Diario de los Debates

organo oficial de la camara de diputados
del congreso de los estados unidos mexicanos
Poder Legislativo Federal, LX Legislatura
Correspondiente al Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Tercer Año de Ejercicio
Director General de
Crónica Parlamentaria
Gilberto Becerril Olivares
Presidente

Diputado César Horacio Duarte Jáquez
Director del
Diario de los Debates
Jesús Norberto Reyes Ayala
Año III
México, DF, miércoles 19 de noviembre de 2008
Sesión No. 27

SUMARIO


ACTA DE LA SESION ANTERIOR

Desde su curul la diputada Valentina Valia Batres Guadarrama solicita información en relación con la discusión de los dictámenes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública relativos a la revisión de las Cuentas de la Hacienda Pública Federal.

DICTAMENES NEGATIVOS DE PUNTOS DE ACUERDO

Comunicación de la Mesa Directiva en relación con dictámenes negativos mediante los cuales se desechan proposiciones de puntos de acuerdo de las siguientes comisiones:

De Agricultura y Ganadería, y de Desarrollo Rural, relativo a la comparecencia del director general del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

De la Función Pública, por el que se exhorta al gobierno de Durango a entregar los documentos que avalen el manejo adecuado de 99 mil toneladas de cemento donadas a la población de esa entidad federativa.

De Justicia, por el que se exhorta a la Procuraduría General de la República a ejercer la facultad de atracción sobre la investigación y persecución de los homicidios de Teresa Bautista Merino y Felicitas Martínez Sánchez.

De Juventud y Deporte, por el que se solicita la comparecencia del director general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte.

De Salud, para citar a comparecer al Secretario de Salud, a fin de que explique las medidas adoptadas por el gobierno federal en el caso de la alerta epidemiológica por sarampión.

De Salud, sobre la prevención de las adicciones en el sector público.

De Salud, por el que se exhorta al director general del Instituto Mexicano del Seguro Social a informar sobre la desaparición de la Coordinación de Salud Sexual y Reproductiva y sobre el cierre de los Centros de Atención Rural al Adolescente.

De Salud, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a incluir la hemofilia en el catálogo de enfermedades atendibles por el Seguro Popular.

De Seguridad Social, para exhortar al Instituto Mexicano del Seguro Social a destinar recursos a la construcción de un hospital de especialidades y mejorar la infraestructura hospitalaria en Reynosa, Tamaulipas.

Archívense los expedientes como asuntos totalmente concluidos.

ESTADO DE NUEVO LEON

Oficio del Tribunal Electoral del estado de Nuevo León, con el que comunica la designación de sus Magistrados. De enterado.

DELITOS CONTRA PERIODISTAS

Oficio de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados en la sesión del pasado 21 de octubre, para exhortar a las Comisiones estatales de Derechos Humanos a establecer áreas especiales encargadas de dar atención y seguimiento a los agravios cometidos en contra de periodistas en su entidad. Se remite a la Comisión de Derechos Humanos para su conocimiento.

ESTADO DE HIDALGO

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que la Cámara de Diputados exhorta al Gobierno del estado de Hidalgo a realizar la investigación sobre lo acaecido en el proceso electoral del pasado 9 de noviembre de 2008 en dicha entidad. Aprobado, comuníquese.

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con el que envía información relativa al pago de las participaciones a las entidades federativas correspondiente al mes de octubre de 2008, desagregada por tipo de fondo. Se remite a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

REVOLUCION MEXICANA

Se refieren a la conmemoración del XCVIII aniversario del inicio de la Revolución Mexicana los diputados:

Jacinto Gómez Pasillas.

Ricardo Cantú Garza.

Pascual Bellizzia Rosique.

Elías Cárdenas Márquez.

Jesús Ramírez Stabros.

Víctor Manuel Lizárraga Peraza.

Gregorio Barradas Miravete.

LEY DE CAMARAS EMPRESARIALES Y SUS CONFEDERACIONES - CODIGO DE COMERCIO

Primera lectura del dictamen de la Comisión de Economía con proyecto decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones y del Código de Comercio.

LEY FEDERAL DE PROTECCION AL CONSUMIDOR

Primera lectura del dictamen de la Comisión de Economía con proyecto decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

LEY DE ASISTENCIA SOCIAL

Dictamen de las Comisiones Unidas de Salud, y de Atención a Grupos Vulnerables con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa presentada el 25 de octubre de 2007 que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Asistencia Social.

LEY ORGANICA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA

Dictamen de la Comisión de Justicia con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa presentada el 5 de abril de 2005 que deroga la fracción XIII, del artículo 11 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

LEY GENERAL DEL SISTEMA DE MEDIOS DE IMPUGNACION EN MATERIA ELECTORAL

Dictamen de la Comisión de Justicia con punto de acuerdo por el que se desechan dos iniciativas presentadas el 12 y 14 de abril de 2005 que reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

LEY GENERAL DEL SISTEMA DE MEDIOS DE IMPUGNACION EN MATERIA ELECTORAL

Dictamen de la Comisión de Justicia con punto de acuerdo por el que se desechan tres iniciativas presentadas durante la LIX Legislatura, que reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

CONSTITUCION POLITICA - CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES - CODIGO PENAL FEDERAL - LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA - LEY ORGANICA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA - LEY DE EXPROPIACION

Dictamen de la Comisión de Justicia con punto de acuerdo por el que se desechan tres iniciativas presentadas durante la LIX y LX Legislaturas que reforman la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Código Federal de Procedimientos Penales, el Código Penal Federal, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y la Ley de Expropiación.

LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE

Dictamen de las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería, y de Desarrollo Rural con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa presentada el 27 de abril de 2006 con proyecto de decreto que adiciona la fracción XX Bis y reforma la XXII del artículo 3o.; y reforma los artículos 179 y 183 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION

Dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público con punto de acuerdo por el que se desecha iniciativa presentada el 12 de diciembre de 2006 que reforma el artículo 92 del Código Fiscal de la Federación.

volumen ii

LEY GENERAL DE SALUD

Dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público con punto de acuerdo por el que se desechan dos iniciativas presentadas el 11 de noviembre de 2005 y 30 de mayo de 2007 que reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud en materia de tabaco.

LEY GENERAL DE SALUD

Dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público con punto de acuerdo por el que se desecha iniciativa presentada el 19 de febrero pasado que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud en materia de Etiquetado de Alimentos.

CODIGO DE COMERCIO

Dictamen de la Comisión de Economía con punto de acuerdo por el que se dese-cha iniciativa presentada el 8 de noviembre de 2007, que adiciona un párrafo segundo y tercero al artículo 1049 del Código de Comercio.

LEY FEDERAL DE PROTECCION AL CONSUMIDOR

Dictamen de la Comisión de Economía con punto de acuerdo por el que se dese-cha iniciativa presentada el 12 de diciembre de 2007, que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

LEY QUE CREA EL INSTITUTO NACIONAL DE FOMENTO Y DESARROLLO INDUSTRIAL

Dictamen de la Comisión de Economía con punto de acuerdo por el que se dese-cha minuta recibida el 18 de abril de 2006 que expide la Ley que Crea el Instituto Nacional de Fomento y Desarrollo Industrial.

Se aprueban en conjunto los anteriores 12 dictámenes. Archívense los expedientes como asuntos totalmente concluidos, y en relación con la minuta pasa a la Cámara de Senadores para sus efectos constitucionales.

PERMISOS PARA PRESTAR SERVICIOS EN REPRESENTACIONES DIPLOMATICAS

Segunda lectura de dos dictámenes de la Comisión de Gobernación que conceden permiso a 10 ciudadanos para prestar servicios en representaciones diplomáticas.

PERMISOS PARA ACEPTAR Y USAR CONDECORACIONES

Segunda lectura de cuatro dictámenes de la Comisión de Gobernación que conceden permisos a 16 ciudadanos para aceptar y usar condecoraciones que les confieren gobiernos extranjeros.

PERMISOS PARA PRESTAR SERVICIOS EN REPRESENTACIONES DIPLOMATICAS

Segunda lectura del dictamen de la Comisión de Gobernación que concede permiso a 4 ciudadanos para prestar servicios en representaciones diplomáticas.

Se aprueban en lo general y en lo particular los anteriores 7 dictámenes. Pasan al Ejecutivo federal y a la Cámara de Senadores, según corresponda, para sus efectos constitucionales.

LEY GENERAL DE BIBLIOTECAS

Segunda lectura del dictamen de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Bibliotecas.

Fundamenta el dictamen en nombre de la comisión el diputado Constantino Acosta Dávila.

A discusión, interviene la diputada Blanca Luna Becerril.

Se considera suficientemente discutido.

La Presidenta declara aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto. Pasa a la Cámara de Senadores para sus efectos constitucionales.

LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE

Se da por recibido el oficio del diputado Carlos Ernesto Navarro López, Presidente de la Comisión de Desarrollo Rural, por el que solicita que el dictamen a discusión que adiciona una fracción XII, al artículo 179; y el dictamen que reforma el segundo párrafo del artículo 14 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, sean pospuestos.

LEY DEL REGISTRO PUBLICO VEHICULAR

Segunda lectura del dictamen de la Comisión de Seguridad Pública con proyecto de decreto que adiciona un artículo 4 Bis a la Ley del Registro Público Vehicular.

EXPLOSION EN SAN JUAN IXHUATEPEC

Desde su curul, el diputado Raciel Pérez Cruz solicita un minuto de silencio en memoria de las víctimas de la tragedia en San Juan Ixhuatepec, municipio de Tlalnepantla de Baz, estado de México.

LEY DEL REGISTRO PUBLICO VEHICULAR

Sin discusión, la Presidencia declara aprobado en lo general y en lo particular el dictamen de la Comisión de Seguridad Pública con proyecto de decreto que adiciona un artículo 4 Bis a la Ley del Registro Público Vehicular. Pasa a la Cámara de Senadores para sus efectos constitucionales.

EXPLOSION EN SAN JUAN IXHUATEPEC

De acuerdo con la solicitud expresada, se guarda minuto de silencio en memoria de las víctimas de la tragedia en San Juan Ixhuatepec, municipio de Tlalnepantla de Baz, estado de México, por la serie de explosiones en instalaciones de Pemex el 19 de noviembre de 1984.

LEY DE AMPARO - LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION

Segunda lectura del dictamen de la Comisión de Justicia con proyecto decreto que reforma la fracción II y adiciona una fracción III al artículo 184 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y reforma las fracciones XXXV y XXXVI del artículo 81 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

A discusión, interviene el diputado José Manuel del Río Virgen.

Suficientemente discutido, el Presidente declara aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto. Pasa a la Cámara de Senadores para sus efectos constitucionales.

LEY FEDERAL PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACION

Segunda lectura del dictamen de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables con proyecto decreto que reforma el último párrafo del artículo 23 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.

Fundamenta el dictamen en nombre de la comisión la diputada Diana Carolina Pérez de Tejada Romero.

Se considera suficientemente discutido y el Presidente declara aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto de referencia. Pasa a la Cámara de Senadores para sus efectos constitucionales.

LEY QUE ESTABLECE LAS NORMAS MINIMAS SOBRE READAPTACION SOCIAL DE SENTENCIADOS

Se recibe de la diputada Elda Gómez Lugo iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 16 de la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, en relación con los beneficios con que cuentan los sentenciados por delitos del crimen organizado cuando ingresan en los penales. Se turna a la Comisión de Seguridad Pública.

LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA PROTECCION AL AMBIENTE

Se recibe de la diputada Rosa Elva Soriano Sánchez iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un artículo 13 Bis a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en materia de federalismo ambiental. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION

Se recibe del diputado Raúl Cervantes Andrade iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 29 y 37 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, sobre los recursos de apelación interpuestos contra sentencias definitivas en el caso de delitos como delincuencia organizada y contra la salud. Se turna a la Comisión de Justicia.

LEY DE AMPARO

Se recibe del diputado Raúl Cervantes Andrade iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 158 Bis de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para establecer la figura del amparo adhesivo; esto es, promover el amparo con el objeto de fortalecer las consideraciones de la sentencia definitiva, laudo o resolución. Se turna a la Comisión de Justicia.

LEY GENERAL DE PESCA Y ACUACULTURA SUSTENTABLES

Se recibe del diputado Carlos Orsoe Morales Vázquez iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 4o. y 8o. y adiciona el Capítulo III al Título Cuarto de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, respecto a las facultades y atribuciones de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca. Se turna a la Comisión de Pesca.

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

Se recibe de la diputada Silvia Luna Rodríguez iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 109 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a fin de que se eliminen del pago del impuesto sobre la renta las jubilaciones, pensiones y haberes de retiro. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES

Se recibe del diputado José Edmundo Ramírez Martínez iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 60 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, en relación con las tarifas de los servicios en telefonía celular. Se turna a la Comisión de Comunicaciones.

CIUDADES PATRIMONIO MUNDIAL

Se recibe de la diputada Aurora Cervantes Rodríguez proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de la Secretaría de Educación Pública y del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes a tomar previsiones presupuestales en favor de las ciudades patrimonio mundial. Se turna a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Cultura.

CIUDADES PATRIMONIO MUNDIAL

Se recibe de la diputada Aurora Cervantes Rodríguez proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Auditoría Superior de la Federación que realice una revisión especial a los recursos sin ejercer en el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes durante el periodo de 2004 a 2008, en especial los asignados a ciudades patrimonio mundial. Se turna a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.

PETROLEOS MEXICANOS

Se recibe del diputado Humberto López Lena Cruz proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a designar como sede la Ciudad de Salina Cruz, Oaxaca, para la construcción de la nueva refinería que se tiene prevista dentro del Fondo de Estabilización para la Inversión en Infraestructura en Petróleos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Energía.

DISTRITO FEDERAL

Se recibe del diputado Francisco Elizondo Garrido proposición con punto de acuerdo por el que se solicita al jefe de Gobierno del Distrito Federal que instruya a las autoridades competentes a fin de que atiendan el problema de contaminación que genera el establecimiento ubicado en la calle Madero número 14, colonia Tizapán, en la delegación Alvaro Obregón. Se turna a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y del Distrito Federal.

ADMINISTRADORAS DE FONDOS PARA EL RETIRO

Se recibe del diputado Jacinto Gómez Pasillas proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro a rendir un informe sobre la situación financiera de las Administradoras de Fondos para el Retiro y Sociedades de Inversión Especializadas en Fondos para el Retiro. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

DISTRITO FEDERAL

Se recibe del diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la delegación Miguel Hidalgo a proporcionar a los vecinos de la demarcación información relativa a la construcción de diversas obras viales, por ejemplo, tiempo de ejecución y estudios en materia de impacto ambiental. Se turna a la Comisión del Distrito Federal.

LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL

Se recibe del diputado Alejandro Sánchez Camacho solicitud de excitativa a la Comisión de Gobernación. La Presidencia realiza la excitativa correspondiente.

LEY DEL SEGURO SOCIAL

Se recibe del diputado Miguel Angel Navarro Quintero solicitud de excitativa a la Cámara de Senadores. La Presidencia realiza la excitativa correspondiente.

LEY ORGANICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Se recibe del diputado Rafael Ramos Becerril solicitud de excitativa a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias. La Presidencia realiza la excitativa correspondiente.

ORDEN DEL DIA

De la próxima sesión.

VOTACIONES

De conformidad con lo que dispone el artículo 2, numeral 2, inciso c, del Reglamento para la Transparencia y el Acceso a la Información Pública de la H. Cámara de Diputados, se publican las votaciones de los siguientes dictámenes:

De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Bibliotecas, en materia de acervos digitales (en lo general y en lo particular).

De la Comisión de Seguridad Pública, con proyecto de decreto que adiciona el artículo 4 Bis a la Ley del Registro Público Vehicular (en lo general y en lo particular).

De la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto que reforma la fracción II y adiciona la III al artículo 184 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y reforma las fracciones XXXV y XXXVI del artículo 81 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación (en lo general y en lo particular).

De la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con proyecto de decreto que reforma el último párrafo del artículo 23 de la Ley Federal para prevenir y eliminar la Discriminación (en lo general y en lo particular).


Presidencia del diputado César Duarte Jáquez


ASISTENCIA

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Pido a la Secretaría que haga del conocimiento de la Presidencia el resultado del registro de asistencia de diputadas y diputados.

La Secretaria diputada María del Carmen Pinete Vargas : Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 293... el diputado Murat.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Está abierto el sistema, diputado Murat.

¿No funciona? Entonces que se registre la asistencia del diputado Murat. Continúe la Secretaría.

La Secretaria diputada María del Carmen Pinete Vargas : Hay 296 compañeros diputados, 297 con el registro del diputado Murat; por tanto, hay quórum, señor presidente.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez (a las 11:54 horas): Se abre la sesión.



ORDEN DEL DIA

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.

La Secretaria diputada María del Carmen Pinete Vargas : Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Primer Periodo Ordinario de Sesiones.--- Tercer Año de Ejercicio.--- LX Legislatura.

Orden del día

Miércoles 19 de noviembre de 2008.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones

De la Mesa Directiva.

Del Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León.

De la Comisión de Derechos Humanos del estado de Puebla.

Proposiciones de acuerdo de los órganos de gobierno

De la Junta de Coordinación Política

Por el que la Cámara de Diputados exhorta al Gobierno del estado de Hidalgo a realizar la investigación sobre los hechos presentados en el proceso electoral del pasado 9 de noviembre de 2008 en dicha entidad. (Votación)

Oficios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Con el que remite información relativa al pago de las participaciones a las entidades federativas correspondiente al mes de octubre de 2008, desagregada por tipo de fondo.

Efeméride con motivo de la conmemoración del 98 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, a cargo de los grupos parlamentarios.

Iniciativas

Que reforma el artículo 16 de la Ley que Establece las Normas Mínimas Sobre Readaptación Social de Sentenciados, a cargo de la diputada Elda Gómez Lugo , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que adiciona un artículo 13 Bis a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, suscrita por diversos diputados del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, a cargo del diputado Raúl Cervantes Andrade , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Que reforma el artículo 158 Bis de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Raúl Cervantes Andrade , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Que adiciona un artículo 24 Bis a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, a cargo del diputado Martín Óscar González Moran, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado Neftalí Garzón Contreras , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 60 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, a cargo del diputado José Edmundo Ramírez Martínez , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 25 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por diversos diputados del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Francisco Fraile García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, a cargo del diputado Agustín Mollinedo Hernández , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Joel Arellano Arellano , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del diputado Moisés Alcalde Virgen , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 1164 y 1165 del Código de Comercio, a cargo de la diputada Martha Hilda González Calderón , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 24 y adiciona los artículos 26 Bis y 26 Ter a la Ley del Banco de México, suscrita por los diputados Aleida Alavez Ruiz y Alejandro Sánchez Camacho , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, a cargo del diputado Carlos Navarro Sugich , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 61 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Holly Matus Toledo , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 5 de la Ley de Educación Militar del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, a cargo de la diputada Bertha Yolanda Rodríguez Ramírez , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que expide la Ley para el Desarrollo de la Sociedad de la Información, suscrita por diputados de diversos Grupos Parlamentarios. (Turno a Comisión)

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, a cargo del diputado Carlos Orsoe Morales Vázquez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

De decreto por el que se declara el año 2009 como ``Año de la no violencia entre las y los jóvenes'', suscrita por diversos diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Neftalí Garzón Contreras , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 47 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Carlos Ernesto Zatarain González , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 2 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, a cargo del diputado Christian Martín Lujano Nicolás , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Neftalí Garzón Contreras , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Adriana Díaz Contreras , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Gerardo Octavio Vargas Landeros , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 229 Bis del Código Penal Federal, a cargo del diputado Elías Cárdenas Márquez , del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 2 y 3 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura, a cargo de la diputada Bertha Yolanda Rodríguez Ramírez , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Ramón Barajas López , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 64, 84 y 130 de la Ley del Seguro Social, a cargo de la diputada Holly Matus Toledo , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, a cargo del diputado Israel Beltrán Montes , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 145 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, a cargo de la diputada Patricia Castillo Romero , del Grupo Parlamentario Convergencia. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 167 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo de la diputada Beatriz Manrique Guevara , del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 109 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo de la diputada Silvia Luna Rodríguez , del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y expide la Ley General de Archivos, a cargo del diputado Enrique Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 2-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, suscrita por los diputados Javier Guerrero García , Horacio Garza Garza e Ismael Ordaz Jiménez , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que expide la Ley del Impuesto Sobre Emisiones de Vehículos Particulares, a cargo del diputado Alan Notholt Guerrero , del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 34 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, a cargo de la diputada Claudia Cruz Santiago, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y suscrita por diputados de diversos Grupos Parlamentarios. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 12 de la Ley General de Educación, suscrita por los diputados Bertha Yolanda Rodríguez Ramírez y Gerardo Octavio Vargas Landeros , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 31 del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Claudia Cruz Santiago, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y suscrita por diputados de diversos Grupos Parlamentarios. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Bertha Yolanda Rodríguez Ramírez , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que adiciona el artículo 1004 Bis a la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Claudia Cruz Santiago, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y suscrita por diputados de diversos Grupos Parlamentarios. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica y del Reglamento para el Gobierno Interior, ambos del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Alberto Amador Leal , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes: Federal del Trabajo y del Seguro Social, a cargo de la diputada Claudia Cruz Santiago, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y suscrita por diputados de diversos Grupos Parlamentarios. (Turno a Comisión)

De decreto para inscribir con letras de oro en el Muro de Honor del Palacio Legislativo de San Lázaro la leyenda ``Federación de Chiapas a México'', a cargo del diputado Arnulfo Elías Cordero Alfonzo , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social, a cargo de la diputada Claudia Cruz Santiago, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y suscrita por diputados de diversos Grupos Parlamentarios. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes: Federal del Trabajo y del Seguro Social, a cargo de la diputada Claudia Cruz Santiago, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y suscrita por diputados de diversos Grupos Parlamentarios. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, suscrita por diversos diputados del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Efraín Morales Sánchez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social, a cargo del diputado Neftalí Garzón Contreras , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y diversas disposiciones de la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a cargo del diputado Fernando Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 6 de la Ley que Establece las Normas Mínimas Sobre Readaptación Social de Sentenciados, a cargo del diputado Fernando Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, a cargo de la diputada Rosario Ortiz Magallón , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 39, 40 y 41 de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del diputado Fernando Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que expide la Ley para la Protección de los Deudores de la Banca Comercial, a cargo del diputado Víctor Hugo García Rodríguez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 115 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Rafael Villicaña García , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 7 y 133 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado Joaquín de los Santos Molina , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Dictámenes de primera lectura

De la Comisión de Economía, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones, y del Código de Comercio.

De la Comisión de Economía, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

Dictámenes a discusión

De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Bibliotecas.

De la Comisión de Desarrollo Rural, con proyecto de decreto que adiciona la fracción XII al artículo 179 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

De la Comisión de Desarrollo Rural, con proyecto de decreto que reforma el segundo párrafo del artículo 14 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

De la Comisión de Seguridad Pública, con proyecto de decreto que adiciona el artículo 4 Bis a la Ley del Registro Público Vehicular.

De la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto que reforma la fracción II y adiciona la III al artículo 184 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y reforma las fracciones XXXV y XXXVI del artículo 81 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

De la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con proyecto de decreto que reforma el último párrafo del artículo 23 de la Ley Federal para prevenir y eliminar la Discriminación.

De las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de la Función Pública, con proyecto de decreto que expide la Ley General de Contabilidad Gubernamental y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto que reforma el artículo 184 de la Ley General de Salud.

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Jaqueline Michell García Mante, Bernardo Rodríguez Romero, Blanca Alicia Mendiola González, Jasia Yamina Esquivel Miranda, Viridiana Hernández Rodríguez, Joaquín Fernando González Fisher y Alejandro Alberto Yñigo Meza para prestar servicios en los Consulados de Estados Unidos de América en Nuevo Laredo, Tamaulipas, y en Tijuana, Baja California.

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Gilberto Antonio de la Fuente Morales, Mariana Zayas Chávez y Juan Carlos Barua Olivo para prestar servicios en la Embajada de Estados Unidos de América en México; y en sus Consulados en Tijuana, Baja California, y en Ciudad Juárez, Chihuahua, respectivamente.

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso al capitán de corbeta CG Érick Rigel Márquez Márquez y al vicealmirante CG DEM Manuel Paulin Fritsche para aceptar y usar las condecoraciones en diferentes grados que les confieren la Armada de la República de Argentina y la Marina del gobierno de la República de Brasil, respectivamente.

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso al teniente coronel de infantería DEM Filiberto Oropeza Fabián, al capitán de navío CG DEM Luis Mario Ramón Bravo Román, al coronel de caballería DEM Homero Mendoza Ruiz y al vicealmirante CG DEM Guillermo Colina Torres para aceptar y usar las Medallas de la Defensa Nacional, en grados de Echelon Argent (Categoría Plata) y de Echelon Or (Categoría Oro), que les confiere el Ministerio de la Defensa del gobierno de la República de Francia.

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Lorenzo H. Zambrano Treviño, Francisco Javier Garciadiego Dantán, Isaac José Woldenberg Karakowsky, José Mario Molina Pasquel y Henríquez, Enrique Krauze Kleinbort e Ignacio Bonilla Arroyo para aceptar y usar las condecoraciones de la Orden de Isabel la Católica, en grados de Encomienda y de Gran Cruz, y la Encomienda de la Orden del Mérito Civil.

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permisos a los ciudadanos general brigadier DEM Arturo Sánchez García, al capitán de navío CG DEM Sergio Morales González, Kawabe Tamori Shigenori y Josefina Amelia Kayo Matsubara Oda para aceptar y usar las medallas Cheonsu y Samil de la Orden al Mérito de la Seguridad Nacional, que otorga el gobierno de la República de Corea, y las condecoraciones de la Orden del Sol Naciente, con Rayos de Oro y Plata, y con Rayos Dorados y Roseta, que otorga el gobierno de Japón.

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Elizabeth Nora Echávarri Villanueva, Evaristo Ortiz Cordero, Roberto Yáñez Martínez y Juan Carlos Coellar Reyna para prestar servicios en las Embajadas de Estados Unidos de América y de Japón en México; y en los Consulados de Estados Unidos de América en Tijuana, Baja California, y en Nuevo Vallarta, Nayarit, respectivamente.

De la Comisión de Derechos Humanos, con puntos de acuerdo para condenar las actitudes represoras, violentas e irracionales contra habitantes de Coacalco de Berriozábal, México.

De la Comisión de Seguridad Pública, con puntos de acuerdo a fin de exhortar al titular de la SSP, a los gobernadores de las entidades federativas y al jefe del Gobierno del Distrito Federal a implantar a través de las áreas competentes en materia de ejecución de penas, en sus ámbitos de competencia, las acciones necesarias para bloquear las llamadas por teléfonos celulares u otros medios de comunicación no permitidos en los centros de readaptación social federales y en los estatales.

De la Comisión de Justicia, con puntos de acuerdo para exhortar a las Secretarías de Seguridad Pública, y de Hacienda y Crédito Público, así como a la Procuraduría General de la República, a informar sobre las acciones, los planes y los programas que llevan a cabo en torno de la retención de armas de fuego portadas de manera ilegal.

De la Comisión de Asuntos Indígenas, con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal a establecer como sede del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas el edificio que originalmente albergó el Instituto Lingüístico de Verano.

De la Comisión de Seguridad Pública, con puntos de acuerdo por los que se exhorta al titular del Ejecutivo federal a instruir a los secretarios de Hacienda y Crédito Público, y de Seguridad Pública para que destinen recursos adicionales etiquetados, derivados de los subejercicios que se tienen a la fecha, a fin de estimular a los gobiernos municipales, en especial a los que invierten recursos propios y presentan proyectos innovadores de combate de la inseguridad y de la delincuencia organizada.

De la Comisión de Agricultura y Ganadería, con puntos de acuerdo para que la Sagarpa envíe inspectores al mercado de San Bernabé, en Almoloya de Juárez, México, a fin de evaluar las condiciones en que se comercializan animales y emitir un dictamen técnico que permita establecer un punto de verificación e inspección zoosanitarias permanente o clausurar de forma definitiva el lugar.

De la Comisión de Agricultura y Ganadería, con punto de acuerdo a fin de exhortar al titular del Poder Ejecutivo federal a instaurar por conducto de la Sagarpa un programa urgente de apoyos para los productores de papa del país.

De la Comisión de Salud, con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal a proponer ante la Asamblea Mundial de la Salud, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la adopción de un año mundial sin tabaco y el lema alusivo ``La organización social contra el tabaco''.

De la Comisión de Salud, con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Salud a instaurar programas encaminados a fortalecer la investigación sobre Alzheimer y enfermedades neurodegenerativas e implantar medidas que faciliten su diagnóstico y tratamiento.

De la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, con proyecto de decreto relativo a la revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal correspondiente al Ejercicio Fiscal de 2002.

De la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública con proyecto de decreto relativo a la revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal correspondiente al Ejercicio Fiscal de 2003.

De la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública con proyecto de decreto relativo a la revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal correspondiente al Ejercicio Fiscal de 2004.

De la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública con proyecto de decreto relativo a la revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal correspondiente al Ejercicio Fiscal de 2005.

Dictámenes negativos de iniciativas

De las Comisiones Unidas de Salud, y de Atención a Grupos Vulnerables, con punto de acuerdo por el que se dese-cha la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Asistencia Social.

De la Comisión de Justicia, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa que deroga la fracción XIII del artículo 11 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

De la Comisión de Justicia, con punto de acuerdo por el que se desechan dos iniciativas que reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

De la Comisión de Justicia, con punto de acuerdo por el que se desechan tres iniciativas que reforman diversas disposiciones de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

De la Comisión de Justicia, con punto de acuerdo por el que se desechan cinco iniciativas en materia de justicia penal.

De las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural, y de Agricultura y Ganadería, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa que adiciona la fracción XX Bis y reforma la XXII del artículo 3o., y reforma los artículos 179 y 183 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa que reforma el artículo 92 del Código Fiscal de la Federación.

De la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que se desechan dos iniciativas que reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud.

De la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de etiquetado de alimentos.

De la Comisión de Economía, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa que adiciona los párrafos segundo y tercero al artículo 1049 del Código de Comercio.

De la Comisión de Economía, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

De la Comisión de Economía, con punto de acuerdo por el que se desecha la minuta que expide la Ley que crea el Instituto Nacional de Fomento y Desarrollo Industrial.

Proposiciones

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la SHCP, de la SEP y del Conaculta a emprender las previsiones presupuestales a favor de las ciudades patrimonio mundial, suscrita por los diputados Aurora Cervantes Rodríguez y José Alfonso Suárez del Real y Aguilera , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la ASF que realice una auditoría especial a los recursos sin ejercer del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes en el periodo 2004 a 2008, en especial los asignados a ciudades patrimonio mundial, suscrito por los diputados Aurora Cervantes Rodríguez y Alfonso Suárez del Real y Aguilera, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a efecto de que se construya en Salina Cruz, Oaxaca, la nueva refinería considerada en el Fondo de Estabilización para la Inversión en Infraestructura en Pemex, a cargo del diputado Humberto López Lena Cruz , del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al jefe del Gobierno del Distrito Federal que instruya a las autoridades competentes para que atiendan la contaminación generada por el establecimiento situado en Madero 14, colonia Tizapán, en Álvaro Obregón, a cargo del diputado Francisco Elizondo Garrido , del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, relativo a las obras y recursos para atender las zonas afectadas por las lluvias en Veracruz, a cargo del diputado Íñigo Laviada Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se cita a comparecer al titular de la SHCP para que informe respecto de las acciones que emprenderá contra los responsables de los actos y omisiones perpetrados por servidores públicos de esa dependencia con relación a la operación mediante la cual se fusionaron Citibank y Banamex, a cargo del diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para exhortar al titular de la Semarnat, inicie la gestión ante la UNESCO, a fin de que la reserva de la biosfera de Los Petenes sea considerada patrimonio natural de la humanidad, a cargo del diputado Jorge Rubén Nordhausen González , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sedena y a la SCT a reabrir a la aviación comercial la base militar aérea número 2 del municipio de Ciudad Ixtepec, Oaxaca, a cargo del diputado José Luis Varela Lagunas , del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal s reforzar la vigilancia en las aduanas y a fortalecer los programas de protección al migrante, a cargo del diputado Andrés Bermúdez Viramontes , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la Junta de Coordinación Política a crear un grupo de trabajo relacionado con la alianza por la calidad de la educación, suscrito por los diputados Adrián Pedrozo Castillo y Alejandro Sánchez Camacho , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno del estado de Oaxaca y a la Procuraduría General de Justicia de dicha entidad a garantizar la seguridad y la eficiencia del sistema judicial, y a aplicar el estado de derecho en la procuración y administración de justicia, a cargo del diputado José Luis Varela Lagunas , del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a emitir, a través de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, un informe detallado de los comentarios recabados por la Comisión Federal de Mejora Regulatoria sobre los puntos planteados en el dictamen elaborado por ésta, a cargo de la diputada Adriana Díaz Contreras , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a emitir, a través de la Sagarpa, el Reglamento de la Ley de Productos Orgánicos, a cargo del diputado Fabián Fernando Montes Sánchez , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a facilitar, a través de la Sagarpa, la ejecución federalizada del Programa de Uso Sustentable de los Recursos Naturales para la Producción Primaria en el Distrito Federal, a cargo del diputado Carlos Navarro López , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que exhorta a la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra y a Ferronales a agilizar los trámites en asentamientos humanos irregulares del municipio de Tijuana, Baja California, a cargo del diputado Ricardo Franco Cazares, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a emitir la declaratoria de zona de desastre al municipio de Hidalgo de Parral, Chihuahua, por los daños que ocasionaron las lluvias y libere recursos del Fonden para atender a la población, a cargo del diputado Carlos Armando Reyes López , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se cita a comparecer al titular de la Sagarpa a fin de que brinde información a la Comisión de Hacienda y Crédito Público sobre el esquema de compras anticipadas de maíz blanco del estado de Sinaloa para el ciclo agrícola 2007/2008, a cargo del diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP, a la SE, a la Sener, a la CFE y a la Comisión Reguladora de Energía a instaurar mecanismos para ajustar y reducir las tarifas de los sectores más vulnerables del país, a cargo de la diputada Mónica Arriola, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la CNBV a vigilar que se cumpla lo establecido en el artículo 65 de la Ley de Instituciones de Crédito, a cargo del diputado Obdulio Ávila Mayo , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP a establecer en la Ley de Ingresos de la Federación para 2009 un impuesto especial al consumo de bolsas de plástico elaboradas con cualquier polímero y espesor, a cargo del diputado José Gildardo Guerrero Torres , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo del estado de Tlaxcala a resolver los problemas de inseguridad de la entidad, a cargo del diputado Alberto Amaro Corona , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SE y a la Sectur a incluir en las artesanías mexicanas la leyenda ``manos mágicas'', a cargo de la diputada Elda Gómez Lugo , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a instruir a la PGR la creación de una fiscalía especial para la prevención de delitos contra el patrimonio cultural y la atención del tráfico de bienes culturales, a cargo del diputado Ramón Ignacio Lemus Muñoz Ledo , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, relativo al proceso de licitación para las concesiones que se otorgarán en el desarrollo del proyecto Puerto Bahía Colonet, suscrito por los diputados Francisco Javier Paredes Rodríguez y Héctor Manuel Ramos Covarrubias , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a hacer obligatoria, a través de la SCT y la SSP, que el tránsito de vehículos pesados y aquellos que transporten materiales peligrosos sea por la autopista Irapuato-Querétaro y no por la carretera 45, a cargo del diputado Martín Malagón Ríos , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a declarar el 20 de enero de cada año como Día Nacional para Erradicar la Pobreza, a cargo del diputado Gerardo Priego Tapia , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de que se integre una mesa de trabajo de alto nivel con representantes del Ejecutivo federal, del Congreso de la Unión y de los Poderes Ejecutivos y Legislativos de los estados de Oaxaca y Chiapas para resolver los problemas limítrofes y agrarios entre dichas entidades, a cargo del diputado Martín Ramos Castellanos , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a acordar, a través de la SHCP, la ampliación del horario de aplicación de la tarifa 9n para el uso agrícola a las 24 horas del día, a cargo del diputado Francisco Javier Calzada Vázquez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del Ejecutivo federal a suspender de inmediato, a través de la Sedena y de autoridades civiles federales, los cateos domiciliarios en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, suscrito por los diputados Sonia Nohelia Ibarra Franquez, Alliet Mariana Bautista Bravo y Juan Nicasio Guerra Ochoa , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Congreso del estado de Tamaulipas a legislar a favor de la pronta homologación del Calendario Electoral del Estado, suscrita por diversos diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno del estado de Oaxaca, a instituir un programa contra la desnutrición en esa entidad, a cargo del diputado José Luis Varela Lagunas , del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la titular de la SEP que suspenda la distribución del éxito en ventas Cuando el monstruo despierta, porque se viola la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Educación y demás normatividad en la materia, a cargo de la diputada Miguel Ángel Solares Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno del estado de Oaxaca a establecer, a través de la Semarnat, mecanismos para la preservación de los árboles históricos de la ciudad de Oaxaca, a cargo del diputado José Luis Varela Lagunas , del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP y a la Secretaría de Educación de Tabasco a implantar programas educativos que permitan elevar el nivel académico en la educación media superior en dicha entidad, a cargo del diputado Moisés Dagdug Lützow , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, relativo a las obras de rehabilitación del puente de Metlac en la autopista Orizaba-Córdoba, Veracruz, a cargo del diputado Pedro Montalvo Gómez , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los congresos locales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a armonizar sus legislaciones en materia de prevención y sanción de la desaparición forzada de personas, a cargo del diputado Gerardo Priego Tapia , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, sobre la relación entre el gobierno estatal y municipales en Oaxaca, a cargo del diputado Carlos Altamirano Toledo , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, relativo a la promoción de los resultados de diversos programas sociales que ha enviado el Ejecutivo federal a sus beneficiarios en el contexto del Segundo Informe de Gobierno, a cargo del diputado Luis Enrique Benítez Ojeda , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a revisar, a través de la SCT, la inoperatividad de la línea férrea Sánchez-Oaxaca y revocar la concesión que se otorgó a la empresa Ferromex, a cargo del diputado José Luis Varela Lagunas , del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat a ejecutar lo establecido en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo del diputado Diego Cobo Terrazas , del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sener a coordinar los trabajos para la realización de un acuerdo regional entre Pemex, organismos subsidiarios y contratistas, con los estados y municipios que conforman la región Cuenca de Burgos, suscrita por diputados integrantes de la Comisión Especial de la Cuenca de Burgos. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a instituir y celebrar el Día Nacional del Niño por Nacer, a cargo del diputado Leonardo Magallón Arceo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno del estado de Oaxaca y a la PGJ de la entidad a investiguen la agresión física que sufrieron autoridades del municipio de Zimatlán de Álvarez, Oaxaca, el pasado 30 de agosto del año en curso, a cargo del diputado Othón Cuevas Córdova , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la ASF, al SAT y a la PGR a hacer cumplir los procedimientos legales relativos a los resultados de la investigación del desvío de recursos por parte del gobierno del estado de Oaxaca y el origen del capital para la construcción del Sedna, hospital situado en la colonia Pedregal de Carrasco, Distrito Federal, a cargo del diputado José Luis Varela Lagunas , del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la SCT a retirar o reubicar la caseta de cobro de Chalco en la autopista México-Puebla, a cargo de la diputada Alma Lilia Luna Munguía , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las legislaturas de los estados a adecuar su legislación electoral conforme a la reforma constitucional de 2007, a cargo del diputado Fernando Enrique Mayans Canabal , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para que se cite a comparecer al titular de la Sagarpa a fin de que aclare lo relativo a los sub-ejercicios en el Presupuesto 2008 de la dependencia y explique las acciones para apoyar al campo por las recientes lluvias que han azotado al país y rinda cuenta de la glosa del Segundo Informe de Gobierno que presentó el titular del Ejecutivo el 1 de septiembre, a cargo del diputado José Rubén Escajeda Jiménez , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta Ejecutivo federal a realizar, a través de las dependencias competentes y en coordinación con las Comisiones de Recursos Hidráulicos de las Cámaras de Senadores y de Diputados, una revisión detallada del Programa Nacional Hídrico, a cargo del diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva , del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP establecer lo necesario para que los libros de texto gratuitos del año anterior sean devueltos por los alumnos, a cargo de la diputada Dolores María del Carmen Parra Jiménez , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Comisión de Turismo de esta soberanía que integre una subcomisión plural analice y evalúe el efecto del derecho por servicio migratorio en el turismo, en la industria de cruceros y en la economía de los lugares donde arriban éstos, a cargo del diputado Víctor Manuel Lizárraga Peraza , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, relativo a la eliminación del certificado fitosanitario para la exportación de productos citrícolas, a cargo del diputado Pedro Montalvo Gómez , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Congreso del estado de Tabasco a expedir las disposiciones legales para promover la igualdad entre hombres y mujeres, a cargo del diputado Gerardo Priego Tapia , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para que el Consejo de Salubridad General establezca un programa de emergencia para atender a la población de El Salto y Juanacatlán, Jalisco, que es víctima de la contaminación del río Santiago y de los desechos sólidos municipales, a cargo del diputado Héctor Padilla Gutiérrez , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los Congresos Estatales a armonizar su legislación con los tratados internacionales en materia de discriminación y protección de los derechos humanos, a cargo del diputado Gerardo Priego Tapia , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Semarnat que realice una ampliación del polígono del área de refugio para la protección de la vaquita marina y, en coordinación con la SRE, entreguen un informe de los recursos destinados para salvar dicha especie, a cargo del diputado Cristián Martín Lujano Nicolás, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a establecer los mecanismos necesarios para salvaguardar la confidencialidad de la información personal de los usuarios de los servicios de telefonía, a cargo de la diputada Dolores María del Carmen Parra Jiménez , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, sobre el ilegal bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos de América en contra del pueblo de Cuba, suscrita por diputados de los Grupos Parlamentarios de los Partidos: de la Revolución Democrática, Convergencia y del Trabajo. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, relativo a la actualización y mejoramiento de las tarifas eléctricas en apoyo a los grupos de menores ingresos del país, a cargo del diputado Pedro Montalvo Gómez , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat y a la Profepa a fortalecer, con la Sedena y la PFP, los operativos e inspecciones en la reserva de la biosfera mariposa monarca, a cargo de la diputada Blanca Luna Becerril , del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sectur a incluir el municipio de Sombrerete, Zacatecas, en el programa Pueblos Mágicos de México, a cargo de la diputada María Dolores González Sánchez , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sener a tomar las medidas necesarias, a efecto de que Pemex reduzca el precio del gasóleo doméstico, del gas LP y del gas natural para los consumidores del estado de Chihuahua, a cargo del diputado Enrique Serrano Escobar , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat a declarar como áreas naturales, a través de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad y de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, diversas regiones de la República Mexicana, a cargo del diputado Christian Martín Lujano Nicolás , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la Segob, de la SHCP, del Banco de México y de la CNBV, a intervenir frente al problema de la extorsión telefónica, a cargo del diputado Salvador Barajas del Toro , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Semarnat que promueva el desarrollo del proyecto de recuperación de especies prioritarias para diversos primates, a cargo del diputado Christian Martín Lujano Nicolás , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat a realizar, a través de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, los estudios de población de diversas especies de reptiles y tomar las medidas necesarias para su preservación, a cargo del diputado Christian Martín Lujano Nicolás , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat y a la Secretaría de Medio Ambiente del Distrito Federal a realizar un programa de conservación y rescate de las barrancas, para garantizar su preservación y aprovechamiento, a cargo del diputado Christian Martín Lujano Nicolás , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que por el que se exhorta al titular del Conacyt a elaborar una base de datos de sus becarios y ex becarios y hacerla pública, a cargo del diputado Javier Zambrano Elizondo , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Procuraduría de Justicia del estado de Baja California a investigar las causas de los motines en el centro de readaptación social de La Mesa, en el municipio de Tijuana, a cargo del diputado Ricardo Franco Cazarez , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a replantear la estructura de la evaluación de los estudios de impacto ambiental para la realización de obras, a cargo del diputado Pedro Montalvo Gómez , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a destinar recursos del Fonden a diversos municipios del estado de Tabasco afectados por las recientes lluvias, a cargo del diputado Gerardo Priego Tapia , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEGOB a liberar los recursos del Fonden y del FAPRACC para atender a la población afectada por la tormenta tropical número 33 en el estado de Veracruz, a cargo del diputado Celso David Pulido Santiago , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, en relación con el asesinato del locutor Alejandro Zenón Fonseca Estrada de la Cadena Exa en la ciudad de Villahermosa, a cargo del diputado Gerardo Priego Tapia , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Segob que reanude las negociaciones que se estaban realizando en esa dependencia, entre el gobierno y el magisterio del estado de Morelos para solucionar el conflicto derivado del acuerdo para la calidad de la educación, a cargo del diputado Adrián Pedrozo Castillo , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los congresos de las entidades federativas a actualizar sus ordenamientos en materia de responsabilidad administrativa, a cargo del diputado Carlos Armando Reyes López , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos información referente a las pérdidas ocasionadas por tomas clandestinas, a cargo del diputado Javier Martín Zambrano Elizondo , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, relativo a la prohibición a las alumnas de la Universidad Autónoma de Sinaloa de usar determinada vestimenta, a cargo de la diputada Eva Sánchez Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a garantizar, a través de Pemex, el suministro de combustibles a la estación de servicio en la Isla de Cedros, Baja California, a cargo del diputado Héctor Manuel Ramos Covarrubias , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob a emitir la declaratoria de emergencia y desastre natural en los municipios de Jalpa de Méndez, Jonuta, Huimangillo y Nacajuca, Tabasco, suscrita por diversos diputados del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a implantar un programa emergente, a efecto de subsidiar el combustible utilizado por vehículos de transporte público, a cargo del diputado Gustavo Fernando Caballero Camargo , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PGR a dar seguimiento a las averiguaciones previas relacionadas con el robo de energía eléctrica, a cargo del diputado Javier Zambrano Elizondo , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del Ejecutivo federal a instaurar, a través de la SE y de la Profeco, medidas para evitar que sean alterados los precios de productos o servicios de establecimientos que se encuentren en centrales de autobuses, aeropuertos y carreteras del país, a cargo del diputado Rafael Villicaña García , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a decretar, a través de la Semarnat y de la Conagua, una moratoria para impedir la extracción de arena en el valle de Guadalupe, Ensenada, Baja California, suscrito por los diputados Héctor Manuel Ramos Covarrubias y Francisco Javier Paredes Rodríguez , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador del estado de Baja California a informar a esta soberanía lo relacionado al operativo en el Cereso La Mesa, de Tijuana, Baja California, los días 13 y 15 de septiembre de 2008, a cargo de la diputada Eva Sánchez Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat y al gobierno del estado de Veracruz a efectuar acciones de manera coordinada para atender la contaminación del río Blanco, a cargo del diputado Pedro Montalvo Gómez , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP, a la Condusef y al Sindicato Nacional de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana a informar sobre el fideicomiso 56342/FID/III/06, relativo al fondo de reserva de la empresa de seguros La República, a cargo del diputado Rolando Rivero Rivero , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Gobernador del estado de Tamaulipas a cumplir lo establecido en la Ley de Aguas de dicha entidad, a cargo del diputado Luis Alonso Mejía García , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a realizar, a través de la Semarnat y de la Conagua, un análisis sobre la pertinencia de instalar nuevas estaciones de medición de temperatura en las zonas urbanas de los municipios de la región Huasteca de San Luis Potosí, a cargo del diputado David Lara Compean, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al titular de Capufe que incluya el municipio de Ecatepec, estado de México en el programa Vecinos Residentes a una plaza de cobro de San Cristóbal de la autopista México-Pachuca, a cargo del diputado Salvador Ruiz Sánchez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las Comisiones de Estudios Legislativos y de Energía de la Cámara de Senadores a considerar, en la dictaminación de las iniciativas de reforma petrolera, la opinión de las asociaciones o colegios de profesionistas y técnicos registrados ante la SEP del ramo correspondiente para el nombramiento de los integrantes profesionales del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos; y a tomar en cuenta la creación del Comité de Tecnología Mexicana e Investigación de Pemex y el Comité de Desarrollo del Capital Humano Mexicano, suscrito por los diputados Alfonso Izquierdo Bustamante y José Ascensión Orihuela Barcenas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Semarnat a expedir una NOM para la prevención de la contaminación del ambiente marino con agua de lastre de los buques, a cargo del diputado Marco Antonio Peyrot Solís , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP a modificar e incorporar, que en coordinación con la Conaliteg el tema migratorio en los contenidos de los libros de texto gratuitos de nivel básico, a cargo del diputado Alberto Amaro Corona , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhortar al titular del Poder Ejecutivo a declarar el 11 de octubre de cada año como Día Nacional del Talento y la Innovación Tecnológica, a cargo del diputado Javier Zambrano Elizondo , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, relativo a los derechos de los ejidatarios de Huizopa, Chihuahua, suscrito por diversos diputados del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del Ejecutivo federal a implantar, a través de sus dependencias, una estrategia para otorgar apoyos y convertir en lugar turístico el municipio de San Pedro de la Cueva, Sonora, a cargo del diputado José Inés Palafox Núñez , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al INEGI a incluir en los censos y conteos de población y vivienda preguntas conducentes a contabilizar a las personas afromexicanas, a cargo del diputado Joaquín de los Santos Molina , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Junta de Gobierno de Luz y Fuerza del Centro y a la CFE información referente a las pérdidas no técnicas o por el hurto de energía, a cargo del diputado Javier Martín Zambrano Elizondo , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, de la STPS y de la SHCP a otorgar un aumento de emergencia a los sueldos mínimos generales, contractuales y de los trabajadores al servicio del Estado, a cargo del diputado José Antonio Almazán González , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a realizar, a través de la SCT y de Capufe, los trámites necesarios para permitir a los viajeros inscritos en el Programa Red Electrónica Segura para la Inspección Rápida de Viajeros el cruce en los puertos fronterizos, a cargo del diputado Carlos Alberto García González , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a informar a esta soberanía sobre la estructura orgánica, los elementos normativos y la metodología con que se ejecutarán los acuerdos establecidos con el gobierno de Estados Unidos de América en el marco de la llamada iniciativa Mérida, a cargo del diputado Armando Barreiro Pérez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, relativo al conflicto magisterial en el estado de Morelos, a cargo del diputado Abundio Peregrino García , del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta Ejecutivo federal a fortalecer, a través de las instancias competentes, las acciones y estrategias de impacto y visibilidad del Programa Nacional Escuela Segura y a reforzar la prevención y el control de las adicciones en las escuelas, a cargo de la diputada Mónica Arriola, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la titular de la SEP a incluir en su estructura el Programa de Escuelas de Tiempo Completo, así como brindar un informe de resultados sobre éste para valorar su desempeño, cumplimiento de metas y el uso de los recursos públicos, a cargo de la diputada Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez , del Grupo Parlamentario Alternativa. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Salud, para que atienda gratuitamente a las personas que padecen ludopatía o adicción al juego, a cargo del diputado Marco Heriberto Orozco Ruiz Velasco, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las autoridades competentes a construir el tramo carretero Ahuateno-Tecomate-Tlacolula, en Chicontepec, Veracruz, a cargo del diputado José Manuel del Río Virgen , del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de la Reforma Agraria a llevar a cabo acciones para solucionar los conflictos agrarios en varios ejidos de Chiapas, a cargo del diputado Fernel Arturo Gálvez Rodríguez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios a determinar si los suministros para diálisis proporcionados por la empresa Laboratorios Pisa, SA de CV, representan un riesgo para la salud humana, a cargo del diputado José Luis Aguilera Rico , del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob, a los titulares de los ejecutivos estatales, al jefe de Gobierno del Distrito Federal, a los Congresos locales, a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a las dirigencias nacionales de los partidos políticos y a los grupos parlamentarios del Congreso de la Unión a establecer los procedimientos óptimos para que los mexicanos en el extranjero ejerzan su derecho al voto en las elecciones para gobernadores y jefe de Gobierno de la capital del país, a cargo del diputado Alberto Amaro Corona , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al IMSS a abstenerse de comprar los suministros para diálisis proporcionados por la empresa Laboratorios PISA, SA de CV, a cargo del diputado José Luis Aguilera Rico , del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para que comparezcan ante las Comisiones de Derechos Humanos, y Especial de seguimiento a las agresiones a periodistas y medios de comunicación de esta soberanía el Subprocurador de Derechos Humanos, Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad, y el titular de la Fiscalía Especial para la atención de Delitos cometidos contra Periodistas, ambos de la PGR, así como el quinto visitador general de la CNDH, a fin de que expliquen la emisión y cumplimiento de la recomendación 50/2008; suscrita por los diputados Aleida Alavez Ruiz , Daisy Selene Hernández Gaytán , Joaquín Conrado de los Santos Molina y Gerardo Priego Tapia , de los Grupos Parlamentarios de los Partidos de la Revolución Democrática y Acción Nacional, respectivamente. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, relativo a la implantación de un plan de ayuda emergente para las víctimas de las tormentas suscitadas en Tabasco y Veracruz, a cargo del Rafael Elías Sánchez Cabrales , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a Pemex y a la Sener a emprender las acciones necesarias para la construcción de una refinería en Tuxpan, Veracruz, a cargo del diputado Íñigo Laviada Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, implemente acciones emergentes para la restauración y conservación de la Cuenca Lerma-Chapala-Santiago, a cargo de la diputada María Mercedes Colín Guadarrama , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a destinar mayores recursos a los programas indígenas, a cargo del diputado José Edmundo Ramírez Martínez , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al director de Capufe a incluya los municipios de Chalco e Ixtapaluca, estado de México, en el Programa de Vecinos Residentes en la caseta de cobro 71 de la autopista México-Puebla, suscrito por los diputados Rafael Ramos Becerril y Jaime Espejel Lazcano , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob, al Instituto Nacional del Migración, a la PGR y a la SRE a realizar un padrón de repatriados que hayan cumplido sentencia por delitos contra la salud o lavado de dinero en el extranjero, con atención especial en Estados Unidos de América y en las Repúblicas de Guatemala y de Belice, a cargo del diputado Jesús Alcántara Núñez , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, relativo a las reglas para el otorgamiento de créditos del Infonavit, a cargo del diputado Neftalí Garzón Contreras , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Sagarpa A definir una política que impulse el Sistema Nacional de Investigación y Transferencia de Tecnología para el Desarrollo Rural Sustentable, a cargo de la diputada Irma Piñeyro Arias , del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP a exentar del pago por examen a los estudiantes del Subsistema de Preparatoria Abierta, a cargo del diputado Gerardo Villanueva Albarrán , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al jefe de Gobierno del Distrito Federal a autoizar, a través del Secretario de Obras y Servicios, las obras de pasos inferiores en la delegación Miguel Hidalgo, a cargo de la diputada María Gabriela González Martínez , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al grupo de trabajo de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de esta soberanía encargado del seguimiento y la aplicación de los convenios de la Alianza por la Calidad de la Educación que convoque y realice foros públicos temáticos de análisis y debate de las implicaciones de dicho pacto, a cargo del diputado Adrián Pedrozo Castillo , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República a formular excitativa a las Comisiones Unidas de Justicia, de Gobernación, y de Estudios Legislativos a fin de que presenten al Pleno el dictamen correspondiente a la minuta que expide la Ley Federal de Justicia para Adolescentes y reforma diversas leyes, a cargo de la diputada Patricia Villanueva Abraján , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sectur a apoyar con elementos arquitectónicos, urbanísticos y de accesibilidad que garanticen en los destinos turísticos de playa, en especial Huatulco, el libre tránsito o movilidad de las personas con capacidades diferentes, a cargo del diputado Humberto López Lena Cruz , del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a implantar mediante la SHCP y la Sagarpa acciones para que no se incrementen las tasas de interés en el financiamiento del campo nacional, a cargo del diputado Javier Martín Zambrano Elizondo , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Comisión de Turismo de esta soberanía que integre una subcomisión encargada de investigar las operaciones realizadas por John McCarthy Sandland durante su ejercicio como director del Fonatur y después de ello, a cargo del diputado Víctor Manuel Lizárraga Peraza , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de que se autorice que los nombres de Sor Juana Inés de la Cruz y de Margarita Maza de Juárez inscritos con letras de oro en el Muro de Honor del recinto legislativo sean trasladados al Cintillo de Honor, con los de otras distinguidas mexicanas, a cargo de la diputada Martha Hilda González Calderón , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a denominar --mediante la SCT-- José Alfredo Jiménez Sandoval el aeropuerto Bajío, de Guanajuato, a cargo del diputado Carlos Alberto Torres Torres , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para que el gobierno federal elimine la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos o la sustituya por un organismo autónomo que garantice retribuciones justas y acordes con las necesidades actuales de los trabajadores, a cargo del diputado César Flores Maldonado , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la titular de la SEP a instaurar las acciones necesarias para difundir ampliamente los planteamientos de la Alianza por la Calidad de la Educación, a cargo del diputado Juan de Dios Castro Muñoz , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat, a la Conagua y a las autoridades de Baja California a suspender la extracción de materiales pétreos en la entidad hasta que se realicen estudios sobre el impacto ambiental generado por dicha actividad, a cargo del diputado Héctor Manuel Ramos Covarrubias , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a solicitar al Consejo Técnico del IMSS que prorrogue la atención médica de los trabajadores y de sus familias 22 semanas adicionales al plazo de conservación de derechos, a cargo del diputado Pablo Trejo Pérez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de los Ejecutivos federal y de las entidades a construir un pacto nacional para la gobernabilidad democrática, la seguridad y el desarrollo, a cargo del diputado Alberto Amador Leal , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a eliminar el pago de tenencia vehicular, a cargo del diputado José Luis Aguilera Rico , del Grupo Parlamentario Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP y a la Consar a rendir un informe sobre la situación financiera de las Afore y las Siefore, a cargo del diputado Jacinto Gómez Pasillas , del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a estatizar las Afore en tanto no se adopten reformas para evitar mayores perjuicios contra el patrimonio de los trabajadores, a cargo del diputado Neftalí Garzón Contreras , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sagarpa a instaurar un programa de fomento, recuperación y financiamiento del cultivo de cacao en el territorio nacional, a cargo del diputado Antonio Díaz Athié , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la delegación Miguel Hidalgo a informar a los habitantes sobre la construcción de diversas obras viales, por ejemplo, respecto al tiempo de ejecución y a estudios en materia de impacto ambiental, a cargo del diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva , del Grupo Parlamentario Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Marina a informar sobre la asignación de predios en Veracruz para desarrollo habitacional y permutar terrenos por obras de la SCT, a cargo de la diputada Gloria Rasgado Corsi , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la STPS a implantar programas de empleo para jóvenes, a cargo de la diputada Yary del Carmen Gebhardt Garduza , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Dirección General de Asociaciones Religiosas de la Segob a incluir en las publicaciones e impresiones que realice la adición de la fracción III del artículo 8 de la Ley de Asociaciones Religiosas publicada en el DOF el 15 de julio de 1992, a cargo del diputado Rafael Ramos Becerril, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para otorgar de manera voluntaria la cantidad equivalente a un año de apadrinamiento al programa Teletón 2008, a cargo del diputado Mauricio Ortiz Proal y suscrita por diversos legisladores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al IMSS a permitir la apertura del turno vespertino en el servicio de estomatología y a crear una sala de expulsión en la unidad de medicina familiar número 18 de Comitán de Domínguez, Chiapas, a cargo del diputado Arnulfo Elías Cordero Alfonzo , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Excitativas

A la Comisión de Gobernación, a solicitud del diputado Alejandro Sánchez Camacho , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Al Senado de la República, a solicitud del diputado Miguel Ángel Navarro Quintero , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

A la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, a solicitud del diputado Rafael Ramos Becerril, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Efemérides

Relativa a la conmemoración del 184 aniversario de la decisión libre, soberana y democrática del pueblo chiapaneco para sumarse al pacto federal mexicano, por celebrarse el 14 de septiembre, a cargo de los diputados Martín Ramos Castellanos y Martha Cecilia Díaz Gordillo , de los Grupos Parlamentarios de los Partidos de la Revolución Democrática y Acción Nacional, respectivamente.

Relativa al aniversario de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, a cargo de los Grupos Parlamentarios de los Partidos de la Revolución Democrática y de Nueva Alianza.

Relativa al cuadragésimo octavo aniversario de la nacionalización de la industria eléctrica, por celebrarse el 27 de septiembre, a cargo del diputado José Antonio Almazán González , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Relativa al Día Mundial del Linfoma, por celebrarse el 15 de septiembre, a cargo de la diputada Josefina Salinas Pérez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Relativa al Día Mundial del Derecho de Acceso a la Información Pública, por celebrarse el 28 de septiembre, a cargo del diputado Joaquín de los Santos Molina , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Relativa al Día Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales, a cargo del diputado Fernando Enrique Mayans Canabal , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Relativa a la conmemoración del 34 aniversario del estado de Quintana Roo, a cargo del diputado Eduardo Espinosa Abuxapqui , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Relativa a los Mártires de Uruapan, suscrita por los diputados Concepción Ojeda Hernández y Fausto Fluvio Mendoza Maldonado , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Relativa al aniversario luctuoso del General Lázaro Cárdenas, a cargo del Diputado Érick López Barriga, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Relativa al 194 aniversario de los constituyentes de Apatzingán, a cargo del diputado Érick López Barriga, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con motivo del 98 aniversario de la muerte de Aquiles Serdán, a cargo del diputado Silvio Gómez Leyva , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.»



ACTA DE LA SESION ANTERIOR

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior.

Pido a la Secretaría que consulte a la asamblea si se le dispensa la lectura, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.

El Secretario diputado José Manuel del Río Virgen : Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el martes dieciocho de noviembre de dos mil ocho, correspondiente al Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Tercer Año de Ejercicio de la Sexagésima Legislatura.

Presidencia del diputado César Duarte Jáquez

En el Palacio Legislativo de San Lázaro en la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con la asistencia de 285 diputadas y diputados, a las 12 horas con 44 minutos del martes 18 de noviembre de 2008, el Presidente declara abierta la sesión.

En sendas votaciones económicas, la asamblea dispensa la lectura al orden del día y del acta de la sesión anterior y aprueba ésta última.

La Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal, invita a las ceremonias cívicas con motivo:

• Del 98 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana de 1910, el 20 de noviembre.
• Del 86 aniversario luctuoso de Ricardo Flores Magón, el 21 de noviembre.

Se designan sendas comisiones de representación.

El Congreso de Nuevo León remite acuerdo relativo a las tarifas eléctricas. Se remite a la Comisión de Energía, para su conocimiento.

Remiten contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados:

a) Los Congresos de los estados de:

• Querétaro, que se remite a las Comisiones de la Función Pública, y de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, para su conocimiento.
• San Luis Potosí, que se remite a la Comisión de Desarrollo Social, para su conocimiento.

b) Los gobiernos de los estados de:

• Jalisco, dos que se remiten a las comisiones correspondientes para su conocimiento.
• México, que se remite a la Comisión de Recursos Hidráulicos para su conocimiento.

c) De la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno del estado de Veracruz. Se remite a la Comisión de Seguridad Pública, para su conocimiento.

La Asamblea Legislativa del Distrito Federal remite acuerdo relativo al cableado e instalaciones eléctricas de la vía pública. Se remite a la Comisión de Energía para su conocimiento.

Se reciben de la Secretaría de Gobernación, seis contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados. Se remiten a las comisiones correspondientes para su conocimiento.

La Cámara de Senadores remite iniciativa con proyecto de decreto que reforma el último párrafo del artículo 2 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, presentada por los senadores David Jiménez Rumbo y Minerva Hernández Ramos, del Partido de la Revolución Democrática. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Se recibe de los diputados Sonia Nohelia Ibarra Franquéz y Daniel Dehesa Mora , del Partido de la Revolución Democrática, iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo tercero de la Ley General de Salud. Se turna a la Comisión de Salud.

Se otorga el uso de la tribuna para presentar iniciativas con proyecto de decreto a los diputados:

• Pablo Trejo Pérez , del Partido de la Revolución Democrática, que reforma el artículo 931 de la Ley Federal del Trabajo. Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
• Alejandro Landero Gutiérrez , a nombre propio y de la diputada María del Pilar Ortega Martínez y José Luis Espinosa Piña , del Partido Acción Nacional, que reforma el artículo 28 de la Ley de Asistencia Social. Se turna a la Comisión de Salud.

Se reciben iniciativas con proyecto de decreto de los diputados:

• Raúl Cervantes Andrade , del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Se turna a la Comisión de la Función Pública.
• Higinio Chávez García , del Partido de la Revolución Democrática, que reforma el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.
• Higinio Chávez García , del Partido de la Revolución Democrática, que reforma el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.
• Maricela Contreras Julián , del Partido de la Revolución Democrática, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Presentan iniciativas con proyecto de decreto los diputados:

• Ramón Ignacio Lemus Muñoz Ledo , a nombre propio y del diputado Javier Martín Zambrano Elizondo , ambos del Partido Acción Nacional, que reforma y adiciona los artículos dos, nueve y doce de la Ley Federal de Turismo. Se turna a la Comisión de Turismo.
• Irene Aragón Castillo , del Partido de la Revolución Democrática, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Se turna a la Comisión de Equidad y Género. Desde su curul, la diputada Mónica Fernández Balboa , del Partido de la Revolución Democrática, solicita la adhesión a este asunto y la promovente obsequia tal petición.

Se recibe del diputado Adolfo Mota Hernández , del Partido Revolucionario Institucional, iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 114 y 158 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia.

Presentan iniciativas con proyecto de decreto los diputados:

• Javier Martín Zambrano Elizondo , del Partido Acción Nacional, que reforma el artículo 117 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.
• Daniel Dehesa Mora , a nombre propio y del diputado Víctor Gabriel Varela López , del Partido de la Revolución Democrática, que reforma el artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social. Se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Desarrollo Social.
• Guillermina López Balbuena , del Partido Revolucionario Institucional, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y reforma el artículo 266 Bis del Código Penal Federal. Se turna a las Comisiones Unidas de Equidad y Género y de Justicia.
• Elías Cárdenas Márquez , de Convergencia, que reforma el artículo 80 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación. Se turna a la Comisión de la Función Pública.

Se recibe de la diputada Elda Gómez Lugo , del Partido Revolucionario Institucional, iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un artículo 182-S al Código Federal de Procedimientos Penales y expide la Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo para las Familias de las Personas Secuestradas. Se turna a las Comisiones Unidas de Justicia, y de Hacienda y Crédito Público, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Presentan iniciativas con proyecto de decreto los diputados:

• José Jacques y Medina , a nombre propio y de diversos diputados del Partido de la Revolución Democrática, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Gobernación.
• Moisés Alcalde Virgen , del Partido Acción Nacional, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
• Humberto Wilfrido Alonso Razo, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma el artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales. Se turna a la Comisión de Gobernación.
• Alberto Amador Leal , del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el inciso c) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.
• Mónica Arriola, de Nueva Alianza, que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Se turna a la Comisión de Gobernación.

A las 14 horas con 11 minutos, se instruye el cierre del sistema electrónico de asistencia con un registro de 363 diputadas y diputados.

• Wenceslao Herrera Coyac , del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo 40 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

Se reciben de la diputada Mónica Arriola, de Nueva Alianza, iniciativas con proyecto de decreto que reforman:

• El artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.
• Los artículos 45 y 56 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y 33 de la Ley General de Educación. Se turna a las Comisiones Unidas de Equidad y Género y de Educación Pública y Servicios Educativos.

La Secretaría da lectura a oficio remitido por el diputado Diodoro Carrasco Altamirano, presidente de la Comisión de Gobernación, con el que solicita en términos de los artículos 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la dispensa de todos los trámites de la minuta proyecto de decreto que concede permiso al licenciado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para aceptar y usar el collar de la ``Orden del Libertador San Martín'', que le confiere el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, de la República Argentina. En sendas votaciones económicas, la asamblea otorga el trámite solicitado y considera el asunto suficientemente discutido. El Presidente declara aprobado el proyecto de decreto por 206 votos en pro, 18 en contra y 57 abstenciones. Pasa al Ejecutivo federal para sus efectos constitucionales.

La Secretaría da lectura a un acuerdo de la Junta de Coordinación Política, relativo al asesinato del reportero Armando Rodríguez, del Diario de Ciudad Juárez , ocurrido en Chihuahua. Intervienen para hablar sobre el tema los diputados Gerardo Priego Tapia , del Partido Acción Nacional y Octavio Fuentes Téllez , del Partido Revolucionario Institucional. En votación económica se aprueba. Comuníquese.

La Junta de Coordinación Política pone a consideración de la asamblea:

• El alta del diputado Lorenzo Daniel Ludlow Kuri como secretario del Grupo de Amistad con Irlanda. En votación económica se aprueba.
• El alta del diputado Lorenzo Daniel Ludlow Kuri como secretario en la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía y como integrante en las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Turismo. En votación económica se aprueba.

En votación económica, la asamblea dispensa la lectura de los siguientes dictámenes con proyecto de decreto de las comisiones:

• De Justicia, que reforma la fracción II y se adiciona una fracción III al artículo 184 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y se reforman las fracciones XXXV y XXXVI del artículo 81 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
• De Atención a Grupos Vulnerables, que reforma el último párrafo del artículo 23 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.
• Unidas de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública con proyecto de decreto que expide la Ley General de Contabilidad Gubernamental y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
• De Hacienda y Crédito Público, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos y de La Ley de Coordinación Fiscal.
• De Salud, que reforma el artículo 184 de la Ley General de Salud.
• De Gobernación, que concede permiso a los ciudadanos Gilberto Antonio de la Fuente Morales, Mariana Zayas Chávez y Juan Carlos Barua Olivo, para prestar servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México y en sus Consulados en Tijuana, Baja California y en Ciudad Juárez, Chihuahua, respectivamente.
• De Gobernación, que concede permiso al capitán de corbeta CG Érick Rigel Márquez Márquez y vicealmirante CG Diplomado de Estado Mayor Manuel Paulin Fritsche, para aceptar y usar las condecoraciones que en diferentes grados les confieren la Armada de la República de Argentina y la Marina del gobierno de la República del Brasil, respectivamente.
• De Gobernación, que concede permiso al teniente coronel de infantería Diplomado de Estado Mayor, Filiberto Oropeza Fabián, capitán de navío CG Diplomado de Estado Mayor, Luis Mario Ramón Bravo Román, coronel de caballería Diplomado de Estado Mayor, Homero Mendoza Ruiz y vicealmirante CG Diplomado de Estado Mayor, Guillermo Colina Torres, para aceptar y usar las medallas de la Defensa Nacional, en Grado de Echelon Argent (categoría plata) y Echelon Or (categoría oro) que les confiere el Ministerio de la Defensa del gobierno de la República de Francia, respectivamente.
• De Gobernación, que concede permiso a los ciudadanos Lorenzo Hormisdas Zambrano Treviño, Francisco Javier Garciadiego Dantán, Isaac José Woldenberg Karakowsky, José Mario Molina Pasquel y Henríquez, Enrique Krauze Kleinbort e Ignacio Bonilla Arroyo, para aceptar y usar las Condecoraciones de la Orden de Isabel la Católica, en grados de Encomienda, Gran Cruz y la Encomienda de la Orden del Mérito Civil, respectivamente.
• De Gobernación, que concede permisos a los ciudadanos general brigadier Diplomado de Estado Mayor, Arturo Sánchez García; capitán de navío CG Diplomado de Estado Mayor, Sergio Morales González; Kawabe Tamori Shigenori y Josefina Amelia Kayo Matsubara Oda, para aceptar y usar las medallas Cheonsu y Samil de la Orden al Mérito de la Seguridad Nacional, que otorga el gobierno de la República de Corea y las condecoraciones de la Orden del Sol Naciente con Rayos de Oro y Plata; y con Rayos Dorados y Roseta, que les otorga el gobierno del Japón.
• De Gobernación, que concede permisos a los ciudadanos Elizabeth Nora Echávarri Villanueva, Evaristo Ortíz Cordero, Roberto Yáñez Martínez y Juan Carlos Coellar Reyna, para prestar servicios en las Embajadas de los Estados Unidos de América y del Japón, en México y en los Consulados de Estados Unidos de América, en Tijuana, Baja California y Nuevo Vallarta, Nayarit, respectivamente.

Quedan de primera lectura.

Se recibe de la diputada Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez , de Alternativa, iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo. Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

Se reciben iniciativas con proyecto de decreto de los diputados:

• Efraín Morales Sánchez , del Partido de la Revolución Democrática, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.
• Silvia Oliva Fragoso , del Partido de la Revolución Democrática, que reforma los artículos 24 y 130 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
• Silvia Luna Rodríguez , de Nueva Alianza, que reforma los artículos 3 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y 50 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Se turna a las Comisiones Unidas de la Función Pública, y de Presupuesto y Cuenta Pública.

El Presidente clausura la sesión a las 15 horas con 6 minutos y cita para la próxima que tendrá lugar el miércoles 19 de noviembre de 2008 a las 11:00 horas.»

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Proceda la Secretaría poner a discusión el acta... permítame. Sonido a la curul de la diputada Batres Guadarrama. ¿Con qué objeto, diputada?

La diputada Valentina Valia Batres Guadarrama (desde la curul): Diputado presidente, con objeto de hacerle una pregunta directamente a usted en su calidad de presidente de la Mesa Directiva.

Hemos visto en el transcurso de más de un mes que están agendados para discusión los dictámenes de las Cuentas Públicas correspondientes a 2002, 2003, 2004 y hasta de 2005. No sabemos ---y por eso me atrevo a preguntarle hoy--- las razones por las cuales se viene posponiendo la discusión de las Cuentas Públicas.

Mucho me gustaría tener certeza, estoy interesada en participar en el debate de estos dictámenes y me gustaría saber con certeza el día en que la Cámara va a discutir en el pleno los dictámenes de las Cuentas Públicas. Por su respuesta, muchas gracias.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Tenga la certeza, compañera diputada, de que se habrán de discutir en su momento. Ha habido solicitudes de grupos parlamentarios y de la misma Comisión de Presupuesto que hemos ido prorrogando la discusión. Están en la Mesa Directiva estos dictámenes y habremos de someterlos en el momento adecuado.

Adelante, secretario.

La diputada Valentina Valia Batres Guadarrama (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Ábrase el micrófono de la diputada.

La diputada Valentina Valia Batres Guadarrama (desde la curul): Sí, diputado, por eso mi pregunta de que si había alguna razón que estuviera obstaculizando o que estuviera revalorando que no hay condiciones de discutir los dictámenes que ya tuvieron su discusión previa en la Comisión de Presupuesto, que de alguna manera los partidos políticos ya asumieron posición con respecto a estos dictámenes.

Como yo no lo sé, le pregunto a usted si existe en su haber la solicitud, con argumento, de algo que detenga que este pleno pueda dictaminar, discutir y debatir las Cuentas Públicas.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Compañera diputada, en la Mesa Directiva previamente hacemos recuento y acuerdos respecto a los asuntos que estamos por desahogar. Y le informo, con mucho gusto, que de ninguna manera tiene obstáculo alguno la discusión de este tema en el pleno. Tan es así, que están agendados.

El asunto es que se ha dado prioridad a otros temas y que en los acuerdos de los grupos parlamentarios hemos querido tener el consenso absoluto y estamos trabajando en ello, para llegar al momento de la discusión de estos temas.

Así es que los habremos de desahogar en virtud de que están dictaminados por la comisión. Pero insisto, ha sido en atención a grupos parlamentarios y a la misma Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública que nos lo ha solicitado.

Gracias, diputada. Continúe la Secretaría.

El Secretario diputado José Manuel del Río Virgen : Gracias, presidente.

Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Aprobada el acta. Continúe la Secretaría con las comunicaciones



DICTAMENES NEGATIVOS DE PUNTOS DE ACUERDO

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.--- Mesa Directiva.

Secretarios de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.--- Presentes.

Esta Presidencia comunica que se recibieron dictámenes de proposiciones con punto de acuerdo, en sentido negativo, que fueron publicados en la Gaceta Parlamentaria el 18 de noviembre del año en curso, de las siguientes comisiones

De Agricultura y Ganadería, y de Desarrollo Rural

• Por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita la comparecencia del director general del Instituto Nacional de Estadística y Geografía para que explique las etapas y metodología para el Censo Agropecuario 2007.

De la Función Pública

• Por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno de Durango a entregar los documentos que avalen el manejo adecuado de las 99 mil toneladas de cemento donadas a la población de Durango.

De Justicia

• Por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría General de la República a ejercer su facultad de atracción para la investigación de los homicidios de Teresa Bautista Merino y Felicitas Martínez Sánchez.

De Juventud y Deporte

• Por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo para solicitar la comparecencia del titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte.

De Salud

• Por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo a fin de citar a comparecer al secretario de Salud para que explique las medias adoptadas por el gobierno federal en caso de la alerta epidemiológica por sarampión.
• Por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo relativo a la prevención de las adicciones en el sector público.
• Por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al director general del Instituto Mexicano del Seguro Social a informar sobre la desaparición de la Coordinación de Salud Sexual y Reproductiva y el cierre de los Centros de Atención Rural al Adolescente.
• Por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a incluir la hemofilia en el catálogo de enfermedades atendibles por el Seguro Popular.

De Seguridad Social

• Por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta al Instituto Mexicano del Seguro Social a proporcionar recursos para la construcción de un hospital de especialidades y a mejorar la infraestructura hospitalaria en el municipio de Reynosa, Tamaulipas.

Solicito a ustedes que lo hagan del conocimiento de la honorable asamblea.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de noviembre de 2008.--- Diputado César Duarte Jáquez (rúbrica), Presidente.»

«Dictamen de las Comisiones de Agricultura y Ganadería, y de Desarrollo Rural, respecto a la proposición con punto de acuerdo relativo a la comparecencia del director general del Inegi

Honorable Asamblea:

A las Comisiones de Agricultura y Ganadería, y de Desa-rrollo Rural de la Cámara de Diputados fue turnada para estudio y dictamen la proposición con punto de acuerdo presentada por la diputada Irma Piñeyro Arias del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, el 20 de febrero de 2007, proposición por la que solicita la comparecencia del Director General del Instituto Nacional de Estadística y Geografía Inegi, para que explique las etapas y metodología del censo agropecuario 2007.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45 numeral 6 inciso f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 65, 66, 85, 87,88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a estas comisiones corresponde dictaminar la presente proposición con punto de acuerdo a partir de los siguientes:

Antecedentes

El 20 de febrero de 2007, la diputada Irma Piñeyro Arias del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza presentó una proposición que solicita la comparecencia del director general del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Inegi, para que explique las etapas y metodología del censo agropecuario 2007.

El jueves 26 de abril del 2007, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la mencionada proposición para su estudio y dictamen a las Comisiones de Unidas de Agricultura y Ganadería, y de Desarrollo Rural.

Con base en los antecedentes mencionados, los integrantes de esta comisión dictaminadora formulamos las siguientes:

Consideraciones

Que el censo agropecuario, debió realizarse en el año 2001, por el Inegi, en su carácter de organismo responsable de la ejecución del Programa de Censos Nacionales, sin embargo, la institución ha argumentado la carencia de recursos presupuestales para su elaboración.

Que esta Soberanía autorizó al INEGI una partida especial por 1600 millones de pesos para que se levante en este año el censo agropecuario en todo el país.

Que este censo debe comprender el levantamiento de información para dos proyectos estadísticos relacionados, como son el VIII Censo Agrícola, Ganadero y Forestal; y el IX Censo Ejidal.

Que con el VIII Censo Agropecuario se deberá obtener, ordenar y clasificar geográficamente la información relativa al nombre y domicilio de 4.7 millones de productores agropecuarios y forestales, ubicar e identificar en cartografía alrededor de 9.3 millones de terrenos que integran las unidades de producción, enumerar cerca de 260 mil terrenos en áreas urbanas, captar información de aproximadamente 1.8 millones de viviendas con actividad agropecuaria e identificar y censar a más de 30 mil núcleos agrarios.

Conclusiones

1. El viernes 28 de marzo de 2007, las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería, y de Desarrollo Rural, sostuvieron una reunión de trabajo con el director general del Inegi, para despejar dudas a los legisladores de las etapas, procedimiento y fechas del levantamiento del censo agropecuario, por lo que la pretensión de punto de acuerdo queda atendida satisfactoriamente.

Por las consideraciones y conclusiones anteriormente expuestas, los integrantes de estas Comisiones dictaminadoras hemos tenido a bien emitir un acuerdo en sentido negativo, por lo que sometemos a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el presente dictamen en los siguientes términos

Acuerdo

Primero. Se desecha la proposición con punto de acuerdo, que solicita la comparecencia del director general del Inegi, para que explique las etapas y metodología para el levantamiento del VIII Censo Agropecuario, en virtud de que dicha reunión ya se efectuó, con lo que queda sin materia dicha proposición.

Segundo. Archívese el expediente como total y definitivamente concluido.

La Comisión de Agricultura y Ganadería, diputados: Héctor Padilla Gutiérrez (rúbrica), presidente; Daniel Pérez Valdés (rúbrica), Isael Villa Villa , Pedro Armendáriz García (rúbrica), Armando Jesús Félix Holguín (rúbrica), Íñigo Antonio Laviada Hernández (rúbrica), Ernesto Oviedo Oviedo (rúbrica), Héctor Narcia Álvarez (rúbrica), Celso David Pulido Santiago (rúbrica), secretarios; Andrés Bermúdez Viramontes , Osiel Castro de la Rosa (rúbrica), Francisco Domínguez Servién , Gerardo Antonio Escaroz Soler (rúbrica), David Lara Compeán (rúbrica), José Nicolás Morales Ramos , Francisco Javier Plascencia Alonso (rúbrica), José Víctor Sánchez Trujillo (rúbrica), Irineo Mendoza Mendoza , Amador Campos Aburto , Fausto Fluvio Mendoza Maldonado (rúbrica), Susana Monreal Ávila (rúbrica en contra), José Antonio Saavedra Coronel , Jesús Humberto Zazueta Aguilar , Jorge Mario Lescieur Talavera , Ramón Barajas López , José Rubén Escajeda Jiménez (rúbrica), Carlos Rojas Gutiérrez , Jesús Sesma Suárez , Juan Ignacio Samperio Montaño , Anuario Luis Herrera Solís (rúbrica).
La Comisión de Desarrollo Rural, diputados: Carlos Ernesto Navarro López (rúbrica), presidente; Gerardo Amezola Fonseca (rúbrica), José Víctor Sánchez Trujillo (rúbrica), César Augusto Verástegui Ostos (rúbrica), Modesto Brito González (rúbrica), Irineo Mendoza Mendoza (rúbrica), Israel Beltrán Montes , Víctor Ortiz del Carpio (rúbrica), secretarios; Juan Abad de Jesús , Ramón Barajas López (rúbrica), Osiel Castro de la Rosa , Arnulfo Elías Cordero Alfonzo , Adriana Díaz Contreras (rúbrica), Francisco Domínguez Servién , Gerardo Antonio Escaroz Soler (rúbrica), María Guadalupe García Noriega (rúbrica), Elda Gómez Lugo (rúbrica), Gustavo Macías Zambrano , Alejandro Martínez Hernández (rúbrica), Antonio Medellín Varela , Gustavo Ildefonso Mendívil Amparán , Francisco Javier Murillo Flores (rúbrica), Isidro Pedraza Chávez (rúbrica), Santiago Gustavo Pedro Cortés , Martín Ramos Castellanos (rúbrica), Francisco Sánchez Ramos , María Gloria Guadalupe Valenzuela García , Juan Victoria Alva (rúbrica), José Amado Orihuela Trejo (rúbrica).»

«Dictamen de la Comisión de la Función Pública, sobre la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno de Durango a entregar los documentos que avalen el manejo adecuado de las 99 mil toneladas de cemento donadas a la población de esa entidad federativa

Honorable Asamblea:

La Comisión de la Función Pública de la honorable Cámara de Diputados, con base en las facultades que le confieren los artículos 39 numerales 1 y 2, fracción XVIII, y 45 numeral 6, incisos e) y f); y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 87 y 88 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a su consideración el siguiente dictamen sobre la proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Durango a entregar los documentos que avalen el manejo adecuado de las 99 mil toneladas de cemento donadas a la población de esa entidad.

Antecedentes

I. La proposición que se dictamina fue publicada en la Gaceta Parlamentaria número 2470-IV, el 25 de marzo del 2008, y presentada el 30 de abril del mismo año por el diputado Joaquín Humberto Vela González , en nombre propio y del diputado Pablo Leopoldo Arreola Ortega , integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
II. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados la turnó para su estudio y dictamen a la Comisión de la Función Pública, con el número de expediente 4067.
III. Recibida en la Comisión de la Función Pública y una vez sometida a estudio y análisis, se preparó un proyecto de dictamen en sentido negativo, el cual fue sometido a la consideración y discusión del pleno de dicha comisión, que lo aprobó en la sesión celebrada el día 8 de octubre del 2008, por 17 votos a favor, 0 votos en contra, y 0 abstenciones.

Análisis de la proposición

Manifiestan los diputados proponentes que en los años 2005 y 2006 el gobierno de Durango recibió en donación de la Congregación Mariana Trinitaria, 99 mil toneladas de cemento, con objeto de mejorar las condiciones urbanas y de vivienda de los duranguenses más pobres, y que para garantizar el logro de este objetivo social se firmó un convenio entre el gobierno estatal y la congregación; sin embargo, el gobierno no respetó dicho convenio y en lugar de destinar el cemento a los propósitos de generar desarrollo social, con deshonestidad canalizó ese material de construcción para apoyar las candidaturas del Partido Revolucionario Institucional en el proceso electoral federal de 2006 y en el local de 2007, en el que el PRI ganó todas las diputaciones de mayoría y casi todos los ayuntamientos.

Que los señalamientos que hacen son el producto de la revisión física y documental realizada por los auditores de la Congregación Mariana Trinitaria, la cual se vio obligada a presentar en enero una denuncia de hechos ante la Secretaría de la Contraloría del gobierno estatal, y que en la misma denuncia la congregación evidencia que sólo 12 mil toneladas habían sido comprobadas del total de las 99 mil donadas.

Que el 14 de febrero del 2008 el apoderado legal de la congregación envió a la contralora de Durango un oficio en donde ratifica al gobierno del estado como responsable de la comprobación de las 99 mil toneladas de cemento y que en dicho escrito además, la congregación señaló que la documentación presentada por el gobierno de Ismael Hernández Deras no reúne los requisitos de ley y que dista mucho de ser una comprobación transparente, eficaz, jurídica y administrativamente sustentada, por lo cual la congregación exige que se cumpla una comprobación en términos legales; y que en caso de negativa, se finquen responsabilidades a los servidores públicos que incurrieron en tales omisiones.

Que el Partido del Trabajo considera que la contralora del gobierno del estado ha incurrido en responsabilidad por mentir a los duranguenses, en un intento por ocultar los desvíos y el manejo electoral que el gobierno de Durango cometió con miles de toneladas de cemento, sobre todo para influir indebidamente en las elecciones del 2006 y del 2007.

Que este asunto ya fue planteado en el Congreso de Durango por los legisladores del Partido del Trabajo y mayoriteada en contra por los diputados del PRI, por lo que proponen exhortar al gobierno de Durango a demostrar en los hechos su compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas sobre los recursos que administra, entregando los documentos que justifiquen conforme a la ley el manejo adecuado de las 99 mil toneladas de cemento que fueron donadas al pueblo de Durango.

Consideraciones

Primera. El asunto planteado por los diputados proponentes se circunscribe a una donación que hizo un particular (Congregación Mariana Trinitaria) al gobierno del estado de Durango, respecto de la cual manifiestan que se hizo un uso indebido del material donado (99 mil toneladas de cemento), toda vez que se desviaron para la campaña electoral federal del 2006 y para la campaña local del 2007 a favor de los candidatos del Partido Revolucionario Institucional.

Segunda. Las imputaciones las realizan los proponentes a la contralora del gobierno del estado, pues manifiestan que, con motivo de la denuncia que dicha congregación presentó, la titular de la contraloría afirmó que ya se había comprobado más del 97 por ciento del material que fue donado, cuestión que, afirman, no es cierta, pues las auditorías internas de la congregación donante expresan que sólo 12 mil de las 99 mil toneladas fueron comprobadas.

Tercera . Esta proposición ya fue presentada ante el Congreso del estado de Durango por diputados locales del Partido de Trabajo, pero fue rechazada por el voto de los diputados locales del Partido Revolucionario Institucional, por lo cual proponen que se haga el exhorto planteado.

Cuarta. Esta comisión dictaminadora estima que la propuesta de referencia no es de aprobarse, porque se trata de un asunto que debe ser investigado en el ámbito estatal.

Quinta . En efecto, de los hechos narrados se desprende que el presunto desvío que se imputa al gobierno del estado de Durango proviene de recursos privados, respecto de los cuales esta soberanía no tiene atribuciones para fiscalizar.

Además, se menciona en el texto de la propuesta que ya fue presentada la denuncia respectiva ante la contraloría del gobierno del estado de Durango y que con motivo de los hechos denunciados su titular manifestó que ya fue comprobado más del 97 por ciento de los materiales que fueron donados.

Sexta. Por lo tanto, esta Cámara de Diputados debe ser respetuosa de las determinaciones de las autoridades locales, como es en este caso la contraloría de dicha entidad federativa, motivo por el cual no es posible solicitarle al gobierno del estado que haga entrega de los documentos que justifiquen conforme a la ley el manejo adecuado de las 99 mil toneladas de cemento donadas, pues, por una parte, la autoridad competente ya se pronunció al respecto, situación de la que tuvo que haber tenido conocimiento el denunciante (Congregación Mariana Trinitaria), y por la otra, no existen elementos objetivos que permitan suponer una actuación irregular de la citada autoridad.

Lo anterior sin perjuicio de que en el resolutivo del punto de acuerdo no se menciona a quien debe entregarse la información que se detalla.

Séptima. Cabe señalar que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en sus artículos 40, 41 y 124 la forma de Estado federal, instaurando un claro régimen de división de competencias entre ramas y órdenes de gobierno.

Los estados integrantes de una federación pueden considerarse dotados de cierta soberanía, pues determinadas competencias les quedan reservadas en exclusión con las que tiene la federación.

El Título Cuarto de la Constitución General de la República establece que tratándose de la materia sobre responsabilidades de los servidores públicos, las entidades federativas serán competentes para legislar y aplicar la ley.

Por lo tanto, este órgano legislativo debe ser respetuoso de las determinaciones de las autoridades de las entidades federativas, como es en este caso la contraloría del gobierno del estado de Durango, máxime que no se aportan elementos que permitan presumir una actuación indebida por parte de esa autoridad.

En virtud de los motivos expuestos en las consideraciones anteriores, esta Comisión de la Función Pública, con base en las atribuciones legales y reglamentarias con que cuenta pone a su consideración el siguiente

Acuerdo

Primero. Se desecha la proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Durango a entregar los documentos que avalen el manejo adecuado de las 99 mil toneladas de cemento donadas al pueblo de esa entidad federativa, presentada por los diputados Joaquín Humberto Vela González y Pablo Leopoldo Arreola Ortega , integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Segundo. Archívese este asunto como asunto totalmente concluido.

La Comisión de la Función Pública, diputados: Benjamín González Roaro (rúbrica), presidente; José Guillermo Velázquez Gutiérrez (rúbrica), Jesús Ricardo Morales Manzo (rúbrica), Enrique Cárdenas del Avellano (rúbrica), secretarios; Jesús Sergio Alcántara Núñez , Alma Edwviges Alcaraz Hernández (rúbrica), Carlos Altamirano Toledo (rúbrica), Jesús Arredondo Velázquez (rúbrica), Carlos Armando Biebrich Torres , María Eugenia Campos Galván , Andrés Carballo Bustamante (rúbrica), José de la Torre Sánchez (rúbrica), Joaquín Conrado de los Santos Molina (rúbrica), Mario Enrique del Toro, Adriana Díaz Contreras , Arturo Flores Grande (rúbrica), María del Carmen Fernández Ugarte (rúbrica), Apolonio Méndez Meneses (rúbrica), Lariza Montiel Luis (rúbrica), Carlos Orsoe Morales Vázquez , Alan Notholt Guerrero (rúbrica), Héctor Padilla Gutiérrez , Rafael Plácido Ramos Becerril , Marcos Salas Contreras (rúbrica), Ramón Valdés Chávez (rúbrica).»

«Dictamen de la Comisión de Justicia, respecto a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la PGR a ejercer la facultad de atracción sobre la investigación y persecución de los homicidios de Teresa Bautista Merino y Felicitas Martínez Sánchez

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Justicia, de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de la LX Legislatura, le fue turnada para su estudio y dictamen la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría General de la República, a que ejerza su facultad de atracción para la investigación y su persecución respecto de los homicidios de Teresa Bautista Merino y Felicitas Martínez Sánchez.

Antecedentes

En sesión celebrada por la Cámara de Diputados en fecha jueves 17 de abril de 2008 fue presentada la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría General de la República, a que ejerza su facultad de atracción para la investigación y su persecución respecto de los homicidios de Teresa Bautista Merino y Felicitas Martínez Sánchez, presentada por la diputada Elsa Guadalupe Conde Rodríguez, del Grupo Parlamentario Alternativa.

En esa fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turno dicha proposición a la Comisión de Justicia para su estudio y dictamen correspondiente.

Contenido del punto de acuerdo

La proponente expresa que en las zonas serranas de nuestro país, en estados como Veracruz, Chiapas, Guerrero y Oaxaca, entre otros, se llevan a cabo actos de represión que en numerosas ocasiones terminan en homicidios. Las comunidades campesinas e indígenas se encuentran especialmente vulnerables ante los embates de líderes campesinos, sindicales y caciques que se apoderan de zonas completas mediante la represión. Estos hechos, por sí mismos, son inaceptables y deben ser denunciados. El pasado 7 de abril del año en curso, Teresa Bautista Merino y Felicitas Martínez Sánchez fueron emboscadas y asesinadas en las proximidades de Llano Juárez, Juxtlahuaca, ubicada a unos 70 kilómetros del municipio autónomo de San Juan Copala, Oaxaca, ambas eran locutoras de la radiodifusora triqui La Voz que Rompe el Silencio, patrocinada por el ayuntamiento de San Juan Copala.

El coordinador de radio comunitaria a la que pertenecían las comunicadoras, expresó que, desde el 20 de enero pasado, cuando iniciaron transmisiones, recibieron amenazas de caciques y líderes: ``dijeron que iban a quemar la estación, que la radio estorba, pero no esperábamos que asesinaran a nuestras compañeras''.

El autor de la proposición expone que en los últimos años, decenas de periodistas y comunicadores han desaparecido o han sido asesinados en una evidente represión a la libertad de expresión que garantiza la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En un acto de respuesta institucional a tales homicidios y desapariciones, señala la diputada que el gobierno federal creó la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos en contra de Periodistas, instancia dependiente de la Procuraduría General de la República, y que es en esta instancia investigadora donde debe iniciarse una investigación minuciosa, responsable y de muy alto nivel que deslinde responsabilidades y castigue tan deplorables delitos.

Consideraciones

La comisión realizó el estudio y análisis del planteamiento contenido en la proposición con punto de acuerdo, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 6o., establece que la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de tercero, provoque algún delito o perturbe el orden público y que el derecho a la información será garantizado por el Estado.

La libertad de expresión es un derecho fundamental reconocido en diversas declaraciones y tratados internacionales, tales como la Declaración Americana sobre Derechos Humanos y Deberes del Hombre, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, todos ellos instrumentos internacionales ratificados por México, por lo que son de obligatorio cumplimiento en nuestro país.

El numeral 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, establece que el asesinato, el secuestro, la intimidación, la amenaza a los comunicadores sociales y la destrucción material de los medios de comunicación, violan los derechos fundamentales de las personas y coartan severamente la libertad de expresión, por lo que es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación del daño adecuada.

Ahora bien, en el caso que nos ocupa, el 15 de mayo de 2008, la Procuraduría General de la República atrajo las investigaciones relativas al homicidio de las periodistas indígenas Felicitas Martínez Sánchez y Teresa Bautista Merino.

La dependencia señaló en un comunicado, que ejerció la facultad de atracción, prevista en el marco penal federal, a través de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos en contra de Periodistas, por lo que la proposición en estudio ha quedado sin materia.

En mérito de lo expuesto, la Comisión de Justicia:

Resuelve

Primero. Se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría General de la República, a que ejerza su facultad de atracción para la investigación y persecución respecto de los homicidios de Teresa Bautista Merino y Felicitas Martínez Sánchez, ya que ha quedado sin materia.

Segundo. Archívese el asunto como totalmente concluido.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de octubre de 2008.
La Comisión de Justicia, diputados: César Camacho Quiroz (rúbrica), presidente; Felipe Borrego Estrada (rúbrica), Violeta del Pilar Lagunes Viveros , Carlos Alberto Navarro Sugich (rúbrica), Miguel Ángel Arellano Pulido , Jorge Mario Lescieur Talavera (rúbrica), Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda (rúbrica), Verónica Velasco Rodríguez (rúbrica), secretarios; Mónica Arriola, Alliet Mariana Bautista Bravo , Luis Enrique Benítez Ojeda (rúbrica), Liliana Carbajal Méndez (rúbrica), Raúl Cervantes Andrade , Jesús de León Tello (rúbrica), José Manuel del Río Virgen , Antonio de Jesús Díaz Athié (rúbrica), Rutilio Cruz Escandón Cadenas , Arturo Flores Grande , Silvano Garay Ulloa (rúbrica), Omeheira López Reyna , Andrés Lozano Lozano (rúbrica), Victorio Rubén Montalvo Rojas (rúbrica), Jesús Ricardo Morales Manzo (rúbrica), Mario Eduardo Moreno Álvarez , Silvia Oliva Fragoso (rúbrica), Édgar Armando Olvera Higuera (rúbrica), María del Pilar Ortega Martínez (rúbrica), Luis Gustavo Parra Noriega (rúbrica), Alfredo Adolfo Ríos Camarena , Yadhira Yvette Tamayo Herrera (rúbrica).»

«Dictamen de la Comisión de Juventud y Deporte, respecto a la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita la comparecencia del director general de la Conade

Honorable Asamblea:

La Comisión de Juventud y Deporte de la LX Legislatura de la honorable Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45 numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 56, 60, 64, 87, 88 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a la honorable asamblea el siguiente

Dictamen

Antecedentes

A la Comisión de Juventud y Deporte de la LX Legislatura de la honorable Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente número 4049, que contiene una proposición con punto de acuerdo para solicitar la comparecencia del titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, suscrito por el diputado Javier Hernández Manzanares , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en sesión de la Cámara de Diputados, el miércoles 30 de abril de 2008.

El legislador promovente señala que es hasta el año de 1990, con la promulgación de la Ley de Estímulo y Fomento Deportivo, que se le otorga a la Comisión Nacional del Deporte (Conade) el carácter de órgano rector y coordinador del sistema nacional del deporte.

De igual modo, manifiesta que existe ausencia de planeación y hay indicios de corrupción en las federaciones deportivas integradas al sistema nacional del deporte y que como muestra de lo anterior, el 6 de enero del presente año una de las atletas más exitosas en el deporte mexicano, la velocista Ana Gabriela Guevara, anunció su retiro de la actividad deportiva argumentando los malos manejos que se llevan a cabo dentro de la Conade y la Federación Mexicana de Atletismo.

Asimismo, expresa su preocupación de que esta situación se agrave, ya que en agosto de este año se celebran en Beijing, China, los Juegos Olímpicos, sin que hasta el momento se tenga conocimiento sobre los programas, avances, presupuesto y planeación de la delegación mexicana que asistirá a estos Juegos Olímpicos y el impacto que pudieran tener las denuncias sobre los malos manejos de las federaciones deportivas.

Es por ello que solicita la comparecencia del Carlos Hermosillo Goytortúa, titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, ante las Comisiones Unidas de Función Pública, y de Juventud y Deporte para que informe sobre los programas, avances, presupuesto y planeación de la delegación mexicana que asistirá a los Juegos Olímpicos en Beijing, China, e informe además sobre las denuncias de malos manejos durante su administración que realizó la atleta Ana Gabriela Guevara.

La Comisión de Juventud y Deporte procedió al estudio y análisis de la proposición de referencia, llevando a cabo para tal efecto diversas reuniones de trabajo con los integrantes de la comisión, hasta alcanzar el dictamen que hoy se presenta con las siguientes

Consideraciones

Como menciona el diputado promovente, es del interés de todos los legisladores y en especial para la Comisión de Juventud y Deporte de la Cámara de Diputados conocer los programas, avances, presupuesto y planeación de la delegación mexicana que asistirá a los Juegos Olímpicos, así como el impacto que pudieran tener las denuncias sobre los presuntos malos manejos por parte de algunas federaciones deportivas.

Sin embargo, el pasado jueves 10 de abril de 2008 tuvo lugar una reunión en conferencia de las Comisiones de Juventud y Deporte de ambas Cámaras, en la cual compareció Carlos Hermosillo Goytortúa, director general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, así como otros servidores públicos de dicha institución.

En dicha reunión se presentó el avance de lo que sería el Programa Nacional de Cultura Física y Deporte, los recursos utilizados en la preparación de los atletas de alto rendimiento y el caso de la Federación Mexicana de Atletismo. Así pues, como una síntesis de los temas tratados durante la citada reunión, se informó que para el presente ejercicio fiscal, el Fondo Nacional del Deporte (Fonade), fideicomiso dedicado para el ciclo Olímpico, ha destinado 57 millones 686 mil 683 pesos para un total de 261 atletas. De igual modo, el Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento (Fodepar-CIMA) hasta el momento ha ejercido 58 millones 972 mil 697 pesos y mediante este fondo se otorgan becas para los atletas y apoyos económicos a entrenadores, equipo multidisciplinario y staff. Asimismo, se otorgaron apoyos a 3 mil 678 deportistas juveniles y de alto rendimiento, a diversas Asociaciones Deportivas Nacionales del deporte convencional, del deporte adaptado y el Comité Olímpico Mexicano.

Respecto al conflicto suscitado entre la velocista Ana Gabriela Guevara y directivos de la Federación Mexicana de Atletismo (FMA) se informó que las denuncias surgieron a raíz de diversas irregularidades denunciadas por ella, presuntamente ocurridas durante la celebración del Campeonato Mundial de Atletismo 2007, realizado en Osaka, Japón, en las cuales se implica al entonces titular de la FMA, Mariano Lara Tijerina. Derivado de lo anterior, la Conade inició un proceso administrativo, el cual se resolvió el 17 de diciembre de 2007, con una sanción consistente en una suspensión por cuatro años por parte del Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte. Como resultado del procedimiento administrativo, el 9 de noviembre de 2007 se presentó una denuncia de hechos ante la Procuraduría General de la República a efecto de que se determinara la existencia de los posibles delitos de fraude y peculado.

De igual modo, en otro procedimiento administrativo, el Órgano Interno de Control de la Conade inhabilitó a Mariano Lara Tijerina por un lapso de 5 años para ocupar puestos en la administración pública federal y se le sancionó económicamente por un monto de 196 mil 500 pesos; derivado de este segundo procedimiento administrativo, se presentó una segunda denuncia por la posible comisión de diversos delitos en agravio de la Conade, encontrándose esta averiguación previa en la etapa de acreditación del detrimento patrimonial.

Por último, Jorge Camacho Peñaloza, subdirector general de Calidad para el Deporte de la Conade, en las sesiones del pleno de la comisión, específicamente en las correspondientes al 20 de mayo y al 18 de junio del año en curso, expuso ante sus integrantes cuál ha sido el proceso de preparación tanto de la Delegación Mexicana Paralímpica como de la Olímpica para los Juegos de Beijing, China.

Con base en los anteriores argumentos, la comisión que suscribe ha resuelto dictaminar en sentido negativo el punto de acuerdo en estudio, en virtud de que existen evidencias de que lo solicitado por el diputado Javier Hernández Manzanares queda sin efectos, pues lo requerido ha sido superado, pues a pesar de que el presente asunto es turnado a este órgano legislativo el 30 de abril, el citado punto de acuerdo es publicado en la Gaceta Parlamentaria el pasado 4 de marzo, por lo que se interpreta un evidente desfase entre lo solicitado por el diputado promovente y los acontecimientos acaecidos el pasado 10 de abril, pues durante la citada reunión con Carlos Hermosillo Goytortúa se desahogaron los puntos solicitados por el asunto en estudio.

Por las consideraciones anteriormente expuestas, la Comisión de Juventud y Deporte emite el siguiente

Acuerdo

Primero. Se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, de conformidad con los artículos 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 20 fracción XXI, de la Ley General de Cultura Física y Deporte, solicita la comparecencia del Carlos Hermosillo Goytortúa, titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, ante las Comisiones Unidas de Función Pública, y de Juventud y Deporte para que informe sobre los programas, avances, presupuesto y planeación de la delegación mexicana que asistirá a los Juegos Olímpicos en Beijing, China, e informe además sobre las denuncias de malos manejos durante su administración por la atleta Ana Gabriela Guevara, presentada por el diputado Javier Hernández Manzanares , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en sesión de la Cámara de Diputados, el viernes 30 de abril de 2008.

Segundo. Archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido.

Salón de Sesiones de la Comisión de Juventud y Deporte, Palacio Legislativo de San Lázaro, a los treinta días del mes de septiembre de dos mil ocho.
La Comisión de Juventud y Deporte, diputados: Elizabeth Morales García (rúbrica), presidenta; Alma Hilda Medina Macías (rúbrica), Daisy Selene Hernández Gaytán (rúbrica), Francisco Elizondo Garrido , Francisco Sánchez Ramos , Gerardo Lagunes Gallina (rúbrica), Gregorio Barradas Miravete (rúbrica), José Luis Aguilera Rico (rúbrica), José Inés Palafox Núñez (rúbrica), Miguel Ángel Monraz Ibarra (rúbrica), secretarios; Ana Yurixi Leyva Piñón (rúbrica), Lilia Guadalupe Merodio Reza , Concepción Ojeda Hernández (rúbrica), Alma Xóchil Cardona Benavidez (rúbrica), Carlos Alberto Torres Torres (rúbrica), Celso David Pulido Santiago (rúbrica), Francisco Javier Plascencia Alonso (rúbrica), Gustavo Fernando Caballero Camargo , Fidel Antuña Batista (rúbrica), José de Jesús Solano Muñoz , Martín Ramos Castellanos , Miguel Ángel Gutiérrez Aguilar (rúbrica), Pedro Montalvo Gómez , Rafael García Villicaña (rúbrica), Ricardo Franco Cázarez (rúbrica), Salvador Barajas del Toro (rúbrica), Carlos Alberto Navarro Sugich , Jorge Luis de la Garza Treviño (rúbrica), Emilio Ulloa Pérez .»

«Dictamen de la Comisión de Salud, respecto a la proposición con punto de acuerdo para citar a comparecer al secretario de Salud a fin de que explique las medidas adoptadas por el gobierno federal en el caso de la alerta epidemiológica por sarampión

A la Comisión de Salud fue turnada, para estudio y dictamen, proposición con punto de acuerdo a fin de citar a comparecer al secretario de Salud para que explique las medidas adoptadas por el gobierno federal en el caso de la alerta epidemiológica por sarampión, presentada por el diputado César Duarte Jáquez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

La Comisión de Salud, con fundamento en las atribuciones otorgadas en los artículos 39, numerales 1 y 3, 43,44 y 45, y relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, 56, 60, 88, 89, 93 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de los miembros de esta honorable asamblea el dictamen, de acuerdo con la siguiente

Metodología

La comisión encargada del análisis y dictamen del punto de acuerdo mencionado desarrolla su trabajo conforme el procedimiento que a continuación se describe:

I. En el capítulo ``Antecedentes'' se da constancia del trámite, del proceso legislativo, del recibo en turno para el dictamen del punto de acuerdo y de los trabajos previos de la comisión dictaminadora.
II. En el capítulo ``Contenido'' se sintetiza el alcance de la propuesta en estudio.
III. En el capítulo ``Consideraciones'', la comisión dictaminadora expresa los argumentos de valoración de la propuesta y de los motivos que sustentan la decisión de respaldar o desechar la propuesta en análisis.

I. Antecedentes

En sesión celebrada con fecha 30 de abril de 2008 fue presentada la proposición con punto de acuerdo a fin de citar a comparecer al secretario de Salud para que explique las medidas adoptadas por el gobierno federal en el caso de la alerta epidemiológica por sarampión, a cargo del diputado César Duarte Jáquez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con la misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la proposición a la Comisión de Salud, para estudio y posterior dictamen.

II. Contenido

El promovente señala en su exposición de motivos su preocupación derivada de información de medios de comunicación respecto a un caso de sarampión en el estado de Arizona y otros más en San Diego, California, aludiendo que en virtud de la cercanía y evidente interacción de la ciudad de San Diego, principal foco de infección, con los habitantes de las zonas fronterizas de nuestro país es necesario citar a comparecer al secretario de Salud, José Ángel Córdova Villalobos, para que puntualice las medidas adoptadas por el gobierno federal para afrontar la alerta epidemiológica derivada de los brotes de sarampión surgidos en el sur de Estados Unidos de América.

III. Consideraciones

Respecto a la preocupación del promovente, la comisión consultó con la Secretaría de Salud respecto al tema que nos ocupa. En atención a lo anterior se hizo del conocimiento de la comisión, por medio de la Dirección General del Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica, la situación de nuestro país en lo que ocupa al punto de acuerdo en estudio.

Sobre si existe una cantidad suficiente de vacunas, la dirección referida ha hecho de nuestro conocimiento que se distribuyeron 21 millones de dosis de la vacuna contra sarampión-rubéola en el país, señalando que las estrategias de vacunación se constituyen por el Programa de Vacunación Rutinaria, las Semanas Nacionales de Vacunación y el Programa de Eliminación de Sarampión--Rubéola, que está dirigido a la población de 19 a 29 años, aunado a las actividades de vacunación ante la presencia de casos de importación de la enfermedad.

Las entidades federativas asimismo han manifestado el compromiso de incrementar la cobertura de vacunación y mantener en el país la fase de eliminación del sarampión.

El arma principal para la vigilancia epidemiológica es el sistema de vigilancia epidemiológica de enfermedad febril exantemática, que opera en todo el territorio nacional y garantiza una elevada sensibilidad de detección de posibles casos, permitiendo una oportuna intervención para implantar medidas de control vigilancia coordinación interinstitucional, intersectorial e internacional.

Por otro lado, cabe señalar que la vigilancia internacional en puertos aéreos y navales es una atribución de las entidades federativas.

Aunado a lo anterior, es importante mencionar que los estados fronterizoas cuentan con un calendario de reuniones binacionales en los que se abordan los temas de interés común, incluyendo las emergencias sanitarias, con la finalidad de establecer intervenciones y evoluciones conjuntas.

En el caso particular del paciente de sarampión procedente de Suiza y que viajó de Arizona a Los Cabos, las autoridades de salud de Arizona informaron a los servicios de salud estatales que, aunados a la autoridad federal, implantaron el operativo correspondiente para atender dicha situación.

En otro orden de ideas, la acción de la Secretaría de Salud en estos temas se enfoca a una acción continua de difusión de normas y procedimientos en el sistema nacional de salud, a través de los manuales correspondientes. También se llevan a cabo reuniones con los secretarios de Salud de las 32 entidades federativas, evaluando el alcance de indicadores de vigilancia epidemiológica de enfermedad febril exantemática.

Cuando se dan casos de sarampión importados se giran las alertas necesarias, señalando la magnitud del problema y las acciones específicas a realizar.

Existe una coordinación interinstitucional federal y estatal que garantiza la implantación de medidas de prevención y control, tanto rutinarias como adicionales. También hay una retroalimentación con las autoridades federales, así como recopilación de información para análisis y publicación de boletines oficiales.

Aunado a lo anterior, se envía información a instituciones internacionales como la Organización Panamericana de la Salud o la Organización Mundial de la Salud.

De hecho, la Secretaría de Salud nos ha dado a conocer que desde junio de 1996 México está libre de la circulación autóctona de sarampión, y los casos presentados provienen de otras regiones del mundo, siendo exitosas las medidas implantadas ante cada caso presentado desde entonces, confirmando así que nuestro país tiene la experiencia y la capacidad de respuesta necesaria para no poner en riesgo a la población.

Derivado de lo referido con antelación, resulta evidente que nuestro país cuenta con un sistema de vigilancia epidemiológica exitoso y que el caso en particular ha sido resuelto sin poner en peligro a la población nacional, por lo que resulta innecesaria una comparecencia del secretario de Salud para explicar a esta soberanía actividades cotidianas del sistema nacional de salud.

Por lo anteriormente expuesto, la Comisión de Salud, con las atribuciones que otorgadas en el artículo 73, fracción XVI, en el último párrafo del artículo 117 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior de los Estados Unidos Mexicanos, emite el siguiente

Acuerdo

Único. Se desecha la proposición con punto de acuerdo a fin de citar a comparecer al secretario de Salud para que explique las medidas adoptadas por el gobierno federal en el caso de la alerta epidemiológica por sarampión, presentada por el diputado César Duarte Jáquez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el 30 de abril de 2008.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de julio de 2008.
La Comisión de Salud, diputados: Ector Jaime Ramírez Barba (rúbrica), José Antonio Muñoz Serrano (rúbrica), Adriana Rebeca Vieyra Olivares (rúbrica), Efraín Morales Sánchez (rúbrica), María Oralia Vega Ortiz (rúbrica), Antonio Xavier López Adame (rúbrica), Juan Abad de Jesús (rúbrica), Margarita Arenas Guzmán (rúbrica), Efraín Arizmendi Uribe , Ricardo Cantú Garza , Maricela Contreras Julián , María Mercedes Corral Aguilar (rúbrica), Joaquín Conrado de los Santos Molina , Daniel Dehesa Mora (rúbrica), Nemesio Domínguez Domínguez , Ángel Humberto García Reyes , Beatriz Eugenia García Reyes (rúbrica), Yolanda Mercedes Garmendia Hernández (rúbrica), Tomás Gloria Requena , Lorena Martínez Rodríguez (rúbrica), Holly Matus Toledo , Fernando Enrique Mayans Canabal (rúbrica), Roberto Mendoza Flores (rúbrica), Elizabeth Morales García , Gilberto Ojeda Camacho , Martha Rocío Partida Guzmán , Jorge Quintero Bello (rúbrica), José Ignacio Alberto Rubio Chávez (rúbrica), María Gloria Guadalupe Valenzuela García .»

«Dictamen de la Comisión de Salud, respecto a la proposición con punto de acuerdo sobre la prevención de las adicciones en el sector público

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Salud fue turnada para estudio y dictamen la proposición con punto de acuerdo relativo a la prevención de las adicciones en el sector público, suscrita por los diputados Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda , Gerardo Sosa Castelán , María Oralia Vega Ortiz , Joel Guerrero Juárez y Edmundo Ramírez Martínez , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

La Comisión de Salud, con fundamento en las atribuciones que le otorgan los artículos 39, numerales 1 y 3, 43, 44 y 45 y relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, 56, 60, 88, 89, 93 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de los miembros de esta honorable asamblea el presente dictamen, de acuerdo con la siguiente

Metodología

La comisión encargada del análisis y el dictamen del punto de acuerdo mencionado desarrolla su trabajo conforme el procedimiento que a continuación se describe:

I. En el capítulo de antecedentes se da constancia del trámite, del proceso legislativo, del recibo en turno para el dictamen del punto de acuerdo y de los trabajos previos de la comisión dictaminadora.
II. En el capítulo correspondiente a contenido se sintetiza el alcance de la propuesta en estudio.
III. En el capítulo de consideraciones, la comisión dictaminadora expresa los argumentos de valoración de la propuesta y de los motivos que sustentan la decisión de respaldar o desechar la propuesta en análisis.

I. Antecedentes

En sesión celebrada con fecha 13 de diciembre de 2007 fue presentada la proposición con punto de acuerdo relativo a la prevención de las adicciones en el sector público, suscrita por los diputados Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda , Gerardo Sosa Castelán , María Oralia Vega Ortiz , Joel Guerrero Juárez y Edmundo Ramírez Martínez , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con la misma fecha, la Mesa Directiva turnó la citada proposición a la Comisión de Salud, para estudio y posterior dictamen.

II. Contenido

En la exposición de motivos, los promoventes afirman que uno de los mecanismos más útiles para prevenir el consumo de drogas es el examen toxicológico, mejor conocido como antidoping, el cual en el país se aplica en materia deportiva y en el sector público, fundamentalmente en las corporaciones policiacas antes del ingreso y en evaluaciones periódicas.

Asimismo, pretenden que dichos exámenes se extiendan en su aplicación para contribuir a trasparentar las instituciones públicas y generar confianza ciudadana en la honorabilidad de los servidores públicos. Por esa razón solicitan al Ejecutivo federal que se aplique de manera general la prueba antidoping como mecanismo preventivo contra las adicciones, en todo el gobierno federal, incluyendo que se efectúe examen antidoping a los miembros de las Cámaras del Congreso de la Unión, como ejemplo de abierto rechazo de las adicciones.

III. Consideraciones

La Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos tiene por objeto reglamentar el Título Cuarto constitucional, que se refiere a las responsabilidades de los servidores públicos y patrimonial del Estado, y señala lo siguiente:

I. Los sujetos de responsabilidad en el servicio público;
II. Las obligaciones en el servicio público;
III. Las responsabilidades y sanciones administrativas en el servicio público, así como las que se deban resolver mediante juicio político;
IV. Las autoridades competentes y los procedimientos para aplicar dichas sanciones;
V. Las autoridades competentes y los procedimientos para declarar la procedencia del procesamiento penal de los servidores públicos que gozan de fuero; y
VI. ...

Asimismo, la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos establece en el artículo 8 lo siguiente:

Artículo 8. Todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones:
I. Cumplir el servicio que le sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión;
II. a V. ...
VI. Observar buena conducta en su empleo, cargo o comisión, tratando con respeto, diligencia, imparcialidad y rectitud a las personas con que tenga relación con motivo de éste;
VII. a XII. ...
XIII. Desempeñar su empleo, cargo o comisión sin obtener o pretender obtener beneficios adicionales a las contraprestaciones comprobables que el Estado le otorga por el desempeño de su función, sean para él o para las personas a que se refiere la fracción XI;
XIV. a XV. ...
XVI. Atender con diligencia las instrucciones, requerimientos o resoluciones que reciba de la Secretaría, del contralor interno o de los titulares de las áreas de auditoría, de quejas y de responsabilidades, conforme a la competencia de éstos;
XVII. Supervisar que los servidores públicos sujetos a su dirección cumplan las disposiciones de este artículo;
XVIII. Denunciar por escrito ante la Secretaría o la contraloría interna los actos u omisiones que en ejercicio de sus funciones llegare a advertir respecto de cualquier servidor público que pueda constituir responsabilidad administrativa en los términos de la ley y demás disposiciones aplicables;
XIX. a XXIV. ...
XXIV. Abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de cualquier disposición legal, reglamentaria o administrativa relacionada con el servicio público.
El incumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo dará lugar al procedimiento y a las sanciones que correspondan, sin perjuicio de las normas específicas que al respecto rijan en el servicio de las Fuerzas Armadas.

La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal establece en la fracción XVII del artículo 37 que corresponde a la Secretaría de la Función Pública conocer e investigar acerca de las conductas de los servidores públicos que puedan constituir responsabilidades administrativas; aplicar las sanciones que correspondan en los términos de ley; y, en su caso, presentar las denuncias correspondientes ante el Ministerio Público, prestándose para tal efecto la colaboración que le fuere requerida.

Debido a lo anterior, los integrantes de la Comisión de Salud consideramos que la propuesta resulta redundante, pues hay disposiciones jurídicas e instituciones cuya finalidad es precisamente vigilar el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades de los servidores públicos.

La Comisión de Salud, atendiendo a la responsabilidad financiera que implica aprobar acuerdos como el que se aborda en el presente dictamen, solicitó al Centro de Estudios de las Finanzas Publicas (CEFP) una valoración del impacto presupuestario que implicaría aprobar una medida como la propuesta.

En respuesta de dicha solicitud, el CEFP afirmó que con un costo aproximado de 80 pesos por prueba, y estimando un número de 653 mil 30 plazas de la administración pública, así como el Poder Legislativo, el impacto presupuestal del punto de acuerdo ascendería a un total de 52 millones 242. 4 mil pesos para aplicar la prueba a la población del sector público federal.

El estudio presupuestal señala también que para el Poder Ejecutivo, formado por distintos ramos administrativos, se destinarían, de aprobarse el punto de acuerdo en sus términos, 51 millones 734.1 mil pesos, siendo la Secretaría de la Defensa Nacional el ramo que se consignaría mayor cantidad de recursos, debido a que tiene 199 mil 545 plazas registradas.

En segundo y tercer lugares, estrían las Secretarías de Educación Pública, y de Hacienda y Crédito Público, con 10.1 y 4.4 millones de pesos, respectivamente.

Por lo anterior, esta comisión considera que con dicho acuerdo ha sido atendida la presente proposición, por lo que, con base en las atribuciones que le otorgan el artículo 73, fracción XVI, y el último párrafo del artículo 117 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Salud emite el siguiente

Acuerdo

Único. Se desecha la proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta al Poder Ejecutivo federal a instaurar la aplicación de exámenes toxicológicos a todos los servidores públicos federales y a efectuar examen antidoping a los miembros de las Cámaras del Congreso de la Unión, presentada por los diputados Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda , Gerardo Sosa Castelán , María Oralia Vega Ortiz , Joel Guerrero Juárez y Edmundo Ramírez Martínez , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el 13 de diciembre de 2007.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro el 8 de julio de 2008.
La Comisión de Salud, diputados: Ector Jaime Ramírez Barba (rúbrica), José Antonio Muñoz Serrano (rúbrica), Adriana Rebeca Vieyra Olivares (rúbrica), Efraín Morales Sánchez (rúbrica), María Oralia Vega Ortiz (rúbrica), Antonio Xavier López Adame (rúbrica), Juan Abad de Jesús (rúbrica), Margarita Arenas Guzmán (rúbrica), Efraín Arizmendi Uribe , Ricardo Cantú Garza , Maricela Contreras Julián , María Mercedes Corral Aguilar (rúbrica), Joaquín Conrado de los Santos Molina , Daniel Dehesa Mora (rúbrica), Nemesio Domínguez Domínguez , Ángel Humberto García Reyes , Beatriz Eugenia García Reyes (rúbrica), Yolanda Mercedes Garmendia Hernández (rúbrica), Tomás Gloria Requena , Lorena Martínez Rodríguez (rúbrica), Holly Matus Toledo , Fernando Enrique Mayans Canabal (rúbrica), Roberto Mendoza Flores (rúbrica), Elizabeth Morales García , Gilberto Ojeda Camacho , Martha Rocío Partida Guzmán , Jorge Quintero Bello (rúbrica), José Ignacio Alberto Rubio Chávez (rúbrica), María Gloria Guadalupe Valenzuela García .»

«Dictamen de la Comisión de Salud, respecto al punto de acuerdo por el que se exhorta al director general del IMSS a informar sobre la desaparición de la Coordinación de Salud Sexual y Reproductiva y el cierre de los Centros de Atención Rural al Adolescente

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Salud le fue turnada para su estudio y dictamen la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al director general del IMSS a informar sobre la desaparición de la Coordinación de Salud Sexual y Reproductiva, y el cierre de los Centros de Atención Rural al Adolescente, presentada por la diputada Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez , del Grupo Parlamentario de Alternativa.

La Comisión de Salud, con fundamento en las atribuciones que le otorgan los artículos 39, numerales 1o. y 3o., 43, 44, 45 y de los demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, 56, 60, 87, 88, 89 y 93 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea, el presente dictamen de acuerdo con la siguiente metodología

I. Antecedentes

El jueves 29 de abril de 2008 se publicó en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al director general del IMSS a informar sobre la desaparición de la Coordinación de Salud Sexual y Reproductiva y el cierre de los Centros de Atención Rural al Adolescente, presentada por la diputada Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez , del Grupo Parlamentario de Alternativa.

Con fecha viernes 30 de abril de 2008, la Mesa Directiva turnó la mencionada proposición a la Comisión de Salud para su estudio y posterior dictamen.

II. Contenido

La proposición con punto de acuerdo tiene por objeto exhortar al director general del IMSS a informar sobre la desaparición de la Coordinación de Salud Sexual y Reproductiva y el cierre de los Centros de Atención Rural al Adolescente, que funcionaban en el programa IMSS-Oportunidades.

La promoverte argumenta que el Instituto Mexicano del Seguro Social, a través de la Coordinación de Salud Reproductiva tiene obligación de seguir atendiendo las necesidades de la población en materia de salud sexual y reproductiva.

Este tema no solamente comprende la planificación familiar, sino también la salud reproductiva de adolescentes, salud perinatal, que incluye las etapas prenatal, parto, puerperio y fortalecimiento de la lactancia materna, riesgo preconcepcional, prevención, y manejo de enfermedades de transmisión sexual, prevención y tratamiento de infertilidad, detección oportuna de cáncer de tracto reproductor y de mama y manejo del climaterio y menopausia.

III. Consideraciones

Comprendiendo la preocupación de la promovente por el tema de salud sexual y reproductiva, los diputados integrantes de la comisión dictaminadora hemos realizado un análisis a fondo de la propuesta. Las principales consideraciones para dictaminar el punto de acuerdo que se estudia, fueron las siguientes:

Primera. La comisión coincide con la promoverte en los siguientes puntos:

• La salud sexual y reproductiva es un tema muy amplio, que no puede reducirse solamente a la planificación familiar, y el sector salud debe sumar esfuerzos para lograr que toda la población tenga acceso a la atención en esta materia.
• El IMSS, como parte del sector salud, debe asumir su responsabilidad de atender las necesidades de la población en materia de salud sexual y reproductiva, por medio de una adecuada coordinación de sus unidades y programas, que le permitan cumplir eficientemente esta función.

Segunda. En la exposición de motivos se plantea que al desaparecer la Coordinación de Salud Reproductiva pueden quedar desatendidas las funciones que realizaba; sin embargo, el Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social indica al respecto lo siguiente:

Artículo 82. La Dirección de Prestaciones Médicas tendrá las facultades siguientes:
I. a III. ...;
IV. Emitir la normatividad institucional relativa a vigilancia epidemiológica, medicina preventiva, fomento a la salud, salud reproductiva, salud materno infantil, educación médica, investigación médica, salud en el trabajo y la prestación de los servicios médicos y de rehabilitación en sus tres niveles de atención;
V. a XXI . ... .

La Dirección de Prestaciones Médicas contará con el auxilio para el cumplimiento de sus atribuciones, con las unidades de Educación, Investigación y Políticas de Salud; de Salud Pública, de Atención Médica, y de IMSS-Oportunidades, que tendrán a su cargo el desempeño de las funciones que les señalen los manuales de organización y operación respectivos.

Por lo tanto, aunque desapareciera la Coordinación de Salud Reproductiva, la Dirección de Prestaciones Médicas tendría la obligación de cumplir sus atribuciones en el tema de salud reproductiva, a través de otras unidades.

Tercera. Al consultar la estructura orgánica operativa del IMSS, en el Portal de Obligaciones de Trasparencia, (http://portaltransparencia.gob.mx, consultada en junio de 2008) encontramos que la Coordinación de Salud Reproductiva no ha desaparecido; forma parte de la Unidad de Salud Pública, dentro de la Dirección de Prestaciones Médicas.

La Coordinación de Salud Reproductiva tiene su domicilio en Mier y Pesado 120, colonia del Valle, México, DF, y brinda atención en los teléfonos (01-55) 5536-0682 y 5536-0022.

La Coordinación trabaja por medio de dos divisiones:

a) Planificación familiar
b) Salud materna y prenatal

El actual titular de la Coordinación es el doctor Miguel Bernardo Romero Téllez.

Con fundamento en estos datos, parece existir un malentendido en la formulación del punto de acuerdo que es materia del presente dictamen. La Coordinación de Salud Reproductiva aún existe y brinda servicio, por lo tanto, no es necesario solicitar al IMSS mayores informes al respecto.

Cuarta. Con respecto a los Centros de Atención Rural al Adolescente, la información completa sobre su funcionamiento y actividades se puede solicitar a la División de Planeación, Sistemas e Información, la cual pertenece también a la Dirección de Prestaciones Médicas del IMSS.

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de la Comisión de Salud, con las atribuciones que les otorga el artículo 73 fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos así como los artículos 45 numeral 6, inciso e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ponemos a consideración de la asamblea el siguiente

Acuerdo

Único. Se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al director general del IMSS a informar sobre la desaparición de la Coordinación de Salud Sexual y Reproductiva y el cierre de los Centros de Atención Rural al Adolescente, presentada por la diputada Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez , del Grupo Parlamentario de Alternativa, el jueves 29 de abril de 2008.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el 8 de julio de 2008.
La Comisión de Salud, diputados: Ector Jaime Ramírez Barba (rúbrica), José Antonio Muñoz Serrano (rúbrica), Adriana Rebeca Vieyra Olivares (rúbrica), Efraín Morales Sánchez (rúbrica), María Oralia Vega Ortiz (rúbrica), Antonio Xavier López Adame (rúbrica), Juan Abad de Jesús (rúbrica), Margarita Arenas Guzmán (rúbrica), Efraín Arizmendi Uribe , Ricardo Cantú Garza , Maricela Contreras Julián , María Mercedes Corral Aguilar (rúbrica), Joaquín Conrado de los Santos Molina , Daniel Dehesa Mora (rúbrica), Nemesio Domínguez Domínguez , Ángel Humberto García Reyes , Beatriz Eugenia García Reyes (rúbrica), Yolanda Mercedes Garmendia Hernández (rúbrica), Tomás Gloria Requena , Lorena Martínez Rodríguez (rúbrica), Holly Matus Toledo , Fernando Enrique Mayans Canabal , Roberto Mendoza Flores (rúbrica), Elizabeth Morales García , Gilberto Ojeda Camacho , Martha Rocío Partida Guzmán , Jorge Quintero Bello (rúbrica), José Ignacio Alberto Rubio Chávez (rúbrica), María Gloria Guadalupe Valenzuela García .»

«Dictamen de la Comisión de Salud, respecto a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a incluir la hemofilia en el catálogo de enfermedades atendibles por el Seguro Popular

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Salud fue turnada, para estudio y dictamen, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a incluir la hemofilia en el catálogo médico de enfermedades atendibles por el Seguro Popular, presentada por el diputado Daniel Ludlow Kuri , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

La Comisión de Salud, con fundamento en las atribuciones establecidas en el artículo 39, numerales 1 y 3, y en los artículos 43,44 y 45, y relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, 56, 60, 88, 89, 93 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de los miembros de la honorable asamblea el dictamen de acuerdo con la siguiente

Metodología

La comisión encargada del análisis y del dictamen del punto de acuerdo mencionado, desarrolla su trabajo conforme el procedimiento que a continuación se describe:

I. En el capítulo ``Antecedentes'' se da constancia del trámite, del proceso legislativo, del recibo en turno para el dictamen del punto de acuerdo y de los trabajos previos de la comisión dictaminadora.
II. En el capítulo ``Contenido'' se sintetiza el alcance de la propuesta en estudio.
III. En el capítulo ``Consideraciones'', la comisión dictaminadora expresa los argumentos de valoración de la propuesta y de los motivos que sustentan la decisión de respaldar o desechar la propuesta en análisis.

I. Antecedentes

En sesión celebrada por la Cámara de Diputados, con fecha 30 de abril de 2008, fue presentada la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a incluir la hemofilia en el catálogo médico de enfermedades atendibles por el Seguro Popular, a cargo del diputado Daniel Ludlow Kuri , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con la misma fecha, la Mesa Directiva turnó la iniciativa a la Comisión de Salud, para estudio y posterior dictamen.

II. Contenido

En la exposición de motivos, el promovente manifiesta que de los pacientes con hemofilia identificados en México, cerca de 35 por ciento no cuentan con seguridad social y carecen de un tratamiento adecuado, siendo la mayoría de esas personas de escasos recursos. Señala que, para atender sus sangrados, acuden al centro de salud más cercano que no cuenta regularmente ni con los expertos ni mucho menos con el tratamiento adecuado. Cuando llegan a ser atendidos sólo reciben tratamiento con base en componentes sanguíneos, tratamiento rebasado por la tecnología hace más de 20 años, y únicamente en casos de urgencia, es decir, cuando presentan hemorragias severas. Afirma que el tratamiento con base en transfusiones conlleva el riesgo latente de contagio de hepatitis C o sida, ya que la sangre transfundida puede estar eventualmente contaminada, cuyo riesgo se incrementa por las frecuentes transfusiones.

Por estas, entre otras razones, propone que se exhorte a la Secretaría de Salud a incluir en el catálogo médico de enfermedades atendibles, a través del Seguro Popular, a la hemofilia, y se proporcione, de esta manera, atención médica adecuada y oportuna a los enfermos que padecen esta enfermedad, a fin de evitar que sigan padeciendo discapacidades o siendo expuestos a otras enfermedades como hepatitis C o sida, por una atención inadecuada, así como al Instituto Mexicano del Seguro Social ( IMSS) y al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE) a mejorar su atención médica y garantizar a los pacientes con hemofilia el tratamiento adecuado y el suministro y abasto oportuno de medicamentos a que tienen derecho.

III. Consideraciones

La Comisión Nacional de Protección Social en Salud, conocida como Seguro Popular, es la encargada de la protección social en salud, mecanismo por el cual el Estado garantiza el acceso efectivo, oportuno, de calidad, sin desembolso al momento de utilización y sin discriminación a los servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan de manera integral las necesidades de salud, mediante la combinación de intervenciones de promoción de la salud, prevención, diagnóstico, tratamiento y de rehabilitación, seleccionadas en forma prioritaria según criterios de seguridad, eficacia, costo, efectividad, adherencia a normas éticas profesionales y aceptabilidad social, contemplando como mínimo, según lo referido en el artículo 77 Bis 1 de la Ley General de Salud, los servicios de consulta externa en el primer nivel de atención, así como de consulta externa y hospitalización para las especialidades básicas de medicina interna, cirugía general, ginecoobstetricia, pediatría y geriatría, en el segundo nivel de atención.

Para cumplir con las obligaciones referidas, el Sistema de Protección Social en Salud cuenta con el catálogo universal de servicios de salud, en el cual se enlistan las enfermedades y tratamientos que atiende el Seguro Popular en primer y segundo nivel.

En el caso de enfermedades y tratamientos de alta especialidad, el Seguro Popular tiene un catálogo de intervenciones correspondiente a enfermedades y tratamientos de un costo elevado que provocan gastos catastróficos.

En este orden de ideas, en el artículo 77 Bis 29 de la Ley General de Salud está establecido que se considerarán gastos catastróficos a los que se derivan de aquellos tratamientos y medicamentos asociados, definidos por el Consejo de Salubridad General, que satisfagan las necesidades de salud mediante la combinación de intervenciones de tipo preventivo, diagnóstico, terapéutico, paliativo y de rehabilitación, con criterios explícitos de carácter clínico y epidemiológico, seleccionadas con base en su seguridad, eficacia, costo, efectividad, adherencia a normas éticas profesionales y aceptabilidad social, que impliquen un alto costo en virtud de su grado de complejidad o especialidad y el nivel o frecuencia con la que ocurren.

Asimismo, en el segundo párrafo se señala que con el objetivo de apoyar el financiamiento de la atención, principalmente de beneficiarios del Sistema de Protección Social en Salud que sufran enfermedades de alto costo de las que provocan gastos catastróficos, se constituirá y administrará por la federación un fondo de reserva sin límites de anualidad presupuestal con reglas de operación definidas por la Secretaría de Salud.

En el Reglamento de la Ley General de Salud en materia de Protección Social en Salud está establecido en el artículo 99 lo siguiente:

Artículo 99. Las enfermedades cuyo tratamiento es de alto costo que generan gastos catastróficos para los prestadores de servicios del sistema son aquellas que cumplen con lo establecido en el artículo 77 Bis 29 de la ley.
Para fines del presente capítulo, dichas enfermedades se denominarán gastos catastróficos.
La definición de las enfermedades, los tratamientos, los medicamentos y los materiales asociados que generan gastos catastróficos será responsabilidad exclusiva del Consejo de Salubridad General, estará sujeta a revisión y actualización periódica y considerará los criterios señalados en el artículo 77 Bis 29 de la ley, así como los siguientes criterios:
I. ...
II. Peso de la enfermedad. Este criterio mide las pérdidas de salud debidas tanto a mortalidad prematura como a discapacidad en sus diferentes grados. Para identificar el peso de la enfermedad asociada a los gastos catastróficos, serán considerados los siguientes factores: la mortalidad por causas y por grupos de edad, la mortalidad hospitalaria del sistema nacional de salud, las causas de egreso hospitalario, el número de casos registrados de la enfermedad y la discapacidad producida por la enfermedad;
III. a VI. ...

De lo anterior se infiere que la hemofilia al tratarse de una enfermedad cuyo tratamiento necesita atención médica continua, y uso de medicamentos y transfusiones sanguíneas periódicas, se considera como una enfermedad de las que generan gastos catastróficos.

Por este motivo, la Secretaría de Salud ha puesto en marcha el Seguro Médico para una Nueva Generación, cuyas reglas de operación publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 31 de marzo de 2008, en el anexo I, señalan que el tratamiento de la hemofilia se encuentra considerado como intervención cubierta para niños menores de 5 años que se encuentren afiliados a éste.

En relación con los insumos para el tratamiento de la hemofilia, es importante señalar que el artículo 28 de la Ley General de Salud refiere la existencia de un catálogo de insumos para el segundo y tercer nivel, elaborados por el Consejo de Salubridad General, a los cuales se ajustarán las instituciones públicas del sistema nacional de salud, y en los que se agruparán, caracterizarán y codificarán los insumos para la salud. Para esos efectos, participarán en su elaboración la Secretaría de Salud, las instituciones públicas de seguridad social y las demás que señale el Ejecutivo federal.

Para la elaboración de dicho catálogo, se consideran los padecimientos agudos y de la mayor incidencia en la población de escasos recursos, o crónicos de mayor incidencia en el país, según lo señalado en el acuerdo por el que se establece que las instituciones públicas del sistema nacional de salud sólo deberán utilizar los insumos establecidos en el cuadro básico para el primer nivel de atención médica y para el segundo y tercer nivel del catálogo de insumos, acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de diciembre de 2002.

La edición 2007 del cuadro básico y catalogo de medicamentos, publicada con fecha 21 de abril de los corrientes, incluye en el grupo terapéutico 10, hematología la clave, descripción, indicaciones, vía de administración, y dosis aplicables para el tratamiento de episodios hemorrágicos y prevención de sangrado excesivo relacionado con cirugía en personas con hemofilia hereditaria o adquirida que han desarrollado inhibidores a los factores de coagulación. También se menciona el tratamiento o prevención de la hemorragia en pacientes con hemofilia A y tratamiento de la hemofilia B. De lo que se infiere que el catálogo de insumos prevé los tratamientos aplicables a la hemofilia.

Por lo anteriormente expuesto, la Comisión de Salud, con las atribuciones establecidas en el artículo 73, fracción XVI, y en el último párrafo del artículo 117 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 45, numeral 6, inciso e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior de los Estados Unidos Mexicanos, emite el siguiente

Acuerdo

Único. Se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a incluir la hemofilia en el catálogo médico de enfermedades atendibles por el Seguro Popular, presentada por el diputado Daniel Ludlow Kuri , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, el 30 de abril de 2008.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de julio 2008.
La Comisión de Salud, diputados: Ector Jaime Ramírez Barba (rúbrica), José Antonio Muñoz Serrano (rúbrica), Adriana Rebeca Vieyra Olivares (rúbrica), Efraín Morales Sánchez (rúbrica), María Oralia Vega Ortiz (rúbrica), Antonio Xavier López Adame (rúbrica), Juan Abad de Jesús (rúbrica), Margarita Arenas Guzmán (rúbrica), Efraín Arizmendi Uribe , Ricardo Cantú Garza , Maricela Contreras Julián , María Mercedes Corral Aguilar (rúbrica), Joaquín Conrado de los Santos Molina , Daniel Dehesa Mora (rúbrica), Nemesio Domínguez Domínguez , Ángel Humberto García Reyes , Beatriz Eugenia García Reyes (rúbrica), Yolanda Mercedes Garmendia Hernández (rúbrica), Tomás Gloria Requena , Lorena Martínez Rodríguez (rúbrica), Holly Matus Toledo , Fernando Enrique Mayans Canabal (rúbrica), Roberto Mendoza Flores (rúbrica), Elizabeth Morales García , Gilberto Ojeda Camacho , Martha Rocío Partida Guzmán , Jorge Quintero Bello (rúbrica), José Ignacio Alberto Rubio Chávez (rúbrica), María Gloria Guadalupe Valenzuela García .»

«Dictamen de la Comisión de Seguridad Social, respecto de la proposición con punto de acuerdo para exhortar al IMSS a destinar recursos a la construcción de un hospital de especialidades y mejorar la infraestructura hospitalaria en Reynosa, Tamaulipas

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Seguridad Social le fue turnada, para análisis y dictamen, la proposición con punto de acuerdo para que la Cámara de Diputados exhorte al Instituto Mexicano del Seguro Social para que invierta mayores recursos en Reynosa, Tamaulipas, con el objetivo de que desarrolle una mejor infraestructura, que se vea reflejada en un incremento en el número de camas y en la construcción de otro hospital; igualmente el exhorto incluye el que se implante o de seguimiento a los programas de calidad en la esa ciudad, a fin de subsanar las deficiencias en la atención a la salud que existen en dicho municipio, y para que se atienda el desa-basto de medicamentos en las instalaciones médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social en la mencionada ciudad, presentada por el diputado Raúl García Vivián , del Grupo Parlamentario del PAN, en la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados celebrada el 24 de abril de 2008.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, numerales 1 y 2, fracción XXXV, 45, numeral 6, incisos e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 60, 87, 88 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Seguridad Social de la LX Legislatura de la honorable Cámara de Diputados somete a la consideración de esta honorable asamblea este dictamen, al tenor de los siguientes

Antecedentes

1. Con fecha jueves 24 de abril de 2008, el diputado Raúl García Vivian, del Grupo Parlamentario del PAN, presento la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al IMSS a proporcionar recursos para la construcción de un hospital de especialidades y a mejorar la infraestructura hospitalaria en el municipio de Reynosa, Tamaulipas, así como mejorar la calidad en la atención de los derechohabientes de esa institución.

2. En la misma fecha, la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados turnó dicha proposición a la Comisión de Seguridad Social.

Establecidos los antecedentes, los miembros de la Comisión de Seguridad Social de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados, exponen el contenido de la proposición de referencia, materia del presente dictamen

Contenido

Refiere quien promueve esta proposición, que el Instituto Mexicano del Seguro Social atiende a 21 millones 175 mil 470 derechohabientes y a 26 millones 842 mil 850 familiares (sic), además de un número importante de personas a través del Programa IMSS Oportunidades, lo que lo convierte en el principal proveedor de seguridad social en el país, que en consecuencia requiere de una gran capacidad financiera y humana.

Continúa refiriendo que en Tamaulipas, el IMSS protege al 65 por ciento de la población por medio de 44 unidades médicas, 6 hospitales generales de zona, 1 hospital de subzona, 6 subdelegaciones, 4 tiendas, 62 guarderías y 2 Centros de Seguridad Social, en el régimen ordinario, y 2 hospitales y 104 unidades médicas rurales en el Programa IMSS Oportunidades.

Señala el autor de la proposición con punto de acuerdo que se analiza, que el problema de la calidad de los servicios médicos recae en la falta de inversión y en la calidad de los servicios, mencionando que la falta de inversión se debe a que el IMSS tiene que dar beneficios a la población abierta a través de esquemas como IMSS Oportunidades y el Seguro de Salud para la familia.

Se expresa, además, en las consideraciones de la proposición con punto de acuerdo a dictaminar, que el deterioro en la calidad de los servicios trae como consecuencia largos tiempos de espera para consulta y para especialidades, así como para estudios complicados, además de la mala atención del personal y complicaciones médicas, refiriendo que para los empresarios los costos se elevan por que tienen que pagar servicios médicos privados.

Por último, refiere que a pesar del crecimiento en el número de derechohabientes a los que hay que dar servicios médicos, la infraestructura médica sigue siendo la misma, requiriéndose la construcción de un hospital de especialidades para la atención de la zona.

A partir de las consideraciones anteriores, el promovente propone que la Cámara de Diputados, primero, exhorte al Instituto Mexicano del Seguro Social para que invierta mayores recursos en Reynosa, Tamaulipas, con el objetivo de que desarrolle una mejor infraestructura, que se vea reflejada en un incremento del número de camas y en la construcción de otro hospital; segundo, exhorte al Instituto Mexicano del Seguro Social a que implante o de seguimiento a los programas de calidad en Reynosa, Tamaulipas a fin de subsanar las deficiencias en la atención a la salud que existen en dicho municipio, y, tercero, exhorte al Instituto Mexicano del Seguro Social a que atienda el desabasto de medicamentos en Reynosa, Tamaulipas''.

Consideraciones

1. La Ley del Seguro Social establece que la ``seguridad social tiene por finalidad garantizar el derecho a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo, así como el otorgamiento de una pensión que en su caso y previo cumplimiento de los requisitos legales, será garantizada por el Estado''.

2. Igualmente establece que ``el Seguro Social es el instrumento básico de la seguridad social, establecido como un servicio público de carácter nacional en los términos de ella, y que su organización y administración están a cargo del organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, de integración operativa tripartita, en razón de que a la misma concurren los sectores público, social y privado, denominado Instituto Mexicano del Seguro Social, el cual tiene también el carácter de organismo fiscal autónomo''.

3. El Instituto Mexicano del Seguro Social atiende, en efecto, a un poco menos de la mitad de la población del país; al mes de febrero de 2008, el IMSS tenía registrados 11 millones 834 mil 954 asegurados trabajadores permanentes, y, en su conjunto, a 51 millones 63 mil 401 derechohabientes.

4. Es prudente aclarar, en relación a los señalamientos que en las consideraciones de la proposición con punto de acuerdo se hacen, que el programa IMSS Oportunidades, es un programa del gobierno federal con gasto presupuestal incluido en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación, cuyos recursos administra el Instituto Mexicano del Seguro Social, pero no los aporta con cargo a sus ingresos, decreto que es aprobado anualmente por la Cámara de Diputados.

5. Igualmente, la comisión que dictamina considera prudente aclarar, también en relación a señalamientos expresados en las consideraciones que fundamentan la proposición con punto de acuerdo, de que la falta de inversión se debe a que el IMSS tiene que dar beneficios, además de a los beneficiarios del programa IMSS Oportunidades a los que califica como población abierta, a los inscritos en el Seguro de Salud para la Familia, lo cual implica dejar sin considerar los graves problemas de financiamiento por los que el IMSS atraviesa, que tienen que ver con la cuantía de las cuotas obrero patronales, el alto costo de medicamentos e insumos para la salud, y las metas de incremento de sus reservas, por citar solo algunos de ellos, y que, en su conjunto inciden en la falta de recursos para inversión en instalaciones hospitalarias y en el deterioro de la calidad del servicio que se presta.

6. Por otra parte, los recursos de que el IMSS dispone anualmente para cumplir con sus obligaciones legales para con los trabajadores afiliados y sus familiares derechohabientes, están señalados con toda precisión en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para cada ejercicio fiscal. Y tanto la construcción de nuevas unidades hospitalarias en general, como el hospital de especialidades que se propone se construya en Reynosa, Tamaulipas, como la ampliación o remodelación de unidades de atención médica, se incluyen en el Presupuesto de Egresos para cada ejercicio fiscal, sin que, para el ejercicio fiscal de 2008 esté contemplada la construcción del hospital de especialidades que se propone.

7. La comisión que dictamina toma igualmente en consideración para este dictamen, que la discusión y aprobación del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación, es una facultad exclusiva de la Cámara de Diputados, por lo que exhortar al IMSS a destinar recursos para fines específicos relacionados con la atención médica que tiene que proporcionar ese instituto, resulta en un contrasentido, ya que el órgano encargado de fijar en monto y lugar el destino de esos recursos, resultaría ser precisamente el exhortante.

8. Con fundamento en las consideraciones anteriormente expresadas, esta comisión concluye que, sin dejar de reconocer y apreciar la intención de mejoría en los servicios que presta el Instituto Mexicano del Seguro Social, que se contienen en la proposición con punto de acuerdo que se dictamina, no es de aprobarse, y recomienda que, para los efectos que se desean obtener, la petición deberá ser presentada ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados con la debida oportunidad, para que pueda ser considerada por ella en el proyecto de dictamen del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009.

Por lo expuesto, la comisión somete a la consideración del Pleno de la honorable Cámara de Diputados el siguiente

Acuerdo

Primero. No es de aprobarse y se desecha la proposición con punto de acuerdo, por la que se exhorta al Instituto Mexicano del Seguro Social a invertir mayores recursos en Reynosa, Tamaulipas, con el objetivo de que desarrolle una mejor infraestructura, que se vea reflejada en un incremento del número de camas y en la construcción de otro hospital, y a que implante o de seguimiento a los Programas de Calidad en Reynosa, Tamaulipas a fin de subsanar las deficiencias en la atención a la salud que existen en dicho municipio, así como se atienda el desabasto de medicamentos en Reynosa, Tamaulipas.

Segundo. Descárguese este asunto de la relación de pendientes de concluir su trámite legislativo y archívese como totalmente concluido.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión de Seguridad Social, a los 21 días del mes de octubre de 2008.
La Comisión de Seguridad Social, diputados: Miguel Ángel Navarro Quintero (rúbrica), presidente; Efraín Arizmendi Uribe (rúbrica), Neftalí Garzón Contreras (rúbrica), Rosario Ignacia Ortiz Magallón (rúbrica), Samuel Aguilar Solís , secretarios; Sara Shej Guzmán (rúbrica), Joel Arellano Arellano , Alfonso Othón Bello Pérez , Ángel Humberto García Reyes (rúbrica), Benjamín Ernesto González Roaro (rúbrica), Addy Cecilia Joaquín Coldwell , Agustín Leura González (rúbrica), Mario Eduardo Moreno Álvarez (rúbrica), Ricardo Rodríguez Jiménez (rúbrica), Enrique Rodríguez Uresti (rúbrica), Juan Manuel Sandoval Munguía (rúbrica), Ramón Almonte Borja , José Luis Gutiérrez Calzadilla (rúbrica), Adrián Pedrozo Castillo (rúbrica), Rafael Plácido Ramos Becerril (rúbrica), Daniel Dehesa Mora (rúbrica), Patricio Flores Sandoval (rúbrica), Rogelio Muñoz Serna , Guillermina López Balbuena , Juan Carlos Velasco Pérez (rúbrica), Joel Ayala Almeida , Lorena Martínez Rodríguez (rúbrica), Ana María Ramírez Cerda (rúbrica), Ramón Valdés Chávez (rúbrica), Abundio Peregrino García (rúbrica).»

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Publíquense en el Diario de los Debates y archívense los expedientes como asuntos totalmente concluidos. Continúe la Secretaría.



ESTADO DE NUEVO LEON

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas : «Escudo.--- Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León.

Diputado César Duarte Jáquez, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados de la LX Legislatura.--- Presente.

Me es muy grato informarle que, por decreto emitido por la LXXI Legislatura del estado de Nuevo León, publicado en el Periódico Oficial de la entidad, los ciudadanos licenciados Javier Garza y Garza, Carlos César Leal-Isla García, Juana García Aragón, Alfonso García Alanís y César Rigoberto Leza Ramos hemos sidos electos magistrados del Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León, teniendo los primeros tres el carácter de numerarios, y los dos restantes el de supernumerarios.

Asimismo, en sesión de instalación celebrada por el Pleno de este organismo jurisdiccional, en fecha 1 de noviembre del año en curso mis compañeros magistrados numerarios me honraron con la distinción de elegirme como presidente para desahogar los trabajos jurisdiccionales y administrativos relativos al proceso electoral correspondiente a 2009, para la elección de gobernador, diputados y ayuntamientos en el estado; de igual modo, se tuvo a bien designar al licenciado Rafael Ordóñez Vera como secretario general de acuerdos.

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para manifestarle mis respetos y quedar a sus apreciables órdenes.

Sufragio Efectivo. No Reelección.
Monterrey, Nuevo León, a 3 de noviembre de 2008.--- Licenciado Javier Garza y Garza (rúbrica), Magistrado Presidente del Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León.»

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: De enterado.



DELITOS CONTRA PERIODISTAS

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas : «Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla.

Diputado José Luis Espinosa Piña , Vicepresidente; Diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela , Secretaria de la Mesa Directiva de la LX Legislatura.--- Presente.

Con relación a su atento oficio número D.G.P.L.60-II-3-1918, por el que nos hacen saber del punto de acuerdo, aprobado por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión el 26 de octubre del año en curso, en que se exhorta a las comisiones estatales de derechos humanos a implantar áreas especiales encargadas de dar atención y seguimiento a los agravios cometidos a periodistas, les informo lo siguiente:

No cabe la menor duda de la importancia de dicho acuerdo, y en relación con ello, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla brinda permanentemente atención a las quejas formuladas por periodistas; sin embargo, por limitaciones de orden presupuestal no es posible en este momento instalar un área específica para ese propósito, por lo que en la primera oportunidad económica de la institución estaremos en aptitud de establecer una oficina especializada en dichos asuntos; no duden de nuestro interés por brindar atención a los medios de comunicación en general.

Sin más por el momento, les reitero mi distinguida consideración.

Atentamente
Heroica Puebla de Zaragoza, a 11 de noviembre de 2008.--- Marcia Martiza Bullen Navarro (rúbrica), Presidenta.»

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Remítase a la Comisión de Derechos Humanos, para su conocimiento.

Continúe la Secretaría con proposiciones de acuerdo de los órganos de gobierno. De la Junta de Coordinación Política.



ESTADO DE HIDALGO

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.--- Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que la Cámara de Diputados exhorta al gobierno de Hidalgo a investigar sobre los hechos presentados en el proceso electoral del 9 de noviembre de 2008 en dicha entidad

La Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo dispuesto en el inciso b), numeral 1, del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo décimo cuarto del acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, hace suya la proposición con punto de acuerdo relativa a la materia objeto del presente, que remite a este órgano de gobierno el diputado Carlos Armando Reyes López , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, por lo que se somete a consideración del Pleno de esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se solicita a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo que investigue las agresiones en contra de la diputada federal Leslie del Villar Sosa el día 9 de noviembre de 2008.

Segundo. Se solicita a la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales que coadyuve con la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo en la realización de las investigaciones mencionadas.

Palacio Legislativo, México, Distrito Federal, a 18 de noviembre de 2008.--- Diputado Javier González Garza (rúbrica), Presidente y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; Diputado Héctor Larios Córdova (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; Diputado Emilio Gamboa Patrón (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Diputado Alejandro Chanona Burguete (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia; Diputada Gloria Lavara Mejía (rúbrica), Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, Diputado Ricardo Cantú Garza , Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; Diputada Silvia Luna Rodríguez (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza; Diputada Aída Marina Arvizu Rivas (rúbrica), Coordinadora del Grupo Parlamentario de Alternativa.»

En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Aprobado. Comuníquese.



SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Diputado César Duarte Jáquez, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.--- Presente.

Con el propósito de dar cumplimiento a lo señalado en el artículo 107, tercer párrafo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, me permito anexar la información relativa al pago de las participaciones a las entidades federativas correspondiente al mes de octubre de 2008, desagregada por tipo de fondo, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, y por entidad federativa, efectuando la comparación correspondiente al mes de octubre de 2007.

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi atenta consideración.

México, DF, a 14 de noviembre de 2008.--- Agustín Guillermo Carstens Carstens (rúbrica), Secretario.»

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Remítase a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.



REVOLUCION MEXICANA

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: El siguiente punto del orden del día es la efeméride con motivo de la conmemoración del 98 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana.

Se han registrado para referirse al tema los diputados Jacinto Gómez Pasillas , por Nueva Alianza; Ricardo Cantú Garza , por el Partido del Trabajo; Pascual Bellizzia Rosique , por el Partido Verde; Elías Cárdenas Márquez , por Convergencia; Jesús Ramírez Stabros , por el Partido Revolucionario Institucional; Víctor Manuel Lizárraga Peraza , por el Partido de la Revolución Democrática; y Gregorio Barradas Miravete , por el Partido Acción Nacional.

Por tanto, tiene el uso de la palabra el diputado Jacinto Gómez Pasillas , para referirse a este tema.

El diputado Jacinto Gómez Pasillas : Con permiso, diputado presidente.

El clamor social que detonó la Revolución Mexicana, además del reclamo del sufragio efectivo, no reelección, fue sobre todo el de tierra y libertad; es decir, justicia social y dignidad. Ése fue el sentido histórico de fondo del movimiento revolucionario, la demanda de poner fin a la herencia de una sociedad explotada, discriminada y marcada por la desigualdad y la pobreza.

Ése fue el origen del huracán político que vivió México de 1910 a 1920, y sigue siendo, lamentablemente, una realidad lacerante.

¿Qué hemos logrado a 98 años del lanzamiento del Plan de San Luis? ¿Qué queda del movimiento al que esta proclama dio inicio?

La Revolución Mexicana, a diferencia de otras, no buscaba crear al hombre nuevo. Nunca se vio a sí misma como parte central de un gran proceso histórico, pero lo fue. Buscó simplemente hacer del gobierno un instrumento sujeto a la voluntad ciudadana, responsable y comprometido con los intereses de los más desprotegidos. Se propuso poner fin a las diferencias históricas de clase y raza, y erradicar la pobreza, al menos la extrema, mediante la subordinación del derecho de propiedad privada a las necesidades colectivas.

En suma, la Revolución Mexicana fue una lucha por la dignidad sin dogmatismos y con una razonable confianza en la capacidad de los mexicanos para ser los arquitectos de su propio destino.

Los ideales y valores de la Revolución se plasmaron en la Constitución del 17, que fue la primera en el mundo que consagró las garantías sociales como el derecho del pueblo a la educación, al reparto agrario y a condiciones justas de trabajo.

En la Constitución se consagraron principios y se diseñaron y anticiparon realizaciones. En ellas se sintetizaron la tradición liberal, que fue producto del sentido antiabsolutista de nuestra Independencia, y la tradición de realización de la justicia social de nuestra Revolución.

Mencionar instituciones, infraestructura, creación intelectual, proyecto educativo, servicios de salud, proyecto de vivienda, proyecto de seguridad social, reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, ampliación de la educación superior, reconocimiento del derecho de la nación sobre el subsuelo, no es sino refrendar, en el aire de nuestro tiempo, los valores imperecederos de noviembre de 1910 y de la Constitución del 17.

Y fue en plena gesta revolucionaria precisamente el momento en que la educación fue motivo de honda preocupación. No obstante que en los planes revolucionarios más importantes (San Luis, Guadalupe, Ayala, etcétera) no se explicitaban demandas sobre la materia, el programa del Partido Liberal de los hermanos Flores Magón y otros precursores de la Revolución sí recogieron particularmente esto.

Como es lógico entender, los años de conflagración son significativamente adversos para el desarrollo de la tarea educativa. Sin embargo, en el período previo a la aprobación de la Constitución del 17, que le dio un cobijo muy relevante al rubro educativo en los diversos pronunciamientos, leyes y programas que se emitieron en medio de la guerra, se aprecian plausibles esfuerzos orientados a lograr que el pueblo tuviera acceso a la enseñanza.

En pleno enfrentamiento bélico, entre 1910 y el Constituyente de Querétaro, la preocupación por la educación no disminuyó. El gobierno de la Soberana Convención, paralelo y rival del régimen de Carranza, promulgó en noviembre de 1915 la Ley sobre Generalización de la Enseñanza, en la que se declara que la enseñanza nacional es de la competencia del gobierno federal, dictándose igualmente que será gratuita, obligatoria y laica.

Sin embargo, el rumbo fundamental en el ámbito de la educación sólo se marcará cuando los constitucionalistas impulsan un gran debate nacional, cuyos resultados habrían de darle al país la estructura de un nuevo Estado políticamente centralizado.

En este contexto, los debates que adquirieron mayor importancia en el Constituyente de Querétaro fueron los relativos a la educación y a las cuestiones laborales, religiosas y agrarias, resaltando en esto la intervención del general Mújica, quien señalaba en la sesión del 3 de diciembre de 1916 lo siguiente:

``Estamos en el momento más sobresaliente de la Revolución. Ningún momento, señores, de los que la Revolución ha pasado ha sido tan grande, tan palpitante, tan solemne como el momento en el que el Congreso Constituyente aquí reunido trata de discutir el artículo 3o. de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos. Se trata nada menos que del porvenir de la patria, del porvenir de nuestra juventud, del porvenir de nuestra niñez, del porvenir de nuestra alma máter, que debe engendrarse en principios netamente nacionales y en principios netamente progresistas.''

Fue así, con la aprobación del artículo 3o., que la Revolución moldea una nueva escuela mexicana. De acuerdo con las tendencias que le dieron origen, de carácter laico, nacional, gratuito y con responsabilidad del Estado, en este artículo se perfiló la nueva patria.

Los logros alcanzados por la Revolución le permitieron al país transitar, no sin sobresaltos posteriores, por un proceso de institucionalización de su vida económica, política, social y cultural.

Hoy, a 98 años del inicio de la gesta revolucionaria, nos enfrentamos a un escenario inédito, en medio de una crisis global y una sociedad marcada por una profunda desigualdad que subsiste.

En Nueva Alianza consideramos que honrar nuestra propia historia, honrar el sacrificio de los millones de mexicanos que dieron su vida, por la justicia social y por la justicia general para todos los mexicanos, nos obliga a recoger los ideales de la revolución y unir esfuerzos por hacerlos realidad y alcanzar para todos una sociedad justa, democrática y de más y mejores oportunidades para todos.

Ojalá que en la proximidad de la celebración del centenario de la Revolución Mexicana y del bicentenario de la Independencia de México, sociedad y gobierno, en todos sus órdenes, sepamos honrar con hechos lo que el pueblo de México ha entregado a su historia, a su presente y a su futuro. Muchas gracias.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Muchas gracias, señor diputado don Jacinto Gómez Pasillas. A continuación tiene el uso de la palabra el diputado Ricardo Cantú Garza, en representación del Partido del Trabajoy con motivo del 98 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana de 1910.

El diputado Ricardo Cantú Garza : Gracias, diputado presidente.

Compañeras diputadas y compañeros diputados, mañana se conmemora el 98 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana de 1910, considerada como la primera revolución social del siglo XX en todo el mundo. Hace 98 años las masas campesinas y los obreros y empleados del México de aquel entonces se rebelaron contra los grandes latifundistas y en contra del régimen opresor, despótico y autoritario de Porfirio Díaz.

Tal como lo documentan los historiadores, las causas directas de la Revolución Mexicana se hallan vinculadas a las humillaciones y al despojo de tierras de los campesinos, a manos de los grandes terratenientes protegidos por los gobiernos de esa época.

Concretamente, leyes expedidas con tales propósitos como la Ley de Colonización, que expidió el 15 de diciembre de 1883 el gobierno de Manuel González, así como la Ley de Terrenos Baldíos, expedida el 20 de marzo de 1894 por Porfirio Díaz, fueron la base para expropiar las tierras a los campesinos y a las comunidades indígenas de nuestro país.

No debemos olvidar que en los albores de la Revolución, la inseguridad pública, los asaltos a mano armada en los caminos rurales y las comunidades campesinas eran la manera como se expresaba el descontento social en contra de un gobierno que era, como ya se ha dicho, tirano y protector de latifundistas.

Como la riqueza estaba concentrada en unas cuantas manos, como a la fecha, los campesinos y los obreros marginados se vieron en la necesidad de tomar el camino de las armas.

Así se inició la Revolución Mexicana de 1910, teniendo como resultado el arribo al poder de la burguesía industrial, comercial y financiera, cuyos intereses fueron representados durante 70 años por el PRI, como una revolución institucional, que en los hechos ha sido traicionada porque no ha beneficiado al pueblo de México.

Compañeras diputadas y compañeros diputados, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo tiene claro que las dos grandes revoluciones sociales que han ocurrido en nuestro país, la de 1810 y la 1910, sólo han servido para que una casta de poderosos se haya adueñado de la riqueza nacional, con más de dos siglos de capitalismo y dos grandes revoluciones, el resultado final es que hoy tenemos dos Méxicos: el de los poseedores y el de los desposeídos.

En el fondo nada ha cambiado: el pueblo mexicano sigue siendo oprimido, excluido, marginado, subordinado a la explotación de pocos mexicanos y extranjeros, donde el común denominador es la falta de cobertura en salud, seguridad social, educación, fuentes de empleo, salarios dignos, vivienda decorosa y seguridad para los mexicanos.

Hoy, al igual que en 1910, tenemos inseguridad en las calles, asaltos y asesinatos masivos con extrema violencia, desempleo creciente, salarios no remunerativos. Ahora a lo anterior hay que adicionar secuestros, narcotráfico, narcopoder, la infiltración en las instituciones públicas por las bandas organizadas de la delincuencia.

Los mexicanos vivimos en un estado de decepción, donde la fuerza del dinero y de las armas es la que determina el destino de la nación. Por tanto, la mejor forma de honrar y conmemorar a los revolucionarios de 1910 es hacer un cambio radical de nuestras instituciones, planteando un nuevo proyecto de nación, donde sea el pueblo el que defina el rumbo que desea.

Esto tiene que pasar por desterrar la visión neoliberal de quienes detenten el poder político del México contemporáneo, modificar sustancialmente el modelo económico imperante, abrir los espacios de participación social a todos los mexicanos, generar opciones de desarrollo social y productivo que en las condiciones actuales están canceladas.

En este contexto es vital apoyar con decisión el Movimiento de Resistencia Civil Pacífica que lucha por defender la propiedad nacional del petróleo, energía eléctrica, la soberanía alimentaria, proteger la economía popular y las conquistas laborales de los trabajadores.

Zapata vive porque la lucha sigue. Villa vive porque la lucha sigue. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Muchas gracias, señor diputado Ricardo Cantú Garza. Tiene el uso de la palabra el diputado Pascual Bellizzia Rosique, del Partido Verde Ecologista de México.

El diputado Pascual Bellizzia Rosique : Con su permiso, diputado presidente.

Compañeros diputados y compañeras diputadas, mañana conmemoramos el 98 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, movimiento social motivado por el reclamo de profundos cambios políticos, económicos y sociales que hasta hoy son vigentes y que continúan influyendo decididamente en el rumbo de nuestro país.

La lucha armada que inició el 20 de noviembre de 1910 fue la forma en que el pueblo mexicano reaccionó a un gobierno autoritario, que impedía el acceso de la mayoría de los ciudadanos a los espacios de participación política, que gobernaba para privilegio de las clases beneficiadas y que puso a gran número de mexicanos al servicio de los propietarios de los medios de producción, en su gran mayoría extranjeros.

El respeto al sufragio y la justicia social fueron los principales reclamos de los mexicanos de la época, que prefirieron la confrontación armada antes de doblegarse a la voluntad de un dictador; en su situación tenían poco que perder y mucho que ganar.

Con el triunfo de la Revolución, los constituyentes emanados del movimiento se encargaron de plasmar en la Carta Magna de 1917 los reclamos más sentidos de la sociedad mexicana: educación, salud, vivienda, trabajo digno y bien remunerado, participación política y el ejercicio responsable del poder público. Éstos y otros derechos se incluyeron no sólo como una forma de plasmar en el máximo pacto político los ideales revolucionarios, también como referencia del rumbo que debía seguir nuestro país en las siguientes décadas.

Compañeras diputadas y compañeros diputados, hoy quiero aprovechar mi intervención no sólo para hacer un merecido reconocimiento a los mexicanos que encabezaron la lucha, sino también para hacer una breve reflexión sobre los logros de dicho movimiento y sobre los pendientes que todavía están en el tintero.

Sin duda la fase armada de la Revolución Mexicana cumplió su principal cometido: derrocar al régimen político de Porfirio Díaz. No obstante, debemos hoy cuestionarnos si la fase institucional que sucedió a la lucha armada ha sido realmente capaz de mejorar las condiciones de vida de los mexicanos, que sin duda fue una de las causas que detonaron el movimiento armado.

A dos años de conmemorar el primer centenario de la Revolución Mexicana, nuestro país registra un considerable avance en la demanda que motivó e inspiró la lucha encabezada por Francisco I. Madero: la efectividad del sufragio. En la actualidad en México existe una verdadera representación popular y una alternancia en el ejercicio del poder público, ambos aspectos son el resultado de la fortaleza de nuestras instituciones y procedimientos electorales.

Sin ir más lejos, 300 de los 500 diputados que integramos la Cámara fueron elegidos por el voto directo, libre y secreto de los mexicanos, y nuestra presencia hoy en el recinto es la expresión más legítima de la efectividad de la que actualmente goza el sufragio popular en este país.

Hoy también podemos afirmar que en México existe división de poderes, el sistema de pesos y contrapesos que visualizó el Constituyente en 1917 finalmente, y luego de muchos años, es posible. En los últimos tiempos hemos sido testigos del acotamiento de las facultades del presidente y del pleno ejercicio de las atribuciones que nuestra Constitución confiere a los Poderes Legislativo y Judicial.

Nosotros mismos hemos hecho uso del derecho que nos asiste a iniciar, discutir y aprobar las leyes que hemos considerado convenientes para los mexicanos. Hemos definido el rumbo del país con nuestras decisiones y no en pocos casos hemos acotado la acción del Ejecutivo.

Ahora bien, en el plano social y económico el balance no puede ser tan optimista. Los reclamos de justicia social que enarbolaron las luchas de Emiliano Zapata y Francisco Villa han registrado sin duda avances significativos en estos años, sin embargo, nadie puede atreverse a proclamar el triunfo de la Revolución mientras en nuestro país sigan existiendo miles de niños y jóvenes que carecen de elementos mínimos para recibir una educación de calidad o que pierden incontables horas de clase por conflictos magisteriales.

Mientras sigan existiendo mexicanos que carecen de servicios médicos de calidad por la falta de medicamentos, instalaciones o personal capacitado; mientras líneas editoriales de algunos de nuestros medios de comunicación sean determinadas por la delincuencia organizada y las voces de los periodistas sean acalladas por los criminales.

Mientras el Estado tenga que gastar una parte significativa de su presupuesto en recuperar el país de las manos de los criminales, mientras millones de mexicanos sean forzados cada año a emigrar a Estados Unidos en busca de las oportunidades que su país les está negando, mientras el campo mexicano siga sumido en una crisis de productividad y pobreza, mientras 50 millones de mexicanos vivan en la pobreza.

En tanto éstos y otros problemas sociales sean una constante en nuestro país, el derecho a la salud, a la educación laica y gratuita, la libertad de expresión y de imprenta; a un trabajo digno y bien remunerado, no serán sino normas programáticas, ideales revolucionarios pendientes de hacerse presentes en la realidad de miles de mexicanos.

Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, el acontecimiento histórico que hoy conmemoramos es un excelente motivo para reiterar nuestro compromiso con los ideales revolucionarios que continúan vigentes, y para comprometernos a modificar aquellos que han sido rebasados por una realidad social.

Es también una fecha para recordar que existen tareas pendientes y que, como depositarios de la voluntad popular, de nosotros depende en gran medida que los ideales revolucionarios dejen de ser una aspiración y se conviertan en realidad que mejore la vida de muchos de los mexicanos que hoy todavía la tienen pendiente. Muchas gracias.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Gracias, señor diputado don Pascual Bellizzia Rosique. A continuación tiene el uso de la palabra para referirse a este tema, en representación de Convergencia, el señor diputado don Elías Cárdenas Márquez.

Queremos dar la bienvenida a alumnos de la Universidad Anáhuac, campus sur, de la Ciudad de México. Bienvenidos. Muy bienvenidos.

También a invitados de Guanajuato que hoy nos acompañan. Sean bienvenidos a esta sesión.

El diputado Elías Cárdenas Márquez : Con su permiso, señor presidente.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Adelante, señor diputado.

El diputado Elías Cárdenas Márquez : Honorables diputados, cuánta razón le asistía al prócer coahuilense Venustiano Carranza cuando, siendo secretario de Guerra del gobierno provisional y legítimo de don Francisco I. Madero, advertía que revolución que transa es revolución que se suicida.

El apóstol demócrata, cuyo valor civil y su integérrima dignidad lo distinguen, encontró, al dejar intactas las podridas instituciones porfiristas y un Ejército desleal y traidor, su propio sacrificio en un festín de canallas encabezado por el usurpador Victoriano Huerta.

Carlos Fuentes, el hoy celebrado autor con motivo de la octava década de una vida literaria profusa y productiva, en su obra... aprovechamos en la fracción de Convergencia para unirnos aquí al homenaje debido a ese distinguido mexicano de las letras.

Carlos Fuentes señaló que en La muerte de Artemio Cruz narra cómo un hombre de la entraña misma del pueblo, en su agonía, recuerda en retrospectiva su vida en la lucha revolucionaria, unida a los ideales y principios que originaron el gran movimiento de 1910; y que después de su triunfo, inicia un proceso de degradación personal arrastrado por sus ambiciones políticas que lo llevan a ser, finalmente, lacayo de los intereses económicos y financieros, y concluye unido a los enemigos de México: una minoría rapaz e indigna de negociantes y banqueros.

Fuentes, con esa gran intuición que lo caracteriza, relata no la muerte de Artemio Cruz, sino la Revolución, que a mediados del siglo pasado inició su propio proceso de degradación política, ideológica y social.

Es cierto que la Revolución tuvo su último aliento poderoso en el general Lázaro Cárdenas ---``general de América'' lo llamó Pablo Neruda--- al realizar el reparto agrario, la expropiación petrolera y el fortalecimiento político de las clases obrera, campesina y popular, no sin conocer los ataques de la reacción organizada en 1939, acusándolo de un socialismo que jamás existió.

Después la Revolución, hecha gobierno, comenzó como el mítico conde Ugolino que retrata Dante Alighieri, al devorar a sus propios hijos y devorarse a sí misma, en un proceso de acumulación de la renta nacional en pocas manos y de migajas para quienes se empobrecían frente a un desfile retórico en su discurso revolucionario pero depredador, en la práctica, de nuestra riqueza nacional.

Hoy, con cierto fatalismo cíclico hay voces que anuncian una nueva revolución en 2010; pero ignoran que esta nueva revolución ya está en marcha desde los hogares, las fábricas, las calles y las plazas. Una revolución pacífica, no violenta, por la defensa de la economía popular, el patrimonio energético para los mexicanos y la recuperación de la soberanía nacional y la independencia.

Una revolución por el bienestar social de los desheredados y despojados de su derecho a la felicidad y la alegría, por gobiernos secuaces de intereses internacionales y los poderes fácticos domésticos.

Una revolución que tiene como único propósito producir una profunda transformación no sólo material, sino espiritual, como lo preconizó el ilustre historiador don Daniel Cosío Villegas, la transformación que lleva el pan a la mesa de los humildes, el empleo a los trabajadores, que alivia el dolor de la miseria negra y la pobreza, que otorgue sus derechos y garantías a los ciudadanos y conceda las libertades democráticas a los más necesitados de ella.

Termino con las sabias palabras de Maurice Duverger: ``México no tiene una revolución pasada ni una revolución presente. México tiene, eso sí, una revolución pendiente''. Muchas gracias.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Muchas gracias, señor diputado don Elías Cárdenas Márquez.

Damos la más cordial bienvenida a alumnos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bienvenidos.

Celebramos la presencia de la señora Anne Sofie Allarp, secretaria de Asuntos Internacionales del Partido Socialdemócrata Danés. Le damos la bienvenida al Congreso Mexicano.

A continuación tiene el uso de la palabra el señor diputado don Jesús Ramírez Stabros , del Partido Revolucionario Institucional, para referirse al mismo tema. Adelante, señor diputado Jesús Ramírez Stabros .

El diputado Jesús Ramírez Stabros : Gracias, señor presidente.

México se apresta a conmemorar el primer centenario de la Revolución Mexicana, el segundo de la Independencia y 151 años de la Constitución de 1857.

A 14 meses de 2010, las circunstancias por las que atraviesa el país, los problemas que enfrenta, nos obligan más a la reflexión que a la apología, menos al fausto y más a la austeridad.

Por ello, mi intervención se orientará a pensar en la Revolución y a exponer su pertinencia actual. Sobre esta base será posible que los mexicanos podamos trazar un nuevo camino hacia un desarrollo nacional que satisfaga cabalmente las aspiraciones de una vida digna, con seguridad pública y paz social, con educación, salud, con empleo y bienestar.

La Revolución Mexicana logró grandes avances al incorporar estas reivindicaciones en la Constitución de 1917. Naturalmente hubo desviaciones, pero también rectificación, ya que la historia nunca se ha desarrollado en línea recta en ninguna época ni lugar.

No es de extrañar por consiguiente que, al acercase las fechas de las conmemoraciones, algunos afirmen que la situación social es semejante a la de 100 años atrás. Una escandalosa concentración del ingreso, desempleo e inestabilidad social, alteraciones del orden público y una élite tecnocrática que se empecina en defender al mercado y debilitar al Estado.

Sin embargo, la historia no se repite ni es circular. Aunque los problemas se asemejen, las circunstancias son diferentes. México es hoy un país de instituciones y no de caudillos; tiene un marco jurídico que mandata justicia social y democracia; cuenta con partidos políticos; y, más importante aún, existe una cultura democrática en gobernantes y gobernados que aceptan la pluralidad y la negociación, que reconocen el valor del voto y la alternancia en el poder. A diferencia de hace 100 años, los caminos del cambio no se encuentran bloqueados.

La persistencia de problemas sociales nada prueba contra la pertinencia de la vía trazada por la Revolución Mexicana, ya que las revoluciones transforman países, pero nada pueden contra la naturaleza humana.

Hace 2 mil 500 años un político historiador griego escribió que la ambición y la codicia, la corrupción y el abuso son inherentes al ser humano. Y mientras éste no cambie las cosas ocurrirán de manera semejante. Sólo la educación y la cultura política, las leyes y la capacidad del Estado para hacerlas cumplir pueden contener el atropello del débil por el fuerte, que desemboca en la injusticia y la marginación.

Los hombres de la Revolución Mexicana comprendieron el problema, y desde un inicio se abocaron a resolver la cuestión educativa. El presidente Obregón creó la Secretaría de Educación Pública, con Vasconcelos a la cabeza. Desde entonces el esfuerzo educativo fue gigantesco, pues el analfabetismo era generalizado y el acelerado crecimiento de la población rebasó los tiempos requeridos para la formación de maestros.

Además, se promovió a escritores y artistas que pusieron en relieve el perfil del hombre y la cultura en México, para utilizar el título del libro de Samuel Ramos. Basta evocar los nombres de Diego Rivera y José Clemente Orozco, de Martín Luis Guzmán y José Gorostiza, también el de Alfonso Caso y Manuel Gamio, Octavio Paz y Carlos Fuentes, gracias a ellos, y a muchos más, se forjó una identidad nacional que se proyectó con inusitada fuerza en el mundo del siglo XX.

La tarea educativa y cultural es afán permanente, tarea que se reinicia con cada generación. Se nace mexicano, pero no ciudadano. Esta calidad se adquiere con la educación y la cultura, y por algo las leyes de todos los países fijan una edad mínima para tener derecho a votar.

Los esfuerzos educativos y culturales se sumaron a la reforma agraria, a la legislación laboral, al rescate de los recursos naturales que dieron lugar a lo que años después Reyes Heroles definiría como un ``desarrollo no exclusivamente capitalista''.

El libre mercado no se suprimió, pero se impidió el libertinaje económico. La libertad de las empresas fue favorecida, pero siempre tomando en cuenta los derechos de los obreros. El reparto de tierras se llevó a cabo y el ejido coexistió con la pequeña propiedad.

Todas estas medidas pudieron llevarse a cabo gracias a la existencia de un Estado fuerte, que supo mantener la rectoría económica y que se constituyó en árbitro y regulador de la vida social, como lo definió el presidente Lázaro Cárdenas.

Estos principios elementales de buen gobierno constituyeron un freno a la codicia y a la ambición humana que medran cuando el Estado claudica de su papel rector.

Desde hace tres décadas venimos escuchando las voces que proclaman, como novedades caídas del cielo, la retirada del Estado, el abandono de sus obligaciones sociales y la capacidad autorregulatoria del mercado.

En nombre de la globalización económica, de las supuestas bondades de competencias sin límites, así como de la eficacia y de la competitividad, se redujeron los beneficios sociales y la atención a las mayorías.

Se gravó fiscalmente al consumo y no al ingreso. El gasto público favoreció básicamente a las empresas, regiones o individuos que estaban en posibilidades de competir, y se abandonó a lo que se calificó de ``sectores no rentables''.

La caída del Muro de Berlín, y con él la de una generosa pero equivocada utopía, constituyó un inesperado apoyo a las equivocadas tesis de liberalismo económico del siglo XIX, ahora con pretensiones científicas. No es la primera vez que ello ocurre y a pesar de la crisis actual tampoco será la última.

Compañeras diputadas y compañeros diputados, la Revolución es patrimonio de todos los mexicanos por su sentido nacionalista, democrático y de justicia social.

Algunas corrientes quisieron desviar su rumbo hacia caminos teóricos que preconizaban una sociedad sin clases sociales, con un Estado omnipresente. Estos grupos vieron a la Constitución de 1917 tan sólo como una etapa de una supuesta e ineludible marcha de la historia hacia la utopía igualitaria.

En las circunstancias actuales, el mayor peligro para las democracias proviene de las desigualdades que la crisis económica ahondará. Amenazan con resurgir los viejos demonios del fascismo para contener descontentos sociales e inconformidades políticas.

La democracia es un sistema frágil. Lo hacen fuerte las instituciones y los ciudadanos que las integran, lo hacen fuerte los demócratas. Es decir, cada mexicana y cada mexicano que aspira a una mejor sociedad, más libre, más justa, armónica y trabajando.

La revolución de hoy es contra la pobreza, contra la desi-gualdad, contra el crimen que asuela nuestras calles y amenaza nuestras vidas. La revolución de hoy es la esperanza y la convicción de que México puede lograr la reconciliación de las fuerzas políticas para que el país avance, se fortalezca y recupere su futuro. ¡Que viva la Revolución Mexicana! Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Muchas gracias, señor diputado don Jesús Ramírez Stabros. Felicidades. A continuación tiene el uso de la palabra el diputado Víctor Manuel Lizárraga Peraza, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

El diputado Víctor Manuel Lizárraga Peraza : Con el permiso de la Presidencia.

Compañeras diputadas y compañeros diputados, en honor a Madero y correligionarios, quienes allá, desde sus tumbas, nos imaginan elevando columnas sobre las bases democráticas que impulsaron.

La conmemoración que hoy nos congrega es la oportunidad más grande del año para recordar la majestad del movimiento revolucionario de 1910, y a los hombres y a las mujeres que con su heroísmo escribieron esta inmensa epopeya.

Los 98 años del inicio de aquella hazaña que dio vida a un nuevo mandamiento nacional, la Constitución de 1917, y a una era de transformaciones políticas, jurídicas, económicas y sociales, nos convocan a repasar ahora las páginas del pasado para redimensionar a Francisco I. Madero, sus principios, su patriotismo, su valor y la razón inconmensurable que el tiempo ha dado a la causa de sus luchas. Nos llaman también a rememorar al resto de los líderes y seguidores que en cada frente hizo suyos los ideales de la insurrección.

Este reencuentro con el ayer, que como hoy, muchas veces se vuelve necesario, nos invita a la reproducción de aquellas lejanas circunstancias, no sólo por el gusto de revivirlas y comprender los motivos de los próceres, sino, además, para encontrar en ese viaje las lecciones que nos ubiquen en nuestras propias circunstancias y nos lleven a practicar conductas más pertinentes, más maduras y más responsables que hoy redignifiquen en elevada proporción la herencia cívica de la gesta revolucionaria, y florezcan en más justicia y democracia para los pueblos del presente.

Ésa es la demanda suprema del México contemporáneo, del suelo mexicano que sostiene una generación inmersa en nuevas movilizaciones cuyos objetivos son altos y acaso ponderables, pero cuyos métodos resultan en muchos casos debatibles.

Tenemos movilización en lo legislativo porque se promueven reformas que buscan la concordancia con las exigencias más preocupantes de la actualidad, pero la lucha por la supremacía partidista o el beneficio individual nos hacen perder el rumbo de nuestras prioridades, en cuya cúspide debe prevalecer irrebatiblemente el interés común.

Tenemos movilización en lo económico porque los efectos de las crisis externa e interna demandan operar políticas razonables para enfrentarlos con eficacia, donde también tengan cabida los programas de orientación ciudadana, pero no las impertinencias que se cometen mediante figuras histriónicas de la televisión, porque le restan su sentido a ésta, que es una cruzada eminentemente seria, formal e institucional.

Tenemos movilización en lo social porque, entre otros de-safíos, es apremiante regresarle a la sociedad mexicana su derecho legítimo a la paz y a la seguridad pública que gradual e irresponsablemente se les fue conculcando, pero jamás al precio que personas y familias inocentes han estado pagando por causa de los operativos policiacos y militares que se efectúan en algunas entidades del país.

Tenemos movilización en lo político, pero una movilización de tintes muy obtusos y en diversas ocasiones muy obscenos, porque todavía, a pesar del ideario maderista y del discurso recurrente, en los hechos nos resulta muy difícil transitar por los intrincados senderos de la democracia; democracia que es anhelo de muchos y, que, desafortunadamente, producto de ambiciones enfermizas, sigue siendo compromiso de muy pocos.

Ser los hijos, los nietos o bisnietos de los actores o testigos de la Revolución nos obliga a cuidar la brújula y remar hacia delante, a rendir culto permanente a aquella casi centenaria proeza, cumpliendo la tarea con una agenda de nación que ya no puede permitirse la licencia de divagar en el error, almacenar conflictos, encubrir corruptelas o naufragar en negligencias.

Las generaciones actuantes ante la oportunidad histórica de ponerlos a prueba uniendo capacidades y voluntades para participar en todas las movilizaciones que nos permitan enfrentar con acierto los problemas latentes, que son grandes y diversos.

Que nuestro aliento sea la confianza que el pueblo de México sigue teniendo en nosotros, que ese pueblo hermano sea motor porque el México de los marginados, el México de los niños, el México de los estudiantes, de las mujeres, el México de la base trabajadora, el México de los adultos mayores es el compromiso que refleja con verdadera claridad nuestro íntimo compromiso con la patria, y porque, quiérase o no, la realidad obliga a los legisladores a constituirnos responsablemente en un ejército, el ejército revolucionario y constitucionalista del presente.

Que el estandarte sea el ejemplo infinito de nuestros prohombres, el de Madero, el de Orozco, el de Villa, el de Zapata, el de Carranza, el de Mújica y el de Cárdenas, ejemplos que nos alienten a promover la paz, el desarrollo y la legalidad en todo el territorio nacional.

Que impregnados en ese grande y viejo ejemplo, seamos los revolucionarios y constituyentes del presente. Hagamos nuestra tarea, elevemos columnas sobre las bases democráticas que nuestros héroes nos legaron. Muchas gracias, diputado presidente.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Muchas gracias, señor diputado Víctor Manuel Lizárraga Peraza. Por último, para referirse en este mismo tema, tiene el uso de la palabra el señor diputado Gregorio Barradas Miravete, en representación del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, y con motivo del 98 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, para hacer presente en efemérides.

El diputado Gregorio Barradas Miravete : Muchas gracias, presidente.

Honorables diputadas y honorables diputados, la Revolución Mexicana estableció las condiciones para crear un país libre y democrático. Con el movimiento revolucionario de 1910 hoy los mexicanos transitamos en la pluralidad de un sistema en donde todas las voces son escuchadas, donde las decisiones fundamentales para el Estado se toman recuperando la más amplia gama de visiones mediante el diálogo y los acuerdos.

En la Constitución surgida de esa lucha aún se encuentra el proyecto de este país en el que creemos: libre, fuerte, próspero, democrático y justo, donde el ideal enarbolado por Francisco I. Madero, junto con los hombres y mujeres que lo siguieron, consagró los derechos del pueblo en la educación, en la reforma agraria y condiciones justas de trabajo.

Los postulados sobre los que se desarrolló, el movimiento libertario, tuvieron su base en la unidad de todos los mexicanos. Así la revolución se nutrió con la lucha de los hermanos Flores Magón, con la lucha de la justicia y la demanda de tierra y libertad de Emiliano Zapata, con el espíritu justiciero de Francisco Villa y con la lucha por la soberanía nacional de Venustiano Carranza.

Hoy honramos a quienes dieron su vida en la lucha armada por la construcción de una nación libre, soberana y democrática, y a quienes fueron cruelmente torturados, incluso, por tan solo intentar impulsar modificaciones así fuesen someras de la realidad política nacional.

Con memoria y gratitud recordamos al general Felipe Ángeles, fusilado en Chihuahua en 1919; al general Francisco Serrano, asesinado en 1927, y a los vasconcelistas de 1929 cruelmente torturados y también asesinados.

Ante el horror e indignación por las injusticias y crímenes cometidos contra toda esperanza razonable desde 1929, un mexicano, Manuel Gómez Morín, concibe la idea de un partido político concreto y que si en un momento, en el curso del vasconcelismo no pudo cuajar, iría madurando hasta hacerlo realidad en 1939, apostando siempre por el camino de la legalidad y democracia.

Manuel Gómez Morín, su fundador, confió que mediante el voto se consolidaría un sistema para sacar a México de una situación en la que el civismo languideció bajo la violencia.

Acción Nacional nace con principios que proclaman la dignidad al hombre, que apelan al patriotismo de los mexicanos, que reconocen la autoridad del Estado para dirigir y regir la economía nacional, que proclaman la importancia del orden político recordando que en el sufragio efectivo está la base de la verdadera democracia.

De ahí en adelante, la participación del PAN ha sido fundamental para consolidar un sistema democrático basado en el respeto a la ley y las instituciones. Hemos sido parte de esa transición política hasta llegar a lo que fue una revolución al voto y a la voluntad ciudadana, a una transición en el poder sin sangre y sin muertes, que fue la elección presidencial del año 2000, derrocando un mismo partido en el poder cuando Acción Nacional alcanza la máxima magistratura de México, la presidencia de la República.

Ahora, el respeto a la ley y a las instituciones es fundamental para transitar en esta revolución que México necesita.

Cien años antes los mexicanos coincidimos por unir esfuerzos para lograr libertad y democracia, consumándose con ello la Independencia. Y 100 años después emprendimos otra lucha revolucionaria por la igualdad y la justicia social que dieron nombre a la Revolución Mexicana.

La revolución del siglo XXI exige la suma de voluntades y el consenso de los tres Poderes de este país, para construir los escenarios que permitan apuntalar el desarrollo económico y la igualdad de oportunidades, enmarcados en la unidad de todos los mexicanos.

Hoy más que nunca la patria demanda el espíritu de servicio y la unidad de todos los actores políticos sin distingos partidistas, pero también creemos que la violencia no engendra la unidad de los mexicanos; que nosotros podemos, los mexicanos unidos, dialogar, pero con un diálogo auténtico y sincero, que es aquel que resulta de tener en la mente y en el corazón la voluntad de darle la razón al contrario y de respetar un mínimo de condiciones para que podamos realizar dicho diálogo.

Nunca nos cansaremos de admirar y reconocer la nobleza y virtudes de nuestro pueblo mexicano. Nunca nos cansaremos de apreciar la capacidad de realización y el trabajo. La iniciativa y constante esfuerzo de progreso y desarrollo que ponen en práctica, día con día, todos y cada uno de los mexicanos.

Somos, así pues, un pueblo vivo. Somos un pueblo de lucha, dinámico e insatisfecho. Pero es el reto de esta sociedad, la de aquí y la de ahora, trabajar con firmeza en conjunto con el núcleo más importante que es la familia. Ya nuestros padres y abuelos sembraron la semilla revolucionaria, pero es imperativo que la sociedad se redefina y evolucione constantemente.

La dinámica de una transición constante en este país nos obliga a ver siempre hacia delante, considerando, desde luego, nuestro pasado histórico. Todos los mexicanos debemos olvidar el paternalismo del Estado que ha generado ciudadanos contemplativos de los retos que tiene este país por delante.

Revolución es práctica, es trabajo, es quehacer diario, es edificar y consolidar el hogar amplio, la patria generosa, es asumir nuestros errores sin buscar culpables, es ser ciudadanos entregados en la búsqueda constante del progreso y el éxito.

La Revolución no termina porque tenemos retos importantes que superar, debemos consolidar una auténtica democracia en las diferentes entidades del país, ya que aún existen gobernadores con prácticas dictatoriales, autoritarios y abusivos que frenan el desarrollo de los estados.

La Revolución no termina, porque las madres demandan mejor calidad de vida para sus hijos, porque los campesinos esperan políticas públicas que generen igualdad de oportunidades.

La Revolución no termina porque los jóvenes de este país anhelamos mejor calidad de educación y mayores oportunidades laborales.

La Revolución no tiene tiempos, es aquí y ahora; es una lucha constante por el respeto a la dignidad de las personas y que debe ser traducida con lealtad y compromiso con la sociedad misma, con su familia, con sus hijos y con el futuro.

Esto nos permite tener una nueva revolución y un nuevo tránsito hacia realidades sociales, políticas y económicas más favorables para el desarrollo integral del pueblo de México.

Cobijados en la esperanza de mirar al futuro como mexicanos capaces de entendernos civilizadamente, capaces de poner las bases necesarias para alcanzar el futuro luminoso de la patria.

Como lo han dicho los compañeros diputados que me antecedieron en la palabra, la revolución es permanente y todos tenemos una trinchera que ocupar, nadie está exento; ocupémosla, porque si no lo hacemos, alguien vendrá a hacerlo y seguramente no será para bien de nuestro país.

A 98 años de la Revolución Mexicana seguimos en pie de lucha, una batalla, pero no armada; una batalla pero sin sangre y sin víctimas. Estamos participando ahora como ciudadanos de este país en una revolución de ideas y libertades.

Hoy más que nunca nuestra patria nos exige participar en una revolución para construir juntos un mejor país. Muchas gracias.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Muchas gracias, señor diputado Gregorio Barradas Miravete.



LEY DE CAMARAS EMPRESARIALES Y SUS CONFEDERACIONES - CODIGO DE COMERCIO

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: El siguiente punto del orden del día es la primera lectura de dictámenes.

En virtud de que han sido publicadas en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea si se les dispensa la lectura.

La Secretaria diputada María del Carmen Pinete Vargas : Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se les dispensa la lectura. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

«Dictamen de la Comisión de Economía, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones, y del Código de Comercio

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, correspondiente a la LX Legislatura, le fue turnada para su estudio y dictamen la iniciativa citada al rubro del presente.

Esta comisión con fundamento en los artículos 39 fracción XII y 45 numeral 6 incisos d), e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 56, 60, 87, 88 y 94, del Reglamento Interior para el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea, el presente dictamen basándose en los siguientes

Antecedentes

Primero. En sesión celebrada en la Cámara de Diputados, el 8 de noviembre de 2007, los ciudadanos Secretarios dieron cuenta al Pleno de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones y se adiciona un nuevo párrafo segundo al artículo 1051 del Código de Comercio recorriéndose el actual párrafo segundo y los subsecuentes, suscrita por los diputados Adriana Rodríguez Vizcarra Velázquez , Yadhira Yvette Tamayo Herrera y Carlos Alberto García González , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en ejercicio del derecho conferido por la fracción II, del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Segundo. La presidencia de la Mesa Directiva acordó dar el siguiente trámite: ``Túrnese a la Comisión de Economía''.

Tercero. Los legisladores proponen lo siguiente:

• Reformar la fracción XI, del artículo 16 y la fracción VIII, del artículo 22 de la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones y adicionar un párrafo segundo al artículo 1051 del Código de Comercio, con la finalidad de promover la solución de controversias del ámbito mercantil mediante el arbitraje estableciendo la obligatoriedad de informar a los sujetos involucrados en una controversia de ese orden y en el caso de las cámaras de sus afiliados.

Cuarto. Esta comisión dictaminadora, recibió diversas aportaciones y comentarios de los sectores involucrados, de servidores públicos, académicos, organismos empresariales, los cuales fueron tomados en cuenta para el presente dictamen.

Consideraciones

Primera. Que con base en los antecedentes indicados, la Comisión de Economía, con las atribuciones antes señaladas se abocó a dictaminar la iniciativa de referencia.

Segunda. Que la Constitución Política en su artículo 17 consagra el derecho de todos los individuos a una administración de justicia mediante de tribunales expeditos, impartida en los plazos y términos que las leyes fijen y con resoluciones procuradas de manera pronta, completa, imparcial y de manera gratuita.

Tercera. Que es clara la necesidad del sistema jurídico vigente de adecuarse a las necesidades y circunstancias del país, permitiendo que la impartición de justicia sea pronta, gratuita y expedita, brindando seguridad y certeza jurídica a los ciudadanos.

Cuarta. Que los procedimientos judiciales de solución de controversias en materia mercantil en el país, es complejo, tardío y costoso por lo que existe desconfianza e inseguridad respecto de iniciar un proceso de esta índole, lo anterior debido a las diversas acciones que se pueden utilizar para retardar los procesos.

Quinta. Que el Código de Comercio tiene un Titulo Cuarto denominado del Arbitraje Comercial, en el que regula y define claramente las circunstancias mediante que se conducirá el arbitraje en materia comercial y cual es el procedimiento para realizarlo ya sea nacional o internacionalmente, respecto de una parte o la totalidad de una controversia de la materia.

Sexta. Que aún cuando la legislación establece reglas claras respecto del arbitraje comercial es evidente por la carga y atraso de trabajo en los juzgados en materia mercantil, que el arbitraje no ha tenido la difusión suficiente o quizá por la incertidumbre respecto de su efectividad y eficacia, no obstante esto, en México existen diversos organismos certificados y reconocidos, capaces de brindar servicios de arbitraje o mediación.

Séptima. Que comprobadamente el arbitraje como medio de solución de controversias trae consigo rapidez ya que los laudos arbitrales no se sujetan a la apelación atendiendo a la voluntad de las partes de sujeción a dicho procedimiento, asimismo, brinda la certidumbre necesaria ya que el laudo arbitral tiene la misma fuerza legal que una sentencia judicial, y conforme a la Convención de Nueva York de 1958, es susceptible de ejecución en el extranjero, por lo que hace a la certidumbre de un arbitro capaz y especializado, los organismos dedicados a brindar este servicio, deben certificarse y actuar de manera independiente e imparcial, por último y quizá uno de los puntos más importantes los costos de un arbitraje son mucho menores que los generados por un procedimiento judicial.

Octava. Que la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones (LCEC), es la culminación del trabajo, esfuerzo y consenso de las diferentes fracciones parlamentarias, de las Secretarías de Economía, y de Hacienda y Crédito Público, así como de las cámaras empresariales, por lo que este ordenamiento contiene avances significativos para la ampliación, el fortalecimiento y la modernización del gremio empresarial mexicano.

Novena. Que las cámaras son instituciones sociales de interés público encaminadas a custodiar el desarrollo económico del país, superando el interés individual de los empresarios y responsabilizándose de una función pública de representación, promoción y defensa de las actividades del comercio, los servicios, el turismo y la industria, así como de fortalecer una cultura de solución de controversias alternativas que beneficien al sector.

Décima. Que la LCEC dentro de sus objetivos contempla que estas deberán actuar como mediadores, árbitros y peritos nacional o internacionalmente, en lo que les corresponde según la materia mercantil, además la obligación de sujetarse a procedimientos de este tipo, por lo que establecer mayor promoción y difusión respecto de los medios alternativos de solución de controversias, responde a la necesidad de justicia más pronta y expedita no obstante lo contemplado por el artículo 16 de dicho ordenamiento, asimismo brindar la oportunidad de suscribir convenios con organizaciones especializadas permitirá la certeza jurídica que sus afiliados necesiten.

Undécima. Que los ciudadanos diputados que integran la Comisión de Economía que dictamina, reconocen la importancia de adecuar y mejorar los instrumentos legales para brindar justicia más eficiente y expedita, asimismo se pondera la importancia de crear y promover la cultura del arbitraje y mediación como forma alternativa de solución de controversias en materia mercantil, por lo tanto concluyen que, aún cuando la legislación vigente en materia de cámaras y confederaciones contempla la aplicación y sujeción a medios de solución de controversias alternativos, es necesario establecer mayor solidez a los preceptos que lo regulan, de manera que sea más objetivo y dirigido el propósito de estos, y por lo que hace al Código de Comercio, lo que la propuesta legislativa busca es establecer una obligación de los tribunales a hacer del conocimiento de las partes de la posibilidad de convenir procedimientos arbitrales, ya que aún cuando esto se regula claramente no existe dicha obligación.

Por lo anteriormente expuesto y toda vez que la dictaminadora esta de acuerdo con los motivos y objetivo del proyecto legislativo, hace suyos los motivos expresados en la exposición de motivos y a efecto de establecer criterios de interpretación y técnica jurídica correctos, se manifiesta por la necesidad de aprobar con modificaciones la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones y se adiciona un nuevo párrafo segundo al artículo 1051 del Código de Comercio recorriéndose el actual párrafo segundo y los subsecuentes, mediante el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones y del Código de Comercio

Artículo primero. Se reforman la fracción XI, del artículo 16 y se adiciona una fracción VIII, recorriéndose las fracciones VIII a X, manteniendo su contenido para quedar como fracciones IX, X y XI del artículo 22 de la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones, para quedar como sigue:

Artículo 16. ...

I. a X. ....
XI. Procedimientos para la solución de controversias para lo cual se insertará una cláusula que establezca la obligación de la cámara de someterse al arbitraje cuando el afiliado opte por dicho procedimiento y de informar a sus afiliados sobre los recursos disponibles en general y conforme a lo establecido en la fracción VIII del artículo 22 de esta ley, para la promoción de procedimientos por la vía arbitral.
XII. y XIII. ...
...

Artículo 22. ...

I. a VII. ...
VIII. Promover y suscribir convenios con organizaciones que se dediquen a la resolución de controversias mediante procedimientos arbitrales de carácter comercial conforme a lo establecido en el Código de Comercio, a fin de informar a sus afiliados y fomentar el uso de dichos procedimientos entre éstos;
IX. Determinar la sede y circunscripción de las delegaciones;
X. Analizar y dictaminar, en el caso de las confederaciones, sobre las solicitudes para la creación de nuevas cámaras, aprobando o rechazando la solicitud, sometiendo el dictamen correspondiente a la consideración de la secretaría, y
XI. Las demás que señalen esta ley y los estatutos respectivos.

Artículo Segundo. Se adiciona un párrafo segundo, recorriéndose en su orden los actuales, al artículo 1051 del Código de Comercio, para quedar como sigue:

Artículo 1051. ...

A tal efecto, el tribunal correspondiente hará del conocimiento de las partes la posibilidad de convenir sobre el procedimiento a seguir para solución de controversias, conforme a lo establecido en el párrafo anterior del presente artículo.

La ilegalidad del pacto o su inobservancia cuando esté ajustado a ley, pueden ser reclamadas en forma incidental y sin suspensión del procedimiento, en cualquier tiempo anterior a que se dicte el laudo o sentencia.

El procedimiento convencional ante tribunales se regirá por lo dispuesto en los artículos 1052 y 1053, y el procedimiento arbitral por las disposiciones del título cuarto de este libro.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 24 días del mes de septiembre de 2008.
Por la Comisión de Economía, diputados: Adriana Rodríguez Vizcarra Velázquez (rúbrica), presidenta; Carlos Armando Reyes López (rúbrica), Jorge Alejandro Salum del Palacio (rúbrica), Fausto Fluvio Mendoza Maldonado (rúbrica), Arnulfo Elías Cordero Alfonzo (rúbrica), Enrique Serrano Escobar (rúbrica), Jorge Godoy Cárdenas (rúbrica), secretarios; Jericó Abramo Masso, Narcizo Alberto Amador Leal (rúbrica), Antonio Berber Martínez (rúbrica), Carlos Alberto García González (rúbrica), Miguel Ángel González Salum , Jesús Sesma Suárez , Luis Xavier Maawad Robert (rúbrica), Martín Malagón Ríos (rúbrica), Octavio Martínez Vargas (rúbrica en abstención), Susana Monreal Ávila (rúbrica en abstención), José Amado Orihuela Trejo (rúbrica), Marco Heriberto Orozco Ruiz Velazco (rúbrica), Mauricio Ortiz Proal (rúbrica), Eduardo Ortiz Hernández (rúbrica), Miguel Ángel Peña Sánchez , Raúl Ríos Gamboa , Ricardo Rodríguez Jiménez (rúbrica), Salvador Ruiz Sánchez (rúbrica en abstención), Ernesto Ruiz Velasco de Lira (rúbrica), Alejandro Sánchez Camacho (rúbrica en abstención), Víctor Gabriel Varela López (rúbrica en contra), Joaquín Humberto Vela González , Javier Martín Zambrano Elizondo (rúbrica).»

Es de primera lectura.



LEY FEDERAL DE PROTECCION AL CONSUMIDOR

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas : «Dictamen de la Comisión de Economía, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, correspondiente a la LX Legislatura, le fueron turnadas para su estudio y dictamen, observaciones del Presidente de la República al decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal del Protección al Consumidor, enviado por el Poder Ejecutivo federal.

Esta comisión, con fundamento en el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 39 y 45 numeral 6 incisos d), e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 58, 60, 87, 88 y 94 del Reglamento Interior para el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen, con base en los siguientes

Antecedentes

Primero. En sesión celebrada en la Cámara de Diputados el día 14 de marzo de 2005, los ciudadanos Secretarios, dieron cuenta al Pleno de la iniciativa que presentaron los ciudadanos diputados Francisco Arroyo Vieyra y Eduardo Alonso Bailey Elizondo del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en ejercicio del derecho que les confiere el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Segundo. El Presidente de la Mesa Directiva acordó dar el siguiente trámite: Túrnese a la Comisión de Economía.

Tercero. Dicha iniciativa fue dictaminada y aprobada en la Cámara de Diputados el miércoles 14 de diciembre de 2005 y el jueves 26 de abril de 2007 el Senado de la República la dictaminó y aprobó, pasando al Ejecutivo federal para sus efectos constitucionales.

Cuarto. El 3 de septiembre de 2007, se dio cuenta al Pleno de la Cámara de Diputados del oficio enviado por el señor Armando Salinas Torre, subsecretario de Enlace Legislativo, de la Secretaría de Gobernación, mediante el cual presenta las Observaciones que con fundamento en el artículo 72 constitucional y en la fracción XIV del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, el presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Felipe Calderón Hinojosa, se sirvió realizar en relación al decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor, mediante un oficio dirigido a los Secretarios de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.

Consideraciones

Primera. Que con base en los antecedentes indicados, la Comisión de Economía con las atribuciones antes señaladas se abocó a dictaminar las Observaciones de referencia.

Segunda. Que la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC) tiene por objeto promover y proteger los derechos y cultura del consumidor, así como procurar la equidad, certeza y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores; de igual forma, corresponde a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) aplicar y ejecutar la referida ley, como un organismo público con el carácter de una autoridad administrativa.

Tercera. Que dentro de los principios de la LFPC, se encuentra la educación y divulgación sobre el consumo adecuado de bienes y servicios, el respeto a los derechos y obligaciones derivados de las relaciones de consumo y las medidas que garanticen su efectividad y cumplimiento.

Cuarta. Que el martes 4 de febrero de 2004, se publicó en el Diario Oficial de la Federación una reforma integral a la LFPC; incluyendo dentro de sus más importantes modificaciones, dotar de claridad a los procedimientos y sanciones administrativas que ejecuta la Profeco, estableciendo medidas precautorias para evitar la discrecionalidad y la arbitrariedad por parte de esa procuraduría, propiciando mayor seguridad jurídica a consumidores y proveedores.

Quinta. Que las medidas precautorias y adquisición de bienes inmuebles revisten particular importancia para efectos de protección al consumidor. En el primer caso, para prevenir circunstancias particularmente dañinas para los consumidores en general y, en el segundo caso, para proteger el patrimonio de la gran mayoría de los mexicanos, ya que dada la naturaleza y costo de los bienes inmuebles, una protección insuficiente, ineficaz y complicada pone en riesgo una parte muy importante del patrimonio de los consumidores.

Sexta. Que en cuanto hace a los artículos 25 Bis y 35 se considera procedente aceptar las Observaciones planteadas por el titular del Poder Ejecutivo federal, para mantener la redacción de éstos conforme al texto vigente.

Lo anterior, en virtud de que ninguna de estas bases se ajusta a una realidad factible, dado que las medidas denominadas precautorias a que se refiere el decreto aprobado por el honorable Congreso de la Unión, tienen como finalidad evitar que se cause daño a un bien jurídico considerado de importancia para la sociedad, como lo es la vida, la salud, la seguridad o la economía de una colectividad de consumidores, tal como lo dispone el artículo 25 Bis de la LFPC vigente, ello mediante la imposición de restricciones determinadas durante un tiempo definido. En este sentido, tales medidas tienen carácter preventivo y únicamente deben ser levantadas cuando desaparezca en su totalidad el peligro o circunstancia que las originó.

En congruencia con lo anterior, se encuentra la tesis jurisprudencial número 196727, de la Novena Época, dictada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en relación con las medidas cautelares contenidas en la LFPC, de modo que ese alto tribunal ha sido claro en sostener que tratándose de medidas precautorias, no es aplicable la exigencia de otorgar la garantía de audiencia al proveedor, en virtud de que éstas no constituyen actos privativos de derechos, sino únicamente actos de molestia. Lo anterior, sin menoscabo de la obligación de la autoridad de respetar la garantía de legalidad.

Séptima. Que en lo que refiere al artículo 73 Ter observado, señala en su fracción XII, último párrafo que:

``Únicamente podrá exceptuarse la entrega del bien en la fecha convenida, por caso fortuito o fuerza mayor ajenos al proveedor y sus contratistas, plenamente acreditado por el proveedor, pudiéndose pactar una nueva fecha de entrega''.

Con base en lo anterior, cabe observar que la relación jurídica derivada de la adquisición de inmuebles se establece única y exclusivamente entre el consumidor y el proveedor. Si bien, el proveedor puede tener a su vez una relación contractual con uno o varios contratistas, ésta es absolutamente independiente y no forma parte de la primera, resultando incorrecto sujetar el cumplimiento de las obligaciones entre proveedor y consumidor a otras relaciones que el proveedor tenga con terceros, ya que esto significaría transmitir los efectos de esas relaciones directamente al consumidor, liberando al proveedor de sus responsabilidades en la relación de consumo.

El consumidor no participa en las decisiones de negocios del proveedor, ni las evalúa o aprueba, motivo por el cual, no puede ser responsable de ellas ya que una norma de ese tenor distorsionaría los derechos del consumidor.

Octava. Que en cuanto hace al artículo 73 Quáter aprobado por el honorable Congreso de la Unión en el decreto observado, indica en su primer párrafo:

``Todo bien inmueble en que se ofrezca garantía, deberá sujetarse a lo dispuesto en los artículos 78, 79, 80, 81 y 84 de la presente Ley, en lo que sea aplicable y atendiendo a la naturaleza propia del bien''.

En este caso, se comparte la necesidad de precisar el texto de este párrafo, en virtud de que de su redacción vigente se deduce la posibilidad de que haya inmuebles respecto de los cuales no se ofrezca garantía por parte del proveedor. Esto significaría desproteger a los consumidores con menor capacidad de defensa, ya que ante la falta de garantía, las posibilidades de reclamación de vicios y defectos disminuyen o se nulifican, lo que repercutiría seriamente en la población. En este punto cabe reiterar la importancia del esfuerzo económico que representa para los consumidores la adquisición de una vivienda, misma que generalmente constituye el bien de mayor valor dentro del patrimonio del consumidor.

Publicar un enunciado normativo de esta naturaleza pondría en riesgo la debida protección del consumidor en más de un sentido, ya que de la exigibilidad y ejecución de la garantía depende el ejercicio de otros derechos señalados por la ley, como sería el derecho a la sustitución del inmueble por fallas graves y el pago de la bonificación, en los términos señalados en el artículo 73 Quintus. Con base en estas consideraciones se estima que el primer párrafo del artículo 73 Quáter, en lugar de hacer potestativa la garantía del inmueble, debiera precisar que todo inmueble cuya transacción esté regulada por esta ley, deberá contar con garantía.

Novena. Que dentro del texto aprobado por el honorable Congreso se adiciona un artículo 73 Quintus, y dentro del contenido de las Observaciones del Poder Ejecutivo federal, se considera que redunda en el contenido de los artículos 92 y 92 Ter en el decreto observado. El artículo 73 Quintus señala:

``En caso de que el consumidor haya hecho valer la garantía establecida en el artículo 73 Quáter y persistan los defectos o fallas graves, generando molestias importantes a los consumidores en los usos a que habitualmente destinan el inmueble, el proveedor se verá obligado de nueva cuenta a realizar todas las reparaciones necesarias para satisfacer al consumidor, así como a otorgarle una bonificación, la cual será del cinco por ciento de la cantidad pagada por el bien''.

Las Observaciones efectuadas por el Poder Ejecutivo federal, advierten que la disposición aprobada incorpora diversos requisitos que debe cumplir el consumidor para que pueda ejercer su derecho a exigir la entrega de un inmueble acorde con las especificaciones de calidad ofertadas previamente por el proveedor. La acreditación de tales requisitos le generaría cargas probatorias al consumidor, lo que evidentemente le complicaría exigir sus derechos, en relación con bienes inmuebles defectuosos o que adolezcan de vicios ocultos.

La Comisión de Economía, comparte la preocupación del titular del Poder Ejecutivo de la Unión por el bienestar de los consumidores, en virtud de que en múltiples ocasiones el ciudadano no cuenta con los recursos económicos para sufragar los gastos de un litigio.

De lo anterior se desprende que el decreto observado para el artículo 73 Quintus, establece requisitos subjetivos complicados de acreditar en la práctica, el derecho que tendría un consumidor a que se le reparen de inmediato los defectos que subsistan aun después de aplicada la garantía, resultaría nugatorio, en detrimento grave del patrimonio y los intereses del consumidor.

Finalmente, cabe hacer la reflexión de que la aplicación de este precepto generaría una gran discrecionalidad, en contradicción a lo que el H. Congreso de la Unión conquistó con la reforma integral a la LFPC de 2004, pues con la claridad de los preceptos aún vigentes se redujo el margen de discrecionalidad de la Profeco.

Décima. Que el Poder Ejecutivo federal percibió una compensación distinta a la que establece el artículo 92 Ter de la LFPC vigente que dispone una bonificación mínima del 20 por ciento, divergiendo con la establecida en el primer párrafo del artículo 73 Quintus del decreto observado, el cual indica que la bonificación que el proveedor debe pagar al consumidor por concepto de los defectos o fallas graves en el inmueble es del 5 por ciento. Lo anterior, distorsionaría su aplicación si se considera que el decreto aprobado por el honorable Congreso de la Unión no definió claramente cuales son los defectos o fallas graves en que procederá el pago de la bonificación de referencia, e incluso omite indicar cual sería el sistema para compensar al consumidor por la existencia de fallas leves en los inmuebles, que son las que más frecuentemente afectan a los consumidores.

Undécima. Que la fracción I del artículo 73 Quintus observado por el Poder Ejecutivo federal utiliza el término restitución, el cual no corresponde a la acción que debiera relacionarse para el consumidor, es decir, el derecho del consumidor no puede consistir en que se le restituya o devuelva el mismo inmueble defectuoso, sino que se le sustituya por otro distinto que no presente defectos. Lo anterior en virtud de que la reforma aprobada crea el alto riesgo de volver nugatorio el derecho del consumidor para que le sea sustituido el bien inmueble.

La citada fracción I del artículo 73 Quintus del decreto observado, establece que anteceda como condición que el bien inmueble no haya sido escriturado ni registrado para que proceda el ejercicio del llamado derecho a la restitución, lo que es jurídicamente imposible ya que los inmuebles se escrituran e inscriben al pagarse y entregarse el bien, es decir cuando se le da la efectiva posesión al consumidor. Sin embargo, el consumidor está en posibilidad de notar las fallas y vicios ocultos que presenta el inmueble hasta después de haberlo recibido, es decir hasta que ya comenzó a habitarlo. Derivado de lo anterior, la Comisión de Economía concuerda con la preocupación vertida en las observaciones del Poder Ejecutivo federal, quien consideró que la adición del decreto observado en ningún caso se podría concretar en la práctica, afectando negativamente los derechos de los consumidores.

Duodécima. Que las Observaciones del Poder Ejecutivo de la Unión, consideran que el contenido de la fracción II del artículo 73 Quintus aprobada, establece que en el caso de la recisión del contrato y la correlativa devolución del dinero, el pago de los intereses se hará únicamente si así procediera. De lo anterior se incorporó un elemento sujeto a evaluación, este es, la procedencia del pago de los intereses dejando a discusión un tema que de fondo es indiscutible: el derecho a recibir los intereses generados por el precio pagado. Ello no sólo genera inseguridad jurídica para el consumidor sino que favorece indebidamente al proveedor, al no obligarlo a pagar en todos los casos los intereses respectivos.

Décima Tercera. Que en cuanto hace a los textos de los artículos 92 y 92 Ter aprobados, en la reforma, se deduce que derivan de la adición del artículo 73 Quintus, por lo tanto, la subsistencia de su texto depende de la determinación procedente respecto del mencionado artículo 73 Quintus.

Décima Cuarta. Que el Ejecutivo federal considera que el decreto observado, puede ser mejorado para no despojarle de sus virtudes a la reforma integral de 2004, que produjo cambios valiosos en materia de protección a los consumidores, incorporando temas que ahora vuelven a revisarse en el texto aprobado, pudiendo verse afectados los beneficios logrados.

Décima Quinta. Que en lo que respecta la adquisición de bienes inmuebles, se considera conveniente adoptar las observaciones formuladas por el presidente de la República, respecto de los artículos 73 Ter, 73 Quáter, 73 Quintus, 92, 92 Ter y 98 Bis, los cuales se modifican en los términos señalados en el presente dictamen, a efecto de incorporar las precisiones sustantivas y de técnica legislativa que permitan su mejor claridad que ya se han mencionado.

Décima Sexta. Que en cuanto hace a la reforma efectuada al artículo 131 de la LFPC, contenida en el decreto en cuestión, cabe señalar que la misma no fue observada por el Ejecutivo federal, considerándose apropiada la modificación aprobada en su momento, por lo que únicamente se incorpora al presente dictamen para los efectos legislativos conducentes.

Décima Séptima. Que los ciudadanos diputados de la Comisión de Economía que dictamina, reconocen y concluyen que deben integrarse en la Ley Federal de Protección al Consumidor las Observaciones efectuadas por el titular del Poder Ejecutivo federal, en virtud de que contribuirán a mejorar notablemente las condiciones para la celebración de las relaciones de consumo cuyo objeto sean bienes inmuebles, a través de reformas que brinden reglas claras, significando un avance importante en esa ley. Lo anterior, en virtud de que derivado del importante crecimiento del sector inmobiliario, se han incrementado significativamente las operaciones cuyo objeto son los bienes inmuebles. El objetivo de dichas Observaciones es contribuir a otorgar mayor seguridad jurídica a las partes contratantes, a fin de que las convenciones celebradas se regulen por un marco jurídico preciso y claro.

Décima Octava. Se aceptan las Observaciones planteadas por el titular del Poder Ejecutivo federal respecto de los artículos 25 Bis y 35, contenidos en el decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor, aprobado el 26 de abril de 2007, por lo que se mantiene la redacción conforme al texto legal vigente.

En virtud de lo anteriormente expuesto, la Comisión de Economía presenta el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor

Artículo Único. Se reforman los artículos 73 Ter, fracción XII; 92, el primer y último párrafos; 92 Ter; 98 Bis; 128 y 131; se adicionan los artículos 73 Quáter y 73 Quintus a la Ley Federal de Protección al Consumidor, para quedar como sigue:

Artículo 73 Ter. ...

I. a XI. ...
XII. Fecha de inicio y término de ejecución de la actividad o servicio contratado, así como la de entrega del bien objeto del contrato; esto último, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 74 de esta ley.
El proveedor únicamente quedará exento de la obligación de entregar en la fecha convenida, cuando acredite plenamente, que la entrega no se realizó en la misma por caso fortuito o fuerza mayor que afecte directamente, a él o al bien, pudiéndose pactar sin responsabilidad alguna, una nueva fecha de entrega;
XIII. a XV. ...

Artículo 73 Quáter. Todo bien inmueble cuya transacción esté regulada por esta ley, deberá ofrecerse al consumidor con la garantía correspondiente, la cual no podrá ser inferior a un año contado a partir de la entrega real del bien. En el tiempo en que dure la garantía el proveedor tendrá la obligación de realizar, sin costo alguno para el consumidor, cualquier acto tendiente a la reparación de los defectos o fallas presentados por el bien objeto del contrato.

El tiempo que duren las reparaciones efectuadas al inmueble al amparo de la garantía no es computable dentro del plazo de la misma; una vez que el inmueble haya sido reparado se iniciará la garantía respecto de las reparaciones realizadas, así como con relación a las piezas o bienes que hubieren sido repuestos y continuará respecto al resto del inmueble.

Artículo 73 Quintus. En caso de que el consumidor haya hecho valer la garantía establecida en el artículo 73 Quáter, y no obstante, persistan los defectos o fallas imputables al proveedor, éste se verá obligado de nueva cuenta a realizar todas las reparaciones necesarias para corregirlas de inmediato, así como a otorgarle, en el caso de defectos o fallas leves, una bonificación del cinco por ciento sobre el valor de la reparación; en caso de defectos o fallas graves, el proveedor deberá realizar una bonificación del veinte por ciento de la cantidad señalada en el contrato como precio del bien.

Para efectos de esta ley, se entiende por defectos o fallas graves, aquellos que afecten la estructura o las instalaciones del inmueble y comprometan el uso pleno o la seguridad del inmueble, o bien, impidan que el consumidor lo use, goce y disfrute conforme a la naturaleza o destino del mismo. Se entenderá por defectos o fallas leves, todos aquellos que no sean graves.

En caso de que los defectos o fallas graves sean determinados por el proveedor como de imposible reparación, éste podrá optar desde el momento en que se le exija el cumplimiento de la garantía, por sustituir el inmueble, en cuyo caso se estará a lo dispuesto por la fracción I siguiente, sin que haya lugar a la bonificación. En caso de que en cumplimiento de la garantía decida repararlas y no lo haga, quedará sujeto a la bonificación ya lo dispuesto en el párrafo siguiente.

Para el supuesto de que, aún después del ejercicio de la garantía y bonificación antes señaladas, el proveedor no haya corregido los defectos o fallas graves, el consumidor podrá optar por cualquiera de las dos acciones que se señalan a continuación:

Solicitar la sustitución del bien inmueble, en cuyo caso el proveedor asumirá todos los gastos relacionados con la misma, o bien,

Solicitar la rescisión del contrato, en cuyo caso el proveedor tendrá la obligación de reintegrarle el monto pagado, así como los intereses que correspondan, conforme lo previsto en el segundo párrafo del artículo 91 de esta ley.

Artículo 92. Los consumidores tendrán derecho, a su elección, a la reposición del producto o a la devolución de la cantidad pagada, contra la entrega del producto adquirido, y en todo caso, a una bonificación, en los siguientes casos:

I. a IV. ...
...
Si con motivo de la verificación, la procuraduría detecta el incumplimiento de alguno de los supuestos previstos por este precepto, podrá ordenar que se informe a los consumidores sobre las irregularidades detectadas, de conformidad a lo establecido en el artículo 98 Bis, para el efecto de que puedan exigir al proveedor la bonificación que en su caso corresponda.

Artículo 92 Ter. La bonificación a que se refieren los artículos 92 y 92 Bis no podrá ser menor al veinte por ciento del precio pagado. El pago de dicha bonificación se efectuará sin perjuicio de la indemnización que en su caso corresponda por daños y perjuicios.

Para la determinación del pago de daños y perjuicios la autoridad judicial considerará el pago de la bonificación que en su caso hubiese hecho el proveedor.

La bonificación que corresponda tratándose del incumplimiento a que se refiere al artículo 92, fracción I, podrá hacerla efectiva el consumidor directamente al proveedor presentando su comprobante o recibo de pago del día en que se hubiere detectado la violación por la procuraduría y no podrá ser menor al veinte por ciento del precio pagado.

Artículo 98 Bis. Cuando con motivo de una verificación la procuraduría detecte violaciones a esta ley y demás disposiciones aplicables, podrá ordenar se informe a los consumidores individual o colectivamente, inclusive a través de medios de comunicación masiva, sobre las acciones u omisiones de los proveedores que afecten sus intereses o derechos, así como la forma en que los proveedores los bonificarán, debiendo éstos acreditar el cumplimiento de dicha orden. En caso de no hacerlo, se aplicarán las sanciones que correspondan.

El informe a que se refiere el párrafo anterior, podrá ordenarse como uno de los puntos resolutivos del procedimiento contenido en el artículo 123 de la presente ley.

Artículo 128. Las infracciones a lo dispuesto por los artículos 7, 8, 10, 12, 44, 63, 63 Bis, 63 Ter, 63 Quintus, 65, 65 Bis, 73, 73 Bis, 73 Ter, 73 Quáter, 73 Quintus, 74, 76 Bis, 80, 86 Bis, 87, 87 Ter, 92, 92 Ter, 98 Bis y 121 serán sancionadas con multa de $518.37 a $2 027 403.14.

Artículo 131. ...

I. a III. ...
IV. Cualquier otro elemento o circunstancia que sirva como prueba para determinar el incumplimiento u omisión para aplicar la sanción.
...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 24 días del mes de septiembre de 2008.
La Comisión de Economía, diputados: Adriana Rodríguez Vizcarra Velázquez (rúbrica), presidenta; Carlos Armando Reyes López (rúbrica), Jorge Alejandro Salum del Palacio (rúbrica), Fausto Fluvio Mendoza Maldonado (rúbrica en abstención), Arnulfo Elías Cordero Alfonzo (rúbrica), Enrique Serrano Escobar (rúbrica), Jorge Godoy Cárdenas (rúbrica), secretarios; Jericó Abramo Masso, Narcizo Alberto Amador Leal (rúbrica), Antonio Berber Martínez (rúbrica), Carlos Alberto García González (rúbrica), Miguel Ángel González Salum , Jesús Sesma Suárez , Luis Xavier Maawad Robert (rúbrica), Martín Malagón Ríos (rúbrica), Marco Heriberto Orozco Ruiz Velazco (rúbrica), Octavio Martínez Vargas (rúbrica en abstención), Susana Monreal Ávila (rúbrica en abstención), José Amado Orihuela Trejo (rúbrica), Mauricio Ortiz Proal (rúbrica), Eduardo Ortiz Hernández (rúbrica), Miguel Ángel Peña Sánchez , Raúl Ríos Gamboa , Ricardo Rodríguez Jiménez (rúbrica), Salvador Ruiz Sánchez (rúbrica en abstención), Ernesto Ruiz Velasco de Lira (rúbrica), Alejandro Sánchez Camacho (rúbrica en abstención), Víctor Gabriel Varela López (rúbrica en abstención), Joaquín Humberto Vela González , Javier Martín Zambrano Elizondo (rúbrica).»

Es de primera lectura.



REGISTRO DE ASISTENCIA

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Se pide a la Secretaría que instruya el cierre del sistema electrónico de asistencia y dé cuenta del registro de diputadas y diputados.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas : Ciérrese el sistema electrónico.

Se informa a la Presidencia que hasta el momento hay una asistencia de 367 diputadas y diputados.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: De enterado.



LEY DE ASISTENCIA SOCIAL

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: El siguiente punto del orden del día es la discusión de dictámenes negativos relativos a iniciativas.

En virtud de que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea si se autoriza que sólo lean los puntos de acuerdo.

El Secretario diputado José Manuel del Río Virgen : Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se autoriza que sólo se lean los puntos de acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Está a discusión el punto de acuerdo. En virtud de que no se ha registrado orador alguno, se reserva para su votación en conjunto. Continúe la Secretaría.

El Secretario diputado José Manuel del Río Virgen : «Dictamen de las Comisiones Unidas de Salud, y de Atención a Grupos Vulnerables, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Asistencia Social

Honorable Asamblea:

A las Comisiones Unidas de Salud, y de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Diputados pertenecientes a la LX Legislatura fue turnada para estudio, análisis y dictamen la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Asistencia Social presentada el 25 de octubre de 2007 por los diputados Gerardo Octavio Vargas Landeros y Bertha Yolanda Rodríguez Ramírez , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Estas comisiones elaboraron el presente dictamen con fundamento en los artículos 39, numerales 1, 2, fracción III, y 3; 44; y 45, numerales 1, 4 y 6, incisos d) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 55, 56, 60, 87, 88 93 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y lo someten a consideración de esta honorable asamblea, de acuerdo con los siguientes

Antecedentes

1. Con fecha 25 de octubre de 2007, los diputados Gerardo Octavio Vargas Landeros y Bertha Yolanda Rodríguez Ramírez , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentaron la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Asistencia Social.

2. En esa fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 23, fracción f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, acordó turnar la iniciativa que nos ocupa, para estudio y dictamen, a las Comisiones Unidas de Salud, y de Atención a Grupos Vulnerables.

Con base en los antecedentes expuestos, los integrantes de estas comisiones hacemos de su conocimiento el siguiente

Contenido de la iniciativa

1. Los proponentes pretenden incorporar como sujetos de asistencia social a niños y adolescentes que padezcan algún tipo de adicción, que vivan o realicen sus actividades en la calle, o que trabajen en el sector formal o en el informal.

2. Proponen establecer programas semestrales de detección, diagnóstico, seguimiento y atención para los niños y los adolescentes en situación de calle.

3. El objetivo de la iniciativa es reformar los incisos f) y h) y adicionar el inciso m) a la fracción I) del artículo 4, así como adicionar la fracción XV al artículo 12 de la Ley de Asistencia Social, en los siguientes términos:

Texto vigente:

Artículo 4. ...
...
I. ...
a) a e) ...f) Vivir en la calle;g) ...;h) Trabajar en condiciones que afecten su desarrollo e integridad física y mental;i) a l) ......
Artículo 12. ...
I. ...
a) a i) ...
II. a XIV. ...

Texto propuesto:

Artículo 4. ...
...
I. ...
a) a e) ...f) Vivir o realizar sus actividades en la calle; g) ...h) Trabajar en el sector formal e informal en condiciones que afecten su desarrollo e integridad física y mental; i) a l) ...m) Padecer adicciones. ...
Artículo 12. ...
I. ...
a) a i) ...
II. a XIV. ...
XV. La implantación por parte de la federación, los estados y los municipios de programas semestrales de detección, diagnóstico, seguimiento y atención para los niños y los adolescentes en situación de calle, así como para quienes laboran en el sector formal o informal, a efecto de otorgarles el apoyo necesario para reintegrarse a sus familias en los casos que sea benéfico para su normal desarrollo físico, psicológico y mental y para su educación, salud y recreación.

Consideraciones

Las Comisiones Unidas de Salud, y de Atención a Grupos Vulnerables analizaron los planteamientos contenidos en la iniciativa con proyecto de decreto a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen:

I. los integrantes de estas comisiones estamos de acuerdo en que muchos niños y adolescentes en el país viven en condiciones adversas, por lo cual los diferentes poderes de la nación están trabajando para respetar sus derechos, particularmente los de los que se encuentran en situación de vulnerabilidad, abriendo oportunidades para que tengan un desarrollo pleno, de acuerdo con el interés superior de la infancia.
II. Respecto a la adición del inciso f), fracción I, del artículo 4 de la Ley de Asistencia Social, sobre la inclusión a la asistencia social de los menores que ``realizan sus actividades en la calle'', se considera que el término es una expresión subjetiva y que no únicamente significa trabajar sino que también pueden ser acciones como comer, caminar, cantar o hasta cometer un delito, por lo que incluirla en un texto legal causaría confusión.
III. Por lo que se refiere a la adición de ``trabajo formal o informal'' en el inciso h) de la fracción I del artículo 4 de la Ley de Asistencia Social, se considera que la reforma propuesta no modifica esencialmente el contenido de la fracción en comento, ya que la asistencia social se otorga con base en las condiciones del trabajo que afectan el desarrollo e integridad física y mental del menor, y no en función de que el trabajo sea formal o informal.
Por otro lado, los menores que laboran en el sector formal cuentan con prestaciones como la seguridad social, reciben un salario y estudian de acuerdo con la edad, conforme a lo señalado en la Ley Federal del Trabajo, en los títulos ``Relaciones Individuales de Trabajo'' y ``Condiciones de Trabajo'', por lo que no requieren asistencia social.
Respecto del trabajo informal, éste es ilegal y ``se caracteriza por constituir la relación laboral sin cumplir las formalidades legales. Conforma relaciones laborales en las que habitualmente el trabajador se encuentra totalmente desprotegido frente al empleador, en una posición de máxima debilidad y mínima (o nula) capacidad de negociación, que lo ubican cerca de la esclavitud. Es de muy baja productividad, como limpiavidrios en los semáforos, recolectores informales de basura o vendedores callejeros'',* por lo que ``las condiciones en que se lleva a cabo es probable que dañen la salud, la seguridad o la moralidad de los niños''. Tal situación es contraria al Convenio número 182 emitido por la Organización Internacional del Trabajo, ``Sobre la prohibición de las peores formas de trabajo infantil y de la acción inmediata para su eliminación'', ratificado por el Senado de la República el 30 de junio de 2000, ya que el compromiso es evitar que los niños y los adolescentes trabajen en esas condiciones. En todo caso se debe aplicar la ley y sancionar a los empleadores que se aprovechan de las necesidades y carencias de los menores para obtener un beneficio.
IV. Respecto a la adición de que los menores que padecen adicciones sean sujetos de asistencia social en un inciso m) en la fracción I del artículo 4 de la Ley de Asistencia Social, es importante señalar que no todos los menores con adicciones necesariamente requieren asistencia social, ya que no todos se encuentran en condiciones de pobreza: en muchos casos, sus familias tienen recursos y los menores desarrollan adicciones debido a situaciones de abuso, violencia, desintegración familiar, soledad, etcétera.
En todo caso, los menores necesitan acciones tendentes a la educación, a la prevención, al tratamiento, a la rehabilitación y al combate de las adicciones. El artículo 21 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes protege a los menores cuando son afectados por el uso de drogas o enervantes:
Artículo 21. Niñas, niños y adolescentes tienen el derecho a ser protegidos contra actos u omisiones que puedan afectar su salud física o mental, su normal desarrollo o su derecho a la educación en los términos establecidos en el artículo 3o. constitucional. Las normas establecerán las formas de prever y evitar estas conductas. Enunciativamente, se les protegerá cuando se vean afectados por
A. El descuido, la negligencia, el abandono, el abuso emocional, físico y sexual.B. La explotación, el uso de drogas y enervantes , el secuestro y la trata.C. Conflictos armados, desastres naturales, situaciones de refugio o desplazamiento, y acciones de reclutamiento para que participen en conflictos armados.El Consejo Nacional contra las Adicciones proporciona por mandato de la Ley General de Salud, en los artículos 184 Bis, 185, 188 y 191, la educación, la prevención, el tratamiento, la rehabilitación y el combate de las adicciones:
Artículo 184 Bis. Se crea el Consejo Nacional contra las Adiciones, que tendrá por objeto promover y apoyar las acciones de los sectores público, social y privado tendentes a la prevención y combate de los problemas de salud pública causados por las adicciones que regula el presente título, así como proponer y evaluar los programas a que se refieren los artículos 185, 188 y 191 de esta ley.
Artículo 185. La Secretaría de Salud, los gobiernos de las entidades federativas y el Consejo de Salubridad General, en el ámbito de sus respectivas competencias, se coordinarán para la ejecución del programa contra el alcoholismo y el abuso de bebidas alcohólicas, que comprenderá, entre otras, las siguientes acciones:
I. La prevención y el tratamiento del alcoholismo y, en su caso, la rehabilitación de los alcohólicos; II. La educación sobre los efectos del alcohol en la salud y en las relaciones sociales, dirigida especialmente a niños, adolescentes, obreros y campesinos, a través de métodos individuales, sociales o de comunicación masiva, yIII. ...
Artículo 188. La Secretaría de Salud, los gobiernos de las entidades federativas y el Consejo de Salubridad General, en el ámbito de sus respectivas competencias, se coordinarán para la ejecución del programa contra el tabaquismo, que comprenderá, entre otras, las siguientes acciones:
I. La prevención y el tratamiento de padecimientos originados por el tabaquismo; y II. La educación sobre los efectos del tabaquismo en la salud, dirigida especialmente a la familia, niños y adolescentes, a través de métodos individuales, colectivos o de comunicación masiva, incluyendo la orientación a la población para que se abstenga de fumar en lugares públicos y la prohibición de fumar en el interior de los edificios públicos propiedad del gobierno federal, en los que alberguen oficinas o dependencias de la federación y en los que se presten servicios públicos de carácter federal, con excepción de las áreas restringidas reservadas en ellos para los fumadores.
Artículo 191. La Secretaría de Salud y el Consejo de Salubridad General, en el ámbito de sus respectivas competencias, se coordinarán para la ejecución del programa contra la famacodependencia , a través de las siguientes acciones:
I. La prevención y el tratamiento de la farmacodependencia y, en su caso, la rehabilitación de los farmacodependientes; II. La educación sobre los efectos del uso de estupefacientes, sustancias psicotrópicas y otras susceptibles de producir dependencia, así como sus consecuencias en las relaciones sociales; yIII. La educación e instrucción a la familia y a la comunidad sobre la forma de reconocer los síntomas de la farmacodependencia y adoptar las medidas oportunas para su prevención y tratamiento.IV. La propia Ley de Asistencia Social, en la fracción I del mismo artículo 4, ya establece que ``son sujetos de asistencia social todas las niñas, niños y adolescentes, en especial los que se encuentren en situación de riesgo'', por lo que está regulada la intención de los proponentes.V. En cuanto a la adición de la fracción XV en el artículo 12 de la Ley de Asistencia Social, referente a la ``implantación por parte de la federación los estados y los municipios de programas semestrales de detección, diagnóstico, seguimiento y atención para los niños y los adolescentes en situación de calle'', se considera que no es materia de ley incorporar descripción de programas y temporalidad, ya que las características y la funcionalidad de los programas se encuentran en sus reglas de operación.
Respecto a participación de la federación, los estados y los municipios, el artículo 8 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes considera la intención de los diputados proponentes:
Artículo 8. A fin de procurar para niñas, niños y adolescentes el ejercicio igualitario de todos sus derechos, se atenderá, al aplicarse esta ley, a las diferencias que afectan a quienes viven privados de sus derechos.
La federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, promoverán lo necesario para adoptar las medidas de protección especial que requieran quienes vivan carentes o privados de sus derechos, para terminar con esa situación y, una vez logrado, insertarlos en los servicios y los programas regulares dispuestos para quienes no vivan con tales deficiencias.
Las instituciones gubernamentales encargadas de cumplir la obligación establecida en el párrafo anterior deberán poner en marcha programas cuya permanencia quede asegurada hasta que se logre la incorporación a que se hace referencia.

Por todo lo expuesto, las Comisiones Unidas de Salud, y de Atención a Grupos Vulnerables emiten el siguiente

Resolutivo

Primero. Se desecha la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Asistencia Social presentada el 25 de octubre de 2007.

Segundo. Archívese el asunto como total y definitivamente concluido.

Conste.

Nota:
* De la Cueva, Mario. El nuevo derecho mexicano del trabajo, tomo I, Porrúa, México, DF, 1998.
Dado en la sala de juntas de la comisión, a 20 de febrero de 2008.
La Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, diputados: María Esperanza Morelos Borja (rúbrica), Marcela Cuen Garibi (rúbrica), Laura Angélica Rojas Hernández (rúbrica), David Sánchez Camacho (rúbrica), Eduardo Elías Espinosa Abuxapqui (rúbrica), Irene Aragón Castillo (rúbrica), Carlos Augusto Bracho González (rúbrica), Arnulfo Elías Cordero Alfonzo , Silvia Emilia Degante Romero (rúbrica), María Victoria Gutiérrez Lagunes (rúbrica), Juana Leticia Herrera Ale , María Esther Jiménez Ramos (rúbrica), Rubí Laura López Silvia (rúbrica), Marisol Mora Cuevas (rúbrica), María del Carmen Pinete Vargas , Jorge Quintero Bello (rúbrica), Mirna Cecilia Rincón Vargas (rúbrica), Adriana Rodríguez Vizcarra Velázquez (rúbrica), José Antonio Saavedra Coronel , Martha Angélica Tagle Martínez , Mario Vallejo Estévez, Martín Zepeda Hernández (rúbrica).
La Comisión de Salud, diputados: Ector Jaime Ramírez Barba (rúbrica), José Antonio Muñoz Serrano (rúbrica), Adriana Rebeca Vieyra Olivares (rúbrica), Efraín Morales Sánchez , María Oralia Vega Ortiz (rúbrica), Antonio Xavier López Adame , Juan Abad de Jesús (rúbrica), Efraín Arizmendi Uribe (rúbrica), Ricardo Cantú Garza (rúbrica), Maricela Contreras Julián , María Mercedes Corral Aguilar (rúbrica), Joaquín Conrado de los Santos Molina , Daniel Dehesa Mora (rúbrica), Nemesio Domínguez Domínguez , Ángel Humberto García Reyes (rúbrica), Beatriz Eugenia García Reyes (rúbrica), Yolanda Mercedes Garmendia Hernández (rúbrica), Tomás Gloria Requena , Lorena Martínez Rodríguez (rúbrica), Holly Matus Toledo (rúbrica), Fernando Enrique Mayans Canabal , Roberto Mendoza Flores , Elizabeth Morales García , Gilberto Ojeda Camacho (rúbrica), Martha Rocío Partida Guzmán , Jorge Quintero Bello (rúbrica), José Ignacio Alberto Rubio Chávez (rúbrica), María Gloria Guadalupe Valenzuela García .»

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Está a discusión el punto de acuerdo. En virtud de que no se ha registrado orador alguno, se reserva para su votación en conjunto. Continúe.



LEY ORGANICA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA

El Secretario diputado José Manuel del Río Virgen : «Dictamen de la Comisión de Justicia, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa que deroga la fracción XIII del artículo 11 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Justicia de la LIX Legislatura fue turnada para estudio, análisis y dictamen correspondiente la iniciativa con proyecto de decreto por el que se deroga la fracción XIII del artículo 11 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

La Comisión de Justicia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 70, 71, 72 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39 y 45, numeral 6, incisos f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, 56, 60 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de los integrantes de esta honorable asamblea el presente dictamen, con base en los siguientes

Antecedentes

Primero. En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión en fecha 5 de abril de 2005, el diputado Jesús González Schmal, del Grupo Parlamentario de Convergencia, presentó la iniciativa con proyecto de decreto por el que se deroga la fracción XIII del artículo 11 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

Segundo. La Mesa Directiva, en la misma fecha, mediante el oficio número D.G.P.L. 59-II-2-1247, acordó que se turnase a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

Tercero. En virtud del decreto publicado el 5 de diciembre de 2006 en el Diario Oficial de la Federación por el que se reforman y adicionan los artículos 39 y 43 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se dividió la Comisión de Justicia y Derechos Humanos en Comisión de Justicia, y Comisión de Derechos Humanos; y quedó a cargo de la Comisión de Justicia la emisión del dictamen de la iniciativa a que se ha hecho referencia.

Contenido de la iniciativa

Expone el autor que la fracción XIII del artículo 11 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa es contraria a la hipótesis normativa de los artículos 13, 14, 16 y 17 de la Constitución Federal. La disposición en comento de la ley orgánica mencionada establece el juicio de nulidad o contencioso-administrativo, particularizado en el Código Fiscal de la Federación, y que es un procedimiento que deberá recorrer el interesado que pretenda impugnar la resolución definitiva --no fiscal-- de una autoridad administrativa --no fiscal--, que le cause agravio.

Considera que las leyes contenidas en el Código Fiscal de la Federación, y en el juicio contencioso reglamentado en ese código son leyes privativas. En ese sentido señala que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa es un tribunal especial. Es de concluirse que el Tribunal Fiscal no puede extender su jurisdicción sobre las personas no causantes y por igual es de concluirse que las leyes privativas del Código Fiscal no pueden aplicarse en la resolución de cuestiones que no sean de orden fiscal. Lo contrario (juzgar a un sujeto --no causante-- por las leyes privativas fiscales, por un tribunal especial como el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa) constituye una flagrante contravención de la hipótesis normativa del artículo 13 constitucional.

Por otro lado, señala que los alcances de la fracción XIII del artículo 11, en cita, son muy específicos y limitados. Se contraen a señalar que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa es competente para conocer en juicio de nulidad de las resoluciones administrativas que se señalan, entre ellas, las genéricas --no fiscales-- a que se refiere la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Sin embargo, y es lo determinante, la fracción en mérito no da correspondencia a algún otro precepto que obligue al particular interesado a intentar la vía competencia de ese tribunal. Y ciertamente, con toda lógica, la competencia que tenga un determinado tribunal no constituye la obligación para que por ese solo hecho el interesado se vea precisado a transitar necesariamente por esa vía procesal sólo porque una fracción de una ley orgánica otorga a un determinado tribunal facultad para conocer del caso y apunta que la Ley Orgánica del Tribunal Fiscal reglamenta la integración, funcionamiento y competencia de este órgano jurisdiccional y sus disposiciones son obligatorias únicamente con relación al órgano a que se dirigen, no pueden afectar la esfera jurídica de otros órganos jurisdiccionales, ni mucho menos pueden afectar la esfera jurídica del gobernado.

Continúa señalando que la fracción XIII del artículo 11 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa es contraria a la hipótesis normativa de los artículos 14 y 16 constitucionales, ya que el propósito evidente de los artículos protectores se apunta a velar por la legalidad de los procedimientos y de los actos de autoridad. Pero se contraviene la garantía de legalidad y seguridad jurídica cuando en un procedimiento no se observan las formalidades esenciales o se emite un acto de autoridad carente de motivación y fundamentación. Pero con mucha más razón y evidencia se contraviene la garantía de legalidad y seguridad jurídica cuando alguien ajeno al procedimiento o al acto de autoridad es privado o molestado en sus derechos por ese procedimiento o acto de autoridad, aunque este procedimiento sea observante de las formalidades esenciales y el acto esté soportado adecuadamente en la debida motivación y fundamentación.

Y concluye exponiendo que la citada fracción XIII del artículo 11 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa es violatoria del artículo 17 constitucional, que otorga la garantía de impartición pronta y expedita de la justicia, ya que el juicio contencioso-administrativo o juicio de nulidad establece precisamente lo contrario a esa garantía, ya que es un procedimiento expresamente lento y retardatorio de la impartición de justicia, lo que vulnera la garantía constitucional mencionada. En él se establecen plazos muy extensos para la demanda, la contestación, el cierre de instrucción, los alegatos y la sentencia.

Establecidos los antecedentes y el contenido de la iniciativa, los miembros de la comisión dictaminadora exponemos las siguientes

Consideraciones

La iniciativa en estudio carece de materia, en virtud de que pretende derogar la fracción XIII del artículo 11 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de diciembre de 1995.

Lo anterior es así toda vez que la citada ley orgánica fue derogada mediante decreto, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 6 de diciembre 2007, por el que se expidió la nueva Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

Por ello resulta incuestionable que la iniciativa en estudio que pretende abrogar un precepto de la antigua ley orgánica de dicho tribunal ahora ya no es procedente, en virtud de que dicha disposición ya no existe con motivo de la reforma legal en comento; en ese sentido, su iniciativa ha sido satisfecha. Por ello, el señalamiento de que ésta carece de materia.

No obstante lo anterior, la iniciativa pretende derogar la fracción XIII del artículo 11 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que ya no existe, ya que el autor considera, por un lado, que las leyes contenidas en el Código Fiscal de la Federación respecto del juicio contencioso son privativas, ya que sólo deben aplicarse a la materia tributaria y que no puede resolver cuestiones que no sean del orden fiscal; y, por otro, que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa es un tribunal especial y, por tanto, no puede extender su jurisdicción sobre personas no causantes, violando con ello la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Al respecto, es necesario señalar que, aunado al hecho de que la iniciativa en estudio, como quedó apuntado, carece de materia, la pretensión del legislador ya ha sido recogida por las leyes que el Poder Legislativo ha emitido, en específico, con la expedición de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de diciembre de 2005, en la que se estableció en el artículo 2o. que el juicio contencioso-administrativo federal procede contra las resoluciones administrativas definitivas que establece la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, así como contra los actos administrativos, decretos y acuerdos de carácter general, diversos de los reglamentos, cuando sean autoaplicativos o cuando el interesado los controvierta en unión del primer acto de aplicación.

Y también con la reciente expedición de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de diciembre de 2007, en la que se establece con precisión en los artículos 14 y 15 la competencia material de dicho tribunal, se trascriben los citados preceptos para mejor proveer:

Artículo 14. El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación:
I. Las dictadas por autoridades fiscales federales y organismos fiscales autónomos, en que se determine la existencia de una obligación fiscal, se fije en cantidad líquida o se den las bases para su liquidación;
II. Las que nieguen la devolución de un ingreso de los regulados por el Código Fiscal de la Federación, indebidamente percibido por el Estado o cuya devolución proceda de conformidad con las leyes fiscales;
III. Las que impongan multas por infracción a las normas administrativas federales;
IV. Las que causen un agravio en materia fiscal distinto al que se refieren las fracciones anteriores;
V. Las que nieguen o reduzcan las pensiones y demás prestaciones sociales que concedan las leyes en favor de los miembros del Ejército, de la Fuerza Aérea y de la Armada nacional o de sus familiares o derechohabientes con cargo a la Dirección de Pensiones Militares o al erario federal, así como las que establezcan obligaciones a cargo de las mismas personas, de acuerdo con las leyes que otorgan dichas prestaciones.
Cuando para fundar su demanda el interesado afirme que le corresponde un mayor número de años de servicio que los reconocidos por la autoridad respectiva, que debió ser retirado con grado superior al que consigne la resolución impugnada o que su situación militar sea diversa de la que le fue reconocida por la Secretaría de la Defensa Nacional o de Marina, según el caso; o cuando se versen cuestiones de jerarquía, antigüedad en el grado o tiempo de servicios militares, las sentencias del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa sólo tendrán efectos en cuanto a la determinación de la cuantía de la prestación pecuniaria que a los propios militares corresponda, o a las bases para su depuración;
VI. Las que se dicten en materia de pensiones civiles, sea con cargo al erario federal o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado;
VII. Las que se dicten en materia administrativa sobre interpretación y cumplimiento de contratos de obras públicas, adquisiciones, arrendamientos y servicios celebrados por las dependencias y entidades de la administración pública federal;
VIII. Las que nieguen la indemnización o que, por su monto, no satisfagan al reclamante y las que impongan la obligación de resarcir los daños y perjuicios pagados con motivo de la reclamación, en los términos de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado o de las leyes administrativas federales que contengan un régimen especial de responsabilidad patrimonial del Estado;
IX. Las que requieran el pago de garantías a favor de la federación, el Distrito Federal, los estados o los municipios, así como de sus entidades paraestatales;
X. Las que traten las materias señaladas en el artículo 94 de la Ley de Comercio Exterior;
XI. Las dictadas por las autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, en los términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo;
XII. Las que decidan los recursos administrativos en contra de las resoluciones que se indican en las demás fracciones de este artículo;
XIII. Las que se funden en un tratado o acuerdo internacional para evitar la doble tributación o en materia comercial, suscrito por México, o cuando el demandante haga valer como concepto de impugnación que no se haya aplicado en su favor alguno de los referidos tratados o acuerdos;
XIV. Las que se configuren por negativa ficta en las materias señaladas en este artículo, por el transcurso del plazo que señalen el Código Fiscal de la Federación, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo o las disposiciones aplicables o, en su defecto, en el plazo de tres meses, así como las que nieguen la expedición de la constancia de haberse configurado la resolución positiva ficta, cuando ésta se encuentre prevista por la ley que rija a dichas materias.
No será aplicable lo dispuesto en el párrafo anterior en todos los casos en los que se pudiere afectar el derecho de un tercero, reconocido en un registro o anotación ante autoridad administrativa; y
XV. Las señaladas en las demás leyes como competencia del tribunal.
Para los efectos del primer párrafo de este artículo, las resoluciones se considerarán definitivas cuando no admitan recurso administrativo o cuando la interposición de éste sea optativa.
El tribunal conocerá, además de los juicios que se promuevan contra los actos administrativos, decretos y acuerdos de carácter general, diversos a los reglamentos, cuando sean autoaplicativos o cuando el interesado los controvierta con motivo de su primer acto de aplicación.
El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa conocerá de los juicios que promuevan las autoridades para que sean anuladas las resoluciones administrativas favorables a un particular, siempre que dichas resoluciones sean de las materias señaladas en las fracciones anteriores como de su competencia.
Artículo 15. El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas por las que se impongan sanciones administrativas a los servidores públicos en términos de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, así como contra las que decidan los recursos administrativos previstos en dicho ordenamiento.

En la trascripción se advierte con claridad que la pretensión del iniciante ya fue atendida con las normas establecidas en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y en la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; por tanto, de igual forma, carece de materia.

Por lo expuesto y fundado, los integrantes de la Comisión de Justicia someten a consideración del Pleno de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de

Acuerdo

Primero. Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto por el que se deroga la fracción XIII del artículo 11 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

Segundo. Archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de octubre 2008.
La Comisión de Justicia, diputados: César Camacho Quiroz (rúbrica), presidente; Felipe Borrego Estrada (rúbrica), Violeta del Pilar Lagunes Viveros , Carlos Alberto Navarro Sugich (rúbrica), Miguel Ángel Arellano Pulido , Jorge Mario Lescieur Talavera (rúbrica), Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda (rúbrica), Verónica Velasco Rodríguez (rúbrica), secretarios; Mónica Arriola, Alliet Mariana Bautista Bravo , Luis Enrique Benítez Ojeda (rúbrica), Liliana Carbajal Méndez (rúbrica), Raúl Cervantes Andrade , Jesús de León Tello (rúbrica), José Manuel del Río Virgen , Antonio de Jesús Díaz Athié (rúbrica), Rutilio Cruz Escandón Cadenas , Arturo Flores Grande , Silvano Garay Ulloa (rúbrica), Andrés Lozano Lozano (rúbrica), Omeheira López Reyna , Victorio Rubén Montalvo Rojas (rúbrica), Jesús Ricardo Morales Manzo (rúbrica), Mario Eduardo Moreno Álvarez , Silvia Oliva Fragoso (rúbrica), Édgar Armando Olvera Higuera (rúbrica), María del Pilar Ortega Martínez (rúbrica), Luis Gustavo Parra Noriega (rúbrica), Alfredo Adolfo Ríos Camarena , Yadhira Yvette Tamayo Herrera (rúbrica).»
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Está a discusión el punto de acuerdo. En virtud de que no se ha registrado orador alguno, se reserva para su votación en conjunto. Continúe.


LEY GENERAL DEL SISTEMA DE MEDIOS DE IMPUGNACION EN MATERIA ELECTORAL

El Secretario diputado José Manuel del Río Virgen : «Dictamen de la Comisión de Justicia, con punto de acuerdo por el que se desechan dos iniciativas que reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Justicia de la LX Legislatura fueron turnadas para estudio, análisis y dictamen correspondiente dos iniciativas que reforman y adicionan el artículo 93 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

La Comisión de Justicia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 70, 71, 72 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39, 45 numeral 6 incisos f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, 56, 60 y 88, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de los integrantes de esta honorable Asamblea el presente dictamen, basándose en los siguientes

Antecedentes

1. Con fecha 12 de abril de 2005, el diputado Lino Celaya Luría, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó ante el Pleno de la Cámara de Diputados, la iniciativa con proyecto de decreto que propone adicionar el párrafo 3 al artículo 93 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

2. Con fecha 14 de abril de 2005, el diputado Elpidio Desi-derio Concha Arellano, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó ante el Pleno de la Cámara de Diputados, la iniciativa con proyecto de decreto que propone reformar el numeral 2 del artículo 93 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

3. La Mesa Directiva, mediante los oficios números D.G.P.L. 59-II-4-1373 y D.G.P.L. 59-II-3-1486, del 12 y 14 de abril de 2005, respectivamente, acordó que se turnaran las iniciativas a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

Contenido de las iniciativas

Primera. En la iniciativa presentada por el diputado Celaya Luría se expresa que para garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales, se establecerá un sistema de medios de impugnación en los términos que señalen esta Constitución y la ley.

Dicho sistema dará definitividad a las distintas etapas de los procesos electorales y garantizará la protección de los derechos políticos de los ciudadanos de votar, ser votado y de asociación.

Asimismo, las Constituciones y leyes de los estados en materia electoral garantizarán que se fijen los plazos convenientes para el desahogo de todas las instancias impugnativas, tomando en cuenta el principio de definitividad de las etapas de los procesos electorales.

En este sentido, señala el proponente, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ha establecido en una de sus tesis de jurisprudencia que el proceso electoral de una entidad federativa concluye hasta que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resuelva el último de los juicios de revisión constitucional electoral o para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, promovidos para impugnar los actos o resoluciones de las autoridades electorales, emitidos al final de la etapa de resultados, en virtud de que las ejecutorias que se dictan en los referidos juicios, son las que proporcionan realmente la certeza de que dichos actos impugnados han adquirido definitividad.

No obstante lo anterior, la realidad ha demostrado que existe una dilación en la impartición de justicia electoral, toda vez, que las resoluciones se han emitido prácticamente un día antes de la toma de posesión de los representantes populares, lo que lejos de generar una certidumbre jurídica, ha generado una inestabilidad social sujeta al vaivén metajurídico de factores político-sociales, en el menor de los casos, porque en otras ha generado violencia poselectoral.

Finalmente, el diputado Celaya Luría refiere que en los últimos años, el sistema electoral mexicano ha experimentado una serie de cambios cuyas consecuencias no siempre han producido los escenarios y fines ``democráticos'' exigidos por la dinámica coyuntural marcada por la transición política de un régimen de corte autoritario, donde los principios democráticos de la contienda electoral eran comúnmente vulnerados y manipulados para beneficioso de grupo político determinado o para favorecer los objetivos de la coalición dominante, a la instauración de un sistema político distinto, donde la credibilidad en las instituciones y procedimientos electorales desempeñen un papel trascendental en el difícil proceso de consolidación democrática.

Segunda. El diputado Elpidio Desiderio Concha Arellano hace mención en su iniciativa que los medios de impugnación en materia electoral, son los mecanismos jurídicos consagrados en las leyes para modificar, revocar o anular los actos y las resoluciones en la materia que no se ajusten a derecho.

La Constitución prevé el establecimiento de un sistema de medios de impugnación y el propósito de dicho sistema es dar definitividad a las distintas etapas de los procesos electorales, además de garantizar que los actos y resoluciones en el ramo se sujeten invariablemente al principio de constitucionalidad y legalidad.

Atendiendo a lo anterior, el Tribunal Electoral conoce de diferentes medios de impugnación previstos en la legislación aplicable, que para el caso particular, es la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. Tal normatividad establece entre otros procedimientos, el juicio de revisión constitucional electoral, que constituye el objeto de la presente iniciativa.

El diputado sostiene que debe tenerse presente que el juicio de revisión constitucional electoral es el medio de impugnación con el que cuentan los partidos políticos para garantizar el apego a la legalidad de los actos y resoluciones de las autoridades estatales que lleguen estas a dictar durante la organización, calificación o resolución de impugnaciones.

Es necesario señalar que el juicio de revisión constitucional electoral es viable cuando se cumplen diferentes requisitos y donde además es menester que dicho mecanismo de defensa, sea interpuesto por los partidos políticos a través de sus representantes legítimos.

Señala el proponente que las reformas a la Constitución General de la República establecieron dentro del artículo 116, fracción IV, inciso e), la obligación de que las Constituciones y las leyes electorales de los estados garantizarán plazos convenientes para el desahogo de todas las instancias impugnativas, tomando en cuenta el principio de definitividad de las etapas de los procesos electorales.

Tales disposiciones no siempre fueron acatadas íntegramente en las entidades federativas y varios partidos recurrieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual emite diversas sentencias que obligaron a los Congresos estatales a modificar varias constituciones y leyes electorales en diversos Estados a fin de que en tales ordenamientos se fijara de manera expresa la obligación de garantizar el establecimiento de plazos adecuados para que los partidos políticos estuvieran en posibilidades de recurrir las sentencias y resoluciones de los órganos electorales locales ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Lo anterior significó un indudable avance que se reflejó en una reducción significativa de conflictos postelectorales en las entidades federativas, al existir un mecanismo confiable como el juicio de revisión constitucional y una institución imparcial responsable de resolver tales controversias como el propio Tribunal Electoral.

Para destacar una de las motivaciones que sustentan la iniciativa propuesta, es necesario tener en cuenta que la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, no establece una disposición expresa que obligue a los integrantes del Tribunal Electoral a emitir una sentencia en un plazo determinado.

Tal situación en el caso particular de los juicios de revisión constitucional electoral, en algunas ocasiones ha generado una notoria tensión y ha dado lugar a especulaciones sobre el propio Tribunal Electoral y sus Magistrados integrantes en los casos de los expedientes más polémicos turnados a dicha instancia judicial.

Sin duda, el hecho de que la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, no establezca de manera expresa plazos en los que el Tribunal deba de resolver un expediente, genera un escenario de desasosiego tanto en los partidos involucrados, en las autoridades electorales de los Estados, en la clase política nacional, en los agentes económicos y la ciudadanía en general, lo anterior desde luego atendiendo la importancia política del tema controvertido.

Se expresa también en la iniciativa que se debe tener en cuenta que al abordar el tema del tiempo que lleva emitir una sentencia en un juicio de revisión constitucional, tanto los Magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral y el Presidente del mismo, han argumentado razones vinculadas a la exhaustividad procesal, esto es la necesidad de revisar detalladamente todo el proceso en su integridad, valorando y desahogando las pruebas que lo ameriten, así como la exigencia de examinar detalladamente los agravios esgrimidos por las partes, lo cual sin duda es cierto, pero también lo es, tanto el hecho de que en este procedimiento judicial ni se desahoga ningún tipo de pruebas, ni se efectúan diligencias que ameriten plazos específicos.

Así las cosas, el tiempo que el Tribunal Electoral destina a resolver el fondo de un proceso electoral especialmente controvertido genera sin duda recelos y suspicacias. Por tanto y al estar sub judice en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación un proceso de suma importancia nacional o regional, se propicia un periodo de desasosiego que se ha advertido en diferentes procesos electorales para Gobernadores de los Estados, autoridades municipales y diputaciones locales.

En tales circunstancias, tenemos que una vez que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, conoce de un juicio de revisión constitucional electoral, transcurren por regla general mas tres meses desde que se interpone la demanda inicial hasta que se emite la sentencia definitiva, lapso en el que se genera una acentuada incertidumbre y nerviosismo sociales.

Por tales razones es pertinente la presente iniciativa, ya que una posibilidad de atender la preocupación de los actores sociales sobre la tensión política que se genera cuando una elección se encuentra en litigio, es el establecimiento de plazos específicos dentro de los cuales el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación deba dictar sentencia en los juicios de revisión constitucional correspondientes.

Consideraciones

Primera. En virtud del decreto publicado el 5 de diciembre de 2006 en el Diario Oficial de la Federación, por el que se reforman y adicionan los artículos 39 y 43 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se dividió la Comisión de Justicia y Derechos Humanos en la Comisión de Justicia, y en la Comisión de Derechos Humanos; y quedó a cargo de la Comisión de Justicia la emisión del dictamen de las iniciativas a que se ha hecho referencia en el capítulo de antecedentes.

Segunda. Esta comisión estima pertinente realizar las siguientes consideraciones jurídicas:

En cuanto a las iniciativas en estudio, es de advertirse que en ambas se señala la modificación al artículo 93 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, donde en ambas se pretende se dé certeza y certidumbre jurídica al principio de definitividad en materia electoral.

En la marcada con el numeral 1, se pretende adicionar un párrafo 3, donde se establezca que el juicio de revisión constitucional en materia electoral deberá ser resuelto a más tardar 30 días antes de que los representantes populares tomen posesión de su cargo.

Por su parte, la señalada con el numeral 2 propone que las sentencias recaídas en el juicio de revisión constitucional se dictarán dentro de los 30 días siguientes al de la interposición del escrito inicial que dé origen al proceso.

No obstante, se observa que no existe ninguna confusión ni se genera incertidumbre con la actual redacción del artículo 93 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral como lo expresan las iniciativas en estudio, ello es así, ya que contrario a lo que las propias iniciativas señalan en relación a la interpretación laxa que se realiza del precepto legal que se pretende reformar, la interpretación que se debe realizar de dicho artículo, es de manera armónica, sistemática e integral de todo el Título Segundo del Libro Primero relativo a las reglas generales comunes aplicables a los medios de impugnación que contiene dicha ley a efecto de comprender la intención del legislador.

El artículo 6 señala que las disposiciones generales rigen para el trámite, sustanciación y resolución, de todos los medios de impugnación, salvo las reglas particulares señaladas expresamente; es así que artículo 19 párrafo 3, señala que para la sustanciación de los recursos de revisión se aplicarán las reglas contenidas en el Capítulo III del Título Segundo del Libro Segundo de la ley en estudio, advirtiéndose en el artículo 37 dentro de los incisos e), f) y g) los términos para dicha sustanciación y resolución.

Con lo anterior se demuestra que la interpretación de las leyes debe ser armónica, es decir, cuando es posible fáctica y jurídicamente armonizar dos normas, el conflicto normativo es sólo aparente y el mismo se supera con una interpretación armónica y racional que permite la vigencia de ambas, otorgando seguridad jurídica a quien van dirigidas dichas disposiciones legales.

Lo expuesto es denominado en la doctrina como hermenéutica jurídica, que significa ``arte de interpretar textos jurídicos''. La hermenéutica, parte de diferentes interpretaciones en conflicto, presupone la presencia de una controversia y tiene la finalidad de establecer el significado válido. Por ello, la hermenéutica debe interpretar un ``todo'', que en la materia del derecho, se refiere no sólo a la interpretación de la totalidad de disposiciones jurídicas, sino también, a la interpretación de las reglas y principios que constituyen la doctrina aplicable al orden jurídico en cuestión.

Tercera. Además, como parte del proceso de reforma electoral emprendido por el Congreso de la Unión en abril de 2007, en el marco de los trabajos para la Reforma del Estado, se produjeron diversas reformas constitucionales, una de ellas fue la que trajo consigo la expedición del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, quedando pendientes las adecuaciones a otras leyes electorales, o vinculadas a esa materia, de entre las que destacan la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

En este sentido, los legisladores integrantes de la LX Legislatura realizaron las adecuaciones a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación den Materia Electoral, incluyendo adecuaciones que sin derivar en forma directa de la reforma constitucional en materia electoral, permitían dar armonía y coherencia a la legislación electoral federal en su conjunto, para lo cual se tomaron en consideración algunas otras propuestas presentadas por los diputados integrantes de las comisiones para su estudio, resultando un documento en el cual se plasmaron los puntos que se consideraron debía contener la ley.

Finalmente, esta comisión considera que en el contenido de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de julio de 2008, se recoge el sentir de los proponentes de las iniciativas.

Por lo expuesto y fundado, los integrantes de la Comisión de Justicia sometemos a consideración del Pleno de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de

Acuerdo

Primero. Se desechan las iniciativas con proyecto de decreto que reforman el artículo 93 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, señaladas en el capítulo de antecedentes de este dictamen.

Segundo. Archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de octubre de 2008.
La Comisión de Justicia, diputados: César Camacho Quiroz (rúbrica), presidente; Felipe Borrego Estrada (rúbrica), Violeta del Pilar Lagunes Viveros , Carlos Alberto Navarro Sugich (rúbrica), Miguel Ángel Arellano Pulido , Jorge Mario Lescieur Talavera (rúbrica), Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda (rúbrica), Verónica Velasco Rodríguez (rúbrica), secretarios; Mónica Arriola, Alliet Mariana Bautista Bravo , Luis Enrique Benítez Ojeda (rúbrica), Liliana Carbajal Méndez (rúbrica), Raúl Cervantes Andrade , Jesús de León Tello (rúbrica), José Manuel del Río Virgen , Antonio de Jesús Díaz Athié (rúbrica), Rutilio Cruz Escandón Cadenas , Arturo Flores Grande , Silvano Garay Ulloa (rúbrica), Andrés Lozano Lozano (rúbrica), Omeheira López Reyna , Victorio Rubén Montalvo Rojas (rúbrica), Jesús Ricardo Morales Manzo (rúbrica), Mario Eduardo Moreno Álvarez , Silvia Oliva Fragoso (rúbrica), Édgar Armando Olvera Higuera (rúbrica), María del Pilar Ortega Martínez (rúbrica), Luis Gustavo Parra Noriega (rúbrica), Alfredo Adolfo Ríos Camarena , Yadhira Yvette Tamayo Herrera (rúbrica).»

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Está a discusión el punto de acuerdo. En virtud de que no se ha registrado orador alguno, se reserva para su votación en conjunto.



LEY GENERAL DEL SISTEMA DE MEDIOS DE IMPUGNACION EN MATERIA ELECTORAL

El Secretario diputado José Manuel del Río Virgen : «Dictamen de la Comisión de Justicia, con punto de acuerdo por el que se desechan tres iniciativas que reforman diversas disposiciones de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Justicia de la LX Legislatura, le fueron turnadas para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, 3 Iniciativas que reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Esta Comisión de Justicia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 70, 71, 72 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39, 45 numeral 6 incisos f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, 56, 60 y 88, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de los integrantes de esta honorable asamblea el presente dictamen, basándose en los siguientes:

Antecedentes

1. Con fecha 11 de mayo de 2005, el diputado Jesús Martínez Álvarez, del Grupo Parlamentario de Convergencia, presentó la iniciativa con proyecto de decreto que propone reformar el inciso b) del numeral 1, del artículo 12 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

2. Con fecha 11 de octubre de 2005, el diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó la iniciativa con proyecto de decreto que propone reformar el inciso b) del numeral 1, del artículo 12 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

3. Con fecha 14 de diciembre de 2006, el diputado César Flores Maldonado , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó la iniciativa con proyecto de decreto que propone reformar el artículo 51 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

4. La Mesa Directiva, mediante los oficios números: CP2R2AE.101, de 11 de mayo de 2005 y D.G.P.L. 59-II-5-1874 de 11 de octubre de 2005, respectivamente, acordó se turnaran las iniciativas 1 y 2 a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

5. Asimismo, la Mesa Directiva, mediante el oficio número: D.G.P.L. 60-II-2-296, de 14 de diciembre de 2006, acordó se turnara la iniciativa 3 a la Comisión de Justicia.

Contenido de las iniciativas

Primera. El diputado Jesús Martínez Álvarez, manifiesta en la iniciativa propuesta, que es fundamental contar con un ordenamiento jurídico que dé claridad sobre cuales son las disposiciones que se regulan en el, así como la posibilidad de interpretar de manera exegética qué es lo que el legislador quiso decir al momento de proponer determinada disposición o reforma a la norma.

En el caso del artículo 12 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, concretamente dentro del numeral 1, inciso b), resulta evidente a todas luces que el legislador no pretendió hacer referencia a autoridades inexistentes.

Refiere además, que nos encontramos frente a una deficiencia de técnica legislativa que se pretende subsanar mediante la presente iniciativa, en la que en origen se hace referencia a un inciso del artículo 81, mismo que no aparece dentro del texto.

El artículo 81 del citado ordenamiento no contiene incisos, lo cual revela una clara equivocación, que se puede subsanar haciendo referencia a las autoridades que la propia ley señala, de manera genérica, a efecto de aplicar una suplencia en la deficiencia que se tuvo al momento de redactar el artículo que motiva la presente reforma.

Segunda. Por su parte, el diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari establece que el sistema de impugnaciones electorales que prevé la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, dará definitividad a los procesos electorales con lo cual garantizará los derechos políticos electorales de los ciudadanos de votar y ser votados sean efectivos, como lo regula el artículo 35 Constitucional, derechos que deberá de garantizar el Tribunal Federal Electoral, al cual le corresponde resolver en forma definitiva e inatacable en los términos de la Constitución y la Ley de la materia.

Desde luego, esto es con el fin de cumplir con los principios rectores en materia electoral, que la actuación de las autoridades electorales se rija por los principios de legalidad, imparcialidad, independencia, certeza y objetividad en las diversas etapas del proceso electoral. Por lo tanto, la propuesta que se plantea va encaminada a regular de manera eficaz la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, debido a que ese tópico no se encuentra suficientemente regulado, y por lo tanto, conculca los derechos político-electorales de los ciudadanos.

Se debe advertir, en primer término, que la omisión del legislador al remitir a un artículo 81 en el cual no contempla incisos, es un aspecto que genera incertidumbre jurídica. En segundo término, deja en estado de indefensión a una de las partes en el procedimiento, ya que la autoridad electoral correspondiente puede desechar la impugnación que se promueve por no estar contemplado el supuesto que se prevé, situación que atenta de alguna manera los derechos políticos electorales de los ciudadanos, al no ser precisa la ley.

El diputado refiere que de acuerdo a la hermenéutica jurídica y un análisis lógico jurídico, se desprende que el procedimiento conducente que debe contemplar el inciso b), párrafo 1, del artículo 12, es que el inciso b) deberá de remitir a lo preceptuado en el inciso e) pero del artículo 80, por ser este el artículo que prevé los requisitos para que el ciudadano promueva el juicio para la protección de los derechos político electorales del ciudadano.

Por tal motivo, de no llevarse a cabo la reforma que se propone, se estaría propiciando la indefensión de algunos sujetos políticos electorales, como serían los ciudadanos en la protección de los derechos, que garantiza la Carta Magna.

Tercera. Finalmente el diputado César Flores Maldonado , establece en su iniciativa que conforme al artículo 51 de la Ley General del Sistemas de Impugnación en Materia Electoral, el escrito de protesta es un medio para acreditar posibles irregularidades suscitadas en las mesas directivas de casillas instaladas el día de la jornada electoral, y deberán ser presentados al final del escrutinio y computo de la casilla o ante el consejo distrital correspondiente, antes de que se inicie la sesión de los cómputos distritales, y tiene la característica de ser un requisito de procedibilidad del juicio de inconformidad, contra los resultados de la votación recibida en una casilla, la declaratoria de validez de la elección y la entrega de la constancia de mayoría relativa de las elecciones correspondiente, sólo cuando se hagan valer las causales de nulidad previstas en el artículo 75 de la ley de la materia, con excepción de la señalada en el inciso b) del párrafo 1 de dicho precepto.

El juicio de inconformidad es el mecanismo de defensa idóneo para poder invocar las causales de nulidad de la votación recibida en casilla, por irregularidades ocurridas en el día de la jornada electoral.

Asimismo, también el día de la jornada electoral, los partidos políticos -a través de sus respectivos representantes- tienen conocimiento del resultado de la elección en la casilla; por tanto, han identificado debidamente el acto impugnado que da sustento legal a la demanda de inconformidad interpuesta, cuyo análisis y estudio compete a los tribunales electorales competentes.

Es decir, el incumplimiento de la presentación del escrito de protesta, como requisito especial para la procedibilidad de la juicio de inconformidad tiene diferentes sanciones: para el caso particular, debe decirse que la falta de presentación de alguno de los requisitos esenciales que deben acontecer en la demanda de inconformidad provoca la improcedencia del medio de impugnación y consecuentemente el sobreseimiento del medio de impugnación.

En este contexto, el suscrito concluyen que el escrito de protesta debe permanecer como un mecanismo para los partidos políticos para acreditar posibles irregularidades suscitadas en las mesas receptoras del voto; sin embargo, bajo ninguna circunstancia debe permanecer como requisito de procedencia o viabilidad de los medios de impugnación en materia electoral.

En este orden de ideas, y conforme a la experiencia de pasados procesos electorales, es claro que el escrito de protesta se ha convertido en un verdadero problema para los partidos políticos, pues ante el evento de que su representante de casilla no hubiera presentado dicha documental ante la mesa directiva de casilla por cualquier circunstancia, o hasta antes del inicio de la Sesión del Computo que celebran los órganos electorales respectivos, se esta impedido de inconformarse ante las instancias jurisdiccionales de irregularidades cometidas en la jornada electoral, en contravención del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que garantiza el derecho a la justicia de forma expedita, razones para coincidir en la eliminación del escrito de protesta como requisito de procedibilidad del juicio de inconformidad.

Por otro lado, se considera adecuado que el escrito de protesta se mantenga como una documental de carácter indiciario de las posibles irregularidades cometidas en la jornada electoral, y que el mismo se integre al conjunto probatorio de los partidos políticos para que en su momento pueda ser valorado en los procesos contenciosos electorales.

Consideraciones

Primera. En virtud del decreto publicado el 5 de diciembre de 2006 en el Diario Oficial de la Federación, por el que se reforman y adicionan los artículos 39 y 43 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se dividió a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos en dos comisiones: Comisión de Justicia y Comisión de Derechos Humanos, quedando a cargo de la Comisión de Justicia, la emisión del dictamen de las iniciativas señaladas con los números 1 y 2 en el Capítulo de Antecedentes del presente dictamen.

Segunda. Esta comisión estima pertinente realizar las siguientes consideraciones jurídicas:

Como parte del proceso de reforma electoral emprendido por el Congreso de la Unión en abril de 2007, en el marco de los trabajos para la Reforma del Estado, se produjeron diversas reformas constitucionales, una de ellas fue la que trajo consigo la expedición del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, que fuera publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de enero de 2008; quedando pendientes las adecuaciones a otras leyes electorales, o vinculadas a esa materia, de entre las que destacan la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

El penúltimo párrafo de la fracción II del artículo 105 constitucional dispone que:

``Las leyes electorales federal y locales deberán promulgarse y publicarse por lo menos noventa días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse, y durante el mismo no podrá haber modificaciones legales fundamentales''.

Ahora bien, de conformidad a lo establecido por el párrafo primero del artículo 210 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, ``el proceso electoral ordinario se inicia en el mes de octubre del año previo al de la elección...''. En consecuencia, el proceso electoral ordinario de 2009 en que habrá de renovarse la totalidad de la Cámara de Diputados, dará inicio el 1 de octubre de 2008 por lo que resultaba indispensable la debida promulgación y publicación de las reformas a las dos leyes referidas en líneas que anteceden, antes de que se cumpliera el plazo límite a que se refiere el citado artículo 105 constitucional.

Segunda. En este sentido, los legisladores integrantes de la LX Legislatura estudiaron y discutieron diferentes propuestas, para que finalmente fuera publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 1º de julio de 2008, el Decreto por el cual se reformaron diversas disposiciones de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, teniendo como objetivo fundamental reglamentar las disposiciones del artículo 99 constitucional, además de incluir ciertas adecuaciones que, sin derivar en forma directa de la reforma constitucional en materia electoral, permitan dar armonía y coherencia a la legislación electoral federal en su conjunto.

Tercera. Sin perjuicio de que las iniciativas contenidas en el presente dictamen son para mejorar el sistema electoral, cabe hacer mención que las mismas han quedado sin materia por las siguientes consideraciones:

En cuanto a las iniciativas señaladas en los numerales 1 y 2, éstas proponen, por un lado precisar que para el caso del procedimiento de impugnación en materia electoral, puedan ser parte en el procedimiento las autoridades responsables o partidos políticos que hubieren realizado el acto o emitido la resolución que se impugna; y por otra hacer la corrección del numeral al cual se remite por no ser el que debe corresponderle.

Se advierte, que en el artículo 12, numeral 1 inciso b) que se pretende reformar, ya contempla como partes en el procedimiento de medios de impugnación, tanto a los partidos políticos como a las autoridades responsables, y se observa que la modificación que se pretende en ambas iniciativas es con el fin de subsanar un error del legislador, pues el inciso en estudio hace referencia al artículo 81, párrafo 1 inciso e), el cual era incorrecto.

Así pues, se hace mención que con la reforma aprobada, se subsanó el error evidente señalado en las iniciativas en estudio, realizando la corrección y precisando que actualmente el artículo 12 numeral 1 inciso e), remite al artículo 80, numeral 1 inciso g), éste último inciso, adicionado con la reforma, el cual es el correcto.

Por su parte, en la iniciativa señalada con el numeral 3, se señala que el escrito de protesta se mantenga como una documental de carácter indiciario de las posibles irregularidades cometidas en una jornada electoral, y no sea considerado únicamente como requisito de procedibilidad del juicio de inconformidad.

Igualmente, se advierte que con las reformas aprobadas, se derogó el numeral 2 del artículo 51, conservándose los demás numerales en sus términos, para así eliminar el escrito de protesta como requisito de procedibilidad, pero conservándose como una documental de carácter indiciario de las posibles irregularidades cometidas en una jornada electoral, y además, para que el mismo se integre al conjunto probatorio de los partidos políticos para que en su momento pueda ser valorado en los procesos contenciosos electorales.

Finalmente, esta comisión considera que si bien el sentido de las iniciativas analizadas es loable, han quedado sin materia a raíz de la reciente reforma mencionada en párrafos precedentes.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, los integrantes de la Comisión de Justicia sometemos a consideración del Pleno de esta honorable Asamblea el siguiente proyecto de:

Acuerdo

Primero. Se desechan las iniciativas descritas en el capítulo de antecedentes de este dictamen.

Segundo. Archívense los expedientes respectivos como asuntos total y definitivamente concluidos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de octubre de 2008.
La Comisión de Justicia, diputados: César Camacho Quiroz (rúbrica), presidente; Felipe Borrego Estrada (rúbrica), Violeta del Pilar Lagunes Viveros , Carlos Alberto Navarro Sugich (rúbrica), Miguel Ángel Arellano Pulido , Jorge Mario Lescieur Talavera (rúbrica), Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda (rúbrica), Verónica Velasco Rodríguez (rúbrica), secretarios; Mónica Arriola, Alliet Mariana Bautista Bravo , Luis Enrique Benítez Ojeda (rúbrica), Liliana Carbajal Méndez (rúbrica), Raúl Cervantes Andrade , Jesús de León Tello (rúbrica), José Manuel del Río Virgen , Antonio de Jesús Díaz Athié (rúbrica), Rutilio Cruz Escandón Cadenas , Arturo Flores Grande , Silvano Garay Ulloa (rúbrica), Andrés Lozano Lozano (rúbrica), Omeheira López Reyna , Victorio Rubén Montalvo Rojas (rúbrica), Jesús Ricardo Morales Manzo (rúbrica), Mario Eduardo Moreno Álvarez , Silvia Oliva Fragoso (rúbrica), Édgar Armando Olvera Higuera (rúbrica), María del Pilar Ortega Martínez (rúbrica), Luis Gustavo Parra Noriega (rúbrica), Alfredo Adolfo Ríos Camarena , Yadhira Yvette Tamayo Herrera (rúbrica).»

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Está a discusión el punto de acuerdo. En virtud de que no se ha registrado orador alguno, se reserva para su votación en conjunto.



CONSTITUCION POLITICA - CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES - CODIGO PENAL FEDERAL - LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA - LEY ORGANICA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA - LEY DE EXPROPIACION

El Secretario diputado José Manuel del Río Virgen : «Dictamen de la Comisión de Justicia, con punto de acuerdo por el que se desechan cinco iniciativas en materia de justicia penal

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Justicia, le fueron turnadas diversas iniciativas con proyecto de decreto que reforman la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Código Federal de Procedimientos Penales, el Código Penal Federal, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y la Ley de Expropiación.

Esta Comisión de Justicia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, 72 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39, 45 numeral 6 incisos f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, 56, 60 y 88, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de los integrantes de esta honorable asamblea el presente dictamen, basándose en los siguientes

Antecedentes

Primero. En sesión celebrada en fecha 23 de noviembre de 2004 por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, el diputado Roberto Antonio Marrufo Torres, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó una iniciativa que reforma y adiciona el artículo 142, párrafo tercero, del Código Federal de Procedimientos Penales. La Mesa Directiva acordó se turnara a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

Segundo. En sesión celebrada en fecha 27 de julio de 2005 por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, el diputado Ernesto Alarcón Trujillo, a nombre del diputado Jorge Leonel Sandoval Figueroa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa que adiciona el Código Federal de Procedimientos Penales. La Mesa Directiva de la Presidencia dispuso que dicha iniciativa se turnara a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

Tercero. En sesión celebrada en fecha 6 de octubre de 2005 por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el diputado José Porfirio Alarcón Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional presentó iniciativa que deroga los artículos 12, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, y 133 del Código Federal de Procedimientos Penales. La Mesa Directiva dispuso que dicha iniciativa se turnara a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

Cuarto. En sesión celebrada en fecha 27 de abril de 2006 por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Penal Federal, del Código Federal de Procedimientos Penales, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. La Mesa Directiva dispuso que se turnara a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

Quinto. En sesión celebrada en fecha 13 de junio de 2007 por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, el diputado Gerardo Villanueva Albarrán , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática presentó iniciativa que adiciona una fracción al artículo 1 de la Ley de Expropiación. La Presidencia dispuso que se turnara a la Comisión de Justicia.

Sexto. En virtud del Decreto publicado el 5 de diciembre de 2006 en el Diario Oficial de la Federación, por el que se reforman y adicionan los artículos 39 y 43 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se dividió a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos en dos comisiones: Comisión de Justicia y Comisión de Derechos Humanos, quedando a cargo de la Comisión de Justicia la emisión del dictamen de las iniciativas descritas en los numerales del primero al cuarto de este apartado.

Contenido de las iniciativas

Primera. Iniciativa presentada por el diputado Roberto Antonio Marrufo Torres

Esta iniciativa señala que es inhumano exigirle al legislador que en un término de veinticuatro horas estudie una averiguación previa de cientos o miles de fojas y resuelva sobre la procedencia o no de una orden de aprehensión por delito grave o una orden de cateo. Esto ocasiona que los tribunales presionados por el corto tiempo, no dicten una resolución motivada, razonada y fundamentada, aunado a que de no hacerlo en el tiempo previsto en la ley, el juzgador se hace acreedor a una sanción.

La presente iniciativa pretende establecer que en los casos de delitos graves, cuando sus expedientes excedan de doscientas fojas, por cada cien más o fracción se aumentarán veinticuatro horas al término para la radicación del expediente, salvo en el caso que el Ministerio Público justifique plenamente que el indiciado está localizado, se procederá a dictar orden de aprehensión o cateo para evitar que se sustraiga de la acción de la justicia.

Segunda. Iniciativa presentada por el diputado Ernesto Alarcón Trujillo, en nombre del diputado Jorge Leonel Sandoval Figueroa

Los artículos 21 y 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establecen que el procurador general de la República, es competente para conducir y organizar las tareas de investigación del Ministerio Público Federal, por lo que ambos serán responsables de las faltas u omisiones que cometan en el ejercicio de las facultades persecutorias de delitos federales.

En el estudio de las atribuciones del Procurador General de la República existe una que es prácticamente carente de sanción en caso de incumplimiento y que contraviene el espíritu de la Ley Fundamental así como de las leyes secundarias, siendo éste en particular la aplicación deficiente del artículo 133 del Código Federal de Procedimientos Penales, el cual impone a este servidor público la función de conocer las manifestaciones de inconformidades que los denunciantes tienen derecho a presentar, cuando en averiguación previa el Ministerio Público federal propone el no ejercicio de la acción penal.

El Código Federal de Procedimientos Penales ordena al Procurador General de la República evaluar las investigaciones de los hechos presuntamente constitutivos de un ilícito y que el Ministerio Público federal consideró en un momento dado carentes de sustento legal para consignar una causa ante la autoridad jurisdiccional, siendo el caso que se viola cotidianamente esta disposición, toda vez que esa labor de estudio ilegalmente le es delegada a la propia representación social que propone el no ejercicio de la acción penal, dejando al ofendido en estado de indefensión.

Por ello, se propone sancionar al Ministerio Público que resuelva una inconformidad que no se sujete a derecho.

Tercera. Iniciativa presentada por el diputado José Porfirio Alarcón Hernández

Esta iniciativa tiene por objeto derogar los artículos 12 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, y el 133 Bis del Código Federal de Procedimientos Penales, haciendo eco de la resolución de la acción de inconstitucionalidad número 20/2003 sustentada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, fallada el 6 de septiembre de 2005, en la que se declaró la inconstitucionalidad del arraigo domiciliario establecido en el artículo 122 Bis del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua.

Cuarta. Iniciativa presentada por el diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari

Esta iniciativa tiene por objeto establecer que la figura del arraigo domiciliario es inconstitucional porque viola la libertad de tránsito, ya que atenta contra las garantías que consagra la parte dogmática de la Ley Fundamental, en el entendido de que esta figura jurídica mantiene al indiciado incomunicado en un lugar específico, que no es otra cosa que una prisión preventiva, que además no le permite salir ni trasladarse durante un tiempo determinado, considerando que el arraigo es un acto que afecta y restringe la libertad personal, porque tiene una repercusión de carácter material que viola en concreto la garantía de libertad personal que consagran los artículos 14, 16, 18, 19, 20 y 21 constitucionales.

Quinta. Iniciativa presentada por el diputado Gerardo Villanueva Albarrán

La presente iniciativa busca crear mecanismos jurídicos novedosos que más que fuerza de combate o presupuesto incuantificable con deficiente fiscalización, le otorgue al Estado elementos idóneos, que eviten la proliferación de la impunidad en las actividades delictivas.

Específicamente, se propone la adición de una fracción VI Bis a la Ley de Expropiación, para dotar al gobierno mexicano de la facultad de realizar expropiaciones por causa de utilidad pública, para garantizar la seguridad y el desarrollo social de una comunidad determinada.

Consideraciones

En razón de su contenido, todas las iniciativas enunciadas en los antecedentes, han sido dictaminadas de manera conjunta, por coincidir con len cuanto a su contenido.

El 18 de junio del año en curso, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de seguridad pública y justicia penal.

En un ejercicio de negociación por aproximaciones sucesivas, en el que intervinieron todos los partidos; con la valiosa opinión de representantes de otros poderes públicos y después de enriquecedoras consultas con especialistas, a partir de una decena de iniciativas, el Constituyente Permanente reformó y adicionó la Constitución, para crear un nuevo sistema de justicia penal, orientado por el garantismo en el procedimiento y la eficacia en el combate a la delincuencia organizada.

Lo primero, al inscribirse dentro de avanzadas expresiones del derecho penal contemporáneo, incorporando los principios del debido proceso. Lo segundo, al establecer recursos jurídicos y materiales más adecuados para que el Estado enfrente exitosamente a quienes más agravian a la sociedad.

Así, la reforma constitucional al sistema de justicia penal establece un sistema garantista, esto es, en el que se respeten los derechos de los involucrados en un proceso judicial penal y que proteja a las víctimas, logrando un equilibrio entre ambos, sin que el reconocimiento de un derecho para una parte suponga la anulación de un derecho de la otra parte; castigue efectivamente a los culpables; sea transparente y eficaz; y esté a cargo de instituciones sólidas y de servidores públicos profesionales y eficientes. En ese sentido apuntan las reformas y adiciones constitucionales aprobadas, con dos grandes propósitos: el establecimiento de un sistema acusatorio y oral, y la expedición de normas más adecuadas para combatir al crimen organizado.

De esta suerte, vale la pena destacar que fue aprobada una de las reformas más esperadas, que contribuye a la consolidación del Estado democrático y de derecho en nuestro país, y pone las bases para que las instituciones recuperen la confianza de la gente.

Ahora bien, las iniciativas en estudio se encuentran directamente relacionadas con la reciente reforma constitucional, por lo que haremos un análisis temático con el propósito de no ser repetitivos en las consideraciones.

Arraigo

Las iniciativas señaladas en los numerales tercero y cuarto del Capítulo de Antecedentes de este dictamen, proponen suprimir la figura del arraigo de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, del Código Federal de Procedimientos Penales y de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.

La reciente reforma incorpora a la Constitución la figura del arraigo en el artículo 16, párrafo séptimo, consistente en privar de la libertad personal a un individuo, sólo tratándose de delincuencia organizada, durante un período de cuarenta días, y siempre que sea necesario para el éxito de la investigación, la protección de personas o bienes jurídicos, o cuando exista riesgo fundado de que el inculpado se sustraiga a la acción de la justicia. Este plazo podrá prorrogarse, siempre y cuando el Ministerio Público acredite que subsisten las causas que le dieron origen. En todo caso, la duración total del arraigo no podrá exceder los ochenta días. Además, para arraigar a una persona es necesario que previamente exista una orden judicial.

La medida es de suma utilidad cuando se aplica a sujetos que viven en la clandestinidad o no residen en el lugar de la investigación, pero sobremanera cuando pertenecen a complejas estructuras delictivas que fácilmente pueden burlar los controles del movimiento migratorio o exista una duda razonable de que en libertad obstaculizarán a la autoridad o afectarán a los órganos de procuración e impartición de justicia y medios de prueba, y contra los que no puede obtenerse aún la orden de aprehensión, por la complejidad de la investigación o la necesidad de esperar la recepción de pruebas por cooperación internacional.

Sin duda, la figura del arraigo ha generado no sólo una serie de iniciativas en este sentido, sino una diversidad de criterios dentro del Poder Judicial de la Federación.

Claro ejemplo es la ejecutoria que emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la acción de inconstitucionalidad 20/2003, por la cual se declaró la invalidez del artículo 122 Bis del otrora vigente Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, argumentando en lo esencial que constituye una restricción de la garantía de libertad personal, no prevista en la Constitución General de la República. No obstante, en atención al principio previsto por el artículo 1o. de la misma, dicho vicio, formalmente ha quedado subsanado, pues las excepciones a las garantías individuales deben contenerse en la propia Constitución.

No obstante, es importante destacar que en la reforma constitucional al sistema de justicia penal, el Constituyente Permanente pretendió la implantación de un sistema preponderantemente acusatorio, respetando sus fundamentales principios y características, pero adaptado al mismo tiempo a las necesidades inminentes de nuestro país de combatir eficientemente los altos índices de delincuencia que aquejan a la ciudadanía y a la naturaleza de nuestras instituciones, permitiendo con ello su consolidación de manera gradual a la cultura y tradición jurídica mexicana, por lo que fue necesario incorporar la figura del arraigo y hacerla compatible, en la medida de lo posible, con el sistema acusatorio, a través de un control judicial a priori y de los requisitos para su procedibilidad analizados en párrafos precedentes.

Por ello, se dictaminan improcedentes las propuestas de suprimir la figura del arraigo en las leyes secundarias, pues la reforma aludida ya lo incorporó en su artículo 16 constitucional.

Jueces de control

Las iniciativas señaladas en los numerales primero y segundo del Capítulo de Antecedentes de este dictamen, proponen instrumentar mecanismos que agilicen las peticiones del Ministerio Público a los jueces, resolver las inconformidades del no ejercicio de la acción penal y agilizar la justicia en la etapa de investigación.

Una figura de reciente creación dentro del órgano jurisdiccional será la del juez de control, a quien de entre muchas de sus funciones, le corresponderá resolver los pedimentos ministeriales de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación para resolverlos de forma inmediata, minimizar los riesgos de la demora en la ejecución de la diligencia y preservar los derechos de los involucrados.

Conscientes de la realidad compleja que vive nuestro país y particularmente de la rapidez con que varían las circunstancias propicias para la realización de una diligencia de las antes mencionadas, se estimó necesario establecer la existencia de jueces de control que se aboquen a resolver las medidas provisionales y demás diligencias que requieran control judicial, en forma acelerada y ágil, sin que ello implique dejar de fundar y motivar concretamente sus resoluciones, que podrán ser comunicadas por cualquier medio fehaciente y que deberán contener los datos requeridos.

Debe aclararse que no se trata del antiguo juez de instrucción que existió en nuestro país como una consecuencia de la influencia española, hasta 1917, cuando la nueva Constitución otorgó la investigación del delito al ministerio público; tampoco se visualiza que exista una figura igual a la incorporada en las recientes reformas latinoamericanas, habida cuenta de que seguirá siendo responsabilidad del ministerio público la retención de los detenidos, hasta que sean presentados ante el juez con motivo de la acusación, caso en el cual éste determinará la legalidad de la detención y los requisitos necesarios para la vinculación al proceso.

El juez de control también conocerá de las impugnaciones de las resoluciones de reserva, no ejercicio de la acción penal, desistimiento y suspensión de la acción penal, para controlar su legalidad y en todos los casos señalados resguardar los derechos de los imputados y las víctimas u ofendidos, quitándole así la posibilidad al Ministerio Publico de que resuelva a través del recurso de inconformidad sus mismas resoluciones.

Por lo anterior, resultan improcedentes las iniciativas en análisis, por ya estar contemplado su espíritu en la reciente reforma constitucional.

Extinción de dominio

La iniciativa quinta mencionada en el capítulo de antecedentes, propone la adición de una fracción al artículo 1 de la Ley de Expropiación.

Al respecto, debe decirse que el artículo 22 constitucional establece como excepciones a la confiscación de bienes, la aplicación de bienes de una persona cuando sea decretada para el pago de multas o impuestos o cuando la decrete una autoridad judicial para el pago de responsabilidad civil derivada de la comisión de un delito; el decomiso que ordena la autoridad judicial de los bienes en caso de enriquecimiento ilícito en los términos del artículo 109 y la aplicación a favor del Estado de bienes asegurados que causen abandono en los términos de las disposiciones aplicables.

Adicionalmente, fue materia de la reforma constitucional la inclusión en este artículo de una figura jurídica conocida como extinción de dominio, consistente en que el Estado se adjudique bienes que hayan sido instrumento, objeto o producto del delito. Se refiere a la pérdida del derecho patrimonial de personas físicas o morales, se insiste, a favor del Estado, sobre bienes cuya procedencia derive directamente de conductas delictivas, o incluso de bienes abandonados por el sujeto delictivo. Se seguirá mediante un procedimiento autónomo del de naturaleza penal, para hacerlo sumarísimo, y en estos casos la carga de la prueba se revierte a quien se sienta afectado por la determinación final respecto de tales bienes, pues será un tercero quien, en su caso, esté obligado a probar la licitud de la propiedad del bien. En ello radica su eficacia.

Procederá en casos de delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, robo de vehículos y trata de personas.

En esta tesitura, se hace innecesaria la propuesta de la iniciativa en análisis.

Finalmente, es importante señalar que si bien todas las iniciativas examinadas en el presente dictamen fueron motivadas con la mejor de las intenciones, su esencia ya ha sido recogida en la multicitada reforma constitucional al sistema de justicia penal.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, la Comisión de Justicia

Acordó

Primero. Se desechen las iniciativas descritas en el capítulo de antecedentes de este dictamen.

Segundo. Archívense los expedientes respectivos como asuntos totalmente concluidos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de octubre de 2008.
La Comisión de Justicia, diputados: César Camacho Quiroz (rúbrica), presidente; Felipe Borrego Estrada (rúbrica), Violeta del Pilar Lagunes Viveros , Carlos Alberto Navarro Sugich (rúbrica), Miguel Ángel Arellano Pulido , Jorge Mario Lescieur Talavera (rúbrica), Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda (rúbrica), Verónica Velasco Rodríguez (rúbrica), secretarios; Mónica Arriola, Alliet Mariana Bautista Bravo , Luis Enrique Benítez Ojeda (rúbrica), Liliana Carbajal Méndez (rúbrica), Raúl Cervantes Andrade , Jesús de León Tello (rúbrica), José Manuel del Río Virgen , Antonio de Jesús Díaz Athié (rúbrica), Rutilio Cruz Escandón Cadenas , Arturo Flores Grande , Silvano Garay Ulloa (rúbrica), Andrés Lozano Lozano (rúbrica), Omeheira López Reyna , Victorio Rubén Montalvo Rojas (rúbrica), Jesús Ricardo Morales Manzo (rúbrica), Mario Eduardo Moreno Álvarez , Silvia Oliva Fragoso (rúbrica), Édgar Armando Olvera Higuera (rúbrica), María del Pilar Ortega Martínez (rúbrica), Luis Gustavo Parra Noriega (rúbrica), Alfredo Adolfo Ríos Camarena , Yadhira Yvette Tamayo Herrera (rúbrica).»

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Está a discusión el punto de acuerdo. En virtud de que no se ha registrado ningún orador, se reserva para su votación en conjunto.



LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE

El Secretario diputado José Manuel del Río Virgen : «Dictamen de las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural, y de Agricultura y Ganadería, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa que adiciona la fracción XX Bis y reforma la XXII del artículo 3o., y reforma los artículos 179 y 183 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable

Honorable Asamblea:

A las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería y de Desarrollo Rural de la LIX Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, les fue turnada para su estudio y dictamen correspondiente la iniciativa que adiciona la fracción XX Bis y reforma la fracción XXII al artículo 3o., y reforma los artículos 179 y 183 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, presentada por el diputado Pascual Sigala Páez del Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática.

Las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería, y de Desarrollo Rural, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45 numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 56, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a la consideración de esta honorable asamblea, el siguiente

Dictamen

Antecedentes

1. El pasado 27 de abril de 2006, el diputado Pascual Sigala Páez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó ante el Pleno de la Cámara de Diputados una iniciativa con proyecto de decreto que adiciona la fracción XX Bis y reforma la fracción XXII, al artículo 3o., y reforma los artículos 179 y 183 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.
2. En la misma fecha, el Presidente de la honorable Cámara de Diputados, turnó dicha iniciativa para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería, y de Desarrollo Rural.

Consideraciones

1. Con el propósito de abordar la propuesta de adición y reforma que contiene la iniciativa en comento, las comisiones dictaminadoras procedieron a realizar un minucioso estudio del contenido.

Este proceso incluyó, además de considerar los antecedentes que motivaron el presente dictamen, realizar un análisis de la exposición de motivos de la iniciativa, así como de los argumentos de valoración de la propuesta y de los motivos en los que se apoyo la resolución final de ambas comisiones.

Finalmente, se presenta el sentido del dictamen correspondiente.

2. En la exposición de motivos de la presente iniciativa, se señala la importancia de los recursos forestales para el país, en términos de su magnitud, la contribución que hace a la economía mexicana, su función social toda vez que estos recursos son propiedad de ejidos y comunidades en un 80 por ciento, así como la cada vez mayor contribución de estos por ser proveedores de los servicios ambientales necesarios para garantizar la calidad de vida de los mexicanos.

3. Se señalan también los serios problemas estructurales que enfrenta actualmente el sector forestal en nuestro país, entre los que destaca particularmente el uso irracional de los recursos naturales, en general, y de los recursos forestales en particular lo que ha provocado una seria pérdida y degradación de ellos y del entorno natural, por lo que ``es inminente revertir esta tendencia, so pena, de enfrentarse al colapso de los ecosistemas del país, con el riesgo de perder el capital natural que le es inherente''.

4. Con el propósito de ahondar en esta grave problemática, se menciona que persisten muchas restricciones que es necesario solventar, que van desde la sobre-regulación y traslape de normas en la materia, hasta la casi inexistencia de crédito, capital de riesgo y la ausencia de subsidios para estimular las actividades de los diversos eslabones de las cadenas productivas.

De aquí que sea urgente salir de este círculo vicioso, que solo genera mayor depredación de los recursos naturales del país y mayor pobreza de la población rural.

5. Todo lo anterior, proporciona elementos para que el Ejecutivo federal ponga en marcha un programa integral de protección y desarrollo de los recursos forestales de la nación que incluya: esquemas de financiamiento, el ordenamiento institucional, los servicios y la asistencia técnica, la consolidación de un sistema nacional de información forestal, entre otros.

6. No obstante que el texto de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable considera de interés público al desarrollo rural sustentable, donde se incluye la planeación integral de todas sus actividades, incluyendo la forestal, y en diversos de sus artículos dimensiona de manera correcta la importancia de las actividades forestales dentro del conjunto de las actividades primarias, esta es omisa en su artículo 179 donde relaciona a los productos básicos y estratégicos.

Este listado es fundamental en materia de asignación de recursos presupuestales a los distintos sistemas-producto considerados en esta categoría.

7. Teniendo en cuenta lo anterior, las Comisiones Dictaminadoras coinciden plenamente que el tema de la deforestación y degradación de los ecosistemas forestales que motiva la iniciativa es susceptible de abordar de manera urgente, toda vez que los costos de sus impactos económicos, sociales y ambientales son muy elevados para el país en general y para los productores forestales en particular.

8. Se coincide también en la urgencia de implementar políticas públicas que mejoren substancialmente las condiciones en las que se desenvuelve actualmente este sector, reactive la producción, eleve la productividad, se mejore la competitividad y se generen empleos a la vez que se garantice la conservación, la protección y el fomento de los recursos forestales con los que aún cuenta el país.

9. Sin embargo, en sentido estricto se concluye que no es posible otorgar la categoría de productos básicos y estratégicos a las materias primas y productos forestales, tal como lo prevé la iniciativa, en términos de los siguientes argumentos.

En principio, si bien en un sentido las materias primas y productos forestales cumplen con la condición de ser básicos, de acuerdo a los términos del Diccionario de la Real Academia Española que denomina a las materias primas, productos básicos o primarios (commodity o raw material) como ``lo que una industria o fabricación necesita emplear en sus labores aunque provengan, cual provienen frecuentemente, de otras operaciones industriales''.

Por su parte, el Webster's Third New Internacional Dictionary de la Enciclopedia Británica señala que ``commodity es aquel producto de la agricultura, minería y algunas manufacturas que se distinguen de los servicios y artículos de comercio''.

10. De acuerdo a las anteriores definiciones, se puede establecer que un producto básico o materia prima es un producto agrícola, pecuario, forestal, pesquero, de caza o cualquier mineral, a cuyo valor, la elaboración sólo haya contribuido en muy pequeña medida.

Visto en el contexto de la definición de la canasta básica alimentaria y definida ésta como ``el conjunto de bienes y servicios indispensables para que los trabajadores y sus familias puedan satisfacer sus necesidades básicas''. En la actualidad, éste concepto se ha relacionado sólo al rubro alimentario, y la canasta básica ampliada a aquella que además de incluir alimentos, incluye otros bienes y servicios como calzado, transporte, vivienda, entre otros.

En términos genéricos, se habla únicamente de canasta básica alimentaria.

11. Consideradas en estos términos, resulta imposible colocar las materias primas y productos forestales en esta categoría.

Por otro lado, si a la condición de producto básico agregamos el carácter de estratégico, las materias primas forestales y productos forestales están aún lejos de ser considerados como tales. Este carácter está relacionado con el peso o la ponderación que un producto tiene en el contexto de la economía en su conjunto en relación con su aporte a la misma.

12. En este sentido, cabe mencionar que si bien la actividad forestal debería elevarse a este reconocimiento, es decir, ser considerada como una actividad estratégica no únicamente en términos de su contribución económica y social, sino cada vez más por su contribución a mantener el equilibrio ecológico, dicho reconocimiento está aún muy lejano de lograrse en el país.

13. Por el contrario, la actividad forestal se caracteriza por ser una actividad rezagada, olvidada de los planes de gobierno, que observa una tendencia a la baja en la producción, la productividad, en la creación de empleos, y que por lo tanto se requiere de una decidida voluntad política para revertir este proceso de deterioro y abandono del sector.

En esta situación, dada la condición de la actividad forestal, al menos en este momento resulta injustificable incluir a las materias primas y productos forestales en el artículo 179 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable como Productos Básicos y Estratégicos.

Por las consideraciones anteriormente expuestas, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos y 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del propio Congreso, las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería y de Desarrollo Rural, someten a consideración de la honorable Asamblea, el siguiente:

Dictamen

Primero. Se desecha la iniciativa con Proyecto de Decreto que adiciona la fracción XX Bis y reforma la fracción XXII, al artículo 3o., y reforma los artículos 179 y 183 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, presentada por el diputado Pascual Sigala Páez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática ante el Pleno de la Cámara de Diputados, el 27 de abril de 2006.

Segundo. Archívese como asunto totalmente concluido.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos el martes 26 de febrero de 2008.
La Comisión de Desarrollo Rural, diputados: Carlos Ernesto Navarro López (rúbrica), presidente; Gerardo Amezola Fonseca (rúbrica), José Víctor Sánchez Trujillo , César Augusto Verástegui Ostos (rúbrica), Modesto Brito González (rúbrica), Irineo Mendoza Mendoza (rúbrica), Israel Beltrán Montes (rúbrica), Víctor Ortiz del Carpio (rúbrica), secretarios; Juan Abad de Jesús (rúbrica), Ramón Barajas López (rúbrica), Osiel Castro de la Rosa , Arnulfo Elías Cordero Alfonzo (rúbrica), Adriana Díaz Contreras (rúbrica), Francisco Domínguez Servién , Gerardo Antonio Escaroz Soler , María Guadalupe García Noriega (rúbrica), Elda Gómez Lugo (rúbrica), Gustavo Macías Zambrano , Alejandro Martínez Hernández (rúbrica), Antonio Medellín Varela , Gustavo Ildefonso Mendívil Amparán (rúbrica), Francisco Javier Murillo Flores (rúbrica), Isidro Pedraza Chávez (rúbrica), Martín Ramos Castellanos (rúbrica), Francisco Sánchez Ramos , María Gloria Guadalupe Valenzuela García , Juan Victoria Alva (rúbrica), José Amado Orihuela Trejo , Irma Piñeryro Arias (rúbrica).
La Comisión de Agricultura y Ganadería, diputados: Héctor Padilla Gutiérrez (rúbrica), presidente; Daniel Pérez Valdés , Isael Villa Villa (rúbrica), Pedro Armendáriz García , Armando Jesús Félix Holguín (rúbrica), Íñigo Antonio Laviada Hernández (rúbrica), Ernesto Oviedo Oviedo (rúbrica), Héctor Narcia Álvarez (rúbrica), Celso David Pulido Santiago (rúbrica), secretarios; Andrés Bermúdez Viramontes (rúbrica), Osiel Castro de la Rosa , Francisco Domínguez Servién , Gerardo Antonio Escaroz Soler (rúbrica), David Lara Compeán (rúbrica), José Nicolás Morales Ramos (rúbrica), Francisco Javier Plascencia Alonso (rúbrica), José Víctor Sánchez Trujillo (rúbrica), Irineo Mendoza Mendoza (rúbrica), Amador Campos Aburto (rúbrica), Fausto Fluvio Mendoza Maldonado (rúbrica), Susana Monreal Ávila (rúbrica), José Antonio Saavedra Coronel (rúbrica), Jesús Humberto Zazueta Aguilar , Salvador Barajas del Toro , Ramón Barajas López (rúbrica), José Rubén Escajeda Jiménez (rúbrica), Carlos Rojas Gutiérrez (rúbrica), Jesús Sesma Suárez (rúbrica), Cuauhtémoc Velasco Oliva (rúbrica), Anuario Luis Herrera Solís .»

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Está a discusión este punto de acuerdo. En virtud de que no se ha registrado ningún orador, se reserva para la votación en conjunto.



CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION

El Secretario diputado José Manuel del Río Virgen : «Dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa que reforma el artículo 92 del Código Fiscal de la Federación

Honorable Asamblea:

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se somete a consideración de esta honorable Cámara de Diputados la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 92 del Código Fiscal de la Federación, a cargo del diputado Manuel Cárdenas Fonseca , del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, de fecha 12 de diciembre de 2006.

Esta comisión que suscribe, con base en las facultades que le confieren los artículos 39, 44 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se abocó al análisis de la citada iniciativa y conforme a las deliberaciones que sobre ésta se realizaron los miembros de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, reunidos en Pleno, presentan a esta honorable asamblea el siguiente

Dictamen

Antecedentes

En la sesión del 12 de diciembre de 2006, la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 92 del Código Fiscal de la Federación, a cargo del diputado Manuel Cárdenas Fonseca , del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, para su estudio y dictamen.

Descripción de la iniciativa

La iniciativa del diputado Manuel Cárdenas Fonseca propone reformar el segundo párrafo, del artículo 92 del Código Fiscal de la Federación, con el fin de que la petición del sobreseimiento se torne en una exigencia automática en el caso de que se satisfaga el interés fiscal.

En la exposición de motivos de la iniciativa, se señala que el Código Fiscal de la Federación no prevé expresamente la figura del perdón legal como causa extintiva de la acción penal, sino la figura procesal consistente en la petición de sobreseimiento, que tiene los mismos efectos o consecuencias jurídicas que las del perdón.

Que conforme al segundo párrafo del artículo 92 del Código Fiscal de la Federación, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá discrecionalmente formular petición solicitando el sobreseimiento de los procesos fiscales que hayan ameritado querella o declaratoria de perjuicio o cualquiera de las otras declaratorias, cuando los contribuyentes paguen las contribuciones originadas por los hechos imputados, las sanciones y los recargos respectivos. Que no debe haber ningún obstáculo por el que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público niegue la petición de sobreseimiento o comunique que se ha satisfecho el interés fiscal, cuando se han cubierto las contribuciones omitidas, la actualización y los recargos, ya que en caso contrario se estaría ante una facultad no sólo discrecional, sino francamente caprichosa.

En la iniciativa se propone suprimir la discrecionalidad en el sobreseimiento, que no queda reducido a una mera petición caprichosa, sino que se plantea como una consecuencia de derecho al pago de contribuciones omitidas. Sin embargo, a efecto de que los delitos fiscales continúen cumpliendo con las funciones de ejemplaridad respecto de los demás gobernados y a la vez se logre un impacto de crecimiento en la recaudación en el caso concreto, las contribuciones omitidas no se han de pagar simple y llanamente, sino que llevan insita una pena pecuniaria trascendente. Efectivamente, la iniciativa propone que los recargos aplicables para tener derecho al sobreseimiento automático sean 1.5 veces los que se aplicarían normalmente.

Así se justifica que no sea la mera garantía del interés fiscal un motivo desencadenante del sobreseimiento, sino el pago efectivo sin beneficio alguno, de la contribución omitida, con sus actualizaciones y recargos al momento de efectuarse, multiplicados estos últimos por uno punto cinco veces.

Esta modificación, se dice en la exposición de motivos de la Iniciativa, no sólo evitaría el uso arbitrario de la facultad de mérito, sino que tendría un impacto positivo en la recaudación, ya que no permitiría a la autoridad fiscal solicitar el sobreseimiento sin que se hayan cubierto la totalidad de las contribuciones omitidas. Así, se terminaría con la práctica, que recientemente se ha presentado, de favorecer a algunos con el sobreseimiento cuando sólo han garantizado parcialmente las contribuciones debidas.

Por último se señala que para prevenir las dilaciones que pudiera acarrear el esquema de la petición que actualmente reglamenta el párrafo objeto de la iniciativa, se propone el sobreseimiento de la causa o proceso penal aún suspendido por estar pendiente la aprehensión del inculpado o por cualquiera otra razón, una vez que el justiciable haya exhibido ante el juez penal instructor, el importe de la contribución con actualizaciones y recargos, multiplicados estos últimos, por 1.5 veces, renunciando al ejercicio de cualquiera acción de devolución por pago indebido o cualesquiera otra circunstancia similar.

Consideraciones de la comisión

La que dictamina considera que no es de aprobarse la iniciativa del diputado Manuel Cárdenas Fonseca , con base en las siguientes consideraciones:

En la exposición de motivos de la iniciativa que se analiza se señala que ``el Código Fiscal de la Federación no prevé expresamente la figura del perdón legal como causa extintiva de la acción penal, sino la figura procesal consistente en la petición de sobreseimiento, que tiene los mismos efectos o consecuencias jurídicas que las del perdón''.

Sobre el particular, es conveniente precisar que el derecho penal fiscal forma parte del sistema penal federal y, por tanto, al mismo le son aplicables las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia penal, del Código Penal Federal y del Código Federal de Procedimientos Penales.

Así, desde el punto de vista doctrinario se cita a Rafael Bielsa que señala: ``en nuestra opinión el derecho penal es uno: él se funda en principios generales que son comunes a todos los hechos lesivos de bienes jurídicos; aplicada la sanción a infractores de normas fiscales, ello no deja de formar parte del derecho penal general en el sentido del derecho común. La pena que se impone al infractor de la norma fiscal tiene la base ética y jurídica de toda pena del sistema represivo general...''. Así pues, el derecho penal fiscal forma parte del sistema general penal aunque solamente se refiere a una clase de delitos, contra el Estado-fisco''. (Bielsa, Rafael. Compendio de Derecho Público, tomo III, Buenos Aires, 1952, p.108.)

En ese sentido, el derecho penal tributario forma parte del derecho penal general, aun y cuando es una rama que por su importancia presenta figuras y procedimientos con características propias y especiales.

Por lo anterior, se considera que no es válida la aseveración que se realiza en la exposición de motivos de la iniciativa en análisis, ya que el título de ``Extinción de la Responsabilidad Penal'', en el cual se encuentran comprendidos la muerte del delincuente, la amnistía, el perdón del ofendido o legitimado para otorgarlo, entre otros, es aplicable de manera general a cualquier tipo de ilícito, independientemente de que se encuentre previsto en una ley especial, como es el caso del Código Fiscal Federal.

Lo anterior se confirma con lo que dispone el artículo 5 del Código Fiscal de la Federación, el cual establece:

``Artículo 5o. ...
Las otras disposiciones fiscales se interpretarán aplicando cualquier método de interpretación jurídica. A falta de norma fiscal expresa, se aplicarán supletoriamente las disposiciones del derecho federal común cuando su aplicación no sea contraria a la naturaleza propia del derecho fiscal.''

A mayor abundamiento, es conveniente manifestar que todos los delitos que son perseguibles por querella de parte, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 93 del Código Penal Federal, permiten que la acción penal se extinga por el perdón. En efecto, conforme a dicha disposición se establece lo siguiente:

``Artículo 93. El perdón del ofendido o del legitimado para otorgarlo extingue la acción penal respecto de los delitos que se persiguen por querella, siempre que se conceda ante el Ministerio Público si éste no ha ejercitado la misma o ante el órgano jurisdiccional antes de dictarse sentencia de segunda instancia. Una vez otorgado el perdón, éste no podrá revocarse.
Lo dispuesto en el párrafo anterior es igualmente aplicable a los delitos que sólo pueden ser perseguidos por declaratoria de perjuicio o por algún otro acto equivalente a la querella, siendo suficiente para la extinción de la acción penal la manifestación de quien está autorizado para ello de que el interés afectado ha sido satisfecho.
Cuando sean varios los ofendidos y cada uno pueda ejercer separadamente la facultad de perdonar al responsable del delito y al encubridor, el perdón sólo surtirá efectos por-lo que hace a quien lo otorga.
El perdón sólo beneficia al inculpado en cuyo favor se otorga, a menos que el ofendido o el legitimado para otorgarlo, hubiese obtenido la satisfacción de sus intereses o derechos, caso en el cual beneficiará a todos los inculpados y al encubridor.''

Tratándose de delitos fiscales, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha confirmado que procede el perdón, de conformidad con los siguientes criterios:

``Mercancía Extranjera, Tenencia Ilegal de Retroactividad Procedente. En justa interpretación de lo que dispone la parte primera del artículo 14 constitucional, a contrario sensu, cuando es en beneficio del reo, procede aplicar retroactivamente la modificación de la ley posterior, como sucedió en el caso, en el que la tenencia de mercancías de origen extranjero, de tráfico internacional prohibido o restringido legalmente, se perseguía de oficio y, al modificarse el artículo 54 del Código Fiscal de la Federación, con fecha primero de enero de mil novecientos setenta y ocho, en el sentido de que tal delito sólo podía perseguirse por querella de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, es manifiesto que si esta dependencia del Ejecutivo Federal, como ofendida, otorgó el perdón al acusado, no por concesión graciosa, sino porque la Cuarta Sala del Tribunal Fiscal de la Federación, en resolución que quedó firme, declaró fundado el juicio de nulidad, debió aplicarse en beneficio del reo la modificación que se indica, para que surtiera efectos el perdón otorgado.
Registro número 251203; Localización: Séptima Época; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Fuente: Semanario Judicial de la Federación 139-144 Sexta Parte; Página: 97; Tesis Aislada; Materia(s): Penal Nota:
Mercancía Extranjera, Tenencia Ilegal de Perdón de la Ofendida. Si la Secretaría de Hacienda y Crédito Público otorga el perdón, con base en que la Cuarta Sala del Tribunal Fiscal de la Federación declaró nula la resolución impugnada de la Dirección General de Aduanas, que había decidido, que el quejoso se encontraba en posesión de mercancías de tráfico internacional prohibido, debe otorgársele plena validez jurídica, pues el Código Fiscal de la Federación vigente establece que tal delito sólo puede perseguirse por querella de la mencionada secretaría, siendo de oficio la actividad jurisdiccional, en cuanto a la tenencia de mercancías de tráfico nacionalmente prohibido, o sea, de mercancías que ya se encuentran en territorio nacional, y que sólo pueden ser objeto de comercio en determinadas zonas de la República. Por tanto, procede conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para que se sobresea el proceso penal respectivo.
Registro número 251202; Localización: Séptima Época; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Fuente: Semanario Judicial de la Federación; 139-144 Sexta Parte; Página: 97; Tesis Aislada; Materia(s): Penal.

Por otra parte, en la exposición de motivos de la iniciativa que se analiza se indica:

``...la norma que contenida (sic) en el párrafo segundo posterior a la fracción III del artículo 92 del Código Fiscal de la Federación, establece la discrecionalidad en la facultad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de pedir el sobreseimiento de los procesos penales, cuando los procesados paguen las contribuciones originadas por los hechos imputados, las sanciones y los recargos respectivos, o bien esos créditos queden garantizados a satisfacción de la propia Secretaría.
No escapa, además, que esa facultad discrecional proclive al trato desigual e inequitativo de los gobernados que se encuentran en condiciones iguales por el sometimiento al proceso penal correspondiente, da pie al ejercicio de una política de terrorismo fiscal, evidente en la persecución a algunos de esos gobernados e incongruente por el otorgamiento del beneficio del sobreseimiento contra el pago de dichas contribuciones a otros. También propicia, dicha facultad discrecional, problemas de corrupción de servidores públicos.''

Sobre el particular, se considera que, ante la relevancia y particularidades del derecho penal fiscal, el artículo 92 del Código Fiscal de la Federación establece un supuesto sui generis del sobreseimiento, pues si bien las causales de sobreseimiento previstas en el artículo 298 del Código Federal de Procedimientos Penales, que a continuación se transcribe, se refieren a elementos que denotan la no responsabilidad del inculpado, en el caso que nos ocupa el artículo 92 del Código Fiscal de la Federación no se refiere a un elemento de este tipo, sino al simple pago de las contribuciones omitidas, sin prejuzgar sobre la responsabilidad del inculpado, por lo que no es viable que dicho precepto se aplique de manera general a todos los que paguen las contribuciones omitidas, pues ello originaría que aumentara la evasión y elusión fiscales, en virtud de que los contribuyentes optarían por arriesgarse a no ser descubiertos por las autoridades fiscales con la seguridad de que, en su caso, pagarían las contribuciones omitidas sin ser sancionados penalmente; con lo cual se eliminaría la eficacia del derecho penal como medio preventivo y correctivo de conductas indebidas.

``Artículo 298. El sobreseimiento procederá en los casos siguientes:
I. Cuando el procurador general de la República confirme o formule conclusiones no acusatorias.
II. Cuando el Ministerio Público lo solicite, en el caso al que se refiere el artículo 138;
III. Cuando aparezca que la responsabilidad penal está extinguida.
IV. Cuando no se hubiere dictado auto de formal prisión o de sujeción a proceso y aparezca que el hecho que motiva la averiguación no es delictuoso o cuando estando agotada ésta se compruebe que no existió el hecho delictuoso que la motivó.
V. Cuando, habiéndose decretado la libertad por desvanecimiento de datos esté agotada la averiguación y no existan elementos posteriores para dictar nueva orden de aprehensión o se esté en el caso previsto por la parte final del artículo 426; y
VI. Cuando esté plenamente comprobado que en favor del inculpado existe alguna causa eximente de responsabilidad.
VII. Cuando existan pruebas que acrediten fehacientemente la inocencia del acusado.
VIII. En cualquier otro caso que la ley señale;
En los casos de sobreseimiento siempre será el juez el que decida si procede o no.
En segunda instancia el sobreseimiento procederá, de oficio o a petición de parte sólo en el caso de la fracción III de este artículo, o cuando alguna de las partes lo promueva exhibiendo pruebas supervenientes que acrediten la inocencia del encausado...''

Por todo lo anterior, esta dictaminadora considera que debe mantenerse en sus términos lo dispuesto en al articulo 92 del Código Fiscal de la Federación.

Conforme al análisis de la iniciativa y a lo expuesto y fundado por la Comisión de Hacienda y Crédito Público, se considera que no es de aprobarse la iniciativa materia de este dictamen y se somete a consideración de la asamblea, el siguiente

Acuerdo

Primero. Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 92 del Código Fiscal de la Federación, presentada por el diputado Manuel Cárdenas Fonseca , del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, de fecha 12 de diciembre de 2006.

Segundo. Archívese el presente asunto, como total y definitivamente concluido.

Sala de Comisiones de la honorable Cámara de Diputados, a 2 de octubre de 2008.
La Comisión de Hacienda y Crédito Público, diputados: Charbel Jorge Estefan Chidiac (rúbrica), presidente; Emilio Ramón Ramiro Flores Domínguez (rúbrica), Ricardo Rodríguez Jiménez (rúbrica), Carlos Alberto García González (rúbrica), Camerino Eleazar Márquez Madrid (rúbrica), José Antonio Saavedra Coronel (rúbrica), Antonio Soto Sánchez , Ismael Ordaz Jiménez (rúbrica), Miguel Ángel González Salum (rúbrica), Carlos Alberto Puente Salas (rúbrica en contra), Juan Ignacio Samperio Montaño , Joaquín Humberto Vela González , Manuel Cárdenas Fonseca , Aída Marina Arvizu, secretarios; Moisés Alcalde Virgen (rúbrica), José Alejandro Aguilar López (rúbrica), Samuel Aguilar Solís (rúbrica), José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla (rúbrica), Francisco Javier Calzada Vázquez , Ramón Ceja Romero (rúbrica), Carlos Chaurand Arzate (rúbrica), José de la Torre Sánchez , Sonia Leslie del Villar Sosa (rúbrica), Juan Nicasio Guerra Ochoa , Javier Guerrero García (rúbrica), José Martín López Cisneros , Luis Xavier Maawad Robert (rúbrica), Octavio Martínez Vargas , José Manuel Minjares Jiménez (rúbrica), José Murat, Dolores María del Carmen Parra Jiménez (rúbrica), Mario Alberto Salazar Madera (rúbrica), Jorge Alejandro Salum del Palacio (rúbrica), Pablo Trejo Pérez (rúbrica).»

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Está a discusión el punto de acuerdo. En virtud de que no hay ningún orador que haya solicitado el uso de la palabra, se reserva para su votación en conjunto.



LEY GENERAL DE SALUD

El Secretario diputado José Manuel del Río Virgen : «Dictamen de la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que se desechan dos iniciativas que reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Salud fueron turnadas para su estudio y dictamen las siguientes iniciativas:

1. Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de tabaco, presentada por el diputado Miguel Ángel Toscano Velasco, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (GPPAN); y
2. Que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley General de Salud, presentada por los diputados Luis Fernando Rodríguez Ahumada , Mario Alberto Salazar Madera , Ector Jaime Ramírez Barba , Margarita Arenas Guzmán y José Antonio Muñoz Serrano , del GPPAN.

La Comisión de Salud, con fundamento en las atribuciones que le otorgan los artículos 39, 44, 45 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, 56, 60, 65, 66, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen, de acuerdo con la siguiente

Metodología

La comisión encargada del análisis y dictamen de las iniciativas mencionadas desarrolla su trabajo conforme el procedimiento que a continuación se describe:

I. En el capítulo de antecedentes se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo en turno para el dictamen de las referidas iniciativas y de los trabajos previos de la comisión dictaminadora.
II. En el capítulo correspondiente a contenido se sintetiza el alcance de las propuestas de reforma en estudio.
III. En el capítulo de consideraciones, la comisión dictaminadora expresa los argumentos de valoración de la propuesta y de los motivos que sustentan la decisión de respaldar o desechar las iniciativas en análisis.

I. Antecedentes

En sesión celebrada por la Cámara de Diputados con fecha 11 de noviembre de 2005, el diputado Miguel Ángel Toscano Velasco, del GPPAN, presentó la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de tabaco.

Con la misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados de la LIX Legislatura turnó la mencionada iniciativa a la Comisión de Salud para estudio y posterior dictamen.

En sesión celebrada por la Comisión Permanente de la LX Legislatura con fecha 30 de mayo de 2007 fue presentada la iniciativa que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley General de Salud, suscrita por los diputados Luis Fernando Rodríguez Ahumada , Mario Alberto Salazar Madera , Ector Jaime Ramírez Barba , Margarita Arenas Guzmán y José Antonio Muñoz Serrano , del GPPAN.

Con la misma fecha, la Mesa Directiva turnó la mencionada iniciativa a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados para estudio y posterior dictamen.

II. Contenido

Ambas iniciativas buscan disminuir la adicción al tabaco con reformas de la Ley General de Salud. En el caso de la iniciativa del entonces diputado Miguel Ángel Toscano, ésta buscaba, entre otras medidas, incluir leyendas precautorias como ``Fumar causa cáncer de boca y pérdida de los dientes'' y ``Fumar es causa de cáncer de laringe''.

La iniciativa presentada por el diputado Ramírez Barba señala en la exposición de motivos que el sector salud destina al año aproximadamente 30 mil millones de pesos (0.3 por ciento del producto interno bruto), según información del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, en la atención y tratamiento de pacientes que presentan enfermedades relacionadas con el tabaco.

En la iniciativa se pretende reformar la Ley General de Salud a fin de prohibir el suministro, la donación y la venta de tabaco a menores de edad y prohibir la venta de cigarros o productos de tabaco a través de máquinas expendedoras, salvo que dichas máquinas se encuentren en establecimientos o en actos cuyo acceso sea exclusivo para mayores de edad o bien las máquinas estén equipadas con tecnología para prevenir el acceso al producto por los menores de edad.

Asimismo, propone prohibir el consumo de tabaco en los siguientes lugares:

• Establecimientos del sistema nacional de salud, públicos, privados o sociales;
• Inmuebles de la administración pública federal;
• Guarderías, asilos o casas de reposo, en instituciones orientadas al cuidado de personas con capacidades diferentes;
• Instituciones educativas, públicas o privadas, y bibliotecas;
• Establecimientos de trabajo, elevadores, medios de transporte público y lugares públicos cerrados;
• Los lugares y en desempeño de las funciones en que, por las características del sitio y de las maniobras efectuadas, el consumo de tabaco represente un riesgo ocupacional, a juicio de las autoridades correspondientes; y
• Los otros sitios en donde la secretaría considere pertinente la adopción y aplicación de estas medidas.

Del mismo modo, propone prohibir la publicidad de productos del tabaco en radio y televisión, instituciones educativas, paradas de autobuses, exteriores, etcétera, además de establecer una serie de leyendas precautorias que se deberán incluir en la cajetillas de cigarro.

III. Consideraciones

Debido a que las iniciativas persiguen el mismo objetivo y buscan reformar los mismos artículos de la Ley General de Salud, la comisión dictaminadora estimó conveniente realizar un solo dictamen para ambas.

Compartimos la preocupación manifestada por los promoventes y precisamente porque sabemos del daño que provoca el tabaquismo, la Comisión de Salud de la LX Legislatura tomó la decisión histórica de aprobar la Ley General para el Control del Tabaco, que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de mayo de 2008.

En la ley referida se establece en el artículo 5 lo siguiente:

Artículo 5. La presente ley tiene las siguientes finalidades:
I. Proteger la salud de la población de los efectos nocivos del tabaco;
II. Proteger los derechos de los no fumadores a vivir y convivir en espacios 100 por ciento libres de humo de tabaco;
III. Establecer las bases para la protección contra el humo de tabaco;
IV. Establecer las bases para la producción, etiquetado, empaquetado, promoción, publicidad, patrocinio, distribución, venta, consumo y uso de los productos del tabaco;
V. Instituir medidas para reducir el consumo de tabaco, particularmente en los menores;
VI. Fomentar la promoción, la educación para la salud, así como la difusión del conocimiento de los riesgos atribuibles al consumo y a la exposición al humo de tabaco;
VII. Establecer los lineamientos generales para el diseño y evaluación de legislación y políticas públicas basadas en evidencia contra el tabaquismo;
VIII. Establecer los lineamientos generales para la entrega y difusión de la información sobre los productos del tabaco y sus emisiones; y
IX. Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de sus objetivos.

Del mismo modo, señala en los artículos 16 y 17 lo siguiente:

Artículo 16. Se prohíbe:
I. Comerciar, vender, distribuir o suministrar cigarrillos por unidad o en empaques, que contengan menos de catorce o más de veinticinco unidades, o tabaco picado en bolsas de menos de diez gramos;
II. Colocar los cigarrillos en sitios que le permitan al consumidor tomarlos directamente;
III. Comerciar, vender, distribuir o exhibir cualquier producto del tabaco a través de distribuidores automáticos o máquinas expendedoras;
IV. Comerciar, vender o distribuir al consumidor final cualquier producto del tabaco por teléfono, correo, Internet o cualquier otro medio de comunicación;
V. Distribuir gratuitamente productos del tabaco al público en general y/o con fines de promoción, y
VI. Comerciar, vender, distribuir, exhibir, promocionar o producir cualquier objeto que no sea un producto del tabaco, que contenga alguno de los elementos de la marca o cualquier tipo de diseño o señal auditiva que lo identifique con productos del tabaco.
Artículo 17. Se prohíben las siguientes actividades:
I. El comercio, distribución, donación, regalo, venta y suministro de productos del tabaco a menores de edad;
II. El comercio, distribución, donación, regalo, venta y suministro de productos del tabaco en instituciones educativas públicas y privadas de educación básica y media superior; y
III. Emplear a menores de edad en actividades de comercio, producción, distribución, suministro y venta de estos productos.

Asimismo, la nueva ley señala en el artículo 18 que en los paquetes de productos del tabaco y en todo empaquetado y etiquetado externo de los mismos deberán figurar leyendas y pictogramas o imágenes de advertencia que muestren los efectos nocivos del consumo de los productos del tabaco, además de sujetarse a las siguientes disposiciones:

I. Serán formuladas y aprobadas por la secretaría;
II. Se imprimirán en forma rotatoria directamente en los empaques;
III. Serán de alto impacto preventivo, claras, visibles, legibles y no deberán ser obstruidas por ningún medio;
IV. Deberán ocupar al menos 30 por ciento de la cara anterior, 100 por ciento de la cara posterior y el 100 por ciento de una de las caras laterales del paquete y la cajetilla;
V. Al 30 por ciento de la cara anterior de la cajetilla se le deberán incorporar pictogramas o imágenes;
VI. El 100 por ciento de la cara posterior y el 100 por ciento de la cara lateral serán destinados al mensaje sanitario, que del mismo modo será rotativo, deberá incorporar un número telefónico de información sobre prevención, cesación y tratamiento de las enfermedades o efectos derivados del consumo de productos del tabaco; y
VII. Las leyendas deberán ser escritas e impresas, sin que se invoque o haga referencia a alguna disposición legal directamente en el empaquetado o etiquetado.

También se establece en el mismo precepto que la Secretaría de Salud publicará en el Diario Oficial de la Federación las disposiciones para la formulación, aprobación, aplicación, utilización e incorporación de las leyendas, imágenes, pictogramas y mensajes sanitarios que se incorporarán en los paquetes de productos del tabaco y en todo empaquetado y etiquetado externo de los mismos, de acuerdo a lo establecido en esta ley.

Derivado de lo anterior, resulta evidente que la nueva Ley General para el Control del Tabaco, adopta y resuelve las inquietudes manifestadas por los promoventes en sus respectivas iniciativas, por lo que resulta improcedente su aprobación.

Por lo expuesto, los integrantes de la Comisión de Salud de la LX Legislatura, con las atribuciones que otorgan los artículos 73, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ponen a su consideración el siguiente

Acuerdo

Único. Se desechan las siguientes iniciativas:

1. Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de tabaco, presentada por el diputado Miguel Ángel Toscano Velasco, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, el 10 de noviembre de 2005; y
2. Que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley General de Salud, presentada por los diputados Luis Fernando Rodríguez Ahumada , Mario Alberto Salazar Madera , Ector Jaime Ramírez Barba , Margarita Arenas Guzmán y José Antonio Muñoz Serrano , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, el 30 de mayo de 2007.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro el 8 de julio de 2008.
La Comisión de Salud, diputados: Ector Jaime Ramírez Barba (rúbrica), José Antonio Muñoz Serrano (rúbrica), Adriana Rebeca Vieyra Olivares (rúbrica), Efraín Morales Sánchez (rúbrica), María Oralia Vega Ortiz (rúbrica), Antonio Xavier López Adame (rúbrica), Juan Abad de Jesús (rúbrica), Margarita Arenas Guzmán (rúbrica), Efraín Arizmendi Uribe , Ricardo Cantú Garza , Maricela Contreras Julián , María Mercedes Corral Aguilar (rúbrica), Joaquín Conrado de los Santos Molina , Daniel Dehesa Mora (rúbrica), Nemesio Domínguez Domínguez , Ángel Humberto García Reyes , Beatriz Eugenia García Reyes (rúbrica), Yolanda Mercedes Garmendia Hernández (rúbrica), Tomás Gloria Requena , Lorena Martínez Rodríguez (rúbrica), Holly Matus Toledo , Fernando Enrique Mayans Canabal (rúbrica), Roberto Mendoza Flores (rúbrica), Elizabeth Morales García , Gilberto Ojeda Camacho , Martha Rocío Partida Guzmán , Jorge Quintero Bello (rúbrica), José Ignacio Alberto Rubio Chávez (rúbrica), María Gloria Guadalupe Valenzuela García .»

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Está a discusión el punto de acuerdo. En virtud de que no se ha registrado ningún orador, se reserva para la votación en conjunto.



LEY GENERAL DE SALUD

El Secretario diputado José Manuel del Río Virgen : «Dictamen de la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de etiquetado de alimentos

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Salud fue turnada, para su estudio y dictamen, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de etiquetado de alimentos, presentada por el diputado Ricardo Cantú Garza , del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

La Comisión de Salud, con fundamento en las atribuciones que le otorgan los artículos 39, 44 y 45, y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como 55, 56, 60, 65, 66, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen, de acuerdo con la siguiente

Metodología

La Comisión encargada del análisis y dictamen de la iniciativa mencionada anteriormente desarrolla su trabajo conforme el procedimiento que a continuación se describe:

1. En el capítulo ``Antecedentes'' se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo en turno para el dictamen de la referida iniciativa y de los trabajos previos de la comisión dictaminadora.
II. En el capítulo ``Contenido'' se sintetiza el alcance de la propuesta de reforma en estudio.
III. En el capítulo ``Consideraciones'' la comisión dictaminadora expresa los argumentos de valoración de la propuesta y de los motivos que sustentan la decisión de respaldar o desechar la iniciativa en análisis.

I. Antecedentes

En sesión celebrada el 19 de febrero de 2008, el diputado Ricardo Cantú Garza , del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, presentó ante el pleno de la honorable Cámara de Diputados la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de etiquetado de alimentos.

Con la misma fecha, la Mesa Directiva turnó la mencionada iniciativa a la Comisión de Salud para su estudio y posterior dictamen.

II. Contenido

En su exposición de motivos el diputado manifiesta su preocupación por el problema de la obesidad en México, que se ubica como el segundo país del mundo con altos niveles de población obesa, afirmando que el incremento de este padecimiento ha crecido de manera vertiginosa en los años recientes debido a los mensajes publicitarios destinados a promover el consumo de lo que denomina ``alimentos chatarra''.

Por este motivo propone que las empresas productoras de tales alimentos fijen claramente las especificaciones alimenticias que poseen sus productos y que en cada producto se incluya la leyenda que diga: ``el abuso en el consumo de este producto puede provocar obesidad''.

Propone también que en las escuelas no se permita la venta de ``alimentos chatarra'' y se prohíba la ``publicidad gancho'', entendiéndola como aquella que ofrece algún premio, regalo u obsequio derivado de la adquisición y consumo de los ``alimentos chatarra''.

III. Consideraciones

Todos somos conscientes de que la obesidad es un problema de salud multifactorial y como tal debe ser abordado.

Según la Organización Mundial de la Salud, la obesidad y el sobrepeso han alcanzado caracteres de epidemia a nivel mundial. Más de mil millones de personas adultas tienen sobrepeso, y de ellas al menos 300 millones son obesas.

La preocupación por la prevalencia que la obesidad está adquiriendo en el mundo se debe a su asociación con las principales enfermedades crónicas de nuestro tiempo, como las enfermedades cardiovasculares, diabetes mellitus tipo 2, hipertensión arterial y ciertos tipos de cáncer. A mayor obesidad, mayores cifras de morbilidad y mortalidad por estas enfermedades.

La alimentación poco saludable y no practicar actividad física con regularidad son las principales causas de las enfermedades crónicas más importantes, y ambas son susceptibles de modificarse.

Las dietas tradicionales han sido reemplazadas rápidamente por otras con una mayor densidad energética, lo que significa más grasa, principalmente de origen animal, y más azúcar añadido en los alimentos, unido a una disminución de la ingesta de carbohidratos complejos y de fibra. Estos cambios alimentarios se combinan con cambios de conductas que suponen una reducción de la actividad física en el trabajo y durante el tiempo de ocio.

Los seres humanos estamos biológicamente mejor preparados para resistir ayunos prolongados que para tolerar la abundancia de calorías y el exceso de reposo. Aunque tenemos mecanismos fisiológicos de saciedad alimentaria y metabólica, éstos no son lo suficientemente efectivos como para evitar la obesidad. El resultado final es un balance de energía crónicamente positivo, que se va acumulando, año tras año, en forma de grasa.

Aunado a lo anterior es importante señalar que con frecuencia el acto de comer adquiere un valor y un sentido de gratificación emocional independiente de nuestras necesidades calóricas. Asociamos, de forma subliminal, comer y beber con estados anímicos positivos y, por eso, cuando no nos sentimos bien lo compensamos comiendo o bebiendo, aunque no tengamos apetito y en contra de nuestro raciocinio y nuestra salud.

Otra de las causas fundamentales de la obesidad es la inactividad física. Reconocido como un determinante cada vez más importante de la salud, este problema es el resultado del cambio de patrones de conducta que derivan hacia estilos de vida más sedentarios.

Entre la población infantil y juvenil estos fenómenos se agudizan. El número de horas que los niños y adolescentes dedican a ver televisión, jugar con computadoras y videojuegos va en aumento y ha originado una generación de niños primordialmente sedentarios.

Todos los especialistas coinciden en una cosa: una combinación de actividad física regular, variedad de alimentos en la dieta e interacción social amplia constituye, probablemente, la mejor forma de hacer frente al problema al que nos enfrentamos.

Los expertos coinciden en afirmar que no hay alimentos buenos o malos, sino una dieta bien o mal equilibrada. Tampoco debemos olvidar que una alimentación saludable es compatible con el placer y la dimensión social que la comida tiene en nuestra cultura.

La Ley General de Salud contiene diversas disposiciones que establecen acciones tendientes a mejorar la conducta nutricional, a saber:

``Artículo 3o. En los términos de esta ley, es materia de salubridad general:
XIV. La orientación y vigilancia en materia de nutrición;...''
``Artículo 6o. El sistema nacional de salud tiene los siguientes objetivos:
I. Proporcionar servicios de salud a toda la población y mejorar la calidad de los mismos, atendiendo a los problemas sanitarios prioritarios y a los factores que condicionen y causen daños a la salud, con especial interés en las acciones preventivas...''
``Artículo 27. Para los efectos del derecho a la protección de la salud, se consideran servicios básicos de salud los referentes a:
IX. La promoción del mejoramiento de la nutrición, y...''
``Artículo 111. La promoción de la salud comprende:
II. Nutrición;...''
``Artículo 114. Para la atención y mejoramiento de la nutrición de la población, la Secretaría de Salud participará, de manera permanente, en los programas de alimentación del Gobierno Federal.
La Secretaría de Salud, las entidades del sector salud y los gobiernos de las entidades federativas, en sus respectivos ámbitos de competencia, formularán y desarrollarán programas de nutrición, promoviendo la participación en los mismos de los organismos nacionales e internacionales cuyas actividades se relacionen con la nutrición, alimentos, y su disponibilidad, así como de los sectores sociales y privado.''
``Artículo 115. La Secretaría de Salud tendrá a su cargo:
I. Establecer un sistema permanente de vigilancia epidemiológica de la nutrición;
II. Normar el desarrollo de los programas y actividades de educación en materia de nutrición, prevención, tratamiento y control de la desnutrición y obesidad, encaminados a promover hábitos alimentarios adecuados, preferentemente en los grupos sociales más vulnerables;
III. ...
IV. Normar el valor nutritivo y características de la alimentación en establecimientos de servicios colectivos y en alimentos y bebidas no alcohólicas;
V. ...
VI. Recomendar las dietas y los procedimientos que conduzcan al consumo efectivo de los mínimos de nutrimentos por la población en general, y proveer en la esfera de su competencia a dicho consumo;
VII. ...
VIII. Proporcionar a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial los elementos técnicos en materia nutricional, para los efectos de la expedición de las normas oficiales mexicanas.''

Las reformas propuestas por el promovente se encuentran previstas por todos estos preceptos, que respetan el principio general de la ley.

Aunado a lo anterior cabe señalar que la iniciativa en estudio propone la inclusión de una definición de ``alimento chatarra'', en la cual señala que es todo aquel producto o sustancia, procesado, no natural o industrializado para el consumo humano que contiene una muy baja calidad nutricional; definición que a todas luces resulta vaga, ya que no considera los estándares bajo los cuales se considerará la calidad nutricional, aunado a lo cual se encuentra el hecho de que, como se señala en el artículo 115 citado con antelación, ya es una obligación de la Secretaría de Salud normar el valor nutritivo de los alimentos, así como proporcionar a la Secretaría de Economía los elementos técnicos en materia nutricional, para los efectos de la expedición de las normas oficiales mexicanas.

Como lo señalamos con anterioridad, la perspectiva con se tiene que abordar el problema de la obesidad debe ser integral, y no basarse en apreciaciones erróneas o parciales, ya que el alimento por si mismo no origina la obesidad, sino una diversidad de factores que tienen que ser tomados en cuenta para una promoción exitosa de hábitos de vida saludables.

Por lo que respecta a las reformas que pretenden regular aspectos relacionados con la publicidad y establecer la prohibición de la publicidad mediante regalos o sorteos con los que se busque fomentar el consumo de productos considerados como ``alimento chatarra'', así como incluir la leyenda ``el consumo de este producto provoca obesidad'', nos parece innecesario, ya que en principio la publicidad de alimentos se encuentra regulada por la Secretaría de Salud, según las obligaciones que establece el Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Publicidad que señala en su artículo 22 lo siguiente:

Artículo 22. La publicidad de alimentos, suplementos alimenticios y bebidas no alcohólicas, no deberá:
I. Inducir o promover hábitos de alimentación nocivos para la salud;
II. Afirmar que el producto llena por sí solo los requerimientos nutricionales del ser humano;
III. Atribuir a los alimentos industrializados un valor nutritivo superior o distinto al que tengan;
IV. Realizar comparaciones en menoscabo de las propiedades de los alimentos naturales;
V. Expresar o sugerir, a través de personajes reales o ficticios, que la ingestión de estos productos proporciona a las personas características o habilidades extraordinarias;
VI. Asociarse directa o indirectamente con el consumo de bebidas alcohólicas o tabaco, y
VII. Declarar propiedades que no puedan comprobarse, o que los productos son útiles para prevenir, aliviar, tratar o curar una enfermedad, trastorno o estado fisiológico.

Queda claro que la publicidad de alimentos busca, según lo establecido en las normas jurídicas referidas, que se promuevan conductas y hábitos que fomenten la salud física y mental; asimismo, es necesario señalar que es una obligación que las etiquetas y contraetiquetas de los productos se deben describir las características y propiedades reales de los productos incluyendo el valor nutricional. Aunado a lo cual es preciso señalar que la inclusión de una leyenda como la propuesta por el promovente parte de una percepción falaz; porque, como hemos señalado, el consumo del producto por sí mismo no da lugar a la obesidad; ésta es resultado de malos hábitos y como tal debe ser combatida.

Además de lo referido, también existe la Norma Oficial Mexicana NOM-043-SSA2-2005, Servicios Básicos de Salud. Promoción y educación para la salud en materia alimentaria. Criterios para brindar orientación que tienen como propósito fundamental establecer los criterios generales que unifiquen y den congruencia a la orientación alimentaria dirigida a brindar a la población, opciones prácticas con respaldo científico, para la integración de una alimentación correcta que pueda adecuarse a sus necesidades y posibilidades. Así como elementos para brindar información homogénea y consistente, para coadyuvar a promover el mejoramiento del estado de nutrición de la población y a prevenir problemas de salud relacionados con la alimentación; y establece los criterios que deberán seguirse para orientar a la población en materia de alimentación.

Por otra parte, y en relación a diversas adiciones de fracciones, recorriendo las actuales, consideramos que, de aprobarse en sus términos, se originaría una inconsistencia con otras disposiciones jurídicas que se refieran a fracciones previas, por lo que creemos que la técnica legislativa es incorrecta.

Entendemos y compartimos la preocupación del promovente en cuanto al problema epidemiológico que significa la obesidad en nuestro país, sin embargo consideramos que la aproximación que se hace con esta iniciativa a ese asunto es errónea y no ataca los factores fundamentales de que originan el problema.

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de esta Comisión de Salud de la LX Legislatura, con las atribuciones que otorgan los artículos 73, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 45, numeral 6, inciso e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ponen a su consideración el siguiente

Acuerdo

Único. Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de etiquetado de alimentos, presentada por el diputado Ricardo Cantú Garza , del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, el 19 de febrero de 2008.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de julio de 2008.
La Comisión de Salud, diputados: Ector Jaime Ramírez Barba (rúbrica), José Antonio Muñoz Serrano (rúbrica), Adriana Rebeca Vieyra Olivares (rúbrica), Efraín Morales Sánchez (rúbrica), María Oralia Vega Ortiz (rúbrica), Antonio Xavier López Adame (rúbrica), Juan Abad de Jesús (rúbrica), Margarita Arenas Guzmán (rúbrica), Efraín Arizmendi Uribe , Ricardo Cantú Garza , Maricela Contreras Julián , María Mercedes Corral Aguilar (rúbrica), Joaquín Conrado de los Santos Molina , Daniel Dehesa Mora (rúbrica), Nemesio Domínguez Domínguez , Ángel Humberto García Reyes , Beatriz Eugenia García Reyes (rúbrica), Yolanda Mercedes Garmendia Hernández (rúbrica), Tomás Gloria Requena , Lorena Martínez Rodríguez (rúbrica), Holly Matus Toledo , Fernando Enrique Mayans Canabal (rúbrica), Roberto Mendoza Flores (rúbrica), Elizabeth Morales García , Gilberto Ojeda Camacho , Martha Rocío Partida Guzmán , Jorge Quintero Bello (rúbrica), José Ignacio Alberto Rubio Chávez (rúbrica), María Gloria Guadalupe Valenzuela García .»

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Está a discusión el punto de acuerdo. En virtud de que no hay ningún orador, se reserva para su votación en conjunto.



CODIGO DE COMERCIO

El Secretario diputado José Manuel del Río Virgen : «Dictamen de la Comisión de Economía, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa que adiciona los párrafos segundo y tercero al artículo 1049 del Código de Comercio

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, correspondiente a ésta LX Legislatura, le fue turnada para su estudio y dictamen la iniciativa que reforma el artículo 1049 del Código de Comercio.

Esta comisión, con fundamento en los artículos 39, fracción XII, y 45, numeral 6, incisos d), e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 56, 60, 87, 88 y 94, del Reglamento Interior para el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta asamblea, el presente dictamen basándose en los siguientes

Antecedentes

Primero. En sesión celebrada en esta Cámara de Diputados el 8 de noviembre de 2007, los secretarios de la misma dieron cuenta al Pleno de la iniciativa que presentó la diputada Yadhira Yvette Tamayo Herrera del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en ejercicio del derecho que le confiere la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Segundo. El Presidente de la Mesa Directiva acordó dar el siguiente trámite: Túrnese a la Comisión de Economía.

Tercero. Mediante oficio CE/995/07 del 9 de noviembre de 2007, se dio cuenta a los integrantes de la Comisión de Economía del contenido de esta iniciativa.

Cuarto. El legislador propone lo siguiente:

Adicionar un párrafo segundo y un párrafo tercero al artículo 1049 del Código de Comercio, ``para establecer un sistema electrónico que permita agilizar, dar seguimiento y transparentar el proceso de impartición de justicia mercantil, que permita la substanciación de asuntos mercantiles ante el Poder Judicial federal''.

Consideraciones

Primera. Que con base en los antecedentes indicados, la Comisión de Economía, con las atribuciones antes señaladas, se abocó a dictaminar la iniciativa en referencia.

Segunda. Que el Código de Comercio regula los actos comerciales entre personas que teniendo capacidad legal para ejercer el comercio, hacen de él su ocupación ordinaria y sociedades constituidas con arreglo a las leyes mercantiles.

Tercera. Que al incluir el término tribunal virtual mercantil en el Código de Comercio, implicaría tener un concepto nuevo, el cual generaría la creación de una base de datos a través de un medio electrónico con información actualizada y veraz con el fin de agilizar el proceso de impartición de la justicia mercantil.

Cuarta. Que derivado de la creación de una base de datos a través del sistema electrónico denominado internet, se necesitaría un proyecto integral que contenga toda la información de los documentos existentes en papel pero de manera electrónica, como lo son los oficios, asuntos internos, casos, presentación de demandas, contestaciones, anexos, notificaciones, almacenamiento de expedientes y todos aquellos que surgen con motivo de un juicio, y posteriormente contar con pruebas que efectivamente comprueben que la información es coincidente con todo lo promovido con tan sólo entrar a la página de internet que se establezca, para revisar y darle seguimiento a este tipo de asuntos.

Quinta. Que los diputados integrantes de la Comisión de Economía, reconocen y concluyen que es indispensable rea-lizar la propuesta de aumento o creación de gasto del proyecto de Presupuesto de Egresos, para contar con el presupuesto correspondiente y a su vez, con un proyecto específico e integral, en el cual se delimiten tanto las funciones como los gastos que se derivarían de esta iniciativa.

En virtud de lo anteriormente expuesto en las consideraciones de éste dictamen, la Comisión de Economía, presenta el siguiente

Acuerdo

Primero . Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un párrafo segundo y un párrafo tercero al artículo 1049 del Código de Comercio, presentada por la diputada Yadhira Yvette Tamayo Herrera del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, el 8 de noviembre de 2007.

Segundo. Archívese el presente asunto, como total y definitivamente concluido.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de septiembre de 2008.
La Comisión de Economía, diputados: Adriana Rodríguez Vizcarra Velázquez (rúbrica), presidenta; Carlos Armando Reyes López (rúbrica), Jorge Alejandro Salum del Palacio (rúbrica), Fausto Fluvio Mendoza Maldonado (rúbrica), Arnulfo Elías Cordero Alfonzo (rúbrica), Enrique Serrano Escobar (rúbrica), Jorge Godoy Cárdenas (rúbrica), secretarios; Jericó Abramo Masso, Narcizo Alberto Amador Leal (rúbrica), Antonio Berber Martínez (rúbrica), Carlos Alberto García González (rúbrica), Miguel Ángel González Salum , Jesús Sesma Suárez (rúbrica), Luis Xavier Maawad Robert (rúbrica), Martín Malagón Ríos (rúbrica), Octavio Martínez Vargas (rúbrica), Susana Monreal Ávila (rúbrica), José Amado Orihuela Trejo (rúbrica), Mauricio Ortiz Proal (rúbrica), Eduardo Ortiz Hernández (rúbrica), Miguel Ángel Peña Sánchez , Raúl Ríos Gamboa , Ricardo Rodríguez Jiménez (rúbrica), Salvador Ruiz Sánchez (rúbrica en abstención), Ernesto Ruiz Velasco de Lira (rúbrica), Alejandro Sánchez Camacho (rúbrica), Víctor Gabriel Varela López (rúbrica), Joaquín Humberto Vela González , Javier Martín Zambrano Elizondo (rúbrica).»

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Está a discusión este punto de acuerdo. No habiendo ningún orador, se reserva para su votación en conjunto.



LEY FEDERAL DE PROTECCION AL CONSUMIDOR

El Secretario diputado José Manuel del Río Virgen : «Dictamen de la Comisión de Economía, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, correspondiente a la LX Legislatura, le fue turnada para su estudio y dictamen, iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

Esta comisión, con fundamento en los artículos 39 y 45, numeral 6, inciso s d), e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 58, 60, 87, 88 y 94, del Reglamento Interior para el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen, con base en los siguientes

Antecedentes

Primero. En sesión celebrada en esta Cámara de Diputados el 12 de diciembre de 2007, los secretarios de la misma dieron cuenta al pleno de la iniciativa que presentaron los diputados Guadalupe García Noriega y Jorge Emilio González Martínez , del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Segundo. El presidente de la Mesa Directiva acordó dar el trámite ``Túrnese a la Comisión de Economía''.

Tercero. Que mediante oficio CE/1145/07 del 14 de diciembre de 2007, se dio cuenta a los .integrantes de la Comisión de Economía del contenido de esta iniciativa.

Cuarto. Los legisladores proponen lo siguiente:

• Esta iniciativa pretende que la protección al consumidor sea orientada no solamente a prevenir y proteger la vida, salud, seguridad y economía de las personas contra riesgos provocados por productos y servicios nocivos o peligrosos; esta iniciativa promueve que las acciones de asesoría a proveedores (o en su caso de verificación y vigilancia), fomenten la cultura del consumo sustentable en los fabricantes, distribuidores, importadores y comercializadores, ofreciendo la información que incentive la articulación productiva y que permita sumar esfuerzos de actores que comparten intereses concurrentes para lograr negocios sustentables.
• Además, se pretende enriquecer a los proveedores con capacitación y asesoría para lograr una mejor comprensión de los beneficios tangibles e intangibles que resultan de tomar en cuenta el ambiente como una variable importante dentro de los procesos de producción.

Consideraciones

Primera. Que con base en los antecedentes indicados, la Comisión de Economía, con las atribuciones antes señaladas, se abocó a dictaminar la iniciativa en referencia.

Segunda. Que la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC) tiene por objeto promover y proteger los derechos y cultura del consumidor, así como procurar la equidad, certeza y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores; de igual forma, corresponde a la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor (Profeco) aplicar y ejecutar la aludida ley, como un organismo público con el carácter de una autoridad administrativa.

Tercera. Que dentro de los principios de la LFPC, se encuentra la educación y divulgación sobre el consumo adecuado de los productos y servicios, el respeto a los derechos y obligaciones derivados de las relaciones de consumo y las medidas que garanticen su efectividad y cumplimiento.

Cuarta. Que el artículo 1 de la LFPC, establece que dentro de los principios básicos en las relaciones de consumo, se encuentran: la educación y la divulgación sobre el consumo adecuado de los productos y servicios, que garanticen la libertad para escoger y la equidad en las contrataciones; la información adecuada y clara sobre los diferentes productos y servicios, con especificación correcta de cantidad, características, composición, calidad y precio, así como sobre los riesgos que representan.

Quinta. Que el artículo 13 de la LFPC establece la facultad de la Profeco de inspeccionar el cumplimiento de su ley y la obligación de los proveedores de facilitar esa verificación, y en su artículo 24, fracción XIV bis, dispone la verificación específica de los instrumentos de medición que se utilicen en transacciones comerciales, industriales o de servicios; finalmente el artículo 96 de dicho ordenamiento faculta y obliga a la Profeco para realizar visitas con objeto de aplicar y hacer cumplir las disposiciones de ésta ley y de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.

Sexta. Que el artículo 41 de la LFPC dispone que cuando se trate de productos o servidos que de conformidad con las disposiciones aplicables, se consideren potencialmente peligrosos para el consumidor o lesivos para el medio ambiente o cuando sea previsible su peligrosidad, el proveedor deberá incluir un instructivo que advierta sobre sus características nocivas y explique con claridad el uso o destino recomendado y los posibles efectos de su uso, aplicación o destino fuera de los lineamientos recomendados.

Séptima. Que el artículo 32 de la LFPC regula la información o publicidad relativa a bienes, productos o servicios que se difundan por cualquier medio o forma, y dispone que deberán ser veraces, comprobables y exentos de textos, diálogos, sonidos, imágenes, marcas, denominaciones de origen y otras descripciones que induzcan o puedan inducir a error o confusión por engañosas o abusivas.

Octava. Que la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente es el marco jurídico aplicable a la preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como a la protección al ambiente, en el territorio nacional y las zonas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción. Sus disposiciones son de orden público e interés social y tienen por objeto propiciar el desarrollo sustentable.

Novena. Que los diputados integrantes de la Comisión de Economía que dictaminan, comparten la preocupación del legislador promovente por preservar el medio ambiente; sin embargo, reconocen y concluyen que la Ley Federal de Protección al Consumidor no deja de atender la búsqueda por los mejores hábitos de consumo dentro de su competencia, y que las reformas planteadas desajustan con el objeto de ese ordenamiento.

En virtud de lo anteriormente expuesto, la Comisión de Economía presenta el siguiente

Acuerdo

Primero. Se desecha la iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor, presentada por los diputados Guadalupe García Noriega y Jorge Emilio González Martínez , del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, el 12 de diciembre de 2007.

Segundo. Archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido.

Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de septiembre de 2008.
La Comisión de Economía, diputados: Adriana Rodríguez Vizcarra Velázquez (rúbrica), presidenta; Carlos Armando Reyes López (rúbrica), Jorge Alejandro Salum del Palacio (rúbrica), Fausto Fluvio Mendoza Maldonado (rúbrica), Arnulfo Elías Cordero Alfonzo (rúbrica), Enrique Serrano Escobar (rúbrica), Jorge Godoy Cárdenas (rúbrica), secretarios; Jericó Abramo Masso, Narcizo Alberto Amador Leal (rúbrica), Antonio Berber Martínez (rúbrica), Carlos Alberto García González (rúbrica), Miguel Ángel González Salum , Jesús Sesma Suárez (rúbrica en contra), Luis Xavier Maawad Robert (rúbrica), Martín Malagón Ríos (rúbrica), Marco Heriberto Orozco Ruiz Velazco (rúbrica), Octavio Martínez Vargas (rúbrica), Susana Monreal Ávila (rúbrica), José Amado Orihuela Trejo (rúbrica), Mauricio Ortiz Proal (rúbrica), Eduardo Ortiz Hernández (rúbrica), Miguel Ángel Peña Sánchez , Raúl Ríos Gamboa , Ricardo Rodríguez Jiménez (rúbrica), Salvador Ruiz Sánchez (rúbrica en abstención), Ernesto Ruiz Velasco de Lira (rúbrica), Alejandro Sánchez Camacho (rúbrica), Víctor Gabriel Varela López (rúbrica), Joaquín Humberto Vela González , Javier Martín Zambrano Elizondo (rúbrica).»

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Está a discusión. No habiendo quien haya solicitado el uso de la palabra, se reserva para su votación en conjunto.



LEY QUE CREA EL INSTITUTO NACIONAL DE FOMENTO Y DESARROLLO INDUSTRIAL

El Secretario diputado José Manuel del Río Virgen : «Dictamen de la Comisión de Economía, con punto de acuerdo por el que se desecha la minuta que expide la Ley que crea el Instituto Nacional de Fomento y Desarrollo Industrial

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, correspondiente a la LIX Legislatura, fue turnada, para estudio y dictamen, minuta con proyecto de decreto que expide la Ley que crea el Instituto Nacional de Fomento y Desarrollo Industrial, enviada por el Senado de la República el 6 de abril de 2006.

La Comisión de Economía de la LX Legislatura, con fundamento en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos d), e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 58, 60, 87, 88 y 94 del Reglamento Interior para el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se abocó al estudio y dictamen de la minuta descrita, al tenor de los siguientes

Antecedentes

Primero. El 18 de abril de 2006, los Secretarios de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, correspondiente a la LIX Legislatura, dieron cuenta de la minuta que remitió el Senado de la República.

Segundo. El Presidente de la Mesa Directiva acordó dar trámite, turnándola a la Comisión de Economía.

Tercero. La minuta en estudio corresponde a iniciativa promovida en la colegisladora por la senadora Flavia Ureña Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en la LIX Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Cuarto. El jueves 6 de abril de 2006, el dictamen de la minuta de referencia, presentado por las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial, y de Estudios Legislativos Primera, se discutió en el Senado de la República, aprobándose por 78 votos en pro, remitiéndola en carácter de minuta a esta Cámara de Diputados, de conformidad con lo dispuesto en el Aparatado A del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Quinto. Mediante oficio número CE/0001/06, de fecha 26 de octubre de 2006, se dio cuenta a los integrantes de la Comisión de Economía del contenido de la minuta y de otras iniciativas que constituyen el rezago legislativo heredado de la LIX Legislatura, pendiente de trámite.

Consideraciones

Primera. Que, con base en los antecedentes indicados, la Comisión de Economía, con las atribuciones antes señaladas, se abocó a dictaminar la minuta de referencia.

Segunda. Que la ley que pretende expedir la minuta plantea la creación del Instituto Nacional de Fomento y Desarrollo Industrial (Inafomdi), como un organismo descentralizado de la administración pública federal, sectorizado en la Secretaría de Economía, con personalidad jurídica y patrimonio propio.

Tercera. Que el Inafomdi tendría por objeto coadyuvar a realizar la actividad prioritaria del Estado de impulsar el desarrollo de las actividades industriales, con la finalidad de elevar la productividad y competitividad, así como de mejorar el nivel de vida de la población y promover, ante instituciones nacionales e internacionales orientadas a la inversión y al financiamiento, proyectos productivos que impulsen el desarrollo industrial.

Cuarta. Que el Inafomdi tendría su domicilio en el Distrito Federal y, para el cumplimiento de su objeto, podrá establecer coordinaciones regionales o estatales en el territorio nacional.

Quinta. Que entre las principales funciones del Inafomdi se encontrarían las siguientes:

• Brindar consulta e investigación a la administración pública federal en materia de desarrollo industrial;
• Otorgar apoyo técnico al trabajo de las dependencias y entidades encargadas de la programación, ejecución de las acciones de orden económico;
• Proponer convenios de coordinación entre la Secretaría de Economía y las entidades federativas, promover la articulación de cadenas productivas contribuir a la viabilidad y competitividad de las empresas;
• Promover esquemas que faciliten el acceso al crédito, garantías y capital de riesgo a las cadenas productivas;
• Diseñar y proponer los programas de aportaciones de recursos federales y de otras fuentes a las entidades federativas, a los programas específicos de fomento industrial;
• Promover programas de capacitación, cambio organizacional y readiestramiento, con apoyo de las instituciones educativas y del sector privado;
• Desarrollar propuestas que contribuyan a transformar las unidades económicas del sector informal en micro, pequeñas y medianas empresas; y
• Emitir opiniones y resoluciones sobre cualquier disposición que afecte el desarrollo industrial del país.

Sexta. Que actualmente la Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa se encarga de brindar asesoría para exportar productos o servicios, consultoría, capacitación, asistencia técnica, entre otros apoyos para desarrollar la competitividad de la micro, pequeña y mediana empresas.

Séptima. Que la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Ley Pyme) tiene por objeto promover el desarrollo económico nacional a través del fomento a la creación de micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), apoyando su viabilidad, productividad, competitividad y sustentabilidad, asimismo, incrementar su participación en los mercados en un marco de encadenamientos productivos que generen mayor valor agregado nacional.

Octava. Que la Ley Pyme contempla un esquema exitoso para apoyo y fomento empresarial, y permite a la Secretaría de Economía celebrar convenios para establecer los procedimientos de coordinación en materia de apoyo a la Mipyme, entre autoridades federales, locales o municipales, en congruencia con la planeación nacional.

Novena. Que los integrantes de la Comisión de Economía reconocen y concluyen que, en el caso de crearse el Instituto Nacional de Fomento y Desarrollo Industrial, duplicaría funciones con la Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa, que se encuentra bajo la coordinación sectorial de la Secretaría de Economía, que es la encargada de encabezar la política industrial y empresarial del país, y tiene la facultad de coordinarse con las entidades federativas mediante convenios de colaboración.

Por lo anteriormente expuesto, la Comisión de Economía presenta el siguiente

Acuerdo

Primero. Se desecha la minuta con proyecto de decreto que expide la Ley que crea el Instituto Nacional de Fomento y Desarrollo Industrial.

Segundo. Se devuelve al Senado de la República, con fundamento en la fracción d del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para sus efectos constitucionales.

Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de septiembre de 2008.
La Comisión de Economía, diputados: Adriana Rodríguez Vizcarra Velázquez (rúbrica), presidenta; Carlos Armando Reyes López (rúbrica), Jorge Alejandro Salum del Palacio (rúbrica), Fausto Fluvio Mendoza Maldonado (rúbrica en abstención), Arnulfo Elías Cordero Alfonzo (rúbrica), Enrique Serrano Escobar (rúbrica), Jorge Godoy Cárdenas (rúbrica), secretarios; Jericó Abramo Masso, Narcizo Alberto Amador Leal , Antonio Berber Martínez (rúbrica), Carlos Alberto García González (rúbrica), Miguel Ángel González Salum , Jesús Sesma Suárez (rúbrica), Luis Xavier Maawad Robert (rúbrica), Martín Malagón Ríos (rúbrica), Marco Heriberto Orozco Ruiz Velazco (rúbrica), Octavio Martínez Vargas (rúbrica), Susana Monreal Ávila (rúbrica), José Amado Orihuela Trejo (rúbrica), Mauricio Ortiz Proal (rúbrica), Eduardo Ortiz Hernández (rúbrica), Miguel Ángel Peña Sánchez , Raúl Ríos Gamboa , Ricardo Rodríguez Jiménez (rúbrica), Salvador Ruiz Sánchez (rúbrica), Ernesto Ruiz Velasco de Lira (rúbrica), Alejandro Sánchez Camacho (rúbrica), Víctor Gabriel Varela López (rúbrica), Joaquín Humberto Vela González , Javier Martín Zambrano Elizondo (rúbrica).»

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Está a discusión este punto de acuerdo. En virtud de que no se ha registrado orador alguno consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueban los puntos de acuerdo.

El Secretario diputado José Manuel del Río Virgen : Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la asamblea si se aprueban los puntos de acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Aprobados los puntos de acuerdo. Archívense los expedientes como asuntos totalmente concluidos.En lo que se refiere al último dictamen, devuélvase a la Cámara de Senadores para los efectos del inciso d) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.



PERMISOS PARA PRESTAR SERVICIOS EN REPRESENTACIONES DIPLOMATICAS

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: El siguiente punto del orden del día es la discusión de dictámenes de la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto por el que se concede permiso a ciudadanos mexicanos para prestar servicios con carácter administrativo a diversos gobiernos extranjeros, y para aceptar y usar condecoraciones conferidas por gobiernos extranjeros, publicados en la Gaceta Parlamentaria.

Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se les dispensa la lectura.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas : Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura de los dictámenes. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Diputado presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Se les dispensa la lectura. En consecuencia, se pide a la Secretaría poner a discusión los proyectos de decreto.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.--- Comisión de Gobernación.

Honorable Asamblea:

En oficio fechado el 3 de octubre del año en curso, la Secretaría de Gobernación solicitó el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Jaqueline Michell García Mante, Bernardo Rodríguez Romero, Blanca Alicia Mendiola González, Jasia Yamina Esquivel Miranda, Viridiana Hernández Rodríguez, Joaquín Fernando González Fisher y Alejandro Alberto Yñigo Meza puedan prestar servicios de carácter administrativo en los Consulados de Estados Unidos de América en Nuevo Laredo, Tamaulipas, y en Tijuana, Baja California, respectivamente.

En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión el 14 de octubre del año en curso, se turnó a la suscrita comisión, para su estudio y dictamen, el expediente relativo.

Considerando

a) Que los peticionarios acreditan su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento;
b) Que los servicios que los propios interesados prestarán en los Consulados de Estados Unidos de América, en Nuevo Laredo, Tamaulipas, y en Tijuana, Baja California, serán de carácter administrativo, y
c) Que las solicitudes se ajustan a lo establecido en la fracción II del Apartado C) del artículo 37 constitucional y en el segundo párrafo del artículo 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo expuesto, esta Comisión se permite someter a la consideración de la Honorable Asamblea, el siguiente

Proyecto de Decreto

Artículo Primero. Se concede permiso a la ciudadana Jaqueline Michell García Mante para prestar servicios como asistente de Pasaportes y Ciudadanía en la Sección Consular, en el Consulado de Estados Unidos de América en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Artículo Segundo. Se concede permiso al ciudadano Bernardo Rodríguez Romero para prestar servicios como empleado de la Sección de Visas en el Consulado de Estados Unidos de América en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Artículo Tercero. Se concede permiso a la ciudadana Blanca Alicia Mendiola González para prestar servicios como telefonista en la Sección Consular, en el Consulado de Estados Unidos de América en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Artículo Cuarto. Se concede permiso a la ciudadana Jasia Yamina Esquivel Miranda para prestar servicios como asistente de Pasaportes y Ciudadanía en la Sección Consular, en el Consulado de Estados Unidos de América en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Artículo Quinto. Se concede permiso a la ciudadana Viridiana Hernández Rodríguez para prestar servicios como empleada de la Sección de Visas, en el Consulado de Estados Unidos de América en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Artículo Sexto. Se concede permiso al ciudadano Joaquín Fernando González Fisher para prestar servicios como asistente en Investigaciones de Fraude, en la Unidad de Prevención de Fraude del Consulado de Estados Unidos de América en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Artículo Séptimo. Se concede permiso al ciudadano Alejandro Alberto Yñigo Meza para prestar servicios como chofer en el Consulado de Estados Unidos de América en Tijuana, Baja California.

Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. México, DF, a 15 de octubre de 2008.
La Comisión de Gobernación, diputados: Diódoro Carrasco Altamirano (rúbrica), presidente; Juan Enrique Barrios Rodríguez (rúbrica), Cristián Castaño Contreras (rúbrica), Valentina Valia Batres Guadarrama (rúbrica), Narcizo Alberto Amador Leal (rúbrica), Alfonso Rolando Izquierdo Bustamante (rúbrica), Jesús Sesma Suárez , Layda Elena Sansores San Román (rúbrica), secretarios; Carlos Armando Biebrich Torres (rúbrica), César Octavio Camacho Quiroz , Ricardo Cantú Garza (rúbrica), Ariel Castillo Nájera (rúbrica), Jesús de León Tello (rúbrica), María del Carmen Fernández Ugarte (rúbrica), Javier Hernández Manzanares , Juan Darío Lemarroy Martínez, Miguel Ángel Monraz Ibarra (rúbrica), Mario Eduardo Moreno Álvarez (rúbrica), Adolfo Mota Hernández (rúbrica), María del Pilar Ortega Martínez (rúbrica), Luis Gustavo Parra Noriega (rúbrica), Raciel Pérez Cruz , Gerardo Priego Tapia , José Jesús Reyna García , Salvador Ruiz Sánchez , Francisco Javier Santos Arreola (rúbrica), Rosa Elva Soriano Sánchez , Alberto Vázquez Martínez (rúbrica), Gerardo Villanueva Albarrán , Javier Martín Zambrano Elizondo (rúbrica).»
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Está a discusión el dictamen en lo general. No habiendo quien haga uso de la palabra, para los efectos del artículo 134 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, se pregunta a la asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular.

En virtud de que no se ha reservado artículo alguno para discutirlo en lo particular, se reserva para su votación nominal en conjunto. Continúe la Secretaría.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.--- Comisión de Gobernación.

Honorable Asamblea:

En oficio de fecha 16 de octubre del año en curso, la honorable Cámara de Senadores remite el expediente con minuta proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Gilberto Antonio de la Fuente Morales, Mariana Zayas Chávez y Juan Carlos Barua Olivo para prestar servicios en la Embajada de Estados Unidos de América en México y en sus consulados en Tijuana, Baja California, y en Ciudad Juárez, Chihuahua, respectivamente.

En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el 21 de octubre se turnó a la suscrita comisión, para estudio y dictamen, el expediente relativo.

Considerandos

a) Que los peticionarios acreditan su nacionalidad mexicana con copia certificada del acta de nacimiento;
b) Que los servicios que los propios interesados prestarán en la Embajada de Estados Unidos de América en México y en sus consulados en Tijuana, Baja California, y en Ciudad Juárez, Chihuahua, respectivamente, serán de carácter administrativo; y
c) Que las solicitudes se ajustan a lo establecido en la fracción II) del Apartado C del artículo 37 constitucional y en el segundo párrafo del artículo 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo expuesto, la comisión se permite someter a consideración de la honorable asamblea el siguiente proyecto de

Decreto

Artículo Primero. Se concede permiso al ciudadano Gilberto Antonio de la Fuente Morales para prestar servicios como empleado de visas en la Embajada de Estados Unidos de América en México.

Artículo Segundo. Se concede permiso a la ciudadana Mariana Zayas Chávez para prestar servicios como asistente administrativo (administrative assistant) en el Consulado de Estados Unidos de América, en Tijuana, Baja California.

Artículo Tercero. Se concede permiso al ciudadano Juan Carlos Barua Olivo para prestar servicios como investigador consular en el Consulado de Estados Unidos de América, en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. México, DF, a 22 de octubre de 2008.
La Comisión de Gobernación, diputados: Diódoro Humberto Carrasco Altamirano (rúbrica), presidente; Juan Enrique Barrios Rodríguez (rúbrica), Cristián Castaño Contreras (rúbrica), Valentina Valia Batres Guadarrama , Narcizo Alberto Amador Leal (rúbrica), Alfonso Rolando Izquierdo Bustamante , Layda Elena Sansores San Román , Antonio Xavier López Adame (rúbrica), Ricardo Cantú Garza (rúbrica), secretarios; Carlos Armando Biebrich Torres , César Octavio Camacho Quiroz (rúbrica), Ariel Castillo Nájera (rúbrica), Jesús de León Tello (rúbrica), María del Carmen Fernández Ugarte (rúbrica), Javier Hernández Manzanares , Juan Darío Lemarroy Martínez, Miguel Ángel Monraz Ibarra (rúbrica), Mario Eduardo Moreno Álvarez (rúbrica), Adolfo Mota Hernández , María del Pilar Ortega Martínez (rúbrica), Luis Gustavo Parra Noriega (rúbrica), Raciel Pérez Cruz , Gerardo Priego Tapia (rúbrica), José Jesús Reyna García , Salvador Ruiz Sánchez , Francisco Javier Santos Arreola (rúbrica), Rosa Elva Soriano Sánchez , Alberto Vázquez Martínez (rúbrica), Gerardo Villanueva Albarrán , Javier Martín Zambrano Elizondo (rúbrica).»

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Está a discusión el dictamen en lo general. No habiendo quien haga uso de la palabra, para los efectos del artículo 134 del Reglamento para el Gobierno Interior del CongresoGeneral, se pregunta a la asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular.

En virtud de que no se ha reservado artículo alguno para discutirlo en lo particular, se reserva para su votación nominal en conjunto. Continúe la Secretaría.



PERMISOS PARA ACEPTAR Y USAR CONDECORACIONES

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.--- Comisión de Gobernación.

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Gobernación, que suscribe, fue turnado para estudio y dictamen el expediente con las minutas proyecto de decreto que conceden permiso al capitán de corbeta CG Érick Rigel Márquez Márquez y al vicealmirante CG DEM Manuel Paulin Fritsche para que puedan aceptar y usar las condecoraciones que, en diferentes grados, les confieren la Armada de la República de Argentina y la Marina del Gobierno de la República de Brasil, respectivamente.

La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de conformidad con lo que establecen la fracción III del Apartado C del artículo 37 constitucional y el segundo párrafo del artículo 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a consideración de la honorable asamblea el siguiente

Proyecto de Decreto

Artículo Primero. Se concede permiso al capitán de corbeta CG Érick Rigel Márquez Márquez para que pueda aceptar y portar la placa Premio Director de la Escuela de Oficiales de la Armada, que le confiere la Armada de la República de Argentina.

Artículo Segundo. Se concede permiso al vicealmirante CG DEM Manuel Paulin Fritsche para que pueda aceptar y usar la medalla Mérito Tamandaré, que le otorga la Marina del Gobierno de la República de Brasil.

Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. México, DF, a 22 de octubre de 2008.
La Comisión de Gobernación, diputados: Diódoro Humberto Carrasco Altamirano (rúbrica), presidente; Juan Enrique Barrios Rodríguez (rúbrica), Cristián Castaño Conteras (rúbrica), Valentina Valia Batres Guadarrama , Narcizo Alberto Amador Leal (rúbrica), Alfonso Rolando Izquierdo Bustamante , Antonio Xavier López Adame (rúbrica), Layda Elena Sansores San Román , Ricardo Cantú Garza (rúbrica), secretarios; Carlos Armando Biebrich Torres , César Octavio Camacho Quiroz (rúbrica), Ariel Castillo Nájera (rúbrica), Jesús de León Tello (rúbrica), María del Carmen Fernández Ugarte (rúbrica), Javier Hernández Manzanares , Juan Darío Lemarroy Martínez, Miguel Ángel Monraz Ibarra (rúbrica), Mario Eduardo Moreno Álvarez (rúbrica), Adolfo Mota Hernández , María del Pilar Ortega Martínez (rúbrica), Luis Gustavo Parra Noriega (rúbrica), Raciel Pérez Cruz , Gerardo Priego Tapia (rúbrica), José Jesús Reyna García , Salvador Ruiz Sánchez , Francisco Javier Santos Arreola (rúbrica), Rosa Elva Soriano Sánchez , Alberto Vázquez Martínez (rúbrica), Gerardo Villanueva Albarrán , Javier Martín Zambrano Elizondo (rúbrica).»

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Está a discusión el dictamen en lo general. No habiendo quien haga uso de la palabra, para los efectos del artículo 134 del Reglamento para el Gobierno Interior del CongresoGeneral se pregunta a la asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular.

En virtud de que no se ha reservado artículo alguno para discutirlo en lo particular se reserva para su votación nominal en conjunto. Continúe la Secretaría.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.--- Comisión de Gobernación.

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Gobernación, que suscribe, fue turnado para estudio y dictamen el expediente con las minutas proyectos de decreto por los que se conceden permiso al teniente coronel de infantería Diplomado de Estado Mayor Filiberto Oropeza Fabián, para que pueda aceptar y usar la Medalla de la Defensa Nacional, en grado de Échelon Argent (categoría plata); al capitán de navío CG Diplomado de Estado Mayor Luis Mario Ramón Bravo Román, para que pueda aceptar y usar la medalla de la Defensa Nacional, en grado de Échelon Or, (categoría oro); coronel de Caballería Diplomado de Estado Mayor Homero Mendoza Ruiz, para que pueda aceptar y usar la Medalla de la Defensa Nacional, en grado de Échelon Or (categoría oro); vicealmirante CG Diplomado de Estado Mayor Guillermo Colina Torres, para que pueda aceptar y usar la Medalla de la Defensa Nacional, en grado de Échelon Or, que les otorga el Ministerio de la Defensa del gobierno de la República de Francia.

La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de conformidad con lo que establecen la fracción III del Apartado C, del artículo 37 constitucional y el segundo párrafo del artículo 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a la aprobación de la honorable asamblea el siguiente

Proyecto de Decreto

Artículo Primero. Se concede permiso al teniente coronel de infantería Diplomado de Estado Mayor Filiberto Oropeza Fabián para que pueda aceptar y usar la Medalla de la Defensa Nacional, en grado de Échelon Argent (categoría plata), que le otorga el Ministerio de la Defensa del gobierno de la República de Francia.

Artículo Segundo. Se concede permiso al capitán de navío CG Diplomado de Estado Mayor Luis Mario Ramón Bravo Román para que pueda aceptar y usar la Medalla de la Defensa Nacional, en grado de Échelon Or (categoría oro), que le otorga el Ministerio de la Defensa del gobierno de la República de Francia.

Artículo Tercero. Se concede permiso al coronel de caballería Diplomado de Estado Mayor Homero Mendoza Ruiz para que pueda aceptar y usar la Medalla de la Defensa Nacional, en grado de Échelon Or (categoría oro), que le otorga el Ministerio de la Defensa del gobierno de la República de Francia.

Artículo Cuarto. Se concede permiso al vicealmirante CG Diplomado de Estado Mayor Guillermo Colina Torres para que pueda aceptar y usar la Medalla de la Defensa Nacional, en grado de Échelon Or, que le otorga el Ministerio de la Defensa del gobierno de la República de Francia.

Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. México, DF, a 21 de octubre de 2008.
La Comisión de Gobernación, diputados: Diódoro Humberto Carrasco Altamirano (rúbrica), presidente; Juan Enrique Barrios Rodríguez (rúbrica), Cristián Castaño Contreras (rúbrica), Valentina Valia Batres Guadarrama , Narcizo Alberto Amador Leal (rúbrica), Alfonso Rolando Izquierdo Bustamante , Antonio Xavier López Adame (rúbrica), Layda Elena Sansores San Román , Ricardo Cantú Garza , secretarios; Carlos Armando Biebrich Torres , César Octavio Camacho Quiroz (rúbrica), Ariel Castillo Nájera (rúbrica), Jesús de León Tello (rúbrica), María del Carmen Fernández Ugarte (rúbrica), Javier Hernández Manzanares , Juan Darío Lemarroy Martínez, Miguel Ángel Monraz Ibarra (rúbrica), Mario Eduardo Moreno Álvarez (rúbrica), Adolfo Mota Hernández , María del Pilar Ortega Martínez (rúbrica), Luis Gustavo Parra Noriega (rúbrica), Raciel Pérez Cruz , Gerardo Priego Tapia (rúbrica), José Jesús Reyna García , Salvador Ruiz Sánchez , Francisco Javier Santos Arreola (rúbrica), Rosa Elva Soriano Sánchez , Alberto Vázquez Martínez (rúbrica), Gerardo Villanueva Albarrán , Javier Martín Zambrano Elizondo (rúbrica).»

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Está a discusión el dictamen en lo general. No habiendo quien haga uso de la palabra, para los efectos del artículo 134 del Reglamento para el Gobierno Interior del CongresoGeneral, se pregunta a la asamblea si se va a reservar algún artículo en lo particular.

En virtud de que no se ha reservado artículo alguno para discutirlo en lo particular, se reserva para su votación nominal en conjunto. Continúe la Secretaría.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.--- Comisión de Gobernación.

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Gobernación, que suscribe, el 21 de octubre de 2008 fueron turnados para estudio y dictamen los expedientes con las minutas proyectos de decreto por los que se concede permiso para que puedan aceptar y usar las condecoraciones los ciudadanos Lorenzo H. Zambrano Treviño, de la Orden de Isabel la Católica, en grado de Encomienda; Francisco Javier Garciadiego Dantán, Isaac José Woldenberg Karakowsky, José Mario Molina Pasquel y Henríquez, Enrique Krauze Kleinbort, de la Orden de Isabel la Católica, en grado de Gran Cruz; e Ignacio Bonilla Arroyo, de la encomienda de la Orden del Mérito Civil, que les otorga el gobierno del Reino de España.

La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de conformidad con lo establecido en la fracción III del Apartado C, del artículo 37 constitucional, y en el artículo 60, segundo párrafo, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a consideración de la honorable asamblea el siguiente proyecto de

Decreto

Artículo Primero. Se concede permiso al ciudadano Lorenzo H. Zambrano Treviño para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden de Isabel la Católica, en grado de Encomienda, que le otorga el gobierno del Reino de España.

Artículo Segundo. Se concede permiso al ciudadano Francisco Javier Garciadiego Dantán para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden de Isabel la Católica, en grado de Gran Cruz, que le otorga el gobierno del Reino de España.

Artículo Tercero. Se concede permiso al ciudadano Isaac José Woldenberg Karakowsky para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden de Isabel la Católica, en grado de Gran Cruz, que le otorga el gobierno del Reino de España.

Artículo Cuarto. Se concede permiso al ciudadano José Mario Molina Pasquel y Henríquez para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden de Isabel la Católica, en grado de Gran Cruz, que le otorga el gobierno del Reino de España.

Artículo Quinto. Se concede permiso al ciudadano Enrique Krauze Kleinbort para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden de Isabel la Católica, en grado de Gran Cruz, que le otorga el gobierno del Reino de España.

Artículo Sexto. Se concede permiso al ciudadano Ignacio Bonilla Arroyo para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Encomienda de la Orden del Mérito Civil, que le otorga el gobierno del Reino de España.

Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. México, DF, a 22 de octubre de 2008.
La Comisión de Gobernación, diputados: Diódoro Humberto Carrasco Altamirano (rúbrica), presidente; Juan Enrique Barrios Rodríguez (rúbrica), Cristián Castaño Contreras (rúbrica), Valentina Valia Batres Guadarrama , Narcizo Alberto Amador Leal (rúbrica), Alfonso Rolando Izquierdo Bustamante , Layda Elena Sansores San Román , Antonio Xavier López Adame (rúbrica), Ricardo Cantú Garza (rúbrica), secretarios; Carlos Armando Biebrich Torres , César Octavio Camacho Quiroz (rúbrica), Ariel Castillo Nájera (rúbrica), Jesús de León Tello (rúbrica), María del Carmen Fernández Ugarte (rúbrica), Javier Hernández Manzanares , Juan Darío Lemarroy Martínez, Miguel Ángel Monraz Ibarra (rúbrica), Mario Eduardo Moreno Álvarez (rúbrica), Adolfo Mota Hernández , María del Pilar Ortega Martínez (rúbrica), Luis Gustavo Parra Noriega (rúbrica), Raciel Pérez Cruz , Gerardo Priego Tapia (rúbrica), José Jesús Reyna García , Salvador Ruiz Sánchez , Francisco Javier Santos Arreola (rúbrica), Rosa Elva Soriano Sánchez , Alberto Vázquez Martínez (rúbrica), Gerardo Villanueva Albarrán , Javier Martín Zambrano Elizondo (rúbrica).»

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Está a discusión el dictamen en lo general. No habiendo quien haga uso de la palabra, para los efectos del artículo 134 del Reglamento para el Gobierno Interior del CongresoGeneral, se pregunta a la asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular.

En virtud de que no se ha reservado artículo alguno para discutirlo en lo particular, se reserva para su votación nominal en conjunto.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.--- Comisión de Gobernación.

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Gobernación, que suscribe, el 21 de octubre del año en curso fue turnado, para estudio y dictamen, expediente con las minutas proyectos de decreto por los que se concede permiso al general brigadier diplomado de Estado Mayor Arturo Sánchez García, al capitán de navío CG diplomado de Estado Mayor Sergio Morales González, y a los ciudadanos Kawabe Tamori Shigenori y Josefina Amelia Kayo Matsubara Oda para aceptar y usar las condecoraciones que en diferentes grados les confieren los gobiernos de Japón y de la República de Corea, respectivamente.

La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder los permisos solicitados y, en tal virtud, de conformidad con lo establecido en la fracción III del Apartado C del artículo 37 constitucional, y en el segundo párrafo del artículo 60 de Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a la aprobación de la honorable asamblea el siguiente

Proyecto de Decreto

Artículo Primero. Se concede permiso al general brigadier diplomado de Estado Mayor Arturo Sánchez García para que pueda aceptar y usar la medalla Cheonsu, de la Orden al Mérito a la Seguridad Nacional, que le otorga el gobierno de la República de Corea.

Artículo Segundo. Se concede permiso al capitán de navío CG diplomado de Estado Mayor Sergio Morales González para que pueda aceptar y usar la condecoración medalla Símil, de la Orden al Mérito de la Seguridad Nacional, que le otorga el gobierno de la República de Corea.

Artículo Tercero. Se concede permiso al ciudadano Kawabe Tamori Shigenori para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden del Sol Naciente con Rayos de Oro y Plata, que le otorga el gobierno de Japón.

Artículo Cuarto. Se concede permiso a la ciudadana Josefina Amelia Kayo Matsubara Oda para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden del Sol Naciente con Rayos Dorados y Roseta, que le otorga el gobierno de Japón.

Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. México, DF, a 22 de octubre de 2008.
La Comisión de Gobernación, diputados: Diódoro Humberto Carrasco Altamirano (rúbrica), presidente; Juan Enrique Barrios Rodríguez (rúbrica), Cristián Castaño Contreras (rúbrica), Valentina Valia Batres Guadarrama , Narcizo Alberto Amador Leal (rúbrica), Alfonso Rolando Izquierdo Bustamante , Layda Elena Sansores San Román , Antonio Xavier López Adame (rúbrica), Ricardo Cantú Garza (rúbrica), secretarios; Carlos Armando Biebrich Torres , César Octavio Camacho Quiroz (rúbrica), Ariel Castillo Nájera , Jesús de León Tello (rúbrica), María del Carmen Fernández Ugarte (rúbrica), Javier Hernández Manzanares , Juan Darío Lemarroy Martínez, Miguel Ángel Monraz Ibarra , Mario Eduardo Moreno Álvarez (rúbrica), Adolfo Mota Hernández , María del Pilar Ortega Martínez (rúbrica), Luis Gustavo Parra Noriega (rúbrica), Raciel Pérez Cruz , Gerardo Priego Tapia (rúbrica), José Jesús Reyna García , Salvador Ruiz Sánchez , Francisco Javier Santos Arreola (rúbrica), Rosa Elva Soriano Sánchez , Alberto Vázquez Martínez , Gerardo Villanueva Albarrán , Javier Martín Zambrano Elizondo (rúbrica).»
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Está a discusión el dictamen en lo general. No habiendo quien haga uso de la palabra, para los efectos del artículo 134 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General se pregunta a la asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular.

En virtud de que no se ha reservado artículo alguno para discutirlo en lo particular, se reserva para su votación nominal en conjunto.



PERMISOS PARA PRESTAR SERVICIOS EN REPRESENTACIONES DIPLOMATICAS

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.--- Comisión de Gobernación.

Honorable Asamblea:

En oficio fechado el 31 de octubre del año en curso, la Secretaría de Gobernación solicitó el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Elizabeth Nora Echavarri Villanueva, Evaristo Ortiz Cordero, Roberto Yáñez Martínez y Juan Carlos Coellar Reyna puedan prestar servicios en las Embajadas de Estados Unidos de América, y de Japón en México, y en los Consulados de Estados Unidos de América en Tijuana, Baja California, y Nuevo Vallarta, Nayarit, respectivamente.

En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión el 11 de noviembre del año en curso, se turnó a la suscrita comisión, para su estudio y dictamen, el expediente relativo.

Considerando

a) Que los peticionarios acreditan su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento;
b) Que los servicios que los propios interesados prestarán en las Embajadas de Estados Unidos de América, y de Japón serán de carácter administrativo, y
c) Que las solicitudes se ajustan a lo establecido en la fracción II del Apartado C) del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el segundo párrafo del artículo 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo expuesto, esta Comisión se permite someter a la consideración de la Honorable Asamblea, el siguiente

Proyecto de Decreto

Artículo Primero. Se concede permiso a la ciudadana Elizabeth Nora Echavarri Villanueva para prestar servicios como agente de compras en la Oficina de Servicios Generales en la Embajada de Estados Unidos de América en México.

Artículo Segundo. Se concede permiso al ciudadano Evaristo Ortiz Cordero para prestar servicios como chofer en la Embajada de Japón en México.

Artículo Tercero. Se concede permiso al ciudadano Roberto Yáñez Martínez para prestar servicios como investigador de seguridad en el Consulado de Estados Unidos de América en Tijuana, Baja California.

Artículo Cuarto. Se concede permiso al ciudadano Juan Carlos Coellar Reyna para prestar servicios como asistente consular en el Consulado de Estados Unidos de América en Nuevo Vallarta, Nayarit.

Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. México, DF, a 12 de noviembre de 2008.
La Comisión de Gobernación, diputados: Diódoro Carrasco Altamirano (rúbrica), presidente; Juan Enrique Barrios Rodríguez (rúbrica), Cristián Castaño Contreras (rúbrica), Valentina Valia Batres Guadarrama , Narcizo Alberto Amador Leal (rúbrica), Alfonso Rolando Izquierdo Bustamante (rúbrica), Javier López Adame, Layda Elena Sansores San Román , secretarios; Ricardo Cantú Garza (rúbrica), Carlos Armando Biebrich Torres , César Octavio Camacho Quiroz (rúbrica), Ariel Castillo Nájera (rúbrica), Jesús de León Tello (rúbrica), María del Carmen Fernández Ugarte (rúbrica), Javier Hernández Manzanares , Juan Darío Lemarroy Martínez, Miguel Ángel Monraz Ibarra (rúbrica), Mario Eduardo Moreno Álvarez (rúbrica), Adolfo Mota Hernández (rúbrica), María del Pilar Ortega Martínez , Luis Gustavo Parra Noriega (rúbrica), Raciel Pérez Cruz , Gerardo Priego Tapia (rúbrica), José Jesús Reyna García (rúbrica), Salvador Ruiz Sánchez , Francisco Javier Santos Arreola , Rosa Elva Soriano Sánchez , Alberto Vázquez Martínez (rúbrica), Gerardo Villanueva Albarrán , Javier Martín Zambrano Elizondo (rúbrica).»

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Está a discusión el dictamen en lo general. No habiendo quien haga uso de la palabra, para los efectos del artículo 134 del Reglamento para el Gobierno Interior del CongresoGeneral, se pregunta a la asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular.

En virtud de que no se ha reservado artículo alguno para discutirlo en lo particular, se instruye a la Secretaría que abra el sistema electrónico hasta por ocho minutos para recoger la votación nominal de este proyecto de decreto, y los anteriormente reservados, en un solo acto.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas : Se va a proceder a recoger la votación nominal del proyecto de decreto en un solo acto. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento para el Gobierno Interior. Ábrase el sistema electrónico de votación por ocho minutos para tomar la votación nominal del proyecto de decreto.

(Votación)

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Damos cordial bienvenida a los alumnos de la escuela Benjamín Franklin que hoy nos acompañan. Bienvenidos.

También a alumnos de la Universidad Angelópolis, de Atlixco, Puebla. Bienvenidos esta tarde. Felicidades.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas : ¿Falta alguna diputada o algún diputado por emitir su voto? Está abierto aún el sistema electrónico.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Pedimos a los señores diputados no retirarse, porque vamos a tener de inmediato otra votación.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas : Se les recuerda a las ciudadanas diputadas y a los ciudadanos diputados que está abierto el sistema electrónico, para quien falte de emitir su voto.

Ciérrese el sistema de votación electrónico. De viva voz:

La diputada Adriana Rebeca Vieyra Olivares (desde la curul): A favor.

La diputada Claudia Lilia Cruz Santiago (desde la curul): Abstención.

El diputado Tomás José Luis Varela Lagunas (desde la curul): Es a favor.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas : Se emitieron 246 votos en pro, 0 en contra y 36 abstenciones, diputado presidente.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Aprobado el proyecto de decreto por 246 votos. Pasa al Ejecutivo y al Senado para sus efectos constitucionales.



LEY GENERAL DE BIBLIOTECAS

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Bibliotecas. En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria consulte la Secretaría a la asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela : Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura del dictamen. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Dictamen de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Bibliotecas

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión fue turnada para estudio y análisis la iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Bibliotecas, a cargo del diputado Javier Martín Zambrano Elizondo , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión.

La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 56, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen:

I. Antecedentes

1. En sesión de la del Congreso de la Unión del 31 de agosto de 2007 de la LX Legislatura se presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Bibliotecas, a cargo del diputado Javier Martín Zambrano Elizondo , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, que fue turnada a esta comisión para análisis y dictamen.
2. La mesa directiva de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos decidió incorporar la siguiente iniciativa en el presente dictamen, por coincidir con la materia en análisis:
a) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Bibliotecas, a cargo del diputado Robinson Uscanga Cruz , del Grupo Parlamentario de Convergencia, presentada en la sesión de la del Congreso de la Unión del 13 de junio de 2007.

II. Descripción de las iniciativas

1. Iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Bibliotecas, a cargo del diputado Javier Martín Zambrano Elizondo

En la exposición de motivos se señala que entre 2000 y 2006 se equiparon 2 mil 600 recintos bibliotecarios con servicios digitales, consistentes en módulos de computadoras conectadas a Internet que brindan a los usuarios servicios de comunicación e información digital adicionales a los servicios tradicionales. Además, comenta que se construyeron alrededor de mil 100 bibliotecas a escala nacional.

Se argumenta que uno de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 es impulsar la utilización de nuevas tecnologías en el sistema educativo mediante la conectividad en escuelas, bibliotecas y hogares para lograr la inserción de los estudiantes en la denominada sociedad del conocimiento . Asimismo, el iniciante manifiesta que parte del éxito de los jóvenes mexicanos se encuentra determinada por el acceso a la tecnología, informática e información digitalizada.

Por ello considera necesario que las bibliotecas públicas cuenten con módulos de servicios digitales equipados con bienes informáticos y periféricos, que brinden el servicio de información, comunicación y colecciones digitales. Con ello, comenta el promovente, se contribuiría a elevar el nivel de vida de las comunidades y se coadyuvaría a reducir la brecha digital.

Además, la reforma propone que el sistema nacional de bibliotecas estructure y mantenga en operación y evaluación la Red de Servicios Digitales, a partir del Programa de Acceso a Servicios Digitales en Bibliotecas Públicas. Por último, argumenta que con la reforma propuesta se daría certeza jurídica y permanencia a las acciones ya realizadas en la materia.

2. Iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Bibliotecas, a cargo del diputado Robinson Uscanga Cruz

El iniciante reconoce que la innovación tecnológica se ha convertido en una presencia innegable en diversos terrenos de la vida cotidiana, así como que existen campos en los que se denota mayor rezago tecnológico, como lo es en el terreno de la bibliotecología.

Como primer propósito de la iniciativa, se señala la actualización del término biblioteca pública, ya que considera que ésta ya no es únicamente el espacio que alberga títulos en los términos tradicionales sino que, debido a los adelantos tecnológicos, es necesario considerar toda información que se encuentre en sistemas digitales.

Como segundo propósito, se establece que los acervos tengan garantizado el establecimiento, el equipamiento, el mantenimiento y la actualización permanente de áreas de servicios de cómputo.

Señala el promovente que la iniciativa en análisis traería diversas ventajas, como el crecimiento y la mejor organización en el manejo de acervos, ahorro de papel, disminución de espacios en las bibliotecas, optimización de los mecanismos de búsqueda de textos, imágenes, videos y audio, y acceso a información desde cualquier parte del mundo.

III. Consideraciones de la comisión

El Manifiesto de la UNESCO sobre la Biblioteca Pública define ésta como un ``centro local de información que facilita a sus usuarios todas las clases de conocimientos e información'', 1 y la considera como un ``requisito básico para el aprendizaje a lo largo de los años, para la toma independiente de decisiones y el progreso cultural del individuo y los grupos sociales''. 2

Respecto a esta definición de la UNESCO, es importante mencionar que durante cientos de años, las bibliotecas se referían únicamente a colecciones de libros, posteriormente también a publicaciones periódicas y otro tipo de impresos. Actualmente, las bibliotecas públicas incluyen además materiales cartográficos, música impresa y en audio, elementos gráficos, audiovisuales y recursos de información contenidos en formato digital, entre otros materiales.

A causa de los vertiginosos cambios que la biblioteca pública ha tenido a fin de adaptarse a la modernidad, ésta es considerada ya centro de aprendizaje , información y asesoría; y no sólo colección organizada de libros y de publicaciones.

Ahora bien, ahondando en el manifiesto de la UNESCO referido, el servicio de la biblioteca pública debe prestarse sobre la base de la igualdad de acceso para todas las personas, sin tener en cuenta su edad, raza, sexo, religión, nacionalidad, idioma o condición social.

El documento destaca que todos los grupos encontrarán material adecuado a sus necesidades, así como que las colecciones y los servicios incluirán todo tipo de soportes, en modernas tecnologías y en materiales tradicionales.

Asimismo, establece como esencia de los servicios de la biblioteca pública

1. Crear y consolidar los hábitos de lectura en los niños desde los primeros años.
2. Prestar apoyo a la educación, tanto individual como autodidacta, así como a la educación formal en todos los niveles.
3. Brindar posibilidades para el desarrollo personal creativo.
4. Estimular la imaginación y creatividad de niños y de jóvenes.
5. Fomentar el conocimiento del patrimonio cultural, la valoración de las artes, y de los logros e innovaciones científicos.
6. Facilitar el acceso a las expresiones culturales de todas las manifestaciones artísticas.
7. Fomentar el diálogo intercultural y favorecer la diversidad cultural.
8. Prestar apoyo a la tradición oral.
9. Garantizar a los ciudadanos el acceso a todo tipo de información de la comunidad.
10. Prestar servicios adecuados de información a empresas, asociaciones y agrupaciones de ámbito local.
11. Facilitar el progreso en el uso de la información y su manejo a través de medios informáticos.
12. Prestar apoyo y participar en programas y actividades de alfabetización para todos los grupos de edad y, de ser necesario, iniciarlos. 3

Por su parte, los especialistas Ana Margarita Cabrera y Adrián Coutín 4 señalan que la tecnología ha marcado el inicio del siglo XXI, evolucionando de la biblioteca tradicional hacia nuevos servicios basados en soportes intangibles. Para que ocurra esta evolución, afirman los autores, son necesarios innumerables estudios e investigaciones y muchas acciones de carácter formativo y evaluativo. Ello implica también dotar de un marco normativo que otorgue certidumbre a los usuarios.

No podemos perder de vista que en la actualidad el acceso a la información a través de la digitalización, ya sea las bases de datos o las publicaciones electrónicas, plantea un nuevo reto frente a las bibliotecas tradicionales.

El tema de las bibliotecas digitales es actualmente uno de los puntos de giro en cuanto al cambio de paradigmas en la ciencia de la información y la bibliotecología, en tanto supone el acceso universal a la información, que engloba varios aspectos:

• La biblioteca digital no existe como una institución aislada sino en cooperación con bibliotecas o instituciones afines, para que el intercambio de información se convierta en algo fluido.
• La tecnología como elemento indispensable en el que se sustenta la evolución de la biblioteca tradicional.
• La mentalidad de los profesionales y usuarios de las bibliotecas debe progresar aún más y orientarse hacia las nuevas metodologías y procedimientos de la sociedad de la información, e incorporarse a la nueva faceta digital de las bibliotecas. 5

En el ámbito internacional, encontramos países que han actualizado su normatividad de acuerdo con la nueva realidad de la información digital. Así, por ejemplo, en España la Ley 10/2007, del 22 de junio, de la lectura, del libro y de las bibliotecas, en el inciso h) del artículo 2, establece que las bibliotecas digitales son colecciones organizadas de contenidos digitales que se ponen a disposición del público. Pueden contener materiales digitalizados, como ejemplares digitales de libros u otro material documental procedente de bibliotecas, archivos y museos, o basarse en información producida directamente en formato digital.

Por otra parte, en Chile, la Ley número 19.227 crea el Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura, y modifica cuerpos legales que señala. Se precisa en el artículo 2o. que el libro comprende también los materiales complementarios o accesorios de carácter electrónico, computacional, visual y sonoro, producidos simultáneamente como unidades que no puedan comercializarse separadamente.

En tal sentido, los miembros de esta comisión dictaminadora coincidimos con los iniciantes respecto a la necesidad de adecuar nuestra legislación positiva vigente, con la finalidad de estrechar la separación existente entre personas, comunidades, estados, países o regiones que utilizan nuevas tecnologías de la información como parte rutinaria de su vida y las que no tienen acceso a éstas.

La iniciativa del diputado Robinson Uscanga Cruz propone reformar el artículo 4o. de la Ley General de Bibliotecas para precisar que los gobiernos federal, estatales y municipales, en sus respectivas jurisdicciones, además de promover el establecimiento, la organización y el sostenimiento de bibliotecas públicas, garanticen el establecimiento, el equipamiento, el mantenimiento y la actualización permanente de un área de servicios de cómputo.

Al respecto, se considera oportuno hablar de impulsar y no de garantizar, a fin de que sea coherente con lo previsto en el mismo párrafo, donde se habla de promover y no garantizar, de tal forma que rebase la capacidad, sobre todo de los estados y los municipios, que les implique violaciones de una ley emanada del Congreso de la Unión.

Ahora bien, para que el nuevo concepto de las bibliotecas públicas tenga sentido, se estima oportuno no sólo incluir en la Ley General de Bibliotecas que se impulsen el establecimiento, el equipamiento, el mantenimiento y la actualización permanente de un área de servicios de cómputo en las bibliotecas públicas en el país, sino adecuar toda la norma para que se ajuste a este nuevo concepto.

Finalmente, con las presentes reformas de la Ley General de Bibliotecas se busca otorgar el marco regulatorio necesario a lo ya previsto en el Reglamento General de Servicios Bibliotecarios, vigente desde el 31 de octubre de 2001.

Como advierte el diputado Javier Martín Zambrano Elizondo , dicha normatividad ya considera, entre los servicios que deberán otorgar las bibliotecas públicas, el acceso a los servicios digitales; en tanto, el artículo 26 establece que los servicios digitales consisten en facilitar al usuario el acceso a la información, a las computadoras y a Internet.

Por último, se considera que no es atribución de este órgano legislativo implantar la creación del programa de acceso a servicios digitales ya que, con base en las atribuciones legales que confieren la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, el Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública y demás legislación aplicable, es facultad de dicha dependencia la creación e implantación de programas.

Por lo expuesto, los integrantes de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados de la LX Legislatura sometemos a consideración de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de

Decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Bibliotecas

Artículo Único. Se reforman los artículos 2o.; 4o.; 7o., fracciones II, V, IX, XI y XV; 8o., fracciones II y IV; 10, fracción III, inciso c); 13; y 14, fracción III, de la Ley General de Bibliotecas, para quedar como sigue:

Artículo 2o. Para los efectos de la presente ley, se entenderá por biblioteca pública todo establecimiento que contenga un acervo impreso o digital de carácter general superior a quinientos títulos, catalogados y clasificados, y que se encuentre destinado a atender en forma gratuita a toda persona que solicite la consulta o préstamo del acervo en los términos de las normas administrativas aplicables.

La biblioteca pública tendrá como finalidad ofrecer en forma democrática el acceso a los servicios de consulta de libros, impresos y digitales, y otros servicios culturales complementarios, como orientación e información, que permitan a la población adquirir, transmitir, acrecentar y conservar en forma libre el conocimiento en todas las ramas del saber.

Su acervo podrá comprender colecciones bibliográficas, hemerográficas, auditivas, visuales, audiovisuales, digitales y, en general, cualquier otro medio que contenga información afín.

Artículo 4o. Los gobiernos federal, estatales y municipales, dentro de sus respectivas jurisdicciones, promoverán el establecimiento, organización y sostenimiento de bibliotecas públicas, impulsando el establecimiento, el equipamiento, el mantenimiento y la actualización permanente de un área de servicios de cómputo y los servicios culturales complementarios que a través de éstas se otorguen.

Artículo 7o. Corresponde a la Secretaría de Educación Pública

I. ...
II. Establecer los mecanismos participativos para planear y programar la expansión y modernización tecnológica de la Red;
III. y IV. ...
V. Dotar a las nuevas bibliotecas públicas, en formatos impreso y digital, de un acervo de publicaciones informativas, recreativas y formativas, así como de obras de consulta y publicaciones periódicas a efecto de que sus acervos respondan a las necesidades culturales, educativas y de desarrollo en general de los habitantes de cada localidad;
VI. a VIII. ...
IX. Proporcionar el servicio de catalogación de acervos complementarios y apoyo técnico para el mantenimiento de los servicios informáticos de las bibliotecas integrantes de la Red;
X. ...
XI. Proporcionar asesoría técnica en materia bibliotecaria e informática a las bibliotecas incluidas en la Red;
XII. a XIV. ...
XV. Llevar a cabo o patrocinar investigaciones encaminadas a fomentar el uso de los servicios bibliotecarios, tanto impresos como digitales, así como el hábito de la lectura; y
XVI. ...

Artículo 8o. Corresponderá a los gobiernos de los estados, en los términos de las disposiciones locales y los acuerdos de coordinación que se celebren

I. ...
II. Participar en la planeación, programación del desarrollo, actualización tecnológica y expansión de las bibliotecas públicas a su cargo;
III. ...
IV. Reparar los acervos impresos y los digitales dañados;
V. a IX. ...

Artículo 10. El Consejo de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas estará integrado por

I. a III. ...
a) y b) ...
c) Los titulares de las unidades vinculadas con la labor editorial y de desarrollo tecnológico de la Secretaría de Educación Pública; y
d) ...

Artículo 13. El Sistema Nacional de Bibliotecas tendrá como propósito conjuntar los esfuerzos nacionales para lograr la coordinación dentro del sector público y la participación voluntaria de los sectores social y privado a través de la concertación, a fin de integrar y ordenar la información bibliográfica, impresa y digital, disponible en apoyo de las labores educativas, de investigación y cultura en general, para el desarrollo integral del país y de sus habitantes.

Artículo 14. Para el cumplimiento de sus propósitos, el sistema nacional de bibliotecas promoverá el desarrollo de las siguientes acciones:

I. y II. ...
III. Configurar un catálogo general de acervos impresos y digitales de las bibliotecas incorporadas al sistema, conforme a las reglas de catalogación y clasificación bibliográfica que adopte el sistema para lograr su uniformidad;
IV. a VII. ...

Artículos Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La actualización y modernización tecnológica a que se refiere el presente decreto se realizarán de manera gradual y creciente, con la concurrencia presupuestal de la federación, las entidades federativas y los municipios.

Notas: 1 Manifiesto de la UNESCO sobre la Biblioteca Pública, 1994 (preparado en colaboración con la Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas y aprobado por la UNESCO en noviembre de 1994), http://www.fundaciongsr.es/documentos/manifiestos/mani94es.htm2 Ibídem.3 Ibídem.4 Cabrera Facundo, Ana Margarita; y Coutín Domínguez, Adrián. Las bibliotecas digitales. Parte I. Consideraciones teóricas, http://bvs.sld.cu/revistas/aci/vol13_2_05/aci04_05.htm#cargo 16/jun/085 Ibídem.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de octubre de 2008.
La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, diputados: Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla (rúbrica), presidente; Constantino Acosta Dávila (rúbrica), Ariel Castillo Nájera (rúbrica), Leobardo Curiel Preciado , Delber Medina Rodríguez (rúbrica), Víctor Manuel Lizárraga Peraza , Adrián Pedrozo Castillo (rúbrica), Abundio Peregrino García (rúbrica), Enrique Rodríguez Uresti (rúbrica), Odilón Romero Gutiérrez (rúbrica), Arnoldo Ochoa González (rúbrica), Sergio Sandoval Paredes (rúbrica), secretarios; José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), Daniel Amador Gaxiola , Raymundo Cárdenas Hernández , Juan de Dios Castro Muñoz (rúbrica), Faustino Javier Estrada González , Jesús Vicente Flores Morfín (rúbrica), María Gabriela González Martínez (rúbrica), Benjamín Ernesto González Roaro , Sergio Hernández Hernández (rúbrica), Ramón Ignacio Lemus Muñoz Ledo (rúbrica), Adolfo Mota Hernández (rúbrica), Francisco Javier Murillo Flores , Concepción Ojeda Hernández , Ignacio Alberto Rubio Chávez (rúbrica), José de Jesús Solano Muñoz , Miguel Ángel Solares Chávez (rúbrica), Gerardo Sosa Castelán (rúbrica), José Luis Varela Lagunas .»

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Tiene el uso de la palabra el diputado Constantino Acosta Dávila, para fundamentar el dictamen de conformidad con el artículo 108 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Constantino Acosta Dávila : Con su venia, señor presidente.

Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, los integrantes de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, conscientes del gran valor que para nuestra sociedad significan las bibliotecas públicas, así como de la necesidad de incorporar en ellas los avances tecnológicos que potencien su uso y aprovechamiento, ponemos a consideración de esta honorable asamblea el presente proyecto de decreto por el que se reforma y actualiza la Ley General de Bibliotecas, en materia de acervos digitales y servicios informáticos.

La importancia de las bibliotecas públicas es incuestionable y la sociedad y sus instituciones lo reconocen ampliamente. Por ejemplo, el manifiesto de la Unesco de 1994 señala, de manera muy atinada, que los valores humanos fundamentales de libertad, prosperidad y desarrollo de la sociedad y de los individuos sólo podrán alcanzarse como ciudadanos bien informados para ejercer sus derechos democráticos y desempeñar un papel activo en la sociedad.

En este sentido, se reconoce que la biblioteca pública representa la puerta local hacia el conocimiento y constituye un requisito básico para el aprendizaje a lo largo de los años para la toma independiente de decisiones y el progreso cultural del individuo y los grupos sociales.

Ha sido muy largo el camino que las bibliotecas públicas han transitado a fin de constituirse no sólo en una colección organizada de libros y publicaciones, sino en centros que brinden acceso a todo tipo de información a sus usuarios.

Hoy día en las bibliotecas públicas pueden encontrarse materiales cartográficos, música impresa y en audio, elementos gráficos audiovisuales y recursos de información contenidos en formato digital, entre otras opciones.

Así, las bibliotecas públicas, a través del tiempo, se han convertido en centros de aprendizaje y asesoría en diversos tipos tales como aprendizaje de idiomas, matemáticas, computación, asesoría en métodos de aprendizaje, etcétera.

Compañeros legisladores, lo que impulsó esta reforma en la Comisión de Educación es que actualmente la ampliación de los acervos, así como el fortalecimiento y la eficiencia de las bibliotecas públicas, depende en buena medida de la incorporación de los avances tecnológicos para su organización y funcionamiento, en particular en lo relacionado a los procesos digitales.

Es importante recalcar que la Ley General de Bibliotecas no se ha reformado desde 1988, año en que entró en vigencia. Por esta razón consideramos imperativo que la normatividad mexicana se actualice ante la realidad tecnológica que ya se vive, tal y como lo han hecho países como España y Chile. Estos países ajustaron sus leyes para incorporar los contenidos y formatos digitales, así como para impulsar la creación de centros de cómputo en sus bibliotecas públicas.

Así, el presente dictamen pretende actualizar la Ley General de Bibliotecas en lo referente a los acervos digitales y a la modernización tecnológica de las mismas, con la concurrencia de las entidades federativas y de los municipios.

Es importante mencionar que actualmente el Reglamento General de Servicios Bibliotecarios, vigente desde el 31 de octubre de 2001, considera ya los materiales audiovisuales y los servicios digitales que se ofrecen en las bibliotecas. Respecto de estos últimos, el apéndice incluye un reglamento de acceso y uso de los servicios digitales, en el cual se detallan los lineamientos particulares bajo los cuales deben otorgarse los servicios.

En este sentido, los integrantes de la Comisión de Educación de esta soberanía consideramos que no pueden aplazarse más las reformas y la actualización de la Ley General de Bibliotecas a fin de que ésta otorgue el marco regulatorio necesario a lo ya previsto por el citado reglamento en materia de acervos y servicios digitales.

Compañeros legisladores y compañeras legisladoras, recordemos que la información se ha convertido en uno de los bienes más preciados para el crecimiento económico, social y cultural de las naciones y que el hecho de contar con las bibliotecas actualizadas que utilicen recursos técnicos modernos resulta medular para el desarrollo social.

Deseo finalizar refiriéndome una vez más al manifiesto de la Unesco sobre la biblioteca pública de 1994, al enfatizar que la participación constructiva y la consolidación de la democracia dependen tanto de una educación satisfactoria como de un acceso libre y sin límites al conocimiento, el pensamiento, la cultura y la información.

Por lo expuesto, en nombre de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, los exhorto a sumarse a este proyecto de decreto que busca incorporar a las bibliotecas públicas los beneficios brindados por la innovación tecnológica para el beneficio de todos los ciudadanos.

Señoras diputadas y señores diputados, les ruego a todos ustedes que apoyemos esta iniciativa con el voto a favor para que podamos darle la modernización necesaria a nuestras bibliotecas en todo el país. Muchísimas gracias. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Muchas gracias, señor diputado Constantino Acosta Dávila.

Está a discusión en lo general.

Ha pedido el uso de la palabra nuestra compañera diputada Blanca Luna Becerril , de Nueva Alianza. Por tanto, se le concede el uso de la palabra hasta por cinco minutos.

La diputada Blanca Luna Becerril : Gracias. Con el permiso de la Presidencia.

Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, eficiencia y eficacia en la educación son componentes imprescindibles de la gestión y la calidad educativa en nuestro país. Uno de los elementos fundamentales para avanzar en la calidad de la educación es la incorporación de la tecnología a los procesos educativos.

El uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación son herramientas que garantizan el acceso de la población, y específicamente de los estudiantes, al conocimiento, ya que no solamente ofrecen nuevas formas de aprendizaje, sino que permiten la mejor comprensión de los contenidos escolares y el manejo de la tecnología para la investigación y realización de tareas.

En el proceso educativo las bibliotecas han sido centros de información que producen, crean y preservan el conocimiento y la cultura; son ejes esenciales para la enseñanza y el aprendizaje, y son espacios para explorar y debatir ideas.

Hoy día, como parte de la era de la información y la tecnología, y a fin de disminuir la brecha digital existente en nuestro país, las bibliotecas tienen el propósito de facilitar el acceso al conocimiento y a la información, no sólo mediante la forma tradicional, sino a través de acervos impresos y digitales, servicios de cómputo con acceso a Internet y una permanente actualización tecnológica.

Para Nueva Alianza la mejora constante de la infraestructura y los servicios educativos en México y la alfabetización tecnológica de la población son retos que requieren acciones específicas en esta materia.

La educación es una garantía del Estado y una corresponsabilidad entre el gobierno y la sociedad. Por ello debe estar apoyada por todas las herramientas que la tecnología proporciona, con la finalidad de construir los mecanismos que posibiliten un desarrollo de las capacidades y las competencias de las estudiantes y los estudiantes, y hacer una realidad la existencia de bibliotecas digitales en México. Nueva Alianza apoyó este dictamen. Por su atención, muchas gracias.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Gracias, compañera diputada.

Consulte la Secretaría a la asamblea si el proyecto de decreto se encuentra suficientemente discutido en lo general.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela : Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si el proyecto de decreto se encuentra suficientemente discutido en lo general. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Suficientemente discutido.

Para los efectos del artículo 134 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, se consulta a la asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular.

En virtud de que no se ha reservado artículo alguno para discutirlo en lo particular, se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico hasta por 10 minutos para proceder a la votación, en lo general y en lo particular, en un solo acto.

La Secretaria diputada Eugenia Jiménez Valenzuela: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento para el Gobierno Interior. Ábrase el sistema electrónico por 10 minutos para proceder a la votación, en lo general y en lo particular, en un solo acto.

(Votación)

¿Falta alguna diputada o algún diputado de emitir su voto? Ciérrese el sistema electrónico de votación. De viva voz:

El diputado Isidro Pedraza Chávez (desde la curul): A favor.

El diputado Carlos Sánchez Barrios (desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela : Se emitieron 266 votos a favor, 0 en contra.

Presidencia de la diputada Martha Hilda González Calderón :

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : Aprobado en lo general y en lo particular por 266 votos. Aprobado por unanimidad el proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Bibliotecas. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.



LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: La Presidencia acusa recibo de un oficio firmado por el diputado federal Carlos Ernesto Navarro López, presidente de la Comisión de Desarrollo Rural, en donde solicita que sean pospuestos dos dictámenes de la comisión que él preside, correspondientes al proyecto de decreto que adiciona la fracción XII al artículo 179 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable; y otro proyecto de decreto que reforma el segundo párrafo del artículo 14 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.



LEY DEL REGISTRO PUBLICO VEHICULAR

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que adiciona el artículo 4o. Bis a la Ley de Registro Público Vehicular.

En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura del dictamen.

El Secretario diputado José Manuel del Río Virgen : Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura del dictamen. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Presidenta, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Dictamen de la Comisión de Seguridad Pública, con proyecto de decreto que adiciona el artículo 4 Bis a la Ley del Registro Público Vehicular

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de la LX Legislatura, le fue turnado para su análisis y dictamen correspondiente la iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley del Registro Público Vehicular, y la Ley General que establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Esta comisión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 70, 71, 72 y fracción XXII, del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39, 45 numeral 6 incisos f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, 56, 60 y 88, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de los integrantes de esta honorable asamblea el presente dictamen.

Antecedentes

1. En sesión celebrada en fecha 29 de marzo de 2007 por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, la diputada Silvia Oliva Fragoso del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley del Registro Público Vehicular, y la Ley General que establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
2. En esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva acordó se turnara dicha iniciativa a la Comisión de Seguridad Pública para estudio y dictamen.
3. Con fecha 23 de octubre de 2008, las diputadas y los diputados de la Comisión de Seguridad Pública de la LX Legislatura, se reunieron para analizar y discutir el presente dictamen, siendo aprobado por 16 votos.

Contenido

1. La iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley del Registro Público Vehicular, y la Ley General que establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, tiene como objetivos:
• Establecer en la Ley del Registro Público Vehicular, el derecho de toda persona a consultar la información contenida en el registro por escrito o por medios electrónicos.
• Establecer en la Ley General que establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, como materia de coordinación de la federación, entidades federativas y el Distrito Federal, los procedimientos, mecanismos e instrumentos de registro de los datos concernientes al robo y recuperación de vehículos.
• Adicionar una sección sexta al capítulo IV de la Ley General antes citada, para normar el Registro Nacional de Vehículos Robados y Recuperados.
2. Que el delito de robo de vehículos se ha consolidado en los últimos años como uno de los más lucrativos para las redes criminales organizadas nacionales e internacionales que operan en México. Las utilidades que se generan con este ilícito lo hacen competitivo y con un gran impacto socioeconómico alternando con otros delitos como narcotráfico, secuestro, tráfico ilegal de personas, robo de transportes de mercancías y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
3. Que la autora de la iniciativa afirma que es competencia y obligación de las instituciones del Estado, no de la iniciativa privada, brindar seguridad jurídica a los ciudadanos. Qué, asimismo, este delito es de talla mundial debido a la gran participación de la delincuencia organizada y la facilidad para comercializar los automotores en el extranjero.
4. Que al realizar transacciones con vehículos usados presenta una gran problemática, debido a la ausencia de seguridad jurídica que implica desconocer su procedencia, así como la autenticidad del legítimo derecho de la persona que vende.
5. Por lo anterior, la diputada Silvia Oliva Fragoso , sostiene que el espíritu de la presente iniciativa radica en otorgar seguridad y certeza jurídica a quienes pretenden obtener o comprar algún vehículo, proponiendo la reglamentación del Registro Nacional de Vehículos Robados y Recuperados, para que a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública se realicen los convenios necesarios para concentrar y coordinar la información de las entidades federativas y el Distrito Federal, a fin de generar una base de datos nacional a la cual tengan acceso todas las autoridades competentes en la materia y se tenga posibilidad de brindar seguridad jurídica a los ciudadanos que adquieran vehículos dentro del territorio nacional, mediante la expedición de un certificado que garantice la ausencia de registro de robo del vehículo.
6. Que el Centro de Información de las Naciones Unidas para México, Cuba y República Dominicana reporta que este delito es un problema global. Indica que el ``boom del robo internacional de autos establece un número de obstáculos intimidantes para las agencias encargadas de hacer cumplir la ley'', debido a la falta de datos centralizados, al inadecuado registro de vehículos robados y de las unidades en general, lo que dificulta trabajar en su recuperación.
7. Que en el escenario más seguro, los compradores de vehículos usados consultan la base de datos de autos robados de las procuradurías estatales o de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), para verificar que el vehículo objeto de la posible transacción no cuente con reporte de robo, lo que no brinda seguridad jurídica toda vez que no se otorga constancia alguna de esa verificación.
8. Que dentro de los Registros Nacionales de Seguridad Pública se encuentra el Registro Nacional de Vehículos Robados y Recuperados que, según datos de la Secretaría de Seguridad Pública, tiene como principal objetivo ejecutar acciones oportunas por parte de las dependencias dedicadas a combatir el robo de vehículos manteniendo información en línea y tiempo real en todo el país.
El módulo de consulta de la base nacional de vehículos robados y recuperados está instalado en 137 puntos de presencia de procuradurías, en 30 oficinas de secretarios de Seguridad Pública de las entidades federativas, 15 instituciones municipales, 56 puntos de presencia de la Policía Federal Preventiva y 74 puntos de presencia en otras instituciones de seguridad pública en las entidades federativas. 2
9. Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley General que establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, las políticas, los lineamientos y las acciones de coordinación se llevarán a cabo mediante la suscripción de los convenios respectivos o con fundamento en los acuerdos y las resoluciones que se tomen en el Consejo Nacional de Seguridad Pública.
10. Que en noviembre de 2004 se celebró el convenio de colaboración específico para el intercambio de información sobre vehículos robados y el procedimiento para su recuperación y devolución, que celebraron la Procuraduría General de la República, la Procuraduría General de Justicia Militar, la Procuraduría General del Distrito Federal, las Procuradurías Generales de Justicia de los 31 estados integrantes de la federación y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Consideraciones

A) En lo general

1. Que la fracción XXIII, del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece la facultad de la Cámara de Diputados para expedir leyes que establezcan la coordinación de la federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios, en materia de seguridad pública.
Artículo 73. El Congreso tiene facultad:
I. a XXII. ...
XXIII. Para expedir leyes que establezcan las bases de coordinación entre la federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios, así como para establecer y organizar a las instituciones de seguridad pública en materia federal, de conformidad con lo establecido en el artículo 21 de esta Constitución.
XXIV. a XXX. ...
2. Que los párrafos séptimo y octavo del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establecen a la seguridad pública como una función a cargo de la federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios, y disponen la creación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, como una instancia de coordinación entre los mismos, al señalar:
Artículo 21. ...
...
...
...
La seguridad pública es una función a cargo de la federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones policiales se regirá por los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez.
Las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil, disciplinado y profesional. El Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno deberán coordinarse entre sí para cumplir los objetivos de la seguridad pública y conformarán el Sistema Nacional de Seguridad Pública, que estará sujeto a las siguientes bases mínimas:
...
3. Que la Ley General que establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de diciembre de 1995, tiene por objeto establecer las bases de coordinación entre la federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios para la integración y funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
4. Que el artículo 2o. de la ley establece que el Sistema Nacional de Seguridad Pública esta integrado con las instancias, instrumentos, políticas, servicios y acciones previstos, tendentes a cumplir los objetivos y fines de la seguridad pública.
5. Que el artículo 7o. de la misma ley, establece la obligación de la federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios para integrar los instrumentos de información del Sistema Nacional.
Artículo 7o. La federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios integrarán los instrumentos de información del Sistema Nacional, para cuyo efecto se establecerán las bases de datos sobre la seguridad pública.
6. Por otra parte, la fracción III del artículo 9o. del mismo ordenamiento señala como una actividad de coordinación de las autoridades competentes de la federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios; el desarrollar los lineamientos, mecanismos e instrumentos para la mejor organización y funcionamiento de las instituciones de seguridad pública.
7. Que la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 1976, tiene por objeto establecer las bases de organización de la administración pública, centralizada y paraestatal.
8. Que el artículo 30 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, establece entre los asuntos de despacho de la Secretaría de Seguridad Pública Federal los relativos al desarrollo de instrumentos y acciones para prevenir de manera eficaz la comisión de delitos, así como el establecimiento de un sistema destinado al procesamiento de información para la prevención de delitos, en los siguientes términos:
Artículo 30 Bis. A la Secretaría de Seguridad Pública corresponde el despacho de los siguientes asuntos:
I. Desarrollar las políticas de seguridad pública y proponer la política criminal en el ámbito federal, que comprenda las normas, instrumentos y acciones para prevenir de manera eficaz la comisión de delitos;
II. a XII. ...
XIII. Establecer un sistema destinado a obtener, analizar, estudiar y procesar información para la prevención de delitos, mediante métodos que garanticen el estricto respeto a los derechos humanos;
XIV. a XXVII. ...
9. Que la Ley del Registro Público Vehicular, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de septiembre de 2004, tiene como objetivo establecer y regular la operación, funcionamiento y administración del Registro Público Vehicular.
10. Que de acuerdo con lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 1 de la citada ley, el Registro Público Vehicular es un instrumento de información del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que tiene como propósito otorgar seguridad pública y jurídica a los actos que se realicen con vehículos.

B) De la iniciativa

1. Si bien las propuestas vertidas por la diputada iniciante en fecha 29 de marzo de 2007 son de importante consideración para esta comisión, se tiene presente que la Ley del Registro Público Vehicular aprobada por el honorable Congreso de la Unión, regula de manera amplia el control vehicular en todo el territorio nacional.
2. Que el artículo 6 de la Ley del Registro Público Vehicular establece los actos que serán objeto de registro, incluyendo los relativos a robos y recuperaciones, en los siguientes términos:
Artículo 6. El Registro Público Vehicular tiene por objeto la identificación y control vehicular; en la que consten las inscripciones o altas, bajas, emplacamientos, infracciones, pérdidas, robos, recuperaciones y destrucción de los vehículos que se fabrican, ensamblan, importan o circulan en el territorio nacional, así como brindar servicios de información al público.
La federación y las entidades federativas, en el ámbito de sus competencias, utilizarán el registro con el fin de compartir e intercambiar la información disponible sobre el origen, destino, actos y hechos jurídicos y, en general, cualquier operación relacionada con los vehículos mencionados.
La inscripción de vehículos, la presentación de avisos y las consultas en el registro serán gratuitos.
Los trámites que se realicen ante las entidades federativas se sujetarán a lo que determinen las disposiciones jurídicas aplicables.
3. Que el artículo 7 de la mencionada ley se refiere a la conformación del Registro por una base de datos, así como a la obligación de las autoridades federales y de las entidades federativas para mantener actualizado el mismo, al señalar:
Artículo 7. El registro estará conformado por una base de datos integrada por la información que de cada vehículo proporcionen las autoridades federales, las entidades federativas y los sujetos obligados a realizar las inscripciones y a presentar los avisos, de conformidad con lo dispuesto en esta ley.
Para mantener actualizado el Registro, las autoridades federales y las de las Entidades Federativas, de conformidad con sus atribuciones, suministrarán la información relativa a altas, bajas, cambio de propietario, emplacamientos, infracciones, pérdidas, robos, recuperaciones, pago de tenencias y contribuciones, destrucción de vehículos, gravámenes y otros datos con los que cuenten.
Por su parte, el secretariado ejecutivo, mediante los instrumentos de información nacional sobre seguridad pública que correspondan, incorporará al Registro la información que le proporcionen las Procuradurías, relativa a robos, recuperaciones y destrucción de vehículos.
4. Asimismo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 11 del ordenamiento referido, cualquier persona puede consultar la información contenida en el registro, conforme al procedimiento que se determine en el reglamento de la ley.
5. Que la Ley General que establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública tiene por objeto coordinar a la federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios. Que el objeto de la citada Ley determina la naturaleza de la misma al establecer obligaciones específicas a las partes antes citadas para la integración y funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
6. Que de acuerdo con el artículo 5o. de la Ley General que establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la coordinación y aplicación de la ley se hará con respeto a las atribuciones constitucionales que tengan las instituciones y autoridades que intervienen en el Sistema Nacional.
7. Que los ordenamientos jurídicos contemporáneos se basan en diversos principios, tales como el principio de jerarquía normativa, principio de aplicación analógica, principio de supremacía de la constitución y principio de especialidad, entre otros.
8. Que de acuerdo con el principio de especialidad, la ley especial prevalece sobre la ley general.
Respecto a la aplicación del principio de especialidad de la ley, cabe citar la siguiente tesis jurisprudencial.
Leyes Penales
Las leyes penales no se circunscriben al contenido del código de la materia, sino que hay muchas disposiciones de carácter específico dispersas en la codificación general que, por su naturaleza o por la calidad de los infractores o por su objeto, no pueden ser incluidas en una ley general, sino en disposiciones especiales, debiendo agregarse que así lo reconoce el artículo 6o. del Código Penal Federal que expresa que cuando se cometa un delito no previsto en dicho código, pero si en una ley especial, se aplicará ésta, observando las disposiciones conducentes del mencionado Código Penal.
Amparo directo 3348/57. Nazario López Gómez y coagraviado. 9 de junio de 1958. Cinco votos. Ponente: Carlos Franco Sodi.
Localización:
Sexta Época
Instancia: Primera Sala
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
Segunda Parte, XII
Página: 69
Tesis Aislada.
9. Que en el caso de nuestro país, para atender problemáticas específicas se han aprobado y publicado diversas normas que por su naturaleza, por la calidad de los infractores o por su objeto no pueden ser incluidas en una ley general.
10. Que por su objeto y naturaleza, la Ley del Registro Público Vehicular es considerada dentro del marco jurídico nacional como una ley especial.
11. Que por lo anterior, no sería conveniente regular en la Ley General que establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública aspectos relativos al registro público vehicular.
12. Que, además de lo anterior, en la estructura y contenido de la Ley General que establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública no se regula de manera específica la atención de ningún delito, sino diversas formas de coordinación entre la federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios, para mejorar las condiciones de seguridad pública en el territorio nacional.
13. Que esta comisión dictaminadora estima que las reformas propuestas en la iniciativa, a la Ley General que establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, pueden concretarse en la Ley del Registro Público Vehicular, que regula de manera amplia al registro correspondiente, con lo cual se ampliaría la protección jurídica a las personas que realicen algún acto jurídico con un vehículo.
14. Que el Registro Público Vehicular es un instrumento de información del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
15. En cuanto a la reforma propuesta al primer párrafo del artículo 11 de la Ley del Registro Público Vehicular, esta comisión dictaminadora considera que el texto actual permite la consulta de la información contenida en dicho registro, al señalar:
Artículo 11. Cualquier persona podrá consultar la información contenida en el registro, conforme al procedimiento, niveles de acceso y otros requisitos que se determinen en el Reglamento de esta Ley.
...
Asimismo, el artículo 7 de la Ley del Registro Público Vehicular señala que el registro estará conformado por una base de datos. Cabe señalar, al respecto, que la base de datos es un instrumento de naturaleza electrónica.
La reforma al artículo 11, señala:
Artículo 11. Cualquier persona podrá consultar la información contenida en el registro, por escrito o por medios electrónicos, conforme a los formatos que al efecto sean establecidos por el secretariado ejecutivo.
16. En cuanto a la adición de una fracción IX al artículo 10 de la Ley General que establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Esta comisión dictaminadora la considera innecesaria toda vez que la fracción V del mismo comprende como una materia de coordinación el suministro, intercambio y sistematización de todo tipo de información sobre seguridad pública.
La adición propuesta señala:
Artículo 10. La Coordinación comprenderá las materias siguientes:
I. a VIII. ...
IX. Procedimientos, mecanismos e instrumentos de registro, formalidades, temporalidad y vigencia de los datos concernientes al robo y recuperación de vehículos;
X. ...
La fracción V del artículo 10 vigente, señala:
Artículo 10. La coordinación comprenderá las materias siguientes:
I. a IV. ...
V. Suministro, intercambio y sistematización de todo tipo de información sobre seguridad pública;
Esta comisión dictaminadora considera que lo dispuesto en la fracción V, antes citada, tiene un alcance mayor al referirse al suministro, intercambio y sistematización de todo tipo de información sobre seguridad pública.
Asimismo, como ya se expresó anteriormente, la Ley General que establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública no regula la atención de ningún delito, sino diversas formas de coordinación entre la federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios.
17. Respecto a la adición de una sección sexta al Capítulo IV de la Ley General que establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para crear el Registro Nacional de Vehículos Robados y Recuperados; esta Comisión Dictaminadora la considera inviable. Como se señaló anteriormente, la Ley General que establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública tiene por objeto coordinar a la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios en materia de Seguridad Pública.
Asimismo, la Ley del Registro Público Vehicular tiene como objetivo establecer y regular la operación, funcionamiento y administración del Registro Público Vehicular.
El artículo 6 de la Ley del Registro Público Vehicular establece el objeto de dicho registro, contemplando las inscripciones relativas a robos y recuperaciones, al señalar:
Artículo 6. El Registro Público Vehicular tiene por objeto la identificación y control vehicular; en la que consten las inscripciones o altas, bajas, emplacamientos, infracciones, pérdidas, robos, recuperaciones y destrucción de los vehículos que se fabrican, ensamblan, importan o circulan en el territorio nacional, así como brindar servicios de información al público.
La federación y las entidades federativas, en el ámbito de sus competencias, utilizarán el registro con el fin de compartir e intercambiar la información disponible sobre el origen, destino, actos y hechos jurídicos y, en general, cualquier operación relacionada con los vehículos mencionados.
...
En congruencia con la disposición citada, diversos artículos de la ley regulan el registro de inscripciones relativas al robo, recuperación y destrucción de vehículos.
18. No obstante lo anterior, esta comisión dictaminadora estima adecuado que las autoridades estén facultadas para expedir a petición de la parte interesada un documento en el que conste que a la fecha se la consulta existía o no registro de denuncia de robo de un vehículo determinado, aspecto propuesto en el artículo 46 Quáter que se propone adicionar a la Ley General que establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
El texto propuesto señala:
Artículo 46 Quáter. El secretariado ejecutivo deberá celebrar convenios con los gobiernos estatales y del Distrito Federal para que a través de sus autoridades competentes en la materia expidan a petición de parte interesada un certificado de no registro de robo.
Dicho certificado deberá expedirse de manera inmediata conteniendo la información referente al vehículo en particular y tendrá validez en todo el país.
Esta Comisión Dictaminadora considera que la expedición del certificado citado otorga al comprador de un vehículo particular (seminuevo o usado) elementos con los que pueda demostrar que tomó las ``precauciones necesarias'' a que se refiere el tipo penal de encubrimiento por receptación, previsto en el artículo 400, fracción I del Código Penal Federal, el cual establece que: ``Sí el que recibió la cosa en venta, prenda o bajo cualquier concepto, no tuvo conocimiento de la procedencia ilícita de aquélla, por no haber tomado las precauciones indispensables para asegurarse de que la persona de quién la recibió tenía derecho para disponer de ella, la pena se disminuirá hasta en una mitad''.
19. De acuerdo con el tipo penal descrito esta comisión dictaminadora considera que el particular que pretenda comprar un vehículo seminuevo o usado, corre el riesgo de ser sancionado penalmente por la posibilidad de adquirir un vehículo robado, no obstante que haya actuado de buena fe respecto a la adquisición , por lo que se estima indispensable contar con una base de datos confiable que le permita a la autoridad expedir un documento que ampare la compraventa de los vehículos seminuevos o usados, respecto de sus antecedentes inmediatos.
20. Asimismo, esta comisión dictaminadora tiene presente los diversos mecanismos y prácticas utilizadas por los delincuentes entre otros el doblaje de placas o registros y la falsificación de documentos entre otros, con los cuales se logra engañar a algunos compradores de vehículos seminuevos o usados, respecto al origen ilícito del bien.
21. Por los razonamientos expresados, esta Comisión Dictaminadora estima adecuado incluir la facultad de la autoridad para expedir un certificado, lo cual tendrá que concretarse en la Ley del Registro Público Vehicular y no en la Ley General que establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, ya que la forma y los requisitos a que las autoridades deberán sujetarse tanto la población en general como las autoridades para expedir y recibir el certificado deben contemplarse en un ordenamiento específico.
En razón de lo anterior, esta comisión dictaminadora recuperando la esencia de la Iniciativa, propone incorporar el texto propuesto en el artículo 46 Quáter, en un artículo 4 Bis de la Ley del Registro Público Vehicular.
22. Asimismo en reunión de trabajo de la Comisión de Seguridad Pública, de fecha 16 de octubre del 2008, la Diputada Patricia Villanueva Abraján , presentó propuesta por escrito a efecto de precisar la atribución para la entrega de los certificados, a las procuradurías generales de justicia de las entidades federativas y del Distrito Federal, dando mayor claridad a la propuesta.
Se toma en cuenta que en la práctica diversas procuradurías llevan a cabo dicha actividad, con lo cual se estaría regulando de manera la misma y dando mayor alcance y validez a los certificados de registro de no robo de vehículos.
A partir de lo anterior, el texto propuesto quedaría en los siguientes términos:
Artículo 4 Bis. El secretariado ejecutivo celebrará convenios con los gobiernos estatales y del Distrito Federal, para que a través de las procuradurías generales de justicia de las entidades federativas y del Distrito Federal expidan, a petición de parte interesada, un certificado de no registro de robo de vehículo, en su caso.
Dicho certificado contendrá la información referente al vehículo en particular y tendrá validez en todo el país.
23. Finalmente, durante la misma reunión de trabajo de fecha 16 de octubre, los diputados Juan Francisco Rivera Bedoya y Martín Stefanonni Mazzoco, se pronunciaron por dar un término para la entrega en vigor del presente decreto, a efecto de dar oportunidad al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para concluir y perfeccionar la base de datos relativa al Registro Público Vehicular, lapso de tiempo que permitirá a las entidades federativas homologar sus sistemas y procedimientos necesarios para la expedición de los certificados objeto de la presente iniciativa, lo cual se incorpora en un transitorio único.

Por lo anteriormente expuesto y, después de estudiar detenidamente el contenido de la Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley del Registro Público Vehicular y la Ley que establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, las Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión de Seguridad Pública, sometemos a la consideración de esta honorable Asamblea el siguiente proyecto de

Decreto por el que se adiciona un artículo 4 Bis a la Ley del Registro Público Vehicular

Único. Se adiciona un artículo 4 Bis a la Ley del Registro Público Vehicular, para quedar como sigue:

Artículo 4 Bis. El secretariado ejecutivo celebrará convenios con los gobiernos estatales y del Distrito Federal, para que a través de las procuradurías generales de justicia de los estados y del Distrito Federal o sus equivalentes se expida, a petición de parte interesada, un certificado de no registro de robo de vehículo, en su caso.

Dicho certificado contendrá la información referente al vehículo en particular y tendrá validez en todo el país.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor un año después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, a efecto de que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y los estados y el Distrito Federal realicen las acciones necesarias para la expedición de los certificados correspondientes.

Palacio Legislativo en San Lázaro, a 23 de octubre de 2008.
La Comisión de Seguridad Pública, diputados: Juan Francisco Rivera Bedoya (rúbrica), presidente; Édgar Armando Olvera Higuera, Armando Barreiro Pérez (rúbrica), Gerardo Octavio Vargas Landeros (rúbrica), Patricia Villanueva Abraján , Ma. de los Ángeles Jiménez del Castillo (rúbrica), Luis Gerardo Serrato Castell (rúbrica), David Mendoza Arellano (rúbrica), secretarios; Jesús Sergio Alcántara Núñez , Miguel Ángel Arellano Pulido , Roberto Badillo Martínez (rúbrica), Gregorio Barradas Miravete , Manuel Cárdenas Fonseca , Ángel Rafael Deschamps Falcón (rúbrica), Yary del Carmen Gebhardt Garduza (rúbrica), Jorge Justiniano González Betancourt , Agustín Leura González (rúbrica), Andrés Lozano Lozano , Carlos Madrazo Limón (rúbrica), Efraín Morales Sánchez , José Luis Murillo Torres (rúbrica), Silvia Oliva Fragoso (rúbrica), Manuel Salvador Salgado Amador (rúbrica), Josefina Salinas Pérez (rúbrica), Layda Elena Sansores San Román , Francisco Javier Santos Arreola , Martín Stefanonni Mazzocco (rúbrica), Carlos Alberto Torres Torres (rúbrica), José de Jesús Solano Muñoz (rúbrica).»

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : En consecuencia está a discusión en lo general y en lo particular el artículo único del proyecto de decreto.

El diputado Raciel Pérez Cruz (desde la curul): Presidenta.

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : Diputado Raciel Pérez Cruz, ¿con qué objeto?



EXPLOSION EN SAN JUAN IXHUATEPEC

El diputado Raciel Pérez Cruz (desde la curul): Sí, ciudadana presidenta, con el propósito de solicitar muy respetuosamente que se guarde un minuto de silencio en memoria de todas las personas que fallecieron hace 24 años en la tragedia ocurrida en San Juan Ixhuatepec.

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : Gracias, diputado Raciel Pérez Cruz. No tenemos inconveniente en concederle este minuto de silencio; permítanos solamente concluir con el trámite del dictamen.



LEY DEL REGISTRO PUBLICO VEHICULAR

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : No habiendo diputados registrados para la discusión, consulte la Secretaría a la asamblea si el proyecto de decreto se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular.

El Secretario diputado José Manuel del Río Virgen : Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido el proyecto de decreto en lo general y en lo particular. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : Suficientemente discutido.

Se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico por 10 minutos para proceder a la votación, en lo general y en lo particular, del proyecto de decreto.

El Secretario diputado José Manuel del Río Virgen : Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento para el Gobierno Interior. Ábrase el sistema electrónico por 10 minutos para proceder a la votación, en lo general y en lo particular, del proyecto de decreto.

(Votación)

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : Queremos destacar la presencia en este salón de sesiones de una delegación de parlamentarios de la República de Hungría, integrada por el señor Zolt Németh, jefe de esta delegación y presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, así como por los señores József Kozma y Vilmos Szabó, ambos vicepresidentes de esta comisión, a quienes acompaña el excelentísimo señor doctor György Tibor Herzceg, embajador de Hungría en nuestro país.

Cabe hacer notar que esta delegación asiste a la primera reunión de legisladores Hungría-México, organizada por el Grupo de Amistad de la Cámara de Diputados con aquella nación.

Sean bienvenidos todos ustedes a la casa del pueblo mexicano. Muchas gracias.

El Secretario diputado José Manuel del Río Virgen : Ciérrese el sistema de votación electrónico.

Presidenta, se emitieron 262 votos en pro, 0 en contra, 0 abstenciones.

Diputada Oralia Vega.

La diputada María Oralia Vega Ortiz : A favor.

El Secretario diputado José Manuel del Río Virgen : A favor 263 votos, señora presidenta.

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : Aprobado, por 263 votos, el proyecto de decreto que adiciona el artículo 4o. Bis a la Ley del Registro Público Vehicular. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.



EXPLOSION EN SAN JUAN IXHUATEPEC

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : La Presidencia, con mucho respeto, quiere obsequiar la solicitud del diputado Raciel Pérez Cruz, quien nos pide con un minuto de silencio conmemorar el XXIV aniversario de las víctimas de la tragedia acaecida en la comunidad de San Juan Ixhuatepec, municipio de Tlalnepantla de Baz,Estado de México.

(Minuto de silencio)

El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto... Pedimos por favor, respetuosamente, a las señoras diputadas y a los señores diputados que no se ausenten del salón de sesiones, ya que tenemos otra votación.



LEY DE AMPARO - LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : Decía yo que el siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma la fracción II y adiciona la fracción III al artículo 184 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y reforma las fracciones XXXV y XXXVI del artículo 81 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura del dictamen.

La Secretaria diputada María del Carmen Pinete Vargas : Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura del dictamen. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Presidenta, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Dictamen de la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto que reforma la fracción II y adiciona la III al artículo 184 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y reforma las fracciones XXXV y XXXVI del artículo 81 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Justicia de la LX Legislatura le fue turnada, para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción II del artículo 184 de la Ley de Amparo y la fracción XXXV del artículo 81 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en materia de acceso a la información pública y transparencia judicial.

Esta Comisión de Justicia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 70, 71, 72 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39, 45 numeral 6 incisos f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, 56, 60 y 88, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de los integrantes de esta honorable asamblea el presente dictamen, basándose en los siguientes

Antecedentes

1. Con fecha 30 de abril de 2008, el diputado Carlos Chaurand Arzate , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó ante el Pleno de la Cámara de Diputados, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción II del artículo 184 de la Ley de Amparo y la fracción XXXV del artículo 81 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

2. La Mesa Directiva, mediante el oficio D.G.P.L. 60-II-2-1537, de 30 de abril de 2008, acordó que se turnara la iniciativa a la Comisión de Justicia.

Contenido de la iniciativa

La iniciativa expone que el derecho al acceso a la información pública es uno de los medios, quizá el más rápido, del que puede disponer la ciudadanía para alcanzar esa percepción.

Por ello, refiere el proponente que sin información y transparencia pública no puede haber democracia y que, entre más amplio y más rápido sea el espectro de ese derecho, mayor será la percepción democrática en la sociedad. A la inversa, entre más lenta y reducida sea la capacidad de acceso a la cosa pública, más alejamiento y desinterés tendrá el ciudadano.

El diputado proponente refiere además, que es incuestionable que el Congreso de la Unión tuvo un papel protagónico en la propuesta, discusión y aprobación de las grandes reformas en materia de acceso a la información pública y transparencia: primero aprobando la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; después apenas en julio del año pasado la reforma al artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados unidos Mexicanos, para elevar a rango constitucional el derecho de acceso a la información y establecer principios y bases que enriquecieron el ejercicio de la garantía en tal precepto contenida.

La iniciativa presentada, es en congruencia con la ruta de esa apertura, una forma de plantear y ampliar la garantía de acceso a la información pública en una de las ramas de la actividad del Estado de la que la ciudadanía está mas alejada: el sistema de impartición de justicia, que por su tecnicismo y las condiciones en las que hasta hace poco se desenvolvía, no es suficientemente conocida y entendida, no obstante, la importancia que este servicio tiene para la convivencia ordenada, pacífica y justa a la que todos aspiramos.

Expresa el diputado que, como todos los obligados en materia de transparencia y acceso a la información pública, el Poder Judicial de la Federación con oportunidad dio cumplimiento a los preceptos correspondientes: mediante el acuerdo conjunto del Pleno de la Honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Federal Electoral y del Consejo de la Judicatura Federal, con el que reglamentó y puso en vigor, en el ámbito de su competencia, las disposiciones de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; implementó el Canal Judicial, dando una amplia difusión a las actividades de ese alto Tribunal y de otros órganos de impartición de justicia, en los que se pueden apreciar las discusiones en el Pleno de los asuntos de mayor trascendencia para la vida del país, lo que ha permitido ampliar los horizontes de la cultura jurídica y del cumplimiento de la ley. Por otra parte, ha intensificado la difusión de su jurisprudencia, haciendo más accesible su estudio y utilización, por los bajos costos y sistematicidad con la que se publica.

El Poder Judicial de la Federación, según se ve, no ha estado cerrado al escrutinio público ni permanece ajeno a la inercia nacional e internacional que acompaña al movimiento de la información y transparencia públicas, pero se debe ir más allá para lograr a cabalidad la garantía en el ejercicio de un precepto constitucional. Es así, que las únicas sesiones que pueden difundirse, son las de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y las del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Sin embargo, refiere que los artículos 6o., 16 y 185 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, prescriben que por regla general las sesiones de la Suprema Corte y Tribunal Electoral serán públicas. Pero nada dice respecto a otros órganos jurisdiccionales no menos importantes, como son los tribunales colegiados de Circuito y lo que es más, la Ley de Amparo establece expresamente que la resolución de los asuntos se hará ``sin discusión pública''. Los tribunales colegiados de circuito constituyen la constancia donde se resuelven, en su mayoría, los juicios de amparo.

Salvo esos preceptos cuya reforma se propone, no hay justificación alguna para que, tratándose de resoluciones definitivas dictadas por tribunales colegiados de circuito, las sesiones en que se discutan los asuntos puedan igualmente ponerse al escrutinio de la sociedad. Esta propuesta es perfectamente acorde con el principio de máxima publicidad, incorporado a la enmienda constitucional de julio pasado.

Es importante subrayar que no se trata sólo de permitir la ampliación del espectro de difusión el Estado, sino que en la propuesta, subyace otro valor igualmente profundo; el servidor público encargado de impartir justicia debe expandir su compromiso de excelencia con la sociedad a la cual le corresponde juzgar. De esta manera, al juzgador se le convertiría en juzgado, porque al hacer público su trabajo, también se haría público su desempeño, su honestidad como profesionista del derecho, su excelencia como impartidor de justicia y todos aquellos atributos que el artículo 100 constitucional atribuye al funcionario judicial y que los mexicanos tenemos por supuesto derecho a verificar.

Propone además reformar el artículo 81 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, a efecto de facultar al Consejo de la Judicatura Federal para que sea el que regule, recopile, documente, seleccione y difunda, con apego a las normas constitucionales, legales y reglamentarias en la materia, la información de referencia que estime relevante, ya que el propio Consejo, es el órgano encargado de la administración, vigilancia y disciplina de los tribunales colegiados de circuito.

Consideraciones

Primera. Esta comisión estima pertinente realizar las siguientes consideraciones jurídicas:

El derecho de acceso a la información, como lo señala Miguel Carbonell, se inscribe plenamente en la agenda democrática de México, y se inscribe como un derecho fundamental, al menos por dos razones: la primera, porque protege un bien jurídico valioso en sí mismo (que los ciudadanos puedan saber y acceder a información relevante para sus vidas) y en segundo lugar, porque sobre él se erige la viabilidad de un sistema democrático, porque cumple una función vital para la República, que los ciudadanos conozcan el quehacer, las decisiones y los recursos que erogan sus autoridades elegidas mediante el voto.

Puede decirse incluso que una de las piedras angulares de las democracias contemporáneas son las libertades de expresión y de información. En efecto, hoy se reconoce ampliamente que la información es una condición necesaria para la realización del estado democrático. Dicho de manera más simple, sin información --por quien se vota, qué hace el gobernante electo mediante el voto-- no hay democracia posible.

Esta afirmación, que puede parecer obvia, resulta sin embargo extraordinariamente compleja cuando se traduce en su dimensión jurídica. En efecto, las rápidas transformaciones de las sociedades contemporáneas han generado una modificación sustantiva de la concepción de la libertad de expresión, para darle un nuevo contenido que comprende no sólo a los sujetos activos de la libre emisión de ideas u opiniones (que se encuentra consagrada en nuestro artículo sexto constitucional y cuyos orígenes están enraizados en toda la tradición constitucional mexicana) sino también, a los derechos de todos aquellos que las reciben o incluso, que las buscan activamente.

En este proceso de interpretación sobre el alcance de la naturaleza jurídica del artículo 6o. constitucional, ha sido crucial la evolución jurisprudencial que sobre esta materia ha hecho la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En efecto, nuestro más alto tribunal, en una decisión rendida con motivo de la investigación en relación con la matanza de Aguas Blancas en el estado de Guerrero, estableció que:

``Tal derecho [el de la información] es, por tanto, básico para el mejoramiento de una conciencia ciudadana que contribuya a que ésta sea más enterada, lo cual es esencial para el progreso de nuestra sociedad. Si las autoridades públicas... asumen ante ésta actitudes que permitan atribuirles conductas falta de ética, al entregar a la comunidad una información manipulada, incompleta, condicionada a intereses de grupos o personas, que le vede la posibilidad de conocer la verdad para poder participar libremente en la formación de la voluntad general, incurre en una violación grave a las garantías individuales en términos del artículo 97 constitucional, segundo párrafo, pues su proceder conlleva a considerar que existe en ellas la propensión de incorporar a nuestra vida política, lo que podríamos llamar la cultura del engaño, de la maquinación y de la ocultación, en lugar de enfrentar la verdad y tomar acciones rápidas y eficaces para llegar a ésta y hacerla del conocimiento de los gobernados''. (Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Pleno, Tomo III, junio de 1996, tesis P. LXXXIX/96, p. 513)

En esta decisión, la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que el derecho a la información constituía una garantía individual, pues sin ese supuesto, difícilmente podría haber apreciado que los hechos en cuestión constituían una violación a las garantías individuales al ejercer la facultad derivada del segundo párrafo del artículo 97 de la Constitución. En diferentes decisiones, esta interpretación se ha confirmado plenamente, llegando incluso al reconocimiento por parte de la Corte de que su interpretación original, que lo limitaba a una garantía por los partidos políticos, era incorrecta y que se trataba claramente de una garantía individual. Así se desprende de la tesis titulada ``Derecho a la información. La Suprema Corte interpretó originalmente el artículo 6o. constitucional como garantía de partidos políticos, ampliando posteriormente ese concepto a garantía individual y a obligación del Estado a informar verazmente.''. Como toda garantía, este derecho encuentra algunos límites, tales como ``los intereses nacionales y los de la sociedad, así como por el respeto a los derechos de terceros''. (Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Pleno, Tomo IX, abril de 2000, p. 72)

Ahora bien, es de crucial importancia precisar que, según la doctrina aceptada, el derecho a la información tiene dos vertientes principales. La primera se refiere a los contenidos relacionados con el derecho a informar y que busca proteger el derecho de toda persona de expresar y comunicar por cualquier medio sus ideas y opiniones, y por otro, el derecho a ser informado (que comprende los derechos de investigar y recibir informaciones y opiniones desde la perspectiva del receptor). Desde esta perspectiva, el derecho a ser informado es una de las vertientes del derecho a la información, pero no lo agota.

La reforma constitucional establece las condiciones mínimas que aseguren el derecho de toda persona de tener acceso a la información pública, pero de ninguna manera prejuzga o limita la facultad del Constituyente Permanente de desarrollar en el futuro aspectos relacionados con el derecho a informar.

En otras palabras, la reforma desarrolla una de las vertientes del derecho a la información --en particular el derecho subjetivo de tener acceso a la información gubernamental-- pero de ninguna manera pretende agotar los contenidos del derecho.

Segunda. A raíz de que el Congreso de la Unión expidió la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicada en el Diario Oficial de la Federación el once de junio de dos mil dos, el Poder Judicial de la Federación ha realizado las acciones tendentes a dar observancia a la citada ley.

Se establece en los artículos 1o. al 9o., 12 al 16, 18 al 23, 27 y 61 al 64 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental determinadas obligaciones para diversos órganos, entre ellos la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal.

En el artículo 61 se señala que los otros sujetos obligados, en este caso la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, establecerán mediante reglamentos o acuerdos de carácter general, de conformidad con los principios y plazos establecidos en el citado ordenamiento, los órganos, criterios y procedimientos institucionales para proporcionar a los particulares el acceso a la información; así mismo, el artículo 8o. de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental prevé que deben hacerse públicas las sentencias que hayan causado ejecutoria, cuyo expediente se encuentre bajo resguardo del Poder Judicial de la Federación, lo que de conformidad con lo previsto en el artículo 42, párrafo tercero, del propio ordenamiento, debe interpretarse que acontece cuando el expediente respectivo está disponible al público en medios impresos, tales como libros, compendios o archivos públicos, en formatos electrónicos consultables en Internet o en cualquier otro medio que permita a los gobernados su consulta o reproducción.

Por otra parte, en acatamiento a lo dispuesto en el artículo sexto transitorio de la ley referida, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió el Acuerdo General 9/2003, del veintisiete de mayo de dos mil tres y, con el fin de pormenorizar lo dispuesto en éste, su Comisión para la Transparencia y Acceso a la Información expidió el dos de junio del año indicado los ``Lineamientos de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativos a la organización, catalogación, clasificación y conservación de la documentación de este alto tribunal''; posteriormente, con el objeto de facilitar aún más el acceso a los expedientes que tiene bajo su resguardo la Suprema Corte, se modificó el mencionado acuerdo general 9/2003, mediante el diverso 13/2003, del dos de diciembre de dos mil tres.

En cumplimiento de lo previsto en el artículo sexto transitorio de la mencionada Ley Federal de Transparencia, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal emitió el acuerdo general 30/2003, del nueve de junio de dos mil tres y, con el fin de pormenorizar lo dispuesto en éste, el propio Pleno expidió el veintisiete de agosto del año indicado los ``Lineamientos de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Consejo de la Judicatura Federal, de los tribunales de circuito y los juzgados de distrito, relativos a los criterios de clasificación y conservación de la información reservada o confidencial, para este órgano del Poder Judicial de la Federación, los tribunales de circuito y los juzgados de distrito''; posteriormente, con el fin de facilitar aún más el acceso a los expedientes que esos órganos tienen bajo su resguardo, se modificó el mencionado acuerdo general 30/2003, mediante el diverso 76/2003, del cinco de noviembre de dos mil tres.

En términos de lo previsto en los artículos 16, párrafo antepenúltimo, de los lineamientos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y 8o., párrafo primero, de los lineamientos del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que la sentencia cause estado, también serán públicas las resoluciones intermedias que hayan puesto fin a una instancia o a algún incidente de previo y especial pronunciamiento y las que recaigan a un recurso intraprocesal, con lo que se amplía el concepto de sentencias públicas a que se refiere el artículo 8o. de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y, por ende, se permite el acceso a las mismas aun cuando pertenezcan a expedientes de naturaleza penal o familiar, sin menoscabo de que en estos casos deban suprimirse los datos personales de las partes.

Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11, fracción XIX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene entre sus atribuciones reglamentar el funcionamiento del Centro de Documentación y Análisis, que comprende la biblioteca central, el archivo histórico, el archivo central y los archivos de los tribunales federales foráneos, por lo que en ejercicio de esa facultad, en los puntos primero, segundo, tercero y cuarto del acuerdo general conjunto número 1/2001, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal se estableció que los expedientes concluidos que tengan más de cinco años de haberse ordenado su archivo, deben transferirse a las áreas de depósito documental dependientes del Centro de Documentación y Análisis de ese tribunal, lo que hace necesario establecer una estrecha coordinación entre esos dos órganos del Poder Judicial de la Federación para establecer una regulación homogénea en materia de acceso a la información judicial.

Después de la aplicación de los referidos ordenamientos se evaluó el funcionamiento del sistema, las interpretaciones realizadas para hacerlo efectivo y las opiniones vertidas en los medios informativos y de comunicación social, lo que reveló la conveniencia de emitir un reglamento conjunto que regulara el acceso a la información que se encuentra bajo resguardo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Consejo de la Judicatura Federal, de los tribunales de circuito y de los juzgados de distrito, tomando en cuenta que la normatividad que rija a los órganos del Poder Judicial de la Federación en materia de transparencia no debe establecer mayores restricciones a las previstas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y que, en términos de lo dispuesto en el artículo 6o. de este ordenamiento, en la interpretación de esa ley debe favorecerse el principio de máxima publicidad de la información, sin que ello permita desconocer las restricciones que al derecho de acceso a la información establece ese cuerpo normativo.

Es así, que atendiendo a la transparencia que deben observar los órganos encargados de administrar justicia, debe ser público el acceso a todas las resoluciones que se dictan dentro de un juicio, así como a las diversas constancias que obran en los expedientes judiciales, con las excepciones derivadas de lo previsto en los artículos 8o., 13, 14 y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

Por lo que la interpretación de lo previsto en los artículos 8o. y 14, fracción IV, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, tomando en cuenta los fines que tuvo el legislador al expedir este ordenamiento, lleva a concluir que la restricción establecida en la citada fracción se refiere exclusivamente a las pruebas y constancias que obran en los expedientes judiciales, por lo que las resoluciones que se dicten durante el desarrollo de un juicio constituyen información pública una vez que se han emitido, y si se solicitan antes de que la sentencia respectiva cause estado se podrá acceder a una versión impresa o electrónica de aquéllas de conformidad con la Ley de Federal de Transparencia, sin menoscabo de que en dicha versión, en su caso, se supriman los datos personales de las partes.

También, conforme a lo dispuesto en los artículos 8o. y 18, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, las sentencias ejecutorias deben hacerse públicas, las partes pueden oponerse a la publicación de sus datos personales y estos últimos serán confidenciales cuando para su difusión se requiera del consentimiento del titular de los mismos, lo que permite concluir que, en principio, los datos personales de las partes que constan en una resolución judicial son públicos ya que para su difusión no se requiere del consentimiento de aquéllas, pues sólo la oposición de las partes, en determinados casos, impedirá su publicación.

Ahora, si bien el artículo 8o. de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental confiere a las partes el derecho a oponerse a la publicación de sus datos personales, debe tomarse en cuenta que tal oposición únicamente surtirá efectos y, por ende, dará lugar a la necesidad de generar en medios impresos o electrónicos versiones públicas de las resoluciones judiciales y, en su caso, de cualquier otro documento que conste dentro de un expediente judicial, en las que se supriman los referidos datos personales, cuando se refieran a expedientes que contengan información reservada que en términos de lo previsto en la fracción IV del artículo 13 de ese cuerpo legal, pongan en riesgo la vida, la seguridad o la salud de las partes.

Al tenor de lo dispuesto en el párrafo último del artículo 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental no se considera confidencial la información que se halle en fuentes de acceso público y, en términos de lo previsto en los artículos 28, fracción III, párrafo último, de la Ley de Amparo, 107 del Código Federal de Procedimientos Penales y 1068, fracciones II y III, del Código de Comercio, constituye un principio procesal que en las notificaciones por lista, por estrados, por rotulón o por boletín judicial debe señalarse el nombre de las personas respecto de las cuales se tramita algún derecho en el juicio respectivo, bien, sea quejoso, inculpado o cualquier otra que sea su denominación procesal, pues sólo de esa manera éstas pueden tener conocimiento de la determinación respectiva, de donde se sigue que en la versión impresa o electrónica, mencionada en el considerando que antecede, se deben conservar los nombres de las partes, sin menoscabo de suprimir los demás datos personales señalados en la fracción II del artículo 3o. de la citada Ley de Transparencia, en la medida en que tal supresión no impida conocer el criterio contenido en la resolución judicial solicitada.

En relación con las pruebas y constancias que obren en los expedientes judiciales se dará acceso a las mismas observando en todo caso lo dispuesto en los artículos 14, fracción IV, 18, fracción I y 19 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, es decir, una vez que haya causado estado la respectiva sentencia ejecutoria.

En consecuencia, en ejercicio de las atribuciones conferidas en los artículos 94 de la Constitución General de la República; 11, fracción XXI, y 81, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el treinta de marzo de dos mil cuatro los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal expidieron el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en el cual se estableció, entre otros aspectos, que como regla general todas las determinaciones dictadas en un juicio seguido ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los tribunales de circuito y los juzgados de distrito, son públicas una vez que se emitan, sin menoscabo de que para acceder a ellas se genere una versión pública de la que se suprima, en su caso, la información confidencial o reservada; asimismo, se precisó que de dicha versión no se suprimirían los nombres de las partes, dado que en términos de lo previsto en el párrafo último del artículo 18 de la referida Ley Federal se considera como pública la información que se ubique en fuentes de acceso público, lo que sucede en el caso de los nombres antes mencionados, en términos de lo establecido en diversos ordenamientos adjetivos federales; al regular las notificaciones por lista, por estrado, por rotulón o por boletín judicial.

Tercera. La intención de la iniciativa es promover la imparcialidad como característica absolutamente obligada de los órganos colegiados, por una parte, se trata de que las sesiones por las cuales resuelven un asunto tenga lugar a través de un procedimiento abierto y transparente, mediante el cual la institución alcance la mayor independencia.

Además, esa imparcialidad traerá como consecuencia, un compromiso inequívoco con la apertura de las acciones jurisdiccionales y de la aplicación constante del principio de máxima publicidad en la resolución además de observar los desacuerdos que tengan los integrantes de los órganos colegiados. En todo caso, la objetividad en su trabajo, la autonomía de sus decisiones y la aplicación constante de los principios de apertura, de conformidad con el artículo sexto.

Es por ello, que si se pretende que las sesiones de los tribunales colegiados de circuito sean públicas, se contravendrían las disposiciones tanto del artículo 6o. constitucional, como lo establecido en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, con lo que existiría un concurso de normas que referidas a una misma premisa, éstas se resolverían de manera diferente.

Por citar un ejemplo, por una parte la Ley de Amparo señalaría que los expedientes se resolverán en discusión pública, y por otro la Ley Federal de Transparencia establecería las excepciones para la publicidad, entre las cuales se refieren, que la información será reservada entre otros casos cuando se trate de las averiguaciones previas; los expedientes judiciales o de procedimientos en tanto no hayan causado estado; y las que contengan las opiniones, reservas o puntos de vista que forman parte del proceso deliberativo de los servidores públicos, como es el caso que nos ocupa.

Es decir, si se realiza una reforma en la Ley de Amparo, en los términos propuestos, se debería a su vez reformar la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, para establecer que en materia judicial no habría restricción alguna para la publicidad dada en los procesos. Sin embargo, es de advertirse que la Ley de Amparo, debe regular, como hasta ahora, el procedimiento de conformidad con lo establecido en los artículos 103 y 107 constitucionales; y la Ley Federal de Transparencia, lo relativo al procedimiento de publicidad y transparencia.

Además de lo anterior, es importante señalar que si bien la transparencia y la rendición de cuentas es un principio que debe imperar en el desempeño de toda función pública, en el caso que nos ocupa, debieran analizarse otras cuestiones que trascienden al marco jurídico vigente, como lo relativo a la adecuación de la infraestructura de los espacios donde se desarrollan las sesiones de los tribunales colegiados de circuito, pues en la mayoría de los casos, se trata de oficinas pequeñas, que no cuentan con espacios suficientes, aunque en otros casos, también debe decirse --y que son los menos-- tienen salas de sesiones, también reducidas.

En este orden de ideas, también es de suma trascendencia destacar que el hecho de que las sesiones de los tribunales colegiados de circuito no sean públicas, no necesariamente entraña que las decisiones a que arriban sus integrantes no sean apegadas a derecho, ni mucho menos que no exista transparencia en su desempeño, puesto que dicha discusión no implica un acto secreto, ya que en todas las ejecutorias se indica si fue dictada por unanimidad o por mayoría, se incluye el contenido de los argumentos debatidos, las consideraciones jurídicas que sustentan el fallo y, por supuesto, el nombre de los magistrados que participan en la discusión, así como sus puntos de vista específicos, en su caso, a través del voto particular.

Ahora bien, de conformidad con el artículo 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial de la Federación, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estarán a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, en los términos que conforme a las bases que señala la Constitución, establezcan las leyes.

Asimismo, el artículo 100 refiere que las decisiones del Consejo serán definitivas e inatacables y, por lo tanto, no procede juicio ni recurso alguno, en contra de las mismas, salvo las que se refieran a la designación, adscripción, ratificación y remoción de magistrados y jueces, las cuales podrán ser revisadas por la Suprema Corte de Justicia, únicamente para verificar que hayan sido adoptadas conforme a las reglas que establezca la ley orgánica respectiva.

Bajo esta tesitura, esta Comisión coincide en que se debe dar una mayor apertura a las sesiones que resuelven los juicios dentro de los tribunales colegiados de circuito, que si bien es cierto, constan actas de las sesiones que se celebran en éstos órganos, lo cierto también es que pueden ser modificadas de manera discrecional por los integrantes de los referidos tribunales, dejando sin posibilidad al Consejo de la Judicatura proceder en caso de corruptelas o incapacidad de sus integrantes.

Es decir, esta comisión considera que una opción es que las sesiones de los tribunales colegiados de circuito, sean grabadas con la finalidad de obtener la creación de un archivo digital del desarrollo de las sesiones, para que el Consejo de la Judicatura Federal tenga elementos suficientes para fincar las responsabilidades a los magistrados que en su caso cometan una falta inherente a la función que desempeñan y además estos archivos puedan consultarse de conformidad con los principios contenidos en la Ley de Transparencia.

Para ello es necesario que se reforme el artículo 184, fracción II de la Ley de Amparo, en cuanto establece que las sentencias de los tribunales colegiados de circuito se pronunciarán ``sin discusión pública'', término que contiene ambigüedad, pues el que sea sin discusión pública, únicamente se refiere a que los integrantes del órgano colegiado resolverán entre ellos, sin que intervenga un diálogo entre ellos y las partes; sin embargo si se reforma y se establece que sea ``en discusión pública'', tal y como lo propone la iniciativa, esto traería como consecuencia un choque en cuanto a las disposiciones establecidas en la Ley Federal de Transparencia.

Esta Comisión propone, se elimine la frase ``sin discusión pública'' para que la fracción II del artículo 184 de la Ley de Amparo, establezca de manera general que el auto por virtud del cual se turne el expediente al magistrado relator tendrá efectos de citación para sentencia, la que se pronunciará dentro de los quince días siguientes, por unanimidad o mayoría de votos.

Se propone además adicionar una fracción tercera al artículo en mención, para hacer referencia que las sesiones de resolución de asuntos los tribunales colegiados, serán grabadas para obtener un archivo digital de las sesiones, así como para que el Consejo de la Judicatura Federal tenga elementos para proceder de oficio en contra del o de los magistrado de los órganos colegiado por considerar que existe una falta grave a la función que tiene encomendada por el Estado.

Se coincide además en la iniciativa, en que se debe reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en su artículo 81, fracción XXXV, sin embargo también se considera se debe reformar la fracción XXXVI del mismo artículo para dar armonía a la reforma realizada al artículo 184 de la Ley de Amparo, en el sentido de que el Consejo al momento de investigar y determinar las responsabilidades y sanciones de los servidores públicos, deberá considerar las grabaciones que se encuentren documentadas de las sesiones de los tribunales colegiados de circuito.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, la Comisión de Justicia somete a la consideración de esta honorable asamblea, el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforma la fracción II y se adiciona una fracción III al artículo 184 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y se reforman las fracciones XXXV y XXXVI del artículo 81 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

Artículo Primero. Se reforma la fracción II y se adiciona una fracción III al artículo 184 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 184. Para la resolución de los asuntos en revisión o en materia de amparo directo, los tribunales colegiados de circuito observarán las siguientes reglas:

I. El Presidente turnará el expediente dentro del término de cinco días al Magistrado relator que corresponda, a efecto de que formule por escrito, el proyecto de resolución redactado en forma de sentencia;
II. El auto por virtud del cual se turne el expediente al Magistrado relator tendrá efectos de citación para sentencia, la que se pronunciará dentro de los quince días siguientes, por unanimidad o mayoría de votos, y
III. Las sesiones de los tribunales colegiados de circuito que resuelvan los juicios o recursos promovidos ante ellos, deberán ser videograbadas, con el fin de integrar un archivo digital que puede ser difundido posteriormente. Estas grabaciones y su difusión se realizarán bajo los lineamientos que al efecto formule el Consejo de la Judicatura Federal, y de conformidad con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, protegiendo en todo momento los datos personales.

Artículo Segundo. Se reforman las fracciones XXXV y XXXVI del artículo 81 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para quedar como sigue:

Artículo 81. Son atribuciones del Consejo de la Judicatura Federal:

I. a XXXIV. ...
XXXV. Fijar las bases de la política informática y de información estadística que permitan conocer y planear el desarrollo del Poder Judicial de la Federación, así como regular, recopilar, documentar, seleccionar y difundir para conocimiento público, con apego a las normas en materia de transparencia y acceso a la información pública, las sesiones de los tribunales colegiados de circuito ;
XXXVI. Investigar y determinar las responsabilidades y sanciones a los servidores públicos y empleados del propio Consejo; de los tribunales de circuito, que para el caso de que se trate de tribunales colegiados, deberá considerar las grabaciones que se encuentren documentadas de las sesiones en que resuelvan los juicios o recursos promovidos ante ellos; y juzgados de distrito; todo ello en los términos y mediante los procedimientos establecidos en la ley, los reglamentos y acuerdos que el Consejo dicte en materia disciplinaria;
XXXVII. a XLII. ...

Transitorios

Primero. El presente decreto iniciará su vigencia el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. A partir de la entrada en vigor del presente decreto, el Consejo de la Judicatura Federal deberá implantar las acciones necesarias para la realización de las grabaciones de las sesiones de los tribunales colegiados de circuito, en un plazo no mayor a 90 días hábiles.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de octubre de 2008.
La Comisión de Justicia, diputados: César Camacho Quiroz (rúbrica), presidente; Felipe Borrego Estrada (rúbrica), Violeta del Pilar Lagunes Viveros , Carlos Alberto Navarro Sugich (rúbrica), Miguel Ángel Arellano Pulido , Jorge Mario Lescieur Talavera (rúbrica), Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda (rúbrica), Verónica Velasco Rodríguez , secretarios; Mónica Arriola, Alliet Mariana Bautista Bravo , Luis Enrique Benítez Ojeda (rúbrica), Liliana Carbajal Méndez , Raúl Cervantes Andrade , Jesús de León Tello (rúbrica), José Manuel del Río Virgen , Antonio de Jesús Díaz Athié (rúbrica), Rutilio Cruz Escandón Cadenas , Arturo Flores Grande , Silvano Garay Ulloa (rúbrica), Andrés Lozano Lozano (rúbrica), Omeheira López Reyna , Victorio Rubén Montalvo Rojas (rúbrica), Jesús Ricardo Morales Manzo (rúbrica), Mario Eduardo Moreno Álvarez , Silvia Oliva Fragoso (rúbrica), Édgar Armando Olvera Higuera (rúbrica), María del Pilar Ortega Martínez (rúbrica), Luis Gustavo Parra Noriega (rúbrica), Alfredo Adolfo Ríos Camarena (rúbrica), Yadhira Yvette Tamayo Herrera (rúbrica).»

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : En consecuencia, está a discusión en lo general. Se ha registrado para fijar su posición el diputado José Manuel del Río Virgen, por el Grupo Parlamentario de Convergencia.

El diputado José Manuel del Río Virgen : Gracias, presidenta.

Compañeras diputadas y compañeros diputados, con el poder de su voto van a reformar la fracción II y a adicionar la III al artículo 184 de la Ley de Amparo. También van a reformar las fracciones XXXV y XXXVI del artículo 81 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

Pero me veo obligado a comentar que este trabajo legislativo, que presentó el diputado Carlos Chaurand Arzate , tiene una trascendencia muy amplia dentro del Poder Judicial federal. El diputado Chaurand tuvo el cuidado de revisar la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; tuvo el cuidado también de revisar la Constitución General de la República y la Ley de Amparo.

La propuesta del diputado Chaurand no es menor. El Poder Judicial federal siempre ha estado abierto al escrutinio de la sociedad, y siempre el pleno de ministros y el propio Consejo de la Judicatura han permitido que se conozcan todos, absolutamente todos sus acuerdos.

Sin embargo, la propuesta del diputado Chaurand va también en el sentido de que en los juzgados de distrito...

¿El diputado Mariano González Zarur quiere hacerme alguna pregunta?

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : Por favor, continúe el orador.

El diputado José Manuel del Río Virgen : Gracias, señora presidenta. Lo vi entusiasmado y pensé que sabía de este tema.

El diputado Chaurand tuvo el cuidado, cuando observó la Ley Orgánica y la Ley de Amparo, de señalar que los juzgados de distrito y los tribunales colegiados de circuito y los unitarios también deben, necesariamente, pasar por el filtro de la fiscalización que se requiere.

¿Qué es lo que propone? Propone ---y la Comisión de Justicia lo aceptó así, en un trabajo de toda la Comisión de Justicia--- que sean videograbadas las sesiones de todos los asuntos que se ventilan en los juzgados de distrito.

Esta reforma lo que busca, diputadas y diputados, es que el juzgador sea juzgado por el escrutinio de la sociedad. Esta reforma lo que busca es que el juzgador sea valorado por la propia sociedad.

Esta reforma lo que busca es que, hasta en el último de los rincones, el Poder Judicial federal rinda cuentas como lo ha venido haciendo hasta ahora. Hasta ahora el Poder Judicial federal es uno de los tres Poderes de la Unión que no esconde ninguna, ninguna señal que obstruya el principio de información a la sociedad.

Vengo a pedirles su voto a favor, diputadas y diputados, para que quede de la siguiente manera:

``Las sesiones de los tribunales colegiados de circuito que resuelven los juicios o recursos promovidos ante ellos deberán ser videograbadas, a fin de integrar un archivo digital que pueda ser difundido posteriormente. Estas grabaciones y su difusión se realizarán bajo los lineamientos que al efecto formule el Consejo de la Judicatura Federal y de conformidad con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, protegiendo en todo momento los datos personales.''

Y más todavía, la Comisión de Justicia señala que es procedente y son atribuciones del Consejo de la Judicatura Federal regular, recopilar, documentar, seleccionar y difundir para conocimiento público, con apego a las normas en materia de transparencia y acceso a la información pública, las sesiones de los tribunales colegiados de circuito.

También propone la Comisión de Justicia que voten ustedes a favor este dictamen, para que en el caso de que se trate de tribunales colegiados, se consideren las grabaciones que se encuentren documentadas, de las sesiones en que resuelven los juicios o recursos promovidos ante ellos y juzgados de distrito también. Todo ello en los términos y mediante los procedimientos establecidos en la ley, los reglamentos y los acuerdos que el Consejo de la Judicatura dicte en materia disciplinaria.

Diputadas y diputados, les pedimos que voten a favor de esta reforma. Es una reforma que permite seguir rindiendo cuentas al Poder Judicial federal.

Una felicitación a los diputados, al proponente y a la Comisión de Justicia.

Gracias, presidenta.

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : Gracias, diputado.

No habiendo más oradores registrados, se considera suficientemente discutido.

Para los efectos del artículo 134 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, se pregunta a la asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular, especificando la ley de que se trate.

En virtud de que no se ha reservado artículo alguno para discutirlo en lo particular, se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico por 10 minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.

La Secretaria diputada María del Carmen Pinete Vargas : Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento para el Gobierno Interior. Ábrase el sistema electrónico hasta por 10 minutos para proceder a la votación, en lo general y en lo particular, en un solo acto.

(Votación)

¿Falta algún diputado o alguna diputada de emitir su voto? Está abierto el sistema. Sigue abierto el sistema, compañeros.

Ciérrese el sistema electrónico de votación.

El diputado Juan Guerra.

El diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa (desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada María del Carmen Pinete Vargas : El diputado Alejandro Rodríguez.

El diputado Luis Alejandro Rodríguez (desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada María del Carmen Pinete Vargas : Señor presidente, se emitieron 268 votos en pro, 0 abstenciones, 0 en contra.

Presidencia del diputado César Duarte Jáquez

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Aprobado por unanimidad en lo general y en lo particular.

Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma la fracción II y adiciona la fracción III al artículo 184 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y reforma las fracciones XXXV y XXXVI del artículo 81 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.



LEY FEDERAL PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACION

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma el último párrafo del artículo 23 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.

En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura del dictamen.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas : Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura del dictamen. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Diputado presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Dictamen de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con proyecto de decreto que reforma el último párrafo del artículo 23 de la Ley Federal para prevenir y eliminar la Discriminación

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Diputados perteneciente a la LX Legislatura le fueron turnadas, para su estudio, análisis y dictamen, las iniciativas que reforman el artículo 23 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y el artículo 31 de la Ley General de las Personas con Discapacidad, presentadas por la diputada Mayra Gisela Peñuelas Acuña , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, y la diputada Silvia Luna Rodríguez , del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Esta Comisión, elaboró el presente dictamen con fundamento en el artículo 39, numerales 1, 2, fracción III, y numeral 3; los artículos 44, 45, numerales 1, 4 y 6, incisos d) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 55, 56, 60, 87, 88 93 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y lo somete a consideración de esta honorable asamblea, de acuerdo con los siguientes:

Antecedentes

1. Con fecha 14 de febrero de 2008 la diputada Mayra Gisela Peñuelas Acuña presentó la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 23, fracción f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, acordó turnar la presente iniciativa, para su estudio y dictamen, a esta Comisión.

2. Con fecha 30 de abril de 2008, la diputada Silvia Luna Rodríguez presentó la iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley General de las Personas con Discapacidad y la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, acordó turnar la presente iniciativa para su estudio y dictamen a esta comisión.

3. En la reunión plenaria numero 23 de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, celebrada el 23 de julio del 2008, se aprobó la iniciativa presentada por la diputada Silvia Luna Rodríguez , que reforma la Ley General de las Personas con Discapacidad y la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación; sin embargo, por técnica legislativa y en virtud de que ambas reforman el mismo artículo 23, esta comisión determinó integrar en un sólo dictamen las reformas presentadas por la diputada Silvia Luna Rodríguez y la diputada Mayra Gisela Peñuelas Acuña .

Con base en los antecedentes expuestos, los integrantes de esta comisión hacemos de su conocimiento el siguiente

Contenido de las iniciativas

1) La diputada Mayra Gisela Peñuelas Acuña , en su iniciativa, destaca que la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación tiene como objetivo fundamental prevenir y erradicar toda práctica discriminatoria que atente contra los derechos humanos de los ciudadanos. En consecuencia, la ley crea el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, como un organismo descentralizado, con patrimonio y personalidad jurídica propia, sectorizado a la Secretaría de Gobernación, el cual se encarga de su aplicación y vigilancia; el consejo tiene como objetivo llevar a cabo acciones tendientes a eliminar la discriminación y tiene autonomía técnica y de gestión.

2) Debido a que en la junta de gobierno no están incluidos representantes del Poder Legislativo, la diputada propone que, obedeciendo el principio de representatividad de la sociedad, en dicho consejo se incluyan un integrante de la Cámara de Diputados y otro de la Cámara de Senadores, con la finalidad de coadyuvar a impulsar acciones de información, sensibilización, capacitación y divulgación, que favorezcan la convivencia en la diversidad, el respeto a la diferencia y la igualdad.

3) La diputada Silvia Luna Rodríguez establece en su iniciativa que en el país, las personas con discapacidad han sido objeto de discriminación por su condición y por la ineficiencia de las políticas instauradas para equiparar la igualdad de oportunidades en la sociedad. Las actitudes que hacen visible la discriminación por ese motivo provienen de diversos estereotipos que hacen que personas con discapacidad sean tratados como personas inferiores en capacidades o desarrollo. Para ello pretende reformar el artículo 23 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación para integrar al Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad como un invitado permanente, con derecho a voz, pero no a voto, a la Junta de Gobierno del Consejo Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación. La diputada propone reformar también ese numeral, para cambiar el nombre del Instituto Nacional Indigenista por el de Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

En otra parte de su iniciativa la diputada pretende reformar el artículo 31 de la Ley General de las Personas con Discapacidad para incluir el Consejo Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación como un integrante del Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad.

Consideraciones

La Comisión de Atención a Grupos Vulnerables realizó el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en las iniciativas con proyecto de decreto, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen:

I. La Comisión manifiesta que se debe tener presente que el Consejo Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación (Conapred) es un organismo descentralizado, sectorizado a la Secretaría de Gobernación, que goza de personalidad y patrimonio propios, su junta de gobierno se integra por cinco representantes de la administración pública centralizada y cinco representantes de la sociedad civil, diseño institucional que permite un equilibrio al interior de este órgano colegiado, presidido por el titular del Conapred, entre los sectores público y privado.
II. Conforme a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la administración pública federal se divide en centralizada y paraestatal; además define las bases generales de creación de las entidades paraestatales y la intervención del Ejecutivo Federal en su operación, quien es el que determina su funcionamiento.
III. El Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados realizó un estudio en el que muestra que tres organismos descentralizados tienen como invitados permanentes a diputados y senadores en sus juntas de gobierno:
En el artículo 11 de la Ley que crea la Agencia Mexicana de Noticias (Notimex) se establece que la junta de gobierno contará con un invitado permanente de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, que asistirá a las sesiones con voz, pero sin voto; asimismo en el artículo 12, fracción III, inciso b), de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, apartado donde menciona a los invitados permanentes que serán dos representantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y dos representantes del Consejo de la Judicatura Federal, así como dos integrantes de los tres grupos parlamentarios con mayor representación en la Cámara de Diputados y uno de cada uno de los grupos parlamentarios, misma fórmula que se aplicará en la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión. Finalmente, en el artículo 6o. del decreto de creación del Instituto Nacional de Ciencias Penales se prevé que la Junta de Gobierno cuando estime pertinente, podrá invitar a participar en sus sesiones a representantes de los Poderes Legislativo y Judicial o de cualquier otra institución pública o privada.
En este sentido, la participación de los legisladores consiste en la asistencia a dichas juntas con derecho a expresarse pero sin votar en los asuntos que se discuten en el órgano decisorio; en los dos primeros casos es permanente y en el último es eventual.
IV. La participación del Poder Legislativo en las juntas de gobierno no invade ni afecta la esfera jurídica del Ejecutivo federal, permaneciendo la división de poderes, toda vez que su participación será de opinión sin decisión lo que retroalimentaría los criterios propios de la Junta de Gobierno del Consejo Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación, puesto que será invitado permanente con derecho a voz, sin voto.
V. La comisión considera que la reforma al artículo 23 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación donde se cambia el nombre del Instituto Nacional Indigenista por el de Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, es viable, ya que el 21 de mayo de 2003 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el decretó por el que se expide la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y se abroga la Ley de creación del Instituto Nacional Indigenista.
Es también de aprobarse la inclusión del Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad como invitado permanente a la junta de gobierno, con derecho a voz pero no a voto, ya que es un órgano de atención directa a personas con discapacidad, grupo vulnerable que sufre discriminación.
VI. Por lo que se refiere a la reforma del artículo 31 de Ley General para las Personas con Discapacidad, en la que la legisladora propone que el Consejo Nacional para la Discriminación forme parte de la integración del consejo, no procede, toda vez que resulta pertinente modificar la modalidad de integrante a invitado permanente para que la transversalidad resulte equitativa, en el ánimo de que la sociedad sea beneficiada.

Por todo lo expuesto, la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables somete a la consideración de la honorable asamblea el siguiente proyecto de

Decreto que reforma el artículo 23 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación

Artículo Único. Se reforma el último párrafo del artículo 23 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, para quedar como sigue:

Artículo 23. ....

...

I. a V. ...
...
...
Asimismo, serán invitados permanentes a la Junta de Gobierno con derecho a voz, pero no a voto, un integrante designado por la Cámara de Diputados y uno por la Cámara de Senadores, así como un representante de cada uno de los siguientes órganos públicos: Instituto Nacional de las Mujeres, Instituto Mexicano de la Juventud, Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas , Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, Consejo Nacional para la Prevención y Control del VIH/sida, Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad .

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en la Sala de Juntas de la Comisión, a los 22 días del mes de octubre del año 2008.
La Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, diputados: Laura Angélica Rojas Hernández (rúbrica), presidenta; Marcela Cuen Garibi (rúbrica), David Sánchez Camacho (rúbrica), Eduardo Elías Espinosa Abuxapqui (rúbrica), secretarios; Irene Aragón Castillo , Carlos Augusto Bracho González (rúbrica), Arnulfo Elías Cordero Alfonzo , Silvia Emilia Degante Romero , Martha Margarita García Müller (rúbrica), Juana Leticia Herrera Ale , María Esther Jiménez Ramos (rúbrica), Rubí Laura López Silva , Marisol Mora Cuevas (rúbrica), Diana Carolina Pérez de Tejada Romero (rúbrica), Jorge Quintero Bello (rúbrica), Mirna Cecilia Rincón Vargas (rúbrica), José Antonio Saavedra Coronel (rúbrica), Martha Angélica Tagle Martínez , Mario Vallejo Estévez, Martín Zepeda Hernández (rúbrica).»

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: En consecuencia está a discusión, en lo general y en lo particular, el artículo único del proyecto de decreto.

Se concede el uso de la palabra a la diputada Diana Carolina Pérez de Tejada Romero , del Grupo Parlamentario de Acción Nacional.

La diputada Diana Carolina Pérez de Tejada Romero : Con su permiso, señor presidente.

Buenas tardes, diputados y diputadas de esta honorable asamblea. El motivo por el cual subo a esta tribuna es para reforzar el dictamen emitido por la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, del cual se desprenden dos iniciativas.

La primera, del 14 de febrero de 2008, presentada por la diputada Mayra Gisela Peñuelas Acuña , y la segunda, de fecha 30 de abril del presente, presentada por la diputada Silvia Luna Rodríguez , las cuales reforman el artículo 23 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.

En nuestro país, las personas que sufren algún tipo de vulnerabilidad han sido objeto de discriminación por su condición y, sobre todo, por la ineficacia de las políticas instauradas para equiparar la igualdad de oportunidades en nuestra sociedad.

Las actitudes que hacen visible la discriminación por este motivo provienen de diversos estereotipos que provocan que estas personas sean tratadas como personas inferiores en capacidades, en desarrollo y en oportunidades.

La participación del Poder Legislativo en las juntas de gobierno no invade ni afecta la esfera jurídica del Ejecutivo federal, permaneciendo la división de poderes, toda vez que su participación será de opinión sin decisión, lo que retroalimenta los criterios propios de la Junta de Gobierno del Consejo Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación.

Por ello pido que se vote el presente dictamen a favor, debido a que en la Junta de Gobierno no están incluidos representantes del Poder Legislativo, que obedeciendo al principio de representatividad de la sociedad se debe incluir en dicho consejo un integrante designado por la Cámara de Diputados y otro por la Cámara de Senadores, con derecho a voz, pero no a voto, con la finalidad de coadyuvar e impulsar acciones de información, sensibilización, capacitación y divulgación que favorezcan la convivencia en la diversidad y el respeto a la diferencia y la igualdad.

Por otro lado, es importante actualizar nuestra legislación a fin de que las instituciones que trabajan en pro de los grupos vulnerables estén plenamente identificadas en las normas, para que la sociedad pueda acudir a ellas cuando sea necesario.

Por tal motivo pido su voto a favor del presente dictamen, que sustituye el nombre de `` Instituto Nacional Indigenista'' por el de `` Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas'', ya que el 21 de mayo de 2003 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se expide la Ley de la Comisión Nacional para el De-sarrollo de los Pueblos Indígenas, que abroga la Ley de Creación del Instituto Nacional Indigenista.

Pese a los grandes avances, como la aprobación y la publicación de la Ley General de las Personas con Discapacidad, en junio de 2005, el papel de México como promotor en la Convención sobre el Derecho de las Personas con Discapacidad, aprobada por la Organización de las Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006, la discriminación por motivo de discapacidad es un fenómeno presente en la sociedad que experimentan cotidianamente quienes la padecen.

El Conapred y sus políticas están encaminadas a prevenir y eliminar la discriminación de las personas con discapacidad. Por ello, el presente dictamen incluye al Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad como invitado permanente en la Junta de Gobierno del Consejo, con derecho a voz, pero no a voto, ya que es un órgano de atención directa a personas con discapacidad y es el instrumento permanente de coordinación intersecretarial e interinstitucional que tiene por objeto contribuir al establecimiento de una política de Estado en la materia.

Es por ello, el voto de los diputados y de las diputadas del Partido Acción Nacional será en pro de este dictamen y será en estos términos. Gracias.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Consulte la Secretaría a la asamblea si el proyecto de decreto se encuentra suficientemente discutido, en lo general y en lo particular.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas : Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido el proyecto de decreto, en lo general y en lo particular. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Diputado presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Suficientemente discutido.

Se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico por 10 minutos para proceder a la votación, en lo general y en lo particular, del proyecto de decreto.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas : Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento para el Gobierno Interior. Ábrase el sistema electrónico por 10 minutos para proceder a la votación, en lo general y en lo particular, del proyecto de decreto.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Compañeros diputados, sólo les recuerdo que tendremos de inmediato otra votación.

(Votación)

Vamos a tener otra votación, compañeros, para que me hagan el favor de no retirarse. Estamos pidiendo a quienes habían solicitado la palabra que acotemos y no tengamos oradores, para con ello simplificar el procedimiento.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas : ¿Falta alguna diputada o algún diputado de emitir su voto? Aún está abierto el sistema electrónico. Ciérrese el sistema electrónico de votación.

Se emitieron 253 votos en pro, 0 en contra y 1 abstención, diputado presidente.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Aprobado en lo general y en lo particular, por 253 votos, el proyecto de decreto que reforma el último párrafo del artículo 23 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.



LEY QUE ESTABLECE LAS NORMAS MINIMAS SOBRE READAPTACION SOCIAL DE SENTENCIADOS

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: La Presidencia recibió de la diputada Elda Gómez Lugo, del Grupo Parlamentario del PRI, iniciativa que reforma el artículo 16 que establece las normas mínimas sobre la readaptación social de sentenciados.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas : «Iniciativa que reforma el artículo 16 de la Ley que establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, a cargo de la diputada Elda Gómez Lugo , del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, Elda Gómez Lugo , diputada federal de la LX Legislatura del Congreso de la Unión por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 56 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 16 de la Ley que establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El clima de inseguridad que actualmente se vive en el país es consecuencia del incremento de las actividades vinculadas con la delincuencia organizada, la cual ha ido extendiendo sus redes de operación y diversificado sus actividades, a tal grado, de contar con gente infiltrada dentro de las principales corporaciones policíacas del país.

Por crimen organizado debemos entender a los grupos de delincuentes que se organizan de manera sistemática y permanente en bandas, mafias, cárteles u otras formas para conseguir ganancias para sí o para otros mediante acciones reconocidas como delitos. Para asegurar sus objetivos, las organizaciones criminales recurren a la violencia y a la corrupción. Algunas de las actividades más comunes de estas organizaciones criminales en nuestro país son el narcotráfico, el secuestro, la trata de personas, el lavado de dinero, el robo de autos y las ejecuciones.

Por su manera de actuar, el crimen organizado genera inseguridad y violencia, degrada el tejido social, lastima la integridad de las personas y de las familias y pone en alto riesgo la paz en nuestro país. El narcotráfico, en particular, desafía al Estado y se ha convertido en una amenaza para la seguridad nacional.

Por información reciente se sabe que México supera a Colombia en el número de pandillas reconocidas por las propias autoridades del país. Debido a este grave problema, vemos cómo el robo de autos, el narcomenudeo y los diferentes delitos que comprenden al crimen organizado, se han incrementado considerablemente en todo el territorio mexicano.

En un informe que recientemente se publicó se menciona que el año pasado se presentaron poco más de 2 mil 773 ejecuciones, en las cuales 1 de cada 10 asesinados era policía. La entidad en que se presentó el mayor número de ejecutados fue Sinaloa, con 476, siguiéndole Guerrero (359), Michoacán (292) y Baja California (238). Es de destacar que Guerrero presentó el mayor número de policías ejecutados.

El gobierno federal ha demostrado no tener la capacidad suficiente para enfrentar el crimen organizado en nuestro país, además de la inconsistencia de las leyes, no logran desarrollar estructuras, recursos humanos ni materiales para combatirlo. Si bien el gobierno federal ha optado por incorporar en la lucha contra el narcotráfico a las Fuerzas Armadas, éste no es un asunto militar, como pudiera creerse con una interpretación simplista que le da el mismo gobierno.

El crimen organizado aprovecha los distintos sistemas judiciales y sus vacíos e inconsistencias legales; el poco control de las fronteras físicas, la falta de transparencia en el control de los bienes de los funcionarios públicos; la escasa profesionalidad de los cuerpos policiales; la falta de adecuación en los sistemas de doctrina y entrenamiento militar; los mercados informales y la incapacidad de controlar a través del fisco de los ingresos de la población; el desvío de los sistemas de inteligencia para dar seguimiento a otras prioridades de los gobiernos y sus debilidades institucionales; así como la débil estrategia que se ha desplegado para combatirlo.

Actualmente, en México se presentan modalidades nuevas en el ámbito de la delincuencia, tal es el caso del secuestro exprés, la extorsión en la que se amenaza a la víctima o a sus familiares de un posible secuestro para conseguir una recompensa, así como el secuestro virtual en el que se da la falsa noticia a familiares de que se tiene secuestrada a una persona. La incidencia de ambos casos se ha incrementado de manera preocupante.

En el gobierno de Vicente Fox (2000-2006) fueron detenidas 60 mil personas por delitos contra la salud. Sin embargo, sólo 15 eran líderes de los cárteles: 50 pertenecían a sus estructuras financieras y se capturó sólo a 71 sicarios, sin embargo vemos con tristeza que estas acciones sólo son para tratar de callar el reclamo social a la ineficiencia, ineficacia y opacidad que mostró dicha administración en el combate al crimen organizado, en donde la mayoría de los detenidos forman parte de la cadena inferior de distribución o son campesinos cultivadores.

La incapacidad que muestran y han mostrado las autoridades para mitigar las acciones y delitos en las fronteras del país derivados del crimen organizado han orillado a éstas a buscar ayuda internacional con la finalidad de superar éste grave conflicto, prueba de ello son, la creación de la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG) el 19 de noviembre de 2006 y la más reciente, la Iniciativa Mérida firmada entre Estados Unidos de América y México.

Un problema que inquieta a la sociedad mexicana son las constantes ejecuciones que se presentan en México. En este sentido, resulta preocupante que entre los muertos se encuentren civiles, mandos policiales, funcionarios y ex policías.

No podemos quedarnos cruzados de brazos mientras la ley es infringida constantemente por el crimen organizado, asimismo, tampoco podemos permanecer indiferentes sabiendo que los integrantes de este tipo de células no reciben castigo alguno amparándose en gran parte en la impunidad que permea nuestros sistemas de seguridad, ya que de hacerlo así, viviríamos en un ambiente de incertidumbre y desconfianza, en el cual la vida no pudría ser garantizada y en donde la libertad quedaría condenada por unos cuantos.

Como Congreso, tenemos la responsabilidad de velar por el bienestar de los ciudadanos mexicanos, incluyendo la garantía de su seguridad personal, por ello, es necesario hacer un frente común que nos permita implementar acciones que permitan erradicar el flagelo de la delincuencia organizada.

Es necesario ubicar las causas de las diversas formas de crimen organizado, en donde es necesario señalar que las causas estructurales corresponden en particular a las deficiencias del sistema de impartición de justicia que durante mucho tiempo ha carecido de una formación humanista y ética, promoviendo la corrupción política y la protección policíaca.

La impunidad, la corrupción y la simulación han sido obstáculos para el desarrollo del país a lo largo de su historia. Esta distorsión que, entre otras cosas, ha derivado en ocasiones en un ejercicio discrecional del poder, ha generado desconfianza en la sociedad respecto a las instituciones de gobierno y a la actuación de las autoridades.

Es necesario que nuestro sistema jurídico responda a las realidades sociales, económicas y políticas del país, se requiere fortalecer la persecución del delito y la impartición de justicia, buscando en todo momento abatir los altos niveles de corrupción que lo caracterizan.

En este sentido, es indispensable que en el país, la mayor prioridad sea buscar la edificación de un sistema institucional judicial y de procuración de justicia profesional y eficiente, para evitar que los criminales que se dedican a la delincuencia organizada, salgan con facilidad de los penales con el argumento de que por buena conducta sus penas han disminuido, logrando con esto otorgarles un beneficio que la ley no debiera brindar a las personas que dañan y laceran la seguridad y tranquilidad de la sociedad mexicana.

Por ello, esta iniciativa va en el sentido de quitar los beneficios con que cuentan los sentenciados por delitos del crimen organizado cuando ingresan en los penales.

Por lo expuesto y fundamentado, se somete a consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto

Único. Se adiciona un párrafo al artículo 16 de la Ley que establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, para quedar como sigue:

Artículo 16. Por cada dos días de trabajo se hará remisión de uno de prisión, siempre que el recluso observe buena conducta, participe regularmente en las actividades educativas que se organicen en el establecimiento y revele por otros datos efectiva readaptación social. Esta última será, en todo caso, el factor determinante para la concesión o negativa de la remisión parcial de la pena, que no podrá fundarse exclusivamente en los días de trabajo, en la participación en actividades educativas y en el buen comportamiento del sentenciado.

Los sentenciados por delitos concernientes al crimen organizado no gozarán del privilegio de remisión parcial de la pena que se indica en el párrafo anterior.

Transitorios

Primero. Quedará sin efecto cualquier disposición que se oponga al presente ordenamiento.

Segundo. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Tercero. La reglamentación y normatividad en la materia deberán adecuarse en un plazo no mayor de treinta días una vez publicado el presente decreto.

Diputada Elda Gómez Lugo (rúbrica).»

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Túrnese a la Comisión de Seguridad Pública.



LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA PROTECCION AL AMBIENTE

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: La Presidencia recibió de la diputada Rosa Elva Soriano Sánchez, del Grupo Parlamentario del PRD, iniciativa que adiciona el artículo 13 Bis a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas : «Iniciativa que adiciona el artículo 13 Bis a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario del PRD

Los suscritos, diputados federales de Michoacán de la LX Legislatura e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en las disposiciones constitucionales y reglamentarias aplicables, someten a consideración del Pleno iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 13 Bis a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), con base en la siguiente

Exposición de Motivos

La descentralización ambiental en México ha derivado de un proceso surgido con la creación de la LGEEPA, producto de la reforma constitucional de 1987, que consideró el tema ambiental en el marco de las competencias concurrentes.

A lo largo de estos 20 años de vigencia de la LGEEPA, los legisladores hemos sido testigos de cómo aportamos al diseño de leyes para abrir mayores y mejores cambios en beneficio de los estados, el Distrito Federal y los municipios. Sin embargo, el proceso de descentralización y estructura a partir de competencias concurrentes no ha sido acompañado de los presupuestos necesarios para que estos órdenes de gobierno puedan hacer posible el proceso de descentralización.

Por si esto no fuera poco, desde 2000 se han creado una serie de leyes generales en materia de vida silvestre, forestal y residuos sólidos, que no consideran los mecanismos para que estos órdenes de gobierno puedan hacer frente al bagaje de nuevas facultades que las leyes les confieren y que antes eran atribuciones del gobierno federal.

Es una realidad que ante este proceso descentralizador, los gobiernos locales no puedan enfrentar con compromiso los retos ambientales que les conferimos a través de las leyes que creamos y reformamos. Por ejemplo, la situación de los sitios de relleno sanitario en el país es alarmante: a 2005 se tenían censados 95 rellenos sanitarios en el territorio nacional, siendo Puebla la entidad con el mayor número (14), seguida por Querétaro y Guanajuato (6) y Coahuila (5). De éstos, sólo 13 funcionan de manera regular, cumpliendo parcialmente la normatividad vigente. Pese a ello no hay proyectos alternativos del manejo de residuos que se instauren en las entidades y los municipios.

La conservación de los espacios patrimoniales es otro problema, ya que siguen la misma dinámica nacional en cuanto a la elaboración de los programas de manejo; es decir, de las 164 áreas naturales protegidas de carácter federal, sólo 31 tienen programa de manejo. La situación en los estados es mucho más caótica, ya que muy pocas de estas áreas del ámbito local cuentan con programas de manejo. Lo mismo pasa con el saneamiento de cauces, cuerpos de agua y de la propia infraestructura hidráulica que tienen asignada las entidades federativas.

En tal sentido, se considera necesario adoptar las medidas legislativas pertinentes para que desde los ámbitos estatal, municipal y del Distrito Federal puedan allegarse de los recursos presupuestales apropiados.

Un problema recurrente que se relaciona con el tema de las competencias concurrentes y que debe atenderse de manera urgente es el acceso a recursos presupuestales suficientes para que las entidades federativas puedan atender la aplicación adecuada de estas facultades concurrentes que antes estaban otorgadas a la autoridad federal.

Para el caso ambiental, las materias de ordenación ecológica, áreas naturales protegidas, sitios de disposición final de residuos sólidos y tratamiento de aguas residuales son sólo algunas que requieren atención prioritaria. De tal suerte, la creación de un ramo general presupuestario para apoyar a las entidades federativas, a los municipios e incluso a las comunidades indígenas es una tarea legislativa impostergable.

En consecuencia y con fundamento en las disposiciones aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración del Pleno la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adiciona el artículo 13 Bis a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente

Artículo Único. Se adiciona el artículo 13 Bis a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para quedar como sigue:

Artículo 13 Bis. La Secretaría integrará en el proyecto de Presupuesto de Egresos de cada año un programa para el fortalecimiento de la descentralización ambiental, que incluirá las propuestas de apoyo presupuestal federal que le envíen los gobiernos de los estados, municipios, el Distrito Federal y las comunidades indígenas, enfocadas a

I. Obras y actividades de recuperación y saneamiento de infraestructura hidráulica, cauces y cuerpos de agua;
II. Obras y actividades para el tratamiento y la disposición final de residuos sólidos;
III. Formulación y asistencia técnica de los programas de manejo de áreas naturales protegidas y otros espacios patrimoniales de conservación del ámbito local;
IV. Actividades de protección y conservación de la biodiversidad;
V. Actividades para el mejoramiento de la calidad del aire, agua y suelos; y
VII. Las demás a las que se refiere el artículo 11 de la presente ley.

Para efecto de lo anterior, el Presupuesto de Egresos de la Federación integrará un ramo específico para el fortalecimiento de la descentralización ambiental para las entidades federativas, los municipios y las comunidades indígenas, en el cual se asignarán los montos para las acciones a que se refiere el párrafo anterior.

Los gobiernos de los estados y el del Distrito Federal establecerán programas presupuestales análogos para la atención de las acciones a que se refiere este artículo y las demás disposiciones que esta ley les confiere, en el ámbito de sus respectivas competencias.

Artículos Transitorios

Primero. La presente ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se derogan las disposiciones que se opongan al presente decreto.

Dado en el Palacio Legislativo, a 14 de octubre de 2008.--- Diputados: Rosa Elva Soriano Sánchez , Humberto Alonso Razo , Miguel Ángel Arellano Pulido , Érick López Barriga, Francisco Márquez Tinoco , Fausto Fluvio Mendoza Maldonado , Irineo Mendoza Mendoza , Concepción Ojeda Hernández , Raúl Ríos Gamboa , Antonio Soto Sánchez , Mario Vallejo Estévez, Rafael Villicaña García (rúbricas).»

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.



LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: La Presidencia recibió del diputado Raúl Cervantes Andrade, del Grupo Parlamentario del PRI, iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas : «Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, a cargo del diputado Raúl Cervantes Andrade , del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, integrante de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en uso de las facultades conferidas en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en el artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman la fracción II del artículo 29 y la fracción IX del artículo 37, y se adiciona una nueva fracción X al artículo 37, pasando el contenido de la actual fracción IX a la nueva fracción X de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con la siguiente

Exposición de Motivos

El conferir la responsabilidad de decidir, muchas veces como instancia última, en un solo juzgador, lo expone a presiones muchas veces inmanejables, al tiempo que propicia la percepción por parte de la opinión pública de que es relativamente fácil comprar una sola voluntad o conciencia para lograr hacer prevalecer intereses inconfesables.

La procuración y la impartición de justicia requieren necesariamente de la legitimación de su función por parte de la sociedad. Este propósito se logra a través del desempeño mismo de la función, sin embargo, hay que acudir a aquellos diseños institucionales que facilitan o procuran la percepción de que la impartición de justicia es objetiva e imparcial y que el destino de la libertad y otros bienes se encuentra no sólo en manos profesionales y responsables sino que los métodos que se utilizan para la imposición de sanciones o conceder la libertad tienen mecanismos que refuerzan precisamente la objetividad e imparcialidad al tiempo que se convierten en barrera para actos de corrupción que pudiesen llegar a torcer los propósitos de la justicia que el país demanda y exige.

La forma en la cual está redactada la legislación penal adjetiva permite, mediante una ligera modificación a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, cambiar radicalmente la forma en la cual se conoce de las más importantes apelaciones en materia penal federal. Con la modificación que se propone, la responsabilidad de resolver las apelaciones penales de mayor entidad habrán de quedar en manos de tres magistrados de circuito.

Con esta medida se les brinda, por un lado, mayor seguridad a los juzgadores, reforzando en tal forma la autonomía e independencia que requiere el ejercicio de la función jurisdiccional, beneficiándose, por otra parte, la función de las características propias de la deliberación y ponderación propia de los órganos colegiados.

Se ha podido comprobar que cuando convergen puntos de vista y opiniones divergentes e incluso en ocasiones contrapuestos, esto orilla a la ponderación y evaluación de posiciones que en ocasiones un juzgador aislado no logra percibir. Esta discusión, ponderación y deliberación fomentan una mayor calidad de las resoluciones y robustecen la percepción de una impartición de justicia objetiva e imparcial

Es por esto que por se propone incluir entre las competencias de los tribunales colegiados de circuito una nueva que los faculte para conocer y resolver de los recursos de apelación interpuestos contra sentencias definitivas en el caso de determinados delitos, tales como delincuencia organizada y contra la salud.

Por lo anterior expuesto me permito presentar ante esta soberanía el proyecto de

Decreto por el que se reforman la fracción II del artículo 29 y la fracción IX del artículo 37, y se adiciona una nueva fracción X al artículo 37, pasando el contenido de la actual fracción IX a la nueva fracción X de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación

Artículo Único. Se reforma la fracción II del artículo 29 y la fracción IX del artículo 37, y se adiciona una nueva fracción X al artículo 37, pasando el contenido de la actual fracción IX a la nueva fracción X de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para quedar como sigue:

Artículo. 29. ...

I. ...
II. De la apelación de los asuntos conocidos en primera instancia por los juzgados de distrito, con excepción de las apelaciones penales señaladas en la fracción IX del artículo 37 de esta ley.
III. al VI. ...
...

Artículo 37. ...

I. a VIII. ...
IX. De los recursos de apelación interpuestos contra sentencias definitivas por delitos contra la salud y delincuencia organizada.
X. Las demás que expresamente les encomiende la ley o los acuerdos generales emitidos por la Suprema Corte de Justicia funcionando en pleno o las salas de ésta.

Los tribunales colegiados de circuito tendrán la facultad a que se refiere la fracción XVII del artículo 11 de esta ley, siempre que las promociones se hubieren hecho ante ellos.

Transitorio

Único. El decreto iniciará su vigencia el día siguiente al del de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de plenos del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de noviembre de 2008.--- Diputado Raúl Cervantes Andrade (rúbrica).»

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Túrnese a la Comisión de Justicia.



LEY DE AMPARO

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: La Presidencia recibió del diputado Raúl Cervantes Andrade, del Grupo Parlamentario del PRI, iniciativa que reforma el artículo 158 Bis de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas : «Iniciativa que reforma el artículo 158 Bis de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Raúl Cervantes Andrade , del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado integrante de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en uso de las facultades que le confieren la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforma el artículo 158 Bis de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con la siguiente

Exposición de Motivos

Una preocupación sentida y constante de la sociedad mexicana, consiste en que el Estado proporcione una justicia expedita y pronta. Con frecuencia el retraso se convierte en denegación de justicia. Con frecuencia el amparo directo resulta un medio muy lento para obtenerla. A menudo los litigantes abusan de él soslayando los verdaderos intereses de sus clientes. La utilización del llamado amparo para efectos es percibida por los ciudadanos como vicio que debe ser acotado.

Múltiples opiniones se han vertido demandando una mayor concentración de los procesos de amparo directo para así evitar dilaciones y abatir la práctica nociva del amparo para efectos.

La presente iniciativa busca, mediante un simple cambio a la Ley de Amparo incidir en forma importante para abatir el abuso del amparo para efectos. Éste consiste en establecer la figura del amparo adhesivo; esto es, brindar a la parte que haya obtenido sentencia favorable, así como a la que tenga interés en que subsista el acto, la oportunidad de promover el amparo con el objeto de fortalecer las consideraciones de la sentencia definitiva, laudo o resolución que pone fin al juicio que determinaron el resolutivo favorable a sus intereses o para impugnar algún punto decisorio que les perjudica. Amerita destacar el que se propone, que para quienes no promuevan el amparo adhesivo precluirá su derecho para alegar, en otro momento, las violaciones que estimen se hayan cometido en su contra

Por lo anterior expuesto, me permito presentar ante esta soberanía el siguiente proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 158 Bis de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Único. Se reforma el artículo 158 Bis de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 158 Bis. La parte que haya obtenido sentencia favorable y la que tenga interés jurídico en que subsista el acto reclamado, podrá presentar amparo en forma adhesiva al que promueva cualquiera de las partes que intervinieron en el juicio del que emana el acto reclamado, el cual se tramitará en el mismo expediente. La presentación y trámite de aquél se regirá en lo conducente, por lo dispuesto para el amparo principal.

Los conceptos de violación en el amparo adhesivo, podrán estar encaminados a fortalecer las consideraciones de la sentencia definitiva, laudo o resolución que pone fin al juicio, que determinaron el resolutivo favorable a sus intereses, o impugnar las que concluyan en un punto decisorio que le perjudica. Se deberán hacer valer todas las violaciones procesales que se hayan cometido, siempre que pudieran trascender el resultado del fallo y que respecto de ellas, el adherente hubiese agotado los medios ordinarios de defensa, a menos que se trate de menores, incapaces, ejidatarios, trabajadores, núcleos de población ejidal o comunal y en materia penal tratándose del inculpado.

La falta de promoción del amparo adhesivo hará que precluya el derecho de quien obtuvo sentencia favorable para alegar posteriormente las violaciones que pudiesen haberse cometido en su contra.

Con la demanda de amparo adhesivo se correrá traslado a la contraparte para que exprese lo que a su interés convenga.

Transitorios

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de plenos del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de noviembre de 2008.--- Diputado Raúl Cervantes Andrade (rúbrica).»

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Túrnese a la Comisión de Justicia.



LEY GENERAL DE PESCA Y ACUACULTURA SUSTENTABLES

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Se recibió del diputado Carlos Orsoe Morales Vázquez, del Grupo Parlamentario del PRD, iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas : «Iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, recibida del diputado Carlos Orsoe Morales Vázquez , del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado Carlos Orsoe Morales Vázquez , integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LX Legislatura de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 55, fracción II, y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 4o., se derogan las fracciones IV, V, VI, VII, IX, XI, XII, XIV, XVII, XIX, XX, XXI, XXIII, XXVII, XXXV, XXXVI, y XXXIX, del artículo 8o. y se adiciona el Capítulo III al Título Cuarto de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, con objeto de precisar cuestiones relativas a la figura que inviste a la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, así como sus facultades y atribuciones, conforme a la siguiente

Exposición de Motivos

Nuestro país cuenta con una de las mayores riquezas en materia de recursos pesqueros, ya que posee un litoral aproximadamente de once mil quinientos noventa kilómetros de costas, de los cuales ocho mil cuatrocientos setenta y cinco corresponden al litoral del Pacífico y tres mil ciento diecisiete al del Golfo de México y Mar Caribe, de los cuales se incluyen islas; así como también una zona económica exclusiva de más de tres millones de kilómetros cuadrados de plataforma continental y un considerable número de áreas situadas en las costas y en el interior del territorio nacional, que son destinadas o susceptibles de uso para la acuacultura.

Por la ubicación geográfica, sus aguas ofrecen medios diversos para las distintas especies de organismos acuáticos, debido a la variabilidad de climas y de condiciones ecológicas que favorecen a la pesca y la acuacultura.

La pesca es una actividad productiva de alto contenido social, ya que representa en grandes regiones del país la principal opción de desarrollo económico para los sectores más desfavorecidos que, en suma, representan poco más de 300 mil familias mexicanos dependientes de esa fuente de trabajo.

Es por ello que entre los objetivos de la política pesquera y acuícola se encuentran los económicos, que consisten en incrementar el ingreso neto de los productores; los ambientales, que tienden a promover el aprovechamiento sustentable y los productivos para garantizar el abasto de los alimentos ricos en proteínas, y para ello se deberán establecer instrumentos legales que garanticen que las acciones en el sector se realicen por órganos de gobierno idóneos que cuenten con las atribuciones legales suficientes para el cumplimiento de estos objetivos, para que la actividad pesquera mexicana no pase desapercibida, ya que como sociedad nos corresponde dar respuestas nuevas a procesos sociales distintos, esto debido a que se está generando un importante cambio social.

Lo anterior, plantea revisar el diseño y ejecución de proyectos productivos orientados a promover el desarrollo socioeconómico comunitario y regional dando impulso a la participación, lo cual es un elemento indispensable para la economía nacional.

Si en México se unen esfuerzos tanto a nivel nacional como local, se contribuye a mejorar el desempeño en el sector de la pesca y en las localidades costeras. Sin embargo, las condiciones actuales del organismo encargado de ejecutar desde los recursos hasta los programas orientados a este importante sector se encuentra ``atado de manos'', pues la figura legal que le da origen la circunscribe exclusivamente al arbitrio del sector que la regula, llámese Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), impidiendo que al enfrentar la problemática que aqueja al sector en el país pueda tomar determinaciones directas e inmediatas.

La idea central no es, de ninguna manera, retirar a Sagarpa las facultades potestativas que tiene sobre la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca), sino por el contrario, pretendemos fortalecerla estableciendo aquellas facultades que de por sí tiene la Conapesca en el Reglamento correspondiente, pero plasmadas en ley, de modo que la carga de obligaciones se traslade al sector que de manera directa enfrenta los conflictos comunes.

Si bien es cierto que aunque la inmensa mayoría de los actores en el sector pesquero y acuícola tienen perfecta claridad de que el órgano regulador de la Conapesca (dígase Sagarpa) es el encargado de la resolución de la problemática que les aqueja, cierto es también, y lo decimos con toda franqueza porque es el sentir que esta comisión que me honro en presidir ha recogido a lo largo y ancho del país, que esa subordinación se traduce en una tediosa tramitología, tales como el impedimento para tramitar permisos o concesiones debe hacerse ante Sagarpa, la acreditación de la legal procedencia de los productos y subproductos se tiene que efectuar ante ambos organismos, por citar algunos ejemplos.

Por ello, planteamos esta reforma que en nada pretende arrancarle facultades a Sagarpa, sino simplemente concentrarlas en un organismo especializado, dígase propiamente un organismo sectorizado, pero con capacidad de resolución.

Con esta iniciativa se pretende fortalecer a las instituciones encargadas de regular la pesca y la acuacultura del país, por tal motivo, se proponen reformas y adiciones a la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, reformando y adicionando el artículo 4o., derogando diversas fracciones del artículo 8o. y se adiciona un nuevo texto, el Capítulo III del Título Cuarto de la Ley General de Pesca Acuacultura Sustentables, con la finalidad de que la Conapesca goce de personalidad jurídica y patrimonio propios y autonomía de gestión, administrativa, técnica y presupuestal, ya que consideramos que su naturaleza de órgano desconcentrado y las facultades que actualmente tiene lo limitan de modo que han impedido que la Conapesca contribuya eficientemente tanto al cabal cumplimiento de los objetivos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo, específicamente, al Programa Nacional de Pesca y Acuacultura, así como de la propia Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, lo cual de manera indiscutible repercute en la situación de los pescadores y acuicultores del país.

En ese sentido, debemos precisar que la iniciativa de adicionar una fracción al artículo 4o. obedece primordialmente a dos razones: la primera de ellas se refiere a que resulta incongruente que, siendo la Conapesca el organismo directamente responsable de ejecutar la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, en ésta sólo merezca un par de menciones, de modo que la intención es precisar lo que en la ley se debe entender por Conapesca.

Respecto del artículo 8o., es necesario indicar que, una vez hechas las respectivas compulsas entre la legislación atinente, encontramos no solo una innecesaria duplicidad de funciones, sino amplias contradicciones que, por citar un ejemplo, lo que en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal ya se reconoce como facultades y atribuciones de Sagarpa, en la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables también se reconoce de la misma manera y como cabeza de sector.

En ese orden de ideas pues, es que proponemos esta reforma que principalmente va encaminada a derogar ciertas disposiciones con la intención de evitar repeticiones obvias de facultades y atribuciones que ya desde la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal tiene reconocidas la Sagarpa.

Por lo que hace a la adición del Capítulo III del Título Cuarto, es con la intención de establecer con mayor claridad los alcances del organismo denominado Conapesca, y es que, aunque el decreto que le da origen al mismo lo establece como órgano desconcentrado, debemos decir que los grandes estudiosos de la administración pública, como el doctor Acosta Romero, han planteado que los organismos desconcentrados pueden o no, tener personalidad jurídica propia y, pueden o no, tener patrimonio propio, de modo que en este caso no puede ser un impedimento lo que en la práctica se ha entendido como una limitación de los organismos desconcentrados, pues cabe señalar que de ninguna manera se esta modificando la naturaleza del órgano, es decir, no lo estamos transformando en un órgano descentralizado, sino que solamente atendiendo a la doctrina y a la teoría, estamos ampliando el espectro de su alcance, esto es, con personalidad jurídica y patrimonio propios y con autonomía administrativa, de gestión, presupuestal y técnica, pero subordinado a su cabeza de sector, llámese Sagarpa.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma y adiciona el artículo 4o., deroga a diversas disposiciones del artículo 8o. y adiciona el Capítulo III al Título Cuarto de la le General de Pesca Acuacultura Sustentables

Artículo Primero. Se reforma el artículo 4o. de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, haciendo un corrimiento descendente de las fracciones para quedar como sigue:

Artículo 4o. Para los efectos de esta ley, se entiende por:

XV. Conapesca: la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca,

Artículo Segundo. Se derogan las fracciones IV, V, VI, VII, IX, XI, XII, XIV, XVII, XIX, XX, XXI, XXIII, XXVII, XXXV, XXXVI y XXXIX del artículo 8o. de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, para quedar como sigue:

Artículo 8o. Corresponde a la Secretaría el ejercicio de las siguientes facultades:

I. Regular, fomentar y administrar el aprovechamiento de los recursos pesqueros y acuícolas;
II. Proponer, formular, coordinar y ejecutar la política nacional de pesca y acuacultura sustentables así como los planes y programas que de ella se deriven;
III. Establecer las medidas administrativas y de control a que deban sujetarse las actividades de pesca y acuacultura;
IV. Se deroga.
V. Se deroga.
VI. Se deroga.
VII. Se deroga.
VIII. Promover y ejecutar acciones orientadas a la homologación y armonización de medidas con otros países en materia de sanidad, inocuidad y calidad de especies acuáticas;
IX. Se deroga.
X. Concertar acuerdos y ejecutar programas de cooperación técnica en materia pesquera y acuícola y proponer las posiciones relacionadas con estas materias que sean presentadas por el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos en los diversos foros y organismos internacionales, en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores;
XI. Se deroga.
XII. Se deroga.
XIII. Proponer al titular del Ejecutivo federal el presupuesto destinado al sector pesca y acuacultura, que deberá incluir al menos los siguientes programas: fortalecimiento de la cadena productiva, ordenamiento pesquero, organización y capacitación, investigación e infraestructura;
XIV. Se deroga.
XV. Fomentar y promover las actividades pesqueras y acuícolas y el desarrollo integral de quienes participan en dichas actividades;
XVI. Coordinar y supervisar la operación de los programas de administración y regulación pesquera y acuícola;
XVII. Se deroga.
XVIII. Aprobar, expedir y publicar la Carta Nacional Pesquera y la Carta Nacional Acuícola, y sus actualizaciones;
XIX. Se deroga.
XX. Se deroga.
XXI. Se deroga.
XXII. Proponer, coordinar y ejecutar la política general de inspección y vigilancia en materia pesquera y acuícola, con la participación que corresponda a otras dependencias de la administración pública federal; fomentar y promover la producción, industrialización, abasto, comercialización, calidad, competitividad y exportación de los productos pesqueros y acuícolas, en todos sus aspectos; en coordinación con las dependencias competentes Proponer y coordinar la política nacional de competitividad de los productos pesqueros y acuícolas en el mercado internacional;
XXIII. Se deroga.
XXIV. Fomentar y promover la producción, industrialización, abasto, comercialización, calidad, competitividad y exportación de los productos pesqueros y acuícolas, en todos sus aspectos, en coordinación con las dependencias competentes;
XXV. Proponer y coordinar la política nacional de competitividad de los productos pesqueros y acuícolas en el mercado internacional;
XXVI. Promover el establecimiento de zonas de acuacultura, así como la construcción de unidades de producción acuícola;
XXVII. Se deroga.
XXVIII. Promover y apoyar la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico de la pesca y la acuacultura, así como el fortalecimiento de las capacidades tecnológicas de la planta productiva nacional;
XXIX. Establecer las bases de organización y funcionamiento del Inapesca, como organismo coordinador de la investigación científica y tecnológica del sector pesquero y de acuacultura nacional;
XXX. Establecer y operar el Sistema Nacional de Información Pesquera y Acuícola y el Registro Nacional de Pesca y Acuacultura, así como mantenerlos actualizados en forma permanente, de conformidad con las disposiciones legales aplicables;
XXXI. Establecer bases de coordinación con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y celebrar acuerdos de concertación de acciones con los sectores productivos para la ejecución de programas y proyectos de fomento y desarrollo de las actividades pesqueras y acuícolas;
XXXII. Celebrar convenios o acuerdos de coordinación y colaboración con los gobiernos de las entidades federativas, en los términos de la presente ley;
XXXIII. Promover, en coordinación con las instancias correspondientes de la administración pública, el consumo de productos pesqueros y acuícolas;
XXXIV. Promover la inclusión de proyectos de inversión en obra pública a la cartera de programas y proyectos de inversión de la Administración Pública Federal, mediante la concertación y colaboración con los tres órdenes de gobierno y los productores pesqueros y acuícolas.
XXXV. Se deroga.
XXXVI. Se deroga.
XXXVII. Expedir los lineamientos y llevar a cabo la operación del Fondo Mexicano para el Desarrollo Pesquero y Acuícola;
XXXVIII. Realizar la inspección y vigilancia del cumplimiento de esta ley, sus reglamentos, normas oficiales y demás disposiciones que de ella se deriven;
XXXIX. Se deroga.
XL. las demás que expresamente le atribuya esta ley, sus disposiciones reglamentarias, las normas oficiales, así como las demás disposiciones aplicables.

Artículo Tercero. Se adiciona el Capítulo III al Título Cuarto de la ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, para quedar como sigue:

Título Cuarto

Capítulo III De la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca

La Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca será el Órgano Administrativo desconcentrado, sectorizado a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, con personalidad jurídica y patrimonio propios y autonomía de gestión, administrativa, técnica y presupuestal.

En materia de pesca y acuacultura, será el órgano ejecutor de las facultades y atribuciones conferidas a la secretaría. Además, tendrá las facultades y atribuciones siguientes:

I. Proponer al titular de la Secretaría el presupuesto destinado a la Conapesca para el ejercicio de sus atribuciones.
II. Establecer los procedimientos y mecanismos necesarios, para que los títulos o documentos en los que consten las concesiones y permisos, sean traducidos a las lenguas de los concesionarios o permisionarios pertenecientes a los pueblos indígenas, o bien, para asegurar que les sea interpretado su contenido;
III. Establecer los volúmenes de captura permisible; considerando las opiniones y dictámenes técnicos del Inapesca;
IV. Expedir los acuerdos para establecer y modificar o suprimir y fijar las épocas y zonas de veda; considerando las opiniones y dictámenes técnicos del Inapesca;
V. Fijar talla o peso mínimo de las especies susceptibles de captura, considerando las opiniones y dictámenes técnicos del Inapesca;
VI. Establecer las épocas, zonas y tallas mínimas de pesca, el número máximo de ejemplares susceptibles de captura por pescador deportivo y por día, así como las características particulares de las artes y métodos de pesca permitidos en las normas oficiales mexicanos, considerando, entre otros aspectos, las condiciones del recurso de que se trate y las características del lugar donde se pretenda desarrollar dicha actividad; considerando las opiniones y dictámenes técnicos del Inapesca y acorde a los planes de manejo pesquero sancionados;
VII. Proponer la expedición de normas oficiales mexicanos para el aprovechamiento, manejo, conservación y traslado de los recursos pesqueros y acuícolas, en los términos de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización;
VIII. Solicitar y verificar la acreditación de la legal procedencia de los productos y subproductos pesqueros y acuícolas, así como supervisar el control de inventarios durante las épocas de veda;
IX. Resolver sobre la expedición de concesiones y permisos en materia pesquera y acuícola, en los términos de la presente ley, el reglamento respectivo y normas oficiales que de ella deriven, bajo la supervisión de la secretaría;
X. Fijar los métodos y medidas para la conservación de los recursos pesqueros y la repoblación de las áreas de pesca en coordinación con la autoridad competente, así como regular las zonas de refugio para proteger las especies acuáticas que así lo requieran, y establecerá las épocas y zonas de veda;
XI. Proponer al titular de la secretaría, el presupuesto destinado al sector pesca y acuacultura, que deberá incluir al menos los siguientes programas: fortalecimiento de la cadena productiva, ordenamiento pesquero, organización y capacitación, investigación e infraestructura acuacultura, inspección y vigilancia;
XII. Regular y fijar el conjunto de instrumentos, artes, equipos, métodos, personal y técnicas de pesca; considerando las opiniones y dictámenes técnicos del Inapesca;
XIII, Determinar las zonas de captura y cultivo, en aguas interiores y frentes de playa, para la recolección de reproductores, así como las épocas y volúmenes a que deberá sujetarse la colecta; considerando las opiniones y dictámenes técnicos del Inapesca;
XIV. Participar en la elaboración y aprobación de la Carta Nacional Pesquera y la Carta Nacional Acuícola, y sus actualizaciones;
XV. Participar en la determinación de niveles de incidencia y el reconocimiento de zonas libres y de baja prevalencia de enfermedades y plagas pesqueras y acuícolas; considerando las opiniones y dictámenes técnicos del Inapesca;
XVI. Establecer con la participación que en su caso, corresponda a otras dependencias de la administración pública federal, viveros, criaderos, épocas y zonas de veda; considerando las opiniones y dictámenes técnicos del Inapesca;
XVII. Proponer el establecimiento y regulación de los sitios de desembarque y acopio para las operaciones pesqueras y acuícolas y promover ante las autoridades competentes la ubicación de éstos;
XVIII. Formular, operar y evaluar el Programa Integral de Inspección y Vigilancia Pesquera y Acuícola para el Combate a la Pesca Ilegal, especialmente en las zonas sobre explotadas y de repoblación, para enfrentarla con diversas acciones, así como para prevenir actos sancionados por la presente ley y otras disposiciones aplicables, en coordinación con los gobiernos de las entidades federativas y con la colaboración de los productores pesqueros y acuícolas, comunidades indígenas, los gobiernos municipales y otras instituciones públicas, en los términos de la distribución de competencias y de los acuerdos o convenios que para tal efecto se celebren.
XIX. Promover el establecimiento de zonas de acuacultura, así como la construcción, rehabilitación, equipamiento y tecnificación de unidades de producción acuícola;
XX. Promover la organización y capacitación para el trabajo pesquero y acuícola y prestar servicios de asesoría y capacitación a las organizaciones pesqueras y acuícolas que lo soliciten;
XXI. Coadyuvar y apoyar la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico de la pesca y la acuacultura, así como el fortalecimiento de las capacidades tecnológicas de la planta productiva nacional, en coordinación con el Inapesca;
XXII. Proponer a la secretaría el establecimiento de bases de coordinación con las dependencias y entidades de la administración pública federal, en materia pesquera y acuícola;
XXIII. Celebrar convenios y acuerdos de colaboración y concertación de acciones con los sectores productivos para la ejecución de programas y proyectos en materia pesquera y acuícola con el visto bueno de la secretaría;
XXIV. Celebrar convenios o acuerdos de colaboración con los gobiernos de las entidades federativas, en los términos de la ley con el visto bueno de la secretaría;
XXV. Proponer a la secretaría la participación activa de las comunidades y los productores en la administración y manejo de los recursos pesqueros y acuícolas, a través del Consejo Nacional de Pesca y Acuacultura;
XXVI. Determinar, con la participación de las instituciones de investigación, sectores productivos y consejos estatales de pesca y acuacultura, zonas de repoblación de especies: considerando las opiniones y dictámenes técnicos del Inapesca;
XXVII. Convocar al Consejo Nacional de Pesca y Acuacultura, tomar la participación que le corresponde y colaborar con el titular de la secretaría en sus funciones como presidente del consejo;
XXVIII. Promover la integración de consejos estatales de pesca y acuacultura en las entidades federativas del país y solicitar al consejo estatal de que se trate, opiniones y observaciones técnicas respecto de las solicitudes de aprovechamiento de recursos pesqueros y acuícolas, previamente a que sean resueltas;
XXIX. Fomentar la práctica y el desarrollo de la pesca deportivo-recreativa, en los términos del artículo 25 de la presente ley;
XXX. Proponer a la secretaría las normas oficiales mexicanas en materia pesquera y acuícola, excepto las que correspondan al Senasica;
XXXI. Ordenar y ejecutar las auditorias técnicas preventivas para determinar el grado de cumplimiento de la normatividad y de los planes de manejo respectivos por parte de los acuacultores, emitiendo el dictamen respectivo y formulando, en su caso, las recomendaciones sobre las medidas preventivas y correctivas necesarias para garantizar una actividad sustentable;
XXXII. Realizar la inspección y vigilancia del cumplimiento de esta ley, sus reglamentos, normas oficiales y demás disposiciones que de ella se deriven bajo la supervisión de la secretaría;
XXXIII. Determinar las infracciones e imponer las sanciones administrativas que correspondan por incumplimiento o violación a la presente ley, al reglamento respectivo y demás disposiciones que de ella deriven bajo la supervisión de la secretaría; y
XXXIV. Las demás que expresamente le atribuya la presente ley, el reglamento, las normas oficiales mexicanas, así como otras disposiciones aplicables.

Transitorio

Único. Este decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de noviembre de 2008.--- Diputados: Carlos Orsoe Morales Vázquez , Fernel Arturo Gálvez Rodríguez , Víctor Manuel Lizárraga Peraza , Héctor Narcia Álvarez , Carlos Ernesto Navarro López , Luis Anuario Herrera Solís, Pedro Pulido Pecero , Iñigo Antonio Laviada Hernández , Sara Shej Guzmán , Benjamín Hernández Silva , Héctor Padilla Gutiérrez , Manuel Salvador Salgado Amador , Luis Fernando Rodríguez Ahumada , Gerardo Octavio Vargas Landeros , Carlos Eduardo Feltón González, Joaquín Jesús Díaz Mena , Arnoldo Ochoa González , Carlos Ernesto Zatarain González , José Luis Blanco Pajón , Abundio Peregrino García , Juan Adolfo Orcí Martínez (rúbricas).»

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Túrnese a la Comisión de Pesca.



LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Se recibió de la diputada Silvia Luna Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, iniciativa que reforma el artículo 109 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas : «Iniciativa que reforma el artículo 109 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo de la diputada Silvia Luna Rodríguez , del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

Silvia Luna Rodríguez , diputada federal integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza a la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el articulo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los correlativos 55, fracción II, y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley del Impuesto sobre la Renta; de acuerdo con la siguiente:

Exposición de Motivos

Nuestro país se encuentra en una dinámica económica recesiva, como consecuencia de la crisis financiera internacional y de los problemas económico-estructurales internos, por lo que se espera un débil crecimiento de la economía nacional, reflejado en la expectativa de crecimiento del producto interno bruto para 2008, la cual se prevé que estará muy por abajo de la estimada originalmente en los Criterios Generales de Política Económica. 1

Paralelamente, los empleos no crecen y mucho menos la calidad de los mismos, de acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo; en su estudio Panorama laboral de América Latina y el Caribe señala que México es uno de países de América latina que no ha superado el nivel del poder adquisitivo de hace 17 años, por lo que nuestro país presenta una tasa de crecimiento negativo de los salarios.

Al mismo tiempo, la inflación presenta fuertes presiones, por arriba del 5 por ciento anual, fenómeno que se refleja en el incremento constante de los precios y en un proceso que deteriora permanentemente el ingreso de los trabajadores. 2 Esta situación provoca pobreza e inseguridad alimentaria en más del 50 por ciento de los hogares. 3

Adicionalmente a este entorno tan desfavorable para los trabajadores, se da a conocer por parte del presidente de la Comisión Nacional del Ahorro para el Retiro, al comparecer en la honorable Cámara de Diputados, que los recursos invertidos en las sociedades de inversión de las administradoras de fondos para el retiro han tenido una minusvalía de 53 mil millones de pesos, 4 situación que atenta contra su bienestar presente y futuro.

Esta situación económica, nos parece sumamente grave, ya que representa pérdidas en el de ahorro para el retiro de 389 millones de cuentas, 5 que afectan severamente el ahorro de los trabajadores que con tanto esfuerzo han construido a lo largo de los años, con la expectativa de tener un retiro digno.

Como podemos ver, nuestro país no cuenta con una política laboral que compense el constante deterioro salarial y la pérdida de bienestar de la población desde hace muchos años, y ahora se profundiza ante la insensibilidad de nuestras instituciones.

La incertidumbre económica y financiera golpea a la clase trabajadora deteriorando el crecimiento económico, los niveles de empleo y, lo más preocupante, su ingreso actual y su bienestar.

En este contexto, el Estado mexicano esta obligado a crear expectativas económicas que mejoren el ingreso y den estabilidad y calidad al empleo, mejorando sobre todo el perfil de distribución de la renta hacia esquemas más equitativos a favor de los trabajadores.

Por tanto, Nueva Alianza propone reformar el marco normativo fiscal que elimine del pago del impuesto sobre la renta a las jubilaciones, pensiones y haberes de retiro, considerando que oponerse a ella violentaría lo señalado en nuestra Carta Magna, en especial el artículo 123, que garantiza como uno de las garantías sociales de los gobernados el derecho a la seguridad social, que comprende entre otros, los haberes de retiro.

Tales derechos sociales constitucionales no se otorgarían realmente si se establecen gravámenes sobre ellos, sobre todo cuando tales impuestos absorben una gran parte de su monto, como establecen los artículos 112, 113 y 109, fracción VII, de I a Ley del Impuesto sobre la Renta, pues aunque en el último se prevé una exención parcial de este concepto, hasta de nueve veces el salario mínimo del área geográfica del trabajador, tal exención no es suficiente para justificar que el Estado tome una parte de ese beneficio, desviando así la finalidad que le dio origen; por ello, se sugiere eliminar dicho límite de exención para así cumplir con la verdadera función social que persigue nuestra Carta Magna.

Por lo expuesto, y como diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, promuevo la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto

Único. Se reforma la fracción X del artículo 109 de la Ley del Impuesto sobre la Renta:

Artículo 109. No se pagará el impuesto sobre la renta por la obtención de los siguientes ingresos:

I. a IX. (quedan en sus términos)
X. Los que obtengan las personas que han estado sujetas a una relación laboral en el momento de su separación, por concepto de primas de antigüedad, retiro e indemnizaciones u otros pagos, así como los obtenidos con cargo a la subcuenta del seguro de retiro o a la subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, previstas en la Ley del Seguro Social, y los que obtengan los trabajadores al servicio del Estado con cargo a la cuenta individual del sistema de ahorro para el retiro, prevista en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, por cada año de servicio en la subcuenta del seguro de retiro y de la subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez o de la cuenta individual del sistema de ahorro para el retiro. Los años de servicio serán los que se hubieran considerado para el cálculo de los conceptos mencionados. Toda fracción de más de seis meses se considerará un año completo.
XI. a XXVIII. (quedan en sus términos).

Transitorios

Primero. A los trabajadores que se les haya retenido por concepto de retiro en las subcuentas previstas en la fracción X del artículo 109 de la presente ley podrán solicitar la reintegración de dicho pago, correspondiente al periodo que va del primer bimestre de 1992 hasta el 31 de marzo de 2007, ante la autoridad fiscal.

Segundo. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas: 1 Crecimiento proyectado para 2008 (3.7 por ciento). Para 2009 se espera un crecimiento de sólo 1.8 por ciento.2 En México los salarios reales están por debajo de los niveles de 1982, mientras que el crecimiento anual del producto interno bruto en los últimos 25 años ha sido inferior a 2.5 por ciento. Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, 2008.3. En los últimos 2 años el salario mínimo ha crecido sólo 8.2 por ciento, mientras que los precios de la canasta de alimentos han aumentado 17 por ciento. Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, 2008.4 Excélsior, 30 de octubre de 2008, página 1.5 El Financiero, 16 de octubre de 2008, página 5.
Dado en el palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de noviembre de 2008.--- Diputada Silvia Luna Rodríguez (rúbrica).»

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.



LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Se recibió del diputado José Edmundo Ramírez Martínez, del Grupo Parlamentario del PRI, iniciativa que reforma el artículo 60 de la Ley Federal de Telecomunicaciones.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas : «Iniciativa que reforma el artículo 60 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, a cargo del diputado José Edmundo Ramírez Martínez , del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado federal José Edmundo Ramírez Martínez , integrante de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 56 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del Pleno de esta Cámara de Diputados iniciativa con proyecto de decreto por la que reforma el artículo 60 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Hoy día, la telefonía celular ha demostrado tener el enorme potencial para comunicar ciudades, pueblos y comunidades de todas las naciones alrededor del mundo, logrando un bienestar social así como inversión y desarrollo para los países. Por ende, ha contribuido enormemente al desarrollo de aquellos lugares donde las redes telefónicas tradicionales no alcanzan a cubrir las necesidades de comunicación de la población.

Es importante señalar que desde sus inicios la telefonía celular ha tenido una increíble evolución en nuestro país, muestra de ello es que durante los últimos años pasó de ser un servicio elitista y disponible únicamente para las personas con un alto poder adquisitivo a un servicio de primera necesidad, el cual es ampliamente utilizado y está disponible para cualquier persona que desee comunicarse rápidamente.

Derivado de lo anterior, podemos afirmar que, efectivamente, el servicio de telefonía celular está presente en casi todo el país, donde la penetración es de 10 a 1 en comparación con la fija. En este sentido, el reto más importante para el gobierno mexicano es el de continuar trabajando con el desarrollo de ese tipo de comunicación y, principalmente, en la búsqueda continúa de la reducción paulatina de los costos tarifarios, así como el acceso a mejores paquetes por uso de éstos.

Cabe señalar que estudios previos han demostrado que el uso de la telefonía celular es muy benéfico para reducir los costos de hacer negocios y conducir al crecimiento y resultados positivos en las empresas.

En el caso de nuestro país en las comunidades que no poseen una estructura óptima de telefonía fija, el uso de teléfonos celulares ha facilitado considerablemente la capacidad de comunicación, ya sea para hablar con familiares o, en su defecto, para alguna emergencia que se presente en la localidad.

De lo expuesto, queda claro que la telefonía celular incrementa directamente el beneficio social, conectando familias y proveyendo maneras más sencillas de acceder a recursos como educación, salud y otros servicios prioritarios en comunidades rurales.

Hoy día, según la Comisión Federal de Telecomunicaciones, los usuarios de telefonía celular en México superan los 66 millones, mientras que la telefonía fija apenas rebasa los 20 millones de líneas, lo cual significa que de cada 1000 mexicanos 565 tiene un teléfono celular en las manos.

Un problema recurrente en nuestro país son las altas tasas de impuestos en los servicios de telefonía celular, lo cual va en contra del compromiso del gobierno en mejorar el acceso a las comunicaciones.

En ese sentido, una política con un enfoque más beneficioso respecto a la baja en los costos de las tarifas celulares es la ruta más apropiada para lograr este objetivo, ya que con esto se lograrían grandes beneficios para las clases más desprotegidas que utilizan el servicio no como un lujo sino como una necesidad.

Sin embargo, pese a los beneficios que ha traído consigo el desarrollo de la telefonía celular en nuestro país, donde el servicio de ésta tiene niveles de penetración de más de 50 por ciento, resulta discordante que el país se encuentre en los últimos lugares de los países pertenecientes a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos respecto a los costos de sus tarifas.

Un ejemplo de lo anterior, es el cargo de roaming, el cual tiene un supuesto beneficio de recibir llamadas en redes móviles fuera del área de servicio local, cuando se traduce en una carga económica más para los usuarios, ya que si éstos, al salir de su ciudad de origen, reciben una llamada el costo de la misma les es cargado a ellos, lo cual los orilla a no recibir llamadas, por el hecho de no tener la capacidad económica para asumir el costo o ante la necesidad de no aguantar su crédito.

Por otra parte, el esquema ``El que llama paga'' ha confundido a los usuarios, quienes ``olvidan que si reciben una llamada y están fuera de su área de servicio se les cobrará el roaming por minuto más el costo de la larga distancia'', lo cual resulta una injusticia.

Coincido plenamente en que el roaming permite una comunicación inmediata y sin necesidad de hacer trámites adicionales o alguna configuración al equipo, más no coincido en que el costo de transferencia de cada conferencia telefónica y el de interconexión que genera dicho servicio, sea cargado al receptor. En pocas palabras, me parece un robo.

Es importante señalar, que el servicio de roaming es un tema complejo para el usuario, ya que su cobro varía según el operador telefónico y el plan contratado; debido a que las operadoras del servicio cuentan con la complacencia del gobierno al tener la facilidad de fijar sus tarifas de manera libre, lo que les da la oportunidad de cobrar el servicio por región o por área de servicio local, lo cual obviamente sólo genera un beneficio adicional para las empresas y dejan al usuario en segundo plano.

Mientras en otras regiones del mundo las compañías celulares eliminan costos extras y largas distancias, incluso entre países, realizan ofertas y brindan estímulos, en México los costos son exageradamente elevados.

Es por ello, que ésta iniciativa prevé modificar los artículos 60 y 61 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, para que las compañías de telefonía celular no fijen sus tarifas libremente, tal como lo estipula la actual legislación, sino que sea el Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes la autoridad que establezca una tarifa que vaya de acuerdo con la economía de la población y que garantice la competitividad, la seguridad y permanencia así como servicios de calidad.

Compañeras y compañeros, debemos evitar que los usuarios sigan padeciendo de los abusos constantes por parte de las compañías de telefonía celular que operan en el país. Tenemos la responsabilidad de seguir legislando sobre la materia, a fin de evitar que los usuarios sigan pagando excesivas tarifas por el servicio que se está prestando.

El éxito de la telefonía celular no tiene que ser excesivamente costosa, sino todo lo contrario; la sociedad requiere, un servicio que acerque a la población en general y que reduzca drásticamente los costos para lograr que la expansión de la tecnología llegue a todos los niveles socioeconómicos.

Por lo anteriormente expuesto, presento ante esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto

Artículo Único. Se reforma y adiciona el artículo 60 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, para quedar como sigue:

Artículo 60. Los concesionarios y permisionarios fijarán las tarifas de los servicios de telecomunicaciones de conformidad con la lista de tarifas emitida por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en los términos que permitan la prestación de dichos servicios en condiciones de calidad, competitividad, seguridad y permanencia.

Las tarifas y los términos en que se presten los servicios señalados en el párrafo anterior atenderán en todo momento a las necesidades de los usuarios.

Transitorios

Primero. Quedará sin efecto cualquier disposición que se oponga al presente ordenamiento.

Segundo. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Tercero. La reglamentación y normatividad en la materia deberá adecuarse en un plazo no mayor de 30 días naturales, una vez publicado el presente decreto en el Diario Oficial de la Federación.

Cuarto. Las empresas dedicadas a la prestación de servicios de telefonía celular contarán con un plazo no mayor a 30 días naturales para adecuarse a la normatividad correspondiente y subsanar sus deficiencias.

Quinto. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes deberá publicar, en un periodo no mayor a 60 días naturales, la lista de las tarifas autorizadas para telefonía móvil y celular.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de octubre de 2008.--- Diputado José Edmundo Ramírez Martínez (rúbrica).»

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Túrnese a la Comisión de Comunicaciones.



CIUDADES PATRIMONIO MUNDIAL

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: La Presidencia recibió punto de acuerdo mediante el cual se exhorta a los titulares de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, y de Educación Pública, así como al del Conaculta, a que tomen previsiones presupuestales a favor de las ciudades que son patrimonio mundial, suscrita por los diputados Aurora Cervantes Rodríguezy José Alfonso Suárez del Real y Aguilera, del Grupo Parlamentario del PRD.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas : «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la SHCP, de la SEP y del Conaculta a tomar previsiones presupuestales en favor de las ciudades patrimonio mundial, suscrita por los diputados Aurora Cervantes Rodríguez y José Alfonso Suárez del Real y Aguilera , del Grupo Parlamentario del PRD

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los firmantes, diputada y diputado, integrantes del Grupo Parlamentario del PRD, presentamos ante esta honorable asamblea una proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Desarrollo Social, a la Secretaría de Turismo y a la Secretaría de Educación Pública, por medio del Instituto Nacional de Antropología e Historia, a que integren una mesa de trabajo y desarrollen programas que atiendan los problemas transversales de las once Ciudades Patrimonio Mundial, registradas en las 10 declaratorias registradas en la UNESCO a partir de su última reunión en Quebec, de conformidad con las siguientes:

Consideraciones

La Convención de Ciudades Patrimonio Mundial es una convención que se establece en 1984, y tiene como propósito registrar, resguardar y desarrollar con servicios a visitantes y habitantes de las ciudades con un valor singular, cultural tradicional o por sus reservas naturales, junto con el registro de los sitios con declaratoria de patrimonio cultural de la humanidad representan obligaciones a loa países parte de una serie de políticas que implican previsiones presupuestales. Estamos hablando pues, de ciudades vivas, que tienen los retos de proveer servicios a su población, pero que éstos pueden instalarse con tecnología específica con el fin de no modificar ni violentar la arquitectura, la estética, las tradiciones culturales, las fiestas ni los valores intangibles característicos de esas ciudades. Existe una coadyuvancia de la Federación, en dichas políticas culturales y una obligación, en las previsiones presupuestales, porque es la Federación quien signa y ratifica dichas convenciones.

Con la Convención de Ciudades Patrimonio Mundial se establece una oportunidad para implementar políticas de desarrollo social integradas a los servicios culturales y turísticos, pero también representa una gran responsabilidad, ya que esta pertenencia a la convención, puede perderse si no se aseguran los recursos que garanticen los servicios a la población, a la conservación y al turismo. Las ahora 11 Ciudades Patrimonio Mundial como ciudades habitadas, presentan una problemática compleja, por su carácter de lugares con fuertes movimientos económicos y sociales, y que adicionalmente pueden convertirse en una fuente de turismo y riqueza.

La Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO contiene 791 bienes culturales, naturales y mixtos distribuidos en 129 países; entre los cuales México ocupa el octavo lugar en el mundo y el primero en el continente americano al contar con 25 bienes culturales y naturales registrados en dicha lista. Cabe mencionar que en la 32 reunión del Comité de Patrimonio Mundial de la UNESCO, en Quebec, nuestro país fue distinguido con la inclusión de San Miguel Allende como Ciudad Patrimonio Mundial y la reserva de la Mariposa Monarca.

Ha sido una preocupación de las dos últimas legislaturas desarrollar las políticas específicas a favor de los sitios y ciudades inscritas en el Registro de Patrimonio Mundial. Que en los proceso de integración del Presupuesto de Egresos para los ejercicios de 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008, los diversos grupos parlamentarios de esta Cámara, conscientes de la necesidad de impulsar acciones en favor de las diez declaratorias y once ciudades mexicanas consideradas como Patrimonio Mundial por la UNESCO. Cada año se presentan nuevas propuestas para establecer previsiones presupuestales, aplicables a la conservación y preservación de los centros históricos mexicanos, inscritos en la lista de Patrimonio Mundial. Esto representa una coadyuvancia del Poder Legislativo para armonizar nuestra legislación, y otorgar las condiciones financieras, para así dar cumplimiento a los compromisos internacionales que se derivan de la Convención de Naciones Unidas sobre Conservación del Patrimonio Cultural y Natural, signada y ratificada por nuestro país en 1984.

Recientemente en la 32 reunión de la UNESCO, en Quebec, se incluyeron dos nuevos sitios: la reserva natural de la Mariposa Monarca y la del poblado de San Miguel el Grande, con lo que contamos con 29 bienes registrados. Ocupamos el sexto lugar en la Lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO, y el primer lugar en la del continente americano.

Sin embargo, el ejercicio de recursos en Conaculta es un verdadero obstáculo para los gobiernos responsables de instrumentar las políticas a favor de las Ciudades Patrimonio Mundial, en dos años el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, ha liberado únicamente 20 millones; mientras la Sedesol ejerció en un solo año, 46.5 millones de pesos y la Secretaría de Turismo 14 millones de pesos. Es injusto que la proyección de México en una convención cultural tan importante como la Lista de Patrimonio Mundial se reciba con una reducción de recursos. Es absurdo que el subsector cultura pretenda retirar recursos identificados plenamente por esta soberanía. Quiero recordarle que en el Presupuesto aprobado por esta soberanía no se modificó ningún monto ni partida del proyecto de Presupuesto 2008.

De los 80 millones contenidos en el proyecto de Presupuesto de Egresos en 2007, se partió --y se reportó en un rubro específico referido a Ciudades Patrimonio Mundial, el inciso III, de dicho documento-- para la ampliación de recursos en el dictamen que la Comisión de Cultura entregó a la Comisión de Presupuesto y que fue el documento con el que se lleva a cabo la aprobación y publicación del decreto del Presupuesto de Egresos para la Federación 2008.

Que en el dictamen referido, que la Comisión de Cultura envía a la Comisión de Presupuesto, se documenta, adicional a los 80 millones contenidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2008, una ampliación de 5.7 millones que finalmente fueron etiquetados como ampliación, esto es, adicionales a los 80 millones, repito, ya contenidos en el Proyecto del Presupuesto de Egresos en la partida 7500.

No es posible que abandonemos a nuestros sitios y Ciudades Patrimonio Mundial a la suerte de la incuria del titular de Conaculta, que pretende desconocer una disposición del Poder Legislativo y dejar sin recursos a las siguientes ciudades:

1. Guanajuato
2. Tlacotalpan
3. Zacatecas
4. Campeche
5. Oaxaca
6. Ciudad de México
7. San Miguel de Allende
8. Morelia
9. Puebla
10. Xochimilco
11. Querétaro

Si se trata de rendir cuentas, qué cuentas otorgaremos a nuestros representados, a los gobiernos responsables de dichas ciudades cuando les abandonamos en este problema tan grave, por todo lo expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía, el siguiente

Punto de Acuerdo

Uno. Esta soberanía exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Secretaría de Educación Pública, al titular del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, a tomar las previsiones presupuestales a favor de las Ciudades Patrimonio Mundial.

Dos. Se solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Secretaría de Educación Pública, al titular del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, a reasignar la totalidad de los recursos de las asignaciones del Anexo 23 H, que no son ejecutables por faltar a los lineamientos únicos para el otorgamiento de donativos, al fondo de las Ciudades Patrimonio Mundial.

Palacio Legislativo de San Lázaro a 7 de octubre de 2008.--- Diputado José Alfonso Suárez del Real y Aguilera (rúbrica), diputada Aurora Cervantes Rodríguez (rúbrica).»

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Túrnese a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Cultura.



CIUDADES PATRIMONIO MUNDIAL

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Se recibió punto de acuerdo por el que se solicita a la Auditoría Superior de la Federación que realice una auditoría especial a los recursos sin ejercer en el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes en el periodo 2004 a 2008, en especial los recursos asignados a las ciudades que son patrimonio mundial, suscrito por los diputados Aurora Cervantes Rodríguezy Alfonso Suárez del Real y Aguilera, del Grupo Parlamentario del PRD.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas : «Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita a la ASF que practique una revisión especial a los recursos sin ejercer por el periodo 2004-2008 en el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, en especial a los asignados a ciudades patrimonio mundial, suscrita por los diputados Aurora Cervantes Rodríguez y José Alfonso Suárez del Real y Aguilera , del Grupo Parlamentario del PRD

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los firmantes, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentamos ante esta honorable asamblea una proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Auditoría Superior de la Federación que realice una auditoría especial a los recursos sin ejercer en el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, en especial los recursos asignados a ciudades patrimonio mundial, con la finalidad de que esta soberanía conozca la situación financiera y administrativa de dichos recursos y que se detecten posibles anomalías en su resguardo, a cargo de la diputada Aurora Cervantes Rodríguez y el diputado José Alfonso Suárez del Real y Aguilera del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, de conformidad con las siguientes:

Consideraciones

Es conocida la importancia de la convención de la Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia, la Educación y la Cultura (Unesco) de ciudades patrimonio mundial, ya que aparte de registrar en una lista los sitios de importancia cultural para el desarrollo de la humanidad, posibilita el desarrollo de los habitantes de las ciudades registradas, por medio de la implementación de políticas de desarrollo social, asociadas al resguardo y protección del patrimonio cultural. En países como Francia, España, Italia, Alemania, no sólo se han constatado sus efectos positivos en favor del resguardo de la integridad de su patrimonio cultural mueble e inmueble, sino que al implementarse las políticas de desarrollo económico y social se han logrado desarrollar programas novedosos en favor de los habitantes de dichas ciudades, podemos considerar que gracias a la implementación de tales programas y políticas, se ha permitido la generación de áreas económicas y de servicios.

Para nuestro país es de la mayor importancia la Convención de ciudades patrimonio mundial, porque somos el país con más sitios registrados en la lista de la Unesco en el continente americano y el sexto lugar en el mundo. Somos una potencia cultural que está descuidando sus políticas no sólo del resguardo y protección del patrimonio cultural, sino que la administración actual es omisa en la vinculación de las políticas culturales con las de desarrollo económico y social.

Pese a la falta de políticas transversales por parte del Poder Ejecutivo federal, ha sido una preocupación de las LIX y LX legislaturas, desarrollar las políticas específicas en favor de los sitios y ciudades inscritas en el registro de patrimonio mundial. Esta influencia determinante se ha plasmado en la integración del Presupuesto de Egresos para los ejercicios de 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008. En esos años, los diferentes grupos parlamentarios, conscientes de la necesidad de impulsar acciones a favor de las diez declaratorias y once ciudades mexicanas consideradas como patrimonio mundial por la Unesco, han considerado proveer de recursos suficientes a los proyectos que desarrollan los gobiernos locales. Estamos hablando de los principios de colaboración del Poder Legislativo para armonizar nuestra legislación, y otorgar las condiciones financieras, para así dar cumplimiento a los compromisos internacionales que se derivan de la Convención de naciones unidas sobre conservación del patrimonio cultural y natural, signada y ratificada por nuestro país en 1984, pero también se trata de un ejercicio de responsabilidad compartida.

Contrasta la actuación del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, que desconoce la importancia de las políticas a favor de las ciudades patrimonio mundial, y que desconoce la existencia de 80 millones asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación, y que ha tenido en su poder durante dos años más de 100 millones sin liberar en diferentes proyectos, dinero que generó recursos que no se invirtieron en los programas y proyectos de las ciudades patrimonio mundial.

Por otro lado, quiero recordar que en el presupuesto aprobado por esta soberanía no se modificó ningún monto ni partida para la unidad responsable Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, por lo que el recurso etiquetado para las ciudades patrimonio mundial, sin embargo, el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, ha desconocido esta disposición votada y aprobada en el Pleno de esta soberanía.

Evitemos la incuria de los titulares de Conaculta y el FONCA, pero además, construyamos vías a favor de la transparencia y del ejercicio ético de los recursos públicos, no es posible que a las instituciones les sea más rentable evitar la liberación de los recursos presupuestales que su ejercicio eficiente.

Nuestra preocupación consiste en que con las medidas adoptadas por el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, puede estarse en contravención con los artículos 45, primer párrafo, quinto párrafo, fracciones I y III, y 72 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que establecen el cumplimiento de las metas y objetivos que deben cumplir los responsables de la administración en los ejecutores de gasto y 109 del Reglamento de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación que estipula la obligación de las dependencias y entidades que por cualquier motivo al término del ejercicio fiscal que corresponda conserven fondos presupuestarios y en su caso los rendimientos obtenidos, los enteraran a la Tesorería dentro de los cinco primeros días hábiles del mes de enero inmediato siguiente. Además la Auditoría Superior de la Federación ya hizo serias observaciones al Fondo Nacional para la Cultura y las Artes en su informe sobre la Cuenta Pública 2006, específicamente en la recomendación 06-0-11H00-02-568-01-005 , misma que cito:

``La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes instruya a quien corresponda para que se instrumenten mecanismos de control y supervisión que permitan garantizar que la información comprobatoria y justificativa se encuentre clasificada, registrada e integrada de acuerdo con las ministraciones otorgadas...''

Se trata de trabajar en el acendramiento de la transparencia y rendición de cuentas; quienes tiene el mayor interés son los ciudadanos, nuestros representados, así como los gobiernos responsables de dichas ciudades, también representantes de la voluntad popular; la conclusión es simple, no puede haber democracia en donde la transparencia y el ejercicio del presupuesto se encuentre cuestionado, ya sea en su ejercicio o en su distracción, por todo lo expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Esta soberanía solicita a la Auditoría Superior de la Federación que realice una auditoría especial a los recursos sin ejercer, así como al fondo acumulado de los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, en especial los recursos asignados a ciudades patrimonio mundial, con la finalidad de que se conozca la situación financiera y administrativa de dichos recursos, y que de detectarse posibles anomalías en su resguardo y ejercicio, o se documente alguna irregularidad o ilícito, se propongan las acciones correctivas y se proceda en consecuencia.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de octubre de 2008.--- Diputados: Aurora Cervantes Rodríguez (rúbrica), José Alfonso Suárez del Real y Aguilera (rúbrica).»

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Túrnese a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.



PETROLEOS MEXICANOS

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: La Presidencia recibió del diputado Humberto López Lena Cruz, de Convergencia, punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a que la construcción de la nueva refinería prevista en el Fondo de Estabilización para la Inversión en Infraestructura en Pemextenga como sede la ciudad de Salina Cruz, Oaxaca.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas : «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a efecto de que se construya en Salina Cruz, Oaxaca, la nueva refinería considerada en el Fondo de Estabilización para la Inversión en Infraestructura en Pemex, a cargo del diputado Humberto López Lena Cruz , del Grupo Parlamentario de Convergencia

El suscrito Humberto López Lena Cruz , diputado a la LX Legislatura, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, pide al Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados que se exhorte al Ejecutivo federal y a la Comisión de Energía de esta honorable Cámara de Diputados para que la construcción de la nueva refinería prevista dentro del Fondo de Estabilización para la Inversión en Pemex tenga como sede la ciudad de Salina Cruz, Oaxaca.

Antecedentes

El estado de Oaxaca es uno de las entidades con mayor pobreza y desigualdad en todo el país; esto hace que la mayoría de nuestros ciudadanos emigren hacia el país del norte con la ilusión de alcanzar el anhelado sueño americano.

Tal situación que es extraña, ya que el estado de Oaxaca es uno de los más ricos en recursos naturales de la nación.

Fueron asignados 12 mil millones de pesos del Fondo de Estabilización para la Inversión en Infraestructura en Pemex, destinados a la construcción de una nueva refinería e infraestructura, y reducir la dependencia de gasolina del exterior.

El siguiente punto de acuerdo tiene como finalidad alcanzar que la nueva refinería que se tiene contemplada dentro del Fondo de Estabilización para la Inversión en Pemex sea ubicada en la ciudad de Salina Cruz, Oaxaca, ya que ahí se reúnen todos los factores necesarios para alcanzar el desarrollo y las nuevas tecnologías necesarias, para competir con otros países en materia de refinería.

Aunado a esto, con la nueva refinería se obtendría una industrialización óptima del estado de Oaxaca, lo que conllevaría a que capitales privados, nacionales e internacionales volteen a hacia Oaxaca para invertir porque se encuentran en la cintura del país uniendo al golfo con el pacifico, con la posibilidad que se construya un nuevo canal que una a los dos océanos.

Consideraciones

La región del istmo es una parte estrecha de la República Mexicana, una franja de tierra de aproximadamente 100 kilómetros que separa al Golfo de México del Océano Pacífico.

En el año de 1907 llegó a Salina Cruz Porfirio Díaz, quien, seguro de la riqueza de este puerto, puso en marcha la línea férrea del istmo uniendo a Salina Cruz y Puerto de México; unión de dos océanos o mares, el Pacífico y el Atlántico, para el tránsito comercial marítimo de México con las naciones hermanas del viejo mundo

Por su tamaño, es la segunda región en importancia y se encuentra integrada por 35 municipios. Limita al norte con el estado de Veracruz, al este con el de Chiapas, al oeste con la sierra de Oaxaca y la Sierra Madre del Sur y al sur con el océano Pacífico.

El puerto de Salina Cruz es terminal de los ductos de producción petrolera y petroquímica provenientes de la Costa del Golfo, con una refinería de Petróleos Mexicanos. También ha sido asiento de una flota camaronera que atrapa esa especie en nuestro mar patrimonial del Pacífico y cuyo mercado es básicamente el extranjero.

Otro recuso natural del istmo de Tehuantepec es el que podemos encontrar en la población de la Ventosa, donde se genera la electricidad con el viento natural de la región.

México cuenta con 6 refinerías las cuales son:

-- Ingeniero Antonio Dovalí Jaime. Salina Cruz, Oaxaca, que abastece la demanda de combustibles en todo el litoral del pacífico y produce 290 mil barriles diarios.
-- Miguel Hidalgo. Tula, Hidalgo. Principal proveedor de combustibles a la Ciudad de México y produce 273 mil barriles diarios.
-- Ingeniero Héctor R. Lara Sosa. Cadereyta, Nuevo León, que abastece la demanda de combustibles del norte del país y produce 207 mil barriles diarios.
-- Ingeniero Antonio M. Amor, Salamanca Guanajuato, que abastece la demanda de combustibles en las regiones central oeste del país y produce 196 Mil barriles diarios.
-- General Lázaro Cárdenas. Minatitlán, Veracruz, que abastece la demanda del sur y de la península de Yucatán y produce 169 mil barriles diarios.
-- Francisco I. Madero. Ciudad Madero, Tamaulipas, que abastece la demanda del centro y del golfo y produce 149 mil barriles diarios.

No omito manifestar que según datos de Pemex las refinerías de Cadereyta y Madero ya fueron reconfiguradas, lo que les permite procesar crudos pesados con una mayor participación de destilados de alto valor (gasolina, diesel y turbosina) y reducir la producción de combustóleo. La refinería de Minatitlán se encuentra en proceso de reconfiguración, y la previsión indica que estaría en operación hacia mediados de 2009.

Las reconfiguraciones permiten elevar el margen variable de la refinería, lo que eleva la rentabilidad de ésta. Las refinerías que han sido reconfiguradas respecto a las que no lo han sido, observan diferencias de desempeño muy importantes.

Luego entonces, restarían por reconfigurar las refinerías de Salina Cruz, Tula y Salamanca.

La refinería Ingeniero Antonio Dovalí Jaime, a pesar de que aún no se reconfigura, es el centro de refinación que más produce y el más seguro a nivel nacional, además de que proporciona enormes posibilidades de trabajo a los habitantes de la región del istmo.

De los datos anteriormente mencionados, podemos percatarnos de que la refinería Ing. Antonio Dovalí Jaime, de Salina Cruz, es la que más barriles diarios produce y con la aplicación de tecnologías más avanzadas permitirá incrementar la elaboración de productos de alto valor a partir de residuales y no sólo abastecer todo el litoral del pacífico si no hasta en centro del país.

Con fecha del 30 de julio de este año, Pemex elaboró un estudio de viabilidad, el cual fue entregado a esta honorable Cámara, dicho documento propone, la ubicación probable y las características tecnológicas de la nueva refinería y, de forma general, las características, proyecciones de impacto que pudieran tener dichos proyectos para la política energética nacional, el desarrollo de Pemex y la economía del país; así como los supuestos de precios, volúmenes involucrados, lugares esperados de venta de los refinados, costos y márgenes implícitos de los mismos, diferenciales estimados, entre crudos ligeros y pesados, sitios considerados como puntos de distribución y toda la infraestructura considerada como necesaria para el óptimo desempeño de los proyectos.

En el apartado de ubicaciones en torno de la refinería se plantean nueve ubicaciones posibles para instalarla: en el puerto de Lázaro Cárdenas, Cadereyta, Nuevo León; Campeche; Dos Bocas, Tabasco; Minatitlán, Veracruz; Manzanillo, Colima, Salina Cruz, Oaxaca; Tula, Hidalgo y Tuxpan en Veracruz.

Dichas ubicaciones fueron tomadas en cuenta considerando como criterios básicos la cercanía a los centros con mayor demanda de combustibles automotrices e industriales y el acceso al suministro de materia prima.

Y en Salina Cruz, Oaxaca, podemos encontrar mayor viabilidad en esos dos aspectos.

En primer lugar, por ser una gran planicie, la región del istmo cuenta con importantes vías de comunicación. Las dos carreteras más importantes son la internacional y la transístmica. El puerto de Salina Cruz tiene comunicación marítima, terrestre, ferroviaria y aérea.

El ferrocarril transístmico corre de Coatzacoalcos a Salina Cruz; el panamericano va de Ciudad Ixtepec a Tapachula, pasando por Juchitán, Unión Hidalgo, Reforma, Acuites, Arriaga y la costa de Chiapas.

En segundo término, el mismo estudio de viabilidad establece que en Salina Cruz, sería posible aprovechar la infraestructura existente de oleoductos e instalaciones portuarias, además los productos se enviarían a la zona centro-occidente utilizando transporte marítimo y la construcción de un poliducto de Manzanillo a Guadalajara.

Y en tercer lugar, porque se produce la mayor cantidad de barriles y el mejor crudo del país.

Por si fuera poco, la ejecución del proyecto propuesto demandaría la creación de un número significativo de empleos durante las fases de ingeniería, construcción y su posterior operación.

Por lo anterior antes expuesto y ya que fueron contemplados 12 mil millones de pesos del Fondo de Estabilización para la Inversión en Infraestructura en Pemex, destinados a la construcción de una nueva refinería e infraestructura, y reducir la dependencia de gasolina del exterior.

Y con fundamento en los artículos 25 y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 19 de la Ley Federal de Presupuesto y Cuenta Pública, 2 de la Ley de Petróleos Mexicanos, 33, fracciones II, III y V, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 11 de la Ley Reglamentaria 27 Constitucional, en el ramo del petróleo, me permito someter a la consideración de esta honorable soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al licenciado Felipe Calderón Hinojosa, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para que la construcción de la nueva refinería que se tiene prevista dentro del Fondo de Estabilización para la Inversión en Infraestructura en Pemex tenga como sede la ciudad de Salina Cruz, Oaxaca. Por su ubicación geográfica, por la calidad y cantidad de crudo que se produce en la región del istmo de Tehuantepec.

Diputado Humberto López Lena Cruz (rúbrica).»

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Túrnese a la Comisión de Energía.



DISTRITO FEDERAL

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Se recibió del diputado Francisco Elizondo Garrido, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, punto de acuerdo por el que solicita al jefe del gobierno delDistrito Federalque instruya a las autoridades competentes para que atiendan el problema de contaminación que genera el establecimiento situado en la calle Madero 14, colonia Tizapán, en la delegación Álvaro Obregón.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas : «Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita al jefe del gobierno del Distrito Federal que instruya a las autoridades competentes para que atiendan la contaminación generada por el establecimiento situado en Madero 14, colonia Tizapán, en Álvaro Obregón, a cargo del diputado Francisco Elizondo Garrido , del Grupo Parlamentario del PVEM

El diputado Francisco Elizondo Garrido , integrante de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos está establecido en su artículo 4o. el derecho a un medio ambiente adecuado para el desarrollo y el bienestar.

En el sistema jurídico mexicano se han establecido una serie de instituciones públicas en los tres órdenes de gobierno a fin de instaurar instituciones que hagan efectivo el derecho a un medio ambiente adecuado para los habitantes del país.

En este contexto se crearon diferentes ordenamientos con el objetivo de regular el medio ambiente, desde una perspectiva de competencias concurrentes, en virtud de que subsiste en los tres ámbitos de jurisdicción derechos y obligaciones en materia ambiental.

En el último año han sido destacados los avances en materia de regulación y vigilancia ambiental, especialmente los realizados a partir de la coordinación de autoridades federales y estatales.

Sin embargo, aún subsisten discordancias entre la apertura de establecimientos regulados por la normatividad y la supervisión de éstos en adecuarse a las disposiciones vigentes.

En este sentido, cabe aclarar que la liberación de obligaciones ambientales en materia federal no exenta a tales establecimientos de la obligación de cumplir con la legislación y la normatividad ambiental vigente para las entidades federativas o el Distrito Federal; esto es, se trata de legislación concurrente.

En este contexto, un grupo de ciudadanos preocupados por el deterioro ambiental que sufre su entorno se han acercado a diversas autoridades locales y federales a fin de denunciar la contaminación generada por diversas industrias.

En particular, asociaciones de vecinos de la delegación Álvaro Obregón manifiestan que las autoridades han sido evasivas en lo que a la atención de algunas industrias que se encuentran desreguladas que contaminan demasiado y, en ese mismo, sentido dicen que no han sido atendidas por sus representantes locales.

En particular, documentadamente manifiestan que un establecimiento mercantil situado en la delegación Álvaro Obregón, numero 14 de la calle Madero, no cuenta con los permisos, licencias ni autorizaciones necesarias para acreditar su legal funcionamiento.

Es preocupante que las personas circundantes a este establecimiento mercantil manifiestan molestias en su salud y deterioro en la calidad del aire que respiran por las emisiones que desde hace años la empresa emite durante las 24 horas. Más preocupante aún, señalan que nunca el establecimiento ha cumplido con normatividad alguna en materia de seguridad e higiene para sus trabajadores que se encuentran expuestos a compuestos acrílicos altamente tóxicos y sujetos a normatividad especial en materia de descargas al drenaje, en virtud de ser químicos inflamables y volátiles a temperatura ambiente.

Oficialmente, las autoridades locales han reconocido la situación ilícita o clandestina del establecimiento mercantil. ``No existe registrado trámite o documento alguno que ampare el funcionamiento del establecimiento situado en la calle Madero 14, colonia Tizapan,'' según el director de Gobierno de la delegación Álvaro Obregón, a través del oficio número DAO/DGJG/DGOB/493/2008.

La inseguridad jurídica que provoca un establecimiento que de origen no cuenta con registro alguno se ve secundada en otras autorizaciones que en materia ambiental deben ser supervisadas e inspeccionadas por las autoridades ambientales. Las más significativas son las autorizaciones en materia de impacto ambiental y riesgo, y de plan de manejo de residuos sólidos de la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno del Distrito Federal, así como los respectivos registros de declaración de apertura y licencia de funcionamiento de la delegación Álvaro Obregón.

No se omite mencionar que el establecimiento mercantil es clandestino, toda vez que cualquier autorización debe coincidir con los usos de suelo permitidos en el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano 1997 de esa demarcación del Distrito Federal, y expedidos a la consideración de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda.

Es por ello que, a fin de dar cumplimiento a los requisitos establecidos en materia ambiental, se propone el siguiente punto de acuerdo, a fin de que el gobierno del Distrito Federal y sus autoridades atiendan esta solicitud de la ciudadanía e informen las condiciones bajo las cuales se encuentra el legal funcionamiento del establecimiento mercantil.

Asimismo, especialmente señalamos que es urgente que las autoridades auxilien a la comunidad a través de la observancia de las Leyes Ambiental del Distrito Federal, y de Residuos Sólidos del Distrito Federal, con la misma atención que ha demostrado tener en el cuidado del medio ambiente y en el respeto a la participación ciudadana.

Por lo expuesto y fundado, someto a consideración del Pleno proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente al jefe del gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard Casaubón, a instruir las medidas preventivas, obvias y urgentes, a través de las autoridades a su mando, tendientes a evitar la contaminación ambiental que genera el establecimiento situado en la calle Madero 14 de la colonia Tizapán en la delegación Álvaro Obregón, y que provoca daños en la salud de los habitantes de la Ciudad de México, a través del cese de sus operaciones.

Diputado Francisco Elizondo Garrido (rúbrica).»

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Túrnese a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y del Distrito Federal.



ADMINISTRADORAS DE FONDOS PARA EL RETIRO

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Se recibió del diputado Jacinto Gómez Pasillas, de Nueva Alianza, punto de acuerdo por el que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y a la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiroa que rindan un informe sobre la situación financiera de las Afore y las Siefore.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas : «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP y a la Consar a rendir un informe sobre la situación financiera de las Afore y las Siefore, a cargo del diputado Jacinto Gómez Pasillas , del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

Jacinto Gómez Pasillas , diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del Pleno de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución a fin de que la Cámara de Diputados exhorte a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro a rendir con la mayor brevedad un informe a esta soberanía sobre la situación financiera de las administradoras de fondos (Afore) para el retiro y sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro (Siefore), así como de las medidas que se aplican para detener, compensar y proteger el ahorro de los trabajadores.

Consideraciones

México, a la fecha, no cuenta con una política laboral que compense el constante deterioro salarial que se hace evidente desde hace años y que ahora se profundiza de manera preocupante por el importante incremento de los precios, dado a conocer por el Banco de México a través del índice nacional de precios, que se estima en poco más de 5 por ciento para este año, y seguirá presente durante el 2009.

Esta delicada situación también está afectada por las expectativas negativas en la meta de crecimiento y empleo para 2008, las cuales se encuentran en constante revisión a la baja por las diferentes representaciones del sector privado en México, por las Secretarías de Hacienda y por el Banco de México, en las que coinciden en la imposibilidad de alcanzar la meta de crecimiento originalmente planteada en los Criterios Generales de Política Económica para 2008 (3.7 por ciento).

Por otro lado el empleo y el ingreso no crecen, de acuerdo al INEGI, la tasa de desempleo se ubica por arriba del 4 por ciento de la población económicamente activa y el ingreso sigue en constante deterioro. De acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo, 1 México es uno de los países de América Latina que no han superado el nivel del poder adquisitivo de hace 17 años, por lo que nuestro país presenta una tasa de crecimiento negativo de los salarios.

Adicionalmente a estos preocupantes procesos económicos, que afectan negativamente el ingreso de los trabajadores, a finales de octubre, el presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), Moisés Schwartz Rosental informó, al comparecer en la honorable Cámara de Diputados lo siguiente:

``Los recursos invertidos en las sociedades de inversión de las administradoras de fondos para el retiro, han tenido una minusvalía de 53 mil millones de pesos. 2

En cambio, las utilidades netas de las Afores crecieron, de 1998 a 2007 en 28 mil 500 millones de pesos, lo que significa una tasa de crecimiento media anual de 24.11 por ciento, mientras que el rendimiento de las cuentas de los trabajadores apenas fue del 2.7 por ciento. 3

Lo anterior es absolutamente grave, ya que atenta directamente contra el bienestar presente y futuro de los trabajadores. Sólo recordemos que con esta situación se afecta negativamente 38.9 millones de cuentas. 4

No es válido y es deleznable el argumento de que las inversiones y fondos para el retiro son para manejarse a largo plazo, para tratar de minimizar las cuantiosas pérdidas registradas en los recursos de los trabajadores, invertidos por las Siefore.

Esta situación tan perniciosa para el trabajador es el reflejo de un manejo irresponsable, inadecuado e ineficiente --por decir lo menos--, de los fondos de los trabajadores, y significa una abierta ruptura del compromiso institucional que la Consar debe tener con el ahorro de los trabajadores.

No debemos seguir tolerando esta situación en las cuentas de los trabajadores, cuyos fondos individuales administran, pues resulta que las utilidades son ``compartidas por la administradora de fondos'', pero las pérdidas son aplicables a los trabajadores, sin que la autoridad competente regule y aplique sanciones a la ineficiencia y manejo inadecuado e indebido de los fondos por parte de las instituciones referidas.

Al parecer, las administradoras de los fondos de pensiones, con el aval de la Consar, socializan pérdidas y privatizan ganancias.

Ante esta situación debemos actuar pronto, con el fin de asegurar, proteger y acrecentar el ahorro de los trabajadores.

Esta pérdida anunciada en los fondos de ahorro de los trabajadores rompe también con los compromisos manifiestos en el Programa Nacional de Financiamiento para el Desarrollo 2008-2012, donde se señala que es necesario consolidar el sistema de ahorro para el retiro trabajando en los siguientes elementos:

``Fortalecer el sistema de ahorro para el retiro, consolidando un esquema de competencia entre las Afore basado en un monitoreo permanente del sistema, (...), y en particular del régimen de inversión, para asegurar que los recursos de los trabajadores no sólo estén seguros sino que reciban el mejor rendimiento posible''. 5

En este contexto el Estado mexicano está incumpliendo con la obligación de proteger o blindar el ahorro de los trabajadores y crear expectativas económicas que den estabilidad en el ingreso, mejorando el perfil de distribución de la renta hacia un esquema más equitativo y favorable a los trabajadores.

Las instituciones deben procurar el bienestar de nuestra población. Un buen gobierno es, entre otras cosas, el que tiene la capacidad de dar respuesta a las diversas demandas de la sociedad, por medio de soluciones políticamente articuladas. 6

Esperando siempre una respuesta pronta y positiva de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, y tomando en cuenta las consideraciones expuestas con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y para que sea considerado de urgente y obvia resolución, someto a consideración de esta asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorte a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, para que rindan a la brevedad un informe a esta soberanía, sobre la situación financiera de las Afore y Siefore, así como de las medidas que se instrumentan para detener su abatimiento, compensar y proteger el ahorro de los trabajadores, así como también las sanciones que se contemplan y las medidas urgentes de control a las afore y Siefore para corregir y evitar los daños a los rendimientos de los fondos de los trabajadores en sus cuentas individuales.

Notas: 1 Panorama laboral de América Latina y el Caribe, OIT.2 Excélsior, 30 de octubre, 2008, página 1.3 Centro de Estudios de la Finanzas Públicas de la honorable Cámara de Diputados.4 El Financiero, 16 de octubre de 2008, página 5.5 Pronafide 2008-2012, página 201.6 Kaufman, Kraay y Zordo (2000). La gobernabilidad es fundamental; del análisis a la acción. Finanzas y Desarrollo, FMI, página 10.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de noviembre de 2008.--- Diputado Jacinto Gómez Pasillas (rúbrica).»

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.



DISTRITO FEDERAL

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Se recibió del diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva, de Convergencia, punto de acuerdo por el que se exhorta a la delegación Miguel Hidalgo a que proporcione a los vecinos de esa demarcación información relativa a la construcción de diversas obras viales sobre el tiempo de ejecución y los estudios en materia de impacto ambiental.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas : «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la delegación Miguel Hidalgo a informar a los habitantes sobre la construcción de diversas obras viales, por ejemplo, respecto al tiempo de ejecución y a estudios en materia de impacto ambiental, a cargo del diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva , del Grupo Parlamentario de Convergencia

El suscrito, diputado del Grupo Parlamentario de Convergencia de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con base en los artículos 23, numeral 1, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo mediante el cual la Cámara de Diputados exhorta a la jefa delegacional en Miguel Hidalgo para que proporcione a los vecinos información sobre cada uno de los deprimidos a construir para agilizar la circulación vehicular, la fecha de inicio de las obras, el tiempo de ejecución de cada una de ellas y los estudios correspondientes en materia de impacto ambiental, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Desde hace algunas semanas se ha vuelto común ver actos de protestas de vecinos de Lomas de Chapultepec, manifestándose en el cruce de avenidas Palmas y Reforma contra el proyecto de la delegación Miguel Hidalgo para construir seis pasos a desnivel.

Esta inconformidad es consecuencia de una serie de agravios en contra de vecinos de la delegación Miguel Hidalgo, pues reiteradamente la respuesta a sus solicitudes es la imposición. El caso de los deprimidos que se pretende construir para agilizar la circulación en la zona no es la excepción.

El proyecto consta de seis obras que se suman al proyecto integral Palmas, en donde se construirá el deprimido en Palmas-Reforma-Bosques y además se realizarán otros en Cofre de Perote, Cerro de Pichacahua, Monte Tabor, Monte Altai, Ejército Nacional y Ferrocarril de Cuernavaca.

Todas estas obras, cuyo arranque estaba previsto en julio pasado, tendrán un costo aproximado de 330 millones de pesos, de los cuales, la delegación tiene dispuestos 80.

A juicio de las autoridades de la delegación Miguel Hidalgo, las obras liberarán los seis puntos de mayor conflicto vial que impiden la fluidez de los vehículos que circulan en dirección al poniente de la capital. Con todo y que dichas autoridades han señalado que el proyecto de infraestructura vial de la demarcación está debidamente planeado y que se basa en un primer diagnóstico que se realizó sobre aforo vehicular en todas las colonias, con el cual se eligió Palmas por ser donde se encuentran los cuatro más conflictivos, la inconformidad ha sido constante.

El aumento acelerado en el número de vehículos en la metrópoli, aunado al crecimiento urbano hacia el poniente, han originado que las vialidades primarias se saturen y las secundarias comiencen a ser invadidas.

Los deprimidos que se construirán, insiste la autoridad delegacional, permitirán desahogar los congestionamientos que se generan por el aforo que cada vez es mayor y por la presencia de semáforos; de ahí que no sólo se contemple la realización de los deprimidos, sino también de adecuaciones viales.

La jefa delegacional, ante las primeras manifestaciones de protesta, aseguró que serían los propios vecinos los que decidirían la conveniencia de las obras. Para ello, en junio inició una consulta ciudadana, que a juicio de los vecinos fue sesgada en su preparación y resultados porque no se proporcionó la información del proyecto. La delegación formuló las preguntas, aplicó la metodología y contabilizó los datos. Este acto que en otras circunstancias sería un ejercicio democrático, en el caso que se comenta es utilizado como instrumento de imposición que no podemos tolerar.

Los vecinos no se han limitado con inconformarse sino que han externado las razones del por qué están en contra de las obras y han propuesto algunas opciones viales que ellos ven como alternativas para descongestionar el tránsito en la zona, sin ser escuchados.

De hecho, el pasado 4 de noviembre, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal exhortó a la jefa delegacional para que en un término de 5 días hábiles entregara por escrito la siguiente información:

1. Los cinco proyectos que avalan la construcción de las obras viales de los deprimidos Palmas-Reforma, el costo de cada uno de ellos, así como la fecha exacta de inicio de dichas obras y el tiempo de ejecución.
2. El acuerdo firmado por la delegación Miguel Hidalgo, con los secretarios de Obras y Servicios, Transporte y Vialidad, y Finanzas, del Distrito Federal en relación con las obras viales de los deprimidos Palmas-Reforma.
3. La manifestación de impacto ambiental que avalan los proyectos viales de los deprimidos Palmas-Reforma.
4. Un inventario de árboles muertos en pie y su ubicación, cuantos árboles sanos serán trasplantados y en donde serán ubicados, derivado de la realización de las obras viales ``los deprimidos''.

Con dicho punto de acuerdo, también se exhorta a la jefa delegacional a no dar inicio a los trabajos de ejecución de los deprimidos, en tanto la Asamblea Legislativa del Distrito Federal no cuente con la información solicitada.

Pese a las manifestaciones ciudadanas en contra de las obras y al exhorto de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, la jefa delegacional en Miguel Hidalgo ha hecho oídos sordos y no ha escuchado las voces de los vecinos y menos aún ha dado respuesta al respetuoso exhorto.

Lo anterior, en tanto crece la inconformidad en contra la delegada en Miguel Hidalgo, por los daños al medio ambiente que ocasionará la construcción de túneles en Palmas y un distribuidor vial en Ejército Nacional, en la colonia Polanco.

En señal de protesta contra las obras, vecinos de esa colonia montaron un campamento en el cruce de las vías del Ferrocarril de Cuernavaca y Ejército Nacional para tratar de impedir el derribo de árboles y el inicio de las obras, hasta que la titular de la demarcación, Gabriela Cuevas, les informe a detalle los costos ambientales del proyecto.

La jefa delegacional en Miguel Hidalgo no ha presentado hasta el momento el Plan de Impacto Ambiental, ni ha dicho si trasplantará y en dónde los árboles que serán derribados en la zona. En el campamento que está colocado frente al Liceo Franco Mexicano hay personas de guardia permanente.

El temor de los vecinos obedece a que la delegada no ha les entregado la información solicitada sobre los estudios de impacto ambiental ni el diseño del proyecto y la construcción se hará en los límites de las colonias Irrigación y Ampliación Granada, donde pasan ductos de Pemex con los que pudiera registrarse algún accidente.

Por lo antes expuesto, someto a esta soberanía la siguiente proposición

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta a la jefa delegacional en Miguel Hidalgo para que proporcione a los vecinos información sobre cada uno de los deprimidos a construir para agilizar la circulación vehicular, la fecha de inicio de las obras, el tiempo de ejecución de cada una de ellas y los estudios correspondientes en materia de impacto ambiental.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de noviembre de 2008.--- Diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva (rúbrica).»

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Túrnese a la Comisión del.



LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: La Presidencia recibió del diputado Alejandro Sánchez Camacho, del Grupo Parlamentario del PRD, solicitud de excitativa a la Comisión de Gobernación.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas : «Excitativa a la Comisión de Gobernación, a solicitud del diputado Alejandro Sánchez Camacho , del Grupo Parlamentario del PRD

El que suscribe, diputado federal de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le solicita que excite a la Comisión de Gobernación para que presente el dictamen de la iniciativa con el proyecto del decreto por el que se adiciona la fracción VII Bis al artículo 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, presentada por el suscrito el pasado 5 de febrero.

Consideraciones

En la exposición de motivos de la citada iniciativa se señala, entre otros aspectos:

El incremento de precios representa la pérdida del poder adquisitivo de las familias mexicanas. La inflación, término económico comúnmente manejado por los economistas para referirse a la elevación de los precios de los productos, tiene desajustes graves para el mercado de bienes y servicios, y --al mismo tiempo-- vulnera la capacidad de compra del mercado de trabajo. Con un aumento de precios no es posible llevar a cabo una planificación estratégica para las empresas ni para los trabajadores que mensualmente reciben un ingreso y lo gastan para mantener su fuerza laboral y efectuar el sostenimiento cotidiano de sus familias.

Durante los últimos seis años, la economía mexicana ha registrado una relativa estabilidad en el nivel de precios, a tal grado que desde 2000 fue posible disminuir el alza hasta un dígito. El año 2000 cerró con una inflación anualizada de 9.5 por ciento, y en los años sucesivos se mantuvo en niveles promedio de entre 5 y 6 por ciento para concluir 2006 en cerca de 4 por ciento al finalizar el año.

Sin embargo, en 2007 terminó esta relativa estabilidad de los precios de los bienes y servicios. El comienzo fue duro para las familias, que observaron un aumento del precio de la tortilla de entre 40 y 80 por ciento respecto a los 6.5 pesos en que se compraba este insumo nutricional básico a finales de diciembre de 2007.

Con base en la última Encuesta Nacional de Ingreso Gasto de los Hogares que realiza el INEGI, la mayor afectación por el incremento de la tortilla recayó en más de 65 millones de mexicanos cuyas familias ganan apenas 3 mil 500 pesos mensuales promedio. El incremento de entre 40 y 85 por ciento en distintas regiones afectó entre 30 y 40 por ciento más a las clases más desprotegidas comparadas con las más acaudaladas, ya que el gasto en tortillas de esta última clase apenas si representó 0.01 por ciento del ingreso total.

No obstante, el incremento de precios no se ha dado sólo en la tortilla. En lo que va de 2007, los precios de la canasta básica se han incrementado sobremanera.

En promedio, el incremento de precios oscila entre 35 y 50 por ciento en la canasta básica, mientras que el salario mínimo general se ha incrementado tan sólo entre 4 y 5 por ciento para 2007. Esto implica una pérdida del poder adquisitivo del salario de entre 30 y 45 por ciento. La pérdida del poder adquisitivo en los últimos 25 años de liberalismo económico ha sido brutal. Con base en un documento de investigación del Centro de Estudios Multidisciplinarios de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México, la pérdida del poder adquisitivo del salario mínimo de 1982 a 1988 fue de -44.9 por ciento. En la administración federal de Carlos Salinas de Gortari, la caída del salario fue de -46.5. De 1994 a 2000, la pérdida fue de -51.1 por ciento, y con Vicente Fox el salario se cayó en casi -23 por ciento. Esto implica que en 1973 el salario mínimo podía comprar 28 kilogramos de tortilla, en 2000 podía comprar 9, y hoy puede comprar menos de 5.

Empero, la precaria estructura económica que ha acentuado su vulnerabilidad desde 1982 y hasta nuestros días ha llevado a que los precios de los principales productos de la canasta básica estén a merced de los precios internacionales. Sin embargo, esto no exime al Ejecutivo federal y las instituciones que le dan sustento de garantizar el poder adquisitivo de los mexicanos.

El párrafo tercero del artículo 28 constitucional establece: ``Las leyes fijarán bases para que se señalen precios máximos a los artículos, materias o productos que se consideren necesarios para la economía nacional o el consumo popular, así como para imponer modalidades a la organización de la distribución de esos artículos, materias o productos, a fin de evitar que intermediaciones innecesarias o excesivas provoquen insuficiencia en el abasto, así como el alza. La ley protegerá a los consumidores y propiciará su organización para el mejor cuidado de sus intereses''.

Asimismo, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal señala en el artículo 34, fracción VII, que a la Secretaría de Economía corresponde ``establecer la política de precios y, con el auxilio y participación de las autoridades locales, vigilar su estricto cumplimiento, particularmente por lo que se refiere a artículos de consumo y uso popular , y establecer las tarifas para la prestación de los servicios de interés público que considere necesarios, con la exclusión de los precios y tarifas de los bienes y servicios de la administración pública federal; y definir el uso preferente que deba darse a determinadas mercancías''. En la fracción VIII, el mismo precepto determina: ``... regular, orientar y estimular las medidas de protección al consumidor''.

Sólo el anuncio del incremento del impuesto de la gasolina y el diesel que repercutirá en los precios de los bienes y servicios incrementó en octubre pasado en más de 30 por ciento los productos de la canasta básica. Sin embargo, su efecto será mayor al aplicarse de manera definitiva cuando entre en vigor en enero de 2008.

Por tanto, la iniciativa de ley en comento propone que cuando se registre un incremento del índice nacional de precios al consumidor en la canasta básica por arriba del salario mínimo vigente, teniendo como referencia que el incremento sea mayor de 2 puntos porcentuales del salario mínimo y que éste se sostenga durante tres meses consecutivos, se lleve a cabo y de inmediato un control de precios por el Ejecutivo federal, en concreto la Secretaría de Economía, para evitar la especulación, pero sobre todo a fin de garantizar el poder adquisitivo de la población mexicana.

Por lo expuesto y considerando que las premisas contenidas en la iniciativa en comento mantienen plena vigencia, me permito someter a consideración de esta asamblea la siguiente

Excitativa

Único. Se excita a la Comisión de Gobernación para que presente el dictamen de la iniciativa con proyecto del decreto por el que se adiciona la fracción VII Bis al artículo 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, presentada por el suscrito el pasado 5 de febrero.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2008.--- Diputado Alejandro Sánchez Camacho (rúbrica).»

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: De conformidad con lo que establece la fracción XVI del artículo 21 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos,se excita a la comisión mencionada para que emita el dictamen correspondiente.



LEY DEL SEGURO SOCIAL

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: La Presidencia recibió del diputado Miguel Ángel Navarro Quintero, del Grupo Parlamentario del PRD, solicitud de excitativa a la Cámara de Senadores.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas : «Excitativa a la Cámara de Senadores, a solicitud del diputado Miguen Ángel Navarro Quintero, del Grupo Parlamentario del PRD

Diputado César Duarte Jáquez, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de la LX Legislatura.--- Presente.

La Comisión de Seguridad Social, en su sesión ordinaria de trabajo celebrada el 21 de octubre de 2008, acordó presentar, por medio de la Presidencia a su cargo, solicitud a la Presidencia de la Cámara de Senadores para que excite a la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Senadores, a fin de que presente el dictamen correspondiente a la minuta con proyecto de decreto que adiciona un párrafo al artículo décimo octavo transitorio de la Ley del Seguro Social publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha 21 de diciembre de 1995.

Esta solicitud se fundamenta en lo dispuesto por los artículos 21, y 87 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con los siguientes

Antecedentes

Primero. El 7 de marzo de 2006, el diputado a la LIX Legislatura del Congreso de la Unión Miguel Alonso Raya, de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, presentó una iniciativa con proyecto de decreto por el que se ``adiciona un párrafo al artículo 151 de la Ley del Seguro Social'', para permitir que los asegurados que hayan cumplido los requisitos de edad y cotizaciones, accedan a una pensión por cuantía en edad avanzada o vejez sin el requisito de volver a cotizar en caso de haber dejado de pertenecer al régimen obligatorio. En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados ordenó que el asunto fuera turnado a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, y de Seguridad Social.

Segundo. El día miércoles 26 de abril de 2006, fue aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados, el dictamen a la iniciativa con ``proyecto de decreto, que adiciona un párrafo al artículo 151 de la Ley del Seguro Social'', quedando el proyecto de decreto como ``adición de un segundo párrafo al artículo décimo octavo transitorio de la Ley del Seguro Social publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 1995'', mismo que fue enviado, como minuta, en la misma fecha a la Cámara de Senadores.

Tercero. El día jueves 27 de abril de 2006, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, dio cuenta de la minuta con proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo décimo octavo transitorio de la Ley del Seguro Social, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 1995, y turnó, a la entonces Comisión de Salud y Seguridad Social, la minuta para su estudio y posterior dictamen.

Cuarto. La Cámara de Senadores mediante acuerdo de la Junta de Coordinación Política para la creación de comisiones ordinarias de fecha 3 de octubre de 2006, consideró que, para el adecuado cumplimiento de sus funciones, se organice en comisiones ordinarias, las cuales atenderán asuntos relacionados con la materia propia de su denominación; por lo anterior, y con apoyo en las bases segunda y tercera, fracción III, de ese acuerdo por el que se crea la Comisión de Seguridad Social del Senado, se considera pertinente que la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados sea el conducto para solicitar a través de la Presidencia de la Mesa Directiva del Senado se excite a la Comisión de Seguridad Social a la que le compete dictaminar esta minuta.

Quinto. En el dictamen de la iniciativa se consideró que la modificación al artículo 151 de la Ley del Seguro Social que se proponía en ella no era acertada, y en su lugar, se aprobó la adición de un segundo párrafo al artículo décimo octavo transitorio en los siguientes términos:

Décimo Octavo Transitorio. ... Los asegurados que opten por acogerse al régimen de la ley que se deroga, tratándose de las pensiones de cesantía en edad avanzada y de vejez tendrán derecho al otorgamiento de la pensión respectiva, cuando hayan cumplido los requisitos de edad y de número de semanas cotizadas establecidos en dicha ley, aun cuando a la fecha de la solicitud de pensión se hubiese excedido el período de conservación de derechos señalado en el artículo 182 y sin que sea necesario cubrir los requisitos previstos en el artículo 183 de la ley que se deroga. El pago de las pensiones otorgadas en los términos de este párrafo se regirá conforme al artículo duodécimo transitorio de esta ley.

Por lo anteriormente fundado, le solicito dé el trámite correspondiente a esta solicitud de

Excitativa

Único. Respetuosamente se le solicita a la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores excite a la Comisión de Seguridad Social para que presenten el dictamen correspondiente a la minuta con ``proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo décimo octavo transitorio de la Ley del Seguro Social, publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha 21 de diciembre de 1995'', de conformidad con los artículos 21, fracción XVI, y 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Atentamente
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de octubre de 2008.--- Diputado Miguel Ángel Navarro Quintero (rúbrica), Presidente de la Comisión de Seguridad Social.»

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Remítase a la Cámara de Senadores.



LEY ORGANICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: La Presidencia recibió del diputado Rafael Ramos Becerril, del Grupo Parlamentario del PRD, solicitud de excitativa a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas : «Excitativa a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, a solicitud del diputado Rafael Ramos Becerril, del Grupo Parlamentario del PRD

El que suscribe, Rafael Ramos Becerril, diputado de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 67, inciso g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 21, fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le solicita que en ejercicio de dichas atribuciones excite a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias para que presente el dictamen sobre la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción III y se adiciona una fracción XXXIX, recorriéndose la numeración del numeral 2 del artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estado Unidos Mexicanos, presentada el jueves 23 de febrero de 2006 ante el Pleno de esta honorable soberanía.

Antecedentes

Es incuestionable el largo historial de actos de intolerancia religiosa que ha sufrido el país y más lamentable aún es la forma en que se han falseado los hechos; los cristeros, los indígenas desplazados, los afromexicanos, las cientos de iglesias que aún hoy no han obtenido reconocimiento oficial, son los ``vencidos'' por la historia oficial y de los que aún tendremos que escuchar su versión de los hechos.

Tan sólo en los años 2007 y 2008 el Archivo Moha, tiene registrados y documentados 94 casos de intolerancia religiosa, cifra que contrasta con los reportes de la Secretaría de Gobernación.

Algunas organizaciones que promueven la tolerancia religiosa, como la Campaña Permanente por la Tolerancia Religiosa y la Libertad de Conciencia, han señalado el alto grado de impunidad para los servidores públicos que cometen actos de intolerancia. Denuncian, además, la indolencia del Poder Legislativo que tiene en su haber muchas iniciativas, no sólo la que hoy se menciona, hay que reconocer que en tanto el tema este circunscrito sólo a la Secretaría de Gobernación no se ha entrado al quid del asunto.

La compleja diversidad de las creencias y convicciones religiosas que muchos ciudadanos mexicanos practican, están excluidas de una verdadera protección del Estado, en parte porque la visión de laicidad que en general se tiene, no es la visión juarista, sino una visión autoritaria, elaborada y matizada por regimenes dictatoriales como el de Porfirio Díaz.

Considerandos

El marco jurídico de la laicidad del Estado es incompleta y poco funcional y peor aún es incapaz de aplicar sanciones a servidores públicos, que vulneren los derechos religiosos y la libertad de conciencia.

Legislaciones, que por ejemplo, sobre federalismo, el trabajo, la cultura, el desarrollo social, la educación, la salud, el servicio militar, la seguridad social, los derechos civiles y políticos, los pueblos indígenas y por supuesto las asociaciones religiosas y culto publico, los derechos humanos y la no discriminación, no están impactadas en el tema de las creencias, ni atienden la practica religiosa de millones de mexicanos; ello se debe, principalmente a que no se ha analizado el tema con detenimiento y por ende no se han elaborado las iniciativas pertinentes.

El corpus internacional de derechos humanos, tanto la normativa, la jurisprudencia y la doctrina de los sistemas universal e interamericano, debe ser armonizado y actualizado con el sistema jurídico mexicano.

Estas razones, entre otras muchas que omito, hacen necesario y vital que esta Cámara de Diputados atienda y escuche las voces de los mexicanos que desean que la sublime garantía constitucional de la libertad religiosa sea una realidad en cada pueblo, en cada municipio, en cada estado, sin que importe el signo político de quien gobierna.

Por lo tanto es menester buscar un consenso en este tema, que ya en nuestra historia ha causado enfrentamientos violentos, se debe buscar y proporcionar una visión alejada de los prejuicios que predominaron en dichos periodos, otorguémonos los mexicanos una legislación madura, clara y equitativa de la laicidad del Estado y fundar el marco jurídico que permita la libertad de conciencia, pensamiento y religión, poniendo especial atención en armonizar y concordar nuestro marco jurídico con los tratados internacionales que han sido ratificados por México.

Esta soberanía no puede atender; no lo ha hecho, y sobre todo, no generará la legislación correspondiente que procure bien a tan álgido tema, como el de la laicidad del Estado, ni abarcara la compleja diversidad de las creencias religiosas, ni lograra que la tolerancia religiosa se el ambiente imperante, en tanto no se cree la Comisión de Asuntos Religiosos y Laicidad del Estado, por eso es básico que se dictamine dicha iniciativa.

Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración de esta asamblea, la siguiente

Excitativa

Único. Se excita a la Comisión Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias para que presente el dictamen sobre la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción III y se adiciona una fracción XXXIX recorriéndose la numeración del numeral 2 del artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentada el jueves 23 de febrero de 2006 ante el Pleno de esta honorable soberanía.

Palacio Legislativo, a 19 de noviembre de 2008.--- Diputado Rafael Ramos Becerril (rúbrica).»

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: De conformidad con lo que establece la fracción XVI del artículo 21 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se excita a la comisión mencionada para que emita el dictamen correspondiente. Continúe la Secretaría con el orden del día.



ORDEN DEL DIA

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela : «Primer Periodo Ordinario de Sesiones.--- Tercer Año de Ejercicio.--- LX Legislatura.

Orden del día

Martes 25 de noviembre de 2008.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones

Minutas

Quince, con proyecto de decreto que concede permisos a diversos ciudadanos para aceptar y usar condecoraciones que les otorgan gobiernos extranjeros. (Turno a Comisión)

Los asuntos no abordados en esta sesión, y los demás con los que la Mesa Directiva dé cuenta.»



CLAUSURA Y CITATORIO

El Presidente diputado César Duarte Jáquez (15:03): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el martes 25 de noviembre, a las 11:00 horas. Se les informa que el sistema electrónico de asistencia estará abierto a partir de las 9: 30 horas.

--------------- O ---------------



RESUMEN DE TRABAJOS



DIPUTADOS QUE PARTICIPARON DURANTE LA SESION
(en orden alfabético)

ASISTENCIA


DE CONFORMIDAD CON LO QUE DISPONE EL ARTÍCULO 2, NUMERAL 2, INCISO C, DEL REGLAMENTO PARA LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS, SE PUBLICA LA SIGUIENTE LISTA DE ASISTENCIA DE LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS

SECRETARÍA GENERAL

GRUPO
PARLAMENTARIO
ASISTENCIA ASISTENCIA
POR CÉDULA
ASISTENCIA
COMISIÓN
OFICIAL
PERMISO
MESA
DIRECTIVA
INASISTENCIA
JUSTIFICADA
INASISTENCIAS TOTAL
ALT 163 7 8 0 0 29 207
PRD 97 6 4 6 0 14 127
PRI 65 4 3 21 0 13 106
CONV 15 1 0 0 0 1 17
PVEM 10 1 3 0 0 3 17
PT 8 0 1 0 0 2 11
NA 7 1 0 1 0 0 9
ALT 2 0 1 1 0 1 5
TOTAL 367 20 20 29 0 63 63

Nota: Las diferencias que existen entre las listas de asistencias y el número de votos puede variar conforme a los diputados presentes al momento de la votación.


SECRETARÍA GENERAL
REPORTE DE ASISTENCIA

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL
1 Acosta Dávila Constantino ASISTENCIA
2 Aguilar López José Alejandro ASISTENCIA
3 Alcalde Virgen Moisés ASISTENCIA
4 Alcaraz Hernández Alma Edwviges ASISTENCIA
5 Álvarez Bernal María Elena ASISTENCIA
6 Amezola Fonceca Gerardo ASISTENCIA
7 Antuña Batista Fidel ASISTENCIA
8 Aranda Orozco Gerardo OFICIAL COMISIÓN
9 Arellano Arellano Joel ASISTENCIA
10 Arenas Guzmán Margarita ASISTENCIA
11Arizméndi Uribe Efraín ASISTENCIA
12 Armendáriz García Pedro INASISTENCIA
13 Arredondo Ibarra Salvador ASISTENCIA
14 Arredondo Velázquez Jesús ASISTENCIA
15 Ávila Mayo Obdulio ASISTENCIA
16 Barradas Miravete Gregorio ASISTENCIA
17 Barrios Rodríguez Juan Enrique INASISTENCIA
18 Bello Pérez Alfonso Othón INASISTENCIA
19 Berber Martínez Antonio INASISTENCIA
20 Bermúdez Viramontes Andrés INASISTENCIA
21 Bolaños Aguilar Edmundo Javier ASISTENCIA
22 Borrego Estrada Felipe ASISTENCIA
23 Bracho González Carlos Augusto ASISTENCIA
24 Buganza Salmerón Gerardo ASISTENCIA
25 Campos Galván María Eugenia ASISTENCIA
26 Carbajal Méndez Liliana INASISTENCIA
27 Cárdenas Sánchez Esmeralda ASISTENCIA
28 Cardona Benavidez Alma Xóchil ASISTENCIA
29 Carrasco Altamirano Diódoro Humberto ASISTENCIA
30 Castaño Contreras Cristián INASISTENCIA
31Castro De la Rosa Osiel OFICIAL COMISIÓN
32 Castro Muñoz Juan de Dios ASISTENCIA
33 Ceja Romero Ramón ASISTENCIA
34 Collado Lara Beatriz OFICIAL COMISIÓN
35 Contreras Coeto José Luis ASISTENCIA
36 Corral Aguilar María Mercedes ASISTENCIA
37 Cuen Garibi Marcela ASISTENCIA
38 Curiel Preciado Leobardo INASISTENCIA
39 Chávez García Daniel ASISTENCIA
40 Dávila Fernández Adriana ASISTENCIA
41 Dávila García Francisco ASISTENCIA
42 De la Torre Jaramillo Eduardo Sergio ASISTENCIA
43 De la Torre Sánchez José ASISTENCIA
44 De León Tello Jesús ASISTENCIA
45 Degante Romero Silvia Emilia ASISTENCIA
46Del Toro del Villar Tomás ASISTENCIA
47 Del Valle Toca Antonio ASISTENCIA
48 Delgado Oscoy Alejandro Enrique ASISTENCIA
49 Denegre Vaught Ramírez Rosaura Virginia ASISTENCIA
50 Deschamps Falcón Ángel Rafael ASISTENCIA
51 Díaz García José Antonio ASISTENCIA
52 Díaz Garibay Felipe ASISTENCIA
53 Díaz Gordillo Martha Cecilia ASISTENCIA
54 Díaz Mena Joaquín Jesús ASISTENCIA
55 Díaz de León Torres Leticia INASISTENCIA
56 Domínguez Servién Francisco INASISTENCIA
57 Duck Núñez Edgar Mauricio ASISTENCIA
58 Enríquez Flores Armando ASISTENCIA
59 Escaroz Soler Gerardo Antonio INASISTENCIA
60 Escobar Jardinez Adolfo ASISTENCIA
61 Espinosa Piña José Luis OFICIAL COMISIÓN
62 Félix Holguín Armando Jesús ASISTENCIA
63 Felton González Carlos Eduardo ASISTENCIA
64 Fernández Cabrera Adrián ASISTENCIA
65Fernández Ugarte Ma. del Carmen ASISTENCIA
66 Flores Domínguez Emilio Ramón Ramiro ASISTENCIA
67 Flores Grande Arturo INASISTENCIA
68 Flores Morfín Jesús Vicente ASISTENCIA
69 Fraile García Francisco Antonio CÉDULA
70 Franco Cazarez Ricardo OFICIAL COMISIÓN
71 Fuentes Ortíz José Guillermo ASISTENCIA
72 García González Carlos Alberto ASISTENCIA
73 García Müller Martha Margarita ASISTENCIA
74 García Reyes Ángel Humberto ASISTENCIA
75 García Reyes Beatriz Eugenia ASISTENCIA
76 García Vivián Raúl ASISTENCIA
77 Garmendia Hernández Yolanda Mercedes ASISTENCIA
78 Gómez Leyva Silvio ASISTENCIA
79 González Betancourt Jorge Justiniano ASISTENCIA
80 González Martínez María Gabriela INASISTENCIA
81 González Morán Martín Oscar ASISTENCIA
82 González Roaro Benjamín Ernesto ASISTENCIA
83 González Ruiz Felipe ASISTENCIA
84González Sánchez Ma. Dolores INASISTENCIA
85Gudiño Ortíz Francisco Javier ASISTENCIA
86 Guerrero Torres José Gildardo ASISTENCIA
87 Gutiérez Aguilar Miguel Ángel OFICIAL COMISIÓN
88 Gutiérrez Lagunes María Victoria ASISTENCIA
89 Hernández Núñez Elia ASISTENCIA
90 Hurtado Pérez Nelly Asunción ASISTENCIA
91 Iragorri Durán Enrique ASISTENCIA
92Jiménez del Castillo Ma. de los Ángeles CÉDULA
93 Jiménez Ramos María Esther ASISTENCIA
94 Joaquín Coldwell Addy Cecilia INASISTENCIA
95 Lagunes Viveros Violeta del Pilar ASISTENCIA
96 Landero Gutiérrez Alejandro ASISTENCIA
97 Landeros González Ramón ASISTENCIA
98 Lara Compeán David ASISTENCIA
99 Larios Córdova Héctor CÉDULA
100 Laviada Hernández Iñigo Antonio ASISTENCIA
101 Lemus Muñoz Ledo Ramón Ignacio ASISTENCIA
102 Leura González Agustín ASISTENCIA
103 Limas Frescas María Soledad ASISTENCIA
104 Lizaola de la Torre Alonso Manuel ASISTENCIA
105 López Cisneros José Martín ASISTENCIA
106 López Reyna Omeheira ASISTENCIA
107 López Silva Rubí Laura ASISTENCIA
108 Ludlow Kuri Lorenzo Daniel ASISTENCIA
109 Lujano Nicolás Christian Martín INASISTENCIA
110 Maawad Robert Luis Xavier ASISTENCIA
111 Macías Zambrano Gustavo ASISTENCIA
112 Madrazo Limón Carlos ASISTENCIA
113Magallón Arceo Leonardo Melesio de J. ASISTENCIA
114 Malagón Ríos Martín ASISTENCIA
115 Maldonado González David ASISTENCIA
116Manuell-Gómez Angulo Dolores De María INASISTENCIA
117 Martínez Valero Dora Alicia CÉDULA
118 Medellín Varela Antonio INASISTENCIA
119 Medina Macias Alma Hilda ASISTENCIA
120 Medina Rodríguez Delber ASISTENCIA
121 Medina Rodríguez Lizbeth Evelia ASISTENCIA
122 Mejía García Luis Alonso ASISTENCIA
123 Méndez Meneses Apolonio ASISTENCIA
124 Mendoza Morales Lucía Susana ASISTENCIA
125 Mohamar Dainitin Oscar Miguel INASISTENCIA
126 Mollinedo Hernández Agustín ASISTENCIA
127 Monraz Ibarra Miguel Ángel ASISTENCIA
128 Montes Sánchez Fabián Fernando ASISTENCIA
129 Montiel Luis Lariza ASISTENCIA
130 Mora Cuevas Marisol ASISTENCIA
131 Morales Ramos José Nicolás ASISTENCIA
132 Moreno Álvarez Mario Eduardo ASISTENCIA
133 Morgan Franco Rocío del Carmen ASISTENCIA
134 Muñoz Serrano José Antonio ASISTENCIA
135 Murillo Flores Francisco Javier ASISTENCIA
136 Murillo Torres José Luis ASISTENCIA
137 Navarro Sugich Carlos Alberto INASISTENCIA
138 Nordhausen González Jorge Rubén INASISTENCIA
139Noriega Blanco Vigil María Nieves ASISTENCIA
140 Ochoa López Nabor ASISTENCIA
141 Olvera Higuera Edgar Armando ASISTENCIA
142 Orozco Ruiz Velazco Marco Heriberto ASISTENCIA
143Ortega Martínez Ma. del Pilar ASISTENCIA
144 Ortiz Montoro Sagrario María del Rosario ASISTENCIA
145Ortíz Hernández Eduardo ASISTENCIA
146 Oviedo Oviedo Ernesto ASISTENCIA
147 Padilla Orozco Raúl Alejandro CÉDULA
148 Palafox Núñez José Inés INASISTENCIA
149 Paredes Rodríguez Francisco Javier ASISTENCIA
150 Parra Jiménez Dolores María del Carmen ASISTENCIA
151 Parra Noriega Luis Gustavo CÉDULA
152 Pérez Cuéllar Cruz INASISTENCIA
153 Pérez de Tejada Romero Diana Carolina ASISTENCIA
154 Peyrot Solís Marco Antonio ASISTENCIA
155 Plascencia Alonso Francisco Javier OFICIAL COMISIÓN
156 Priego Tapia Gerardo INASISTENCIA
157 Pulido Pecero Pedro ASISTENCIA
158 Quintero Bello Jorge ASISTENCIA
159 Ramírez Barba Ector Jaime INASISTENCIA
160 Ramírez Corral Ivette Jacqueline ASISTENCIA
161 Ramírez Pech Edgar Martín ASISTENCIA
162 Ramírez Villarreal Gustavo ASISTENCIA
163 Ramos Covarrubias Héctor Manuel ASISTENCIA
164 Reyes López Carlos Armando INASISTENCIA
165 Rincón Vargas Mirna Cecilia ASISTENCIA
166 Rivera Rivera José Guadalupe ASISTENCIA
167 Rivero Rivero Rolando ASISTENCIA
168 Rodríguez Ahumada Luis Fernando ASISTENCIA
169 Rodríguez Jiménez Ricardo INASISTENCIA
170 Rodríguez Prats Juan José ASISTENCIA
171 Rodríguez Uresti Enrique ASISTENCIA
172 Rodríguez Vizcarra Velázquez Adriana ASISTENCIA
173 Rojas Hernández Laura Angélica ASISTENCIA
174 Román Isidoro Demetrio ASISTENCIA
175 Romo Jiménez Martha Angélica ASISTENCIA
176 Rubio Chávez José Ignacio Alberto ASISTENCIA
177 Rueda Gómez Francisco ASISTENCIA
178 Ruiz Velasco de Lira Ernesto ASISTENCIA
179 Salas Contreras Marcos ASISTENCIA
180 Salazar Madera Mario Alberto OFICIAL COMISIÓN
181 Salum del Palacio Jorge Alejandro ASISTENCIA
182 Sánchez Díaz de Rivera Antonio ASISTENCIA
183 Sánchez Domínguez Alejandro ASISTENCIA
184 Sánchez Gil Carlos René ASISTENCIA
185 Sánchez Juárez Claudia ASISTENCIA
186 Sánchez Trujillo José Víctor INASISTENCIA
187Sandoval Munguia Juan Manuel ASISTENCIA
188 Serrato Castell Luis Gerardo ASISTENCIA
189 Shej Guzmán Sara ASISTENCIA
190 Solano Muñoz José de Jesús ASISTENCIA
191 Stefanonni Mazzocco Martín ASISTENCIA
192 Tamayo Herrera Yadhira Yvette ASISTENCIA
193 Torres Gómez Artemio ASISTENCIA
194 Torres Herrera Víctor Manuel ASISTENCIA
195 Torres Torres Carlos Alberto ASISTENCIA
196 Valenzuela García María Gloria Guadalupe ASISTENCIA
197 Valladolid Rodríguez Antonio ASISTENCIA
198 Vasconcelos Rueda Antonio ASISTENCIA
199 Vázquez Martínez Alberto ASISTENCIA
200 Vega Corona Antonio ASISTENCIA
201 Velázquez Gutiérrez José Guillermo ASISTENCIA
202 Verástegui Ostos César Augusto INASISTENCIA
203 Verdín Saldaña Jaime ASISTENCIA
204 Victoria Alva Juan ASISTENCIA
205 Vieyra Olivares Adriana Rebeca CÉDULA
206 Villanueva Arjona Juan Manuel ASISTENCIA
207 Zambrano Elizondo Javier Martín ASISTENCIA
Asistencias: 163
Asistencias por cédula: 7
Asistencias comisión oficial: 8
Permiso Mesa Directiva: 0
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 29
Total diputados: 207


PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA
1Aguirre Alcaide Victor INASISTENCIA
2 Alavez Ruiz Aleida INASISTENCIA
3 Almazán González José Antonio ASISTENCIA
4 Almonte Borja Ramón ASISTENCIA
5 Alonso Flores Lourdes PERMISO MESA DIRECTIVA
6Wilfrido Alonso Razo Humberto ASISTENCIA
7 Altamirano Toledo Carlos ASISTENCIA
8 Alva Olvera Maribel Luisa CÉDULA
9 Álvarez Ramón Silbestre PERMISO MESA DIRECTIVA
10 Amaro Corona Alberto ASISTENCIA
11 Aragón Castillo Irene OFICIAL COMISIÓN
12 Arellano Pulido Miguel Ángel ASISTENCIA
13Arreola Calderón Juan Dario ASISTENCIA
14 Barreiro Pérez Armando ASISTENCIA
15 Batres Guadarrama Valentina Valia ASISTENCIA
16 Bautista Bravo Alliet Mariana ASISTENCIA
17Bravo Padilla Itzcóatl Tonatiuh CÉDULA
18 Brito González Modesto INASISTENCIA
19 Calzada Vázquez Francisco Javier ASISTENCIA
20 Campos Aburto Amador ASISTENCIA
21 Cárdenas Hernández Raymundo ASISTENCIA
22 Cervantes Rodríguez Aurora ASISTENCIA
23Condado Escamilla Cuitlahuac CÉDULA
24 Contreras Julián Maricela ASISTENCIA
25 Cruz Santiago Claudia Lilia ASISTENCIA
26 Cuevas Córdova Othón ASISTENCIA
27 Chávez García Higinio ASISTENCIA
28 Dagdug Lützow Moisés Félix INASISTENCIA
29 De la Rosa García Juan Hugo ASISTENCIA
30 De los Santos Molina Joaquín Conrado INASISTENCIA
31 Dehesa Mora Daniel ASISTENCIA
32 Del Toro Mario Enrique ASISTENCIA
33 Díaz Contreras Adriana ASISTENCIA
34 Escandón Cadenas Rutilio Cruz ASISTENCIA
35 Espejel Lazcano Jaime ASISTENCIA
36 Fernández Balboa Mónica ASISTENCIA
37 Flores Maldonado César PERMISO MESA DIRECTIVA
38 Flores Salazar Guadalupe Socorro ASISTENCIA
39 Franco Melgarejo Rafael ASISTENCIA
40 Gálvez Rodríguez Fernel Arturo ASISTENCIA
41 García Rodríguez Víctor Hugo ASISTENCIA
42 Garzón Contreras Neftalí ASISTENCIA
43 González Garza Javier ASISTENCIA
44 Guerra Ochoa Juan Nicasio CÉDULA
45 Gutiérrez Calzadilla José Luis ASISTENCIA
46 Hernández Gaytán Daisy Selene ASISTENCIA
47 Hernández Hernández Sergio ASISTENCIA
48 Hernández Manzanares Javier ASISTENCIA
49 Hernández Silva Benjamín ASISTENCIA
50Nohelia Ibarra Franquez Sonia INASISTENCIA
51 Jacques y Medina José ASISTENCIA
52 Jiménez Valenzuela María Eugenia ASISTENCIA
53 Landero López Pedro ASISTENCIA
54Lemarroy Martínez Juan Darío ASISTENCIA
55 Leyva Piñón Ana Yurixi ASISTENCIA
56 Lizárraga Peraza Víctor Manuel ASISTENCIA
57 López Barriga Erick ASISTENCIA
58 López Becerra Santiago ASISTENCIA
59 López Rojas Alberto ASISTENCIA
60 López Torres Ma. Soledad INASISTENCIA
61 Lozano Lozano Andrés ASISTENCIA
62 Luna Munguía Alma Lilia INASISTENCIA
63 Márquez Madrid Camerino Eleazar ASISTENCIA
64 Márquez Tinoco Francisco ASISTENCIA
65 Martínez Hernández Alejandro ASISTENCIA
66 Martínez Martínez Carlos Roberto ASISTENCIA
67 Martínez Martínez Francisco ASISTENCIA
68 Martínez Padilla Hugo Eduardo ASISTENCIA
69 Martínez Vargas Octavio ASISTENCIA
70 Matías Alonso Marcos ASISTENCIA
71 Matus Toledo Holly ASISTENCIA
72 Mayans Canabal Fernando Enrique OFICIAL COMISIÓN
73 Mendoza Arellano David ASISTENCIA
74 Mendoza Flores Roberto ASISTENCIA
75 Mendoza Maldonado Fausto Fluvio ASISTENCIA
76 Mendoza Mendoza Irineo INASISTENCIA
77 Monreal Ávila Susana ASISTENCIA
78 Montalvo Rojas Victorio Rubén PERMISO MESA DIRECTIVA
79 Morales Manzo Jesús Ricardo ASISTENCIA
80 Morales Sánchez Efraín ASISTENCIA
81 Morales Vázquez Carlos Orsoe ASISTENCIA
82Narcía Álvarez Héctor ASISTENCIA
83 Navarro López Carlos Ernesto ASISTENCIA
84 Navarro Quintero Miguel Ángel ASISTENCIA
85 Ojeda Hernández Concepción ASISTENCIA
86 Oliva Fragoso Silvia INASISTENCIA
87 Orcí Martínez Juan Adolfo ASISTENCIA
88 Ortega Martínez Antonio ASISTENCIA
89 Ortiz Magallón Rosario Ignacia ASISTENCIA
90Pacheco LLanes Ramón Félix INASISTENCIA
91 Pedraza Chávez Isidro ASISTENCIA
92 Pedrozo Castillo Adrián INASISTENCIA
93 Peña Sánchez Miguel Ángel ASISTENCIA
94 Pérez Cruz Raciel ASISTENCIA
95 Pulido Santiago Celso David ASISTENCIA
96 Ramos Becerril Rafael Plácido CÉDULA
97 Ramos Castellanos Martín ASISTENCIA
98 Rasgado Corsi Gloria ASISTENCIA
99 Ríos Gamboa Raúl INASISTENCIA
100 Romero Gutiérrez Odilón ASISTENCIA
101Ruíz Sánchez Salvador ASISTENCIA
102 Saavedra Coronel José Antonio ASISTENCIA
103 Salinas Pérez Josefina ASISTENCIA
104 San Martín Hernández Juan Manuel ASISTENCIA
105 Sánchez Barrios Carlos ASISTENCIA
106 Sánchez Cabrales Rafael Elías ASISTENCIA
107 Sánchez Camacho Alejandro ASISTENCIA
108 Sánchez Camacho David OFICIAL COMISIÓN
109 Sánchez Ramos Francisco ASISTENCIA
110 Sánchez Valdéz Eva Angelina ASISTENCIA
111 Sandoval Ramírez Cuauhtémoc PERMISO MESA DIRECTIVA
112 Santos Arreola Francisco Javier PERMISO MESA DIRECTIVA
113 Solares Chávez Miguel Ángel INASISTENCIA
114 Soriano Sánchez Rosa Elva ASISTENCIA
115 Soto Sánchez Antonio ASISTENCIA
116 Suárez del Real y Aguilera José Alfonso ASISTENCIA
117 Torres Baltazar María Elena ASISTENCIA
118 Torres García Daniel ASISTENCIA
119 Trejo Pérez Pablo ASISTENCIA
120 Ulloa Pérez Emilio ASISTENCIA
121 Vallejo Estevez Mario ASISTENCIA
122 Varela López Víctor Gabriel ASISTENCIA
123 Villanueva Albarrán Gerardo CÉDULA
124 Villicaña García Rafael ASISTENCIA
125 Zavaleta Salgado Ruth OFICIAL COMISIÓN
126 Zazueta Aguilar Jesús Humberto ASISTENCIA
127 Zepeda Hernández Martín ASISTENCIA
Asistencias: 97
Asistencias por cédula: 6
Asistencias comisión oficial: 4
Permiso Mesa Directiva: 6
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 14
Total diputados: 127


PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
1 Abramo Masso Yerico PERMISO MESA DIRECTIVA
2 Aguilar Diego ASISTENCIA
3 Aguilar Solís Samuel ASISTENCIA
4 Aispuro Torres José Rosas ASISTENCIA
5 Alcántara Núñez Jesús Sergio OFICIAL COMISIÓN
6 Aldana Prieto Luis Ricardo PERMISO MESA DIRECTIVA
7 Amador Gaxiola Daniel PERMISO MESA DIRECTIVA
8 Amador Leal Narcizo Alberto ASISTENCIA
9 Ayala Almeida Joel ASISTENCIA
10 Badillo Martínez Roberto ASISTENCIA
11Barajas Del Toro Salvador ASISTENCIA
12 Barajas López Ramón PERMISO MESA DIRECTIVA
13 Barba Hernández Alfredo PERMISO MESA DIRECTIVA
14 Beltrán Montes Israel PERMISO MESA DIRECTIVA
15 Benítez Ojeda Luis Enrique ASISTENCIA
16 Bernal Gutiérrez Andrés Marco Antonio PERMISO MESA DIRECTIVA
17 Biebrich Torres Carlos Armando INASISTENCIA
18 Blanco Pajón José Luis INASISTENCIA
19 Caballero Camargo Gustavo Fernando ASISTENCIA
20 Camacho Quiroz César Octavio INASISTENCIA
21 Canavati Tafich Jesús Ricardo ASISTENCIA
22 Carballo Bustamante Andrés ASISTENCIA
23Cárdenas Del Avellano Enrique ASISTENCIA
24 Cárdenas Monroy Oscar Gustavo ASISTENCIA
25 Cervantes Andrade Raúl ASISTENCIA
26 Colín Guadarrama María Mercedes ASISTENCIA
27 Cordero Alfonzo Arnulfo Elías ASISTENCIA
28 Chaurand Arzate Carlos ASISTENCIA
29De la Garza Treviño Jorge Luis PERMISO MESA DIRECTIVA
30 Díaz Athié Antonio de Jesús ASISTENCIA
31 Díaz Solorzano Elmar Darinel ASISTENCIA
32 Domínguez Domínguez Nemesio ASISTENCIA
33 Duarte Jáquez César Horacio ASISTENCIA
34 Escajeda Jiménez José Rubén ASISTENCIA
35 Escalante Jasso Aracely PERMISO MESA DIRECTIVA
36 Espinosa Abuxapqui Eduardo Elías ASISTENCIA
37 Estefan Chidiac Charbel Jorge INASISTENCIA
38 Flores Sandoval Patricio ASISTENCIA
39 Fuentes Téllez Octavio INASISTENCIA
40 Gamboa Patrón Emilio ASISTENCIA
41 Garza Garza Horacio Emigdio INASISTENCIA
42 Gebhardt Garduza Yary del Carmen ASISTENCIA
43 Gloria Requena Tomás INASISTENCIA
44 Gómez Lugo Elda OFICIAL COMISIÓN
45 González Calderón Martha Hilda CÉDULA
46 González Salum Miguel Ángel INASISTENCIA
47 González Zarur Mariano ASISTENCIA
48 Guerrero García Javier CÉDULA
49 Guerrero Juárez Joel CÉDULA
50 Herrera Ale Juana Leticia ASISTENCIA
51 Herrera Coyac Wenceslao ASISTENCIA
52 Izquierdo Bustamante Alfonso Rolando PERMISO MESA DIRECTIVA
53 Lagunes Gallina Gerardo ASISTENCIA
54 Lescieur Talavera Jorge Mario ASISTENCIA
55 López Balbuena Guillermina ASISTENCIA
56Madrid Tovilla Arely ASISTENCIA
57 Martínez Rocha Arturo PERMISO MESA DIRECTIVA
58 Martínez Rodríguez Lorena ASISTENCIA
59 Méndez Lanz Víctor Manuel INASISTENCIA
60 Mendívil Amparán Gustavo Ildefonso OFICIAL COMISIÓN
61 Merodio Reza Lilia Guadalupe ASISTENCIA
62Moctezuma Pereda Fernando Quetzalcoatl PERMISO MESA DIRECTIVA
63 Montalvo Gómez Pedro ASISTENCIA
64 Morales García Elizabeth INASISTENCIA
65 Mota Hernández Adolfo ASISTENCIA
66 Muñoz Serna Rogelio ASISTENCIA
67 Murat José ASISTENCIA
68 Ochoa González Arnoldo PERMISO MESA DIRECTIVA
69 Ojeda Camacho Gilberto PERMISO MESA DIRECTIVA
70 Olivares Monterrubio Alejandro CÉDULA
71 Olivares Ventura Héctor Hugo PERMISO MESA DIRECTIVA
72 Ordaz Jiménez Ismael INASISTENCIA
73 Orihuela Bárcenas José Ascención ASISTENCIA
74 Orihuela Trejo José Amado PERMISO MESA DIRECTIVA
75Ortiz Del Carpio Víctor ASISTENCIA
76 Ortiz Proal Mauricio ASISTENCIA
77 Padilla Gutiérrez Héctor INASISTENCIA
78 Pagés Llergo Rebollar María Beatriz ASISTENCIA
79 Palma César Víctor Samuel PERMISO MESA DIRECTIVA
80 Parás González Juan Manuel PERMISO MESA DIRECTIVA
81 Partida Guzmán Martha Rocío ASISTENCIA
82 Patrón Montalvo Jesús Manuel ASISTENCIA
83 Peñuelas Acuña Mayra Gisela ASISTENCIA
84 Pérez Valdés Daniel ASISTENCIA
85 Pinete Vargas María del Carmen ASISTENCIA
86 Quiñones Canales Lourdes ASISTENCIA
87 Ramírez Martínez José Edmundo ASISTENCIA
88 Ramírez Stabros Jesús ASISTENCIA
89 Reyna García José Jesús ASISTENCIA
90 Ríos Camarena Alfredo Adolfo ASISTENCIA
91 Rivera Bedoya Juan Francisco ASISTENCIA
92 Rodríguez Ramírez Bertha Yolanda ASISTENCIA
93 Rojas Gutiérrez Carlos ASISTENCIA
94Ruíz Chávez Sara Latife PERMISO MESA DIRECTIVA
95 Salas López Ramón ASISTENCIA
96 Sánchez Hernández Eduardo ASISTENCIA
97 Sandoval Paredes Sergio ASISTENCIA
98 Serrano Escobar Enrique ASISTENCIA
99 Sosa Castelán Gerardo INASISTENCIA
100 Toledo Luis Jorge ASISTENCIA
101 Vargas Landeros Gerardo Octavio ASISTENCIA
102Vega Ortíz María Oralia ASISTENCIA
103 Velasco Pérez Juan Carlos ASISTENCIA
104 Villa Villa Isael PERMISO MESA DIRECTIVA
105 Villanueva Abraján Patricia ASISTENCIA
106 Zatarain González Carlos Ernesto PERMISO MESA DIRECTIVA
Asistencias: 65
Asistencias por cédula: 4
Asistencias comisión oficial: 3
Permiso Mesa Directiva: 21
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 13
Total diputados: 106


CONVERGENCIA
1 Abad De Jesús Juan ASISTENCIA
2 Aguilera Rico José Luis ASISTENCIA
3 Cárdenas Márquez Elías ASISTENCIA
4 Castellanos Hernández Félix ASISTENCIA
5 Castillo Romero Patricia Obdulia de Jesús CÉDULA
6 Chanona Burguete Alejandro ASISTENCIA
7 Del Río Virgen José Manuel ASISTENCIA
8 Godoy Cárdenas Jorge ASISTENCIA
9 López Lena Cruz Humberto ASISTENCIA
10 Salvatori Bronca María del Carmen ASISTENCIA
11 Samperio Montaño Juan Ignacio INASISTENCIA
12 Sansores San Román Layda Elena ASISTENCIA
13 Tagle Martínez Martha Angélica ASISTENCIA
14 Uscanga Cruz Robinson ASISTENCIA
15 Valdés Chávez Ramón ASISTENCIA
16 Varela Lagunas Tomás José Luis ASISTENCIA
17 Velasco Oliva Jesús Cuauhtémoc ASISTENCIA
Asistencias: 15
Asistencias por cédula: 1
Asistencias comisión oficial: 0
Permiso Mesa Directiva: 0
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 1
Total diputados: 17


PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO
1 Arévalo González José Antonio ASISTENCIA
2 Bellizzia Rosique Pascual ASISTENCIA
3 Cobo Terrazas Diego ASISTENCIA
4 Elizondo Garrido Francisco ASISTENCIA
5 Estrada González Faustino Javier INASISTENCIA
6 González Martínez Jorge Emilio INASISTENCIA
7 Lavara Mejía Gloria ASISTENCIA
8 López Adame Antonio Xavier ASISTENCIA
9 Manrique Guevara Beatriz OFICIAL COMISIÓN
10 Notholt Guerrero Alan CÉDULA
11 Portilla Dieguez Manuel Salvador OFICIAL COMISIÓN
12 Puente Salas Carlos Alberto ASISTENCIA
13 Ramírez Cerda Ana María OFICIAL COMISIÓN
14 Rodríguez Luis Alejandro INASISTENCIA
15 Salgado Amador Manuel Salvador ASISTENCIA
16 Sesma Suárez Jesús ASISTENCIA
17 Velasco Rodríguez Verónica ASISTENCIA
Asistencias: 10
Asistencias por cédula: 1
Asistencias comisión oficial: 3
Permiso Mesa Directiva: 0
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 3
Total diputados: 17


PARTIDO DEL TRABAJO
1 Aguilar Jiménez Rubén ASISTENCIA
2 Arreola Ortega Pablo Leopoldo ASISTENCIA
3 Cantú Garza Ricardo ASISTENCIA
4 Cervantes Rivera Jaime INASISTENCIA
5 Garay Ulloa Silvano ASISTENCIA
6 Herrera Solís Anuario Luis ASISTENCIA
7Maciel Ortiz Ma. Mercedes OFICIAL COMISIÓN
8 Peregrino García Abundio ASISTENCIA
9 Romero Guzmán Rosa Elia INASISTENCIA
10 Solís Parga Rodolfo ASISTENCIA
11 Vela González Joaquín Humberto ASISTENCIA
Asistencias: 8
Asistencias por cédula: 0
Asistencias comisión oficial: 1
Permiso Mesa Directiva: 0
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 2
Total diputados: 11


NUEVA ALIANZA
1 Arriola G. Mónica T. PERMISO MESA DIRECTIVA
2 Cárdenas Fonseca Manuel ASISTENCIA
3 Castillo Nájera Ariel ASISTENCIA
4 Dávila Esquivel Humberto ASISTENCIA
5 Gómez Pasillas Jacinto ASISTENCIA
6 Jiménez Godínez Miguel Ángel ASISTENCIA
7 Luna Becerril Blanca ASISTENCIA
8 Luna Rodríguez Silvia ASISTENCIA
9 Piñeyro Arias Irma CÉDULA
Asistencias: 7
Asistencias por cédula: 1
Asistencias comisión oficial: 0
Permiso Mesa Directiva: 1
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 0
Total diputados: 9


ALTERNATIVA
1 Arvizu Rivas Aida Marina INASISTENCIA
2 Conde Rodríguez Elsa de Guadalupe OFICIAL COMISIÓN
3 García Méndez Armando ASISTENCIA
4 Hernández Valadés Delio ASISTENCIA
5 Pedro Cortés Santiago Gustavo PERMISO MESA DIRECTIVA
Asistencias: 2
Asistencias por cédula: 0
Asistencias comisión oficial: 1
Permiso Mesa Directiva: 1
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 1
Total diputados: 5


SECRETARÍA GENERAL
REPORTE DE INASISTENCIAS

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL
Diputado
1 Armendáriz García Pedro
2 Barrios Rodríguez Juan Enrique
3 Bello Pérez Alfonso Othón
4 Berber Martínez Antonio
5 Bermúdez Viramontes Andrés
6 Carbajal Méndez Liliana
7 Castaño Contreras Cristián
8 Curiel Preciado Leobardo
9 Díaz de León Torres Leticia
10 Domínguez Servién Francisco
11 Escaroz Soler Gerardo Antonio
12 Flores Grande Arturo
13 González Martínez María Gabriela
14 González Sánchez Ma. Dolores
15 Joaquín Coldwell Addy Cecilia
16 Lujano Nicolás Christian Martín
17 Manuell-Gómez Angulo Dolores De María
18 Medellín Varela Antonio
19 Mohamar Dainitin Oscar Miguel
20 Navarro Sugich Carlos Alberto
21 Nordhausen González Jorge Rubén
22 Palafox Núñez José Inés
23 Pérez Cuéllar Cruz
24 Priego Tapia Gerardo
25 Ramírez Barba Ector Jaime
26 Reyes López Carlos Armando
27 Rodríguez Jiménez Ricardo
28 Sánchez Trujillo José Víctor
29 Verástegui Ostos César Augusto
Faltas por grupo: 29


PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA
Diputado
1 Aguirre Alcaide Victor
2 Alavez Ruiz Aleida
3 Brito González Modesto
4 Dagdug Lützow Moisés Félix
5 De los Santos Molina Joaquín Conrado
6 Nohelia Ibarra Franquez Sonia
7 López Torres Ma. Soledad
8 Luna Munguía Alma Lilia
9 Mendoza Mendoza Irineo
10 Oliva Fragoso Silvia
11 Pacheco LLanes Ramón Félix
12 Pedrozo Castillo Adrián
13 Ríos Gamboa Raúl
14 Solares Chávez Miguel Ángel
Faltas por grupo: 14


PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
Diputado
1 Biebrich Torres Carlos Armando
2 Blanco Pajón José Luis
3 Camacho Quiroz César Octavio
4 Estefan Chidiac Charbel Jorge
5 Fuentes Téllez Octavio
6 Garza Garza Horacio Emigdio
7 Gloria Requena Tomás
8 González Salum Miguel Ángel
9 Méndez Lanz Víctor Manuel
10 Morales García Elizabeth
11 Ordaz Jiménez Ismael
12 Padilla Gutiérrez Héctor
13 Sosa Castelán Gerardo
Faltas por grupo: 13


CONVERGENCIA
Diputado
1 Samperio Montaño Juan Ignacio
Faltas por grupo: 1


PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO
Diputado
1 Estrada González Faustino Javier
2 González Martínez Jorge Emilio
3 Rodríguez Luis Alejandro
Faltas por grupo: 3


PARTIDO DEL TRABAJO
Diputado
1 Cervantes Rivera Jaime
2 Romero Guzmán Rosa Elia
Faltas por grupo: 2


ALTERNATIVA
Diputado
1 Arvizu Rivas Aida Marina
Faltas por grupo: 1


VOTACIONES

Del dictamen de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Bibliotecas, en materia de acervos digitales (en lo general y en lo particular)
PARTIDO ACCION NACIONAL
1 Acosta Dávila, Constantino Favor
2 Aguilar López, José Alejandro Favor
3 Alcalde Virgen, Moisés Favor
4 Alcaraz Hernández, Alma Edwviges Ausente
5 Álvarez Bernal, María Elena Favor
6 Amezola Fonceca, Gerardo Favor
7 Antuna Batista, Fidel Favor
8 Aranda Orozco, Gerardo Ausente
9 Arellano Arellano, Joel Favor
10 Arenas Guzmán, Margarita Favor
11 Arizméndi Uribe, Efraín Ausente
12 Armendáriz García, Pedro Ausente
13 Arredondo Ibarra, Salvador Favor
14 Arredondo Velázquez, Jesús Favor
15 Ávila Mayo, Obdulio Ausente
16 Barradas Miravete, Gregorio Favor
17 Barrios Rodríguez, Juan Enrique Ausente
18 Bello Pérez, Alfonso Othón Ausente
19 Berber Martínez, Antonio Ausente
20 Bermúdez Viramontes, Andrés Ausente
21 Bolaños Aguilar, Edmundo Javier Ausente
22 Borrego Estrada, Felipe Favor
23 Bracho González, Carlos Augusto Favor
24 Buganza Salmerón, Gerardo Ausente
25 Campos Galván, María Eugenia Ausente
26 Carbajal Méndez, Liliana Ausente
27 Cárdenas Sánchez, Esmeralda Ausente
28 Cardona Benavídez, Alma Xóchil Favor
29 Carrasco Altamirano, Diódoro Humberto Ausente
30 Castaño Contreras, Cristián Ausente
31 Castro de la Rosa, Osiel Ausente
32 Castro Muñoz, Juan de Dios Ausente
33 Ceja Romero, Ramón Favor
34 Chávez García, Daniel Favor
35 Collado Lara, Beatriz Ausente
36 Contreras Coeto, José Luis Favor
37 Corral Aguilar, María Mercedes Ausente
38 Cuen Garibi, Marcela Favor
39 Curiel Preciado, Leobardo Ausente
40 Dávila Fernández, Adriana Ausente
41 Dávila García, Francisco Ausente
42 De la Torre Jaramillo, Eduardo Sergio Ausente
43 De la Torre Sánchez, José Ausente
44 De León Tello, Jesús Ausente
45 Degante Romero, Silvia Emilia Favor
46 Del Toro del Villar, Tomás Ausente
47 Del Valle Toca, Antonio Ausente
48 Delgado Oscoy, Alejandro Enrique Favor
49 Denegre Vaught, Rosaura Favor
50 Deschamps Falcón, Ángel Rafael Favor
51 Díaz de León Torres, Leticia Favor
52 Díaz García, José Antonio Favor
53 Díaz Garibay, Felipe Favor
54 Díaz Gordillo, Martha Cecilia Favor
55 Díaz Mena, Joaquín Jesús Favor
56 Domínguez Servién, Francisco Ausente
57 Duck Núñez, Edgar Mauricio Favor
58 Enríquez Flores, Armando Favor
59 Escaroz Soler, Gerardo Antonio Ausente
60 Escobar Jardinez, Adolfo Favor
61 Espinosa Piña, José Luis Ausente
62 Félix Holguín, Armando Jesús Ausente
63 Felton González, Carlos Eduardo Favor
64 Fernández Cabrera, Adrián Favor
65 Fernández Ugarte, Carmen Favor
66 Flores Domínguez, Emilio Ramón Ramiro Favor
67 Flores Grande, Arturo Ausente
68 Flores Morfín, Jesús Vicente Favor
69 Fraile García, Francisco Antonio Ausente
70 Franco Cazarez, Ricardo Ausente
71 Fuentes Ortiz, José Guillermo Favor
72 García González, Carlos Alberto Favor
73 García Müller, Martha Margarita Favor
74 García Reyes, Ángel Humberto Ausente
75 García Reyes, Beatriz Eugenia Ausente
76 García Vivián, Raúl Ausente
77 Garmendia Hernández, Yolanda Mercedes Favor
78 Gómez Leyva, Silvio Favor
79 González Betancourt, Jorge Justiniano Favor
80 González Martínez, María Gabriela Ausente
81 González Morán, Martín Oscar Favor
82 González Roaro, Benjamín Ernesto Ausente
83 González Ruiz, Felipe Favor
84 González Sánchez, María Dolores Ausente
85 Gudiño Ortiz, Francisco Javier Ausente
86 Guerrero Torres, José Gildardo Favor
87 Gutiérrez Aguilar, Miguel Ángel Ausente
88 Gutiérrez Lagunes, María Victoria Favor
89 Hernández Núñez, Elia Favor
90 Hurtado Pérez, Nelly Asunción Ausente
91 Iragorri Durán, Enrique Favor
92 Jiménez del Castillo, Ma. de los Ángeles Ausente
93 Jiménez Ramos, María Esther Favor
94 Joaquín Coldwell, Addy Cecilia Ausente
95 Lagunes Viveros, Violeta del Pilar Favor
96 Landero Gutiérrez, Alejandro Favor
97 Landeros González, Ramón Favor
98 Lara Compeán, David Favor
99 Larios Córdova, Héctor Ausente
100 Laviada Hernández, Íñigo Antonio Favor
101 Lemus Muñoz Ledo, Ramón Ignacio Favor
102 Leura González, Agustín Ausente
103 Limas Frescas, María Soledad Favor
104 Lizaola de la Torre, Alonso Manuel Ausente
105 López Cisneros, José Martín Favor
106 López Reyna, Omeheira Favor
107 López Silva, Rubí Laura Favor
108 Ludlow Kuri, Lorenzo Daniel Favor
109 Lujano Nicolás, Christian Martín Ausente
110 Maawad Robert, Luis Xavier Favor
111 Macías Zambrano, Gustavo Favor
112 Madrazo Limón, Carlos Ausente
113 Magallón Arceo, Leonardo Melesio de Jesús Favor
114 Malagón Ríos, Martín Favor
115 Maldonado González, David Favor
116 Manuell-Gómez Angulo, Dolores de María Ausente
117 Martínez Valero, Dora Alicia Favor
118 Medellín Varela, Antonio Ausente
119 Medina Macias, Alma Hilda Ausente
120 Medina Rodríguez, Delber Favor
121 Medina Rodríguez, Lizbeth Evelia Favor
122 Mejía García, Luis Alonso Favor
123 Méndez Meneses, Apolonio Favor
124 Mendoza Morales, Lucía Susana Favor
125 Mohamar Dainitin, Oscar Miguel Ausente
126 Mollinedo Hernández, Agustín Favor
127 Monraz Ibarra, Miguel Ángel Ausente
128 Montes Sánchez, Fabián Fernando Ausente
129 Montiel Luis, Lariza Favor
130 Mora Cuevas, Marisol Ausente
131 Morales Ramos, José Nicolás Favor
132 Moreno Álvarez, Mario Eduardo Favor
133 Morgan Franco, Rocío del Carmen Favor
134 Muñoz Serrano, José Antonio Favor
135 Murillo Flores, Francisco Javier Favor
136 Murillo Torres, José Luis Favor
137 Navarro Sugich, Carlos Alberto Ausente
138 Nordhausen González, Jorge Rubén Ausente
139 Noriega Blanco Vigil, María Elena de las Nieves Favor
140 Ochoa López, Nabor Ausente
141 Olvera Higuera, Edgar Armando Ausente
142 Orozco Ruiz Velazco, Marco Heriberto Favor
143 Ortega Martínez, María del Pilar Ausente
144 Ortiz Hernández, Eduardo Favor
145 Ortiz Montoro, Sagrario María del Rosario Favor
146 Oviedo Oviedo, Ernesto Favor
147 Padilla Orozco, Raúl Alejandro Favor
148 Palafox Núñez, José Inés Ausente
149 Paredes Rodríguez, Francisco Javier Favor
150 Parra Jiménez, Dolores María del Carmen Favor
151 Parra Noriega, Luis Gustavo Favor
152 Pérez de Tejada Romero, Diana Carolina Favor
153 Pérez Cuéllar, Cruz Ausente
154 Peyrot Solís, Marco A. Favor
155 Plascencia Alonso, Francisco Javier Ausente
156 Priego Tapia, Gerardo Ausente
157 Pulido Pecero, Pedro Favor
158 Quintero Bello, Jorge Favor
159 Rodríguez Vizcarra Velázquez, Adriana Favor
160 Ramírez Barba, Ector Jaime Ausente
161 Ramírez Corral, Ivette Jacqueline Favor
162 Ramírez Pech, Edgar Martín Ausente
163 Ramírez Villarreal, Gustavo Ausente
164 Ramos Covarrubias, Héctor Manuel Favor
165 Reyes López, Carlos Armando Ausente
166 Rincón Vargas, Mirna Cecilia Favor
167 Rivera Rivera, José Guadalupe Favor
168 Rivero Rivero, Rolando Ausente
169 Rodríguez Ahumada, Luis Fernando Favor
170 Rodríguez Jiménez, Ricardo Ausente
171 Rodríguez Prats, Juan José Ausente
172 Rodríguez Uresti, Enrique Ausente
173 Rojas Hernández, Laura Angélica Favor
174 Román Isidoro, Demetrio Ausente
175 Romo Jiménez, Martha Angélica Favor
176 Rubio Chávez, José Ignacio Alberto Favor
177 Rueda Gómez, Francisco Favor
178 Ruiz Velasco de Lira, Ernesto Favor
179 Salas Contreras, Marcos Favor
180 Salazar Madera, Mario Alberto Ausente
181 Salum del Palacio, Jorge Alejandro Favor
182 Sánchez Díaz de Rivera, Antonio Favor
183 Sánchez Domínguez, Alejandro Favor
184 Sánchez Gil, Carlos René Ausente
185 Sánchez Juárez, Claudia Favor
186 Sánchez Trujillo, José Víctor Ausente
187 Sandoval Munguia, Juan Manuel Ausente
188 Serrato Castell, Luis Gerardo Ausente
189 Shej Guzmán Sara Ausente
190 Solano Muñoz, José de Jesús Favor
191 Stefanonni Mazzocco, Martín Favor
192 Tamayo Herrera, Yadhira Yvette Favor
193 Torres Gómez, Artemio Favor
194 Torres Herrera, Víctor Manuel Favor
195 Torres Torres, Carlos Alberto Favor
196 Valenzuela García, María Gloria Guadalupe Favor
197 Valladolid Rodríguez, Antonio Favor
198 Vasconcelos Rueda, Antonio Ausente
199 Vázquez Martínez, Alberto Favor
200 Vega Corona, Antonio Favor
201 Velázquez Gutiérrez, José Guillermo Favor
202 Verástegui Ostos, César Augusto Ausente
203 Verdín Saldaña, Jaime Favor
204 Victoria Alva, Juan Favor
205 Vieyra Olivares, Adriana Rebeca Favor
206 Villanueva Arjona, Juan Manuel Favor
207 Zambrano Elizondo, Javier Martín Favor
Favor: 123
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 84
Total: 207
PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA
1 Aguirre Alcaide, Víctor Ausente
2 Alavez Ruiz, Aleida Ausente
3 Almazán González, José Antonio Ausente
4 Almonte Borja, Ramón Favor
5 Alonso Flores, Lourdes Ausente
6 Alonso Razo, Humberto Wifredo Favor
7 Altamirano Toledo, Carlos Ausente
8 Alva Olvera, Maribel Luisa Ausente
9 Álvarez Ramón, Silbestre Ausente
10 Amaro Corona, Alberto Ausente
11 Aragón Castillo, Irene Ausente
12 Arellano Pulido, Miguel Ángel Favor
13 Arreola Calderón, Juan Dario Favor
14 Barreiro Pérez, Armando Favor
15 Batres Guadarrama, Valentina Valia Favor
16 Bautista Bravo, Alliet Mariana Favor
17 Bravo Padilla, Itzcóatl Tonatiuh Ausente
18 Brito González, Modesto Ausente
19 Calzada Vázquez, Francisco Javier Favor
20 Campos Aburto, Amador Favor
21 Cárdenas Hernández, Raymundo Favor
22 Cervantes Rodríguez, Aurora Favor
23 Chávez García, Higinio Favor
24 Condado Escamilla, Cuitlahuac Favor
25 Contreras Julián, Maricela Ausente
26 Cruz Santiago, Claudia Lilia Favor
27 Cuevas Córdova, Othón Ausente
28 Dagdug Lützow, Moisés Félix Ausente
29 De la Rosa García, Juan Hugo Ausente
30 De los Santos Molina, Joaquín Conrado Ausente
31 Dehesa Mora, Daniel Ausente
32 Del Toro , Mario Enrique Ausente
33 Díaz Contreras, Adriana Favor
34 Escandón Cadenas, Rutilio Cruz Favor
35 Espejel Lazcano, Jaime Favor
36 Fernández Balboa, Mónica Favor
37 Flores Maldonado, César Ausente
38 Flores Salazar, Guadalupe Socorro Favor
39 Franco Melgarejo, Rafael Favor
40 Gálvez Rodríguez, Fernel Arturo Favor
41 García Rodríguez, Víctor Hugo Ausente
42 Garzón Contreras, Neftalí Favor
43 González Garza, Javier Favor
44 Guerra Ochoa, Juan Nicasio Favor
45 Gutiérrez Calzadilla, José Luis Ausente
46 Hernández Gaytán, Daisy Selene Favor
47 Hernández Hernández, Sergio Favor
48 Hernández Manzanares, Javier Favor
49 Hernández Silva, Benjamín Favor
50 Ibarra Franquez, Sonia Nohelia Ausente
51 Jacques y Medina, José Favor
52 Jiménez Valenzuela, María Eugenia Favor
53 Landero López, Pedro Favor
54 Lemarroy Martínez, Juan Dario Favor
55 Leyva Piñón, Ana Yurixi Ausente
56 Lizárraga Peraza, Víctor Manuel Favor
57 López Barriga, Erick Favor
58 López Becerra, Santiago Favor
59 López Rojas, Alberto Favor
60 López Torres, María Soledad Ausente
61 Lozano Lozano, Andrés Ausente
62 Luna Munguía, Alma Lilia Ausente
63 Márquez Madrid, Camerino Eleazar Favor
64 Márquez Tinoco, Francisco Favor
65 Martínez Hernández, Alejandro Ausente
66 Martínez Martínez, Carlos Roberto Favor
67 Martínez Martínez, Francisco Favor
68 Martínez Padilla, Hugo Eduardo Ausente
69 Martínez Vargas Octavio Favor
70 Matías Alonso, Marcos Favor
71 Matus Toledo, Holly Favor
72 Mayans Canabal, Fernando Ausente
73 Mendoza Arellano, David Ausente
74 Mendoza Flores, Roberto Favor
75 Mendoza Maldonado, Fausto Fluvio Favor
76 Mendoza Mendoza, Irineo Ausente
77 Monreal Ávila, Susana Favor
78 Montalvo Rojas, Victorio Rubén Ausente
79 Morales Manzo, Jesús Ricardo Favor
80 Morales Sánchez, Efraín Ausente
81 Morales Vázquez, Carlos Orsoe Favor
82 Narcía Álvarez, Héctor Favor
83 Navarro López, Carlos Ernesto Favor
84 Navarro Quintero, Miguel Ángel Ausente
85 Ojeda Hernández, Concepción Favor
86 Oliva Fragoso, Silvia Ausente
87 Orcí Martínez, Juan Adolfo Favor
88 Ortega Martínez, Antonio Favor
89 Ortiz Magallón, Rosario Ignacia Ausente
90 Pacheco Llanes, Ramón Félix Ausente
91 Pedraza Chávez, Isidro Favor
92 Pedrozo Castillo, Adrián Ausente
93 Peña Sánchez, Miguel Ángel Ausente
94 Pérez Cruz, Raciel Favor
95 Pulido Santiago, Celso David Ausente
96 Ramos Becerril, Rafael Plácido Favor
97 Ramos Castellanos, Martín Favor
98 Rasgado Corsi, Gloria Favor
99 Ríos Gamboa, Raúl Ausente
100 Romero Gutiérrez, Odilón Favor
101 Ruiz Sánchez, Salvador Favor
102 Saavedra Coronel, José Antonio Ausente
103 Salinas Pérez, Josefina Favor
104 San Martín Hernández, Juan Manuel Ausente
105 Sánchez Barrios, Carlos Favor
106 Sánchez Cabrales, Rafael Elías Ausente
107 Sánchez Camacho, Alejandro Ausente
108 Sánchez Camacho, David Ausente
109 Sánchez Ramos, Francisco Favor
110 Sánchez Valdéz, Eva Angelina Ausente
111 Sandoval Ramírez, Cuauhtémoc Ausente
112 Santos Arreola, Francisco Javier Ausente
113 Solares Chávez, Miguel Ángel Ausente
114 Soriano Sánchez, Rosa Elva Ausente
115 Soto Sánchez, Antonio Favor
116 Suárez del Real y Aguilera, José Alfonso Favor
117 Torres Baltazar, María Elena Favor
118 Torres García, Daniel Favor
119 Trejo Pérez, Pablo Favor
120 Ulloa Pérez, Emilio Favor
121 Vallejo Estevez, Mario Ausente
122 Varela López, Víctor Gabriel Favor
123 Villanueva Albarrán, Gerardo Favor
124 Villicaña García, Rafael Favor
125 Zavaleta Salgado, Ruth Ausente
126 Zazueta Aguilar, Jesús Humberto Favor
127 Zepeda Hernández, Martín Favor
Favor: 74
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 53
Total: 127
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
1 Abramo Masso, Yerico Ausente
2 Aguilar , Diego Favor
3 Aguilar Solís, Samuel Ausente
4 Aispuro Torres, José Rosas Favor
5 Alcántara Núñez, Jesús Sergio Ausente
6 Aldana Prieto, Luis Ricardo Ausente
7 Amador Gaxiola, Daniel Ausente
8 Amador Leal, Narcizo Alberto Ausente
9 Ayala Almeida, Joel Ausente
10 Badillo Martínez, Roberto Ausente
11 Barajas López, Ramón Ausente
12 Barajas del Toro, Salvador Favor
13 Barba Hernández, Alfredo Ausente
14 Beltrán Montes, Israel Ausente
15 Benítez Ojeda, Luis Enrique Favor
16 Bernal Gutiérrez, Andrés Marco Antonio Ausente
17 Biebrich Torres, Carlos Armando Ausente
18 Blanco Pajón, José Luis Ausente
19 Caballero Camargo, Gustavo Fernando Favor
20 Camacho Quiroz, César Octavio Ausente
21 Canavati Tafich, Jesús Ricardo Ausente
22 Carballo Bustamante, Andrés Favor
23 Cárdenas del Avellano, Enrique Ausente
24 Cárdenas Monroy, Oscar Gustavo Ausente
25 Cervantes Andrade, Raúl Ausente
26 Chaurand Arzate, Carlos Favor
27 Colín Guadarrama, María Mercedes Ausente
28 Cordero Alfonzo, Arnulfo Elías Favor
29 De la Garza Treviño, Jorge Luis Ausente
30 Díaz Athié, Antonio de Jesús Favor
31 Díaz Solorzano, Elmar Darinel Ausente
32 Domínguez Domínguez, Nemesio Ausente
33 Duarte Jáquez, César Favor
34 Escajeda Jiménez, José Rubén Favor
35 Escalante Jasso, Aracely Ausente
36 Espinosa Abuxapqui, Eduardo Elías Ausente
37 Estefan Chidiac, Charbel Jorge Ausente
38 Flores Sandoval, Patricio Ausente
39 Fuentes Tellez, Octavio Ausente
40 Gamboa Patrón, Emilio Ausente
41 Garza Garza, Horacio Emigdio Ausente
42 Gebhardt Garduza, Yary del Carmen Favor
43 Gloria Requena, Tomás Ausente
44 Gómez Lugo, Elda Ausente
45 González Calderón, Martha Hilda Favor
46 González Salum, Miguel Ángel Ausente
47 González Zarur, Mariano Ausente
48 Guerrero García, Javier Ausente
49 Guerrero Juárez, Joel Favor
50 Herrera Ale, Juana Leticia Favor
51 Herrera Coyac, Wenceslao Favor
52 Izquierdo Bustamante, Alfonso Rolando Ausente
53 Lagunes Gallina, Gerardo Ausente
54 Lescieur Talavera, Jorge Mario Ausente
55 López Balbuena, Guillermina Favor
56 Madrid Tovilla, Areli Favor
57 Martínez Rodríguez, Lorena Ausente
58 Martínez Rocha, Arturo Ausente
59 Méndez Lanz, Víctor Manuel Ausente
60 Mendívil Amparám, Gustavo Ildefonso Ausente
61 Merodio Reza, Lilia Guadalupe Favor
62 Moctezuma Pereda, Fernando Quetzalcoatl Ausente
63 Montalvo Gómez, Pedro Favor
64 Morales García, Elizabeth Ausente
65 Mota Hernández, Adolfo Ausente
66 Muñoz Serna, Rogelio Favor
67 Murat , José Ausente
68 Ochoa González, Arnoldo Ausente
69 Ojeda Camacho, Gilberto Ausente
70 Olivares Monterrubio, Alejandro Ausente
71 Olivares Ventura, Héctor Hugo Ausente
72 Ordaz Jiménez, Ismael Ausente
73 Orihuela Bárcenas, José Ascención Favor
74 Orihuela Trejo, José Amado Ausente
75 Ortiz del Carpio, Víctor Favor
76 Ortiz Proal, Mauricio Favor
77 Padilla Gutiérrez, Héctor Ausente
78 Pagés Llergo Rebollar, María Beatriz Favor
79 Palma César, Víctor Samuel Ausente
80 Parás González, Juan Manuel Ausente
81 Partida Guzmán, Martha Rocío Favor
82 Patrón Montalvo, Jesús Manuel Favor
83 Peñuelas Acuña, Mayra Gisela Favor
84 Pérez Valdés, Daniel Ausente
85 Pinete Vargas, María del Carmen Favor
86 Quiñones Canales, Lourdes Favor
87 Ramírez Martínez, José Edmundo Favor
88 Ramírez Stabros, Jesús Ausente
89 Reyna García, José Jesús Favor
90 Ríos Camarena, Alfredo Adolfo Favor
91 Rivera Bedoya, Juan Francisco Favor
92 Rodríguez Ramírez, Bertha Yolanda Ausente
93 Rojas Gutiérrez, Carlos Favor
94 Ruiz Chávez, Sara Latife Ausente
95 Salas López, Ramón Favor
96 Sánchez Hernández, Eduardo Ausente
97 Sandoval Paredes, Sergio Favor
98 Serrano Escobar, Enrique Favor
99 Sosa Castelán, Gerardo Ausente
100 Toledo Luis, Jorge Ausente
101 Vargas Landeros, Gerardo Octavio Favor
102 Vega Ortiz, María Oralia Favor
103 Velasco Pérez, Juan Carlos Ausente
104 Villa Villa, Isael Ausente
105 Villanueva Abraján, Patricia Favor
106 Zatarain González, Carlos Ernesto Ausente
Favor: 41
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 65
Total: 106
CONVERGENCIA
1 Abad de Jesús, Juan Favor
2 Aguilera Rico, José Luis Ausente
3 Cárdenas Márquez, Elías Favor
4 Castellanos Hernández, Félix Favor
5 Castillo Romero, Patricia Obdulia de Jesús Favor
6 Chanona Burguete, Alejandro Ausente
7 Del Río Virgen, José Manuel Favor
8 Godoy Cárdenas, Jorge Favor
9 López Lena Cruz, Humberto Favor
10 Salvatori Bronca, María del Carmen Favor
11 Samperio Montaño, Juan Ignacio Ausente
12 Sansores San Román, Layda Elena Ausente
13 Tagle Martínez, Martha Angélica Ausente
14 Uscanga Cruz, Robinson Ausente
15 Valdés Chávez, Ramón Ausente
16 Varela Lagunas, Tomás José Luis Favor
17 Velasco Oliva, Jesús Cuauhtémoc Ausente
Favor: 9
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 8
Total: 17
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO
1 Arévalo González, José Antonio Favor
2 Bellizzia Rosique, Pascual Favor
3 Cobo Terrazas, Diego Favor
4 Elizondo Garrido, Francisco Ausente
5 Estrada González, Faustino Javier Ausente
6 González Martínez, Jorge Emilio Ausente
7 Lavara Mejía, Gloria Favor
8 López Adame, Antonio Xavier Ausente
9 Manrique Guevara, Beatriz Ausente
10 Notholt Guerrero, Alan Favor
11 Portilla Diéguez, Manuel Ausente
12 Puente Salas, Carlos Alberto Favor
13 Ramírez Cerda, Ana María Ausente
14 Rodríguez Luis, Alejandro Ausente
15 Salgado Amador, Manuel Salvador Favor
16 Sesma Suárez, Jesús Ausente
17 Velasco Rodríguez, Verónica Ausente
Favor: 7
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 10
Total: 17
PARTIDO DEL TRABAJO
1 Aguilar Jiménez, Rubén Favor
2 Arreola Ortega, Pablo Leopoldo Favor
3 Cantú Garza, Ricardo Favor
4 Cervantes Rivera, Jaime Ausente
5 Garay Ulloa, Silvano Favor
6 Herrera Solís, Anuario Luis Ausente
7 Maciel Ortiz, María Mercedez Ausente
8 Peregrino García, Abundio Ausente
9 Romero Guzmán, Rosa Elia Ausente
10 Solís Parga, Rodolfo Favor
11 Vela González, Joaquín Humberto Favor
Favor: 6
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 5
Total: 11
PARTIDO NUEVA ALIANZA
1 Arriola Gordillo, Mónica Ausente
2 Cárdenas Fonseca, Manuel Ausente
3 Castillo Nájera, Ariel Favor
4 Dávila Esquivel, Humberto Ausente
5 Gómez Pasillas, Jacinto Favor
6 Jiménez Godínez, Miguel Ángel Ausente
7 Luna Becerril, Blanca Favor
8 Luna Rodríguez, Silvia Favor
9 Piñeyro Arias, Irma Ausente
Favor: 4
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 5
Total: 9
PARTIDO ALTERNATIVA SOCIAL
1 Arvizu Rivas, Aida Marina Ausente
2 Conde Rodríguez, Elsa de Guadalupe Ausente
3 García Méndez, Armando Favor
4 Hernández Valadés, Delio Favor
5 Pedro Cortés, Santiago Gustavo Ausente
Favor: 2
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 3
Total: 5
Del dictamen de la Comisión de Seguridad Pública, con proyecto de decreto que adiciona el artículo 4 Bis a la Ley del Registro Público Vehicular (en lo general y en lo particular)
PARTIDO ACCION NACIONAL
1 Acosta Dávila, Constantino Favor
2 Aguilar López, José Alejandro Favor
3 Alcalde Virgen, Moisés Favor
4 Alcaraz Hernández, Alma Edwviges Favor
5 Álvarez Bernal, María Elena Favor
6 Amezola Fonceca, Gerardo Favor
7 Antuna Batista, Fidel Favor
8 Aranda Orozco, Gerardo Ausente
9 Arellano Arellano, Joel Favor
10 Arenas Guzmán, Margarita Ausente
11 Arizméndi Uribe, Efraín Ausente
12 Armendáriz García, Pedro Ausente
13 Arredondo Ibarra, Salvador Favor
14 Arredondo Velázquez, Jesús Favor
15 Ávila Mayo, Obdulio Ausente
16 Barradas Miravete, Gregorio Favor
17 Barrios Rodríguez, Juan Enrique Ausente
18 Bello Pérez, Alfonso Othón Ausente
19 Berber Martínez, Antonio Ausente
20 Bermúdez Viramontes, Andrés Ausente
21 Bolaños Aguilar, Edmundo Javier Ausente
22 Borrego Estrada, Felipe Favor
23 Bracho González, Carlos Augusto Favor
24 Buganza Salmerón, Gerardo Favor
25 Campos Galván, María Eugenia Ausente
26 Carbajal Méndez, Liliana Ausente
27 Cárdenas Sánchez, Esmeralda Ausente
28 Cardona Benavídez, Alma Xóchil Favor
29 Carrasco Altamirano, Diódoro Humberto Ausente
30 Castaño Contreras, Cristián Ausente
31 Castro de la Rosa, Osiel Ausente
32 Castro Muñoz, Juan de Dios Ausente
33 Ceja Romero, Ramón Favor
34 Chávez García, Daniel Favor
35 Collado Lara, Beatriz Ausente
36 Contreras Coeto, José Luis Favor
37 Corral Aguilar, María Mercedes Ausente
38 Cuen Garibi, Marcela Favor
39 Curiel Preciado, Leobardo Ausente
40 Dávila Fernández, Adriana Favor
41 Dávila García, Francisco Favor
42 De la Torre Jaramillo, Eduardo Sergio Favor
43 De la Torre Sánchez, José Ausente
44 De León Tello, Jesús Favor
45 Degante Romero, Silvia Emilia Favor
46 Del Toro del Villar, Tomás Ausente
47 Del Valle Toca, Antonio Favor
48 Delgado Oscoy, Alejandro Enrique Favor
49 Denegre Vaught, Rosaura Ausente
50 Deschamps Falcón, Ángel Rafael Favor
51 Díaz de León Torres, Leticia Favor
52 Díaz García, José Antonio Favor
53 Díaz Garibay, Felipe Favor
54 Díaz Gordillo, Martha Cecilia Ausente
55 Díaz Mena, Joaquín Jesús Favor
56 Domínguez Servién, Francisco Ausente
57 Duck Núñez, Edgar Mauricio Favor
58 Enríquez Flores, Armando Favor
59 Escaroz Soler, Gerardo Antonio Ausente
60 Escobar Jardinez, Adolfo Favor
61 Espinosa Piña, José Luis Ausente
62 Félix Holguín, Armando Jesús Ausente
63 Felton González, Carlos Eduardo Favor
64 Fernández Cabrera, Adrián Favor
65 Fernández Ugarte, Carmen Favor
66 Flores Domínguez, Emilio Ramón Ramiro Favor
67 Flores Grande, Arturo Ausente
68 Flores Morfín, Jesús Vicente Favor
69 Fraile García, Francisco Antonio Ausente
70 Franco Cazarez, Ricardo Ausente
71 Fuentes Ortiz, José Guillermo Favor
72 García González, Carlos Alberto Favor
73 García Müller, Martha Margarita Favor
74 García Reyes, Ángel Humberto Ausente
75 García Reyes, Beatriz Eugenia Ausente
76 García Vivián, Raúl Favor
77 Garmendia Hernández, Yolanda Mercedes Ausente
78 Gómez Leyva, Silvio Favor
79 González Betancourt, Jorge Justiniano Favor
80 González Martínez, María Gabriela Ausente
81 González Morán, Martín Oscar Favor
82 González Roaro, Benjamín Ernesto Favor
83 González Ruiz, Felipe Favor
84 González Sánchez, María Dolores Ausente
85 Gudiño Ortiz, Francisco Javier Ausente
86 Guerrero Torres, José Gildardo Favor
87 Gutiérrez Aguilar, Miguel Ángel Ausente
88 Gutiérrez Lagunes, María Victoria Favor
89 Hernández Núñez, Elia Favor
90 Hurtado Pérez, Nelly Asunción Ausente
91 Iragorri Durán, Enrique Favor
92 Jiménez del Castillo, Ma. de los Ángeles Ausente
93 Jiménez Ramos, María Esther Favor
94 Joaquín Coldwell, Addy Cecilia Ausente
95 Lagunes Viveros, Violeta del Pilar Ausente
96 Landero Gutiérrez, Alejandro Favor
97 Landeros González, Ramón Favor
98 Lara Compeán, David Favor
99 Larios Córdova, Héctor Ausente
100 Laviada Hernández, Íñigo Antonio Favor
101 Lemus Muñoz Ledo, Ramón Ignacio Favor
102 Leura González, Agustín Ausente
103 Limas Frescas, María Soledad Favor
104 Lizaola de la Torre, Alonso Manuel Ausente
105 López Cisneros, José Martín Favor
106 López Reyna, Omeheira Favor
107 López Silva, Rubí Laura Favor
108 Ludlow Kuri, Lorenzo Daniel Favor
109 Lujano Nicolás, Christian Martín Ausente
110 Maawad Robert, Luis Xavier Favor
111 Macías Zambrano, Gustavo Favor
112 Madrazo Limón, Carlos Ausente
113 Magallón Arceo, Leonardo Melesio de Jesús Favor
114 Malagón Ríos, Martín Favor
115 Maldonado González, David Favor
116 Manuell-Gómez Angulo, Dolores de María Ausente
117 Martínez Valero, Dora Alicia Ausente
118 Medellín Varela, Antonio Ausente
119 Medina Macias, Alma Hilda Ausente
120 Medina Rodríguez, Delber Favor
121 Medina Rodríguez, Lizbeth Evelia Ausente
122 Mejía García, Luis Alonso Favor
123 Méndez Meneses, Apolonio Favor
124 Mendoza Morales, Lucía Susana Favor
125 Mohamar Dainitin, Oscar Miguel Ausente
126 Mollinedo Hernández, Agustín Favor
127 Monraz Ibarra, Miguel Ángel Ausente
128 Montes Sánchez, Fabián Fernando Ausente
129 Montiel Luis, Lariza Favor
130 Mora Cuevas, Marisol Ausente
131 Morales Ramos, José Nicolás Favor
132 Moreno Álvarez, Mario Eduardo Favor
133 Morgan Franco, Rocío del Carmen Favor
134 Muñoz Serrano, José Antonio Favor
135 Murillo Flores, Francisco Javier Favor
136 Murillo Torres, José Luis Favor
137 Navarro Sugich, Carlos Alberto Ausente
138 Nordhausen González, Jorge Rubén Ausente
139 Noriega Blanco Vigil, María Elena de las Nieves Ausente
140 Ochoa López, Nabor Ausente
141 Olvera Higuera, Edgar Armando Ausente
142 Orozco Ruiz Velazco, Marco Heriberto Favor
143 Ortega Martínez, María del Pilar Ausente
144 Ortiz Hernández, Eduardo Favor
145 Ortiz Montoro, Sagrario María del Rosario Favor
146 Oviedo Oviedo, Ernesto Favor
147 Padilla Orozco, Raúl Alejandro Favor
148 Palafox Núñez, José Inés Ausente
149 Paredes Rodríguez, Francisco Javier Favor
150 Parra Jiménez, Dolores María del Carmen Favor
151 Parra Noriega, Luis Gustavo Favor
152 Pérez de Tejada Romero, Diana Carolina Favor
153 Pérez Cuéllar, Cruz Ausente
154 Peyrot Solís, Marco A. Favor
155 Plascencia Alonso, Francisco Javier Ausente
156 Priego Tapia, Gerardo Ausente
157 Pulido Pecero, Pedro Favor
158 Quintero Bello, Jorge Favor
159 Rodríguez Vizcarra Velázquez, Adriana Favor
160 Ramírez Barba, Ector Jaime Ausente
161 Ramírez Corral, Ivette Jacqueline Favor
162 Ramírez Pech, Edgar Martín Favor
163 Ramírez Villarreal, Gustavo Ausente
164 Ramos Covarrubias, Héctor Manuel Favor
165 Reyes López, Carlos Armando Ausente
166 Rincón Vargas, Mirna Cecilia Favor
167 Rivera Rivera, José Guadalupe Favor
168 Rivero Rivero, Rolando Ausente
169 Rodríguez Ahumada, Luis Fernando Favor
170 Rodríguez Jiménez, Ricardo Ausente
171 Rodríguez Prats, Juan José Ausente
172 Rodríguez Uresti, Enrique Ausente
173 Rojas Hernández, Laura Angélica Favor
174 Román Isidoro, Demetrio Ausente
175 Romo Jiménez, Martha Angélica Favor
176 Rubio Chávez, José Ignacio Alberto Favor
177 Rueda Gómez, Francisco Ausente
178 Ruiz Velasco de Lira, Ernesto Ausente
179 Salas Contreras, Marcos Favor
180 Salazar Madera, Mario Alberto Ausente
181 Salum del Palacio, Jorge Alejandro Favor
182 Sánchez Díaz de Rivera, Antonio Favor
183 Sánchez Domínguez, Alejandro Favor
184 Sánchez Gil, Carlos René Ausente
185 Sánchez Juárez, Claudia Favor
186 Sánchez Trujillo, José Víctor Ausente
187 Sandoval Munguia, Juan Manuel Ausente
188 Serrato Castell, Luis Gerardo Ausente
189 Shej Guzmán Sara Ausente
190 Solano Muñoz, José de Jesús Favor
191 Stefanonni Mazzocco, Martín Favor
192 Tamayo Herrera, Yadhira Yvette Favor
193 Torres Gómez, Artemio Favor
194 Torres Herrera, Víctor Manuel Favor
195 Torres Torres, Carlos Alberto Favor
196 Valenzuela García, María Gloria Guadalupe Favor
197 Valladolid Rodríguez, Antonio Favor
198 Vasconcelos Rueda, Antonio Favor
199 Vázquez Martínez, Alberto Favor
200 Vega Corona, Antonio Favor
201 Velázquez Gutiérrez, José Guillermo Favor
202 Verástegui Ostos, César Augusto Ausente
203 Verdín Saldaña, Jaime Favor
204 Victoria Alva, Juan Favor
205 Vieyra Olivares, Adriana Rebeca Favor
206 Villanueva Arjona, Juan Manuel Favor
207 Zambrano Elizondo, Javier Martín Favor
Favor: 124
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 83
Total: 207
PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA
1 Aguirre Alcaide, Víctor Ausente
2 Alavez Ruiz, Aleida Ausente
3 Almazán González, José Antonio Ausente
4 Almonte Borja, Ramón Favor
5 Alonso Flores, Lourdes Ausente
6 Alonso Razo, Humberto Wifredo Favor
7 Altamirano Toledo, Carlos Ausente
8 Alva Olvera, Maribel Luisa Ausente
9 Álvarez Ramón, Silbestre Ausente
10 Amaro Corona, Alberto Favor
11 Aragón Castillo, Irene Ausente
12 Arellano Pulido, Miguel Ángel Favor
13 Arreola Calderón, Juan Dario Favor
14 Barreiro Pérez, Armando Favor
15 Batres Guadarrama, Valentina Valia Favor
16 Bautista Bravo, Alliet Mariana Ausente
17 Bravo Padilla, Itzcóatl Tonatiuh Ausente
18 Brito González, Modesto Ausente
19 Calzada Vázquez, Francisco Javier Favor
20 Campos Aburto, Amador Favor
21 Cárdenas Hernández, Raymundo Favor
22 Cervantes Rodríguez, Aurora Favor
23 Chávez García, Higinio Favor
24 Condado Escamilla, Cuitlahuac Favor
25 Contreras Julián, Maricela Ausente
26 Cruz Santiago, Claudia Lilia Ausente
27 Cuevas Córdova, Othón Ausente
28 Dagdug Lützow, Moisés Félix Ausente
29 De la Rosa García, Juan Hugo Ausente
30 De los Santos Molina, Joaquín Conrado Ausente
31 Dehesa Mora, Daniel Ausente
32 Del Toro , Mario Enrique Ausente
33 Díaz Contreras, Adriana Favor
34 Escandón Cadenas, Rutilio Cruz Favor
35 Espejel Lazcano, Jaime Favor
36 Fernández Balboa, Mónica Favor
37 Flores Maldonado, César Ausente
38 Flores Salazar, Guadalupe Socorro Favor
39 Franco Melgarejo, Rafael Favor
40 Gálvez Rodríguez, Fernel Arturo Favor
41 García Rodríguez, Víctor Hugo Ausente
42 Garzón Contreras, Neftalí Favor
43 González Garza, Javier Favor
44 Guerra Ochoa, Juan Nicasio Favor
45 Gutiérrez Calzadilla, José Luis Ausente
46 Hernández Gaytán, Daisy Selene Favor
47 Hernández Hernández, Sergio Favor
48 Hernández Manzanares, Javier Favor
49 Hernández Silva, Benjamín Favor
50 Ibarra Franquez, Sonia Nohelia Ausente
51 Jacques y Medina, José Favor
52 Jiménez Valenzuela, María Eugenia Favor
53 Landero López, Pedro Ausente
54 Lemarroy Martínez, Juan Dario Favor
55 Leyva Piñón, Ana Yurixi Favor
56 Lizárraga Peraza, Víctor Manuel Favor
57 López Barriga, Erick Favor
58 López Becerra, Santiago Favor
59 López Rojas, Alberto Favor
60 López Torres, María Soledad Ausente
61 Lozano Lozano, Andrés Ausente
62 Luna Munguía, Alma Lilia Ausente
63 Márquez Madrid, Camerino Eleazar Favor
64 Márquez Tinoco, Francisco Favor
65 Martínez Hernández, Alejandro Ausente
66 Martínez Martínez, Carlos Roberto Favor
67 Martínez Martínez, Francisco Favor
68 Martínez Padilla, Hugo Eduardo Ausente
69 Martínez Vargas Octavio Favor
70 Matías Alonso, Marcos Favor
71 Matus Toledo, Holly Favor
72 Mayans Canabal, Fernando Ausente
73 Mendoza Arellano, David Ausente
74 Mendoza Flores, Roberto Favor
75 Mendoza Maldonado, Fausto Fluvio Favor
76 Mendoza Mendoza, Irineo Ausente
77 Monreal Ávila, Susana Favor
78 Montalvo Rojas, Victorio Rubén Ausente
79 Morales Manzo, Jesús Ricardo Ausente
80 Morales Sánchez, Efraín Favor
81 Morales Vázquez, Carlos Orsoe Ausente
82 Narcía Álvarez, Héctor Favor
83 Navarro López, Carlos Ernesto Favor
84 Navarro Quintero, Miguel Ángel Ausente
85 Ojeda Hernández, Concepción Favor
86 Oliva Fragoso, Silvia Ausente
87 Orcí Martínez, Juan Adolfo Favor
88 Ortega Martínez, Antonio Favor
89 Ortiz Magallón, Rosario Ignacia Ausente
90 Pacheco Llanes, Ramón Félix Ausente
91 Pedraza Chávez, Isidro Favor
92 Pedrozo Castillo, Adrián Ausente
93 Peña Sánchez, Miguel Ángel Ausente
94 Pérez Cruz, Raciel Favor
95 Pulido Santiago, Celso David Ausente
96 Ramos Becerril, Rafael Plácido Favor
97 Ramos Castellanos, Martín Favor
98 Rasgado Corsi, Gloria Favor
99 Ríos Gamboa, Raúl Favor
100 Romero Gutiérrez, Odilón Favor
101 Ruiz Sánchez, Salvador Favor
102 Saavedra Coronel, José Antonio Favor
103 Salinas Pérez, Josefina Favor
104 San Martín Hernández, Juan Manuel Ausente
105 Sánchez Barrios, Carlos Favor
106 Sánchez Cabrales, Rafael Elías Ausente
107 Sánchez Camacho, Alejandro Ausente
108 Sánchez Camacho, David Ausente
109 Sánchez Ramos, Francisco Ausente
110 Sánchez Valdéz, Eva Angelina Ausente
111 Sandoval Ramírez, Cuauhtémoc Ausente
112 Santos Arreola, Francisco Javier Ausente
113 Solares Chávez, Miguel Ángel Ausente
114 Soriano Sánchez, Rosa Elva Favor
115 Soto Sánchez, Antonio Favor
116 Suárez del Real y Aguilera, José Alfonso Favor
117 Torres Baltazar, María Elena Favor
118 Torres García, Daniel Favor
119 Trejo Pérez, Pablo Favor
120 Ulloa Pérez, Emilio Favor
121 Vallejo Estevez, Mario Ausente
122 Varela López, Víctor Gabriel Favor
123 Villanueva Albarrán, Gerardo Favor
124 Villicaña García, Rafael Favor
125 Zavaleta Salgado, Ruth Ausente
126 Zazueta Aguilar, Jesús Humberto Favor
127 Zepeda Hernández, Martín Favor
Favor: 74
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 53
Total: 127
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
1 Abramo Masso, Yerico Ausente
2 Aguilar , Diego Favor
3 Aguilar Solís, Samuel Ausente
4 Aispuro Torres, José Rosas Favor
5 Alcántara Núñez, Jesús Sergio Ausente
6 Aldana Prieto, Luis Ricardo Ausente
7 Amador Gaxiola, Daniel Ausente
8 Amador Leal, Narcizo Alberto Ausente
9 Ayala Almeida, Joel Ausente
10 Badillo Martínez, Roberto Favor
11 Barajas López, Ramón Ausente
12 Barajas del Toro, Salvador Favor
13 Barba Hernández, Alfredo Ausente
14 Beltrán Montes, Israel Ausente
15 Benítez Ojeda, Luis Enrique Ausente
16 Bernal Gutiérrez, Andrés Marco Antonio Ausente
17 Biebrich Torres, Carlos Armando Ausente
18 Blanco Pajón, José Luis Ausente
19 Caballero Camargo, Gustavo Fernando Favor
20 Camacho Quiroz, César Octavio Ausente
21 Canavati Tafich, Jesús Ricardo Ausente
22 Carballo Bustamante, Andrés Favor
23 Cárdenas del Avellano, Enrique Ausente
24 Cárdenas Monroy, Oscar Gustavo Favor
25 Cervantes Andrade, Raúl Ausente
26 Chaurand Arzate, Carlos Favor
27 Colín Guadarrama, María Mercedes Ausente
28 Cordero Alfonzo, Arnulfo Elías Favor
29 De la Garza Treviño, Jorge Luis Ausente
30 Díaz Athié, Antonio de Jesús Favor
31 Díaz Solorzano, Elmar Darinel Ausente
32 Domínguez Domínguez, Nemesio Ausente
33 Duarte Jáquez, César Ausente
34 Escajeda Jiménez, José Rubén Favor
35 Escalante Jasso, Aracely Ausente
36 Espinosa Abuxapqui, Eduardo Elías Ausente
37 Estefan Chidiac, Charbel Jorge Ausente
38 Flores Sandoval, Patricio Favor
39 Fuentes Tellez, Octavio Ausente
40 Gamboa Patrón, Emilio Ausente
41 Garza Garza, Horacio Emigdio Ausente
42 Gebhardt Garduza, Yary del Carmen Favor
43 Gloria Requena, Tomás Ausente
44 Gómez Lugo, Elda Ausente
45 González Calderón, Martha Hilda Favor
46 González Salum, Miguel Ángel Ausente
47 González Zarur, Mariano Ausente
48 Guerrero García, Javier Favor
49 Guerrero Juárez, Joel Favor
50 Herrera Ale, Juana Leticia Ausente
51 Herrera Coyac, Wenceslao Favor
52 Izquierdo Bustamante, Alfonso Rolando Ausente
53 Lagunes Gallina, Gerardo Ausente
54 Lescieur Talavera, Jorge Mario Favor
55 López Balbuena, Guillermina Favor
56 Madrid Tovilla, Areli Ausente
57 Martínez Rodríguez, Lorena Ausente
58 Martínez Rocha, Arturo Ausente
59 Méndez Lanz, Víctor Manuel Ausente
60 Mendívil Amparám, Gustavo Ildefonso Ausente
61 Merodio Reza, Lilia Guadalupe Favor
62 Moctezuma Pereda, Fernando Quetzalcoatl Ausente
63 Montalvo Gómez, Pedro Favor
64 Morales García, Elizabeth Ausente
65 Mota Hernández, Adolfo Favor
66 Muñoz Serna, Rogelio Favor
67 Murat , José Ausente
68 Ochoa González, Arnoldo Ausente
69 Ojeda Camacho, Gilberto Ausente
70 Olivares Monterrubio, Alejandro Favor
71 Olivares Ventura, Héctor Hugo Ausente
72 Ordaz Jiménez, Ismael Ausente
73 Orihuela Bárcenas, José Ascención Favor
74 Orihuela Trejo, José Amado Ausente
75 Ortiz del Carpio, Víctor Favor
76 Ortiz Proal, Mauricio Ausente
77 Padilla Gutiérrez, Héctor Ausente
78 Pagés Llergo Rebollar, María Beatriz Favor
79 Palma César, Víctor Samuel Ausente
80 Parás González, Juan Manuel Ausente
81 Partida Guzmán, Martha Rocío Favor
82 Patrón Montalvo, Jesús Manuel Favor
83 Peñuelas Acuña, Mayra Gisela Favor
84 Pérez Valdés, Daniel Ausente
85 Pinete Vargas, María del Carmen Favor
86 Quiñones Canales, Lourdes Favor
87 Ramírez Martínez, José Edmundo Favor
88 Ramírez Stabros, Jesús Ausente
89 Reyna García, José Jesús Favor
90 Ríos Camarena, Alfredo Adolfo Favor
91 Rivera Bedoya, Juan Francisco Favor
92 Rodríguez Ramírez, Bertha Yolanda Ausente
93 Rojas Gutiérrez, Carlos Favor
94 Ruiz Chávez, Sara Latife Ausente
95 Salas López, Ramón Favor
96 Sánchez Hernández, Eduardo Ausente
97 Sandoval Paredes, Sergio Favor
98 Serrano Escobar, Enrique Favor
99 Sosa Castelán, Gerardo Ausente
100 Toledo Luis, Jorge Ausente
101 Vargas Landeros, Gerardo Octavio Favor
102 Vega Ortiz, María Oralia Favor
103 Velasco Pérez, Juan Carlos Ausente
104 Villa Villa, Isael Ausente
105 Villanueva Abraján, Patricia Ausente
106 Zatarain González, Carlos Ernesto Ausente
Favor: 42
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 64
Total: 106
CONVERGENCIA
1 Abad de Jesús, Juan Favor
2 Aguilera Rico, José Luis Ausente
3 Cárdenas Márquez, Elías Favor
4 Castellanos Hernández, Félix Favor
5 Castillo Romero, Patricia Obdulia de Jesús Ausente
6 Chanona Burguete, Alejandro Ausente
7 Del Río Virgen, José Manuel Ausente
8 Godoy Cárdenas, Jorge Favor
9 López Lena Cruz, Humberto Favor
10 Salvatori Bronca, María del Carmen Favor
11 Samperio Montaño, Juan Ignacio Ausente
12 Sansores San Román, Layda Elena Ausente
13 Tagle Martínez, Martha Angélica Ausente
14 Uscanga Cruz, Robinson Ausente
15 Valdés Chávez, Ramón Ausente
16 Varela Lagunas, Tomás José Luis Favor
17 Velasco Oliva, Jesús Cuauhtémoc Ausente
Favor: 7
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 10
Total: 17
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO
1 Arévalo González, José Antonio Ausente
2 Bellizzia Rosique, Pascual Ausente
3 Cobo Terrazas, Diego Favor
4 Elizondo Garrido, Francisco Ausente
5 Estrada González, Faustino Javier Ausente
6 González Martínez, Jorge Emilio Ausente
7 Lavara Mejía, Gloria Favor
8 López Adame, Antonio Xavier Ausente
9 Manrique Guevara, Beatriz Ausente
10 Notholt Guerrero, Alan Favor
11 Portilla Diéguez, Manuel Ausente
12 Puente Salas, Carlos Alberto Favor
13 Ramírez Cerda, Ana María Ausente
14 Rodríguez Luis, Alejandro Ausente
15 Salgado Amador, Manuel Salvador Favor
16 Sesma Suárez, Jesús Favor
17 Velasco Rodríguez, Verónica Ausente
Favor: 6
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 11
Total: 17
PARTIDO DEL TRABAJO
1 Aguilar Jiménez, Rubén Ausente
2 Arreola Ortega, Pablo Leopoldo Favor
3 Cantú Garza, Ricardo Favor
4 Cervantes Rivera, Jaime Ausente
5 Garay Ulloa, Silvano Favor
6 Herrera Solís, Anuario Luis Favor
7 Maciel Ortiz, María Mercedez Ausente
8 Peregrino García, Abundio Ausente
9 Romero Guzmán, Rosa Elia Ausente
10 Solís Parga, Rodolfo Favor
11 Vela González, Joaquín Humberto Ausente
Favor: 5
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 6
Total: 11
PARTIDO NUEVA ALIANZA
1 Arriola Gordillo, Mónica Ausente
2 Cárdenas Fonseca, Manuel Ausente
3 Castillo Nájera, Ariel Favor
4 Dávila Esquivel, Humberto Ausente
5 Gómez Pasillas, Jacinto Favor
6 Jiménez Godínez, Miguel Ángel Ausente
7 Luna Becerril, Blanca Ausente
8 Luna Rodríguez, Silvia Favor
9 Piñeyro Arias, Irma Favor
Favor: 4
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 5
Total: 9
PARTIDO ALTERNATIVA SOCIAL
1 Arvizu Rivas, Aida Marina Ausente
2 Conde Rodríguez, Elsa de Guadalupe Ausente
3 García Méndez, Armando Favor
4 Hernández Valadés, Delio Ausente
5 Pedro Cortés, Santiago Gustavo Ausente
Favor: 1
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 4
Total: 5
Del dictamen de la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto que reforma la fracción II y adiciona la III al artículo 184 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y reforma las fracciones XXXV y XXXVI del artículo 81 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación (en lo general y en lo particular)
PARTIDO ACCION NACIONAL
1 Acosta Dávila, Constantino Favor
2 Aguilar López, José Alejandro Favor
3 Alcalde Virgen, Moisés Favor
4 Alcaraz Hernández, Alma Edwviges Favor
5 Álvarez Bernal, María Elena Favor
6 Amezola Fonceca, Gerardo Favor
7 Antuna Batista, Fidel Favor
8 Aranda Orozco, Gerardo Ausente
9 Arellano Arellano, Joel Favor
10 Arenas Guzmán, Margarita Ausente
11 Arizméndi Uribe, Efraín Ausente
12 Armendáriz García, Pedro Ausente
13 Arredondo Ibarra, Salvador Favor
14 Arredondo Velázquez, Jesús Favor
15 Ávila Mayo, Obdulio Ausente
16 Barradas Miravete, Gregorio Favor
17 Barrios Rodríguez, Juan Enrique Ausente
18 Bello Pérez, Alfonso Othón Ausente
19 Berber Martínez, Antonio Ausente
20 Bermúdez Viramontes, Andrés Ausente
21 Bolaños Aguilar, Edmundo Javier Ausente
22 Borrego Estrada, Felipe Favor
23 Bracho González, Carlos Augusto Favor
24 Buganza Salmerón, Gerardo Favor
25 Campos Galván, María Eugenia Ausente
26 Carbajal Méndez, Liliana Ausente
27 Cárdenas Sánchez, Esmeralda Ausente
28 Cardona Benavídez, Alma Xóchil Favor
29 Carrasco Altamirano, Diódoro Humberto Ausente
30 Castaño Contreras, Cristián Ausente
31 Castro de la Rosa, Osiel Ausente
32 Castro Muñoz, Juan de Dios Ausente
33 Ceja Romero, Ramón Favor
34 Chávez García, Daniel Favor
35 Collado Lara, Beatriz Ausente
36 Contreras Coeto, José Luis Favor
37 Corral Aguilar, María Mercedes Ausente
38 Cuen Garibi, Marcela Favor
39 Curiel Preciado, Leobardo Ausente
40 Dávila Fernández, Adriana Favor
41 Dávila García, Francisco Ausente
42 De la Torre Jaramillo, Eduardo Sergio Favor
43 De la Torre Sánchez, José Ausente
44 De León Tello, Jesús Favor
45 Degante Romero, Silvia Emilia Favor
46 Del Toro del Villar, Tomás Favor
47 Del Valle Toca, Antonio Favor
48 Delgado Oscoy, Alejandro Enrique Favor
49 Denegre Vaught, Rosaura Ausente
50 Deschamps Falcón, Ángel Rafael Favor
51 Díaz de León Torres, Leticia Favor
52 Díaz García, José Antonio Favor
53 Díaz Garibay, Felipe Favor
54 Díaz Gordillo, Martha Cecilia Ausente
55 Díaz Mena, Joaquín Jesús Favor
56 Domínguez Servién, Francisco Ausente
57 Duck Núñez, Edgar Mauricio Ausente
58 Enríquez Flores, Armando Favor
59 Escaroz Soler, Gerardo Antonio Ausente
60 Escobar Jardinez, Adolfo Favor
61 Espinosa Piña, José Luis Ausente
62 Félix Holguín, Armando Jesús Ausente
63 Felton González, Carlos Eduardo Favor
64 Fernández Cabrera, Adrián Favor
65 Fernández Ugarte, Carmen Favor
66 Flores Domínguez, Emilio Ramón Ramiro Favor
67 Flores Grande, Arturo Ausente
68 Flores Morfín, Jesús Vicente Favor
69 Fraile García, Francisco Antonio Ausente
70 Franco Cazarez, Ricardo Ausente
71 Fuentes Ortiz, José Guillermo Favor
72 García González, Carlos Alberto Favor
73 García Müller, Martha Margarita Favor
74 García Reyes, Ángel Humberto Ausente
75 García Reyes, Beatriz Eugenia Ausente
76 García Vivián, Raúl Ausente
77 Garmendia Hernández, Yolanda Mercedes Favor
78 Gómez Leyva, Silvio Favor
79 González Betancourt, Jorge Justiniano Favor
80 González Martínez, María Gabriela Ausente
81 González Morán, Martín Oscar Favor
82 González Roaro, Benjamín Ernesto Favor
83 González Ruiz, Felipe Favor
84 González Sánchez, María Dolores Ausente
85 Gudiño Ortiz, Francisco Javier Ausente
86 Guerrero Torres, José Gildardo Favor
87 Gutiérrez Aguilar, Miguel Ángel Ausente
88 Gutiérrez Lagunes, María Victoria Favor
89 Hernández Núñez, Elia Favor
90 Hurtado Pérez, Nelly Asunción Ausente
91 Iragorri Durán, Enrique Ausente
92 Jiménez del Castillo, Ma. de los Ángeles Favor
93 Jiménez Ramos, María Esther Favor
94 Joaquín Coldwell, Addy Cecilia Ausente
95 Lagunes Viveros, Violeta del Pilar Ausente
96 Landero Gutiérrez, Alejandro Favor
97 Landeros González, Ramón Favor
98 Lara Compeán, David Favor
99 Larios Córdova, Héctor Ausente
100 Laviada Hernández, Íñigo Antonio Favor
101 Lemus Muñoz Ledo, Ramón Ignacio Favor
102 Leura González, Agustín Ausente
103 Limas Frescas, María Soledad Favor
104 Lizaola de la Torre, Alonso Manuel Ausente
105 López Cisneros, José Martín Ausente
106 López Reyna, Omeheira Favor
107 López Silva, Rubí Laura Favor
108 Ludlow Kuri, Lorenzo Daniel Favor
109 Lujano Nicolás, Christian Martín Ausente
110 Maawad Robert, Luis Xavier Favor
111 Macías Zambrano, Gustavo Favor
112 Madrazo Limón, Carlos Ausente
113 Magallón Arceo, Leonardo Melesio de Jesús Favor
114 Malagón Ríos, Martín Favor
115 Maldonado González, David Ausente
116 Manuell-Gómez Angulo, Dolores de María Ausente
117 Martínez Valero, Dora Alicia Ausente
118 Medellín Varela, Antonio Ausente
119 Medina Macias, Alma Hilda Ausente
120 Medina Rodríguez, Delber Favor
121 Medina Rodríguez, Lizbeth Evelia Ausente
122 Mejía García, Luis Alonso Favor
123 Méndez Meneses, Apolonio Favor
124 Mendoza Morales, Lucía Susana Favor
125 Mohamar Dainitin, Oscar Miguel Ausente
126 Mollinedo Hernández, Agustín Favor
127 Monraz Ibarra, Miguel Ángel Ausente
128 Montes Sánchez, Fabián Fernando Ausente
129 Montiel Luis, Lariza Favor
130 Mora Cuevas, Marisol Ausente
131 Morales Ramos, José Nicolás Favor
132 Moreno Álvarez, Mario Eduardo Favor
133 Morgan Franco, Rocío del Carmen Favor
134 Muñoz Serrano, José Antonio Favor
135 Murillo Flores, Francisco Javier Favor
136 Murillo Torres, José Luis Favor
137 Navarro Sugich, Carlos Alberto Ausente
138 Nordhausen González, Jorge Rubén Ausente
139 Noriega Blanco Vigil, María Elena de las Nieves Favor
140 Ochoa López, Nabor Ausente
141 Olvera Higuera, Edgar Armando Ausente
142 Orozco Ruiz Velazco, Marco Heriberto Favor
143 Ortega Martínez, María del Pilar Favor
144 Ortiz Hernández, Eduardo Favor
145 Ortiz Montoro, Sagrario María del Rosario Favor
146 Oviedo Oviedo, Ernesto Favor
147 Padilla Orozco, Raúl Alejandro Ausente
148 Palafox Núñez, José Inés Ausente
149 Paredes Rodríguez, Francisco Javier Favor
150 Parra Jiménez, Dolores María del Carmen Favor
151 Parra Noriega, Luis Gustavo Favor
152 Pérez de Tejada Romero, Diana Carolina Favor
153 Pérez Cuéllar, Cruz Ausente
154 Peyrot Solís, Marco A. Favor
155 Plascencia Alonso, Francisco Javier Ausente
156 Priego Tapia, Gerardo Ausente
157 Pulido Pecero, Pedro Favor
158 Quintero Bello, Jorge Favor
159 Rodríguez Vizcarra Velázquez, Adriana Favor
160 Ramírez Barba, Ector Jaime Ausente
161 Ramírez Corral, Ivette Jacqueline Favor
162 Ramírez Pech, Edgar Martín Favor
163 Ramírez Villarreal, Gustavo Favor
164 Ramos Covarrubias, Héctor Manuel Favor
165 Reyes López, Carlos Armando Ausente
166 Rincón Vargas, Mirna Cecilia Favor
167 Rivera Rivera, José Guadalupe Favor
168 Rivero Rivero, Rolando Favor
169 Rodríguez Ahumada, Luis Fernando Favor
170 Rodríguez Jiménez, Ricardo Ausente
171 Rodríguez Prats, Juan José Ausente
172 Rodríguez Uresti, Enrique Ausente
173 Rojas Hernández, Laura Angélica Favor
174 Román Isidoro, Demetrio Favor
175 Romo Jiménez, Martha Angélica Favor
176 Rubio Chávez, José Ignacio Alberto Favor
177 Rueda Gómez, Francisco Favor
178 Ruiz Velasco de Lira, Ernesto Favor
179 Salas Contreras, Marcos Ausente
180 Salazar Madera, Mario Alberto Ausente
181 Salum del Palacio, Jorge Alejandro Favor
182 Sánchez Díaz de Rivera, Antonio Favor
183 Sánchez Domínguez, Alejandro Favor
184 Sánchez Gil, Carlos René Favor
185 Sánchez Juárez, Claudia Ausente
186 Sánchez Trujillo, José Víctor Ausente
187 Sandoval Munguia, Juan Manuel Ausente
188 Serrato Castell, Luis Gerardo Ausente
189 Shej Guzmán Sara Ausente
190 Solano Muñoz, José de Jesús Favor
191 Stefanonni Mazzocco, Martín Favor
192 Tamayo Herrera, Yadhira Yvette Favor
193 Torres Gómez, Artemio Favor
194 Torres Herrera, Víctor Manuel Favor
195 Torres Torres, Carlos Alberto Favor
196 Valenzuela García, María Gloria Guadalupe Favor
197 Valladolid Rodríguez, Antonio Favor
198 Vasconcelos Rueda, Antonio Favor
199 Vázquez Martínez, Alberto Favor
200 Vega Corona, Antonio Favor
201 Velázquez Gutiérrez, José Guillermo Favor
202 Verástegui Ostos, César Augusto Ausente
203 Verdín Saldaña, Jaime Favor
204 Victoria Alva, Juan Favor
205 Vieyra Olivares, Adriana Rebeca Favor
206 Villanueva Arjona, Juan Manuel Favor
207 Zambrano Elizondo, Javier Martín Favor
Favor: 126
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 81
Total: 207
PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA
1 Aguirre Alcaide, Víctor Ausente
2 Alavez Ruiz, Aleida Ausente
3 Almazán González, José Antonio Ausente
4 Almonte Borja, Ramón Favor
5 Alonso Flores, Lourdes Ausente
6 Alonso Razo, Humberto Wifredo Favor
7 Altamirano Toledo, Carlos Ausente
8 Alva Olvera, Maribel Luisa Favor
9 Álvarez Ramón, Silbestre Ausente
10 Amaro Corona, Alberto Ausente
11 Aragón Castillo, Irene Ausente
12 Arellano Pulido, Miguel Ángel Favor
13 Arreola Calderón, Juan Dario Favor
14 Barreiro Pérez, Armando Favor
15 Batres Guadarrama, Valentina Valia Favor
16 Bautista Bravo, Alliet Mariana Favor
17 Bravo Padilla, Itzcóatl Tonatiuh Ausente
18 Brito González, Modesto Ausente
19 Calzada Vázquez, Francisco Javier Favor
20 Campos Aburto, Amador Ausente
21 Cárdenas Hernández, Raymundo Favor
22 Cervantes Rodríguez, Aurora Favor
23 Chávez García, Higinio Favor
24 Condado Escamilla, Cuitlahuac Favor
25 Contreras Julián, Maricela Ausente
26 Cruz Santiago, Claudia Lilia Favor
27 Cuevas Córdova, Othón Ausente
28 Dagdug Lützow, Moisés Félix Ausente
29 De la Rosa García, Juan Hugo Ausente
30 De los Santos Molina, Joaquín Conrado Ausente
31 Dehesa Mora, Daniel Ausente
32 Del Toro , Mario Enrique Ausente
33 Díaz Contreras, Adriana Favor
34 Escandón Cadenas, Rutilio Cruz Favor
35 Espejel Lazcano, Jaime Favor
36 Fernández Balboa, Mónica Favor
37 Flores Maldonado, César Ausente
38 Flores Salazar, Guadalupe Socorro Favor
39 Franco Melgarejo, Rafael Favor
40 Gálvez Rodríguez, Fernel Arturo Favor
41 García Rodríguez, Víctor Hugo Ausente
42 Garzón Contreras, Neftalí Favor
43 González Garza, Javier Favor
44 Guerra Ochoa, Juan Nicasio Favor
45 Gutiérrez Calzadilla, José Luis Ausente
46 Hernández Gaytán, Daisy Selene Favor
47 Hernández Hernández, Sergio Favor
48 Hernández Manzanares, Javier Favor
49 Hernández Silva, Benjamín Ausente
50 Ibarra Franquez, Sonia Nohelia Favor
51 Jacques y Medina, José Favor
52 Jiménez Valenzuela, María Eugenia Favor
53 Landero López, Pedro Ausente
54 Lemarroy Martínez, Juan Dario Favor
55 Leyva Piñón, Ana Yurixi Favor
56 Lizárraga Peraza, Víctor Manuel Favor
57 López Barriga, Erick Ausente
58 López Becerra, Santiago Favor
59 López Rojas, Alberto Favor
60 López Torres, María Soledad Ausente
61 Lozano Lozano, Andrés Ausente
62 Luna Munguía, Alma Lilia Ausente
63 Márquez Madrid, Camerino Eleazar Favor
64 Márquez Tinoco, Francisco Favor
65 Martínez Hernández, Alejandro Ausente
66 Martínez Martínez, Carlos Roberto Favor
67 Martínez Martínez, Francisco Favor
68 Martínez Padilla, Hugo Eduardo Ausente
69 Martínez Vargas Octavio Favor
70 Matías Alonso, Marcos Favor
71 Matus Toledo, Holly Favor
72 Mayans Canabal, Fernando Ausente
73 Mendoza Arellano, David Ausente
74 Mendoza Flores, Roberto Favor
75 Mendoza Maldonado, Fausto Fluvio Favor
76 Mendoza Mendoza, Irineo Ausente
77 Monreal Ávila, Susana Favor
78 Montalvo Rojas, Victorio Rubén Ausente
79 Morales Manzo, Jesús Ricardo Ausente
80 Morales Sánchez, Efraín Favor
81 Morales Vázquez, Carlos Orsoe Ausente
82 Narcía Álvarez, Héctor Favor
83 Navarro López, Carlos Ernesto Favor
84 Navarro Quintero, Miguel Ángel Ausente
85 Ojeda Hernández, Concepción Favor
86 Oliva Fragoso, Silvia Ausente
87 Orcí Martínez, Juan Adolfo Favor
88 Ortega Martínez, Antonio Favor
89 Ortiz Magallón, Rosario Ignacia Ausente
90 Pacheco Llanes, Ramón Félix Ausente
91 Pedraza Chávez, Isidro Favor
92 Pedrozo Castillo, Adrián Ausente
93 Peña Sánchez, Miguel Ángel Ausente
94 Pérez Cruz, Raciel Ausente
95 Pulido Santiago, Celso David Ausente
96 Ramos Becerril, Rafael Plácido Favor
97 Ramos Castellanos, Martín Favor
98 Rasgado Corsi, Gloria Favor
99 Ríos Gamboa, Raúl Favor
100 Romero Gutiérrez, Odilón Favor
101 Ruiz Sánchez, Salvador Favor
102 Saavedra Coronel, José Antonio Favor
103 Salinas Pérez, Josefina Favor
104 San Martín Hernández, Juan Manuel Ausente
105 Sánchez Barrios, Carlos Favor
106 Sánchez Cabrales, Rafael Elías Ausente
107 Sánchez Camacho, Alejandro Ausente
108 Sánchez Camacho, David Ausente
109 Sánchez Ramos, Francisco Ausente
110 Sánchez Valdéz, Eva Angelina Ausente
111 Sandoval Ramírez, Cuauhtémoc Ausente
112 Santos Arreola, Francisco Javier Ausente
113 Solares Chávez, Miguel Ángel Ausente
114 Soriano Sánchez, Rosa Elva Favor
115 Soto Sánchez, Antonio Favor
116 Suárez del Real y Aguilera, José Alfonso Favor
117 Torres Baltazar, María Elena Favor
118 Torres García, Daniel Favor
119 Trejo Pérez, Pablo Favor
120 Ulloa Pérez, Emilio Favor
121 Vallejo Estevez, Mario Ausente
122 Varela López, Víctor Gabriel Favor
123 Villanueva Albarrán, Gerardo Favor
124 Villicaña García, Rafael Favor
125 Zavaleta Salgado, Ruth Ausente
126 Zazueta Aguilar, Jesús Humberto Favor
127 Zepeda Hernández, Martín Favor
Favor: 73
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 54
Total: 127
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
1 Abramo Masso, Yerico Ausente
2 Aguilar , Diego Favor
3 Aguilar Solís, Samuel Ausente
4 Aispuro Torres, José Rosas Favor
5 Alcántara Núñez, Jesús Sergio Ausente
6 Aldana Prieto, Luis Ricardo Ausente
7 Amador Gaxiola, Daniel Ausente
8 Amador Leal, Narcizo Alberto Ausente
9 Ayala Almeida, Joel Ausente
10 Badillo Martínez, Roberto Favor
11 Barajas López, Ramón Ausente
12 Barajas del Toro, Salvador Favor
13 Barba Hernández, Alfredo Ausente
14 Beltrán Montes, Israel Ausente
15 Benítez Ojeda, Luis Enrique Favor
16 Bernal Gutiérrez, Andrés Marco Antonio Ausente
17 Biebrich Torres, Carlos Armando Ausente
18 Blanco Pajón, José Luis Ausente
19 Caballero Camargo, Gustavo Fernando Favor
20 Camacho Quiroz, César Octavio Ausente
21 Canavati Tafich, Jesús Ricardo Ausente
22 Carballo Bustamante, Andrés Favor
23 Cárdenas del Avellano, Enrique Favor
24 Cárdenas Monroy, Oscar Gustavo Favor
25 Cervantes Andrade, Raúl Ausente
26 Chaurand Arzate, Carlos Favor
27 Colín Guadarrama, María Mercedes Ausente
28 Cordero Alfonzo, Arnulfo Elías Favor
29 De la Garza Treviño, Jorge Luis Ausente
30 Díaz Athié, Antonio de Jesús Favor
31 Díaz Solorzano, Elmar Darinel Ausente
32 Domínguez Domínguez, Nemesio Ausente
33 Duarte Jáquez, César Favor
34 Escajeda Jiménez, José Rubén Favor
35 Escalante Jasso, Aracely Ausente
36 Espinosa Abuxapqui, Eduardo Elías Ausente
37 Estefan Chidiac, Charbel Jorge Ausente
38 Flores Sandoval, Patricio Favor
39 Fuentes Tellez, Octavio Ausente
40 Gamboa Patrón, Emilio Favor
41 Garza Garza, Horacio Emigdio Ausente
42 Gebhardt Garduza, Yary del Carmen Ausente
43 Gloria Requena, Tomás Ausente
44 Gómez Lugo, Elda Ausente
45 González Calderón, Martha Hilda Favor
46 González Salum, Miguel Ángel Ausente
47 González Zarur, Mariano Favor
48 Guerrero García, Javier Favor
49 Guerrero Juárez, Joel Favor
50 Herrera Ale, Juana Leticia Favor
51 Herrera Coyac, Wenceslao Favor
52 Izquierdo Bustamante, Alfonso Rolando Ausente
53 Lagunes Gallina, Gerardo Ausente
54 Lescieur Talavera, Jorge Mario Favor
55 López Balbuena, Guillermina Favor
56 Madrid Tovilla, Areli Ausente
57 Martínez Rodríguez, Lorena Ausente
58 Martínez Rocha, Arturo Ausente
59 Méndez Lanz, Víctor Manuel Ausente
60 Mendívil Amparám, Gustavo Ildefonso Ausente
61 Merodio Reza, Lilia Guadalupe Favor
62 Moctezuma Pereda, Fernando Quetzalcoatl Ausente
63 Montalvo Gómez, Pedro Favor
64 Morales García, Elizabeth Ausente
65 Mota Hernández, Adolfo Favor
66 Muñoz Serna, Rogelio Favor
67 Murat , José Ausente
68 Ochoa González, Arnoldo Ausente
69 Ojeda Camacho, Gilberto Ausente
70 Olivares Monterrubio, Alejandro Favor
71 Olivares Ventura, Héctor Hugo Ausente
72 Ordaz Jiménez, Ismael Ausente
73 Orihuela Bárcenas, José Ascención Favor
74 Orihuela Trejo, José Amado Ausente
75 Ortiz del Carpio, Víctor Favor
76 Ortiz Proal, Mauricio Ausente
77 Padilla Gutiérrez, Héctor Ausente
78 Pagés Llergo Rebollar, María Beatriz Favor
79 Palma César, Víctor Samuel Ausente
80 Parás González, Juan Manuel Ausente
81 Partida Guzmán, Martha Rocío Favor
82 Patrón Montalvo, Jesús Manuel Favor
83 Peñuelas Acuña, Mayra Gisela Favor
84 Pérez Valdés, Daniel Ausente
85 Pinete Vargas, María del Carmen Favor
86 Quiñones Canales, Lourdes Ausente
87 Ramírez Martínez, José Edmundo Favor
88 Ramírez Stabros, Jesús Ausente
89 Reyna García, José Jesús Favor
90 Ríos Camarena, Alfredo Adolfo Favor
91 Rivera Bedoya, Juan Francisco Ausente
92 Rodríguez Ramírez, Bertha Yolanda Favor
93 Rojas Gutiérrez, Carlos Favor
94 Ruiz Chávez, Sara Latife Ausente
95 Salas López, Ramón Favor
96 Sánchez Hernández, Eduardo Ausente
97 Sandoval Paredes, Sergio Favor
98 Serrano Escobar, Enrique Favor
99 Sosa Castelán, Gerardo Ausente
100 Toledo Luis, Jorge Ausente
101 Vargas Landeros, Gerardo Octavio Ausente
102 Vega Ortiz, María Oralia Favor
103 Velasco Pérez, Juan Carlos Ausente
104 Villa Villa, Isael Ausente
105 Villanueva Abraján, Patricia Ausente
106 Zatarain González, Carlos Ernesto Ausente
Favor: 45
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 61
Total: 106
CONVERGENCIA
1 Abad de Jesús, Juan Favor
2 Aguilera Rico, José Luis Ausente
3 Cárdenas Márquez, Elías Ausente
4 Castellanos Hernández, Félix Favor
5 Castillo Romero, Patricia Obdulia de Jesús Ausente
6 Chanona Burguete, Alejandro Ausente
7 Del Río Virgen, José Manuel Favor
8 Godoy Cárdenas, Jorge Favor
9 López Lena Cruz, Humberto Ausente
10 Salvatori Bronca, María del Carmen Favor
11 Samperio Montaño, Juan Ignacio Ausente
12 Sansores San Román, Layda Elena Ausente
13 Tagle Martínez, Martha Angélica Ausente
14 Uscanga Cruz, Robinson Ausente
15 Valdés Chávez, Ramón Ausente
16 Varela Lagunas, Tomás José Luis Favor
17 Velasco Oliva, Jesús Cuauhtémoc Ausente
Favor: 6
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 11
Total: 17
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO
1 Arévalo González, José Antonio Ausente
2 Bellizzia Rosique, Pascual Favor
3 Cobo Terrazas, Diego Favor
4 Elizondo Garrido, Francisco Ausente
5 Estrada González, Faustino Javier Ausente
6 González Martínez, Jorge Emilio Ausente
7 Lavara Mejía, Gloria Ausente
8 López Adame, Antonio Xavier Ausente
9 Manrique Guevara, Beatriz Ausente
10 Notholt Guerrero, Alan Favor
11 Portilla Diéguez, Manuel Ausente
12 Puente Salas, Carlos Alberto Favor
13 Ramírez Cerda, Ana María Ausente
14 Rodríguez Luis, Alejandro Favor
15 Salgado Amador, Manuel Salvador Favor
16 Sesma Suárez, Jesús Favor
17 Velasco Rodríguez, Verónica Ausente
Favor: 7
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 10
Total: 17
PARTIDO DEL TRABAJO
1 Aguilar Jiménez, Rubén Ausente
2 Arreola Ortega, Pablo Leopoldo Favor
3 Cantú Garza, Ricardo Favor
4 Cervantes Rivera, Jaime Ausente
5 Garay Ulloa, Silvano Ausente
6 Herrera Solís, Anuario Luis Ausente
7 Maciel Ortiz, María Mercedez Ausente
8 Peregrino García, Abundio Ausente
9 Romero Guzmán, Rosa Elia Ausente
10 Solís Parga, Rodolfo Ausente
11 Vela González, Joaquín Humberto Favor
Favor: 3
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 8
Total: 11
PARTIDO NUEVA ALIANZA
1 Arriola Gordillo, Mónica Ausente
2 Cárdenas Fonseca, Manuel Ausente
3 Castillo Nájera, Ariel Favor
4 Dávila Esquivel, Humberto Favor
5 Gómez Pasillas, Jacinto Favor
6 Jiménez Godínez, Miguel Ángel Favor
7 Luna Becerril, Blanca Ausente
8 Luna Rodríguez, Silvia Favor
9 Piñeyro Arias, Irma Favor
Favor: 6
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 3
Total: 9
PARTIDO ALTERNATIVA SOCIAL
1 Arvizu Rivas, Aida Marina Ausente
2 Conde Rodríguez, Elsa de Guadalupe Ausente
3 García Méndez, Armando Favor
4 Hernández Valadés, Delio Ausente
5 Pedro Cortés, Santiago Gustavo Ausente
Favor: 1
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 4
Total: 5
Del dictamen de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con proyecto de decreto que reforma el último párrafo del artículo 23 de la Ley Federal para prevenir y eliminar la Discriminación (en lo general y en lo particular).
PARTIDO ACCION NACIONAL
1 Acosta Dávila, Constantino Favor
2 Aguilar López, José Alejandro Favor
3 Alcalde Virgen, Moisés Favor
4 Alcaraz Hernández, Alma Edwviges Favor
5 Álvarez Bernal, María Elena Favor
6 Amezola Fonceca, Gerardo Favor
7 Antuna Batista, Fidel Favor
8 Aranda Orozco, Gerardo Ausente
9 Arellano Arellano, Joel Favor
10 Arenas Guzmán, Margarita Ausente
11 Arizméndi Uribe, Efraín Ausente
12 Armendáriz García, Pedro Ausente
13 Arredondo Ibarra, Salvador Favor
14 Arredondo Velázquez, Jesús Favor
15 Ávila Mayo, Obdulio Ausente
16 Barradas Miravete, Gregorio Favor
17 Barrios Rodríguez, Juan Enrique Ausente
18 Bello Pérez, Alfonso Othón Ausente
19 Berber Martínez, Antonio Ausente
20 Bermúdez Viramontes, Andrés Ausente
21 Bolaños Aguilar, Edmundo Javier Favor
22 Borrego Estrada, Felipe Favor
23 Bracho González, Carlos Augusto Favor
24 Buganza Salmerón, Gerardo Favor
25 Campos Galván, María Eugenia Ausente
26 Carbajal Méndez, Liliana Ausente
27 Cárdenas Sánchez, Esmeralda Ausente
28 Cardona Benavídez, Alma Xóchil Favor
29 Carrasco Altamirano, Diódoro Humberto Ausente
30 Castaño Contreras, Cristián Ausente
31 Castro de la Rosa, Osiel Ausente
32 Castro Muñoz, Juan de Dios Ausente
33 Ceja Romero, Ramón Favor
34 Chávez García, Daniel Favor
35 Collado Lara, Beatriz Ausente
36 Contreras Coeto, José Luis Favor
37 Corral Aguilar, María Mercedes Ausente
38 Cuen Garibi, Marcela Favor
39 Curiel Preciado, Leobardo Ausente
40 Dávila Fernández, Adriana Ausente
41 Dávila García, Francisco Ausente
42 De la Torre Jaramillo, Eduardo Sergio Favor
43 De la Torre Sánchez, José Ausente
44 De León Tello, Jesús Favor
45 Degante Romero, Silvia Emilia Ausente
46 Del Toro del Villar, Tomás Favor
47 Del Valle Toca, Antonio Ausente
48 Delgado Oscoy, Alejandro Enrique Favor
49 Denegre Vaught, Rosaura Favor
50 Deschamps Falcón, Ángel Rafael Favor
51 Díaz de León Torres, Leticia Favor
52 Díaz García, José Antonio Favor
53 Díaz Garibay, Felipe Favor
54 Díaz Gordillo, Martha Cecilia Ausente
55 Díaz Mena, Joaquín Jesús Favor
56 Domínguez Servién, Francisco Ausente
57 Duck Núñez, Edgar Mauricio Ausente
58 Enríquez Flores, Armando Favor
59 Escaroz Soler, Gerardo Antonio Ausente
60 Escobar Jardinez, Adolfo Favor
61 Espinosa Piña, José Luis Ausente
62 Félix Holguín, Armando Jesús Ausente
63 Felton González, Carlos Eduardo Ausente
64 Fernández Cabrera, Adrián Favor
65 Fernández Ugarte, Carmen Favor
66 Flores Domínguez, Emilio Ramón Ramiro Favor
67 Flores Grande, Arturo Ausente
68 Flores Morfín, Jesús Vicente Favor
69 Fraile García, Francisco Antonio Ausente
70 Franco Cazarez, Ricardo Ausente
71 Fuentes Ortiz, José Guillermo Favor
72 García González, Carlos Alberto Favor
73 García Müller, Martha Margarita Favor
74 García Reyes, Ángel Humberto Ausente
75 García Reyes, Beatriz Eugenia Ausente
76 García Vivián, Raúl Ausente
77 Garmendia Hernández, Yolanda Mercedes Favor
78 Gómez Leyva, Silvio Favor
79 González Betancourt, Jorge Justiniano Favor
80 González Martínez, María Gabriela Ausente
81 González Morán, Martín Oscar Favor
82 González Roaro, Benjamín Ernesto Favor
83 González Ruiz, Felipe Favor
84 González Sánchez, María Dolores Ausente
85 Gudiño Ortiz, Francisco Javier Ausente
86 Guerrero Torres, José Gildardo Favor
87 Gutiérrez Aguilar, Miguel Ángel Ausente
88 Gutiérrez Lagunes, María Victoria Favor
89 Hernández Núñez, Elia Favor
90 Hurtado Pérez, Nelly Asunción Ausente
91 Iragorri Durán, Enrique Ausente
92 Jiménez del Castillo, Ma. de los Ángeles Ausente
93 Jiménez Ramos, María Esther Favor
94 Joaquín Coldwell, Addy Cecilia Ausente
95 Lagunes Viveros, Violeta del Pilar Favor
96 Landero Gutiérrez, Alejandro Favor
97 Landeros González, Ramón Favor
98 Lara Compeán, David Favor
99 Larios Córdova, Héctor Ausente
100 Laviada Hernández, Íñigo Antonio Favor
101 Lemus Muñoz Ledo, Ramón Ignacio Favor
102 Leura González, Agustín Ausente
103 Limas Frescas, María Soledad Favor
104 Lizaola de la Torre, Alonso Manuel Ausente
105 López Cisneros, José Martín Favor
106 López Reyna, Omeheira Favor
107 López Silva, Rubí Laura Favor
108 Ludlow Kuri, Lorenzo Daniel Favor
109 Lujano Nicolás, Christian Martín Ausente
110 Maawad Robert, Luis Xavier Favor
111 Macías Zambrano, Gustavo Favor
112 Madrazo Limón, Carlos Ausente
113 Magallón Arceo, Leonardo Melesio de Jesús Favor
114 Malagón Ríos, Martín Favor
115 Maldonado González, David Ausente
116 Manuell-Gómez Angulo, Dolores de María Ausente
117 Martínez Valero, Dora Alicia Ausente
118 Medellín Varela, Antonio Ausente
119 Medina Macias, Alma Hilda Favor
120 Medina Rodríguez, Delber Favor
121 Medina Rodríguez, Lizbeth Evelia Favor
122 Mejía García, Luis Alonso Favor
123 Méndez Meneses, Apolonio Favor
124 Mendoza Morales, Lucía Susana Favor
125 Mohamar Dainitin, Oscar Miguel Ausente
126 Mollinedo Hernández, Agustín Favor
127 Monraz Ibarra, Miguel Ángel Ausente
128 Montes Sánchez, Fabián Fernando Ausente
129 Montiel Luis, Lariza Favor
130 Mora Cuevas, Marisol Ausente
131 Morales Ramos, José Nicolás Favor
132 Moreno Álvarez, Mario Eduardo Favor
133 Morgan Franco, Rocío del Carmen Favor
134 Muñoz Serrano, José Antonio Favor
135 Murillo Flores, Francisco Javier Favor
136 Murillo Torres, José Luis Favor
137 Navarro Sugich, Carlos Alberto Ausente
138 Nordhausen González, Jorge Rubén Ausente
139 Noriega Blanco Vigil, María Elena de las Nieves Favor
140 Ochoa López, Nabor Ausente
141 Olvera Higuera, Edgar Armando Ausente
142 Orozco Ruiz Velazco, Marco Heriberto Favor
143 Ortega Martínez, María del Pilar Ausente
144 Ortiz Hernández, Eduardo Favor
145 Ortiz Montoro, Sagrario María del Rosario Favor
146 Oviedo Oviedo, Ernesto Favor
147 Padilla Orozco, Raúl Alejandro Ausente
148 Palafox Núñez, José Inés Ausente
149 Paredes Rodríguez, Francisco Javier Favor
150 Parra Jiménez, Dolores María del Carmen Favor
151 Parra Noriega, Luis Gustavo Favor
152 Pérez de Tejada Romero, Diana Carolina Favor
153 Pérez Cuéllar, Cruz Ausente
154 Peyrot Solís, Marco A. Favor
155 Plascencia Alonso, Francisco Javier Ausente
156 Priego Tapia, Gerardo Ausente
157 Pulido Pecero, Pedro Favor
158 Quintero Bello, Jorge Favor
159 Rodríguez Vizcarra Velázquez, Adriana Favor
160 Ramírez Barba, Ector Jaime Ausente
161 Ramírez Corral, Ivette Jacqueline Favor
162 Ramírez Pech, Edgar Martín Favor
163 Ramírez Villarreal, Gustavo Favor
164 Ramos Covarrubias, Héctor Manuel Favor
165 Reyes López, Carlos Armando Ausente
166 Rincón Vargas, Mirna Cecilia Favor
167 Rivera Rivera, José Guadalupe Favor
168 Rivero Rivero, Rolando Favor
169 Rodríguez Ahumada, Luis Fernando Favor
170 Rodríguez Jiménez, Ricardo Ausente
171 Rodríguez Prats, Juan José Ausente
172 Rodríguez Uresti, Enrique Ausente
173 Rojas Hernández, Laura Angélica Favor
174 Román Isidoro, Demetrio Favor
175 Romo Jiménez, Martha Angélica Favor
176 Rubio Chávez, José Ignacio Alberto Favor
177 Rueda Gómez, Francisco Ausente
178 Ruiz Velasco de Lira, Ernesto Favor
179 Salas Contreras, Marcos Ausente
180 Salazar Madera, Mario Alberto Ausente
181 Salum del Palacio, Jorge Alejandro Favor
182 Sánchez Díaz de Rivera, Antonio Favor
183 Sánchez Domínguez, Alejandro Favor
184 Sánchez Gil, Carlos René Favor
185 Sánchez Juárez, Claudia Ausente
186 Sánchez Trujillo, José Víctor Ausente
187 Sandoval Munguia, Juan Manuel Ausente
188 Serrato Castell, Luis Gerardo Ausente
189 Shej Guzmán Sara Ausente
190 Solano Muñoz, José de Jesús Favor
191 Stefanonni Mazzocco, Martín Favor
192 Tamayo Herrera, Yadhira Yvette Favor
193 Torres Gómez, Artemio Favor
194 Torres Herrera, Víctor Manuel Ausente
195 Torres Torres, Carlos Alberto Favor
196 Valenzuela García, María Gloria Guadalupe Favor
197 Valladolid Rodríguez, Antonio Favor
198 Vasconcelos Rueda, Antonio Favor
199 Vázquez Martínez, Alberto Favor
200 Vega Corona, Antonio Favor
201 Velázquez Gutiérrez, José Guillermo Favor
202 Verástegui Ostos, César Augusto Ausente
203 Verdín Saldaña, Jaime Favor
204 Victoria Alva, Juan Favor
205 Vieyra Olivares, Adriana Rebeca Favor
206 Villanueva Arjona, Juan Manuel Favor
207 Zambrano Elizondo, Javier Martín Favor
Favor: 124
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 83
Total: 207
PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA
1 Aguirre Alcaide, Víctor Ausente
2 Alavez Ruiz, Aleida Ausente
3 Almazán González, José Antonio Ausente
4 Almonte Borja, Ramón Favor
5 Alonso Flores, Lourdes Ausente
6 Alonso Razo, Humberto Wifredo Favor
7 Altamirano Toledo, Carlos Ausente
8 Alva Olvera, Maribel Luisa Favor
9 Álvarez Ramón, Silbestre Ausente
10 Amaro Corona, Alberto Ausente
11 Aragón Castillo, Irene Ausente
12 Arellano Pulido, Miguel Ángel Favor
13 Arreola Calderón, Juan Dario Favor
14 Barreiro Pérez, Armando Favor
15 Batres Guadarrama, Valentina Valia Favor
16 Bautista Bravo, Alliet Mariana Favor
17 Bravo Padilla, Itzcóatl Tonatiuh Ausente
18 Brito González, Modesto Ausente
19 Calzada Vázquez, Francisco Javier Ausente
20 Campos Aburto, Amador Ausente
21 Cárdenas Hernández, Raymundo Favor
22 Cervantes Rodríguez, Aurora Favor
23 Chávez García, Higinio Ausente
24 Condado Escamilla, Cuitlahuac Favor
25 Contreras Julián, Maricela Ausente
26 Cruz Santiago, Claudia Lilia Favor
27 Cuevas Córdova, Othón Favor
28 Dagdug Lützow, Moisés Félix Ausente
29 De la Rosa García, Juan Hugo Favor
30 De los Santos Molina, Joaquín Conrado Ausente
31 Dehesa Mora, Daniel Ausente
32 Del Toro , Mario Enrique Ausente
33 Díaz Contreras, Adriana Favor
34 Escandón Cadenas, Rutilio Cruz Favor
35 Espejel Lazcano, Jaime Favor
36 Fernández Balboa, Mónica Favor
37 Flores Maldonado, César Ausente
38 Flores Salazar, Guadalupe Socorro Favor
39 Franco Melgarejo, Rafael Ausente
40 Gálvez Rodríguez, Fernel Arturo Favor
41 García Rodríguez, Víctor Hugo Ausente
42 Garzón Contreras, Neftalí Favor
43 González Garza, Javier Favor
44 Guerra Ochoa, Juan Nicasio Ausente
45 Gutiérrez Calzadilla, José Luis Ausente
46 Hernández Gaytán, Daisy Selene Favor
47 Hernández Hernández, Sergio Favor
48 Hernández Manzanares, Javier Ausente
49 Hernández Silva, Benjamín Ausente
50 Ibarra Franquez, Sonia Nohelia Favor
51 Jacques y Medina, José Favor
52 Jiménez Valenzuela, María Eugenia Favor
53 Landero López, Pedro Ausente
54 Lemarroy Martínez, Juan Dario Favor
55 Leyva Piñón, Ana Yurixi Favor
56 Lizárraga Peraza, Víctor Manuel Favor
57 López Barriga, Erick Favor
58 López Becerra, Santiago Favor
59 López Rojas, Alberto Favor
60 López Torres, María Soledad Ausente
61 Lozano Lozano, Andrés Ausente
62 Luna Munguía, Alma Lilia Ausente
63 Márquez Madrid, Camerino Eleazar Favor
64 Márquez Tinoco, Francisco Favor
65 Martínez Hernández, Alejandro Ausente
66 Martínez Martínez, Carlos Roberto Favor
67 Martínez Martínez, Francisco Favor
68 Martínez Padilla, Hugo Eduardo Ausente
69 Martínez Vargas Octavio Favor
70 Matías Alonso, Marcos Favor
71 Matus Toledo, Holly Favor
72 Mayans Canabal, Fernando Ausente
73 Mendoza Arellano, David Ausente
74 Mendoza Flores, Roberto Favor
75 Mendoza Maldonado, Fausto Fluvio Favor
76 Mendoza Mendoza, Irineo Ausente
77 Monreal Ávila, Susana Favor
78 Montalvo Rojas, Victorio Rubén Ausente
79 Morales Manzo, Jesús Ricardo Favor
80 Morales Sánchez, Efraín Favor
81 Morales Vázquez, Carlos Orsoe Ausente
82 Narcía Álvarez, Héctor Favor
83 Navarro López, Carlos Ernesto Favor
84 Navarro Quintero, Miguel Ángel Ausente
85 Ojeda Hernández, Concepción Favor
86 Oliva Fragoso, Silvia Ausente
87 Orcí Martínez, Juan Adolfo Favor
88 Ortega Martínez, Antonio Ausente
89 Ortiz Magallón, Rosario Ignacia Ausente
90 Pacheco Llanes, Ramón Félix Ausente
91 Pedraza Chávez, Isidro Favor
92 Pedrozo Castillo, Adrián Ausente
93 Peña Sánchez, Miguel Ángel Ausente
94 Pérez Cruz, Raciel Ausente
95 Pulido Santiago, Celso David Ausente
96 Ramos Becerril, Rafael Plácido Favor
97 Ramos Castellanos, Martín Favor
98 Rasgado Corsi, Gloria Favor
99 Ríos Gamboa, Raúl Favor
100 Romero Gutiérrez, Odilón Favor
101 Ruiz Sánchez, Salvador Ausente
102 Saavedra Coronel, José Antonio Favor
103 Salinas Pérez, Josefina Favor
104 San Martín Hernández, Juan Manuel Ausente
105 Sánchez Barrios, Carlos Favor
106 Sánchez Cabrales, Rafael Elías Ausente
107 Sánchez Camacho, Alejandro Ausente
108 Sánchez Camacho, David Ausente
109 Sánchez Ramos, Francisco Ausente
110 Sánchez Valdéz, Eva Angelina Ausente
111 Sandoval Ramírez, Cuauhtémoc Ausente
112 Santos Arreola, Francisco Javier Ausente
113 Solares Chávez, Miguel Ángel Ausente
114 Soriano Sánchez, Rosa Elva Favor
115 Soto Sánchez, Antonio Ausente
116 Suárez del Real y Aguilera, José Alfonso Favor
117 Torres Baltazar, María Elena Favor
118 Torres García, Daniel Ausente
119 Trejo Pérez, Pablo Favor
120 Ulloa Pérez, Emilio Favor
121 Vallejo Estevez, Mario Ausente
122 Varela López, Víctor Gabriel Favor
123 Villanueva Albarrán, Gerardo Favor
124 Villicaña García, Rafael Favor
125 Zavaleta Salgado, Ruth Ausente
126 Zazueta Aguilar, Jesús Humberto Favor
127 Zepeda Hernández, Martín Favor
Favor: 68
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 59
Total: 127
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
1 Abramo Masso, Yerico Ausente
2 Aguilar , Diego Favor
3 Aguilar Solís, Samuel Ausente
4 Aispuro Torres, José Rosas Favor
5 Alcántara Núñez, Jesús Sergio Ausente
6 Aldana Prieto, Luis Ricardo Ausente
7 Amador Gaxiola, Daniel Ausente
8 Amador Leal, Narcizo Alberto Ausente
9 Ayala Almeida, Joel Ausente
10 Badillo Martínez, Roberto Favor
11 Barajas López, Ramón Ausente
12 Barajas del Toro, Salvador Favor
13 Barba Hernández, Alfredo Ausente
14 Beltrán Montes, Israel Ausente
15 Benítez Ojeda, Luis Enrique Favor
16 Bernal Gutiérrez, Andrés Marco Antonio Ausente
17 Biebrich Torres, Carlos Armando Ausente
18 Blanco Pajón, José Luis Ausente
19 Caballero Camargo, Gustavo Fernando Favor
20 Camacho Quiroz, César Octavio Ausente
21 Canavati Tafich, Jesús Ricardo Ausente
22 Carballo Bustamante, Andrés Ausente
23 Cárdenas del Avellano, Enrique Favor
24 Cárdenas Monroy, Oscar Gustavo Favor
25 Cervantes Andrade, Raúl Ausente
26 Chaurand Arzate, Carlos Favor
27 Colín Guadarrama, María Mercedes Ausente
28 Cordero Alfonzo, Arnulfo Elías Ausente
29 De la Garza Treviño, Jorge Luis Ausente
30 Díaz Athié, Antonio de Jesús Ausente
31 Díaz Solorzano, Elmar Darinel Abstención
32 Domínguez Domínguez, Nemesio Ausente
33 Duarte Jáquez, César Favor
34 Escajeda Jiménez, José Rubén Favor
35 Escalante Jasso, Aracely Ausente
36 Espinosa Abuxapqui, Eduardo Elías Ausente
37 Estefan Chidiac, Charbel Jorge Ausente
38 Flores Sandoval, Patricio Favor
39 Fuentes Tellez, Octavio Ausente
40 Gamboa Patrón, Emilio Favor
41 Garza Garza, Horacio Emigdio Ausente
42 Gebhardt Garduza, Yary del Carmen Ausente
43 Gloria Requena, Tomás Ausente
44 Gómez Lugo, Elda Ausente
45 González Calderón, Martha Hilda Favor
46 González Salum, Miguel Ángel Ausente
47 González Zarur, Mariano Favor
48 Guerrero García, Javier Favor
49 Guerrero Juárez, Joel Ausente
50 Herrera Ale, Juana Leticia Ausente
51 Herrera Coyac, Wenceslao Favor
52 Izquierdo Bustamante, Alfonso Rolando Ausente
53 Lagunes Gallina, Gerardo Ausente
54 Lescieur Talavera, Jorge Mario Ausente
55 López Balbuena, Guillermina Favor
56 Madrid Tovilla, Areli Ausente
57 Martínez Rodríguez, Lorena Ausente
58 Martínez Rocha, Arturo Ausente
59 Méndez Lanz, Víctor Manuel Ausente
60 Mendívil Amparám, Gustavo Ildefonso Ausente
61 Merodio Reza, Lilia Guadalupe Favor
62 Moctezuma Pereda, Fernando Quetzalcoatl Ausente
63 Montalvo Gómez, Pedro Favor
64 Morales García, Elizabeth Ausente
65 Mota Hernández, Adolfo Favor
66 Muñoz Serna, Rogelio Favor
67 Murat , José Ausente
68 Ochoa González, Arnoldo Ausente
69 Ojeda Camacho, Gilberto Ausente
70 Olivares Monterrubio, Alejandro Favor
71 Olivares Ventura, Héctor Hugo Ausente
72 Ordaz Jiménez, Ismael Ausente
73 Orihuela Bárcenas, José Ascención Favor
74 Orihuela Trejo, José Amado Ausente
75 Ortiz del Carpio, Víctor Ausente
76 Ortiz Proal, Mauricio Ausente
77 Padilla Gutiérrez, Héctor Ausente
78 Pagés Llergo Rebollar, María Beatriz Favor
79 Palma César, Víctor Samuel Ausente
80 Parás González, Juan Manuel Ausente
81 Partida Guzmán, Martha Rocío Favor
82 Patrón Montalvo, Jesús Manuel Favor
83 Peñuelas Acuña, Mayra Gisela Ausente
84 Pérez Valdés, Daniel Ausente
85 Pinete Vargas, María del Carmen Favor
86 Quiñones Canales, Lourdes Favor
87 Ramírez Martínez, José Edmundo Favor
88 Ramírez Stabros, Jesús Favor
89 Reyna García, José Jesús Ausente
90 Ríos Camarena, Alfredo Adolfo Favor
91 Rivera Bedoya, Juan Francisco Ausente
92 Rodríguez Ramírez, Bertha Yolanda Favor
93 Rojas Gutiérrez, Carlos Favor
94 Ruiz Chávez, Sara Latife Ausente
95 Salas López, Ramón Favor
96 Sánchez Hernández, Eduardo Ausente
97 Sandoval Paredes, Sergio Favor
98 Serrano Escobar, Enrique Favor
99 Sosa Castelán, Gerardo Ausente
100 Toledo Luis, Jorge Ausente
101 Vargas Landeros, Gerardo Octavio Ausente
102 Vega Ortiz, María Oralia Favor
103 Velasco Pérez, Juan Carlos Favor
104 Villa Villa, Isael Ausente
105 Villanueva Abraján, Patricia Ausente
106 Zatarain González, Carlos Ernesto Ausente
Favor: 39
Contra: 0
Abstención: 1
Quorum: 0
Ausentes: 66
Total: 106
CONVERGENCIA
1 Abad de Jesús, Juan Favor
2 Aguilera Rico, José Luis Ausente
3 Cárdenas Márquez, Elías Ausente
4 Castellanos Hernández, Félix Favor
5 Castillo Romero, Patricia Obdulia de Jesús Ausente
6 Chanona Burguete, Alejandro Ausente
7 Del Río Virgen, José Manuel Favor
8 Godoy Cárdenas, Jorge Favor
9 López Lena Cruz, Humberto Ausente
10 Salvatori Bronca, María del Carmen Favor
11 Samperio Montaño, Juan Ignacio Ausente
12 Sansores San Román, Layda Elena Ausente
13 Tagle Martínez, Martha Angélica Ausente
14 Uscanga Cruz, Robinson Ausente
15 Valdés Chávez, Ramón Ausente
16 Varela Lagunas, Tomás José Luis Favor
17 Velasco Oliva, Jesús Cuauhtémoc Ausente
Favor: 6
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 11
Total: 17
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO
1 Arévalo González, José Antonio Ausente
2 Bellizzia Rosique, Pascual Favor
3 Cobo Terrazas, Diego Favor
4 Elizondo Garrido, Francisco Ausente
5 Estrada González, Faustino Javier Ausente
6 González Martínez, Jorge Emilio Ausente
7 Lavara Mejía, Gloria Ausente
8 López Adame, Antonio Xavier Ausente
9 Manrique Guevara, Beatriz Ausente
10 Notholt Guerrero, Alan Favor
11 Portilla Diéguez, Manuel Ausente
12 Puente Salas, Carlos Alberto Favor
13 Ramírez Cerda, Ana María Ausente
14 Rodríguez Luis, Alejandro Favor
15 Salgado Amador, Manuel Salvador Ausente
16 Sesma Suárez, Jesús Ausente
17 Velasco Rodríguez, Verónica Ausente
Favor: 5
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 12
Total: 17
PARTIDO DEL TRABAJO
1 Aguilar Jiménez, Rubén Favor
2 Arreola Ortega, Pablo Leopoldo Favor
3 Cantú Garza, Ricardo Favor
4 Cervantes Rivera, Jaime Ausente
5 Garay Ulloa, Silvano Ausente
6 Herrera Solís, Anuario Luis Ausente
7 Maciel Ortiz, María Mercedez Ausente
8 Peregrino García, Abundio Ausente
9 Romero Guzmán, Rosa Elia Ausente
10 Solís Parga, Rodolfo Ausente
11 Vela González, Joaquín Humberto Favor
Favor: 4
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 7
Total: 11
PARTIDO NUEVA ALIANZA
1 Arriola Gordillo, Mónica Ausente
2 Cárdenas Fonseca, Manuel Ausente
3 Castillo Nájera, Ariel Favor
4 Dávila Esquivel, Humberto Favor
5 Gómez Pasillas, Jacinto Favor
6 Jiménez Godínez, Miguel Ángel Favor
7 Luna Becerril, Blanca Favor
8 Luna Rodríguez, Silvia Favor
9 Piñeyro Arias, Irma Favor
Favor: 7
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 2
Total: 9
PARTIDO ALTERNATIVA SOCIAL
1 Arvizu Rivas, Aida Marina Ausente
2 Conde Rodríguez, Elsa de Guadalupe Ausente
3 García Méndez, Armando Ausente
4 Hernández Valadés, Delio Ausente
5 Pedro Cortés, Santiago Gustavo Ausente
Favor: 0
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 5
Total: 5