda.

Consulte la Secretaría a la asamblea si es de aceptarse de urgente resolución.

La Secretaria diputada Marcela Cuen Garibi : En votación económica se pregunta a la asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición. Los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Se considera de urgente resolución.

No habiendo quien haga uso de la palabra, consulte la Secretaría a la asamblea si se considera suficientemente discutido.

La Secretaria diputada Marcela Cuen Garibi : Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a la asamblea si se considera suficientemente discutido. Los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Suficientemente discutido.

Consulte la Secretaría a la asamblea si es de aprobarse el punto de acuerdo.

La Secretaria diputada Marcela Cuen Garibi : Se consulta a la asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el punto de acuerdo. Los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Aprobado. Comuníquese.

AGENCIA DE NOTICIAS DEL ESTADO MEXICANO

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Se recibió del diputado Octavio Martínez Vargas, del Grupo Parlamentario del PRD, punto de acuerdo para citar a comparecer al director general de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano (Notimex).

La Secretaria diputada Marcela Cuen Garibi : «Proposición con punto de acuerdo, para citar a comparecer al director general de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano, a cargo del diputado Octavio Martínez Vargas , del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado federal del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, integrante de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en la fracción III del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El 2 de junio del 2006 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley que Crea a la Agencia de Noticias del Estado Mexicano, denominada Notimex, para garantizar la existencia de la agencia y que se reconozcan los derechos laborales de los trabajadores; en gestión conjunta con el Poder Legislativo, para evitar el cierre de la misma; propuesto por el gobierno del ex presidente Vicente Fox Quesada.

Notimex, es un organismo descentralizado de la administración pública federal, no sectorizado, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, así como de autonomía técnica y de gestión, que tiene por objeto coadyuvar al ejercicio del derecho a la información mediante la prestación de servicios profesionales en materia de noticias al Estado mexicano y a cualquier otra persona, entidad u organismo público o privado, nacional o extranjero, con auténtica independencia editorial.

La citada ley establece que para el Estado mexicano es indispensable contar con medios públicos de información que sean algo más que un simple instrumento de difusión de sucesos; requiere de herramientas de comunicación, difusión e interlocución con la sociedad. También, Notimex, está obligada a proporcionar información al interior y exterior del país con una visión global e incluyente sin cortapisas o preferencias políticas.

Los miembros del Sindicato Único de Trabajadores de Notimex (Sutnotimex) forman parte de la junta de gobierno, máxima instancia de decisión de la empresa, y actualmente preside la subsecretaria de Normatividad y Medios de la Secretaría de Gobernación, licenciada Irma Pía González Luna.

Desde la creación de Notimex los trabajadores sindicalizados han demostrado compromiso, responsabilidad y profesionalismo en el desempeño de sus labores cotidianas.

Sin embargo, he escuchado inconformidades de diversos trabajadores, que cuestionan el trabajo del director general, el licenciado Sergio Uzeta Murcio; señalan que ``no ha cumplido con los lineamientos y objetivos establecidos por la propia ley (...) que asumió como compromiso al presentar su programa de trabajo ante la del Congreso de la Unión de la LX Legislatura, al no ser objetado por los integrantes de la misma, en sesión del 31 de julio de 2007''.

El titular de Notimex presentó un nuevo organigrama en el que planteó la creación de 18 direcciones generales y numerosas subdirecciones que, sumadas, representaban la creación de un total de 72 nuevos puestos de mandos medios superiores, a razón de un jefe por cada tres trabajadores sindicalizados; es el caso del subdirector de Ventas Internacionales (clave NA2), con un sueldo de 28 mil 700 pesos mensuales; ocho subdirecciones de área, (clave NA2), en total serían 16 subdirecciones con un sueldo mensual de 28 mil 700 pesos; dos jefaturas de departamento (clave OA1) con sueldos de 17 mil 400 mensuales.

Pero llama la atención que el 1 de febrero de 2008 fue nombrada una nueva subdirectora de redacción que se retiró de su cargo a mediados de año con una liquidación de 128 mil pesos. La vacante fue ocupada en julio de 2008, y en pocos días su cargo cambio el nombre de la subdirección pasando a Subdirección de Operaciones Nacionales; pero fue removido de su cargo el 13 enero de 2009, liquidado por la misma cantidad de 128 mil pesos. Se estima que dicha subdirección ha generado una gasto de un millón 762 mil pesos, resulta una cantidad equivalente a más del cinco por ciento de la nómina de 203 trabajadores sindicalizados.

También se crearon dos direcciones, la de Planeación y la Jurídica; y se despidió al apoderado legal de la empresa (director de área jurídica) en la última semana del mes de diciembre del año pasado; la creación de ambas direcciones y la liquidación del abogado generó un costo de un millón 642 mil pesos.

La Subdirección de Ventas Internacionales, Subdirección de Seguridad y Justicia y la Subdirección de Asuntos Electorales sumaron un costo al gasto corriente de un millón 33 mil 200 pesos.

La duda que despierta es que el jefe de información ejecutaba las funciones de las dos últimas subdirecciones señaladas. Y motiva pensar que el director general ha engrosado de manera innecesaria la nómina de mandos medios y superiores, así como de trabajadores de confianza, motivando una disminución muy representativa en los recursos de la empresa. De ser así, se estaría vulnerando lo dispuesto en los artículos 1, segundo párrafo, y 61 del Capítulo IV de la austeridad y disciplina presupuestaria de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Y en el supuesto de que el director general haya creado más plazas y acrecentar el aparato burocrático, se debió acatar lo que señala el artículo 9, fracción VI, de la Ley que Crea la Agencia de Noticias del Estado Mexicano, que a su letra señala:

``Artículo 9. Para el cumplimiento de su objeto, la agencia tendrá las siguientes atribuciones:

Participar en la formación de recursos humanos especializados en las diversas disciplinas relacionadas con la agencia, a través de la formulación y ejecución de programas y cursos de capacitación, enseñanza y especialización de personal profesional, técnico y auxiliar, y''...

Motivado por lo anterior, el Sutnotimex presentó en diciembre de 2008, ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje el emplazamiento a huelga correspondiente a la revisión salarial anual.

El 11 de diciembre, en un ánimo de conciliación, integrantes de la comisione negociadora y de huelga del Sutnotimex, se reunieron con el director general de la empresa y sus más cercanos colaboradores; el director general se comprometió a crear grupos de trabajo para resolver temas específicos de la negociación; sin embargo, a la fecha no ha cumplido.

El 6 de enero del presente año se llevó a cabo la primera audiencia en la Unidad de Funcionarios Conciliadores de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, donde la representación patronal encabezada por la contadora Rosario Terán López, no presentó una contra propuesta de incremento salarial y sólo se dedicó a escuchar los planteamientos de la representación sindical.

En esa misma fecha, los directivos de la empresa amenazaron a la base trabajadora con el argumento de que ``si estalla la huelga para el primer minuto del 30 de enero, la Agencia de Noticias del Estado Mexicano dejará de operar, y quedarán sin empleo alrededor de 500 trabajadores, tanto sindicalizados como de confianza y honorarios y al mismo tiempo se afectaría a cerca de 500 medios de comunicación''; recurriendo a actos ilícitos de intimidación y de amenaza, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 282 del Código Penal Federal.

Es importante señalar que el primer minuto del viernes 30 de enero vence su derecho al emplazamiento a huelga.

Por ello, compañeros legisladores, el deber que se nos encomienda constitucionalmente es dar seguimiento a posibles actos de corrupción y vulneración a las garantías individuales, buscamos y luchamos porque se respete nuestra carta magna; por ello acudo a su buena voluntad política para que apoyemos el punto de acuerdo que hoy se presenta, y se vote de obvia o urgente resolución, y de acuerdo al artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se cite a comparecer al director general de Notimex para que nos informe sobre el crecimiento inexplicable de la plantilla laboral de mandos medios y superiores, así como los programas que ha ejecutado para capacitación, enseñanza y especialización del personal, y el rendimiento productivo de la agencia a nivel nacional e internacional.

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado se propone el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. La del Congreso de la Unión respetuosamente solicita la comparecencia, con carácter de urgente, del director general de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano, Sergio Uzeta Murcio, ante la Comisión de Radio y Televisión de la Cámara de Senadores, para que informe sobre la veracidad del crecimiento inexplicable de estructura directiva del personal de confianza a su cargo, respecto en mandos medios y superiores, así como los programas que ha ejecutado para capacitación, enseñanza y especialización del personal, y del rendimiento productivo de la agencia a nivel nacional e internacional.

Segundo. Se exhorta respetuosamente al director general de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano a que entregue su propuesta de incremento salarial antes del jueves 29 de enero, en virtud de que fenece el plazo otorgado para iniciar la huelga, con el fin de evitar una parálisis a la agencia que ofrece sus servicios profesionales a más de 500 medios de información masiva a nivel nacional e internacional.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Se turna a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados.

ESTADO DE OAXACA

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Se recibió del señor diputado Humberto López Lena Cruz, del Grupo Parlamentario de Convergencia, punto de acuerdo para que se exhorte al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportesa que dicte instrucciones al director de la Secretaría de Comunicaciones y Transportesde Oaxaca para que se concluyan los trabajos de pavimentación de 60 kilómetros en la carretera Transístmica.

La Secretaria diputada Marcela Cuen Garibi : «Proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar al secretario de Comunicaciones y Transportes a instruir al director del Centro SCT Oaxaca para que se concluya la pavimentación de 60 kilómetros en la carretera federal 185, Transístmica, suscrita por el diputado Humberto López Lena Cruz , del Grupo Parlamentario de Convergencia

El suscrito Humberto López Lena Cruz , diputado federal a la LX Legislatura, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita al Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados que formule un exhorto al doctor Luis Téllez Kuenzler, secretario de Comunicaciones y Transportes para que se concluyan en forma inmediata los trabajos de pavimentación de 60 kilómetros que van del 140 al 199, de la carretera federal 185, también conocida como transístmica, la cual es de gran importancia para el sureste país y que se encuentran en mal estado.

Antecedentes

I. La carretera transístmica consta de 302 kilómetros y es conocida como la carretera federal R-185.

II. Las principales ciudades por donde pasa este eje troncal son, para el estado de Veracruz: Coatzacoalcos, Minatitlán, Cosoleacaque, Jáltipan de Morelos, Acayucan y Sayula de Alemán. Por el lado de Oaxaca son Matías Romero, Juchitán de Zaragoza, Santo Domingo Tehuantepec y Salina Cruz.

III. Desde el punto de vista económico es muy importante ya que constituye un medio de enlace entre los puertos de Coatzacoalcos, Veracruz y el de Salina Cruz, Oaxaca.

Consideraciones

La infraestructura carretera ha jugado un papel muy importante en el desarrollo de la región, sobre todo en la urbanización de sus ciudades, pero sobre todo para el desarrollo industrial y agropecuario del istmo de Tehuantepec.

Por la importancia económica que iba adquiriendo esta región a mediados de los años cuarenta y ante la necesidad de mejores medios de comunicación en la zona petrolera del golfo, se inició la construcción de la carretera transístmica con el fin de aumentar el movimiento industrial y comercial por carretera.

Pero actualmente, sesenta kilómetros aproximadamente de la carretera transístmica se encuentran en muy mal estado; esto es, desde el kilómetro 140 al 199, es decir, de los límites con el estado de Veracruz hasta Matías Romero, Oaxaca.

Esa obra, de agosto de 2007 a octubre de 2008 la tuvo asignada la empresa denominada Construcciones Técnicas de Chiapas, SA de CV, y dejó el trabajo inconcluso.

Por lo que son ya más de dos años en que esta carpeta asfáltica se viene deteriorando sin que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) haga algo al respecto.

Se tiene conocimiento que el módulo de la SCT en Matías Romero contrató a una constructora bajo la razón social de Constructores Civiles Angelópolis, SA de CV, quienes tienen a su cargo la ampliación y renivelación de las partes más críticas, pero solo se ha limitado a tapar unos cuantos hoyancos y debido a lo lluvioso de la zona se vuelve a levantar el asfalto, el cual es de mala calidad.

Los tramos más críticos son los comprendidos del kilómetro 140 hasta el 150, los cuales forman parte de una ampliación que lleva ya más de dos años y que a la fecha no se ha terminado debido a que las constructoras han dejado la obra sin concluir.

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes informó que en este año se estará licitando dicha ampliación para que se termine de una vez la obra que debió terminarse desde el 2007.

De la comunidad de Tolosa-Donají hasta Palomares ya no existe carpeta asfáltica y los automovilistas tienen que transitar por terracería en un tramo de aproximadamente diez kilómetros.

Otro tramo crítico es el que va del puente las Malvinas donde se localiza un retén militar hasta la población de Piedra Blanca Guichicovi, Oaxaca, con una longitud aproximada de 20 kilómetros.

Por tales motivos es un peligro para los camiones de carga, para las líneas de autobuses y para todo aquel que circula por esa vía tan importante para la región y para el país.

Caso contrario de lo que ocurre con esta carretera en los tramos de Coatzacoalcos, Minatitlán, Cosoleacaque, Jáltipan de Morelos, Acayucan y Sayula de Alemán, pertenecientes a Veracruz, en los cuales la carretera se encuentra en condiciones óptimas para circular sin riesgos de sufrir algún percance.

No omito manifestar que el pasado 11 de diciembre de 2008 presenté un punto de acuerdo en el que se exhortaba al doctor Luis Téllez Kuenzler, Secretario de Comunicaciones y Transportes, para que se concluyeran a la brevedad los trabajos de reconstrucción de los puentes Laza y Madera, situados en el kilómetro 275+100 y el kilómetro 275+800, ambos de la carretera federal 190, y hasta la fecha sólo fue concluido uno, lo que refleja es estado que guardan las carreteras y puentes en el estado de Oaxaca.

Por lo anterior el presente punto de acuerdo tiene como finalidad exhortar al doctor Luis Téllez Kuenzler, secretario de Comunicaciones y Transportes, para que se concluyan a la brevedad los trabajos de pavimentación de 60 kilómetros que van del 140 al 199, de la carretera federal 185 también conocida como transístmica, la cual es de gran importancia para el sureste país y que se encuentran en mal estado.

Lo anterior con fundamento en los artículos 5o., fracciones I, II y IV, de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal; y 36, fracciones I, XXI y XXII, de Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Por lo expuesto, me permito someter a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único: Se exhorta al doctor Luis Téllez Kuenzler, secretario de Comunicaciones y Transportes, a instruir al director general del Centro SCT en Oaxaca para que se concluyan en forma inmediata los trabajos de pavimentación de 60 kilómetros que van del kilómetro 140 al 199, de la carretera federal 185, también conocida como transístmica, la cual es de gran importancia para el sureste país y que se encuentran en mal estado.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Túrnese a la Comisión de Transportes de la Cámara de Diputados.

AUTOPISTA MEXICO-TUXPAN

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Se recibió del diputado Iñigo Antonio Laviada Hernández, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, punto de acuerdo por el que se exhorta a la Semarnat a que agilice el cambio de uso de suelo para construir la autopista México-Tuxpan.

La Secretaria diputada Marcela Cuen Garibi : «Proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Semarnat a agilizar el cambio de uso de suelo para construir la autopista México-Tuxpan, suscrita por el diputado Íñigo Antonio Laviada Hernández, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, Íñigo Antonio Laviada Hernández, diputado federal de la LX Legislatura por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo a fin de exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a agilizar el cambio de uso del suelo para construir la autopista México-Tuxpan.

Ciertas obras de infraestructura promueven el desarrollo regional, como las autopistas, que acercan las mercancías a los mercados y traen turismo. Tal es el caso de la construcción de la autopista México-Tuxpan, que cruzará la tradicional barrera de la Sierra Madre Oriental, comunicando el norte de Veracruz a tres horas de la Ciudad de México y por medio del Arco Norte, en construcción, con ciudades del Bajío y con Guadalajara.

El presidente Felipe Calderón ha anunciado que se promoverá la construcción de obras de infraestructura como medida contracíclica para disminuir los efectos de la crisis económica mundial.

En 1991, el presidente Carlos Salinas de Gortari dio el banderazo de la autopista México-Tuxpan, pero las crisis recurrentes del país y diversos problemas han impedido su conclusión. Finalmente, en 2007 se concesionó el último tramo.

El 5 de septiembre de 2008 mandó la Dirección General del Centro SCT Puebla de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes la solicitud de autorización de cambio de uso de suelo en terrenos forestales para el desarrollo del proyecto Construcción de la Autopista México-Tuxpan, Tramo Kilómetro 153+500.00 a Kilómetro 178+500.00, en Jalpan, Tlacuilotepec y Xicotepec, Puebla, a la Dirección General de Gestión Forestal y de Suelos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. El 2 de diciembre de 2008, dicha secretaría denegó la solicitud de autorización de cambio de uso de suelo en terrenos forestales presentada, por falta de documentos.

Dada la importancia de las obras de infraestructura, es muy relevante la coordinación de las secretarías del gobierno federal para su pronta realización.

Por lo anterior, el suscrito, diputado federal, propone los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Dirección General del Centro SCT Puebla de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a volver a presentar correctamente la solicitud de autorización de cambio de uso de suelo en terrenos forestales para el desarrollo del proyecto Construcción de la Autopista México-Tuxpan, Tramo Kilómetro 153+500.00 a Kilómetro 178+500.00, en Jalpan, Tlacuilotepec y Xicotepec, Puebla, a la Dirección General de Gestión Forestal y de Suelos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a agilizar el cambio de uso suelo del tramo kilómetros 153+500.00-178+500.00, en Jalpan, Tlacuilotepec y Xicotepec, Puebla, para construir la autopista México-Tuxpan.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados.

AGENCIA DE NOTICIAS DEL ESTADO MEXICANO

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Se concede el uso de la palabra al señor diputado José Ascención Orihuela Bárcenas, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar punto de acuerdo por el que exhorta a las instancias correspondientes a que resuelvan el conflicto en la Agencia de Noticias del Estado Mexicano.

El diputado José Ascención Orihuela Bárcenas : Gracias, señor presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a las autoridades correspondientes a resolver el conflicto en la Agencia de Noticias del Estado Mexicano.

José Ascención Orihuela Bárcenas , diputado federal de la LX Legislatura, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite presentar a esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, bajo la siguiente

Exposición de Motivos

En diciembre del 2008, el Sindicato Único de Trabajadores de Notimex (Sutnotimex) presentó ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, el emplazamiento a huelga correspondiente a la revisión salarial anual que podría llevar a la huelga, el 30 de enero próximo, lo que implicaría que Notimex dejará de operar, con lo que más de 500 empleados, tanto sindicalizados como de confianza, no trabajarían, afectando a casi 500 medios de comunicación nacionales e internacionales.

Para las diputadas y los diputados del Partido Revolucionario Institucional en la LX Legislatura de la Cámara de Diputados resulta de gran trascendencia hacer un llamado a las partes que conforman la agencia de noticias del Estado mexicano, a efecto de que se resuelvan, a la brevedad posible, las diferencias de carácter laboral o administrativo que pudieran poner en riesgo a esta importante institución del país; por lo que deberán de prevalecer el diálogo, el acuerdo y la estricta aplicación de la ley que rige a Notimex.

Debemos resaltar la trascendencia que tiene Notimex para todos los mexicanos, porque el legado de libertades, de principios y de respeto a nuestra soberanía nacional, siga siendo difundido en el México del siglo XXI, gracias al trabajo eficaz y profesional de quienes forman parte de esa importante institución de noticias.

En nombre del Grupo Parlamentario del PRI me permito reiterar el respetuoso llamado a sus directivos y trabajadores para que mediante el diálogo respetuoso y el acuerdo oportuno, resuelvan sus diferencias y le permitan a Notimex reposicionarse como una agencia de vanguardia informativa.

Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración de la Comisión Permanente, como de urgente resolución, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Subsecretaría de Normatividad y Medios de la Secretaría de Gobernación, a la Dirección General y al Sindicato Único de Trabajadores de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano (Notimex) para que establezcan los mecanismos de comunicación y la mesa de negociación respectiva y acuerden las medidas necesarias para que la agencia cumpla con sus objetivos de informar sobre las actividades o sucesos del Estado mexicano, en forma puntual, de conformidad con la ley que la rige.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Gracias, señor diputado. Diputado Martínez Vargas.

El diputado Octavio Martínez Vargas (desde la curul): He formulado un punto de acuerdo similar al que ha planteado mi compañero Chon, y solicito, de ser posible, suscribirlo, desde luego, e incorporar los dos resolutivos del punto de acuerdo antes referido.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: O sea que usted plantea hacer de los dos, uno.

El diputado Octavio Martínez Vargas (desde la curul): Correcto, y que se someta a votación conjuntamente con el de mi compañero Orihuela.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Vamos a poner a consideración si es de urgente resolución, y con ello se abriría el debate, y ahí se podría incorporar.

Consulte la Secretaría a la asamblea si se considera de urgente resolución el punto de acuerdo propuesto por el diputado Ascención Orihuela Bárcenas.

El Secretario senador Ramiro Hernández García: En votación económica se pregunta a la asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición. Los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Siete por la negativa.

Nuevamente. Los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, no son las dos terceras partes. No se considera.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Se turna a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados.

DIA DEL ODONTOLOGO

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Se recibió del senador Rubén Fernando Velázquez López, en nombre de los senadores Lázaro Mazón Alonso y José Luis García Zalvidea, del Grupo Parlamentario del PRD, punto de acuerdo para exhortar al titular del Ejecutivo federal a que instaure a nivel nacional el 9 de febrero como el Día del Odontólogo.

El Secretario senador Ramiro Hernández García: «Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al titular del Ejecutivo federal a instaurar el 9 de febrero como Día del Odontólogo, a cargo del senador Rubén Fernando Velázquez López, en nombre de los senadores Lázaro Mazón Alonso y José Luis García Zalvidea, del Grupo Parlamentario del PRD

El que suscribe, senador Rubén Fernando Velásquez López, a nombre de los senadores Lázaro Mazón Alonso y José Luis Máximo García Zalvidea, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad conferida en los artículos 67, numeral 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo federal para que instaure a nivel nacional el 9 de febrero como el Día del Odontólogo, de conformidad con las siguientes

Consideraciones

Desde 1841, cuando el doctor Eugenio Crombé obtuvo el título de dentista por la entonces Escuela Nacional de Medicina, en México los cirujanos dentistas han tenido una larga historia de trabajo con la finalidad de obtener el reconocimiento que hoy tienen a nivel nacional.

En todo momento han buscado su autonomía y el derecho a practicar tan honorable profesión y es sumamente gratificante que esa lucha esté ligada principalmente con la docencia, pues en 1904 por ejemplo la Sociedad Dental Mexicana fundaría la Escuela Dental por primera vez en nuestro país y se independizaría tiempo después para convertirse en la Escuela Nacional de Enseñanza Dental y finalmente en 1954 se incorporaría a la Universidad Nacional Autónoma de México.

Es por esto que mucho antes que en 1902 el Ejecutivo decidiera incorporar en el Diario Oficial el plan de estudios de la carrera de cirujano dentista, la profesión ha jugado un papel sumamente significativo en materia de salud pública en nuestro país gracias, principalmente, a la dedicación y entrega de quienes realizan una labor por nada menor, como es el cuidado a la salud bucal.

Lo anterior se debe a que la principal amenaza epidemiológica es la caries, enfermedad que sigue afectando a la población infantil de entre 8 y 12 años de edad, además de los padecimientos peridontales, causantes principalmente de la perdida dental en adultos mayores.

Actualmente, con una historia de más de 100 años, la profesión cuenta con más de 100 mil odontólogos alrededor de 90 instituciones reconocidas con la tarea de actualizar y formar dentistas. Asimismo, la odontología mexicana está presente tanto en el sector privado como en el público a través de las clínicas del Instituto del Seguro Social o del Instituto de Servicios y Seguridad Social de los Trabajadores del Estado y de las Fuerzas Armadas, entre otras.

Las enfermedades bucales afectan negativamente en la salud y en la calidad de vida de los mexicanos, por ejemplo, las periodontopatías son un significativo factor de riesgo para lesiones e infartos cardiovasculares y cerebrovasculares; en las mujeres embarazadas propician el desarrollo de partos prematuros y niños de bajo peso al nacer, igualmente las infecciones periodontales dan complicaciones y descontrol glucémico en los pacientes diabéticos, además que, la ausencia de órganos dentarios propiciada por la falta de atención odontológica de calidad impiden una buena masticación y digestión, generan una mala fonética, pérdida de la estética y conducen finalmente a una baja autoestima.

Es por estas razones y por la importante labor que desempeñan los odontólogos dedicados a la salud bucal, pedimos que se instaure a nivel Nacional el 9 de febrero de cada año, un día ya sumamente importante y celebrado por la mayoría de profesionistas dedicados al cuidado dental, como el Día del Odontólogo.

Dicha celebración no se establecería como parte de las fechas históricas de conmemoración oficial nacional, por cuya significación y relevancia se suspenden las labores en las dependencias y entidades de la administración pública federal, con objeto de que las instituciones realicen los actos cívicos para recordar los acontecimientos que han tenido impacto en nuestra historia, o bien, aquellas sobre cuya memoria se realizan actos cívicos oficiales aún en días laborables, de conformidad con las Leyes del Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, así como Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, y el propio calendario oficial.

El día de celebración que por el decreto referido se estableciera tendría como objeto la promoción de formas de participación ciudadana para el fortalecimiento de las instituciones encargadas de la salud pública, así como la realización de eventos culturales y educativos. Todo lo anterior a consideración de las propias autoridades de los tres órdenes de gobierno, sin que bajo ninguna circunstancia pueda pretenderse un efecto vinculante.

Asimismo, conviene recordar que el 21 de mayo de 2008, el senador José Luís Máximo García Zalvidea propuso la instauración del Día del Policía en honor a la gesta del policía municipal, Aurelio Monfort, suscitada el 21 de abril de 1914, al defender el puerto de Veracruz en la intervención estadounidense. Además, existen diversos antecedentes relativos a la institucionalización, por vía de decretos emitidos por el Ejecutivo federal, de diversas fechas de celebración que no devienen de la conmemoración de eventos históricos fundacionales del Estado, como son el Día del Árbol.

En mérito de lo antes expuesto, sometemos a la consideración del Pleno de la del Congreso de la Unión el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Para hacer un merecido reconocimiento a la dedicación y entrega de quienes realizan el cuidado a la salud bucal, la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo Federal a instaurar a nivel nacional el 9 de febrero como el Día del Odontólogo.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Se turna a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Senadores.

ESTADO DE OAXACA

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Se recibió del diputado Humberto López Lena Cruz, del Grupo Parlamentario de Convergencia, punto de acuerdo para que se exhorte al titular del Ejecutivo federal a que dicte instrucciones a los secretarios de Comunicaciones y Transportes, y de la Defensa Nacional, para que la Base Aérea Militar II, de la Ciudad de Ixtepec, reanude los vuelos comerciales y privados.

El Secretario senador Ramiro Hernández García: «Proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar al titular del Ejecutivo federal a instruir a los secretarios de Comunicaciones y Transportes, y de la Defensa Nacional para que la Base Área Militar número 2 de Ciudad Ixtepec reanude los vuelos comerciales y los privados, suscrita por el diputado Humberto López Lena Cruz , del Grupo Parlamentario de Convergencia

El suscrito, Humberto López Lena Cruz , diputado federal de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito al Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados que formule un exhorto al presidente de la República, licenciado Felipe Calderón Hinojosa, para que gire instrucciones al doctor Luis Tellez Kuenzler, secretario de Comunicaciones y Transportes, y al general Guillermo Galván Galván, secretario de la Defensa Nacional, con la finalidad de que en la base aérea militar 2 de ciudad Ixtepec, se reanuden vuelos comerciales y privados.

Consideraciones

La región del istmo de Tehuantepec actualmente cuenta con una población de más de 500 mil habitantes; se destacan lugares como Juchitán, Salina Cruz, Matías Romero e Ixtepec.

Su posición geográfica es envidiable ya que constituye la cintura del país, por componerse de una franja de tierra de aproximadamente 100 kilómetros que separa el Golfo de México del océano Pacífico.

El acceso a la región es únicamente por vía terrestre, que significa un tiempo aproximado de

6 horas entre la ciudad de Oaxaca y el istmo de Tehuantepec; 3.5 horas a Minatitlán, 2.5 horas a Huatulco y 4 horas entre Arriaga, Chiapas, y el istmo; factor que inevitablemente restringe la actividad económica, sin contar con otras limitantes que se agregan cuando es temporada de lluvias o huracanes.

Esta situación es inconcebible ya que la región del istmo de Tehuantepec, desde 1948, cuenta con una base aérea que fue construida por los americanos para la Segunda Guerra Mundial, se encuentra en perfectas condiciones y en diferentes épocas se han tenido vuelos comerciales y privados. Como se dio durante el periodo de 1998-2002, años en los que las compañías Mexicana, Aeroméxico y Aeromar operaron vuelos entre la Ciudad de México y ciudad Ixtepec.

Hablar del petróleo, el viento, la pesca y la riqueza cultural de toda la región es ponderar factores que han ayudado a esta región a alcanzar su desarrollo económico e industrial.

Si bien es cierto que las vías terrestres, tales como las carreteras Panamericana, Transismica, así como las vías portuarias que existen han sido factor estratégico para el desarrollo de la actividad económica y para la rentabilidad del lugar; también lo es que se ha convertido en una necesidad prioritaria, debido al crecimiento que ha alcanzado, contar con otro medio de transporte y comunicación para acrecentar su desarrollo y su actividad económica, así como la inversión de capital.

El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, del presidente Felipe Calderón, entre sus objetivos y prioridades señala que es fundamental ampliar la infraestructura aeroportuaria para hacer frente a la creciente demanda de las operaciones aeroportuarias y los servicios aéreos, y desarrollar nuevos proyectos aeroportuarios vinculados al desarrollo rural, turístico, y comercial de las diferentes regiones del país, lo cual fomentará el crecimiento económico regional y del empleo.

De tal manera que la integración del transporte aéreo en la región constituirá un instrumento sustancial y estratégico para el desarrollo del estado.

En el municipio de ciudad Ixtepec, en la región del istmo de Tehuantepec, como ya fue mencionado, se construyó una base aérea militar que fue utilizada por el gobierno norteamericano en la Segunda Guerra Mundial, y que debe ser instituida como una vía de tránsito aéreo de viajeros y comercio, ya sea nacional o extranjero. El aeropuerto militar en mención cuenta con la infraestructura, capacidad e instalaciones necesarias para operar vuelos comerciales. Sus características le permitirían recibir aviones hasta del tamaño de los 757 Boeing.

En la región existen grandes empresas, como Pemex refinación, la Sociedad Cooperativa Cruz Azul, la Administración Portuaria Integral, así como trasnacionales que se encargan de la generación de energía eólica, como lo constató el presidente Felipe Calderón en su última visita para inaugurar el parque eólico La Ventosa, donde hizo mención de que el gobierno federal estaba analizando la reanudación de vuelos comerciales y privados en dicha base aérea militar. A esto hay que sumar que once empresas privadas más están estableciendo proyectos de inversión.

Para todos ellos, contar con un aeropuerto sería de gran utilidad en el desarrollo de sus operaciones y las consecuentes negociaciones con clientes actuales y potenciales, tomando en cuenta el factor tiempo para el traslado de personal y de material.

Es por eso que ofertar vuelos directos a la zona sería un factor clave, decisivo y sumamente importante para que nuevas empresas piensen seriamente en inversiones fuertes en esta región.

Con este aeropuerto se estarían sentando las bases de un gran desarrollo regional, turístico y comercial. Así, se contaría con importantes fuentes de trabajo para los habitantes de una zona tan extensa como el istmo de Tehuantepec.

Como consecuencia, a las empresas de aviación comercial como Mexicana, Aeroméxico, Interjet, Volaris y Aviacsa, se les abriría la posibilidad de ampliar sus rutas dentro de los itinerarios con los que ya cuentan, y se apoyaría a esta industria tan importante del país.

Esta gestión se convierte en un factor básico para el desarrollo territorial y para el encaje de un espacio en el sistema nacional económico.

Al lograr el avance necesario que exige la modernidad, y con el desarrollo de los medios de transporte y comunicación del lugar, lograremos superar el aislamiento histórico de la región. Obteniendo con esto, en buena medida, la justicia social anhelada a través de los años.

Por tales motivos, este punto de acuerdo tiene como finalidad que el presidente Felipe Calderón haga uso de las facultades que le confiere el artículo 89, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que gire las instrucciones correspondientes, tanto al secretario de Comunicaciones y Transportes, como al de la Defensa Nacional, para que esta base aérea militar número 2 sea abierta a la transportación aérea comercial. Lo anterior con fundamento en los artículos 28, 29 y 36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 2, fracción I, V y VI; 3; 6, fracción I, de la Ley de Aeropuertos; 6, fracción XII, de la Ley de Aviación Civil; 3, fracción I; y 8 de la Ley de Vías Generales de Comunicación.

Por lo antes expuesto, me permito someter a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente.

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al presidente de la República, licenciado Felipe Calderon Hinojosa, que gire instrucciones al licenciado Luis Téllez Kuenzler, secretario de Comunicaciones y Transportes, y al general Guillermo Galván Galván, secretario de la Defensa Nacional, con la finalidad de que en la base áerea militar número 2 de ciudad Ixtepec se reanuden vuelos comerciales y privados.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Túrnese a las Comisiones Unidas de Transportes, y Defensa Nacional de la Cámara de Diputados.

EDUCACION FISICA

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Se recibió de la diputada María Soledad Limas Frescas, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Públicaa que cumpla el programa de educación física vigente y que tengan dos clases semanales de educación física.

El Secretario senador Ramiro Hernández García: «Proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la SEP a cumplir el programa de educación física vigente para que ésta se imparta dos veces a la semana, suscrita por la diputada María Soledad Limas Frescas , del Grupo Parlamentario del PAN

La diputada, María Soledad Limas Frescas , integrante de la LX Legislatura de la honorable Cámara de Diputados y del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, suscribe con fundamento en los artículos 58, 59, 60 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la siguiente proposición con punto de acuerdo para exhortar a la secretaria de Educación y a la autoridades competentes, para que remita la instrucción de cumplir con el programa de educación física vigente, relativo a que todos los alumnos de todas las escuelas de nivel primaria y secundaria del país, apliquen el tener dos clases semanales de educación física, cada una de 60 minutos de duración con el fin de combatir el sedentarismo, la falta de actividad física y la obesidad y así evitar futuros problemas de salud, atendiendo las siguientes

Consideraciones

Hoy en día vivimos un incremento de los síntomas de obesidad en la población joven de nuestro país, y presenta características alarmantes debido al aumento de defunciones y el significativo porcentaje de enfermedades provocadas por este mal es por ello que existen diferentes motivos que llevan a realizar esta propuesta; uno de ellos es transmitir a aquellos que estudian la educación de tipo básica la importancia de la actividad física, para mejorar así su condición y, por ende, hacer de la actividad física un habito que dure toda la vida; también el objetivo es fomentar el deporte en los niños, las niñas y los jóvenes, evitando que formen parte de la estadística de menores alcohólicos o drogadictos; pero sobre todo, el principal objetivo es implantar una medida preventiva para evitar el sobrepeso y la obesidad que actualmente se han convertido en graves problemas de salud y que representan una carga económica para el erario público.

Lo que motiva a este punto de acuerdo es el combate al sedentarismo y a la falta de actividad física, ya que las estadísticas en nuestro país derivadas del sobre peso son alarmantes como se aprecia a continuación: Según datos del IMSS se indica que los mexicanos aumentan de peso, con riesgo de sufrir enfermedades crónico-degenerativas. Asimismo la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2006 señala que uno de cada tres mexicanos padece de sobrepeso u obesidad, punto que nos convierte en la segunda nación con más problemas de esa índole en el planeta.

Esta encuesta indica que en nuestro país existen más de 4 millones de niños escolares con sobrepeso y obesidad, de entre 5 y 11 años de edad. Se revela que en los adolescentes uno de cada tres presenta la misma enfermedad que equivale a más de 5 millones de jóvenes y esta prevalencia aumenta considerablemente en la edad adulta. ¹

De acuerdo a los datos de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte los hábitos para realizar actividades físicas o deportivas de los mexicanos se reduce a menos de una hora, un día a la semana; ya que la educación física que se imparte en las escuelas de enseñanza básica hoy en día, salvo contadas excepciones, es solo para cumplir con un rol de materias obligatorio por la secretaría de educación pública, ya que no se le da la importancia debida a practicar ejercicio físico a nuestros educandos, ni tampoco ha contribuido en forma significativa a la prevención de las enfermedades crónico degenerativas producto del sedentarismo como: diabetes mellitus, enfermedades isquémicas del corazón, cáncer, cirrosis, enfermedades crónicas del hígado y también enfermedades hipertensivas, entre otras; todas estas enfermedades son enfermedades degenerativas, es decir, producen la muerte, pero también todas estas situaciones pueden prevenirse, implantando medidas desde los niveles escolares básicos, es decir, preescolar, primaria y secundaria. ²

Cabe mencionar que México está catalogado como el segundo país con mayor numero de niños y niñas con sobrepeso, debido a la mala alimentación y en virtud a la vida sedentaria que nos caracteriza, pero esto ha sido la causa de que tengamos altos porcentajes de enfermedades derivados de la obesidad y del sobrepeso, y por ende un alto numero de defunciones causadas por éstas enfermedades.

Hoy en nuestro país, el principal numero de defunciones es generado actualmente por las siguientes enfermedades: Diabetes mellitus con 13.6 por ciento, enfermedades isquémicas del corazón con un 10.8 por ciento, cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado con un 5.6 por ciento, asimismo las enfermedades hipertensivas con un 2.6 por ciento ³ ; todas y cada una de estas enfermedades se presentan en su gran mayoría por mantener una vida sedentaria dentro de la niñez y la adolescencia, se estima que del 10 al 16 por ciento de los casos de diabetes mellitus, cáncer de mama y de colon, así como el 22 por ciento de los casos de cardiopatía isquémica son atribuibles a llevar una vida sedentaria durante la niñez y la adolescencia ⁴ . La actividad física 60 minutos, al menos 2 veces por semana reduce importantes riesgos a la salud porque mejora el metabolismo de la glucosa, disminuye la grasa corporal y baja la tensión arterial. ⁵ El objetivo de este punto de acuerdo principalmente es hacer del ejercicio un hábito.

En el ámbito internacional los últimos cálculos de la OMS indican que en 2005 había en todo el mundo aproximadamente mil 600 millones de adultos (mayores de 15 años) con sobrepeso, al menos 400 millones de adultos obesos. Además, la OMS calcula que en 2015 habrá aproximadamente 2 mil 300 millones de adultos con sobrepeso y más de 700 millones con obesidad. En 2005 había en todo el mundo al menos 20 millones de menores de 5 años con sobrepeso. Aunque antes se consideraba un problema exclusivo de los países de altos ingresos, el sobrepeso y la obesidad están aumentando espectacularmente en los países de ingresos bajos y medios, sobre todo en el medio urbano.

La solución es derivada de los estudios en donde se crea la obesidad en nuestro país según la Confederación Nacional de Pediatría de México, se estima una prevalencia en edad escolar de 20 a 38 por ciento; y la obesidad infantil es un factor condicionante de obesidad en la vida adulta ya que aproximadamente un 80 por ciento de los adolescentes obesos presentarán obesidad en dicha etapa. Los períodos críticos para desarrollar obesidad son, etapa de lactante: primeros 2 años de vida; en etapa preescolar: entre los 5 y 6 años de vida; y en la adolescencia.

Considerando que en la etapa preescolar y escolar es cuando se forman los hábitos alimentarios y actitudes que predominarán durante toda la vida, es importante actuar modificando el estilo de vida desde etapas tempranas y de esta forma evitar o retrasar la aparición de enfermedades ya mencionadas. Además de evitar repercusiones psicológicas como depresión, ansiedad, baja autoestima y trastornos de adaptación social.

El objetivo de este punto de acuerdo es impactar a corto, mediano y largo plazo en el presupuesto destinado a la salud, que cada vez demanda más recursos para atender a pacientes de enfermedades que se originaron por los malos hábitos alimenticios y por la vida sedentaria. Fomentar en las nuevas generaciones y en los educandos de enseñanza básica, la práctica del ejercicio físico para que formen parte de su plan de vida, alejando así a las nuevas generaciones y a los educandos de la enseñanza básica, del consumo de alcohol y de las drogas; prevenir las enfermedades ya mencionadas y sobre todo el dar cumplimiento a realizar educación física los 60 minutos mínimo dos veces por semana ya previstos, aumentando así la calidad de vida de los y las mexicanas.

Por ello pido que dicho tema sea de principal importancia para considerar una medida de prevención de los estudiantes y de la población joven, en virtud de que en el plan de desarrollo 2007 y 2012 (PND) se están implementando acciones para estimular la formación y consolidación de una cultura deportiva dentro y fuera de las escuelas, en las ciudades y en el campo abarcando todos los grupos de edad, además del PND el gobierno federal con la finalidad de difundir la importancia y los beneficios de la realización de alguna actividad física, han puesto en marcha con apoyo de la Conade el programa Feria de la Actividad Física para Vivir Mejor, es de hacerse notar que en muchas ocasiones no se cumple con el programa de educación física, propuesto para las escuelas, por diversos temas, como lo son falta de docente, falta de infraestructura deportiva adecuada, es por ello que exhorto a las autoridades competentes a dar cumplimiento estricto a aplicar las actividades de educación física, como esta previsto en las distintas legislaciones y programas, 60 minutos por lo menos dos veces por semana, de tal manera que se fomente la actividad física en los niños, niñas y jóvenes de educación primaria y secundaria.

Resolutivo

Único. Se realice una respetuosa exhorto a la Secretaría de Educación Pública y a las autoridades competentes, a dar cumplimiento estricto del programa de educación física vigente y como esta previsto en las distintas legislaciones, en lo relativo a que todos los alumnos de todas las escuelas, en el nivel primaria y secundaria del país, apliquen el tener dos clases semanales de educación física, cada una de 60 minutos de duración, con el fin de combatir el sedentarismo, la falta de actividad física y la obesidad.

Notas: 1 Instituto Nacional de Salud Pública Encuesta Nacional en Salud y Nutrición , México, DF. 20062 Artículo 37 de la Ley General de Salud. Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión 2005 México DF.3 1/Tasa por 100 mil habitantes. Datos de defunciones INEGI/ Secretaría de Salud. Dirección General de Información en Salud.4 IMSS. 20085 Estrategia mundial sobre régimen alimentario, actividad física y salud.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados.

AEROLINEA AVIACSA

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Se concede el uso de la palabra al señor diputado Octavio Martínez Vargas, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar punto de acuerdo por el que exhorta alsecretario de Comunicaciones y Transportesa que otorgue un trato igualitario a la aerolínea Aviacsa respecto de las demás aerolíneas, y se le permita reestructurar su deuda para que siga operando.

El diputado Octavio Martínez Vargas : Muchas gracias, compañero presidente.

Les participo que si algo ha dado resultados en el foro ¿Qué hacer para crecer?, que ayer inició en el Senado de la República ---obviamente en el Castillo de Chapultepec---, fue que hay que cuidar los empleos en nuestro país. Eso fue el concentrado de la memoria de todas las participaciones de los ex mandatarios europeos y sudamericanos.

Pero este principio en nuestro país simplemente no opera: 3 mil 500 empleos están en riesgo por la intención del titular de la SCT de sacar de operación a una línea aérea nacional con patrimonio e inversiones de mexicanos, por haberse retrasado en los pagos de turbosina, como lo han hecho todas las líneas aéreas que funcionan en nuestro país.

Pero el principio de cumplir el derecho solamente opera para unos, y no para otros. Han estado insistiendo desde noviembre en sacar de operación a esta línea aérea. Incluso en las cláusulas que se convienen con ASA, con las distintas líneas aéreas, hay una que refiere que no se dará a conocer el monto del adeudo que tenga alguna empresa aérea.

Esto ha sido violado una y otra vez. Se han dado a conocer los montos que debe Aviacsa y nos los montos que debe Aeroméxico y Mexicana, cuando todos deben. Incluso el titular ha referido que acelerará el trámite jurídico para que Aviacsa deje de operar y les recomiende a los clientes que ya no compren más boletos. Algo inusual en el mundo.

Algo inusual, cuando el titular debería ser el encargado de poder favorecer, acercar financiamientos para que esta gente no pierda sus empleos, y para que una línea ejemplar ---reconocida por ellos mismos--- siga operando.

De tal suerte que este punto de acuerdo busca, compañeras legisladoras y compañeros legisladores, que el titular de la SCT se despoje de los intereses particulares que ha demostrado tener y actúe de manera imparcial, como lo ha hecho en otros momentos.

ASA ha suscrito convenios de reconocimiento de adeudo con otras líneas aéreas; ha suscrito convenios de reconocimiento de adeudos millonarios, por más de mil millones de pesos con otras líneas aéreas. Ahora se le plantea hacerlo con un monto mucho menor y que no rebasa los 300 millones de pesos, y dice simplemente ``no se puede''. ¿Quizá quieren darle los espacios, las rutas, los slots que tienen en el aeropuerto de la ciudad a otras líneas aéreas? Ésa es la pregunta que deben contestar.

Por eso este punto de acuerdo busca solicitar al titular que dé un trato igualitario a todas las empresas aéreas, sin detrimento del erario público. No nos interesa que se le dé ningún beneficio de esta naturaleza. Que le pague al Estado lo que debe con los intereses correspondientes, por supuesto, y que se cumplan las normas que establece ASA y las normas jurídicas que rigen ese tipo de relaciones contractuales. Pero por supuesto no podemos ser incongruentes en lo que decimos y en lo que hacemos.

Han dicho, han referido cuidar los empleos en nuestro país, y solamente se ha quedado en el discurso. Lo que hoy vemos es que quiere el Estado mexicano favorecer a los amigos de Luis Téllez, a los amigos presidentes de otras líneas aéreas, y dañar a las empresas nacionales, a las empresas con inversiones, por supuesto, que han estado vigiladas desde 1990.

Ojalá que podamos ser congruentes, compañero legislador, con cuidar 3 mil 500 empleos que genera esta actividad, y no simplemente ser irónicos y decir que se haga lo que el secretario diga.

Ese punto de acuerdo está solicitado inicialmente, presidente, para que se turne a comisión. Le pediría, por favor, que sea corregido el turno; se plantea de urgente u obvia resolución. Por su atención, muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar al titular de la SCT a otorgar un trato igualitario a Aviacsa respecto de las demás aerolíneas y permitirle reestructurar su deuda para que siga operando, a cargo del diputado Octavio Martínez Vargas , del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en la fracción III del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a consideración de la asamblea proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El mercado nacional aéreo ha tenido en los últimos años grandes cambios: apenas hace dos años, la población que utilizaba este tipo de transporte ascendía tan sólo a 2 por ciento, y había escasas opciones de vuelos con tarifas asequibles; tal era el caso de Aviacsa.

Al incorporarse las denominadas líneas aéreas de ``bajo costo'', el mercado cobró una nueva dinámica, en la que se favorecieron diversos destinos y actividades económicas nacionales, especialmente el turismo.

Desde julio del año pasado, los efectos del alza de la turbosina comenzaron a provocar que las aerolíneas cancelaran frecuencias y destinos, en busca de rentabilidad, hecho que golpeó los destinos turísticos mexicanos.

Y a finales del año pasado, el incremento de la turbosina y el escaso interés y apoyo justo del gobierno federal para todos los agentes económicos derivaron en el cierre de cinco aerolíneas, a la vez que se favoreció a otras.

De tal forma, en 2008 la actividad aérea se estancó, con un avance de sólo 0.9 por ciento, cuando un año antes creció al ritmo de 2 dígitos.

Al continuar en esta lógica, hoy nos encontramos con el hecho de que la aerolínea Aviacsa se halla continuamente amenazada por las acciones que ha tomado el actual secretario de Comunicaciones y Transportes (SCT) para obligar a que dicha empresa salga del mercado, y con esto favorezca otras empresas que le representan intereses personales, al grado que ha declarado: ``Quisiera reiterar a los consumidores y pasajeros que deben tener cuidado al comprar boletos en aerolíneas que están en esta situación porque pueden perder el boleto''. ¹

Aviacsa es una empresa mexicana que opera desde septiembre de 1990; comenzó a operar con una oferta de sólo 89 asientos, con el objetivo de cubrir rutas del sureste del país, como Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, Villahermosa, Mérida, Oaxaca, Chetumal y Cancún.

A cuatro años de su entrada se creó la división de vuelos chárter de Aviacsa, lo que se tradujo en el incremento de la oferta de rutas. Así se benefició la interconexión con el sureste del país y se favorecieron actividades como el turismo de negocios.

Desde 2000, Aviacsa cubre 25 destinos y cuenta con 26 aviones: 23 Boeing 737-200 con capacidad para 120 pasajeros y 3 Boeing 737-300 para 138.

Dicha empresa enfrenta una serie de conflictos financieros con el gobierno federal debido a deudas por concepto de combustible, tarifas de uso aeroportuario y servicios a la navegación en el espacio aéreo mexicano, los cuales totalizan más de 200 millones de pesos.

El 28 de octubre de 2008, Aviacsa logró un acuerdo de prepago con Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) mediante el cual liquida por adelantado su consumo de turbosina semanal. Con este esquema la aerolínea ha podido continuar en operación.

Junto con la medida anterior, Aviacsa ha ofrecido a la SCT garantías de bienes inmuebles, como se lo permite la normatividad vigente. Sin embargo, las autoridades se han negado a recibirlas.

De igual manera, la aerolínea acudió a Nacional Financiera para solicitar un préstamo de 30 millones de dólares sin que éste prosperara, lo cual pone en duda las causas de que se estén cerrando las puertas a esta aerolínea cuando otras que también se encuentran endeudadas con el gobierno federal. Sólo por mencionar un ejemplo: Aeroméxico reconoce una deuda por servicios aéreos que asciende a 160 millones de dólares. ²

Ayer se llegó al punto crítico de que ASA embargó 13 de los 26 aviones que componen la flota de Aviacsa. Además, el subsecretario de Transporte de la SCT, Humberto Treviño, declaró que la aerolínea está en riesgo de suspensión si no liquida lo que se adeuda en materia de combustible. Por su parte, el director de ASA, Gilberto López Meyer, señaló ayer que dicha dependencia podría poner a la venta las 13 aeronaves. ³

El conjunto de acciones emprendidas por la SCT deja entrever la posibilidad de un trato diferenciado hacia la aerolínea Aviacsa para obligarla al cierre y, de esa forma, favorecer otras aerolíneas para tomar las rutas que hasta ahora cubre la empresa. Prefieren embargar su fuente de ingresos como son las aeronaves que el predio ofrecido por la empresa, impidiendo así de antemano su desempeño en el giro aéreo.

Por ello, los legisladores invitamos al titular de la SCT a que dé un trato igualitario a la aerolínea Aviacsa, sin que esto implique daños al erario, y con arreglo a la ley, para que continúe operando y se evite así golpear al turismo del país, y se deje sin medio de sustento a más de mil 500 familias mexicanas.

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al secretario de Comunicaciones y Transportes a otorgar un trato igualitario a la aerolínea Aviacsa respecto al resto de las aerolíneas, y permitirle reestructurar su deuda y financiamiento para que continúe operando con estricto arreglo al marco jurídico y sin detrimento del erario público.

Notas: 1 El Financiero, 27 de enero de 2009. 2 El Financiero en línea (Notimex). El Universal, 27 de enero de 2009. 3 Excélsior, 27 de enero de 2009.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Gracias, diputado don Octavio Martínez Vargas. Consulte la Secretaría a la asamblea si es de considerarse de urgente resolución.

La Secretaria diputada Marcela Cuen Garibi : En votación económica se pregunta a la asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición. Los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

No hay dos terceras partes, presidente.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Túrnese a la Comisión de Comunicaciones de la Cámara de Diputados.

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA - MEXICO

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Se recibió del señor diputado Javier Calzada Vázquez, del Grupo Parlamentario del PRD, punto de acuerdo relativo a la reciente reunión de los presidentes de Estados Unidos de América y México.

La Secretaria diputada Marcela Cuen Garibi : «Proposición con punto de acuerdo, relativo a la reciente reunión de los presidentes de Estados Unidos de América y de México, a cargo del diputado Javier Calzada Vázquez, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado federal del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática ante la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta Comisión Permanente la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

1. La reunión celebrada en días pasados, entre el presidente electo estadounidense Barack Obama y el titular del Ejecutivo federal mexicano debe ser ubicada en el contexto de una creciente tradición de la diplomacia bilateral de que quien será el presidente de Estados Unidos se reúne con el mandatario mexicano antes de rendir protesta. El encuentro también ha sido visto por algunos analistas como una buena señal en la dirección correcta de poner a México nuevamente en la agenda de la unión americana.

2. Otros estudiosos de la relación bilateral han destacado que el carácter intempestivo del encuentro obedeció más bien a la creciente preocupación que existe, tanto de Obama como en los altos círculos políticos estadounidenses, por el debilitamiento de la seguridad en nuestra frontera norte y la inestabilidad económica y política de México. De acuerdo con versiones de funcionarios estadounidenses, nuestro país podría estar entrando en una situación de caos por el poder desbordado del narcotráfico y la crisis del sistema político, lo que nos coloca en una situación vulnerable, de la cual podría aprovecharse la nueva administración de Estados Unidos.

3. De lo que ha trascendido hasta el momento de la reunión, se menciona que Obama ofreció que su administración ``estará lista para trabajar en construir una relación más fuerte con México'' y apoyar una ``estrategia integral y considerada'' en materia de migración. El entonces candidato electo enfatizó su compromiso para trabajar con el Congreso y arreglar ``un sistema de inmigración disfuncional, y fomentar la migración segura, legal y ordenada''. Adicionalmente, Obama propuso la creación de un grupo de trabajo consultivo para tratar temas de importancia para ambas naciones, incluidos la actualización y mejoramiento del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), asuntos relacionados con la energía y la infraestructura, entre otros.

4. Contrariamente, es de destacarse la falta de iniciativa del mandatario mexicano para plantear una visión de mayor alcance en materia migratoria. Fue sorpresivo y preocupante que durante su mensaje final sobre la reunión, el titular del Ejecutivo federal de nuestro país haya omitido el tema migratorio, el cual es por mucho la principal preocupación para millones de connacionales, y haya centrado su discurso únicamente en el combate al crimen organizado, el terrorismo, y el tráfico de drogas, problemas sin duda también muy importantes para México.

5. Ciertamente, existen elementos que podrían suponer que las relaciones con nuestro vecino del norte experimentarán una mejoría. Este posible cambio ofrece una valiosa oportunidad que las autoridades mexicanas tendrían que aprovechar a fondo para introducir factores de racionalidad y provecho mutuo en la relación bilateral, invariablemente dominada por los intereses geoestratégicos y electorales de la clase política de Washington y los conglomerados trasnacionales de México y Estados Unidos.

6. No obstante la aparente buena voluntad de Obama, no será de ninguna manera sencillo que el tema migratorio se presente como una prioridad en aquella nación, más aún con la actual crisis que azota el sistema financiero en la unión americana. Adicionalmente, las posibles soluciones con relación al tema migratorio en aquella nación deberán pasar obligadamente por el Congreso, por lo que el gobierno mexicano debe establecer, desde ahora, un plan de acción coherente que toque, no sólo a la administración de Obama, sino también a los legisladores estadounidenses.

7. Pensamos que más que una alianza estratégica sobre seguridad, como fue planteada por el mandatario mexicano, lo que se requiere es plantear a Estados Unidos una agenda integral de desarrollo económico para nuestro país, que no se subordine a los intereses estadounidenses ni a las prioridades de las élites transnacionales de la región.

8. Sostenemos, por tanto, que la revisión del TLCAN debe abarcar otros asuntos fundamentales para México, como el libre tránsito de personas, los derechos humanos de los trabajadores migrantes, la subsidiariedad en el desarrollo económico, la seguridad alimentaria, las energías renovables y el cambio climático, el intercambio de tecnología, entre otros asuntos.

9. En este sentido, es de destacar que en días pasados los integrantes de la Mesa Directiva de la del Congreso de la Unión se reunieron con el embajador de Canadá en México y con el presidente del Senado de ese país. En dicho encuentro se acordó que legisladores de ambos países llevarán a cabo una amplia revisión del TLCAN durante la próxima reunión interparlamentaria, a celebrarse en fecha aún por definir.

10. Por todo lo anterior, la llegada a la presidencia de Obama y la crisis económica global son factores que convergen para abrir una ventana de oportunidad para repensar el modelo económico y de cooperación entre México y Estados Unidos. El Ejecutivo federal y el Congreso de la Unión debemos unir esfuerzos para exigir de Estados Unidos términos de negociación que favorezcan el desarrollo equitativo de nuestro país.

Por lo anteriormente expuesto, someto a esta soberanía la aprobación de la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión se congratula por la reciente reunión celebrada entre el titular del Ejecutivo federal mexicano y el presidente electo de Estados Unidos de América, y hace votos porque el encuentro de pie a una nueva etapa de cooperación entre ambos países.

Segundo. Exhorta al Ejecutivo federal a pugnar por llevar a la agenda de negociación bilateral y trilateral en América del Norte, tanto con los Ejecutivos como con los Congresos de Estados Unidos y Canadá, el tema migratorio, el libre tránsito de personas, los derechos humanos de los trabajadores migrantes, la subsidiariedad en el desarrollo económico, la seguridad alimentaria, las energías renovables y el cambio climático, y la transferencia de tecnología, entre otros asuntos.

Tercero. Exhorta también al titular del Ejecutivo federal para que incluya al Congreso de la Unión, y a todos los sectores sociales y económicos involucrados, en una amplia consulta sobre cuáles deben ser las prioridades de nuestro país en esta nueva etapa de cooperación trilateral con Estados Unidos y Canadá.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Túrnese a la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados.

ARTICULO 74 CONSTITUCIONAL

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: La presidencia recibió del diputado Carlos Altamirano Toledo, del Grupo Parlamentario del PRD, solicitud de excitativa a la Comisión de Puntos Constitucionales.

La Secretaria diputada Marcela Cuen Garibi : «Excitativa a la Comisión de Puntos Constitucionales, a solicitud del diputado Carlos Altamirano Toledo , del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 21, fracción XVI, 87 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le solicita respetuosamente que se formule excitativa a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, al tenor de los siguientes

Antecedentes

El jueves 4 de octubre de 2007 presenté iniciativa que deroga el párrafo cuarto de la fracción IV del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Dicha iniciativa, publicada en la Gaceta Parlamentaria número 2355-III fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales de la honorable Cámara de Diputados.

A más de un año de su presentación, la Comisión de Puntos Constitucionales no ha emitido el dictamen correspondiente.

Cabe resaltar el carácter plural de la iniciativa, pues fue suscrita por el diputado Carlos Rojas Gutiérrez y Moisés Alcalde Virgen de los grupos parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Acción Nacional respectivamente.

Consideraciones

La necesidad de eliminar la llamada partida secreta del artículo 74 de la carta magna conserva su vigencia, pues es una puerta a la opacidad y la discrecionalidad, incompatible a los principios de rendición de cuentas, transparencia y eficiencia del gasto público.

Por lo anteriormente expuesto, y considerando que las premisas contenidas en la iniciativa mencionada son de importancia para la transparencia del presupuesto de egresos, me permito someter a la consideración de esta asamblea la siguiente

Excitativa

Único. Se excita a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para que emita el dictamen de la iniciativa presentada el 4 de octubre de 2007 por el diputado Carlos Altamirano Toledo , que deroga el párrafo cuarto de la fracción IV de el artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

ARTICULO 74 CONSTITUCIONAL - LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA - LEY DE PLANEACION

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Asimismo, recibió del mismo diputado Carlos Altamirano Toledo, del Grupo Parlamentario del PRD, solicitud de excitativa a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Hacienda y Crédito Público.

La Secretaria diputada Marcela Cuen Garibi : «Excitativa a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Hacienda y Crédito Público, a solicitud del diputado Carlos Altamirano Toledo , del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado del Grupo Parlamentario de PRD, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 21, fracción XVI, 87 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita respetuosamente que se formule excitativa a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, al tenor de los siguientes

Antecedentes

El martes 24 de abril de 2007 presenté la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y abroga la Ley de Planeación.

La referida iniciativa fue turnada a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Hacienda y Crédito Público, y se publicó en la Gaceta Parlamentaria número 2239-VI.

Aunque ha transcurrido un tiempo considerable desde su presentación, las comisiones referidas no han emitido el dictamen correspondiente.

Consideraciones

A la fecha es pertinente y necesario establecer en nuestro marco constitucional y legal un nuevo proceso presupuestal de forma que el conjunto de etapas de planeación, programación presupuestación, ejercicio, control, fiscalización y evaluación de las finazas públicas supere los elementos discrecionales y las inconsistencias que mantiene en la actualidad.

Para tal efecto se promueve otorgar al legislativo facultades de revisión y aprobación del Plan Nacional de Desa-rrollo, integrando además las disposiciones de la Ley de Planeación en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Por lo expuesto, y considerando que el plazo para dictaminar esta iniciativa ha sido suficiente, el suscrito somete a la consideración de esta asamblea la siguiente

Excitativa

Único. Se excita a la Comisión de Puntos Constitucionales para que emita el dictamen de la iniciativa presentada el martes 24 de abril de 2007 por el diputado Carlos Altamirano Toledo que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y abroga la Ley de Planeación.

LEY DEL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Se recibió también del mismo diputado Carlos Altamirano Toledo, del Grupo Parlamentario del PRD, solicitud de excitativa a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

La Secretaria diputada Marcela Cuen Garibi : «Excitativa a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, a solicitud del diputado Carlos Altamirano Toledo , del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado del Grupo Parlamentario de PRD, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 21, fracción XVI, 87 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita respetuosamente que se formule excitativa a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, al tenor de los siguientes

Antecedentes

El miércoles 26 de marzo de 2008 presenté la iniciativa que reforma el artículo 6 de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU).

Dicha iniciativa fue turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la honorable Cámara de Diputados y se publicó en la Gaceta Parlamentaria número 2471-II, del miércoles 26 de marzo de 2008.

A más de un año de su presentación, la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la honorable Cámara de Diputados no ha emitido el dictamen correspondiente.

Consideraciones

Es necesario destacar que el compromiso del estado mexicano con el medio ambiente y el desarrollo de actividades económicas que promueven un uso racional y sustentable de los bosques no ha perdido vigencia y sin duda existe un impacto negativo del esquema fiscal del IETU en el caso específico que se comenta.

Por lo expuesto, y considerando la pertinencia de realizar la modificación propuesta en beneficio general de la población mexicana y de los grupos de campesinos que realizan actividades no depredadoras de los bosques, el suscrito somete a la consideración de esta asamblea la siguiente

Excitativa

Único. Se excita a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de esta soberanía para que emita el dictamen de la iniciativa presentada el 26 de marzo de 2008 por el diputado Carlos Altamirano Toledo que reforma el artículo 6 de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única.

ARTICULO 74 CONSTITUCIONAL

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: La Presidencia recibió del mismo diputado Carlos Altamirano Toledo, del Grupo Parlamentario del PRD, solicitud de excitativa a la Comisión de Puntos Constitucionales.

La Secretaria diputada Marcela Cuen Garibi : «Excitativa a la Comisión de Puntos Constitucionales, a solicitud del diputado Carlos Altamirano Toledo , del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado del Grupo Parlamentario de PRD, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 21, fracción XVI, 87 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita respetuosamente que se formule excitativa a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, al tenor de los siguientes

Antecedentes

El jueves 26 de abril de 2007 presenté la iniciativa que reforma el artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Dicha iniciativa, publicada en la Gaceta Parlamentaria número 2241-VIII, fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales de la honorable Cámara de Diputados.

A casi dos años de su presentación, la Comisión de Puntos Constitucionales no ha emitido el dictamen correspondiente.

Consideraciones

La necesidad de reformar el artículo 74 de la Carta Magna conserva su vigencia, pues en el año de su renovación el Poder Ejecutivo desarrolla desahogadamente el proceso de elaboración presupuestal, mientras el Poder Legislativo se ve obligado a ejercer sus facultades constituciones con tiempo insuficiente para la reflexión y análisis del proyecto de decreto correspondiente; razones por las cuales es necesario modificar el calendario de elaboración presupuestal y la intervención del presidente electo.

Por lo expuesto, y considerando que las premisas contenidas en la iniciativa mencionada son de importancia para el mejoramiento del proceso de presentación, discusión y aprobación presupuestal, me permito someter a consideración de esta asamblea la siguiente

Excitativa

Único. Se excita a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión para que emita el dictamen de la iniciativa presentada el 26 de abril de 2007 por el diputado Carlos Altamirano Toledo que reforma el artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: De conformidad con lo que establece el artículo 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos,se excita a las comisiones mencionadas para que emitan los dictámenes correspondientes.

Continúe la Secretaría con el orden del día.

ORDEN DEL DIA

El Secretario senador Ramiro Hernández García: « Comisión Permanente.--- Primer Receso.--- Tercer Año de Ejercicio.--- LX Legislatura.

Orden del día

Domingo 1o. de febrero de 2009.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones

Intervención de los presidentes de las comisiones de trabajo de la Comisión Permanente.

Informe sobre las actividades realizadas por la Comisión Permanente.

Mensaje del Presidente de la Comisión Permanente.

Declaratoria de la terminación formal de los trabajos de la Comisión Permanente.»

CLAUSURA Y CITATORIO

El Presidente diputado César Duarte Jáquez (a las 16:48 horas): Muchas gracias, senador secretario. Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el próximo domingo, 1 de febrero, a las 10: 00 horas, en este mismo recinto.

Les rogamos puntualidad, porque de aquí iremos a las próximas sesiones.

Es cuanto y muchas gracias.

--------------- O ---------------

RESUMEN DE TRABAJOS

• Tiempo de duración: 4 horas 57 minutos
• Quórum a la apertura de sesión: 25 legisladores
• Diputados que solicitan licencia: 3
• Comisiones reglamentarias y protocolarias: 1
Legisladores por grupo parlamentario que participaron durante la sesión: 70PAN-18 PRD-29 PRI-13 Convergencia-8 PVEM-1 Nueva Alianza-1 Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos-1
• Se recibieron:
• 1 oficio de la Sociedad Hipotecaria Federal con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente;
• 1 oficio del Instituto Nacional de Antropología e Historia con el que remite contestación a puntos de acuerdo aprobados por la Comisión Permanente;
• 1 oficio del Congreso del estado de Durango con el que remite acuerdo;
• 1 oficio de la Asamblea Legislativa delDistrito Federal;
• 1 oficio de la Comisión Nacional del Aguacon el que remite contestación a puntos de acuerdo aprobados por la Comisión Permanente;
• 1 informe de la Comisión de Cultura;
• 1 oficio de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos;
• 2 oficios del Banco de México;
• 1 oficio de la Dirección General de Petróleos Mexicanos;
• 1 oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;
• 1 oficio de la Secretaría de Gobernacióncon el que comunica que elPresidente de los Estados Unidos Mexicanos, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, se ausentará del territorio nacional del 27 de enero al 1o. de febrero de 2009, a efecto de participar en la Reunión Anual del Foro Económico Mundial en Davos, Suiza;
• 1 oficio de la Secretaría de Gobernacióncon el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Senadores
• 1 iniciativa del Congreso del estado de San Luis Potosí;
• 30 proposiciones con puntos de acuerdo;
• 4 excitativas a comisiones;
• 4 iniciativas del PAN;
• 1 iniciativa del PRD;
• 1 iniciativa del PRI.
• Dictámenes de primera lectura:
• 2 de la Primera Comisión, con proyectos de decreto que conceden los permisos constitucionales necesarios para que los ciudadanos Manlio Favio Pano Mendoza y Sergio Agustín de la Maza Jiménez puedan aceptar y desempeñar los cargos de cónsul honorario de la República de Polonia en la Ciudad de Acapulco, con circunscripción consular en los Estados de Guerrero, Michoacán y Oaxaca; y de cónsul honorario de Rumanía en la ciudad de Veracruz, con circunscripción consular en los estados de Chiapas, Tabasco y Veracruz;
• 1 de la Primera Comisión, con proyectos de decreto que conceden los permisos constitucionales necesarios para que cuatro ciudadanos puedan prestar servicios en diversas representaciones diplomáticas.
• Dictámenes aprobados:
• 2 de la Primera Comisión, con proyectos de decreto que conceden los permisos constitucionales necesarios para que los ciudadanos Manlio Favio Pano Mendoza y Sergio Agustín de la Maza Jiménez puedan aceptar y desempeñar los cargos de cónsul honorario de la República de Polonia en la Ciudad de Acapulco, con circunscripción consular en los Estados de Guerrero, Michoacán y Oaxaca; y de cónsul honorario de Rumanía en la ciudad de Veracruz, con circunscripción consular en los estados de Chiapas, Tabasco y Veracruz;
• 1 de la Primera Comisión, con proyectos de decreto que conceden los permisos constitucionales necesarios para que cuatro ciudadanos puedan prestar servicios en diversas representaciones diplomáticas
• 1 de la Primera Comisión, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Secretario de Seguridad Pública a evaluar la seguridad, desempeño y funcionalidad del transponder integrado en la calcomanía del Registro Público Vehicular, contratado mediante licitación pública;
• 1 de la Primera Comisión, con punto de acuerdo para exhortar al titular del Poder Ejecutivo federal a suspender la aplicación del decreto que establece las condiciones para la importación definitiva de vehículos usados, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de diciembre de 2008;
• 1 de la Primera Comisión, con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Gobernaciónque extienda por 30 días hábiles el plazo para el registro de los ex trabajadores migratorios;
• 1 de la Primera Comisión, con punto de acuerdo para exhortar a las autoridades federales y del estado de Coahuila a investigar la desaparición del ciudadano Sergio Gabriel León Castillo;
• 1 de la Primera Comisión, con punto de acuerdo para exhortar a la Procuraduría General de la Repúblicaa declarar el no ejercicio de la acción en contra de Lucía Andrea Morett Álvarez;
• 1 de la Primera Comisión, con punto de acuerdo a proposición presentada en la sesión del 22 de diciembre de 2008para exhortar a los titulares de las Secretarías de Gobernación y del Trabajo y Previsión Social a realizar gestiones ante las autoridades correspondientes, a efecto de que se libere de manera inmediata al presidente del Consejo de Vigilancia del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana e informen sobre el conflicto con el Grupo Minero México;
• 1 de la Primera Comisión, con punto de acuerdo para exhortar al titular del Poder Ejecutivo federal a suspender la aplicación del decreto que establece las condiciones para la importación definitiva de vehículos usados, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de diciembre de 2008;
• 1 de la Segunda Comisión, con punto de acuerdo para exhortar al Instituto Nacional de Antropología e Historia y al gobierno del estado de México a establecer una mesa de trabajo con los tres niveles de gobierno, organizaciones sociales y especialistas para preservar la integridad de la zona arqueológica de Teotihuacán;
• 1 de la Segunda Comisión, con punto de acuerdo para que el Instituto Nacional de Antropología e Historia reintegre a su lugar de origen diversas obras de arte sacro pertenecientes a templos católicos del municipio de Teotihuacán, estado de México;
• 1 de la Segunda Comisión, con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanenterechaza la decisión del ex presidente de Estados Unidos, George Bush, de conmutar la sentencia a dos ex agentes de la patrulla fronteriza estadounidense que ocasionaron serios daños al connacional Oswaldo Aldrete Dávila;
• 1 de la Segunda Comisión, con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanentesolicita a la Secretaría de Educación Públicaque analice la posibilidad de una prórroga la aplicación del acuerdo 358 que establece el programa especial 2005-2009 para la acreditación de la educación preescolar en elDistrito Federal;
• 1 de la Tercera Comisión, con punto de acuerdo por el que se solicita información alsecretario de Medio Ambiente y Recursos Naturalesy al Director General de la Comisión Federal de Electricidad, Alfredo Elías Ayub, en relación con el proyecto de geotermia en el bosque La Primavera, en Jalisco;
• 1 de la Tercera Comisión, con punto de acuerdo para exhortar al titular del Poder Ejecutivo federal a informar a la Comisión Permanentea través de la Secretaría de Saludsobre los criterios del Programa Caravanas de la Salud en 2009;
• 1 de la Tercera Comisión, con punto de acuerdo para exhortar al Consejo de Administración de la Comisión Federal de Electricidada equiparar el precio de compra del carbón mineral nacional respecto al internacional;
• 1 de la Tercera Comisión, con punto de acuerdo para exhortar al titular del Ejecutivo del estado de Baja California Sur a cumplir los acuerdos entre el gobierno estatal y el personal de custodia penitenciaria de esa entidad;
• 1 de la Tercera Comisión, con punto de acuerdo por el que se solicita a la jefa delegacional en Miguel Hidalgo que envíe un informe detallado sobre los alcances del proyecto de construcción de los deprimidos en Reforma-Palmas y Ferrocarril de Cuernavaca-Ejército Nacional en la Ciudad de México y los motivos por los cuales se ha negado a dar información, así como disipar dudas y temores de los vecinos de esa demarcación;
• 1 de la Tercera Comisión, con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal a emprender la reactivación de la industria de fertilizantes, aprobada como parte de la reforma energética y beneficiar a los productores agropecuarios;
• 1 de la Tercera Comisión, con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financierosy al Sindicato Nacional de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana a informar a esta soberanía sobre el conocimiento y medida adoptada respecto a los fondos del Fideicomiso Bancario 56342/FID/III/06;
• 1 de la Tercera Comisión, con punto de acuerdo para exhortar al titular del Poder Ejecutivo federal a instruir a la Secretaría de Agricultura para efectuar un estudio técnico sobre la viabilidad del cultivo de especies florales e introducirlas a la industria cosmética y el mercado internacional de flores de ornato;
• 1 de la Tercera Comisión, con punto de acuerdo por el que se solicita a los titulares de las Secretarías de Comunicaciones y Transportes y de la Función Pública, a informar a la Comisión Permanentesobre los avances, cumplimiento y ejecución del Programa y el Fondo Nacional de Infraestructura, respectivamente;
• 1 de la Tercera Comisión, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a incluir el gas natural en el Acuerdo Nacional en Defensa de la Economía Familiar y del Empleo, para que fije un precio único para todo 2009;
• 1 de la Tercera Comisión, con punto de acuerdo para ampliar el Servicio de Guardería Infantil por un periodo de seis meses posteriores a la pérdida del empleo;
• 1 de la Tercera Comisión, con punto de acuerdo para exhortar al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacióna cumplir los principios de libre competencia y libre concurrencia en el mercado de guayaba del estado de Aguascalientes;
• 1 de la Tercera Comisión, con punto de acuerdo para exhortar a las dependencias del Ejecutivo federal a ejecutar las obras y acciones señaladas en el decreto del Presupuesto de Egresos para 2009;
• 1 de la Tercera Comisión, con punto de acuerdo para exhortar al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturalesa revisar e investigue respecto a los términos en que se realizó la entrega de la playa Miramar, en Tampico, Tamaulipas, a la Sección Uno del Sindicato Nacional de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana;
• 1 de la Tercera Comisión, con punto de acuerdo para exhortar al titular de la Secretaría de Educación Públicay a la directora general de Educación Indígena a pagar los salarios vencidos y demás prestaciones a que tienen derecho los 65 trabajadores adscritos a la Dirección General de Educación Indígena que se encuentran luchando por mejores condiciones laborales;
• 1 de la Tercera Comisión, con punto de acuerdo relativo a la problemática de la sigatoka negra de los cultivos de plátano del estado de Jalisco;
• 1 de la Tercera Comisión, con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal a informar a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturalesy de la Comisión Nacional del Aguasobre el efecto y las comunidades afectadas por las medidas de restricción del suministro de agua de enero a mayo, en particular en la zona hidrológica-administrativa del Valle de México;
• 1 de la Tercera Comisión, con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal a acordar a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Públicola ampliación del horario de aplicación de la tarifa eléctrica 9N para el uso agrícola a las 24 horas;
• 1 de la Tercera Comisión, con punto de acuerdo para solicitar al Comité Técnico que Administra el Fideicomiso del Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos que otorgue una prórroga para continuar con el registro en la XXXVII mesa receptora en el país;
• 1 de la Tercera Comisión, con punto de acuerdo para exhortar al gobierno del estado de Nayarit y a la Secretaría de Desarrollo Sociala proporcionar la atención necesaria en materia de salud, educación y alimentación a las niñas, niños y adolescentes jornaleros;
• 1 de la Tercera Comisión, con punto de acuerdo relativo a las insuficiencias e irregularidades en la implantación del Programa Proárbol;
• 1 de la Tercera Comisión, con punto de acuerdo para exhortar al Banco de México, al Ejecutivo federal, a las instituciones de crédito y a los usuarios de los servicios financieros, en materia de tasas de interés;
• 1 de la Tercera Comisión, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a modificar las disposiciones que regulan la importación de vehículos del extranjero y la aplicación del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de diciembre de 2008;
• 1 de la Tercera Comisión, con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal a modificar, a través del Servicio de Administración Tributariay su Administración General de Aduanas, la Regla 2.7.2., relativa a la franquicia mercancía de pasajeros y el programa Paisano, a fin de que comprendan el mismo periodo durante todo el año;
• 1 de la Tercera Comisión, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Federal de Electricidady a la Compañía Luz y Fuerza del Centro a evitar y sancionar el robo de energía eléctrica en el país;
• 1 de la Tercera Comisión, con punto de acuerdo por el que se desecha proposición por la que se exhorta a la Secretarías de Comunicaciones y Transportes y de Seguridad Pública a implantar un programa para salvaguardar la integridad física de los usuarios en carreteras y autopistas nacionales durante la temporada vacacional navideña;
• 1 de la Tercera Comisión, con punto de acuerdo por el que se desecha la proposición para exhortar al Ejecutivo federal a considerar, a través de la Secretaría de Energíay de Petróleos Mexicanos, la instalación de la refinería anunciada por el Presidente de la República y la construcción de un complejo petroquímico en el estado de Tabasco;
• 1 de la Tercera Comisión, con punto de acuerdo por el que se desecha proposición por la que se solicita la comparecencia del titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportespara que informe y explique las medidas y acciones realizadas y las que emprenderá el gobierno federal a efecto de construir y licitar legal y transparentemente la nueva terminal de contenedores del puerto de Manzanillo, así como para explicar la carencia de acciones relativas a la construcción del puerto Manzanillo 2 en la laguna de Cuyutlán, en Colima.

DIPUTADOS QUE PARTICIPARON DURANTE LA SESION
(en orden alfabético)

• Aguilar Coronado, Marco Humberto (PAN) Franja de Gaza: 205
• Aguilar Coronado, Marco Humberto (PAN) Ley del Seguro Social: 184
• Aguilar Coronado, Marco Humberto (PAN) Importación de vehículos usados: 89
• Altamirano Toledo, Carlos(PRD) Artículo 74 constitucional - Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria - Ley de Planeación: 276
• Altamirano Toledo, Carlos(PRD) Estado de Oaxaca: 200
• Altamirano Toledo, Carlos(PRD) Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única: 276
• Altamirano Toledo, Carlos(PRD) Artículo 74 constitucional: 275, 277
• Antuña Batista, Fidel(PAN) Día Nacional de la Juventud: 177
• Antuña Batista, Fidel(PAN) Estado de Yucatán: 215
• Antuña Batista, Fidel(PAN) Islas Marías: 249
• Antuña Batista, Fidel(PAN) Ley Federal del Derecho de Autor: 167
• Bracho González, Carlos (PAN) Prisión de Guantánamo: 241
• Bracho González, Carlos Augusto(PAN) Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores: 182
• Bravo Padilla, Itzcóatl Tonatiuh (PRD) Precio del diesel: 233
• Calzada Vázquez, Francisco Javier(PRD) Estado de Aguascalientes: 125
• Calzada Vázquez, Francisco Javier(PRD) Ex trabajadores migratorios: 142
• Calzada Vázquez, Francisco Javier(PRD) Importación de vehículos usados: 89
• Calzada Vázquez, Francisco Javier(PRD) Industria siderúrgica: 230
• Calzada Vázquez, Francisco Javier(PRD) Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana: 88
• Calzada Vázquez, Francisco Javier(PRD) Diesel agropecuario y marino: 223, 226
• Calzada Vázquez, Javier (PRD) Estados Unidos de América-México: 273
• Cárdenas Márquez, Elías(Convergencia) Periodista Miguel Agustín Badillo Cruz: 247
• Castro Trenti, Fernando (PRI) Artículo 131 constitucional: 171
• Contreras Julián, Maricela(PRD) Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente: 174
• Cué Monteagudo, Gabino (Convergencia) Diesel agropecuario y marino: 222
• Cué Monteagudo, Gabino (Convergencia) Estado de Oaxaca: 203
• Cué Monteagudo, Gabino (Convergencia) Ex trabajadores migratorios: 143
• Cuen Garibi, Marcela(PAN) Diesel agropecuario y marino: 222
• Cuen Garibi, Marcela(PAN) Personas adultas mayores - Personas con discapacidad: 213
• Duarte Jáquez, César (PRI) Diesel agropecuario y marino: 220
• Escajeda Jiménez, José Rubén(PRD) Estado de México: 92
• Escajeda Jiménez, José Rubén(PRI) Acuerdo Nacional en favor de la Familia Rural y el Empleo para Vivir Mejor: 193
• Escajeda Jiménez, José Rubén(PRI) Diesel agropecuario y marino: 227
• Escajeda Jiménez, José Rubén(PRI) Ex trabajadores migratorios: 143
• García González, Carlos Alberto(PAN) Estado de Tamaulipas: 197
• Hernández García, Ramiro (PRI) Tráfico de armas: 211
• Laviada Hernández, Íñigo Antonio (PAN) Autopista México-Tuxpan: 263
• Limas Frescas, María Soledad(PAN) Educación física: 268
• López Lena Cruz, Humberto(Convergencia) Estado de Oaxaca: 261, 267
• Luna Becerril, Blanca(Nueva Alianza) Homicidios - Infidelidad conyugal: 239
• Martínez Vargas, Octavio(PRD) Aerolínea Aviacsa: 271
• Martínez Vargas, Octavio(PRD) Agencia de Noticias del Estado Mexicano: 259
• Martínez Vargas, Octavio(PRD) Diesel agropecuario y marino: 223
• Martínez Vargas, Octavio(PRD) Tasas de interés bancarias: 151
• Mejía González, Raúl José (PRI) Diesel agropecuario y marino: 223
• Orihuela Bárcenas, José Ascensión (PRI) Agencia de Noticias del Estado Mexicano: 264
• Orihuela Bárcenas, José Ascensión (PRI) Diesel agropecuario y marino: 222, 225, 226
• Orozco Gómez, Javier (PVEM) Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte: 191
• Ortuño Gurza, María Teresa (PAN) Diesel agropecuario y marino: 224, 229
• Rivero Rivero, Rolando(PAN) Ex trabajadores migratorios: 142
• Rueda Sánchez, Rogelio (PRI) Diesel agropecuario y marino: 222
• Rueda Sánchez, Rogelio Humberto (PRI) Economía familiar y el empleo: 255
• Soberanes Fernández, José Luis (Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos) Comisión Nacional de los Derechos Humanos: 62
• Velasco Oliva, Jesús Cuauhtémoc(Convergencia) Diesel agropecuario y marino: 223
• Velasco Oliva, Jesús Cuauhtémoc(Convergencia) Periodistas Ana Lilia Pérez y Miguel Badillo: 235
• Velásquez López, Rubén Fernando (PRD) Estado de México: 207
• Velázquez López, Rubén Fernando (PRD) Día del Odontólogo: 265
• Velázquez López, Rubén Fernando (PRD) Diesel agropecuario y marino: 227
• Velázquez López, Rubén Fernando (PRD) Foro México ante la crisis ¿Qué hacer para crecer?: 242
• Velázquez López, Rubén Fernando (PRD) México - Estados Unidos de América: 246
• Villanueva Albarrán, Gerardo(PRD) Diesel agropecuario y marino: 224
• Villanueva Albarrán, Gerardo(PRD) Fondo Nacional de Prevención de Desastres: 214
• Villanueva Albarrán, Gerardo(PRD) Importación de vehículos usados: 90
• Villanueva Albarrán, Gerardo(PRD) Lucía Andrea Morett Álvarez: 82
• Villanueva Albarrán, Gerardo(PRD) Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana: 87
• Villarreal García, Luis Alberto (PAN) Diesel agropecuario y marino: 223, 225