SUMARIO
Oficio del Gobierno del Distrito Federal con el que remite contestación a punto de acuerdo, aprobado por la Cámara de Diputados en la sesión del pasado 21 de octubre, para exhortar a los titulares de las Procuradurías de Justicia y las Secretarias de Seguridad Pública de las entidades federativas a realizar las gestiones necesarias para formar, desarrollar o fortalecer las unidades especializadas en combate al secuestro; y a depurar y fortalecer los cuerpos policiales. Se remite a la Comisión de Seguridad Pública, para su conocimiento.
Oficio del Congreso del estado de Hidalgo con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados por el que se exhorta al gobierno de esta entidad federativa a acelerar los procesos de modernización y homologación de sus reglamentaciones, planes y programas en materia de construcción, ordenación urbana y territorial, a fin de garantizar un esfuerzo efectivo en la promoción de una vivienda digna. Se remite a la Comisión de Vivienda para su conocimiento.
Oficio del Congreso del estado de Puebla con el que remite contestación a punto de acuerdo, aprobado por la Cámara de Diputados en la sesión del pasado 21 de octubre, por el que se solicita al Procurador General de la República, al Secretario de Seguridad Pública Federal y a los titulares de las Secretarías de Seguridad Pública estatales y del Distrito Federal que analicen la procedencia en la implantación de mecanismos más estrictos de incorporación de elementos a los cuerpos de seguridad pública en todos los niveles, tendiente a garantizar la legalidad e integridad de las instituciones de seguridad pública. Se remite a la Comisión de Seguridad Pública para su conocimiento.
Oficio del Congreso del estado de Puebla con el que remite contestación a punto de acuerdo, aprobado por la Cámara de Diputados en la sesión del pasado 21 de octubre para exhortar a las Secretarías de Salud federal y de las entidades federativas, así como a las autoridades competentes a fortalecer la coordinación intersectorial y asegurarse de que el agua para uso y consumo humano distribuida por los sistemas de abastecimiento público cuente con la calidad mínima exigida por la Norma Oficial Mexicana-179-SSA1-1998, para prevenir y evitar enfermedades derivadas de la ingesta de agua contaminada. Se remite a la Comisión de Recursos Hidráulicos, respectivamente, para su conocimiento.
Oficio del Congreso del estado de Guanajuato con el que remite contestación a punto de acuerdo, aprobado por la Cámara de Diputados en la sesión del pasado 21 de octubre, para exhortar a los congresos estatales a dar prioridad y supervisar que, en la aprobación de sus presupuestos los recursos excedentes por el impuesto federal a la gasolina y el diesel se apliquen de manera puntual, solidaria, responsable y transparente por los Ejecutivos locales. Se remite a la Comisión de Desarrollo Social.
Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que los grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión se comprometen a definir acciones legislativas que permitan a nuestro país enfrentar el fenómeno del cambio climático. De enterado.
Oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con el que informa que el Servicio de Administración Tributaria, por conducto de las autoridades aduaneras locales competentes, en el mes de octubre de 2008 únicamente dio destino a mercancía perecedera. Se remite a la Comisión de Economía, para su conocimiento.
Oficio de la Secretaría de Gobernación con el que envía contestación a punto de acuerdo, aprobado por la Cámara de Diputados en la sesión del pasado 21 de octubre, por el que solicita al Secretario de Seguridad Pública Federal y al Procurador General de la República a informar sobre las bases legales que sustentan la unificación de la Policía Federal Preventiva y la Agencia Federal de Investigaciones, de la creación de un nuevo cuerpo federal de policía, así como de las particularidades operativas, administrativas y de carácter estructural de éste. Se remite a la Comisión de Seguridad Pública para su conocimiento.
Oficio de la Secretaría de Gobernación con el que envía contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados en la sesión del 6 de septiembre de 2007, a fin de exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a verificar y evaluar el impacto ambiental generado por obras del proyecto hidroeléctrico La Yesca. Se remite a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales para su conocimiento.
Oficio de la Secretaría de Gobernación con el que envía contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados para exhortar al titular del Poder Ejecutivo federal a instruir a la Secretaría de Turismo federal para que de manera conjunta implante una estrategia de otorgamiento de apoyos y convertir en un lugar turístico la Ciénega del Golfo de Santa Clara, en el municipio de San Luis Río Colorado, Sonora. Se remite a la Comisión de Turismo para su conocimiento.
Oficio de la Secretaría de Gobernación con el que envía contestación a punto de acuerdo, aprobado por la Cámara de Diputados en la sesión del pasado 2 de septiembre, relativo al efecto del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en las mexicanas. Se remite a la Comisión de Equidad y Género para su conocimiento.
Oficio de la Secretaría de Gobernación con el que envía contestación a punto de acuerdo, aprobado por la Cámara de Diputados en la sesión del pasado 21 de octubre, a fin de exhortar al titular del Ejecutivo federal y al gobierno del estado de Michoacán de Ocampo a implantar medidas conjuntas permanentes para la prevención, localización, combate y extinción de los incendios forestales en la entidad. Se remite a la Comisión de Agricultura y Ganadería para su conocimiento.
Oficio de la Secretaría de Gobernación con el que envía contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados relativo a las recomendaciones emitidas por el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de la Organización de las Naciones Unidas. Se remite a la Comisión de Derechos Humanos para su conocimiento.
Quince oficios de la Cámara de Senadores con los que remite minutas con proyecto de decreto que conceden los permisos constitucionales necesarios para que igual número de ciudadanos puedan aceptar y usar las condecoraciones que les confieren gobiernos extranjeros. Se turnan a la Comisión de Gobernación.
Oficio del Congreso del estado de Chihuahua con el que remite iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el Apartado A del artículo 223 de la Ley Federal de Derechos. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Oficio del Congreso del estado de Chihuahua con el que remite iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción II del artículo 170 de la Ley Federal del Trabajo. Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
Oficio del Congreso del estado de Chihuahua con el que remite iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 130 de la Ley del Seguro Social. Se turna a la Comisión de Seguridad Social.
Oficio del Congreso del estado de Jalisco con el que remite iniciativa con proyecto de decreto que adiciona dos párrafos al artículo 69 de la Ley Federal del Trabajo. Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
Se refieren al IX aniversario del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer los diputados:
Blanca Luna Becerril.
Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez.
Martha Angélica Tagle Martínez.
Jesús Sesma Suárez.
Bertha Yolanda Rodríguez Ramírez.
Holly Matus Toledo.
Continúan participando sobre dicha celebración las diputadas:
Yolanda Mercedes Garmendia Hernández.
La diputada Martha Hilda González Calderón, como Presidenta en funciones, dirige mensaje.
Se recibe del diputado Irineo Mendoza Mendoza iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y de la Ley de Planeación, a fin de integrar a los proyectos de decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación las previsiones presupuestales sexenales para la ejecución del Programa Especial Concurrente. Se turna a las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural y de Hacienda y Crédito Público.
Se recibe de la diputada Irma Piñeyro Arias iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 3 y 18 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, para que las administradoras de fondos para el retiro (Afore) proporcionen información al usuario, relacionada con el manejo de su cuenta, que incluya un indicador de riesgo asociado al rendimiento de inversión y el riesgo registrado en dichas empresas administradoras. Se turna a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, de Seguridad Social y de Hacienda y Crédito Público.
Se recibe de la diputada Martha Hilda González Calderón iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 1164 y 1165 del Código de Comercio, relativo a los medios preparatorios al juicio ejecutivo mercantil. Se turna a las Comisiones Unidas de Justicia y de Economía.
La diputada Alma Hilda Medina Macías presenta iniciativa con proyecto de decreto por el que se declara el año 2009 como ``Año de la no violencia entre las y los jóvenes''. Se turna a la Comisión de Gobernación.
El diputado José Inés Palafox Núñez presenta iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 66 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para ampliar los periodos de sesiones ordinarias de las Cámaras del Congreso de la Unión. Se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.
El diputado Neftalí Garzón Contreras presenta iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga los artículos 74, 78 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, para suprimir la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos y que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión fije los salarios mínimos y sus incrementos. Se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Trabajo y Previsión Social.
El diputado Ricardo Cantú Garza presenta iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 25 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que en ningún caso el Estado mexicano emita leyes, decretos, acuerdos, contratos o disposiciones de carácter general mediante los cuales se convierta en pública la deuda de agentes económicos privados nunca más las deudas de los agentes económicos privados se conviertan en deuda pública. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Desde sus respectivas curules, se adhieren los diputados:
Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva.
Irene Aragón Castillo.
Se recibe del diputado Efraín Morales Sánchez iniciativa con proyecto de decreto iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de enfermedades transmisibles, emergentes y reemergentes. Se turna a la Comisión de Salud.
El diputado Martín Oscar González Morán presenta iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un artículo 24 Bis a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, para la creación de comités consultivos alimentarios en los Consejos para el Desarrollo Rural Sustentable que contribuyan en el diseño e implantación de políticas públicas en materia alimentaria, particularmente de la producción agropecuaria, considerando las características agroecológicas, económicas, sociales y culturales del estado, región o municipio de que se trate. Se turna a la Comisión de Desarrollo Rural.
El diputado Francisco Fraile García presenta iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de derecho a la vida. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Desde sus respectivas curules, solicitan modificación de trámite los diputados:
Irene Aragón Castillo.
Fernando Enrique Mayans Canabal.
Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, con opinión de las comisiones de Salud, y de Equidad y Género.
El diputado Agustín Mollinedo Hernández presenta iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, en materia de libre desarrollo de la personalidad. Se turna a la Comisión de Justicia.
Desde sus respectivas curules, se adhieren a este asunto los diputados:
Santiago López Becerra.
Marco Antonio Peyrot Solís.
El diputado Joel Arellano Arellano presenta iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respecto a los servidores públicos en el ejercicio del derecho de petición. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.
La diputada Bertha Yolanda Rodríguez Ramírez presenta iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 5 de la Ley de Educación Militar del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, a fin de que dentro de los planes educativos en lo militar se considere la perspectiva de género, igualdad de oportunidades, en diversidad étnica y cultural, así como en derechos humanos, su respeto y promoción. Se turna a la Comisión de Defensa Nacional.
La diputada Aleida Alavez Ruiz presenta iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 24 y adiciona los artículos 26 Bis y 26 Ter a la Ley del Banco de México y adiciona la fracción XVII al artículo del Código Federal de Procedimientos Penales, para establecer sanciones y considerar como delitos graves a actividades de especulación y manipulación del mercado con divisas. Se turna a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Justicia.
El diputado Carlos Alberto Torres Torres presenta iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley para el Desarrollo de la Sociedad de la Información. Se turna a la Comisión de Ciencia y Tecnología, con opinión de las comisiones de la Función Pública y de Presupuesto y Cuenta Pública.
La diputada Holly Matus Toledo presenta iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 61 de la Ley General de Salud, relativa a detección y tratamiento de VIH perinatal. Se turna a la Comisión de Salud.
El Presidente rectifica el trámite dado a la iniciativa que presentó el diputado Carlos Alberto Torres Torres. Se turna a la Comisión de la Función Pública, con opinión de las comisiones de Ciencia y Tecnología, y de Presupuesto y Cuenta Pública.
Segunda lectura del dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública con proyecto decreto que expide la Ley General de Contabilidad Gubernamental y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Fundamenta el dictamen el diputado Benjamín Ernesto González Roaro y presenta modificaciones que se aceptan.
Fijan la posición de sus respectivos grupos parlamentarios los diputados:
Manuel Cárdenas Fonseca.
Carlos Alberto Puente Salas.
José Manuel del Río Virgen.
Javier Guerrero García.
Antonio Ortega Martínez.
Alma Edwviges Alcaraz Hernández.
Suficientemente discutido, se aprueba en lo general y en lo particular, con las modificaciones aceptadas. Pasa a la Cámara de Senadores para sus efectos constitucionales.
De conformidad con lo que dispone el artículo 2, numeral 2, inciso c, del Reglamento para la Transparencia y el Acceso a la Información Pública de la H. Cámara de Diputados, se publican las votaciones de los siguientes dictámenes:
De las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de la Función Pública, con proyecto de decreto que expide la Ley General de Contabilidad Gubernamental y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (en lo general y en lo particular, con las modificaciones aceptadas).
ASISTENCIA
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Pido a la Secretaría que haga del conocimiento de la Presidencia el resultado del registro de asistencia de diputadas y diputados.
La Secretaria diputada Margarita Arenas Guzmán: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 299 diputadas y diputados; por tanto, hay quórum.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón (a las 11:42 horas): Se abre la sesión.
ORDEN DEL DIA
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.
La Secretaria diputada Margarita Arenas Guzmán: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.
Señora presidenta, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.
«Primer Periodo Ordinario de Sesiones.--- Tercer Año de Ejercicio.--- LX Legislatura.
Orden del día
Martes 25 de noviembre de 2008.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Comunicaciones
Del gobierno del Distrito Federal, estado de Hidalgo y del estado de Puebla.
Del Congreso del estado de Guanajuato.
De la Junta de Coordinación Política.
Oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Por el que informa que el Servicio de Administración Tributaria, por conducto de las autoridades aduaneras locales competentes, en octubre de 2008 dio destino únicamente a mercancía perecedera, de fácil descomposición o deterioro y no transferible al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes.
Oficio de la Secretaría de Gobernación
Seis con los que remite contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados.
Minutas
Diez, con proyectos de decreto que conceden permiso a los ciudadanos María de la Asunción Espinosa Islas, María de Lourdes Aranda Bezaury, Juan José Sabines Guerrero, Jesús Marcelo de los Santos Fraga, María Victoria Romero Caballero, Alfonso de María y Campos Castelló, Luis Manuel Enrique Téllez Kuenzler, José Austreberto Ruiz Gómez, Jesús Javier Castillo Cabrera y Gumaro Cabrera Osornio para aceptar y usar las condecoraciones de la Orden de Dannebrog, en grados de Caballero, Gran Cruz y Comendador, que les otorga el gobierno del Reino de Dinamarca. (Turno a Comisión)
Cinco, con proyectos de decreto que conceden permiso a los ciudadanos José Natividad González Parás, Raúl Padilla López, Rafael Bastón Acasuso, Carlos Gabriel Solís Bastarrachea y Marco Antonio Elías Barrita para aceptar y usar las condecoraciones de la Orden al Mérito de la República Italiana, de la Orden de Isabel la Católica y de la Sacra y Militar Orden Constantiniana de San Jorge, así como las placas correspondientes al Premio Director de la Escuela de Oficiales de Armada de Argentina y la medalla Monja Blanca de Primera Clase, en grados de Comendador, Encomienda y Caballero de Mérito, que les otorgan los gobiernos de la República de Italia y del Reino de España, su alteza real don Carlos de Borbón-Dos Sicilias, la Armada de la República de Argentina y el Ejército de la República de Guatemala. (Turno a Comisión)
Iniciativas del Congreso del estado de Chihuahua
Que adiciona el apartado A del artículo 223 de la Ley Federal de Derechos. (Turno a Comisión)
Que reforma la fracción II del artículo 170 de la Ley Federal del Trabajo. (Turno a Comisión)
Que reforma el artículo 130 de la Ley del Seguro Social. (Turno a Comisión)
Iniciativa del Congreso del estado de Jalisco
Que adiciona dos párrafos al artículo 69 de la Ley Federal del Trabajo. (Turno a Comisión)
Efeméride con motivo del Día Internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer, a cargo de los Grupos Parlamentarios.
Iniciativas
De decreto por el que se declara 2009 como Año de la no Violencia entre las y los Jóvenes, suscrita por diversos diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Que reforma los artículos 66 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José Inés Palafox Núñez , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado Neftalí Garzón Contreras , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Que reforma los artículos 25 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por diversos diputados del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)
Que adiciona un artículo 24 Bis a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, a cargo del diputado Martín Óscar González Moran, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Que reforma el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Francisco Fraile García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, a cargo del diputado Agustín Mollinedo Hernández , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Que reforma el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Joel Arellano Arellano , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, a cargo del diputado Israel Beltrán Montes , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Que reforma el artículo 24 y adiciona los artículos 26 Bis y 26 Ter a la Ley del Banco de México, suscrita por los diputados Aleida Alavez Ruiz y Alejandro Sánchez Camacho , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del diputado Moisés Alcalde Virgen , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Que reforma el artículo 61 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Holly Matus Toledo , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Que reforma los artículos 1164 y 1165 del Código de Comercio, a cargo de la diputada Martha Hilda González Calderón , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Que expide la Ley para el Desarrollo de la Sociedad de la Información, suscrita por diputados de diversos Grupos Parlamentarios. (Turno a Comisión)
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, a cargo del diputado Carlos Navarro Sugich , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Que reforma el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Neftalí Garzón Contreras , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Que reforma el artículo 5 de la Ley de Educación Militar del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, a cargo de la diputada Bertha Yolanda Rodríguez Ramírez , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Que reforma el artículo 2 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, a cargo del diputado Christian Martín Lujano Nicolás , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Que reforma el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Neftalí Garzón Contreras , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Adriana Díaz Contreras , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Que reforma el artículo 47 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Carlos Ernesto Zatarain González , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Que reforma el artículo 229 Bis del Código Penal Federal, a cargo del diputado Elías Cárdenas Márquez , del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)
Que reforma el artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Gerardo Octavio Vargas Landeros , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Que reforma los artículos 2 y 3 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura, a cargo de la diputada Bertha Yolanda Rodríguez Ramírez , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Que reforma los artículos 64, 84 y 130 de la Ley del Seguro Social, a cargo de la diputada Holly Matus Toledo , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Que reforma el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Ramón Barajas López , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Que reforma el artículo 145 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, a cargo de la diputada Patricia Castillo Romero , del Grupo Parlamentario Convergencia. (Turno a Comisión)
Que reforma el artículo 167 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo de la diputada Beatriz Manrique Guevara , del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)
Que reforma el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y expide la Ley General de Archivos, a cargo del diputado Enrique Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Que reforma el artículo 2-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, suscrita por los diputados Javier Guerrero García , Horacio Garza Garza e Ismael Ordaz Jiménez , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Que expide la Ley del Impuesto Sobre Emisiones de Vehículos Particulares, a cargo del diputado Alan Notholt Guerrero , del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)
Que reforma el artículo 34 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, a cargo de la diputada Claudia Cruz Santiago, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y suscrita por diputados de diversos Grupos Parlamentarios. (Turno a Comisión)
Que reforma el artículo 12 de la Ley General de Educación, suscrita por los diputados Bertha Yolanda Rodríguez Ramírez y Gerardo Octavio Vargas Landeros , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Que reforma el artículo 31 del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Claudia Cruz Santiago, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y suscrita por diputados de diversos Grupos Parlamentarios. (Turno a Comisión)
Que reforma el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Bertha Yolanda Rodríguez Ramírez , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Que adiciona el artículo 1004 Bis a la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Claudia Cruz Santiago, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y suscrita por diputados de diversos Grupos Parlamentarios. (Turno a Comisión)
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica y del Reglamento para el Gobierno Interior, ambos del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Alberto Amador Leal , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes: Federal del Trabajo y del Seguro Social, a cargo de la diputada Claudia Cruz Santiago, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y suscrita por diputados de diversos Grupos Parlamentarios. (Turno a Comisión)
De decreto para inscribir con letras de oro en el Muro de Honor del Palacio Legislativo de San Lázaro la leyenda ``Federación de Chiapas a México'', a cargo del diputado Arnulfo Elías Cordero Alfonzo , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social, a cargo de la diputada Claudia Cruz Santiago, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y suscrita por diputados de diversos Grupos Parlamentarios. (Turno a Comisión)
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes: Federal del Trabajo y del Seguro Social, a cargo de la diputada Claudia Cruz Santiago, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y suscrita por diputados de diversos Grupos Parlamentarios. (Turno a Comisión)
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, suscrita por diversos diputados del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Efraín Morales Sánchez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social, a cargo del diputado Neftalí Garzón Contreras , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Que reforma el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y diversas disposiciones de la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a cargo del diputado Fernando Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Que reforma el artículo 6 de la Ley que Establece las Normas Mínimas Sobre Readaptación Social de Sentenciados, a cargo del diputado Fernando Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, a cargo de la diputada Rosario Ortiz Magallón , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Que reforma los artículos 39, 40 y 41 de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del diputado Fernando Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Que expide la Ley para la Protección de los Deudores de la Banca Comercial, a cargo del diputado Víctor Hugo García Rodríguez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Que reforma los artículos 115 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Rafael Villicaña García , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Que reforma los artículos 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 7 y 133 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado Joaquín de los Santos Molina , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Que reforma el artículo 22 de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, a cargo de la diputada María Soledad Limas Frescas , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Que reforma el artículo 4 de la Ley General de Desarrollo Social, a cargo de la diputada Ana Yurixi Leyva Piñón , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Carlos Ernesto Zataráin González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Que reforma los artículos 3 y 18 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, a cargo de la diputada Irma Piñeyro Arias , del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza. (Turno a Comisión)
Que adiciona las fracciones XXX, XXXI y XXXII al artículo 28 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, a cargo de la diputada Marcela Cuen Garibi , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno Comisión)
Que reforma el artículo 7 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo de la diputada Ana Yurixi Leyva Piñón , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Que reforma el artículo 15 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Arnoldo Ochoa González , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Que reforma el artículo 21 de la Ley del Banco de México, a cargo del diputado Javier Martín Zambrano Elizondo , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Servicio Militar, a cargo del diputado Fernel Arturo Gálvez Rodríguez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Que reforma la fracción III del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Arnoldo Ochoa González , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Que reforma la fracción XIV del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Marco Antonio Peyrot Solís , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes de Desarrollo Rural Sustentable, y de Planeación, a cargo del diputado Irineo Mendoza Mendoza , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de las Leyes Agraria, y General de Desarrollo Forestal Sustentable, a cargo del diputado Jesús Manuel Patrón Montalvo , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Dictámenes de primera lectura
De las Comisiones Unidas de Defensa Nacional, y de Marina, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos; de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos; para la Comprobación, Ajuste y Cómputo de Servicios en el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos; Orgánica de la Armada de México; de Ascensos de la Armada de México; y para la Comprobación, Ajuste y Cómputo de Servicios de la Armada de México.
De la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto que reforma el párrafo primero y la fracción III del artículo 30 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
De la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto que reforma el párrafo primero y adiciona uno segundo al artículo 246 del Código Penal Federal.
De la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto que reforma el artículo 31 y adiciona uno décimo transitorio a la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.
Dictámenes a discusión
De las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de la Función Pública, con proyecto de decreto que expide la Ley General de Contabilidad Gubernamental y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto que reforma el artículo 184 de la Ley General de Salud.
De la Comisión de Economía, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones, y del Código de Comercio.
De la Comisión de Economía, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor.
De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes del Impuesto sobre la Renta, del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, y de Coordinación Fiscal.
De la Comisión de Derechos Humanos, con puntos de acuerdo para condenar las actitudes represoras, violentas e irracionales contra habitantes de Coacalco de Berriozábal, México.
De la Comisión de Seguridad Pública, con puntos de acuerdo a fin de exhortar al titular de la SSP, a los gobernadores de las entidades federativas y al jefe del Gobierno del Distrito Federal a implantar a través de las áreas competentes en materia de ejecución de penas, en sus ámbitos de competencia, las acciones necesarias para bloquear las llamadas por teléfonos celulares u otros medios de comunicación no permitidos en los centros de readaptación social federales y en los estatales.
De la Comisión de Justicia, con puntos de acuerdo para exhortar a las Secretarías de Seguridad Pública, y de Hacienda y Crédito Público, así como a la Procuraduría General de la República, a informar sobre las acciones, los planes y los programas que llevan a cabo en torno de la retención de armas de fuego portadas de manera ilegal.
De la Comisión de Asuntos Indígenas, con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal a establecer como sede del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas el edificio que originalmente albergó el Instituto Lingüístico de Verano.
De la Comisión de Seguridad Pública, con puntos de acuerdo por los que se exhorta al titular del Ejecutivo federal a instruir a los secretarios de Hacienda y Crédito Público, y de Seguridad Pública para que destinen recursos adicionales etiquetados, derivados de los subejercicios que se tienen a la fecha, a fin de estimular a los gobiernos municipales, en especial a los que invierten recursos propios y presentan proyectos innovadores de combate de la inseguridad y de la delincuencia organizada.
De la Comisión de Agricultura y Ganadería, con puntos de acuerdo para que la Sagarpa envíe inspectores al mercado de San Bernabé, en Almoloya de Juárez, México, a fin de evaluar las condiciones en que se comercializan animales y emitir un dictamen técnico que permita establecer un punto de verificación e inspección zoosanitarias permanente o clausurar de forma definitiva el lugar.
De la Comisión de Agricultura y Ganadería, con punto de acuerdo a fin de exhortar al titular del Poder Ejecutivo federal a instaurar por conducto de la Sagarpa un programa urgente de apoyos para los productores de papa del país.
De la Comisión de Salud, con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal a proponer ante la Asamblea Mundial de la Salud, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la adopción de un año mundial sin tabaco y el lema alusivo ``La organización social contra el tabaco''.
De la Comisión de Salud, con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Salud a instaurar programas encaminados a fortalecer la investigación sobre Alzheimer y enfermedades neurodegenerativas e implantar medidas que faciliten su diagnóstico y tratamiento.
De la Comisión de Transportes, con punto de acuerdo para exhortar al secretario de Comunicaciones y Transportes a revisar el estado que guarda el contrato de dicha dependencia con la Constructora Codiocsa de Xalapa, SA de CV, respecto a la conservación periódica de la carretera Atzalan-Tlapacoyan, Veracruz.
De la Comisión de Transportes, con punto de acuerdo para exhortar al secretario de Comunicaciones y Transportes a demandar a Ferrocarril Mexicano, SA de CV, la inmediata construcción de un libramiento que libere Tepic, Nayarit, del paso de sus unidades de transporte de carga, conforme al natural crecimiento de la mancha urbana.
De la Comisión de Transportes, con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a realizar un estudio de factibilidad técnico-económica sobre la aplicación de materiales geosintéticos en las carreteras federales.
De la Comisión de Transportes, con punto de acuerdo para exhortar al secretario de Comunicaciones y Transportes a vigilar el cumplimiento de los contratos con los concesionarios de los aeropuertos del país.
De la Comisión de Transportes, con punto de acuerdo para exhortar al secretario de Comunicaciones y Transportes a realizar un diagnóstico integral sobre el estado que guardan las carreteras de la República Mexicana y, una vez hecho, implantar un programa de mantenimiento preventivo y correctivo.
De la Comisión de Transportes, con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a reclasificar del tipo B al A las carreteras 136 y 140, a fin de apoyar el transporte de carga, parte fundamental de la economía, e informar por escrito del tratamiento dado a esta proposición.
De la Comisión de Transportes, con punto de acuerdo para exhortar al secretario de Comunicaciones y Transportes, y a las autoridades del aeropuerto internacional de la Ciudad de México y de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a atender la problemática que presenta el servicio de taxis de esa central aérea y hacia ella.
De la Comisión de Transportes, con punto de acuerdo a fin de exhortar al Ejecutivo federal a instruir al secretario de Comunicaciones y Transportes para que, en términos de lo dispuesto en los artículos 12 y 13 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, formule sin demora el proyecto de Reglamento de Paquetería y Mensajería previsto en el artículo 58 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.
De la Comisión de Transportes, con puntos de acuerdo relativos al proyecto carretero Bolaños, en Huejuquilla el Alto, Jalisco.
De la Comisión de Transportes, con puntos de acuerdo a fin de exhortar al Ejecutivo federal a cumplir mediante la SCT, Capufe y el FARAC la Ley de Caminos y Puentes Federales y el Reglamento para el Aprovechamiento del Derecho de Vía de las Carreteras Federales y Zonas Aledañas.
De la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, con proyecto de decreto relativo a la revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal correspondiente al Ejercicio Fiscal de 2002.
De la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública con proyecto de decreto relativo a la revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal correspondiente al Ejercicio Fiscal de 2003.
De la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública con proyecto de decreto relativo a la revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal correspondiente al Ejercicio Fiscal de 2004.
De la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública con proyecto de decreto relativo a la revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal correspondiente al Ejercicio Fiscal de 2005.
Proposiciones
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sectur, apoye con los elementos arquitectónicos, urbanísticos y medios de accesibilidad necesarios para que garantice el libre tránsito o movilidad de las personas con capacidades diferentes dentro de los destinos turísticos de playa del territorio nacional, en especial Huatulco, a cargo del diputado Humberto López Lena Cruz , del Grupo Parlamentario Convergencia. (Sólo turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita la comparecencia del director de Pemex-Gas y Petroquímica Básica para que informe respecto a las causas del accidente ocurrido en el complejo procesador de gas de Cactus, Chiapas, y a los programas de seguridad industrial de dicho organismo, a cargo del diputado Alejandro Sánchez Camacho , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SSP y a la PGR a ajustar su actuación a las disposiciones de la Constitución federal; y a la ASF, a fiscalizar los ingresos y los egresos correspondientes a la SSP y a la AFI de la PGR, a cargo de la diputada Layda Elena Sansores San Román , del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Sólo turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Comité Técnico del Fideicomiso del Fondo de Apoyo para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos a considerar a través de la Segob el incremento del apoyo social que se otorga a los beneficiados por las compensaciones que se determinan en la ley y las reglas de operación en la materia, a cargo del diputado Alejandro Sánchez Camacho , del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, relativo a los fondos de pensión, y a los sistemas de ahorro para el retiro y la vivienda, a cargo del diputado Rafael Ramos Becerril, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a emplear a través de la SHCP el subsidio previsto en el decreto de Presupuesto de Egresos y en la Ley de Ingresos de la Federación de 2009 y que no se utilizará por las nuevas condiciones del mercado para reducir el precio de las gasolinas y del diesel, a cargo de la diputada Mónica Fernández Balboa , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, relativo a las obras y recursos para atender las zonas afectadas por las lluvias en Veracruz, a cargo del diputado Íñigo Laviada Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se cita a comparecer al titular de la SHCP para que informe respecto de las acciones que emprenderá contra los responsables de los actos y omisiones perpetrados por servidores públicos de esa dependencia con relación a la operación mediante la cual se fusionaron Citibank y Banamex, a cargo del diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, para exhortar al titular de la Semarnat, inicie la gestión ante la UNESCO, a fin de que la reserva de la biosfera de Los Petenes sea considerada patrimonio natural de la humanidad, a cargo del diputado Jorge Rubén Nordhausen González , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sedena y a la SCT a reabrir a la aviación comercial la base militar aérea número 2 del municipio de Ciudad Ixtepec, Oaxaca, a cargo del diputado José Luis Varela Lagunas , del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal s reforzar la vigilancia en las aduanas y a fortalecer los programas de protección al migrante, a cargo del diputado Andrés Bermúdez Viramontes , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la Junta de Coordinación Política a crear un grupo de trabajo relacionado con la alianza por la calidad de la educación, suscrito por los diputados Adrián Pedrozo Castillo y Alejandro Sánchez Camacho , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno del estado de Oaxaca y a la Procuraduría General de Justicia de dicha entidad a garantizar la seguridad y la eficiencia del sistema judicial, y a aplicar el estado de derecho en la procuración y administración de justicia, a cargo del diputado José Luis Varela Lagunas , del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a emitir, a través de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, un informe detallado de los comentarios recabados por la Comisión Federal de Mejora Regulatoria sobre los puntos planteados en el dictamen elaborado por ésta, a cargo de la diputada Adriana Díaz Contreras , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a emitir, a través de la Sagarpa, el Reglamento de la Ley de Productos Orgánicos, a cargo del diputado Fabián Fernando Montes Sánchez , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a facilitar, a través de la Sagarpa, la ejecución federalizada del Programa de Uso Sustentable de los Recursos Naturales para la Producción Primaria en el Distrito Federal, a cargo del diputado Carlos Navarro López , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que exhorta a la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra y a Ferronales a agilizar los trámites en asentamientos humanos irregulares del municipio de Tijuana, Baja California, a cargo del diputado Ricardo Franco Cazares, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a emitir la declaratoria de zona de desastre al municipio de Hidalgo de Parral, Chihuahua, por los daños que ocasionaron las lluvias y libere recursos del Fonden para atender a la población, a cargo del diputado Carlos Armando Reyes López , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se cita a comparecer al titular de la Sagarpa a fin de que brinde información a la Comisión de Hacienda y Crédito Público sobre el esquema de compras anticipadas de maíz blanco del estado de Sinaloa para el ciclo agrícola 2007/2008, a cargo del diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP, a la SE, a la Sener, a la CFE y a la Comisión Reguladora de Energía a instaurar mecanismos para ajustar y reducir las tarifas de los sectores más vulnerables del país, a cargo de la diputada Mónica Arriola, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la CNBV a vigilar que se cumpla lo establecido en el artículo 65 de la Ley de Instituciones de Crédito, a cargo del diputado Obdulio Ávila Mayo , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP a establecer en la Ley de Ingresos de la Federación para 2009 un impuesto especial al consumo de bolsas de plástico elaboradas con cualquier polímero y espesor, a cargo del diputado José Gildardo Guerrero Torres , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo del estado de Tlaxcala a resolver los problemas de inseguridad de la entidad, a cargo del diputado Alberto Amaro Corona , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SE y a la Sectur a incluir en las artesanías mexicanas la leyenda ``manos mágicas'', a cargo de la diputada Elda Gómez Lugo , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a instruir a la PGR la creación de una fiscalía especial para la prevención de delitos contra el patrimonio cultural y la atención del tráfico de bienes culturales, a cargo del diputado Ramón Ignacio Lemus Muñoz Ledo , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, relativo al proceso de licitación para las concesiones que se otorgarán en el desarrollo del proyecto Puerto Bahía Colonet, suscrito por los diputados Francisco Javier Paredes Rodríguez y Héctor Manuel Ramos Covarrubias , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a hacer obligatoria, a través de la SCT y la SSP, que el tránsito de vehículos pesados y aquellos que transporten materiales peligrosos sea por la autopista Irapuato-Querétaro y no por la carretera 45, a cargo del diputado Martín Malagón Ríos , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a declarar el 20 de enero de cada año como Día Nacional para Erradicar la Pobreza, a cargo del diputado Gerardo Priego Tapia , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, a fin de que se integre una mesa de trabajo de alto nivel con representantes del Ejecutivo federal, del Congreso de la Unión y de los Poderes Ejecutivos y Legislativos de los estados de Oaxaca y Chiapas para resolver los problemas limítrofes y agrarios entre dichas entidades, a cargo del diputado Martín Ramos Castellanos , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a acordar, a través de la SHCP, la ampliación del horario de aplicación de la tarifa 9n para el uso agrícola a las 24 horas del día, a cargo del diputado Francisco Javier Calzada Vázquez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del Ejecutivo federal a suspender de inmediato, a través de la Sedena y de autoridades civiles federales, los cateos domiciliarios en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, suscrito por los diputados Sonia Nohelia Ibarra Franquez, Alliet Mariana Bautista Bravo y Juan Nicasio Guerra Ochoa , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Congreso del estado de Tamaulipas a legislar a favor de la pronta homologación del Calendario Electoral del Estado, suscrita por diversos diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno del estado de Oaxaca, a instituir un programa contra la desnutrición en esa entidad, a cargo del diputado José Luis Varela Lagunas , del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la titular de la SEP que suspenda la distribución del éxito en ventas Cuando el monstruo despierta, porque se viola la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Educación y demás normatividad en la materia, a cargo de la diputada Miguel Ángel Solares Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno del estado de Oaxaca a establecer, a través de la Semarnat, mecanismos para la preservación de los árboles históricos de la ciudad de Oaxaca, a cargo del diputado José Luis Varela Lagunas , del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP y a la Secretaría de Educación de Tabasco a implantar programas educativos que permitan elevar el nivel académico en la educación media superior en dicha entidad, a cargo del diputado Moisés Dagdug Lützow , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, relativo a las obras de rehabilitación del puente de Metlac en la autopista Orizaba-Córdoba, Veracruz, a cargo del diputado Pedro Montalvo Gómez , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los congresos locales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a armonizar sus legislaciones en materia de prevención y sanción de la desaparición forzada de personas, a cargo del diputado Gerardo Priego Tapia , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, sobre la relación entre el gobierno estatal y municipales en Oaxaca, a cargo del diputado Carlos Altamirano Toledo , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, relativo a la promoción de los resultados de diversos programas sociales que ha enviado el Ejecutivo federal a sus beneficiarios en el contexto del Segundo Informe de Gobierno, a cargo del diputado Luis Enrique Benítez Ojeda , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a revisar, a través de la SCT, la inoperatividad de la línea férrea Sánchez-Oaxaca y revocar la concesión que se otorgó a la empresa Ferromex, a cargo del diputado José Luis Varela Lagunas , del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat a ejecutar lo establecido en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo del diputado Diego Cobo Terrazas , del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sener a coordinar los trabajos para la realización de un acuerdo regional entre Pemex, organismos subsidiarios y contratistas, con los estados y municipios que conforman la región Cuenca de Burgos, suscrita por diputados integrantes de la Comisión Especial de la Cuenca de Burgos. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a instituir y celebrar el Día Nacional del Niño por Nacer, a cargo del diputado Leonardo Magallón Arceo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno del estado de Oaxaca y a la PGJ de la entidad a investiguen la agresión física que sufrieron autoridades del municipio de Zimatlán de Álvarez, Oaxaca, el pasado 30 de agosto del año en curso, a cargo del diputado Othón Cuevas Córdova , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la ASF, al SAT y a la PGR a hacer cumplir los procedimientos legales relativos a los resultados de la investigación del desvío de recursos por parte del gobierno del estado de Oaxaca y el origen del capital para la construcción del Sedna, hospital situado en la colonia Pedregal de Carrasco, Distrito Federal, a cargo del diputado José Luis Varela Lagunas , del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la SCT a retirar o reubicar la caseta de cobro de Chalco en la autopista México-Puebla, a cargo de la diputada Alma Lilia Luna Munguía , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las legislaturas de los estados a adecuar su legislación electoral conforme a la reforma constitucional de 2007, a cargo del diputado Fernando Enrique Mayans Canabal , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, para que se cite a comparecer al titular de la Sagarpa a fin de que aclare lo relativo a los subejercicios en el Presupuesto 2008 de la dependencia y explique las acciones para apoyar al campo por las recientes lluvias que han azotado al país y rinda cuenta de la glosa del Segundo Informe de Gobierno que presentó el titular del Ejecutivo el 1 de septiembre, a cargo del diputado José Rubén Escajeda Jiménez , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta Ejecutivo federal a realizar, a través de las dependencias competentes y en coordinación con las Comisiones de Recursos Hidráulicos de las Cámaras de Senadores y de Diputados, una revisión detallada del Programa Nacional Hídrico, a cargo del diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva , del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP establecer lo necesario para que los libros de texto gratuitos del año anterior sean devueltos por los alumnos, a cargo de la diputada Dolores María del Carmen Parra Jiménez , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Comisión de Turismo de esta soberanía que integre una subcomisión plural analice y evalúe el efecto del derecho por servicio migratorio en el turismo, en la industria de cruceros y en la economía de los lugares donde arriban éstos, a cargo del diputado Víctor Manuel Lizárraga Peraza , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, relativo a la eliminación del certificado fitosanitario para la exportación de productos citrícolas, a cargo del diputado Pedro Montalvo Gómez , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Congreso del estado de Tabasco a expedir las disposiciones legales para promover la igualdad entre hombres y mujeres, a cargo del diputado Gerardo Priego Tapia , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, para que el Consejo de Salubridad General establezca un programa de emergencia para atender a la población de El Salto y Juanacatlán, Jalisco, que es víctima de la contaminación del río Santiago y de los desechos sólidos municipales, a cargo del diputado Héctor Padilla Gutiérrez , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los Congresos Estatales a armonizar su legislación con los tratados internacionales en materia de discriminación y protección de los derechos humanos, a cargo del diputado Gerardo Priego Tapia , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Semarnat que realice una ampliación del polígono del área de refugio para la protección de la vaquita marina y, en coordinación con la SRE, entreguen un informe de los recursos destinados para salvar dicha especie, a cargo del diputado Cristián Martín Lujano Nicolás, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a establecer los mecanismos necesarios para salvaguardar la confidencialidad de la información personal de los usuarios de los servicios de telefonía, a cargo de la diputada Dolores María del Carmen Parra Jiménez , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, sobre el ilegal bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos de América en contra del pueblo de Cuba, suscrita por diputados de los Grupos Parlamentarios de los Partidos: de la Revolución Democrática, Convergencia y del Trabajo. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, relativo a la actualización y mejoramiento de las tarifas eléctricas en apoyo a los grupos de menores ingresos del país, a cargo del diputado Pedro Montalvo Gómez , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat y a la Profepa a fortalecer, con la Sedena y la PFP, los operativos e inspecciones en la reserva de la biosfera mariposa monarca, a cargo de la diputada Blanca Luna Becerril , del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sectur a incluir el municipio de Sombrerete, Zacatecas, en el programa Pueblos Mágicos de México, a cargo de la diputada María Dolores González Sánchez , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sener a tomar las medidas necesarias, a efecto de que Pemex reduzca el precio del gasóleo doméstico, del gas LP y del gas natural para los consumidores del estado de Chihuahua, a cargo del diputado Enrique Serrano Escobar , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat a declarar como áreas naturales, a través de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad y de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, diversas regiones de la República Mexicana, a cargo del diputado Christian Martín Lujano Nicolás , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la Segob, de la SHCP, del Banco de México y de la CNBV, a intervenir frente al problema de la extorsión telefónica, a cargo del diputado Salvador Barajas del Toro , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Semarnat que promueva el desarrollo del proyecto de recuperación de especies prioritarias para diversos primates, a cargo del diputado Christian Martín Lujano Nicolás , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat a realizar, a través de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, los estudios de población de diversas especies de reptiles y tomar las medidas necesarias para su preservación, a cargo del diputado Christian Martín Lujano Nicolás , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat y a la Secretaría de Medio Ambiente del Distrito Federal a realizar un programa de conservación y rescate de las barrancas, para garantizar su preservación y aprovechamiento, a cargo del diputado Christian Martín Lujano Nicolás , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que por el que se exhorta al titular del Conacyt a elaborar una base de datos de sus becarios y ex becarios y hacerla pública, a cargo del diputado Javier Zambrano Elizondo , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Procuraduría de Justicia del estado de Baja California a investigar las causas de los motines en el centro de readaptación social de La Mesa, en el municipio de Tijuana, a cargo del diputado Ricardo Franco Cazarez , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a replantear la estructura de la evaluación de los estudios de impacto ambiental para la realización de obras, a cargo del diputado Pedro Montalvo Gómez , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a destinar recursos del Fonden a diversos municipios del estado de Tabasco afectados por las recientes lluvias, a cargo del diputado Gerardo Priego Tapia , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEGOB a liberar los recursos del Fonden y del FAPRACC para atender a la población afectada por la tormenta tropical número 33 en el estado de Veracruz, a cargo del diputado Celso David Pulido Santiago , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, en relación con el asesinato del locutor Alejandro Zenón Fonseca Estrada de la Cadena Exa en la ciudad de Villahermosa, a cargo del diputado Gerardo Priego Tapia , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Segob que reanude las negociaciones que se estaban realizando en esa dependencia, entre el gobierno y el magisterio del estado de Morelos para solucionar el conflicto derivado del acuerdo para la calidad de la educación, a cargo del diputado Adrián Pedrozo Castillo , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los congresos de las entidades federativas a actualizar sus ordenamientos en materia de responsabilidad administrativa, a cargo del diputado Carlos Armando Reyes López , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita al Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos información referente a las pérdidas ocasionadas por tomas clandestinas, a cargo del diputado Javier Martín Zambrano Elizondo , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, relativo a la prohibición a las alumnas de la Universidad Autónoma de Sinaloa de usar determinada vestimenta, a cargo de la diputada Eva Sánchez Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a garantizar, a través de Pemex, el suministro de combustibles a la estación de servicio en la Isla de Cedros, Baja California, a cargo del diputado Héctor Manuel Ramos Covarrubias , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob a emitir la declaratoria de emergencia y desastre natural en los municipios de Jalpa de Méndez, Jonuta, Huimangillo y Nacajuca, Tabasco, suscrita por diversos diputados del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a implantar un Programa emergente, a efecto de subsidiar el combustible utilizado por vehículos de transporte público, a cargo del diputado Gustavo Fernando Caballero Camargo , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PGR a dar seguimiento a las averiguaciones previas relacionadas con el robo de energía eléctrica, a cargo del diputado Javier Zambrano Elizondo , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del Ejecutivo federal a instaurar, a través de la SE y de la Profeco, medidas para evitar que sean alterados los precios de productos o servicios de establecimientos que se encuentren en centrales de autobuses, aeropuertos y carreteras del país, a cargo del diputado Rafael Villicaña García , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a decretar, a través de la Semarnat y de la Conagua, una moratoria para impedir la extracción de arena en el valle de Guadalupe, Ensenada, Baja California, suscrito por los diputados Héctor Manuel Ramos Covarrubias y Francisco Javier Paredes Rodríguez , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador del estado de Baja California a informar a esta soberanía lo relacionado al operativo en el Cereso La Mesa, de Tijuana, Baja California, los días 13 y 15 de septiembre de 2008, a cargo de la diputada Eva Sánchez Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat y al gobierno del estado de Veracruz a efectuar acciones de manera coordinada para atender la contaminación del río Blanco, a cargo del diputado Pedro Montalvo Gómez , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP, a la Condusef y al Sindicato Nacional de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana a informar sobre el fideicomiso 56342/FID/III/06, relativo al fondo de reserva de la empresa de seguros La República, a cargo del diputado Rolando Rivero Rivero , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Gobernador del estado de Tamaulipas a cumplir lo establecido en la Ley de Aguas de dicha entidad, a cargo del diputado Luis Alonso Mejía García , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a realizar, a través de la Semarnat y de la Conagua, un análisis sobre la pertinencia de instalar nuevas estaciones de medición de temperatura en las zonas urbanas de los municipios de la región Huasteca de San Luis Potosí, a cargo del diputado David Lara Compeán , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita al titular de Capufe que incluya el municipio de Ecatepec, estado de México en el programa Vecinos Residentes a una plaza de cobro de San Cristóbal de la autopista México-Pachuca, a cargo del diputado Salvador Ruiz Sánchez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las Comisiones de Estudios Legislativos y de Energía de la Cámara de Senadores a considerar, en la dictaminación de las iniciativas de reforma petrolera, la opinión de las asociaciones o colegios de profesionistas y técnicos registrados ante la SEP del ramo correspondiente para el nombramiento de los integrantes profesionales del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos; y a tomar en cuenta la creación del Comité de Tecnología Mexicana e Investigación de Pemex y el Comité de Desarrollo del Capital Humano Mexicano, suscrito por los diputados Alfonso Izquierdo Bustamante y José Ascensión Orihuela Barcenas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Semarnat a expedir una NOM para la prevención de la contaminación del ambiente marino con agua de lastre de los buques, a cargo del diputado Marco Antonio Peyrot Solís , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP a modificar e incorporar, que en coordinación con la Conaliteg el tema migratorio en los contenidos de los libros de texto gratuitos de nivel básico, a cargo del diputado Alberto Amaro Corona , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhortar al titular del Poder Ejecutivo a declarar el 11 de octubre de cada año como Día Nacional del Talento y la Innovación Tecnológica, a cargo del diputado Javier Zambrano Elizondo , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, relativo a los derechos de los ejidatarios de Huizopa, Chihuahua, suscrito por diversos diputados del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del Ejecutivo federal a implantar, a través de sus dependencias, una estrategia para otorgar apoyos y convertir en lugar turístico el municipio de San Pedro de la Cueva, Sonora, a cargo del diputado José Inés Palafox Núñez , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al INEGI a incluir en los censos y conteos de población y vivienda preguntas conducentes a contabilizar a las personas afromexicanas, a cargo del diputado Joaquín de los Santos Molina , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Junta de Gobierno de Luz y Fuerza del Centro y a la CFE información referente a las pérdidas no técnicas o por el hurto de energía, a cargo del diputado Javier Martín Zambrano Elizondo , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, de la STPS y de la SHCP a otorgar un aumento de emergencia a los sueldos mínimos generales, contractuales y de los trabajadores al servicio del Estado, a cargo del diputado José Antonio Almazán González , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a realizar, a través de la SCT y de Capufe, los trámites necesarios para permitir a los viajeros inscritos en el Programa Red Electrónica Segura para la Inspección Rápida de Viajeros el cruce en los puertos fronterizos, a cargo del diputado Carlos Alberto García González , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a informar a esta soberanía sobre la estructura orgánica, los elementos normativos y la metodología con que se ejecutarán los acuerdos establecidos con el gobierno de Estados Unidos de América en el marco de la llamada iniciativa Mérida, a cargo del diputado Armando Barreiro Pérez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, relativo al conflicto magisterial en el estado de Morelos, a cargo del diputado Abundio Peregrino García , del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta Ejecutivo federal a fortalecer, a través de las instancias competentes, las acciones y estrategias de impacto y visibilidad del Programa Nacional Escuela Segura y a reforzar la prevención y el control de las adicciones en las escuelas, a cargo de la diputada Mónica Arriola, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la titular de la SEP a incluir en su estructura el Programa de Escuelas de Tiempo Completo, así como brindar un informe de resultados sobre éste para valorar su desempeño, cumplimiento de metas y el uso de los recursos públicos, a cargo de la diputada Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez , del Grupo Parlamentario Alternativa. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Salud, para que atienda gratuitamente a las personas que padecen ludopatía o adicción al juego, a cargo del diputado Marco Heriberto Orozco Ruiz Velasco, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las autoridades competentes a construir el tramo carretero Ahuateno-Tecomate-Tlacolula, en Chicontepec, Veracruz, a cargo del diputado José Manuel del Río Virgen , del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de la Reforma Agraria a llevar a cabo acciones para solucionar los conflictos agrarios en varios ejidos de Chiapas, a cargo del diputado Fernel Arturo Gálvez Rodríguez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios a determinar si los suministros para diálisis proporcionados por la empresa Laboratorios Pisa, SA de CV, representan un riesgo para la salud humana, a cargo del diputado José Luis Aguilera Rico , del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob, a los titulares de los ejecutivos estatales, al jefe de Gobierno del Distrito Federal, a los Congresos locales, a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a las dirigencias nacionales de los partidos políticos y a los grupos parlamentarios del Congreso de la Unión a establecer los procedimientos óptimos para que los mexicanos en el extranjero ejerzan su derecho al voto en las elecciones para gobernadores y jefe de Gobierno de la capital del país, a cargo del diputado Alberto Amaro Corona , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al IMSS a abstenerse de comprar los suministros para diálisis proporcionados por la empresa Laboratorios PISA, SA de CV, a cargo del diputado José Luis Aguilera Rico , del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, para que comparezcan ante las Comisiones de Derechos Humanos, y Especial de seguimiento a las agresiones a periodistas y medios de comunicación de esta soberanía, el subprocurador de Derechos Humanos, Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad, y el titular de la Fiscalía Especial para la atención de Delitos cometidos contra Periodistas, ambos de la PGR, así como el quinto visitador general de la CNDH, a fin de que expliquen la emisión y cumplimiento de la recomendación 50/2008; suscrita por los diputados Aleida Alavez Ruiz , Daisy Selene Hernández Gaytán , Joaquín Conrado de los Santos Molina y Gerardo Priego Tapia , de los Grupos Parlamentarios de los Partidos de la Revolución Democrática y Acción Nacional, respectivamente. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, relativo a la implantación de un plan de ayuda emergente para las víctimas de las tormentas suscitadas en Tabasco y Veracruz, a cargo del Rafael Elías Sánchez Cabrales , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a Pemex y a la Sener a emprender las acciones necesarias para la construcción de una refinería en Tuxpan, Veracruz, a cargo del diputado Íñigo Laviada Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, implemente acciones emergentes para la restauración y conservación de la Cuenca Lerma-Chapala-Santiago, a cargo de la diputada María Mercedes Colín Guadarrama , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a destinar mayores recursos a los programas indígenas, a cargo del diputado José Edmundo Ramírez Martínez , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al director de Capufe a incluya los municipios de Chalco e Ixtapaluca, estado de México, en el Programa de Vecinos Residentes en la caseta de cobro 71 de la autopista México-Puebla, suscrito por los diputados Rafael Ramos Becerril y Jaime Espejel Lazcano , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob, al Instituto Nacional del Migración, a la PGR y a la SRE a realizar un padrón de repatriados que hayan cumplido sentencia por delitos contra la salud o lavado de dinero en el extranjero, con atención especial en Estados Unidos de América y en las Repúblicas de Guatemala y de Belice, a cargo del diputado Jesús Alcántara Núñez , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, relativo a las reglas para el otorgamiento de créditos del Infonavit, a cargo del diputado Neftalí Garzón Contreras , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Sagarpa A definir una política que impulse el Sistema Nacional de Investigación y Transferencia de Tecnología para el Desarrollo Rural Sustentable, a cargo de la diputada Irma Piñeyro Arias , del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP a exentar del pago por examen a los estudiantes del Subsistema de Preparatoria Abierta, a cargo del diputado Gerardo Villanueva Albarrán , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al jefe de Gobierno del Distrito Federal a autorizar, a través del Secretario de Obras y Servicios, las obras de pasos inferiores en la delegación Miguel Hidalgo, a cargo de la diputada María Gabriela González Martínez , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita al grupo de trabajo de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de esta soberanía encargado del seguimiento y la aplicación de los convenios de la Alianza por la Calidad de la Educación que convoque y realice foros públicos temáticos de análisis y debate de las implicaciones de dicho pacto, a cargo del diputado Adrián Pedrozo Castillo , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República a formular excitativa a las Comisiones Unidas de Justicia, de Gobernación, y de Estudios Legislativos a fin de que presenten al Pleno el dictamen correspondiente a la minuta que expide la Ley Federal de Justicia para Adolescentes y reforma diversas leyes, a cargo de la diputada Patricia Villanueva Abraján , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a implantar mediante la SHCP y la Sagarpa acciones para que no se incrementen las tasas de interés en el financiamiento del campo nacional, a cargo del diputado Javier Martín Zambrano Elizondo , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Comisión de Turismo de esta soberanía que integre una subcomisión encargada de investigar las operaciones realizadas por John McCarthy Sandland durante su ejercicio como director del Fonatur y después de ello, a cargo del diputado Víctor Manuel Lizárraga Peraza , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, a fin de que se autorice que los nombres de Sor Juana Inés de la Cruz y de Margarita Maza de Juárez inscritos con letras de oro en el Muro de Honor del recinto legislativo sean trasladados al Cintillo de Honor, con los de otras distinguidas mexicanas, a cargo de la diputada Martha Hilda González Calderón , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a denominar --mediante la SCT-- José Alfredo Jiménez Sandoval el aeropuerto Bajío, de Guanajuato, a cargo del diputado Carlos Alberto Torres Torres , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, para que el gobierno federal elimine la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos o la sustituya por un organismo autónomo que garantice retribuciones justas y acordes con las necesidades actuales de los trabajadores, a cargo del diputado César Flores Maldonado , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la titular de la SEP a instaurar las acciones necesarias para difundir ampliamente los planteamientos de la Alianza por la Calidad de la Educación, a cargo del diputado Juan de Dios Castro Muñoz , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat, a la Conagua y a las autoridades de Baja California a suspender la extracción de materiales pétreos en la entidad hasta que se realicen estudios sobre el impacto ambiental generado por dicha actividad, a cargo del diputado Héctor Manuel Ramos Covarrubias , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a solicitar al Consejo Técnico del IMSS que prorrogue la atención médica de los trabajadores y de sus familias 22 semanas adicionales al plazo de conservación de derechos, a cargo del diputado Pablo Trejo Pérez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de los Ejecutivos federal y de las entidades a construir un pacto nacional para la gobernabilidad democrática, la seguridad y el desarrollo, a cargo del diputado Alberto Amador Leal , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a eliminar el pago de tenencia vehicular, a cargo del diputado José Luis Aguilera Rico , del Grupo Parlamentario Convergencia. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a estatizar las Afore en tanto no se adopten reformas para evitar mayores perjuicios contra el patrimonio de los trabajadores, a cargo del diputado Neftalí Garzón Contreras , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sagarpa a instaurar un programa de fomento, recuperación y financiamiento del cultivo de cacao en el territorio nacional, a cargo del diputado Antonio Díaz Athié , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Marina a informar sobre la asignación de predios en Veracruz para desarrollo habitacional y permutar terrenos por obras de la SCT, a cargo de la diputada Gloria Rasgado Corsi , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la STPS a implantar programas de empleo para jóvenes, a cargo de la diputada Yary del Carmen Gebhardt Garduza , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Dirección General de Asociaciones Religiosas de la Segob a incluir en las publicaciones e impresiones que realice la adición de la fracción III del artículo 8 de la Ley de Asociaciones Religiosas publicada en el DOF el 15 de julio de 1992, a cargo del diputado Rafael Ramos Becerril, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, para otorgar de manera voluntaria la cantidad equivalente a un año de apadrinamiento al programa Teletón 2008, a cargo del diputado Mauricio Ortiz Proal y suscrita por diversos legisladores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al IMSS a permitir la apertura del turno vespertino en el servicio de estomatología y a crear una sala de expulsión en la unidad de medicina familiar número 18 de Comitán de Domínguez, Chiapas, a cargo del diputado Arnulfo Elías Cordero Alfonzo , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita al Ejecutivo federal que brinde a través de la SRE la cooperación necesaria al pueblo y al gobierno de Cuba ante los desastres ocasionados por los huracanes que azotaron ese país, suscrita por los diputados Alejandro Landero Gutiérrez y Eduardo de la Torre Jaramillo , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a adicionar el Capítulo XXIV al Reglamento de la Ley del Servicio Militar para establecer un tercer programa de restauración de bosques, a cargo del diputado Fernel Arturo Gálvez Rodríguez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a implantar políticas, programas y acciones encaminados a dinamizar el desarrollo integral y sustentable de la región fronteriza norte, a cargo del diputado Enrique Serrano Escobar , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la CFE y a la Compañía de Luz y Fuerza del Centro a evitar el robo de energía eléctrica, a cargo del diputado Elías Cárdenas Márquez , del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a esta soberanía y a las dependencias del Ejecutivo federal a considerar la implantación de acciones a fin de operar mecanismos para el uso eficiente y el ahorro de energía en sus instalaciones, a cargo de la diputada Silvia Luna Rodríguez , del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los tres niveles de gobierno a unificar los criterios y a brindar atención adecuada a los proyectos de saneamiento en el territorio que comprende la cuenca Lerma-Chapala, a cargo de la diputada Claudia Sánchez Juárez , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, relativo a las situaciones de contingencia ambiental y desastre natural, a cargo del diputado Pedro Montalvo Gómez , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la ASF, a la SFP, a la Auditoría Superior local, a la SEP y a la Sedesol a investigar el uso de los recursos federales otorgados en 2006 y 2007 a diversos municipios de Coahuila, a cargo del diputado Rolando Rivero Rivero , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a instruir a la Semarnat para que elabore y publique a través de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas el programa del plan de manejo de la reserva de la biosfera de la sierra El Abra-Tanchipa, en San Luis Potosí, a cargo del diputado David Lara Compeán , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)
Efemérides
Relativa a la conmemoración del 184 Aniversario de la decisión libre, soberana y democrática del pueblo chiapaneco para sumarse al pacto federal mexicano, por celebrarse el 14 de septiembre, a cargo de los diputados Martín Ramos Castellanos y Martha Cecilia Díaz Gordillo , de los Grupos Parlamentarios de los Partidos de la Revolución Democrática y Acción Nacional, respectivamente.
Relativa al aniversario de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, a cargo de los Grupos Parlamentarios de los Partidos de la Revolución Democrática y de Nueva Alianza.
Relativa al cuadragésimo octavo aniversario de la nacionalización de la industria eléctrica, por celebrarse el 27 de septiembre, a cargo del diputado José Antonio Almazán González , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Relativa al Día Mundial del Linfoma, por celebrarse el 15 de septiembre, a cargo de la diputada Josefina Salinas Pérez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Relativa al Día Mundial del Derecho de Acceso a la Información Pública, por celebrarse el 28 de septiembre, a cargo del diputado Joaquín de los Santos Molina , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Relativa al Día Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales, a cargo del diputado Fernando Enrique Mayans Canabal , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Relativa a la conmemoración del 34 aniversario del estado de Quintana Roo, a cargo del diputado Eduardo Espinosa Abuxapqui , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Relativa a los Mártires de Uruapan, suscrita por los diputados Concepción Ojeda Hernández y Fausto Fluvio Mendoza Maldonado , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Relativa al aniversario luctuoso del general Lázaro Cárdenas, a cargo del diputado Érick López Barriga, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Relativa al 194 aniversario de los constituyentes de Apatzingán, a cargo del diputado Érick López Barriga, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Con motivo del 98 aniversario de la muerte de Aquiles Serdán, a cargo del diputado Silvio Gómez Leyva , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.»
ACTA DE LA SESION ANTERIOR
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría que consulte a la asamblea si se dispensa la lectura, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.
La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.
Señora presidenta, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.
«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el miércoles diecinueve de noviembre de dos mil ocho, correspondiente al Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Tercer Año de Ejercicio de la Sexagésima Legislatura.
Presidencia del diputado César Duarte Jáquez
En el Palacio Legislativo de San Lázaro en la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con la asistencia de 297 diputadas y diputados, a las 11 horas con 55 minutos del miércoles 19 de noviembre de 2008, el Presidente declara abierta la sesión.
En sendas votaciones económicas, la asamblea dispensa la lectura del orden del día y al acta de la sesión anterior.
Desde su curul, la diputada Valentina Valia Batres Guadarrama , del Partido de la Revolución Democrática, solicita información en relación con la discusión de los dictámenes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública relativos a la revisión de las Cuentas de la Hacienda Pública Federal y el Presidente hace la aclaración.
En votación económica, la asamblea aprueba el acta de la sesión anterior.
La Mesa Directiva informa la recepción de nueve dictámenes negativos que desechan proposiciones con punto de acuerdo de las comisiones de: Agricultura y Ganadería, Desarrollo Rural, la Función Pública, Justicia, Juventud y Deporte, Salud y Seguridad Social, publicados en la Gaceta Parlamentaria del 18 de noviembre de 2008. Se instruye su publicación en el Diario de los Debates y el archivo de los expedientes como asuntos totalmente concluidos.
El Tribunal Electoral de Nuevo León comunica la designación de sus magistrados. De enterado.
La Comisión de Derechos Humanos del estado de Puebla remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados. Se remite a la Comisión de Derechos Humanos, para su conocimiento.
La Secretaría da lectura a un acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que la Cámara de Diputados exhorta al gobierno de Hidalgo a realizar la investigación sobre los hechos presentados en el proceso electoral del pasado 9 de noviembre de 2008 en dicha entidad. En votación económica, la asamblea lo aprueba. Comuníquese.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, remite información relativa al pago de las participaciones a las entidades federativas correspondiente a octubre de 2008, desagregada por tipo de fondo. Se remite a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Se otorga el uso de la tribuna para referirse a la conmemoración del 98 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana a los diputados: Jacinto Gómez Pasillas , de Nueva Alianza; Ricardo Cantú Garza , del Partido del Trabajo; Pascual Bellizzia Rosique , del Partido Verde Ecologista de México; Elías Cárdenas Márquez , de Convergencia; Jesús Ramírez Stabros , del Partido Revolucionario Institucional; Víctor Manuel Lizárraga Peraza , del Partido de la Revolución Democrática y Gregorio Barradas Miravete , del Partido Acción Nacional.
En votación económica la asamblea dispensa la lectura a los dictámenes con proyecto de decreto de la Comisión de Economía, que reforman y adicionan diversas disposiciones de:
La Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones y del Código de Comercio.
La Ley Federal de Protección al Consumidor.
Quedan de primera lectura.
A las 13 horas con 2 minutos, se instruye el cierre del sistema electrónico de asistencia con un registro de 367 diputadas y diputados.
En votación económica la asamblea autoriza que sólo se dé lectura a los puntos de acuerdo de los dictámenes negativos de las comisiones:
a) Unidas de Salud y de Atención a Grupos Vulnerables, que desecha la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Asistencia Social.
b) De la Comisión de Justicia, que desechan:
c) Unidas de Agricultura y Ganadería, y de Desarrollo Rural, que desecha la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona la fracción vigésima Bis y reforma la fracción XXII, al artículo 3o. y reforma los artículos 179 y 183 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.
d) De Hacienda y Crédito Público, que desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo noventa y dos del Código Fiscal de la Federación.
e) De Salud, que desechan dos iniciativas con proyecto de decreto que reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud y de la Ley General de Salud en materia de Etiquetado de Alimentos.
f) De Economía, que desechan:
En votación económica, la asamblea aprueba en conjunto los dictámenes de referencia. Se instruye el archivo de los expedientes como asuntos totalmente concluidos, en relación a la minuta con proyecto de decreto pasa al Senado de la República para los efectos del inciso d) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En votación económica, la asamblea dispensa la lectura de los dictámenes con proyecto de decreto de la Comisión de Gobernación que conceden permisos a los ciudadanos:
El Presidente declara aprobados en lo general y en lo particular los proyectos de decretos de referencia por 246 votos en pro, ninguno en contra y 36 abstenciones. Pasan al Ejecutivo federal y al Senado de la República, según corresponda, para sus efectos constitucionales.
En votación económica, la asamblea dispensa la lectura del dictamen con proyecto de decreto de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Bibliotecas. En términos del artículo 108 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se otorga el uso de la palabra, para fundamentar el dictamen en nombre de la comisión, al diputado Constantino Acosta Dávila , del Partido Acción Nacional. Interviene en pro la diputada Blanca Luna Becerril , de Nueva Alianza. En votación económica se considera suficientemente discutido.
Presidencia de la diputada Martha Hilda González Calderón
La Presidenta declara aprobado en lo general y en lo particular, por unanimidad, el proyecto de decreto de referencia por 266 votos. Pasa al Senado de la República para sus efectos constitucionales.
Se recibe oficio del diputado Carlos Ernesto Navarro López , presidente de la Comisión de Desarrollo Rural, por el que solicita que los dictámenes a discusión correspondientes a esa comisión que se encuentran inscritos en el orden del día de esta sesión sean pospuestos.
En votación económica, la asamblea dispensa la lectura al dictamen con proyecto de decreto de la Comisión de Seguridad Pública, que adiciona un artículo 4 Bis a la Ley del Registro Público Vehicular. En votación económica, la asamblea considera el asunto suficientemente discutido en lo general y en lo particular. La Presidenta declara aprobado en lo general y en lo particular, por unanimidad, el proyecto de decreto de referencia por 263 votos. Pasa al Senado de la República para sus efectos constitucionales.
Desde su curul, el diputado Raciel Pérez Cruz , del Partido de la Revolución Democrática, pide a la Presidencia se otorgue un minuto de silencio en memoria de las víctimas de la tragedia en San Juan Ixhuatepec, Tlalnepantla de Baz, estado de México, en su oportunidad, la Presidencia solicita a la asamblea ponerse de pie para tal efecto.
En sendas votaciones económicas, la asamblea dispensa la lectura de los siguientes dictámenes con proyecto de decreto de las comisiones de:
Presidencia del diputado César Duarte Jáquez
El Presidente declara aprobado en lo general y en lo particular, por unanimidad, el proyecto de decreto de referencia por 268 votos en pro. Pasa al Senado de la República para sus efectos constitucionales.
Se reciben iniciativas con proyecto de decreto de los diputados:
Se reciben proposiciones con punto de acuerdo de los diputados:
Se reciben solicitudes de excitativas de los diputados:
El Presidente clausura la sesión a las 15 horas con 3 minutos y cita para la próxima que tendrá lugar el martes 25 de noviembre de 2008 a las 11:00 horas.»
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.
La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.
Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Aprobada el acta. Pasamos al capítulo de comunicaciones.
COMBATE AL SECUESTRO
La Secretaria diputada Margarita Arenas Guzmán: «Escudo.--- Ciudad de México.--- Capital en Movimiento.
Diputado César Duarte Jáquez, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presente.
Por instrucciones del secretario de Gobierno, licenciado José Ángel Ávila Pérez, adjunto oficio número.................... 100.107/2008, mediante el cual el procurador general de Justicia del Distrito Federal informa aspectos relacionados con las gestiones necesarias para la conformación, desarrollo y fortalecimiento de las unidades especializadas en el combate al secuestro.
Lo anterior, en relación con el oficio número D.G.P.L.60-II-3-1911, de fecha 21 de octubre del año en curso, en donde se comunicó la aprobación de un punto de acuerdo relacionado con el asunto antes citado.
Aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.
«Escudo.--- Ciudad de México.--- Capital en Movimiento.
Licenciado José Ángel Ávila Pérez.
Anexo al presente, para tu conocimiento y atención procedente, los puntos de acuerdo referentes a la conformación, desarrollo o fortalecimiento de las unidades especializadas en combate al secuestro.
Sin otro particular, te envío un cordial saludo.
Lo que comunicamos a usted, para los efectos a que haya lugar.
«Escudo.--- Ciudad de México.--- Capital en Movimiento.
Licenciado José Ángel Ávila Pérez, secretario de Gobierno del Distrito Federal.--- Presente.
Me refiero al oficio número SG/LVH/1095/2008, del 27 de octubre del año en curso, en el que se adjunta el oficio número D.G.P.L.60-II-3-1911, de fecha 21 de octubre del año en curso, suscrito por el Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, mediante el cual se hace del conocimiento que en esa misma fecha fue aprobado un punto de acuerdo por el que se exhorta a realizar las gestiones necesarias para la conformación, desarrollo y fortalecimiento de las unidades especializadas en combate al secuestro, así como la depuración de los cuerpos policiales.
Sobre el particular, me permito comunicarle del proyecto de acuerdo por el que se creará la fiscalía especializada denominada Fuerza Antisecuestro, la cual considera al secuestro y a la extorsión como dos de los delitos de mayor flagelo social, así como la necesidad de que la procuraduría cuente con un área especializada en la investigación y persecución de éstos, bajo los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos. Para la elaboración de este proyecto de acuerdo, son considerados el Acuerdo Nacional para la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, del 21 de agosto de 2008; la estrategia nacional e integral contra el delito de secuestro; y los protocolos del delito de secuestro y de atención a la víctima de secuestro en la averiguación previa.
Asimismo, integra las aportaciones de las procuradurías del país, en el marco de la Conferencia nacional de procuración de justicia, en torno a la creación de unidades especializadas en el combate al secuestro.
Por lo cual, en el proyecto de acuerdo se plasma que la fiscalía especializada Fuerza Antisecuestro (Fas) esté integrada por un fiscal, y unidades de investigación en los rubros de manejo de crisis y negociación, análisis táctico, investigación de campo e intervención especializada. De igual forma, se considera la capacitación permanente del personal sustantivo y la necesaria implantación de mecanismos de control de confianza para personal que la integre.
Por otra parte, las diversas áreas de la procuraduría trabajan en elementos paralelos que serán necesarios para la puesta en marcha de la Fas; tal es el caso del reclutamiento de los recursos humanos y la obtención de los recursos materiales y financieros, así como los esquemas de conectividad para el flujo de información y cooperación con los demás estados y la federación, privilegiando las aportaciones que brinda Plataforma México en la materia.
Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Remítase a la Comisión de Seguridad Pública, para su conocimiento.
ESTADO DE HIDALGO
La Secretaria diputada Margarita Arenas Guzmán: «Escudo.--- Gobierno del Estado de Hidalgo.
Diputada Martha Hilda González Calderón , Vicepresidenta de la Mesa Directiva de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados.--- Presente.
Con agrado recibimos su atento oficio número D.G.P.L. 60-11-2-1710, mediante el cual comunica el punto de acuerdo que exhorta a los gobiernos estatales y municipales a acelerar los procesos de modernización y homologación de sus reglamentaciones, planes y programas en materia de construcción, ordenación urbana y territorial, a fin de garantizar la promoción de una vivienda digna.
Al respecto me permito informar que el titular del Ejecutivo del estado ha girado instrucciones precisas a este organismo a efecto de realizar acciones en materia de vivienda, privilegiando a las familias hidalguenses de bajos recursos que carecen de un espacio habitacional para el desarrollo armónico de la familia.
Con base en ello, la promotora de vivienda hidalgo promovió la celebración del convenio de coordinación y colaboración para el fomento de la vivienda en el estado, el cual se llevó a cabo el 2 de mayo de 2007 entre el gobierno del estado y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, este último se compromete a financiar, en los próximos 5 años, 56 mil 600 créditos por concepto de vivienda.
También la firma del pacto interinstitucional por la calidad y el desarrollo de la vivienda en el estado de Hidalgo; dicha celebración se llevó a cabo el 21 de julio de 2008 entre el Ejecutivo estatal, la Comisión Nacional de Vivienda, diferentes dependencias federales que tienen participación en el sector, la Cámara Nacional de la Industria de Desa-rrollo y Promoción de Vivienda en Hidalgo y la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, delegación Hidalgo, por mencionar algunos, siendo sus principales objetivos contribuir al mejoramiento de la calidad de las viviendas y servicios inmobiliarios, a la efectiva protección de los consumidores y a la superación de las condiciones de vida de la comunidad, en beneficio de sus habitantes; asimismo, promover y fomentar las condiciones para que las familias, en especial las de los sectores más desprotegidos, tengan acceso a una vivienda digna, decorosa, sustentable y de calidad, con servicios adecuados y seguridad en su tenencia.
En paralelo, se está trabajando con el anteproyecto de la Ley de Vivienda del Estado de Hidalgo, instrumento legal que el Ejecutivo estatal estará en posibilidades de turnarlo el próximo año al Congreso del estado como iniciativa de ley para su promulgación.
El programa estatal de vivienda se actualizo encontrándose a la fecha en etapa de revisión para su implantación con nuevas metas y objetivos bien definidos, de acuerdo a la realidad y el entorno de Hidalgo.
Por acuerdo del Consejo Estatal de Fomento a la Vivienda se está elaborando el proyecto para la instalación de la ventanilla única del sector vivienda, cuyo objetivo es simplificar y agilizar los trámites, disminuir los costos y requisitos, reducir los tiempos de respuesta, brindar las condiciones para que la población pueda realizar trámites vía Internet, mejora regulatoria, etcétera.
Lo anterior para lograr que las familias hidalguenses cuenten con vivienda económica, segura y armónica, así como certeza jurídica en su patrimonio.
Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Remítase a la Comisión de Vivienda, para su conocimiento.
CUERPOS DE SEGURIDAD PUBLICA
La Secretaria diputada Margarita Arenas Guzmán: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Gobierno del Estado de Puebla.
Diputadas Martha Hilda Gonzalez Calderón y Margarita Arenas Guzman, Vicepresidenta y Secretaria de la Mesa Directiva de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.
En atención a su oficio D.G.P.L. 60-II-2-1789 de fecha 21 de octubre del presente año, recibido en esta entidad federativa el 27 de octubre del mismo año; con fundamento en lo dispuesto en los artículos 70 y 79 fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla y 2 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del estado de Puebla, hago de su conocimiento lo siguiente:
El gobierno del estado, se impone de su contenido y en ejercicio de las atribuciones conferidas al Poder Ejecutivo, se toma nota del punto de acuerdo de la misma fecha, por el cual se exhorta a al procurador general de la República, al secretario de Seguridad Pública federal, a los titulares de las Secretarías de Seguridad Pública estatales y del Distrito Federal, a efecto de que analicen la procedencia en la implantación de mecanismos más estrictos de incorporación de elementos a los cuerpos de seguridad pública en todos los niveles, tendentes a garantizar la legalidad e integridad de las instituciones de seguridad pública e informen a dicha soberanía respecto de los acuerdos logrados al efecto.
Al respecto es conveniente señalar que entre las prioridades de este gobierno que me honro en presidir, está la de promover la seguridad pública, para lo cual en el Plan Estatal de desarrollo 2005-2011, Eje 1, se propone establecer un riguroso control en la selección, reclutamiento y contratación del personal policial, así como instrumentar el servicio profesional de carrera policial; consolidar la capacitación básica para los aspirantes al servicio policial y la especializada para los mandos y agrupamientos específicos y evaluar permanentemente el desempeño y establecer mecanismos para estimular y reconocer la labor policial.
De lo anteriormente expuesto y tomando en consideración la relación de coordinación y colaboración que debe existir entre poderes, le expreso la disposición del Poder Ejecutivo que represento de contribuir para lograr el objetivo que se pretende. no omito manifestar que se instrumentarán las acciones que, en su caso, resulten procedentes para los efectos legales y administrativos a que haya lugar.
Hago propicio el conducto para enviarle un cordial saludo.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Remítase a la Comisión de Seguridad Pública, para su conocimiento.
AGUA CONTAMINADA
La Secretaria diputada Margarita Arenas Guzmán: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Gobierno del Estado de Puebla.
Diputadas Martha Hilda González Calderón y María Eugenia Jiménez Valenzuela , Vicepresidenta y Secretaria de la Mesa Directiva de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.
En atención a su oficio D.G.P.L. 60-II-4-1669, de fecha 21 de octubre del presente año, recibido en esta entidad federativa el día 27 de octubre del mismo año, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 70 y 79, fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla y 2 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla, hago de su conocimiento lo siguiente:
El gobierno del estado se impone de su contenido y, en ejercicio de las atribuciones conferidas al Poder Ejecutivo, se toma nota del punto de acuerdo de la misma fecha, por el cual se exhorta a las Secretarías de Salud, federal y de las entidades federativas; así como a los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, a la Comisión Nacional del Agua y a las comisiones del agua estatales, del Distrito Federal y municipales; a fin de que, en el ámbito de sus respectivas competencias, fortalezcan la coordinación intersectorial y aseguren que el agua para uso y consumo humano, distribuida por los sistemas de abastecimiento público cuente con la calidad mínima exigida por la NOM179-SSA1-1998, para prevenir y evitar enfermedades derivadas de la ingesta de agua contaminada.
No omito señalar que entre las prioridades de este gobierno que me honro en presidir, plasmadas en el Plan Estatal de Desarrollo 2005-2011, se encuentra la de preservar las fuentes de abastecimiento de agua, tanto en cantidad como en calidad, y para cumplir con este compromiso se promueve la actualización continua del balance hidráulico estatal, que permita prevenir y disminuir los desequilibrios hidráulicos regionales; además de impulsar un desarrollo sustentable en los mantos acuíferos que actualmente se aprovechan, proteger las fuentes de abasto y desinfección del agua, desarrollar acciones para evitar la contaminación de mantos acuíferos y superficiales y aplicar la normatividad y controles eficientes para regular la utilización del agua.
De lo anteriormente expuesto y tomando en consideración la relación de coordinación y colaboración que debe existir entre poderes, le expreso la disposición del Ejecutivo que represento de contribuir para lograr el objetivo que se pretende. No omito manifestar que se instrumentarán las acciones que, en su caso, resulten procedentes para los efectos legales y administrativos a que haya lugar.
Hago propicio el conducto para enviarles un cordial saludo.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Remítase a la Comisión de Recursos Hidráulicos, para su conocimiento.
RECURSOS EXCEDENTES DEL IMPUESTO FEDERAL A GASOLINA Y DIESEL
La Secretaria diputada Margarita Arenas Guzmán: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- H. Congreso del Estado de Guanajuato.
Diputado César Duarte Jáquez, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.--- Presente.
A las Comisiones Unidas de Hacienda y Fiscalización, y de Gobernación y Puntos Constitucionales se turnó el oficio número DGPL 60-II-5-1862, de fecha 2 de septiembre del año en curso, mediante el que se remitió un punto de acuerdo, aprobado por dicha Cámara, en el que se exhorta a los Congresos estatales a efecto de que en la aprobación de sus respectivos presupuestos den prioridad y supervisen que los recursos excedentes por el impuesto federal a la gasolina y el diesel se apliquen de manera puntual, solidaria, responsable y transparente por los Ejecutivos locales a la solución de las necesidades apremiantes de los municipios más pobres, relativas a la infraestructura hidráulica, drenaje, electricidad, calles alumbradas y pavimentadas, vivienda y caminos rurales, entre otros.
En atención del citado acuerdo, nos permitimos informar que estas comisiones acordaron darse por enteradas, comunicando de igual manera que aquél se considerará en los trabajos de análisis y dictaminen del paquete fiscal para el ejercicio de 2009.
Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Remítase a la Comisión de Desarrollo Social.
CAMBIO CLIMATICO
La Secretaria diputada Margarita Arenas Guzmán: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.--- Junta de Coordinación Política.
Acuerdo por el que los grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión se comprometen a definir acciones legislativas que permitan a nuestro país enfrentar el fenómeno del cambio climático.
Antecedentes
I. Que con fecha 9 nueve de mayo de 1992, se firmó la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, que fue suscrita por nuestro país y ratificada en el año de 1993.
II. Que el día 9 de junio de 1998, México firmó el Protocolo de Kyoto del Convenio Marco sobre Cambio Climático de la Organización de las Naciones Unidas, ratificándolo el día 29 de abril del año 2000 por voto unánime en el Senado de la República.
III. Que el amparo de la firma de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático y del Protocolo de Kyoto del Convenio Marco sobre Cambio Climático de la Organización de las Naciones Unidas, México ha sido un participante particularmente activo en los procesos relacionados a las preocupaciones y acciones mundiales sobre el cambio climático.
IV. Que la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con el apoyo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el Centro de Colaboración Cívica, el Centro Mario Molina para Estudios Estratégicos sobre Energía y Medio Ambiente, el Centro Mexicano de Derechos Ambiental y la Comisión de Estudios del Sector Privado para el Desarrollo Sustentable, acordó convocar a la conformación del Programa de Diálogo y Construcción de Acuerdos: Cambio Climático y Seguridad Nacional.
V. Que los días 3 y 4 de julio de 2008, en el estado de Querétaro en el marco del Programa de Diálogo y Construcción de Acuerdos: Cambio Climático y Seguridad Nacional, se realizó un primer encuentro denominado ``Profundización del conocimiento y priorización de temas objetivo''.
VI. Que el día 5 de septiembre de 2008 se realizó el segundo Encuentro del Programa de Diálogo y Construcción de Acuerdos: Cambio Climático y Seguridad Nacional, denominado ``Construcción de acuerdos''.
Consideraciones
1. Que el cambio climático es un tema de preocupación creciente entre los diferentes actores gubernamentales, pues sus causas y efectos se encuentran directamente vinculados a la actividad antrópica.
2. Que México es uno de los países más vulnerables a los efectos del cambio climático, ya que 15 millones de mexicanos están en riesgo de sufrir directamente los efectos de inundaciones; y, por otro lado, la desertización podría afectar hasta un 40 por ciento de la superficie nacional cultivable.
3. Que la vulnerabilidad de nuestro país, frente al fenómeno del cambio climático, nos obliga a reconocer que se trata de un asunto de seguridad nacional.
4. Que para enfrentar los efectos y mitigar las causas del cambio climático se requiere la cooperación de toda la comunidad internacional, además de voluntad y capacidad de actuar proactiva y responsablemente dentro del marco de todas las negociaciones internacionales al respecto.
5. Que para actuar de manera efectiva frente al cambio climático es indispensable generar una agenda transversal, multidisciplinaria e interinstitucional que considere la importancia de la vulnerabilidad, adaptación, prevención y mitigación de los efectos del cambio climático.
6. La complejidad del fenómeno nos obliga a revisar y fortalecer el marco jurídico e institucional vigente, a fin de generar las condiciones mínimas que garanticen la seguridad nacional y la gobernabilidad democrática frente al cambio climático.
7. Que resulta indispensable promover la colaboración y el diálogo para consensuar una agenda legislativa a mediano y largo plazo que permita enfrentar los efectos y mitigar las causas del cambio climático.
8. Que la responsabilidad de tomar acciones para hacer frente al fenómeno del cambio climático es transversal y coincidente entre los tres Poderes de la Unión, los tres órdenes de gobierno y la sociedad en general.
9. Que si no se toman las medidas pertinentes, los efectos del cambio climático pueden ser capaces de revertir los avances del desarrollo económico y la seguridad humana.
10. Que los costos por no actuar serán aún mayores que los costos implicados para enfrentar los efectos del cambio climático.
11. Que el cambio climático es un asunto de interés común entre los distintos grupos parlamentarios que integran la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, lo que representa la oportunidad de generar acuerdos y propiciar el desarrollo sustentable del país.
Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en el numeral 6 del artículo 26 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y considerando que existe un interés común para diseñar una agenda legislativa que permita a México enfrentar los efectos del cambio climático, los grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados en la LX Legislatura nos permitimos suscribir el siguiente:
Acuerdo
Primero. Los grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión que suscriben el presente documento se comprometen a trabajar de manera coordinada para consensuar e instrumentar una agenda legislativa en materia de cambio climático y seguridad nacional.
Segundo. Exhortan respetuosamente al Senado de la República a conformar un grupo de trabajo multipartidista que se coordine con los diputados en la instrumentación de la agenda legislativa en materia de cambio climático y seguridad nacional, que tenga continuidad durante la próxima legislatura.
Tercero. Asimismo se exhorta respetuosamente al Poder Ejecutivo federal para que, a través de la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático, a integrar un grupo técnico de trabajo con el Poder Legislativo federal, con la finalidad de construir una agenda legislativa común en materia del cambio climático.
Cuarto. Se exhorta respetuosamente a los Poderes Ejecutivos de cada entidad federativa a designar a sus representantes para que se incorporen al grupo técnico de trabajo señalado en el punto anterior.
Quinto. Se adquiere el firme compromiso de mantener canales de comunicación permanente con los actores y tomadores de decisión representados en el Programa de Diálogo sobre Cambio Climático y Seguridad Nacional, a fin de fortalecer el avance en el desahogo de la agenda legislativa en materia de cambio climático y seguridad nacional.
Sexto. En el momento oportuno se informará a la sociedad sobre el avance en el desahogo de la agenda legislativa en materia de cambio climático y seguridad nacional, ponderando el empleo de mecanismos que privilegien la participación ciudadana.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: De enterada.
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
El Secretario diputado Manuel Portilla Diéguez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Diputado César Duarte Jáquez, Presidente de la Mesa Directiva del honorable Congreso de la Unión.--- Presente.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 145, penúltimo párrafo, de la Ley Aduanera, por este conducto me permito hacer de su conocimiento que el Servicio de Administración Tributaria, por conducto de las autoridades aduaneras locales competentes, en octubre de 2008 únicamente dio destino a mercancía perecedera, de fácil descomposición o deterioro y la que no es transferible al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes.
De los bienes reportados como destinados por dichas autoridades aduaneras se informa en relación anexa.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Remítase a la Comisión de Economía, para su conocimiento.
POLICIA FEDERAL PREVENTIVA - AGENCIA FEDERAL DE INVESTIGACIONES
El Secretario diputado Manuel Portilla Diéguez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.
Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.
En respuesta al oficio número D.G.P.L. 60-II-1-1832, signado por los diputados César Duarte Jáquez y Manuel Portilla Diéguez, Presidente y Secretario, respectivamente, de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes copia del similar número PFPUACAJ/2238/2008, suscrito por el licenciado Marco Antonio Vázquez Rosales, comisario de la Policía Federal Preventiva, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo a la Policía Federal Preventiva y a la Agencia Federal de Investigación.
Sin otro particular, reciban un cordial saludo.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Seguridad Pública.
Licenciado Cuauhtémoc Cardona Benavides, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.--- Presente.
En atención a su oficio número SEL/300/4447/08, mediante el cual informa sobre el punto de acuerdo aprobado por el Pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión en sesión celebrada el 21 de octubre del año en curso, y del cual solicitan de la Secretaría de Seguridad Pública Federal y de la Procuraduría General de la República las bases legales que sustentan la unificación de la Policía Federal Preventiva y la Agencia Federal de Investigación, de la creación de un nuevo cuerpo federal de policía; así como de las particularidades operativas, administrativas y de carácter estructural de éste.
Al respecto, le informo que hasta la fecha no existe una unificación de las instituciones en mención y, por ende, la inexistencia de bases legales que la sustenten. No obstante lo anterior, es importante mencionar que, con la finalidad de hacer un frente común en contra de la delincuencia, el secretario de Seguridad Publica, ingeniero Genaro García Luna, de conformidad con los siguientes preceptos legales:
Artículo 10, de la Ley de la Policía Federal Preventiva, que señala:
Artículo 6 del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública, que a la letra dice:
Expidió el acuerdo número 05/2007, de fecha 11 de abril de 2007, por el que se crea la Instancia de Coordinación de la Policía Federal entre la Policía Federal Preventiva y la Agencia Federal de Investigaciones, con estricto respeto a sus respectivos ámbitos de competencia y recursos económicos, permitiendo con ello que cada una sea responsable de sus integrantes, derechos, prestaciones, custodia y resguardo de sus recursos materiales.
Por otra parte, cabe mencionar que la reforma constitucional publicada el 18 de junio del año en curso, produjo un cambio singular en la preservación del estado de derecho y en la administración de justicia, que trascendió en la estrategia integral de prevención del delito y combate a la delincuencia; en este tenor permitió la alineación de las capacidades del Estado mexicano contra el crimen organizado y, a fin de reforzar estas facultades, el Ejecutivo puso a consideración del Poder Legislativo las siguientes iniciativas:
Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Remítase a las comisiones correspondientes, para su conocimiento.
PROYECTO HIDROELECTRICO LA YESCA
El Secretario diputado Manuel Portilla Diéguez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.
Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.
En respuesta del oficio número D.G.P.L. 60-II-1-811, signado por los diputados Ruth Zavaleta Salgado y Jacinto Gómez Pasillas , Presidenta y Secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir, para los fines procedentes, copia del similar número PDE-141/2007, suscrito por Manuel Eduardo Tirado Becerril, titular del área de quejas del Órgano Interno de Control de la Secretaría de la Función Pública en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo proyecto hidrológico La Yesca.
Sin otro particular, reciban un cordial saludo.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de la Función Pública.
Licenciado Cuauhtémoc Cardona Benavides, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.--- Presente.
Hago referencia al oficio número SEL/300/3594/07, del siete de septiembre de dos mil siete, signado por el licenciado Armando Salinas Torre, entonces subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, dirigido al secretario de la Función Pública, por medio del cual se exhorta a este Órgano Interno de Control a investigar la actuación de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental al otorgar la autorización en materia de impacto ambiental al proyecto hidrológico La Yesca, por lo que en fecha veinte de septiembre de dos mil ocho se recibió la atenta nota número CA/96/2007, del dieciocho del mismo mes y año, signada por el licenciado Roberto Gil Zuarth, entonces coordinador de asesores del secretario de la Función Pública, mediante la cual solicita la intervención de este Órgano Interno de Control.
En virtud de lo anterior, de las investigaciones realizadas en el expediente administrativo al rubro citado no se desprenden elementos que permitan determinar alguna irregularidad administrativa por parte de servidor público alguno adscrito a la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales por el incumplimiento de las obligaciones que deben observar en el desempeño de sus funciones, previstas en el artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.
Sin otro particular, reitero a usted la seguridad de mi distinguida consideración y respeto.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Remítase a las comisiones correspondientes, para su conocimiento.
ESTADO DE SONORA
El Secretario diputado Manuel Portilla Diéguez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.
Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.
En respuesta al oficio número D.G.P.L. 60-II-2-1378 signado por las diputadas Ruth Zavaleta Salgado y María Eugenia Jiménez Valenzuela , presidenta y secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir, para los fines procedentes, copia del similar número SOT/DGPR/1379/08 suscrito por el licenciado Pedro Delgado Beltrán, director general de programas regionales de la Secretaría de Turismo, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo a la ciénaga del golfo de Santa Clara, ubicada en el municipio de San Luis Río Colorado, Sonora.
Sin otro particular, reciban un cordial saludo.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Turismo.
Licenciado Cuauhtémoc Cardona Benavides, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.--- Presente.
Dando seguimiento a su oficio número SEL/300/942/08 recibido el 11 de marzo de 2008, referente al punto de acuerdo aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, para que la Secretaría de Turismo, conjuntamente con el gobierno de Sonora implementen una estrategia para otorgar apoyos, y de esta manera convertir en un lugar turístico el sitio denominado la ciénaga del golfo de Santa Clara, ubicado en el municipio de San Luis Río Colorado, Sonora, y derivado de los diversos comunicados remitidos al coordinador general de la Comisión de Fomento al Turismo, de Sonora; al presidente municipal de San Luis Río Colorado, al director adjunto de planeación y asistencia técnica del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), así como al director general de desarrollo de productos turístico de la Secretaría de Turismo, quien tiene la comunicación y coordinación estrecha ante la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, dependiente de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), se hace de su conocimiento los comentarios vertidos al respecto:
Resumiendo los diferentes comentarios de las dependencias a las cuales se les solicitó analizar esta petición, la posición de la Secretaría de Turismo es la misma, en relación a apoyar lo anteriormente manifestado, ya que para desa-rrollar turísticamente una localidad se requiere tomar en cuenta diversos factores y planear adecuadamente las acciones, si es que el lugar cuenta con elementos potenciales y viables para alcanzar los objetivos y detonar el turismo.
Considero importante señalar ante la Comisión de Turismo de la honorable Cámara de Diputados lo expresado en este documento, en donde el gobierno federal, a través de la Secretaría de Turismo, seguirá apoyando a Sonora, como lo viene haciendo desde 1998, en el desarrollo regional y municipal de cada estado.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Remítase a las comisiones correspondientes, para su conocimiento.
TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMERICA DEL NORTE
El Secretario diputado Manuel Portilla Diéguez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.
Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.
En respuesta del oficio número D.G.P.L. 60-II-3-1747, signado por los diputados César Duarte Jáquez y Manuel Portilla Diéguez, Presidente y Secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir, para los fines procedentes, copia del similar número 112.1.-532, suscrito por el ingeniero Francisco Javier Flores Chávez, director general adjunto de Estudios Interinstitucionales de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, De-sarrollo Rural, Pesca y Alimentación, así como el anexo que en él se menciona, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo al efecto que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte tiene respecto a la situación económica y social de las mexicanas.
Sin otro particular, reciban un cordial saludo.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.
Licenciado Cuauhtémoc Cardona Benavides, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.--- Presente.
Atiendo su oficio número SEL/300/3617/08, del 3 de septiembre de 2008, con el que remite punto de acuerdo, aprobado por el honorable Congreso de la Unión, mediante el cual exhorta a que se remita a esa soberanía en un plazo de 30 días hábiles un diagnóstico sobre el efecto que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte tiene respecto a la situación económica y social de las mexicanas.
Al respecto, anexo fotocopia del oficio número 411.354, del 5 de noviembre de 2008, elaborado por la Subsecretaría de Desarrollo Rural, para los fines que estime procedentes.
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.
Ingeniero Francisco Javier Flores Chávez, coordinador general de Política Sectorial de la Sagarpa.--- Presente
Hago referencia al oficio número 112.1.-487, a través del cual hace de nuestro conocimiento el punto de acuerdo, aprobado el 3 de septiembre por el Pleno del honorable Congreso de la Unión, a través del cual se exhorta a esta secretaría a remitir a esa soberanía un diagnóstico sobre el efecto que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte tiene respecto a la situación económica y social de las mexicanas.
Sobre el particular, le comento que la Sagarpa, con la finalidad de disminuir el efecto negativo del TLC ha realizado un reordenamiento de sus programas que atienden a la población rural, basada en los resultados del diagnóstico sectorial que forma parte del Programa de Desarrollo Agropecuario y Pesquero 2007-2012.
Esta nueva estructura programática se compone de ocho programas, que consideran las prioridades nacionales, regionales y estatales, en productos y temas específicos por atender, como las ramas productivas y los problemas estructurales que persisten en el medio rural.
Las acciones se orientan a la eliminación de los problemas vinculados a la pobreza y las limitaciones del acceso a los recursos. Por ello, la Sagarpa, a través de acciones estratégicas, impulsa la igualdad de género, considerando:
Consideramos que con dichas acciones hemos fortalecido a las mujeres del sector rural. Esos resultados podrán reflejarse en el Censo Agropecuario 2007 y las evaluaciones de 2008 de los programas de la Sagarpa. Hemos de aclarar que no se cuenta en lo específico con un diagnóstico del efecto del TLC en la situación económica y social de las mujeres rurales.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Remítase a las comisiones correspondientes, para su conocimiento.
ESTADO DE MICHOACAN
El Secretario diputado Manuel Portilla Diéguez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.
Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.
En respuesta al oficio número DGPL 60-II-5-2050, signado por los diputados César Horacio Duarte Jáquez y Manuel Portilla Diéguez, Presidente y Secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir, para los fines procedentes, copia del similar número DGA- 191 /08, suscrito por el licenciado Carlos Rodríguez Combeller, director general adjunto de la Comisión Nacional Forestal, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo a los incendios forestales que se suscitan en el estado de Michoacán.
Sin otro particular, reciban un cordial saludo.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.
Licenciado Cuauhtémoc Cardona Benavides, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.--- Presente.
Con un atento saludo me dirijo a usted, refiriéndome a su similar SEL/300/4476/08, de fecha 23 de octubre, dirigido al secretario del ramo, ingeniero Juan Rafael Elvira Quesada, por el que se le comunica el punto de acuerdo aprobado por el Pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, referente al exhorto que emiten al titular del Poder Ejecutivo federal y al gobierno del estado de Michoacán de Ocampo a fin de implantar medidas permanentes conjuntas para la prevención, localización, combate y extinción de los incendios forestales que se suscitan en esta última entidad federativa.
Al respecto le informo que, en lo que compete a incendios forestales, anualmente se desarrollan y llevan a la práctica intensos programas de prevención y capacitación, así como la difusión por diversos medios invitando a evitar su provocación sin los controles adecuados, promocionando la NOM-015-SEMARNAP/SAGAR/1997, y atendiendo con oportunidad los siniestros que por tal motivo se presentan en función de los recursos con que contamos para dicho objetivo.
Así entonces, previo y durante la temporada alta de incendios forestales, se realizan reuniones quincenales por parte del Comité Estatal de Protección Forestal, en el que se definen estrategias y compromisos para la atención y combate de los referidos siniestros, así como su seguimiento y cumplimiento, en el que participan los gobiernos estatal, municipales y federal, a través de sus delegaciones, así como asociaciones civiles, como se relaciona a continuación:
Gobierno Federal:
Gobiernos estatal y municipal:
Otros:
Para el presente año, el Programa Nacional de Protección contra Incendios Forestales incluyó acciones en materia de planeación, prevención, detección y combate de dichos siniestros, en las que participan los gobiernos de los estados y cuyo avance por actividad al mes de septiembre reporta, para el estado de Michoacán, los siguientes resultados:
En planeación y presupresión:
En prevención:
En detección:
En control y extinción:
Cabe señalar que para la ejecución de este programa, durante el presente año de 2008 se aplicaron recursos fiscales para gastos de operación por un total de 3 millones 151 mil 235.00 y 8 millones 757 mil 30.00 pesos para el arrendamiento de equipo aéreo especializado que combatió los incendios forestales que ocurrieron en dicho estado durante la pasada temporada, solicitando se autorice de una asignación similar para el año 2009.
Y en atención al requerimiento expresado en el proemio del presente, continuaremos destinando recursos y esfuerzos en las actividades prioritarias que nos demanda la conservación de nuestros recursos naturales, previniendo y combatiendo con eficacia y eficiencia los incendios forestales que se presentan anualmente.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión, para hacerle llegar un respetuoso saludo.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Remítase a las comisiones correspondientes, para su conocimiento.
DETENCIONES ARBITRARIAS
El Secretario diputado Manuel Portilla Diéguez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.
Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.
En respuesta al oficio número D.G.P.L. 60-II-1-1834 signado por los diputados César Duarte Jáquez y Manuel Portilla Diéguez, presidente y secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número SPVDH/DGDH/5234/08 suscrito por el licenciado Víctor Hugo Pérez Hernández, director general de derechos humanos de la Secretaría de Seguridad Pública, así como los anexos que en el mismo se mencionan, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo a las recomendaciones emitidas por el grupo de trabajo de detenciones arbitrarias de la Organización de las Naciones Unidas.
Sin otro particular, reciban un cordial saludo.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Remítase a las comisiones correspondientes, para su conocimiento.
PERMISOS PARA ACEPTAR CONDECORACIONES
El Secretario diputado Manuel Portilla Diéguez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.
Secretarios de la Cámara de Diputados.--- Presentes.
Para los efectos legales correspondientes, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto de decreto por el que se concede permiso a la ciudadana María de la Asunción Espinosa Islas para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden de Dannebrog, en grado de Caballero, que le otorga el gobierno del Reino de Dinamarca.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.
Minuta Proyecto de Decreto
Artículo Único. Se concede permiso a la ciudadana María de la Asunción Espinosa Islas para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden de Dannebrog, en grado de Caballero, que le otorga el gobierno del Reino de Dinamarca.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.
Secretarios de la Cámara de Diputados.--- Presentes.
Para los efectos legales correspondientes, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto de decreto por el que se concede permiso a la ciudadana María de Lourdes Aranda Bezaury para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden de Dannebrog, en grado de Gran Cruz, que le otorga el gobierno del Reino de Dinamarca.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.
Minuta Proyecto de Decreto
Articulo Único. Se concede permiso a la ciudadana María de Lourdes Aranda Bezaury para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden de Dannebrog, en grado de Gran Cruz, que le otorga el gobierno del Reino de Dinamarca.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.
Secretarios de la Cámara de Diputados.--- Presentes.
Para los efectos legales correspondientes, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano Juan José Sabines Guerrero para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden de Dannebrog, en grado de Gran Cruz, que le otorga el gobierno del Reino de Dinamarca.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.
Minuta Proyecto de Decreto
Artículo Único. Se concede permiso al ciudadano Juan José Sabines Guerrero para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden de Dannebrog, en grado de Gran Cruz, que le otorga el gobierno del Reino de Dinamarca.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.
Secretarios de la Cámara de Diputados.--- Presentes.
Para los efectos legales correspondientes, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano Jesús Marcelo de los Santos Fraga para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden de Dannebrog, en grado de Gran Cruz, que le otorga el gobierno del Reino de Dinamarca.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.
Minuta Proyecto de Decreto
Artículo Único. Se concede permiso al ciudadano Jesús Marcelo de los Santos Fraga para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden de Dannebrog, en grado de Gran Cruz, que le otorga el gobierno del Reino de Dinamarca.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.
Secretarios de la Cámara de Diputados.--- Presentes.
Para los efectos legales correspondientes, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto de decreto por el que se concede permiso a la ciudadana María Victoria Romero Caballero, para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden de Dannebrog, en grado de Caballero, que le otorga el gobierno del Reino de Dinamarca.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.
Minuta Proyecto de Decreto
Artículo Único. Se concede permiso a la ciudadana, María Victoria Romero Caballero para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden de Dannebrog, en grado de Caballero, que le otorga el gobierno del Reino de Dinamarca.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.
Secretarios de la Cámara de Diputados.--- Presentes.
Para los efectos legales correspondientes, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano Alfonso de María y Campos Castelló, para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden de Dannebrog, en grado de Gran Cruz, que le otorga el gobierno del Reino de Dinamarca.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.
Minuta Proyecto de Decreto
Artículo Único. Se concede permiso al ciudadano, Alfonso de María y Campos Castelló para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden de Dannebrog, en grado de Gran Cruz, que le otorga el gobierno del Reino de Dinamarca.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.
Secretarios de la Cámara de Diputados.--- Presentes.
Para los efectos legales correspondientes, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano Luis Manuel Enrique Téllez Kuenzler, para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden de Dannebrog, en grado de Gran Cruz, que le otorga el gobierno del Reino de Dinamarca.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.
Minuta Proyecto de Decreto
Artículo Único. Se concede permiso al ciudadano Luis Manuel Enrique Téllez Kuenzler para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden de Dannebrog, en grado de Gran Cruz, que le otorga el gobierno del Reino de Dinamarca.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.
Secretarios de la Cámara de Diputados.--- Presentes.
Para los efectos legales correspondientes, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano José Austreberto Ruiz Gómez para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden de Dannebrog, en grado de Caballero, que le otorga el gobierno del Reino de Dinamarca.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.
Minuta Proyecto de Decreto
Artículo Único. Se concede permiso al ciudadano José Austreberto Ruiz Gómez para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden de Dannebrog, en grado de Caballero, que le otorga el gobierno del Reino de Dinamarca.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.
Secretarios de la Cámara de Diputados.--- Presentes.
Para los efectos legales correspondientes, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto de decreto por el que se concede permiso al general de brigada DEM Jesús Javier Castillo Cabrera para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden de Dannebrog, en grado de Gran Cruz, que le otorga el gobierno del Reino de Dinamarca.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.
Minuta Proyecto de Decreto
Artículo Único. Se concede permiso al general de brigada DEM Jesús Javier Castillo Cabrera para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden de Dannebrog, en grado de Gran Cruz, que le otorga el gobierno del Reino de Dinamarca.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.
Secretarios de la Cámara de Diputados.--- Presentes.
Para los efectos legales correspondientes, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto de decreto por el que se concede permiso al coronel de infantería DEM Gumaro Cabrera Osornio para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden de Dannebrog, en grado de Comendador, que le otorga el gobierno del Reino de Dinamarca.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.
Minuta Proyecto de Decreto
Artículo Único. Se concede permiso al coronel de infantería DEM Gumaro Cabrera Osornio, para que pueda aceptar y usar la condecoración del Orden de Dannebrog, en grado de Comendador, que le otorga el gobierno del Reino de Dinamarca.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.
Secretarios de la Cámara de Diputados.--- Presentes.
Para los efectos legales correspondientes, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano José Natividad González Parás para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden al Mérito de la República de Italia, en grado de Comendador, que le otorga el gobierno de la República de Italia.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.
Minuta Proyecto de Decreto
Artículo Único. Se concede permiso al ciudadano José Natividad González Parás para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden al Mérito de la República Italiana, en grado de Comendador, que le otorga el gobierno de la República de Italia.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.
Secretarios de la Cámara de Diputados.--- Presentes.
Para los efectos legales correspondientes, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano Raúl Padilla López para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden de Isabel la Católica, en grado de Encomienda, que le otorga el gobierno del Reino de España.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.
Minuta Proyecto de Decreto
Artículo Único. Se concede permiso al ciudadano Raúl Padilla López, para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden de Isabel la Católica, en grado de Encomienda, que le otorga el gobierno del Reino de España.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.
Secretarios de la Cámara de Diputados.--- Presentes.
Para los efectos legales correspondientes, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano Rafael Bastón Acasuso, para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Sacra y Militar Orden Constantiniana de San Jorge, en grado de Caballero de Mérito, que le otorga Su Alteza Real don Carlos de Borbón-Dos Sicilias.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.
Minuta Proyecto de Decreto
Artículo Único. Se concede permiso al ciudadano Rafael Bastón Acasuso, para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Sacra y Militar Orden Constantiniana de San Jorge, en grado de Caballero de Mérito, que le otorga Su Alteza Real don Carlos de Borbón-Dos Sicilias.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.
Secretarios de la Cámara de Diputados.--- Presentes.
Para los efectos legales correspondientes, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto de decreto por el que se concede permiso al capitán de corberta CG EPM Carlos Gabriel Solís Bastarrachea, para que pueda aceptar y usar la las placas correspondientes al Premio Director de la Escuela de Oficiales de la Armada de Argentina, que le otorga la Armada de la República de Argentina.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.
Minuta Proyecto de Decreto
Artículo único. Se concede permiso al capitán de corbeta CG EPM Carlos Gabriel Solís Bastarrachea para que pueda aceptar y usar las placas correspondientes al Premio Director de la Escuela de Oficiales de la Armada de Argentina, que le otorga la Armada de la República de Argentina.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.
Secretarios de la Cámara de Diputados.--- Presentes.
Para los efectos legales correspondientes, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto de decreto por el que se concede permiso al capitán de navío CG DEM Marco Antonio Elías Cruz Barrita, para que pueda aceptar y usar la medalla Monja Blanca de Primera Clase, que le otorga el Ejército de la República de Guatemala.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.
Minuta Proyecto de Decreto
Artículo Único. Se concede permiso al capitán de navío CG DEM Marco Antonio Elías Cruz Barrita, para que pueda aceptar y usar la medalla Monja Blanca de Primera Clase, que le otorga el Ejército de la República de Guatemala.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Túrnense a la Comisión de Gobernación.
LEY FEDERAL DE DERECHOS
El Secretario diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés: «Escudo.--- Congreso del Estado de Chihuahua.--- LXII Legislatura.
Diputado César Duarte Jáquez, Presidente de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presente.
Para su conocimiento y efectos conducentes, le remito copia del acuerdo número 229/08 I P.O., así como del dictamen que le dio origen, por medio del cual la LXII Legislatura del Congreso del estado, formula ante el honorable Congreso de la Unión, iniciativa con proyecto de decreto, a fin de adicionar con tres párrafos el Apartado A del artículo 223 de la Ley Federal de Derechos.
Sin otro particular de momento, le reitero a usted la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Congreso del Estado de Chihuahua.--- Secretaría.
La LXII Legislatura del honorable Congreso del estado de Chihuahua, reunida en su primer periodo ordinario de sesiones, dentro del segundo año de ejercicio constitucional
Acuerda
Artículo Primero. Presentar ante la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, iniciativa de decreto a fin de adicionar con tres párrafos el Apartado A del artículo 223 de la Ley Federal de Derechos, para quedar redactados de la siguiente manera:
Artículo 223 . Por la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales a que se refiere este capítulo, se pagara el derecho sobre agua, de conformidad con la zona de disponibilidad de agua en que se efectúe su extracción y de acuerdo con las siguientes cuotas:
Artículo Segundo. Remítase copia del presente acuerdo, así como de los documentos que lo originaron, a las legislaturas de los estados y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para su conocimiento y, si así lo desean, se adhieran a la propuesta formulada en el artículo Primero.
«Escudo.--- Congreso del Estado de Chihuahua.--- LXII Legislatura.
H. Congreso del estado.--- Presente
La Comisión del Agua y Recursos Naturales, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 43 de la ley Orgánica del Poder Legislativo, somete a la consideración del Pleno el presente dictamen, elaborado con base en los siguientes
Antecedentes
I. Con fecha 17 de abril del año dos mil ocho, le fue turnada para su estudio y dictamen a esta Comisión de dictamen legislativo, iniciativa de acuerdo presentada por la diputada Alma Rosa Núñez González, por medio de la cual propone a esta Soberania, aprobar y en su caso, remitir la presente Iniciativa con el carácter de decreto ante el honorable Congreso de la Unión, a efecto de adicionar con tres Párrafos el apartado A del artículo 223 de la Ley Federal de Derechos.
II. La iniciativa se sustenta bajo los siguientes argumentos:
``Con fecha veinticinco de septiembre del año dos mil siete, los integrantes de la Comisión de Desarrollo Rural de la Sexagésima Primera Legislatura del H. Congreso del estado de Chihuahua, Presentaron ante la Diputación Permanente, una propuesta para aprobar y en su caso, remitir al honorable Congreso de la Unión, iniciativa de decreto a efecto de adicionar con tres párrafos el Apartado A del artículo 223 de la Ley Federal de Derechos. En su momento se argumentó, que es urgente adoptar medidas conducentes a la recuperación y el equilibrio de los ecosistemas y a la valoración de los servicios ambientales provistos por bosques, desiertos y humedales, para el combate a la sobreexplotación de los recursos naturales, así como el desarrollo de la cultura ecológica y en especial de las áreas altas de las cuencas hidrológicas, para la conservación de los recursos forestales y de las fuentes de agua que recargan los acuíferos y alimentan a las corrientes superficiales.``Asimismo se argumentó que con tal propósito ha surgido el pago por servicios ambientales, a partir de un mayor conocimiento y conciencia de que los ecosistemas proveen al hombre de muchos bienes y servicios que son fundamentales para las poblaciones urbanas y rurales y que existen múltiples esquemas para el pago de servicios ambientales en el mundo, la mayoría de ellos de operación reciente y muchos se encuentran en etapa experimental en cuanto a su alcance o en etapa piloto, pero todos ellos coinciden en el principio básico que sustenta el pago por servicios ambientales: que los poseedores de los recursos naturales y las comunidades que están en condiciones de proporcionar servicios ambientales deben recibir una compensación por los costos en que incurren para la conservación y mejoramiento de la fuente natural de dichos servicios y que quienes son beneficiarios dé los mismos, deben contribuir a su regeneración.Cabe destacar que la iniciativa en mención cuenta con el apoyo irrestricto del Consejo Estatal Forestal del estado de Chihuahua, -cuyo Presidente es el Gobernador Constitucional del Estado, licenciado José Reyes Baeza Terrazas -, de acuerdo al oficio dirigido al Presidente de la Comisión de Desarrollo Rural de la Sexagésima Primera Legislatura, suscrito por el contador público Reyes Ramón Cadena Payán. secretario de Desarrollo Rural en el estado, en su carácter de Presidente suplente de dicho Consejo, así como por el ingeniero Oscar Estrado Murrieta, gerente de la Región VI Río Bravo de la Comisión Nacional Forestal en su carácter de Secretario Técnico, documento cuya copia se anexa al expediente, así como de la iniciativa que motivó al presente planteamiento.En México, la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales inició desde 1995 proyectos pilotos de pago por servicios ambientales hidrológicos. El primero de dichos proyectos se inició en la cuenca Lerma-Chapala en 1995.Como parte del Acuerdo de Coordinación para la Recuperación y Sustentabilidad de la Cuenca Lerma Chapala, firmado el 22 de marzo del año 2004, la Conafor invirtió en ese año (2004) cerca de 84 millones de pesos en obras tales como la reforestación de 10,660 ha, apoyos para 165 proyectos de desarrollo forestal y para la incorporación de 10,400 has al Programa de Pago por Servicios Ambientales Hidrológicos, y la asignación de recursos para establecer más de 6,000 has de plantaciones comerciales.En la República mexicana existen fundamentos jurídicos suficientes para sustentar la aplicación de un sistema de cobros a los beneficiarios de servicios ambientales hidrológicos.Efectivamente, el artículo 1o. de la Ley Federal de Derechos dispone que los derechos que establece esa misma ley, se pagarán por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público de la Nación, así como por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público.En el caso de la Sierra Tarahumara, existen todos los elementos naturales e institucionales necesarios para la adecuada aplicación del pago por servicios ambientales hidrológicos, además que se ha vuelto urgente la adopción de medidas ecológicas especiales, por las presiones económicas y sociales en esa región hidrológica internacional, bajo las condiciones de una creciente demanda del sistema urbano industrial y la explotación cada vez más intensiva de los recursos naturales en el marco del comercio internacional abierto.El sistema montañoso de las cordilleras de Chihuahua constituye la fuente natural del agua que sirve a una amplia región del país, desde la costó del Pacifico hasta el Golfo de México; que lo mismo privilegia alas prósperas regiones agrícolas y ganaderas de Sonora y Sinaloa, que a las entidades limítrofes de la cuenca del río Bravo, en tanto que en las partes altas de estas cuencas existen necesidades sociales y ecológicas insatisfechas de protección de los recursos y de mejoramiento de los servicios ambientales desde sus orígenes.Es por ello que la suscrita me uno a las razones anteriormente expuestas en el sentido de que se considera conveniente actualizar el sistema de pagos por servicios ambientales, de tal modo que, en paralelo al sistema prevaleciente por medio del Fondo Forestal Mexicano, debe establecerse el pago de servicios ambientales en forma regional descentralizada, en las entidades que cuenten con los mecanismos financieros y las instituciones públicas especializadas para la correcta administración y el funcionamiento equilibrado del pago por servicios ambientales de carácter regional, conforme a los criterios de la organización del orden público ambiental.Con lo que se lograría generar múltiples empleos dignos en las comunidades indígenas, en extrema pobreza y marginadas regresándole así al ecosistema un poco de lo mucho que nos ha dado, haciéndoles justicia a sus habitantes.En efecto, la implementación de un sistema de pago por servicios ambientales, traería como consecuencia evitar que la gente de la sierra de Chihuahua abandone sus comunidades por falta de fuentes generadoras de ingresos, o bien, que incurran en conductas ilícitas, tales como el cultivo de enervantes con las nefastas consecuencias que todos conocemos.Como legisladores, tenemos la ineludible obligación de crear las condiciones para que las personas tengan acceso a una buena calidad de vida, con empleos acordes al entorno y dejar a las futuras generaciones recursos naturales para su adecuada subsistencia.''La Comisión del Agua y Recursos Naturales, después de entrar al estudio y análisis de la iniciativa de mérito, formula las siguientes
Consideraciones
1. El H. Congreso del estado a través de esta Comisión de dictamen legislativo, es competente para conocer y resolver sobre la iniciativa de antecedentes, según lo dispuesto por los artículos 58 de la Constitución Política del estado; así como 43, 46 y 59 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo.
2. Primeramente esta Comisión se dio a la tarea de establecer el significado de servicios ambientales mismo que después de realizar un estudio minucioso logramos definirlo como ``aquellos beneficios que obtiene la sociedad como efecto de la existencia o de los procesos naturales de la diversidad biológica (absorción de carbono, protección de cuencas, actividades recreacionales ecoturismo, etc.). Y actualmente se encuentran amenazados por la destrucción y degradación de la naturaleza.''
Otra definición que podemos mencionar en la siguiente: servicios ambientales son aquellos cuya principal característica es que no se gastan ni transforman en el proceso pero generan indirectamente utilidad al consumidor de tales servicios; por ejemplo el paisaje que ofrece un ecosistema le genera satisfacción al turista que paga por disfrutarlo.
Una vez que hemos comprendido qué son los servicios ambientales es que esta Comisión entra al estudio de la iniciativa en cuestión.
3. Los servicios ambientales que brindan los ecosistemas son numerosos, algunos han sido identificados y clasificados, pero la gran mayoría aún permanecen sin ser ubicados por falta de suficiente conocimiento técnico. En Costa Rica se los ha clasificado como: (a) mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero. (b) protección del agua para uso urbano, rural o hidroeléctrico, (c) protección de la biodiversidad para conservarla y usarla sosteniblemente y (d) protección de ecosistemas formas de vida y belleza escénica natural.
La belleza escénica como servicio ambiental todavía no ha sido adecuadamente cuantificada, su importancia se manifiesta en la actividad turística que se puede realizar en los distintos ecosistemas.
4. Con la finalidad de seguir disfrutando de los beneficios que nos brinda la naturaleza es que se ha creado el pago por servicios ambientales, el cual está centrado en los servicios para los cuales hay una demanda de mercado que opera en condiciones adecuadas. En el decenio pasado ha ganado en popularidad el uso de esquemas de pago ambientales para cuencas hídricas, biodiversidad, captura de carbón y belleza del paisaje. Estos esquemas tienden a funcionar mejor cuando el valor de los servicios ambientales para los beneficiarios es alto.
Los mercados para los servicios ambientales varían en alcance geográfico, solidez de la estructura de la demanda, competitividad, naturaleza y precio de los productos vendidos y el número de las transacciones. En términos generales, parece que los mercados locales están mejor definidos que los globales, lo que permite una optimización de costos de recaudación.
El establecimiento de un sistema de pagos por servicios ambientales requiere también de la creación de un mecanismo financiero que recaude y maneje los fondos obtenidos, para garantizar la efectiva administración de los recursos a su destino y su aplicación controlada a los objetivos específicos, con el fin de garantizar resultados y la generación de la confianza de los contribuyentes.
Los esquemas de pago de servicios ambientales requieren, para su funcionamiento, de la participación de las comunidades más pobres en el ecosistema, que dependen en mayor medida de la tierra para su sustento. Se requiere por tanto un esfuerzo especial para hacer partícipe a la población en los beneficios del cobro por servicios ambientales y en su promoción.
Para este propósito es necesario invertir en la capacitación en las comunidades que habitan las zonas generadoras de los servicios ambientales. El desarrollo de la capacidad en las comunidades es una importante estrategia complementaria paro apoyar a la diversificación de ingresos y la generación de beneficios para las comunidades marginales.
El pago por servicios ambientales tiene el potencial de convertirse en valioso mecanismo para generar ingresos nuevos para el desarrollo sustentable. Este potencial se concretará de manera gradual conforme maduren los mercados de servicios ambientales y en la medida que los esquemas de pago se hagan más sostenibles en términos financieros.
Sus efectos positivos en el desarrollo sustentable, además, se maximizarán si se fortalecen sus efectos distributivos con otras políticas complementarias y se hacen esfuerzos concretos para desarrollar capacidades en las comunidades marginadas e indígenas.
Los mercados para los servicios de las cuencas hídricas son locales en alcance, ya que las transacciones se realizan en el ámbito de la cuenca. La demanda de los servicios hídricos por lo general se origina en los usuarios del agua comente abajo, como productores agrícolas, generadores de energía eléctrica y consumidores domésticos en áreas urbanas.
Dada la naturaleza local de la demanda y la presencia de un número limitado de beneficiarios organizados principalmente por los Propios sistemas de irrigación, es relativamente fácil movilizar a los beneficiarios para que participen en el sistema de pago del derecho por servicios ambientales.
El equilibrio de un sistema de pago por servicios ambientales depende de tres principios:
1) Equidad, en el sentido de que el gravamen sea justo, que esté bien tasado el pago y la recaudación se aplique a sus fines productivos y redistributivos, de tal modo que el apoyo económico fortalezca la economía de los posesionarios de la tierra, por la parte de la responsabilidad que les corresponde en la protección y mejora de los servicios ambientales.2) Efectividad, para la agregación de valor mediante el cumplimiento de los fines de la contribución, es decir, que se realicen en forma adecuada las obras y trabajos poro la protección y el mejoramiento de los ecosistemas generadores de los servicios ambientales, fortaleciendo sus fuentes hidrológicas naturales.3) Eficiencia, en cuanto al bajo costo de la recaudación, de los servicios financieros y la productividad del sistema técnico operador de los recursos.Entre otros precedentes de pagos de servicios ambientales, destacan los establecidos para la conservación en las áreas altas de las cuencas, con el fin de dar mantenimiento a los servicios hídricos, que es una estrategia practicada en países de América Latina y el Caribe, entre ellos Brasil, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Honduras y Panamá.
Uno de los ejemplos más famosos es el sistema que estableció la ciudad de Nueva York para proteger sus fuentes de agua potable. A finales de los años noventa incrementó un 9 por ciento sus derechos de agua para invertir en la protección de las cuencas hídricas Catskil/Delaware y Croton. Ello se realizó principalmente por medio de un programa de adquisición de terrenos y servidumbres de conservación que amplían el área protegida de la cuenca a 125 mil hectáreas. Además, los agricultores y productores silvícolas reciben compensación dentro de nuevos programas para retirar de la producción áreas sensibles o para mejorar las prácticas de gestión agrícolas o silvícolas.
Otro ejemplo bien conocido es el del Fondo Nacional del Agua (Fonag) en Ecuador que recolecta anualmente contribuciones de los usuarios del agua incluido el sistema de la ciudad de Quito y una hidroeléctrica para financiar prácticas de conservación en la parte alta de la cuenca que abastece de agua potable a Quito.
En las entidades de Paraná y Minas Gerais en Brasil las municipalidades reciben un 5 por ciento del impuesto estatal de ventas para financiar programas de conservación en la parte alta de la cuenca y proteger así las fuentes de agua potable. También en Brasil el organismo de manejo de agua de Sao Paulo acordó contribuir con un uno por ciento de sus ingresos para financiar actividades de conservación y restauración forestal en la cuenca hídrica Corumbatai.
En México como lo menciona la iniciadora, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales inició desde 1995 proyectos pilotos de pago por servicios ambientales en cuencas hídricas. El primero de dichos proyectos se inició en la cuenca Lerma Chapala en 1995.
En el caso de nuestro estado en la Sierra Tarahumara existen todos los elementos naturales e institucionales necesarios para la adecuada aplicación del pago por servicios ambientales en forma descentralizada, porque hay una base geoambiental sólida y una población bien identificada de beneficiarios de los servicios ambientales por cuencas hídricas además que se ha vuelto urgente la adopción de medidas ecológicas especiales, por las presiones económicas y sociales en esa región hidrológica internacional, bajo las condiciones de una creciente demanda del sistema urbano industrial y la explotación cada vez más intensiva de los recursos naturales en el marco del comercio internacional global.
5. En la actualidad las facturas de agua pagadas por los beneficiarios no incluyen la contribución necesaria para el cuidado de sus fuentes hidrológicas, es decir, que los usuarios no pagan lo correspondiente a los servicios ambientales que aprovechan en su patrimonio y bienestar.
No existe la partida específica de recursos para el cuidado de las fuentes naturales de las cuencas hídricas, porque de acuerdo a la tradición, el agua ha sido considerada como un bien libre que la naturaleza da y en el servicio público casi no se ha cobrado por sí misma, como el recurso material escaso que es en realidad, un valor económico natural. Lo que se cobra en las facturas del servicio de agua es principalmente el costo de los sistemas de extracción, de almacenamiento y conducción del agua hasta su destino, así como el drenaje y el saneamiento ambiental para limpiar lo que la población ensucia en su propio medio, además de los costos de administración.
Es decir, que se cobran los costos de los sistemas de irrigación y de los sistemas de agua urbanos, pero del agua en sí misma se cobra sólo un modesto derecho de extracción federal, cuando es para consumo humano, comercial e industrial, que los organismos operadores pagan a la Comisión Nacional del Agua a razón de 30 centavos por cada metro cúbico alumbrado, en el caso de Chihuahua, pero no se cobran los cuidados que requieren las cuencas hidrológicas generadora s y conductoras naturales del agua.
En México todavía no se ha puesto la atención debida a la organización eficaz del mercado del agua, por la naturaleza original del bien que es de carácter público, esencialmente comunitario y propiedad de la nación, que se ha operado mediante subsidio por organismos del Estado, a través de sistemas financieros que en la mayor parte del país han sido instrumentos insustentables de un modelo de desarrollo asimismo insustentable.
De la misma forma, aún no hay un cobro específico de carácter fiscal federal para el pago de servicios ambientales, sino una asignación Presupuestal general de 300 millones de pesos del total obtenido por las contribuciones por servicios de aguas nacionales ``por usuarios distintos de los municipales y organismos operadores de los mismos'', mediante una partida más del egreso administrada por el Fondo Forestal Mexicano, como ha sido establecido en el párrafo final del Apartado A, del artículo 223 de la Ley Federal de Derechos, que a la letra dice:
De los ingresos que se obtengan por la recaudación de los derechos por la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales por usuarios distintos de los municipales y organismos operadores de los mismos, 300 millones de pesos tendrán destino específico paro el Fondo Forestal Mexicano para el desarrollo y operación de Programas de Pago por Servicios Ambientales. Estos recursos ampliarán el presupuesto que se asigne a lo Comisión Nacional Forestal''.Resulta insuficiente este precepto de la Ley Federal de Derechos, ante la dimensión de las necesidades financieras en e materia de servicios ambientales, considerando que no sólo es poco el monto asignado para todo el país, sino que la norma carece de un criterio distributivo territorial del recurso disponible.
El mercado del agua es de carácter local principalmente, porque la gran mayoría de las operaciones se hacen en la propia cuenca, y en su adecuada organización es imprescindible el establecimiento del orden público regional necesario, para la identificación de la recaudación y el pago de los servicios ambientales derivados de las fuentes de agua, con la intervención del aparato público para establecer las reglas del mercado de los servicios ambientales brindados y de su efectivo cobro a través de la venta de los servicios de agua, con el fin de activar la conciencia y la gestión en las comunidades regionales, que es el factor esencial del éxito en la materia.
6. Es por todo lo anteriormente expuesto, que esta Comisión de dictamen legislativo, está de acuerdo con lo solicitado por la precursora y estimamos conveniente la pretensión de actualizar el sistema de pagos por servicios ambientales, de tal modo que, en paralelo al sistema prevaleciente por medio del Fondo Forestal Mexicano, debe ,establecerse el pago de servicios ambientales en forma regional descentralizada, en las entidades que cuenten con los mecanismos financieros y las instituciones públicas especializadas para la correcta ,administración y el funcionamiento equilibrado del pago por servicios ambientales de carácter regional, en términos de lo planteado en los razonamientos antes expuestos, conforme a los siguientes criterios de la organización del orden público ambiental en forma autónoma por regiones y entidades.
Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 57 y 58 de la Constitución Política del estado, así como por los artículos 43, 46, 59 y 101 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, la Comisión del Agua y Recursos Naturales, somete a la consideración del Pleno el presente dictamen con el carácter de
Iniciativa de decreto ante el Congreso de la Unión
Artículo Primero. La Sexagésima Segunda Legislatura del honorable Congreso del estado, tiene a bien presentar ante la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, iniciativa de decreto a fin de adicionar con tres párrafos el apartado A del artículo 223 de la ley Federal de Derechos, para quedar redactados de la siguiente manera:
Artículo 223. Por la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales a que se refiere este capítulo, se pagará el derecho sobre agua, de conformidad con la zona de disponibilidad de agua en que se efectúe su extracción y de acuerdo con las siguientes cuotas:A. Por las aguas provenientes de fuentes superficiales o extraídas del subsuelo, a excepción de las del mar, porcada metro cúbico:.........Para la conservación del ciclo hidrológico de las fuentes de agua y el equilibrio de los ecosistemas regionales, se aplicará una contribución compensatoria específica a cargo de los beneficiarios de los Servicios Ambientales Hidrológicos, mediante la inclusión de este concepto en la facturación de los servicios de agua y de riego, de acuerdo a cuotas por metro cúbico por zonas de consumo, de conformidad al reglamento autorizado para este propósito. La recaudación obtenida por concepto de servicios ambientales en cada cuenca se destinará, en forma exclusiva, a un fideicomiso que deberá crearse en cada entidad federativa para la administración de fondos destinados a los fines de fomento forestal, protección ecológica y el mejoramiento ambiental en cada entidad, plasmados en el reglamento que se autorice. Dicho reglamento deberá especificar el destino de los recursos y la forma de asignarlos, así como los mecanismos de evaluación y seguimiento. La Federación proveerá la compensación correspondiente al servicio de agua otorgada al vecino estado de Texas, en virtud del Tratado Internacional de Límites y Aguas de 1944, mediante pagos por los conceptos de servicios ambientales hidrológicos y de protección a la biodiversidad, de conformidad a las cuotas establecidas por cada mes vencido en el fideicomiso que se cree en cada entidad federativa para la cuenca respectiva, de acuerdo al volumen del servicio otorgado.B. ...C. ......Artículo Segundo. Remítase copia de la presente iniciativa, así como de los anexos relacionados, a las Legislaturas de los estados y/o la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para que se adhieran a la propuesta formulada en el artículo primero.
Económico. Aprobado que sea, túrnese a la Secretaría para que elabore la minuta de iniciativa de decreto ante el Congreso de la Unión en los términos correspondientes.
Dado en el Salón de Sesiones del Poder Legislativo, en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, a los 21 días del mes de octubre del año dos mil ocho.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
LEY FEDERAL DEL TRABAJO
El Secretario diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés: «Escudo.--- Congreso del Estado de Chihuahua.--- LXII Legislatura.
Diputado César Duarte Jáquez, Presidente de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.
Para su conocimiento y efectos conducentes, le remito copia del acuerdo número 227/08 I P.O., así como del dictamen que le dio origen, por medio del cual la Sexagésima Segunda Legislatura del honorable Congreso del estado formula ante el Congreso de la Unión iniciativa con proyecto de decreto, a fin de reformar la fracción II del artículo 170 de la Ley Federal del Trabajo.
Sin otro particular de momento, le reitero la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Congreso del Estado de Chihuahua.--- Secretaría.
La Sexagésima Segunda Legislatura del honorable Congreso del Estado de Chihuahua, reunida en su primer período ordinario de sesiones, dentro del segundo año de ejercicio constitucional
Acuerda
Artículo Único. Presentar ante el honorable Congreso de la Unión la iniciativa con proyecto de decreto a fin de reformar la fracción II del artículo 170 de la Ley Federal del Trabajo, para quedar en los siguientes términos:
Artículo 170. Las madres trabajadoras tendrán los siguientes derechos:
«Escudo.--- Congreso del Estado de Chihuahua.--- LXII Legislatura.
Honorable Congreso del estado.--- Presente
A la Comisión de Trabajo y Previsión Social le fue turnada para su estudio y dictamen, iniciativa de decreto presentada por la diputada Manuela Hernández Colomo del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por medio de la cual, y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 68 fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chihuahua, así como la fracción III, del artículo 71 de nuestra Carta Magna, solicita que se presente, ante el honorable Congreso de la Unión, una reforma a la fracción II, del artículo 170 de la Ley Federal del Trabajo, a efecto de que las madres trabajadores que adopten tengan derecho a disfrutar de un periodo de descanso de seis semanas posteriores a la entrega del menor adoptado. El dictamen se formula al tenor de los siguientes:
Antecedentes
1. En la iniciativa de referencia se expresa lo siguiente:
``Para las niñas, niños y adolescentes vivir en una casa cuna o casa-hogar, puede ser mejor de cierta manera que vivir en las calles o en una casa en donde los padres son negligentes para satisfacer sus necesidades básicas o bien ser víctimas de maltrato; ya que por lo menos ahí los alimentos son regulares y hay camas en donde dormir. Sin embargo, una casa hogar no toma el lugar de una familia. La mayoría son edificios llanos que dan alojamiento a varias decenas de niños, duermen en grandes salones con literas. Sus actividades deben ser hechas de manera colectiva de tal modo que obedezcan a las reglas del internado.Regularmente atienden clases en una escuela cercana o en sus mismas instalaciones, sin embargo, se descuida un elemento: la importancia de todo lo que comprende uno de los temas cruciales el vínculo de apego, que puede ser alterado en el caso de que haya múltiple separaciones.Por todo lo anterior, un recurso importante es la colocación del menor en el seno de una familia mediante la adopción es así como se gesta una historia de generosidad cuando unos padres deciden adoptar a un niño. Los motivos son muchos: desde la incapacidad de concebir hasta cuestiones de solidaridad social, en las que, además de tener ya cierto número de hijos, se decide dar una mejor vida a un pequeño niño desprotegido.Lo esencial en todos los casos ha de ser que la motivación esté custodiada por el amor pleno y realizador de transmitir la vida, que en este caso no es biológica, sino psicológica, social y espiritual.Esto es de suma importancia porque sin duda la familia es para el niño el primer transmisor de pautas culturales y su primer agente de socialización constituye pues la entidad más importante creada por el ser humano para transmitir y mantener valores, es la institución básica de la sociedad.Es así que por lo regular cuando los menores de edad no pueden vivir dentro de su propio núcleo familiar, ni aún con su familia extensa (tíos, abuelos, etcétera), el Estado a través de la figura jurídica de la adopción, entendida como un proyecto de vida individualizado para las niñas, niños y adolescentes busca garantizar su derecho a ser parte de una familia permanente.La adopción tiene que sortear y navegar con algunas circunstancias significativas como que los futuros adoptantes, se puede decir no aman previamente al niño porque no le conocen, pero si adoptan un hijo, es sencillamente porque están decididos a autodestinarse a él, a donarle sus vidas, un autor lo llama ``destino compartido''. Tal modo de conducirse puede ser entendido como una capacidad de la condición humana: la capacidad de donación, es ésta uno de los fundamentos de la adopción. Los futuros padres posiblemente no conocen, ni eligen a su hijo y sin embargo, lo aceptarán incondicionalmente, no merman un ápice la voluntad de donarse a quien venga y como venga.Ahora bien, se ha demostrado que los seres humanos maduran biológicamente fuera del seno materno, este proceso empieza desde el nacimiento. Los niños radicalmente despojados (huérfanos y desamparados) crecen más lentamente y pueden llegar a padecer retraso mental. Sin embargo, en estudios hechos con niños de casas hogar se descubrió que al ser adoptados y tener experiencias positivas se sobreponen de manera extraordinaria en unos cuantos meses hasta alcanzar la normalidad en su desarrollo.Y un factor primordial en la adopción lo constituye sin duda el hecho de que en todo momento las instituciones y todo aquellos que participan en este proceso deben tener en cuenta que ``el interés superior del niño será la consideración primordial'' como lo dispone el artículo 21 de la Convención de los Derechos del Niño.Por otra parte, el cuidado de un hijo en sus primeros días tiene como objetivo supervisar que el proceso de adaptación se realice en forma normal y ayudar a la madre a comprender las características propias y los fenómenos fisiológicos que no ocurren en ninguna otra edad. A los padres, y, en especial a la madre les compete el cuidado de su hijo sobre todo cuando es recién nacido. Hay un período de adaptación clave en los primeros días entre la madre y el bebé que abarca funciones biológicas, psicológicas y espirituales. Este proceso tiene que ver desde luego con lo que se ha llamado vínculo de unión o apego.Ahora bien, el apego del niño adoptado tendrá características muy especiales y estará teñido por la marca que ha dejado la pérdida de todas las sensaciones conocidas durante el embarazo-pérdida que puede ser pensada como un corte en la continuidad engendramiento-filiación y por el corte con sus orígenes aspecto fundamental en la construcción de su identidad.La profundidad del vínculo entre padres e hijo/a adoptivo/a dependerá del trabajo elaborativo profundo y prolongado que la familia pueda realizar de una identidad de familia adoptivaSegún J. Bowlby (1954-64) en el bebé existe una tendencia natural -de base biológica- a crear fuertes lazos afectivos con figuras con figuras que se convierten en significativas por el hecho de estar disponibles para satisfacer las necesidades básicas del pequeño. Estos (padres o cuidador) se constituyen en la base segura que todo niño necesita para su desarrollo transmitiendo confianza y posibilitando la exploración del entorno.Este autor subrayó también la poderosa influencia que tienen las tempranas relaciones de apego en el desarrollo de la personalidad, así como en el origen de la psicopatología.M. Ainsworth (1963) planteó que las figuras de apego otorgan la seguridad y confianza básica para que el niño se atreva a explorar, y que la conducta exploratoria se interrumpe si el niño se da cuenta que el cuidador se halla temporalmente ausente.Se podría decir pues, que sería indispensable que el niño adoptado se encuentre con una madre adoptiva que lo reciba en una actitud emocional de preocupación maternal primaria, que esté cuando menos como una madre biológica en los primeros días después del parto, totalmente dispuesta y atenta a brindar los cuidados a su bebé, en resumen que pueda estar sensibilizada y lista para así de esa forma se identifique mejor y lograr así una adaptación suficientemente buena, redundando desde luego en bienestar para el menor de edad.''II. La Comisión de Trabajo y Previsión Social, al analizar los planteamientos formulados, realiza las siguientes
Consideraciones
La propuesta en estudio tiene como objetivo plantear ante el honorable Congreso de la Unión, se reforme la fracción II, del artículo 170 de la Ley Federal del Trabajo, a efecto de que las madres trabajadoras que adopten disfruten de un periodo de descanso de seis semanas posteriores a la entrega del menor adoptado.
Antes de abordar el objetivo central que plantea la presente iniciativa, es necesario aludir a la importancia de la figura jurídica de la adopción, que constituye una de las instituciones más nobles, producto del espíritu solidario que caracteriza a los seres humanos, cuyas bondades y existencia es reconocida a nivel mundial, siendo muchos países que no solamente la han adoptado, sino que también en aquellos que ya existe la han venido fortaleciendo como es el caso de nuestro estado y en nuestro país.
La institución de la adopción, tal y como lo señala la iniciadora, cumple su noble cometido, cuando una niña o un niño pierde a sus padres o familiares más cercanos, o es abandonado en la vía pública, o bien, los padres dejan de cumplir con las obligaciones que les confiere el ``ser padres'', estos menores son protegidos por la sociedad en su conjunto, por medio de instituciones de asistencia pública así como privada, en búsqueda de mejores condiciones de vida, convirtiéndose los padres adoptivos en transmisores de vida, que en este caso no es biológica, sino psicológica, social y espiritual.
La adopción es el procedimiento legal que permite a una niña o niño a convertirse en términos legales, en hija o hijo de sus padres adoptivos, distintos de los naturales.
Intervención destacada en los procedimientos de adopción asumen tanto el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, así como los Sistemas Estatales y Municipales, existentes en cada una de las entidades federativas, que promueven con el apoyo de las procuradurías de la Defensa del Menor y de la Familia la adopción de niñas y niños que se encuentran bajo su tutela y protección en las casas cuna y casas hogar que operan el DIF Nacional y los sistemas estatales y municipales.
Sin lugar a dudas, la adopción constituye el mecanismo más importante para dotar de hogar y familia a los menores que carecen de ello, gestándose mediante este acto una historia de generosidad, cuando personas que acreditan la aptitud y posibilidad para asumir el rol de padres deciden adoptar a un niño. Los motivos son muchos: desde la incapacidad de concebir hasta cuestiones de solidaridad social, en las que, además de tener ya cierto número de hijos, se decide dar una mejor vida a un pequeño niño desprotegido.
Tal y como se señala en el contenido de la iniciativa en estudio, el cuidado de un hijo en sus primeros días tiene como objetivo supervisar que el proceso de adaptación se realice en forma normal y ayudar a la madre a comprender las características propias y los fenómenos fisiológicos que no ocurren en ninguna otra edad. A los padres, y, en especial a la madre les compete el cuidado de su hijo sobre todo cuando es recién nacido. Hay un período de adaptación clave en los primeros días entre la madre y el bebé que abarca funciones biológicas, psicológicas y espirituales. Este proceso tiene que ver desde luego con lo que se ha llamado vínculo de unión o apego, para lo cual es necesario que la madre trabajadora adoptante, cuente en ese sentido con el mismo apoyo que se brinda por ley, a la madre trabajadora que da a luz un bebe, (artículo 170, fracción II, como derecho de la madres trabajadoras, el disfrutar de de un periodo de descanso de seis semanas anteriores y seis posteriores al parto), para gozar de un periodo de descanso de seis. posteriores al parto, derecho que debe hacerse extensiva a la madre que adopta al existir la misma justificación para su otorgamiento, que no es otro, que el brindar la posibilidad a las madres trabajadores de destinar al cien por ciento su tiempo los primeros días en que se concrete la adopción y que se facilite el proceso de integración entre la madre y el bebe, que como se menciono con anterioridad resultan ser momentos claves para el bebe o el niño, puesto que comprenden funciones biológicas, psicológicas y espirituales, que exigen una atención de tiempo completo en lo que son las primeras semanas, lo que contribuye a que la madre en ese tiempo pueda sensibilizarse con el menor.
En virtud de lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de este alto cuerpo colegiado la siguiente
Iniciativa de decreto
Artículo Único. Se aprueba presentar ante el honorable Congreso de la Unión a nombre de la Sexagésima Segunda Legislatura del honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Chihuahua, la iniciativa con proyecto de decreto que proponga reformar la fracción II, del artículo 170 de la Ley Federal del Trabajo, para quedar en los siguientes términos:
Artículo 170. Las madres trabajadoras tendrán los siguientes derechos:
I. ...II. Disfrutarán de un descanso de seis semanas anteriores y seis posteriores al parto; asimismo, en el caso de las madres por adopción disfrutarán de seis semanas posteriores a la entrega de menor adoptado. III. ...IV. ...V..VI. -...VII. ...Económico. Una vez aprobado que sea, túrnese a la Secretaría para que elabore la minuta de iniciativa, en los términos en que deba remitirse al honorable Congreso de la Unión.La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
LEY DEL SEGURO SOCIAL
El Secretario diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés: «Escudo.--- Congreso del Estado de Chihuahua.--- LXII Legislatura.
Diputado César Duarte Jáquez, Presidente de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- México, DF
Para su conocimiento y efectos conducentes, le remito copia del acuerdo número 225/08 I P.O., así como del dictamen que le dio origen, por medio del cual la LXII Legislatura del honorable Congreso del estado, formula ante el honorable Congreso de la Unión, iniciativa con proyecto de decreto, a fin de reformar el artículo 130 de la Ley del Seguro Social.
Sin otro particular de momento, le reitero a usted la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Congreso del Estado de Chihuahua.--- Secretaría.
La LXII Legislatura del honorable Congreso del estado de Chihuahua, reunida en su primer período ordinario de sesiones, dentro del segundo año de ejercicio constitucional
Acuerda
Articulo Único . Presentar ante el honorable Congreso de la Unión, la iniciativa con proyecto de decreto, a fin de reformar el artículo 130 de la Ley del Seguro Social, para quedar en los siguientes términos:
Artículo 130. Tendrá derecho a la pensión de viudez el cónyuge supérstite del asegurado o pensionado por invalidez. A falta de esposa o esposo , tendrá derecho a recibir la pensión, la mujer o varón con quien el asegurado o pensionado por invalidez vivió como si fuera su cónyuge , durante los cinco años que precedieron inmediatamente a la muerte de aquélla o aquél, o con la o el que hubiera tenido hijos, siempre que ambos hayan permanecido libres de matrimonio durante el concubinato. Si al morir el asegurado o pensionado por invalidez tenía varias concubinas o concubinarios, ninguno tendrá derecho a recibir la pensión.
«Escudo.--- Congreso del Estado de Chihuahua.--- LXII Legislatura.
Honorable Congreso del estado.--- Presente.
La Comisión de Trabajo y Previsión Social, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del estado, somete a la consideración del Pleno el presente dictamen, elaborado con base en los siguientes:
Antecedentes
I. Con fecha seis de octubre del año dos mil ocho, fue turnada para su estudio y posterior Dictamen a esta Comisión de Trabajo y Previsión Social, la iniciativa con carácter de decreto ante la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, a efecto de que se reforme el artículo 130 de la Ley del Seguro Social, presentada por el diputado Juan Manuel de Santiago Moreno, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
II. El iniciador sustenta su iniciativa en los siguientes argumentos:
``Toda discriminación supone la idea de un tratamiento desigual, la discriminación es el acto de hacer distinción, es un acto de abuso e injusticia que viola el derecho de la igualdad de oportunidades. La discriminación como tal, no es tolerada en ninguna sociedad democrática y no debería existir.Con fecha 17 de septiembre del presente año, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, concedió el amparo y la protección de la justicia Federal) expediente 664/2008-00 a un quejoso que fue objeto de discriminación con motivo de que le fue negada una pensión por viudez. Dicha negativa está fundada en lo que estipula el artículo 130 de la Ley del Seguro Social, que precisa que para que el viudo tenga derecho a una pensión por viudez de su esposa tiene que acreditar que él dependía económicamente de ella, lo que en el caso concreto no ocurría, pero viceversa, es decir, cuando se trata de la mujer, esta no tiene que hacer tal comprobación, incluso si la mujer es quien aporta mayores ingresos en el hogar conyugal, al fallecer su cónyuge, de todas formas tiene derecho a su pensión, insistiendo, sin necesidad de comprobar que ella dependía del varón. En cambio la ley, al hombre de manera desigual le exige comprobar que éste dependía económicamente de aquella, circunstancia que pone al hombre en desventaja para poder recibir una pensión por viudez al fallecer su cónyuge.Es cierto que la desigualdad de derechos otrora estaba a favor de los hombre, pero a raíz de la búsqueda por parte de las mujeres de su legítima igualdad como seres humanos, las leyes fueron cambiando para alcanzar ese paralelismo de derechos, pero en esas reformas de leyes y principios de igualdad para las mujeres, ahora es al hombre al que se violan sus derechos de equidad. La Suprema Corte de Justicia de la Nación en el caso citado considero que dicho artículo 130 de la Ley del Seguro Social viola las garantías de igualdad y no discriminación consagrada en nuestra Carta Magna, al impedir el cumplimiento de los derechos de protección y bienestar de los trabajadores y sus familias.Independientemente de lo anterior, adicionalmente debemos decir que el espíritu de una pensión es la consecución de los derechos adquiridos durante toda una vida de trabajo de una persona en virtud de sus aportaciones laborales al propio Instituto Mexicano del Seguro Social, derechos que no pueden ser condicionados a una circunstancia eventual de si el marido dependía o no económicamente de la mujer. Los derechos de esas mujeres trabajadoras ya están devengados, por lo que sus esposos o concubinarios deben tener derecho a esa pensión de viudez sin condición alguna.El artículo 130 de la Ley del Seguro Social literalmente dice: Artículo 130. Tendrá derecho a la pensión de viudez la que fue esposa del asegurado o pensionado por invalidez. A falta de esposa, tendrá derecho a recibir la pensión, la mujer con quien el asegurado o pensionado por invalidez vivió como si fuera su marido, durante los cinco años que precedieron inmediatamente a la muerte de aquél, o con la que hubiera tenido hijos, siempre que ambos hayan permanecido libres de matrimonio durante el concubinato. Si al morir el asegurado o pensionado por invalidez tenía varias concubinas, ninguna de ellas tendrá derecho a recibir la pensión. La misma pensión le corresponderá al viudo o concubinario que dependiera económicamente de la trabajadora asegurada o pensionada por invalidez.''Como puede observarse en el párrafo primero de la redacción anterior, a la mujer no se le condicionaba la pensión por viudez a la dependencia económica de parte del asegurado, o cualquier otra condición, en cambio en el segundo párrafo claramente estipula, al viudo o concubinario que dependiera económicamente de la trabajadora asegurada o pensionada por invalidez.Lo anterior es un claro acto de desigualdad que exige ser revisado y modificado por los legisladores federales, es por ello que solicitamos de esa honorable Cámara de Diputados se reforme el artículo 130 de la Ley del Seguro Social modificando el párrafo primero y derogando el párrafo segundo de dicho numeral, para quedar en los siguientes términos: Artículo 130. Tendrá derecho a la pensión de viudez el cónyuge supérstite del asegurado o pensionado por invalidez. A falta de esposa o esposo, tendrá derecho a recibir la pensión, la mujer o varón con quien el asegurado o pensionado por invalidez vivió como si fuera su marido, durante los cinco años que precedieron inmediatamente a la muerte de aquella o aquél, o con la o el que hubiera tenido hijos, siempre que ambos hayan permanecido libres de matrimonio durante el concubinato. Si al morir el asegurado o pensionado por invalidez tenía varias concubinas o concubinarios, ninguno tendrá derecho a recibir la pensión. Bajo tal tesitura, la presente iniciativa tiene como propósito se reforme dicho artículo 130 de la Ley del Seguro Social, para hacer realidad práctica las garantías en materia de seguridad social, así como de equidad, proteger cabalmente los derechos de los trabajadores y sus beneficiarios, y hacer generalizado los alcances que se han derivado de interpretaciones efectuadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.''La Comisión de Trabajo y Previsión Social, después de entrar al estudio de la iniciativa de mérito, tiene a bien formular las siguientes:
Consideraciones
I. La Equidad es un valor de connotación social que se deriva de lo entendido también como igualdad. Se trata de la constante búsqueda de la justicia social, la que asegura a todas las personas condiciones de vida y de trabajo, dignas e igualitarias, sin hacer diferencias o distingos entre unos y otros, a partir de la condición social, sexual, de edad, de raza o de género, entre otras.
El término equidad proviene de la palabra en latín ``Aéquitas'', el que se deriva de ``aequus'' que se traduce al español como igual. De este modo, la equidad busca la promoción de la valoración de las personas sin importar las diferencias culturales, sociales o de género que presenten entre sí.
La importancia de la equidad toma especial importancia a partir de la constante discriminación que diferentes grupos de personas han recibido a lo largo de la historia. Un claro ejemplo de ello, es la discriminación contra la mujer en el ámbito laboral y social.
Ante esa realidad, en la escala de los valores y de los derechos humanos, la equidad como valor y derecho fundamental debe tener un lugar preponderante en cualquier país, estado o sistema de gobierno que se precie de ser democrático e incluyente, para lo cual, es necesario que se cuente con las políticas públicas y programas de gobierno que garanticen la igualdad de oportunidades, el estimulo al desarrollo humano, el impulso a la tolerancia, y el respeto a la pluralidad y a la diversidad como parte de la vida cotidiana del país o estado de que se trate, independientemente de condiciones socioeconómicas, de cuestiones religiosas o de preferencias ideológicas. Lo anterior, es lo que sin lugar a dudas permitirá dar sustento y viabilidad sobre bases sólidas al proyecto de estado y de país al que aspiramos, que sirvan de impulso para un desarrollo y crecimiento armónico y justo para todos.
Es preciso señalar que ante los constantes cambios que se viven día a día en nuestro país, es imperante ir adecuando la visión que se tiene sobre la equidad, que represente fielmente el anhelo, así como la aspiración de vivir en un país que ofrezca condiciones de vida más igualitarias y de oportunidades para todos.
La tarea tan delicada que le toca cumplir al gobierno, no solamente se circunscribe a la observancia y tutela de los derechos humanos, así como al fortalecimiento del marco legislativo y mejoramiento en su aplicación, sino que su pretensión debe ir más allá, mediante el fomento e impulso de una nueva cultura, que genere nuevos valores y actitudes que nos permitan eliminar el trato diferenciado, las prácticas oprobiosas y condiciones de inequidad; en suma, la eliminación de 'cualquier expresión o manifestación de discriminación o de exclusión que tanto dañan al tejido social.
Tiene razón el iniciador cuando señala que toda discriminación supone la idea de un tratamiento desigual, traduciéndose en un acto que hace distinción, en un acto de abuso e injusticia que viola el derecho de la igualdad de oportunidades, y por tanto, la discriminación como tal, .no debería existir y muchos menos ser tolerada en ninguna sociedad democrática, bajo ninguna circunstancia.
Es de destacar, el antecedente que vierte el iniciador para dar sustento a su iniciativa, consistente en el fallo que emitió en fecha 17 de septiembre del presente año, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al conceder el amparo y la protección de la justicia federal al peticionario de garantías en el expediente al que alude, con base en el acto reclamado de haber sido objeto de discriminación al privársele del derecho a recibir pensión por viudez. Dicha negativa la fundamento la autoridad responsable en lo que estipula el artículo 130 de la Ley del Seguro Social, que precisa que para que el viudo tenga derecho a una pensión por viudez de su esposa tiene que acreditar que él dependía económicamente de ella, lo que en el caso concreto no ocurría, pero viceversa, es decir, cuando se trata de la mujer, esta no tiene que hacer tal comprobación, incluso si la mujer es quien aporta mayores ingresos en el hogar conyugal, al fallecer su cónyuge, de todas formas tiene derecho a su pensión, insistiendo, sin necesidad de comprobar que ella dependía del varón, dando por tanto el dispositivo legal en cometo un tratamiento distinto a los iguales, puesto que al hombre le exige de manera desigual comprobar como cónyuge supérstite acreditar que dependía económicamente de su mujer fallecida, circunstancia que pone al varón en desventaja de recibir una pensión por viudez al fallecer su cónyuge, lo que no sucede en tratándose de la mujer, a la que no se le exige como ya se menciono acreditar tal dependencia para hacerse acreedora a recibir la pensión de su cónyuge o concubino fallecido.
Es cierto tal y como lo expresa el iniciador, que la desigualdad de derechos otrora estaba a favor de los hombre, pero a raíz de la búsqueda por parte de las mujeres de su legítima igualdad como seres humanos, las leyes fueron cambiando para alcanzar ese paralelismo de derechos, pero en esas reformas de leyes y principios de igualdad para las mujeres, ahora es al hombre al que se violan sus derechos de equidad, como sucede en el caso especifico del artículo 130 de la Ley del Seguro Social, que vulnera las garantías de igualdad y no discriminación consagrada en nuestra Carta Magna, al impedir el cumplimiento de los derechos de protección y bienestar de los trabajadores y sus familias.
En forma independiente a lo anterior, le asiste la razón al iniciador, cuando afirma que el espíritu de una pensión es la consecución de los derechos adquiridos durante toda una vida de trabajo de una persona en virtud de sus aportaciones laborales al propio Instituto Mexicano del Seguro Social, derechos que no pueden ser condicionados a una circunstancia eventual de si el marido dependía o no económicamente de la mujer. Los derechos de esas mujeres trabajadoras ya están devengados, por lo que sus esposos o concubinarios deben tener derecho a esa pensión de viudez sin condición alguna, tal y como se propone al tenor de lo siguiente.
En virtud de lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de este alto cuerpo colegiado la siguiente:
Iniciativa al honorable Congreso de la Unión
Artículo Único. Se aprueba presentar ante el honorable Congreso de la Unión a nombre de la Sexagésima Segunda Legislatura del honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Chihuahua, la iniciativa con proyecto de decreto que proponga reformar el artículo 130 de la Ley del Seguro Social, para quedar en los siguientes términos:
Artículo 130. Tendrá derecho a la pensión de viudez el cónyuge supérstite del asegurado o pensionado por invalidez. A falta de esposa o esposo, tendrá derecho a recibir la pensión, la mujer o varón con quien el asegurado o pensionado por invalidez vivió como si fuera su marido, durante los cinco años que precedieron inmediatamente a la muerte de aquella o aquél, o con la o el que hubiera tenido hijos, siempre que ambos hayan permanecido libres de matrimonio durante el concubinato. Si al morir el asegurado o pensionado por invalidez tenía varias concubinas o concubinarios, ninguno tendrá derecho a recibir la pensión.Económico. Una vez aprobado que sea, túrnese a la Secretaría para que elabore la minuta de iniciativa, en los términos en que deba remitirse al honorable Congreso de la Unión.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Túrnese a la Comisión de Seguridad Social.
LEY FEDERAL DEL TRABAJO
El Secretario diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Gobierno de Jalisco.--- Poder Legislativo.--- Secretaría del Congreso.
Diputado César Duarte Jáquez, Presidente de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.--- Presente.
Enviándole un atento saludo, hago de su conocimiento que esta LVIII Legislatura del honorable Congreso de Jalisco, en sesión verificada en esta fecha, emitió el acuerdo legislativo número 676-LVIII-08, del cual le adjunto copia, mediante el cual se eleva iniciativa de ley al honorable Congreso de la Unión, para adicionar dos párrafos al artículo 69 de la Ley Federal del Trabajo, en los términos y con la motivación que del acuerdo legislativo de referencia se desprenden.
Por instrucciones de la directiva de esta soberanía, hago de su conocimiento lo anterior, en vía de notificación personal y para los efectos legales procedentes.
Sin otro particular, hago propicia la ocasión, para reiterarle las seguridades de mi consideración y respeto.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Gobierno de Jalisco.--- Poder Legislativo.--- Secretaría del Congreso.
Diputados del honorable Congreso del Estado.--- Presentes.
A las Comisiones de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos y Reglamentos, Equidad de Género, y Trabajo y Previsión Social les fue turnada por acuerdo de la asamblea del honorable Congreso del estado del miércoles 5 de marzo de 2008, la iniciativa de decreto presentada por la diputada Gloria Judith Rojas Maldonado, que adiciona dos párrafos al artículo 43 de la Ley para los Servidores Públicos del estado de Jalisco y sus municipios; que ha sido estudiada y dictaminada por esta comisión, razón por la que ponemos a consideración de esta honorable asamblea el siguiente acuerdo legislativo con carácter de dictamen, lo anterior bajo la siguiente
1. Parte expositiva
1. Que es facultad de los diputados presentar iniciativas de ley, de decreto y acuerdo legislativo de conformidad con el artículo 22 fracción 1 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco.
2. Que le corresponde a la Comisión de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos y Reglamentos, con fundamento en los artículos 64; 69 fracción 1; 78; 97; 106; 108; 109 y 157 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, conocer de los asuntos referentes a las distintas iniciativas de ley presentadas.
3. Que en sesión ordinaria del miércoles 5 de marzo de 2008, la diputada Gloria Judith Rojas Maldonado presentó la iniciativa de decreto que propone adicionar dos párrafos al artículo 43 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios; que fue turnada por acuerdo de la asamblea, con folio 404, SIPLE 1435, a las comisiones legislativas de Trabajo y Previsión Social, de Equidad de Género, y de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos y Reglamentos, para que revisaran el dictamen de acuerdo a su competencia.
4. Que la iniciativa presentada por la diputada Gloria Rojas Maldonado, señala en su exposición de motivos lo siguiente:
``l. El orden social de género estableció la división sexual del trabajo definiendo papeles diferenciados para hombres y mujeres. De acuerdo a éstos, a los primeros se les adjudica la realización del trabajo reproductivo, reconocido socialmente como tal y por el cual se recibe un pago; mientras que a las mujeres se les asigna como las responsables del trabajo reproductivo, que contempla el trabajo doméstico y el cuidado de los otros, pero que no es reconocido socialmente CO/110 trabajo, y por el cual no recibe paga.
Ha sido el feminismo quien principalmente ha impugnado por romper con estas barreras sociales y culturales que determinan roles y espacios diferenciados de acuerdo al sexo, ya que éstos contribuyen y propician directamente el desa-rrollo de relaciones desiguales de poder entre mujeres y hombres, aunado a que en lo particular, también limitan o frenan el desarrollo y las expectativas que las personas pueden tener.
2. En la actualidad, los cambios socioeconómicos, los nuevos modelos de familia y los movimientos a favor de los derechos de las mujeres, han contribuido al ingreso masivo de éstas al trabajo productivo. Sin embargo, las desigualdades persisten en cuanto al reparto de tareas y responsabilidades. ya que las mujeres muchas veces tienen que realizar una doble jornada de trabajo; y es que; en realidad su ingreso a estas actividades no ha modificado el hecho de que se considere que ``es su deber u obligación'' el realizar tareas o que sólo ellas pueden cuidar o atender a los menores.
Hasta ahora el desequilibrio en el reparto de las tareas reproductivas ha sido un factor determinante en la calidad de vida. (sic) El uso del tiempo de trayectoria laboral de las mujeres ya que incide directamente en su ingreso, salida o reincorporación por lo que incluso es señalado como el principal obstáculo que impide su desarrollo laboral.
Es por ello que a partir de 1981, la OIT, Organización Internacional del Trabajo, ha exhortado a los gobiernos y a la sociedad en general. a la adopción de medidas que fomenten una participación más equitativa entre hombres y mujeres en el mercado laboral y en la esfera familiar.
En ese sentido comenzaron a desarrollarse principalmente en la Unión Europea legislaciones y políticas públicas que pretenden conciliar el ámbito laboral y familiar. y que tienen por objeto producir cambios estructurales que posibiliten el que mujeres y hombres podamos desarrollamos dentro de ambos pero que también adquiramos y asumamos en igual medida las obligaciones y tareas propias de estos espacios.
Y es que, es importante señalar que durante mucho tiempo se consideró y se plasmó en las legislaciones y las políticas públicas gubernamentales que eran las mujeres quienes debían conciliar la vida familiar y laboral y se establecían diversos mecanismos para ello como las guarderías o las licencias y permisos para madres.
Sin embargo, se evidenció que estas políticas no contribuían a modificar de fondo los roles de género, a redistribuir recursos y oportunidades, y es que se continuaba dejando la obligación de conciliar sólo para las mujeres, por lo que ahora todas éstas deben ir encaminadas a que hombres y mujeres por igual podamos trabajar y conciliar ambos espacios. En este sentido es que se han implantado también las licencias y permisos para padres, ya que existen cuidados para los menores en los que ambos pueden involucrarse y responsabilizarse por igual. Es decir que, lo que se pretende conciliar de fondo son entonces las obligaciones propias del ámbito público y privado, y el derecho que tanto mujeres como hombres tienen de participar en ambos.
Y es que mercado de trabajo y vida familiar no deben ser vistos como dos polos opuestos, desvinculados, ya que ambas esferas son centrales para la producción y reproducción social; es decir, son interdependientes en su funcionamiento; por lo que ahora, debemos buscar terminar con esta falsa división entre ambos y con el prototipo de un trabajador desvinculado de su vida familiar, sin responsabilidades domésticas o de cuidado, ya que sólo han generado graves costos sociales, para las mujeres principalmente, como son: el desgaste físico, la tensión psicológica, la ansiedad, irritación, depresión (sic) estrés laboral y diversos problemas psicosomáticos.
Es por considerar la equidad de género y la conciliación de la vida familiar y laboral, como condiciones básicas para lograr una sociedad más responsable, justa y respetuosa de los derechos humanos de mujeres y hombres, que proponemos que los padres tengan derecho a 10 días de licencia con goce de sueldo por motivo del nacimiento de un hijo; para que así, desde un primer momento, puedan tanto cumplir con la obligación y responsabilidad conjunta de involucrarse en las tareas de cuidado del menor como gozar de este derecho.
En ese sentido, es que también implantamos el derecho de un padre de tomar una licencia por 60 días más de descanso en caso de muerte de su cónyuge en el parto, y es que este supuesto no había sido contemplado por el legislador debido a los mismos esquemas genéricos, ya que se consideraba que en ese caso, debería ser algún sustituto femenino quien se hiciera responsable del recién nacido, cuando en realidad esta tarea puede realizarse en igual medida por ambos sexos.
3. Con la presente iniciativa se busca que los hombres participen en las actividades propias que tienen que ver con el trabajo que se desprende por motivo del nacimiento de los hijos, de participar en la responsabilidad y cuidado, de cambiar pañales y preparar mamilas, es decir (sic) de repartirse el trabajo en el cuidado de los hijos.
Este tipo de licencias no son nuevas en el mundo ni en nuestro país. Existen numerosos casos de personajes públicos que en otros países han utilizado esta .figura para cumplir con esta responsabilidad. Recordemos que Tony Blair, el primer ministro del Reino Unido, estando en funciones en mayo de 2000 tomó su licencia de paternidad de dos semanas cuando nació su hijo Leo ( 21 de mayo de 2000. Antes otro premier, Paavo Lipponen, primer ministro de Finlandia, también utilizó la licencia por paternidad por una semana para cuidar a su hija recién nacida''.
Por lo anterior, la referida iniciativa propone reformar el artículo 43 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios en el sentido siguiente:
II. Parte considerativa
5. De acuerdo con el trabajo de análisis y estudio realizado por los que suscribimos el presente dictamen, consideramos que:
Por lo anteriormente expuesto y con base en los argumentos señalados, la Comisión de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos y Reglamentos encuentra procedente la reforma y adición que se plantea por la iniciativa en comento, con las adecuaciones propuestas en el presente dictamen, las cuales no atentan en absoluto con el fin perseguido por la iniciativa en objeto de estudio y análisis, por el contrario, contribuyen a enriquecerlo.
III. Parte resolutiva
Por lo que con fundamento en los artículos 97, 105 y 108 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco, sometemos a la elevada consideración de esta honorable Asamblea el siguiente
Acuerdo Legislativo
Se eleva iniciativa de ley al Congreso de la Unión, para adicionar dos párrafos al artículo 69 de la Ley Federal del Trabajo:
Artículo único. Se adicionan dos párrafos al artículo 69 de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue:
Artículo 69. (...).
El trabajador que sea padre disfrutará de una licencia por paternidad remunerada de diez días naturales, la cual podrá otorgarse desde la fecha de nacimiento de su hija o hijo o antes del nacimiento de éste. El trabajador a quien se le conceda la adopción de un niño o niña, también disfrutará de este permiso o licencia de paternidad, contados a partir de que la misma sea acordada por sentencia definitiva de la autoridad correspondiente.
En caso de que fallezca la madre, a consecuencia del parto, el padre del niño o niña tendrá derecho a una licencia consistente en seis semanas, con los mismos derechos.
Transitorios
Único. El presente decreto, entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
DIA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACION DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: El siguiente punto del orden del día es efeméride con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
Se han registrado para referirse al tema las siguientes diputadas y los siguientes diputados: por el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, Blanca Luna Becerril ; por el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, Jesús Sesma Suárez ; por el Grupo Parlamentario de Convergencia, Martha Angélica Tagle Martínez ; por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, Bertha Yolanda Rodríguez Ramírez ; por el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, Holly Matus Toledo ; por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, Yolanda Garmendia Hernández.
De acuerdo con esta relación de oradores, tiene la palabra la diputada Blanca Luna Becerril , del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, hasta por cinco minutos.
La diputada Blanca Luna Becerril: Con el permiso de la Presidencia.
Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, en 1999 la Organización de las Naciones Unidas proclamó el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, fecha elegida desde 1981 por las organizaciones de mujeres de América Latina y el Caribe en conmemoración del asesinato, por orden del gobernante dominicano Rafael Trujillo, de las hermanas Mirabal: Patricia, Minerva y María Teresa, activistas de la República Dominicana.
Sin duda este asesinato puso de manifiesto en forma trágica los prejuicios machistas y el sexismo, que se vuelven a veces en forma imperceptible parte de la realidad, y que muestran hasta qué punto las sociedades llegamos a permitir que los hechos de violencia contra las mujeres se perpetúen en muy diversos contextos de la vida, particularmente en el ámbito familiar.
Aunque hoy podemos afirmar que existen avances en la erradicación de la violencia contra las mujeres en México, ya que contamos con un marco jurídico moderno, que hay avances significativos en materia de políticas públicas que promueven la prevención, atención y sanción como estrategias orientadas a erradicar la violencia hacia las mujeres, deplorable práctica que, como todas y todos sabemos, niega a la mitad de la población en nuestro país, niega a nos-otras, las mujeres, un desarrollo pleno y una vida digna.
Sí, hoy estamos frente a un escenario muy distinto del que vivieron nuestras madres, nuestras abuelas. Contamos con derechos que ellas ni se imaginaban que les correspondían. Sin embargo, seguimos experimentando violencia, discriminación y falta de oportunidades.
Nuestro diario acontecer da cuenta de que aún en pleno siglo XXI, cuando los aportes tecnológicos y científicos permiten a la humanidad una mejor y más larga vida, paradójicamente en las relaciones cotidianas, aquéllas donde podemos construir sólidos lazos de solidaridad, de hermandad, como en la familia, la pareja y el ámbito laboral, no hemos logrado aportar nuevas formas para resolver nuestras diferencias y conflictos sin anteponer la violencia.
Pero la violencia que más afecta, que más daña, que duele y en ocasiones mata es la violencia intrafamiliar, donde se supone que debe ser el espacio de seguridad, de confianza, de respeto y de crecimiento mutuo.
Los resultados de la Encuesta Nacional de Dinámicas de las Relaciones de los Hogares 2006, levantada por el Inegi, arrojaron que 70 por ciento de las mujeres encuestadas han sufrido algún tipo de violencia. Y la violencia más frecuente es la ejercida por el actual o el último esposo o compañero. Así lo declara 43.2 por ciento de las mujeres. A ésta le siguen la violencia en la comunidad, padecida por 39.7 por ciento de las mujeres. La violencia en el trabajo la sufre 29.9 por ciento de las mujeres asalariadas; la familiar, 15.9 por ciento; y la escolar, 15.6 por ciento.
Es urgente erradicar y enfrentar desde la escuela una cultura cargada de violencia, intolerancia y discriminación. La lucha contra la intolerancia es prioritaria y urgente para terminar con cualquier forma de discriminación contra las mujeres.
La educación debe ser una garantía, un campo fértil. La clave está, sin duda, en la formación de las nuevas generaciones. Las madres y los padres de familia, los docentes, los medios de comunicación y las autoridades tenemos un importante papel que cumplir para que la violencia contra las mujeres no eche raíz en las nuevas generaciones.
En este sentido, quisiera recordar una de las frases más bellas y profundas de Octavio Paz, que hace más de medio siglo plasmó en El laberinto de la soledad y en la cual ilustraba, con elocuencia, la hipocresía y la violencia con que la cultura machista trata a las mujeres.
Escribió Paz: ``Como casi todos los pueblos, los mexicanos consideran a la mujer como un instrumento, ya de los deseos del hombre, ya de los fines que le asigna la ley, la sociedad o la moral. Fines, hay que decirlo, sobre los que nunca se le ha pedido consentimiento y en cuya realización participa sólo pasivamente, en tanto depositaria de ciertos valores''. Hasta aquí la cita de Octavio Paz.
La erradicación de la violencia es un asunto de Estado sí, pero también es un asunto personal de libertades, de toma de decisión, de mujeres y de hombres. Por eso las mujeres nos debemos hacer responsables y no permitirnos vivir más con la violencia.
Por eso, luchar contra la violencia es prioritario y urgente para terminar con cualquier forma de discriminación contra las mujeres.
Termino. Estoy convencida de que en la promoción activa de los derechos de las mujeres mediante la educación, la promoción activa de la justicia para hacer valer sus derechos y aceptar las diferencias desde la primera edad escolar, se encuentra una gran oportunidad para erradicar las desigualdades y situaciones de discriminación y violencia que subsisten en nuestro país y en gran parte mundo.
La sociedad quiere resultados, y por ello, combatir la violencia contra las mujeres en todos los ámbitos se convierte en una razón más para acabar con la violencia, en general. Para avanzar en la democracia y en la mejor convivencia, las mujeres en la sociedad deben tener la certeza de que no sufrirán violencia en sus ámbitos familiar, laboral, escolar y social. Muchas gracias.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Gracias, diputada Blanca Luna Becerril.
Y queremos destacar la presencia de maestros y alumnos de la Universidad de Occidente, de Los Mochis, Sinaloa, que nos distinguen con su presencia, invitados por el diputado Gerardo Vargas Landeros. Sean ustedes bienvenidos.
Tiene el uso de la palabra la diputada Elsa Conde Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Alternativa. Adelante, diputada.
La diputada Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez: Gracias, señora presidenta.
Hoy, 25 de noviembre, Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, el Grupo Parlamentario de Alternativa Socialdemócrata hace suyo el pronunciamiento de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México, para solicitar al Ejecutivo federal la publicación inmediata de la Norma Oficial 46, contra la violencia hacia las mujeres.
En México, en 2007 entró en vigor la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Esta ley recupera las medidas que los gobiernos federal, estatales y municipales deben tomar para lograr una disminución considerable de la violencia de género en nuestro país. Particularmente, este 25 de noviembre queremos llamar la atención ante un hecho inexplicable: el Ejecutivo federal no ha dado el cabal cumplimiento a las obligaciones contenidas en las leyes.
El pasado 21 de julio, después de un largo proceso para su elaboración y cumpliendo todos los requisitos de ley, el Comité Consultivo Nacional de Normalización de Prevención y Control de Enfermedades, de la Secretaría de Salud, aprobó por mayoría la Norma Oficial Mexicana ``Violencia Familiar, Sexual y contra las Mujeres''. Cuatro meses después no ha entrado en vigor porque no ha sido publicada.
Las normas oficiales mexicanas son una regulación técnica de observancia obligatoria donde se establecen las características y especificaciones que deben reunir, en este caso, los servicios que prestan a la población.
La necesidad de elaborar esta norma obedece a la necesidad de adecuar nuestras leyes, reglamentos y normas para combatir la violencia contra las mujeres, en particular la Norma Oficial Mexicana 46, ``Violencia Familiar, Sexual y contra las mujeres'', criterios para la prevención y atención que obedecen al compromiso del Estado mexicano, firmado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como parte del acuerdo de solución amistosa, petición 161/02, en la cual se comprometió a ampliar el objetivo de la Norma 190, relativa a la atención médica a la violencia familiar, la cual sigue vigente.
La Norma 46 especifica la atención que debe brindarse a las víctimas de violencia sexual y de violencia contra las mujeres. Se enfatiza la obligación de ofrecer anticoncepción de emergencia para evitar un embarazo producto de una violación o informar sobre la alternativa legal para interrumpirlo, toda vez que en todo el país está despenalizado realizarlo por esta circunstancia.
Aunque en últimas fechas observamos vergonzosos casos contrarios a todo derecho en estados como Morelos, donde el Partido Acción Nacional en complicidad con el Partido Revolucionario Institucional han dado marcha atrás a derechos logrados por las mujeres; por ejemplo, dando marcha atrás a las cinco causales, entre ellas la de aborto por violación. Con esto hacemos un llamado al Partido Revolucionario Institucional para que en otros estados del país llame la atención de sus legisladores y no se repitan estos casos de grave violación a los derechos humanos de las mujeres.
La Norma 46 es relevante, porque establece los criterios para detectar, prevenir, atender médicamente y orientar la violencia familiar y sexual más allá del ámbito domestico en los servicios de salud.
La norma fue elaborada con base en evidencia técnica y científica, atendiendo a los compromisos internacionales y nacionales del Estado mexicano y contribuye al respeto y defensa de los derechos humanos; especialmente los de las mujeres.
Además, está en concordancia con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, vigente desde febrero de 2007.
Para el Grupo Parlamentario de Alternativa Socialdemócrata, no publicarla es vulnerar la integridad física de millones de mexicanas. No existen argumentos legales o técnicos para no hacerlo. Esta omisión es una grave agresión del gobierno, violenta los derechos humanos de las mujeres a una vida libre de violencia.
La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia también tipifica la violencia de Estado, como una inacción que pueden incurrir él mismo cuando no brinda atención a las víctimas de violencia o cuando incitan a éstas a que desistan de denunciar y que quede claramente conceptualizada como tolerancia de la violencia.
Por lo anterior, exhortamos al Ejecutivo federal y a las buenas conciencias que despachan desde la Secretaría de Salud a publicar, de inmediato, la Norma Oficial Mexicana ``Violencia Familiar, Sexual y contra las Mujeres''. Muchas gracias.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Gracias, diputada Elsa Conde Rodríguez. Se concede el uso de la palabra a la diputada Martha Angélica Tagle Martínez, del Grupo Parlamentario de Convergencia.
La diputada Martha Angélica Tagle Martínez: Con su permiso, señora presidenta.
A nueve años de que la ONU declaró el 25 de noviembre Día Internacional para Erradicar la Violencia contra las Mujeres y en pleno siglo XXI, la violencia de género es la principal transgresión de los derechos humanos de las mujeres y su eliminación el principal reto para alcanzar una sociedad justa e igualitaria.
Las mujeres hemos venido abriéndonos espacio en la vida pública y ahora nos encontramos en las universidades de-sarrollando labores que no eran consideradas propias de nuestro género; participando activamente en la política y buscando espacios en los cargos de decisión; luchando por nuestros derechos y exigiendo el respeto a éstos. Trabajamos desde los campos hasta las urbes para superar las exclusiones y la discriminación.
Todo ello ha tenido altos costos, dobles y triples jornadas, discriminación laboral y el aumento de la violencia, siendo ésta, sin duda, el mayor de los costos, pues muchas han pagado con su propia vida.
A pesar de que la violencia de género es compleja, diversa en sus manifestaciones, sigue considerándose como algo normal, y con frecuencia resulta invisible para las propias mujeres maltratadas.
Los datos con lo que se cuenta son suficiente evidencia de que esta violencia se constituye como el primer obstáculo por vencer para el desarrollo pleno de las mujeres: perturba su vida, disminuye su confianza, afecta su autoestima y limita su participación en la esfera pública.
En México, de acuerdo con el Instituto Nacional de las Mujeres, 4 de cada 10 mujeres son ultrajadas por su propia pareja, y 6 de cada 10 han sufrido algún tipo de violencia.
También 9 de cada 100 han sido víctimas de un delito por violencia de género; 1 de cada 3 mujeres abandona su lugar de origen como consecuencia de actos de violencia en su contra; y 4 de cada 10 feminicidios ocurridos en la República Mexicana se han registrado dentro del hogar de la víctima.
El precio que se tiene que pagar no es sólo para las mujeres, como lo afirma Teresa Rodríguez, directora regional de Unifem; la violencia de género detiene el desarrollo de los países, pues si de costos hablamos, los de la violencia contra las mujeres oscilan entre 1.6 y 2 por ciento del producto interno bruto de los países de la región latinoamericana, de acuerdo con los datos proporcionados por el Banco Interamericano de Desarrollo en una investigación realizada en 1997.
Pese a este estudio, la información existente en la región sobre los devastadores costos económicos directos e indirectos de la violencia de género aún es muy limitada. La violencia contra las mujeres tiene costos directos como los referidos al daño o pérdida de vidas y a los servicios que se deben proporcionar, sean de salud, legales, de protección o de otro tipo.
También hay costos indirectos, como los días de trabajo perdidos o la disminución de la productividad que impacta en la economía global, Y muchos otros de ésta última categoría, algunos denominados costos intangibles, que en su mayoría no son contabilizados por la dificultad que entraña su medición. Entre ellos están: el costo de las vidas destrozadas, del dolor crónico, del sufrimiento, del miedo, de la depresión, de los intentos de suicido, de la pérdida de oportunidades para lograr las propias metas y de la autoestima de las mujeres.
A su vez, están los llamados ``costos de transmisión'', originados en efectos multiplicadores hacia el futuro de la violencia familiar. Es sabido que ésta se convierte en un modelo de resolución de conflictos que se replica cuando los niños son víctimas o testigos: tienden a repetir estas conductas violentas en su vida adulta.
El Banco Mundial calcula que uno de cada cinco días laborales que pierden las mujeres, por razones de salud, es el resultado de problemas relacionados con violencia familiar, que incluye la física, al sexual, la psicológica y la patrimonial, ocurrentes tanto en el ámbito público como en el privado.
En nuestro país hace apenas 10 años, y en gran medida por el activismo de las organizaciones y movimientos de mujeres, pasó del ámbito de lo privado al dominio público con la primera Ley de Asistencia para la Atención de la Violencia Familiar, con la que la violencia sale de las 4 paredes del hogar y se convierte en un asunto en el que las autoridades tenían que intervenir.
Sin embargo, muchos años tuvieron que pasar, cientos de asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, e incluso la presión internacional, para poner en evidencia la manifestación más grave de la violencia de género: el feminicidio, que es denominado así por la investigadora y en ese entonces diputada Marcela Lagarde.
Ella además puso en evidencia que la violencia feminicida no era un hecho aislado y referido sólo a esa ciudad fronteriza, sino que estaba presente, pero invisible, en todos y cada uno de los estados de la república mexicana. Y lo mismo afecta a mujeres, niñas, ancianas o jóvenes, pobres o ricas, y de diferentes formas, desde la violencia física, emocional y económica, hasta aquella que acaba con la vida de las mujeres.
De ello se derivó la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que fue aprobada por esta legislatura y decretada por el Ejecutivo hace apenas año y medio.
La violencia de género tiene importantes consecuencias en la vida de las mujeres y el desarrollo de los países, y por tanto es responsabilidad de la sociedad en su conjunto y del Estado en sus tres niveles de gobierno, actuar eficazmente para prevenir, atender, erradicar y sancionar la violencia contra las mujeres.
En Convergencia estamos convencidos de que en el ejercicio del poder cada uno debe hacer lo que le corresponde. En ese sentido, hemos coadyuvado desde el Legislativo para atajar este grave problema. Por ello hemos presentado diferentes iniciativas tendientes a armonizar las leyes con los tratados ratificados en esta materia.
También nos hemos sumado con determinación a los trabajos que desde la Comisión de Equidad y Género se han hecho para destinar recursos etiquetados en cada una de las dependencias encargadas de atender y erradicar la violencia contra las mujeres.
En Convergencia queremos conmemorar este día como la oportunidad de analizar los retos que aún enfrentamos para solucionar este mal social. Debemos reconocer que a pesar de los grandes esfuerzos que se han hecho en diferentes espacios, no hemos logrado arrebatarle ni una vida al feminicidio; ni un rasguño al maltrato y ni un golpe a la conciencia. Los números siguen en ascenso.
Debemos reemplazar las tareas que en la Cámara tenemos pendientes como es la armonización legislativa nacional y local; pero también debemos exigir resultados al Ejecutivo federal y a los gobernadores, pues a pesar de los recursos destinados para este fin, es deficiente la coordinación entre las diferentes instancias responsables de prevenir, atender y sancionar la violencia contra las mujeres.
Se duplican las acciones, se dejan vacíos en los que la omisión también nos hace responsables y por cuestiones ideológicas se niega a tratar otras dimensiones de la violencia de género, como lo es la violación de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y la escasa promoción de una cultura igualitaria.
Los costos de la violencia contra las mujeres son altos. Las posibilidades de eliminarla están en manos de todas y de todos los que aspiramos a un mayor bienestar, que irá de la mano con la equidad de género; y a una sociedad justa e igualitaria. Es cuanto, señora presidenta.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Gracias, diputada Martha Angélica Tagle Martínez. Tiene la palabra el diputado Jesús Sesma Suárez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
El diputado Jesús Sesma Suárez: Muchas gracias. Es para mí un honor ser el único hombre para hablar sobre este tema tan relevante. En mi partido, el Verde Ecologista, creemos que este problema atañe tanto a los hombres como a las mujeres.
Con su permiso, señora presidenta; compañeros diputados y compañeras diputadas, hoy se cumplen nueve años de que la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró esta fecha como el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
Aunque esta fecha es de gran relevancia para todos debido a las diversas actividades que todos los gobiernos realizan para sensibilizar a la población respecto al terrible problema de la violencia, es una realidad que para mañana todos olvidarán este problema y las mujeres continuarán en su agonía.
¿Cómo reeducar en poco tiempo a millones de hombres y de mujeres, que por muchos años han visto, repetido o sufrido patrones de violencia dentro de sus casas, trabajos o escuelas?
¿Cómo aligerar la vida a esas millones de mujeres que en nuestro país viven y duermen con temor de sufrir algún tipo de daño al ser agredidas por sus esposos, sus padres o vecinos?
Compañeros, yo soy hombre y reconozco que en realidad todo se remite a un solo problema: el de derechos humanos. Deberíamos recordar que las mujeres merecen de nuestro reconocimiento, de nuestro respeto, de nuestra comprensión.
Sabemos que actualmente contamos con instrumentos jurídicos internacionales y nacionales que establecen pautas para contrarrestar este problema como la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW); la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer; y la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, por mencionar algunos.
Aunque esto representa, sin duda, avances en el ámbito federal, aún faltan esfuerzos para armonizar todas las leyes locales y actualizar los códigos civiles y penales en las entidades federativas. Además, el problema va más allá que una simple elaboración de leyes. El reto más importante radica en lograr que las políticas públicas causen efectos en las conductas de las personas. Pero estamos conscientes de que esto es un proceso lento.
Mientras tanto, entre los esfuerzos que debemos realizar como legisladores, están los de mejorar los mecanismos de seguimiento que permitan verificar el cumplimiento de las sanciones en la materia.
Asimismo, debemos fomentar la cultura de la denuncia entre nuestras hermanas, nuestras madres, nuestras esposas y nuestras hijas.
Debemos hacer énfasis en que la prevención a través de cultivar el respeto y la equiparación de los roles de género en nuestras familias, porque es alarmante tener cifras como las de 2006 respecto a la violencia de la pareja, en donde 40 de cada 100 mujeres de 15 años o más reportaron haber sufrido algún incidente de violencia por parte de su pareja.
Compañeros, la violencia contra las mujeres constituye una violación a sus derechos, libertades individuales; una ofensa a la dignidad humana y una manifestación de las relaciones de poder.
Realmente todos los días las mujeres enfrentan obstáculos para el ejercicio de sus derechos. Lidian con limitaciones que imponen ciertos roles asignados por la sociedad que ensombrecen su reconocimiento y su autonomía, generando, en muchos casos, iniquidades o discriminaciones.
Por eso hoy la mejor forma de conmemorar la eliminación de la violencia contra la mujer es como representantes del pueblo y como hombres, seamos solidarios en esta lucha. Finalmente, ellas representan más de la mitad de nuestra población.
Nuestro compromiso debe ser el velar que todas las leyes y demás políticas públicas, protejan a las mujeres y busquen su reintegración a la sociedad y establezcamos las pautas para sancionar cualquier acto que transgreda a una mujer y rehabilite a los hombres agresores para que no vuelva a afectar a más personas a lo largo de su vida. Necesitamos los hombres contribuir a hacer más ligera la carga para ellas, las mujeres.
Por esto, el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, les exhorta a apoyar los trabajos parlamentarios que contribuyan a eliminar definitivamente la violencia en nuestro país. Muchísimas gracias.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Gracias, diputado.
Queremos destacar la presencia de jóvenes de Santiago Tianguistenco, Estado de México, que hoy nos visitan, a invitación del diputado, nuestro compañero, Alejandro Olivares Monterrubio . Sean ustedes bienvenidos.
Tiene la palabra la diputada Bertha Yolanda Rodríguez Ramírez , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, hasta por cinco minutos.
La diputada Bertha Yolanda Rodríguez Ramírez: Con su permiso, señora presidenta.
Subo a esta tribuna, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para recordar el Día Internacional contra la Violencia de Género. Esta conmemoración, como ustedes saben, tiene sus orígenes en 1960, donde las tres hermanas Mirabal fueron violentamente asesinadas en la República Dominicana, debido a su activismo político. Las hermanas conocidas como ``las mariposas inolvidables'', se convirtieron en el máximo exponente de la crisis de violencia contra la mujer en América Latina.
Y como ustedes recordarán, el 25 de noviembre es la fecha que se ha elegido para conmemorar sus vidas y para promover el reconocimiento mundial contra violencia de género.
Y fue, como se ha comentado ya, la Asamblea General de las Naciones Unidas la que declaró este día como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer e invitó a gobiernos y organizaciones a desarrollar en este día actividades dirigidas a sensibilizar a la opinión pública respecto a este grave problema social.
En la LX Legislatura queremos aprovechar, mi grupo parlamentario, para hacer un recuento breve sobre lo que hemos podido aportar en esta legislatura, para luchar contra este grave problema social. Y una de esas cosas que hemos trabajado y que se han dado pasos muy importantes, es en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2008. Ahí, la Comisión de Equidad y Género, donde honrosamente participamos mujeres y hombres que creemos en otra forma de ser humanos y en otra forma de ser libres, etiquetamos recursos por mil 163 millones de pesos para dar cumplimiento a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
También ha sido esta legislatura la que ha contribuido determinantemente a la armonización legislativa. Ha sido esta legislatura que ha emprendido varias acciones para dar cumplimiento a los acuerdos sostenidos en 2007, y que todas y todos los diputados de esta legislatura suscribimos el pacto nacional para la igualdad entre mujeres y hombres, sustentándose ahí una vinculación entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo.
En uno de sus objetivos promovimos la lucha contra la violencia de género y, sobre todo, presupuestar concretamente para acciones dirigidas en contra de la violencia. Ha habido avances importantes como que se le etiquetó, en este Presupuesto, 112 millones 300 mil pesos para el Fondo para Acciones de Combate a la Violencia, en Inmujeres, y 20 millones de pesos para programas de capacitación al magisterio, entre otros.
Pero en este recuento solamente, en nombre del Partido Revolucionario Institucional, que ha sido precursor de transformaciones históricas a favor de los derechos humanos y la dignidad y la violencia hacia las mujeres mexicanas, las integrantes del Grupo Parlamentaria del PRI consideramos importantes las siguientes propuestas para un avance integral en esta materia.
Primero, cumplir las recomendaciones generadas por el comité de expertas, del mecanismo de seguimiento de la implantación de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.
Fortalecer alianzas con hombres y mujeres promotores de la igualdad entre los géneros y la eliminación de la violencia hacia las mujeres.
Impulsar, con pleno respeto la autonomía y el poder constituido en cada estado de la república, que se presupueste, también a nivel local, sobre el trabajo que se tiene que hacer en los presupuestos de cada estado, para etiquetar recursos a la luz de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en cada entidad federativa.
Se debe trabajar más en reconstruir los enlaces permanentes con las organizaciones no gubernamentales con trabajos sobre no violencia, para articular esfuerzos estratégicos y cercanos a las demandas sociales.
Debemos trabajar más, promoviendo en el Poder Judicial de la Federación los esquemas de coordinación interinstitucional en contra de la violencia de género.
Coadyuvar en la implantación de acciones planificadas de cobertura nacional y estatal, para erradicar los altos índices de feminicidios en nuestro país.
Y, finalmente, debemos impulsar para que se transparenten más los costos económicos, que representan al Estado mexicano desatenderse de este grave problema social que es la violencia de género.
Compañeras diputadas y compañeros diputados, la violencia de género envía un mensaje de subordinación implícito y explícito hacia la mitad de la población, en ejercicio de su libertad, derecho y dignidad.
Una real inclusión social, una efectiva igualdad de oportunidades y condiciones justas para un desarrollo libre de violencia, depende de que todos los actores en este país hagamos nuestro trabajo y cada quien cumpla su parte. Muchas gracias.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Gracias, diputada. Tiene la palabra la diputada Holly Matus Toledo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
La diputada Holly Matus Toledo: Con su permiso, diputada presidenta.
La declaración de Naciones Unidas sobre la erradicación de la violencia contra las mujeres define la violencia como ``cualquier acto de violencia basado en el género, que produzca o que pueda producir daños o sufrimientos físicos, sexuales o mentales en la mujer, incluidas las amenazas de tales actos, la coerción o la privación arbitraria de su libertad, tanto en la vida pública como en la privada''.
En esta misma declaración se dice también que la violencia contra la mujer abarca la violencia que se produce en el seno de la familia, en la comunidad en general, en el trabajo, en las instituciones escolares, y la violencia perpetrada o tolerada por el Estado.
A todas estas formas de violencia se les denomina ``violencia de género'', y se asocian a desigualdades de poder.
Muchos son los tipos de violencia que se han ejercido sobre las mujeres, pero la peor de todas, a la que inclusive se le ha dado carta de ciudadanía, es la ejercida por el Estado. El Ejecutivo ha cometido violencia contra las mujeres cuando a sabiendas de que la carga global de trabajo en mujeres es mayor por 4.1 horas al día que los hombres; que se requiere construir relaciones igualitarias al interior de los hogares, y que esta legislatura, por unanimidad, exhortó a establecer medidas para garantizar las responsabilidades familiares. Este hecho se elude, se niega, se ha evadido por parte del Ejecutivo.
El Ejecutivo comete violencia contra las mujeres cuando ignora sus propias estadísticas que indican que las mujeres urbanas presentan una pobreza alimentaria 35 puntos arriba de los hombres, 33 puntos arriba en la pobreza de capacidades y 22 puntos más en la pobreza patrimonial, y continúa omitiendo las acciones diferenciadas y equitativas para las mujeres.
Comete violencia mediante la Secretaría de Salud, pues a sabiendas de que la diabetes mellitus, las enfermedades isquémicas del corazón y las enfermedades cerebrovasculares son las tres principales causas de muerte en mujeres, abarcando 33.4 por ciento del total de defunciones, y a pesar de ello, no se destinan recursos para la investigación y la atención diferenciada e integral de las mujeres.
Comete violencia el Ejecutivo, pues a pesar de saber que las muertes por cáncer de cuello de útero ocupan el décimo lugar del total de defunciones de mujeres en México, y de un total de 12 mil 762 mujeres detectadas con lesiones de alto grado y cáncer invasor, solamente 880 casos fueron tratadas, y las más de 11 mil restantes, dejadas al olvido.
Se es cómplice de violencia cuando, después de haber recibido durante 2008 denuncias contra 46 servidores públicos panistas por estar involucrados en hechos delictivos contra las mujeres por abuso de autoridad, lesiones, amenazas, hostigamiento sexual y abuso sexual, éstos siguen gozando de los beneficios institucionales.
El Congreso de la Unión no se queda atrás. Ha violentado los derechos de las mujeres en la reforma del Estado. En el tema de garantías sociales, después de un arduo trabajo se nos negó, por parte del partido en el poder, la oportunidad de homologar la Constitución Política en 29 artículos, a fin de garantizar los derechos de las mujeres. En el tema de reforma electoral, la paridad fue una negativa constante.
En la Cámara, la mayoría de las propuestas legislativas carecen de perspectiva de género y la asignación de los recursos se han hecho más en función de intereses personales que en beneficio de las mujeres.
Por hoy, el Congreso de la Unión tiene una enorme deuda con las mujeres mexicanas, pues de las más de 500 reformas constitucionales que se han efectuado desde 1917, sólo 7 han sido en beneficio directo de las mujeres.
Los Congresos estatales, entre ellos el de Morelos, hoy día han aprobado retrocesos respecto a los derechos de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo, sobre todo cuando han sido víctimas de violación.
Comete violencia el gobernador de Veracruz, Fidel Herrera, al hacer sus declaraciones, junto con el secretario de Salud, en donde se atenta contra los derechos de las mujeres y el Estado laico. A ellos hacemos un llamado a la congruencia, a fin de que se respeten los derechos de las mujeres de estos estados.
Se ha negado la protección del Estado, a saber, que de enero de 2007 a septiembre de 2008 se han incrementado en 186.5 por ciento el número de mujeres y niñas desaparecidas y solamente han sido localizadas 38 por ciento de éstas.
Se ha negado la justicia expedita a 4 mil 938 mujeres, quienes se encuentran presas sin haber sido sentenciadas y representan 44.23 por ciento del total de mujeres encarceladas.
Se ha negado protección y justicia a las mujeres migrantes, quienes no sólo tienen que enfrentar abusos, extorsiones, vejaciones y humillaciones por parte del Instituto Nacional de Migración, las policías federal, estatal y municipales, y guardias de seguridad privada, sino también de las redes del tráfico de personas y de bandas de delincuentes.
La impunidad y la falta de acceso efectivo a la justicia violan día a día los derechos humanos de las mujeres juarenses, 75 feminicidios registrados en lo que va del 2008 en Ciudad Juárez lo demuestran.
¿Qué más se puede decir sobre la violencia del Estado contra las mujeres? ¿Quién va a pagar por las muertes, humillaciones, la detención arbitraria, las violaciones y abusos sexuales cometidos por agentes del Estado mexicano en contra de las mujeres de las poblaciones de Castaños, Coa-huila; Zongolica, Veracruz; Nocupétaro, Michoacán; y San Salvador Atenco, Estado de México?
¿Quién pondrá un alto a los cómplices gubernamentales, a los jerarcas católicos o empresarios que prostituyen a niños y niñas o los utilizan en la pornografía infantil? ¿Quién dará cuenta por cada mujer o niña que es asesinada cada seis horas en este país?
La violencia institucional, evidenciada por el quebrantamiento persistente y numeroso de los derechos humanos en sus diversas expresiones, constituye un atraco a los derechos de las mujeres.
Este 25 de noviembre queda nuevamente evidenciada la violencia institucional que se da hacia las mujeres.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Gracias, diputada.
REGISTRO DE ASISTENCIA
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Se pide a la Secretaría que instruya el cierre del sistema electrónico de asistencia y dé cuenta del registro de diputadas y diputados.
La Secretaria diputada Margarita Arenas Guzmán: ¿Falta algún diputado o alguna diputada de registrar su asistencia? Ciérrese el sistema electrónico.
Se informa a la Presidencia que hasta el momento hay una asistencia de 413 diputadas y diputados.
Quien no haya registrado su asistencia dispone de 15 minutos para hacerlo por cédula. Es cuanto, presidenta.
DIA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACION DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Tiene la palabra la diputada Yolanda Garmendia Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
La diputada Yolanda Garmendia Hernández: Con su permiso, señora presidenta.
Compañeros diputados y compañeras diputadas, hoy nos reunimos para hablar del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Atroz es la situación de la mujer cuando se trata de la violencia que sufre en nuestra sociedad.
El 17 de diciembre de 1999, mediante la resolución 54134, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 25 de noviembre como Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
La fecha fue elegida como conmemoración del brutal asesinato en 1960 de tres de las hermanas Mirabal, activistas políticas de la República Dominicana, ejecutado por orden del dictador Rafael Trujillo, quien dominó ese país de 1930 a 1961.
El Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer es ocasión para continuar la lucha emprendida por muchas mujeres del mundo en pro de la igualdad, la justicia, la paz y el desarrollo.
Hoy, como sociedad, debemos reflexionar sobre los avances conseguidos, exigir cambios y celebrar los actos de valor y decisión de mujeres comunes que han desempeñado una función extraordinaria en la historia de los derechos de la mujer.
Pocas causas promovidas por las Naciones Unidas han concitado un apoyo más intenso y extendido que la campaña para fomentar y proteger la igualdad de los derechos de la mujer. La Carta de San Francisco de las Naciones Unidas, firmada en San Francisco en 1945, fue el primer acuerdo internacional que proclamó que la igualdad de género es un derecho humano fundamental.
El secretario general de Naciones Unidas recientemente recordó, con motivo de la conmemoración, que en la Cumbre Mundial 2005 los gobiernos de todas las naciones acordaron que el progreso de la mujer es el progreso de todos. Sin embargo, el examen decenal de la aplicación de la plataforma de acciones de Beijing puso de manifiesto en muchos países si habría una gran brecha entre la normativa y la práctica.
La falta de voluntad política, dijo el secretario general de la ONU, se hace patente de la forma más reveladora: falta de recursos y asignaciones presupuestarias insuficientes. Esa es la razón que el tema de la conmemoración 2008 del Día Internacional de las Mujeres sea invertir en las mujeres y las niñas.
Los dirigentes del mundo, reunidos en la Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas, en septiembre de 2000, hicieron el compromiso de promover la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer. Se reconoce también que los derechos humanos de la mujer y de la niña son una parte inalienable integral e indivisible de los derechos humanos universales y reconoce, además, la necesidad de promover y proteger todos los derechos de la mujer y las niñas.
Con ello, el gobierno mexicano se ha comprometido a implantar las recomendaciones de diversos órganos internacionales de derechos humanos y a cumplir las obligaciones que el derecho internacional impone respecto a los derechos de la mujer.
En este tema, todas las fuerzas políticas estamos de acuerdo. Hemos hecho un frente común. No le restemos mérito a lo que estamos haciendo de manera conjunta, señalando otros temas que no están en el debate.
Así, en los últimos años las autoridades mexicanas se han mostrado activas en distintos niveles de gobierno para aumentar la sensibilización de la opinión pública en relación con la violencia contra las mujeres.
También se han producido avances en la aprobación de legislaciones y la creación de varias instituciones oficiales para abordar las necesidades de las víctimas de la violencia en el ámbito familiar. Por ejemplo, la violencia doméstica se ha tipificado como delito en la mayoría de los estados de nuestro país.
El número de casas refugio ha aumentado en varios estados y se han creado Institutos de la Mujer a nivel nacional y estatal, que han coordinado una amplia variedad de programas, de formación y concientización.
En este marco de conmemoración del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer es importante no olvidar que la violencia contra las mujeres es el delito más común, pero el menos castigado en el mundo.
Los estudios muestran que cada vez son mayores los vínculos entre la violencia contra las mujeres y el VIH, que las mujeres infectadas con el VIH tienen mayor probabilidad de haber sufrido violencia y que las mujeres que han sufrido violencia corren mayor riesgo de infectarse con el VIH.
En América Latina, el Banco Interamericano de Desarrollo señala que en Chile 60 por ciento de las mujeres que viven en pareja sufren algún tipo de violencia doméstica, y más de 10 por ciento, agresión grave.
En Colombia más de 20 por ciento de las mujeres han sido víctimas de abusos físicos, 10 por ciento han sido víctimas de abusos sexuales y 34 por ciento han sido víctimas de abusos psicológicos.
Según la Asociación Mexicana contra Violencia hacia las Mujeres, 9 de cada 10 casos de víctimas de violencia son mujeres, de las cuales 7 de cada 10 son agredidas por su pareja.
Un avance fundamental en el ámbito legislativo fue la ampliación del debate sobre la violencia familiar a todas las formas violencia contra las mujeres, lo cual condujo a la aprobación, en 2007, de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que retoma el concepto jurídico internacional ``violencia contra las mujeres'' e incluye modalidades de violencia como la violencia sexual, institucional, en la comunidad, la violencia familiar y la violencia feminicida.
Asimismo, incluye la regulación y coordinación de refugios de violencia doméstica a nivel nacional. Una reeducación de género obligatoria para quienes cometen crímenes basados en el género y la alerta de violencia de género, entre otras disposiciones.
Es importante destacar que esta ley dispone la obligación del Ejecutivo federal de proponer, en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, que se asigne una partida presupuestal para garantizar el cumplimiento de los objetivos del sistema y del programa previsto en la misma.
Tenemos que reconocer que en esta legislatura hemos avanzado al aprobar un presupuesto mucho mayor que el año pasado a favor de los programas de mujeres. Este presupuesto finalmente viene siendo mermado, porque para atender a las mujeres víctimas de violencia nos estamos gastando 2 mil millones de pesos, cuando les asignamos casi mil; entonces, hagamos las cuentas.
Además, crea el Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, que debe prever las acciones de carácter preventivo de atención y de investigación de la violencia de género. El proceso de homologación estatal de esta ley dio inicio.
De hecho, para septiembre de 2008 tenemos 23 entidades federativas que han aprobado su Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Pero, compañeros, esto no es suficiente; necesitamos trabajar en los marcos en materia penal para que esta ley pueda ser de protección a las mujeres.
En este contexto, y congruente con una larga tradición de compromiso real con la mujer, en el Grupo Parlamentario de Acción Nacional impulsamos las acciones legislativas o de política pública que nos permitan construir una sociedad donde se respeten plenamente los derechos de la mujer.
Con una visión incluyente, coincidimos en que todos y cada uno de nosotros tenemos el deber de apoyar y mantener un entorno político y social en el que no se tolere la violencia contra la mujer, en el que los amigos, los familiares, los vecinos, los hombres y las mujeres intervengan para impedir que los autores de estos actos queden impunes.
La eliminación de la violencia contra la mujer sigue siendo uno de los desafíos más graves e imperiosos de nuestro tiempo. Todo el mundo tiene la responsabilidad de actuar ante la violencia. Todos y cada uno de nosotros tenemos el deber de apoyar y mantener un entorno político y social en el que no se tolere la violencia contra las mujeres y las niñas.
La violencia no es algo que se construye en un día, y como se dice: borrar una acción negativa requiere de mil acciones positivas. Tenemos que trabajar arduamente para poder conseguir el cambio.
Por ello, desde esta tribuna en la que se hace escuchar la voz de la nación, llamo a los Congresos locales a modificar las disposiciones del derecho penal que ponen en riesgo el derecho a la vida, la libertad y seguridad de la población femenina y, prácticamente, constituyen una licencia para matar.
Estoy convencida de que las diputadas y los diputados de los Congresos locales harán suyas estas preocupaciones y derogarán o modificarán las disposiciones legales que impiden a las mujeres el goce pleno de sus derechos humanos y libertades fundamentales.
Y a mis compañeras y compañeros de esta legislatura los exhorto a continuar, a perfeccionar el marco legal que nos permita alcanzar la igualdad de género sin violencia alguna.
Antes de terminar quisiera señalar que hoy se lanza la campaña Hombres contra la violencia, por lo cual felicito al Instituto Nacional de las Mujeres y, sobre todo, a todos los hombres que se sumen a esta campaña, porque la violencia no es un asunto de mujeres, es un asunto de hombres y mujeres. Buenas tardes.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Gracias, diputada.
La lucha en favor de una sociedad sin violencia es tarea que corresponde a todos; a los órganos del Estado y a sus instituciones, a la sociedad civil y a sus organizaciones ciudadanas.
Dentro de este empeño se destaca hoy la lucha por erradicar una de las formas más oprobiosas de la violencia: la que se ejerce contra las mujeres por el sólo hecho de serlo. Alimentando a lo largo del tiempo una secuencia de agravios de todo tipo, que reproduce una y otra vez patrones de conducta torcidos, que aprendemos desde muchos ámbitos de la sociedad, e incluso, en el seno familiar, y que dada su propagación, tiende, lamentablemente, a hacerse invisible para muchos.
Hoy es momento de hacer una recapitulación de los esfuerzos sociales para abatir y erradicar la violencia en contra de las mujeres, como un derecho que nos asiste de manera natural, tan sólo porque somos la mitad de la humanidad, tan sólo porque formamos parte de esa diada portentosa, que junto con el hombre ha generado cultura, progreso y, por qué no decirlo, también amor.
Sería ocioso decir, hoy, que falta mucho por hacer. En el amplio horizonte del tiempo apenas y hemos estructurado las medidas que pretendemos coadyuven a incidir en el problema. Sin embargo, sería injusto no reconocer lo que ha venido a aportar a la circunstancia que nos ocupa, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que conforma el bagaje de recursos jurídicos que nos asisten a las mujeres, junto con la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres y la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, entre otros ordenamientos.
En el marco constitucional que sustenta la igualdad y la equidad entre los géneros, en términos de lo señalado en los artículos 1o., 2o., 3o., 4o. y 34 de nuestra Carta Magna, es momento propicio para reconocer las políticas públicas que a partir del marco jurídico vigente han dado lugar al Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, pero este día también es idóneo para reflexionar sobre la necesidad de atender el problema de la violencia contra las mujeres, desde una perspectiva integral y humana.
No solamente es imperativo atender a las víctimas de este tipo de agresión, sino también a los agresores, porque ellos son víctimas también de un conjunto de circunstancias sociales que les han retroalimentado a lo largo de generaciones: conductas violentas.
Es necesario avanzar hacia el combate de la enfermedad sin dejar de atender a los enfermos. Reconozcamos que las razones más profundas de la violencia en contra de las mujeres no se hallan solamente en el agresor, sino también en su circunstancia.
Por todo lo anterior, hacemos votos fervientes para que en esta sociedad tan convulsionada que nos ha tocado vivir, la violencia contra las mujeres, bajo todas sus modalidades, vaya dejando su lugar a la razón y a la concordia.
LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE - LEY DE PLANEACION
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Continuando con el orden del día, se recibió del diputado Irineo Mendoza Mendoza, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, y de la Ley de Planeación.
La Secretaria diputada Margarita Arenas Guzmán: «Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes de Desarrollo Rural Sustentable, y de Planeación, a cargo del diputado Irineo Mendoza Mendoza , del Grupo Parlamentario del PRD
El suscrito, diputado federal Irineo Mendoza Mendoza , integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en la LX Legislatura de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 56, 62 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto mediante la cual se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y de la Ley de Planeación, conforme a la siguiente
Exposición de Motivos
México es un país que por sus orígenes culturales y étnicos tiene una vocación natural hacia la agricultura. Durante la LX Legislatura y siendo representante de un estado eminentemente agrícola, cuyos productos son consumidos por un buen número de connacionales y otra parte son exportados, he puesto especial atención y estudio al sector agrícola, tratando de señalar temas que, por su relevancia, incidan en el desarrollo de un sector tan noble para el hombre, como es este.
La historia de nuestro país se encuentra ineludiblemente ligada al sector agropecuario. Durante la época prehispánica el desarrollo económico y bienestar de las diversas civilizaciones, que se acentuaron en nuestro territorio nacional, estuvo íntimamente ligado al desarrollo y avance del sector agropecuario. Los principales movimientos sociales que se han registrado en la historia de nuestra nación, han tenido una relación intima con este sector. Sin lugar a dudas, las posibilidades de desarrollo y crecimiento económico de nuestra nación en el futuro inmediato, van de la mano con este sector.
Hablar de sector agropecuario en México es sin duda hablar del desarrollo de la economía, desde que era una economía protegida, en la etapa de la sustitución de importación, hasta el momento de la liberación económica y diversificación del comercio. Durante este trayecto el sector agropecuario ha estado vigente y ha jugado diversos papeles. En la etapa de sustitución de importaciones e industrialización de nuestro país, tuvo un papel importante en el financiamiento del sector secundario mediante el abaratamiento de sus productos, con ello incidió el bajo costo de la mano de obra.
Durante la etapa de la liberación y diversificación del comercio, fue uno de los sectores económicos que más llamó la atención, en cuanto a las condiciones de competencia respecto a sus socios comerciales; equivocadamente quienes más cuestionaron las decisiones sobre este sector, no fueron quienes decidieron al respecto: nuestros campesinos.
La presente iniciativa de ley tiene por objeto formular las bases de desarrollo para el sector agropecuario, desde una perspectiva de mediano plazo y en términos normativos, pues mientras en los Estados Unidos se tiene todo un marco normativo a favor del sector agrícola, como es la Ley Agrícola: Farm Bill, en México tenemos un Programa Especial Concurrente (PEC), en el cual se vincula el presupuesto público de todos los despachos de la administración federal, destinados al medio agrícola. Mientras que en la unión americana se aprueba un presupuesto cada cinco años, con lo que se establece el monto asignado al sector en un plazo medio, y se otorgan precios de garantía, en nuestro país estamos sujetos a un discusión anual. Situación que genera una desventaja evidente.
La Farm Bill es un programa multianual que de manera quinquenal y por ley asigna recursos para apoyar a los productores agrícolas.
Los recursos que se asignarán para apoyo al campo a través de la Farm Bill con una base de proyección del 2007 al 2011, ascienden a 226.7 miles de millones de dólares. Este monto se distribuye en: 62.7 por ciento para granos, 17.3 por ciento para conservación, 17 por ciento varias provisiones, 1.7 por ciento para comercio y 1.4 por ciento otros.
La Farm Bill es uno de los programas agrícolas de precios y apoyo al ingreso a los productores desde la gran depresión de 1929, y es el corazón de la política agrícola de Estados Unidos. Sus objetivos generales son:
Tener un marco normativo de este tipo en Estados Unidos les permite a sus productores un proceso de capitalización continua, más aún cuando gozan de precios de garantía, además de las condiciones naturales de sus territorios; mientras que en nuestro país, el Programa Especial Concurrente tiene diversos objetivos, desde la implementación de políticas de desarrollo económico del sector, hasta la disminución de la pobreza del sector rural.
Es por ello que presento esta iniciativa, con el fin de exponer las ventajas de lanzar una discusión sobre las metas y alcances del PEC, pero no con una asignación presupuestal anual, sino con el propósito de establecer las bases normativas para dar, en tiempos de crisis, mayor estabilidad a nuestros productores, a la gente que generosamente continua cultivando los alimentos de nuestra mesa. Con una propuesta presupuestal del Programa Especial Concurrente, con una proyección de recursos sexenales.
La Ley de Desarrollo Rural aprobada por la Cámara de Diputados el 27 de abril de 2000, sin duda alguna es un referente en el tema que se está abordando.
En su momento, la aprobación por parte del Congreso de la Unión y la publicación en el Diario Oficial de la Federación por parte del Ejecutivo federal en el 2001, representó un avance en la discusión y diseño de la estructura normativa de nuestro país, que ha sido diseñada para la solución de los problemas del sector agropecuario, a la luz del desa-rrollo tanto de la ley como del sector en estos últimos ocho años. Se hace evidente el reforzamiento de los esfuerzos emprendidos con anterioridad, por lo que no es de extrañar el contenido y los alcances que plantea la presente iniciativa.
En el análisis que se presenta en la actual exposición de motivos, se desarrollan cuatro aspectos, que se consideran relevantes y tienen la intención de argumentar la necesidad de un cambio sustantivo en el marco normativo del sector agropecuario, que esté por encima de la discusión anual del presupuesto federal, de los vaivenes políticos y del mismo calendario electoral.
1. Situación actual de sector agropecuario en México
En la actualidad el sector rural en México es el reflejo de la crítica situación del país, más aún, con la crisis financiera que se ha presentado en las últimas semanas. Hoy alrededor de 24.3 millones de mexicanos que conforman la población rural, y que representan el 23.5 por ciento de la población nacional, viven en condiciones pobreza y marginación. De acuerdo con los datos publicados por el gobierno federal más de 14 millones de mexicanos se encuentran en extrema pobreza, y el mayor número de estos viven en las zonas rurales. Cabe señalar que, de acuerdo a los estudios disponibles, de los 14.4 millones de mexicanos catalogados en pobreza alimentaría, el 65 por ciento se ubica en zonas rurales.
La cada vez menor participación del sector rural en la generación del producto interno bruto nacional es otro indicador de su precaria situación; la siguiente gráfica nos ilustra el comportamiento de dicho sector en un periodo comprendido entre un año previo a la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y 12 años después.
Fuente: Elaboración propia a partir de la información disponible en la página web del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Banco de Información Económica.Resulta claro que un país que no promueve y logra tener un sector primario equilibrado y dinámico, no puede alcanzar un proceso de desarrollo efectivo y armónico. En nuestro caso, significa un grado creciente de dependencia alimentaría.
La producción agropecuaria ha tenido un gran revés, pues de ser un país autosustentable, antes de los años ochenta, hoy en día somos una nación que importa buena parte de nuestros alimentos.
México transfirió al exterior recursos por 10 mil 373 millones de dólares en el primer semestre de este año, 30 por ciento más que en el mismo periodo del ejercicio previo. Es una cantidad comparable con el ingreso que por 10 mil 536 millones de dólares captó el país por inversión extranjera directa (IED) entre enero y junio, correspondiente al primer semestre del año.
México adquiere del exterior la mitad del trigo que consume; 23.6 de cada 100 kilogramos de maíz y 75 de cada 100 kilogramos de arroz, según datos del Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación.
Los resultados del ajuste estructural implementado desde inicios de los años ochenta, la incorporación de México al TLCAN y en especial lo referente al sector agropecuario, debe imponer un proceso de reflexión acerca de las líneas económicas trazadas para la incorporación al proceso de globalización de nuestro país.
Desde 1988 el sector ejidatario mexicano se ha visto afectado por una serie de cambios de política y perturbaciones exógenas que han puesto en tela de juicio la viabilidad agrícola del sector en su conjunto. Los cambios -liberalización del comercio, privatización, reducción de los subsidios, eliminación de los controles de precios, perturbaciones macroeconómicas, devaluación y grandes reformas del marco legal que rige el uso de la tierra en los ejidos- han llevado a un reordenamiento radical del marco de política y de la estructura de incentivos para los productores ejidatarios.
Mientras en Estados Unidos se continúa con la práctica de subsidio a los productores agrícolas, precios de garantía y condiciones de capitalización, todo esto impulsado por el gobierno de dicho país mediante su ley Farm Bill, desde la crisis del 29, como mecanismo para disminuir los niveles de pobreza en el sector agrícola.
2. Asimetrías del sector agropecuario mexicano vs Estados Unidos
Los escasos beneficios para el grueso de la población rural y en general para el sector agropecuario en los últimos 14 años, desde la entrada en vigor del TLCAN, que implicó una apertura comercial unilateral y abrupta, una severa reducción de la participación del Estado en el fomento económico sectorial, están intrínsecamente relacionados con las asimetrías entre México, Canadá, y los Estados Unidos.
Es por ello que se deben observar los orígenes de dichas asimetrías, que responden a la disponibilidad de recursos naturales, diferencias del marco institucional de cada nación y a los recursos destinados a dicho sector por el mismo gobierno. Algunos ejemplos de las asimetrías entre nuestros socios comerciales son los siguientes:
En términos de producción durante el quinquenio 1997-2001, se tuvo 2.4 toneladas de maíz por hectárea en México, contra 8.4 toneladas en Estados Unidos, y 7.3 en Canadá. Lo anterior de acuerdo a un estudio de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe.
En el 2006 la producción de cereales a nivel mundial de México sólo represento un 1.4 del total global, en comparación con el 17.14 de Estados Unidos de América y 2.32 de Canadá. Lo anterior de acuerdo a los datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO).
Esta diferencia entre los niveles de producción, ilustran la distribución de recursos disponibles. Si se observan los elementos de producción tierra y capital, es aún más dramática la situación: en los Estados Unidos para el 2006, se tenía una capacidad instalada de tractores de 4.76 millones, mientras que en México había una capacidad instalada de apenas 324 mil 890 tractores.
La superioridad cualitativa de los recursos naturales y de capital entre los países del norte, se agudiza cuando se toma en cuenta los aspectos topográficos, condiciones térmicas y condiciones pluviométricas de nuestro campo.
En el caso topográfico, mientras se tiene laderas y pendientes en dos terceras partes de nuestras tierras agrícolas, en Estados Unidos se dispone de inmensas planicies, que son propicias para realizar la tecnificación de los cultivos, es decir, la incorporación de los procesos modernos de producción.
Las condiciones térmicas para el cultivo de granos son más propicias en Estados Unidos que en nuestro país, en el territorio conocido como cordón cerealero el sol sale a las cuatro de la mañana, precisamente en el periodo cuando las plantas requieren mayor irradiación solar, lo anterior obedece a su ubicación geográfica; mientras que en nuestros campos agrícolas están dos paralelos abajo, más alejados del polo norte, una diferencia que nunca cambiará a favor nuestro.
En el caso de las condiciones pluviométricas para el caso de los cultivos de temporada de granos son también superiores, durante el desarrollo de las plantas, cuando se requiere mayor irradiación solar, también es necesario mayores volúmenes de agua, y en el caso de los Estados Unidos se registran en dichas zonas promedios pesados de lluvia óptimos para dicho proceso. En Iowa, el centro del cordón cerealero estadounidense, cada año llueve mil 488.7 milímetros, mientras que en Jalisco, lugar representativo de las mejores tierras de México, sólo se registran 865 milímetros.
Estas diferencias naturales, que se refieren a la dotación de recursos, hacen una diferencia potencial cuando se toma en cuenta las diferencias institucionales entre los integrantes del TLCAN.
Elementos que denotan la necesidad de replantear las acciones de gobierno, la utilización de los recursos públicos, los tiempos de discusión y ejecución.
3. Recursos públicos destinados al sector agropecuario en los Estados Unidos
En la discusión que se ha generado en el marco del TLCAN, hay un tema que hemos dejado de lado, tanto en su análisis, como en sus implicaciones para nuestro sector agrícola: los subsidios que otorga el gobierno de los Estados Unidos a sus productores.
Ante la discusión de la desgravación total de los productos agrícolas en el marco del TLCAN y la insuficiencia de recursos públicos para plantear políticas que ayuden a recuperar el nivel de vida de los casi 30 millones de mexicanos que aún viven en el campo, se debe hacer hincapié en que cada cinco años el Congreso de Estados Unidos renueva su política federal agrícola, misma que fue implementada desde la crisis de 1929, como mecanismo de gobierno para impedir el empobrecimiento de aquel, entonces, 30 por ciento de la población estadounidense que se dedica al sector primario.
En el 2002 el Congreso estadounidense aprobó la Ley Agrícola: Farm Bill 2002-2007, con la cual se aumento en 51 mil millones de dólares los recursos destinados a los subsidios del campo, para quedar en un total de 297 mil millones de dólares en dicho quinquenio. Ante este contexto, se plantean diversas preguntas; ¿Qué hizo el gobierno mexicano para compensar los efectos de esta ley en el campo mexicano? ¿Ante el contexto de desregulación total en el sector agropecuaria y la entrada en vigor del proyecto de ley agrícola HR 2419, que está a discusión en el Congreso estadounidense, qué acciones son las que se impulsarán desde el Congreso de la Unión?
En dicho proyecto se propone mantener los recursos para las cosechas del periodo 2008-2012 de arroz, azúcar, sorgo, cebada y lácteos, y se aumentan para las de trigo, algodón, soya y derivados.
Cabe mencionar que en dicha propuesta, el proyecto HR 2419 de Ley Agrícola, nutrición y bioenergía, los subsidios federales en el sector agrícolas son de entre el 13 y el 15 por ciento del presupuesto agrícola total de la unión americana, los cuales fluctúan entre 16,5 y 24,3 billones de dólares anuales.
Nuestro principal socio comercial efectivamente hace gala del dicho popular candil de la calle, y oscuridad de su casa , pues mientras impulsa la liberación comercial en otras naciones, en su territorio continúa impulsando la aplicación de los subsidios para impulsar la competitividad en algunas ramas de su producción agrícola, pues de acuerdo a los propios datos de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, en los Estados Unidos los subsidio ascienden a un 44.9 por ciento del valor bruto, mientras que en México sólo representan el 17.4 del valor de cada producto, en promedio.
En este contexto, es evidente que se debe impulsar una solución integral a los problemas del campo; no es sólo la canalización de mayores recursos, mejor uso y distribución de los mismos, sino plantear una política de mediano y largo plazo, por ello no se debe continuar año con año la discusión de la asignación presupuestal para el PEC, sino que lo debemos proyectar a un presupuesto sexenal, para que deje de estar a los vaivenes políticos y restricciones presupuestarías propias de nuestro sistema de gobierno.
Si bien es cierto que nos faltó creatividad, compromiso y capacidad para llegar a acuerdos y hacer lo que estuvo en nuestras manos para prever la entrada en vigor de la desregulación total del TLCAN, es más cierto aún que ante todo las instituciones mexicanas deben procurar el bienestar de los mexicanos.
Por ello, impulsar una iniciativa que pretende impulsar el marco normativo al mismo nivel que el de los Estados Unidos no es más que reconocer que nuestro campo necesita la innovación institucional, que se traduzca en certeza y condiciones mínimas de desarrollo, y con ello impulsar la capitalización y el incremento en los niveles de bienestar de la población.
4. Recursos presupuestales destinados en México
La discusión sobre la asignación de recursos públicos en cualquier estado tiene que ver con la definición de prioridades de atención sobre las necesidades de la población, así como la definición del proyecto de desarrollo que se fije para alcanzar determinadas metas.
En México, la asignación de recursos públicos para el sector agrícola en los últimos nueve años, se ha dado de la siguiente manera:
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos publicados por el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria (CEDRSSA) con información de los decretos del Presupuesto de Egresos de la Federación 2004 a 2008; en 2003; anexo del ANC; y 2001- 2002, de la presentación Programa Especial Concurrente 2008 -2012, de la Comision Intersecretarial para el Desa-rrollo Rural Sustentable (CIDRS), fechada el 30 de agosto de 2007 (los datos fueron deflactados con el índice nacional de precios al consumidor y luego actualizados con el deflactor implícito del producto interno bruto.La grafica anterior nos indica una asignación creciente en la cantidad de recursos que se han asignado al sector agropecuario en los últimos nueve años, incluidos los previstos en el presupuesto de egresos que se encuentra en discusión actualmente en el Congreso de la Unión.
Es de mencionar que los recursos comprenden los destinados a los diferentes programas y acciones del Programa Especial Concurrente aprobado cada año. Del análisis de los datos se desprende que en el periodo comprendido entre 2001 y 2006 se canalizaron al PEC 939.7 miles de millones de pesos a precios del 2009, y desde el 2007 al presupuesto previsto para 2009, se han canalizado 624.5 miles de millones de pesos.
Lo que llama la atención de los recursos asignados, que como vemos cada año han sido mayores, es que los niveles de bienestar de la población no han experimentado incremento, y la participación del sector agropecuario en el producto interno bruto se ha estancado en poco más del 5 por ciento, mientras que los niveles de migración hacia los Estados Unidos y a las zonas urbanas del país, se ha mantenido constante, e incluso ha aumentado.
Lo anterior indica que la línea de trabajo proyectada no ha tenido los resultados esperados y es necesario modificar o agregar nuevos elementos institucionales a la política pública del sector agropecuario, como es la iniciativa en comento.
5. Descripción de una propuesta para impulsar el desarrollo del sector agropecuario en México
La actual administración federal ha diseñado el nuevo Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable 2007-2012, como mecanismo para el desarrollo agropecuario de nuestro país, en el cual concurren los esfuerzos de 17 ramos de la administración y está estructurado en nueve apartados que corresponden a las vertientes de competitividad, social, financiera, infraestructura, laboral, medio ambiente, educativa, salud y agraria.
En este contexto resulta ineludible que se reformen y adicionen diversos artículos de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable para con ello incorporar a los preceptos de dicho ordenamiento el criterio sexenal de la discusión del presupuesto asignado al PEC, y sea presentada una propuesta de asignación de recursos sexenal para dicho sector al inicio de cada administración, de parte del Ejecutivo federal, dividida en seis ejercicios presupuestales, y sea el Congreso de la Unión, garante del pacto federal, quien asigne, modifique y apruebe dicha propuesta.
Lo anterior, tendrá por resultado que se discuta en un horizonte mayor los recursos que se asignarán, y con ello, se dé mayor certeza de los beneficios a los que accederán los productores del campo, lo que derivará en un proceso de capitalización, y una estabilidad en el mediano plazo del sector, no sólo en la planeación de los programas de gobierno, sino en los recursos previstos.
Asimismo, se hace inevitable, que se modifiquen diversos artículos de la Ley de Planeación, con el fin de incluir los términos sexenales en los artículos correspondientes, puesto que es el referente constitucional de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, que a su vez es el marco que da vigencia al PEC.
Por todo lo anterior, la presente iniciativa, propone un avance en el diseño normativo que regula al sector agropecuario, al delinear un mecanismo que genere condiciones similares, respecto a las que se encuentran los principales productores agrícolas de nuestro principal socio comercial: Estados Unidos de América.
Iniciativa con proyecto de decreto mediante la cual se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y de la Ley de Planeación.
Primero. Se reforman el artículo 5, fracción V, se deroga el segundo párrafo del artículo 6, se adiciona el artículo 6 Bis, y adicionan los siguientes artículos 5, se adiciona la fracción X al artículo 13, se reforma el segundo párrafo y se adiciona un tercero del artículo 16, se adiciona un quinto párrafo al artículo 21, se reforma el artículo 64, se adiciona un párrafo segundo al aríiculo 188, pasando los actuales a tercero y cuarto párrafo, respectivamente, todos ellos de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.
Artículo 5.
Artículo 6 Bis. El Ejecutivo federal tendrá la obligación de presentar al Congreso la Unión, en los siguientes seis meses a partir de la toma de posesión, un presupuesto sexenal, de acuerdo a los objetivos y metas estimadas para el sector agropecuario en el mediano plazo, mismo que se incluirá en el Programa Especial Concurrente.
Dicho presupuesto estará integrado de ejercicios fiscales anuales, y de la asignación de los recursos de cada año, será conforme a la aprobación del presupuesto del año en discusión por el Congreso de la Unión.
En ningún caso el presupuesto propuesto por el Ejecutivo federal será menor, en términos reales, al del año inmediato del ejercicio fiscal que concluya.
Artículo 6.
Se deroga el segundo párrafo
Artículo 13.
Artículo 16.
El Ejecutivo federal establecerá las previsiones presupuestarias necesarias para la instrumentación del Programa Especial Concurrente, para lo cual la Comisión Intersecretarial, con la participación del Consejo Mexicano, formulará el presupuesto correspondiente, el cual contemplará al menos la vigencia temporal de los programas sectoriales relacionados con las materias de esta ley. Las previsiones presupuestales sexenales para la ejecución del Programa Especial Concurrente serán integradas a los proyectos de decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación.
Así como en los términos señalados del artículo 6 Bis de la presente ley.
Artículo 16.
...
...
...
Sin prejuicio de lo establecido en el artículo 6 Bis de la presente ley.
Artículo 64. El Ejecutivo federal aportará recursos, de acuerdo al Presupuesto de Egresos de la Federación, y en los términos del artículo 6 Bis de la presente ley , que podrán ser complementados por los que asignen los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, los cuales tendrán por objeto:
Artículo 188.
...
En el apoyo de recursos que se refiere el presente artículo, se considerara las asimetrías del sector agropecuario en relación a los de los socios comerciales.
...
...
Segundo. Se adicionan los artículos 7, 14 fracción VI, 16, fracción V, 17, fracción III, y 27, todos ellos de la Ley de Planeación.
Artículo 7. El presidente de la República, al enviar a la Cámara de Diputados las iniciativas de leyes de Ingresos y los proyectos de Presupuesto de Egresos, informará del contenido general de dichas iniciativas y proyectos y su relación con los programas anuales ó sexenales , que, conforme a lo previsto en el artículo 27 de esta ley, deberán elaborarse para la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo.
Artículo 14. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público tendrá las siguientes atribuciones:
Artículo 16. A las dependencias de la administración pública federal les corresponde:
Artículo 17. Las entidades paraestatales deberán:
Artículo 27. Para la ejecución del plan y los programas sectoriales, institucionales, regionales y especiales, las dependencias y entidades elaborarán programas anuales, sexenales , que incluirán los aspectos administrativos y de política económica, social y ambiental correspondientes. Estos programas anuales, que deberán ser congruentes entre sí, regirán, durante el año de que se trate, las actividades de la administración pública federal en su conjunto y servirán de base para la integración de los anteproyectos de presupuesto anuales que las propias dependencias y entidades deberán elaborar conforme a la legislación aplicable.
Transitorio
Único. El presente decreto entrara en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Túrnese a las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural, y de Hacienda y Crédito Público.
LEY DE LOS SISTEMAS DE AHORRO PARA EL RETIRO
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Se recibió de la diputada Irma Piñeyro Arias, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, iniciativa que reforma los artículos 3o. y 18 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro.
La Secretaria diputada Margarita Arenas Guzmán: «Iniciativa que reforma los artículos 3 y 18 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, a cargo de la diputada Irma Piñeyro Arias , del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza
La suscrita, Irma Piñeyro Arias , diputada federal en la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 56, 62 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del Congreso de la Unión la presente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, conforme a la siguiente
Exposición de Motivos
El sistema de ahorro para el retiro, en México, prevé conforme a nuestras leyes de seguridad social que las aportaciones de los trabajadores, patrones y del Estado, se manejen a través de cuentas individuales propiedad de los usuarios, con el fin de acumular saldos; los cuales se aplicarán para fines de previsión; obtención de pensiones; o como complemento de éstas.
Las administradoras de fondos para el retiro (Afore), de conformidad con el artículo 18 de la Ley del Sistema de Ahorro para el Retiro y el 7 de su reglamento, tienen por objeto, entre otros: abrir, administrar y operar cuentas individuales de los trabajadores; atender los rendimientos derivados de la inversión de las mismas; e invertir los recursos de manera oportuna, profesional y con la finalidad de que otorguen un mejor rendimiento a los trabajadores.
La Comisión Nacional de Ahorro para el Retiro (Consar) sólo se ha dedicado a difundir el rendimiento neto para elegir Afore e ignorar el riesgo.
A más de una década del ``nuevo'' sistema de pensiones, las principales beneficiarias son las Afore, las que con la anuencia de la Consar, maximizan sus rendimientos en detrimento de los trabajadores, para quienes su futuro económico es incierto.
Las utilidades son tan grandes, que basta señalar que más de 20 empresas se disputan casi 40 millones de cuentas de los asegurados. Con lo que administran recursos por más de 838 mil millones de pesos para el retiro de los trabajadores.
Los trabajadores mexicanos, pagan una de las cuotas más altas del mundo, en la administración de sus fondos de pensión, lo que ni remotamente les garantizarán una pensión digna: la mayoría labora 30 años, para retirarse con 150 mil pesos en promedio
De acuerdo con informes de la Consar, en 2006 el rendimiento neto promedio de las Afore fue de 14.3, y en 2007 de 9.43 por ciento, lo que representó para las administradoras utilidades por 2 mil 664 millones de pesos, en 2006, y 2 mil 283 millones pesos, en 2007. En algunos casos, estas utilidades son producto de la sustracción de casi el 30 por ciento de los ahorros de los trabajadores.
El monto total acumulado de las cuentas individuales en el 2008, es superior al 9 por ciento del producto interno bruto del país; en el 2002, representaba el 5.3 por ciento.
Entre el 30 de septiembre y el 16 de octubre del año en curso, las Sociedades de Inversión de Fondos para el Retiro (Siefore) registraron una pérdida no reconocida de 4.5 por ciento. Cuando en el noveno mes, la minusvalía reportada fue de 1.6 por ciento.
En recursos, la minusvalía de septiembre representó una disminución de 3 mil 860 millones de pesos en el saldo de todos los trabajadores, en octubre del año en curso el ahorro para el retiro registró una disminución de 22 mil 748 millones de pesos, que adicionados a los 11 mil 102 millones que registraron en septiembre pasado, dan un total de 33 mil 850 millones de pesos en dos meses. Desde junio, la ``pérdida'' en la valuación de los recursos del ahorro ya había acumulado 41 mil 175 millones de pesos, según estimaciones del Banco de México, la Bolsa Mexicana de Valores y la Consar.
No obstante estas ``pérdidas'' en el fondo de los trabajadores, las Afore lograron resultados positivos; al cierre del tercer trimestre obtuvieron utilidades por mil 756 millones de pesos. Además, al no registrar disminuciones en el cobro de comisiones, sus ingresos por este concepto se elevaron 1.1 por ciento para acumular 11 mil 287 millones de pesos al término del trimestre.
Las minusvalías son disminuciones en la valuación de los recursos para el retiro de los trabajadores por la situación del mercado. No son pérdidas reconocidas hasta el momento en el que los recursos son retirados y esto se dará cuando los trabajadores se jubilen.
Es evidente que las minusvalías sí afectan el saldo de cada trabajador. Por mencionar un caso, un afiliado vio disminuir sus ahorros en un lapso de cinco meses en un 16 por ciento, inicialmente tenía 148 mil pesos y en la fecha de su consulta ya registraba 124 mil pesos, es decir que su saldo disminuyó en más de 23 mil pesos.
En estos términos, los recursos para el retiro de los trabajadores se ven disminuidos no sólo en su valor real sino también en su valor nominal.
Se estima que las minusvalías continuarán en 2009, el ahorro se verá afectado en un mayor porcentaje, ya que no existen incentivos para que las administradoras traten de dar mejores rendimientos. La Consar debe impedir que las Afore den esas minusvalías y obligarlas a que participen en las pérdidas si esto sucede.
Las Afore con mayores minusvalías en octubre fueron Invercap, con 9 por ciento, Banamex, 5.3 y Bancomer con 4.6. En el periodo julio y agosto las Siefore recuperaron parte de las minusvalías de junio, sin embargo, en septiembre y octubre se volvió afectar el ahorro con minusvalías.
Ante estos hechos y con base en la ley, la Consar debe adoptar criterios uniformes basados en el control de las decisiones de los trabajadores; y promover un entorno competitivo entre las Afore. A la fecha, este organismo regulador, no cuenta con una estrategia de comunicación, orientada a los afiliados para evitar discrecionalidades en el manejo de sus ahorros por parte de las Afore. Su participación como autoridad gubernamental pareciera que trata de sustituir la elección del trabajador por medio de una intervención regulatoria detallada sobre la conducta de afiliados y discrecionalmente indicar qué información es relevante y cuál no lo es. La Consar presupone que el nivel de respuesta de los trabajadores respecto a sus rendimientos netos es imposible de mejorar en el presente o en el futuro.
En este contexto, el sistema de cuentas individuales está diseñado para que el riesgo financiero lo asuma el trabajador; ante esta circunstancia, es impostergable que se revisen las disposiciones que tratan de estandarizar la información de rendimiento neto al trabajador afiliado a las diferentes Afore; toda vez que excluyen información sobre el desempeño de las Siefore, lo que impacta de manera negativa ya que no incentiva la competencia en la obtención de mayores rendimientos ajustados por riesgo; asimismo cancela la diferenciación del producto que es posible obtener dado el intercambio existente entre riesgo y rendimiento e incluso evita la elección y decisiones de traspaso en forma discrecional a elegir un plazo único como criterio de desempeño relativo entre Siefore.
Las Siefore deben expresar rendimientos ajustados por riesgos a diversos plazos, 12, 24, 36 y 48 meses e históricos.
La competencia entre las Afore, se da en un entorno de diferenciación del producto por tres características principales: rendimiento, riesgo (dentro del rango permisible para cada tipo de Siefore) y el nivel de comisiones, por lo que la información completa, exacta y oportuna sobre cada una de ellas es fundamental para un entorno competitivo.
La Consar puede incluir y difundir los rendimientos ajustados por riesgo o indicadores por separado respecto al riesgo en que cada Siefore incurre a lo largo de diferentes plazos; dado que la información es generada por los participantes del mercado periódicamente por mandato regulatorio. La información es necesaria para que se conozcan los rendimientos netos y el nivel de riesgo en que incurren los administradores de fondos a diferentes plazos. La adopción de tales criterios no implica el sofisticar o incrementar sustancialmente la complejidad de la información al trabajador; por el contrario, se trata de difundir indicadores verídicos que correspondan a series de rendimiento neto ajustado por riesgo, o a la expresión equivalente, de tal manera que se incremente la información disponible respecto a su desempeño en el tiempo.
La intervención regulatoria y el sesgo por exclusión de información se constata en el ``documento de rendimiento neto para traspasos'', donde no existe elección por parte del trabajador, ya que su diseño se orienta a favorecer a aquella Afore, que en el plazo de 36 meses, resulte con el mayor rendimiento neto, sólo por virtud de plazo elegido por el regulador y no necesariamente por su desempeño a lo largo del tiempo o su estrategia de inversión. Se omite su nivel de riesgo, de hecho no se incluye tal término en el formato, lo cual sorprende en la industria de los fondos de inversión.
Al carecer de información sobre riesgos el trabajador es el único afectado, lo que se acentúa en la operación de consulta de saldos. Las regulaciones establecidas inducen al trabajador a tomar más riesgos de los que serían deseables. Es necesario que la Consar, reconozca que independientemente del plazo objetivo de la inversión y existiendo la posibilidad de traspasos entre Afore, la minimización de pérdidas al trabajador se podría evitar al existir información completa y movilidad del usuario, conceptos fundamentales de competencia en todo mercado.
Esta iniciativa propone que las Afore proporcionen información al usuario, relacionada con el manejo de su cuenta, que incluya un indicador de riesgo asociado al rendimiento de inversión y el riesgo registrado en dicha empresa administradora.
Por lo expuesto y fundado, someto a consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa con proyecto de
Decreto que reforma los artículos 3o. y 18 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro
Artículo Único. Se reforma el párrafo primero de la fracción V Bis del artículo 3o.; III y IV del artículo 18 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro.
Artículo 3o. ...
Artículo 18. ...
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Túrnese a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, de Seguridad Social, y de Hacienda y Crédito Público.
CODIGO DE COMERCIO
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Se recibió de la de la voz, iniciativa que reforma los artículos 1164 y 1165 del Código de Comercio.
La Secretaria diputada Margarita Arenas Guzmán: «Iniciativa que reforma los artículos 1164 y 1165 del Código de Comercio, a cargo de la diputada Martha Hilda González Calderón , del Grupo Parlamentario del PRI
La que suscribe, Martha Hilda González Calderón , diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71 fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía, la presente e iniciativa de decreto, bajo la siguiente:
Exposición de Motivos
Son frecuentes en comercio los usos y prácticas mercantiles, cuyo instrumento regulador y de apoyo a la actividad comercial es el marco jurídico.
En términos de lo establecido en los artículos 1161, 1162, 1163,1164 y 1165 del Código de Comercio se regulan los medios preparatorios a juicio ejecutivo mercantil, existien entre los medios de prueba aceptados para su preparación, los siguientes:
La práctica forense ha experimentado una serie de situaciones burocráticas e interpretaciones personales que han supeditado o limitado la posibilidad de dictar el auto exe quendo en los medios preparatorios a juicio ejecutivo mercantil, que nada tienen que ver con los argumentos de fondo o forma que llevarían a denegar o conceder el auto de embargo que emita el juez, los que serían combatidos en la apelación en términos de lo establecido en el artículo 1165, párrafo once y doce; llevando tal negligencia a retrasos y considerables pérdidas económicas en perjuicio de los interesados, contraviniendo el principio de procesal de expedites, que debe regir a todo procedimiento.
Esto es, frecuentemente el órgano jurisdiccional niega el auto exe quendo, a que está obligado por ley dentro de la tramitación de los medios preparatorios; su despachamiento alteraría la forma de registro de los expedientes en los libros de gobierno o computacionales, dejando a salvo los derechos del interesado, para que éste ejercite la acción que corresponda en la vía y forma que más le convenga. Esto es inadmisible, en virtud de que existe obligación expresa para el órgano jurisdiccional de despacharlo una vez se den los supuestos jurídicos contenidos en la norma adjetiva mercantil; y precisamente el interesado promueve los medios preparatorios con la intención de que el juez que conoce de ellos pueda dictar el auto de embargo, ahorrando tiempo valioso en la tramitación de esos procedimientos.
Tal absurdo lleva al interesado a un peregrinar procesal tortuoso, siendo que:
No cabe señalar por parte de los jueces que al dictar el auto de embargo alterarían el libro, los registros del órgano jurisdiccional, o el sistema computacional de las oficialías de partes ¿acaso las máquinas no están para facilitar la vida a los hombres en lugar de complicársela?, pensar lo contrario va en retraso de los expedientes, por ello se facultó al juez para dictar el auto exe quendo, precisamente para agilizar los mismos.
En virtud de lo anterior, se propone imponer la obligación para los órganos jurisdiccionales de establecer las medidas necesarias mediante las cuales se vigile al juez para que dicte el auto de embargo, cumplidos los requisitos, y se ordene que modifique la forma de los registros electrónicos y de los libros de gobierno para que se hagan las anotaciones respectivas, a efecto de evitar dilaciones en perjuicio del tráfico comercial, aplicada a las dos formas de tramitación de los medios preparatorios a juicio ejecutivo mercantil.
De imponerse la obligación en los términos apuntados, los principales beneficiados serían todos los justiciables que en este momento tramitan los medios, puesto que la reforma se aplicaría a ellos retroactivamente en su beneficio, así como a los procedimientos que con posterioridad se inicien.
Se cumpliría con el espíritu del legislador al dotar al juez de esa facultad para agilizar los medios preparatorios, evitando dilaciones burocráticas, que los justiciables no pueden evitar, al someterse a esta práctica viciosa por parte de los órganos jurisdiccionales.
Igualmente, se propone la reforma del artículo 1166 para que sea congruente con el que le antecede, en razón de que se faculte al juez que conoció de los medios preparatorios a juicio ejecutivo mercantil solicitando el reconocimiento también pueda dictar el auto exe quendo.
Y fundamentalmente existiría certeza y seguridad jurídica en la tramitación de los medios preparatorios debidamente como lo establece la norma y no la burocracia, haciendo efectivo igualmente el principio de economía procesal.
En virtud de lo anterior, se presenta esta iniciativa de decreto que reforma de los 1164 y 1165 del Código de Comercio de conformidad con la siguiente iniciativa con proyecto de
Decreto que reforma los artículos 1164 y 1165 del Código de Comercio
Primero. Se reforma el artículo 1164 del Código de Comercio, para quedar como sigue:
Artículo 1164. Si no comparece a la citación, y si se le hubiere hecho con apercibimiento de ser declarado confeso, así como cumplidos los requisitos a que se refieren los artículos anteriores, y la exhibición del pliego de posiciones que calificadas de legales acrediten la procedencia de lo solicitado, se le tendrá por confeso en la certeza de la deuda, y se despachará auto de embargo en su contra, siguiéndose el juicio conforme marca la ley para los de su clase. Se realiza el registro del auto de embargo en los libros de control y sistemas computacionales instrumentados para tal efecto; y queda como responsable el juzgador en caso de omisión, en términos de la legislación de responsabilidades del orden que corresponda.
Segundo. Se reforma el artículo 1165 del Código de Comercio, para quedar como sigue:
Artículo 1165. El documento privado que contenga deuda líquida y sea de plazo cumplido, permitirá al acreedor promover medios preparatorios a juicio, exhibiendo el documento al juez a quien se le hará saber el origen del adeudo, solicitándole que ordene el reconocimiento de la firma, monto del adeudo y causa del mismo.
Para tal fin, el juez ordenará al actuario o ejecutor que se apersone en el domicilio del deudor para que se le requiera que bajo protesta de decir verdad, haga reconocimiento de su firma, así como del origen y monto del adeudo, y en el mismo acto se entregue cédula de notificación en que se encuentre transcrita la orden del juez, así como copia simple cotejada y sellada de la solicitud.
De no entenderse la diligencia personalmente con el deudor cuando se trate de persona física o del mandatario para pleitos y cobranzas o actos de dominio tratándose de personas morales o del representante legal, en otros casos, el actuario o ejecutor se abstendrá de hacer requerimiento alguno, y dejará citatorio para que ese deudor, mandatario o representante legal, lo espere para la práctica de diligencia judicial en aquellas horas que se señale en el citatorio, la que se practicará después de las seis y hasta las setenta y dos horas siguientes. También el actuario o ejecutor podrá, sin necesidad de providencia judicial, trasladarse a otro u otros domicilios en el que se pueda encontrar el deudor, con la obligación de dejar constancia de estas circunstancias. Si después de realizadas hasta un máximo de cinco búsquedas del deudor éste no fuere localizado, se darán por concluidos los medios preparatorios a juicio, devolviéndose al interesado los documentos exhibidos y dejando a salvo sus derechos para que los haga valer en la vía y forma que corresponda.
Cuando fuere localizado el deudor, su mandatario o representante, e intimado dos veces rehúse contestar si es o no suya la firma, se tendrá por reconocida, y así lo declarará el juez.
Cuando reconozca la firma, más no el origen o el monto del adeudo, el actuario o ejecutor lo prevendrá para que en el acto de la diligencia o dentro de los cinco días siguientes exhiba las pruebas documentales que acredite su contestación. De no exhibirse, el juez lo tendrá por cierto en la certeza de la deuda señalada, o por la cantidad que deje de acreditarse que no se adeuda, al igual que cuando reconozca la firma origen o monto del adeudo.
Cuando el deudor desconozca su firma se dejarán a salvo los derechos del promovente para que los haga valer en la vía y forma correspondiente, pero de acreditarse la falsedad en que incurrió el deudor, se dará vista al Ministerio Público.
Lo mismo se hará con el mandatario o representante legal del deudor que actúe en la misma forma que lo señalado en el párrafo anterior.
Cuando se tenga por reconocida la firma o por cierta la certeza de la deuda, el mismo juez que conoció de los medios preparatorios dictará el auto de embargo, previniéndole para que exhiba, copias simples del documento fundatorio de su acción, demás que se requieran para traslado al demandado, y se realiza el registro del auto de embargo en los libros de control y sistemas computacionales instrumentados para tal efecto; siendo responsable el juzgador en caso de omisión, en términos de la legislación de responsabilidades del orden que corresponda.
Cuando se despache auto de ejecución, se seguirá el juicio en la vía ejecutiva como marca la ley para los de su clase.
La resolución que niegue el auto de ejecución será apelable en ambos efectos, y en caso contrario se admitirá en el efecto devolutivo, de tramitación conjunta con la sentencia definitiva, que se llegue a dictar en el juicio que se promoviere, en base a dicho medio.
Transitorios
Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Los medios preparatorios que se encuentren en trámite al momento de la vigencia de presente, se sujetarán a petición de parte al presente.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Túrnese a las Comisiones Unidas de Justicia, y de Economía.
2009 AÑO DE LA NO VIOLENCIA ENTRE LAS Y LOS JOVENES
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Tiene la palabra la diputada Alma Hilda Medina Macías, para presentar iniciativa de decreto por el que se declara 2009 como Año de la No Violencia entre las y los Jóvenes, suscrita por diversos diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
La diputada Alma Hilda Medina Macías: Con su permiso, señora presidenta.
Según datos del Banco Mundial, los jóvenes y niños constituyen 50 por ciento de la población de los países en de-sarrollo. Nuestro país cuenta con aproximadamente 34 millones de jóvenes que oscilan entre 12 y 29 años de edad, y para 2012 serán cerca de 36 millones, la cifra más alta alcanzada en la historia. Esto quiere decir que dentro de casi 3 años, 1 de cada 3 mexicanos será joven.
Hoy más que nunca, estos problemas son de vital importancia, es decir: la violencia. Nuestro país ha trabajado sobre el fenómeno poblacional que está impactando a México, motivo por el cual el Programa Nacional de la Juventud 2008-2012, derivado del Programa Nacional de Desarrollo, plantea los desafíos a los que se enfrentan los jóvenes en materia de salud, educación, justicia, trabajo, economía y vivienda.
Hoy más que nunca se reconoce el papel de los jóvenes dentro de la sociedad mexicana. La juventud es más activa que nunca en la sociedad, por esto surge la preocupación del impacto que tiene la violencia en la vida de las jóvenes y los jóvenes, ya que se ven más expuestos a los diferentes tipos de violencia, y dígase violencia como ``el uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o afectivo contra uno mismo, contra otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones y muerte''.
Tiene una connotación más amplia, pues nos muestra un aspecto más amplio en el daño que causa a la persona violentada, como es el caso de las jóvenes y los jóvenes. La violencia entre las y los jóvenes tiene muchas aristas que dan lugar a otras igual de preocupantes.
El suicidio y las autolesiones muestran cómo la violencia impacta en la vida de los jóvenes. México ocupa ---por desgracia--- uno de los primeros lugares en suicidio en Latinoamérica con más de 3 mil suicidios durante el año pasado, triplicándose las cifras de suicidas jóvenes en los últimos 20 años.
La violencia intrapersonal, con sus modalidades de violencia intrafamiliar y violencia en el noviazgo, se ha vuelto muy común en la vida de los jóvenes. No distingue clases sociales y se da tanto en familias urbanas como rurales. Éste es un grave problema que enfrenta nuestra sociedad por las serias consecuencias que permean a los diferentes estratos donde nos desenvolvemos los jóvenes, y ven ---o vemos--- disminuida su calidad de vida, al presentar como respuesta a la violencia sufrida en el seno familiar dolores sicosomáticos, desórdenes psicológicos como son la anorexia y la bulimia, autolesiones, baja autoestima, depresión, ira; delincuencia juvenil, deserción escolar, entre otras conductas.
La violencia en el noviazgo se ha incrementado alarmantemente en nuestro país también. Muestra de ello son los resultados que ha arrojado la encuesta sobre la violencia en el noviazgo, levantada en 2007 y publicada por el Instituto Mexicano de la Juventud, en la que nos dice que 2 de cada 10 jóvenes entre 15 y 24 años con alguna relación de noviazgo el año pasado han experimentado algún episodio de violencia física, siendo la zona rural la que más violencia física experimenta.
Los resultados por género indican que del total de mujeres que padecen la violencia 3 de cada 10 mencionó haber experimentado una violencia leve; 6 de cada 10, una violencia media; y las demás, una violencia grave.
La violencia psicológica también se da en el noviazgo, entendida como ``el abuso emocional, verbal, maltrato o menoscabo de la estima hacia una o varias personas''.
En materia de seguridad, los jóvenes hoy más que nunca se ven inmersos en la violencia. Los cárteles del narcotráfico, en sus varios niveles de operación, reclutan con mayor frecuencia a los jóvenes entre 12 y 25 años, volviéndolos no sólo vendedores a menor escala, sino con más y peores responsabilidades.
El panorama del país ha cambiado en definitiva. Los jóvenes de hoy no son lo mismo que los jóvenes de hace 30 años. Nos encontramos ante una de las generaciones más vulneradas y quizá los jóvenes hoy son más violentados en donde el grado de desintegración social y familiar que se vive venimos siendo los más perjudicados.
El surgimiento también de la economía criminal ha per-meado en los jóvenes en varios aspectos, de tal manera que no sólo los impacta cuando ellos participan directamente en los ilícitos, sino que también el incremento del consumo de drogas en los jóvenes se ha incrementado, siendo la edad ya desde los 12 años.
Como podemos ver, la violencia está alarmantemente presente en muchos aspectos de la vida de las jóvenes y los jóvenes. Como capital humano para el futuro, es primordial que se lleven a cabo políticas públicas multisectoriales, así como campañas de difusión y orientación encaminadas a la prevención.
Hay que invertirles a los jóvenes hoy porque somos el presente. De las decisiones que se tomen hoy dependerá el tipo de sociedad que tengamos mañana.
Es cuanto, señora presidenta. Lo único que le solicito es que se inserte íntegra en el Diario de Debates, ya que por el tiempo no se pudo leer toda la iniciativa. Gracias.
«Iniciativa de decreto, por el que se declara 2009 como Año de la no Violencia entre las y los Jóvenes, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario del PAN
Los suscritos, Alma Hilda Medina Macías , Gregorio Barradas Miravete , Miguel Ángel Monraz Ibarra , José Inés Palafox Núñez , Fidel Antuña Batista , Alma Xóchitl Cardona Benavides, Ricardo Franco Cazares, Miguel Ángel Gutiérrez Aguilar, Carlos Alberto Navarro Sugich , Francisco Javier Plascencia Alonso , José de Jesús Solano Muñoz y Carlos Alberto Torres Torres , diputados de la LX Legislatura, integrantes del Partido Acción Nacional, con fundamento por lo establecido en la fracción II, del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con fundamento en el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto para declarar 2009 como el Año de la no Violencia entre las y los Jóvenes.
Según datos del Banco Mundial, los jóvenes y los niños constituyen el 50 por ciento de la población de los países en desarrollo. Nuestro país cuenta con aproximadamente 34 millones de jóvenes que oscilan entre los 12 y los 29 años; y para 2012 serán cerca de 36 millones, siendo la cifra más alta alcanzada en la historia. Esto quiere decir que dentro de casi tres años 1 de cada 3 mexicanos será joven.
Socialmente, la etapa cronológica de la vida denominada juventud ha sido reconocida debido a su efecto en el mercado de trabajo, en materia de salud, seguridad, educación, vivienda y familia entre muchas otras. 1 Son y serán más de 30 millones de jóvenes que demandan la implantación de políticas públicas acordes a su realidad, que exigen generar los cambios necesarios para proteger, atender y resolver los problemas que los aquejan hoy día.
Hoy más que nunca, estos problemas son de vital importancia para el país y su realidad. El interés mundial por establecer sólidos principios para el desarrollo de la juventud ha ocasionado la inclusión de esta visión en los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que pretende dar a jóvenes y a niños un buen comienzo. Nuestro país también ha trabajado sobre este fenómeno poblacional que esta impactando a México, motivo por el cual en el Programa Nacional de Juventud 2008-2012, derivado del Programa Nacional de Desarrollo, plantean los desafíos a los que se enfrentan los jóvenes en materias como salud, educación, justicia, trabajo, economía y vivienda. Hoy más que nunca se reconoce su papel dentro de la sociedad mexicana.
Es por esta realidad que la juventud es más activa que nunca dentro de la sociedad, por eso surge la preocupación del efecto que tiene la violencia en la vida de los jóvenes, ya que se ven más expuestos a los diferentes tipos de violencia, debido a la multiplicidad de los roles que asumen actualmente, su temprana inclusión en la vida laboral, en la formación de familias y en el temprano inicio de su vida sexual, los confrontan a situaciones que en muchas ocasiones no saben manejar. Debemos de tomar muy en serio la violencia entre los jóvenes pues definitivamente causará un efecto negativo en su vida y los definirá en su etapa adulta.
La violencia --como el uso deliberado de la fuerza física o del poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, contra otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones y muerte-- 2 tiene una connotación más amplia pues nos muestra un espectro más amplio en el daño que causa a la persona violentada, como es el caso de los jóvenes.
Como se desprende de la anterior definición, la violencia no son sólo enfrentamientos verbales entre grupos urbanos, o violencia intrafamiliar y que en razón de lo cual se había visto como un tema alejado de las políticas públicas. La violencia entre los jóvenes tiene muchas aristas, y estas dos, si bien son las más comunes, dan lugar a otras igual de preocupantes como se verá a continuación.
El suicidio y las auto lesiones son una muestra de cómo la violencia impacta en la vida de los jóvenes. México ocupa uno de los primeros lugares en suicidios en Latinoamérica, con más de 3 mil durante 2003, triplicándose las cifras de suicidas jóvenes en los últimos 20 años. Por otra parte, las autolesiones son un fenómeno silencioso que aqueja a la juventud y que desgraciadamente no se tienen estadísticas de este fenómeno debido a que los jóvenes que se lesionan lo hacen en partes de su cuerpo ocultas. Lo preocupante de esta muestra de violencia radica en la problemática psicológica que viven los jóvenes y que no es atendida adecuadamente, ya que siempre viene acompañada con diagnósticos como depresión, ansiedad, angustia o duelo.
La violencia interpersonal, con sus modalidades de violencia intrafamiliar y violencia en el noviazgo, se han vuelto muy comunes en la vida de los jóvenes y no distingue entre clases sociales; se da tanto en familias urbanas como rurales. Podemos apreciar tanto comportamientos perpetrados desde varias generaciones atrás como un cambio en la conducta del adolescente que puede dejar de ser una víctima y convertirse en el victimario de su propia familia, maltratando a padres o hermanos menores.
Este es un grave problema que enfrenta nuestra sociedad por las serias consecuencias que permean a los diferentes estratos donde se desenvuelven los jóvenes, ya que al ser violentados en la familia su comportamiento cambia drásticamente en la escuela o el trabajo, menoscabando sus relaciones personales y afectivas; ven disminuida su calidad de vida al presentar como respuesta a la violencia sufrida en el seno familiar, dolores sicosomáticos, desordenes psicológicos como anorexia o bulimia; autolesiones, baja autoestima, depresión, ira, conductas disruptivas, delincuencia juvenil, y deserción escolar, entre otras conductas.
Si los jóvenes no son tratados a tiempo y convenientemente se convertirán en adultos poco capaces de enfrentarse a situaciones de frustración, respondiendo con más violencia o bien siendo poco asertivos en sus decisiones futuras.
La violencia en el noviazgo se ha incrementando alarmantemente. Muestra de ello son los resultados que ha arrojado la Encuesta sobre Violencia en el Noviazgo, levantada en 2007 y publicada por el Instituto Mexicano de la Juventud, y que nos dice que 2 de cada 10 jóvenes de entre 15 y 24 años, con alguna relación de noviazgo en 2007, ha experimentado algún episodio de violencia física, siendo la zona rural la que más violencia física experimenta.
Los resultados por género indican que, del total de mujeres que padecen violencia, 3 de cada 10 mencionó haber experimentado violencia leve (empujones, arañazos, jalones, etcétera), y 6 de cada 10, violencia media (bofetadas, golpes, arrojar objetos, etcétera). La violencia psicológica también se da en el noviazgo, entendiendo ésta como el abuso emocional, verbal, maltrato y menoscabo de la estima hacia una o unas personas. La encuesta indica que 8 de cada 10 jóvenes son víctimas de la violencia psicológica y la mayor incidencia de este tipo de violencia se da en las áreas urbanas. La violencia sexual es otra cara de las agresiones en el noviazgo. Ésta es entendida como la acción u omisión mediante la cual se induce o se impone la realización de prácticas sexuales no deseadas o respecto de las cuales se tiene incapacidad para consentir. En este sentido, 8 de cada 10 jóvenes han tratado de forzar a tener relaciones sexuales contra la voluntad de su pareja, donde los principales agresores son los novios, tíos y primos.
Dentro de las etapas de la juventud se da el sentido de pertenencia a un grupo. La manifestación cultural a través de diversos grupos es significativa dentro de esta etapa, siendo así que grupos o tribus urbanas, como se les ha denominada actualmente, conviven no siempre en un ambiente de tolerancia, siendo muy común los incidente violentos entre ellos.
La discriminación, violencia social e inclusive física también son significativas para los jóvenes mexicanos con preferencias sexuales diferentes, siendo agredidos 5 de cada 10.3
El sentido de pertenencia de los jóvenes también se desa-rrolla ampliamente en las escuelas, siendo éstas donde se desarrolla el bullying o grupos de acosadores escolares, quienes amedrentan tanto física como psicológicamente a compañeros escolares, causando ansiedad, estrés e incluso deserción escolar. Las cifras van en aumento pues 3 de cada 10 estudiantes de educación básica sufren de este tipo de violencia, que puede llegar incluso a vincularse con el suicidio, debido a los altos niveles de estrés a los que están sometidos los escolares.
En materia de seguridad, los jóvenes, hoy más que nunca, se ven inmersos en la violencia. Los cárteles del narcotráfico, en sus varios niveles de operación, reclutan con mayor frecuencia a jóvenes de entre 12 y 25 años, volviéndolos no sólo vendedores a menor escala sino también sicarios. El panorama del país ha cambiado en definitiva. Los jóvenes de hoy día no son los mismos que los jóvenes de hace 30 años. Nos encontramos ante una nueva generación de narcotraficantes y sicarios que serán más jóvenes y quizá más violentos por los niveles de desintegración social y familiar que se viven en México.
En 2000 los delitos relacionados con el narcotráfico pasaron del duodécimo al segundo lugar en 2007, apenas por debajo del robo.
El surgimiento de una economía criminal ha permeado en los jóvenes en varios aspectos, de tal manera que no sólo los afecta cuando ellos participan directamente en los ilícitos sino que también el incremento en el consumo de drogas, legales o ilegales, ha aumentado, estableciendo su edad de contacto entre los 12 y los 17 años, siendo 4 de cada 10 jóvenes los que han tenido contacto con alguna sustancia adictiva, volviéndolos más susceptibles de verse involucrados o ser parte de la comisión de un ilícitos.
Durante 2007 se recibieron 6 mil 316 averiguaciones previas en las que se encontraban involucrados adolescentes, de los cuales 2 mil 906 adolescentes fueron sujetos a procedimientos de internación, pudiendo ser más altas las cifras, toda vez que no todos los ilícitos eran denunciados.
Como podemos ver, la violencia está alarmantemente presente en muchos aspectos de la vida de los jóvenes. Como capital humano para el futuro, es primordial que se lleven a cabo políticas públicas multisectoriales, y campañas de difusión y orientación encaminadas a la prevención. Hay que invertirles a los jóvenes porque son el México del futuro. De las decisiones que se tomen hoy dependerá el tipo de sociedad que tengamos mañana.
En mérito de lo anteriormente expuesto, propongo a esta asamblea el siguiente proyecto de
Decreto que declara 2009 Año de la no Violencia entre las y los Jóvenes
Artículo Primero. El honorable Congreso de la Unión declara 2009 como Año de la no Violencia entre las y los Jóvenes.
Artículo Segundo. A partir de la entrada en vigor del presente decreto, toda la correspondencia oficial del Estado deberá contener al rubro o al calce la siguiente leyenda:
Artículo Tercero. Las Secretarías de Educación Pública, de Seguridad Pública, de Salud, y de Desarrollo Social, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, el Instituto Nacional de las Mujeres, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, y el Instituto Mexicano de la Juventud, con motivo del Año de la no Violencia entre las y los Jóvenes, promoverán acciones para combatirla, informado semestralmente al Congreso de la Unión de las encaminadas para ello.
Artículo Cuarto. Las dependencias y entidades de la administración pública federal anteriormente descritas deberán establecer una campaña de difusión en medios masivos de comunicación, a efecto de fomentar acciones para prevenir la violencia entre los jóvenes.
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el 1 de enero de 2009, y concluirá su vigencia el 31 de diciembre del mismo año.
Notas:
1 Muñoz Aguirre, Christian. Cambio demográfico y desarrollo social de los jóvenes, en publicaciones en línea del Consejo Nacional de Población;
http://www.conapo.gob.mx/publicaciones/sdm2006/sdm06_07.pdf.
2 Definición de violencia por la Organización Mundial de la Salud.
3 Revista Mexicana de Sociología, año 65, número 2, abril-junio de 2002. Páginas 277-279.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Gobernación. Insértese el texto íntegro en el Diario de Debates.
Queremos destacar la presencia en este recinto del excelentísimo embajador Mohamed Gamal El-Din El-Bayoumi, secretario general de la Unión de Inversionistas Árabes de la República Árabe de Egipto, quien, acompañado por el excelentísimo señor Aly Houssam El-Din El-Hefny Mahmoud, embajador de ese país en México, asiste a una reunión de trabajo con la Comisión de Economía. Sean bienvenidos. Hacemos votos porque este tipo de acercamientos refuercen los lazos de cooperación y amistad entre ambas naciones. Bienvenidos.
Queremos también saludar a alumnos y maestros de la escuela primaria Licenciado Eduardo Novoa, invitados por nuestra compañera la diputada Holly Matus Toledo .
Asimismo, a alumnos y maestros de la Universidad INACE, plantel Zumpango, invitados también a este recinto.
De la escuela primara Narciso Bassols, de Naucalpan, Estado de México, invitados por nuestro compañero diputado Édgar Olvera Higuera. Bienvenidos sean ustedes.
ARTICULO 66 CONSTITUCIONAL - LEY ORGANICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Tiene la palabra el diputado José Inés Palafox Núñez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa que reforma los artículos 66 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 4o. de la Ley Orgánica del CongresoGeneral de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado José Inés Palafox Núñez: Buenas tardes. Con permiso de la Presidencia.
Amigas legisladoras y amigos legisladores, someto a consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto para reformar el artículo 66 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 4o., fracción II, de la Ley Orgánica. Actualmente los integrantes de este Congreso tienen dos periodos de sesiones ordinarias; el primero que inicia el 1 de septiembre de cada año y culmina el 15 de diciembre del mismo año; y el segundo, que inicia el l de febrero y concluye el 30 de abril del mismo año.
Pues bien, es importante que cuando un diputado o un senador acepta y protesta el cargo conferido, lo hace de tal manera que busca la forma de trabajar en beneficio de los mexicanos, sin importar el tiempo que ocupe, tal como lo han hecho en algunas sesiones en que se amerita arduas jornadas de trabajo, y logrando consensos para buscar lo mejor para nuestro país.
No debemos dejar de comprender que la función del Congreso está relacionada directamente con los periodos de sesiones, por lo que esta ley que sujeta a la Cámara muchas veces es insuficiente por el número de asuntos por atender. Cada vez son mayores, y para los cuales los periodos previstos en la Constitución resultan evidentemente insuficientes.
Por lo anterior, se han realizado diferentes modificaciones a los preceptos constitucionales para reformar los periodos de sesiones del Congreso de la Unión, así que tenemos que en 1986 se realizaron modificaciones mediante las cuales se estableció el doble periodo ordinario de sesiones, iniciándose el primero del 1 de noviembre que no podría prolongarse más allá del 31 de diciembre; y el segundo, del 15 de abril hasta, como máximo, el 15 de julio.
Para 1993 se dio otra modificación, en la cual se estableció el primer periodo de sesiones ordinario que iría del 1 de septiembre al 15 de diciembre, o como excepción, el 30 de diciembre, cuando el presidente de la república inicie su encargo; y un segundo periodo que comprendería del 15 de marzo al 30 de abril de cada año. La última modificación se realizó en la LIX Legislatura, el 15 de diciembre de 2003.
Estos esfuerzos del Congreso permitieron la modificación del artículo 65 de la Constitución, aumentando mes y medio el trabajo legislativo. Sin embargo, el aumento resulta insuficiente por las cantidades de asuntos que se presentan, así como el desahogo de los asuntos pendientes.
Ahora bien, la propuesta en comento viene a dar una alternativa más para el mejor desarrollo del trabajo legislativo ampliando dos meses más el segundo periodo de sesiones ordinarias, por lo que se tendría un periodo de trabajo en el Congreso, sin olvidar las sesiones ordinarias, extraordinarias, o de la Comisión Permanente, de ocho meses y medio de trabajo en Cámara, y de tres y medio en periodos de recesos.
De aquí se desprenden tres argumentos que no debemos pasar por alto. El primero, que el aumento de sesiones en el periodo ordinario intenta mejorar la imagen de la sociedad respecto al trabajo legislativo federal, lo cual es un acto que tiene que hacerse.
El segundo es que uno de los puntos más controversiales del tema en comento, ya que si lo que se pretende realizar con esta reforma, tanto a la Constitución como a la Ley Orgánica, es hacer eficiente el trabajo legislativo, haciéndolo más productivo y eficaz.
La solución no es sólo ampliar el periodo de sesiones uno o dos meses; es hacer que el trabajo en comisiones sea mucho más productivo puesto que es en ellas donde se preparan los verdaderos asuntos que dan motivo a que las sesiones sean mejores y más eficientes.
Tercero, que el aumentar dos meses más el trabajo legislativo no interfiere con los periodos de receso, en los cuales el legislador le ceda todos los trabajos y actividades de sus respectivos distritos, como son la organización y planeación para el siguiente periodo de sesiones extraordinario; el acercamiento con la gente; realizar los foros y seminarios referentes a los temas que se discutirán en el Congreso.
La presente propuesta va encaminada a ampliar el segundo periodo de sesiones; es decir, en lugar de que se concluya el mes de abril, del mismo año, concluya el 30 de junio del mismo año, para de esta manera realmente servir como se merece a los mexicanos.
En otro orden de ideas, es lamentable aceptar que los integrantes de la presente legislatura dejemos a un lado la obligación que tuvimos, en el sentido de nombrar al 15 de diciembre del año 2007 a los consejeros del Instituto Federal Electoral y en la cual nos vimos un poco desprestigiados.
Por lo fundado y expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de decreto
Primero. Reformar el artículo 66, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para efecto de ampliar el periodo de sesiones del Congreso, para quedar como sigue:
Artículo 66. Cada periodo ordinario de sesiones durará el tiempo necesario para tratar los asuntos mencionados en el artículo anterior. El primer periodo no podrá prolongarse sino hasta el 15 de diciembre del mismo año, excepto cuando el presidente de la república inicie el encargo a la fecha prevista por el artículo 83, en cuyo caso las sesiones podrán extenderse hasta el 31 de diciembre de este mismo año; asimismo, en aquellos casos en que por ley no se hubiese designado algún funcionario, dicho periodo de sesiones se extenderá hasta el mismo formalmente designado. El segundo periodo no podrá prolongarse más allá del 30 de junio del mismo año.
Segundo. Se reforma el artículo 4o. de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para efecto de ampliar el periodo de sesiones ordinarias en el Congreso, para quedar como sigue:
Artículo 4o. Cada periodo ordinario de sesiones durará el tiempo necesario para tratar los asuntos de su competencia. El primer periodo no podrá prolongarse sino hasta el 15 de diciembre del mismo año, excepto cuando el presidente de la república inicie el encargo en fecha prevista por el artículo 83 constitucional, caso en el cual las sesiones podrán extenderse hasta el 31 de diciembre de ese mismo año; asimismo, en aquellos casos en que la ley no hubiese designado algún funcionario, dicho periodo de sesiones se extenderá hasta el mismo formalmente designado. El segundo periodo no podrá prolongarse más allá del 30 de junio del mismo año.
Transitorio. Este decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación.
«Iniciativa que reforma los artículos 66 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José Inés Palafox Núñez , del Grupo Parlamentario del PAN
El suscrito, diputado José Inés Palafox Núñez , con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía una iniciativa con proyecto de decreto de reforma a nuestra Carta Magna, para modificar el artículo 66, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 4, fracción 2, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para efectos de ampliar los periodos de sesiones ordinarias de las Cámaras que integran el Congreso, con base en la siguiente
Exposición de Motivos
A partir de la Constitución de 1857, en su artículo 62, se establecieron dos periodos ordinarios de sesiones. El primero, del 16 de septiembre al 15 de diciembre, sin la posibilidad de prorrogarse; y el segundo periodo, del primero de abril al 31 de mayo. Con la reforma de 1874 a esta Constitución, el primer periodo ordinario de sesiones se podría prorrogar hasta por 15 días.
Ahora bien, el texto original de la Constitución de 1917 consideró un solo periodo ordinario de sesiones en los artículos 65 y 66. Este iniciaría el 1 de septiembre de cada año y duraría el tiempo necesario para tratar los asuntos concernientes a la revisión de la Cuenta Pública, el examen, discusión y aprobación del presupuesto, así como de los impuestos necesarios para cubrirlos y, por último, conocer las iniciativas de ley que se le presentaran. Dicho periodo ordinario de sesiones tenía como fecha límite el 31 de diciembre del mismo año. Lo anterior, puesto que los legisladores tenían que recorrer distancias que eran sumamente extensas y dificultaban que pudieran estar mucho más tiempo reunidos en ambas Cámaras.
Estos antecedentes ahora resultan inoperantes, toda vez que existen medios de transporte mucho más eficaces y medios de comunicación mucho más rápidos, lo que hace que se puedan realizar las tareas en el Congreso de la Unión de forma más efectiva.
Para entrar en análisis de los artículos en mención, es necesario saber que éstos dicen lo siguiente:
Luego entonces, se concluye que actualmente los integrantes de las Cámaras que integran el Congreso tiene dos periodos de sesiones ordinarias; el primero que inicia el 1 de septiembre de cada año y culmina el 15 de diciembre del mismo año, y un segundo que inicia el 1 de febrero y concluye el 30 de abril del mismo año.
Es de suma importancia que cuando un diputado o un senador acepte y proteste el cargo conferido, lo haga de tal manera que busque la forma de trabajar en beneficio de los mexicanos, sin importarle en lo más mínimo ventajas personales, tal y como lo han hecho en múltiples sesiones que han ameritado arduas jornadas de trabajo y de un largo consenso para buscar lo mejor para el país.
No debemos dejar de comprender que la función del Congreso está relacionada directamente con los periodos de sesiones a los que por ley está sujeta la Cámara, y muchas veces éstos son insuficientes, ya que el número de asuntos que debe atender cada Cámara es cada vez mayor y, para los cuales, los periodos previstos en la Constitución resultan evidentemente limitados.
Por lo anterior, se han realizado diferentes modificaciones a los preceptos constitucionales para reformar los periodos de sesiones del Congreso de la Unión; así, tenemos que
En 1986 se realizó la modificación, a través de la cual se estableció un doble periodo ordinario de sesiones, iniciándose el primero el 1 de noviembre, que no podría prolongarse más allá del 31 de diciembre, y, el segundo, del 15 de abril hasta como máximo el 15 de julio.
Para 1993, se dio otra modificación en la cual se estableció un primer periodo de sesiones ordinarias que iría del 1 de septiembre al 15 de diciembre o, como excepción, al 31 de diciembre, cuando el presidente de la república iniciara su encargo, y un segundo periodo que comprendería del 15 de marzo al 30 de abril de cada año.
La última modificación la realizó la LIX Legislatura el 15 de diciembre de 2003. Este esfuerzo del Congreso permitió la modificación del artículo 65 de la Constitución, aumentando un mes y medio el trabajo legislativo; sin embargo, el aumento resultó insuficiente por la cantidad de asuntos que se presentaban y el desahogo de los asuntos pendientes.
Ahora bien, la propuesta en comento viene a dar una alternativa más para el desarrollo del trabajo legislativo, ampliando dos meses más el segundo periodo de sesiones ordinarias, con lo que se tendría un promedio de trabajo en el Congreso --sin olvidar las sesiones extraordinarias o la Comisión Permanente-- de ocho meses y medio de trabajo en Cámaras y tres y medio de recesos. De aquí se desprenden tres argumentos que no debemos dejar pasar por alto. El primero, que al aumentar el segundo periodo de sesiones ordinarias se intenta mejorar la imagen de la sociedad con respecto al trabajo legislativo federal, lo cual es un acto que se tiene que hacer.
El segundo argumento es uno de los puntos más controvertidos del tema en comento, ya que si lo que se pretende realizar con esta reforma, tanto a la Constitución como a la Ley Orgánica, es eficientizar el trabajo legislativo haciéndolo más productivo y eficaz, la solución no es sólo ampliar el periodo de sesiones uno, dos o tres meses más, sino hacer que el trabajo en comisiones sea mucho más productivo, puesto que es en ellas donde se preparan los verdaderos asuntos que dan motivo a que se sesione mejor y más eficientemente, evitando el rezago legislativo.
El tercero, que al aumentar dos meses más el trabajo legislativo, se disminuye el equilibrio con los periodos de recesos, en los cuales el legislador realiza todos los trabajos y actividades que a un periodo de receso competen, como son
La presente propuesta va encaminada a ampliar el segundo periodo de sesiones, es decir, que en lugar de que concluya en abril del mismo año concluya hasta el 30 de junio, para de esta manera realmente servir como se merecen los mexicanos.
En otro orden de ideas, es lamentable aceptar que los integrantes de la presente legislatura dejamos a un lado la obligación que tuvimos, en el sentido de nombrar, a más tardar el 15 de diciembre de 2007, a los consejeros del Instituto Federal Electoral, toda vez que, de acuerdo a las recientes reformas en materia electoral y constitucional, los que integramos la actual legislatura estuvimos obligados a nombrar a los consejeros que integraran el dicho consejo.
Es evidente la atención que los medios le han dado a la falta de designación de dichos consejeros, culpando desde luego la irresponsabilidad de todos los que integramos esta legislatura; es por eso que es de suma importancia que nos decidamos en darle los resultados que se merece la sociedad mexicana, y qué mejor que ir cubriendo esas lagunas legales que actualmente existen en diversas leyes.
La presente propuesta va encaminada a dejar una estabilidad de nuestras instituciones en beneficio de los mexicanos, al término del primer periodo de sesiones de la Cámara de Diputados, para que en aquellos casos en que se encuentre pendiente el nombramiento de algún funcionario público que por ley tenga que realizarse antes de finalizar el primer periodo de sesiones dicho período tenga que ampliarse hasta que se haya cubierto con lo establecido en la ley.
De ser aprobada la presente propuesta, tendremos la seguridad de que la Cámara de Diputados tendrá un mejor desempeño y mejor responsabilidad en el nombramiento de los funcionarios que por ley tenga que autorizar.
Por lo antes fundado y expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de
Decreto
Primero. Se reforma el artículo 66, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para efecto de ampliar el periodo de sesiones ordinarias del Congreso, quedando como sigue:
Artículo 66. Cada periodo de sesiones ordinarias durará el tiempo necesario para tratar todos los asuntos mencionados en el artículo anterior. El primer periodo no podrá prolongarse sino hasta el 15 de diciembre del mismo año, excepto cuando el presidente de la república inicie su encargo en la fecha prevista en el artículo 83, en cuyo caso, las sesiones podrán extenderse hasta el 31 de diciembre de ese mismo año, y en aquellos casos en que por ley no se hubiese designado a algún funcionario. Dicho periodo de sesiones se extenderá hasta que éste sea formalmente designado. El segundo periodo no podrá prolongarse más allá del 30 de junio del mismo año.
...
Segundo. Se reforma el artículo 4, fracción 2, de la Ley Orgánica General de los Estados Unidos Mexicanos, para efecto de ampliar el periodo de sesiones ordinarias del Congreso, quedando como sigue:
Artículo 4o.
...
2. Cada periodo de sesiones ordinarias durará el tiempo necesario para tratar los asuntos de su competencia. El primer periodo no podrá prolongarse sino hasta el 15 de diciembre del mismo año, excepto cuando el presidente de la república inicie su encargo en la fecha prevista en el artículo 83 constitucional, caso en el cual las sesiones podrán extenderse hasta el 31 de diciembre de ese mismo año. También en aquellos casos en que por ley no se hubiese designado a algún funcionario, dicho periodo de sesiones se extenderá hasta que éste sea formalmente designado. El segundo periodo no podrá prolongarse más allá del 30 de abril del mismo año.
...
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.
ARTICULOS 74, 78 Y 123 CONSTITUCIONALES - LEY FEDERAL DEL TRABAJO
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Tiene la palabra el diputado Neftalí Garzón Contreras, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanosy de la Ley Federal del Trabajo.
El diputado Neftalí Garzón Contreras: Con su permiso, señora presidenta.
La historia laboral de nuestro país, cada vez con un mayor número de evidencias, tiene puesta a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos en el banquillo de las instituciones injustas y francamente inútiles para los tiempos que requieren y demanda cambios.
El inconstitucional, inhumano y ridículo aumento al salario mínimo, aprobado por la citada Comisión en 2008, de apenas 4 por ciento, vuelve a poner en tela de juicio la existencia de dicha Comisión, ya que con esta decisión se mantiene en la más absoluta desigualdad y pobreza a los cerca de 5 millones de trabajadores que perciben este salario, además de enviar una señal muy pésima para las revisiones salariales del próximo año.
Frente a la catástrofe sufrida por los salarios en el país, a partir de 1976, y concretamente por el salario mínimo, cada vez más sectores de trabajadores reclaman la desaparición de la Comisión de los Salarios Mínimos con base en los siguientes argumentos:
Que la Comisión ha fijado salarios absolutamente insuficientes para recuperar la capacidad adquisitiva de los salario, actuando de manera inconstitucional y con total insensibilidad social.
Que la Comisión aplasta el interés de los trabajadores con los votos unidos de los representantes del gobierno y los patrones, y la actitud sumisa de los representantes charros y blancos, por lo que es sólo una simulación y una estructura tripartita.
Que las resoluciones de la Comisión carecen de seriedad, objetividad y profundidad técnicas, respondiendo a fines de carácter más bien político.
Que los incrementos salariales son inútiles. Es decir, absolutamente insuficientes respecto a la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores.
En tal razón, exigimos la supresión de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, para que en adelante sea la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en su carácter de representantes del pueblo de México y facultada para tomar decisiones en el campo económico, la que fijaría los salarios mínimos y su incremento. Esto con el apoyo técnico del Instituto Nacional de Salarios Mínimos, Productividad y Reparto de Utilidades.
Esta iniciativa propone, asimismo, que exista un solo salario mínimo constitucional, que aprobaría la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, previa recomendación del Instituto Nacional de los Salarios Mínimos, Productividad y Reparto de Utilidades, cuyos integrantes serían designados por la Cámara. Por tanto, desaparecería la multicitada comisión.
Así pues, en el centro de nuestras preocupaciones legislativas se encuentran los temas del salario y la productividad. Hasta ahora el Poder Ejecutivo se ha reservado el control de los salarios mediante la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, cuyo carácter tripartito no ha hecho sino reproducir las relaciones de sujeción observadas en el terreno de los derechos colectivos.
El gobierno federal ha definido el salario mínimo sin que los trabajadores puedan incidir en esa variable decisiva para la economía del país.
La determinación política de pasar a los trabajadores el costo social de la crisis ha significado un deterioro del salario real, inédito en la historia de México. Después de 29 años de caída ininterrumpida, es necesario restablecer la vigencia del salario mínimo general como un salario suficiente, tal como lo establece el artículo 123 de la Constitución federal.
Por ello, la propuesta de reforma además de recuperar los imperativos de justicia, busca rescatar el papel del salario mínimo en la economía a permitir que, con salarios suficientes, se fortalezca el mercado interno, sin lo cual sería imposible sentar las bases de un crecimiento económico estable e integrado.
Suplico a la Presidencia que se inserte el texto íntegro de la presente iniciativa en el Diario de los Debates. Muchas gracias.
«Iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado Neftalí Garzón Contreras , del Grupo Parlamentario del PRD
El suscrito, diputado Neftalí Garzón Contreras , de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en ejercicio de la facultad que le concede el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 62, 63 y 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos y de la Ley Federal del Trabajo, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
La historia, cada vez, con un mayor número de evidencias, tiene puesta a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (CNSM) en el banquillo de las instituciones injustas e inútiles.
El inconstitucional, inhumano y ridículo aumento al salario mínimo, aprobado por la CNSM para el 2008 de apenas un 4 por ciento, vuelve a poner en tela de juicio la existencia de dicha comisión. Ya que con esta decisión se mantiene en la más absoluta desigualdad y pobreza a los cerca de 5 millones de trabajadores que perciben este salario, además de enviar una pésima señal para las revisiones salariales del año próximo.
Frente a la catástrofe sufrida por los salarios en el país, a partir de 1976 y concretamente por el salario mínimo, cada vez más sectores de trabajadores reclaman la desaparición de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos; con base en los siguientes argumentos
En tal razón exigimos la supresión de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, para que en adelante sea la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en su carácter de representante del pueblo de México y facultada para tomar decisiones en el campo económico, la que fijaría los salarios mínimos y su incremento, esto con el apoyo técnico del Instituto Nacional de Salarios Mínimos, Productividad y Reparto de Utilidades.
Nuestra iniciativa propone, asimismo, que exista un solo salario mínimo constitucional, que aprobaría la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, previa recomendación del Instituto Nacional de Salarios Mínimos, Productividad y Reparto de Utilidades, cuyos integrantes serían también designados por esta Cámara; por tanto, desaparecería la Comisión Nacional de Salarios Mínimos.
Así pues, en el centro de nuestras preocupaciones legislativas se encuentran los temas del salario y la productividad. Hasta ahora el Poder Ejecutivo se ha reservado el control de los salarios mediante la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, cuyo carácter tripartito no ha hecho sino reproducir las relaciones de sujeción observadas en el terreno de los derechos colectivos, el gobierno federal ha definido el salario mínimo sin que los trabajadores puedan incidir en esta variable decisiva para la economía del país. La determinación política de pasar a los trabajadores el costo social de la crisis, ha significado un deterioro del salario real, inédito en la historia de México. Después de 29 años de caída ininterrumpida, es necesario restablecer la vigencia del salario mínimo general como un salario suficiente, tal como lo establece el artículo 123 de la Constitución federal. Por ello, la propuesta de reforma, además de recuperar los imperativos de justicia oscila, busca rescatar el papel del salario mínimo en la economía al permitir que, con salarios suficientes, se fortalezca el mercado interno, sin lo cual sería imposible sentar las bases de un crecimiento económico estable e integrado.
La iniciativa dispone, por tanto, que el salario mínimo deberá aumentar anualmente con base en la evolución del costo de la vida, y su vigencia podrá revisarse antes de este periodo de tiempo, en función del deterioro salarial sufrido, según lo determine la Cámara de Diputados o la del Congreso de la Unión, en su caso, a propuesta del Instituto Nacional de Salarios Mínimos, Productividad y Reparto de Utilidades. Asimismo, este salario deberá incrementarse anualmente, en forma complementaria, con el propósito de establecer un aumento real que retribuya el incremento de la productividad media de la economía en ese periodo, con base en el porcentaje que determine la Cámara de Diputados, tomando en consideración las recomendaciones del instituto.
Una medida adicional y transitoria estaría orientada a que dicho instituto realice los estudios necesarios para proponer el monto y las modalidades de aplicación gradual de un factor de compensación por la caída histórica del salario mínimo general y profesional en las últimas dos décadas y media.
El Instituto Nacional de Salarios Mínimos, Productividad y Reparto de Utilidades --como ya se explicó-- asumirá las funciones de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, organismo que con esta iniciativa desaparece. El instituto estará integrado por un cuerpo colegiado de 5 miembros, por subcomisiones técnicas y por un consejo consultivo en el que participarán representantes de los trabajadores, los patrones y el gobierno federal, así como por investigadores de reconocido prestigio. La representación de los trabajadores deberá reflejar la pluralidad sindical del país. Los miembros del cuerpo colegiado serán electos por la Cámara de Diputados a propuesta de los grupos parlamentarios, cada siete años.
Por otra parte, con la inclusión de un capítulo nuevo sobre productividad, se trata de impulsar medidas legales que permitan a los trabajadores enfrentar el reto productivo, con bilateralidad y retribución justa. La corresponsabilidad para mejorar la productividad supone involucrar al trabajador en el conocimiento integral del proceso productivo. De este conocimiento y de la negociación bilateral resultarán programas de productividad por empresa y por rama de la actividad a partir de la creación de cámaras sectoriales.
Finalmente, la propuesta traslada las funciones de la Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas igualmente al Instituto Nacional de Salarios Mínimos, Productividad y Reparto de Utilidades, y acorta los plazos para la presentación de los necesarios para conocer las condiciones generales de la economía nacional, los índices de productividad y la situación de los trabajadores. Sobre la base de estos estudios se propondrá a la Cámara de Diputados el porcentaje anual repartible. Ésta, a su vez, lo determinará cada 5 años. Los ingresos de los trabajadores por concepto de reparto de utilidades quedan, en esta iniciativa libres de todo gravamen.
Organización autónoma y democrática de la clase trabajadora
Desde luego no habrá solución óptima, en tanto las reformas justas de carácter legal en materia colectiva, no se complementen con un despertar de la clase trabajadora que dé nacimiento a sindicatos, contratos colectivos y huelgas, en general a una organización de los trabajadores con un carácter autónomo y democrático. De manera que la representación de los trabajadores dentro de los organismos tripartitas sea real y a favor de sus intereses.
Con base en todo lo expuesto y fundado, sometemos a la consideración de ésta honorable Cámara de Diputados la siguiente iniciativa de reformas y adiciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la Ley Federal del Trabajo, en los siguientes términos
Artículo Primero. Se reforma el artículo 123 Apartado A en su fracción VI, salvo su párrafo segundo y, la fracción IX en sus incisos a), b) y e); y se adiciona una fracción III del artículo 74 y, una fracción IX al artículo 78, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los siguientes términos:
Artículo 74. Son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados:
Artículo 78. Durante los recesos del Congreso de la Unión habrá una Comisión Permanente compuesta de 37 miembros de los que 19 serán diputados y 18 senadores, nombrados por sus respectivas Cámaras la víspera de la clausura de los períodos ordinarios de sesiones. Para cada titular las Cámaras nombrarán, de entre sus miembros en ejercicio, un sustituto.
La Comisión Permanente, además de las atribuciones que expresamente le confiere esta Constitución, tendrá las siguientes:
Título Sexto Del Trabajo y de la Previsión Social
Capítulo VI Salario Mínimo
Artículo 123. ...
Artículo Segundo. Se reforman los artículos 91, 92, 93, 94, 117 a 121, 126 fracción VI, 127 fracción III, 153- I, 153- J y 153 K en sus fracciones I, III, IV y V y 153 L, M, O, T y, último párrafo del artículo 153-V; se adicionan dos últimos párrafos al artículo 90, un capítulo VII Bis al Título Tercero, el artículo 130 A, un segundo párrafo al artículo 153-M y las fracciones XIII y XIV al artículo 523; se derogan los artículos 95 a 97, y los artículos 563 a 590 correspondientes a los capítulos VII a IX, todos de la Ley Federal del Trabajo, en los siguientes términos
Título Tercero Condiciones de Trabajo
Capítulo V
Artículo 90. ...
Con tal propósito, el salario mínimo deberá aumentarse anualmente, con base en la evolución del índice nacional de precios al consumidor, y podrá revisarse e incrementarse antes de ese periodo de tiempo, en función del deterioro salarial observado durante su vigencia, como lo determine la Cámara de Diputados o la del Congreso de la Unión, según sea el caso, a propuesta del Instituto Nacional de Salarios Mínimos, Productividad y Reparto de Utilidades. Asimismo, se deberá revisar anualmente con el propósito de establecer un aumento real que retribuya el incremento de la productividad media de la economía en ese periodo, con base en el porcentaje que determine la Cámara de Diputados, tomando en cuenta la recomendación que al efecto emita dicho instituto.
Los salarios mínimos se fijarán en diciembre de cada año y comenzarán a regir el primero de enero siguiente.
Artículo 91. El salario mínimo podrá ser general o profesional y se aplicará en todo el territorio nacional.
Artículo 92. El salario mínimo general regirá para todos los trabajadores del país , independientemente de las ramas de actividad económica en que se encuentren, profesionales, oficios o trabajos especiales.
Artículo 93. El salario mínimo profesional regirá para una determinada rama de actividad económica, profesiones, oficios o trabajos especiales.
Artículo 94. Corresponde a los comités nacionales previstos en el artículo 153 K la facultad de elaborar y enviar al Instituto Nacional de Salarios Mínimos, Productividad y Reparto de Utilidades, las recomendaciones relativas a los porcentajes de incremento de los salarios mínimos profesionales en la rama de actividad de su competencia, para lo cual deberá tomar en cuenta la evolución de la productividad en dichas ramas, así como la necesidad de resarcir la pérdida del poder adquisitivo en el periodo previo, de darse el caso. El Instituto valorará esas recomendaciones y, con las respectivas observaciones, a su vez las turnará a la Cámara de Diputados.
Artículos 95. a 97. (Se derogan.)
Artículo 98. ...
Capítulo VII Bis Productividad y Reparto de Beneficios
Artículo 116 A. Se entiende por productividad, para efectos de esta ley, el resultado cuantitativo y cualitativo de la actividad productiva con relación a los factores invertidos, comprendiendo también el conjunto de condiciones que influyen sobre dicho resultado, entre las que se encuentran las siguientes: inversión, tecnología planeación y organización del trabajo, capacitación de los trabajadores y de las gerencias de la empresa, ambiente laboral, administración, seguridad e higiene, calidad de vida, condiciones de trabajo y reparto de los beneficios.
Artículo 116 B. Corresponde a los patrones y a los sindicatos o, en su caso, a los trabajadores la definición y aplicación bilateral de las medidas que se consideren necesarias para obtener la productividad adecuada y repartir equitativamente sus resultados, sin menoscabo de los derechos consignados en esta ley y en la contratación colectiva.
Artículo 116 C. Los patrones están obligados a proporcionar a los representantes sindicales o, en su caso, a los trabajadores la información relativa a la situación tecnológica, organizativa, financiera y de mercado de la empresa, incluyendo los planes de inversión y de otro tipo que pudieran alterar el funcionamiento de la actividad. Esta obligación deberá cumplirse cada seis meses por lo menos o en el plazo que establezcan las partes. En caso de incumplimiento, los representantes sindicales o, en su caso, los trabajadores podrán reclamarlo ante la Inspección de Trabajo.
Artículo 116 D. De acuerdo con lo establecido en el artículo 153 I, en toda empresa o establecimiento deberán crearse una o más comisiones mixtas de productividad y capacitación, las que funcionarán de manera permanente y tendrán a su cargo el diagnóstico de los factores que inciden en la evolución de la productividad, la formulación de programas destinados a incrementarla, la evaluación de éstos, así como la adopción de los mecanismos destinados a fijar los beneficios que los trabajadores obtendrán de los resultados alcanzados.
Artículo 116 E. De acuerdo con lo establecido en el artículo 153 L, las cámaras sectoriales establecidas en forma permanente en cada rama de la actividad económica, deberán elaborar los diagnósticos y formular los planes y programas encaminados a aumentar la productividad, las oportunidades de capacitación, así como adoptar los mecanismos destinados a fijar los beneficios que los trabajadores obtendrán de los resultados alcanzados.
Artículo 116 F. Corresponde a las Cámaras sectoriales proponer y enviar al Instituto Nacional de Salarios Mínimos, Productividad y Reparto de Utilidades, las recomendaciones relativas al incremento de los salarios profesionales en la rama de actividad en cuestión, tomando en cuenta la evolución de la productividad en la misma, en su caso, la necesidad de resarcir las pérdidas del poder adquisitivo del salario profesional en el periodo previo.
Artículo 116 G. El Instituto Nacional de Salarios Mínimos, Productividad y Reparto de Utilidades, deberá realizar estudios encaminados a apoyar los diagnósticos y la formulación del programa de productividad en el nivel de las empresas, los sectores y la rama de actividad, así como programas de incentivos para las empresas y trabajadores que se involucren en aquéllos.
Artículo 116 H. Los planes y programas de productividad, capacitación y distribución de beneficios deberán acodarse anualmente y contener, entre otros, los siguientes elementos:
Artículo 116 J. Los planes y programas sectoriales de productividad, capacitación y distribución de beneficios deberán acordarse cada dos años y contener:
Capítulo VIII Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas
Artículo 117. Los trabajadores participarán anualmente en las utilidades de las empresas, de conformidad con el porcentaje que determine la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión a propuesta del Instituto Nacional de Salarios Mínimos, Productividad y Reparto de Utilidades.
Artículo 118. Para determinar el porcentaje a que se refiere el artículo anterior, el Instituto Nacional de Salarios Mínimos, Productividad y Reparto de Utilidades efectuará por lo menos cada cinco años las investigaciones respectivas y realizará los estudios necesarios para conocer las condiciones generales de la economía nacional, los índices de productividad y la situación de los trabajadores.
Artículo 119. Instituto Nacional de Salarios Mínimos, Productividad y Reparto de Utilidades podrá revisar el porcentaje que hubiese propuesto. Para tal efecto presentará a la Cámara de Diputados los estudios que sustentan dicha revisión en los términos previstos en el artículo anterior.
Artículo 120. El porcentaje fijado por la Cámara de Diputados constituye la participación que corresponderá a los trabajadores en las utilidades de cada empresa.
Para determinar el monto de las utilidades de cada empresa se tomará como base la renta gravable de conformidad con las disposiciones de la Ley del impuesto sobre la renta, más los ingresos por dividendos o utilidades en acciones, los intereses devengados a favor del contribuyente en el ejercicio, la fluctuación de moneda extranjera cuando se contratan deudas o créditos que no se pagan en el momento de su exigibilidad y cualquier otro concepto que pueda incrementar la ganancia de una empresa en un año fiscal, de acuerdo con la situación económica del país.
Artículo 121. El derecho de los trabajadores para formular objeciones a la declaración que presente el patrón a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se ajustará a las normas siguientes:
Artículos 122. a 125. ...
Artículo 126. Quedan exceptuadas de la obligación de repartir utilidades:
Artículos 139. a 141. ...
Artículo 130 A. Los ingresos de los trabajadores por concepto de reparto de utilidades estarán libres de todo gravamen.
Capítulo 111 Bis De la Capacitación y Adiestramiento de los Trabajadores
Artículo 153-I. En cada empresa se constituirán comisiones mixtas de productividad y capacitación , integradas por igual número de representantes de los trabajadores y del patrón, las cuales vigilarán la instrumentación y operación del sistema y de los procedimientos que se implanten para mejorar la capacitación y el adiestramiento de los trabajadores, y sugerirán la medidas tendientes a perfeccionarlos; todo esto conforme a la necesidades de los trabajadores y de las empresas.
Artículo 153-J. Las autoridades laborales cuidarán que las comisiones mixtas de productividad y capacitación se integren y funcionen oportuna y normalmente, vigilando el cumplimiento de la obligación empresarial de capacitar y adiestrar a los trabajadores.
Artículo 153-K. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social convocará a los patrones, sindicatos y trabajadores libres que formen parte de las mismas ramas industriales o actividades, para constituir comités nacionales de productividad y capacitación de tales ramas industriales o actividades.
Estos comités tendrán facultades para:
Artículo 153-L. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social fijará las bases para determinar la forma de designación de los miembros de los comités nacionales de productividad y capacitación por rama , así como las relativas a su organización y funcionamiento.
Artículo 153-M. En los contratos colectivos de deberán incluirse cláusulas relativas a la obligación empresarial de proporcionar capacitación y adiestramiento a los trabajadores, conforme a planes y programas que satisfagan los requisitos establecidos en este capítulo y podrá consignarse en los propios contratos el procedimiento conforme al cual el patrón capacitará y adiestrará a quienes pretendan ingresar a laborar en la empresa, tomando en cuenta, en su caso, la cláusula de admisión exclusiva.
Además deberán incluirse las cláusulas relativas a los sistemas de productividad y calidad que deberán pactarse atendiendo los principios establecidos en esta ley.
Artículo 153- N. ...
Artículo 153-O. Las empresas en que no rija contrato colectivo de trabajo deberán registrar ante Secretaría del Trabajo y Previsión Social, dentro de los primeros sesenta días de los años impares, los planes y programas de capacitación o adiestramiento que, de común acuerdo con los trabajadores, hayan decidido implantar. Igualmente, deberán informar respecto a la constitución y bases generales a que se sujetará el funcionamiento de las comisiones mixtas de productividad y capacitación.
Artículo 153-P. a 153-S. ...
Artículo 153-T. Los trabajadores que hayan sido aprobados en los exámenes de capacitación y adiestramiento en los términos de este capítulo, tendrán derecho a que la entidad instructora les expida las constancias respectivas, mismas que, autentificadas por la Comisión Mixta de Productividad y Capacitación de la empresa , se harán del conocimiento de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, por conducto de la correspondiente cámara sectorial o, a falta de ésta , a través de las autoridades del Trabajo a fin de que la propia secretaría las registre y las tome en cuenta al formular el padrón de trabajadores capacitados que corresponda, en los términos de la fracción IV del artículo 537.
Artículo 153-U. ...
Artículo 153-V. ...
Si en una empresa existen varias especialidades o niveles de relación con el puesto a que la constancia se refiere, el trabajador, mediante examen que practique la Comisión Mixta de Productividad y Capacitación respectiva acreditará para cual de ellos es apto.
Artículo 153-W. ...
Artículo 153-X. ...
Título Once Autoridades del Trabajo y Servicios Sociales
Artículo 523. La aplicación de las normas del trabajo compete, en sus respectivas jurisdicciones:
Capítulo VI Instituto Nacional de Salarios Mínimos, Productividad y Reparto de Utilidades
Artículo 551. EL Instituto Nacional de Salarios Mínimos, Productividad y Reparto de Utilidades es un organismo público autónomo y descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios.
Artículo 552. Es competencia del Instituto de Salarios Mínimos, Productividad y Reparto de Utilidades:
Artículo 553. El Instituto Nacional de Salarios Mínimos, Productividad y Reparto de Utilidades se integra por:
Artículo 554. Los miembros del cuerpo colegiado del Instituto Nacional de Salarios Mínimos, Productividad y Reparto de Utilidades deberán ser electos por mayoría simple de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a propuesta del presidente de la república. Los miembros del instituto durarán en su cargo cinco años y deberán satisfacer los siguientes requisitos:
Artículo 555. El presidente del Instituto Nacional de Salarios Mínimos, Productividad y Reparto de Utilidades será electo por los miembros del cuerpo colegiado y tendrá las siguientes facultades:
Artículo 556. Es responsabilidad colectiva de los miembros del cuerpo colegiado del Instituto Nacional de Salarios Mínimos, Productividad y Reparto de Utilidades:
Con este fin, los miembros del instituto se apoyarán en un grupo de asesores especializados y en las subcomisiones técnicas que al efecto se creen.
Artículo 557. Las subcomisiones técnicas estarán facultadas para realizar estudios y elaborar propuestas relativas a los salarios de las profesiones oficios, trabajos especiales y actividades económicas, que serán sometidas para su ratificación por el pleno del cuerpo colegiado.
Cuando en una rama de la industria y el comercio se encuentre funcionando un comité nacional de Productividad y Capacitación por rama, según lo establece el artículo 153-K se estará facultado para hacer recomendaciones a las subcomisiones técnicas y al instituto acerca de los incrementos salariales en esa rama de la actividad.
Artículo 558. Las subcomisiones técnicas se crearán en las ramas económicas profesionales o trabajos especiales que determine el pleno del cuerpo colegiado estarán integradas por tres miembros designados por el pleno quienes deberán satisfacer los requisitos establecidos en esta ley.
Artículo 559. El Consejo Consultivo se integrará:
Artículo 560. Los representantes de los trabajadores y los patrones deberán ser mexicanos, mayores de veinticinco años y estar en pleno ejercicio de sus derechos.
Artículo 561. Los representantes de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y de las instituciones académicas deberán cumplir los siguientes requisitos:
Artículo 562. El Consejo Consultivo dispondrá con toda oportunidad de los resultados de los estudios llevados a cabo para determinar la evolución de los índices del costo de la vida, productividad media y de las ramas económicas, así como para proponer el porcentaje de reparto de utilidades, con base en los cuales emitirá recomendaciones al cuerpo colegiado del instituto. Podrá igualmente auxiliarse de asesores técnicos para elaborar sus propios estudios o verificar la calidad de los que le proporcione dicho cuerpo colegiado.
Artículo 563. al 590. (Se derogan.)
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Gracias, diputado Neftalí Garzón Contreras. Tal como ha sido su solicitud, se instruye a la Secretaría para que se inserte íntegro en el Diario de Debates.Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de Trabajo y Previsión Social.
ARTICULOS 25 Y 73 CONSTITUCIONALES
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Tiene la palabra el diputado Ricardo Cantú Garza, para presentar iniciativa que reforma los artículos 25 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por diversos diputados del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
El diputado Ricardo Cantú Garza: Gracias, diputada presidenta.
Compañeras diputadas y compañeros diputados, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo somete a consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa, en la que se propone la adición al párrafo noveno del artículo 25 constitucional y la adición del segundo párrafo a la fracción VIII del artículo 73, ambos de nuestra norma fundamental, con el propósito de que nunca más las deudas de los agentes económicos privados se conviertan en deuda pública y que finalmente, la sociedad mexicana con sus impuestos termine pagando estos pasivos.
Proponemos que se ponga un hasta aquí a quienes en el sistema capitalista en el que nos encontramos inmersos realicen sus actividades económicas a partir de la explotación de los trabajadores y que, cuando los negocios van mal, solicitan que el Estado se haga cargo de sus deudas.
Esta propuesta la hacemos en virtud de que por enésima ocasión el sistema capitalista entró en una crisis a nivel mundial, donde nuestra nación es una de las más golpeadas y los grandes monopolios y oligopolios empiezan a mostrar los primeros síntomas de incapacidad de pago; sólo que ahora esta incapacidad no fue causada exclusivamente por la borrachera de inversiones que realizaron al amparo de la buena marcha de los negocios y el consecuente endeudamiento que asumieron, sino también por haber especulado con los futuros de los precios del petróleo, del tipo de cambio y de otros instrumentos derivados.
En esta misma situación se encuentran los bancos privados de nuestro país, que hicieron préstamos descomunales a las personas y ahora no pueden cobrar esos créditos. Por ejemplo, en los últimos 36 meses el número de tarjetas de crédito pasó de casi 15 millones a 26 millones, y se tiene ya en perspectiva que 700 mil personas dejen de pagar sus créditos. Asimismo, miles de medianas y pequeñas empresas ya han sido embargadas por los bancos para recuperar sus préstamos.
Esta experiencia de rescate de la insolvencia de los grandes monopolios y oligopolios ya la vivimos cuando el 1 de septiembre de 1982 el entonces presidente José López Portillo nacionalizó la banca. Asimismo, cuando se rescató a los grandes corporativos a través del Fideicomiso de Cobertura de Riesgos Cambiarios para que transformaran los créditos contratados en dólares, antes del 20 de diciembre de 1982, a pesos. Posteriormente, este programa fue popularmente conocido como el Ficorca, creado por un acuerdo de la Secretaría de Programación y Presupuesto, designando como fiduciario al Banco de México.
El Ficorca empezó a operar a principios de mayo de 1983, y mediante él las empresas transformaron sus deudas de dólares a pesos a un tipo de cambio subsidiado por el gobierno federal.
En 1998 rescatamos a los banqueros de nuestra nación, por más de 140 mil millones de dólares, y la Cámara de Diputados aprobó la Ley de Protección al Ahorro Bancario, el 13 de diciembre de ese año, para administrar estas triquiñuelas con cargo al erario federal.
No debemos olvidar que la Cámara de Diputados ordenó la realización de una auditoría de las operaciones financieras de los bancos para verificar la legalidad de los créditos otorgados por ellos, y que serían asumidos como pasivos con garantía del gobierno federal.
Tampoco podemos olvidar que los bancos beneficiados se negaron, a pesar de que tenían obligación de hacerlo, a proporcionar la información que les requirió el auditor canadiense Mackey, motivo por el cual nunca pudimos saber cuál fue la verdadera magnitud de los créditos irregulares, que incluían autopréstamos y otras operaciones también irregulares que terminaron en la panza del Fobaproa-IPAB.
Conviene recordar que el monto de los bienes que garantizaban los pasivos que asumió el Fobaproa-IPAB no eran más del 20 por ciento del pasivo total de los pagarés que administraría el organismo. Estos activos, representados por bienes inmuebles y muebles, han sido malbaratados a los Bribiesca, hijos de Marta Sahagún, y otra parte fue transferida como pago de factura a quienes financiaron la campaña de Vicente Fox y de Felipe Calderón.
En esas circunstancias, es necesario tomar el control de este problema y poner un freno a la descapitalización de la economía y al saqueo del esfuerzo productivo nacional para que nunca más, ahora sí nunca más, volvamos a ser sorprendidos por quienes hegemonizan el poder político y económico de nuestra nación, ni descarguen sus pérdidas sobre las espaldas del pueblo mexicano.
Compañeras diputadas y compañeros diputados, en derecho constitucional comparado contamos con el referente inmediato de que en la hermana República del Ecuador, en su nueva Constitución Política aprobada por el pueblo mediante referéndum el 28 de septiembre del año en curso, en vigor a partir de su publicación en el registro oficial el pasado 20 de octubre de este año, se establecen principios similares a los que son materia de la presente iniciativa.
En ése sentido, compañeros diputados, en virtud de la crisis actual que estamos viviendo y ante la posibilidad de que nuevamente la crisis bancaria que se está dando en otros países, que ya se está generando en México, traiga la tentación de que nuevamente se usen recursos públicos para proteger a los grandes banqueros o a los grandes monopolios en México, debemos establecer en nuestra Constitución esta prohibición para que ya no volvamos a ser saqueados, como ha sucedido en el pasado.
Que sigamos el ejemplo de otros pueblos como el ecuatoriano, que ya tienen en su Constitución la prohibición de que deudas privadas pasen a convertirse en deudas públicas como la que dimos con el Fobaproa, y que actualmente estamos pagando, que seguiremos pagando por 20 o 30 años más, para beneficio solamente de los banqueros.
Tal situación ni siquiera la aceptaron en los gobiernos de Inglaterra o de Irlanda, en donde en vez de adquirir la deuda de los bancos, lo que hicieron fue hacerse accionistas de los bancos, propietarios de los bancos, para evitar caer en situaciones tan lamentables como la que tenemos en México actualmente, por el trato que se le dio a la crisis con el asunto del Fopabroa-IFAP. Es cuanto, diputada presidenta.
«Iniciativa que reforma los artículos 25 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario del PT
Los suscritos, diputados federales a la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados la presente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona los artículos 25 y 73 y reforma el primer párrafo de la fracción VIII del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, bajo la siguiente
Exposición de Motivos
El Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo somete a la consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa en la que se propone la adición de un párrafo noveno al artículo 25 Constitucional y la adición del segundo párrafo a la fracción VIII del artículo 73, ambos de nuestra norma fundamental, con el propósito de que nunca más las deudas de los agentes económicos privados, se conviertan en deuda pública y que finalmente la sociedad mexicana, con sus impuestos, termine pagando estos pasivos.
Proponemos que se ponga un ``hasta aquí'', a quienes en el sistema capitalista en el que nos encontramos inmersos, realicen sus actividades económicas a partir de la explotación de los trabajadores y que cuando los negocios van mal, solicitan que el Estado se haga cargo de sus deudas.
Esta propuesta la hacemos en virtud de que por enésima ocasión el sistema capitalista entra en crisis a nivel mundial, donde nuestra nación es una de las más golpeadas y los grandes monopolios y oligopolios empiezan a mostrar los primeros síntomas de incapacidad de pago.
Sólo que ahora esta incapacidad no fue causada exclusivamente por la borrachera de inversiones que realizaron al amparo de la buena marcha de los negocios y el consecuente endeudamiento que asumieron, sino también por haber especulado con los futuros de los precios del petróleo, del tipo de cambio y de otros instrumentos derivados.
En esta misma situación se encuentran los bancos privados de nuestro país, que hicieron préstamos descomunales a las personas y ahora no pueden cobrar esos créditos. Por ejemplo, en los últimos 36 meses el número de tarjetas de crédito pasó de casi 15 millones a 26 millones y se tiene ya en perspectiva que 700 mil personas dejen de pagar sus créditos. Asimismo, miles de medianas y pequeñas empresas ya han sido embargadas por los bancos para recuperar sus préstamos.
Esta experiencia de rescate de la insolvencia de los grandes monopolios y oligopolios ya la vivimos cuando el 1 de septiembre de 1982, el entonces Presidente José López Portillo nacionalizó la banca. Asimismo, cuando se rescató a los grandes corporativos a través del Programa de Cobertura de Riesgo Cambiario para que transformaran los créditos contratados en dólares entes del 20 de diciembre de 1982 a pesos.
Posteriormente este programa fue popularmente conocido como el Ficorca, creado por un acuerdo de la Secretaría de Programación y Presupuesto, designando como fiduciario al Banco de México.
El Ficorca empezó a operar a principios de mayo de 1983 y a través de él las empresas transformaron sus deudas en dólares a pesos, a un tipo de cambio subsidiado por el gobierno federal.
En 1998 rescatamos a los banqueros de nuestra nación por más de 140 mil millones de dólares y la Cámara de Diputados aprobó la Ley del Instituto de Protección al Ahorro Bancario el 13 de diciembre de ese año para administrar estas triquiñuelas con cargo al erario federal.
No debemos olvidar que esta Cámara de Diputados ordenó la realización de una auditoría de las operaciones financieras de los bancos, para verificar la legalidad de los créditos otorgados por ellos y que serían asumidos como pasivos con garantía del gobierno federal.
Tampoco podemos olvidar que los bancos beneficiados se negaron, a pesar de que tenía obligación de hacerlo, a proporcionar la información que les requirió el auditor canadiense Michael Mackey, motivo por el cual nunca pudimos saber cuál fue la verdadera magnitud de los créditos irregulares, que incluían autopréstamos y otras operaciones también irregulares, que terminaron en la panza del Fobaproa-IPAB.
Conviene recordar que el monto de los bienes que garantizaban los pasivos que asumió el Fobaproa-IPAB no eran más del 20 por ciento del pasivo total de los pagarés que administraría el organismo. En estos activos representados por bienes inmuebles y muebles han sido malbaratados a los Bribiesca, hijos de Martha Sahagún y otra parte fueron transferidos como pago de factura a quienes financiaron la campaña de Vicente Fox y de Felipe Calderón.
Por otra parte, los problemas de sobreendeudamiento exterior del sector público, llevaron al gobierno del entonces Presidente Ernesto Zedillo en marzo de 1995, a utilizar como garantía prendaria frente a los acreedores del extranjero, los recursos provenientes de las exportaciones petroleras de Pemex.
En esas circunstancias, es necesario tomar el control de este problema y poner un freno a la descapitalización de la economía y del saqueo del esfuerzo productivo nacional, para que nunca más, ahora sí nunca más, volvamos a ser sorprendidos por quienes hegemonizan el poder político y económico en nuestra nación y descarguen sus pérdidas sobre las espaldas del pueblo mexicano.
Compañeras y compañeros diputados: en el derecho constitucional comparado contamos el referente inmediato de que la hermana República de Ecuador, en su nueva constitución política, aprobada por el pueblo mediante referéndum el 28 de septiembre del año en curso y en vigor a partir de su publicación, en el registro oficial el pasado 20 de octubre de este año, se establecen principios similares a los que son materia de la presente iniciativa.
Para consagrar lo anterior, estamos proponiendo hacer adiciones a los artículos 25 y 73 de nuestra constitución, porque, como se sabe, el actual artículo 25 constitucional, reformado en virtud del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del 3 de febrero de 1983, establece el concepto de la rectoría del desarrollo económico nacional. De igual forma se establece en el tercer párrafo de dicho artículo, la concurrencia de los sectores público, social y privado al desarrollo económico de la nación.
Sin embargo, es claro el carácter de clase del Estado mexicano y los intereses a los cuales sirve y que no siempre son el de las grandes mayorías que no cuentan ni con empleo ni con los mínimos satisfactores para proveer a sus necesidades.
Nuestro país cuenta en la actualidad con más de cuarenta millones de mexicanos que se encuentran en pobreza extrema. Además, el actual entorno económico nacional y mundial no prevé que se generen condiciones óptimas para crear más empleos.
Incluso, el actual entorno económico nos muestra que los agentes económicos privados en lugar de generar riqueza a partir de la producción invierten en el mercado financiero con la volatilidad que esto implica, poniendo además a nuestra moneda en una situación de vulnerabilidad, ponen en riesgo los pocos empleos que tenemos y hacen inviable la generación de nuevos empleos.
Proponemos, también, la adición de un párrafo segundo a la fracción VIII, del artículo 73 constitucional.
En el texto original de la Constitución de 1917 esta fracción VIII facultaba al Congreso de la Unión ``para dar bases sobre las cuales el ejecutivo pueda celebrar empréstitos sobre el crédito de la nación; para aprobar esos mismos empréstitos y para reconocer y mandar pagar la deuda nacional''.
Esta fracción VIII se ha reformado en múltiples ocasiones para dotar al Congreso de mayores facultades en materia de autorización, del manejo y pago de la deuda.
En la actualidad es el Congreso de la Unión quien faculta en la Ley de Ingresos de la Federación al presidente de la República para contratar deuda pública, así como lo que se dispone en la Ley General de Deuda Pública.
Proponemos la eliminación en la parte final del párrafo primero del punto y coma para ser sustituida por un punto y aparte que permita la adición del nuevo segundo párrafo que se propone, para este artículo.
Por las consideraciones antes expuestas y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados, la presente iniciativa con proyecto de
Decreto de adición a los artículos 25 y 73 y de reforma al primer párrafo de la fracción VIII del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo Primero. Se adiciona un párrafo noveno al Artículo 25; y se adiciona un párrafo segundo a la fracción VIII del artículo 73, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 25. ...
...
...
...
...
...
...
...
En ningún caso el Estado mexicano emitirá leyes, decretos, acuerdos, contratos o disposiciones de carácter general mediante los cuales se convierta en pública la deuda de agentes económicos privados.
Artículo 73. ...
Transitorios
Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. El Congreso de la Unión, en un plazo no mayor a seis meses contados a partir del inicio de vigencia del presente decreto, realizará las adecuaciones que correspondan a la legislación secundaria en la materia, para ponerlas en concordancia con el contenido de este decreto.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Muchas gracias.
El diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva (desde la curul): Presidenta.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: ¿Diputado, con qué objeto? Sonido a su curul, por favor. ¿Diputado Cuauhtémoc Velasco?
El diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva (desde la curul): Que por su conducto le pregunte al diputado Cantú si aceptaría que suscribiera también esa iniciativa, que me parece tan importante.
El diputado Ricardo Cantú Garza: Sí, con mucho gusto diputado Cuauhtémoc.
El diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva (desde la curul): Muchas gracias.
La diputada Irene Aragón Castillo (desde la curul): Presidenta.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Diputada Aragón Castillo.
La diputada Irene Aragón Castillo (desde la curul): Gracias, presidenta. Sí, por su conducto quiero solicitar al diputado Cantú Garza sumarme a la propuesta.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: ¿Acepta usted?
El diputado Ricardo Cantú Garza: Con mucho gusto, diputada. Gracias.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Muchas gracias.Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Queremos agradecer, hoy tenemos muchos visitantes y queremos agradecer la presencia de alumnos de tercero y noveno semestres de la Universidad Politécnica de Tulancingo de Bravo, Hidalgo, que a invitación de la diputada Oralia Vega Ortiz, nuestra compañera, hoy se encuentran aquí con nosotros.
De igual manera, alumnos y maestros de la Universidad Anáhuac, del Estado de México, invitados por nuestro compañero diputado Alejandro Landero Gutiérrez . Sean ustedes, también, bienvenidos.
Tenemos también invitados especiales de Querétaro, invitados por el compañero diputado Francisco Domínguez Servién .
Asimismo, alumnos y maestros de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, invitados por el diputado Juan Carlos Velasco Pérez .
Y tenemos dos grupos de maestros de diferentes escuelas primarias, invitados por la diputada Blanca Luna Becerril . Sean todos ustedes bienvenidos a este recinto legislativo.
LEY GENERAL DE SALUD
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Se recibió del diputado Efraín Morales Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud.
La Secretaria diputada Margarita Arenas Guzmán: «Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Efraín Morales Sánchez , del Grupo Parlamentario del PRD
El que suscribe, diputado Efraín Morales Sánchez , integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona la Ley General de Salud, en materia de enfermedades transmisibles, emergentes y reemergentes, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), es evidente que, pese a los enormes adelantos que ha habido en años recientes en el control de las enfermedades infecciosas, éstas siguen siendo un gravísimo problema y continúan representando una enorme amenaza para muchos países, incluido nuestro país. Algunas son de aparición reciente y se suman a otras enfermedades que la humanidad ya conocía pero que emergen de nuevo, tras un periodo prolongado de inactividad.
Al respecto, la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México agrega que en general las enfermedades que afectan a los seres humanos cambian lentamente y una vez que se establecen se mantienen por largo tiempo. El cortejo sintomático de casi todas ellas es similar. El organismo humano siempre ha padecido de dolor, anorexia, tos, disnea, fiebre, nausea, vomito, diarrea, sangrado y muchos otros síntomas o combinaciones entre ellos. Pero el concepto de enfermedad va más allá de los síntomas; incorpora también el conocimiento de su etiología, del agente causal y de los factores que la condicionan; considera la epidemiología e historia natural, la fisiopatología, el diagnóstico, tratamiento y pronóstico y, eventualmente, de las ideas o conceptos que la población en general tiene de una enfermedad en particular. Todo ello acaba conformando el significado o el efecto de una enfermedad.
El concepto de enfermedades nuevas incluye a enfermedades de reciente aparición, no conocidas anteriormente. El rótulo de ``nuevas'' no necesariamente implica que esta enfermedad no existiera previamente sino que se refiere fundamentalmente a su reciente identificación, conocimiento, extensión o gravedad. Y es por lo anterior que, al considerar a las nuevas enfermedades, ello se hace en el contexto de enfermedades emergentes o reemergentes.
Así, la definición de enfermedades emergentes considera tanto a padecimientos relacionados a nuevos agentes como a enfermedades con factores causales ya conocidos, pero que recientemente han adquirido carácter epidémico. Se convierten en amenaza y ocurren en regiones en las que antes no existían.
Por su parte, las enfermedades reemergentes incluyen a aquéllas anteriormente conocidas y controladas o tratadas eficazmente y cuya frecuencia o mortalidad se encuentra en la actualidad en constante aumento.
En este mismo tenor, entre otras, la Organización Panamericana de la Salud, la Facultad de Medicina de la UNAM, el Instituto Nacional de Salud Pública, investigadores nacionales y extranjeros --de forma particular--, y los participantes en el sexto Congreso internacional sobre desastres y en el segundo Seminario internacional de administración de riesgos --que se celebraron conjuntamente en la Habana, del 25 al 28 de noviembre de 2003-- anotan que las enfermedades transmisibles fueron una importante causa de morbilidad y de mortalidad, pero que el descubrimiento en el último tercio del siglo XIX de sus agentes causales, y el conocimiento de los reservorios, fuentes de infección, mecanismos de transmisión y factores de susceptibilidad llevaron al establecimiento de medidas preventivas con base científica que permitieron, conjuntamente con el desarrollo socioeconómico, disminuir de manera importante su incidencia y, sobre todo, su mortalidad en los países desarrollados.
Asimismo, señalan que desde el inicio y hasta antes de los setenta del siglo XX, la Organización Mundial de la Salud y los países desarrollados, principalmente, estimaban que saneando, vacunando y aislando las enfermedades trasmisibles, iban en poco tiempo a dejar de suponer un problema de salud, por lo que sus principales esfuerzos estuvieron dirigidos principalmente al control de las enfermedades transmisibles, obteniendo éxitos importantes, entre los que destacan la eliminación del paludismo de amplias zonas del planeta y la erradicación mundial de la viruela, existiendo también el propósito de erradicar, antes de que finalizara el siglo, la dracunculosis y la poliomielitis. Aunque, potencialmente, podrían ser erradicadas las filariasis linfáticas, parotiditis, sarampión, teniasis solium y saginata y las cisticercosis.
Sin embargo, lamentablemente, coincidiendo con las instancias y los investigadores referidos, podemos asegurar con base en la realidad actual e incluso desde antes que, para la mayoría de las enfermedades infecciosas, la erradicación no es ni será un objetivo realista.
Asimismo, los mencionados coinciden en señalar que la aparición de las enfermedades emergentes y reemergentes se asocia con factores de diversa índole. Si bien el origen y la evolución de los agentes etiológicos han sido suficientemente documentados en la mayoría de los casos, la aparición de estas enfermedades depende de una compleja interacción de distintos factores, tanto biológicos --variabilidad y adaptabilidad genética de los microorganismos causantes-- como sociales --auge del comercio internacional y de los movimientos poblacionales por razones turísticas o migratorias, hacinamiento, inadecuada manipulación de los alimentos y analfabetismo, entre otros-- y económicos --ausencia de servicios básicos de saneamiento ambiental, desnutrición, falta de agua y de sistemas de alcantarillado. Todos estos factores crean además las condiciones propicias para la propagación de estas infecciones y facilitan la circulación de los agentes patógenos y la transmisión de las infecciones y epidemias entre los diversos países y regiones; situación agravada por las ineficiencias de los sistemas de salud pública, entre ellas, una vigilancia epidemiológica deficiente, un número insuficiente de laboratorios de salud pública para la detección y un diagnóstico de las enfermedades, de los mecanismos de prevención y del control inadecuados.
Sin duda, todos y cada uno de los anteriores, por sí mismos, tienen un peso categórico y dramático en la presencia, el resurgimiento y en el desarrollo actual de estas enfermedades. Y, para dimensionar su trascendencia y la gravedad de esos factores, vale detallar algunos de estos; por eso, nos detendremos en el primero de los enlistados. En virtud de que los microorganismos como organismos vivientes, están en constante evolución. La aparición de bacterias resistentes a los antibióticos, como resultado de la ubicuidad de los antimicrobianos en el ambiente es una lección sobre la adaptación microbiana, así como una demostración del poder de la selección natural. La aparición de bacterias resistentes a los antibióticos y de parásitos resistentes a los microbianos se ha hecho frecuente por el uso indiscriminado de antibióticos en numerosas afecciones. Los agentes patógenos pueden adquirir nuevos genes de resistencia a los antibióticos de otras especies del medio ambiente, a menudo no patógenos, seleccionados por la presión del uso de antibióticos.
Destaca el hecho de que muchos antibióticos se utilizan para tratar infecciones contra las cuales no están indicados, se administran a dosis inadecuadas y durante un periodo de tiempo incorrecto.
Son factores que contribuyen al desarrollo de la resistencia a los antibióticos los siguientes:
No obstante todo lo señalado y lo último referido, en los setenta y ochenta disminuyó el interés y la atención prestada a las enfermedades transmisibles por parte de los funcionarios de salud pública, médicos e investigadores y, consecuentemente, entre la población en general. Convirtiéndose, entonces, las enfermedades crónico-degenerativas en el centro de su atención, con base a la errónea creencia de que las enfermedades transmisibles estaban vencidas, que era algo que pertenecía al pasado y al falso sentimiento de seguridad sobre los peligros suscitados por las enfermedades infecciosas, a lo que contribuyó la percepción equivocada de que los sofisticados sistemas asistenciales de los países desarrollados, con su conjunto de tecnologías médicas y el potente arsenal terapéutico, eran capaces de desarmar y resolver cualquier amenaza infecciosa.
Tal fue el desdén que los resultados netos de estos cambios fueron una disminución en conjunto de los programas frente a las enfermedades transmisibles, del deterioro de los esfuerzos de vigilancia, olvidados en la priorización de las asignaciones presupuestarias y una disminución de la pericia técnica frente a las enfermedades infecciosas tradicionales.
Esta erosión de la atención y de la infraestructura alrededor de las enfermedades transmisibles afectó directamente a la capacidad mundial para reconocer y responder a las enfermedades emergentes y reemergentes.
Por ello, y atentos a la experiencia acumulada, se demuestra que una gran parte de las muertes que se producen debido a las enfermedades infecciosas emergentes y reemergentes podrían evitarse mediante la elaboración y puesta en marcha de estrategias preventivas y terapéuticas eficaces, tal como lo señala la OPS.
En este sentido, refiriéndonos a nuestro país, entre muchas otras enfermedades transmisibles, emergentes y reemergentes, debemos destacar, como muestras de muchas otras que nos afectan y más que nos pueden afectar, el sida, el virus del papiloma humano y las infecciones por el virus de la hepatitis C; ejemplos dramáticos y de trascendental importancia que vinieron a demostrar cuan equivocados estábamos con respecto de la vigilancia y atención de estas enfermedades.
Al respecto, los investigadores del Instituto Nacional de Salud Pública, en el caso del VIH-sida, refieren que hasta 2001 se habían registrado a nivel mundial 24 millones de muertos, que existían 40 millones de personas viviendo con el VIH, de los cuales, 37.1 millones eran adultos y de estos 18.5 eran mujeres; y que en ese mismo año se habían infectado 4.2 millones de adultos y de estos la mitad fueron mujeres.
Asimismo, las estadísticas comienzan a registrar un nuevo dato preocupante: los niños huérfanos por el sida, a la fecha, ascienden a 14 millones en todo el mundo.
De todas las personas que viven con el VIH-sida en el mundo, 95 por ciento se localiza en países en desarrollo, lo que indujo a clasificar al VIH-sida como una enfermedad de la pobreza. Actualmente, la epidemia se concentra en las áreas marginales de las grandes ciudades de los países en desarrollo y, de manera creciente, en zonas rurales.
En México existen algunas diferencias regionales, pues mientras que en los estados del norte crece la transmisión vinculada al uso de drogas, en especial en las zonas de frontera, en los estados del sur y, en particular, en las zonas rurales se incrementa la transmisión heterosexual-bisexual del VIH y aumenta la infección en mujeres y la transmisión perinatal.
Las estadísticas actuales muestran que en México alrededor de 15 por ciento de las personas infectadas son mujeres y, si bien existe polémica al respecto, se sospecha que este número se incrementa, tal como reportan las personas que trabajan con la comunidad en muchos estados del país, particularmente en las zonas de frontera y rurales. En la frontera sur y en estados pobres (Chiapas, Tlaxcala, Hidalgo y Puebla) hay 3 hombres por cada mujer infectada, lo que se aleja de la proporción nacional de 6 hombres por 1 mujer.
Con relación al virus del papiloma humano (VPH), la Asociación Mexicana de Infectología Pediátrica, en agosto de 2006 refiere que el virus del papiloma humano es altamente contagioso, así que es posible contagiarse al exponerse al virus una sola vez. Se calcula que mucha gente se contagia con el VPH en los primeros 2 o 3 años de haber iniciado su actividad sexual. De acuerdo con la OMS, dos terceras partes de las personas que tienen contacto sexual con una persona infectada desarrollarán una infección por el VPH en tres meses.
Así pues, el virus del papiloma humano es un virus común que afecta tanto a hombres como a mujeres. Existen más de 100 diferentes tipos de VPH. Probablemente es más común de lo que pensamos. Así, en 2001, la Organización Mundial de la Salud calculó que alrededor de 630 millones de personas en todo el mundo (de 9 a 13 por ciento) estaban infectadas con el VPH. Y para 2002, en nuestro país, la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer registro 12 mil 516 nuevos casos y 5 mil 777 muertes por este padecimiento, es decir, 12 mujeres mueren diariamente por cáncer cervicouterino en México.
El cáncer cervicouterino es producido por el virus del papiloma humano que afecta las células epiteliales de la piel y las mucosas.
Finalmente, en este breve recuento, de importancia resulta por su magnitud y devastadores efectos y múltiples factores de riesgo la infección por el virus de la hepatitis C. Respecto a la cual, tanto la Asociación Mexicana de Hepatología y la Fundación Mexicana para la Salud Hepática señalan que más de 180 millones de personas de todo el mundo están infectadas por el virus de la hepatitis C (VHC) y que de 3 a 4 millones de personas se infectan cada año.
En el caso de nuestro país, se ha estimado aproximadamente 1 millón 300 mil personas infectadas, de entre 30 y 50 años, eminentemente población económicamente activa con aproximadamente 3 por ciento de la población infectada. No cabe duda de que la infección por el VHC se ha convertido en un importante problema de salud a nivel mundial y de nuestro país.
A lo anterior se añaden los problemas asociados a la falta de conciencia del problema de la infección por VHC en la sociedad y un nivel generalmente bajo de comprensión de los aspectos básicos de esta enfermedad grave y potencialmente mortal.
La infección por el virus de la hepatitis C es la causa más frecuente de hepatitis crónica (inflamación del hígado durante más de 6 meses). Esto es, debido a que el virus utiliza mecanismos únicos y complejos para prevenir y evadir o alterar la respuesta del sistema de defensa de la persona infectada. Por ejemplo, es un virus que se multiplica muy rápido (de 10 mil millones a 100 mil millones virus al día), y además cambia con mucha frecuencia (mutaciones), lo que lleva a que el sistema de defensa no lo pueda reconocer y eliminar.
La hepatitis es la enfermedad en la que el hígado se inflama. Consecuentemente, la inflamación ocasiona que el hígado funcione mal. Las causas de lo anterior y más frecuentes son las siguientes:
Un aspecto de la mayor importancia en esta epidemia es el que se refiere al gran número de factores de riesgo que propician su aparición y evolución. Entre otros factores de riesgo importantes son las transfusiones de sangre, plasma, plaquetas o albúmina antes de 1992; si se sospecha que recibió algún producto derivado de la sangre por una cirugía practicada antes de esa fecha; si se han hecho tatuajes o perforaciones; si han tenido relaciones sexuales de riesgo; si se han consumido alimentos o agua contaminados; o si se es obeso.
Expuesto lo anterior, y necesariamente reiterativo, es claro que no se cumplió el pronóstico que auguraba el final de las enfermedades transmisibles. Pues estamos iniciando el siglo XXI y, mientras algunas disminuyen o desaparecen, surgen otras nuevas y aumentan algunas que se consideraban controladas.
Por lo que la OPS manifiesta que la prevención de epidemias, epizootias y plagas, y la toma de medidas adecuadas para mitigarlas, no es sólo responsabilidad de los organismos profesionales que normalmente se encargan de estas actividades en los diferentes países.
Por tratarse de una situación de desastre, es necesario que la participación sea multisectorial, conforme a la magnitud del efecto de estas enfermedades sobre la población y la economía, especialmente en los países pobres.
Por eso mismo, sostiene que el elemento básico de cualquier estrategia de lucha contra las enfermedades emergentes y reemergentes y las epidemias que éstas pueden causar es el establecimiento de un sistema de vigilancia orientado a detectar la presencia de esas enfermedades a tiempo para tomar medidas de control adecuadas.
Finalmente, en el caso de nuestro país vale señalar que no desconocemos lo previsto y establecido en la Ley General de Salud y en diversas normas oficiales mexicanas con relación a las enfermedades transmisibles. No obstante, acordes con todo lo antes señalado, consideramos menester el reforzamiento, precisión y actualización en todos los órdenes, empezando, por supuesto, por las normas y la legislación que regula el derecho a la protección de la salud, con el propósito de contribuir a la prevención y atención de estas enfermedades.
Por ello, para poder evitar o mitigar los graves efectos de estas epidemias, debemos darle un lugar prioritario en la agenda nacional a la vigilancia de las enfermedades emergentes y reemergentes, y poner en marcha un conjunto de medidas para combatirlas. Por tanto, son necesarias una serie de mejoras en los sistemas de salud pública, el diseño de programas e infraestructura sanitaria y establecer una interrelación, cooperación y coordinación entre un amplio rango de organizaciones públicas y privadas.
Y que el principal objetivo de los sistemas sanitarios debe ser evitar la aparición de todas las enfermedades y, por supuesto, de las emergentes y reemergentes transmisibles. Por ello, la implantación de medidas preventivas debe asumirse como una prioridad y, dentro de ellas, la vigilancia de salud pública es fundamental.
Por tanto, es menester esencial y cualitativo la vigilancia epidemiológica permanente. Pero esto no se improvisa, exige un trabajo de tiempo, una puesta a punto de todo el sistema sanitario, en el que la elaboración de protocolos, su consenso y su difusión son fundamentales, e indiscutiblemente contar con los presupuestos suficientes y crecientes para su implantación continúa. Actuar informados y todos del mismo modo son algunas de las claves del éxito. Por eso el desarrollo y la modernización de los sistemas de información y vigilancia y salud pública son prioritarios y urgentes.
Expuesto y fundado lo anterior, someto a consideración de esta honorable asamblea iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de la prevención y eliminación de las enfermedades transmisibles, emergentes y reemergentes.
Primero. Se modifica la denominación del Capítulo II del Título Octavo, el párrafo primero, las fracciones I, VIII y XIV del artículo 134, y el artículo 135 de la Ley General de Salud.
Ley General de Salud
Título Octavo Prevención y Control de Enfermedades y Accidentes
Capítulo II Enfermedades transmisibles, emergentes y reemergentes
Artículo 134. La Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidades federativas, en sus respectivos ámbitos de competencia, realizarán, permanente y periódicamente, actividades de vigilancia epidemiológica, de prevención y control, en general, de las enfermedades transmisibles, emergentes y reemergentes, tal es el caso, actualmente, de las siguientes:
Artículo 135. La Secretaría de Salud elaborará y llevará a cabo, en coordinación con las instituciones del sector salud y con los gobiernos de las entidades federativas, programas o campañas, temporales o permanentes, para el control o erradicación de aquellas enfermedades transmisibles, emergentes o reemergentes, que constituyan un problema real o potencial para la salubridad general de la república.
Segundo. Se modifica el párrafo II de la fracción IV del artículo 136; y los artículos 137, 140, 141,142, 147 y 151 de la Ley General de Salud
Artículo 136. ...
Artículo 137. Las personas que ejerzan la medicina o que realicen actividades afines están obligadas a dar aviso a las autoridades sanitarias de los casos de enfermedades transmisibles, emergentes o reemergentes, posteriormente a su diagnóstico o sospecha.
Artículo 140. Las autoridades no sanitarias cooperarán en el ejercicio de la acción para combatir las enfermedades transmisibles, emergentes o reemergentes, estableciendo las medidas que estime necesarias, sin contravenirlas disposiciones de esta ley, las que expida el Consejo de Salubridad General y las normas oficiales mexicanas que dicte la Secretaría de Salud.
Artículo 141. La Secretaría de Salud coordinará sus actividades con otras dependencias y entidades públicas y con los gobiernos de las entidades federativas para la investigación, prevención y control de las enfermedades transmisibles, emergentes o reemergentes.
Artículo 142. Los profesionales, técnicos y auxiliares de la salud, al tener conocimiento de un caso de enfermedad transmisible, emergentes o reemergentes, están obligados a tomar las medidas necesarias, de acuerdo con la naturaleza y características del padecimiento, aplicando los recursos a su alcance para proteger la salud individual y colectiva.
Artículo 147. En los lugares del territorio nacional en que cualquier enfermedad transmisible, emergente o reemergente, adquiera características epidémicas graves, a juicio de la Secretaría de Salud, así como en los lugares colindantes expuestos a la propagación, las autoridades civiles, militares y los particulares estarán obligados a colaborar con las autoridades sanitarias en la lucha contra dichas enfermedades.
Artículo 151. El aislamiento de las personas que padezcan enfermedades transmisibles, emergentes o reemergentes, se llevará a cabo en sitios adecuados a juicio de la autoridad sanitaria.
Transitorio
Único. La Secretaría de Salud deberá emitir, en un plazo no mayor de 90 días hábiles a partir de la entrada en vigor del presente decreto, las reformas necesarias a la normatividad reglamentaria y las modificaciones a las normas oficiales mexicanas vigentes que correspondan y, en su caso, la creación de nuevas que ordenen técnicamente la prevención y la atención de las enfermedades transmisibles, emergentes o reemergentes, que actualmente o en el futuro afecten a la población.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Túrnese a la Comisión de Salud.
LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Tiene la palabra el diputado Martín Óscar González Morán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa que adiciona el artículo 24 Bis a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.
El diputado Martín Óscar González Morán: Con su venia, diputada presidenta.
Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, el problema alimentario mundial se manifiesta en el incremento a los costos de los alimentos, afectando la capacidad de compra de la población. La crisis alimentaria se traduce en oferta y demanda, y los factores que influyen son el aumento a los precios de los combustibles, el cambio climático, el calentamiento global, los desastres naturales y la especulación comercial y financiera son elementos que influyen en los precios.
Dentro de la demanda, un factor ha sido el incremento del poder adquisitivo de las clases medias en países como China e India y la utilización de granos para la producción de biocombustibles.
Es importante considerar el incremento que han tenido los precios internacionales de los cereales, generado por la creciente demanda. Un ejemplo: el precio del arroz blanco de Tailandia pasó de 325 dólares la tonelada en marzo de 2007 a 853 en el mismo mes de 2008. Por su parte, el maíz amarillo estadounidense pasó de 150 dólares la tonelada en abril de 2007 a 247 dólares en el mismo mes del presente año.
De ahí la importancia de las políticas públicas que la mayoría de los gobiernos ha desarrollado para minimizar los efectos de las crisis alimentarias en sus economías nacionales.
En el caso de México, incrementar la producción de alimentos mediante la aplicación efectiva de políticas públicas enfocadas al desarrollo rural sustentable, viendo al campo como una respuesta viable. En materia de política alimentaria es importante incrementar la producción agropecuaria, la pesquera y el contenido nutrimental de los alimentos elaborados y al mismo tiempo la aplicación de medidas que aumenten la seguridad, creando reservas estratégicas de alimentos.
Se anunciaron, por parte del gobierno del presidente Felipe Calderón, medidas para facilitar el acceso a los alimentos a través de precios competitivos, impulsar la producción agropecuaria y proteger a la población económicamente vulnerable.
En ellas destacan, la eliminación de aranceles para productos básicos, el aumento en las cuotas de importación libres de arancel, acuerdo con productores y cadenas comerciales para restringir alzas en los precios.
La eliminación de aranceles sobre la importación de insumos para la fabricación de fertilizantes, esquemas de créditos para pequeños productores, técnicas al campo y financiamiento para la compra de maquinaria.
Referente a las medidas del gobierno federal para proteger a la población se encuentran las siguientes: la comercialización de productos básicos a bajo costo en comunidades marginadas. La creación de una reserva de granos y apoyo económico a familias que viven en condiciones de pobreza.
En atención a lo expuesto someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 24 Bis a la Ley de De-sarrollo Rural Sustentable
Artículo único. Se adiciona el artículo 24 Bis a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, para quedar como sigue:
Artículo 24 Bis. Se podrán integrar, dentro de los consejos nacional, estatales, distritales y municipales, cuando así se considere necesario, comités consultivos alimentarios con miembros del consejo para opinar en éste en materia de producción agropecuaria, utilizando los criterios de factibilidad técnica y económica, considerando las características agroecológicas, económicas, sociales y culturales del ámbito territorial en cuestión.
Podrán participar en los comités consultivos alimentarios, además de los miembros del consejo, profesionistas inscritos en el padrón de prestadores de servicios del sector rural pertenecientes al Sistema Nacional de Capacitación y Asistencia Técnica Rural e Integral, al que hace referencia esta ley en el capítulo III, del título tercero, en su carácter de expertos en los temas abordados por los comités, con la finalidad de reforzar la opinión técnica de dichos comités que éstos puedan emitir en el seno del consejo.
Transitorio. Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de noviembre de 2008. Diputada presidenta, solicito que se integre el texto íntegro en el Diario de los Debates. Muchísimas gracias.
«Iniciativa que adiciona el artículo 24 Bis a la Ley de De-sarrollo Rural Sustentable, a cargo del diputado Martín Óscar González Morán, del Grupo Parlamentario del PAN
El suscrito, diputado federal Martín Óscar González Morán, de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un artículo 24 Bis a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
El problema alimentario global se ha reflejado en un incremento desmedido en los precios de los productos agrícolas para los consumidores, afectando la capacidad de compra de la población de bajos recursos en todos los países.
La crisis alimentaria se explica tanto por cuestiones de oferta como de demanda. Entre los principales factores que influyen en la oferta de alimentos se encuentran los siguientes: el aumento en los precios del petróleo, gas y otros combustibles; el cambio climático y el calentamiento global, los cuales influyen a través de efecto creciente de los desastres naturales, como los huracanes, ciclones, etcétera; la especulación comercial de acaparadores y la especulación financiera que influye a través de los precios a futuro; y la caída en los inventarios mundiales.
Por el lado de la demanda, los principales factores que influyen son el aumento del poder adquisitivo de las clases medias de países emergentes como China e India; la utilización de granos para la producción de biocombustibles (caña de azúcar, maíz, semillas oleaginosas y aceite de palma).
Con relación a los inventarios mundiales, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación pronostica que al cierre de las cosechas de 2008 las existencias mundiales de cereales descenderán a 405 millones de toneladas, 21 millones menos que en el periodo 2006-2007.
También es importante considerar la evolución de los precios internacionales de los cereales, los cuales han aumentado significativamente debido entre otras cosas a su demanda creciente en muchas partes del mundo.
Así, por ejemplo, el precio del arroz blanco de Tailandia pasó de 325 dólares por tonelada, en abril de 2007, a 853 en el mismo mes de 2008. Por su parte, el maíz amarillo estadounidense pasó de 150 dólares por tonelada, en abril de 2007, a 247 en el mismo mes del presente año.
Además, la situación alimentaria se complica, considerando que muchos países tienen existencias de cereales muy bajas, por lo que cualquier déficit causado por factores climáticos adversos, particularmente en los países exportadores, agravaría la crisis alimentaria al generarse con ello mayores aumentos en los precios.
De ahí la importancia de las políticas públicas que la mayoría de los gobiernos del mundo han tomado recientemente para minimizar los efectos de la crisis alimentaria global en sus economías nacionales.
Se requiere, además, en el caso específico de México, incrementar la producción de alimentos a través de la aplicación más efectiva de políticas públicas enfocadas en el desarrollo rural sustentable, viendo al campo mexicano como una de las principales soluciones a la crisis alimentaria global.
En materia de política alimentaria, no sólo hay que incrementar la producción agropecuaria y pesquera, también es necesario mejorar el contenido nutrimental de los alimentos que consume la población, así como aplicar medidas que aumenten la seguridad alimentaria mediante la creación de reservas estratégicas de alimentos.
Hace poco tiempo se anunciaron, por el gobierno del presidente Felipe Calderón Hinojosa, una serie de medidas para facilitar la adquisición de alimentos a precios competitivos, impulsar la producción agropecuaria y proteger a la población económicamente vulnerable.
Entre las primeras medidas destacan la eliminación de aranceles para productos básicos, el aumento a las cuotas de importación libres de arancel, así como los acuerdos con productores y cadenas comerciales para limitar alzas en los precios; la eliminación de aranceles sobre la importación de insumos para la fabricación de fertilizantes; esquemas de crédito preferencial para pequeños productores, la tecnificación e intensificación del riego agrícola en el campo y mayores financiamientos para la compra de activos, como tractores y otros tipos de maquinaria.
En cuanto a las medidas o acciones del gobierno federal para proteger a la población más vulnerable, se encuentran las siguientes: la comercialización de productos básicos a bajo costo en comunidades marginadas; la creación de una reserva estratégica de maíz y otros granos; y el aumento en el apoyo económico para familias que viven en condiciones de pobreza.
Además de las atinadas medidas adoptadas a corto plazo por el gobierno federal, otra alternativa de solución importante, pensando en la planeación del desarrollo rural sustentable a mediano y largo plazos, es la creación, donde se considere pertinente, de comités consultivos alimentarios, al interior de los consejos para el desarrollo rural sustentable.
Estos comités especializados en política alimentaria y conformados por algunos miembros de los consejos, con opinión de jóvenes egresados, apoyarían a éstos en el diseño e implantación de políticas públicas en materia alimentaria, particularmente de la producción agropecuaria, considerando las características agroecológicas, económicas, sociales y culturales del estado, región o municipio de que se trate, impulsando así la producción nacional con criterios de factibilidad económica, en beneficio de productores y consumidores.
En atención a lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de
Decreto que adiciona un artículo 24 Bis a Ley de Desa-rrollo Rural Sustentable
Artículo Único. Se adiciona el artículo 24 Bis a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable para quedar como sigue:
Artículo 24 Bis. Se podrán integrar, dentro de los consejos nacional, estatales, distritales y municipales, cuando así se considere necesario, comités consultivos alimentarios, con miembros del consejo, para opinar en éste en materia de producción agropecuaria, utilizando criterios de factibilidad técnica y económica, considerando principalmente las características agroecológicas, económicas, sociales y culturales del ámbito territorial en cuestión.
Podrán participar en los comités consultivos alimentarios, además del los miembros del consejo, profesionistas inscritos en el padrón de prestadores de servicios del sector rural, perteneciente al Sistema Nacional de Capacitación y Asistencia Técnica Rural Integral al que hace referencia esta ley en el capítulo tercero del título tercero, en su carácter de expertos en los temas abordados por los comités, con la finalidad de reforzar la opinión técnica que dichos comités puedan emitir en el seno del consejo.
Transitorio
Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Gracias, diputado. Tal como lo ha solicitado, se instruye a la Secretaría que se inserte íntegro en el Diario de Debates,turnándose a la Comisión de Desarrollo Rural.
ARTICULO 22 CONSTITUCIONAL
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Tiene la palabra el diputado Francisco Fraile García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa que reforma el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Francisco Antonio Fraile García: Con su permiso, señora presidenta.
Compañeras diputadas y compañeros diputados, es curioso: somos capaces de defender hasta con el Ejército los huevos de tortuga, porque nadie duda que en el huevo de tortuga se está gestando una futura tortuga; pero sí ponemos en duda cuando el espermatozoide de hombre fecunda a un óvulo de mujer, que pertenece al género humano.
Ahí nos entra una gran duda sobre la existencia de un ser humano, y lo llamamos ``producto'', que le faltan semanas para ser un ser humano. No parece que estamos siendo congruentes en el razonamiento. A final de cuentas es un falso razonamiento el hecho de que podamos defender y no tengamos duda en esos huevos de tortuga, pero sí en el óvulo humano ya fecundado.
Para los firmantes de esta iniciativa ---incluyéndome---, que es el Grupo Parlamentario de Acción Nacional, el embrión es individuo de la especie humana desde su concepción, y si cumple esta condición merece el respeto de ser de la especie humana, y tiene todos los derechos a salvo, y la ley debe de procurarle toda su plenitud.
La ciencia nos ha abierto los ojos. Nos ha permitido afirmar que desde el momento de la unión de las células o gametos masculino y femenino, el embrión posee características estructurales y funcionales distintas a la madre, ya sea en su etapa unicelular o en sus diversas fases de división, y esto es simplemente que ahí hay un ser humano diferente, que merece el respeto a su dignidad plena que tendrá al nacer y que tendrá hasta la muerte natural.
Por la ciencia sabemos que nosotros somos seres humanos con plenos derechos, porque hubo alguien que nos respetó en nuestra dignidad y en nuestro ser a los 18 días, porque en esos 18 días ya había un corazón que latía; porque a los 20 de gestado había un sistema nervioso en crecimiento y en 42 días teníamos un esqueleto completo y con reflejos, y lo más extraordinario; a las 8 semanas se le podía practicar un electrocardiograma.
La ciencia nos enseña que el embrión que está en el seno materno, ése ser independiente, es un ser humano pleno en proceso de evolución. La especie humana es fruto de la fecundación. No habría especie humana sin la fecundación y, por consiguiente, esa transmisión de la vida es un ser humano.
No hay en la ciencia saltos ni apariciones misteriosas en la condición humana, sino que hay un proceso continuo de desarrollo que empieza en la gestación y que acaba en la muerte natural.
Por tanto, lo que hay en el seno materno no es parte del cuerpo de la madre; es un ser humano que está alojado en su vientre y que tiene derecho a la vida. Matarlo es cometer un asesinato directo. Por tal razón, el aborto provocado y su eventual liberalización legal se contrapone a los derechos humanos del concebido.
Sabemos que ninguno de nosotros habría podido ser lo que es hoy sin haber pasado por el proceso embrionario. Así, tenemos que la ciencia claramente establece que en el seno materno, y desde el mismo momento de la concepción, hay un ser humano vivo, independiente, distinto de la madre y del padre.
Por tal motivo, nos atrevemos a presentar a todos ustedes esta iniciativa del artículo 22 constitucional en este sentido:
Toda persona tiene derecho a la vida desde el momento de la concepción y hasta la muerte natural. La vida del ser humano estará protegida por el Estado, federación, estados, Distrito Federal y municipios, y por la ley. Muchísimas gracias.
«Iniciativa que reforma el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Francisco Antonio Fraile García , del Grupo Parlamentario del PAN
El suscrito, diputado federal a la LX Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo establecido en la fracción II del artículo 71 y en el artículo 135 de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, y en el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
A la vida humana se le han asignado significados diversos, no sólo en razón de las distintas perspectivas (genética, médica, filosófica, teológica, etcétera), sino también en virtud de los diversos criterios mantenidos por los especialistas dentro de cada uno de los puntos de vista considerados.
Sin embargo, muchos genetistas, como Jérôme Lejeune, coinciden en que la vida de los individuos tiene un inicio bien determinado: el momento de la concepción.
Efectivamente, en este sentido lo han entendido muchos autores, quienes le han otorgado una categoría jurídica a este proceso biológico. Por citar, Borda, Llambías, Arauz Castex y Cifuentes expresan que se es persona después de la concepción. Por su parte Carlos Fernández Sessarego establece que como producto de la concepción surge un sujeto de derecho: el concebido.
De esta manera, con la expresión ``derechos humanos del concebido'' se conceptualizan las prerrogativas más elementales que posee una persona, especialmente aquellas relacionadas con la protección a la vida, desde el instante mismo de la concepción hasta su muerte natural. Se reconocen como una vertiente de los llamados ``derechos humanos universales'' y se igualan por su jerarquía a aquellos derechos que buscan la protección de la persona a partir del reconocimiento de su dignidad, en sus múltiples proyecciones y circunstancias concretas, como pueden ser los ``derechos del niño'', los ``derechos de la mujer'', los ``derechos de los jóvenes'', de los ``adultos mayores'' o de las ``personas con discapacidad''.
Uno de los preceptos fundamentales que sostiene es que todo concebido tiene derecho a que se le reconozca como un individuo de la especie humana y que por tal motivo cuenta con todos los derechos humanos reconocidos por la ONU, organismos internacionales y las constituciones de los Estados.
Este derecho parte de la premisa que considera la existencia de vida humana desde el momento mismo de la fecundación, mediante la unión de un óvulo con un espermatozoide. Desde ese instante está científicamente comprobado que tenemos un ser con un código genético determinado en el que ya están marcados los caracteres más individuales del ser humano. Así lo advierte el artículo 22 del Código Civil Federal, en el que se dispone que desde el momento mismo en que un individuo es concebido entra bajo la protección de la ley.
La genética establece que un ser humano surge cuando está reunida toda la información necesaria y suficiente para definirlo. Dicha información se reúne en el momento de la penetración de la cabeza del espermatozoide, que cierra la zona pelúcida, volviéndose hermética a toda penetración de una información genética ulterior.
Por tanto, lo que hay en el seno materno no es ``parte del cuerpo de la madre'', es un ser humano que está ``alojado'' en su vientre y que tiene derecho a la vida. Matarlo, es cometer un asesinato directo. Por tal razón, el aborto provocado y su eventual liberalización legal se contraponen a los derechos humanos del concebido.
Así, podemos decir que la vida humana es un devenir, un proceso que comienza con la concepción, en el curso de la cual una realidad biológica va tomando corpórea y sensitivamente configuración humana, y que termina con la muerte.
Al derecho le interesa saber cuándo inicia la vida, pues, jurídicamente el derecho a la vida salvaguarda un valor esencial y fundamental: la vida humana, la que es el supuesto ontológico, sin el que los restantes derechos no tendrían existencia posible.
En el ámbito de los derechos humanos, algunos textos legales internacionales no tienen dudas en afirmar que la vida humana comienza con la concepción mientras que otras normas otorgan una plena protección al ser humano, entendiendo dentro de éste término al concebido.
Es por ello, que diversas declaraciones internacionales de derechos humanos formulan el derecho a la vida del concebido, a través, del reconocimiento del derecho de todo ser humano a la vida y a cuidados y asistencias especiales, el derecho a la personalidad jurídica, la prohibición de tratos crueles, inhumanos o degradantes, el derecho a la libertad y seguridad personales, el derecho del niño a no sufrir discriminación por razón del nacimiento, el derecho a la igualdad y no discriminación ante la ley.
La Declaración Universal de Derechos Humanos establece, en su artículo 3, que todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. De una forma más específica, con relación al derecho a la vida del concebido, el artículo 6 de la misma declaración afirma que todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica.
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, por su parte, establece en el párrafo primero de su artículo sexto que el derecho a la vida es inherente a la persona humana.
Interpretando sistemáticamente el artículo sexto, párrafos primero y quinto, se puede concluir que se reconoce titular del derecho a la vida al concebido, pues el párrafo quinto prohíbe la ejecución de mujeres embarazadas.
También debe interpretarse sistemáticamente el artículo sexto, párrafo primero, con relación a los siguientes artículos del mismo pacto; artículo 9: todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales... y será tratado humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano; artículo 16: todo ser humano tiene derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica; artículo 24: todo niño tiene derecho, sin discriminación alguna por motivos de... nacimiento, a las medidas de protección que su condición de menor requiere, tanto por parte de la familia, como de la sociedad y del Estado.
Por su parte, la Carta Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos, de 1981, establece en su artículo 2o. que toda persona tiene derecho a disfrutar de los derechos y libertades reconocidos y garantizados en la presente carta sin distinción alguna, especialmente de... nacimiento o de toda otra situación; el artículo 4, por su parte, establece que: la vida humana es inviolable. Todo ser humano tiene derecho al respeto de la vida y la integridad física y moral de su persona. Nadie puede ser privado arbitrariamente de este derecho.
La Convención Americana de Derechos Humanos, o Carta de San José de Costa Rica, explícitamente declara que el derecho a la vida existe a partir de la concepción:
Artículo 4.1: Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente.
Cabe mencionar también la Convención de Derechos del Niño, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989, la cual recoge el contenido de lo establecido, en este sentido, por la Declaración Internacional de los Derechos del Niño, y establece en el párrafo 9o. del Preámbulo: `` ...el niño, por su falta de madurez física y mental, necesita protección y cuidado especiales, incluso la debida protección legal, tanto antes como después del nacimiento'' .
Por su parte, el derecho comparado nos permite observar que la vida se encuentra protegida por las constituciones de Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Nicaragua, Paraguay, Perú, República Dominicana, Bolivia, entre otras, asimismo, la protección a la vida del concebido, ha sido objeto de una protección jurídica especial dentro de la ley fundamental de países como Chile, Perú y Paraguay.
En el ámbito jurídico nacional, nuestro ordenamiento, concretamente la Constitución federal reconoce el derecho a la vida y la obligación de respetarla, en el párrafo primero de su artículo 22, el cual establece que ``quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales''.
Si bien es cierto que nuestra Constitución no establece de manera expresa que se protege el derecho a la vida del ser humano desde el momento de su concepción, de su interpretación deriva que este derecho se encuentra reconocido implícitamente. Así quedó explicitado en dos tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia: La primera identificada con el número XXVIII/98, que lleva por rubro Interpretación de la Constitución. Ante la oscuridad o insuficiencia de su letra debe acudirse a los mecanismos que permitan conocer los valores o instituciones que se pretendieron salvaguardar por el Constituyente o el poder revisor. La segunda, identificada con el número P./J. 14/2002, que lleva por rubro: Derecho a la vida del producto de la concepción. Su protección deriva de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de los tratados internacionales y de las leyes federales y locales.
De lo anterior, se concluye que en México la legislación reconoce el derecho del hombre a que le sean respetadas la vida y la integridad corporal.
Cabe mencionar que hasta la reforma de 2005, la Constitución establecía la facultad de imponer la pena de muerte a quienes, transgrediendo el orden social, sean declarados culpables, en juicio, por los delitos de traición a la patria en guerra extranjera, al parricida, al homicida con alevosía, premeditación o ventaja, al incendiario, al plagiario, al salteador de caminos, al pirata y a los reos de delitos graves del orden militar.
El Congreso de la Unión tomó la determinación de reformar dicho precepto constitucional con el fin de proteger el valor supremo de la vida y evitar que dentro del territorio mexicano se utilice la pena de muerte.
Por otra parte, la fracción V, Apartado A, y el inciso c de la fracción IX, Apartado B, del artículo 123 de la Constitución Política otorgan una protección especial, en materia de trabajo, a la mujer y al concebido, al establecer que las mujeres durante el embarazo no realizarán trabajos que exijan un esfuerzo considerable y signifiquen un peligro para su salud en relación con la gestación; gozarán forzosamente de dos descansos, uno anterior a la fecha fijada aproximadamente para el parto y otro posterior al mismo, debiendo percibir su salario íntegro y conservar su empleo, así como los derechos que hubieren adquirido por la relación de trabajo. Además, establece que: en el periodo de lactancia tendrán dos descansos extraordinarios por día, de media hora cada uno para alimentar a sus hijos.
El maestro Mario de la Cueva nos dice que el espíritu de la ley de estas fracciones se encuentra en los principios que proponen cuidar la más noble de las funciones humanas, así como la salud y la vida plena de los niños del mañana.
Nuestro Código Civil, por su parte, reconoce que la vida humana surge a partir de la concepción, estableciendo el artículo 22 que: `` La capacidad jurídica de las personas físicas se adquiere por el nacimiento y se pierde por la muerte; pero desde el momento en que un individuo es concebido, entra bajo la protección de la ley y se le tiene por nacido para los efectos declarados en el presente Código'' .
De un análisis integral, se desprende válidamente que nuestra ley protege la vida humana y, de igual forma, al producto de la concepción, en tanto que éste es una manifestación de la vida humana, independientemente del proceso biológico en que se encuentra.
La Constitución general contiene toda una serie de principios bajo los cuales establecemos nuestro proyecto de nación, es por ello que la vida humana considerada como el mayor de los bienes, debe de estar garantizada, en aquella, en todas las etapas de su desarrollo; ello sin atentar contra la dignidad y los derechos de las mujeres.
Dentro de la experiencia internacional, España, a través del Tribunal Constitucional, nos ha demostrado que junto al valor de la vida humana y sustancialmente relacionado con la dimensión moral de ésta, su Constitución ha elevado también a valor jurídico fundamental la dignidad de la persona, que, sin perjuicio de los derechos que le son inherentes, se halla íntimamente vinculada con el libre desarrollo de la personalidad (artículo 10) y los derechos a la integridad física y moral (artículo 15), a la libertad de ideas y creencias (artículo 16), al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen (artículo 18.1).
En nuestro país, la controversia sobre la despenalización del aborto, cobró singular fuerza cuando el 24 de abril del 2007, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprueba reformas al Código Penal y a la Ley de Salud para despenalizar el aborto en la ciudad de México durante las primeras 12 semanas de embarazo.
A partir de dichas reformas, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Procuraduría General de la República (PGR) interpusieron una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La argumentación y debate sobre el tema duró poco más de un año, hasta que el pasado 15 de agosto del 2008 los ministros de la Suprema Corte dieron a conocer las 610 páginas con sus 68 anexos de la consulta que constituían el ``proyecto de la acción de inconstitucionalidad 146/2007 y sus acumuladas 147/2007 relativas al decreto de reformas que despenalizan el aborto en el Distrito Federal antes de la semana 12 de gestación''.
En dicho proyecto, elaborado por el ministro Sergio Aguirre Anguiano, se propuso declarar la inconstitucionalidad de las reformas que prohíben esa práctica y se estableció la obligación de invalidar diversas porciones normativas que no castigan a las mujeres que aborten antes de las 12 semanas.
De igual forma, el ministro ponente propuso declarar válido el artículo 16 Bis-6, tercer párrafo, de la Ley de Salud para el Distrito Federal, que establece que el gobierno capitalino atenderá las solicitudes de interrupción del embarazo, con la precisión de que se hará en los casos conocidos como aborto necesario.
En el proyecto también se rechazó la solicitud de invalidar el último párrafo del artículo 16 Bis-8 de la Ley de Salud local, que habla de los servicios de atención a la salud sexual y reproductiva referente a la obligaciones del gobierno del Distrito Federal para ofrecer de forma permanente servicios gratuitos de información y orientación en la materia, así como el suministro de los métodos anticonceptivos que estén acreditadas científicamente.
El 27 de agosto de 2007, tras un debate que duró 17 horas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió no penalizar ni despenalizar el aborto, argumentando que no es facultad de dicho tribunal constitucional establecer los delitos de las penas.
Así lo expuso el ministro Presidente, Guillermo Ortiz Mayagoitia: ``Únicamente resolvimos la constitucionalidad de una norma aprobada por el órgano respectivo y hemos participado en una definición de trascendencia nacional''.
Por todas estas razones expuestas, la presente iniciativa propone adicionar un párrafo primero al artículo 22 constitucional, el cual establecerá que: la vida es inherente al ser humano, se garantiza su protección, en general, desde la concepción y hasta la muerte.
El hecho de establecer que la protección se garantizará `` en general, desde el momento de la concepción y hasta la muerte'' permite que cada caso, en el que se ponga en riesgo la vida de un ser humano, sea estudiado particularmente, por la autoridad correspondiente.
Por otra parte, conscientes de que hoy, como nunca antes la ciencia y la tecnología están avanzando a velocidades vertiginosas, produciendo en los individuos un inusitado asombro, estupor e incluso temor y duda respecto tanto a las bondades de ese conocimiento, su control y su manejo, así como a que efectivamente se oriente su uso en beneficio de la humanidad y no en su perjuicio, proponemos que la dignidad de toda persona se mantenga por encima de la ciencia, es decir, que la ciencia sea para la persona y no ésta para aquélla, es por ello que consideramos que la vida de todo ser humano debe ser protegida constitucionalmente en cada una de las etapas de su desarrollo, generándole al Estado la obligación de crear leyes y políticas en materia de salud y seguridad, así como aquellas que garanticen los cuidados y la asistencia social necesaria a todos nuestros niños, en especial a los marginados. Es por ello que el suscrito diputado pone a consideración de esta soberanía la presente iniciativa al tenor del siguiente proyecto de
Decreto
Articulo Único. Se adiciona un párrafo primero al artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, recorriéndose sus actuales párrafos primero, segundo, tercero y cuarto, pues pasan a ser los párrafos segundo, tercero, cuarto y quinto, para quedar como sigue:
Artículo 22. Toda persona tiene derecho a la vida desde el momento de la concepción y hasta la muerte natural. La vida del ser humano estará protegida por el Estado --federación, estados, Distrito Federal y municipios-- y por la ley.
............
Transitorios
Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Los estados deberán adecuar sus constituciones y leyes conforme a lo dispuesto en este decreto. En su caso, el Congreso de la Unión deberá realizar las adecuaciones a las leyes federales.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.
La diputada Irene Aragón Castillo (desde la curul): Señora presidenta.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Diputada Irene Aragón, ¿con qué objeto?
La diputada Irene Aragón Castillo (desde la curul): Con objeto de solicitar que se turne para opinión a la Comisión de Equidad y Género.
El diputado Fernando Enrique Mayans Canabal (desde la curul): Presidenta.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Diputado Mayans Canabal.
El diputado Fernando Enrique Mayans Canabal (desde la curul): Presidenta, para solicitarle que se pueda turnar esta iniciativa a la Comisión de Salud también, para su análisis y opinión ---el dictamen.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Señores diputados, dado que el tema es la reforma constitucional, se envía a la Comisión de Puntos Constitucionales, y se concede que se pida la opinión de las Comisiones de Salud, y de Equidad y Género, tal como ha sido la petición. Muchas gracias.
CODIGO PENAL FEDERAL
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Tiene la palabra el diputado Agustín Mollinedo Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal.
El diputado Agustín Mollinedo Hernández: Con su venia, señora presidenta.
Compañeras diputadas y compañeros diputados, acudo a esta soberanía para presentar la siguiente iniciativa, en virtud de que el fenómeno de la explotación sexual infantil, en distintas modalidades, es un problema que nos debe la mayor atención en este país, siendo que en la actualidad una de las preocupaciones de la comunidad internacional es atenderlo como uno de los problemas sociales que aquejan a las sociedades modernas.
La explotación sexual infantil en sus distintas modalidades, como son tráfico, pornografía, turismo y prostitución, lesiona gravemente a la sociedad, a la familia y principalmente a las niñas y a los niños, al causarles a estos últimos graves e irreparables daños psicológicos, morales y físicos.
Este fenómeno social requiere de la mayor atención por parte del Estado ante la complejidad que plantea, caracterizada por la capacidad económica, tecnológica, de organización y de corrupción de las redes que lo manejan, lo cual les permite actuar, en muchos de los casos, en la más completa impunidad.
Es obligación del Estado asegurar de manera efectiva la defensa y la protección integral de los menores y contribuir a su normal desarrollo, derecho fundamental consagrado en nuestra Carta Magna y en los tratados internacionales de los que México forma parte.
Por lo cual es importante actualizar nuestro marco normativo para hacer frente a este creciente problema que es la explotación sexual infantil.
Es necesario dotar al Estado de los elementos jurídicos que le permitan dar certidumbre y seguridad a este grupo vulnerable de la sociedad. Es necesario castigar con todo el rigor de la ley a las personas que se dedican a la explotación sexual infantil por el daño que causan a los menores, en virtud del estado de indefensión en que se encuentran ante sus explotadores. En muchos de los casos son sometidos por medio de la fuerza física o psicológica a realizar actividades denigrantes como seres humanos.
Aunado al daño ocasionado a la familia, célula básica de toda sociedad, y a la sociedad misma por el agravio que se causa a las niñas y a los niños, los que en su edad adulta en mucha ocasiones actuarán conforme a los abusos recibidos en su niñez. Esto creará una sociedad enferma. Por lo que elaborando políticas públicas adecuadas estaremos en condiciones de prevenir y enfrentar de mejor manera la comisión de este tipo de consultas ilícitas.
Por esto el suscrito, en un afán de contribuir a nuestra sociedad democrática, presenta la siguiente iniciativa.
Actualmente existe la tipificación de esas conductas sancionándolas con diversas punibilidades. Sin embargo, muchas de estas sanciones no han sido actualizadas a una realidad y por consecuencia han dejado de ser ejemplares, lo que rompe con la naturaleza de la asequibilidad de la conducta con la pena impuesta, postulados consagrados en la teoría de la pena en materia penal.
Si bien es cierto que el aumento de las penas no disminuye por si solo la comisión de los delitos, también es cierto que la sanción debe ser proporcional al daño que causan a los menores, víctimas de este ilícito. Por lo cual se hace necesario imponer una pena ejemplar y proporcional al daño causado.
De lo expuesto nace la inquietud del proponente, para proveer de medidas eficaces para la prevención y, en su caso, sanción de este tipo de conductas, las cuales, adecuando nuestro marco normativo, estaremos en condiciones de combatir eficazmente y con ello evitar que en un futuro se convierta en un problema social de la magnitud del narcotráfico o del secuestro.
Por eso le solicito, señora presidenta, que en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, se inserte el texto íntegro en el Diario de los Debates. Es cuanto, señora presidenta.
«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, a cargo del diputado Agustín Mollinedo Hernández , del Grupo Parlamentario del PAN
El suscrito, diputado federal Agustín Mollinedo Hernández , integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 55, fracción II, 56, 62 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del honorable Congreso de la Unión la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones del Código Penal Federal, en materia del libre de-sarrollo de la personalidad, con fundamento en la siguiente
Exposición de Motivos
En la actualidad la comunidad internacional se ha preocupado cada vez más en atender uno de los problemas sociales que aquejan a las sociedades modernas, como la explotación infantil, en sus distintas modalidades: tráfico, pornografía, turismo y prostitución, actividades que lesionan gravemente a la sociedad, a la familia y principalmente a las niñas y a los niños, al causarles graves e irreparables daños psicológicos, morales y físicos.
Este fenómeno social requiere de la mayor atención por parte del Estado, ante la complejidad que plantea, caracterizada por la capacidad económica, tecnológica, de organización y de corrupción de las redes que lo manejan, lo cual les permite actuar en muchos de los casos en la más completa impunidad.
Es obligación del Estado asegurar de manera efectiva la defensa y protección integral de los menores y contribuir a su normal desarrollo, derecho fundamental consagrado en nuestra Carta Magna y en los tratados internacionales de los que México forma parte, por lo cual es importante actualizar nuestro marco normativo para hacer frente a este creciente problema que es la explotación infantil.
Es necesario dotar al Estado de los elementos jurídicos que le permitan dar certidumbre y seguridad a este grupo vulnerable de la sociedad.
Es necesario castigar con todo el rigor que la ley exige a las personas que se dedican a la explotación sexual infantil, por el daño que causan a los menores, en virtud del estado de indefensión en que se encuentran ante sus explotadores, los cuales los someten por medio de la fuerza física o psicológica a realizar actividades denigrantes como seres humanos.
Aunado al daño ocasionado a la familia, célula básica de toda sociedad, y a la sociedad misma, por el agravio causado a las niñas y niños, los cuales en su edad adulta en muchas ocasiones actuarán conforme a los abusos recibidos en su niñez y esto creara una sociedad enferma, por lo que elaborando políticas públicas adecuadas estaremos en condiciones de prevenir y enfrentar de mejor manera la comisión de este tipo de conductas ilícitas.
Por esto, el suscrito, en un afán de contribuir a nuestra sociedad democrática, presenta la siguiente iniciativa, ya que actualmente existe la tipificación de esas conductas, sancionándolas con diversas punibilidades. Sin embargo, muchas de estas sanciones no han sido actualizadas a una realidad y, por consecuencia, han dejado de ser ejemplares, lo que rompe con la naturaleza de la asequibilidad de la conducta con la pena impuesta, postulados consagrados en la teoría de la pena.
Y si bien es cierto que el aumento de las penas no disminuye por si solo la comisión de los delitos, también es cierto que la sanción debe ser proporcional al daño que causan a los menores víctimas de este ilícito y a la sociedad, por lo cual se hace necesario imponer una pena ejemplar y proporcional al daño causado.
Se propone reformar el artículo 201 en su última parte, en el cual actualmente se establece una pena de siete a doce años, para imponer una sanción mínima de veinte años y una pena máxima de cuarenta años al que cometa el delito de corrupción de menores, en tanto que la conducta del sujeto activo es que los menores realicen conductas sancionadas por el derecho penal en el caso del inciso e), para evitar ser sancionados, siendo de la mayor gravedad el inducir u obligar a un menor a realizar una conducta antijurídica, aprovechando que por la edad no se tiene una comprensión de la conducta que se obliga o induce a realizar; y para el caso del inciso f), del citado artículo es necesario sancionar con una pena proporcional al daño físico y psicológico que se realiza al menor, al aprovecharse de su fuerza física o psicológica o conocimiento superior para obligar a un menor a realizar actos que por su edad no es capaz de comprender, además de las consecuencias psicológicas, físicas y morales que se derivan para su etapa adulta y como integrante de la sociedad.
En el caso del artículo 202, primer párrafo, que actualmente contempla una pena de siete a doce a años, reformarlo para imponer una sanción mínima de veinte años y una sanción máxima de cuarenta años, en virtud de que la prostitución infantil, va contra el sano desarrollo social, físico y psicológico del menor, derecho consagrado en nuestra Constitución y en la Convención de los Derechos del Niño, de la cual México forma parte.
Es además importante señalar que la sanción propuesta es proporcional en tanto que el menor que es obligado o inducido a cometer actos impropios para un ser humano de su edad con toda la carga emocional que esta conlleva y las repercusiones para su actuar en su vida adulta dentro de una sociedad, debe ser castigada con una pena ejemplar que impida que este tipo de delincuentes que en muchas de las ocasiones se aprovechan de su fuerza y de la violencia en sus diferentes formas para obligar a prostituirse a los menores y con ello obtener un lucro a costa de la explotación de un menor, dando como resultado una forma de esclavitud, por lo cual el Estado y la sociedad deben castigar de una manera ejemplar este tipo de conductas que atentan contra el sano desarrollo de la sociedad.
Para el caso del segundo párrafo del artículo 202, la pena actual, que va de los siete y hasta los doce años de prisión, se propone con esta reforma aumentarla para quedar con un mínimo de veinte y un máximo de cuarenta años, en tanto que el hecho de participar a través del uso de cualquier medio de la tecnología para captar, grabar o los demás supuestos que señala este artículo y en el cual el sujeto activo tiene el animo de lucrar con una actividad ilícita y sancionada por la ley penal, por lo que con dicha conducta crea un daño a los menores, al tratarlos como un objeto para fines, igual de peligrosos para la sociedad, como el de quien obliga un menor a prostituirse y por tanto la pena debe ser proporcional a la conducta y el fin perseguido, como lo es el lucro sin importar el daño causado a la sociedad.
En el caso del artículo 203, segundo párrafo, se propone modificar la pena, que actualmente es de siete a doce años, para pasar de un mínimo de veinte a un máximo de cuarenta años, en tanto que el sujeto activo o los sujetos activos del tipo penal señalado en este artículo, con su conducta denigran la condición humana del menor o los menores y su sano desarrollo social, psicosexual y físico, bien jurídico tutelado por el tipo penal, al tratarlos mercancía a cambio de una contraprestación económica, representando esto una de las formas de esclavitud mas salvajes de nuestra sociedad actual, que debe ser sancionada con toda la fuerza del Estado, al resultar tan grave como delitos de narcotráfico o secuestro, por el daño que ocasionan a la sociedad.
Para el caso del artículo 203 Bis, se propone modificar la pena actual, que es de doce a dieciséis años, y con la reforma sea de un mínimo de dieciséis a un máximo de cuarenta años, porque se afecta el desarrollo normal de los menores víctimas de este delito, y con ello se transgreden derechos universales del ser humano. Siendo de la mayor gravedad tratándose de menores que en la mayoría de los casos no alcanzan a comprender el alcance de los actos cometidos en su agravio, pero existiendo una afectación psicológica y física que se reflejara en su actuar como adulto, ocasionando con ello un daño a la sociedad en su conjunto.
Respecto del Artículo 204 en su último párrafo, se propone modificar la pena, que actualmente es de ocho a quince años, para quedar de la siguiente manera: una pena mínima de veinte años a una máxima de cuarenta años, en virtud de que el sujeto o sujetos activos de este delito que realizan la explotación con fines sexuales de menores, con el fin de obtener un lucro de dicha actividad, causando un daño moral, social y físico a los menores explotados, además en muchos de los casos los obligan por medio de la violencia físico o moral a realizar actos impropios para su edad, lo cual causa un daño a la sociedad y es obligación de la ley penal evitar la afectación emocional del menor.
De lo expuesto nace la inquietud del proponente para someter a la consideración de esta soberanía proveer de medidas eficaces para la prevención y en su caso sanción de este tipo de conductas.
Por las consideraciones anteriormente expuestas y con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos someto a consideración de esta asamblea la siguiente:
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones del Código Penal Federal, en materia del libre desarrollo de la personalidad.
Artículo Único. Se reforman los artículos 201, párrafo segundo, 202, primero y segundo párrafos, 202 Bis, 203, segundo párrafo, 203 Bis, 204, último párrafo, todos del Código Penal Federal, para quedar, como sigue:
Capítulo I Corrupción de Personas Menores de Dieciocho Años de Edad o de Personas que no tienen Capacidad para Comprender el Significado del Hecho o de Personas que no tienen Capacidad para Resistirlo
Artículo 201. Comete el delito de corrupción, quien obligue, induzca, facilite o procure a una o varias personas menores de 18 años de edad o una o varias personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o una o varias personas que no tienen capacidad para resistirlo a realizar cualquiera de los siguientes actos:
A quién cometa este delito se le impondrá...; en el caso del inciso e) o f) pena de prisión de veinte a cuarenta años y multa de mil quinientos a tres mil quinientos días.
Capítulo II Pornografía de Personas Menores de Dieciocho Años de Edad o de Personas que no tienen Capacidad para Comprender el Significado del Hecho o de Personas que no Tienen Capacidad para Resistirlo
Artículo 202. Comete el delito de pornografía de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, quien procure, obligue, facilite o induzca, por cualquier medio, a una o varias de estas personas a realizar actos sexuales o de exhibicionismo corporal con fines lascivos o sexuales, reales o simulados, con el objeto de video grabarlos, fotografiarlos, filmarlos, exhibirlos o describirlos a través de anuncios impresos, transmisión de archivos de datos en red pública o privada de telecomunicaciones, sistemas de cómputo, electrónicos o sucedáneos. Al autor de este delito se le impondrá pena de veinte a cuarenta años de prisión y dos mil quinientos a cuatro mil quinientos días multa.
A quien fije, imprima, video grabe, fotografíe, filme o describa actos de exhibicionismo corporal o lascivos o sexuales, reales o simulados, en que participen una o varias personas menores de dieciocho años de edad o una o varias personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o una o varias personas que no tienen capacidad para resistirlo, se le impondrá la pena de veinte a cuarenta años de prisión y dos mil quinientos a cuatro mil quinientos días multa, así como el decomiso de los objetos, instrumentos y productos del delito.
Artículo 202 Bis. Quien almacene, compre, arriende, el material a que se refieren los párrafos anteriores, sin fines de comercialización o distribución se le impondrán de seis a doce años de prisión y de ochocientos a mil quinientos días multa. Asimismo, estará sujeto a tratamiento psiquiátrico especializado.
Capítulo III Turismo Sexual en contra de Personas Menores de Dieciocho Años de Edad o de Personas que no tienen Capacidad para Comprender el Significado del Hecho o de Personas que no Tienen Capacidad para Resistirlo
Artículo 203. Comete el delito de turismo sexual...
Al autor de este delito se le impondrá una pena de veinte a cuarenta años de prisión y de dos mil a cuatro mil quinientos días multa.
Artículo 203 Bis. A quien realice cualquier tipo de actos sexuales reales o simulados con una o varias personas menores de dieciocho años de edad, o con una o varias personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o con una o varias personas que no tienen capacidad para resistirlo, en virtud del turismo sexual, se le impondrá una pena de dieciséis a cuarenta años de prisión y de dos mil a cuatro mil días multa, asimismo, estará sujeto al tratamiento psiquiátrico especializado.
Capítulo IV Lenocinio de Personas Menores de Dieciocho Años de Edad o de Personas que no tienen Capacidad para comprender el Significado del Hecho o de Personas que no tienen Capacidad para resistirlo
Artículo 204. Comete el delito de lenocinio...:
Al responsable de este delito se le impondrá prisión de veinte a cuarenta años y de dos mil a cuatro mil quinientos días multa, así como clausura definitiva de los establecimientos descritos en la fracción III.
Transitorios
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Gracias, diputado. Y tal cual ha sido la solicitud, se inserta íntegro en el Diario de los Debates,turnándose a la Comisión de Justicia.
La Presidencia quiere saludar a estudiantes de la Facultad de Ciencias Agrícolas de la Universidad Autónoma del Estado de México, que por invitación del diputado Isael Villa Villa hoy nos distinguen con su presencia. Sean ustedes bienvenidos.
El diputado Santiago López Becerra (desde la curul): Pido la palabra.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Sí, diputado; ¿con qué objeto?
El diputado Santiago López Becerra (desde la curul): Gracias, señora presidenta. Sabemos que ésta es una de las situaciones y los elementos que están lesionando gravemente algo muy valioso en nuestro país, que son nuestros niños y nuestros jóvenes.
Por tal motivo quisiera solicitar al señor diputado Agustín Mollinedo que me permita adherirme a su propuesta. Gracias.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: El diputado Mollinedo no tiene inconveniente en aceptar también que se suscriba usted a su iniciativa. Muchas gracias, diputado Santiago López Becerra.
El diputado Marco Antonio Peyrot Solís (desde la curul): Presidenta.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Diputado Peyrot.
El diputado Marco Antonio Peyrot Solís (desde la curul): Gracias, diputada presidenta. En el mismo sentido: si le puede preguntar al diputado Mollinedo si me permite sumarme como proponente a su iniciativa.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: El diputado Mollinedo me indica que acepta también que usted se inscriba en su iniciativa. Muchas gracias, diputado. De cualquier manera la iniciativa estará a su disposición en la Secretaría, para los diputados que quieran suscribirla.
ARTICULO 8 CONSTITUCIONAL
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Tiene la palabra el diputado Joel Arellano Arellano, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa que reforma el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Joel Arellano Arellano: Gracias, diputada presidenta. Con su permiso.
Compañeras diputadas y compañeros diputados, el de la voz, Joel Arellano Arellano , así como los diputados Miguel Ángel Monraz Ibarra y Mario Eduardo Moreno Álvarez , diputados federales de la LX Legislatura del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, someten a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente exposición de motivos.
La claridad y la precisión con que se encuentra definido un concepto dentro de la legislación nacional redunda necesariamente en la correcta y justa aplicación de algún ordenamiento, cuanto más de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Si bien es el texto rector de andamiaje jurídico mexicano, a lo largo de nuestra historia contemporánea ha requerido cambios que obedecen a adecuaciones propias de los momentos históricos que así lo han demandado, siendo el presente uno de esos momentos.
En este sentido, nuestra Constitución Política requiere de una adecuación dentro del apartado doctrinario de la misma, ya que en el artículo 8o., que habla del derecho de audiencia, señala como sujetos de la norma a funcionarios y empleados públicos.
Lo anterior contraviene lo dictado en el artículo 108 del mismo documento, donde se define a los servidores públicos. Esto es, existe una diferencia importante entre ambos conceptos, por un lado el de ``empleado público'', y por otro, el del ``servidor público''.
El primero de ellos obedecía a una corriente de la teoría de las organizaciones que ha caído en desuso, siendo rebasada por teorías como la gerencia pública, que define a quienes están al servicio del Estado y, por supuesto, a los ciudadanos, como servidores públicos.
Algunos tratadistas, en particular el profesor Rafael Bielsa, catedrático de la Universidad de Buenos Aires, señala que la teoría contemporánea distingue al servidor del empleado público, puesto que el primero es una persona física elegida, nombrada o contratada para ocupar un cargo público, cuya labor implica el ejercicio del poder público en nombre del Estado, así como en sus órganos gubernamentales o en la administración pública de funciones, actividades o poderes de iniciativa y de decisiones y de mando.
Puesto que los legisladores, en nuestra calidad de representantes de la población, debemos atender responsabilidades diversas, propias del Estado, como la de observar puntualmente la obligación del derecho de petición, debemos ser considerados servidores públicos.
Es preciso mencionar, compañeros, que sin importar la forma en que se encuentre definido el servicio público, a éste, en sus diversos campos de trabajo dentro de la administración pública, deben asistirlo los compromisos superiores a los personales, tales como la lealtad, la entrega, la disciplina, la honorabilidad y honradez, debiendo ser todos ellos enfocados a la comunidad y a la institución en la cual labora, es decir, al Estado, máxime siendo un Estado como el nuestro, un Estado de derecho.
Vale la pena resaltar que en el artículo 108 del título cuarto de nuestra Constitución Política, en el cual se obliga a los representantes de elección popular, entre otros servidores públicos, a respetar el derecho de petición, se puntualiza a los individuos que deben ser considerados como servidores públicos, sobre todo para atender las obligaciones impuestas en el resto de los artículos del mismo título.
En artículos como el 34, fracción V; 109, fracciones I, II, III; 110, 111, 112, 113, 114 y 134 de nuestra Constitución Política se hace referencia al término ``servidor público'', lo cual exige atender y homogeneizar dicho ordenamiento jurídico.
En otros instrumentos jurídicos, como la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, así como en los códigos civiles y penales se hace referencia a los servidores públicos, sin mencionar el antiguo concepto de ``empleado público''.
Por ello, y dada la encomienda que tenemos los legisladores, de fungir ante la federación como representantes populares, debemos asumirnos como servidores públicos, al igual que todo aquel que, como ya fue expuesto, desempeña una labor y toma decisiones fundadas en la razón de Estado; es decir, aquellas dirigidas al bienestar de nuestro país.
La aclaración sugerida, compañeros, en el presente documento, contribuirá al esclarecimiento y al fortalecimiento de los instrumentos jurídicos que permitirán que sigamos construyendo un país mejor.
En virtud de lo expuesto, sometemos a la consideración de esta honorable soberanía el proyecto de
Decreto por el que se reforma el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Artículo 8o. Los funcionarios y servidores públicos respetarán el ejercicio de derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa, pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República Mexicana.
Transitorio. Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de noviembre de 2008. Es cuanto, diputada presidenta.
«Iniciativa que reforma el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Joel Arellano Arellano , del Grupo Parlamentario del PAN
Los suscritos, Joel Arellano Arellano , Miguel Ángel Monraz Ibarra y Mario Eduardo Moreno Álvarez , integrantes de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
La claridad y precisión con que se encuentre definido un concepto en la legislación nacional redundan necesariamente en la correcta y justa aplicación de algún ordenamiento, cuanto más de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Si bien es el texto rector del andamiaje jurídico mexicano, a lo largo de la historia contemporánea ha requerido cambios que obedecen a adecuaciones propias de los momentos históricos que así lo han demandado, siendo el presente uno de esos momentos.
Producto de dichos cambios, hoy contamos con una Constitución política sólida, que sostiene un andamiaje jurídico que, si bien aún es perfectible como toda norma jurídica, ha permitido la construcción de un país democrático y en franco desarrollo.
La Constitución política requiere una adecuación en el apartado doctrinario, ya que en su artículo 8o., el cual habla del derecho de audiencia, señala como sujetos de la norma a ``funcionarios y empleados públicos''. Lo anterior contraviene lo referido en el mismo documento, en el artículo 108, donde se define a los servidores públicos.
Esto es, hay una diferencia importante entre ambos conceptos: por un lado, el de empleado público; y por otro, el de servidor público. El primero de ellos obedecía a una corriente de la teoría de las organizaciones que ha caído en desuso, siendo rebasada por teorías como la gerencia pública, que define a quienes están al servicio del Estado y, por supuesto, de los ciudadanos, como servidores públicos.
De manera general y de acuerdo con el derecho administrativo, se puede concebir como ``servidor público'' a todo individuo contratado, o designado mediante elección popular o nombramiento, para desarrollar actividades atribuidas al Estado. Esto, en cualquiera de las partes que comprenden la administración pública.
El profesor Rafael Bielsa, catedrático de la Universidad de Buenos Aires, señala que la doctrina contemporánea distingue al servidor del empleado público, pues el primero es una persona física elegida, nombrada o contratada para ocupar un cargo público, cuya labor implica el ejercicio del poder público en nombre del Estado, así como de sus órganos gubernamentales o de la administración pública, de funciones, actividades, facultades o poderes de iniciativa, de decisión y de mando.
Agrega el catedrático Bielsa que servidor público es el que, dada una encomienda especial y fundada en derecho, en cualquiera de sus formas y en su esfera de competencia, expresa y ejerce la voluntad del Estado, siendo claro que esa voluntad se dirige necesariamente a la realización de un fin público.
Refiere el mismo autor que el empleado público o al servicio del Estado es el individuo que, mediante un nombramiento, desempeña un cargo en alguno de los órganos que comprenden la administración pública estatal, lo anterior, sin contar con facultades o poderes de decisión o de mando, ni con la facultad de representar la institución en que labora.
Puesto que los legisladores, en nuestra calidad de representantes de la población, debemos atender responsabilidades diversas propias del Estado, como la de observar puntualmente la obligación del derecho de petición, debemos ser considerados servidores públicos.
Sin importar la forma en que se encuentre definido el servicio público, a éste en sus diversos campos de trabajo en la administración pública deben asistirlo compromisos superiores a los personales, como la lealtad, entrega, disciplina, honorabilidad y honradez, debiendo ser todos ellos centrados en la comunidad y en la institución en la cual laboran, es decir, el Estado, máxime siendo un Estado como el nuestro, de derecho.
En el artículo 108 del Título Cuarto de la Constitución Política se obliga a los representantes de elección popular, entre otros servidores públicos, a respetar el derecho de petición; se puntualiza a los individuos que deben ser considerados servidores públicos, sobre todo para atender las obligaciones impuestas en el resto de los artículos del mismo título.
En artículos como el 74, en la fracción V, 109, en las fracciones I, II y III, 110, 111, 112, 113, 114 y 134 de la Constitución política se hace referencia al término de servidor público, lo cual exige atender y homogeneizar dicho ordenamiento.
En otros instrumentos jurídicos, como la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, y los Códigos Civil y Penal, se hace referencia a los servidores públicos, sin mencionar el antiguo concepto de empleado público.
Por ello, y dada la encomienda que tenemos los legisladores de fungir ante la federación como representantes populares, debemos asumirnos servidores públicos, igual que todo el que, como se expuso, desempeña una labor y toma decisiones fundadas en la razón de Estado, es decir, las dirigidas al bienestar del país.
La aclaración sugerida en el presente documento contribuirá al esclarecimiento y fortalecimiento de los instrumentos jurídicos que permitirán que sigamos construyendo un país mejor.
En virtud de lo expuesto, sometemos a consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de
Decreto por el que se reforma el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Artículo Único. Se reforma el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 8o. Los funcionarios y servidores públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República.
...
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Gracias, diputado.Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.
LEY DE EDUCACION MILITAR DEL EJERCITO Y FUERZA AEREA MEXICANOS
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Tiene la palabra la diputada Bertha Yolanda Rodríguez Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma el artículo quinto de la Ley de Educación Militar del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. Adelante, diputada.
La diputada Bertha Yolanda Rodríguez Ramírez: Con su permiso, señora presidenta.
El artículo 3o. constitucional fundamenta un enfoque de integralidad en los programas educativos como una responsabilidad exclusiva del Estado mexicano.
Concretar esta visión ha implicado el requerimiento de estructurar programas educativos, que a la vez que reivindiquen los contenidos filosóficos y de carácter nacional en la materia contengan herramientas concretas de adecuación y operación institucional que permitan la formación adecuada de los educandos en todos los niveles.
En este sentido, nociones generales sobre ciudadanía, preservación del medio ambiente y equidad y género son algunos de los principales aspectos que la preceptiva pública y privada han tenido a bien incorporar en sus niveles diferentes del proceso educativo.
Sin embargo, la educación dirigida a los espacios castrenses parece desvinculada, sujeta principalmente a conocimientos técnicos y de estrategias de defensa de la soberanía, con profundas raíces conceptuales centradas en nociones de nacionalismo y valores, ante todo disciplinarios. Por tanto, consideramos que la educación militar debe ampliar sus bases formativas, de manera que la autopercepción, sólo como protectores de los bienes nacionales, se enriquezca con los fundamentos del respeto irrestricto de los derechos humanos de mujeres y hombres en su totalidad.
La necesaria introspección de la perspectiva de derechos humanos en sus programas educacionales constituiría un patrón de conocimientos para ampliar el alcance de sus funciones y de su misión en lo personal y en lo colectivo, por lo que es una necesidad indudable que los miembros de los cuerpos castrenses cuenten con bases sólidas de respeto a los derechos humanos, de manera que se constate la voluntad de consolidar nuestra democracia dentro y fuera de nuestro país.
El reconocimiento de la igualdad de derechos que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos signa en el artículo 1o. es la fundamentación directa que orienta a todas las demás disposiciones jurídicas de nuestro país, pertenezcan al fuero castrense o civil.
Por este motivo es relevante y básico dotar de la perspectiva integral a la educación militar, para así ir construyendo un futuro de corresponsabilidad y coadyuvancia en la prevalencia del respeto y reconocimiento de los derechos humanos, sin distinción alguna y sin aplicación selectiva por motivos de género, de edad, de origen étnico, de orientación sexual, ni de ninguna otra naturaleza.
Ahora bien, de manera articulada, con la perspectiva de derechos humanos en los programas de estudio de la milicia mexicana, es importante sentar bases para una percepción más orientada a la paz que al conflicto, con ajuste pleno a la reconocida vocación pacifista de nuestras instituciones militares.
Con la finalidad de que México afirme y promueva reformas de tercera generación en favor de los nuevos derechos sociales, y por una cultura fielmente garante de los derechos humanos, la presente iniciativa propone modificar el artículo 5o. de la Ley de Educación Militar del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, a fin de que los programas de educación militar incluyan principios rectores para la enseñanza y la formación de los miembros de nuestras instituciones militares, sustentados en el respeto y práctica de las libertades, los derechos humanos en sus diferentes expresiones y la paz.
Por ello, con el propósito de fortalecer dicha formación integral, presento el siguiente proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 5o. de la Ley de Educación Militar del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. Proponemos fomentar, en la fracción VII el valor de la justicia, de la observancia de la ley y de la igualdad de individuos ante ésta, así como propiciar el conocimiento en perspectiva de género, igualdad de oportunidades, diversidad étnica y cultural, así como en el respeto a los derechos humanos:
Fracción VII. Impulsar la perspectiva de paz y prevención de conflictos.
Es cuanto, señora presidenta.
«Iniciativa que reforma el artículo 5o. de la Ley de Educación Militar del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, a cargo de la diputada Bertha Yolanda Rodríguez Ramírez , del Grupo Parlamentario del PRI
La suscrita, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo establecido en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55 y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta iniciativa de reformas y adiciones de la Ley de Educación Militar del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
El artículo 3o. constitucional fundamenta un enfoque de integralidad en los programas educativos, como una responsabilidad exclusiva del Estado mexicano. Concretar esta visión ha implicado el requerimiento de estructurar programas educativos que, a la vez que reivindiquen los contenidos filosóficos y de carácter nacional en la materia, contengan herramientas concretas de adecuación y operación institucional que permitan la formación adecuada de los educandos en todos sus niveles.
Nociones generales sobre ciudadanía, preservación del ambiente y equidad de género son algunos de los principales aspectos que la preceptiva pública y privada ha tenido a bien incorporar en sus diferentes niveles del proceso educativo.
Sin embargo, la educación dirigida a los espacios castrenses parece desvinculada, ajustada principalmente a conocimientos técnicos y de estrategias de defensa de la soberanía, con profundas raíces conceptuales centradas en nociones de nacionalismo y valores, ante todo, disciplinarios.
De ella resulta insuficiente la formación integral de las personas que se desarrollan en las filas de la estructura militar, quienes en modo alguno han perdido su calidad de seres humanos y que son parte muy importante de la sociedad.
La educación militar debe ampliar sus bases formativas, de manera que la autopercepción sólo como protectores de los bienes nacionales se enriquezca con los fundamentos del respeto irrestricto de los derechos humanos de mujeres y de hombres en su totalidad.
La necesaria introspección de la perspectiva de derechos humanos en sus programas educacionales, constituiría un patrón de conocimientos para ampliar el alcance de sus funciones y de su misión, en lo personal y en lo colectivo.
Quienes imparten la formación militar deben tener muy presente que características plenamente ejercitables en la vida diaria y en la interacción con nuestros semejantes, como la perspectiva de los derechos humanos, se coloca como factor preventivo de posteriores violaciones a los mismos, lo que ayudaría a evitar situaciones indeseables, como son los indignantes abusos sexuales hacia mujeres civiles, en distintos momentos, por parte de elementos activos de la defensa nacional.
Los miembros de las instituciones militares precisan modificar su imagen con relación a tales hechos. De lo contrario, resultaría incongruente dimensionar una justa valoración de su desempeño en defensa de nuestro país, prestando ayuda en casos de desastres naturales o en la lucha contra el narcotráfico, cuando en la misma medida existe el riesgo de que por falta de un sólido fundamento educacional pueda transgredirse el respeto y la dignidad de las personas con actitudes discriminatorias, como con aquellos miembros que portan el VIH-sida o violentando a civiles, aunque se argumente que son daños colaterales en el cumplimiento de sus obligaciones de ley.
La tradición internacional que México ha impulsado y respetado, como parte del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y suscribiendo como Estado parte los acuerdos y compromisos surgidos del concierto de las naciones, debe verse reflejado en sus prácticas cotidianas en todos los niveles y espacios para hacer efectivos y plenamente garantizados el respeto y la promoción de los derechos humanos.
Resulta particularmente lesivo conocer las situaciones que vulneran los derechos humanos en otras latitudes geográficas, de las cuales se esperaba una actuación positiva, como han sido los abusos sexuales cometidos por efectivos de Naciones Unidas (cascos azules) en regiones de por sí devastadas por un conflicto bélico (como en el caso de Bosnia).
Es una necesidad indudable que los miembros de los cuerpos castrenses deben contar con bases sólidas de respeto a los derechos humanos, de manera que se constate la voluntad de consolidar nuestra democracia, dentro y fuera de nuestro país; el reconocimiento de la igualdad de derechos que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos signa en su artículo primero, es la fundamentación directa que orienta a todas las demás disposiciones jurídicas de nuestro país, pertenezcan al fuero castrense o civil.
Por este motivo es relevante y básico dotar de perspectiva integral la educación militar, para así ir construyendo un futuro de corresponsabilidad y coadyuvancia en la prevalencia del respeto y el reconocimiento de los derechos humanos, sin distinción alguna, y sin aplicación selectiva por motivos de género, de edad, de origen étnico, de orientación sexual, ni de ninguna otra naturaleza.
Los derechos humanos enseñados no optativamente contribuyen a formar personas y generaciones con un modo distinto de interactuar socialmente. Por esa razón, no se trata de impulsar programas transitorios; los derechos humanos no son parte de enfoques formativos de moda, se trata de soportes que marcan una clara diferenciación entre lo autoritario y lo ajustado a la legalidad y al estado de derecho.
De estas consideraciones se deriva una importante interrogante: ¿cómo esperar una respuesta consistentemente humanitaria desde las filas militares, cuando su noción de los derechos humanos se encuentra débil y genéricamente planteada en los programas de educación y formación militar?
El conocimiento y la defensa de los derechos humanos con la convicción como precedente de la obligación generan condiciones de justiciabilidad mucho más efectivas y reales.
Ahora bien, de manera articulada con la perspectiva de derechos humanos en los programas de estudio de la milicia mexicana, es importante sentar bases para una percepción más orientada a la paz que al conflicto, con ajuste pleno a la reconocida vocación pacifista de nuestras instituciones militares.
La historia de nuestro país en defensa del territorio nacional y la soberanía, representa un fuerte motivo de orgullo para las mexicanas y los mexicanos. Estos capítulos en aras de fomentar el sentido patriótico y el respeto a nuestros símbolos nacionales, se nos enseñan desde muy jóvenes.
En el mismo grado debemos consolidar un modo de ver la función militar que impulse una cultura de paz y la no violencia en general. Esta óptica institucional de principio ha presentado resistencias desde generaciones anteriores hasta las actuales, por una cuestión de formación cultural contextualizada por el conflicto y la defensa frente a las naciones de tradición imperialista.
Sin embargo, las nuevas realidades, caracterizadas por un ambiente social y político que deben afirmar nuevos valores, como la equidad, la accesibilidad o la justicia, en el marco de asegurar el ejercicio cabal de las libertades, lo que hace necesaria la revisión de los planes educativos en lo militar. En este aspecto, tenemos que subrayar el trabajo de la Comisión de Equidad y Género durante la presente Legislatura, quien demandó y logró una dotación de recursos para promover la equidad entre los géneros en la Secretaría de la Defensa Nacional, que forma parte de acciones que transformen la cultura prevaleciente.
Por otro lado, no debemos olvidar que México ha firmado importantes compromisos internacionales como resultado de la Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos celebrada en Viena en 1993 y ha promovido la Cultura de Paz desde el acuerdo firmado en 2000 en el alcázar del Castillo de Chapultepec.
Internacionalmente, la carrera armamentista de las décadas anteriores, y que no ceja de desarrollarse, ha obligado a formalizar diversos compromisos internacionales en materia de desarme, que han recogido una demanda social de más de 40 años y envían un mensaje humanitario a favor de una cultura que eduque, defienda y promueva la paz.
A fin de que México afirme y promueva reformas de tercera generación a favor de los nuevos derechos sociales y por una cultura fielmente garante de los derechos humanos, esta Iniciativa propone modificar el artículo 5o. de la Ley de de Educación Militar del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, a fin de que los programas de educación militar incluyan principios rectores para la enseñanza y la formación de los miembros de nuestras instituciones militares sustentados en el respeto y práctica de las libertades, los derechos humanos en sus diferentes expresiones y la paz.
Por ello, con el propósito de fortalecer dicha formación integral, se describe el siguiente proyecto de
Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 5o. de la Ley de Educación Militar del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos
Artículo Único. Se modifica la fracción V y se adiciona una nueva fracción VII al artículo 5o. de la Ley de Educación Militar del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, para quedar de la siguiente forma:
Artículo 5o. ...
Transitorio
Único. La presente reforma entrará en vigor a los tres días siguientes a su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Gracias, diputada.Túrnese a la Comisión de Defensa Nacional.
LEY DEL BANCO DE MEXICO - CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Tiene la palabra la diputada Aleida Alavez Ruiz, para presentar iniciativa que reforma el artículo 24 y adiciona los artículos 26 Bis y 26 Ter a la Ley del Banco de México, suscrita por ella misma y el diputado Alejandro Sánchez Camacho, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
La diputada Aleida Alavez Ruiz: Con su venia, diputada presidenta.
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Banco de México y del Código Federal de Procedimientos Penales, al tenor de la siguiente exposición de motivos.
Nuestro país enfrenta un nuevo contexto económico y social derivado de los efectos de la crisis financiera de Estados Unidos de América. En este panorama hemos sido testigos de la depreciación del peso y de la intervención del gobierno mediante subastas que ha realizado el Banco de México, por instrucciones de la Comisión de Cambios, que preside el secretario de Hacienda y que ejecuta el Banco de México.
En nuestro sistema de cambio fijo el banco central ha intentado mantener la paridad de nuestra moneda vendiendo su reserva de moneda extrajera a cambio de moneda nacional y, por tanto, equilibrando la oferta de moneda por su demanda o aumentando los tipos de interés intentando mantener la moneda nacional.
La Ley del Banco de México otorga a dicho órgano constitucional atribuciones para regular la emisión y circulación de la moneda, los cambios, la intermediación y los servicios financieros, así como los sistemas de pagos, y realizar, entre otras, operaciones con divisas.
En este contexto, el Banco de México cuenta con una reserva de activos internacionales que tendrá por objeto coadyuvar a la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional mediante la compensación de desequilibrios entre los ingresos y egresos de divisas del país.
Con relación a esto último, la Ley del Banco de México determina que las operaciones que realice con las instituciones de créditos se efectuarán mediante subasta o de conformidad con disposiciones de carácter general que expida el propio banco.
Con este esquema normativo y ante la presencia de la crisis económica norteamericana y sus repercusiones en México, el banco central procedió, el pasado 8 de octubre, con la anuencia de la Comisión de Cambios, a intervenir en el mercado de divisas con la expectativa de frenar la especulación que llevó al dólar a superar los 14 pesos, disponiendo la subasta ese día de 2 mil 500 millones de dólares, así como de 400 millones de dólares diarios a partir de esa fecha, hasta en tanto se estabilizara el mercado de dinero en el país, lo cual a más de 47 días, no ha logrado resultados significativos.
Se debe señalar que el cuerpo del documento de subasta, emitido por el Banco de México, en el apartado relativo a la presentación de posturas indica que el Banco de México se reserva el derecho de rechazar cualquier postura o declarar total o parcialmente desierta la subasta, si a juicio de dichas posturas, por sus características, pudieran producir efectos inconvenientes en el mercado cambiario, en el sano desarrollo del mercado financiero, en general, o si considera que son consistentes con las condiciones que prevalecen en el mercado cambiario, por lo que se debe revisar, también, el propio proceso de asignación de dólares.
No obstante lo anterior, la intervención del banco central no logró serenar los movimientos especulativos con el dólar, pues el 10 de octubre se cotiza la moneda americana por encima de los 14 pesos, nuevamente, pues, se detectó que los dólares que habían sido subastados se habían evaporado.
Lo anterior, motivado por la acción de varias empresas que especularon con las divisas que adquirieron, generando volatilidad en el mercado de divisas.
Diversos medios periodísticos han señalado a los consorcios de Comercial Mexicana, Alfa, Grupo Industrial Saltillo y Cemex, entre otros, que intervinieron de manera masiva en la compra de dólares y provocaron la caída del peso respecto a la divisa norteamericana.
Como consecuencia, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores anunciaron una investigación para sancionar a las empresas que causaron la depreciación del peso, dado que las empresas que especularon con las divisas habían omitido dar a conocer información relevante sobre el riesgo financiero de la empresa, por lo cual los directivos y consejeros pueden enfrentar sanciones, incluso penales, de acuerdo con la Ley del Mercado de Valores.
De seguir así las cosas no existirán reservas que alcancen y la economía de nuestro país se verá en un problema más grave ante la mirada limitada de las autoridades federales. Es necesario, ante la especulación de divisas, que se dé lugar a una investigación mayor y que se revise no sólo el impacto de requerimiento de dólares para cubrir sus compromisos en el extranjero, sino que dichas operaciones estén en la contabilidad de las empresas.
Como sabemos, el sistema financiero implica actividades sumamente complicadas para el manejo de recursos. Este sistema, vigilado adecuadamente, debe ser importante motor para el desarrollo económico del país.
Sin embargo, queda claro que también es el medio idóneo para la especulación y obtener ganancias ilícitas a partir de la manipulación del mercado, para lo cual existen instrumentos de control que el gobierno no ha utilizado.
En este sentido proponemos esta iniciativa que modifica el artículo 24 y adiciona los artículos 26 Bis y 26 Ter de la Ley del Banco de México con objeto de lo siguiente:
1. Sancionar a las personas físicas o jurídicas con la reparación del daño por actividades especulativas que incidan en la toma de decisiones de la política cambiaria.
2. Tratándose de manipulación del mercado con divisas, que se castigará con la devolución de los beneficios obtenidos ilícitamente, así como multa equivalente a 10 por ciento sobre las ventas totales de la empresa responsable, correspondientes al ejercicio fiscal del año en que se registre la anomalía.
3. La especulación que afecte decisiones de la política cambiaria será considerada delito grave que no alcance libertad provisional.
Debido a que la presente propuesta sufrió algunos cambios a lo publicado en la Gaceta Parlamentaria, se incluyó lo del Código Penal Federal. Me permito solicitar a la Presidencia la inserción íntegra de la iniciativa en el Diario de los Debates, así como su nueva publicación en la Gaceta.
Hago entrega en este acto, de la iniciativa suscrita por los diputados Alejandro Sánchez Camacho y una servidora.
«Iniciativa que reforma el artículo 24 y adiciona los artículos 26 Bis y 26 Ter de la Ley del Banco de México, y adiciona la fracción XVII al artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, suscrita por los diputados Aleida Alavez Ruiz y Alejandro Sánchez Camacho , del Grupo Parlamentario del PRD, y presentada en la sesión del martes 25 de noviembre de 2008
La suscrita y el suscrito, diputados federales de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en ejercicio de la facultad otorgada por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con lo previsto en el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, someten a consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Banco de México y el Código Federal de Procedimientos Penales, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
Nuestro país enfrenta un nuevo contexto económico y social derivado de los efectos de la crisis financiera de Estados Unidos de América; en este panorama hemos sido testigos de la depreciación del peso y de la intervención del gobierno mediante subastas que ha realizado el Banco de México por instrucciones de la Comisión de Cambios que preside el Secretario de Hacienda y que ejecuta el Banco de México.
En nuestro sistema de cambio fijo, el banco central ha intentado defender la paridad de nuestra moneda vendiendo su reserva de moneda extranjera a cambio de moneda nacional y, por tanto, equilibrando la oferta de moneda por su demanda o aumentando los tipos de interés, intentando mantener la moneda nacional.
La Ley del Banco de México otorga a dicho órgano constitucional, atribuciones para regular la emisión y circulación de la moneda, los cambios, la intermediación y los servicios financieros, así como los sistemas de pagos y realizar, entre otras, operaciones con divisas.
En este contexto, el Banco de México cuenta con una reserva de activos internacionales, que tendrá por objeto coadyuvar a la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional mediante la compensación de desequilibrios entre los ingresos y egresos de divisas del país. En relación con esto último, la Ley del Banco de México determina que las operaciones que realice con las instituciones de crédito se efectuarán mediante subasta o de conformidad con disposiciones de carácter general que expida el propio banco.
Bajo este esquema normativo y ante la presencia de la crisis económica estadounidense y sus repercusiones en México, el banco central procedió el pasado 8 de octubre, con la anuencia de la Comisión de Cambios, a intervenir en el mercado de divisas con la expectativa de frenar la especulación que llevó al dólar a superar los catorce pesos, disponiendo la subasta ese día de 2 mil 500 millones de dólares, así como de 400 millones de dólares diarios a partir de esa fecha, hasta en tanto se estabilizara el mercado de dinero en el país.
En consecuencia, el tipo de cambio bajó de los 14 pesos por dólar a 12.25 al cierre de la misma; sin embargo, al 11 de octubre que se llevaron las siguientes subastas las reservas internacionales en poder del Banco de México había consumido en sólo tres días el 10.6 por ciento, es decir, se subastó un total de 8 mil 900 millones de dólares.
Se debe señalar que en el cuerpo del documento de subasta emitido por el Banco de México, en el apartado relativo a la presentación de posturas, se indica que ``el Banco de México se reserva el derecho de rechazar cualquier postura o de declarar total o parcialmente desierta la subasta, si a su juicio dichas posturas, por sus características, pudieren producir efectos inconvenientes en el mercado cambiario, en el sano desarrollo del mercado financiero en general, o si considera que no son consistentes con las condiciones que prevalezcan en el mercado cambiario'', por lo que se debe revisar, también, el propio proceso de asignación de dólares.
No obstante lo anterior, la intervención del banco central no logró serenar los movimientos especulativos con el dólar, pues el día 10 de octubre se cotiza la moneda estadounidense por encima de los 14 pesos; nuevamente, pues se detectó que los dólares que habían sido subastados se habían evaporado.
Lo anterior, motivado por la acción de varias empresas que especularon con las divisas que adquirieron motivando la presencia de nuevo de volatilidad en el mercado de divisas; entre otras, diversos medios periodísticos han señalado a los consorcios de Comercial Mexicana, Alfa, Grupo Industrial Saltillo y Cemex, entre otros, que intervinieron de manera masiva en la compra de dólares y provocaron la caída del peso respecto a la divisa estadounidense.
Como consecuencia, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores anunciaron que estaban realizando una investigación para sancionar a las empresas que causaron la depreciación del peso, dado que las empresas que especularon con las divisas habían omitido dar a conocer información relevante sobre el riesgo financiero de la empresa, por lo cual los directivos y consejeros pueden enfrentar sanciones, incluso penales, de acuerdo con la Ley del Mercado de Valores.
Cabe señalar que el artículo 27 de la Ley del Banco de México otorga al banco central la facultad de imponer multas a los intermediarios financieros por las operaciones activas, pasivas o de servicios, que realicen en contravención a la dicha ley o a las disposiciones que éste expida, hasta por un monto equivalente al que resulte de aplicar al importe de la operación de que se trate y por el lapso en que esté vigente, una tasa anual de hasta el cien por ciento del costo porcentual promedio de captación que el banco estime representativo del conjunto de las instituciones de crédito para el mes o meses de dicha vigencia y que publique en el Diario Oficial de la Federación; precisando que el artículo 32 de tal ordenamiento establece que las instituciones de crédito, los intermediarios bursátiles, las casas de cambio, así como otros intermediarios cuando formen parte de grupos financieros, o sean filiales de las instituciones o intermediarios ajustarán sus operaciones con divisas, oro y plata a las disposiciones que expida el Banco de México. Este, en igualdad de condiciones, tendrá preferencia sobre cualquier otra persona en operaciones de compraventa y otras que sean usuales en los mercados respectivos, agregando que el banco tomando en cuenta la gravedad del caso, podrá ordenar a los intermediarios financieros que infrinjan lo dispuesto en este artículo, la suspensión hasta por seis meses de todas o algunas de sus operaciones con divisas, oro o plata. De lo anterior, entre otras disposiciones que regulan y, en su caso, sancionan a los intermediarios financieros.
De seguir las cosas así, no existirán reservas que alcancen, y la economía de nuestro país se verá en un problema más grave, ante la mirada limitada de las autoridades federales. Es necesario que ante la especulación de divisas se dé lugar a una investigación mayor y que se revise no sólo el impacto de requerimiento de dólares para cubrir sus compromisos en el extranjero sino que dichas operaciones estén en las contabilidades de las empresas.
Como sabemos, el sistema financiero implica actividades sumamente complicadas para el manejo de recursos; este sistema vigilado adecuadamente debe ser un importante motor para el desarrollo económico del país, sin embargo, queda claro que también es el medio idóneo para la especulación y obtener ganancias ilícitas a partir de la manipulación del mercado, para lo cual existen instrumentos de control que el gobierno no ha utilizado.
En ese sentido proponemos esta iniciativa, que modifica el artículo 24 y adiciona los artículos 26 Bis y 26 Ter de la Ley del Banco de México con el objeto de:
Por lo anteriormente expuesto y considerando que es pertinente otorgar al Banco de México facultades para que, al presentarse situaciones excepcionales, cuente con elementos para que se sancione a aquellos que manipulen el mercado de divisas, sometemos a consideración de esta honorable soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de
Decreto por el que se reforma el artículo 24 y se adicionan los artículos 26 Bis y 26 Ter de la Ley del Banco de México, y se adiciona una fracción XVII al artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales para quedar como sigue:
Artículo Primero. Se reforma el artículo 24 y se adicionan los artículos 26 Bis y 26 Ter de la Ley del Banco de México para quedar como sigue:
Artículo 24. El Banco de México podrá expedir disposiciones sólo cuando tengan por propósito la regulación monetaria o cambiaria, el sano desarrollo del sistema financiero, el buen funcionamiento del sistema de pagos, o bien, la protección de los intereses del público. Al expedir sus disposiciones el Banco deberá expresar las razones que las motivan.
Las citadas disposiciones deberán ser de aplicación general, pudiendo referirse a uno o varios tipos de intermediarios, a determinadas operaciones o a ciertas zonas o plazas.
Las sanciones que el Banco imponga conforme a lo previsto en los artículos 26 Bis, 26 Ter, 27, 29 y 33, deberán tener como objetivo preservar la efectividad de las normas de orden público establecidas en la presente ley y, de esta manera, proveer a los propósitos mencionados en el primer párrafo de este precepto.
Artículo 26 Bis .- El Banco podrá imponer multas a los intermediarios financieros que realicen operaciones activas o pasivas que impliquen manipulación de mercado y que incidan en la toma de decisiones de la política cambiaria.
Tratándose de manipulación del mercado con divisas se sancionará a los infractores con prisión de seis a catorce años, devolución del cien por ciento de las ganancias obtenidas de manera indebida, así como multa equivalente al diez por ciento de las ventas totales de la empresa responsable correspondientes al ejercicio fiscal del año en que se registre la anomalía.
Así también, el Banco dará vista a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y al Servicio de Administración Tributaria para que en el marco de sus atribuciones realicen las investigaciones correspondientes por las operaciones de manipulación de mercado que incidan en la toma de decisiones de la política cambiaria.
Artículo 26 Ter. Será sancionado con pena privativa de la libertad de dos a seis años todo aquél que estando obligado legal o contractualmente a mantener confidencialidad, reserva o secrecía, proporcione por cualquier medio o transmita información privilegiada a otra u otras personas.
Las mismas penas se impondrán a las personas que estando obligadas legal o recomendaciones con base en información privilegiada sobre instrumentos negociables del Banco y que puedan ser influidos por dicha información y que incidan en la toma de decisiones de la política cambiaria.
Artículo Segundo. Se adiciona la fracción XVII al artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales para quedar como sigue:
Artículo 194. Se califican como delitos graves, para todos los efectos legales, por afectar de manera importante valores fundamentales de la sociedad, los previstos en los ordenamientos legales siguientes:
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Gracias, diputada.Túrnese a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Justicia.
LEY PARA EL DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Tiene la palabra el diputado Carlos Alberto Torres Torres, para presentar iniciativa que expide la Ley para el Desarrollo de la Sociedad de la Información, suscrita por diputados de diversos grupos parlamentarios.
El diputado Carlos Alberto Torres Torres: Con el permiso de la Presidencia.
Compañeras diputadas y compañeros diputados, cuando iniciamos el proyecto de crear esta ley comentábamos que en nuestro país requeríamos que la política estuviera al servicio de las tecnologías de la información, en lugar de que las tecnologías de la información se politicen.
Quiero expresar mi reconocimiento a los compañeros de la Comisión de Acceso Digital, porque en cada foro y en cada reunión, previos a la presentación de esta iniciativa, ha destacado un ambiente de madurez.
En esta dinámica vale resaltar esfuerzos muy importantes en la materia, realizados por grupos de académicos, destacando la colaboración de Andrés Hoffman, trabajos de la iniciativa privada mediante el documento Visión veinte veinte, las referencias de otros países y los trabajos serios que realizan en la materia las Secretarías de la Función Pública, de Economía, y de Comunicaciones y Transportes por medio de la Coordinación E-México.
Lo que decidimos hacer en la comisión fue articular estos esfuerzos, resumiendo este trabajo puedo definir como tema central la necesidad de fijar un rumbo claro en materia de tecnologías de la información; esto es, concebir a las tecnologías de la información como políticas de Estado.
En este reto de fijar un rumbo, tres características componen nuestro diagnóstico:
Primero, la necesidad de acelerar el paso. La brecha que existe de otros países con México es muy grande y más nos debe ocupar la brecha que existe entre todos los mexicanos, que en mi opinión es la desigualdad que encontramos hacia la gente que tiene conocimientos y los que no lo tienen; la brecha digital.
Segundo, el reto de coordinarnos. Existen muy buenos esfuerzos en las secretarías de Estado, en los gobiernos estatales. Sin embargo, requerimos coordinarnos mejor. Una mejor coordinación con los académicos y con la iniciativa privada.
Tercer punto, proyectar al país hacia el futuro. Ver más allá de los ciclos de una legislatura, revisar lo que están haciendo otros países, y esto significa establecer vínculos que vayan más allá de los cargos y de las personas.
Dentro de los principales puntos que integramos en un ejercicio de comunicación con la sociedad y con distintos entes de gobierno destacan:
Número uno. Esta ley obliga a construir una agenda digital a 20 años. Establece tiempos, fechas, una agenda en la que están todos los actores con una visión de 20 años.
Segundo punto. Establecer sexenalmente, dentro del Plan de Desarrollo, la visión del gobierno en relación a la sociedad de la información.
Tercero. Esta ley obliga a presentar anualmente un programa que englobe todas las acciones de la administración en la materia.
Existen dos pasos para concretar este esfuerzo: la creación de la Comisión Intersecretarial de Desarrollo de la Información, encargada de coordinar el despliegue, la estrategia digital integral para el acceso masivo de las tecnologías de los ciudadanos.
Aquí quiero resaltar que hay una muy buena referencia en los trabajos que realiza la función pública en gobierno electrónico, pero tenemos que dar un siguiente paso, y aquí otro tema muy importante es la evaluación.
Estamos proponiendo la creación de un consejo consultivo con gran fortaleza ciudadana, con el objetivo de revisar periódicamente los objetivos y acciones en la materia, y recomendar las modificaciones, adiciones o reorientaciones pertinentes.
Son éstos los principales puntos: una agenda a 20 años, un programa sexenal en el Plan de Desarrollo, un programa anual, un comité intersecretarial y un consejo en el que la mayoría la tienen los especialistas en tecnologías de la información.
Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, no está de más recordar la larga batalla emprendida por gobierno y sociedad para reducir las tasas de analfabetismo en el México del siglo XX.
Luego de casi un siglo de esfuerzos e inversión pudimos pasar de 72 por ciento de analfabetismo en 1910 a una tasa de 9 por ciento en 2002. Hoy tenemos un nuevo reto cuando se habla ya en nuestro país de un analfabetismo digital.
Con la misma tenacidad y amor a nuestra patria que tuvieron los mexicanos de ayer, estamos obligados a colocar al Estado mexicano en el centro de una estrategia nacional que nos permita potenciar los distintos esfuerzos que se realizan en materia digital y darle a nuestro México un sentido de futuro.
Finalmente, pido a la Presidencia que se inserte íntegro el texto de la presente iniciativa y su exposición de motivos en el Diario de los Debates. Agradezco mucho su atención.
«Iniciativa que expide la Ley para el Desarrollo de la Sociedad de la Información, suscrita por diputados de diversos grupos parlamentarios
Los que suscriben, diputados integrantes de la Comisión Especial para la Promoción del Acceso Digital a los Mexicanos de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, se permiten someter a consideración de esta honorable Cámara de Diputados la presente iniciativa con proyecto de Ley para el Desarrollo de la Sociedad de la Información, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
La revolución tecnológica que vive el mundo desde hace dos décadas es equiparable por sus efectos a lo que significaron en su momento la popularización de la imprenta, la invención de la máquina de vapor y el acceso masivo a la energía eléctrica. Hoy en día los dispositivos digitales ocupan un lugar central en prácticamente todos los ámbitos de la actividad humana. Su presencia en los campos de la comunicación, el gobierno, la investigación científica, la organización del trabajo y el entretenimiento ha tenido enormes repercusiones. Es un hecho incontrovertible que el uso de la computadora y el acceso a las redes globales de información está alterando las pautas de comportamiento de los individuos y sus familias, y el funcionamiento de la sociedad, los gobiernos y las empresas.
El panorama actual de México en materia de inclusión digital presenta a primera vista muchas desigualdades. Existe un sector muy pequeño que se encuentra al mismo nivel de equipamiento y de conocimiento que los países del primer mundo. Lo integran básicamente grandes empresas, algunas áreas de la administración pública y miembros de la comunidad académica. En este nivel el uso del soporte digital es intensivo y muy creativo, llegando a desarrollar aportes y soluciones originales. Por otra parte, se encuentra el sector de la población que usa de manera elemental el medio, sin obtener todo el provecho que podría. Finalmente, podemos observar a la gran mayoría de los mexicanos que nunca han tenido la oportunidad de asomarse a la realidad de las computadoras y el Internet.
Este paisaje marcado por la desigualdad representa todo un reto para los responsables del diseño y la implementación de políticas públicas relacionadas directa o indirectamente con la expansión de la red digital. Sin una política pública de largo alcance que promueva la inclusión de todos los mexicanos a la era digital será muy difícil garantizar alcanzar los niveles de bienestar social que requerimos.
Le corresponde al Estado Mexicano afrontar el reto de la digitalización y debe hacerlo aplicando los mismos principios que han orientado su acción en materia de desarrollo social. La construcción de escuelas públicas, la operación del sistema de salud, la dotación de infraestructura y servicios básicos a las regiones más atrasadas del país, son ejemplos de un compromiso histórico irrenunciable. De la misma manera en que se ha asegurado el derecho a la educación de todos los mexicanos, así se deberá buscar una fórmula en la que tanto el Estado como la sociedad coordinen sus esfuerzos a fin de asegurar la inclusión digital de todos los mexicanos.
Es por esto que la Sexagésima Legislatura de la honorable Cámara de Diputados a través de la Comisión Especial para la promoción del acceso digital a los mexicanos, apoyada en la facultad que se le otorga al Congreso Mexicano en el artículo 73 fracción XXIX incisos D y F de nuestra Constitución Política, para legislar en materia planeación para el desarrollo económico y social, así como para promover la transferencia tecnológica, y la generación, difusión y aplicación de conocimientos científicos y tecnológicos, presenta esta Iniciativa de Ley para darle certeza, claridad y fuerza jurídica a una política pública que promueva el desarrollo de la sociedad de información en nuestro país.
Tomando en cuenta que de acuerdo a lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, el acceso a estas nuevas tecnologías debe ser considerado como un elemento fundamental para lograr entre los mexicanos un verdadero desarrollo humano sustentable, la Ley Federal para el Desarrollo de la Sociedad de la Información en México (LDSI), busca darle al país un rumbo firme y claro en todo lo relacionado con el aprovechamiento de las modernas tecnologías de la información y la comunicación.
Esta ley pretende promover y estimular el uso intensivo y creativo de estos nuevos medios tecnológicos, bajo una visión de derechos humanos, para que la gente mejore sus condiciones de vida y pueda tener más oportunidades de desarrollo personal, así como para que las empresas mexicanas sean más competitivas creando más puestos de trabajo mejor remunerados, y para que la gestión de gobierno sea más eficaz empleando menos recursos y brindando una mejor atención a los ciudadanos.
El proyecto de ley establece que será el Ejecutivo federal el responsable de coordinar la aplicación del mismo. Se ha considerado también que la ley debe ajustarse al Principio de Federalismo por lo que deberá propiciarse una coordinación muy estrecha entre los tres niveles de gobierno, y también se ha buscado garantizar la División de Poderes para que tanto el Poder Legislativo como el Poder Judicial colaboren en la construcción del México digital.
Se ha considerado que esta Ley favorecerá el diseño de una política pública para el sector con metas que trasciendan los cambios de administración y cuya eficacia y resultados puedan ser evaluados y dados a conocer de acuerdo a los procedimientos de transparencia.
Se ha pensado en una Ley que facilite la orientación, la coordinación y la integración de los esfuerzos y las acciones, tanto del sector público como de la iniciativa privada y la sociedad civil, para acelerar el desarrollo de la Sociedad de la Información en nuestro país. Una Ley que sirva como una especie de Ruta de Navegación aceptada por todos, que marque los tiempos y los plazos, y que cuente con un responsable del cumplimiento de los compromisos asumidos por los diferentes actores involucrados.
Con esta ley se pretende atender de manera integral un área crítica para el desarrollo de las naciones en el Siglo XXI. México requiere con urgencia resolver su ingreso a la era digital. Otros países como Finlandia, Irlanda, Taiwán, Singapur y Chile han demostrado que la planeación y la promoción del desarrollo en materia digital asumidos como compromiso del Estado han sido elementos claves en el mejoramiento de la calidad de vida de sus ciudadanos y en el aumento de la competitividad de sus economías.
La transformación de México en una Sociedad de la Información es un asunto de alta prioridad nacional. El cambio tecnológico no debe ser fuente de nuevas desigualdades, al contrario debemos aprovecharlo para darle viabilidad a nuestras aspiraciones de mayor equidad social. Esto supone un desafío en materia de infraestructura en telecomunicaciones; competencia en el sector; contenidos accesibles y útiles; educación y cultura.
En este sentido la iniciativa de Ley se estructura en veintisiete artículos desarrollados a lo largo de tres títulos y seis artículos transitorios más.
El Título Primero, ``Disposiciones Generales'', establece como objeto de la ley promover el desarrollo de una Sociedad de la Información en el país, a través de una estrategia digital integral liderada por el Ejecutivo federal que propicie igualdad de oportunidades entre los habitantes del país, mediante la accesibilidad y el uso masivo de las tecnologías de la información y comunicación; en el marco de las libertades ciudadanas y obligaciones gubernamentales que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Por ello se busca impulsar la creación de una política pública que coordine los esfuerzos y las acciones necesarias para lograr el avance de la Sociedad de la Información en México. La meta es lograr un gran acuerdo nacional incluyente, que contemple los objetivos, los plazos y las estrategias a seguir, y que para asegurar su cumplimiento cuente con un ente responsable cuyo funcionamiento no esté determinado por coyunturas políticas o cambios de gobierno.
Y para ello indica que en la construcción de una política nacional en la materia, deberán concursar gobierno, industria, academia y sociedad organizada, bajo una visión democrática, federalista y de respeto a la división de poderes. Bajo este entendido, el cuerpo de la iniciativa busca:
I. Contribuir al incremento de la calidad de vida y el bie-nestar social, mediante la implementación de una sólida, segura y sustentable infraestructura de tecnologías de la información y comunicación, a través de Internet de banda ancha y tecnologías emergentes, disponible en todo el país, accesible para todos los habitantes del país, sea desde sus hogares, lugares de trabajo, centros educativos, o desde una red ubicada en centros comunitarios digitales, parques y lugares públicos o cibercafés;
II. Formar una población participativa, alfabetizada digitalmente, a través del Sistema Educativo Nacional, y una fuerza de trabajo calificada en el manejo de las tecnologías de la información y comunicación, mediante la capacitación digital, que incluye la alfabetización, instrucción, apropiación y adopción del uso de dichas tecnologías, por lo que se deberá considerar a la investigación y formación de recursos humanos como inversión prioritaria;
III. Consolidar la confianza en las instituciones públicas, bajo los principios de modernidad, competitividad y servicio al ciudadano, para contribuir al desarrollo de una Sociedad de la Información en el país, fortaleciendo principalmente los servicios de gobierno electrónico, salud, educación, seguridad pública, protección civil y cultura, a través del aprovechamiento de las tecnologías de la información y comunicación;
IV. Fomentar el crecimiento económico y el empleo en el país, mediante la innovación tecnológica y la conversión de las actividades del sector privado hacia una economía digital, con el objeto de implantar un comercio electrónico altamente desarrollado;
V. Impulsar la productividad y la competitividad del país, desarrollando empresas de tecnologías de la información y comunicación, en el marco de las mejores prácticas, que soporten digitalmente la economía nacional, y que sean capaces de competir internacionalmente; y
VI. Establecer un marco jurídico-normativo moderno que facilite el desarrollo de la Sociedad de la Información, asegurando la libertad de expresión, la democracia, la transparencia, el acceso al conocimiento y la cultura, así como la confianza de los usuarios de Internet y la protección de los derechos de creadores e innovadores, de empresarios, trabajadores y consumidores.
El Título Segundo, ``De la Conducción y Coordinación de la Política para el Desarrollo de la Sociedad de la Información'', busca, apoyado en la legislación de planeación, marcar la ruta para alcanzar los objetivos planteados.
En este sentido, enmarca dentro del Programa Especial para el Desarrollo de la Sociedad de la Información, el conjunto de acciones que deberán desplegarse en materia de los derechos a la educación, a la salud y a la vivienda, así como en los rubros de economía, infraestructura, educación cívica, cultura, seguridad pública, entre otros.
Establece un modelo de gobernabilidad para el sector creando un ente coordinador, la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo de la Sociedad de la Información, con capacidad para incidir en el uso de TIC no sólo dentro de las tareas de Gobierno sino también en relación a los esfuerzos que realiza el sector empresarial y los ciudadanos organizados.
Necesariamente estos dos instrumentos tendrían un respaldo legal. Para ello se ha pensado en una ley federal que reconozca la dirección y los objetivos marcados por la agenda digital, y que defina con precisión el modelo de gobernabilidad y las atribuciones del ente coordinador.
El Título Tercero, ``De la Medición del Impacto'', respetando el principio constitucional de presupuestación a través de resultados, establece un sistema de medición del impacto incluyente y con una fuerte presencia ciudadana, que reúne a los tres poderes federales, las entidades federativas, el sector académico y el sector privado, que pretende coordinar la evaluación de las políticas y programas para el desarrollo de la sociedad de la información que ejecuten las dependencias públicas.
Finalmente, los artículos transitorios buscan dar celeridad a este proceso estableciendo tiempos certeros para la integración de los órganos rectores.
Asimismo, se promueve la austeridad presupuestal estableciendo que para la operación y funcionamiento de la Comisión Intersecretarial, así como para el Consejo, se aprovecharán los recursos humanos, materiales y financieros de las Dependencias y Entidades, por lo que no se requerirán recursos adicionales para tal fin.
Por otro lado, se le otorga al Ejecutivo federal un lapso de seis meses a partir de la entrada en vigor de esta Ley, para formular y publicar una Agenda Rectora para el desarrollo de la Sociedad de la Información, con una visión a veinte años, objetivos, líneas estratégicas y líneas de acción, dicha agenda será elaborada por única vez y establecerá las líneas a desarrollar en los Planes y Programas de los siguientes mandatados presidenciales. Para la elaboración de dicha Agenda, deberá tenerse en cuenta las consideraciones del Consejo y de la Comisión Intersecretarial.
Y junto a ella, el Ejecutivo federal formulará y publicará el Programa Especial en la materia correspondiente al período que concluye con el mandato constitucional de la actual administración federal.
Como nación, México debe establecer las políticas que le permitan hacia el exterior superar la brecha digital que lo separa de los países desarrollados que controlan la mayor parte de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), así como los contenidos que circulan por la red. Hacia el interior, el Estado mexicano debe promover en conjunto con la sociedad, una serie de políticas públicas que permitan cerrar la brecha digital que hoy existe entre grupos socioeconómicos, entre regiones, entre géneros y entre grupos de edad.
La honorable Cámara de Diputados, impulsada por la presente Comisión Especial, debe ser no sólo un actor en la conformación de una agenda digital de largo alcance, sino promotora permanente de la inclusión digital como factor esencial del desarrollo humano de los mexicanos. La presente iniciativa es muestra de ello al haber conjuntado en su elaboración a través de reuniones, foros y un diálogo directo a los sectores público, privado, académico y social, a los cuales agradecemos su puntual e insistente colaboración. La voluntad política y la transformación de un marco jurídico apropiado, son las tareas que debemos emprender a la brevedad los legisladores de todas las fracciones parlamentarias para desarrollar la agenda digital a largo plazo que requiere el país.
Por lo anteriormente expuesto, nos permitimos someter a la consideración de esta honorable Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de
Ley para el Desarrollo de la Sociedad de la Información
Título I Disposiciones Generales
Artículo 1o. La presente Ley es de orden público y sus disposiciones están dirigidas a promover el desarrollo de una Sociedad de la Información en el país, a través de una estrategia digital integral liderada por el Ejecutivo federal que propicie igualdad de oportunidades entre los habitantes del país, mediante la accesibilidad y el uso masivo de las tecnologías de la información y comunicación; en el marco de las libertades ciudadanas y obligaciones gubernamentales que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo 2o. Para los efectos de esta Ley se entenderá por:
Artículo 3o. Las políticas, los programas y las acciones que desarrolle el Ejecutivo federal, en materia de desarrollo de la Sociedad de la Información en el país, tendrán carácter prioritario, por lo que serán contempladas en el Plan Nacional de Desarrollo y Programas Sectoriales que deriven de ello y estarán orientados, a los siguientes objetivos:
Artículo 4o. Para coordinar la implementación de esta Ley se crea la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo de la Sociedad de la Información; así mismo se crea el Consejo para el Desarrollo de la Sociedad de la Información, como órgano consultivo de la Comisión Intersecretarial, encargado de la medición del impacto de la estrategia digital integral.
Artículo 5o. Los Poderes Legislativo y Judicial, así como los órganos con autonomía reconocida por la Constitución, mediante acuerdos de carácter general de sus respectivos órganos de gobierno, impulsarán programas y acciones que faciliten y mejoren el ejercicio de sus respectivas atribuciones, a través del aprovechamiento de las tecnologías de la información y comunicación, bajo los principios de eficiencia y transparencia, considerando las mejores prácticas internacionales en la materia.
Artículo 6o. El Ejecutivo federal podrá convenir con los gobiernos de las entidades federativas la participación de las mismas en la promoción del uso de las tecnologías de la información y comunicación entre la población, debiendo considerarse la participación que corresponda a los municipios. Con el mismo propósito, el Ejecutivo federal podrá concertar la realización de acciones con los sectores social y privado.
Artículo 7o. Los donativos, créditos, estímulos, apoyos, reconocimientos y demás acciones que, en su caso, deban realizar las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para dar cumplimiento a lo dispuesto por la presente ley, deberán cubrirse en función de los ingresos disponibles conforme a la Ley de Ingresos de la Federación y sujetarse a la disponibilidad presupuestaria que se apruebe para dichos fines en el Presupuesto de Egresos de la Federación y a las disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Título Segundo De la Conducción y Coordinación de la Política para el Desarrollo de la Sociedad de la Información
Artículo 8o. La conducción del desarrollo de una Sociedad de la Información, tendrá el carácter democrático que establecen la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes relativas. Participarán en ella el sector público por conducto del Ejecutivo federal, los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, en los términos de la Ley de Planeación, así como los sectores social y privado a través de sus organizaciones sociales y económicas legalmente reconocidas y demás formas de participación que emanen de los diversos agentes de la sociedad.
El desarrollo de la Sociedad de la Información deberá comprender tanto acciones de impulso a la productividad y competitividad, como medidas de apoyos tendientes a eliminar las asimetrías en la materia, existentes tanto dentro del país, así como con respecto a otros países, bajo criterios de sustentabilidad.
Artículo 9o. Anualmente, la Secretaría que presida la Comisión Intersecretarial elaborará, tomando en consideración las propuestas de la Comisión Intersecretarial, el Programa Especial para el Desarrollo de la Sociedad de la Información, el cual será puesto a consideración del Presidente de la República en los términos de la Ley de Planeación.
Dicho Programa Especial, deberá fomentar acciones que desarrollen la política establecida en materia de Sociedad de la Información en el Plan Nacional de Desarrollo; se publicará en el Diario Oficial de la Federación y se difundirá ampliamente entre la población del país. Asimismo, estará sujeto a las revisiones, evaluaciones y ajustes previstos por las leyes aplicables, con la participación del Consejo.
Artículo 10. Con objeto de que la gestión pública que se realice para cumplir esta Ley, constituya una acción integral del Estado en apoyo al desarrollo de la Sociedad de la Información, el Ejecutivo federal, por conducto de la Comisión Intersecretarial, coordinará el accionar de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, relacionadas con la política sexenal y los programas y acciones anuales en la materia, de acuerdo a lo que establezca el Reglamento de dicha Comisión.
Artículo 11. La Comisión Intersecretarial a través de las dependencias que la integran, ejecutará las acciones previstas en este Título, de acuerdo con la competencia que les confiere la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la Ley de Planeación; en la forma que se determinen en su reglamento y otras disposiciones aplicables.
Asimismo, la Comisión Intersecretarial, mediante la concertación con las dependencias y entidades del sector público y con los sectores privado y social, aprovechará las capacidades institucionales de éstos y las propias de las estructuras administrativas que le asigna su reglamento.
Artículo 12. La Comisión Intersecretarial estará integrada por:
La Comisión Intersecretarial será presidida por la persona que el titular del Ejecutivo designe de entre sus integrantes. Los integrantes de la Comisión tendrán derecho a voz y voto; los invitados permanentes sólo tendrán derecho a voz. En el supuesto de ausencia de los titulares de las Secretarías, éstos nombrarán a sus respectivos suplentes para cada sesión en específico, mismos que conservarán su derecho a voz y voto.
Artículo 13. La Comisión podrá invitar a sus sesiones, a propuesta de cualquiera de sus integrantes a:
Los invitados podrán participar en las sesiones con derecho a voz pero sin voto.
Artículo 14. Corresponden a la Comisión Intersecretarial para la implementación de esta ley, las siguientes atribuciones:
Artículo 15. El Presidente de la Comisión Intersecretarial tendrá las siguientes funciones:
Artículo 16. Los integrantes de la Comisión Intersecretarial se harán responsables, en el ámbito de sus respectivas competencias, de la coordinación e implementación de las acciones que sean necesarias para el cumplimiento de los acuerdos tomados en ésta.
Artículo 17. La Comisión Intersecretarial sesionará de forma ordinaria cuando menos cuatro veces al año, sin perjuicio de que celebre sesiones extraordinarias previa convocatoria del Secretario Ejecutivo, por instrucciones de su Presidente, a petición de cualquiera de sus integrantes.
Para sesionar válidamente, la Comisión Intersecretarial deberá contar por lo menos con la presencia de cuatro de sus integrantes, dentro de los cuales deberá estar presente el Presidente de la Comisión Intersecretarial; sus decisiones se tomarán por mayoría de votos, en caso de empate, el Presidente tendrá voto de calidad.
Artículo 18. El Presidente de la Comisión Intersecretarial nombrará a un Secretario Ejecutivo, al cual le corresponderá llevar a cabo las siguientes funciones:
Artículo 19. El Ejecutivo federal a través de las Secretarias enunciadas en el artículo 17 de la presente ley y que conforman la Comisión Intersecretarial, previo acuerdo con los gobiernos de las entidades federativas y los municipios, podrá celebrar los convenios necesarios para definir las responsabilidades de cada uno de los órdenes de gobierno en el cumplimiento de los objetivos y metas del Programa Especial. En estos convenios se establecerá la responsabilidad de los gobiernos de las entidades federativas y los municipios, para promover la oportuna concurrencia en el ámbito estatal y municipal de otros programas sectoriales que, en términos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, sean responsabilidad de las diferentes dependencias y entidades federales, cuyo alcance guarde relación directa con lo señalado en la presente ley.
Artículo 20. Los convenios que celebren las dependencias y entidades del sector público federal con los gobiernos de las entidades federativas y los municipios, se realizarán de conformidad con la normatividad aplicable, aprovechando los instrumentos financieros con que en su caso cuenten las Secretarías enunciadas en el artículo 17 de la presente ley y que conforman la Comisión Intersecretarial, y que guarden relación con el objeto de esta ley.
Título Tercero De la Medición del Impacto
Artículo 21. La medición del impacto de la Política para el Desarrollo de la Sociedad de la Información, estará a cargo del Consejo para el Desarrollo de la Sociedad de la Información, en términos del presente título, que podrá realizarla por sí mismo o a través de uno o varios organismos independientes del ejecutor del programa, y tiene por objeto, revisar periódicamente el cumplimiento de los objetivos sociales y económicos de los programas, metas y acciones de la Política para el Desarrollo de la Sociedad de la Información, para sugerir correcciones, modificaciones, adiciones, reorientaciones o suspensiones totales o parciales.
El consejo, es una instancia consultiva de la Comisión Intersecretarial, con carácter incluyente y representativo de los intereses del país.
Artículo 22. La Comisión Intersecretarial presentará anualmente, un informe del progreso y de las medidas de políticas tomadas en materia de la Sociedad de la Información ante el Consejo.
Para tal fin, se define como periodo para realizar la medición del impacto, del primero de mayo al treinta de abril y podrá también ser multianual en los casos que así se determine.
Artículo 23. Corresponden al Consejo para la medición del impacto de las políticas, programas y acciones objeto de esta ley, las siguientes atribuciones:
Artículo 24. Para la medición del impacto de las políticas desplegadas en la materia, los programas de manera invariable deberán incluir los indicadores de resultados, para medir su cobertura, calidad y repercusión. Las dependencias y entidades del Ejecutivo federal ejecutoras de los programas a sopesar; y las estatales o municipales, en los términos de los convenios que al efecto suscriban, proporcionarán toda la información y las facilidades necesarias para la realización de dicha medición.
Artículo 25. Los indicadores de resultados que se establezcan deberán reflejar el cumplimiento de los objetivos de los programas, metas y acciones de la Política Nacional para el Desarrollo de la Sociedad de la Información. Así como los procedimientos y la calidad de los servicios de los mismos, con referencia en las mejores prácticas internacionales.
Artículo 26. El Consejo estará integrado de la siguiente forma:
Artículo 27. Los integrantes del Consejo, durarán cuatro años en el cargo y podrán ser reelectos por un solo período adicional, y su cargo tendrá carácter honorífico. Serán designados por la Comisión Intersecretarial a través de una convocatoria pública cuya responsabilidad será del Secretario Ejecutivo, y cuyos lineamientos se establecerán en el reglamento de la Comisión Intersecretarial.
En el caso de los representantes Poder Legislativo y del Poder Judicial, serán sus órganos de gobierno quienes los designen, por los mecanismos que los mismos determinen, y con la temporalidad que sus cargos le permitan.
El consejo contará con un presidente, que será elegido por sus integrantes de entre los señalados en las fracciones I a IV del artículo anterior. Durará en su encargo cuatro años y no podrá ser reelecto. Contará con las atribuciones que señale su reglamento, para el cumplimiento de los fines del consejo establecidos en el artículo 22 de la presente ley.
Transitorios
Primero. La presente ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente ordenamiento.
Tercero. La integración de la Comisión Intersecretarial, tendrán un plazo máximo de tres meses a partir de la publicación de esta ley en el Diario Oficial de la Federación. Una vez instalada, la Comisión Intersecretarial tendrá tres meses para la expedición de su reglamento.
Una vez integrada la Comisión Intersecretarial, en un plazo máximo de un mes se deberá expedir la convocatoria para la conformación del Consejo para el Desarrollo de la Sociedad de la Información; que deberá integrarse en un plazo máximo de dos meses a partir de dicha convocatoria.
Cuarto. Para la operación y funcionamiento de la Comisión Intersecretarial, así como para el Consejo, se aprovecharán los recursos humanos, materiales y financieros de las Dependencias y Entidades, por lo que no se requerirán recursos adicionales para tal fin.
Quinto. El Ejecutivo federal dispone de seis meses a partir de la instalación de la Comisión Intersecretarial, para formular y publicar una agenda digital para el desarrollo de la Sociedad de la Información, con una visión a veinte años, objetivos, líneas estratégicas y líneas de acción, dicha agenda será elaborada por única vez y establecerá las líneas a desarrollar en los Planes y Programas de los siguientes mandatados presidenciales.
Para la elaboración de dicha Agenda, deberá tenerse encuentra las consideraciones del Consejo y de la Comisión Intersecretarial.
Sexto. El Ejecutivo federal dispone de seis meses a partir de la instalación de la Comisión Intersecretarial, para formular y publicar el Programa Especial en la materia correspondiente al período que concluye con el mandato constitucional de la actual administración federal.
Séptimo. Los Poderes Legislativo y Judicial, así como los órganos con autonomía reconocida por la Constitución deberán publicar las disposiciones correspondientes a más tardar seis meses después de la entrada en vigor de la Ley.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Gracias, diputado. Como ha sido la petición, se inserta íntegra en el Diario de los Debates.
Queremos destacar la presencia de líderes políticos del distrito XIX del estado de Jalisco, invitados por el diputado Salvador Barajas del Toro . Sean ustedes bienvenidos.
Asimismo, se encuentra en este salón de sesiones el excelentísimo señor Dermot Brangan, embajador de la República de Irlanda en México, quien hoy nos honró en la inauguración de las jornadas de Irlanda en México, invitado por el presidente del Grupo de Amistad México-Irlanda, diputado Joaquín de los Santos Molina . Sea usted bienvenido, señor embajador, y que este intercambio cultural entre nuestros países siga estrechando los lazos de amistad existentes. Buenas tardes.
Concluyo con el turno de la iniciativa que ha sido expuesta. Se turna a la Comisión de Ciencia y Tecnología, con opinión de las Comisiones de la Función Pública, y de Presupuesto y Cuenta Pública.
LEY GENERAL DE SALUD
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Tiene la palabra la diputada Holly Matus Toledo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa que reforma el artículo 61 de la Ley General de Salud.
La diputada Holly Matus Toledo: Dada la estrechez del tiempo, atentamente le pido, diputada presidenta, que se sirva integrar el texto completo en el Diario de los Debates.
Compañeros diputados y compañeras diputadas, en México, según informes de la Secretaría de Salud, desde el inicio de la pandemia del VIH/sida, hace 25 años, se han registrado 110 mil casos, de los cuales 60 mil afectados y afectadas ya fallecieron. Por sexo, tan sólo del total de muertes 82.7 por ciento son hombres y 17.3 por ciento mujeres.
En nuestro país, la sexual sigue siendo la principal vía de transmisión. Se ha observado, además, que los casos de transmisión heterosexual han ido en aumento, alcanzando 57.9 por ciento del total de casos diagnosticados.
Aunque la epidemia del VIH aún se considera concentrada ---esto es, que hay prevalencia en grupos de riesgo: hombres que tienen sexo con hombres, usuarios de drogas intravenosas y trabajadoras o trabajadores sexuales---, el hecho es que se está incrementando el número de mujeres contagiadas debido a un sinnúmero de factores biológicos, sociales, culturales y económicos, incluyendo la arraigada desigualdad social y económica que enfrentan las mujeres dentro de las relaciones sexuales y el matrimonio.
Entre los factores que incrementan la vulnerabilidad de la mujer para contraer la infección se encuentran los biológicos, ya que se ha comprobado que en relaciones heterosexuales la mujer es de dos a cuatro veces más vulnerable a la infección por VIH/sida que el hombre, debido a la zona de exposición ante el virus, la cual es mayor en superficie.
Por otro lado, se ha registrado un incremento paulatino del número de muertes maternas por sida, incrementándose 2.6 veces de 2002 a 2006, lo cual podría ser un reflejo indirecto del incremento de la infección en las mujeres, y una creciente feminización del VIH.
La vulnerabilidad social y el menor acceso de las mujeres a los recursos económicos y materiales las vuelve dependientes de los hombres y con escasas posibilidades de acceder a información, prevención y atención en el tema del VIH/sida.
La vulnerabilidad de las mujeres se refuerza cuando además se suman otras disparidades como son la pobreza o la discriminación por razones étnicas o de preferencias sexuales. Es decir, el VIH/sida afecta a las mujeres en tanto mujeres, pero no las afecta a todas por igual.
Una de las consecuencias de que día a día haya más mujeres infectadas por el VIH y de que la edad en la que se concentra el mayor número de casos sea a la edad reproductiva, es la posibilidad de que aumente el número de embarazadas infectadas.
México fue uno de los países que más tempranamente respondió al llamado internacional que hizo la Organización Mundial de la Salud para establecer un programa nacional para la prevención y el control de este grave problema de salud.
Sin embargo, uno de los cuestionamientos que se hace al interior, actualmente, es que a pesar de contar con el Programa Nacional para la Prevención de la Transmisión Vertical de la Infección, no se ha logrado el impacto deseado en la disminución, no obstante que ésta pueda alcanzarse en 98 por ciento de intervenciones altamente costo-efectivas, como la detección del VIH en toda mujer embarazada, el acceso a esquemas retrovirales para mujeres embarazadas VIH positivas, la implantación de programas de atención integral que incluyan la realización de cesáreas selectivas, evitar la lactancia materna y procurar una alimentación segura y de calidad con sucedáneos lácteos y el fortalecimiento de la planificación familiar y anticoncepción de las mujeres afectadas.
Las mujeres embarazadas infectadas con VIH/sida tienen muchas necesidades específicas. Requieren servicios integrales de salud a donde puedan acudir para recibir atención, para poder tener también acciones de prevención, tratamiento, diagnóstico y cuidado de las personas afectadas con este mal.
La feminización de la pandemia del VIH/sida, la ausencia de una vacuna y la lejanía de encontrar una cura hacen necesario tomar acciones al respecto, por lo que es necesario que la prevención y atención del VIH perinatal sea una prioridad en la atención de la salud materno-infantil.
Por ello propongo que se adicione un párrafo sexto al artículo 61 de la Ley General de Salud, a fin de que acciones de detección y atención del VIH sean una actividad prioritaria para la salud materno-infantil, y podamos, de una manera u otra, disminuirla en la transmisión vertical que se está presentando de las madres a sus hijos. Por su atención, muchas gracias.
«Iniciativa que reforma el artículo 61 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Holly Matus Toledo , del Grupo Parlamentario del PRD
La que suscribe, diputada federal Holly Matus Toledo , integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento por lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Ley Suprema, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona un párrafo VI al artículo 61 de la Ley General de Salud.
Exposición de Motivos
Desde su aparición en el mundo a principios de los ochenta, la epidemia de VIH-sida ha sido la causa de más de 25 millones de defunciones. Se estima que hasta finales de 2007, 33 millones de personas vivían con VIH, de ellas, 30.8 millones eran adultos; 15.4 millones, mujeres; y 2.5 millones, menores de 15 años. El número anual de nuevas infecciones disminuyó de 3 millones en 2001 a 2.7 millones en 2007. 1
A nivel mundial, el número de niños menores de 15 años que viven con el VIH ha aumentado de 1.6 millones en 2001 a 2 millones en 2007. Se estima que 370 mil niños menores de 15 años contrajeron VIH en ese año. En algunas naciones la mortalidad por sida entre niños ha empezado a disminuir gracias a la ampliación progresiva del tratamiento y la prevención materno-infantil.
La región más afectada por el VIH-sida sigue siendo África subsahariana, sin embargo, la epidemia en esa región se ha estabilizado o ha empezado a declinar. Fuera de África, la infección continúa a la alza en otras regiones del mundo.
Entre 2001 y 2007, se produjeron aumentos similares en la cifra estimada del total de nuevas infecciones en varones y mujeres. Si bien, la razón hombre-mujer se mantuvo estable en todo el mundo (50 por ciento), el número estimado de 15.4 millones de mujeres viviendo con VIH en 2007 representó 1.6 millones más que los 13.8 millones de 2001. Esto significa que el porcentaje de infecciones entre las mujeres está aumentando en ciertas zonas.
En África subsahariana, aproximadamente 61 por ciento de los adultos que vivían con VIH en 2007 eran mujeres, mientras que en el Caribe el porcentaje fue de 43 por ciento. En América Latina, Asia y Europa Oriental, estas cifras están acrecentándose lentamente, ya que el VIH se transmite a las parejas femeninas de varones que probablemente lo hayan contraído a través del consumo de drogas inyectables, las relaciones sexuales remuneradas o con otro varón sin usar protección. En Europa Oriental y Asia central se estima que las mujeres representaron el 26 por ciento de los adultos con VIH en 2007, mientras que en Asia ese porcentaje alcanzó el 29 por ciento en ese mismo año.
En nuestro país, a los casos acumulados de VIH en mujeres de 1983 a 2008 corresponde el 17 por ciento, y de los casos diagnosticados al primer semestre del año en curso, el 20.9 por ciento ocurrió en mujeres mayores de 15 años. Estimaciones del Centro Nacional para la Prevención y Control de VIH-Sida (Censida) calculan que el 25.5 por ciento de las personas infectadas por el VIH son mujeres.
Sin embargo, las cifras del Censida no presentan datos desagregados por sexo para menores de 15 años diagnosticados con VIH en lo que va del año, por lo que no se puede saber con exactitud el número total de niñas afectadas que se encuentran en el registro nacional de casos de sida. 2
Según el Informe sobre la Epidemia Mundial de Sida 2008, de la Onusida, aunque la epidemia de VIH aún se considera concentrada, esto es que hay prevalencia en grupos de riesgo: hombres que tienen sexo con hombres, usuarios o usuarias de drogas intravenosas, o trabajadores o trabajadoras sexuales, el hecho es que se está incrementando el número de mujeres contagiadas debido a una gama de factores biológicos, sociales, culturales y económicos, incluyendo la arraigada desigualdad social y económica que enfrentan las mujeres dentro de las relaciones sexuales y el matrimonio.
Entre los factores que incrementan la vulnerabilidad de la mujer para contraer la infección se encuentra los biológicos, ya que se ha comprobado que en las relaciones heterosexuales la mujer es de 2 a 4 veces más vulnerable a la infección por el VIH que el hombre, porque la zona de exposición al virus durante la relación sexual es de mayor superficie en la mujer, porque la carga viral es mayor en el semen que en los fluidos vaginales, y porque las infecciones de transmisión sexual (ITS) --cofactores de infección por el VIH-- son más frecuentemente asintomáticas y no tratadas en la mujer que en el hombre, lo que debilita la mucosa vaginal, permitiendo la entrada del virus, más aún en las adolescentes cuyo aparato genital todavía está inmaduro. 3
Epidemiológicamente, los patrones de formación de pareja vigentes en la gran mayoría de las sociedades llevan a que mujeres más jóvenes mantengan relaciones sexuales y establezcan pareja con hombres de mayor edad, lo que hace que dichas mujeres estén en un riesgo mayor de infectarse por el VIH y demás ITS, debido a que practican sexo desprotegido con hombres de una franja de edad en la que son más elevados los niveles de prevalencia del VIH y de las ITS.
La vulnerabilidad social tiene que ver con el menor acceso de las mujeres a los recursos simbólicos y físicos (toma de decisiones, recursos educativos, de servicios, económicos), lo que las vuelve dependientes de los hombres y con escasas posibilidades de acceder a información, prevención y atención en el tema del VIH-sida.
En cuanto a la desigualdad por condición de género, la vulnerabilidad de las mujeres se refuerza cuando, además, se suman otras disparidades, como la pobreza o la discriminación por razones étnicas o de preferencias sexuales. Es decir, el VIH-sida afecta a las mujeres, pero no las afecta a todas por igual. Si bien existe una vulnerabilidad específica para éstas, las que están particularmente en riesgo son las trabajadoras de la salud, las compañeras sexuales de personas que tienen prácticas de riesgo, las parejas sexuales de personas que viven con el VIH, las mujeres expuestas a abuso sexual, violencia familiar, las que practican transfusiones sanguíneas sin precaución, las indígenas-rurales, migrantes o parejas de migrantes, las privadas de la libertad y las parejas de personas privadas de la libertad.
La violencia física, sexual y emocional contra las mujeres incrementa el riesgo de contraer VIH, ya que las laceraciones resultado de sexo forzado contribuyen a su transmisión. La violencia también impide que las mujeres pidan sexo seguro a sus parejas, acudan a las pruebas de detección o accedan al tratamiento, por el miedo a ser violentadas si el resultado es positivo. Otros factores que impiden la detección son el temor a ser discriminadas o abandonadas por parte de los servicios de salud, sus familias y comunidades, que sean sujetas a aborto o esterilización forzada, a despido del empleo y a pérdida de oportunidades de subsistencia.
Diversas investigaciones han señalado que, en muchos contextos, los valores sociales y culturales en torno a la importancia de la pureza femenina significan que las mujeres y las niñas que viven con VIH-sida son objeto de una mayor discriminación que los hombres.
A las mujeres que no han llegado vírgenes al matrimonio o han tenido varias parejas y que están infectadas de VIH se les tiende a calificar --tanto por otras mujeres como por hombres-- como promiscuas o vectores de enfermedades. El hecho de que puedan transmitir la infección a sus bebés a través del embarazo o la lactancia materna intensifica el estigma asociado a ellas como mujeres.
El actual énfasis de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en la realización de pruebas prenatales de detección, debe ser abordado con cuidado, ya que por un lado busca prevenir la infección y, por el otro, contribuye a reforzar la noción de que las mujeres llevan el VIH a la familia. Es desconcertante que las tasas reportadas más elevadas de violencia relacionadas con la revelación del estado de salud correspondan a mujeres cuyas pruebas de VIH resultaron positivas en el contexto de la atención prenatal. Por lo que se hace de suma importancia que el objetivo de la prueba no sea sólo proteger la salud de los bebés, también debe ser en beneficio de la salud de la mujer y en la protección de sus derechos humanos.
Aún entre mujeres que tienen acceso a servicios de salud, el temor a la divulgación de un diagnóstico positivo puede interferir con su capacidad de mantener la adherencia a la terapia antirretroviral e impedirles seguir los programas de prevención de la transmisión de madre a hijo, pues temen que el uso de opciones alternativas de alimentación infantil --que no sea la lactancia materna-- revelará su estado positivo de VIH.
Una de las consecuencias de que día a día haya más mujeres infectadas por el VIH, y de que la edad en la que se concentra el mayor número de casos sea la edad reproductiva, es la posibilidad de que aumente el número de embarazadas infectadas.
Los cambios inmunológicos asociados con el embarazo pueden afectar el curso de la infección por VIH. Se sabe que estos cambios pueden agravar diversas enfermedades bacterianas, virales, parasitarias y micósicas, tal como sucede con las enfermedades autoinmunes.
Un problema importante es que no se ha estudiado de manera suficiente el desarrollo del mal entre las mujeres, por eso no se sabe con claridad el efecto del embarazo sobre la progresión de la infección. Tampoco se sabe si el embarazo disminuye las expectativas de vida de las mujeres embarazadas. A pesar de la falta de información, es posible que las embarazadas sean más vulnerables a las complicaciones del VIH, así como a la morbilidad no relacionada con el sida.
En un principio se pensó que la transmisión perinatal del VIH-sida ocurría en un alto porcentaje de los embarazos; sin embargo, al avanzar la investigación se ha determinado que su rango oscila entre 12 y 40 por ciento. La transmisión puede ocurrir durante el embarazo en forma transplacentaria, al momento del parto o a través de la leche materna. No se sabe con certeza por qué el contagio ocurre unas veces y otras no. 4
México fue uno de los países que más tempranamente respondió al llamado internacional que hizo la OMS para establecer un programa nacional para la prevención y control de este grave problema de salud pública, y desde 1986 inició acciones al respecto. Sin embargo, uno de los cuestionamientos actuales es que, a pesar de contar con un programa nacional para la prevención de la transmisión vertical de la infección, no se ha logrado el efecto deseado en su disminución, no obstante que ésta puede alcanzarse en un 98 por ciento de intervenciones altamente costo-efectivas, como la detección del VIH en toda mujer embarazada; el acceso a esquemas antirretrovirales para mujeres embarazadas VIH positivas; implantación de programas de atención integral que incluyan la realización de cesárea electiva; evitar la lactancia materna y procurar una alimentación segura y de calidad con sucedáneos lácteos; y el fortalecimiento de la planificación familiar y anticoncepción en las mujeres afectadas. 5
La epidemia en nuestro país también se ha concentrado en hombres que tienen sexo con hombres, trabajadores del sexo comercial y usuarios de drogas inyectables. En 1986 la proporción hombre-mujer era de 30 a 1, pero debido a la mayor vulnerabilidad de las mujeres, esta proporción ha ido cambiando y, en la actualidad, es de 4 a 1, siendo, desde hace varios años, la vía sexual la principal fuente de transmisión. Se ha observado además que los casos de transmisión heterosexual han ido en aumento, alcanzando cifras del 57.9 por ciento del total de casos diagnosticados en 2006.
De acuerdo a reportes oficiales, para finales de 2007 se registraron 104 nuevos casos de embarazadas con VIH-sida atendidas por la Secretaría de Salud con tratamiento antirretroviral, mientras que en octubre del presente se observan 59 nuevos casos. Respecto a la prevalencia del VIH en recién nacidos, durante 2007 se presentaron 114 nuevos casos, mientras que para junio de 2008 los casos nuevos registrados fueron 31.
En cuanto a la transmisión del VIH a través de la lactancia materna, el Censida no cuenta con registros precisos, sin embargo, estima que de los casos del VIH en recién nacidos, aproximadamente el 15 por ciento lo adquirió por esta vía. 6
Por otro lado, se ha registrado un incremento paulatino del número de muertes maternas por sida, incrementándose 2.6 veces de 2002 a 2006, lo cual podría ser un reflejo indirecto del incremento de infección en las mujeres. 7 Y aunque estas cifras no se muestran alarmantes ante la creciente feminización del VIH, predominante en la edad reproductiva, aumenta también el riesgo de nacimiento de niños infectados.
Las acciones relativas a la prevención perinatal iniciaron desde 1990 con el programa institucional de atención integral a la mujer embarazada VIH positiva en el instituto nacional de perinatología Isidro Espinosa de los Reyes, en el Distrito Federal.
Por otro lado, el Censida, desde 2006, ha distribuido pruebas rápidas en centros de salud seleccionados de todo el país, esto es que la cobertura no es total. El Censida también da seguimiento y control de las mujeres y los niños y las niñas positivas al VIH-sida a través de las Unidades Especializadas Médicas (Uneme) y los Centros de Atención Profesional a Personas con Sida (Capasits) en las entidades federativas.
No obstante, para que disminuya al máximo el riesgo de transmisión, es preciso que también se asegure la alimentación con sustituto de leche materna a través de un programa que opere en todas las instituciones del sector salud, ya que hasta ahora sólo funciona en la Secretaría de Salud. 7
Por su parte, el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva en concordancia con su programa de acción específica Arranque Parejo en la Vida, adquirió durante diciembre de 2006 la prueba de tamizaje (sure Check HIV 1/2) llamada prueba rápida, la cual tiene como propósito identificar a mujeres embarazadas reactivas a la prueba y en una segunda etapa la confirmación a través de las pruebas como Elisa y Western Blot, y con ello evitar la transmisión vertical de VIH al recién nacido. El número de pruebas adquiridas y distribuidas a los estados, entre enero y abril de 2007, fue de 869 mil 550. El manejo que da cada una de estas dependencias de la Secretaría de Salud al tema nos muestra una desvinculación en el trabajo de ambos centros.
Las mujeres embarazadas infectadas con VIH-sida tienen muchas necesidades específicas, requieren de servicios integrales de salud adonde acudir para recibir atención y tratamiento pre y postparto, que se les ofrezca apoyo psicológico adecuado y que sus casos sean tratados con todo respeto por personal sensibilizado y capacitado en el tema.
Las acciones a emprender deben ser tomadas con toda seriedad por los diseñadores de políticas públicas, ya que aún hay brechas en la prevención, tratamiento, diagnóstico y cuidado de las personas afectadas con este mal.
El consentimiento informado debe ser un prerrequisito para la realización de pruebas y el tratamiento del VIH-sida; asimismo, la consejería preprueba debería ser una parte integral de la decisión de cada mujer de conocer su estado de VIH. Se necesita mucha preparación para asegurar que las mujeres puedan manejar las consecuencias de un resultado positivo de su prueba --particularmente si están casadas y siempre han sido fieles a sus compañeros. Es fundamental el respeto al derecho de una persona a optar someterse o no a la prueba. Esto requiere que se proporcione información y apoyo no moralistas, de manera que las personas puedan tomar decisiones más informadas en cuanto a las pruebas, la maternidad o paternidad y la crianza.
Se necesita, además, reforzar las campañas preventivas, ya que existe una baja percepción de las mujeres sobre las posibilidades de adquirir el VIH. La mayor parte de campañas y mensajes han sido dirigidos a las poblaciones de mayor riesgo y la mayoría de las mujeres se perciben ajenas a este riesgo por considerarse fieles, monógamas, no usuarias de drogas, además de desconocer o negar la posibilidad de que su pareja tenga prácticas de riesgo o tenga VIH.
Ante este panorama se hace necesario garantizar el derecho a la salud, los derechos humanos y los derechos reproductivos de las mujeres infectadas. 8
La feminización de la pandemia del VIH, la ausencia de una vacuna y la lejanía de encontrar una cura hace necesario tomar acciones al respecto, por lo que es indispensable que la prevención y atención del VIH perinatal sea una prioridad en la atención de la salud materno-infantil.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía la iniciativa con proyecto de
Decreto por el que se adiciona un párrafo VI al artículo 61 de la Ley General de Salud
Artículo 61. La atención materno-infantil tiene carácter prioritario y comprende las siguientes acciones:
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Notas: 1 Onusida. Informe sobre la Epidemia Mundial de Sida 2008. Resumen de orientación. En www.unaids.com.2 Consejo Nacional para la Prevención y Control del VIH-sida. Panorama Epidemiológico del VIH-sida e ITS en México, 30 de junio de 2008. En: http://www.censida.gob.mx/.3 Herrera, Cristina y Campero, Lourdes. ``La vulnerabilidad e invisibilidad de las mujeres ante el VIH-sida: constantes y cambios en el tema''. En Salud pública de México, volumen 44, número 6, noviembre-diciembre de 2002.4 Langer, Ana, Tolbert, Kathryn y Romero, Mariana. ``Las enfermedades de transmisión sexual como problema de salud pública: situación actual y prioridades de investigación''. En The Population Council. Mujer, sexualidad y salud reproductiva en México, 1996.5 Uribe Zúñiga, Patricia, Ortiz Ibarra, Federico, Hernández Tepichin, Griselda. ``La prevención de la transmisión perinatal''. En 25 años de Sida en México. Logros, desaciertos y retos. Secretaría de Salud, Instituto Nacional de Salud Pública, Censida. México, 2008, página 73.6 Información solicitada vía oficio del Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH-sida.7 Uribe Zúñiga, Patricia. Ibid, página 758 Información recibida vía oficio del Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH-sida de la Secretaría de Salud.La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Gracias, diputada Holly Matus Toledo.Túrnese a la Comisión de Salud.
Queremos destacar la presencia de maestros y alumnos del Colegio de Bachilleres Venustiano Carranza, invitados por nuestro compañero diputado Felipe Díaz Garibay , que hoy nos honran con su presencia.
Asimismo, del Instituto Educativo Bilingüe Albert Einstein, del Distrito Federal, invitados por el diputado Ramón Lemus Muñoz Ledo. Y de estudiantes de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, invitados por la diputada Lilia Merodio Reza . Sean todos ustedes bienvenidos a este recinto.
LEY PARA EL DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Queremos rectificar el turno de la iniciativa del diputado Carlos Alberto Torres Torres, relativa a la Ley del Desarrollo para la Sociedad de la Información,ésta se turna a la Comisión de la Función Pública, con opinión de las de Ciencia y Tecnología, y de Presupuesto y Cuenta Pública.
LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL - LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que expide la Ley General de Contabilidad Gubernamental y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura del dictamen.
La Secretaria diputada Margarita Arenas Guzmán: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura del dictamen. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.
Presidenta, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.
«Dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de la Función Pública, con proyecto de decreto que expide la Ley General de Contabilidad Gubernamental y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
12 de noviembre de 2008Honorable Asamblea:
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II y 72, apartado H, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se sometió a la consideración de la Cámara de Diputados la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
Los integrantes de estas Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de la Función Pública, con base en las facultades que les confieren los artículos 39 numerales 1 y 2, fracciones XVIII y XX, 44 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 56, 87 y 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se abocó al análisis de la iniciativa antes señalada y conforme a las deliberaciones que de la misma se realizaron, presenta a esta honorable asamblea el siguiente
Dictamen
I. Antecedentes
El lunes 4 de noviembre de 2008, los diputados Alma Edwviges Alcaraz Hernández y Moisés Alcalde Virgen , del Partido Acción Nacional; así como Antonio Ortega Martínez del Partido de la Revolución Democrática y Javier Guerrero García del Partido Revolucionario Institucional presentaron la iniciativa de Ley General de Contabilidad Gubernamental.
Con esa fecha, la mesa directiva de esta cámara turnó la iniciativa en comento a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública, con la opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
II. Descripción de la iniciativa
Nuestra Constitución fue modificada el 7 de mayo del año en curso a través del Decreto que Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Dicho decreto, adiciona el artículo 73 con una fracción XXVIII, en la que se faculta al Congreso para expedir leyes en materia de contabilidad gubernamental que regirán la contabilidad pública y la presentación homogénea de información financiera, de ingresos y egresos, así como patrimonial, para la Federación, los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, a fin de garantizar su armonización a nivel nacional.
En atención al mandato constitucional, estas comisiones procedieron al análisis de la iniciativa en cuestión. Para ese efecto se consideró que la transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos públicos es una demanda constante de la población, la cual debe ser satisfecha. El orden en las finanzas públicas es clave, por ello es de especial relevancia hacer notar que el mandato constitucional ordena que la contabilidad pública sea armónica a nivel nacional, es decir, incluyendo los niveles federal, estatal y municipal de gobierno.
En lo que hace al enfoque de la ley, estas comisiones, al elaborar el presente dictamen, han considerado que la contabilidad gubernamental debe ser una herramienta adicional para que las administraciones de los tres órdenes de gobierno puedan tomar decisiones sobre las finanzas públicas.
A) Objeto de la Ley
La Ley que se dictamina incluye parámetros generales para facilitar el registro y la fiscalización de los activos, pasivos, ingresos y gastos con el fin de medir la eficacia, economía y eficiencia del gasto e ingresos públicos, la administración de la deuda pública, así como las obligaciones contingentes y el patrimonio del Estado. Lo anterior se logrará a través del uso de sistemas contables.
B) Sistemas contables
El sistema de contabilidad gubernamental que prevé la Ley en cuestión es el eje alrededor del cual girará la contabilidad. Bajo este sistema se exigirá la aplicación de principios y normas contables generales y específicas bajo los estándares más exigentes nacionales e internacionales. Asimismo, se ha percibido que en la actualidad no existe la sincronía necesaria entre los registros contables y los presupuestarios. Por ello, la Ley requerirá que los gobiernos federal, estatales y municipales vinculen ambos registros. Con ello y la ayuda de una herramienta tecnológica, el Congreso de la Unión, las legislaturas estatales y la sociedad en general podrán conocer oportunamente la información sobre el ejercicio de los recursos públicos, a través de reportes emitidos en tiempo real.
Con el fin de que la contabilidad gubernamental sea transparente, precisa y oportuna, la federación, las entidades federativas y los municipios deberán sujetarse al uso de un marco conceptual, cuyos postulados serán la base para la armonización de métodos, procedimientos y prácticas contables.
C) Registro patrimonial
Un adecuado control de los recursos debe incluir mecanismos de control sobre los bienes destinados a un servicio público. Por ello, estas comisiones consideran de especial interés que la Ley incluya disposiciones específicas, con obligaciones claras respecto de dichos bienes. En tal virtud, la contabilidad gubernamental debe obligar a la Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal a llevar registros contables, en cuentas específicas del activo, de los bienes muebles e inmuebles destinados a un servicio público, incluyendo equipo de cómputo y vehículos.
Adicionalmente, el presente dictamen incluye, en el registro patrimonial, diversas disposiciones respecto a la forma en que debe llevarse el control de los bienes, ya que existen casos, como lo son los monumentos arqueológicos, artísticos e históricos, en los que no puede determinarse un valor y, por ende, deben formar parte de un registro auxiliar. Por otra parte, se ha estimado que no sería posible llevar un registro adecuado de los bienes si, al mismo tiempo, no existe la obligación de levantar un inventario, por lo que el dictamen que se somete a consideración de la asamblea contiene disposiciones a ese respecto.
D) Información financiera periódica y cuenta pública
La contabilidad gubernamental debe servir dos propósitos fundamentales. El primero, servir como una herramienta en la toma de decisiones sobre las finanzas públicas. El segundo, informar y rendir cuentas a la población sobre el ejercicio de los recursos públicos. Por ello, las dictaminadoras han decidido que una nueva ley en materia de contabilidad gubernamental debe contar con disposiciones claras respecto a la información que debe generarse, su publicidad y los reportes de los ejecutivos federal, estatales y municipales a las legislaturas correspondientes.
En congruencia con lo anterior, el dictamen de la iniciativa en cuestión contempla el nivel de desagregación que los sistemas contables deben producir de forma periódica en cuanto a la información contable, presupuestaria y programática, tomando en cuenta las diferencias que exige cada orden de gobierno. La emisión de informes periódicos y la formulación de la cuenta pública se basarán en los estados financieros y demás información presupuestaria, programática y contable que emanen de los registros de los entes públicos.
E) Resultados
El Congreso de la Unión ha jugado un papel muy importante en la transformación de la administración pública del país. Muestra de ello es la aprobación de diversas modificaciones al marco jurídico nacional para orientar el ejercicio del gasto público hacia la obtención de resultados que tengan un impacto significativo en la vida cotidiana de la sociedad. La contabilidad gubernamental también es parte de ese esfuerzo hacia el logro de resultados.
La cuenta pública no debe ser sólo un documento que refleje registros de movimientos contables y presupuestarios, sino constituir un verdadero instrumento que informe a la sociedad sobre los resultados obtenidos con los recursos públicos. Por ello, las dictaminadoras estiman indispensable que las cuentas públicas incluyan, con base en indicadores, los resultados de la evaluación del desempeño de los programas federales, locales, municipales y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal.
F) Marco institucional
Tomando en consideración que la iniciativa que se dictamina es de carácter general y que la contabilidad requiere del dinamismo necesario para adaptarse a los nuevos desarrollos, las dictaminadoras concluyen que es indispensable contar con un marco institucional para la consecución de los fines de la Ley. Por ello, se incluye un mecanismo para la creación de disposiciones y lineamientos por parte de un Consejo Nacional de Armonización Contable.
En dicho Consejo, se incluye la representación tanto de la federación, como de las entidades federativas y municipios o demarcaciones territoriales del Distrito Federal. La instancia ejecutora del Consejo es su secretario técnico, el cual será el encargado de elaborar los proyectos para su aprobación.
Asimismo, se estimó que la información relacionada con la contabilidad gubernamental es utilizada por diversas instancias, por lo que las disposiciones del Consejo requieren contar con diversas opiniones para enriquecer sus proyectos. Por tal motivo, se prevé la creación de un comité consultivo, integrado por representantes locales, municipales y profesionales expertos, cuya función será la de opinar sobre la modificación de las normas contables y apoyar en la capacitación de los usuarios de la contabilidad gubernamental.
G) Información y transparencia
Dada la estricta vinculación de la contabilidad gubernamental con la transparencia en el ejercicio de los recursos públicos y la rendición de cuentas, es necesario que se prevean mecanismos adecuados de información de los ejecutivos hacia los poderes legislativos federal y locales. Adicionalmente, debe contarse con un mecanismo para que la sociedad en general pueda acceder, de primera mano, a esa información.
Del análisis de la iniciativa, se advierte que se contempla un mecanismo por el cual se obliga a que los entes públicos de los tres órdenes de gobierno organicen, sistematicen y difundan la información que generen, al menos trimestralmente, en sus respectivas páginas electrónicas de Internet.
H) Sanciones
Otro aspecto particularmente importante a considerar por parte de las comisiones, se refiere al hecho de que la iniciativa que se dictamina incluye un apartado sobre las sanciones que se impondrán en caso de su incumplimiento, configurando un catálogo que busca preservar el buen funcionamiento de la contabilidad gubernamental.
I) Transitoriedad
Con el propósito de garantizar el correcto cumplimiento de las obligaciones previstas en la Ley, las cuales representan un cambio sustantivo en la forma que se lleva la contabilidad gubernamental, se establece su implementación progresiva mediante las disposiciones transitorias que, de acuerdo con el análisis de estas comisiones, resultan idóneas para la adopción de las medidas necesarias por parte de los gobiernos federal, estatales y municipales.
En este sentido, el artículo tercero transitorio establece los plazos que tiene el Consejo para emitir las disposiciones necesarias para lograr la total aplicación de la Ley. En sincronía con esos plazos, el artículo cuarto establece la progresividad a la que se sujeta la aplicación de los nuevos sistemas contables, los cuales podrán generar reportes en tiempo real en las fechas señaladas en el artículo quinto transitorio.
III. Consideraciones de las Comisiones
Del análisis realizado con anterioridad, el mandato constitucional y los objetivos que se pretenden lograr con esta iniciativa, las dictaminadoras han advertido diversas disposiciones que deben ser modificadas con el fin de mejorar el contenido de la iniciativa y abonar al mejor cumplimiento de sus objetivos.
A) Definiciones
Se realizó un análisis detenido de las definiciones de la Ley, en las que se advirtió la oportunidad de mejorar algunas de ellas en relación con la propuesta. En principio, las dictaminadoras realizaron una precisión de lenguaje en la fracción II, aclarando que el catálogo de cuentas es un documento técnico. Asimismo, se modificó la definición de entes públicos para abundar a la claridad en la inclusión de los tres poderes en los tres órdenes de gobierno.
La definición de intereses de la deuda se elimina, en virtud de que no se considera necesaria, pues se trata de un concepto genérico cuya definición no varía en relación con la aplicación de la Ley.
Por otra parte, se estimó necesario realizar modificaciones a las definiciones de los momentos contables, para lo cual se sustituyó la voz ``presupuesto'' por la de ``gasto'' con el fin de dar mayor congruencia a la Ley, toda vez que ésta regula los registros correspondientes a los ingresos y gastos. Por este motivo, se modificaron las fracciones XXIII a XXVI del artículo en comento, a las cuales también se dio una redacción más simple y coherente, recorriéndose, en consecuencia, en el orden alfabético del artículo cuatro para quedar como sigue:
B) Precisiones en el consejo
Las dictaminadoras consideraron que, toda vez que en la integración del consejo participan los titulares de las oficinas de las diferentes instancias que lo integran, es necesario modificar el artículo 8 para quedar como sigue:
Asimismo, se apreció que la facultad del Secretario Técnico contenida en la fracción XIV del artículo 11 de la iniciativa ya que se encuentra contenida en la fracción XII del mismo artículo, por lo que se elimina la referida fracción XIV.
C) Vinculación entre la operación contable y el ejercicio presupuestario
Las comisiones dictaminadoras apreciaron que la iniciativa hace referencia a que el sistema contable integrará de forma automática el ejercicio presupuestario con la operación contable. Sin embargo, se hace notar que al inicio del ejercicio presupuestario existen algunas etapas que no necesariamente tienen un reflejo contable, por lo que es necesario precisar el momento contable en el que inicia la integración referida. El momento contable de inicio es el correspondiente al gasto devengado, por lo que se modifica el artículo 19 para quedar como sigue:
D) Plazo para la integración de bienes en el inventario físico
La lectura armónica de la iniciativa sugiere que cuando los sistemas contables se encuentren funcionando al cien por ciento, los registros se realizarán de forma automática. En tal virtud, las dictaminadoras consideran necesario precisar que el plazo de los 30 días se refiere a la integración de los bienes en el inventario físico y no a los registros, los cuales se realizan de forma automática. Adicionalmente, se estima que la baja de los bienes del inventario es automática por lo que no es necesario otorgar 30 días para que se realice esa operación.
E) Congruencia entre disposiciones de la Ley
Toda vez que las dictaminadoras realizaron modificaciones a las definiciones de los distintos momentos contables, se considera indispensable modificar el texto de la fracción I del artículo 38, a efecto de que guarde congruencia con las fracciones XXIII a XXVI del artículo IV.
F) Información periódica y cuenta pública
La generación de información periódica es una característica esencial de los sistemas contables, por tal motivo, las dictaminadoras consideraron que las disposiciones a este respecto deben ser lo suficientemente claras en su alcance. En este sentido, se modificó el artículo 46 a efecto de asentar claramente que existen tantos sistemas contables como unidades de contabilidad, por lo que es necesario referirse a ellos en el plural y no en el singular.
Adicionalmente, se observó que la iniciativa sometida a consideración de estas comisiones hace referencia a que los sistemas deben incluir la clasificación económica en el estado analítico de la deuda. Sin embargo, se estima que dada la naturaleza de la deuda, ésta no es susceptible de ser clasificada de forma económica, por lo que se elimina ese rubro.
Por otra parte, se determinó que la información clasificada por dependencia y entidad a que se refiere la fracción IV del artículo 46 de la iniciativa no es materia de los reportes periódicos que deben generar los sistemas, sino de la cuenta pública, por lo que se elimina de dicho artículo 46.
En congruencia con las modificaciones anteriores, fue necesario realizar las precisiones atinentes en el artículo 47, para quedar como sigue:
También en congruencia con lo anterior, se modifica el artículo 53 para quedar como sigue:
G) Transitoriedad
Al analizar la transitoriedad, se observa que existen plazos distintos entre la operación de los sistemas contables y el uso de la herramienta tecnológica. Se consideró necesario modificar el texto del artículo quinto, con el fin de aclarar que éste hace referencia al plazo de los municipios y los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal para operar los sistemas contables, mientras que el segundo párrafo del sexto hace referencia al uso de la herramienta tecnológica.
Se modifica el artículo tercero transitorio para darle congruencia con el artículo 9, fracción VII de la Ley que se dictamina.
Se modifica el sexto transitorio para mayor claridad en el alcance de la disposición:
H) Técnica Legislativa
En adición a las modificaciones referidas con anterioridad, se realizaron diversas modificaciones de estilo y se uniformaron diversos conceptos a lo largo del texto de la Ley.
La Comisiones consideraron modificar el nombre del Decreto en virtud de que se derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para quedar como sigue:
I) Opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y Dictamen de Impacto Presupuestario
Con fecha 6 de noviembre de 2008, mediante documento CPCP-1725-2008, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública emitió su opinión sobre la iniciativa en cuestión, en la que manifestó que ``La presente iniciativa de ley no implica impacto presupuestario debido a que las reformas, adiciones y modificaciones plasmadas en la iniciativa plantean atribuciones que ya realiza la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y que dan un marco institucional al sistema de contabilidad gubernamental y las acciones de carácter permanente para impulsar la contabilidad gubernamental de los Entes Públicos de los tres órdenes de Gobierno, por lo que no se contemplan erogaciones adicionales al Presupuesto de esta Secretaría''.
A su vez, el Centro de Estudios de la Finanzas Públicas, en su documento CEFP-879-08 concluye, en coincidencia con la opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Con base en lo anterior, las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública presentan al pleno de la honorable Cámara de Diputados, para su aprobación, el siguiente:
Decreto por el que se expide la Ley General de Contabilidad Gubernamental y se derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Artículo Primero. Se expide la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
Ley General de Contabilidad Gubernamental
TÍTULO PRIMERO
Objeto y Definiciones de la Ley CAPÍTULO ÚNICO Disposiciones Generales
Artículo 1. La presente Ley es de orden público y tiene como objeto establecer los criterios generales que regirán la contabilidad gubernamental y la emisión de información financiera de los entes públicos, con el fin de lograr su adecuada armonización.
La presente Ley es de observancia obligatoria para los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación, los estados y el Distrito Federal; los ayuntamientos de los municipios; los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal; las entidades de la administración pública paraestatal, ya sean federales, estatales o municipales y los órganos autónomos federales y estatales.
Los gobiernos estatales deberán coordinarse con los municipales para que éstos armonicen su contabilidad con base en las disposiciones de esta Ley. Las entidades federativas deberán respetar los derechos de los municipios con población indígena, entre los cuales se encuentran el derecho a decidir las formas internas de convivencia política y el derecho a elegir, conforme a sus normas y, en su caso, costumbres, a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus propias formas de gobierno interno.
Artículo 2. Los entes públicos aplicarán la contabilidad gubernamental para facilitar el registro y la fiscalización de los activos, pasivos, ingresos y gastos y, en general, contribuir a medir la eficacia, economía y eficiencia del gasto e ingresos públicos, la administración de la deuda pública, incluyendo las obligaciones contingentes y el patrimonio del Estado.
Los entes públicos deberán seguir las mejores prácticas contables nacionales e internacionales en apoyo a las tareas de planeación financiera, control de recursos, análisis y fiscalización.
Artículo 3. La contabilidad gubernamental determinará la valuación del patrimonio del Estado y su expresión en los estados financieros.
Artículo 4. Para efectos de esta Ley se entenderá por:
Artículo 5. La interpretación de esta Ley, para efectos administrativos, corresponde a la Secretaría de Hacienda y a la Secretaría de la Función Pública, en el ámbito de sus respectivas atribuciones.
A falta de disposición expresa en esta Ley, se aplicará supletoriamente la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
TÍTULO SEGUNDO De la Rectoría de la Armonización Contable
CAPÍTULO I Del Consejo Nacional de Armonización Contable
Artículo 6. El consejo es el órgano de coordinación para la armonización de la contabilidad gubernamental y tiene por objeto la emisión de las normas contables y lineamientos para la generación de información financiera que aplicarán los entes públicos.
Los miembros del consejo y del comité no recibirán remuneración alguna por su participación en los mismos.
Artículo 7. Los entes públicos adoptarán e implementarán, con carácter obligatorio, en el ámbito de sus respectivas competencias, las decisiones que tome el consejo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 de esta Ley, dentro de los plazos que éste establezca.
Los gobiernos federal y de las entidades federativas publicarán en el Diario Oficial de la Federación y en los medios oficiales escritos y electrónicos de difusión locales, respectivamente, las normas que apruebe el consejo y, con base en éstas, las demás disposiciones que sean necesarias para dar cumplimiento a lo previsto en esta Ley.
Artículo 8. El consejo se integra por:
Los cuatro gobernadores de las entidades federativas, así como el representante de los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal durarán en su encargo 2 años. Los gobernadores ocuparán sus puestos en el consejo y serán sustituidos, en el orden alfabético de las entidades federativas que integren los respectivos grupos.
Los miembros del consejo podrán ser suplidos por servidores públicos que ocupen el puesto inmediato inferior al del respectivo miembro. Los gobernadores podrán ser suplidos únicamente por los respectivos secretarios de finanzas o equivalentes.
Artículo 9. El consejo tendrá las facultades siguientes:
Artículo 10. El consejo sesionará, cuando menos, tres veces en un año calendario. Su presidente, con apoyo del secretario técnico, realizará las convocatorias que estime pertinentes o resulten necesarias.
Las convocatorias se efectuarán por los medios que resulten idóneos, incluyendo los electrónicos y contendrán, cuando menos, lugar, fecha y hora de la celebración de la sesión, el orden del día y los temas que serán analizados.
Existe quórum para que sesione el consejo cuando se encuentren presentes, cuando menos, siete miembros, incluyendo al presidente del consejo.
Las decisiones se tomarán por mayoría de votos de los miembros del consejo presentes en la reunión. En caso de empate, el presidente del consejo tendrá el voto de calidad. Cuando se trate de proyectos normativos, los miembros del consejo deberán asentar en el acta correspondiente las razones del sentido de su voto en caso de que sea en contra.
Las sesiones del consejo se harán constar en actas que deberán ser suscritas por los miembros que participaron en ellas y se harán públicas a través de internet, en apego a las disposiciones aplicables en materia de transparencia y acceso a la información. El secretario técnico del consejo es responsable de la elaboración de las actas, la obtención de las firmas correspondientes, así como de su custodia y publicación.
CAPÍTULO II Del Secretario Técnico
Artículo 11. El titular de la unidad administrativa competente en materia de contabilidad gubernamental de la Secretaría de Hacienda fungirá como secretario técnico del consejo y tendrá las facultades siguientes:
CAPÍTULO III Del Comité Consultivo
Artículo 12. El comité se integra por:
Artículo 13. El comité tendrá las funciones siguientes, en términos de sus reglas de operación:
CAPÍTULO IV Del Procedimiento para la Emisión de Disposiciones y para el Seguimiento de su Cumplimiento
Artículo 14. Cuando el consejo o el secretario técnico adviertan la necesidad de emitir nuevas disposiciones o modificar las existentes, este último elaborará el proyecto respectivo.
El secretario técnico someterá el proyecto a opinión del comité, el cual contará con el plazo que se establezca en las reglas de operación para emitir las observaciones que considere pertinentes.
Si, transcurrido el plazo, el comité hubiera emitido observaciones, corresponde al secretario técnico incluir las que estime pertinentes. Una vez incluidas las observaciones o transcurrido el plazo sin que el comité las hubiere emitido, el secretario técnico someterá el proyecto a consideración del consejo para su aprobación.
En caso de que el consejo no apruebe el proyecto en cuestión o determine que deben realizarse modificaciones, devolverá el proyecto al secretario técnico para que realice los ajustes que correspondan.
El consejo, al emitir sus decisiones, tomará en cuenta las características de los municipios con población indígena para que se contribuya al desarrollo y mejoramiento de sus condiciones. Asimismo, el consejo debe asegurarse que sus disposiciones se emitan en pleno respeto a los derechos que la constitución otorga a los pueblos y las comunidades indígenas.
La Secretaría de Hacienda podrá emitir, previa opinión de la Secretaría de la Función Pública, en el ámbito federal, las disposiciones correspondientes, en tanto el consejo decide en definitiva sobre la aprobación del proyecto en cuestión.
Artículo 15. El secretario técnico publicará el plan anual de trabajo del consejo en el Diario Oficial de la Federación y en los medios oficiales de las entidades federativas.
El consejo deberá difundir oportunamente el contenido de los planes de trabajo, las actas de sus sesiones, sus acuerdos, el sentido de las votaciones y la demás información que considere pertinente.
El consejo, por conducto del secretario técnico, llevará un registro de los actos que, en los términos del artículo 7 de esta Ley, realicen los gobiernos de las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal para adoptar e implementar las decisiones del consejo. Para tales efectos, éstos deberán remitir la información relacionada a dichos actos, dentro de un plazo de 15 días hábiles contados a partir de la fecha en la que concluya el plazo que el consejo haya establecido para tal fin.
La información a que se refiere este artículo deberá publicarse en una página de internet desarrollada expresamente para esos efectos.
La Secretaría de Hacienda no podrá inscribir en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades y Municipios a que se refiere el artículo 9 de la Ley de Coordinación Fiscal, las obligaciones de entidades federativas y municipios que no se encuentren al corriente con las obligaciones contenidas en esta Ley. Para tal efecto, en las solicitudes de registro que presenten las entidades federativas y municipios deberán manifestar bajo protesta de decir verdad que cumplen con las obligaciones requeridas.
TÍTULO TERCERO De la Contabilidad Gubernamental
CAPÍTULO I Del Sistema de Contabilidad Gubernamental
Artículo 16. El sistema, al que deberán sujetarse los entes públicos, registrará de manera armónica, delimitada y específica las operaciones presupuestarias y contables derivadas de la gestión pública, así como otros flujos económicos. Asimismo, generará estados financieros, confiables, oportunos, comprensibles, periódicos y comparables, los cuales serán expresados en términos monetarios.
Artículo 17. Cada ente público será responsable de su contabilidad, de la operación del sistema; así como del cumplimiento de lo dispuesto por esta Ley y las decisiones que emita el consejo.
Artículo 18. El sistema estará conformado por el conjunto de registros, procedimientos, criterios e informes, estructurados sobre la base de principios técnicos comunes destinados a captar, valuar, registrar, clasificar, informar e interpretar, las transacciones, transformaciones y eventos que, derivados de la actividad económica, modifican la situación patrimonial del gobierno y de las finanzas públicas.
Artículo 19. Los entes públicos deberán asegurarse que el sistema:
Artículo 20. Los entes públicos deberán contar con manuales de contabilidad, así como con otros instrumentos contables que defina el consejo.
Artículo 21. La contabilidad se basará en un marco conceptual que representa los conceptos fundamentales para la elaboración de normas, la contabilización, valuación y presentación de la información financiera confiable y comparable para satisfacer las necesidades de los usuarios y permitirá ser reconocida e interpretada por especialistas e interesados en la finanzas públicas.
Artículo 22. Los postulados tienen como objetivo sustentar técnicamente la contabilidad gubernamental, así como organizar la efectiva sistematización que permita la obtención de información veraz, clara y concisa.
Los entes públicos deberán aplicar los postulados básicos de forma tal que la información que proporcionen sea oportuna, confiable y comparable para la toma de decisiones.
CAPÍTULO II Del Registro Patrimonial
Artículo 23. Los entes públicos deberán registrar en su contabilidad los bienes muebles e inmuebles siguientes:
Artículo 24. Los registros contables de los bienes a que se refiere el artículo anterior se realizarán en cuentas específicas del activo.
Artículo 25. Los entes públicos elaborarán un registro auxiliar sujeto a inventario de los bienes muebles o inmuebles bajo su custodia que, por su naturaleza, sean inalienables e imprescriptibles, como lo son los monumentos arqueológicos, artísticos e históricos.
Artículo 26. No se registrarán los bienes señalados en los artículos 27, párrafos cuarto, quinto y octavo; y 42, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; ni los de uso común en términos de la Ley General de Bienes Nacionales y la normativa aplicable.
En lo relativo a la inversión realizada por los entes públicos en los bienes previstos en las fracciones VII, X, XI y XIII del artículo 7 de la Ley General de Bienes Nacionales; se efectuará el registro contable de conformidad con lo que determine el consejo.
Artículo 27. Los entes públicos deberán llevar a cabo el levantamiento físico del inventario de los bienes a que se refiere el artículo 23 de esta Ley. Dicho inventario deberá estar debidamente conciliado con el registro contable. En el caso de los bienes inmuebles, no podrá establecerse un valor inferior al catastral que le corresponda.
Los entes públicos contarán con un plazo de 30 días hábiles para incluir en el inventario físico los bienes que adquieran. Los entes públicos publicarán el inventario de sus bienes a través de internet, el cual deberán actualizar, por lo menos, cada seis meses. Los municipios podrán recurrir a otros medios de publicación, distintos al internet, cuando este servicio no esté disponible, siempre y cuando sean de acceso público.
Artículo 28. Los registros contables reflejarán, en la cuenta específica del activo que corresponda, la baja de los bienes muebles e inmuebles. El consejo emitirá lineamientos para tales efectos.
Artículo 29. Las obras en proceso deberán registrarse, invariablemente, en una cuenta contable específica del activo, la cual reflejará su grado de avance en forma objetiva y comprobable.
Artículo 30. El consejo emitirá, para efectos contables, las disposiciones sobre registro y valuación del patrimonio que requiere la aplicación esta Ley.
Artículo 31. Cuando se realice la transición de una administración a otra, los bienes que no se encuentren inventariados o estén en proceso de registro y hubieren sido recibidos o adquiridos durante el encargo de su administración, deberán ser entregados oficialmente a la administración entrante a través de un acta de entrega y recepción. La administración entrante realizará el registro e inventario a que se refiere esta Ley.
Artículo 32. Los entes públicos deberán registrar en una cuenta de activo, los fideicomisos sin estructura orgánica y contratos análogos sobre los que tenga derecho o de los que emane una obligación.
CAPÍTULO III Del Registro Contable de las Operaciones
Artículo 33. La contabilidad gubernamental deberá permitir la expresión fiable de las transacciones en los estados financieros y considerar las mejores prácticas contables nacionales e internacionales en apoyo a las tareas de planeación financiera, control de recursos, análisis y fiscalización.
Artículo 34. Los registros contables de los entes públicos se llevarán con base acumulativa. La contabilización de las transacciones de gasto se hará conforme a la fecha de su realización, independientemente de la de su pago, y la del ingreso se registrará cuando exista jurídicamente el derecho de cobro.
Artículo 35. Los entes públicos deberán mantener un registro histórico detallado de las operaciones realizadas como resultado de su gestión financiera, en los libros diario, mayor, e inventarios y balances.
Artículo 36. La contabilidad deberá contener registros auxiliares que muestren los avances presupuestarios y contables, que permitan realizar el seguimiento y evaluar el ejercicio del gasto público y la captación del ingreso, así como el análisis de los saldos contenidos en sus estados financieros.
Artículo 37. Para el registro de las operaciones presupuestarias y contables, los entes públicos deberán ajustarse a sus respectivos catálogos de cuentas, cuyas listas de cuentas estarán alineadas, tanto conceptualmente como en sus principales agregados, al plan de cuentas que emita el consejo. Para tal propósito, se tomarán en consideración las necesidades de administración financiera de los entes públicos, así como las de control y fiscalización. Las listas de cuentas serán aprobadas por:
Artículo 38. El registro de las etapas del presupuesto de los entes públicos se efectuará en las cuentas contables que, para tal efecto, establezca el consejo, las cuales deberán reflejar:
Artículo 39. Serán materia de registro y valuación las provisiones que se constituyan para hacer frente a los pasivos de cualquier naturaleza, con independencia de que éstos sean clasificados como deuda pública en términos de la normativa aplicable. Dichas provisiones deberán ser revisadas y ajustadas periódicamente para mantener su vigencia.
Artículo 40. Los procesos administrativos de los entes públicos que impliquen transacciones presupuestarias y contables generarán el registro automático y por única vez de las mismas en los momentos contables correspondientes.
Artículo 41. Para el registro único de las operaciones presupuestarias y contables, los entes públicos dispondrán de clasificadores presupuestarios, listas de cuentas y catálogos de bienes o instrumentos similares que permitan su interrelación automática.
Artículo 42. La contabilización de las operaciones presupuestarias y contables deberá respaldarse con la documentación original que compruebe y justifique los registros que se efectúen.
El consejo aprobará las disposiciones generales al respecto, tomando en cuenta los lineamientos que para efectos de fiscalización y auditorías emitan la Secretaría de la Función Pública, la Auditoría Superior de la Federación y sus equivalentes a nivel estatal.
Artículo 43. Los entes públicos estarán obligados a conservar y poner a disposición de las autoridades competentes los documentos, comprobatorios y justificativos, así como los libros principales de contabilidad, de conformidad con los lineamientos que para tal efecto establezca el consejo.
TÍTULO CUARTO De la Información Financiera Gubernamental y la Cuenta Pública
CAPÍTULO I De la Información Financiera Gubernamental
Artículo 44. Los estados financieros y la información emanada de la contabilidad deberán sujetarse a criterios de utilidad, confiabilidad, relevancia, comprensibilidad y de comparación, así como a otros atributos asociados a cada uno de ellos, como oportunidad, veracidad, representatividad, objetividad, suficiencia, posibilidad de predicción e importancia relativa, con el fin de alcanzar la modernización y armonización que la Ley determina.
Artículo 45. Los entes públicos deberán expresar de manera destacada en sus estados financieros los esquemas de pasivos, incluyendo los que sean considerados deuda pública en términos de la normativa aplicable.
Artículo 46. En lo relativo a la Federación, los sistemas contables de las dependencias del poder Ejecutivo; los poderes Legislativo y Judicial; las entidades y los órganos autónomos permitirán, en la medida que corresponda, la generación periódica de los estados y la información financiera que a continuación se señala:
Los estados analíticos sobre deuda pública y otros pasivos, y el de capital deberán considerar por concepto el saldo inicial del ejercicio, las entradas y salidas por transacciones, otros flujos económicos y el saldo final del ejercicio.
Artículo 47. En lo relativo a las entidades federativas, los sistemas contables de las dependencias del poder Ejecutivo; los poderes Legislativo y Judicial; las entidades y los órganos autónomos deberán producir, en la medida que corresponda, la información referida en el artículo anterior, con excepción de la fracción I, inciso g) de dicho artículo, cuyo contenido se desagregará como sigue:
Artículo 48. En lo relativo a los ayuntamientos de los municipios y los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, los sistemas deberán producir, como mínimo, la información contable y presupuestaria a que se refiere el artículo 46, fracción I, incisos a), b), c), e) y f); y fracción II, incisos a) y b).
Artículo 49. Las notas a los estados financieros son parte integral de los mismos; éstas deberán revelar y proporcionar información adicional y suficiente que amplíe y dé significado a los datos contenidos en los reportes, y cumplir con lo siguiente:
Artículo 50. El consejo emitirá los lineamientos en materia de integración y consolidación de los estados financieros y demás información presupuestaria y contable que emane de las contabilidades de los entes públicos.
Artículo 51. La información financiera que generen los entes públicos en cumplimiento de esta Ley será organizada, sistematizada y difundida por cada uno de éstos, al menos, trimestralmente en sus respectivas páginas electrónicas de internet, a más tardar 30 días después del cierre del período que corresponda, en términos de las disposiciones en materia de transparencia que les sean aplicables y, en su caso, de los criterios que emita el consejo. La difusión de la información vía internet no exime los informes que deben presentarse ante el Congreso de la Unión y las legislaturas locales, según sea el caso.
CAPÍTULO II Del Contenido de la Cuenta Pública
Artículo 52. Los estados financieros y demás información presupuestaria, programática y contable que emanen de los registros de los entes públicos, serán la base para la emisión de informes periódicos y para la formulación de la cuenta pública anual.
Los entes públicos deberán elaborar los estados de conformidad con las disposiciones normativas y técnicas que emanen de esta Ley o que emita el consejo.
Los estados correspondientes a los ingresos y gastos públicos presupuestarios se elaborarán sobre la base de devengado y, adicionalmente, se presentarán en flujo de efectivo.
Artículo 53. La cuenta pública del Gobierno Federal, que será formulada por la Secretaría de Hacienda, y las de las entidades federativas deberá atender en su cobertura a lo establecido en su marco legal vigente y contendrá como mínimo:
Artículo 54. La información presupuestaria y programática que forme parte de la cuenta pública deberá relacionarse, en lo conducente, con los objetivos y prioridades de la planeación del desarrollo. Asimismo, deberá incluir los resultados de la evaluación del desempeño de los programas federales, estatales, municipales y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, respectivamente, así como los vinculados al ejercicio de los recursos federales que les hayan sido transferidos.
Para ello, deberán utilizar indicadores que permitan determinar el cumplimiento de las metas y objetivos de cada uno de los programas, así como vincular los mismos con la planeación del desarrollo.
Adicionalmente se deberá presentar información por dependencia y entidad, de acuerdo con la clasificación establecida en la fracción IV del artículo 46 de esta Ley.
Artículo 55. Las cuentas públicas de los ayuntamientos de los municipios y de los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal deberán contener, como mínimo, la información contable y presupuestaria a que se refiere el artículo 48. Asimismo, de considerarlo necesario, el consejo determinará la información adicional que al respecto se requiera, en atención a las características de los mismos.
TÍTULO QUINTO
De Las Sanciones CAPÍTULO ÚNICO
Artículo 56. Los actos u omisiones que impliquen el incumplimiento a los preceptos establecidos en la presente Ley y demás disposiciones aplicables en la materia, serán sancionados de conformidad con lo previsto en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos; las leyes equivalentes de las entidades federativas, y las demás disposiciones aplicables en términos del Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de las constituciones de los estados y del Estatuto Orgánico del Distrito Federal.
Las responsabilidades administrativas se fincarán, en primer término, a quienes directamente hayan ejecutado los actos o incurran en las omisiones que las originaron y, subsidiariamente, a los que, por la naturaleza de sus funciones, hayan omitido la revisión o autorizado tales actos por causas que impliquen dolo, culpa o negligencia por parte de los mismos.
Artículo 57. Se sancionará en los términos de las disposiciones aplicables a los servidores públicos que incurran en alguno de los siguientes supuestos:
Las sanciones a que se refiere esta Ley se impondrán y exigirán con independencia de las responsabilidades de carácter político, penal o civil que, en su caso, lleguen a determinarse por las autoridades competentes.
Transitorios
Primero. La presente Ley entrará en vigor el 1 de enero de 2009.
Segundo. El presidente del consejo deberá instalarlo durante los primeros treinta días naturales posteriores a la entrada en vigor de este decreto.
Tercero. El consejo estará sujeto a los siguientes plazos:
Cuarto. En lo relativo a la Federación y las entidades federativas, la armonización de los sistemas contables de las dependencias del poder Ejecutivo; los poderes Legislativo y Judicial; las entidades y los órganos autónomos, se ajustará al desarrollo de los elementos técnicos y normativos definidos para cada año del horizonte previsto, de la siguiente forma:
Quinto. Los ayuntamientos de los municipios y los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal emitirán información periódica y elaborarán sus cuentas públicas conforme a lo dispuesto en el artículo 55 de esta Ley, a más tardar, el 31 de diciembre de 2012.
Sexto. En lo relativo a la Federación, los sistemas contables de las dependencias del poder Ejecutivo; los poderes Legislativo y Judicial; las entidades y los órganos autónomos deberán estar operando en tiempo real, a más tardar, el 31 de diciembre de 2011. En el caso de las entidades paraestatales del Gobierno Federal, dicho sistema deberá estar operando en las mismas condiciones a más tardar el 31 de diciembre de 2012.
Los sistemas de contabilidad gubernamental de las dependencias del poder Ejecutivo; los poderes Legislativo y Judicial; las entidades y los órganos autónomos de las entidades federativas; los ayuntamientos de los municipios y los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal deberán estar operando y generando en tiempo real estados financieros, sobre el ejercicio de los ingresos y gastos y sobre las finanzas públicas, a más tardar, el 31 de diciembre de 2012.
Séptimo. El inventario de bienes muebles e inmuebles a que se refiere esta Ley deberá estar integrado, a más tardar el 31 de diciembre de 2011, por las dependencias del poder Ejecutivo; los poderes Legislativo y Judicial; las entidades y los órganos autónomos de la Federación; y el 31 de diciembre de 2012, por las dependencias del poder Ejecutivo; los poderes Legislativo y Judicial; las entidades y los órganos autónomos de las entidades federativas; los ayuntamientos de los municipios y los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal.
Octavo. Desde la entrada en vigor de la presente Ley, hasta el 31 de diciembre de 2012, el consejo deberá publicar trimestralmente en internet la información sobre el cumplimiento de lo dispuesto en los artículos cuarto, quinto, sexto y séptimo transitorios de este decreto. Para tales efectos, la Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal proporcionarán al consejo la información que éste solicite.
El incumplimiento de lo dispuesto en los artículos cuarto, quinto, sexto y séptimo de esta Ley será sancionado por las autoridades competentes en términos de las disposiciones aplicables en materia de responsabilidad administrativa de los servidores públicos.
Noveno. En apoyo al cumplimiento de lo dispuesto en esta Ley, el Presupuesto de Egresos de la Federación podrá prever un fondo concursable para que la Secretaría de Hacienda otorgue subsidios a las entidades federativas y a los municipios, a través de éstas, que cumplan con lo siguiente:
El secretario técnico del consejo emitirá los lineamientos para el otorgamiento de los subsidios a que se refiere este artículo. En dichos lineamientos se considerarán requisitos especiales para los municipios con menos de veinticinco mil habitantes.
Décimo. Los gobiernos federal y de las entidades federativas formularán un programa de instrumentación de su proceso de transformación. Dicho programa se ajustará a las metas previstas en los artículos cuarto, sexto y séptimo transitorios, y lo presentarán al consejo en su primera reunión de 2009.
Décimo Primero. En tanto se expidan las normas contables correspondientes por parte del consejo, se continuará aplicando lo dispuesto en las disposiciones reglamentarias vigentes en la materia, en lo que no se oponga a la presente Ley.
Décimo Segundo. Cuando, en materia de contabilidad gubernamental, una disposición legal haga referencia a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se aplicará lo previsto en esta Ley.
Artículo Segundo. Se derogan el Título Quinto De la Contabilidad Gubernamental, los Capítulos I, De la Valuación del Patrimonio del Estado, II De los Catálogos de Cuentas y del Registro Contable de las Operaciones y III De la Formulación de Estados Financieros y los artículos 86 a 105 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para quedar como sigue:
TÍTULO QUINTO De la Contabilidad Gubernamental
CAPÍTULO I De la Valuación del Patrimonio del Estado
Artículos.- 86 a 92 derogados
CAPÍTULO II De los Catálogos de Cuentas y del Registro Contable de las Operaciones
Artículos.- 93 a 102 derogados
CAPÍTULO III De la Formulación de Estados Financieros
Artículos.- 103 a 105 derogados
Transitorios
Primero. El presente decreto entrará en vigor el 1 de enero de 2009.
Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo dispuesto en la ley que se expide a través del presente decreto.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Tiene la palabra el diputado Benjamín González Roaro, por las comisiones, para fundamentar el dictamen, en términos del artículo 108 del Reglamento para el Gobierno Interior.
El diputado Benjamín Ernesto González Roaro: Con su permiso, señora presidenta.
Vengo en nombre de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de la Función Pública, a fundamentar el dictamen con proyecto de decreto que expide la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
En primer término quiero hacer un reconocimiento a los diputados Alma Alcaraz Hernández, Moisés Alcalde Virgen , Antonio Ortega Martínez y Javier Guerrero García , porque son los promotores de esta iniciativa, y con su trabajo han dado cumplimiento al mandato que teníamos como Cámara de Diputados para tener una Ley General de Contabilidad Gubernamental, en un plazo que concluía el próximo mayo del 2009.
Quiero destacar que fueron hechas de su conocimiento diversas modificaciones aprobadas por las comisiones unidas, que son parte del presente dictamen y que fueron propuestas por los diputados Enrique Cárdenas del Avellano , Joaquín Conrado de los Santos, Manuel Cárdenas, Pablo Trejo y Xavier López Adame .
Asimismo, hoy se presentó una última modificación al artículo 4o. del proyecto de esta ley, también aprobada por los integrantes de las comisiones unidas, y que en su momento se entregó a la Mesa Directiva y que ha sido repartida en sus curules. Esta última modificación fundamentalmente consiste en mantener la definición de los intereses de la deuda en el artículo 4o.
Quiero destacar que para la LX Legislatura la creación de esta ley con sus reformas genera un cumplimiento integral a las reformas de la hacienda pública, que iniciamos el año pasado.
Es importante destacar que cada vez son mayores los recursos que se destinan a estados y municipios, y que esta soberanía ha trabajado para que año con año se incremente el Presupuesto de Egresos, pero no solamente debemos de trabajar en el incremento de los recursos, sino en imponer mayores responsabilidades respecto a la recaudación, custodia, aplicación y control de los recursos públicos, que le son asignados, tanto a la federación como a estados y municipios.
Desde 2003 los estados tienen la obligación de presentar a esta soberanía un diagnóstico de sus finanzas estatales. En dichos informes nos hemos percatado de la complejidad que supone el análisis de esta información, en virtud de la diversidad de registros contables en las Cuentas Públicas de las entidades federativas.
Actualmente existe una indeseable diversidad en sistemas de información administrativa y financiera entre las entidades federativas, sistemas contables que son, en algunos casos, deficientes o limitados; también Cuentas Públicas incompatibles.
No existen sistemas de contabilidad gubernamental que sean uniformes, lo que trae como consecuencia que los entes de gobierno integren la información contable y financiera, que se generan con bases diversas a disposiciones también diversas, y que esta información no sea susceptible de ser comparada, toda vez que se emplean términos, metodologías, criterios y formatos diferentes para la presentación de la información generada.
Hoy no es posible obtener información precisa y homogénea de las finanzas públicas a nivel nacional. Por eso yo sí quiero dejar constancia de que la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión se ha preocupado por avanzar en los temas de transparencia, fiscalización y rendición de cuentas.
Y ahí están, para dejar constancia de estos trabajos, todo lo que hemos avanzando en materia de transparencia, acceso a la información pública, en los sistemas de evaluación, en los sistemas de presupuestos por resultados, en las facultades que le hemos otorgado a la Auditoría Superior de la Federación y a las entidades estatales de fiscalización.
De manera muy concreta, en mayo de este año se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde en la fracción XXVIII se otorga facultad expresa a la Cámara de Diputados para expedir leyes en materia de contabilidad gubernamental que deben regir a todos los entes públicos.
De manera también muy precisa se señala, en el artículo segundo transitorio de ese decreto, que el Congreso de la Unión tenía que aprobar las leyes que fueran necesarias para cumplir lo dispuesto en dicho decreto a más tardar en el plazo de un año a partir de la fecha de expedición del mismo.
Por lo anterior, con el dictamen que hoy se pone a su consideración, esta soberanía cumple con los tiempos que ella misma se ha impuesto, valiendo la pena destacar que este cumplimiento no fue al plazo final, sino con anticipación.
Ahora bien, por lo que respecta al texto de la iniciativa, las comisiones dictaminadoras realizaron algunas modificaciones que les fueron planteadas por diversos diputados. Un aspecto muy importante es que esta ley es obligatoria para todos los entes públicos del gobierno federal, gobiernos estatales, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, los órganos autónomos.
Cabe resaltar la creación del Consejo Nacional de Armonización Contable, que será el órgano de coordinación para la armonización de la contabilidad gubernamental. Se crea la figura del ``Comité Consultivo'', como órgano auxiliar.
En el título tercero se establece todo un sistema de contabilidad gubernamental al que deben de sujetarse los entes públicos, así como las directrices que deben de cumplirse en el manejo de información.
El título cuarto se refiere a la información financiera gubernamental y la Cuenta Pública.
En el título quinto se señala un régimen de responsabilidades de los servidores públicos, así como las sanciones a las que deberán sujetarse en el ámbito de cada una de las Leyes de Responsabilidades de los Servidores Públicos, federal o de los estados.
Como modificaciones que se plantearon en las comisiones unidas está el fortalecimiento del consejo nacional con la inclusión de la Secretaría de la Función Pública, y de un representante de un municipio del país.
Asimismo, al secretario técnico se le obliga a dar respuesta a las consultas que son presentadas al Comité Consultivo.
También, en el Comité Consultivo se añade la participación de una entidad estatal y de órganos de la sociedad especializados en la contabilidad.
También algunas modificaciones para hacer armónicas las disposiciones de la ley respecto a las entidades federativas y al Distrito Federal, y los municipios y los órganos político-administrativos.
Quiero dejar constancia también del trabajo armónico que hubo con la Comisión de Hacienda y Crédito Público. A su presidente, el diputado Jorge Estefan, nuestro agradecimiento por el trabajo que pudimos hacer en ambas comisiones.
Por último, les comento, compañeras diputadas y compañeros diputados, que con la aprobación de esta ley sin duda se aumentará la eficacia y eficiencia de los procesos de fiscalización sobre los recursos públicos y se conocerá con exactitud el estado real del patrimonio y de las finanzas públicas de la nación.
Por lo anterior, solicito su voto a favor, con las modificaciones que han sido presentadas a la Mesa Directiva y que han sido del conocimiento de todos ustedes.
Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, señora presidenta.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Antes de hacer la consulta correspondiente a la asamblea, solicito a la diputada secretaria que nos haga favor de leer las modificaciones del dictamen.
La Secretaria diputada Margarita Arenas Guzmán: Modificaciones del dictamen de la Ley General de Contabilidad Gubernamental que presentan las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de la Función Pública.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Gracias, diputada secretaria. Consulte la Secretaría a la asamblea si se aceptan las modificaciones propuestas por el diputado Benjamín González Roaro, en nombre de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de la Función Pública.
La Secretaria diputada Margarita Arenas Guzmán: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se aceptan las modificaciones propuestas por el diputado Benjamín González Roaro , en nombre de las comisiones unidas. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.
Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Gracias. En consecuencia, está a discusión en lo general, con las modificaciones propuestas por el diputado y aceptadas por esta asamblea.
Se han registrado para fijar la posición de sus grupos parlamentarios, las siguientes diputadas y los siguientes diputados: por el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, Manuel Cárdenas Fonseca ; por el Grupo Parlamentario de Convergencia, José Manuel del Río Virgen ; por el Grupo Parlamentario del PRI, Javier Guerrero García ; por el Grupo Parlamentario del PRD, Antonio Ortega Martínez ; por el Grupo Parlamentario de Acción Nacional, Alma Edwviges Alcaraz Hernández .
En consecuencia, tiene la palabra el diputado Manuel Cárdenas Fonseca , del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, hasta por cinco minutos.
El diputado Manuel Cárdenas Fonseca: Con el permiso de la Presidencia.
Uno de los compromisos que tiene la Cámara de Diputados es la aprobación y la vigilancia del gasto público. Para hacerlo, se ha vuelto necesario impulsar cambios jurídico-administrativos e iniciativas que permitan un aseguramiento no nada más del gasto por sí mismo, sino de la evaluación del mismo y su pertinencia.
No nada más en el orden federal. Aquí se ha comentado que no hay una armonización en los tres órdenes de gobierno y esto, bueno, se ha venido desarrollando en el transcurso del tiempo, inclusive, a partir de que se gestó la nueva estructura programática y la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Cabe destacar que hace año y medio aproximadamente que estuvimos en la OCDE, en París, Francia, algunos compañeros y un servidor establecimos el compromiso de poder abundar en esta materia y avanzar, de tal suerte que pudiéramos tener una armonización contable que permitiera el que se acabaran los dimes y diretes entre los distintos órdenes de gobierno respecto de los criterios, los conceptos y los asientos contables.
Fue así, pues, que con motivo de la reforma constitucional, se hizo el compromiso para que los tres órdenes de gobierno tuvieran un esquema de armonización y de registro contable que tiene como principio esta iniciativa, la cual apoya el Grupo Parlamentario Nueva Alianza, que participó responsable y decididamente para que en adelante ya no se abuse de esta confusión que existe, queriendo hacer valer los criterios de cada uno de los órdenes de gobierno en ella involucrado.
Cabe destacar que mediante esta ley, adicionalmente a las reformas que hicimos para que la Auditoría Superior de la Federación pueda fiscalizar cualquier recurso público vaya a donde vaya, inclusive, organizaciones privadas, y los pueda fiscalizar, esta nueva ley permitirá normar la contabilidad pública y la presentación homogénea de información financiera de ingresos y de egresos.
Cabe destacar que en este tema se vuelve fundamental que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública presente al pleno de esta soberanía los dictámenes de las Cuentas Públicas de 2002 a 2005 del anterior gobierno del ex presidente Vicente Fox, porque estamos en falta, porque es responsable reconocerlo y porque este pleno está esperando los referidos dictámenes desde que se inició la presente legislatura.
No se puede seguir avanzando acusando y diciendo que un gobernador o un alcalde o algún funcionario del orden federal, están en falta cuando nosotros mismos no estamos haciendo la tarea debidamente.
Hago votos para que la Comisión de Presupuesto presente ante este pleno los dictámenes correspondientes que ya han sido publicados en la Gaceta y que no entendemos por qué no los hemos atendido.
Cabe señalar que con esta nueva Ley General de Contabilidad Gubernamental se proponen en ella líneas generales para el registro contable de las operaciones financieras, de la Cuenta Pública, de los tres órdenes de gobierno, asume como premisa básica el registro y la evaluación del patrimonio del Estado.
Implica registrar y dar un tratamiento valorativo de los hechos económico-financieros, así como el reconocimiento de los activos, pasivos, patrimonio e ingreso de gasto público. La aplicación de postulados básicos de contabilidad gubernamental y de prácticas nacionales e internacionales, y generalmente por así aceptadas en lo que es la auditoría misma.
En materia de Cuenta Pública establece la información mínima que debe integrar el documento y que la información presupuestal y programática forme parte del mismo.
En suma, esta nueva Ley General de Contabilidad Gubernamental trae una serie de beneficios; pero, sobre todo, lo que la caracteriza es que con sus sistemas contables se podrán emitir estados financieros, de ejecución presupuestaria y otra información que coadyuve a la toma de decisiones.
Para Nueva Alianza esta ley representa un avance estratégico para posibilitar la vigilancia, la transparencia, la evaluación y la pertinencia del gasto. Por esas consideraciones estamos a favor del dictamen que hoy se somete a esta soberanía. Por su atención, muchas gracias.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Gracias, diputado. Se concede el uso de la palabra al diputado Carlos Alberto Puente Salas, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
El diputado Carlos Alberto Puente Salas: Con su venia, diputada presidenta.
Compañeros legisladores, transparencia, confianza, certeza y control son probablemente las palabras que más fuerte suenan tras la crisis financiera internacional que vivimos y las quiebras de empresas como ING, Enron, WorldCom y otras que presentaron fallas en su contabilidad.
Actualmente todos los grupos parlamentarios estamos trabajando en iniciativas para fortalecer las medidas que dan certidumbre ante una crisis financiera y en recuperar la confianza para con la ciudadanía.
Permítanme dar a todos ustedes un reconocimiento por la voluntad que han demostrado todas las fuerzas políticas aquí representadas, para hacer realidad la Ley General de Contabilidad Gubernamental, cuyo tema central está dedicado a la convergencia, las normas de la federación, estados y municipios para regir la contabilidad pública y la presentación de la información financiera y patrimonial de los tres órdenes de gobierno.
Sin duda dicha convergencia se ha venido haciendo más necesaria en virtud de la creciente demanda de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos públicos.
Esta concordancia de normas de contabilidad puede ofrecer múltiples beneficios, como son facilitar la comparación de la información financiera y disminuir los tiempos requeridos para reportar la información contable al no ser necesario reformular sus estados financieros o conciliarlos con principios de contabilidad distintos entre los diferentes niveles de gobierno, y así facilitar la supervisión consolidada y la valoración integral de los resultados económicos o financieros.
No obstante, para alcanzar estos beneficios potenciales es necesario que desde hoy las instituciones se involucren con el nuevo sistema de contabilidad gubernamental que redundará en eficacia, economía y eficiencia del gasto y los ingresos públicos.
Al respecto, me gustaría compartir con todos ustedes cuál ha sido la experiencia mexicana en materia de técnicas contables para la revisión de la eficiencia y la eficacia del gasto público.
Cada año aprobamos, como Congreso de la Unión, el Presupuesto de Egresos de la Federación. Este año es de 3 billones 45 mil 470 millones de pesos. Y no menos importante, llevamos a cabo la revisión de la Cuenta Pública. En esta revisión la ciudadanía se da cuenta de la eficiencia en la toma de las decisiones sobre las finanzas públicas y de la transparencia en la contabilidad gubernamental.
Por ello es necesario reconocer que el sistema de contabilidad gubernamental es un proceso en el que debemos avanzar y en el que deben atenderse todos los pendientes en materia de transparencia, integridad, auditoría, pertinencia y veracidad de todas y cada una de las operaciones y prácticas contables de la administración pública y de una supervisión eficaz.
Ahora bien. Me congratulo por la creación del Consejo Nacional de Armonización Contable, un órgano de coordinación para la armonización y emisión de normas y lineamientos aplicables a todos los entes públicos. Con la integración de este consejo ha quedado de manifiesto que será un grupo plural, autoridades locales, federales y estatales, las que participarán en el desarrollo de normas contables para la efectividad del sistema.
El Partido Verde velará porque este órgano sea independiente, imparcial y de investigación, para que nunca en la emisión de una norma exista conflicto de interés, y en su elaboración siempre se privilegie el conocimiento especializado en la materia.
Además, porque sabemos que no basta con que surja un nuevo ordenamiento, sino que es necesario seguir trabajando en búsqueda de las normas justas, claras y objetivas, demandaremos la participación de representantes de la academia en el comité técnico que prevé esta nueva ley.
De esta manera esperamos que participen activamente en el comité el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración; la Asociación de Bancos de México; el Consejo Coordinador Empresarial e incluso nuestro Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, para contribuir en el futuro.
En beneficio de la sociedad, la información contable dejará de ser sólo un documento que refleja registros de movimientos contables y presupuestarios, para convertirse así en un instrumento de transparencia que genera confianza en la sociedad, gracias a que podrán distinguirse los resultados obtenidos con los recursos públicos mediante los indicadores de la evaluación del desempeño de todos los programas.
Durante los últimos años hemos logrado avances importantes en todas estas áreas, pero hay espacio para mejorar. Por ello mi partido, el Partido Verde, apoyará siempre los esfuerzos que robustecen la confianza en nuestros gobiernos federal, estatales y municipales, y que responden a las mayores exigencias de transparencia y rendición de cuentas de la ciudadanía. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Gracias, diputado.
Queremos destacar la presencia de estudiantes de Veracruz que a invitación del diputado Antonio del Valle Toca hoy nos honran con su presencia. Sean todos ustedes bienvenidos.
Se le concede el uso de la palabra al diputado José Manuel del Río Virgen , del Grupo Parlamentario de Convergencia.
El diputado José Manuel del Río Virgen: Con su permiso, presidenta.
Compañeras diputadas y compañeros diputados, tendremos finalmente una nueva Ley General de Contabilidad Gubernamental. Para que se den una idea ustedes de la técnica contable que tiene este país, cada municipio de los más de 2 mil 500 que hay, lleva su propio registro contable y reporta muy poco o casi nada a la federación.
Esta nueva ley es muy importante en términos de técnica contable, pero también es muy importante en términos de rendición de cuentas. Esta ley va a regir la contabilidad pública, va a obligar a una presentación homogénea.
Convergencia, que tiene la experiencia de haber gobernado muchos municipios y que está gobernando muchos municipios en este país, muchos, por cierto, apoyados por algunos de ustedes ---y les agradecemos su apoyo---, muchos municipios ---yo mismo fui presidente municipal--- teníamos un sistema, un registro contable y por eso vamos a apoyar esta Ley de Contabilidad Gubernamental, para que en el Distrito Federal también se incorpore a ese sistema de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y no que cada delegación haga cualquier cosa.
Queremos que haya un solo registro homogéneo; que la contabilidad gubernamental sea lo mismo en Veracruz que en el Distrito Federal y no que se lleve como se quiera llevar. Tenemos que observar parámetros generales. Aquí se trata de que haya un registro contable técnico, eficaz, eficiente; que no cada quien agarre como si fuera su patrimonio y registre como quiera y se acabó. No.
El Comité Consultivo va a tener una gran ventaja, pues va a estar integrado por representantes de carácter político, social y económico. Pero algo que da confianza es que va a estar la Auditoría Superior de la Federación con un representante en el Comité Consultivo.
¿A qué me refiero, compañeras diputadas y compañeros diputados, para que le vayamos entendiendo los que no le entienden? Nos estamos refiriendo a que la nueva Ley General de Contabilidad Gubernamental tiene muy claro cuál va a ser la técnica legislativa, cómo se va a desarrollar, para qué se va a desarrollar y qué resultados va a dar.
Algo que a Convergencia no le gustó mucho ---y tenemos que decirlo con toda sinceridad--- es el carácter del secretario técnico, que tiene todo el mismo poder que siempre ha tenido, cómo va a seguir teniendo el mismo poder y los mismos recursos que ha tenido. Nos hubiera gustado más que el poder del secretario técnico estuviera acotado.
Sin embargo, son los primeros pasos. La Cámara está facultada para emitir este tipo de nuevas leyes. Y qué bueno que podemos hacerlo con esa nueva Ley General de Contabilidad Gubernamental. Así que vamos a tener algo muy importante. Acaban de mandar precisamente los miembros de las comisiones unidas la fe de erratas, en el sentido de que quede registrada la deuda pública y su costo financiero.
Convergencia ---le duela a quien le duela--- gobierna muchos municipios; no ha tenido un solo alcalde en la historia que haya sido sometido por la Auditoría Superior de la Federación o por un órgano de fiscalización por ladrón. Convergencia por eso va a votar esta nueva Ley General de Contabilidad Gubernamental. Y les pido, compañeras y compañeros, que ustedes también lo hagan. Muchas gracias.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Gracias, diputado. Se concede el uso de la palabra al diputado Javier Guerrero García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Javier Guerrero García: Buenas tardes. Con su permiso, señora presidenta.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Adelante.
El diputado Javier Guerrero García: La administración pública mexicana consolidó en la década de los ochenta un esquema de sectorización con estructura y atribuciones, que sirvió para encauzar las acciones gubernamentales de manera eficaz, lo que contribuyó a alcanzar los niveles de crecimiento y desarrollo de finales de la década de los noventa.
El cambio, en el paradigma de la gestión pública, que ha implicado una reorientación de las funciones del gobierno y una descentralización apenas incipiente, ha ido acompañado de mayores exigencias en nuestra vida democrática, por lo que a la par de las acciones de gobierno se ha exigido una mayor transparencia, rendición de cuentas, fiscalización y evaluación de los programas y los presupuestos públicos para hacer compatibles, de esta manera, las decisiones gubernamentales con los resultados esperados por la sociedad en los diferentes niveles y ámbitos en que se desenvuelve la gestión pública.
Importantes reformas han permitido los cambios institucionales, como la desregulación administrativa, la orientación a resultados y el empeño en una mejor calidad de los servicios públicos.
Estas acciones han exigido nuevos esquemas de administración implícitos en el marco de recomendaciones propias de organismos internacionales, como la OCDE, a fin de dar seguimiento, lectura y análisis a la evolución de la economía y a los sistemas financieros de regiones, países y comunidades.
La iniciativa que se vota reúne los requisitos de partida a los que debe aspirar toda sociedad moderna en materia de registro de su patrimonio y operaciones financieras, por lo que en su conformación se observan con claridad los órganos rectores de este proceso, los métodos y los procedimientos en los que hay que destacar el carácter interinstitucional e interdisciplinario que fue sumado al cuerpo de la ley.
De esta manera, además de reunir en el Consejo Nacional de Armonización Contable y en el Comité Técnico Consultivo la capacidad normativa del nuevo sistema de contabilidad gubernamental, se aprecian los resultados pretendidos en materia contable, financiera, programática, presupuestal, evaluatoria, y lo que es muy importante, en materia de información económica para obtener la situación que guardan las finanzas públicas y su relación con las cuentas nacionales.
Con la nueva ley se fortalece el federalismo, pues la homologación pretende auxiliar de manera congruente la toma de decisiones públicas por la federación, las entidades federativas y los municipios, dejando en cada nivel de gobierno la responsabilidad de tomar los acuerdos necesarios para instrumentar las decisiones del Consejo Nacional de Armonización Contable.
La nueva ley permite ordenar los registros y la información económico-presupuestal de los entes públicos del país, y es un efecto de la visión legislativa que adiciona la fracción XXVIII del artículo 73 constitucional, y que permite al Congreso de la Unión, mediante ley general normar la materia de contabilidad gubernamental, con lo que además de determinar la posición financiera de las unidades de gobierno, permitirá hacer un registro de activos con los que el gobierno cuenta, incluyendo de manera indirecta aquellos que no están vinculados al servicio público pero que representan un bien nacional del dominio público.
La ley es oportuna con el desarrollo de otros sistemas institucionales que abogan por la competitividad y la solvencia de las entidades federativas. De esta manera, la nueva estructura programática, el Sistema Integral de Administración Financiera y la homologación de cuentas para la calificación de la deuda pública tendrán un respaldo técnico y confiable sobre el cual se podrán hacer escenarios sobre las finanzas públicas.
Del mismo modo, la transparencia es obligada en la medida en que trimestralmente los entes públicos de los tres órdenes de gobierno organicen, sistematicen y difundan la información que generen a través de sus páginas electrónicas, aún más con la vinculación relativa que otorga a la ley mediante un catálogo de conductas sancionables.
Nos parece que esta ley es un paso fundamental que recupera la congruencia con la que hemos venido legislando en la LX Legislatura. Es un paso trascendental que implica una revolución tecnológica en los niveles de gobierno, un esfuerzo de voluntad política y el establecimiento de criterios técnicos que permitan avanzar en un tema que es fundamental para el país y para la sociedad mexicana, la transparencia y la rendición de cuentas.
Por todo esto, la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional no sólo impulsó con determinación la elaboración de esta iniciativa, sino que va a apoyar este dictamen con el voto positivo y va a impulsar con voluntad política la implantación de este sistema de contabilidad gubernamental. Muchas gracias.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Gracias, diputado. Se concede el uso de la palabra al diputado Antonio Ortega Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Antonio Ortega Martínez: Con el permiso de la Presidencia.
La reforma constitucional sobre calidad y control del gasto público, promulgada el pasado 7 de mayo, mandató al Congreso de la Unión a expedir la ley reglamentaria de la fracción XXVIII del artículo 74, a fin de normar la contabilidad gubernamental.
Compañeros, permítanme algunos comentarios para resaltar las bondades del dictamen que se presenta.
En primer lugar hay que resaltar que el proyecto de ley que se somete a su consideración representará para la administración pública de nuestro país la adopción de un nuevo paradigma que dará paso a la sustitución de un tratamiento diferenciado y heterogéneo de la contabilidad gubernamental, en el país, por una nueva ley general que establece un sistema de contabilidad gubernamental a partir de normas contables generales y específicas, claras, sencillas, precisas y compatibles que facilitarán el reconocimiento de ingresos, gastos, activos, pasivos y el patrimonio de los entes públicos.
Asimismo, que integrará en forma automática las cuentas presupuestarias con las cuentas contables; que permitirá que los registros se efectúen considerando la base acumulativa para la integración de la información financiera.
Un sistema contable que reflejará un registro congruente y ordenado de cada operación que genere derechos y obligaciones derivados de la gestión económica y financiera de los entes públicos, que generará en tiempo real estados financieros y otra información que coadyuve a la toma de decisiones, a la transparencia, a la programación con base en resultados, a la evaluación y a la rendición de cuentas.
Un sistema contable que facilite el registro y el control de los inventarios de los bienes muebles e inmuebles de los entes públicos. Es decir, se crea un sistema homogéneo integral y armónico de contabilidad gubernamental.
En segundo lugar se establece una observancia universal para todos los entes públicos; es decir, la ley será obligatoria para los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la federación y de los estados, los órganos de gobierno del Distrito Federal, los ayuntamientos de los municipios, los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, las entidades de la administración pública paraestatal, ya sean federales, estatales o municipales, y los órganos autónomos federales, estatales y municipales.
En tercer lugar se diseña un esquema institucional para iniciar el sistema de contabilidad gubernamental sobre una base armónica, y al mismo tiempo propiciar la actualización y la modernización permanente del sistema a partir de la conformación del Consejo Nacional de Armonización Contable, integrado por seis representantes de la federación, cuatro representantes de las entidades federativas y dos representantes de los municipios, con facultades para emitir normas contables y lineamientos para la generación financiera que aplicarán los entes públicos.
Los entes públicos adoptarán e implantarán, con carácter obligatorio, en el ámbito de sus respectivas competencias, las decisiones que tome el consejo. Es decir, las decisiones del consejo no serán obligatorias por sí mismas, puesto que la ley prevé que los entes públicos de los tres órdenes de gobierno deberán adoptar e implantar las decisiones del consejo para que tengan obligatoriedad en su ámbito de competencia.
Así, los Congresos de los estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobarán leyes, y los entes públicos, obligados en el ámbito de sus competencias y facultades, emitirán normas y reglamentos en concordancia con la nueva Ley General de Contabilidad Gubernamental. Es decir, el proyecto de ley tiene un sentido federalista respetuoso de la soberanía de estados y municipios.
En cuarto lugar, contaremos con un poderoso instrumento para la rendición de cuentas, la transparencia, la eficacia y la eficiencia gubernamentales y para el combate a la corrupción, puesto que el proyecto de ley establece la obligatoriedad de todos los entes públicos del país de publicar en Internet o cualquier otro medio público ---en caso de los municipios más pequeños---, toda la información respectiva a la contabilidad, el patrimonio, el presupuesto, la Cuenta Pública, los estados financieros y los resultados de la evaluación del desempeño de manera comprensible para los ciudadanos.
Los órganos de representación popular podrán mejorar su función constitucional de control del gasto público, de fiscalización superior y de evaluación del resultado de las políticas públicas y del diseño institucional. Los ciudadanos y especialistas contarán con información y metodología para hacer los análisis y las comparaciones de la gestión gubernamental.
Nada ni nadie escapará al escrutinio social; ningún recurso público podrá ser desviado del objetivo al cual ha sido destinado; se podrá controlar y preservar el patrimonio público.
La gestión gubernamental podrá alcanzar mejores estándares en sus resultados, puesto que la información contable como herramienta tecnológica de información y comunicación coadyuvará en la toma de decisiones.
Por último, el sistema de contabilidad gubernamental tomará en consideración las asimetrías que presentan los municipios y la actualización y modernización, y establece un plazo máximo de tres años a los entes públicos para su total implantación en todo el país. No hay duda, compañeros, compañeras, contamos con un instrumento que hacía falta en nuestro sistema jurídico.
Es sin duda, también, un poderoso instrumento de legitimación del poder público, pero al mismo tiempo un instrumento de control político por parte de la representación popular y de los ciudadanos.
Es, en síntesis, un paso importante en el fortalecimiento democrático de nuestro país. Por ello, reitero la solicitud del voto a favor del presente dictamen. Por su atención, muchas gracias.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Gracias, diputado. Finalmente, se concede el uso de la palabra a la diputada Alma Edwviges Alcaraz Hernández, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional.
La diputada Alma Edwviges Alcaraz Hernández: Con su venia, señora presidenta.
Buenas tardes, compañeros diputados y compañeras diputadas, medios de comunicación. Esta iniciativa es prioridad del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y ha sido tratada de la misma manera en nuestra agenda legislativa, iniciativa que presentamos en conjunto con los grupos parlamentarios del PRI y del PRD, razón por la cual hoy nos congratulamos de que todos los grupos parlamentarios que integran la Cámara de Diputados hayan otorgado a esta iniciativa su voto a favor y también la hayan fortalecido con sus propuestas.
Esta iniciativa dispone ya de un pilar constitucional en el artículo 73, y representa un avance medular, un avance toral en el tema de la transparencia, en el tema de la rendición de cuentas y en el tema de la fiscalización en los tres niveles de gobierno.
La contabilidad gubernamental dejará atrás la idea de que su propósito solamente es la generación de información para la integración de las Cuentas Públicas que tienen que revisar los Congresos locales o la Cámara de Diputados.
Con esta iniciativa se propone que la contabilidad gubernamental sea un instrumento clave, permanente y recurrente, en la toma de decisiones, pero también que la ciudadanía, que la sociedad, esté enterada de manera fehaciente, de manera clara y de manera comprensible de cómo se utilizan sus recursos públicos.
Esta iniciativa por primera vez establece los criterios generales para la contabilidad gubernamental. Es decir, por primera vez en México tendremos los principios de contabilidad gubernamental y no cada estado llevará el suyo o cada municipio tendrá su propia contabilidad.
La emisión de información financiera en los tres órdenes de gobierno incluye, por supuesto, al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo y al Poder Judicial. Se pretende entonces la armonización contable, la homologación contable en todo el país, en todos los municipios, en todo el Estado, en toda la federación, que se apliquen los mismos principios de contabilidad gubernamental.
Con el esquema que se propone se facilita el registro, pero también se facilita la fiscalización de los recursos, de los activos, de los pasivos, de los ingresos y de los gastos con la finalidad de medir la eficacia, la eficiencia, la economía del gasto.
Por primera vez se busca que la información contable mantenga estricta congruencia con la información presupuestaria. Por primera vez existirán disposiciones respecto de un registro patrimonial; es decir, se prevé que existan registros contables en cuentas específicas del activo de los bienes muebles e inmuebles destinados a un servicio público, incluyendo obviamente equipos de cómputo, equipos de oficina, vehículos, equipos de maquinaria pesada, etcétera, porque hasta el momento si los municipios quieren registrar estos activos los registran, y si se los quieren llevar a su casa se los llevan, y esto es una realidad en nuestro país.
Para mayor certeza, los registros contables deberán reflejar altas y bajas de bienes en los inventarios de los entes públicos a más tardar 30 días después de haberse adquirido o de haberse dado de baja. Todo ello en virtud de que sabemos de los saqueos frecuentes y constantes en las administraciones públicas, donde nuestro país ha perdido miles de millones de pesos debido a los terribles y escandalosos robos que realizan muchos de nuestros gobernantes. Con esto se van a tapar, amigos y amigas, grandes hoyos negros que existen en nuestro país de fugas de recursos públicos.
Por primera vez se va a llevar un registro auxiliar de los bienes que por su naturaleza son inalienables e imprescriptibles, como los monumentos arqueológicos e históricos o culturales que están bajo el resguardo de los entes públicos porque, por ejemplo, a nivel federal, según la Auditoría Superior de la Federación, existen 200 mil sitios arqueológicos; sin embargo, únicamente están registrados 29 mil de esos sitios.
Por primera vez se prevé un mecanismo para el caso de los bienes que, por la fecha de su adquisición, no han sido registrados en el momento en que una administración saliente deba entregarle a la entrante, y es aquí, en la entrega-recepción en donde se dan los grandes saqueos en nuestro país.
Por primera vez se prevé que los entes públicos de los tres órdenes de gobierno organicen, sistematicen y difundan la información que generen, al menos cada tres meses, en sus respectivas páginas electrónicas de Internet y que estén a la mano de la ciudadanía.
En cuanto al marco institucional, se prevé la creación del Consejo Nacional de Armonización Contable. Se prevé también un capítulo de sanciones a quienes omitan o alteren registros contables, a quienes alteren documentos, a quienes no registren las compras presupuestarias y contables, a quienes no conserven la documentación que compruebe el patrimonio y a quienes tengan conocimiento de que puede resultar dañada la hacienda pública o el patrimonio público y, teniendo atribuciones, no lo eviten.
También se van a lograr los reportes en tiempo real y se darán, en el caso de la administración pública federal centralizada en 2011, y en el caso de la administración pública federal paraestatal, en las entidades federativas, así como en los municipios y las delegaciones, en 2012.
La sociedad hoy más que nunca exige transparentar todo lo que hacemos. Exige honestidad en todo lo que decimos y rendición de cuentas de todo lo que hicimos.
Para Acción Nacional la rendición de cuentas debe ser pública, porque públicos son los recursos que se manejan. México es el país de todos y no es patrimonio particular de nadie. Gracias.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: La Presidencia informa que se ha registrado para la discusión en lo general la diputada Guillermina López Balbuena, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, que se inscribe en pro.
La diputada Guillermina López Balbuena (desde la curul): Declino.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Me dice la diputada que declina su participación.
Consulte la Secretaría a la asamblea si el proyecto de decreto se encuentra suficientemente discutido en lo general.
La Secretaria diputada Margarita Arenas Guzmán: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si el proyecto de decreto se encuentra suficientemente discutido en lo general. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.
Presidenta, mayoría por la afirmativa.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Suficientemente discutido.
Para los efectos del artículo 134 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, se pregunta a la asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular.
En virtud de que no se ha reservado artículo alguno para discutirlo en lo particular, se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico por 10 minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto, con las modificaciones presentadas por la comisión y aceptadas por la asamblea.
La Secretaria diputada Margarita Arenas Guzmán: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento para el gobierno Interior. Ábrase el sistema electrónico por 10 minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular, en un solo acto, del proyecto presentado con las modificaciones aprobadas por esta asamblea.
(Votación)
¿Falta algún diputado o alguna diputada de emitir su voto? Continúa abierto el sistema electrónico.
Ciérrese el sistema electrónico.
Se emitieron 342 votos en pro, 0 en contra, 0 abstenciones, presidenta.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Gracias, diputada secretaria. Aprobado en lo general y en lo particular por unanimidad, con las modificaciones presentadas por la comisión y aceptadas por la asamblea, por 342 votos. Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que expide la Ley General de Contabilidad Gubernamental y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales. Continúe la Secretaría.
ORDEN DEL DIA
La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: «Primer Periodo Ordinario de Sesiones.--- Tercer Año de Ejercicio.--- LX Legislatura.
Orden del día
Jueves 27 de noviembre de 2008.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Comunicaciones
Iniciativa del Congreso del estado de Chihuahua
Que adiciona un tercer párrafo al artículo 59 de la Ley Federal del Trabajo.(Turno a Comisión)
Iniciativa del Congreso del estado de Tamaulipas
Que reforma el párrafo segundo del artículo 9-A de la Ley de Coordinación Fiscal. (Turno a Comisión)
Los asuntos no abordados en esta sesión, y los demás con los que la Mesa Directiva dé cuenta.»
CLAUSURA Y CITATORIO
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón (a las 15:38 horas): Gracias, diputada secretaria. Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el próximo jueves 27 de noviembre a las 11:00 horas. El sistema electrónico de asistencia estará abierto a partir de las 9: 30 horas.
--------------- O ---------------
RESUMEN DE TRABAJOS
DIPUTADOS QUE PARTICIPARON DURANTE LA SESION
(en orden alfabético)
ASISTENCIA
SECRETARÍA GENERAL
| GRUPO PARLAMENTARIO |
ASISTENCIA | ASISTENCIA POR CÉDULA |
ASISTENCIA COMISIÓN OFICIAL |
PERMISO MESA DIRECTIVA |
INASISTENCIA JUSTIFICADA |
INASISTENCIAS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALT | 180 | 4 | 1 | 5 | 0 | 17 | 207 |
| PRD | 107 | 6 | 0 | 8 | 0 | 6 | 127 |
| PRI | 76 | 4 | 1 | 16 | 0 | 9 | 106 |
| CONV | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| PVEM | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| PT | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 11 |
| NA | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| ALT | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| TOTAL | 413 | 18 | 2 | 30 | 0 | 36 | 36 |
Nota: Las diferencias que existen entre las listas de asistencias y el número de votos puede variar conforme a los diputados presentes al momento de la votación.
SECRETARÍA GENERAL
REPORTE DE ASISTENCIA
| PARTIDO ACCIÓN NACIONAL | |
|---|---|
| 1 Acosta Dávila Constantino | ASISTENCIA |
| 2 Aguilar López José Alejandro | ASISTENCIA |
| 3 Alcalde Virgen Moisés | ASISTENCIA |
| 4 Alcaraz Hernández Alma Edwviges | ASISTENCIA |
| 5 Álvarez Bernal María Elena | ASISTENCIA |
| 6 Amezola Fonceca Gerardo | INASISTENCIA |
| 7 Antuña Batista Fidel | ASISTENCIA |
| 8 Aranda Orozco Gerardo | ASISTENCIA |
| 9 Arellano Arellano Joel | ASISTENCIA |
| 10 Arenas Guzmán Margarita | ASISTENCIA |
| 11Arizméndi Uribe Efraín | ASISTENCIA |
| 12 Armendáriz García Pedro | ASISTENCIA |
| 13 Arredondo Ibarra Salvador | ASISTENCIA |
| 14 Arredondo Velázquez Jesús | ASISTENCIA |
| 15 Ávila Mayo Obdulio | ASISTENCIA |
| 16 Barradas Miravete Gregorio | ASISTENCIA |
| 17 Barrios Rodríguez Juan Enrique | INASISTENCIA |
| 18 Bello Pérez Alfonso Othón | ASISTENCIA |
| 19 Berber Martínez Antonio | ASISTENCIA |
| 20 Bermúdez Viramontes Andrés | ASISTENCIA |
| 21 Bolaños Aguilar Edmundo Javier | ASISTENCIA |
| 22 Borrego Estrada Felipe | ASISTENCIA |
| 23 Bracho González Carlos Augusto | ASISTENCIA |
| 24 Buganza Salmerón Gerardo | ASISTENCIA |
| 25 Campos Galván María Eugenia | ASISTENCIA |
| 26 Carbajal Méndez Liliana | INASISTENCIA |
| 27 Cárdenas Sánchez Esmeralda | ASISTENCIA |
| 28 Cardona Benavidez Alma Xóchil | ASISTENCIA |
| 29 Carrasco Altamirano Diódoro Humberto | ASISTENCIA |
| 30 Castaño Contreras Cristián | ASISTENCIA |
| 31Castro De la Rosa Osiel | ASISTENCIA |
| 32 Castro Muñoz Juan de Dios | ASISTENCIA |
| 33 Ceja Romero Ramón | ASISTENCIA |
| 34 Collado Lara Beatriz | ASISTENCIA |
| 35 Contreras Coeto José Luis | ASISTENCIA |
| 36 Corral Aguilar María Mercedes | INASISTENCIA |
| 37 Cuen Garibi Marcela | ASISTENCIA |
| 38 Curiel Preciado Leobardo | ASISTENCIA |
| 39 Chávez García Daniel | ASISTENCIA |
| 40 Dávila Fernández Adriana | ASISTENCIA |
| 41 Dávila García Francisco | INASISTENCIA |
| 42 De la Torre Jaramillo Eduardo Sergio | ASISTENCIA |
| 43 De la Torre Sánchez José | INASISTENCIA |
| 44 De León Tello Jesús | ASISTENCIA |
| 45 Degante Romero Silvia Emilia | PERMISO MESA DIRECTIVA |
| 46Del Toro del Villar Tomás | ASISTENCIA |
| 47 Del Valle Toca Antonio | ASISTENCIA |
| 48 Delgado Oscoy Alejandro Enrique | ASISTENCIA |
| 49 Denegre Vaught Ramírez Rosaura Virginia | ASISTENCIA |
| 50 Deschamps Falcón Ángel Rafael | ASISTENCIA |
| 51 Díaz García José Antonio | ASISTENCIA |
| 52 Díaz Garibay Felipe | ASISTENCIA |
| 53 Díaz Gordillo Martha Cecilia | ASISTENCIA |
| 54 Díaz Mena Joaquín Jesús | ASISTENCIA |
| 55 Díaz de León Torres Leticia | ASISTENCIA |
| 56 Domínguez Servién Francisco | ASISTENCIA |
| 57 Duck Núñez Edgar Mauricio | ASISTENCIA |
| 58 Enríquez Flores Armando | ASISTENCIA |
| 59 Escaroz Soler Gerardo Antonio | ASISTENCIA |
| 60 Escobar Jardinez Adolfo | INASISTENCIA |
| 61 Espinosa Piña José Luis | ASISTENCIA |
| 62 Félix Holguín Armando Jesús | PERMISO MESA DIRECTIVA |
| 63 Felton González Carlos Eduardo | ASISTENCIA |
| 64 Fernández Cabrera Adrián | ASISTENCIA |
| 65Fernández Ugarte Ma. del Carmen | ASISTENCIA |
| 66 Flores Domínguez Emilio Ramón Ramiro | ASISTENCIA |
| 67 Flores Grande Arturo | ASISTENCIA |
| 68 Flores Morfín Jesús Vicente | ASISTENCIA |
| 69 Fraile García Francisco Antonio | ASISTENCIA |
| 70 Franco Cazarez Ricardo | INASISTENCIA |
| 71 Fuentes Ortíz José Guillermo | ASISTENCIA |
| 72 García González Carlos Alberto | ASISTENCIA |
| 73 García Müller Martha Margarita | ASISTENCIA |
| 74 García Reyes Ángel Humberto | ASISTENCIA |
| 75 García Reyes Beatriz Eugenia | ASISTENCIA |
| 76 García Vivián Raúl | ASISTENCIA |
| 77 Garmendia Hernández Yolanda Mercedes | ASISTENCIA |
| 78 Gómez Leyva Silvio | ASISTENCIA |
| 79 González Betancourt Jorge Justiniano | ASISTENCIA |
| 80 González Martínez María Gabriela | INASISTENCIA |
| 81 González Morán Martín Oscar | ASISTENCIA |
| 82 González Roaro Benjamín Ernesto | ASISTENCIA |
| 83 González Ruiz Felipe | ASISTENCIA |
| 84González Sánchez Ma. Dolores | CÉDULA |
| 85Gudiño Ortíz Francisco Javier | ASISTENCIA |
| 86 Guerrero Torres José Gildardo | ASISTENCIA |
| 87 Gutiérez Aguilar Miguel Ángel | ASISTENCIA |
| 88 Gutiérrez Lagunes María Victoria | ASISTENCIA |
| 89 Hernández Núñez Elia | ASISTENCIA |
| 90 Hurtado Pérez Nelly Asunción | INASISTENCIA |
| 91 Iragorri Durán Enrique | ASISTENCIA |
| 92Jiménez del Castillo Ma. de los Ángeles | ASISTENCIA |
| 93 Jiménez Ramos María Esther | ASISTENCIA |
| 94 Joaquín Coldwell Addy Cecilia | ASISTENCIA |
| 95 Lagunes Viveros Violeta del Pilar | CÉDULA |
| 96 Landero Gutiérrez Alejandro | ASISTENCIA |
| 97 Landeros González Ramón | ASISTENCIA |
| 98 Lara Compeán David | ASISTENCIA |
| 99 Larios Córdova Héctor | OFICIAL COMISIÓN |
| 100 Laviada Hernández Iñigo Antonio | ASISTENCIA |
| 101 Lemus Muñoz Ledo Ramón Ignacio | ASISTENCIA |
| 102 Leura González Agustín | ASISTENCIA |
| 103 Limas Frescas María Soledad | ASISTENCIA |
| 104 Lizaola de la Torre Alonso Manuel | ASISTENCIA |
| 105 López Cisneros José Martín | ASISTENCIA |
| 106 López Reyna Omeheira | ASISTENCIA |
| 107 López Silva Rubí Laura | ASISTENCIA |
| 108 Ludlow Kuri Lorenzo Daniel | ASISTENCIA |
| 109 Lujano Nicolás Christian Martín | INASISTENCIA |
| 110 Maawad Robert Luis Xavier | ASISTENCIA |
| 111 Macías Zambrano Gustavo | ASISTENCIA |
| 112 Madrazo Limón Carlos | ASISTENCIA |
| 113Magallón Arceo Leonardo Melesio de J. | ASISTENCIA |
| 114 Malagón Ríos Martín | ASISTENCIA |
| 115 Maldonado González David | ASISTENCIA |
| 116Manuell-Gómez Angulo Dolores De María | ASISTENCIA |
| 117 Martínez Valero Dora Alicia | ASISTENCIA |
| 118 Medellín Varela Antonio | ASISTENCIA |
| 119 Medina Macias Alma Hilda | ASISTENCIA |
| 120 Medina Rodríguez Delber | PERMISO MESA DIRECTIVA |
| 121 Medina Rodríguez Lizbeth Evelia | ASISTENCIA |
| 122 Mejía García Luis Alonso | ASISTENCIA |
| 123 Méndez Meneses Apolonio | ASISTENCIA |
| 124 Mendoza Morales Lucía Susana | ASISTENCIA |
| 125 Mohamar Dainitin Oscar Miguel | ASISTENCIA |
| 126 Mollinedo Hernández Agustín | ASISTENCIA |
| 127 Monraz Ibarra Miguel Ángel | ASISTENCIA |
| 128 Montes Sánchez Fabián Fernando | ASISTENCIA |
| 129 Montiel Luis Lariza | ASISTENCIA |
| 130 Mora Cuevas Marisol | ASISTENCIA |
| 131 Morales Ramos José Nicolás | INASISTENCIA |
| 132 Moreno Álvarez Mario Eduardo | ASISTENCIA |
| 133 Morgan Franco Rocío del Carmen | ASISTENCIA |
| 134 Muñoz Serrano José Antonio | ASISTENCIA |
| 135 Murillo Flores Francisco Javier | ASISTENCIA |
| 136 Murillo Torres José Luis | ASISTENCIA |
| 137 Navarro Sugich Carlos Alberto | ASISTENCIA |
| 138 Nordhausen González Jorge Rubén | ASISTENCIA |
| 139Noriega Blanco Vigil María Nieves | ASISTENCIA |
| 140 Ochoa López Nabor | ASISTENCIA |
| 141 Olvera Higuera Edgar Armando | ASISTENCIA |
| 142 Orozco Ruiz Velazco Marco Heriberto | ASISTENCIA |
| 143Ortega Martínez Ma. del Pilar | ASISTENCIA |
| 144 Ortiz Montoro Sagrario María del Rosario | ASISTENCIA |
| 145Ortíz Hernández Eduardo | ASISTENCIA |
| 146 Oviedo Oviedo Ernesto | ASISTENCIA |
| 147 Padilla Orozco Raúl Alejandro | CÉDULA |
| 148 Palafox Núñez José Inés | ASISTENCIA |
| 149 Paredes Rodríguez Francisco Javier | ASISTENCIA |
| 150 Parra Jiménez Dolores María del Carmen | ASISTENCIA |
| 151 Parra Noriega Luis Gustavo | ASISTENCIA |
| 152 Pérez Cuéllar Cruz | ASISTENCIA |
| 153 Pérez de Tejada Romero Diana Carolina | CÉDULA |
| 154 Peyrot Solís Marco Antonio | ASISTENCIA |
| 155 Plascencia Alonso Francisco Javier | ASISTENCIA |
| 156 Priego Tapia Gerardo | ASISTENCIA |
| 157 Pulido Pecero Pedro | ASISTENCIA |
| 158 Quintero Bello Jorge | ASISTENCIA |
| 159 Ramírez Barba Ector Jaime | INASISTENCIA |
| 160 Ramírez Corral Ivette Jacqueline | ASISTENCIA |
| 161 Ramírez Pech Edgar Martín | ASISTENCIA |
| 162 Ramírez Villarreal Gustavo | ASISTENCIA |
| 163 Ramos Covarrubias Héctor Manuel | ASISTENCIA |
| 164 Reyes López Carlos Armando | ASISTENCIA |
| 165 Rincón Vargas Mirna Cecilia | ASISTENCIA |
| 166 Rivera Rivera José Guadalupe | ASISTENCIA |
| 167 Rivero Rivero Rolando | ASISTENCIA |
| 168 Rodríguez Ahumada Luis Fernando | ASISTENCIA |
| 169 Rodríguez Jiménez Ricardo | INASISTENCIA |
| 170 Rodríguez Prats Juan José | ASISTENCIA |
| 171 Rodríguez Uresti Enrique | ASISTENCIA |
| 172 Rodríguez Vizcarra Velázquez Adriana | ASISTENCIA |
| 173 Rojas Hernández Laura Angélica | INASISTENCIA |
| 174 Román Isidoro Demetrio | ASISTENCIA |
| 175 Romo Jiménez Martha Angélica | ASISTENCIA |
| 176 Rubio Chávez José Ignacio Alberto | ASISTENCIA |
| 177 Rueda Gómez Francisco | ASISTENCIA |
| 178 Ruiz Velasco de Lira Ernesto | ASISTENCIA |
| 179 Salas Contreras Marcos | ASISTENCIA |
| 180 Salazar Madera Mario Alberto | ASISTENCIA |
| 181 Salum del Palacio Jorge Alejandro | PERMISO MESA DIRECTIVA |
| 182 Sánchez Díaz de Rivera Antonio | PERMISO MESA DIRECTIVA |
| 183 Sánchez Domínguez Alejandro | ASISTENCIA |
| 184 Sánchez Gil Carlos René | ASISTENCIA |
| 185 Sánchez Juárez Claudia | ASISTENCIA |
| 186 Sánchez Trujillo José Víctor | INASISTENCIA |
| 187Sandoval Munguia Juan Manuel | ASISTENCIA |
| 188 Serrato Castell Luis Gerardo | ASISTENCIA |
| 189 Shej Guzmán Sara | ASISTENCIA |
| 190 Solano Muñoz José de Jesús | ASISTENCIA |
| 191 Stefanonni Mazzocco Martín | ASISTENCIA |
| 192 Tamayo Herrera Yadhira Yvette | ASISTENCIA |
| 193 Torres Gómez Artemio | ASISTENCIA |
| 194 Torres Herrera Víctor Manuel | ASISTENCIA |
| 195 Torres Torres Carlos Alberto | ASISTENCIA |
| 196 Valenzuela García María Gloria Guadalupe | ASISTENCIA |
| 197 Valladolid Rodríguez Antonio | ASISTENCIA |
| 198 Vasconcelos Rueda Antonio | ASISTENCIA |
| 199 Vázquez Martínez Alberto | ASISTENCIA |
| 200 Vega Corona Antonio | ASISTENCIA |
| 201 Velázquez Gutiérrez José Guillermo | ASISTENCIA |
| 202 Verástegui Ostos César Augusto | INASISTENCIA |
| 203 Verdín Saldaña Jaime | ASISTENCIA |
| 204 Victoria Alva Juan | ASISTENCIA |
| 205 Vieyra Olivares Adriana Rebeca | ASISTENCIA |
| 206 Villanueva Arjona Juan Manuel | ASISTENCIA |
| 207 Zambrano Elizondo Javier Martín | ASISTENCIA |
| Asistencias: 180 | |
| Asistencias por cédula: 4 | |
| Asistencias comisión oficial: 1 | |
| Permiso Mesa Directiva: 5 | |
| Inasistencias justificadas: 0 | |
| Inasistencias: 17 | |
| Total diputados: 207 | |
| PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA | |
|---|---|
| 1Aguirre Alcaide Victor | INASISTENCIA |
| 2 Alavez Ruiz Aleida | CÉDULA |
| 3 Almazán González José Antonio | ASISTENCIA |
| 4 Almonte Borja Ramón | ASISTENCIA |
| 5 Alonso Flores Lourdes | PERMISO MESA DIRECTIVA |
| 6Wilfrido Alonso Razo Humberto | ASISTENCIA |
| 7 Altamirano Toledo Carlos | ASISTENCIA |
| 8 Alva Olvera Maribel Luisa | ASISTENCIA |
| 9 Álvarez Ramón Silbestre | ASISTENCIA |
| 10 Amaro Corona Alberto | ASISTENCIA |
| 11 Aragón Castillo Irene | ASISTENCIA |
| 12 Arellano Pulido Miguel Ángel | ASISTENCIA |
| 13Arreola Calderón Juan Dario | ASISTENCIA |
| 14 Barreiro Pérez Armando | ASISTENCIA |
| 15 Batres Guadarrama Valentina Valia | ASISTENCIA |
| 16 Bautista Bravo Alliet Mariana | ASISTENCIA |
| 17Bravo Padilla Itzcóatl Tonatiuh | ASISTENCIA |
| 18 Brito González Modesto | ASISTENCIA |
| 19 Calzada Vázquez Francisco Javier | ASISTENCIA |
| 20 Campos Aburto Amador | ASISTENCIA |
| 21 Cárdenas Hernández Raymundo | ASISTENCIA |
| 22 Cervantes Rodríguez Aurora | ASISTENCIA |
| 23Condado Escamilla Cuitlahuac | ASISTENCIA |
| 24 Contreras Julián Maricela | ASISTENCIA |
| 25 Cruz Santiago Claudia Lilia | ASISTENCIA |
| 26 Cuevas Córdova Othón | ASISTENCIA |
| 27 Chávez García Higinio | ASISTENCIA |
| 28 Dagdug Lützow Moisés Félix | CÉDULA |
| 29 De la Rosa García Juan Hugo | ASISTENCIA |
| 30 De los Santos Molina Joaquín Conrado | ASISTENCIA |
| 31 Dehesa Mora Daniel | ASISTENCIA |
| 32 Del Toro Mario Enrique | ASISTENCIA |
| 33 Díaz Contreras Adriana | ASISTENCIA |
| 34 Escandón Cadenas Rutilio Cruz | ASISTENCIA |
| 35 Espejel Lazcano Jaime | ASISTENCIA |
| 36 Fernández Balboa Mónica | ASISTENCIA |
| 37 Flores Maldonado César | ASISTENCIA |
| 38 Flores Salazar Guadalupe Socorro | ASISTENCIA |
| 39 Franco Melgarejo Rafael | ASISTENCIA |
| 40 Gálvez Rodríguez Fernel Arturo | ASISTENCIA |
| 41 García Rodríguez Víctor Hugo | INASISTENCIA |
| 42 Garzón Contreras Neftalí | ASISTENCIA |
| 43 González Garza Javier | ASISTENCIA |
| 44 Guerra Ochoa Juan Nicasio | ASISTENCIA |
| 45 Gutiérrez Calzadilla José Luis | ASISTENCIA |
| 46 Hernández Gaytán Daisy Selene | CÉDULA |
| 47 Hernández Hernández Sergio | ASISTENCIA |
| 48 Hernández Manzanares Javier | ASISTENCIA |
| 49 Hernández Silva Benjamín | INASISTENCIA |
| 50Nohelia Ibarra Franquez Sonia | ASISTENCIA |
| 51 Jacques y Medina José | ASISTENCIA |
| 52 Jiménez Valenzuela María Eugenia | ASISTENCIA |
| 53 Landero López Pedro | ASISTENCIA |
| 54Lemarroy Martínez Juan Darío | ASISTENCIA |
| 55 Leyva Piñón Ana Yurixi | ASISTENCIA |
| 56 Lizárraga Peraza Víctor Manuel | ASISTENCIA |
| 57 López Barriga Erick | ASISTENCIA |
| 58 López Becerra Santiago | ASISTENCIA |
| 59 López Rojas Alberto | ASISTENCIA |
| 60 López Torres Ma. Soledad | ASISTENCIA |
| 61 Lozano Lozano Andrés | ASISTENCIA |
| 62 Luna Munguía Alma Lilia | ASISTENCIA |
| 63 Márquez Madrid Camerino Eleazar | ASISTENCIA |
| 64 Márquez Tinoco Francisco | ASISTENCIA |
| 65 Martínez Hernández Alejandro | ASISTENCIA |
| 66 Martínez Martínez Carlos Roberto | ASISTENCIA |
| 67 Martínez Martínez Francisco | ASISTENCIA |
| 68 Martínez Padilla Hugo Eduardo | ASISTENCIA |
| 69 Martínez Vargas Octavio | ASISTENCIA |
| 70 Matías Alonso Marcos | ASISTENCIA |
| 71 Matus Toledo Holly | ASISTENCIA |
| 72 Mayans Canabal Fernando Enrique | ASISTENCIA |
| 73 Mendoza Arellano David | ASISTENCIA |
| 74 Mendoza Flores Roberto | ASISTENCIA |
| 75 Mendoza Maldonado Fausto Fluvio | ASISTENCIA |
| 76 Mendoza Mendoza Irineo | ASISTENCIA |
| 77 Monreal Ávila Susana | ASISTENCIA |
| 78 Montalvo Rojas Victorio Rubén | ASISTENCIA |
| 79 Morales Manzo Jesús Ricardo | ASISTENCIA |
| 80 Morales Sánchez Efraín | ASISTENCIA |
| 81 Morales Vázquez Carlos Orsoe | ASISTENCIA |
| 82Narcía Álvarez Héctor | ASISTENCIA |
| 83 Navarro López Carlos Ernesto | CÉDULA |
| 84 Navarro Quintero Miguel Ángel | ASISTENCIA |
| 85 Ojeda Hernández Concepción | ASISTENCIA |
| 86 Oliva Fragoso Silvia | ASISTENCIA |
| 87 Orcí Martínez Juan Adolfo | ASISTENCIA |
| 88 Ortega Martínez Antonio | ASISTENCIA |
| 89 Ortiz Magallón Rosario Ignacia | PERMISO MESA DIRECTIVA |
| 90Pacheco LLanes Ramón Félix | ASISTENCIA |
| 91 Pedraza Chávez Isidro | ASISTENCIA |
| 92 Pedrozo Castillo Adrián | ASISTENCIA |
| 93 Peña Sánchez Miguel Ángel | ASISTENCIA |
| 94 Pérez Cruz Raciel | ASISTENCIA |
| 95 Pulido Santiago Celso David | ASISTENCIA |
| 96 Ramos Becerril Rafael Plácido | PERMISO MESA DIRECTIVA |
| 97 Ramos Castellanos Martín | PERMISO MESA DIRECTIVA |
| 98 Rasgado Corsi Gloria | PERMISO MESA DIRECTIVA |
| 99 Ríos Gamboa Raúl | INASISTENCIA |
| 100 Romero Gutiérrez Odilón | ASISTENCIA |
| 101Ruíz Sánchez Salvador | ASISTENCIA |
| 102 Saavedra Coronel José Antonio | ASISTENCIA |
| 103 Salinas Pérez Josefina | ASISTENCIA |
| 104 San Martín Hernández Juan Manuel | ASISTENCIA |
| 105 Sánchez Barrios Carlos | ASISTENCIA |
| 106 Sánchez Cabrales Rafael Elías | PERMISO MESA DIRECTIVA |
| 107 Sánchez Camacho Alejandro | ASISTENCIA |
| 108 Sánchez Camacho David | PERMISO MESA DIRECTIVA |
| 109 Sánchez Ramos Francisco | ASISTENCIA |
| 110 Sánchez Valdéz Eva Angelina | ASISTENCIA |
| 111 Sandoval Ramírez Cuauhtémoc | PERMISO MESA DIRECTIVA |
| 112 Santos Arreola Francisco Javier | INASISTENCIA |
| 113 Solares Chávez Miguel Ángel | ASISTENCIA |
| 114 Soriano Sánchez Rosa Elva | ASISTENCIA |
| 115 Soto Sánchez Antonio | INASISTENCIA |
| 116 Suárez del Real y Aguilera José Alfonso | ASISTENCIA |
| 117 Torres Baltazar María Elena | ASISTENCIA |
| 118 Torres García Daniel | ASISTENCIA |
| 119 Trejo Pérez Pablo | ASISTENCIA |
| 120 Ulloa Pérez Emilio | ASISTENCIA |
| 121 Vallejo Estevez Mario | ASISTENCIA |
| 122 Varela López Víctor Gabriel | CÉDULA |
| 123 Villanueva Albarrán Gerardo | ASISTENCIA |
| 124 Villicaña García Rafael | ASISTENCIA |
| 125 Zavaleta Salgado Ruth | ASISTENCIA |
| 126 Zazueta Aguilar Jesús Humberto | CÉDULA |
| 127 Zepeda Hernández Martín | ASISTENCIA |
| Asistencias: 107 | |
| Asistencias por cédula: 6 | |
| Asistencias comisión oficial: 0 | |
| Permiso Mesa Directiva: 8 | |
| Inasistencias justificadas: 0 | |
| Inasistencias: 6 | |
| Total diputados: 127 | |
| PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL | |
|---|---|
| 1 Abramo Masso Yerico | PERMISO MESA DIRECTIVA |
| 2 Aguilar Diego | ASISTENCIA |
| 3 Aguilar Solís Samuel | PERMISO MESA DIRECTIVA |
| 4 Aispuro Torres José Rosas | ASISTENCIA |
| 5 Alcántara Núñez Jesús Sergio | CÉDULA |
| 6 Aldana Prieto Luis Ricardo | ASISTENCIA |
| 7 Amador Gaxiola Daniel | ASISTENCIA |
| 8 Amador Leal Narcizo Alberto | ASISTENCIA |
| 9 Ayala Almeida Joel | ASISTENCIA |
| 10 Badillo Martínez Roberto | ASISTENCIA |
| 11Barajas Del Toro Salvador | ASISTENCIA |
| 12 Barajas López Ramón | ASISTENCIA |
| 13 Barba Hernández Alfredo | ASISTENCIA |
| 14 Beltrán Montes Israel | INASISTENCIA |
| 15 Benítez Ojeda Luis Enrique | ASISTENCIA |
| 16 Bernal Gutiérrez Andrés Marco Antonio | PERMISO MESA DIRECTIVA |
| 17 Biebrich Torres Carlos Armando | ASISTENCIA |
| 18 Blanco Pajón José Luis | ASISTENCIA |
| 19 Caballero Camargo Gustavo Fernando | PERMISO MESA DIRECTIVA |
| 20 Camacho Quiroz César Octavio | ASISTENCIA |
| 21 Canavati Tafich Jesús Ricardo | INASISTENCIA |
| 22 Carballo Bustamante Andrés | INASISTENCIA |
| 23Cárdenas Del Avellano Enrique | ASISTENCIA |
| 24 Cárdenas Monroy Oscar Gustavo | ASISTENCIA |
| 25 Cervantes Andrade Raúl | PERMISO MESA DIRECTIVA |
| 26 Colín Guadarrama María Mercedes | ASISTENCIA |
| 27 Cordero Alfonzo Arnulfo Elías | PERMISO MESA DIRECTIVA |
| 28 Chaurand Arzate Carlos | ASISTENCIA |
| 29De la Garza Treviño Jorge Luis | ASISTENCIA |
| 30 Díaz Athié Antonio de Jesús | ASISTENCIA |
| 31 Díaz Solorzano Elmar Darinel | INASISTENCIA |
| 32 Domínguez Domínguez Nemesio | INASISTENCIA |
| 33 Duarte Jáquez César Horacio | OFICIAL COMISIÓN |
| 34 Escajeda Jiménez José Rubén | INASISTENCIA |
| 35 Escalante Jasso Aracely | ASISTENCIA |
| 36 Espinosa Abuxapqui Eduardo Elías | ASISTENCIA |
| 37 Estefan Chidiac Charbel Jorge | ASISTENCIA |
| 38 Flores Sandoval Patricio | PERMISO MESA DIRECTIVA |
| 39 Fuentes Téllez Octavio | CÉDULA |
| 40 Gamboa Patrón Emilio | ASISTENCIA |
| 41 Garza Garza Horacio Emigdio | ASISTENCIA |
| 42 Gebhardt Garduza Yary del Carmen | PERMISO MESA DIRECTIVA |
| 43 Gloria Requena Tomás | PERMISO MESA DIRECTIVA |
| 44 Gómez Lugo Elda | ASISTENCIA |
| 45 González Calderón Martha Hilda | ASISTENCIA |
| 46 González Salum Miguel Ángel | ASISTENCIA |
| 47 González Zarur Mariano | ASISTENCIA |
| 48 Guerrero García Javier | PERMISO MESA DIRECTIVA |
| 49 Guerrero Juárez Joel | ASISTENCIA |
| 50 Herrera Ale Juana Leticia | ASISTENCIA |
| 51 Herrera Coyac Wenceslao | ASISTENCIA |
| 52 Izquierdo Bustamante Alfonso Rolando | ASISTENCIA |
| 53 Lagunes Gallina Gerardo | ASISTENCIA |
| 54 Lescieur Talavera Jorge Mario | ASISTENCIA |
| 55 López Balbuena Guillermina | ASISTENCIA |
| 56Madrid Tovilla Arely | ASISTENCIA |
| 57 Martínez Rocha Arturo | ASISTENCIA |
| 58 Martínez Rodríguez Lorena | ASISTENCIA |
| 59 Méndez Lanz Víctor Manuel | ASISTENCIA |
| 60 Mendívil Amparán Gustavo Ildefonso | ASISTENCIA |
| 61 Merodio Reza Lilia Guadalupe | ASISTENCIA |
| 62Moctezuma Pereda Fernando Quetzalcoatl | ASISTENCIA |
| 63 Montalvo Gómez Pedro | ASISTENCIA |
| 64 Morales García Elizabeth | CÉDULA |
| 65 Mota Hernández Adolfo | ASISTENCIA |
| 66 Muñoz Serna Rogelio | INASISTENCIA |
| 67 Murat José | ASISTENCIA |
| 68 Ochoa González Arnoldo | PERMISO MESA DIRECTIVA |
| 69 Ojeda Camacho Gilberto | PERMISO MESA DIRECTIVA |
| 70 Olivares Monterrubio Alejandro | ASISTENCIA |
| 71 Olivares Ventura Héctor Hugo | ASISTENCIA |
| 72 Ordaz Jiménez Ismael | ASISTENCIA |
| 73 Orihuela Bárcenas José Ascención | INASISTENCIA |
| 74 Orihuela Trejo José Amado | ASISTENCIA |
| 75Ortiz Del Carpio Víctor | ASISTENCIA |
| 76 Ortiz Proal Mauricio | ASISTENCIA |
| 77 Padilla Gutiérrez Héctor | INASISTENCIA |
| 78 Pagés Llergo Rebollar María Beatriz | ASISTENCIA |
| 79 Palma César Víctor Samuel | ASISTENCIA |
| 80 Parás González Juan Manuel | PERMISO MESA DIRECTIVA |
| 81 Partida Guzmán Martha Rocío | PERMISO MESA DIRECTIVA |
| 82 Patrón Montalvo Jesús Manuel | ASISTENCIA |
| 83 Peñuelas Acuña Mayra Gisela | ASISTENCIA |
| 84 Pérez Valdés Daniel | ASISTENCIA |
| 85 Pinete Vargas María del Carmen | ASISTENCIA |
| 86 Quiñones Canales Lourdes | ASISTENCIA |
| 87 Ramírez Martínez José Edmundo | ASISTENCIA |
| 88 Ramírez Stabros Jesús | PERMISO MESA DIRECTIVA |
| 89 Reyna García José Jesús | ASISTENCIA |
| 90 Ríos Camarena Alfredo Adolfo | ASISTENCIA |
| 91 Rivera Bedoya Juan Francisco | ASISTENCIA |
| 92 Rodríguez Ramírez Bertha Yolanda | ASISTENCIA |
| 93 Rojas Gutiérrez Carlos | ASISTENCIA |
| 94Ruíz Chávez Sara Latife | ASISTENCIA |
| 95 Salas López Ramón | ASISTENCIA |
| 96 Sánchez Hernández Eduardo | ASISTENCIA |
| 97 Sandoval Paredes Sergio | PERMISO MESA DIRECTIVA |
| 98 Serrano Escobar Enrique | ASISTENCIA |
| 99 Sosa Castelán Gerardo | ASISTENCIA |
| 100 Toledo Luis Jorge | ASISTENCIA |
| 101 Vargas Landeros Gerardo Octavio | ASISTENCIA |
| 102Vega Ortíz María Oralia | CÉDULA |
| 103 Velasco Pérez Juan Carlos | ASISTENCIA |
| 104 Villa Villa Isael | ASISTENCIA |
| 105 Villanueva Abraján Patricia | ASISTENCIA |
| 106 Zatarain González Carlos Ernesto | ASISTENCIA |
| Asistencias: 76 | |
| Asistencias por cédula: 4 | |
| Asistencias comisión oficial: 1 | |
| Permiso Mesa Directiva: 16 | |
| Inasistencias justificadas: 0 | |
| Inasistencias: 9 | |
| Total diputados: 106 | |
| CONVERGENCIA | |
|---|---|
| 1 Abad De Jesús Juan | ASISTENCIA |
| 2 Aguilera Rico José Luis | ASISTENCIA |
| 3 Cárdenas Márquez Elías | ASISTENCIA |
| 4 Castellanos Hernández Félix | ASISTENCIA |
| 5 Castillo Romero Patricia Obdulia de Jesús | ASISTENCIA |
| 6 Chanona Burguete Alejandro | ASISTENCIA |
| 7 Del Río Virgen José Manuel | ASISTENCIA |
| 8 Godoy Cárdenas Jorge | ASISTENCIA |
| 9 López Lena Cruz Humberto | ASISTENCIA |
| 10 Salvatori Bronca María del Carmen | ASISTENCIA |
| 11 Samperio Montaño Juan Ignacio | ASISTENCIA |
| 12 Sansores San Román Layda Elena | ASISTENCIA |
| 13 Tagle Martínez Martha Angélica | ASISTENCIA |
| 14 Uscanga Cruz Robinson | ASISTENCIA |
| 15 Valdés Chávez Ramón | ASISTENCIA |
| 16 Varela Lagunas Tomás José Luis | ASISTENCIA |
| 17 Velasco Oliva Jesús Cuauhtémoc | ASISTENCIA |
| Asistencias: 17 | |
| Asistencias por cédula: 0 | |
| Asistencias comisión oficial: 0 | |
| Permiso Mesa Directiva: 0 | |
| Inasistencias justificadas: 0 | |
| Inasistencias: 0 | |
| Total diputados: 17 | |
| PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO | |
|---|---|
| 1 Arévalo González José Antonio | CÉDULA |
| 2 Bellizzia Rosique Pascual | ASISTENCIA |
| 3 Cobo Terrazas Diego | ASISTENCIA |
| 4 Elizondo Garrido Francisco | ASISTENCIA |
| 5 Estrada González Faustino Javier | ASISTENCIA |
| 6 González Martínez Jorge Emilio | ASISTENCIA |
| 7 Lavara Mejía Gloria | ASISTENCIA |
| 8 López Adame Antonio Xavier | ASISTENCIA |
| 9 Manrique Guevara Beatriz | ASISTENCIA |
| 10 Notholt Guerrero Alan | ASISTENCIA |
| 11 Portilla Dieguez Manuel Salvador | ASISTENCIA |
| 12 Puente Salas Carlos Alberto | ASISTENCIA |
| 13 Ramírez Cerda Ana María | ASISTENCIA |
| 14 Rodríguez Luis Alejandro | ASISTENCIA |
| 15 Salgado Amador Manuel Salvador | ASISTENCIA |
| 16 Sesma Suárez Jesús | ASISTENCIA |
| 17 Velasco Rodríguez Verónica | CÉDULA |
| Asistencias: 15 | |
| Asistencias por cédula: 2 | |
| Asistencias comisión oficial: 0 | |
| Permiso Mesa Directiva: 0 | |
| Inasistencias justificadas: 0 | |
| Inasistencias: 0 | |
| Total diputados: 17 | |
| PARTIDO DEL TRABAJO | |
|---|---|
| 1 Aguilar Jiménez Rubén | INASISTENCIA |
| 2 Arreola Ortega Pablo Leopoldo | ASISTENCIA |
| 3 Cantú Garza Ricardo | ASISTENCIA |
| 4 Cervantes Rivera Jaime | INASISTENCIA |
| 5 Garay Ulloa Silvano | ASISTENCIA |
| 6 Herrera Solís Anuario Luis | PERMISO MESA DIRECTIVA |
| 7Maciel Ortiz Ma. Mercedes | INASISTENCIA |
| 8 Peregrino García Abundio | CÉDULA |
| 9 Romero Guzmán Rosa Elia | ASISTENCIA |
| 10 Solís Parga Rodolfo | ASISTENCIA |
| 11 Vela González Joaquín Humberto | ASISTENCIA |
| Asistencias: 6 | |
| Asistencias por cédula: 1 | |
| Asistencias comisión oficial: 0 | |
| Permiso Mesa Directiva: 1 | |
| Inasistencias justificadas: 0 | |
| Inasistencias: 3 | |
| Total diputados: 11 | |
| NUEVA ALIANZA | |
|---|---|
| 1 Arriola G. Mónica T. | ASISTENCIA |
| 2 Cárdenas Fonseca Manuel | ASISTENCIA |
| 3 Castillo Nájera Ariel | INASISTENCIA |
| 4 Dávila Esquivel Humberto | ASISTENCIA |
| 5 Gómez Pasillas Jacinto | ASISTENCIA |
| 6 Jiménez Godínez Miguel Ángel | ASISTENCIA |
| 7 Luna Becerril Blanca | ASISTENCIA |
| 8 Luna Rodríguez Silvia | ASISTENCIA |
| 9 Piñeyro Arias Irma | CÉDULA |
| Asistencias: 7 | |
| Asistencias por cédula: 1 | |
| Asistencias comisión oficial: 0 | |
| Permiso Mesa Directiva: 0 | |
| Inasistencias justificadas: 0 | |
| Inasistencias: 1 | |
| Total diputados: 9 | |
| ALTERNATIVA | |
|---|---|
| 1 Arvizu Rivas Aida Marina | ASISTENCIA |
| 2 Conde Rodríguez Elsa de Guadalupe | ASISTENCIA |
| 3 García Méndez Armando | ASISTENCIA |
| 4 Hernández Valadés Delio | ASISTENCIA |
| 5 Pedro Cortés Santiago Gustavo | ASISTENCIA |
| Asistencias: 5 | |
| Asistencias por cédula: 0 | |
| Asistencias comisión oficial: 0 | |
| Permiso Mesa Directiva: 0 | |
| Inasistencias justificadas: 0 | |
| Inasistencias: 0 | |
| Total diputados: 5 | |
SECRETARÍA GENERAL
REPORTE DE INASISTENCIAS
| PARTIDO ACCIÓN NACIONAL | ||
|---|---|---|
| Diputado | ||
| 1 Amezola Fonceca Gerardo | ||
| 2 Barrios Rodríguez Juan Enrique | ||
| 3 Carbajal Méndez Liliana | ||
| 4 Corral Aguilar María Mercedes | ||
| 5 Dávila García Francisco | ||
| 6 De la Torre Sánchez José | ||
| 7 Escobar Jardinez Adolfo | ||
| 8 Franco Cazarez Ricardo | ||
| 9 González Martínez María Gabriela | ||
| 10 Hurtado Pérez Nelly Asunción | ||
| 11 Lujano Nicolás Christian Martín | ||
| 12 Morales Ramos José Nicolás | ||
| 13 Ramírez Barba Ector Jaime | ||
| 14 Rodríguez Jiménez Ricardo | ||
| 15 Rojas Hernández Laura Angélica | ||
| 16 Sánchez Trujillo José Víctor | ||
| 17 Verástegui Ostos César Augusto | ||
| Faltas por grupo: 17 | ||
| PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA | ||
|---|---|---|
| Diputado | ||
| 1 Aguirre Alcaide Victor | ||
| 2 García Rodríguez Víctor Hugo | ||
| 3 Hernández Silva Benjamín | ||
| 4 Ríos Gamboa Raúl | ||
| 5 Santos Arreola Francisco Javier | ||
| 6 Soto Sánchez Antonio | ||
| Faltas por grupo: 6 | ||
| PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL | ||
|---|---|---|
| Diputado | ||
| 1 Beltrán Montes Israel | ||
| 2 Canavati Tafich Jesús Ricardo | ||
| 3 Carballo Bustamante Andrés | ||
| 4 Díaz Solorzano Elmar Darinel | ||
| 5 Domínguez Domínguez Nemesio | ||
| 6 Escajeda Jiménez José Rubén | ||
| 7 Muñoz Serna Rogelio | ||
| 8 Orihuela Bárcenas José Ascención | ||
| 9 Padilla Gutiérrez Héctor | ||
| Faltas por grupo: 9 | ||
| 10 Aguilar Jiménez Rubén | ||
| 11 Cervantes Rivera Jaime | ||
| 12 Maciel Ortiz Ma. Mercedes | ||
| Faltas por grupo: 3 | ||
| NUEVA ALIANZA | ||
|---|---|---|
| Diputado | ||
| 1 Castillo Nájera Ariel | ||
| Faltas por grupo: 1 | ||
VOTACIONES
| PARTIDO ACCION NACIONAL | ||
|---|---|---|
| 1 Acosta Dávila, Constantino | Favor | |
| 2 Aguilar López, José Alejandro | Favor | |
| 3 Alcalde Virgen, Moisés | Favor | |
| 4 Alcaraz Hernández, Alma Edwviges | Favor | |
| 5 Álvarez Bernal, María Elena | Favor | |
| 6 Amezola Fonceca, Gerardo | Ausente | |
| 7 Antuna Batista, Fidel | Favor | |
| 8 Aranda Orozco, Gerardo | Favor | |
| 9 Arellano Arellano, Joel | Favor | |
| 10 Arenas Guzmán, Margarita | Favor | |
| 11 Arizméndi Uribe, Efraín | Favor | |
| 12 Armendáriz García, Pedro | Favor | |
| 13 Arredondo Ibarra, Salvador | Favor | |
| 14 Arredondo Velázquez, Jesús | Favor | |
| 15 Ávila Mayo, Obdulio | Favor | |
| 16 Barradas Miravete, Gregorio | Favor | |
| 17 Barrios Rodríguez, Juan Enrique | Ausente | |
| 18 Bello Pérez, Alfonso Othón | Favor | |
| 19 Berber Martínez, Antonio | Favor | |
| 20 Bermúdez Viramontes, Andrés | Ausente | |
| 21 Bolaños Aguilar, Edmundo Javier | Favor | |
| 22 Borrego Estrada, Felipe | Ausente | |
| 23 Bracho González, Carlos Augusto | Favor | |
| 24 Buganza Salmerón, Gerardo | Favor | |
| 25 Campos Galván, María Eugenia | Favor | |
| 26 Carbajal Méndez, Liliana | Ausente | |
| 27 Cárdenas Sánchez, Esmeralda | Favor | |
| 28 Cardona Benavídez, Alma Xóchil | Favor | |
| 29 Carrasco Altamirano, Diódoro Humberto | Ausente | |
| 30 Castaño Contreras, Cristián | Favor | |
| 31 Castro de la Rosa, Osiel | Ausente | |
| 32 Castro Muñoz, Juan de Dios | Favor | |
| 33 Ceja Romero, Ramón | Favor | |
| 34 Chávez García, Daniel | Favor | |
| 35 Collado Lara, Beatriz | Favor | |
| 36 Contreras Coeto, José Luis | Favor | |
| 37 Corral Aguilar, María Mercedes | Ausente | |
| 38 Cuen Garibi, Marcela | Favor | |
| 39 Curiel Preciado, Leobardo | Favor | |
| 40 Dávila Fernández, Adriana | Ausente | |
| 41 Dávila García, Francisco | Ausente | |
| 42 De la Torre Jaramillo, Eduardo Sergio | Favor | |
| 43 De la Torre Sánchez, José | Ausente | |
| 44 De León Tello, Jesús | Favor | |
| 45 Degante Romero, Silvia Emilia | Favor | |
| 46 Del Toro del Villar, Tomás | Favor | |
| 47 Del Valle Toca, Antonio | Favor | |
| 48 Delgado Oscoy, Alejandro Enrique | Favor | |
| 49 Denegre Vaught, Rosaura | Favor | |
| 50 Deschamps Falcón, Ángel Rafael | Favor | |
| 51 Díaz de León Torres, Leticia | Favor | |
| 52 Díaz García, José Antonio | Favor | |
| 53 Díaz Garibay, Felipe | Favor | |
| 54 Díaz Gordillo, Martha Cecilia | Favor | |
| 55 Díaz Mena, Joaquín Jesús | Ausente | |
| 56 Domínguez Servién, Francisco | Favor | |
| 57 Duck Núñez, Edgar Mauricio | Favor | |
| 58 Enríquez Flores, Armando | Favor | |
| 59 Escaroz Soler, Gerardo Antonio | Ausente | |
| 60 Escobar Jardinez, Adolfo | Ausente | |
| 61 Espinosa Piña, José Luis | Favor | |
| 62 Félix Holguín, Armando Jesús | Ausente | |
| 63 Felton González, Carlos Eduardo | Ausente | |
| 64 Fernández Cabrera, Adrián | Favor | |
| 65 Fernández Ugarte, Carmen | Favor | |
| 66 Flores Domínguez, Emilio Ramón Ramiro | Favor | |
| 67 Flores Grande, Arturo | Favor | |
| 68 Flores Morfín, Jesús Vicente | Favor | |
| 69 Fraile García, Francisco Antonio | Favor | |
| 70 Franco Cazarez, Ricardo | Ausente | |
| 71 Fuentes Ortiz, José Guillermo | Favor | |
| 72 García González, Carlos Alberto | Favor | |
| 73 García Müller, Martha Margarita | Favor | |
| 74 García Reyes, Ángel Humberto | Favor | |
| 75 García Reyes, Beatriz Eugenia | Favor | |
| 76 García Vivián, Raúl | Ausente | |
| 77 Garmendia Hernández, Yolanda Mercedes | Favor | |
| 78 Gómez Leyva, Silvio | Favor | |
| 79 González Betancourt, Jorge Justiniano | Favor | |
| 80 González Martínez, María Gabriela | Ausente | |
| 81 González Morán, Martín Oscar | Favor | |
| 82 González Roaro, Benjamín Ernesto | Favor | |
| 83 González Ruiz, Felipe | Ausente | |
| 84 González Sánchez, María Dolores | Favor | |
| 85 Gudiño Ortiz, Francisco Javier | Ausente | |
| 86 Guerrero Torres, José Gildardo | Favor | |
| 87 Gutiérrez Aguilar, Miguel Ángel | Favor | |
| 88 Gutiérrez Lagunes, María Victoria | Favor | |
| 89 Hernández Núñez, Elia | Favor | |
| 90 Hurtado Pérez, Nelly Asunción | Ausente | |
| 91 Iragorri Durán, Enrique | Favor | |
| 92 Jiménez del Castillo, Ma. de los Ángeles | Favor | |
| 93 Jiménez Ramos, María Esther | Favor | |
| 94 Joaquín Coldwell, Addy Cecilia | Favor | |
| 95 Lagunes Viveros, Violeta del Pilar | Favor | |
| 96 Landero Gutiérrez, Alejandro | Favor | |
| 97 Landeros González, Ramón | Favor | |
| 98 Lara Compeán, David | Favor | |
| 99 Larios Córdova, Héctor | Ausente | |
| 100 Laviada Hernández, Íñigo Antonio | Favor | |
| 101 Lemus Muñoz Ledo, Ramón Ignacio | Favor | |
| 102 Leura González, Agustín | Favor | |
| 103 Limas Frescas, María Soledad | Favor | |
| 104 Lizaola de la Torre, Alonso Manuel | Favor | |
| 105 López Cisneros, José Martín | Ausente | |
| 106 López Reyna, Omeheira | Favor | |
| 107 López Silva, Rubí Laura | Favor | |
| 108 Ludlow Kuri, Lorenzo Daniel | Favor | |
| 109 Lujano Nicolás, Christian Martín | Ausente | |
| 110 Maawad Robert, Luis Xavier | Favor | |
| 111 Macías Zambrano, Gustavo | Favor | |
| 112 Madrazo Limón, Carlos | Ausente | |
| 113 Magallón Arceo, Leonardo Melesio de Jesús | Ausente | |
| 114 Malagón Ríos, Martín | Favor | |
| 115 Maldonado González, David | Favor | |
| 116 Manuell-Gómez Angulo, Dolores de María | Favor | |
| 117 Martínez Valero, Dora Alicia | Favor | |
| 118 Medellín Varela, Antonio | Favor | |
| 119 Medina Macias, Alma Hilda | Favor | |
| 120 Medina Rodríguez, Delber | Ausente | |
| 121 Medina Rodríguez, Lizbeth Evelia | Favor | |
| 122 Mejía García, Luis Alonso | Favor | |
| 123 Méndez Meneses, Apolonio | Favor | |
| 124 Mendoza Morales, Lucía Susana | Favor | |
| 125 Mohamar Dainitin, Oscar Miguel | Favor | |
| 126 Mollinedo Hernández, Agustín | Favor | |
| 127 Monraz Ibarra, Miguel Ángel | Favor | |
| 128 Montes Sánchez, Fabián Fernando | Ausente | |
| 129 Montiel Luis, Lariza | Favor | |
| 130 Mora Cuevas, Marisol | Favor | |
| 131 Morales Ramos, José Nicolás | Ausente | |
| 132 Moreno Álvarez, Mario Eduardo | Favor | |
| 133 Morgan Franco, Rocío del Carmen | Favor | |
| 134 Muñoz Serrano, José Antonio | Favor | |
| 135 Murillo Flores, Francisco Javier | Favor | |
| 136 Murillo Torres, José Luis | Favor | |
| 137 Navarro Sugich, Carlos Alberto | Favor | |
| 138 Nordhausen González, Jorge Rubén | Favor | |
| 139 Noriega Blanco Vigil, María Elena de las Nieves | Favor | |
| 140 Ochoa López, Nabor | Favor | |
| 141 Olvera Higuera, Edgar Armando | Favor | |
| 142 Orozco Ruiz Velazco, Marco Heriberto | Favor | |
| 143 Ortega Martínez, María del Pilar | Favor | |
| 144 Ortiz Hernández, Eduardo | Favor | |
| 145 Ortiz Montoro, Sagrario María del Rosario | Favor | |
| 146 Oviedo Oviedo, Ernesto | Favor | |
| 147 Padilla Orozco, Raúl Alejandro | Ausente | |
| 148 Palafox Núñez, José Inés | Favor | |
| 149 Paredes Rodríguez, Francisco Javier | Favor | |
| 150 Parra Jiménez, Dolores María del Carmen | Favor | |
| 151 Parra Noriega, Luis Gustavo | Favor | |
| 152 Pérez de Tejada Romero, Diana Carolina | Favor | |
| 153 Pérez Cuéllar, Cruz | Favor | |
| 154 Peyrot Solís, Marco A. | Favor | |
| 155 Plascencia Alonso, Francisco Javier | Favor | |
| 156 Priego Tapia, Gerardo | Favor | |
| 157 Pulido Pecero, Pedro | Favor | |
| 158 Quintero Bello, Jorge | Favor | |
| 159 Rodríguez Vizcarra Velázquez, Adriana | Favor | |
| 160 Ramírez Barba, Ector Jaime | Ausente | |
| 161 Ramírez Corral, Ivette Jacqueline | Favor | |
| 162 Ramírez Pech, Edgar Martín | Ausente | |
| 163 Ramírez Villarreal, Gustavo | Favor | |
| 164 Ramos Covarrubias, Héctor Manuel | Favor | |
| 165 Reyes López, Carlos Armando | Favor | |
| 166 Rincón Vargas, Mirna Cecilia | Favor | |
| 167 Rivera Rivera, José Guadalupe | Favor | |
| 168 Rivero Rivero, Rolando | Favor | |
| 169 Rodríguez Ahumada, Luis Fernando | Ausente | |
| 170 Rodríguez Jiménez, Ricardo | Ausente | |
| 171 Rodríguez Prats, Juan José | Favor | |
| 172 Rodríguez Uresti, Enrique | Favor | |
| 173 Rojas Hernández, Laura Angélica | Favor | |
| 174 Román Isidoro, Demetrio | Favor | |
| 175 Romo Jiménez, Martha Angélica | Favor | |
| 176 Rubio Chávez, José Ignacio Alberto | Favor | |
| 177 Rueda Gómez, Francisco | Favor | |
| 178 Ruiz Velasco de Lira, Ernesto | Favor | |
| 179 Salas Contreras, Marcos | Favor | |
| 180 Salazar Madera, Mario Alberto | Favor | |
| 181 Salum del Palacio, Jorge Alejandro | Ausente | |
| 182 Sánchez Díaz de Rivera, Antonio | Ausente | |
| 183 Sánchez Domínguez, Alejandro | Favor | |
| 184 Sánchez Gil, Carlos René | Favor | |
| 185 Sánchez Juárez, Claudia | Favor | |
| 186 Sánchez Trujillo, José Víctor | Ausente | |
| 187 Sandoval Munguia, Juan Manuel | Favor | |
| 188 Serrato Castell, Luis Gerardo | Favor | |
| 189 Shej Guzmán Sara | Favor | |
| 190 Solano Muñoz, José de Jesús | Favor | |
| 191 Stefanonni Mazzocco, Martín | Favor | |
| 192 Tamayo Herrera, Yadhira Yvette | Favor | |
| 193 Torres Gómez, Artemio | Favor | |
| 194 Torres Herrera, Víctor Manuel | Favor | |
| 195 Torres Torres, Carlos Alberto | Favor | |
| 196 Valenzuela García, María Gloria Guadalupe | Favor | |
| 197 Valladolid Rodríguez, Antonio | Ausente | |
| 198 Vasconcelos Rueda, Antonio | Favor | |
| 199 Vázquez Martínez, Alberto | Favor | |
| 200 Vega Corona, Antonio | Favor | |
| 201 Velázquez Gutiérrez, José Guillermo | Favor | |
| 202 Verástegui Ostos, César Augusto | Ausente | |
| 203 Verdín Saldaña, Jaime | Favor | |
| 204 Victoria Alva, Juan | Favor | |
| 205 Vieyra Olivares, Adriana Rebeca | Favor | |
| 206 Villanueva Arjona, Juan Manuel | Favor | |
| 207 Zambrano Elizondo, Javier Martín | Favor | |
| Favor: 167 | ||
| Contra: 0 | ||
| Abstención: 0 | ||
| Quorum: 0 | ||
| Ausentes: 40 | ||
| Total: 207 | ||
| PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA | ||
|---|---|---|
| 1 Aguirre Alcaide, Víctor | Ausente | |
| 2 Alavez Ruiz, Aleida | Ausente | |
| 3 Almazán González, José Antonio | Ausente | |
| 4 Almonte Borja, Ramón | Favor | |
| 5 Alonso Flores, Lourdes | Ausente | |
| 6 Alonso Razo, Humberto Wifredo | Favor | |
| 7 Altamirano Toledo, Carlos | Favor | |
| 8 Alva Olvera, Maribel Luisa | Favor | |
| 9 Álvarez Ramón, Silbestre | Ausente | |
| 10 Amaro Corona, Alberto | Favor | |
| 11 Aragón Castillo, Irene | Favor | |
| 12 Arellano Pulido, Miguel Ángel | Ausente | |
| 13 Arreola Calderón, Juan Dario | Favor | |
| 14 Barreiro Pérez, Armando | Ausente | |
| 15 Batres Guadarrama, Valentina Valia | Favor | |
| 16 Bautista Bravo, Alliet Mariana | Ausente | |
| 17 Bravo Padilla, Itzcóatl Tonatiuh | Ausente | |
| 18 Brito González, Modesto | Favor | |
| 19 Calzada Vázquez, Francisco Javier | Favor | |
| 20 Campos Aburto, Amador | Favor | |
| 21 Cárdenas Hernández, Raymundo | Favor | |
| 22 Cervantes Rodríguez, Aurora | Favor | |
| 23 Chávez García, Higinio | Favor | |
| 24 Condado Escamilla, Cuitlahuac | Favor | |
| 25 Contreras Julián, Maricela | Favor | |
| 26 Cruz Santiago, Claudia Lilia | Ausente | |
| 27 Cuevas Córdova, Othón | Favor | |
| 28 Dagdug Lützow, Moisés Félix | Ausente | |
| 29 De la Rosa García, Juan Hugo | Ausente | |
| 30 De los Santos Molina, Joaquín Conrado | Favor | |
| 31 Dehesa Mora, Daniel | Favor | |
| 32 Del Toro , Mario Enrique | Favor | |
| 33 Díaz Contreras, Adriana | Favor | |
| 34 Escandón Cadenas, Rutilio Cruz | Favor | |
| 35 Espejel Lazcano, Jaime | Favor | |
| 36 Fernández Balboa, Mónica | Favor | |
| 37 Flores Maldonado, César | Favor | |
| 38 Flores Salazar, Guadalupe Socorro | Favor | |
| 39 Franco Melgarejo, Rafael | Favor | |
| 40 Gálvez Rodríguez, Fernel Arturo | Favor | |
| 41 García Rodríguez, Víctor Hugo | Ausente | |
| 42 Garzón Contreras, Neftalí | Favor | |
| 43 González Garza, Javier | Ausente | |
| 44 Guerra Ochoa, Juan Nicasio | Ausente | |
| 45 Gutiérrez Calzadilla, José Luis | Favor | |
| 46 Hernández Gaytán, Daisy Selene | Favor | |
| 47 Hernández Hernández, Sergio | Favor | |
| 48 Hernández Manzanares, Javier | Favor | |
| 49 Hernández Silva, Benjamín | Ausente | |
| 50 Ibarra Franquez, Sonia Nohelia | Favor | |
| 51 Jacques y Medina, José | Ausente | |
| 52 Jiménez Valenzuela, María Eugenia | Favor | |
| 53 Landero López, Pedro | Favor | |
| 54 Lemarroy Martínez, Juan Dario | Favor | |
| 55 Leyva Piñón, Ana Yurixi | Favor | |
| 56 Lizárraga Peraza, Víctor Manuel | Favor | |
| 57 López Barriga, Erick | Favor | |
| 58 López Becerra, Santiago | Favor | |
| 59 López Rojas, Alberto | Favor | |
| 60 López Torres, María Soledad | Ausente | |
| 61 Lozano Lozano, Andrés | Ausente | |
| 62 Luna Munguía, Alma Lilia | Favor | |
| 63 Márquez Madrid, Camerino Eleazar | Favor | |
| 64 Márquez Tinoco, Francisco | Favor | |
| 65 Martínez Hernández, Alejandro | Ausente | |
| 66 Martínez Martínez, Carlos Roberto | Favor | |
| 67 Martínez Martínez, Francisco | Favor | |
| 68 Martínez Padilla, Hugo Eduardo | Favor | |
| 69 Martínez Vargas Octavio | Favor | |
| 70 Matías Alonso, Marcos | Ausente | |
| 71 Matus Toledo, Holly | Favor | |
| 72 Mayans Canabal, Fernando | Favor | |
| 73 Mendoza Arellano, David | Ausente | |
| 74 Mendoza Flores, Roberto | Favor | |
| 75 Mendoza Maldonado, Fausto Fluvio | Favor | |
| 76 Mendoza Mendoza, Irineo | Favor | |
| 77 Monreal Ávila, Susana | Favor | |
| 78 Montalvo Rojas, Victorio Rubén | Ausente | |
| 79 Morales Manzo, Jesús Ricardo | Favor | |
| 80 Morales Sánchez, Efraín | Favor | |
| 81 Morales Vázquez, Carlos Orsoe | Ausente | |
| 82 Narcía Álvarez, Héctor | Favor | |
| 83 Navarro López, Carlos Ernesto | Favor | |
| 84 Navarro Quintero, Miguel Ángel | Ausente | |
| 85 Ojeda Hernández, Concepción | Favor | |
| 86 Oliva Fragoso, Silvia | Favor | |
| 87 Orcí Martínez, Juan Adolfo | Favor | |
| 88 Ortega Martínez, Antonio | Favor | |
| 89 Ortiz Magallón, Rosario Ignacia | Ausente | |
| 90 Pacheco Llanes, Ramón Félix | Favor | |
| 91 Pedraza Chávez, Isidro | Favor | |
| 92 Pedrozo Castillo, Adrián | Ausente | |
| 93 Peña Sánchez, Miguel Ángel | Favor | |
| 94 Pérez Cruz, Raciel | Ausente | |
| 95 Pulido Santiago, Celso David | Favor | |
| 96 Ramos Becerril, Rafael Plácido | Favor | |
| 97 Ramos Castellanos, Martín | Ausente | |
| 98 Rasgado Corsi, Gloria | Ausente | |
| 99 Ríos Gamboa, Raúl | Ausente | |
| 100 Romero Gutiérrez, Odilón | Favor | |
| 101 Ruiz Sánchez, Salvador | Favor | |
| 102 Saavedra Coronel, José Antonio | Favor | |
| 103 Salinas Pérez, Josefina | Ausente | |
| 104 San Martín Hernández, Juan Manuel | Ausente | |
| 105 Sánchez Barrios, Carlos | Favor | |
| 106 Sánchez Cabrales, Rafael Elías | Ausente | |
| 107 Sánchez Camacho, Alejandro | Ausente | |
| 108 Sánchez Camacho, David | Ausente | |
| 109 Sánchez Ramos, Francisco | Ausente | |
| 110 Sánchez Valdéz, Eva Angelina | Ausente | |
| 111 Sandoval Ramírez, Cuauhtémoc | Ausente | |
| 112 Santos Arreola, Francisco Javier | Ausente | |
| 113 Solares Chávez, Miguel Ángel | Favor | |
| 114 Soriano Sánchez, Rosa Elva | Favor | |
| 115 Soto Sánchez, Antonio | Ausente | |
| 116 Suárez del Real y Aguilera, José Alfonso | Ausente | |
| 117 Torres Baltazar, María Elena | Favor | |
| 118 Torres García, Daniel | Favor | |
| 119 Trejo Pérez, Pablo | Favor | |
| 120 Ulloa Pérez, Emilio | Ausente | |
| 121 Vallejo Estevez, Mario | Favor | |
| 122 Varela López, Víctor Gabriel | Favor | |
| 123 Villanueva Albarrán, Gerardo | Ausente | |
| 124 Villicaña García, Rafael | Favor | |
| 125 Zavaleta Salgado, Ruth | Ausente | |
| 126 Zazueta Aguilar, Jesús Humberto | Favor | |
| 127 Zepeda Hernández, Martín | Favor | |
| Favor: 82 | ||
| Contra: 0 | ||
| Abstención: 0 | ||
| Quorum: 0 | ||
| Ausentes: 45 | ||
| Total: 127 | ||
| PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL | ||
|---|---|---|
| 1 Abramo Masso, Yerico | Ausente | |
| 2 Aguilar , Diego | Favor | |
| 3 Aguilar Solís, Samuel | Ausente | |
| 4 Aispuro Torres, José Rosas | Favor | |
| 5 Alcántara Núñez, Jesús Sergio | Favor | |
| 6 Aldana Prieto, Luis Ricardo | Favor | |
| 7 Amador Gaxiola, Daniel | Favor | |
| 8 Amador Leal, Narcizo Alberto | Favor | |
| 9 Ayala Almeida, Joel | Ausente | |
| 10 Badillo Martínez, Roberto | Favor | |
| 11 Barajas López, Ramón | Ausente | |
| 12 Barajas del Toro, Salvador | Favor | |
| 13 Barba Hernández, Alfredo | Favor | |
| 14 Beltrán Montes, Israel | Ausente | |
| 15 Benítez Ojeda, Luis Enrique | Favor | |
| 16 Bernal Gutiérrez, Andrés Marco Antonio | Ausente | |
| 17 Biebrich Torres, Carlos Armando | Ausente | |
| 18 Blanco Pajón, José Luis | Favor | |
| 19 Caballero Camargo, Gustavo Fernando | Ausente | |
| 20 Camacho Quiroz, César Octavio | Ausente | |
| 21 Canavati Tafich, Jesús Ricardo | Ausente | |
| 22 Carballo Bustamante, Andrés | Ausente | |
| 23 Cárdenas del Avellano, Enrique | Favor | |
| 24 Cárdenas Monroy, Oscar Gustavo | Favor | |
| 25 Cervantes Andrade, Raúl | Ausente | |
| 26 Chaurand Arzate, Carlos | Favor | |
| 27 Colín Guadarrama, María Mercedes | Favor | |
| 28 Cordero Alfonzo, Arnulfo Elías | Ausente | |
| 29 De la Garza Treviño, Jorge Luis | Favor | |
| 30 Díaz Athié, Antonio de Jesús | Favor | |
| 31 Díaz Solorzano, Elmar Darinel | Ausente | |
| 32 Domínguez Domínguez, Nemesio | Ausente | |
| 33 Duarte Jáquez, César | Ausente | |
| 34 Escajeda Jiménez, José Rubén | Ausente | |
| 35 Escalante Jasso, Aracely | Ausente | |
| 36 Espinosa Abuxapqui, Eduardo Elías | Favor | |
| 37 Estefan Chidiac, Charbel Jorge | Favor | |
| 38 Flores Sandoval, Patricio | Ausente | |
| 39 Fuentes Tellez, Octavio | Favor | |
| 40 Gamboa Patrón, Emilio | Favor | |
| 41 Garza Garza, Horacio Emigdio | Favor | |
| 42 Gebhardt Garduza, Yary del Carmen | Ausente | |
| 43 Gloria Requena, Tomás | Ausente | |
| 44 Gómez Lugo, Elda | Favor | |
| 45 González Calderón, Martha Hilda | Favor | |
| 46 González Salum, Miguel Ángel | Favor | |
| 47 González Zarur, Mariano | Favor | |
| 48 Guerrero García, Javier | Favor | |
| 49 Guerrero Juárez, Joel | Favor | |
| 50 Herrera Ale, Juana Leticia | Favor | |
| 51 Herrera Coyac, Wenceslao | Favor | |
| 52 Izquierdo Bustamante, Alfonso Rolando | Ausente | |
| 53 Lagunes Gallina, Gerardo | Ausente | |
| 54 Lescieur Talavera, Jorge Mario | Favor | |
| 55 López Balbuena, Guillermina | Favor | |
| 56 Madrid Tovilla, Areli | Ausente | |
| 57 Martínez Rodríguez, Lorena | Favor | |
| 58 Martínez Rocha, Arturo | Favor | |
| 59 Méndez Lanz, Víctor Manuel | Favor | |
| 60 Mendívil Amparám, Gustavo Ildefonso | Ausente | |
| 61 Merodio Reza, Lilia Guadalupe | Favor | |
| 62 Moctezuma Pereda, Fernando Quetzalcoatl | Favor | |
| 63 Montalvo Gómez, Pedro | Favor | |
| 64 Morales García, Elizabeth | Ausente | |
| 65 Mota Hernández, Adolfo | Ausente | |
| 66 Muñoz Serna, Rogelio | Ausente | |
| 67 Murat , José | Favor | |
| 68 Ochoa González, Arnoldo | Ausente | |
| 69 Ojeda Camacho, Gilberto | Ausente | |
| 70 Olivares Monterrubio, Alejandro | Favor | |
| 71 Olivares Ventura, Héctor Hugo | Ausente | |
| 72 Ordaz Jiménez, Ismael | Ausente | |
| 73 Orihuela Bárcenas, José Ascención | Ausente | |
| 74 Orihuela Trejo, José Amado | Favor | |
| 75 Ortiz del Carpio, Víctor | Favor | |
| 76 Ortiz Proal, Mauricio | Favor | |
| 77 Padilla Gutiérrez, Héctor | Ausente | |
| 78 Pagés Llergo Rebollar, María Beatriz | Favor | |
| 79 Palma César, Víctor Samuel | Favor | |
| 80 Parás González, Juan Manuel | Ausente | |
| 81 Partida Guzmán, Martha Rocío | Ausente | |
| 82 Patrón Montalvo, Jesús Manuel | Favor | |
| 83 Peñuelas Acuña, Mayra Gisela | Ausente | |
| 84 Pérez Valdés, Daniel | Ausente | |
| 85 Pinete Vargas, María del Carmen | Favor | |
| 86 Quiñones Canales, Lourdes | Ausente | |
| 87 Ramírez Martínez, José Edmundo | Favor | |
| 88 Ramírez Stabros, Jesús | Ausente | |
| 89 Reyna García, José Jesús | Favor | |
| 90 Ríos Camarena, Alfredo Adolfo | Favor | |
| 91 Rivera Bedoya, Juan Francisco | Favor | |
| 92 Rodríguez Ramírez, Bertha Yolanda | Ausente | |
| 93 Rojas Gutiérrez, Carlos | Ausente | |
| 94 Ruiz Chávez, Sara Latife | Favor | |
| 95 Salas López, Ramón | Ausente | |
| 96 Sánchez Hernández, Eduardo | Ausente | |
| 97 Sandoval Paredes, Sergio | Ausente | |
| 98 Serrano Escobar, Enrique | Favor | |
| 99 Sosa Castelán, Gerardo | Ausente | |
| 100 Toledo Luis, Jorge | Ausente | |
| 101 Vargas Landeros, Gerardo Octavio | Favor | |
| 102 Vega Ortiz, María Oralia | Favor | |
| 103 Velasco Pérez, Juan Carlos | Ausente | |
| 104 Villa Villa, Isael | Favor | |
| 105 Villanueva Abraján, Patricia | Favor | |
| 106 Zatarain González, Carlos Ernesto | Ausente | |
| Favor: 57 | ||
| Contra: 0 | ||
| Abstención: 0 | ||
| Quorum: 0 | ||
| Ausentes: 49 | ||
| Total: 106 | ||
| CONVERGENCIA | ||
|---|---|---|
| 1 Abad de Jesús, Juan | Favor | |
| 2 Aguilera Rico, José Luis | Ausente | |
| 3 Cárdenas Márquez, Elías | Favor | |
| 4 Castellanos Hernández, Félix | Favor | |
| 5 Castillo Romero, Patricia Obdulia de Jesús | Favor | |
| 6 Chanona Burguete, Alejandro | Ausente | |
| 7 Del Río Virgen, José Manuel | Favor | |
| 8 Godoy Cárdenas, Jorge | Favor | |
| 9 López Lena Cruz, Humberto | Ausente | |
| 10 Salvatori Bronca, María del Carmen | Favor | |
| 11 Samperio Montaño, Juan Ignacio | Ausente | |
| 12 Sansores San Román, Layda Elena | Favor | |
| 13 Tagle Martínez, Martha Angélica | Favor | |
| 14 Uscanga Cruz, Robinson | Favor | |
| 15 Valdés Chávez, Ramón | Favor | |
| 16 Varela Lagunas, Tomás José Luis | Favor | |
| 17 Velasco Oliva, Jesús Cuauhtémoc | Favor | |
| Favor: 13 | ||
| Contra: 0 | ||
| Abstención: 0 | ||
| Quorum: 0 | ||
| Ausentes: 4 | ||
| Total: 17 | ||
| PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO | ||
|---|---|---|
| 1 Arévalo González, José Antonio | Favor | |
| 2 Bellizzia Rosique, Pascual | Favor | |
| 3 Cobo Terrazas, Diego | Favor | |
| 4 Elizondo Garrido, Francisco | Favor | |
| 5 Estrada González, Faustino Javier | Ausente | |
| 6 González Martínez, Jorge Emilio | Favor | |
| 7 Lavara Mejía, Gloria | Favor | |
| 8 López Adame, Antonio Xavier | Ausente | |
| 9 Manrique Guevara, Beatriz | Favor | |
| 10 Notholt Guerrero, Alan | Favor | |
| 11 Portilla Diéguez, Manuel | Favor | |
| 12 Puente Salas, Carlos Alberto | Favor | |
| 13 Ramírez Cerda, Ana María | Ausente | |
| 14 Rodríguez Luis, Alejandro | Favor | |
| 15 Salgado Amador, Manuel Salvador | Favor | |
| 16 Sesma Suárez, Jesús | Ausente | |
| 17 Velasco Rodríguez, Verónica | Favor | |
| Favor: 13 | ||
| Contra: 0 | ||
| Abstención: 0 | ||
| Quorum: 0 | ||
| Ausentes: 4 | ||
| Total: 17 | ||
| PARTIDO DEL TRABAJO | ||
|---|---|---|
| 1 Aguilar Jiménez, Rubén | Ausente | |
| 2 Arreola Ortega, Pablo Leopoldo | Favor | |
| 3 Cantú Garza, Ricardo | Ausente | |
| 4 Cervantes Rivera, Jaime | Ausente | |
| 5 Garay Ulloa, Silvano | Ausente | |
| 6 Herrera Solís, Anuario Luis | Ausente | |
| 7 Maciel Ortiz, María Mercedez | Ausente | |
| 8 Peregrino García, Abundio | Favor | |
| 9 Romero Guzmán, Rosa Elia | Ausente | |
| 10 Solís Parga, Rodolfo | Favor | |
| 11 Vela González, Joaquín Humberto | Favor | |
| Favor: 4 | ||
| Contra: 0 | ||
| Abstención: 0 | ||
| Quorum: 0 | ||
| Ausentes: 7 | ||
| Total: 11 | ||
| PARTIDO NUEVA ALIANZA | ||
|---|---|---|
| 1 Arriola Gordillo, Mónica | Ausente | |
| 2 Cárdenas Fonseca, Manuel | Favor | |
| 3 Castillo Nájera, Ariel | Ausente | |
| 4 Dávila Esquivel, Humberto | Favor | |
| 5 Gómez Pasillas, Jacinto | Favor | |
| 6 Jiménez Godínez, Miguel Ángel | Ausente | |
| 7 Luna Becerril, Blanca | Ausente | |
| 8 Luna Rodríguez, Silvia | Ausente | |
| 9 Piñeyro Arias, Irma | Favor | |
| Favor: 4 | ||
| Contra: 0 | ||
| Abstención: 0 | ||
| Quorum: 0 | ||
| Ausentes: 5 | ||
| Total: 9 | ||
| PARTIDO ALTERNATIVA SOCIAL | ||
|---|---|---|
| 1 Arvizu Rivas, Aida Marina | Ausente | |
| 2 Conde Rodríguez, Elsa de Guadalupe | Favor | |
| 3 García Méndez, Armando | Ausente | |
| 4 Hernández Valadés, Delio | Ausente | |
| 5 Pedro Cortés, Santiago Gustavo | Favor | |
| Favor: 2 | ||
| Contra: 0 | ||
| Abstención: 0 | ||
| Quorum: 0 | ||
| Ausentes: 3 | ||
| Total: 5 | ||