• Morelos, por los que dan dos contestaciones a puntos de acuerdo aprobados en la Cámara de Diputados. Se remiten a la Comisión de Asuntos Indígenas, para su conocimiento.

• Tabasco, con el que envía punto de acuerdo relativo al horario de verano. Se turna a la Comisión de Gobernación.

• El alta del diputado Carlos Sánchez Barrios como secretario de la Comisión Especial del Café. En votación económica, la asamblea lo aprueba.

• La baja del diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva como integrante de la Comisión de Recursos Hidráulicos y su alta como integrante de la Comisión del. De enterado.

• Diversas disposiciones de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación, presentada por el senador René Arce Islas, del Partido de la Revolución Democrática. Se turna a la Comisión de Economía.

• Minuta con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y de la Ley General de Vida Silvestre. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

• Adiciona la fracción VII al artículo 2o. de la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

• Reforma el primer párrafo y adiciona un último párrafo al artículo 36 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. Se turna a la Comisión de Transportes.

``Si bien se han logrado avances en el combate a la pobreza y la marginación, la desigualdad regional sigue siendo un problema imperante que requiere de acciones inmediatas por parte de los tres órdenes de gobierno.

El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 establece que la naturaleza y conformación del pacto fiscal, en un sistema federalista, constituye una piedra angular para alcanzar una estabilidad macroeconómica y un crecimiento equilibrado que se traduzca en una mejor calidad de vida y en la disminución de la pobreza y la marginación.

La reforma fiscal 2007 tuvo como uno de sus propósitos centrales la búsqueda responsable de recursos y la fiscalización de estos para destinarlos, fundamentalmente a cubrir las necesidades de las zonas más pobres del país.

Dentro de la coordinación que existe entre los poderes federales con los locales, para la atención y solución de la diversa problemática social del país, es necesaria la colaboración y participación de los dos órdenes coextensos a efecto de llevar a cabo el estricto cumplimiento de las reformas a la Ley de Coordinación Fiscal recientemente aprobadas por el honorable Congreso de la Unión''.

• Se trabaja de manera coordinada con todas las áreas integrantes de esta dependencia para dar cabal cumplimiento a los compromisos adquiridos con la suscripción del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad.

• Desprendido de lo anterior, se trabaja en la creación del centro de evaluación y control de confianza en la entidad.

• Se aplican evaluaciones de control de confianza al personal operativo de la Secretaría de Seguridad Pública.

• En cuanto hace al perfeccionamiento de los mecanismos de selección y capacitación de los elementos, se elabora un protocolo de selección de personal, en el que se incluye la definición de perfil de ingreso.

• Se establece la evaluación permanente para personal de nuevo ingreso, informando al respecto que el curso de formación inicial ha sido totalmente actualizado y está en proceso el curso de formación continua.

• En cuanto a la activación del servicio policial de carrera, se encuentran en etapa de revisión los manuales de organización y procedimientos para iniciar con ello su puesta en marcha.

• Por último, se está en espera de la publicación de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a efecto de realizar las correspondientes adecuaciones en la normatividad estatal de la materia.

• La elaboración de un programa de capacitación para agentes del Ministerio Público de las Unidades de Secuestro. Cabe destacar que de conformidad con el numeral 4 de la citada estrategia, en el apartado correspondiente a agentes del Ministerio Público, se señala como instructores al Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), a expertos de las Procuradurías Generales de Justicia de los estados y a especialistas internacionales. En su caso PGR participaría en el rubro de capacitación a través de la Dirección General de Profesionalización.

• Se diseño un protocolo de actuación del Ministerio Público, a cargo de la Unidad Especializada en la Investigación de Secuestro de la SIEDO, el cual fue entregado en la sesión extraordinaria de la conferencia en cita.

• Adquieran los conocimientos, habilidades y actitudes que les permitan responder con eficacia y prontitud ante el delito de secuestro.

• Actúen bajo criterios y estrategias homologadas que les permitan investigar e intervenir de manera eficaz en el delito de secuestro, brindando una adecuada atención a las víctimas, actuando con estricto apego al marco jurídico y respeto a los derechos humanos.

• Integren la averiguación previa, relacionada con el delito de secuestro, fundada en medios de pruebas suficientes obtenido a través de diligencias, cateos, arraigos, intervenciones de comunicaciones privadas, dictámenes de peritos, entre otros, que lleven a ejercer acción penal en contra de los probables responsables y a obtener sentencias condenatorias.

• La corresponsabilidad familiar. Está dirigido a promover que las empresas establezcan flexibilidad en sus políticas de espacios laborales, en las jornadas de trabajo, y otorguen permisos y servicios que apoyen a las y los trabajadores en la atención de sus responsabilidades familiares.

• La equidad de género. Busca valorar si la empresa distribuye equitativamente entre mujeres y hombres las oportunidades y recursos laborales: el acceso y permanencia en el empleo, los salarios, compensaciones y otros incentivos económicos; las oportunidades de capacitación y desarrollo profesional; la promoción jerárquica y los ascensos; el fomento de una cultura de equidad y combate a la discriminación sexual, entre otros.

• El combate contra la violencia laboral y contra el hostigamiento sexual. Se orienta a prevenir y eliminar las prácticas de violencia física y psicológica; el acoso moral o mobbing así como el hostigamiento sexual en el trabajo.

• Igualdad y no discriminación. Incluye prácticas de igualdad laboral en materia de reclutamiento, selección, promoción y permanencia en el trabajo; salarios, incentivos y compensaciones iguales por trabajos de igual valor.

• Clima laboral. Incluye valorar la ausencia de violencia laboral así como la satisfacción de las y los empleados en el espacio laboral.

• Accesibilidad y ergonomía. Busca que las empresas tengan políticas, infraestructura y equipamiento de accesibilidad universal.

• Libertad. Valora la libertad y la autonomía sindical.

• Previsión social. Incluye prácticas de formación y capacitación así como las correspondientes a corresponsabilidad trabajo-familia.

• Esquemas o políticas flexibles de armado de los horarios, adelantar o atrasar horas de entrada y salida, horas-permiso para atender deberes de maternidad o paternidad.

• Combinar jornadas u horas de trabajo en la empresa y en el hogar.

• Facilitar el cambio de adscripción a filiales de la empresa más cercana al hogar de la trabajadora o el trabajador.

• Bonos o días por matrimonio, bonos o ayudas en especie por nacimiento o adopción de hijas o hijos.

• Licencia de paternidad.

• Apoyos en dinero para gastos familiares extraordinarios.

• Servicios de guardería para descendientes de trabajadoras y trabajadores.

• Mecanismos para las y los trabajadores que deban proveer cuidados familiares a personas adultas mayores o enfermas.

• Programas deportivos, culturales, etc. que concilien la vida laboral y familiar, así como actividades de verano para las y los trabajadores y sus familias.

• Adopción de conceptos relacionados con el tema en los documentos básicos de la institución o empresa.

• Difusión amplia de las políticas, programas y acciones que se desarrollen para propiciar la corresponsabilidad trabajo-familia.»

Único. La Cámara de Diputados exhorta de manera respetuosa al Ejecutivo federal y a los gobiernos de las entidades federativas y del Distrito Federal a poner en marcha campañas de difusión y estudios cuantitativos y cualitativos, a fin de que exista un diagnóstico para diseñar políticas públicas eficaces que combatan la trata de personas.

• Promover institucionalmente la definición, atención y denuncia de la trata de personas en cualquiera de sus formas.

• Organizar mesas de trabajo institucionales internas, participando diversas áreas, con motivo de promover mecanismos de conocimiento y operación, a fin de prevenir, detectar y neutralizar organizaciones relacionadas con la trata de personas.

• Promover la creación de una biblioteca, compilando material bibliográfico, hemerográfico y videográfico con un fin de consulta permanente para las actividades propias del tema.

• Promoción de campañas publicitarias internas y externas en torno de la trata de personas, promoviendo la información, denuncia y capacitación (spots, folletos, trípticos, pláticas, conferencias, etcétera).

• Diseñar y realizar programas de vinculación ciudadana en materia de prevención de delitos y seguridad.

• Generar a través de mesas de trabajo programas de promoción y capacitación a instituciones públicas y gubernamentales (Instituto Nacional de Migración, Instituto Nacional de las Mujeres, DIF, Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados de la Secretaría de Gobernación, Policía Federal Preventiva, Procuraduría General de la República y Secretaría de Educación Pública, entre otras) respecto al problema de la trata de personas, estableciendo intercambio de información, colaboración y mecanismos de promoción e información a la ciudadanía, como medio de involucramiento para la erradicación del delito.

• Promover e impulsar mesas de trabajo con ONG y centros de investigación (Fundación Unidas para Ayudar, Sin Fronteras, IAP, Centros Fray Bernardino, Casa del Migrante, Centro Fray Matías de Córdoba y Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, entre otras), a fin de generar mecanismos de trabajo, colaboración y asesoramiento en el tema de la trata de personas.

• Solicitar y establecer mesas de trabajo con organismos e instituciones internacionales (Organización de las Naciones Unidas, Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, entre otras), fomentando el intercambio de información a escala internacional, con flujos y tendencias de la migración de la trata de personas y su afectación a México.

• Impulsar y establecer mecanismos eficaces en materia de comunicación y enlace con autoridades de diferentes países (Brasil, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Argentina, Honduras y Estados Unidos de América) en materia de seguridad pública, a efecto de tornar eficiente el intercambio de información que contribuya a establecer líneas de acción de acuerdo con sus facultades y funciones, estableciendo mecanismos de trabajo transfronterizos.

• Promoción de campañas para la prevención de trata de personas con las empresas en el país, en los ramos hotelero, transportista (pasajeros y de carga) y ferroviario.

• Obtención de canales de información de distintas fuentes para su procesamiento y consulta oportuna, para el desarrollo de los trabajos de inteligencia y la elaboración de productos referentes al tema.

• Elaboración de diagnósticos oportunos, creando un código de conducta y atención para las víctimas del delito.

• Apoyo al mejoramiento de los mecanismos de vigilancia y revisión en las franjas fronterizas norte y sur.

• Establecer mecanismos y canales internos de información en materia de trata de personas.

• Identificación y neutralización de las macroorganizaciones, organizaciones y células regionales que se han formado en el país.

• Identificación y combate de la protección institucional, que posiblemente contribuya al desarrollo y fortalecimiento de la trata de personas.

• Evaluación de documentos con características apócrifas, como pasaportes, visas, formas migratorias, credenciales del Instituto Federal Electoral, actas de nacimiento o constancias de vecindad, utilizadas por organizaciones para el traslado de personas con fines migratorios y de explotación.

• Desarrollar y promover procedimientos efectivos para la recepción, el seguimiento y la investigación de las denuncias ciudadanas y ubicación de las zonas de riesgo.

• Coadyuvar con las autoridades estatales y las locales en el combate de la trata de personas.

• Identificar y nulificar los recursos económicos que han logrado formar las macroorganizaciones y organizaciones que operan en el país respecto a la trata de personas.

• Crear un grupo de expertos contra el ilícito de la trata y la migración, donde participen funcionarios tanto del orden federal como del estatal y del local, encaminados a establecer bases organizativas y logísticas a fin de identificar, analizar y desarticular organizaciones nacionales e internacionales, en forma coordinada.

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a los poderes de la Unión, a los gobernadores, al jefe de Gobierno del Distrito Federal para que, a través de las instancias y dependencias de la administración pública competentes, y de manera conjunta con esta soberanía se implanten acciones y convenios de colaboración a nivel nacional para concienciar y sensibilizar a la población, sobre la conciliación en la vida laboral, familiar y personal de las familias mexicanas, logrando un reparto equilibrado de responsabilidades entre mujeres y hombres trabajadores. Además de la instrumentación de medidas concretas que lleven a la realización de este objetivo.

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a los poderes de la Unión, a los gobernadores, al jefe de gobierno del Distrito Federal para que, a través de las instancias y dependencias de la administración pública competentes, y de manera conjunta con esta soberanía se implanten acciones y convenios de colaboración a nivel nacional para concienciar y sensibilizar a la población, sobre la conciliación en la vida laboral, familiar y personal de las familias mexicanas, logrando un reparto equilibrado de responsabilidades entre mujeres y hombres trabajadores. Además de la instrumentación de medidas concretas que lleven a la realización de este objetivo.

Único. La Cámara de Diputados solicita al secretario de Seguridad Pública federal y al procurador general de la República que informen a ésta sobre las bases legales que sustentan la unificación de la Policía Federal Preventiva y de la Agencia Federal de Investigación, de la creación de un nuevo cuerpo federal de policía, y de las particularidades operativas administrativas y de carácter estructural de éste.

• La Instancia de Coordinación de la Policía Federal surge desde los postulados constitucionales que establecen la seguridad pública como una función primordial a cargo del Estado hasta el ejercicio constitucional de la facultad que otorgada al Ejecutivo federal en el artículo 89, fracción I.

• El presidente de la República expide en ejercicio de su facultad reglamentaria el Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública (RISSP), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de marzo de 2007.

• El artículo 6 del RISSP dispone que la Secretaría de Seguridad Pública establezca la Instancia de Coordinación de la Policía Federal, de conformidad con los artículos 30 Bis, fracciones X y XII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; y 10 de la Ley de la Policía Federal Preventiva, y las disposiciones del propio RISSP, a saber:

X. Organizar, dirigir, administrar y supervisar la Policía Federal Preventiva, y garantizar el desempeño honesto de su personal y aplicar su régimen disciplinario;

XII. Salvaguardar la integridad y el patrimonio de las personas, prevenir la comisión de delitos del orden federal, y preservar la libertad, el orden y la paz públicos; y

XXVII. Las demás que le atribuyan expresamente las leyes y reglamentos.

• Con ello resulta constitucional y legalmente acertada la disposición de considerar el establecimiento de la Instancia de Coordinación de la Policía Federal.

• El propio RISSP, en el transitorio quinto, impuso al secretario de Seguridad Pública integrar la Instancia de Coordinación de la Policía Federal, dentro de los 30 días siguientes a la entrada en vigor del propio reglamento.

• Con fecha de publicación en el Diario Oficial de la Federación de 25 de abril de 2007, se expidió el acuerdo número 05/2007, del secretario de Seguridad Pública, por el que se crea la Instancia de Coordinación de la Policía Federal.

• El acuerdo aludido plantea, entre otras cosas, lo siguiente:

• El primer deber del Estado, e incluso la justificación misma que el Estado tiene para reservarse el monopolio de la fuerza, es salvaguardar la seguridad y la integridad de los ciudadanos.

• La ley y las instituciones no pueden quedar rebasadas por el fenómeno delictivo. Es deber del gobierno federal actuar eficazmente y sin titubeos para brindar la seguridad que demandan los mexicanos.

• La Instancia de Coordinación articula sus funciones de prevención, de investigación y de combate al delito con criterios territoriales y por materia, con pleno respecto a las facultades y atribuciones de la Agencia Federal de Investigación y de la Policía Federal Preventiva.

• Para lograr una mayor eficiencia, la Policía Federal ha trasformado su esquema funcional de operación en seis áreas que le permiten evitar duplicidad de funciones y mayor capacidad operativa.»

• Prevención de caries (curetaje, odontoxesis y aplicación tópica de flúor).

• Sellado de fosetas y fisuras dentales.

• Obturación de caries con amalgama o resina.

• Eliminación de focos de infección, abscesos y restos radiculares.

• Extracción de piezas dentarias (no incluye tercer molar).

• Diagnóstico y tratamiento de pulpitis y necrosis pulpar.

• Diagnóstico y tratamiento de absceso maxilar.

• Extracción de tercer molar.

I. al VI. ...

VI Bis. Salud dental.

VI. al XIII. ...

XIV. La prevención, orientación, control y vigilancia en materia de nutrición, enfermedades respiratorias, enfermedades cardiovasculares, enfermedades estomatológicas y aquellas atribuibles al tabaquismo;

I. ...

II. Únicamente tendrán derecho a votar los trabajadores de la empresa que concurran al recuento. Este voto deberá ser libre, directo y secreto;

III. a V. ...

Artículo 4. El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia.

a) ...

d) Promover acciones y programas que protejan el desarrollo de la familia, con el fin de fortalecer y facilitar, entre otras cosas, la integración familiar, la lucha contra la violencia intrafamiliar y la conciliación entre la vida laboral y familiar;

e) Prestar servicios de representación y asistencia jurídica y de orientación social a niñas y niños, jóvenes, adultos mayores, personas con alguna discapacidad, madres adolescentes y solteras, indigentes, indígenas migrantes o desplazados y todas aquellas personas que por distintas circunstancias no puedan ejercer plenamente sus derechos;

f) a n) ...

ñ) Difundir a través del Sistema la información sobre el acceso al financiamiento nacional e internacional para actividades de asistencia social;

o) a z) ...

``Las resoluciones emitidas por el pleno, las secciones de la Sala Superior o por las salas regionales que decreten o nieguen el sobreseimiento, las que dicten en términos de los artículos 34 de la Ley del Servicio de Administración Tributaria y 6o. de esta ley, así como las que se dicten conforme a la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado y las sentencias definitivas que emitan, podrán ser impugnadas por la autoridad a través de la unidad administrativa encargada de su defensa jurídica o por la entidad federativa coordinada en ingresos federales correspondiente, interponiendo el recurso de revisión ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente en la sede del pleno, sección o sala regional a que corresponda, mediante escrito que se presente ante la responsable, dentro de los quince días siguientes a aquél en que surta sus efectos la notificación respectiva, siempre que se refiera a cualquiera de los siguientes supuestos: I. Sea de cuantía que exceda de tres mil quinientas veces el salario mínimo general diario del área geográfica correspondiente al Distrito Federal, vigente al momento de la emisión de la resolución o sentencia. En el caso de contribuciones que deban determinarse o cubrirse por periodos inferiores a doce meses, para determinar la cuantía del asunto se considerará el monto que resulte de dividir el importe de la contribución entre el número de meses comprendidos en el periodo que corresponda y multiplicar el cociente por doce. II. Sea de importancia y trascendencia cuando la cuantía sea inferior a la señalada en la fracción primera, o de cuantía indeterminada, debiendo el recurrente razonar esa circunstancia para efectos de la admisión del recurso. III. Sea una resolución dictada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Servicio de Administración Tributaria o por autoridades fiscales de las entidades federativas coordinadas en ingresos federales y siempre que el asunto se refiera a: a) Interpretación de leyes o reglamentos en forma tácita o expresa. b) La determinación del alcance de los elementos esenciales de las contribuciones. c) Competencia de la autoridad que haya dictado u ordenado la resolución impugnada o tramitado el procedimiento del que deriva o al ejercicio de las facultades de comprobación. d) Violaciones procesales durante el juicio que afecten las defensas del recurrente y trasciendan al sentido del fallo. e) Violaciones cometidas en las propias resoluciones o sentencias. f) Las que afecten el interés fiscal de la Federación. IV. Sea una resolución dictada en materia de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. V. Sea una resolución dictada en materia de comercio exterior. VI. Sea una resolución en materia de aportaciones de seguridad social, cuando el asunto verse sobre la determinación de sujetos obligados, de conceptos que integren la base de cotización o sobre el grado de riesgo de las empresas para los efectos del seguro de riesgos del trabajo o sobre cualquier aspecto relacionado con pensiones que otorga el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. VII. Sea una resolución en la cual, se declare el derecho a la indemnización, o se condene al Servicio de Administración Tributaria, en términos del artículo 34 de la Ley del Servicio de Administración Tributaria. VIII. Se resuelva sobre la condenación en costas o indemnización previstas en el artículo 6o. de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. IX. Sea una resolución dictada con motivo de las reclamaciones previstas en la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado. En los juicios que versen sobre resoluciones de las autoridades fiscales de las entidades federativas coordinadas en ingresos federales, el recurso podrá ser interpuesto por el Servicio de Administración Tributaria, y por las citadas entidades federativas en los juicios que intervengan como parte. Con el escrito de expresión de agravios, el recurrente deberá exhibir una copia del mismo para el expediente y una para cada una de las partes que hubiesen intervenido en el juicio contencioso administrativo, a las que se les deberá emplazar para que, dentro del término de quince días, comparezcan ante el Tribunal Colegiado de Circuito que conozca de la revisión a defender sus derechos. En todos los casos a que se refiere este artículo, la parte que obtuvo resolución favorable a sus intereses puede adherirse a la revisión interpuesta por el recurrente, dentro del plazo de quince días contados a partir de la fecha en la que se le notifique la admisión del recurso, expresando los agravios correspondientes; en este caso la adhesión al recurso sigue la suerte procesal de éste. Este recurso de revisión deberá tramitarse en los términos previstos en la Ley de Amparo en cuanto a la regulación del recurso de revisión.''

``Revisión fiscal. El hecho de que el asunto se refiera a las materias forestal y ambiental, no basta para tener por acreditados los requisitos de importancia y trascendencia para la procedencia de ese recurso. De la interpretación teleológica del artículo 248 del Código Fiscal de la Federación, así como del análisis de la evolución de su contenido, se advierte que, a partir del quince de enero de mil novecientos ochenta y ocho, en él se estableció el recurso de revisión fiscal como un mecanismo de control de la legalidad de las resoluciones emitidas por el ahora Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, a favor de las autoridades que obtuvieran un fallo adverso en los juicios de nulidad, cuya procedencia está condicionada a la satisfacción de ciertos requisitos formales, como lo es el relativo a la legitimación, y de fondo, como lo son, entre otros, la cuantía y la importancia y trascendencia del asunto. Ahora bien, la importancia y trascendencia en el referido precepto se prevén como elementos propios y específicos que concurren en un determinado asunto que lo individualizan y lo distinguen de los demás de su especie, lo que constituye propiamente su característica de excepcional por distinguirse del común de los asuntos del mismo tipo, de manera que las citadas importancia y trascendencia son cualidades inherentes a cada caso concreto y como tales deben analizarse individualmente en cada revisión interpuesta. En consecuencia, si bien las ramas del derecho administrativo relativas a las materias forestal y ambiental son de interés social y de orden público, para efectos de la procedencia del recurso de revisión fiscal, ello no convierte los asuntos de esas ramas en importantes y trascendentes, ya que igual razón habría, en mayor o menor medida, en los casos de otras materias para considerarlos así; es decir, tan importante y trascendente es la cuestión forestal como la ambiental, la de aguas, la fiscal, la migratoria, la minera, etcétera; de ahí que no basta el tipo de materia sobre la que verse el asunto para que se estime que reúne las características de importante y trascendente, sino que debe guardar particularidades que lo tornen así, toda vez que la finalidad que persigue el artículo en comento es restringir los casos que pueden ser revisados por el Tribunal Colegiado de Circuito, privilegiando los asuntos que sean importantes y trascendentes.''

I. al IX. ...

X. Cuando se trate de sentencias que se refieran a actos o resoluciones administrativas en aplicación de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente así como de las demás leyes y reglamentos federales y demás normatividades en materia de equilibrio ecológico y medio ambiente.

...

...

``Artículo 135. La presente Constitución puede ser adicionada o reformada. Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes, acuerde las reformas o adiciones, y que éstas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los Estados.

El Congreso de la Unión o la Comisión Permanente, en su caso, harán el cómputo de los votos de las legislaturas y la declaración de haber sido aprobadas las adiciones o reformas.''

``Adicionar: Acción y efecto de añadir. Añadidura en alguna obra o escrito.

Reformar: Modificar con el fin de mejorar.''

a) Apoyando a los participantes de proyectos interesados en la identificación y formulación de proyectos de reducción y captura de emisiones;

b) Aprobando formalmente los proyectos que cumplan con los requisitos nacionales en concordancia con el artículo 12.5 y las posteriores decisiones del Protocolo de Kioto;

c) Difundiendo la información y experiencias pertinentes relativas a líneas base, relacionadas con el país anfitrión, a las metodologías de monitoreo y otros asuntos relacionados de conformidad con la legislación aplicable;

d) Informando a los operadores y autoridades francesas de su portafolio de proyectos de reducción y captura de emisiones; y

e) Identificando, en la medida de sus posibilidades e intereses, nuevas áreas de oportunidad para la realización de proyectos de reducción y captura de emisiones.

1. Por ``efectos adversos del cambio climático'' se entienden los cambios en el medio ambiente físico o en la biota, resultantes del cambio climático que tienen efectos nocivos significativos en la composición, la capacidad de recuperación o la productividad de los ecosistemas naturales o sujetos a ordenación, o en el funcionamiento de los sistemas socioeconómicos, o en la salud y el bienestar humanos.

2. Por ``cambio climático'' se entiende un cambio de clima, atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante períodos de tiempo comparables.

3. Por ``gases de efecto invernadero'' se entienden aquellos componentes gaseosos de la atmósfera, tanto naturales como antropógenos, que absorben y reemiten radiación infrarroja.

I. a VI ...

VII. Garantizar la participación corresponsable de las personas, en forma individual o colectiva, en la preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente, así como en la disminución de los efectos adversos del cambio climático.

VIII. a X. ...

I. ...

II. La aplicación de los instrumentos de la política ambiental previstos en esta ley, en los términos en ella establecidos, y la regulación de las acciones para la preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente, así como los efectos adversos del cambio climático que se realicen en bienes y zonas de jurisdicción federal;

III. a XII. ...

XIII. El fomento de la aplicación de tecnologías, equipos y procesos que reduzcan las emisiones y descargas contaminantes provenientes de cualquier tipo de fuente, así como la de gases de efecto invernadero, en coordinación con las autoridades de los estados, del Distrito Federal y de los municipios, así como el establecimiento de las disposición es que deberán observarse para el aprovechamiento sustentable de los energéticos;

XIV. a XXI. ...

I. y II. ...

III. Celebrará convenios con los medios de comunicación masiva para la difusión, información y promoción de acciones de preservación del equilibrio ecológico y la protección al ambiente, así como la reducción de los efectos adversos del cambio climático;

IV. Promoverá el establecimiento de reconocimientos a los esfuerzos más destacados de la sociedad para preservar y restaurar el equilibrio ecológico y proteger el ambiente, así como la reducción de los efectos adversos del cambio climático;

V. ...

VI. Concertará acciones e inversiones con los sectores social y privado, y con instituciones académicas, grupos y organizaciones sociales, pueblos indígenas y demás personas físicas y morales interesadas, para la preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente, así como la reducción de los efectos adversos por el cambio climático.

...

...

I. a XXXVII. ...

XXXVIII. Cambio climático. Se entiende un cambio de clima atribuido, directa o indirectamente, a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante periodos de tiempo comparables.

XXXIX. Efectos adversos del cambio climático. Se entiende los cambios en el medio ambiente, físico o en la biota, resultantes del cambio climático, que tienen efectos nocivos significativos en la composición, la capacidad de recuperación o la productividad de los ecosistemas naturales, o sujetos a ordenación, o en el funcionamiento de los sistemas socioeconómicos, o en la salud y el bienestar humanos.

XL. Gases de efecto invernadero. Aquellos componentes gaseosos de la atmósfera, tanto naturales como antropógenos, que absorben y reemiten radiación infrarroja.

I. a V. ...

VI. Procurar y fomentar la reducción de los efectos adversos por el cambio climático.

...

I a VIII....

IX. Promover el turismo social y cultural sustentable , así como fortalecer el patrimonio histórico y cultural de cada región del país.

X....

5. Información difundida por el subsecretario de Planeación Turística de la Secretaría de Turismo, Francisco Madrid Flores, en conferencia de prensa, en el marco del Congreso Iberoamericano sobre Patrimonio Cultural y Turismo.6. Ana Compeán, directora general de Desarrollo de Productos Turísticos de la Secretaría de Turismo.7. Por lo que se refiere a ciudades patrimonio, México ocupa el tercer lugar a nivel mundial después de Italia y España.8. En el convenio participan también el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el Instituto Nacional de Bellas Artes, Secretaría de Desarrollo Social y Fondo Nacional del Turismo. Se firmó en el patio de eventos del Castillo Chapultepec el mes de julio de 2001 y se renueva cada año.9. Sectur-Cestur (202) Estudio estratégico de viabilidad de turismo cultural.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Con gusto, compañero diputado. Instruimos a que se inserte en sus términos a la Gaceta Parlamentaria, y quesea turnada esta iniciativa a la Comisión de Turismo.

LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Tiene el uso de la palabra la compañera ciudadana diputada Irene Aragón Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

La diputada Irene Aragón Castillo: Con su venia, señor presidente. En razón del tiempo disponible, solicito respetuosamente a la Presidencia insertar el texto íntegro de la iniciativa en el Diario de los Debates.

La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia tiene como objetivo fundamental la coordinación entre la federación, las entidades federativas y los municipios, para prevenir, atender, sancionar y erradicar todos los tipos de violencia contra las mujeres, así como promover su desarrollo integral y su plena participación en los diferentes ámbitos de gobierno y de toma de decisiones, mediante principios rectores, como la igualdad jurídica, el respeto a la dignidad humana, la no discriminación y la libertad de las mujeres.

Sin embargo, si bien en todos los títulos y capítulos de la ley en comento se establecen mecanismos, procedimientos y acciones tendientes hacia la erradicación de la violencia contra las mujeres, en su capítulo IV, denominado ``De la violencia institucional'', no se prevén medios o instrumentos que permitan prevenir y sancionar el ejercicio de este tipo de violencia, aun cuando el Estado mexicano es el principal depositario de la obligación de cumplir y de hacer cumplir la ley.

La violencia institucional se define como ``los actos u omisiones de los servidores públicos de cualquier orden de gobierno que discriminen o tengan como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, así como su acceso al disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los diferentes tipos de violencia''.

A partir de esta definición, en México existen múltiples casos de violencia institucional que se han refugiado en la impunidad, como por ejemplo, los feminicidios, que a partir de 1993 tienen lugar de manera recurrente no sólo en Ciudad Juárez, sino en toda la República Mexicana.

Ejemplos de lo anterior son las violaciones de los derechos humanos de las mujeres en el conflicto magisterial de Oaxaca, el uso de la fuerza excesiva de la policía en manifestaciones sociales como las de San Salvador Atenco y Morelos, la represión y la violencia en contra de la población indígena de Chiapas, así como los homicidios y las violaciones de los derechos de mujeres periodistas y defensoras de derechos humanos, por mencionar sólo algunos.

En este sentido, y en razón de la brevedad del tiempo, puedo decirles que la iniciativa que someto a su consideración tiene como objetivo principal incorporar de manera expresa la obligación de los tres órdenes de gobierno, para erradicar el uso y el ejercicio de la violencia institucional contra las mujeres, sin detrimento de los mayores avances que cada uno de estos pueda lograr en el combate y la eliminación de las distintas modalidades de violencia.

Así también, se propone la intervención de la Comisión de los Derechos Humanos, así como de los organismos equivalentes en las entidades federativas, para que conforme a sus atribuciones y procedimientos establecidos en sus propias leyes presenten informes especiales cuando se detecte el ejercicio de la violencia institucional.

A su vez, se prevé también su participación como parte del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, con el objetivo de conjuntar esfuerzos, instrumentos, políticas, servicios y, sobre todo, acciones interinstitucionales que coadyuven con el cumplimiento de los objetivos del sistema. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada Irene Aragón Castillo , del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, diputada Irene Aragón Castillo , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en ejercicio de la facultad conferida en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y el artículo 55, fracción II, del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en materia de atención y erradicación de la violencia institucional, mediante la siguiente

Exposición de Motivos

Uno de los objetivos esenciales de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia es establecerse como una normativa que proporcione los instrumentos legales y operativos necesarios para prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género en nuestro país. En el marco de nuestra incipiente democracia, el contenido de la ley que aquí nos ocupa, implica no sólo el reconocimiento del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia sino la posibilidad de llevar ese derecho al terreno de la práctica y de la vida cotidiana, a través de la definición, protección y ampliación de una serie de garantías individuales que primordialmente tienen que ver con el acceso y ejercicio de los derechos fundamentales de las mujeres.

En este sentido, el objetivo de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia obedece, por una parte, al contenido del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el que se estipula, además de la igualdad ante la ley tanto del varón como de la mujer, el derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar.

En segundo lugar, corresponde a un conjunto de compromisos que el Estado mexicano asumió con la firma y la ratificación de diversos tratados internacionales. Como por ejemplo, la Declaración de Viena de 1993, en la cual se reconocen de manera expresa los derechos humanos de las mujeres como parte inalienable, integrante e indivisible de los derechos humanos universales, así como las Convenciones Interamericanas sobre Derechos Civiles y Políticos de la Mujer (1948), la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y la Declaración de Beijing que, de forma integral, reivindican el derecho de la mujer a la no discriminación, a la prevención y a la erradicación de la violencia.

Así también, se encuentra la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, conocida como Carta de los Derechos Humanos de las Mujeres (1981), en la cual se establece la obligación de los Estados firmantes para la adopción de medidas de carácter legislativo, político, administrativo o de otra índole que resultasen necesarias para el logro de la igualdad de los derechos de las mujeres.

En coherencia con el contenido de sus documentos base, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia se sustenta como un mecanismo de coordinación entre la federación, las entidades federativas y los municipios, para prevenir, atender, sancionar y erradicar todos los tipos de violencia contra las mujeres durante su ciclo de vida y para promover su desarrollo integral y su plena participación en todas las esferas de la vida.

De manera que, para la instrumentación práctica de sus objetivos, la ley en comento establece como principios rectores que deben observarse en la elaboración y ejecución de las políticas públicas de los tres órdenes de gobierno, la igualdad jurídica entre la mujer y el hombre, el respeto a la dignidad humana de las mujeres, la no discriminación y la libertad de las mujeres.

Para tales efectos, en el articulado de la ley se definen, de manera específica, cinco tipos y cinco modalidades de violencia contra las mujeres, entendiéndose como tipos de violencia a la violencia psicológica, la violencia física, la violencia patrimonial, la violencia económica, la violencia sexual y, de manera general, cualquier otra forma de lesionar la dignidad, la integridad o la libertad de las mujeres. Mientras que las distintas modalidades de la violencia se definen como las que tienen lugar en el ámbito familiar, la violencia laboral y docente, la violencia en la comunidad, la violencia institucional y la violencia feminicida.

En función de los objetivos que le dieron origen, la ley establece mecanismos y procedimientos para llevar al terreno de la práctica y al ejercicio real el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, mediante la creación de una alerta de violencia de género, como un conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia en un territorio determinado, a través de tareas específicas que tienen como fin garantizar la seguridad de las mujeres, el cese de la violencia en su contra y la eliminación de las desigualdades identificadas.

Para ello, la ley considera la creación de un Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, con objeto de integrar y conjuntar los esfuerzos, los instrumentos, las políticas, los servicios y las acciones interinstitucionales para lograr la erradicación de la violencia contra las mujeres. Dicho sistema se integra por las Secretarías de Gobernación, de Desarrollo Social, de Seguridad Pública, de Educación Pública, y de Salud, así como por la Procuraduría General de la República, el Instituto Nacional de las Mujeres, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y los mecanismos para el adelanto de las mujeres en las entidades federativas.

En el ámbito de la atención y prevención de la violencia, se prevé el establecimiento del programa integral para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, con el objetivo de impulsar acciones con perspectiva de género para favorecer y fomentar el conocimiento y el respeto a los derechos humanos de la mujeres, a través de la educación y la capacitación, así como del diseño, la promoción y la aplicación de servicios especializados y gratuitos para la protección de las víctimas de violencia. Lo anterior implica, entre otras cosas, incluir las prevenciones necesarias tanto en el Plan Nacional de Desarrollo como en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, para disponer de los recursos humanos, materiales y económicos requeridos.

En virtud de tales antecedentes, queda claro que la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, como resultado de un conjunto de compromisos adquiridos mediante la ratificación de ciertos tratados internacionales, se constituye como un instrumento jurídico que permite prevenir y sancionar el ejercicio de los distintos tipos y modalidades de violencia contra las mujeres. Dicha ley se concibe como aplicable en todo el territorio nacional y obligatoria para los tres niveles de gobierno, mediante la inclusión de diversas autoridades e instituciones para que vigilen el eficaz cumplimiento de los programas y de las políticas en contra de la violencia hacia las mujeres. Se trata de una ley general que permite a las mujeres acceder a sus derechos fundamentales, al mismo tiempo que condena a quienes los violentan, aún tratándose del propio Estado.

De esta manera, conforme a los principios de racionalidad a los que se debe ceñir toda ley, se desprende que el Estado mexicano, a través de sus organismos e instituciones, es el primer responsable de garantizar el seguimiento y el cumplimiento de la ley, y, en el caso que nos ocupa, de proteger el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, mediante la disposición y el ejercicio pleno de un conjunto de derechos.

Sin embargo, es en este último punto en donde la ley no muestra la misma consistencia en lo que se refiere, de manera particular, al combate y a la erradicación de la violencia institucional.

Si bien en todos los títulos y capítulos de la ley en comento se establecen mecanismos, procedimientos y acciones tendientes hacia la erradicación de la violencia contra las mujeres, en el Capítulo IV, ``De la Violencia Institucional'', se cuenta con escasas referencias hacia los medios o instrumentos que permitan prevenir y sancionar el ejercicio de la violencia institucional. Hecho que se considera como una grave omisión, si partimos del argumento de que el Estado mexicano, a través de su estructura institucional, es el principal depositario de la obligación de cumplir y de hacer cumplir la ley.

En este orden de ideas, partimos del hecho de que en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia no se consideran mecanismos o acciones específicas para combatir y erradicar la violencia institucional. Situación aún más grave, si acudimos a la definición de violencia institucional que describe el propio artículo 18 y que, de manera textual, se define como los actos u omisiones de las y los servidores públicos de cualquier orden de gobierno que discriminen o tengan como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, así como su acceso al disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los diferentes tipos de violencia.

En este sentido, la violencia institucional tiene que ver fundamentalmente con las acciones u omisiones de los servidores públicos de los tres órdenes de gobierno, a través de los cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, con respecto al cumplimiento y garantía del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. De modo que una de las razones principales que motivan la presente iniciativa con proyecto de decreto es que en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia se considera un conjunto de instrumentos, de acciones y de medidas para prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres cuando es ejercida por terceros, pero no así cuando la misma ley se refiere a la modalidad de violencia institucional.

Uno de los más graves problemas en México es precisamente el uso de la violencia en contra de las mujeres.

De acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2006 (Endure 2006), en materia de violencia de género, el 43.2 por ciento de las mujeres de 15 años y más en nuestro país, sufrieron violencia por parte de su pareja a lo largo de la última relación; a nivel nacional, la violencia emocional se sitúa en 37.5 por ciento, la violencia económica en 23.4 por ciento, la violencia física en 19.2 por ciento, y la violencia sexual en 9 por ciento.

A nivel nacional, la violencia en el ámbito escolar se sitúa en 15.6 por ciento; en el ámbito laboral, en 29.9 por ciento; y en términos generales es el 67 por ciento de las mujeres de 15 años y más que han sufrido violencia en cualquiera de los siguientes contextos: comunitaria, familiar, patrimonial, escolar, laboral y de pareja.

Si estas cifras implican por sí mismas una delicada problemática nacional, la violencia que se ejerce mediante la estructura institucional del Estado mexicano obliga de manera imperativa a instrumentar algunas acciones legislativas que permitan la contención y en el menor de los resultados, la denuncia de los casos en los que se ejerce la violencia institucional.

Los feminicidios, a partir de 1993, no sólo en Ciudad Juárez, Chihuahua, sino en toda la República Mexicana, las violaciones constantes y sistemáticas a los derechos humanos de las mujeres en el conflicto magisterial de Oaxaca, el uso de la fuerza excesiva de las instituciones policiales en manifestaciones sociales como la de San Salvador Atenco, en el estado de México; la detención arbitraria, tortura y procedimientos judiciales injustos en contra de la población indígena de Chiapas; los homicidios y las violaciones a los derechos fundamentales de mujeres periodistas y defensoras de derechos humanos; y la impunidad por delitos cometidos en el pasado son sólo algunos de los ejemplos más indignantes de violencia institucional en el Estado mexicano, sin que hasta el momento se hayan dispuesto mecanismos eficaces para su detención y erradicación.

Sin mencionar todavía la omisión del Estado mexicano para cumplir con lo establecido en el artículo 4o. constitucional, en lo que se refiere al derecho a un medio ambiente adecuado para el desarrollo y bienestar de mujeres y de hombres, y que tiene que ver principalmente con el combate y con la erradicación de la pobreza.

De acuerdo con información de la Organización de las Naciones Unidas en México, la pobreza afecta de manera desproporcionada a las mujeres, originando la existencia de 2.5 millones más de mujeres que hombres en condiciones de miseria, y ocho millones más mujeres que hombres trabajan y no cuentan con seguro médico ni derecho a una pensión.

Las mujeres y niñas pobres en México, se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad, dado que las relaciones de género y el efecto de la pobreza afectan principalmente sus condiciones de alimentación, de salud y de educación.

Al respecto, existen observaciones de organismos internacionales en cuanto el avance y el incremento de la violencia institucional en México. En el diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos en México (2007), de la oficina del alto comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, se reportó que algunas de las acciones que el Estado mexicano debe considerar en esta materia deben girar en torno a la incorporación de la perspectiva de género en las políticas, programas, presupuestos y gestión de instituciones públicas, en todos los niveles de gobierno y en los tres poderes del Estado mexicano; reducir y redistribuir la carga total de trabajo de las mujeres y revalorar el aporte del trabajo doméstico al bienestar y a la riqueza nacional; promover la eliminación de estereotipos de género y realizar campañas de sensibilización e información; promover y procurar el respeto de los derechos reproductivos y derechos sexuales de las mujeres; proteger el derecho de las mujeres a una vida sin violencia; adoptar todas las medidas para eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera de sus derechos económicos, sociales y culturales; eliminar la discriminación contra la mujer en la vida política y pública del país; y promover la igualdad de derechos de hombres y mujeres en la vida de las familias.

Con base en lo anterior, la iniciativa con proyecto de decreto tiene, como objetivo primordial, hacer énfasis en la obligación del Estado mexicano para la erradicación de la violencia institucional contra las mujeres. De ahí que en los artículos 19 y 20 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia se incorpore de manera textual dicha obligación, a fin de que los tres órdenes de gobierno, a través de los cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, asuman de manera explícita la obligación de erradicar este tipo de prácticas vejatorias de los derechos humanos de las mujeres, en su modalidad de violencia institucional.

Dado que la violencia institucional se refiere precisamente a la transgresión de los derechos humanos de las mujeres, se propone la adición de los artículos 21 y 22, recorriendo la numeración en su orden correspondiente, a efecto de contemplar la intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y de los organismos equivalentes en las entidades federativas, para que, conforme a sus atribuciones y procedimientos establecidos en sus propias leyes, estén facultados para recibir quejas, formular recomendaciones y presentar informes especiales cuando se detecte el ejercicio de la violencia institucional. Lo anterior, sin menoscabo del resto de sus facultades para conocer y atender violaciones a los derechos humanos.

Al respecto, es necesario recordar que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos tiene competencia en todo el territorio nacional para conocer de quejas relacionadas con presuntas violaciones a los derechos humanos cuando éstas fueren imputadas a autoridades y servidores públicos de carácter federal, y que entre sus facultades se encuentra proponer a las diversas autoridades del país que, en el exclusivo ámbito de su competencia, promuevan los cambios y modificaciones de disposiciones legislativas y reglamentarias, así como prácticas administrativas que, a juicio de la comisión nacional, redunden en una mejor protección de los derechos humanos; promover el estudio, la enseñanza y divulgación de los derechos humanos en el ámbito nacional e internacional; elaborar y ejecutar programas preventivos en materia de derechos humanos; formular programas y proponer acciones en coordinación con las dependencias competentes que impulsen el cumplimiento dentro del territorio nacional de los tratados, convenciones y acuerdos internacionales signados y ratificados por México en materia de derechos humanos; y proponer al Ejecutivo federal, en los términos de la legislación aplicable, la suscripción de convenios o acuerdos internacionales en materia de derechos humanos, entre otras.

Por otra parte, si bien es cierto que a nivel federal se cuentan con ciertos avances en cuanto a la prevención y atención de la violencia en sus distintas modalidades, la realidad que impera en las entidades federativas es diferente. En muchos de los casos, los estados de la república no cuentan con legislación alguna que los obligue a atender, sancionar y mucho menos a erradicar la violencia contra las mujeres. Por tal motivo, es necesario relacionar a los organismos equivalentes a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en los estados para que por mandato de ley conozcan, den seguimiento y sancionen las acciones u omisiones que deriven en violencia institucional.

Como se menciona en el apartado de antecedentes, es importante recalcar que la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia no contempla en el Capítulo IV ningún mecanismo o procedimiento para canalizar, prevenir o sancionar la violencia institucional. Hecho que sí se considera en los capítulos destinados a la violencia en el ámbito familiar (Capitulo I), a la violencia laboral y docente (Capítulo II) y a la violencia en la comunidad (Capítulo III). De aquí la importancia de hacer congruente y coherente el articulado.

En el artículo 38, que se refiere a la integración del Sistema Nacional para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, se determina que todas las medidas que lleve a cabo el Estado deberán ser realizadas sin discriminación alguna, considerando, por ello, el idioma, edad, condición social, preferencia sexual, o cualquier otra condición de las mujeres, para que puedan acceder a las políticas públicas en la materia. Por esa razón se considera, en la integración del sistema, la participación del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, así como de los mecanismos para el adelanto de las mujeres en las entidades federativas, pero no así de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

En este sentido, la participación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, como parte del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, tiene como objetivo que, en uso de sus facultades, participe de manera activa en la conjunción de esfuerzos, instrumentos, políticas, servicios y, sobre todo, en acciones interinstitucionales que coadyuven con el cumplimiento de los objetivos del sistema.

En lo que se refiere a las facultades y obligaciones de la federación, de las entidades federativas y de los municipios, para cumplir con los objetivos de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, se hace explícita la función de los tres órdenes de gobierno, para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia institucional contra las mujeres, mediante la adición de una fracción II a los artículos 43, 51 y 52, bajo la premisa de que, como parte del Estado mexicano y como depositarios de la función pública, son los primeros obligados a combatir y erradicar la violencia en nuestro país.

De manera que el principio general de la iniciativa de reforma que se propone es hacer explícita la obligación de los tres órdenes de gobierno para erradicar de sus prácticas y del ejercicio de sus funciones, la violencia institucional, sin menoscabo de los mayores avances que cada uno de ellos pueda lograr en el combate y eliminación de las distintas modalidades de violencia.

En virtud de lo anterior, me permito someter a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman los artículos 19 y 20; se adicionan los artículos 21 y 22, recorriendo la numeración en orden progresivo; se adiciona la fracción X al artículo 38, recorriendo la numeración subsecuente; y se adiciona una fracción II a los artículos 43, 51 y 52, modificando la numeración como corresponde en orden progresivo, de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia

Artículo Único. Se reforman los artículos 19 y 20; se adicionan los artículos 21 y 22, recorriendo la numeración en orden progresivo; se adiciona la fracción X al artículo 38, recorriendo la numeración subsecuente; y se adiciona una fracción II a los artículos 43, 51 y 52, modificando la numeración como corresponde en orden progresivo, de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para quedar como sigue:

Artículo 19. Los tres órdenes de gobierno, a través de los cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, tienen la obligación de organizar el aparato gubernamental de manera tal que sean capaces de asegurar, en el ejercicio de sus funciones, el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, así como la erradicación de la violencia institucional.

Artículo 20. Para cumplir con su obligación de garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y la erradicación de la violencia institucional, los tres órdenes de gobierno deben prevenir, atender, investigar, sancionar y reparar el daño que les inflige.

Artículo 21. En los casos de violencia institucional y para los efectos de lo previsto en el artículo anterior, se considerará la intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y de los organismos equivalentes en las entidades federativas a que se refiere el artículo 102, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de acuerdo con las atribuciones y procedimientos que su propia ley establece.

Artículo 22. De acuerdo con lo establecido en sus propias leyes, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y los organismos equivalentes en las entidades federativas podrán recibir quejas, formular recomendaciones y presentar informes especiales en la materia objeto de esta ley.

Artículo 23. Violencia feminicida. Es la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos, en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado, y puede culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres.

Artículo 24. Alerta de violencia de género. Es el conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado, ya sea ejercida por individuos o por la propia comunidad.

Artículo 25. La alerta de violencia de género contra las mujeres tendrá como objetivo fundamental garantizar la seguridad de éstas, el cese de la violencia en su contra y eliminar las desigualdades producidas por una legislación que agravia sus derechos humanos, por lo que se deberá

Artículo 26. La declaratoria de alerta de violencia de género contra las mujeres se emitirá cuando

Artículo 27. Corresponderá al gobierno federal, a través de la Secretaría de Gobernación, declarar la alerta de violencia de género y notificará la declaratoria al Poder Ejecutivo de la entidad federativa que se trate.

Artículo 28. Ante la violencia feminicida, el Estado mexicano deberá resarcir el daño conforme a los parámetros establecidos en el derecho internacional de los derechos humanos y considerar como reparación lo siguiente:

Artículo 29. Órdenes de protección. Son actos de protección y de urgente aplicación en función del interés superior de la víctima y son fundamentalmente precautorias y cautelares. Deberán otorgarse por la autoridad competente inmediatamente que conozcan de hechos probablemente constitutivos de infracciones o delitos que impliquen violencia contra las mujeres.

Artículo 30. Las órdenes de protección que consagra la presente ley son personalísimas e intransferibles y podrán ser las siguientes:

Artículo 31. Son órdenes de protección de emergencia las siguientes:

Artículo 32. Son órdenes de protección preventivas las siguientes:

Artículo 33. Corresponderá a las autoridades federales, estatales y del Distrito Federal, en el ámbito de sus competencias, otorgar las órdenes emergentes y preventivas de la presente ley, quienes tomarán en consideración lo siguiente:

Artículo 34. Son órdenes de protección de naturaleza civil las siguientes:

Artículo 35. Corresponde a las autoridades jurisdiccionales competentes valorar las órdenes y la determinación de medidas similares en sus resoluciones o sentencias. Lo anterior con motivo de los juicios o procesos que en materia civil, familiar o penal, se estén ventilando en los tribunales competentes.

Artículo 36. Las personas mayores de 12 años de edad podrán solicitar a las autoridades competentes que los representen en sus solicitudes y acciones, a efecto de que las autoridades correspondientes puedan de manera oficiosa dar el otorgamiento de las órdenes. Quienes sean menores de 12 años, sólo podrán solicitar las órdenes a través de sus representantes legales.

Artículo 37. La federación, las entidades federativas y los municipios se coordinarán para la integración y funcionamiento del sistema, el cual tiene por objeto la conjunción de esfuerzos, instrumentos, políticas, servicios y acciones interinstitucionales para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres.

...

Artículo 38. El sistema se conformará por los titulares de

Artículo 39. La secretaría ejecutiva del sistema elaborará el proyecto de reglamento para el funcionamiento de éste y lo presentará a sus integrantes para su consideración y aprobación, en su caso.

Artículo 40. El programa contendrá las acciones con perspectiva de género para

Artículo 41. El Ejecutivo federal propondrá en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación asignar una partida presupuestaria para garantizar el cumplimiento de los objetivos del sistema y del programa previstos en la presente ley.

Artículo 42. La federación, las entidades federativas y los municipios, coadyuvarán para el cumplimiento de los objetivos de esta ley de conformidad con las competencias previstas en el presente ordenamiento y demás instrumentos legales aplicables.

Artículo 43. Son facultades y obligaciones de la federación las siguientes:

Artículo 44. Corresponde a la Secretaría de Gobernación

Artículo 45. Corresponde a la Secretaría de Desarrollo Social

Artículo 46. Corresponde a la Secretaría de Seguridad Pública

Artículo 47. Corresponde a la Secretaría de Educación Pública

Artículo 48. Corresponde a la Secretaría de Salud

Artículo 49. Corresponde a la Procuraduría General de la República

Artículo 50. Corresponde al Instituto Nacional de las Mujeres

Artículo 51. Corresponde a las entidades federativas, de conformidad con lo dispuesto por esta ley y los ordenamientos locales aplicables en la materia:

Artículo 52. Corresponde a los municipios, de conformidad con esta ley y las leyes locales en la materia y acorde con la perspectiva de género, las siguientes atribuciones:

Artículo 53. Las autoridades en el ámbito de sus respectivas competencias deberán prestar atención a las víctimas, consistente en

Artículo 54. Las víctimas de cualquier tipo de violencia tendrán los derechos siguientes:

Artículo 55. El agresor deberá participar obligatoriamente en los programas de reeducación integral, cuando se le determine por mandato de autoridad competente.

Artículo 56. Corresponde a los refugios, desde la perspectiva de género

Artículo 57. Los refugios deberán ser lugares seguros para las víctimas, por lo que no se podrá proporcionar su ubicación a personas no autorizadas para acudir a ellos.

Artículo 58. Los refugios deberán prestar a las víctimas y, en su caso, a sus hijas e hijos los siguientes servicios especializados y gratuitos

Artículo 59. La permanencia de las víctimas en los refugios no podrá ser mayor a tres meses, a menos de que persista su inestabilidad física, psicológica o su situación de riesgo.

Artículo 60. Para efectos del artículo anterior, el personal médico, psicológico y jurídico del refugio evaluará la condición de las víctimas.

Artículo 61. En ningún caso se podrá mantener a las víctimas en los refugios en contra de su voluntad.

Transitorios

Artículo Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Gracias, compañera diputada. Insértese...

La diputada Mónica Fernández Balboa (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Sonido a la curul de la diputada Fernández.

La diputada Mónica Fernández Balboa (desde la curul): Gracias, presidente. Para preguntar a la diputada Aragón si permite que me sume a su iniciativa.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Diputada Aragón, ¿acepta?

La diputada Irene Aragón Castillo: Le agradezco, diputada; con mucho gusto.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Insértese la firma de la diputada Mónica Fernández Balboa.

Como ha sido solicitud de las proponentes, insértese íntegramente la iniciativa en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Equidad y Género.

ARTICULO 107 CONSTITUCIONAL - LEY DE AMPARO

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Se recibió del diputado Adolfo Mota Hernández, del Grupo Parlamentario del PRI, iniciativa que reforma los artículos 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 114 y 158 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La Secretaria diputada Margarita Arenas Guzmán: «Iniciativa que reforma los artículos 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 114 y 158 de la Ley de Amparo, a cargo del diputado Adolfo Mota Hernández , del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado federal Adolfo Mota Hernández , integrante del Grupo Parlamentario del PRI en la LX Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 114 y 158 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, bajo la siguiente

Exposición de Motivos

La evolución del derecho mexicano es permanente y ha sido de gran trascendencia para la vida de la república, al establecer instituciones de gran prestigio como el juicio de amparo, que a nivel nacional e internacional aún en nuestro tiempo, sigue siendo motivo de obligado estudio, consulta y referencia.

El destacado jurisconsulto yucateco Manuel Crescencio Rejón (1799-1849), congruente con su visión de un México federal, republicano, democrático y con una verdadera perspectiva de la división de poderes, introdujo el juicio de amparo en la Constitución de Yucatán de 1840 y, posteriormente, en el ámbito federal, fue impulsado por Mariano Otero, quien logró que se incluyera en el acta de reformas de 1847 como un mecanismo de defensa de la legalidad y de la Constitución.

Las garantías que la norma suprema establece como derechos fundamentales para los mexicanos requieren, con el paso de los años, de adecuaciones para hacerlas más claras, precisas y eficaces a efecto de que los tribunales jurisdiccionales cumplan con el objetivo de impartir justicia pronta y expedita en el país.

Luego de innumerables estudios y proyectos para adecuar la Ley de Amparo, o para crear una nueva, estimo oportuno presentar esta iniciativa, que recoge la propuesta que han hecho tres distinguidos juristas mexicanos para reformar nuestra Carta Magna y la ley antes referida, a efecto de hacer cumplir cabalmente los derechos consagrados en la Constitución de 1917 a favor de las personas y de las instituciones nacionales, teniendo como base el fortalecimiento de mecanismos jurídicos tan prestigiadas y útiles como lo es el juicio de amparo.

Cabe señalar que el origen del amparo judicial se encuentra en la interpretación que se hizo, a finales del siglo XIX, del artículo 14 constitucional, en la que se estableció que este precepto, al consagrar la garantía de audiencia, también consignaba, a su vez, la garantía de exacta aplicación de la ley.

Los destacados estudiosos del derecho José Manuel de Alba de Alba, Isidro Pedro Alcántara Valdés y Mario Alberto Flores García, han expuesto la necesidad de precisar en el artículo 107 de la Constitución y en su ley reglamentaria el aspecto procesal del amparo contra resoluciones jurisdiccionales o amparo judicial, porque en los términos vigentes resulta de gran complejidad poder entenderlo, ya que es confuso y dilata las resoluciones, además de implicar una carga, pues representa entre el 60 y 70 por ciento de los juicios que se promueven ante los tribunales federales.

Coincidimos con la afirmación del ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Guillermo Ortiz Mayagoitia, en el sentido de que ``se debe sustituir el criterio actual para determinar la vía del juicio de amparo contra resoluciones judiciales, por otro en el que se establezca que solamente cuando sea necesario rendir pruebas que no pudieron ofrecerse ante el juez o tribunal responsable procedería el amparo indirecto, y que en todos los demás casos la vía para impugnar resoluciones judiciales es la directa''.

Diputadas y diputados: como legisladores federales estamos obligados a plantear las propuestas que contribuyan al fortalecimiento del estado de derecho para alcanzar una sociedad más justa y con seguridad jurídica plena, en la que las garantías constitucionales sean exigibles con menores complejidades; a efecto de que alcancemos la democracia y la justicia social que nos demanda el México del Siglo XXI.

Por lo anteriormente expuesto, pongo a consideración de esta Soberanía el siguiente proyecto de

Decreto

Artículo Primero. Se reforman las fracciones V, VII y XII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes:

Artículo Segundo. Se reforman los artículos 114 y 158 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los estados unidos mexicanos, para quedar en los términos siguientes:

Artículo 114. El amparo se pedirá ante el juez de distrito:

Artículo 158. - El juicio de amparo directo es competencia del tribunal colegiado de circuito que corresponda, en los términos establecidos por las fracciones V y VI del artículo 107 constitucional, y procede contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de los cuales no proceda ningún recurso ordinario por el que puedan ser modificados o revocados, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte a las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, y por violaciones de garantías cometidas en las propias sentencias, laudos o resoluciones indicados, así como contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido.

Si se trata de actos en ejecución de sentencias, sólo podrá promoverse el amparo en contra de la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso.

Tratándose de remates, sólo podrá promoverse el juicio contra la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben.

Para los efectos de este artículo, sólo será procedente el juicio de amparo directo contra resoluciones, sentencias o laudos, dictados por tribunales civiles, administrativos o del trabajo, cuando sean contrarios a la letra de la ley aplicable al caso, a su interpretación jurídica o a los principios generales de Derecho a falta de ley aplicable, cuando comprendan acciones, excepciones o cosas que no hayan sido objeto del juicio, o cuando no las comprendan todas, por omisión o negación expresa.

Cuando dentro del juicio surjan cuestiones, que no sean de imposible reparación, sobre constitucionalidad de leyes, tratados internacionales o reglamentos, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda en contra de la sentencia definitiva, laudo o solución que pongan fin al juicio.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia.

ARTICULO 117 CONSTITUCIONAL

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Tiene el uso de la palabra el diputado Javier Martín Zambrano Elizondo, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, para presentar iniciativa que reforma el artículo 117 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Javier Martín Zambrano Elizondo: Gracias, señor presidente.

Los estados libres y soberanos que forman nuestra federación tienen cada vez más independencia y autonomía, y sus gobernadores tienen un papel más protagónico y decisivo en la vida política nacional.

Sin embargo, resulta alarmante que en los últimos 10 años, periodo en que se ha dado mayor apertura democrática a nivel nacional, la transferencia de recursos a los estados de parte de la federación provenientes de contribuciones de naturaleza federal e ingresos petroleros ha sido de las más cuantiosas y sus niveles de deuda se han incrementado.

Resulta paradójico que nuestro texto constitucional sea detallista y hasta cauteloso cuando legisla en materia de contratación de deuda suscrita por la federación y, en cambio, sea laxo y poco escrupuloso en cuanto a la contratación de deuda por los gobiernos de los estados, sin especificar siquiera que las legislaturas locales tengan el mismo nivel de injerencia, como sucede en el caso de la intervención del Congreso federal en cuanto a la contratación de deuda por el Ejecutivo federal.

A nivel federal, en nuestro país, el Congreso de la Unión es quien está facultado para dar bases sobre las cuales el Ejecutivo pueda celebrar empréstitos sobre el crédito a la nación para aprobar esos mismos empréstitos, y para reconocer y mandar pagar la deuda nacional, tal como lo marca nuestra Constitución Política en el artículo 73, fracción VIII.

Sin embargo, las atribuciones y facultades otorgadas por la Constitución a los Congresos locales no son las mismas a como sucede en el ámbito federal.

Las legislaturas de los estados no están facultades constitucionalmente para aprobar los empréstitos contratados por el Ejecutivo federal, tal y como sucede a nivel federal, aunque sí está estipulado en la mayoría de las Constituciones de los estados.

Por ello sería de gran valía y utilidad elevar a nuestra Carta Magna lo que ya sucede en las legislaturas de los estados. Con ello se fortalece la participación de los legisladores en la determinación de la política hacendaria, se reduce el margen de discrecionalidad de los gobiernos estatales y se fortalecería una toma de decisiones objetiva, basada en un conjunto de consideraciones e información sometida a evaluaciones por los legisladores, buscando con esto reducir la existencia de futuros desequilibrios en las finanzas públicas locales que pudiesen comprometer la solvencia de los estados.

Por esas razones se hace necesario dotar a los Congresos locales de facultades constitucionales para que, de igual forma que en el Congreso de la Unión, se sienten las bases sobre las cuales el Ejecutivo estatal o municipal pueda celebrar empréstitos sobre el crédito local y aprobar el endeudamiento, considerando que mediante los recursos obtenidos, pueden fincarse obras que contribuyen al desarrollo económico y social de la población, y que de otra manera no podrían ser financiados; hecho que podría inhibir el desarrollo de aspectos estratégicos para los gobiernos locales.

En vista de lo anterior, y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y en lo dispuesto en el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de la Unión, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un párrafo a la fracción VIII del artículo 117 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Para quedar como sigue:

Artículo 117, fracción VIII, tercer párrafo. Las legislaturas de los estados aprobarán la celebración de empréstitos y contratación de obligaciones sobre el crédito de la entidad federativa, sujetándose a las disposiciones contenidas en la ley de la materia. Asimismo, aprobarán anualmente los montos de endeudamiento que deberán cubrirse en la Ley de Ingresos.

Le solicito, señor presidente, que se inserte íntegramente la iniciativa en el Diario de los Debates. Muchas gracias.

«Iniciativa que reforma el artículo 117 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Javier Martín Zambrano Elizondo , del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, Javier Martín Zambrano Elizondo , diputado de la LX Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo establecido en la fracción II, del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en el artículo 55, fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la honorable asamblea la siguiente iniciativa que adiciona un párrafo a la fracción VIII, del artículo 117 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos bajo la siguiente

Exposición de Motivos

El proceso democrático que ha venido ocurriendo en el país en los últimos años ha permitido, a primera vista, fortalecer el postulado federalista asentado en la Constitución de 1917 la cual --a su vez-- acogió el principio de Estado federal adoptado en la Constitución de 1857.

Actualmente, los estados libres y soberanos que conforman la federación tienen cada vez más independencia y autonomía, y sus gobernadores tienen un papel más protagónico y decisivo en la vida política nacional. Sin embargo, resulta alarmante que en los últimos 10 años, periodo en donde se ha dado una mayor apertura democrática a nivel nacional y en donde las transferencias de recursos a los estados de parte de la federación, provenientes de contribuciones de naturaleza federal e ingresos petroleros han sido de las más cuantiosas y sus niveles de deuda se han incrementado.

Por otra parte, resulta paradójico que el texto constitucional sea detallista y hasta cauteloso cuando legisla en materia de contratación de deuda suscrita por la federación y en cambio sea laxa y poco escrupulosa en cuanto a la contratación de deuda por los gobiernos de los estados sin especificar siquiera que las legislaturas locales tengan el mismo nivel de ingerencia como sucede en el caso de la intervención del Congreso federal en cuanto a la contratación de deuda por el Ejecutivo federal.

A nivel federal, en México el Congreso de la Unión es quien está facultado para dar bases sobre las cuales el Ejecutivo pueda celebrar empréstitos sobre el crédito de la nación, para aprobar esos mismos empréstitos y para reconocer y mandar pagar la deuda nacional, tal como lo marca la Constitución Política en su artículo 73, fracción VIII, que a la letra dice

Sin embargo, las atribuciones y facultades otorgadas por la Constitución a los Congresos locales no son las mismas que a nivel federal, la Carta Magna señala en su artículo 117 que los estados y los municipios no podrán contraer obligaciones o empréstitos sino cuando se destinen a inversiones públicas productivas, inclusive los que contraigan organismos descentralizados y empresas públicas, conforme a las bases que establezcan las legislaturas en una ley y por los conceptos y hasta por los montos que se fijen anualmente en los respectivos presupuestos.

Como se ve, a nivel local, las legislatura de los estados no están facultados constitucionalmente para aprobar los empréstitos contratados por el Ejecutivo estatal, tal y como sucede a nivel federal, aunque si está establecido en la mayoría de las Constituciones de los estados, es por ello que sería de gran valía y utilidad elevar a la Carta Magna lo que ya sucede en las legislaturas de los estados, que el Congreso estatal, al igual que el Congreso federal asuma la responsabilidad de convalidar la deuda contratada a fin de que en el seno del cuerpo colegiado se discuta la conveniencia o no de contratarla, así como para analizar si la ésta se ajusta en los términos y condiciones asentados en el texto constitucional.

A través del establecimiento de que las legislaturas de los estados aprobarán la celebración de empréstitos y contratación de obligaciones sobre el crédito de la entidad federativa, se fortalece la participación de los legisladores en la determinación de la política hacendaria, se reduce el margen de discrecionalidad de los gobiernos estatales, y se fortalece una toma de decisiones objetiva basada en un conjunto de consideraciones e información sometidas a evaluación por los legisladores, buscando con esto reducir la existencia de futuros desequilibrios en las finanzas públicas locales que pudiesen comprometer la solvencia del estado.

Por citar un ejemplo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público revela que el saldo total de la deuda de las entidades federativas alcanzó 186 mil 470 millones de pesos en 2007, con un incremento nominal de 16.5 por ciento respecto a los 160 mil 093.5 millones de pesos de 2006.

Por su parte, el saldo de la deuda pública de las entidades federativas como porcentaje del producto interno bruto nacional total subió marginalmente, de 1.7 por ciento en 2006 a 1.9 por ciento en 2007.

Si bien es cierto que cada una de las entidades se enfrenta a condiciones diversas, es preponderante que decisiones tan estratégicas como lo es la obtención de recursos, en este caso vía la contratación de empréstitos u obligaciones, sean sometidas a consideración de la legislatura respectiva, pues, por un lado se tendrían que analizar las condiciones bajo las cuales se pretende realizar esta operación y por el otro, determinar cuál será el destino de estos recursos.

Por estas razones, se hace necesario dotar a los Congresos locales de facultades constitucionales para que, de igual forma que el Congreso de la Unión, sienten las bases sobre las cuales el Ejecutivo estatal o municipal, pueda celebrar empréstitos sobre el crédito local y para aprobar el endeudamiento, considerando que a través de los recursos obtenidos pueden fincar obras que contribuyen al desarrollo económico y social de la población y que de otra manera no podrían ser financiados, hecho que podría inhibir el desarrollo de aspectos estratégicos para los gobiernos locales.

De tal suerte, la presente iniciativa pretende, con la adición de un párrafo a la fracción VIII del artículo 117 constitucional, dar un sustento constitucional al hecho de que las Legislaturas de los Estados discutan si los empréstitos contratados por el Ejecutivo del estado se ajustan a los lineamientos constitucionales, permitiendo incluso con dicha medida discutir si los montos de endeudamiento son convenientes para el sano desarrollo estatal.

En vista de lo anterior, y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo dispuesto en el artículo 55, fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que adiciona un párrafo a la fracción VIII, del artículo 117 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Único. Se adiciona un párrafo a la fracción VIII, del artículo 117 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 117. Los estados no pueden, en ningún caso:

Los estados y los municipios no podrán contraer obligaciones o empréstitos sino cuando se destinen a inversiones públicas productivas, inclusive los que contraigan organismos descentralizados y empresas públicas, conforme con las bases que establezcan las legislaturas en una ley y por los conceptos y hasta por los montos que fijen anualmente en los respectivos presupuestos. Los Ejecutivos informarán de su ejercicio al rendir la cuenta pública.

Las legislaturas de los estados aprobarán la celebración de empréstitos y contratación de obligaciones sobre el crédito de la entidad federativa sujetándose a las disposiciones contenidas en la ley de la materia, asimismo, aprobarán anualmente los montos de endeudamiento que deberán incluirse en la ley de ingresos.

Transitorio

Artículo Único. El presente decreto entra en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Gracias, diputado. Intégrese en sus términos en el Diario de los Debates, y túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.

ARTICULO 26 CONSTITUCIONAL - LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Tiene el uso de la palabra el diputado Daniel Dehesa Mora, para presentar iniciativa que reforma el artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social, suscrita por él mismo y por el diputado Víctor Gabriel Varela López, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

El diputado Daniel Dehesa Mora: Con su permiso, diputado presidente.

Un reclamo cada vez más vigoroso recorre nuestro país: la participación ciudadana demanda ser tomada en cuenta en las decisiones políticas públicas fundamentales.

Sin embargo, en nuestro país no existen mecanismos de democracia participativa normadas jurídicamente, ni mucho menos espacios públicos de participación de los ciudadanos en el diseño de políticas públicas relevantes de carácter permanente.

En un país como el nuestro, en donde la pobreza y la desi-gualdad han alcanzado niveles de gran proporción, las políticas públicas para su erradicación revisten gran importancia, cuyo diseño y ejecución no puede estar en manos sólo del Ejecutivo federal.

Debemos derribar el mito prevaleciente que concibe la elaboración de políticas públicas como una cuestión que es sólo competencia de los especialistas, es decir de las burocracias públicas.

La existencia de la crisis de representación que caracteriza a las democracias actuales, debilitando la esfera pública, es precisamente la que suscita un importante movimiento en México y en el mundo, tendiente a la democratización de los pilares fundamentales de la democracia, representado por los parlamentos, partidos políticos y por el propio Estado, y con ello la de todos los espacios públicos.

Lo anterior hace necesario encontrar alternativas para la formación de las políticas de la adopción de las decisiones públicas, que apoyándose en la noción y representación trascienden los circuitos tradicionales en torno a los partidos políticos-parlamento; sin embargo, no bastan los mecanismos de consulta coyuntural.

Por lo anterior, la presente iniciativa tiene como propósito la creación de un espacio de participación ciudadana denominado ``Consejo Nacional de Política Económica y Social'', que tome la naturaleza de un organismo constitucional de carácter autónomo, que constituya un espacio que pueda contribuir a la promoción de mayor pluralismo en el proceso de diseño y evolución de las políticas públicas en materia de política social a favor de los sectores usualmente excluidos, en un ámbito reivindicando tanto el valor de la igualdad política como el valor de la deliberación para la formación política.

Esta iniciativa toma en cuenta las experiencias nacionales e internacionales que dan cuenta de la creación de esta clase de organismos. En efecto, entidades federativas como Jalisco, Tlaxcala y Chiapas, en el ámbito nacional; asimismo, Francia, España, Honduras, Venezuela, en el ámbito internacional, dan cuenta de la existencia de estos organismos.

El organismo cuya creación se propone estaría integrado por 30 consejeros, que serían elegidos por los sectores académico, empresarial, ciudadano, sindical, campesino, cooperativista, del Congreso de la Unión y de las entidades federativas, buscándose un equilibrio en su composición.

Destacan entre las funciones que se propone como órgano de consulta, en el diseño y ejecución de políticas públicas en materia económica y social de corto y largo plazos y, en general, convertirse en un espacio de concertación y de diálogo entre los diversos agentes económicos y sociales.

Para tal efecto se propone su constitucionalización en el apartado A del artículo 26 constitucional, y su inclusión en el artículo 5o. y demás relativos de la Ley General de Desa-rrollo Social. Es decir, del artículo 55 al 60.

Por ésta y otras razones que se detallan en la iniciativa, consideramos de gran trascendencia para la vida democrática de nuestro país la presente propuesta. Por lo anterior, solicito que se inserte íntegra en el Diario de los Debates. Es cuanto, señor presidente, muy amable.

«Iniciativa que reforma el artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social, suscrita por los diputados Daniel Dehesa Mora y Víctor Gabriel Varela López , del Grupo Parlamentario del PRD

Los suscritos, diputados federales Daniel Dehesa Mora y Víctor Gabriel Varela López integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, y 56 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración del honorable Congreso de la Unión la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona un párrafo quinto al apartado A del artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y reforma la fracción II del artículo 5, así como del 55 al 60 de la Ley General de Desarrollo Social, con el propósito de establecer El Consejo Nacional de Política Económica y Social como parte de una política social, de conformidad con la siguiente:

Exposición de Motivos

El propósito de la política social es compensar las desi-gualdades económicas y sociales entre individuos. Significa asegurar a todos los integrantes de la sociedad, particularmente a los más vulnerables, niveles y oportunidades mínimos de bienestar, reflejados en una adecuada alimentación; un lugar para habitar; acceso a agua potable y saneamiento básico; enseres y mobiliarios básicos; fuentes de energía; vestimenta y calzado, transporte al trabajo o al lugar de estudio; alcanzar un determinado nivel educativo tanto para niños como para adultos, disponer de atención a la salud y mercados de trabajo.

El acceso al bienestar implica una estrecha relación entre política social y política económica, significa mayores oportunidades de acceso a servicios de seguridad social y el impulso a las capacidades de las personas, por lo que se hace necesaria la construcción de una nueva etapa de política social que descanse en la promoción de la igualdad de oportunidades para todos los mexicanos.

Si bien es cierto, que en México la evolución de la política social que se ha seguido, traducida como programas gubernamentales, ha tenido que ver con la realidad política, económica y social prevaleciente en cada etapa de su desa-rrollo, también es cierto, que ha sido un poderoso instrumento electoral, independientemente de la forma en que se aplique, sobre todo al legitimar la política de focalización de programas. De ahí la necesidad de que los gobiernos en coordinación con otros actores sociales y económicos, implementen una política social que no solamente solucione el problema en el corto plazo, sino que logre la superación de las condiciones estructurales de la pobreza, marginación y desigualdad, donde un crecimiento sostenido y una adecuada distribución del ingreso y la riqueza, permitan mejorar las condiciones y calidad de vida de la población.

En el actual contexto nacional, es necesario que no solo se posicione a la política social en el centro de la agenda nacional, sino también, sean creadas y se fortalezcan las instituciones para que la población acceda verdaderamente al desarrollo y al bienestar. No solo se trata de continuidad entre las administraciones, que si bien, se califica como positivo, también es importante, que todos los actores involucrados participen en el proceso de generación y ejecución de la política social, donde se plasme claramente sus derechos y obligaciones y se fortalezca al mismo tiempo, su participación y la construcción de ciudadanía.

Es ineludible plantear como objetivo de corto plazo, la erradicación de la pobreza extrema, para pasar al siguiente ejercicio de política pública, en donde la desigualdad sea el tema prioritario, es decir, el evitar que haya discrepancias tan fuertes entre regiones, personas o grupos sociales. Si bien, ha habido avances en la reducción de la pobreza desde mediados de la década pasada, en el tema de la desigualdad casi estamos a los mismos niveles de hace 50 años, por lo que no ha habido avances. Esto requiere una reflexión y una movilización social y gubernamental mucho más profunda.

Lo anterior implica: una vasta comprensión del desarrollo social y sus determinantes, es decir, un conocimiento extenso de las regiones, estados y municipios con menores niveles de desarrollo y una identificación de los obstáculos que enfrentan para mejorarlo (lo que puede constituir el núcleo de una estrategia efectiva), así como la selección de las acciones públicas que tengan el mayor impacto sobre el desarrollo social, donde los programas del sector sean un componente importante del programa, pero igualmente importantes sean las acciones para promover el desarrollo económico, donde la provisión de infraestructura en general y particularmente social juegue un papel prioritario para el logro de los objetivos y metas. Es preciso también, el establecimiento de indicadores de evaluación, ya que la identificación de metas para el desarrollo social y de indicadores intermedios es un elemento de la formulación central en la evaluación regular de los programas y su implementación.

En esta perspectiva, es esencial que la política social y económica sea incluyente y se oriente al desarrollo de servicios e infraestructuras sociales y económicas: salud, educación, cultura, turismo, carreteras, agua, electricidad, telecomunicaciones, mercados laborales, etcétera. Con lo que se garantiza la existencia de mecanismos capaces de atender las necesidades de todos los actores sociales. Es un asunto público, romper el círculo pernicioso de la desigualdad, la pobreza y la exclusión, y su impacto sobre el grado de civilidad y gobernabilidad de nuestra sociedad y nuestras instituciones democráticas.

Un reto importante en una política social democrática, se debe tomar sobre la base de la participación de todos los actores involucrados y en consulta con ellos, incluyendo a los grupos más vulnerables. Para hacer realidad el ideal de la participación ciudadana, es necesario que se definan con precisión las estructuras de decisión, ejecución y vigilancia en las que los ciudadanos harán hacer sentir su influencia. Se deben crear instancias específicas, dotadas de los recursos necesarios, en las cuales los ciudadanos compartan, en efecto, el poder de decisión que usualmente está monopolizado por la poderosa, burocratizada y tecnificada estructura del estado.

Si bien, es un asunto prioritario desarrollar las capacidades básicas de educación, salud, nutrición, alimentación y vivienda que permitan a todas las personas alcanzar la condición básica de igualdad, también es inaplazable, crear los mecanismos institucionales para generar habilidades y aptitudes y sea reflejo de un desarrollo integral de las personas.

El problema de la política social en México no solo es de diseño, sino también de instituciones. Reducir el número de mexicanos en condición de pobreza, mediante un esquema de desarrollo de capacidades en las personas y de oportunidades de trabajo, es loable, la cuestión de fondo es cómo lograrlo. De ahí, la importancia de constituir mecanismos novedosos para la implementación de política pública que le den factibilidad técnica y financiera a la política social y económica que los mexicanos requieren.

Lograr los objetivos y metas de una política social y económica implica, la formulación de una auténtica política social de Estado, que esté más allá del ciclo económico. Se hace necesario, transitar de las definiciones ortodoxas sobre pobreza y de una visión de políticas gubernamentales que atienden a un principio esencialmente clientelar y político, hacia una agenda de universalidad de derechos sociales.

Existen naciones más pobres como Costa Rica que han avanzado mucho más en la universalidad de acceso a satisfactores sociales básicos. En este pequeño país centroamericano todos los habitantes están protegidos por un sistema nacional de salud pública y ningún joven que desee estudiar se queda sin hacerlo por falta de recursos económicos. La expectativa de vida de sus habitantes es de 78 años y medio, la más alta de toda la región. El milagro social de la llamada Suiza de América deriva, principalmente, en destinar suficientes recursos al sistema educativo y de salud. No tiene Ejército, pero tampoco petróleo. No es un país rico, pero su política social se parece mucho a la de las modernas socialdemocracias europeas.

Un programa social en el marco de una sociedad democrática, exige la presencia de instrumentos y programas sustentados en una nueva agenda que impulse un esquema de universalidad de acceso en alimentación, salud y educación, para conformar la base de una auténtica y necesaria política social de Estado. El tema del desarrollo en México implica reconocer que más allá del discurso, el combate contra la pobreza tiene que acompañarse de la lucha contra las desigualdades. Lo que se puede lograr mediante un nuevo modelo de desarrollo social que vincule, igualdad de oportunidades e igualdad de resultados, para lo cual se requiere políticas de planeación de corto, mediano y largo plazo que incentiven las condiciones para que todos los mexicanos accedan al bienestar. Por ello, esta iniciativa propone crear el Consejo Nacional de Política Económica y Social. Cuyo proyecto para su creación, parte de la necesidad de transitar cuanto antes, a la formulación de una política de Estado basada en la idea de una verdadera democracia.

¿Qué anima la creación de este Consejo? En primer lugar, la necesidad de procesar acuerdos en áreas críticas para el desarrollo en medio de arenas con intereses legítimamente diferentes. El Consejo sería una instancia colegiada y plural de deliberación y de formulación de políticas de Estado. Rompería la inercia que hace del gobierno el principal actor de la política social y económica del país.

En segundo lugar, está la exigencia de contar con una instancia de planeación nacional como órgano destinado a ofrecer equilibrio, racionalidad y permanencia a las políticas sociales y económicas en ambientes de creciente inestabilidad. Un Consejo Económico y Social apela a la certidumbre.

En tercer lugar, se encuentra el imperativo de sumar a la sociedad --cuerpos intermedios, representantes de organizaciones sociales, grupos empresariales, universidades, sindicatos, etcétera-- a la tarea de innovar estrategias y proponer instrumentos que potencien los alcances de la política social y económica del Estado. Es sumar la inteligencia social.

La figura del Consejo Económico y Social representa el reconocimiento de que el gobierno es uno más de los actores políticos y sociales del país, no el único, ni el más importante. El Consejo representa un cambio trascendental la participación en los asuntos públicos de todos los actores involucrados en la política social del país, a la sociedad y al ciudadano un papel relevante en la hechura de las políticas públicas. Se construye así, una nueva relación Sociedad-Estado.

Por su estructura y naturaleza de Estado, las resoluciones del Consejo serían de observancia obligatoria y no estarían sujetas al arbitrio de los titulares de las secretarías y, en general de la administración pública. El éxito del Consejo estaría en la formulación de políticas de largo plazo y en su aplicación obligatoria. Sería una instancia de análisis de las iniciativas del Poder Legislativo y de las que lleguen al Congreso enviadas por el Ejecutivo; simultáneamente desarrollaría funciones de órgano técnico y de instancia política.

Las tareas propias de este Consejo serían, además, la formulación de prospectiva social y económica. Uno de los problemas fundamentales de nuestro país es la manera como el gobierno enfrenta escenarios de creciente incertidumbre. Las respuestas ante turbulencias financieras y económicas no siempre son las más adecuadas. Si bien el gobierno es el ente público mejor informado, eso no lo acredita como infalible en sus lecturas de la realidad económica y social. El Consejo asumiría la sensible tarea de prever los escenarios de incertidumbre y proponer cursos de acción presente, para evitar o disminuir los impactos de crisis potenciales.

La constitución de este Consejo abriga la posibilidad de concebir a la democracia como un proyecto de igualdad y representa, implícitamente, el rechazo a una sociedad de desiguales que hoy parece aceptarse sin más por un buen número de actores relevantes. Sin una articulación estrecha entre política social, política económica y participación ciudadana, difícilmente se impulsará el bienestar en el conjunto de la sociedad, y en la consolidación de una sociedad participativa y verdaderamente democrática, pues en ello radica la verdadera materialización del desarrollo social de los pueblos. Esto es lo que está presente en el siguiente proyecto de decreto.

Por lo antes expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea la iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma y adiciona un párrafo quinto al apartado A del artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y reforma la fracción II del artículo 5, y del 55 al 60 de la Ley General de Desarrollo Social, para quedar en los siguientes términos:

Artículo Primero. Se adiciona un quinto párrafo al apartado A del artículo 26 Constitucional para quedar como sigue:

Artículo 26. ...

A

El estado contará con un Consejo Nacional de Política Económica y Social, cuya naturaleza jurídica es la de un organismo constitucional que contará con autonomía de gestión y presupuestaria, personalidad jurídica y patrimonio propio y de carácter consultivo. Éste órgano predominantemente de participación ciudadana se conformará pluralmente con representantes de los sectores público, académico, de los trabajadores, empresarios y de la sociedad civil, cuyo objeto será contribuir al diseño, ejecución y evaluación de políticas públicas en materia de desarrollo económico y social, formulando recomendaciones publicas a los poderes Ejecutivo Legislativo para tal efecto, en el ámbito de sus atribuciones. Su composición y funciones serán establecidas en la Ley General de Desarrollo Social. Las entidades federativas en el ámbito de su competencia, crearían organismos equivalentes.

Artículo Segundo. Se reforman los artículos 5, fracción II y 55, 56, 57, 58, 59 y 60 de la Ley General de Desarrollo Social, para quedar como sigue:

Artículo 5. ...

Artículo 55. El Consejo es un organismo autónomo e independiente en sus decisiones, de carácter permanente, que tiene como función primordial ser un órgano consultivo del Gobierno Federal y del Congreso de la Unión, que formulará recomendaciones públicas no vinculatorias, asimismo como promoverá el diálogo social y los acuerdos de consenso entre los agentes sociales y económicos, con relación a las políticas, planes y programas públicos e iniciativas presentadas ante el Congreso de la Unión.

Artículo 56. El Consejo tiene por objeto:

Artículo 57. El Consejo se integrará por trece consejeros.

Por cada consejero propietario se nombrará un suplente.

Artículo 58. El Consejo tendrá los siguientes órganos:

Artículo 59. El Pleno estará integrado por la totalidad de los consejeros designados por los Poderes Legislativo y Ejecutivo, las autoridades estatales y las organizaciones representadas en el Consejo, y es el órgano supremo del Consejo.

Artículo 60. Las decisiones del Consejo se tomarán por dos terceras partes de los presentes y tendrán el carácter de resoluciones del Consejo Económico y Social.

Las resoluciones del Consejo no tendrán efectos vinculatorios.

El reglamento respectivo establecerá las normas de funcionamiento del consejo.

Artículo 61. El Presidente del Consejo Nacional de Política Económica y Social presentará anualmente a los Poderes de la Unión un informe de actividades. Para tal efecto comparecerá ante las Cámaras del Congreso en los términos que disponga la ley.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Intégrese en el Diario de los Debates en los términos de la iniciativa, ytúrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de Desarrollo Social.

LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA - CODIGO PENAL FEDERAL

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Tiene el uso de la palabra la diputada Guillermina López Balbuena, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y reforma el artículo 266 Bis del Código Penal Federal.

La diputada Guillermina López Balbuena: Con su permiso, señor presidente.

Compañeras y compañeros, no hay que olvidar que la lucha de las mujeres organizadas por la creación de una ley para proteger, sancionar y erradicar la violencia se encontró por muchos años con los oídos sordos de las autoridades.

La actual ley plasma claramente los principios fundamentales que deben regir al Estado mexicano en su lucha contra la violencia de género.

La realidad demuestra que las mujeres, tan sólo por su condición de género, siguen padeciendo situaciones de desi-gualdad, violencia y discriminación, que en múltiples ocasiones, pretenden ser justificadas con argumentos que hacen alusión a tradiciones, costumbres o estereotipos arraigados en el entramado social.

Ante esta problemática que aún no se supera, se hace cada vez más evidente la necesidad no sólo de adecuar el marco jurídico sino, además, de articular la presencia y las reivindicaciones de este sector, tradicionalmente excluido del discurso y de la acción institucional, para lograr un desa-rrollo humano sostenible, equitativo e incluyente.

El propósito de nuestra iniciativa es plantear, diseñar e implantar mecanismos para garantizar la vinculación inmediata de las mujeres a los programas sociales formulados por las Secretarías de Desarrollo Social, y de Economía.

El gobierno tendrá la obligación de impulsar y ejecutar la coordinación respecto de la vinculación de las mujeres a los programas sociales. Para ello, la Sedesol deberá promover mecanismos para garantizar la vinculación inmediata de las mujeres a los programas sociales.

La Secretaría de Seguridad Pública federal, para cumplir los objetivos establecidos en la ley deberá formular, desa-rrollar y ejercer acciones de coordinación con las instituciones de salud pública y privada para conocer de hechos que estén ligados a la violencia contra las mujeres.

La Secretaría de Salud diseñará e implantará lineamientos de capacitación para el personal del sector salud, con la finalidad de que al detectar alguna forma de violencia contra las mujeres, tenga los medios para denunciarla.

Al Inmujeres se le obligará a colaborar con las autoridades de la Secretaría de Desarrollo Social en la vinculación inmediata de las mujeres a los programas sociales.

Aunado a lo anterior, en varias ocasiones hemos escuchado casos de violación y acoso sexual por parte de militares, principalmente en la población femenina indígena. Por tal motivo, propongo que se incremente la pena a los militares y ex militares que cometen estos delitos.

Compañeras y compañeros, no olvidemos que la violencia contra las mujeres es una de las violaciones a los derechos humanos más extendida, habitual y silenciada. Este hecho exige enfrentarla como una preocupación clave que reclama la activa participación de la sociedad y de las autoridades. Es cuanto, señor presidente.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y reforma el artículo 266 Bis del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Guillermina López Balbuena , del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones XII y XIII del artículo 38, XIX y XX del artículo 41, VIII y IX del artículo 43, X y XI del artículo 44, VII y XI del artículo 46, III del artículo 48 y V del artículo 51, y se adicionan las fracciones XIV al artículo 38, XXI al artículo 41, X al artículo 43 y XII al artículo 44, así como los artículos 60, 61 y 62 de la Ley General para el Acceso de Mujeres a una Vida Libre de Violencia; y se reforma la fracción III del artículo 266 Bis del Código Penal Federal, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Los derechos de las mujeres, históricamente denegados o vulnerados, se topan con condiciones sumamente adversas. No hay que olvidar que la lucha de las mujeres organizadas por la creación de una ley para proteger, sancionar y erradicar la violencia se encontró por muchos años con los oídos sordos de las autoridades. Pero en 2007, por primera vez en el país se aprobó una ley específica sobre violencia hacia las mujeres.

Este logro fue un avance del movimiento feminista, que en la década de los noventa hizo del tema de la violencia un asunto público y logró colocarlo como un grave problema de derechos humanos, pasando a ser un asunto de Estado y de seguridad pública la violencia de género.

La ley plasma claramente los principios fundamentales que deben regir al Estado mexicano en su lucha contra la violencia de género, y atendiendo lo señalado en los instrumentos internacionales ratificados por México en la materia.

El papel de la mujer a lo largo de la historia y en todas las culturas permaneció reducido casi exclusivamente al de pareja, hermana, madre o ama de casa; no gozaba de derechos económicos, políticos o sociales, pues en un sistema de dominio patriarcal rara vez tenía acceso a la vida pública. Esta situación ha perdurado hasta nuestros días, manteniéndose el papel de la mujer en el trabajo doméstico y su consustancial función reproductora como fundamento de la organización familiar.

A la violencia de género cotidiana, que afecta a más de la mitad de las mujeres mexicanas, se suman los crecientes casos de violación y acoso sexual por militares y la generalización de los feminicidios en varios estados de la república. A la limitada participación política de las mujeres se han agregado el hostigamiento, el encarcelamiento y la tortura de luchadoras sociales y defensoras de los derechos humanos.

En el contexto actual, la tarea es reorientar las estrategias para lograr mayor articulación entre mujeres. Los derechos de las mujeres son considerados parte inalienable e indivisible de los derechos humanos universalmente reconocidos, y es deber de los Estados y de la sociedad en su conjunto procurar su promoción y su protección.

La realidad demuestra que las mujeres, tan sólo por su condición de género, siguen padeciendo situaciones de desigualdad, violencia y discriminación que, en múltiples ocasiones, pretenden ser justificadas con argumentos que hacen alusión a tradiciones, costumbres o estereotipos arraigados en el entramado social.

Las indígenas en México viven en una situación vulnerable, como personas e integrantes de los pueblos y grupos a que pertenecen. Pese a ello, las mujeres participan en sus comunidades en actividades que tengan como principal objetivo cambiar su situación, relativas a la atención y educación para la salud, producción y comercialización artesanal, microempresas productivas y de servicios.

En la última década del siglo XX, las indígenas han unido sus voces para denunciar la opresión y el racismo que marca la relación de los pueblos indígenas con las autoridades gubernamentales y con los grupos sociales.

Las indígenas, generación tras generación, han presentando graves problemas de salud, producto de carencias nutricionales y alta fecundidad. Su vida está ligada al trabajo: desde niñas son incorporadas a ayudar a sus madres, contraen nupcias en edades muy tempranas, entre los 13 y 16 años, y su vida matrimonial se realiza en condiciones precarias. La falta de servicios provoca que muchas de ellas tengan que caminar largos tramos para proveerse de los productos necesarios que les permitan realizar sus labores.

En la población indígena se encuentra que las ramas de actividades sobresalientes entre las indígenas son la agropecuaria, en 47 por ciento; el comercio, en 12 por ciento; fabricación de prendas de vestir, en 8 por ciento, y el servicio doméstico, en 8 por ciento. La jornada de trabajo normal para una indígena es hasta de 18 horas diarias.

Actualmente, las indígenas se han convertido en las principales gestoras que llevan los servicios básicos a las comunidades, escuela, clínicas y agua. Además, participan en campañas de salud, de nutrición, y todas las que tengan que ver con el bienestar social de sus comunidades. Constituyen la base de las tradiciones de sus pueblos, ya que se de generación en generación heredan los conocimientos para ser yerberas, parteras, curanderas, rezadoras, sobadoras o artesanas, entre otras actividades.

Las indígenas son el pilar para el desarrollo de las comunidades de los pueblos indígenas. Su trabajo se ha transformado en elemento principal para la supervivencia y continuidad de las culturas y sociedades indígenas.

Sin embargo, su participación no ha sido reconocida socialmente como una aportación del desarrollo nacional. Pese a esta discriminación, las indígenas continúan incorporándose cada vez más al trabajo productivo. Su presencia es cada vez mayor y reclama el respeto de sus derechos humanos, laborales y culturales. Eso hace cada vez más evidente el fortalecimiento de sus procesos organizativos.

Ante esta problemática que aún no se supera se hace cada vez más evidente la necesidad no sólo de adecuar el marco jurídico sino, además, de articular la presencia y las reivindicaciones de este sector, tradicionalmente excluido del discurso y de la acción institucionales, para lograr un desarrollo humano sostenible, equitativo e incluyente.

Por todo ello, el propósito de nuestra iniciativa es plantear, diseñar e implantar mecanismos para garantizar la vinculación inmediata de las mujeres a los programas sociales formulados por las Secretarías de Desarrollo Social, y de Economía.

La federación tendrá la obligación de impulsar y ejecutar la coordinación respecto a la vinculación de las mujeres a los programas sociales. En este sentido, la Secretaría de Desarrollo Social deberá promover mecanismos para garantizar la vinculación inmediata de las mujeres a los programas sociales. La Secretaría de Seguridad Pública federal, para dar cumplimiento a los objetivos establecidos en la ley, deberá formular, desarrollar y ejercer acciones de coordinación con las instituciones de salud públicas y en las privadas para conocer de hechos ligados a la violencia contra las mujeres.

La Secretaría de Salud diseñará e instaurará lineamientos de capacitación para el personal del sector salud, a fin de que al detectar alguna forma de violencia contra las mujeres tengan los medios para denunciarla. Al Instituto Nacional de las Mujeres se obligará a colaborar con las autoridades de la Secretaría de Desarrollo Social en la vinculación inmediata de las mujeres a los programas sociales.

El género rebasa la intimidad propia de la feminidad para abarcar los ámbitos económico, político y social e insertarse en el terreno de los derechos humanos en una relación de goce, igualdad y reconocimiento, al ofrecer un modo de diferenciar la práctica sexual de las funciones sociales asignadas a mujeres y a hombres.

Señores legisladores: es prioritario involucrar a las mujeres en los proyectos que ayudan a fortalecer la calidad de vida, la salud, la nutrición, la salud reproductiva, y --de esa forma-- contribuir a contrarrestar la grave situación en que se encuentran las indígenas del país.

La equidad para las mujeres indígenas conlleva el reconocimiento de la diferencia y la desigualdad en el trato de género, considerando las diferencias que se generan por sus condiciones culturales y lingüísticas. La igualdad de género, sobre todo para las indígenas, exige la transformación de las reglas básicas de las jerarquías y de las prácticas de las instituciones y de la sociedad que permitan considerar a las mujeres en cada proyecto y desarrollar acciones específicas que combatan la desigualdad y la iniquidad.

Por tal motivo es urgente que las autoridades gubernamentales tengan la obligación de vincularlas de manera inmediata a los programas sociales, educación, salud, cultura y empleo, con el propósito de que confeccionen un nuevo plan de vida.

Compañeros: la violencia contra las mujeres es una de las violaciones de los derechos humanos más extendida, habitual y silenciada. Este hecho exige enfrentarla como una preocupación clave que reclama la activa participación de la sociedad y de las autoridades. Por lo mismo, debemos trabajar juntos para enfrentar de forma competente este reto y aportar la voluntad política con el objetivo de erradicar esta laceración de la vida humana.

Por todo lo anterior, se presenta al Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente proyecto de

Decreto por el cual se reforman las fracciones XII y XIII del artículo 38, XIX y XX del artículo 41, VIII y IX del artículo 43, X y XI del artículo 44, VII y XI del artículo 46, III del artículo 48 y V del artículo 51, y se adicionan las fracciones XIV al artículo 38, XXI al artículo 41, X al artículo 43 y XII al artículo 44, así como los artículos 60, 61 y 62 de la Ley General para el Acceso de Mujeres a una Vida libre de Violencia; y se reforma la fracción III del artículo 266 Bis del Código Penal Federal

Artículo Primero. Se reforman las fracciones XII y XIII del artículo 38, XIX y XX del artículo 41, VIII y IX del artículo 43, X y XI del artículo 44, VII y XI del artículo 46, III del artículo 48 y V del artículo 51; y se adicionan las fracciones XIV al artículo 38, XXI al artículo 41, X al artículo 43 y XII al artículo 44, así como los artículos 60, 61 y 62 de la Ley General para el Acceso de Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para quedar de la siguiente manera:

Artículo 38. El programa contendrá las acciones con perspectiva de género para

Artículo 41. Son facultades y obligaciones de la federación

Artículo 43. Corresponde a la Secretaría de Desarrollo Social

Artículo 44. Corresponde a la Secretaría de Seguridad Pública

Artículo 46. Corresponde a la Secretaría de Salud

Artículo 48. Corresponde al Instituto Nacional de las Mujeres

Artículo 51. Las autoridades, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán prestar atención a las víctimas, consistente en

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo. Se reforma la fracción III del artículo 266 Bis del Código Panal Federal, para quedar de la siguiente manera:

Artículo 266 Bis. Las penas previstas para el abuso sexual y la violación se aumentarán hasta en una mitad en su mínimo y máximo cuando

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Gracias a la diputada Guillermina López Balbuena, poblana.Túrnese a las Comisiones Unidas de Equidad y Género, y de Justicia.

LEY DE FISCALIZACION SUPERIOR DE LA FEDERACION

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Tiene el uso de la palabra el diputado Elías Cárdenas Márquez, del Grupo Parlamentario de Convergencia, para presentar iniciativa que reforma el artículo 80 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación. Adelante, diputado.

El diputado Elías Cárdenas Márquez: Gracias, señor presidente.

Honorables diputadas y honorables diputados, la iniciativa que hoy presento ante la asamblea es de máxima importancia para evitar posibles conflictos de interés en el desempeño del servicio público. Se trata de fortalecer la confianza en los servidores públicos, quienes deben ajustar sus conductas a los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia.

En 1999 el Constituyente Permanente reformó los artículos 73, 74, 78 y 79 de la Constitución, para otorgar facultades a este Congreso y legislar sobre la organización de la entidad de fiscalización superior de la Federación; consecuentemente, se creó la Auditoría Superior de la Federación y su ley reglamentaria.

Es significativo destacar que todos los servidores públicos de esa entidad están sujetos a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

Como es sabido, la Auditoría Superior de la Federación revisó las auditorías practicadas por el despacho González de Aragón y Asociados, y que fueron motivo de controversias jurisdiccionales por presumirse conflicto de interés.

A fin de evitar situaciones como la anterior, el suscrito, en su carácter de secretario de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, propuso encontrar una solución legislativa, motivo por el cual desde octubre de 2007 presenté iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 80 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, para evitar en el futuro que en la actuación del titular de la Auditoría Superior de la Federación se ponga en tela de juicio su autoridad por intereses presumiblemente personales.

Como reiteradamente lo ha expresado el propio auditor superior de la Federación, debemos luchar y estamos comprometidos a luchar contra la discrecionalidad, la tramitología y la burocracia, que son las tres grandes fuentes de la corrupción, la impunidad y la opacidad en el manejo de los recursos públicos.

Por ello, convoco a las diputadas y a los diputados para apoyar esta iniciativa que evitará posibles conflictos de interés, en aras de la respetabilidad a nuestro máximo órgano de fiscalización y a esta Cámara de Diputados.

Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.

«Iniciativa que reforma el artículo 80 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, a cargo del diputado Elías Cárdenas Márquez , del Grupo Parlamentario de Convergencia

El suscrito, Elías Cárdenas Márquez , diputado federal de la LX Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario de Convergencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a consideración de esta honorable asamblea iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 80 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación (LFSF), al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El orden jurídico mexicano es un conjunto de normas, principios y disposiciones que regulan la conducta de las personas y busca garantizar la conveniencia y cohesión social. En él adquieren inusitada importancia las normas jurídicas que persiguen fortalecer el aparato gubernamental y construir relaciones transparentes e imparciales entre éste y la sociedad.

En la función pública como actividad de interés general con efecto directo en la sociedad, adquiere relevancia la actuación de los servidores públicos, quienes se convierten en depositarios de la confianza y de los intereses de los ciudadanos, por lo que el desempeño de su empleo, cargo o comisión debe ajustarse a los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que rigen el servicio público.

La sociedad mexicana actualmente demanda y exige un servicio público probo y eficiente cuyo funcionamiento se sustente en principios tutelados por normas jurídicas claras y sencillas que eleven la capacidad gubernamental de atención de las necesidades sociales, así como convertir la función pública en una actividad digna y decorosa cuyo desarrollo cotidiano sea ejercicio permanente del fortalecimiento de valores éticos esenciales a la acción de gobernar. Desde esa lógica, la fiscalización superior del gasto es una actividad primordial del Estado, ya que es el control que la ciudadanía ejerce sobre el desempeño del gobierno. En ese sentido, cobra gran importancia la facultad exclusiva que tiene la Cámara de Diputados de revisar la Cuenta Pública, tema de ingente importancia en el mundo.

El sistema político mexicano ha invertido grandes expectativas en los procesos de evaluación de la Cuenta Pública, como forma de control de la gestión de los servidores públicos que utilizan recursos asignados por la federación.

La fiscalización permite promover la calidad de la gestión pública, combatir la corrupción y las ineficiencias gubernamentales y promover la rendición de cuentas en el uso de los recursos públicos, desde luego favoreciendo la consolidación democrática a través del ejercicio transparente de los recursos públicos, que los ciudadanos actualmente pueden conocer.

Lo anterior ha implicado el fortalecimiento del marco normativo que rige tan delicada actividad. Así, en 1999 el Constituyente Permanente reformó los artículos 73, 74, 78 y 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a fin de dar atribuciones al Congreso de la Unión para legislar sobre la ley que regula la organización de la entidad de fiscalización superior de la federación y facultar en forma exclusiva a la Cámara de Diputados para coordinar y evaluar las funciones del órgano fiscalizador, el cual tiene a su cargo la revisión de la Cuenta Pública. Asimismo, la reforma del sistema de fiscalización federal permitió la entrada en vigor de la LFSF y la creación de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Al dejar establecido que la fiscalización es el eje central de la transparencia del ejercicio de los recursos públicos y que se realiza a través de la ASF, órgano técnico de la Cámara de Diputados, que goza de autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones, en términos de la ley reglamentaria, también se establece que al frente de la ASF habrá un auditor superior, designado por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Diputados, durará ocho años en el encargo y podrá ser nombrado nuevamente por una sola vez.

Este funcionario tiene la atribución de ejercer las facultades que corresponden a la ASF y será auxiliado en sus funciones por tres auditores especiales, así como por los titulares de unidades, directores generales, directores, subdirectores, auditores, y demás servidores públicos que al efecto le señala su reglamento interior, de conformidad con el presupuesto autorizado.

Todos esos servidores públicos, en términos del artículo 90 de la LFSF, en el desempeño de sus funciones se sujetarán a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y a las demás disposiciones legales aplicables.

El artículo 113 de la Constitución General de la República contiene los principios rectores que deben salvaguardar los servidores públicos y que se encuentran reglamentados en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, ¹ en el artículo 7, el cual establece que será responsabilidad de éstos ajustarse en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones a las obligaciones previstas en ésta, a fin de salvaguardar los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que rigen en el servicio público .

En ese contexto normativo y con la aplicación del nuevo marco jurídico de la ASF, a últimas fechas se ha cuestionado la actuación de su titular, en un tema que incluso ha sido materia de controversia jurisdiccional y motivo de un juicio de amparo que interpuso el auditor superior de la Federación por un ``conflicto de intereses''.

El conflicto de intereses fue expuesto ante la sociedad mexicana a través de los medios de comunicación masiva, ya que se reclama al auditor superior de la Federación haber omitido informar a la Comisión de Vigilancia de la ASF que varias dependencias incluidas en el programa anual de auditorías, visitas e inspecciones para la revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 2005 fueron auditadas previamente por el despacho González de Aragón y Asociados, Contadores Públicos, SC, en el cual los hijos del auditor superior son socios.

Esos hechos motivaron que la Comisión de Vigilancia de la ASF emitiera el acuerdo de 29 de junio de 2006, a través del cual se le recomendó lo siguiente:

A. A partir de la aprobación del programa anual de auditorías, visitas e inspecciones, así como sus adecuaciones y modificaciones de la Cuenta Pública de 2005 en adelante, y previo a practicar actividad tendente a su ejecución, el auditor superior de la Federación requiera a las entidades fiscalizadas que le informen si el despacho González de Aragón y Asociados, Contadores Públicos, SC, les practicó alguna revisión o auditoría; y en caso de ser afirmativo, deberá informar a la Comisión de Vigilancia para que ésta, en el ámbito de sus atribuciones, determine los más conveniente.

De lo anterior se desprende que nos encontramos ante el estudio de la hipótesis de cuando el auditor pueda tener algún conflicto de intereses, que ponga en mínima duda la imparcialidad en el cumplimiento de sus obligaciones adquiridas del mandato constitucional que se le confiere, tomando en cuenta que el auditor superior de la Federación ejerce atribuciones de fiscalizar en nombre de la federación el manejo y destino de los recursos públicos, propiedad de los mexicanos, tema delicado que implica gran responsabilidad del citado funcionario público.

Al respecto, la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos establece en el artículo 8, fracción XI, que todo servidor público tendrá la obligación de excusarse de intervenir, por motivo del encargo, en cualquier forma en la atención, tramitación o resolución de ``asuntos en los que tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquellos de los que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o parientes consanguíneos o por afinidad hasta el cuarto grado, o parientes civiles, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen o hayan formado parte''.

El citado artículo establece la obligación que tiene el servidor público de informar por escrito al jefe inmediato sobre la atención, el trámite o la resolución de los asuntos a que hace referencia el párrafo anterior y que sean de su conocimiento, y observar sus instrucciones por escrito respecto a su atención, tramitación y resolución, cuando el servidor público no pueda abstenerse de intervenir en ellos.

Si partimos de la premisa de que el conflicto de intereses surge cuando una persona como servidor público es influida por consideraciones personales derivadas de vínculos de parentesco, amor, lealtad, amistad o cualquier otro motivo que repercuta en el sentido imparcial de sus determinaciones al cumplir su trabajo.

Los conflictos de intereses se deben prevenir y no corregir después de ejecutado el acto, incluyendo la simple apariencia, a fin de no poner en duda la transparencia e imparcialidad en el desempeño del servicio público, lo que resulta necesario en la construcción de una democracia moderna que perfila un modelo nuevo de Estado, en un marco de claridad y transparencia en la rendición de cuentas y fiscalización de los recursos de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal.

El Código de Ética de la ASF establece que la autoridad moral de dicho órgano de fiscalización se sustenta en la conducta intachable de sus auditores, la que debe ser ejemplar para los sujetos de fiscalización y reflejarse en la calidad de sus informes, que por ser públicos siempre estarán sujetos al escrutinio y la evaluación de la sociedad en general. De ahí la necesidad de hacer hincapié en el cumplimiento estricto de los principios rectores de la actuación de quienes laboran en nombre de la ASF, como fundamento de la credibilidad institucional.

A mayor abundamiento, es de resaltar que el referido Código de Ética de la ASF expresa:

Los profesionales al servicio de la ASF deben actuar con independencia de criterio, libres de prejuicios o intereses de cualquier índole, a fin de preservar la imparcialidad y objetividad a que la institución está obligada.

Por tanto, es preocupación permanente de la Cámara de Diputados que la actuación del titular de su órgano técnico, la ASF, sea sin mácula, que por ningún motivo se les cuestione o se ponga en duda su actuación por intereses personales.

El conflicto de intereses, y en específico del titular de la ASF, quien tiene la función indelegable de aprobar el programa anual de auditorías, visitas e inspecciones para la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública correspondiente, debe atenderse revisando la normatividad específica que rige la revisión y fiscalización de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal. La existencia de este fenómeno debe ser motivo de remoción del titular de la ASF y de los auditores especiales, por el bien jurídico que tutela la revisión y fiscalización de los recursos públicos, concretamente el Título Séptimo, Capítulo I, de la LFSF.

Debe reiterarse que el artículo 8, fracción XI, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos prescribe la obligación para todo servidor público de excusarse para intervenir de cualquier forma en la atención, tramitación o resolución de asuntos en los que por razón de parentesco, amistad, relaciones profesionales, laborales o de negocios, pueda derivarse un conflicto de intereses. Textualmente señala:

El servidor público deberá informar por escrito al jefe inmediato sobre la atención, trámite o resolución de los asuntos a que hace referencia el párrafo anterior y que sean de su conocimiento, y observar sus instrucciones por escrito respecto a su atención, tramitación y resolución, cuando el servidor público no pueda abstenerse de intervenir en ellos.

Es evidente que tal disposición normativa deriva de una visión correctiva de aplicación supletoria en lo no previsto en la LFSF, que regula la actuación de los servidores públicos de la ASF, como expresa el artículo 6o. de dicho ordenamiento.

Por tanto, es de considerar que la LFSF fue creada para reglamentar el marco constitucional que rige la fiscalización superior en México, por lo que resulta evidente que se tiene la encomienda de puntualizar con claridad el sentido sustantivo de dicho ordenamiento jurídico a fin de evitar la aplicación supletoria de las leyes secundarias de carácter general.

Toda vez que la LFSF, como ley secundaria especial, no prevé un apartado para reglamentar los impedimentos que pudieran derivar en excusas y recusaciones, como instrumentos para resolver los conflictos de intereses, entre servidores públicos y terceras personas, se plantea la necesidad de positivar la prevención de dicho conflicto.

Tal planteamiento de reforma se hace con el agregado de una fracción IV al artículo 80 de la LFSF, a fin de no variar la esencia numérica y de contenido de dicho cuerpo de leyes, además de proponerlo en un ordenamiento sustantivo, en lo que se prevé que por la gravedad del asunto para el interés público, de hecho, engrosaría las causales de remoción aplicable al auditor superior de la Federación, según dispone el artículo 81 del ordenamiento por reformar, lo que es determinante, por la importancia de preservar la absoluta rectitud y transparencia en la fiscalización de los recursos públicos.

En consecuencia, a fin de evitar la emisión de actos que puedan cuestionar o poner en duda la imparcialidad del titular de la ASF y los auditores especiales, se propone a esta soberanía adicionar una cuarta fracción al artículo 80 de la LFSF, para regular en la ley específica de la materia el conflicto de intereses.

Por lo expuesto, con fundamento en los artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de la honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adiciona una fracción al artículo 80 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación

Artículo 80. El auditor superior de la Federación y los auditores especiales, durante el ejercicio de su cargo, tendrán prohibido

Artículo Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Nota: 1 Tuvo como antecedente la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, que se decretó el 30 de diciembre de 1982 y abrogó, según su artículo primero transitorio, la Ley de Responsabilidades de los Funcionarios y Empleados de la Federación, del Distrito Federal y de los Altos Funcionarios de los Estados, del 27 de diciembre de 1979.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Gracias, diputado don Elías Cárdenas Márquez.Túrnese a la Comisión de la Función Pública.

Se pospone una iniciativa que va a presentar la diputada Beatriz Manrique Guevara , del Verde.

También se pospone la de la diputada Rosa Elva Soriano Sánchez , del Grupo Parlamentario del PRD.

CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES - LEY QUE CREA EL FIDEICOMISO QUE ADMINISTRARA EL FONDO DE APOYO PARA LAS FAMILIAS DE LAS PERSONAS SECUESTRADAS

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Nos ha enviado la diputada Elda Gómez Lugo, del Grupo Parlamentario del PRI, delEstado de México, una iniciativa que adiciona el artículo 182-S al Código Federal de Procedimientos Penales, y que expide la Ley que Crea el Fideicomiso que Administra el Fondo para el Apoyo a las Familias de las Personas Secuestradas.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: «Iniciativa que adiciona el artículo 182-S al Código Federal de Procedimientos Penales y expide la Ley que crea el Fideicomiso que administrará el Fondo de Apoyo para las Familias de las Personas Secuestradas, a cargo de la diputada Elda Gómez Lugo , del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, diputada federal, integrante de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 56 y 60 del reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del Pleno de esta Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 182-S al Código Federal de Procedimientos Penales y se crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo para las Familias de las Personas Secuestradas.

Exposición de Motivos

La presente ola de violencia que se ha desatado en nuestro país se ha convertido en un cáncer que ha invadido a toda la sociedad. Lo anterior no sólo trasgrede los derechos fundamentales de todo mexicano; sino además, es un fenómeno que ya no distingue razas, niveles, ni condiciones de vida.

El delito del secuestro, a la fecha, se ha convertido en el pan nuestro de cada día de miles de mexicanos que ven afectados sus núcleos familiares cuando les arrancan a un ser querido.

Hablar del secuestro, es hablar de un reclamo social, es referirnos a un problema que hoy por hoy nuestras autoridades han dicho mucho y han hecho poco por mitigar y erradicar éstas prácticas delictivas.

Cabe mencionar que, de acuerdo con datos proporcionados por la Secretaría de Seguridad Pública, diariamente se secuestra por lo menos a una persona en el país, lo lamentable del asunto, es que en la mayoría de los casos las familias no denuncian por temor a que asesinen a la víctima, o lo que es peor, por la falta de confianza en las autoridades policíacas, quienes en algunos de los casos se ha comprobado su complicidad con los mismos plagiarios.

Es evidente que la falta de eficacia en los controles de selección de los elementos de la policía, el bajo salario, el inservible armamento y la falta de apoyo departe de los que están al frente de las corporaciones, han coadyuvado a que las grandes bandas dedicadas al secuestro, sigan actuando impunemente a diestra y siniestra en la comisión de este delito.

Hoy día, vemos como éstos delincuentes operan con una mayor violencia, en donde la mutilación e incertidumbre de ver nuevamente con vida al ser querido, se convierte en un vía crucis para la familia.

Aunado a lo anterior, el profesionalismo, productividad y los altos rendimientos que se obtienen de los secuestros, han hecho que estos actos criminales se conviertan en una ``industria'' y que las autoridades sean incapaces de resolver y combatir a estos delincuentes.

El pago de rescate son tan variados y cada vez más altos, que en la mayoría de las ocasiones provocan que las familias de los plagiados, se vean obligadas a vender sus bienes, hipotecar sus casas, malbaratándolas y quedándose en la banca rota, ello, sin contar con la seguridad de que verán a su ser querido de regreso.

Es lamentable que, aunado a los malos resultados de las corporaciones policíacas en el combate a este delito, las familias queden en el desamparo y pierdan todo lo que por años de esfuerzo han construido.

Debido a lo anterior, ésta propuesta prevé resarcir del daño provocado a las víctimas y a las familias que han sufrido un secuestro, reintegrándoles sus bienes perdidos en la comisión de este delito. Por ello, la presente propuesta contempla la conformación de un fideicomiso constituido por los bienes incautados y los frutos del decomiso a las organizaciones delictivas dedicadas al secuestro, a fin de que se devuelva la totalidad o parte de lo entregado por el cobro del rescate a los plagiarios.

Compañeros legisladores: el tema del secuestro debe ir más allá de los intereses políticos y personales, ya basta de que la impunidad siga siendo el alimento de todas las bandas delictivas.

Los priistas estamos a favor de buscar nuevos mecanismos que rompan con la industria del secuestro, estamos a favor de un México con mayor seguridad en donde las futuras generaciones puedan salir a la calle sin temor alguno, y sin temor a que puedan ser víctimas de un delito.

Es evidente, que la sociedad ha permanecido ausente de la mesa de debates entorno a este factor, por ello, ya es tiempo de abrir las puertas a la sociedad civil para que junto con las autoridades, den soluciones prontas y brinden mayor protección a los derechos humanos y una mayor y mejor seguridad.

Somos más los ciudadanos que queremos vivir en armonía y tranquilidad, combatamos pues a esa minoría que desea seguir las leyes de la violencia, unámonos en una misma voz, en un mismo proyecto que se llama México.

Por lo anterior se somete a consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa con proyecto de

Decreto

Primero. Se adiciona un artículo 182-S al Código Federal de Procedimientos Penales, para quedar como sigue:

Artículo 182-S. Los recursos que se obtengan por la enajenación de los bienes decomisados en procesos penales federales, a que se refiere la fracción I del artículo 1 de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, así como por la enajenación de sus frutos y productos, derivados del crimen organizado dedicado al secuestro, serán entregados conforme a lo dispuesto en el artículo 89 de la citada Ley, al Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo para las Familias de las Personas Secuestradas.

Segundo. Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo para las Familias de las Personas Secuestradas, para quedar como sigue:

Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo para las Familias de las Personas Secuestradas

Artículo 1. El Ejecutivo federal constituirá el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo para las Familias de las Personas Secuestradas.

El fideicomiso tendrá por finalidad brindar un apoyo económico a las víctimas y sus familias que hayan padecido de algún plagio; a través de los bienes incautados y los frutos del decomiso a las organizaciones delictivas dedicadas al secuestro, en los términos establecidos en este ordenamiento.

Artículo 2. Para efectos de esta ley, se entenderá por:

Artículo 3. El fideicomiso contará con un comité técnico que estará integrado por un representante de cada una de las siguientes dependencias del Poder Ejecutivo federal: la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Gobernación, la Procuraduría General de la República y la Secretaría de la Función Pública. Por cada representante propietario habrá un suplente, quien deberá suplirlo en sus ausencias.

El fideicomiso no tendrá estructura orgánica propia, por lo que no queda comprendido en los supuestos de los artículos 47 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 40 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.

Artículo 4. El Fondo de Apoyo para las Familias de las Personas Secuestradas, que será el patrimonio administrado por el fideicomiso, se constituirá por:

Las actividades realizadas en ejecución de la finalidad del Fideicomiso únicamente estarán respaldadas por los recursos aportados al Fondo de Apoyo para las Familias de las Personas Secuestradas, con los límites y en los términos previstos en esta ley, por lo que el gobierno federal y las entidades de la administración pública paraestatal no podrán responsabilizarse ni garantizar esas operaciones, así como tampoco asumir responsabilidad alguna respecto al cumplimiento del objeto del fideicomiso.

Artículo 5. El comité técnico tendrá, de manera enunciativa más no limitativa, las siguientes facultades:

Artículo 6. Los bienes a que se refiere este ordenamiento se entregarán a las víctimas y sus familias o apoderados legales de conformidad con las siguientes condiciones:

El apoderado legal siempre velará por los intereses de la familia de la víctima y más aún si existieran menores de edad; en caso contrario, se hará sujeto de las responsabilidades que fijen las normas correspondientes.

Transitorios

Primero. Quedará sin efecto cualquier disposición que se ponga al presente ordenamiento.

Segundo. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el diario Oficial de la Federación.

Tercero. La reglamentación y normatividad en la materia, deberá adecuarse en un plazo no mayor de 30 días, una vez publicado el presente decreto.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Túrnese a las Comisiones Unidas de Justicia, y de Hacienda y Crédito Público, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

ARTICULOS 52, 53, 54, 55, 56 Y 60 CONSTITUCIONALES - CODIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Tiene el uso de la palabra el diputado José Jacques y Medina, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanosy del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, suscrita por distintos diputados del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Adelante, diputado.

El diputado José Jacques y Medina: Con su venia, señor presidente.

En la accidentada formación de un régimen democrático que muchos mexicanos y muchas mexicanas nos hemos empeñado en construir, nos congratula haber logrado ya plasmar, aunque sea de manera incipiente, ciertos derechos políticos electorales de nuestros compatriotas residentes en otros países, en nuestro marco jurídico.

Sin embargo, a pesar de que algunos estados progresistas de la república han avanzado considerablemente en el perfeccionamiento y en la ampliación de estos derechos, como Michoacán y Zacatecas, seguimos teniendo una legislación federal atrasada.

El PRD ha sido un incansable promotor de los derechos políticos de nuestros paisanos avecindados en el extranjero, y muchos militantes dirigentes, gobernantes y legisladores de nuestro partido han emprendido innumerables acciones, en diferentes ámbitos, para la consecución de este objetivo.

México tiene que actualizar y dinamizar su marco constitucional y legal respecto de la ampliación de los derechos políticos para nuestros paisanos residentes en el extranjero, ya que somos el mayor expulsor de trabajadores migrantes del planeta, según los datos del Banco Mundial.

En esta iniciativa de reforma constitucional estamos agregando una circunscripción electoral más sobre las cinco en que actualmente se divide el país, dentro de nuestro sistema electoral mixto. Esto es, se trata del establecimiento de la forma en que será electa una de las partes de la Cámara de Diputados, la que representaría a los mexicanos avecindados en el extranjero.

Ellos podrían elegir hasta 15 diputados representantes de los mexicanos residentes en el exterior. De esta manera, el conjunto de los integrantes de esta institución se elevaría a la cantidad de 515. Serían 300 de mayoría y 215 de representación proporcional.

La sexta circunscripción se establecería en la ley fundamental para hacer posible el ejercicio de los derechos electorales de los ciudadanos mexicanos en el extranjero. Estos ciudadanos mexicanos en el extranjero deberán tramitar su credencial con fotografía para votar, expedida por el IFE, y acreditar su residencia en el exterior por tres años cuando menos, la cual no se perdería por ausencia con motivo del desempeño de cargos públicos de elección popular.

De esta manera, nuestros paisanos estarán representados en el Congreso de la Unión por personas ligadas a las necesidades y a la vida cotidiana de ellos.

Esta iniciativa prevé, desde luego, como impedimento para ser candidato en la lista de los partidos, el prestar sus servicios, ya como trabajador, o bien, como funcionario, en la esfera pública de la nación extranjera.

También proponemos una reforma para que los mexicanos residentes en el exterior puedan elegir a cinco senadores que cumplan requisitos similares a los ya expuestos por los diputados, que serían electos en una lista presentada por los partidos políticos nacionales conformando una circunscripción mundial.

Estados Unidos de América es el país donde se concentra el mayor número de mexicanos avecinados en el extranjero, pero es importante tomar en cuenta para el propósito fundamental de la presente iniciativa a las comunidades de mexicanos residentes en el resto del mundo. Por ello, el voto postal es la opción más práctica y segura para el ejercicio del sufragio de los mexicanos en el exterior.

Las crisis recurrentes en la vida económica y social de nuestro país y la vecindad con una nación que requiere fuerza de trabajo han conducido a millones de connacionales a buscar medios de vida en el extranjero, pero ello no los priva de su nacionalidad ni de sus derechos ciudadanos y la Constitución Política de los Estados Unidos es contundente en este sentido.

A este respecto son claras e ineludibles las prerrogativas del ciudadano, consignadas en las fracciones I, II y III del artículo 35 constitucional. Según éstas, el ciudadano mexicano tiene el derecho de votar en las elecciones populares, a ser votado para todos los cargos en la elección popular, asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país.

No se trata y no puede tratarse de una demanda coyuntural. Satisfacerla es un acto estatal que tiene gran relación con el concepto de soberanía, ya que ésta reside esencial y originalmente en el pueblo. El Estado mexicano no debe seguir privando de sus prerrogativas ciudadanas a poco más de una quinta parte de la población que reclama ejercerla.

Esta iniciativa atiende los compromisos internacionales que México ha signado, como la Convención Internacional sobre la Protección y los Derechos de los Trabajadores Migratorios y sus Familiares, aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 18 de diciembre de 1990 y suscrita por el gobierno mexicano el 22 de mayo de 1991; el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos; la Convención Americana sobre Derechos Humanos; el Pacto de San José de Costa Rica; la Carta Democrática Interamericana; y la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Presidente, en virtud de que el texto que presento ante esta soberanía tiene modificaciones mínimas, solicito que sea publicado íntegramente en la Gaceta Parlamentaria y en el Diario de los Debates de esta Cámara, y que sea turnado a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y Gobernación. Es cuanto, señor presidente.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario del PRD

Los suscritos, diputados federales José Jacques y Medina , Alberto Amaro Corona , David Mendoza Arellano y Cuauhtémoc Sandoval Ramírez , integrantes del Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta Cámara, la presente iniciativa de reformas a diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación al desarrollo pleno de los derechos electorales de los mexicanos residentes en el exterior.

Exposición de Motivos

En la accidentada formación de un régimen democrático que muchos mexicanos y mexicanas nos hemos empeñado en construir, nos congratula el hecho de que ya existen en nuestra legislación, aunque sea de manera incipiente, ciertos derechos políticos y electorales de nuestros compatriotas residentes en otros países.

Sin embargo, a pesar de que algunos estados de la república han avanzado considerablemente en esta aspiración, entre los que destacan los estados progresistas de Michoacán y Zacatecas, seguimos teniendo una legislación federal atrasada en cuanto a estos derechos. El PRD ha sido un incansable promotor de los derechos políticos de nuestros paisanos avecindados en el extranjero y muchos militantes, dirigentes, gobernantes y legisladores de nuestro partido han emprendido innumerables acciones en diferentes ámbitos para la consecución de este objetivo.

Los estados que han establecido el voto de sus ciudadanos en el extranjero, permiten la participación en las elecciones de presidente o de primer ministro de la nación como en nuestro país, pero cuando menos en la mitad de éstos se puede votar por diputados federales y senadores; en algunos, incluso, es posible participar hasta en elecciones municipales. En el Continente Americano, Argentina, Barbados, Brasil, Canadá, Colombia, Estados Unidos, Perú, República Dominicana y Venezuela, tienen legislaciones que específicamente consignan ese derecho.

México tiene que actualizar y dinamizar su marco constitucional y legal respecto a la ampliación de los derechos políticos para nuestros paisanos residentes en el extranjero ya que somos el mayor expulsor de trabajadores migrantes del planeta, según datos del Banco Mundial. En lo que va del presente siglo, más de dos millones y medio de mexicanos han salido a buscar trabajo en Estados Unidos, cifra que representa más del cincuenta por ciento de los migrantes latinoamericanos.

De igual manera, no podemos soslayar que México comparte con los Estados Unidos una franja limítrofe de más de 3,000 kilómetros, la cual es una de las más dinámicas del mundo, ya que anualmente se dan millones de cruces autorizados y algunos miles de cruces no autorizados.

La presentación de esta iniciativa de reformas a los artículos 52, 53, 54, 55, 56 y 60 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 313, 315, 316, 318, 322, 323, 331, 332, 333, 334 y 337, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, tiene el propósito de establecer y desarrollar plenamente los derechos políticos de los mexicanos residentes en el extranjero.

En el artículo 52 se propone agregar una circunscripción electoral más sobre las cinco en que actualmente se divide al país, dentro del sistema mixto que caracteriza a la estructura general del ordenamiento al que se encuentran sujetos los comicios de carácter federal. Esto es, se trata del establecimiento de la forma en que será electa una de las partes de la Cámara de Diputados, la que representaría a los mexicanos avecindados en el extranjero. Ellos podrán elegir hasta 15 diputados, representantes de los mexicanos residentes en el exterior. De esta manera el conjunto de los integrantes de esa institución, se elevaría a la cantidad de 515.

El principio de representación proporcional y el sistema de listas, se mantienen sin cambio para las cinco circunscripciones en que se divide el territorio nacional. La sexta circunscripción se establecería en la ley fundamental, para hacer posible ``el ejercicio de los derechos electorales de los ciudadanos mexicanos en el extranjero'', bajo el principio de representación proporcional, idéntico al establecido para la elección de los otros 200 diputados plurinominales, o sea, mediante el sistema de cociente natural y resto mayor de la votación, para distribuir los puestos de diputados entre los partidos contendientes, siguiendo el orden de prelación de la lista registrada por éstos.

Se trata de establecer un método general de votación que haga viable la manifestación de la voluntad de los mexicanos avecindados en el extranjero, que les permita emitir sus sufragios en favor de la lista del partido nacional de su preferencia; que a su vez, permita la conformación de una representación parlamentaria plural, capaz de expresar, de la manera más amplia posible, los intereses, inquietudes y necesidades de los mexicanos avecindados en el extranjero.

Al aprobarse la integración de la sexta circunscripción para el ejercicio de los derechos electorales de los ciudadanos mexicanos en el extranjero bajo las formas aquí señaladas, se igualarían las prerrogativas en este orden de los mexicanos dentro y fuera del país, ya que se votaría en la elección de presidente de la República y de senadores cada seis años, y en la de diputados cada tres, tanto en el extranjero como en el conjunto del país.

Estados Unidos de América, es el país donde se concentra el mayor número de los mexicanos avecindados en el extranjero, pero es importante tomar muy en cuenta para el propósito fundamental de la presente iniciativa, a las comunidades de mexicanos residentes en el resto del mundo, es por ello, que el voto postal es la opción más práctica y más segura para el ejercicio del sufragio de los mexicanos residentes en el exterior.

Dos requisitos deberán cumplir los ciudadanos mexicanos en el extranjero para ejercer su derecho al voto: presentación de la credencial para votar con fotografía expedida por el IFE, y la exhibición de un documento que pruebe su residencia en el territorio del país extranjero en que se realiza la elección.

La iniciativa en comento parte de que la elaboración del Padrón Electoral se integra con las listas nominales elaboradas por el Instituto Federal Electoral y el Registro Nacional de Electores. Considerando que buena parte de los ciudadanos mexicanos no cuenta con su credencial de elector, precisamente por los factores de migración indocumentada, se hace imprescindible poner al día la documentación electoral, lo cual requiere agregar las acreditaciones que emitan estos órganos.

Uno de los aspectos más relevantes de esta propuesta de modificación constitucional, se contiene en el artículo 55 y se refiere, al agregado en materia de requisitos para ser candidato a diputado plurinominal; a diferencia de los candidatos que integrarían las listas regionales de las cinco circunscripciones nacionales -a los que se exige ser originario de una de las entidades que comprenda la circunscripción o vecino de ella, con una residencia efectiva de más de seis meses anteriores a la fecha de la elección-, en el caso de quienes integrarían la lista de candidatos a diputados en representación de los mexicanos en el extranjero, además se les exige:

Por cuanto se refiere al artículo 55, la iniciativa contempla como impedimento para ser candidato en las listas de los partidos, el prestar sus servicios ya sea como trabajador o bien como funcionario en la esfera pública de la nación extranjera.

La propuesta cuyos motivos exponemos, considera necesario que, junto con la apertura de la Cámara de Diputados a la representación de los mexicanos en el extranjero, se abra también la Cámara de Senadores, pues de otra manera su derecho a la plena representación estaría coartado. De allí las reformas que se proponen al artículo 56, en su segundo y tercer párrafos.

En primer lugar, se propone elevar el número de senadores en cinco, los cuales serían electos en las listas presentadas por los partidos políticos nacionales. Cada partido político nacional postulará hasta cinco candidatos residentes en el extranjero, en una lista especial de circunscripción mundial. Siguiendo el método de asignación basado en cociente natural y resto mayor, las cinco senadurías se repartirán entre los partidos políticos nacionales que alcancen mayor votación de los electores mexicanos residentes en el exterior. Será requisito para los candidatos a la Cámara de Senadores, probar su vecindad cuando menos de tres años en el país extranjero donde se realiza la elección, como se exige a los candidatos a diputados.

Por otro lado consideramos oportuno proponer el mecanismo jurídico que puede ser utilizado para recurrir a las resoluciones del Instituto Federal Electoral, por cuanto se refiere a las elecciones de los legisladores federales residentes en el exterior, toda vez que no existe ningún órgano jurídico intermedio, proponemos que las impugnaciones se presenten directamente ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, aceptando, desde luego, que los fallos de tal autoridad serán definitivos e ina-pelables. Para tal efecto se plantea un agregado al artículo 60, que quedaría como párrafo cuarto.

No obstante el rigor con que se sustenta esta iniciativa de reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es indispensable destacar un aspecto de orden sociológico y también de elemental sentido de solidaridad que motiva esta propuesta legislativa: los mexicanos que viven en el extranjero, en su inmensa mayoría, han emigrado por circunstancias ajenas a su voluntad, sobre todo por razones de supervivencia. Las crisis recurrentes en la vida económica y social de nuestro país y la vecindad con una nación que requiere fuerza de trabajo, han conducido a millones de connacionales a buscar medios de vida en el extranjero. Pero ello no los priva de su nacionalidad ni de sus derechos ciudadanos. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es contundente en ese sentido.

A este respecto, son claras e ineludibles las prerrogativas del ciudadano consignadas en las fracciones I, II y III del artículo 35 constitucional. Según éstas el ciudadano mexicano tiene el derecho de ``votar en las elecciones populares'', ``a ser votado para todos los cargos de elección popular'', ``asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país''.

No se trata, y no puede tratarse, de una demanda coyuntural. Satisfacerla es un acto estatal que tiene gran relación con el concepto de soberanía. Ya que ésta ``reside esencial y originariamente en el pueblo'', el Estado mexicano no debe seguir privando de sus prerrogativas ciudadanas, a poco más de una octava parte de la población que reclama ejercerlas.

Este apartado quedaría incompleto, si dejáramos de mencionar el importante aporte de carácter económico que los mexicanos en el extranjero hacen a nuestro país. En tal caso, es un contrasentido que se les siga negando participación en los eventos e instituciones del poder público que determinan el rumbo del país.

En el contexto del derecho internacional y su impacto en nuestro derecho interno, debemos atender la obligación que surge de la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de los Trabajadores Migratorios y sus Familiares, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 18 de diciembre de 1990 y suscrito por el gobierno mexicano el 22 de mayo de 1991, mismo que en su artículo 41 primer párrafo establece:

1. Los trabajadores migratorios y sus familiares tendrán derecho a participar en los asuntos públicos de su Estado de origen y a votar y ser elegidos en las elecciones celebradas en ese Estado, de conformidad con su legislación.

En este sentido, México se ha adherido a otros instrumentos internacionales que consagran el derecho motivo de nuestra iniciativa, éstos son: el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; la Convención Americana Sobre Derechos Humanos ``Pacto de San José de Costa Rica''; la Carta Democrática Interamericana; y la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

En razón de las anteriores consideraciones y con fundamento en la fracción II del artículo 71 y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a esta honorable soberanía la presente

Iniciativa de decreto en virtud de la cual se adicionan y reforman los artículos 52, 53, 54, 55, 56 y 60 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y los artículos 313, 315, 316, 318, 322, 323, 331, 332, 333, 334 y 337, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Artículo Primero. Se reforma el artículo 52; se reforma el segundo párrafo del artículo 53 y se le agrega un tercer párrafo; se reforma el primer párrafo y las fracciones I, II del artículo 54; se reforman el segundo y el tercer párrafo de la fracción III y se le adiciona un cuarto párrafo; así como se adiciona a la fracción V un quinto párrafo, ambas del artículo 55; se reforma el segundo párrafo y se adiciona un tercer y cuarto párrafo del artículo 56; y se reforman el primer y segundo párrafos; y se adiciona un tercer párrafo al artículo 60 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 52. La Cámara de Diputados estará integrada por 300 diputados electos según el principio de votación mayoritaria relativa, mediante el sistema de distritos electorales uninominales, y 215 diputados que serán electos según el principio de representación proporcional, mediante el sistema de listas, votadas en seis circunscripciones plurinominales.

Artículo 53.

...

Para la elección de los 215 diputados según el principio de representación proporcional y el sistema de listas, se constituirán seis circunscripciones electorales plurinominales. La ley determinará la forma de establecer la demarcación de las cinco circunscripciones en el territorio nacional. La sexta circunscripción se establece para el ejercicio de los derechos electorales de los ciudadanos mexicanos resdientes en el extranjero, quienes podrán elegir hasta 15 diputados residentes en el extranjero.

Todo el proceso electoral relativo a la sexta circunscripción será conducido por una comisión especial integrada por decisión del Consejo General del Instituto Federal Electoral, con facultades equivalentes a las de un consejo local de cabecera de circunscripción. (Cofipe)

Artículo 54. La elección de los 215 diputados según el principio de representación proporcional según el sistema de asignación por listas se sujetará a las siguientes bases y a lo que disponga la ley:

Artículo 55. Para ser diputado se requieren los siguientes requisitos:

Artículo 56. La Cámara de Senadores se integrará por ciento treinta y tres senadores, de los cuales, en cada estado y en el Distrito Federal, dos serán elegidos según el principio de votación mayoritaria relativa y uno será asignado a la primera minoría. Para estos efectos, los partidos políticos deberán registrar una lista con dos fórmulas de candidatos. La senaduría de primera minoría le será asignada a la fórmula de candidatos que encabece la lista del partido político que, por sí mismo, haya ocupado el segundo lugar en número de votos en la entidad de que se trate.

Los treinta y siete senadores restantes serán elegidos según el principio de representación proporcional, mediante el sistema de dos listas; una votada en una circunscripción plurinominal nacional, y la otra votada en una circunscripción mundial. En una lista habrá hasta 32 candidatos por cada partido nacional, y ésta será votada en territorio nacional. La ley establecerá las reglas y fórmulas para estos efectos. Habrá una segunda lista nacional con hasta cinco candidatos por partido político, misma que se votará en todas las casillas instaladas en el exterior y la asignación será conforme a los principios de cociente natural y resto mayor, establecidos en la legislación electoral.

Los partidos políticos nacionales que alcancen por lo menos el dos por ciento de la votación emitida en esa circunscripción mundial tendrán derecho a que se les considere en la fórmula de asignación de senadores según el principio de representación proporcional. En este caso, el método de la elección observará los mismos procedimientos y formas de conducción de la elección de diputados por el principio de representación proporcional para la sexta circunscripción. Igualmente sólo podrán ser candidatos a senadores de representación proporcional aquellos ciudadanos mexicanos que tengan, por lo menos, tres años de vecindad probada en el país extranjero de que se trate y posean credencial de elector expedida por el Instituto Federal Electoral.

La Cámara de Senadores se renovará en su totalidad cada seis años.

Artículo 60. El organismo público previsto en el artículo 41 de esta Constitución, de acuerdo con lo que disponga la ley, declarará la validez de las elecciones de diputados y senadores en cada uno de los distritos uninominales, en cada una de las entidades federativas, y en las casillas instaladas en el exterior. También otorgará las constancias respectivas a las fórmulas de candidatos que hubiesen obtenido mayoría de votos y hará la asignación de senadores de primera minoría y de representación proporcional de la lista nacional, y hará también la asignación de senadores de la lista que será votada por los mexicanos residentes en el exterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 56, de esta Constitución y en la ley. Asimismo, hará la declaración de validez y la asignación de diputados según el principio de representación proporcional de conformidad con el artículo 54 de esta Constitución y la ley.

...

...

Por cuanto se refiere a las resoluciones del organismo electoral federal acerca de las elecciones de los ciudadanos mexicanos en el extranjero, éstas sólo podrán impugnarse ante la Sala Superior del Tribunal Electoral de la Federación, únicamente cuando por los agravios esgrimidos se pueda modificar el resultado de la elección. Los fallos de la sala serán definitivos e inapelables.

Artículo Segundo. Se reforman y adicionan los artículos 313, 315, 316, 318, 322, 323, 331, 332, 333, 334 y 337, correspondientes al Libro Sexto del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, para quedar como sigue:

Artículo 313

1. Los ciudadanos que residan en el extranjero podrán ejercer su derecho al voto para la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, y para diputados y senadores al Congreso de la Unión, residentes en el exterior.

Artículo 315

1. Los ciudadanos mexicanos que cumplan los requisitos señalados enviarán la solicitud a que se refiere el inciso a) del párrafo 1 del artículo anterior entre el 1o. de octubre del año previo, y hasta el 15 de enero del año electoral.

Artículo 316

1. La solicitud de inscripción en el listado nominal de electores tendrá efectos legales de notificación al Instituto de la decisión del ciudadano de votar en el extranjero en la elección para Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y para diputados y senadores al Congreso de la Unión, residentes en el exterior.

...

Artículo 318

1. A partir del 1 de octubre del año previo al de la elección federal y hasta el 15 de enero del año de la elección, la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores pondrá a disposición de los interesados el formato de solicitud de inscripción en la lista nominal de electores residentes en el extranjero, en los sitios, en territorio nacional y en el extranjero, que acuerde la Junta General Ejecutiva, y a través de la página electrónica del Instituto.

2. ...

Artículo 322

1. A más tardar el 15 de marzo del año de la elección federal , la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores pondrá a disposición de los partidos políticos las listas nominales de electores residentes en el extranjero.

2. Los partidos políticos podrán formular observaciones a dichas listas, señalando hechos y casos concretos e individualizados, hasta el 31 de marzo, inclusive.

3. ...

4. ...

5. ...

Artículo 323

1. ...

2. Para los efectos del párrafo anterior a más tardar el 31 de enero del año de la elección, el Consejo General del Instituto aprobará el formato de boleta electoral para la elecciones federales de los Estados Unidos Mexicanos que será utilizada por los ciudadanos residentes en el extranjero, el instructivo para su uso, así como los formatos de las actas para escrutinio y cómputo y los demás documentos y materiales.

3. ...

4. ...

Artículo 331

1. Para el escrutinio y cómputo de los votos emitidos en el extranjero para la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y de legisladores federales al Congreso de la Unión, residentes en el exterior, se estará a lo siguiente:

Artículo 332

1. ...

2. El escrutinio y cómputo se llevará a cabo en el orden siguiente:

3. El personal del Instituto designado previamente por la Junta General Ejecutiva, procederá, en presencia de los representantes generales de los partidos políticos, a realizar la suma de los resultados consignados en las actas de escrutinio y cómputo de las respectivas mesas para obtener el resultado de la votación emitida en el extranjero para la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos por distrito electoral uninominal, que será asentado en el acta de cómputo correspondiente a cada distrito electoral.

4. De la misma manera, este personal del Instituto, procederá, en presencia de los representantes generales de los partidos políticos, a realizar la suma de los resultados consignados en las actas de escrutinio y cómputo de las respectivas mesas para obtener el resultado de la votación emitida en el extranjero para la elección de Senadores y Diputados Federales de representación proporcional, que será asentado en el acta de cómputo correspondiente.

5. ...

6. ...

Artículo 333

1. Concluido en su totalidad el escrutinio y cómputo de los votos emitidos en el extranjero, y después de que el presidente del Consejo General haya dado a conocer los resultados de los estudios a que se refiere el inciso l) del párrafo 1 del artículo 119 de este Código, el secretario ejecutivo informará al Consejo General los resultados, por partido, de la votación emitida en el extranjero para Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y para legisladores federales al Congreso de la Unión, residentes en el exterior.

2. ...

Artículo 334

1. La Junta General Ejecutiva, por los medios que resulten idóneos, antes del miércoles siguiente al día de la jornada electoral, entregará, a cada uno de los Consejos Distritales, copia del acta de cómputo distrital a que se refiere el artículo 332 de este Código.

2. ...

3. Las boletas electorales, los originales de las actas de escrutinio y cómputo de las mesas y del cómputo por distrito electoral uninominal, así como el informe circunstanciado que elabore la Junta General Ejecutiva, respecto de la votación emitida en el extranjero para la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, y para legisladores federales al Congreso de la Unión, residentes en el exterior, serán integrados en un paquete electoral que será remitido, antes del domingo siguiente al de la jornada electoral, a la Sala Superior del Tribunal Electoral, para los efectos legales conducentes.

Artículo 337

1. Para el cumplimiento de las atribuciones y tareas que este Libro otorga al Instituto Federal Electoral, la Junta General Ejecutiva propondrá al Consejo General, en el año anterior al de la elección federal, la creación de las unidades administrativas que se requieran, indicando los recursos necesarios para cubrir sus tareas durante el proceso electoral.

Transitorios

Primero. Las reformas a que se refiere el presente decreto entrarán en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Publíquese de nueva cuenta en la Gaceta Parlamentaria ytúrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Gobernación.

LEY DE COORDINACION FISCAL

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Tiene el uso de la palabra el diputado Moisés Alcalde Virgen, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal.

El diputado Moisés Alcalde Virgen: Buenas tardes. Con el permiso de la Presidencia.

He subido a esta tribuna para solicitar al Congreso una reforma a la Ley de Coordinación Fiscal.

El Presupuesto de Egresos de la Federación es una herramienta fundamental de política pública en el país. En él se incluyen los programas sociales, los proyectos y los lineamientos de gasto que año con año marcan y propician el desarrollo económico de México y las entidades federativas.

En el Presupuesto cada ejercicio fiscal se determina la distribución de los recursos destinados a las entidades gubernamentales, entidades federativas, municipios, entre otros. En este sentido resulta de suma importancia para los actores involucrados conocer con certeza y de manera oportuna las asignaciones que se realizan dentro del mismo.

Actualmente las entidades federativas no son la excepción y requieren, de igual forma, contar con información oportuna. En este caso, el artículo 74 constitucional establece el 15 de noviembre como fecha límite para la aprobación del Presupuesto, que deberá ser publicado en el Diario Oficial de la Federación a más tardar 20 días naturales después de ser aprobado.

Asimismo, la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en el último párrafo del 44 señala que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público publicará en el Diario Oficial de la Federación, dentro de los 15 días hábiles posteriores a la publicación del Presupuesto de Egresos, el monto y la calendarización de gasto federalizado para contribuir a mejorar la planeación de los gastos en las entidades federativas y los municipios.

Sin embargo, el texto vigente de la Ley de Coordinación Fiscal, en el artículo 3o. establece el 31 de enero como fecha límite para que la Secretaría de Hacienda publique en el Diario Oficial el calendario para la ministración de los Fondos de Participaciones y de Fomento Municipal.

Esto significa que la información acerca del calendario de entrega por concepto de Fondo General de Participaciones como por el Fondo de Fomento Municipal se publica dos meses y medio después de la propia aprobación del PEF.

Lo anterior deja claro que dicha ley presenta un rezago importante en cuanto a la publicación y la divulgación de la información respecto a las participaciones federales. Además, como antes mencionamos, existe una inconsistencia entre la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, pues esta última señala que el monto y calendario del gasto federalizado deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación dentro de los 15 días posteriores a la publicación del Presupuesto de Egresos de la Federación.

Adicionalmente, la Ley de Coordinación Fiscal no es explícita respecto a las fechas límite de publicación de los calendarios de los fondos del Ramo 33, tal y como está redactada el día de hoy. La ley establece únicamente la fecha límite de publicación de los calendarios de tres de los ocho fondos que forman el Ramo 33: Fortamun, FAIS y Fasp, quedando a la deriva las fechas de publicación de resto de los fondos; y, como consecuencia, la información se hace pública de manera dispersa, parcial y en el transcurso del año.

Para corroborar el rezago de la calendarización de los recursos para infraestructura educativa básica e infraestructura superior basta con tomar en cuenta lo que ha pasado en años recientes.

En 2005, Hacienda publicó dichos calendarios el 14 de diciembre, prácticamente al finalizar el año. Mientras que en 2006 y 2007 se publicaron el 5 y el 9 de octubre, respectivamente. En cuanto a 2008, los calendarios fueron el 24 de octubre pasado.

En este marco de transparencia y de información lo que busca esta iniciativa es estandarizar y colocar, tanto en la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria así como en la Ley de Coordinación Fiscal que los tiempos compaginen, solicitando con esta iniciativa, quede inscrita de manera íntegra en el Diario Oficial de la Federación y solicitando sea turnada a la Comisión de Hacienda. Sin más, agradezco a todos y cada uno su atención.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del diputado Moisés Alcalde Virgen , del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, diputado del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que le otorga la fracción II, del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en los artículos 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea, la presente iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal, de conformidad con la siguiente

Exposición de Motivos

El Presupuesto de Egresos de la Federación es una herramienta fundamental de política pública para el país. En él se incluyen los programas sociales, proyectos y lineamientos de gasto que cada año marcan y propician el desarrollo económico de México y las entidades federativas.

En el Presupuesto de cada ejercicio fiscal, se determina la distribución de los recursos destinados a las entidades gubernamentales, entidades federativas, municipios, entre otros. En ese sentido, resulta de suma importancia para los actores involucrados, conocer con certeza y de manera oportuna las asignaciones y reasignaciones que se realizan dentro de éste.

Las entidades federativas no son la excepción, y requieren de igual forma, contar con información precisa y en tiempo respecto de los recursos que les fueron autorizados a través del PEF, especialmente los que se refieren a participaciones y aportaciones federales.

Actualmente, el artículo 74 constitucional establece el 15 de noviembre como fecha límite para la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación, que deberá ser publicado en el Diario Oficial de la Federación a más tardar 20 días naturales después de aprobado. Asimismo, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en el último párrafo del artículo 44 señala, que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) deberá publicar en el Diario Oficial de la Federación dentro de los 15 días hábiles posteriores a la publicación del Presupuesto de Egresos, el monto y la programación del gasto federalizado para contribuir a mejorar la planeación de los gastos en las entidades federativas y los municipios.

Sin embargo, el texto vigente de la Ley de Coordinación Fiscal, en su artículo tercero, establece el 31 de enero como fecha límite para que la SHCP publique, a través del Diario Oficial de la Federación, el calendario para la ministración de los Fondos de Participaciones y de Fomento Municipal. Esto significa que la información acerca del calendario de entrega, fórmulas, montos, entre otros que recibirán las entidades federativas tanto por concepto del Fondo General de Participaciones como por el Fondo de Fomento Municipal, se pública dos meses y medio después de la aprobación del PEF. Lo anterior deja claro que dicha ley presenta un rezago importante en cuanto a la publicación y divulgación de la información respecto a las participaciones federales. Además, como se mencionó anteriormente, existe una inconsistencia entre la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, pues ésta última señala que el monto y calendario del gasto federalizado deberán publicarse en el DOF dentro de los 15 días hábiles posteriores a la publicación del PEF.

Adicionalmente, la Ley de Coordinación Fiscal no es explícita respecto a las fechas límite para la publicación de los calendarios de los fondos del Ramo 33. Tal y como está redactada, la ley establece únicamente la fecha límite de publicación de los calendarios de tres de los ocho fondos que conforman el Ramo 33: Fortamun, FAIS y FASP. Quedando a la deriva las fechas límite de publicación de los calendarios del resto de los fondos. Como consecuencia, la información se hace pública de manera dispersa, parcial y durante el transcurso del año.

Para corroborar la seriedad del rezago basta con tomar en cuenta lo que ha pasado en los años más recientes. En el ejercicio 2005, la publicación de los calendarios concluyó el 14 de diciembre, prácticamente al finalizar el año, fecha en la que la SHCP informó de la programación de los recursos para infraestructura educativa básica y para infraestructura educativa superior para dicho año. En el ejercicio 2006, los calendarios se publicaron el 5 de octubre y en 2007 concluyeron de publicarse hasta el 9 de octubre. En el caso del ejercicio de 2008, hasta el día de hoy, los calendarios y los montos por entidad federativa de los recursos correspondientes a infraestructura educativa básica e infraestructura educativa superior, no se han publicado.

Asimismo, en el marco de la transparencia e información sobre el ejercicio del gasto federalizado, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria en el artículo 85, establece que las entidades federativas, los municipios y el Distrito Federal remitirán al Ejecutivo federal la información consolidada trimestral de los recursos federales ejercidos en ese período, que se pondrá a disposición al público en general en las páginas electrónicas de Internet. Un mandato similar se encuentra establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, artículo 48, respecto a los recursos ya ejercidos por las entidades federativas y los municipios.

En cuanto a los recursos aprobados por la Cámara de Diputados para los municipios, pero que deberán distribuirse por los estados con apego a la normatividad local, la Ley de Coordinación Fiscal presenta también un vacío legal. Esto se debe a que en la ley, no se establece la obligación para que los gobiernos de los estados divulguen dicha información al público en general, a través de sus respectivas páginas electrónicas de Internet. Por esta razón en la actualidad, prácticamente menos de la mitad de las 32 entidades federativas difunden en su portal de Internet los recursos aprobados para municipios por concepto de participaciones y aportaciones federales.

La actualización de los tiempos, el cumplimiento de las fechas, así como la publicación de la distribución y calendarios de la totalidad de los recursos para las entidades federativas y municipios, permitirá a los legisladores y autoridades locales, conocer con precisión y oportunidad la distribución de los recursos aprobados para sus respectivas entidades federativas. Además, un aspecto no menos relevante, es el hecho de que a los gobernadores les permitirá someter el Proyecto de Presupuesto, con la debida anticipación, a la aprobación de los respectivos poderes legislativos estatales.

En el caso de los recursos federales para municipios, la difusión de manera obligatoria a través del portal de Internet, permitirá a los gobernantes municipales conocer con tiempo la disponibilidad de recursos, lo que les proporcionará mayor certidumbre y podrán mejorar los procesos de planeación, programación y presupuestación de sus respectivos ayuntamientos.

Por lo anteriormente expuesto y considerando:

Con fundamento en lo antes expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto

Artículo Único. Se reforman y adicionan diversas disposiciones a la neva Ley de Coordinación Fiscal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 1978, en los términos siguientes:

Se reforman los artículos: 3o., penúltimo párrafo; 6o., cuarto párrafo a la mitad; 35, penúltimo párrafo al final; 36, cuarto párrafo al final; 44, tercer párrafo a la mitad.

Se adiciona un párrafo al final del artículo 25.

Para quedar como sigue:

Artículo 3. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público tiene la obligación de publicar en el Diario Oficial de la Federación el calendario de entrega, porcentaje, fórmulas y variables utilizadas, así como el monto, estimados, que recibirá cada entidad federativa del fondo general y del fondo de fomento municipal, para cada ejercicio fiscal dentro de los 15 días hábiles posteriores a la publicación del Presupuesto de Egresos de la Federación (conforme al último párrafo del artículo 44 de la LFPRH).

...

...

...

Artículo 6. ...

...

Las participaciones serán cubiertas en efectivo, no en obra, sin condicionamiento alguno y no podrán ser objeto de deducciones, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 9 de esta ley. Los gobiernos de las entidades, quince días después de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público publique en el Diario Oficial de la Federación el calendario de entrega, porcentaje, fórmulas y variables utilizadas, así como el monto, estimados, a que está obligada conforme al artículo 3 de esta ley, deberán publicar en el Periódico Oficial de la entidad los datos antes referidos, de las participaciones que las entidades reciban y de las que tengan obligación de participar a sus municipios o demarcaciones territoriales, y los pondrán a disposición del público en general a través de sus respectivas páginas electrónicas de Internet.

Artículo 25. ...

...

...

...

Dichos fondos se integrarán, distribuirán, administrarán, ejercerán y supervisarán, de acuerdo a lo dispuesto en el presente Capítulo.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público dará a conocer a través del Diario Oficial de la Federación, los calendarios para la ministración de estos Fondos a las Entidades Federativas, dentro de los 15 días hábiles posteriores a la publicación del Presupuesto de Egresos de la Federación, al mismo tiempo los pondrá a disposición del público en general a través de su página electrónica de Internet.

Artículo 35. ...

...

...

...

...

...

...

Los estados deberán entregar a sus respectivos municipios los recursos que les corresponden conforme al calendario de enteros en que la federación lo haga a los estados, en los términos del penúltimo párrafo del artículo 32 de la presente ley. Dicho calendario deberá comunicarse a los gobiernos municipales por parte de los gobiernos estatales y publicarse por estos últimos a más tardar el 31 de enero de cada ejercicio fiscal, en su respectivo órgano de difusión oficial, y los pondrán a disposición del público en general a través de sus respectivas páginas electrónicas de Internet.

Artículo 36. ...

...

...

Al efecto, los gobiernos estatales y del Distrito Federal deberán publicar en su respectivo Periódico Oficial las variables y fórmulas utilizadas para determinar los montos que correspondan a cada municipio o demarcación territorial por concepto de este fondo, así como el calendario de ministraciones, a más tardar el 31 de enero de cada año, y los pondrán a disposición del público en general a través de sus respectivas páginas electrónicas de Internet.

...

Artículo 44. ...

...

El Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, entregará a las entidades el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los estados y del Distrito Federal con base en los criterios que el Consejo Nacional de Seguridad Pública determine, a propuesta de la Secretaría de Seguridad Pública, utilizando para la distribución de los recursos, criterios que incorporen el número de habitantes de los estados y del Distrito Federal; el índice de ocupación penitenciaria; la implantación de programas de prevención del delito; los recursos destinados a apoyar las acciones que en materia de seguridad pública desarrollen los municipios, y el avance en la aplicación del Programa Nacional de Seguridad Pública en materia de profesionalización, equipamiento, modernización tecnológica e infraestructura. La información relacionada con las fórmulas y variables utilizadas en el cálculo para la distribución y el resultado de su aplicación que corresponderá a la asignación por cada estado y el Distrito Federal, deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación dentro de los 15 días hábiles posteriores a la publicación del Presupuesto de Egresos de la Federación...

...

...

...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Gracias, compañero diputado.Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Ha pedido la diputada Holly Matus Toledo que se posponga su iniciativa.

LEY SOBRE EL ESCUDO, LA BANDERA Y EL HIMNO NACIONALES

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Tiene el uso de la palabra el diputado Humberto Wilfrido Alonso Razo, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa que reforma el artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales.

El diputado Humberto Wilfrido Alonso Razo: Con su permiso, señor presidente.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el inciso a) del artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales.

Quien suscribe, diputado Humberto Alonso Razo , integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la Cámara de Diputados de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa que reforma el artículo 18, inciso a), párrafo cuadragésimo octavo, de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, con arreglo a la siguiente exposición de motivos.

El 12 de octubre de 1492 tiene una profunda significación histórica para el amplio sector de la población mexicana los pueblos indígenas y la población negra. Para los primeros significó un cambio brusco en la vida de casi 200 pueblos indígenas que coexistían en el territorio mexicano hace 514 años, y de los que hoy sólo quedan 62; para los otros, la llegada a tierras extrañas en condición de esclavitud, en la cual se han incorporado plenamente y aportan su rica herencia cultural.

El 12 de octubre tiene un significado de injusticias pasadas y presentes para los pueblos indígenas, porque está asociado al dominio y exterminio de millones de seres humanos, hombres y mujeres pertenecientes a estos pueblos. Se estima que en el actual territorio nacional la población ascendía a 25.2 millones de habitantes al inicio de la conquista española; 100 años después se redujo a tan sólo 700 mil personas, menos de 3 por ciento de la población original.

Para los pueblos indios, el 12 de octubre de 1492, conmemorado oficialmente como el Día de la Raza y aniversario del descubrimiento de América, en 1492, es el principio de la colonización europea, marca el inicio de la opresión y la discriminación histórica hacia los pueblos indígenas en este continente.

Desde entonces estos pueblos perdieron su derecho a la libre determinación y fueron relegados a una situación de estructural subordinación económica, política, social y cultural, que aún subsiste sin que el Estado mexicano haya reconocido plenamente sus derechos.

El 12 de octubre es una fecha coligada con el comercio y la esclavitud de población negra y que fue traída de África para las plantaciones de caña y plátano en los territorios recientemente conocidos.

Se considera que al menos 250 mil africanos, provenientes de diferentes regiones de ese continente, llegaron al actual territorio nacional para suplantar la mano de obra indígena. Su presencia actual se expresa en las costas de Guerrero y Oaxaca.

La conmemoración del 12 de octubre se instituye en 1929. Tiene su referencia en la obra de José Vasconcelos, quien escribe en 1925 La Raza Cósmica, convencido de que en la América hispana y de los pueblos hispanoamericanos surgirá una raza verdaderamente universal, hecha con el genio y con la sangre de todos.

Esta nueva raza será el mejor fruto del mestizaje total, puesto que las distintas razas del mundo tienden a mezclarse cada vez más hasta formar un nuevo tipo humano, compuesto con la selección de cada uno de los pueblos existentes, afirmaba Vasconcelos.

Paralelo al discurso vasconcelista sobre el hispanoamericanismo que tenía la región y a la apuesta por integrarse en una raza universal cósmica, se desarrolló un discurso que apostaba a la integración de las razas indias del continente, a su hegemonización operada también por el mestizaje, que constituiría al mexicano propiamente dicho.

Así, Manuel Gamio apelaba a la integración de los indígenas a la cultura occidental, a la unión de la raza americana, de modo que rebasaba las pequeñas patrias que forjara una peregrina estatua hecha de todos los metales, que serían todas las razas de América.

En ese entorno de construcción de una sola identidad mexicana-hispanoamericana se formalizó la conmemoración oficial del Día de la Raza y aniversario del descubrimiento de América, en 1492.

A 79 años de la instauración de esta conmemoración las visiones hegemonizadoras de una sola identidad mexicana e hispanoamericana han mostrado su inviabilidad histórica, la pluralidad cultural y étnica presente en el país. Muestran la vitalidad de una nación con estas características, que es reconocida por la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos por primera vez en 1992, cuando se reconoce la composición pluricultural de la nación y se confirma con la reforma limitada sobre derechos y cultura indígena de 2001.

Termino, señor presidente, si me permite.

Señores legisladores y señoras legisladoras, vengo a la tribuna a proponer a esta soberanía que, en congruencia con el reconocimiento constitucional de la composición pluricultural y étnica de la nación, así como de los compromisos internacionales firmados por el Estado mexicano y los reclamos de los pueblos y las comunidades indígenas del país, que demandan una nueva relación con el Estado, pueblos indígenas y población negra demandan su derecho a existir en su identidad y que nos pongamos a la altura de la historia. Y, en consecuencia, que se reforme la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales.

En este tenor, en la actual Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales se establecen las fechas que son declaradas solemnes para toda la nación, por lo que deberá izarse la bandera nacional a toda asta o a media asta, según se trate, de festividad o de duelo, en escuelas y demás edificios públicos, así como en las sedes diplomáticas, consulares, de México en el extranjero.

Por tal motivo considero que debe, a partir de ello, eliminarse la festividad del 12 de octubre como ``Día de la Raza y aniversario del descubrimiento de América'', para cambiarlo por ``Día de las Culturas Indígenas de México''.

Esta iniciativa es con fundamento en el artículo único. Que se reforme el inciso a), párrafo cuadragésimo octavo, del artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, para quedar como sigue:

Artículo 18. ...

a) 12 de octubre, Día de las Culturas Indígenas de México.

b) Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente la de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de noviembre de 2008. Diputado Humberto Alonso Razo . Muchas gracias, señor presidente.

«Iniciativa que reforma el artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, a cargo del diputado Humberto Wilfrido Alonso Razo, del Grupo Parlamentario del PRD

Quien suscribe, diputado Humberto Wilfrido Alonso Razo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la Cámara de Diputados a la LX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa que reforma el artículo 18, inciso a), párrafo cuadragésimo octavo, de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacional con arreglo a la siguiente

Exposición de Motivos

El 12 de octubre de 1492, tiene una profunda significación histórica para un amplio sector de la población mexicana: los pueblos indígenas y la población negra. Para los primeros significó un cambio brusco en la vida de casi 200 pueblos indígenas que coexistían en el actual territorio mexicano hace 514 años y de los que hoy sólo quedan 62. Para los otros, la llegada a tierras extrañas en condición de esclavitud, en la cual, se han incorporado plenamente y aportan su rica herencia cultural.

El 12 de octubre tiene un significado de injusticias pasadas y presentes para los pueblos indígenas, porque esta asociado, al dominio y exterminio de millones de seres humanos, hombres y mujeres pertenecientes a estos pueblos. Se estima que en actual territorio nacional la población ascendía a 25.2 millones de habitantes al inició de la conquista española, 100 años después se redujo a tan sólo 700 mil personas, menos del 3 por ciento de la población original.

El Chilan Balam de Chumayel, libro sagrado de los mayas peninsulares, señala: ``vinieron los Dzules y todo lo deshicieron. Enseñaron el temor, marchitaron las flores, chuparon hasta matar las flores de los otros, porque viviese la suya. ¡Los Dzules habían venido a castrar el sol! Y a los hijos de sus hijos, quedaron entre nosotros, que sólo recibimos su amargura''.

Este es un testimonio que vive en el espíritu de los indígenas de este país, porque su historia ha sido de permanentes agravios. Es una muestra de que en ese período, la destrucción sistemática de la cultura local y su reemplazo por las pautas culturales impuestas desde la metrópoli fue una tarea primordial que justificaba el uso de cualquier medio para llevarla a cabo.

Al principio de la colonia española, los indígenas ni siquiera fueron reconocidos como seres humanos, hasta que el Papa Paulo III admitió que los indios americanos eran ``seres humanos, dotados de alma y razón'', en su bula Sublimis Deus.

El dominio hacia los pueblos indígenas, se extendió en todos los terrenos. No se les permitió por mucho tiempo vivir en su propia tierra, a seguir sus propias leyes y a practicar su propia cultura. Así, la opresión y discriminación a los pueblos indígenas, ha sido resultado del modelo de sociedad y de Estado monocultural instaurado desde hace siglos.

Para los pueblos indios el 12 de octubre de 1492, conmemorado oficialmente como ``Día de la Raza y Aniversario del Descubrimiento de América en 1492'' es el principio de la colonización europea. Marca el inicio de la opresión y discriminación histórica hacia los pueblos indígenas en este continente, desde entonces, estos pueblos perdieron su derecho a la libre determinación y fueron relegados a una situación de estructural subordinación económica, política, social y cultural, que aun subsiste, sin que el Estado mexicano haya reconocido plenamente sus derechos.

El 12 de octubre, es una fecha coligada con el comercio y la esclavitud de población negra que fue traída de África para las plantaciones de caña y plátano en los territorios recientemente conocidos. Se considera que al menos 250 mil africanos, provenientes de diferentes regiones de ese continente, llegaron al actual territorio nacional para suplantar la mano de obra indígena. Su presencia actual, se expresa en las costas de Guerrero y Oaxaca.

La conmemoración del día 12 de octubre, se instituye en el año de 1929, tiene su referente en la obra de José Vasconelos quien escribe, en 1925 ``La Raza Cósmica'', convencido de que en la América hispana ``de los pueblos hispanoamericanos surgirá una raza verdaderamente universal hecha con el genio y con la sangre de todos''. Esta nueva raza será el mejor fruto del mestizaje total, ``puesto que las distintas razas del mundo tienden a mezclarse cada vez más, hasta formar un nuevo tipo humano, compuesto con la selección de cada uno de los pueblos existentes'', afirmaba Vasconcelos.

Paralelo al discurso vasconcelista, sobre el hispanoamericanismo que teñía a la región y la apuesta por integrarse en una raza universal, cósmica; se desarrollo un discurso que apostaba a la integración de las razas indias del continente, a su homogeneización operada también por el mestizaje, que constituiría al mexicano propiamente dicho. Así, Manuel Gamio, apelaba a la integración de los indígenas a la cultura occidental, a la unión de la raza americana, de modo que se rebasaran las pequeñas patrias, que se forjara ``una peregrina estatua hecha de todos los metales que serían todas las razas de América''.

En este entorno de construcción de una sola identidad, mexicana e hispanoamericana se formalizó la conmemoración oficial del ``Día de la Raza y Aniversario del Descubrimiento de América en 1492''

A 79 años de la instauración de esta conmemoración, las visiones homogeinizadoras de una sola identidad mexicana e hispanoamericana, han mostrado su inviabilidad histórica. La pluralidad cultural y étnica presente en el país, muestran la vitalidad de una nación con estas características, que es reconocida por la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos por primera vez en el año de 1992, cuando se reconoce la composición pluricultural de la nación y se confirma con la reforma limitada sobre derechos y cultura indígena de 2001.

A esto se refiere la Declaración de la Organización de los Derechos de los Pueblos Indígenas adoptada el 13 de septiembre de 2007 por la Asamblea General, que en su artículo segundo establece que ``Los pueblos indígenas... son libres e iguales a todos los demás pueblos'', instrumento internacional respaldado por el Estado mexicano y que esta Cámara de Diputados se comprometió a incorporar en su legislación nacional.

Vengo a esta tribuna a proponer a esta soberanía, a que en congruencia con el reconocimiento constitucional de la composición pluricultural y étnica de la nación, así como de los compromisos internacionales firmados por el Estado mexicano y de los reclamos de los pueblos y comunidades indígenas del país que demandan una nueva relación Estado-pueblos indígenas y de las poblaciones negras quienes demandan su derecho a existir en su identidad y ,nos pongamos a la altura de la historia, en consecuencia se reforme la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales.

En este tenor, en la actual Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, se establecen las fechas que son declaradas solemnes para toda la nación, por lo que deberá izarse la Bandera Nacional a toda, o a media asta, según se trate de festividad o de duelo, en escuelas, y demás edificios públicos, así como en las sedes diplomáticas y consulares de México en el extranjero.

Muchas de las fechas señaladas en esta ley, como ocasión solemne o de duelo para toda la nación, están relacionadas con fechas que han marcado el rumbo y la historia de nuestra nación. Algunas refieren a fechas de nacimientos de los hombres ilustres que lucharon por la independencia política, que consolidaron las Leyes de Reforma, o para recordar los días en que las armas se cubrieron de gloria contra las intervenciones enemigas.

Sin embargo, existen otras conmemoraciones que son productos de concepciones que correspondieron a un momento de la historia del país ya superadas, tal es el caso del 12 de octubre, que es reconocida en la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, como el ``Día de la Raza y Aniversario del Descubrimiento de América'', bajo una concepción etnocéntrica de racismo y discriminación hacia la multiplicidad de culturas milenarias del país, como son los pueblos indígenas y la población negra.

Podemos iniciar este siglo, incorporando en la `` Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales'', que el 12 de octubre, sea conmemorado como el ``Día de los Pueblos Indígenas y Comunidades Negras'', en reconocimiento a nuestra rica diversidad cultural y étnica que aporta la presencia de los pueblos indígenas y población negra de este país. Nuestra iniciativa parte de que, el 12 de octubre, sea un día de verdadero diálogo intercultural, porque reconozcamos a la diversidad por encima de la homogeneidad y porque, es el momento, de reencontrarnos con el México profundo.

En virtud de lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma el inciso a), párrafo cuadragésimo octavo del artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales.

Artículo Único. Se reforma el inciso a), párrafo cuadragésimo octavo del artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, para quedar como sigue:

Artículo 18

...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Gracias, diputado.Túrnese a la Comisión de Gobernación.

ARTICULO 72 CONSTITUCIONAL

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Alberto Amador Leal, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma el inciso c) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Narciso Alberto Amador Leal: Muchas gracias, señor presidente.

Compañeras diputadas y compañeros diputados, esta iniciativa pretende modificar el texto constitucional para reducir el número de votos necesarios para superar el veto presidencial.

El constitucionalista mexicano Manuel Herrera y Lazo nos dice en su célebre Ensayo sobre el veto presidencial, que en el antiguo régimen el monarca disponía de un veto absoluto, mediante el cual sobreponía su voluntad a la del Parlamento.

El veto consagrado por el gobierno derecho constitucional a partir de la publicación del espíritu de las leyes es, en efecto, la facultad limitada de suspender la inspiración de un nuevo ordenamiento y de imponer su reconsideración al legislador.

El artículo 56 de la Constitución federal del 4 de octubre de 1824 estableció entre nosotros el veto presidencial, acorde con el modelo norteamericano. Así se mantuvo en el artículo 37 de la tercera ley conformante de las siete leyes constitucionales de 1836 y asimismo, en el artículo 58 de las bases orgánicas de 1843.

Hasta 1956 los constituyentes identifican al veto presidencial con la dictadura de Santa Anna, destacándose, por cierto, las históricas alocuciones de Francisco Zarco, Isidro Olvera e Ignacio Ramírez, entre otros legisladores.

Y es así que esta legislación suprime el veto presidencial y establece, hay que recordarlo también, el sistema unicamaral.

Posteriormente, ya en la Constitución del 57, queda establecido el veto presidencial, pero sólo podrá ser superado por la mayoría absoluta de los integrantes de la asamblea.

Y así, en la Constitución de 1917 se reforma el artículo correspondiente y se restablece el veto en los términos actuales. Es decir, sólo puede ser superado por las dos terceras partes de los integrantes de la asamblea; es decir, por la mayoría calificada.

Karl Loewenstein aborda en su Teoría de la Constitución la relación de congruencia que debe existir entre el derecho constitucional de un país y su sistema político, de suerte tal que, siguiendo este pensamiento, podríamos concluir que la superación del veto presidencial por una mayoría calificada de dos terceras partes, se constituye en una regulación propia y adecuada de un sistema bicameral o de un sistema que tenga una serie de controles y de instrumentos de contrapeso que en el caso mexicano no se dan.

Es decir, el veto presidencial es uno de los instrumentos de equilibrio, pero para que sea eficaz tendría que estar acompañado de otro cuerpo de instrumentos de la misma naturaleza.

La circunstancia actual de la correlación de fuerzas políticas en México, y la que se prevé para las siguientes tres o cuatro legislaturas, dentro de lo que es posible prever las tendencias electorales, es posible que esta realidad se mantenga, y esto ---compañeras, compañeros diputados---, está dando lugar a una distorsión del trabajo legislativo, tenemos en realidad un trabajo a veces simulado, sabemos de antemano que en lo que no tengamos acuerdo con el Ejecutivo o con el gobierno que tiene en su poder el Poder Ejecutivo, es casi inútil presentar iniciativas porque éstas no pasarán. No sólo las reformas constitucionales, sino propiamente también las leyes secundarias.

Y entonces vemos ya negociaciones prácticamente extraparlamentarias, prácticamente se dice en las comisiones en los corrillos, esto no va a pasar porque el secretario tal ya dijo que no, y así es, en efecto, ya no hay posibilidades mover una coma, un punto, al articulado del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación.

Por tanto, señor presidente, propongo esta iniciativa que pretende modificar las dos terceras partes actualmente establecidas en el artículo 72, a tres quintas partes. Es decir, los votos se reducirían para superar el veto presidencial de 333 a 300 legisladores, que sería una situación más razonable habida cuenta de la correlación de fuerzas políticas que seguramente se mantendrá en esta Cámara y en el Congreso de la Unión.

Muchas gracias, señor presidente, y dejo en la mesa el documento correspondiente.

«Iniciativa que reforma el inciso c) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Alberto Amador Leal , del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado federal integrante de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 55 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 72, inciso C), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de disminuir el total de votos necesarios para superar un veto presidencial.

Exposición de Motivos

I. Antecedentes

El constitucionalista mexicano Manuel Herrera y Lasso nos dice, en su célebre ensayo sobre el veto presidencial, de 1949, que ``en el antiguo régimen el monarca disponía de un veto absoluto mediante el cual sobreponía su voluntad a la del Parlamento. El veto consagrado por el moderno derecho constitucional --a partir de la publicación de El espíritu de la leyes-- es la facultad limitada de suspender la expedición de un nuevo ordenamiento y de imponer su reconsideración al legislador''; de suerte tal que, nos dice Herrera y Lasso, ``la ley no vetada no es aprobada por el presidente sino ley no objetada por él''; por lo que, en conclusión ``aprobar, señala citando a Montesquieu, no es otra cosa que declarar que no se hace uso de la facultad de impedir y de esa facultad se deriva''.

El veto presidencial en el derecho constitucional moderno, se consagra en el texto del artículo primero, sección séptima, párrafo segundo, de la Constitución de Filadelfia del 17 de septiembre de 1787; estableciéndose en el precepto estadounidense que:

El artículo 56 de la Constitución federal del 4 de octubre de 1824 estableció entre nosotros el veto presidencial informado en el modelo estadounidense, señalándose al respecto que ``los proyectos de ley o decreto devueltos por el presidente serán por segunda vez discutidos en las dos Cámaras. Si en cada una de éstas fueran aprobadas por las dos terceras partes de sus individuos presentes, se pasarán de nuevo al presidente, quien, sin excusa, deberá firmarlos y publicarlos''.

En el artículo 37 de la Tercera Ley conformante de las Siete Leyes Constitucionalistas de 1836, se establece: ``La Ley o decreto devuelto con observaciones por el Presidente de la República deberá ser examinado de nuevo en ambas Cámaras; y si las dos terceras partes de una y otra insistieran, se pasará por segunda vez al presidente, quien ya no podrá negarle la sanción y publicación; pero si faltare en cualquiera de las Cámaras el dicho requisito, el proyecto se tendrá por desechado''.

Por su parte, el artículo 58 de Las Bases Orgánicas de 1843 establece que ``para la discusión de toda ley o decreto en cualquier cámara, se necesita la presencia de la mitad y uno más del total de sus individuos, y para su aprobación, la mayoría absoluta de los presentes. En la segunda revisión se requieren los dos tercios de la cámara iniciadora, para ser reproducido el proyecto, y si en la Cámara revisora no llegare a dos tercios el número de los que reprobaren, modificaren o adicionaren, se tendrá por aprobado''; estatuyéndose en el artículo 87 fracción XX del mismo cuerpo legal, como facultad del poder ejecutivo: ``hacer observaciones, con audiencia del consejo y dentro de treinta días, a los proyectos aprobados por las cámaras suspendiendo su publicación. Si el proyecto aprobado fuera reproducido, el gobierno podrá suspenderlo con audiencia del consejo, hasta el inmediato periodo de sesiones, y si en éste fuera aprobado por los mismos dos tercios de ambas cámaras, el gobierno lo publicará''.

Los constituyentes de 1856 identificaron el veto presidencial con la dictadura de Santa Ana, destacándose las alocuciones que pronunciaron en tribuna al respecto los diputados Francisco Zarco, Isidro Olvera e Ignacio Ramírez, que determinaron que en la Constitución de 1857 se suprimiera el veto, sustituyéndolo por una opinión previa del Ejecutivo sobre el proyecto de ley en cuestión, misma que sólo daba lugar a una segunda discusión bastando la mayoría simple de la asamblea para su aprobación, e incluso, la contemplación de la observación previa del Ejecutivo podía ser obviada cuando así lo decidiera el Congreso por el voto de los dos terceras de sus miembros.

La supresión del veto y el establecimiento del sistema unicameral generó graves problemas en los equilibrios políticos que tuvieron que afrontar, lo mismo Comonfort que Juárez y Lerdo de Tejada; haciéndoles imposible gobernar con la Constitución como dijera don Emilio Rabasa; vicios de organización constitucional que fueron abordados por primera vez mediante la expedición de la circular del 14 de agosto de 1867 considerada una verdadera ``joya de sabiduría política'' por el propio Rabasa, y mediante la cual se pedía al pueblo que emitiera conjuntamente con el voto de renovación de la legislatura su autorización al Congreso para instituir el Senado y el veto presidencial en la Constitución de 1857 siguiendo el procedimiento ordinario de expedición de leyes y, al margen de procedimiento de reforma constitucional establecido por la propia Carta Magna.

El procedimiento plebiscitario contenido en la Circular fracasó ante el repudio de los prominentes líderes políticos de la época, destacándose en su oposición Don León Guzmán a la sazón Gobernador de Guanajuato ; sin embargo, su contenido resultó sumamente apreciado entre los conocedores a grado tal que determinó una de las reformas más trascendentales de nuestra historia constitucional como lo es la concerniente del 13 de noviembre de 1874, mediante la cual fueron instituidos tanto el Senado como el veto presidencial.

El inciso C) del artículo 71 de la Constitución de 1857 reformado el 13 de noviembre de 1874 establece al respecto:

La superación del veto presidencial por la misma mayoría simple que habría aprobado previamente el proyecto objetado, hacía nugatoria tal institución; así lo comprendieron los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso Constituyente de Querétaro de 1916 que formularon el dictamen concerniente a tal materia: don Paulino Machorro Narváez y don Hilario Medina, el último de los cuales ocuparía en 1942 el sitial de la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; de suerte tal que la Constitución vigente retornó al sistema de la Carta Magna de 1824, fielmente inspirado en el modelo estadounidense.

II. Consideraciones sobre el ejercicio del veto presidencial

Pese a que el veto presidencial es por esencia un instrumento tendiente a lograr el establecimiento de los ``pesos, contrapesos y equilibrios'' de los que hablaran los clásicos del constitucionalismo estadounidense; o al establecimiento concomitantes de contrapesos tanto ``entre poderes, como intrapoderes'' de los que habla Karl Loewenstein en su Teoría de la Constitución, editada en 1957; tenemos que, a lo largo de nuestra historia constitucional, la institución del veto presidencial ha estado resuelta de manera poco satisfactoria.

Por un lado, las complejas disposiciones concernientes a la dinámica legislativa y al veto presidencial contenidas en los artículos 58 y 87, fracción XX, de las Bases Orgánicas de 1843, obstruían la actuación del Congreso subordinándole por completo al Ejecutivo; por el otro, tanto el sistema de consulta presidencial previa a la discusión de los proyectos de ley por parte del Congreso consignado en la Constitución de 1857; como el veto entronizado en la reforma constitucional del 13 de noviembre de 1874, que preveía su superación por medio de la votación de la misma mayoría simple que habría aprobado el proyecto ha objetarse, dificultaban ampliamente la capacidad de gestión del gobierno de la república.

La reglamentación calcada de la Constitución estadounidense y adoptada por nosotros, tanto en la Constitución de 1824 como en el texto vigente por virtud de la entronización propuesta por Paulino Machorro Narváez e Hilario Median en el Congreso Constituyente de 1916, resulta conducente y loable ante realidades políticas e históricas diversas a la nuestra.

Karl Loewenstein aborda en su Teoría de la Constitución la relación de congruencia que debe existir entre el derecho constitucional de un país y su sistema político, de suerte tal que siguiendo a Loewenstein podríamos concluir que la superación del veto presidencial por una mayoría calificada de dos terceras partes, se constituye en una regulación propia y adecuada para un sistema político bipartidista como el estadounidense, en donde por lo demás, la directriz partidista sobre la decisión de voto de los representantes es sumamente difusa, en virtud de que, ante la reelección legislativa, la lealtad de los representantes populares a sus bases electorales priva por encima de la que deben representar a los órganos directivos de sus institutos políticos.

Pese a que el derecho constitucional mexicano observa una influencia determinante de la Constitución de Filadelfia, nuestro sistema político es pluripartidista, y con liderazgos partidistas concentrados a la manera de los sistemas políticos europeos, a grado tal que la elección por representación proporcional juega un papel determinante en la composición de nuestro Congreso; situación que determina que en la realidad, sea prácticamente imposible superarse un veto presidencial, ya que la votación de las dos terceras de los integrantes del Congreso sólo podría alcanzarse con el voto de la bancada del Partido gobernante. Lo anterior a diferencia del sistema bipartidista estadounidense.

Dado que las llamadas facultades metaconstitucionales del presidente de la república de las que hablara Jorge Carpizo, en su obra El presidencialismo Mexicano, hacían innecesaria su utilización; la institución constitucional del veto presidencial fue escasamente utilizada entre nosotros durante la vigencia del sistema político mexicano a raíz de la Revolución Mexicana, computándose tan sólo 225 casos entre 1917 y 2002. Sin embargo, a finales de 2004, en un contexto nunca antes visto --de un Gobierno unificado a un Gobierno dividido; con un alto grado de competencia política y de alternancias--, el Ejecutivo federal ejerció este derecho en contra del decreto que aprobó el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2005, aunque no tuvo otra alternativa que el de publicarlo en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2004, una vez que la Cámara de Diputados refrendara su acción modificatoria. Por lo que, el Ejecutivo federal, para sostener la posibilidad jurídica material de la procedencia del acto reclamado tuvo que sancionarlo y a su vez, proceder por la vía del juicio de controversia constitucional argumentando la violación de competencias.

Por su parte, en Estados Unidos, con un texto constitucional parcialmente idéntico al nuestro, tan sólo durante las administraciones de Franklin Delano Roosevelt el veto fue ejercido en 631 ocasiones, de las cuales sólo en 10 de ellas el veto fue superado por parte del Congreso.

Cabe destacar que cuando nosotros adoptamos el sistema estadounidense de veto presidencial en 1824, en la república estadounidense la utilización de tal institución era sumamente escasa, a grado tal que hasta 1830 tan sólo se había utilizado en 30 ocasiones, su escasa utilización daba pie incluso a acres debates sobre la interpretación del texto en cuestión, tal y como fuera consignado en la célebre obra del magistrado James J. Kent de 1826 Comentarios a la Constitución de Estados Unidos, debates que por lo demás fueron superados a raíz de la resolución de la Corte Suprema conocido como ``Missouri P.R.Co. versus Kansas 248 U.S. 276'' de 1919.

Finalmente es de mencionarse que, tanto el sistema político conformado en nuestro país a raíz de la Revolución Mexicana, como el sistema político pluripartidista que hoy prevalece en México, difieren radicalmente del que priva en los Estados Unidos de América y, en tal tesitura, la regulación del veto presidencial tal y como hoy se encuentra vigente en la Constitución no favorece un juego adecuado de ``pesos y contrapesos'' en nuestra vida institucional.

Constituyéndose ello en una situación que ha sido materia de preocupación por parte de legisladores de los más diversos signos políticos en los últimos tiempos, de suerte tal que al menos durante la LVIII Legislatura del Congreso de la Unión se presentaron ante ésta soberanía tres iniciativas de reforma constitucional tendientes a modificar la regulación del veto presidencial tal y como se presenta en la actualidad; la formulada por el diputado Luis Miguel Barbosa Huerta del Partido de la Revolución Democrática el 5 de abril del 2001, la presentada por el diputado Eduardo Rivera Pérez del Partido Acción nacional del día 20 de marzo del 2002; y la del 25 de marzo del 2003 formulada por los diputados integrantes del Partido Revolucionario Institucional Araceli Domínguez Ramírez, Concepción González Molina, Adela Cerezo Bautista, Jaime Alcántara Silva, Cutberto Cantorán Espinosa, Víctor Díaz Palacios, Benito Vital Ramírez, Melitón Morales Sánchez y el de la voz, Alberto Amador Leal .

Es de notarse que de las valiosas aportaciones de la LIX Legislatura, sólo la iniciativa que reformaba diversas disposiciones de la Constitución General presentada por el diputado Emilio Chuayffet Chemor el 26 de octubre de 2004, fue aprobada y remitida en calidad de minuta al Senado de la República el 28 de junio de 2005 para su debido trámite. Lo sustancial de dicha propuesta en materia del proceso legislativo para la aprobación de leyes y decretos es el establecimiento de los plazos y requisitos para la dictaminación de las iniciativas, así como la sujeción definitiva de la temporalidad para publicar las leyes y decretos remitidos al Ejecutivo obligándolo a promulgar sin excepción los mandatos generales que el Legislativo le enviara. Dicha propuesta significaría, en gran medida, el fortalecimiento del Congreso ante el Ejecutivo y el impulso de trascendentales iniciativas que vigorizarán el marco jurídico del país.

El 9 de diciembre del 2004, el diputado Iván García Solís, del PRD, inscribió una iniciativa en materia de veto presidencial. En su propuesta consideró pertinente fortalecer la capacidad del Poder Legislativo para concluir con los requisitos imprescindibles de promulgación y publicación --hoy correspondientes al Ejecutivo-- necesarias para que la ley pueda tener vida y observancia; y así evitar el llamado veto de bolsillo tal y como sucede en Argentina. Sin embargo, excusó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación refiere mediante jurisprudencia actualmente aplicable que ``la autoridad legislativa no tiene propiamente el carácter de ordenadora sino de creadora del derecho, del conjunto de normas abstractas y generales que distan de ser órdenes concretas e individualizadas''.

Ante ello, el diputado García Solís consideró reformar el inciso B) del artículo 72 para que, una vez transcurridos los diez días, y ante la falta de respuesta del Ejecutivo federal para publicar alguna ley o decreto, lo haga el presidente de la Cámara revisora o la Cámara que corresponda cuando se trate de facultades exclusivas, poniendo en vigencia dicha ley o decreto.

El 1 de marzo de 2005 la diputada Cristina Portillo Ayala del PRD presentó una iniciativa --turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales-- que reformaba los incisos B) y C) del artículo 72 de la Constitución para reducir la exigida mayoría calificada de las dos terceras partes del número total de votos para superar el veto, por la simple mayoría absoluta de los miembros presentes. Asimismo, también planteó el estatuir en grado constitucional que el Ejecutivo no puede hacer observaciones al Presupuesto de Egresos de la Federación, a la Ley de Ingresos y a las reformas constitucionales.

El 13 de septiembre de 2007, ante la LX Legislatura, los diputados María Oralia Vega Ortiz y Fernando Moctezuma Pereda del PRI turnaron a la Comisión de Puntos Constitucionales una iniciativa que reformaba diversas disposiciones de la Constitución, entre lo que destaca lo relativo al veto presidencial. En su propuesta consideran oportuno que la aprobación por la mayoría del número total de votos fuese el requisito para turnarla otra vez a la cámara revisora con las opiniones y posicionamientos respecto a cada una de las observaciones realizadas por el Ejecutivo para proseguir con el vigente y aplicable trámite.

El pasado 18 de septiembre de 2007 el diputado Manuel Cárdenas Fonseca del Partido Nueva Alianza propuso adicionar una base segunda al artículo 72 constitucional sin menoscabo del actual instrumento del veto; ya que planteó el establecimiento de la ``iniciativa preferente'' para que el Ejecutivo federal pueda presentar hasta dos iniciativas con el carácter de preferente por cada periodo ordinario de sesiones y asimismo condicionar al Congreso para que en un término máximo de siete días naturales procedan a votar por el pleno de la Cámara de origen las iniciativas. Y si concluido este tiempo la Cámara de origen aún no la hubiese votado, la iniciativa se tendrá por aprobada por esta Cámara en los mismos términos en que haya sido presentada por el Ejecutivo federal para luego, ser enviada a la Cámara revisora a más tardar al siguiente día natural y, de la cual, tendría las mismas disposiciones de las de la Cámara de origen para aprobar las iniciativas.

Por lo que se infiere que con ésta propuesta se abrirían dos distintos procedimientos para la aprobación de leyes y decretos. Sin embargo, este nuevo régimen, no modifica lo concerniente en caso de que la iniciativa sea rechazada en lo general o modificada en lo particular, puesto que se requerirá el voto de las dos terceras partes de los integrantes de la Cámara que corresponda presentes al momento de la votación.

Por último, éste régimen excluye de preferente las iniciativas que el Presidente presente en materia presupuestal, al sistema electoral y de partidos, ni modificaciones constitucionales.

El 4 de octubre de 2007, la diputada Pilar Ortega Martínez a nombre propio y de diversos diputados del Grupo Parlamentario del PAN sometió una iniciativa que reformaba y adicionaba diversas disposiciones de la Constitución General, entre lo que destacamos lo referente al artículo 72 y 74 en los siguientes términos.

La propuesta indica el imperativo de fijar el plazo de diez días naturales siguientes como tiempo límite para publicar el proyecto aprobado sino hubiere observaciones por parte del Ejecutivo. Asimismo pretende establecer que se reputará como aprobado por el Poder Ejecutivo todo proyecto no devuelto con observaciones a la Cámara de su origen dentro de los quince días naturales siguientes; si corriendo este término hubiere el Congreso cerrado o suspendido sus sesiones, la devolución deberá hacerse a la comisión permanente y ya no el primer día útil en que el Congreso esté reunido, para luego ser publicado por el Poder Ejecutivo dentro del plazo de los diez días naturales siguientes y; si transcurrido dicho plazo y el Poder Ejecutivo no lo hiciere, el presidente de la Cámara que lo remitió, deberá ordenar su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Los plazos a que se refiere este inciso no se interrumpirán si el Congreso cierra o suspende sus sesiones.

De igual modo, intenta normar los tiempos del inciso c) vigente, en el sentido de que una vez que las Cámaras de origen y revisora hayan analizado y discutido las observaciones hechas por el Ejecutivo y, asimismo, las hayan aprobado por las dos terceras partes de cada una, el Ejecutivo tenga la obligación de publicarlas dentro de los diez días naturales siguientes y si no lo hiciere, se aplicaría lo dispuesto a las facultades del Presidente de la Cámara que lo haya remitido.

El 22 de noviembre de 2007 el diputado Obdulio Ávila Mayo , del PAN presentó una propuesta similar a la de la diputada Pilar Ortega, a efecto de obligar al Ejecutivo a la promulgación y publicación de las leyes y decretos en un término de diez días después de haber recibido la ley o decreto y en caso de que no haya observaciones, y si lo hubiera, se faculta a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de origen, previo acuerdo, a publicar la ley o decreto en el Diario Oficial de la Federación para que surta los efectos conducentes.

El 14 de febrero del 2008 la diputada Ma. de los Ángeles Jiménez del Castillo, del PAN, sometió a consideración de esta soberanía la iniciativa que reforma el artículo 72 de la Constitución. La diputada propone diversos puntos para sujetar todo lo concerniente a la creación, interpretación, reforma o derogación de leyes o decretos, así como a la ley correspondiente y sus reglamentos. Entre los puntos propuestos, destaca lo referente a la tramitación y aprobación de leyes y decretos en función de que una vez recibido por el Ejecutivo, dentro de los quince días naturales siguientes al día en que lo hubiese recibido, podrá regresarlo a la Cámara de origen por una ocasión, con las observaciones pertinentes, para que sea considerado; y de aprobarse de nueva cuenta, el titular del Poder Ejecutivo estará obligado a promulgarlo y publicarlo, y si no devuelve con observaciones el proyecto aprobado, deberá publicarlo en un lapso de treinta días naturales siguientes a su recepción. En caso de no hacerlo, la Cámara revisora lo ordenará.

El pasado 20 de junio de 2008, el Senado de la República devolvió a la Cámara de Diputados las modificaciones a la minuta con proyecto de decreto por la cual se reforman los artículos 71, 72 y 78 de la Constitución General. Dicha minuta de dictamen se basó predominantemente de la iniciativa aprobada el 15 de abril de 2003 en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara Baja por la cual se reformaba el párrafo primero y el inciso b) del artículo 72 de la Constitución.

Este dictamen simplifica y concreta en gran medida parte de las propuestas de reforma anteriormente enunciadas. Sin embargo, exhibe dos posiciones: primero esta minuta que modifica lo ya aprobado por la Cámara de Diputados y remitida, en última instancia, por la Cámara de Senadores significa que prevalece el propósito de los legisladores de diversas Fracciones Parlamentarias para obligar al Ejecutivo, bajo un término fijo, a que expida y publique las leyes o decretos aprobados y enviados por el Legislativo. En segundo término omite la posibilidad de superar el veto presidencial al disminuir los votos requeridos para la ratificación y aprobación de las posibles modificaciones derivadas de observaciones hechas por el Ejecutivo.

Por consiguiente este antecedente legislativo --hoy en la espera del dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados-- muestra en este momento altibajos respecto a la conveniencia de los grupos parlamentarios mayoritarios, una vez que propone que todo proyecto no devuelto con observaciones a la Cámara de su origen dentro de los treinta días naturales siguientes a su recepción el Ejecutivo dispondrá de diez días naturales para promulgar y publicar la ley o decreto. Transcurrido este segundo plazo, la ley o decreto será considerado promulgado y el Presidente de la Cámara de origen ordenará dentro de los diez días naturales siguientes su publicación en el Diario Oficial de la Federación, sin que se requiera refrendo. Y precisa que los plazos de entrega no se interrumpirán si el Congreso cierra o suspende sus sesiones, en cuyo caso la devolución deberá hacerse a la Comisión Permanente.

En suma, bajo las condiciones vigentes e imperantes de nuestro deformado presidencialismo --ya inoperante e ineficaz--, la consolidación del proceso de transición democrática resiste a instaurarse como forma de convivencia institucional; por lo que se hace necesario una renovada relación de los poderes Ejecutivo y Legislativo que, de manera gradual, incida en una eficaz y simultánea gobernabilidad democrática.

De este modo dejamos en claro, que la presente propuesta reconoce los anhelos de los diversos congresistas de la LVIII, LIX y LX Legislaturas que han tratado de reivindicar y fortalecer al Poder Legislativo frente al Ejecutivo en un ejercicio de congruencia ante la necesidad de hacer simétricos las facultades y atribuciones de los órganos del Estado mexicano. Sin embargo, dadas las condiciones sociales y políticas, aún polarizadas, y de extravío institucional por parte de algunos órganos de Estado, sentimos que es pertinente conservar la facultad del Ejecutivo para publicar y sancionar los actos emanados del Legislativo en un sano acto de colaboración entre poderes; y previendo lo ya dispuesto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en ese sentido.

Por lo tanto, no es afán del Legislativo lesionar ni invadir las facultades y competencias del Ejecutivo; que de hecho, el régimen presidencialista puro asume y ejerce para con otros poderes; en caso de que así se interpretara, el Ejecutivo al igual que el Legislativo, cuentan con la figura y el derecho de ejercer la controversia constitucional.

III. Contenido de la presente iniciativa

Por tales consideraciones, esta propuesta pretende superar el veto presidencial mediante la disminución del total de votos requeridos que actualmente señala el inciso C) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para la ratificación de las leyes o decretos susceptibles de observaciones por parte del Ejecutivo. Por lo que, por medio de la presente iniciativa se somete a la consideración de ésta Soberanía un proyecto de Decreto que Reforma el inciso C) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que quedaría como sigue:

No siendo el propósito de la presente iniciativa, sobreponer el peso del Congreso al del titular del Poder Ejecutivo como lo llegaron a hacer los Congresistas de 1856, sino muy por el contrario aspira a que se consolide, entre nosotros, un sistema de pesos y contrapesos justo y democrático.

En consecuencia, con fundamento en la anterior exposición de motivos, se somete a consideración plenaria de esta honorable Cámara de Diputados, el siguiente proyecto de

Decreto

El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos decreta:

Único. Se reforma el texto del artículo 72, inciso C), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Artículo 72. ...

...

Transitorio

Artículo Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Muchas gracias. Bien recibido, señor diputado don Alberto Amador Leal.Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.

CODIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Tiene el uso de la palabra la diputada Mónica Arriola, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

La diputada Mónica Arriola: Con el permiso de la Presidencia.

Compañeras diputadas y compañeros diputados, México firmó en 2007 la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su protocolo facultativo con el propósito de eliminar las barreras específicas que enfrentan las personas con discapacidad y lograr el reconocimiento y ejercicio real de todos sus derechos humanos.

Asimismo, también impulsar un amplio compromiso con el acceso e igualdad de oportunidades.

Recientemente fue aprobada la Ley General de las Personas con Discapacidad, cuyo objeto es el de crear las bases que permitan la plena inclusión de las personas con este problema, dentro de un marco de igualdad en todos los ámbitos de la vida, reconociendo a las personas sus derechos humanos y la aplicación de las políticas públicas necesarias para su ejercicio.

A pesar de los instrumentos suscritos por México en esta materia y de las leyes federales tendientes a proteger los derechos de las personas con discapacidad, de acuerdo con datos del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, y según el Observatorio Ciudadano de Discapacidad, en México 94 por ciento de las mexicanas y los mexicanos con discapacidad son discriminados, siendo pocas o nulas las acciones para intervenir de fondo en detener las barreras físicas, sociales, políticas y culturales que los marginan del desarrollo en múltiples aspectos.

Una de las esferas en donde el efecto de la discriminación tiene importantes consecuencias es la vida política del país. El artículo 35 constitucional establece como prerrogativas de los ciudadanos mexicanos el derecho a votar en las elecciones populares, el derecho a poder ser votado para todos los cargos de elección popular, y nombrado para cualquier otro empleo o comisión, y el derecho de asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país.

Sin embargo, las personas con discapacidad en México enfrentan diversos obstáculos que no permiten que participen en igualdad de circunstancias u oportunidades en la política y en los espacios de toma de decisiones; es por esto que mediante esta iniciativa ampliaremos estos propósitos.

En el caso de las personas con discapacidad, el Instituto Federal Electoral deberá implantar las acciones que garanticen su derecho a participar en la vida política sin discriminación y en condiciones de igualdad, que garanticen el acceso preferencial a los lugares públicos donde se realice el sufragio.

Por ello, la fracción de Nueva Alianza presenta esta iniciativa que pretende modificar diversos artículos al Cofipe para ampliar y consolidar esta igualdad plenamente establecida en nuestra Carta Magna, porque la democracia exige igualdad de oportunidades, y es la única vía que por su integración tiene el compromiso de establecer el trato digno que merecemos todos los mexicanos, sin hacer distinciones de ninguna clase, y así hacer realidad esta igualdad que otorga nuestra Constitución y que se consolide en forma debida.

Omitiré la lectura del articulado, pero solicito a la Mesa Directiva que sea publicada de manera íntegra la presente iniciativa en el Diario de los Debates, por favor, señor presidente. Muchas gracias por su atención.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo de la diputada Mónica Arriola, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

Mónica Arriola, diputada de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 56, 60 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante esta soberanía la presente iniciativa al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo fueron aprobados el 13 de diciembre de 2006 en la sede de la Organización de las Naciones Unidas, en Nueva York. El fin de la Convención es ``trasladar los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, reconocidos internacionalmente, a ámbitos concretos, para así eliminar las barreras específicas que enfrentan las personas con discapacidad, y así lograr el reconocimiento y ejercicio real de todos sus derechos humanos, e impulsar un amplio compromiso con el acceso e igualdad de oportunidades en las distintas esferas que conforman la vida de las sociedades'' ¹.

México firmó la Convención y el Protocolo el 30 de marzo de 2007, ratificando ambos instrumentos el 17 de diciembre del ese año. Nuestro país, desde el comienzo de la elaboración del Convenio, jugó un papel determinante en el impulso para lograr su adopción.

En el 2001, el ex presidente de México Vicente Fox Quesada, presentó a la Asamblea General de la ONU una iniciativa que tenía por objeto elaborar una Convención que promoviera y protegiera los derechos humanos de las personas con discapacidad. El 19 de diciembre de ese año, la Asamblea General adoptó dicha iniciativa y tras un gran proceso de cabildeo por parte de nuestro país, se aprobó la Resolución 56/168 ``Convención internacional amplia e integral para promover y proteger los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad'', la cual creó un Comité Especial, abierto a la participación de todos los Estados, miembros y observadores, de las Naciones Unidas para que examinarán las propuestas relativas a una posible Convención Internacional de los derechos de las personas con discapacidad.

En junio de 2002, el gobierno mexicano con el apoyo de la ONU y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, organizó un seminario de expertos internacionales en materia de discapacidad a fin de considerar los asuntos y materias relacionadas con la futura Convención, incluyendo sus objetivos y definiciones, así como las preocupaciones específicas de las personas con discapacidad en el ámbito de los derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos, y las medidas necesarias para su aplicación, con el objetivo de que, basado en la iniciativa presentada por México, se elaborara un documento más completo.

Como acciones complementarias, a iniciativa del país, y en conjunto con la Unión Europea, Canadá, Croacia, Japón, Luxemburgo y Surinam; la Asamblea General de la ONU adoptó varias resoluciones más ² , por medio de las cuales se aprobó la participación de organizaciones no gubernamentales en el proceso de negociación de la Convención y se enfatizó la necesidad de adaptar las instalaciones de las Naciones Unidas para que, acorde con el fin que se buscaba, fueran accesibles para las personas con discapacidad.

Después del Seminario Regional de las Américas, en abril de 2003, donde se intercambiaron opiniones, conocimientos y experiencias en materia de personas con discapacidad, y en la que se adoptó por consenso la Declaración de Quito, comenzaron los trabajos del Comité Especial, en los que México participó activamente en los diversos periodos de sesiones. El octavo periodo de sesiones del comité se llevó a cabo en agosto de 2006, y tras intensas negociaciones se logró, con la adopción del documento impulsado por México ³ , concretar el primer tratado sobre derechos humanos de este siglo.

La Convención sobre los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo reforzó la protección de los derechos humanos a nivel internacional, pues como un tratado con carácter vinculante, su firma y ratificación hizo de la promoción y protección de los derechos y dignidad de las personas con discapacidad, normas obligatorias que todas las naciones firmantes tenían que respetar, al contar con mecanismos de supervisión. Como se establece en su preámbulo dicho instrumento ``contribuirá significativamente a paliar la profunda desventaja social de las personas con discapacidad y promoverá su participación, con igualdad de oportunidades, en los ámbitos civil, político, económico, social y cultural, tanto en los países en desarrollo como en los desarrollados'' ⁴ .

Como parte de estas acciones en materia internacional y como país promotor de la Convención, México aprobó la Ley General de las Personas con Discapacidad, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2005, la cual establece que dicha norma es de orden público, de interés social y de observancia general en los Estados Unidos Mexicanos. Su objeto es el de crear las bases que permitan la plena inclusión de las personas con discapacidad, dentro de un marco de igualdad en todos los ámbitos de la vida, reconociendo a las personas con discapacidad sus derechos humanos y la aplicación de las políticas públicas necesarias para su ejercicio.

En este sentido, quedó establecido que el Ejecutivo federal, acorde con las obligaciones derivadas de los tratados internacionales de derechos humanos en materia de personas con discapacidad, tiene la obligación de implantar las acciones necesarias para garantizar ``la equidad; la justicia social; la equiparación de oportunidades; el reconocimiento de las diferencias; la dignidad; la integración; el resto y la accesibilidad.'' ⁵ .

A pesar de los instrumentos suscritos por México en esta materia y de la leyes federales tendentes a proteger los derechos de las personas con discapacidad, en la actualidad, de acuerdo con datos del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y según el Observatorio Ciudadano por la Discapacidad en México, el 94 por ciento de las y los mexicanos con discapacidad son discriminados siendo pocas o nulas las acciones para intervenir de fondo en detener las barreras físicas, sociales, políticas y culturales que los marginan del desarrollo en múltiples aspectos.

Una de las esferas en donde el efecto de la discriminación tiene importantes consecuencias es en la vida política del país. A pesar de que el artículo 35 constitucional establece como prerrogativas de todas y todos los ciudadanos mexicanos el derecho a votar en las elecciones populares; el derecho a poder ser votado para todos los cargos de elección popular, y nombrado para cualquier otro empleo o comisión y el derecho de asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país, las personas con discapacidad en México enfrentan diversos obstáculos que no permiten que participen en igualdad de oportunidades en la política y en los espacios de toma de decisiones.

El derecho de las personas con discapacidad a la participación en la vida política y pública de nuestro país es una de las garantías establecidas en la Convención. Al respecto, el artículo 29 de dicho instrumento establece que:

Los Estados Partes garantizarán a las personas con discapacidad los derechos políticos y la posibilidad de gozar de ellos en igualdad de condiciones con las demás y se comprometerán a:

Que el Estado mexicano considere una prioridad garantizar los derechos políticos de las personas con discapacidad es una de las demandas históricas de las personas con discapacidad. Al firmar la Convención y comprometerse a armonizar su legislación, promulgar leyes y adoptar las medidas necesarias para mejorar los derechos de las personas con discapacidad, México tiene la obligación de garantizar lo que dice en ella. Por ello ``las autoridades federales y locales deben de implementar en los procesos electorales medidas que garanticen el derecho político a sufragar a todas las personas con discapacidad''. ⁶

La reforma constitucional en materia electoral publicada en el Diario Oficial de la Federación del 13 de noviembre del 2007 y el decreto por el que se expidió el nuevo Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE), publicado el 14 de enero del año en curso, modificó las bases constitucionales y normativas de los procesos electorales en el país y aunque representó un gran avance en la materia, la reforma omitió totalmente lo relacionado a los derechos políticos de las personas con discapacidad.

Aunado a ello, las iniciativas presentadas en esta materia, durante la Legislatura LIX y LX en la Cámara de Diputados, fueron dictaminadas negativamente ⁷ , junto con todas las que reformaban el COFIPE, al considerar que debido al nuevo Código ya no tenía objeto concluir con el procedimiento legislativo, ya que los temas que se enunciaban en cada una de ellas estaban ya considerados e incorporados en el decreto que expidió la nueva Ley Electoral, además de que dichas iniciativas reformaban el texto del COFIPE de 1990. No obstante, de que muchos de los temas de dichas propuestas se encuentran en el texto del Código actual, en ningún momento, como lo mencionamos antes, se consideraron los derechos de las personas discapacitadas, por lo que este tema quedó en el aire una vez más.

A pesar de que el Instituto Federal Electoral ha tratado de garantizar ``con el mejor de sus esfuerzos la participación de las personas discapacitadas durante los procesos electorales de 2003 y 2006, la población con discapacidad considera que el Instituto debería regirse por las disposiciones internacionales, que de estar plasmadas en la legislación electoral, evitarían la incertidumbre de que en cada elección se le deba recordar a la autoridad electoral, lo que ya debiera ser una facultad y una responsabilidad'' ⁸ .

La Constitución Mexicana y los instrumentos firmados y ratificados por México en materia de derechos de las personas con discapacidad, especialmente la Convención y su Protocolo, que entraron en vigor el pasado 3 de mayo del año en curso, ``obliga al Estado mexicano a garantizar los derechos políticos de las personas con discapacidad, y ello implica, que se deben promover medidas legales, para que en condiciones de igualdad, puedan ejercer el sufragio... la Convención dispone la regulación de procedimientos, instalaciones y materiales electorales, cuidando aspectos de accesibilidad física y de comunicación para el desplazamiento'' ⁹ .

Es en este sentido, que Nueva Alianza, presenta esta iniciativa que tiene como fin incorporar a la ley el derecho de las personas con discapacidad a participar en los procesos electorales, incluyendo también en algunas disposiciones acciones afirmativas a favor de las personas adultas mayores y de las mujeres embarazadas. Hacer estos cambios beneficiará no sólo a las personas con discapacidad, sino a toda la sociedad. Por ello, someto en mi calidad de integrante del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, a la aprobación de esta honorable soberanía la presente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma los artículos 105, 185, 241, 262, 264 y 265 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales

Único. Se reforman los artículos 105, 185, 241, 262, 264 y 265 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, para quedar como sigue:

Artículo 105

1. Son fines del instituto:

2. ...

3. ...

Artículo 185

1. Los ciudadanos mexicanos residentes en el territorio nacional que tengan alguna discapacidad física y se encuentren imposibilitados para acudir a inscribirse ante las oficinas de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores correspondiente a su domicilio, deberán solicitar su inscripción por escrito, acompañando la documentación que acredite su discapacidad. En su caso, la Dirección Ejecutiva dictará las medidas pertinentes para la entrega de la credencial para votar del elector físicamente imposibilitado de realizar dicho trámite.

Artículo 241

1. Las casillas deberán ubicarse en lugares que reúnan los requisitos siguientes:

2. Para la ubicación de las casillas se preferirán, en caso de reunir los requisitos señalados por los incisos a) y b) del párrafo anterior, los locales ocupados por escuelas y oficinas públicas, que de preferencia cuenten con la infraestructura para facilitar el acceso a las personas con discapacidad y adultas mayores.

Artículo 262

1. Se considera que existe causa justificada para la instalación de una casilla en lugar distinto al señalado, cuando:

2. ...

Artículo 264

1. Los electores votarán en el orden en que se presenten ante la mesa directiva de casilla, debiendo mostrar su credencial para votar con fotografía o en su caso, la resolución del Tribunal Electoral que les otorga el derecho de votar sin aparecer en la lista nominal o sin contar con credencial para votar o en ambos casos.

Las personas con discapacidad, las adultas mayores y las mujeres embarazadas, tendrán preferencia para emitir su voto sin necesidad de hacer fila.

2. ...

3. ...

4. ...

5. ...

Artículo 265

1. Una vez comprobado que el elector aparece en las listas nominales y que haya exhibido su credencial para votar con fotografía, el presidente le entregará las boletas de las elecciones para que libremente y en secreto marque en la boleta únicamente el cuadro correspondiente al partido político por el que sufraga, o anote el nombre del candidato no registrado por el que desea emitir su voto.

2. Aquellos electores que no sepan leer o tengan alguna discapacidad física que les impida marcar sus boletas de voto, podrán hacerse asistir por una persona de su confianza que les acompañe.

3. ...

4. ...

5. ...

Transitorio

Único. Este decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas: 1 Nuria González Martín. ``Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad'', en Boletín Mexicano de Derecho Comparado, nueva serie, año XI, número 120, septiembre- diciembre, pp. 951-961. Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM.2 A iniciativa de México han sido adoptadas diversas resoluciones tanto en la Asamblea General (diciembre de 2002, 2003, 2004 y 2005), como en la Comisión de Desarrollo Social (febrero de 2003, 2004, 2005 y 2006) y en la Comisión de Derechos Humanos (abril de 2003, 2004 y 2005). Información de la página de la Secretaría de Relaciones Exteriores.3 Como reconocimiento a la iniciativa y el liderazgo de México en este tema, el presidente Vicente Fox recibió tres premios internacionales: el premio de Liderazgo Internacional, otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo, en diciembre de 2001; el premio Charles D. Siegal otorgado por la organización no gubernamental Western Law Center for Disability Rights, con sede en Los Ángeles, California, en noviembre de 2003; y el Reconocimiento Latinoamericano en Discapacidad, otorgado por un grupo de organizaciones no gubernamentales internacionales, en octubre de 2004.4 Inciso y) del Preámbulo de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.5 Principios que deberán observar las políticas públicas en la materia. Artículo 5o. de la Ley General de las Personas con Discapacidad.6 Documento del Observatorio Ciudadano por la Discapacidad en México que propone reformar el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales para incorporar a la legislación electoral federal lo dispuesto en el artículo 29 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Organización de las Naciones Unidas, referente a la Participación en la vida política y Pública de las personas con Discapacidad. Mayo 2008. Fundación Dime.7 Dictámenes de la Comisión de Gobernación por el que se desechan 55 iniciativas de la LIX Legislatura que reforman diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales de 1990, abrogado por el nuevo Cofipe, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de enero de 2008 y por el que se desechan 36 iniciativas de la LX legislatura que reforman diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales de 1990, abrogado por el nuevo Cofipe, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de enero de 2008.8 Documento del Observatorio Ciudadano por la Discapacidad en México.9 Ídem.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Gracias, compañera diputada doña Mónica Arriola. Con gusto instruimos para que se inserte en los términos presentados por usted, en el Diario de los Debates, y tambiénla turnamos a la Comisión de Gobernación.

Tiene el uso de la palabra el señor diputado Fernando Enrique Mayans Canabal ... se pospone.

REGISTRO DE ASISTENCIA

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Se pide a la Secretaría que instruya el cierre del sistema electrónico de asistencia y dé cuenta del registro de diputadas y diputados.

La Secretaria diputada Margarita Arenas Guzmán: ¿Falta algún diputado o alguna diputada de registrar su asistencia? Ciérrese el sistema electrónico.

Se informa a la Presidencia que hasta el momento hay una asistencia de 363 diputadas y diputados.

Quienes no han registrado su asistencia disponen de 15 minutos para hacerlo por cédula.

Es cuanto, presidente.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Queremos dar la más cordial bienvenida a alumnos del Centro Universitario del Valle de Beraca, de Cuautitlán Izcalli,Estado de México. Bienvenidos.

LEY ORGANICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Tiene el uso de la palabra el señor diputado Wenceslao Herrera Coyac, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa que reforma el artículo 40 de la Ley Orgánica del CongresoGeneral de los Estados Unidos Mexicanos. Adelante, compañero diputado Wenceslao Herrera Coyac.

El diputado Wenceslao Herrera Coyac: Muchas gracias. Con su permiso, señor presidente.

Compañeras diputadas y compañeros diputados, agradezco a los integrantes de mi fracción parlamentaria el apoyo solidario a esta iniciativa que hoy someto a la consideración de todos ustedes, y que pretende hacer una adición a la ley que norma nuestra vida parlamentaria, la del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para crear un centro de estudios sobre los derechos y el desarrollo de los pueblos indígenas.

Sin duda, en la LX Legislatura hemos dictaminado y seguiremos dictaminando leyes importantes para el país, pero con relación a la deuda de justicia con nuestros pueblos originarios el avance ha sido mínimo.

Hace más de un año, el 18 de septiembre de 2007, en este pleno, por iniciativa de la Junta de Coordinación Política aprobamos un punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal a que emprenda las acciones necesarias para garantizar el ejercicio pleno de los derechos de nuestros pueblos originarios, que se les reconocen en la declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

En esta misma ocasión, por votación unánime del pleno nos comprometimos a trabajar por la armonización de los contenidos de ese instrumento internacional, con nuestra Constitución y sus leyes, tarea amplia y de gran alcance.

Poco avance hay en este propósito. Las iniciativas y los puntos de acuerdo que hemos impulsado están impulsando la voluntad y la decisión de las comisiones a donde han sido turnadas. Ni siquiera en el espacio que privilegiamos para construir acuerdos para reformar al Estado mexicano pudimos encontrar la voluntad ni la capacidad de quienes tomaron las decisiones para avanzar en el tema, lo que sí hallamos ahí fue el debate informado, acuerdos de especialistas y cortesía legislativa.

En lo que hemos avanzado es en el incremento del presupuesto destinado a los pueblos indígenas y mediante negociaciones logramos, en 2007, que éste se desglosara por programas para darle transparencia y crear las condiciones para su control, logro que está a punto de perderse por falta del dictamen de una iniciativa que lo pudiera establecer como una obligación de la autoridad correspondiente.

Para los legisladores indígenas y algunos compañeros solidarios es importante tener vigilancia y evaluación del ejercicio presupuestal y las políticas públicas destinadas a nuestros pueblos, porque los informes dicen cosas que no vemos en las comunidades, porque hace falta empleo, porque la carencia de servicios de educación y de salud y de muchos otros servicios y beneficios es enorme en ellas.

Por ello les propongo la creación del Centro de Estudios sobre los Derechos y el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de la Cámara de Diputados, su misión será establecer condiciones que le permitan a nuestro órgano legislativo ejercer sus atribuciones para cumplir sus compromisos con los pueblos originarios de México.

Además de las funciones técnicas que tendrá este centro, lo concebimos como una instancia de apoyo a todos los diputados, no nada más a los indígenas o a la comisión encargada del tema.

Con su trabajo y sus funciones podrá contribuir a que en este espacio del Poder Legislativo del país los mexicanos nos conozcamos mejor, nos ayudará a desarrollar la convivencia y el diálogo intercultural y a legislar con este enfoque para construir la nación pluricultural, como lo establece el artículo 2o. de nuestra Constitución.

Compañeras diputadas y compañeros diputados, nuestros pueblos ya no quieren políticas públicas asistencialistas, tampoco que los tomen como pretexto de la caridad de las empresas que con ello, mediante las fundaciones deducen impuestos. Los pueblos reclamamos, además de respeto a nuestras lenguas y cultura, justicia, desarrollo, participación, ciudadanía plena y condiciones objetivas para ejercer nuestros derechos colectivos.

Los pueblos no nos oponemos al progreso económico y material del país, pero no queremos que las riquezas que existen en nuestras tierras sean para otros mexicanos o para extranjeros y para ellos sólo queden trabajos mal pagados y pobreza, como sucede actualmente con las concesiones mineras y otros recursos naturales.

En síntesis, los mexicanos requerimos reencontrarnos y fortalecer nuestra unidad en la diversidad que nos caracteriza. Particularmente los órganos del Poder Legislativo han de ser más productivos en el combate a las desigualdades. En esas tareas el Centro de Estudios sobre los Derechos y el Desarrollo de los Pueblos puede contribuir significativamente.

Por ello solicito a la Presidencia que la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el numeral 6 al artículo 40 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, que hoy pongo a consideración de esta honorable asamblea, sea turnada a la Comisión de Régimen, Reglamento y Prácticas Parlamentarias y se inserte, al igual que este discurso, en el Diario de los Debates. Muchísimas gracias.

Namech tlajpaloua ika miak pakilistli nochtin nomaseualikniuan nika ipan Ueyi Kali. Miak tasojkamatik. (Saludo con mucho cariño a todos mis hermanos indígenas desde la Casa de los Diputados). Muchas gracias.

«Iniciativa que reforma el artículo 40 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Wenceslao Herrera Coyac , del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 56, 62 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el numeral 6 al artículo 40 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El artículo 2o. constitucional vigente a partir de 2001 reafirma la convicción de que México es una nación pluricultural sustentada en sus pueblos indígenas. Este reconocimiento, hecho a casi 180 años de vida independiente de la nación mexicana, es también el reconocimiento político de la deuda histórica del Estado y la sociedad mayoritaria con sus pueblos originarios.

El artículo 2o. intenta dar respuesta a los reclamos ancestrales de los pueblos por su reconocimiento como sociedades culturalmente diferenciadas y su derecho de acceso al desarrollo y a la justicia social. Su estructura comprende dos apartados: en el A se definen los derechos colectivos de los pueblos que el Estado les reconoce, y en el B se mandata a las autoridades de los tres niveles de gobierno diseñar y ejecutar políticas públicas para superar las desigualdades que hoy caracterizan a los pueblos originarios.

El artículo 2o. delega a los Congresos locales la facultad de reglamentar el ejercicio de los derechos colectivos de los pueblos. Además, ordena que ``la federación, los estados y los municipios (...) establecerán las instituciones y determinarán las políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las cuales deberán ser diseñadas y operadas con ellos''. Además, con relación a las políticas publicas, se obliga a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a las legislaturas de las entidades federativas y a los ayuntamientos, en el ámbito de sus respectivas competencias, a establecer las partidas específicas destinadas al cumplimiento de estas obligaciones en los Presupuestos de Egresos que aprueben, así como las formas y los procedimientos para que las comunidades participen en el ejercicio y vigilancia de éstas.

A siete años de decretada la ``reforma en materia de derechos y cultura indígenas'', que otorga vigencia al actual artículo 2o. constitucional, en el ámbito federal ha sido limitado el desarrollo legislativo:

El junio de 2007, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el marco de su resolución atinente al juicio de inconstitucionalidad sobre el decreto de reforma de diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y de la Ley Federal Radio, Televisión y Cinematografía, exhortó al Congreso de la Unión a superar la condición de omisión legislativa y ejercer sus atribuciones para atender el mandato del 2o. constitucional para garantizar el acceso de los pueblos indígenas al ejercicio pleno de sus derechos y para la superación de las desigualdades que las caracterizan.

Los Presupuestos de Egresos de la Federación, en los últimos años, consideran el Programa Nacional de Desarrollo a que los diputados hemos asignado recursos crecientes, por más de 30 mil millones de pesos anuales en promedio, a través de 11 secretarías y entidades de la administración pública y un fondo, sin que esta Cámara cuente con instrumentos para darle seguimiento y, sobre todo, para evaluar la pertinencia y el efecto de los programas, como es su facultad.

En septiembre de 2007 fue adoptada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y, a partir de una proposición con punto de acuerdo propuesta de la Comisión de Asuntos Indígenas, la Junta de Coordinación Política y el Pleno de la Cámara de Diputados nos comprometimos principalmente a armonizar la legislación nacional con los contenidos de la declaración y a difundir dichos contenidos.

La Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en apoyo de los trabajos parlamentarios, ha establecido cuatro Centros de Estudios: Sociales y de Opinión Pública; para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género; para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria; y de Derecho e Investigaciones Parlamentarias. De éstos, solo uno, el destinado al desarrollo sustentable y la soberanía alimentaria, tiene una línea de trabajo sobre pueblos indígenas, vinculada a sus atribuciones sustantivas: el desarrollo rural y la alimentación, tarea a la que destina dos investigadores, y no de manera exclusiva. Los otros centros no abordan el tema sistemáticamente y, cuando lo hacen, sus estudios son meramente descriptivos y carecen de profundidad, lo cual evidencia su desconocimiento del tema indígena.

Por lo anterior puede concluirse lo siguiente:

Por lo anterior considero necesario integrar un centro de estudios cuya tarea central sea el estudio de los derechos y las políticas públicas para los pueblos indígenas que apoye el trabajo de los diputados.

Contenido de la iniciativa

Propongo que el centro de estudios sobre los derechos y el desarrollo de los pueblos indígenas tenga un trato diferente de los demás centros de estudios existentes en la Cámara, en lo relativo a su gobierno. Por ello, la iniciativa pretende adicionar el numeral 6 del artículo 40. Planteo que el centro se adscriba a la Comisión de Asuntos Indígenas, con objeto de

La Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación constituye una experiencia exitosa en el formato de gobierno que se propone para el centro.

El centro de estudios sobre los derechos y el desarrollo de los pueblos indígenas deberá integrarse con las siguientes características reglamentarias:

Objetivo general

Objetivos específicos

Organización

El centro se concibe como una unidad especializada y de apoyo de la Cámara de Diputados, adscrito a la Comisión de Asuntos Indígenas.

Para realizar sus trabajos, el centro contará con un director, nombrado por la Cámara de Diputados, a propuesta de la terna que acuerde la Comisión de Asuntos Indígenas. El director durará en el encargo un periodo de seis años, y podrá ser ratificado.

El centro establecerá un servicio civil de carrera para los investigadores especialistas en las diversas materias.

Dentro de los 30 días siguientes a la aprobación de la reforma de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Cámara de Diputados procederá a nombrar al director del centro, de la terna propuesta por la Junta de Coordinación Política, a partir de propuestas formuladas por la Comisión de Asuntos Indígenas.

El director, una vez nombrado, dispondrá de un máximo de 90 días para presentar una propuesta de programa de trabajo bianual, que deberá ser aprobada por la Comisión de Asuntos Indígenas.

Método de trabajo

El centro se apoyará para realizar sus funciones en los otros centros de los que dispone la Cámara de Diputados, así como todos los elementos que puedan aportar las instituciones del Poder Ejecutivo federal y de las entidades federativas.

El criterio básico del centro será la aportación de elementos objetivos que permitan la descripción de hechos particulares y generales, y la sistematización de marcos analíticos distintos de interpretación, así como la argumentación sobre la racionalidad ética y técnica que están implícitas en las diversas interpretaciones sobre la diversidad cultural.

Para ello se buscarán la vinculación práctica y las argumentaciones que ofrecen los saberes de los pueblos y las comunidades indígenas, los expertos y los saberes institucionales, para incorporarlos como criterio metodológico.

El centro formulará planes de trabajo anuales.

El centro promoverá el establecimiento de convenios con instituciones nacionales para el diseño conjunto, la realización y discusión de las implicaciones de política de los estudios; análisis, evaluaciones, desarrollo de sistemas de información, y formulación de estudios estratégicos.

Adicionalmente, el centro promoverá la concurrencia de recursos y esfuerzos bajo la responsabilidad del Ejecutivo federal, destinados a la evaluación del Plan Nacional de Desarrollo y sus programas sectoriales y especiales destinados a la atención de los pueblos indígenas y al fortalecimiento de la pluralidad cultural del país.

El centro promoverá el diseño, la suscripción, la operación y la evaluación de un convenio entre la Cámara de Diputados y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, con objeto de que éste proporcione financiamiento a las instituciones nacionales que realicen trabajos a solicitud del centro.

Con base en lo expuesto y fundado, se propone la siguiente proyecto de

Decreto que reforma la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Único. Se adiciona el numeral 6 al artículo 40 de Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 40.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Comisión de Asuntos Indígenas contará con treinta días naturales, después de haberse publicado el decreto a que hace referencia el transitorio primero, para expedir el Reglamento del Centro de Estudios sobre los Derechos y el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, que será publicado en la Gaceta Parlamentaria.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Muchas gracias, señor diputado don Wenceslao Herrera Coyac. Con gusto atendemos su solicitud y dictamos instrucciones para que se inserte la iniciativa en sus términos en el Diario de los Debatesy se turne a la Comisión de Régimen, Reglamento y Prácticas Parlamentarias.

ARTICULO 72 CONSTITUCIONAL

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Se recibió de la diputada doña Mónica Arriola, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, iniciativa que reforma el artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La Secretaria diputada Margarita Arenas Guzmán: «Iniciativa que reforma el artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Mónica Arriola, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

Mónica Arriola, diputada federal en la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 56, 60 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto por la que se adiciona la fracción III, recorriéndose el contenido de la actual a la fracción IV del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que en nuestro país todo individuo gozará de las garantías que otorga ésta, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos y con las condiciones que ella misma establece. Por otra parte, el artículo 14 dispone que nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho; el artículo 16 contiene el principio de legalidad donde se establece que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal de procedimiento. De igual forma, otras disposiciones constitucionales que corresponden a la parte de la dogmática jurídica contienen expresiones que determinan valores o principios que son vinculatorios; por ejemplo, establece el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación (artículo 2o.); el derecho a la educación (artículo 3o.); la igualdad ante la ley y el derecho a la salud (artículo 4o.); la libertad para manifestar en forma libre ideas, y la de escribir y publicar escritos (artículos 5o. y 6o.); y el derecho de petición (artículo 8o.); entre otros.

Estos valores o principios constituyen los derechos fundamentales, los cuales vinculan a todos los poderes públicos. De esta forma, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se presenta como un conjunto de normas jurídicas supremas a las cuales toda ley o acto de autoridad debe sujetarse para mantener o adquirir validez.

La supremacía constitucional, como orden normativo total, en el sistema jurídico mexicano se determina en los artículos 40 y 41 de la Constitución general, en los que se dispone que por la voluntad del pueblo mexicano se constituye una república representativa, democrática, federal, compuesta de estados libres y soberanos, en todo lo concerniente a su régimen interior; pero unidos en una federación establecida según los principios que en ella se contienen; que el pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los de los estados, en lo que corresponde a sus regímenes interiores, en los términos establecidos por la propia Constitución federal y las particulares de los estados, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del pacto federal.

Es decir, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como cuerpo normativo, es la base de validez de todas las leyes, tanto federales como estatales, puesto que a ésta se subordina la validez particular de cada una de ellas, la cual es nula si contradice o se opone a sus valores o principios. De igual forma, los actos que realicen los poderes públicos encuentran su validez en la observancia plena de estos principios constitucionales.

Del mismo artículo 40 de la Constitución general, ¹ se desprenden las bases para delimitar los distintos ámbitos de validez de los órdenes normativos que se integran al Estado mexicano como una entidad federal: a) el constitucional, como la unidad del orden total; b) el federal, que vale en todo el territorio; y c) el local, o de los estados miembros de la federación. Estos ordenes normativos valen en la parte del territorio que les corresponde.

La supremacía constitucional es resumida por Kelsen al señalar que el fundamento de validez de todo el ordenamiento jurídico se encuentra en las disposiciones de carácter constitucional. Los titulares de los órganos de gobierno en los tres órdenes determinados por la estructura que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en la integración del Estado mexicano están obligados a fundamentar su conducta en los principios que contiene la Constitución general como orden normativo total. Sobre la supremacía constitucional, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado lo siguiente:

En este sentido, más que una facultad, la supremacía constitucional impone a toda autoridad el deber de ajustar a los preceptos fundamentales, los actos desplegados en ejercicio de sus atribuciones. Por tanto, si bien es cierto que los tres Poderes de la Unión deben observar la ley suprema, no puede afirmarse que por esta razón las autoridades puedan por sí, y ante sí, en el ejercicio de funciones materialmente jurisdiccionales, examinar la constitucionalidad de sus propios actos o de los ajenos, toda vez que, al respecto, la propia Constitución consagra, en sus artículos 103 y 107, un medio de defensa exprofeso, por vía de acción, como es el juicio de amparo y lo encomienda, en exclusiva, al Poder Judicial de la Federación, sentando las bases de su procedencia y tramitación. ²

Partiendo del imperativo que toda autoridad debe ajustar todos sus actos a los preceptos fundamentales, es procedente revisar que instrumentos determina la propia Constitución general para reintegrar el orden constitucional en caso de que éste sea violentado por las mismas autoridades.

La idea de la Constitución como supreme law of the land, como se proclama en el artículo VI, Sección 2, de la Constitución de 1787, viene, a su vez, de dos fuentes, del pactismo social, y sobre todo de LOCKE, que ve en un pacto social básico el fundamento de todo orden político y jurídico, y la idea de una higher law, la idea de un derecho natural concebido como fundamental law y lex legum, idea que aportan los puritanos al suelo americano y en nombre de la cual los colonos concluirán por romper el lazo de obediencia con el rey inglés, al ignorar esos derechos superiores (concretamente el derecho de votar los impuestos, el de ser juzgado por los pares y el de libertad religiosa). En la declaración de independencia parecen explícitamente esas concepciones que harán después que el bill of rights de 1790, que se adiciona a la Constitución, comience justamente con la afirmación de un límite formal al poder legislativo: el Congreso --dice la primera enmienda de la Constitución-- no podrá hacer ninguna ley que tenga por objeto establecer una religión o prohibir su libre ejercicio, limitar la libertad de palabra o de prensa y el derecho de reunirse pacíficamente.

La idea de una supremacía jurídica de la Constitución la hace prevalecer, pues, frente a las leyes. Se entiende que los jueces están vinculados a la Constitución con un higher, superior obligation que respecto de las leyes. El propio artículo VI, Sección 2, impone esa supremacía sobre las normas de los Estados miembros de la federación. En 1803 la capital sentencia Marbury v. Madison, obra del gran juez Marshall, extenderá esa supremacía, como estaba insito en el propio concepto a las leyes federales. Es el origen de la judicial review of legislation, llamada a una historia fecunda y extensa, nunca interrumpida desde entonces. ³

El artículo 50 de nuestra Constitución determina que el Poder Legislativo se deposita en el Congreso general, que se divide en dos Cámaras, una de Diputados y otra de Senadores. Por otra parte, el artículo 71 determina a quienes corresponde el derecho de iniciar leyes; el artículo 72 establece el procedimiento que debe de observar el Poder Legislativo para la formación de leyes y el artículo 73 enumera las facultades del Congreso de la Unión.

Por otra parte los artículos 115, 116, 117, 118 y 122, vinculados con el 124, determinan el ámbito de competencia de los órganos legislativos de las entidades de la federación y del Distrito Federal, así como de los ayuntamientos.

De la interpretación integral y sistemática de los artículos 1o., 39 y 41 de la Constitución general deriva el principio democrático que guía la actividad del legislador, el cual debe crear las leyes que son de su competencia para la plena efectividad de las garantías o derechos fundamentales que regula la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como norma superior y fundamental en nuestro sistema jurídico.

En un Estado democrático la división funcional de poderes constituye un eje fundamental en su equilibrio; el sistema constitucional otorga a cada poder facultades o competencias de ejercicio potestativo y obligatorio, y que en uso de sus atribuciones puede incurrir en diversos tipos de omisiones. El Poder Legislativo como poder autónomo, responsable de la creación de leyes para la efectividad de los derechos fundamentales y los principios que explícita o implícitamente se expresan en normas constitucionales, puede incurrir en omisiones o en una inactividad legislativa que menoscaba o, en caso extremo, atenta contra esos mismos derechos fundamentales y el principio democrático constitucional por el cual se encuentra habilitado para crear leyes y tomar decisiones en beneficio y en representación de la población.

Partimos de la idea que, en un sistema jurídico democrático, el legislador es un órgano sujeto a control por encontrarse sometido a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que lo crea y que le dota de legitimidad democrática. Al señalar la omisión del legislador, hacemos referencia a los supuestos en los que falta el enunciado o norma que regule un acto o hecho en particular que impide hacer efectivos los derechos fundamentales o principios de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esto es, el legislador se encuentra habilitado para crear la norma que permita realizar un principio o derecho fundamental contenido en el cuerpo del citado ordenamiento; ante esta habilitación no puede permanecer pasivo y en consecuencia suspender la efectividad del principio o norma constitucional; su inactividad o silencio es contrario a la Constitución provocando con ello su inefectividad.

En la doctrina constitucional, se concibe a la inconstitucionalidad por omisión como la vulneración de las normas constitucionales producida por la inactividad de los poderes públicos en un sentido general, incluyendo la no emisión de actos políticos, administrativos e incluso la no emisión de decisiones judiciales. En un sentido más estricto, la inconstitucionalidad por omisión se limita a la inactividad del Poder legislativo, esto es, cuando la Constitución impone al legislador la necesidad de dictar normas de desa-rrollo constitucional y el legislador no lo hace, con esta omisión se altera el contenido normativo de la Constitución generando una situación de ineficacia de la norma Constitucional. ⁴

En la práctica del control de la constitucionalidad que actualmente realiza la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se han resuelto algunas omisiones legislativas. En la tesis de jurisprudencia P./J.11/2006, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación señala que se incurre en omisión absoluta cuando el órgano legislativo simplemente no ejerce su competencia de crear leyes ni ha externado normativamente voluntad alguna para hacerlo; por otro lado, también puede incurrir en omisión relativa cuando al crear la ley, lo hace de manera parcial o bien, no la realiza integralmente, impidiendo con ello el correcto desarrollo y la eficacia de su función creadora de leyes.

Sin embargo, la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación, encuentra problemas formales para atender la inconstitucionalidad de las omisiones legislativas, a través de los medios de control constitucional que le corresponde conocer, como lo ha señalado en diversas resoluciones y tesis de jurisprudencia que se han derivado al resolver casos específicos, como se expone a continuación.

Las omisiones legislativas no pueden ser combatidas a través del juicio de amparo. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido el criterio de la improcedencia de juicio de amparo para impugnar su inconstitucionalidad. En la tesis aislada número P. CLXVIII/97, ``Leyes, amparo contra'', es improcedente aquel en el que se impugna la omisión del legislador ordinario de expedir una ley o de armonizar un ordenamiento legal a una reforma constitucional en la que expone los alcances de una posible resolución de amparo contra leyes al señalar que acuerdo a lo dispuesto en los artículos 73, fracción XVIII, y 76 de la Ley de Amparo, en relación con lo establecido en el artículo 107, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la sentencia de amparo será siempre tal que sólo se ocupe de individuos en particular, limitándose a ampararlos y protegerlos en el caso especial sobre el que verse la queja, sin poder hacer una declaración general respecto de la ley o acto que la motivare.

Esta situación impide una hipotética concesión de la protección federal dado que no puede obligarse a la autoridad legislativa a reparar esa omisión mediante la creación de la ley pendiente u omitida , lo que sería dar efectos generales a la ejecutoria, ya que la reparación constitucional implicaría ordenar la creación de una ley que es de carácter general, abstracta y permanente, ley que vincularía no solo al peticionario de la garantía y a las autoridades señaladas como responsables sino a todos los gobernados y autoridades vinculados con la norma creada, situación que se apartaría del principio de relatividad que rige al juicio de amparo.

La misma Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que la acción de inconstitucionalidad también es improcedente cuando se combate la omisión legislativa. En la resolución de la acción de inconstitucionalidad 26/2006 (Ley de Radio y Televisión) se adujo, entre otros, como concepto de invalidez la trasgresión a los artículos 1o. y 2o. de la Constitución federal ante la omisión del legislador de regular los derechos de los pueblos y comunidades indígenas para adquirir, operar y administrar medios de comunicación, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó la improcedencia de la acción de inconstitucionalidad contra la omisión legislativa de ajustar los ordenamientos legales secundarios a las prescripciones de la Constitución federal.

Dicho medio de control sólo procede contra normas generales que hayan sido promulgadas y publicadas en el correspondiente medio oficial, ya que a través de este medio de control constitucional se realiza un análisis abstracto de la constitucionalidad de la norma, con el único objeto de expulsarla del orden jurídico nacional. Reforzando esta posición con los criterios contenidos en la tesis número P/J 23/2005, ``Acción de inconstitucionalidad'', es improcedente contra omisiones del Congreso local de ajustar los ordenamientos legales orgánicos y secundarios de la entidad a las disposiciones de un decreto por el que se modificó la Constitución estatal, ⁵ y la tesis número p./j. 16/2002, con el rubro acción de inconstitucionalidad, es improcedente en contra de omisiones de aprobar la iniciativa de reformas a una constitución local. ⁶

Con relación a la omisión legislativa que se estudió en la acción de inconstitucionalidad 26/2006, se presentó un voto particular formulado por la ministra Olga Sánchez Cordero, en cuya argumentación hace las preguntas siguientes: ¿cómo sería posible expulsar del orden jurídico nacional una norma inexistente?, ¿no es verdad que el silencio del legislador viola la constitución cuando desplaza con su acto a la voluntad del poder constituyente y con ello se altera las intenciones del contenido normativo de la Constitución? En la respuesta que ofrece la ministra, considera que existe un vicio abstracto de inconstitucionalidad porque en la manifestación fáctica del hecho no se desarrollan las manifestaciones contenidas en el artículo 2o., apartado B, fracción VI y último párrafo del mismo precepto constitucional, reduce a meras ideologías los valores, aspiraciones y anhelos depositados en la norma fundamental, siendo que en dicha norma fundamental se ordena al Estado mexicano, no nada más al Legislativo sino al Poder Judicial y al Poder Ejecutivo y a los tres niveles de gobierno y al Estado, que establezcan condiciones de manejo de medios a favor del grupo social conformado por los pueblos y comunidades indígenas. Precisando que en la especie el Poder Legislativo, con su silencio, desplazó y nulificó el señalado programa constitucional de establecer condiciones para que los pueblos y las comunidades indígenas puedan adquirir, operar o administrar medios de comunicación, lo que resulta suficiente para acreditar un vicio de constitucionalidad abstracto por el solo hecho de que, al la fecha, no se han establecido leyes para generar las condiciones para hacer efectivo el derecho que la Constitución otorga a los pueblos y comunidades indígenas.

Ante los problemas generados por la omisión legislativa, algunos afectados han acudido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de la controversia constitucional. El máximo tribunal ha aceptado conocer de la inconstitucionalidad de omisiones legislativas, como es el caso en la controversia constitucional 4/2005, de la cual derivo la tesis de jurisprudencia número P./J. 14/2006 que establece el siguiente criterio:

Congreso del estado de Tlaxcala. El incumplimiento del mandato constitucional expreso impuesto por el poder reformador de la Constitución federal, en los artículos primero y segundo transitorios de la reforma constitucional de 1987 a los artículos 17 y 116, configura una omisión legislativa absoluta.

El artículo segundo transitorio del decreto por el que se reforman, entre otros, los artículos 17 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de marzo de 1987, impuso a las legislaturas de los estados la obligación de adecuar sus Constituciones y leyes locales a las disposiciones establecidas en aquélla, a más tardar el 18 de marzo de 1988. En ese sentido, el Congreso de Tlaxcala tenía la obligación de adecuar su Constitución y sus leyes locales a las mencionadas disposiciones; sin embargo, de la revisión, tanto de la Constitución local como de la Ley Orgánica del Poder Judicial, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y del Reglamento Interior del Congreso, todos de Tlaxcala, así como de las reformas que desde 1987 se han realizado a dichos ordenamientos, se advierte que el Congreso del estado incumplió con el mandato referido, ya que al 18 de marzo de 1988, fecha límite para haberlo hecho, no había adecuado su normatividad a la Constitución federal, por lo que incurrió en una omisión legislativa de carácter absoluto en el desempeño de una facultad o competencia de ejercicio obligatorio, lo que generó una violación directa a la Constitución federal que aún subsiste, ya que del análisis aludido se aprecia que el Congreso local no ha subsanado dicha omisión.

También encontramos la tesis de jurisprudencia número P./J. 13/2006 con el rubro ``Facultad o competencia obligatoria a cargo de los congresos estatales'', ⁷ su omisión absoluta genera una violación directa a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (artículos primero y segundo transitorios de la reforma constitucional de 1987).

La reforma constitucional de 1987 a los artículos 17 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos tuvo como objetivo primordial el fortalecimiento de la independencia y autonomía de los Poderes Judiciales de los estados de la república. Para lograr lo anterior, en los artículos primero y segundo transitorios de dicha reforma, el poder reformador de la Constitución impuso la obligación, por mandato constitucional, a todos los estados de la república, de adecuar sus constituciones y leyes locales a las disposiciones establecidas en la Constitución federal, a más tardar el 18 de marzo de 1988. En este tenor, todos los estados de la república contaban con una facultad o competencia de ejercicio obligatorio a cargo de los órganos legislativos estatales, ya que mediante la citada reforma constitucional se les otorgó un mandato de ejercicio expreso, es decir, una obligación de realizar determinada conducta --la adecuación de sus constituciones y leyes secundarias--, con la finalidad de lograr un correcto desarrollo de sus funciones.

Cabe señalar que en este tipo de facultades o competencias los órganos legislativos locales no tienen opción de decidir si lo hacen o no, pues existe una obligación expresa en ese sentido. Por tanto, el hecho de que los indicados órganos no cumplan con ese mandato en el término de un año, computado a partir de la vigencia del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de marzo de 1987, constituye una omisión legislativa absoluta que genera una violación constitucional directa.

De la revisión puntal de las disposiciones de nuestra Constitución general se deriva la inexistencia de disposición alguna que determine procedimiento o acción constitucional o legal cuando se presente omisión o inactividad de alguna de las Cámaras en el proceso de creación o formación de leyes o en el incumplimiento de las atribuciones que la misma Constitución otorga al Poder Legislativo federal a los órganos legislativos de los estados y del Distrito Federal, así como de los ayuntamientos. Situación que se confirma con las resoluciones del Poder Judicial federal que han integrado diversas tesis de jurisprudencia.

En un estado democrático de derecho, los órganos constitucionales son sujetos a control, y están sometidos al orden constitucional que los crea y los dota de atribuciones. Por ello, es necesario que la justicia constitucional comprenda procedimientos de control sobre las omisiones del Poder Legislativo en los tres órdenes de gobierno.

La omisión se convierte en una conducta vulneradora de la Constitución cuando atacan o contravienen los principios, valores o disposiciones del ordenamiento. La omisión que alude a un no hacer, a la inactividad o a un dejar de hacer, es una manifestación de voluntad negativa que se contrapone a la voluntad positiva que concreta la acción. Esta inactividad deviene en la no emisión de determinados actos administrativos, legislativos o judiciales que vulneran las normas constitucionales. También en la omisión debe quedar comprendida la inercia, el silencio, o bien dejar de hacer en un tiempo el acto exigido por la Constitución a la autoridad responsable.

El Poder Legislativo en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se encuentra facultado para expedir las leyes que permitan el desarrollo de los principios y bases constitucionales conforme a lo dispuesto en los artículos 73, 74, 76, 78 y 79 del máximo ordenamiento, la inactividad del Poder Legislativo violenta a la constitución cuando por su omisión o inactividad, pese a un mandato constitucional, no reglamenta los principios o bases en ella contenida, impidiendo su eficaz aplicación. Por lo que resulta necesario establecer un medio de control constitucional dirigido a las omisiones del Poder legislativo que redunden en el incumplimiento de los principios y valores constitucionales. Tal como lo señala uno de los principales exponentes de la acción de inconstitucionalidad por omisión, Ignacio Villaverde Menéndez:

El silencio del legislador sólo se transforma en una omisión contraria a la constitución...si con su silencio desplaza al pueblo soberano y se transforma en poder constituyente, es decir, si con su silencio altera el contenido normativo de la Constitución. Y esa transformación sólo tiene lugar cuando la norma constitucional, es decir, la voluntad normativa del pueblo soberano, ha decidido que determinada realidad se configure jurídicamente de cierta forma y el legislador con su silencio crea situaciones contrarías a lo querido por el soberano. Si se dan todas estas circunstancias, el silencio del legislador se convierte en una omisión inconstitucional, que puede desembocar en una declaración de inconstitucionalidad por comisión. ⁸

En los antecedentes de los Poderes Legislativos de las entidades de la federación de nuestro país existe antecedente de la acción de inconstitucionalidad por omisión en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz, en la que se autoriza en el artículo 64 y 65 conocer a la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia del estado para conocer de las acciones por omisión legislativa cuando se considere que el Congreso no ha aprobado alguna ley o decreto y que dicha omisión afecte el debido cumplimiento de la Constitución del estado.

Con el objeto de fortalecer el sistema de medios de control constitucional que garantice el cumplimiento pleno de los principios y disposiciones que establece nuestro máximo ordenamiento, es pertinente establecer un medio o acción que permita combatir la omisión y en algunos casos negligencia política que impiden establecer o crear las leyes que posibiliten le efectividad de los mandamientos constitucionales, tanto en el ámbito federal como en los estatales y municipales.

La propuesta que se presenta para adicionar una fracción III, recorriendo la actual al numeral IV, tiene por objeto establecer la acción de inconstitucionalidad por omisión, como medio de control constitucional de la omisión legislativa del Congreso de la Unión o cualquiera de las Cámaras de éste; de los órganos legislativos de los estados y del Distrito Federal, así como de los Ayuntamientos, cuando se considere que no se han dictado normas y medidas indispensables para garantizar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales, estableciendo que dicho medio de control constitucional puede ser activado por los siguientes:

La posibilidad para que los sujetos señalados con anterioridad permite crear una amplia posibilidad para que todo afectado por la omisión legislativa en los tres órdenes de gobierno pueda acudir al máximo tribunal jurisdiccional y solicitar la revisión de la inconstitucionalidad de la omisión por la que se considera afectado.

Por lo anteriormente expuesto, presento a esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adiciona la fracción III, recorriendo la actual a la fracción IV; y se reforma el párrafo tercero de ésta última, ambas en el artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Único. Se adiciona la fracción III al artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, recorriendo el contenido de la actual fracción III a la fracción IV del mismo artículo, para quedar como sigue:

Artículo 105. ...

Artículos Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Dentro de los 90 días naturales a partir de la entrada en vigor del presente decreto, el Congreso de la Unión deberá expedir las reformas legales derivadas a la ley reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con objeto de regular la acción de inconstitucionalidad por omisión legislativa.

Notas: 1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 40. Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, federal, compuesta de estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior; pero unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental.2 Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tesis de jurisprudencia Control judicial de la Constitución. Es atribución exclusiva del poder judicial de la federación. Registro 900160. Novena época, apéndice 2000. Tomo I, Constitución, jurisprudencia SCJN. Página197. Tesis160. Materia(s): constitucional.3 García de Enterría, Eduardo Et. Al. Curso de derecho administrativo I, novena edición, Civitas Ediciones, SL, Madrid 199. Página 97.4 Fernández Rodríguez, José Julio. Aproximación al concepto de inconstitucionalidad por omisión. En busca de las normas ausentes. Ensayos sobre la inconstitucionalidad por omisión. Instituto de Investigaciones Jurídicas, serie Doctrina Jurídica, número 135, México 2003, primera edición. Páginas 17-64.5 Suprema Corte de Justicia de la Nación. Jurisprudencia, novena época, pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXI, mayo de 2005, tesis P./J.23/2005, página 781.6 Suprema Corte de Justicia de la Nación. novena época, pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XV, marzo de 2002, tesis P./J.16/2002, página 995.7 Suprema Corte de Justicia de la Nación. novena época, pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXIII, febrero de 2006, tesis: P./J. 13/2006, página 1365.8 Villaverde Menéndez, Ignacio. La inconstitucionalidad por omisión, Madrid, McGraw-Hill, 1997. Página 3.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.

LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA - LEY GENERAL DE EDUCACION

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Se recibió de la diputada doña Mónica Arriola, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, iniciativa que reforma los artículos 45 y 56 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y el 33 de la Ley General de Educación.

La Secretaria diputada Margarita Arenas Guzmán: «Iniciativa que reforma los artículos 45 y 56 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y 33 de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Mónica Arriola, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

Mónica Arriola, diputada de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 56, 60 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante esta soberanía iniciativa, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 2 de agosto de 2006 y el 1 de febrero de 2007, respectivamente, forman parte tanto de los avances de los procesos de armonización y homologación de la legislación nacional conforme a los tratados y las convenciones internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres como de los esfuerzos por erradicar la violencia de género e impulsar reformas que establezcan lineamientos jurídicos y administrativos con los cuales el Estado interviene en todos sus niveles de gobierno para garantizar y proteger los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia.

Uno de los aspectos más preocupantes de la violencia que se ejerce sobre las mujeres es el que acontece en el ámbito familiar. ``La violencia intrafamiliar encuentra su origen en patrones de relaciones desiguales en las que hay un abuso de poder sustentado en la figura patriarcal por la que se otorgaba al pater familias la calidad de dueño y la posibilidad de disponer como considerara conveniente de los bienes y de las personas que se encontraban bajo su potestad''.1

Si bien hace unas décadas se comenzaron a dar a escalas internacional y nacional pautas sociales, jurídicas, políticas y económicas para hacer efectivos los derechos de igualdad de oportunidades y trato entre mujeres y hombres y el de la no discriminación y violencia, en la actualidad mantenemos y ejercemos muchas de las funciones y estereotipos de género. La relación de subordinación de la mujer frente al hombre y el abuso de poder del padre hacia la esposa o pareja y los hijos sigue presente y es causa de la violencia que se vive en las familias mexicanas.

La violencia intrafamiliar es la que nace del ejercicio desigual de la autoridad en las relaciones de poder que surgen en el núcleo familiar, y que se ejecuta cíclica o sistemáticamente por un miembro de la familia contra otro. ``Es el acto abusivo de poder u omisión intencional dirigido a dominar, someter, controlar o agredir de manera física, verbal, psicológica, patrimonial, económica y sexual a las mujeres, dentro o fuera del domicilio familiar, cuyo agresor tenga o haya tenido relación de parentesco por consanguinidad o afinidad, de matrimonio, concubinato o mantenga o hayan mantenido una relación de hecho''. ²

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares de 2006, 67 por ciento de las mujeres mexicanas ha padecido algún incidente de violencia ya sea en su relación de pareja, o en los espacios comunitario, laboral, familiar o escolar.

La violencia más frecuente es la ejercida por el actual o último esposo o compañero, declarada por 43.2 por ciento de las mujeres; le sigue la violencia en la comunidad, ³ padecida por 39.7 por ciento de las mujeres; la violencia en el trabajo ⁴ representa 29.9 por ciento de las mujeres asalariadas; la violencia familiar, ⁵ 15.9 por ciento, la escolar, ⁶ con 15.6 por ciento; y, por último, la violencia patrimonial, ⁷ con 5.8 por ciento.

La encuesta dio a conocer que de cada 100 mujeres de 15 años y más que tienen o tuvieron una relación de pareja, 37.5 por ciento ha padecido violencia emocional (menosprecios, amenazas, prohibiciones, etcétera), 23.4 por ciento violencia económica (les deniegan o condicionan el gasto, les prohíben trabajar, les quitan dinero o bienes, etcétera), 19.2 por ciento violencia física (empujones, puntapiés, golpes, agresiones con armas, etcétera) y 9 por ciento violencia sexual (las obligan a tener relaciones sexuales o a realizar ciertos actos, etcétera).

Ante ese panorama, y como consecuencia de las causas de la violencia contra las mujeres y los efectos que ésta tiene en la vida y el desarrollo de la familia, el Estado ha establecido una serie de medidas y acciones específicas para proteger a las víctimas de violencia familiar. La instalación y el mantenimiento de refugios es una de ellas, ya que la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia indica que uno de los derechos que las mujeres víctimas de violencia y sus hijos tienen es contar con un lugares seguros mientras necesiten protección.

Un refugio ``es el espacio físico donde se brindan protección y atención especializada e interdisciplinaria a mujeres e hijos en situación de violencia familiar, sexual o trata. Los refugios previenen y protegen temporalmente a las víctimas de crímenes mayores, así como de las consecuencias de la violencia, como pueden ser la discapacidad, la mutilación, la pérdida irremediable de la salud mental, lesiones y padecimientos mal atendidos, suicidios e, incluso, homicidios''. ⁸ En la estancia de mujeres y niños, los refugios les brindan atención médica y psicológica, orientación y acompañamiento legal.

Una de las funciones de los refugios, según el artículo 56 de la misma ley, es proporcionar a las mujeres la atención necesaria para su recuperación, la cual les permitirá participar plenamente en la vida pública, social y privada. Para lograrlo, los refugios deben prestar a las víctimas y, en su caso, a los hijos servicios gratuitos, como el de hospedaje y alimentación, servicio médico, asesoría jurídica, apoyo psicológico, capacitación laboral y bolsa de trabajo.

Cuando una mujer se ve obligada a acudir con los hijos a un refugio para protegerse del agresor, la vida de todos cambia drásticamente. Además de que el refugio los separa del ambiente de violencia familiar y logra romper el círculo de agresiones, éste se convierte en su nuevo hogar. Durante los tres próximos meses, tiempo máximo que las víctimas están en los refugios a menos que persista la situación de riesgo, mujeres y niños tendrán que acoplarse a los cambios que conlleva haber dejado casa, comunidad e incluso, muchas veces, el propio estado.

Una de las repercusiones para los hijos de madres violentadas es que, al trasladarse a un refugio, muchas veces no tienen la opción de continuar los estudios, ya que a causa del traslado deben dejar la escuela.

La Ley General de Educación establece que todo individuo tiene derecho a recibir educación y, por tanto, todos los habitantes del país tienen las mismas oportunidades de acceso al sistema educativo nacional. Para ello, el Estado está obligado a prestar servicios educativos a fin de que toda la población pueda cursar preescolar, primaria y secundaria.

En el artículo 32 de la misma ley se determina que las autoridades educativas tomarán las medidas necesarias para establecer condiciones que permitan el ejercicio pleno del derecho a la educación de todas las personas, una mayor equidad educativa y el logro de la efectiva igualdad en oportunidades de acceso y permanencia en los servicios educativos. Dichas medidas están dirigidas de manera preferente a los grupos y a las regiones con mayor rezago educativo o que enfrenten condiciones económicas y sociales de desventaja.

La violencia y sus consecuencias generan situaciones de desventaja en varios ámbitos de la vida de las mujeres e hijos que la sufren. Una de ellas es el abandono de la escuela por cuestiones de seguridad. Para el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, resulta preocupante que en cuanto a los hijos de las víctimas que se encuentran en los refugios, las leyes no garanticen el derecho de continuidad de quienes se han visto obligados a abandonar el ciclo escolar por tal causa.

Por ello estamos convencidos de que, como parte de la responsabilidad integral, debe considerarse una plantilla docente destinada a cada refugio, mediante la cual los hijos de las víctimas puedan tomar clases y no pierdan el ciclo escolar por ausentismo.

Es urgente no sólo crear más albergues para las maltratadas y sus hijos, sino contar con opciones reales a fin de que las víctimas de violencia logren insertarse de nuevo a su comunidad. Los refugios son cruciales a la hora de proporcionar seguridad temporal, atención médica y psicológica, asesoramiento jurídico, formación profesional e información sobre las opciones que tienen para evitar volver a un entorno violento. Por ello debemos brindarles herramientas para contribuir al desarrollo de las habilidades, destrezas y capacidades de todos los afectados.

En Nueva Alianza consideramos un avance fundamental la publicación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, de 2007, y la correspondiente normativa. Sin embargo, es crucial reforzarla mediante un compromiso político, recursos, formación y rendición de cuentas. Contar con marcos normativos adecuados es el punto de partida tanto para reforzar una cultura de la denuncia y apoyar a las víctimas como para castigar a los agresores.

Por lo expuesto, en mi calidad de integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza someto a la aprobación de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman los artículos 45 y 56 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y 33 de la Ley General de Educación

Primero. Se adicionan un segundo párrafo a la fracción IV del artículo 45 y una fracción VII al artículo 56, recorriéndose sucesivamente la fracción VIII, para quedar como sigue:

Artículo 45. Corresponde a la Secretaría de Educación Pública

Artículo 56. Los refugios deberán prestar a las víctimas y, en su caso, a sus hijos los siguientes servicios especializados y gratuitos:

Segundo. Se adiciona un segundo párrafo a la fracción IV del artículo 33 de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:

Artículo 33. Para cumplir lo dispuesto en el artículo anterior, las autoridades educativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, llevarán a cabo las actividades siguientes:

Notas: 1 María de Montserrat Pérez Contreras. ``La violencia intrafamiliar'', en Boletín Mexicano de Derecho Comparado, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, nueva serie, año XXXII, número 95, mayo-agosto de 1999.2 Artículo 7 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.3 Violencia ejercida sobre las mujeres en espacios públicos o privados a lo largo de su vida.4 La violencia laboral se refiere a las mujeres ocupadas que reciben un sueldo, salario o jornal u otro tipo de pago y que sufrieron alguna agresión o acoso por sus patrones, empleadores o compañeros de trabajo, de octubre 2005 a octubre 2006.5 Casos en los que la mujer ha sido agredida o maltratada por algún familiar consanguíneo o algún otro pariente --suegros, cuñados, padrinos u otros--, excluyendo el maltrato por la pareja.6 La violencia escolar es la que han sufrido las mujeres durante su vida de estudiante por algún compañero, profesor, personal o autoridad escolar.7 Se refiere al despojo o robo que se ha ejercido sobre las mujeres de algún bien o propiedad por algún familiar u otra persona o si la han forzado u obligado a poner sus bienes o alguna propiedad a nombre de otra persona.8 Asociación Civil Red Nacional de Refugios (www.rednacionalderefugios.org.mx).

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Túrnese a las Comisiones Unidas de Equidad y Género, y de Educación Pública y Servicios Educativos. Continúe la Secretaría con la minuta.

PERMISOS PARA ACEPTAR Y USAR CONDECORACIONES

La Secretaria diputada Margarita Arenas Guzmán: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.--- Presentes.

Para los efectos legales correspondientes, me permito remitir a ustedes expediente que contiene minuta proyecto de decreto por el que se concede permiso para que el licenciado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, pueda aceptar y usar el collar de la Orden del Libertador San Martín, que le confiere el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la República Argentina.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Minuta Proyecto de Decreto

Artículo Único. Se concede permiso para que el licenciado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, presidente de los Estado Unidos Mexicanos, pueda aceptar y usar el collar de la Orden del Libertador San Martín, que le confiere el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la República Argentina.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Gracias. Dé lectura al oficio de la Comisión de Gobernación.

La Secretaria diputada Margarita Arenas Guzmán: «Diputado César Duarte Jáquez, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.--- Presente.

Con fundamento en los artículos 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 21 del Acuerdo de la Conferencia para la Dirección de los Trabajos Legislativos relativo al orden del día de la sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, solicito a usted de la manera más atenta que la minuta proyecto de decreto por el que se otorga permiso para aceptar y usar el Collar de la Orden del Libertador San Martín que le confiere el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la República Argentina al ciudadano presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, sea considerado como de urgente u obvia resolución, y tenga dispensa de trámites para ser discutido, votado y, en su caso, aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados en la sesión del martes 18 de noviembre.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Con fundamento en los artículos 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, consulte la Secretaría a la asamblea si se le dispensan todos los trámites y se pone a discusión y votación de inmediato.

La Secretaria diputada Margarita Arenas Guzmán: Por instrucciones de la Presidencia, con fundamento en los artículos 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se consulta a la asamblea si se le dispensan todos los trámites y se pone a discusión y votación de inmediato. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Se dispensan todos los trámites.

Proceda la Secretaría a leer el proyecto de decreto.

La Secretaria diputada Margarita Arenas Guzmán: Artículo único. Se concede permiso para que el licenciado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, pueda aceptar y usar el Collar de la Orden del Libertador San Martín que le confiere el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la República Argentina.

Salón de sesiones de la honorable Cámara de Diputados, México, DF, a 13 de noviembre de 2008. Vicepresidente senador José González Morfín. Secretario senador Renán Zoreda Novelo. Es cuanto.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: En consecuencia, está a discusión, en lo general y en lo particular, el artículo único del proyecto de decreto.

En virtud de que no hay oradores, consulte la Secretaría a la asamblea si se considera suficientemente discutido en lo general y en lo particular.

La Secretaria diputada Margarita Arenas Guzmán: Por instrucciones de la presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido el proyecto de decreto, en lo general y en lo particular. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico por 10 minutos para proceder a la votación, en lo general y en lo particular, del proyecto de decreto.

La Secretaria diputada Margarita Arenas Guzmán: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento para el Gobierno Interior. Ábrase el sistema electrónico por 10 minutos para proceder a la votación, en lo general y en lo particular, del proyecto de decreto.

(Votación)

¿Falta algún diputado o alguna diputada de emitir su voto?

Ciérrese el sistema electrónico de votación.

Se emitieron 206 votos en pro, 18 en contra y 57 abstenciones.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Aprobado en lo general y en lo particular, por 206 votos, el proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, para aceptar y usar el Collar de la Orden del Libertador San Martín que le confiere el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la República Argentina. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.

Se acaba de recibir una comunicación de la Junta de Coordinación Política. Proceda la Secretaría a dar cuenta de ésta.

ARMANDO RODRIGUEZ

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.--- Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, relativo al asesinato del reportero Armando Rodríguez, del Diario de Ciudad Juárez, ocurrido en Chihuahua

La Junta de Coordinación Política, con fundamento en el artículo 34, numeral 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta asamblea acuerdo al rubro, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Los integrantes de la Comisión Especial para dar seguimiento a las agresiones a periodistas y medios de comunicación, y diversos diputados federales de Chihuahua, formularon una proposición con punto de acuerdo, que la Junta de Coordinación Política hace suya, con relación al siguiente tema:

El reportero Armando Rodríguez, del Diario de Ciudad Juárez, falleció a las afueras de su domicilio, la mañana del miércoles 13 de noviembre del presente año, por las heridas de bala que recibió al ser interceptado cuando salía de su casa para dirigirse al trabajo.

Alrededor de las 8:20 horas ---tiempo de Ciudad Juárez--- del miércoles 13 de noviembre, el reportero de la fuente policiaca del diario de la ciudad se encontraba a bordo de su automóvil cuando fue interceptado y ejecutado.

Armando Rodríguez, reportero del diario, en el que colaboraba desde hace 15 años, había sido amenazado con anterioridad, lo que lo obligó a abandonar la fuente por dos meses en el que vivió en El Paso, Texas, para después regresar y retomar su empleo.

Fuentes cercanas comentan que tales amenazas ya habían sido hechas del conocimiento de la fiscalía federal.

Con el homicidio de Armando Rodríguez se eleva a 5 el número de periodistas asesinados en el segundo semestre de 2008: 2 en Oaxaca, 1 en Michoacán y otro más en Chihuahua.

En los últimos 3 años, 25 periodistas fueron asesinados en México y 12 permanecen desaparecidos.

¿Hasta cuándo seguirán estos intentos por acallar las voces que informan a la sociedad? ¿Hasta cuándo las autoridades darán certidumbre a la sociedad de la existencia plena de un estado de derecho? ¿Cuántos comunicadores más tendrán que ser sacrificados, secuestrados o agredidos?

Por estas razones, el suscrito somete a consideración de esta soberanía la proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Procuraduría General de la República a tomar las medidas conducentes, a fin de que se investigue con celeridad y profundidad el asesinato del reportero del Diario de Ciudad Juárez, Armando Rodríguez, ultimado el pasado miércoles 13 de noviembre de 2008.

Segundo. Se exhorta a la Procuraduría General de la República a llevar a cabo, en coordinación con la Procuraduría de Justicia de Chihuahua, las diligencias correspondientes, así como atraer la investigación de los hechos, dadas sus características, y se deslinden responsabilidades a que haya lugar respecto asesinato del reportero del Diario de Ciudad Juárez, Armando Rodríguez, y se brinden resultados lo más pronto posible.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.

Con punto de acuerdo, relativo al asesinato del reportero Armando Rodríguez, del Diario de Ciudad Juárez, ocurrido en Chihuahua, a cargo de la Comisión Especial para dar seguimiento a las agresiones a periodistas y medios de comunicación y diputados federales de Chihuahua.

Los que suscriben, diputados Gerardo Priego Tapia , César Duarte Jáquez, Israel Beltrán Montes , Humberto López Lena Cruz , Joaquín Conrado de los Santos Molina , Enrique Serrano Escobar , Lilia Guadalupe Merodio Reza , Octavio Fuentes Téllez , y Cruz Pérez Cuéllar , integrantes de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 34, párrafo 1, inciso c); 42, párrafo 1; y 43, párrafos 2 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso General, someten a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, de urgente resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El reportero Armando Rodríguez, del Diario de Ciudad Juárez, falleció a las afueras de su domicilio la mañana del miércoles 13 de noviembre del presente año, por las heridas de bala que recibió al ser interceptado cuando salía de su casa para dirigirse al trabajo.

Alrededor de las 8:20 horas --tiempo de Ciudad Juárez-- del miércoles 13 de noviembre, el reportero de la fuente policíaca del diario de la ciudad se encontraba a bordo de su automóvil cuando fue interceptado y ejecutado.

Armando Rodríguez, reportero del diario en el que colaboraba desde hace 15 años, había sido amenazado con anterioridad, lo que lo obligó a abandonar la fuente por 2 meses en el que vivió en El Paso, Texas, para después regresar y retomar su empleo.

Fuentes cercanas comentan que tales amenazas ya habían sido hechas del conocimiento de la fiscalía federal.

Con el homicidio de Armando Rodríguez se eleva a 5 el número de periodistas asesinados en el segundo semestre de 2008: 2 en Oaxaca, 1 en Michoacán, y otro más en Chihuahua.

En los últimos 3 años, 25 periodistas fueron asesinados en México y 12 permanecen desaparecidos.

¿Hasta cuándo seguirán estos intentos por acallar las voces que informan a la sociedad? ¿Hasta cuándo las autoridades darán certidumbre a la sociedad de la existencia plena de un estado de derecho? ¿Cuántos comunicadores más tendrán que ser sacrificados, secuestrados o agredidos?

Por estas razones, el suscrito somete a consideración de esta soberanía proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Procuraduría General de la República a tomar las medidas conducentes, a fin de que se investigue con celeridad y profundidad el asesinato del reportero del Diario de Ciudad Juárez, Armando Rodríguez, ultimado el pasado miércoles 13 de noviembre de 2008.

Segundo. Se exhorta a la Procuraduría General de la República a llevar a cabo, en coordinación con la Procuraduría de Justicia de Chihuahua, las diligencias correspondientes, así como atraer la investigación de los hechos, dadas sus características, y se deslinden responsabilidades a que haya lugar respecto asesinato del reportero del Diario de Ciudad Juárez, Armando Rodríguez, y se brinden resultados lo más pronto posible.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: En consecuencia, consulte la Secretaría a la asamblea si se aprueba el punto de acuerdo.

Se han inscrito para hacer uso de la palabra en este tema el señor diputado Gerardo Priego Tapia y el diputado Octavio Fuentes Téllez . Tiene el uso de la palabra el diputado Gerardo Priego Tapia .

El diputado Gerardo Priego Tapia: Buenos días tengan todos ustedes. Con su permiso, presidente.

Este fin de semana ha sido dramático, una vez más, para la libertad de expresión en México, para la libertad de prensa y para el derecho a la información.

Todos escuchamos tres acontecimientos muy importantes a este respecto. El primero, el jueves, el asesinato de Armando Rodríguez de El Diario de Ciudad Juárez, en Chihuahua, como ya lo hemos escuchado, a balazos, al salir de su casa.

Posteriormente un incidente no menor en Yucatán, donde un fotógrafo fue apedreado por estar haciendo su trabajo, por funcionarios públicos. Es un escándalo en Yucatán en estos momentos también.

Y por último, y no menos importante, dos granadas de fragmentación en Sinaloa, en el periódico El Debate, una cadena integrante de una de las asociaciones más importantes del país en medios de comunicación.

Cabe resaltar que en el asesinato a Armando Rodríguez, hace 15 días, en Ciudad Juárez, un dramático aviso, un dantesco aviso a la comunidad de Ciudad Juárez, cuando aparece una cabeza humana en la Plaza del Periodista, mandando desafortunados mensajes a esa comunidad juarense.

Hoy en México están agrediendo de alguna manera a 10 periodistas mensualmente; están desapareciendo y matando a tres periodistas al mes. Hoy aquí condenamos, por supuesto, todos los diputados federales de todos los partidos, particularmente de los estados en donde hubo estas agresiones, y exigimos a las autoridades federales, estatales y municipales que den, de una vez por todas, solución a esta matanza, que desafortunadamente no para.

Hoy ya sabemos que de aquí a que termine el 2008 van a matar a cinco periodistas más; ya lo sabemos. Ya sabemos cuáles son los estados más propensos a que los maten, y nadie está haciendo absolutamente nada para pararlos. Por eso en estos estados propensos: Oaxaca, Veracruz, Sonora, Tamaulipas, Chihuahua, la zona metropolitana del Distrito Federal y el Estado de México, Sinaloa, ya sabemos qué puede pasar.

Ya se ha exigido en esta Comisión Especial de Seguimiento a Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación que se presente un plan de cómo, con esos cinco medios de comunicación, o tres medios de comunicación de cada estado que son más propensos a ser atacados, vamos a hacer un plan de trabajo con ellos para evitarlo.

En este sentido, el exhorto desde este Poder Legislativo a las autoridades municipales, estatales y federales a que evitemos esas muertes; y cuando cierre este año, podamos decir que no hubo ni una más. Desafortunadamente la expectativa es que aquí estemos recordando a cinco muertos más a finales de este año.

Y para aquellos que tienen duda de por qué se está trabajando por proteger a los periodistas, tengo que recordar que lo que estamos protegiendo es la libertad de expresión en nuestro país; es el derecho a estar informada, de toda la población. Cada vez que matan a un periodista, o lo desaparecen, se callan 30 más.

Vean, ahora precisamente la gente de El Diario de Ciudad Juárez sale con chalecos blindados a hacer su trabajo, pero ahora dejan de anotar quién hace la nota, quién reporta la nota, precisamente por el miedo que hay a decir lo que está ocurriendo.

La primera fuente de inseguridad en contra de los periodistas y, por tanto, en contra del derecho a la información en nuestro país, es la delincuencia organizada; pero la segunda son las malas autoridades. Y el peor escenario es precisamente la alianza entre delincuencia organizada y autoridad.

En ese sentido, hoy recordar que nuestro mejor interés está en defender a los periodistas no porque su vida valga ---porque vale igual que cualquier persona que muere en este país---, sino porque precisamente ellos generan un bien público y ese bien público es la información, y esa información es la que nos permite a todos, en lo individual o en lo colectivo, tomar decisiones para cambiar paso a paso a este país.

Por eso mañana estaremos un grupo de la Comisión de Seguimiento a Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación, y otros diputados interesados, en Ciudad Juárez; y el jueves, junto con la Asociación Mexicana de Editores, en Culiacán, Sinaloa, precisamente acompañando al debate.

Ya tenemos hoy, en la comisión, dos iniciativas, la de federalización de los delitos contra periodistas que, aunque no es la panacea, es un paso muy importante dentro de todos los que hay que dar; y por otro lado, la iniciativa para fortalecer esta Fiscalía Especial de Seguimiento a Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación, en la Procuraduría General de la República, que desafortunadamente no tiene los resultados que todos quisiéramos.

Y la presentaremos apenas ---precisamente--- la Mesa Directiva y a la Junta de Coordinación Política nos permitan que se reciba a todo el Consejo Consultivo que está integrado por periodistas, promotores de derechos humanos y medios de comunicación de diferentes partes del país, que ayudaron muchísimo a tener estas iniciativas y que presentaremos cuanto antes. Por eso hacemos esta condena, por eso hacemos esta exigencia y por eso hacemos esta demanda. Muchísimas gracias, por su atención.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Gracias, diputado Priego. Tiene el uso de la palabra el diputado Octavio Fuentes Téllez.

El diputado Octavio Fuentes Téllez: Con su permiso, presidente.

El ambiente de inseguridad que se vive en el país es deplorable. Los ataques a periodistas y a todos los miembros de comunicación, como los últimos ocurridos en Oaxaca, Sinaloa, Tamaulipas, Michoacán, Baja California y ---mi estado--- Chihuahua son inaceptables. Se debe investigar hasta dar con el paradero de las personas que perpetraron los hechos.

El asesinato del periodista Armando Rodríguez, en Ciudad Juárez ---mi ciudad---, no es la excepción. Por eso exigimos a las autoridades federales que se investigue, se aclare y se consigne a los o el culpable.

Cómo es posible que en mi ciudad la gente que se encarga de darnos la información de lo que está pasando en la comunidad tenga que salir con chalecos blindados para que no los vayan a asesinar.

Cómo es posible que a las puertas de los diferentes medios de comunicación, en diferentes partes de la república, sean arrojadas granadas para callarlos. Como decía el compañero: los medios de comunicación sólo tienen un fin, y es comunicarnos qué es lo que está pasando.

En Ciudad Juárez es una desesperación que tenemos todos los ciudadanos, debido a que no se ha hecho y no se ha logrado terminar con esta guerra que se ha empezado desde hace más de un año y ahora nos quieren callar.

Señores diputados, señoras diputadas, necesitamos unirnos, necesitamos decirle a los del gobierno, sobre todo a las dependencias que investigan, que aclaren qué es lo que está pasando, que aclaren qué a quién y quiénes fueron los que están perpetuando estos hechos.

Por eso el Partido Revolucionario Institucional se suma a esta iniciativa, y mañana estaremos, en mi ciudad, platicando y dialogando con ellos. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: En consecuencia, consulte la Secretaría a la asamblea si se aprueba el punto de acuerdo.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: En votación económica, se consulta a la asamblea si se aprueba el punto de acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Diputado presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Aprobado. Comuníquese. Continúe la Secretaría.

COMISIONES LEGISLATIVAS

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.--- Junta de Coordinación Política.

Diputado César Duarte Jáquez, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.--- Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en el artículo 8, tercer párrafo, del acuerdo relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, le pido atentamente que se someta a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente movimiento solicitado por el diputado Héctor Larios Córdova , coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional:

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Aprobado. Comuníquese. Continúe la Secretaría.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.--- Junta de Coordinación Política.

Diputado César Duarte Jáquez, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.--- Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en el artículo 8, tercer párrafo, del acuerdo relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, le pido atentamente que se someta a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados los siguientes movimientos solicitados por el diputado Héctor Larios Córdova , coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional:

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, quedo de usted.

En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Aprobados. Comuníquense.

LEY DE AMPARO - LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: El siguiente punto del orden del día es la primera lectura de dictámenes.

En virtud de que han sido publicados en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se les dispensa la lectura.

La Secretaria diputada Margarita Arenas Guzmán: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se les dispensa la lectura. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Presidente, mayoría por la afirmativa.

«Dictamen de la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto que reforma la fracción II y adiciona la III al artículo 184 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y reforma las fracciones XXXV y XXXVI del artículo 81 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Justicia de la LX Legislatura le fue turnada, para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción II del artículo 184 de la Ley de Amparo y la fracción XXXV del artículo 81 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en materia de acceso a la información pública y transparencia judicial.

Esta Comisión de Justicia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 70, 71, 72 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39, 45 numeral 6 incisos f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, 56, 60 y 88, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de los integrantes de esta honorable asamblea el presente dictamen, basándose en los siguientes

Antecedentes

1. Con fecha 30 de abril de 2008, el diputado Carlos Chaurand Arzate , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó ante el Pleno de la Cámara de Diputados, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción II del artículo 184 de la Ley de Amparo y la fracción XXXV del artículo 81 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

2. La Mesa Directiva, mediante el oficio D.G.P.L. 60-II-2-1537, de 30 de abril de 2008, acordó que se turnara la iniciativa a la Comisión de Justicia.

Contenido de la iniciativa

La iniciativa expone que el derecho al acceso a la información pública es uno de los medios, quizá el más rápido, del que puede disponer la ciudadanía para alcanzar esa percepción.

Por ello, refiere el proponente que sin información y transparencia pública no puede haber democracia y que, entre más amplio y más rápido sea el espectro de ese derecho, mayor será la percepción democrática en la sociedad. A la inversa, entre más lenta y reducida sea la capacidad de acceso a la cosa pública, más alejamiento y desinterés tendrá el ciudadano.

El diputado proponente refiere además, que es incuestionable que el Congreso de la Unión tuvo un papel protagónico en la propuesta, discusión y aprobación de las grandes reformas en materia de acceso a la información pública y transparencia: primero aprobando la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; después apenas en julio del año pasado la reforma al artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados unidos Mexicanos, para elevar a rango constitucional el derecho de acceso a la información y establecer principios y bases que enriquecieron el ejercicio de la garantía en tal precepto contenida.

La iniciativa presentada, es en congruencia con la ruta de esa apertura, una forma de plantear y ampliar la garantía de acceso a la información pública en una de las ramas de la actividad del Estado de la que la ciudadanía está mas alejada: el sistema de impartición de justicia, que por su tecnicismo y las condiciones en las que hasta hace poco se desenvolvía, no es suficientemente conocida y entendida, no obstante, la importancia que este servicio tiene para la convivencia ordenada, pacífica y justa a la que todos aspiramos.

Expresa el diputado que, como todos los obligados en materia de transparencia y acceso a la información pública, el Poder Judicial de la Federación con oportunidad dio cumplimiento a los preceptos correspondientes: mediante el acuerdo conjunto del Pleno de la honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Federal Electoral y del Consejo de la Judicatura Federal, con el que reglamentó y puso en vigor, en el ámbito de su competencia, las disposiciones de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; implementó el Canal Judicial, dando una amplia difusión a las actividades de ese alto Tribunal y de otros órganos de impartición de justicia, en los que se pueden apreciar las discusiones en el Pleno de los asuntos de mayor trascendencia para la vida del país, lo que ha permitido ampliar los horizontes de la cultura jurídica y del cumplimiento de la ley. Por otra parte, ha intensificado la difusión de su jurisprudencia, haciendo más accesible su estudio y utilización, por los bajos costos y sistematicidad con la que se publica.

El Poder Judicial de la Federación, según se ve, no ha estado cerrado al escrutinio público ni permanece ajeno a la inercia nacional e internacional que acompaña al movimiento de la información y transparencia públicas, pero se debe ir más allá para lograr a cabalidad la garantía en el ejercicio de un precepto constitucional. Es así, que las únicas sesiones que pueden difundirse, son las de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y las del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Sin embargo, refiere que los artículos 6o., 16 y 185 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, prescriben que por regla general las sesiones de la Suprema Corte y Tribunal Electoral serán públicas. Pero nada dice respecto a otros órganos jurisdiccionales no menos importantes, como son los tribunales colegiados de Circuito y lo que es más, la Ley de Amparo establece expresamente que la resolución de los asuntos se hará ``sin discusión pública''. Los tribunales colegiados de circuito constituyen la constancia donde se resuelven, en su mayoría, los juicios de amparo.

Salvo esos preceptos cuya reforma se propone, no hay justificación alguna para que, tratándose de resoluciones definitivas dictadas por tribunales colegiados de circuito, las sesiones en que se discutan los asuntos puedan igualmente ponerse al escrutinio de la sociedad. Esta propuesta es perfectamente acorde con el principio de máxima publicidad, incorporado a la enmienda constitucional de julio pasado.

Es importante subrayar que no se trata sólo de permitir la ampliación del espectro de difusión el Estado, sino que en la propuesta, subyace otro valor igualmente profundo; el servidor público encargado de impartir justicia debe expandir su compromiso de excelencia con la sociedad a la cual le corresponde juzgar. De esta manera, al juzgador se le convertiría en juzgado, porque al hacer público su trabajo, también se haría público su desempeño, su honestidad como profesionista del derecho, su excelencia como impartidor de justicia y todos aquellos atributos que el artículo 100 constitucional atribuye al funcionario judicial y que los mexicanos tenemos por supuesto derecho a verificar.

Propone además reformar el artículo 81 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, a efecto de facultar al Consejo de la Judicatura Federal para que sea el que regule, recopile, documente, seleccione y difunda, con apego a las normas constitucionales, legales y reglamentarias en la materia, la información de referencia que estime relevante, ya que el propio Consejo, es el órgano encargado de la administración, vigilancia y disciplina de los tribunales colegiados de circuito.

Consideraciones

Primera. Esta comisión estima pertinente realizar las siguientes consideraciones jurídicas:

El derecho de acceso a la información, como lo señala Miguel Carbonell, se inscribe plenamente en la agenda democrática de México, y se inscribe como un derecho fundamental, al menos por dos razones: la primera, porque protege un bien jurídico valioso en sí mismo (que los ciudadanos puedan saber y acceder a información relevante para sus vidas) y en segundo lugar, porque sobre él se erige la viabilidad de un sistema democrático, porque cumple una función vital para la República, que los ciudadanos conozcan el quehacer, las decisiones y los recursos que erogan sus autoridades elegidas mediante el voto.

Puede decirse incluso que una de las piedras angulares de las democracias contemporáneas son las libertades de expresión y de información. En efecto, hoy se reconoce ampliamente que la información es una condición necesaria para la realización del estado democrático. Dicho de manera más simple, sin información --por quien se vota, qué hace el gobernante electo mediante el voto-- no hay democracia posible.

Esta afirmación, que puede parecer obvia, resulta sin embargo extraordinariamente compleja cuando se traduce en su dimensión jurídica. En efecto, las rápidas transformaciones de las sociedades contemporáneas han generado una modificación sustantiva de la concepción de la libertad de expresión, para darle un nuevo contenido que comprende no sólo a los sujetos activos de la libre emisión de ideas u opiniones (que se encuentra consagrada en nuestro artículo sexto constitucional y cuyos orígenes están enraizados en toda la tradición constitucional mexicana) sino también, a los derechos de todos aquellos que las reciben o incluso, que las buscan activamente.

En este proceso de interpretación sobre el alcance de la naturaleza jurídica del artículo 6o. constitucional, ha sido crucial la evolución jurisprudencial que sobre esta materia ha hecho la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En efecto, nuestro más alto tribunal, en una decisión rendida con motivo de la investigación en relación con la matanza de Aguas Blancas en el estado de Guerrero, estableció que:

``Tal derecho [el de la información] es, por tanto, básico para el mejoramiento de una conciencia ciudadana que contribuya a que ésta sea más enterada, lo cual es esencial para el progreso de nuestra sociedad. Si las autoridades públicas... asumen ante ésta actitudes que permitan atribuirles conductas falta de ética, al entregar a la comunidad una información manipulada, incompleta, condicionada a intereses de grupos o personas, que le vede la posibilidad de conocer la verdad para poder participar libremente en la formación de la voluntad general, incurre en una violación grave a las garantías individuales en términos del artículo 97 constitucional, segundo párrafo, pues su proceder conlleva a considerar que existe en ellas la propensión de incorporar a nuestra vida política, lo que podríamos llamar la cultura del engaño, de la maquinación y de la ocultación, en lugar de enfrentar la verdad y tomar acciones rápidas y eficaces para llegar a ésta y hacerla del conocimiento de los gobernados''. (Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Pleno, Tomo III, junio de 1996, tesis P. LXXXIX/96, p. 513)

En esta decisión, la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que el derecho a la información constituía una garantía individual, pues sin ese supuesto, difícilmente podría haber apreciado que los hechos en cuestión constituían una violación a las garantías individuales al ejercer la facultad derivada del segundo párrafo del artículo 97 de la Constitución. En diferentes decisiones, esta interpretación se ha confirmado plenamente, llegando incluso al reconocimiento por parte de la Corte de que su interpretación original, que lo limitaba a una garantía por los partidos políticos, era incorrecta y que se trataba claramente de una garantía individual. Así se desprende de la tesis titulada ``Derecho a la información. La Suprema Corte interpretó originalmente el artículo 6o. constitucional como garantía de partidos políticos, ampliando posteriormente ese concepto a garantía individual y a obligación del Estado a informar verazmente.''. Como toda garantía, este derecho encuentra algunos límites, tales como ``los intereses nacionales y los de la sociedad, así como por el respeto a los derechos de terceros''. (Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Pleno, Tomo IX, abril de 2000, p. 72)

Ahora bien, es de crucial importancia precisar que, según la doctrina aceptada, el derecho a la información tiene dos vertientes principales. La primera se refiere a los contenidos relacionados con el derecho a informar y que busca proteger el derecho de toda persona de expresar y comunicar por cualquier medio sus ideas y opiniones, y por otro, el derecho a ser informado (que comprende los derechos de investigar y recibir informaciones y opiniones desde la perspectiva del receptor). Desde esta perspectiva, el derecho a ser informado es una de las vertientes del derecho a la información, pero no lo agota.

La reforma constitucional establece las condiciones mínimas que aseguren el derecho de toda persona de tener acceso a la información pública, pero de ninguna manera prejuzga o limita la facultad del Constituyente Permanente de desarrollar en el futuro aspectos relacionados con el derecho a informar.

En otras palabras, la reforma desarrolla una de las vertientes del derecho a la información --en particular el derecho subjetivo de tener acceso a la información gubernamental-- pero de ninguna manera pretende agotar los contenidos del derecho.

Segunda. A raíz de que el Congreso de la Unión expidió la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicada en el Diario Oficial de la Federación el once de junio de dos mil dos, el Poder Judicial de la Federación ha realizado las acciones tendentes a dar observancia a la citada ley.

Se establece en los artículos 1o. al 9o., 12 al 16, 18 al 23, 27 y 61 al 64 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental determinadas obligaciones para diversos órganos, entre ellos la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal.

En el artículo 61 se señala que los otros sujetos obligados, en este caso la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, establecerán mediante reglamentos o acuerdos de carácter general, de conformidad con los principios y plazos establecidos en el citado ordenamiento, los órganos, criterios y procedimientos institucionales para proporcionar a los particulares el acceso a la información; así mismo, el artículo 8o. de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental prevé que deben hacerse públicas las sentencias que hayan causado ejecutoria, cuyo expediente se encuentre bajo resguardo del Poder Judicial de la Federación, lo que de conformidad con lo previsto en el artículo 42, párrafo tercero, del propio ordenamiento, debe interpretarse que acontece cuando el expediente respectivo está disponible al público en medios impresos, tales como libros, compendios o archivos públicos, en formatos electrónicos consultables en Internet o en cualquier otro medio que permita a los gobernados su consulta o reproducción.

Por otra parte, en acatamiento a lo dispuesto en el artículo sexto transitorio de la ley referida, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió el Acuerdo General 9/2003, del veintisiete de mayo de dos mil tres y, con el fin de pormenorizar lo dispuesto en éste, su Comisión para la Transparencia y Acceso a la Información expidió el dos de junio del año indicado los ``Lineamientos de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativos a la organización, catalogación, clasificación y conservación de la documentación de este alto tribunal''; posteriormente, con el objeto de facilitar aún más el acceso a los expedientes que tiene bajo su resguardo la Suprema Corte, se modificó el mencionado acuerdo general 9/2003, mediante el diverso 13/2003, del dos de diciembre de dos mil tres.

En cumplimiento de lo previsto en el artículo sexto transitorio de la mencionada Ley Federal de Transparencia, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal emitió el acuerdo general 30/2003, del nueve de junio de dos mil tres y, con el fin de pormenorizar lo dispuesto en éste, el propio Pleno expidió el veintisiete de agosto del año indicado los ``Lineamientos de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Consejo de la Judicatura Federal, de los tribunales de circuito y los juzgados de distrito, relativos a los criterios de clasificación y conservación de la información reservada o confidencial, para este órgano del Poder Judicial de la Federación, los tribunales de circuito y los juzgados de distrito''; posteriormente, con el fin de facilitar aún más el acceso a los expedientes que esos órganos tienen bajo su resguardo, se modificó el mencionado acuerdo general 30/2003, mediante el diverso 76/2003, del cinco de noviembre de dos mil tres.

En términos de lo previsto en los artículos 16, párrafo antepenúltimo, de los lineamientos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y 8o., párrafo primero, de los lineamientos del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que la sentencia cause estado, también serán públicas las resoluciones intermedias que hayan puesto fin a una instancia o a algún incidente de previo y especial pronunciamiento y las que recaigan a un recurso intraprocesal, con lo que se amplía el concepto de sentencias públicas a que se refiere el artículo 8o. de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y, por ende, se permite el acceso a las mismas aun cuando pertenezcan a expedientes de naturaleza penal o familiar, sin menoscabo de que en estos casos deban suprimirse los datos personales de las partes.

Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11, fracción XIX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene entre sus atribuciones reglamentar el funcionamiento del Centro de Documentación y Análisis, que comprende la biblioteca central, el archivo histórico, el archivo central y los archivos de los tribunales federales foráneos, por lo que en ejercicio de esa facultad, en los puntos primero, segundo, tercero y cuarto del acuerdo general conjunto número 1/2001, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal se estableció que los expedientes concluidos que tengan más de cinco años de haberse ordenado su archivo, deben transferirse a las áreas de depósito documental dependientes del Centro de Documentación y Análisis de ese tribunal, lo que hace necesario establecer una estrecha coordinación entre esos dos órganos del Poder Judicial de la Federación para establecer una regulación homogénea en materia de acceso a la información judicial.

Después de la aplicación de los referidos ordenamientos se evaluó el funcionamiento del sistema, las interpretaciones realizadas para hacerlo efectivo y las opiniones vertidas en los medios informativos y de comunicación social, lo que reveló la conveniencia de emitir un reglamento conjunto que regulara el acceso a la información que se encuentra bajo resguardo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Consejo de la Judicatura Federal, de los tribunales de circuito y de los juzgados de distrito, tomando en cuenta que la normatividad que rija a los órganos del Poder Judicial de la Federación en materia de transparencia no debe establecer mayores restricciones a las previstas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y que, en términos de lo dispuesto en el artículo 6o. de este ordenamiento, en la interpretación de esa ley debe favorecerse el principio de máxima publicidad de la información, sin que ello permita desconocer las restricciones que al derecho de acceso a la información establece ese cuerpo normativo.

Es así, que atendiendo a la transparencia que deben observar los órganos encargados de administrar justicia, debe ser público el acceso a todas las resoluciones que se dictan dentro de un juicio, así como a las diversas constancias que obran en los expedientes judiciales, con las excepciones derivadas de lo previsto en los artículos 8o., 13, 14 y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

Por lo que la interpretación de lo previsto en los artículos 8o. y 14, fracción IV, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, tomando en cuenta los fines que tuvo el legislador al expedir este ordenamiento, lleva a concluir que la restricción establecida en la citada fracción se refiere exclusivamente a las pruebas y constancias que obran en los expedientes judiciales, por lo que las resoluciones que se dicten durante el desa-rrollo de un juicio constituyen información pública una vez que se han emitido, y si se solicitan antes de que la sentencia respectiva cause estado se podrá acceder a una versión impresa o electrónica de aquéllas de conformidad con la Ley de Federal de Transparencia, sin menoscabo de que en dicha versión, en su caso, se supriman los datos personales de las partes.

También, conforme a lo dispuesto en los artículos 8o. y 18, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, las sentencias ejecutorias deben hacerse públicas, las partes pueden oponerse a la publicación de sus datos personales y estos últimos serán confidenciales cuando para su difusión se requiera del consentimiento del titular de los mismos, lo que permite concluir que, en principio, los datos personales de las partes que constan en una resolución judicial son públicos ya que para su difusión no se requiere del consentimiento de aquéllas, pues sólo la oposición de las partes, en determinados casos, impedirá su publicación.

Ahora, si bien el artículo 8o. de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental confiere a las partes el derecho a oponerse a la publicación de sus datos personales, debe tomarse en cuenta que tal oposición únicamente surtirá efectos y, por ende, dará lugar a la necesidad de generar en medios impresos o electrónicos versiones públicas de las resoluciones judiciales y, en su caso, de cualquier otro documento que conste dentro de un expediente judicial, en las que se supriman los referidos datos personales, cuando se refieran a expedientes que contengan información reservada que en términos de lo previsto en la fracción IV del artículo 13 de ese cuerpo legal, pongan en riesgo la vida, la seguridad o la salud de las partes.

Al tenor de lo dispuesto en el párrafo último del artículo 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental no se considera confidencial la información que se halle en fuentes de acceso público y, en términos de lo previsto en los artículos 28, fracción III, párrafo último, de la Ley de Amparo, 107 del Código Federal de Procedimientos Penales y 1068, fracciones II y III, del Código de Comercio, constituye un principio procesal que en las notificaciones por lista, por estrados, por rotulón o por boletín judicial debe señalarse el nombre de las personas respecto de las cuales se tramita algún derecho en el juicio respectivo, bien, sea quejoso, inculpado o cualquier otra que sea su denominación procesal, pues sólo de esa manera éstas pueden tener conocimiento de la determinación respectiva, de donde se sigue que en la versión impresa o electrónica, mencionada en el considerando que antecede, se deben conservar los nombres de las partes, sin menoscabo de suprimir los demás datos personales señalados en la fracción II del artículo 3o. de la citada Ley de Transparencia, en la medida en que tal supresión no impida conocer el criterio contenido en la resolución judicial solicitada.

En relación con las pruebas y constancias que obren en los expedientes judiciales se dará acceso a las mismas observando en todo caso lo dispuesto en los artículos 14, fracción IV, 18, fracción I y 19 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, es decir, una vez que haya causado estado la respectiva sentencia ejecutoria.

En consecuencia, en ejercicio de las atribuciones conferidas en los artículos 94 de la Constitución General de la República; 11, fracción XXI, y 81, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el treinta de marzo de dos mil cuatro los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal expidieron el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en el cual se estableció, entre otros aspectos, que como regla general todas las determinaciones dictadas en un juicio seguido ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los tribunales de circuito y los juzgados de distrito, son públicas una vez que se emitan, sin menoscabo de que para acceder a ellas se genere una versión pública de la que se suprima, en su caso, la información confidencial o reservada; asimismo, se precisó que de dicha versión no se suprimirían los nombres de las partes, dado que en términos de lo previsto en el párrafo último del artículo 18 de la referida Ley Federal se considera como pública la información que se ubique en fuentes de acceso público, lo que sucede en el caso de los nombres antes mencionados, en términos de lo establecido en diversos ordenamientos adjetivos federales; al regular las notificaciones por lista, por estrado, por rotulón o por boletín judicial.

Tercera. La intención de la iniciativa es promover la imparcialidad como característica absolutamente obligada de los órganos colegiados, por una parte, se trata de que las sesiones por las cuales resuelven un asunto tenga lugar a través de un procedimiento abierto y transparente, mediante el cual la institución alcance la mayor independencia.

Además, esa imparcialidad traerá como consecuencia, un compromiso inequívoco con la apertura de las acciones jurisdiccionales y de la aplicación constante del principio de máxima publicidad en la resolución además de observar los desacuerdos que tengan los integrantes de los órganos colegiados. En todo caso, la objetividad en su trabajo, la autonomía de sus decisiones y la aplicación constante de los principios de apertura, de conformidad con el artículo sexto.

Es por ello, que si se pretende que las sesiones de los tribunales colegiados de circuito sean públicas, se contravendrían las disposiciones tanto del artículo 6o. constitucional, como lo establecido en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, con lo que existiría un concurso de normas que referidas a una misma premisa, éstas se resolverían de manera diferente.

Por citar un ejemplo, por una parte la Ley de Amparo señalaría que los expedientes se resolverán en discusión pública, y por otro la Ley Federal de Transparencia establecería las excepciones para la publicidad, entre las cuales se refieren, que la información será reservada entre otros casos cuando se trate de las averiguaciones previas; los expedientes judiciales o de procedimientos en tanto no hayan causado estado; y las que contengan las opiniones, reservas o puntos de vista que forman parte del proceso deliberativo de los servidores públicos, como es el caso que nos ocupa.

Es decir, si se realiza una reforma en la Ley de Amparo, en los términos propuestos, se debería a su vez reformar la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, para establecer que en materia judicial no habría restricción alguna para la publicidad dada en los procesos. Sin embargo, es de advertirse que la Ley de Amparo, debe regular, como hasta ahora, el procedimiento de conformidad con lo establecido en los artículos 103 y 107 constitucionales; y la Ley Federal de Transparencia, lo relativo al procedimiento de publicidad y transparencia.

Además de lo anterior, es importante señalar que si bien la transparencia y la rendición de cuentas es un principio que debe imperar en el desempeño de toda función pública, en el caso que nos ocupa, debieran analizarse otras cuestiones que trascienden al marco jurídico vigente, como lo relativo a la adecuación de la infraestructura de los espacios donde se desarrollan las sesiones de los tribunales colegiados de circuito, pues en la mayoría de los casos, se trata de oficinas pequeñas, que no cuentan con espacios suficientes, aunque en otros casos, también debe decirse --y que son los menos-- tienen salas de sesiones, también reducidas.

En este orden de ideas, también es de suma trascendencia destacar que el hecho de que las sesiones de los tribunales colegiados de circuito no sean públicas, no necesariamente entraña que las decisiones a que arriban sus integrantes no sean apegadas a derecho, ni mucho menos que no exista transparencia en su desempeño, puesto que dicha discusión no implica un acto secreto, ya que en todas las ejecutorias se indica si fue dictada por unanimidad o por mayoría, se incluye el contenido de los argumentos debatidos, las consideraciones jurídicas que sustentan el fallo y, por supuesto, el nombre de los magistrados que participan en la discusión, así como sus puntos de vista específicos, en su caso, a través del voto particular.

Ahora bien, de conformidad con el artículo 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial de la Federación, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estarán a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, en los términos que conforme a las bases que señala la Constitución, establezcan las leyes.

Asimismo, el artículo 100 refiere que las decisiones del Consejo serán definitivas e inatacables y, por lo tanto, no procede juicio ni recurso alguno, en contra de las mismas, salvo las que se refieran a la designación, adscripción, ratificación y remoción de magistrados y jueces, las cuales podrán ser revisadas por la Suprema Corte de Justicia, únicamente para verificar que hayan sido adoptadas conforme a las reglas que establezca la ley orgánica respectiva.

Bajo esta tesitura, esta Comisión coincide en que se debe dar una mayor apertura a las sesiones que resuelven los juicios dentro de los tribunales colegiados de circuito, que si bien es cierto, constan actas de las sesiones que se celebran en éstos órganos, lo cierto también es que pueden ser modificadas de manera discrecional por los integrantes de los referidos tribunales, dejando sin posibilidad al Consejo de la Judicatura proceder en caso de corruptelas o incapacidad de sus integrantes.

Es decir, esta comisión considera que una opción es que las sesiones de los tribunales colegiados de circuito, sean grabadas con la finalidad de obtener la creación de un archivo digital del desarrollo de las sesiones, para que el Consejo de la Judicatura Federal tenga elementos suficientes para fincar las responsabilidades a los magistrados que en su caso cometan una falta inherente a la función que desempeñan y además estos archivos puedan consultarse de conformidad con los principios contenidos en la Ley de Transparencia.

Para ello es necesario que se reforme el artículo 184, fracción II de la Ley de Amparo, en cuanto establece que las sentencias de los tribunales colegiados de circuito se pronunciarán ``sin discusión pública'', término que contiene ambigüedad, pues el que sea sin discusión pública, únicamente se refiere a que los integrantes del órgano colegiado resolverán entre ellos, sin que intervenga un diálogo entre ellos y las partes; sin embargo si se reforma y se establece que sea ``en discusión pública'', tal y como lo propone la iniciativa, esto traería como consecuencia un choque en cuanto a las disposiciones establecidas en la Ley Federal de Transparencia.

Esta Comisión propone, se elimine la frase ``sin discusión pública'' para que la fracción II del artículo 184 de la Ley de Amparo, establezca de manera general que el auto por virtud del cual se turne el expediente al magistrado relator tendrá efectos de citación para sentencia, la que se pronunciará dentro de los quince días siguientes, por unanimidad o mayoría de votos.

Se propone además adicionar una fracción tercera al artículo en mención, para hacer referencia que las sesiones de resolución de asuntos los tribunales colegiados, serán grabadas para obtener un archivo digital de las sesiones, así como para que el Consejo de la Judicatura Federal tenga elementos para proceder de oficio en contra del o de los magistrado de los órganos colegiado por considerar que existe una falta grave a la función que tiene encomendada por el Estado.

Se coincide además en la iniciativa, en que se debe reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en su artículo 81, fracción XXXV, sin embargo también se considera se debe reformar la fracción XXXVI del mismo artículo para dar armonía a la reforma realizada al artículo 184 de la Ley de Amparo, en el sentido de que el Consejo al momento de investigar y determinar las responsabilidades y sanciones de los servidores públicos, deberá considerar las grabaciones que se encuentren documentadas de las sesiones de los tribunales colegiados de circuito.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, la Comisión de Justicia somete a la consideración de esta honorable asamblea, el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforma la fracción II y se adiciona una fracción III al artículo 184 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y se reforman las fracciones XXXV y XXXVI del artículo 81 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

Artículo Primero. Se reforma la fracción II y se adiciona una fracción III al artículo 184 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 184. Para la resolución de los asuntos en revisión o en materia de amparo directo, los tribunales colegiados de circuito observarán las siguientes reglas:

Artículo Segundo. Se reforman las fracciones XXXV y XXXVI del artículo 81 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para quedar como sigue:

Artículo 81. Son atribuciones del Consejo de la Judicatura Federal:

Transitorios

Primero. El presente decreto iniciará su vigencia el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. A partir de la entrada en vigor del presente decreto, el Consejo de la Judicatura Federal deberá implantar las acciones necesarias para la realización de las grabaciones de las sesiones de los tribunales colegiados de circuito, en un plazo no mayor a 90 días hábiles.

Es de primera lectura.

LEY FEDERAL PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACION

La Secretaria diputada Margarita Arenas Guzmán: «Dictamen de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con proyecto de decreto que reforma el último párrafo del artículo 23 de la Ley Federal para prevenir y eliminar la Discriminación

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Diputados perteneciente a la LX Legislatura le fueron turnadas, para su estudio, análisis y dictamen, las iniciativas que reforman el artículo 23 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y el artículo 31 de la Ley General de las Personas con Discapacidad, presentadas por la diputada Mayra Gisela Peñuelas Acuña , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, y la diputada Silvia Luna Rodríguez , del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Esta Comisión, elaboró el presente dictamen con fundamento en el artículo 39, numerales 1, 2, fracción III, y numeral 3; los artículos 44, 45, numerales 1, 4 y 6, incisos d) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 55, 56, 60, 87, 88 93 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y lo somete a consideración de esta honorable asamblea, de acuerdo con los siguientes:

Antecedentes

1. Con fecha 14 de febrero de 2008 la diputada Mayra Gisela Peñuelas Acuña presentó la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 23, fracción f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, acordó turnar la presente iniciativa, para su estudio y dictamen, a esta Comisión.

2. Con fecha 30 de abril de 2008, la diputada Silvia Luna Rodríguez presentó la iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley General de las Personas con Discapacidad y la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, acordó turnar la presente iniciativa para su estudio y dictamen a esta comisión.

3. En la reunión plenaria numero 23 de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, celebrada el 23 de julio del 2008, se aprobó la iniciativa presentada por la diputada Silvia Luna Rodríguez , que reforma la Ley General de las Personas con Discapacidad y la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación; sin embargo, por técnica legislativa y en virtud de que ambas reforman el mismo artículo 23, esta comisión determinó integrar en un sólo dictamen las reformas presentadas por la diputada Silvia Luna Rodríguez y la diputada Mayra Gisela Peñuelas Acuña .

Con base en los antecedentes expuestos, los integrantes de esta comisión hacemos de su conocimiento el siguiente

Contenido de las iniciativas

1) La diputada Mayra Gisela Peñuelas Acuña , en su iniciativa, destaca que la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación tiene como objetivo fundamental prevenir y erradicar toda práctica discriminatoria que atente contra los derechos humanos de los ciudadanos. En consecuencia, la ley crea el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, como un organismo descentralizado, con patrimonio y personalidad jurídica propia, sectorizado a la Secretaría de Gobernación, el cual se encarga de su aplicación y vigilancia; el consejo tiene como objetivo llevar a cabo acciones tendientes a eliminar la discriminación y tiene autonomía técnica y de gestión.

2) Debido a que en la junta de gobierno no están incluidos representantes del Poder Legislativo, la diputada propone que, obedeciendo el principio de representatividad de la sociedad, en dicho consejo se incluyan un integrante de la Cámara de Diputados y otro de la Cámara de Senadores, con la finalidad de coadyuvar a impulsar acciones de información, sensibilización, capacitación y divulgación, que favorezcan la convivencia en la diversidad, el respeto a la diferencia y la igualdad.

3) La diputada Silvia Luna Rodríguez establece en su iniciativa que en el país, las personas con discapacidad han sido objeto de discriminación por su condición y por la ineficiencia de las políticas instauradas para equiparar la igualdad de oportunidades en la sociedad. Las actitudes que hacen visible la discriminación por ese motivo provienen de diversos estereotipos que hacen que personas con discapacidad sean tratados como personas inferiores en capacidades o desarrollo. Para ello pretende reformar el artículo 23 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación para integrar al Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad como un invitado permanente, con derecho a voz, pero no a voto, a la Junta de Gobierno del Consejo Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación. La diputada propone reformar también ese numeral, para cambiar el nombre del Instituto Nacional Indigenista por el de Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

En otra parte de su iniciativa la diputada pretende reformar el artículo 31 de la Ley General de las Personas con Discapacidad para incluir el Consejo Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación como un integrante del Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad.

Consideraciones

La Comisión de Atención a Grupos Vulnerables realizó el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en las iniciativas con proyecto de decreto, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen:

Por todo lo expuesto, la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables somete a la consideración de la honorable asamblea el siguiente proyecto de

Decreto que reforma el artículo 23 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación

Artículo Único. Se reforma el último párrafo del artículo 23 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, para quedar como sigue:

Artículo 23. ....

...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Es de primera lectura.

LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL - LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA

La Secretaria diputada Margarita Arenas Guzmán: «Dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de la Función Pública, con proyecto de decreto que expide la Ley General de Contabilidad Gubernamental y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria

12 de noviembre de 2008

Honorable Asamblea:

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II y 72, apartado H, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se sometió a la consideración de la Cámara de Diputados la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Los integrantes de estas Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública, con base en las facultades que les confieren los artículos 39 numerales 1 y 2, fracciones XVIII y XX, 44 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 56, 87 y 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se abocó al análisis de la Iniciativa antes señalada y conforme a las deliberaciones que de la misma se realizaron, presenta a esta honorable Asamblea el siguiente

Dictamen

I. Antecedentes

El día 4 de noviembre de 2008, los diputados Alma Edwviges Alcaraz Hernández y Moisés Alcalde Virgen , del Partido Acción Nacional; así como Antonio Ortega Martínez del Partido de la Revolución Democrática y Javier Guerrero García del Partido Revolucionario Institucional presentaron la iniciativa de Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Con esa misma fecha, la mesa directiva de esta cámara turnó la iniciativa en comento a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública, con la opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

II. Descripción de la iniciativa

Nuestra Constitución fue modificada el 7 de mayo del año en curso a través del decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Dicho decreto, adiciona el artículo 73 con una fracción XXVIII, en la que se faculta al Congreso para expedir leyes en materia de contabilidad gubernamental que regirán la contabilidad pública y la presentación homogénea de información financiera, de ingresos y egresos, así como patrimonial, para la Federación, los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, a fin de garantizar su armonización a nivel nacional.

En atención al mandato constitucional, estas comisiones procedieron al análisis de la iniciativa en cuestión. Para ese efecto se consideró que la transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos públicos es una demanda constante de la población, la cual debe ser satisfecha. El orden en las finanzas públicas es clave, por ello es de especial relevancia hacer notar que el mandato constitucional ordena que la contabilidad pública sea armónica a nivel nacional, es decir, incluyendo los niveles federal, estatal y municipal de gobierno.

En lo que hace al enfoque de la ley, estas comisiones, al elaborar el presente dictamen, han considerado que la contabilidad gubernamental debe ser una herramienta adicional para que las administraciones de los tres órdenes de gobierno puedan tomar decisiones sobre las finanzas públicas.

A) Objeto de la Ley

La Ley que se dictamina incluye parámetros generales para facilitar el registro y la fiscalización de los activos, pasivos, ingresos y gastos con el fin de medir la eficacia, economía y eficiencia del gasto e ingresos públicos, la administración de la deuda pública, así como las obligaciones contingentes y el patrimonio del Estado. Lo anterior se logrará a través del uso de sistemas contables.

B) Sistemas contables

El sistema de contabilidad gubernamental que prevé la Ley en cuestión es el eje alrededor del cual girará la contabilidad. Bajo este sistema se exigirá la aplicación de principios y normas contables generales y específicas bajo los estándares más exigentes nacionales e internacionales. Asimismo, se ha percibido que en la actualidad no existe la sincronía necesaria entre los registros contables y los presupuestarios. Por ello, la Ley requerirá que los gobiernos federal, estatales y municipales vinculen ambos registros. Con ello y la ayuda de una herramienta tecnológica, el Congreso de la Unión, las legislaturas estatales y la sociedad en general podrán conocer oportunamente la información sobre el ejercicio de los recursos públicos, a través de reportes emitidos en tiempo real.

Con el fin de que la contabilidad gubernamental sea transparente, precisa y oportuna, la Federación, las entidades federativas y los municipios deberán sujetarse al uso de un marco conceptual, cuyos postulados serán la base para la armonización de métodos, procedimientos y prácticas contables.

C) Registro patrimonial

Un adecuado control de los recursos debe incluir mecanismos de control sobre los bienes destinados a un servicio público. Por ello, estas comisiones consideran de especial interés que la Ley incluya disposiciones específicas, con obligaciones claras respecto de dichos bienes. En tal virtud, la contabilidad gubernamental debe obligar a la Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal a llevar registros contables, en cuentas específicas del activo, de los bienes muebles e inmuebles destinados a un servicio público, incluyendo equipo de cómputo y vehículos.

Adicionalmente, el presente dictamen incluye, en el registro patrimonial, diversas disposiciones respecto a la forma en que debe llevarse el control de los bienes, ya que existen casos, como lo son los monumentos arqueológicos, artísticos e históricos, en los que no puede determinarse un valor y, por ende, deben formar parte de un registro auxiliar. Por otra parte, se ha estimado que no sería posible llevar un registro adecuado de los bienes si, al mismo tiempo, no existe la obligación de levantar un inventario, por lo que el dictamen que se somete a consideración de la asamblea contiene disposiciones a ese respecto.

D) Información financiera periódica y cuenta pública

La contabilidad gubernamental debe servir dos propósitos fundamentales. El primero, servir como una herramienta en la toma de decisiones sobre las finanzas públicas. El segundo, informar y rendir cuentas a la población sobre el ejercicio de los recursos públicos. Por ello, las dictaminadoras han decidido que una nueva ley en materia de contabilidad gubernamental debe contar con disposiciones claras respecto a la información que debe generarse, su publicidad y los reportes de los ejecutivos federal, estatales y municipales a las legislaturas correspondientes.

En congruencia con lo anterior, el dictamen de la iniciativa en cuestión contempla el nivel de desagregación que los sistemas contables deben producir de forma periódica en cuanto a la información contable, presupuestaria y programática, tomando en cuenta las diferencias que exige cada orden de gobierno. La emisión de informes periódicos y la formulación de la cuenta pública se basarán en los estados financieros y demás información presupuestaria, programática y contable que emanen de los registros de los entes públicos.

E) Resultados

El Congreso de la Unión ha jugado un papel muy importante en la transformación de la administración pública del país. Muestra de ello es la aprobación de diversas modificaciones al marco jurídico nacional para orientar el ejercicio del gasto público hacia la obtención de resultados que tengan un impacto significativo en la vida cotidiana de la sociedad. La contabilidad gubernamental también es parte de ese esfuerzo hacia el logro de resultados.

La cuenta pública no debe ser sólo un documento que refleje registros de movimientos contables y presupuestarios, sino constituir un verdadero instrumento que informe a la sociedad sobre los resultados obtenidos con los recursos públicos. Por ello, las dictaminadoras estiman indispensable que las cuentas públicas incluyan, con base en indicadores, los resultados de la evaluación del desempeño de los programas federales, locales, municipales y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal.

F) Marco institucional

Tomando en consideración que la iniciativa que se dictamina es de carácter general y que la contabilidad requiere del dinamismo necesario para adaptarse a los nuevos desarrollos, las dictaminadoras concluyen que es indispensable contar con un marco institucional para la consecución de los fines de la Ley. Por ello, se incluye un mecanismo para la creación de disposiciones y lineamientos por parte de un Consejo Nacional de Armonización Contable.

En dicho Consejo, se incluye la representación tanto de la federación, como de las entidades federativas y municipios o demarcaciones territoriales del Distrito Federal. La instancia ejecutora del Consejo es su secretario técnico, el cual será el encargado de elaborar los proyectos para su aprobación.

Asimismo, se estimó que la información relacionada con la contabilidad gubernamental es utilizada por diversas instancias, por lo que las disposiciones del Consejo requieren contar con diversas opiniones para enriquecer sus proyectos. Por tal motivo, se prevé la creación de un Comité Consultivo, integrado por representantes locales, municipales y profesionales expertos, cuya función será la de opinar sobre la modificación de las normas contables y apoyar en la capacitación de los usuarios de la contabilidad gubernamental.

G) Información y transparencia

Dada la estricta vinculación de la contabilidad gubernamental con la transparencia en el ejercicio de los recursos públicos y la rendición de cuentas, es necesario que se prevean mecanismos adecuados de información de los ejecutivos hacia los poderes legislativos federal y locales. Adicionalmente, debe contarse con un mecanismo para que la sociedad en general pueda acceder, de primera mano, a esa información.

Del análisis de la iniciativa, se advierte que se contempla un mecanismo por el cual se obliga a que los entes públicos de los tres órdenes de gobierno organicen, sistematicen y difundan la información que generen, al menos trimestralmente, en sus respectivas páginas electrónicas de Internet.

H) Sanciones

Otro aspecto particularmente importante a considerar por parte de las comisiones, se refiere al hecho de que la iniciativa que se dictamina incluye un apartado sobre las sanciones que se impondrán en caso de su incumplimiento, configurando un catálogo que busca preservar el buen funcionamiento de la contabilidad gubernamental.

I) Transitoriedad

Con el propósito de garantizar el correcto cumplimiento de las obligaciones previstas en la Ley, las cuales representan un cambio sustantivo en la forma que se lleva la contabilidad gubernamental, se establece su implementación progresiva mediante las disposiciones transitorias que, de acuerdo con el análisis de estas comisiones, resultan idóneas para la adopción de las medidas necesarias por parte de los gobiernos federal, estatales y municipales.

En este sentido, el artículo tercero transitorio establece los plazos que tiene el Consejo para emitir las disposiciones necesarias para lograr la total aplicación de la Ley. En sincronía con esos plazos, el artículo cuarto establece la progresividad a la que se sujeta la aplicación de los nuevos sistemas contables, los cuales podrán generar reportes en tiempo real en las fechas señaladas en el artículo quinto transitorio.

III. Consideraciones de las Comisiones

Del análisis realizado con anterioridad, el mandato constitucional y los objetivos que se pretenden lograr con esta iniciativa, las dictaminadoras han advertido diversas disposiciones que deben ser modificadas con el fin de mejorar el contenido de la iniciativa y abonar al mejor cumplimiento de sus objetivos.

A) Definiciones.

Se realizó un análisis detenido de las definiciones de la Ley, en las que se advirtió la oportunidad de mejorar algunas de ellas en relación con la propuesta. En principio, las dictaminadoras realizaron una precisión de lenguaje en la fracción II, aclarando que el catálogo de cuentas es un documento técnico. Asimismo, se modificó la definición de entes públicos para abundar a la claridad en la inclusión de los tres poderes en los tres órdenes de gobierno.

La definición de intereses de la deuda se elimina, en virtud de que no se considera necesaria, pues se trata de un concepto genérico cuya definición no varía en relación con la aplicación de la Ley.

Por otra parte, se estimó necesario realizar modificaciones a las definiciones de los momentos contables, para lo cual se sustituyó la voz ``presupuesto'' por la de ``gasto'' con el fin de dar mayor congruencia a la Ley, toda vez que ésta regula los registros correspondientes a los ingresos y gastos. Por este motivo, se modificaron las fracciones XXIII a XXVI del artículo en comento, a las cuales también se dio una redacción más simple y coherente, recorriéndose, en consecuencia, en el orden alfabético del artículo cuatro para quedar como sigue:

B) Precisiones en el Consejo

Las dictaminadoras consideraron que, toda vez que en la integración del Consejo participan los titulares de las oficinas de las diferentes instancias que lo integran, es necesario modificar el artículo 8 para quedar como sigue:

Asimismo, se apreció que la facultad del Secretario Técnico contenida en la fracción XIV del artículo 11 de la iniciativa ya que se encuentra contenida en la fracción XII del mismo artículo, por lo que se elimina la referida fracción XIV.

C) Vinculación entre la operación contable y el ejercicio presupuestario.

Las comisiones dictaminadoras apreciaron que la iniciativa hace referencia a que el sistema contable integrará de forma automática el ejercicio presupuestario con la operación contable. Sin embargo, se hace notar que al inicio del ejercicio presupuestario existen algunas etapas que no necesariamente tienen un reflejo contable, por lo que es necesario precisar el momento contable en el que inicia la integración referida. El momento contable de inicio es el correspondiente al gasto devengado, por lo que se modifica el artículo 19 para quedar como sigue:

D) Plazo para la integración de bienes en el inventario físico

La lectura armónica de la iniciativa sugiere que cuando los sistemas contables se encuentren funcionando al cien por ciento, los registros se realizarán de forma automática. En tal virtud, las dictaminadoras consideran necesario precisar que el plazo de los 30 días se refiere a la integración de los bienes en el inventario físico y no a los registros, los cuales se realizan de forma automática. Adicionalmente, se estima que la baja de los bienes del inventario es automática por lo que no es necesario otorgar 30 días para que se realice esa operación.

E) Congruencia entre disposiciones de la Ley

Toda vez que las dictaminadoras realizaron modificaciones a las definiciones de los distintos momentos contables, se considera indispensable modificar el texto de la fracción I del artículo 38, a efecto de que guarde congruencia con las fracciones XXIII a XXVI del artículo IV.

F) Información periódica y cuenta pública

La generación de información periódica es una característica esencial de los sistemas contables, por tal motivo, las dictaminadoras consideraron que las disposiciones a este respecto deben ser lo suficientemente claras en su alcance. En este sentido, se modificó el artículo 46 a efecto de asentar claramente que existen tantos sistemas contables como unidades de contabilidad, por lo que es necesario referirse a ellos en el plural y no en el singular.

Adicionalmente, se observó que la iniciativa sometida a consideración de estas comisiones hace referencia a que los sistemas deben incluir la clasificación económica en el estado analítico de la deuda. Sin embargo, se estima que dada la naturaleza de la deuda, ésta no es susceptible de ser clasificada de forma económica, por lo que se elimina ese rubro.

Por otra parte, se determinó que la información clasificada por dependencia y entidad a que se refiere la fracción IV del artículo 46 de la iniciativa no es materia de los reportes periódicos que deben generar los sistemas, sino de la cuenta pública, por lo que se elimina de dicho artículo 46.

En congruencia con las modificaciones anteriores, fue necesario realizar las precisiones atinentes en el artículo 47, para quedar como sigue:

También en congruencia con lo anterior, se modifica el artículo 53 para quedar como sigue:

G) Transitoriedad

Al analizar la transitoriedad, se observa que existen plazos distintos entre la operación de los sistemas contables y el uso de la herramienta tecnológica. Se consideró necesario modificar el texto del artículo quinto, con el fin de aclarar que éste hace referencia al plazo de los municipios y los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal para operar los sistemas contables, mientras que el segundo párrafo del sexto hace referencia al uso de la herramienta tecnológica.

Se modifica el artículo tercero transitorio para darle congruencia con el artículo 9, fracción VII de la Ley que se dictamina.

Se modifica el sexto transitorio para mayor claridad en el alcance de la disposición:

H) Técnica Legislativa

En adición a las modificaciones referidas con anterioridad, se realizaron diversas modificaciones de estilo y se uniformaron diversos conceptos a lo largo del texto de la Ley.

La Comisiones consideraron modificar el nombre del Decreto en virtud de que se derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para quedar como sigue:

I) Opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y Dictamen de Impacto Presupuestario

Con fecha 6 de noviembre de 2008, mediante documento CPCP-1725-2008, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública emitió su opinión sobre la iniciativa en cuestión, en la que manifestó que ``La presente iniciativa de ley no implica impacto presupuestario debido a que las reformas, adiciones y modificaciones plasmadas en la iniciativa plantean atribuciones que ya realiza la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y que dan un marco institucional al sistema de contabilidad gubernamental y las acciones de carácter permanente para impulsar la contabilidad gubernamental de los Entes Públicos de los tres órdenes de Gobierno, por lo que no se contemplan erogaciones adicionales al Presupuesto de esta Secretaría''.

A su vez, el Centro de Estudios de la Finanzas Públicas, en su documento CEFP-879-08 concluye, en coincidencia con la opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Con base en lo anterior, las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública presentan al pleno de la honorable Cámara de Diputados, para su aprobación, el siguiente:

Decreto por el que se expide la Ley General de Contabilidad Gubernamental y se derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Artículo Primero. Se expide la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Ley General de Contabilidad Gubernamental

TÍTULO PRIMERO Objeto y Definiciones de la Ley

CAPÍTULO ÚNICO Disposiciones Generales

Artículo 1. La presente Ley es de orden público y tiene como objeto establecer los criterios generales que regirán la contabilidad gubernamental y la emisión de información financiera de los entes públicos, con el fin de lograr su adecuada armonización.

La presente Ley es de observancia obligatoria para los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación, los estados y el Distrito Federal; los ayuntamientos de los municipios; los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal; las entidades de la administración pública paraestatal, ya sean federales, estatales o municipales y los órganos autónomos federales y estatales.

Los gobiernos estatales deberán coordinarse con los municipales para que éstos armonicen su contabilidad con base en las disposiciones de esta Ley. Las entidades federativas deberán respetar los derechos de los municipios con población indígena, entre los cuales se encuentran el derecho a decidir las formas internas de convivencia política y el derecho a elegir, conforme a sus normas y, en su caso, costumbres, a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus propias formas de gobierno interno.

Artículo 2. Los entes públicos aplicarán la contabilidad gubernamental para facilitar el registro y la fiscalización de los activos, pasivos, ingresos y gastos y, en general, contribuir a medir la eficacia, economía y eficiencia del gasto e ingresos públicos, la administración de la deuda pública, incluyendo las obligaciones contingentes y el patrimonio del Estado.

Los entes públicos deberán seguir las mejores prácticas contables nacionales e internacionales en apoyo a las tareas de planeación financiera, control de recursos, análisis y fiscalización.

Artículo 3. La contabilidad gubernamental determinará la valuación del patrimonio del Estado y su expresión en los estados financieros.

Artículo 4. Para efectos de esta Ley se entenderá por:

Artículo 5. La interpretación de esta Ley, para efectos administrativos, corresponde a la Secretaría de Hacienda y a la Secretaría de la Función Pública, en el ámbito de sus respectivas atribuciones.

A falta de disposición expresa en esta Ley, se aplicará supletoriamente la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

TÍTULO SEGUNDO De la Rectoría de la Armonización Contable

CAPÍTULO I Del Consejo Nacional de Armonización Contable

Artículo 6. El consejo es el órgano de coordinación para la armonización de la contabilidad gubernamental y tiene por objeto la emisión de las normas contables y lineamientos para la generación de información financiera que aplicarán los entes públicos.

Los miembros del consejo y del comité no recibirán remuneración alguna por su participación en los mismos.

Artículo 7. Los entes públicos adoptarán e implementarán, con carácter obligatorio, en el ámbito de sus respectivas competencias, las decisiones que tome el consejo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 de esta Ley, dentro de los plazos que éste establezca.

Los gobiernos federal y de las entidades federativas publicarán en el Diario Oficial de la Federación y en los medios oficiales escritos y electrónicos de difusión locales, respectivamente, las normas que apruebe el consejo y, con base en éstas, las demás disposiciones que sean necesarias para dar cumplimiento a lo previsto en esta Ley.

Artículo 8. El consejo se integra por:

Los cuatro gobernadores de las entidades federativas, así como el representante de los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal durarán en su encargo 2 años. Los gobernadores ocuparán sus puestos en el consejo y serán sustituidos, en el orden alfabético de las entidades federativas que integren los respectivos grupos.

Los miembros del consejo podrán ser suplidos por servidores públicos que ocupen el puesto inmediato inferior al del respectivo miembro. Los gobernadores podrán ser suplidos únicamente por los respectivos secretarios de finanzas o equivalentes.

Artículo 9. El consejo tendrá las facultades siguientes:

Artículo 10. El consejo sesionará, cuando menos, tres veces en un año calendario. Su presidente, con apoyo del secretario técnico, realizará las convocatorias que estime pertinentes o resulten necesarias.

Las convocatorias se efectuarán por los medios que resulten idóneos, incluyendo los electrónicos y contendrán, cuando menos, lugar, fecha y hora de la celebración de la sesión, el orden del día y los temas que serán analizados.

Existe quórum para que sesione el consejo cuando se encuentren presentes, cuando menos, siete miembros, incluyendo al presidente del consejo.

Las decisiones se tomarán por mayoría de votos de los miembros del consejo presentes en la reunión. En caso de empate, el presidente del consejo tendrá el voto de calidad. Cuando se trate de proyectos normativos, los miembros del consejo deberán asentar en el acta correspondiente las razones del sentido de su voto en caso de que sea en contra.

Las sesiones del consejo se harán constar en actas que deberán ser suscritas por los miembros que participaron en ellas y se harán públicas a través de internet, en apego a las disposiciones aplicables en materia de transparencia y acceso a la información. El secretario técnico del consejo es responsable de la elaboración de las actas, la obtención de las firmas correspondientes, así como de su custodia y publicación.

CAPÍTULO II Del Secretario Técnico

Artículo 11. El titular de la unidad administrativa competente en materia de contabilidad gubernamental de la Secretaría de Hacienda fungirá como secretario técnico del consejo y tendrá las facultades siguientes:

CAPÍTULO III Del Comité Consultivo

Artículo 12. El comité se integra por:

Artículo 13. El comité tendrá las funciones siguientes, en términos de sus reglas de operación:

CAPÍTULO IV Del Procedimiento para la Emisión de Disposiciones y para el Seguimiento de su Cumplimiento

Artículo 14. Cuando el consejo o el secretario técnico adviertan la necesidad de emitir nuevas disposiciones o modificar las existentes, este último elaborará el proyecto respectivo.

El secretario técnico someterá el proyecto a opinión del comité, el cual contará con el plazo que se establezca en las reglas de operación para emitir las observaciones que considere pertinentes.

Si, transcurrido el plazo, el comité hubiera emitido observaciones, corresponde al secretario técnico incluir las que estime pertinentes. Una vez incluidas las observaciones o transcurrido el plazo sin que el comité las hubiere emitido, el secretario técnico someterá el proyecto a consideración del consejo para su aprobación.

En caso de que el consejo no apruebe el proyecto en cuestión o determine que deben realizarse modificaciones, devolverá el proyecto al secretario técnico para que realice los ajustes que correspondan.

El consejo, al emitir sus decisiones, tomará en cuenta las características de los municipios con población indígena para que se contribuya al desarrollo y mejoramiento de sus condiciones. Asimismo, el consejo debe asegurarse que sus disposiciones se emitan en pleno respeto a los derechos que la constitución otorga a los pueblos y las comunidades indígenas.

La Secretaría de Hacienda podrá emitir, previa opinión de la Secretaría de la Función Pública, en el ámbito federal, las disposiciones correspondientes, en tanto el consejo decide en definitiva sobre la aprobación del proyecto en cuestión.

Artículo 15. El secretario técnico publicará el plan anual de trabajo del consejo en el Diario Oficial de la Federación y en los medios oficiales de las entidades federativas.

El consejo deberá difundir oportunamente el contenido de los planes de trabajo, las actas de sus sesiones, sus acuerdos, el sentido de las votaciones y la demás información que considere pertinente.

El consejo, por conducto del secretario técnico, llevará un registro de los actos que, en los términos del artículo 7 de esta Ley, realicen los gobiernos de las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal para adoptar e implementar las decisiones del consejo. Para tales efectos, éstos deberán remitir la información relacionada a dichos actos, dentro de un plazo de 15 días hábiles contados a partir de la fecha en la que concluya el plazo que el consejo haya establecido para tal fin.

La información a que se refiere este artículo deberá publicarse en una página de internet desarrollada expresamente para esos efectos.

La Secretaría de Hacienda no podrá inscribir en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades y Municipios a que se refiere el artículo 9 de la Ley de Coordinación Fiscal, las obligaciones de entidades federativas y municipios que no se encuentren al corriente con las obligaciones contenidas en esta Ley. Para tal efecto, en las solicitudes de registro que presenten las entidades federativas y municipios deberán manifestar bajo protesta de decir verdad que cumplen con las obligaciones requeridas.

TÍTULO TERCERO De la Contabilidad Gubernamental

CAPÍTULO I Del Sistema de Contabilidad Gubernamental

Artículo 16. El sistema, al que deberán sujetarse los entes públicos, registrará de manera armónica, delimitada y específica las operaciones presupuestarias y contables derivadas de la gestión pública, así como otros flujos económicos. Asimismo, generará estados financieros, confiables, oportunos, comprensibles, periódicos y comparables, los cuales serán expresados en términos monetarios.

Artículo 17. Cada ente público será responsable de su contabilidad, de la operación del sistema; así como del cumplimiento de lo dispuesto por esta Ley y las decisiones que emita el consejo.

Artículo 18. El sistema estará conformado por el conjunto de registros, procedimientos, criterios e informes, estructurados sobre la base de principios técnicos comunes destinados a captar, valuar, registrar, clasificar, informar e interpretar, las transacciones, transformaciones y eventos que, derivados de la actividad económica, modifican la situación patrimonial del gobierno y de las finanzas públicas.

Artículo 19. Los entes públicos deberán asegurarse que el sistema:

Artículo 20. Los entes públicos deberán contar con manuales de contabilidad, así como con otros instrumentos contables que defina el consejo.

Artículo 21. La contabilidad se basará en un marco conceptual que representa los conceptos fundamentales para la elaboración de normas, la contabilización, valuación y presentación de la información financiera confiable y comparable para satisfacer las necesidades de los usuarios y permitirá ser reconocida e interpretada por especialistas e interesados en la finanzas públicas.

Artículo 22. Los postulados tienen como objetivo sustentar técnicamente la contabilidad gubernamental, así como organizar la efectiva sistematización que permita la obtención de información veraz, clara y concisa.

Los entes públicos deberán aplicar los postulados básicos de forma tal que la información que proporcionen sea oportuna, confiable y comparable para la toma de decisiones.

CAPÍTULO II Del Registro Patrimonial

Artículo 23. Los entes públicos deberán registrar en su contabilidad los bienes muebles e inmuebles siguientes:

Artículo 24. Los registros contables de los bienes a que se refiere el artículo anterior se realizarán en cuentas específicas del activo.

Artículo 25. Los entes públicos elaborarán un registro auxiliar sujeto a inventario de los bienes muebles o inmuebles bajo su custodia que, por su naturaleza, sean inalienables e imprescriptibles, como lo son los monumentos arqueológicos, artísticos e históricos.

Artículo 26. No se registrarán los bienes señalados en los artículos 27, párrafos cuarto, quinto y octavo; y 42, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; ni los de uso común en términos de la Ley General de Bienes Nacionales y la normativa aplicable.

En lo relativo a la inversión realizada por los entes públicos en los bienes previstos en las fracciones VII, X, XI y XIII del artículo 7 de la Ley General de Bienes Nacionales; se efectuará el registro contable de conformidad con lo que determine el consejo.

Artículo 27. Los entes públicos deberán llevar a cabo el levantamiento físico del inventario de los bienes a que se refiere el artículo 23 de esta Ley. Dicho inventario deberá estar debidamente conciliado con el registro contable. En el caso de los bienes inmuebles, no podrá establecerse un valor inferior al catastral que le corresponda.

Los entes públicos contarán con un plazo de 30 días hábiles para incluir en el inventario físico los bienes que adquieran. Los entes públicos publicarán el inventario de sus bienes a través de internet, el cual deberán actualizar, por lo menos, cada seis meses. Los municipios podrán recurrir a otros medios de publicación, distintos al internet, cuando este servicio no esté disponible, siempre y cuando sean de acceso público.

Artículo 28. Los registros contables reflejarán, en la cuenta específica del activo que corresponda, la baja de los bienes muebles e inmuebles. El consejo emitirá lineamientos para tales efectos.

Artículo 29. Las obras en proceso deberán registrarse, invariablemente, en una cuenta contable específica del activo, la cual reflejará su grado de avance en forma objetiva y comprobable.

Artículo 30. El consejo emitirá, para efectos contables, las disposiciones sobre registro y valuación del patrimonio que requiere la aplicación esta Ley.

Artículo 31. Cuando se realice la transición de una administración a otra, los bienes que no se encuentren inventariados o estén en proceso de registro y hubieren sido recibidos o adquiridos durante el encargo de su administración, deberán ser entregados oficialmente a la administración entrante a través de un acta de entrega y recepción. La administración entrante realizará el registro e inventario a que se refiere esta Ley.

Artículo 32. Los entes públicos deberán registrar en una cuenta de activo, los fideicomisos sin estructura orgánica y contratos análogos sobre los que tenga derecho o de los que emane una obligación.

CAPÍTULO III Del Registro Contable de las Operaciones

Artículo 33. La contabilidad gubernamental deberá permitir la expresión fiable de las transacciones en los estados financieros y considerar las mejores prácticas contables nacionales e internacionales en apoyo a las tareas de planeación financiera, control de recursos, análisis y fiscalización.

Artículo 34. Los registros contables de los entes públicos se llevarán con base acumulativa. La contabilización de las transacciones de gasto se hará conforme a la fecha de su realización, independientemente de la de su pago, y la del ingreso se registrará cuando exista jurídicamente el derecho de cobro.

Artículo 35. Los entes públicos deberán mantener un registro histórico detallado de las operaciones realizadas como resultado de su gestión financiera, en los libros diario, mayor, e inventarios y balances.

Artículo 36. La contabilidad deberá contener registros auxiliares que muestren los avances presupuestarios y contables, que permitan realizar el seguimiento y evaluar el ejercicio del gasto público y la captación del ingreso, así como el análisis de los saldos contenidos en sus estados financieros.

Artículo 37. Para el registro de las operaciones presupuestarias y contables, los entes públicos deberán ajustarse a sus respectivos catálogos de cuentas, cuyas listas de cuentas estarán alineadas, tanto conceptualmente como en sus principales agregados, al plan de cuentas que emita el consejo. Para tal propósito, se tomarán en consideración las necesidades de administración financiera de los entes públicos, así como las de control y fiscalización. Las listas de cuentas serán aprobadas por:

Artículo 38. El registro de las etapas del presupuesto de los entes públicos se efectuará en las cuentas contables que, para tal efecto, establezca el consejo, las cuales deberán reflejar:

Artículo 39. Serán materia de registro y valuación las provisiones que se constituyan para hacer frente a los pasivos de cualquier naturaleza, con independencia de que éstos sean clasificados como deuda pública en términos de la normativa aplicable. Dichas provisiones deberán ser revisadas y ajustadas periódicamente para mantener su vigencia.

Artículo 40. Los procesos administrativos de los entes públicos que impliquen transacciones presupuestarias y contables generarán el registro automático y por única vez de las mismas en los momentos contables correspondientes.

Artículo 41. Para el registro único de las operaciones presupuestarias y contables, los entes públicos dispondrán de clasificadores presupuestarios, listas de cuentas y catálogos de bienes o instrumentos similares que permitan su interrelación automática.

Artículo 42. La contabilización de las operaciones presupuestarias y contables deberá respaldarse con la documentación original que compruebe y justifique los registros que se efectúen.

El consejo aprobará las disposiciones generales al respecto, tomando en cuenta los lineamientos que para efectos de fiscalización y auditorías emitan la Secretaría de la Función Pública, la Auditoría Superior de la Federación y sus equivalentes a nivel estatal.

Artículo 43. Los entes públicos estarán obligados a conservar y poner a disposición de las autoridades competentes los documentos, comprobatorios y justificativos, así como los libros principales de contabilidad, de conformidad con los lineamientos que para tal efecto establezca el consejo.

TÍTULO CUARTO De la Información Financiera Gubernamental y la Cuenta Pública

CAPÍTULO I De la Información Financiera Gubernamental

Artículo 44. Los estados financieros y la información emanada de la contabilidad deberán sujetarse a criterios de utilidad, confiabilidad, relevancia, comprensibilidad y de comparación, así como a otros atributos asociados a cada uno de ellos, como oportunidad, veracidad, representatividad, objetividad, suficiencia, posibilidad de predicción e importancia relativa, con el fin de alcanzar la modernización y armonización que la Ley determina.

Artículo 45. Los entes públicos deberán expresar de manera destacada en sus estados financieros los esquemas de pasivos, incluyendo los que sean considerados deuda pública en términos de la normativa aplicable.

Artículo 46. En lo relativo a la Federación, los sistemas contables de las dependencias del poder Ejecutivo; los poderes Legislativo y Judicial; las entidades y los órganos autónomos permitirán, en la medida que corresponda, la generación periódica de los estados y la información financiera que a continuación se señala:

i. Corto y largo plazo, así como por su origen en interna y externa;ii. Fuentes de financiamiento;iii. Por moneda de contratación; yiv. Por país acreedor; i. Administrativa;ii. Económica y por objeto del gasto ; yiii. Funcional-programática;

Los estados analíticos sobre deuda pública y otros pasivos, y el de capital deberán considerar por concepto el saldo inicial del ejercicio, las entradas y salidas por transacciones, otros flujos económicos y el saldo final del ejercicio.

Artículo 47. En lo relativo a las entidades federativas, los sistemas contables de las dependencias del poder Ejecutivo; los poderes Legislativo y Judicial; las entidades y los órganos autónomos deberán producir, en la medida que corresponda, la información referida en el artículo anterior, con excepción de la fracción I, inciso g) de dicho artículo, cuyo contenido se desagregará como sigue:

Artículo 48. En lo relativo a los ayuntamientos de los municipios y los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, los sistemas deberán producir, como mínimo, la información contable y presupuestaria a que se refiere el artículo 46, fracción I, incisos a), b), c), e) y f); y fracción II, incisos a) y b).

Artículo 49. Las notas a los estados financieros son parte integral de los mismos; éstas deberán revelar y proporcionar información adicional y suficiente que amplíe y dé significado a los datos contenidos en los reportes, y cumplir con lo siguiente:

Artículo 50. El consejo emitirá los lineamientos en materia de integración y consolidación de los estados financieros y demás información presupuestaria y contable que emane de las contabilidades de los entes públicos.

Artículo 51. La información financiera que generen los entes públicos en cumplimiento de esta Ley será organizada, sistematizada y difundida por cada uno de éstos, al menos, trimestralmente en sus respectivas páginas electrónicas de internet, a más tardar 30 días después del cierre del período que corresponda, en términos de las disposiciones en materia de transparencia que les sean aplicables y, en su caso, de los criterios que emita el consejo. La difusión de la información vía internet no exime los informes que deben presentarse ante el Congreso de la Unión y las legislaturas locales, según sea el caso.

CAPÍTULO II Del Contenido de la Cuenta Pública

Artículo 52. Los estados financieros y demás información presupuestaria, programática y contable que emanen de los registros de los entes públicos, serán la base para la emisión de informes periódicos y para la formulación de la cuenta pública anual.

Los entes públicos deberán elaborar los estados de conformidad con las disposiciones normativas y técnicas que emanen de esta Ley o que emita el consejo.

Los estados correspondientes a los ingresos y gastos públicos presupuestarios se elaborarán sobre la base de devengado y, adicionalmente, se presentarán en flujo de efectivo.

Artículo 53. La cuenta pública del Gobierno Federal, que será formulada por la Secretaría de Hacienda, y las de las entidades federativas deberá atender en su cobertura a lo establecido en su marco legal vigente y contendrá como mínimo:

Artículo 54. La información presupuestaria y programática que forme parte de la cuenta pública deberá relacionarse, en lo conducente, con los objetivos y prioridades de la planeación del desarrollo. Asimismo, deberá incluir los resultados de la evaluación del desempeño de los programas federales, estatales, municipales y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, respectivamente, así como los vinculados al ejercicio de los recursos federales que les hayan sido transferidos.

Para ello, deberán utilizar indicadores que permitan determinar el cumplimiento de las metas y objetivos de cada uno de los programas, así como vincular los mismos con la planeación del desarrollo.

Adicionalmente se deberá presentar información por dependencia y entidad, de acuerdo con la clasificación establecida en la fracción IV del artículo 46 de esta Ley.

Artículo 55. Las cuentas públicas de los ayuntamientos de los municipios y de los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal deberán contener, como mínimo, la información contable y presupuestaria a que se refiere el artículo 48. Asimismo, de considerarlo necesario, el consejo determinará la información adicional que al respecto se requiera, en atención a las características de los mismos.

TÍTULO QUINTO

De Las Sanciones CAPÍTULO ÚNICO

Artículo 56. Los actos u omisiones que impliquen el incumplimiento a los preceptos establecidos en la presente Ley y demás disposiciones aplicables en la materia, serán sancionados de conformidad con lo previsto en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos; las leyes equivalentes de las entidades federativas, y las demás disposiciones aplicables en términos del Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de las constituciones de los estados y del Estatuto Orgánico del Distrito Federal.

Las responsabilidades administrativas se fincarán, en primer término, a quienes directamente hayan ejecutado los actos o incurran en las omisiones que las originaron y, subsidiariamente, a los que, por la naturaleza de sus funciones, hayan omitido la revisión o autorizado tales actos por causas que impliquen dolo, culpa o negligencia por parte de los mismos.

Artículo 57. Se sancionará en los términos de las disposiciones aplicables a los servidores públicos que incurran en alguno de los siguientes supuestos:

Las sanciones a que se refiere esta Ley se impondrán y exigirán con independencia de las responsabilidades de carácter político, penal o civil que, en su caso, lleguen a determinarse por las autoridades competentes.

Transitorios

Primero. La presente Ley entrará en vigor el 1 de enero de 2009.

Segundo. El presidente del consejo deberá instalarlo durante los primeros treinta días naturales posteriores a la entrada en vigor de este decreto.

Tercero. El consejo estará sujeto a los siguientes plazos:

Cuarto. En lo relativo a la Federación y las entidades federativas, la armonización de los sistemas contables de las dependencias del poder Ejecutivo; los poderes Legislativo y Judicial; las entidades y los órganos autónomos, se ajustará al desarrollo de los elementos técnicos y normativos definidos para cada año del horizonte previsto, de la siguiente forma:

Quinto. Los ayuntamientos de los municipios y los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal emitirán información periódica y elaborarán sus cuentas públicas conforme a lo dispuesto en el artículo 55 de esta Ley, a más tardar, el 31 de diciembre de 2012.

Sexto. En lo relativo a la Federación, los sistemas contables de las dependencias del poder Ejecutivo; los poderes Legislativo y Judicial; las entidades y los órganos autónomos deberán estar operando en tiempo real, a más tardar, el 31 de diciembre de 2011. En el caso de las entidades paraestatales del Gobierno Federal, dicho sistema deberá estar operando en las mismas condiciones a más tardar el 31 de diciembre de 2012.

Los sistemas de contabilidad gubernamental de las dependencias del poder Ejecutivo; los poderes Legislativo y Judicial; las entidades y los órganos autónomos de las entidades federativas; los ayuntamientos de los municipios y los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal deberán estar operando y generando en tiempo real estados financieros, sobre el ejercicio de los ingresos y gastos y sobre las finanzas públicas, a más tardar, el 31 de diciembre de 2012.

Séptimo. El inventario de bienes muebles e inmuebles a que se refiere esta Ley deberá estar integrado, a más tardar el 31 de diciembre de 2011, por las dependencias del poder Ejecutivo; los poderes Legislativo y Judicial; las entidades y los órganos autónomos de la Federación; y el 31 de diciembre de 2012, por las dependencias del poder Ejecutivo; los poderes Legislativo y Judicial; las entidades y los órganos autónomos de las entidades federativas; los ayuntamientos de los municipios y los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal.

Octavo. Desde la entrada en vigor de la presente Ley, hasta el 31 de diciembre de 2012, el consejo deberá publicar trimestralmente en internet la información sobre el cumplimiento de lo dispuesto en los artículos cuarto, quinto, sexto y séptimo transitorios de este decreto. Para tales efectos, la Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal proporcionarán al consejo la información que éste solicite.

El incumplimiento de lo dispuesto en los artículos cuarto, quinto, sexto y séptimo de esta Ley será sancionado por las autoridades competentes en términos de las disposiciones aplicables en materia de responsabilidad administrativa de los servidores públicos.

Noveno. En apoyo al cumplimiento de lo dispuesto en esta Ley, el Presupuesto de Egresos de la Federación podrá prever un fondo concursable para que la Secretaría de Hacienda otorgue subsidios a las entidades federativas y a los municipios, a través de éstas, que cumplan con lo siguiente:

El secretario técnico del consejo emitirá los lineamientos para el otorgamiento de los subsidios a que se refiere este artículo. En dichos lineamientos se considerarán requisitos especiales para los municipios con menos de veinticinco mil habitantes.

Décimo. Los gobiernos federal y de las entidades federativas formularán un programa de instrumentación de su proceso de transformación. Dicho programa se ajustará a las metas previstas en los artículos cuarto, sexto y séptimo transitorios, y lo presentarán al consejo en su primera reunión de 2009.

Décimo Primero. En tanto se expidan las normas contables correspondientes por parte del consejo, se continuará aplicando lo dispuesto en las disposiciones reglamentarias vigentes en la materia, en lo que no se oponga a la presente Ley.

Décimo Segundo. Cuando, en materia de contabilidad gubernamental, una disposición legal haga referencia a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se aplicará lo previsto en esta Ley.

Artículo Segundo. Se derogan el Título Quinto De la Contabilidad Gubernamental, los Capítulos I, De la Valuación del Patrimonio del Estado, II De los Catálogos de Cuentas y del Registro Contable de las Operaciones y III De la Formulación de Estados Financieros y los artículos 86 a 105 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para quedar como sigue:

TÍTULO QUINTO De la Contabilidad Gubernamental

CAPÍTULO I De la Valuación del Patrimonio del Estado

Artículos.- 86 a 92 derogados

CAPÍTULO II De los Catálogos de Cuentas y del Registro Contable de las Operaciones

Artículos.- 93 a 102 derogados

CAPÍTULO III De la Formulación de Estados Financieros

Artículos.- 103 a 105 derogados

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el 1 de enero de 2009.

Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo dispuesto en la ley que se expide a través del presente decreto.

Es de primera lectura.

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA - LEY DEL IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS - LEY DE COORDINACION FISCAL

La Secretaria diputada Margarita Arenas Guzmán: «Dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes del Impuesto sobre la Renta, del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, y de Coordinación Fiscal

Noviembre 12 de 2008

Honorable Asamblea:

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se somete a consideración de esta honorable Cámara de Diputados las iniciativas de reformas y adiciones a las Leyes del Impuesto sobre la Renta, sobre Tenencia o Uso de Vehículos, Federal sobre Automóviles Nuevos, al Valor Agregado y de Coordinación Fiscal, en la forma siguiente:

1. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción IX del artículo 95 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo del diputado Emilio Flores Domínguez , del Grupo Parlamentario del PAN, de fecha 17 de junio de 2008.

2. Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona la fracción VI al artículo 5o. y reforma el artículo 14-B de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos; adiciona la fracción IV al artículo 8o. de la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos; y adiciona la fracción X al artículo 9o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, a cargo de los diputados Jorge Emilio González Martínez , José Antonio Arévalo González y Diego Cobo Terrazas , del Grupo Parlamentario del PVEM, de fecha 30 de septiembre 2008.

3. Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un artículo transitorio al decreto por el que se reforma la tarifa del artículo 14 de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, presentada por el diputado Javier Guerrero García , del Grupo Parlamentario del PRI, el 23 de octubre de 2008.

4. Iniciativa que reforma el artículo 4-B de la Ley de Coordinación Fiscal, presentada por los diputados Tomás Gloria Requena , Marco Antonio Bernal Gutiérrez , Horacio Garza Garza , Enrique Cárdenas del Avellano y Miguel Ángel González Salum y la senadora Amira Gómez Tueme, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el 20 de agosto de 2008.

Esta Comisión que suscribe, con base en las facultades que le confieren los artículos 39, 44 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se abocó al análisis de las citadas iniciativas y conforme a las deliberaciones que sobre las mismas realizaron los miembros de esta Comisión de Hacienda y Crédito Público, reunidos en Pleno, presentan a esta honorable Asamblea el siguiente:

Dictamen

Antecedentes

1. En la sesión del 17 de junio de 2008, la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción IX del artículo 95 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo del diputado Emilio Flores Domínguez , del Grupo Parlamentario del PAN, para su estudio y dictamen.

2. En la sesión del 30 de septiembre de 2008, la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona la fracción VI al artículo 5o. y reforma el artículo 14-B de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos; adiciona la fracción IV al artículo 8o. de la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos; y adiciona la fracción X al artículo 9o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, a cargo de los diputados Jorge Emilio González Martínez , José Antonio Arévalo González y Diego Cobo Terrazas , del Grupo Parlamentario del PVEM, para su estudio y dictamen.

3. En la sesión del 23 de octubre de 2008, la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un artículo transitorio al decreto por el que se reforma la tarifa del artículo 14 de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, a cargo del diputado Javier Guerrero García , del Grupo Parlamentario del PRI, para su estudio y dictamen.

4. En sesión de la Comisión Permanente del 20 de agosto de 2008, se presentó la iniciativa que reforma el artículo 4-B de la Ley de Coordinación Fiscal, del diputado Tomás Gloria Requena , en nombre propio, de la senadora Amira Gómez Tueme y de los diputados Marco Antonio Bernal Gutiérrez , Horacio Garza Garza , Enrique Cárdenas del Avellano y Miguel Ángel González Salum , integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, turnándose a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para su estudio y dictamen.

Descripción de las iniciativas

1. La iniciativa presentada por el diputado Emilio Flores Domínguez del Grupo Parlamentario del PAN, propone reformar la fracción IX del artículo 95 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, con el fin de que los fondos de aseguramiento agropecuario y rural que no operen con terceros y siempre que no realicen gastos para la adquisición de negocios tales como premios, comisiones y otros semejantes, sean considerados como personas morales con fines no lucrativos para efectos del impuesto sobre la renta, es decir, como personas morales no contribuyentes dando a dichos fondos el mismo tratamiento fiscal que actualmente otorga la Ley del Impuesto sobre la Renta a las sociedades mutualistas de seguros que no operan con terceros.

2. La iniciativa presentada por los diputados Jorge Emilio González Martínez , José Antonio Arévalo González y Diego Cobo Terrazas , del Grupo Parlamentario del PVEM, incorpora exenciones o tratamientos preferenciales para los vehículos eléctricos e híbridos en materia de los impuestos sobre tenencia o uso de vehículos, federal sobre automóviles nuevos y al valor agregado, así como un impuesto por emisión de contaminantes, en los siguientes términos:

En materia del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos, se propone la creación de un impuesto sobre las emisiones de carbono, adicional al impuesto sobre tenencia, aplicable a los automóviles de año modelo 2009 en adelante, con tasas que oscilan entre 0% y 1% de acuerdo a dichas emisiones. Como complemento, la iniciativa propone que el impuesto sobre tenencia o uso de vehículos aplicable a vehículos eléctricos e híbridos nuevos se reduzca del 0.16% a 0%.

Respecto al impuesto federal sobre automóviles nuevos, se propone exentar de este impuesto a los vehículos eléctricos e híbridos.

En materia del impuesto al valor agregado se propone exentar de dicho impuesto a la enajenación de vehículos eléctricos e híbridos, y se menciona en la iniciativa que esta medida no mermará significativamente las finanzas públicas, debido a que la venta anual de este tipo de vehículos sería entre 10 y 100 unidades.

Los argumentos que se expresan en la exposición de motivos que sustentan esta iniciativa son, entre otros, los siguientes:

3. La Iniciativa presentada por el diputado Javier Guerrero García , del Grupo Parlamentario del PRI, señala que el 1o. de abril del año en curso, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforma la tarifa del artículo 14 de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos.

De acuerdo con su exposición de motivos, se menciona que el objetivo de dicha reforma, fue el que las motocicletas pagaran un impuesto menor que el que se calculaba con la tarifa anterior, sin embargo, al entrar en vigor esta reforma, las motocicletas de modelos 2007 y anteriores, pagarán un impuesto mayor que las motocicletas con el mismo valor de modelo 2008.

Por ello, el propósito de esta iniciativa, es corregir la forma de cálculo del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos, a efecto de que no pague más impuesto una motocicleta usada que una nueva.

4. La iniciativa que propone reformar el artículo 4-B de la Ley de Coordinación Fiscal, en la forma siguiente:

Consideraciones de la Comisión

1. En relación con la propuesta presentada por el diputado Emilio Flores Domínguez del Grupo Parlamentario del PAN, esta dictaminadora considera necesario mencionar que conforme a lo establecido en el artículo 3 de la Ley de Fondos de Aseguramiento Agropecuario y Rural (LFAAR), los fondos de aseguramiento son sociedades constituidas en los términos de la citada Ley y tienen por objeto ofrecer protección mutualista y solidaria a sus socios a través de operaciones activas de seguros y coaseguros. Las coberturas que pueden ofrecer se circunscriben a lo siguiente:

De acuerdo con lo establecido en el artículo 7 de la LFAAR, para la constitución de los fondos es necesaria la suscripción de un contrato social y los estatutos, mismos que deberán contenerse en escritura pública, la cual deberá establecer el carácter de sociedad sin fines de lucro del referido fondo. Además, conforme a lo establecido en la fracción II del artículo 7 de la citada Ley, el objeto social se deberá limitar al funcionamiento como fondo de aseguramiento.

Por su parte el artículo 8 de la LFAAR, señala que el registro para operar como fondo de aseguramiento será otorgado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, previo dictamen del Organismo Integrador --Asociaciones de Fondos de Aseguramiento que se constituyan en los ámbitos nacional, estatal y local, de conformidad con lo previsto en la Ley-- encargado de elaborar el dictamen respectivo sobre la procedencia para operar como fondo de aseguramiento.

Para ser socio de un fondo de aseguramiento, el artículo 26 de la LFAAR establece que se debe de tratar de personas físicas de nacionalidad mexicana en pleno ejercicio de sus derechos y que realicen actividades agrícolas o pecuarias, o que tengan residencia en el medio rural. En el caso de personas morales, éstas deben ser de nacionalidad mexicana con cláusula de exclusión de extranjeros, cuyo objeto social prevea la realización de actividades agrícolas o pecuarias, o del medio rural. Además, se exige no ser socio de otro fondo de aseguramiento, salvo que el fondo al que pertenezcan originalmente no pueda otorgarle los servicios de aseguramiento, lo cual se debe acreditar con la constancia respectiva que dicho fondo expida.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 29 de la LFAAR, los fondos de aseguramiento funcionarán de manera que las coberturas que practiquen no tengan fines de lucro para el mismo ni para sus socios y sólo podrán cobrar a éstos por concepto de cuota lo indispensable para sufragar los gastos generales que ocasione su gestión y las cuotas para sus organismos integradores, cubrir la prima de reaseguro y accesorios, constituir o incrementar conforme a la Ley las reservas técnicas necesarias para el cumplimiento de sus compromisos de aseguramiento con sus socios.

Es importante señalar, que conforme a lo dispuesto expresamente en el artículo 30 de la LFAAR, los fondos de aseguramiento únicamente pueden ofrecer servicio de seguros a sus socios, por lo que no pueden otorgar protección a terceras personas, señalando al respecto el artículo 74, fracción VIII de la citada Ley, que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá revocar el registro al fondo de aseguramiento que asegure a personas que no tengan el carácter de socio.

En tal sentido esta Dictaminadora concluye lo siguiente:

En este orden, la que dictamina estima correcta y adecuada la propuesta de reforma a la fracción IX del artículo 95 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a fin de incorporar a los fondos de aseguramiento agropecuario y rural, ya que con ello se estaría dando un tratamiento fiscal idéntico a sujetos que se encuentran en las mismas circunstancias, como lo son los citados fondos y las sociedades mutualistas de seguros que no operan con terceros.

En adición a lo anterior, es de mencionar que la reforma propuesta evita que exista arbitraje en relación con los fondos de aseguramiento y las sociedades mutualistas de seguros por razones de carácter fiscal, lo que daría neutralidad al sistema tributario en esta materia.

Sin perjuicio de lo anterior, esta Comisión considera necesario adicionar una coma después de la palabra ``Rural'', a efecto de clarificar que las condiciones establecidas para ser persona moral no contribuyente del ISR califican tanto a las sociedades mutualistas como a los fondos de aseguramiento rural, para quedar como sigue:

2. En relación con la propuesta presentada por los diputados Jorge Emilio González Martínez , José Antonio Arévalo González y Diego Cobo Terrazas , del Grupo Parlamentario del PVEM, en el sentido de establecer un impuesto sobre las emisiones de carbono a los automóviles nuevos de año modelo 2009 en adelante, la que dictamina considera que es inequitativa, ya que si el objeto de este nuevo gravamen son las emisiones de carbono, no se encuentra justificación objetiva alguna para que sólo se proponga gravar a las unidades de años más recientes, discriminando a las unidades usadas de años modelo anteriores a 2009, si todas ellas emiten contaminantes. Más aún si se considera que son las unidades de modelos recientes las que generalmente son más eficientes en el uso de combustibles y por lo tanto generan menores emisiones de carbono.

Por otra parte, incorporar un nuevo impuesto de carácter ecológico para gravar las emisiones de carbono en la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos cuyo objeto es gravar precisamente la tenencia o uso de vehículos, además de que podría complicar su estructura, debe diseñarse sobre bases y criterios distintos a los que toman en consideración el valor del vehículo.

Asimismo, debe mencionarse que este nuevo impuesto de carácter ecológico, debe vincularse con una serie de disposiciones que precisen, en materia de emisiones de carbono, su clasificación, definiciones aplicables, criterios, así como los lineamientos y procedimientos para su medición y control. Por ello, se considera necesario que exista este marco de disposiciones administrativas aplicables a las emisiones de carbono, para que una propuesta de carácter ecológico pueda ser viable.

En cuanto a la propuesta de reducir la tasa del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos aplicable a vehículos nuevos eléctricos e híbridos, de 0.16% a 0%, esta Dictaminadora la considera adecuada, en virtud de que se refuerza la medida que hoy día se fomenta con la citada tasa de 0.16% para la adquisición de este tipo de unidades que son menos contaminantes y que utilizan menor cantidad de combustible, lo que significa disminuir las emisiones totales de gases contaminantes, contribuyendo así a lograr una mejora ambiental, al tiempo que permitirá ahorrar recursos. Por ello, se considera que ya no sería necesaria la precisión del segundo párrafo del artículo 14-B de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, por lo que se propone su derogación. No obstante lo anterior, la que dictamina considera conveniente reformar el primer párrafo del citado artículo 14-B para precisar que los automóviles eléctricos nuevos a los que se les aplicará la tasa del 0% del impuesto son, además de aquellos que cuenten con motor de combustión interna, también aquellos que sean accionados por hidrógeno.

En este sentido, la redacción del primer párrafo del artículo 14-B quedaría en la siguiente forma:

Por otra parte, respecto a la exención del pago del impuesto sobre automóviles nuevos a la enajenación o importación de automóviles eléctricos e híbridos, es importante señalar que en materia de estímulos fiscales, las Leyes de Ingresos de la Federación de los ejercicios fiscales de 2003 y hasta la fecha, e incluso en la propia iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal para 2009 y que fue aprobada por las Cámaras de Diputados y Senadores el pasado mes de octubre, han contemplado la exención del pago del citado impuesto sobre automóviles nuevos que se cause a cargo de las personas físicas o morales que enajenen al público en general o que importen definitivamente en los términos de la Ley Aduanera, automóviles cuya propulsión sea a través de baterías eléctricas recargables, así como de aquellos eléctricos que además cuenten con motor de combustión interna.

Por lo anterior, la que dictamina considera conveniente que la exención del impuesto sobre automóviles nuevos aplicable a automóviles eléctricos e híbridos continúe como un estímulo, tal como se establece actualmente.

En cuanto a la exención que se propone en la Ley del Impuesto al Valor Agregado, esta Dictaminadora considera que técnicamente no es conveniente otorgar tratamientos diferenciados preferenciales a ciertos bienes y servicios con un fin extrafiscal, tal como sucede en la iniciativa en comento, ya que va en contra del objetivo de la política tributaria de mejorar el diseño del impuesto.

También se considera que exentar del impuesto al valor agregado la enajenación de automóviles eléctricos e híbridos nuevos sería una disposición regresiva en la medida que la población beneficiada sería exclusivamente aquella de mayores ingresos, ya que es justamente este segmento de la población la que tiene el poder adquisitivo para comprar este tipo de vehículos.

Si bien en el corto plazo, la exención del impuesto al valor agregado por la enajenación de vehículos eléctricos e híbridos nuevos, podría implicar un reducido costo recaudatorio, en el mediano y largo plazos dicho sacrificio fiscal podría incrementarse en la medida en que los adelantos tecnológicos permitan sustituir en su totalidad la actual flota vehicular por vehículos eléctricos e híbridos.

Ahora bien, no obstante que en la iniciativa que se dictamina se plantea que en un futuro, cuando exista una amplia penetración en el mercado de este tipo de vehículos, el legislador podría eliminar la referida exención, debe tomarse en cuenta que la experiencia muestra que una vez implementado un tratamiento preferencial en el impuesto al valor agregado, difícilmente es eliminado.

Por otra parte, considerando que la iniciativa que se dictamina otorga la exención en el impuesto al valor agregado a la enajenación de vehículos eléctricos e híbridos nuevos, se estaría dando un tratamiento inequitativo dado que la enajenación de vehículos eléctricos e híbridos seminuevos o de segunda compra que se realice entre empresas, estaría gravada a la tasa general.

Por último, si bien actualmente los vehículos eléctricos e híbridos son importados en su totalidad, cuando la industria automotriz nacional tenga la capacidad de producir dichos vehículos, los productores nacionales enfrentarían la carga fiscal que significaría la imposibilidad de acreditar el impuesto al valor agregado que les haya sido trasladado por la adquisición de sus insumos, así como de maquinaria y equipo, de tal forma que se afectaría la competitividad de los productores nacionales de dicho tipo de vehículos, respecto de productores extranjeros.

En este sentido, esta medida afectaría la competitividad de los productores nacionales que existan en su momento, ya que en el caso de la importación el precio se encontraría libre de impuestos al aplicar en el país de origen el principio de imposición en los países de consumo, mientras que los productores nacionales enfrentarían la carga fiscal que significaría la imposibilidad de acreditar el impuesto al valor agregado que les haya sido trasladado.

3. En relación con la propuesta presentada por el diputado Javier Guerrero García , del Grupo Parlamentario del PRI, sobre la determinación del impuesto sobre tenencia o uso de motocicletas usadas, que establece que dicho impuesto se determinará para el año de 2009, aplicando al impuesto pagado en 2009 de una unidad nueva cuyo precio sea semejante al valor de factura, el 10% por cada año de antigüedad hasta el año 2012, la que dictamina observa que dicha propuesta tiene como objeto corregir que las unidades usadas paguen un impuesto mayor que las motocicletas nuevas, situación derivada de la aplicación de la tarifa para motocicletas nuevas aprobada y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de abril de 2008.

Sin embargo, esta Dictaminadora considera que en los términos en los que se propone la reforma, presenta algunas inconsistencias. En efecto, la tabla propuesta prevé que el impuesto sobre tenencia o uso de vehículos se pagará hasta el 2012, cuando en realidad se prevé que se pague hasta 2011.

También se observa que en la iniciativa no se establece para efectos de los ejercicios fiscales de 2010 y 2011, la forma de cálculo del impuesto para las unidades años 2009 y 2010.

Por otra parte, el impuesto sobre tenencia o uso de vehículos no se calculó considerando 9 años modelos anteriores como lo establece la Ley, y tampoco se establece la forma en la que se resolverá el supuesto de aquellas motocicletas cuyos precios no sean semejantes.

No obstante lo anterior, la que dictamina está de acuerdo en corregir el problema planteado en la iniciativa. Al respecto, y con el propósito de que el impuesto sobre tenencia o uso de vehículos de motocicletas usadas sea equitativo respecto de la nueva tarifa de motocicletas nuevas, para determinar este impuesto se propone aplicar al valor total de la unidad un factor de depreciación, de acuerdo al año modelo de la motocicleta.

A la cantidad obtenida conforme al procedimiento descrito se le aplicará la tarifa a que hace referencia el artículo 14 de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos.

Finalmente, para efectos de la depreciación mencionada, se propone que los años de antigüedad se calculen con base en el número de años transcurridos a partir del año modelo al que corresponda el vehículo.

Por lo anterior, se propone adicionar un artículo 15-E a la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, con la siguiente redacción:

Artículo 15-E. Tratándose de motocicletas de fabricación nacional o importadas, de hasta nueve años modelo anteriores al de aplicación de esta Ley, el impuesto será el que resulte de aplicar el procedimiento siguiente:

El valor total de la motocicleta se multiplicará por el factor de depreciación, de acuerdo al año modelo de la motocicleta, de conformidad con la siguiente:

Tabla

1 0.9 2 0.8 3 0.7 4 0.6 5 0.5 6 0.4 7 0.3 8 0.2

9 0.1

Derivado de la adición de este artículo, cuyo propósito es establecer la mecánica de cálculo del impuesto específicamente para las motocicletas usadas, es necesario eliminar del primer párrafo del artículo 15-B de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, la referencia que se hace a las motocicletas. Por lo anterior, la redacción que se propone del citado primer párrafo del artículo 15-B, quedaría de la siguiente forma:

Con la aplicación del procedimiento anterior, se logrará que el impuesto sobre tenencia o uso de motocicletas usadas sea equitativo respecto de los pagos resultantes de aplicar la tarifa de este impuesto a las motocicletas nuevas, y se estima que esta medida representará una menor recaudación por concepto de este impuesto por alrededor de 42 millones de pesos.

4. La exposición de motivos de la Iniciativa que reforma el artículo 4-B de la Ley de Coordinación Fiscal, señala entre otras cosas que:

Derivado de lo anterior, esta dictaminadora, coincide parcialmente con el contenido de la iniciativa que se dictamina, por lo que estima conveniente formular diversas modificaciones a la misma, atendiendo a los siguientes razonamientos:

El pacto fiscal vigente ha generado que los recursos administrados por las entidades federativas estén constituidos de manera importante de transferencias del Gobierno Federal, tal y como puede apreciarse a continuación:

Además, existe una parte importante del gasto federal que se ejecuta en las entidades federativas en forma de inversión pública y programas federales sociales, lo que incrementa los beneficios que dichas entidades reciben, sin que esos recursos se contabilicen como transferencias ya que son ejercidos y administrados por el Gobierno Federal.

Como puede apreciarse, alrededor del 90% de los recursos de las entidades federativas provienen de recursos federales, lo cual pone de manifiesto los grandes beneficios del sistema de coordinación fiscal vigente para dichas entidades.

En adición a lo anterior y consciente de la necesidad de adecuar nuestro pacto fiscal, a finales de 2007, el Congreso de la Unión aprobó una reforma hacendaria a través de la cual se fortaleció de forma importante el federalismo fiscal mexicano, a través de una expansión de las facultades tributarias de las entidades federativas y una simplificación de las fórmulas de distribución de las transferencias federales (participaciones y aportaciones). Gracias a esta reforma, las entidades federativas han aumentado sustancialmente sus participaciones federales en más de un 20 por ciento en lo que va del año con respecto al mismo periodo de 2007.

En ese orden de ideas, incrementar el porcentaje de conformación del Fondo de Extracción de Hidrocarburos de 0.46 por ciento a 2 por ciento del importe obtenido por el derecho ordinario sobre hidrocarburos pagado por Pemex Exploración y Producción, en términos de lo previsto en el artículo 254 de la Ley Federal de Derechos, como lo plantea la iniciativa, resulta económicamente inviable, ya que generaría un desequilibrio presupuestario pues implicaría una afectación a las finanzas federales de aproximadamente 9,500 millones de pesos. Lo anterior, necesariamente traería consigo un ajuste significativo al Presupuesto de Egresos de la Federación 2009 con lo que se reduciría el gasto destinado a programas prioritarios tales como seguridad, educación, salud y pobreza, por lo anterior la Comisión dictaminadora considera que la propuesta de reforma en los términos planteados no es de aprobarse.

La que dictamina, tomando en consideración que con el régimen fiscal de Petróleos Mexicanos, la caída en la plataforma de producción y la disminución en los precios experimentados en últimas fechas se traducirá en menores ingresos destinados para el Fondo de Extracción de Hidrocarburos y, por consiguiente, para la atención de los efectos que ocasiona la extracción de hidrocarburos en las entidades federativas, esta dictaminadora estima conveniente incrementar el porcentaje de conformación de dicho fondo de un 0.46 a un 0.6 por ciento, del importe obtenido por el derecho ordinario sobre hidrocarburos pagado por Pemex Exploración y Producción, en términos de lo previsto en el artículo 254 de la Ley Federal de Derechos.

Ahora bien, por lo que respecta a la nueva distribución del Fondo de Extracción de Hidrocarburos propuesta en la iniciativa, esta comisión dictaminadora considera conveniente realizar ajustes a la fórmula hoy vigente, a fin de que la entrega de los recursos se realice en función de los volúmenes de extracción obtenidos a razón de 50 por ciento por crudo y 50 por ciento por gas, lo que se traducirá en una distribución más equitativa que refleje la importancia que en los últimos años ha adquirido la extracción de gas en el país.

No obstante, esta dictaminadora considera improcedente ampliar la distribución del fondo a entidades donde se realice la producción de petrolíferos y petroquímicos básicos, ya que el origen para el cual fue creado el fondo fue resarcir exclusivamente a las entidades federativas que forman parte de la clasificación de extracción de petróleo y gas definida en el último censo económico realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, por ser esas entidades las que mayores efectos negativos recienten de la extracción de los citados hidrocarburos. Además, en el Sistema de Información Energética no existen datos por entidad federativa del valor de producción de petrolíferos, ni de petroquímicos, por lo que no sería posible realizar el cálculo de la distribución en los términos propuestos en la Iniciativa. Por tanto, tampoco es procedente modificar la denominación del fondo.

Finalmente, esta dictaminadora también considera improcedente establecer un destino específico para los recursos que las entidades federativas reciben del Fondo de Extracción de Hidrocarburos, habida cuenta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha declarado inconstitucionales aquellas disposiciones federales que establecen un destino específico para las participaciones federales a que hace referencia el artículo 73, fracción XXIX, numeral 5 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que son recursos que entran dentro de la de libre administración de las haciendas públicas locales.

En consecuencia, se aprueba una modificación a los párrafos primero y segundo del artículo 4-B de la Ley de Coordinación Fiscal para quedar en los siguientes términos:

Por las razones expuestas, la Comisión de Hacienda y Crédito Público somete a consideración del Pleno de esta honorable Asamblea el siguiente

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos y de la Ley de Coordinación Fiscal

Artículo Primero. Se reforma la fracción IX del artículo 95 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para quedar como sigue:

Artículo 95. ...

...

Artículo Segundo. Se reforman los artículos 14-B y 15-B, primer párrafo, y se adiciona el artículo 15-E, a la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, para quedar como sigue:

Artículo 14-B. Tratándose de automóviles eléctricos nuevos, así como de aquellos eléctricos nuevos, que además cuenten con motor de combustión interna o con motor accionado por hidrógeno, el impuesto se pagará a la tasa de 0%.

Artículo 15-B. Tratándose de vehículos de fabricación nacional o importados, a que se refieren los artículos 5o., fracción IV y 14-B de esta Ley, así como de aeronaves, excepto automóviles destinados al transporte de hasta quince pasajeros, el impuesto será el que resulte de multiplicar el importe del impuesto causado en el ejercicio fiscal inmediato anterior por el factor que corresponda conforme a los años de antigüedad del vehículo, de acuerdo con la siguiente:

...

Artículo 15-E. Tratándose de motocicletas de fabricación nacional o importadas, de hasta nueve años modelo anteriores al de aplicación de esta Ley, el impuesto será el que resulte de aplicar el procedimiento siguiente:

El valor total de la motocicleta se multiplicará por el factor de depreciación, de acuerdo al año modelo de la motocicleta, de conformidad con la siguiente:

Tabla

1 0.9 2 0.8 3 0.7 4 0.6 5 0.5 6 0.4 7 0.3 8 0.2

9 0.1

A la cantidad obtenida conforme al párrafo anterior, se le aplicará la tarifa a que hace referencia el artículo 14 de esta Ley.

Para efectos de la depreciación a que se refiere este artículo, los años de antigüedad se calcularán con base en el número de años transcurridos a partir del año modelo al que corresponda la motocicleta.

Artículo Tercero. Se reforma el primer párrafo del artículo 4-B de la Ley de Coordinación Fiscal, para quedar como sigue:

Artículo 4o-B. El Fondo de Extracción de Hidrocarburos estará conformado con el 0.6 por ciento del importe obtenido por el derecho ordinario sobre hidrocarburos pagado por Pemex Exploración y Producción, en términos de lo previsto en el artículo 254 de la Ley Federal de Derechos.

El Fondo a que se refiere este artículo será distribuido entre aquellas entidades federativas que formen parte de la clasificación de extracción de petróleo y gas definida en el último censo económico realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, de acuerdo a la fórmula siguiente:

En donde FEXHIt se refiere al Fondo de Extracción de Hidrocarburos en el año a repartir.

es el coeficiente relativo a la extracción de petróleo y gas.

es el coeficiente relativo a la producción de gas asociado y no asociado.

EXP^i, es el valor de extracción bruta de los hidrocarburos de la entidad federativa i conforme a la clasificación de extracción de petróleo y gas definida en el último censo económico realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

EXG^i, es el volumen de producción de gas natural asociado y no asociado de la entidad federativa i, en el año anterior para el cual se realiza el cálculo, según el Sistema de Información Energética.

es la sumatoria de la variable que le sigue, sobre las entidades que formen parte de la clasificación de extracción de petróleo y gas definida en el último censo económico realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

...

...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el 1 de enero de 2009.

Es de primera lectura.

LEY GENERAL DE SALUD

La Secretaria diputada Margarita Arenas Guzmán: «Dictamen de la Comisión de Salud, con proyecto de decreto que reforma el artículo 184 de la Ley General de Salud

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados fue turnada, para su estudio y posterior dictamen, la minuta proyecto de decreto que reforma el artículo 184 de la Ley General de Salud.

La Comisión de Salud, con fundamento en las atribuciones que le otorga los artículos 39, numerales 1o. y 3o., 43, 44, 45 y los demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, 56, 60, 87, 88, 89 y 93 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen, de acuerdo con la siguiente

Metodología

La comisión encargada del análisis y dictamen de la iniciativa mencionada anteriormente, desarrolla su trabajo conforme el procedimiento que a continuación se describe:

I. Antecedentes

En sesión celebrada con fecha 26 de abril de 2007, el Senador Javier Orozco Gómez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó ante el Pleno de la Cámara de Senadores, la iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Salud.

El 20 de septiembre de 2007, se sometió a discusión del pleno de la Cámara de Senadores, el dictamen respectivo, el cual fue aprobado y turnado a la Cámara de Diputados para los efectos constitucionales.

En sesión celebrada con fecha 25 de septiembre de 2007, por la Cámara de Diputados, se dio cuenta del oficio que contiene la Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 184 de la Ley General de Salud.

Con la misma fecha, la Mesa Directiva turnó la minuta mencionada a la Comisión de Salud para su estudio y posterior Dictamen.

II. Contenido

Según el dictamen de la colegisladora, es de vital importancia considerar la capacitación y actualización continua de las mismas, así como proporcionarles las herramientas necesarias para el adecuado desempeño de sus funciones, lo que ayudará a disminuir los daños en la población mexicana.

Por lo que la minuta objeto del presente dictamen, pretende reformar el artículo 184 de la Ley General de Salud para establecer la obligación de ``mantener permanentemente capacitadas y actualizadas'' las brigadas especiales de las que habla el precepto.

III. Consideraciones

Como lo señala el dictamen de la colegisladora, el artículo 4o. constitucional, en su párrafo tercero garantiza el derecho de la protección de la salud. En congruencia con dicho precepto se crea la Ley General de Salud.

La ley en comento en su Título Décimo, denominado ``Acción Extraordinaria en Materia de Salubridad General'', establece las acciones, obligaciones y facultades de la Secretaría de Salud en situaciones de emergencia.

La minuta señala la necesidad de contar con brigadas continuamente capacitadas ya que nuestro país se ve constantemente amenazado por fenómenos naturales que ponen en riesgo la salud de la población. A pesar de que el propósito es loable, de aprobarse la minuta tendría un incremento en le gasto; por lo que es necesario atender otras consideraciones.

Las brigadas especiales de salud, se constituyen con personal adscrito a la Dirección de Urgencias Epidemiológicas y Desastres del Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica y Control de Enfermedades.

Estas brigadas son un grupo multidisciplinario y con diversas funciones que participan en los programas de vigilancia epidemiológica activa de enfermedades transmisibles y no transmisibles, urgencias epidemiológicas, desastres naturales, desastres provocados por el hombre e inclusive operativos especiales.

Las tareas que desempeña el personal referido requiere continua capacitación con el objetivo de no verse rebasados por los avances científicos y tecnológicos en su campo de acción.

Para su capacitación, el personal requiere cursos en materias como toma de muestras serológicas, asistencia sanitaria, primeros auxilios, respuesta a emergencias mayores y desastres, sistemas cartográficos, diseño e impartición de cursos, promoción de la salud, actualizaciones para el tratamiento de enfermedades como cólera, enfermedades transmisibles por vector, etcétera. Todos estos cursos se verán reflejados en una mejor y más eficaz respuesta del personal ante las emergencias epidemiológicas, desastres naturales y las demás actividades a su cargo.

Es primordial para el personal contar con programas de capacitación continua para elevar el nivel de competencia profesional y su eficiente desarrollo, siendo no sólo un beneficio para los brigadistas, sino para la sociedad que será la primera favorecida con un personal mejor preparado.

Según estimaciones de la Secretaría de Salud el costo anual estimado para fines de capacitación del personal dedicado a las Brigadas Especiales, ascendería a $ 800, 000.00, presupuesto que garantizaría que por lo menos 1 de cada cien brigadistas tenga acceso a dos cursos de capacitación por año.

Los integrantes de la Comisión de Salud de la honorable Cámara de Diputados, coincidimos con la colegisladora en su apreciación de la necesidad de dotar a las brigadas especiales de capacitación continua.

Por las consideraciones anteriormente expuestas y para efecto de lo dispuesto por el artículo 72, inciso A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de la Comisión de Salud de la LX Legislatura ponemos a consideración de la asamblea el siguiente proyecto de

Decreto que reforma el artículo 184 de la Ley General de Salud

Artículo Único. Se reforma el artículo 184 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 184. La acción extraordinaria en materia de salubridad general será ejercida por la Secretaría de Salud, la que deberá integrar y mantener permanentemente capacitadas y actualizadas brigadas especiales que actuarán bajo su dirección y responsabilidad y tendrán las atribuciones siguientes:

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Es de primera lectura.

PERMISOS PARA PRESTAR SERVICIOS EN REPRESENTACIONES DIPLOMATICAS

La Secretaria diputada Margarita Arenas Guzmán: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.--- Comisión de Gobernación.

Honorable Asamblea:

En oficio de fecha 16 de octubre del año en curso, la honorable Cámara de Senadores remite el expediente con minuta proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Gilberto Antonio de la Fuente Morales, Mariana Zayas Chávez y Juan Carlos Barua Olivo para prestar servicios en la Embajada de Estados Unidos de América en México y en sus consulados en Tijuana, Baja California, y en Ciudad Juárez, Chihuahua, respectivamente.

En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el 21 de octubre se turnó a la suscrita comisión, para estudio y dictamen, el expediente relativo.

Considerandos

Por lo expuesto, la comisión se permite someter a consideración de la honorable asamblea el siguiente proyecto de

Decreto

Artículo Primero. Se concede permiso al ciudadano Gilberto Antonio de la Fuente Morales para prestar servicios como empleado de visas en la Embajada de Estados Unidos de América en México.

Artículo Segundo. Se concede permiso a la ciudadana Mariana Zayas Chávez para prestar servicios como asistente administrativo (administrative assistant) en el Consulado de Estados Unidos de América, en Tijuana, Baja California.

Artículo Tercero. Se concede permiso al ciudadano Juan Carlos Barua Olivo para prestar servicios como investigador consular en el Consulado de Estados Unidos de América, en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Es de primera lectura.

PERMISOS PARA ACEPTAR Y USAR CONDECORACIONES

La Secretaria diputada Margarita Arenas Guzmán: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.--- Comisión de Gobernación.

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Gobernación, que suscribe, fue turnado para estudio y dictamen el expediente con las minutas proyecto de decreto que conceden permiso al capitán de corbeta CG Érick Rigel Márquez Márquez y al vicealmirante CG DEM Manuel Paulin Fritsche para que puedan aceptar y usar las condecoraciones que, en diferentes grados, les confieren la Armada de la República de Argentina y la Marina del Gobierno de la República de Brasil, respectivamente.

La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de conformidad con lo que establecen la fracción III del Apartado C del artículo 37 constitucional y el segundo párrafo del artículo 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a consideración de la honorable asamblea el siguiente

Proyecto de Decreto

Artículo Primero. Se concede permiso al capitán de corbeta CG Érick Rigel Márquez Márquez para que pueda aceptar y portar la placa Premio Director de la Escuela de Oficiales de la Armada, que le confiere la Armada de la República de Argentina.

Artículo Segundo. Se concede permiso al vicealmirante CG DEM Manuel Paulin Fritsche para que pueda aceptar y usar la medalla Mérito Tamandaré, que le otorga la Marina del Gobierno de la República de Brasil.

Es de primera lectura.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.--- Comisión de Gobernación.

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Gobernación, que suscribe, fue turnado para estudio y dictamen el expediente con las minutas proyectos de decreto por los que se conceden permiso al teniente coronel de infantería Diplomado de Estado Mayor Filiberto Oropeza Fabián, para que pueda aceptar y usar la Medalla de la Defensa Nacional, en grado de Échelon Argent (categoría plata); al capitán de navío CG Diplomado de Estado Mayor Luis Mario Ramón Bravo Román, para que pueda aceptar y usar la medalla de la Defensa Nacional, en grado de Échelon Or, (categoría oro); coronel de Caballería Diplomado de Estado Mayor Homero Mendoza Ruiz, para que pueda aceptar y usar la Medalla de la Defensa Nacional, en grado de Échelon Or (categoría oro); vicealmirante CG Diplomado de Estado Mayor Guillermo Colina Torres, para que pueda aceptar y usar la Medalla de la Defensa Nacional, en grado de Échelon Or, que les otorga el Ministerio de la Defensa del gobierno de la República de Francia.

La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de conformidad con lo que establecen la fracción III del Apartado C, del artículo 37 constitucional y el segundo párrafo del artículo 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a la aprobación de la honorable asamblea el siguiente

Proyecto de Decreto

Artículo Primero. Se concede permiso al teniente coronel de infantería Diplomado de Estado Mayor Filiberto Oropeza Fabián para que pueda aceptar y usar la Medalla de la Defensa Nacional, en grado de Échelon Argent (categoría plata), que le otorga el Ministerio de la Defensa del gobierno de la República de Francia.

Artículo Segundo. Se concede permiso al capitán de navío CG Diplomado de Estado Mayor Luis Mario Ramón Bravo Román para que pueda aceptar y usar la Medalla de la Defensa Nacional, en grado de Échelon Or (categoría oro), que le otorga el Ministerio de la Defensa del gobierno de la República de Francia.

Artículo Tercero. Se concede permiso al coronel de caballería Diplomado de Estado Mayor Homero Mendoza Ruiz para que pueda aceptar y usar la Medalla de la Defensa Nacional, en grado de Échelon Or (categoría oro), que le otorga el Ministerio de la Defensa del gobierno de la República de Francia.

Artículo Cuarto. Se concede permiso al vicealmirante CG Diplomado de Estado Mayor Guillermo Colina Torres para que pueda aceptar y usar la Medalla de la Defensa Nacional, en grado de Échelon Or, que le otorga el Ministerio de la Defensa del gobierno de la República de Francia.

Es de primera lectura.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.--- Comisión de Gobernación.

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Gobernación, que suscribe, el 21 de octubre de 2008 fueron turnados para estudio y dictamen los expedientes con las minutas proyectos de decreto por los que se concede permiso para que puedan aceptar y usar las condecoraciones los ciudadanos Lorenzo H. Zambrano Treviño, de la Orden de Isabel la Católica, en grado de Encomienda; Francisco Javier Garciadiego Dantán, Isaac José Woldenberg Karakowsky, José Mario Molina Pasquel y Henríquez, Enrique Krauze Kleinbort, de la Orden de Isabel la Católica, en grado de Gran Cruz; e Ignacio Bonilla Arroyo, de la encomienda de la Orden del Mérito Civil, que les otorga el gobierno del Reino de España.

La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de conformidad con lo establecido en la fracción III del Apartado C, del artículo 37 constitucional, y en el artículo 60, segundo párrafo, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a consideración de la honorable asamblea el siguiente proyecto de

Decreto

Artículo Primero. Se concede permiso al ciudadano Lorenzo H. Zambrano Treviño para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden de Isabel la Católica, en grado de Encomienda, que le otorga el gobierno del Reino de España.

Artículo Segundo. Se concede permiso al ciudadano Francisco Javier Garciadiego Dantán para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden de Isabel la Católica, en grado de Gran Cruz, que le otorga el gobierno del Reino de España.

Artículo Tercero. Se concede permiso al ciudadano Isaac José Woldenberg Karakowsky para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden de Isabel la Católica, en grado de Gran Cruz, que le otorga el gobierno del Reino de España.

Artículo Cuarto. Se concede permiso al ciudadano José Mario Molina Pasquel y Henríquez para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden de Isabel la Católica, en grado de Gran Cruz, que le otorga el gobierno del Reino de España.

Artículo Quinto. Se concede permiso al ciudadano Enrique Krauze Kleinbort para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden de Isabel la Católica, en grado de Gran Cruz, que le otorga el gobierno del Reino de España.

Artículo Sexto. Se concede permiso al ciudadano Ignacio Bonilla Arroyo para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Encomienda de la Orden del Mérito Civil, que le otorga el gobierno del Reino de España.

Es de primera lectura.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.--- Comisión de Gobernación.

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Gobernación, que suscribe, el 21 de octubre del año en curso fue turnado, para estudio y dictamen, expediente con las minutas proyectos de decreto por los que se concede permiso al general brigadier diplomado de Estado Mayor Arturo Sánchez García, al capitán de navío CG diplomado de Estado Mayor Sergio Morales González, y a los ciudadanos Kawabe Tamori Shigenori y Josefina Amelia Kayo Matsubara Oda para aceptar y usar las condecoraciones que en diferentes grados les confieren los gobiernos de Japón y de la República de Corea, respectivamente.

La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder los permisos solicitados y, en tal virtud, de conformidad con lo establecido en la fracción III del Apartado C del artículo 37 constitucional, y en el segundo párrafo del artículo 60 de Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a la aprobación de la honorable asamblea el siguiente

Proyecto de Decreto

Artículo Primero. Se concede permiso al general brigadier diplomado de Estado Mayor Arturo Sánchez García para que pueda aceptar y usar la medalla Cheonsu, de la Orden al Mérito a la Seguridad Nacional, que le otorga el gobierno de la República de Corea.

Artículo Segundo. Se concede permiso al capitán de navío CG diplomado de Estado Mayor Sergio Morales González para que pueda aceptar y usar la condecoración medalla Símil, de la Orden al Mérito de la Seguridad Nacional, que le otorga el gobierno de la República de Corea.

Artículo Tercero. Se concede permiso al ciudadano Kawabe Tamori Shigenori para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden del Sol Naciente con Rayos de Oro y Plata, que le otorga el gobierno de Japón.

Artículo Cuarto. Se concede permiso a la ciudadana Josefina Amelia Kayo Matsubara Oda para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden del Sol Naciente con Rayos Dorados y Roseta, que le otorga el gobierno de Japón.

Es de primera lectura.

PERMISOS PARA PRESTAR SERVICIOS EN REPRESENTACIONES DIPLOMATICAS

La Secretaria diputada Margarita Arenas Guzmán: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.--- Comisión de Gobernación.

Honorable Asamblea:

En oficio fechado el 31 de octubre del año en curso, la Secretaría de Gobernación solicitó el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Elizabeth Nora Echavarri Villanueva, Evaristo Ortiz Cordero, Roberto Yáñez Martínez y Juan Carlos Coellar Reyna puedan prestar servicios en las Embajadas de Estados Unidos de América, y de Japón en México, y en los Consulados de Estados Unidos de América en Tijuana, Baja California, y Nuevo Vallarta, Nayarit, respectivamente.

En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión el 11 de noviembre del año en curso, se turnó a la suscrita comisión, para su estudio y dictamen, el expediente relativo.

Considerando

Por lo expuesto, esta Comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente

Proyecto de Decreto

Artículo Primero. Se concede permiso a la ciudadana Elizabeth Nora Echavarri Villanueva para prestar servicios como agente de compras en la Oficina de Servicios Generales en la Embajada de Estados Unidos de América en México.

Artículo Segundo. Se concede permiso al ciudadano Evaristo Ortiz Cordero para prestar servicios como chofer en la Embajada de Japón en México.

Artículo Tercero. Se concede permiso al ciudadano Roberto Yáñez Martínez para prestar servicios como investigador de seguridad en el Consulado de Estados Unidos de América en Tijuana, Baja California.

Artículo Cuarto. Se concede permiso al ciudadano Juan Carlos Coellar Reyna para prestar servicios como asistente consular en el Consulado de Estados Unidos de América en Nuevo Vallarta, Nayarit.

Es de primera lectura.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Saludamos y damos la más cordial bienvenida a ciudadanos de San Luis Potosí que nos acompañan hoy.

LEY FEDERAL DEL TRABAJO

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Tiene el uso de la palabra la diputada Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez, del Grupo Parlamentario Alternativa, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo.

La diputada Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez: Con su permiso, señor presidente.

Voto secreto para los trabajadores sindicalizados.

Una de las prácticas más nocivas para la vida democrática y laboral de nuestro país ha sido el control absoluto que las dirigencias logran alcanzar sobre la vida organizativa de sus sindicatos.

Uno de estos controles que en lo particular ha demostrado ser un obstáculo para el desarrollo de un sindicalismo democrático en nuestro país ha sido la imposibilidad de los trabajadores de ejercer el voto secreto en la vida de sus sindicatos.

Dado que en nuestra legislación laboral no establece expresamente la secrecía del voto, la presente iniciativa de reforma de ley tiene como objetivo incluir en la Ley Federal del Trabajo la modalidad del voto secreto en todas las actividades gremiales.

El fin es garantizar un sufragio libre de coerciones, como un elemento que favorece el respeto de los derechos y la democratización de la vida interna de los sindicatos. Además de ser un instrumento legal para dirimir los problemas sindicales, el voto significa el derecho y la libertad para elegir.

El voto libre y secreto es una conquista histórica de la democracia que, traducida al ámbito laboral, significa el respeto de la voluntad absoluta e irrestricta de los trabajadores respecto al sindicato al que pertenecen.

Esta iniciativa intenta dar respuesta a lo establecido en días pasados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que por unanimidad determinó que el voto secreto es la única forma para dirimir los conflictos sindicales, para evitar presiones a los trabajadores y para garantizar la seguridad y la democracia sindical.

A partir de un análisis sistemático, derivado de distintos litigios en los tribunales colegiados, y tomando en cuenta que el recuento es el momento procesal en el que se puede comprobar la voluntad absoluta del trabajador respecto al sindicato, la Corte concluyó que debe protegerse la confidencialidad de las personas que expresan, mediante el voto, su opinión en la vida sindical.

Con esta decisión sin precedente, la Corte ha dado un paso hacia la plena libertad sindical, la democracia y la transparencia.

Ahora le corresponde al Poder Legislativo concretar y especificar en la Ley Federal del Trabajo, con una propuesta de reforma integral.

Con base en lo anterior, proponemos reformar los artículos 371, en la fracción IX; 379, en la fracción I; 660, fracción VIII; 681; y 931, fracción II, de la Ley Federal del Trabajo, para que de manera explícita se establezca las características del voto secreto, libre y directo, a fin de dar certidumbre y confidencialidad a la toma de decisiones de los trabajadores.

Señor presidente, agradezco a la Mesa Directiva que el texto íntegro de esta iniciativa se inserte en el Diario de los Debates. Muchas gracias.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez , del Grupo Parlamentario de Alternativa

La suscrita, integrante del Grupo Parlamentario de Alternativa Socialdemócrata, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados la presente iniciativa de decreto que reforma los artículos 371, 379, 660, 681 y 931 de la Ley Federal del Trabajo, bajo la siguiente

Exposición de Motivos

La presente iniciativa de reforma tiene como objetivo incluir en la Ley Federal del Trabajo la modalidad del voto secreto en todas las actividades gremiales con el fin de que se garantice la libertad y prerrogativas laborales de los agremiados y con ello fortalecer la democracia en la vida institucional y el marco legal en esta materia al subsanar el vacío legal existente.

Esto acorde a lo establecido por la Suprema Corte de Justicia que de manera unánime emitió un criterio mediante el cual estableció que el voto secreto es la forma para dirimir conflictos sindicales, para evitar presiones a los trabajadores y garantizar su seguridad y la democracia sindical.

La Ley Federal del Trabajo actualmente no especifica la secrecía del voto en este tipo de procesos por lo que existe un vacío legal. Por ello ahora con el criterio de la Corte se vuelve indispensable modificar la ley de la materia.

El voto secreto es un tema de trascendental importancia para nuestro país, ya que es una garantía del sufragio universal y un elemento imprescindible que favorece el respeto de los derechos y la democratización de la vida interna de los gremios. Además de ser un instrumento legal para dirimir problemas sindicales, el voto significa el derecho y la libertad para elegir.

Toda democracia debe incluir los principios de libertad, igualdad y justicia, por ello el concepto de democracia sindical descansa cabalmente en la libertad sindical, la cual es condición esencial para la defensa de los trabajadores como parte de sus derechos humanos fundamentales. En este sentido, el voto es una conquista histórica de la democracia que traducido al ámbito laboral significa el respeto de la voluntad absoluta e irrestricta de los trabajadores respecto al sindicato a que pertenecen.

Actualmente la democracia sindical atraviesa por una aguda crisis, con una organización sindical endeble en la mayoría de los casos, con líderes anacrónicos, con una ideología que consiste en hablar y hablar de glorias pasadas pero que no señala ningún rumbo, ni para el presente ni, mucho menos, para el futuro.

En muchos casos es notoria la desvinculación entre los dirigentes sindicales y las mayorías representadas. Y esa falta de contacto con las bases obreras se refleja de inmediato en las peticiones de las directivas carentes de la solidez, la audacia, que da la verdadera representación democrática.

Por ello el voto secreto como pilar fundamental da la oportunidad de fortalecer la estructura de la democracia sindical, sobre todo en un modelo laboral que se ha mantenido sin cambios en la agenda democrática lo que ha permitido con su parcialidad, falta de transparencia y rendición de cuentas el endurecimiento hacia ciertos grupos y sectores de trabajadores.

La experiencia indica que son incontables las violaciones a los derechos humanos, a la integridad de las personas, así como la lesión a la estabilidad laboral que se vinculan la falta de secrecía del voto en los diversos procesos laborales de consulta. Esto ha dado origen a diversas controversias de carácter legal que han buscado subsanar los vacíos legales en esta materia.

Uno de ellos se dio en el mes de abril pasado en donde el Tercer Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo le concedió un amparo al Sindicato de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares, que demandaron el voto secreto de los trabajadores ante una disputa con otro sindicato en donde ambos buscaban la titularidad del contrato colectivo con una planta de cal propiedad de Mexicana de Cobre.

Ante este conflicto el Tribunal Resolvió que el voto secreto ``es condición esencial de la libertad sindical y un elemento indispensable para que se hagan valer los principios básicos de la democracia entre los trabajadores, por lo que las juntas de conciliación y arbitraje deben vigilar que se cumpla este requisito en los procedimientos'', ya que ``resulta obvio que un voto abierto a voz cantada está sujeto a la presión de las personas presentes en el acto decisorio, entre ellas, el propio empleador y los representantes del sindicato''.

El tribunal colegiado para su resolución se basó en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en el Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo, para resolver que el sindicato minero tuvo razón al impugnar la votación abierta.

El tribunal colegiado ordenó reponer el procedimiento con votación secreta e inclusión de todos los agremiados.

A partir de esta resolución los Tribunales Colegiados Cuarto, Noveno, Duodécimo, Decimotercero y Decimocuarto tuvieron que acudir a la Suprema Corte de Justicia para denunciar que el criterio manifestado sobre el voto secreto emitido por Tercer Tribunal Colegiado se opone al que ellos han sostenido, de que los votos pueden ser secretos o abiertos porque la Ley Federal del Trabajo no impone alguno de estos métodos.

Ante esta contradicción de criterios la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia el pasado 29 de mayo aceptó el caso 134/2008 para determinar si el artículo 931 de la Ley Federal del Trabajo otorga facultades a la Junta de Conciliación y Arbitraje para que ante un conflicto de pérdida de titularidad y administración del contrato colectivo de trabajo, ordene el desahogo de la prueba de recuento con el voto secreto de los trabajadores, o debe ser abierto.

A partir de un análisis sistemático del precepto con otros numerales de la propia ley, y tomando en cuenta que el recuento es el momento procesal en el que se puede comprobar la voluntad absoluta e irrestricta del trabajador respecto al sindicato, concluyó la Corte que debe protegerse la confidencialidad de las personas que expresan su preferencia.

De manera unánime, los ministros Margarita Luna Ramos, Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Genaro Góngora Pimentel, Fernando Franco y Mariano Azuela, integrantes de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitieron dos decisiones que aumentan la protección de los derechos de los trabajadores y que abren la puerta a la democracia en los sindicatos.

Por una parte, emitieron un criterio mediante el cual establecieron que las votaciones para cambiar de sindicato deben ser secretas, para evitar presiones a los trabajadores y garantizar su seguridad, y la democracia sindical. Determinaron que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y las Juntas de Conciliación y Arbitraje Federales y Locales deben ordenar el desahogo de la prueba de recuento mediante el voto secreto de los trabajadores, ante un conflicto de pérdida de titularidad y administración de un contrato colectivo de trabajo, porque ``el recuento es el momento procesal en el que se puede comprobar la voluntad absoluta e irrestricta del trabajador respecto al sindicato que debe administrar el contrato''.

Puntualizaron que el voto secreto es para evitar influencias externas que puedan variar la decisión de los trabajadores y para garantizar seguridad al ejercer el voto dentro de un sistema de vida democrático previsto en la Constitución y que trasciende a todos los órdenes de la vida social, incluidos los sindicatos.

Indicaron que aunque el artículo 931 de la Ley Federal del Trabajo no precisa la forma en que debe emitirse el voto en el desahogo de la prueba de recuento, debe protegerse la confidencialidad de la decisión del trabajador.

Con esta decisión sin precedente de la Corte se da un paso trascendental y sin retorno hacia la plena libertad, democracia y transparencia sindical. El mandato está dado por el máximo órgano de justicia de nuestro país, por ello ahora le corresponde al Poder Legislativo concretarlo y especificarlo en la Ley Federal del Trabajo, haciendo una propuesta de reforma integral.

Con base a lo anterior proponemos reformar los artículos 371, en su fracción IX; 379, fracción I; 660, fracción VIII; 681 y 931, fracción II, de la Ley Federal del Trabajo para que de manera explícita se establezca las características del voto secreto, libre y directo con lo que se dará certidumbre y confidencialidad a la toma de decisiones de los trabajadores y sobre todo se fortalecerá nuestro sistema jurídico en esta materia.

Respecto al artículo 371, fracción IX, planteamos que en los estatutos de los sindicatos se establezca que el procedimiento para la elección de la directiva y el número de sus integrantes deberá hacerse a partir del voto libre secreto y directo.

En nuestro país se necesitan sindicatos que respondan a la voluntad de los trabajadores. Es una condición esencial para este proceso de modernización y para el avance en el camino hacia la legitimidad largamente diferida. Hasta ahora la tendencia ha transitado en sentido contrario, ha sido histórica la intervención de los patrones en la vida sindical de los trabajadores, para impedir que se formen sindicatos, o bien tratar de imponer dirigentes sindicales, afines a sus intereses, violando con ello la autonomía sindical.

Por estos motivos es necesario reformar dicho artículo con el objeto de frenar e impedir la ingerencia tanto patronal, gubernamental, judicial y legislativa en la vida interna de los sindicatos, y que sean en los hechos los trabajadores quienes de manera democrática y libre de coerción elijan a sus dirigentes.

En relación con el artículo 379, consideramos que así como los trabajadores tienen derecho a elegir la conformación de su sindicato a través de su voto secreto de igual manera tienen el derecho de decidir a través de este medio la disolución del mismo. Por ello es importante que se haga una adición a la fracción I de dicho artículo en el que se establezca que a través del voto secreto y directo de las dos terceras partes de los integrantes que lo integren podrán disolver el sindicato al que pertenecen.

Con referencia al artículo 660, éste forma parte del Título Décimo Tercero, Capítulo I, de la ley que regula lo relativo a la representación de los trabajadores y patrones en las Juntas Federal y Local de Conciliación y Arbitraje, el objeto de la reforma es incluir en la fracción VIII, la característica del voto secreto como parte del derecho de los trabajadores a la elección libre de sus representantes.

En cuanto al artículo 681, éste forma parte del capítulo II del Título Trece de la Ley Federal del Trabajo que establece lo relativo a los representantes de los trabajadores y de los patrones en la Comisión Nacional de Salarios Mínimos y en las Comisiones Consultivas. En cuanto a esto proponemos que los representantes ante la Comisión Nacional, que serán elegidos por la totalidad de los trabajadores sindicalizados y patrones de todo el país, lo hagan a través de su voto libre, secreto y directo. Porque sólo de esa manera se garantiza su libertad y su representatividad.

Finalmente acorde a lo establecido por la Suprema Corte de Justicia proponemos una adición a la fracción II del artículo 931, el cual es uno de los más representativos en materia de voto secreto, ya que establece el recuento de los trabajadores respecto a la confirmación o desaprobación de una huelga o de manera análoga como lo interpretó nuestro máximo tribunal para los casos en que los trabajadores deban elegir a su dirigencia sindical.

La huelga como una suspensión temporal del trabajo realizada por una coalición mayoritaria de trabajadores, previa observancia de los requisitos legales tiene como fin social la satisfacción inmediata de las necesidades de los trabajadores, en virtud de que se han afectado condiciones de trabajo, al deteriorarse la adquisición de los medios necesarios para su subsistencia. Por lo que la huelga es una estrategia de lucha social y un medio de defensa del sindicalismo, con el cual se ejerce presión económica sobre el patrón.

Un requisito indispensable para la huelga es que sea la mayoría trabajadora la que esté dispuesta a realizarla. Para determinar la mayoría obrera se recurre a la prueba de ``Recuento'' establecida en el artículo 931 de la Ley Federal del Trabajo y cuya finalidad es conocer la voluntad de los trabajadores a través del voto, respecto a la confirmación o desaprobación de la huelga.

Si se ofrece como prueba el recuento de los trabajadores, el artículo 931 de la LFT señala que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje debe fijar el lugar, día y hora en que se efectúe y el propio ordenamiento hace diversas precisiones en torno al recuento. Y es en este momento en que los trabajadores deberán votar para suspenderla o continuarla.

Si tomamos en cuenta que el recuento es el momento procesal en que se puede comprobar la voluntad absoluta e irrestricta del trabajador respecto al sindicato que debe administrar el contrato colectivo o es el momento en el que se decide si se van a huelga o no, se concluye que debe protegerse la confidencialidad de la voluntad de la persona que expresa su preferencia. Esto con la finalidad de evitar influencias externas que puedan variar su decisión y seguridad al ejercer su voto dentro del sistema de vida democrático previsto en la Constitución, que trasciende a todos los ordenes de la vida social, incluidos los sindicatos. Los Ministros de la Corte extendieron así la vigencia del artículo 41 de nuestra Carta Magna, que define las características del voto para la integración de los órganos del estado, a la vida sindical.

Las experiencias sufridas en los recuentos son tan impresionantes que se deben evitar, porque cuando se exige que el voto sea abierto se obliga a emitirlo frente al patrón y los líderes del sindicato rechazado, según el caso. Lo que propicia que los trabajadores sean atemorizados, y se les conduce a la línea de votación en el orden que desea la empresa.

Con la propuesta de modificación aquí planteada se impide la compra de votos (cohecho), pues nadie pagaría un voto si no puede verificar la preferencia; se protege la libertad del trabajador frente al patrón y frente a grupos de poder capaces de comprar o forzar a un número grande de votantes a votar en la dirección ordenada por ellos y se evita la posibilidad de amenazas o extorsiones de quitar contratos o despedir a quien vote de una u otra forma.

Por ello el voto secreto constituye un excelente medio para impedir la presión que se ejerce sobre los trabajadores y forma parte de un largo proceso que busca promover un modelo laboral distinto para nuestro país, más responsable, representativo y honesto, que favorezca la mejora de las condiciones de trabajo y de vida y al mismo tiempo que fortalezca los mecanismos de concertación al igual que en los países más desarrollados del mundo.

En el ámbito internacional el voto secreto es la práctica común y es admitida como un elemento plenamente compatible con la libertad de asociación a nivel de la Organización Internacional del Trabajo. También ha sido una exigencia en el ámbito de los acuerdos paralelos al Tratado de Libre Comercio del América del Norte, especialmente el Acuerdo de Cooperación Laboral de América del Norte, en el que se ha asumido la promoción de parámetros como la transparencia, la inspección laboral y el voto secreto, particularmente en los recuentos. Si pretendemos ser un país competitivo en el concierto internacional es justo que aprovechemos las mejores prácticas de esta competencia y una de ellas es garantizar las condiciones para que la libertad y democracia sindical sean efectivas.

Una votación secreta es la manera normal de proteger la privacidad política de los votantes, por ello es necesario establecerlo en ley de manera específica para eliminar las presiones sobre ellos y para evitar las coacciones que pudieran darse.

Con la propuesta de modificación planteada se le restituye a los trabajadores su libertad de asociación, su derecho al voto secreto en las elecciones gremiales, y se les consolida a los asalariados de México, que constituyen el 60 por ciento de la población económicamente activa, la condición ciudadana plena en el ámbito de su vida gremial.

Por lo anterior es necesario que exista una definición expresa de las características del voto.

Por los motivos expuestos, presento a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados, la presente iniciativa de

Decreto

Artículo Único. Se reforman las fracciones IX del artículo 371; I del artículo 379; VIII del artículo 660; el artículo 681 y la fracción II del artículo 931 de la Ley Federal del Trabajo, en los términos siguientes:

Artículo 371. Los estatutos de los sindicatos contendrán:

Artículo 379. Los sindicatos se disolverán:

Artículo 660. En el funcionamiento de las convenciones se observarán las normas siguientes:

Artículo 681. Tienen derecho a participar en la elección los sindicatos de trabajadores y de patrones y los patrones independientes. Los representantes ante la Comisión Nacional serán elegidos por la totalidad de los trabajadores sindicalizados y patrones de la República con derecho a voto. El voto deberá ser libre, secreto, y directo.

Artículo 931. Si se ofrece como prueba el recuento de los trabajadores, se observarán las normas siguientes:

Transitorio

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Muchas gracias, diputada Conde Rodríguez. Instruimos para que se inserte en sus términos la iniciativa que usted ha presentado en el Diario de los Debates,y que se turne a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

ARTICULOS 1o., 3o., 8, 19, 25, 27, 29, 33, 49, 73, 76, 78, 80, 103, 107, 116, 125 Y 135 CONSTITUCIONALES

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Se recibió del diputado Efraín Morales Sánchez, del Grupo Parlamentario del PRD, iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: «Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Efraín Morales Sánchez , del Grupo Parlamentario del PRD

El que suscribe, diputado Efraín Morales Sánchez , integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II; 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea, la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma la denominación del título primero, capítulo I; y diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es la norma suprema que legitima y regula nuestra vida jurídica, social, política y democrática, pues en ella se disponen los principios de libertad, igualdad, legalidad, entre otros; por tanto, como ley suprema, sustenta y consagra el pensamiento del poder del pueblo que origina y sostiene la soberanía nacional, surgiendo de esta forma su legitimidad.

Por ello, para estar en posibilidades de alcanzar el estado de derecho, necesariamente deben considerarse los siguientes elementos: la supremacía constitucional, el equilibrio y distribución del poder público y la tutela de los derechos fundamentales.

Así pues, la constitución vigente, es el documento normativo y ley suprema del Estado mexicano, tal como lo dispone el artículo 133 de este mismo ordenamiento.

La normatividad constitucional es el instrumento jurídico que consagra derechos y libertades; con ello se otorga y garantiza seguridad jurídica a las personas que interactúan con sus pares en el seno del Estado mexicano, y limita el ejercicio del poder público de las autoridades hacia ellos.

De esta forma, la ley suprema de la nación, desde la visión jurídico-constitucional, es la que sitúa los principios de los derechos fundamentales básicos como lo son, la libertad, la igualdad, la propiedad, la seguridad jurídica, la educación, el trabajo, la salud, entre otros.

Los anteriores derechos fundamentales, que se establecen en el contenido de la ley suprema, los define Ángel Caballero de la siguiente forma:``las normas constitucionales que establecen derechos fundamentales, son aquellas prescripciones normalmente enunciativas, no limitativas que establecen determinados derechos y libertades que protegen la dignidad humana'' ¹ .

Así pues, los derechos fundamentales antes mencionados son la base de los cuales emanan otros derechos que encuentran fundamento en la carta magna y leyes secundarias del Estado mexicano.

Para Luigi Ferrajoli, los derechos fundamentales son aquellos ``derechos que están adscritos universalmente a todos en cuanto a personas, o en cuanto a ciudadanos o personas con capacidad de obrar y que son por tanto indisponibles e inalienables'' ² .

Es así que los derechos fundamentales individuales y sociales se encuentran consagrados en la denominada parte dogmática de la constitución, que comprende, de los artículos 1o al 29, aunque, cabe señalar que tales derechos se encuentran contemplados en otros artículos del texto constitucional.

De este modo, formal, legitima y legalmente, los ciudadanos que integramos la sociedad mexicana, contamos con un conjunto de derechos subjetivos públicos esenciales, además de disponer, de mecanismos de protección para salvaguardar la integridad personal y posesiones, entre otros derechos.

Así pues, para consolidar y dejar a salvo estos derechos, bajo cualquier circunstancia, esta iniciativa propone precisar algunos conceptos del artículo 1o. de la carta magna, que contienen el sentir supremo de nuestro pueblo, el reconocimiento de los derechos y su protección.

Ya que la actual redacción del artículo en comento es restrictiva, pues en éste, el Estado otorga, es decir, concede o ceda derechos fundamentales, lo cual es erróneo, pues el Estado debe garantizar el reconocimiento de los derechos y libertades inherentes a las personas como seres humanos y en su carácter de ciudadanos en la constitución y demás leyes, así como crear e instrumentar garantías para la adecuada protección de los derechos subjetivos públicos, logrando los ciudadanos mexicanos el ejercicio pleno de éstos y su salvaguarda.

Lo anterior, en virtud de que el actual contenido del artículo aludido, en su párrafo primero estipula lo siguiente:

Por tanto, consideramos necesario revisar y precisar tres conceptos que no son acordes a la realidad constitucional de nuestros tiempos y que restringen el ejercicio efectivo de los derechos fundamentales, así como su adecuada protección.

El primero de esos conceptos es el término individuo, pues se considera que éste no cumple con la amplitud que debe tener constitucional y jurídicamente, quien tiene en su ser derechos y obligaciones, por lo que actualmente la palabra individuo lo hace jurídicamente insuficiente. Por ello, se considera que el concepto apropiado es el de persona, dado que este concepto necesariamente contiene el valor, la amplitud, el alcance histórico y una vasta trayectoria jurídica.

En este tenor, cabe señalar que la doctrina jurídica define a la persona como ``Un sujeto de derechos y obligaciones, esto es, el ente al que el orden jurídico confiere la capacidad para que le puedan ser imputadas las consecuencias de derecho'' ³ .

Por esta razón, tal como se ha argumentado desde el inicio de esta iniciativa, y reiterando que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es el documento normativo de mayor jerarquía, y el pilar del orden jurídico del Estado mexicano, consideramos como necesario efectuar el cambio del concepto persona en lugar del término individuo; dándole así sentido y significado jurídico pleno a la persona, que en las naciones tanto interna como externamente le reconocen como sujeto de derechos y obligaciones.

El segundo concepto que se propone reformar, es el referido al término garantías, que hasta ahora se ha interpretado equivocadamente como sinónimo de derechos. Puesto que las garantías, son los medios jurídicos adecuados que disponen las personas para la protección de sus derechos constitucionales y legales reconocidos por el Estado mexicano.

Al respecto, el doctor Héctor Fix Zamudio, señala que: ``El concepto de garantía no puede ser equivalente a un derecho. La garantía es el medio como su nombre lo indica, para garantizar algo, hacerlo eficaz o devolverlo a su estado original, en caso de que haya sido tergiversado, violado, no respetado. En sentido moderno una garantía constitucional tiene por objeto reparar las violaciones que se hayan producido a los principios, valores o disposiciones fundamentales'' ⁴ , un ejemplo de esto es el juicio de amparo.

Por su parte Luigui Ferrajoli, apunta que la garantía es una expresión del léxico jurídico con la que se designa cualquier técnica normativa de tutela de un derecho subjetivo. Señala que no es lo mismo garantía que derecho fundamental, ya que la primera acepción serían las obligaciones que se derivan de los derechos.

Así pues, en virtud de que por mucho tiempo ha existido este vacío legal en el texto del artículo 1o. de la norma suprema, consideramos necesario incorporar el término de derechos al texto del artículo aludido, porque de esta manera se lograría la claridad y precisión que la ley exige; y al mismo tiempo, la persona como sujeto de derechos y obligaciones tendrá en las garantías los mecanismos de defensa para la protección de los derechos y libertades que el Estado mexicano le reconoce. Ya que las garantías no pueden existir sin derechos, pues ésas los salvaguardan, y los derechos no pueden protegerse sin garantías que reconozca la ley fundamental del Estado mexicano y demás leyes.

En resumen, con estas modificaciones queda perfeccionado el artículo 1o. ya que de manera expresa y clara la ley fundamental reconocerá derechos y garantías para protegerlos.

Por otra parte, el tercer concepto que se pretende reformar del artículo 1o. de la constitución, es el de otorgar; ya que este término limita el ejercicio de los derechos fundamentales y esenciales de la persona, mismos que se encuentran consagrados en la norma constitucional, así como en los instrumentos legales positivos que de él emanan. Pues es innegable que la humanidad ha pugnado desde los inicios de la historia por el reconocimiento de derechos y libertades que son inherentes, irrenunciables e intransferibles a las personas; así también como los mecanismos eficaces para la protección de éstos. Lo anterior es fundamental para el desarrollo de un Estado que aspira a ser de derecho y democrático.

En este sentido, cabe reiterar que toda persona tiene dignidad y es única, esto quiere decir que para alcanzar esa dignidad el ser humano está revestido de derechos y libertades que tiene por el simple hecho de serlo. Por esta razón, el Estado mexicano está obligado a insertar expresamente en la ley fundamental el concepto reconocer.

De otra forma seguiría prevaleciendo el vacío legal y limitante para ejercer plenamente los derechos fundamentales. Ya que actualmente la constitución otorga garantías, es decir medios de defensa, pero es importante precisar que las garantías no pueden ser otorgadas, si no existe previamente el reconocimiento de los derechos.

En este sentido, vale citar un extracto de los considerando de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre de 1948, que establece lo siguiente: ``...los derechos esenciales del hombre no nacen del hecho de ser nacional de determinado Estado, sino que tienen como fundamento los atributos de la persona humana'' ⁵ .

En conclusión, y de acuerdo con el párrafo anterior, queda claro que con la inclusión del término reconocer, se estarían fortaleciendo los derechos subjetivos públicos, que son atributos básicos para el sustento adecuado y óptimo de la calidad humana. Por tanto, la tarea en este rubro por parte del Estado mexicano es hacerlos vigentes y positivos a través de su reconocimiento en la ley fundamental, así como en los demás instrumentos legales.

Como consecuencia de la modificación propuesta al artículo 1o. es necesario reformar diversas disposiciones de la ley fundamental, con el propósito concreto de adecuar y uniformar su texto, conforme a lo expresado en la presente iniciativa.

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, someto a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma la denominación del título primero, capítulo I; y diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:

Único. Se reforma la denominación del título primero, Capítulo I; y los artículos 1o. párrafo primero; 3o. párrafo primero, y la fracción II, en su inciso C; 18, párrafo cuarto; 19, párrafo tercero; 25, párrafos primero y segundo; 27, fracción XV, en sus párrafos segundo, cuarto y quinto; 29; 33, párrafo primero; 49, párrafo segundo; 73, fracción XVI, en su base cuarta; 76, fracciones X y XI; 78, fracción IV; 80; 103, fracción I; 107, fracción II y el párrafo tercero de la misma fracción; 116, párrafo primero; 125; y 135, párrafo primero; de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar de la siguiente manera:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Título Primero

Capítulo I De los derechos y garantías

Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos toda persona gozará de los derechos que reconoce y garantías que otorga esta constitución, que no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos y con las condiciones que ella misma establece.

...

...

Artículo 3o. Toda persona tiene derecho a recibir educación. El Estado-federación, estados, Distrito Federal y municipios-, impartirá educación preescolar, primaria y secundaria. La educación preescolar, primaria y la secundaria conforman la educación básica obligatoria.

...

Además:

Artículo 18 ...

...

...

La federación, los estados y el Distrito Federal establecerán, en el ámbito de sus respectivas competencias, un sistema integral de justicia que será aplicable a quienes se atribuya la realización de una conducta tipificada como delito por las leyes penales y tengan entre doce años cumplidos y menos de dieciocho años de edad, en el que se garanticen los derechos fundamentales que reconoce esta constitución para toda persona , así como aquellos derechos específicos que por su condición de personas en de-sarrollo les han sido reconocidos. Las personas menores de doce años que hayan realizado una conducta prevista como delito en la ley, solo serán sujetos a rehabilitación y asistencia social.

...

...

...

...

...

Artículo 19 ...

...

La ley determinará los casos en los cuales el juez podrá revocar la libertad de las personas vinculadas a proceso.

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Artículo 25. Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la soberanía de la nación y su régimen democrático y que, mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de las personas , grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta constitución.

El Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica nacional, y llevará a cabo la regulación y fomento de las actividades que demande el interés general en el marco de libertades que esta constitución.

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Artículo 27 ....

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Artículo 29. En los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública, o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, solamente el presidente de los Estados Unidos Mexicanos, de acuerdo con los titulares de las secretarías de Estado y la Procuraduría General de la República y con la aprobación del Congreso de la Unión y, en los recesos de éste, de la Comisión Permanente, podrá suspender en todo el país o en lugar determinado los derechos que fuesen obstáculo para hacer frente, rápida y fácilmente a la situación; pero deberá hacerlo por un tiempo limitado, por medio de prevenciones generales y sin que la suspensión se contraiga a determinada persona . Si la suspensión tuviese lugar hallándose el Congreso reunido, éste concederá las autorizaciones que estime necesarias para que el Ejecutivo haga frente a la situación; pero si se verificase en tiempo de receso, se convocará sin demora al Congreso para que las acuerde.

Título Primero

Capítulo III De los extranjeros

Artículo 33 . Son extranjeros los que no posean las calidades determinadas en el artículo 30. Tienen derecho a los derechos y garantías que reconoce el capítulo I, título primero, de la presente constitución; pero el Ejecutivo de la Unión tendrá la facultad exclusiva de hacer abandonar el territorio nacional, inmediatamente y sin necesidad de juicio previo, a todo extranjero cuya permanencia juzgue inconveniente.

Título Tercero

Capítulo I De la división de poderes

Artículo 49 ....

No podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el Legislativo en una persona , salvo el caso de facultades extraordinarias al Ejecutivo de la Unión, conforme a lo dispuesto en el artículo 29. En ningún otro caso, salvo lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 131, se otorgarán facultades extraordinarias para legislar.

Capítulo II Del Poder Legislativo

Sección III De las facultades del Congreso

Artículo 73. El Congreso tiene facultad:

Artículo 76. Son facultades exclusivas del Senado:

Sección IV De la Comisión Permanente

Artículo 78.

...

Capítulo III Del Poder Ejecutivo

Artículo 80. Se deposita el ejercicio del Supremo Poder Ejecutivo de la Unión en una sola persona , que se denominará presidente de los Estados Unidos Mexicanos.

Capítulo IV Del Poder Judicial

Artículo 103 ...

Artículo 107 ...

Artículo 116. El poder público de los estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el Legislativo en una sola persona .

...

Título Séptimo Prevenciones generales

Artículo 125. Ninguna persona podrá desempeñar a la vez dos cargos federales de elección popular, ni uno de la federación y otro de un estado que sean también de elección; pero el nombrado puede elegir entre ambos el que quiera desempeñar.

Título Octavo De las reformas a la constitución

Artículo 135. La presente constitución puede ser adicionada o reformada. Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de las dos terceras partes de las personas presentes, acuerden las reformas o adiciones, y que éstas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los estados.

...

Transitorios

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1. Caballero, Ángel, Constitución y Realidad Constitucional , Editorial Porrúa; México 2005, página 131.

2. Ferrajoli Luigi, Sobre los derechos fundamentales y sus garantías, Editorial Comisión Nacional de los Derechos Humanos, México, reimpresión 2007, página 49.

3. Baqueiro, Edgar, Introducción al estudio del derecho , Editorial Harla, México 1995, Página 13.

4. Citado por Carbonell, Miguel, Los derechos fundamentales en México , Editorial Instituto de Investigaciones Jurídicas, México, Página 8.

5. Organización de Estados Americanos; Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 1948.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.

ARTICULOS 24 Y 130 CONSTITUCIONALES

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Se recibió de la diputada Silvia Oliva Fragoso, del Grupo Parlamentario del PRD, iniciativa que reforma los artículos 24 y 130 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: «Iniciativa que reforma los artículos 24 y 130 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Silvia Oliva Fragoso , del Grupo Parlamentario del PRD

La que suscribe, diputada federal a la LX Legislatura de de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Ley Fundamental y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan un segundo párrafo al artículo 24 y un último párrafo al artículo 130 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que el Estado garantice y salvaguarde la libertad religiosa, de conformidad con la siguiente

Exposición de Motivos

La separación del Estado y la Iglesia es producto de la era de la Ilustración en donde lo más importante fue el predominio de la razón. En este sentido, el Estado liberal mexicano es producto de esos intensos años, en los cuales se definieron las características del Estado moderno, republicano y laico.

Las relaciones Iglesia-Estado en México, durante todo el siglo XIX y principios del XX, estuvieron marcadas por el resquebrajamiento paulatino, del antiguo orden colonial, a través del cual las autoridades eclesiásticas eran sometidas al control de la monarquía española y virreinal vía el Patronato Real, que daba amplios poderes a la Corona Española para intervenir en los diversos asuntos eclesiásticos de sus colonias. Con la independencia de México, el orden a que estaban sometidas dejó de existir, abriendo una confrontación cada vez más creciente entre los liberales y los conservadores, estos últimos eran la expresión de los intereses eclesiásticos en este periodo.

En el México independiente el poder eclesiástico buscó conservar su dominio en un balance precario entre el poder divino y el terrenal. Así, la Iglesia conservó todos sus privilegios al quedar establecido, en la Constitución de 1824, que la religión católica era el único culto admitido.

Con la Constitución de 1857 se sientan las bases para el diseño del Estado liberal, se establecen la forma de gobierno republicano, liberal y democrático, se reconocen las libertades individuales y se avanza en reconocer que el Estado mexicano no tiene más soberano que la ciudadanía y es a esa voluntad a la que deberán responder.

Después de la intensa lucha, a todo lo largo del siglo XIX, los liberales mexicanos lograron, en una tarea titánica, construir y cimentar un nuevo Estado nacional, bajo el cual éste se separaba de la Iglesia y tendría que someterse a un renovado marco jurídico orientación liberal.

Liberales como Benito Juárez, José Maria Lafragua, Sebastián Lerdo de Tejada, Francisco Zarco y Guillermo Prieto, entre otros, estaban convencidos de que el Estado, en una sociedad secularizada, debía separase del poder de la Iglesia; consideraban que la pluralidad de las creencias enriquecerían las visiones del mundo religioso; sin embargo, para la Iglesia ello significaba una perdida de su dominio sobre la sociedad.

Con las Leyes de Reforma se delinearon los principios fundamentales de la separación de las funciones de la Iglesia en los asuntos que le competían al Estado; así la Ley sobre Administración de la Justicia y Orgánica de los Tribunales de la Nación, del Distrito y Territorios, mejor conocida como Ley Juárez, que abolía, de manera parcial, los privilegios corporativos de la Iglesia y del ejército; expresados en los siguientes artículo de dicha ley:

La Ley Orgánica del Registro Civil presentada por José María Lafragua estableció que todo ciudadano se debe registrar ante el gobierno incluido el sector eclesiástico, particularmente se mencionan en sus tres primeros artículos que:

Por último se encuentra la Ley de Desamortización de Fincas Rústicas y Urbanas Propiedad de Corporaciones Civiles y Eclesiásticas mejor conocida como Ley Lerdo, en la cual se decretaba la desamortización de los bienes de las corporaciones religiosas, con la finalidad de dinamizar la actividad en el campo mexicano quitándole a la Iglesia terrenos que tenía sin producir; desafortunadamente, con el tiempo y, en particular en el porfiriato, derivó en una aplicación arbitraria que despojaría a las comunidades indígenas de sus tierras.

Los liberales mexicanos construyeron un mundo alternativo al de la Iglesia, basado en los valores republicanos, la identidad nacional y la virtud cívica, donde la educación laica tendría la función de propagar los principios del derecho de los individuos para profesar la religión que más les convenciera

El régimen dictatorial de Porfirio Díaz dio muestras palpables de intolerancia al reprimir violentamente al pueblo chihuahuense de Tomochic que se rebeló contra el gobierno civil, centenares de hombres, mujeres y niños murieron, aún así a pesar de ese lamentable acontecimiento el gobierno de Díaz no aplicó estrictamente las leyes que limitaban el poder de la Iglesia, este hecho fue un elemento que pesó en las deliberaciones de los revolucionarios, quienes al diseñar la Constitución de 1917 establecieron no sólo preceptos de carácter anticlerical sino antirreligioso; siendo el artículo 130 el que le negó toda personalidad jurídica a la Iglesia:

La normatividad de 1917 no se aplicó de manera formal hasta 1926 cuando el Estado intentó aplicar la ley, confrontándose con al Iglesia y desembocando en otra lucha de intolerancia entre el poder civil y el religioso, conocido como la guerra cristera (1926-1929), que terminó con la firma de los acuerdos llamados modus vivendi, es decir un acuerdo político de convivencia entre el Estado revolucionario y la Iglesia Católica.

Con las reformas de 1992 se constituye un nuevo modelo de Estado laico, más tolerante; creando la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, mediante dicha ley se busca abrir espacios para el ejercicio del derecho a la libertad religiosa y se establecen nuevas normas regulatorias del Estado con las Iglesias.

Con este nuevo marco jurídico se consolida el nuevo modelo del Estado laico en donde la libertad religiosa se fortalece como un derecho humano, sin embargo no se asume a cabalidad la libertad religiosa como derecho y principio fundamental del ciudadano.

Esta iniciativa buscó avanzar un paso más con respecto a la Constitución de 1917, la cual contenía un alto carácter jacobino y antirreligioso; así esa última reforma --la de 1992-- dio pié a incluir el derecho humano a profesar cualquier culto religioso, teniendo como fundamento la tolerancia religiosa, basada en una sana convivencia entre el Estado y las Iglesias.

Uno de los hechos recientes históricos más lamentables fue el ocurrido a fines de los sesenta en Puebla, en donde fueron linchados trabajadores universitarios víctimas de la intolerancia religiosa.

A pesar de contar con un avance en materia religiosa y de tolerancia del Estado frente a las religiones; hemos percibido nuevos signos de intolerancia entre comunidades que practican diversos cultos religiosos en el estado de Chiapas.

Por lo que consideramos que la libertad religiosa es un derecho, que a pesar de estar en nuestros ordenamientos, ha costado mucho ejercer; y aunque esta consagrado en el derecho mexicano no se ha cumplido a cabalidad, perdiéndose con ello, vidas humanas frente a un fanatismo que niega los valores de la civilización; ya en su libro La intolerancia Voltaire advirtió que el pensamiento sectario se sintetiza en:

Entonces Voltaire reconoce que el razonamiento es la clave para superar todo fanatismo y pensamiento retrogrado que limita el actuar y afecta severamente el pensamiento libre:

El Estado laico mexicano se rige bajo dos principios rectores la estricta separación entre el Estado y las Iglesias; y la garantía del derecho a la libertad religiosa, ambos son el basamento constitucional de las relaciones entre el Estado y los diversos cultos religiosos, es el reconocimiento a la libertad más general de pensamiento y respeto a su derecho de creer en lo que profesa, sin menoscabo de la libertad colectiva.

Recordemos que el Estado mexicano, teóricamente, ha cumplido con la separación estricta respecto a la Iglesia, y el respeto al derecho de la libertad religiosa; sin embargo, ha faltado la garantía de defender las diferentes creencias, frente a las acciones intolerantes entre grupos que profesan diferentes dogmas y que en ocasiones llegan a la violencia física con sus resultados nefastos para la vida humana, y que van sembrando la semilla del odio; por ello, el Estado laico mexicano, las entidades federativas y los municipios, con los medios legales que están a su disposición, deben proteger a todos los grupos religiosos para salvaguardar la libre expresión de las ideas religiosas, esta es la motivación por la cual se propone la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se que adicionan un segundo párrafo al artículo 24 y un último párrafo al artículo 130 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Único. Se adicionan un segundo párrafo al artículo 24 y un último párrafo al artículo 130 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 24. Todo hombre es libre para profesar la creencia religiosa que más le agrade y para practicar las ceremonias, devociones o actos del culto respectivo, siempre que no constituyan un delito o falta penados por la ley.

El Estado garantizará y salvaguardará el libre ejercicio de las prácticas religiosas, respetando y haciendo respetar el derecho a la libertad religiosa, fomentando el principio de la tolerancia, con el objetivo de proteger a los ciudadanos de actitudes violentas que amenacen la integridad de éstos.

...

...

...

Artículo 130. El principio histórico de la separación del Estado y las iglesias orienta las normas contenidas en el presente artículo. Las iglesias y demás agrupaciones religiosas se sujetarán a la ley.

...

...

...

...

...

Las autoridades federales, de los estados y de los municipales respetarán, protegerán y preservarán el libre ejercicio de las ideas y prácticas religiosas de los ciudadanos, con la finalidad de evitar que cualquier tipo de intolerancia impida el derecho de la libertad religiosa y que amenacen la integridad de los mismos.

Transitorios

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.

LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS - LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Se recibió de la diputada Silvia Luna Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, iniciativa que reforma los artículos 3o. de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y 50 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: «Iniciativa que reforma los artículos 3 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y 50 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo de la diputada Silvia Luna Rodríguez , del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

Silvia Luna Rodríguez , diputada de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 56, 60 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita se turne a la Comisión de Gobernación, para su dictamen y posterior discusión en el Pleno de la Cámara de Diputados de la Sexagésima Legislatura, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción II al artículo 3 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y adiciona una fracción II al artículo 50 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La planeación y la construcción de modernas edificaciones en nuestro país deben de tener como objetivo proveer un entorno ecológico interior y exterior sustentable, seguro y que maximice la eficiencia en las actividades diarias con niveles óptimos de confort para los ocupantes. ¹

En tiempos de derroche energético, pareciera ser que lo menos importante es erigir bienes inmuebles con recursos y servicios amigables al medio ambiente, es decir, con ahorro en energía. En este sentido, privilegiar la adquisición, arrendamiento o adecuación de edificios inteligentes sustentables resulta ser una tarea primordial no sólo para el sector privado, sino también para la administración pública federal (ejecutores de gasto).

La incorporación al proceso de desarrollo de la temática ambiental como factor prioritario y de urgencia exige un esfuerzo institucional integral. Es tiempo de reconocer que en materia ambiental, los intentos hasta ahora realizados no son del todo satisfactorios, ya que por ejemplo, la energía que seguimos utilizando proviene de combustibles contaminantes en un 90 por ciento, lo que acentúa el efecto invernadero global, y trae consigo costos gravísimos en materia de salud y bienestar para la sociedad.

Por ello, hacemos énfasis en una de las principales enseñanzas de Wangari Muta Maathai, premio Nobel de la Paz 2004, en cuanto a que debemos pensar globalmente y actuar localmente. Frente a la interdependencia de gran parte del mundo en materia energética, resulta imperativo ampliar los esfuerzos que se están gestando en relación a la inversión de recursos, conocimiento y desarrollo tecnológico en la promoción e implementación de edificios inteligentes sustentables en todos los niveles de gobierno. Ante la encrucijada histórica de encontrar opciones vanguardistas para tratar nuestro medio ambiente, buscando la sustentabilidad a largo plazo, la integración en el diseño y seguimiento de los diversos sistemas involucrados en estas edificaciones, debe de considerarse un tema importante a abordar.

En el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza estamos convencidos que el adjetivo inteligente debe de volverse parte del lenguaje utilizado dentro del desarrollo de nuevos proyectos de bienes inmuebles para los tres órdenes de gobierno. Asimismo, que estos proyectos deben de incorporar en su diseño tecnologías que permitan coadyuvar con la conservación del medio ambiente y la gestión integral de los recursos para asegurar la sustentabilidad. Sin embargo, no basta con construir más y mejores bienes inmuebles, tenemos que acompañar este esfuerzo con la adecuación de los ya existentes; debemos rescatar para conservar.

Para que una edificación logre ser eficiente en el uso de energía, su diseño tiene que cumplir con parámetros de habitabilidad, estructura y estética, junto con aspectos térmicos, acústicos y lumínicos adecuados. Una edificación bien orientada en función del sol y clima que lo rodea, con equipos y sistemas mínimos y eficientes, constituye una muestra de inteligencia. ² Esto, sin perder de vista que para lograrlo, la especialización y la mejora tecnológica resultan factores fundamentales; asimismo, la participación multidisciplinaria de profesionales no sólo en arquitectura y diseño de interiores, sino en ramas como la ecología sustentable y aquellas relacionadas a la protección del medio ambiente y el aprovechamiento de los recursos naturales.

La edificación inteligente sustentable resaltará de igual modo por su diseño arquitectónico, atractivo y singular, que por su cualidad bioclimática, sustentable e inteligente; aspectos que potencializarán la calidad de vida de sus residentes. Por tal motivo, creemos que estos inmuebles deben de convertirse en una realidad dentro del sector público, para que la inversión en mejora ambiental no se vea reflejada sólo en el ámbito local o privado sino que se proyecte en el sector público y a nivel nacional; con esto lograremos además, elevar las condiciones de salud y bienestar de aquellos que laboran dentro de la administración pública federal. Si lo que se pretende es predicar con el ejemplo, quién mejor que los ejecutores del gasto federal para hacerlo.

Como referencia en el sector público en México, basta observar algunos de los edificios de la Comisión Federal de Electricidad y de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, o en el sector educativo privado, las nuevas edificaciones del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, por mencionar algunos.

Y ni qué decir de aquellas viviendas europeas o edificios bicentenarios de cimentación respetuosa con el medio ambiente, que cumplen con todos los indicadores de sustentabilidad, gracias a un proceso de diseño y estrategia constructiva inteligente y ecológica. Una construcción de este tipo emplea materiales que necesitan de una menor cantidad de energía para ser obtenidos, lo que proporciona una mínima cantidad de residuos. Se estima que los edificios inteligentes sustentables pueden llegar a consumir incluso menos de la mitad de la energía que consumen aquellos convencionales de la misma superficie y características. Aunado a ello, se dice que fomentan la no discriminación, ya que cuentan con la ventaja de estar habilitados adecuadamente para las personas con algún tipo de discapacidad. ³

Nueva Alianza pugna por la utilización de materiales biodegradables y el uso de energías alternativas que den lugar a nuevas formas de habitación a favor de la eficiencia, eficacia e innovación para beneficio del ser humano.

El análisis costo-beneficio de invertir en la remodelación, adecuación, restauración, modificación o construcción de un edificio inteligente sustentable es en el mediano y largo plazo positivo, ya que, como se mencionó anteriormente, se aporta al desarrollo integral de las personas que lo habitan, lo que les brinda una mejor calidad de vida. Además, al ser ecológicamente sustentable, garantizamos que las futuras generaciones puedan gozar de un mundo más sano, en concordancia con la naturaleza. Si bien el costo en el corto plazo pudiera parecer elevado, el poder coadyuvar a crear armonía entre el ser humano y el medio ambiente lo amerita.

Por tanto, y en virtud de las anteriores consideraciones, y con fundamento por lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que adiciona una fracción II al artículo 3 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y adiciona una fracción II al artículo 50 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria

Artículo Primero. Se adiciona una fracción II al artículo tercero de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, se recorren en su orden las actuales fracciones II a VIII, pasando a ser III a IX, respectivamente; y se adiciona una fracción II al artículo 50 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y se recorren en su orden las actuales fracciones II a IV, pasando a ser III a V, respectivamente, para quedar como sigue:

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas

Artículo 3. Para los efectos de esta ley, se consideran obras públicas los trabajos que tengan por objeto construir, instalar, ampliar, adecuar, remodelar, restaurar, conservar, mantener, modificar y demoler bienes inmuebles. Asimismo, quedan comprendidos dentro de las obras públicas los siguientes conceptos:

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria

Artículo 50. Los ejecutores de gasto podrán celebrar contratos plurianuales de obras públicas, adquisiciones, y arrendamientos o servicios durante el ejercicio fiscal siempre que

...............

Artículo Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas: 1 Carolina Sepulveda, EMB Construcción (2006). ``Building intelligence, edificio 100 por ciento inteligente'', en revista EMB Construcción, volumen 1, número 58.2 http://es.wikipedia.org/wiki/Edificio_Habitacional_Inteligente_Sustentable_E.H.I.S.3 Carolina Sepulveda, EMB Construcción (2006). ``Building intelligence, edificio 100 por ciento inteligente'', en revista EMB Construcción, volumen 1, número 58.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Túrnese a las Comisiones Unidas de la Función Pública, y de Presupuesto y Cuenta Pública.

Continúe la Secretaría con el orden del día.

Saludamos a los alumnos del Colegio Marcelina, que nos visitan de Querétaro. Sean bienvenidos.

ORDEN DEL DIA

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: «Primer Periodo Ordinario de Sesiones.--- Segundo Año de Ejercicio.--- LX Legislatura.

Orden del día

Miércoles 19 de noviembre de 2008.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones

De la Mesa Directiva.

Del Tribunal Electoral del estado de Nuevo León.

Oficios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Con el que remite información relativa al pago de las participaciones a las entidades federativas correspondiente al mes de octubre de 2008, desagregada por tipo de fondo.

Los asuntos no abordados en esta sesión, y los demás con los que la Mesa Directiva dé cuenta.»

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Gracias, diputado secretario.

CLAUSURA Y CITATORIO

El Presidente diputado César Duarte Jáquez (a las 15:07 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar mañana miércoles, 19 de noviembre, a las 11:00 horas. Se les informa que el sistema electrónico de asistencia estará abierto a partir de las 9: 30 horas.

--------------- O ---------------

RESUMEN DE TRABAJOS

• Tiempo de duración: 2 horas 22 minutos
• Quórum a la apertura de sesión: 285 diputados
• Asistencia al cierre de registro: 366 diputados
• Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, aprobado: 1
• Comisiones reglamentarias y protocolarias: 2
Diputados por grupo parlamentario que participaron durante la sesión: 28PAN-4 PRD-12 PRI-6 Convergencia-1 Nueva Alianza-4 Alternativa-1
• Se recibieron:
• 2 oficios de la Secretaría de Cultura del Gobierno delDistrito Federalcon los que invita a las ceremonias cívicas conmemorativas;
• 1 oficio del Congreso delEstado de Nuevo Leóncon el que remite punto de acuerdo;
• 2 oficios de los Congresos de los estados de Querétaro y San Luis Potosí con los que remiten contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados, respectivamente;
• 3 oficios de los Gobiernos de los estados de Jalisco y de México con los que remiten contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados, respectivamente;
• 1 oficio de de la Asamblea Legislativa delDistrito Federalcon el que remite punto de acuerdo;
• 1 oficio de la Secretaría de Seguridad Públicadel gobierno del estado de Veracruz con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados;
• 6 oficios de la Secretaría de Gobernacióncon los que remite contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados;
• 2 oficios de la Junta de Coordinación Políticacon los que comunica cambios en la integración del Grupo de Amistad con Irlanda, y en las Comisiones de Radio, Televisión y Cinematografía; de Hacienda y Crédito Público, y de Turismo;
• 1 iniciativa de senadores del PRD;
• 1 minuta con proyecto de decreto que concede permiso al licenciado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para aceptar y usar el Collar de la Orden del Libertador San Martín que le confiere el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la República Argentina;
• 4 iniciativas del PAN;
• 11 iniciativas del PRD;
• 6 iniciativas del PRI;
• 1 iniciativa de Convergencia;
• 4 iniciativas de Nueva Alianza;
• 1 iniciativa de Alternativa
• Dictámenes de primera lectura:
• 1 minuta, con proyecto de decreto que concede permiso al licenciado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para aceptar y usar el Collar de la Orden del Libertador San Martín que le confiere el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la República Argentina;
• 1 de la Comisión de Justicia, con proyecto decreto que reforma la fracción II y adiciona una fracción III, al artículo 184 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y reforma las fracciones XXXV y XXXVI, del artículo 81 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación;
• 1 de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con proyecto decreto que reforma el último párrafo del artículo 23 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación;
• 1 de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública, con proyecto decreto que expide la Ley General de Contabilidad Gubernamental y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria;
• 1 de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, de la Ley del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículosy de La Ley de Coordinación Fiscal;
• 1 de la Comisión de Salud, con proyecto decreto que reforma el artículo 184 de la Ley General de Salud;
• 2 de la Comisión de Gobernación, que conceden permiso a siete ciudadanos para prestar servicios en representaciones diplomáticas.
• 4 de la Comisión de Gobernación, que conceden permiso a 16 ciudadanos para aceptar y usar las condecoraciones que les confieren gobiernos extranjeros
• Dictámenes aprobados:
• 1 minuta, con proyecto de decreto que concede permiso al licenciado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, presidente de los Estados Unidos Mexicanos para aceptar y usar el Collar de la Orden del Libertador San Martín que le confiere el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la República Argentina.

DIPUTADOS QUE PARTICIPARON DURANTE LA SESION
(en orden alfabético)

• Alcalde Virgen, Moisés(PAN) Ley de Coordinación Fiscal: 131
• Alonso Razo, HumbertoWilfrido (PRD) Ley Sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales: 135
• Amador Leal, Narcizo Alberto(PRI) Artículo 72 constitucional: 139
• Aragón Castillo, Irene(PRD) Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia: 87
• Arriola, Mónica (Nueva Alianza) Artículo 72 constitucional: 157
• Arriola, Mónica (Nueva Alianza) Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales: 146
• Arriola, Mónica (Nueva Alianza) Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia - Ley General de Educación: 164
• Cárdenas Márquez, Elías(Convergencia) Ley de Fiscalización Superior de la Federación: 113
• Cervantes Andrade, Raúl(PRI) Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo: 67
• Chávez García, Higinio(PRD) Artículo 135 constitucional: 73
• Chávez García, Higinio(PRD) Artículo 28 constitucional: 71
• Conde Rodríguez, Elsa de Guadalupe(Alternativa) Ley Federal del Trabajo: 223
• Contreras Julián, Maricela(PRD) Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente: 77
• Dehesa Mora, Daniel(PRD) Artículo 26 constitucional - Ley General de Desarrollo Social: 103
• Fernández Balboa, Mónica(PRD) Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia: 97
• Fuentes Téllez, Octavio(PRI) Armando Rodríguez: 172
• Gómez Lugo, Elda(PRI) Código Federal de Procedimientos Penales - Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo para las Familias de las Personas Secuestradas: 118
• Herrera Coyac, Wenceslao(PRI) Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos: 152
• Ibarra Franquez, SoniaNoelia (PRD) Ley General de Salud: 59
• Jacques y Medina, José(PRD) Artículos 52, 53, 54, 55, 56 y 60 constitucionales - Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales: 121
• Landero Gutiérrez, Alejandro(PAN) Ley de Asistencia Social: 65
• Lemus Muñoz Ledo, Ramón Ignacio(PAN) Ley Federal de Turismo: 81
• López Balbuena, Guillermina(PRI) Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia - Código Penal Federal: 109
• Luna Rodríguez, Silvia(PRD) Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas - Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: 238
• Morales Sánchez, Efraín(PRD) Título Primero, Capítulo I - artículos 1o., 3o., 8, 19, 25, 27, 29, 33, 49, 73, 76, 78, 80, 103, 107, 116, 125 y 135 constitucionales: 228
• Mota Hernández, Adolfo(PRI) Artículo 107 constitucional - Ley de Amparo: 97
• Oliva Fragoso, Silvia(PRD) Artículos 24 y 130 constitucionales: 234
• Priego Tapia, Gerardo(PAN) Armando Rodríguez: 171
• Trejo Pérez, Pablo(PRD) Ley Federal del Trabajo: 62
• Zambrano Elizondo, Javier Martín(PAN) Artículo 117 constitucional: 100

SECRETARÍA GENERAL
REPORTE DE ASISTENCIA

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL
1 Acosta Dávila Constantino	INASISTENCIA
2 Aguilar López José Alejandro	ASISTENCIA
3 Alcalde Virgen Moisés	ASISTENCIA
4 Alcaraz Hernández Alma Edwviges	ASISTENCIA
5 Álvarez Bernal María Elena	ASISTENCIA
6 Amezola Fonceca Gerardo	ASISTENCIA
7 Antuña Batista Fidel	INASISTENCIA
8 Aranda Orozco Gerardo	ASISTENCIA
9 Arellano Arellano Joel	CÉDULA
10 Arenas Guzmán Margarita	ASISTENCIA
11Arizméndi Uribe Efraín	ASISTENCIA
12 Armendáriz García Pedro	INASISTENCIA
13 Arredondo Ibarra Salvador	ASISTENCIA
14 Arredondo Velázquez Jesús	ASISTENCIA
15 Ávila Mayo Obdulio	ASISTENCIA
16 Barradas Miravete Gregorio	INASISTENCIA
17 Barrios Rodríguez Juan Enrique	INASISTENCIA
18 Bello Pérez Alfonso Othón	INASISTENCIA
19 Berber Martínez Antonio	INASISTENCIA
20 Bermúdez Viramontes Andrés	ASISTENCIA
21 Bolaños Aguilar Edmundo Javier	ASISTENCIA
22 Borrego Estrada Felipe	ASISTENCIA
23 Bracho González Carlos Augusto	ASISTENCIA
24 Buganza Salmerón Gerardo	ASISTENCIA
25 Campos Galván María Eugenia	INASISTENCIA
26 Carbajal Méndez Liliana	INASISTENCIA
27 Cárdenas Sánchez Esmeralda	ASISTENCIA
28 Cardona Benavidez Alma Xóchil	ASISTENCIA
29 Carrasco Altamirano Diódoro Humberto	ASISTENCIA
30 Castaño Contreras Cristián	INASISTENCIA
31Castro De la Rosa Osiel	OFICIAL COMISIÓN
32 Castro Muñoz Juan de Dios	ASISTENCIA
33 Ceja Romero Ramón	ASISTENCIA
34 Collado Lara Beatriz	OFICIAL COMISIÓN
35 Contreras Coeto José Luis	ASISTENCIA
36 Corral Aguilar María Mercedes	ASISTENCIA
37 Cuen Garibi Marcela	ASISTENCIA
38 Curiel Preciado Leobardo	INASISTENCIA
39 Chávez García Daniel	INASISTENCIA
40 Dávila Fernández Adriana	ASISTENCIA
41 Dávila García Francisco	ASISTENCIA
42 De la Torre Jaramillo Eduardo Sergio	ASISTENCIA
43 De la Torre Sánchez José	ASISTENCIA
44 De León Tello Jesús	ASISTENCIA
45 Degante Romero Silvia Emilia	ASISTENCIA
46Del Toro del Villar Tomás	ASISTENCIA
47 Del Valle Toca Antonio	ASISTENCIA
48 Delgado Oscoy Alejandro Enrique	ASISTENCIA
49 Denegre Vaught Ramírez Rosaura Virginia	ASISTENCIA
50 Deschamps Falcón Ángel Rafael	ASISTENCIA
51 Díaz García José Antonio	ASISTENCIA
52 Díaz Garibay Felipe	ASISTENCIA
53 Díaz Gordillo Martha Cecilia	CÉDULA
54 Díaz Mena Joaquín Jesús	INASISTENCIA
55 Díaz de León Torres Leticia	INASISTENCIA
56 Domínguez Servién Francisco	ASISTENCIA
57 Duck Núñez Edgar Mauricio	ASISTENCIA
58 Enríquez Flores Armando	ASISTENCIA
59 Escaroz Soler Gerardo Antonio	INASISTENCIA
60 Escobar Jardinez Adolfo	ASISTENCIA
61 Espinosa Piña José Luis	OFICIAL COMISIÓN
62 Félix Holguín Armando Jesús	CÉDULA
63 Felton González Carlos Eduardo	ASISTENCIA
64 Fernández Cabrera Adrián	ASISTENCIA
65Fernández Ugarte Ma. del Carmen	ASISTENCIA
66 Flores Domínguez Emilio Ramón Ramiro	ASISTENCIA
67 Flores Grande Arturo	ASISTENCIA
68 Flores Morfín Jesús Vicente	ASISTENCIA
69 Fraile García Francisco Antonio	INASISTENCIA
70 Franco Cazarez Ricardo	OFICIAL COMISIÓN
71 Fuentes Ortíz José Guillermo	OFICIAL COMISIÓN
72 García González Carlos Alberto	INASISTENCIA
73 García Müller Martha Margarita	ASISTENCIA
74 García Reyes Ángel Humberto	ASISTENCIA
75 García Reyes Beatriz Eugenia	ASISTENCIA
76 García Vivián Raúl	ASISTENCIA
77 Garmendia Hernández Yolanda Mercedes	ASISTENCIA
78 Gómez Leyva Silvio	ASISTENCIA
79 González Betancourt Jorge Justiniano	ASISTENCIA
80 González Martínez María Gabriela	INASISTENCIA
81 González Morán Martín Oscar	ASISTENCIA
82 González Roaro Benjamín Ernesto	ASISTENCIA
83 González Ruiz Felipe	INASISTENCIA
84González Sánchez Ma. Dolores	INASISTENCIA
85Gudiño Ortíz Francisco Javier	ASISTENCIA
86 Guerrero Torres José Gildardo	ASISTENCIA
87 Gutiérez Aguilar Miguel Ángel	OFICIAL COMISIÓN
88 Gutiérrez Lagunes María Victoria	CÉDULA
89 Hernández Núñez Elia	ASISTENCIA
90 Hurtado Pérez Nelly Asunción	ASISTENCIA
91 Iragorri Durán Enrique	INASISTENCIA
92Jiménez del Castillo Ma. de los Ángeles	CÉDULA
93 Jiménez Ramos María Esther	ASISTENCIA
94 Joaquín Coldwell Addy Cecilia	ASISTENCIA
95 Lagunes Viveros Violeta del Pilar	INASISTENCIA
96 Landero Gutiérrez Alejandro	ASISTENCIA
97 Landeros González Ramón	ASISTENCIA
98 Lara Compeán David	ASISTENCIA
99 Larios Córdova Héctor	ASISTENCIA
100 Laviada Hernández Iñigo Antonio	ASISTENCIA
101 Lemus Muñoz Ledo Ramón Ignacio	ASISTENCIA
102 Leura González Agustín	ASISTENCIA
103 Limas Frescas María Soledad	ASISTENCIA
104 Lizaola de la Torre Alonso Manuel	ASISTENCIA
105 López Cisneros José Martín	ASISTENCIA
106 López Reyna Omeheira	ASISTENCIA
107 López Silva Rubí Laura	ASISTENCIA
108 Ludlow Kuri Lorenzo Daniel	ASISTENCIA
109 Lujano Nicolás Christian Martín	ASISTENCIA
110 Maawad Robert Luis Xavier	INASISTENCIA
111 Macías Zambrano Gustavo	INASISTENCIA
112 Madrazo Limón Carlos	ASISTENCIA
113Magallón Arceo Leonardo Melesio de J.	ASISTENCIA
114 Malagón Ríos Martín	ASISTENCIA
115 Maldonado González David	ASISTENCIA
116Manuell-Gómez Angulo Dolores De María	INASISTENCIA
117 Martínez Valero Dora Alicia	ASISTENCIA
118 Medellín Varela Antonio	INASISTENCIA
119 Medina Macias Alma Hilda	ASISTENCIA
120 Medina Rodríguez Delber	CÉDULA
121 Medina Rodríguez Lizbeth Evelia	ASISTENCIA
122 Mejía García Luis Alonso	ASISTENCIA
123 Méndez Meneses Apolonio	ASISTENCIA
124 Mendoza Morales Lucía Susana	ASISTENCIA
125 Mohamar Dainitin Oscar Miguel	INASISTENCIA
126 Mollinedo Hernández Agustín	ASISTENCIA
127 Monraz Ibarra Miguel Ángel	ASISTENCIA
128 Montes Sánchez Fabián Fernando	ASISTENCIA
129 Montiel Luis Lariza	ASISTENCIA
130 Mora Cuevas Marisol	ASISTENCIA
131 Morales Ramos José Nicolás	ASISTENCIA
132 Moreno Álvarez Mario Eduardo	ASISTENCIA
133 Morgan Franco Rocío del Carmen	ASISTENCIA
134 Muñoz Serrano José Antonio	ASISTENCIA
135 Murillo Flores Francisco Javier	ASISTENCIA
136 Murillo Torres José Luis	ASISTENCIA
137 Navarro Sugich Carlos Alberto	CÉDULA
138 Nordhausen González Jorge Rubén	ASISTENCIA
139Noriega Blanco Vigil María Nieves	ASISTENCIA
140 Ochoa López Nabor	ASISTENCIA
141 Olvera Higuera Edgar Armando	ASISTENCIA
142 Orozco Ruiz Velazco Marco Heriberto	ASISTENCIA
143Ortega Martínez Ma. del Pilar	ASISTENCIA
144 Ortiz Montoro Sagrario María del Rosario	ASISTENCIA
145Ortíz Hernández Eduardo	INASISTENCIA
146 Oviedo Oviedo Ernesto	ASISTENCIA
147 Padilla Orozco Raúl Alejandro	ASISTENCIA
148 Palafox Núñez José Inés	INASISTENCIA
149 Paredes Rodríguez Francisco Javier	ASISTENCIA
150 Parra Jiménez Dolores María del Carmen	ASISTENCIA
151 Parra Noriega Luis Gustavo	ASISTENCIA
152 Pérez Cuéllar Cruz	INASISTENCIA
153 Pérez de Tejada Romero Diana Carolina	ASISTENCIA
154 Peyrot Solís Marco Antonio	ASISTENCIA
155 Plascencia Alonso Francisco Javier	OFICIAL COMISIÓN
156 Priego Tapia Gerardo	ASISTENCIA
157 Pulido Pecero Pedro	ASISTENCIA
158 Quintero Bello Jorge	ASISTENCIA
159 Ramírez Barba Ector Jaime	ASISTENCIA
160 Ramírez Corral Ivette Jacqueline	ASISTENCIA
161 Ramírez Pech Edgar Martín	ASISTENCIA
162 Ramírez Villarreal Gustavo	ASISTENCIA
163 Ramos Covarrubias Héctor Manuel	ASISTENCIA
164 Reyes López Carlos Armando	ASISTENCIA
165 Rincón Vargas Mirna Cecilia	ASISTENCIA
166 Rivera Rivera José Guadalupe	ASISTENCIA
167 Rivero Rivero Rolando	ASISTENCIA
168 Rodríguez Ahumada Luis Fernando	CÉDULA
169 Rodríguez Jiménez Ricardo	INASISTENCIA
170 Rodríguez Prats Juan José	ASISTENCIA
171 Rodríguez Uresti Enrique	ASISTENCIA
172 Rodríguez Vizcarra Velázquez Adriana	ASISTENCIA
173 Rojas Hernández Laura Angélica	ASISTENCIA
174 Román Isidoro Demetrio	ASISTENCIA
175 Romo Jiménez Martha Angélica	ASISTENCIA
176 Rubio Chávez José Ignacio Alberto	ASISTENCIA
177 Rueda Gómez Francisco	ASISTENCIA
178 Ruiz Velasco de Lira Ernesto	ASISTENCIA
179 Salas Contreras Marcos	ASISTENCIA
180 Salazar Madera Mario Alberto	INASISTENCIA
181 Salum del Palacio Jorge Alejandro	ASISTENCIA
182 Sánchez Díaz de Rivera Antonio	ASISTENCIA
183 Sánchez Domínguez Alejandro	INASISTENCIA
184 Sánchez Gil Carlos René	ASISTENCIA
185 Sánchez Juárez Claudia	ASISTENCIA
186 Sánchez Trujillo José Víctor	ASISTENCIA
187Sandoval Munguia Juan Manuel	ASISTENCIA
188 Serrato Castell Luis Gerardo	CÉDULA
189 Shej Guzmán Sara	ASISTENCIA
190 Solano Muñoz José de Jesús	INASISTENCIA
191 Stefanonni Mazzocco Martín	ASISTENCIA
192 Tamayo Herrera Yadhira Yvette	INASISTENCIA
193 Torres Gómez Artemio	ASISTENCIA
194 Torres Herrera Víctor Manuel	ASISTENCIA
195 Torres Torres Carlos Alberto	ASISTENCIA
196 Valenzuela García María Gloria Guadalupe	ASISTENCIA
197 Valladolid Rodríguez Antonio	ASISTENCIA
198 Vasconcelos Rueda Antonio	ASISTENCIA
199 Vázquez Martínez Alberto	ASISTENCIA
200 Vega Corona Antonio	ASISTENCIA
201 Velázquez Gutiérrez José Guillermo	ASISTENCIA
202 Verástegui Ostos César Augusto	INASISTENCIA
203 Verdín Saldaña Jaime	ASISTENCIA
204 Victoria Alva Juan	ASISTENCIA
205 Vieyra Olivares Adriana Rebeca	ASISTENCIA
206 Villanueva Arjona Juan Manuel	ASISTENCIA
207 Zambrano Elizondo Javier Martín	ASISTENCIA
Asistencias: 155
Asistencias por cédula: 9
Asistencias comisión oficial: 7
Permiso Mesa Directiva: 0
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 36
Total diputados: 207

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA
1Aguirre Alcaide Victor	ASISTENCIA
2 Alavez Ruiz Aleida	ASISTENCIA
3 Almazán González José Antonio	ASISTENCIA
4 Almonte Borja Ramón	INASISTENCIA
5 Alonso Flores Lourdes	PERMISO MESA DIRECTIVA
6Wilfrido Alonso Razo Humberto	ASISTENCIA
7 Altamirano Toledo Carlos	ASISTENCIA
8 Alva Olvera Maribel Luisa	INASISTENCIA
9 Álvarez Ramón Silbestre	PERMISO MESA DIRECTIVA
10 Amaro Corona Alberto	ASISTENCIA
11 Aragón Castillo Irene	ASISTENCIA
12 Arellano Pulido Miguel Ángel	CÉDULA
13Arreola Calderón Juan Dario	ASISTENCIA
14 Barreiro Pérez Armando	ASISTENCIA
15 Batres Guadarrama Valentina Valia	CÉDULA
16 Bautista Bravo Alliet Mariana	ASISTENCIA
17Bravo Padilla Itzcóatl Tonatiuh	ASISTENCIA
18 Brito González Modesto	ASISTENCIA
19 Calzada Vázquez Francisco Javier	ASISTENCIA
20 Campos Aburto Amador	ASISTENCIA
21 Cárdenas Hernández Raymundo	ASISTENCIA
22 Cervantes Rodríguez Aurora	ASISTENCIA
23Condado Escamilla Cuitlahuac	INASISTENCIA
24 Contreras Julián Maricela	ASISTENCIA
25 Cruz Santiago Claudia Lilia	ASISTENCIA
26 Cuevas Córdova Othón	ASISTENCIA
27 Chávez García Higinio	ASISTENCIA
28 Dagdug Lützow Moisés Félix	INASISTENCIA
29 De la Rosa García Juan Hugo	ASISTENCIA
30 De los Santos Molina Joaquín Conrado	ASISTENCIA
31 Dehesa Mora Daniel	ASISTENCIA
32 Del Toro Mario Enrique	ASISTENCIA
33 Díaz Contreras Adriana	ASISTENCIA
34 Escandón Cadenas Rutilio Cruz	ASISTENCIA
35 Espejel Lazcano Jaime	ASISTENCIA
36 Fernández Balboa Mónica	ASISTENCIA
37 Flores Maldonado César	ASISTENCIA
38 Flores Salazar Guadalupe Socorro	ASISTENCIA
39 Franco Melgarejo Rafael	ASISTENCIA
40 Gálvez Rodríguez Fernel Arturo	ASISTENCIA
41 García Rodríguez Víctor Hugo	ASISTENCIA
42 Garzón Contreras Neftalí	ASISTENCIA
43 González Garza Javier	CÉDULA
44 Guerra Ochoa Juan Nicasio	ASISTENCIA
45 Gutiérrez Calzadilla José Luis	ASISTENCIA
46 Hernández Gaytán Daisy Selene	ASISTENCIA
47 Hernández Hernández Sergio	ASISTENCIA
48 Hernández Manzanares Javier	INASISTENCIA
49 Hernández Silva Benjamín	PERMISO MESA DIRECTIVA
50Nohelia Ibarra Franquez Sonia	INASISTENCIA
51 Jacques y Medina José	ASISTENCIA
52 Jiménez Valenzuela María Eugenia	ASISTENCIA
53 Landero López Pedro	ASISTENCIA
54Lemarroy Martínez Juan Darío	CÉDULA
55 Leyva Piñón Ana Yurixi	ASISTENCIA
56 Lizárraga Peraza Víctor Manuel	ASISTENCIA
57 López Barriga Erick	INASISTENCIA
58 López Becerra Santiago	ASISTENCIA
59 López Rojas Alberto	ASISTENCIA
60 López Torres Ma. Soledad	ASISTENCIA
61 Lozano Lozano Andrés	ASISTENCIA
62 Luna Munguía Alma Lilia	ASISTENCIA
63 Márquez Madrid Camerino Eleazar	ASISTENCIA
64 Márquez Tinoco Francisco	ASISTENCIA
65 Martínez Hernández Alejandro	ASISTENCIA
66 Martínez Martínez Carlos Roberto	ASISTENCIA
67 Martínez Martínez Francisco	ASISTENCIA
68 Martínez Padilla Hugo Eduardo	ASISTENCIA
69 Martínez Vargas Octavio	ASISTENCIA
70 Matías Alonso Marcos	ASISTENCIA
71 Matus Toledo Holly	INASISTENCIA
72 Mayans Canabal Fernando Enrique	INASISTENCIA
73 Mendoza Arellano David	ASISTENCIA
74 Mendoza Flores Roberto	ASISTENCIA
75 Mendoza Maldonado Fausto Fluvio	INASISTENCIA
76 Mendoza Mendoza Irineo	INASISTENCIA
77 Monreal Ávila Susana	ASISTENCIA
78 Montalvo Rojas Victorio Rubén	PERMISO MESA DIRECTIVA
79 Morales Manzo Jesús Ricardo	ASISTENCIA
80 Morales Sánchez Efraín	ASISTENCIA
81 Morales Vázquez Carlos Orsoe	ASISTENCIA
82Narcía Álvarez Héctor	ASISTENCIA
83 Navarro López Carlos Ernesto	PERMISO MESA DIRECTIVA
84 Navarro Quintero Miguel Ángel	ASISTENCIA
85 Ojeda Hernández Concepción	ASISTENCIA
86 Oliva Fragoso Silvia	ASISTENCIA
87 Orcí Martínez Juan Adolfo	INASISTENCIA
88 Ortega Martínez Antonio	ASISTENCIA
89 Ortiz Magallón Rosario Ignacia	ASISTENCIA
90Pacheco LLanes Ramón Félix	INASISTENCIA
91 Pedraza Chávez Isidro	ASISTENCIA
92 Pedrozo Castillo Adrián	ASISTENCIA
93 Peña Sánchez Miguel Ángel	ASISTENCIA
94 Pérez Cruz Raciel	ASISTENCIA
95 Pulido Santiago Celso David	ASISTENCIA
96 Ramos Becerril Rafael Plácido	ASISTENCIA
97 Ramos Castellanos Martín	INASISTENCIA
98 Rasgado Corsi Gloria	ASISTENCIA
99 Ríos Gamboa Raúl	ASISTENCIA
100 Romero Gutiérrez Odilón	ASISTENCIA
101Ruíz Sánchez Salvador	ASISTENCIA
102 Saavedra Coronel José Antonio	ASISTENCIA
103 Salinas Pérez Josefina	ASISTENCIA
104 San Martín Hernández Juan Manuel	ASISTENCIA
105 Sánchez Barrios Carlos	ASISTENCIA
106 Sánchez Cabrales Rafael Elías	ASISTENCIA
107 Sánchez Camacho Alejandro	ASISTENCIA
108 Sánchez Camacho David	OFICIAL COMISIÓN
109 Sánchez Ramos Francisco	ASISTENCIA
110 Sánchez Valdéz Eva Angelina	ASISTENCIA
111 Sandoval Ramírez Cuauhtémoc	PERMISO MESA DIRECTIVA
112 Santos Arreola Francisco Javier	INASISTENCIA
113 Solares Chávez Miguel Ángel	ASISTENCIA
114 Soriano Sánchez Rosa Elva	INASISTENCIA
115 Soto Sánchez Antonio	ASISTENCIA
116 Suárez del Real y Aguilera José Alfonso	ASISTENCIA
117 Torres Baltazar María Elena	ASISTENCIA
118 Torres García Daniel	ASISTENCIA
119 Trejo Pérez Pablo	ASISTENCIA
120 Ulloa Pérez Emilio	ASISTENCIA
121 Vallejo Estevez Mario	ASISTENCIA
122 Varela López Víctor Gabriel	ASISTENCIA
123 Villanueva Albarrán Gerardo	ASISTENCIA
124 Villicaña García Rafael	ASISTENCIA
125 Zavaleta Salgado Ruth	OFICIAL COMISIÓN
126 Zazueta Aguilar Jesús Humberto	ASISTENCIA
127 Zepeda Hernández Martín	ASISTENCIA
Asistencias: 99
Asistencias por cédula: 4
Asistencias comisión oficial: 2
Permiso Mesa Directiva: 6
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 16
Total diputados: 127

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
1 Abramo Masso Yerico	ASISTENCIA
2 Aguilar Diego	PERMISO MESA DIRECTIVA
3 Aguilar Solís Samuel	INASISTENCIA
4 Aispuro Torres José Rosas	ASISTENCIA
5 Alcántara Núñez Jesús Sergio	OFICIAL COMISIÓN
6 Aldana Prieto Luis Ricardo	PERMISO MESA DIRECTIVA
7 Amador Gaxiola Daniel	PERMISO MESA DIRECTIVA
8 Amador Leal Narcizo Alberto	ASISTENCIA
9 Ayala Almeida Joel	ASISTENCIA
10 Badillo Martínez Roberto	ASISTENCIA
11Barajas Del Toro Salvador	ASISTENCIA
12 Barajas López Ramón	ASISTENCIA
13 Barba Hernández Alfredo	PERMISO MESA DIRECTIVA
14 Beltrán Montes Israel	PERMISO MESA DIRECTIVA
15 Benítez Ojeda Luis Enrique	INASISTENCIA
16 Bernal Gutiérrez Andrés Marco Antonio	ASISTENCIA
17 Biebrich Torres Carlos Armando	ASISTENCIA
18 Blanco Pajón José Luis	INASISTENCIA
19 Caballero Camargo Gustavo Fernando	INASISTENCIA
20 Camacho Quiroz César Octavio	INASISTENCIA
21 Canavati Tafich Jesús Ricardo	INASISTENCIA
22 Carballo Bustamante Andrés	ASISTENCIA
23Cárdenas Del Avellano Enrique	ASISTENCIA
24 Cárdenas Monroy Oscar Gustavo	ASISTENCIA
25 Cervantes Andrade Raúl	INASISTENCIA
26 Colín Guadarrama María Mercedes	ASISTENCIA
27 Cordero Alfonzo Arnulfo Elías	ASISTENCIA
28 Chaurand Arzate Carlos	ASISTENCIA
29De la Garza Treviño Jorge Luis	INASISTENCIA
30 Díaz Athié Antonio de Jesús	ASISTENCIA
31 Díaz Solorzano Elmar Darinel	ASISTENCIA
32 Domínguez Domínguez Nemesio	ASISTENCIA
33 Duarte Jáquez César Horacio	ASISTENCIA
34 Escajeda Jiménez José Rubén	ASISTENCIA
35 Escalante Jasso Aracely	INASISTENCIA
36 Espinosa Abuxapqui Eduardo Elías	ASISTENCIA
37 Estefan Chidiac Charbel Jorge	INASISTENCIA
38 Flores Sandoval Patricio	ASISTENCIA
39 Fuentes Téllez Octavio	ASISTENCIA
40 Gamboa Patrón Emilio	ASISTENCIA
41 Garza Garza Horacio Emigdio	INASISTENCIA
42 Gebhardt Garduza Yary del Carmen	ASISTENCIA
43 Gloria Requena Tomás	ASISTENCIA
44 Gómez Lugo Elda	PERMISO MESA DIRECTIVA
45 González Calderón Martha Hilda	ASISTENCIA
46 González Salum Miguel Ángel	PERMISO MESA DIRECTIVA
47 González Zarur Mariano	ASISTENCIA
48 Guerrero García Javier	PERMISO MESA DIRECTIVA
49 Guerrero Juárez Joel	ASISTENCIA
50 Herrera Ale Juana Leticia	ASISTENCIA
51 Herrera Coyac Wenceslao	ASISTENCIA
52 Izquierdo Bustamante Alfonso Rolando	ASISTENCIA
53 Lagunes Gallina Gerardo	ASISTENCIA
54 Lescieur Talavera Jorge Mario	ASISTENCIA
55 López Balbuena Guillermina	ASISTENCIA
56Madrid Tovilla Arely	ASISTENCIA
57 Martínez Rocha Arturo	PERMISO MESA DIRECTIVA
58 Martínez Rodríguez Lorena	ASISTENCIA
59 Méndez Lanz Víctor Manuel	ASISTENCIA
60 Mendívil Amparán Gustavo Ildefonso	OFICIAL COMISIÓN
61 Merodio Reza Lilia Guadalupe	INASISTENCIA
62Moctezuma Pereda Fernando Quetzalcoatl	ASISTENCIA
63 Montalvo Gómez Pedro	PERMISO MESA DIRECTIVA
64 Morales García Elizabeth	CÉDULA
65 Mota Hernández Adolfo	ASISTENCIA
66 Muñoz Serna Rogelio	ASISTENCIA
67 Murat José	PERMISO MESA DIRECTIVA
68 Ochoa González Arnoldo	ASISTENCIA
69 Ojeda Camacho Gilberto	INASISTENCIA
70 Olivares Monterrubio Alejandro	ASISTENCIA
71 Olivares Ventura Héctor Hugo	ASISTENCIA
72 Ordaz Jiménez Ismael	ASISTENCIA
73 Orihuela Bárcenas José Ascención	ASISTENCIA
74 Orihuela Trejo José Amado	ASISTENCIA
75Ortiz Del Carpio Víctor	CÉDULA
76 Ortiz Proal Mauricio	ASISTENCIA
77 Padilla Gutiérrez Héctor	PERMISO MESA DIRECTIVA
78 Pagés Llergo Rebollar María Beatriz	ASISTENCIA
79 Palma César Víctor Samuel	ASISTENCIA
80 Parás González Juan Manuel	PERMISO MESA DIRECTIVA
81 Partida Guzmán Martha Rocío	PERMISO MESA DIRECTIVA
82 Patrón Montalvo Jesús Manuel	ASISTENCIA
83 Peñuelas Acuña Mayra Gisela	INASISTENCIA
84 Pérez Valdés Daniel	INASISTENCIA
85 Pinete Vargas María del Carmen	ASISTENCIA
86 Quiñones Canales Lourdes	INASISTENCIA
87 Ramírez Martínez José Edmundo	ASISTENCIA
88 Ramírez Stabros Jesús	ASISTENCIA
89 Reyna García José Jesús	ASISTENCIA
90 Ríos Camarena Alfredo Adolfo	ASISTENCIA
91 Rivera Bedoya Juan Francisco	ASISTENCIA
92 Rodríguez Ramírez Bertha Yolanda	INASISTENCIA
93 Rojas Gutiérrez Carlos	ASISTENCIA
94Ruíz Chávez Sara Latife	PERMISO MESA DIRECTIVA
95 Salas López Ramón	CÉDULA
96 Sánchez Hernández Eduardo	ASISTENCIA
97 Sandoval Paredes Sergio	ASISTENCIA
98 Serrano Escobar Enrique	ASISTENCIA
99 Sosa Castelán Gerardo	ASISTENCIA
100 Toledo Luis Jorge	PERMISO MESA DIRECTIVA
101 Vargas Landeros Gerardo Octavio	PERMISO MESA DIRECTIVA
102Vega Ortíz María Oralia	ASISTENCIA
103 Velasco Pérez Juan Carlos	ASISTENCIA
104 Villa Villa Isael	ASISTENCIA
105 Villanueva Abraján Patricia	ASISTENCIA
106 Zatarain González Carlos Ernesto	ASISTENCIA
Asistencias: 67
Asistencias por cédula: 3
Asistencias comisión oficial: 2
Permiso Mesa Directiva: 17
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 17
Total diputados: 106

CONVERGENCIA
1 Abad De Jesús Juan	ASISTENCIA
2 Aguilera Rico José Luis	ASISTENCIA
3 Cárdenas Márquez Elías	ASISTENCIA
4 Castellanos Hernández Félix	ASISTENCIA
5 Castillo Romero Patricia Obdulia de Jesús	ASISTENCIA
6 Chanona Burguete Alejandro	ASISTENCIA
7 Del Río Virgen José Manuel	OFICIAL COMISIÓN
8 Godoy Cárdenas Jorge	ASISTENCIA
9 López Lena Cruz Humberto	ASISTENCIA
10 Salvatori Bronca María del Carmen	ASISTENCIA
11 Samperio Montaño Juan Ignacio	ASISTENCIA
12 Sansores San Román Layda Elena	ASISTENCIA
13 Tagle Martínez Martha Angélica	ASISTENCIA
14 Uscanga Cruz Robinson	ASISTENCIA
15 Valdés Chávez Ramón	ASISTENCIA
16 Varela Lagunas Tomás José Luis	ASISTENCIA
17 Velasco Oliva Jesús Cuauhtémoc	ASISTENCIA
Asistencias: 16
Asistencias por cédula: 0
Asistencias comisión oficial: 1
Permiso Mesa Directiva: 0
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 0
Total diputados: 17

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO
1 Arévalo González José Antonio	ASISTENCIA
2 Bellizzia Rosique Pascual	ASISTENCIA
3 Cobo Terrazas Diego	INASISTENCIA
4 Elizondo Garrido Francisco	ASISTENCIA
5 Estrada González Faustino Javier	ASISTENCIA
6 González Martínez Jorge Emilio	INASISTENCIA
7 Lavara Mejía Gloria	CÉDULA
8 López Adame Antonio Xavier	ASISTENCIA
9 Manrique Guevara Beatriz	OFICIAL COMISIÓN
10 Notholt Guerrero Alan	ASISTENCIA
11 Portilla Dieguez Manuel Salvador	OFICIAL COMISIÓN
12 Puente Salas Carlos Alberto	ASISTENCIA
13 Ramírez Cerda Ana María	INASISTENCIA
14 Rodríguez Luis Alejandro	INASISTENCIA
15 Salgado Amador Manuel Salvador	ASISTENCIA
16 Sesma Suárez Jesús	INASISTENCIA
17 Velasco Rodríguez Verónica	ASISTENCIA
Asistencias: 9
Asistencias por cédula: 1
Asistencias comisión oficial: 2
Permiso Mesa Directiva: 0
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 5
Total diputados: 17

PARTIDO DEL TRABAJO
1 Aguilar Jiménez Rubén	ASISTENCIA
2 Arreola Ortega Pablo Leopoldo	ASISTENCIA
3 Cantú Garza Ricardo	CÉDULA
4 Cervantes Rivera Jaime	INASISTENCIA
5 Garay Ulloa Silvano	ASISTENCIA
6 Herrera Solís Anuario Luis	ASISTENCIA
7Maciel Ortiz Ma. Mercedes	ASISTENCIA
8 Peregrino García Abundio	ASISTENCIA
9 Romero Guzmán Rosa Elia	INASISTENCIA
10 Solís Parga Rodolfo	INASISTENCIA
11 Vela González Joaquín Humberto	INASISTENCIA
Asistencias: 6
Asistencias por cédula: 1
Asistencias comisión oficial: 0
Permiso Mesa Directiva: 0
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 4
Total diputados: 11

NUEVA ALIANZA
1 Arriola G. Mónica T.	ASISTENCIA
2 Cárdenas Fonseca Manuel	ASISTENCIA
3 Castillo Nájera Ariel	ASISTENCIA
4 Dávila Esquivel Humberto	ASISTENCIA
5 Gómez Pasillas Jacinto	ASISTENCIA
6 Jiménez Godínez Miguel Ángel	ASISTENCIA
7 Luna Becerril Blanca	ASISTENCIA
8 Luna Rodríguez Silvia	ASISTENCIA
9 Piñeyro Arias Irma	INASISTENCIA
Asistencias: 8
Asistencias por cédula: 0
Asistencias comisión oficial: 0
Permiso Mesa Directiva: 0
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 1
Total diputados: 9

ALTERNATIVA
1 Arvizu Rivas Aida Marina	CÉDULA
2 Conde Rodríguez Elsa de Guadalupe	ASISTENCIA
3 García Méndez Armando	ASISTENCIA
4 Hernández Valadés Delio	ASISTENCIA
5 Pedro Cortés Santiago Gustavo	INASISTENCIA
Asistencias: 3
Asistencias por cédula: 1
Asistencias comisión oficial: 0
Permiso Mesa Directiva: 0
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 1
Total diputados: 5

SECRETARÍA GENERAL
REPORTE DE INASISTENCIAS

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL
Diputado
1 Acosta Dávila Constantino
2 Antuña Batista Fidel
3 Armendáriz García Pedro
4 Barradas Miravete Gregorio
5 Barrios Rodríguez Juan Enrique
6 Bello Pérez Alfonso Othón
7 Berber Martínez Antonio
8 Campos Galván María Eugenia
9 Carbajal Méndez Liliana
10 Castaño Contreras Cristián
11 Curiel Preciado Leobardo
12 Chávez García Daniel
13 Díaz Mena Joaquín Jesús
14 Díaz de León Torres Leticia
15 Escaroz Soler Gerardo Antonio
16 Fraile García Francisco Antonio
17 García González Carlos Alberto
18 González Martínez María Gabriela
19 González Ruiz Felipe
20 González Sánchez Ma. Dolores
21 Iragorri Durán Enrique
22 Lagunes Viveros Violeta del Pilar
23 Maawad Robert Luis Xavier
24 Macías Zambrano Gustavo
25 Manuell-Gómez Angulo Dolores De María
26 Medellín Varela Antonio
27 Mohamar Dainitin Oscar Miguel
28 Ortíz Hernández Eduardo
29 Palafox Núñez José Inés
30 Pérez Cuéllar Cruz
31 Rodríguez Jiménez Ricardo
32 Salazar Madera Mario Alberto
33 Sánchez Domínguez Alejandro
34 Solano Muñoz José de Jesús
35 Tamayo Herrera Yadhira Yvette
36 Verástegui Ostos César Augusto
Faltas por grupo: 36

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA
Diputado
1 Almonte Borja Ramón
2 Alva Olvera Maribel Luisa
3 Condado Escamilla Cuitlahuac
4 Dagdug Lützow Moisés Félix
5 Hernández Manzanares Javier
6 Nohelia Ibarra Franquez Sonia
7 López Barriga Erick
8 Matus Toledo Holly
9 Mayans Canabal Fernando Enrique
10 Mendoza Maldonado Fausto Fluvio
11 Mendoza Mendoza Irineo
12 Orcí Martínez Juan Adolfo
13 Pacheco LLanes Ramón Félix
14 Ramos Castellanos Martín
15 Santos Arreola Francisco Javier
16 Soriano Sánchez Rosa Elva
Faltas por grupo: 16

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
Diputado
1 Aguilar Solís Samuel
2 Benítez Ojeda Luis Enrique
3 Blanco Pajón José Luis
4 Caballero Camargo Gustavo Fernando
5 Camacho Quiroz César Octavio
6 Canavati Tafich Jesús Ricardo
7 Cervantes Andrade Raúl
8 De la Garza Treviño Jorge Luis
9 Escalante Jasso Aracely
10 Estefan Chidiac Charbel Jorge
11 Garza Garza Horacio Emigdio
12 Merodio Reza Lilia Guadalupe
13 Ojeda Camacho Gilberto
14 Peñuelas Acuña Mayra Gisela
15 Pérez Valdés Daniel
16 Quiñones Canales Lourdes
17 Rodríguez Ramírez Bertha Yolanda
Faltas por grupo: 17

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO
Diputado
1 Cobo Terrazas Diego
2 González Martínez Jorge Emilio
3 Ramírez Cerda Ana María
4 Rodríguez Luis Alejandro
5 Sesma Suárez Jesús
Faltas por grupo: 5

PARTIDO DEL TRABAJO
Diputado
1 Cervantes Rivera Jaime
2 Romero Guzmán Rosa Elia
3 Solís Parga Rodolfo
4 Vela González Joaquín Humberto
Faltas por grupo: 4

NUEVA ALIANZA
Diputado
1 Piñeyro Arias Irma
Faltas por grupo: 1

ALTERNATIVA
Diputado
1 Pedro Cortés Santiago Gustavo
Faltas por grupo: 1