Diario de los Debates

organo oficial de la camara de diputados
del congreso de los estados unidos mexicanos
Poder Legislativo Federal, LX Legislatura
Correspondiente al Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Tercer Año de Ejercicio
Director General de
Crónica Parlamentaria
Gilberto Becerril Olivares
Presidente

Diputado César Duarte Jáquez
Director del
Diario de los Debates
Jesús Norberto Reyes Ayala
Año III
México, DF, martes 21 de octubre de 2008
Sesión No. 19

SUMARIO


SISTEMAS DE RECAUDACION FISCAL

Oficio del Congreso del estado de Guanajuato con el que remite respuesta a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados en la sesión del 25 de septiembre pasado, relativo a exhortar a los gobiernos estatales y municipales a adoptar nuevos y mejores mecanismos de recaudación para hacerlos menos dependientes de los recursos federales y que se apliquen auditorías a los sistemas de recaudación fiscal. Se remite a la Comisión correspondiente para su conocimiento.

MATERIA DE FISCALIZACION Y CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Oficio del Congreso del estado de Guanajuato con el que remite respuesta a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados en la sesión del 25 de septiembre pasado, relativo a exhortar a los Congresos locales para que otorguen mayor independencia de desempeño en sus funciones a las entidades de fiscalización superiores locales y aprueben las leyes y, en su caso, las reformas para dar cumplimiento a lo dispuesto en la reforma constitucional publicada el pasado 7 de mayo de 2008 en el Diario Oficial de la Federación, en materia de fiscalización y contabilidad gubernamental. Se remite a la Comisión correspondiente para su conocimiento.

ATRIBUCIONES DE FISCALIZACION A ENTIDADES ESTATALES

Oficio del Congreso del estado de Guanajuato con el que remite respuesta a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados en la sesión del 25 de septiembre pasado, relativo a exhortar a las Legislaturas de los estados a conferir mayores atribuciones a sus entidades estatales de fiscalización, así como una mayor asignación presupuestal para el desempeño de sus funciones. Se remite a la Comisión correspondiente para su conocimiento.

VIVIENDA

Oficio del Congreso del estado de Guerrero con el que remite respuesta a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, por el que se exhorta a los gobiernos estatales, municipales y al del Distrito Federal a acelerar los procesos de homologación de sus reglamentos, planes y programas en materia de construcción y ordenación urbana y territorial, así como de sus sistemas catastrales y de registro público de la propiedad, a fin de garantizar un esfuerzo efectivo en la promoción de una vivienda digna. Se remite a la Comisión de Vivienda para su conocimiento.

VIOLENCIA FAMILIAR

Oficio del Congreso del estado de Puebla con el que remite respuesta a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados en la sesión del 14 de febrero del presente año para exhortar a los gobiernos estatales, al del Distrito Federal, a los Congresos locales y a la Asamblea Legislativa a implantar las medidas necesarias para prevenir y erradicar la violencia familiar. Se remite a la Comisión de Equidad y Género correspondiente para su conocimiento.

COMISIONES LEGISLATIVAS

Oficio de la Junta de Coordinación Política con el que comunica cambios en la integración de las Comisiones de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios; Educación Pública y Servicios Educativos; Seguridad Pública; la Función Pública; Equidad y Género; Especial de prospectiva para la definición del futuro de México; Comunicaciones; y Especial de Reforma del Estado; y de los Comités de los Centros de Estudios Sociales y de Opinión Pública; y para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad y Género; Aprobado.

Oficio de la Junta de Coordinación Política con el que comunica cambios en la integración de las Comisiones de Salud; y de Equidad y Género. De enterado.

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con el que remite información relativa al pago de las participaciones a las entidades federativas correspondiente al mes de septiembre de 2008, desagregada por tipo de fondo. Se remite a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

Oficio de la Cámara de Senadores con el que remite iniciativa que reforma la fracción XX del artículo 32 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, presentada por el senador Ramiro Hernández García. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

PRESUPUESTO DE EGRESOS, 2009

Cuatro oficios de la Cámara de Senadores con los que remite proposiciones con punto de acuerdo relativas al Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal de 2009. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

LEY DE VIVIENDA - LEY GENERAL DE PROTECCION CIVIL

Oficio de la Cámara de Senadores con el que remite minuta con proyecto de decreto que reforma la fracción II y adiciona una nueva fracción XXIV, recorriéndose las subsecuentes en el artículo 19; adiciona una fracción V, recorriéndose las subsecuentes del artículo 29, y reforma la fracción I del artículo 34 de la Ley de Vivienda; adiciona una fracción VIII al artículo 16 y recorre las subsecuentes de la Ley General de Protección Civil. Se turna a la Comisión de Vivienda.

LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO

Oficio de la Cámara de Senadores con el que remite minuta con proyecto de decreto que reforma y adiciona la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Se turna a la Comisión de la Función Pública.

LEY GENERAL DE SALUD

Oficio de la Cámara de Senadores con el que remite minuta con proyecto de decreto que adiciona un artículo 41 Bis y reforma los artículos 98 y 316 a la Ley General de Salud. Se turna a la Comisión de Salud.

PRESTAR SERVICIOS EN REPRESENTACIONES DIPLOMATICAS

Oficio de la Cámara de Senadores con el que remite minuta con proyecto de decreto que concede permiso a tres ciudadanos para prestar servicios en diversas representaciones diplomáticas. Se turna a la Comisión de Gobernación.

CONDECORACIONES

Dieciséis oficios de la Cámara de Senadores con los que remite minutas con proyecto de decreto que conceden permisos a igual número de ciudadanos para aceptar y usar las condecoraciones que les confieren gobiernos extranjeros. Se turnan a la Comisión de Gobernación.

VOTO FEMENINO EN MEXICO

Sobre el LV aniversario del establecimiento del derecho de las mujeres a votar y ser electas para cargos públicos en México se concede la palabra a las diputadas:

Mónica Arriola.

María Mercedes Maciel Ortiz.

Beatriz Manrique Guevara.

María del Carmen Salvatori Bronca.

Lourdes Quiñones Canales.

Maricela Contreras Julián.

María Soledad Limas Frescas.

LEY DE FISCALIZACION SUPERIOR DE LA FEDERACION

Se recibe del diputado Antonio Valladolid Rodríguez iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, a fin de regular los casos en que el titular y otros funcionarios públicos de la Auditoría Superior de la Federación deberán excusarse del conocimiento de algunos asuntos en su labor de fiscalización. Se turna a la Comisión de la Función Pública.

LEY GENERAL DE SALUD

Se recibe de la diputada Lourdes Quiñones Canales iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 115 de la Ley General de Salud para contribuir en el combate a la obesidad infantil con normar y vigilar que en todos los alimentos que se elaboren, expidan y vendan en los planteles educativos sean utilizados aceites oleicos. Se turna a la Comisión de Salud.

LEY GENERAL QUE ESTABLECE LAS BASES DE COORDINACION DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA

Se recibe del diputado Jacinto Gómez Pasillas iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 12 de la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para la incorporación de un representante de la sociedad civil en la integración del Consejo Nacional de Seguridad. Se turna a la Comisión de Seguridad Pública.

LEY SOBRE LA CELEBRACION DE TRATADOS

Se recibe del diputado Jacinto Gómez Pasillas iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 7 de la Ley Sobre la Celebración de Tratados, para establecer la nulidad de pleno derecho de los acuerdos interinstitucionales que suscriban las dependencias y organismos descentralizados de la administración pública federal, estatal o municipal cuando se comprometan la seguridad nacional, la seguridad pública, los derechos humanos, y los recursos naturales del Estado mexicano. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores.

CODIGO PENAL FEDERAL - LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA

Se recibe de la diputada Yary del Carmen Gebhardt Garduza iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 85 del Código Penal Federal y 5 de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, en relación con comunidades o pueblos indígenas. Se turna a las Comisiones Unidas de Justicia y de Seguridad Pública.

CRISIS ECONOMICA

Se recibe del diputado Mauricio Ortiz Proal proposición con punto de acuerdo por el que se envía a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública de esta soberanía, así como a la Comisión de Hacienda y Crédito Público del Senado de la Republica propuestas relativas a criterios generales que buscan disminuir el efecto de la crisis económica entre los mexicanos. Se turna a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados; y a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores.

EMPRESAS DE TELEFONIA MOVIL

Se recibe de la diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza proposición con punto de acuerdo por el que se cita a comparecer al presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones y al comisionado de ésta para que informen lo relativo a su actuación en el diferendo entre la empresa AXTEL y las empresas de telefonía móvil. Se turna a la Comisión de Comunicaciones.

REGLAMENTO DE LA LEY PARA PREVENIR Y SANCIONAR LA TRATA DE PERSONAS

Se recibe de la diputada Holly Matus Toledo proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a expedir el Reglamento de la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas y establecer una Comisión Intersecretarial en esa materia. Se turna a la Comisión de Justicia.

TRABAJO INFANTIL

Se recibe de la diputada Holly Matus Toledo proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a implantar, a través de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, acciones para combatir el trabajo infantil. Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

REGLAMENTO DE COOPERATIVAS ESCOLARES

Se recibe de la diputada Holly Matus Toledo proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la titular de la Secretaría de Educación Pública a actualizar el Reglamento de Cooperativas Escolares. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION

En materia de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009, se reciben las siguientes proposiciones que se turnan a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y mediante las cuales se solicita que se consideren recursos para:

Obras de electrificación del municipio de Ciudad Anáhuac, en el estado de Nuevo León, del diputado Marco Heriberto Orozco Ruiz Velazco.

Que se distribuyan de manera equitativa los recursos del Fondo Metropolitano destinados para la Cuarta Zona Metropolitana, que comprende 38 municipios de los estados de Puebla y Tlaxcala, del diputado Alberto Amaro Corona.

Diversos proyectos de inversión en el rubro de vivienda para el municipio de Comitán de Domínguez, estado de Chiapas, del diputado Arnulfo Elías Cordero Alfonzo.

El Instituto Politécnico Nacional, del diputado José Luis Aguilera Rico.

El Programa de Escuelas de Tiempo Completo, de la diputada Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez.

El proyecto del edificio de la Secretaría de Seguridad Pública de Santa Catarina, estado de Nuevo León, de diputados del Partido Acción Nacional.

La promoción del ecoturismo a través de la construcción de hostales para habilitar hospedaje en la Delegación Tlalpan, Distrito Federal, de la diputada Maricela Contreras Julián.

Diversos proyectos de inversión en el rubro de cultura para el municipio de Comitán de Domínguez, estado de Chiapas, del diputado Arnulfo Elías Cordero Alfonzo.

La creación del fondo especial para la protección de los migrantes que retornen a nuestro país, de la diputada Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez.

El proyecto del edificio de la Secretaría de Seguridad Pública de San Nicolás, estado de Nuevo León, de diputados del Partido Acción Nacional.

El fortalecimiento de las procuradurías ambientales estatales, de la diputada Aleida Alavez Ruiz.

Diversos proyectos de inversión en el rubro de recursos hidráulicos para el municipio de Comitán de Domínguez, estado de Chiapas, del diputado Arnulfo Elías Cordero Alfonzo.

El proyecto Ciudad Deportiva Santa Catarina, estado de Nuevo León, de diputados del Partido Acción Nacional.

Diversos proyectos de inversión en el rubro de Desarrollo Rural para el municipio de Comitán de Domínguez, estado de Chiapas, del diputado Arnulfo Elías Cordero Alfonzo.

La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, del diputado Erick López Barriga.

El proyecto Unidad Deportiva Anáhuac, en el estado de Nuevo León, de diputados del Partido Acción Nacional.

El Programa de Recuperación y Repoblación de Especies de Vida Silvestre y en Peligro de Extinción, del diputado Erick López Barriga.

La construcción y mantenimiento de diversos tramos carreteros en el estado de Veracruz, suscrita por el diputado Pedro Montalvo Gómez.

El proyecto Unidad Deportiva Constituyentes de Querétaro, en el estado de Nuevo León, de diputados del Partido Acción Nacional.

Que se incluya al estado de Hidalgo en el Programa Especial para la Seguridad Alimentaria, del diputado Isidro Pedraza Chávez.

El proyecto Museo San Nicolás, en el estado de Nuevo León, de diputados del Partido Acción Nacional.

El Fideicomiso de los Fondos de los Trabajadores Migratorios Mexicanos, del diputado Isidro Pedraza Chávez.

La rehabilitación del teatro municipal, obras pluviales y unidades deportivas, en el municipio de Guadalupe, estado de Nuevo León, del diputado Juan Francisco Rivera Bedoya.

El proyecto Casa del Adulto Mayor, en el estado de Nuevo León, de diputados del Partido Acción Nacional.

La ampliación y modernización del Antiguo Camino a Villa de García, en el estado de Nuevo León, de diputados del Partido Acción Nacional.

Las universidades públicas del país, del diputado Sergio Hernández Hernández.

El proyecto de ordenamiento vial Monterrey-Saltillo, en el estado de Nuevo León, de diputados del Partido Acción Nacional.

La zona metropolitana de Zacatecas-Guadalupe, dentro del Fondo de Desarrollo Metropolitano, del diputado Francisco Javier Calzada Vázquez.

El reencauzamiento del Río Nazas, en la zona de la Laguna, del diputado Yericó Abramo Masso.

El proyecto Libramiento Oriente, en el estado de Nuevo León, de diputados del Partido Acción Nacional.

El Programa de Gestión Hídrica, destinados a la recuperación y saneamiento de ríos y barrancas del Distrito Federal, de la diputada Aleida Alavez Ruiz.

El proyecto Melchor Ocampo-Los Aldamas, en el estado de Nuevo León, de diputados del Partido Acción Nacional.

La construcción de un hospital general en la ciudad de Zacatecas, del diputado Francisco Javier Calzada Vázquez.

El proyecto de carretera Sabinas-Colombia, en el estado de Nuevo León, de diputados del Partido Acción Nacional.

El subsidio de la Universidad Autónoma de Zacatecas, del diputado Francisco Javier Calzada Vázquez.

La rehabilitación y modernización de la carretera federal número 54, en el estado de Nuevo León, de diputados del Partido Acción Nacional.

El proyecto Hacienda Rinconada-Los Fierros-García, en el estado de Nuevo León, de diputados del Partido Acción Nacional.

El proyecto PSV Juan Pablo Segundo y República Mexicana, en el estado de Nuevo León, de diputados del Partido Acción Nacional.

El proyecto de paso a desnivel Puerta de Garza, en el estado de Nuevo León, de diputados del Partido Acción Nacional.

El proyecto Montemorelos entronque San Roberto, en el estado de Nuevo León, de diputados del Partido Acción Nacional.

La ampliación del boulevard Independencia, en el estado de Nuevo León, de diputados del Partido Acción Nacional.

El proyecto Canal Topo Chico, en el estado de Nuevo León, de diputados del Partido Acción Nacional.

SEGURIDAD PUBLICA

Se recibe de la diputada Lorena Martínez Rodríguez proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a destinar recursos a los gobiernos municipales, en el Marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que les permitan atender de manera inmediata el rubro de la seguridad pública. Se turna a la Comisión de Seguridad Pública.

LEY FEDERAL PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACION

Primera lectura del dictamen de la Comisión de Derechos Humanos con proyecto de decreto que reforma la fracción V, del artículo 11 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.

LEY FEDERAL PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACION

Primera lectura del dictamen de la Comisión de Derechos Humanos con proyecto de decreto que adiciona un artículo 11 Bis a la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.

PRESTAR SERVICIOS EN REPRESENTACIONES DIPLOMATICAS

Primera lectura del dictamen de la Comisión de Gobernación con proyecto de decreto que concede permiso a siete ciudadanos para prestar servicios en diversas representaciones diplomáticas, respectivamente.

LEY DE AMPARO

Segunda lectura del dictamen de la Comisión de Justicia con proyecto de decreto que reforma los artículos 19 y 27 de la Ley de Amparo. Sin discusión es aprobado en lo general y en lo particular. Pasa a la Cámara de Senadores para sus efectos constitucionales.

CODIGO DE COMERCIO

Segunda lectura del dictamen de la Comisión de Economía, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código de Comercio.

Fundamenta el dictamen en nombre de la comisión la diputada Susana Monreal Avila.

Presenta moción suspensiva el diputado Carlos Alberto Navarro Sugich.

Susana Monreal Avila en contra de la moción.

Desde sus respectivas curules hacen comentarios de procedimiento los diputados:

Juan José Rodríguez Prats.

Juan Nicasio Guerra Ochoa.

Carlos Alberto Navarro Sugich.

Susana Monreal Avila.

Juan José Rodríguez Prats.

Susana Monreal Avila.

Juan Nicasio Guerra Ochoa.

Raymundo Cárdenas Hernández.

Juan José Rodríguez Prats.

Se acepta a discusión la moción suspensiva e intervienen los diputados:

Carlos Alberto Navarro Sugich.

Susana Monreal Avila.

Juan Nicasio Guerra Ochoa.

Se desecha la moción suspensiva.

Fija posición de su grupo parlamentario la diputada Adriana Rodríguez Vizcarra Velázquez.

Se considera suficientemente discutido en lo general y en lo particular. El Presidente declara aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código de Comercio, pasa a la Cámara de Senadores para sus efectos constitucionales.

CODIGO CIVIL FEDERAL

Segunda lectura del dictamen de la Comisión de Justicia con proyecto de decreto que reforma el artículo 1661 del Código Civil Federal, en materia de Sucesión Testamentaria y Legítima. Sin discusión la Presidencia declara aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto de referencia. Pasa a la Cámara de Senadores para sus efectos constitucionales.

LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

Segunda lectura del dictamen de la Comisión de la Comisión de Justicia con proyecto de decreto que reforma el último párrafo del artículo 5o. de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Sin discusión la Presidencia declara aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto de referencia. Pasa a la Cámara de Senadores para sus efectos constitucionales.

LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

Segunda lectura del dictamen de la Comisión de la Comisión de Justicia con proyecto de decreto que reforma el artículo 13, fracción I, inciso a), de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Sin discusión la Presidencia declara aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto de referencia. Pasa a la Cámara de Senadores para sus efectos constitucionales.

LEY QUE ESTABLECE LAS NORMAS MINIMAS SOBRE READAPTACION SOCIAL DE SENTENCIADOS

Segunda lectura del dictamen de la Comisión de Seguridad Pública que reforma y adiciona los artículos 6, 10 y 11 de la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados. Sin discusión el Presidente declara aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto de referencia.

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Dictamen de la Comisión de Seguridad Pública con punto de acuerdo sobre la proposición presentada en la sesión del 13 de diciembre de 2007 que exhorta al Ejecutivo federal a evaluar, a través de los titulares de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Procuraduría General de la República y de la Secretaría de Seguridad Pública, la implantación, con carácter preventivo, de un operativo conjunto de combate a la delincuencia organizada, en el estado de Baja California Sur.

FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA

Dictamen de la Comisión de Seguridad Pública con punto de acuerdo relativo a la proposición presentada en la sesión del 18 de octubre de 2007 para exhortar al Consejo Nacional de Seguridad Pública a evaluar lo relativo a la incidencia delictiva en el próximo acuerdo que emita para la aprobación de criterios de asignación, formulas y variables utilizadas en el cálculo para la distribución de los recursos del Fondo de Aportaciones de los Estados y del Distrito Federal.

CAÑA DE AZUCAR

Dictamen de la Comisión de Agricultura y Ganadería con punto de acuerdo respecto a la proposición presentada en la sesión del 30 de abril de 2007 por la que se exhorta al Poder Ejecutivo federal a instruir al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para que instale con la mayor brevedad la Junta Permanente de Arbitraje de la Agroindustria de la Caña de Azúcar y el Centro de Investigación Científico y Tecnológico de la Caña de Azúcar.

MAIZ

Dictamen de la Comisión de Agricultura y Ganadería con punto de acuerdo sobre la proposición presentada en la sesión del 30 de abril de 2008 por la que se solicita a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación que informe a esta soberanía sobre el papel que jugó dicha institución para permitir el envío de semillas de maíz a la República de Noruega por parte del Centro Internacional de Mejoramiento del Maíz y Trigo y si el número representativo de las muestras que se enviaron es parte de la riqueza de germoplasma del país.

CITRICULTURA

Dictamen de la Comisión de Agricultura y Ganadería con punto de acuerdo relativo a la proposición presentada en la sesión del 30 de abril de 2008 para exhortar a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación informe sobre el ejercicio del gasto del Programa de Competitividad a la Citricultura, así como el padrón de beneficiarios por municipio y entidad federativa.

LEY QUE ESTABLECE LAS NORMAS MINIMAS SOBRE READAPTACION SOCIAL DE SENTENCIADOS

El Presidente declara aprobado en lo general y en lo particular el dictamen de la Comisión de Seguridad Pública que reforma y adiciona los artículos 6, 10 y 11 de la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados. Pasa a la Cámara de Senadores para sus efectos constitucionales.

CAFE

Dictamen de la Comisión de Agricultura y Ganadería con punto de acuerdo para exhortar al titular del Ejecutivo federal a aplicar las medidas necesarias a fin de garantizar que el 60 por ciento del monto asignado en el presupuesto rural 2009 al Sistema Producto Café llegue efectivamente a los productores del país.

AGROINDUSTRIA DE LA CAÑA DE AZUCAR

Dictamen de la Comisión de Agricultura y Ganadería con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a informar sobre los avances del Programa Nacional de la Agroindustria de la Caña de Azúcar 2007-2012 durante el primer año de aplicación.

SECTOR AGROPECUARIO

Dictamen de la Comisión de Agricultura y Ganadería con punto de acuerdo referente a la proposición presentada en la sesión del 30 de abril de 2008 para exhortar a los grupos de trabajo sobre los impactos del Tratado de Libre Comercio para América del Norte y Reforma Integral del Campo del Senado de la República a trabajar en conferencia con los diputados integrantes de la mesa del diálogo, a fin de elaborar una agenda de trabajo con los temas de la revisión del marco jurídico para la renegociación del Tratado de Libre Comercio para América del Norte en el sector agropecuario.

SECTOR AGROPECUARIO

Dictamen de la Comisión de Agricultura y Ganadería con punto de acuerdo sobre la proposición presentada en la sesión del 30 de abril de 2008 para exhortar al Ejecutivo federal a implantar acciones dentro del marco del Tratado de Libre Comercio para América del Norte que subsanen las dificultades que enfrentan los pequeños productores agrícolas e insertarlos en la dinámica de la globalización, tomando como base los montos máximos permitidos por la Organización Mundial de Comercio.

SECTOR RURAL

Dictamen de la Comisión de Agricultura y Ganadería con punto de acuerdo referente a la proposición presentada en la sesión del 30 de abril de 2008 para exhortar a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a iniciar una campaña de difusión en los medios para dar a conocer la figura del prestador de servicios profesionales entre los agentes económicos que intervienen en el desarrollo de programas dirigidos al sector rural.

ESTADO DE MICHOACAN

Dictamen de la Comisión de Agricultura y Ganadería con punto de acuerdo relativo a la proposición presentada en la sesión del 30 de abril de 2008 para exhortar al titular del Ejecutivo federal y al gobierno del estado de Michoacán de Ocampo a establecer medidas conjuntas permanentes para la prevención, localización, combate y extinción de los incendios forestales en la entidad.

ESTADO DE CHIHUAHUA

Dictamen de la Comisión de Seguridad Pública con punto de acuerdo por el que se solicita al titular del Ejecutivo federal a fortalecer, a través de la Secretaría de Seguridad Pública, Secretaría de Defensa Nacional y la Procuraduría General de la República, en el ámbito de sus atribuciones y en coordinación con las autoridades competentes del gobierno del estado de Chihuahua, su presencia y eficacia en los operativos efectuados en el estado.

CENTROS DE READAPTACION SOCIAL

Dictamen de la Comisión de Seguridad Pública con punto de acuerdo por el que se solicita al titular de la Secretaría de Seguridad Pública Federal así como a los gobernadores de los estados y al jefe de Gobierno del Distrito Federal que informen a esta soberanía sobre las acciones implantadas y los resultados en materia de dignificación de la calidad de vida de los internos que se encuentran en los centros de readaptación social federales y estatales, respectivamente.

COMBATE AL SECUESTRO

Dictamen de la Comisión de Seguridad Pública con punto de acuerdo sobre la proposición presentada en la sesión del 27 de agosto de 2008 para exhortar a los titulares de las Procuradurías de Justicia y las Secretarías de Seguridad Pública de las entidades federativas a realizar las gestiones necesarias conformar, desarrollar o fortalecer las unidades especializadas en combate al secuestro; y a depurar y fortalecer los cuerpos policiales.

TRAFICO DE ARMAS

Dictamen de la Comisión de Seguridad Pública con punto de acuerdo para exhortar a los titulares de la Procuraduría General de la República, de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a informar sobre los programas y acciones implantadas para evitar el tráfico de armas en nuestro país.

ESTADO DE MEXICO

Dictamen de la Comisión de Recursos Hidráulicos con punto de acuerdo sobre la proposición presentada en la sesión del 13 de diciembre de 2007 para exhortar a la Comisión Nacional del Agua así como a las autoridades del estado de México y de los municipios que vierten aguas residuales y desechos al río San Juan a realizar lo necesario para el saneamiento de dicho afluente.

AGUA CONTAMINADA

Dictamen de la Comisión de Recursos Hidráulicos con punto de acuerdo relativo a la proposición presentada en la sesión del 13 de diciembre de 2007 para exhortar a las Secretarías de Salud federal y estatales, así como a las autoridades competentes a fortalecer la coordinación intersectorial y asegurar que el agua para uso y consumo humano, distribuida por los sistemas de abastecimiento público, cuente con la calidad mínima exigida por la Norma Oficial Mexicana-179-SSA1-1998, a fin de evitar enfermedades.

COMISION DE APELACION Y ARBITRAJE DEL DEPORTE

Dictamen de la Comisión de Juventud y Deporte con punto de acuerdo referente a la proposición presentada en la sesión del 2 de julio de 2008 para que se cite a comparecer al maestro Vicente Toledo González, presidente de la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte y a los otros cuatro Titulares de dicho organismo, ante la Comisión de Juventud y Deporte.

CUERPOS DE SEGURIDAD PUBLICA

Dictamen de la Comisión de Seguridad Pública con punto de acuerdo sobre la proposición presentada en la sesión del 27 de agosto de 2008 por la que se solicita al procurador general de la República, a los secretarios de Seguridad Pública federal y estatales y del Distrito Federal, a fin de que analicen si procede la implantación de mecanismos más estrictos de incorporación de elementos a los cuerpos de seguridad pública en todos los niveles, tendiente a garantizar la legalidad e integridad de las instituciones de ese ámbito.

DELITOS CONTRA PERIODISTAS

Dictamen de la Comisión de Derechos Humanos con punto de acuerdo referente a la proposición presentada en la sesión del 30 de abril de 2008 para exhortar a las Comisiones estatales de Derechos Humanos a establecer áreas especiales encargadas de dar atención y seguimiento a los agravios cometidos en contra de periodistas en su entidad.

ESTADO DE MEXICO

Dictamen de la Comisión de Derechos Humanos con punto de acuerdo relativo a la proposición presentada en la sesión del 6 de noviembre de 2007 para exhortar al gobernador del estado de México a destinar los recursos necesarios para atender y cumplir la recomendación de la Comisión de Derechos Humanos del estado de México, a fin de garantizar la seguridad pública de los habitantes del municipio de Coyotepec.

GRUPO DE TRABAJO DE DETENCIONES ARBITRARIAS DE NACIONES UNIDAS, DERIVADAS DE LA VISITA DE 2002

Dictamen de la Comisión de Derechos Humanos con punto de acuerdo sobre la proposición presentada en la sesión del 8 de abril de 2008 para exhortar al Ejecutivo federal a informar sobre el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas derivadas de la visita del año 2002.

TRABAJADORES MIGRANTES

Dictamen de las Comisiones de Unidas de Gobernación y de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios con punto de acuerdo referente a la proposición presentada en la sesión del 13 de diciembre de 2007 en relación con el proyecto de normas para el funcionamiento de las estaciones migratorias del Instituto Nacional de Migración con el fin de respetar los derechos fundamentales de los trabajadores migrantes y sus familias.

POLICIA FEDERAL PREVENTIVA - AGENCIA FEDERAL DE INVESTIGACIONES

Dictamen de la Comisión de Seguridad Pública con punto de acuerdo por el que se solicita al secretario de Seguridad Pública federal y al procurador general de la República que informen sobre las bases legales que sustentan la unificación de la Policía Federal Preventiva y la Agencia Federal de Investigaciones, la creación de un nuevo cuerpo federal de policía, y sobre las particularidades operativas, administrativas y de carácter estructural de éste.

ESTADO DE TABASCO

Dictamen de la Comisión de Derechos Humanos con punto de acuerdo para exhortar al titular del Ejecutivo del estado de Tabasco a acatar la recomendación emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos el 27 de diciembre de 2006 sobre detención de personas en dicha entidad.

Se aprueban los anteriores 25 dictámenes, comuníquense.

LEY DE LA POLICIA FEDERAL

Oficio de la Secretaría de Gobernación con el que remite iniciativa del titular del Poder Ejecutivo federal con proyecto de decreto que expide la Ley de la Policía Federal. Se turna a la Comisión de Seguridad Pública, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

LEY ORGANICA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Oficio de la Secretaría de Gobernación con el que remite iniciativa del titular del Poder Ejecutivo federal con proyecto de decreto que expide la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. Se turna a la Comisión de Justicia, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

COMISIONES LEGISLATIVAS

Oficio de la Junta de Coordinación Política con el que comunica cambios en la integración de las Comisiones Especial para conocer las políticas y la procuración de justicia vinculada a los feminicidios en el país, y de Justicia. Aprobado.

Oficio de la Junta de Coordinación Política con el que comunica cambios en la integración de las Comisiones de Fomento Cooperativo y Economía Social, y de Derechos Humanos. De enterado.

ORDEN DEL DIA

De la próxima sesión.

VOTACIONES

De conformidad con lo que dispone el artículo 2, numeral 2, inciso c, del Reglamento para la Transparencia y el Acceso a la Información Pública de la H. Cámara de Diputados, se publican las votaciones de los dictámenes siguientes:

De la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto que reforma los artículos 19 y 27 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en lo general y en lo particular).

De la Comisión de Economía, con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código de Comercio (en lo general y en lo particular).

De la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto que reforma el artículo 1661 del Código Civil Federal, en materia de sucesión testamentaria y legítima (en lo general y en lo particular).

De la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto que reforma el último párrafo del artículo 5o. de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo (en lo general y en lo particular).

De la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto que reforma el artículo 13, fracción I, inciso a), de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo (en lo general y en lo particular).

De la Comisión de Seguridad Pública, con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 6o., 10 y 11 de la Ley que establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados (en lo general y en lo particular).

Presidencia del diputado César Duarte Jáquez



ASISTENCIA

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Pido a la Secretaría que haga del conocimiento de la Presidencia el resultado del registro de asistencia de diputadas y diputados.

La Secretaria diputada Margarita Arenas Guzmán: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 344 diputadas y diputados; por tanto, hay quórum.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez (a las 11:44 horas): Se abre la sesión.



ORDEN DEL DIA

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.

La Secretaria diputada Margarita Arenas Guzmán: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Primer Periodo Ordinario de Sesiones.--- Tercer Año de Ejercicio.--- LX Legislatura.

Orden del día

Martes 21 de octubre de 2008.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones

De los Congresos de los estados de Guanajuato, Guerrero y Puebla.

De la Junta de Coordinación Política.

Oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Con el que remite información relativa al pago de las participaciones a las entidades federativas correspondiente al mes de septiembre de 2008, desagregada por tipo de fondo.

Oficios de la Cámara de Senadores

Con el que remite iniciativa que reforma la fracción XX del artículo 32 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, presentada por el senador Ramiro Hernández García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Cuatro con los que remite puntos de acuerdo relativos al Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal de 2009, presentados por senadores de diversos grupos parlamentarios. (Turno a Comisión)

Minutas

Con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II y se adiciona una fracción XXIV, recorriéndose las subsecuentes, en el artículo 19; se adiciona una fracción V, recorriéndose las subsecuentes, en el artículo 29, y se reforma la fracción I del artículo 34 de la Ley de Vivienda; se adiciona una fracción VIII al artículo 16 y se recorren las subsecuentes de la Ley General de Protección Civil. (Turno a Comisión)

Con proyecto de decreto que reforma y adiciona la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. (Turno a Comisión)

Con proyecto de decreto que adiciona un artículo 41 Bis y reforma los artículos 98 y 316 de la Ley General de Salud. (Turno a Comisión)

Con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Gilberto Antonio de la Fuente Morales, Mariana Zayas Chávez y Juan Carlos Barua Olivo para que puedan prestar servicios en la Embajada de Estados Unidos de América en México y en sus Consulados en Tijuana, Baja California y en Ciudad Juárez, Chihuahua, respectivamente. (Turno a Comisión)

Con proyecto de decreto que concede permiso al capitán de corbeta CG Érick Rigel Márquez Márquez para aceptar y portar la placa Premio Director de la Escuela de Oficiales de la Armada, que le confiere la Armada de la República de Argentina. (Turno a Comisión)

Con proyecto de decreto que concede permiso al vicealmirante CG DEM Manuel Paulin Fritsche para aceptar y usar la medalla Mérito Tamandaré, que le otorga la Marina del Gobierno de la República del Brasil. (Turno a Comisión)

Con proyecto de decreto que concede permiso al general de brigada DEM presidencial Roberto de la Vega Díaz, para aceptar y usar la condecoración de la Orden al Mérito del Ejército, en su única clase, que le otorga el Ejército de la República Bolivariana de Venezuela. (Turno a Comisión)

Con proyecto de decreto que concede permiso al general brigadier DEM Arturo Sánchez García para aceptar y usar la Medalla Cheonsu, Orden al Mérito a la Seguridad Nacional, que le otorga el Gobierno de la República de Corea. (Turno a Comisión)

Con proyecto de decreto que concede permiso al capitán de navío CG DEM Sergio Morales González, para aceptar y usar la condecoración Medalla Samil, de la Orden al Mérito de la Seguridad Nacional, que le otorga el Gobierno de la República de Corea. (Turno a Comisión)

Con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Kawabe Tamori Shigenori y Josefina Amelia Kayo Matsubara Oda para aceptar y usar las condecoraciones de la Orden del Sol Naciente con Rayos de Oro y Plata y de la Orden del Sol Naciente con Rayos Dorados y Roseta, respectivamente, que les otorga el Gobierno de la República de Japón. (Turno a Comisión)

Con proyecto de decreto que concede permiso al teniente coronel de infantería DEM Filiberto Oropeza Fabián para aceptar y usar la Medalla de la Defensa Nacional, en Grado de Echelon Argent (Categoría Plata), que le otorga el Ministerio de la Defensa del Gobierno de la República de Francia. (Turno a Comisión)

Con proyecto de decreto que concede permiso al capitán de navío CG DEM Luis Mario Ramón Bravo Román para aceptar y usar la Medalla de la Defensa Nacional, en Grado de Echelon Or (Categoría Oro), que le otorga el Ministerio de la Defensa del Gobierno de la República de Francia. (Turno a Comisión)

Con proyecto de decreto que concede permiso al coronel de caballería DEM Homero Mendoza Ruiz para aceptar y usar la Medalla de la Defensa Nacional, en Grado de Echelon Or (Categoría Oro), que le otorga el Ministerio de la Defensa del Gobierno de la República de Francia. (Turno a Comisión)

Con proyecto de decreto que concede permiso al vicealmirante CG DEM Guillermo Colina Torres para aceptar y usar la Medalla de la Defensa Nacional, en Grado de Echelon Or, que le otorga el Ministerio de la Defensa del Gobierno de la República de Francia. (Turno a Comisión)

Con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Lorenzo H. Zambrano Treviño para aceptar y usar la condecoración de la Orden de Isabel La Católica, en grado de Encomienda, que le otorga el Gobierno del Reino de España. (Turno a Comisión)

Con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Francisco Javier Garciadiego Dantán, para aceptar y usar la condecoración de la Orden de Isabel la Católica, en grado de Gran Cruz, que le otorga el Gobierno del Reino de España. (Turno a Comisión)

Con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Isaac José Woldenberg Karakowsky para aceptar y usar la condecoración de la Orden de Isabel la Católica, en grado de Gran Cruz, que le otorga el Gobierno del Reino de España. (Turno a Comisión)

Con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano José Mario Molina Pasquel y Henríquez para aceptar y usar la condecoración de la Orden de Isabel la Católica, en grado de Gran Cruz, que le otorga el Gobierno del Reino de España. (Turno a Comisión)

Con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Enrique Krauze Kleinbort para aceptar y usar la condecoración de la Orden de Isabel la Católica, en grado de Gran Cruz, que le otorga el Gobierno del Reino de España. (Turno a Comisión)

Con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Ignacio Bonilla Arroyo, para aceptar y usar la condecoración de la Encomienda de la Orden del Mérito Civil, que le otorga el Gobierno del Reino de España. (Turno a Comisión)

Posicionamiento relativo a la conmemoración del voto femenino en México, a cargo de los grupos parlamentarios.

Iniciativas

Que reforma diversas disposiciones de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, a cargo del diputado Antonio Valladolid Rodríguez , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Sólo turno a Comisión)

Que reforma el artículo 115 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Lourdes Quiñones Canales , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Que reforma el artículo 12 de la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a cargo del diputado Jacinto Gómez Pasillas , del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Sólo turno a Comisión)

Que reforma el artículo 7 de la Ley Sobre la Celebración de Tratados, a cargo del diputado Jacinto Gómez Pasillas , del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Sólo turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Mario Alberto Salazar Madera y Dora Alicia Martínez Valero , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 66 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José Inés Palafox Núñez , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, a cargo de la diputada Verónica Velasco Rodríguez , del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez , del Grupo Parlamentario Alternativa. (Turno a Comisión)

Que reforma la fracción XXVI, recorre el numeral y contenido de las fracciones XXVI a XXIX del artículo 132 y adiciona una fracción VII al artículo 994 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado Obdulio Ávila Mayo , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 85 del Código Penal Federal y 5 de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, a cargo de la diputada Yary del Carmen Gebhardt Garduza , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada Ana María Ramírez Cerda , del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Luis Enrique Benítez Ojeda , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a cargo de la diputada Verónica Velasco Rodríguez , del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Asistencia Social, a cargo de la diputada Holly Matus Toledo , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 29 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, suscrita por los diputados Mayra Gisela Peñuelas Acuña y Gilberto Ojeda Camacho , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley General de Educación y expide la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, a cargo de la diputada Guillermina López Balbuena , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que adiciona un artículo 165 Quáter al Código Federal de Procedimientos Penales, a cargo de la diputada Bertha Yolanda Rodríguez Ramírez , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud y de la Ley Federal de Radio y Televisión, a cargo del diputado Fernando Enrique Mayans Canabal , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que expide la Ley Federal Pro-Campo y reforma el artículo 71 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, a cargo del diputado Ramón Barajas López , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 64 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 12 y 23 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Obdulio Ávila Mayo , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 259 Bis del Código Penal Federal, a cargo del diputado José Luis Aguilera Rico , del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 5 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, a cargo del diputado Jorge Quintero Bello , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del Código Penal Federal, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional, a cargo del diputado Francisco Javier Calzada Vázquez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 12 de la Ley General de Educación, suscrita por diversos diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo del diputado José Rosas Aispuro Torres , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 5 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, a cargo de la diputada Ma. de los Ángeles Jiménez del Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona el artículo 71 de la Ley General de Desarrollo Social, suscrita por los diputados Gerardo Priego Tapia y Rubí Laura López Silva , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Joel Arellano Arellano , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 4-B de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del diputado Antonio Vega Corona , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

De decreto para que se inscriba con letras de oro en el Muro de Honor del Palacio Legislativo de San Lázaro la leyenda ``Mártires de Tlatelolco de 1968'', suscrita por los diputados Martha Angélica Tagle Martínez y Elías Cárdenas Márquez , del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 28 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo de la diputada Mónica Arriola, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, a cargo del diputado Christian Martín Lujano Nicolás , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 32 de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Mónica Arriola, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 19 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo del diputado Alberto Amador Leal , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, suscrita por diversos diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona los artículos 995 y 1004 Bis de la Ley Federal del Trabajo y 49 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo de la diputada Holly Matus Toledo , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Mayra Gisela Peñuelas Acuña , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo del diputado José Luis Varela Lagunas , del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Estatuto de las Islas Marías, a cargo del diputado Mario Eduardo Moreno Álvarez , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a comisión)

Que reforma el artículo 77 de la Ley Federal de Radio y Televisión, a cargo del diputado Mario Enrique del Toro, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 37 de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del diputado Pedro Montalvo Gómez , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 13 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, a cargo del diputado Carlos Armando Reyes López , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a comisión)

Que reforma los artículos 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 161 y 162 del Código Federal de Procedimientos Penales, a cargo del diputado Mario Enrique del Toro, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Carlos Madrazo Limón , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a comisión)

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado David Mendoza Arellano , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 13 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, a cargo del diputado Érick López Barriga, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que expide la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, a cargo del diputado Luis Gustavo Parra Noriega , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a comisión)

Que reforma el artículo 931 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado Pablo Trejo Pérez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, a cargo del diputado Israel Beltrán Montes , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que expide la Ley sobre Denunciantes Anónimos, suscrita por los diputados Alejandro Chanona Burguete y Cuauhtémoc Velasco Oliva , del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 8 y 13 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, a cargo del diputado Alan Notholt Guerrero , del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 27 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo del diputado Luis Fernando Rodríguez Ahumada , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 44 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, a cargo del diputado Pablo Trejo Pérez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Ana María Ramírez Cerda , del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 112 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Obdulio Ávila Mayo , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a comisión)

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, suscrita por los diputados Josefina Salinas Pérez y Mario Enrique del Toro, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que adiciona el artículo 112 Bis a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo del diputado Jesús Sesma Suárez , del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 10 de la Ley de Ciencia y Tecnología, a cargo del diputado Javier Martín Zambrano Elizondo , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a comisión)

Que reforma el artículo 18 de la Ley Sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, a cargo del diputado Humberto Wilfrido Alonso Razo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 39 y 90 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Mauricio Ortiz Proal , José Jesús Reyna García y Jorge Toledo Luis , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 28 de la Ley de Asistencia Social, suscrita por los diputados Alejandro Landero Gutiérrez , María del Pilar Ortega Martínez y José Luis Espinosa Piña , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a comisión)

Que reforma el artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, a cargo del diputado Raúl Cervantes Andrade , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, suscrita por diversos diputados del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Higinio Chávez García , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a cargo del diputado Higinio Chávez García , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 3o. de la Ley General de Salud, suscrita por los diputados Sonia Nohelia Ibarra Franquez y Daniel Dehesa Mora , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo de la diputada Maricela Contreras Julián , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que adiciona un artículo 13 Bis a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, suscrita por diversos diputados del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona los artículos 2, 9 y 12 de la Ley Federal de Turismo, suscrita por los diputados Ramón Ignacio Lemus Muñoz Ledo y Javier Martín Zambrano Elizondo , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo del diputado Irene Aragón Castillo , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 114 y 158 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Adolfo Mota Hernández , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 35 de la Ley de Ciencia y Tecnología, suscrita por los diputados Ramón Ignacio Lemus Muñoz Ledo y Javier Martín Zambrano Elizondo , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que adiciona un artículo 182-S al Código Federal de Procedimientos Penales y que expide la Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo para las Familias de las Personas Secuestradas, a cargo de la diputada Elda Gómez Lugo , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 117 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Javier Martín Zambrano Elizondo , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social, suscrita por los diputados Daniel Dehesa Mora y Víctor Gabriel Varela López , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y reforma el artículo 266 Bis del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Guillermina López Balbuena , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 80 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, a cargo del diputado Elías Cárdenas Márquez , del Grupo Parlamentario Convergencia. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 167 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo de la diputada Beatriz Manrique Guevara , del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del diputado Moisés Alcalde Virgen , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 64, 84 y 130 de la Ley del Seguro Social, a cargo de la diputada Holly Matus Toledo , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 13 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, a cargo del diputado Érick López Barriga, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Dictámenes de primera lectura

De la Comisión de Derechos Humanos, con proyecto de decreto que reforma la fracción V del artículo 11 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.

De la Comisión de Derechos Humanos, con proyecto de decreto que adiciona un artículo 11 Bis a la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Jaqueline Michell García Mante, Bernardo Rodríguez Romero, Blanca Alicia Mendiola González, Jasia Yamina Esquivel Miranda, Viridiana Hernández Rodríguez, Joaquín Fernando González Fisher y Alejandro Alberto Yñigo Meza para prestar servicios en los Consulados de Estados Unidos de América en Nuevo Laredo, Tamaulipas y en Tijuana, Baja California, respectivamente.

Dictámenes a discusión

De la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto que reforma los artículos 19 y 27 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

De la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto que reforma el artículo 1661 del Código Civil Federal, en materia de Sucesión Testamentaria y Legítima.

De la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto que reforma el último párrafo del artículo 5o. de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

De la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto que reforma el artículo 13, fracción I, inciso a) de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

De la Comisión de Seguridad Pública, con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 6, 10 y 11 de la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados.

De las Comisiones Unidas de Economía y de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto que abroga la Ley que Determina que Respecto de los Impuestos de Importación y Exportación, sólo son Procedentes las Exenciones Consignadas en la Ley Aduanal.

De las Comisiones Unidas de Salud y de Ciencia y Tecnología, con proyecto de decreto que adiciona la fracción VII al artículo 100 de la Ley General de Salud.

De la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, con proyecto de decreto relativo a la revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal correspondiente al ejercicio fiscal de 2002.

De la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, con proyecto de decreto relativo a la revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal correspondiente al ejercicio fiscal de 2003.

De la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, con proyecto de decreto relativo a la revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal correspondiente al ejercicio fiscal de 2004.

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Mariana Renata Richter Rodríguez, Felipe Lozano Guerrero, Rafael Solís Martínez, Eglantina López Calzado, Nayelli López Rocha, Vannessa Tena López y Marcos Alberto Franco Romero para prestar servicios en las Embajadas de Canadá, de las Repúblicas Popular China, de Corea y en la Representación Especial de Palestina en México, respectivamente.

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Joseph Sebastián Machele, Tomás Alejandro Williams García y Jorge Fernando Garza Morales para prestar servicios en la Embajada de Estados Unidos de América en México y en sus Consulados en Tijuana, Baja California y en Monterrey, Nuevo León, respectivamente.

De la Comisión de Seguridad Pública, con puntos de acuerdo para exhortar al titular del Ejecutivo federal para que a través de los titulares de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Procuraduría General de la República y de la Secretaría de Seguridad Pública, evalúen la implantación, con carácter preventivo, de un operativo conjunto de combate a la Delincuencia Organizada, en el estado de Baja California Sur.

De la Comisión de Seguridad Pública, con puntos de acuerdo para exhortar al Consejo Nacional de Seguridad Pública a evaluar lo relativo a la incidencia delictiva en el próximo acuerdo que emita para la aprobación de criterios de asignación, formulas y variables utilizadas en el cálculo para la distribución de los recursos del Fondo de Aportaciones de los Estados y del Distrito Federal.

De la Comisión de Agricultura y Ganadería, con punto de acuerdo para exhortar al Poder Ejecutivo federal instruya al titular de la Sagarpa a instalar con la mayor brevedad la Junta Permanente de Arbitraje de la Agroindustria de la Caña de Azúcar y el Centro de Investigación Científico y Tecnológico de la Caña de Azúcar.

De la Comisión de Agricultura y Ganadería, con puntos de acuerdo por los que se solicita a la Sagarpa que informe a esta soberanía sobre el papel que jugó dicha institución para permitir el envió de semillas de maíz a la República de Noruega por parte del Cimmyt y si el número representativo de las muestras que se enviaron, son parte de la riqueza de germoplasma del país.

De la Comisión de Agricultura y Ganadería, con punto de acuerdo para exhortar a la Sagarpa a informar sobre el ejercicio del gasto del Programa de Competitividad a la Citricultura, así como el padrón de beneficiarios por municipio y entidad federativa.

De la Comisión de Agricultura y Ganadería, con punto de acuerdo para exhortar al titular del Ejecutivo federal a tomar las medidas necesarias a fin de garantizar que el 60 por ciento del monto asignado en el presupuesto rural 2009, al Sistema-Producto Café, llegue efectivamente a manos de los productores del país.

De la Comisión de Agricultura y Ganadería, con punto de acuerdo para exhortar a la Sagarpa a informar sobre los avances obtenidos durante el primer año de aplicación del Programa Nacional de la Agroindustria de la Caña de Azúcar 2007-2012.

De la Comisión de Agricultura y Ganadería, con punto de acuerdo para exhortar a los grupos de trabajo sobre los impactos del TLCAN y reforma integral del campo del Senado de la República, trabajen en conferencia con los diputados integrantes de la mesa del diálogo, para elaborar una agenda de trabajo con los temas de la revisión del marco jurídico para la renegociación del TLCAN.

De la Comisión de Agricultura y Ganadería, con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal, implemente acciones dentro del marco del TLCAN, que subsanen las dificultades que enfrentan los pequeños productores agrícolas e insertarlos en la dinámica de la globalización, tomando como base los montos máximos permitidos por la Organización Mundial de Comercio.

De la Comisión de Agricultura y Ganadería, con punto de acuerdo para exhortar a la Sagarpa a iniciar una campaña de difusión en los medios para dar a conocer la figura del prestador de servicios profesionales, entre los agentes económicos que intervienen en el desarrollo de programas dirigidos al sector rural.

De la Comisión de Agricultura y Ganadería, con punto de acuerdo para exhortar al titular del Ejecutivo federal y al gobierno del estado de Michoacán de Ocampo, implemente medidas conjuntas de manera permanente para la prevención, localización, combate y extinción de los incendios forestales en la entidad.

De la Comisión de Seguridad Pública, con puntos de acuerdo por los que solicita al titular del Ejecutivo federal, para que a través de la Secretaría de Seguridad Pública, Secretaría de la Defensa Nacional y la Procuraduría General de la República, en el ámbito de sus atribuciones y en coordinación con las autoridades competentes del gobierno del estado de Chihuahua, fortalezcan su presencia y eficacia en los operativos efectuados en el estado.

De la Comisión de Seguridad Pública, con puntos de acuerdo por los que solicita al titular de la Secretaría de Seguridad Pública federal, así como a los gobernadores de los estados y al jefe de Gobierno del Distrito Federal, informen a esta soberanía sobre las acciones implantadas y resultados obtenidos en materia de dignificación de la calidad de vida de los internos que se encuentran en los centros de readaptación social federales y estatales, respectivamente.

De la Comisión de Seguridad Pública, con puntos de acuerdo para exhortar a los titulares de las Procuradurías de Justicia y las Secretarias de Seguridad Pública de las entidades federativas, realicen las gestiones necesarias para la conformación, desarrollo o fortalecimiento de las unidades especializadas en combate al secuestro y realicen la depuración y fortalecimiento de los cuerpos policiales.

De la Comisión de Seguridad Pública, con puntos de acuerdo para exhortar a los titulares de la Procuraduría General de la República, de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a informar sobre los programas y acciones implantadas para evitar el tráfico de armas en nuestro país.

De las Comisiones Unidas de Gobernación, y de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, con puntos de acuerdo relativos al proyecto de normas para el funcionamiento de las estaciones migratorias del Instituto Nacional de Migración, con el fin de respetar los derechos fundamentales de los trabajadores migrantes y sus familias.

De la Comisión de Recursos Hidráulicos, con punto de acuerdo para exhortar a la Comisión Nacional del Agua, así como a las autoridades del estado de México y de los municipios que vierten aguas residuales y desechos al río San Juan a realizar las acciones necesarias para su saneamiento.

De la Comisión de Recursos Hidráulicos, con punto de acuerdo para exhortar a las Secretarías de Salud federal, de las entidades federativas y a las autoridades competentes a fortalecer, en el ámbito de sus competencias, la coordinación intersectorial y asegurar que el agua para uso y consumo humano distribuida por los sistemas de abastecimiento público cuente con la calidad mínima exigida por la NOM-179-SSA1-1998, para prevenir y evitar enfermedades derivadas de la ingesta de agua contaminada.

De la Comisión de Juventud y Deporte, con punto de acuerdo para que se cite a comparecer al maestro Vicente Toledo González, presidente de la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte y a los otros cuatro titulares de dicho organismo, ante la Comisión de Juventud y Deporte.

De la Comisión de Seguridad Pública, con puntos de acuerdo por los que se solicita al procurador general de la República, a los secretarios de Seguridad Pública federal, a los estatales y al del Distrito Federal que analicen si procede la implantación de mecanismos más estrictos de incorporación de elementos a los cuerpos de seguridad pública en todos los niveles, a fin de garantizar la legalidad e integridad de las instituciones de ese ámbito.

De la Comisión de Seguridad Pública, con punto de acuerdo por el que solicita al secretario de Seguridad Pública federal y al procurador general de la República que informen sobre las bases legales que sustentan la unificación de la PFP y la AFI, de la creación de un nuevo cuerpo federal de policía, así como de las particularidades operativas, administrativas y de carácter estructural de éste.

De la Comisión de Derechos Humanos, con punto de acuerdo para exhortar a las comisiones estatales de derechos humanos a establecer aéreas especiales para atender y dar seguimiento a los agravios en contra de periodistas en su entidad.

De la Comisión de Derechos Humanos, con punto de acuerdo para exhortar al gobernador del estado de México a destinar los recursos necesarios para dar atención y cumplimiento a la recomendación de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, a fin de garantizar la Seguridad Pública de los habitantes del municipio de Coyotepec.

De la Comisión de Derechos Humanos, con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal a informar sobre el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas derivadas de la visita del año 2002.

De la Comisión de Derechos Humanos, con punto de acuerdo para exhortar al titular del Ejecutivo del estado de Tabasco a acatar la recomendación emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos el 27 de diciembre de 2006.

Dictámenes negativos de iniciativas

De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con punto de acuerdo por el que se desechan tres iniciativas que reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Educación, en materia de enseñanza y accesibilidad para personas con discapacidad.

De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con punto de acuerdo por el que se desechan cuatro iniciativas que reforman diversos artículos de la Ley General de Educación referentes a los problemas ambientales, riesgos del consumo de drogas y reconocimiento de la diversidad indígena.

De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con punto de acuerdo por el que se desechan ocho iniciativas que reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Educación, en materia de equidad.

De la Comisión de Recursos Hidráulicos, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la ley de aguas nacionales.

Proposiciones

Con punto de acuerdo, a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009 se consideren recursos para dos obras de electrificación del municipio de Ciudad Anáhuac, Nuevo León, a cargo del diputado Marco Heriberto Orozco Ruiz Velazco , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009 se distribuyan de manera equitativa los recursos del Fondo Metropolitano destinados para la Cuarta Zona Metropolitana que comprende 38 municipios de los estados de Puebla y Tlaxcala, a cargo del diputado Alberto Amaro Corona , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009 se consideren recursos para diversos proyectos de inversión en el rubro de vivienda para el municipio de Comitán de Domínguez, Chiapas, a cargo del diputado Arnulfo Elías Cordero Alfonzo , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009 se consideren mayores recursos para el Instituto Politécnico Nacional, a cargo del diputado José Luis Aguilera Rico , del Grupo Parlamentario Convergencia. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009 se consideren mayores recursos para el Programa de Escuelas de Tiempo Completo, a cargo de la diputada Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez , del Grupo Parlamentario Alternativa. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009 se consideren recursos para el proyecto del edificio de la Secretaría de Seguridad Pública de Santa Catarina, Nuevo León, suscrito por diversos diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009 se consideren recursos para la promoción del ecoturismo, a través de la construcción de hostales para habilitar hospedaje en la delegación Tlalpan, Distrito Federal, a cargo de la diputada Maricela Contreras Julián , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009 se consideren recursos para diversos proyectos de inversión en el rubro de cultura para el municipio de Comitán de Domínguez, Chiapas, a cargo del diputado Arnulfo Elías Cordero Alfonzo , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009 se consideren recursos para la creación del fondo especial para la protección de los migrantes que retornen a nuestro país, a cargo de la diputada Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez , del Grupo Parlamentario Alternativa. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009 se consideren recursos para el proyecto del edificio de la Secretaría de Seguridad Pública de San Nicolás, Nuevo León, suscrito por diversos diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009 se consideren recursos para el fortalecimiento de las procuradurías ambientales estatales, a cargo de la diputada Aleida Alavez Ruiz , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009 se consideren recursos para diversos proyectos de inversión en el rubro de recursos hidráulicos para el municipio de Comitán de Domínguez, Chiapas, a cargo del diputado Arnulfo Elías Cordero Alfonzo , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009 se consideren recursos para el proyecto de la Ciudad Deportiva Santa Catarina, Nuevo León, suscrita por diversos diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009 se consideren mayores recursos para la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, a cargo del diputado Érick López Barriga, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009 se consideren recursos para diversos proyectos de inversión en el rubro de Desarrollo Rural para el municipio de Comitán de Domínguez, Chiapas, a cargo del diputado Arnulfo Elías Cordero Alfonzo , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009 se consideren recursos para el proyecto de la Unidad Deportiva Anáhuac, en el estado de Nuevo León, suscrita por diversos diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009 se consideren mayores recursos para el Programa de Recuperación y Repoblación de Especies de Vida Silvestre y en Peligro de Extinción, a cargo del diputado Érick López Barriga, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009 se consideren recursos para la construcción y mantenimiento de diversos tramos carreteros en el estado de Veracruz, a cargo del diputado Pedro Montalvo Gómez , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009 se consideren recursos para el proyecto de la Unidad Deportiva Constituyentes de Querétaro, en el estado de Nuevo León, suscrita por diversos diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009 se incluya el estado de Hidalgo en el Programa Especial para la Seguridad Alimentaria, a cargo del diputado Isidro Pedraza Chávez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se envía a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública de esta soberanía, así como a la Comisión de Hacienda y Crédito Público del Senado de la Republica, propuestas relativas a criterios generales que buscan disminuir el efecto de la crisis económica entre los mexicanos, a cargo del diputado Mauricio Ortiz Proal , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009 se consideren recursos para el proyecto Museo San Nicolás, en el estado de Nuevo León, suscrita por diversos diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal 2009 se consideren recursos para el Fideicomiso de los Fondos de los Trabajadores Migratorios Mexicanos, a cargo del diputado Isidro Pedraza Chávez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009 se consideren recursos para la rehabilitación del teatro municipal, obras pluviales y unidades deportivas, en el municipio de Guadalupe, Nuevo León, a cargo del diputado Juan Francisco Rivera Bedoya , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009 se consideren recursos para el proyecto Casa del Adulto Mayor, en el estado de Nuevo León, suscrita por diversos diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009 se consideren recursos para la construcción de la Universidad Intercultural de Nacajuca Tabasco, a cargo del diputado Roberto Mendoza Flores , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, y suscrito por diputados de diversos Grupos Parlamentarios. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a destinar recursos a los gobiernos municipales, en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que les permitan atender de manera inmediata ese rubro, a cargo de la diputada Lorena Martínez Rodríguez , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009 se consideren recursos para la ampliación y modernización del Antiguo Camino a Villa de García, en el estado de Nuevo León, suscrita por diversos diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009 se consideren mayores recursos para las Universidades Públicas del país, a cargo del diputado Sergio Hernández Hernández , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se cita a comparecer al Presidente de la Cofetel y al comisionado de ésta para que informen lo relativo a su actuación en el diferendo entre Axtel y las empresas de telefonía móvil, a cargo de la diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009 se consideren recursos para el proyecto de ordenamiento vial Monterrey-Saltillo, en el estado de Nuevo León, suscrita por diversos diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009 se consideren recursos para la zona metropolitana de Zacatecas-Guadalupe, dentro del Fondo de Desarrollo Metropolitano, a cargo del diputado Francisco Javier Calzada Vázquez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009 se consideren recursos para el reencauzamiento del río Nazas, en la zona de la Laguna, a cargo del diputado Jericó Abramo Masso, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009 se consideren recursos para el proyecto Libramiento Oriente, en Nuevo León, suscrita por diversos diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009 se consideren recursos adicionales al programa de gestión hídrica, destinados a la recuperación y saneamiento de ríos y barrancas del Distrito Federal, a cargo de la diputada Aleida Alavez Ruiz , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009 se consideren recursos para el proyecto Melchor Ocampo-Los Aldamas, en el estado de Nuevo León, suscrita por diversos diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009 se consideren recursos para la construcción de un hospital general en la ciudad de Zacatecas, a cargo del diputado Francisco Javier Calzada Vázquez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009 se consideren recursos para el proyecto de carretera Sabinas-Colombia, en el estado de Nuevo León, suscrita por diversos diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009 se consideren recursos adicionales para el subsidio de la Universidad Autónoma de Zacatecas, a cargo del diputado Francisco Javier Calzada Vázquez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009 se consideren recursos para la rehabilitación y modernización de la carretera federal número 54, en el estado de Nuevo León, suscrita por diversos diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009 se consideren recursos para el proyecto Hacienda Rinconada-Los Fierros-García, en el estado de Nuevo León, suscrita por diversos diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009 se consideren recursos para el proyecto PSV Juan Pablo II y República Mexicana, en el estado de Nuevo León, suscrita por diversos diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009 se consideren recursos para el proyecto paso a desnivel Puerta de Garza, en el estado de Nuevo León, suscrita por diversos diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009 se consideren recursos para el proyecto denominado Montemorelos entronque San Roberto, en el estado de Nuevo León, suscrita por diversos diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009 se consideren recursos para la ampliación del boulevard Independencia, en el estado de Nuevo León, suscrita por diversos diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009 se consideren recursos para el proyecto denominado Canal Topochico, en el estado de Nuevo León, suscrita por diversos diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, relativo a las obras y recursos para atender las zonas afectadas por las lluvias en Veracruz, a cargo del diputado Íñigo Laviada Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se cita a comparecer al titular de la SHCP para que informe respecto de las acciones que emprenderá contra los responsables de los actos y omisiones perpetrados por servidores públicos de esa dependencia con relación a la operación mediante la cual se fusionaron Citibank y Banamex, a cargo del diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para exhortar al titular de la Semarnat, inicie la gestión ante la UNESCO, a fin de que la reserva de la biosfera de Los Petenes sea considerada patrimonio natural de la humanidad, a cargo del diputado Jorge Rubén Nordhausen González , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sedena y a la SCT a reabrir a la aviación comercial la base militar aérea número 2 del municipio de Ciudad Ixtepec, Oaxaca, a cargo del diputado José Luis Varela Lagunas , del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal s reforzar la vigilancia en las aduanas y a fortalecer los programas de protección al migrante, a cargo del diputado Andrés Bermúdez Viramontes , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la Junta de Coordinación Política a crear un grupo de trabajo relacionado con la alianza por la calidad de la educación, suscrito por los diputados Adrián Pedrozo Castillo y Alejandro Sánchez Camacho , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno del estado de Oaxaca y a la Procuraduría General de Justicia de dicha entidad a garantizar la seguridad y la eficiencia del sistema judicial, y a aplicar el estado de derecho en la procuración y administración de justicia, a cargo del diputado José Luis Varela Lagunas , del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a emitir, a través de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, un informe detallado de los comentarios recabados por la Comisión Federal de Mejora Regulatoria sobre los puntos planteados en el dictamen elaborado por ésta, a cargo de la diputada Adriana Díaz Contreras , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a emitir, a través de la Sagarpa, el Reglamento de la Ley de Productos Orgánicos, a cargo del diputado Fabián Fernando Montes Sánchez , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a facilitar, a través de la Sagarpa, la ejecución federalizada del Programa de Uso Sustentable de los Recursos Naturales para la Producción Primaria en el Distrito Federal, a cargo del diputado Carlos Navarro López , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que exhorta a la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra y a Ferronales a agilizar los trámites en asentamientos humanos irregulares del municipio de Tijuana, Baja California, a cargo del diputado Ricardo Franco Cazares, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a emitir la declaratoria de zona de desastre al municipio de Hidalgo de Parral, Chihuahua, por los daños que ocasionaron las lluvias y libere recursos del Fonden para atender a la población, a cargo del diputado Carlos Armando Reyes López , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se cita a comparecer al titular de la Sagarpa a fin de que brinde información a la Comisión de Hacienda y Crédito Público sobre el esquema de compras anticipadas de maíz blanco del estado de Sinaloa para el ciclo agrícola 2007/2008, a cargo del diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP, a la SE, a la Sener, a la CFE y a la Comisión Reguladora de Energía a instaurar mecanismos para ajustar y reducir las tarifas de los sectores más vulnerables del país, a cargo de la diputada Mónica Arriola, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la CNBV a vigilar que se cumpla lo establecido en el artículo 65 de la Ley de Instituciones de Crédito, a cargo del diputado Obdulio Ávila Mayo , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a comisión)

Con punto de acuerdo, relativo a la celebración del Primer Congreso Mundial del Deporte, suscrita por los diputados Mauricio Ortiz Proal y José Jesús Reyna García , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP a establecer en la Ley de Ingresos de la Federación para 2009 un impuesto especial al consumo de bolsas de plástico elaboradas con cualquier polímero y espesor, a cargo del diputado José Gildardo Guerrero Torres , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo del estado de Tlaxcala a resolver los problemas de inseguridad de la entidad, a cargo del diputado Alberto Amaro Corona , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SE y a la Sectur a incluir en las artesanías mexicanas la leyenda ``manos mágicas'', a cargo de la diputada Elda Gómez Lugo , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a instruir a la PGR la creación de una fiscalía especial para la prevención de delitos contra el patrimonio cultural y la atención del tráfico de bienes culturales, a cargo del diputado Ramón Ignacio Lemus Muñoz Ledo , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, relativo al proceso de licitación para las concesiones que se otorgarán en el desarrollo del proyecto Puerto Bahía Colonet, suscrito por los diputados Francisco Javier Paredes Rodríguez y Héctor Manuel Ramos Covarrubias , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a hacer obligatoria, a través de la SCT y la SSP, que el tránsito de vehículos pesados y aquellos que transporten materiales peligrosos sea por la autopista Irapuato-Querétaro y no por la carretera 45, a cargo del diputado Martín Malagón Ríos , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a declarar el 20 de enero de cada año como Día Nacional para Erradicar la Pobreza, a cargo del diputado Gerardo Priego Tapia , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de que se integre una mesa de trabajo de alto nivel con representantes del Ejecutivo federal, del Congreso de la Unión y de los Poderes Ejecutivos y Legislativos de los estados de Oaxaca y Chiapas para resolver los problemas limítrofes y agrarios entre dichas entidades, a cargo del diputado Martín Ramos Castellanos , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a acordar, a través de la SHCP, la ampliación del horario de aplicación de la tarifa 9n para el uso agrícola a las 24 horas del día, a cargo del diputado Francisco Javier Calzada Vázquez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del Ejecutivo federal a suspender, a través de la Sedena y autoridades civiles federales, se suspendan de inmediato los cateos domiciliarios en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, suscrito por los diputados Sonia Nohelia Ibarra Franquez, Alliet Mariana Bautista Bravo y Juan Nicasio Guerra Ochoa , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Congreso del estado de Tamaulipas, legisle a favor de la pronta homologación del Calendario Electoral del Estado, suscrita por diversos diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno del estado de Oaxaca, a instituir un programa contra la desnutrición en esa entidad, a cargo del diputado José Luis Varela Lagunas , del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la titular de la SEP que suspenda la distribución del éxito en ventas Cuando el monstruo despierta, porque se viola la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Educación y demás normatividad en la materia, a cargo de la diputada Miguel Ángel Solares Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno del estado de Oaxaca a establecer, a través de la Semarnat, mecanismos para la preservación de los árboles históricos de la ciudad de Oaxaca, a cargo del diputado José Luis Varela Lagunas , del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita la comparecencia del director del Centro Nacional de Transplantes a fin de que informe sobre la situación en los hospitales donde se realizan esas operaciones quirúrgicas, a cargo de la diputada Mayra Gisela Peñuelas Acuña , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP y a la Secretaría de Educación de Tabasco a implantar programas educativos que permitan elevar el nivel académico en la educación media superior en dicha entidad, a cargo del diputado Moisés Dagdug Lützow , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, relativo a las obras de rehabilitación del puente de Metlac en la autopista Orizaba-Córdoba, Veracruz, a cargo del diputado Pedro Montalvo Gómez , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los congresos locales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a armonizar sus legislaciones en materia de prevención y sanción de la desaparición forzada de personas, a cargo del diputado Gerardo Priego Tapia , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, sobre la relación entre el gobierno estatal y municipales en Oaxaca, a cargo del diputado Carlos Altamirano Toledo , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, relativo a la promoción de los resultados de diversos programas sociales que ha enviado el Ejecutivo federal a sus beneficiarios en el contexto del Segundo Informe de Gobierno, a cargo del diputado Luis Enrique Benítez Ojeda , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a revisar, a través de la SCT, la inoperatividad de la línea férrea Sánchez-Oaxaca y revocar la concesión que se otorgó a la empresa Ferromex, a cargo del diputado José Luis Varela Lagunas , del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat a ejecutar lo establecido en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo del diputado Diego Cobo Terrazas , del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sener a coordinar los trabajos para la realización de un acuerdo regional entre Pemex, organismos subsidiarios y contratistas, con los estados y municipios que conforman la región Cuenca de Burgos, suscrita por diputados integrantes de la Comisión Especial de la Cuenca de Burgos. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a instituir y celebrar el Día Nacional del Niño por Nacer, a cargo del diputado Leonardo Magallón Arceo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno del estado de Oaxaca y a la PGJ de la entidad a investiguen la agresión física que sufrieron autoridades del municipio de Zimatlán de Álvarez, Oaxaca, el pasado 30 de agosto del año en curso, a cargo del diputado Othón Cuevas Córdova , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la ASF, al SAT y a la PGR a hacer cumplir los procedimientos legales relativos a los resultados de la investigación del desvío de recursos por parte del gobierno del estado de Oaxaca y el origen del capital para la construcción del Sedna, hospital situado en la colonia Pedregal de Carrasco, Distrito Federal, a cargo del diputado José Luis Varela Lagunas , del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a emprender, a través de la STPS, acciones para combatir el trabajo infantil, a cargo de la diputada Holly Matus Toledo , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la SCT a retirar o reubicar la caseta de cobro de Chalco en la autopista México-Puebla, a cargo de la diputada Alma Lilia Luna Munguía , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a expedir el Reglamento de la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de personas y establecer una comisión intersecretarial en esa materia, a cargo de la diputada Holly Matus Toledo , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las legislaturas de los estados a adecuar su legislación electoral conforme a la reforma constitucional de 2007, a cargo del diputado Fernando Enrique Mayans Canabal , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para que se cite a comparecer al titular de la Sagarpa a fin de que aclare lo relativo a los subejercicios en el Presupuesto 2008 de la dependencia y explique las acciones para apoyar al campo por las recientes lluvias que han azotado al país y rinda cuenta de la glosa del Segundo Informe de Gobierno que presentó el titular del Ejecutivo el 1 de septiembre, a cargo del diputado José Rubén Escajeda Jiménez , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta Ejecutivo federal a realizar, a través de las dependencias competentes y en coordinación con las Comisiones de Recursos Hidráulicos de las Cámaras de Senadores y de Diputados, una revisión detallada del Programa Nacional Hídrico, a cargo del diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva , del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la ASF a realizar una auditoría al pabellón de México en la Exposición Internacional del Agua celebrada en Zaragoza, España, durante el presente año, a cargo del diputado Mario Enrique del Toro, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del IMSS a invertir más recursos en el municipio de San Fernando Tamaulipas, a efecto de mejorar la calidad de los servicios de salud y subsanar deficiencias en prestaciones sociales, a cargo del diputado Tomás Gloria Requena , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP establecer lo necesario para que los libros de texto gratuitos del año anterior sean devueltos por los alumnos, a cargo de la diputada Dolores María del Carmen Parra Jiménez , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Comisión de Turismo de esta soberanía que integre una subcomisión plural analice y evalúe el efecto del derecho por servicio migratorio en el turismo, en la industria de cruceros y en la economía de los lugares donde arriban éstos, a cargo del diputado Víctor Manuel Lizárraga Peraza , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, relativo a la eliminación del certificado fitosanitario para la exportación de productos citrícolas, a cargo del diputado Pedro Montalvo Gómez , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Congreso del estado de Tabasco a expedir las disposiciones legales para promover la igualdad entre hombres y mujeres, a cargo del diputado Gerardo Priego Tapia , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de la STPS implante acciones para combatir el trabajo infantil, a cargo de la diputada Holly Matus Toledo , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para que el Consejo de Salubridad General establezca un programa de emergencia para atender a la población de El Salto y Juanacatlán, Jalisco, que es víctima de la contaminación del río Santiago y de los de-sechos sólidos municipales, a cargo del diputado Héctor Padilla Gutiérrez , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los Congresos Estatales a armonizar su legislación con los tratados internacionales en materia de discriminación y protección de los derechos humanos, a cargo del diputado Gerardo Priego Tapia , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Semarnat que realice una ampliación del polígono del área de refugio para la protección de la vaquita marina y, en coordinación con la SER, entreguen un informe de los recursos destinados para salvar dicha especie, a cargo del diputado Cristián Martín Lujano Nicolás, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a establecer los mecanismos necesarios para salvaguardar la confidencialidad de la información personal de los usuarios de los servicios de telefonía, a cargo de la diputada Dolores María del Carmen Parra Jiménez , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, sobre el ilegal bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos de América en contra del pueblo de Cuba, suscrita por diputados de los Grupos Parlamentarios de los Partidos: de la Revolución Democrática, Convergencia y del Trabajo. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, relativo a la actualización y mejoramiento de las tarifas eléctricas en apoyo a los grupos de menores ingresos del país, a cargo del diputado Pedro Montalvo Gómez , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat y a la Profepa a fortalecer, con la Sedena y la PFP, los operativos e inspecciones en la reserva de la biosfera mariposa monarca, a cargo de la diputada Blanca Luna Becerril , del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la titular de la SEP a actualizar el Reglamento de Cooperativas Escolares, a cargo de la diputada Holly Matus Toledo , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sectur a incluir el municipio de Sombrerete, Zacatecas, en el programa Pueblos Mágicos de México, a cargo de la diputada María Dolores González Sánchez , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sener a tomar las medidas necesarias, a efecto de que Pemex reduzca el precio del gasóleo doméstico, del gas LP y del gas natural para los consumidores del estado de Chihuahua, a cargo del diputado Enrique Serrano Escobar , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat a declarar como áreas naturales, a través de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad y de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, diversas regiones de la República Mexicana, a cargo del diputado Christian Martín Lujano Nicolás , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la Segob, de la SHCP, del Banco de México y de la CNBV, a intervenir frente al problema de la extorsión telefónica, a cargo del diputado Salvador Barajas del Toro , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Semarnat que promueva el desarrollo del proyecto de recuperación de especies prioritarias para diversos primates, a cargo del diputado Christian Martín Lujano Nicolás , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat a realizar, a través de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, los estudios de población de diversas especies de reptiles y tomar las medidas necesarias para su preservación, a cargo del diputado Christian Martín Lujano Nicolás , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat y a la Secretaría de Medio Ambiente del Distrito Federal a realizar un programa de conservación y rescate de las barrancas, para garantizar su preservación y aprovechamiento, a cargo del diputado Christian Martín Lujano Nicolás , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que por el que se exhorta al titular del Conacyt a elaborar una base de datos de sus becarios y ex becarios y hacerla pública, a cargo del diputado Javier Zambrano Elizondo , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Procuraduría de Justicia del estado de Baja California a investigar las causas de los motines en el centro de readaptación social de La Mesa, en el municipio de Tijuana, a cargo del diputado Ricardo Franco Cázarez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a comisión)

Con punto de acuerdo por el que se solicita a la Segob, a la Semarnat y a la SCT que informen sobre los recursos solicitados por el gobierno de Veracruz para atender los daños causados por diversos eventos meteorológicos, a cargo de la diputada Gloria Rasgado Corsi , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a replantear la estructura de la evaluación de los estudios de impacto ambiental para la realización de obras, a cargo del diputado Pedro Montalvo Gómez , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a destinar recursos del Fonden a diversos municipios del estado de Tabasco afectados por las recientes lluvias, a cargo del diputado Gerardo Priego Tapia , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob a liberar los recursos del Fonden y del FAPRACC para atender a la población afectada por la tormenta tropical número 33 en el estado de Veracruz, a cargo del diputado Celso David Pulido Santiago , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, en relación con el asesinato del locutor Alejandro Zenón Fonseca Estrada de la Cadena Exa en la ciudad de Villahermosa, a cargo del diputado Gerardo Priego Tapia , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Segob que reanude las negociaciones que se estaban realizando en esa dependencia, entre el gobierno y el magisterio del estado de Morelos para solucionar el conflicto derivado del acuerdo para la calidad de la educación, a cargo del diputado Adrián Pedrozo Castillo , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los congresos de las entidades federativas a actualizar sus ordenamientos en materia de responsabilidad administrativa, a cargo del diputado Carlos Armando Reyes López , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la SHCP, de la SEP y del Conaculta a emprender las previsiones presupuestales a favor de las ciudades patrimonio mundial, suscrita por los diputados Aurora Cervantes Rodríguez y José Alfonso Suárez del Real y Aguilera , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos información referente a las pérdidas ocasionadas por tomas clandestinas, a cargo del diputado Javier Martín Zambrano Elizondo , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a comisión)

Con punto de acuerdo, relativo a la prohibición a las alumnas de la Universidad Autónoma de Sinaloa de usar determinada vestimenta, a cargo de la diputada Eva Sánchez Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a garantizar, a través de Pemex, el suministro de combustibles a la estación de servicio en la Isla de Cedros, Baja California, a cargo del diputado Héctor Manuel Ramos Covarrubias , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob a emitir la declaratoria de emergencia y desastre natural en los municipios de Jalpa de Méndez, Jonuta, Huimangillo y Nacajuca, Tabasco, suscrita por diversos diputados del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a implantar un Programa emergente, a efecto de subsidiar el combustible utilizado por vehículos de transporte público, a cargo del diputado Gustavo Fernando Caballero Camargo , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PGR a dar seguimiento a las averiguaciones previas relacionadas con el robo de energía eléctrica, a cargo del diputado Javier Zambrano Elizondo , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del Ejecutivo federal a instaurar, a través de la SE y de la Profeco, medidas para evitar que sean alterados los precios de productos o servicios de establecimientos que se encuentren en centrales de autobuses, aeropuertos y carreteras del país, a cargo del diputado Rafael Villicaña García , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a decretar, a través de la Semarnat y de la Conagua, una moratoria para impedir la extracción de arena en el valle de Guadalupe, Ensenada, Baja California, suscrito por los diputados Héctor Manuel Ramos Covarrubias y Francisco Javier Paredes Rodríguez , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador del estado de Baja California a informar a esta soberanía lo relacionado al operativo en el Cereso La Mesa, de Tijuana, Baja California, los días 13 y 15 de septiembre de 2008, a cargo de la diputada Eva Sánchez Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat y al gobierno del estado de Veracruz a efectuar acciones de manera coordinada para atender la contaminación del río Blanco, a cargo del diputado Pedro Montalvo Gómez , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP, a la Condusef y al Sindicato Nacional de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana a informar sobre el fideicomiso 56342/FID/III/06, relativo al fondo de reserva de la empresa de seguros La República, a cargo del diputado Rolando Rivero Rivero , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Gobernador del estado de Tamaulipas a cumplir lo establecido en la Ley de Aguas de dicha entidad, a cargo del diputado Luis Alonso Mejía García , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de la Semarnat y de la Conagua, realice un análisis sobre la pertinencia de instalar nuevas estaciones de medición de temperatura en las zonas urbanas de los municipios de la región Huasteca de San Luis Potosí, a cargo del diputado David Lara Compean, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al titular de Capufe que incluya el municipio de Ecatepec, estado de México en el programa Vecinos Residentes a una plaza de cobro de San Cristóbal de la autopista México-Pachuca, a cargo del diputado Salvador Ruiz Sánchez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente Resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las Comisiones de Estudios Legislativos y de Energía de la Cámara de Senadores a considerar, en la dictaminación de las iniciativas de reforma petrolera, la opinión de las asociaciones o colegios de profesionistas y técnicos registrados ante la SEP del ramo correspondiente para el nombramiento de los integrantes profesionales del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos; y a tomar en cuenta la creación del Comité de Tecnología Mexicana e Investigación de Pemex y el Comité de Desarrollo del Capital Humano Mexicano, suscrito por los diputados Alfonso Izquierdo Bustamante y José Ascensión Orihuela Barcenas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente Resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Semarnat a expedir una NOM para la prevención de la contaminación del ambiente marino con agua de lastre de los buques, a cargo del diputado Marco Antonio Peyrot Solís , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP a modificar e incorporar, que en coordinación con la Conaliteg el tema migratorio en los contenidos de los libros de texto gratuitos de nivel básico, a cargo del diputado Alberto Amaro Corona , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhortar al titular del Poder Ejecutivo a declarar el 11 de octubre de cada año como Día Nacional del Talento y la Innovación Tecnológica, a cargo del diputado Javier Zambrano Elizondo , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, relativo a los derechos de los ejidatarios de Huizopa, Chihuahua, suscrito por diversos diputados del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente Resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del Ejecutivo Federal a implantar, a través de sus dependencias, una estrategia para otorgar apoyos y convertir en lugar turístico el municipio de San Pedro de la Cueva, Sonora, a cargo del diputado José Inés Palafox Núñez , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al INEGI a incluir en los censos y conteos de población y vivienda preguntas conducentes a contabilizar a las personas afromexicanas, a cargo del diputado Joaquín de los Santos Molina , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Junta de Gobierno de Luz y Fuerza del Centro y a la CFE información referente a las pérdidas no técnicas o por el hurto de energía, a cargo del diputado Javier Martín Zambrano Elizondo , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, de la STPS y de la SHCP a otorgar un aumento de emergencia a los sueldos mínimos generales, contractuales y de los trabajadores al servicio del Estado, a cargo del diputado José Antonio Almazán González , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Efemérides

Relativa a la conmemoración del 184 aniversario de la decisión libre, soberana y democrática del pueblo chiapaneco para sumarse al pacto federal mexicano, por celebrarse el 14 de septiembre, a cargo de los diputados Martín Ramos Castellanos y Martha Cecilia Díaz Gordillo , de los Grupos Parlamentarios de los Partidos de la Revolución Democrática y Acción Nacional, respectivamente.

Relativa al aniversario de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Relativa al cuadragésimo octavo aniversario de la nacionalización de la industria eléctrica, por celebrarse el 27 de septiembre, a cargo del diputado José Antonio Almazán González , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Relativa al Día Mundial del Linfoma, por celebrarse el 15 de septiembre, a cargo de la diputada Josefina Salinas Pérez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Relativa al Día Mundial del Derecho de Acceso a la Información Pública, por celebrarse el 28 de septiembre, a cargo del diputado Joaquín de los Santos Molina , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Relativa al Día Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales, a cargo del diputado Fernando Enrique Mayans Canabal , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Relativa a la conmemoración del 34 aniversario del estado de Quintana Roo, a cargo del diputado Eduardo Espinosa Abuxapqui , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Relativa a los mártires de Uruapan, suscrita por los diputados Concepción Ojeda Hernández y Fausto Fluvio Mendoza Maldonado , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Relativa al aniversario luctuoso del general Lázaro Cárdenas, a cargo del diputado Érick López Barriga, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Relativa al 194 aniversario de los constituyentes de Apatzingán, a cargo del diputado Érick López Barriga, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.»



ACTA DE LA SESION ANTERIOR

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría que consulte a la asamblea si se dispensa la lectura, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior. Los diputados y las diputadas que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el jueves dieciséis de octubre de dos mil ocho, correspondiente al Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Tercer Año de Ejercicio de la Sexagésima Legislatura.

Presidencia del diputado César Duarte Jáquez

En el Palacio Legislativo de San Lázaro en la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con la asistencia de 382 diputados, a las 12 horas con 13 minutos del jueves 16 de octubre de 2008, el Presidente declara abierta la sesión.

En sendas votaciones económicas, la asamblea dispensa la lectura al orden del día, al acta de la sesión anterior y aprueba esta última.

El Instituto Nacional de las Mujeres remite contestación a punto de acuerdo aprobado en la Cámara de Diputados. Se remite a la Comisión de Gobernación, para su conocimiento.

La Secretaría da lectura a una proposición con punto de acuerdo de la Junta de Coordinación Política, para solicitar al gobierno federal que informe a la Cámara de Diputados sobre la especulación cambiaria registrada en el país y las medidas tomadas para atenuar la actual crisis financiera. En votación económica, la asamblea la aprueba. Comuníquese.

El Senado de la República remite:

• Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un párrafo segundo a la fracción V del artículo 84 de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito y se adiciona la fracción VII al artículo 2 de la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo, presentada por el senador Adolfo Toledo Infanzón, del Partido Revolucionario Institucional. Se remite a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
• Siete proposiciones con punto de acuerdo, relativas al Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009, presentadas por senadores de los Partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y de Convergencia. Se turnan a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
• Minuta con proyecto de decreto, que reforma el artículo 222 de la Ley General de Salud. Se turna a la Comisión de Salud.

Se dispensa la lectura, en votación económica, de los dictámenes con proyecto de decreto de la Comisión de Gobernación que conceden los permisos necesarios a los ciudadanos:

• Mariana Renata Richter Rodríguez, Felipe Lozano Guerrero, Rafael Solís Martínez, Eglantina López Calzado, Nayelli López Rocha, Vannessa Tena López y Marcos Alberto Franco Romero, para prestar servicios en las Embajadas de Canadá, de las Repúblicas Popular China, de Corea y en la Representación Especial de Palestina en México, respectivamente.
• Joseph Sebastián Machele, Tomás Alejandro Williams García y Jorge Fernando Garza Morales, para prestar servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América en México y en sus Consulados en Tijuana, Baja California y en Monterrey, Nuevo León, respectivamente.

Son de primera lectura.

Se reciben iniciativas con proyecto de decreto de los diputados:

• Gloria Lavara Mejía , del Partido Verde Ecologista de México, que reforma los artículos 13 y 29 de la Ley Federal de Turismo. Se turna a la Comisión de Turismo.
• Emilio Gamboa Patrón , en nombre propio y de los diputados Raúl Cervantes Andrade , Javier Guerreo García y Carlos Chaurand Arzate , del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo 182-R del Código Federal de Procedimientos Penales. Se turna a la Comisión de Justicia.

Se reciben proposiciones con punto de acuerdo de los diputados:

• Alejandro Landero Gutiérrez , Carlos Torres Torres y Luis Gustavo Parra Noriega , del Partido Acción Nacional, por el que la Cámara de Diputados se une a la pena del asesinato del líder estudiantil venezolano Julio Eduardo Soto. Se turna a la Junta de Coordinación Política.
• Martín Ramos Castellanos , del Partido de la Revolución Democrática, para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009, se consideren recursos para la construcción de la Autopista Escénica San Cristóbal de las Casas-Palenque y del Aeropuerto Internacional de Palenque, en Chiapas. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
• Jacinto Gómez Pasillas , de Nueva Alianza, para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009, se establezcan de forma taxativa las partidas presupuestales de los programas de seguridad pública y combate al crimen organizado y en específico, las relativas a vigilancia fronteriza para la prevención de migración ilegal en las zonas de la frontera sur y norte del país. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
• Francisco Fraile García, del Partido Acción Nacional, para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009, se consideren mayores recursos para el organismo de Luz y Fuerza del Centro. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
• Lourdes Alonso Flores , del Partido de la Revolución Democrática, para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009, se consideren recursos para las obras comprendidas para contrarrestar los efectos erosivos del agua pluvial en la pirámide del Fuego Nuevo, localizada en el Cerro de la Estrella, delegación Iztapalapa. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
• Humberto Dávila Esquivel , de Nueva Alianza, por el que se exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y a las Secretarías del Trabajo de cada estado, a que garanticen la protección de los derechos humanos de las y los niños mexicanos, a través del diseño de una política integral de atención en materia de trabajo infantil. Se turna a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Atención a Grupos Vulnerables.
• José Jacques y Medina , del Partido de la Revolución Democrática, para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009, se consideren recursos para la creación del fondo extraordinario para atender a las comunidades receptoras de remesas. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
• Francisco Javier Calzada Vázquez , del Partido de la Revolución Democrática, para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009, se destine la misma cantidad de apoyo a los productores de mezcal y de tequila. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
• Marco Antonio Peyrot Solís , en nombre propio y del diputado Gerardo Buganza Salmerón , del Partido Acción Nacional, por el que se solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, elimine el subsidio del diesel adquirido por buques mercantes de bandera extranjera en el país. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

A las 12 horas con 28 minutos, se instruye el cierre del sistema electrónico de asistencia con un registro de 409 diputados.

La asamblea dispensa la lectura, en votación económica, del dictamen con proyecto de decreto de las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, de Seguridad Social, y de Hacienda y Crédito Público, que reforma diversos artículos de la Ley del Seguro Social. En votación económica, la asamblea considera el asunto suficientemente discutido. El Presidente declara aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto de referencia por 331 votos en pro y una abstención. Pasa al Senado de la República para sus efectos constitucionales.

Desde su curul, la diputada Susana Monreal, solicita se adelante la discusión de un dictamen de la Comisión de Economía integrado en el orden del día y la Presidencia señala que en su momento, se someterá dicha solicitud a la asamblea.

La asamblea dispensa la lectura, en votación económica, del dictamen con proyecto de decreto de la Comisión de Ciencia y Tecnología, que reforma el artículo 9 Bis de la Ley de Ciencia y Tecnología. En términos del artículo 108 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicano, se concede el uso de la tribuna a la diputada Silvia Luna Rodríguez , de Nueva Alianza, para fundamentar el dictamen a nombre de la comisión. Presentan la posición de su respectivo grupo parlamentario los diputados Pablo Leopoldo Arreola Ortega , del Partido del Trabajo; Luis Alejandro Rodríguez, del Partido Verde Ecologista de México; Sergio Hernández Hernández , del Partido de la Revolución Democrática;

Presidencia de la diputada Martha Hilda González Calderón

Daniel Amador Gaxiola , del Partido Revolucionario Institucional y Antonio Vega Corona , del Partido Acción Nacional. En votación económica, se considera suficientemente discutido en lo general y en lo particular.

Presidencia del diputado César Duarte Jáquez

El Presidente declara aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto de referencia por 330 votos. Pasa al Senado de la República para sus efectos constitucionales.

La diputada Elizabeth Morales García , del Partido Revolucionario Institucional, en su calidad de presidenta de la Comisión de Juventud y Deporte, interviene para referirse a los logros de los atletas mexicanos que participaron en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, celebrados en Beijing, China. El Presidente da la bienvenida a los atletas mencionados, reconoce su notable actuación en los Juegos de Beijing y procede a entregar reconocimientos a los atletas olímpicos y paralímpicos mexicanos, así como a sus entrenadores.

Presidencia de la diputada Martha Hilda González Calderón

Intervienen para extender el reconocimiento a los atletas olímpicos y paralímpicos, los diputados: Jacinto Gómez Pasillas , de Nueva Alianza; Abundio Peregrino García , del Partido del Trabajo; Francisco Elizondo Garrido , del Partido Verde Ecologista de México; José Luis Aguilera Rico , de Convergencia, quien solicita un minuto de aplausos para los homenajeados; Eduardo Elías Espinosa Abuxapqui , del Partido Revolucionario Institucional; Daisy Selene Hernández Gaytán , del Partido de la Revolución Democrática y Silvia Emilia Degante Romero , del Partido Acción Nacional.

Se otorga el uso de la tribuna para referirse a la conmemoración del 12 de octubre a los diputados: Armando García Méndez , de Alternativa; Rosa Elia Romero Guzmán del Partido del Trabajo; Pascual Bellizia Rosique, del Partido Verde Ecologista de México; José Luis Varela Lagunas , de Convergencia; Ismael Ordaz Jiménez , del Partido Revolucionario Institucional; Othón Cuevas Córdova , del Partido de la Revolución Democrática, José Guadalupe Rivera Rivera , del Partido Acción Nacional, quien acepta interpelación de la diputada Mónica Fernández Balboa , del Partido de la Revolución Democrática, finaliza la diputada Irma Piñeyro Arias , de Nueva Alianza. Desde su curul, la diputada Susana Monreal Ávila , del Partido de la Revolución Democrática, hace comentarios en relación a la asistencia en el Pleno.

La Presidenta informa a la asamblea la recepción de:

a) Dos iniciativas con proyecto de decreto, suscritas por el diputado Fernando Moctezuma Pereda, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo 112 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, que se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y que reforma el artículo 35 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, que se turna a la Comisión de Transportes.

b) Proposiciones con punto de acuerdo suscritas por los diputados:

• Irma Piñeyro Arias , de Nueva Alianza, por la que se solicita al Ejecutivo federal, eleve el estatus actual de componente a eje, el Programa Nacional Integral de Reconversión Productiva, para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación se consideren mayores recursos. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
• Irma Piñeyro Arias , de Nueva Alianza, por la que se exhorta al Ejecutivo federal, decrete un programa de estímulos fiscales con el propósito de promover el desarrollo de regiones y actividades determinadas en beneficio de las empresas forestales. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
• Juan Nicasio Guerra Ochoa y Rubén Aguilar Jiménez , de los Partidos de la Revolución Democrática y del Trabajo, por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así como al director del aeropuerto internacional de la Ciudad de México, a que en la asignación de concesiones del servicio de transporte terrestre, se priorice a los operadores de dicha terminal. Se turna a la Comisión de Transportes.

c) Solicitudes de excitativa de los diputados del Partido de la Revolución Democrática: Miguel Ángel Peña Sánchez , a la Junta de Coordinación Política, la que se remite a ese órgano de gobierno; y Othón Cuevas Córdova , a la Comisión de Puntos Constitucionales, la cual se excita para que emita el dictamen correspondiente en términos del artículo 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

La Presidenta clausura la sesión a las 15 horas con 29 minutos y cita para la próxima que tendrá lugar el martes 21 de octubre de 2008 a las 11:00 horas.»

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Los diputados y las diputadas que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Aprobada el acta. Continúe la Secretaría con comunicaciones.



SISTEMAS DE RECAUDACION FISCAL

El Secretario diputado Manuel Portilla Diéguez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- H. Congreso del Estado de Guanajuato.

Diputado César Duarte Jáquez, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.--- Presente.

A la Comisión de Hacienda y Fiscalización de esta Sexagésima Legislatura del Congreso de Guanajuato le fue turnado el oficio número D.G.P.L.60-II-6-2394, de fecha 25 de septiembre del año en curso, mediante el cual se remite el punto de acuerdo por el que se exhorta a los gobiernos estatales y municipales a adoptar nuevos y mejores mecanismos de recaudación de impuestos para hacerlos menos dependientes de los recursos federales; se exhorta además a los Congresos locales a implantar auditorías a los sistemas de recaudación fiscal en las entidades y municipios del país con objeto de hacerlos más eficientes.

En atención al exhorto realizado, me permito informarle que esta comisión tomó el acuerdo de darse por enterada, comunicándole que se turnó una copia del referido acuerdo al auditor general del órgano de fiscalización superior de este congreso, para que lo considere en la formulación del programa anual de auditorías.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Guanajuato, Guanajuato, a 14 de octubre de 2008.--- Diputado José Julio González Garza (rúbrica), presidente de la Comisión de Hacienda y Fiscalización.»

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Remítase a las comisiones para su conocimiento.



MATERIA DE FISCALIZACION Y CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

El Secretario diputado Manuel Portilla Diéguez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- H. Congreso del Estado de Guanajuato.

Diputado César Duarte Jáquez, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.--- Presente.

A la Comisión de Hacienda y Fiscalización de la Sexagésima Legislatura del Congreso de Guanajuato fue turnado el oficio número DGPL 60-II-6-2390, de fecha 25 de septiembre del año en curso, a través del cual se remite el punto de acuerdo en el que exhorta a las legislaturas de las entidades federativas y del Distrito Federal a conferir mayores atribuciones a las entidades estatales de fiscalización a efecto de que emitan observaciones con responsabilidades administrativas, pliegos de observación y denuncias de hechos respecto a los servidores públicos que generen de manera directa o indirecta daño a la hacienda pública.

En atención del exhorto realizado, me permito informarle que esta comisión tomó el acuerdo de darse por enterada, comunicándole de igual manera que actualmente analiza las posibles reformas del marco legal del estado en materia de fiscalización, para lo cual se considerarán las propuestas contenidas en el citado punto de acuerdo.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Guanajuato, Guanajuato, a 14 de octubre de 2008.--- Diputado José Julio González Garza (rúbrica), presidente de la Comisión de Hacienda y Fiscalización.»

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Remítase a las comisiones para su conocimiento.



ATRIBUCIONES DE FISCALIZACION A ENTIDADES ESTATALES

El Secretario diputado Manuel Portilla Diéguez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- H. Congreso del Estado de Guanajuato.

Diputado César Duarte Jáquez, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.--- Presente.

A la Comisión de Hacienda y Fiscalización de la Sexagésima Legislatura del Congreso de Guanajuato fue turnado el oficio número DGPL 60-II-6-2391, de fecha 25 de septiembre del año en curso, a través del cual se remite el punto de acuerdo por el que exhorta a los gobiernos estatales a respetar a través de sus respectivos Congresos la autonomía técnica y de gestión de las entidades de fiscalización superior y a no intervenir en las atribuciones y decisiones que la Carta Magna otorga a dichas entidades, a fin de que las acciones emitidas en las auditorías contengan un alto grado de objetividad y, con esto, apoyar eficazmente los trabajos de la Auditoría Superior de la Federación en el proceso de fiscalización de los recursos federales.

En atención del exhorto realizado, me permito informarle que esta comisión tomó el acuerdo de darse por enterada, comunicándole que, en el ámbito de las atribuciones que le otorga su Ley Orgánica, considerará las propuestas contenidas en el citado punto de acuerdo.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Guanajuato, Guanajuato, a 14 de octubre de 2008.--- Diputado José Julio González Garza (rúbrica), presidente de la Comisión de Hacienda y Fiscalización.»

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Remítase a las comisiones para su conocimiento.



VIVIENDA

El Secretario diputado Manuel Portilla Diéguez: «Escudo del Estado de Guerrero.--- Secretaría General de Gobierno.

Diputadas Martha Hilda González Calderón y María del Carmen Pinete Vargas , Vicepresidenta y Secretaria de la Mesa Directiva de la LX Legislatura Federal.--- Presentes.

En el marco de la relación cordial y de colaboración existente entre el gobierno del estado y el Poder Legislativo federal, acuso recibo de su oficio número DGPL 60-II-2-1710, en el cual informan del punto de acuerdo, por el que entre otros, se exhorta a los gobiernos estatales, municipales y al del Distrito Federal a acelerar los procesos de homologación de sus reglamentos, planes y programas en materia de construcción ordenación urbana y territorial, así como de sus sistemas catástrales y de registro público de la propiedad, a fin de garantizar un esfuerzo efectivo en la promoción de una vivienda digna.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarles un cordial y afectuoso saludo.

Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Chilpancingo, Guerrero, octubre de 2008.--- Licenciado Guillermo Ramírez Ramos (rúbrica), secretario general de Gobierno.»

«Escudo del Estado de Guerrero.--- Secretaría General de Gobierno.

Licenciado Guillermo Ramírez Ramos, secretario general de Gobierno; arquitecto Guillermo Torres Madrid, secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas.

Adjunto al presente remito a ustedes, para su conocimiento y efectos procedentes, oficio número DGPL 60-II-2-1710 expediente 4052 signado por las ciudadanas diputadas Martha Hilda González Calderón y María del Carmen Pinete Vargas , Vicepresidenta y Secretaria de la Mesa Directiva de la LX Legislatura, mediante el cual informan punto de acuerdo, por el que, entre otros, se exhorta a los gobiernos estatales, municipales y al del Distrito Federal a acelerar los procesos de modernización y homologación de sus reglamentaciones, planes y programas en materia de construcción, ordenación urbana y territorial, así como de sus sistemas catastrales y de registro público de la propiedad, a fin de garantizar un esfuerzo efectivo en la promoción de una vivienda digna.

Sin más por el momento, aprovecho la oportunidad para enviarles un cordial saludo.

Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Chilpancingo, Guerrero, a 30 de septiembre de 2008.--- Licenciada Magaly Salinas Serna (rúbrica), secretaria particular del Gobernador.»

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Remítase a la Comisión de Vivienda, para su conocimiento.



VIOLENCIA FAMILIAR

El Secretario diputado Manuel Portilla Diéguez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- H. Congreso del Estado de Puebla.--- LVII Legislatura.

Diputados César Duarte Jáquez, José Luis Espinosa Piña , Presidente y Vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

En atención de su oficio número DGPL 60-II-4-1180, de fecha catorce de febrero del dos mil ocho, recibido ante esta soberanía con fecha dieciocho del mismo mes y año, mediante el cual comunican que ese órgano parlamentario aprobó el punto de acuerdo que exhorta a los Poderes de la Unión, a las entidades federativas, a los municipios, al Distrito Federal, y a sus respectivos Congresos locales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a implantar las medidas necesarias, desde la perspectiva de género, para prevenir, erradicar y sancionar la violencia familiar, en el ámbito de sus respectivas competencias, informo a esa soberanía lo siguiente:

• Que con fecha dieciocho de julio de dos mil siete fue aprobada la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicada en el Periódico Oficial del estado con fecha seis de agosto del dos mil siete;
• Que con fecha seis de noviembre de dos mil siete fue aprobada la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Puebla, publicada en el Periódico Oficial del estado con fecha veintiséis de noviembre del dos mil siete;
• Que con fecha diecisiete de diciembre de dos mil siete se aprobó el decreto en virtud del cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, agravando las penas de los delitos de lesiones y homicidio cuando el sujeto pasivo sea una mujer; y
• Que con fecha treinta y uno de julio de dos mil ocho se aprobó la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres.

Se comunica a ustedes, para los efectos a que haya lugar.

Sufragio Efectivo. No Reelección.
Puebla de Zaragoza, a 7 de octubre de 2008.--- Diputada Bárbara Michel Ganime Bornne (rúbrica), presidenta de la Comisión de Equidad y Género del Congreso del Estado.»

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Remítase a la Comisión de Equidad y Género, para su conocimiento. Continúe con una comunicación de la Junta de Coordinación Política.



COMISIONES LEGISLATIVAS

La Secretaria diputada Margarita Arenas Guzmán: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.--- Junta de Coordinación Política.

Diputado César Duarte Jáquez, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.--- Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 8, tercer párrafo, del acuerdo relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, le pido atentamente que se sometan a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados los siguientes movimientos, solicitados por el diputado Héctor Larios Córdova , coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional:

• Que el diputado José Nicolás Morales cause alta como integrante de la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios.
• Que la diputada Ivette Jacqueline Ramírez Corral cause baja como integrante del Comité del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública.
• Que la diputada Laura Angélica Rojas Hernández cause baja como integrante del Comité del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad y Género.
• Que la diputada Ivette Jacqueline Ramírez Corral cause alta como integrante del Comité del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad y Género.
• Que el diputado José de Jesús Solano Muñoz cause baja como integrante de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.
• Que el diputado José de Jesús Solano Muñoz cause alta como integrante de la Comisión de Seguridad Pública.
• Que la diputada Sagrario María del Rosario Ortiz Montoro cause alta como integrante de la Comisión de Educación Pública y Servidos Educativos.
• Que la diputada Lariza Montiel Luis cause baja como integrante de la Comisión de Función Pública y pase a ocupar una secretaría de ésta.
• Que la diputada Sagrario María del Rosario Ortiz Montoro cause alta como integrante de la Comisión de Función Pública.
• Que la diputada Ivette Jacqueline Ramírez Corral cause alta como integrante de la Comisión de Equidad y Género.
• Que el diputado Sergio Eduardo de la Torre Jaramillo cause alta como integrante de la Comisión Especial de prospectiva para la definición del futuro de México.
• Que el diputado Alfonso Othón Bello Pérez cause alta como integrante de la Comisión de Comunicaciones.
• Que la diputada Yadhira Ivette Tamayo Herrera cause alta como Presidenta de la Comisión Especial de Reforma del Estado.

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente
Palacio Legislativo, México, DF, a 16 de octubre de 2008.--- Diputado Javier González Garza (rúbrica), Presidente de la Junta de Coordinación Política.»

En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Aprobada. Continúe la Secretaría.

La Secretaria diputada Margarita Arenas Guzmán: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.--- Junta de Coordinación Política.

Diputado César Duarte Jáquez, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.--- Presente.

Con fundamento por lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en el artículo 8, tercer párrafo, del acuerdo relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, le pido atentamente se someta a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados los siguientes movimientos solicitados por el diputado Emilio Gamboa Patrón , coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

• Que la diputada Martha Rocío Partida Guzmán cause baja como integrante en la Comisión de Salud.
• Que la diputada Martha Rocío Partida Guzmán cause alta como integrante en la Comisión de Equidad y Género.

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente
Palacio Legislativo, México, DF, a 16 de octubre de 2008.--- Diputado Javier González Garza (rúbrica), Presidente de la Junta de Coordinación Política.»

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: De enterado. Continúe la Secretaría con oficio de la Secretaría de Hacienda.



SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Diputado César Duarte Jáquez, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.--- Presente.

Con el propósito de cumplir lo señalado en el artículo 107, tercer párrafo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, me permito anexar la información relativa al pago de las participaciones a las entidades federativas correspondiente a septiembre de 2008, desagregada por tipo de fondo, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, y por entidad federativa, efectuando la comparación correspondiente al mes de septiembre de 2007.

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi atenta consideración.

México, DF, a 15 de octubre de 2008.--- Agustín Guillermo Carstens Carstens (rúbrica), secretario.»

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Remítase a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.



LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.--- Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador Ramiro Hernández García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica el inciso vigésimo del artículo 32 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo se turnara a la Cámara de Diputados, mismo que se anexa.

Atentamente
México, DF, a 16 de octubre de 2008.--- Senador José González Morfín (rúbrica), Vicepresidente.»

«Iniciativa de ley que reforma la fracción XX del artículo 32 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Honorable Asamblea:

El suscrito, senador Ramiro Hernández García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LX legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II, del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II, y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, propongo ante esta honorable asamblea, iniciativa con proyecto de decreto, por la que se modifica el inciso XX del artículo 32, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La industria de restaurantes desempeña un rol destacado en la economía, tanto por su capacidad para generar empleo en todo el territorio nacional, como por la integración en su cadena productiva de numerosas ramas de la industria alimentaria.

En el sector restaurantero participan 243 mil establecimientos de todo tipo, desde cocinas económicas y loncherías, hasta establecimientos de nivel medio y grandes cadenas de restaurantes, que en conjunto generan un poco más de 900 mil empleos en todo el país, de los cuáles el 55 por ciento son mujeres y 45 por ciento hombres; además de 2.2 millones de empleos indirectos.

Es importante destacar que de todas las actividades relacionadas con el turismo, los restaurantes y bares generan 4 de cada 10 empleos del sector.

Según datos de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados, esta industria participa con el 2.2 por ciento del producto interno bruto (PIB) nacional y contribuye con el 23 por ciento del PIB turístico.

Tiene también un importante impacto en el presupuesto del gasto familiar; las familias mexicanas destinan el 9.8 por ciento del gasto a las comidas fuera de casa.

No obstante estas cifras, el sector restaurantero vive una serie de problemas que han impedido su fortalecimiento, uno de ellos es el referido a la deducibilidad del impuesto en el consumo.

En los últimos años se han modificado de manera importante las disposiciones fiscales en esta materia. Hasta 1989 no existía restricción expresa para la deducción de los gastos en restaurantes; de 1990 a 2001, no se permitieron las deducciones.

Como resultado de la aplicación de la normatividad señalada, la industria de restaurantes registró un impacto negativo en su productividad y ventas, lo que obligó al cierre de miles de restaurantes en todo el país y a la pérdida de empleos directos e indirectos como consecuencia de esa medida.

En 2002 se autorizó la deducción del 50 por ciento en estos consumos. De 2003 a 2006 se permitió la deducción del 25 por ciento, y a partir de 2007 la Ley del Impuesto sobre la Renta permite deducir el 12.5 por ciento de los consumos en restaurantes realizados por los contribuyentes, de acuerdo a los términos previstos en la fracción XX del artículo 32 de la citada ley.

Esta última reforma, tuvo por objeto fortalecer la base del impuesto sobre la renta, se propuso al Congreso establecer el monto deducible por consumos en restaurantes en 12.5 por ciento, manteniendo la posibilidad de deducir el 100 por ciento cuando dichos consumos sean realizados por concepto de viáticos y cumplan con los requisitos de ley.

Sin duda, la deducibilidad ofrece un impacto favorable en la reactivación del mercado interno y en el desarrollo de sus cadenas productivas y; por lo tanto, un definitivo incremento en los ingresos fiscales. Asimismo, dentro del proceso de globalización mundial, se permite a la planta productiva mexicana, al homologar las condiciones fiscales como empresas similares, cumplir en igualdad de condiciones con sus socios comerciales, evitando así una competencia inequitativa y desventajosa.

Es de mencionar que en la mayoría de los países desarrollados se consideran y permiten porcentajes significativos de deducciones en los gastos de restaurantes. Destacan EUA, Finlandia y Nueva Zelanda, con 50 por ciento cada uno y Holanda con 90 por ciento.

Asimismo, países como Alemania, Dinamarca, Francia, Japón, Venezuela y Luxemburgo, aunque no tienen legislación específica referente a un porcentaje de deducción permitido de gastos en restaurantes, aceptan deducciones siempre y cuando se cumpla con ciertos requisitos como documentación comprobatoria.

La presente iniciativa tiene por objeto ampliar el límite de lo que se puede deducir por los consumos en restaurantes realizados por los contribuyentes, como un medio para fortalecer la actividad de la industria restaurantera nacional e impulsar y fortalecer el desarrollo del turismo nacional. Con esta medida se apoyaría también a un sector importante de mexicanos y de sus familias.

Con el objeto de fortalecer la base del impuesto sobre la renta, se propone a esta soberanía establecer el monto deducible por consumos en restaurantes en 25 por ciento; además, de incrementar la deducibilidad en el consumo de alimentos, ayudaría a impulsar al sector y a su vez ser un motor para mitigar los efectos de la desaceleración económica que padecen los Estados Unidos.

Con esta medida se podrá hacer de la industria restaurantera, un sector más competitivo y moderno, que colabore como detonante para el desarrollo no sólo de este sector, sino de toda la economía y que constituya; asimismo, un impacto positivo en el equilibrio de los gastos del contribuyente, sin que se desequilibren las finanzas públicas, toda vez que los impactos por un mayor consumo en restaurantes, traerán como consecuencia la generación de empleos directos e indirectos, el pago del impuesto al valor agregado, la mayor facturación y otros factores positivos, aportarán también mayores recursos al Estado, mejor fiscalización y simplificación administrativa.

Estamos seguros que con la reactivación de esta importante industria, y el consiguiente incremento en el padrón de contribuyentes, se fomentará la captación de impuestos y evitará la informalidad en este importante sector.

Se requiere hacer en México, y en todos los sectores, un país más competitivo, con reglas claras y específicas, que le permitan contar con los elementos suficientes, con un régimen fiscal adecuado a la modernidad y a las necesidades contemporáneas.

Por las consideraciones antes expuestas, someto ante esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se modifica el párrafo XX, del artículo 32 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, el siguiente proyecto de

Decreto

Único. Se reforma la fracción XX, del artículo 32 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para quedar como sigue:

Artículo 32.

I. a XIX. ...
XX. El 75 por ciento de los consumos en restaurantes...
XXI. a XXVII.

Artículo Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones del Senado de la República, a 16 de octubre de 2008.--- Senador Ramiro Hernández García (rúbrica).»

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.



PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.--- Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, el senador David Jiménez Rumbo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó propuesta con punto de acuerdo relativo a la descentralización y el financiamiento de la educación pública en el Distrito Federal.

La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo se turnara a la Cámara de Diputados, el que se anexa.

Atentamente
México, DF, a 16 de octubre de 2008.--- Senador José González Morfín (rúbrica), Vicepresidente.»

«El que suscribe, senador David Jiménez Rumbo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, relativo a la descentralización y el financiamiento de la educación pública en el Distrito Federal.

Exposición de Motivos

México atraviesa por momentos difíciles en su entorno y perspectiva, muy particularmente en materia económica y de seguridad pública, que se reflejan en un efecto social negativo que compromete el futuro de los individuos, la fortaleza de las instituciones y la soberanía del Estado. Dicha situación vuelve deseable, en efecto, la unidad nacional para enfrentarla. Sin embargo, la convergencia del conjunto de los actores políticos y sociales no se construye en abstracto, sobre la base un acto voluntarista, sino en función de compromisos y responsabilidades recíprocos.

El gobierno nacional ha sometido al del Distrito Federal a una política presupuestal regresiva, aun antes de las recientes reformas de 2007 de la Ley de Coordinación Fiscal, ya que mientras en 1990 el DF recibió 20.9 por ciento de las participaciones, el porcentaje se redujo hasta 12.7 por ciento del total en promedio durante el periodo 2003-2008, pese a que aporta 21.5 por ciento del producto interno bruto nacional (2006), y que captó 55.2 por ciento de la recaudación bruta de impuestos federales en promedio durante el periodo 1995-2006. Eso significa una reducción por participaciones de 374 mil millones de pesos (a precios de 2006) entre 1990 y 2008.

En uso de sus atribuciones y por aprobación unánime de la Asamblea Legislativa, el Gobierno del Distrito Federal cuenta ya con una secretaría de educación. No obstante, la educación básica, la normal y la tecnológica y de adultos no han sido descentralizadas y transferidas al Distrito Federal. De tal manera, esta entidad quedó fuera de la distribución de fondos participables como el de Aportaciones para la Educación Básica y Normal, y el de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos.

Tanto nuestro partido como los gobiernos que son de nuestra responsabilidad directa, en este caso específicamente el del Distrito Federal, asumimos desde siempre como positiva una estrategia educativa de definición federalista y descentralizada, que ponga el acento de la atención rectora en los centros escolares, en los programas educativos, más que en los aspectos políticos y administrativos, para lograr la eficiencia, la eficacia y la calidad educativa desde una perspectiva democrática.

Para avanzar en el propósito de la descentralización, el Gobierno del Distrito Federal propuso y logró el aval de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para la creación de la Secretaría de Educación Pública local. Luego, a través de su titular, doctor Axel Dridriksson, se ha solicitado en cuatro cartas, desde febrero de 2007, procesar y convenir los acuerdos correspondientes para atender la transferencia de más de 5 mil escuelas y de alrededor de 27 mil millones de pesos, sin que hasta ahora haya recibido respuesta alguna de la titular de la SEP federal, licenciada Josefina Vázquez Mota, aun cuando debería concebirse, por así decirlo, como un asunto de obvia y urgente resolución. No realizar esta descentralización cuanto antes, es decir, en 2009, significaría menospreciar y atentar contra los intereses educativos de millones de niños y de adolescentes que estudian en la capital de la república.

Compañeras y compañeros: es necesario e inevitable asumir la responsabilidad de fortalecer el esquema federalista del sistema educativo nacional, con la independencia necesaria para la administración de los recursos financieros y pedagógicos que tenga como propósito lograr una gestión eficiente y de calidad, sistematizando la experiencia de 16 años de descentralización de otras entidades federativas.

Se trata de abrirse a la posibilidad de coadyuvar y superar los retos de la educación pública de calidad, con la conclusión de la descentralización educativa, promoviendo nuevas formas de colaboración federalista que otorgue a los habitantes del Distrito Federal y a su gobierno, así como a cada entidad, la autonomía indispensable para planear la política educativa local, elaborar proyectos propios, impulsar fórmulas participativas de evaluación de la calidad adecuadas para la realidad concreta, como parte de un proyecto cultural y político acorde con las necesidades y perspectivas de una megalópolis como la Ciudad de México.

Además de fortalecer su sistema de educación de nivel medio superior y superior, el Gobierno del DF, a través de su Secretaría de Educación, ha diseñado diversos programas que atienden las necesidades educativas de la entidad con visión de largo plazo: el bachillerato a distancia y el programa Prepa Sí; Bibliotecas en Movimiento, Centros de Trasformación Educativa, comunidades educadoras, educación inicial y preescolar; Fondo de Coinversión para Infraestructura Educativa y el Programa Integral de Mantenimiento de Escuelas, Seguro contra Accidentes; 1, 2, 3 por Mí, Sé Tu Escuela, Uniformes y Útiles Escolares, Educación Garantizada, Niñas y Niños Talento, y Atención Integral al Estudiante, además de impulsar el Acuerdo Social por la Transformación y la Calidad de la Educación en la Ciudad de México.

Ésos y otros hechos demuestran la voluntad del Gobierno del DF de reformar la realidad educativa de la capital de la república acompañado de la sociedad y, a la vez, comprometido con la laicidad, la inclusión, la equidad y la universalización de todos los servicios educativos.

El debate en torno del financiamiento de la educación pública descentralizada no debe reducirse a una disputa por el gasto, sino que debe obedecer a criterios para el cumplimiento de los propósitos, los objetivos y las metas que conduzcan a la eficiencia y la calidad de la educación pública en un entorno democrático y de corresponsabilidad libertaria.

Por lo expuesto, se convoca a los actores políticos involucrados a promover los trabajos de coordinación necesarios para que la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal proceda a la descentralización de los servicios educativos, en beneficio de los habitantes del Distrito Federal, en 2009 y propone el siguiente punto de acuerdo para que sea turnado a la colegisladora

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la colegisladora para que el presupuesto educativo federal de 2009 considere las necesidades educativas de los habitantes del Distrito Federal y los recursos necesarios para los programas educativos que desarrolla el Gobierno del Distrito Federal, a través de la Secretaría de Educación del Distrito Federal, en el marco del sistema federalista de gobierno.

Dado en el salón de sesiones, a 16 de octubre de 2008.--- Senador David Jiménez Rumbo (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.--- Presentes.

Me permito comunicar a usted que en sesión celebrada en esta fecha, la senadora Rosalía Peredo Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados a considerar dos fracciones adicionales en las erogaciones previstas en el ramo general 39 del decreto de Presupuesto de Egresos para 2009.

La presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo se turnara a la Cámara de Diputados, mismo que se anexa.

Atentamente
México, DF, a 16 de octubre de 2008.Senador José González Morfín (rúbrica), Vicepresidente.»

«Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la suscrita senadora Rosalía Peredo Aguilar, somete a la consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Cámara de Diputados a que, a través de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, se consideren dos fracciones adicionales en las erogaciones previstas en el ramo general 39 de apoyo para el fortalecimiento de las entidades federativas del decreto de Presupuesto de Egresos de 2009, con base en los siguientes:

Considerandos

Con el presente punto de acuerdo se busca que sean fortalecidos dos sectores fundamentales de la economía de nuestro país. El sector agropecuario por un lado, y las micro, pequeñas y medianas empresas por otro. Por lo tanto, se propone un incremento del 50 por ciento en el presupuesto para la reconversión productiva agropecuaria (RPA), y un incremento del 10 por ciento en el presupuesto para el fortalecimiento financiero de las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipyme), a partir de las erogaciones aprobadas en el Ejercicio Fiscal 2008 de la Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y de la Secretaría de Economía respectivamente.

Este fortalecimiento implica asignar más recursos tanto para la RPA, como para la consolidación financiera de las Mipyme en el Presupuesto de Egresos de la Federación del 2009, a fin de contribuir a que estos sectores sean palancas del desarrollo económico de México. La relevancia de la propuesta se sustenta, en que ambos sectores tienen un potencial que no ha sido explotado plenamente, por lo que se obtendrían amplios beneficios de empleo e ingreso, además de los riesgos que tienen ante la crisis económica actual como se indica a continuación:

1. En relación a la reconversión productiva agropecuaria

La importancia de la RPA ha sido relevante para el desarrollo y modernización del campo mexicano, pero hoy es imprescindible y urgente ante los cambios en el patrón de consumo, tanto por los esquemas de mercadotecnia como por la modificación en la pirámide poblacional y, más aún, por la actual crisis alimentaria, permitir mayor integración de productores con el mercado, a través de alianzas entre sus organizaciones y las empresas agroindustriales, adecuando las condiciones agroclimáticas cada vez más cambiantes a la capacidad potencial de optimizar variables de resistencia en especies usadas en las actividades agropecuarias, con el fin de reducir riesgos de siniestralidad, y generar productos funcionales que demanda la también cambiante necesidad de los consumidores.

Es decir, la reconversión productiva agropecuaria responde a las dos siguientes cuestiones fundamentales:

En primer lugar a la variabilidad climática que está afectando la dinámica de los procesos productivos al modificar los períodos y patrones de lluvias, las horas frío, heladas y otros meteoros que inciden, no sólo en las fechas de siembra, sino fundamentalmente en los procesos fisiológicos tales como, floración, fructificación y maduración, y por ende en los procesos post-cosecha y de agroindustrialización, ya que las características y contenidos específicos de nutrientes también se modifican. Esto se explica porque el cambio climático genera cambios en los ciclos bioenergéticos a nivel macro de la tierra y los grandes ecosistemas, pero también a nivel micro en las características de los productos obtenidos.

Por lo tanto, es fundamental conocer como está afectando el cambio climático al desarrollo de cultivos y animales., Por ejemplo, la elevación de temperatura incrementa incendios, reduce biomasa forestal y recarga de acuíferos, aumenta escurrimientos e inundaciones, altera el ciclo hidrológico y todos los meteoros (vientos, humedad relativa, granizadas etcétera), modificando la interacción del ciclo biológico de las especies incluyendo su composición química o de características físicas, que inciden en la transformación y en la calidad de los productos finales.

De tal manera que si no se desarrolla una sólida estrategia de RPA ante los efectos cada vez más evidentes del cambio climático, simplemente se estará supeditado al vaivén de esos cambios, y cualquier planeación o proyección que se quiera hacer en función de características climáticas no vigentes, no será real y por lo tanto difícilmente se podrá incrementar la producción y productividad y, por ende, se pone en riesgo la seguridad alimentaria al aumentar las importaciones.

Pero adecuar los proceso productivos a las condiciones climáticas cambiantes, para lograr la RPA, requiere experimentar e investigar, aspectos hasta hoy descuidados ya que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa ) sólo tiene un componente de reconversión productiva (mezclado con seis componentes en el Programa de uso sustentable de los recursos naturales para la producción primaria, con un monto de 5 mil 935 millones de pesos; pero de esa cantidad 4 mil 200 se canalizan al componente Progan), por lo que sólo quedan 347 millones de pesos para cada uno de los otros componentes, cantidad insuficiente para una estrategia de RPA, dado el amplio abanico de cultivos, especies y procesos que pueden reconvertirse.

Para corroborar la insuficiencia presupuestal en RPA, tan sólo el Fondo para atender a la población rural afectada por contingencias climatológicas (FAPRACC) de la misma Sagarpa, tiene 900 millones de pesos, es decir, hay más para paliar contingencias que para adecuar prácticas al cambio climático.

El segundo aspecto fundamental que justifica más apoyo para la RPA, son los productos funcionales, ya que la pirámide poblacional indica un aumento de personas de más edad que requieren alimentos específicos, se estima que a mediados de siglo el 20 por ciento de la población mundial tendrá más de 60 años. En México hay 8.7 millones de personas con más de 60 años y con el crecimiento más alto (1.42 en 1981 a 3.7 en el 2000), por lo que hoy son 1 de cada 13, en 2025 serán 1 de cada 8; y en 2050 será 1 de cada 4. El beneficio es amplio ya que se cubren necesidades específicas de salud.

El cambio estructural de la población implica cambios en la demanda de alimentos, por lo que la RPA debe considerar productos funcionales y diferenciados para atender la demanda del nuevo mercado, de los nuevos nichos de consumo; pues en 2005 había 5 jóvenes (de 0 a 19 años) por un adulto (más de 60 años), pero para 2025 serán 2.2. jóvenes por cada adulto, y obviamente hay que considerar que el tipo de vida actual con obesidad por comida chatarra, estrés y vida sedentaria, inducen a enfermedades de presión alta, presencia de colesterol, osteoporosis, deficiente digestión, artritis, y muchas más, lo que obliga a cambiar los hábitos de consumo, lo cual se facilita con la RPA.

Para ser más específicos es necesario entender la situación de México que tiene una gran variabilidad agroclimática y orográfica, lo que propicia una amplia diversidad de especies vegetales y animales y también de procesos productivos. Así, por ejemplo, el maíz puede cultivarse desde casi 0 metros sobre el nivel del mar(msnm) hasta más de 3 mil; en pendientes desde 0 hasta 100 por ciento; en precipitaciones de menos de 400 milímetros hasta más de 4 mil; desde suelos de 10 centímetros hasta más de un metro; teniendo ciclos de 3 meses hasta 13; desde variedades enanas de 70 centímetros hasta más de 5 metros; desde mazorcas de 7 centímetros hasta 70; desde mazorcas con 8 hileras hasta 20; etcétera; es decir, la variabilidad se relaciona además con la gran biodiversidad y el enorme potencial biogenética del país, siendo esto una amplia fuente para una RPA tanto en productos como en usos y características físicas y químicas.

Por eso hoy, la RPA traería múltiples beneficios en alimentación, salud, fármacos, bioenergéticos, captura de carbono, etcétera, es decir, la reconversión productiva no es sólo de un cultivo por otro, sino que también considera las características biomédicas que puedan tener, es decir, lo que se llama los foods for specified health uses , que pueden prevenir o ayudar determinada enfermedad o dolencia, que además, cada vez están más relacionados con aspectos de inocuidad a través de los procesos HACCP (Hazard analysis and critical control point ), así como de calidad en ISO (International for Standarization Organization ).

En este sentido, considerando diversas publicaciones y estudios científicos, sólo indico algunos pocos ejemplos de la importancia y beneficio de este tipo de alimentos que valoran la relevancia de la reconversión productiva agropecuaria:

Prevención y control de cáncer: arándano, brócoli, tomate;
Infecciones urinarias: arándano;
Reducción de colesterol: jugo de uva púrpura, soya;
Enfermedades coronarias: avena;
Enfermedadescardiovasculares: nueces;
Procesos de oxidación: moras, cerezas, uvas rojas;
Apoyo al sistema inmunológico: ajo, cebolla, poro.

Finalmente, y considerando que los apoyos de Sagarpa incluyen la producción de biomasa para bioenergéticos, procede plantear que la RPA también es útil en este rubro, ya que usar maíz para producir etanol, o soya para producir biodisel no son rentables ni social ni económicamente, pero en cambio, plantas como la palma (elaeis guineensis) produce 5 mil 550 litros de aceite por hectárea, contra los 420 de la soya; el cocotero (cocos nucifera) produce 2 mil 510, el aguacate (persea americana) produce 2 mil 400.

Estas razones, y los beneficios expuestos, justifican aumentar los recursos para reconversión productiva, ya que según la Sagarpa este componente requiere otorgar apoyos en:

-Inducción de patrones de producción con menor impacto en los recursos naturales, con mayor potencial de producción y mercado en condiciones de recursos limitados;
-Establecimiento de cultivos acordes al potencial productivo regional para la reconversión productiva, substituyendo: cultivos anuales por perennes; de actividad agrícola a pecuario; o de ésta a forestal;
-Inducción de la conversión hacia cultivos con mejor aprovechamiento de las condiciones agroecológicas en regiones compactas, utilizando las ventanas de oportunidad de mercado; así como para la producción de biomasa para la generación de bioenergía (por ejemplo etanol).

Y agregaríamos, inducción de cultivos con características específicas e inducidas para nichos de mercado que requieren características biomédicas.

Por lo tanto, es necesario etiquetar recursos específicos en el Presupuesto Federal para el Ejercicio Fiscal 2009, enfocados a apoyar la reconversión productiva agropecuaria en, por lo menos, un 50 por ciento más en relación al Ejercicio Fiscal 2008 aprobado por la Cámara de Diputados.

2. En relación a la consolidación financiera de las Mipyme

Este sector es de vital importancia en nuestro país, y hay avances importantes en su consolidación, como la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, desde 2002 y su reglamento en 2006, que asegura atender compromisos institucionales y legales que permiten obtener resultados tangibles, como lo destacan las evaluaciones realizadas.

Esta importancia se corrobora al constatar que las micro, pequeñas y medianas empresas representaron en 2006 el 99.8 por ciento de las empresas establecidas en nuestro país, de un total de 4 millones 7 mil 100, que generaron el 52 por ciento del producto interno bruto y el 72 por ciento del empleo formal, por lo que está considerada su inclusión presupuestal en el ramo administrativo 10 de la Secretaría de Economía.

La consolidación de esta estrategia económica está creando un desarrollo empresarial que se basa en: emprendedores, microempresas, pequeñas y medianas empresas, empresa gacela y empresas tractoras, recibiendo apoyos de: financiamiento, comercialización, capacitación y consulta, gestión e innovación y desarrollo tecnológico.

De acuerdo con datos de la Subsecretaría de Industria y Comercio, en México se registran 35 mil 917 empresas exportadoras, de las cuales 21 mil 625 corresponden al rubro de Pyme, es decir, el 60 por ciento, lo que corrobora su importancia en la balanza comercial del país; incluso se ha establecido el Programa integral de apoyo a la pequeña y mediana empresa México-Unión Europea (Piapyme), lo cual refleja que dicha estrategia se está consolidando.

Sin embargo, de acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, las Pyme están expuestas a los mismos retos de las grandes empresas, pero con mucho menos preparación para enfrentarlos, su tamaño es el mayor obstáculo, lo cual resulta más evidente en los países en desarrollo, ya que entre el 50 por ciento y 75 por ciento deja de existir durante los tres primeros años, y sólo del 10 por ciento al 20 por ciento permanecen al cumplirse el quinto año, es decir, una de cada cinco puede perdurar como empresa.

Lo anterior es preocupante porque, además de esa situación, difícil de por sí, la actual crisis por la elevación del precio del petróleo y de alimentos así como de la inflación, encarece los insumos y los costos de producción afectando en mayor porcentaje a las micros y pequeñas empresas, que apenas tienen para sobrevivir en condiciones normales, por lo tanto, en esta situación de emergencia, el índice de sobrevivencia seguramente se reducirá, a menos que se canalicen más recursos para poderlas apoyar en esta situación de contingencia económica, lo cual beneficiaría a mantener el empleo en este sector.

Ante la enorme demanda de empleos, no sería responsable si al menos no se asegurara los que ya existen a través de las Mipyme, por lo tanto, el apoyar los esfuerzos gubernamentales en torno del fortalecimiento de las mismas, significa no sólo una mínima acción de solidaridad, sino fundamentalmente respaldar a los mexicanos emprendedores que invierten capital, trabajo y esperanzas en una empresa que, de ser apoyada suficientemente, aportará a México fuentes de empleo y riqueza.

La tendencia de políticas de desarrollo a largo plazo implican autosustentabilidad y autosuficiencia de las empresas, y el apoyo a las Mipyme es la manera más redituable de hacerlo, por eso hay un presupuesto de 3,574 millones de pesos en el fondo Pyme de la Secretaría de Economí por ser un sector considerado prioritario para el país, pero las evaluaciones hechas indican que a pesar de tener un efecto multiplicador que genera un índice de complementariedad de 1.7, la demanda de apoyo no se cubre pues sólo se apoya al 35 por ciento de solicitantes, por lo que el incremento permitiría apoyar a las actuales y nuevas empresas.

Por lo tanto, en esta proposición planteo que es necesario etiquetar recursos específicos en el Presupuesto Federal para el Ejercicio Fiscal de 2009, enfocados al financiamiento de las Mipyme en por lo menos un 10 por ciento más respecto al Ejercicio Fiscal 2008 aprobado por la Cámara de Diputados,

Considero que estos dos sectores de la economía del país pueden constituirse en las palancas de desarrollo que tanto requiere en estos momentos nuestro país, sectores que además, contienen los mecanismos establecidos para su evaluación como programas que cuentan con reglas de operación. Por lo anteriormente expuesto, me permito poner a la consideración de este pleno el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la honorable Cámara de Diputados, a través de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, a que se consideren en las erogaciones previstas para el ramo general 39 de apoyo para el fortalecimiento de las entidades federativas del decreto de Presupuesto de Egresos de 2009, dos fracciones más al cuerpo del artículo y del anexo correspondiente que contenga dicha erogación. Una en el que se contemplen recursos para la reconversión productiva en el campo en el presupuesto de Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y otra que considere recursos para el fortalecimiento financiero de las Mipyme en el presupuesto de la Secretaría de Economía, en cuando menos 50 y 10 por ciento respectivamente, en relación a las erogaciones aprobadas en el Ejercicio Fiscal 2008.

Salón de sesiones del Senado de la República, a los 30 días del mes de septiembre de 2008.--- Senadora Rosalía Peredo Aguilar (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.--- Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, los senadores Lázaro Mazón Alonso, Francisco Javier Castellón Fonseca, Salomón Jara Cruz, José Luis Máximo García Zalvidea y Rubén Fernando Velázquez López, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentaron propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados a efecto de que, en el proceso de análisis y aprobación del decreto de Presupuesto de Egresos para 2009, el gasto destinado a educación pública no sea menor de 8 puntos porcentuales del producto interno bruto.

La presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo se turnara a la Cámara de Diputados, el que se anexa.

Atentamente
México, DF, a 16 de octubre de 2008.--- Senador José González Morfín (rúbrica), Vicepresidente.»

«Los sucritos, Lázaro Mazón Alonso, Francisco Javier Castellón Fonseca, Salomón Jara Cruz, José Luis Máximo García Zalvidea y Rubén Fernando Velázquez López, senadores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LX Legislatura del Senado de la República, en ejercicio de la facultad que confieren los artículos 67, numeral 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior, someten a consideración de esta soberanía, con carácter de urgente y obvia resolución, proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En la Carta Magna tenemos consagrado el derecho a la educación pero, como han denunciado grandes pensadores y filósofos, actualmente esa declaración de principios en el país es letra muerta.

Las consideraciones en torno de la calidad de la educación en el país que se han vertido en esta alta tribuna han sido muchas, pero todas en el mismo sentido: no reúne los requisitos mínimos que permitan dar a los niños y a los jóvenes las oportunidades que requieren en un mundo globalizado y competitivo.

Basta recordar que las cifras sobre educación básica no son nada alentadoras, ya que somos el último lugar de los países socios de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la cual señaló que en el país uno de cada dos estudiantes se encuentra en el nivel cero y uno, y en varios estados de la república 70 por ciento de los alumnos no alcanza ni lo mínimo indispensable para acceder a la sociedad moderna: Chiapas, Tabasco, Oaxaca, Guerrero, Campeche, Puebla, Michoacán, Nayarit, Hidalgo, Sinaloa, Quintana Roo y Guanajuato.

En estos momentos, la colegisladora se encuentra en el análisis y la discusión del Presupuesto para el próximo ejercicio y, debido a la crisis profunda que sufre nuestro principal socio comercial, las expectativas económicas para el próximo año son sombrías y desalentadoras, sobre todo por la falta de previsión de mecanismos anticíclicos por parte de los responsables de la economía nacional, por lo que seguramente habrá necesidad de ajustar el gasto en todos los rubros, pero hay materias como educación y salud donde, pese a la crisis, deberemos redoblar esfuerzos asumiendo nuestra responsabilidad como legisladores, ya que si en estos momentos se deja de lado el apoyo para la educación, el círculo vicioso de pobreza e ignorancia se seguirá incrementando.

Hace dos años, en esta alta tribuna pedimos que se asignara de manera efectiva 8 por ciento del producto interno bruto a la educación. De la misma manera, citamos a quien dijo que ``el gobierno que no invierta en educación tarde temprano tendrá que invertir en armas'', cruda realidad que estamos viviendo en México. La solución es la educación; sabemos que los resultados no los veremos en el corto plazo, pero es indispensable tomar acciones decididas en este sentido.

Proponemos exhortar a la colegisladora para que a la hora de hacer los ajustes en el Presupuesto se privilegie la educación como base fundamental para el desarrollo de México y que si es necesario recortar, que se recorte el gasto corriente en sueldos para la alta burocracia del gobierno, que se reduzcan sus viáticos, gastos por gasolina, choferes y vehículos blindados.

Nuestra sociedad reclama mejores maestros, más preparados y con actitud de encaminar a toda una generación lejos de los vicios y la delincuencia, por lo que en lugar de quitar recursos a la educación; debemos fortalecerla con la creación de más y mejores escuelas y no intentar desaparecer las ya creadas.

Como ejemplo, en Guerrero están apunto de cerrar la escuela normal de Ayotzinapa, con lo cual no estamos de acuerdo, ya que hay más de 150 mil niños sin maestro en la zona de La Montaña. Desaparecer esta escuela es un crimen contra la educación.

Compañeros: hace unos días, la Cámara de Diputados entregó la medalla Eduardo Neri al escritor y poeta Miguel Luis León y Portilla. Afirmó: ``En sus manos está legislar en materia de educación, lo que implica oponerse a la supresión de las escuelas normales. Si ellas dejaran de existir, ¿dónde se formarían los maestros? Igualmente, se requiere la revisión de los programas educativos en vista de los requerimientos actuales del país, es decir, la educación para qué, y la asignación de un adecuado presupuesto que haga posible la formación de millones de mexicanos''.

Y aún más, sentenció: ``Que se recorte donde sea, pero nunca en la educación; ¿o acaso nuestro destino es proporcionar mano de obra barata en las maquiladoras o marchar exponiendo la vida al vecino del norte, o simplemente percibir salarios de hambre o vivir del ambulantaje, o peor, de las acciones delictivas?''

Por lo expuesto, sometemos a consideración de esta soberanía, con carácter de obvia resolución, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. El Senado de la República exhorta a la Cámara de Diputados a efecto de que, en el proceso de análisis y aprobación del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009, el gasto destinado a la educación pública no sea menor de 8 puntos porcentuales del producto interno bruto.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 15 de octubre de 2008.--- Senadores: Francisco Javier Castellón Fonseca, José Luis Máximo García Zalvidea, Lázaro Mazón Alonso (rúbrica), Salomón Jara Cruz, Rubén Fernando Velázquez López, Irma Martínez Manríquez (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.--- Presentes.

Me permito comunicar a usted que, en sesión celebrada en esta fecha, el senador Héctor Miguel Bautista López, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó propuesta con punto de acuerdo por el que se solicita apoyo a los trabajadores del Infonavit que se declaren en suspensión de pagos en 2009, frente a la desaceleración de la economía mexicana.

La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo se turnara a la Cámara de Diputados, y se anexa.

México, DF, a 16 de octubre de 2008.--- Senador José González Morfín (rúbrica), Vicepresidente.»

«El suscrito, Héctor Miguel Bautista López, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LX Legislatura del Senado de la República, en ejercicio de la facultad conferidas en los artículos 67, numeral 1, inciso b, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, somete a consideración de esta honorable asamblea, con carácter de urgente, la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita apoyos a los trabajadores del Infonavit que se declaren en suspensión de pagos en 2009, frente a la desaceleración de la economía mexicana.

Punto de Acuerdo

Primero. A la Cámara de Diputados, en el marco de la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2009, se solicita una partida especial de 300 millones de pesos al Infonavit, frente a la imposibilidad de pagos de trabajadores que tienen crédito de vivienda.

Segundo. Se solicita al Poder Ejecutivo integrar, dentro de las políticas de reactivación económica para 2009, el congelamiento de las tasas de interés y cargos de los créditos del Infonavit para los trabajadores que se declaren en incapacidad de pago.

Salón de sesiones del Senado de la República, a 16 de octubre de 2008.--- Senador Héctor Miguel Bautista López (rúbrica).»

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Túrnense a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Continúe con minutas la Secretaría, que han llegado a la Cámara.



LEY DE VIVIENDA - LEY GENERAL DE PROTECCION CIVIL

El Secretario diputado Manuel Portilla Diéguez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.--- Presentes.

Para los efectos constitucionales, me permito remitir expediente que contiene minuta proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II, y se adiciona una nueva fracción XXIV, recorriéndose las subsecuentes en el artículo 19; se adiciona una nueva fracción V, recorriéndose las subsecuentes en el artículo 29; se reforma la fracción I del artículo 34, todos de la Ley de Vivienda; y se adiciona una nueva fracción VIII, al artículo 16, y se recorren las subsecuentes de la Ley General de Protección Civil.

Atentamente
México, DF, a 16 de octubre de 2008.--- Senador José González Morfín (rúbrica), Vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Minuta Proyecto de Decreto

Por el que se reforma la fraccion II y se adiciona una nueva fracción XXV, recorriéndose las subsecuentes en el artículo 19; se adiciona una nueva fracción V, recorriéndose las subsecuentes en el artículo 29; se reforma la fracción I del artículo 34, todos de la ley de vivienda; y se adiciona una nueva fracción VIII al artículo 16, y se recorren las subsecuentes de la Ley General de Protección Civil.

Primero. Se reforma la fracción II y se adiciona una nueva fracción XXIV, recorriéndose las subsecuentes, ambas del artículo 19; se adiciona una nueva fracción V, recorriéndose las subsecuentes del artículo 29; y se reforma la fracción I del artículo 34, todos de la Ley de Vivienda, para quedar como siguen:

Artículo 19. Corresponde a la comisión

I. ...
II. Realizar las acciones necesarias para que la política y los programas de vivienda observen las disposiciones aplicables en materia de desarrollo urbano, el ordenamiento territorial, la prevención de desastres naturales y antropogénicos, y el desarrollo sustentable;
III. a XXII. ...
XXIII. Promover y apoyar la constitución y operación de organismos de carácter no lucrativo que proporcionen asesoría y acompañamiento a la población de bajos ingresos para desarrollar de mejor manera sus procesos productivos y de gestión del hábitat;
XXIV. Impulsar y promover, en coordinación con las demás autoridades competentes, que la política nacional de vivienda considere lo establecido en el Programa Nacional de Protección Civil y el Atlas Nacional de Riesgos; y
XXV. Las demás que le otorguen la presente ley u otros ordenamientos.

Artículo 29. Para el cumplimiento de su objeto, el consejo tendrá las siguientes funciones:

I. a IV. ...
V. Proponer medidas para planear y ordenar la actividad habitacional, bajo lineamientos orientados a la prevención de desastres naturales y antropogénicos, en los términos del Programa Nacional de Protección Civil;
VI. Proponer esquemas generales de organización para la eficaz atención, coordinación y vinculación de las actividades de vivienda en los diferentes sectores de la administración pública federal, con las entidades federativas y los municipios, y con los diversos sectores productivos del país;
VII. Solicitar y recibir información de las distintas dependencias y entidades que realizan programas y acciones de vivienda;
VIII. Emitir los lineamientos para su operación y funcionamiento; y
IX. Aprobar la creación de comités y grupos de trabajo para la atención de temas específicos y emitir los lineamientos para su operación.

Artículo 34. Para cumplir con su objeto, la comisión intersecretarial tendrá las siguientes funciones:

I. Vincular las acciones de fomento al crecimiento económico, desarrollo social, desarrollo urbano, desarrollo rural, ordenación del territorio, prevención de desastres naturales y antropogénicos, mejoramiento ambiental y aprovechamiento óptimo de los recursos naturales, con la política nacional de vivienda;
II. a VIII. ...

Segundo. Se adiciona la fracción VIII y se recorren las subsecuentes del artículo 16 de la Ley General de Protección Civil, para quedar como sigue:

Artículo 16. El consejo nacional es un órgano consultivo en materia de planeación de la protección civil. Sus atribuciones son las siguientes:

I. a VII. ...
VIII. Promover, ante las autoridades correspondientes, la incorporación de la materia de protección civil en la política nacional de vivienda;
IX. Evaluar anualmente el cumplimiento de los objetivos del programa nacional; y
X. Las demás atribuciones afines a éstas que le encomiende el Ejecutivo federal.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores. México, DF, a 16 de octubre de 2008.--- Senadores: José González Morfín (rúbrica), vicepresidente; Gabino Cué Monteagudo (rúbrica), secretario.
Se remite a la honorable Cámara de Diputados para los efectos constitucionales.--- México, DF, a 19 de octubre de 2008.--- Dr. Arturo Garita, Secretario General de Servicios Parlamentarios.»

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Túrnese a la Comisión de Vivienda.



LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO

El Secretario diputado Manuel Portilla Diéguez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.--- Presentes.

Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes expediente que contiene minuta proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Atentamente
México, DF, a 16 de octubre de 2008.--- Senador José González Morfín (rúbrica), Vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Minuta Proyecto de Decreto

Por el que se reforma y adiciona la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Único. Se reforma el segundo párrafo de la fracción III del artículo 22 y el primer párrafo del artículo 27 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, para quedar como sigue:

Artículo 22. Las dependencias y entidades deberán establecer comités de adquisiciones, arrendamientos y servicios que tendrán las siguientes funciones:

I. a II. ...
III. ...
Los comités establecerán en dichas políticas, bases y lineamientos los aspectos de sustentabilidad ambiental, incluyendo la evaluación de las tecnologías que permitan la reducción de la emisión de gases de efecto invernadero y la eficiencia energética, que deberán observarse en las adquisiciones, arrendamientos o servicios con el objeto de optimizar y utilizar de forma sustentable los recursos para disminuir costos financieros y ambientales;
IV. a IX. ...
...
...
...

Artículo 27. Las adquisiciones, arrendamientos y servicios se adjudicarán, por regla general, a través de licitaciones públicas, mediante convocatoria pública, para que libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente, a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad, eficiencia energética, uso responsable del agua, optimización y uso sustentable de los recursos, así como la protección al medio ambiente y demás circunstancias pertinentes, de acuerdo con lo que establece la presente ley.

...

...

...

...

...

...

...

Transitorios

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores. México, DF, a 16 de octubre de 2008.--- Senadores: José González Morfín, vicepresidente (rúbrica); Renán Cleominio Zoreda Novelo, secretario (rúbrica).
Se remite a la honorable Cámara de Diputados para los efectos constitucionales.--- México, DF, a 19 de octubre de 2008.--- Dr. Arturo Garita, Secretario General de Servicios Parlamentarios.»

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Túrnese a la Comisión de la Función Pública.



LEY GENERAL DE SALUD

El Secretario diputado Manuel Portilla Diéguez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.--- Presentes.

Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes expediente que contiene minuta proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 41 Bis y se reforman los artículos 98 y 316 a la Ley General de Salud.

Atentamente
México, DF, a 16 de octubre de 2008.--- Senador José González Morfín (rúbrica), Vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Minuta Proyecto de Decreto

Por el que se adiciona un artículo 41 Bis y se reforman los artículos 98 y 316 a la Ley General de Salud

Artículo Único. Se adiciona un artículo 41 Bis y se reforman los artículos 98 y 316, segundo párrafo, a la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 41 Bis. Los establecimientos para la atención médica del sector público, social o privado del sistema nacional de salud, además de los señalados en los artículos 98 y 316 de la presente ley, y de acuerdo con su grado de complejidad y nivel de resolución, contarán con los siguientes comités:

I. Un comité hospitalario de bioética, que será responsable del análisis, discusión y apoyo en la toma de decisiones respecto de los problemas o dilemas bioéticos que se presenten en la práctica clínica, la atención médica, o en la docencia que se imparte en el área de salud, así como promover la elaboración de lineamientos y guías éticas institucionales para la atención y la docencia médica. Asimismo, promoverá la educación bioética permanentemente de sus miembros y del personal del establecimiento; y

II. En los casos de establecimientos de atención médica que lleven a cabo actividades de investigación en seres humanos, un comité de ética en investigación que será responsable de evaluar y dictaminar los protocolos de investigación en seres humanos, formulando las recomendaciones de carácter ético que correspondan, así como de elaborar lineamientos y guías éticas institucionales para la investigación en salud, debiendo dar seguimiento a sus recomendaciones.

Los comités hospitalarios de bioética y de ética en la investigación se sujetarán a la legislación vigente y a los criterios que establezca la Comisión Nacional de Bioética. Serán interdisciplinarios y deberán estar integrados por personal médico de distintas especialidades y por personas de las profesiones de psicología, enfermería, trabajo social, sociología, antropología, filosofía o derecho que cuenten con capacitación en bioética, siendo imprescindible contar con representantes del núcleo afectado o de personas usuarias de los servicios de salud, hasta el número convenido de sus miembros, guardando equilibrio de género, quienes podrán estar adscritos o no a la unidad de salud o establecimiento.

Artículo 98. En las instituciones de salud, bajo la responsabilidad de los directores o titulares respectivos y de conformidad con las disposiciones aplicables, se constituirán:

I. Una comisión de investigación;
II. En el caso de que se realicen investigaciones en seres humanos, un comité de ética en investigación, que cumpla con lo establecido en el artículo 41 Bis de la presente ley, y
III. Una comisión de bioseguridad, encargada de determinar y normar al interior del establecimiento el uso de radiaciones ionizantes o de técnicas de ingeniería genética, con base en las disposiciones jurídicas aplicables.
El Consejo de Salubridad General emitirá las disposiciones complementarias sobre áreas o modalidades de la investigación en las que considere que es necesario.

Artículo 316. Los establecimientos a que se refiere el artículo anterior contarán con un responsable sanitario, de quien deberán dar aviso ante la Secretaría de Salud.

Los establecimientos en los que se extraigan órganos, tejidos y células deberán contar con un comité interno de disposición de órganos, que será presidido por el director general o su equivalente, así como con un servicio médico hospitalario para la coordinación de la donación. Este comité será responsable de hacer la selección del establecimiento de salud que cuente con un programa de trasplantes adecuado.

A su vez, los establecimientos que realicen actos de trasplante deberán contar con un comité interno de trasplantes, que será presidido por el director general o su equivalente, y será responsable de hacer la selección de disponentes y receptores para trasplante. Los establecimientos en los que se extraigan órganos y tejidos y se realicen trasplantes únicamente deberán contar con un comité interno de trasplantes.

El comité interno de trasplantes deberá coordinarse con el comité hospitalario de bioética a que se refiere el artículo 41 Bis de esta ley en los asuntos de su competencia.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. En un lapso que no excederá de noventa días naturales, la Secretaría de Salud, a través de la Comisión Nacional de Bioética, expedirá las disposiciones necesarias para la integración y funcionamiento de los comités hospitalarios de bioética y las características de los centros hospitalarios que deben tenerlos.

Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores. México, DF, a 16 de octubre de 2008.--- Senador José González Morfín (rúbrica), Vicepresidente; Senador Renán Cleominio Zoreda Novelo (rúbrica), Secretario.
Se remite a la honorable Cámara de Diputados para los efectos constitucionales.--- México, DF, a 19 de octubre de 2008.--- Dr. Arturo Garita, Secretario General de Servicios Parlamentarios.»

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Túrnese a la Comisión de Salud.



PRESTAR SERVICIOS EN REPRESENTACIONES DIPLOMATICAS

El Secretario diputado Manuel Portilla Diéguez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.--- Presentes.

Para los efectos legales correspondientes, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto de decreto por el que se concede permiso a los ciudadanos Gilberto Antonio de la Fuente Morales, Mariana Zayas Chávez y Juan Carlos Barua Olivo, para prestar servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América en México, en el Consulado de los Estados Unidos de América en Tijuana, Baja California y en el Consulado de los Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua, respectivamente.

Atentamente
México, DF, a 16 de octubre de 2008.--- Senador José González Morfín (rúbrica), Vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Minuta Proyecto de Decreto

Artículo Primero. Se concede permiso al ciudadano Gilberto Antonio de la Fuente Morales, para prestar servicios como empleado de visas, en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.

Artículo Segundo. Se concede permiso a la ciudadana Mariana Zayas Chávez, para prestar servicios como asistente administrativo (administrative assistant) en el Consulado de los Estados Unidos de América en Tijuana, Baja California.

Artículo Tercero. Se concede permiso al ciudadano Juan Carlos Barua Olivo, para prestar servicios como investigador consular, en el Consulado de los Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores. México, DF, a 16 de octubre de 2008.--- Senador José González Morfín (rúbrica), Vicepresidente; senador Renán Cleominio Zoreda Novelo (rúbrica), Secretario.
Se remite a la honorable Cámara de Diputados para los efectos constitucionales.--- México, DF, a 16 de octubre de 2008.--- Dr. Arturo Garita, Secretario General de Servicios Parlamentarios.»

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Túrnese a la Comisión de Gobernación.



CONDECORACIONES

La Secretaria diputada Margarita Arenas Guzmán: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.--- Presentes.

Para los efectos legales correspondientes, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto de decreto por el que se concede permiso al capitán de corbeta CG Érick Rigel Márquez Márquez, para que pueda aceptar y portar la placa ``Premio Director de la Escuela de Oficiales de la Armada'', que le confiere la Armada de la República de Argentina.

Atentamente
México, DF, a 16 de octubre de 2008.--- Senador José González Morfín (rúbrica), Vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Minuta Proyecto de Decreto

Artículo Único. Se concede permiso al capitán de corbeta CG Érick Rigel Márquez Márquez, para que pueda aceptar y portar la placa Premio Director de la Escuela de Oficiales de la Armada, que le confiere la Armada de la República de Argentina.

Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores. México, DF, a 16 de octubre de 2008.--- Senador José González Morfín (rúbrica), Vicepresidente; senador Renán Cleominio Zoreda Novelo (rúbrica), Secretario.
Se remite a la honorable Cámara de Diputados para los efectos constitucionales.--- México, DF, a 16 de octubre de 2008.--- Dr. Arturo Garita, Secretario General de Servicios Parlamentarios.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.--- Presentes.

Se concede permiso al vicealmirante CG DEM Manuel Paulin Fritsche, para que pueda aceptar y usar la medalla ``Mérito Tamandare'', que le otorga la Marina del gobierno de la República de Brasil.

Atentamente
México, DF, a 16 de octubre de 2008.--- Senador José González Morfín (rúbrica), Vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Minuta Proyecto de Decreto

Artículo Único. Se concede permiso al vicealmirante CG DEM Manuel Paulin Fritsche, para que pueda aceptar y usar la medalla Mérito Tamandare, que le otorga la Marina del gobierno de la República de Brasil.

Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores. México, DF, a 16 de octubre de 2008.--- Senador José González Morfín (rúbrica), Vicepresidente; senador Renán Cleominio Zoreda Novelo (rúbrica), Secretario.
Se remite a la honorable Cámara de Diputados para los efectos constitucionales.--- México, DF, a 16 de octubre de 2008.--- Dr. Arturo Garita, Secretario General de Servicios Parlamentarios.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.--- Presentes.

Para los efectos legales correspondientes, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto de decreto por el que se concede permiso al general de brigada diplomado de Estado Mayor Presidencial Roberto de la Vega Díaz, para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden al Mérito del Ejército, en su única clase, que le otorga el Ejército de la República Bolivariana de Venezuela.

Atentamente
México, DF, a 16 de octubre de 2008.--- Senador José González Morfín (rúbrica), Vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Minuta Proyecto de Decreto

Único. Se concede permiso al general de brigada diplomado de Estado Mayor Presidencial Roberto de la Vega Díaz, para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden al Mérito del Ejército, en su única clase, que le otorga el Ejército de la República Bolivariana de Venezuela.

Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores. México, DF, a 16 de octubre de 2008.--- Senador José González Morfín (rúbrica), Vicepresidente; senador Renán Cleominio Zoreda Novelo (rúbrica), Secretario.
Se remite a la honorable Cámara de Diputados para los efectos constitucionales.--- México, DF, a 16 de octubre de 2008.--- Dr. Arturo Garita, Secretario General de Servicios Parlamentarios.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.--- Presentes.

Para los efectos legales correspondientes, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto de decreto por el que se concede permiso al general brigadier diplomado de Estado Mayor Arturo Sánchez García, para que pueda aceptar y usar la medalla Cheonsu, Orden al Mérito a la Seguridad Nacional, que le otorga el gobierno de la República de Corea.

Atentamente
México, DF, a 16 de octubre de 2008.--- Senador José González Morfín (rúbrica), Vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Minuta Proyecto de Decreto

Artículo Único. Se concede permiso al general brigadier diplomado de Estado Mayor Arturo Sánchez García, para que pueda aceptar y usar la medalla Cheonsu, Orden al Mérito a la Seguridad Nacional, que le otorga el gobierno de la República de Corea.

Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores. México, DF, a 16 de octubre de 2008.--- Senador José González Morfín (rúbrica), Vicepresidente; senador Renán Cleominio Zoreda Novelo (rúbrica), Secretario.
Se remite a la honorable Cámara de Diputados para los efectos constitucionales.--- México, DF, a 16 de octubre de 2008.--- Dr. Arturo Garita, Secretario General de Servicios Parlamentarios.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.--- Presentes.

Para los efectos legales correspondientes, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto de decreto por el que se concede permiso capitán de navío CG DEM Sergio Morales González para que pueda aceptar y usar la condecoración medalla Samil, de la Orden al Mérito de la Seguridad Nacional, que le otorga el gobierno de la República de Corea.

Atentamente
México, DF, a 16 de octubre de 2008.--- Senador José González Morfín (rúbrica), Vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Minuta Proyecto de Decreto

Artículo Único. Se concede permiso al capitán de navío CG DEM Sergio Morales González para que pueda aceptar y usar la condecoración medalla Samil, de la Orden al Mérito de la Seguridad Nacional, que le otorga el gobierno de la República de Corea.

Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores. México, DF, a 16 de octubre de 2008.--- Senador José González Morfín (rúbrica), Vicepresidente; senador Renán Cleominio Zoreda Novelo (rúbrica), Secretario.
Se remite a la honorable Cámara de Diputados para los efectos constitucionales.--- México, DF, a 16 de octubre de 2008.--- Dr. Arturo Garita, Secretario General de Servicios Parlamentarios.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.--- Presentes.

Para los efectos legales correspondientes, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto de decreto por el que se concede permiso a los ciudadanos Kawabe Tamori Shigenori y Josefina Amelia Kayo Matsubara Oda para que puedan aceptar y usar las condecoraciones de la Orden del Sol Naciente con Rayos de Oro y Plata y de la Orden del Sol Naciente con Rayos Dorados y Roseta, respectivamente, que les otorga el gobierno de la República de Japón.

Atentamente
México, DF, a 16 de octubre de 2008.--- Senador José González Morfín (rúbrica), Vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Minuta Proyecto de Decreto

Artículo Primero. Se concede permiso al ciudadano Kawabe Tamori Shigenori, para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden del Sol Naciente con Rayos de Oro y Plata, que le otorga el gobierno de la República de Japón.

Artículo Segundo. Se concede permiso a la ciudadana Josefina Amelia Kayo Matsubara Oda, para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden del Sol Naciente con Rayos Dorados y Roseta, que le otorga el gobierno de la República de Japón.

Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores. México, DF, a 16 de octubre de 2008.--- Senador José González Morfín (rúbrica), Vicepresidente; senador Renán Cleominio Zoreda Novelo (rúbrica), Secretario.
Se remite a la honorable Cámara de Diputados para los efectos constitucionales.--- México, DF, a 16 de octubre de 2008.--- Dr. Arturo Garita, Secretario General de Servicios Parlamentarios.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.--- Presentes.

Para los efectos legales correspondientes, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto de decreto por el que se concede permiso al teniente coronel de infantería DEM Filiberto Oropeza Fabián, para que pueda aceptar y usar la medalla de la Defensa Nacional, en grado de Échelon Argent (categoría plata), que le otorga el ministerio de la defensa del gobierno de la República de Francia.

Atentamente
México, DF, a 16 de octubre de 2008.--- Senador José González Morfín (rúbrica), Vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Minuta Proyecto de Decreto

Artículo Único . Se concede permiso al teniente coronel de infantería DEM Filiberto Oropeza Fabián, para que pueda aceptar y usar la medalla de la Defensa Nacional, en grado de Échelon Argent (categoría plata), que le otorga el ministerio de la defensa del gobierno de la República de Francia.

Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores. México, DF, a 16 de octubre de 2008.--- Senador José González Morfín (rúbrica), Vicepresidente; senador Renán Cleominio Zoreda Novelo (rúbrica), Secretario.
Se remite a la honorable Cámara de Diputados para los efectos constitucionales.--- México, DF, a 16 de octubre de 2008.--- Dr. Arturo Garita, Secretario General de Servicios Parlamentarios.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.--- Presentes.

Para los efectos legales correspondientes, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto de decreto por el que se concede permiso al capitán de navío CG DEM Luis Mario Ramón Bravo Román para que pueda aceptar y usar la Medalla de la Defensa Nacional, en grado de Échelon Or (categoría oro), que le otorga el Ministerio de la Defensa del gobierno de la República de Francia.

Atentamente
México, DF, a 16 de octubre de 2008.--- Senador José González Morfín (rúbrica), Vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Minuta Proyecto de Decreto

Artículo Único. Se concede permiso al capitán de navío CG DEM Luis Mario Ramón Bravo Román para que pueda aceptar y usar la Medalla de la Defensa Nacional, en grado de Échelon Or (categoría oro), que le otorga el Ministerio de la Defensa del gobierno de la República de Francia.

Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores. México, DF, a 16 de octubre de 2008.--- Senador José González Morfín (rúbrica), Vicepresidente; senador Renán Cleominio Zoreda Novelo (rúbrica), Secretario.
Se remite a la honorable Cámara de Diputados para los efectos constitucionales.--- México, DF, a 16 de octubre de 2008.--- Dr. Arturo Garita, Secretario General de Servicios Parlamentarios.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.--- Presentes.

Para los efectos legales correspondientes, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto de decreto por el que se concede permiso al coronel de caballería DEM Homero Mendoza Ruiz para que pueda aceptar y usar la Medalla de la Defensa Nacional, en grado de Échelon Or (categoría oro), que le otorga el Ministerio de la Defensa del gobierno de la República de Francia.

Atentamente
México, DF, a 16 de octubre de 2008.--- Senador José González Morfín (rúbrica), Vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Minuta Proyecto de Decreto

Artículo Único. Se concede permiso al coronel de caballería DEM Homero Mendoza Ruiz para que pueda aceptar y usar la Medalla de la Defensa Nacional, en grado de Échelon Or (categoría oro), que le otorga el Ministerio de la Defensa del gobierno de la República de Francia.

Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores. México, DF, a 16 de octubre de 2008.--- Senador José González Morfín (rúbrica), Vicepresidente; senador Renán Cleominio Zoreda Novelo (rúbrica), Secretario.
Se remite a la honorable Cámara de Diputados para los efectos constitucionales.--- México, DF, a 16 de octubre de 2008.--- Dr. Arturo Garita, Secretario General de Servicios Parlamentarios.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.--- Presentes.

Para los efectos legales correspondientes, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto de decreto por el que se concede permiso vicealmirante CG DEM Guillermo Colina Torres, para que pueda aceptar y usar la medalla de la Defensa Nacional, en grado de Échelon Or, que le otorga el ministerio de la defensa del gobierno de la República de Francia.

Atentamente
México, DF, a 16 de octubre de 2008.--- Senador José González Morfín (rúbrica), Vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Minuta Proyecto de Decreto

Artículo Único . Se concede permiso al vicealmirante CG DEM Guillermo Colina Torres, para que pueda aceptar y usar la medalla de la Defensa Nacional, en grado de Échelon Or, que le otorga el ministerio de la defensa del gobierno de la República de Francia.

Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores. México, DF, a 16 de octubre de 2008.--- Senador José González Morfín (rúbrica), Vicepresidente; senador Renán Cleominio Zoreda Novelo (rúbrica), Secretario.
Se remite a la honorable Cámara de Diputados para los efectos constitucionales.--- México, DF, a 16 de octubre de 2008.--- Dr. Arturo Garita, Secretario General de Servicios Parlamentarios.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.--- Presentes.

Para los efectos legales correspondientes, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano Lorenzo H. Zambrano Treviño, para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden de Isabel la Católica, en grado de Encomienda, que le otorga el gobierno del Reino de España.

Atentamente
México, DF, a 16 de octubre de 2008.--- Senador José González Morfín (rúbrica), Vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Minuta Proyecto de Decreto

Único. Se concede permiso al ciudadano Lorenzo H. Zambrano Treviño, para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden de Isabel la Católica, en grado de Encomienda, que le otorga el gobierno del Reino de España.

Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores. México, DF, a 16 de octubre de 2008.--- Senador José González Morfín (rúbrica), Vicepresidente; senador Renán Cleominio Zoreda Novelo (rúbrica), Secretario.
Se remite a la honorable Cámara de Diputados para los efectos constitucionales.--- México, DF, a 16 de octubre de 2008.--- Dr. Arturo Garita, Secretario General de Servicios Parlamentarios.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.--- Presentes.

Para los efectos legales correspondientes, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano Francisco Javier Garciadiego Dantán para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden de Isabel la Católica, en grado de Gran Cruz, que le otorga el gobierno del Reino de España.

Atentamente
México, DF, a 16 de octubre de 2008.--- Senador José González Morfín (rúbrica), Vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Minuta Proyecto de Decreto

Artículo Único. Se concede permiso al ciudadano Francisco Javier Garciadiego Dantán para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden de Isabel la Católica, en grado de Gran Cruz, que le otorga el gobierno del Reino de España.

Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores. México, DF, a 16 de octubre de 2008.--- Senador José González Morfín (rúbrica), Vicepresidente; senador Renán Cleominio Zoreda Novelo (rúbrica), Secretario.
Se remite a la honorable Cámara de Diputados para los efectos constitucionales.--- México, DF, a 16 de octubre de 2008.--- Dr. Arturo Garita, Secretario General de Servicios Parlamentarios.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.--- Presentes.

Para los efectos legales correspondientes, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano Isaac José Woldenberg Karakowsky para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden de Isabel la Católica, en grado de Gran Cruz, que le otorga el gobierno del Reino de España.

Atentamente
México, DF, a 16 de octubre de 2008.--- Senador José González Morfín (rúbrica), Vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Minuta Proyecto de Decreto

Artículo Único. Se concede permiso al ciudadano Isaac José Woldenberg Karakowsky, para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden de Isabel la Católica, en grado de Gran Cruz, que le otorga e1 gobierno de1 Reino de España.

Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores. México, DF, a 16 de octubre de 2008.--- Senador José González Morfín (rúbrica), Vicepresidente; senador Renán Cleominio Zoreda Novelo (rúbrica), Secretario.
Se remite a la honorable Cámara de Diputados para los efectos constitucionales.--- México, DF, a 16 de octubre de 2008.--- Dr. Arturo Garita, Secretario General de Servicios Parlamentarios.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.--- Presentes.

Para los efectos legales correspondientes, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano José Mario Molina Pasquel y Henríquez para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden de Isabel la Católica, en grado de Gran Cruz, que le otorga el gobierno del Reino de España.

Atentamente
México, DF, a 16 de octubre de 2008.--- Senador José González Morfín (rúbrica), Vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Minuta Proyecto de Decreto

Artículo Único. Se concede permiso al ciudadano José Mario Molina Pasquel y Henríquez para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden de Isabel la Católica, en grado de Gran Cruz, que le otorga el gobierno del Reino de España.

Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores. México, DF, a 16 de octubre de 2008.--- Senador José González Morfín (rúbrica), Vicepresidente; senador Renán Cleominio Zoreda Novelo (rúbrica), Secretario.
Se remite a la honorable Cámara de Diputados para los efectos constitucionales.--- México, DF, a 16 de octubre de 2008.--- Dr. Arturo Garita, Secretario General de Servicios Parlamentarios.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.--- Presentes.

Para los efectos legales correspondientes, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano Enrique Krauze Kleinbort, para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden de Isabel la Católica, en grado de Gran Cruz, que le otorga el gobierno del Reino de España.

Atentamente
México, DF, a 16 de octubre de 2008.--- Senador José González Morfín (rúbrica), Vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Minuta Proyecto de Decreto

Único. Se concede permiso al ciudadano Enrique Krauze Kleinbort, para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden de Isabel la Católica, en grado de Gran Cruz, que le otorga el gobierno del Reino de España.

Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores. México, DF, a 16 de octubre de 2008.--- Senador José González Morfín (rúbrica), Vicepresidente; senador Renán Cleominio Zoreda Novelo (rúbrica), Secretario.
Se remite a la honorable Cámara de Diputados para los efectos constitucionales.--- México, DF, a 16 de octubre de 2008.--- Dr. Arturo Garita, Secretario General de Servicios Parlamentarios.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.--- Presentes.

Para los efectos legales correspondientes, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto de decreto por el que se concede permiso Ignacio Bonilla Arroyo, para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Encomienda de la Orden del Mérito Civil, que le otorga el gobierno del Reino de España.

Atentamente
México, DF, a 16 de octubre de 2008.--- Senador José González Morfín (rúbrica), Vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Minuta Proyecto de Decreto

Articulo Único. Se concede permiso al ciudadano Ignacio Bonilla Arroyo, para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Encomienda de la Orden del Mérito Civil, que le otorga el gobierno del Reino de España.

Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores. México, DF, a 16 de octubre de 2008.--- Senador José González Morfín (rúbrica), Vicepresidente; senador Renán Cleominio Zoreda Novelo (rúbrica), Secretario.
Se remite a la honorable Cámara de Diputados para los efectos constitucionales.--- México, DF, a 16 de octubre de 2008.--- Dr. Arturo Garita, Secretario General de Servicios Parlamentarios.»

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Túrnense a la Comisión de Gobernación.



VOTO FEMENINO EN MEXICO

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: El siguiente punto del orden del día es el posicionamiento relativo a la conmemoración del voto femenino en México.

Se han registrado, para referirse a este tema, las siguientes diputadas:

Mónica Arriola, por Nueva Alianza; María Mercedes Maciel Ortiz , por el Partido del Trabajo; Beatriz Manrique Guevara , por el Partido Verde; María del Carmen Salvatori Bronca , por Convergencia; Lourdes Quiñones Canales , por el Revolucionario Institucional; Maricela Contreras Julián , por el Partido de la Revolución Democrática; María Soledad Limas Frescas , por el Partido Acción Nacional.

Por lo tanto, tiene el uso de la palabra la ciudadana diputada doña Mónica Arriola para referirse al tema.

La diputada Mónica Arriola: Con el permiso de la Presidencia.

Para Nueva Alianza, recordar el aniversario del sufragio de la mujer es un motivo para fortalecer la memoria colectiva sobre la lucha de la mujer por la equidad, además de constituir una oportunidad para el debate y el análisis del camino que nos falta por recorrer.

Nuestras largas jornadas de lucha y los esfuerzos de miles de mujeres en la búsqueda del reconocimiento expreso y específico de nuestros derechos han dado como resultado que nuestra condición jurídica haya logrado cambios fundamentales. Sin embargo, la equidad, la legítima, fundamental, esencial igualdad de género no ha sido todavía conquistada en nuestro país.

Por ello, más que una celebración este día debe ser un recordatorio y un espacio de reflexión sobre las demandas de los derechos pendientes y sobre la urgencia de legislar, pero sobre todo de consolidar los mecanismos que hagan efectivo el cumplimiento de las leyes.

Hoy el logro más visible de las mujeres es el de mantener en la agenda pública, en los medios y en el debate, una reflexión permanente sobre la situación de la mujer en todos los espacios: en la vida pública, en la familia y en el ámbito laboral. Pero sobre todo tenemos que destacar la cruzada que se ha emprendido para erradicar cualquier tipo de violencia sobre la mujer, pues éste continúa siendo uno de los más graves problemas de nuestra sociedad.

Ser mujer en el mundo de hoy no es tarea fácil. Constituye un gran desafío de una larga lucha por el pleno reconocimiento y respeto de nuestro derecho a decidir, a ser independientes, y a ser protagonista de los cambios y transformaciones de México.

México es otro a partir de 1953, año en que se reconoció oficialmente el derecho de las mujeres a elegir a sus gobernantes, a ser electas. Ése reconocimiento no fue un obsequio ni una concesión, sino el resultado de movimientos universales y locales a favor de la igualdad.

En ese año se incorporaba en nuestro vocabulario cotidiano el reconocimiento de la mujer como ciudadana. La mujer estaba a partir de ese año en el lenguaje de la política.

Para comprender la importancia de este cambio en nuestro lenguaje, quiero referirme a Octavio Paz, quien en su ensayo Nuestra lengua señala que, entre otras muchas verdades hermosamente referidas acerca del poder de la palabra, la lengua es un signo, el signo mayor de nuestra condición humana. La lengua es nuestra morada.

Entonces, si las palabras ignoran a las humanas, si no las mencionan, si por omisión las desvalorizan, resultaría que la mitad de la humanidad se vería expatriada de esa morada suprema que nos permite pensar en el mundo, porque el mundo se piensa en palabras. De esa importancia fue el reconocimiento de nuestra ciudadanía.

Para Nueva Alianza, el derecho al voto, además de su valor intrínseco, tiene una importante carga simbólica porque constata ahí su realidad la ciudadanía de las mujeres. Tenemos que reconocer que hoy los derechos humanos, civiles, políticos y económicos de las mujeres están contenidos en diversas declaraciones, leyes y tratados.

Sin embargo, la realidad revela que prevalecen las condiciones que llevan a las mujeres a ser sujetas de la violencia, la marginación, exclusión y discriminación sólo por el hecho de ser mujeres. No podemos estar satisfechas. La voluntad y la dedicación de muchas mujeres y de muchos hombres, también debe ser retomada día a día. Aquí, en la Cámara de Diputados, en la representación de la mujer, nos falta mucho por avanzar. Lo deseable es que la representación se encontrara en un porcentaje congruente con las leyes, que la mujer tuviera en el Poder Legislativo una presencia más equitativa. En ello deberemos trabajar en el futuro.

A 55 años de un hecho histórico, consideramos que nos queda mucho camino por recorrer para hacer plenamente efectivo nuestro derecho a la equidad. Muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Gracias, diputada Arriola. Felicidades. Se concede el uso de la palabra a la diputada María Mercedes Maciel Ortiz, por el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

La diputada María Mercedes Maciel Ortiz: Con el permiso de la Presidencia.

Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, el pasado viernes 17 de octubre los mexicanos y las mexicanas celebramos el 55 aniversario del derecho al voto de las mujeres.

El 17 de octubre de 1953 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto de reforma al artículo 34 de nuestra norma fundamental para otorgar la ciudadanía a las mujeres y, con ello, reconocer su derecho al sufragio.

En la gestión presidencial de Adolfo Ruiz Cortines se llevó a cabo esta reforma. En ella se reconocieron las aportaciones que las mujeres mexicanas, desde antes de la Independencia, han hecho a nuestra patria.

En la Independencia, Josefa Ortiz de Domínguez y Leona Vicario; en la Reforma, Margarita Maza de Juárez y miles de mujeres pertenecientes al pueblo. En la Revolución, Carmen Serdán, las adelitas y las soldaderas. En aquella época de 1953, maestras, profesionistas y amas de casa luchaban con todo su corazón por el reconocimiento a sus derechos políticos.

En nuestros días las mujeres mexicanas representamos más de 50 por ciento de la población y del padrón electoral. Hoy las mujeres destacan en el deporte, en la ciencia, en la política y, en general, en todas las actividades humanas. Sin embargo, aún existen atavismos que impiden una plena igualdad entre hombres y mujeres: a trabajo igual, no corresponde un salario igual, y esto es plenamente discriminatorio hacia las tareas de las mujeres.

Todavía en 2008 persisten en el país atavismos que hacen considerar a la mujer inferior al hombre. Es más, como ocurrió en Oaxaca, se impide a una mujer tomar posesión de una presidencia municipal, porque esto es contrario a los usos y costumbres de la comunidad.

El Congreso de la Unión ha aprobado leyes que buscan erradicar la violencia hacia la mujer y lograr plena equidad entre los géneros. En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 1o., tercer párrafo, se prohíbe la discriminación, entre otros motivos, por razón de género.

Y no obstante que la propia Constitución establece reglas de carácter democrático en lo electoral, la realidad y las vivencias de cada día hacen que la mujer no ejerza a cabalidad los derechos que tiene.

En lo formal hombres y mujeres cuentan con los mismos derechos, pero en lo material, de manera sistemática, las mujeres somos marginadas, discriminadas y sin reconocimiento efectivo de nuestras aportaciones a la sociedad.

El Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo celebra el otorgamiento del voto a la mujer en lo referente a la capacidad de elegir, pero también consideramos que al seno de la sociedad mexicana se debe dar todo un proceso de reeducación para lograr la plena igualdad entre géneros.

En el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009 se deben aprobar los recursos presupuestales suficientes a los organismos públicos y de apoyo a organismos no gubernamentales que pugnan por lograr la plena igualdad de la sociedad mexicana.

Todos, hombres o mujeres, debemos pugnar por desterrar de la sociedad el escarnio discriminatorio que encierra la frase ``es mujer''.

Enhorabuena, y que sigamos celebrando la incorporación de más mujeres a la vida pública nacional, para que entonces sí cobre sentido el derecho al sufragio en su doble perspectiva de elegir y ser electas. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Gracias, compañera diputada. Tiene el uso de la palabra la diputada Beatriz Manrique Guevara, en nombre del Partido Verde Ecologista de México, para referirse al mismo tema.

La diputada Beatriz Manrique Guevara: Con el permiso de la Presidencia.

Compañeras diputadas y compañeros diputados, hoy conmemoramos el 55 aniversario de un evento de suma importancia para la historia de nuestro país: el voto de la mujer.

Es una conmemoración; la celebración tendríamos que dejarla para más tarde. Este logro, en el fondo significó el principio de un gran camino para recorrer la obtención de la igualdad entre hombres y mujeres en todos los ámbitos del desarrollo humano.

La mujer no sólo ha tenido que enfrentar obstáculos para el ejercicio de sus derechos cívicos, como el sufragio. Realmente todos los días las mujeres lidian con limitaciones y estereotipos que imponen ciertos roles de géneros asignados por la sociedad, que ensombrecen el reconocimiento y la autonomía y generan, en muchos casos, inequidad y discriminación. Por eso, hoy la mejor forma de conmemorar el aniversario del voto femenino es siendo solidarios en la lucha por la equidad, desde el campo hasta las oficinas.

En el sector público y en el sector privado los indicadores nos señalan que a la misma actividad, al mismo desempeño, no equipara la misma remuneración. Que la fuerza laboral ha marcado por cultura los sitios de los escalafones más bajos destinados a las mujeres. Que la participación política la mujer es un buen caballito de batalla, pero el porcentaje de diputadas, de senadoras, de alcaldesas y gobernadoras nos deja en claro que queda mucho por hacer.

El voto de la mujer es claramente cotizado en las campañas electorales, pero se le regatea cuando de ocupar cargos de decisión se trata. Como legisladores y legisladoras, uno de nuestros principales compromisos del quehacer legislativo debe ser velar porque todas las leyes y las políticas públicas fomenten la igualdad de oportunidades. Para ello requerimos tener presente en cada una de nuestras tareas un análisis con perspectiva de género, el cual implica identificar las necesidades y los intereses de hombres y mujeres en función de ideas y no de las percepciones y valoraciones que la sociedad tiene sobre lo femenino y lo masculino.

En el mundo femenino es donde más se quebranta el derecho al voto libre. Sabemos casos como el ya mencionado, de Oaxaca, en el que se les impide a las mujeres llegar a puestos de elección popular sólo por su calidad de género.

Esto demuestra con claridad que la perspectiva de género en el diseño de políticas públicas sigue siendo una necesidad ante la realidad que se nos manifiesta de manera clara y cotidiana.

Así, debemos ocuparnos en ajustar nuestras instituciones de gobierno, nuestras leyes y las acciones del poder público para crear igualdad de oportunidades en los ámbitos político, social y económico.

Por eso el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México exhorta a hombres y mujeres a que trabajemos por garantizar una distribución equitativa y plural del poder que se ejerce en el Estado mexicano, para que el 17 de octubre sea el recuerdo de un reto nacional plenamente superado. Por su atención, gracias.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Gracias, diputada. Tiene el uso de la palabra la diputada María del Carmen Salvatori Bronca, por Convergencia.

La diputada María del Carmen Salvatori Bronca: Gracias, presidente.

El pasado 17 de octubre fue la conmemoración y la celebración del voto de la mujer. Han pasado 55 años y quisiera hacer una reflexión: como un álbum histórico cuando una familia guarda sus fotos; sin fotos no hay historia, la historia de la mujer. En 55 años cuando se le dio el derecho a votar y a ser elegida, realmente qué ha pasado dentro de esos 55 años.

Quisiéramos que las cifras que diéramos hoy fueran diferentes a las que tenemos. Hemos tenido solamente una candidata a presidenta de la república. Nunca México ha tenido una presidenta de la república. Hemos tenido 5 gobernadoras; actualmente de 32 estados solamente tenemos 2 gobernadoras; tenemos 19 por ciento en la Cámara de Senadores como representación de las mujeres, y aquí no alcanzamos más que 23 por ciento de mujeres legisladoras.

Tenemos presidentas municipales, diputadas locales, síndicas y regidoras, pero realmente nos hace falta mucho todavía por avanzar.

En Convergencia hemos luchado muchísimo por la participación política de las mujeres. Como dice el presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Convergencia, el senador Luis Maldonado, sin la presencia de las mujeres en la política no hubiésemos logrado los avances tan importantes que tenemos.

Creo que debemos seguir luchando porque también en la Cámara de Diputados siga creciendo la participación política de las mujeres. De ocho fracciones aquí representadas nada más tres representantes de las coordinaciones de las fracciones parlamentarias son mujeres. Debemos luchar para que haya más representación en la Cámara de Diputados.

Por otra parte, igualmente, de nueve consejeros electorales, solamente una es mujer. Realmente las cifras que tenemos que festejar hoy no son nada para festejar. Tenemos que seguir luchando por la participación política de las mujeres; hacer que la mujer crea y se crea realmente que puede participar en política.

Yo creo que es importante ir educando a nuestras niñas, a nuestras jóvenes, para que piensen de una manera diferente, para que se incorporen a la vida política, para que las mujeres en México tengamos más representación en los puestos de decisiones, en los puestos donde las mujeres pueden dirigir empresas.

Son lamentables las cifras que tenemos en México y sinceramente no hay nada que festejar. Tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir concientizando a las mujeres. No es una guerra de géneros. Necesitamos el apoyo y el respaldo del sector masculino, pero de ir hombro con hombro, de trabajar fuertemente las mujeres y los hombres para que haya más participación en México.

De 55 millones de mujeres que somos en México es increíble que ninguna mujer destaque como empresaria en las 100 empresas más importantes que tenemos en América Latina.

Yo creo que las mujeres tenemos capacidad, nos entregamos, lo hacemos todo con amor y con mucha pasión, pero debemos seguir trabajando. Debemos luchar para que haya más participación en los partidos políticos, en los puestos de toma de decisiones, que haya representación de mujeres importante.

En Convergencia hemos logrado ser la cuarta fuerza a nivel nacional como partido político. Eso se lo debemos únicamente a la participación, a la fuerza, a la simpatía que tenemos de las mujeres en México. Muchas gracias, presidente.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Gracias, diputada. A continuación tiene el uso de la palabra la ciudadana diputada Lourdes Quiñones Canales, por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para referirse al mismo tema. Estamos con lo relativo a la conmemoración del voto femenino en México; el 55 aniversario que se conmemora de ese derecho.

La diputada Lourdes Quiñones Canales: Con su permiso, señor presidente.

Me da muchísimo gusto subir a tribuna antes de que las efemérides también pasen directo a comisiones.

Recuerdo que en mi toma de protesta como presidenta del Organismo Nacional de Mujeres Priistas comentaba con mis compañeras que la afirmación de que todos los seres humanos hemos sido creados iguales no es una verdad científica, sino una afirmación política.

En este sentido, Rousseau decía que debido a que la fuerza de las circunstancias tiende siempre a destruir la igualdad. La fuerza de la legislación debe tender siempre a mantenerla. Por ello la obligación del Estado no es abstenerse. Por el contrario, está llamado a promover la igualdad con medidas concretas, a volverla más real, a corregir las desigualdades naturales y sociales, a emancipar a las víctimas de los desequilibrios sociales.

Es necesario entender que toda persona vive en sociedad y, consecuentemente, no sólo se relaciona con el Estado, sino también con otras personas individuales y con grupos de personas.

La toma de conciencia de esta realidad ha hecho que el problema de la libertad de las mujeres hoy se plantee en los poderes de la sociedad civil, porque no importa tanto que la mujer sea libre respecto del Estado si después no es libre en la sociedad.

Una realidad que todas y todos sabemos es que los obstáculos que enfrentamos las mujeres son diversos: superar políticas de identidad, políticas elitistas locales y el control por parte de grupos de hombres.

Nos enfrentamos también al desafío de romper las restricciones culturales acerca de cómo las mujeres debemos lucir, hablar y actuar y, al mismo tiempo, transformar la cultura en un ambiente genuinamente justo que estime nuestras capacidades.

En este sentido, es claro que para que las mujeres participemos plenamente en los procesos políticos debemos gozar del ejercicio de nuestros derechos fundamentales, incluyendo los civiles y políticos. Es decir, de ese conjunto de libertades democráticas, tales como la expresión, el acceso a los medios de comunicación, la opinión, la asociación y otras que constituyen vehículos necesarios para la participación política. Pero es igualmente importante contar también con la satisfacción de necesidades de subsistencia y sociales básicas, de independencia económica y una vida libre de violencia familiar y comunitaria.

Por eso hoy que atravesamos una grave crisis económica, alimentaria y en materia de seguridad, las mujeres de México tenemos que estar más unidas que nunca, pues de sobra sabemos que es a nosotras a quienes más nos afectan estos problemas.

Porque miren ustedes ---por ejemplo---, una mujer libre, sin acceso a las oportunidades de desarrollo, analfabeta, con cinco hijos y que además sufre violencia de género, es claro que difícilmente podrá hacer efectivos sus derechos políticos y civiles; o bien porque ni siquiera los conoce; o peor aún, porque conociéndolos, no tiene una sola oportunidad de hacerlos valer.

¿De qué sirven entonces los derechos, de qué sirven las leyes, los discursos y los programas? En los últimos tiempos el sentido de la democracia ha sido uno de los puntos medulares de la política mexicana. Hace algunos años el concepto de democracia básicamente tenía que ver con la manera de que el pueblo ejerciera su poder. Es decir, mediante el voto.

Recientemente, además del voto se considera necesario mandatar en la ley la igualdad de oportunidades. Sin embargo, las mujeres sabemos que eso no es suficiente, pues para la verdadera democracia es necesario también asegurar la igualdad de posibilidades.

Es evidente que la conquista del sufragio femenino ha sido un auténtico parteaguas en la historia política del siglo pasado; sin embargo, lo anterior no ha sido suficiente. No ha sido porque en la sociedad permea todavía una cultura de discriminación y violencia; prohíben y sancionan estas conductas, no obstante que ordenan lo contrario.

Sé bien que a muchos, e incluso también a algunas, les caracteriza el hecho de tener una memoria flaca o más bien dicho anoréxica.

Por eso me parece oportuno señalar que el derecho al sufragio efectivo en nuestro país se logró gracias a un largo proceso de las mujeres militantes del PNR, en el que las manifestaciones y legítimas demandas adquirieron fuerza a partir de la segunda década del siglo XX, bajo el ideario de la Revolución Mexicana, que en síntesis proclamó democracia y justicia social.

Y con esta misma proclama, con ese mismo espíritu revolucionario y emancipador, me parece que ahora que atravesamos momentos tan críticos necesitamos reunirnos, solidarizarnos y emprender una serie de acciones a favor de nuestro género y de nuestro país.

Es éste momento oportuno para exigir al Ejecutivo federal que asuma cabalmente su responsabilidad. Es momento de levantar la voz a favor de una política económica distributiva que genere empleos, que atienda a la educación, que otorgue seguridad social. Es momento de denunciar la falta de programas especializados para las mujeres, dirigidas a atender nuestras necesidades reales.

Las mujeres de hoy somos expresión de una memoria colectiva y debemos seguir trabajando para hacer valer nuestros derechos y consolidar la unión entre género y democracia, quedando claro que las mujeres priistas no vamos a resignarnos a no ser vistas y a no ser escuchadas, a que se nos utilice según el momento y la necesidad. No vamos a resignarnos a seguir padeciendo ningún tipo de inclemencia.

En el siglo XXI no debe haber ningún desperdicio de capital humano, de talento y de recursos. Lo anterior, por principio y congruencia, implica reconocer a todas las mujeres que nos han antecedido, pero también a los hombres, a Lázaro Cárdenas, a Carrillo Puerto, a Ruiz Cortines y otros.

En estos momentos estamos convencidas de que nuestros compañeros deben formar parte fundamental y seguir siendo nuestros aliados.

Con esta misma congruencia, respeto y solidaridad, no puedo dejar de reconocer el esfuerzo, trabajo y talento de mujeres que antes y ahora son un orgullo para el país, como Margarita García Flores, Aurora Arrayales, Dulce María Sauri Riancho, Amalia García, Josefina Vázquez Mota, María Lavalle Urbina, Beatriz Paredes Rangel, Ivonne Ortega Pacheco, Griselda Álvarez, Rosario Robles, María de los Ángeles Moreno, Patricia Mercado, Margarita Zavala, Leona Vicario, Carmen Serdán, Elvira Carrillo Puerto, María Esther Zuno, Soledad Orozco Ávila, Silvina Renbao, Elvira Colín, María Arias y otras.

Por eso, que viva el derecho de las mujeres, que viva la democracia y la libertad y que vivan las mujeres de México. Gracias.

Presidencia de la diputada Martha Hilda González Calderón

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Gracias, diputada Lourdes Quiñones Canales. A continuación se le concede el uso de la palabra a la diputada Maricela Contreras Julián, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

La diputada Maricela Contreras Julián: Muchas gracias. Con su permiso, diputada presidenta.

Hablar de los temas de mujeres, de nuestros derechos, de los procesos largos y difíciles para lograr incorporarlos a los diferentes ámbitos del país, es algo que para mi grupo parlamentario ha sido fundamental en su agenda de trabajo.

Hay una gran pluralidad de pensamientos y posiciones políticas. También es importante mencionar que en este largo camino hemos logrado encontrar puntos de coincidencias las mujeres de distintos signos ideológicos.

Pero sin duda alguna han sido las mujeres las que hemos dado la batalla para que el derecho al voto pudiera lograrse.

En mi partido hemos dado una batalla a brazo partido para incorporar en nuestros estatutos el tema de la paridad. Fue una lucha difícil que incluso nos llevó al enfrentamiento con algunos de los compañeros. Este tema no tiene que ver con que haya habido dadivosidad. Ha sido un logro de las mujeres.

Las batallas que hemos librado han sido intensas, desiguales y sin tregua; prueba de ello es que hoy estamos reivindicando un derecho ganado. Pero también es preciso decir que ha sido regateada a las mujeres su participación política; una muestra de ello es la discusión que dimos en el pasado periodo de sesiones para plantear que en las reformas electorales se incorporara la paridad de género.

La Cámara de Diputados no nos permitió a las mujeres ni siquiera incorporar el 50-50, pero logramos el 40-60. Y eso también hay que decirlo, es un paso, pero es un paso insuficiente. La responsabilidad la tenemos en esta Cámara, los partidos políticos.

La visibilidad de las mujeres en la participación política, en los espacios de representación, en los espacios de toma de decisiones, desde el ámbito ejecutivo, judicial y legislativo, así como en los partidos políticos, en los medios de comunicación, en las instituciones públicas y privadas, ha sido parte de ese largo camino que las mujeres hemos andado por estar presentes, porque no se nos invisibilice y por estar en la vida institucional, buscando el pleno goce de nuestros derechos ciudadanos.

Pero si a 55 años del voto estos derechos ciudadanos entre las propias mujeres son desiguales es porque no es lo mismo para quienes estamos en las zonas urbanas participar en los partidos políticos que para quienes están participando en las zonas indígenas, en las zonas comunales, en los distritos, en los municipios. Hoy la participación de las mujeres en los municipios es apenas de 4.5 por ciento de los más de 2 mil 400 municipios que tiene nuestro país.

Tener una ciudadanía plena requiere el acceso a nuestros derechos. Hoy todavía las mujeres, a pesar de toda esa lucha, de toda esa batalla que hemos dado, de toda esa concertación entre las mujeres de diferentes ideologías y que participan en diferentes ámbitos, nos llevan a plantear que tenemos que seguir redoblando nuestro trabajo, nuestro análisis y nuestra condición.

Pero también es necesario decir que el tema de la participación política de las mujeres no es asunto exclusivo de las mujeres; es un asunto también de los hombres, porque está demostrado que cuando las mujeres participamos, cuando en el país se nos ha considerado y cuando hemos logrado tener estos avances en las leyes y en las políticas públicas, los países también mejoran.

Es preciso decir que si las mujeres no estamos, la democracia no va. Y a esta democracia en nuestro país todavía le falta mucho por recorrer. La responsabilidad es del Congreso, es del Ejecutivo, es del Poder Judicial. Es que en los hechos, en la vida cotidiana, los derechos políticos de las mujeres estén en pleno ejercicio; que sean promovidos y que no sean regateados a las mujeres que participamos en el desarrollo de nuestro país.

Por eso a nuestra fracción parlamentaria del PRD le pareció sumamente importante que hoy, a 55 años del ejercicio del voto de las mujeres, pudiéramos subir a posicionar y que reconociéramos esa lucha que por lo menos tiene 150 años en nuestro país, desde que las mujeres, en las diferentes luchas históricas, defendieron y plantearon y pusieron sobre la mesa la necesidad de considerar a las mujeres como ciudadanas. Es cuanto, diputada presidenta.

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Muchas gracias, diputada.

Antes de pasar a nuestra siguiente oradora, quisiéramos destacar la presencia del embajador emérito de México, el embajador Sergio González Gálvez, que hoy nos distingue con su presencia. Bienvenido sea a esta sesión, señor embajador.

Igualmente saludamos a alumnos y maestros de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, invitados por nuestra compañera diputada Laura Angélica Rojas Hernández . Bienvenidos sean ustedes de igual manera.

Continuando con nuestra lista de oradoras, se concede el uso de la palabra a la diputada María Soledad Limas Frescas , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

La diputada María Soledad Limas Frescas: Con su permiso, diputada presidenta.

Compañeras diputadas y compañeros diputados, el Partido Acción Nacional, en materia de igualdad de derechos entre hombres y mujeres ha buscado siempre conseguir avances que permitan la promoción y el respeto de los derechos humanos de las mujeres, la inclusión de la perspectiva de igualdad del ser humano, la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y la promoción de la no discriminación y de un desarrollo justo y equitativo de toda la sociedad.

Ésa es la óptica con la que se desea continuar avanzando, con la finalidad de conseguir que la mujer y el hombre se reconozcan mutuamente en su propio valor.

Las mujeres y los hombres deben desarrollarse plena, libre y responsablemente, sobre todo porque aún persisten conductas discriminatorias hacia la mujer en la familia, en el trabajo, en la política y en otras esferas, tanto públicas como privadas.

Para Acción Nacional el sistema de vida y de gobierno basado en la igualdad esencial de la naturaleza humana con el respeto a su dignidad, a su libertad y en la que los pueblos participan activamente de manera colectiva es el que debe prevalecer.

Por eso decimos que la igualdad de la mujer y el hombre les es inherente por su propia naturaleza. Y que la igualdad política es la que se cierne en el conjunto de actividades que tienen por objeto la conquista del poder y la conservación del mismo, pero no para que exista uno por encima de los derechos del otro, sino para el servicio de todos, a fin de conseguir el bienestar colectivo en la comunidad, en donde se conciba que el derecho de unos termina donde comienza el derecho de los otros.

La mujer del PAN sabe que su participación política es llevar una actitud comprometida con los demás, la que le permite erigirse a sí misma en la realización de sus ideales, los cuales tienen un conjunto de valores que asume para normarse y dirigirse con una acción contundente que desemboque en el bien común de todos cuantos la rodean. Valores que deben realizarse en lo personal, en lo social y en lo político de manera individual y colectiva, pero sobre todo con ética.

El Partido Acción Nacional está integrado por ciudadanas y ciudadanos que saben el deber que tienen de intervenir con la ética y los valores sociales en todos los aspectos de la vida pública de nuestro país para lograr y conseguir el reconocimiento eminente de la dignidad de la persona humana, que es la que envuelve a mujeres y hombres sin distinción alguna.

Fue en 1953 cuando el Congreso aprobó la reforma a los artículos 34 y 115, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reconociendo la plenitud de los derechos ciudadanos de la mujer el 17 de octubre de ese año.

En Acción Nacional desde siempre reconocimos el papel trascendente de la mujer en la política mexicana, porque desde la fundación del partido se contó con la participación activa de mujeres que posteriormente conformaron la sección femenina del PAN, movimiento que cada vez tomó mayor fuerza en la influencia de los movimientos realizados por ellas.

Se consiguió paulatinamente incrementar el número de mujeres en las dirigencias nacionales, estatales y municipales, que es donde se impulsaron las primeras candidatas de puestos de elección, conquistando candidaturas a gubernaturas y diputaciones.

El PAN apoyó la candidatura de Elisa Cosío, en Michoacán, y fue el primero en postular a una mujer como candidata a un gobierno estatal; ella fue Rosario Alcalá, en Aguascalientes. Y tuvo la primera mujer como diputada federal, en 1964, Florentina Villalobos, de Parral, Chihuahua.

Los ordenamientos constitucionales han contribuido a eliminar algunos obstáculos que impedían disponer de su libertad de decisión a la mujer; sin embargo, todavía sufren de discriminación, intolerancia y violencia, por lo que hemos aplicado mecanismos que favorecen la inclusión al mayor número de mujeres como candidatas participantes a elecciones de todos los ámbitos, consiguiendo que sea nuestro partido quien mayor número de mujeres haya logrado integrar en las dos últimas legislaturas, en la LIX y en la LX, respectivamente.

Con ello se le permite no sólo participar en la política y en la toma de decisiones públicas, sino también demuestran su capacidad y eficiencia en el desempeño de sus cargos.

Proponemos continuar apoyando el desarrollo y el avance de la mujer mexicana en igualdad de condiciones y oportunidades de cualquier clase que se presente, tanto en lo público como en lo privado, al lado del hombre que sea sensible y capaz de comprender que somos complemento tanto en la vida familiar como en lo político, con iguales derechos e iguales obligaciones.

Acción Nacional desde la plataforma política habla de oportunidades para las mujeres y su no discriminación, deseando consolidar la inclusión con un enfoque de igualdad en todas las esferas de gobierno, en la federal, estatal y municipal, para facilitar el acceso de las mujeres, sobre todo de aquellas en situación más vulnerable, al mercado laboral remunerado, a la salud, al empleo, a la educación, a los programas sociales y de combate a la pobreza. Es preciso continuar fortaleciendo a los institutos y organismos de apoyo a la mujer, conciliar la vida laboral y la vida familiar, sobre todo de las que están solas.

Ése es el enfoque con el que visualizamos las políticas públicas, porque sin derechos de la mujer no hay derechos humanos. Por su atención, muchas gracias.

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Muchas gracias, diputada.

Queremos agradecer la presencia de alumnos y maestros de la escuela primaria Gustavo Baz, del Estado de México, que hoy nos distinguen con su presencia, invitados por nuestra compañera diputada Claudia Sánchez Juárez . Bienvenidos sean ustedes.



REGISTRO DE ASISTENCIA

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Se pide a la Secretaría que instruya el cierre del sistema electrónico de asistencia y dé cuenta del registro de diputadas y diputados.

La Secretaria diputada Margarita Arenas Guzmán: ¿Falta algún diputado o alguna diputada de registrar su asistencia?

Ciérrese el sistema electrónico.

Se informa a la Presidencia que hasta el momento hay una asistencia de 444 diputadas y diputados.

Quienes no han registrado su asistencia disponen de 15 minutos para realizarlo por cédula.

Es cuanto, Presidenta.

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Muchas gracias, secretaria.

Queremos también informar a las personas que están siguiendo esta sesión tanto en vivo aquí, directamente, en el salón de plenos, como vía televisiva, a través del Canal del Congreso, que en este momento se está llevando a cabo una reunión de órgano de gobierno, 3 reuniones de grupos parlamentarios, 7 reuniones de unidades administrativas, 11 reuniones de diputados programadas, 32 reuniones de comisiones y una reunión por parte del Centro de Estudio.

Continuando con el orden del día, pasamos a la parte correspondiente a iniciativas.



LEY DE FISCALIZACION SUPERIOR DE LA FEDERACION

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: La Presidencia recibió del diputado Antonio Valladolid Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación.

La Secretaria diputada Margarita Arenas Guzmán: «Iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, a cargo del diputado Antonio Valladolid Rodríguez , del Grupo Parlamentario del PAN

Los suscritos, diputados federales integrantes de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, someten a consideración de éste Congreso de la Unión, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, a fin de regular los casos en que el auditor superior de la federación y otros funcionarios públicos de la Auditoría Superior de la Federación deberán excusarse del conocimiento de algunos asuntos en su labor de fiscalización, misma que se fundamenta y motiva bajo la siguiente:

Exposición de Motivos

La Auditoria Superior de la Federación (ASF), es el órgano técnico de la Cámara de Diputados para la revisión y fiscalización de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, es, por mandato constitucional, parte fundamental del sistema nacional de rendición de cuentas.

Al referirnos a la fiscalización superior, prevalecen segmentos específicos de la gestión gubernamental, estratégicos por su relevancia, en donde se requiere combatir diversos grados de opacidad y riesgo, y deben convertirse en oportunidades de mejora de la gestión pública, sensibles por su falta de eficiencia, transparencia, cumplimiento normativo y adecuada rendición de cuentas, en los cuales deberá converger una decidida y firme acción de las instancias ejecutoras responsables, así como un esfuerzo adicional de fiscalización.

Asimismo, consideramos que las atribuciones de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial hacen posible la gobernabilidad democrática, a través del principio de igualdad entre pares y de la obligación, de cada uno de ellos, de sujetarse a los procesos de transparencia y de rendición de cuentas a la sociedad, detentadora del poder supremo.

Montesquieu señalaba que para evitar los abusos de un poder absoluto era preciso establecer un ``sistema de pesos y contrapesos'' que permitiera un equilibrio de facultades entre los poderes públicos y un adecuado control de sus acciones.

En ese contexto, la evolución de los mecanismos de control gubernamental ha sido parte central de nuestra historia, Estos son resultado de la responsabilidad de los ciudadanos de contribuir a los gastos del Estado y de su pleno derecho a vigilar el buen uso del patrimonio común.

Los componentes principales de los sistemas nacionales de control, han estado sustentados en el ejercicio de dos funciones fundamentales: el control interno y el control externo. 1

El control interno se realiza de manera independiente, por áreas que forman parte de las propias estructuras orgánicas, mientras que el control externo se lleva a cabo por instituciones totalmente independientes de las entidades fiscalizadas.

El control interno aparece en México en 1824, con la primera constitución, emergen las raíces del control interno al crearse el Departamento de Cuenta y Razón, y asignarse a la Tesorería atribuciones de normatividad en materia de presupuesto.

Durante el siglo XIX y hasta 1917, con diversas variantes, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público concentró las funciones de recaudación, distribución de recursos y del control interno de carácter preventivo.

En diciembre de 1917, se creó el Departamento de Contraloría General de la Nación, cuyo objetivo fue realizar una inspección eficaz sobre los fondos y bienes de la nación, y contribuir a la regularización de los servicios gubernamentales y a la organización de la contabilidad general de la hacienda pública.

A partir de entonces, las atribuciones de control interno sufren diversas reformas para, sucesivamente, asignarse a diversas dependencias del Poder Ejecutivo: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Secretaría de Bienes Nacionales e Inspección Administrativa, Secretaría de la Presidencia y Secretaría de Programación y Presupuesto. 2

La crisis económica de 1982 obligó a un replanteamiento del esquema de control del gobierno mexicano. La creación de la Secretaría de Contraloría General de la Federación, hoy Secretaría de la Función Pública, fue la respuesta a la necesidad de fortalecer el sistema de control interno de la administración pública federal.

En cuanto al control externo, el esquema previsto reservó al Congreso de la Unión la facultad exclusiva de la revisión del gasto público y la sanción final a la aplicación de los recursos federales. Esta función, realizada por el Poder Legislativo a través de la Auditoría Superior de la Federación, es la que hoy conocemos como fiscalización superior.

Las actividades de la fiscalización superior se encuentran firmemente vinculadas a la historia de nuestro país. Desde nuestra primera constitución, en 1824, se crea la Contaduría Mayor de Hacienda, dependiente del Poder Legislativo, una de las instituciones más antiguas del México independiente.

En su larga existencia, y durante el siglo XIX, la Contaduría Mayor de Hacienda fue también Tribunal de Cuentas, y a partir del año 2001, Auditoría Superior de la Federación.

Es así que la acción de ambos controles debe ser vista bajo un enfoque complementario, en beneficio del propósito que cada uno de ellos persigue. Un eficiente control interno propicia acciones de buen gobierno y facilita las acciones del control externo a través de la fiscalización superior.

Por su parte, la Auditoría Superior de la Federación ejerce su función fiscalizadora de carácter externo en los tres Poderes de la Unión, los entes públicos constitucionalmente autónomos, los estados y municipios, e incluso los particulares, cuando éstos reciban recursos federales, realizando su revisión de manera anual y de forma posterior a la gestión financiera del gobierno, una vez que se rinde al Poder Legislativo la Cuenta de la Hacienda Pública Federal.

La reforma constitucional que dio origen a la Auditoría Superior de la Federación, la dotó, entre otras, de las atribuciones siguientes:

-Dirección de mando unipersonal, y procedimiento público, abierto y transparente para la elección de su titular;
-Sujeción a la constitución y a la ley secundaria, y no a orientaciones político-partidistas;
-Atribuciones para el fincamiento directo de responsabilidades económicas resarcitorias;
-Autonomía técnica y de gestión para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones; y por último
-Manejo autónomo de sus recursos humanos, financieros y materiales.

El propósito esencial de este nuevo marco jurídico, fue impulsar la neutralidad que la institución requiere en su actuación para beneficio de la ciudadanía. Adicionalmente, debemos señalar, que el pasado septiembre de 2007, el Congreso de la Unión aprobó diversas reformas a nuestra carta magna, relacionadas con la revisión de la Cuenta Pública y con la Auditoría Superior de la Federación, mismas que ya han sido aprobadas por las legislaturas de las entidades federativas.

Si bien es cierto que estas reformas constitucionales constituyen un paso importante en materia de rendición de cuentas y fiscalización superior, aún quedan acciones pendientes que deben ser impulsadas para lograr un mayor fortalecimiento de las entidades de fiscalización superior, como establecer y precisar las prácticas auditorias, visitas e inspecciones que realice la Auditoría Superior de la Federación, en el caso en que el auditor superior de la federación, los auditores especiales y el titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos, tengan alguna relación o cercanía con alguna entidad fiscalizada por parte de la Auditoría Superior de la Federación.

Asimismo, consideramos que se deberá contemplar y establecer en la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, tanto los casos particulares en que estarán impedidos para conocer de fiscalizaciones, como facultar a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación para que delegue y contrate auditores externos para el adecuado cumplimiento de sus atribuciones en los casos en que exista una inminente causa de impedimento.

Así como también, dejar en claro que será la Comisión de Vigilancia la facultada para precisar como deberán practicarse las auditorias, visitas e inspecciones que realice la Auditoría Superior de la Federación, en el caso en que el auditor superior de la federación se encuentre en alguna de las causas de impedimento que se prevén en esta iniciativa.

Los diputados que presentamos esta iniciativa tenemos conocimiento de la organización actual de la Auditoría Superior de la Federación, misma que tiene como antecedente cercano la profunda reforma que tuvieron sus niveles de mando y autoridad, así como la reubicación de las direcciones generales de la ahora extinta Contaduría Mayor de Hacienda. Durante todo el proceso de análisis de la reforma constitucional y la integración del proyecto de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, se hicieron los estudios correspondientes para ajustar estructuras, proponer modelos de organización, adecuar métodos y procedimientos de trabajo, e inducir el cambio en las mentalidades, actitudes y prácticas de los servidores públicos de la institución, la cual se concretó en el reglamento interior que se promulgó en el Diario Oficial del 10 de agosto de 2000. En este esquema se indujeron las figuras actuales de los auditores especiales y se incorporó, en las atribuciones de las diferentes unidades administrativas, los principales propósitos y mandatos que se derivaron de la reforma constitucional y su ley reglamentaria.

Por lo que consideramos impostergable la actualización y homologación de los marcos jurídicos que regulan los requisitos para satisfacer el perfil de quien se ostente como auditor general de la federación, ya que desde la entrada en vigor de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, la elección y nombramiento del auditor de la institución han sido desarrolladas con una visión estratégica que sintetiza propósitos, principios, aspiraciones y metas por alcanzar, en las tareas de fiscalización superior.

Esta visión estratégica que se diseñó inicialmente bajo lineamientos generales, es la que proponemos enriquecer, depurar y reafinar con la experiencia adquirida, y a través de las nuevas circunstancias, alternativas y soluciones que se han presentado.

Es por ello que buscamos, en materia de transparencia, rendición de cuentas y fiscalización superior, dotar a la ley vigente de un mayor fortalecimiento en sus procesos y estructuras para garantizar su mejor desempeño y ganar así la confianza de los ciudadanos sobre el manejo de los recursos públicos.

La necesidad de construir gobiernos eficaces y honestos, que complementen la democracia con un firme y decidido avance en la transparencia y la rendición de cuentas, es premisa fundamental de la reforma del Estado.

La transparencia y rendición de cuentas son una obligación de los servidores públicos y derecho fundamental del ciudadano en una sociedad democrática. Sin ellas, podemos caer fácilmente en la corrupción, en la impunidad y en la visión patrimonialista de los cargos públicos.

La transparencia y rendición de cuentas no deben, ni pueden, permitir excepción alguna. Los recursos públicos son de la sociedad y no patrimonio particular de nadie.

En tal virtud, esta iniciativa pretende adicionar dos artículos al capítulo primero del título séptimo de la Ley de Fiscalización, de la integración y organización de la Auditoría Superior de la Federación, en los cuales establecemos los impedimentos para practicar auditorias, visitas e inspecciones o, en su caso, para continuar con el conocimiento de algún asunto para el auditor superior de la federación, los auditores especiales y para el titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos en materia de su competencia, por alguna de las siguientes causas:

-Tener parentesco en línea directa sin limitación de grado, en la colateral por consanguinidad hasta el cuarto grado o en la colateral por afinidad hasta el segundo, con alguno de los socios, asociados, miembros, directivos o equivalentes de alguna persona moral o, en su caso, con alguna persona física, que en el ejercicio en que se fiscaliza hubiere realizado trabajos de auditoría o cualquier otro servicio relacionado con actividades de fiscalización, de manera externa a las entidades fiscalizadas sujetas a revisión por parte de la Auditoría Superior de la Federación.

Con la finalidad de evitar poner entre dicho la veracidad de la actuaciones y determinaciones tomadas, y evitar que las especulaciones o la mala fe deterioren o demeriten la labores de fiscalización de las autoridades representativas de la Auditoría Superior.

-Haber realizado, directamente en el ejercicio en que se fiscaliza, trabajos de auditoría o cualquier otro servicio relacionado con actividades de fiscalización, de manera externa a las entidades fiscalizadas sujetas a revisión por parte de la Auditoría Superior de la Federación.

A fin de, lograr el compromiso único e irrestricto con la institución, ya que el compromiso de estos funcionarios públicos repercute en todos los ciudadanos, por lo que se le debe un total compromiso para que logre su misión ante el país.

-Tener amistad íntima o haber tenido relaciones profesionales, laborales o de negocios con alguno de los socios, asociados, miembros, directivos o equivalentes de alguna persona moral o, en su caso, con alguna persona física que, en el ejercicio en que se fiscaliza, hubiere realizado trabajos de auditoría o cualquier otro servicio relacionado con actividades de fiscalización de manera externa, a las entidades fiscalizadas sujetas a revisión por parte de la Auditoría Superior de la Federación.

Con lo anterior, se busca la autonomía de las actuaciones que no existan la presunción de la exigencia de compromisos los cuales puedan influir en desempeño de sus funciones y que éstas puedan tergiversar o alterar la imagen de transparencia de la institución.

Finalmente, proponemos facultar a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación para que conozca y resuelva sobre las excusas de los auditores especiales y del titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la propia institución.

Hay tareas inaplazables. La sociedad así lo demanda. Todos tenemos en ello una responsabilidad que nos trasciende.

Atendiendo a lo anterior, es que presentamos ante el Congreso de la Unión diversas reformas a la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, estableciendo diversas modificaciones tanto para los requisitos para el nombramiento del auditor general de la federación, como para establecer los casos en que estará impedido tanto él como los auditores especiales y el titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Auditoría Superior de la Federación para conocer asuntos y con ello privilegiar la transparencia y la credibilidad y buen funcionamiento de la institución.

En tal sentido es que acudimos a esta soberanía a presentar, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71 fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 55 fracción II, 56, 62 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la siguiente:

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, a fin de regular los casos en que el auditor superior de la federación y otros funcionarios públicos de la Auditoría Superior de la Federación deberán excusarse del conocimiento de algunos asuntos en su labor de fiscalización.

Único. Se reforma la fracción XIII del artículo 67, las fracciones VI y VII del artículo 73, la fracción XIX y el último párrafo del artículo 74, así como las fracciones VI y VII del artículo 81; se adicionan las fracciones XIV y XV, recorriéndose en consecuencia la actual fracción XIV para quedar como XVI al artículo 67, una fracción VIII al artículo 73, una fracción XX recorriéndose en consecuencia la actual fracción XX para quedar como XXI al artículo 74, los artículos 80 bis y 80 ter, así como una fracción VIII al artículo 81, todos de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, para quedar como sigue:

Artículo 67. ...

I.a XII. ...
XIII. De acuerdo a las posibilidades presupuestales, contratar asesores externos para el adecuado cumplimiento de atribuciones;
XIV. Precisar como deberán practicarse las auditorías, visitas e inspecciones que realice la Auditoría Superior de la Federación, en el caso en que el auditor superior de la federación se encuentre en alguna de las causas de impedimento previstas por el artículo 80 bis de esta ley;
XV. Establecer, entre otras medidas, la contratación de auditores externos, personas físicas o morales, por parte de la Auditoría Superior de la Federación para la realización de las auditorías, visitas e inspecciones que se ubiquen en el supuesto a que se refiere la fracción anterior, y
XVI. Las demás que establezca esta ley y demás disposiciones aplicables.

Artículo 73. ...

I.a V. ...
VI. Contar, al momento de su designación, con una experiencia de cinco años en el control, manejo o fiscalización de recursos;
VII. Contar, el día de su designación, con antigüedad mínima de diez años, con título profesional de contador público, licenciado en derecho o abogado, licenciado en economía, licenciado en administración o cualquier otro título profesional relacionado con las actividades de fiscalización, expedido por autoridad o institución legalmente facultada para ello, y
VIII. No haber sido, dos años antes de su designación, socio, asociado, miembro, directivo o sus equivalentes, de alguna persona moral que haya prestado directamente servicios de auditoría o cualquier otro servicio relacionado con actividades de fiscalización, a cualquier entidad fiscalizada, o haberlas practicado directamente.

Artículo 74. ...

I. a XVIII. ...
XIX. Solicitar ante las autoridades competentes el cobro de las multas y sanciones resarcitorias que se impongan en los términos de esta ley;
XX. Conocer y resolver sobre los impedimentos de los auditores especiales y del titular de Unidad de Asuntos Jurídicos, a que hace referencia el artículo 80 bis, y
XXI. Las demás que señale esta ley y demás disposiciones legales aplicables.

Las atribuciones previstas en las fracciones II, IV, V, VII, VIII, IX, XIII, XIV, XV, XVI, XVIII y XX son de ejercicio directo del auditor superior y, por tanto, no podrán ser delegadas.

Artículo 80 Bis. El auditor superior de la federación, los auditores especiales y el titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos, en el ejercicio de sus facultades, estarán impedidos para practicar auditorias, visitas e inspecciones, o en su caso, para continuar con el conocimiento de algún asunto materia de su competencia, por alguna de las causas siguientes:

I. Tener parentesco en línea directa sin limitación de grado, en la colateral por consanguinidad hasta el cuarto grado o en la colateral por afinidad hasta el segundo, con alguno de los socios, asociados, miembros, directivos o equivalentes de alguna persona moral o, en su caso, con alguna persona física, que en el ejercicio en que se fiscaliza hubiere realizado trabajos de auditoría o cualquier otro servicio relacionado con actividades de fiscalización, de manera externa, a las entidades fiscalizadas sujetas a revisión por parte de la Auditoría Superior de la Federación;
II. Haber realizado directamente, en el ejercicio en que se fiscaliza, trabajos de auditoría o cualquier otro servicio relacionado con actividades de fiscalización, de manera externa, a las entidades fiscalizadas sujetas a revisión por parte de la Auditoría Superior de la Federación;
III. Tener amistad íntima o haber tenido relaciones profesionales, laborales o de negocios con alguno de los socios, asociados, miembros, directivos o equivalentes de alguna persona moral o, en su caso, con alguna persona física que en el ejercicio en que se fiscaliza, hubiere realizado trabajos de auditoría o cualquier otro servicio relacionado con actividades de fiscalización de manera externa, a las entidades fiscalizadas sujetas a revisión por parte de la Auditoría Superior de la Federación, y
IV. Las demás que señalen las disposiciones legales correspondientes.

Artículo 80 Ter. El auditor superior de la federación, los auditores especiales o el titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos, según sea el caso, tienen la obligación de excusarse del conocimiento de los asuntos en que se actualice alguno de los impedimentos señalados en el artículo anterior, expresando concretamente en qué consiste el impedimento.

En el caso del auditor superior de la federación, éste deberá comunicarlo a la comisión, y sólo podrá conocer los asuntos referidos, siempre y cuando se sujete a lo que señale la comisión para garantizar la debida independencia e imparcialidad en las labores de fiscalización.

Tratándose de los auditores especiales o del titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos, éstos deberán comunicar el impedimento al auditor superior de la federación, y éste designará bajo su responsabilidad al director general que se encargará de la auditoría, revisión e inspección respectiva en sustitución del auditor especial de que se trate o del titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos.

Artículo 81. ...

I. a V. ...
VI. Sustraer, destruir, ocultar o utilizar indebidamente la documentación e información que por razón de su cargo tenga a su cuidado o custodia o que exista en la Auditoría Superior de la Federación, con motivo del ejercicio de sus atribuciones;
VII. Aceptar la injerencia de los partidos políticos en el ejercicio de sus funciones y de esta circunstancia, conducirse con parcialidad en el proceso de revisión de la Cuenta Pública y en los procedimientos de fiscalización e imposición de sanciones a que se refiere esta ley, y
VIII. Conocer de un asunto respecto al cual tenga impedimento legal, de acuerdo a lo previsto por el artículo 80 bis de esta ley, salvo en los casos que se sujete a lo que al efecto señale la comisión.
Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1. http://www.asf.gob.mx/

2. Informe del resultado de la Revisión y Fiscalización de la Cuenta Pública 2005.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de octubre de 2008.»

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Túrnese a la Comisión de la Función Pública.



LEY GENERAL DE SALUD

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: La Presidencia además recibió de la diputada Lourdes Quiñones Canales, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, iniciativa que reforma el artículo 115 de la Ley General de Salud.

La Secretaria diputada Margarita Arenas Guzmán: «Iniciativa que reforma el artículo 115 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Lourdes Quiñones Canales , del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, diputada federal, de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 56 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción IX al artículo 115 de la Ley General de Salud.

Exposición de Motivos

El alto índice de niños con problemas de obesidad despierta gran preocupación por los alimentos que reciben. Los niños obesos, afirman los expertos, pueden desarrollar serios problemas de salud como: diabetes, hipertensión, cáncer, depresión y baja autoestima; además de bajo rendimiento escolar, siendo el consumo de los alimentos chatarra una de las principales causas que han dado origen a la obesidad.

La obesidad en la infancia es un potente predecesor de la obesidad en el adulto, por ello, la obesidad en infantil se concibe hoy día como un importante problema de salud tanto en países desarrollados como en vías de desarrollo.

En los últimos años, las tendencias indican un incremento de la prevalencia de sobrepeso y obesidad infantil y juvenil, lo cual, constituye un importante y creciente problema de salud pública en la infancia y la adolescencia que es objeto de numerosas investigaciones que siguen adoleciendo de una falta de criterios comparativos claros.

México enfrenta grandes problemas de mala nutrición tanto por deficiencia como por exceso, y parte de este problema está en las escuelas.

Es lamentable observar a niños que llegan a clases sin desayunar o después de haber ingerido productos con alto contenido de grasas y carbohidratos, además, comen en promedio siete veces al día y lo que consumen en las escuelas son refrescos y fritangas. En este punto cabe señalar, que el 75 por ciento de los alimentos que se venden en los planteles educativos tienen un excesivo contenido de grasas y de calorías.

Por otra parte, vemos que los alumnos de hoy son muy sedentarios, incluso durante el recreo, y los maestros y directivos de los planteles no los incentivan a seguir un plan de actividades físicas necesarias para un mejor desarrollo.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Nutrición, realizada por el Instituto Nacional de Salud Pública, indica que 17.7 por ciento de los niños sufre desnutrición crónica y 7.5 por ciento, desnutrición moderada. Asimismo, muestra una prevalencia combinada de sobrepeso y obesidad de 19.5 por ciento en niños escolares y de casi un 60 por ciento para mujeres en edad adulta de 18-49 años.

Durante el levantamiento de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, se midió el peso y la talla a preescolares, escolares, adolescentes y adultos. El estado nutricio de preescolares y escolares se evaluó mediante índices antropométricos construidos con base en las mediciones de peso, talla y edad. Los tres indicadores utilizados fueron el peso esperado para la edad, la talla esperada para la edad y el peso esperado para la talla.

Se analizó la información de 7 mil 722 menores de cinco años de edad, que al aplicar los factores de expansión representan a 9 millones 442 mil 934 niños en todo el país, en donde la prevalencia nacional combinada de sobrepeso y obesidad en niños de 5 a 11 años, fue de alrededor de 26 por ciento, para ambos sexos, 26.8 por ciento en niñas y 25.9 por ciento en niños, lo que representa alrededor de 4 millones 158 mil 800 escolares --en el ámbito nacional-- con sobrepeso u obesidad.

Lo anterior nos indica que el aumento de la obesidad y sobre peso entre 1999 y 2006 fue de fue 41 por ciento en niños y 27 por ciento en niñas, siendo el incremento más alarmante la prevalencia de la obesidad en los niños, la cual pasó de 5.3 a 9.4 por ciento.

Éstos resultados señalan la urgencia de aplicar medidas conducentes a la prevención de obesidad en los menores en edades escolares. Por ello, parte de la solución, es eliminar la venta y distribución de productos chatarra en las escuelas, así como fomentar una cultura de salud en los alumnos y los padres.

Es tiempo de que los legisladores propongamos medidas drásticas para que los alimentos que consumen las niñas y los niños sean más saludables, y con ello, poner freno al avance de esta problemática que representa el sobrepeso y la obesidad infantil.

Esta iniciativa, va en sintonía con otros proyectos que ya han presentado otros compañeros legisladores, de proponer un cambio en los hábitos de alimentación en favor del consumo de comida más sana, y a la vez, mitigar y combatir los malos hábitos alimenticios de nuestros hijos.

Actualmente, debemos poner al alcance de los niños y adolescentes alimentos más saludables, que contengan menos niveles calóricos y un menor número de grasas, coadyuvando con ello, a brindarles una mejor nutrición.

Por ello, esta iniciativa pretende que en la elaboración de los alimentos que se venden en los planteles educativos, se utilicen aceites oleicos, ya que éstos al ser abundantes en ácidos grasos monoinsaturados que ayudan a controlar el colesterol sanguíneo, cabe señalar que las dietas ricas en grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas, bajan los niveles de colesterol malo.

En suma, a través de esta propuesta será obligatoria para las cooperativas escolares y tienditas que cercanas a los planteles educativos cocinar con aceites oleicos, lo que al final del día se verá traducido en el fomento del consumo de productos nutritivos y balanceados.

Quiero dejar en claro que no estamos en contra de la comida chatarra, ni mucho menos que se erradique del país, pero lo que si queremos es un mejor desarrollo y una mejor calidad de vida para nuestros niños. Asimismo, quiero exhortar desde esta tribuna a los maestros y directivos de las escuelas para que tomen una conducta más activa en la prevención del sobrepeso y la obesidad infantil.

Finalizando, tenemos un gran un compromiso con la infancia y en general con el pueblo mexicano, de llevar acabo la propuesta de esta iniciativa, estaremos abriendo la puerta a una mejor oportunidad de vida para nuestros hijos, y a su vez, combatiremos y aventajaremos este problema que enfrentamos la mayoría de los mexicanos.

Sabemos que este cambio en los hábitos alimenticios --en el interior de las escuelas-- va a ser un proceso paulatino, por ello, no hay que quitar el dedo del renglón, y en este sentido, las autoridades de salud y de educación jugarán el papel más importante para lograr el éxito de esta propuesta.

Este debe ser un llamado también para los padres de familia, ya que nosotros como padres, hemos contribuido en gran medida a la mala alimentación de los niños y a la creciente sustitución de alimentos frescos por congelados o rápidos, mejor conocidos como ``comida chatarra''.

Por lo anterior se somete a consideración de esta honorable asamblea, la presente iniciativa con proyecto de

Decreto

Único. Se adiciona una fracción IX, al artículo 115 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 115. La Secretaría de Salud tendrá a su cargo:

I. a VIII. ...
IX. Normar y vigilar que en todos los alimentos que se elaboren, expidan y vendan en los planteles educativos, sean utilizados aceites oleicos. Para lo cual, establecerá los programas y mecanismos de coordinación necesarios con la Secretaría de Educación Pública.
Transitorios

Primero. Quedará sin efecto cualquier disposición que se oponga al presente ordenamiento.

Segundo. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Tercero. Los planteles educativos contarán con 30 días hábiles para adecuarse a esta normatividad.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 octubre de 2008.--- Diputada Lourdes Quiñones Canales (rúbrica).»

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Túrnese a la Comisión de Salud.



LEY GENERAL QUE ESTABLECE LAS BASES DE COORDINACION DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: La Presidencia recibió del diputado Jacinto Gómez Pasillas, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, iniciativa que reforma el artículo 12 de la Ley General que establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

La Secretaria diputada Margarita Arenas Guzmán: «Iniciativa que reforma el artículo 12 de la Ley General que establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a cargo del diputado Jacinto Gómez Pasillas , del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

Jacinto Gómez Pasillas , diputado federal integrante del Grupo Parlamentario Nueva Alianza de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, 55 fracción II, y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, pone a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se adiciona una fracción VIII y un párrafo al artículo 12 de la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para lo cual solicita se turne a la Comisión de Seguridad Pública de la honorable Cámara de Diputados, al tenor de la siguiente.

Exposición de Motivos

La seguridad pública tiene como fin preservar la libertad, el orden y la paz pública, salvaguardar la integridad, los derechos de las personas y la prevención de la comisión de delitos, entre otros. Sin embargo, hoy en día la inseguridad es motivo de múltiples preocupaciones por parte de las dependencias encargadas de este rubro, por lo que han pronunciado infinidad de discursos sobre el tema, pero hay pocas propuestas que no se han concretado, y otras que no reflejan los resultados esperados, pareciera que garantizar la seguridad se ha salido del control de las autoridades gubernamentales quienes se encuentran enfrascados en guerras mediáticas, sin que ello se traduzca en un combate efectivo contra la delincuencia, común y organizada.

El Estado es una sociedad políticamente organizada dotada de tres elementos: gobierno, territorio y población, según los doctrinarios de la teoría general del estado; de lo que se desprende que la sociedad forma parte del Estado en los términos que lo estamos exponiendo; sin embargo, en México, ésta sólo es tomada en cuenta en dos momentos: primero cuando se presentan elecciones, en cualquier nivel, sea federal, estatal o municipal, y segundo cuando se requiere el pago de impuestos, contribuciones o derechos.

La percepción generalizada de la población es que los servidores públicos se olvidan que son mandatarios de la gente que los eligió, y de la obligación que contraen con la sociedad civil, cuando en una democracia el gobierno tiene la obligación de implementar políticas públicas que atiendan las necesidades sociales como: bienestar social y familiar, generación de fuentes de empleo, distribución equitativa del ingreso, salud, educación, capacitación, atención efectiva de grupos vulnerables y seguridad.

En México, la falta de seguridad ha provocado que la sociedad viva en constante zozobra. De diez personas, al menos dos han sido víctimas de un delito, y al año se cometen tres mil secuestros, es decir casi cuatro por día.

Las familias mexicanas reclaman resultados para no sentirse vulnerables o en un estado de indefensión, por ello la sociedad civil ha empezado a mostrar su enfado contra los servidores públicos a quienes se les ha encomendado esa responsabilidad.

Ante la creencia de la poca o nula eficacia de las autoridades, los mexicanos han empezado a tomar las acciones que consideran necesarias. Para muestra, tenemos la marcha del pasado sábado 30 de agosto, donde familias enteras acudieron a Paseo de la Reforma para solidarizarse con quienes han sido víctimas de algún delito y para exigir al gobierno que cumpla con su compromiso de seguridad.

Lo contundente que fue la participación civil, puso de manifiesto que es imprescindible que la misma sociedad tenga un representante en la conformación del Consejo Nacional de Seguridad Pública, para recoger las propuestas e inquietudes de la ciudadanía e incorporarlas con la prontitud requerida en los planes y trabajos del consejo.

Reconocemos esfuerzos, pero lamentablemente no han sido suficientes. La sociedad se siente secuestrada, maniatada e impotente, y ante los embates delictivos es necesario contar con alternativas de solución como, por ejemplo, otorgar más participación a la ciudadanía; se necesita la voluntad de gobierno y sociedad, conjunción que se pretende materializar.

Actualmente el Consejo Nacional de Seguridad está integrado, por el secretario de Seguridad Pública, quien es su presidente, por los gobernadores de los estados; los secretarios de la Defensa Nacional, Marina, y de Comunicaciones y Transportes, el procurador general de la república; el jefe del Gobierno del Distrito Federal; y el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Con la presente iniciativa se propone la adición de una fracción al artículo 12 de la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para contemplar como consejero a una persona que pertenezca a la sociedad civil, es decir, a las organizaciones no gubernamentales, o que pertenezca a cualquiera de las instituciones educativas del país, y cuente con reconocida moral pública y capacidad en la materia. La designación se hará vía convocatoria que al efecto se realice y de conformidad con lo que establezcan las bases del concurso.

La incorporación de un consejero de la sociedad civil a la integración del Consejo Nacional de Seguridad tiene una sensible ventaja que consistente en abrir un vínculo o canal entre la institución encargada de determinar los lineamientos para el establecimiento de políticas generales en materia de seguridad pública y la sociedad.

Para que haya una presencia importante en el Consejo Nacional de Seguridad de la sociedad civil, se propone que se designe un consejero ciudadano por cada entidad federativa y uno por el Distrito Federal. Consideramos que la aportación que hagan desde una perspectiva ciudadana será de suma trascendencia, porque se convertirán en los portavoces de los ciudadanos.

En el Grupo Parlamentario Nueva Alianza estamos comprometidos con la promoción de proyectos que beneficien a la ciudadanía; sometemos a la aprobación de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de

Decreto

Por el que se adiciona una fracción VIII y un párrafo al artículo 12 de la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, recorriéndose en su orden la actual fracción octava, que deviene a ser la fracción IX, para quedar en los siguientes términos;

Único. Se adiciona una fracción VIII y un párrafo al artículo 12 de la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, recorriéndose en su orden la actual fracción octava, que deviene a la fracción IX, para quedar como sigue:

Artículo 12. El consejo nacional será la instancia superior de coordinación del sistema nacional y estará integrado por:

I-VII.
VIII. Los representantes de la ciudadanía de las entidades federativas y del Distrito Federal y
IX. El secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Los representantes a que se refiere la fracción VIII de este artículo, serán propuestos por las organizaciones, institutos, comisiones o comités de la sociedad civil o en su caso por instituciones académicas, que estén vinculados con la seguridad pública, en los términos que señale el reglamento. Posteriormente al análisis minucioso del perfil de cada candidato, el consejo en pleno insaculará y determinará la idoneidad de los candidatos antes propuestos. El cargo de consejero propuesto por la sociedad civil será honorífico.
Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de octubre de 2008.--- Diputado Jacinto Gómez Pasillas (rúbrica).»

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Túrnese a la Comisión de Seguridad Pública.



LEY SOBRE LA CELEBRACION DE TRATADOS

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Asimismo, la Presidencia recibió de nuestro compañero diputado Jacinto Gómez Pasillas, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, iniciativa que reforma el artículo 7o. de la Ley sobre la Celebración de Tratados.

La Secretaria diputada Margarita Arenas Guzmán: «Iniciativa que reforma el artículo 7 de la Ley sobre la Celebración de Tratados, a cargo del diputado Jacinto Gómez Pasillas , del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

Jacinto Gómez Pasillas , diputado federal en la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 56, 60 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforma el artículo 7 de la Ley sobre Celebración de Tratados.

Exposición de Motivos

A más de una década de la entrada en vigor de la Ley sobre Celebración de Tratados, la constitucionalidad de esta disposición sigue siendo un tema de discusión en diversos foros y, por tanto, pendiente de ser reformada por el Congreso de la Unión.

Esta controvertida ley secundaria prevé dos figuras en las que se fundamentan la mayoría de los cuestionamientos. La primera es en materia de tratados definidos por la Convención de Viena, sobre el derecho de los tratados de 1969, como todo acuerdo internacional, celebrado por escrito entre Estados y regido por el derecho internacional público; y la segunda, denominada acuerdos interinstitucionales, definidos en el artículo 2 de la Ley sobre Celebración de Tratados como aquellos convenios regidos por el derecho internacional público, celebrados por escrito entre cualquier dependencia u organismo descentralizado de la administración pública federal, estatal o municipal, y uno o varios órganos gubernamentales extranjeros u organizaciones internacionales, cualquiera que sea su denominación, sea que derive o no de un tratado previamente aprobado.

La materia de esta iniciativa es sobre acuerdos interinstitucionales que, a juicio de constitucionalistas e internacionalistas, no se encuentra considerada en nuestro marco constitucional, su registro únicamente se realiza por la Secretaría de Relaciones Exteriores y no se publica en el órgano oficial que es el Diario Oficial de la Federación.

La inclusión de los acuerdos interinstitucionales en la legislación secundaria de nuestro país fue en síntesis una mala copia de los llamados acuerdos ejecutivos, previstos en el derecho internacional público como un instrumento para simplificar la firma de los tratados internacionales y obviar la intervención de los Congresos en el proceso de ratificación.

En esta ley se pretendió legalizar una práctica que resulta inconcebible en un régimen con aspiraciones democráticas, que es la de evitar un posible veto del Congreso o signar a sus espaldas cualquier clase de tratado o convenio cuyas repercusiones e implicaciones no son conocidas ni consultadas, de tal suerte que el Ejecutivo actúa libremente sin ninguno de los controles y contrapesos que prevé nuestra ley fundamental, hipótesis que se confirma con la negociación de la iniciativa Mérida, llevada a cabo por la Secretaría de Relaciones Exteriores, y la suscripción de la Ley de Asignaciones Suplementarias del 30 de junio de 2008, firmada por el presidente de Estados Unidos de América, para el año fiscal de 2008 que incluye 465 millones de dólares, de los cuales, en un primer momento, 400 millones de dólares serán destinados a nuestro país.

Este programa trianual, está sujeto a decisiones presupuestales del Poder Legislativo de los Estados Unidos de América y como parte del proceso de aprobación presupuestal se encuentra en análisis la segunda parte del proyecto que procura 450 millones de dólares para el ejercicio fiscal estadounidense 2009. Estas acciones generan de forma inmediata los siguientes cuestionamientos por parte del Congreso:

¿Qué condiciones estamos obligados a cumplir a cambio de la primera fase; es decir, los 400 millones de dólares en especie?

Como representantes de la soberanía popular, ¿es constitucional la decisión unilateral del Ejecutivo respecto de este compromiso, con independencia de lo que establece la Ley de Celebración de Tratados, en la figura de los acuerdos interinstitucionales?

¿Qué implicaciones tendrá este apoyo en materia de soberanía nacional?

¿Por qué en el segundo Informe de Gobierno del presidente Calderón, en el eje I que corresponde a estado de derecho y seguridad, se omiten las actividades del gabinete de seguridad, los datos que debe proporcionar el Estado mexicano para ser acreedores a los recursos en especie, como parte de la negociación de la controvertida iniciativa Mérida?

Este acto discrecional y fundado en la Ley sobre la Celebración de Tratados, ¿no vulnera acaso la soberanía del Estado mexicano cuando el Congreso de la Unión jamás fue informado en el proceso de su negociación y paradójicamente nuestra contraparte sí sujeta sus decisiones presupuestales al Poder Legislativo?

En teoría, el ámbito material de los acuerdos interinstitucionales debería circunscribirse exclusivamente a las atribuciones propias de las dependencias y organismos descentralizados de los órdenes de gobierno que los suscriben, no obstante, en la práctica, este tipo de instrumentos traen aparejadas diversas responsabilidades para el Estado mexicano en su conjunto, afectan de manera directa la vida de las comunidades y rompen el equilibrio de los poderes, puesto que se trata de un instrumento signado por el Ejecutivo, a través de cualquiera de sus dependencias u organismos descentralizados de la administración pública federal, estatal o municipal, y son, de acuerdo a la Ley sobre Celebración de Tratados, dictaminados para su aprobación por otra dependencia del Ejecutivo federal, la Secretaría de Relaciones Exteriores.

En México, el consenso entre los principales tratadistas en materia constitucional y actores políticos ha sido que no se trata de una cuestión de semántica sino de un tema de fondo que implica un serio cuestionamiento a la constitucionalidad de los actos de Ejecutivo que se derivan de la suscripción y aplicación de este tipo de acuerdos.

Aunado a lo anterior, es oportuno hacer hincapié en la sistemática discrecionalidad en materia de acuerdos interinstitucionales, al punto tal que el Ejecutivo federal ha vulnerado su propia definición al suscribir bajo esta figura instrumentos que afectan el núcleo de nuestra política exterior sin intervención alguna del Congreso Mexicano.

Basta recordar el denominado memorando de entendimiento entre México y Estados Unidos de América relativo a la cooperación en materia de violencia fronteriza, a través del cual, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México y la Procuraduría General de Justicia de Estados Unidos de América suscribieron un acuerdo cuyas consecuencias para la vida en la frontera y aún en territorio nacional han sido desastrosas.

Paradójicamente, en la Ley sobre Celebración de Tratados, en el artículo 7 se establece un procedimiento que pretende dar seguimiento a la suscripción de acuerdos internacionales, a través de la información que las dependencias y organismos descentralizados de la administración pública federal, estatal o municipal, deberán presentar a la Secretaría de Relaciones Exteriores acerca de cualquier acuerdo interinstitucional que pretendan celebrar con otros órganos gubernamentales extranjeros u organizaciones internacionales.

Con base en esta información, la propia Secretaría de Relaciones Exteriores emite un dictamen sobre la procedencia de la suscripción de éste y, en su caso, lo inscribe en el registro respectivo.

En la práctica se ha acreditado que no todos los acuerdos interinstitucionales celebrados por las dependencias y organismos descentralizados de la administración pública federal, estatal o municipal son informados a la Secretaría de Relaciones Exteriores y tampoco es público el registro de aquellos sobre los que ha emitido el dictamen correspondiente.

Por lo que es necesario establecer la obligatoriedad para que las dependencias y organismos descentralizados de la administración pública federal, estatal o municipal informen de la pretensión y suscripción de acuerdos interinstitucionales, con objeto de que la Secretaría de Relaciones Exteriores emita un dictamen de procedibilidad de éstos, y se garantice así la seguridad nacional, el orden y la seguridad pública, los derechos humanos, los recursos naturales o cualquier otro interés esencial del Estado mexicano.

Por otro parte, y en el marco del respeto a las atribuciones que en política exterior determina la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos al Ejecutivo federal y a la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, se considera necesario establecer la nulidad de pleno derecho de los acuerdos interinstitucionales que suscriban las dependencias y organismos descentralizados de la administración pública federal, estatal o municipal, cuando se comprometan la seguridad nacional, el orden y la seguridad pública, los derechos humanos, los recursos naturales o cualquier otro interés del Estado mexicano.

Respecto de la nulidad de pleno derecho, se establece que un acto es nulo de pleno derecho cuando desde su inicio carece de efectos jurídicos, sin necesidad de una previa impugnación. Este supuesto máximo de invalidez o ineficacia tiene las siguientes consecuencias: ineficacia inmediata al suponer que el acto es ineficaz por sí mismo, no es necesario que intervenga una autoridad administrativa o jurisdiccional para demandar la nulidad de éste; es de carácter general, puesto que es susceptible de oponerse a cualquiera o tenerse en cuenta a favor de cualquiera. Esto es, cualquier persona puede solicitar la nulidad y, aún más, toda autoridad puede y debe apreciarla de oficio en cualquier momento, la nulidad absoluta no extingue la acción por caducidad o prescripción; supone la nulidad de los actos posteriores que tengan causa u origen en el acto nulo, sin más limitaciones que la buena fe de los terceros que hayan creído en la validez del acto.

De esta forma se pretende otorgar certeza jurídica a los gobernados, garantizar la seguridad nacional, el orden y la seguridad pública, los derechos humanos, los recursos naturales o cualquier otro interés esencial del Estado mexicano y establecer la constitucionalidad como contrapeso necesario en los actos del Poder Ejecutivo en los tres órdenes de gobierno en esta materia.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma el artículo 7o. de la Ley sobre Celebración de Tratados

Único. Se reforma el artículo 7o. de la Ley sobre Celebración de Tratados para quedar como sigue:

Artículo 7o. Las dependencias y organismos descentralizados de la administración pública federal, estatal o municipal que pretendan suscribir acuerdos interinstitucionales notificarán a la Secretaría de Relaciones Exteriores la naturaleza jurídica en el marco del derecho internacional público, del órgano u órganos gubernamentales extranjeros u organizaciones internacionales, la materia y alcances del acuerdo que pretende suscribir.

Con la información y documentos necesarios se integrará un expediente sobre el cual la Secretaría de Relaciones Exteriores emitirá un dictamen de procedibilidad en la suscripción del acuerdo interinstitucional, remitiendo a la brevedad copia de éste a la Cámara de Senadores para su conocimiento.

Se considerarán nulos de pleno derecho los acuerdos interinstitucionales que no cuenten con el dictamen de la Secretaría de Relaciones Exteriores o que comprometan la seguridad nacional, el orden y la seguridad pública, los derechos humanos, los recursos naturales o cualquier otro interés esencial del Estado mexicano.

Artículos Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Las dependencias y organismos descentralizados de la administración pública federal, Estatal o Municipal que pretendan suscribir acuerdos interinstitucionales, o se encuentren en negociación o trámite deberán observar lo dispuesto en el presente decreto.

Palacio Legislativo, a 21 de octubre de 2008.--- Diputado Jacinto Gómez Pasillas (rúbrica).»

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Túrnese a la Comisión de Relaciones Exteriores.



CODIGO PENAL FEDERAL - LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Se recibió de la diputada Yary del Carmen Gebhardt Garduza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, iniciativa que reforma los artículos 85 del Código Penal Federaly 5o. de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.

La Secretaria diputada Margarita Arenas Guzmán: «Iniciativa que reforma los artículos 85 del Código Penal Federal y 5 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, a cargo de la diputada Yary del Carmen Gebhardt Garduza , del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, diputada federal Yary del Carmen Gebhardt Garduza , integrante de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 56 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estado Unidos Mexicanos, someto a la Consideración del Pleno de esta Cámara de Diputados, la siguiente iniciativa con Proyecto de Decreto por lo que se reforma el artículo 85 del Código Penal Federal y la fracción II del artículo 5 de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada.

Exposición de Motivos

La reforma constitucional federal del año 2001, en los artículos 1o., 2o., 4o., 18 y 115 fue, sin duda, un importante avance en la construcción de una nueva relación entre el Estado, los pueblos indígenas y la sociedad.

Dicha reforma en materia indígena, reconoce que la nación mexicana tiene una composición pluricultural respaldada originalmente en sus pueblos indígenas y avala el Derecho que tienen para acceder a la protección del Estado. Para garantizar ese derecho en todos los juicios y procedimientos en donde sean parte, individual o colectivamente, se deberá tomar en cuenta sus costumbres y especificidades culturales.

También establece que la federación, los estados y los municipios, para promover la igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria, deberán crear las instituciones y políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de dichos pueblos.

En ese sentido la libertad y la justicia tiene por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todas las personas sin excluir a los indígenas.

Sin embargo las condiciones ancestrales de pobreza, marginación y desigualdad en que viven los miembros de pueblos indígenas son factores que persisten y que influyen para que se vean implicados en la comisión de un delito federal.

De acuerdo a la primera encuesta realizada por el Consejo Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación y la Secretaría de Desarrollo Social, después de los adultos mayores, son los indígenas la población más discriminada en México.

Actualmente existe en nuestro país mas de mil indígenas privados de su libertad, de los cuales el ochenta por ciento están sentenciados por la comisión de un delito penal federal, sobresaliendo el delito de Contra la Salud, en las modalidades de Posesión y Transporte, y cuya pena mínima asciende a diez años de prisión, en donde la mayoría de los casos los indígenas son utilizados al aprovecharse de su ignorancia y necesidad.

La única posibilidad de que los indígenas sentenciados se reincorporen a la sociedad y puedan integrarse de nueva cuenta a su comunidad así como a sus familias, sin compurgar la totalidad de la pena que les fue impuesta, es a través de la obtención de un beneficio de ley, que otorga el órgano administrativo desconcentrado denominado Prevención y Readaptación Social dependiente de la Secretaria de Seguridad Pública Federal, en los términos de la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados y el Código Penal Federal, como ley supletoria, que establece el Título Cuarto, Capítulo I, ``Ejecución de las Sentencias'', lo siguiente.

``Artículo 84. Se concederá libertad preparatoria al condenado previo al informe a que se refiere el Código de Procedimientos Penales que hubiera cumplido las tres quintas partes de su condena, si se trata de delitos intencionales, o la mitad en caso de delitos imprudenciales, o la mitad de la misma en caso de delitos imprudenciales siempre y cuando cumpla con los requisitos siguientes:
I. Que haya observado buena conducta durante la ejecución de su sentencia;
II. Que del examen de su personalidad se presuma que esta socialmente readaptado y en condiciones de no volver a delinquir, y
III. Que haya reparado o se comprometa a reparar el daño causado sujetándose a la forma, medidas y términos que le fijen para dicho objeto, si no puede cubrirlo desde luego.
Llenados los anteriores requisitos la autoridad competente podrá conseguir la libertad, sujeta a las siguientes condiciones.
a) Residir o, en su caso, no residir en lugar determinado, e informa a la autoridad los cambios de su domicilio. La designación de lugar de residencia se hará conciliando la circunstancia de que el reo pueda proporcionarse trabajo en un lugar que se fije, con el hecho de que su permanencia en el no se obstáculo para su enmienda;
b) Desempeñar en el plazo que la resolución determine, oficio, arte, industria o profesión lícitos, si no tuviera medios propios de subsistencia;
c) Abstenerse del abuso de bebidas embriagantes y del empleo de estupefacientes; psicotrópicos o sustancias que produzcan efectos similares, salvo por prescripción medica; y
d) Sujetarse a las medidas de orientación y supervisión que se le dicten y a la vigilancia de una persona honrada y de arraigo, que se obligue a informar sobre su conducta presentándolo siempre que para ello fuera requerida.
Artículo 85. No se concederá la libertad preparatoria a:
I. Los sentenciados por alguno de los delitos previstos en este Código Penal Federal que a continuación se señala:
a) Uso ilícito de instalaciones destinadas al transito aéreo, previsto en el artículo 172 bis, párrafo tercero.
c) Contra la salud, previstos en el artículo 194, salvo que se trate de individuos en que concurran evidente atraso cultural, aislamiento social y extrema necesidad económica; y para la modalidad de transportación, si cumplen con los requisitos establecidos en los artículos 84 y 90, fracción I, inciso C), para lo cual deberán ser primodelincuentes, a pesar de no hallarse en los supuestos señalados a excepción general de este inciso;
c) a j) ....
II. Los que incurran en segunda reincidencia del delito doloso, o será considerado delincuencia habitual.

Tratándose de los delitos comprometidos en el Título Décimo de este código, la libertad preparatoria solo se concederá cuando se satisfaga la reparación del daño a que se refiera la fracción III del artículo 30 ó se otorgué caución que la garantice''.

Es importante hacer notar que es una practica habitual del órgano administrativo desconcentrado Prevención y Readaptación Social, dependiente de la Secretaria de Seguridad Pública Federal, conceder la libertad preparatoria a aquellas personas que pertenecen a un pueblo o comunidad indígena, partiendo de que se trata de individuos en los que concurran evidente atraso cultural, aislamiento social y extrema necesidad económica.

Sin embargo, la experiencia en este quehacer nos demuestra que, en la practica es complejo para el órgano administrativo responsable, conceder estos beneficios y allegarse de la información necesaria para cubrir los tres supuestos antes señalados, retardando la concesión de un beneficio de ley, al extremo de que los indígenas terminan compurgando la totalidad de la pena impuesta, además de violentarse el derecho de obtener su preliberación. Así también, los criterios discrecionales que aplica el órgano desconcentrado para el otorgamiento de dicha libertad anticipada en gran medida impidan el cumplimiento de las excepciones que establece el artículo 85 del Código Penal Federal.

Para ello, se propone modificar el artículo 85 del Código Penal Federal para considerar como una excepción de obtener la libertad preparatoria además del evidente atraso cultural, aislamiento social y extrema pobreza, el pertenecer a una comunidad o pueblo indígena.

Ahora bien, es importante señalar que detrás de muchos de los delitos del orden federal en los que se ven involucrados indígenas, se encuentra la delincuencia organizada, la cual es evidente que hace uso y se aprovecha del desconocimiento de la ley y/o de la necesidad económica de ese sector para orillarlos a delinquir.

Es por ello, que se pretende adicionar a la fracción II del artículo 5 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada el precepto de indígenas, a fin de que se incremente la pena cuando algún miembro de la delincuencia organizada utiliza algún indígena en la comisión de algún delito.

Compañeras y compañeros: no podemos seguir condenando a nuestros hermanos indígenas a condiciones de extrema subordinación, discriminación y pobreza.

Debemos garantizar el reconocimiento pleno de sus derechos, brindándoles el apoyo en sus distintas problemáticas, a través del análisis serio y acucioso de las mismas con el único compromiso de lograr revertir su realidad transgresora, en aras de una vida mejor y de libertad.

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en las disposiciones que me confiere la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta honorable Asamblea, la presente iniciativa con proyecto de

Decreto

Primero. Se adiciona el inciso b), fracción I del artículo 85 del Código Penal Federal para quedar como sigue:

Artículo 85. No se concederá la libertad preparatoria a:

I. Los sentenciados por algunos de los delitos previstos en este Código Penal Federal que a continuación se señala:
a)...
b) Contra la salud previsto en el artículo 194, salvo que se trate de individuos en los que concurran evidente atraso cultural, aislamiento social y extrema necesidad económica; o que pertenezcan a un pueblo o comunidad indígena y para la modalidad de transportación, si cumplen con los requisitos establecidos en los artículos 84 y 90, fracción I, inciso C) para lo cual deberán ser primodelincuentes a pesar de no hallarse en los supuestos señalados en la excepción general de este inciso;
c) a j).....
II...

Segundo. Se reforma la fracción II del artículo 5o. de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, para quedar como sigue:

Artículo 5o. Las penas a que se refiere el artículo anterior se aumentaran hasta en una mitad, cuando:

I.
II. Se utilice a menores de edad, incapaces o indígenas para cometer cualesquiera de los delitos a que se refiere esta ley.
Transitorios

Primero. Quedará sin efecto cualquier disposición que se oponga al presente ordenamiento.

Segundo. El presente decreto entrara en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Tercero. La reglamentación y normatividad en la materia, deberá adecuarse en un plazo no mayor de 30 días, una vez publicado el presente Decreto.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de septiembre de 2008.--- Diputada Yary del Carmen Gebhardt Garduza (rúbrica).»

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Túrnese a las Comisiones Unidas de Justicia y de Seguridad Pública.



CRISIS ECONOMICA

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: El diputado Mauricio Ortiz Proal, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remite punto de acuerdo por el que solicita que se envíe a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública de esta soberanía, así como a la Comisión de Hacienda y Crédito Públicodel Senado de la República, propuestas relativas a criterios generales que buscan disminuir el efecto de la crisis económica entre los mexicanos.

La Secretaria diputada Margarita Arenas Guzmán: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se envían a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública de esta soberanía, así como a la de Hacienda y Crédito Público del Senado de la República, propuestas relativas a criterios generales que buscan disminuir el efecto de la crisis económica entre los mexicanos, a cargo del diputado Mauricio Ortiz Proal , del Grupo Parlamentario del PRI

Los suscritos, diputado Mauricio Ortiz Proal y senador José Eduardo Calzada Rovirosa, integrantes de los Grupos Parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional de las Cámaras de Diputados y de Senadores, respectivamente, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ponen a consideración de este honorable Pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de los siguientes

Considerandos

Que, con motivo de la crisis del sistema financiero internacional y sus consecuencias, y derivado del reconocimiento de diversos funcionarios del gobierno de la república, en el sentido de que las dimensiones y la gravedad de esta crisis en México rebasarán las expectativas iniciales, con motivo de la necesidad de preservar el crecimiento y el empleo en nuestro país y particularmente en Querétaro, los legisladores federales queretanos miembros del PRI queremos externar el contenido de un plan de emergencia económica, ideado por ciudadanos queretanos articulados por el Comité Directivo Estatal del PRI, cuyo objetivo sería disminuir los nocivos efectos sociales de la crisis, a partir del impulso decidido a la actividad económica, el crecimiento y el empleo.

Es indispensable dimensionar con claridad la gravedad del entorno, pues mediante declaraciones triunfalistas e irresponsables se pierden oportunidades importantes para implantar un programa económico completo y robusto que nos permita llevar a cabo políticas públicas de gasto e inversión que combatan a la crisis que se cierne sobre nosotros.

El punto de acuerdo manifiesta una posición mesurada y responsable. Nuestra intención no es asignar culpa alguna en torno a lo sucedido, mucho menos buscamos obtener ventaja política de esta adversa situación. El PRI en Querétaro le apuesta a la responsabilidad y trata de participar de manera constructiva en la implantación de políticas fiscales que fortalezcan la inversión y disminuyan los gastos suntuarios que, estamos seguros, son absolutamente prescindibles.

Por lo anteriormente expuesto, nos permitimos presentar el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se ponen a consideración de la Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados, así como a la Comisión de Hacienda y Crédito Público del Senado de la República, un conjunto de principios y directrices para que puedan ser incluidas como parte de los criterios generales para construir una Ley de Ingresos y un Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009 en los que se privilegie el gasto de inversión y se fortalezca el crecimiento económico y el empleo anteponiendo los intereses de los sectores de menores ingresos al tenor de las siguientes recomendaciones:

1. Eliminar del presupuesto federal y estatal cualquier tipo de gastos suntuarios, transfiriendo estos recursos a programas sociales como el de Empleo Emergente.
2. Sustituir el PAC por un programa social integral al margen de criterios electoreros.
3. Disminuir sustancialmente los gastos gubernamentales en propaganda e imagen y transferirlos al gasto social.
4. Implantar un programa de austeridad con reducciones reales a los sueldos de los funcionarios públicos de nivel superior, los cuales nos parecen ofensivamente elevados.
5. Solicitarle a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la posibilidad de que el cumplimiento en el pago de algunas obligaciones fiscales se lleve a cabo trimestralmente y no mensualmente, como viene aconteciendo en ciertos casos.
6. Reducir diversas prestaciones a funcionarios medios y altos como bonos, viáticos, seguros, celulares, choferes, etcétera.
7. Eliminar el impuesto sobre nómina en apoyo al sector productivo o, en su caso, promover, de manera excepcional, que se exima el pago de este impuesto a lo largo del periodo más complejo de la crisis. Esto con la intención de darle un respiro a los empresarios y agentes económicos productivos.
8. Incrementar los apoyos presupuestales a aquellos municipios más afectados por la disminución de remesas, en particular los municipios de Querétaro.
9. Que respetuosamente se solicite al gobierno Querétaro que analice la posibilidad de asumir parte de la deuda de los municipios, a fin de permitir a éstos invertir mayores recursos a infraestructura y desarrollo social.
10. Concretar el cambio de zona económica de Querétaro, a fin de incrementar el salario de los trabajadores queretanos.
11. Abstenerse de crear nuevos impuestos y analizar la posibilidad de reducir el monto de algunos de ellos, el predial y la tenencia vehicular, como ejemplo. Esto, buscando incentivar el consumo y la actividad económica.
12. Implantar programas efectivos de simplificación y desregulación administrativa, a fin de acelerar la inversión y fortalecer la actividad económica.
13. Evitar los subejercicios y abstenerse de contraer deuda pública.

Lo anterior tiene por objeto proponer medidas tendientes a aminorar los efectos sociales del proceso de desaceleración económica que enfrentará el país en los meses por venir y que esperamos puedan contar con la atención y la solidaridad de los integrantes de las comisiones arriba citadas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de octubre de 2008.--- Diputado Mauricio Ortiz Proal (rúbrica).»

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Túrnese a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados; y a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores.



EMPRESAS DE TELEFONIA MOVIL

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: La diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remite punto de acuerdo por el que se cita a comparecer al presidente y al comisionado de la Cofetel, para que informen lo relativo a su actuación en el diferendo entre la empresa Axtel y las empresas de telefonía móvil.

La Secretaria diputada Margarita Arenas Guzmán: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se cita a comparecer al presidente y al comisionado de la Cofetel para que informen sobre su actuación en el diferendo entre Axtel y empresas de telefonía móvil, a cargo de la diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza , del Grupo Parlamentario del PRI Exposición de Motivos

Uno de los principios básicos que sustentan las instituciones del gobierno en cualquiera de sus ámbitos, municipal, estatal o federal, es el relativo a la legalidad y transparencia de los actos que, como autoridad, emitan los servidores públicos encargados del despacho de los asuntos de su esfera de competencia y responsabilidad.

La violación de estos principios disminuye la confianza de los ciudadanos respecto a las autoridades, lo que socava el estado de derecho como principio rector de los actos de gobierno, actos que, como legisladores no podemos soslayar. En cumplimiento de la responsabilidad que tenemos ante el pueblo que nos ha nombrado sus representantes, debemos esclarecer y, en su caso, vigilar que los actos violatorios de los preceptos señalados sean castigados y erradicados.

Por esas razones, toca hoy poner a consideración del Congreso de la Unión los siguientes hechos, que pudieran ser constitutivos de violaciones de diversas disposiciones legales.

Recientemente se han ventilado en los medios de comunicación declaraciones del ciudadano Rafael Noel del Villar Alrich, presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), en las que acusó a ésta y a sus comisionados de actuar ``de manera parcial y atendiendo los intereses de las compañías celulares'' en la solución del diferendo entre la empresa Axtel y las citadas empresas de telefonía móvil respecto al esquema ``el que llama paga'' (periódico Reforma, 9 de octubre de 2008, página 12, sección Negocios).

El tema viene al caso en razón de que Del Villar, al final de su gestión como subsecretario de Comunicaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), resolvió, aparentemente fuera de su esfera de competencia, un recurso de revisión contra supuestas resoluciones emanadas del Pleno de la Cofetel, interpuesto por Axtel inconformándose sobre la tarifa del esquema ``el que llama paga'', en cuya resolución a cargo del hoy comisionado Del Villar y otrora subsecretario de Comunicaciones, ordenó una reducción de la tarifa del citado esquema, atendiendo favorablemente el recurso interpuesto por Axtel.

A mayor abundamiento sobre el particular, en la publicación de Excélsior del 7 de octubre de 2008, en la columna ``Tiempo de Negocios'', se cita: ``Para rematar, Del Villar en su resolución afirma sin empacho que los comisionados de la Cofetel actuaron abiertamente a favor de las empresas de telefonía celular al aplicar la susodicha tarifa''.

Como se aprecia, de confirmarse que en el desempeño de sus funciones como subsecretario de Comunicaciones y en particular en la atención del recurso de revisión interpuesto por Axtel a que me he venido refiriendo, el ciudadano Rafael Noel del Villar Alrich encontró y fundamentó su resolución en una actuación omisa, parcial e ilegal por la Cofetel. Al momento de fijar inicialmente el esquema tarifario para las llamadas en la modalidad ``el que llama paga'', el ciudadano Rafael Noel del Villar Alrich, de conformidad con las disposiciones contenidas en la fracción XVIII del artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, debió denunciar por escrito, ante su superior jerárquico o ante la Contraloría Interna en la SCT, los actos u omisiones que hubiese advertido respecto a los servidores públicos de la Cofetel por la supuesta resolución parcial e ilegal de las tarifas de interconexión del esquema ``el que llama paga'', toda vez que tal conducta pueda ser causa de responsabilidad administrativa tanto de la citada ley como de otras aplicables a dicho tipo de conductas ilícitas.

Por otra parte, también se ha publicado en diversos medios impresos que la resolución emitida por el ciudadano Rafael Noel del Villar Alrich sobre el recurso de revisión interpuesto por Axtel fue suscrita y emitida por dicho servidor público cuando ya no era subsecretario de Comunicaciones de la SCT.

Así, Excélsior, en la edición del 10 de octubre de 2008, página 5, sección Dinero, señala: ``Rafael del Villar firmó la resolución en ausencia del titular de la dependencia, Luis Téllez, cuando ya había sido nombrado comisionado de la Cofetel y Purificación Carpinteyro ya había sido nombrada subsecretaria de Comunicaciones''. Posteriormente, el 13 octubre de 2008, el citado diario, en la página 4 de la sección Dinero, cita: ``Del Villar ha sido acusado de haber emitido tal resolución para resolver controversias entre Axtel y Telefónica, cuando ya no era subsecretario de Comunicaciones de la SCT, con lo que además violó un amparo a favor de Telcel en contra de una resolución similar que la Cofetel emitió''.

En respuesta de esas imputaciones, el ciudadano Rafael Noel del Villar Alrich, en declaraciones para Excélsior, publicadas el 13 octubre de 2008 en la página 4 de la sección Dinero, expresó: ``... No existe tal suspensión. En segundo lugar, no hubo violación de amparo alguno, dado que los tribunales emitieron un amparo a favor de Telcel en contra de una resolución de la Cofetel, pero no contra la SCT. Además, ésta no fue notificada de tal suspensión definitoria por lo que, en tercer lugar, él firmó la resolución el 1 de septiembre, cuando todavía era subsecretario de Comunicaciones...''

Como se aprecia, las declaraciones del funcionario son a todas luces contradictorias, toda vez que afirma la no existencia del amparo y posteriormente admite su existencia, pero se deslinda de él al decir que no le es aplicable. Este segundo tema de la actuación del ciudadano Rafael Noel del Villar Alrich como subsecretario de Comunicaciones tiene también un alto grado de opacidad en su actuación como servidor público, ya que resultaría preocupante que los funcionarios tuvieran conocimiento de las órdenes emanadas del Poder Judicial y que a través de subterfugios legales, y en abuso del marco legal aplicable, actuaran de manera irresponsable buscando no acatar dichas órdenes, pese a tener conocimiento de ellas.

Compañeros diputados: el tema que aquí expongo no se refiere a un problema de tarifas en la industria de telecomunicaciones, que de suyo puede ser sujeto también de análisis. No, señores diputados: se trata de un tema de falta de transparencia en el que está en entredicho la actuación de diversos servidores públicos en contravención de los preceptos constitucionales de honradez y transparencia, presumiéndose que en el ejercicio de sus funciones pudieron incurrir en actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho, aspectos que requieren ser aclarados y, en su caso, perseguidos y castigados con todo el rigor de la ley.

En este sentido, derivado de la actuación del hoy comisionado, se deduce un gran número de violaciones de los siguientes marcos normativos y que son descritos en notas anexas:

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
• Ley de Amparo
• Código Penal Federal
• Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos

Compañeros diputados: a lo largo de esta exposición ha quedado clara la falta de transparencia en los hechos relatados y se han perfilado las posibles violaciones que, de confirmarse, constituyen graves contravenciones del marco legal, punibles con todo el peso de la ley, las cuales no podemos soslayar, en razón de lo cual someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita la comparecencia inmediata del ciudadano Héctor Guillermo Osuna Jaime, presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, y del ciudadano Rafael Noel del Villar Alrich, comisionado de ésta, para que expliquen a esta soberanía las acusaciones que el ciudadano Rafael Noel del Villar Alrich ha hecho contra otros comisionados de la propia Comisión Federal de Telecomunicaciones, calificando su actuación como omisa, parcial e ilícita en relación con las resoluciones emitidas por dicha comisión en los desacuerdos de interconexión entre operadores fijos y móviles, toda vez que tales acusaciones son graves y constitutivas de responsabilidades, las que a la fecha no han sido denunciadas ante los órganos gubernamentales correspondientes.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de octubre de 2008.--- Diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza (rúbrica).»
«Anexo

Posibles violaciones legales

Dada la gravedad y trascendencia de los actos que he descrito, es conveniente hacer un breve análisis de las violaciones en que pudieron haber incurrido servidores públicos en la comisión de los actos relatados, las cuales se resumen como sigue:

De la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

El artículo 107, fracción XVI, de la Carta Magna establece las consecuencias de eludir una sentencia judicial. Dicho artículo se relaciona con el 143 de la Ley de Amparo y, entre otros artículos más, con el primer párrafo de los artículos 105, 107 y 111, que señalan las reglas por observar y las consecuencias de la falta de ejecución y cumplimiento de una suspensión, como en este caso se hizo del conocimiento a la Comisión Federal de Telecomunicaciones para su cumplimiento, resultando igualmente obligatorio su acatamiento para la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que se ha ostentado como su superior jerárquico al resolver el recurso de revisión interpuesto por Axtel.

De la Ley de Amparo

El artículo 206 de la Ley de Amparo señala que la autoridad federal que no obedezca el auto de suspensión será sancionada en términos del Código Penal Federal, por el delito de abuso de autoridad ante su desobediencia, como podría ser este caso a los servidores públicos de la Comisión Federal de Telecomunicaciones y de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, incluido el ciudadano Rafael Noel del Villar Alrich, al no obedecer la suspensión otorgada en favor de uno de los operadores móviles que impedía resolver aparentemente el citado recurso.

Del Código Penal Federal

En el artículo 215, el Código Penal trata del delito de abuso de autoridad. En su fracción III se prescribe como uno de los actos que constituyen tal delito que los servidores públicos retarden o denieguen la protección a que tiene obligación de otorgar, hecho que podría haberse constituido en el caso de que se hubiera violado la suspensión existente en favor de uno de los operadores móviles, pues con ello se habría denegado la protección otorgada a dicha empresa.

Por otra parte, el ciudadano Rafael Noel del Villar Alrich podría haber violado, mediante las manifestaciones públicas que constan en diversas publicaciones, el artículo 215, fracción II, que prescribe como tal delito el insulto o vejación en ejercicio de sus funciones o como motivo de ellas, como podría ser las que realizó contra la Comisión Federal de Telecomunicaciones y sus comisionados, en caso de que dicho ciudadano no demuestre que dicha comisión en su resolución sobre la tarifa del esquema ``el que llama paga'' actuó en contravención de la legalidad.

Adicionalmente, se ha sugerido que no es cierto que el ciudadano Rafael Noel del Villar Alrich haya firmado la resolución cuando ocupaba el cargo de subsecretario de Comunicaciones sino que lo hizo en fecha posterior. Lo anterior implicaría la configuración del delito a que se refiere el artículo 225, fracción I, pues habría estado impedido legalmente para hacerlo.

En dicho sentido, es de llamar la atención el hecho de que si el ciudadano Del Villar, como afirma, suscribió su resolución el 1 de septiembre del año en curso, no se encuentra explicación para el hecho de que la notificación de tal resolución no se haya hecho hasta el 12 de septiembre. De confirmarse tal violación, el ciudadano Rafael Noel del Villar Alrich también sería responsable de haber cometido el delito señalado en el artículo 250, fracción I, de usurpación de funciones públicas. Además, en caso de que dicho ciudadano declarara falsamente ante la autoridad, incurriría además en el delito prescrito al efecto en el artículo 247 del mencionado código.

Asimismo, el artículo 225, fracción VI, podría haber sido violado por el ciudadano Rafael Noel del Villar Alrich, por la emisión de la resolución sobre el recurso de revisión interpuesto por Axtel, a sabiendas de la suspensión otorgada de manera definitiva por un juez contra una resolución similar emitida previamente por la Comisión Federal de Telecomunicaciones. Más aún, en el caso de que se hubiera consumado tal violación, el solo hecho de haber dictado la resolución del recurso de revisión ha entorpecido y retardado de manera maliciosa o cuando menos negligente la aplicación de la justicia, hecho constitutivo del delito prescrito en la fracción VIII del mencionado artículo 225.

De la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos

Esta ley dispone en los artículos 7 y 8 que todo servidor público tiene la obligación de cumplir el servicio que le sea encomendado y de abstenerse de cualquier acto o ejercicio indebido de su cargo, obligación que podría no haber sido cumplida por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y, en concreto, por el ciudadano Rafael Noel del Villar Alrich al emitir el 1 de septiembre de 2008 la resolución del multicitado recurso de revisión interpuesto por Axtel, toda vez que al ser la Cofetel una entidad autónoma, de acuerdo con el artículo 9o. de la Ley Federal de Telecomunicaciones, ella debió haberlo sustanciado, toda vez que el artículo 86 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo establece que el recurso de revisión debe ser resuelto por el superior jerárquico, salvo que tal acto venga del titular de una dependencia, siendo cierto que en el caso que nos ocupa la resolución emitida por la Comisión Federal de Telecomunicaciones respecto de la tarifa correspondiente al esquema ``el que llama paga'' correspondió al pleno de la Comisión Federal de Telecomunicaciones. Esta actuación vulnera gravemente la autonomía otorgada por el Congreso de la Unión a la Cofetel.

Finalmente, el ciudadano Rafael Noel del Villar Alrich podría haber violado disposiciones de secreto establecidas en el artículo 9 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, que obliga al servidor público que deje desempeñar su cargo a no usar en provecho propio la información o documentación a que haya tenido acceso en su cargo y que no sea de dominio público.»

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Túrnese a la Comisión de Comunicaciones.



REGLAMENTO DE LA LEY PARA PREVENIR Y SANCIONAR LA TRATA DE PERSONAS

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Se recibió de la diputada Holly Matus Toledo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a que expida el Reglamento de la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, y a que establezca una comisión intersecretarial en esa materia.

La Secretaria diputada Margarita Arenas Guzmán: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a expedir el Reglamento de la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, y a establecer una comisión intersecretarial en la materia, a cargo de la diputada Holly Matus Toledo , del Grupo Parlamentario del PRD

La que suscribe, diputada Holly Matus Toledo , integrante a la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

En 2007 el honorable Congreso de la Unión aprobó el decreto que expide la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, que reforma y adiciona la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, que reforma y adiciona el Código Federal de Procedimientos Penales, y que reforma, adiciona y deroga el Código Penal Federal, el mismo fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de noviembre, y entró en vigor al día siguiente.

La ley menciona que comete el delito de trata quien promueva, solicite, ofrezca, facilite, consiga, traslade, entregue o reciba, para sí o para un tercero, a una persona, por medio de la violencia física o moral, engaño o el abuso de poder para someterla a explotación sexual, trabajos o servicios forzados, esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud, servidumbre, o a la extirpación de un órgano, tejido o sus componentes.

El objeto de la ley es la prevención y sanción de la trata de personas, así como la protección, atención y asistencia a las víctimas de estas conductas con la finalidad de garantizar el respeto al libre desarrollo de la personalidad de las víctimas y posibles víctimas, residentes o trasladadas al territorio nacional, así como a las personas mexicanas en el exterior.

Aun cuando la emisión de la Ley de Trata es un paso significativo en el combate a este delito, no se traduce en acciones concretas debido a que la ley aun no cuenta con mecanismos operativos para su ejecución.

La ley en comento señala que las dependencias y entidades de la administración pública federal, así como de la Procuraduría General de la República, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, llevarán a cabo o colaborarán en la realización de programas permanentes para prevenir este delito, sin embrago estos aún no se producen debido a que no se ha emitido el Reglamento de la mencionada ley.

El segundo artículo transitorio de la Ley de Trata señala que el Ejecutivo federal debe expedir el reglamento en un término de 120 días hábiles. El plazo para la emisión de dicho reglamento venció en la última semana de mayo del presente, sin que hasta el momento haya sido publicado.

Respecto al contenido del artículo 10 de la Ley, aún no se ha designado a los integrantes de la Comisión Intersecretarial que coordinará las acciones de sus miembros en la materia, para elaborar y poner en práctica el Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, el cual deberá incluir, cuando menos, las políticas públicas en materia de prevención y sanción de la trata de personas, así como la protección y atención a las víctimas del delito. El Ejecutivo federal también debe designar a quien presidirá dicha Comisión, la cual debe, asimismo, elaborar su reglamento interno y designar a su secretario técnico.

La importancia de esta Comisión Intersecretarial se encuentra en el artículo 12 de la Ley de Trata, el cual prevé sus obligaciones en materia de prevención y sanción del delito de trata de personas. Debido a estas omisiones, tampoco se ha puesto en marcha el Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas; esto es, a casi un año de la emisión de la Ley, no ha habido avances en este rubro.

Las acciones gubernamentales respecto a este grave fenómeno después de la emisión de la ley, han sido casi nulas. El Segundo Informe de Gobierno de la actual administración presenta más cifras que resultados al respecto, ya que sólo reporta reuniones entre autoridades de México y Estados Unidos, y participación en foros y conferencias internacionales sobre el tema, que no se demeritan, pero es claro que no existen acciones concretas para el real cumplimiento de dicha ley en nuestro país.

Es urgente que se proceda a la operación de ley, pues según cifras de la Organización de las Naciones Unidas, la trata de personas es el tercer negocio más lucrativo para la delincuencia organizada a escala mundial --sólo superado por el tráfico de drogas y el de armas--, ya que produce ganancias anuales por unos 9 mil 500 millones de dólares; y al menos 27 millones de personas en todo el mundo han sido víctimas de explotación laboral, sexual o comercial en los últimos 25 años. 1

A su vez, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) cuenta con reportes similares que refieren que en los años 2004, 2005 y 2006, del total estimado de personas reclutadas con fines de explotación laboral o económica (unos 2 millones 450 mil), 56% son mujeres y niñas, y el resto, hombres y niños. En el caso de las víctimas de explotación sexual, 98 por ciento son mujeres y niñas, según la organización.

Las estadísticas en México no son menos graves, ya que 16 mil personas menores de edad son objeto de explotación sexual cada año y 85 mil son usadas en actos de pornografía, mientras en 21 de las 32 entidades del país existe turismo sexual, según datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática y del Fondo Internacional para la Infancia. 2 Las cifras no se pueden tomar como exactas, ya que es muy difícil que las víctimas inicien un proceso de denuncia contra las y los tratantes, porque aún no existen campañas gubernamentales de prevención, protección y atención a víctimas (previstas en el artículo 12, fracción II, de la Ley de referencia), y tampoco hay albergues creados para este fin (establecidos por el artículo 13, inciso d).

La trata de personas es la esclavitud del siglo XXI y se perpetra mediante el abuso, la tortura y la degradación de la condición humana, con el fin de hacer creer que un individuo vale menos que una mercancía. Este fenómeno es una amenaza constante al individuo y a la sociedad, porque implica la violación de todos los derechos humanos y además representa una de las formas más rentables del crimen organizado.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al titular del Ejecutivo a emitir con la mayor brevedad el Reglamento de la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, a establecer la comisión intersecretarial en la materia, nombrar a su titular y elaborar, publicar, difundir y ejecutar el Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas.

Notas: 1 Fuente: ``La trata de personas, entre los delitos más rentables, documentan expertos''. Coloquio Prevención y Erradicación de la Trata de Personas en México. En La Jornada, viernes 8 de junio de 2007. 2 Ibídem.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de septiembre de 2008.--- Diputada Holly Matus Toledo (rúbrica).»

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Túrnese a la Comisión de Justicia.



TRABAJO INFANTIL

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Se recibió, además, de la diputada Holly Matus Toledo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a que, mediante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, implante acciones para combatir el trabajo infantil.

La Secretaria diputada Margarita Arenas Guzmán: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a implantar mediante la STPS acciones para combatir el trabajo infantil, a cargo de la diputada Holly Matus Toledo , del Grupo Parlamentario del PRD

Holly Matus Toledo , integrante de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

La pobreza generada por el modelo económico ha orillado a millones de menores a incorporarse a actividades laborales para ayudar a sus familias. Sin embargo, no se puede tolerar ni aceptar que frente a situaciones de pobreza generada por la estructura política y socioeconómica del país, se utilice al trabajo infantil como remedio. Un gobierno que tolera y acepta tácitamente el trabajo infantil no vislumbra que éste no sólo perjudica la salud y bienestar de las y los niños, sino también impide y menoscaba cualquier posibilidad de desarrollo nacional.

En un comunicado conjunto del 12 de junio de 2008, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, señalaron que en el mundo 165 millones de niños de entre 5 y 14 años trabajan, y en América Latina la cifra es de 5.7 millones, la mitad de los cuales se encuentran en México. Así, el panorama mexicano es bastante desalentador.

Según cifras preliminares del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, obtenidas a través del Módulo de medición de trabajo infantil efectuado como parte de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, 2 de cada 100 niños y niñas de entre 5 y 9 años trabajan por necesidad económica, y 10 de cada 100 menores en el rango de 11 a 13 años. El primer lugar de las entidades con mayor número de niños, niñas y adolescentes que se emplean en diversas actividades económicas lo ocupa el estado de Veracruz con 340 mil 487 menores; seguido del estado de Chiapas, con 281 mil 11 y en último lugar se encuentra Baja California Sur con 9 mil 828.

Uno de los contextos en los que el trabajo infantil adquiere los matices más cruentos es el campo agrícola mexicano. Sin embargo, no existe información exacta ni fidedigna del número de niñas, niños y adolescentes que trabajan como jornaleros agrícolas. Según la Confederación Nacional Campesina, de los 6 millones de jornaleros agrícolas, el 27 por ciento son menores de entre 6 y 14 años los cuales trabajan en condiciones infrahumanas, se encuentran excluidos del sistema escolar oficial y al margen de cualquier protección laboral. Por su parte, la Secretaría de Educación Pública, a través del Programa Educación Preescolar y Primaria para Niñas y Niños Migrantes (PRONIM), ha evidenciado que alrededor de 500 mil niños de entre 3 y 14 años de edad laboran como jornaleros. Los principales estados de origen de estos migrantes son Guerrero, Oaxaca y Veracruz; y los principales estados de destino son Sinaloa, Baja California, Baja California Sur y Sonora. El 25% de los menores de 5 a 14 años hijos de jornaleros agrícolas migrantes nunca ha asistido a la escuela y la SEP considera que uno de los factores que propicia la inasistencia escolar es el trabajo infantil. Así también, en el informe Explotación laboral de las niñas, niños y adolescentes en México, la organización civil Thais Desarrollo Social indica que tres de cada seis menores de entre 6 y 11 años de las familias campesinas se suman al trabajo asalariado y alrededor de 600 mil en el rango de 6 a 14 años laboran jornadas hasta de 12 horas diarias, además de que la cuarta parte de los niños jornaleros nunca ha asistido a la escuela, 46% labora seis días a la semana y 35% no tiene descansos. Aun cuando los datos son divergentes, reflejan una situación sumamente preocupante respecto al trabajo de menores de 14 años de edad en el campo mexicano. Recientemente la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Nayarit, en su diagnóstico ``Jornaleros agrícolas migrantes en Nayarit 2007'', reveló que alrededor de 14 mil niños y niñas indígenas, hijos de jornaleros agrícolas, laboran en el cultivo y levantamiento de tabaco, café y caña, sufriendo explotación y malos tratos.

El relator especial de la Organización de Naciones Unidas para los Derechos de los Migrantes, Jorge Bustamante, ha denunciado que las leyes nacionales y convenios internacionales firmados por México contra el trabajo infantil son ``letra muerta'', como muestra el caso de David Salgado, un niño de nueve años de una comunidad mixteca de la zona de la Montaña de Guerrero que falleció el 9 de enero de 2007 arrollado por un tractor en Sinaloa, adonde se había desplazado con su familia de jornaleros agrícolas en la temporada alta de recolecta de tomate. Otros 12 niños guerrerenses fallecieron en campos agrícolas del país en el año 2006.

Los impactos que el trabajo infantil produce en la salud de los menores son muy graves. Dado la anatomía en desarrollo y la falta de madurez psicológica existe una vulnerabilidad biológica diferencial, en virtud de la cual se incrementan las probabilidades de presentar trastornos que afectan el desarrollo, educación, salud, además de que se frustra la realización de un proyecto de vida digna de los menores. Por la desnutrición, la talla pequeña y el cansancio, aumenta el número de accidentes de trabajo y la incidencia de enfermedades infecciosas o fracturas. La OIT señala que el trabajo infantil puede dañar irreversiblemente el desarrollo físico y mental de los niños, causando graves repercusiones en su vida adulta. Aunado a lo anterior, en el campo, niñas y niños están expuestos a muchos riesgos desde las inclemencias del tiempo, los accidentes por el uso de maquinaria, accidentes por vehículos de motor, jornadas laborales exhaustivas, ritmos de trabajo agotadores, carga de objetos pesados, hasta el grave peligro que representa la exposición sistemática a plaguicidas y agroquímicos cuyos efectos inmediatos o crónicos pueden minar su salud y terminar su vida, muchas investigaciones señalan la relación directa entre exposición y leucemias infantiles y otros cánceres.

Frente a esta situación se estima necesario que el Ejecutivo federal implante una serie de acciones que puedan darle eficacia y eficiencia a las normas constitucionales y legales que prohíben el trabajo de menores de 14 años y contribuyan a erradicarlo. Entre esas acciones se encuentran las siguientes:

1) En primera instancia, urge la reforma al Reglamento General para la Inspección y Aplicación de Sanciones por Violaciones a la Legislación Laboral debido a que en sus artículos 14 y 17 contiene requisitos que han impedido la aplicación de la legislación constitucional y legal en materia de trabajo de menores. Dichos artículos actualmente exigen que las visitas de inspección se realicen previo citatorio de 24 horas, con lo cual se da oportunidad a los empleadores de ocultar a los niños, niñas y adolescentes que tienen trabajando, de esta forma violan la Constitución y la Ley Federal del Trabajo además de que evaden cualquier posibilidad de sanción. Así lo ha reconocido María Guadalupe González Ruiz, delegada federal de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social en el estado de Oaxaca, en el Primer Encuentro sobre Derechos de Hijas e Hijos de Familias Jornaleras agrícolas realizado en abril de este año, al sostener que ``en la experiencia recogida..., aun cuando se recibe una denuncia de que en determinado centro de trabajo se encuentran laborando menores de edad, tal circunstancia no se ha podido corroborar debido a que el citatorio pone sobre aviso al patrón y el día de la visita de inspección los menores son enviados a un descanso forzoso a sus casas.''

Por lo anterior, es necesario que los inspectores puedan realizar visitas de inspección de forma sorpresiva. Se entiende que la finalidad del artículo 17 en relación con el 14 del mencionado reglamento es dar cumplimiento al artículo 16 constitucional, pero esto no es correcto por las razones que se procederán a explicar.

El artículo 17 del reglamento en mención indica que: ``Los inspectores, para practicar las visitas ordinarias correspondientes, lo harán previo citatorio que entreguen en los centros de trabajo por lo menos con veinticuatro horas de anticipación a la fecha en que se realizarán, en el que se especificará el nombre del patrón, domicilio el centro de trabajo, día y hora en que se practicará la diligencia, el tipo de inspección, el número y fecha de la orden de inspección correspondiente, acompañando un listado de documentos que deberá exhibir el patrón, los aspectos a revisar y las disposiciones legales en que se fundamenten.''

Mientras que el artículo 16 constitucional establece que ``nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento''. Sin embargo, con la instauración de ``visitas sorpresa'' no se vulnera el citado precepto constitucional.

Así, de ninguna parte del artículo 16 constitucional se desprende ni puede interpretarse que se requiera citatorio alguno, pero lo que sí se exige es la existencia y presentación de la orden correspondiente. Por ello, en la realización de visitas sorpresivas a establecimientos en donde se tenga conocimiento de posibles violaciones a la legislación laboral sobre trabajo de menores se cumple el requisito exigido por el artículo 16 constitucional con la presentación de la respectiva orden escrita debidamente fundada y motivada, según tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; 1 y al mismo tiempo se le da cumplimiento al artículo 123 constitucional.

La posibilidad de realizar visitas de inspección de forma sorpresiva no vulnera la seguridad jurídica del patrón, ni su derecho a la intimidad o privacidad, ni tiende a perturbar la seguridad de su familia, sino que está fundada en un interés público sustentado en la obligación constitucional a cargo de proteger los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Si hay que ponderar los derechos y bienes constitucionales en juego, claramente priman los derechos de los niños, niñas y adolescentes y el interés público de erradicar el trabajo infantil. Así, el artículo 123 Apartado A fracción III de la Constitución de la República y el artículo 22 de la Ley Federal del Trabajo, al prohibir la contratación de menores de 14 años, están tutelando un bien mayor, que son los derechos de los menores.

En un estudio de derecho comparado, se observa que la Ley número 25.877 del Régimen Laboral de la Nación Argentina, en su artículo 32, faculta a los inspectores a entrar en los lugares sujetos a inspección, sin necesidad de notificación previa ni de orden judicial de allanamiento. Por lo que se infiere que es posible, por no decir necesario, la implantación de este tipo de disposiciones en los Estados constitucionales de derecho.

Actualmente el gobierno mexicano, a través Reglamento General para la Inspección y Aplicación de Sanciones por Violaciones a la Legislación Laboral, esta protegiendo los derechos de los patrones pero no los derechos de los niños, niñas y adolescentes mexicanos; así está violando tanto las disposiciones constitucionales como los compromisos internacionales contraídos por nuestro país en el ejercicio de su soberanía, entre los que se encuentran la Convención sobre los Derechos del Niños, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Convenio 182 de la OIT sobre la Prohibición de las Peores Formas de Trabajo Infantil y la Acción Inmediata para su Eliminación.

El Ejecutivo federal en el Plan Nacional de Desarrollo, PND, 2007-2012 reconoce en el eje 1, punto 1.7, que: ``asegurar el respeto a los derechos humanos constituye una tarea que no solamente implica la restitución en el goce de tales derechos, sino desarrollar esquemas mediante los cuales sea posible prevenir su violación.'' Y enfatiza que ``ello requiere, en consecuencia, tomar medidas contundentes para avanzar con celeridad hacia los estándares internacionales en la materia.'' La reforma al reglamento en mención constituiría una acción contundente y que permitiría avanzar hacia los estándares internacionales. Asimismo, el Ejecutivo en el eje 1, punto 1.7, objetivo 12, estrategia 12.3, del PND se compromete a ``priorizar la atención de grupos vulnerables para prevenir la violación de sus derechos humanos''. Lamentablemente, en el caso del trabajo infantil, esta intención no se ha materializado.

2) Para darle eficacia a las normas constitucionales y legales en materia de trabajo infantil, se estima pertinente que se celebren convenios de colaboración específicos para que autoridades federales junto con las locales puedan inspeccionar campos agrícolas de acuerdo con lo previsto por el artículo 123, apartado A, fracción XXXI, inciso b), punto 3, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por los artículos 527 y 529 de la Ley Federal del Trabajo. Aunado a lo anterior, en el periodo 2000-2007 descendió en un 46 por ciento el número de inspecciones laborales al pasar de 35,879 a 19,214 según datos de la Dirección General de Inspección Federal del Trabajo. Por ello se estima necesaria la coadyuvancia de autoridades federales y locales en la inspección de campos agrícolas para lograr la eficacia de las normas que prohíben el trabajo de personas menores de 14 años; y en especial pueda erradicarse el trabajo de niñas, niños y adolescentes como jornaleros agrícolas.

Por las anteriores consideraciones presento ante esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, a que modifique el artículo 14 y 17 del Reglamento General para la Inspección y Aplicación de Sanciones por Violaciones a la Ley Federal del Trabajo, a fin de que las visitas ordinarias y extraordinarias puedan realizarse por las autoridades de trabajo sin previo aviso, ni citatorio y efectuarse con cualquier persona, cuando se tenga conocimiento de posibles violaciones a la legislación laboral sobre trabajo de menores.

Segundo. Se exhorta al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, a celebrar convenios de colaboración específicos con las entidades federativas para que inspectores federales coadyuven con los inspectores locales en la supervisión de campos agrícolas para detectar violaciones a las normas que prohíben trabajo de menores.

Nota: 1 Véanse las tesis: Inspección Federal del Trabajo. Inconstitucionalidad del artículo 17 del Reglamento de. Semanario Judicial y su Gaceta, Octava Época, Tomo V, Primera Parte, enero a junio de 1990, página 267, Cuarta Sala; e Inspecciones de trabajo. Interpretación del artículo 17 del Reglamento general para la Inspección y Aplicación de Sanciones por Violaciones a la Legislación Laboral. Semanario Judicial y su Gaceta, Novena Época, XIV, octubre de 2001, tesis I.7o.A.141ª, página 1132, Tribunales Colegiados de Circuito.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de septiembre de 2008.--- Diputada Holly Matus Toledo (rúbrica).»

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.



REGLAMENTO DE COOPERATIVAS ESCOLARES

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Se recibió, asimismo, de la diputada Holly Matus Toledo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, punto de acuerdo por el que se exhorta a la secretaria de Educación Pública a que actualice el Reglamento de Cooperativas Escolares.

La Secretaria diputada Margarita Arenas Guzmán: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la titular de la SEP a actualizar el Reglamento de Cooperativas Escolares, a cargo de la diputada Holly Matus Toledo , del Grupo Parlamentario del PRD

La que suscribe, Holly Matus Toledo , diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LX Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 58, 59, 60 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo para exhortar al Secretario de Educación Pública a actualizar el Reglamento de Cooperativas Escolares, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El Estado reconoce en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el derecho a la salud, por tanto, el Estado mexicano está obligado a garantizar por la salud de todos y cada una de las mexicanas y los mexicanos a través de políticas de salud pública, como una acción colectiva organizada, igualitaria y equitativa. Por ello, la seguridad social se establece como mecanismo del Estado para asegurar que todas las personas tengan acceso a los servicios de salud.

Así, el derecho a la salud es uno de los derechos sociales establecidos en el párrafo tercero del artículo 4, y la fracción XVI del artículo 73 constitucional, que genera la obligación del Estado de desarrollar políticas públicas para garantizar su ejercicio.

La salud, como uno de los bienes jurídicos tutelados por el derecho, se entiende de acuerdo con una definición de la Organización Mundial de la Salud como un estado de bienestar físico, psíquico y social, tanto del individuo como de la colectividad. La protección de la salud y el desarrollo de políticas públicas es una de las tareas fundamentales de los Estados democráticos sociales contemporáneos, lo que representa el fundamento del estado de bienestar.

El derecho a la salud se encuentra previsto en diversos pactos internacionales de derechos humanos, entre los cuales se encuentra la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), que, en su artículo 25, dispone que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar y, en especial, la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios.

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966), en su artículo 12, establece que ``1. Los Estados parte en el presente pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental''.

El sobrepeso y la obesidad son fenómenos epidemiológicos que se presentan en diversos países, a consecuencia de los cambios sociales profundos que se han derivado de lo que se le ha llamado la revolución del conocimiento, que consiste en cambios en la población de la sociedad que inciden en su vida social, como son la incursión de la mujer en el mercado laboral, la introducción de la tecnología a los hogares y oficinas, y el reemplazo de la actividad física por la actividad intelectual en las empresas, entre otros.

Por otro lado, y en la actualidad, el ambiente, también llamado contexto social o nicho ecológico, se le puede calificar de obesogénico, por la suma de influencias que rodean al escolar que generan condiciones en su vida que provocan un aumento en su peso, como son una serie de factores directos e indirectos de carácter económico (costo de los alimentos, ingreso familiar), político (leyes y políticas públicas informales), sociocultural (valores, influencia de amigos, familiares) y físicos (disponibilidad de alimentos en la casa y en la escuela), en los que se desenvuelven los menores, los cuales tienen poderosas influencias sobre su conducta.

Todas estas transformaciones sociales han generado nuevas dinámicas en el núcleo familiar, como la reducción del tiempo compartido entre los miembros de la familia y, a su vez, han creado nuevas necesidades como la de disponer de alimentos de preparación rápida o ya preparados de adquisición inmediata para comer en casa o fuera de ellas, pasando a un segundo plano, la preparación y consumo de alimentos como punto de reunión familiar. 1

En fecha reciente, el secretario de Salud, al encabezar la presentación de los resultados del proyecto Factores Asociados a Sobrepeso y Obesidad en el Ambiente Escolar, precisó que la obesidad infantil, sobre todo entre los cinco y once años, afecta a 1.4 millones de escolares, y el 26 por ciento del total tiene ya sobrepeso u obesidad, lo cual es preocupante debido a que en un alto porcentaje este problema persiste hasta la edad adulta. 2

Recordemos que la obesidad es el resultado de un desequilibrio entre la ingestión y el gasto energético. Este desequilibrio es consecuencia de la ingestión de dietas con alta densidad energética y bajas en fibra y de bebidas azucaradas en combinación con una escasa actividad física. Esta última se ha asociado a la urbanización, al crecimiento económico y a los cambios en la tecnología para la producción de bienes y servicios, así como a los estilos de vida y de recreación.

En México, la información más reciente acerca del estado de nutrición de la población en la Encuesta Nacional de Nutrición 1993 3 informó que en niños escolares se encontró una prevalencia combinada de sobrepeso y de obesidad de 19.5 por ciento.

Pero el problema de obesidad infantil en nuestro país es aún más grave, toda vez que ocupamos el segundo lugar en el mundo, al igual que en el consumo de refrescos. También tenemos el mayor índice de crecimiento de obesidad a escala global. Sólo en los últimos siete años, el sobrepeso y la obesidad en niños de 5 a 11 años aumentó 40 por ciento, y esto ocurre cuando las niñas y los niños entran a la escuela (13 por ciento de los menores de cinco años tienen sobrepeso y 5 por ciento obesidad. Esta cifra aumenta conforme pasa el tiempo y, al llegar a los once años, 21 por ciento tiene sobrepeso y 11 por ciento obesidad).

Ahora bien, las niñas y los niños en su ambiente escolar, durante su estancia en la escuela, disponen de periodos de descanso o de recreo para ingerir algún alimento que, en la mayoría de las ocasiones, es adquirido en las denominadas cooperativas escolares, pudiéndose advertir que en éstas se expenden productos con muy poco contenido y valor nutricional, como frituras de harina, dulces, refrescos, etcétera, situación que no favorece en nada a una alimentación nutritiva y balanceada para los menores escolares. De tal suerte que las cooperativas escolares no cumplen con esa parte de labor educativa que se refiere a los hábitos alimenticios. Es por ello que se considerada que el tiempo que los alumnos permanecen en la escuela forma parte de uno de los factores de influencia de obesidad.

Actualmente, el Reglamento de Cooperativas Escolares, expedido el 16 de abril de 1982 por el entonces presidente José López Portillo, presenta un gran retraso, dado los avances sociales en la materia que hoy nos ocupa, específicamente por lo establecido en el artículo 12, en relación con las cooperativas escolares, al señalar que son de dos tipos: de consumo y de producción.

Por su parte, el artículo 13 del reglamento señala qué se debe de entender por cooperativas de consumo, precisando que son aquéllas que se organizan para la adquisición y venta de materiales didácticos, útiles escolares, vestuario y alimentos, pero no precisa las características ni el valor nutricional que deberán de tener los alimentos que se ofertan en las escuelas que integran el sistema educativo nacional.

Por lo anterior, sería recomendable incluir los siguientes capítulos en el reglamento de referencia y, atendiendo a lo establecido en la Norma Oficial Mexicana NOM-043-SSA2-2005, ``Servicios básicos de salud. Promoción y educación para la salud en materia alimentaria. Criterios para brindar orientación'', publicada en el Diario Oficial de la Federación en fecha 23 de enero de 2006, para que desde el ámbito escolar se pudieran modificar los patrones de consumo de los anteriores, que son los siguientes:

A) Venta de alimentos con valor nutricional

En el cual, la Secretaría de Educación Pública, con participación de la Secretaría de Salud, atiendan criterios y lineamientos en materia de orientación alimentaria, fomento a la salud escolar, y prácticas de higiene y de sanidad en la preparación y venta de alimentos que se expendan en las instituciones educativas.

B) Consumo escolar

En donde se establezca que los alimentos expendidos en las escuelas observen las más estrictas normas de higiene y, sobre todo, que contengan un valor nutricional que garantice que los productos ahí comercializados cumplan con los requisitos de inocuidad y cuenten con etiquetas que permitan identificar sus ingredientes, fecha de caducidad y calidad nutricional

Es menester señalar que la Norma Oficial Mexicana NOM-043-SSA2-2005, ``Servicios básicos de salud. Promoción y educación para la salud en materia alimentaria. Criterios para brindar orientación'', publicada en el Diario Oficial de la Federación en fecha 23 de enero de 2006, establece criterios generales para la integración de una alimentación correcta que pueda adecuarse a las necesidades y posibilidades de la población, por lo que la orientación alimentaria es prioritaria, tanto para el público en general y, en especial, para los menores de edad que cursan la educación básica obligatoria. De igual manera, incluye contenidos relacionados con la nutrición y la alimentación, con especial énfasis en los grupos de riesgo, así como información sobre la prevención de las enfermedades relacionadas con la alimentación a través de la dieta y la actividad física.

Recordemos que la salud es un derecho social fundamental, obligación del Estado, que lo garantizará como parte del derecho a la vida y, para ello, promoverá y desarrollará políticas orientadas a elevar la calidad de vida, el bienestar colectivo y el acceso a los servicios a todo gobernado para proteger su salud, quienes a su vez participarán activamente en su promoción y defensa, así como el de cumplir con aquellas medidas sanitarias y de saneamiento que establezca la ley, de conformidad con los tratados y convenios internacionales suscritos y ratificados por Estado mexicano.

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al Secretario de Educación Pública a actualizar y realizar todas aquéllas reformas al Reglamento de Cooperativas Escolares, para que se incorporen criterios de orientación para la promoción y educación para la salud en materia alimentaria, tomando como base la Norma Oficial Mexicana NOM-043-SSA2-2005, ``Servicios básicos de salud'', a fin de coadyuvar en el problema de sobrepeso y de obesidad que se presenta en los escolares desde su ámbito escolar.

Notas:

1 Fundación Mexicana para la Salud, AC. Factores asociados a sobrepeso y obesidad en el ambiente escolar. México, 2008.

2 Comunicado de prensa (número 052) del 21 de febrero de 2008.

3 Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2006. Instituto Nacional de Salud Pública. Secretaría de Salud.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de septiembre de 2008.--- Diputada Holly Matus Toledo (rúbrica).»

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.



PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: La Presidencia informa a la asamblea que las siguientes 43 proposiciones registradas en el orden del día, y que tienen relación con el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009, serán turnadas de inmediato a la comisión correspondiente.

Insértese el texto íntegro de las proposiciones en el Diario de los Debates, considerando el título de éstas registradas en el orden del día. Adelante, secretaria.

La Secretaria diputada Margarita Arenas Guzmán: «Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2009 se consideren recursos para dos obras de electrificación de Ciudad Anáhuac, Nuevo León, a cargo del diputado Marco Heriberto Orozco Ruiz Velazco , del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, diputado federal a la LX Legislatura, Marco Heriberto Orozco Ruiz Velazco , integrante del grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo de urgente resolución

Compañeros legisladores: Durante estos últimos meses hemos visto cómo la mayoría de los gobernadores, rectores de universidades, presidente municipales e incluso representantes de organizaciones han venido a entrevistarse con los integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta honorable Cámara de Diputados exponiendo sus necesidades para 2009 y los montos que se requieren para cubrir dichas carencias.

Asimismo, conociendo los plazos para presentar proyectos ante esta soberanía el licenciado Desiderio Urteaga Ortegón, presidente municipal de Ciudad Anáhuac, Nuevo León, me hizo llegar dos proyectos de electrificación de dicho municipio, los cuales son de suma trascendencia para el desarrollo de la región.

El primer proyecto consiste en la electrificación de las comunidades ubicadas en el tramo de la carretera Ciudad Anáhuac-Salinillas, con lo cual se beneficiaría un número importante de familias que actualmente padecen los estragos de la violencia y la inseguridad por falta de este alumbrado. Para este proyecto se necesitan 6 millones de pesos.

Mientras que el segundo proyecto consiste en la electrificación del ejido la gloria del mismo municipio, lo cual también beneficiará a muchas familias de Nuevo León. Para la realización de dicho proyecto se requiere tan sólo un millón 800 mil pesos.

Tenemos que considerar que una de las principales prioridades que debemos tener en cuenta como legisladores es beneficiar en el Presupuesto de Egresos del próximo año a las comunidades más necesitadas y que carecen de las más elementales condiciones para vivir.

Por lo anteriormente expuesto, anexo a esta soberanía el proyecto presentado por el presidente municipal y someto la presente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorte al gobierno federal y a las Comisiones de Energía, y de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados a considerar, en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2009, se contemple dos obras de electrificación del municipio de Ciudad Anáhuac, Nuevo León.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de octubre de 2008.--- Diputado Marco Heriberto Orozco Ruiz Velazco .»

Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2009 se distribuyan de manera equitativa los recursos del Fondo Metropolitano destinados a la cuarta zona metropolitana, que comprende 38 municipios de Puebla y de Tlaxcala, a cargo del diputado Alberto Amaro Corona , del Grupo Parlamentario del PRD

Con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo atendiendo a las siguientes

Consideraciones

Con motivo de la presentación y discusión del proyecto de Presupuesto para el ejercicio de 2009, por parte de la Cámara de Diputados se han presentado proyectos y programas de los gobiernos federales, estatales y municipales, así como de los órganos autónomos. El tema del desarrollo metropolitano no está ausente.

Sabemos que el decreto federal de límites territoriales entre Puebla y Tlaxcala, emitido por el general Porfirio Díaz en 1889, y publicado en Puebla el 12 de enero de1900 y en Tlaxcala el 13 de enero del mismo año, se encuentra vigente. De ese documento se desprende que los municipios conurbados entre Tlaxcala y Puebla no cuentan con la documentación que acredite plenamente sus zonas limítrofes, situación que genera un cobro indebido de impuestos, y la realización de operativos policíacos que presumiblemente atentan contra la tranquilidad de los ciudadanos, quienes reclaman un alto a toda forma de corrupción.

En los últimos meses se ha hablado con insistencia de la cuarta zona metropolitana, la cual se integra con 38 municipios, 18 correspondientes a Puebla y 20 a Tlaxcala.

En el estudio Delimitación de las zonas metropolitanas de México 2005, realizado por la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), el Consejo Nacional de Población (Conapo) y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEG), se establecen 45 zonas metropolitanas, dentro de las cuales se sitúa a Puebla y Tlaxcala con 23 municipios centrales y 15 exteriores.

Se calcula que la expansión territorial y poblacional de la zona metropolitana de Puebla y Tlaxcala comenzó en 1940, pero en la última década se acentuó el crecimiento, sobre todo en los municipios de San Andrés Cholula, Puebla, y San Pablo del Monte, Tlaxcala.

De acuerdo con el diagnóstico demográfico elaborado por el Conapo y el Consejo Estatal de Población del estado de Puebla y presentado en julio de 2008, actualmente, la zona metropolitana de Puebla y Tlaxcala está integrada por 38 municipios donde habitan 2.6 millones de personas.

La estimación de los especialistas es que para 2020, es decir, dentro de 12 años, la zona de Puebla y Tlaxcala crecerá en 18 por ciento para ubicarse en 3 millones de personas.

Es claro que estos 400 mil habitantes más requerirán servicios públicos e infraestructura suficiente y sustentable.

De acuerdo con diversas fuentes, las características sociodemográficas de esta zona metropolitana consisten en que la población urbana se concentra en la capital poblana, con un millón 346 mil 916 habitantes. El grado de urbanización para los municipios poblanos es de 89.82 por ciento, es decir, 9 de cada 10 personas habita en localidades mayores de 15 mil habitantes.

Por su parte, la ciudad más importante de Tlaxcala es San Pablo del Monte con apenas 54 mil 387 habitantes. Y el grado de urbanización de los municipios es del 34.14 por ciento, es decir, casi 4 de cada 10 personas residen en localidades mayores a 15 mil habitantes, concentrándose así más del 50 por ciento de la población en localidades en proceso de urbanización.

Los 10 municipios con mayor porcentaje de población rural en la zona metropolitana pertenecen a Tlaxcala, es decir, 22.5 por ciento viven en la zona rural, mientras que para el caso de Puebla, este porcentaje sólo representa el 2.4 por ciento.

En el Presupuesto de Egresos de la Federación para los Ejercicios Fiscales de 2006 y 2007, se asignaron recursos para el Fondo Metropolitano del Valle de México. En 2007, adicionalmente se canalizaron recursos a las zonas metropolitanas de las ciudades de Guadalajara y Monterrey.

De acuerdo al artículo 40 del decreto de Presupuesto de Egresos de 2008, estableció el Fondo Metropolitano para financiar la ejecución de estudios, programas, proyectos, acciones y obras públicas, de infraestructura y equipamiento, que

a) Impulsen la competitividad económica y las capacidades productivas de las zonas metropolitanas.
b) Coadyuven a sus viabilidad y a mitigar su vulnerabilidad o riesgo por fenómenos, naturales, ambientales y los propiciados por la dinámica demográfica y económica.
c) Incentiven la consolidación urbana y el aprovechamiento óptimo de las ventajas competitivas del funcionamiento regional, urbano y económico del espacio territorial de las zonas metropolitanas.

Los criterios que establece el Fondo Metropolitano para acceder a los recursos son muy claros, en el sentido de apostar por el desarrollo regional, por la competitividad, el impulso a los proyectos productivos y el desarrollo sustentable de la zona.

En ese sentido es que el pasado septiembre se reunieron los munícipes de la zona conurbada Puebla-Tlaxcala para tratar los proyectos que permitieran la aplicación de los 150 millones de pesos para ser ejercidos en 2009.

De acuerdo con el secretario técnico del Consejo Intermunicipal de la Zona Conurbada del Sur de Tlaxcala, Alberto Cano Cortezano, el presidente de la Comisión Especial Sur-Sureste, diputado Martín Ramos Castellanos (PRD) se ha comprometido a dar seguimiento puntual de los proyectos que presenten las zonas metropolitanas a partir de su análisis, aprobación, seguimiento, evaluación y auditoría de los recursos que se asignarán en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2009.

La otra parte consiste en que los gobiernos estatales de Puebla y Tlaxcala integren, de manera equitativa, una cartera de proyectos estratégicos, sustentables y de alto beneficio social, a partir de las muy sentidas necesidades de la zona metropolitana y con la opinión de los 38 presidentes municipales.

De manera muy enfática quiero pedir que los 150 millones que se destinen para beneficio de los municipios de las dos entidades tenga una distribución equitativa y no prevalezcan argumentos falsos ni compadrazgos que lastimen las necesidades de poblanos y tlaxcaltecas.

Ha dicho el coordinador general de Enlace del Fondo Metropolitano, Ricardo Gerardo Higuera, que los 3 mil 500 millones de pesos destinados al Fondo Metropolitano para 2009 se destinen para financiar obras que benefician a las entidades que integran el esquema del fondo.

Todas las voces interesadas en el desarrollo metropolitano han manifestado su coincidencia en que prevalezcan criterios de sustentabilidad y equidad entre estados y municipios, que no haya protagonismos ni oportunismos. Es una realidad que la población en crecimiento demanda más servicios e infraestructura, lo que implica poder de negociación de los gobiernos estatales y municipales emanados de diferentes partidos políticos para encontrar soluciones con visión metropolitana.

Estoy convencido de que todos los legisladores compartimos y reconocemos el interés común por mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos mexicanos, poblanos o tlaxcaltecas, que forman parte de estos 38 municipios de la cuarta zona metropolitana, por lo que resulta indispensable apoyar la aprobación de recursos para el Fondo Metropolitano, en especial los 150 millones de la zona metropolitana Puebla-Tlaxcala y, por supuesto, los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas que conlleva el uso de recursos públicos.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, con carácter de urgente resolución, someto ante el Pleno de esta soberanía la aprobación de la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta al Poder Legislativo para que, en la aprobación de los recursos destinados al Fondo Metropolitano, especialmente en el caso de la llamada cuarta zona metropolitana Puebla-Tlaxcala, a aplicar de forma equitativa de los recursos entre Puebla y Tlaxcala, y que se haga público su cumplimiento.

Segundo. Se exhorta a los titulares de los Ejecutivos de Puebla y Tlaxcala a desarrollar una política de inclusión y equidad en la aplicación de los recursos del Fondo Metropolitano, que consideren de manera primordial los proyectos de los 38 municipios en un enfoque metropolitano.

Tercero. Se exhorta a los presidentes municipales de los 20 municipios de la zona sur de Tlaxcala y a los 18 municipios de Puebla que conforman la cuarta zona metropolitana a presentar los estudios y los proyectos de las obras necesarias para el desarrollo de sus municipios, bajo un enfoque metropolitano y sustentable, y mantener la comunicación necesaria con sus gobiernos estatales y exigir una aplicación equitativa de los recursos.

México, DF, a 21 de octubre de 2008.--- Diputado Alberto Amaro Corona (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2009 se destinen recursos a proyectos de inversión del rubro de vivienda en Comitán de Domínguez, Chiapas, a cargo del diputado Arnulfo Elías Cordero Alfonzo , del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, Arnulfo Elías Cordero Alfonzo , diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La vivienda funge como una de las principales necesidades para el ser humano, ya que su función es proporcionar un espacio seguro y confortable para resguardarse. La vivienda cumple las necesidades de cubrir a las personas de las inclemencias del clima y de otras amenazas de la misma naturaleza.

En México en especial, la infraestructura de las viviendas es acorde con las zonas geográficas donde se hallan los asentamientos humanos, ya sea en zonas urbanas o zonas rurales. Las tareas o funciones que se realizan en las viviendas establecidas en dichos asentamientos son la preparación y el cocinado de los alimentos, el lavado de la ropa, el aseo personal o cuidado de niños y enfermos, es decir, es donde se fortalece la unión familiar y el calor del hogar.

Tradicionalmente, en el mundo rural eran los propios usuarios los responsables de construir su vivienda, adaptándolas a sus necesidades a partir de los modelos habituales en su entorno. En la actualidad, la construcción de viviendas constituye un instrumento de la política de desarrollo social, con el que se busca mejorar la situación de las familias que sufren de pobreza patrimonial y que habitan en el medio rural y en el urbano, a fin de que puedan tener una vivienda construida con materiales adecuados y que cuenten con espacios habituales dignos; es un factor primordial para la estabilidad y el bienestar de las familias.

Por lo anterior, pido que se consideren recursos para construir 240 viviendas de 40.00 metros cuadrados en terrenos propiedad de los beneficiarios, en diversas localidades Comitán de Domínguez, Chiapas. Eso hace una inversión total de 15 millones 32 mil 160 pesos.

Con la implantación de este proyecto, se espera mejorar la calidad de vida de los habitantes de diversas localidades de Comitán de Domínguez, Chiapas, por lo que reviste suma importancia que dicho proyecto sea aprobado, ya que las comunidades se encuentran en zonas de alta y muy alta marginación.

En tal virtud, someto a la consideración del Pleno el siguiente

Punto de Acuerdo

A fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2009 se consideren recursos para construir 240 viviendas en Comitán de Domínguez, Chiapas

Único. Se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión que considere en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009 15 millones 32 mil 160 pesos a fin de construir 240 viviendas en Comitán de Domínguez, Chiapas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 octubre de 2008.--- Diputado Arnulfo Elías Cordero Alfonzo (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2009 se consideren mayores recursos para el Instituto Politécnico Nacional, a cargo del diputado José Luis Aguilera Rico , del Grupo Parlamentario de Convergencia

El suscrito, José Luis Aguilera Rico , diputado del Grupo Parlamentario de Convergencia, integrante de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en la fracción III del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo previsto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta asamblea la proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Esta comisión, dentro de su política a favor de la juventud mexicana, se une a la preocupación del Instituto Politécnico Nacional porque el presupuesto planteado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a la Cámara de Diputados en el Paquete Económico para el Ejercicio Fiscal de 2009, no garantiza a futuro el óptimo cumplimiento de los programas educativos. Originalmente el IPN solicitó un presupuesto de 10 mil 741.7 millones de pesos para el Ejercicio Fiscal de 2009 y en el documento enviado por la SHCP a esta legislatura aparece una cantidad de ocho mil 713.2 millones de pesos, lo que hace una diferencia de 2 mil 28.5 millones de pesos.

El aumento requerido, con respecto al Ejercicio Fiscal de 2008 es de 4.67 por ciento, en tanto que se prevé que la inflación general anual para el mismo ejercicio se sitúe en 5.5 por ciento. Para entender un poco más lo que significa el IPN, es conveniente narrar algunas de muchas virtudes del instituto y por ello a continuación se hace notar que:

En los últimos cuatro años, la matrícula de esa institución ha crecido en 11 por ciento y que la creación de nuevos espacios académicos exige la aplicación de mayores recursos para atender la creciente demanda de estudios de nivel superior. Entre las nuevas áreas están la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería, campus Guanajuato, en la cual se abrieron las carreras de ingeniería en sistemas automotrices, ingeniería biotecnológica e ingeniería farmacéutica. Aunado a esta situación, el IPN ha focalizado sus recursos en el mejoramiento de la calidad del servicio educativo, prueba de ello es que 93 por ciento de la matrícula total cursa alguno de los 161 programas académicos acreditados por su calidad. Esta casa de estudios es la institución líder en cuanto a estudios avalados por su excelencia académica. El IPN fortaleció su plataforma científica al lograr pasar de 2003 a 2008 de 322 a 689 científicos incorporados al Sistema Nacional de Investigadores. Actualmente no hay una institución educativa que haya tenido un logro como éste en el periodo que se señala.

Por otra parte, son muchos los reconocimientos que esta casa de estudios ha logrado en los últimos años. Recientemente obtuvo el reconocimiento de la SEP por obtener en la Prueba Enlace de Nivel Medio Superior 2008, la mejor puntuación entre los centros educativos de bachillerato en el país.

De acuerdo con los resultados de este proceso de evaluación hecho por la Secretaría de Educación Pública, el IPN es la institución con el más alto nivel de dominio de los conocimientos y habilidades de matemáticas y lectura en el nivel medio superior. Estos resultados son consecuencia del rigor académico y de las estrategias pedagógicas que se aplican para integrar un bachillerato de excelencia educativa.

La percepción social avala cotidianamente los hechos, por esta razón el IPN merece que la Cámara de Diputados se esfuerce en lograr un incremento para el presupuesto de esta institución para 2009.

Ese incremento presupuestal le permitirá a la institución educativa no poner en riesgo los avances que en materia cuantitativa y cualitativa han cimentado hasta la fecha al IPN.

No hay que olvidar que en la distribución de los presupuestos federales se expresan las prioridades del Ejecutivo y del Legislativo. Hay aciertos y errores, pero en la medida de lo posible debemos ser congruentes es increíble que se premie a Comisión Nacional de los Derechos Humanos con presupuestos millonarios y se castigue la excelencia del Instituto Politécnico Nacional (Poli) con la austeridad. Es grave que el Ejecutivo y el Legislativo cobijen a la CNDH con presupuestos tan generosos aprobando incrementos por más de un 200 por ciento, su presupuesto pasó de 160 millones en 1999 a 866 millones en el 2008.

El Poli es una institución pública que florece mientras se desertifica el país: cada año mejora la calidad de la educación que imparte y de la investigación que realiza. Sigue acreditando programas educativos y recibiendo premios por los resultados que obtiene en la atención a 326 mil estudiantes (cifras del 2007). Lo metódico y sistemático del esfuerzo puede medirse en el número de miembros que ingresan al Sistema Nacional de Investigadores (además de los que tiene el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, Cinvestav, una institución notable por la calidad de sus investigaciones). El nombre del IPN ya fue incluido en letras de oro en uno de los muros del Congreso de la Unión.

Cuando se revisan los aumentos presupuestales otorgados al Poli es evidente el poco respeto que se le tiene. Una cifra lo dice todo: en los cinco años de la gestión del doctor José Enrique Villa Rivera su presupuesto aumentó en sólo 35 por ciento. Recibe más o menos la misma cantidad que la Universidad de Guadalajara, una institución que rinde malas cuentas en la calidad promedio de su educación.

El incremento al presupuesto del IPN permitirá atender necesidades vitales en materia de cobertura educativa y de infraestructura, así como para continuar fortaleciendo la labor docente y de investigación del instituto.

La cobertura del IPN se ha incrementado en 7 por ciento, lo que significa que una mayor cantidad de jóvenes se ha incorporado a la institución para recibir una educación de calidad. Y hay que recalcar que el Politécnico Nacional ha avanzado notablemente en el plano de la calidad del servicio educativo que ofrece.

La inversión en las instituciones de educación públicas es altamente redituable en términos sociales y del desarrollo económico, además si es administrada con transparencia y es enfocada a la excelencia educativa, encontramos en ella un fuerte apoyo a la juventud mexicana. El artículo 3o. constitucional establece que todos los mexicanos tenemos derecho a la educación y las obligaciones del Estado para garantizar que se cumpla. Este marco jurídico, nos da un argumento contundente y suficiente para que la educación fuera declarada y asumida como prioridad nacional, con todo lo que ello implicaría. Es cierto que los gobiernos en sus planes y programas de educación nacional destacan acciones de política educativa que prometen abatir los rezagos educativos y asegurar una mayor cobertura, equidad y calidad educativa. Pero también es cierto que en muchos casos se destina presupuesto a otras actividades que reportan nulo beneficio.

El Politécnico ha avanzado en el Plan Sectorial de Educación al mejorar la calidad, la cobertura, la infraestructura y eso repercute en un mayor presupuesto. Los resultados del Poli justifican ampliamente el incremento de presupuesto, hay resultados claros, visibles en nuestra sociedad, han demostrado que lo merecen, debe ser premiada por parte de la Secretaría de Hacienda con un incremento presupuestal. De no asignar un monto acorde a la realidad del Politécnico, corremos el enorme riesgo de dejar de concretar proyectos de crecimiento e infraestructura, lo que repercutiría en una menor matrícula estudiantil, además de que no se avanzaría en el plano de investigación científica y tecnológica, que tanta falta hace en México. Es un acto de justicia dar más dinero a quienes trabajan más y dan mejores resultados. Es por ello que se propone aumentar en 650 millones de pesos adicionales a los establecidos en el presupuesto presentado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a la Cámara de Diputados en el Paquete Económico para el Ejercicio Fiscal de 2009.

El director general del Instituto Politécnico Nacional Enrique Villa Rivera, ha solicitado un incremento presupuestal para esa casa de estudios de 650 millones de pesos, adicionales a los propuestos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para 2009. Y si nos remontamos al pasado ese planteamiento representa un decremento de 3 por ciento, en comparación con el año pasado, eso quiere decir ni un peso de incremento. Villa Rivera ha manifestado que con el aumento habría un impacto directo en becas para estudiantes de los niveles medio y superior y en el fortalecimiento y equipamiento de infraestructura (aulas, laboratorios y talleres).

¿Por qué invertir en educación?, algunos habrán escuchado del ``milagro irlandés'', pues es un claro ejemplo de lo que se puede lograr con la inversión en educación. En los años 50 Irlanda hace grandes inversiones en el sistema educativo lo que permitió el acceso masivo. Recientemente estableció la obligatoriedad de la educación hasta los 15 años. Elevó el porcentaje de alumnos que terminan la escuela secundaria al 81 por ciento, de los cuales casi la mitad completa una carrera universitaria. Convirtió a su población en el factor medular de competitividad. El gobierno pudo reconocer que la esencia del desarrollo residía en la preparación de su gente, en lo que se denomina ``capital humano''. Reconoció que la inversión física, aunque necesaria, es irrelevante si no existe una población capacitada que la pueda explotar. Se dedicaron cada vez más recursos a transformar el sistema educativo con el fin de elevar la calidad de la formación y para ofrecer habilidades necesarias para competir en el mundo del siglo XXI.

El resultado es que Irlanda, además de bajos impuestos posee una fuerza de trabajo capacitada y flexible y una de las poblaciones más jóvenes y mejor educadas de Europa. La educación también tuvo su impacto sobre la fertilidad, el matrimonio, la emigración y la participación de la fuerza laboral.

La vinculación entre educación y trabajo logró desarrollar trabajo ``cerebro-intensivo'' en vez de trabajo de ``mano de obra intensiva''.

La educación proveyó de capital humano para la transformación de una economía dependiente de sus exportaciones agrícolas a la reconversión en abastecedor mundial de materiales industriales, productos farmacéuticos, maquinaria eléctrica y computadoras.

Dos décadas atrás el gobierno identificó a los sectores de high-tech y servicios como cuidado de la salud y telemarketing como objetivos prioritarios de desarrollo, por su capacidad de proporcionar divisas y empleo. Identificó sectores en que el país podría llegar a destacarse internacionalmente en función de sus posibilidades y desarrollo de ventajas competitivas, para luego concentrarse en su promoción y atracción de las inversiones necesarias, nacionales o extranjeras. Quienes deciden invertir en Irlanda saben que podrán disponer de profesionales, técnicos y mano de obra calificada y competente para la realización de sus emprendimientos.

El 48 por ciento de la población irlandesa de entre 25 y 49 años tiene títulos universitarios.

La inversión en educación se produjo más tarde que en otros países europeos, pero fue definitoria para el sustancial crecimiento que se operó durante los últimos 17 años.

La estrategia de desarrollo permitió a Irlanda pasar de ser el país mas pobre de la Unión Europea a ser uno de los más ricos en menos de una generación.

Ilustra lo que es posible cuando se alinean las fuerzas políticas para tomar decisiones que abren oportunidades y transforman a un país.

De aproximadamente 15 factores que contribuyeron al éxito económico, la mayoría se vieron impulsados por la política. Cada factor se sumó a la escena casi simultáneamente, lo que permitió generar una coyuntura favorable con desarrollos positivos que se potenciaron mutuamente, contrastando con el ``círculo vicioso'' en el que el desarrollo irlandés se había estancado. La política, las circunstancias y la interacción entre los principales actores sociales confluyeron generando el ``círculo virtuoso'' en el que se encuentra Irlanda.

Sería imposible recrear en otro momento y en otro país estas circunstancias pero es posible aprender lecciones.

El gasto público es uno de los asuntos de mayor importancia para el Estado, el cual tiene como fin lograr el bien común de sus integrantes. La labor del Ejecutivo y del Legislativo en materia presupuestaria amerita reflexión y razonamiento a fin de lograr un presupuesto que responda a las necesidades de los mexicanos y a nuestro proyecto de nación.

Por lo anterior, y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el suscrito pone a consideración de este Pleno la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la honorable Cámara de Diputados para que en uso de las facultades previstas por el artículo 74 fracción IV de Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos modifique el presupuesto planteado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el Paquete Económico para el Ejercicio Fiscal de 2009 y otorgue al Instituto Politécnico Nacional un aumento de 650 millones de pesos adicionales a la propuesta de ocho mil 713.2 millones de pesos.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 21 de octubre de 2008.--- Diputado José Luis Aguilera Rico (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2009 se consideren mayores recursos para el Programa de Escuelas de Tiempo Completo, a cargo de la diputada Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez , del Grupo Parlamentario de Alternativa

La suscrita, integrante del Grupo Parlamentario de Alternativa en la LX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El Programa Nacional de Escuelas de Tiempo Completo surgió como respuesta al compromiso presidencial señalado en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012. Es una alternativa pedagógica que prolonga la estancia de profesores y niños en la escuela, a fin de reforzar y ampliar las oportunidades de aprendizaje mediante la profundización en el currículum y favorecer el desarrollo de los planes de estudio para la educación básica.

El Programa Nacional de Escuelas de Tiempo Completo tiene como objetivo generar condiciones institucionales adecuadas, y profundizar y consolidar una estrategia educativa integral, que impulse el aprendizaje y el desarrollo de las competencias y habilidades que promueve la educación básica y que enfatice la formación humanista. También ofrece una opción educativa para que los hijos de las familias que lo requieran amplíen su estancia en el centro educativo a fin de fortalecer su formación integral y de que los padres de familia puedan desempeñarse laboralmente con mayor tranquilidad, elevar su capacidad productiva y fortalecer su realización personal.

El Programa Nacional de Escuelas de Tiempo Completo organiza sus actividades en el marco de los enfoques, propósitos y contenidos de los planes y programas de estudio vigentes, ofreciendo a los alumnos ambientes educativos propicios para apoyar su formación integral.

Conforme al programa, en las escuelas de tiempo completo el trabajo con los niños se desarrolla de 8:00 a 16:00 horas. En esa jornada, además de trabajar en las asignaturas establecidas, los alumnos realizan las actividades educativas del horario ampliado: enseñanza de una segunda lengua, manejo de las tecnologías informáticas en apoyo del aprendizaje, educación física y artística, y aprendizaje de técnicas de estudio independiente.

Este programa es de cobertura nacional, y la participación de las entidades federativas es voluntaria. Está dirigido a escuelas públicas de educación básica que atiende a población en condiciones socioeconómicas desfavorables, preferentemente a las que ya operan en horario ampliado, las que atienden población indígena, las que atienden a población migrante y las que muestran los resultados educativos más bajos en los últimos tres ciclos escolares.

Con relación al presupuesto asignado al Programa de Escuelas de Tiempo Completo, para 2008 no aparece el programa en la estructura programática, por lo que no se pueden identificar los recursos; mientras que en el proyecto de Presupuesto de Egresos para 2009 se asignan 300 millones de pesos.

De acuerdo con datos proporcionados por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, operan 682 escuelas de niveles preescolar, elemental, primaria y secundaria. Los 138 mil 715 alumnos son atendidos por 3 mil 719 docentes y 232 directores.

Estos datos no coinciden con los proporcionados por la Secretaría de Educación Pública, que ha manifestado que para el ciclo 2008-2009 el programa debía alcanzar la meta de mil centros escolares en todo el país y para 2012 contar con 5 mil 500. El curso escolar 2008-2009 ya inició, y se cuenta con sólo 682 escuelas de niveles preescolar, elemental, primaria y secundaria; faltan 318 a fin de cumplir la meta comprometida para este periodo. Con la implantación de mil escuelas se beneficiarían 230 mil alumnos.

También hasta ahora sólo se han beneficiado 17 estados de la República Mexicana; quedan pendientes 15, los cuales debemos incluir. El Distrito Federal con mayor número de escuelas, 185, en funcionamiento, lo que beneficia a 71 mil 725 alumnos. En Chiapas hay 80, con un beneficio de 3 mil 501 alumnos indígenas de niveles primaria, elemental y secundaria.

Se encuentran fuera de la cobertura del Programa de Escuelas de Tiempo Completo estados como Aguascalientes, Baja California, Coahuila, Durango, México, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas. Entre éstos hay algunos, como Oaxaca, que tienen un gran rezago educativo y en donde valdría la pena impulsar el programa.

El Programa de Escuelas de Tiempo Completo necesita mayores recursos para cumplir las metas y alcanzar la cobertura en todo el país y con ello beneficiar a 720 mil 000 alumnos en 2012. Por ello consideramos necesario exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a incrementar los recursos del programa.

También es necesario que la Secretaría de Educación Pública incorpore en su estructura programática el programa, a fin de dar seguimiento puntual a los recursos asignados. Asimismo, ante la falta de reglas de operación más precisas para su funcionamiento, deberá emitir el informe de resultados correspondiente para poder valorar su desempeño y el uso de los recursos públicos.

Por lo expuesto, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta soberanía los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a considerar en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2009 el otorgamiento de mayores recursos para el Programa de Escuelas de Tiempo Completo.

Segundo. Se exhorta a la secretaria de Educación Pública a incluir en la estructura programática el Programa de Escuelas de Tiempo Completo, así como a proporcionar un informe de resultados pormenorizado sobre él para poder valorar su desempeño y el uso de los recursos públicos.

Ciudad de México, a 21 de octubre de 2008.--- Diputada Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2009 se consideren recursos para el proyecto del edificio de la Secretaría de Seguridad Pública de Santa Catarina, Nuevo León, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario del PAN

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 77, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los suscritos, diputados federales, integrantes del Partido Acción Nacional por el estado de Nuevo León, someten a la consideración de esta soberanía el presente punto de acuerdo, de conformidad con las siguientes

Consideraciones

El municipio de Santa Catarina, durante los últimos años, dirigía sus esfuerzos temas de seguridad pública para contener y prevenir delitos del orden común, la evolución de la dependencia se daba en este sentido, con mecanismos de automatización, estadística y vinculación a áreas de readaptación.

Sin embargo, los acontecimientos violentos que actualmente envuelven a México y, en especial, los que afectan al municipio de Santa Catarina han generado deserción a niveles alarmantes.

Cabe señalar las medidas en materia de seguridad que la administración ha realizado para minimizar los hechos violentos, comandos de seguridad, inversión en equipos de transporte inversión en equipos de comunicación y de reacción inmediata.

Sin embargo, la delincuencia organizada superó la capacidad de defensa y equipamiento, por lo que no puede el municipio contener e incluso proteger la vida de los policías de dichos ataques; por tal motivo se ha incentivado de deserción del cuerpo policiaco y, a su vez, disparado los delitos comunes de manera alarmante.

Por lo que se requieren de manera impostergable recursos para reorientar nuestros esfuerzos y obtener recursos para equipar a oficiales vehículos y la institución en general con herramientas a la medida de los acontecimientos.

Por lo tanto, los diputados federales del Partido Acción Nacional por el Estado de Nuevo León consideramos que se debe incrementar la asignación de recursos públicos, para que la autoridad competente cuente con los recursos suficientes para poder atender las necesidades de los ciudadanos.

Compañeros legisladores: por lo anteriormente expuesto, los suscritos diputados solicitamos el respaldo y sometemos a consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta a las Comisiones de Seguridad Pública, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para que dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009, se destinen recursos por $100,000,000.00 (cien millones de pesos) al proyecto del edificio de la Secretaría de Seguridad Pública.

Segundo. Túrnese el presente punto de acuerdo a las comisiones de Seguridad Pública, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento y dictamen.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de octubre de 2008.--- Diputados: José Martín López Cisneros , Juan Enrique Barrios Rodríguez , Marco Heriberto Orozco Ruiz-Velasco, Cristián Castaño Contreras , Martha Margarita García Müller , José Luis Murillo Torres , Gustavo Ramírez Villarreal , Juan Manuel Villanueva Arjona , Javier Martín Zambrano Elizondo (rúbricas).»

Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2009 se destinen recursos a la promoción del ecoturismo mediante la construcción de hostales para proporcionar hospedaje en Tlalpan, Distrito Federal, a cargo de la diputada Maricela Contreras Julián , del Grupo Parlamentario del PRD

La que suscribe, Maricela Contreras Julián , diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LX Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes

Consideraciones

Conforme a datos del Centro de Estudios Superiores en Turismo y de la Secretaría de Turismo del gobierno federal, en los últimos seis años el turismo de naturaleza pasó del terreno discursivo a la constitución de más de 400 empresas comunitarias y privadas, dedicadas a la operación de servicios de ecoturismo, turismo de aventura y turismo rural. El crecimiento demuestra que este segmento ha ido cobrando mayor relevancia, en virtud del interés de los visitantes nacionales y de los extranjeros por realizar actividades turísticas basadas en la naturaleza, lo cual ha promovido la paulatina formación de un mercado nacional orientado, primeramente, al turismo de aventura, y, en menor grado, al ecoturismo y al turismo rural.

En la mayoría de las zonas en que se desarrolla el turismo de naturaleza se han reforzado en las comunidades la educación ambiental y la reflexión sobre la importancia de la preservación de los recursos naturales y la oportunidad que brindan éstos para generar una opción distinta de ingresos, independientemente de las actividades tradicionales.

Entre los segmentos emergentes del mercado turístico nacional, el ecoturismo sobresale por el número de participantes, por la importante derrama económica que éstos generan, y por la aparición de gran cantidad de oportunidades etiquetadas como ecoturísticas, como un estilo de comportamiento compatible con el conocimiento, la apreciación, el uso sustentable y la conservación del medio natural con fines turísticos.

El hecho de que el Distrito Federal sea el centro político, social, cultural y económico de la nación y que en la Ciudad de México se concentre uno de los núcleos de población más grande del mundo podría relacionar que su carácter es exclusivamente urbano. Sin embargo, 59 por ciento de su territorio se clasifica como suelo de conservación, en parte del cual se llevan a cabo actividades rurales y ecológicas que promueven el turismo alternativo como una opción en el proceso del desarrollo rural. Una de las delegaciones con vocación rural y extensa área de conservación ecológica es Tlalpan.

La delegación Tlalpan está situada al sur de la Ciudad de México, colinda con municipios de Morelos y del estado de México. De acuerdo con proyecciones estadísticas para 2008, alcanzará 638 mil 190 habitantes. Tlalpan cuenta con una superficie de 310 kilómetros cuadrados, lo cual representa 20.7 por ciento de extensión territorial del Distrito Federal. La máxima altitud es de 3 mil 930 metros; y la mínima, de 2 mil 260 metros sobre el nivel del mar. De la población tlalpense, 52 por ciento es mujer y el restante 48 por ciento hombre.

Tlalpan es una delegación con una vasta extensión territorial de suelo de conservación, con áreas naturales protegidas, sitios de recreación ecoturística en las que se pueden practicar diferentes actividades, como ciclismo de montaña, caminatas a través de senderos, rappel y campismo; además, cuenta con una variedad de flora y fauna originarias de la región.

Tlalpan tiene diversos sitios de interés turístico, entre los que destacan la Casa del Conde de Regla, la Universidad Pontificia, el Mercado de la Paz, el Museo de Historia, el edificio Murales, el jardín principal Árbol de los Colgados, la parroquia San Agustín de las Cuevas, Casa Chata, Casa Frissac, parque ecológico Juana de Asbaje y Casa de Moneda, la Casa Prisión de Morelos, casa de Antonio López de Santa Ana, fábrica de vidrio San Pedro, parque ecológico Loreto y Peña Pobre, zona arqueológica de Cuicuilco, bosque de Tlalpan y Casa de la Cultura Tlalpan.

Tlalpan cuenta con pueblos originarios, con valor gran valor artístico e histórico, que forman parte de la enorme riqueza cultural. Sus pueblos son la Asunción Chimalcóyotl, San Pedro Mártir de Verona, San Andrés Totoltepec, San Miguel Xicalco, La Magdalena Petlacalco, San Miguel Ajusco, Santo Tomás Ajusco, San Miguel Topilejo y Parres. Asimismo, cuenta con varios lugares extraordinarios en un ambiente natural: el parque nacional Fuentes Brotantes, la Capilla del Calvario, la iglesia de Santa Úrsula Xitla, la granja didáctica San Martín, el rancho ecológico El Arco, el parque Maravillas y el rancho Cima.

Tlalpan cuenta con una enorme gama de atractivos de carácter ecoturístico que son de fácil acceso en cuanto a costo, y los medios de transporte para llegar a algunos de los sitios siguientes: Ecoguardas, parque ecológico, parque El Tepozán, granja ecológica infantil La Esperanza, La Casita en el Árbol y Albergue Alpino, entre otros.

La necesidad de las comunidades de encontrar opciones de ingreso y el arraigo e identidad hacia la naturaleza son parte de las acciones que se buscan para detener los embates del crecimiento urbano. En este escenario, el ecoturismo se convierte en una actividad relevante, sobre todo si consideramos que los demandantes de estos servicios provienen de otras naciones y del interior del país y visitan la Ciudad de México.

El informe de labores de la Secretaría de Turismo del Gobierno del Distrito Federal de fecha 7 de octubre de 2008 señala que la Ciudad de México es el primer destino turístico del país, pues anualmente nos visitan cerca de 12 millones de turistas, con una ocupación diaria promedio de 59.3 por ciento, el equivalente a 28 mil 905 habitaciones ocupadas, que corresponde a la cifra más alta a escala nacional.

Ante esa perspectiva, el reto que enfrenta el turismo de naturaleza en México es contribuir al mejoramiento del bienestar económico y social de las localidades residentes de estas opciones.

Por ello, la asignación de recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación en el Ejercicio Fiscal de 2009 de 10 millones de pesos para la creación de hostales ecoturísticos en el área rural de Tlalpan promoverá el desarrollo, generará fuentes de trabajo, conservará la naturaleza e impulsará los valores culturales, artísticos y arqueológicos de Tlalpan, zona extraordinaria por su pasado y por su presente.

Con base en lo expuesto, me permito someter a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita que se destinen en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2009 10 millones de pesos para la promoción del ecoturismo por medio de la creación de hostales para habilitar hospedaje en el área rural de la delegación Tlalpan, Distrito Federal.

Palacio Legislativo, a 21 de octubre de 2008.--- Diputada Maricela Contreras Julián (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2009 se consideren recursos para proyectos de inversión del rubro de cultura en Comitán de Domínguez, Chiapas, a cargo del diputado Arnulfo Elías Cordero Alfonzo , del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado Arnulfo Elías Cordero Alfonzo , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Como importante ciudad fronteriza de México con Centroamérica, Comitán puede significarse como un importante centro de irradiación cultural que sea un puente que procure el estrechamiento de las relaciones diplomáticas y de intercambio comercial entre México y las naciones de la región centroamericana.

La importancia que tiene el municipio de Comitán de Domínguez, radica en que en éste municipio se firmó el Acta de Independencia de Chiapas en 1824 y también tiene el privilegio de haber sido cuna de grandes personajes como fueron el ilustre político Belisario Domínguez y la célebre escritora Rosario Castellanos.

Una de sus principales actividades económicas es el turismo, es por ello que siendo una ciudad colonial, se debe de tener siempre en un estado ejemplar todos aquellos monumentos históricos como lo son iglesias, centros culturales y museos.

En pleno centro histórico de esta ciudad se encuentra el Centro Cultural Rosario Castellanos , mejor conocido como Casa de la Cultura, es uno de sus principales atractivos turísticos además de ser el principal centro de irradiación cultural de la región.

Este Centro Cultural tiene como objetivo fundamental la promotoría cultural en la región así como la capacitación artística de niños y jóvenes, para ello cuenta con diversos talleres de danza folclórica, marimba, piano, telares de lanzadera (que es un rescate artesanal), serigrafía, dibujo, pintura, modelado en plastilina, modelado en barro, corte y confección, narrativa, poesía, creación literaria infantil y curso de inducción musical.

Sin embargo, en los últimos años el Centro Cultural Rosario Castellanos ha sido olvidado por los diferentes órganos de gobierno, provocando en el inmueble significativos daños a l infraestructura en general de dicho patrimonio.

Es por ello que es sumamente importante el rescate y modernización integral del Centro Cultural, incluyendo acciones de infraestructura, decorativos y artísticos de todas las ares del inmueble, ya que en general presentan graves deterioros, que pueden culminar en la desaparición de éste recinto cultural.

Por otra parte el Museo de Arte Hermila Domínguez de Castellanos, el cual es único en su genero en todo Chiapas, ya que no existe otro espacio cultural con las características que tiene este inmueble cultural, el cual cuenta con espacios donde se imparten talleres de artes plásticas para niños y jóvenes de la región. Ya que su interior se divide en la denominada Sala de Exposiciones Permanentes, así como la denominada Rufino Tamayo, que funciona como sala de exposiciones temporales.

La problemática que presenta éste recinto cultural, es que desde la fecha de su apertura ( 28 de agosto de 1998), no ha recibido ningún tipo de mantenimiento ni remodelación, por lo cual presenta un notable deterioro en su infraestructura, como piso, paredes, techo, arreglos decorativos, entre otros.

Por lo anterior, se enlistan los proyectos de inversión rural que permitirían mejorar la calidad de vida de los habitantes del municipio de Comitán:

1. Rescate y conservación del Centro Cultural Rosario Castellanos. Inversión total: 4 millones 545 mil 145.47 pesos.
2. Proyecto de mantenimiento y rehabilitación del Museo de Arte Hermila Domínguez de Castellanos. Inversión total: 797 mil 120.47 pesos.

A través de la implantación de los proyectos antes mencionados, se generaría una mejora incalculable en la cultura y educación de los habitantes no solamente de Comitán de Domínguez, si no también de todos los municipios de la región, ya que lo que se busca es impulsar la entrada de divisas al municipio a través del turismo, y la mejora de la imagen urbana colonial de la ciudad de Comitán de Domínguez.

En tal virtud, someto a la consideración del Pleno la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

A fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2009, se consideren los recursos para llevar a cabo diversas obras en el rubro de cultura en Comitán de Domínguez, Chiapas.

Único. Se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, considere dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009, recursos por la cantidad de 5 millones 342 mil 265.94 pesos mexicanos, para diversos proyectos de inversión en el rubro de cultura en Comitán de Domínguez, Chiapas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de octubre de 2008.--- Diputado Arnulfo Elías Cordero Alfonzo (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2009 se destinen recursos a la creación del fondo especial para proteger a los migrantes que retornen al país, a cargo de la diputada Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez , del Grupo Parlamentario de Alternativa

La suscrita, integrante del Grupo Parlamentario de Alternativa en la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento por lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Ante el escenario mundial complejo en materia financiera, especialmente en Estados Unidos de América, los connacionales mexicanos que habitan en aquél país se verán afectados en sus actividades que desarrollan en los diferentes sectores de la economía estadounidense. Lo que traerá como consecuencia la caída de las remesas enviadas a México y, en algunos casos, el desempleo de esos migrantes en aquél país. Esto sin duda generará problemas económicos en los Estados que reciben un número importante de remesas y que en gran medida representa para la economía del estado un motor de desarrollo.

La migración ha planteado fenómenos de índole social y económico, como el constante flujo de remesas que desde Estados Unidos de América han realizado los migrantes mexicanos y que están referidas a las transferencias individuales de remuneraciones o de montos acumulados de dinero, producto del trabajo realizado por ellos. Las remesas están destinadas en su mayoría a la manutención del hogar, la educación de su familia, el pago de deudas y la inversión en pequeños negocios que tienen trascendencia en la economía de las regiones de donde ellos son originarios.

En este contexto, el conglomerado de migrantes que viven en Estados Unidos de América, no sólo representa un aporte fundamental para la economía de nuestro país, por la cantidad de dinero que circula y se invierte. Según datos de la Comisión Económica para América Latina, se estima que México es uno de los países que mayor número de remesas recibe. También, conforme a datos del Banco Interamericano de Desarrollo, en 2006 se recibieron 23 mil millones de dólares.

Los estados con más ingresos de remesas son Michoacán, con13.6 por ciento; Zacatecas, con 9.6 por ciento; Guanajuato, con 9.4 por ciento; y Jalisco, con 8.7 por ciento. Recientemente, según datos del Banco Nacional de México, se han sumado Oaxaca, con 9.2 por ciento; Guerrero, con 8.1 por ciento; estado de México, con 8 por ciento; Hidalgo, con 7.6 por ciento; Distrito Federal, con 7.2 por ciento; y Puebla, con el 5.8 por ciento.

Asimismo, en las dos últimas décadas, las remesas en el país han llegado a constituir uno de los principales rubros de la balanza de pagos, contribuyendo a reactivar en 20 por ciento las economías locales.

Las remesas, en proporción al producto interno bruto, representaron, entre 2000 y 2004, una entrada cercana al 63 por ciento de éste, superando incluso los ingresos por turismo y las exportaciones agrícolas. Como segunda fuente de divisas después de las exportaciones petroleras, las remesas han superado las cifras de la inversión extranjera directa.

Para las familias de los millones de migrantes mexicanos que han sido beneficiadas por las divisas generadas producto de la contraprestación de servicios de éstos en el exterior, el tema de las remesas reviste una importancia sustancial.

Según cálculos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, las remesas han ayudado a reducir los niveles de pobreza e indigencia en nuestro país. Además, han constituido una fuente de estabilidad cambiaria y de balanza de pagos.

Por estas razones, debemos estar preparados para la disminución considerable de remesas, y también para afrontar el regreso de nuestros migrantes. Para lo cual, tenemos que crear condiciones mínimas que nos permitan acogerlos en actividades productivas en las entidades federativas con mayor nivel de migración.

Por esta razón, recuperando la propuesta de la gobernadora de Zacatecas, Amalia García, proponemos la creación de un fondo especial para la protección de los migrantes que retornen a nuestro país. Dicho fondo tendrá como objetivo la creación de programas y proyectos relacionados directamente con los migrantes y sus familias en el país, que permitan desarrollar diversos sectores de la economía en lo que ellos puedan participar activamente. El fondo no busca ser la solución del problema sino una herramienta que permita aminorar el efecto del regreso de nuestros migrantes y que posibilite brindarles una oportunidad para continuar su desarrollo e incluirlos en actividades productivas para su estado, localidad o población.

El fondo que se propone ayudará a potenciar los proyectos que tengan que ver con la infraestructura e inversión productiva que beneficie a las comunidades con alto grado de migración en el país.

La distribución de los recursos se realizará entre aquellas entidades que se vean más afectadas con la baja de remesas y el mayor número de migrantes que retornen; esto de acuerdo a los datos y estadísticas que reporten tanto el Banco Nacional de México como el Instituto Nacional de Geografía, y Estadísticas, dado que esas entidades son las más dependientes de esas remesas y en consecuencia el impacto económico y social será mayor en ellos que en las demás entidades del país.

El Estado mexicano tiene una responsabilidad ineludible con los grupos sociales que emigran del país, quienes merecen una oportunidad, no sólo para mejorar socialmente o recibir algunos apoyos económicos sino para ser sujetos de acciones articuladas, bajo una estrategia integral de desarrollo con énfasis en el impulso de las actividades productivas, fortaleciendo así el mercado interno y el desarrollo local.

Bajo este argumento, es necesario que tanto la Secretaría de Hacienda como la Comisión de Presupuesto y Cuenta Publica de la Cámara de Diputados prevean mayores recursos en el Presupuesto de Egresos para el próximo año para estos fines.

Por lo antes expuesto, y con fundamento por lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados considere en la propuesta de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2009, otorgar los recursos económicos necesarios para la creación del fondo especial para la protección de los migrantes que retornen a nuestro país.

Ciudad de México, a 21 de octubre de 2008.--- Diputada Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2009 se consideren recursos para el proyecto del edificio de la Secretaría de Seguridad Pública de San Nicolás, Nuevo León, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario del PAN

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 77, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los suscritos, diputados federales, integrantes del Partido Acción Nacional por el estado de Nuevo León, someten a la consideración de esta soberanía el presente punto de acuerdo, de conformidad con las siguientes

Consideraciones

El municipio de San Nicolás, durante los últimos años, dirigía sus esfuerzos temas de seguridad pública para contener y prevenir delitos del orden común, la evolución de la dependencia se daba en este sentido, con mecanismos de automatización, estadística y vinculación a áreas de readaptación.

Sin embargo, los acontecimientos violentos que actualmente envuelven a México y, en especial, los que afectan al municipio de San Nicolás de los Garza han generado deserción a niveles alarmantes.

Cabe señalar las medidas en materia de seguridad que la administración ha realizado para minimizar los hechos violentos, comandos de seguridad, inversión en equipos de transporte inversión en equipos de comunicación y de reacción inmediata.

Sin embargo, la delincuencia organizada superó la capacidad de defensa y equipamiento, por lo que no puede el municipio contener e incluso proteger la vida de los policías de dichos ataques; por tal motivo se ha incentivado de de-serción del cuerpo policiaco y, a su vez, disparado los delitos comunes de manera alarmante.

Por lo que se requieren de manera impostergable recursos para reorientar nuestros esfuerzos y obtener recursos para equipar a oficiales vehículos y la institución en general con herramientas a la medida de los acontecimientos.

Por lo tanto, los diputados federales del Partido Acción Nacional por el estado de Nuevo León consideramos que se debe incrementar la asignación de recursos públicos, para que la autoridad competente cuente con los recursos suficientes para poder atender las necesidades de los ciudadanos.

Compañeros legisladores: por lo anteriormente expuesto, los suscritos diputados solicitamos el respaldo y sometemos a consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta a las Comisiones de Seguridad Pública, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para que dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009, se destinen recursos por $45,000,000.00 (cuarenta y cinco millones de pesos) al proyecto del edificio de la Secretaría de Seguridad Pública.

Segundo. Túrnese el presente punto de acuerdo a las comisiones de Seguridad Pública, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento y dictamen.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de octubre de 2008.--- Diputados: José Martín López Cisneros , Juan Enrique Barrios Rodríguez , Marco Heriberto Orozco Ruiz-Velasco, Cristián Castaño Contreras , Martha Margarita García Müller , José Luis Murillo Torres , Gustavo Ramírez Villarreal , Juan Manuel Villanueva Arjona , Javier Martín Zambrano Elizondo (rúbricas).»

Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2009 se consideren recursos para fortalecer las procuradurías ambientales estatales, a cargo de la diputada Aleida Alavez Ruiz , del Grupo Parlamentario del PRD

Aleida Alavez Ruiz , integrante de la LX Legislatura al Congreso de la Unión en la Cámara de Diputados y diputada federal por el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración esta proposición con punto de acuerdo por el que se señala una partida presupuestal de 100 millones de pesos para el fortalecimiento de las procuradurías ambientales estatales, al tenor de los siguientes

Considerandos

Primero. Que toda persona tiene derecho a un ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar, derecho consignado en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que debe ser cumplido y observado por todos los servidores públicos.

Segundo. Que nuestro compromiso para legislar en el ámbito federal, a fin de dotar de herramientas a los organismos encargados de procurar justicia ambiental para que sean garantes y estén legitimados para defender los derechos colectivos de la población mexicana.

Tercero. Que en el país existen procuradurías estatales en Jalisco, Aguascalientes, Guerrero, México, Michoacán y el Distrito Federal con escaso recursos para cumplir sus funciones, mismas que se derivan del proceso descentralizador ambiental iniciado desde finales de la década de 1980 por el legislativo federal.

Cuarto. Que con una asignación presupuestal para estas procuradurías se pretende ampliar capacidades para garantizar la observancia de la normatividad ambiental como mecanismo que contribuya, entre otras, a la mitigación del cambio climático, así como reforzar las acciones de inspección, verificación, monitoreo y promoción de cumplimiento normativo en las actividades, obras y acciones en el ámbito estatal; y mejorar los mecanismos de coordinación entre órdenes de gobierno.

Quinto. Que durante la primera semana de octubre concurrieron ante el seno de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados, los representantes de las procuradurías en comento, quienes expusieron sus necesidades presupuestales y entregaron la documentación que la sustenta.

Sexto. Que en virtud de las reasignaciones y ampliaciones que realice este cuerpo colegiado sobre el Presupuesto de Egresos de la Federación 2009, se solicita que dentro de la partida presupuestal para la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) se integre un presupuesto de 100 millones de pesos destinado, mediante convenio de coordinación y lineamientos específicos, a las procuradurías estatales sin que afecte la partida solicitada para la Profepa.

Con fundamento en lo anteriormente expuesto, someto a su consideración la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se aprueba la ampliación de 100 millones de pesos al presupuesto asignado a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en la actividad institucional servicios de apoyo administrativo de la subfunción protección y conservación del medio ambiente y recursos naturales para quedar en 784 millones 65 mil 582 pesos. En consecuencia, el presupuesto total asignado a la Profepa será de 1 billón 27 millones 239 mil 359 pesos.

Para asegurar el destino del recurso ampliado, se propone incluir un artículo séptimo transitorio al Decreto de Presupuesto de Egresos 2009 que diga:

``Artículo séptimo transitorio. De los recursos totales asignados a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, 100 millones corresponderán a las procuradurías estatales ambientales que serán entregados de manera directa, a través de las dependencias financieras estatales; su disposición no estará sujeto a reglas de operación pero se celebrará un convenio entre la Profepa y la procuraduría estatal, con lineamientos específicos de aplicación, para el ejercicio del recurso.
Palacio Legislativo, a 21 de octubre de 2008.--- Diputada Aleida Alavez Ruiz (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2009 se consideren recursos para diversos proyectos de inversión del rubro de recursos hidráulicos en Comitán de Domínguez, Chiapas, a cargo del diputado Arnulfo Elías Cordero Alfonzo , del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado Arnulfo Elías Cordero Alfonzo , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la posterior

Exposición de Motivos

Una de las necesidades prioritarias que tienen todos los seres vivos es sin duda el uso diario del agua, no solamente para el consumo humano, si no para muchas otras acciones como los son los proyectos productivos, principalmente en el campo.

Por otra parte el servicio del agua potable da sustentabilidad a toda una población, por ello es sumamente importante la incorporación de servicios básicos a una sociedad como lo son: alcantarillado saneamiento de aguas residuales, pozos profundos para el aprovechamiento de aguas subterráneas, entre otros. Además de mencionar que la carencia de dichos servicios, no permiten generar riqueza en las poblaciones, y por ende carecen de una calidad de vida digna.

Ante tal escenario, Comitán de Domínguez, Chiapas, se debe considerar como municipio prioritario en la asignación de recursos para inversiones en el rubro hidráulico, ya que independientemente que es un municipio que tiene comunidades de alta y muy alta marginación, es la puerta de entrada que el país tiene para todos aquellos visitantes de Centro y Sudamérica.

Es importante mencionar que el municipio de Comitán de Domínguez, tiene un rezago hidráulico de cerca de 15 años, por lo que invertir en este rubro tendría un significativo impacto social y económico en la región contribuyendo a un mayor desarrollo urbano, asimismo que traerá consigo mejores condiciones de salud publica, ya que se eliminaría una fuente importante de enfermedades, al eliminar grandes cantidades de agua contaminada.

Por lo anterior, se enlistan los proyectos hidráulicos que permitirían mejorar la calidad de vida de los habitantes de Comitán:

1. Construcción de sistema de agua potable. Rancheria Chichima Sabinal. Inversión total: 2 millones 578 mil 910 pesos, moneda nacional.
2. Construcción de sistema integral de agua potable. Ejido Arturo Albores Velasco y San José Berlín. Inversión total: 2 millones 606 mil 317 pesos, moneda nacional.
3. Rehabilitación de la línea de distribución y alimentación al tanque de la potabilizadora barrio San Martín. Inversión total: 161 mil 663.83 pesos, moneda nacional.
4. Rehabilitación de la línea de interconexión de agua potable. Inversión total: 1 millón 75 mil 269 pesos, moneda nacional.
5. Rehabilitación de la línea de conducción de agua Cash-cabecera municipal. Inversión total: 1 millón 686 mil 667.31 pesos, moneda nacional.
6. Sistema de agua potable La Floresta. Inversión total: 6 millones 643 mil 464.47 pesos, moneda nacional.

A través de la implantación de los proyectos antes mencionados, se generaría una mejora incalculable en la calidad de vida de los habitantes de Comitán de Domínguez, Chiapas, ya que en su mayoría son proyectos de inversión en comunidades rurales, que buscan desarrollar las regiones productivas para tener zonas competitivas rurales en el estado.

En tal virtud, someto a la consideración del Pleno el siguiente

Punto de Acuerdo

A fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2009, se consideren los recursos para llevar a cabo diversas obras en el rubro de recursos hidráulicos en Comitán de Domínguez, Chiapas.

Único. Se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, considere dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009, recursos por la cantidad de 14 millones 752 mil 291.61 de pesos mexicanos, para diversos proyectos de inversión en el rubro de recursos hidráulicos de Comitán de Domínguez, Chiapas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de octubre de 2008.--- Diputado Arnulfo Elías Cordero Alfonzo (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2009 se consideren recursos para el proyecto de la Ciudad Deportiva Santa Catarina, en Nuevo León, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario del PAN

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 77, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los suscritos, diputados federales, integrantes del Partido Acción Nacional por el estado de Nuevo León, someten a la consideración de esta soberanía el presente punto de acuerdo, de conformidad con las siguientes

Consideraciones

Uno de los objetivos es la Ciudad Deportiva Santa Catarina, y construcción de una alberca semiolímpica, un gimnasio y un salón polivalente de tres niveles, para brindar a los habitantes del municipio un sitio donde puedan practicar diversos deportes y realizar actividades de esparcimiento.

La vinculación y alineación con los objetivos, prioridades y estrategias del Plan Municipal de Desarrollo y Programas que se deriven del mismo.

El Plan Municipal del Desarrollo tiene como meta mejorar y rehabilitar los espacios deportivos.

Se tienen diferentes líneas de acción, como mejorar en su infraestructura los diferentes espacios deportivos, poner en marcha un programa de limpieza periódica de las instalaciones deportivas, desarrollar un programa anual de mantenimiento de las diferentes instalaciones deportivas.

El eje rector del municipio y del instituto que habrán de dar rumbo en esta administración y aplican para este proyecto son mejoramiento vial y urbano y la aplicación correcta de programas en la utilización de los espacios para el beneficio de la comunidad.

El resumen que justifique la necesidad que se atenderá, el problema por solventar y el potencial u oportunidades que se aprovecharán con la ejecución del programa o proyecto.

Ser un municipio modelo, en la realización de programas encaminados al desarrollo de los niños, jóvenes y la comunidad en general, buscando en un corto plazo una amplia cultura física, deportiva, recreativa y formativa en la búsqueda de la tecnificación deportiva, logrando excelentes resultados deportivos y formativos.

Por lo que las acciones a seguir consisten en la construcción de un gimnasio, una alberca semiolímpica, salas polivalentes, una cancha de fútbol rápido, una polivalente, una de fútbol soccer y oficinas administrativas.

Los problemas que se atenderán son pandillerismo, drogadicción y la vagancia (anexamos gráficas de incidencias de detenidos, robos y auxilios solicitados en el sector) --no hay instalaciones deportivas adecuadas--; contar con nuevas y mejores instalaciones para atender la demanda de deportes que nos solicitan los nicolaitas; la atención a niños y jóvenes de colonias vulnerables de Santa Catarina; poder detectar a deportistas e integrarlos a los equipos representativos del municipio; tener mejor y mayor calidad de los habitantes de nuestro municipio al contar con una instalación adecuada; formar el carácter en los niños y jóvenes y fortalecer los valores que promueve el municipio; que los niños y jóvenes logren sus metas y aspiraciones en base al deporte; evitar la inactividad física y los problemas de obesidad infantil; coadyuvar en la interacción de escuela y deporte.

Los principales resultados esperados con el programa o proyecto son disminuir la delincuencia que actualmente existe en el sector, en el que se construirá la unidad deportiva; incrementar la participación ciudadana, realizando actividades que involucren a la sociedad; y fomentar la integración familiar.

El impacto o resultados esperados en el ámbito económico, social y ambiental, según corresponda, como disminuir la problemática social que existe en la comunidad; por ejemplo, pandillerismo, drogadicción, alcoholismo, violencia familiar; fomentar la integración familiar, creando un espacio de esparcimiento y desarrollo para todos; incrementar el interés de los jóvenes por el deporte; aprovechar el área de oportunidad que se genera para el descubrimiento de deportistas que por falta de recursos no pueden desarrollar sus talentos.

El efecto benéfico o incidencia regional de la ejecución del programa o proyecto es contar con instalaciones de alto nivel para poder organizar o recibir competencias de carácter regional, nacional o internacional, el seguimiento de nuestros atletas en estas instalaciones permite que lleguen a ser parte de las selecciones estatales y poder participar en la olimpiada regional y en la nacional; contar con instalaciones durante todo el año para el trabajo deportivo de los nicolaítas.

Ser de los municipios con mejor y mayor calidad de vida, ser un modelo en la práctica deportiva, dar atención deportiva a personas con capacidades diferentes y trascender en el ámbito social de las colonias que circundan estas instalaciones.

Por tanto, los diputados federales del Partido Acción Nacional por el estado de Nuevo León, consideramos que se debe incrementar la asignación de recursos públicos a la partida del Ramo ``Educación'', para que la autoridad competente cuente con los recursos suficientes para poder atender las necesidades de los ciudadanos.

Compañeros legisladores: por lo anteriormente expuesto, los suscritos diputados solicitamos el respaldo y sometemos a consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta a las Comisiones de Juventud y Deporte, y de Presupuesto y Cuenta Pública a destinar, dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009, recursos por $26,500,000.00 (veintiséis millones quinientos mil pesos al proyecto denominado Ciudad Deportiva Santa Catarina.

Segundo. Túrnese el presente punto de acuerdo a las Comisiones de Juventud y Deporte, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento y dictamen.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de octubre de 2008.--- Diputados: José Martín López Cisneros , Juan Enrique Barrios Rodríguez , Marco Heriberto Orozco Ruiz-Velasco, Cristián Castaño Contreras , Martha Margarita García Müller , José Luis Murillo Torres , Gustavo Ramírez Villarreal , Juan Manuel Villanueva Arjona , Javier Martín Zambrano Elizondo (rúbricas).»

Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2009 se destinen recursos a diversos proyectos de inversión del rubro de desarrollo rural en Comitán de Domínguez, Chiapas, a cargo del diputado Arnulfo Elías Cordero Alfonzo , del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado federal Arnulfo Elías Cordero Alfonzo , integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de lo siguiente:

Exposición de Motivos

Una condición indeseable en la agricultura a nivel mundial ha sido la incorporación permanente de fertilizantes químicos que dañan los ecosistemas; pueden ser persistentes, móviles y tóxicos en la tierra, el agua y el aire, debido a la lixiviación, es decir, la separación de las partes solubles de las insolubles. También pueden tener un impacto negativo sobre los seres humanos y la vida animal a través de las cadenas alimenticias.

Este tipo de agricultura, si bien ha generado grandes incrementos en la producción de alimentos y ha sostenido a una población creciente, ha tenido un alto costo, ya que también ha generado grandes daños como:

1) contaminación de suelos y aguas por la aplicación de agroquímicos,
2) daños a la salud humana y animal por el uso de plaguicidas,
3) destrucción de la biodiversidad,
4) aumento de plagas, malezas y enfermedades por la resistencia a plaguicidas,
5) eliminación de los insectos benéficos por el abuso de los plaguicidas,
6) reducción de la fertilidad del suelo por la erosión,
7) sobre dependencia de los recursos no renovables y
8) sobre dependencia de los insumos.

Una alternativa para detener el desgaste de las tierras de cultivo y, con ello, mejorar la calidad y cantidad de la producción hortícola, agrícola y pecuaria es mediante la utilización de biofertilizantes producidos a base de microorganismos propios de la tierra. Estos biofertilizantes ofrecen la ventaja de ser hasta un 29 por ciento más económicos que los fertilizantes químicos, son más sanos y dan mayores nutrientes a los cultivos y a la tierra.

Actualmente la agroecología ha sido considerada como una de las alternativas para el desarrollo de los cultivos de producción orgánica, sin embargo, en el país son pocos los interesados en invertir en nuevos procesos de producción.

En el estado de Chiapas, los cultivos orgánicos de mayor relevancia son el aguacate, el mango, la papaya y la toronja; y más recientemente cultivos como la guayaba y el haba, que representan una superficie ya considerable que año con año ha ido incrementándose.

También es importante mencionar que la nueva tecnología de producción orgánica, ha tenido una gran demanda en la utilización de invernaderos, por lo que dicha producción tiene una productividad mayor y de mejor calidad.

Por lo anterior, se enlistan los proyectos de inversión rural que permitirían mejorar la calidad de vida de los habitantes del municipio de Comitán:

1. Establecimiento de sistemas de riego para aguacate hass. Inversión total: 6 millones 435 mil pesos.
2. Cultivo de rosas en invernaderos. Inversión total: 2 millones 201 mil 300 pesos.
3. Creación del centro demostrativo y de capacitación agroecológico municipal. Inversión total: 477 mil 801.25 pesos.

A través de la implementación de los proyectos antes mencionados, se generaría una mejora incalculable en la calidad de vida de los habitantes del municipio de Comitán de Domínguez, Chiapas, ya que en su mayoría son proyectos de inversión en comunidades rurales, que buscan desarrollar las regiones productivas para tener zonas competitivas rurales en el estado.

En tal virtud, someto a la consideración del pleno el siguiente:

Punto de Acuerdo

A fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2009, se consideren los recursos para llevar a cabo diversas obras en el rubro de desarrollo rural en el municipio de Comitán de Domínguez, Chiapas.

Único. Se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, que considere dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2009, recursos por la cantidad de 9 millones 114 mil 101.25 pesos mexicanos, para diversos proyectos de inversión en el rubro de desa-rrollo rural del municipio de Comitán de Domínguez, Chiapas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de octubre de 2008--- Diputado Arnulfo Elías Cordero Alfonzo (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2009 se consideren mayores recursos para la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, a cargo del diputado Érick López Barriga, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado Érick López Barriga, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de Michoacán, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite presentar la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) cuenta con una trayectoria de gran importancia en la formación académica del país. Actualmente esta institución brinda servicios a una población de 60 mil alumnos que no sólo son oriundos de la entidad, sino que una parte de ellos proviene de las 32 entidades federativas.

Asimismo, cada día esta casa de estudios realiza grandes esfuerzos por mejorar su calidad educativa, pero de igual modo trabaja en la descentralización de los servicios que ofrece y en la continua expansión de su matrícula.

No obstante todos estos esfuerzos, la Michoacana de San Nicolás atraviesa por una importante crisis financiera de carácter estructural que lacera profundamente a la institución. Esto no es privativo de la Nicolaíta, ya que esta situación de precariedad la comparte con las universidades públicas estatales de Sinaloa, Zacatecas, Guerrero, Puebla y Morelos. Estas seis universidades, en su conjunto, presentan una importante crisis financiera.

Parte de esa crisis ha sido generada por la persistente inequidad en la distribución del subsidio que reciben las universidades públicas estatales, y que mantiene a una serie de universidades con un subsidio inferior al de la media nacional, que oscila en los 50 mil pesos por alumno. En el caso de la UMSNH recibe un subsidio de 29 mil pesos por alumno --inferior a la media--. Y dicho sea de paso, que aún con la existencia del Fondo de Apoyo para Saneamiento Financiero de las Universidades Públicas Estatales por Debajo de la Media Nacional en Subsidio por Alumno, la Nicolaíta no logra su saneamiento financiero.

Esta situación se ha agravado en tanto que el 80 por ciento del total de ingresos que percibe la universidad se ocupa para al pago de salarios de personal docente y administrativo, quedando únicamente el 20 por ciento restante para cubrir todos los demás gastos.

De igual modo, lo anterior implica una limitante al crecimiento de la universidad, toda vez que con el impulso a la ampliación de la matrícula en las universidades públicas estatales, se ven aún más limitados los recursos financieros de la institución, con todo y la existencia de un fondo orientado a este fin. Lo mismo ocurre con el proyecto de descentralización de los servicios educativos a otras regiones del estado.

Además de que esta crisis se ha ido acumulando a lo largo de varios años, también ha sido heredada de una administración a otra. Por ejemplo, la administración anterior (a cargo del entonces rector Jaime Hernández Díaz), dejó un déficit de 333 millones de pesos, y desde entonces, esta cifra se ha mantenido como una constante en las finanzas de la universidad.

Por su parte, desde que dio inicio la actual administración de la UMSNH (a cargo de la doctora Silvia Figueroa Zamudio), se han implantado diversas medidas con el fin de mejorar la situación financiera de la institución. Por ejemplo, la puesta en marcha el año pasado, de un Plan de Racionalidad cuyo fin fue reducir los gastos, principalmente los del rubro de servicios básicos, que incluye consumo de energía eléctrica, agua, gasto telefónico y papelería, entre otros.

Sin embargo, y pese a las medidas acatadas, aún se mantiene en pésimas condiciones la situación financiera de la universidad, toda vez que el gasto de la institución es mucho mayor que sus ingresos. Razón por la cual, esta universidad sigue presentando un déficit presupuestario superior a los 200 millones de pesos, con todo y los apoyos recibidos en las bolsas extraordinarias incluidas en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el saneamiento financiero y el incremento de matrícula.

En este sentido, se expresa la necesidad de un apoyo adicional para que esta casa de estudios pueda resarcir sus problemas financieros, logre cerrar con dignidad el ejercicio fiscal de este año, y pueda solventar por fin, su déficit financiero, toda vez que se estima que el déficit acumulado al cierre del ejercicio fiscal de este año puede alcanzar los 383 millones de pesos.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía la aprobación del siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, y a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos que se asigne un incentivo extraordinario en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2009, a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo para que pueda cubrir su actual situación de déficit financiero.

Salón de sesiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a 21 de octubre de 2008.--- Diputado Érick López Barriga (rubrica).»

Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2009 se consideren recursos para el proyecto de la unidad deportiva Anáhuac, en Nuevo León, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario del PAN

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 77, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los suscritos, diputados federales, integrantes del Partido Acción Nacional por el estado de Nuevo León, someten a la consideración de esta soberanía el presente punto de acuerdo, de conformidad con las siguientes

Consideraciones

Uno de los objetivos es renovar las instalaciones existentes de la unidad deportiva Anáhuac para convertirla en un centro de desarrollo de futuros talentos deportivos y brindar a los nicolaitas un sitio donde puedan hacer deporte durante cualquier época del año.

La vinculación y alineación con los objetivos, prioridades y estrategias del plan Municipal de Desarrollo y Programas que se deriven del mismo.

El Plan Municipal del Desarrollo tiene como metas mejorar y rehabilitar los espacios deportivos.

Tomando en cuenta las líneas de acción, como mejorar en su infraestructura los diferentes espacios deportivos, poner en marcha un programa de limpieza periódica de las instalaciones deportivas, desarrollar un programa anual de mantenimiento de las diferentes instalaciones.

El eje rector del municipio y del instituto que habrán de dar rumbo en esta administración y aplican para este proyecto son mejoramiento vial y urbano y la aplicación correcta de programas en la utilización de los espacios para el beneficio de la comunidad.

Ser un municipio modelo, en la realización de programas encaminados al desarrollo de los niños, jóvenes y la comunidad en general. Buscando en un corto plazo una amplia cultura física, deportiva, recreativa y formativa en la búsqueda de la tecnificación deportiva. Logrando excelentes resultados deportivos y formativos, con la construcción de fosa de clavados y nado sincronizado, techado de la alberca olímpica; construcción de salas deportivas para halterofilia, tenis de mesa, ajedrez, esgrima, y tiro deportivo; construcción de área de tiro con arco, construcción de salones para estancias vespertinas.

Se realizará la instalación de escuelas deportivas de nado sincronizado, clavados y polo acuático, No se cuenta con una alberca, ni fosa olímpica techada que nos de la oportunidad de trabajar durante todo el año con los equipos representativos; el clima extremoso que impera en la ciudad nos hace requerir de una instalación con estas características, contar con mejores instalaciones para atender la demanda de deportes que nos solicitan los nicolaitas; se requiere además la atención a niños y jóvenes de escasos recursos de colonias vulnerables de San Nicolás, y tener más instalaciones para integrar más deportes en los campamentos de verano que realizamos, poder detectar a más deportistas e integrarlos a los equipos representativos que participan en los eventos estatales, tener mejor y mayor calidad de nuestros atletas al contar con una instalación que pueden utilizar todos los días.

En resumen, entre los principales resultados esperados con el programa o proyecto está dar seguimiento profesional a los deportistas nicolaitas más destacados para que puedan competir nacionalmente.

El bien o servicio que se producirá o se proporcionará será la remodelación de la unidad deportiva para convertirla en centro de alto rendimiento, con el fin de dar atención profesional a los deportistas nicolaítas que tienen posibilidades de destacar en alguna disciplina deportiva. Las clases que se impartirán son judo, lucha, karate, tae kwon do, gimnasia rítmica, gimnasia artística, trampolín, aeróbics, box, etcétera.

Además, se ofrecerá el servicio de estancias vespertinas, el cual consiste en dar atención educativa y deportiva a los niños entre 6 y 12 años de edad, hijos de familias en las que ambos padres trabajan.

Además se dará atención a todos los atletas destacados con los que se cuenta en las 11 unidades deportivas que tiene el municipio.

Se mejorarán considerablemente las instalaciones deportivas con que cuenta el municipio, con el fin de poder ofrecer a los deportistas un seguimiento profesional a sus entrenamientos diarios, se podrán ofrecer entrenamientos profesionales a los jóvenes deportistas que se destaquen en alguna disciplina descubiertos por medio de los centros deportivos escolares (situados en algunas escuelas oficiales del municipio).

Se incrementará el interés de los jóvenes por el deporte, se aprovechará el área de oportunidad que se genera para el descubrimiento de jóvenes que por falta de recursos no pueden desarrollar sus talentos; se beneficiará la integración familiar ya que se ofrecerán actividades para todas las edades, como efecto positivo e incidencia regional de la ejecución del programa o proyecto.

Se pretende una segunda alberca y fosa de clavados y nado sincronizado techada de todos los gobiernos municipales en el estado, contar con instalaciones de alto nivel para poder organizar o recibir competencias de carácter regional, nacional o internacional.

El seguimiento de nuestros atletas en estas instalaciones permite que lleguen a ser parte de las selecciones estatales y participar en las olimpiadas regional y nacional, al contar con instalaciones durante todo el año para el trabajo deportivo de los nicolaitas; el poder colaborar con asociaciones y dependencias educativas que no cuentan con estas instalaciones, ser de los municipios con mejor y mayor calidad de vida; ser un municipio modelo en la práctica deportiva; dar la atención deportiva a personas con capacidades diferentes

Por tanto, los diputados federales del Partido Acción Nacional por el estado de Nuevo León consideramos que se debe incrementar la asignación de recursos públicos para que la autoridad competente cuente con lo suficiente para poder atender las necesidades de los ciudadanos.

Compañeros legisladores: por lo anteriormente expuesto, los suscritos diputados solicitamos el respaldo y sometemos a consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta a las Comisiones de Juventud y Deporte, y de Presupuesto y Cuenta Pública a destinar, dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009, recursos por $26,340,000.00 (veintiséis millones trescientos cuarenta mil pesos) para el proyecto denominado Unidad Deportiva Anáhuac.

Segundo. Túrnese el presente punto de acuerdo a las comisiones de Juventud y Deporte, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento y dictamen.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de octubre de 2008.--- Diputados: José Martín López Cisneros , Juan Enrique Barrios Rodríguez , Marco Heriberto Orozco Ruiz-Velasco, Cristián Castaño Contreras , Martha Margarita García Müller , José Luis Murillo Torres , Gustavo Ramírez Villarreal , Juan Manuel Villanueva Arjona , Javier Martín Zambrano Elizondo (rúbricas).»

Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2009 se consideren mayores recursos para el Programa de Recuperación y Repoblación de Especies de Vida Silvestre y en Peligro de Extinción, a cargo del diputado Érick López Barriga, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, Érick López Barriga, diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática por el estado de Michoacán, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite presentar proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

A partir de la década de 1990 se ha manifestado una creciente preocupación por las especies mexicanas en peligro de extinción. Desde entonces, se han emitido diversos programas centrados en su atención.

Así, en mayo de 1994 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Norma Oficial Mexicana NOM-059-ECOL-1994, en la que se determinaron las especies y subespecies de flora y fauna silvestres, terrestres y acuáticas en peligro de extinción, amenazadas, raras y sujetas a protección especial, así como una serie de regulaciones para su protección y conservación. A partir de esta norma, y en el marco del Programa de Conservación de la Vida Silvestre y Diversificación del Sector Rural 1997-2000, se desarrollaron diversos programas de recuperación y conservación de especies prioritarias, a cargo de la entonces Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca. Estos programas se desarrollarían a través del Instituto Nacional de Ecología y serían puestos en funcionamiento por el Comité Técnico Consultivo Nacional para la Recuperación de Especies Prioritarias, establecido en junio de 1999.

Posteriormente, la NOM emitida en 1994 tuvo algunas modificaciones, en las que se hicieron algunas especificaciones sobre lo que se consideraba ``especies raras'' y en la que fueron anexadas otras especies en la lista. Tales modificaciones quedaron plasmadas en la hoy vigente NOM-059-SEMARNAT-2001, publicada en marzo de 2002.

En esos momentos, el águila real, el borrego cimarrón, el lobo mexicano, el barrendo, la tortuga marina, el manatí, los perritos llaneros y el jaguar, entre otras especies, contaban ya con un proyecto de conservación y recuperación que, en algunos casos, ya implantaban diversas acciones desde la década de 1990.

En los últimos años, estos proyectos de conservación han sido rediseñados a fin de garantizar la participación de distintos sectores en las acciones tendentes a la protección de las especies en riesgo. Éstos han sido integrados al Programa Nacional de Conservación de Especies en Riesgo (2007), puesto en marcha con el objetivo de ``brindar atención prioritaria a las especies mexicanas en peligro de extinción''.

A su vez, el programa nacional se divide en tres grandes programas, centrados en la conservación de

• Tortugas marinas;
• Especies terrestres y acuáticas continentales; y
• Especies marinas, costeras e insulares.

Actualmente, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas es la encargada de desarrollar el Programa de Acción para la Conservación de Especies (PACE) para cada especie en riesgo atendida en los programas mencionados. En ellos se deben incluir ``acciones de generación de conocimiento, manejo, recuperación, protección, gestión y cultura encaminadas a la conservación y recuperación de la especie de interés y su hábitat, tanto en áreas naturales protegidas federales como en otras áreas prioritarias del país.

Aunque en el programa nacional se fijó como meta la elaboración de 30 PACE, se han desarrollado sólo 5 proyectos, con la consideración de que éstas son ``especies que por su importancia biológica y cultural representan en México recursos prioritarios para su conservación''. Las especies referidas son la vaquita marina, la tortuga laúd, el águila real, el jaguar y el lobo mexicano.

El año anterior, en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación se consideraban 148.84 millones de pesos para el Programa de Recuperación y Repoblación de Especies en Peligro de Extinción, al cual finalmente fueron destinados 167.18 millones de pesos para esas cinco especies. Cerca de 95 por ciento de estos recursos fueron destinados a la vaquita marina, mientras que el resto se repartió entre las otras cuatro especies:

Especie Presupuesto 2008
(Millones de pesos)
Vaquita marina 160.00
Águila real 1.92
Lobo mexicano 1.5
Jaguar 1.76
Tortuga laúd 2.00

Si bien se reconoce la urgencia de atender de manera prioritaria a la vaquita marina --dadas las estimaciones poblacionales de la especie--, también se considera urgente ampliar y distribuir de manera equitativa los recursos orientados a la conservación del resto de las especies incluidas en el programa pues, además de las cinco especies mencionadas, se encuentran en proceso los PACE del perrito llanero y el zapote prieto, además de estar pendientes los del oso negro, el pavón, el tiburón ballena, el tapir, primates, y las tortugas lora y golfina, entre otras.

Más aún, en el PPEF de 2009 se tienen considerados para el Programa de Recuperación y Repoblación de Especies de Vida Silvestres y en Peligro de Extinción sólo 145.91 millones de pesos, cantidad que además de ser menor que la asignada en el Presupuesto del año en curso se utilizará para atender a un mayor número de especies. Por ello, estos recursos deben ser incrementados cuando menos en 100 por ciento del monto actual.

Por lo expuesto, someto a consideración de esta soberanía la aprobación del siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita a las Comisiones de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Presupuesto y Cuenta Pública que se incremente a 300 millones de pesos el monto asignado en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2009 al Programa de Recuperación y Repoblación de Especies de Vida Silvestre y en Peligro de Extinción.

Salón de sesiones de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a 21 de octubre de 2008.--- Diputado Érick López Barriga (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2009 se consideren recursos para la construcción y el mantenimiento de diversos tramos carreteros en Veracruz, a cargo del diputado Pedro Montalvo Gómez , del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de conformidad con lo previsto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

El desarrollo regional es un concepto inherente a la transición de un nivel económico concreto a otro más avanzado en una zona geográfica determinada. Es un proceso de transformación del sistema económico y social de los habitantes de ese espacio geográfico, que se traduce en un incremento del bienestar y que debe expresarse en el mejoramiento de los indicadores económicos, sociales, administrativos, ambientales, tecnológicos y territoriales, entre otros.

El desarrollo regional opera mediante el diseño de políticas públicas expresadas en planes y programas que, en cierto sentido, orientan la organización del territorio y los procesos económicos de las regiones.

Los beneficios del desarrollo durante el último cuarto del siglo XX tuvieron profundas diferencias regionales, observándose que las entidades más avanzadas en 1970 fueron las que lograron reducir la brecha de marginación que los separaba del Distrito Federal, mientras que los estados más rezagados lograron avances sumamente modestos.

La tendencia señalada tiene implicaciones económicas, sociales, ambientales y demográficas que hacen necesario correlacionar el índice de marginación (vivienda, salud, educación, salario, dispersión de la población) con la situación de pobreza, el rezago productivo, la escasa cobertura de servicios esenciales (salud, educación y comunicaciones), y la prevalencia de altas tasas de mortalidad y de fecundidad, así como el deterioro del ambiente. Todo ello configura situaciones regionales y microrregionales que comprometen el presente y el futuro de millones de mexicanos, atrapados en el círculo de la pobreza extrema y el rezago demográfico.

El desarrollo de políticas dirigidas al impulso de las comunicaciones y transportes en todo el país permite que las necesidades más importantes de sus habitantes sean atendidas, al favorecerse la integración, el desarrollo económico y el bienestar que otorga la infraestructura a que está obligado el Estado por virtud del artículo 28 de la Carta Magna.

Las carreteras son de la mayor relevancia, ya que forman la columna vertebral del transporte, y su construcción y mantenimiento se vuelven estratégicos. Invertir o invertir menos de lo necesario conduce a pérdidas de capital, o bien, a gastos mayores en el futuro y, lo peor, a sumir en el rezago regiones que tienen legítimas demandas de superación y desarrollo.

Veracruz cuenta con una infraestructura carretera total de 28 mil 441 kilómetros, de las cuales las pavimentadas representan 5 mil 853 kilómetros, distribuidas en 5 mil 320 kilómetros de 2 carriles y 533 kilómetros de 4 carrilles. Las carreteras revestidas están formadas por 9 mil 571 kilómetros. Las carreteras de terracería configuran una alarmante longitud: 7 mil 164 kilómetros.

Por ello demandamos que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2009 se asignen recursos para la construcción y el mantenimiento de los tramos carreteros de Omealca, Cuichapa, Zongolica, Tehuipango, Mixtla de Altamirano, Soledad Atzompa, Rafael Delgado, Coetzala, Magdalena y Naranjal, Veracruz, que --de acuerdo con el índice de marginación municipal-- se encuentran entre los 50 municipios más rezagados del país y exigen una respuesta urgente y solidaria.

Invertir recursos en las carreteras es notablemente importante, ya que los productores se beneficiarían en el traslado de sus mercancías; y la sociedad, en todas sus actividades. Solamente en Zongolica se tiene una infraestructura de vías de comunicación formada por 107 kilómetros de carretera. Pese a que las carreteras son el conector de los agricultores, que siembran en alrededor de 18 mil hectáreas, de ganaderos, que en más de 4 mil hectáreas destinan sus tierras a la cría y explotación de animales, y de pescadores, la inversión en infraestructura carretera es insuficiente.

Por lo expuesto, presento a esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública que asigne recursos para la construcción y mantenimiento de los tramos carreteros de Omealca; Rancho Nuevo-Cruz Tetela-Ojo de Agua, Cuichapa; La Laja-Puente Xúchiles, Tezonapa; Vázquez Vela-Villa Nueva, Mixtla de Altamirano-Tehuipango, Matlatecoya-Zacaloma, Temaxcalapa-Vicente Guerrero-Chicomapa, Xonamanca-Comalapa-Vicente Guerrero, Xonamanca-San Sebastitan-Tizizapan-Axalpa-Coetzala, Cruztitla-Tepaxapa, Magdalena-Rafael Delgado, Naranjal-Tizizapan, Tehuipango-Loma Bonita, Veracruz.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de octubre de 2008.--- Diputado Pedro Montalvo Gómez (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2009 se consideren recursos para el proyecto de la unidad deportiva Constituyentes de Querétaro, en Nuevo León, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario del PAN

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 77, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los suscritos, diputados federales, integrantes del Partido Acción Nacional por el estado de Nuevo León, someten a la consideración de esta soberanía el presente punto de acuerdo, de conformidad con las siguientes

Consideraciones

Uno de los objetivos es renovar las instalaciones existentes de la unidad deportiva Constituyentes de Querétaro Tercer Sector, y construcción de una alberca semiolímpica, un gimnasio y un salón polivalente de tres niveles, para brindar a los habitantes del sector un sitio donde puedan practicar diversos deportes y realizar actividades de esparcimiento.

La vinculación y alineación con los objetivos, prioridades y estrategias del Plan Municipal de Desarrollo y Programas que se deriven del mismo.

El Plan Municipal del Desarrollo tiene como meta mejorar y rehabilitar los espacios deportivos.

Se tienen diferentes líneas de acción, como mejorar en su infraestructura los diferentes espacios deportivos, poner en marcha un programa de limpieza periódica de las instalaciones deportivas, desarrollar un programa anual de mantenimiento de las diferentes instalaciones deportivas.

El eje rector del municipio y del instituto que habrán de dar rumbo en esta administración y aplican para este proyecto son mejoramiento vial y urbano y la aplicación correcta de programas en la utilización de los espacios para el beneficio de la comunidad.

El resumen que justifique la necesidad que se atenderá, el problema por solventar y el potencial u oportunidades que se aprovecharán con la ejecución del programa o proyecto.

Ser un municipio modelo, en la realización de programas encaminados al desarrollo de los niños, jóvenes y la comunidad en general, buscando en un corto plazo una amplia cultura física, deportiva, recreativa y formativa en la búsqueda de la tecnificación deportiva, logrando excelentes resultados deportivos y formativos.

Por lo que las acciones a seguir consisten en la construcción de un gimnasio, una alberca semiolímpica, salas polivalentes, una cancha de fútbol rápido, una polivalente, una de fútbol soccer y oficinas administrativas.

Los problemas que se atenderán son pandillerismo, drogadicción y la vagancia (anexamos gráficas de incidencias de detenidos, robos y auxilios solicitados en el sector) --no hay instalaciones deportivas adecuadas--; contar con nuevas y mejores instalaciones para atender la demanda de deportes que nos solicitan los nicolaitas; la atención a niños y jóvenes de colonias vulnerables de San Nicolás; poder detectar a deportistas e integrarlos a los equipos representativos de San Nicolás; tener mejor y mayor calidad de los habitantes de nuestro municipio al contar con una instalación adecuada; formar el carácter en los niños y jóvenes y fortalecer los valores que promueve el municipio; que los niños y jóvenes logren sus metas y aspiraciones en base al deporte; evitar la inactividad física y los problemas de obesidad infantil; coadyuvar en la interacción de escuela y deporte.

Los principales resultados esperados con el programa o proyecto son disminuir la delincuencia que actualmente existe en el sector, en el que se construirá la unidad deportiva; incrementar la participación ciudadana, realizando actividades que involucren a la sociedad; y fomentar la integración familiar.

El impacto o resultados esperados en el ámbito económico, social y ambiental, según corresponda, como disminuir la problemática social que existe en la comunidad; por ejemplo, pandillerismo, drogadicción, alcoholismo, violencia familiar; fomentar la integración familiar, creando un espacio de esparcimiento y desarrollo para todos; incrementar el interés de los jóvenes por el deporte; aprovechar el área de oportunidad que se genera para el descubrimiento de deportistas que por falta de recursos no pueden desarrollar sus talentos.

El efecto benéfico o incidencia regional de la ejecución del programa o proyecto es contar con instalaciones de alto nivel para poder organizar o recibir competencias de carácter regional, nacional o internacional, el seguimiento de nuestros atletas en estas instalaciones permite que lleguen a ser parte de las selecciones estatales y poder participar en la olimpiada regional y en la nacional; contar con instalaciones durante todo el año para el trabajo deportivo de los nicolaítas.

Ser de los municipios con mejor y mayor calidad de vida, ser un modelo en la práctica deportiva, dar atención deportiva a personas con capacidades diferentes y trascender en el ámbito social de las colonias que circundan estas instalaciones.

Por tanto, los diputados federales del Partido Acción Nacional por el estado de Nuevo León, consideramos que se debe incrementar la asignación de recursos públicos a la partida del Ramo ``Educación'', para que la autoridad competente cuente con los recursos suficientes para poder atender las necesidades de los ciudadanos.

Compañeros legisladores: por lo anteriormente expuesto, los suscritos diputados solicitamos el respaldo y sometemos a consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta a las Comisiones de Juventud y Deporte, y de Presupuesto y Cuenta Pública a destinar, dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009, se recursos por $29,000,000.00 (veintinueve millones de pesos al proyecto denominado Unidad Deportiva Constituyentes de Querétaro.

Segundo. Túrnese el presente punto de acuerdo a las comisiones de Juventud y Deporte y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento y dictamen.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de octubre de 2008.--- Diputados: José Martín López Cisneros , Juan Enrique Barrios Rodríguez , Marco Heriberto Orozco Ruiz-Velasco, Cristián Castaño Contreras , Martha Margarita García Müller , José Luis Murillo Torres , Gustavo Ramírez Villarreal , Juan Manuel Villanueva Arjona , Javier Martín Zambrano Elizondo (rúbricas).»

Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2009 se incluya Hidalgo en el Programa Especial para la Seguridad Alimentaria, a cargo del diputado Isidro Pedraza Chávez , del Grupo Parlamentario del PRD

El que suscribe, Isidro Pedraza Chávez , diputado a la LX Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía punto de acuerdo a fin de que las Comisiones de Desarrollo Rural, de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública incluyan Hidalgo en el Programa Especial de Seguridad Alimentaria (PESA) en el dictamen de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009, en razón de lo siguiente:

Antecedentes

Si se consideran los 250 municipios más marginados del país, Hidalgo ocupa el cuarto lugar nacional, con ingresos menores de dos salarios mínimos, además de ser el estado con mayor porcentaje de población en viviendas sin agua entubada.

La mayoría de estos municipios son de población indígena y están considerados en la población de alta prioridad en los programas de desarrollo rural a escala nacional.

En Hidalgo hay 3 mil 854 localidades, de las cuales 2 mil 42 son de alta marginación y 614 de muy alta; es decir, 69 por ciento de las localidades del estado corresponden a comunidades altamente marginadas.

Con base en la información del Consejo Nacional de Población, de los 84 municipios del estado, 38 son altamente marginados: 32 son de alta y 6 de muy alta marginación.

En 2008, a través de cuatro agencias de desarrollo rural, se atienden 120 localidades de 11 de los municipios más marginados. San Bartolo Tutotepec, Huehuetla, Xochiatipan, La Misión, Pizaflores y Tepehuacan de Guerrero son atendidos por el programa. Sin embargo, no son suficientes, ya que estos municipios cuentan con más de 40 localidades que cubren el perfil para ser beneficiadas por el programa, lo que ameritaría que estos municipios tuvieran una agencia de desarrollo rural propia.

Los restantes 27 municipios altamente marginados tienen una población de 536 mil 187 habitantes y están sin atención.

Por el número y las características de los municipios que restan de ser atendidos en Hidalgo y por la metodología del PESA-FAO, se considera pertinente cubrir en promedio 4 municipios por agencia de desarrollo rural. Así, en el estado se necesitaría una expansión de por lo menos 6 agencias más para totalizar 10 y que pudieran atender a 300 localidades de los municipios altamente marginados del estado.

Consideraciones

Pese a que Hidalgo figura entre los estados de mayor marginación, a la fecha no ha sido incluido en el PESA.

Dos de los principales objetivos del PESA son el incremento del ingreso y el mejoramiento de las condiciones del hogar.

Los recursos del PESA-PEF abarcan tanto el presupuesto para la operación de agencias como para la ejecución de proyectos en las localidades; sin embargo, los recursos cubren sólo la operación de las agencias. El recurso de los proyectos pasa a ser competencia, con el resto de proyectos y solicitudes, del gobierno estatal, con el riesgo de no ser apoyados.

Se tienen proyectos por 200 millones de pesos que podrían ser incorporados de inmediato en el PESA.

En razón de lo expuesto, me permito someter a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Que las Comisiones de Desarrollo Rural, de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública incluyan Hidalgo en el programa Especial de Seguridad Alimentaria en el dictamen de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de octubre de 2008.--- Diputado Isidro Pedraza Chávez (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2009 se consideren recursos para el proyecto Museo San Nicolás, en Nuevo León, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario del PAN

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 77, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los suscritos, diputados federales integrantes del Partido Acción Nacional por el estado de Nuevo León, someten a consideración de esta soberanía el presente punto de acuerdo, de conformidad con las siguientes

Consideraciones

Los museos son instituciones culturales complejas que en todo el mundo reciben cada vez mayor número de visitantes; en la actualidad son importantes destinos del turismo, dotando de personalidad propia a los lugares donde se encuentran, en el ámbito local fomentan el desarrollo humano y la identidad cultural de sus habitantes.

En ese contexto me permito exponer ante ustedes lo siguiente, específicamente del municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, en cuanto a crear la sede el primer museo del niño en el noreste de México, creando uno donde los menores de edad vivan experiencias significativas que fomenten en ellos los valores universales, el amor por el conocimiento y el deseo de comprometerse con su entorno.

Esta propuesta se justifica en la decepción que en muchos niños produce la visita a los museos y espacios culturales en los que se prohíbe tocar, jugar, interactuar, por lo que provoca en la adolescencia e incluso en la edad adulta rechazo a la cultura.

Para formar nuevas generaciones es necesario empezar por realizar espacios especialmente diseñados para ello, comenzando desde las edades más tempranas.

Musan, pretende ser un espacio del gobierno municipal y de la sociedad civil que promueva la historia de la ciudad, las artes, las ciencias y la ecología, permitiendo a los niños y niñas jugar e interactuar en las salas de exposición y en los distintos espacios que lo conforman, reflexionando, analizando y despertando su capacidad creadora.

Por lo tanto, los diputados federales del Partido Acción Nacional por el estado de Nuevo León, consideramos se incremente la asignación de recursos públicos para que la autoridad competente cuente con lo suficiente para poder atender las necesidades de los ciudadanos.

Compañeros legisladores: por lo anteriormente expuesto, los suscritos diputados solicitamos el respaldo y sometemos a consideración de esta honorable asamblea el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta a las comisiones de Cultura, y de Presupuesto y Cuenta Pública a destinar, dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009, recursos por $70,000,000.00 (setenta millones de pesos) al proyecto denominado Museo San Nicolás.

Segundo. Túrnese el presente punto de acuerdo a las comisiones de Cultura, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento y dictamen.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de octubre de 2008.--- Diputados: José Martín López Cisneros , Juan Enrique Barrios Rodríguez , Marco Heriberto Orozco Ruiz-Velasco, Cristián Castaño Contreras , Martha Margarita García Müller , José Luis Murillo Torres , Gustavo Ramírez Villarreal , Juan Manuel Villanueva Arjona , Javier Martín Zambrano Elizondo (rúbricas).»

Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2009 se consideren recursos para el fideicomiso de los fondos de los trabajadores migratorios mexicanos, a cargo del diputado Isidro Pedraza Chávez , del Grupo Parlamentario del PRD

El que suscribe, Isidro Chávez Pedraza, diputado por la LX Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en el articulo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía, el siguiente punto de acuerdo, para que se considere por la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública dentro del dictamen del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009, una ampliación a la partida presupuestal del Fideicomiso que Administrara el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, al tenor de las siguientes

Consideraciones

1. El programa Bracero Agrícola se inició en la década de los cuarenta, fue un programa binacional de trabajadores agrícolas firmado entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América, el objetivo del programa fue solventar el abandono de los campos agrícolas estadounidenses como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial y sirvió como fuente de empleo, gozando de garantías como alimentos, hospedaje, transporte y, en su caso, repatriación. Las deducciones se autorizaban hasta en un 10 por ciento a los salarios como un fondo de ahorro (Fondo de Ahorro Campesino) que estaría en manos de cada patrón y que le sería devuelto al trabajador a su regreso a México a través del ``Banco Wells Fargo'' y transferidos posteriormente al ``Banco de Crédito Agrícola de México'' (hoy Financiera Rural).

2. La Cámara de Diputados LIX Legislatura en coordinación con la Secretaría de Gobernación integró un padrón de ex trabajadores migratorios, que sirvió de base para la creación de un mecanismo institucional que encauzara la demanda de los ex trabajadores.

3. El 25 de mayo de 2005, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para los ex Trabajadores Migratorios; se establece un apoyo social para cada ex trabajador de 38 mil pesos, siempre y cuando se cumpla con lo establecido por la norma.

4. Ante la convocatoria del 11 de noviembre de 2005, se abrieron los módulos del 11 de noviembre al 10 de marzo del 2006, se presentaron 212 mil 218 ex braceros, de los cuales 42 mil 633 se declararon procedentes por el Comité Técnico del Fideicomiso; 169 mil 585 no completaron adecuadamente los requisitos establecidos por la norma.

5. La Comisión Especial de Seguimiento a los Fondos Aportados por los Trabajadores Mexicanos Braceros, en múltiples ocasiones ha solicitado un aumento en el Presupuesto de Egresos de la Federación para que se pueda otorgar el apoyo a los ex braceros; y como reseña histórica cito:

a) Inicialmente en el año 2005 se destinaron 298.5 millones de pesos y la misma cantidad para el año 2006; la Comisión Especial siempre ha buscado beneficiar a miles de braceros registrados en el padrón, presentó en diciembre del 2006 una propuesta de 800 millones de pesos para el pago del apoyo social, sin embargo esta soberanía aprobó sólo 300 millones, para el Ejercicio Fiscal de 2007, lo que resultó insuficiente.
b) En el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2008, que votamos en esta soberanía, el lunes de 12 de noviembre del 2007, se aprobó para el pago de ex braceros la cantidad de 700 millones de pesos, en el Artículo Transitorio Vigésimo Tercero del decreto así se dispone, cabe señalar que en Anexo 7 del Programa Especial Concurrente, del Ramo 04 se etiquetaron 400 millones de pesos y los 300 millones restantes se tomaran del Ramo total de Gobernación; con el fin de brindar el apoyo social a 18 mil 421 extrabajadores, por lo que, podrían quedar pendientes de ese apoyo 659 ex trabajadores del padrón original.

6. Para el próximo año fiscal se propone 400 millones de pesos, cantidad menor a lo aprobado para este ejercicio fiscal, reduciéndose en un 42.85 por ciento, lo propuesto sigue siendo insuficiente, en virtud de que, ante la reforma a la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos aprobado por el Congreso de la Unión el 22 de abril del presente año, publicado en el Diario Oficial de la Federación el primero de septiembre del presente año y la reciente publicación de las Reglas de Operación del Programa; permite abrir las mesas receptoras para inscribir aquellos ex braceros que no pudieron hacerlo en su momento o no cumplían con lo establecido por la norma inicial.

7. Con la aprobación a las reformas señaladas en el considerando anterior y de acuerdo con el análisis que hizo el Centro de Estudios de la Finanzas Públicas y la Comisión Especial de Seguimiento a los Fondos de los Trabajadores Mexicanos Braceros de esta soberanía, el Estado mexicano se ve ante una realidad ineludible de pagar posiblemente a más de 323 mil 375 beneficiarios, lo que implicaría recursos presupuestales por 12 mil 288.3 millones de pesos.

8. Los ex braceros son personas de la tercera edad, así como sus viudas, muchos se encuentran muy enfermos, discapacitados y necesitan el apoyo social, por ello, pido a esta soberanía se sensibilice y pueda otorgarse en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009, la cantidad de 1 mil millones de pesos adicionales a la propuesta que el Ejecutivo federal remitió a la Cámara de Diputados.

9. Dadas las condiciones económicas actuales y ante la propuesta de un presupuesto austero remarcado en la propuesta para los ex braceros, actuando en consecuencia es posible se haga un recorte en la partida 104 de la Coordinación Nacional de Comunicación Social de la Presidencia de la República ya que de lo aprobado en este año es de 42 mil 738 millones 505 mil pesosy en lo proyectado para el año 2009 es de 74 mil 486 millones 444 mil pesos, si dejamos dicha partida como está ahora, podemos tener un recurso adicional de 31 mil 702 millones 939 mil pesos, lo cual serviría para apoyar la economía familiar y con ello hacer frente al problema económico que se presentara en el 2009.

Compañeros legisladores, existen recursos para reasignar, el Estado mexicano debe asegurar la protección social, especialmente de los menos favorecidos, nosotros como legisladores tenemos la obligación de velar por los ciudadanos, por ello se debe conferir una ampliación presupuestal para pagar la deuda que tenemos con los ex braceros.

Por las consideraciones expuestas someto a la consideración de esta asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a considerar en el dictamen de Presupuesto de Egresos de la Federación del Ejercicio Fiscal de 2009, una ampliación por 1 mil millones de pesos para el Fondo para Pago de Adeudos a Braceros Rurales del 42 al 64.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de octubre de 2008.--- Diputado Isidro Chávez Pedraza (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2009 se destinen recursos a la rehabilitación del teatro municipal, a obras pluviales y a unidades deportivas en Guadalupe, Nuevo León, a cargo del diputado Juan Francisco Rivera Bedoya , del Grupo Parlamentario del PRI

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 74, fracción IV, y 77, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el suscrito, diputado federal por el estado de Nuevo León, Juan Francisco Rivera Bedoya , somete ante esta honorable asamblea una proposición con punto de acuerdo para que se incluya en el Presupuesto de Egresos de la Federación del Ejercicio Fiscal 2009, partidas al municipio de Guadalupe en el estado de Nuevo León, para la rehabilitación del teatro municipal, dos obras pluviales y cuatro unidades deportivas de conformidad con la siguiente:

Exposición de motivos

El municipio de Guadalupe, en el estado de Nuevo León, es el segundo con mayor número de habitantes en el estado, sólo detrás del municipio de Monterrey, capital del mismo. En la actualidad el municipio también tiene una de las mayores migraciones del país, en donde llegan personas de todos los puntos de nuestra nación en búsqueda de mayores oportunidades laborales, que ofrece el estado. En este sentido, y por ser un municipio que cuenta aún con reservas para su crecimiento, es de esperarse que se tenga el mismo comportamiento en años subsiguientes, por lo que este proceso migratorio habrá de intensificarse en la medida en que las posibilidades de expansión poblacional de otros municipios se vayan agotando.

Estos procesos migratorios, como todos sabemos, presionan a las autoridades municipales para dotar a todos los habitantes de los servicios básicos indispensables, para aspirar a un nivel de vida aceptable para una sociedad como la neoleonesa, que se distingue por su disposición al trabajo, que es producto de la cultura del esfuerzo que nos ha distinguido a lo largo de nuestra historia.

Uno de los servicios mínimos con los que deben contar todos los habitantes son los servicios de drenaje, que no es en lo absoluto un lujo sino una necesidad que previne la posibilidad de adquisición de muchas enfermedades, es así un servicio público básico para cualquier sociedad. Por ello es que los diputados, como representantes populares sensibles a las necesidades de nuestros representados, hacemos por este medio un llamado a la sensibilidad de este honorable pleno para dotar de los recursos económicos necesarios para la construcción de dos sistemas pluviales a los habitantes de Guadalupe, Nuevo león.

En este mismo sentido, es claro que también el acceso a la recreación y el deporte son elementos que hacen una sociedad más saludable, mental y físicamente, por lo que contar con espacios para practicar alguna actividad deportiva no constituye un lujo, sino una necesidad social que se debe brindar a los habitantes, cualquiera que sea su edad. La oportunidad de hacer alguna actividad deportiva que los provea de la salud necesaria, pero que también, sobre todo en el caso de nuestros niños y jóvenes, los aleje de las diversas adicciones a que se ven amenazados, por la creciente presencia del crimen organizado, y aún de la amenaza de adicciones socialmente aceptadas, como el tabaquismos, alcoholismo o el uso descontrolado de los videojuegos. El deporte permite hacer un uso más racional del tiempo y es un medio para proveerse de salud. Por ello es que se solicita el apoyo para la rehabilitación de cuatro unidades deportivas a lo largo del municipio de Guadalupe.

De igual forma la recreación proporciona estabilidad emocional, salud mental, y nos permite un mejor desarrollo como personas y como sociedad. Sabemos que las manifestaciones culturales dan muestra del desarrollo de una sociedad y deja historia de las manifestaciones del avance de las sociedades a lo largo del desarrollo de la humanidad, de sus formas de vida, de la plenitud que se alcanza como ser social. Por ellos es indispensable, tanto como el alimento físico, ya que estas posibilidades recreativas alimentan el espíritu humano.

El municipio de Guadalupe cuenta, en la actualidad, con un teatro municipal, que en términos generales ha cumplido con su vida útil, por lo que ha sido abandonada la utilización de muchas de sus áreas, por lo que se hace necesaria una rehabilitación general que permita darle una nueva dimensión a su utilización intensiva en beneficio de la población del municipio de Guadalupe, Nuevo León.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, nos permitimos someter a su consideración el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Para que se incluya en el Presupuesto de Egresos de la Federación del Ejercicio Fiscal 2009, recursos para el municipio de Guadalupe, Nuevo León, para la rehabilitación del teatro municipal, dos obras pluviales y cuatro unidades deportivas de la siguiente manera:

Teatro municipal: 19. 95 millones de pesos
Dos obras pluviales: 55.00 millones de pesos
Cuatro unidades deportivas: 14.80 millones de pesos
Total: 89.75 millones de pesos
Solicitud al Presupuesto de Egresos de la Federación 2009

Segundo. Túrnese el presente acuerdo a las Comisiones de Cultura; Juventud y Deporte; Recursos Hidráulicos y Presupuesto y Cuenta Pública.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de octubre del 2008--- Diputado Juan Francisco Rivera Bedoya (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2009 se consideren recursos para el proyecto Casa del Adulto Mayor, en Nuevo León, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario del PAN

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 77, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los suscritos, diputados federales, integrantes del Partido Acción Nacional por el estado de Nuevo León, someten a consideración de esta soberanía el presente punto de acuerdo, de conformidad con las siguientes

Consideraciones

Uno de los objetivos de la presente petición es brindar al adulto mayor nicolaita una casa club remodelada y acondicionada para satisfacer sus necesidades de recreación, socialización, aprendizaje y alimentación con equipo adecuado y personal capacitado.

La esperanza de vida ha ido en aumento, esto significa que vivimos más años, debido principalmente a los avances médicos y sociales, así como a las mejoras en otras áreas tales como la seguridad en los trabajos, la alimentación, información sobre el cuidado personal, cambiando así nuestro ritmo de vida, disminuyendo la mortalidad.

La población en México ha experimentado una acelerada transición demográfica, lo que ha permitido que hoy 8.3 millones de mexicanos tengan 60 años y más; cada año esa cifra va aumentando, haciendo que la pirámide poblacional se invierta con el tiempo; esta realidad nos dice que en un plazo no muy lejano habrá mas adultos mayores y menos jóvenes.

En la actual administración del municipios de San Nicolás de los Garza, a través de DIF como institución encargada del bienestar de los grupos vulnerables ha venido desarrollando un concepto de vida activa para el adulto mayor, con apoyo de la casa club del adulto mayor.

Actualmente se atiende a cerca de 955 abuelitos nicolaitas, beneficiando de esta manera a la familia directa del adulto mayor.

Por año se otorgan 36 mil servicios de alimentación, transportación además de actividades recreativas, baile, canto, teatro, manualidades y computación, pero sobe todo se ofrece un espacio donde pueden convivir y desarrollarse como persona, haciendo amigos, competencias y juegos que les den ánimos de seguir adelante.

Para otorgar estos servicios se cuenta con una casa club del adulto mayor donde se atiende diariamente a 90 abuelitos que fue construida hace 25 años, y debido a la cantidad de personas que se atienden actualmente, al deterioro del paso de los años y por no contar con las adecuaciones necesarias para seguir dando una buena calidad en el servicio, se requiere una remodelación total de las instalaciones.

Por tanto, los diputados federales del Partido Acción Nacional por el estado de Nuevo León, consideramos que se debe incrementar la asignación de recursos públicos para que la autoridad competente cuente con lo suficiente para poder atender las necesidades de los ciudadanos.

Compañeros legisladores: por lo anteriormente expuesto, los suscritos diputados solicitamos el respaldo y sometemos a consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta a las Comisiones de Cultura, y de Presupuesto y Cuenta Pública a destinar, dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009, recursos por $12,000,000.00 (doce millones de pesos) para el proyecto denominado Casa del Adulto Mayor.

Segundo. Túrnese el presente punto de acuerdo a las comisiones de Cultura, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento y dictamen.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de octubre de 2008.--- Diputados: José Martín López Cisneros , Juan Enrique Barrios Rodríguez , Marco Heriberto Orozco Ruiz-Velasco, Cristián Castaño Contreras , Martha Margarita García Müller , José Luis Murillo Torres , Gustavo Ramírez Villarreal , Juan Manuel Villanueva Arjona , Javier Martín Zambrano Elizondo (rúbricas).»

Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2009 se consideren recursos para ampliar y modernizar el antiguo camino a Villa de García, Nuevo León, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario del PAN

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 77, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los suscritos, diputados federales, integrantes del Partido Acción Nacional por el estado de Nuevo León, someten a consideración de esta soberanía el presente punto de acuerdo, de conformidad con las siguientes

Consideraciones

El proyecto denominado ``ampliación y modernización del antiguo camino a Villa de García, conocido como Camino a Minera del Norte'', el cual consiste en la reconstrucción de una de las vías carreteras más importantes del municipio de Santa Catarina, debido a que es uno de los principales corredores de carga y parte del circuito de vía libre para el tránsito de vehículos ligeros del norponiente del municipio.

El proyecto consiste en la ampliación y modernización de 4.30 kilómetros de vialidad, iniciando en la avenida Industriales del Poniente (carretera Monterrey-Saltillo) y entroncando en el boulevard Luis Donaldo Colosio, se modificará la geometría existente pasando de 2 a 4 carriles de circulación con franja separadora central; se renovará completamente toda la superficie de rodamiento efectuando la reconstrucción de la estructura del pavimento existente donde se requiera, se llevará a cabo la instalación de alumbrado público en todo el tramo, se construirá un puente vehicular para librar el arroyo El Salitre, así como la colocación de todo el señalamiento vial horizontal y vertical necesario; con las acciones y trabajos antes mencionados se pretende aumentar considerablemente el nivel de servicio y la seguridad de esta vialidad.

La construcción de ampliación y modernización del antiguo camino a Villa de García, conocido como Camino a Minera del Norte implica una inversión aproximada de 61,747,697.95 (sesenta y un millones setecientos cuarenta y siete mil seiscientos noventa y siete pesos 95/100 m.n.) por lo que estamos solicitando su valioso apoyo para la asignación de los recursos necesarios para la realización de tan importante obra.

Por tanto, los diputados federales del Partido Acción Nacional por el estado de Nuevo León consideramos necesario que se incremente la asignación de recursos públicos a la partida del Ramo 9, ``Comunicaciones y Transportes'', para que la autoridad competente cuente con lo suficiente para reparar y mantener las carreteras del estado.

Compañeros legisladores: por lo anteriormente expuesto, los suscritos diputados solicitamos el respaldo y sometemos a consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta a las Comisiones de Comunicaciones, y de Presupuesto y Cuenta Pública a destinar, dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009, recursos por $61,747,697.95 (sesenta y un millones setecientos cuarenta y siete mil seiscientos noventa y siete pesos 95/100 m.n.) al proyecto denominado `` ampliación y modernización del antiguo camino a Villa de García conocido como camino a Minera del Norte''.

Segundo. Túrnese el presente punto de acuerdo a las Comisiones de Comunicaciones, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento y dictamen.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de octubre de 2008.--- Diputados: José Martín López Cisneros , Juan Enrique Barrios Rodríguez , Marco Heriberto Orozco Ruiz-Velasco, Cristián Castaño Contreras , Martha Margarita García Müller , José Luis Murillo Torres , Gustavo Ramírez Villarreal , Juan Manuel Villanueva Arjona , Javier Martín Zambrano Elizondo (rúbricas).»

Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2009 se consideren mayores recursos para las universidades públicas, a cargo del diputado Sergio Hernández Hernández , del Grupo Parlamentario del PRD

El que suscribe, diputado Sergio Hernández Hernández , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo a efecto de solicitarle a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Educación Pública y Servicios Educativos que incluyan en el Presupuesto de Egresos para 2009 la asignación de mayores recursos para las universidades públicas en el país y para la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Durante esta legislatura, he planteado en varias ocasiones en esta tribuna diversas propuestas de solución a la problemática del sector educativo, particularmente en el rubro de la educación superior, pues estoy convencido de que ésta desempeña un papel fundamental para el desarrollo de cualquier país, al proporcionarle a la población los conocimientos necesarios para afrontar exitosamente los nuevos retos que imponen las sociedades globalizadas pero, más importante aún, al permitirle generar condiciones de igualdad que ayuden a disminuir las brechas sociales existentes entre los ciudadanos.

Ante esto, no podemos más que afirmar que la educación es el elemento clave para construir el futuro de México, pues ésta invariablemente garantiza la generación de conocimientos y tecnologías que, a su vez, deberán transformarse en grandes capitales.

Por esto, debe quedar claro que es en la fortaleza de los sistemas educativos en donde radica la diferencia entre los países industrializados y los países en vías de desarrollo, por lo que los legisladores tenemos el enorme compromiso de fortalecer al sector educativo, dotándolo permanentemente de recursos públicos suficientes para el cumplimiento de los objetivos y de leyes modernas acordes a las exigencias actuales.

En este sentido, es de llamar la atención que el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2009 que envió el Ejecutivo a esta Cámara sea carente de realidad en materia educativa, pues contempla asignaciones presupuestales con incrementos discrecionales y discriminatorios a los rubros de educación media superior y superior, favoreciendo en su totalidad a la educación básica.

Se considera un presupuesto carente de realidad y discriminatorio, pues se le asigna a la educación básica recursos que ascienden a los 264 mil millones de pesos, que representa un aumento de 19 mil 269 millones, esto es el equivalente al 61 por ciento del presupuesto por niveles educativos, mientras que a la educación superior le asignan solamente 64 mil 990 millones de pesos, con un mínimo aumento de 2 mil 604 millones, equivalentes al 15.5 por ciento del presupuesto por niveles educativos.

Además, se considera un presupuesto discrecional al ser inconcebible que se le asignen más de 5 mil millones de pesos al programa Enciclomedia, sin importar que la Auditoría Superior de la Federación comprobó su ineficiencia y nulo efecto en el mejoramiento de la calidad educativa, además de las múltiples irregularidades detectadas en la aplicación de recursos de este programa, cuyo monto equivale al 71 por ciento del total de recursos asignados para la infraestructura educativa del país, mientras que deja sin recursos a programas como el de expansión de la oferta educativa en educación media superior y el de fortalecimiento de la educación media superior.

Respecto a las universidades federales, los incrementos no son importantes e inclusive son proporcionalmente inferiores a los otorgados en 2008. Muestra de lo anterior es que a la Universidad Nacional Autónoma de México se le asigna un presupuesto de 20 mil 660 millones de pesos, con un aumento de mil 333 millones, mientras que en 2008 el incremento fue de 2 mil millones de pesos. La Universidad Autónoma de México tiene asignados 4 mil 115 millones de pesos, con un aumento de 249.9 millones de pesos, cuando en 2008 su aumento fue de 416 millones de pesos, y al Instituto Politécnico Nacional le asignan 8 mil 713 millones de pesos, con un incremento de 557 millones de pesos, mientras que en el 2008 se le aumentaron 977 millones de pesos.

Es de llamar la atención que el mayor incremento se registra en el ramo 25, correspondiente al rubro de las previsiones salariales, al asignarles 18 mil 119 millones de pesos, que significa un aumento de 6 mil 527 millones, esto es el 56 por ciento nominal y el 49 por ciento real, cuando en total, el ramo tiene 49 mil 636 millones de pesos.

Además, a la Subsecretaría de Educación Superior se le asignan 110.5 millones de pesos, registrando una disminución de 57 millones respecto al 2008; al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación se le destinan 176.2 millones de pesos, disminuyendo sus recursos en 15.8 millones; a la Dirección General de Formación Continua de Maestros en Servicio se le dan 361 millones de pesos, con lo cual le reducen su presupuesto en 87.2 millones; y a la Unidad de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas se le asignan 181.4 millones de pesos, con 46.9 millones de pesos menos, mientras que otras dependencias que en poco pudieran contribuir al mejoramiento de la educación en México registran incrementos significativos, como por ejemplo a la Unidad de Comunicación Social, con una asignación total de 91 millones de pesos, incrementándole sus recursos en 24.8 millones de pesos respecto al 2008.

Si bien es cierto que el ámbito de la educación básica es fundamental al ser la base de nuestro sistema educativo, también lo es el hecho de que existen miles de jóvenes que en la actualidad demandan el crecimiento y la mejora en la calidad de las instituciones públicas de educación superior, pues es ahí donde se forman las nuevas generaciones de mexicanos que construirán el país del mañana, son ellos quienes competirán en un futuro próximo en este mundo globalizado y quienes abrirán paso a las generaciones venideras y, si hoy no les proporcionamos las herramientas para afrontar los nuevos retos, estaremos condenando a nuestros jóvenes y niños a vivir en un país de desigualdades y carente de oportunidades, en donde las inequidades educativas y culturales continuarán generando injusticias como la exclusión, la violencia y la pobreza de millones de mexicanos.

No podemos negar que se han hecho grandes esfuerzos y obtenido buenos resultados; sin embargo, esto aún no es suficiente, pues las evaluaciones nacionales e internacionales que se han implantado en los últimos años en México han arrojado resultados desalentadores, evidenciando los dos grandes retos que aún están pendientes por superar, que son la cantidad de instituciones y la calidad de la enseñanza.

No podemos ignorar estos resultados y debemos entender que es urgente incrementar la inversión educativa, destinando los recursos de manera más equitativa y en función de los requerimientos en cada uno de los niveles, procurando enfocarlos a los rubros que nos ayuden a aumentar la cantidad de instituciones y a mejorar la calidad de la enseñanza, con la finalidad de que en un futuro próximo garanticemos a todo aquel que así lo desee un espacio para recibir educación de calidad que le permita elevar su formación educativa, superar la pobreza, abrirle las puertas a mejores oportunidades en un entorno competitivo y, finalmente, que nos permita como país alcanzar la posición de gran potencia en el entorno internacional.

Si verdaderamente queremos crecer como nación, debemos hacer un esfuerzo y un mayor compromiso con la educación y, por tanto, no podemos aceptar el presupuesto como nos fue enviado, debemos modificarlo y destinar mayores recursos para el financiamiento de las universidades públicas en el país.

No cometamos una injusticia contra nuestros jóvenes, no les privemos del conocimiento y de las herramientas para su superación, no los condenemos a vivir en un país sin oportunidades. Ellos tienen el derecho y la necesidad de recibir educación de calidad, que les permita contar con un empleo justo y bien remunerado para poder integrarse a la vida social y económica de este país.

En éste tenor, me permito proponer a esta honorable Cámara de Diputados la proposición con el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Solicite a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Educación Pública y Servicios Educativos que incluyan en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009 la asignación de mayores recursos para las universidades públicas del país.

Segundo. Solicite a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Educación Pública y Servicios Educativos que incluyan en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009 la asignación de mayores recursos para la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.

Dado en el Palacio Legislativo, a 21 de octubre de 2008.--- Diputado Sergio Hernández Hernández (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2009 se consideren recursos para el proyecto de ordenamiento vial Monterrey-Saltillo, en Nuevo León, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario del PAN

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 77, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los suscritos, diputados federales, integrantes del Partido Acción Nacional por el estado de Nuevo León, someten a consideración de esta soberanía el presente punto de acuerdo, de conformidad con las siguientes

Consideraciones

El proyecto denominado ``ordenamiento vial para dar flujo continuo en la carretera Monterrey-Saltillo y el boulevard Díaz Ordaz'', el cual consiste en la construcción de seis complejos viales en los principales puntos de conflicto, los cuales brindarán un flujo continuo del tránsito principal y resolverán los movimientos viales del tránsito local; con esta obra se pretende beneficiar no sólo a los habitantes del municipio de Santa Catarina sino también a los usuarios en general que transitan por la vía mencionada, reduciendo considerablemente los tiempos de traslado, la emisión de contaminantes y optimizando en gran manera los nieles de servicio de dicha vía.

La construcción del ``ordenamiento vial para dar flujo continuo en la carretera Monterrey-Saltillo y el boulevard Díaz Ordaz'' implica una inversión aproximada de $530,000,000.00 (quinientos treinta millones de pesos 00/100 m.n.), por lo que solicitamos su valioso apoyo para la promoción y, en su caso, la asignación de los recursos necesarios para la realización de tan importante obra.

Actualmente esta carretera federal requiere de una inversión aproximada de 530 millones de pesos para su rehabilitación y modernización.

En ese sentido, solicitamos que en la revisión y análisis que en este momento se efectúa al Presupuesto federal para el ejercicio fiscal de 2009 se considere incluir 150 millones de pesos para la inversión para el ordenamiento vial a fin de dar flujo continuo en la carretera Monterrey-Saltillo y en el boulevard Díaz Ordaz.

Ustedes saben, compañeros diputados, que contar con vías de comunicación adecuadas es la base del desarrollo económico, cultural y social de un país, así que consideramos que no debemos perder, como representantes sociales y funcionarios públicos, el sentido social y el bien común que deben perseguir nuestras acciones.

Compañeros legisladores: por lo anteriormente expuesto, los diputados federales del Partido Acción Nacional por el estado de Nuevo León solicitamos su respaldo y sometemos a la consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta a las Comisiones de Comunicaciones, y de Presupuesto y Cuenta Pública a destinar, dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009, recursos por $250,000,000.00 (doscientos cincuenta millones de pesos) al proyecto denominado ``ordenamiento vial carretera Monterrey-Saltillo''.

Segundo. Túrnese el presente punto de acuerdo a las Comisiones de Comunicaciones, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento y dictamen.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de octubre de 2008.--- Diputados: José Martín López Cisneros , Juan Enrique Barrios Rodríguez , Marco Heriberto Orozco Ruiz-Velasco, Cristián Castaño Contreras , Martha Margarita García Müller , José Luis Murillo Torres , Gustavo Ramírez Villarreal , Juan Manuel Villanueva Arjona , Javier Martín Zambrano Elizondo (rúbricas).»

Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2009 se consideren recursos del Fondo de Desarrollo Metropolitano para la zona urbana de Zacatecas-Guadalupe, a cargo del diputado Francisco Javier Calzada Vázquez , del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado Francisco Javier Calzada Vázquez , integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

Los fondos de desarrollo metropolitano tienen la intención de impulsar el desarrollo de áreas urbanas con procesos de conurbación en las que diversos gobiernos estatales o municipales deben conjuntar esfuerzos para armonizar políticas públicas comunes que son necesarias para atender a una población común.

En el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2006 la Cámara de Diputados tuvo a bien asignar 1 mil millones de pesos (mdp) en el llamado fondo metropolitano, recursos que en su totalidad se destinó a la Zona Metropolitana del Valle de México. Para el ejercicio fiscal de 2007, el Presupuesto de Egresos de la Federación la Cámara de Diputados amplió la propuesta del Ejecutivo en 3 mil 647.3 mdp, de tal suerte que en ese año el fondo metropolitano contó con 4 mil 647.3 mdp, de los cuales una parte fue canalizada a las zonas metropolitanas de las ciudades de Guadalajara y Monterrey. En el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2008, esta soberanía aprobó recursos para siete zonas metropolitanas que abarcan nueve entidades federativas, por un monto de 5 mil 550 mdp. El detalle de la distribución actual de los recursos de los fondos metropolitanos es la siguiente:

Total

Proyecto PEF: 4,750
Ampliaciones HCD: 800
Aprobado PEF 2008: 5,550

Zona metropolitana del valle de México

Proyecto PEF: 3,550
Ampliaciones HCD: 0.0
Aprobado PEF 2008: 3,550

Zona metropolitana de la ciudad de Guadalajara

Proyecto PEF: 1,100
Ampliaciones HCD: 0.0
Aprobado PEF 2008: 1,100

Zona metropolitana de la ciudad de Monterrey

Proyecto PEF: 100
Ampliaciones HCD: 0.0
Aprobado PEF 2008: 100

Zona metropolitana de la ciudad de León

Proyecto PEF: 0.0
Ampliaciones HCD: 300
Aprobado PEF 2008: 300

Zona metropolitana de Puebla

Proyecto PEF: 0.0
Ampliaciones HCD: 150
Aprobado PEF 2008: 150

Zona metropolitana de la ciudad de Querétaro

Proyecto PEF: 0.0
Ampliaciones HCD: 100
Aprobado PEF 2008: 100

Zona metropolitana de la Laguna

Proyecto PEF: 0.0
Ampliaciones HCD: 250
Aprobado PEF 2008: 250 Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

En el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2009 que ha enviado el Ejecutivo se propone incluir, además de las ya aprobadas a las zonas metropolitanas de Acapulco, Aguascalientes, Cancún, Mérida, Oaxaca, Tijuana, Tuxtla Gutiérrez, Veracruz y Villahermosa y dotarlos de recursos por un total de 5 mil 710 millones de pesos, distribuida de la siguiente manera:

Total: 5,710
Zona metropolitana del valle de México: 3,300
Zona metropolitana de la ciudad de Guadalajara: 1,100
Zona metropolitana de la ciudad de Monterrey: 150
Zona metropolitana de la ciudad de León: 300
Zona metropolitana de Puebla: 150
Zona metropolitana de la ciudad de Querétaro: 100
Zona metropolitana de la Laguna: 250
Zona metropolitana de la ciudad de Acapulco: 40
Zona metropolitana de Aguascalientes: 40
Zona metropolitana de Cancún: 40
Zona metropolitana de Mérida: 40
Zona metropolitana de Oaxaca: 40
Zona metropolitana de Tijuana: 40
Zona metropolitana de Tuxtla Gutiérrez: 40
Zona metropolitana de Veracruz: 40
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

La lógica que sustenta la propuesta del Ejecutivo es incentivar la buena coordinación entre las diversas autoridades de gobierno, esta problemática no es privativa de las megalópolis de varios millones de habitantes, sino que tenemos ciudades de tamaño medio que también deben afrontar complejos problemas de conurbación.

Es en ese sentido que considero justo incluir en los fondos de desarrollo metropolitano, el de la zona metropolitana de Zacatecas-Guadalupe, en donde se concentra el 25 por ciento de la población total del estado de Zacatecas, es decir, 266 mil habitantes.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Desarrollo Metropolitano a incluir a la zona metropolitana de Zacatecas-Guadalupe en los fondos de desarrollo metropolitano, con un presupuesto de 40 millones de pesos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de octubre de 2008.--- Diputado Francisco Javier Calzada Vázquez (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2009 se consideren recursos para reencauzar el río Nazas, en la zona de la Laguna, a cargo del diputado Jericó Abramo Masso, del Grupo Parlamentario del PRI

De conformidad con los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos, el de la voz, diputado Jericó Abramo Masso, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presento ante esta soberanía el siguiente punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, bajo la siguiente:

Exposición de motivos

Como es del conocimiento de todos, en días recientes se tuvo que abrir las compuertas de la presa Lázaro Cárdenas, en el estado de Durango, para desfogar su rebasada capacidad por causa de las lluvias en la sierra, originando la venida de agua sobre el lecho seco del río Nazas, que provocó inundaciones en los márgenes ya habitados y zonas de siembra en Torreón, Francisco I. Madero y San Pedro, todos municipios de Coahuila.

La presa Lázaro Cárdenas, antes de 1968, tenía una capacidad de 3 mil 300 millones de metros cúbicos y se amplió mil 565 millones de metros cúbicos, y se agregaron cinco compuertas radiales de siete por seis metros. Su salida es de 2 mil 570 metros cúbicos por segundo, más 200 metros cúbicos por segundo de las compuertas.

La capacidad original de río Nazas fue de mil 200 metros cúbicos por segundo, sin embargo, las invasiones al cauce natural, han disminuido la capacidad del río, al grado tal de no soportar ni 450 metros cúbicos por segundo, lo que ha generado pérdidas millonarias al patrimonio de la población. Por lo que se requiere reencauzar el río, permitiendo: primero, desazolvarlo; segundo, reforzar la bordería en áreas habitadas y, tercero, habilitar áreas de desfogue del río antes de su área terminal: la laguna de Mairán.

Por lo anterior descrito, me permito presentar a esta soberanía el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita a la Comisión de Presupuesto de esta Cámara de Diputados se asigne una partida de 500 millones de pesos para el reencauzamiento del río Nazas, en la zona de la Laguna, para permitir desazolvar, reforzar sus borderías en áreas habitadas y habilitar áreas de desfogue antes de terminar en la laguna de Mairán, eliminando el riesgo latente a cerca de 140 mil personas.

Palacio de San Lázaro, a 21 de octubre de 2008.--- Diputado Jericó Abramo Masso (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2009 se consideren recursos para el proyecto Libramiento Oriente, en Nuevo León, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario del PAN

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 77, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los suscritos, diputados federales, integrantes del Partido Acción Nacional por el estado de Nuevo León, someten a consideración de esta soberanía el presente punto de acuerdo, de conformidad con las siguientes

Consideraciones

El proyecto consiste en aproximadamente 8 kilómetros de carretera de un carril con acotamiento en cada sentido, y un puente sobre el río Santa Catarina.

El proyecto del libramiento Oriente de la cabecera municipal de Cadereyta Jiménez, Nuevo León, es la solución a la problemática planteada por diversos sectores de la sociedad jimenence, principalmente de los trabajadores petroleros, que constituyen el 25 por ciento aproximadamente de la población total de municipio, seguidos por los habitantes de esta cabecera municipal y los agricultores (horticultores jimenences y de la zona citrícola de Allende y Montemorelos).

El municipio de Cadereyta Jiménez esta ubicado en la periferia del área metropolitana de Monterrey, por lo que es tratado como un municipio rural, con pocos recursos para infraestructura urbana. Hasta el momento se tienen un puente y un vado para cruzar el río Santa Catarina, que divide a la ciudad en norte y sur.

En la zona norte están la refinería Ingeniero Héctor R. Lara Sosa y la terminal de almacenamiento y distribución, ambas instalaciones de Petróleos Mexicanos, y en la zona sur se encuentran las colonias donde habita por lo menos el 80 por ciento de los trabajadores petroleros (3 mil 200 familias petroleras), además en esta zona se sitúa el hospital de Pemex, lo cual provoca retraso en la atención de posibles lesionados en las instalaciones industriales de Pemex y durante el transporte de los trabajadores en los horarios de entrada y salida de sus labores, situación que se agrava durante los días lluviosos, al tener que cerrar el acceso a través del vado; de la misma manera se ve afectada la distribución terrestre de los productos de la refinería.

El transporte de los productos del campo provenientes de sur hacia la zona fronteriza se dificulta al tener que rodear la ciudad por el poniente y regresar por el norte de la ciudad hacia el oriente.

Lo anterior provoca congestionamiento en los cruces del puente y el vado, lo que afecta al resto de la población jimenence.

Los trabajadores y funcionarios de Petróleos Mexicanos han hecho diversas gestiones ante las autoridades de Pemex, del municipio y del estado para que esta obra se realice; destaca lo efectuado por la gerencia de la refinería durante el 2004 ante el Consejo de Administración de Pemex, porque se obtuvo un donativo de $4,000,000.00 (cuatro millones de pesos) para el gobierno del estado, de lo que según informaron se utilizaron $3,200,000.00 (Tres millones doscientos mil pesos) en la elaboración del proyecto Ejecutivo que entregado una copia al municipio.

La actual administración solicitó a Pemex apoyo para llevar a cabo este proyecto, recibiendo la aprobación de un donativo de $20,000,000.00 (veinte millones de pesos); a la fecha se han recibido de este donativo la cantidad de $10,000,000.00 (diez millones de pesos) y está pendiente la entrega del segundo cheque por la misma cantidad; con esos recursos se tiene planeado iniciar la pavimentación de los primeros 3.5 kilómetros, contados desde la carretera Cadereyta-Allende hacia el cruce con la carretera Monterrey-Reynosa antes de la división de cuota y libre.

Este tramo de libramiento permitirá el acceso a dos planteles de educación superior: la Universidad Tecnológica de Cadereyta, ya anunciada por el secretario de Educación del estado, para la cual se cuenta con la donación de 20 hectáreas y está operando de manera provisional en unas instalaciones que se acondicionaron para este propósito y se tienen 250 alumnos; y a un campus de la Universidad Autónoma de Nuevo León, iniciando con la construcción de la Facultad de Contaduría Pública y Administración, que actualmente se imparte en las instalaciones saturadas de la Preparatoria número 12.

Por tanto, los diputados federales del Partido Acción Nacional por Nuevo León consideramos que se debe incrementar la asignación de recursos públicos a la partida del Ramo 9, ``Comunicaciones y Transportes'', para que la autoridad competente cuente con los recursos suficientes que le permitan reparar y mantener las carreteras del estado.

Compañeros legisladores: por lo anteriormente expuesto, los suscritos solicitamos su respaldo y sometemos a consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta a las Comisiones de Comunicaciones, y de Presupuesto y Cuenta Pública a considerar, dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2009, recursos por $150,000,000.00 (ciento cincuenta millones de pesos) para el proyecto denominado ``libramiento oriente'', que comprende desde el entronque en la carretera Cadereyta-Allende hasta la carretera a Reynosa

Segundo. Túrnese el presente punto de acuerdo a las Comisiones de Comunicaciones, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento y dictamen.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de octubre de 2008.--- Diputados: José Martín López Cisneros , Juan Enrique Barrios Rodríguez , Marco Heriberto Orozco Ruiz-Velasco, Cristián Castaño Contreras , Martha Margarita García Müller , José Luis Murillo Torres , Gustavo Ramírez Villarreal , Juan Manuel Villanueva Arjona , Javier Martín Zambrano Elizondo (rúbricas).»
Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2009 se consideren recursos adicionales en el programa de gestión hídrica para la recuperación y el saneamiento de ríos y barrancas del Distrito Federal, a cargo de la diputada Aleida Alavez Ruiz , del Grupo Parlamentario del PRD

Aleida Alavez Ruiz , integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a la consideración del pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se aprueban recursos adicionales al programa de gestión hídrica destinados a la recuperación y saneamiento de ríos y barrancas del Distrito Federal, al tenor de los siguientes

Considerandos

Que el crecimiento histórico de la Ciudad de México, bajo el contexto del desarrollo desigual, implicó el hacinamiento y concentración poblacional con escasos recursos económicos en las zonas de los cauces y barrancas del poniente; asimismo, por tratarse de zonas con alto valor ambiental, también los grupos sociales con mayor poder adquisitivo se apropiaron de estas zonas, por lo que crecimiento demográfico implicó la depredación de los ecosistemas y la contaminación de los distintos elementos naturales: suelo, aire y agua.

Que la Ciudad de México tiene un desbalance hídrico preocupante, ya que de los 214.7 metros cúbicos por segundo de lluvia que cae en la entidad, 159.4 se evapora, 23.7 se van en escurrimientos y con 31.6 se recargan los acuíferos. En contraste, para satisfacer la demanda de agua en el Distrito Federal, 59.5 (metros cúbicos por segundo) se extraen del acuífero, 19.7 lo provén los sistemas Lerma y Cutzamala, mientras que 2.7 provienen de ríos y manantiales.

Que las zonas sur y poniente del Distrito Federal contienen los bosques de recarga más preservados de la entidad, que dan pauta para la persistencia de escurrimientos y corrientes que transportan agua a través de las barrancas urbanas.

Que la Comisión Nacional del Agua reconoce que la Ciudad de México, principalmente la zona poniente, es la de mayor riego en la cual se encuentran 18 presas, cuya función es la del control de avenidas y alrededor de 11 vasos auxiliares, como los casos de Texcalatlaco, Anzaldo, Tarango, Becerra, Mixcoac, Tacubaya, Tecamachalco y San Joaquín.

Que dentro de la problemática existente también se encuentra que en un gran número de casos, tanto las zonas federales como las zonas de protección, no están delimitadas ni demarcadas; no se cuenta con la suficiente información documental que ampare la propiedad; No se cuenta con recursos humanos y financieros, tanto para llevar a cabo levantamientos topográficos e inspectores, así como para realizar trabajos de restitución, delimitación y demarcación a través de contratos de obra pública.

Que el gobierno federal y del Distrito Federal han celebrado distintos acuerdos de cooperación para tratar la problemática hídrica e hidráulica de la entidad, de los cuales destacan:

-Convenio celebrado el 11 de julio de 1985 para la operación, mantenimiento y custodia de las presas Anzaldo, Texcalatlaco, Tarango, Mixcoac, Becerra, Tacubaya y Tecamachalco.
-Convenio del 14 de noviembre de 1989, que complementa al celebrado el 11 de julio de 1985, para la entrega de la presa San Joaquín y los cauces y sus zonas federales de las corrientes nacionales localizadas en el Distrito Federal.
-Convenio de colaboración del 28 de mayo de 1993, para:
Preservar las zonas de recarga al acuífero.
Delimitar la zona federal y estrategia para la reubicación de asentamientos humanos.
Construcción de colectores marginales
Construcción y rehabilitación de presas y cauces para el control de avenidas.
Definir políticas de operación de presas y cauces.

Que ambas autoridades se han reunido recientemente para convenir acciones que tiendan a la recuperación y saneamiento de ríos y barrancas de la zona del Distrito Federal, por iniciativa de la Comisión Nacional del Agua, para lo cual el gobierno del Distrito Federal encuentra positivo este interés federal para que se pueda pagar la deuda ambiental histórica que se tiene con esta zona. En tal virtud se requieren recursos necesarios para iniciar los trabajos de diagnóstico y recuperación de los ríos Mixcoac, Barranca del Muerto, Arroyo Tequilazgo, San Angel, San Jerónimo, Magdalena y Eslava, todos ellos afluentes del río Churubusco; así como para los diagnósticos de los ríos Tacubaya y Becerra, afluentes del río La Piedad, como parte de una primera etapa.

En consecuencia y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del pleno la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se aprueba la asignación adicional de 300 millones de pesos a la actividad institucional Manejo eficiente y sustentable del agua y prevención de inundaciones, correspondiente a la función agua potable y alcantarillado, a través del proyecto prioritario G010 Programa de gestión hídrica, que pase de su asignación de 851 millones 869 mil 898 pesos a mil 151 millones 869 mil 898 pesos.

En consecuencia, la aprobación de esta partida estará acompañada de un artículo transitorio en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2009 que diga:

``Los 300 millones de pesos de la actividad institucional Manejo eficiente y sustentable del agua y prevención de inundaciones, correspondiente a la función Agua potable y alcantarillado, a través del proyecto prioritario G010 Programa de gestión hídrica, se ejercerán mediante la celebración de Convenio marco entre el gobierno federal y el gobierno del Distrito Federal, a través de las dependencias y entidades que el mismo señale con la aprobación de acuerdos específicos y lineamientos técnicos, que no estarán sujetos a reglas de operación''.

Por el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.--- Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de octubre de 2008.--- Diputada Aleida Alavez Ruiz .»

Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

«Proposición con unto de acuerdo, a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2009 se consideren recursos para el proyecto Melchor Ocampo-Los Aldamas, en Nuevo León, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario del PAN

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 77, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los suscritos, diputados federales, integrantes del Partido Acción Nacional por el estado de Nuevo León, someten a consideración de esta soberanía el presente punto de acuerdo, de conformidad con las siguientes

Consideraciones

El proyecto consiste en modernizar el camino rural revestido Melchor Ocampo-Los Aldamas, en una longitud de 35.5 kilómetros. El trazo del camino actual se encuentra en terreno lomerío suave y se ampliará la vía existente a 7 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno. La inversión para esta obra se estima en 131 millones de pesos (sin considerar el impuesto al valor agregado) e incluye los trabajos de terracerías, drenaje, pavimento, obras complementarias, señalamiento y la mitigación del impacto ambiental. El derecho de vía se tiene disponible.

El tramo en estudio es un camino rural revestido, con una superficie de rodamiento en muy malas condiciones, demasiadas deformaciones, ondulaciones, baches, escaso señalamiento vertical y horizontal. Estas características del camino impiden que se tenga acceso constante a varias comunidades, hacen peligrosa y deficiente la circulación, elevan los costos de operación vehicular y los tiempos de recorrido de los usuarios, por lo que se ha insistido en el requerimiento de modernizar y ampliar esta vía de comunicación.

Este camino comunica a los municipios de Melchor Ocampo y Los Aldamas, los cuales tienen grado de marginación muy bajo, y representaría una ruta alterna para los habitantes de esta región, evitando transitar por carreteras de alta velocidad con transporte de carga que pudieran ocasionar riesgos de accidentes.

La construcción ofrecerá ventajas para los usuarios de esta vía en los costos de operación y una mejor seguridad. En el ámbito regional, la obra fortalecerá el crecimiento y desa-rrollo económico por su importante actividad ganadera y agropecuaria.

La modernización del tramo tendría como principales efectos otorgar la constante accesibilidad a la región, además del incremento en el nivel de servicio, la significativa mejoría de la seguridad para los usuarios y la reducción en los costos de transporte, ya que por las condiciones actuales del camino, los usuarios de la ruta Melchor Ocampo-Los Aldamas utilizan carreteras federales y estatales que representan un distancia y tiempo significativamente mayores a los que se registrarán con la modernización de este camino.

Este camino es una vía de comunicación que une las cabeceras municipales de Melchor Ocampo-Los Aldamas, además de tener una esfera de influencia interestatal al comunicar el tránsito en la red rural y de carreteras alimentadoras entre las ciudades de Camargo y Miguel Alemán, Tamaulipas, con Los Aldamas- Melchor Ocampo y Cerralvo, Nuevo León.

Se beneficiará directamente a 6 mil habitantes en Los Aldamas y Melchor Ocampo, así como una población potencial en la región de influencia inmediata de Nuevo León de 19 mil 737 habitantes, que se incrementa 61 mil 348 si se toma en cuenta la población beneficiada de Tamaulipas.

El camino actual, de acuerdo con sus características geométricas, se clasifica como rural revestido tipo ``E'', con un ancho de corona de 4 metros, una pendiente máxima del 4 por ciento y un grado de curvatura de 7.5 grados y sirve como una vía de comunicación para la exportación e importación de productos básicos de la región con el resto de los estados de Nuevo León y Tamaulipas, así como Texas, características que aunadas a que el camino se localiza en una zona de terreno lomerío suave y al tipo de vehículos que transitan por la región, el camino se deteriora constantemente, impidiendo el acceso a bienes y servicios básicos para la población.

Lo anterior, implica altos costos de conservación y mantenimiento, obligando a que en la temporada de más alta precipitación pluvial se tenga la necesidad de maquinaria, personal y equipo para mantener en condiciones de transitabilidad el camino.

La característica de operación actual está regida por el estado de la superficie de rodamiento, la cual, pese a estar revestida, presenta deformaciones y baches que permiten solamente una velocidad promedio de 23 kilómetros por hora, por lo que el recorrido desde Melchor Ocampo, kilómetro 0+000, hasta los Aldamas, kilómetro 35+540, se lleve a cabo, en promedio, en una hora y treinta y tres minutos.

El proyecto consiste en modernizar el camino rural revestido Melchor Ocampo-Los Aldamas, en una longitud de 35.5 kilómetros. El trazo del camino actual se encuentra en terreno lomerío suave y se ampliará la vía existente a 7 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno. La inversión para esta obra se estima en 131 millones de pesos (sin considerar el impuesto al valor agregado) e incluye los trabajos de terracerías, drenaje, pavimento, obras complementarias, señalamiento y la mitigación del impacto ambiental. El derecho de vía se tiene disponible.

Corresponde a un proyecto de infraestructura económica, en virtud de que se trata de la modernización y ampliación de un camino cuyo objetivo principal es dar acceso permanente, así como coadyuvar al desarrollo de una región clasificada como de baja marginación de acuerdo con criterios del Consejo Nacional de Población.

Este camino se ubica al noreste del estado de Nuevo León, en los municipios de Melchor Ocampo y Los Aldamas; su área de influencia incide en la región norte de Nuevo León y Tamaulipas y se encuentra en la región prioritaria norte/oriente.

Adicionalmente, este camino permitirá el desarrollo de diversas actividades económicas, como son la agricultura, la ganadería, productos lácteos y comercio, ya que facilitará el intercambio de productos de la región con el resto del estado, y la exportación de materiales pétreos hacia Tamaulipas y Texas, así como la importación de productos de Estados Unidos hacia nuestro país.

El costo de los trabajos de modernización y ampliación es de 131 millones de pesos (sin considerar el impuesto al valor agregado) e incluye los trabajos de terracerías, drenaje, pavimento, obras complementarias, señalamiento y la mitigación del impacto ambiental.

Por lo tanto, los diputados federales del Partido Acción Nacional por el estado de Nuevo León consideramos se debe incrementar la asignación de recursos públicos a la partida del Ramo 9, ``Comunicaciones y Transportes'', para que la autoridad competente cuente con lo suficiente para reparar y mantener las carreteras del estado.

Compañeros legisladores: por lo anteriormente expuesto, los suscritos diputados solicitamos su respaldo y sometemos a consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta a las Comisiones de Comunicaciones, y de Presupuesto y Cuenta Pública a destinar, dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009, recursos por $60,000,000.00 (sesenta millones de pesos) para el proyecto denominado Melchor Ocampo-Los Aldamas.

Segundo. Túrnese el presente punto de acuerdo a las Comisiones de Comunicaciones, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento y dictamen.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de octubre de 2008.--- Diputados: José Martín López Cisneros , Juan Enrique Barrios Rodríguez , Marco Heriberto Orozco Ruiz-Velasco, Cristián Castaño Contreras , Martha Margarita García Müller , José Luis Murillo Torres , Gustavo Ramírez Villarreal , Juan Manuel Villanueva Arjona , Javier Martín Zambrano Elizondo (rúbricas).»

Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2009 se consideren recursos para construir un hospital general en la ciudad de Zacatecas, a cargo del diputado Francisco Javier Calzada Vázquez , del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado Francisco Javier Calzada Vázquez , integrante del Grupo Parlamentario del PRD, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El derecho a la salud es una de las garantías básicas en todo Estado democrático moderno. Es una obligación del Estado proveer la infraestructura necesaria para proveer este servicio a todos los ciudadanos.

En Zacatecas tenemos un atraso importante en servicios de salud. Mientras el promedio nacional de camas de hospital por cada 100 mil habitantes es de 71.8, en Zacatecas sólo tenemos 53.4.

Además, mientras en el país tenemos un promedio de 132.5 médicos por cada cien mil habitantes, en Zacatecas sólo contamos con 120.3 (fuente: INEG, 2005).

Lógicamente, también estamos por debajo de los promedios nacionales en la cantidad de enfermeras y odontólogos.

En Zacatecas también poseemos un problema de desprotección de los sistemas de salud a amplios sectores de la sociedad. Dado que tenemos uno de los mayores porcentajes de población migrante en Estados Unidos de América, muchas familias no están afiliadas a ningún sistema de seguridad social. Mientras, a nivel nacional, el 46.9 por ciento de la población tiene algún tipo de protección social, sólo el 42.2 por ciento de los zacatecanos cuenta con este beneficio (fuente: INEG, 2005).

De todo lo anterior podemos concluir que los zacatecanos tenemos menos posibilidades que el resto de los mexicanos de contar con un hospital cercano, ser atendidos por un médico, ser internados en una cama de hospital, en caso de requerirlo, o recibir los beneficios que otorgan los distintos sistemas de seguridad social que existen en el país.

Esto es particularmente injusto dado que una de las causas principales de la desprotección en que viven las familias zacatecanas es que una cantidad importante de nuestra fuerza laboral se encuentra en Estados Unidos de América y carece de cualquier tipo de derecho o prestación médica, a pesar de que envían desde ese país cantidades muy importantes de recursos que benefician a toda la economía del país.

Por todo lo anterior, resulta urgente mejorar la infraestructura hospitalaria de Zacatecas, con la construcción de obras de alta prioridad, como lo es un hospital general en el municipio de Zacatecas, con capacidad de 120 camas y una inversión de 300.8 millones de pesos.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a aprobar en el dictamen del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2009 recursos para la construcción del hospital general de la ciudad de Zacatecas, con capacidad de 120 camas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de octubre de 2008.--- Diputado Francisco Javier Calzada Vázquez (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2009 se consideren recursos para el proyecto carretero Sabinas-Colombia, en Nuevo León, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario del PAN

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 77, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los suscritos, diputados federales, integrantes del Partido Acción Nacional por el estado de Nuevo León, someten a consideración de esta soberanía el presente punto de acuerdo, de conformidad con las siguientes

Consideraciones

El proyecto de inversión sujeto a la presente evaluación es de infraestructura económica para la producción de servicios en el sector comunicaciones y transportes. Consiste en construir una carretera de 140 kilómetros de longitud, con un ancho de corona de 12 metros para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros cada uno y acotamientos de 2.5 metros, además de 3 distribuidores viales. La carretera inicia en el entronque norte del libramiento Sabinas con la carretera México-Nuevo Laredo (kilómetro 0+000) y termina en el entronque con el acceso a Colombia (140+000).

El proyecto se desarrolla en terreno plano y el costo estimado de la obra asciende en 956.5 millones de pesos, sin incluir el impuesto al valor agregado.

El volumen vehicular ponderado que circula actualmente por la carretera libre Sabinas-Colombia es de 7 mil 636 vehículos diarios, de donde se destaca que el tramo más crítico es Sabinas-La Gloria, de 2 carriles de circulación, con 7 mil 12 vehículos diarios y una composición vehicular de 49.7 por ciento autos, 4.3 por ciento autobuses y 46.0 por ciento camiones de carga, y el tramo con el mayor flujo vehicular es La Gloria-Nuevo Laredo, en el cual convergen las carreteras Monterrey-La Gloria libre y de cuota, con 11 mil 173 vehículos.

Para la evaluación del proyecto, se estimó que la demanda de la autopista Sabinas-Colombia sería de 3 mil 129 vehículos, con una composición de 40.3 por ciento autos y 59.7 por ciento camiones de carga, que es el tránsito que actualmente utiliza el puerto fronterizo de Solidaridad (Colombia).

La construcción de esta autopista permitirá incrementar la capacidad de las carreteras que comunican al centro del país con Estados Unidos, en particular con el estado de Texas al brindar un mejor servicio a los usuarios de esta ruta, en especial al comercio internacional.

Este proyecto fortalecerá el corredor comercial del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) al convertirse en una extensión natural del Trans-Texas Corridor, tomando en consideración que por Laredo y Colombia transita el 28 por ciento de todo el comercio internacional de México. Además, esta carretera impulsará la competitividad del puerto fronterizo Colombia dentro del TLCAN.

Con base en la metodología de evaluación para este tipo de proyectos, se determinó que el proyecto es económicamente rentable, al presentar un valor presente neto de 868.9 millones de pesos y una tasa interna de retorno del 21.6 por ciento.

La infraestructura de transporte en México presenta deficiencias que obligan a llevar a cabo un gran esfuerzo de inversión pública y privada durante los próximos años, para iniciar con la construcción, la modernización y la ampliación de carreteras en todas las regiones del país.

Para orientar este esfuerzo, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ha definido un sistema de corredores carreteros, integrados por carreteras federales y autopistas de cuota de altas especificaciones, con base en el cual se identifican y jerarquizan las inversiones en carreteras, con objeto de priorizar la construcción o modernización de aquellos proyectos que demuestren tener suficiente rentabilidad económica y financiera en el caso de obras de peaje.

Simultáneamente, se está actuando sobre las carreteras no troncales con obras que revisten importancia para el desarrollo local y regional. Este programa de carreteras incluye obras de modernización y construcción de accesos urbanos, caminos interurbanos y suburbanos, libramientos y ampliaciones de vías cuya capacidad ha sido rebasada por el tránsito, proyectos carreteros asociados a nuevos desarrollos turísticos y nuevas vías que comuniquen a comunidades apartadas. Se trata de infraestructura carretera que permita satisfacer los requerimientos planteados por el crecimiento económico, en los ámbitos local, regional y nacional.

La evaluación del proyecto de inversión para la construcción de la carretera Sabinas-Colombia, se realiza de conformidad con los lineamientos para la elaboración y presentación de los análisis costo y beneficio de los programas y proyectos de inversión de la administración pública federal.

Actualmente, una gran parte del tránsito que viaja al puente internacional Solidaridad (Colombia), circula por la carretera libre Monterrey-Nuevo Laredo, para posteriormente arriba por la carretera Nuevo Laredo-Colombia (Ribereña). Esta ruta, y en particular el tramo Sabinas- La Gloria presenta problemas asociados a su bajo nivel de servicio, tales como bajas velocidades de operación y un elevado índice de accidentes, causados principalmente por el elevado volumen de vehículos de carga que se dirige a los cruces fronterizos de Tamaulipas y Nuevo León, que en conjunto atienden la cuarta parte del comercio exterior total de México.

Los principales problemas se presentan en el tramo Sabinas-La Gloria (de dos carriles de circulación, uno por sentido, sin acotamientos), en donde el 46 por ciento del tránsito que circula por esta vía corresponde a camiones de carga. En este tramo el nivel de servicio es bajo y la ocurrencia de accidentes es alta, lo que la ubica entre las carreteras más peligrosas del país. De acuerdo con información del Instituto Mexicano del Transporte, en el año 2003 se registraron 211 accidentes con 24 muertos y 149 heridos.

La construcción de la carretera Sabinas-Colombia permitirá incrementar la capacidad y brindar un mejor nivel de servicio a los usuarios de la ruta México-EUA. Como consecuencia de ello, se generarán importantes ahorros en los costos de operación y en los tiempos de recorrido, además de incrementarse la seguridad de los usuarios. Se fortalecerá el corredor comercial del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y será una extensión natural del Trans-Texas Corridor. Esta carretera impulsará la competitividad del Puerto Fronterizo Colombia en el TLCAN.

La importancia de esta carretera es tal que sus beneficios abarcan a Nuevo León y la zona noreste del país, ya que permitirá disminuir los costos logísticos del comercio internacional, logrando una mayor competitividad y, por ende, desarrollo y generación de empleos no sólo en Nuevo León sino en toda la región.

Por lo tanto, los diputados federales del Partido Acción Nacional por el Estado de Nuevo León consideramos que se debe incrementar la asignación de recursos públicos a la partida del Ramo 9, ``Comunicaciones y Transportes'', para que la autoridad competente cuente con los recursos suficientes que le permitan reparar y mantener las carreteras del estado.

Compañeros legisladores: por lo anteriormente expuesto, los suscritos diputados solicitamos el respaldo y sometemos a consideración de esta honorable asamblea el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta a las Comisiones de Comunicaciones, y de Presupuesto y Cuenta Pública a destinar, dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009, recursos por $330,000,00 (trescientos treinta millones de pesos) para el proyecto denominado `` carretera Sabinas-Colombia''.

Segundo. Túrnese el presente punto de acuerdo a las Comisiones de Comunicaciones, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento y dictamen.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de octubre de 2008.--- Diputados: José Martín López Cisneros , Juan Enrique Barrios Rodríguez , Marco Heriberto Orozco Ruiz-Velasco, Cristián Castaño Contreras , Martha Margarita García Müller , José Luis Murillo Torres , Gustavo Ramírez Villarreal , Juan Manuel Villanueva Arjona , Javier Martín Zambrano Elizondo (rúbricas).»

Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2009 se consideren recursos adicionales para el subsidio de la Universidad Autónoma de Zacatecas, a cargo del diputado Francisco Javier Calzada Vázquez , del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, Francisco Javier Calzada Vázquez , diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El financiamiento es uno de los problemas estructurales que aquejan a las instituciones públicas de educación superior. Ante la inexistencia de una política de financiamiento y de instrumentos que garanticen el cumplimiento de las tareas primordiales de las Universidades, la Autónoma de Zacatecas (UAZ) requiere atender este problema estructural.

En el caso de la UAZ, igual que en el de muchas otras universidades públicas del país, el subsidio federal para la educación ha crecido a un ritmo menor que la matrícula, y los recursos para gastos de operación y de inversión han disminuido en términos reales en los últimos años.

La UAZ enfrenta un déficit financiero estructural, derivado principalmente de los regímenes de pensiones, los adeudos con instituciones de seguridad social, la plantilla no reconocida y el esquema de prestaciones pactado en los contratos colectivos.

En el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2009 están considerados 836.6 millones de pesos. El gobierno del estado aportará un subsidio de 141.7 millones de pesos. Esto hace un total de subsidios públicos de 978.4 millones de pesos. El gasto total que la UAZ tiene programado es de mil 320 millones de pesos. La mayor parte se destinará al pago de sueldos de profesores y de personal administrativo.

Esto significa que la UAZ opera con un déficit de 341.9 millones de pesos. Esta situación financiera es absolutamente insostenible para una universidad pública.

Por lo expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a incluir en el dictamen del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009 recursos adicionales para el subsidio de la Universidad Autónoma de Zacatecas, a fin de resolver su déficit financiero, de 341.9 millones de pesos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de octubre de 2008.--- Diputado Francisco Javier Calzada Vázquez (rúbrica)»

Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2009 se consideren recursos para rehabilitar y modernizar la carretera federal número 54, en Nuevo León, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario del PAN

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 77, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los suscritos, diputados federales, integrantes del Partido Acción Nacional por el estado de Nuevo León, someten a consideración de esta soberanía el presente punto de acuerdo, de conformidad con las siguientes

Consideraciones

Compañeras y compañeros legisladores: hoy solicitamos intervención en esta tribuna para manifestar la preocupación por las necesidades y carencias de infraestructura carretera que prevalece en el estado de Nuevo León, sobre todo en las zonas rurales, por lo cual consideramos de suma importancia plantear lo siguiente:

La construcción y rehabilitación de vías de comunicación federales en las zonas rurales ha sido un reclamo constante de las autoridades municipales, pero sobre todo de sus habitantes para su debido desarrollo sustentable; por lo que debemos poner atención especial a esta problemática.

Es menester señalar que la rehabilitación, modernización, rescate de caminos y carreteras, serán útiles para el estado, pero sobre todo para las comunidades rurales, lo que traerá como consecuencia el impulso al comercio, la agricultura y la ganadería en zonas apartadas de la zona conurbada de la ciudad de Monterrey.

No debemos dejar pasar esta oportunidad para apoyar el desarrollo sustentable en las zonas rurales, en aras de apoyar a sus cohabitantes para su mejor traslado a nuestra ciudad mediante una adecuada infraestructura vial.

La carretera federal número 54 del tramo que comprende Monterrey-Ciudad Mier, cuyo camino se encuentra muy dañado, lo que dificultad la circulación por dicha rúa a causa de la falta de mantenimiento. Tomando en consideración que esta avenida constituye una de las principales vías de comunicación para los habitantes de los municipios de Cerralvo, General Treviño, Doctor González, Doctor Coss, Parás, Agualeguas, Los Herreras, Los Aldamas, Los Ramones, Melchor Ocampo; así como un sinnúmero de comunidades rurales y ejidos de nuestro estado.

Actualmente, esta carretera federal requiere de una inversión aproximada de $848,000,000.00 (ochocientos cuarenta y ocho millones de pesos) para su rehabilitación y modernización. Sin embargo, según datos proporcionados por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en el proyecto de Presupuesto de Egresos Federal para el Ejercicio Fiscal de 2009, presentado por el gobierno federal a esta H. Cámara de Diputados, la partida de modernización para esta vía en particular, contempla una inversión de sólo 100,000,000.00 (cien millones de pesos) cantidad que resulta insuficiente a la requerida para su conclusión.

Y en este sentido, solicitamos que en la revisión y análisis que en este momento se efectúa al Presupuesto Federal para el Ejercicio Fiscal de 2009, se considere incrementar de 100 a 400 millones de pesos la inversión para la rehabilitación a la carretera federal número 54 del tramo que comprende los Municipios de Monterrey-Ciudad Mier.

Ustedes saben, compañeros diputados, que contar con vías de comunicación adecuadas es la base del desarrollo económico, cultural y social de un país, así que consideramos que no debemos perder, como representantes sociales y funcionarios públicos, el sentido social y el bien común que deben perseguir nuestras acciones.

Compañeros legisladores: por lo anteriormente expuesto, los diputados federales del Partido Acción Nacional por el estado de Nuevo León, solicitamos su respaldo y sometemos a consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a considerar, en el marco de la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009, 400,000,000.00 (cuatrocientos millones de pesos) para la rehabilitación y modernización de la carretera federal número 54 en el tramo que comprende las ciudades de Monterrey y Mier.

Segundo. Túrnese el presente punto de acuerdo a las comisiones de Comunicaciones, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento y dictamen.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de octubre de 2008.--- Diputados: José Martín López Cisneros , Juan Enrique Barrios Rodríguez , Marco Heriberto Orozco Ruiz-Velasco, Cristián Castaño Contreras , Martha Margarita García Müller , José Luis Murillo Torres , Gustavo Ramírez Villarreal , Juan Manuel Villanueva Arjona , Javier Martín Zambrano Elizondo (rúbricas).»

Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2009 se consideren recursos para el proyecto Hacienda Rinconada-Los Fierros-García, en Nuevo León, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario del PAN

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 77, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los suscritos, diputados federales, integrantes del Partido Acción Nacional por el estado de Nuevo León, someten a consideración de esta soberanía el presente punto de acuerdo, de conformidad con las siguientes

Consideraciones

El proyecto consiste en la modernización del camino rural a nivel de revestimiento del entronque autopista (Monterrey-Saltillo)-Hacienda Rinconada-Los Fierros-García, en una longitud de 20.0 kilómetros. El trazo del camino actual se encuentra en terreno lomerío y se ampliara la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno. La inversión total estimada es de 60.0 millones de pesos (sin considerar el impuesto al valor agregado) e incluye trabajos de construcción de entronques, terracerías, obras de drenaje, estructuras, pavimento, obras complementarias, señalamiento y la mitigación del impacto ambiental. El derecho de vía se tiene disponible.

El tramo en estudio pertenece al camino del entronque autopista Monterrey Saltillo, Hacienda Rinconada-Los Fierros-García, actualmente cuenta con una sección de 4.0 m. de ancho de corona, muy malas condiciones de la superficie de rodamiento, con demasiadas deformaciones, ondulaciones, baches, y no cuenta con señalamiento vertical y horizontal. Estas características del camino impiden que se tenga acceso constante a varias comunidades, hacen peligrosa y deficiente la circulación, elevan los costos de operación vehicular y los tiempos de recorrido de los usuarios, por lo que se ha insistido en el requerimiento de modernizar y ampliar esta vía de comunicación.

Este camino comunica a las comunidades de Rinconada, Los Fierros, Maravillas, Soledad, Sabanillas y Cristalosa con la cabecera municipal de García, Nuevo León, interconectando la autopista federal Saltillo-Monterrey con la cabecera municipal de García, creando una vía alterna más rápida y segura.

La modernización del tramo tendría como principales efectos otorgar la constante accesibilidad a la región, localizada en la zona poniente del estado de Nuevo León, además del incremento en el nivel de servicio, la significativa mejoría de la seguridad para los usuarios y la reducción en los costos de transporte, así como la disminución en el tiempo de recorrido, y sirve como una vía de comunicación para la exportación e importación de productos básicos de la región con el resto del estado de Nuevo León y Coahuila.

El camino actual de acuerdo a sus características geométricas se clasifica, como un camino tipo E revestido con un ancho de corona de 4.0 metros una pendiente máxima del 10 por ciento y un grado de curvatura de 30°, características que aunadas a que el camino se localiza en una zona de terreno lomerío y al tipo de vehículos que transitan por la región, el camino se deteriora constantemente, impidiendo el acceso a bienes y servicios básicos para la población.

Lo anterior, implica altos costos de conservación y mantenimiento, obligando a que en la temporada de más alta precipitación pluvial se tenga la necesidad de maquinaria, personal y equipo para mantener en condiciones de transitabilidad el camino.

La característica de operación actual esta regida por el estado de la superficie de rodamiento, la cual pese a estar revestida, presenta deformaciones y baches en la superficie de rodamiento que permiten una velocidad promedio de 27 kilómetros por hora, por lo que el recorrido desde el ejido Hacienda Rinconada a la cabecera municipal de García se lleva a cabo, en promedio, en 45 minutos.

El proyecto consiste en modernizar el camino rural a nivel de revestimiento del entronque autopista (Monterrey-Saltillo)-Hacienda Rinconada-Los Fierros-García, en una longitud de 20.0 kilómetros. El trazo del camino actual se encuentra en terreno lomerío y se ampliará la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno. La inversión total estimada para esta obra es de 60.0 millones de pesos (sin considerar el impuesto al valor agregado) e incluye trabajos de construcción de entronques, terracerías, obras de drenaje, estructuras, pavimento, obras complementarias, señalamiento y la mitigación del impacto ambiental. El derecho de vía se tiene disponible.

Corresponde a un proyecto de infraestructura económica, en virtud de que se trata de la modernización de un camino cuyo objetivo principal es dar acceso permanente, así como coadyuvar al desarrollo de una región, mejorando las condiciones de transitabilidad a diversas comunidades de Rinconada, Los Fierros, Maravillas, Soledad, Sabanillas y Cristalosa con la cabecera municipal de García, en el estado de Nuevo León.

Este camino se ubica al poniente del estado de Nuevo León, en el municipio de García, su área de influencia incide en la región este del estado y se encuentra ubicado en la región prioritaria sur/poniente.

Adicionalmente, este camino permitirá el desarrollo de diversas actividades económicas, como son la agricultura, la ganadería, el turismo y el comercio, ya que facilitará la comercialización de productos de la región con el resto del estado, y la exportación hacia Coahuila.

El costo de los trabajos de modernización para esta obra se estiman en 60.0 millones de pesos (sin considerar el impuesto al valor agregado). Este costo incluye trabajos de construcción de entronques, terracerías, obras de drenaje, estructuras, pavimento, obras complementarias, señalamiento y la mitigación del impacto ambiental.

Por tanto, los diputados federales del Partido Acción Nacional por el estado de Nuevo León consideramos que se debe incrementar la asignación de recursos públicos a la partida del Ramo 9, ``Comunicaciones y Transportes'', para que la autoridad competente cuente con los recursos suficientes que le permitan reparar y mantener las carreteras del estado.

Compañeros legisladores: por lo anteriormente expuesto, los suscritos diputados solicitamos el respaldo y sometemos a consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta a las Comisiones de Comunicaciones, y de Presupuesto y Cuenta Pública a destinar, dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009, recursos por $30,000,000.00 (treinta millones de pesos) para el proyecto denominado ``Hacienda Rinconada-Los Fierros-García''.

Segundo. Túrnese el presente punto de acuerdo a las Comisiones de Comunicaciones, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento y dictamen.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de octubre de 2008.--- Diputados: José Martín López Cisneros , Juan Enrique Barrios Rodríguez , Marco Heriberto Orozco Ruiz-Velasco, Cristián Castaño Contreras , Martha Margarita García Müller , José Luis Murillo Torres , Gustavo Ramírez Villarreal , Juan Manuel Villanueva Arjona , Javier Martín Zambrano Elizondo (rúbricas).»

Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2009 se consideren recursos para el proyecto PSV Juan Pablo II y República Mexicana, en Nuevo León, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario del PAN

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 77, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los suscritos, diputados federales, integrantes del Partido Acción Nacional por el estado de Nuevo León, someten a consideración de esta soberanía el presente punto de acuerdo, de conformidad con las siguientes

Consideraciones

La infraestructura de transporte en México presenta deficiencias que obligan a llevar a cabo un gran esfuerzo de inversión pública y privada durante los próximos años, para continuar con la construcción, la modernización y la ampliación de carreteras en todas las regiones del país.

Para orientar este esfuerzo, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ha definido un sistema de corredores carreteros, integrados por carreteras federales y autopistas de cuota de altas especificaciones, con base en el cual se identifican y jerarquizan las inversiones en carreteras, con objeto de priorizar la construcción o modernización de aquellos proyectos que demuestren tener suficiente rentabilidad económica y financiera, en el caso de obras de peaje.

Simultáneamente, se está actuando sobre las carreteras no troncales con obras que revisten importancia para el desarrollo local y regional. Este programa de carreteras incluye obras de modernización y construcción de accesos urbanos, caminos interurbanos y suburbanos, libramientos y ampliaciones de vías cuya capacidad ha sido rebasada por el tránsito, proyectos carreteros asociados a nuevos desarrollos turísticos y nuevas vías que comuniquen a comunidades apartadas. Se trata de infraestructura carretera que permita satisfacer los requerimientos planteados por el crecimiento económico, en los ámbitos local, regional y nacional.

El área metropolitana de Monterrey es uno de los centros industriales más importantes de México. La aportación de Nuevo León y de su capital al flujo vehicular de carga y pasajeros en el país es extraordinaria, gran parte de los camiones que transportan mercancías de exportación e importación a través de los puentes internacionales de Texas atraviesan el área metropolitana de Monterrey (AMM). Esta ruta presenta problemas de congestionamiento, agravados por el elevado volumen de tránsito de vehículos de carga, tanto locales como internacionales, con orígenes o destinos en Estados Unidos de América y Canadá. Además, La ciudad de San Nicolás de Los Garza forma parte del AMM, en la cual se intersectan los corredores carreteros México-Nuevo Laredo, Mazatlán-Matamoros y Veracruz-Monterrey.

Cabe mencionar que al AMM confluye la infraestructura de dos de los más grandes concesionarios del ferrocarril en México: Ferromex y Kansas City Southern de México. A lo largo de la red ferroviaria que atraviesa la ciudad se tienen más de 160 cruces con calles importantes, de los cuales la quinta parte se encuentra ubicada en San Nicolás de los Garza, lo que constituye un problema no sólo para el ferrocarril, sino para los vehículos comerciales y particulares que circulan en la zona metropolitana. Los cruces vehiculares con el ferrocarril en el AMM inhiben el sano desarrollo urbano, económico y turístico, fomentando a la vez problemas viales, tales como congestionamientos y accidentes.

Actualmente, sobre las avenidas República Mexicana y Juan Pablo II (anillo vial metropolitano) existe un flujo vehicular importante, la problemática se genera al tener un cruce a nivel entre ambas avenidas a pesar de que el flujo se controla mediante semáforo, la problemática se torna más complicada para el cruce de la avenida República Mexicana, ya que sobre la avenida Juan Pablo II circula el ferrocarril Monterrey-Matamoros, con 8 convoyes al día, con longitudes de hasta 3.0 kilómetros cada uno, circulando a una velocidad de 20 kilómetros por hora, lo cual significa tiempos de espera de hasta 9 minutos para los automovilistas, por cada convoy. Por lo que para reducirlos e incrementar la velocidad sobre ambas avenidas se pretende construir un paso a desnivel.

El paso a desnivel de las avenidas Juan Pablo II y República Mexicana elevará ésta con cuatro carriles de circulación en ambos sentidos para el flujo de frente, un carril lateral a nivel en ambos sentidos para los movimientos de vueltas hacia Juan Pablo II, los cuales operarán con semáforos; por su parte, esta última se mantiene a nivel y sus movimientos direccionales operarán controlados con semáforos.

El paso a desnivel es de un cuerpo con ancho de calzada de 14.70 metros, cuatro carriles de 3.5 metros cada uno, con una velocidad de proyecto de 50 kilómetros por hora, un grado máximo de curvatura de 1.8° y pendiente máxima de 7 por ciento en terreno plano.

La alternativas de solución contempladas por el Consejo Estatal de Transporte y Vialidad de Nuevo León fueron (i) optimización del ciclo del semáforo para maximizar el flujo por la intersección; (ii) ampliación/adecuación de la sección transversal de los accesos de la intersección para aumentar su capacidad; (iii) construcción de un paso superior vehicular (PSV).

La primera alternativa quedó agotada y sobrepasada por los volúmenes de tránsito en la intersección. La segunda resulta muy costosa por las afectaciones a predios que habría que realizar en longitudes importantes de las vialidades que confluyen, con la limitación que presenta un área urbana consolidada y el paso de las vías férreas. La tercera opción es la que resulta técnicamente factible y con un monto de inversión razonable para ofrecer una solución que resuelve la problemática durante el horizonte del proyecto.

El costo total de las obras se estima en 93.58 millones de pesos, sin incluir el impuesto al valor agregado. La fuente de financiamiento será el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Con base en un estudio de impacto vial elaborado por el municipio de San Nicolás de los Garza, se determinó que el tránsito asignado para la intersección en estudio es de 45 mil 35 vehículos diarios. Adicionalmente se realizó el pronóstico del tránsito para un horizonte de 30 años.

Con base en la metodología de evaluación para este tipo de obras se determinó que el proyecto es económicamente rentable, al presentar un valor presente neto de 104.2 millones de pesos y una tasa interna de retorno de 22.2 por ciento.

El principal riesgo que presenta este proyecto es el de la disponibilidad de la totalidad de recursos presupuestales para concluir la obra en el tiempo previsto, ya que la autorización de recursos es únicamente para el ejercicio fiscal 2008. Otro riesgo asociado al proyecto es el de la demanda social de obras adicionales al momento de la construcción que pudieran incrementar su costo y los tiempos de ejecución.

La construcción del PSV en las avenidas Juan Pablo II y República Mexicana mejorará sustancialmente la conectividad de las vialidades urbanas, además de resolver a un nivel importante la convivencia del ferrocarril con el tránsito automotor, ofrecerá una nueva alternativa de comunicación.

La ejecución de esta obra permitirá avanzar en la modernización y mejoramiento de zonas degradadas con la presencia del ferrocarril; fortaleciendo en todos sus órdenes la intensa actividad económica y comercial de la región. Asimismo, permitirá reducir los costos de transporte y mejorar las condiciones medioambientales y estéticas de la ciudad.

La alternativa elegida permitirá incrementar el nivel de servicio de la carretera actual, pasando de un nivel F a un nivel de servicio A, lo que implica una mayor capacidad, mayores velocidades de operación, una operación más segura y confort para los usuarios.

El área metropolitana de Monterrey (AMM) es uno de los centros industriales más importantes de México. La aportación de Nuevo León y de su capital al flujo vehicular de carga y pasajeros en el país es extraordinaria. Actualmente, gran parte de los camiones que transportan mercancías de exportación e importación a través de los puentes internacionales de Texas atraviesan el AMM.

Esta ruta presenta problemas de congestionamiento, agravados por el elevado volumen de tránsito de vehículos de carga que viajan desde el AMM y del resto del país hacia Estados Unidos de América y Canadá.

La ciudad de San Nicolás de Los Garza, Nuevo León, forma parte del AMM, en la cual se intersectan los corredores carreteros México-Nuevo Laredo, Mazatlán-Matamoros y Veracruz-Monterrey; además del libramiento noroeste, el periférico de cuota y las vialidades secundarias de la zona periférica del AMM, la zona conurbada de Monterrey cuenta con un anillo vial metropolitano (AVM), cuya parte más transitada se encuentra en el Municipio de San Nicolás de los Garza.

En el AMM el tránsito automotor se ha incrementado de manera importante, como consecuencia del intenso dinamismo industrial del municipio, el desarrollo económico de la región, el crecimiento de la ciudad y el aumento del tránsito local. Esto hace difícil la conexión eficiente de los diferentes centros de trabajo, planta productiva y los importantes centros educativos que se encuentran en San Nicolás de los Garza, y que son importantes generadores de viajes locales, intermunicipales y regionales.

La problemática del flujo vehicular se genera por la intersección del AVM, la avenida República Mexicana, intersección ubicada en la zona de mayor densidad de tránsito vehicular del municipio de San Nicolás, ya que por este cruce a nivel transitan la mayoría de los vehículos en traslados intermunicipales, así como los vehículos de largo itinerario que sirven al AMM.

Adicionalmente la problemática sobre la avenida República Mexicana se vuelve más compleja ya que el ferrocarril que circula en medio de la Juan Pablo II genera cortes a la circulación de esta importante avenida generando pérdidas de tiempo por demoras de hasta 9 minutos.

El incremento en la demanda comercial ha originado un mayor movimiento de trenes, lo que representa mayor riesgo para los usuarios y bloqueos al tránsito, lo que afecta a la seguridad en la operación y a los tiempos de espera para los vehículos.

La intersección de las avenidas Juan Pablo II y República Mexicana registra un TDPA de 45 mil 35 vehículos. En este tramo se tiene una mezcla de tránsito de largo itinerario con el urbano. La velocidad promedio es de 28.4 kilómetros por hora y en las horas pico la velocidad de operación vehicular es menor a los 20 kilómetros por hora, misma que está sujeta a variaciones horarias.

El Consejo Estatal de Transporte y Vialidad de Nuevo León ha trabajado en conjunto con el municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, para optimizar el ciclo del semáforo y maximizar el flujo por la intersección, hasta lograr un funcionamiento óptimo, asimismo se pretende continuar con la conservación y mantenimiento a este tramo para mejorar la superficie de rodamiento y mantenerlo en condiciones adecuadas, en función de la asignación de recursos presupuestales. Los datos utilizados en la evaluación son los de la situación optimizada.

El cruce de las avenidas Juan Pablo II y República Mexicana es a nivel controlado por semáforos. La avenida República Mexicana tiene 4 carriles en ambos sentidos de circulación, y la Juan Pablo II opera con dos por sentido de circulación, en cuerpos separados por la vía del ferrocarril.

El área de influencia del estudio está conformada por importantes zonas habitacionales e industriales, lo que genera una importante movilidad en la zona, induciendo un alto flujo vehicular sobre la intersección.

Por tanto, los diputados federales del Partido Acción Nacional por el Estado de Nuevo León consideramos que se debe incrementar la asignación de recursos públicos a la partida del Ramo 9, ``Comunicaciones y Transportes'', para que la autoridad competente cuente con lo suficiente para reparar y mantener las carreteras del estado.

Compañeros legisladores: por lo anteriormente expuesto, los suscritos diputados solicitamos el respaldo y sometemos a consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta a las Comisiones de Comunicaciones, y de Presupuesto y Cuenta Pública a destinar, dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009, recursos por $77,000,000.00 (setenta y siete millones de pesos) para el proyecto denominado PSV Juan Pablo II y República Mexicana.

Segundo. Túrnese el presente punto de acuerdo a las Comisiones de Comunicaciones, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento y dictamen.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de octubre de 2008.--- Diputados: José Martín López Cisneros , Juan Enrique Barrios Rodríguez , Marco Heriberto Orozco Ruiz-Velasco, Cristián Castaño Contreras , Martha Margarita García Müller , José Luis Murillo Torres , Gustavo Ramírez Villarreal , Juan Manuel Villanueva Arjona , Javier Martín Zambrano Elizondo (rúbricas).»

Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2009 se consideren recursos para el proyecto del paso a desnivel Puerta de Garza, en Nuevo León, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario del PAN

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 77, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los suscritos, diputados federales, integrantes del Partido Acción Nacional por el estado de Nuevo León, someten a consideración de esta soberanía el presente punto de acuerdo, de conformidad con las siguientes

Consideraciones

La infraestructura de transporte en México presenta deficiencias que obligan a llevar a cabo un gran esfuerzo de inversión pública y privada durante los próximos años, para continuar con la construcción, la modernización y la ampliación de carreteras en todas las regiones del país.

Para orientar este esfuerzo, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ha definido un sistema de corredores carreteros, integrados por carreteras federales y autopistas de cuota de altas especificaciones, con base en el cual se identifican y jerarquizan las inversiones en carreteras, con objeto de priorizar la construcción o modernización de aquellos proyectos que demuestren tener suficiente rentabilidad económica y financiera, en el caso de obras de peaje.

Simultáneamente, se está actuando sobre las carreteras no troncales con obras que revisten importancia para el desarrollo local y regional. Este programa de carreteras incluye obras de modernización y construcción de accesos urbanos, caminos interurbanos y suburbanos, libramientos y ampliaciones de vías cuya capacidad ha sido rebasada por el tránsito, proyectos carreteros asociados a nuevos desarrollos turísticos y nuevas vías que comuniquen a comunidades apartadas. Se trata de infraestructura carretera que permita satisfacer los requerimientos planteados por el crecimiento económico, en los ámbitos local, regional y nacional.

El área metropolitana de Monterrey es uno de los centros industriales más importantes de México. La aportación de Nuevo León y de su capital al flujo vehicular de carga y pasajeros en el país es extraordinaria, gran parte de los camiones que transportan mercancías de exportación e importación a través de los puentes internacionales de Texas atraviesan el área metropolitana de Monterrey (AMM). Esta ruta presenta problemas de congestionamiento, agravados por el elevado volumen de tránsito de vehículos de carga, tanto locales como internacionales, con orígenes o destinos en Estados Unidos de América y Canadá. Además, La ciudad de San Nicolás de Los Garza forma parte del AMM, en la cual se intersectan los corredores carreteros México-Nuevo Laredo, Mazatlán-Matamoros y Veracruz-Monterrey.

Cabe mencionar que al AMM confluye la infraestructura de dos de los más grandes concesionarios del ferrocarril en México: Ferromex y Kansas City Southern de México. A lo largo de la red ferroviaria que atraviesa la ciudad se tienen más de 160 cruces con calles importantes, de los cuales la quinta parte se encuentra ubicada en San Nicolás de los Garza, lo que constituye un problema no sólo para el ferrocarril, sino para los vehículos comerciales y particulares que circulan en la zona metropolitana. Los cruces vehiculares con el ferrocarril en el AMM inhiben el sano desarrollo urbano, económico y turístico, fomentando a la vez problemas viales, tales como congestionamientos y accidentes.

Actualmente sobre las avenidas San Nicolás y Juan Pablo II (anillo vial metropolitano) existe un flujo vehicular importante, la problemática se genera al tener un cruce a nivel entre ambas avenidas, a pesar de que el flujo se controla mediante semáforo, la problemática se torna más complicada en la dirección de la avenida San Nicolás, ya que sobre la Juan Pablo II circula el ferrocarril Monterrey-Matamoros, con 8 convoyes al día, con longitudes de hasta 3.0 kilómetros cada uno, circulando a una velocidad de 20 kilómetros por hora, lo cual significa tiempos de espera de hasta 9 minutos para los automovilistas, por cada convoy. Por lo que para reducirlos e incrementar la velocidad sobre ambas avenidas se pretende construir un paso a desnivel.

El paso a desnivel Puerta de Garza elevará la avenida San Nicolás sobre la intersección con la Juan Pablo II. La vialidad será de cuatro carriles en ambos sentidos, y carriles laterales a nivel en ambos sentidos de la avenida San Nicolás para los movimientos de vueltas hacia la Juan Pablo II, las cuales operarán con semáforos. Esta última se mantiene a nivel y sus movimientos direccionales operarán controlados con semáforos.

El paso a desnivel es de un cuerpo con ancho de calzada de 14.70 metros, cuatro carriles de 3.5 metros cada uno, con una velocidad de proyecto de 50 kilómetros por hora, un grado máximo de curvatura de 2.4° y pendiente máxima de 7 por ciento en terreno plano.

La alternativas de solución contempladas por el Consejo Estatal de Transporte y Vialidad de Nuevo León fueron (i) optimización del ciclo del semáforo para maximizar el flujo por la intersección; (ii) ampliación/adecuación de la sección transversal de los accesos de la intersección para aumentar su capacidad; (iii) construcción de un paso superior vehicular (PSV).

La primera alternativa quedó agotada y sobrepasada por los volúmenes de tránsito en la intersección. La segunda resulta muy costosa por las afectaciones a predios que habría que realizar en longitudes importantes de las vialidades que confluyen, con la limitación que presenta un área urbana consolidada y el paso de las vías férreas. La tercera opción es la que resulta técnicamente factible y con un monto de inversión razonable para ofrecer una solución que resuelve la problemática durante el horizonte del proyecto.

El costo total de las obras se estima en 94.53 millones de pesos, sin incluir el impuesto al valor agregado. La fuente de financiamiento será el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Con base en un estudio de impacto vial elaborado por el municipio de San Nicolás de los Garza, se determinó el tránsito asignado para la intersección en estudio, el cual resultó de 43 mil 35 vehículos diarios. Adicionalmente se realizó el pronóstico del tránsito para un horizonte de 30 años.

Con base en la metodología de evaluación para este tipo de proyectos, se determinó que el proyecto es económicamente rentable al presentar un valor presente neto de 102.7 millones de pesos y una tasa interna de retorno de 21.4 por ciento.

El principal riesgo que presenta este proyecto es el de disponibilidad de la totalidad de recursos presupuestales para concluir la obra en el tiempo previsto, ya que la autorización de recursos es únicamente para el ejercicio fiscal 2008. Otro riesgo asociado al proyecto es el de la demanda social de obras adicionales al momento de la construcción que pudieran incrementar su costo y los tiempos de ejecución.

La construcción del paso a desnivel Puerta de Garza mejorará sustancialmente la conectividad de las vialidades urbanas, además de resolver a un nivel importante la convivencia del ferrocarril con el autotransporte, al ofrecer una mejor alternativa de comunicación. La ejecución de esta obra permitirá avanzar en la modernización y mejoramiento de zonas degradadas con la presencia del ferrocarril; fortaleciendo en todos sus órdenes la intensa actividad económica y comercial de la región. Asimismo, permitirá reducir los costos de transporte y mejorar las condiciones medioambientales y estéticas de la ciudad.

La alternativa elegida permitirá incrementar el nivel de servicio de la intersección, pasando de un nivel F a un nivel A, lo que implica una mayor capacidad, mayores velocidades de operación, una operación más segura y confort para los usuarios.

El área metropolitana de Monterrey (AMM) es uno de los centros industriales más importantes de México. La aportación de Nuevo León y de su capital al flujo vehicular de carga y pasajeros en el país es extraordinaria. Actualmente, gran parte de los camiones que transportan mercancías de exportación e importación a través de los puentes internacionales de Texas atraviesan el AMM. Esta ruta presenta problemas de congestionamiento, agravados por el elevado volumen de tránsito de vehículos de carga que viajan desde el AMM y del resto del país hacia Estados Unidos de América y Canadá.

La ciudad de San Nicolás de Los Garza, Nuevo León, forma parte del AMM, en la cual se intersectan los corredores carreteros México-Nuevo Laredo, Mazatlán-Matamoros y Veracruz-Monterrey. Además del libramiento noroeste, el periférico de cuota y las vialidades secundarias de la zona periférica del AMM, la conurbada de Monterrey cuenta con un anillo vial metropolitano (AVM), cuya parte más transitada se encuentra en el municipio de San Nicolás de los Garza.

En el AMM el tránsito automotor se ha incrementado de manera importante, como consecuencia del intenso dinamismo industrial del municipio, el desarrollo económico de la región, el crecimiento de la ciudad y el aumento del tránsito local. Esto hace difícil la conexión eficiente de los diferentes centros de trabajo, planta productiva y los importantes centros educativos que se encuentran en San Nicolás de los Garza, y que son importantes generadores de viajes locales, intermunicipales y regionales.

La problemática del flujo vehicular se genera por la ubicación de la intersección de las avenidas San Nicolás y Juan Pablo II, ya que por este cruce transita la mayoría de los vehículos en traslados intermunicipales, así como los vehículos de largo itinerario que pasan por el AMM. Adicionalmente, la problemática sobre la avenida San Nicolás se vuelve más compleja ya que el ferrocarril que circula en medio del AVM genera cortes a la circulación de esta importante avenida generando pérdidas de tiempo por demoras de hasta 9 minutos. Asimismo, dentro del área de influencia de esta intersección se encuentra el arroyo Topo Chico, que ha canalizado grandes precipitaciones pluviales que han afectado al AMM, impactando la vialidad de sus avenidas aledañas e induciendo aún más demanda vehicular en la intersección referida.

El incremento en la demanda comercial ha originado un mayor movimiento de trenes, lo que representa mayor riesgo para los usuarios y bloqueos al tránsito, lo que afecta a la seguridad en la operación y a los tiempos de espera para los vehículos.

La intersección del AVM y la avenida San Nicolás registra un TDPA de 43 mil 35 vehículos, el cual está formado por una mezcla de tránsito de largo itinerario con el urbano. La velocidad promedio es de 28.4 kilómetros por hora y en las horas pico es menor a los 20 kilómetros, que está sujeta a variaciones horarias.

La infraestructura de transporte en México presenta deficiencias que obligan a llevar a cabo un gran esfuerzo de inversión pública y privada durante los próximos años, para continuar con la construcción, la modernización y la ampliación de carreteras en todas las regiones del país.

Para orientar este esfuerzo, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ha definido un sistema de corredores carreteros, integrados por carreteras federales y autopistas de cuota de altas especificaciones, con base en el cual se identifican y jerarquizan las inversiones en carreteras, con objeto de priorizar la construcción o modernización de aquellos proyectos que demuestren tener suficiente rentabilidad económica y financiera, en el caso de obras de peaje. Simultáneamente, se está actuando sobre las carreteras no troncales con obras que revisten importancia para el desarrollo local y regional. Este programa de carreteras incluye obras de modernización y construcción de accesos urbanos, caminos interurbanos y suburbanos, libramientos y ampliaciones de vías cuya capacidad ha sido rebasada por el tránsito, proyectos carreteros asociados a nuevos desarrollos turísticos y nuevas vías que comuniquen a comunidades apartadas. Se trata de infraestructura carretera que permita satisfacer los requerimientos planteados por el crecimiento económico, en los ámbitos local, regional y nacional.

Actualmente sobre las avenidas San Nicolás y Juan Pablo II (Anillo Vial Metropolitano) existe un flujo vehicular importante, la problemática se genera al tener un cruce a nivel entre ambas avenidas, a pesar de que el flujo se controla mediante semáforo, la problemática se torna más complicada en la dirección de la avenida San Nicolás, ya que sobre la Juan Pablo II circula el ferrocarril Monterrey-Matamoros, con 8 convoyes al día, con longitudes de hasta 3.0 kilómetros cada uno, circulando a una velocidad de 20 kilómetros por hora, lo cual significa tiempos de espera de 9 minutos para los automovilistas por cada convoy. Por lo que para reducir los tiempos de espera e incrementar la velocidad sobre ambas avenidas se pretende construir un paso a desnivel.

El paso a desnivel Puerta de Garza elevará la avenida San Nicolás sobre la intersección con la Juan Pablo II. La vialidad será de cuatro carriles en ambos sentidos de circulación, y carriles laterales a nivel en ambos sentidos de la avenida San Nicolás para los movimientos de vueltas hacia la Juan Pablo II, las cuales operarán con semáforos. Esta última se mantiene a nivel y sus movimientos direccionales operarán controlados con semáforos.

Por lo tanto, los diputados federales del Partido Acción Nacional por el Estado de Nuevo León consideramos que se debe incrementar la asignación de recursos públicos a la partida del Ramo 9, ``Comunicaciones y Transportes2, para que la autoridad competente cuente con los recursos suficientes que le permitan reparar y mantener las carreteras del estado.

Compañeros legisladores: por lo anteriormente expuesto, los suscritos diputados solicitamos el respaldo y sometemos a consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta a las Comisiones de Comunicaciones, y de Presupuesto y Cuenta Pública a destinar, dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2009, recursos por $29,000,000.00 (veintinueve millones de pesos) al proyecto denominado ``paso a desnivel Puerta de Garza''.

Segundo. Túrnese el presente punto de acuerdo a las Comisiones de Comunicaciones, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento y dictamen.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de octubre de 2008.--- Diputados: José Martín López Cisneros , Juan Enrique Barrios Rodríguez , Marco Heriberto Orozco Ruiz-Velasco, Cristián Castaño Contreras , Martha Margarita García Müller , José Luis Murillo Torres , Gustavo Ramírez Villarreal , Juan Manuel Villanueva Arjona , Javier Martín Zambrano Elizondo (rúbricas).»

Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2009 se consideren recursos para el proyecto Montemorelos-Entronque San Roberto, en Nuevo León, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario del PAN

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 77, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los suscritos, diputados federales, integrantes del Partido Acción Nacional por el estado de Nuevo León, someten a consideración de esta soberanía el presente punto de acuerdo, de conformidad con las siguientes

Consideraciones

El proyecto consiste en modernizar y uniformizar las características técnicas del eje interregional Montemorelos-entronque San Roberto, en una longitud de 127.0 kilómetros, el cual consta de tres tramos, el tipo de terreno sobre el cual se desarrolla el camino es predominantemente lomerío. La inversión total aproximada se estima en 335.0 millones de pesos (sin considerar impuesto al valor agregado) e incluye adicionalmente de los trabajos descritos en cada tramo, la mitigación del impacto ambiental; el derecho de vía se tiene disponible.

La obra en estudio pertenece al eje interregional Montemorelos-entronque San Roberto, el cual consta de tres tramos, el primero; actualmente esta formado por la carretera alimentadora Montemorelos-Rayones, con una longitud de 60.0 kilómetros, tiene un ancho de corona de 7.0 metros y se pretenden abatir taludes y mejorar el alineamiento horizontal y vertical, reparación de obras de drenaje, colocación de sobre carpeta y reposición del señalamiento horizontal y vertical, el segundo tramo Rayones-Galeana tiene una longitud de 25.0 kilómetros, actualmente tiene un ancho de corona de 4.0 metros y se pretende modernizar a 7.0 metros de ancho de corona, los trabajos a ejecutar consisten en la construcción de tercerías, obras de drenaje, pavimentación y señalamiento, Galeana-E.C. (San Roberto) es de una longitud de 42.0 kilómetros, actualmente tiene 6.1 metros de ancho de corona y se modernizará a 7.0 metros de ancho de corona, los trabajos a ejecutar consisten en la construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimentación y señalamiento. Estas características del camino impiden que se tenga acceso constante a varias comunidades, hacen peligrosa y deficiente la circulación, elevan los costos de operación vehicular y los tiempos de recorrido de los usuarios, por lo que se ha insistido en el requerimiento de modernizar y ampliar esta vía de comunicación.

Este camino comunica a los municipios de Montemorelos, Rayones y Galeana con grado de marginación bajo y muy bajo, interconectando el eje troncal federal Ciudad Victoria-Monterrey, con el eje troncal federal México-Nuevo Laredo, creando una vía alterna mas rápida y segura con el puerto de Tampico y Monterrey, Nuevo León, los cuales se ubican dentro de la región centro del estado.

La modernización del tramo tendría como principales efectos, otorgar la constante accesibilidad a la región, además del incremento en el nivel de servicio, la significativa mejoría de la seguridad para los usuarios y la reducción en los costos de transporte.

El camino actual, de acuerdo con sus características geométricas se clasifica de la manera siguiente: el tramo Montemorelos-Rayones es un camino alimentador tipo ``C'' en malas condiciones, una pendiente máxima del 12 por ciento y un grado de curvatura de 30°; el Rayones-Galeana es un camino rural revestido tipo ``E'', con un ancho de corona de 4.0 metros, una pendiente máxima del 12 por ciento y un grado de curvatura de 62.5°;y por último, el Galeana-entronque San Roberto es una camino alimentador tipo ``D'' con un ancho de corona de 6.1 metros una pendiente máxima del 7 por ciento y un grado de curvatura de 30°, y sirve como una vía de comunicación para la exportación e importación de productos básicos de la región con el resto del estado de Nuevo León y los vecinos estados de San Luis Potosí y Tamaulipas, características que aunadas a que el camino se localiza en una zona de terreno lomerío principalmente y al tipo de vehículos que transitan por la región, el camino se deteriora constantemente, impidiendo el acceso a bienes y servicios básicos para la población.

Lo anterior implica altos costos de conservación y mantenimiento, obligando a que en la temporada de más alta precipitación pluvial se tenga la necesidad de maquinaria, personal y equipo para mantener en condiciones de transitabilidad el camino.

La característica de operación actual esta regida por el estado de la superficie de rodamiento, la cual pese a estar pavimentada y revestida, presenta deformaciones y baches en la superficie de rodamiento que permiten una velocidad promedio de 27 kilómetros por hora, por lo que el recorrido de los 127.0 kilómetros se lleva a cabo en un tiempo promedio de 4.7 horas.

El proyecto consiste en modernizar y uniformizar las características técnicas del eje interregional Montemorelos-entronque San Roberto, en una longitud de 127.0 kilómetros, el cual consta de tres tramos, el tipo de terreno sobre el cual se desarrolla el camino es predominantemente lomerío. La inversión total aproximada se estima en 335.0 millones de pesos (sin considerar impuesto al valor agregado) e incluye trabajos de terracerías, obras de drenaje, estructuras, pavimento, obras complementarias, señalamiento y la mitigación del impacto ambiental. El derecho de vía se tiene disponible.

Por lo tanto, los diputados federales del Partido Acción Nacional por el estado de Nuevo León consideramos que se debe incrementar la asignación de recursos públicos a la partida del Ramo 9, ``Comunicaciones y Transportes'', para que la autoridad competente cuente con los recursos suficientes que le permitan reparar y mantener las carreteras del estado.

Compañeros legisladores: por lo anteriormente expuesto, los suscritos diputados solicitamos el respaldo y sometemos a consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta a las Comisiones de Comunicaciones, y de Presupuesto y Cuenta Pública a destinar, dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009, recursos por $240,000,000.00 (doscientos cuarenta millones de pesos) al proyecto denominado ``Montemorelos entronque San Roberto''.

Segundo. Túrnese el presente punto de acuerdo a las Comisiones de Comunicaciones, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento y dictamen.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de octubre de 2008.--- Diputados: José Martín López Cisneros , Juan Enrique Barrios Rodríguez , Marco Heriberto Orozco Ruiz-Velasco, Cristián Castaño Contreras , Martha Margarita García Müller , José Luis Murillo Torres , Gustavo Ramírez Villarreal , Juan Manuel Villanueva Arjona , Javier Martín Zambrano Elizondo (rúbricas).»

Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2009 se consideren recursos para ampliar el bulevar Independencia, en Nuevo León, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario del PAN

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 77, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los suscritos, diputados federales, integrantes del Partido Acción Nacional por el estado de Nuevo León, someten a consideración de esta soberanía el presente punto de acuerdo, de conformidad con las siguientes

Consideraciones

La ampliación del boulevard Independencia, situado al norte de la cabecera municipal de Cadereyta Jiménez, Nuevo León, en el kilómetro 30+236 al 31+716 de la carretera libre Monterrey-Reynosa, es de gran importancia en el crecimiento ordenado de la ciudad de Cadereyta Jiménez, a lo largo de esta vía están las instalaciones de Protección Civil y de Cruz Verde municipales, al extremo poniente de está ampliación se encuentra la caseta de cobro del puente nacional Cadereyta de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe), que continúa por la carretera libre Reynosa-Monterrey hacia la Ciudad Benito Juárez, Nuevo León, y la zona metropolitana de Monterrey.

Esta obra consiste en la ampliación de 2 a 5 carriles de mil 480 metros de la carretera Monterrey-Reynosa, con acotamientos a ambos lados, de los 5 carriles el central será para desaceleración, la carpeta asfáltica será de 7 centímetros de espesor, con la construcción de 3 puentes y 2 alcantarillas de concreto para el drenaje pluvial, además de 51 luminarias, el nuevo ancho de la carretera en este tramo será de 21 metros.

En el extremo poniente de esta ampliación, a un costado de la caseta de cobro de Capufe, se localiza un terreno municipal llamado ``El Calvario'', en ese lugar está en construcción lo que hemos denominado ``Ciudad Seguridad'', que son las oficinas de las policías federales, estatales y municipales (policía y tránsito), en ese mismo lugar estarán las instalaciones del C-4, que el gobierno federal ha asignado para Cadereyta. En la parte posterior de este terreno están las oficinas y talleres de la Dirección de Servicios Públicos Municipales.

Como puede observarse este tramo municipal de la carretera libre Monterrey-Reynosa es muy importante para quienes viven, trabajan en esa zona de la ciudad o tienen la necesidad de transitar por ella. Estimamos en 30 mil el número de personas beneficiadas con esta obra.

Por lo tanto, los diputados federales del Partido Acción Nacional por el estado de Nuevo León consideramos que se debe incrementar la asignación de recursos públicos a la partida del Ramo 9, ``Comunicaciones y Transportes'', para que la autoridad competente cuente con lo suficiente para reparar y mantener las carreteras del estado.

Compañeros legisladores: por lo anteriormente expuesto, los suscritos diputados solicitamos el respaldo y sometemos a consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta a las Comisiones de Comunicaciones, y de Presupuesto y Cuenta Pública a destinar, dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009, recursos por $8,000,000.00 (ocho millones de pesos) para el proyecto denominado `` ampliación boulevard Independencia''.

Segundo. Túrnese el presente punto de acuerdo a las Comisiones de Comunicaciones, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento y dictamen.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de octubre de 2008.--- Diputados: José Martín López Cisneros , Juan Enrique Barrios Rodríguez , Marco Heriberto Orozco Ruiz-Velasco, Cristián Castaño Contreras , Martha Margarita García Müller , José Luis Murillo Torres , Gustavo Ramírez Villarreal , Juan Manuel Villanueva Arjona , Javier Martín Zambrano Elizondo (rúbricas).»

Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2009 se consideren recursos para el proyecto Canal Topo Chico, en Nuevo León, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario del PAN

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 77, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los suscritos, diputados federales, integrantes del Partido Acción Nacional por el estado de Nuevo León, someten a consideración de esta soberanía el presente punto de acuerdo, de conformidad con las siguientes

Consideraciones

El presente documento tiene como objetivo evaluar la rentabilidad socioeconómica y la factibilidad técnica del proyecto de ampliación del arroyo Topo Chico a una sección rectangular, en su tramo entre las avenidas Santo Domingo y Sendero Norte, al oriente del municipio de San Nicolás de los Garza, que pertenece a la zona metropolitana de Monterrey (ZMM), Nuevo León.

La realización de este proyecto tiene como principal objetivo evitar inundaciones en zonas aledañas al arroyo Topo Chico; el proyecto es propuesto por el municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León.

La problemática del cauce del arroyo Topo Chico se genera principalmente por el incremento en el caudal de escurrimiento pluvial de su cuenca, debido a las condiciones topográficas y climáticas de la ZMM, así como por el efecto de la urbanización y la modificación del tipo y uso de suelo. La canalización actual no fue preparada en su momento de diseño y construcción para recibir este aporte adicional, ni soportar las velocidades excesivas que actualmente genera el agua, lo cual repercute en que los caudales aportados cada vez más se concentran en tiempos menores; esto provoca efectos negativos principalmente con desbordamientos laterales y daños al revestimiento, así como el riesgo y las molestias para la que población que trae consigo la acumulación del agua en periodos de lluvias.

Después de realizado el estudio hidráulico, cuya modelación fue alimentada con topografía actualizada, la conclusión del mismo indica que los vecinos de las colonias situadas a las orillas del arroyo Topo Chico resultan afectados con inundaciones que son asociadas a periodos de retorno poco mayores a los 10 años y 20 años, las cuales ocasionan un deterioro en la infraestructura habitacional y vial existente a lo largo de la zona.

En el presente documento se desarrolla con detalle la descripción de la situación actual y problemática que busca resolver el proyecto; se identifican y cuantifican sus costos y beneficios con la intención de estimar su rentabilidad social.

Para atenuar la problemática antes descrita se hizo un análisis de alternativas de inversión que permitieran obtener los mismos efectos positivos para la población. Por lo tanto, la opción que se evalúa en este documento corresponde a la de menor costo y con la suficiente factibilidad legal, técnica y ambiental que permitan su ejecución. De esta manera, de la alternativa seleccionada son los siguientes:

Una vez identificados, cuantificados y valorados los beneficios y costos del proyecto se procedió a estimar los respectivos indicadores de rentabilidad en términos sociales.

Por tanto, los diputados federales del Partido Acción Nacional por el Estado de Nuevo León, consideramos que se debe incrementar la asignación de recursos públicos para que la autoridad competente cuente con lo suficiente para poder atender las necesidades de los ciudadanos.

Compañeros legisladores: por lo anteriormente expuesto, los suscritos diputados solicitamos el respaldo y sometemos a consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta a las Comisiones de Recursos Hidráulicos, y de Presupuesto y Cuenta Pública a destinar, dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2009, recursos por $400,000,000.00 (cuatrocientos millones de pesos) para el proyecto denominado ``Canal Topo Chico''.

Segundo. Túrnese el presente punto de acuerdo a las Comisiones de Recursos Hidráulicos, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento y dictamen.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de octubre de 2008.--- Diputados: José Martín López Cisneros , Juan Enrique Barrios Rodríguez , Marco Heriberto Orozco Ruiz-Velasco, Cristián Castaño Contreras , Martha Margarita García Müller , José Luis Murillo Torres , Gustavo Ramírez Villarreal , Juan Manuel Villanueva Arjona , Javier Martín Zambrano Elizondo (rúbricas).»

Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.



SEGURIDAD PUBLICA

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: La diputada Lorena Martínez Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remite punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a que destine recursos a los gobiernos municipales en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que les permita atender de manera inmediata el rubro de la seguridad pública.

La Secretaria diputada Margarita Arenas Guzmán: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a destinar recursos, en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que permitan a los gobiernos municipales atender de inmediato el rubro de seguridad pública, a cargo de la diputada Lorena Martínez Rodríguez , del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, diputada Lorena Martínez Rodríguez , del Grupo Parlamentario del PRI, con fundamento en el artículo 58, fracción I del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración del Pleno de esta honorable asamblea la proposición con punto de acuerdo de urgente resolución, donde se exhorta al Ejecutivo federal para que se destinen recursos del Sistema Nacional de Seguridad Pública a los municipios, bajo las siguientes

Consideraciones

Para que la sociedad se pueda desarrollar armónicamente se necesita de un fuerte sistema de seguridad pública y justicia penal, en el que no solamente se requieren leyes sino también de recursos humanos capacitados y elementos financieros suficientes.

En el Congreso de la Unión hemos aportado los instrumentos jurídicos para detener la crisis de violencia que azota a la nación, pero vemos con consternación que los índices de criminalidad no solamente crecen, sino que son cada vez más cruentos y sangrientos.

Como ejemplo de estas circunstancias durante 2008, de enero al 20 de agosto se habían registrado en el país 450 secuestros; y hoy las autoridades han reconocido que la principal amenaza es el crimen organizado, lo cual ha dejado una estela de 2 mil 952 víctimas.

La Coordinación de Inteligencia de la Policía Federal reportó 450 plagios, de los cuales 136 atendió la corporación y el resto las Procuradurías de Justicia estatales, en el transcurso del 2008. La cifra establece que en este año la tendencia del secuestro es de 1.9 casos en promedio diario.

La violencia que vive el país relacionada con los cárteles de la droga ha cobrado 2 mil 952 vidas, superando la cifra de 2 mil 673 victimas del año pasado. Cabe mencionar que en México se cometen en promedio diario 220 delitos contra la salud, relacionados con las operaciones del narcotráfico. Jalisco, Baja California y el Distrito Federal encabezan la lista de entidades con el más elevado índice criminal vinculado a las actividades de los cárteles de la droga.

Recordemos que en el marco de las 100 acciones para los primeros 100 días de gobierno del presidente de la república, se presentó la Estrategia Integral de Prevención del Delito y Combate a la Delincuencia; la cual pretendía restablecer el sentido original de la función de seguridad pública del Estado, cuya premisa era proteger y servir a la sociedad, bajo los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez.

Dicha estrategia contemplaba ocho ejes, donde el primero establecía ``la alineación de las capacidades del Estado mexicano contra la delincuencia'' mediante la instrumentación de la función rectora del Consejo Nacional de Seguridad Pública; cuyas facultades jurídicas, políticas y presupuestales involucrarían a los tres órdenes de gobierno en el marco de acción del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para operar los siguientes rubros:

• Coordinación operativa;
• Interconexión e interoperatividad de sistemas de información Plataforma México;
• Evaluación y control de confianza y depuración de corporaciones policiales;
• Formación y profesionalización, y
• Creación de indicadores de medición.

Sin embargo, hace unas semanas se llevó a cabo la marcha Iluminemos México, en la que miles de mexicanos se manifestaron en calles y plazas de la nación en contra de la violencia, demandando un alto a la delincuencia, a la corrupción y a la impunidad y exigiendo acciones concretas, contra estas demandas. De ella derivó la firma del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, el pasado 21 de agosto del 2008, en Palacio Nacional, donde los Ejecutivos federal y de las entidades federativas; el Congreso de la Unión, el Poder Judicial federal, presidentes municipales, medios de comunicación, organismos de la sociedad civil, empresariales, sindicales y religiosas asumieron el compromiso de llevar a cabo una Estrategia Nacional que contemple la implantación de políticas integrales en materia de prevención del delito, procuración e impartición de justicia, readaptación social, participación ciudadana, inteligencia y análisis en contra del crimen organizado.

En dicho acuerdo se acepta que la sociedad mexicana se encuentra profundamente agraviada por la impunidad, la corrupción, la nula coordinación entre las autoridades, así como por un ambiente de inseguridad y violencia, aunado a un deterioro institucional de los organismos encargados de la seguridad pública y la procuración e impartición de justicia.

Por ello, se asume como parte de los compromisos, el fortalecer y dotar de mayor eficiencia a los sistemas de seguridad y procuración de justicia, para ello el Ejecutivo federal se comprometió a reasignar recursos y partidas dentro del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009, acompañado de reglas de operación flexibles, eficaces y transparentes; sin embargo, en este rubro se presentan aspectos por demás alarmantes, ya que no sólo el PEF de 2009 no tiene reglas de operación en cuanto a los recursos para la seguridad pública; sino que además de los recursos presupuestados del 2008, donde fue el año en que más recursos se destinaron a la Secretaría de Seguridad Pública (19 mil 711 millones) y donde el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública ascendió a 6 mil millones (es decir mil millones más respecto a los años 2005 al 2007), no se han ejercido en su totalidad.

La lucha contra el crimen organizado demanda acciones de inteligencia coordinada, donde los tres órdenes de gobierno deberán interactuar en un adecuado esquema de relaciones intergubernamentales que les permita dar respuesta inmediata a una sociedad que ha puesto fechas fatídicas para el cumplimiento del acuerdo nacional que todos suscribimos. Por ello es de suma urgencia atender los proyectos que en materia de coordinación y cooperación para el combate a la inseguridad algunos municipios han puesto sobre la mesa para cumplir con la mayor demanda ciudadana que hoy nos exige la sociedad mexicana; casos concretos lo son proyectos de los municipios de Aguascalientes (Aguascalientes), Tecamac (estado de México) y La Piedad (Michoacán), gobiernos municipales que han asumido el compromiso compartido para atender la seguridad pública de sus localidades mediante la operatividad del Sistema de Plataforma México, donde buscan hacer coparticipe al gobierno federal para el desarrollo de cada uno de sus proyectos, que les permita actuar de manera coordinada en el combate al crimen.

Creo que entre las múltiples tareas que tiene a su cargo el gobierno se encuentra la de hacer uso inmediato y transparente de los recursos asignados al Sistema Nacional de Seguridad Pública, ya que para el ejercicio fiscal de 2008 se presupuestaron para los gobiernos municipales, casi 5 mil millones de pesos con cargo al Subsidio para la Seguridad Pública Municipal (Subsemun por 3 mil 580 millones de pesos) y al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP por 1 mil 200 millones de pesos). Sin embargo no se ha logrado alcanzar los resultados que se pretendían.

En tales circunstancias proponemos que la Cámara de Diputados solicite al Ejecutivo federal que se avoque a atender los proyectos que en materia de seguridad pública están promoviendo los gobiernos municipales para atender de manera coordinada y cooperativa el combate al crimen.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al Poder Ejecutivo federal, a que instruya a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Secretaría de Seguridad Pública, con el objeto que en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública se destinen recursos etiquetados adicionales para premiar y estimular a los gobiernos municipales, en especial a aquellos municipios que invierten recursos propios y presenten proyectos innovadores de combate al crimen organizado, que les permitan atender de manera inmediata el rubro de la seguridad pública.

Segundo. Del mismo modo se solicita a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública que informe a esta soberanía del ejercicio y subejercicio, así como de los resultados alcanzados de los recursos del Subsemun y del FASP que se destinaron a los municipios.

Salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de octubre de 2008.--- Diputada Lorena Martínez Rodríguez (rúbrica).»

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Túrnese a la Comisión de Seguridad Pública.



LEY FEDERAL PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACION

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: El siguiente punto del orden del día es la primera lectura de dictámenes.

En virtud de que han sido publicados en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se les dispensa la lectura.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea si se les dispensa la lectura. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.

«Dictamen de la Comisión de Derechos Humanos, con proyecto de decreto que reforma la fracción V del artículo 11 de la Ley Federal para prevenir y eliminar la Discriminación

Honorable Asamblea:

La Comisión de Derechos Humanos, con fundamento en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso general de los Estados Unidos Mexicanos, y en lo dispuesto por los artículo 60, 87, 88 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a la honorable Asamblea el siguiente:

Dictamen

Antecedentes

A la Comisión de Derechos Humanos le fue turnado para su estudio y dictamen, el expediente No. DGPL 60-II-5-563 que contiene la iniciativa que reforma el artículo 11 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, presentada por el diputado Jorge Quintero Bello , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, el día 22 de febrero de 2007.

La propuesta plantea, el que se prefiera por equidad de género el otorgamiento de becas, créditos u otros beneficios, a las personas que tengan a su cargo menores de edad y estén en situación de pobreza.

Consideraciones

Las diputadas y los diputados de esta comisión, conocimos para su estudio la iniciativa en comento y formulamos la investigación correspondiente para su análisis, así como las consultas necesarias, para una adecuada valoración de la propuesta.

Se realizaron reuniones de trabajo entre ésta Comisión y la Comisión Especial sobre No Discriminación, Nuevos Derechos y Nuevos Sujetos, toda vez que ésta última por mandato de la Presidencia de la Mesa Directiva debe emitir opinión al respecto de la iniciativa.

En reunión de Pleno de esta Comisión, celebrada el ..., las diputadas y los diputados, discutimos y aprobamos el presente dictamen al tenor de estas consideraciones.

Estimamos necesario, que todas las personas tengan acceso y facilidad a la educación y a los beneficios económicos que a través de una beca se puedan obtener, en particular esta preferencia, debe ser para las niñas, niños y adolescentes, y cuando estos últimos menores de edad, sean padres de familia para que puedan continuar con sus estudios, dando preferencia a las madres solteras adolescentes, lo anterior por la falta de solvencia económica, pudiendo adherirse entre otros a los siguientes programas sociales de apoyo: Programa Oportunidades , Programa de Estancias y Guarderías Infantiles, Programa del Seguro Popular, Programa Bécalos, Programa Seguro Médico para una Nueva Generación, así como los que se puedan derivar de la interpretación y aplicación de la fracción V del artículo 11 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, siempre en beneficio de la niñez y la juventud.

La Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, tienen entre otros, los siguientes fines: evitar que se vulneren los derechos de cualquier persona, por motivos de raza, credo religioso, condiciones sociales, discapacidades entre otros, esto incluye a las niñas, niños y adolescentes a quienes, adicional a la Ley de la Protección de las Niñas, Niños y Adolescentes, que les otorga derechos en el ordenamiento para prevenir y eliminar la discriminación, les concede a este sector de la población otros derechos y prerrogativas siempre para su beneficio y superación, el encabezado del artículo 11 de la ley en estudio establece que:

Artículo 11. ``Los órganos públicos y las autoridades federales, en el ámbito de su competencia, llevarán a cabo entre otras, las siguientes medidas positivas y compensatorias a favor de la igualdad de oportunidades de las niñas y los niños''.

Por lo que coincidimos con la necesidad de que éstas medidas positivas compensatorias, y más aun, cuando son beneficios para las niñas, niños y adolescentes de nuestro país, se otorguen. Por todos es conocido, la falta de oportunidades que tienen las niñas y los niños para estudiar, abandonando sus estudios a temprana edad por diferentes motivos, siendo alguno de estos el afrontar la circunstancia de ser padres, con las obligaciones que esto conlleva, dejando en segundo término sus estudios, y en consecuencia una falta de oportunidades para la obtención de un mejor empleo o para estar capacitado para emprender su propio negocio, situación que afecta en primer término como ya se dijo a los adolescentes, pero sin duda a la sociedad en nuestro país, al no incrementar el número de profesionistas y técnicos especialistas, que son importantes para el crecimiento y desarrollo del país.

Coincidimos con lo planteado en la iniciativa, en lo relativo a la equidad de género, reconocemos la importancia que el tema tiene y las desigualdades que aún persisten, y esta comisión al vigilar y procurar el respeto de los derechos humanos, lo debe hacer bajo el principio de la igualdad y equidad, por tanto, el que se otorgue una preferencia en algún derecho o concesión que éste relacionado con la equidad es una acción compensatoria y no una ventaja para quien lo haga valer, ya que la desigualdad de oportunidades por concepto de género han prevalecido, por tanto se debe establecer ese equilibrio de derechos.

Por lo que, en concordancia con el diputado Jorge Quintero Bello , los principios rectores que reconoce la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, establece que son sujetos de los derechos que establece la ley, las mujeres y los hombres que se encuentren en territorio nacional, que por razón de su sexo, independientemente de su edad, estado civil, profesión, cultura, origen étnico o nacional , condición social, salud, religión, opinión o discapacidades, se encuentren con algún tipo de desventaja ante la violación del principio de igualdad que esta ley tutela, por ello aún cuando no es en este ordenamiento, las circunstancias de dar preferencia por concepto de equidad y género, se establecen en el planteamiento de la iniciativa, la cual no es restrictiva, ya que de la simple lectura, del artículo vigente, se puede desprender que su finalidad consiste en especificar que ante la igualdad de circunstancias en que se encuentren varias personas solicitantes de becas, créditos u otros beneficios, se otorgarán dichos beneficios a aquellas que tengan a su cargo a menores de edad, circunstancia que se amplía con la propuesta del diputado, porque establece la preferencia a los menores y prefiriéndose con equidad de género, por lo que de concretarse la modificación la o las autoridades que interpreten y por tanto apliquen las disposiciones deberán observar todas estas posibilidades para el otorgamiento de becas, créditos u otros beneficios.

En la revisión de la propuesta, encontramos no procedente el eliminar de la fracción V del artículo 11 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, las palabras ``en igualdad de circunstancias'', toda vez que la valoración que se haga al momento de otorgar las becas, créditos u otros beneficios, debe realizarse de manera equitativa y no dar preferencia únicamente por la equidad de género, por lo que al dejar en el texto vigente las palabras, ``en igualdad de circunstancias'', se referirá para toda circunstancia de interpretación que la preferencia que se pueda dar, únicamente será por equidad de género y nunca por ninguna otra circunstancia, sea de grupo social o económica.

La preocupación de las circunstancias sociales y económicas de extrema pobreza, que se vive en gran parte de nuestra población, motiva que cada uno de nosotros como diputadas y diputados, busquemos medidas compensatorias para disminuir o atenuar estas circunstancias con el firme deseo de procurar un mejor bienestar y calidad de vida para todos, esto por el compromiso que asumimos en la representación social que hoy tenemos y por convicción personal, sin embargo, el elemento de ``la situación de pobreza'' que pretende adicionar el diputado Quintero Bello, se omite de la propuesta, toda vez que se trata de un tema que puede generar diversas interpretaciones en su aplicación por la generalidad del concepto.

Por las consideraciones anteriormente expuestas, la Comisión de Derechos Humanos, somete a consideración de la honorable Asamblea, el siguiente:

Proyecto de decreto por el que se reforma la fracción V del artículo 11 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación:

Artículo Único. Se reforma la fracción V del artículo 11 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, para quedar como sigue:

Artículo 11. ...

I. a IV. ...
V. Preferir, en igualdad de circunstancias y con equidad de género, a las personas que tengan a su cargo menores de edad en el otorgamiento de becas, créditos u otros beneficios;
VI. a IX. ...

Transitorio

Único. El decreto entrará en vigor el día siguiente a de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos, Palacio Legislativo de San Lázaro, México, DF, a 14 de septiembre de 2007, correspondiente al primer periodo de sesiones del segundo año legislativo de la LX Legislatura.
La Comisión de Derechos Humanos, diputados: Omeheira López Reyna (rúbrica), presidenta; Arturo Flores Grande (rúbrica), María Dolores González Sánchez (rúbrica), Alliet Mariana Bautista Bravo (rúbrica), Rosa Elia Romero Guzmán (rúbrica), Yary del Carmen Gebhardt Garduza (rúbrica), secretarios; Valentina Valia Batres Guadarrama , Adriana Dávila Fernández (rúbrica), Silvia Emilia Degante Romero (rúbrica), Martha Cecilia Díaz Gordillo (rúbrica), Nemesio Domínguez Domínguez , Rutilio Cruz Escandón Cadenas , Alberto Esteva Salinas (rúbrica), Jorge Justiniano González Betancourt (rúbrica), Sonia Nohelia Ibarra Franquez, José Jacques y Medina , María Soledad Limas Frescas (rúbrica), Alberto López Rojas (rúbrica), Rubí Laura López Silva (rúbrica), Dolores de María Manuell-Gómez Angulo (rúbrica), Carlos Alberto Navarro Sugich (rúbrica), José Guadalupe Rivera Rivera (rúbrica), Bertha Yolanda Rodríguez Ramírez , Jesús Sesma Suárez , Rosa Elva Soriano Sánchez (rúbrica), Isael Villa Villa , Jesús Humberto Zazueta Aguilar .»

Es de primera lectura.



LEY FEDERAL PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACION

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: «Dictamen de la Comisión de Derechos Humanos, con proyecto de decreto que adiciona un artículo 11 Bis a la Ley Federal para prevenir y eliminar la Discriminación

Honorable Asamblea:

La Comisión de Derechos Humanos, con fundamento en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en lo dispuesto por los artículos 60, 87, 88 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a la honorable Asamblea el siguiente:

Dictamen

Antecedentes

A la Comisión de Derechos Humanos le fue turnado para su estudio y dictamen, el expediente No. D.G.P.L. 60-II-2-982 que contiene la minuta proyecto de decreto que reforma y adiciona la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación, a partir de la iniciativa presentada por el senador Manuel Velasco Coello, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista, el 19 de abril de 2007.

El objeto de la minuta es ampliar el alcance de las medidas positivas y compensatorias a favor de la igualdad de oportunidades de niñas y niños contenidas en el artículo 11 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, para ser ampliadas también para los jóvenes.

Las diputadas y los diputados que integramos esta comisión estudiamos la iniciativa presentada por el senador Manuel Velasco Coello, así como la minuta proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, remitida por la Cámara de origen, para estar en posibilidades de dictaminarla a favor de la población beneficiada.

Esta Comisión de Derechos Humanos consultó a las autoridades y organismos competentes en la materia, para conocer su opinión acerca del contenido de la minuta para contar con un mayor número de elementos que sustenten el dictamen a la minuta. Recibiendo opiniones a favor del objeto y finalidad que se contiene en la minuta de referencia.

Consideraciones

La sociedad en su conjunto, para avanzar, requiere que los individuos que la conforman tengan acceso a todos los elementos necesarios para el desarrollo pleno de su potencial.

Las diputadas y los diputados que integramos esta comisión, entendemos que la finalidad que tuvieron los legisladores que diseñaron y aprobaron la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, motivo de este dictamen, lo hicieron para que en nuestro país no existieran mas discriminaciones ni desventajas económicas ni sociales entre los diversos grupos de la sociedad, y conscientes de que para lograrlo se requiere darle la igualdad a los desiguales para que todos tengamos las mismas oportunidades siendo el Estado el rector y garante de estas medidas compensatorias, así, el artículo 11 de la ley en estudio establece: ``Los órganos públicos y las autoridades federales, en el ámbito de su competencia, llevarán a cabo, entre otras, las siguientes medidas positivas y compensatorias a favor de la igualdad de oportunidades de las niñas y los niños'', en el citado numeral se establecen las acciones y programas que se deberán incorporar para la atención de las niñas y niños, respetando la idea de este artículo, el senador Manuel Velasco Coello presentó una iniciativa que pretende incorporar a los jóvenes a estas medidas compensatorias, adecuando aquellas que son propias al rango de su edad.

Coincidimos con el autor de la iniciativa al establecer que las y los jóvenes constituyen un grupo social para el cual se deben pensar y construir espacios de desarrollo, esto porque la población juvenil no es homogénea, y se configura como un conglomerado enorme y diverso que demanda respuestas. El concepto de ``juventud'' podemos definirlo como las personas dentro de un grupo específico de edad. Por un lado, la Organización de las Naciones Unidas define a los jóvenes como aquellos que se encuentran entre los 15 y los 24 años de edad; pero acorde con nuestra Ley del Instituto Nacional de la Juventud, los define como aquellos que se encuentran entre los 12 y 29 años de edad. En este sentido, para efectos de este dictamen, en esta comisión nos avocaremos a lo que establece la legislación nacional.

Las diputadas y los diputados que integramos esta comisión, consideramos necesario incorporar medidas compensatorias para las y los jóvenes, ya que reconocemos en este sector de la población la oportunidad y potencial que tiene México para construir un mejor país, con jóvenes que tengan a su alcance oportunidades para su desarrollo y las garantías sociales que les permitan el reconocimiento absoluto de sus derechos. En la actualidad las y los jóvenes se enfrentan a numerosos riesgos de salud en su paso a la edad adulta, muchos de los cuales afectan su longevidad y calidad de vida. El más importante de todos es el VIH/sida, que se presenta cada vez en mayor proporción en los jóvenes, generalmente con mayor frecuencia en las mujeres. Entre otros posibles riesgos de salud que surgen inicialmente entre los jóvenes están los relativos al alcohol, el tabaco y los accidentes de tráfico, todas estas circunstancias afectan el desarrollo de los jóvenes, pero sobre todo afectan el crecimiento de México, y se destinan una mayor cantidad de recursos económicos para atender las consecuencias que por motivo de salud se presentan en jóvenes infectados con VIH/sida, problemas de alcoholismo, drogadicción y tabaquismo, tratamientos todos éstos con un alto costo, pero lo más triste aún con pocas posibilidades de que se salven de morir o se incorporen a una actividad económicamente productiva, por eso quienes integramos esta Comisión de Derechos Humanos, entendemos también que por ahorro de presupuesto y más aún por el bien de los jóvenes se deben incorporar medidas compensatorias de carácter preventivo para los jóvenes.

En el estudio y valoración de la minuta nos percatamos que otra finalidad es el evitar la discriminación que se da hacia los jóvenes recuperando el espíritu de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. Los mayores tipos de discriminación, de acuerdo con la Consulta Infantil y Juvenil 2003, son la discapacidad, la posición social, el embarazo, el género y la preferencia sexual, así como la diversidad de ideas, la apariencia y la religión, para nosotros la discriminación socava el concepto clave en el que se basa la Declaración Universal de Derechos Humanos, mismo que estipula que ``Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos''. Por tanto, combatir la discriminación es una forma apropiada de promover los derechos humanos y su cabal respeto por parte de las autoridades.

Las y los diputados de esta comisión coincidimos en lo general con la minuta remitida por la colegisladora, disentimos únicamente en el orden de las modificaciones y adiciones de este artículo, y proponemos la incorporación de algunas medidas compensatorias que el autor de la iniciativa consideró, y para efectos de diferenciar con claridad las medidas compensatorias que se han de adoptar y aplicar para éstos dos grupos de la población proponemos la creación del artículo 11 Bis, el cual contendrá disposiciones aplicables únicamente para los jóvenes, toda vez que, como ya hemos manifestado las personas jóvenes son un sector de población que se caracteriza por tener necesidades específicas a satisfacer, distintas del resto de la población, lo que conlleva plenamente a su identificación como grupo determinado, consideramos pertinente analizar la propuesta del autor de la iniciativa, ya que las situaciones planteadas se encuentran reguladas de manera general.

La fracción I del artículo 11 Bis enuncia el acceso a servicios y beneficios sociales, económicos, políticos, culturales, informativos, entre otros, en tanto que la minuta trataba estos derechos de forma más dispersa.

Para la fracción II del artículo 11 Bis se propone el diseño y creación de programas educativos para atender aspectos sociales y de salud que son frecuentes entre los jóvenes, como son la salud, las adicciones, la sexualidad, las infecciones de transmisión sexual, el VIH/sida, la planificación familiar, la paternidad responsable, la ecología y la participación ciudadana, entre otras.

El contenido de la fracción III del artículo 11 Bis se transcribe textualmente de la minuta, suprimiéndose únicamente la palabra niñez, como parte de la diferenciación entre las disposiciones de la niñez y de los jóvenes.

La fracción IV del artículo 11 Bis, busca fortalecer y promover la calidad en el servicio educativo y el fomento a la lectura.

En la fracción V del artículo 11 Bis, se plantea el impulso para la creación de empleos a favor de los jóvenes, en complemento a las disposiciones existentes en materia laboral.

La fracción VI del artículo 11 Bis, impulsa la atención física y psicológica gratuita para los casos de que sean víctimas de algún delito.

La fracción VII del artículo 11 Bis, busca el estímulo en los jóvenes en las actividades culturales, recreativas y deportivas, que les beneficie para un desarrollo sano y que les permita en algunos casos desarrollar habilidades o talentos en estas actividades.

Los integrantes de esta Comisión de Derechos Humanos estimamos que en la propuesta del artículo 11 Bis, se engloban de manera general derechos y oportunidades a favor de la juventud, los cuales no son restrictivos en lo que dispongan otros ordenamientos, sino son el complemento de los ya existentes, coincidimos con el senador Manuel Velasco Coello cuando expone que: ``En un mundo signado por el conocimiento y el cambio, las personas jóvenes son las que tendrán mayores capacidades de adaptación a las nuevas tecnologías, a las nuevas estructuras de las instituciones sociales y a la propuesta de ideas frescas e innovadoras'', por lo que con las modificaciones propuestas a esta minuta, se podrá cumplir con este fin y en general con el impulso y bienestar de los jóvenes de nuestro país.

Por lo anteriormente expuesto, la Comisión de Derechos Humanos, y para los efectos de lo dispuesto en la fracción E del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente:

Proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 11 Bis a la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.

Artículo Único. Se adiciona el artículo 11 Bis a la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, para quedar como sigue:

Artículo 11 Bis. Los órganos públicos y las autoridades federales, en el ámbito de su competencia, deberán llevar a cabo, entre otras, las siguientes medidas positivas y compensatorias a favor de la igualdad de oportunidades para las personas jóvenes:

I. Garantizar el goce y ejercicio de todos los derechos y libertades fundamentales, sin discriminación alguna, en términos del artículo 4 de esta ley, permitiéndoles el acceso a servicios y beneficios sociales, económicos, políticos, culturales, informativos, entre otros, para promover un mayor bienestar y mejores condiciones de vida;
II. Promover en los programas educativos el respeto por los derechos y libertades fundamentales y la información y prevención relativa a los principales problemas que los aquejan, como son la salud, las adicciones, la sexualidad, las infecciones de transmisión sexual, el VIH/sida, la planificación familiar, la paternidad responsable, la ecología y la participación ciudadana, entre otras;
III. Promover las condiciones necesarias para que puedan convivir con sus padres o tutores, incluyendo políticas públicas de reunificación familiar para migrantes y personas privadas de su libertad;
IV. Impulsar el adecuado desarrollo del sistema educativo, a través de un sistema de estímulos e intercambios académicos y culturales, complementándolo con el fomento y difusión de libros para la población juvenil que promuevan, apoyen y fortalezcan su desarrollo educativo;
V. Garantizar el acceso al trabajo, promoviendo la creación de empleos bien remunerados para que puedan adquirir conocimientos prácticos sin suspender sus estudios, tomando en consideración las disposiciones de la legislación laboral aplicables;
VI. Promover de manera gratuita, su atención física y psicológica en los casos de que sean víctimas de algún delito, y
VII. Promover y garantizar el acceso a las actividades culturales, recreativas y deportivas, ya sea como medio para aprovechar el tiempo libre o como profesión.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos, Palacio Legislativo de San Lázaro, México, DF, a 8 de octubre de 2008.
La Comisión de Derechos Humanos, diputados: Omeheira López Reyna (rúbrica), presidenta; Arturo Flores Grande , María Dolores González Sánchez (rúbrica), Alliet Mariana Bautista Bravo (rúbrica), Yary del Carmen Gebhardt Garduza (rúbrica), María Mercedez Maciel Ortíz (rúbrica) secretarios; José Antonio Almazán González (rúbrica), Silvia Emilia Degante Romero , Nemesio Domínguez Domínguez (rúbrica), Adriana Dávila Fernández (rúbrica), Martha Cecilia Díaz Gordillo , Rutilio Cruz Escandón Cadenas , Alberto Esteva Salinas , Jorge Justiniano González Betancourt (rúbrica), Sonia Nohelia Ibarra Franquez, José Jacques y Medina , María Soledad Limas Frescas (rúbrica), Alberto López Rojas (rúbrica), Rubí Laura López Silva (rúbrica), Dolores de María Manuell-Gómez Angulo (rúbrica), Carlos Alberto Navarro Sugich (rúbrica), José Guadalupe Rivera Rivera (rúbrica), Rosa Elva Soriano Sánchez (rúbrica), Eva Angelina Sánchez Valdez (rúbrica), Jesús Humberto Zazueta Aguilar .»

Es de primera lectura.



PRESTAR SERVICIOS EN REPRESENTACIONES DIPLOMATICAS

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.

Honorable Asamblea:

En oficio fechado el 3 de octubre del año en curso, la Secretaría de Gobernación solicitó el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Jaqueline Michell García Mante, Bernardo Rodríguez Romero, Blanca Alicia Mendiola González, Jasia Yamina Esquivel Miranda, Viridiana Hernández Rodríguez, Joaquín Fernando González Fisher y Alejandro Alberto Yñigo Meza puedan prestar servicios de carácter administrativo en los Consulados de Estados Unidos de América en Nuevo Laredo, Tamaulipas, y en Tijuana, Baja California, respectivamente.

En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión el 14 de octubre del año en curso, se turnó a la suscrita comisión, para su estudio y dictamen, el expediente relativo.

Considerando

a) Que los peticionarios acreditan su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento;
b) Que los servicios que los propios interesados prestarán en los Consulados de Estados Unidos de América, en Nuevo Laredo, Tamaulipas, y en Tijuana, Baja California, serán de carácter administrativo, y
c) Que las solicitudes se ajustan a lo establecido en la fracción II del Apartado C) del artículo 37 constitucional y en el segundo párrafo del artículo 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo expuesto, esta Comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente

Proyecto de Decreto

Artículo Primero. Se concede permiso a la ciudadana Jaqueline Michell García Mante para prestar servicios como asistente de Pasaportes y Ciudadanía en la Sección Consular, en el Consulado de Estados Unidos de América en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Artículo Segundo. Se concede permiso al ciudadano Bernardo Rodríguez Romero para prestar servicios como empleado de la Sección de Visas en el Consulado de Estados Unidos de América en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Artículo Tercero. Se concede permiso a la ciudadana Blanca Alicia Mendiola González para prestar servicios como telefonista en la Sección Consular, en el Consulado de Estados Unidos de América en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Artículo Cuarto. Se concede permiso a la ciudadana Jasia Yamina Esquivel Miranda para prestar servicios como asistente de Pasaportes y Ciudadanía en la Sección Consular, en el Consulado de Estados Unidos de América en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Artículo Quinto. Se concede permiso a la ciudadana Viridiana Hernández Rodríguez para prestar servicios como empleada de la Sección de Visas, en el Consulado de Estados Unidos de América en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Artículo Sexto. Se concede permiso al ciudadano Joaquín Fernando González Fisher para prestar servicios como asistente en Investigaciones de Fraude, en la Unidad de Prevención de Fraude del Consulado de Estados Unidos de América en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Artículo Séptimo. Se concede permiso al ciudadano Alejandro Alberto Yñigo Meza para prestar servicios como Chofer en el Consulado de Estados Unidos de América en Tijuana, Baja California.

Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 15 de octubre de 2008.
La Comisión de Gobernación, diputados: Diódoro Carrasco Altamirano (rúbrica), presidente; Juan Enrique Barrios Rodríguez (rúbrica), Cristian Castaño Contreras (rúbrica), Valentina Valia Batres Guadarrama (rúbrica), Narcizo Alberto Amador Leal (rúbrica), Alfonso Rolando Izquierdo Bustamante (rúbrica), Jesús Sesma Suárez , Layda Elena Sansores San Román (rúbrica), secretarios; Carlos Armando Biebrich Torres (rúbrica), César Octavio Camacho Quiroz , Ricardo Cantú Garza (rúbrica), Ariel Castillo Nájera (rúbrica), Jesús de León Tello (rúbrica), María del Carmen Fernández Ugarte (rúbrica), Javier Hernández Manzanares , Juan Darío Lemarroy Martínez, Miguel Ángel Monraz Ibarra (rúbrica), Mario Eduardo Moreno Álvarez (rúbrica), Adolfo Mota Hernández (rúbrica), María del Pilar Ortega Martínez (rúbrica), Luis Gustavo Parra Noriega (rúbrica), Raciel Pérez Cruz , Gerardo Priego Tapia , José Jesús Reyna García , Salvador Ruiz Sánchez , Francisco Javier Santos Arreola (rúbrica), Rosa Elva Soriano Sánchez , Alberto Vázquez Martínez (rúbrica), Gerardo Villanueva Albarrán , Javier Martín Zambrano Elizondo (rúbrica).»

Es de primera lectura.



LEY DE AMPARO

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma los artículos 19 y 27 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura del dictamen.

El Secretario diputado Manuel Portilla Diéguez: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura del dictamen. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Mayoría por la afirmativa, señora presidenta. Se dispensa la lectura.

«Dictamen de la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto que reforma los artículos 19 y 27 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Justicia de la LX Legislatura, le fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma los artículos 19 y 27 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Esta Comisión de Justicia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 70, 71, 72 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39, 45 numeral 6 incisos f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, 56, 60 y 88, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de los integrantes de esta honorable asamblea el presente dictamen, basándose en los siguientes

Antecedentes

Primero. En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión en fecha 21 de febrero de 2006, el diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 19 y 27 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Segundo. La Mesa Directiva, en esa fecha, mediante oficio número D.G.P.L. 59-II-4-2093, acordó se turnara a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

Tercero. En virtud del decreto publicado el 5 de diciembre de 2006 en el Diario Oficial de la Federación, por el que se reforman y adicionan los artículos 39 y 43 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se dividió a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos en dos: Comisión de Justicia, y Comisión de Derechos Humanos, quedando a cargo de la Comisión de Justicia, la emisión del dictamen de la iniciativa a la que se ha hecho referencia.

Contenido de la iniciativa

Expone el autor que es una prioridad, que los marcos jurídicos estén actualizados para evitar que ``autoridades administrativas'' que jurídicamente no existen, sigan plasmadas en la Ley de Amparo como la figura jurídica del ``jefe de departamento administrativo'', que eran los titulares de los departamentos administrativos, ya que se debe recordar que su labor era prestar auxilio de servicios técnicos y de coordinación administrativa para el Ejecutivo, pero que en la actualidad son inoperantes, ya que no existe ninguno dentro de la estructura jurídico administrativa que sigue estando a cargo del Poder Ejecutivo.

Continúa señalando que, la administración pública de 1936, empieza con desaparecer algunos de los siete departamentos, ya que los jefes administrativos no eran funcionales para el Ejecutivo en turno, reabsorbiendo sus funciones las secretarías de Estado respectivas, sin embargo en 1937, se crean otros tres departamentos administrativos en donde estaban al frente las autoridades administrativas que respondían a las necesidades políticas del Ejecutivo federal, como el Departamento de Ferrocarriles Nacionales, el cual fue sustituido posteriormente por un organismo descentralizado denominado Ferrocarriles Nacionales de México. Fue a partir de 1937, que se determinó cambiar la naturaleza administrativa de algunos de los departamentos administrativos, convirtiéndolos en secretarías de Estado en donde a las autoridades administrativas se les denominó ``secretarios de Estado'', con lo cual se inicia una inconveniente tradición de considerar a los departamentos como pequeñas secretarías de Estado, circunstancia que obligó a las administraciones posteriores a transformar en secretarías de Estado a los departamentos administrativos y por ende ir desapareciendo la figura jurídica de jefe de departamento administrativo, ya sea por atender presiones de tipo político o electoral de quienes eran sus titulares o aspiraban a serlo.

Y que la última autoridad administrativa como jefe de departamento que existió hasta 1994, fue el jefe del Departamento del Distrito Federal, que duró dentro de la legislación hasta 1997, como jefe de departamento, siendo modificada la denominación de su titular, por la de ``jefe del Gobierno'' autoridad administrativa que además se convirtió en un cargo de elección popular.

Por otro lado, la iniciativa en estudio señala que, el concepto de autoridad para efectos del juicio de amparo se encuentra íntimamente relacionado con el sujeto pasivo de la relación jurídica que implica la garantía individual, que ha sido delimitada en razón de la naturaleza de la relación entre gobernante y gobernado, limitando la actuación legal del Estado en el ejercicio de su poder público, para que la autoridad responsable responda por las violaciones a las garantías individuales y que en la Ley de Amparo, todavía se consagra la figura jurídica de ``jefes de departamentos administrativos'', los cuales ya no existen porque están en desuso y continúan plasmadas como figuras de derecho positivo sin estar vigentes.

Con el fin de afirmar y definir que los departamentos administrativos ya no están vigentes, el autor de la presente iniciativa señala que, el artículo 44 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, contemplaba las funciones que desempeñaban los departamentos administrativos y que actualmente dicho artículo está derogado; consecuentemente es un órgano del Estado que está en desuso por no ser funcional, en ese sentido de no llevarse a cabo la reforma estaríamos ante una incongruencia y una falta de lógica jurídica, pues a pesar de ya no existir la figura jurídica y normatividad que los regule se sigue estimando en nuestra ley como autoridad al ``jefe de departamento administrativo''.

Concluye el autor manifestando que, el propósito de la presente iniciativa es que se elimine de la Ley de Amparo, a la autoridad de ``jefe de departamento administrativo'', ya que a mayor abundamiento podemos observar que la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en el artículo 26, Capítulo I, se establece el organigrama de la administración pública federal, en donde no aparecen ni se reconoce a los departamentos administrativos para que formen parte de la Administración Pública Federal, al igual que en el capítulo II que establece cuál es la competencia de las secretarías de Estado, departamentos administrativos y Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, no se regula un sólo departamento administrativo.

Establecidos los antecedentes y el contenido de la iniciativa, los miembros de la Comisión de Justicia exponemos las siguientes

Consideraciones

Primera. Después de haber analizado los argumentos vertidos en la iniciativa que nos ocupa, esta comisión coincide plenamente con lo expresado por el legislador, toda vez que, efectivamente en la actualidad la figura del jefe de departamento administrativo, ya no existe materialmente, al no hallarse ningún departamento administrativo de ese tipo dentro de la estructura de la administración pública federal, no obstante que la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal señale en su artículo 2o. que el Poder Ejecutivo de la Unión, para el ejercicio de sus atribuciones y para el despacho de los negocios del orden administrativo que le son encomendados, contará con las dependencias de la administración pública centralizada, las cuales son las secretarías de Estado, los departamentos administrativos y la Consejería Jurídica y que el diverso 15 de la ley establezca que, al frente de cada departamento administrativo habrá un jefe de departamento, quien se auxiliará en el ejercicio de sus atribuciones, por secretarios generales, oficial mayor, directores, subdirectores, jefes y subjefes de oficina, sección y mesa, conforme al reglamento interior respectivo, así como por los demás funcionarios que establezcan otras disposiciones legales aplicables, y que, esta extinta autoridad representará en los juicios de amparo al presidente de la república.

Lo anterior, es así toda vez que, la propia Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en su Título Segundo, De la Administración Pública Centralizada, Capítulo II, De la competencia de las secretarías de Estado, departamentos administrativos y Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, artículo 26, no contempla ningún departamento administrativo, para mejor proveer se trascribe el citado artículo:

Título Segundo De la Administración Pública Centralizada

Capítulo II De la competencia de las secretarías de Estado, departamentos administrativos y Consejería Jurídica del Ejecutivo federal

Artículo 26. Para el despacho de los asuntos del orden administrativo, el Poder Ejecutivo de la Unión contará con las siguientes dependencias:
Secretaría de Gobernación.
Secretaría de Relaciones Exteriores.
Secretaría de la Defensa Nacional.
Secretaría de Marina.
Secretaría de Seguridad Pública.
Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Secretaría de Desarrollo Social.
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Secretaría de Energía.
Secretaría de Economía.
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.
Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
Secretaría de la Función Pública.
Secretaría de Educación Pública.
Secretaría de Salud.
Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
Secretaría de la Reforma Agraria.
Secretaría de Turismo.
Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal.
De lo anterior se advierte que, dentro del organigrama de la administración pública centralizada, no existen los departamentos administrativos, ésta particularidad se deriva de las entidades que conforman la administración pública paraestatal, las cuales son en términos de dicha ley orgánica, los organismos descentralizados; las empresas de participación estatal, instituciones nacionales de crédito, organizaciones auxiliares nacionales de crédito e instituciones nacionales de seguros y de fianzas; y los fideicomisos.
Por lo que, como lo señala el diputado iniciante, los departamentos administrativos ya no están vigentes en la estructura material de la administración pública federal.
Segunda. No debe pasar desapercibido, que en virtud del decreto publicado el 4 de diciembre de 1997 en el Diario Oficial de la Federación por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos; de la Ley de Expropiación y de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, se derogó el artículo 44 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, disposición que contenía las funciones que desempeñaban los departamentos administrativos; consecuentemente es una figura que está en desuso por no tener funciones, ni atribuciones, ni mucho menos el despacho de algún asunto que le haya delegado el Ejecutivo federal. No obstante que existan diversas disposiciones de la citada ley orgánica que hagan referencia a los departamentos administrativos, ya que como se ha señalado, ya no existen por lo que no tienen operatividad material.
En ese sentido, resulta viable la propuesta de reforma en estudio, toda vez que, a fin de que las leyes que emite el Congreso de la Unión sean congruentes, y doten de certeza jurídica al gobernado, esta dictaminadora considera procedente la iniciativa que nos ocupa, toda vez que, encuentra sustento jurídico en las consideraciones aludidas en líneas que anteceden.

Por lo anteriormente expuesto, la Comisión de Justicia, somete a la consideración de esta asamblea, el siguiente proyecto de:

Decreto por el que se reforma los artículos 19 y 27 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Único. Se reforma los artículos 19, segundo párrafo y 27, tercer párrafo de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 19. ...

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, el presidente de la república podrá ser representado en todos los trámites establecidos por esta ley, en los términos que determine el propio Ejecutivo federal por el conducto del procurador general de la República y por los secretarios de Estado a quienes en cada caso corresponda el asunto, según la distribución de competencias establecidas en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

...

...

Artículo 27. ...

...

Las notificaciones al titular del Poder Ejecutivo se entenderán con el secretario de Estado que deba representarlo en el juicio de amparo, o, en su caso, con el procurador general de la República, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 19 de esta ley, de manera que una vez que se haya cumplimentado tal disposición las subsecuentes notificaciones se harán directamente a los funcionarios designados, quienes igualmente intervendrán en las actuaciones procesales procedentes. Las notificaciones al procurador general de la República le deberán ser hechas por medio de oficio dirigido a su residencia oficial.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de septiembre de 2008.
La Comisión de Justicia, diputados: César Camacho Quiroz (rúbrica), presidente; Felipe Borrego Estrada (rúbrica), Violeta del Pilar Lagunes Viveros (rúbrica), Carlos Alberto Navarro Sugich , Miguel Ángel Arellano Pulido , Jorge Mario Lescieur Talavera (rúbrica), Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda (rúbrica), Faustino Javier Estrada González , secretarios; Mónica Arriola (rúbrica), Alliet Mariana Bautista Bravo , Luis Enrique Benítez Ojeda (rúbrica), Liliana Carbajal Méndez , Rogelio Carbajal Tejada , Raúl Cervantes Andrade , Jesús de León Tello , José Manuel del Río Virgen , Antonio de Jesús Díaz Athié (rúbrica), Rutilio Cruz Escandón Cadenas (rúbrica), Arturo Flores Grande , Silvano Garay Ulloa (rúbrica), María del Pilar Ortega Martínez (rúbrica), Omeheira López Reyna , Andrés Lozano Lozano , Victorio Rubén Montalvo Rojas (rúbrica), Silvia Oliva Fragoso (rúbrica), Mario Eduardo Moreno Álvarez , Luis Gustavo Parra Noriega (rúbrica), Alfredo Adolfo Ríos Camarena (rúbrica), Yadhira Yvette Tamayo Herrera (rúbrica).»

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: No habiendo oradores registrados, está a discusión en lo general. No habiendo oradores registrados, consulte la Secretaría a esta asamblea si el proyecto de decreto se encuentra suficientemente discutido en lo general.

El Secretario diputado Manuel Portilla Diéguez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido en lo general. Los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Los que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Mayoría por la afirmativa, diputada presidenta.

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Suficientemente discutido.

Para los efectos del artículo 134 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, se pregunta a la asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular.

En virtud de que no se ha reservado artículo alguno para discutirlo en lo particular, se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico por 10 minutos para proceder a la votación, en lo general y en lo particular, en un solo acto.

El Secretario diputado Manuel Portilla Diéguez: Háganse los avisos pertinentes. Ábrase el sistema electrónico por 10 minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular, del proyecto de decreto, en un solo acto.

(Votación)

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Mientras se decide la votación correspondiente, queremos dar la bienvenida a alumnos y maestros de la Universidad Europea, de Puebla, invitados por la diputada Guillermina López Balbuena, que hoy nos distinguen con su presencia. Asimismo, a invitados de Tepetlacalco,Estado de México, invitados por el diputado Alejandro Landero Gutiérrez. Bienvenidos sean ustedes a este salón de sesiones.

El Secretario diputado Manuel Portilla Diéguez: Ciérrese el sistema electrónico de votación.

Se emitieron 326 votos en pro, 0 en contra y 8 abstenciones. Es cuanto, presidente.

Presidencia del diputado César Duarte Jáquez

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma los artículos 19 y 27 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por 326 votos. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.



CODIGO DE COMERCIO

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código de Comercio. En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura del dictamen.

La Secretaria diputada Margarita Arenas Guzmán: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura del dictamen. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Dictamen de la Comisión de Economía, con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código de Comercio

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, correspondiente a la LX Legislatura le fue turnada, para su estudio y dictamen, la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código de Comercio.

Esta comisión, con fundamento en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos d, e y f, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 60, 85, 87, 88 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se abocó al estudio y análisis de la iniciativa antes mencionada, al tenor de los siguientes

Antecedentes

Primero. Durante la sesión de la Comisión Permanente celebrada el día 9 de julio de 2008, los secretarios de ésta dieron cuenta de la iniciativa presentada por la diputada Susana Monreal Ávila , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Segundo. El Presidente de la Mesa Directiva acordó dar el siguiente trámite: ``Túrnese a la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión''.

Tercero. Mediante oficio CE/2527/08, de fecha 17 de julio de 2008, se dio cuenta a los integrantes de la Comisión de Economía del contenido de esta iniciativa remitida por la Mesa Directiva de la Comisión Permanente.

Cuarto. Que la iniciativa objeto de este dictamen propone modificaciones al Código de Comercio que se encaminan a perfeccionar la reforma realizada al mismo ordenamiento y aprobada en esta honorable Cámara de Diputados, en sesión celebrada el martes 11 de marzo del año en curso, y publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha jueves 17 de abril de 2008.

Quinto. Que la iniciativa a dictaminar, propone lo siguiente:

• Reformar diversas disposiciones del Código de Comercio adecuando los términos existentes en la aplicación de la supletoriedad, así mismo propone adecuaciones respecto de términos complementarios a los artículos que norman lo referente a la apelación, a la presentación de la prueba pericial y de peritos, modificando el procedimiento mercantil, para hacerlo más claro, eficiente y expedito al adecuar los términos, formas del proceso y su substanciación, con lo que se brinda mayor seguridad y certeza jurídica en los procedimientos de la materia.

Consideraciones

Primera. Que con base en los antecedentes indicados, la Comisión de Economía de esta LX Legislatura, con las atribuciones antes señaladas se abocó a dictaminar la iniciativa de referencia.

Segunda. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra el derecho de todos los individuos a una administración de justicia mediante de tribunales expeditos, con resoluciones procuradas de manera pronta, completa, imparcial y gratuita. Lo anterior deja ver que la voluntad e intención del constituyente fue establecer las bases para contar con procedimientos jurisdiccionales cuyo vértice fuera siempre la persona, como sujeto principal en el que recaigan sus determinaciones, pues de éstas depende el respeto de sus garantías y prerrogativas, por lo que es indispensable que las normas vigentes cuenten con la característica de expedites, integralidad e imparcialidad.

Tercera. Que una demanda recurrente de nuestra sociedad es tener juicios expeditos y que su tramitación sea dinámica y de acorde a las necesidades de la sociedad; asimismo, que exista la certidumbre e integralidad de las resoluciones judiciales, por ello es que nuestro sistema jurídico vigente debe lograr un equilibrio entre la agilidad, rapidez, igualdad y equidad de los procesos judiciales, además de resoluciones justas y contundentes. De acuerdo a lo anterior es evidente la necesidad de nuestro sistema jurídico de ser adecuado a las necesidades y circunstancias actuales evitando ser anacrónico, que se reduzcan los formalismos, requisitos y trámites inocuos atendiendo a una mejora regulatoria en beneficio del procedimiento judicial y la población.

Cuarta. Que la propuesta legislativa en análisis resulta complementaria de la reforma que esta misma soberanía aprobó en fecha 11 de marzo del año en curso y que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación del jueves 17 de abril del mismo año; y busca optimizar y clarificar algunos elementos del proceso judicial que regula el Código de Comercio, de manera que ajusta locuciones que pudiesen ser insuficientes u oscuros en la interpretación o aplicación de la ley.

Quinta. Que la iniciativa refrenda la intención de la norma vigente, por dotar a los procedimientos en materia mercantil de mayor agilidad, por lo que se mantiene la tesis de supletoriedad con respecto a los Códigos de Procedimientos locales precisando ``que la aplicación supletoria será aplicable en caso de que no se regule suficientemente la institución cuya supletoriedad se requiera'', y de acuerdo a la regla general que señala la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ha establecido en jurisprudencia por contradicción de tesis, que la supletoriedad sólo opera cuando no se encuentra debidamente regulada o está prevista deficientemente una institución.

Sexta. Que la certeza jurídica es un resultado intrínseco que las normas deben brindar siempre, sin detrimento de la agilidad y rapidez de los procesos, por ello las reformas propuestas en lo relativo a los medios preparatorios a juicio, permiten dar mayor celeridad y certidumbre al proceso, estableciendo el recurso de apelación de tramitación inmediata, la que permitirá evitar pérdidas de tiempo valioso para la correcta presentación de los medios preparatorios.

Séptima. Que la prueba es la actividad de las partes de un litigio encaminada a convencer al juez de la veracidad de los hechos que se afirman, por lo que su correcto ofrecimiento y desahogo hace más efectiva la aplicación de justicia, permitiendo que la sustanciación de los procedimientos judiciales sea más eficaz, por lo que la veracidad y profesionalismo de los peritos es necesaria, así el artículo 1253 del Código en análisis y propuesta de reforma, en su fracción VI, segundo párrafo, establece una sanción a los peritos omisos, a la cual la propuesta legislativa en dictaminación hace una precisión atendiendo a lo que diversas tesis jurisprudenciales instituyen, al determinar que toda sanción impuesta a persona alguna, incluidas las multas, requiere de certeza jurídica en cuanto a su imposición, situación por la que resulta oportuna la inserción del término ``hasta'' y con ello respetar la certeza jurídica y congruencia ordenadas por el artículo 22 Constitucional. Ello determina un sistema flexible para la imposición de las multas y, por tanto, permite al juzgador individualizar la sanción a la que el sancionado se hubiere hecho acreedor.

Octava. Que en congruencia con lo antes mencionado, la importancia de las pruebas, su correcto desahogo, y presentación de peritos idóneos, capaces y profesionales, es menester para los procesos judiciales, por ello es que la Ley vigente, en el párrafo VII del artículo 1253, requiere la presentación de cédulas profesionales o documentos anexados a los escritos de aceptación y protesta del cargo, lo que resulta un requisito innecesario ya que la fracción III del mismo ordenamiento ya lo prevé satisfaciendo la pretensión de brindar certeza jurídica al respecto, por lo esta deliberadora considera pertinente la reforma propuesta a dicha fracción VII, ya que eliminar ese requisito no afecta la certidumbre respecto de los peritos y si actúa atendiendo a una mejora regulatoria.

Novena. Que una de las reformas propuestas más importantes en la iniciativa que se dictamina resulta la de clarificar y evitar confusión respecto a la cuantía de los asuntos y la procedencia de la apelación, ya que el precepto actual refiere el término ``recurso'' en lugar de ``demanda'', creando un desconcierto respecto de las resoluciones recurribles de acuerdo a las cuantías, ya que el momento de presentación de la demanda y de la interposición del recurso, entiéndase por este el de apelación son distintos en definitiva y por consiguiente también lo son las cuantías, así mismo se propone precisar los casos en que las apelaciones habrán de tramitarse de inmediato y aquellos en que será a través de la apelación preventiva de tramitación conjunta con la apelación de la sentencia definitiva, en las que al interponerse no será necesario la expresión de agravios. Con ello también se clarifica el carácter de recurso y no de efecto de la apelación preventiva, como se había ponderado originariamente, y respetando lo establecido por la doctrina en el sentido que sólo existen dos efectos en que habrán de operar los recursos, el devolutivo y el suspensivo.

Décima. Que en la iniciativa se observa la intención de la proponente por realizar reformas que clarifiquen y precisen términos respecto de la actualización anual que se utiliza para cuantificar los montos de suerte principal que son apelables, por lo que esta comisión hace suyos los motivos expresados y a efecto de establecer criterios de interpretación y técnica jurídica más adecuados se consideró retomar la intención ya que es el caso de que de la interpretación actual, la Ley vigente no es clara al referir ``debiendo actualizarse dicha cantidad en forma anual, de acuerdo con el índice nacional de precios al consumidor que publique el Banco de México, el primero de enero de cada año y, a falta de ésta...'', ya que de lo anterior pareciera que se tomará la indexación que se publique el primero de enero de cada año, lo que no es correcto toda vez que el Banco de México publica el INPC en el Diario Oficial de la Federación los días 10 y 25 de cada mes o, en su caso, el día hábil inmediato anterior, así mismo se cuenta con una publicación mensual que se divulga cada día 10 de mes, por lo anterior lo correcto será realizar la precisión de la siguiente manera ``actualizarse en forma anual, de acuerdo con el factor de actualización que se obtenga de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes de noviembre del año que se calcula, entre el Índice Nacional de Precios al Consumidor de noviembre del año inmediato anterior que determine el Banco de México y, a falta de éste será aplicable el que lo sustituya...'' con lo que la deficiencia observada se subsana adecuadamente, siendo lo anterior aplicable a otros artículos en la misma legislación.

Décima Primera. Que de acuerdo con la misma legislación la apelación es el recurso mediante el cual se solicita al juez superior que subsane los defectos, vicios y errores de una resolución recurrible y al respecto la iniciativa en estudio, propone una reforma del artículo 1344 mediante la cual se adecue y fortalezca el procedimiento de tramitación de la apelación preventiva, lo que enriquece la legislación de la materia de administración de justicia. Así mismo por lo que hace al artículo 1345, es evidente la importancia de seguir adecuando y fortaleciendo la figura de la apelación que se tramita de manera inmediata, por lo que precisar los supuestos aplicables a esta figura jurídica ya que eso atiende a la naturaleza de las resoluciones.

Décima Segunda. Que en el tenor de la importancia del recurso anteriormente mencionado y atendiendo a que en el mayor número de asuntos en los que se interpone el recurso de apelación en contra de la sentencia definitiva no es necesario formar sección de ejecución, se considera adecuado reformar el artículo 1345 Bis 4, a fin de que la apelación interpuesta en contra de sentencia definitiva y así la sección correspondiente a su ejecución se integre sólo en los casos en que la apelación en contra de ella, proceda en el efecto devolutivo, permitiendo con ello dar más celeridad a los procesos judiciales en esta situación y una certidumbre jurídica a los casos de excepción.

Décima Tercera. Que en los casos de excepción, siempre la regulación debe ser clara, por lo que el artículo 1345 Bis 7, del Código de referencia, contempla el tratamiento que se dará como caso de excepción a la tramitación de la apelación preventiva cuando se trate de la parte que en la litis obtuvo lo pedido y aún cuando no sea necesario que apele en contra de la sentencia definitiva, ésta deberá expresar los agravios en contra de las resoluciones motivo del recurso de apelación preventiva de tramitación conjunta con la sentencia definitiva, así mismo es congruente con el texto anterior la derogación de la segunda parte del artículo ya que el término ``de oficio'' puede generar confusión y demeritar la celeridad del trámite de las apelaciones preventivas de tramitación conjunta con la definitiva.

Décima Cuarta. Que atendiendo a que las leyes deben ser armoniosas en cuanto a su contenido y al principio de ``equidad procesal entre las partes'', es necesario adecuar el plazo de contestación de la demanda señalado en el artículo 1399 respecto a lo dispuesto en el artículo 1396 del mismo Código, mismo que fue reformado el 17 de abril del año en curso, permitiendo con dicha reforma que los demandados estén en una situación equitativa por lo que hace a los tiempos para complementar sus probanzas y estructurar su defensa y argumentación de manera que los juicios sean sustanciados de manera más ágil y menos ríspida. Asimismo, en función de evitar duplicación innecesaria de las reglas de tramitación de las apelaciones, ya que de acuerdo con la propuesta legislativa se adecuan la mismas dentro de las reglas generales del recurso mencionado, se coincide con la reforma que se pretende del artículo 1407 Bis del mismo Código, con lo que se busca concretar y adecuar cada norma que regula la figura jurídica en comento.

Décima Quinta. Que los integrantes de la Comisión de Economía que dictaminan reconocen y concluyen que la iniciativa presentada en esta soberanía contiene propuestas que enriquecen, complementan y adecuan la legislación mexicana en materia de administración de justicia, agilizando y adecuando de manera eficiente la aplicación de la legislación procesal, lo que refleja juicios más justos y rápidos, dando seguridad y certeza jurídica a las personas y permitiendo que el patrimonio de las mismas tenga menos riesgo cuando se encuentren involucrados en un proceso judicial de esa materia.

Por lo anteriormente expuesto, la comisión dictaminadora hace suyos los motivos de la legisladora y a efecto de establecer criterios de interpretación y técnica jurídica correctos, se manifiesta por la necesidad de aprobar con modificaciones la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código de Comercio, presentada por la diputada Susana Monreal Ávila del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática durante la sesión de la Comisión Permanente celebrada el día 9 de julio de 2008 mediante el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código de Comercio

Artículo Único. Se reforman los artículos, 1054; 1154; 1165, último párrafo; 1253, fracción VI, segundo párrafo y la fracción VII; 1339; 1340; 1344; 1345 Bis 1, párrafo segundo; 1345 Bis 4, párrafo segundo; 1345 Bis 7, párrafo primero; 1399; 1407 Bis, primer párrafo; se adicionan las fracciones V, VI, VII, VIII, IX y X al artículo 1345 y se derogan , el segundo párrafo, del artículo 1345 Bis 7 y las fracciones I, II, III, IV y V del artículo 1407 Bis del Código de Comercio, para quedar como sigue:

Artículo 1054. En caso de no existir convenio de las partes sobre el procedimiento ante tribunales en los términos de los anteriores artículos, salvo que las leyes mercantiles establezcan un procedimiento especial o una supletoriedad expresa, los juicios mercantiles se regirán por las disposiciones de este libro y, en su defecto, se aplicará supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles y en caso de que no regule suficientemente la institución cuya supletoriedad se requiera, la ley de procedimientos local respectiva.

Artículo 1154. La acción que puede ejercitarse, conforme a las fracciones II y III del artículo 1151, procede contra cualquier persona que tenga en su poder las cosas que en ellas se mencionan. Mediante notificación personal se correrá traslado por el término de tres días a aquel contra quien se promueva, para que manifieste lo que a su derecho convenga, exponiendo en su caso las razones que tenga para oponerse a la exhibición o que le impidan realizarla. En dichos escritos deberán ofrecerse las pruebas, las que de admitirse se recibirán en la audiencia que debe celebrarse dentro del plazo de ocho días, y en donde se alegue y se resuelva sobre la exhibición solicitada. En caso de concederse la exhibición del bien mueble o de los documentos, el juez señalará día, hora y lugar para que se lleve a cabo ésta, con el apercibimiento que considere procedente. La resolución que niegue lo pedido será apelable en ambos efectos y la que lo conceda lo será en el devolutivo, de tramitación inmediata.

Artículo 1165. ...

........................

...

La resolución que niegue el auto de ejecución será apelable en ambos efectos y, en caso contrario, se admitirá en el efecto devolutivo de tramitación inmediata.

Artículo 1253. Las partes propondrán la prueba pericial dentro del término de ofrecimiento de pruebas en los siguientes términos:

I. a V. ...
VI. ...
En los casos a que se refieren los párrafos anteriores, el juez sancionará a los peritos omisos con multa hasta de tres mil pesos. Dicho monto deberá actualizarse en forma anual, de acuerdo con el factor de actualización que se obtenga de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes de noviembre del año que se calcula entre el Índice Nacional de Precios al Consumidor de noviembre del año inmediato anterior que determine el Banco de México y, a falta de éste será aplicable el que lo sustituya.
VII. Las partes quedan obligadas a pagar los honorarios de los peritos que hayan nombrado, así como a presentarlos cuantas veces sea necesario al juzgado. También quedarán obligadas a presentar el dictamen pericial dentro del plazo señalado, y de no presentarse, se tendrá por no rendido el dictamen;
VIII. a IX. ...

Artículo 1339. Sólo son recurribles las resoluciones que se dicten durante el procedimiento y las sentencias que recaigan en negocios cuyo valor exceda de doscientos mil pesos por concepto de suerte principal, sin que sean de tomarse en consideración intereses y demás accesorios reclamados a la fecha de presentación de la demanda , debiendo actualizarse dicha cantidad en los términos previstos en el último párrafo de la fracción VI del artículo 1253.

Las sentencias que fueren recurribles, conforme al párrafo anterior, lo serán por la apelación que se admitirá en ambos efectos, salvo cuando la ley expresamente determine que lo sean sólo en el devolutivo.

Sólo serán apelables los autos, interlocutorias o resoluciones que decidan un incidente o cuando lo disponga este código, y la sentencia definitiva pueda ser susceptible de apelación, de acuerdo a lo dispuesto en el primer párrafo de este artículo.

El recurso de apelación contra autos, interlocutorias o resoluciones, que se dicten en el trámite del procedimiento se admitirá en el efecto devolutivo de tramitación conjunta con la apelación de la sentencia definitiva , sin que sea necesario en tal escrito la expresión de agravios; interpuesta esta apelación, se reservará su trámite para que se realice en su caso conjuntamente con la tramitación de la apelación que se formule en contra de la sentencia definitiva por la misma parte apelante .

Para que proceda la apelación contra autos, interlocutorias o resoluciones en efecto devolutivo o en el suspensivo se requiere disposición especial de la ley.

La apelación debe interponerse ante el tribunal que haya pronunciado el auto, interlocutoria o resolución, a más tardar dentro de los nueve días siguientes a aquél en que surta efectos la notificación si se tratare de sentencia definitiva, seis si fuere contra auto, interlocutoria o resolución, dictada en el procedimiento si se trata de apelaciones de tramitación inmediata y en el término de tres días si se trata de apelación de tramitación conjunta con la sentencia definitiva.

Los agravios que hayan de expresarse en contra del auto, interlocutoria o resolución, cuando se trate de apelaciones de tramitación inmediata o de sentencia definitiva, se expresarán al interponerse el recurso de apelación. Los agravios que en su caso se deban expresar en contra de resoluciones de tramitación conjunta con la sentencia definitiva se expresarán en la forma y términos previstos en el artículo 1344 de este Código.

Artículo 1340. La apelación no procede en juicios mercantiles cuando por su monto se ventilen en los juzgados de paz o de cuantía menor, o cuando el monto sea inferior a doscientos mil pesos por concepto de suerte principal, debiendo actualizarse en forma anual, de acuerdo con el factor de actualización que se obtenga de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes de noviembre del año que se calcula, entre el Índice Nacional de Precios al Consumidor de noviembre del año inmediato anterior que determine el Banco de México y, a falta de éste será aplicable el que lo sustituya.

El Consejo de la Judicatura Federal, los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia, del Distrito Federal y de los Estados, tendrán la obligación de hacer saber a los juzgados y tribunales de su jurisdicción, el factor de actualización al que se refiere el párrafo anterior.

Artículo 1344. En los casos no previstos en el artículo 1345, la parte que se sienta agraviada por una resolución judicial que sea apelable, dentro del tercer día siguiente de aquél en que surta efectos su notificación, deberá hacer saber por escrito su inconformidad apelando preventivamente ésta sin expresar agravios; de no presentarse el escrito de inconformidad a que se refiere este párrafo, se tendrá por precluido el derecho del afectado para hacerlo valer como agravio en la apelación que se interponga contra la sentencia definitiva.

Dentro del plazo de nueve días a que se refiere el artículo 1079, el apelante, ya sea vencedor o vencido, deberá hacer valer también en escrito por separado los agravios que considere le causaron las determinaciones que combatió en las apelaciones admitidas en efecto devolutivo de tramitación preventiva y cuyo trámite se reservó para hacerlo conjuntamente con la sentencia definitiva, para que el tribunal que conozca del recurso en contra de ésta última pueda considerar el resultado de lo ordenado en la resolución recaída en la apelación preventiva.

Si se trata del vencido o de aquella parte que no obtuvo todo lo que pidió, con independencia de los agravios que se expresen en la apelación de tramitación conjunta con la sentencia definitiva, deberá expresar en los agravios en contra de la sentencia que resolvió el Juicio de qué manera trascendería al fondo del asunto el resarcimiento de la violación a subsanar.

Tratándose de la parte que obtuvo todo lo que pidió, aún y cuando no sea necesario que apele en contra de la sentencia definitiva, deberá expresar los agravios en contra de las resoluciones que fueron motivo del recurso de apelación preventiva de tramitación conjunta con la sentencia definitiva, manifestando de qué manera trascendería al fondo del asunto el resarcimiento de la violación a subsanar, a efecto de que el tribunal de alzada proceda a estudiarlas.

En dichos supuestos se dará vista a la contraria para que en el término de seis días contesten los agravios.

El tribunal de alzada estudiará en primer término las violaciones procesales que se hubiesen hecho valer en los recursos de apelación preventiva y de encontrar violaciones procesales que sean trascendentes al fondo del Juicio y, sólo en aquellas que requieran ser reparadas por el juez natural, dejará insubsistente la sentencia definitiva, regresando los autos originales al juez de origen para que éste proceda a reponer el procedimiento y dicte nueva sentencia.

De no ser procedentes los agravios de las apelaciones de tramitación conjunta con la sentencia definitiva o no habiendo sido expresados, o resultando fundados no sea necesario que la violación procesal sea reparada por el juez de origen, el tribunal estudiará y resolverá la procedencia, o no, de los agravios expresados en contra de la definitiva, resolviendo el recurso con plenitud de jurisdicción.

Artículo 1345. ...

I. a IV. ...
V. Contra el auto que desecha el incidente de nulidad de actuaciones por defectos en el emplazamiento y contra la resolución que se dicte en el incidente;
VI. Contra las resoluciones que resuelvan excepciones procesales;
VII. Contra el auto que tenga por contestada la demanda o reconvención, así como el que haga la declaración de rebeldía en ambos casos;
VIII. Contra las resoluciones que suspendan el procedimiento;
IX. Contra las resoluciones o autos que siendo apelables se pronuncien en ejecución de sentencia;
X. La resolución que dicte el juez en el caso previsto en el artículo 1148 de este Código.

Artículo 1345 Bis 1. ...

Las apelaciones de tramitación inmediata que se interpongan contra auto o interlocutoria, deberán hacerse valer en el término de seis días y las que se interpongan contra sentencia definitiva dentro del plazo de nueve días, contados a partir del día siguiente a aquél en que surtan efectos las notificaciones de tales resoluciones.

Artículo 1345 Bis 4. ...

En el caso de que se trate de sentencia definitiva y la apelación proceda en el efecto devolutivo , se dejará en el juzgado copia certificada de ella y de las demás constancias que el juez estime necesarias para ejecutarla, remitiéndose desde luego los autos originales al tribunal correspondiente.

...

Artículo 1345 Bis 7. En el caso de que el apelante omitiera expresar agravios, al interponer el recurso de apelación de tramitación inmediata ante el juez sin necesidad de acusar rebeldía, declarará precluido su derecho y quedará firme la resolución. Si no se interpusiera apelación en contra de la sentencia definitiva, se entenderán consentidas las resoluciones y autos que hubieran sido apelados durante el procedimiento y que sean de tramitación conjunta con la sentencia definitiva, a excepción de lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 1344 de este Código.

(Se deroga.)

Artículo 1399. Dentro de los ocho días siguientes al requerimiento de pago, al embargo, en su caso, y al emplazamiento, el demandado deberá contestar la demanda, refiriéndose concretamente a cada hecho, oponiendo únicamente las excepciones que permite la ley en el artículo 1403 de este Código, y tratándose de títulos de crédito las del artículo 8o. de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, y en el mismo escrito ofrecerá pruebas, relacionándolas con los hechos y acompañando los documentos que exige la ley para las excepciones.

Artículo 1407 Bis. Para la tramitación de apelaciones, respecto del Juicio a que se refiere este capítulo, se estará a las reglas generales que prevé este Código .

I. (Se deroga.)
II. (Se deroga.)
III. (Se deroga.)
IV. (Se deroga.)
V. (Se deroga.)

Artículos Transitorios

Primero . El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo . El presente decreto no será aplicable a los asuntos cuya demanda haya sido admitida con anterioridad a la entrada en vigor de la reforma al Código de Comercio publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17 de abril de 2008.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 24 días del mes de septiembre de 2008.
La Comisión de Economía, diputados: Adriana Rodríguez Vizcarra Velázquez (rúbrica), presidenta; Carlos Armando Reyes López (rúbrica), Jorge Alejandro Salum del Palacio (rúbrica), Fausto Fluvio Mendoza Maldonado (rúbrica), Arnulfo Elías Cordero Alfonzo (rúbrica), Enrique Serrano Escobar (rúbrica), Jorge Godoy Cárdenas (rúbrica), secretarios; Jericó Abramo Masso, Narciso Alberto Amador Leal (rúbrica), Antonio Berber Martínez (rúbrica), Carlos Alberto García González (rúbrica), Miguel Ángel González Salum , Jesús Sesma Suárez (rúbrica), Luis Xavier Maawad Robert (rúbrica), Martín Malagón Ríos (rúbrica), Octavio Martínez Vargas (rúbrica), Susana Monreal Ávila (rúbrica), José Amado Orihuela Trejo (rúbrica), Marco Heriberto Orozco Ruiz Velazco (rúbrica), Mauricio Ortiz Proal (rúbrica), Eduardo Ortiz Hernández (rúbrica), Miguel Ángel Peña Sánchez , Raúl Ríos Gamboa , Ricardo Rodríguez Jiménez (rúbrica), Salvador Ruiz Sánchez (rúbrica), Ernesto Ruiz Velasco de Lira (rúbrica), Alejandro Sánchez Camacho (rúbrica), Víctor Gabriel Varela López , Joaquín Humberto Vela González , Javier Martín Zambrano Elizondo (rúbrica).»

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Tiene la palabra la diputada Susana Monreal Ávilapara fundamentar el dictamen, de conformidad con el artículo 108 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

La diputada Susana Monreal Ávila: Con su permiso, diputado presidente.

Compañeros diputados y compañeras diputadas, en principio quiero agradecer a la presidenta de la Comisión de Economía, a la diputada Adriana Rodríguez Vizcarra, así como a mis demás compañeros integrantes de esta Comisión, que me hayan permitido presentar ante ustedes la exposición de motivos del presente dictamen.

Que la iniciativa a dictaminar propone reformar diversas disposiciones del Código de Comercio, adecuando los términos existentes en la aplicación de la supletoriedad. Asimismo, propone adecuaciones respecto a términos complementarios a los artículos que norman lo referente a la apelación, a la presentación de la prueba pericial y de los peritos, modificando el procedimiento mercantil para hacerlo más claro, eficiente y expedito al adecuar los términos, formas del proceso y su substanciación, por lo que se brinda mayor seguridad y certeza jurídica en los procedimientos de la materia.

Que con base en los antecedentes indicados, la Comisión de Economía de la LX Legislatura, con las atribuciones antes señaladas, se abocó a dictaminar la iniciativa de referencia.

Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra el derecho de todos los individuos a una administración de justicia mediante tribunales expeditos, con resoluciones procuradas de manera pronta, completa, imparcial y gratuita.

Lo anterior deja ver que la voluntad y la intención del Constituyente fue establecer las bases para contar con procedimientos jurisdiccionales, cuyo vértice fuera siempre la persona como sujeto principal en el que recaigan sus determinaciones, pues de ésta depende el respeto de sus garantías y prerrogativas, por lo que es indispensable que las normas vigentes cuenten con la característica de expeditez, integralidad e imparcialidad.

Además que una demanda recurrente de nuestra sociedad es tener juicios expeditos y que su tramitación sea dinámica y acorde con las necesidades de la sociedad. Asimismo, que exista la certidumbre de integralidad de las ejecuciones judiciales.

Por ello nuestro sistema jurídico vigente debe lograr un equilibrio entre la agilidad, rapidez, igualdad y equidad de los procesos judiciales, además de resoluciones justas y contundentes.

De acuerdo con lo anterior, es evidente la necesidad de nuestro sistema jurídico de ser adecuado a las necesidades y circunstancias actuales, evitando ser anacrónico; que se reduzcan los formalismos, requisitos y trámites inocuos, atendiendo a una mejora regulatoria en beneficio del procedimiento judicial y la población.

La propuesta legislativa en análisis resulta complementaria de la reforma que esta misma soberanía aprobó el 11 de marzo del año en curso y que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el jueves 17 de abril del mismo año, y busca optimizar y clarificar algunos elementos del proceso judicial que regula el Código de Comercio, de manera que ajusta alocuciones que pudieran ser insuficientes u obscuras en la interpretación o la aplicación de la ley.

La iniciativa refrenda la intención de la norma vigente por dotar a los procedimientos en materia mercantil de mayor agilidad, por lo que se mantiene la tesis de supletoriedad respecto a los códigos de procedimientos locales, precisando que la aplicación supletoria será aplicada en caso de que no se regule suficientemente la institución cuya supletoriedad se requiera, y de acuerdo con la regla general que señala la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ha establecido en jurisprudencia por contradicción de tesis que la supletoriedad sólo opera cuando no se encuentra debidamente regulada o está prevista deficientemente una institución; que la certeza jurídica es un resultado intrínseco que las normas deben brindar siempre, sin detrimento de la agilidad o rapidez de los procesos.

Por ello las reformas propuestas en lo relativo a los medios preparatorios a juicio permiten dar mayor celeridad y certidumbre al proceso, estableciendo el recurso de apelación de tramitación que su correcto ofrecimiento y desahogo hace más efectiva la aplicación de justicia, inmediata, la que permitirá evitar pérdidas de tiempo valioso para la correcta presentación de los medios preparatorios.

Que la prueba es la actividad de las partes de un litigio, encaminada a convencer al juez de la veracidad de los hechos que se afirman, por lo que su correcto ofrecimiento y desa-hogo hacen más efectiva la aplicación de justicia, permitiendo que la sustanciación de los procedimientos judiciales sea más eficaz, por lo que la veracidad y profesionalismo de los peritos es necesaria.

Así, el artículo 1253 del código en análisis y la propuesta de reforma, en la fracción VI, segundo párrafo, establece una sanción a los peritos omisos, a la cual la propuesta legislativa en dictaminación hace una precisión atendiendo a lo que diversas tesis jurisprudenciales instruyen, al determinar que toda sanción impuesta a persona alguna, incluidas las multas, requiere de certeza jurídica en cuanto a su imposición.

Situación por la que resulta oportuna la inserción del término hasta, y con ello respetar la certeza jurídica y congruencia ordenada por el artículo 22 constitucional. Ello determina un sistema flexible para la imposición de las multas y, por tanto, permite al juzgador individualizar la sanción a la que el sancionado se hubiera hecho acreedor.

Que en congruencia con lo antes mencionado, la importancia de las pruebas, su correcto desahogo y presentación de peritos idóneos, capaces y profesionales es menester para los procesos judiciales.

Por ello la ley vigente, en el párrafo siete del artículo 1253, requiere la presentación de cédulas profesionales o documentos anexados a los escritos de aceptación y protesta del cargo. Lo que resulta un requisito innecesario, ya que la fracción III del mismo ordenamiento lo prevé satisfaciendo la pretensión de brindar certeza jurídica al respecto.

Por lo que esta deliberadora considera pertinente la reforma propuesta a dicha fracción VII, ya que eliminar este requisito no afecta la certidumbre respecto de los peritos y sí actúa tendiendo a una mejora regulatoria.

Que los integrantes de la Comisión de Economía que dictaminan, reconocen y concluyen que la iniciativa presentada en esta soberanía contiene propuestas que enriquecen, complementan y adecuan la legislación mexicana en materia de administración de justicia, agilizando y adecuando de manera eficiente la aplicación de la legislación procesal.

Ello refleja juicios más justos y rápidos, dando seguridad y certeza jurídica a las personas y permitiendo que el patrimonio de las mismas tenga menos riesgo cuando se encuentren involucrados en un proceso judicial de esta materia. Por tanto, se presenta el siguiente decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código de Comercio

Único. Se reforman los artículos 1054; 1154; 1165, última fracción; 1253, fracción VI, segundo párrafo, y la fracción VII; 1339; 1340; 1344; 1345 Bis-1, párrafo segundo; 1345 Bis-4, párrafo segundo; 1345 Bis-7, párrafo primero; 1399; 1407 Bis, primer párrafo. Se adicionan las fracciones V, VI, VII, VIII, IX y X al artículo 1345. Y se deroga el segundo párrafo del artículo 1345 Bis-7 y las fracciones I, II, III, IV y V del artículo 1407 Bis, del Código de Comercio.

Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: En consecuencia, está a discusión en lo general. Con qué objeto, diputado Carlos Navarro.

El diputado Carlos Alberto Navarro Sugich (desde la curul): Permítame subir a tribuna, señor presidente, para solicitar moción suspensiva.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Se concede el uso de la palabra.

El diputado Carlos Alberto Navarro Sugich: Con su permiso, señor presidente.

En mi calidad de secretario de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, me veo en la obligación y en la necesidad de solicitar moción suspensiva en el presente dictamen.

Al escuchar con atención las palabras de la diputada Monreal nos queda claro que el fondo del asunto obedece a cuestiones sustanciales de carácter adjetivo del Código de Comercio. Vemos con preocupación que este tema no pasó por el filtro de la Comisión de Justicia de esta Cámara, que es el órgano especializado en materia judicial, en materia jurisdiccional. Este tema fue sólo dictaminado por la Comisión de Economía, hasta donde tengo entendido.

Independientemente del fondo del dictamen, que no conocemos y de ninguna manera quisiera yo prejuzgar, sí quiero solicitar a la Cámara moción suspensiva a fin de que se dé vista a la Comisión de Justicia para poder opinar respecto del fondo del dictamen. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Gracias, diputado.

Sólo para ilustrar a la asamblea que esta iniciativa fue presentada en la Comisión Permanente; la Comisión Permanente la turnó a la Comisión de Economía de la Cámara y esta misma dictaminó.

Diputada Susana Monreal, con qué objeto.

La diputada Susana Monreal Ávila (desde la curul): Para ir en contra de la moción.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Tiene el uso de la palabra.

La diputada Susana Monreal Ávila (desde la curul): Señor presidente, quiero decirles que esta iniciativa de reforma la presenté en la Comisión Permanentey el turno se le dio sólo a la Comisión de Economía, y es un complemento a la primera reforma que se dio el 11 de marzo.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Permítame, diputada. Con qué objeto, diputado Rodríguez Prats.

El diputado Juan José Rodríguez Prats (desde la curul): Señor presidente, tengo entendido que si se presenta una moción se consulta a la asamblea si se admite la moción y, de ser así, se abre su discusión. Si estoy equivocado, ofrezco disculpas.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: El artículo 110 concede precisamente el procedimiento que hemos otorgado, señor diputado. Se pondrá a discusión si se acepta o se desecha la moción en un momento más. Continúe, diputada Monreal.

La diputada Susana Monreal Ávila (desde la curul): Gracias.

Esta reforma es complemento de la que la Cámara aprobó el 11 de marzo, cuando se aprobaron reformas al Código de Comercio, pero se cometieron algunas omisiones involuntarias que con esta reforma se vienen a subsanar.

La primera iniciativa que se presentó está a punto de entrar en vigor, está a punto de que los tribunales mercantiles la ejecuten, pero con estas inconsistencias realmente están en un proceso muy grave porque no la pueden aplicar en los términos en los que se dio la voluntad de los legisladores.

Creo que las omisiones que se cometieron fueron de captura. Digo que fueron involuntarias porque se suprimieron algunas fracciones del código actual. Eso hizo que ya ahora sea inoperante esta reforma. Va a generar conflictos y problemas.

En la primera reforma, que se aprobó el 11 de marzo, sólo se le dio el turno también a la Comisión de Economía. El diputado que ahora impugna debió impugnar desde entonces. Lo que yo he dicho es que nosotros hemos respetado las decisiones de la Mesa Directiva.

Si usted creía que esta iniciativa debió haberse dado también con turno a Justicia, debió haberlo hecho en su momento, con la Presidencia, porque la semana pasada nosotros también nos inconformamos, integrantes de la Comisión de Presupuesto, que la iniciativa que se acaba de aprobar, solamente se le hubiera dado turno a la Comisión de Hacienda y lo que nos contestó Hacienda fue que la Mesa Directiva, con sus propias atribuciones, lo había turnado sólo a la Comisión de Hacienda, siendo que la ley que se estaba discutiendo era de la Comisión de Presupuesto.

Entonces, yo creo que las decisiones que toma la Mesa Directiva, nosotros como legisladores y también como comisiones, debemos acatarlas en los términos que nos turnan las iniciativas.

Esta modificación, señor presidente, señores legisladores, quiero decirles que se llevó a un gran debate en la Comisión de Economía, estuvieron presentes todas las fracciones parlamentarias, estuvieron los abogados, estuvo la gente involucrada con esta reforma.

Yo les digo que esta iniciativa, además de que fue muy noble, desde la primera que se inició el 11 de marzo, es el complemento a la agilidad en los procedimientos mercantiles. A esa carga de trabajo que tienen...

El diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Permítame, diputada, permítame. Diputado Juan Guerra, ¿con qué objeto?

El diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa (desde la curul): Señor presidente, si quiere una vez que termine, es que no hay moción suspensiva, porque eso es de acuerdo con el 110 del Reglamento, se leen y no existe ninguna moción suspensiva presentada ante la Presidencia por escrito, de manera que no hay materia, y lo que tiene que proceder es a votarse.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Continúe, diputada.

La diputada Susana Monreal Ávila: Yo sólo concluyo, señor presidente, diciendo que esta iniciativa fue ampliamente discutida por todas fracciones parlamentarias.

Queremos dar los elementos a las instancias que imparten la justicia en materia mercantil y que ya no se sigan retrasando. Queremos que realmente se dé agilidad, prontitud, que se dé esa justicia expedita. No tiene nada más de fondo, solamente es darle los elementos a los tribunales mercantiles y que ya no se retrase más.

Insisto, éste es complemento de lo que ya aprobamos el 11 de marzo, que también fue un dictamen emitido por la propia Comisión de Economía. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Gracias, diputada. En consecuencia, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se acepta o se desecha la moción suspensiva presentada por el diputado Carlos Navarro.

El diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: A ver, diputado Juan Guerra.

El diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa (desde la curul): Le pido, presidente, que lea el 110 del Reglamento, donde se establece claramente que las mociones suspensivas se leen. Consulté ya a su personal de auxilio y no hay ninguna moción suspensiva. Este dictamen no va de fast track, tiene ya un buen tiempo publicado, de manera que si había una inquietud, se pudo haber redactado.

Y no se vale sacarse de la manga una situación así cuando ante la Presidencia no existen. No procede votar, de acuerdo con el 110 del Reglamento, porque no se ha entregado ni se ha leído ninguna moción suspensiva.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: A ver, lea la Secretaría el artículo 110.

La Secretaria diputada Margarita Arenas Guzmán: Artículo 110 del Reglamento para el Gobierno Interior:

En el caso de moción suspensiva se leerá la proposición y, sin otro requisito que oír a su autor, si la quiere fundar, y si hay algún impugnador, si lo hubiere, se preguntará a la Cámara si se toma en consideración inmediatamente. En caso afirmativo se discutirá y votará en el acto, pudiendo hablar, al efecto, tres individuos en pro y tres en contra; pero si la resolución de la Cámara fuese negativa, la proposición se tendrá por desechada. Es cuanto, presidente.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: La Presidencia otorgó el uso de la palabra al diputado Carlos Navarro y leyó, precisamente, la moción suspensiva. En tanto, la Presidencia solicita a la Secretaría que someta a consideración de la asamblea si es de aceptarse la moción suspensiva, de forma económica.

El diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Diputado Juan Guerra.

El diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa (desde la curul): Sí, mire, presidente, usted va a fincar un procedimiento del que después se va a tener que hacer cargo. Evidentemente si se la pido por escrito no me la puede dar, pero si quiere deme la moción suspensiva o léanla. Pero entonces va a fincar el precedente de que en cualquier momento podemos pedir una moción suspensiva sin necesidad de introducir ningún escrito, porque evidentemente éste no existe.

A todos los grupos parlamentarios se nos pide con antelación, porque es algo que se debe conocer, no aparecerlo. Nada más le digo porque usted puede votar, pero queda el precedente de que podemos pedir moción suspensiva en cualquier discusión, en cualquier momento, si se quiere, garabateando un papel de que se me ocurrió que ``ahora pido moción suspensiva''.

El diputado Carlos Alberto Navarro Sugich (desde la curul): Presidente, quiero presentar una moción suspensiva.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: A ver. Pregunto al diputado Carlos Navarro: ¿Tiene por escrito la moción suspensiva, señor diputado?

El diputado Carlos Alberto Navarro Sugich (desde la curul): So independencia de la solicitud formal, en este momento voy y se la entrego por escrito, señor presidente.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Preséntela por escrito para darle trámite, diputado.

La diputada Susana Monreal Ávila (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Diputada Susana Monreal.

La diputada Susana Monreal Ávila (desde la curul): Yo le pido a usted, como presidente de la Mesa, que asuma las atribuciones que usted, la Mesa Directiva y la propia ley le facultan. Nosotros hemos insistido en que el turno se le dio por parte de la Mesa Directiva, entonces de la Permanente.

No es un asunto de la Comisión de Economía el que no se le haya dado turno a Justicia. Lo mismo, le insisto, lo mismo ocurrió la semana pasada, los diputados y las diputadas integrantes de la Comisión de Presupuesto manifestamos nuestra inconformidad para que se turnara solamente la modificación a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a Hacienda.

Pedimos que sesionaran comisiones unidas. Pedimos que se regresara el dictamen. Pedimos todo, pero finalmente nada procedió. Yo le pido que actúe en consecuencia y utilice el mismo criterio. Respetamos que la Mesa Directiva le haya dado solamente el turno a Hacienda y no a la Comisión de Presupuesto, que en este caso le competía dictaminar.

Hemos sido respetuosos de esa decisión con los diputados del PAN y del PRI, que también insistieron que no fue la culpa de la Comisión de Hacienda el que la Mesa Directiva le haya turnado solamente a esa comisión.

Entonces, en consecuencia, señor presidente, no podemos pedir solamente en las comisiones que nosotros queramos que se haga y se detengan los dictámenes y que se les dé a comisiones unidas, y en las que no les conviene sí las dejan pasar; eso no es justo y eso no es equitativo.

El diputado Juan José Rodríguez Prats (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Diputado Rodríguez Prats. Sonido a la curul del diputado Rodríguez Prats.

El diputado Juan José Rodríguez Prats (desde la curul): Señor presidente, ¿de qué se trata?

Yo le preguntaría a la diputada Susana Monreal: ¿Se trata de que salga un procedimiento que tiene vicios? Se trata de que una fracción parlamentaria... porque creo que el argumento del diputado Carlos Navarro es correcto en el sentido de pedir que se le dé vista a la Comisión de Justicia, y se pueda analizar y lo podamos dejar para dos o tres sesiones.

Platiqué con la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional y también los miembros de la Comisión de Justicia señalan que se les debió haber dado vista. Fue un error, sin duda, de la Comisión Permanente.

Pero, por otra parte ---quisiera yo recordarle---, señor presidente, del Partido de la Revolución Democrática en muchas ocasiones han salido mociones suspensivas en Presupuesto, en discusiones de otras leyes y el mismo diputado Juan Guerra lo puede constatar, de que se presentan a la hora de la sesión; precisamente por eso se dice: hay una segunda lectura.

Yo convocaría a la diputada Susana Monreal, que si lo que se quiere es sacar adelante una iniciativa que está bien sustentada, que no nos resistamos a un mayor análisis, que no nos resistamos a que la Comisión de Justicia, dado que sí es un asunto que le compete, pueda analizar; y lleguemos con mayor consenso, que creo que ha sido la característica que ha tenido este Congreso en los últimos tiempos, hacia esta iniciativa que tanta trascendencia tiene.

La diputada Susana Monreal Ávila (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Diputada Susana Monreal.

La diputada Susana Monreal Ávila (desde la curul): Señor presidente, por supuesto que los consensos los quieren cuando les convienen a ellos.

No podemos aceptar que cuando nosotros, el PRD, pidió el consenso en la Ley del ISSSTE, ellos no lo aceptaron y no pidieron que se le diera parte a la Comisión de Seguridad Social, que preside el PRD. Entonces omitieron el dictamen que se presentó a votación en el pleno sin la opinión, entonces, de esa comisión, que era involucrada y que, finalmente, era quien debió haber dictaminado.

Por qué el PAN cuando le conviene pide la suspensión y pide los consensos, y por qué cuando ya en la comisión ya lo habíamos trabajado, ahora resulta que ellos quieren esos consensos. Los consensos a su favor no se pueden dar siempre. Tiene que generar la conciliación, por supuesto, pero son conciliaciones cuando a ellos les conviene.

Yo no acepto, señor presidente, que se tengan que estar negociando en este pleno los turnos que las mesas directivas dan, o la Comisión Permanente, o la Cámara, que usted preside. Usted haga valer esa encomienda, esa investidura que tiene, y por favor ya saquemos esa iniciativa que les urge a los tribunales mercantiles por los procesos que se están llevando a cabo.

No puede ser que solamente porque no lleve una firma de alguien se detenga todo un procedimiento en el país, y que es necesario ya.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Diputado Juan Guerra. Sonido a la curul.

El diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa (desde la curul): Sí, gracias, presidente.

Nosotros, ciertamente como lo dice el diputado Rodríguez Prats, hemos presentado muchas mociones suspensivas, invariablemente las entregamos por escrito y con antelación. O sea, nunca de repente hemos hecho una moción suspensiva sin haberlo avisado, sin haberlo advertido y sin entregarla por escrito a la Presidencia.

De acuerdo con el artículo 110 del Reglamento, lo que cuestionamos es que en este caso diputados de la bancada de Acción Nacional, sin presentar por escrito, sin advertir, sin absolutamente reconocer el artículo 110 se les ocurre decir una moción suspensiva.

Estamos hablando de una iniciativa que no llegó ayer; es una iniciativa de la Comisión Permanente. Si no nos hemos dado cuenta estamos en octubre; lamento mucho que algún compañero de la Comisión de Justicia no revise las cosas, pero si el Congreso va a actuar de manera que, porque algún compañero no la revisó, y digo un compañero, porque la bancada de Acción Nacional está firmando este dictamen. La presidenta de la comisión, en este caso a la que fue turnada, lo está firmando, lo está firmando toda la bancada de Acción Nacional.

Ahora, ha habido inconformidades aquí respecto a ampliar el turno. Lo hubo recientemente. En la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que sólo se turnó a Hacienda, y la Comisión de Presupuesto pedía que se le incluyera.

Pero es facultad de la Permanente y, en el caso, de la Presidencia, ampliar o no el turno. En este caso sólo se le dio a una comisión. Estuvo el dictamen hace tiempo. Bueno, yo nada más le quiero decir una cosa, para que luego no nos digan que somos desordenados.

Si usted legitima un procedimiento violatorio del Reglamento, nos da derecho a interrumpir estas cosas en cualquier momento.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Diputado Cárdenas. Sonido a la curul del diputado Raymundo Cárdenas.

El diputado Raymundo Cárdenas Hernández (desde la curul): Presidente, mire, sólo le quiero dar un argumento más. El compañero que solicita la moción suspensiva la quiere para que haya un turno a la Comisión de Justicia. Eso fue lo que planteó él.

Esa propuesta está fuera de orden, porque el turno lo dictó la Permanente y ya tenemos dictamen en la discusión. Los compañeros debieron haber propuesto lo que están proponiendo hoy, hace meses. No ha lugar a esa proposición. Gracias.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: A ver, compañero diputado, ha centrado usted el tema. La Comisión Permanenteturnó a la Comisión de Economía. Ésta ya dictaminó. De ninguna manera esta Presidencia pudiera ampliar a otra comisión, naturalmente, el compartir el dictamen.

En ese sentido hay una moción; desahoguemos el punto de la moción y resolvamos. De ninguna manera, insisto, podrá ampliarse a otra comisión, en este caso la de Justicia, que ha sido el argumento presentado. O, pregunto al diputado que propuso la moción, al diputado Navarro, si retira su moción en el sentido de que no sería atendida a ser ampliada a otra comisión. Diputado Rodríguez Prats.

El diputado Juan José Rodríguez Prats (desde la curul): Respeto mucho la opinión del señor diputado Raymundo Cárdenas; sin embargo, el derecho parlamentario es muy flexible.

Ya platicó el diputado Carlos Navarro con la diputada Susana Monreal, si de lo que se trata es de hacer bien nuestro trabajo, perfectamente puede recibir el dictamen la Comisión de Economía e invitar a la Comisión de Justicia, para efecto de analizarla.

Me parece que hay consenso y que puede salir adelante la iniciativa. Creo que nos estamos aferrando en una discusión innecesaria y yo le suplicaría que, de acuerdo con el trámite que usted ordenó, se someta a la asamblea si se aprueba la moción suspensiva.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Es si se somete a discusión, señor diputado, no es si se acepta o no. Es si se acepta a discusión la moción, y la interpretación de la norma le corresponde a esta Presidencia, señor diputado.

En ese sentido, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se somete a discusión la moción suspensiva.

La Secretaria diputada Margarita Arenas Guzmán: En votación económica se pregunta si se acepta o se desecha la discusión de la moción suspensiva. Las diputadas y los diputados que estén porque se acepte sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén porque se deseche la discusión sírvanse manifestarlo.

Presidente, mayoría por que se acepte.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Está a discusión la moción suspensiva. Vamos a levantar la lista.

Navarro, en pro. Susana Monreal, en contra. Son tres en pro y tres en contra; hasta tres en pro y tres en contra. Juan Guerra, Susana y Octavio Martínez Vargas , en contra. Carlos Navarro, en pro. Tiene el uso de la palabra el diputado Carlos Navarro, en pro.

El diputado Carlos Alberto Navarro Sugich: Con su permiso, señor presidente.

Soy un convencido de que en materia parlamentaria vale mucho más la pena acordar sin sesiones que sesionar sin acuerdos. No veo ningún caso forzar una discusión cuando hay un interés legítimo de la Comisión de Justicia, no de bloquear ni tampoco de aprobar a ciegas un dictamen que evidentemente no conocemos.

Lo dije en mi primera intervención, al solicitar la moción suspensiva, que no tenemos conocimiento del dictamen, que la Comisión de Justicia está genuinamente interesada en conocerlo. Siempre se ha interesado la Comisión de Justicia ---y mis compañeros de todos los grupos parlamentarios no me dejarán mentir--- en privilegiar la construcción de acuerdos.

El fondo del asunto que se está discutiendo es profundamente técnico, tiene que ver con cuestiones de sustancia procesal, de sustancia adjetiva, y por eso la Comisión de Justicia pretende involucrarse. Si estamos viendo que un tema como estos está pasando por esta tribuna, no es otra la intención de nosotros más que meternos en los asuntos que nos tocan, en los asuntos que sabemos, en los asuntos que son nuestra competencia.

Vamos a solicitar sencillamente opinar, poder conocer, tener elemental garantía de audiencias para opinar, para enriquecer ---si podemos--- el dictamen. Yo no dudo de que esté bien hecho; conociendo a la diputada Monreal, no dudo de que la propuesta sea legítima. Todo lo que quiere la Comisión de Justicia es tener la oportunidad, la capacidad de opinar al respecto.

Por eso le pido a la Cámara que apruebe la moción suspensiva. No importa que no tenga turno a Comisión de Justicia, para eso son las herramientas que prevé el derecho parlamentario, como es la figura de la ``moción suspensiva'', para prever este tipo de situaciones. Tampoco quisiera que se satanice o se condene a la comisión por atrevernos a solicitar una moción para conocer un dictamen.

Por eso, amigos diputados y amigas diputadas, yo les pido humildemente que aprueben la moción suspensiva, que no tiene otro objeto más que enriquecer el dictamen que, sin duda, ya se encuentra bien elaborado. Muchas gracias.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Gracias, diputado. Tiene el uso de la palabra la diputada Susana Monreal, en contra.

La diputada Susana Monreal Ávila: Con su permiso, señor presidente.

Yo lamento que podamos estar discutiendo aquí solamente banalidades y egos. Solamente porque a la Comisión de Justicia no se le tomó en cuenta están pidiendo que se detenga este dictamen. No cuestionan el fondo de la esencia, no cuestionan partes puntuales.

Insisto, si en la Comisión de Justicia diputados integrantes de ella tenían interés, estaban preocupados por opinar, por incidir en estas propuestas, ¿por qué desde la primera reforma, que se dio el 11 de marzo ---aquí la discutimos--- no dijeron nada? Porque es complemento, no es diferente ni se separa una de la otra. En ese entonces también se dio la modificación al Código de Comercio. ¿Por qué entonces no manifestaron esta preocupación que hoy hacen patente?

Pero además, diputado Carlos, usted estuvo en esa sesión cuando la presenté en la Comisión Permanente; cuando el presidente de la Comisión Permanente le dio turno. ¿Por qué entonces usted, como integrante de la Comisión de Justicia, no pidió que se le rectificara el turno y se mandara a las dos comisiones entonces?

Ahora sí viene a preocuparse y a decir que requiere la opinión de la comisión para poder decidir la votación en este dictamen. Yo creo que tendremos que actuar con más responsabilidad.

Usted tiene diputados integrantes y diputadas en la Comisión de Economía. Hicimos un detalle y un estudio puntual, muy analítico. Cada uno de sus diputados de fracción propuso, cada uno opinó y dijo sus propuestas, al igual que las demás fracciones parlamentarias.

Este dictamen fue consensuado con todos los grupos parlamentarios. A la mejor su preocupación la recogemos como válida. Pero la misma frustración y el mismo enojo hemos tenido en otros dictámenes y en otras discusiones, y nos hemos tenido que tragar ese enojo, porque las decisiones son inapelables y porque los dictámenes ya van encaminados. Y en este pleno eso no se puede rectificar por las decisiones de la Mesa, pero además porque hay un reglamento.

Lo que usted propone, de que en la Mesa Directiva se tomen en cuenta otras comisiones cuando se den los casos de dictaminación, nosotros lo avalamos y estamos de acuerdo, pero cuando se den los turnos hay que hacer las observaciones, las propuestas; hay que hacer los señalamientos pertinentes.

Por último, les quiero decir también a los compañeros que este dictamen está en el orden del día desde hace tres semanas.

Si tenían ese interés, ¿por qué desde antes no lo platicaron, no lo leyeron? Porque lo que ahorita quieren es tiempo para leer el dictamen, así lo entiendo, que lo que quieren es un poco de espacio para leer; no es en sí que estén en contra de la esencia de la propuesta. Pero entonces, ¿por qué, si tiene tres semanas en el orden del día, con el dictamen publicado en la Gaceta, por qué desde antes no se tomaron la preocupación de leer el dictamen, de hacer las observaciones o las preguntas?

La Cámara hoy tiene un rezago enorme de dictámenes que va a repercutir allá en la sociedad, en las instancias en donde se imparte la justicia en todas las materias, sean penales, mercantiles, o de cualquiera.

Por eso es que nosotros aquí, los legisladores y las legisladoras, tenemos que actuar con esa responsabilidad con la que venimos. Entonces le digo al diputado que al detener este dictamen no hace más que entrampar un poco más todos los procedimientos que se llevan de por sí ya lentos, los procedimientos procesales.

Si sólo es para que usted la lea o sólo es para que los integrantes la lean, me parece que no es una razón justificable para que los demás legisladores podamos estar aceptando esta moción suspensiva. Es cuanto, señor diputado presidente.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Gracias, diputada Susana Monreal. Tiene el uso de la palabra el diputado Juan Guerra, en contra.

El diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa: Gracias, presidente.

Miren, si la Comisión de Justicia tuviera tanto interés, tiene 15 días de publicado el dictamen. Está publicado en la Gaceta Parlamentaria, pueden checar la fecha. Entonces argumentar un interés me parece absurdo, porque ese interés no se demostró en 15 días.

¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que la diputada Susana Monreal presenta, argumenta; y a un diputado de la Comisión de Justicia le parece que no es así. A lo mejor, si hubiera sido la bancada de Acción Nacional, no habría problema.

Y entonces pasa a decidir que la Comisión de Justicia tiene un interés que no acreditó en 15 días. Y obviamente lo que demuestra es que desacredita a todas las bancadas de los grupos parlamentarios que aprobaron este dictamen, incluida su propia bancada.

Esa pretensión y esa soberbia de los abogados a mí no me extraña. Lo mismo podrían pedir mañana en Pemex, son contratos. Y casi siempre que nos metemos a regular garantías o derechos privados pueden ser materia de controversia, y la Comisión de Justicia con esa idea podría pedir que casi todos los dictámenes se le envíen.

No me preocupa a mí el asunto de la soberbia, no me preocupa el asunto de la falta de interés acreditado de la Comisión de Justicia, no me preocupa la desconfianza profunda que tienen hacia sus compañeros. No me preocupa, son incidentes que ocurren. Me preocupa que se violenten las normas y los reglamentos de esta Cámara de Diputados.

Rousseau, cuando propone El contrato social, dice que para no atenernos a la ley de la fuerza tenemos que hacer un acuerdo y darnos reglas; porque la ley de la fuerza es: el que tiene mayoría ahorita llega y hace lo que quiere; y mañana se constituye otra mayoría, y llega y hace lo que quiere.

La Cámara de Diputados es en sí misma la negación de la ley de la fuerza, de la violación de los reglamentos, de la violación de los procedimientos. En ese sentido está totalmente fuera de tono la moción suspensiva. No se puede ampliar ya el turno a la Comisión de Justicia. Ya no hay manera, ni por acuerdo de los coordinadores, que eso debió haber sido cuatro días antes, ni por acuerdo de la Permanente, que ahorita no está en sesiones, estamos en periodo ordinario, no tiene ninguna manera de dar esa ampliación de turno que se solicitó.

Presentan además una moción suspensiva sin el requisito del artículo 110, que establece que tiene que ser por escrito, ya no digo previo, ni siquiera garabatean un papel, y eso sí dicen: ``Pero si me la pide el presidente, ahorita le pongo en el papel que se amplía el turno y la moción suspensiva, aunque no proceda''.

El asunto es, y eso sí me preocupa, que estamos dejando el precedente que aquí las mociones suspensivas, fuera de cualquier reglamento, fuera de cualquier procedimiento, tienen cabida por uso de la fuerza. Eso es lo que me preocupa.

Que tenga sus desconfianzas el diputado, que considere que simplemente los demás de Acción Nacional no valen nada... Yo le digo una cosa: ``Podía haber leído el dictamen''. Dijo: ``No''; es como lo escuché. Pero que el pleno le dé cabida, eso sí preocupa, porque se generan precedentes.

Yo les digo una cosa, si no van a respetar el reglamento, no van a respetar la práctica parlamentaria, no van a respetar los acuerdos de los coordinadores que nos norman, díganme qué van a respetar, ¿la fuerza? La fuerza a veces puede ser de mayorías y de minorías. Pero les digo, no sentemos precedentes.

Nosotros con todo y que tenemos un carácter de la fuerza que protesta, nos apegamos a hacerlo por escrito, lo hacemos en tiempo y forma. Y ustedes dicen: ``A nosotros nos vale, sólo por mayoría''. Nunca se le puede pedir a nadie que se someta a reglas si la mayoría no está dispuesta a acatarlas. Eso es lo que preocupa. Lo demás lo dejo como incidente. La soberbia de algunos abogados, otros que defienden sin haber leído, ahí está el texto; otros que no les importó y otros que les ocurre plantear mociones suspensivas fuera de todo.

El presidente podrá obrar, pero una Cámara es gobernable cuando respetamos los procedimientos que acordamos. Una Cámara es respetable cuando hay normas. Ustedes quieren que nos quedemos en esto de la moción suspensiva, sin normas, sin prácticas, sin reglamentos, a ocurrencias. Bueno, el problema es que podrán votar, pero cada quien también sufre las consecuencias de las arbitrariedades que comete.

Yo les digo: respetemos el asunto de los acuerdos que tenemos. Y lamento que consideren tan inútiles a los compañeros de Acción Nacional que votaron, ésos o los del PRI. Yo francamente también estoy leyendo esto, no me atrevo a más, pero confío en la gente que tenemos en cada comisión. Ustedes no; a ver cómo le hacen ahora, pero han puesto en un predicamento a esta Cámara de Diputados. Muchas gracias, por su atención.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Gracias, diputado Juan Guerra.

Consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si se acepta o se desecha la moción suspensiva.

La Secretaria diputada Margarita Arenas Guzmán: En votación económica se pregunta si se acepta o se desecha la moción suspensiva. Las diputadas y los diputados que estén porque se acepte sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén porque se deseche sírvanse manifestarlo.

Mayoría por que se deseche.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Se dese-cha. En consecuencia, está a discusión en lo general. Se ha registrado, para fijar posición de su grupo parlamentario, la diputada Adriana Rodríguez Vizcarra, del Partido Acción Nacional. Por tanto, tiene el uso de la palabra.

La diputada Adriana Rodríguez Vizcarra Velázquez: Buenas tardes, compañeros. Yo solamente vengo a decir, en nombre de la Comisión de Economía, que este dictamen, como bien ya subió a posicionar hace unos momentos la diputada Susana Monreal, es muy importante porque viene a complementar una minuta que fue aprobada hace pocos meses, al término del periodo anterior, con el cual estamos buscando complementar todo el proceso mercantil que debe haber entre los estados y obviamente en lo federal.

Es un dictamen que ha sido plenamente analizado y discutido. Como Comisión de Economía, consideramos todos los compañeros diputados de la comisión que tiene que salir, y salir pronto, porque ya está por entrar en vigor aquel que fue aprobado como minuta del Senado y que tiene que salvar estos errores, pequeñas fallas que traía, y que hoy, con este dictamen, fueron analizadas profundamente, por lo que en este momento se está solicitando el voto a favor de este dictamen.

De alguna manera quisiera marcar que los estudios, los análisis que se hacen hacia el interior de las comisiones son sumamente conscientes, con responsabilidad y profundidad.

Además, quisiera pedirles a todos los compañeros ---y eso va a todas las comisiones--- que en adelante tengamos el suficiente cuidado para poder ver en dónde sí hay necesidad de ampliar turnos.

Lo mismo le pediría a la Mesa Directiva que, en el momento que se decide a qué comisiones se turnan, pudieran por favor tener el cuidado de que efectivamente vayan a las comisiones en las cuales hay interés de atender ese tema.

De antemano les digo que, en el caso de la Comisión de Economía, nosotros hicimos los estudios, los análisis y posteriormente se turnó a la Mesa Directiva, donde fue aprobado por unanimidad. Posteriormente, en el pleno de la comisión también fue aprobado por unanimidad. Consideramos que es un dictamen que es necesario y que está muy bien cuidado.

Por su atención muchas gracias. Y esperamos, como Comisión de Economía, obtener el voto a favor. Gracias.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Gracias, diputada presidenta de la Comisión de Economía.

Consulte la Secretaría a la asamblea si el proyecto de decreto se encuentra suficientemente discutido en lo general.

La Secretaria diputada Margarita Arenas Guzmán: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si el proyecto de decreto se encuentra suficientemente discutido en lo general. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Suficientemente discutido.

Para los efectos del artículo 134 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, se pregunta a la asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular.

En virtud de que no se ha reservado artículo alguno para discutirlo en lo particular, se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación, en lo general y en lo particular, en un solo acto.

La Secretaria diputada Margarita Arenas Guzmán: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 61 del Reglamento para el Gobierno Interior. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación, en lo general y en lo particular, en un solo acto.

(Votación)

¿Falta algún diputado o alguna diputada por emitir su voto?

Ciérrese el sistema electrónico de votación.

Se emitieron 342 votos en pro, 0 en contra y 3 abstenciones.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Aprobado en lo general y en lo particular, por 342 votos. Aprobado, en lo general y en lo particular, el proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código de Comercio. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.


VOLUMEN II

CODIGO CIVIL FEDERAL

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma el artículo 1661 del Código Civil Federal, en materia de sucesión testamentaria y legítima.

En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura del dictamen.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura del dictamen. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Se dispensa la lectura.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Dictamen de la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto que reforma el artículo 1661 del Código Civil Federal, en materia de sucesión testamentaria y legítima

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Justicia fue turnada la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 1661 del Código Civil Federal, en materia de sucesión testamentaria y legítima.

La Comisión de Justicia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 70, 71, 72 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39 y 45, numeral 6, incisos f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, 56, 60 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de los integrantes de esta honorable asamblea el presente dictamen, con base en los siguientes

Antecedentes

I. Con fecha 14 de marzo de 2006, la diputada Martha Laguette Lardizábal, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó la iniciativa que se cita en el proemio del presente dictamen.

II. En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos la iniciativa señalada.

Contenido

La iniciativa propone reformar el artículo 1661 del Código Civil Federal, a efecto de adecuar el numeral al sentido fundamental de la hipótesis normativa que en él se contiene, la cual se refiere al supuesto de que el heredero pretenda repudiar alguna herencia.

En efecto, la redacción del numeral introduce una condición que distorsiona el sentido fundamental del supuesto que pretende normar:

Artículo 1661. La repudiación debe ser expresa y hacerse por escrito ante el juez, o por medio de instrumento público otorgado ante notario, cuando el heredero no se encuentre en el lugar del juicio.

La parte final de este artículo introduce una condición que desacredita el principal supuesto para que se actualice la consecuencia jurídica, el cual se refiere justamente a la pretensión de repudiar una herencia. Tiene razón la proponente cuando señala que, como se desprende del citado numeral, si bien se otorgan facilidades al heredero que pretende repudiar alguna herencia, éste debe encontrarse necesariamente en un lugar distinto de donde se lleva a cabo el juicio, dejando fuera de esta posibilidad a quienes sí se encuentran en dicho lugar, pero que por alguna razón no pueden comparecer personalmente a efectuar la citada ratificación ante el propio juez.

En efecto, conforme al principio general que establece que a la misma razón asiste el mismo derecho, esta comisión considera que debe abrirse la posibilidad de que de tal beneficio puedan gozar todas las personas que pretendan repudiar alguna herencia y no puedan comparecer personalmente a efectuar la citada ratificación ante el propio juez, con independencia de que se encuentren dentro o fuera del lugar donde se halla el tribunal que conoce del asunto.

La legisladora proponente aduce razones suficientemente atendibles, a juicio de esta comisión, para emitir el presente dictamen, en sentido positivo, para reformar el artículo 1661 del Código Civil Federal en el sentido que ésta plantea.

Consideraciones

Primera. En virtud del decreto, publicado el 5 de diciembre de 2006 en el Diario Oficial de la Federación, por el que se reforman y adicionan los artículos 39 y 43 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos se dividió en dos: la de Justicia, y la de Derechos Humanos; y quedó a cargo de la Comisión de Justicia la emisión del dictamen de la iniciativa que nos ocupa.
Segunda. El derecho sucesorio y, con él, la figura de ``testamento'' involucran no sólo el concurso de la voluntad del testador para decidir respecto del destino que debe darse a su patrimonio sino la del heredero para aceptarla o repudiarla.
Tercera. De la misma manera en que la ley establece los supuestos jurídicos que deben observarse para que el autor de la herencia establezca su voluntad, lo hace también respecto de las formalidades que debe observar el heredero para aceptar o repudiar la herencia.
Cuarta. En palabras de la autora de la iniciativa, la reforma propuesta del artículo 1661 del Código Civil Federal conllevará un beneficio para las personas que decidieron repudiar una herencia y se encuentran en el lugar donde se desahoga el juicio, mas no pueden acudir personalmente a ratificar su decisión en los términos previstos en el numeral en comento.
Quinta. Es verdad de que en la actualidad el Código Civil Federal, particularmente la materia del derecho de las personas y de la familia, tiene aplicación territorial muy limitada, desde que los territorios federales preexistentes se transformaron en estados libres y soberanos y que el Distrito Federal ha fortalecido sus atribuciones, entre ellas la de legislar en materia civil. De esa manera, las poblaciones y los espacios territoriales de aplicación de la legislación civil federal han quedado reducidos al territorio insular, en los términos previstos en el artículo 48 constitucional, a los buques o a las embarcaciones nacionales y a las representaciones diplomáticas del país en el extranjero.
Mención especial merecen las disposiciones del Código Civil Federal que establecen la intervención de los cónsules en funciones de notarios o receptores de testamentos de los nacionales en el extranjero (artículos 1584 y 1586, 1594, 1595, 1597 y 1598). En congruencia con lo anterior, el artículo 44 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano establece que corresponde a los jefes de las oficinas consulares ejercer, cuando corresponda, funciones de juez de registro civil y las notariales en los actos y contratos celebrados en el extranjero que deban ser ejecutados en territorio mexicano. El mismo numeral señala que la fe pública de los cónsules será equivalente en toda la república a la que tienen los actos de los notarios en el Distrito Federal.
Aunado a lo anterior, el artículo 85 del Reglamento de la Ley del Servicio Exterior Mexicano prevé que, ``en el ejercicio de funciones notariales, las oficinas consulares podrán dar fe, autenticar y protocolizar contratos de mandato y poderes, testamentos públicos abiertos, actos de repudiación de herencias y autorizaciones que otorguen las personas que ejerzan la patria potestad o la tutela sobre menores o incapaces, siempre y cuando dichos actos jurídicos se celebren dentro de su circunscripción y estén destinados a surtir efectos en México''.

Por lo expuesto y fundado, la Comisión de Justicia somete a consideración de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de

Decreto que reforma el artículo 1661 del Código Civil Federal, en materia de sucesión testamentaria y legítima

Artículo Único. Se reforma el artículo 1661 del Código Civil Federal, para quedar como sigue:

Artículo 1661. La repudiación debe ser expresa y hacerse por escrito ante el juez, o por medio de instrumento público otorgado ante notario.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de septiembre de 2008.
La Comisión de Justicia, diputados: César Camacho Quiroz (rúbrica), presidente; Felipe Borrego Estrada (rúbrica), Violeta del Pilar Lagunes Viveros (rúbrica), Carlos Alberto Navarro Sugich (rúbrica), Miguel Ángel Arellano Pulido , Jorge Mario Lescieur Talavera (rúbrica), Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda (rúbrica), Faustino Javier Estrada González , secretarios; Mónica Arriola (rúbrica), Alliet Mariana Bautista Bravo , Luis Enrique Benítez Ojeda (rúbrica), Liliana Carbajal Méndez (rúbrica), Rogelio Carbajal Tejada , Raúl Cervantes Andrade , Jesús de León Tello , José Manuel del Río Virgen (rúbrica), Antonio de Jesús Díaz Athié (rúbrica), Rutilio Cruz Escandón Cadenas (rúbrica), Arturo Flores Grande , Silvano Garay Ulloa (rúbrica), María del Pilar Ortega Martínez (rúbrica), Omeheira López Reyna , Andrés Lozano Lozano (rúbrica), Victorio Rubén Montalvo Rojas (rúbrica), Silvia Oliva Fragoso , Mario Eduardo Moreno Álvarez , Luis Gustavo Parra Noriega (rúbrica), Alfredo Adolfo Ríos Camarena (rúbrica), Yadhira Yvette Tamayo Herrera (rúbrica).»

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: En consecuencia está a discusión, en lo general y en lo particular, el artículo único del proyecto de decreto. Esta Presidencia informa que no se ha registrado ningún orador.

Consulte la Secretaría a la asamblea si el proyecto de decreto se encuentra suficientemente discutido, en lo general y en lo particular.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido el proyecto de decreto, en lo general y en lo particular. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Suficientemente discutido.

Se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación, en lo general y en lo particular, del proyecto de decreto.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento para el Gobierno Interior. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación, en lo general y en lo particular, del proyecto de decreto.

(Votación)

¿Falta algún diputado o alguna diputada por emitir su voto? Está abierto el sistema electrónico. ¿Falta algún diputado o alguna diputada por emitir su voto?

Ciérrese el sistema electrónico.

Se emitieron 311 votos en pro, 0 en contra y 0 abstenciones.

Presidencia de la diputada Martha Hilda González Calderón

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Aprobado en lo general y en lo particular, por 311 votos, el proyecto de decreto que reforma el artículo 1661 del Código Civil Federal, en materia de sucesión testamentaria y legítima. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.



LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma el último párrafo del artículo 5o. de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura del dictamen.

El Secretario diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura del dictamen. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Mayoría por la afirmativa, diputada presidenta. Se dispensa la lectura.

«Dictamen de la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto que reforma el último párrafo del artículo 5o. de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Justicia de la LX Legislatura fue turnada, para estudio, análisis y dictamen correspondiente, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 5o., último párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

La Comisión de Justicia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 70, 71, 72 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39 y 45, numeral 6, incisos f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, 56, 60 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de los integrantes de esta honorable asamblea el presente dictamen, con base en los siguientes

Antecedentes

Primero. En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión el 26 de julio de 2006, el diputado Jesús Martínez Álvarez, en nombre del diputado Jesús González Schmal, ambos del Grupo Parlamentario de Convergencia, presentó la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 5o., último párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

Segundo. La Mesa Directiva, en la misma fecha, mediante el oficio número CP2R3A-1307, acordó que se turnara a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

Tercero. En virtud del decreto, publicado el 5 de diciembre de 2006 en el Diario Oficial de la Federación, por el que se reforman y adicionan los artículos 39 y 43 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos se dividió en dos: la de Justicia, y la de Derechos Humanos; y quedó a cargo de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de Justicia la emisión del dictamen de la iniciativa a que se ha hecho referencia.

Contenido de la iniciativa

Expone el autor que los juicios promovidos ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa se han incrementado en forma considerable, lo que ha generado un importante rezago en distintas actuaciones, como las diligencias de notificación de los acuerdos y las resoluciones emitidas en los expedientes radicados en cada una de las salas del referido tribunal.

Lo anterior ha ocurrido, según el autor, ya que el último párrafo del artículo 5o. de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo sólo permite la autorización para oír y recibir notificaciones a los licenciados en derecho, lo que implica una restricción en el campo de acciones de los estudiantes o pasantes de la carrera de derecho. Esto conlleva, por una parte, a la imposibilidad de éstos de conocer más a fondo la materia contencioso-administrativa, lo que impide un mejor fogueo como próximos licenciados en derecho; y, por otra parte, entorpece el seguimiento de los asuntos ya que, como es conocido, y por citar un ejemplo, en los juicios del orden federal, así como en los de amparo de que tienen conocimiento los juzgados de distrito, esa limitación no existe, lo que permite dar un seguimiento más de cerca de los expedientes radicados ante éstos, así como facilitar las diligencias de notificación, ya que por ser los estudiantes o pasantes de la carrera quienes en la práctica están al pendiente del seguimiento de los procedimientos, pueden darse por notificados en el propio juzgado, lo que a su vez descarga a los referidos juzgados de ese trámite.

Para concluir, el autor señala que, en razón de lo expuesto y en atención de que uno de los principales problemas que enfrenta en la actualidad el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa es la ausencia de secretarios actuarios suficientes para mantener al día las diligencias de notificación, entre otros, lo que se complica ante la limitación contenida en el referido artículo 5o. de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se considera necesario formular la presente iniciativa, a fin de que no sólo los licenciados en derecho tengan acceso a los expedientes radicados en el referido tribunal; ello, a fin de poder impulsar con mayor facilidad los asuntos de su conocimiento, así como acudir los autorizados por los promoventes a darse por notificados de los acuerdos y de las resoluciones dictados en éstos, acudiendo al mismo tribunal, y permitiendo así reducir las excesivas cargas de trabajo que hay en la actualidad, combatiendo con ello el rezago existente al respecto.

Establecidos los antecedentes y el contenido de la iniciativa, los miembros de la Comisión de Justicia exponemos las siguientes

Consideraciones

Primera. Después de haber analizado los argumentos vertidos en la iniciativa que nos ocupa, esta comisión coincide de manera plena con lo expresado por el legislador, toda vez que, efectivamente, en la actualidad el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa tiene un importante rezago en el trámite y la sustanciación de los juicios promovidos ante dicho tribunal, ya que éstos se han incrementando en forma considerable.

Lo anterior se advierte del informe de actividades de 2006 rendido por el magistrado presidente de dicho tribunal, en el que señaló expresamente lo siguiente:

II. Indicadores generales del tribunal
A continuación me referiré al estado que guarda el tribunal en relación con los juicios promovidos ante las diferentes salas regionales que lo integran, para lo que se tomaron como base cifras reales de enero a octubre, proyectadas por todo el año. Cabe precisar que la cifra relativa al inventario actual se forma de los ingresos correspondientes a 2006, más el inventario inicial.
El 2006 inició con un inventario de 155 463 asuntos y en el transcurso del año ingresaron 232 555, lo que da un total de 388 018; esto representa un incremento de 8.5 por ciento respecto de 2005. El 53.26 por ciento son demandas nuevas, 14.92 por ciento son expedientes dados de alta y 31.82 por ciento son otros trámites que no generan alta de expedientes (ver gráfica 1).
Se concluyeron 222 803 asuntos, lo que representa un incremento en productividad de 4.7 por ciento en comparación con el año pasado. De tales asuntos, 41 por ciento son sentencias emitidas, 28 por ciento son expedientes dados de baja y 31 por ciento corresponden a otros trámites que no generan baja de expedientes (ver gráfica 2).
En las demandas ingresadas durante 2006, sin tomar en cuenta el inventario inicial, figuraron como principales autoridades demandadas el Servicio de Administración Tributaria, con 37.4 por ciento; el Instituto Mexicano del Seguro Social, con 24.8 por ciento; el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, con 7.6 por ciento; la Procuraduría Federal del Consumidor, con 3.5 por ciento; y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con 3.3 por ciento (ver gráfica 3).
...
III. Asuntos jurisdiccionales
1. Sala Superior
En seguida haré referencia a las actividades que realizó la Sala Superior actuando en pleno, por ser éste el órgano de mayor jerarquía en nuestro tribunal, y posteriormente a las actividades de las secciones.
1.1. Pleno de la Sala Superior
En las 89 sesiones que llevó a cabo el pleno se sometieron a su consideración un total de 665 asuntos, de los cuales se resolvieron 525 expedientes, habiéndose interpuesto en 75 de ellos juicios de amparo o recursos de revisión fiscal, lo que representa 14.3 por ciento de las sentencias dictadas.
Asimismo, de las 259 ejecutorias de amparos y revisiones que se resolvieron por el Poder Judicial de la Federación en el periodo de que se informa, sólo 70 fueron para cumplimentar, 45 de amparo y 25 de revisión, en tanto que 138 ejecutorias negaron el amparo, 27 confirmaron las sentencias de este tribunal y 24 sobreseyeron o desecharon los referidos medios de defensa.
De los asuntos radicados en la Sala Superior para conocimiento del pleno, fueron 42 juicios para interpretar por primera vez una ley, 279 incidentes de incompetencia, 95 excitativas de justicia, 11 contradicciones de sentencias, 16 excusas, 9 contravenciones de jurisprudencia, 9 quejas y 2 incidentes de nulidad de notificaciones.
Por cuanto hace a los 41 asuntos que por sus características especiales fueron atraídos para conocimiento del pleno en el periodo, corresponden, entre otras, a las materias de Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, Ley del Servicio Exterior Mexicano, Ley de la Propiedad Industrial, Ley Federal de Derechos y normas oficiales mexicanas.
1.2. Primera Sección de la Sala Superior
La Primera Sección de la Sala Superior llevó a cabo 31 sesiones, en las que se sometieron a su consideración 225 asuntos, en los cuales se incluye la resolución de 192 expedientes, habiéndose interpuesto en 89 de ellos juicios de amparo o recursos de revisión fiscal.
En tanto, de los amparos y las revisiones resueltos en el periodo por el Poder Judicial federal, requirieron cumplimiento 21 ejecutorias de amparo y 8 de revisión, 14 ejecutorias denegaron el amparo, 17 confirmaron las sentencias de este tribunal y 17 sobreseyeron o desecharon las instancias superiores.
Se radicaron para conocimiento de la sección 12 juicios de comercio exterior, 5 sobre convenios para evitar la doble tributación, 91 sobre tratados comerciales y 37 de los atraídos por razón de cuantía.
1.3. Segunda Sección de la Sala Superior
La Segunda Sección de la Sala Superior llevó a cabo 33 sesiones, en las que se examinaron 237 asuntos, en los cuales se incluye la resolución de 158 expedientes, habiéndose interpuesto en 25 de ellos juicios de amparo o recursos de revisión fiscal.
En tanto, de los amparos y las revisiones resueltos en el periodo por los tribunales colegiados de circuito, requirieron cumplimiento 16 ejecutorias de amparo, 4 de revisión y 5 sobreseyeron o desecharon los citados medios de defensa.
Se radicaron para conocimiento de la sección 14 juicios de comercio exterior, 4 sobre convenios para evitar la doble tributación, 90 sobre tratados comerciales y 36 de los atraídos por razón de cuantía.
...
1.12. Actuaría de Sala Superior
En la Actuaría de Sala Superior se clasificaron para ser llevadas a cabo 14 939 notificaciones, de las que 1 883 se realizaron en forma personal, 2 559 por correo certificado con acuse de recibo, 8 164 por oficio, 2 330 por lista y 3 por correo electrónico, correspondiendo del total de las notificaciones 53.97 por ciento a los asuntos competencia del pleno y el restante 46.03 por ciento a las secciones de la Sala Superior.
2. Salas regionales, metropolitanas y foráneas
2.1. Indicadores generales
El estado que guarda este órgano jurisdiccional en relación con los juicios que se promueven ante sus salas regionales, con base en cifras reales de enero a octubre del presente año y proyectadas por todo el año, es el siguiente:
En 2006 se ingresaron 232 555 asuntos, entre demandas, expedientes dados de alta y otros trámites que no generan alta de expedientes, lo que representa un decremento de 3.6 por ciento en comparación con 2005. De tales asuntos, 31 por ciento pertenece a las salas regionales metropolitanas y 69 por ciento a las regionales foráneas (ver gráfica 8).
Cabe señalar que, de acuerdo con las demandas que ingresan en las salas regionales, el promedio anual de asuntos por cada una es de 3 021. Sin embargo, existen salas que rebasan dicho promedio, como la del Noroeste I, que superó 10 000 demandas en el año; asimismo, la del Norte Centro I, las Hidalgo-México, las del Noreste, las metropolitanas y la del Centro II, que se aproximan a las 4 000 demandas (ver gráfica 9).
Se concluyeron 211 614 asuntos, entre sentencias emitidas, expedientes dados de baja y otros trámites que finalizan pero no generan baja de expedientes; esto es, hubo un incremento general de 4.7 por ciento en comparación con el año pasado. De los mencionados asuntos concluidos, 27 por ciento corresponde a las salas regionales metropolitanas y el restante 73 por ciento a las salas regionales foráneas (ver gráfica 10).
Los datos anteriores arrojan una productividad de las salas regionales metropolitanas de 79.1 por ciento y de las salas regionales foráneas de 96.3 por ciento, lo que representa un incremento respecto del año anterior de 0.7 y de 10.1 por ciento, respectivamente (ver gráfica 11).
De las sentencias emitidas por las salas regionales se impugnaron, vía amparo o revisión fiscal, 42 por ciento en las metropolitanas y 31 por ciento en las foráneas. Al resolverse los citados medios de defensa, en 14 por ciento de los casos se revocaron las sentencias de las salas regionales metropolitanas, y en relación con las foráneas 9 por ciento.
2.2. Actuaría de las Salas Regionales
2.2.1. Notificaciones personales
Las salas regionales metropolitanas, a través de su Coordinación de Actuaría Común, realizaron un total de 125 079 notificaciones personales en el periodo de que se informa. Por su parte, las salas regionales foráneas llevaron a cabo 292 900 diligencias de esta naturaleza (ver gráfica 12).
2.2.2. Notificaciones dirigidas a las autoridades
Por otra parte, las salas regionales metropolitanas, también a través de su Coordinación de Actuaría Común, realizaron 244 972 notificaciones por oficio dirigidas a las autoridades jurisdiccionales y administrativas. Debido a la continuidad de un programa de apoyo instaurado desde finales de 2003, la citada coordinación efectuó 38 028 notificaciones por oficio, en apoyo de salas foráneas, mientras que éstas, además, realizaron 642 218 diligencias del mismo tipo.
2.2.3. Notificaciones por correo
A través del Servicio Postal Mexicano, las salas regionales metropolitanas y las foráneas llevaron a cabo 41 196 y 302 013 notificaciones por correo certificado con acuse de recibo, respectivamente.
2.2.4. Notificaciones por medios electrónicos
A raíz de que a partir de 2001 se legisló sobre el uso de los medios electrónicos para llevar a cabo las notificaciones personales, con el fin de agilitar la instrucción en los juicios, y de que la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo incluye la figura de ``aviso electrónico''; durante 2006 la Coordinación de Actuaría Común de Salas Regionales Metropolitanas llevó a cabo 71 notificaciones por tales medios, de las cuales 36 fueron avisos electrónicos, 33 correos electrónicos y 2 notificaciones por transmisión facsimilar, recabándose el acuse de recibo correspondiente en todos los casos.
De lo anterior se advierte que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa tiene una actividad inmensa y dinámica, ya que los juicios que se promueven ante él se han incrementado copiosamente. Por ello, las funciones que desarrollan las autoridades de ese tribunal igualmente se han incrementado, en específico las relativas a las notificaciones que se realizan a las partes procesales, como el propio tribunal reconoce. Por ejemplo, únicamente las salas regionales metropolitanas con sede en la Ciudad de México realizaron un total de 125 079 notificaciones personales en el periodo de que se informa y, por su parte, las salas regionales foráneas llevaron a cabo 292 900 diligencias de esa naturaleza.
Lo que no se advierte del citado informe son las notificaciones personales pendientes de realizar, pero con los datos estadísticos que señala el citado informe de los asuntos que llegaron a su jurisdicción en 2006 y con los que ya se encontraban de 2005, se advierte un total de 388 018 asuntos; lo que representó para dicho tribunal un incremento en su actividad de 8.5 por ciento respecto a 2005. De la cifra señalada, 53.26 por ciento corresponde a demandas nuevas, es decir, nuevos juicios, que en su caso debieron sustanciarse en términos de ley.

Segunda. Ahora bien, si se toma en cuenta lo dispuesto en el artículo 67 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que señala cuáles actos procesales deben notificarse personalmente a los particulares, las cifras referidas en la consideración anterior aumentan exuberantemente, ya que dicho dispositivo dispone lo siguiente:

Artículo 67. Las notificaciones que deban hacerse a los particulares se harán en los locales de las salas si las personas a quienes deba notificarse se presentan dentro de las veinticuatro horas siguientes a aquella en que se haya dictado la resolución. Cuando el particular no se presente, se harán por lista autorizada, que se fijará en sitio visible de dichos locales. A fin de facilitar su consulta, la lista mencionada podrá ser incluida en la página electrónica del tribunal.
Tratándose del auto que corra traslado de la demanda o del que mande citar a testigos que no deban ser presentados por la parte oferente, la notificación a los particulares o a quien los represente se hará personalmente o por correo certificado con acuse de recibo en el domicilio que se haya hecho del conocimiento de la sala regional de que se trate, siempre que dicho domicilio se encuentre en territorio nacional.
Una vez que los particulares partes en el juicio se apersonen en éste, deberán señalar domicilio conforme lo establece la fracción I del artículo 14 de esta ley, en el que se le harán saber, personalmente o por correo certificado con acuse de recibo, las siguientes resoluciones:
I. La que tenga por admitida la contestación y, en su caso, de la ampliación de la demanda, así como la contestación a la ampliación citada.
II. El requerimiento a la parte que debe cumplirlo.
III. El auto de la sala regional que dé a conocer a las partes que el juicio será resuelto por la Sala Superior.
IV. El auto que decrete o deniegue la suspensión provisional y la sentencia que resuelva la definitiva.
V. Las resoluciones que puedan ser recurridas.
VI. La resolución de sobreseimiento.
VII. La sentencia definitiva; y
VIII. En todos los casos en que el magistrado instructor o la sala así lo ordenen.
...
Como se aprecia, son muchas las resoluciones que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa debe notificar personalmente, los cuales son de suma importancia para el particular que acude a pedir justicia, como las siguientes resoluciones: la que tenga por admitida la contestación y, en su caso, de la ampliación de la demanda, así como la contestación a la ampliación citada; el requerimiento a la parte que debe cumplirlo; el auto de la sala regional que dé a conocer a las partes que el juicio será resuelto por la Sala Superior; el auto que decrete o deniegue la suspensión provisional y la sentencia que resuelva la definitiva; las resoluciones que puedan ser recurridas, entre las que destacan la sentencia definitiva; y en todos los casos en que el magistrado instructor o la sala así lo ordenen.
En ese sentido, resulta viable la propuesta de reforma en estudio, toda vez que los litigantes, estudiantes en derecho o cualquier persona con capacidad jurídica podrán, cuando sean autorizados por el particular o su representante, oír y recibir las notificaciones personales en nombre del promovente e incluso imponerse de los autos del expediente, lo que auxiliaría en gran medida el desarrollo de los procedimientos sustanciados ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa para que sean más rápidos y expeditos, cuestión que conviene y beneficia a todos los involucrados en dichos juicios, ya que al permitir que se realicen estas notificaciones a los que no son profesionales en derecho, pero tienen capacidad jurídica, los promoventes o actores tienen posibilidad de que su juicio esté mejor atendido. Igualmente, beneficia al tribunal, ya que con la propuesta en estudio se desahogaría la carga de trabajo de las actuarías de las salas y, con ello, se agilizaría el procedimiento contencioso-administrativo.

Tercera. No debe pasar inadvertido que otras legislaciones federales, como la Ley de Amparo, el Código Fiscal de la Federación y la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, permiten que las notificaciones personales se realicen a cualquier persona con capacidad jurídica que designe el interesado.

Por ello, y a fin de unificar criterios en las leyes federales y crear certeza jurídica en el gobernado para no vulnerar la garantía de legalidad en su favor, esta dictaminadora considera procedente la iniciativa en estudio, toda vez que encuentra sustento jurídico en las consideraciones referidas en líneas que anteceden.

Por lo expuesto, la Comisión de Justicia somete a consideración de esta asamblea el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforma el artículo 5o., último párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo

Único. Se reforma el último párrafo del artículo 5o. de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, para quedar como sigue:

Artículo 5o. ...

...

...

Los particulares o sus representantes podrán autorizar por escrito a licenciado en derecho que en su nombre reciba notificaciones. La persona así autorizada podrá hacer promociones de trámite, rendir pruebas, presentar alegatos e interponer recursos. Las autoridades podrán nombrar delegados para los mismos fines. Con independencia de lo anterior, las partes podrán autorizar a cualquier persona con capacidad legal para oír notificaciones e imponerse de los autos, quien no gozará de las demás facultades a que se refiere este párrafo.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de septiembre de 2008.
La Comisión de Justicia, diputados: César Camacho Quiroz (rúbrica), presidente; Felipe Borrego Estrada , Violeta del Pilar Lagunes Viveros (rúbrica), Carlos Alberto Navarro Sugich , Miguel Ángel Arellano Pulido , Jorge Mario Lescieur Talavera (rúbrica), Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda (rúbrica), Faustino Javier Estrada González , secretarios; Mónica Arriola (rúbrica), Alliet Mariana Bautista Bravo , Luis Enrique Benítez Ojeda (rúbrica), Liliana Carbajal Méndez , Rogelio Carbajal Tejada , Raúl Cervantes Andrade , Jesús de León Tello , José Manuel del Río Virgen , Antonio de Jesús Díaz Athié (rúbrica), Rutilio Cruz Escandón Cadenas (rúbrica), Arturo Flores Grande , Silvano Garay Ulloa (rúbrica), María del Pilar Ortega Martínez (rúbrica), Omeheira López Reyna , Andrés Lozano Lozano (rúbrica), Victorio Rubén Montalvo Rojas (rúbrica), Silvia Oliva Fragoso (rúbrica), Mario Eduardo Moreno Álvarez , Luis Gustavo Parra Noriega (rúbrica), Alfredo Adolfo Ríos Camarena (rúbrica), Yadhira Yvette Tamayo Herrera (rúbrica).»

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: En consecuencia está a discusión, en lo general y en lo particular, el artículo único del proyecto de decreto.

No habiendo oradores registrados, consulte la Secretaría a la asamblea si el proyecto de decreto se encuentra suficientemente discutido, en lo general y en lo particular.

El Secretario diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido el proyecto de decreto, en lo general y en lo particular. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Mayoría por la afirmativa, diputada presidenta.

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Suficientemente discutido.

Se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación, en lo general y en lo particular, del proyecto de decreto.

El Secretario diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento para el Gobierno Interior. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación, en lo general y en lo particular, del proyecto de decreto.

(Votación)

¿Falta algún diputado o alguna diputada por emitir su voto? Está abierto el sistema, compañeros.

Presidencia del diputado César Duarte Jáquez

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Está abierto el sistema. Voten, diputados, por favor, en el sistema electrónico.

El Secretario diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés: ¿Falta algún diputado o alguna diputada por emitir su voto? Está abierto el sistema.

Ciérrese el sistema de votación.

Señor presidente, se emitieron 331 votos en pro, 0 en contra y 0 abstenciones.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Aprobado en lo general y en lo particular, por 331 votos, por unanimidad, el proyecto de decreto que reforma el último párrafo del artículo 5o. de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.



LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma el artículo 13, fracción I, inciso a), de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura del dictamen.

El Secretario diputado Manuel Portilla Diéguez: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura del dictamen. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Mayoría por la afirmativa, diputado presidente. Se dispensa la lectura.

«Dictamen de la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto que reforma el artículo 13, fracción I, inciso a), de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la LIX Legislatura, le fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 13, fracción I, inciso a), de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

La Comisión de Justicia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 70, 71, 72 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39, 45 numeral 6 incisos f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, 56, 60 y 88, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de los integrantes de esta honorable asamblea el presente dictamen, basándose en los siguientes

Antecedentes

Primero. En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión en fecha 26 de julio de 2006, el diputado Jesús González Schmal, del Grupo Parlamentario de Convergencia, presentó la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 13, fracción I, inciso a), de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

Segundo. La Mesa Directiva, en esa fecha, mediante oficio número CP2R3A-1319, acordó se turnara a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

Tercero. En virtud del decreto publicado el 5 de diciembre de 2006 en el Diario Oficial de la Federación, por el que se reforman y adicionan los artículos 39 y 43 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se dividió a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos en dos: Comisión de Justicia, y Comisión de Derechos Humanos, quedando a cargo de la Comisión de Justicia, la emisión del dictamen de la iniciativa a la que se ha hecho referencia.

Contenido de la iniciativa

Expone el autor que los juicios promovidos ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, se rigen por las disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, señalando que para la procedencia de un juicio ante el citado tribunal, es necesario entre otras cosas, respetar los plazos establecidos en el artículo 13, fracción I, inciso a) de la referida ley, el cual indica que ``la demanda se presentará por escrito directamente ante la sala regional competente, dentro de los plazos que a continuación se indican: I. De cuarenta y cinco días siguientes a aquél en el que se dé alguno de los supuestos siguientes: a) Que haya surtido efectos la notificación de la resolución impugnada''.

Aclara el autor que del dispositivo legal en cita se advierte que la demanda de nulidad debe interponerse dentro de los cuarenta y cinco días siguientes a aquél en que surta efectos la notificación de la resolución impugnada, por lo que, a efecto de determinar lo anterior, es decir, en qué momento surte efectos la notificación, es preciso establecer la legislación que debe aplicarse en materia de las notificaciones efectuadas en los procedimientos administrativos, para la interposición de la demanda ante el citado tribunal, en atención a que en términos de lo dispuesto por el artículo 70 del ordenamiento legal en cita, las notificaciones surten sus efectos al día hábil siguiente a aquel en que fueren hechas, no obstante, tal situación se presta a ambigüedad, en razón de que puede considerarse también que la notificación de la resolución impugnada, surte efectos conforme a las disposiciones aplicables a ésta, dejando ante tal situación, en un estado de indefensión al gobernado, ante la falta de certeza del dispositivo aplicable, ya que la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo omite especificar, a diferencia de la Ley de Amparo en el artículo 21, o bien, la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, en el artículo 43.

Concluye el autor que, con base en lo antes señalado, se considera necesario para que no se violenten las garantías de defensa y seguridad jurídica de los gobernados, afectados por resoluciones administrativas, reformar el citado artículo 13, fracción I, inciso a), de la referida Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, a efecto de especificar en qué momento surten sus efectos la resoluciones en cita, y evitar con ello dejar sin posibilidad de defensa al gobernado, en atención a que las notificaciones surten efectos en diferente momento, dependiendo del ordenamiento legal aplicable a cada caso en concreto.

Establecidos los antecedentes y el contenido de la iniciativa, los miembros de la Comisión de Justicia exponemos las siguientes

Consideraciones

Única. Después de haber analizado los argumentos vertidos en la iniciativa que nos ocupa, esta comisión coincide plenamente con lo expresado por el legislador, toda vez que efectivamente, la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo no es clara en cuanto al cómputo del término para la promoción de la demanda de nulidad, ya que el inciso a), fracción I, artículo 13, no precisa conforme a qué ley se debe tomar en cuanta cuando surten sus efectos las notificaciones, dispositivo que señala lo siguiente:

Artículo 13. La demanda se presentará por escrito directamente ante la sala regional competente, dentro de los plazos que a continuación se indican:
I. De cuarenta y cinco días siguientes a aquél en el que se dé alguno de los supuestos siguientes:
a) Que haya surtido efectos la notificación de la resolución impugnada, inclusive cuando se controvierta simultáneamente como primer acto de aplicación una regla administrativa de carácter general.
...
...

Como se advierte, el citado inciso a), fracción I, artículo 13 de dicha ley, no hace referencia alguna respecto de cuál es la regla a seguir, para que el demandante tome en cuenta en qué tiempo surte efectos la notificación de la resolución que impugna, es decir, si se deben tomar en cuenta las reglas de las notificaciones que establece la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, o bien, las reglas de la ley conforme a la cual se dictó la resolución impugnada.

Esta dictaminadora estima que, las reglas contenidas en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, no pueden aplicarse a la dispuesto por el citado inciso a), fracción I, artículo 13 de dicha ley, ya que las características, reglas y disposiciones que en materia de notificaciones establece la misma, se refieren y son aplicables a los actos procesales realizados dentro del juicio contencioso administrativo, ello atendiendo al momento del surgimiento del plazo o término para actuar en ese juicio, denominados términos jurisdiccionales, a diferencia del término que se establece en el citado inciso a), fracción I, artículo 13, ya que el plazo que dicho precepto refiere, es de los llamados o conocidos como términos prejurisdiccionales, es decir el acto procesal que se instituye consistente en la presentación de la demanda, es realizado antes de que inicie el juicio.

Por lo que es procedente la reforma propuesta en el sentido que refiere, ya que la regla que se debe seguir, respecto de cuándo surte efectos la notificación de la resolución impugnada, es la que establezca la ley conforme la cual se dictó dicha resolución, ya que es lógico dilucidar que ese acto administrativo se fundamentó en su correspondiente legislación aplicable.

Lo anterior tiene relevancia, ya que el juicio que se regula en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, es procedente contra actos administrativos de distinta índole, como por ejemplo, los actos puramente administrativos, o los actos administrativos fiscales, que son regulados por distintas legislaciones y con diferentes reglas.

Continuando con el mismo ejemplo, los actos puramente administrativos y que son regulados por la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, establece en su artículo 38 que las notificaciones personales surtirán sus efectos el día en que hubieren sido realizadas, a diferencia de los actos administrativos fiscales regulados por el Código Fiscal de la Federación, legislación que establece en el artículo 135 que las notificaciones surtirán sus efectos al día hábil siguiente en que fueron hechas.

Para mejor proveer se trascriben los dispositivos referidos:

Artículo 38. Las notificaciones personales surtirán sus efectos el día en que hubieren sido realizadas. Los plazos empezarán a correr a partir del día siguiente a aquel en que haya surtido efectos la notificación.
Se tendrá como fecha de notificación por correo certificado la que conste en el acuse de recibo.
En las notificaciones por edictos se tendrá como fecha de notificación la de la última publicación en el Diario Oficial de la Federación y en uno de los periódicos diarios de mayor circulación en el territorio nacional.
Artículo 135. Las notificaciones surtirán sus efectos al día hábil siguiente en que fueron hechas y al practicarlas deberá proporcionarse al interesado copia del acto administrativo que se notifique. Cuando la notificación la hagan directamente las autoridades fiscales o por terceros habilitados, deberá señalarse la fecha en que ésta se efectúe, recabando el nombre y la firma de la persona con quien se entienda la diligencia. Si ésta se niega a una u otra cosa, se hará constar en el acta de notificación.
La manifestación que haga el interesado o su representante legal de conocer el acto administrativo, surtirá efectos de notificación en forma desde la fecha en que se manifieste haber tenido tal conocimiento, si ésta es anterior a aquella en que debiera surtir efectos la notificación de acuerdo con el párrafo anterior.

En ese sentido, es jurídicamente viable que la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo que se pretende reformar, especifique en el artículo 13, fracción I, inciso a), que se deberá estar a lo dispuesto por la ley del acto impugnado a efecto de que el demandante tenga certeza de cuál es el momento en que surte efectos la notificación, y evitar con ello la vulneración de la garantía de defensa al gobernado.

Por lo anteriormente expuesto, la Comisión de Justicia somete a la consideración de esta asamblea, el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforma el artículo 13, fracción I, inciso A) de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo

Único. Se reforma el artículo 13, fracción I, inciso a) de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, para quedar como sigue:

Artículo 13. La demanda se presentará por escrito directamente ante la sala regional competente, dentro de los plazos que a continuación se indican:

I. De cuarenta y cinco días siguientes a aquél en que se dé alguno de los supuestos siguientes:
a) Que haya surtido efectos la notificación de la resolución impugnada, lo que se determinará conforme a la ley aplicable a ésta, inclusive cuando se controvierta simultáneamente como primer acto de aplicación una regla administrativa de carácter general.
b) ...
II. ...
III. ...
...
...
...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de septiembre de 2008.
La Comisión de Justicia, diputados: César Camacho Quiroz (rúbrica), presidente; Felipe Borrego Estrada (rúbrica), Violeta del Pilar Lagunes Viveros (rúbrica), Carlos Alberto Navarro Sugich , Miguel Ángel Arellano Pulido , Jorge Mario Lescieur Talavera (rúbrica), Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda (rúbrica), Faustino Javier Estrada González , secretarios; Mónica Arriola (rúbrica), Alliet Mariana Bautista Bravo , Luis Enrique Benítez Ojeda (rúbrica), Liliana Carbajal Méndez (rúbrica), Rogelio Carbajal Tejada , Raúl Cervantes Andrade , Jesús de León Tello , José Manuel del Río Virgen , Antonio de Jesús Díaz Athié (rúbrica), Rutilio Cruz Escandón Cadenas (rúbrica), Arturo Flores Grande , Silvano Garay Ulloa (rúbrica), María del Pilar Ortega Martínez (rúbrica), Omeheira López Reyna , Andrés Lozano Lozano (rúbrica), Victorio Rubén Montalvo Rojas (rúbrica), Silvia Oliva Fragoso (rúbrica), Mario Eduardo Moreno Álvarez , Luis Gustavo Parra Noriega (rúbrica), Alfredo Adolfo Ríos Camarena (rúbrica), Yadhira Yvette Tamayo Herrera (rúbrica).»

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: En consecuencia está a discusión, en lo general y en lo particular, el artículo único del proyecto de decreto.

No habiéndose registrado ningún orador, la Presidencia solicita a la Secretaría que consulte a la asamblea si el proyecto de decreto se encuentra suficientemente discutido, en lo general y en lo particular.

El Secretario diputado Manuel Portilla Diéguez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido el proyecto de decreto, en lo general y en lo particular. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa.

Mayoría por la afirmativa, diputado presidente.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Suficientemente discutido.

Se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación, en lo general y en lo particular, del proyecto de decreto.

El Secretario diputado Manuel Portilla Diéguez: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento para el Gobierno Interior. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación, en lo general y en lo particular, del proyecto de decreto.

(Votación)

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Pedimos a los diputados que no se retiren porque vamos a votar de inmediato un dictamen, que va a ser de manera muy ágil, y ya con ello concluiríamos la sesión.

El Secretario diputado Manuel Portilla Diéguez: Ciérrese el sistema de votación electrónico.

Se emitieron 335 votos en pro, 0 en contra y 1 abstención, diputado presidente.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Aprobado por 335 votos, en lo general y en lo particular, el proyecto de decreto que reforma el artículo 13, fracción I, inciso a), de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.



LEY QUE ESTABLECE LAS NORMAS MINIMAS SOBRE READAPTACION SOCIAL DE SENTENCIADOS

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 6o., 10 y 11 de la Ley que establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados.

En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura del dictamen.

La Secretaria diputada Margarita Arenas Guzmán: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura del dictamen. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Dictamen de la Comisión de Seguridad Pública, con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 6o., 10 y 11 de la Ley que establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de la LX Legislatura fue turnada para estudio, análisis y dictamen correspondiente la iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley que establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados.

La comisión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 70, 71 y 72, y en las fracciones XXIII y XXX del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 60, 65, 87, 88 y 93 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de los integrantes de esta honorable asamblea el presente dictamen.

Antecedentes

1. En sesión de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión celebrada en fecha 11 de marzo de 2008, el diputado José Luis Murillo Torres , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley que establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados.
2. En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva acordó que se turnara dicha iniciativa a la Comisión de Seguridad Pública.
3. En sesión plenaria celebrada en fecha 2 de octubre de 2008, se sometió a consideración de los integrantes de la Comisión de Seguridad Pública de la LX Legislatura el proyecto de dictamen, que fue aprobado por 20 votos a favor.

Contenido

1. En la exposición de motivos de la iniciativa presentada, el diputado José Luis Murillo Torres sostiene que la prisión es un instrumento de control social utilizado por el Estado y un factor intimidante para la discutible prevención de conductas que alteren el orden social establecido.
2. El diputado proponente menciona que, independientemente de lo dispuesto en el artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde se establece que las mujeres compurgarán sus penas en lugares separados de los destinados a los hombres para tal efecto, no se señalan las necesidades de las mujeres en reclusión, sobre todo las asociadas a la maternidad, la atención de los hijos y la educación de éstos.
3. El proponente manifiesta que parecería que el diseño operativo y arquitectónico de los centros de reclusión responde únicamente a necesidades de personas del género masculino denotando, con ello, la discriminación hacia las mujeres en los centros de reclusión.
4. El proponente considera la vulnerabilidad de las mujeres por el doble abandono del que son objeto, en primer lugar, por la familia como una forma de reproche por haber infringido la ley y haber estado en prisión; y en segundo lugar, por la institución penitenciaria, que no brinda las condiciones mínimas para compurgar la pena, contrariamente a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
5. Que la mayoría de los centros de readaptación social no cuenta con opciones laborales para las mujeres en reclusión, contrariamente a lo expresado en el artículo 18 de la Carta Magna, además de que no hay una reglamentación del trabajo en los centros de reclusión, por lo que el trabajo no es obligatorio; situación que se evidencia en especial con las mujeres.
6. El diputado proponente señala que en la mayoría de los penales mixtos, los espacios asignados para las internas que son madres y para sus hijos deben ser adaptados de acuerdo con sus necesidades, ya que la infraestructura de los centros de readaptación no permite un adecuado espacio para el desarrollo de los niños que permanecen con sus madres, con lo cual se viola un derecho fundamental considerado en instrumentos internacionales, como la Convención de los Derechos de la Niñez.
7. En razón de lo anterior, el diputado propone reformar los artículos 6, 10 y 11 de la Ley que establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, con objeto de garantizar los derechos de quienes se encuentran privadas de la libertad, así como velar por el desarrollo de los hijos de las madres internas.

Consideraciones

a) En lo general

1. Que los párrafos primero, tercero y sexto del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establecen la igualdad del hombre y la mujer ante la ley, así como el derecho a la protección de la salud y el derecho que tienen los niños a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral.
2. Que el segundo párrafo del artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano establece la organización del sistema penitenciario sobre la base del trabajo, la capacitación para éste, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad, así como también establece que las mujeres compurgarán las penas en lugares separados de los destinados a los hombres.
3. Que la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 1976, tiene por objeto establecer las bases de organización de la administración pública federal, centralizada y paraestatal.
4. Que a partir de las reformas y adiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre de 2000 se creó la Secretaría de la Seguridad Pública federal.
5. Que la ley mencionada señala en el artículo 30 Bis el despacho de los asuntos que corresponden a la Secretaría de Seguridad Pública, mencionando la administración del sistema federal penitenciario, como se transcribe a continuación:
Artículo 30 Bis. A la Secretaría de Seguridad Pública corresponde el despacho de los siguientes asuntos:
I. a XXII. ...
XXIII. Ejecutar las penas por delitos del orden federal y administrar el sistema federal penitenciario, así como organizar y dirigir las actividades de apoyo a liberados;
XXIV. a XXVII. ...
6. Que la Ley que establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 19 de mayo de 1971, tiene como finalidad organizar el sistema penitenciario en la república.
7. Que dicha ley, de carácter general, ha sido base para que las entidades federativas publiquen sus leyes en materia de readaptación social.
8. Que la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de mayo de 2000, se fundamenta en el párrafo sexto del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tiene por objeto garantizar a niñas, a niños y a adolescentes la tutela y el respeto de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución.

b) De la iniciativa

1. Que con objeto de lograr el pleno goce de los derechos de quienes se encuentran privados de la libertad, garantizando el derecho a la salud y desarrollo de las reclusas, así como garantizar la salud y la educación de los hijos de las internas, la comisión dictaminadora se identifica con las reformas propuestas por el diputado José Luis Murillo Torres .
2. Esta comisión dictaminadora considera pertinente mencionar que, en México, el sistema penitenciario está formado por 451 centros, de los cuales 6 dependen del gobierno federal (3 centros de máxima seguridad, 1 de media, 1 colonia penal y 1 centro de rehabilitación psicológica), 365 son administrados por los gobiernos estatales, 10 por el Gobierno del Distrito Federal y 70 por las autoridades municipales.
3. La comisión dictaminadora estima conveniente mencionar que la autoridad ejecutara de las penas de carácter federal es Prevención y Readaptación Social, órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Seguridad Pública.
4. La comisión considera pertinente mencionar que el 14 de febrero de 2002, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió la recomendación general número 3, a efecto de que se tomen las medidas necesarias para que las reclusas reciban trato digno y respetuoso, acorde con su condición de mujer, atendiendo sus necesidades de salud, educación, trabajo productivo y remunerado en lugares totalmente separados de los que ocupan los varones, así como convivir con mujeres de su misma situación jurídica y con personal de custodia exclusivamente femenino, además de que se creen programas y lugares específicos de atención para los hijos que permanecen con sus madres.
5. Con relación a la iniciativa que se analiza, cabe señalar que las reglas mínimas para el tratamiento de reclusos, aprobadas por el Consejo Económico y Social en las resoluciones números 663C (XXIV), del 31 de julio de 1957, y 2076 (LXII), del 13 de mayo de 1977, establecen de manera general los principios y las reglas de organización penitenciaria y práctica para el tratamiento de los reclusos.
6. Que el numeral 23.1 de las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos señala lo siguiente:
En los establecimientos para mujeres deben existir instalaciones especiales para el tratamiento de las reclusas embarazadas, de las que acaban de dar a luz y de las convalecientes. Hasta donde sea posible, se tomarán medidas para que el parto se verifique en un hospital civil. Si el niño nace en el establecimiento, no deberá hacerse constar este hecho en su partida de nacimiento. 2) Cuando se permita a las madres reclusas conservar al niño, deberán tomarse disposiciones para organizar una guardería infantil, con personal calificado, donde estarán los niños cuando no se hallen atendidos por sus madres.
7. Con relación a la atención necesaria de las mujeres embarazadas, el artículo 20 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes establece el derecho que las madres tienen, mientras están embarazadas o lactando, a recibir la atención médica y nutricional necesaria, de conformidad con el derecho a la salud integral de la mujer.
8. Respecto a los derechos y a la atención de los niños, aspecto analizado también en la iniciativa, la Organización de las Naciones Unidas adoptó el 20 de noviembre de 1989 la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por el gobierno de nuestro país y aprobada por la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión el 19 de junio de 1990, en la cual se describen derechos de los niños y medidas para garantizar su sano desarrollo.
9. Para mayor sustento, cabe citar lo dispuesto en los artículos 8o. y 44 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes:
Artículo 8. A fin de procurar para niñas, niños y adolescentes el ejercicio igualitario de todos sus derechos, se atenderá, al aplicarse esta ley, a las diferencias que afectan a quienes viven privados de sus derechos.
La Federación, el Distrito Federal; los estados y los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, promoverán lo necesario para adoptar las medidas de protección especial que requieran quienes vivan carentes o privados de sus derechos, para terminar con esa situación y, una vez logrado, insertarlos en los servicios y los programas regulares dispuestos para quienes no vivan con tales deficiencias.
Las instituciones gubernamentales encargadas de cumplir la obligación establecida en el párrafo anterior deberán poner en marcha programas cuya permanencia quede asegurada hasta que se logre la incorporación a que se hace referencia.
Artículo 44. Las normas protegerán a niñas, a niños y a adolescentes de cualquier injerencia arbitraria o contraria a sus garantías constitucionales o a los derechos reconocidos en esta ley y en los tratados, suscritos por nuestro país, en los términos del artículo 133 constitucional.
10. El Programa Sectorial de Seguridad Pública 2007-2012, publicado en el Diario Oficial de la Federación el lunes 28 de enero de 2008, considera como uno de sus ejes rectores el mejoramiento de los programas de readaptación social de los internos para recuperar el sentido original del sistema penitenciario federal.
11. La comisión dictaminadora considera que las reformas de la Ley que establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados propuestas por el diputado José Luis Murillo Torres crean condiciones para mejorar la calidad de vida de las mujeres que se encuentran internas, así como de los hijos que permanecen con sus madres en esta situación, las cuales permitirán avanzar en los procesos de reinserción social.
Asimismo, precisan obligaciones y elementos que deberán observar los funcionarios y las autoridades encargados de los centros de readaptación social federal.
12. La comisión considera conveniente, recuperando la esencia de la propuesta, realizar algunas modificaciones en la redacción del párrafo cuarto que se propone adicionar al artículo 6o. de la Ley que establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, a efecto de crear condiciones para garantizar el derecho a la salud de las internas y, de manera especializada, a las reclusas durante el embarazo y con posterioridad a éste.
Al referimos a la atención médica y a los servicios ginecológicos necesarios, se debe tener presente que las mujeres requieren estos servicios básicos en cualquier momento y no sólo cuando se encuentran embarazadas.
En razón de lo anterior, la comisión dictaminadora considera conveniente referirse de manera diferenciada a la atención médica y a los servicios ginecológicos respecto de la atención especializada durante el embarazo y con posterioridad a éste.
Por otra parte, se propone retirar del párrafo que se analiza lo relativo a los servicios pediátricos, por tratarse de una rama de la medicina que se encarga del diagnóstico, el tratamiento y la prevención de enfermedades en los niños.
El texto propuesto por el diputado José Luis Murillo Torres señala lo siguiente:
Artículo 6o. ...
...
...
En los centros de reclusión para mujeres se proporcionarán a éstas atención médica especializada durante el embarazo y servicios ginecológicos, obstétricos y pediátricos de emergencia.
...
A partir de las modificaciones propuestas, el texto expresaría:
Artículo 6o. ...
...
...
En los centros de reclusión para mujeres se proporcionarán la atención médica y los servicios ginecológicos necesarios y, en su caso, la atención especializada durante el embarazo y con posterioridad a éste.
...
13. La adición del artículo 11 de la misma iniciativa considera lo relativo a la atención pediátrica para los hijos de las recluidas, por lo que resulta innecesario mantener la referencia a esta atención especializada en el párrafo que se propone adicionar al artículo 6o.
14. En cuanto a la reforma que se propone del artículo 10, que tiene por objeto señalar el estado de gravidez como un elemento que se tomará en cuenta en la asignación de los internos al trabajo, esta comisión la considera viable por considerar que las reclusas en estado de embarazo tienen derecho al trabajo. Sin embargo, considera conveniente precisar que este elemento se tomará en cuenta tratándose de mujeres internas, en su caso.
El texto propuesto por el diputado José Luis Murillo Torres señala:
Artículo 10. La asignación de los internos al trabajo se hará tomando en cuenta los deseos, la vocación, las aptitudes, el estado de gravidez, la capacitación laboral para el trabajo en libertad y el tratamiento de aquéllos, así como las posibilidades del reclusorio. El trabajo en los reclusorios se organizará previo estudio de las características de la economía local, especialmente del mercado oficial, a fin de favorecer la correspondencia entre las demandas de éste y la producción penitenciaria, con vistas a la autosuficiencia económica del establecimiento. Para este último efecto, se trazará un plan de trabajo y producción, que será sometido a aprobación del gobierno del estado y, en los términos del convenio respectivo, de la Dirección General de Servicios Coordinados.
A partir de los razonamientos expresados, el texto propuesto quedaría en los siguientes términos:
Artículo 10. La asignación de los internos al trabajo se hará tomando en cuenta los deseos, la vocación, las aptitudes, tratándose de internas, en su caso, el estado de gravidez, la capacitación laboral para el trabajo en libertad y el tratamiento de aquéllos, así como las posibilidades del reclusorio. El trabajo en los reclusorios se organizará previo estudio de las características de la economía local, especialmente del mercado oficial, a fin de favorecer la correspondencia entre las demandas de éste y la producción penitenciaria, con vistas a la autosuficiencia económica del establecimiento. Para este último efecto, se trazará un plan de trabajo y producción, que será sometido a aprobación del gobierno del estado y, en los términos del convenio respectivo, de la Dirección General de Servicios Coordinados.
...
...
15. Por lo expuesto, y después de estudiar detenidamente el contenido de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos. 6, 10 y 11 de la Ley que establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, los integrantes de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados sometemos a consideración de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 6, 10 y 11 de la Ley que establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados

Artículo Único. Se reforma el primer párrafo del artículo 10; y se adicionan un cuarto párrafo, pasando el actual cuarto a ser quinto, al artículo 6o., y un tercer párrafo al artículo 11 de la Ley que establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, para quedar como sigue:

Artículo 6o. ...

...

...

En los centros de reclusión para mujeres, se brindarán la atención médica y los servicios ginecológicos necesarios y, en su caso, la atención especializada durante el embarazo y con posterioridad a éste.

...

Artículo 10. La asignación de los internos al trabajo se hará tomando en cuenta los deseos, la vocación, las aptitudes, tratándose de internas, en su caso, el estado de gravidez, la capacitación laboral para el trabajo en libertad y el tratamiento de aquéllos, así como las posibilidades del reclusorio. El trabajo en los reclusorios se organizará previo estudio de las características de la economía local, especialmente del mercado oficial, a fin de favorecer la correspondencia entre las demandas de éste y la producción penitenciaria, con vistas a la autosuficiencia económica del establecimiento. Para este último efecto, se trazará un plan de trabajo y producción que será sometido a aprobación del gobierno del estado y, en los términos del convenio respectivo, de la Dirección General de Servicios Coordinados.

...

...

Artículo 11. ...

...

Los hijos de las mujeres recluidas, en caso de que permanezcan en la institución, recibirán atención pediátrica, educación inicial y preescolar hasta la edad de seis años.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo en San Lázaro, a 2 de octubre de 2008.
La Comisión de Seguridad Pública, diputados: Juan Francisco Rivera Bedoya (rúbrica), presidente; Édgar Armando Olvera Higuera (rúbrica), Armando Barreiro Pérez (rúbrica), Gerardo Octavio Vargas Landeros (rúbrica), Patricia Villanueva Abraján (rúbrica), Ma. de los Ángeles Jiménez del Castillo (rúbrica), Luis Gerardo Serrato Castell , David Mendoza Arellano (rúbrica), secretarios; Jesús Sergio Alcántara Núñez , Miguel Ángel Arellano Pulido (rúbrica), Roberto Badillo Martínez (rúbrica), Gregorio Barradas Miravete (rúbrica), Manuel Cárdenas Fonseca , Ángel Rafael Deschamps Falcón , Yary del Carmen Gebhardt Garduza , Jorge Justiniano González Betancourt (rúbrica), Agustín Leura González (rúbrica), Andrés Lozano Lozano (rúbrica), Carlos Madrazo Limón , Efraín Morales Sánchez , José Luis Murillo Torres (rúbrica), Silvia Oliva Fragoso (rúbrica), Manuel Salvador Salgado Amador , Josefina Salinas Pérez (rúbrica), Layda Elena Sansores San Román (rúbrica), Francisco Javier Santos Arreola (rúbrica), Martín Stefanonni Mazzocco (rúbrica), Carlos Alberto Torres Torres (rúbrica).»

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Consulte la Secretaría a la asamblea si el proyecto de decreto se encuentra suficientemente discutido, en virtud de que nadie ha solicitado la palabra para ello.

La Secretaria diputada Margarita Arenas Guzmán: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si el proyecto de decreto se encuentra suficientemente discutido en lo general. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Suficientemente discutido.

Para los efectos del artículo 134 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General se pregunta a la asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular.

En virtud de que no se ha reservado artículo alguno para discutirlo en lo particular, se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico por tres minutos para proceder a la votación, en lo general y en lo particular, en un solo acto.

La Secretaria diputada Margarita Arenas Guzmán: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento para el Gobierno Interior. Ábrase el sistema electrónico por tres minutos para proceder a la votación, en lo general y en lo particular, del proyecto de decreto.

(Votación)

¿Falta algún diputado o alguna diputada por emitir su voto? Continúa abierto el sistema electrónico.

Ciérrese el sistema de votación electrónico. De viva voz:

La diputada María Gloria Guadalupe Valenzuela García (desde la curul): Valenzuela García, a favor.

La diputada Violeta del Pilar Lagunes Viveros (desde la curul): Violeta Lagunes, a favor.

El diputado Joaquín Jesús Díaz Mena (desde la curul): Díaz Mena, a favor.

La diputada Ruth Zavaleta Salgado (desde la curul): A favor.

El diputado Jacinto Gómez Pasillas: A favor.

El diputado Francisco Javier Plascencia Alonso (desde la curul): A favor.

El diputado Alejandro Sánchez Camacho (desde la curul): A favor.

El diputado José Antonio Arévalo González (desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada Margarita Arenas Guzmán: Se emitieron 348 votos en pro, 0 en contra, 0 abstenciones.

El diputado Jorge Emilio González Martínez (desde la curul): Diputada secretaria, a favor.

La Secretaria diputada Margarita Arenas Guzmán: 349 votos en pro.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Aprobado en lo general y en lo particular, por 349 votos, el proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 6, 10 y 11 de la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados.



ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: El siguiente punto del orden del día es el de dictámenes a discusión con puntos de acuerdo. En virtud de que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se autoriza que sólo se lean los puntos de acuerdo.

La Secretaria María Eugenia Jiménez Valenzuela: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se autoriza que sólo se lean los puntos de acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Se autoriza. Continúe la Secretaría dando lectura.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: «Dictamen de la Comisión de Seguridad Pública, con puntos de acuerdo a fin de exhortar al titular del Ejecutivo federal a evaluar mediante el secretario de la Defensa Nacional, el procurador general de la República y el secretario de Seguridad Pública la implantación preventiva de una operación conjunta de combate de la delincuencia organizada en Baja California Sur

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Seguridad Pública le fue turnado, para su análisis y dictamen, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a instruir a los titulares de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Procuraduría General de la República y de la Secretaría de Seguridad Pública a la aplicación de un programa emergente de operativos conjuntos de combate a la delincuencia organizada en Baja California Sur, a fin de lograr la recuperación territorial de los espacios públicos para la comunidad y el restablecimiento de las condiciones mínimas de seguridad pública.

Con fundamento por lo dispuesto en los artículos 39, numerales 1, 2, fracción III, y numeral 3; 45, en su numeral 6, incisos e) a g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87, 88, 90 y 93 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la comisión es competente para conocer de la proposición con punto de acuerdo, objeto del presente, y somete a consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen, con base en los siguientes antecedentes y consideraciones.

Antecedentes

1. En sesión ordinaria del Pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, celebrada el 13 de diciembre de 2007, el diputado Manuel Salvador Salgado Amador , del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a instruir a los titulares de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Procuraduría General de la República y de la Secretaría de Seguridad Pública a la aplicación de un programa emergente de operativos conjuntos de combates a la delincuencia organizada en Baja California Sur, a fin de lograr la recuperación territorial de los espacios públicos para la comunidad y el restablecimiento de las condiciones mínimas de seguridad.
2. Con esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva turnó, para su análisis y dictamen, la proposición de referencia a la Comisión de Seguridad Pública.
3. En sesión plenaria, celebrada en fecha 19 de junio de 2008, se sometió a consideración de los integrantes de la comisión, siendo aprobado por 16 votos.

Contenido

1. El proponente sostiene que el crimen organizado ha incrementado su actividad en Baja California Sur, propiciando un ambiente de temor, amenazas, miedo e incertidumbre en la sociedad sudcaliforniana, para poder desarrollarse con tranquilidad.
2. Expresa que el esfuerzo del gobierno federal, en el combate al crimen organizado, ha rendido frutos, pero no los suficientes, en virtud de que existen entidades federativas en las que el crimen organizado ha extendido sus redes con impunidad.
3. En la actualidad, en Baja California Sur se está llevando a cabo una lucha de poder entre grupos del crimen organizado en defensa de sus plazas, y esto conlleva a una serie de ejecuciones de integrantes de los cárteles, de servidores públicos y de elementos de policía.
4. Menciona el proponente que, de todos los hechos ilícitos que se han venido presentando en Baja California Sur, ninguna autoridad ha podido esclarecer los crímenes, a pesar de que se presume que se cuentan con los elementos suficientes para poder llevar a cabo un proceso penal. La autoridad sigue permitiendo un ambiente de impunidad e incertidumbre para la aplicación de las normas jurídicas, en beneficio de la sociedad.
5. Destaca que, según información disponible de la Secretaría de Seguridad Pública federal, en 2006, de la incidencia delictiva del fuero federal en Baja California Sur, del total de delitos cometidos, el 52 por ciento correspondieron a delitos contra la salud.
6. Señala que en Baja California Sur se encuentra unos de los cuatro polos turísticos más importantes del país (Los Cabos), y esto la convierte en un foco estratégico para el turismo nacional, y para la economía del país.
7. En consecuencia, señala el proponente, resulta apremiante la presencia de las fuerzas armadas, de elementos de la Policía Federal Preventiva y de la Agencia Federal de Investigación, en Baja California Sur, para que se lleve a cabo la recuperación territorial de los espacios públicos para la comunidad y el restablecimiento de las condiciones mínimas de seguridad.

Consideraciones

a) En lo general

1. Que los párrafos sexto y séptimo del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establecen a la seguridad pública como una función a cargo de la federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios, y disponen la creación del Sistema Nacional de Seguridad Pública como una instancia de coordinación entre éstos.
2. La Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de diciembre de 1995, tiene por objeto establecer las bases de coordinación entre la federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios para la integración y funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Sus disposiciones son de orden público e interés social y de observancia general en todo el territorio nacional.
3. Que de acuerdo con el artículo 3o. de la ley citada, la seguridad pública es una función a cargo del Estado, que tiene como fines salvaguardar la integridad y los derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos.
4. Que conforme se establece en el artículo 9o. de la misma ley, las autoridades competentes se coordinarán, entre otras actividades, para la realización de acciones y operativos conjuntos, en los siguientes términos:
Artículo 9o. Las autoridades competentes de la federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios se coordinarán para
I. ...
II. Determinar las políticas de seguridad pública, ejecutar, dar seguimiento y evaluar sus acciones a través de las instancias previstas en esta ley.
III. a V. ...
VI. Tomar medidas y realizar acciones y operativos conjuntos.
5. Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 11, las políticas, lineamientos y acciones de coordinación se llevarán a cabo mediante la suscripción de los convenios respectivos o con base en los acuerdos y resoluciones que se tomen en el Consejo Nacional de Seguridad Pública y en las demás instancias de coordinación.

b) En cuanto a la proposición con punto de acuerdo

1. La comisión se identifica con el interés del proponente para promover acciones coordinadas que permitan mejorar las condiciones de seguridad pública en Baja California Sur.
2. La comisión reconoce las acciones realizadas por el gobierno federal y los avances logrados, a través de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Procuraduría General de la República y de la Secretaría de Seguridad Pública, en coordinación con las autoridades competentes en materia de seguridad pública estatales y municipales, en el marco de los operativos de combate a la delincuencia organizada que se llevan a cabo en diversas entidades federativas y regiones de nuestro país.
3. La comisión considera pertinente el análisis de la amplitud de los operativos de combate a la delincuencia organizada en Baja California Sur, toda vez que, como resultado de los operativos llevados a cabo en el estado, se ha identificado el traslado de actividades delictivas vinculadas con el crimen organizado.
4. Asimismo, es consciente de que la lucha contra el crimen organizado se encuentra en una etapa difícil, por la reacción violenta que han tenido diversas organizaciones criminales en contra de las instituciones del Estado competentes en materia de procuración de justicia, seguridad pública, así como de las fuerzas armadas, por lo que estima necesario revisar y fortalecer las acciones emprendidas.
5. También, en la actualidad, la lucha contra el crimen organizado requiere de mayor atención, ya que éste se ha venido infiltrando en la sociedad y conlleva una serie de actos ilícitos, y otros que ponen en riesgo el desarrollo, la tranquilidad y el bienestar de nuestras las familias.
6. La comisión es consciente de la importancia que implica la lucha contra el crimen organizado, así como la coordinación que debe existir en los tres niveles de gobierno para combatirlo con eficiencia. Es por ello que se debe definir y establecer un plan estratégico nacional en materia de seguridad pública, así como implantar una política integral de combate al crimen organizado con participación de los tres niveles de gobierno.
7. La comisión se identifica con el interés del proponente, toda vez que al ser un estado que colinda con uno fronterizo, como lo es Baja California, y debido a los operativos que se presentan en éste, la delincuencia organizada busca nuevas bases de operación, ampliando su actuación a los estados vecinos, lo que ha provocado el crecimiento de índices delictivos en Baja California Sur.
8. La comisión considera pertinente recodar que, dentro de los resolutivos de la decimoquinta Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, celebrada en San Luís Potosí en marzo de 2007, se acordó establecer nuevas estrategias y mecanismos de coordinación y colaboración que permitan combatir con eficacia a la delincuencia organizada en todas sus expresiones, y garantizar una procuración de justicia que ofrezca certidumbre y seguridad a los mexicanos.
9. Por los razonamientos expresados, la comisión considera procedente exhortar al titular del Ejecutivo Federal para que, a través de los titulares de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Procuraduría General de la República y de la Secretaría de Seguridad Pública, evalúe la implantación, con carácter preventivo, de un operativo conjunto de combate a la delincuencia organizada, en coordinación con las autoridades competentes del gobierno de Baja California Sur, que permita mejorar las condiciones de seguridad en esta entidad.

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de la Comisión de Seguridad Pública someten a consideración del Pleno los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular del Ejecutivo federal a evaluar la implantación, con carácter de preventivo, a través de los titulares de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Procuraduría General de la República y de la Secretaría de Seguridad Pública, de un operativo conjunto de combate a la delincuencia organizada, en coordinación con las autoridades competentes del gobierno de Baja California Sur, que permita mejorar las condiciones de seguridad en esta entidad.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión solicita atentamente al titular del Ejecutivo federal, a través de los titulares de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Procuraduría General de la República y de la Secretaría de Seguridad Pública, informen a ésta de las medidas adoptadas en el marco del anterior punto de acuerdo, dentro del plazo de 60 días naturales, contados a partir de su notificación.

Palacio Legislativo en San Lázaro, a 19 de junio de 2008.
La Comisión de Seguridad Pública, diputados: Juan Francisco Bedoya (rúbrica), presidente; Édgar Armando Olvera Higuera, Armando Barreiro Pérez , Luis Gerardo Serrato Castell , Víctor Leopoldo Valencia de los Santos , Víctor Hugo García Rodríguez (rúbrica), Gerardo Octavio Vargas Landeros (rúbrica), secretarios; Jesús Sergio Alcántara Núñez , Miguel Ángel Arellano Pulido , Roberto Badillo Martínez , Roberto Badillo Martínez , Gregorio Barradas Miravete , Manuel Cárdena Fonseca (rúbrica), María Sofía Castro Romero (rúbrica), Ángel Rafael Deschamps Falcón (rúbrica), Yary del Carmen Gebhardt Garduza , Jorge Justiniano González Betancourt (rúbrica), Ma. de los Ángeles Jiménez del Castillo (rúbrica), Agustín Leura González (rúbrica), Andrés Lozano Lozano , Carlos Madrazo Limón (rúbrica), Camerino Eleazar Márquez Madrid (rúbrica), Efraín Morales Sánchez , José Luis Murillo Torres (rúbrica), Silvia Oliva Fragoso (rúbrica), Manuel Salvador Salgado Amador (rúbrica), Layda Elena Sansores San Román (rúbrica), Francisco Javier Santos Arreola , Martín Stefanonni Mazzocco (rúbrica), Carlos Torres Torres .»

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Están a discusión los puntos de acuerdo. En virtud de que no se ha registrado orador alguno, se consideran suficientemente discutidos. Se reservan para su votación económica en conjunto. Continúe la Secretaría.



FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: «Dictamen de la Comisión de Seguridad Pública, con puntos de acuerdo a fin de exhortar al Consejo Nacional de Seguridad Pública a evaluar la incidencia delictiva en el próximo acuerdo que emita para aprobar criterios de asignación, fórmulas y variables utilizadas en el cálculo relacionado con la distribución de recursos del Fondo de Aportaciones de los Estados y del Distrito Federal

A la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de la LX Legislatura, le fue turnado para su análisis y dictamen, proposición con punto de acuerdo relativo a los criterios y las fórmulas sobre la distribución de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, numerales 1, 2 fracción III y numeral 3; 45 en su numeral 6, incisos e) a g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 58, 60, 87, 88, 90 y 93 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta comisión es competente para conocer de la proposición con punto de acuerdo objeto del presente, y somete a consideración de esta honorable Asamblea el presente dictamen, con base en los siguientes antecedentes y consideraciones.

Antecedentes

1. En sesión ordinaria del Pleno de la Cámara de Diputados celebrada el 11 de octubre de 2007, el diputado Gerardo Octavio Vargas Landeros , integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de acuerdo, por el que solicita al titular de la Secretaría de Seguridad Pública federal, en su carácter de presidente del Consejo Nacional de Seguridad Pública, así como a los integrantes del mismo, modificar los criterios de asignación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los estados y el Distrito Federal, en lo relativo a incidencia delictiva.
2. Con esa misma fecha, la presidencia de la Mesa Directiva turnó para su análisis y dictamen la proposición con punto de acuerdo a la Comisión de Seguridad Pública.
3. En sesión plenaria celebrada el 19 de junio de 2008, se sometió a consideración de los diputados integrantes de la Comisión de Seguridad Pública, y fue aprobado por 17 votos.

Contenido

1. De acuerdo con el diputado proponente, con la adición de un séptimo párrafo al artículo 21, y una fracción XXIII al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1994, se elevaron a rango constitucional los principios que sustentan la coordinación en materia de seguridad pública de los tres órdenes de gobierno.
2. Asimismo, con el objeto de reglamentar la función de seguridad pública descrita en el párrafo y fracción citados, el 11 de diciembre de 1995 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, ordenamiento que establece la creación e integración del Consejo Nacional de Seguridad Pública.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 12 de la ley citada, el Secretario de Seguridad Pública federal presidirá el Consejo Nacional de Seguridad Pública.
3. Que la fracción VII de la Ley de Coordinación Fiscal establece el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) de los estados y el Distrito Federal, como aportación que la federación transfiere a los estados, Distrito Federal y, en su caso, a los municipios. Dicha aportación se regula por lo dispuesto en los artículos 44 y 45 de la misma ley.
4. Que los recursos federales que integran el FAPS de los estados y del Distrito Federal, se entregan a las entidades federativas a través del ramo general 33, con cargo al Presupuesto de Egresos de la Federación.
5. De acuerdo con el diputado proponente, en la práctica, el Secretario de Seguridad Pública federal, conjuntamente con el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, elaboran los criterios de distribución y fórmulas que deberán ser aprobadas por los demás integrantes del Consejo Nacional de Seguridad Pública, utilizando los indicadores descritos en el artículo 44 de la Ley de Coordinación Fiscal, pero con la posibilidad de adicionar otros criterios.
6. A partir del 2003, la fórmula de distribución de los recursos del FAPS ramo 33, ha sido elaborada con cinco criterios estadísticos de asignación: I) número de habitantes en los estados y el Distrito Federal; II) índice delictivo; III) índice de ocupación penitenciaria; IV) avance en la aplicación del programa nacional de seguridad pública; y, V) los proyectos nacionales convenidos.
7. Que en el acuerdo 02/XXII/08 del Consejo Nacional de Seguridad Pública, por el que se aprueban los criterios de asignación, fórmulas y variables utilizadas en el cálculo para la distribución de los recursos del FAPS de los estados y del Distrito Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de enero de 2008, se incorporan dos criterios, relativos a la aplicación de programas de prevención y recursos invertidos por los municipios en programas y/o acciones de seguridad pública.
8. De acuerdo con el diputado proponente, el porcentaje de recursos del presupuesto federal que el Sistema Nacional de Seguridad Pública asignaba a cada uno de los cinco criterios citados anteriormente, reflejaba las prioridades vigentes en ese momento en materia de seguridad, en teoría, para los estados y el Distrito Federal: 35 por ciento de los recursos corresponden al número de habitantes, 15 por ciento al índice delictivo, 20 por ciento a la ocupación penitenciaria, 10 por ciento al avance en la aplicación del Programa Nacional de Seguridad Pública y, 20 por ciento a la inversión en proyectos convenidos.
9. Sostiene el diputado proponente que el problema radica en el segundo indicador, relativo a la incidencia delictiva, el cual fue incorporado por el consejo nacional a partir del 2003, con la creencia de que esto favorecería a aquellas entidades con mayor delincuencia, que se define por el número de denuncias registradas ante las diversas agencias del Ministerio Público.
10. No obstante, durante los últimos cinco años se ha comprobado que dicho criterio no es eficaz; por el contrario, genera incentivos perversos para que los estados manipulen sus índices delictivos, aumentando en muchos casos los números para que el Sistema Nacional de Seguridad Pública incremente las asignaciones federales.
En vez de fomentar la reducción y el combate a los ilícitos, crea un mecanismo que incentiva la manipulación de cifras, subejercicios y escaso control.
11. Adicionalmente, sostiene el proponente, se ha comprobado en los ámbitos nacional e internacional que la información sobre la incidencia delictiva es parcial, inexacta e imprecisa. Las cifras e índices que tiene el gobierno federal contrastan con las de los gobiernos estatales, y ambas con las realizadas por académicos e investigadores.
12. Por las consideraciones señaladas, el diputado Gerardo Octavio Vargas Landeros , propone la aprobación de un punto de acuerdo por el que se solicita al titular de la Secretaría de Seguridad Pública federal, en su carácter de presidente del Consejo Nacional de Seguridad Pública, y a sus demás integrantes, para que en el próximo acuerdo que emita los criterios de asignación, fórmulas y variables utilizadas en el cálculo para la distribución de los recursos del FASP de los estados y el Distrito Federal, se suprima el criterio de asignación relativo a la incidencia delictiva.
13. Asimismo, señala que el próximo acuerdo que emita el Consejo Nacional de Seguridad Pública, acorde con el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2008, ramo 33, debe considerar: I) el número de habitantes de los estados y el Distrito Federal, tomando en cuenta la última información publicada por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática y no las cifras del año 2000; II) el índice de ocupación penitenciaria reportado a diciembre de 2006; es decir, la del año anterior y no la del 2004 que se aplica actualmente; III) el avance en el cumplimiento de programas de prevención del delito, y en aquellos que se estén ejecutando para combatir las adicciones; IV) el avance en la aplicación del Programa Nacional de Seguridad Pública 2006-2012; V) el cumplimiento de los diez ejes estratégicos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, acordados en su XXI sesión, celebrada el 22 de enero de 2007; y VI) el número de policías, jueces y ministerios que en sus diversos ámbitos de competencia realizan la función conferida en el artículo 3 de la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
14. Finalmente, expresa el diputado proponente, no debe mantenerse el criterio de medir la incidencia de delitos del crimen organizado considerando únicamente los delitos de secuestro y asaltos bancarios, pues esto resulta parcial e incompleto, y no permite hacer más eficiente el uso de los recursos.

Consideraciones

A). En lo general:

1. Que a partir de la adición de los párrafos sexto y séptimo al artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1994, se establece la seguridad pública como una función a cargo de la federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios; y se creó el Sistema Nacional de Seguridad Pública como una instancia de coordinación en la materia.
2. Que el artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece las facultades exclusivas de la Cámara de Diputados, entre las que se encuentra la aprobación anual del Presupuesto de Egresos de la Federación.
3. Que la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de diciembre de 1995, tiene por objeto establecer las bases de coordinación entre la federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios para la integración y funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
4. Que la fracción III del artículo 9 del mismo ordenamiento señala como una actividad de coordinación de las autoridades competentes de la federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios; desarrollar los lineamientos, mecanismos e instrumentos para la mejor organización y funcionamiento de las instituciones de seguridad pública.
5. Por otra parte, el artículo 17 de la ley citada, determina las funciones del secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre las que se encuentran la ejecución y seguimiento de los acuerdos y resoluciones del consejo, en los siguientes términos:
Artículo 17. Serán funciones del secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública:
I. ...
II. Levantar y certificar los acuerdos que se tomen en el consejo, llevar el archivo de éstos y de los instrumentos jurídicos que refiere el artículo 11;
III. Ejecutar y dar seguimiento a acuerdos y resoluciones del consejo;
IV. ... a XIII. ...
6. Que la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 1976, tiene por objeto establecer las bases de organización de la administración pública, centralizada y paraestatal.
7. Que el artículo 30 bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, establece entre los asuntos de despacho de la Secretaría de Seguridad Pública federal los relativos a presidir el Consejo Nacional de Seguridad Pública y la formulación de propuestas sobre políticas, acciones y estrategias de coordinación en materia de prevención del delito y política criminal, en los siguientes términos:
Artículo 30 bis. A la Secretaría de Seguridad Pública corresponde el despacho de los siguientes asuntos:
I. A II. ...
III. Presidir el Consejo Nacional de Seguridad Pública;
IV. Representar al Poder Ejecutivo federal en el Sistema Nacional de Seguridad Pública;
V. Proponer al Consejo Nacional de Seguridad Pública la designación del secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y, en su caso, removerlo libremente;
VI. Proponer en el seno del Consejo Nacional de Seguridad Pública, políticas, acciones y estrategias de coordinación en materia de prevención del delito y política criminal para todo el territorio nacional;
VII. ... a XXVII. ...
8. Que la Ley de Coordinación Fiscal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 1978, tiene por objeto coordinar el sistema fiscal de la federación con los estados, municipios y Distrito Federal, establecer la participación que corresponda a sus haciendas públicas en los ingresos federales; distribuir entre ellos dichas participaciones; fijar reglas de colaboración administrativa entre las diversas autoridades fiscales; constituir los organismos en materia de coordinación fiscal y dar las bases de su organización y funcionamiento.
9. Que el artículo 25 de la Ley de Coordinación Fiscal, establece las aportaciones federales como recursos que la federación transfiere a las haciendas públicas de los estados, Distrito Federal, y en su caso, de los municipios, condicionando su gasto a la consecución y cumplimiento de los objetivos que para cada tipo de aportación establece esta ley.
Que la fracción VII del artículo 25, establece el FASP de los estados y del Distrito Federal.
10. Que el artículo 44 de la Ley de Coordinación Fiscal determina la constitución de este fondo, que será determinado anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación.
Se establece en el mismo artículo que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de cada ejercicio fiscal se hará la distribución de los recursos federales que integran este fondo, entre los distintos rubros de gasto del Sistema Nacional de Seguridad Pública aprobados por el Consejo Nacional de Seguridad Pública.
11. Asimismo, el artículo 45 de la ley citada establece el destino exclusivo de los recursos del FASP, en los siguientes términos:
Artículo 45. Las aportaciones federales que, con cargo al FASP de los estados y del Distrito Federal reciban dichas entidades, se destinarán exclusivamente al reclutamiento, formación, selección, evaluación y depuración de los recursos humanos vinculados con tareas de seguridad pública; al otorgamiento de percepciones extraordinarias para los agentes del Ministerio Público, los peritos, los policías judiciales o sus equivalentes de las procuradurías de justicia de los estados y del Distrito Federal, los policías preventivos o de custodia de los centros penitenciarios y de menores infractores; al equipamiento de las policías judiciales o de sus equivalentes, de los peritos, de los Ministerios Públicos y de los policías preventivos o de custodia de los centros penitenciarios y de menores infractores; al establecimiento y operación de la red nacional de telecomunicaciones e informática para la seguridad pública y el servicio telefónico nacional de emergencia; a la construcción, mejoramiento o ampliación de las instalaciones para la procuración e impartición de justicia, de los centros de readaptación social y de menores infractores, así como de las instalaciones de los cuerpos de seguridad pública y sus centros de capacitación; al seguimiento y evaluación de los programas señalados.
...
12. Que el 11 de enero de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo 02/XXII/08 del Consejo Nacional de Seguridad Pública por el que se aprueban los criterios de asignación, las fórmulas y variables utilizadas en el cálculo para la distribución de los recursos del FASP de los estados y el Distrito Federal.
13. Que en el acuerdo citado, se establecen los criterios conforme a los cuales se distribuyen los recursos del FASP, así como la ponderación o porcentaje de asignación de los mismos, en los siguientes términos:
Criterios
I. Número de habitantes de los estados y del Distrito Federal:
II. Índice delictivo;
III. Índice de ocupación penitenciaria;
IV. Avance en la aplicación del Programa Nacional de Seguridad Pública;
V. Proyectos nacionales convenidos en proceso;
VI. Aplicación de programas de prevención; y
VII. Recursos invertidos por los municipios en programas y/o acciones de seguridad pública.
Ponderación de los criterios,
35.0 por ciento para el criterio I
10.0 por ciento para el criterio II
20.0 por ciento para el criterio III
10.0 por ciento para el criterio IV
20.0 por ciento para el criterio V
04.0 por ciento para el criterio VI
01.0 por ciento para el criterio VII

B). En cuanto a la proposición con punto de acuerdo

1. Esta comisión dictaminadora comparte el interés del diputado proponente de que se revisen los criterios de asignación utilizados para la distribución de los recursos del FASP de los estados y del Distrito Federal.
2. Que de acuerdo con estudios especializados, el crecimiento de la inseguridad pública en México tiene una primera explicación en la diversificación de los ilícitos y de los propios delincuentes, lo cual se relaciona, en parte, con el auge de las comunicaciones, los transportes y la tecnología, que han dotado a los delincuentes de nuevos instrumentos.
3. Esta comisión tiene presente que, no obstante el fortalecimiento de las políticas, programas y acciones en materia de seguridad pública, los resultados no son los que la sociedad nacional merece y demanda.
4. Esta comisión tiene presente que las dinámicas en la comisión de delitos presentan características y variables diferentes a través del tiempo, por lo que resulta esencial revisar por medio de metodologías, instrumentos y criterios actualizados, las estrategias, políticas y programas, encaminados al combate a la inseguridad, incluyendo los procedimientos para la asignación de recursos destinados a la seguridad pública.
5. Que de acuerdo con el Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad, AC, un aspecto que limita el conocimiento real de la incidencia delictiva es la inconsistencia en los registros oficiales, en la medida que no todos los delitos denunciados se contabilizan en las estadísticas finales, ya sea por errores de procedimiento, discrecionales o corrupción dentro de los sistemas de procuración y administración de justicia. La ausencia de denuncia ciudadana y la manipulación de las cifras por parte de las autoridades genera lo que se conoce como cifra negra u oculta de la delincuencia.
La información obtenida por medio de las instancias gubernamentales, proporciona una interpretación insuficiente del problema delictivo al utilizar cifras parciales, lo que imposibilita un diseño adecuado de políticas de atención en la materia. Una consecuencia negativa adicional, es la erosión de la confianza entre autoridades y ciudadanos. El sentimiento de inseguridad y desconfianza generalizada opera en contra de la estabilidad social.
6. Que en razón de lo anterior, esta comisión dictaminadora estima necesario que el Consejo Nacional de Seguridad Pública evalúe, a través de metodologías adecuadas, los criterios de asignación para la distribución del FASP de los estados y del Distrito Federal, con objeto de redistribuir de manera más eficaz los recursos del FASP.
7. Esta comisión dictaminadora, considera que la evaluación permanente, profesional, responsable y objetiva del Programa Nacional de Seguridad, así como de los criterios de asignación citados, es un elemento que puede aportar nuevas directrices en el combate a la delincuencia.
8. La evaluación es una etapa de la planeación estratégica que permite verificar que las estrategias, programas o acciones institucionales, son adecuados para el cumplimiento de los objetivos y metas trazadas. La evaluación, permite obtener datos o evidencias, a partir de información objetiva de índole cualitativa o cuantitativa debidamente documentada.
La evaluación constituye un instrumento de gran capacidad para mejorar la atención institucional, permite detectar los puntos fuertes y débiles, así como las áreas de mejora; implica un proceso de aprendizaje continuado y permite analizar la forma en la cual las instituciones se aproximan a las metas preestablecidas.
9. Esta comisión dictaminadora estima necesario que el Consejo Nacional de Seguridad Pública, revise y evalúe los criterios de asignación, fórmulas y variables utilizadas para el cálculo y la distribución de los recursos del FASP de los estados y el Distrito Federal, de manera particular los valores ponderados asignados, con el objeto de actualizarlos a las condiciones que prevalecen en las entidades federativas en materia de seguridad pública.
10. Por las razones aquí vertidas, y tomando en cuenta las limitaciones que resultan de la aplicación del criterio relativo al índice delictivo, esta comisión dictaminadora considera viable exhortar al Consejo Nacional de Seguridad Pública, en el ámbito de su competencia, para que en el próximo acuerdo relativo a la aprobación de criterios de asignación, fórmulas y variables utilizadas en el cálculo para la distribución de los recursos del FASP de los estados y del Distrito Federal, se evalúe la modificación de los valores ponderados vigentes y se apliquen indicadores variables, en particular, en el criterio relativo a la incidencia delictiva.
11. Finalmente esta comisión dictaminadora, considera adecuado evaluar y actualizar los criterios, fórmulas y variables citadas, con el objeto de garantizar mejores resultados en el mejoramiento de las condiciones de seguridad. En el marco de lo anterior, se estima necesario valorar la incorporación de un criterio que permita la medición y estímulo de la eficiencia, en el mejoramiento de la seguridad pública en las entidades federativas, estableciendo compensaciones adicionales a partir de los recursos no ejercidos por las entidades federativas.

Por lo anteriormente expuesto, los diputados y diputadas integrantes de la Comisión de Seguridad Pública, aprueban los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta al Consejo Nacional de Seguridad Pública, a través del secretario de Seguridad Pública, en su carácter de presidente del mismo, para que en el próximo acuerdo que emita para la aprobación de criterios de asignación, fórmulas y variables utilizadas en el cálculo para la distribución de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los estados y del Distrito Federal, se evalúe la modificación de los valores ponderados vigentes, en particular, en el criterio relativo a la incidencia delictiva.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la unión, exhorta al Consejo Nacional de Seguridad Pública, a través del secretario de Seguridad Pública, para que en el próximo acuerdo que emita para la aprobación de criterios de asignación, fórmulas y variables utilizadas en el cálculo para la distribución de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, se valore la incorporación de un criterio que permita la medición y estímulo de la eficiencia y fomente el mejoramiento de la seguridad pública en las entidades federativas, estableciendo compensaciones adicionales a partir de los recursos no ejercidos por las entidades federativas.

Tercero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión solicita al Consejo Nacional de Seguridad Pública, a través del secretario de Seguridad Pública, en su carácter de presidente, que informe a ésta de las acciones realizadas en el marco de los anteriores puntos de acuerdo.

Palacio Legislativo en San Lázaro, a 19 de junio de 2008.
La Comisión de Seguridad Pública, diputados: Juan Francisco Bedoya (rúbrica), presidente; Víctor Hugo García Rodríguez (rúbrica), Édgar Armando Olvera Higuera, Luis Gerardo Serrato Castell (rúbrica), Víctor Leopoldo Valencia de los Santos , Armando Barreiro Pérez , Gerardo Octavio Vargas Landeros (rúbrica), secretarios; Jorge Justiniano González Betancourt (rúbrica), María de los Ángeles Jiménez del Castillo (rúbrica), Agustín Leura González (rúbrica), Carlos Madrazo Limón (rúbrica), José Luis Murillo Torres (rúbrica), Martín Stefanonni Mazzocco (rúbrica), Andrés Lozano Lozano , Silvia Oliva Fragoso (rúbrica), Francisco Javier Santos Arreola , Camerino Eleazar Márquez Madrid (rúbrica), Efraín Morales Sánchez , Layda Elena Sansores San Román (rúbrica), Manuel Salvador Salgado Amador (rúbrica), Carlos Torres Torres (rúbrica).»

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Están a discusión los puntos de acuerdo. En virtud de que no se ha registrado orador alguno se consideran suficientemente discutidos; por tanto, se reservan para su votación económica en conjunto.



CAÑA DE AZUCAR

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: «Dictamen de la Comisión de Agricultura y Ganadería, con punto de acuerdo a fin de exhortar al Poder Ejecutivo federal a instruir al titular de la Sagarpa para que instale con la mayor brevedad la junta permanente de arbitraje de la agroindustria de la caña de azúcar y el centro de investigación científica y tecnológica de la caña de azúcar

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Agricultura y Ganadería del honorable Congreso de la Unión le fue turnada, para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, la proposición con punto de acuerdo presentada por el diputado David Lara Compeán , del Grupo Parlamentario del PAN, por el que se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y alimentación (Sagarpa) a dar cumplimiento al artículo cuarto transitorio de la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, referente a la instalación del Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, la Junta Permanente de Arbitraje de la Agroindustria de la Caña de Azúcar y el Centro de Investigación Científico y Tecnológico de la Caña de Azúcar.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como en los artículos 58, 60, 87, 88, 90 y 93 relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a la Comisión de Agricultura y Ganadería de esta honorable Cámara de Diputados está facultada para elaborar el correspondiente dictamen, con base en los siguientes

Antecedentes

1. En sesión ordinaria del 30 de abril de 2007, el diputado David Lara Compeán presentó la proposición por el que se exhorta a la Sagarpa a dar cumplimiento al artículo cuarto transitorio de la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, referente a la instalación del Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, la Junta Permanente de Arbitraje de la Agroindustria de la Caña de Azúcar y el Centro de Investigación Científico y Tecnológico de la Caña de Azúcar.

2. En esa misma sesión, la Presidencia de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados turnó la mencionada proposición para su estudio y dictamen a la Comisión de Agricultura y Ganadería de esta honorable Cámara de Diputados.

Con base en los antecedentes aquí expuestos los integrantes de esta comisión dictaminadora formulamos las siguientes:

Consideraciones

Que la siembra de la caña de azúcar es una actividad de suma importancia para el desarrollo comercial tanto en América como en Europa, puesto que es una de las principales fuentes de calorías en la dieta de todos los países. En México el consumo total de la caña de azúcar es de 200 mil toneladas por año, 44 kilogramos por habitante.

Que este cultivo tiene una superficie de 750 mil hectáreas en el territorio mexicano, abarcando la costa del Pacífico, área central, Golfo de México y la Península de Yucatán. Con un total de 58 ingenios azucareros, son 15 los estados productores de caña de azúcar, siendo Veracruz, Jalisco, San Luis Potosí y Oaxaca los de mayor producción.

Que la importancia de este cultivo en nuestra sociedad, considerando el área sembrada, la generación de empleos y todos los productos derivados del proceso y con el objetivo de aprovechar al máximo la oportunidad que ofrece la apertura del mercado con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

Que de acuerdo con el artículo 9 de la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, se constituye el Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar; a su vez en el artículo cuarto transitorio se estipula que este comité deberá quedar debidamente instalado a más tardar dentro de los treinta días siguientes a la entrada en vigor de esta ley; sin embargo, no se ha instalado a pesar de que la disposición legal entró en vigor en agosto de 2005.

Que estos órganos son necesarios para la coordinación, realización y debida aplicación de las actividades previstas en la ley, lo que repercutiría positivamente en mayor transparencia y certidumbre para los industriales y productores de caña de azúcar, así como a la sociedad en general.

Que pese a la instalación del Comité Nacional para el Desarrollo Rural Sustentable de la Caña de Azúcar es necesario instalar la junta y el centro de investigación para articular eficientemente la ley en beneficio de toda la agroindustria.

Por lo anteriormente expuesto los integrantes de esta comisión dictaminadora hemos tenido a bien emitir el presente dictamen en sentido positivo, al tenor del siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al Poder Ejecutivo federal a instruir al secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para instalar con la mayor brevedad la Junta Permanente de Arbitraje de la Agroindustria de la Caña de Azúcar y el Centro de Investigación Científico y Tecnológico de la Caña de Azúcar, establecidos en el artículo cuarto transitorio de la Ley Sustentable de la Caña de Azúcar.

Aprobado en la Sala de Juntas de la Comisión de Agricultura y Ganadería, a 29 de septiembre de 2008.
La Comisión de Agricultura y Ganadería, diputados: Héctor Padilla Gutiérrez (rúbrica), presidente; Daniel Pérez Valdés , Isael Villa Villa , Pedro Armendáriz García (rúbrica), Armando Jesús Félix Holguín (rúbrica), Íñigo Antonio Laviada Hernández (rúbrica), Ernesto Oviedo Oviedo (rúbrica), Héctor Narcia Álvarez (rúbrica), Celso Pulido Santiago, secretarios; Andrés Bermúdez Viramontes (rúbrica), Osiel Castro de la Rosa , Francisco Domínguez Servién , Gerardo Antonio Escaroz Soler , David Lara Compeán (rúbrica), José Nicolás Morales Ramos (rúbrica), Francisco Javier Plascencia Alonso , Víctor Sánchez Trujillo, Irineo Mendoza Mendoza (rúbrica), Amador Campos Aburto , Fausto Fluvio Mendoza Maldonado (rúbrica), Susana Monreal Ávila , José Antonio Saavedra Coronel (rúbrica), Jesús Humberto Zazueta Aguilar (rúbrica), Salvador Barajas del Toro , Ramón Barajas López (rúbrica), José Rubén Escajeda Jiménez , Carlos Rojas Gutiérrez (rúbrica), Jesús Sesma Suárez (rúbrica), Cuauhtémoc Velasco Oliva (rúbrica), Anuario Luis Herrera Solís (rúbrica).»

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Está a discusión el punto de acuerdo. En virtud de que no se ha registrado orador alguno, se considera suficientemente discutido; por tanto, se reserva para su votación económica en conjunto.



MAIZ

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: «Dictamen de la Comisión de Agricultura y Ganadería, con puntos de acuerdo por los que se solicita a la Sagarpa que informe a esta soberanía sobre el papel que desempeñó para permitir el envío de semillas de maíz a Noruega por el Cimmyt y si el número representativo de las muestras remitidas es parte de la riqueza de germoplasma del país

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, le fue turnada para su estudio y dictamen, la proposición con punto de acuerdo presentada por la diputada Adriana Díaz Contreras , del Grupo Parlamentario del PRD, por el que solicita a la Coordinación de Asuntos Internacionales de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y alimentación (Sagarpa) que informe a esta soberanía sobre el posible envío de semillas de maíz a la República de Noruega el pasado mes de enero del presente año.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, inciso f, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 65, 66, 85, 87,88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a esta Comisión de Agricultura y Ganadería corresponde dictaminar la presente proposición con punto de acuerdo a partir de los siguientes

Antecedentes

El 30 de abril de 2008, la diputada Adriana Díaz Contreras , del PRD, presentó una proposición con punto de acuerdo por el que solicita a la Coordinación de Asuntos Internacionales de la Sagarpa que informe a esta soberanía sobre el posible envío de semillas de maíz a la República de Noruega el pasado mes de enero del presente año.

El 30 de abril de 2008 la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión turnó la mencionada proposición, para su estudio y dictamen, a la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados.

Con base el los antecedentes mencionados, los integrantes de esta comisión dictaminadora formulamos las siguientes

Consideraciones

Que las Comisiones Ordinarias tienen la obligación de emitir dictámenes a las proposiciones con punto de acuerdo planteadas por los legisladores, a partir de hechos o supuestos verídicos y actos u omisiones jurídicas.

Que la naturaleza jurídica de las proposiciones con punto de acuerdo es de solicitar, exhortar, condenar e investigar por parte de funcionarios de los tres niveles de gobierno, entes autónomos y congresos estatales.

Que a los legisladores federales les asiste el derecho de presentar proposiciones, sin que las mismas lleven aparejada alguna consecuencia legal, como lo podría ser una reforma, modificación o creación de un nuevo ordenamiento jurídico.

Que esta comisión elabora el presente dictamen en función estrictamente atendiendo al derecho que le asiste a la legisladora de presentar una proposición con punto de acuerdo y que la misma solicitud, no implica, más que la petición de información por parte de la Coordinación de Asuntos Internacionales de la Sagarpa, lo que, al no tener una consecuencia de derecho es viable, transparente y hasta saludable que la misma sea respondida por la autoridad.

Que el pasado 23 de enero de 2008, el diario La Jornada publicó la nota denominada ``preservarán semillas mexicanas en una bóveda noruega''; que el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo había enviado a Noruega alrededor de 47 mil muestras de semillas de trigo y 10 mil de maíz.

Que de acuerdo con la nota periodística, durante los próximos dos años se terminará de enviar el total de muestras de semillas que tiene el centro de investigación, que consiste en 130 mil de trigo y 25 mil de maíz, que el centro ha conservado a lo largo de los 40 años de existencia, y que al respecto, el diario Milenio señala que este proyecto es fruto de un acuerdo internacional para tener reservas de las distintas variedades genéticas de un mismo cultivo para poderlas regenerar en caso de guerras u otras amenazas, como catástrofes o nuevas enfermedades.

Que esta acción está a cargo del Grupo Consultivo para la Investigación Agrícola Internacional, el cual está conformado por compañías privadas, agencias internacionales, organizaciones internacionales, entre otras quienes se encargan de financiar el Fondo Mundial para la Diversidad de Cultivos. Se espera concentrar en la bóveda alrededor de 200 mil variedades de semillas provenientes de Asia, África, América Latina y Oriente Medio, entre las que destacan el arroz, frijol, sorgo, lenteja, garbanzo, plantas forrajeras y agroforestales.

Que es plausible el interés de protección y salvaguarda que tiene la Organización de las Naciones Unidas para la agricultura y la alimentación (FAO) sobre este tipo de recursos fitogenéticos, sin embargo, debe preocuparnos el destino y uso posterior que puedan dar a estas semillas, cuyos propietarios son la nación. Los pueblos indígenas y las comunidades locales que se han encargado de desarrollar estas variedades de acuerdo a las condiciones climatológicas y con un cúmulo de experiencia y conocimiento de varias generaciones.

Que es altamente preocupante que estos materiales fitogenéticos se hayan extraído del territorio nacional sin que exista ningún compromiso por parte del Centro de Investigaciones para el Mejoramiento del Maíz y el Trigo para informar de manera oficial, sobre el uso que el Fideicomiso dará a las semillas, y tampoco queda claro qué va a pasar en caso que nuestro país requiera una de sus muestras una vez que hayan salido del territorio nacional.

Con base en las consideraciones anteriormente expuestas esta comisión dictaminadora tiene a bien emitir el presente dictamen en sentido positivo al tenor del siguiente

Punto de Acuerdo

Primero: Que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a través de su Coordinación de Asuntos Internacionales informe a esta soberanía sobre el papel que jugó dicha institución para permitir y si es que se dio el envío de semillas de maíz a la República de Noruega por parte del Centro de Investigaciones para el Mejoramiento del Maíz y el Trigo.

Segundo: Que la Sagarpa informe a esta soberanía sobre el número representativo de las muestras que se enviaron son parte de la riqueza de germoplasma del país, así como su destino específico y uso.

Aprobado en la Sala de Juntas de la Comisión de Agricultura y Ganadería, a 29 de septiembre de 2008.
La Comisión de Agricultura y Ganadería diputados: Héctor Padilla Gutiérrez (rúbrica), presidente; Daniel Pérez Valdés , Isael Villa Villa , Pedro Armendáriz García (rúbrica), Armando Jesús Félix Holguín (rúbrica), Íñigo Antonio Laviada Hernández (rúbrica), Ernesto Oviedo Oviedo (rúbrica), Héctor Narcia Álvarez (rúbrica), Celso Pulido Santiago, secretarios; Andrés Bermúdez Viramontes (rúbrica), Osiel Castro de la Rosa , Francisco Domínguez Servién , Gerardo Antonio Escaroz Soler , David Lara Compeán (rúbrica), José Nicolás Morales Ramos (rúbrica), Francisco Javier Plascencia Alonso , Víctor Sánchez Trujillo, Irineo Mendoza Mendoza (rúbrica), Amador Campos Aburto , Fausto Fluvio Mendoza Maldonado (rúbrica), Susana Monreal Ávila , José Antonio Saavedra Coronel (rúbrica), Jesús Humberto Zazueta Aguilar (rúbrica), Salvador Barajas del Toro , Ramón Barajas López (rúbrica), José Rubén Escajeda Jiménez , Carlos Rojas Gutiérrez (rúbrica), Alejandro Rodríguez Luis (rúbrica), Cuauhtémoc Velasco Oliva (rúbrica), Anuario Luis Herrera Solís (rúbrica).»

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Están a discusión los puntos de acuerdo. En virtud de que no se ha registrado orador alguno, se consideran suficientemente discutidos y se reservan para su votación económica en conjunto.



CITRICULTURA

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: «Dictamen de la Comisión de Agricultura y Ganadería, con punto de acuerdo para exhortar a la Sagarpa a informar respecto a la ejecución del gasto del Programa de Competitividad de la Citricultura, así como al padrón de beneficiarios por municipio y por entidad federativa

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión fue turnada, para estudio y dictamen, la proposición con punto de acuerdo presentada por el diputado Pedro Montalvo Gómez , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), por el que se exhorta al secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) a entregar los recursos pendientes del Programa de Competitividad de la Citricultura para 2007.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 65, 66, 85, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a la Comisión de Agricultura y Ganadería corresponde dictaminar la presente proposición con punto de acuerdo, a partir de los siguientes

Antecedentes

El 30 de abril de 2008, el diputado Pedro Montalvo Gómez , del PRI, presentó una proposición con punto de acuerdo para exhortar al titular de la Sagarpa a entregar los recursos pendientes del Programa de Competitividad de la Citricultura para 2007.

El 30 de abril de 2008 la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión turnó la mencionada proposición, para estudio y dictamen, a la Comisión de Agricultura y Ganadería.

Con base en los antecedentes mencionados, los integrantes de la comisión dictaminadora formulamos las siguientes

Consideraciones

Que en México, la citricultura representa una actividad de gran importancia dentro de la fruticultura nacional. La superficie cultivada supera 500 mil hectáreas, que producen un promedio anual de 6 millones 504 mil toneladas de fruta, con un valor estimado de 7 mil 100 millones de pesos, lo que sitúa el país en un lugar importante a escala mundial en producción de cítricos. De la superficie cultivada, 68.5 por ciento corresponde a naranja, 20.5 por ciento a limón mexicano, 5.2 por ciento a limón persa, y el resto a mandarinas, tangerina y pomelos.

Que en la citricultura se ocupan más de 780 mil productores a escala nacional, quienes cuentan con una superficie de 350 mil hectáreas en explotación, principalmente en Veracruz, Tamaulipas, San Luis Potosí y Nuevo León.

Que es necesario fortalecer con una visión integradora la calidad de productos que sean capaces de incursionar y competir satisfactoriamente en los mercados mundiales para lograr que el campo mexicano genere desarrollo económico, mayor oferta laboral y mejores condiciones de vida para quienes se desempeñan en la actividad agrícola.

Que se requiere destinar mayor gasto a la reconversión productiva, a la industrialización y a la comercialización tanto en el mercado nacional como en el internacional, logrando que los recursos para las ramas de producción como la citrícola no tengan recortes presupuestales, subejercicios o complejas reglas de operación que hacen prácticamente imposible el acceso a los apoyos por los productores.

Que la Cámara de Diputados destinó en 2007 una asignación presupuestal de 355 millones de pesos para la operación del Programa de Competitividad de la Citricultura.

Que dichos recursos presupuestales debieron ejercerse con transparencia y eficiencia al 31 de diciembre de 2007.

Con base en las consideraciones expuestas, esta comisión tiene a bien presentar dictamen, en sentido positivo, al tenor del siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación informe a esta soberanía sobre el ejercicio del gasto del Programa de Competitividad de la Citricultura, así como el padrón de beneficiarios por municipio y por entidad federativa.

Aprobado en la sala de juntas de la Comisión de Agricultura y Ganadería, a los veintinueve días del mes de septiembre de dos mil ocho.
La Comisión de Agricultura y Ganadería, diputados: Héctor Padilla Gutiérrez (rúbrica), presidente; Daniel Pérez Valdés , Isael Villa Villa , Pedro Armendáriz García (rúbrica), Armando Jesús Félix Holguín (rúbrica), Íñigo Antonio Laviada Hernández (rúbrica), Ernesto Oviedo Oviedo (rúbrica), Héctor Narcia Álvarez (rúbrica), Celso David Pulido Santiago , secretarios; Andrés Bermúdez Viramontes (rúbrica), Osiel Castro de la Rosa , Francisco Domínguez Servién , Gerardo Antonio Escaroz Soler , David Lara Compeán (rúbrica), José Nicolás Morales Ramos (rúbrica), Francisco Javier Plascencia Alonso , José Víctor Sánchez Trujillo , Irineo Mendoza Mendoza (rúbrica), Amador Campos Aburto , Fausto Fluvio Mendoza Maldonado (rúbrica), Susana Monreal Ávila , José Antonio Saavedra Coronel (rúbrica), Jesús Humberto Zazueta Aguilar (rúbrica), Salvador Barajas del Toro , Ramón Barajas López (rúbrica), José Rubén Escajeda Jiménez , Carlos Rojas Gutiérrez (rúbrica), Alejandro Rodríguez Luis (rúbrica), Cuauhtémoc Velasco Oliva (rúbrica), Anuario Luis Herrera Solís (rúbrica).»

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Está a discusión el punto de acuerdo. En virtud de que no se ha registrado orador alguno, se considera suficientemente discutido y se reserva para su votación económica en conjunto.



LEY QUE ESTABLECE LAS NORMAS MINIMAS SOBRE READAPTACION SOCIAL DE SENTENCIADOS

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Declaramos aprobado, en lo general y en lo particular, el proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 6o., 10 y 11 de la Ley que establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales. Continúe la Secretaría.



CAFE

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: «Dictamen de la Comisión de Agricultura y Ganadería, con punto de acuerdo para exhortar al titular del Ejecutivo federal a tomar las medidas necesarias a fin de garantizar que 60 por ciento del monto asignado en el presupuesto rural de 2009 al sistema-producto café llegue efectivamente a manos de los productores

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión fue turnada para estudio y dictamen la proposición con punto de acuerdo presentada por el diputado Othón Cuevas Córdova , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a tomar las medidas necesarias a fin de garantizar que 60 por ciento del monto asignado al sistema-producto café llegue efectivamente a manos de los productores del país.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 65, 66, 85, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a la Comisión de Agricultura y Ganadería corresponde dictaminar la presente proposición con punto de acuerdo, a partir de los siguientes

Antecedentes

El 9 de septiembre de 2008, el diputado Othón Cuevas Córdova presentó una proposición por la que exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a tomar las medidas necesarias a fin de garantizar que 60 por ciento del monto asignado al sistema-producto café llegue efectivamente a manos de los productores del país.

El mismo 9 de septiembre de 2008, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión turnó la mencionada proposición, para estudio y dictamen, a la Comisión de Agricultura y Ganadería.

Con base en los antecedentes mencionados, los integrantes de la comisión dictaminadora formulamos las siguientes

Consideraciones

Que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación planteó en su programa sectorial como enfoque de cadenas productivas la inclusión desde la planeación de las actividades de cada una de las unidades de producción, hasta la entrega del producto al consumidor final, pasando por la producción primaria, el procesamiento, el manejo posterior a la cosecha, el transporte y la comercialización en los mercados internos o externos, con base en los sistemas-producto.

Que la Ley de Desarrollo Rural Sustentable establece en el artículo 149 que la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo Rural Sustentable promoverá la organización e integración de los sistemas-producto, como Comités del Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable, con la participación de los productores agropecuarios, agroindustriales y comercializadores y sus organizaciones.

Que no obstante lo anterior, México, con una producción total de 4.6 millones de sacos, tan sólo en 2000, ocupa el sexto lugar como productor mundial de café, después de Brasil, Colombia, Vietnam, Indonesia e India. De la producción total, el país exportó alrededor de 84.5 por ciento en 1999 con especificaciones sobre la calidad del producto (café verde u oro). El restante 25.5 por ciento es consumido por la industria nacional productora de cafeína, de café soluble, tostado y molido.

Que 91.77 por ciento de los cafeticultores tiene menos de 5 hectáreas de cafetal, normalmente con poco o ningún apoyo económico ni técnico, por lo que México tiene uno de los niveles de productividad más bajos del mundo, equivalente a un promedio de 11.9 quintales por hectárea en el periodo 1981-1990, y de 10.4 en el lapso 1991-2000, en comparación con los 34 quintales de Costa Rica, uno de los países con mayor productividad en el mundo. Además, los costos de producción en México son 27.5 por ciento superiores a los brasileños y 22.6 a los de El Salvador.

Que la Cámara de Diputados ha aumentado los recursos asignados a la rama productiva del café; sin embargo, hay anomalías en su entrega oportuna y a quienes se debe beneficiar.

Con base en las consideraciones expuestas, esta comisión tiene a bien presentar dictamen en sentido positivo, al tenor del siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Que el titular del Poder Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, tome las medidas necesarias a fin de garantizar que 60 por ciento del monto asignado en el presupuesto rural de 2009 al sistema-producto café llegue efectivamente a los productores menos favorecidos e insertarlos en una dinámica de competitividad de esta importante actividad agropecuaria.

Aprobado en la sala de juntas de la Comisión de Agricultura y Ganadería, a los veintinueve días del mes de septiembre de dos mil ocho.
La Comisión de Agricultura y Ganadería, diputados: Héctor Padilla Gutiérrez (rúbrica), presidente; Daniel Pérez Valdés , Isael Villa Villa , Pedro Armendáriz García (rúbrica), Armando Jesús Félix Holguín (rúbrica), Íñigo Antonio Laviada Hernández (rúbrica), Ernesto Oviedo Oviedo (rúbrica), Héctor Narcia Álvarez (rúbrica), Celso David Pulido Santiago , secretarios; Andrés Bermúdez Viramontes (rúbrica), Osiel Castro de la Rosa , Francisco Domínguez Servién , Gerardo Antonio Escaroz Soler , David Lara Compeán (rúbrica), José Nicolás Morales Ramos (rúbrica), Francisco Javier Plascencia Alonso , José Víctor Sánchez Trujillo , Irineo Mendoza Mendoza (rúbrica), Amador Campos Aburto , Fausto Fluvio Mendoza Maldonado (rúbrica), Susana Monreal Ávila , José Antonio Saavedra Coronel (rúbrica), Jesús Humberto Zazueta Aguilar (rúbrica), Salvador Barajas del Toro , Ramón Barajas López (rúbrica), José Rubén Escajeda Jiménez , Carlos Rojas Gutiérrez (rúbrica), Alejandro Rodríguez Luis (rúbrica), Cuauhtémoc Velasco Oliva (rúbrica), Anuario Luis Herrera Solís (rúbrica).»

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Está a discusión el punto de acuerdo. En virtud de que no se ha registrado orador alguno, se considera suficientemente discutido y se reserva para su votación económica en conjunto.



AGROINDUSTRIA DE LA CAÑA DE AZUCAR

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: «Dictamen de la Comisión de Agricultura y Ganadería, con punto de acuerdo para exhortar a la Sagarpa a informar sobre los avances obtenidos en el primer año de aplicación del Programa Nacional de la Agroindustria de la Caña de Azúcar 2007-2012

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, le fue turnada para su estudio y dictamen, la proposición con punto de acuerdo presentada por los diputados María de los Ángeles Jiménez del Castillo , Martha Angélica Romo Jiménez y José Luis Espinosa Piña , todos del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, por el que solicitan al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación un informe de los avances obtenidos durante el primer año del Programa Nacional de la Agroindustria de la Caña de Azúcar 2007--2012.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, inciso f, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 65, 66, 85, 87,88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a esta Comisión de Agricultura y Ganadería corresponde dictaminar la presente proposición con punto de acuerdo a partir de los siguientes:

Antecedentes

El 9 de septiembre de 2008, los diputados María de los Ángeles Jiménez del Castillo , Martha Angélica Romo Jiménez y José Luis Espinosa Piña , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentaron una proposición por la que solicitan al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación un informe de los avances obtenidos durante el primer año del Programa Nacional de la Agroindustria de la Caña de Azúcar 2007--2012.

El 9 de septiembre de 2008 la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, turnó la mencionada proposición para su estudio y dictamen a la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados.

Con base en los antecedentes mencionados, los integrantes de esta comisión dictaminadora formulamos las siguientes:

Consideraciones

Que la agroindustria azucarera es el principal motor económico de muchas regiones del país, ya que en conjunto genera un 11.6 por ciento del valor del sector primario, y el 2.5 por ciento del Producto interno Bruto Manufacturero. Su aportación en el ámbito social, se refleja en que en la agroindustria de la caña de azúcar trabajan directamente 450 mil mexicanos, y dependen indirectamente de este sector 2.2 millones de personas.

Que uno de los propósitos generales del Programa Nacional de la Agroindustria de la Caña de Azúcar 2007-2012 es ``asegurar una oferta de azúcar de calidad suficiente, oportuna y accesible a todos los mexicanos y a las empresas consumidoras de la cadena'' Asimismo, entre los objetivos particulares del programa se encuentran los siguientes puntos:

-Satisfacer con cantidad, calidad y oportunidad el mercado interno de azúcar y sus derivados, mediante una mayor productividad en campo y fábrica.
-Apropiarse de la demanda insatisfecha de azúcar y sus derivados en el mercado de Norteamérica, basados en el conocimiento de sus preferencias.
-Incursionar con éxito en el mercado de los bioenergéticos, mediante una amplia base productiva y competitiva.

Que dada la importancia del sector azucarero para el desarrollo del país, y tomando en cuenta que la prospectiva de la producción nacional de azúcar para la zafra 2007-2008 se ha planteado una producción de 5 millones 404 mil 727 toneladas de azúcar, consideramos de suma importancia el aspecto que implica el manejo del sector azucarero, con base en una industria que pudiera solventar en un futuro mejores ingresos en dicha materia, así como su consideración y aplicación a la rama agroindustrial.

Que resulta indispensable conocer los resultados del programa nacional implementado por el gobierno federal a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, con la finalidad de evaluar que los impactos estén debidamente direccionados a los productores nacionales.

Con base en las consideraciones anteriormente expuestas, esta comisión dictaminadora tiene a bien presentar el presente dictamen en sentido positivo al tenor del siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desa-rrollo Rural, Pesca y Alimentación, informe a esta soberanía de los avances obtenidos durante el primer año de aplicación del Programa Nacional de la Agroindustria de la Caña de Azúcar 2007--2012.

Aprobado en la sala de juntas de la Comisión de Agricultura y Ganadería, a 29 de septiembre de 2008.
La Comisión de Agricultura y Ganadería, diputados: Héctor Padilla Gutiérrez (rúbrica), presidente; Daniel Pérez Valdés , Isael Villa Villa , Pedro Armendáriz García (rúbrica), Armando Jesús Félix Holguín (rúbrica), Íñigo Antonio Laviada Hernández (rúbrica), Ernesto Oviedo Oviedo (rúbrica), Héctor Narcia Álvarez (rúbrica), Celso Pulido Santiago, secretarios; Andrés Bermúdez Viramontes (rúbrica), Osiel Castro de la Rosa , Francisco Domínguez Servién , Gerardo Antonio Escaroz Soler , David Lara Compeán (rúbrica), José Nicolás Morales Ramos (rúbrica), Francisco Javier Plascencia Alonso , Víctor Sánchez Trujillo, Irineo Mendoza Mendoza (rúbrica), Amador Campos Aburto , Fausto Fluvio Mendoza Maldonado (rúbrica), Susana Monreal Ávila , José Antonio Saavedra Coronel (rúbrica), Jesús Humberto Zazueta Aguilar (rúbrica), Salvador Barajas del Toro , Ramón Barajas López (rúbrica), José Rubén Escajeda Jiménez , Carlos Rojas Gutiérrez (rúbrica), Alejandro Rodríguez Luis (rúbrica), Cuauhtémoc Velasco Oliva (rúbrica), Anuario Luis Herrera Solís (rúbrica).»

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Está a discusión el punto de acuerdo. En virtud de que no se ha registrado orador alguno, se considera suficientemente discutido y se reserva para su votación económica en conjunto.



SECTOR AGROPECUARIO

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: «Dictamen de la Comisión de Agricultura y Ganadería, con punto de acuerdo a fin de exhortar a los grupos de trabajo sobre las repercusiones del TLCAN y la reforma integral del campo del Senado de la República a laborar en conferencia con los diputados de la mesa del diálogo a efecto de diseñar una agenda de trabajo con los temas de la revisión del marco jurídico para la renegociación del tratado

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión le fue turnada, para su estudio y dictamen, proposición con punto de acuerdo presentada por la diputada Adriana Díaz Contreras , del Grupo Parlamentario del PRD, exhortando a los grupos de trabajo sobre los efectos de TLC y reforma integral del campo del Senado de la República a trabajar en conferencia con los diputados de la mesa del diálogo, para elaborar una agenda con los temas de la revisión del marco jurídico para la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) para el sector agropecuario.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 65, 66, 85, 87 y 88, y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a esta comisión corresponde dictaminar la proposición con punto de acuerdo a partir de los siguientes

Antecedentes

El 30 de abril de 2008, la diputada Adriana Díaz Contreras presentó una proposición por la que exhorta a los grupos de trabajo sobre los impactos de TLC y reforma integral del campo del Senado de la República a trabajar en conferencia con los diputados de la mesa del diálogo, para elaborar una agenda con los temas de la revisión del marco jurídico para la renegociación del TLCAN para el sector agropecuario.

El 30 de abril de 2008, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la mencionada proposición, para su estudio y dictamen, a la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados.

Con base en los antecedentes mencionados, los integrantes de esta comisión formulamos las siguientes

Consideraciones

Que el diagnóstico general del TLCAN, y diversos estudios, demuestran que han sido muy pocos los beneficiados y muchos los perjudicados en el sector agropecuario de nuestro país. El desempleo, la creciente migración, el desmantelamiento industrial del país, la desigualdad en el ingreso y la pobreza son muestra de ello. Lejos de estrechar las brechas de desarrollo con nuestros socios comerciales, las asimetrías presupuestales, tecnológicas, en productividad y competitividad se han profundizado.

Que con el propósito de atender desde el Poder Legislativo esta problemática de envergadura nacional, mediante acuerdo de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, de fecha 18 de diciembre de 2006, y aprobado en la misma fecha por el Pleno, se creó la Comisión Especial para el Seguimiento del Acuerdo Nacional para el Campo y al Capítulo Agropecuario del TLCAN.

Que la comisión especial tuvo como objetivos, llevar a cabo las tareas de estudio, análisis, revisión y atención de los asuntos vinculados con la problemática del sector agropecuario del país, así como dar seguimiento a los compromisos refrendados en el Acuerdo Nacional para el Campo, y a las implicaciones de la aplicación del Capítulo Agropecuario del TLCAN.

Que, no obstante la existencia de la comisión especial, en sesión celebrada el 25 de octubre de 2007 por la Cámara de Diputados, se aprobó el punto de acuerdo por el que se constituye una subcomisión plural en la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, integrada por legisladores de las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, de Agricultura y Ganadería, de Economía, de Desarrollo Rural y Especial para el Seguimiento del Acuerdo Nacional para el Campo y al Capítulo Agropecuario del TLCAN, para que, con la concurrencia de las dependencias del Ejecutivo que la subcomisión considere pertinentes, analicen y propongan medidas de solución de corto, mediano y largo plazo, que, traducidas en iniciativas de Ley, defiendan los intereses de los productores mexicanos en las condiciones de total liberalización del comercio agropecuario dispuesto en el TLCAN.

Que de la primera reunión de la mesa relacionada con el ámbito rural se planteó trabajar en conferencia con la Cámara de Senadores sobre las propuestas de solución en torno a la renegociación del Capítulo Agropecuario del TLCAN, con el propósito de que el trabajo hasta ahora realizado por ambas Cámaras pueda derivar en una propuesta legislativa sólida e integral.

Con base en las consideraciones anteriormente expuestas, esta comisión dictaminadora tiene a bien presentar el presente dictamen en sentido positivo al tenor del siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a los grupos de trabajo sobre los impactos de TLCAN y reforma integral del campo del Senado de la República a trabajar en conferencia con los diputados de la mesa de diálogo para elaborar una agenda de trabajo con los temas de la revisión del marco jurídico para la renegociación del TLCAN para el sector agropecuario, con el propósito de que el trabajo hasta ahora realizado por ambas Cámaras pueda derivar en una propuesta legislativa sólida e integral.

Aprobado en la sala de juntas de la Comisión de Agricultura y Ganadería, a 29 de septiembre de 2008.
La Comisión de Agricultura y Ganadería, diputados: Héctor Padilla Gutiérrez (rúbrica), presidente; Daniel Pérez Valdés , Isael Villa Villa , Pedro Armendáriz García (rúbrica), Armando Jesús Félix Holguín (rúbrica), Íñigo Antonio Laviada Hernández (rúbrica), Ernesto Oviedo Oviedo (rúbrica), Héctor Narcia Álvarez (rúbrica), Celso David Pulido Santiago , secretarios; Andrés Bermúdez Viramontes (rúbrica), Osiel Castro de la Rosa , Francisco Domínguez Servién , Gerardo Antonio Escaroz Soler , David Lara Compeán (rúbrica), José Nicolás Morales Ramos (rúbrica), Francisco Javier Plascencia Alonso , Víctor Sánchez Trujillo, Irineo Mendoza Mendoza (rúbrica), Amador Campos Aburto , Fausto Fluvio Mendoza Maldonado (rúbrica), Susana Monreal Ávila , José Antonio Saavedra Coronel (rúbrica), Jesús Humberto Zazueta Aguilar (rúbrica), Salvador Barajas del Toro , Ramón Barajas López (rúbrica), José Rubén Escajeda Jiménez , Carlos Rojas Gutiérrez (rúbrica), Alejandro Rodríguez Luis (rúbrica), Cuauhtémoc Velasco Oliva (rúbrica), Anuario Luis Herrera Solís (rúbrica).»

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Está a discusión el punto de acuerdo. En virtud de que no se ha registrado orador alguno, se considera suficientemente discutido y se reserva para su votación económica en conjunto.



SECTOR AGROPECUARIO

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: «Dictamen de la Comisión de Agricultura y Ganadería, con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal a implantar acciones, en el marco del TLCAN, que subsanen las dificultades que enfrentan los pequeños productores agrícolas e insertarlos en la dinámica de la globalización, con base en los montos máximos permitidos por la Organización Mundial de Comercio

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión le fue turnada, para su estudio y dictamen, la proposición con punto de acuerdo presentada por la diputada Juana Leticia Herrera Ale , del Grupo Parlamentario del PRI, por el que exhorta al Ejecutivo Federal a implantar acciones dentro del marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte para subsanar las dificultades que enfrentan los pequeños productores agrícolas e insertarlos en la dinámica de la globalización.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, inciso f, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 65, 66, 85, 87,88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a esta Comisión de Agricultura y Ganadería corresponde dictaminar la presente proposición con punto de acuerdo a partir de los siguientes

Antecedentes

El 30 de abril de 2008 la diputada Juana Leticia Herrera Ale presentó una proposición que exhorta al Ejecutivo federal a implantar acciones dentro del marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte para subsanar las dificultades que enfrentan los pequeños productores agrícolas e insertarlos en la dinámica de la globalización.

El 30 de abril de 2008, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión turnó la mencionada proposición para su estudio y dictamen a la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados.

Con base en los antecedentes mencionados, los integrantes de esta comisión dictaminadora formulamos las siguientes

Consideraciones

Que a principio de la década de los años ochenta del siglo pasado se presentó una serie de cambios en las relaciones comerciales internacionales; en ese tenor, la globalización se erige como la directriz que marca el rumbo de las diferentes formas en como interactúan las naciones. La regionalización mundial es un proceso necesario, ya que es la única opción que permitirá generar una mayor participación en el mercado mundial, en este sentido, un país por sí solo quedará excluido de los beneficios que puede generar la economía global.

Que para hacer frente a la globalización es prioritario que naciones vecinas conformen bloques de cooperación económica que les permita tener ventajas frente al resto de los países, ello con el objetivo de hacerlos competitivos en un mercado mundial que requiere de un grado mayor de especialización y diversificación en la producción de bienes y servicios.

Que en el caso particular de México, la muestra más importante del fenómeno de la globalización y la apertura comercial es la firma, en el año de 1993, del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el cual entró en vigor a partir de 1994. Es importante recordar que éste acuerdo lo signan los gobiernos de Canadá, de México y de Estados Unidos.

Que dicho tratado internacional establece las formas y mecanismos de cooperación que regirán las relaciones comerciales entre los tres países, donde el objetivo principal es conformar un bloque económico competitivo frente al resto de las regiones, las medidas establecidas en el documento hacen referencia a la eliminación de barreras arancelarias que permitan la libre comercialización de bienes y servicios entre los países firmantes.

Que los beneficios directos de la entrada en vigor del TLCAN aún son insuficientes y no terminan de reflejarse en el conjunto de la sociedad, en este sentido, es importante mencionar que hay casos claros en los que es notorio el rezago de la economía mexicana con respecto a nuestros socios comerciales y que uno de los sectores más perjudicados con el TLCAN fue sin dudas el agropecuario el cual no fue debidamente preparado para ser competitivo y por el contrario, se fue desmantelando hasta dejarlo en total estado de indefensión ante las fuertes políticas de susidios de los productores de nuestros socios comerciales.

Que ante los efectos negativos de la apertura comercial se han planteado diversas propuestas, entre las que destaca la renegociación del tratado, en este sentido, es importante considerar y evaluar los diferentes aspectos que resultarán de dicha propuesta y encontrar soluciones viables, eficientes y con una política integral que detone al sector agropecuario de nuestro país que los haga competitivo en términos reales.

Que es necesario y urgente atender la problemática que actualmente presenta el sector agrícola nacional derivado de la entrada en vigor del capítulo VII del TLCAN, paralelamente de las medidas o no de renegociación que puedan darse, se hace necesaria la ayuda de este Poder Legislativo para que más de 24 millones de personas que dependen de las actividades agropecuarias, se vean beneficiadas.

Con base en las consideraciones anteriormente expuestas, esta comisión dictaminadora tiene a bien emitir el presente dictamen en sentido positivo al tenor del siguiente

Punto de Acuerdo

Único: Se exhorta al Ejecutivo federal a implantar acciones dentro del marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte para subsanar las dificultades que enfrentan los pequeños productores agrícolas e insertarlos en la dinámica de la globalización, tomando como base los montos máximos permitidos por la Organización Mundial de Comercio.

Aprobado en la Sala de Juntas de la Comisión de Agricultura y Ganadería, a 29 de septiembre de 2008.
La Comisión de Agricultura y Ganadería, diputados: Héctor Padilla Gutiérrez (rúbrica), presidente; Daniel Pérez Valdés , Isael Villa Villa , Pedro Armendáriz García (rúbrica), Armando Jesús Félix Holguín (rúbrica), Íñigo Antonio Laviada Hernández (rúbrica), Ernesto Oviedo Oviedo (rúbrica), Héctor Narcia Álvarez (rúbrica), Celso Pulido Santiago, secretarios; Andrés Bermúdez Viramontes (rúbrica), Osiel Castro de la Rosa , Francisco Domínguez Servién , Gerardo Antonio Escaroz Soler , David Lara Compeán (rúbrica), José Nicolás Morales Ramos (rúbrica), Francisco Javier Plascencia Alonso , Víctor Sánchez Trujillo, Irineo Mendoza Mendoza (rúbrica), Amador Campos Aburto , Fausto Fluvio Mendoza Maldonado (rúbrica), Susana Monreal Ávila , José Antonio Saavedra Coronel (rúbrica), Jesús Humberto Zazueta Aguilar (rúbrica), Salvador Barajas del Toro , Ramón Barajas López , José Rubén Escajeda Jiménez , Carlos Rojas Gutiérrez (rúbrica), Alejandro Rodríguez Luis (rúbrica), Cuauhtémoc Velasco Oliva (rúbrica), Anuario Luis Herrera Solís (rúbrica).»

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Está a discusión el punto de acuerdo. En virtud de que no se ha registrado orador alguno, se considera suficientemente discutido y se reserva para su votación económica en conjunto.



SECTOR RURAL

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: «Dictamen de la Comisión de Agricultura y Ganadería, con punto de acuerdo a fin de exhortar a la Sagarpa a iniciar en los medios una campaña de difusión para dar a conocer entre los agentes económicos que intervienen en el desarrollo de programas dirigidos al sector rural la figura de ``prestador de servicios profesionales''

A la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, le fue turnada para su estudio y dictamen, la proposición con punto de acuerdo presentada por el diputado Gregorio Barradas Miravete , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, exhortando al titular del Ejecutivo federal para que, a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) inicie una campaña de difusión en los medios, para dar a conocer la figura del prestador de servicios profesionales entre los agentes económicos que intervienen en el desarrollo de programas dirigidos al sector rural.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, inciso f, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 65, 66, 85, 87,88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a esta Comisión de Agricultura y Ganadería corresponde dictaminar la presente proposición con punto de acuerdo a partir de los siguientes:

Antecedentes

El 30 de abril de 2008, el diputado Gregorio Barradas Miravete , presentó una proposición que exhorta al titular del Ejecutivo federal para que, a través de la SAGARPA, inicie una campaña de difusión en los medios, para dar a conocer la figura del prestador de servicios profesionales entre los agentes económicos que intervienen en el desarrollo de programas dirigidos al sector rural.

El 30 de abril de 2008 la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, turnó la mencionada proposición para su estudio y dictamen a la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados.

Con base en los antecedentes mencionados, los integrantes de esta comisión dictaminadora formulamos las siguientes:

Consideraciones

Que uno de los mayores retos de los apoyos de desarrollo social dirigidos al campo mexicano es coadyuvar a que el beneficiario de éstos desarrolle en el mediano plazo la capacidad de ser autosuficiente y fungir como motor del crecimiento económico en su comunidad. Para ello, es esencial que el beneficiario esté capacitado para distinguir las áreas de oportunidad y la capacidad de desarrollar proyectos de inversión que permitan canalizar productivamente la concurrencia de los recursos públicos y, en determinado momento, los provenientes de otros sectores productivos.

Que para dar cauce al desarrollo de las capacidades de la población rural susceptible de beneficiarse de los de programas establecidos en el Programa Especial Concurrente (PEC) para el Desarrollo Rural Sustentable, el gobierno federal, a través de la SAGARPA, tiene la obligación de ofertar una serie de estrategias que permitan a los beneficiarios, identificar áreas de oportunidad, diseñar, ejecutar, monitorear y consolidar proyectos que mejoren sus procesos productivos.

Que el prestador de servicios profesionales (PSP) ha adquirido relevancia durante los últimos años, al fungir como figura clave para ayudar al beneficiario de los principales programas del sector de desarrollo rural a focalizar sus proyectos, procesos productivos, comerciales, organizativos, financieros y empresariales. Las acciones de esta figura se han circunscrito mediante la provisión de subsidios a los servicios de capacitación, asistencia técnica y consultoría, a su vez inscritas en una red abierta, que promueve la competencia entre los PSP certificados en cuanto a su perfil y desempeño.

Que la secretaría tiene la dirección general de Servicios Profesionales para el Desarrollo Rural, que considera dentro de su planeación estratégica del desarrollo y ejecución del Subprograma de Desarrollo de Capacidades en el Medio Rural (PRODESCA); el cual funge como un programa integral de apoyo a la oferta y demanda de servicios profesionales para el desarrollo rural, con visión de toda la cadena productiva, orientado a la generación de valor para los productores, capaz de incrementar la producción primaria, provocar procesos de reconversión productiva y organización, y propiciar procesos de desarrollo comunitario.

Que los PSP son personas físicas y morales, que otorgan servicios de asesoría técnica para determinar la viabilidad financiera y la factibilidad técnica de proyectos productivos ejecutados por personas físicas (campesinos) u organizaciones de la sociedad civil en el sector rural.

Que este tipo de figura representa una fortaleza para las personas físicas y morales que buscan desarrollar un proyecto financiado por alguno, o todos en corresponsabilidad, de los tres órdenes de gobierno, pues cuenta con las herramientas técnicas y el conocimiento de estructura organizacional y estratégica de los programas públicos.

Con base en las consideraciones anteriormente expuestas, esta comisión dictaminadora tiene a bien presentar el presente dictamen en sentido positivo al tenor del siguiente

Punto de acuerdo

Único. Que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, inicie una campaña exhaustiva de difusión en los medios, para dar a conocer la figura del prestador de servicios profesionales entre los agentes económicos que intervienen en el desarrollo de programas dirigidos al sector rural.

Aprobado en la sala de juntas de la Comisión de Agricultura y Ganadería, a 29 de septiembre de 2008.
La Comisión de Agricultura y Ganadería, diputados: Héctor Padilla Gutiérrez , (rúbrica) presidente; Daniel Pérez Valdés , Isael Villa Villa , Pedro Armendáriz García (rúbrica), Armando Félix Holguín (rúbrica), Iñigo Laviada Hernández (rúbrica), Ernesto Oviedo Oviedo (rúbrica), Héctor Narcia Álvarez (rúbrica), Celso Pulido Santiago, Andrés Bermúdez Viramontes (rúbrica), Osiel Castro de la Rosa , Francisco Domínguez Sérvien, Gerardo Escaroz Soler , David Lara Compean (rúbrica), José Morales Ramos (rúbrica), Francisco Plascencia Alonso, Víctor Sánchez Trujijllo, Irineo Mendoza Mendoza (rúbrica), Amador Campos Aburto , Fausto Mendoza Maldonado (rúbrica), Susana Monreal Ávila , José Antonio Saavedra Coronel (rúbrica), Jesús Humberto Zazueta Aguilar (rúbrica), Salvador Barajas del Toro , Ramón Barajas López (rúbrica), José Rubén Escajeda Jiménez , Carlos Rojas Gutiérrez (rúbrica), Alejandro Rodríguez Luis (rúbrica), Cuauhtémoc Velasco Oliva (rúbrica), Anuario Luis Herrera Solís (rúbrica).»

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Está a discusión el punto de acuerdo. En virtud de que no se ha registrado orador alguno, se considera suficientemente discutido y se reserva para su votación económica en conjunto.



ESTADO DE MICHOACAN

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: «Dictamen de la Comisión de Agricultura y Ganadería, con punto de acuerdo a fin de exhortar a los titulares de los Ejecutivos federal y de Michoacán de Ocampo a implantar medidas conjuntas de carácter permanente para prevenir, localizar, combatir y extinguir incendios forestales en la entidad

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión le fue turnada, para su estudio y dictamen, la proposición con punto de acuerdo presentada por el diputado Rafael Villicaña García , del Grupo Parlamentario del PRD, para exhortar al Ejecutivo federal y al gobierno del estado de Michoacán de Ocampo a implantar medidas conjuntas para la prevención, localización, combate y extinción de los incendios forestales que se suscitan en esa entidad.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, inciso f, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 65, 66, 85, 87,88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a esta Comisión de Agricultura y Ganadería corresponde dictaminar la presente proposición con punto de acuerdo a partir de los siguientes:

Antecedentes

El 30 de abril de 2008, el diputado Rafael Villicaña García presentó una proposición por la que exhorta al Ejecutivo federal y al gobierno del estado de Michoacán de Ocampo a implantar medidas conjuntas para la prevención, localización, combate y extinción de los incendios forestales que se suscitan en esa entidad.

El 30 de abril de 2008, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión turnó la mencionada proposición, para su estudio y dictamen, a la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados.

Con base el los antecedentes mencionados, los integrantes de esta comisión dictaminadora formulamos las siguientes

Consideraciones

Que Michoacán es uno de los estados de la República Mexicana que cuenta con más variedad de ecosistemas forestales y tipos de vegetación, encontrándose aquí las variedades bosque, bosque mesófilo de montaña, bosque de galería, selvas medianas, selvas bajas, palmar, vegetación en zonas áridas, manglares, vegetación hidrófila y halófila, entre otros. Específicamente, dentro de la categoría de los bosques, los encontramos de clima templado-frío, localizados en los macizos montañosos del Eje Neovolcánico y la sierra Madre del Sur. Este tipo de vegetación considera la mayor superficie forestal (37 por ciento) y se distribuye en el 76 por ciento de los municipios de la entidad; está compuesto por especies de confieras y latifoliadas, encontrando bosque de pino, bosques de oyamel, bosques mezclados (pino-encino) y bosques de encino.

Que es importante la preservación de estos ecosistemas forestales, no sólo para contar con un medio ambiente sano, sino también porque, su aprovechamiento sustentable, significan una fuente de riqueza económica para los michoacanos, ya que de ellos se obtiene, materia prima para la industria de aserrío, de maderas contrachapadas, maderas aglomeradas, para la industria de la celulosa, construcción de muebles, pisos, duelas, lambrines, mandos de herramientas, carbón, tarimas, artesanías, así como la extracción de resina.

Que en el presente año se ha presentado en ese Estado una temporada de mucha presencia de incendios forestales, por lo que la federación y el gobierno estatal deben tomar acciones de manera permanente para evitarlos en esta región del país, más aún cuando se tiene estimado por las propias autoridades federales que se darán altas temperaturas, incluso, para el periodo de sequía de este año.

Con base en las consideraciones anteriormente expuestas esta comisión dictaminadora tiene a bien presentar este dictamen en sentido positivo al tenor del siguiente

Punto de Acuerdo

Único: Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal y al gobierno del estado de Michoacán de Ocampo a implantar medidas conjuntas de manera permanente para la prevención, localización, combate y extinción de los incendios forestales que se suscitan en esa entidad.

Aprobado en la Sala de Juntas de la Comisión de Agricultura y Ganadería, a 29 de septiembre de 2008.
La Comisión de Agricultura y Ganadería, diputados: Héctor Padilla Gutiérrez (rúbrica), presidente; Daniel Pérez Valdés , Isael Villa Villa , Pedro Armendáriz García (rúbrica), Armando Jesús Félix Holguín (rúbrica), Íñigo Antonio Laviada Hernández (rúbrica), Ernesto Oviedo Oviedo (rúbrica), Héctor Narcia Álvarez (rúbrica), Celso Pulido Santiago, secretarios; Andrés Bermúdez Viramontes (rúbrica), Osiel Castro de la Rosa , Francisco Domínguez Servién , Gerardo Antonio Escaroz Soler , David Lara Compeán (rúbrica), José Nicolás Morales Ramos (rúbrica), Francisco Javier Plascencia Alonso , Víctor Sánchez Trujillo, Irineo Mendoza Mendoza (rúbrica), Amador Campos Aburto , Fausto Fluvio Mendoza Maldonado (rúbrica), Susana Monreal Ávila , José Antonio Saavedra Coronel (rúbrica), Jesús Humberto Zazueta Aguilar (rúbrica), Salvador Barajas del Toro , Ramón Barajas López (rúbrica), José Rubén Escajeda Jiménez , Carlos Rojas Gutiérrez (rúbrica), Jesús Sesma Suárez (rúbrica), Cuauhtémoc Velasco Oliva (rúbrica), Anuario Luis Herrera Solís (rúbrica).»

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Está a discusión el punto de acuerdo. En virtud de que no se ha registrado orador alguno, se considera suficientemente discutido y se reserva para su votación económica en conjunto.



ESTADO DE CHIHUAHUA

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: «Dictamen de la Comisión de Seguridad Pública, con puntos de acuerdo por los que se solicita al titular del Ejecutivo federal que, a través de la Secretaría de Seguridad Pública, de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Procuraduría General de la República, en el ámbito de sus atribuciones y en coordinación con las autoridades competentes del gobierno del estado de Chihuahua, fortalezca su presencia y eficacia en las operaciones efectuadas en la entidad

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Seguridad Pública, le fue turnada para su estudio, análisis y dictamen proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de la Secretaría de Seguridad Pública, la Procuraduría General de la República y las instituciones relacionadas con el combate al crimen organizado, fortalezcan su presencia y eficacia en los operativos efectuados en Chihuahua en virtud de la gravísima ola de ejecuciones y de su incidencia en los delitos del orden común.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45, numerales 6, incisos e) a g) y numeral 7, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 58, 60, 87, 88 y 93 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; esta Comisión es competente para conocer de la proposición con punto de acuerdo objeto del presente, y somete a consideración de esta honorable Asamblea el presente dictamen, con base en los siguientes antecedentes y consideraciones:

Antecedentes

1. En sesión de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, celebrada en fecha 27 de marzo de 2008, la diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza , y los diputados César Duarte Jáquez, Israel Beltrán Montes y Enrique Serrano Escobar , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentaron proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de Seguridad Pública, la Procuraduría General de la República y las instituciones relacionadas con el combate al crimen organizado, fortalezcan su presencia y eficacia en los operativos efectuados en Chihuahua en virtud de la gravísima ola de ejecuciones y de su incidencia en los delitos del orden común.
2. Con esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva, turnó para su estudio, análisis y dictamen la proposición de referencia a las Comisiones Unidad de Seguridad Pública y Derechos Humanos.
3. Con fecha 2 de octubre de 2008, los integrantes de la Comisión de Seguridad Pública, se reunieron para analizar, discutir y aprobar el presente dictamen, siendo aprobado por 20 votos a favor.

Contenido

1. Los diputados proponentes se refieren a las condiciones de seguridad en las que viven las familias chihuahuenses, derivado de los enfrentamientos entre bandas del crimen organizado, las ejecuciones entre miembros de estas, las cuales afectan también a los miembros de la sociedad civil del Estado.
2. Que la ola de violencia y la alta incidencia de delitos del fuero federal han acelerado la descomposición del tejido social incrementando, de manera alarmante, la dureza de los delitos del fueron común buscando, como lo refiere el gobierno del estado de Chihuahua, sembrar aún más la confusión en la ciudadanía.
3. Los diputados proponentes se refieren a la cifra de personas ejecutadas que se han dado a la fecha, así como el incremento de actividades delictivas como el robo a establecimientos mercantiles, asaltos a miembros de la sociedad civil, eventos que se han vuelto cotidianos en el estado.
4. Señalan los proponentes que, en los ciudadanos crece la percepción de la colusión de algunas autoridades con el crimen organizado al enterarse de declaraciones de ex funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, que denuncian desorden y corrupción en la lucha contra el narcotráfico, lo cual debe ser investigado por el gobierno federal.
5. Es por ello que los diputados proponentes, como chihuahuenses, demandan que el gobierno federal asuma una verdadera política de Estado que combata de manera integral al crimen organizado, ya que no se puede seguir permitiendo que el crimen organizado, el narcotráfico y la delincuencia vulneren la tranquilidad y seguridad de la sociedad chihuahuense.

Consideraciones

a) En lo general:

1. Que los párrafos octavo y noveno del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establecen a la seguridad pública como una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios, y disponen la creación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, como una instancia de coordinación entre los mismos.
2. La Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de diciembre de 1995, tiene por objeto establecer las bases de coordinación entre la Federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios para la integración y funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Sus disposiciones son de orden público e interés social y de observancia general en todo el territorio nacional.
3. Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2° de la Ley citada, el Sistema Nacional de Seguridad Pública se integra con las instancias, instrumentos, políticas, servicios y acciones previsto en la misma ley, tendientes a cumplir los objetivos y fines de la seguridad pública, así como también señala, en su artículo 3°, que la seguridad pública es la función a cargo del Estado que tiene como fines salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos.
4. Que conforme se establece en el artículo 9° de la Ley citada, las autoridades competentes se coordinarán para la realización de acciones y operativos conjuntos, en los siguientes términos:
Artículo 9. Las autoridades competentes de la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios, se coordinarán para:
I. ...
II. Determinar las políticas de seguridad pública, así como ejecutar, dar seguimiento y evaluar sus acciones, a través de las instancias previstas en esta ley;
III. a V. ...
VI. Tomar medidas y realizar acciones y operativos conjuntos.
5. Que la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 1976, tiene por objeto establecer las bases de organización de la Administración Pública Federal, centralizada y paraestatal.
6. Que la Ley mencionada con anterioridad, señala en su artículo 30 bis. el despacho de los asuntos que corresponden a la Secretaria de Seguridad Pública, mencionando para nuestro análisis y dictamen los siguientes:
Artículo 30 Bis. A la Secretaría de Seguridad Pública corresponde el despacho de los siguientes asuntos:
I. Desarrollar las políticas de seguridad pública y proponer la política criminal en el ámbito federal, que comprenda las normas, instrumentos y acciones para prevenir de manera eficaz la comisión de delitos;
II. a XI. ...
XII. Salvaguardar la integridad y el patrimonio de las personas, prevenir la comisión de delitos del orden federal, así como preservar la libertad, el orden y la paz públicos;
XIII. a XX. ...
XXI. Colaborar, en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública, cuando así lo soliciten otras autoridades federales, estatales, municipales o del Distrito Federal competentes, en la protección de la integridad física de las personas y en la preservación de sus bienes, en situaciones de peligro cuando se vean amenazadas por disturbios u otras situaciones que impliquen violencia o riesgo inminente.
XXII. a XXV. ...
XXVI. Promover la celebración de convenios entre las autoridades federales, y de éstas, con aquéllas estatales, municipales y del Distrito Federal competentes, en aras de lograr la efectiva coordinación y funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el combate a la delincuencia; y
XXVII. ...

b) En cuanto a la proposición con Punto de Acuerdo:

1. Que esta comisión dictaminadora, se identifica con el interés de los diputados proponentes de crear las condiciones para fortalecer la presencia y eficacia de los operativos efectuados en el estado de Chihuahua, así como garantizar la seguridad en dicha entidad.
2. Esta comisión dictaminadora tiene presente que, desde diciembre de 2006, se realizan operativos conjuntos en varios estados del territorio nacional, ejecutados por Policía Federal Preventiva y por la Agencia Federal de Investigación, perteneciente a la Procuraduría General de la República, en coordinación con elementos del Ejército, Marina y corporaciones policiales locales, para reforzar el combate a la delincuencia organizada, los delitos federales y coadyuvar con las autoridades locales para abatir los índices delictivos.
3. Que el 22 de enero de 2007, dio inicio el Operativo ``Sierra Madre'', el cual abarca los estados de Chihuahua, Durango y Sinaloa, donde se localizan amplias extensiones de sembradíos de marihuana. Este operativo conjunto es realizado con la participación de la Policía Federal, de corporaciones locales de los estados involucrados y miembros de la Sedena.
4. Que en el mes de marzo de 2008, en Ciudad Juárez, Chihuahua, se puso en marcha la ``Operación Conjunta Chihuahua'' para combatir el crimen y la delincuencia organizada, con énfasis en el combate al tráfico ilegal de drogas y armas en todo el territorio chihuahuense.
5. Que en el marco de la Operación Conjunta Chihuahua, se han desplegado en la entidad 2,026 elementos, vehículos tácticos militares y 13 equipos de detección molecular del Ejército Mexicano, entre otras estrategias para combatir de forma frontal y efectiva el crimen organizado y devolver la paz y seguridad a los habitantes de Chihuahua.
6. Que la Secretaría de Seguridad Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 1 de su reglamento, es la dependencia de la administración pública federal que tiene por objeto preservar la libertad, el orden y la paz públicos; así como salvaguardar la integridad y derechos de las personas, auxiliar a la Procuraduría General de la República y a los Poderes de la Unión, prevenir la comisión de delitos, desarrollar la política de seguridad pública del Poder Ejecutivo Federal y proponer su política criminal.
7. Esta comisión dictaminadora estima oportuno mencionar que, por Acuerdo 01/2008 por el que se establecen las bases para la elegibilidad de municipios para la asignación de recursos del Subsidio para la Seguridad Pública Municipal (SUBSEMUN), fueron contemplados los municipios de Juárez, Chihuahua, Cuauhtémoc, Delicias e Hidalgo del Parral, todos del estado de Chihuahua y en los cuales, se coincide con los proponentes, presentan el mayor índice de criminalidad.
8. Que no obstante los numerosos operativos y acciones realizadas en el estado de Chihuahua, los resultados en materia de seguridad no son los que la sociedad demanda y merece.
9. Que de acuerdo con cifras de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, hasta el mes de agosto del presente año 2008, el Estado de Chihuahua registra el mayor número de ejecuciones y homicidios violentos, con 857, seguido por Sinaloa con 470 y Michoacán con 129, observándose una desafortunada diferencia de casi 100%, respecto al Estado de Sinaloa.
10. Que dichas cifras impactan de manera negativa la estabilidad y paz social en el Estado.
11. Por los razonamientos expresados con anterioridad, esta comisión dictaminadora considera procedente solicitar al gobierno Federal, para que a través de las autoridades correspondientes y en coordinación con las autoridades del gobierno del estado de Chihuahua, fortalezcan su presencia y eficacia en los operativos efectuados en el estado.

Por lo anteriormente expuesto, los diputados y diputadas integrantes de la Comisión de Seguridad Pública, sometemos a consideración del Pleno de esta honorable Asamblea los siguientes:

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, solicita respetuosamente al titular del Ejecutivo F¿federal, para que a través de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Procuraduría General de la República, en el ámbito de sus atribuciones y en coordinación con las autoridades competentes del gobierno del estado de Chihuahua, fortalezcan su presencia y eficacia en los operativos efectuados en el estado.

Segundo. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, solicita atentamente al las autoridades señaladas, informen a esta soberanía las medidas adoptadas en el marco del anterior punto de acuerdo.

Palacio Legislativo en San Lázaro, a 2 de octubre de 2008.
La Comisión de Seguridad Pública, diputados: Juan Francisco Bedoya (rúbrica), presidente; Édgar Armando Olvera Higuera (rúbrica), Armando Barreiro Pérez (rúbrica), Gerardo Octavio Vargas Landeros (rúbrica), Patricia Villanueva Abraján (rúbrica), Ma. de los Ángeles Jiménez del Castillo (rúbrica), Luis Gerardo Serrato Castel, David Mendoza Arellano (rúbrica), secretarios; Jesús Sergio Alcántara Núñez , Miguel Ángel Arellano Pulido (rúbrica), Roberto Badillo Martínez (rúbrica), Gregorio Barradas Miravete (rúbrica), Manuel Cárdenas Fonseca , Ángel Rafael Deschamps Falcón , Yary del Carmen Gebhardt Garduza , Jorge Justiniano González Betancourt (rúbrica), Agustín Leura González (rúbrica), Andrés Lozano Lozano (rúbrica), Carlos Madrazo Limón , Efraín Morales Sánchez , José Luis Murillo Torres (rúbrica), Silvia Oliva Fragoso (rúbrica), Manuel Salvador Salgado Amador , Josefina Salinas Pérez (rúbrica), Layda Elena Sansores San Román (rúbrica), Francisco Javier Santos Arreola (rúbrica), Martín Stefanonni Mazzocco (rúbrica), Carlos Alberto Torres Torres (rúbrica).»

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Están a discusión los puntos de acuerdo. En virtud de que no se ha registrado orador alguno, se consideran suficientemente discutidos. Se reservan para su votación económica en conjunto.



CENTROS DE READAPTACION SOCIAL

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: «Dictamen de la Comisión de Seguridad Pública, con puntos de acuerdo por los que se solicita al secretario de Seguridad Pública federal, a los gobernadores de los estados y al jefe del Gobierno del Distrito Federal que informen a esta soberanía sobre las acciones implantadas y los resultados obtenidos en materia de dignificación de la calidad de vida de los internos en los centros de readaptación social

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de la LX Legislatura, le fue turnado para su análisis y dictamen, proposición con punto de acuerdo por el que se solicita al secretario de Seguridad Pública que, en su carácter de Presidente del Consejo Nacional de Seguridad Pública, informe al Pleno de esta soberanía sobre las acciones generadas y resultados obtenidos en materia de dignificación de la calidad de vida de los internos que se encuentran recluidos en los Centros de Readaptación federales y locales, tomando en cuenta el alto índice de sobrepoblación existente.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 numerales 1, 2 fracción III y numeral 3; 45 en su numeral 6 incisos e) a g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 58, 60, 87, 88, 90 y 93 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Comisión es competente para conocer de la proposición con punto de acuerdo objeto del presente, y somete a consideración de esta honorable Asamblea el presente dictamen, con base en los siguientes antecedentes y consideraciones:

Antecedentes

1. En sesión ordinaria del pleno de la Cámara de Diputados celebrada el día 1 de abril de 2008, el diputado Gerardo Octavio Vargas Landeros , integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita al secretario de Seguridad Pública que, en su carácter de Presidente del Consejo Nacional de Seguridad Pública, informe al Pleno de esta soberanía sobre las acciones generadas y resultados obtenidos en materia de dignificación de la calidad de vida de los internos que se encuentran recluidos en los Centros de Readaptación federales y locales, tomando en cuenta el alto índice de sobrepoblación existente.
2. Con esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva turnó para su análisis y dictamen la proposición con punto de acuerdo a la Comisión de Seguridad Pública.
3. Con fecha 2 de octubre de 2008, los integrantes de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión de la LX Legislatura, se reunieron para analizar y discutir el presente dictamen, siendo aprobado por 20 votos a favor.

Contenido

1. De acuerdo con el diputado proponente, el problema de la inseguridad que se vive en el país ha llevado a las autoridades a la ejecución de diversos programas tendentes a contrarrestar las conductas delictivas en todos sus ámbitos y modalidades. Sin embargo, cuando se toca el tema del sistema penitenciario y la calidad de vida de los internos, escasas son las acciones implantadas y los resultados obtenidos por los responsables de la seguridad pública, tanto en el ámbito federal como en el ámbito local.
2. Si bien es cierto que el problema de la calidad de vida de los internos es complejo, por la existencia de múltiples factores de tipo legal, financiero, institucional y psicosocial, también lo es que uno de los principales factores contra el que se debe de luchar es el de la sobrepoblación que existe en los Centros de Readaptación Social, federales y locales.
3. De acuerdo con el Diputado proponente, en el ámbito local existen 85 mil 960 sentenciados y 70 mil 906 personas que se encuentran en prisión preventiva. En el ámbito federal existen 33 mil 256 sentenciados y 18 mil 198 personas con prisión preventiva. Ambas, en conjunto, suman más de 300 mil personas recluidas que viven en condiciones infrahumanas, claramente violatorias de sus derechos humanos, que a su vez vulneran las diversas convenciones y tratados internacionales signados por México en dicha materia.
4. En el 2004, los Centros de Readaptación Social ya tenían una sobrepoblación de 43 mil 15 internos que, para diciembre de 2007, se incrementaría a 55 mil 887. Las entidades con mayores problemas de sobrepoblación son: Baja California Sur, Baja California, Estado de México, Sonora y el Distrito Federal. Este último tiene el reclusorio preventivo varonil más sobrepoblado de América Latina con 10 mil 481 internos.
5. Es importante entender que la sobrepoblación impide una verdadera readaptación, genera corrupción, violencia, ilegalidad e impide que las personas, tanto internos, familiares y custodios, puedan vivir en condiciones que garanticen la dignidad de toda persona.
6. Información pública, refiere que en varios centros de readaptación social los familiares de los internos pagan aproximadamente 100 pesos en la aduana de ingreso, 20 para pasar al lugar donde se encuentra el interno, 50 por las sillas y mesas en las que comen con los reos y una infinidad de tarifas por el ingreso de comida y otros bienes de uso personal.
7. De acuerdo con el diputado proponente, diversas investigaciones e informes han concluido que la saturación en los centros de readaptación social trae una gran variedad de problemas en su interior, que van desde la insalubridad y los motines, hasta el tráfico de enervantes y las oprobiosas extorsiones telefónicas que aquí --en este recinto legislativo-- se han dado a compañeras diputadas.
8. La solicitud que se dirige a los servidores públicos responsables de garantizar la readaptación social de los sentenciados, toma en cuenta los diversos estudios hechos por los organismos defensores de derechos humanos, tanto el federal como los locales, y las muy variadas denuncias hechas por la sociedad civil organizada, ambas instancias han exigido una solución al problema de la sobrepoblación de los reclusorios sin que se haya hecho caso alguno.
9. En el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, señala el Diputado proponente, se considera de la mayor importancia que el Secretario de Seguridad Pública, en su carácter de presidente del Consejo Nacional de Seguridad Pública, y los demás funcionarios que lo conforman, intervengan de forma inmediata y directa para evitar los altos costos económicos, sociales y familiares que produce la sobrepoblación carcelaria en México.
10. Por las consideraciones señaladas, el diputado Gerardo Octavio Vargas Landeros , propone la aprobación de un punto de acuerdo, en los siguientes términos:
Se solicita al secretario de Seguridad Pública Federal que, en su carácter de Presidente del Consejo Nacional de Seguridad Pública, informe al Pleno de esta soberanía sobre las acciones generadas y los resultados obtenidos en materia de dignificación de la calidad de vida de los internos que se encuentran recluidos en los Centros de Readaptación Social federales y locales, tomando en cuenta el alto índice de sobrepoblación existente.

Consideraciones

A). En lo general:

1. Que de acuerdo con lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el sistema penitenciario se organizará sobre la base del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad.
2. Que a partir de la reformas y adiciones al artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio 2008, se establece la Seguridad Pública como una función a cargo de la Federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas.
3. Que la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de diciembre de 1995, tiene por objeto establecer las bases de coordinación entre la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios para la integración y funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
4. Que el segundo párrafo del artículo 3 de la Ley citada, señala las vertientes de atención a través de las cuales se alcanzarán los fines de la seguridad pública, entre los cuales se ubica la reinserción social del delincuente. Asimismo, el cuarto párrafo señala que la función de seguridad pública se realizará en los diversos ámbitos de competencia, por conducto de las autoridades de policía preventiva, del Ministerio Público, de los tribunales, de las responsables de la prisión preventiva, ejecución de penas y tratamiento de menores infractores.
5. Que la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 1976, tiene por objeto establecer las bases de organización de la administración pública, centralizada y paraestatal.
6. Que el artículo 30 bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, establece entre los asuntos de despacho de la Secretaría de Seguridad Pública Federal los relativos a:
Artículo 30 Bis. A la Secretaría de Seguridad Pública corresponde el despacho de los siguientes asuntos:
I. Desarrollar las políticas de seguridad pública y proponer la política criminal en el ámbito federal, que comprenda las normas, instrumentos y acciones para prevenir de manera eficaz la comisión de delitos;
II. a VIII. ...
IX. Atender de manera expedita las denuncias y quejas ciudadanas con relación al ejercicio de sus atribuciones;
X. a XXII. ...
XXIII. Ejecutar las penas por delitos del orden federal y administrar el sistema federal penitenciario; así como organizar y dirigir las actividades de apoyo a liberados;
XXIV. a XXVII. ...
7. Que la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, publicada en el Diario Oficial de la Federación, en fecha 19 de mayo de 1971, tiene por objeto organizar el sistema penitenciario en la República Mexicana.

B). En cuanto a la proposición con Punto de Acuerdo:

1. Esta comisión dictaminadora, se identifica con el interés del diputado proponente, de solicitar al secretario de Seguridad Pública Federal informe a esta Cámara de Diputados sobre las acciones implementadas y resultados obtenidos, en materia de dignificación de la calidad de vida de los internos que se encuentran en los centros de readaptación social.
2. Esta Comisión, es consciente de que el maltrato a los internos en los centros de readaptación es una limitante para su reinserción y provoca resentimiento hacia las instituciones del estado y a la sociedad.
3. Que de acuerdo con el marco legal aplicable en materia de seguridad pública, las autoridades competentes alcanzarán los fines de seguridad mediante las vertientes de prevención, persecución y sanción de las infracciones y delitos, así como la reinserción social del delincuente.
4. Que de acuerdo con el Diagnóstico sobre la Situación de los Derechos Humanos en México, publicado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en el año 2004, las diversas problemáticas del sistema penitenciario en nuestro país han sido analizadas y documentadas por diversos organismos públicos de derechos humanos, así como por organismos no gubernamentales.
En el apartado 2.1.3.3 La situación general del sistema penitenciario , del diagnóstico citado, se señala:
La tarea de supervisión ha sido desarrollada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos desde su creación, y en sus 12 años de existencia ha emitido 387 recomendaciones penitenciarias, algunas relativas a más de un centro. Sin embargo, los resultados de las mismas son bastante desalentadores, pues subsiste en gran medida el hacinamiento, la corrupción, los castigos ilegales, la falta de fuentes de trabajo, las condiciones de vida subhumanas (en materia de comida, alojamiento, servicios mínimos, como agua, atención médica); la violencia y la falta de trabajo, estudio y capacitación. Especialmente dura e indigna resulta la vida de las mujeres en reclusión. Esta situación se reproduce a lo largo del país y es corroborada por los informes de la mayoría de las comisiones estatales de derechos humanos.
Asimismo, en el apartado 2.1.3.14, se señala como una propuesta para el Gobierno de México, el garantizar las condiciones de vida digna en todas las prisiones del país.
5. Que dentro del marco de referencia del Programa Sectorial de Seguridad Pública 2007-2012, se reconocen e identifican diversas problemáticas del sistema penitenciario, al señalar:
El sistema penitenciario del país refleja problemas de saturación en los centros de reclusión; delincuencia al interior de los penales; vínculos con delincuentes del exterior; distribución y consumo de drogas; insuficiencia en la seguridad interna y perimetral de las instalaciones; inconsistencias en los sistemas de control de accesos; heterogeneidad de técnicas y métodos en el tratamiento de los reclusos y ausencia de programas integrales para la readaptación de los internos.
6. En el derecho internacional las Reglas Mínimas para el Tratamiento de Reclusos, aprobadas durante el primer congreso de las naciones unidas sobre prevención del delito y tratamiento del delincuente en 1955, da lugar a la internacionalización de los criterios básicos sobre los que debe llevarse a cabo la reclusión en los centros penitenciarios, los cuales se han reforzado con otros instrumentos internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto de San José, la Convención contra la Tortura y otros tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes, por mencionar algunos.
7. Que no obstante la existencia de un marco jurídico claro y preciso en materia de extinción de penas y reinserción social, así como la creación de áreas especializadas en el ámbito de la Federación, las entidades federativas y el Distrito Federal, la situación en los centros de readaptación social sigue siendo denigrante.
8. Que el informe especial publicado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en el año 2005, resultado de 960 visitas realizadas por éste organismo entre los años 2000 y 2004, refleja las limitaciones y problemas de la mayoría de los centros de readaptación social existentes en la República Mexicana, al señalar, en sus conclusiones:
Los gobiernos federal y estatales son responsables de garantizar la seguridad pública y de organizar el sistema penitenciario sobre la base del trabajo, la capacitación para el mismo y la educación, como medios para la readaptación social del delincuente; sin embargo, las visitas de supervisión del personal de esta Comisión Nacional, han evidenciado que no se cumple con dichas exigencias constitucionales, debido a la existencia de diversas irregularidades que prevalecen en la mayoría de los centros de reclusión del país, que son el último eslabón de la cadena del sistema de seguridad pública, las cuales se traducen en violaciones al derecho humano a la seguridad pública de la sociedad mexicana y vulneran los derechos fundamentales a la readaptación social a recibir un trato digno, a la legalidad y a la seguridad jurídica, y a la protección de la salud en agravio de los internos.
9. Que no obstante los múltiples trabajos de investigación que se han hecho públicos, así como denuncias ciudadanas y de organismos de derechos humanos, relativas a la situación y pésimas condiciones de vida en los centros de readaptación social, no se identifican acciones suficientes por parte de las autoridades competentes en la materia.
10. Esta Comisión Dictaminadora, tiene presente los motines que en diversos centros de readaptación social de la República han tenido lugar en los últimos años, que han evidenciado las violaciones a los derechos humanos en los mismos, graves casos de corrupción, problemas de autogobierno, entre otros hechos que no contribuyen a los procesos de reinserción social.
Tan sólo en el presente año, se han registrado motines en el Centro de Readaptación Social de Mérida, Yucatán, el pasado 3 de julio; en el Centro de Readaptación Social de Zacatacas; el 30 de junio, en el Centro de Readaptación Femenil de Tepepan, en México D.F., en fecha 8 de mayo, y en el Centro de Readaptación Social de Neza-Bordo, en fecha 17 de enero.
Lo anterior refleja una problemática histórica que es necesario atender de manera urgente.
11. Esta Comisión, tiene presente que el sistema penitenciario está conformado por 451 centros, de los cuales 6 dependen del Gobierno federal, 3 centros de máxima seguridad, un centro de seguridad media, una colonia penal y un centro de rehabilitación psicológica; 365 son administrados por gobiernos estatales, 10 por el Gobierno del Distrito Federal y 70 por autoridades municipales, por lo que se considera procedente solicitar a los Gobernadores de los Estados, a través de las autoridades competentes en materia de seguridad pública, así como al titular de la Secretaría de Seguridad Pública, informen a esta sobre las acciones implementadas y resultados obtenidos en materia de dignificación de la calidad de vida de los internos que se encuentran en los centros de readaptación social federales y estatales, respectivamente.
Por otra parte, esta comisión dictaminadora, considera conveniente retirar del texto de la proposición presentada, el carácter de Presidente del Consejo Nacional de Seguridad Pública, pues este cargo es independiente de las atribuciones que tiene la Secretaría de Seguridad Pública en materia de ejecución de penas y administración de centros federales de readaptación.
De la misma forma, se propone retirar la referencia al alto índice de sobrepoblación existente, toda vez que la calidad de vida y trato de los reclusos debe garantizarse en todo momento, independientemente del índice de ocupación del centro de readaptación social.
A partir de lo anterior, la proposición con Punto de Acuerdo quedaría en los siguientes términos:
La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, solicita al titular de la Secretaría de Seguridad Pública, así como a los Gobernadores de los Estados y Jefe de Gobierno del Distrito Federal, para que a través de las instancias competentes en materia de ejecución de penas, en sus ámbitos de competencia, informen a ésta sobre las acciones implementadas y resultados obtenidos en materia de dignificación de la calidad de vida de los internos que se encuentran en los centros de readaptación social federales y estatales, respectivamente.
Finalmente, esta Comisión Dictaminadora considera conveniente establecer un plazo para que las autoridades competentes remitan a la Cámara de Diputados, la información solicitada.

Por lo anteriormente expuesto, los diputados y diputadas integrantes de la Comisión de Seguridad Pública, aprueban los siguientes:

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, solicita al titular de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, así como a los Gobernadores de los Estados y Jefe de Gobierno del Distrito Federal, para que a través de las instancias competentes en materia de ejecución de penas, en sus ámbitos de competencia, informen a ésta sobre las acciones implementadas y resultados obtenidos en materia de dignificación de la calidad de vida de los internos que se encuentran en los centros de readaptación social federales y estatales, respectivamente.

Segundo. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, solicita al titular de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, así como a los Gobernadores de los Estados y Jefe de Gobierno del Distrito Federal, para que a través de las instancias competentes en materia de ejecución de penas, remitan a ésta la información solicitada dentro del plazo de 30 días naturales, contados a partir de la notificación de los presentes.

Palacio Legislativo en San Lázaro, a 2 de octubre de 2008.
La Comisión de Seguridad Pública, diputados: Juan Francisco Bedoya (rúbrica), presidente; Édgar Armando Olvera Higuera (rúbrica), Armando Barreiro Pérez (rúbrica), Gerardo Octavio Vargas Landeros (rúbrica), Patricia Villanueva Abraján (rúbrica), Ma. de los Ángeles Jiménez del Castillo (rúbrica), Luis Gerardo Serrato Castel, David Mendoza Arellano (rúbrica), secretarios; Jesús Sergio Alcántara Núñez , Miguel Ángel Arellano Pulido (rúbrica), Roberto Badillo Martínez (rúbrica), Gregorio Barradas Miravete (rúbrica), Manuel Cárdenas Fonseca , Ángel Rafael Deschamps Falcón , Yary del Carmen Gebhardt Garduza , Jorge Justiniano González Betancourt (rúbrica), Agustín Leura González (rúbrica), Andrés Lozano Lozano (rúbrica), Carlos Madrazo Limón , Efraín Morales Sánchez , José Luis Murillo Torres (rúbrica), Silvia Oliva Fragoso (rúbrica), Manuel Salvador Salgado Amador , Josefina Salinas Pérez (rúbrica), Layda Elena Sansores San Román (rúbrica), Francisco Javier Santos Arreola (rúbrica), Martín Stefanonni Mazzocco (rúbrica), Carlos Alberto Torres Torres (rúbrica).»

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Están a discusión los puntos de acuerdo. En virtud de que no se ha registrado orador alguno, se consideran suficientemente discutidos y se reservan para su votación económica en conjunto.



COMBATE AL SECUESTRO

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: «Dictamen de la Comisión de Seguridad Pública, con puntos de acuerdo a fin de exhortar a los procuradores de Justicia y a los secretarios de Seguridad Pública de las entidades federativas a realizar las gestiones necesarias para formar, desarrollar o fortalecer las unidades especializadas en combate del secuestro, y a depurar y consolidar los cuerpos policiales

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de la LX Legislatura, le fue turnado para su análisis y dictamen, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a diversas autoridades a realizar las gestiones necesarias para la conformación, desarrollo o fortalecimiento de las unidades especializadas en combate al secuestro.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 numerales 1, 2 fracción III y numeral 3; 45 en su numeral 6 incisos e) a g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 58, 60, 87, 88, 90 y 93 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Comisión es competente para conocer de la proposición con punto de acuerdo objeto del presente, y somete a consideración de esta honorable Asamblea el presente dictamen, con base en los siguientes antecedentes y consideraciones:

ANTECEDENTES

1. En sesión ordinaria de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión celebrada el día 27 de agosto del presente, los diputados Edgar Armando Olvera Higuera , Liliana Carbajal Méndez y Nelly Hurtado Pérez, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentaron proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a diversas autoridades a realizar las gestiones necesarias para la conformación, desarrollo o fortalecimiento de las unidades especializadas en el combate al secuestro.
2. Con esa misma fecha, la Vicepresidencia de la Mesa Directiva turnó para su análisis y dictamen la proposición con punto de acuerdo a la Comisión de Seguridad Pública.
3. Con fecha 2 de octubre de 2008, los integrantes de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión de la LX Legislatura, se reunieron para analizar y discutir el presente dictamen, siendo aprobado por 19 votos a favor.

Contenido

1. De acuerdo con los diputados proponentes en fechas recientes tuvo lugar un suceso fatal que hizo despertar la conciencia de México. Si bien el secuestro no es un tema desconocido, ni es un tema que este fuera de la preocupación de las autoridades en los diversos ámbitos de gobierno, no fue sino a partir del secuestro y asesinato del menor Fernando Martí, pese a que se había pagado su rescate, en que el tema fue recuperado en la agenda de las autoridades competentes de la Federación, el Distrito Federal y las entidades federativas.
2. Este lamentable acontecimiento despertó la indignación de la sociedad mexicana, que actualizó sus demandas a las autoridades de los distintos órdenes de gobierno.
México es uno de los países donde la comisión de dicho delito se ha incrementado. Asimismo, el secuestro ha dejado de ser privativo de los sectores adinerados y se extiende hasta la clase media. Actualmente ni comerciantes ni empleados están a salvo de este delito.
3. Diversas organizaciones civiles y académicas han analizado la situación del secuestro en varios países de América Latina y, respecto de México, han dicho que el fortalecimiento de la criminalidad asociada al narcotráfico ha tenido incidencia en el secuestro en este país, cuyas víctimas principalmente son empresarios y personas de clase media; que ocurren entre tres y cuatro secuestros cada día, lo que lleva a ocupar el deshonroso primer lugar en América Latina.
4. De acuerdo con los diputados proponentes, a partir de lo señalado se evidencia la desconfianza ciudadana hacia las autoridades, principalmente a las corporaciones policiales porque, desafortunadamente, es frecuente la participación de sus miembros o ex miembros en la comisión de delitos; también se percibe desconfianza hacia las autoridades de procuración e impartición de justicia.
5. Lo anterior, ha provocado que los tres poderes en los diferentes ámbitos de gobierno, así como organismos no gubernamentales en nuestro país se pronuncien en torno al problema de la inseguridad, particularmente en cuanto al delito de secuestro.
6. Cabe señalar que en el marco de la grave situación de inseguridad en nuestro país, se firmó el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad en el que participaron los Poderes de la Unión y los tres niveles de gobierno, entre otros compromisos, los diputados proponentes destacan:
Del Poder Ejecutivo Federal:
• Apoyar a las entidades federativas en el combate a los delitos más sensibles para la sociedad.
• Regular el registro, establecimiento y acceso a bases de datos de los equipos de telefonía móvil y fija, así como el acceso a la información sobre la ubicación de los móviles en tiempo real, en los casos en que sean aparatos y números telefónicos involucrados en actividades delictivas.
• Formular y emitir una estrategia nacional contra el plagio y el lavado de dinero,
• Expedir la cédula de identidad.
Del Poder Legislativo.
• Impulsar una Ley General del Delito de Secuestro.
Del Poder Judicial:
• Transparentar más el desempeño de los órganos del Poder Judicial de la Federación y sus titulares.
• Fortalecer la autonomía, independencia e imparcialidad de jueces y magistrados.
• Fortalecer la selección de jueces y magistrados.
De los Gobiernos Estatales:
• Depuración y fortalecimiento de instituciones de seguridad y procuración de justicia.
• Conformación, desarrollo o fortalecimiento de unidades especializadas en combate al secuestro.
7. En razón de lo anterior los diputados proponentes, consideran necesario hacer un llamado a los titulares de las procuradurías de justicia y las secretarías de seguridad pública estatales, a efecto de que a la brevedad realicen las gestiones necesarias para la conformación, desarrollo o fortalecimiento de la unidades especializadas en combate al secuestro; así como realicen la depuración y fortalecimiento de los cuerpos policiales.
Asimismo, estiman viable exhortar a las Legislaturas de los Estados, que aún no lo han hecho, para que dentro del ámbito de su competencia realicen las adecuaciones correspondientes a las normas sustantivas penales a efecto de armonizar y estandarizar en todo el país, la política de penas proporcionales a los bienes jurídicos lesionados, como en el caso del secuestro, principalmente cuando sea cometido por servidores o ex servidores públicos, cuando se prive de la vida a la víctima o se lesione su integridad física; cuando la víctima se encuentre en especial estado de vulneración por ser mujer; menor de edad, incapaz o mayor de sesenta años.
8. Finalmente, los diputados proponentes señalan que si bien dentro del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Legalidad y la Justicia se establecieron plazos para el cumplimiento de los compromisos, esto no es obstáculo para instar a las autoridades competentes a realizar o poner en marcha lo más pronto posible las acciones correspondientes encaminadas a tal fin.

Consideraciones

A). En lo general:

1. Que a partir de la reformas y adiciones al artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio 2008, se establece la Seguridad Pública como una función a cargo de la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas.
2. Que la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de diciembre de 1995, tiene por objeto establecer las bases de coordinación entre la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios para la integración y funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
3. Que el segundo párrafo del artículo 3 de la Ley citada, señala las vertientes de atención a través de las cuales se alcanzarán los fines de la seguridad pública, entre los cuales se ubican la prevención, persecución y sanción de las infracciones y delitos, así como la reinserción social del delincuente.
Asimismo, el cuarto párrafo señala que la función de seguridad pública se realizará en los diversos ámbitos de competencia, por conducto de las autoridades de policía preventiva, del Ministerio Público, de los tribunales, de las responsables de la prisión preventiva, ejecución de penas y tratamiento de menores infractores.
4. Que la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 1976, tiene por objeto establecer las bases de organización de la administración pública, centralizada y paraestatal.
5. Que el artículo 30 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, establece entre los asuntos de despacho de la Secretaría de Seguridad Pública Federal los relativos a:
Artículo 30 Bis. A la Secretaría de Seguridad Pública corresponde el despacho de los siguientes asuntos:
I. Desarrollar las políticas de seguridad pública y proponer la política criminal en el ámbito federal, que comprenda las normas, instrumentos y acciones para prevenir de manera eficaz la comisión de delitos;
II. a XX. ...
XXI. Colaborar, en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública, cuando así lo soliciten otras autoridades federales, estatales, municipales o del Distrito Federal competentes, en la protección de la integridad física de las personas y en la preservación de sus bienes, en situaciones de peligro cuando se vean amenazadas por disturbios u otras situaciones que impliquen violencia o riesgo inminente;
XXII. a XXV. ...
XXVI. Promover la celebración de convenios entre las autoridades federales, y de éstas, con aquéllas estatales, municipales y del Distrito Federal competentes, en aras de lograr la efectiva coordinación y funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el combate a la delincuencia, y
XXVII. ...

B). En cuanto a la proposición con Punto de Acuerdo:

1. Esta comisión dictaminadora se identifica con el interés de los diputados proponentes, de exhortar a los titulares de las procuradurías de justicia y de las secretarías de seguridad pública de las entidades federativas a conformar, desarrollar o fortalecer las unidades especializadas en combate al secuestro.
Asimismo, se identifica con la intención de exhortar a las Legislaturas de las entidades federativas para armonizar y estandarizar en todo el país, la política de proporcionalidad de penas en relación con los bienes jurídicos lesionados con motivo del delito de secuestro.
2. Esta comisión dictaminadora es consiente del aumento de los casos de secuestro en nuestro país, tanto en las cifras consideradas oficiales, como en la denominada lista negra, que se refiere a los casos no denunciados.
3. Que por sus modalidades, el delito de secuestro es considerado de alto impacto frente a la sociedad nacional.
4. Que no obstante que el secuestro, en sus diversas modalidades, se encuentra dentro de los delitos de fuero común, la Secretaría de Seguridad Pública Federal, cuenta con la Dirección General de Secuestros y Robos la cual coadyuva con las autoridades locales en la investigación, prevención y persecución del delito de secuestro.
5. Que no obstante la detención de diversos grupos delictivos dedicados al secuestro, los resultados no son los que la sociedad demanda y merece.
6. Que los avances tecnológicos, como los teléfonos móviles y computadoras entre otros medios, también han sido aprovechados por los miembros de la delincuencia, entre éstos los secuestradores, para fortalecer su capacidad de actuación, lo cual ha dificultado la persecución y detención de los sujetos activos del delito.
7. Que desafortunadamente, durante la detención de miembros de grupos delictivos dedicados al secuestro se ha acreditado la participación de funcionarios o ex funcionarios de instituciones policiales, por lo que resulta esencial iniciar procedimientos de evaluación y supervisión que permitan la depuración de los cuerpos policiales, así como su fortalecimiento.
8. En cuanto al exhorto dirigido a los titulares de las procuradurías de justicia y secretarías de seguridad pública en las entidades federativas para conformar, desarrollar o fortalecer las unidades especializadas en combate al secuestro, así como realizar la depuración y fortalecimiento de los cuerpos policiales, de conformidad con los compromisos adquiridos en el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad; esta Comisión Dictaminadora lo considera viable por tratarse de una tarea emergente, que tiene por objeto revertir procedimientos de selección e ingreso a las instituciones de policía que han limitado la eficacia de las mismas.
Que las anteriores acciones atienden en parte a las legítimas demandas de la sociedad mexicana.
9. Que con el objeto de fortalecer las condiciones de seguridad de la sociedad mexicana frente al delito de secuestro, esta Comisión Dictaminadora considera conveniente impulsar las estrategias y acciones que permitan fortalecer el combate a la delincuencia organizada y, de manera específica, la persecución y sanción de este delito, a partir de la adecuación de las normas sustantivas penales encaminadas a armonizar y estandarizar en todo el país la política de proporcionalidad de las penas, cuando sea cometido por servidores o ex servidores públicos, se prive de la vida a la víctima o se lesione su integridad física o bien el sujeto pasivo del delito se encuentre en especial estado de vulnerabilidad.
10. Con el objeto de fortalecer los objetivos de los Puntos de Acuerdo y respetando la esencia de los mismos, esta Comisión Dictaminadora considera conveniente dirigir un exhorto a los titulares de la Procuraduría General de la República y de la Secretaría de Seguridad Pública Federal para que, en el ámbito de sus atribuciones, coadyuven con las autoridades competentes de las entidades federativas en los procesos y acciones derivadas del punto de acuerdo relativo a la conformación de las unidades especializadas en el combate al secuestro, así como al fortalecimiento de los cuerpos policiales.
Dicha propuesta es congruente con el Acuerdo Nacional citado, que contempla también el compromiso de apoyar a las entidades federativas en el combate a los delitos más sensibles para la sociedad.
Se toma en cuenta, asimismo, que la iniciativa para la conformación de estas unidades especiales de combate al secuestro surgió en la Secretaría de Seguridad Pública Federal y que la experiencia de trabajo en este ámbito puede enriquecer cualitativamente la conformación y desarrollo de las mismas.
11. Por los razonamientos expresados, esta comisión dictaminadora considera viable dirigir los exhortos correspondientes a las autoridades competentes que tienen por objeto alinear las capacidades del Estado Mexicano en el combate a la delincuencia en materia de secuestro.

Por lo anteriormente expuesto, los diputados y diputadas integrantes de la Comisión de Seguridad Pública, aprueban los siguientes:

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, exhorta a los titulares de las procuradurías de Justicia y de las secretarías de Seguridad Pública estatales, a efecto de que a la brevedad realicen las gestiones necesarias para la conformación, desarrollo o fortalecimiento de la unidades especializadas en combate al secuestro; así como realicen la depuración y fortalecimiento de los cuerpos policiales de su dependencia, de conformidad con los compromisos adquiridos en el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Legalidad y la Justicia firmado el 21 de agosto del presente.

Segundo. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, exhorta a los titulares de la Procuraduría General de la República y de la Secretaría de Seguridad Pública Federal para que, en el ámbito de sus atribuciones, coadyuven con las autoridades competentes de las entidades federativas en los procesos y acciones necesarias para la conformación, desarrollo o fortalecimiento de las unidades especializadas en el combate al secuestro, así como al fortalecimiento de los cuerpos policiales.

Tercero. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, exhorta a las Legislaturas de los estados, que aún no lo han hecho, para que dentro del margen de su competencia realicen las adecuaciones correspondientes a las normas sustantivas penales a efecto de armonizar y estandarizar en todo el país la política de proporcionalidad de las penas, en relación con los bienes jurídicos lesionados con motivo del delito de secuestro, principalmente cuando sea cometido por servidores o ex servidores públicos, cuando se prive de la vida a la víctima o se lesione su integridad física; cuando la víctima se encuentre en especial estado de vulneración por ser mujer; menor de edad, incapaz o mayor de sesenta años.

Cuarto. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, solicita atentamente a las autoridades antes señaladas, informen a ésta de las acciones realizadas en el marco de los anteriores puntos de acuerdo.

Palacio Legislativo en San Lázaro, a 2 de octubre de 2008.
La Comisión de Seguridad Pública, diputados: Juan Francisco Bedoya (rúbrica), presidente; Édgar Armando Olvera Higuera (rúbrica), Armando Barreiro Pérez (rúbrica), Gerardo Octavio Vargas Landeros (rúbrica), Patricia Villanueva Abraján (rúbrica), Ma. de los Ángeles Jiménez del Castillo (rúbrica), Luis Gerardo Serrato Castel, David Mendoza Arellano (rúbrica), secretarios; Jesús Sergio Alcántara Núñez , Miguel Ángel Arellano Pulido (rúbrica), Roberto Badillo Martínez (rúbrica), Gregorio Barradas Miravete (rúbrica), Manuel Cárdenas Fonseca , Ángel Rafael Deschamps Falcón , Yary del Carmen Gebhardt Garduza , Jorge Justiniano González Betancourt (rúbrica), Agustín Leura González (rúbrica), Andrés Lozano Lozano (rúbrica), Carlos Madrazo Limón , Efraín Morales Sánchez , José Luis Murillo Torres (rúbrica), Silvia Oliva Fragoso (rúbrica), Manuel Salvador Salgado Amador , Josefina Salinas Pérez (rúbrica), Layda Elena Sansores San Román , Francisco Javier Santos Arreola (rúbrica), Martín Stefanonni Mazzocco (rúbrica), Carlos Alberto Torres Torres (rúbrica).»

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Están a discusión los puntos de acuerdo. En virtud de que no se ha registrado orador alguno, se consideran suficientemente discutidos. Se reservan para su votación económica en conjunto.



TRAFICO DE ARMAS

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: «Dictamen de la Comisión de Seguridad Pública, con puntos de acuerdo a fin de exhortar al procurador general de la República, y a los secretarios de Seguridad Pública y de Hacienda y Crédito Público a informar sobre los programas y las acciones implantados para evitar el tráfico de armas en el país

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de la LX Legislatura, le fue turnado para su análisis y dictamen, proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Procuraduría General de la República, a la Secretaría de Seguridad Pública y a la Administración de Aduanas, a informar a esta soberanía sobre los programas implantados para evitar el tráfico de armas de los Estados Unidos de América.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 numerales 1, 2 fracción III y numeral 3; 45 en su numeral 6 incisos e) a g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 58, 60, 87, 88, 90 y 93 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta comisión es competente para conocer de la proposición con punto de acuerdo objeto del presente, y somete a consideración de esta honorable Asamblea el presente dictamen, con base en los siguientes antecedentes y consideraciones:

Antecedentes

1. En sesión ordinaria del pleno de la Cámara de Diputados, celebrada el día 14 de febrero de 2008, el diputado Ángel Rafael Deschamps Falcón , integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con Punto de Acuerdo, por el que se exhorta a la Procuraduría General de la República, a la Secretaría de Seguridad Pública y a la Administración General de Aduanas, a informar a esta soberanía sobre los programas implantados para evitar el tráfico de armas de los Estados Unidos de América.
2, Con esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva turnó para su análisis y dictamen la proposición con punto de acuerdo a la Comisión de Seguridad Pública.
3. con fecha 2 de octubre de 2008, los diputados y diputadas integrantes de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión de la LX Legislatura, se reunieron para analizar y discutir el presente dictamen, siendo aprobado por 20 votos a favor.

Contenido

1. De acuerdo con el diputado proponente, en el mundo existen 640 millones de armas y cada minuto una persona muere asesinada por una de ellas, en el mercado negro del país se puede encontrar todo tipo de armas
2. Que para combatir los niveles de violencia, especialistas aseguran que es importante disminuir el uso de armas, controlando el tráfico de las mismas por las aduanas y, de acuerdo con la normatividad jurídica, es competencia de la Administración General de Aduanas, planear, organizar, establecer, dirigir y controlar estrategias que permitan crear e instrumentar mecanismos y sistemas para prevenir y combatir conductas ilícitas en materia de comercio exterior.
3. Señala el diputado proponente, que durante la 46 reunión interparlamentaria México-Estados Unidos, realizada en la ciudad de Austin, Texas, en junio de 2007, fueron temas fundamentales de la agenda bilateral: el tráfico de armas junto con el fenómeno de la inmigración y el narcotráfico, asimismo, durante esta reunión, el embajador estadounidense Antonio Garza mostró su preocupación y reiteró el compromiso de trabajar con el gobierno mexicano para combatir este ilícito.
4. De acuerdo con el diputado proponente, México es un país receptor pero no exportador de armas que ilegalmente se introducen a nuestro territorio, contamos con una Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos que regula los aspectos relacionados con el marcaje, la fabricación, el registro, las licencias y el control del armamento y aun cuando existe un Registro Federal de Armas, a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional, la posesión ilegal de armas en nuestro país constituye un delito de alta incidencia.
5. Señala el diputado proponente, que de acuerdo con un estudio de la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados durante la pasada administración ingresaron al país cuatro millones 380 mil armas de fuego.
6. Las acciones que lleva a cabo el gobierno federal para combatir al crimen organizado y la inseguridad, deben ser complementadas con otras medidas y estrategias para seguir trabajando de manera frontal contra el crimen organizado y aun cuando la relación con Estados Unidos es muy compleja, se deben buscar los mecanismos institucionales para evitar este paso indiscriminado de armamento procedente de los Estados Unidos.

Consideraciones

A). En lo general:

1. Que a partir de la reformas y adiciones al artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio 2008, se establece la Seguridad Pública como una función a cargo de la Federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas.
2. Que de acuerdo con lo dispuesto en el décimo párrafo del artículo 21 constitucional, el Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno deberán coordinarse para cumplir los objetivos de la seguridad pública.
3. Que la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de diciembre de 1995, tiene por objeto establecer las bases de coordinación entre la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios para la integración y funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
4. Que el párrafo segundo del artículo 3º del mismo ordenamiento, señala que las autoridades competentes alcanzarán los fines de la seguridad pública mediante la prevención, persecución y sanción de las infracciones y delitos.
5. Que la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 1976, tiene por objeto establecer las bases de organización de la administración pública, centralizada y paraestatal.
6. Que el artículo 30 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, establece entre los asuntos de despacho de la Secretaría de Seguridad Pública los relativos a la prevención del delito, en los siguientes términos:
Artículo 30 Bis. A la Secretaría de Seguridad Pública corresponde el despacho de los siguientes asuntos:
I. Desarrollar las políticas de seguridad pública y proponer la política criminal en el ámbito federal, que comprenda las normas, instrumentos y acciones para prevenir de manera eficaz la comisión de delitos;
II. a V. ...
VI. Proponer en el seno del Consejo Nacional de Seguridad Pública, políticas, acciones y estrategias de coordinación en materia de prevención del delito y política criminal para todo el territorio nacional;
VII. a XI. ...
XII. Salvaguardar la integridad y el patrimonio de las personas, prevenir la comisión de delitos del orden federal, así como preservar la libertad, el orden y la paz públicos;
XIII. a XXVII. ...
7. Que el artículo 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, establece entre los asuntos de despacho de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los relativos a la organización de los servicios aduanales y de inspección, en los siguientes términos:
Artículo 31. A la Secretaría de Hacienda y Crédito Público corresponde el despacho de los siguientes asuntos:
I. a XI. ...
XII. Organizar y dirigir los servicios aduanales y de inspección, así como la Unidad de Apoyo para la Inspección Fiscal y Aduanera;
XIII. a XXV. ...
8. Que la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, publicada en el Diario Oficial de la Federación, en fecha 27 de diciembre de 2002, tiene por objeto organizar la Procuraduría General de la República, ubicada en el ámbito del Poder Ejecutivo Federal para el despacho de los asuntos que al Ministerio Público de la Federación y al Procurador General de la República le atribuyen la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Orgánica y demás disposiciones aplicables.

B). En cuanto a la proposición con punto de acuerdo:

1. Esta comisión dictaminadora comparte el interés del diputado proponente, de exhortar a la Procuraduría General de la República, a la Secretaría de Seguridad Pública Federal y a la Administración de Aduanas a informar sobre los programas que se llevan a cabo para evitar el tráfico de armas hacia nuestro país.
2. Que diversos eventos delictivos ocurridos en los últimos meses en nuestro país, muestran que los delincuentes cuentan con diversos tipos de armas que facilitan su actuación.
3. Que de acuerdo a diversas investigaciones, se observa que en los últimos cinco años el tráfico de armas se ha incrementado considerablemente, a partir de las estrategias de bandas de crimen organizado y narcotraficantes, que buscan contar con armamento y equipos para resistir las acciones de las corporaciones policiales y elementos del Ejército Mexicano, auxiliares en materia de seguridad.
4. Que durante diversos aseguramientos y detenciones realizados por las corporaciones policiales, se han encontrado armas fabricadas en la República Checa, Estados Unidos y Rusia, entre otros. Que en varios casos, se ha identificado que el armamento constituye pagos en especie que las mafias internacionales hacen a los delincuentes mexicanos.
5. Que con el objeto de fortalecer las estrategias de combate al crimen organizado y avanzar en el combate a la inseguridad, resulta necesario fortalecer las acciones encaminadas a la prevención del delito, en todas las áreas y lugares que pudieren ser aprovechados por las organizaciones criminales.
6. Que no obstante los aseguramientos de armas realizados por elementos del Ejército Mexicano, autoridades federales y estatales en diversas entidades federativas, ha sido evidente la capacidad de las bandas organizadas para reabastecerse.
7. Que el combate al crimen organizado y al narcotráfico que lleva a cabo el Gobierno Federal, en coordinación con las autoridades competentes en las entidades federativas, el Distrito Federal y los Municipios, debe ser fortalecido en todas las áreas y lugares que pudieran ser utilizados por las bandas organizadas, como las aduanas y fronteras.
8. Que durante la Décimo Sexta Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión de Seguridad Pública, los Diputados y Diputadas integrantes se refirieron a la facilidad de ingresar a nuestro país todo tipo de artículos, señalando la irresponsabilidad del gobierno en la atención de este problema.
9. Esta comisión dictaminadora considera que la actuación coordinada de la Procuraduría General de la República, de la Secretaría de Seguridad Pública, así como de la Administración General de Aduanas, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en materia de tráfico de armas, es estratégica en materia de prevención del delito.
10. No obstante lo anterior, esta Comisión Dictaminadora considera necesario realizar algunas modificaciones a la proposición, respetando la esencia del planteamiento formulado por el Diputado Ángel Rafael Deschamps Falcón .
En este sentido, se propone referirse también a las acciones implementadas para evitar el tráfico de armas y no sólo a los programas, con la intención de poder contar con información más específica. Asimismo, se propone dirigir el exhorto al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público , dependencia a la que pertenece la Administración General de Adunas y, finalmente, no acotar el Punto de Acuerdo al ingreso de armas provenientes de los Estados Unidos de América, pues no es la única vía utilizada.
A partir de lo anterior, el Punto de Acuerdo quedaría en los siguientes términos.
La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a los titulares de la Procuraduría General de la República, de la Secretaría de Seguridad Pública y Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a informar a ésta sobre los programas y acciones implementadas para evitar el tráfico de armas a nuestro país
Finalmente, esta Comisión Dictaminadora considera conveniente establecer un plazo para que las autoridades competentes remitan a la Cámara de Diputados, la información solicitada.

Por lo anteriormente expuesto, los Diputados y Diputadas integrantes de la Comisión de Seguridad Pública, aprueban los siguientes:

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a los titulares de la Procuraduría General de la República, de la Secretaría de Seguridad Pública y Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a informar a ésta sobre los programas y acciones implementadas para evitar el tráfico de armas a nuestro país.

Segundo. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, solicita a las autoridades antes señaladas, que remitan la información correspondiente, dentro del plazo de 30 días naturales contados a partir de la notificación de los presentes.

Palacio Legislativo en San Lázaro, a 2 de octubre de 2008.
La Comisión de Seguridad Pública, diputados: Juan Francisco Bedoya (rúbrica), presidente; Édgar Armando Olvera Higuera (rúbrica), Armando Barreiro Pérez (rúbrica), Gerardo Octavio Vargas Landeros (rúbrica), Patricia Villanueva Abraján (rúbrica), Ma. de los Ángeles Jiménez del Castillo (rúbrica), Luis Gerardo Serrato Castel, David Mendoza Arellano (rúbrica), secretarios; Jesús Sergio Alcántara Núñez , Miguel Ángel Arellano Pulido (rúbrica), Roberto Badillo Martínez (rúbrica), Gregorio Barradas Miravete (rúbrica), Manuel Cárdenas Fonseca , Ángel Rafael Deschamps Falcón , Yary del Carmen Gebhardt Garduza , Jorge Justiniano González Betancourt (rúbrica), Agustín Leura González (rúbrica), Andrés Lozano Lozano (rúbrica), Carlos Madrazo Limón , Efraín Morales Sánchez , José Luis Murillo Torres (rúbrica), Silvia Oliva Fragoso (rúbrica), Manuel Salvador Salgado Amador , Josefina Salinas Pérez (rúbrica), Layda Elena Sansores San Román (rúbrica), Francisco Javier Santos Arreola (rúbrica), Martín Stefanonni Mazzocco (rúbrica), Carlos Alberto Torres Torres (rúbrica).»

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Están a discusión los puntos de acuerdo. En virtud de que no se ha registrado orador alguno, se consideran suficientemente discutidos. Se reservan para su votación económica en conjunto.



ESTADO DE MEXICO

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: «Dictamen de la Comisión de Recursos Hidráulicos, con punto de acuerdo para exhortar a la Comisión Nacional del Agua, y a las autoridades del estado de México y de los ayuntamientos que vierten aguas residuales y desechos al río San Juan a realizar las acciones necesarias para sa-nearlo

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados fue turnada para análisis y dictamen la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de México, al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y a los ayuntamientos de Otumba, San Martín de las Pirámides y San Juan Teotihuacán a destinar recursos para el saneamiento del río San Juan, presentada por el diputado Ramón Valdés Chávez , del Grupo Parlamentario de Convergencia, el 13 de diciembre de 2007.

La comisión dictaminadora, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 60, 87, 88, 93 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esa honorable asamblea el presente dictamen, al tenor de los siguientes

Antecedentes

1. En sesión ordinaria de la Cámara de Diputados celebrada el 13 de diciembre de 2007, el diputado Ramón Valdés Chávez presentó proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de México, al INAH y a los ayuntamientos de Otumba, San Martín de las Pirámides y San Juan Teotihuacán a destinar en ámbito de su competencia recursos para el saneamiento del río San Juan.
2. En la misma fecha, la Mesa Directiva dictó trámite a la proposición, y la turnó a la Comisión de Recursos Hidráulicos para análisis y dictamen.

La comisión dictaminadora procedió al estudio de la proposición materia del dictamen, para lo cual analizó cuidadosamente el siguiente

Contenido de la proposición

Señala el proponente que en 1905, el entonces presidente de la república, Porfirio Díaz, eligió Teotihuacán como el sitio donde se realizará la celebración del centenario de la Independencia mexicana, y la pirámide del sol como emblema del acontecimiento. A partir de ese momento histórico, la dinámica social y económica de los pueblos circunvecinos a la zona arqueológica generó una serie de transformaciones en todos los ámbitos, derivadas de las oportunidades que ofrecía el tener en casa uno de los sitios arqueológicos más representativos del mundo prehispánico.

Asevera que no obstante esta verdad incuestionable, los pueblos del valle teotihuacano no han sido los más beneficiados por la afluencia de visitantes al sitio arqueológico; por el contrario, han tenido que sacrificar un sinfín de oportunidades por dar cumplimiento a leyes, normas y criterios del gobierno federal que, al amparo de la conservación y protección del patrimonio arqueológico, ha limitado la inversión, la generación de infraestructura básica, de servicios públicos y de atención al turista, entre otros. A esto se agrega la falta de visión de las autoridades municipales y de las estatales, carentes de un plan integral de desarrollo para la región en el que se equilibren las disposiciones federales y los requerimientos de la población sin poner en riesgo el patrimonio.

Infiere que, derivado del vacío de planeación, más la creciente mancha urbana de la región, el afluente más importante del valle de Teotihuacán, el río San Juan, arrastra frente al visitante las aguas negras de por lo menos tres municipios.

Refiere que pese a las demandas ciudadanas para sanear el río, hasta el momento no hay autoridad que enfrente la problemática de las comunidades ribereñas y la mala imagen que se ofrece al visitante que ingresa en el sitio arqueológico.

Concluye que la zona arqueológica, con parte del río San Juan en su interior, requiere la urgente atención de sociedad y gobierno para que, por un lado, protejamos el patrimonio cultural y, por el otro, atendamos las necesidades de desagüe de los municipios que sin control sanitario vierten desechos al río.

Finalmente, considera que la zona arqueológica y las comunidades del valle de Teotihuacán, con todas sus virtudes y potencialidades, no pueden continuar bajo la amenaza y las consecuencias que representa la creciente contaminación del río San Juan, y que es urgente la participación de los tres niveles de gobierno y la sociedad civil para iniciar en breve el saneamiento del río.

Con base en las consideraciones expuestas, el diputado proponente plantea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. De urgente u obvia resolución, por el que se exhorta al gobierno del estado de México, al Instituto Nacional de Antropología e Historia, y a los ayuntamientos de Otumba, San Martín de las Pirámides y San Juan Teotihuacán a destinar en el ámbito de su competencia recursos para el saneamiento del río San Juan.
Previo estudio de la proposición con punto de acuerdo que nos ocupa, la comisión dictaminadora expresa las siguientes

Consideraciones de la Comisión de Recursos Hidráulicos

Los integrantes de la comisión dictaminadora reconocemos válidas las consideraciones expresadas por el proponente, las cuales sustentan la necesidad de sanear con la mayor brevedad el río San Juan para restaurar y preservar la calidad de sus aguas, en aras de proteger la zona arqueológica de Teotihuacán, patrimonio cultural de la humanidad, y promover el desarrollo sustentable de la región.
Por otro lado, estimamos que el problema de la contaminación de aguas nacionales no es privativo del río San Juan, en el valle de Teotihuacán, sino que se presenta en muy diversos cuerpos de agua, superficiales o subterráneos del territorio nacional.
No obstante lo anterior, estimamos pertinente la atención prioritaria de dicho problema, en virtud de que el saneamiento del río San Juan conllevaría, adicionalmente al mejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes de la región, con la gran importancia que ello representa, la protección de la zona arqueológica y de la imagen turística del país.
Podríamos decir por ello que estimamos procedente el exhorto a autoridades de los tres órdenes de gobierno a realizar las acciones necesarias para el saneamiento del río San Juan; sin embargo, creemos que la autoridad federal competente para coordinar las acciones al efecto es la Comisión Nacional del Agua (Conagua). De ahí la inconveniencia de exhortar al INAH.
Por otro lado, consideramos que la participación de los tres órdenes de gobierno en el financiamiento de las obras necesarias para el saneamiento del río está determinada en las reglas de operación de los programas a cargo de la Conagua.

Con base en lo anterior, la dictaminadora estima pertinente modificar el texto del punto de acuerdo planteado por el proponente para que considere un exhorto a la Conagua, como autoridad federal competente en la materia, a las autoridades del estado de México y de los ayuntamientos de Otumba, San Martín de las Pirámides, San Juan Teotihuacán y demás ayuntamientos involucrados en la contaminación del río San Juan a realizar de manera coordinada las acciones necesarias para su saneamiento.

Por lo expuesto y fundado, la Comisión de Recursos Hidráulicos presenta a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Nacional del Agua, y a las autoridades del estado de México y de los municipios que vierten aguas residuales y desechos al río San Juan a realizar de manera coordinada y conforme a sus respectivas atribuciones las acciones necesarias para su saneamiento.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de octubre de 2008.
La Comisión de Recursos Hidráulicos, diputados: Jesús Manuel Patrón Montalvo (rúbrica), presidente; Antonio Medellín Varela (rúbrica), Lourdes Alonso Flores (rúbrica), Víctor Manuel Torres Herrera (rúbrica), Apolonio Méndez Meneses , Cuitláhuac Condado Escamilla (rúbrica), José Rubén Escajeda Jiménez (rúbrica), Gustavo Ildefonso Mendívil Amparán (rúbrica), secretarios; Pedro Armendáriz García , Edmundo Javier Bolaños Aguilar (rúbrica), Modesto Brito González (rúbrica), Aurora Cervantes Rodríguez (rúbrica), Diego Cobo Terrazas , Felipe González Ruiz (rúbrica), David Lara Compeán (rúbrica), Alma Lilia Luna Munguía (rúbrica), Fausto Fluvio Mendoza Maldonado (rúbrica), Irineo Mendoza Mendoza (rúbrica), Pedro Montalvo Gómez (rúbrica), Héctor Hugo Olivares Ventura , Antonio Ortega Martínez (rúbrica), José Inés Palafox Núñez (rúbrica), Francisco Javier Paredes Rodríguez (rúbrica), Santiago Gustavo Pedro Cortés , Héctor Manuel Ramos Covarrubias (rúbrica), Ramón Salas López (rúbrica), Martín Stefanonni Mazzocco , Gerardo Octavio Vargas Landeros , Cuauhtémoc Velasco Oliva , César Augusto Verástegui Ostos .»

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Está a discusión el punto de acuerdo. En virtud de que nadie ha reservado, se considera suficientemente discutido y se reserva para su votación económica en conjunto.



AGUA CONTAMINADA

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: «Dictamen de la Comisión de Recursos Hidráulicos, con punto de acuerdo a fin de exhortar a las Secretarías de Salud federal y de las entidades federativas, y demás autoridades competentes a fortalecer en el ámbito de sus competencias la coordinación intersectorial y asegurar que el agua para uso y consumo humanos distribuida por los sistemas de abastecimiento público cuente con la calidad mínima exigida en la NOM-179-SSA1-1998, para prevenir y evitar enfermedades derivadas de la ingesta de líquido contaminado

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados le fue turnada, para su análisis y dictamen, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las autoridades federales, a las estatales y a las municipales correspondientes a tomar las medidas necesarias, a fin de garantizar la potabilidad del agua que se distribuye para consumo humano y evitar la transmisión de enfermedades gastrointestinales, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentada el 13 de diciembre de 2007.

Esta comisión, con fundamento por lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 60, 87, 88, 93 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esa honorable asamblea el Dictamen, al tenor de los siguientes

Antecedentes

1. En sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, celebrada el 13 de diciembre de 2007, los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional presentaron proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las Secretarías de Salud federal y de las entidades federativas, a los gobiernos de las entidades federativas y los municipios, a la Comisión Nacional del Agua y a las comisiones del agua estatales, del Distrito Federal y municipales, a fortalecer, en el ámbito de sus respectivas competencias, la coordinación intersectorial y asegurar que el agua para uso y consumo humano, distribuida por los sistemas de abastecimiento público, cuente con la calidad mínima exigida por la NOM 179-SSA1-1998, para prevenir y evitar enfermedades derivadas de la ingesta de agua contaminada.
2. En la misma fecha, la Mesa Directiva dictó trámite a la proposición, turnándola a la Comisión de Recursos Hidráulicos para su análisis y dictamen.

Esta comisión procedió al estudio de la proposición, analizando cuidadosamente el siguiente

Contenido

Señalan los proponentes que la enteritis y otras enfermedades diarreicas ocupan el segundo lugar entre las 20 principales causas de enfermedad nacional desde 1985, y las enfermedades infecciosas intestinales desde 2000.

Que en 2006, ocuparon el decimoséptimo lugar entre las primeras 20 causas de mortalidad general, traduciéndose en 3 mil 655 defunciones, de las cuales, 37 por ciento se presentaron en menores de cinco años. Durante 2007, se han presentado 3.4 millones de enfermedades infecciosas intestinales.

Refieren que el agua limpia sin contaminantes contribuyó primordialmente al control del brote de cólera que inició en 1991, logrando así que el último caso de cólera se presentara en 2001.

Sin embargo, se ha registrado un incremento de 22.6 por ciento en el número de brotes de enfermedad diarreica, y de 31.5 por ciento en el número de brotes de hepatitis A, a escala nacional, entre 2005 y 2006, y en el mismo periodo se ha registrado un incremento considerable en el aislamiento de Vibrio cholerae y de Vibrio parahaemolyticus en muestras de agua y alimentos.

Que los brotes y las defunciones registrados ocurren con mayor frecuencia en poblaciones marginadas, en áreas rurales o urbanas que carecen de agua de calidad para consumo humano.

Según los proponentes, en todos los estudios de brote de enfermedad diarreica aguda, la principal fuente de transmisión fue el consumo de agua contaminada, donde el cloro residual se encontraba fuera de norma.

Dado que las enfermedades infecciosas gastrointestinales ocupan un lugar importante de morbilidad en el país, principalmente en la población más susceptible como los menores de cinco años, la Secretaría de Salud, en coordinación con la Comisión Nacional del Agua, se ocupa de la vigilancia de la calidad del agua para uso y consumo humanos, a fin de contribuir en la prevención de enfermedades infecciosas y parasitarias.

Que la desinfección del agua tiene el propósito de asegurar que el consumidor reciba agua salubre, mediante la destrucción o inactivación de la gran mayoría de agentes patógenos, manteniendo una barrera protectora que actúa sobre ellos cuando se introducen en el sistema de distribución, suprime el posible crecimiento microbiológico y, de esta forma, protege de posibles enfermedades a la población.

Señalan que la vigilancia de la calidad bacteriológica del agua se realiza mediante la determinación de cloro residual libre; asimismo, que de acuerdo con la norma oficial mexicana NOM-179-SSA1-1998, ``Vigilancia y evaluación del control de calidad del agua para uso y consumo humano, distribuida por sistemas de abastecimiento público'', la vigilancia de la calidad del agua debe incluir mediciones de cloro residual libre en red de distribución.

Que la normatividad relativa al agua destinada a uso y consumo humanos que se suministra a la población es de observancia obligatoria en todo el territorio nacional, y aplicable a todos los organismos operadores de los sistemas de abastecimiento público.

Finalmente, afirman que corresponde a la Secretaría de Salud, en coordinación con los gobiernos estatales, los municipales y del Distrito Federal, las comisiones estatales de agua y saneamiento, y la Comisión Nacional del Agua vigilar el cumplimiento de la norma en sus respectivos ámbitos de competencia.

Con base en las consideraciones expuestas, los proponentes plantean el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. De urgente y obvia resolución, por el que se exhorta a los gobiernos de las entidades federativas y a los municipales, a la Comisión Nacional del Agua, a las comisiones estatales y a las municipales del agua, a la Secretaría de Salud federal y de las entidades federativas a tomar las medidas necesarias en sus respectivos ámbitos de competencia, y fortalecer la coordinación intersectorial de los diferentes órganos de gobierno, para garantizar la potabilidad del agua que se distribuye para consumo humano, con el propósito de garantizar que ésta tenga calidad adecuada, es decir, que cumpla los límites permisibles en cuanto a sus características microbiológicas, todo ello para prevenir y evitar la transmisión de enfermedades gastrointestinales como el cólera, la hepatitis A y el rotavirus.
Previo el estudio de la proposición con punto de acuerdo que nos ocupa, la comisión expresa las siguientes

Consideraciones

Los integrantes coincidimos con los proponentes en el reconocimiento del grave problema que representa el gran número de casos de enfermedades infecciosas intestinales que se presentan y contribuyen al incremento de enfermedades diarreicas y de hepatitis, generadoras de miles de defunciones de mexicanos de todas las edades, particularmente de niños menores de cinco años.
Si bien dichas enfermedades son producidas, principalmente, por la ingesta de agua o alimentos contaminados, también es cierto que la incidencia mayor ocurre en poblaciones marginadas que carecen de agua con la calidad adecuada para el consumo humano, y que las autoridades y organismos encargados de los servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales, por mandato constitucional, deben cumplir con sus atribuciones mediante la distribución del vital líquido en las poblaciones de su circunscripción, con estricta observancia a las disposiciones legales y, particularmente, de la Norma Oficial Mexicana NOM 179-SSA1-1998, ``Vigilancia y evaluación del control de calidad del agua para uso y consumo humano, distribuida por sistemas de abastecimiento público''.
Asimismo, estimamos, es de fundamental importancia el ejercicio cabal de las funciones de vigilancia por las diversas autoridades federales, locales y municipales competentes, sobre las debidas aplicación y observancia de la NOM 179-SSA1-1998.
Por ello, consideramos es de aprobarse el punto de acuerdo planteado por el proponente, el cual, sin detrimento de su correcta orientación y finalidad, estimamos pertinente modificar en su redacción para darle mayor claridad.

Por lo anterior expuesto y fundado, la Comisión de Recursos Hidráulicos presenta a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a las Secretarías de Salud federal y de las entidades federativas; a los gobiernos de las entidades federativas y los municipios; a la Comisión Nacional del Agua y a las comisiones del agua estatales, del Distrito Federal y municipales a fortalecer, en el ámbito de sus respectivas competencias, la coordinación intersectorial y asegurar que el agua para uso y consumo humano, distribuida por los sistemas de abastecimiento público, cuente con la calidad mínima exigida por la NOM 179-SSA1-1998, para prevenir y evitar enfermedades derivadas de la ingesta de agua contaminada.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de octubre de 2008.
La Comisión de Recursos Hidráulicos, diputados: Jesús Manuel Patrón Montalvo (rúbrica), presidente; Antonio Medellín Varela (rúbrica), Lourdes Alonso Flores (rúbrica), Víctor Manuel Torres Herrera (rúbrica), Apolonio Méndez Meneses , Cuitláhuac Condado Escamilla (rúbrica), José Rubén Escajeda Jiménez (rúbrica), Gustavo Ildefonso Mendívil Amparán (rúbrica), secretarios; Pedro Armendáriz García , Edmundo Javier Bolaños Aguilar (rúbrica), Modesto Brito González (rúbrica), Aurora Cervantes Rodríguez (rúbrica), Diego Cobo Terrazas , Felipe González Ruiz (rúbrica), David Lara Compeán (rúbrica), Alma Lilia Luna Munguía (rúbrica), Fausto Fluvio Mendoza Maldonado (rúbrica), Irineo Mendoza Mendoza (rúbrica), Pedro Montalvo Gómez (rúbrica), Héctor Hugo Olivares Ventura , Antonio Ortega Martínez (rúbrica), José Inés Palafox Núñez (rúbrica), Francisco Javier Paredes Rodríguez (rúbrica), Santiago Gustavo Pedro Cortés , Héctor Manuel Ramos Covarrubias (rúbrica), Ramón Salas López (rúbrica), Martín Stefanonni Mazzocco , Gerardo Octavio Vargas Landeros , Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva , César Augusto Verástegui Ostos .»

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Está a discusión el punto de acuerdo. En virtud de que no se ha registrado orador alguno, se considera suficientemente discutido y se reserva para su votación económica en conjunto.



COMISION DE APELACION Y ARBITRAJE DEL DEPORTE

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: «Dictamen de la Comisión de Juventud y Deporte, con punto de acuerdo para que se cite a comparecer ante ella al presidente de la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte, maestro Vicente Toledo González, y a los otros cuatro titulares de ésta

Honorable Asamblea:

La Comisión de Juventud y Deporte de la LX Legislatura de la honorable Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45 numeral 6, incisos e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 56, 60, 64, 87, 88 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a la honorable asamblea el siguiente

Dictamen

Antecedentes

A la Comisión de Juventud y Deporte de la LX Legislatura de la honorable Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente número 4243, que contiene una proposición con punto de acuerdo por el que se cita a comparecer al presidente de la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte y a los cuatro miembros titulares de ese organismo, presentado por la diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en sesión de la honorable Comisión Permanente, el miércoles 2 de julio de 2008.

La legisladora plantea que en todo Estado democrático y de derecho la justicia es la columna vertebral de su desarrollo; por ello resulta inexcusable la obligación gubernamental de velar en todo momento porque los órganos encargados de impartir justicia lo hagan atendiendo a los principios de legalidad, imparcialidad, independencia y eficiencia.

En este sentido, recuerda que la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte (CAAD) es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública al que, en términos por lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, le corresponde ``mediar o fungir como árbitros en las controversias que pudieran sustanciarse entre deportistas, entrenadores y directivos, con la organización, competencia que esta ley establece; dotado de plena jurisdicción y autonomía para dictar sus acuerdos, laudos y resoluciones e independientes de las autoridades administrativas''.

En razón de que la Comisión de Juventud y Deporte de la Cámara de Diputados gestionó para la CAAD un incremento presupuestal para el ejercicio fiscal de 2008 a efecto de regularizar su estructura y realizar una amplia campaña de difusión en el ámbito del deporte, ya transcurrida la mitad del año, resulta conveniente que con el fin de resguardar la eficiencia en el cuerpo encargado de impartir la justicia deportiva en México se cite a comparecer ante la Comisión de Juventud y Deporte de la Cámara de Diputados a Vicente Toledo González, para que en su calidad de presidente de la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte explique a los integrantes de la referida comisión cuál ha sido la utilización que se ha dado a los recursos adicionales que se le asignaron al órgano a su cargo para este ejercicio fiscal, cuál es la situación financiera del organismo y cuál es el estado de los asuntos más relevantes que se tramitan ante el CAAD.

La Comisión de Juventud y Deporte procedió al estudio y análisis del punto de acuerdo de referencia, llevando a cabo para tal efecto diversas reuniones de trabajo con los integrantes de la misma, hasta alcanzar el dictamen que hoy se presenta con las siguientes:

Consideraciones

Este órgano legislativo coincide con la legisladora, pues una de las labores del Poder Legislativo es vigilar el adecuado uso de los recursos públicos. Asimismo, mediante este tipo de ejercicios se transparenta la función pública y se intercambian experiencias que servirán en el futuro tanto para legisladores como para servidores públicos.

De igual modo, lo solicitado por la diputada promovente es acorde con la ley, pues tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, específicamente en su artículo 93, como en la Ley Orgánica del Congreso en su artículo 40 numeral 3 se señala que la Cámara puede citar al responsable de una dependencia o director de organismo descentralizado para que informen cuando se discuta una ley o se estudie un negocio concerniente a sus respectivos ramos o actividades.

Por su parte, el artículo 45 de la Ley Orgánica del Congreso nos señala que por acuerdo de la mayoría, las comisiones ordinarias podrán:

a) Solicitar información o documentación a las dependencias y entidades. No procede la solicitud de información o documentación cuando una u otra tengan el carácter de reservada conforme a las disposiciones legales aplicables.

Por las consideraciones anteriormente expuestas, esta Comisión de Juventud y Deporte emite el siguiente:

Acuerdo

Único. Cítese a comparecer personalmente al maestro Vicente Toledo González, presidente de la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte, y a los otros cuatro miembros titulares de dicho organismo ante el pleno de la Comisión de Juventud y Deporte de la honorable Cámara de Diputados para que explique a sus integrantes, entre otras, las siguientes cuestiones de su competencia:

¿Cuál ha sido la utilización que se ha dado a los recursos adicionales que se le asignaron al órgano a su cargo para este ejercicio fiscal?
¿Cuál es la situación financiera de la CAAD? y,
¿Cuál es el estado de los asuntos más relevantes que se tramitan ante la CAAD?
Salón de sesiones de la Comisión de Juventud y Deporte, Palacio Legislativo de San Lázaro, a los treinta días del mes de septiembre de dos mil ocho.
La Comisión de Juventud y Deporte, diputados: Elizabeth Morales García (rúbrica), presidenta; Alma Hilda Medina Macías (rúbrica), Daisy Selene Hernández Gaytán (rúbrica), Francisco Elizondo Garrido (rúbrica), Francisco Sánchez Ramos , Gerardo Lagunes Gallina (rúbrica), Gregorio Barradas Miravete (rúbrica), José Luis Aguilera Rico (rúbrica), José Inés Palafox Núñez (rúbrica), Miguel Ángel Monraz Ibarra (rúbrica), secretarios; Ana Yurixi Leyva Piñón (rúbrica), Lilia Guadalupe Merodio Reza (rúbrica), Concepción Ojeda Hernández (rúbrica), Alma Xóchitl Cardona Benavidez (rúbrica), Carlos Alberto Torres Torres (rúbrica), Celso David Pulido Santiago (rúbrica), Francisco Javier Plascencia Alonso (rúbrica), Gustavo Fernando Caballero Camargo , Fidel Antuña Batista (rúbrica), José de Jesús Solano Muñoz , Martín Ramos Castellanos , Miguel Ángel Gutiérrez Aguilar (rúbrica), Pedro Montalvo Gómez , Rafael García Villicaña (rúbrica), Ricardo Franco Cázarez (rúbrica), Salvador Barajas del Toro (rúbrica), Carlos Alberto Navarro Sugich , Jorge Luis de la Garza Treviño (rúbrica), Emilio Ulloa Pérez .»

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Está a discusión el punto de acuerdo. En virtud de que no se ha registrado orador alguno, se considera suficientemente discutido y se reserva para su votación económica en conjunto.



CUERPOS DE SEGURIDAD PUBLICA

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: «Dictamen de la Comisión de Seguridad Pública, con puntos de acuerdo por los que se solicita al procurador general de la República, y a los secretarios de Seguridad Pública federal, estatales y del Distrito Federal que analicen la procedencia de implantar mecanismos más estrictos de incorporación de elementos a los cuerpos de seguridad pública en todos los niveles, con objeto de garantizar la legalidad e integridad de las instituciones del ramo

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Seguridad Pública fue turnada, para estudio, análisis y dictamen, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al procurador general de la República, al secretario de Seguridad Pública federal, y a las Secretarías de Seguridad Pública estatales y del Distrito Federal respecto a la situación de inseguridad pública prevaleciente en el territorio nacional, a efecto de que analicen la procedencia en la implantación de mecanismos más estrictos de incorporación de elementos a los cuerpos de seguridad en todos sus niveles, tendente a garantizar la legalidad e integridad de las instituciones y corporaciones de seguridad pública.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numerales 6, incisos e) a g), y 7, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87, 88 y 93 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; esta comisión es competente para conocer de la proposición con punto de acuerdo objeto del presente, y somete a consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen, con base en los siguientes antecedentes y consideraciones:

Antecedentes

1. En sesión de la del Congreso de la Unión celebrada en fecha 27 de agosto de 2008, los diputados Liliana Carbajal Méndez , Luis Gerardo Serrato Castell y Mario Alberto Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentaron proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al procurador general de la República, al secretario de Seguridad Pública federal, y a las Secretaría de Seguridad Pública estatales y del Distrito Federal respecto a la situación de inseguridad pública prevaleciente en el territorio nacional, a efecto de que analicen la procedencia en la implantación de mecanismos más estrictos de incorporación de elementos a los cuerpos de seguridad en todos sus niveles, tendente a garantizar la legalidad e integridad de las instituciones y corporaciones de seguridad pública.
2. Con esa fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva turnó para estudio, análisis y dictamen la proposición de referencia a las Comisiones Unidas de Seguridad Pública, y de Derechos Humanos.
3. Con fecha 9 de octubre de 2008, los integrantes de la Comisión de Seguridad Pública se reunieron para analizar, discutir y aprobar el presente dictamen, que fue aprobado por 18 votos.

Contenido

1. Los diputados proponentes se refieren a la intromisión de la delincuencia organizada en todos los niveles de las instituciones de seguridad pública, por lo que resulta de suma importancia, en la lucha que encabeza el Ejecutivo federal contra la delincuencia, que pueda contar con elementos de probada reputación, con altos niveles de honestidad, para realizar un combate frontal contra los secuestros y homicidios, que se han incrementado exponencialmente.
2. Señalan los proponentes, como uno de los principales problemas, la desconfianza hacia las instituciones encargadas de garantizar la seguridad pública, ya que se encuentran secuestradas en sus diferentes niveles por la delincuencia organizada; es decir, que las bandas delictivas se forman por agentes y elementos policiacos, con acceso a información clasificada, vehículos, armamento, uniformes y otros.
3. Que los altos índices delictivos, principalmente los relacionados con el crimen organizado, encabezan la agenda política nacional, lo cual ha obligado al Ejecutivo federal y a las diversas esferas de gobierno a realizar diversas acciones de coordinación para combatirlo frontalmente, pues recordemos que la seguridad pública es responsabilidad de las autoridades de los tres ámbitos de gobierno y, con base en ello, pueden y deben coordinarse para implantar los mecanismos idóneos para garantizar la seguridad y tranquilidad públicas.
4. Los diputados proponentes expresan que se busca que las instituciones policiales cuenten con los más altos estándares de calidad y con los mejores elementos para combatir el crimen, que los elementos que se integran a las fuerzas de policía, en todos sus niveles, sean policías y mandos con identidad histórica, con elevada preparación, con acreditada reputación, principios, con valores y vocación de servicio, oficiales que estén a la vanguardia en la técnica, la ciencia y la tecnología, con sentido estratégico, capacidad de liderazgo, visión de futuro y de servicio a la patria.
5. Los diputados proponen una reestructuración inmediata, a partir de una evaluación objetiva y profunda, donde participen senadores, diputados, especialistas de instituciones académicas y de la sociedad civil, de las instituciones de seguridad tanto federales como locales.
6. Proponen crear un centro de evaluación y control de los cuerpos de seguridad para evaluar y mantener en constante preparación y capacitación a los cuerpos de seguridad federal y local, el cual estará bajo la vigilancia y el control de diferentes actores políticos y sociales, evaluando de manera inmediata a todos los policías, mandos medios, altos y bajos, especialistas, técnicos y personal que labore en dichas instituciones de seguridad.
7. Señalan los proponentes que de una primera revisión de dichas instituciones se deberá destituir de inmediato a los elementos y funcionarios que se encuentren ligados con la delincuencia organizada de manera directa o indirecta, así como perseguir sus delitos a través de procesos donde no haya ``amiguismos''.
8. Los diputados proponentes afirman que es necesario recompensar a los buenos elementos de las instituciones de seguridad pública con el mejoramiento en su calidad de vida, a través de un salario decoroso, estabilidad laboral y opciones de desarrollo profesional, mejorando las condiciones de seguridad social de los policías y agentes, así como de sus familiares derechohabientes, a fin de garantizarles que sus familias no quedarán desamparadas en caso de que ellos sufrieren daño grave en su persona o perdieren la vida en el cumplimiento del deber.
9. Por ello, los diputados proponentes exhortan a las entidades federativas y al Distrito Federal para que, en el ámbito de sus competencia, consideren la posibilidad de analizar la procedencia en la implantación de mecanismos tendentes a mejorar la seguridad social de los policías en activo, así como dotar de apoyos a las familias de los que han fallecido en el ejercicio o con motivo de sus funciones, como el modelo implantado por el Ejecutivo federal, a fin de hacer efectiva la garantía de seguridad social de los servidores de seguridad pública y de sus familias.

Consideraciones

a) En lo general

1. Que a partir de las reformas y adiciones del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, se establece en el primer párrafo que la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función.
2. Que, de acuerdo con el párrafo séptimo del mismo artículo 21, la seguridad pública es una función a cargo de la federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva; y la sanción de las infracciones administrativas.
3. Que, de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo octavo del mismo artículo, el Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno deberán coordinarse entre sí para cumplir los objetivos de la seguridad pública y formarán el sistema nacional de seguridad pública.
4. Que, de acuerdo con la reforma de la fracción XXIII del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos publicada en la fecha citada, el Congreso tiene facultad para expedir leyes que establezcan las bases de coordinación entre la federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios, así como establecer y organizar las instituciones de seguridad pública en materia federal.
5. Que, de acuerdo con el artículo séptimo transitorio de la reforma constitucional citada, el Congreso de la Unión, a más tardar dentro de seis meses a partir de la publicación del decreto correspondiente, expedirá la ley que establezca el sistema nacional de seguridad pública.
6. Que la Ley General que establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de diciembre de 1995, tiene por objeto establecer las bases de coordinación entre la federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios para la integración y el funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
7. Que la fracción III del artículo 9o. del mismo ordenamiento señala como una actividad de coordinación de las autoridades competentes de la federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios desarrollar los lineamientos, mecanismos e instrumentos para la mejor organización y funcionamiento de las instituciones de seguridad pública.
8. Que la Ley General que establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de diciembre de 1995, tiene por objeto establecer las bases de coordinación entre la federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios para la integración y el funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
9. Que, en términos de la fracción I del artículo 10 de la ley citada, la coordinación comprenderá los procedimientos e instrumentos de formación, reglas de ingreso, permanencia, promoción y retiro de los miembros de las instituciones policiales.
10. Que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley General que establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la carrera policial es el elemento básico para la formación de los integrantes de las instituciones policiales, a fin de cumplir los principios de actuación y desempeño. Comprenderá los requisitos y procedimientos de selección, ingreso, formación, capacitación, adiestramiento, desarrollo, actualización, permanencia, promoción y separación del servicio, así como su evaluación.
11. Que, de acuerdo con lo dispuesto en el segundo párrafo de la fracción XIII del artículo 123 constitucional, los agentes del Ministerio Público, los peritos y los miembros de las instituciones policiales de la federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios podrán ser separados del encargo si no cumplen los requisitos que las leyes vigentes en el momento del acto señalen para permanecer en dichas instituciones, o removidos por incurrir en responsabilidad en el desempeño de las funciones.
12. Que la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 1976, tiene por objeto establecer las bases de organización de la administración pública federal, centralizada y paraestatal.
13. Que la ley citada señala en el artículo 30 Bis el despacho de los asuntos que corresponden a la Secretaría de Seguridad Pública, mencionando para nuestro análisis y dictamen los siguientes:
Artículo 30 Bis. A la Secretaría de Seguridad Pública corresponde el despacho de los siguientes asuntos:
I. a IX. ...
X. Organizar, dirigir, administrar y supervisar la Policía Federal Preventiva, así como garantizar el desempeño honesto de su personal y aplicar su régimen disciplinario;
XI. a XVI. ...
XVII. Organizar, dirigir y administrar el servicio civil de carrera de la policía a su cargo;
XVIII. a XXVII. ...
14. Que la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 2002, tiene por objeto organizar la Procuraduría General de la República, situada en el ámbito del Poder Ejecutivo federal, para el despacho de los asuntos que al Ministerio Público de la Federación y al procurador general de la República atribuyen la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, este ordenamiento y demás disposiciones aplicables.
15. Que el artículo 20 de la ley citada establece la Policía Federal Investigadora y los servicios periciales como auxiliares directos del Ministerio Público de la Federación y a la Policía Federal Preventiva, a los agentes del Ministerio Público del fuero común, de las policías en el Distrito Federal, en los estados integrantes de la federación y en los municipios, así como los peritos, en las instituciones de procuración de justicia de las entidades federativas, en términos de las disposiciones legales aplicables y los acuerdos respectivos, como auxiliares suplementarios del Ministerio Público de la Federación.

b) En cuanto a la proposición con punto de acuerdo

1. Esta comisión dictaminadora se identifica con el interés de los diputados proponentes de analizar la procedencia en la implantación de mecanismos más estrictos de incorporación de elementos a los cuerpos de seguridad en todos sus niveles, tendentes a garantizar la legalidad e integridad de las instituciones y corporaciones de seguridad pública.
2. Que las reformas y adiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008 en materia de formación y funciones policiales se refieren al cambio de la función preventiva de estos organismos a una función expresa de policía científica con capacidad de investigación de los hechos delictivos.
3. Esta comisión considera oportuno mencionar que, debido a la actual de inseguridad que se presenta en todo el país y a la vinculación de elementos policiales con la delincuencia organizada, reviste suma importancia analizar nuevos mecanismos para la incorporación de elementos de seguridad pública en todos sus niveles.
4. Los actuales mecanismos de selección de elementos para integrar los cuerpos policiales, considerados en las leyes y en los reglamentos, no dan los resultados esperados.
5. Que para combatir de manera frontal y directa la delincuencia organizada, es necesario contar con instituciones policiales preparadas, patriotas y honestas, las cuales deben tener como primer objetivo ganar la batalla a la delincuencia, y por ello se requieren controles más estrictos para seleccionar a los candidatos que pretenden incorporarse a los cuerpos de seguridad, a fin de evitar la intromisión de la delincuencia organizada.
6. Esta comisión dictaminadora tiene presente que un elemento que ha permitido la impunidad de la delincuencia organizada es el respaldo de algunos elementos de seguridad pública en cualquiera de sus niveles, por los cual se estima prioritario realizar una limpia en las instituciones policiales.
7. La corrupción de los cuerpos de seguridad pública es una realidad que se ha manifestado desde gestiones anteriores, y que se ha intentado atacar, pero ha traído como resultado que algunos elementos policiales se vuelvan del bando delictivo.
8. Por otra parte, esta comisión se identifica con lo expresado por los diputados proponentes de mejorar las condiciones de seguridad social de los policías en activo, así como de dotar de mejores apoyos a sus familias, sobre todo a las familias de elementos que han perdido la vida en el ejercicio o con motivo de sus funciones.
9. Esta comisión considera oportuno mencionar que para garantizar la seguridad pública, es imprescindible contar con elementos policiales comprometidos, honestos y capaces, en todas las instituciones de seguridad pública.
10. Por los razonamientos expresados, esta comisión dictaminadora considera viable aprobar el punto de acuerdo por el que se solicita respetuosamente al procurador general de la República, al secretario de Seguridad Pública federal, y a los titulares de las Secretarías de Seguridad Pública estatales y del Distrito Federal que analicen la procedencia en la implantación de mecanismos más estrictos de incorporación de elementos a los cuerpos de seguridad pública en todos los niveles, tendente a garantizar la legalidad e integridad de las instituciones de seguridad pública.

Por lo expuesto, los integrantes de la Comisión de Seguridad Pública sometemos a consideración del Pleno de esta honorable asamblea los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión solicita respetuosamente al procurador general de la República, al secretario de Seguridad Pública federal, y a los titulares de las Secretarías de Seguridad Pública estatales y del Distrito Federal que analicen la procedencia de la implantación de mecanismos más estrictos de incorporación de elementos a los cuerpos de seguridad pública en todos los niveles, tendentes a garantizar la legalidad e integridad de las instituciones de seguridad pública.

Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión solicita atentamente a las autoridades señaladas en el anterior punto de acuerdo que informen a ésta de los acuerdos logrados al efecto.

Palacio Legislativo en San Lázaro, a 9 de octubre de 2008.
La Comisión de Seguridad Pública, diputados: Juan Francisco Rivera Bedoya (rúbrica), presidente; Édgar Armando Olvera Higuera (rúbrica), Armando Barreiro Pérez (rúbrica), Gerardo Octavio Vargas Landeros (rúbrica), Patricia Villanueva Abraján (rúbrica), Ma. de los Ángeles Jiménez del Castillo (rúbrica), Luis Gerardo Serrato Castell , David Mendoza Arellano (rúbrica), secretarios; Jesús Sergio Alcántara Núñez (rúbrica), Miguel Ángel Arellano Pulido , Roberto Badillo Martínez , Gregorio Barradas Miravete , Manuel Cárdenas Fonseca , Ángel Rafael Deschamps Falcón (rúbrica), Yary del Carmen Gebhardt Garduza , Jorge Justiniano González Betancourt , Agustín Leura González (rúbrica), Andrés Lozano Lozano , Carlos Madrazo Limón (rúbrica), Efraín Morales Sánchez , José Luis Murillo Torres (rúbrica), Silvia Oliva Fragoso (rúbrica), Manuel Salvador Salgado Amador (rúbrica), Josefina Salinas Pérez (rúbrica), Layda Elena Sansores San Román (rúbrica en abstención), Francisco Javier Santos Arreola (rúbrica), Martín Stefanonni Mazzocco (rúbrica), Carlos Alberto Torres Torres (rúbrica).»

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Están a discusión los puntos de acuerdo. En virtud de que nadie se ha registrado, se consideran suficientemente discutidos y se reservan para su votación económica en conjunto.



DELITOS CONTRA PERIODISTAS

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: «Dictamen de la Comisión de Derechos Humanos, con punto de acuerdo para exhortar a las Comisiones Estatales de Derechos Humanos a implantar aéreas especiales de atención y seguimiento de los agravios cometidos contra periodistas en las entidades respectivas

Honorable Asamblea:

La Comisión de Derechos Humanos, con fundamento en los artículos 39, y 45, numeral 6, incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículo 65, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a la honorable Asamblea el siguiente:

Dictamen

Antecedentes

A la Comisión de Derechos Humanos le fue turnada para su estudio y dictamen, el expediente No. D.G.P.L. 60-II-3-1680, que contiene la proposición con punto de acuerdo para exhortar a las comisiones estatales de derechos humanos, implementen áreas especiales encargadas de dar atención y seguimiento a los agravios cometidos en contra de periodistas en su entidad, presentado por el diputado Gerardo Priego Tapia , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, el día 30 de abril de 2008.

Finalidad de la proposición con punto de acuerdo

Que las comisiones estatales de derechos humanos implanten áreas especiales encargadas de dar atención y seguimiento a los agravios cometidos contra periodistas en su entidad.

Consideraciones

Las diputadas y los diputados de esta Comisión de Derechos Humanos compartimos la reflexión del diputado que presentó el punto de acuerdo que se dictamina en el presente documento, la libertad de expresión constituye una de las garantías más sólidas de la democracia y el desarrollo moderno de los Estados. Esta libertad no sólo exige que los individuos sean libres de transmitir ideas e información sino, también, que toda la sociedad pueda recibir información lo más oportuna y objetiva posible. La violación de la libertad de expresión y de prensa lo es contra la democracia, marco necesario para la realización de los derechos humanos.

Esta Comisión conoce y reconoce los diversos tratados y convenios internacionales que en materia de libertad de expresión y del ejercicio libre del periodismo, México ha suscrito en diferentes tiempos, algunos ejemplos de ello son: la Declaración Americana sobre Derechos Humanos y Deberes del Hombre, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de igual forma.

Coincidimos con el fundamento y motivos jurídicos que sustentan la libertad de expresión del país en el orden constitucional y las leyes secundarias que de ella emanen, el artículo 6o. de la Constitución Política, que establece: ``La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque la moral, los derechos de tercero, provoque algún delito o perturbe el orden público y el derecho a la información será garantizado por el Estado'', por otro lado el artículo 7o. de la Carta Magna establece lo siguiente: ``Es inviolable la libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquier materia. Ninguna ley ni autoridad pueden establecer la previa censura, ni exigir fianza a los autores o impresores, ni coartar la libertad de imprenta, que no tiene más límites que el respeto a la vida privada, a la moral y a la paz pública. En ningún caso podrá secuestrarse la imprenta como instrumento del delito''.

Coincidimos con el diputado promovente en lo expresado en relación a las formas del ejercicio del periodismo que en términos de la Constitución, podemos decir que hay definición sobre la función de los comunicadores, partiendo de la base de que toda persona tiene derecho a ser informado, de que existe además la libertad para comunicar pensamientos y opiniones incluso publicándolos, y de que se considera que los comunicadores tiene como profesión recabar datos, analizarlos y, con fundamento en ello, informar a los demás sobre los temas que les interesan.

Como parte de la violencia en contra de los comunicadores, de 1970 a la fecha se tiene registrado un total de 159 periodistas asesinados: 6 en el sexenio de Luis Echeverría Álvarez, 12 en el de José López Portillo, 33 en el de Miguel de la Madrid Hurtado, 46 en el de Carlos Salinas de Gortari, 24 en el de Ernesto Zedillo Ponce de León, 31 en el de Vicente Fox Quesada y 7 en lo que va de la administración de Felipe Calderón Hinojosa.

El número de periodistas fallecidos ha llevado a que actualmente México ocupe el lugar 136 de 169 países en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2007, presentada por Reporteros sin Fronteras.

En adición a lo anterior, resulta indispensable la adopción de mecanismos que garanticen la coordinación entre todas las instancias federales competentes para garantizar la seguridad y el pleno ejercicio del derecho a realizar actividades periodísticas para cumplir la labor de informar a la sociedad.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) creó en 1991 el Programa Especial de Periodistas, y en 1997 nació la Coordinación General del Programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos, área que, como dirección general, se adscribió a la Quinta Visitaduría General en enero de 2005. La CNDH ha atendido las agresiones contra periodistas, no solo formulando recomendaciones o atendiendo quejas, sino creando instancias y unidades de atención y seguimiento hasta incorporarlo como parte de los trabajos de la Quinta Visitaduría de la misma Comisión.

Por eso, y para contribuir a fortalecer la libertad de expresión, el derecho a la información y el libre ejercicio del periodismo, a través de este programa la CNDH conoce de los agravios de los profesionales de la información, recibe sus quejas e inicia el procedimiento correspondiente para salvaguardar a los periodistas de los actos de la autoridad que pueden violentar sus derechos.

Sin embargo, sólo dos comisiones estatales de derechos humanos cuentan con un área especializada en el tema: Guerrero, con el Programa de Agravio a Periodistas; y Oaxaca, con la Visitaduría Especializada en Agravio a Periodistas, por lo que en atención a las reflexiones en torno al ejercicio libre de los periodistas, ésta Comisión dictaminadora de Derechos Humanos estima necesario y procedente, el que en todos los estados de la República, dentro de sus comisiones estatales de derechos humanos se establezcan áreas exclusivas de atención para el seguimiento a agresiones contra periodistas, lo cual fortalecerá la libertad de prensa, pero sobre todo los comunicólogos contarán con un medio imparcial y autónomo para formular quejas por motivo de agresiones o censuras por el ejercicio de su trabajo, sin importar quién o quienes sean los agresores.

Por los razonamientos expresados, la Comisión considera procedente exhortar a las comisiones estatales de derechos humanos, para que implementen áreas especiales encargadas de dar atención y seguimiento a los agravios cometidos en contra de periodistas.

Por las consideraciones anteriormente expuestas, esta Comisión de Derechos Humanos, somete a la consideración de la honorable Asamblea el siguiente:

Proyecto de dictamen de proposición con punto de acuerdo para exhortar a las comisiones estatales de derechos humanos, implementen áreas especiales encargadas de dar atención y seguimiento a los agravios cometidos en contra de periodistas en su entidad.

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a las comisiones estatales de derechos humanos a implantar áreas especiales encargadas de dar atención y seguimiento a los agravios cometidos contra periodistas en su entidad.

Salón de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos, Palacio Legislativo de San Lázaro, México, DF, a 8 de octubre de 2008.
La Comisión de Derechos Humanos, diputados: Omeheira López Reyna (rúbrica), presidenta; Arturo Flores Grande , María Dolores González Sánchez (rúbrica), Alliet Mariana Bautista Bravo (rúbrica), Yary del Carmen Gebhardt Garduza (rúbrica), María Mercedez Maciel Ortíz (rúbrica) secretarios; José Antonio Almazán González (rúbrica), Silvia Emilia Degante Romero , Nemesio Domínguez Domínguez (rúbrica), Adriana Dávila Fernández (rúbrica), Martha Cecilia Díaz Gordillo , Rutilio Cruz Escandón Cadenas , Alberto Esteva Salinas , Jorge Justiniano González Betancourt (rúbrica), Sonia Nohelia Ibarra Franquez, José Jacques y Medina , María Soledad Limas Frescas (rúbrica), Alberto López Rojas (rúbrica), Rubí Laura López Silva (rúbrica), Dolores de María Manuell-Gómez Angulo (rúbrica), Carlos Alberto Navarro Sugich (rúbrica), José Guadalupe Rivera Rivera (rúbrica), Rosa Elva Soriano Sánchez (rúbrica), Eva Angelina Sánchez Valdez (rúbrica), Jesús Humberto Zazueta Aguilar .»

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Está a discusión el punto de acuerdo. En virtud de que nadie se ha registrado como orador, se considera suficientemente discutido y se reserva para su votación en conjunto.



ESTADO DE MEXICO

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: «Dictamen de la Comisión de Derechos Humanos, con punto de acuerdo a fin de exhortar al gobernador del estado de México a destinar los recursos necesarios para atender la recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos tendente a garantizar la seguridad pública de la población de Coyotepec

Honorable Asamblea:

La Comisión de Derechos Humanos, con fundamento en los artículos 39, y 45 numeral 6, incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículo 65, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a la honorable Asamblea el siguiente:

Dictamen

Antecedentes

A la Comisión de Derechos Humanos le fue turnada para su estudio y dictamen, el expediente No. D.G.P.L. 60-II-1-984, que contiene la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobernador del estado de México, destine los recursos necesarios para dar atención y cumplimiento a la recomendación de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, a fin de garantizar la seguridad pública de la población del municipio de Coyotepec, presentado por el diputado Armando Barreiro Pérez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, el día 6 de noviembre de 2007.

Finalidad de la proposición con punto de acuerdo

Que el gobierno del estado de México, destine los recursos presupuestales necesarios al municipio de Coyotepec, estado de México, para satisfacer la recomendación CODHEM/SP/3401/2005-1 de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, relativa a la construcción de la comandancia de policía, la contratación de nuevos elementos de policía y la adquisición de equipo para garantizar la seguridad pública de la población del municipio de Coyotepec, estado de México.

Consideraciones

En la actualidad, el tema que más se está ocupando la atención, por los gobernantes en sus diferentes órdenes de gobierno y por la población, es sin duda la seguridad pública (y de las personas). Por ello se han tomado diversas acciones por los tres órdenes de gobierno para hacer frente a este fenómeno de inseguridad que se vive, cada uno de nosotros procura aportar o contribuir en algo para la solución de la inseguridad. Para los integrantes de esta Comisión de Derechos Humanos también nos preocupa que la población se sienta segura y libre en su actuar en el diario vivir, respetándose en todo tiempo sus derechos humanos, de igual forma los organismos autónomos estatales que estén encargados de realizar esta misma tarea al emitir una recomendación después de una investigación referente a un tema de su competencia, estimamos que esta recomendación debe ser atendida de manera puntual por la o las autoridades a las que se dirigió y en particular cuando se refiera a algunas acciones tendientes a una mayor seguridad pública.

Los integrantes de esta Comisión coincidimos con el diputado promovente en la necesidad de que aquellos municipios del estado de México que no cuenten con un programa e infraestructura de seguridad básicos, a la brevedad posible se coordinen con el gobierno del estado, a fin de que establezca dichos programas e infraestructura para la atención de la seguridad pública a favor de sus habitantes. La proposición con punto de acuerdo enuncia la Recomendación CODHEM/SP/3401/2005-1 de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, en la cual se estimó necesario la construcción de una nueva comandancia municipal, el equipo para su operación y los recursos accesorios y complementarios de prevención, como los son el alumbrado público, señalizaciones adecuadas, equipamiento urbano y la operación de los programas de prevención del delito y violencia intrafamiliar; instrumentos necesarios para brindar mayor seguridad a la población de este municipio.

La Recomendación que emitió la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México del 2005, está por cumplir tres años y no obstante esto el diputado promovente, hace un exhorto para que se realicen las adecuaciones antes descritas al municipio de Coyotepec. Coincidimos en la necesidad de que se realicen obras y acciones que tengan por objeto proporcionar una mayor seguridad en las personas en cualquier parte del territorio nacional.

Por las consideraciones anteriormente expuestas, esta Comisión dictaminadora de Derechos Humanos, somete a la consideración de la honorable Asamblea el siguiente:

Proyecto de dictamen de proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador del estado de México, destine los recursos necesarios para dar atención y cumplimiento a la recomendación de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, a fin de garantizar la seguridad pública de la población del municipio de Coyotepec.

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta de manera respetuosa al titular del gobierno del estado de México, destine los recursos presupuestales necesarios al municipio de Coyotepec, estado de México, para satisfacer la Recomendación CODHEM/SP/3401/2005-1 de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, relativa a la construcción de la comandancia de policía, la contratación de nuevos elementos de policía y la adquisición de equipo para garantizar la seguridad pública de la población del municipio de Coyotepec, estado de México.

Salón de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos, Palacio Legislativo de San Lázaro, México, DF, a 8 de octubre de 2008.
La Comisión de Derechos Humanos, diputados: Omeheira López Reyna (rúbrica), presidenta; Arturo Flores Grande , María Dolores González Sánchez (rúbrica), Alliet Mariana Bautista Bravo (rúbrica), Yary del Carmen Gebhardt Garduza (rúbrica), María Mercedez Maciel Ortíz (rúbrica) secretarios; José Antonio Almazán González (rúbrica), Silvia Emilia Degante Romero , Nemesio Domínguez Domínguez (rúbrica), Adriana Dávila Fernández (rúbrica), Martha Cecilia Díaz Gordillo , Rutilio Cruz Escandón Cadenas , Alberto Esteva Salinas , Jorge Justiniano González Betancourt (rúbrica), Sonia Nohelia Ibarra Franquez, José Jacques y Medina , María Soledad Limas Frescas (rúbrica), Alberto López Rojas (rúbrica), Rubí Laura López Silva (rúbrica), Dolores de María Manuell-Gómez Angulo (rúbrica), Carlos Alberto Navarro Sugich (rúbrica), José Guadalupe Rivera Rivera (rúbrica), Rosa Elva Soriano Sánchez (rúbrica), Eva Angelina Sánchez Valdez (rúbrica), Jesús Humberto Zazueta Aguilar .»

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Está a discusión el punto de acuerdo. En virtud de que nadie se ha registrado, se considera suficientemente discutido y se reserva para su votación económica en conjunto.



GRUPO DE TRABAJO DE DETENCIONES ARBITRARIAS DE NACIONES UNIDAS, DERIVADAS DE LA VISITA DE 2002

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: «Dictamen de la Comisión de Derechos Humanos, con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal a informar sobre el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas tras la visita de 2002

Honorable Asamblea:

La Comisión de Derechos Humanos, con fundamento en los artículos 39, y 45 numeral 6, incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículo 65, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a la honorable Asamblea el siguiente:

Dictamen

Antecedentes

A la Comisión de Derechos Humanos le fue turnada para su estudio y dictamen, el expediente No. DGPL 60-II-1-1474, que contiene la proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, informe sobre el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas derivadas de la visita del año 2002, presentado por la diputada Aleida Alavez Ruiz , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, el día 8 de abril de 2008.

Finalidad de la proposición con punto de acuerdo

Que el Ejecutivo federal remita el informe sobre el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas, derivadas de su visita a nuestro país del 27 de octubre al 10 de noviembre de 2002.

Consideraciones

Para las diputadas y diputados integrantes de la Comisión de Derechos Humanos, tiene prioridad el observar y vigilar el respeto absoluto y pleno cumplimiento de los derechos humanos de toda persona, ante cualquier circunstancia, por lo que la proposición con punto de acuerdo presentada por la diputada Aleida Alavez Ruiz , relativa al informe sobre el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas derivadas de la visita del año 2002 a nuestro país, fue motivo de un minucioso estudio y análisis de las recomendaciones, emitidas por dicho grupo de trabajo para contribuir con el avance de la protección de los derechos que se deben observar en un proceso penal para el presunto implicado.

En este informe se reconocen las acciones y avances generales realizados por México, destacando, las reformas que están orientadas, en primer lugar, a devolver al pueblo mexicano la confianza en sus instituciones como son:

a) Centrar la política exterior mexicana en la defensa de los derechos humanos.
b) Desarrollar una cultura de derechos humanos en el aparato estatal a través del establecimiento de diversas ``unidades de derechos humanos'' en los entes secretariales.
c) Aumentar el nivel de transparencia, desarrollando la concertación con la sociedad civil y la colaboración con los procedimientos de control de las organizaciones internacionales. En este aspecto, valorizar el papel que desempeña la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y las comisiones estatales de derechos humanos.
d) Llevar a cabo un programa de ratificación de los instrumentos internacionales de derechos humanos.
e) Reforzar la cooperación con las organizaciones de derechos humanos y con las Naciones Unidas, a través del establecimiento de una oficina local del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH).

No obstante estos logros este grupo de trabajo en su investigación recomendaron al gobierno de México tomar acciones en temas que son de preocupación para el grupo en los rubros siguientes:

A: Relación entre el sistema de averiguación previa y la detención arbitraria.
B. Relación entre flagrancia equiparada y detención arbitraria.
C. Relación entre corrupción y detención arbitraria.
D. Relación entre operativos de seguridad y detención arbitraria.
E. Relación entre el régimen de ejecución de la pena y los riesgos de detención arbitraria.
F. Relación entre el arraigo y la detención arbitraria.
G. Deficiencias del amparo para combatir la detención arbitraria.
H. Relación entre las deficiencias de la defensa de oficio y la detención arbitraria.
I. Una justicia especializada para la niñez.
J. Abusos del pasado; amnistías.
K. Impunidad de responsables de detención arbitraria;
L. La administración de justicia por parte de tribunales militares.

Las diputadas y diputados de esta Comisión, una vez que se conocieron los temas de la recomendación emitida por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria acerca de su visita a México, a casi 6 años de emitida esta recomendación, seguros estamos que varios de estos temas que se consideran para su atención en la recomendación ya han sido revisados para su seguimiento y que otros son motivo de atención permanente, no obstante estimamos que hace falta una mayor difusión de los avances hasta hoy obtenidos, lo que propicia la ignorancia de saber si se están atendiendo o no las recomendaciones, por lo que solicitamos que de cumplimentarse la proposición con punto de acuerdo, presentada por la diputada Aleida Alavez Ruiz , se reciba informe completo de los avances en cada uno de los temas que alude la recomendación. Estaremos atentos al contenido del informe para que en caso de necesitar nuestra colaboración como legisladores con acciones o decisiones a favor del fortalecimiento del sistema de justicia mexicano en relación a la detención arbitraria.

Por las consideraciones anteriormente expuestas, esta Comisión dictaminadora de Derechos Humanos, somete a la consideración de la honorable Asamblea el siguiente:

Proyecto de dictamen de proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, informe sobre el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas derivadas de la visita del año 2002.

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo federal a que remita, de manera urgente, el informe sobre el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas, que visitó nuestro país del 27 de octubre al 10 de noviembre de 2002, así como remitir dicha información a esta soberanía.

Salón de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos, Palacio Legislativo de San Lázaro, México, DF, a 8 de octubre de 2008.
La Comisión de Derechos Humanos, diputados: Omeheira López Reyna (rúbrica), presidenta; Arturo Flores Grande , María Dolores González Sánchez (rúbrica), Alliet Mariana Bautista Bravo (rúbrica), Yary del Carmen Gebhardt Garduza (rúbrica), María Mercedez Maciel Ortíz (rúbrica) secretarios; José Antonio Almazán González (rúbrica), Silvia Emilia Degante Romero , Nemesio Domínguez Domínguez (rúbrica), Adriana Dávila Fernández (rúbrica), Martha Cecilia Díaz Gordillo , Rutilio Cruz Escandón Cadenas , Alberto Esteva Salinas , Jorge Justiniano González Betancourt (rúbrica), Sonia Nohelia Ibarra Franquez, José Jacques y Medina , María Soledad Limas Frescas (rúbrica), Alberto López Rojas (rúbrica), Rubí Laura López Silva (rúbrica), Dolores de María Manuell-Gómez Angulo (rúbrica), Carlos Alberto Navarro Sugich (rúbrica), José Guadalupe Rivera Rivera (rúbrica), Rosa Elva Soriano Sánchez (rúbrica), Eva Angelina Sánchez Valdez (rúbrica), Jesús Humberto Zazueta Aguilar .»

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Está a discusión el punto de acuerdo. En virtud de que no se ha registrado orador alguno, se considera suficientemente discutido y se reserva para su votación económica en conjunto.



TRABAJADORES MIGRANTES

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: «Dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación, y de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, con punto de acuerdo relativo al proyecto de normas para el funcionamiento de las estaciones migratorias del Instituto Nacional de Migración, a fin de respetar los derechos fundamentales de los trabajadores migrantes y los de sus familias

Honorable Asamblea:

A las Comisiones Unidas de Gobernación, y de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios de la LX Legislatura les fue turnada, para su estudio, análisis y dictamen, la proposición con punto de acuerdo relativo a las medidas que pretende imponer el Instituto Nacional de Migración en contra de los trabajadores migrantes que son detenidos.

Esta Comisión de Gobernación, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45 numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 58, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente dictamen en sentido positivo, basándose en los siguientes

Antecedentes

I. Con fecha trece de diciembre de dos mil siete, el diputado José Jacques y Medina , integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, haciendo uso de la facultad que le confiere el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentó a la consideración de esta Cámara de Diputados la proposición con punto de acuerdo relativa a las medidas que pretende imponer el Instituto Nacional de Migración en contra de los trabajadores migrantes que son detenidos.
II. En la misma fecha, trece de diciembre de dos mil siete, la proposición con punto de acuerdo mencionada fue turnada, por disposición de la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a las Comisiones Unidas de Gobernación, y de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, para su estudio y dictamen.
III. Con fecha diez de septiembre de dos mil ocho, se presentó al Pleno de la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios el proyecto de dictamen correspondiente, el cual fue aprobado.
IV. Con fecha veintidós de septiembre de dos mil ocho, los integrantes de la Comisión de Gobernación aprobaron el proyecto de dictamen.

Contenido de la propuesta

El punto de acuerdo, en su capítulo de consideraciones, establece

1. Que la LX Legislatura de esta Cámara de Diputados se han dado pasos trascendentes respecto del tema de los trabajadores migratorios que transitan o residen en el territorio nacional.
2. Que el 26 de abril de 2007 el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó, por acuerdo de los grupos parlamentarios, el dictamen con proyecto de decreto por el cual se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Población. La minuta correspondiente actualmente se encuentra en el Senado de la República para el dictamen legal correspondiente.
3. Que el ánimo que movió a las fuerzas políticas para aprobar el citado dictamen fue mostrar congruencia entre lo que exigimos a las autoridades estadounidenses en cuanto al trato que dan a nuestros migrantes y el que nuestras autoridades dan a los indocumentados de Centroamérica, del Caribe y de Sudamérica que transitan por nuestro territorio o residen en él.
4. La Comisión dictaminadora consideró que los artículos 118, 119, 120, 121,122,123, 124, 125 y 127 de la Ley General de Población vulneran los derechos humanos de los migrantes, criminalizan la pobreza y la búsqueda de oportunidades; se basan en una política criminal contraria al derecho penal mínimo y a los principios básicos de éste.
5. Asimismo, consideró que la criminalización no sólo va en contra de los avances y acuerdos internacionales, sino que es terreno fértil para la extorsión, la amenaza, la arbitrariedad, lo que actualmente constituye parte de la gama de abusos de que hoy son víctimas los migrantes indocumentados en nuestro país.
6. El 7 de octubre de 2007, un medio de comunicación nacional dio cuenta de que el Instituto Nacional de Migración pretende imponer, por medio del proyecto de normas para las estaciones migratorias que operan en todo el país, una ``ficha de filiación'' para todos los migrantes indocumentados que son detenidos, la cual incluiría una fotografía y las huellas digitales.
7. En ese sentido, la proposición con punto de acuerdo tiene como objeto que el Pleno de la Cámara de Diputados exprese su rechazo a las medidas administrativas que las autoridades del Instituto Nacional de Migración pretenden imponer contra los trabajadores indocumentados que son detenidos por estar en contradicción con el espíritu y la política que los partidos políticos representados en el honorable Congreso de la Unión vienen impulsando sobre la materia migratoria en el país.
8. También tiene como objetivo que el Pleno de la Cámara de Diputados realice un respetuoso exhorto a la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión para que con la mayor brevedad dictaminen la minuta con proyecto de decreto por el cual se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Población y que les fue remitido por esta Cámara de Diputados.

Establecidos los antecedentes y el contenido de la propuesta, los diputados integrantes de la Comisión de Gobernación de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados exponemos las siguientes

Consideraciones

1. En el ámbito internacional existe una clara y fuerte tendencia para que las actividades inherentes al fenómeno migratorio no sean criminalizadas y que se despenalicen las conductas relativas al mismo.
2. La Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus familias establece que los Estados parte se comprometerán, de conformidad con los instrumentos internacionales sobre derechos humanos, a respetar y asegurar a todos los trabajadores migratorios y sus familias que se hallen dentro de su territorio o sometidos a su jurisdicción los derechos previstos en la convención, entre los cuales se encuentra el derecho a la libertad y seguridad personales.
3. En el diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos en México, la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México recomienda al legislativo mexicano, en su capítulo relativo a migrantes, reformar la legislación en materia penal para imponer penas mayores a los traficantes de personas y eliminar los tipos penales que criminalizan al migrante para establecer sanciones meramente administrativas. Se recomienda también, tomar medidas tendientes a eliminar la corrupción de las autoridades involucradas y proporcionar información a los migrantes sobre el debido proceso legal.
4. En México, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha considerado que es necesario legislar en materia migratoria con la finalidad de lograr una reforma integral que excluya la criminalización de los migrantes indocumentados, ya que el marco normativo en esa materia está rezagado y una reforma deseable debe garantizar la seguridad jurídica del migrante.
5. Acorde con lo anterior, la Cámara de Diputados aprobó el 26 de abril de 2007 el dictamen con proyecto de decreto por el cual se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Población para derogar los tipos penales incluidos en la mencionada norma.
6. Por otro lado, las estaciones migratorias son las instalaciones físicas a cargo del Instituto Nacional de Migración para el aseguramiento de extranjeros en los términos de la Ley General de Población.
7. El artículo 208 del Reglamento de la Ley General de Población señala que es competencia del secretario de Gobernación expedir las disposiciones administrativas que deben regular las estaciones migratorias, las cuales deben señalar el objeto del aseguramiento, la duración máxima de la estancia de los extranjeros o extranjeras asegurados y el respeto a los derechos humanos de los asegurados.
8. El 26 de noviembre de 2001 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el que se emiten las Normas para el Funcionamiento de las Estaciones Migratorias del Instituto Nacional de Migración, suscrito por el secretario de Gobernación, Santiago Creel Miranda, con el propósito de normar las actividades en las estaciones migratorias, en un marco de respeto a los derechos humanos de los migrantes en tanto se resuelva su situación jurídica migratoria.
9. En abril de 2007, la comisionada del Instituto Nacional de Migración, Cecilia Romero Castillo, dio a conocer un nuevo proyecto de Normas de Funcionamiento de las Estaciones Migratorias, según lo declaró en conferencia de medios el 24 de abril, por considerar que las disposiciones vigentes son obsoletas, considerando la misión del Instituto para garantizar a los migrantes asegurados el respeto y cumplimiento de sus derechos humanos.
10. El artículo 14 del proyecto de normas mencionado en la consideración anterior menciona que:
Artículo 14. En el expediente administrativo del extranjero, deberán asentarse los siguientes elementos:
I. Nombre, sexo, edad, nacionalidad, lugar de origen, domicilio en su país de origen y en México, si lo tuviera; estado civil, profesión u oficio e información sobre su familia.
II. Fecha y hora de ingreso y salida de la Estación Migratoria.
III. Constancias y oficios que se hayan generado con motivo de la verificación practicada al extranjero por parte de la autoridad migratoria o cualquier otro que haya dado lugar a su puesta a disposición.
IV. Filiación, con fotografía y huella digital
V. Inventario de valores y objetos.
VI. Certificado médico, que deberá contener su nombre y generales, la descripción del estado físico que presenta, así como el nombre, copia de la cédula profesional y firma del médico que lo expida.
VII. Declaración del custodiado respecto a su situación migratoria.
VIII. Formato de ``Solicitud de repatriación sujeción a procedimiento administrativo, migración o refugio'', y en su caso el ``Formato de filiación de no centroamericanos procedimiento administrativo migratorio''.
IX. Acuerdo de aseguramiento.
X. Todas aquellas constancias que se generen durante el procedimiento migratorio.
XI. La resolución que se dicte sobre su situación migratoria.
11. Esta Comisión coincide en la necesidad de regular y normar las actividades de las estaciones migratorias en el marco de legalidad y transparencia. Los inmigrantes indocumentados deben conocer los motivos de su aseguramiento, el tiempo que durará su procedimiento, el motivo por el que se le toman fotografías y cuál será su uso y destino, así como las garantías de las cuales gozan, como métodos necesarios que eviten sean violentados sus derechos humanos fundamentales.
12. Por otro lado, en relación al exhorto a la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión para que con la mayor brevedad dictamine la minuta con proyecto de decreto por el cual se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Población, con el fin de derogar los tipos penales de la norma en comento, es de destacar que el 21 de julio de 2008 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación un decreto que reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Población.
13. Efectivamente, la naturaleza de este decreto fue derogar los tipos penales contenidos en los artículos 119, 120, 121, 122, 123 y 124 y reformar el artículo 118, que derogó la sanción penal de hasta 10 años de prisión al extranjero expulsado que se internara nuevamente al territorio nacional, sin haber obtenido el acuerdo de readmisión o al extranjero que no expresara su condición de expulsado para que se le autorizara un nuevo permiso de internación y la sanción del artículo 127, de hasta cinco años de prisión, al mexicano que hubiera contraído matrimonio con extranjero sólo con el objeto de que el último pudiera radicar en el país; en este sentido, el exhorto al senado contenido en la proposición con punto de acuerdo ha quedado sin materia.

Por lo anteriormente expuesto, los diputados integrantes de las Comisiones Unidas de Gobernación, y de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios someten a consideración del pleno de la Cámara de Diputados el siguiente:

Acuerdo

Primero. El Pleno de la Cámara de Diputados manifiesta su rechazo en contra de cualquier acción que vulnere los derechos de los inmigrantes, por lo que exhorta al gobierno federal a otorgar a éstos un trato humanitario, justo y respetuoso.

Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Gobernación a respetar, en el marco de la emisión de las Normas para el Funcionamiento de las Estaciones Migratorias, los derechos humanos y el goce de las garantías constitucionales fundamentales de los trabajadores migrantes y sus familias.

Palacio Legislativo de San Lázaro, México, Distrito Federal, a veintidós de septiembre de dos mil ocho.
La Comisión de Gobernación, diputados: Diódoro Carrasco Altamirano (rúbrica), presidente; Juan Enrique Barrios Rodríguez (rúbrica), Valentina Valia Batres Guadarrama (rúbrica), Narcizo Alberto Amador Leal (rúbrica), Alfonso Rolando Izquierdo Bustamante (rúbrica), Jesús Sesma Suárez , Layda Elena Sansores San Román (rúbrica), secretarios; Carlos Armando Biebrich Torres (rúbrica), César Octavio Camacho Quiroz (rúbrica), Ricardo Cantú Garza (rúbrica), Ariel Castillo Nájera (rúbrica), Jesús de León Tello , María del Carmen Fernández Ugarte (rúbrica), Javier Hernández Manzanares (rúbrica), Juan Darío Lemarroy Martínez, Miguel Ángel Monraz Ibarra , Mario Eduardo Moreno Álvarez , Adolfo Mota Hernández , María del Pilar Ortega Martínez , Luis Gustavo Parra Noriega (rúbrica), Raciel Pérez Cruz , Gerardo Priego Tapia (rúbrica), José Jesús Reyna García (rúbrica), Salvador Ruiz Sánchez (rúbrica), Francisco Javier Santos Arreola (rúbrica), Rosa Elva Soriano Sánchez (rúbrica), Alberto Vázquez Martínez , Gerardo Villanueva Albarrán (rúbrica), Javier Martín Zambrano Elizondo .
La Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, diputados: José Nicolás Morales Ramos (rúbrica), presidente; Andrés Bermúdez Viramontes (rúbrica), José Jacques y Medina (rúbrica), José Edmundo Ramírez Martínez (rúbrica), secretarios; Carlos Augusto Bracho González (rúbrica), Daniel Chávez García (rúbrica), Rosaura Virginia Denegre Vaught Ramírez (rúbrica), Elia Hernández Núñez (rúbrica), Omeheira López Reyna (rúbrica), María Dolores González Sánchez , Francisco Javier Gudiño Ortiz (rúbrica), Cruz Pérez Cuéllar (rúbrica), Antonio Valladolid Rodríguez (rúbrica), Ramón Silbestre Álvarez, Alberto Amaro Corona (rúbrica), Miguel Ángel Arellano Pulido , Joaquín Conrado de los Santos Molina (rúbrica), Érick López Barriga, Camerino Eleazar Márquez Madrid (rúbrica), Cuauhtémoc Sandoval Ramírez , Antonio de Jesús Díaz Athié (rúbrica), Lilia Guadalupe Merodio Reza , Guillermina López Balbuena (rúbrica), Isael Villa Villa , José Luis Aguilera Rico , Irma Piñeyro Arias , Pascual Bellizzia Rosique .»

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Están a discusión los puntos de acuerdo. En virtud de que no se ha registrado orador alguno, se consideran suficientemente discutidos y se reservan para su votación económica en conjunto.



POLICIA FEDERAL PREVENTIVA - AGENCIA FEDERAL DE INVESTIGACIONES

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: «Dictamen de la Comisión de Seguridad Pública, con punto de acuerdo por el que solicita al secretario de Seguridad Pública federal y al procurador general de la República que informen respecto a las bases legales que sustentan la unificación de la PFP y la AFI, a la creación de un cuerpo federal de policía, y a las particularidades operativas, administrativas y estructurales de éste

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de la LX Legislatura le fue turnado, para su análisis y dictamen, proposición con punto de acuerdo por el que se solicita al secretario de Seguridad Pública Federal y al procurador general de la República que informen a esta soberanía sobre las bases legales que sustentan la unificación de la Policía Federal Preventiva y la Agencia Federal de Investigación, con la consiguiente creación de un nuevo cuerpo federal de policía.

Con fundamento por lo dispuesto en los artículos 39, numerales 1, 2, fracción III, y numeral 3; 45, en su numeral 6, incisos e) a g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 58, 60, 87, 88, 90 y 93 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la comisión es competente para conocer de la proposición con punto de acuerdo, objeto del presente, y somete a consideración de esta honorable asamblea el dictamen, con base en los siguientes antecedentes y consideraciones.

Antecedentes

1. En sesión ordinaria del Pleno de la Cámara de Diputados, celebrada el 8 de febrero de 2007, la diputada Silvia Oliva Fragoso , integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se solicita al secretario de Seguridad Pública federal informe a esta soberanía sobre las bases legales que sustentan la unificación de la Policía Federal Preventiva y la Agencia Federal de Investigación, con la creación de un nuevo cuerpo federal de policía.
2. Con esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva turnó, para su análisis y dictamen, la proposición con punto de acuerdo a la Comisión de Seguridad Pública.
3. En sesión plenaria celebrada el 9 de octubre de 2008, se sometió a consideración de los integrantes de la Comisión de Seguridad Pública de la LX Legislatura, siendo aprobado por 18 votos.

Contenido

1. Señala la proponente que, en diciembre de 1998, fue creada la Policía Federal Preventiva (PFP), con el objetivo de prevenir la comisión de los delitos y las faltas administrativas que consideran las leyes federales, pudiendo actuar para ello en coadyuvancia con las autoridades competentes.
2. Asimismo, señala que a diferencia de este cuerpo policial, la Agencia Federal de Investigación (AFI) tiene como uno de sus principales objetivos ser auxiliar del Ministerio Público de la Federación, en la investigación y persecución de los delitos federales y de aquellos que no siéndolo sean atraídos por la federación o pongan en riesgo la seguridad nacional.
3. De acuerdo con la proponente, la AFI tiene su antecedente en la Dirección General de Planeación y Operación de la Policía Judicial Federal. En la pasada administración, el titular del Ejecutivo federal consideró necesario reestructurar a la Policía Judicial Federal, sustentando el proceso en el deterioro de dicha institución, dando paso a la creación de la AFI, en noviembre de 2001.
4. En marzo de 2004, el entonces presidente de la república, Vicente Fox Quesada, envió al Congreso de la Unión una iniciativa de reformas al Sistema Nacional de Seguridad Pública y Justicia Penal en las que, entre otras cosas, planteaba la unificación de la PFP y la AFI, denominándose una nueva policía federal que tendría a su cargo tareas de investigación.
5. De acuerdo con la proponente, la iniciativa antes citada originó una gran discusión entre diversos actores, como legisladores, abogados defensores de derechos humanos, académicos y especialistas, entre otros.
6. No obstante que la iniciativa se encuentra pendiente de discutir y, en su caso, votar, el Ejecutivo federal en esta administración, Felipe Calderón Hinojosa, ha dado marcha a la formación del cuerpo federal de policía, colocando a los elementos que integran a la AFI y a la PFP bajo un mismo mando.
7. De acuerdo con diversos medios de comunicación citados por la proponente, el Ejecutivo federal pretende reestructurar a las corporaciones policiales federales, unificando los bancos de datos que han conformado las distintas policías, de modo que todos los agentes federales podrán convertirse en auxiliares del Ministerio Público y contarán, en la práctica, con la autorización para realizar investigaciones y detenciones ante la presunción de que se ha cometido un delito.
8. Asimismo, la proponente cita la opinión del doctor en ciencias penales José A. Yáñez Romero, que señala lo siguiente: ``la idea de unir a la Policía Federal Preventiva con la policía federal investigadora podría parecer buena para quienes desconocen las formas, tradiciones, fuerzas, grupos y formación de las policías mencionadas. Esta idea es contraria al objetivo que les otorga su existencia diferente y diferenciada, la especialidad funcional, jurídica, operativa y profesional''.
Es cuestionable que la actual administración federal esté creando las bases de nuevos problemas institucionales, dentro de los que podemos observar los siguientes:
a) La creación o modificación de las atribuciones y adscripciones orgánicas de las policías federales son del trabajo exclusivo de los legisladores federales.
b) Los movimientos que está realizando el Ejecutivo federal parecen ser arbitrarios, pues ninguna ley los faculta para realizar los cambios que violan la normatividad sustantiva que rige la administración pública federal.
c) No se ha demostrado ni probado que la unión de policías sea una respuesta adecuada a la violencia criminal, pues en realidad esta función es básicamente del Ministerio Público (MP). Al crimen común y al crimen organizado solamente se le puede enfrentar sustantivamente con las políticas y facultades jurídico penales propias del MP del fuero común y del fuero federal respectivamente; es decir, con políticas de justicia penal y no con políticas de orden y seguridad exclusivamente.
En resumen, la propuesta carece de razones técnicas, operativas, jurídicas, administrativas y funcionales, pues parece obedecer más a una alternativa de discurso político que a un movimiento serio.
9. Al respecto, sostiene la proponente que independientemente de los análisis jurídicos, técnicos, operativos o estructurales que puedan realizarse por diversos actores, como legisladores, tenemos la obligación de cuidar y salvaguardar que los actos emitidos por el gobierno sean siempre apegados al marco de la legalidad. En el caso que nos ocupa, el proceso de unificación de la PFP y la AFI.
10, Refiere la proponente que como legisladores se tiene conocimiento de la necesidad imperante de establecer políticas y estrategias en todos los ámbitos del gobierno para combatir el problema de la inseguridad, sin embargo, debemos ser conscientes de la enorme responsabilidad de actuar conforme a la legalidad establecida, para que en su momento sean las instancias facultadas quienes intervengan en este proceso.
11. Por las consideraciones expresadas, la diputada Silvia Oliva Fragoso estima necesario solicitar al secretario de Seguridad Pública Federal, a través de un punto de acuerdo, que informe a esta Cámara de Diputados sobre las bases legales que sustentan la unificación de la PFP y de la AFI.

Consideraciones

En lo general

1. Que, a partir de las reformas y adiciones al artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, se establece en su primer párrafo que la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuaran bajo la conducción y mando de aquel en el ejercicio de esta función.
2. Que, de acuerdo con el párrafo séptimo del artículo 21, la seguridad pública es una función a cargo de la federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios, que comprende la prevención de los delitos, la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas.
3. Que, de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo octavo del mismo artículo, el Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno deberán coordinarse entre sí para cumplir los objetivos de la seguridad pública y conformarán el Sistema Nacional de Seguridad Pública.
4. Que, de acuerdo con la reforma a la fracción XXIII del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en la fecha antes citada, el Congreso tiene facultad para expedir leyes que establezcan las bases de coordinación entre la federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios, así como establecer y organizar a las instituciones de seguridad pública en materia federal.
5. Que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo séptimo transitorio de la reforma constitucional citada, el Congreso de la Unión, a más tardar dentro de seis meses a partir de la publicación del decreto correspondiente, expedirá la ley que establezca el Sistema Nacional de Seguridad Pública.
6. Que, la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de diciembre de 1995, tiene por objeto establecer las bases de coordinación entre la federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios para la integración y funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
7. Que la fracción III del artículo 9o. del mismo ordenamiento señala como una actividad de coordinación de las autoridades competentes de la federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios, desarrollar los lineamientos, mecanismos e instrumentos para la mejor organización y funcionamiento de las instituciones de seguridad pública.
8. Que la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 1976, tiene por objeto establecer las bases de organización de la administración pública, centralizada y paraestatal.
9. Que el artículo 30 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal establece en su fracción X, entre los asuntos de despacho de la Secretaría de Seguridad Pública federal, los relativos a la organización, dirección, administración y supervisión de la PFP.
10. Que, de acuerdo con el artículo 1o. del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de marzo de 2007, ésta tiene por objeto preservar la libertad, el orden y la paz públicos, así como salvaguardar la integridad y derechos de las personas, auxiliar a la Procuraduría General de la República y a los Poderes de la Unión, prevenir la comisión de delitos, desarrollar la política de seguridad pública del Poder Ejecutivo federal y proponer su política criminal, entre otras.
11. Que, de acuerdo con el inciso a), fracción XXV, del artículo 3 del reglamento antes citado, la secretaría contará con el órgano administrativo desconcentrado PFP.
12. Que, de acuerdo con el artículo 2 de la Ley de la Policía Federal Preventiva, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de enero de 1999, ésta dependerá de la Secretaría de Seguridad Pública Federal.
13. Que el artículo 4 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 2002, establece, entre las facultades del Ministerio Público de la Federación, la investigación y persecución de los delitos del orden federal.
14. Que en el artículo 20 de la citada ley se establecen las instancias auxiliares del Ministerio Público de la Federación, situando como auxiliares directos
a) La policía federal investigadora; y
b) Los servicios periciales.
Asimismo, en el inciso a), fracción II, del mismo artículo, se establece como auxiliar suplementario a la PFP.
15. Que en el artículo 2 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de junio de 2003 --reformado y adicionado el 20 de agosto de 2008--, se establecen las unidades administrativas y órganos desconcentrados con que contará para el cumplimiento de los asuntos de su competencia, entre los cuales se encuentra la AFI.

En cuanto a la proposición con punto de acuerdo

1. Esta comisión dictaminadora comparte el interés de la proponente de solicitar al secretario de Seguridad Pública federal que informe sobre las bases legales que sustentan la unificación de la PFP y la AFI.
2. Que, si bien es cierto, existe una iniciativa presentada el 23 de marzo de 2004 a la Cámara de Diputados por el otrora Ejecutivo federal, Vicente Fox Quesada, y se encuentra en estudio en la Comisión de Puntos Constitucionales, con opinión de la Comisión Especial para la Reforma del Estado.
3. Que, a finales de septiembre, a través de diversos medios de comunicación escrita, se informó sobre la ocupación por parte de elementos de la Policía Federal de Investigación de las instalaciones de la AFI.
4. Que diversos elementos de la AFI acudieron a la presidencia de la Comisión de Seguridad Pública para hacer del conocimiento la ocupación de sus instalaciones por parte de elementos de la PFP e informar sobre el proceso de reubicación o cambio de adscripción de elementos de la AFI a la PFP.
5. Que la falta de información respecto a lo anterior ha provocado confusión e incluso inconformidad por parte de los elementos de la AFI.
6. Que lo anterior puede afectar el normal desarrollo de las instituciones antes citadas, principalmente de la AFI, en momentos en que es necesaria una coordinación adecuada que permita mejorar las condiciones de seguridad en nuestro país.
7. Que, en razón de lo anterior, la comisión dictaminadora considera viable solicitar al secretario de Seguridad Pública federal que informe a la Cámara de Diputados las bases y consideraciones legales que fundamentan y sustentan la unificación de la PFP y la AFI.
8. Que la comisión dictaminadora considera necesario contar con la información suficiente sobre los hechos descritos en el presente que se refieren a procesos de reestructuración de la PFP y la AFI, que permitan la revisión del marco jurídico aplicable en la materia, dentro de las atribuciones de la Cámara de Diputados.
9. Que la comisión dictaminadora estima necesario requerir también el envío de información al procurador general de la República, toda vez que el proceso involucra a un órgano dependiente de dicha instancia.

En razón de lo anterior, los puntos de acuerdo quedarían en los siguientes términos:

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión solicita al secretario de Seguridad Pública Federal y al procurador general de la República que informen a ésta sobre las bases legales que sustentan la unificación de la PFP y la AFI, de la creación de un nuevo cuerpo federal de policía, así como de las particularidades operativas, administrativas y de carácter estructural del cuerpo federal de policía.

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de la Comisión de Seguridad Pública aprueban el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión solicita al secretario de Seguridad Pública federal y al procurador general de la República que informen a ésta sobre las bases legales que sustentan la unificación de la PFP y la AFI, de la creación de un nuevo cuerpo federal de policía, así como de las particularidades operativas, administrativas y de carácter estructural de éste.

Palacio Legislativo en San Lázaro, a 9 de octubre de 2008.
La Comisión de Seguridad Pública, diputados: Juan Francisco Bedoya (rúbrica), presidente; Édgar Armando Olvera Higuera (rúbrica), Armando Barreiro Pérez (rúbrica), Luis Gerardo Serrato Castell (rúbrica), Patricia Villanueva Abraján (rúbrica), Ma. de los Ángeles Jiménez del Castillo (rúbrica), Luis Gerardo Serrato Castell , David Mendoza Arellano (rúbrica), Jesús Sergio Alcántara Núñez (rúbrica), Miguel Ángel Arellano Pulido , Roberto Badillo Martínez , Gregorio Barradas Miravete , Manuel Cárdena Fonseca, Ángel Rafael Deschamps Falcón (rúbrica), Yary del Carmen Gebhardt Garduza , Jorge Justiniano González Betancourt , Agustín Leura González (rúbrica), Andrés Lozano Lozano , Carlos Madrazo Limón (rúbrica), Efraín Morales Sánchez , José Luis Murillo Torres (rúbrica), Silvia Oliva Fragoso , Manuel Salvador Salgado Amador (rúbrica), Josefina Salinas Pérez (rúbrica), Layda Elena Sansores San Román (rúbrica), Francisco Javier Santos Arreola (rúbrica), Martín Stefanonni Mazzocco (rúbrica), Carlos Torres Torres (rúbrica).»

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Gracias, diputada. Está a discusión el punto de acuerdo. En virtud de que no se ha registrado orador alguno, se considera suficientemente discutido y se reserva para su votación económica en conjunto.



ESTADO DE TABASCO

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: «Dictamen de la Comisión de Derechos Humanos, con punto de acuerdo para exhortar al gobernador de Tabasco a atender la recomendación emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos el 27 de diciembre de 2006

Honorable Asamblea:

La Comisión de Derechos Humanos, con fundamento en los artículos 39, y 45 numeral 6, incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículo 65, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a la honorable Asamblea el siguiente:

Dictamen

Antecedentes

A la Comisión de Derechos Humanos le fue turnada para su estudio y dictamen, el expediente No. D.G.P.L. 60-II-4-675, que contiene la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo del estado de Tabasco, acate la recomendación emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el pasado 27 de diciembre de 2006, presentado por el diputado Pedro Landero López , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, el día 26 de abril de 2007.

Finalidad de la proposición con punto de acuerdo

Que el Ejecutivo del estado de Tabasco, acate la recomendación emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el 27 de diciembre de 2006.

Consideraciones

La violencia política es el peor lastre para las democracias modernas, el uso de la agresión física a través de los instrumentos del Estado significa represión y autoritarismo, la omisión y la falta de denuncia de la misma nos convierte en cómplices de regímenes corruptos. Las diputadas y los diputados de esta Comisión de Derechos Humanos coincidimos con el anterior enunciado condenando todo acto de agresión o que genere violencia por falte de injerencias o acuerdos políticos, el presente punto de acuerdo que se dictamina se deriva de los hechos acontecidos en octubre de 2006 en el estado de Tabasco, de los cuales existe recomendación formulada por la CNDH en la cual se indica que:

El 13 de octubre de 2006 se recibió la queja del señor Horacio Duarte Olivares, quien manifestó que la noche anterior diversas personas habían sido detenidas por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Tabasco (SSPET), sin mediar orden de aprehensión o detención; que fueron sometidas a tratos crueles e incluso a tortura.

Del análisis lógico-jurídico de los hechos y de las evidencias que integran el expediente de queja 2006/4808/5/Q, para esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos quedó acreditado que fueron vulnerados los derechos humanos a la legalidad, a la seguridad jurídica, a la integridad y a la seguridad personales, así como al trato digno, en agravio de los señores Antonio Guerrero García, Gilberto Daniel García Hermosillo, Guadalupe Alberto Cristerna Soto, Gustavo Raudel Mitre Ayala, Jesús Antonio Ramírez Arias, Jesús Lucano Herrera Ochoa, Manuel Alejandro Robles Gómez y Pedro Ballesteros López, por parte de servidores públicos de la SSPET, en atención a las siguientes consideraciones:

La coincidencia que existe entre las declaraciones rendidas el 12 de octubre de 2006 por cuatro de los agraviados, ante el Ministerio Público, y lo referido por todos ellos a visitadores adjuntos de este organismo nacional, durante las entrevistas que les fueron practicadas por separado, así como los resultados obtenidos de las valoraciones médicas que un perito médico de esta Comisión Nacional llevó a cabo el 14 del mes y año citados, en la que cuatro agraviados presentaron lesiones; los resultados de las opiniones médico-psicológicas que tres psicólogos de esta Comisión Nacional emitieron con motivo de la evaluación que llevaron a cabo a seis de los agraviados, en la que se refiere que los hallazgos encontrados en las personas evaluadas son coincidentes entre sí, y se refieren a secuelas psicológicas producidas por tratos crueles inhumanos y degradantes y/o tortura, que ya se han detectado en casos documentados y que demuestran la presencia del padecimiento del trastorno por estrés postraumático, todo ello como parte de la aplicación del Protocolo de Estambul.

Las diputadas y los diputados de esta Comisión de Derechos Humanos hemos conocido y escuchado a través de diferentes medios de las circunstancias sociales y políticas que se dieron en el estado de Tabasco en ese entonces y como ya fue expresado estamos en contra de cualquier forma o acto que tenga como consecuencia la violación de los derechos humanos de toda persona sin importar sus condiciones sociales, económicas y políticas de la persona, por lo que aprobamos el presente punto de acuerdo.

Por las consideraciones anteriormente expuestas, esta Comisión de Derechos Humanos, somete a la consideración de la honorable Asamblea el siguiente:

Proyecto de dictamen de proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo del estado de Tabasco a acatar la recomendación emitida por la CNDH el 27 de diciembre de 2006.

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al titular del Ejecutivo del estado de Tabasco a que acate la recomendación emitida por el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos el pasado 27 de diciembre de 2006.

Salón de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos, Palacio Legislativo de San Lázaro, México, DF, a 8 de octubre de 2008.
La Comisión de Derechos Humanos, diputados: Omeheira López Reyna (rúbrica), presidenta; Arturo Flores Grande , María Dolores González Sánchez (rúbrica), Alliet Mariana Bautista Bravo (rúbrica), Yary del Carmen Gebhardt Garduza (rúbrica), María Mercedez Maciel Ortíz (rúbrica) secretarios; José Antonio Almazán González (rúbrica), Silvia Emilia Degante Romero , Nemesio Domínguez Domínguez (rúbrica), Adriana Dávila Fernández (rúbrica), Martha Cecilia Díaz Gordillo , Rutilio Cruz Escandón Cadenas , Alberto Esteva Salinas , Jorge Justiniano González Betancourt (rúbrica), Sonia Nohelia Ibarra Franquez, José Jacques y Medina , María Soledad Limas Frescas (rúbrica), Alberto López Rojas (rúbrica), Rubí Laura López Silva (rúbrica), Dolores de María Manuell-Gómez Angulo (rúbrica), Carlos Alberto Navarro Sugich (rúbrica), José Guadalupe Rivera Rivera (rúbrica), Rosa Elva Soriano Sánchez (rúbrica), Eva Angelina Sánchez Valdez (rúbrica), Jesús Humberto Zazueta Aguilar .»

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Está a discusión el punto de acuerdo. En virtud de que no se ha registrado orador alguno, se considera suficientemente discutido.

Por tanto, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueban los puntos de acuerdo.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: En votación económica se pregunta si se aprueban los puntos de acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Ciudadano presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Aprobados los puntos de acuerdo. Comuníquense.

La Presidencia informa que se acaban de recibir oficios de la Secretaría de Gobernación. Proceda la Secretaría a leerlos.



LEY DE LA POLICIA FEDERAL

La Secretaria diputada Margarita Arenas Guzmán: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

Por instrucciones del Presidente de la República y en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 71, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito remitir la iniciativa de decreto por el que se expide la Ley de la Policía Federal, documento que el titular del Ejecutivo federal propone por el digno conducto de este órgano legislativo.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente
México, DF, a 21 de octubre de 2008.--- El subsecretario Cuauhtémoc Cardona Benavides.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Presidencia de la República.

Presidente de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presente.

La reforma constitucional en materia de seguridad pública y justicia penal publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008 produjo un cambio singular en la preservación del Estado de derecho y en la administración de justicia en México.

La reforma logró el consenso de las diferentes fuerzas políticas en el H. Congreso de la Unión, en pos de la mejora y consolidación del sistema de justicia y de las instituciones encargadas de la seguridad pública en nuestro país.

Una fuente de derecho se conforma por el conjunto de hechos reconocidos como apropiados para crear normas de un orden jurídico, de ello deriva la validez material de las disposiciones normativas, punto esencial en la eficacia del derecho.

Así, con las recientes modificaciones a los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 73, 115 y 123 constitucionales, el legislador mexicano partió de una realidad social que sirvió de eje a su trabajo de análisis y reflexión parlamentaria, entorno que se caracteriza en los últimos años por el desafío constante de las organizaciones criminales a la capacidad del Estado mexicano en el combate a la delincuencia y en la cual, es innegable que ésta ha vulnerado las instituciones policiales del país en el recurso más importante con el que éstas cuentan, que es el factor humano.

En este contexto, el Constituyente permanente recogió las demandas de una sociedad lesionada por el crimen organizado, al establecer en la cúspide del orden jurídico nacional, el reconocimiento de la seguridad pública como una garantía que se debe hacer efectiva en el orden público y traducirse en la vida ordinaria de los gobernados.

En un Estado democrático y progresista como el nuestro, la seguridad es un factor coadyuvante del bienestar social y de la calidad de vida, por ello la reforma constitucional establece un nuevo desarrollo para la seguridad pública, que trasciende en una nueva cultura y concepción de la seguridad para los mexicanos, y que a su vez pasa necesariamente por dotar a las instituciones policiales de mayores atribuciones encaminadas a que éstas colmen con mejores métodos y técnicas las funciones de prevención, investigación y combate de los delitos.

Así pues, la consolidación del Estado de derecho por medio de la salvaguarda de la libertad, el orden y la paz pública, se constituye en la razón de ser de la actividad policial.

Ese fue el sentido inicial en 1999, cuando se crea la Policía Federal Preventiva, cuya organización quedó instituida en su respectiva ley y reglamento, y su profesionalización fue estipulada a partir de una serie de normas compiladas en los códigos de ética de la misma institución; no obstante, tras diversos intentos de instituir una norma con un enfoque claramente orientado hacia el servicio policial de carrera, no se logró establecer una institución sólida capaz incluso de forjar un sistema que pudiera fungir como modelo de organización y gestión para todas las policías del país.

Del mismo modo, las diversas reformas aprobadas a la ley que la creó, no han logrado los frutos esperados y en la práctica, la operatividad de la Policía Federal Preventiva estuvo acotada por la ausencia de palancas normativas que impulsaran su desarrollo pleno.

Ante estos hechos la reforma constitucional publicada el 18 de junio de 2008, trascendió a la estrategia integral de prevención del delito y combate a la delincuencia, ordenando una alineación de las capacidades del Estado mexicano contra el crimen organizado; en este aspecto, reconoció las facultades de investigación para el combate y prevención del delito a las instituciones policiales, que en el ejercicio de aquella función continuarán actuando bajo la conducción jurídica y mando del Ministerio Público, pero con mayor fuerza institucional en la investigación a través de métodos científicos.

Por ello, la presente iniciativa propone la transformación de la actual Policía Federal Preventiva para constituir la Policía Federal, que asumirá las responsabilidades que por disposición constitucional corresponden a la Federación en materia de seguridad pública, pues como institución profesional, requiere el establecimiento de atribuciones acorde a una corporación que responda a las necesidades técnicas, logísticas y operativas que la situación le demanda, con una línea de mando precisa y competencias delimitadas.

En lo operativo, se propone anular el requisito de los acuerdos previos entre dos o más dependencias, se dispondría de un solo centro de información de y para sus actividades, y se facilitaría la coordinación con otros cuerpos de seguridad en el ámbito federal.

El instrumento legal que se propone, recoge los principios que rigen la actuación de las instituciones policiales, previstos en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos., Mexicanos, las facultades en materia de prevención de los delitos, la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, al tiempo que se erige sobre las bases mínimas a que está sujeto el Sistema Nacional de Seguridad Pública.

La actualización de los ordenamientos jurídicos se hace imprescindible, toda vez que de ello depende la legalidad de los actos de autoridad que ejerza la Policía Federal en el ejercicio de las facultades constitucionalmente conferidas.

La iniciativa para la constitución de la policía federal tiene sustento en el artículo 73, fracción XXIII, parte final, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone como facultad del Congreso de la Unión expedir leyes que establezcan las bases para la organización y funcionamiento; el ingreso, selección, promoción y reconocimiento de los integrantes de las instituciones de seguridad pública en el ámbito federal.

Con esta iniciativa, se pretende ordenar las tareas de combate a la delincuencia y establecer una institución policial con una esfera de competencia claramente delimitada a las funciones de prevención del delito e investigación para hacer efectiva, con una sola adscripción administrativa y un mando único centralizado, dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública.

Se pretende investir a la Policía Federal de autonomía técnica y operativa en el ejercicio de sus funciones. Se propone determinar que su ámbito de competencia será todo el territorio nacional, exclusivamente en lo que se refiere a la materia federal y con estricta observancia de las esferas y funciones que constitucionalmente corresponden a las entidades federativas y a los municipios.

Entre sus facultades estará:

I . Salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos;
II . Aplicar y operar la política de seguridad pública en materia de prevención y combate de delitos, diseñada por la Secretaría de Seguridad Pública;
III . Investigar la comisión de delitos bajo la conducción del Ministerio Público de la Federación, en términos de las disposiciones aplicables, y
IV . Prevenir la comisión de los delitos mediante la investigación y persecución para hacerla efectiva.

La expedición de la Ley de la Policía Federal que se somete a consideración de esa honorable soberanía presenta el siguiente perfil de su estructura y contenido:

1 . En el Capítulo I, Disposiciones Generales, se alude a los objetivos de la Policía Federal los cuales consisten en salvaguardar la integridad y derechos de las personas, preservar las libertades, el orden y la paz públicos, investigar la comisión de delitos bajo la conducción del Ministerio Público, prevenir la comisión de éstos, bajo los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y el respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución.
2 . El Capítulo II establece la Organización y Funcionamiento de la institución, en el que se incluye a su titular, el comisionado general de la Policía Federal quien tendrá el más alto rango de la corporación.
Asimismo y como aspecto fundamental incluye las atribuciones de la Policía Federal dentro de las que se destacan las relativas a la investigación para prevenir los delitos y las que la facultan para realizar la investigación y persecución de los delitos que realizará bajo la conducción y mando del Ministerio Público de la Federación.
3. En el Capítulo III, Personal Activo de la Institución, se contempla básicamente cómo se regulará la relación laboral entre la Policía Federal y su personal, en términos de la fracción XIII, Apartado B, del artículo 123 Constitucional.
4. El servicio profesional de carrera policial se encuentra en el Capítulo IV, en el que se establecen las normas que regirán el servicio profesional de carrera policial de la Policía Federal, que tienen por objeto garantizar la igualdad de oportunidades en el reclutamiento, selección, ingreso, permanencia, promoción, profesionalización, el régimen de estímulos y la conclusión del servicio, asimismo, se regulan los requisitos de ingreso y de permanencia de los integrantes.
5 . En el régimen disciplinario previsto en el Capítulo V, se determina la disciplina como la base del funcionamiento y organización de las instituciones en el cual los integrantes de la Policía Federal sujetarán su conducta a la observancia de las leyes, órdenes y jerarquías, así como a la obediencia y alto concepto del honor, de la justicia y de la ética, cumpliendo en todo momento los deberes que tienen encomendados. Por otra parte, quedan establecidas las sanciones que habrá de aplicar el Consejo Federal a los integrantes de la Policía Federal.
6 . El Capítulo VI establece la conclusión del servicio, entendida como la terminación del nombramiento de un integrante de la Policía Federal o cesación de sus efectos legales cuando se actualizan los supuestos de separación, remoción o baja contenidos en dicho capítulo.
7. Asimismo, se consideró en el Capítulo VII la creación de una instancia colegiada denominada Consejo Federal, la cual tendrá entre otras funciones las de normar, conocer y resolver toda controversia que se suscite en relación con los procedimientos del servicio profesional de carrera, el régimen disciplinario, la profesionalización y la certificación de los integrantes de la corporación.
8 . En el Capítulo VIII se estableció el procedimiento que deberá seguirse a los integrantes por incumplimiento a los requisitos de permanencia o por infracciones al régimen disciplinario, ante el Consejo Federal, quien en todo momento salvaguardará la garantía de audiencia de los integrantes.
La iniciativa que se presenta incorpora la suspensión temporal del servidor público, como una figura procesal que se utiliza en investigaciones administrativas como las que lleva a cabo la Secretaría de la Función Pública, y sirve a la autoridad que realiza una investigación dentro de un procedimiento disciplinario, para garantizar la debida integración del expediente.
La figura se justifica en esta ley porque tratándose de miembros de una institución policial que manejan información confidencial y datos con los que se planean los operativos, se hace necesario que el elemento, previa o posteriormente a la notificación del inicio del procedimiento, no continúe desarrollando temporalmente sus funciones, hasta en tanto la autoridad determina lo procedente, salvaguardando con ello el interés público, que es la razón de ser de las instituciones policiales.
9 . Del mismo modo y atendiendo a las facultades de investigación en términos de las disposiciones constitucionales contenidas en el artículo 21, la iniciativa prevé el Capítulo IX, Del Auxilio a la Policía Federal y de los Servicios Técnicos Especializados, el cual establece como auxiliares de la Policía Federal los servicios técnicos especializados de la Secretaría de Seguridad Pública, las policías del Distrito Federal, de los estados y de los municipios; los capitanes, patrones o encargados de naves o aeronaves nacionales; el servicio de protección federal, y los particulares que presten servicios de seguridad privada.
10 . El Capítulo X prevé la coordinación y cooperación con otras autoridades, en términos de la cual se realizará el ejercicio de las funciones de investigación, persecución y combate a los delitos, con la finalidad de que éstas se lleven a cabo en el marco de la legalidad y las formalidades esenciales necesarias para que tales actuaciones puedan presentarse como evidencias ante los tribunales.

En suma, se pretenden ampliar y perfeccionar las atribuciones de la Policía Federal, la cual con los nuevos aspectos que se contemplan en la iniciativa y que no eran exigibles en 1999, tiende a servir de modelo por su organización interna, operación y métodos, a las corporaciones locales y municipales.

La expedición de la Ley de la Policía Federal es necesaria y oportuna.

Necesaria en cuanto a la adecuación normativa de un ente jurídico en proceso de transformación, y oportuna en cuanto a que éste es el momento que la sociedad reclama para dotar a su Policía Federal de mayor fuerza institucional.

Por lo expuesto y con fundamento en la facultad que me confiere el artículo 71, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del honorable Congreso de la Unión la siguiente iniciativa de

Decreto por el que se expide la Ley de la Policía Federal

Artículo Único. Se expide la Ley de la Policía Federal.

Capítulo I Disposiciones Generales

Artículo 1. La presente Leyes reglamentaria del artículo 21 constitucional en lo relativo a la regulación de la organización y funcionamiento de la Policía Federal como responsable de la seguridad pública en el ámbito de competencia que establece esta Ley y las disposiciones aplicables. Es de orden público y de aplicación en todo el territorio nacional.

Artículo 2. La Policía Federal dependerá de la Secretaría de Seguridad Pública, con autonomía técnica y operativa en el ejercicio de sus atribuciones, cuyos objetivos serán los siguientes:

I. Salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos;
II. Aplicar y operar la política de seguridad pública en materia de prevención y combate de delitos;
III. Investigar la comisión de delitos bajo la conducción y mando del Ministerio Público de la Federación, en términos de las disposiciones aplicables, y
IV. Prevenir la comisión de los delitos mediante la investigación y demás acciones conforme a las disposiciones legales aplicables.

Artículo 3. Serán principios rectores en el ejercicio de las funciones y acciones que en materia de prevención, combate e investigación de los delitos le competen a la Policía Federal, los de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y el respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 4. Para efectos de la presente Ley se entenderá por:

I. Carrera Policial, al Servicio Profesional de Carrera Policial de la Policía Federal;
II. Centro de Control de Confianza, al Centro de Evaluación y Control de Confianza de la Secretaría;
III . Consejo Federal, al Consejo Federal de Desarrollo Policial;
IV . Integrantes, a los miembros de la Policía Federal;
V . Ley, a la presente Ley de la Policía Federal;
VI . Ministerio Público, al Ministerio Público de la Federación;
VII . Plataforma México, al sistema tecnológico de intercambio de información de voz, datos y video de la Secretaría;
VIII . Reglamento, al Reglamento de esta ley;
IX . Secretaría, a la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno federal;
X . Secretario, al titular de la Secretaría, y
XI . Subsecretario, al titular de la Subsecretaría de Estrategia e Inteligencia Policial de la Secretaría.

Capítulo II De la Organización y Funcionamiento De la Policía Federal

Artículo 5. El comisionado general de la Policía Federal tendrá el más alto rango en la institución sobre la cual ejercerá las atribuciones de mando, dirección y disciplina, y será nombrado y removido libremente por el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a propuesta del secretario.

Artículo 6. Para ser comisionado general de la Policía Federal deberán cumplirse los requisitos siguientes:

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento que no tenga otra nacionalidad, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles;
II. Tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la designación;
III . Ser de notoria buena conducta, no haber sido condenado por sentencia irrevocable por delito doloso, ni estar sujeto a proceso penal;
IV . Tener grado de licenciatura o su equivalente;
V . Comprobar una experiencia mínima de cinco años en labores vinculadas con la seguridad pública, y
VI . No estar suspendido o inhabilitado, ni haber sido destituido por resolución firme como servidor público.

Artículo 7. La Policía Federal tendrá las atribuciones siguientes:

I . Prevenir la comisión de delitos y las faltas administrativas que determinen las leyes federales;
II . Intervenir en materia de seguridad pública, en coadyuvancia con las autoridades competentes, en la observancia y cumplimiento de las leyes;
III . Salvaguardar la integridad de las personas, garantizar, mantener y restablecer el orden y la paz públicos, así como prevenir la comisión de delitos, en:
a) Las zonas fronterizas y en la tierra firme de los litorales, la parte perteneciente al país de los pasos y puentes limítrofes, las aduanas, recintos fiscales, secciones aduaneras, garitas, puntos de revisión aduaneros, los centros de supervisión y control migratorio, las carreteras federales, las vías férreas, los aeropuertos, los puertos marítimos autorizados para el tráfico internacional, el espacio aéreo y los medios de transporte que operen en las vías generales de comunicación, así como sus servicios auxiliares;
b) Los parques nacionales, las instalaciones hidráulicas y vasos de las presas, los embalses de los lagos y los cauces de los ríos;
c) Los espacios urbanos considerados como zonas federales, así como en los inmuebles, instalaciones y servicios dependientes de la federación, y
d) Todos aquellos lugares, zonas o espacios del territorio nacional sujetos a la jurisdicción federal, conforme a lo establecido por las leyes respectivas.
IV. Realizar investigación para la prevención de los delitos;
V. Efectuar tareas de investigación para la prevención de infracciones administrativas en el ámbito de su competencia;
VI. Realizar bajo la conducción y mando del Ministerio Público las investigaciones de los delitos cometidos, así como las actuaciones que le instruya éste o la autoridad jurisdiccional conforme a las normas aplicables;
VII. Informar al inculpado al momento de su detención sobre los derechos que en su favor establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
VIII. Poner a disposición de la autoridad competente a los menores de edad que hubieren incurrido en acciones u omisiones correspondientes a ilícitos tipificados por las leyes penales federales;
IX. Recibir las denuncias sobre hechos que puedan ser constitutivos de delitos, cuando debido a las circunstancias del caso, aquéllas no puedan ser formuladas directamente ante el Ministerio Público, al que deberán informar de inmediato, así como de las diligencias practicadas, en términos de las disposiciones aplicables.
X. Verificar la información de las denuncias que le sean presentadas cuando éstas no sean lo suficientemente claras o la fuente no esté identificada, e informará al Ministerio Público para que, en su caso, le dé trámite legal o la deseche de plano;
XI. Practicar las diligencias necesarias que permitan el esclarecimiento de los delitos y la identidad de los probables responsables, en cumplimiento de los mandatos del Ministerio Público;
XII. Efectuar las detenciones en casos de urgencia y flagrancia, conforme lo dispuesto en el artículo 16 de la Constitución federal y el Código Federal de Procedimientos Penales;
XIII. Participar en la investigación ministerial, en la detención de personas y en el aseguramiento de bienes que el Ministerio Público considere se encuentren relacionados con los hechos delictivos, observando las disposiciones constitucionales y legales aplicables;
XIV. Registrar de inmediato la detención en el Registro Nacional de Detenciones de Plataforma México, así como remitir sin demora y por cualquier medio la información al Ministerio Público;
XV. Poner a disposición de las autoridades competentes, sin demora alguna, a las personas detenidas y los bienes que se encuentren bajo su custodia, observando en todo momento el cumplimiento de los plazos constitucionales y legales establecidos;
XVI. Preservar el lugar de los hechos y la integridad de los indicios, huellas o vestigios del hecho delictuoso, así como los instrumentos, objetos o productos del delito. Las unidades facultadas para el procesamiento del lugar de los hechos, deberán fijar, señalar, levantar, embalar y entregar la evidencia física al Ministerio Público, conforme al procedimiento previamente establecido por éste y en términos de las disposiciones aplicables;
XVII. Proponer al Ministerio Público que requiera a las autoridades competentes, informes y documentos para fines de la investigación;
XVIII. Garantizar que se asiente constancia de cada una de sus actuaciones, así como llevar un control y seguimiento de éstas. Durante el curso de la investigación ministerial deberán elaborar informes sobre el desarrollo de la misma, y rendirlos al Ministerio Público, sin perjuicio de los informes que éste le requiera;
XIX. Emitir los informes, partes policiales y demás documentos que se generen, con los requisitos de fondo y forma que establezcan las disposiciones aplicables, para tal efecto se podrán apoyar en los conocimientos que resulten necesarios;
XX. Establecer y operar, en el ámbito de su competencia, un sistema de recompensas para la prevención de los delitos y la investigación necesaria para hacerla efectiva, conforme a la disponibilidad presupuestaria;
XXI. Proporcionar atención a víctimas, ofendidos o testigos del delito; para tal efecto deberá:
a) Prestar protección y auxilio inmediato, de conformidad con las disposiciones legales aplicables;b) Procurar que reciban atención médica y psicológica cuando sea necesaria;c) Adoptar las medidas que se consideren necesarias tendentes a evitar que se ponga en peligro su integridad física y psicológica, en el ámbito de su competencia;d) Preservar los indicios y elementos de prueba que la víctima y ofendido aporten en el momento de la intervención policial y remitirlos sin demora al Ministerio Público encargado del asunto para que éste acuerde lo conducente, ye) Asegurar que puedan llevar a cabo la identificación del imputado sin riesgo para ellos.
XXII. Dar cumplimiento a las órdenes de aprehensión y demás mandatos ministeriales y jurisdiccionales de que tenga conocimiento con motivo de sus funciones;
XXIII. Entrevistar a los testigos presumiblemente útiles para descubrir la verdad. De las entrevistas que se practiquen se dejará constancia y se utilizarán meramente como un registro de la investigación, que para tener valor probatorio, deberán ser ratificadas ante la autoridad ministerial o judicial que corresponda, en términos de las disposiciones aplicables;
XXIV. Reunir la información que pueda ser útil al Ministerio Público que conozca del asunto, para acreditar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del imputado, conforme a las instrucciones de aquél;
XXV. Incorporar a las bases de datos criminalísticos de Plataforma México, la información que pueda ser útil en la investigación de los delitos, y utilizar su contenido para el desempeño de sus atribuciones;
XXVI. Recabar los datos que sirvan para la identificación de los involucrados en la investigación del delito;
XXVII. Colaborar, cuando así lo soliciten otras autoridades federales, para el ejercicio de sus funciones de vigilancia, verificación e inspección que tengan conferidas por disposición de otras leyes;
XXVIII. Solicitar a las autoridades competentes informes y documentos a los que se pueda acceder conforme a las disposiciones legales aplicables, y que requiera para el desempeño de sus funciones;
XXIX. Colaborar, cuando así lo soliciten las autoridades locales y municipales competentes, en la protección de la integridad física de las personas y en la preservación de sus bienes, en situaciones de peligro, cuando se vean amenazadas por disturbios u otras situaciones que impliquen violencia o riesgo inminente; prevenir la comisión de delitos; así como garantizar, mantener y restablecer la paz y el orden públicos;
XXX. Participar en operativos conjuntos con otras autoridades federales, locales o municipales, que se lleven a cabo conforme a lo dispuesto en la legislación relativa al Sistema Nacional de Seguridad Pública;
XXXI. Obtener, analizar y procesar información así como realizar las acciones que, conforme a las disposiciones aplicables, resulten necesarias para la prevención de delitos, sea directamente o mediante los sistemas de coordinación previstos en otras leyes federales;
XXXII. Vigilar e inspeccionar, para fines de seguridad pública, la zona terrestre de las vías generales de comunicación y los medios de transporte que operen en ellas;
XXXIII. Vigilar, supervisar, asegurar y custodiar, a solicitud de la autoridad competente, las instalaciones de los centros federales de detención, reclusión, readaptación y reinserción social, con apego a los derechos humanos reconocidos en la Constitución federal;
XXXIV. Levantar las infracciones e imponer las sanciones por violaciones a las disposiciones legales y reglamentarias relativas al tránsito en los caminos y puentes federales, así como a la operación de los servicios de auto-transporte federal, sus servicios auxiliares y transporte privado cuando circulen en la zona terrestre de las vías generales de comunicación;
XXXV. Ejercer, para fines de seguridad pública, la vigilancia e inspección sobre la entrada y salida de mercancías y personas en los aeropuertos, puertos marítimos autorizados para el tráfico internacional, en las aduanas, recintos fiscales, secciones aduaneras, garitas y puntos de revisión aduaneros; así como para los mismos fines sobre el manejo, transporte o tenencia de dichas mercancías en cualquier parte del territorio nacional;
XXXVI. Colaborar, a solicitud de las autoridades competentes, con los servicios de protección civil en casos de calamidades, situaciones de alto riesgo o desastres por causas naturales;
XXXVII. Ejercer en el ámbito de su competencia, y en coordinación con el Instituto Nacional de Migración, las facultades que en materia migratoria prescriben la Ley General de Población, su Reglamento y demás disposiciones legales;
XXXVIII. Investigar, en coordinación con el Instituto Nacional de Migración, si los extranjeros que residen en territorio nacional cumplen con las obligaciones migratorias establecidas en las disposiciones legales aplicables;
XXXIX. Apoyar el aseguramiento que realice el Instituto Nacional de Migración y, en su caso, resguardar a solicitud del Instituto las estaciones migratorias a los extranjeros que violen la Ley General de Población, cuando el caso lo amerite;
XL. Estudiar, planificar y ejecutar los métodos y técnicas de combate a la delincuencia;
XLI. Suscribir todo tipo de convenios o instrumentos jurídicos con otras autoridades de los tres órdenes de gobierno y. organizaciones no gubernamentales para el desempeño de sus atribuciones;
XLII. Colaborar y prestar auxilio a las policías de otros países, conforme a lo establecido en los tratados o acuerdos internacionales, bajo la supervisión de la Secretaría, y
XLIII. Las demás que le confieran esta y otras leyes.

Artículo 8. Las Secretarías de Seguridad Pública, de Hacienda y Crédito Público, y de la Función Pública, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán mecanismos administrativos, presupuestarios y de control, aplicables de manera específica a las funciones y actividades excepcionales de la Policía Federal que requieran realizarse con riesgo o urgencia.

Artículo 9. Son atribuciones del comisionado general de la Policía Federal:

I. Ejercer atribuciones de mando, dirección y disciplina de la Corporación Policial;
II. Proponer al Secretario a política en materia policial;
III. Vigilar, en el área de su competencia, el cumplimiento de las disposiciones legales y administrativas en materia de protección de derechos humanos;
IV. Ejercer los recursos que se aporten para la operación y funcionamiento de la Policía Federal;
V. Promover la realización de cursos, seminarios o eventos con instituciones nacionales y extranjeras similares a la Policía Federal;
VI. Proponer y celebrar convenios y demás actos jurídicos, así como llevar a cabo todas aquellas actividades directamente relacionadas con el ámbito de competencia de la Policía Federal;
VII. Proponer al Subsecretario, los anteproyectos de Reglamento, manuales, acuerdos, circulares, memorando, instructivos, bases y demás normas administrativas para el buen funcionamiento de la corporación y sugerir adecuaciones al marco normativo de la Policía Federal;
VIII. Proponer al Subsecretario los nombramientos de los mandos superiores de la Policía Federal, de acuerdo a lo establecido en esta Ley y su Reglamento;
IX. Designar a los integrantes en cargos administrativos o de dirección de la estructura orgánica de la propia institución y relevarlos libremente de los mismos, respetando su grado policial y derechos inherentes a la Carrera Policial;
X. Otorgar, en términos que establezca el Reglamento, los grados policiales homólogos;
XI. Adscribir funcionalmente, con la aprobación del secretario y conforme a esta ley y su Reglamento, las unidades administrativas a su mando, mediante acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación;
XII. Informar al secretario y al subsecretario, con la periodicidad que ellos determinen, sobre el desempeño de las atribuciones de la Policía Federal y de los resultados alcanzados;
XIII. Formar parte del Consejo Federal, por sí o por conducto de quien designe;
XIV. Establecer la coordinación con autoridades federales, estatales, del Gobierno del Distrito Federal y municipales en el ámbito de su competencia;
XV. Llevar a cabo, previo acuerdo de subsecretario, las relaciones de colaboración y auxilio con las autoridades policiales de otros países, conforme a lo establecido en tratados, convenios y acuerdos internacionales, y
XVI. Las demás que expresamente las leyes federales le confieran.

Artículo 10. Las relaciones jerárquicas en la Policía Federal, sus estructuras normativas y operativas, su organización territorial, las demás atribuciones de mando, dirección y disciplina, así como otros componentes de su régimen interno, serán determinados en el Reglamento.

Artículo 11. En el desempeño de sus atribuciones y obligaciones, la Policía Federal y su comisionado general tendrán el apoyo de las unidades administrativas que establezca el Reglamento Interior de la Secretaría.

Artículo 12. Las secretarías de Gobernación, de Hacienda y Crédito Público, así como aquellas dependencias y entidades de la administración pública federal, cuyas atribuciones se relacionen con las de la Policía Federal, se coordinarán con esta última para el despacho y operación de los asuntos relativos a la seguridad pública a cargo de la federación.

Esta instancia de coordinación estará presidida por el representante que determine el titular de la Secretaría.

Capítulo III Del Personal Activo

Artículo 13. La relación entre la Policía Federal y su personal se regulará por lo dispuesto en la fracción XIII, apartado B, del artículo 123 Constitucional, la presente Ley y las demás disposiciones aplicables.

Los integrantes podrán ser separados de su cargo si no cumplen con los requisitos que esta ley señala para permanecer en la institución, o removidos por incurrir en responsabilidad en el desempeño de sus funciones, sin que proceda su reinstalación o restitución, cualquiera que sea el juicio o medio de defensa para combatir la separación o la remoción.

Si la autoridad jurisdiccional resuelve que la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio fue injustificada, la Policía Federal sólo estará obligada a pagar la indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho, sin que en ningún caso proceda su reincorporación o reinstalación a la Policía Federal.

La indemnización a que se refiere el artículo anterior consistirá en:

I. Veinte días de salario por cada uno de los años de servicios prestados, si la relación de servicio fuere por tiempo indeterminado, y
II. Además, en el importe de tres meses de salario base.

La desobediencia o incumplimiento de los deberes previstos en esta ley, será invariablemente causa de responsabilidad.

Tal circunstancia será inscrita en el Registro Nacional correspondiente.

Artículo 14. La actuación de los miembros de la Policía Federal se sujetará, invariablemente, a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución.

Capítulo IV Del Servicio Profesional de Carrera Policial

Artículo 15. La Carrera Policial comprende el grado policial, la antigüedad, las insignias, condecoraciones, estímulos y reconocimientos obtenidos, el resultado de los procesos de promoción, así como el registro de las correcciones disciplinarias y sanciones que, en su caso, haya acumulado el integrante. Se regirá por las normas siguientes:

I. La Policía Federal deberá consultar los antecedentes de cualquier aspirante en el Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública antes de que se autorice su ingreso a la misma;
II. Todo aspirante deberá tramitar, obtener y mantener actualizado el Certificado Único Policial, que expedirá el Centro de Control de Confianza, conforme al protocolo aprobado por el Centro Nacional de Evaluación y Control de Confianza;
III. Ninguna persona podrá ingresar a la Policía Federal si no ha sido debidamente certificada y registrada en el Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública de Plataforma México;
IV. Sólo ingresarán y permanecerán en la Policía Federal aquellos aspirantes e integrantes que cursen y aprueben los programas de formación, capacitación y profesionalización;
V. La permanencia de los integrantes está condicionada al cumplimiento de los requisitos que determine la Ley y su Reglamento;
VI. Los méritos de los integrantes serán evaluados por el Consejo Federal, encargado de determinar las promociones y verificar que se cumplan los requisitos de permanencia;
VII. El reglamento establecerá los criterios para la promoción de los miembros de la Policía Federal que deberán ser, por lo menos, los resultados obtenidos en los programas de profesionalización, los méritos demostrados en el desempeño de sus funciones y sus aptitudes de mando y liderazgo;
VIII. El Reglamento establecerá un régimen de estímulos y previsión social que corresponda a las funciones de los integrantes;
IX. Los integrantes podrán ser cambiados de adscripción, con base en las necesidades del servicio, sin que esa adscripción implique inamovilidad en la sede a la que fueron destinados;
X. El cambio de un integrante de un área operativa a otra de distinta especialidad sólo podrá ser autorizado por el Consejo Federal;
XI. Las sanciones de amonestación, suspensión o remoción que se apliquen a los integrantes, se determinarán mediante el procedimiento que señala la Ley y su Reglamento. En el procedimiento de aplicación de sanciones se salvaguardará en todo tiempo la garantía de audiencia;
XII. Los procedimientos para la selección, ingreso, formación, capacitación, adiestramiento, desarrollo, actualización, permanencia y promoción de integrantes serán establecidos en las disposiciones reglamentarias que al efecto se expidan, y
XIII. El Consejo Federal aplicará los procedimientos relativos a cada una de las etapas de la Carrera Policial.

La Carrera Policial es independiente de los nombramientos para desempeñar cargos administrativos o de dirección que el integrante llegue a desempeñar en la Policía Federal. En ningún caso los derechos adquiridos en la Carrera Policial implicarán inamovilidad en cargo o sede alguna.

Artículo 16. Para ingresar o permanecer en la Policía Federal se requiere:

A. Para el ingreso:

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles, sin tener otra nacionalidad;
II. Ser de notoria buena conducta, no haber sido condenado por sentencia irrevocable por delito doloso, ni estar sujeto a proceso penal;
III. En su caso, tener acreditado el Servicio Militar Nacional;
IV. Acreditar que ha concluido, al menos, los estudios siguientes:
a) En el caso de aspirantes a las áreas de investigación, enseñanza superior o equivalente;
b) Tratándose de aspirantes a las áreas de prevención, enseñanza media superior o equivalente, y
c) En caso de aspirantes a las áreas de reacción, los estudios correspondientes a la enseñanza media básica.
V. Aprobar el concurso de ingreso y los cursos de formación;
VI . Contar con los requisitos de edad y el perfil físico, médico y de personalidad que exijan las disposiciones aplicables;
VII . Aprobar los procesos de evaluación de control de confianza;
VIII . Abstenerse de hacer uso ilícito de sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras que produzcan efectos similares;
IX . No padecer alcoholismo;
X . Someterse a exámenes para comprobar la ausencia de alcoholismo o el no uso de sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras que produzcan efectos similares;
XI . No estar suspendido o inhabilitado, ni haber sido destituido por resolución firme como servidor público;
XII . Cumplir con los deberes establecidos en esta ley, y demás disposiciones que deriven de ésta;
XIII . Los demás que establezcan otras disposiciones legales aplicables.

B. Para la Permanencia:

I. Ser de notoria buena conducta, no haber sido condenado por sentencia irrevocable por delito doloso;
II. Mantener actualizado su Certificado Único Policial;
III. No superar la edad máxima de retiro que establezca el reglamento de la Ley, salvo lo previsto en el artículo 21;
IV . Acreditar que ha concluido, al menos, los estudios siguientes:
a) En el caso de integrantes de las áreas de investigación, enseñanza superior, equivalente u homologación por desempeño, a partir de bachillerato;
b) Tratándose de integrantes de las áreas de prevención, enseñanza media superior o equivalente, y
c) En caso de integrantes de las áreas de reacción, los estudios correspondientes a la enseñanza media básica.
V. Aprobar los cursos de formación, capacitación y profesionalización;
VI . Aprobar los procesos de evaluación de control de confianza;
VII . Aprobar las evaluaciones del desempeño;
VIII . Participar en los procesos de promoción o ascenso que se convoquen, conforme a las disposiciones aplicables;
IX . Abstenerse de hacer uso ilícito de sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras que produzcan efectos similares;
X . No padecer alcoholismo;
XI . Someterse a exámenes para comprobar la ausencia de alcoholismo o el no uso de sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras que produzcan efectos similares;
XII . No estar suspendido o inhabilitado, ni haber sido destituido por resolución firme como servidor público;
XIII . No ausentarse del servicio sin causa justificada, por un periodo de tres días consecutivos o de cinco días dentro de un término de treinta días;
XIV. Abstenerse de incurrir en cualquier acto u omisión que afecte la prestación del servicio;
XV. No incurrir en actos u omisiones que causen la pérdida de confianza, y
XVI. Las demás que establezcan las disposiciones legales aplicables.

Capítulo V Del Régimen Disciplinario

Artículo 17. La disciplina es la base del funcionamiento y organización de la Policía Federal, por lo que sus integrantes deberán sujetar su conducta a la observancia de las leyes, órdenes y jerarquías, así como a la obediencia y al alto concepto del honor, de la justicia y de la ética.

El régimen disciplinario se ajustará a los principios establecidos en la Constitución, la presente Ley y los ordenamientos legales aplicables y comprenderá las correcciones disciplinarias y sanciones que al efecto establezcan la Ley y su Reglamento.

Artículo 18. Son deberes de los integrantes:

I. Conducirse siempre con dedicación y disciplina, así como con apego al orden jurídico y respeto a los derechos humanos;
II. Prestar auxilio a las personas amenazadas por algún peligro o que hayan sido víctimas de algún delito, así como brindar protección a sus bienes y derechos. Su actuación será congruente, oportuna y proporcional al hecho;
III. Cumplir sus funciones con absoluta imparcialidad, sin discriminar a persona alguna por su raza, religión, sexo, condición económica o social, preferencia sexual, ideología política o por algún otro motivo;
IV. Abstenerse en todo momento y bajo cualquier circunstancia de infligir, tolerar o permitir actos de tortura u otros tratos o sanciones crueles, inhumanos o degradantes, aun cuando se trate de una orden superior o se argumenten circunstancias especiales, tales como amenaza a la seguridad pública, urgencia de las investigaciones o cualquier otra; al conocimiento de ello, lo denunciará inmediatamente ante la autoridad competente;
V. Observar un trato respetuoso con todas las personas, debiendo abstenerse de todo acto arbitrario y de limitar indebidamente las acciones o manifestaciones que, en ejercicio de sus derechos constitucionales y con carácter pacífico realice la población;
VI. Desempeñar su misión sin solicitar ni aceptar compensaciones, pagos o gratificaciones distintas a las previstas legalmente. En particular se opondrán a cualquier acto de corrupción y, en caso de tener conocimiento de alguno, denunciarlo;
VII. Abstenerse de realizar la detención de persona alguna sin cumplir con los requisitos previstos en los ordenamientos constitucionales y legales aplicables;
VIII. Velar por la vida e integridad física de las personas detenidas en tanto se ponen a disposición del Ministerio Público o de la autoridad competente;
IX. Actualizarse en el empleo de métodos de investigación que garanticen la recopilación técnica y científica de evidencia;
X. Utilizar los protocolos de investigación adoptados por su corporación;
XI. Someterse a evaluaciones periódicas para acreditar el cumplimiento de sus requisitos de permanencia;
XII. Obtener y mantener actualizado su Certificado Único Policial;
XIII. Obedecer las órdenes de los superiores jerárquicos o de quienes ejerzan sobre él funciones de mando y cumplir con todas sus obligaciones conforme a derecho;
XIV. Participar en operativos de coordinación con otras corporaciones policiales, así como brindarles, en su caso, el apoyo que conforme a derecho proceda;
XV. Cumplir y hacer cumplir con diligencia las órdenes que reciba con' motivo del desempeño de sus funciones, evitando todo acto u omisión que produzca deficiencia en su cumplimiento;
XVI. Fomentar la disciplina, responsabilidad, decisión., integridad, espíritu de cuerpo y profesionalismo en sí mismo y en el personal bajo su mando;
XVII. Responder, sobre la ejecución de las órdenes directas que reciba, a un sólo superior jerárquico, por regla general, respetando la linealidad del mando;
XVIII. Mantener en buen estado el armamento, material, municiones, parque vehicular y equipo que se le asigne con motivo de sus funciones, haciendo uso racional de ellos. El uso de las armas se reservará exclusivamente para actos del servicio que así lo demanden;
XIX. Preservar las pruebas e indicios de probables hechos delictivos o de faltas administrativas de forma que no pierdan su calidad probatoria y se facilite la correcta tramitación del procedimiento correspondiente;
XX. Registrar en los formatos oficiales todos los datos de importancia que incidan en las actividades, investigaciones o indagaciones que realice;
XXI. Remitir a la instancia que corresponda la información recopilada en el cumplimiento de sus misiones o en el desempeño de sus actividades para su análisis y registro. Asimismo, entregar la información que le sea solicitada por otras áreas de la Policía Federal para substanciar procedimientos jurisdiccionales o administrativos;
XXII. Abstenerse de sustraer, ocultar, extraviar, difundir, alterar o dañar información o bienes en perjuicio de la institución o de sus integrantes;
XXIII. Abstenerse de disponer de los bienes asegurados para beneficio propio o de terceros;
XXIV. Apoyar, junto con el personal bajo su mando, a las autoridades que así se lo soliciten en caso de investigación y persecución de delitos, así como en situaciones de grave riesgo, catástrofes o desastres;
XXV. Atender con diligencia la solicitud de informe, queja o auxilio de la ciudadanía, o de sus propios subordinados; cuando la petición rebase su competencia deberá turnarlo al área de la Policía Federal que corresponda;
XXVI. Informar a su superior jerárquico sin demora las omisiones, actos indebidos o constitutivos de delito de sus subordinados o iguales en categoría jerárquica;
XXVII. Abstenerse de introducir a las instalaciones de la Policía Federal bebidas embriagantes, sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras sustancias adictivas de carácter ilegal, prohibido o controlado, salvo cuando sean producto de detenciones, cateos, aseguramientos u otros similares, conforme a las disposiciones aplicables;
XXVIII. Abstenerse de consumir, dentro o fuera del servicio, sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras sustancias adictivas de carácter ilegal, prohibido o controlado, salvo los casos en que el consumo de los medicamentos controlados, sea autorizado mediante prescripción médica, avalada y certificada por los servicios médicos de la Policía Federal;
XXIX. Abstenerse de consumir en las instalaciones de la Policía Federal o en actos del servicio, bebidas embriagantes, así como presentarse a su servicio en estado de ebriedad;
XXX. Abstenerse de realizar conductas que desacrediten su persona o la imagen de la Policía Federal, dentro o fuera del servicio;
XXXI. No permitir que personas ajenas a la Policía Federal realicen actos inherentes a las atribuciones que tenga encomendadas. Asimismo, no podrá hacerse acompañar de dichas personas al realizar actos del servicio;
XXXII. Abstenerse de asistir' uniformado a. bares, cantinas, centros de apuestas y juegos, o prostíbulos u otros centros de este tipo, si no media orden expresa para el desempeño de funciones o en casos de flagrancia;
XXXIII. Deberá hacer uso de la fuerza de manera racional y proporcional, con pleno respeto a los derechos humanos, manteniéndose dentro de los límites y alcances que se marcan en las disposiciones legales aplicables y los procedimientos previamente establecidos.
XXXIV. Preservar el secreto de los asuntos que por razón del desempeño de su función conozcan, con las excepciones que determinen las leyes, y
XXXV. Los demás que establezca el Reglamento de la presente Ley.

Artículo 19. Las sanciones que aplique el Consejo Federal por infracciones a los deberes cometidas por los integrantes serán:

I. Amonestación;
II. Suspensión, y
III. Remoción.

La aplicación de dichas sanciones se hará a juicio del Consejo Federal. En todo caso, deberá registrarse en el expediente personal del infractor la sanción que se le aplique.

Capítulo VI De la Conclusión del Servicio

Artículo 20. La conclusión del servicio de un integrante es la terminación de su nombramiento o la cesación de sus efectos legales por las siguientes causas:

I . Separación, por incumplimiento a cualquiera de los requisitos de permanencia, o cuando en los procesos de promoción concurran las siguientes circunstancias:
a) Si hubiere sido convocado a tres procesos consecutivos de promoción sin que haya participado en los mismos, o que habiendo participado en dichos procesos no hubiese obtenido el grado inmediato superior que le correspondería por causas imputables a él;
b) Que haya alcanzado jerarquía, de acuerdo aplicables, y
c) Que del expediente del integrante no se desprendan méritos suficientes a juicio del Consejo Federal para conservar su la edad máxima correspondiente a su con lo establecido en las disposiciones permanencia.
II. Remoción, por incurrir en responsabilidad en el desempeño de sus funciones o incumplimiento de sus deberes, de conformidad con las disposiciones relativas al régimen disciplinario, o
III. Baja, por:
a) Renuncia;
b) Muerte, o
c) Jubilación o retiro.

Al concluir el servicio el integrante deberá entregar al funcionario designado para tal efecto, toda la información, documentación, equipo, materiales, identificaciones, valores u otros recursos que hayan sido puestos bajo su responsabilidad o custodia mediante acta de entrega recepción.

Artículo 21. Los integrantes que hayan alcanzado las edades límite para la permanencia, previstas en las disposiciones que los rijan, podrán ser reubicados, a consideración del Consejo Federal, en otras áreas de los servicios de la propia institución.

Capítulo VII Del Consejo Federal de Desarrollo Policial

Sección Primera Generalidades

Artículo 22. El Consejo Federal es la instancia colegiada encargada de normar, conocer y resolver toda controversia que se suscite en relación con los procedimientos del Servicio Profesional, el Régimen Disciplinario de la Policía Federal y su Profesionalización.

Artículo 23. El Consejo Federal llevará un registro de datos de los integrantes, el cual se proporcionará a la Plataforma México de la Secretaría.

Artículo 24. Son atribuciones del Consejo Federal:

I. Emitir políticas relativas al ingreso, selección, permanencia, estímulos, promoción y reconocimiento de los integrantes;
II. Establecer los lineamientos para los procedimientos de Servicio Profesional;
III. Formular normas en materia de previsión social;
IV. Elaborar los planes y programas de Profesionalización que contendrá los aspectos de formación, capacitación, adiestramiento y actualización;
V. Establecer los procedimientos aplicables a la Profesionalización;
VI. Celebrar los convenios necesarios para la instrumentación de la Profesionalización;
VII. Instruir el desarrollo de los programas de investigación académica en materia policial;
VIII. Establecer los lineamientos para los procedimientos aplicables al Régimen Disciplinario;
IX. Emitir Acuerdos de observancia general y obligatoria en materia de desarrollo policial para la exacta aplicación del Servicio Profesional;
X. Aplicar y resolver los procedimientos relativos al ingreso, selección, permanencia, promoción y reconocimiento de los integrantes;
XI. Verificar el cumplimiento de los requisitos de permanencia de los integrantes;
XII. Analizar la formación, capacitación, adiestramiento, desarrollo, actualización, las sanciones aplicadas y los méritos de los integrantes a fin de determinar quiénes cumplen con los requisitos para ser promovidos;
XIII. Resolver, de acuerdo a las necesidades y disponibilidades presupuestales de la institución, la reubicación de los integrantes de un área operativa a otra;
XIV. Sustanciar los procedimientos disciplinarios derivados de las infracciones cometidas por los integrantes, escuchando en todo caso los argumentos del presunto infractor;
XV. Conocer y resolver sobre el otorgamiento de constancias de grado y estímulos a los integrantes, de conformidad con el manual respectivo;
XVI. Establecer el régimen homólogo de grados para el personal de servicios, conforme a las instrucciones del comisionado general;
XVII. Crear las comisiones, comités y grupos de trabajo del Servicio Profesional y Régimen Disciplinario que sean necesarios, de acuerdo al tema o actividad a desarrollar, supervisando su actuación;
XVIII. Sancionar a los integrantes por incumplimiento a los deberes previstos en la presente Ley y disposiciones aplicables que deriven de ésta;
XIX. Resolver los recursos de revisión promovidos contra las sanciones impuestas por violación al Régimen Disciplinario;
XX. Dictar las medidas necesarias para el despacho pronto y expedito de los asuntos de su competencia y
XXI. Las demás que le señalen el Reglamento de la presente Ley y las disposiciones legales que de él deriven.

Artículo 25. En los procedimientos que instruya el Consejo Federal contra los integrantes se salvaguardará en todo tiempo la garantía de audiencia.

Sección Segunda De su Integración y Funcionamiento

Artículo 26. El Consejo Federal se integrará de la siguiente manera:

I. Un presidente, que será el subsecretario;
II . El comisionado general;
III . Un secretario general;
IV . Un representante del Órgano Interno de Control;
V . Un representante de la unidad jurídica de la Secretaría;
VI . Un Consejero por cada área operativa, y
VII . Un Consejero por el área jurídica de la Policía Federal.

Los integrantes del Consejo Federal serán de carácter permanente, y se designará a un suplente, de conformidad con el Reglamento.

Artículo 27. El Consejo Federal actuará en Pleno y contará con los secretarios, actuarios y demás servidores públicos necesarios para el despacho de sus asuntos, mismos que serán designados por el Pleno, a propuesta del secretario general y conforme a las disponibilidades presupuestales.

Artículo 28. Las facultades y atribuciones de los integrantes del Consejo Federal, así como su funcionamiento, serán establecidas en el Reglamento de la presente Ley.

Capítulo VIII Del Procedimiento

Artículo 29. El procedimiento que se instaure a los integrantes por incumplimiento a los requisitos de permanencia o por infracción al régimen disciplinario ante el Consejo Federal iniciará por solicitud fundada y motivada del titular de la unidad acusatoria que corresponda, dirigida al Presidente del Consejo Federal y remitiendo para tal efecto el expediente del presunto infractor.

El presidente resolverá si ha lugar a iniciar procedimiento contra el presunto infractor, en caso contrario devolverá el expediente a la unidad remitente.

En caso procedente, resolverá si el asunto se instruirá por el Pleno, alguna comisión o comité del propio Consejo Federal.

Artículo 30. La resolución que emita el presidente del Consejo Federal respecto a la no procedencia del inicio del procedimiento podrá ser impugnada por la unidad solicitante mediante el recurso de reclamación interpuesto ante el Pleno del Consejo Federal, dentro del término de cinco días contados a partir de la notificación y recepción del expediente respectivo.

En la formulación del recurso de reclamación, la unidad solicitante hará valer los argumentos de procedencia del procedimiento y las pruebas que lo acrediten. El Pleno del Consejo Federal resolverá en un término no mayor a cinco días.

Artículo 31. Resuelto el inicio del procedimiento, el secretario general convocará a los miembros de ésta y citará al presunto infractor a una audiencia haciéndole saber la infracción que se le imputa, el lugar, el día y la hora en que tendrá verificativo dicha audiencia y su derecho a ofrecer pruebas y formular alegatos, por sí o asistido de un defensor.

La audiencia se celebrará dentro de un plazo no menor de cinco ni mayor de veinte días naturales posteriores a la recepción del expediente por el presidente.

Artículo 32. La notificación se realizará en el domicilio oficial de la adscripción del presunto infractor, en el último que hubiera reportado, o en el lugar en que se encuentre físicamente y se le hará saber el lugar donde quedará a disposición en tanto se dicte la resolución definitiva respectiva.

Asimismo, el infractor deberá señalar domicilio para oír y recibir notificaciones dentro del lugar de residencia del Consejo Federal que conozca del asunto, apercibiéndolo que en caso de no hacerlo las subsecuentes notificaciones se realizarán en un lugar visible al público dentro de las instalaciones que ocupe el propio Consejo; del mismo modo, en caso de no ofrecer pruebas y defensas, la imputación se tendrá por consentida y aceptada.

El presidente del Consejo Federal podrá determinar la suspensión temporal del empleo, cargo o comisión del presunto infractor, previo o posteriormente a la notificación del inicio del procedimiento, si a su juicio es conveniente para la continuación del procedimiento o de las investigaciones. Esta medida no prejuzga sobre la responsabilidad que se impute, debiéndose asentar expresamente esta salvedad.

Artículo 33. El día y hora señalados para la comparecencia del presunto infractor, el presidente de la instancia declarará formalmente abierta la audiencia y enseguida, el secretario tomará los generales de aquél y de su defensor, a quien protestará en el cargo y apercibirá al primero para conducirse con verdad. Acto seguido procederá a dar lectura a las constancias relativas a la imputación y datos de cargo, con la finalidad de hacer saber al presunto infractor los hechos que se le atribuyen.

El presidente del Consejo concederá el uso de la palabra al presunto infractor y a su defensor, los que expondrán en forma concreta y específica lo que a su derecho convenga.

Artículo 34. Los miembros del Consejo Federal están facultados para cuestionar al compareciente, solicitar informes u otros elementos de prueba, por conducto del secretario de la misma, previa autorización del presidente, con la finalidad de allegarse de datos necesarios para el esclarecimiento del asunto.

Artículo 35. Las pruebas que sean presentadas por las partes, serán debidamente analizadas y ponderadas, resolviendo cuáles se admiten y cuáles son desechadas dentro de la misma audiencia.

Son admisibles como medio de prueba:

I. Los documentos públicos;
II. Los documentos privados;
III. Los testigos;
IV. Las fotografías, escritos y notas taquigráficas y, en general, todos aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia, y
V. Las presunciones.

No se admitirán pruebas inconducentes o ilegales, ni es admisible la confesional a cargo de la autoridad. Las pruebas se admitirán siempre que guarden relación inmediata con los hechos materia de la litis y sólo en cuanto fueren conducentes para el eficaz esclarecimiento de los hechos y se encuentren ofrecidas conforme a derecho. Sólo los hechos están sujetos a prueba.

Si la prueba ofrecida por el integrante es la testimonial, quedará a su cargo la presentación de los testigos, en caso de no hacerlo, se declarará desierta en su perjuicio.

Artículo 36. Si el Presidente del Consejo lo considera necesario, por lo extenso o particular de las pruebas presentadas, cerrará la audiencia, levantando el acta correspondiente, y establecerá un término probatorio de diez días para su desahogo. En caso contrario, se procederá a la formulación de alegatos y posteriormente al cierre de instrucción del procedimiento y, dentro del término de veinte días hábiles se procederá a dictar la resolución correspondiente.

Artículo 37. Una vez admitidas y desahogadas todas las pruebas y presentados los alegatos, el Presidente de la instancia cerrará la instrucción.

El Consejo Federal deberá emitir la resolución que conforme a derecho corresponda, dentro del término de veinte días hábiles contados a partir del cierre de la instrucción.

La resolución se notificará personalmente al interesado por conducto del personal que designe el Consejo Federal, de la comisión o comité, según corresponda

Artículo 38. La resolución que dicte el Pleno del Consejo Federal deberá estar debidamente fundada y motivada, contener una relación sucinta de los hechos y una valoración de todas y cada una de las pruebas aportadas.

Artículo 39. Los acuerdos dictados durante el procedimiento, serán firmados por el presidente del Consejo Federal y autentificados por el secretario general.

Artículo 40. Para lo no previsto en el presente capítulo en materia de notificaciones, desahogo y valoración de pruebas, se aplicará de manera supletoria el Código Federal de Procedimientos Civiles.

Capítulo IX Del auxilio a la Policía Federal y de los Servicios Técnicos Especializados

Artículo 41. La Policía Federal podrá auxiliarse con:

I. El personal técnico especializado de la Secretaría;
II. Las policías del Distrito Federal, de los estados y de los municipios, en términos de las disposiciones legales aplicables y los acuerdos respectivos;
III. Los capitanes, patrones o encargados de naves o aeronaves nacionales;
IV. El Servicio de Protección Federal, y
V. Los particulares que presten servicios de seguridad privada.

Artículo 42. Los auxiliares de la Policía Federal deberán, bajo su más estricta responsabilidad, dar aviso de inmediato a ésta, en todos los casos y asuntos en que intervengan con ese carácter y que tengan relación con la comisión de infracciones y delitos del ámbito de competencia de la Policía Federal.

Artículo 43. El comisionado general podrá autorizar al personal de la corporación para auxiliar a otras autoridades que lo requieran en el desempeño de una o varias funciones que sean compatibles con las que corresponden a la prevención, combate e investigación de los delitos conforme a las normas aplicables.

Capítulo X De la Coordinación y Cooperación con otras Autoridades

Artículo 44. En sus funciones de investigación y combate a los delitos, la Policía Federal se coordinará con el Ministerio Público, con el fin de que sus actuaciones se lleven a cabo en el marco de la legalidad y con las formalidades necesarias para que los resultados de tales actuaciones puedan presentarse como evidencia ante los tribunales.

Artículo 45. El secretario y el procurador general de la República acordarán los términos en que se llevará a cabo la coordinación operativa entre el Ministerio Público y la Policía Federal en la investigación de los delitos.

Para tal efecto, se nombrará a un representante de la Policía Federal con grado de mando y el personal necesario para llevar a cabo las diligencias de la investigación ministerial.

Artículo 46. La Policía Federal está obligada a dar el debido cumplimiento a las órdenes que con fines de investigación en la averiguación previa, en el proceso penal o en cumplimiento de mandamientos, reciban de los agentes del Ministerio Público de la Federación con motivo de sus funciones.

Asimismo, ejecutará las órdenes de aprehensión, cateos y otros mandamientos judiciales o administrativos que le turnen para su cumplimiento, observando sin excepción los requisitos previstos en los ordenamientos constitucionales y legales aplicables.

Artículo 47. Cuando durante el desarrollo de la investigación la Policía Federal estime necesaria la realización de diligencias que requieran una tramitación especial o la autorización de la autoridad jurisdiccional, lo comunicará sin demora al Ministerio Público.

Artículo 48. Cuando la Policía Federal auxilie al Ministerio Público en la investigación de un hecho probablemente constitutivo de delito, deberá poner a su disposición, toda la información e indicios o elementos probatorios con los que cuente, con motivo de la investigación desarrollada.

Artículo 49. Si se tratare de delito flagrante, la Policía Federal dictará las medidas y providencias necesarias para el debido cumplimiento de lo que en materia de preservación de indicios dispone el Código Federal de Procedimientos Penales; en todos los casos, y bajo su más estricta responsabilidad, informará de inmediato de lo acaecido al Ministerio Público, y pondrá a su disposición los bienes u objetos relacionados con los hechos.

En estos casos, la Policía actuará de conformidad con los protocolos que al efecto se establezcan conforme a las disposiciones legales aplicables.

Artículo 50. Cuando la Policía Federal realice detenciones por la comisión de delitos en flagrancia, las inscribirá en el Registro Nacional de Detenciones de Plataforma México y lo comunicará de inmediato al Ministerio Público. El detenido deberá ser puesto a disposición del Ministerio Público en los plazos constitucional y legalmente establecidos.

Artículo 51. La Policía Federal, en uso de sus facultades analizará y evaluará la evidencia obtenida producto de sus investigaciones de delitos, respecto de las cuales mantendrá informado al Ministerio Público.

En caso de que el Ministerio Público considere que aún no esté acreditado el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del imputado, la Policía Federal continuará realizando las diligencias conducentes para obtener los elementos probatorios necesarios para consignar, conforme a las instrucciones de aquél.

Artículo 52. Cuando la Policía Federal, con motivo de sus funciones, realice de manera formal una solicitud al Ministerio Público que conoce del asunto y considere infundada la determinación de éste en la que niega la tramitación de dicha solicitud, podrá solicitar ante los órganos de fiscalización o de control interno la revisión de las actuaciones, exponiendo los argumentos por los cuales fundamenta su consideración y, en su caso, el fincamiento de la responsabilidad correspondiente.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor a partir del día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Todas las menciones que en cualquier disposición se hagan respecto de la Policía Federal Preventiva y Policía Federal de Investigación, se entenderán referidas a la Policía Federal.

Tercero. Los procedimientos que a la fecha de entrada en vigor del presente decreto se estén substanciando en las Comisiones de Honor y Justicia y la del Servicio Civil de Carrera Policial de la Policía Federal Preventiva, deberán continuar su trámite ante el Consejo Federal de Desarrollo Policial, conforme a las disposiciones legales vigentes al momento de su inicio.

Cuarto. Los programas, proyectos, y demás acciones que, en cumplimiento de lo dispuesto en esta ley y en razón de su competencia, corresponda ejecutar a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, deberán sujetarse a la disponibilidad presupuestaria de las mismas y la que se apruebe para dichos fines en el Presupuesto de Egresos de la Federación y las disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Quinto. Las menciones contenidas en otras leyes, reglamentos y en general en cualquier disposición, respecto de las dependencias cuyas funciones se reforman por virtud de este decreto, se entenderán referidas a la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno Federal.

Sexto. Se abroga la Ley de la Policía Federal Preventiva y se derogan las disposiciones que se opongan a la presente Ley.

Reitero a usted, ciudadano Presidente de la Cámara de Diputados, la seguridad de mi consideración más atenta y distinguida.

Sufragio Efectivo. No Reelección.
Palacio Nacional, a los veintiún días del mes de octubre de dos mil ocho.--- Felipe de Jesús Calderón Hinojosa (rúbrica), Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.»

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Túrnese a la Comisión de Seguridad Pública, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.



LEY ORGANICA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

La Secretaria diputada Margarita Arenas Guzmán: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

Por instrucciones del Presidente de la República y en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 71, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito remitir la iniciativa de decreto por el que se expide la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, documento que el titular del Ejecutivo federal propone por el digno conducto de ese órgano legislativo.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente
México, DF, a 21 de octubre de 2008.--- El subsecretario Cuauhtémoc Cardona Benavides.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Presidencia de la República.

Presidente de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presente.

El sistema de procuración de justicia se encuentra en un amplio proceso de transformación y modernización. La reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de seguridad y justicia, publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 18 de junio de 2008, constituye un cambio radical en el sistema de justicia desde el texto constitucional de 1917. Gracias a esta reforma, nuestro país ha iniciado una transición ordenada del sistema de justicia penal mixto a uno de tipo acusatorio, propio de las instituciones democráticas en que vivimos.

Junto con los cambios al sistema de justicia penal, la reforma constitucional hace una profunda transformación de las instituciones de seguridad pública, al consolidar el Sistema Nacional de Seguridad Pública sobre las bases mínimas que habrán de desarrollarse en la ley general que emita ese honorable Congreso de la Unión.

El régimen transitorio que establece la reforma constitucional dispone la entrada en vigor del sistema penal acusatorio hasta en un plazo de ocho años, cuando los órganos legislativos de la Federación y de las entidades federativas deberán hacer la declaratoria formal correspondiente.

Sin embargo, varios aspectos de la reforma constitucional ya entraron en vigor, tanto en lo relativo a la transformación del sistema de justicia como en la conformación del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

En pleno proceso de desarrollo jurídico, encontramos un incremento alarmante de la delincuencia. Nuestro país está inmerso en una ola de violencia sin precedente, fundamentalmente producto de las actividades del crimen organizado. Por ello, para hacer frente a esta situación, mediante el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, en el que participan los tres Poderes de la Unión, las entidades federativas y los representantes de la sociedad, nos hemos comprometido a una serie de acciones para fortalecer los sistemas de procuración e impartición de justicia, así como de seguridad pública, a fin de restablecer la tranquilidad que merecemos todos.

Es en este contexto y con tales fines que someto a la consideración del honorable Congreso de la Unión, la presente iniciativa de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. La iniciativa recoge las facultades del Ministerio Público de la federación contenidas en las reformas propuestas por el Poder Ejecutivo federal a mi cargo a diversos ordenamientos legales en materia penal y procesal penal, que derivan de las reformas constitucionales en materia de seguridad y justicia, con el objeto de hacer consistentes tales cuerpos normativos; pero también para fortalecer a la institución en la que se integra el Ministerio Público de la federación para que realice con mayor eficacia la función de procurar justicia en el ámbito federal, y como partícipe del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Bajo un nuevo modelo de organización, la Procuraduría General de la República fortalecerá sus procedimientos y mecanismos para la selección, ingreso, permanencia, capacitación y profesionalización de su personal, lo que le permitirá contar con las herramientas necesarias para mejorar su desempeño y la calidad del servicio que presta a la sociedad.

Asimismo, las nuevas bases de organización que se proponen en la presente iniciativa para el Ministerio Público de la federación permitirán distribuir con mayor eficiencia las cargas de trabajo y acercar a la ciudadanía los servicios de procuración de justicia federal, bajo una estructura con mucha mayor capacidad operativa.

En el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, se trazaron diversas estrategias para hacer más eficientes los sistemas y procedimientos utilizados por los ministerios públicos, en aras de fortalecer la investigación ministerial y policial y, con ello, elevar el nivel de eficacia en 1a integración de la averiguación previa.

Con esta iniciativa, se pretende que la procuración de justicia se fortalezca con una mejor formación de agentes del Ministerio Público de la federación a efecto de asegurar que su desempeño se apegue a los principios constitucionales que lo rigen. Asimismo, se busca que estén debidamente calificados bajo nuevos procesos de certificación y profesionalización. La intención es impulsar la capacitación y especialización de dichos servidores públicos y sus auxiliares estableciendo además sistemas de evaluación y desarrollo humano que garanticen su idoneidad como representaciones sociales, así como la integridad en sus actuaciones.

El modelo de organización, operación y administración que se propone para la Procuraduría General de la República, le permitirá orientar sus tareas de acuerdo con la actual demanda social en la delicada misión que debe cumplir en este momento crucial para el país, no sólo por cuanto hace a las estructuras administrativas y operativas, sino por virtud de la formación de servidores públicos que sean debidamente certificados.

En este contexto, se impone como necesario rediseñar los procesos, procedimientos y operaciones de la Procuraduría General de la República. Lo anterior, a efecto de que la ley que establece su organización interna se armonice con la reforma constitucional en materia de Justicia Penal y Seguridad Pública, acercando su actuación al sistema de justicia acusatorio en aquéllos aspectos en que la propia Constitución ya lo permite, y que su estructura sea congruente con las reformas propuestas a diversos ordenamientos que en materia de seguridad y justicia que he presentado ante ese honorable Congreso.

Disposiciones generales

En el ejercicio de sus atribuciones, la Procuraduría General de la República buscará la satisfacción del interés social y el bien común, y la actuación de su personal se reirá por los principios de certeza, legalidad, objetividad, imparcialidad, eficiencia, profesionalismo, honradez, disciplina y respeto a los derechos humanos.

Facultades del Ministerio Público de la federación

A la luz de las nuevas disposiciones constitucionales es necesario ampliar las facultades del Ministerio Público en la averiguación previa, en el proceso penal, en la atención a víctimas u ofendidos por algún delito, así como en su intervención en materia de extinción de dominio, de acuerdo con la reforma al artículo 22 de la Constitución General de la República.

Con el fin de acercar la justicia y su procuración a un mayor número de ciudadanos, se faculta al Ministerio Público para recibir informaciones anónimas auxiliándose de las facultades de investigación de la policía, a efecto de que la misma sea corroborada.

Asimismo, de aprobarse esta iniciativa, se le otorgarían facultades para:

• Investigar los delitos federales en materias concurrentes cuando las leyes les atribuyan competencia a las autoridades del fuero común;
• Ordenar la detención y retención de indiciados y proceder a su registro inmediato;
• Solicitar al juez la prisión preventiva de los indiciados; pedir al órgano jurisdiccional la orden de cateo por cualquier medio, auxiliándose de la policía;
• Determinar el ejercicio de la acción penal o la reserva de la averiguación previa;
• Ejercitar la acción de extinción de dominio y las atribuciones que le corresponden en el procedimiento respectivo, así como de su desistimiento o pretensión sobre ciertos bienes;
• Ofrecer y entregar recompensas con cargo al erario federal a las personas que ayuden en la localización y detención de probables responsables de la comisión de delitos, entre otras.

Esta iniciativa es consecuente con una política de procuración de justicia que trascienda la mera persecución del delito y que dote a la Procuraduría General de la República de las facultades necesarias para ordenar a la policía que brinde protección a personas respecto de las cuales exista un riesgo objetivo para su vida o integridad corporal por su intervención en procedimientos penales instruidos por delitos calificados como graves.

Asimismo, se propone ayudar a los particulares en la obtención de comunicaciones privadas, admitir o en su caso fundar y motivar la negativa de admisión de las pruebas o medios de prueba que le presente la víctima u ofendido, solicitar a la autoridad judicial dicte providencias para la protección de bienes, posesiones y derechos de éstos, reconocer la calidad de víctima u ofendido en la resolución del no ejercicio de la acción penal, promover la reserva de identidad y otros datos personales de la víctima u ofendido, para su protección, así como atender las solicitudes de información correspondientes sobre si una persona está detenida y la autoridad ante la cual haya sido puesta a disposición, llevando los registros pertinentes.

Estas disposiciones reivindican a las víctimas y ofendidos, generalmente las partes más olvidadas en el procedimiento penal, y les otorga nuevas acciones y recursos que les permitirán promover diligencias y presentar pruebas e incluso, impugnar las negativas para ello que, en su caso, dicte el Ministerio Público.

Bases de organización

Otra característica del proyecto que se presenta es que se incluye la figura de coordinaciones generales para dotar de una mejor funcionalidad a la Institución.

La estructura funcional del Ministerio Público, sobre las bases de especialización y coordinación regional y desconcentración, tiene por objeto contar con un diseño estratégico y una organización más eficientes de la presencia y actividades de la Procuraduría a lo largo del territorio nacional, con base en criterios objetivos como la incidencia delictiva, las circunstancias geográficas, las características de los asentamientos humanos, el nivel poblacional y los fenómenos criminógenos.

El sistema de coordinación regional que se propone permitirá además una distribución más flexible y un control directo de las delegaciones de la Procuraduría, atendiendo a las circunscripciones territoriales en que queden comprendidas, incluso respecto de géneros delictivos.

Se prevé igualmente, de manera expresa, la suplencia de los titulares de las unidades administrativas, con objeto de evitar criterios interpretativos imprecisos.

Servicio profesional de carrera ministerial y pericial

Es una exigencia de la sociedad el contar con mejores servidores públicos encargados de la procuración de justicia, de ahí la necesidad de que la legislación secundaria contemple requisitos que permitan lograr este objetivo y, de esa manera, el Estado pueda enfrentar eficiente y eficazmente a la delincuencia.

Este es uno de los compromisos más importantes asumidos por mi gobierno, consistente en dotar a la sociedad de un servicio de procuración de justicia pronta, expedita, ágil, eficaz y, precisamente, que procure justicia, que permita a las víctimas y ofendidos verse reparados por el agravio cometido por los delincuentes en su contra, que permita a la sociedad constatar que los delitos no queden impunes. El servicio de carrera de procuración de justicia ministerial y pericial es una pieza clave para ello.

El servicio de carrera del personal ministerial y pericial debe analizarse bajo una doble perspectiva. Por una parte, se integra en la nueva concepción del Sistema Nacional de Seguridad Pública, por virtud de la cual se establecen los esquemas de evaluación del control de confianza y evaluación del desempeño de los servidores públicos, bajo un sistema de certificación, sin el cual, no podrán prestar los servicios de procuración de justicia.

Asimismo, el servicio de carrera reconoce que un factor esencial para ser exitosos en el sistema de procuración de justicia, es el factor humano. Por ello, se considera que la mejor forma de fortalecer a los agentes del Ministerio Público de la federación y a los peritos, es proporcionándoles una formación inicial y, posteriormente, asegurar su profesionalización y especialización constantes, con la finalidad de que cuenten con mayores elementos para el desempeño de sus funciones, a fin de lograr mejores resultados en la investigación de los delitos, pero también a partir del establecimiento de un verdadero proyecto de vida que, de suyo, minimiza los riesgos de incurrir en actos de corrupción o prácticas indebidas.

En tal virtud, se garantizará el cumplimiento de las atribuciones conferidas en los preceptos constitucionales al Ministerio Público de la federación, a través de la profesionalización permanente del personal involucrado en el servicio de procuración de justicia, como base de la actuación de los servidores públicos encargados de llevar a la práctica dicha función primaria del estado como es el garantizar de manera permanente la integridad física y patrimonial de los gobernados.

Por otra parte, la iniciativa que someto a esa alta consideración contempla que los servidores públicos que no formen parte del servicio carrera serán considerados trabajadores de confianza, de forma que los efectos de su nombramiento podrán darse por terminados en cualquier momento para mantener en la Procuraduría sólo personal comprometido con el servicio público cuyo actuar sea siempre conforme a la letra y el espíritu del marco jurídico que lo norma. Esto, sin perjuicio de que dicho personal participará en un sistema permanente de profesionalización.

En esta categoría quedarán comprendidos los oficiales ministeriales, que no son otros sino los secretarios del Ministerio Público de la federación, necesarios para formalizar las diligencias en que aquél intervenga, como testigos de asistencia, según lo dispone el Código Federal de Procedimientos Penales, pero fundamentalmente para auxiliarlo en el desempeño de sus atribuciones, de modo que le permita concentrar su actividad en la integración de las averiguaciones y en la intervención en los procesos penales.

Dado lo delicado de su labor, aunque no son personal de carrera, se detallan los requisitos para ser oficial ministerial y se pone especial énfasis en la obligación de someterse de manera continua a los procesos de evaluación del control de confianza.

Procesos de evaluación de los servidores públicos

Como se señaló con anterioridad, el servicio profesional de carrera ministerial y pericial exige determinadas actitudes, aptitudes y cualidades para los agentes del Ministerio Público de la federación y peritos técnicos y profesionales, cuyo perfil será valorado atendiendo a los procesos de evaluación de control de confianza y desempeño a que serán sometidos los interesados en ingresar y permanecer en la procuraduría. Este proceso deberá ser objetivo, imparcial y con pleno respeto de los derechos humanos; de ahí que la información relacionada con esos procesos de evaluación tenga que ser estrictamente confidencial y reservada.

Es importante reiterar que no bastará con cubrir el perfil requerido, sino además, se deberá contar con la certificación correspondiente, de conformidad con lo que se establece en la iniciativa de Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Con ello, se permitirá establecer un sistema que propiciará que los elementos más aptos, sean candidatos a ostentar un cargo de tan importante y trascendental envergadura como es el relacionado con la procuración de justicia.

Responsabilidades, sanciones y causas de separación del cargo

A efecto de renovar y agilizar las sanciones aplicables a los servidores públicos de la institución, se establece un régimen más justo y equitativo pues se propone que las amonestaciones sean consideradas en los procesos de promoción y disciplina del sistema de profesionalización.

Acorde con los nuevos requisitos de permanencia para los miembros del servicio profesional de carrera, se contempla la separación del cargo cuando aquéllos no cumplan con ellos, o cuando sean removidos por haber incurrido en alguna causa de responsabilidad en el desempeño de sus funciones, tal como lo autoriza la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De esta manera se garantizará que los servidores públicos que integren la institución, cuenten con el perfil y la preparación necesarios para desarrollar las funciones inherentes a su cargo, pues en todo caso, el órgano a cargo de la evaluación, también deberá estar certificado, en cuanto a las normas y procedimientos técnicos que aplique al efecto. Ello, en virtud de la participación de la Procuraduría General de la República en el Sistema Nacional de Evaluación y Control Confianza que se establece en la iniciativa de Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Se prevé, en esta iniciativa, como una consecuencia directa de las sanciones de destitución o inhabilitación impuestas por el órgano interno de control de esta institución, la cancelación del certificado a que se refiere el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Estas medidas, tienen como finalidad infundir confianza en la sociedad que cifra muchas de sus esperanzas de justicia en el Ministerio Público federal.

Asimismo, a efecto de procurar un indispensable equilibrio entre los derechos de los servidores públicos y la necesidad de la institución de contar con elementos completamente confiables, se prevé que en caso de que se determine que la remoción, suspensión o cualquier otra forma de separación fuera injustificada, el estado sólo estará obligado a pagar la indemnización correspondiente sin que proceda la reincorporación al servicio del elemento que hubiese sido separado de la aquélla.

Por último, se hace énfasis en la congruencia de este nuevo marco jurídico orgánico del Ministerio Público de la federación y sus auxiliares con sus atribuciones constitucionales y especialmente, con el espíritu de la reforma penal constitucional del 18 de junio de 2008, que actualiza y mejora el régimen jurídico en esa materia, de cara a los nuevos retos que afronta el gobierno mexicano y la sociedad en su conjunto.

Por lo expuesto y con fundamento en la facultad que me confiere el artículo 71, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del honorable Congreso de la Unión, la siguiente iniciativa de

Decreto por el que se expide la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República

Artículo Único. Se expide la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.

Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República

Capítulo I Disposiciones preliminares

Artículo 1. Esta ley tiene por objeto organizar la Procuraduría General de la República para el despacho de los asuntos que al Ministerio Público de la federación y al Procurador General de la República les confiere la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la presente ley y las demás disposiciones aplicables.

La Procuraduría General de la República, ubicada en el ámbito del Poder Ejecutivo federal, ejercerá sus atribuciones respondiendo a la satisfacción del interés social y del bien común. La actuación de sus servidores se regirá por los principios de certeza, legalidad, objetividad, imparcialidad, eficiencia, profesionalismo, honradez, disciplina y respeto a los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 2. Al frente de la Procuraduría General de la República estará el procurador general de la República, quien presidirá al Ministerio Público de la federación.

Artículo 3. El procurador general de la República intervendrá por sí o por conducto de agentes del Ministerio Público de la federación en el ejercicio de las atribuciones conferidas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la presente ley y las demás disposiciones aplicables.

Artículo 4. Corresponde al Ministerio Público de la federación:

l. Investigar y perseguir los delitos del orden federal. El ejercicio de esta atribución comprende:

A) En la averiguación previa:
a) Recibir denuncias o querellas sobre acciones u omisiones que puedan constituir delito, así como informaciones anónimas, en cuyo caso solicitará se investigue la veracidad de los datos aportados, en términos de las disposiciones aplicables;
b) Investigar los delitos del orden federal, así como los delitos del fuero común respecto de los cuales ejercite la facultad de atracción, en coordinación con sus auxiliares y otras autoridades, tanto federales como del Distrito Federal y de los estados integrantes de la federación, de conformidad con las disposiciones aplicables, los protocolos de actuación que se establezcan, y los convenios de colaboración e instrumentos que al efecto se celebren;
c) Ejercer la conducción y mando de las policías en la función de la investigación de los delitos, e instruirles respecto de las acciones que deban llevarse a cabo en la averiguación del delito y de sus autores y partícipes, en términos de lo dispuesto en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
d) Investigar los delitos federales en materias concurrentes cuando las leyes otorguen competencia a las autoridades del fuero común, siempre que prevenga en el conocimiento del asunto o le solicite al Ministerio Público local la remisión de la investigación;
e) Practicar las diligencias necesarias para la acreditación del cuerpo del delito y la probable responsabilidad del indiciado, así como para la solicitud de reparación del daño correspondiente;
f) Ordenar la detención y retener a los probables responsables de la comisión de delitos, en los términos previstos por el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y proceder a su registro o actualización del mismo;
g) Vigilar que se sigan los procedimientos y protocolos para preservar los indicios, huellas o vestigios del hecho delictuoso, así como los instrumentos, objetos o productos del delito, de conformidad con los protocolos que determine el procurador general de la República mediante acuerdo y demás disposiciones aplicables;
h) Registrar las personas que intervengan en la cadena de custodia y las autorizadas para recopilar y manejar los elementos referidos en el párrafo que antecede;
i) Asentar cualquier violación a las disposiciones para la recolección, el levantamiento, preservación y el traslado de los indicios, huellas o vestigios del hecho delictuoso, así como los instrumentos, objetos o productos del delito, y dar vista a la autoridad competente para efectos de las responsabilidades a que hubiere lugar;
j) Realizar el aseguramiento de bienes de conformidad con las disposiciones aplicables;
k) Ordenar a la policía brinde protección a personas respecto de las cuales exista un riesgo objetivo para su vida o integridad corporal por su intervención en procedimientos penales instruidos por delitos calificados como graves, de conformidad con las reglas que determine el Procurador Genera! de la República mediante acuerdo;
1) Restituir provisionalmente al ofendido en el goce de sus derechos, en los términos de las disposiciones aplicables;
m) Solicitar al órgano jurisdiccional la prisión preventiva de los indiciados en términos de las disposiciones legales aplicables;
n) Solicitar al órgano jurisdiccional las órdenes de cateo, las medidas precautorias de arraigo, la prohibición de abandonar una demarcación geográfica, el aseguramiento o el embargo precautorio de bienes que resulten indispensables para los fines de la averiguación previa, así como para el debido cumplimiento de la sentencia que se dicte;
ñ) Practicar las diligencias de cateo en términos de las disposiciones legales aplicables y de acuerdo con el mandamiento judicial correspondiente, para lo que podrá auxiliarse de la policía;
o) Prestar auxilio y asistencia técnica a los particulares, previa solicitud, en la captación de las comunicaciones en las que éstos participen, para su aportación al expediente;
p) En aquellos casos en que la ley lo permita, el Ministerio Público de la federación propiciará conciliar los intereses en conflicto, proponiendo vías de solución que logren la avenencia;
q) Determinar la incompetencia y remitir el asunto a la autoridad que deba conocer, así como la acumulación de las averiguaciones previas cuando sea procedente;
r) Determinar el ejercicio de la acción penal o la reserva de la averiguación previa, conforme a las disposiciones aplicables;
s) Determinar el no ejercicio de la acción penal, cuando:
1. Los hechos de que conozca no sean constitutivos de delito;2. Una vez agotadas todas las diligencias y los medios de prueba correspondientes, no se acredite el cuerpo del delito o la probable responsabilidad del indiciado;3. La acción penal se hubiese extinguido en los términos de las normas aplicables;4. De las diligencias practicadas se desprenda plenamente la existencia de una causa de exclusión del delito, en los términos que establecen las normas aplicables;5. Resulte imposible la prueba de la existencia de los hechos constitutivos de delito por obstáculo material insuperable, y6. En los demás casos que determinen las normas aplicables.
t) Acordar y notificar personalmente el no ejercicio de la acción penal;
u) Poner a disposición de la autoridad competente a los menores de edad que hubieren incurrido en acciones u omisiones correspondientes a ilícitos tipificados por las leyes penales federales;
v) Poner a los in imputables mayores de edad a disposición del órgano jurisdiccional, cuando se deban aplicar medidas de seguridad, ejerciendo las acciones correspondientes en los términos establecidos en las normas aplicables, y
w) Las demás que determinen las normas aplicables.

Cuando el Ministerio Público de la federación tenga conocimiento por sí o por conducto de sus auxiliares de la probable comisión de un delito cuya persecución dependa de querella o de cualquier otro acto equivalente, que deba formular alguna autoridad, lo comunicará por escrito y de inmediato a la autoridad competente, a fin de que resuelva con el debido conocimiento de los hechos lo que a sus facultades o atribuciones corresponda. Las autoridades harán saber por escrito al Ministerio Público de la federación la determinación que adopten.

En los casos de detenciones en delito flagrante, en los que se inicie averiguación previa con detenido, el agente del Ministerio Público de la federación solicitará por escrito y de inmediato a la autoridad competente que presente la querella o cumpla el requisito equivalente, dentro del plazo de retención que establece el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

B) Ante los órganos jurisdiccionales:
a) Ejercer la acción penal ante el órgano jurisdiccional competente por los delitos del orden federal cuando exista denuncia o querella, esté acreditado el cuerpo del delito de que se trate y la probable responsabilidad de quien o quienes en él hubieren intervenido, solicitando las órdenes de aprehensión o de comparecencia;
Cuando por razones de seguridad de las prisiones o por otras que impidan garantizar el desarrollo del proceso, la acción penal se ejercitará ante el juez de distrito distinto al del lugar de la comisión del delito, atendiendo a las características del hecho imputado y a las circunstancias personales del inculpado;
b) Solicitar al órgano jurisdiccional las órdenes de cateo, las medidas precautorias de arraigo, la prohibición de abandonar una demarcación geográfica, el aseguramiento o embargo precautorio de bienes, los exhortos o la constitución de garantías para los efectos de la reparación del daño, salvo que el inculpado la hubiese garantizado previamente;
c) Poner a disposición de la autoridad judicial a las personas detenidas dentro de los plazos establecidos por la ley;
d) Aportar las pruebas y promover las diligencias conducentes para la debida comprobación de la existencia del delito, las circunstancias en que hubiese sido cometido y las peculiares del inculpado, de la responsabilidad penal, de la existencia de los daños y perjuicios así como para la fijación del monto de su reparación;
e) Formular las conclusiones en los términos señalados por la ley y solicitar la imposición de las penas y medidas de seguridad que correspondan y el pago de la reparación del daño o plantear las causas de exclusión del delito o las que extinguen la acción penal;
f) Impugnar, en los términos previstos por la ley, las resoluciones judiciales, y
g) En general, promover lo conducente al desarrollo de los procesos y realizar las demás atribuciones que le señalen las normas aplicables.
C) En materia de atención y seguridad a la víctima o el ofendido por algún delito:
a) Proporcionar asesoría jurídica a la víctima u ofendido e informarle de los derechos que en su favor establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, cuando lo solicite, sobre el desarrollo del procedimiento penal;
b) Recibir todas aquellas pruebas que presente la víctima u ofendido, que considere que ayuden a acreditar el cuerpo del delito de que se trate, la probable responsabilidad del indiciado y la procedencia y cuantificación por concepto de reparación del daño, fundando y motivando la recepción o negativa de las mismas;
c) Ordenar la práctica de las diligencias conducentes en la investigación que soliciten la víctima o el ofendido o, en su caso, fundar y motivar su negativa;
d) Otorgar las facilidades para identificar al probable responsable y dictar todas las medidas necesarias para evitar que se ponga en peligro la integridad física y psicológica de la víctima u ofendido;
e) Informar a la víctima u ofendido que desee otorgar el perdón en los casos procedentes, el significado y trascendencia jurídica de dicho acto;
f) Dictar las medidas necesarias y que estén a su alcance para que la víctima u ofendido reciba atención médica y psicológica de urgencia. Cuando el Ministerio Público de la federación lo estime necesario, tomará las medidas conducentes para que la atención médica y psicológica se haga extensiva a otras personas;
g) Solicitar a la autoridad judicial, en los casos en que sea procedente, la reparación del daño;
h) Solicitar a la autoridad judicial que el inculpado sea separado del domicilio de la víctima, cuando se trate de delitos que pongan en peligro su integridad física o mental, así como otras medidas cautelares que sean procedentes;
i) Solicitar a la autoridad judicial dicte providencias para la protección a las víctimas u ofendidos y sus familiares, así como a los bienes, posesiones y derechos de dichas víctimas u ofendidos, cuando existan datos que establezcan la posibilidad de que se cometan actos de intimidación o represalias por parte de los probables responsables o por terceros relacionados con los mismos;
j) Respecto del acceso de víctimas u ofendidos al fondo que establece la Ley Federal de Extinción de Dominio, reconocer su calidad de tales en la resolución del no ejercicio de la acción penal o, en su caso, promover el incidente durante el proceso penal para el reconocimiento de dicha calidad;
k) Promover la reserva de identidad y otros datos personales de la víctima u ofendido, cuando sean menores de edad; se trate de delitos de violación, secuestro o delincuencia organizada, y en los demás casos que se considere necesario para su protección, e
l) Informar a la víctima o al ofendido menor de edad, que no está obligado a carearse con el inculpado cuando se trate de los delitos de violación o secuestro. En estos casos, las declaraciones respectivas se efectuarán conforme lo establezcan las disposiciones aplicables.
II. Vigilar la observancia de la constitucionalidad y legalidad en el ámbito de su competencia, sin perjuicio de las atribuciones que legalmente correspondan a otras autoridades jurisdiccionales o administrativas. En ejercicio de esta atribución el Ministerio Público de la federación deberá:
a) Intervenir como parte en el juicio de amparo, en los términos previstos por el artículo 107 constitucional y en los demás casos en que la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, disponga o autorice esta intervención;
b) Intervenir como representante de la federación en todos los negocios en que ésta sea parte o tenga interés jurídico. Esta atribución comprende las actuaciones necesarias para el ejercicio de la facultad que confiere al procurador general de la República la fracción III del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Tratándose de asuntos que revistan interés y trascendencia para la Federación, el Procurador General de la República deberá mantener informado al Presidente de la República de los casos relevantes, y requerirá de su acuerdo por escrito para el desistimiento;
c) Intervenir como coadyuvante en los negocios en que las entidades paraestatales de la administración pública federal sean parte o tengan interés jurídico, a solicitud de la coordinadora de sector correspondiente. El procurador general de la República acordará lo pertinente tomando en cuenta la importancia que el asunto revista para el interés público.
Las coordinadoras de sector y, por acuerdo de éstas, las entidades paraestatales, conforme a lo que establezca la ley respectiva, por conducto de los órganos que determine su régimen de gobierno, deberán hacer del conocimiento de la Procuraduría General de la República los casos en que dichas entidades figuren como partes o como coadyuvantes, o de cualquier otra forma que comprometa sus funciones o su patrimonio ante órganos extranjeros dotados de atribuciones jurisdiccionales. En estos casos la Procuraduría General de la República se mantendrá al tanto de los procedimientos respectivos y requerirá la información correspondiente. Si a juicio del Procurador General de la República el asunto reviste importancia para el interés público, formulará las observaciones o sugerencias que estime convenientes, y
d) Intervenir en las controversias en que sean parte los diplomáticos y los cónsules generales, precisamente en virtud de esta calidad. Cuando se trate de un procedimiento penal y no aparezcan inmunidades que respetar, el Ministerio Público de la federación procederá en cumplimiento estricto de sus obligaciones legales, observando las disposiciones contenidas en los tratados internacionales en que los Estados Unidos Mexicanos sea parte.
III. Intervenir en la extradición o entrega de indiciados, procesados, sentenciados, en los términos de las disposiciones aplicables, así como en el cumplimiento de los tratados internacionales en que los Estados Unidos Mexicanos sea parte.
IV. Requerir informes, documentos, opiniones y elementos de prueba en general a las dependencias y entidades de la administración pública de los tres órdenes de gobierno, y a otras autoridades, organismos públicos autónomos, incluso constitucionales, y personas que puedan suministrar elementos para el debido ejercicio de sus atribuciones.
Es obligatorio proporcionar los informes que solicite el Ministerio Público de la Federación en ejercicio de sus funciones. El incumplimiento a los requerimientos que formule el Ministerio Público de la federación será causa de responsabilidad en términos de la legislación aplicable.
V. Promover la pronta, expedita y debida procuración e impartición de justicia.
VI. Ejercitar la acción de extinción de dominio y las atribuciones que le corresponden en el procedimiento respectivo, de conformidad con la Ley Federal de Extinción de Dominio y demás disposiciones aplicables.
En ejercicio de esta atribución el Ministerio Público de la federación deberá:
a) Recabar los medios probatorios que permitan acreditar el hecho ilícito, así como la identificación y localización de los bienes materia de la acción de extinción de dominio y la relación existente entre ambos;
b) Acordar el aseguramiento de los bienes materia de la acción de extinción de dominio;
c) Solicitar al órgano jurisdiccional competente la implementación de medidas cautela res conducentes sobre los bienes materia de extinción de domino;
d) Representar los intereses de quien se conduzca como víctima u ofendido por los hechos ilícitos que dieron origen a la acción de extinción de domino;
e) Establecer mecanismos de coordinación con autoridades del fuero común y los cuerpos de policía en ejercicio de las facultades a que se refiere esta fracción, y
f) Las demás que determinen las normas aplicables.
El Ministerio Público de la federación sólo podrá desistirse de la acción de extinción de dominio o de la pretensión respecto de ciertos bienes, o acordar con el dueño o quien se ostente como tal, su aceptación sobre el alcance de la extinción del dominio de los bienes afectos o una parte de ellos, en los casos y de conformidad con los términos que determine el procurador general de la República o el servidor público en quien delegue tal facultad.
VII. Atender las solicitudes de información sobre el registro de detenidos, y
VIII. Las demás que las leyes determinen.

Artículo 5. Corresponde a la Procuraduría General de la República:

I. Participar en el Sistema Nacional de Seguridad Pública de conformidad con la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y demás disposiciones aplicables. En el ejercicio de esta atribución el Procurador General de la República deberá:
a) Participar en el Consejo Nacional de Seguridad Pública y, en el ámbito de competencia de la Procuraduría General de la República, dar cumplimiento de los acuerdos y resoluciones que se adopten;
b) Presidir la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, y
c) Participar en el órgano de gobierno del Centro Nacional de Evaluación y Control de Confianza;
II. Recabar, capturar, procesar, administrar y resguardar la información de los asuntos que conozca, utilizando los dispositivos tecnológicos que correspondan, para alimentar la Plataforma México y demás bases de datos, de conformidad con lo dispuesto en el Código Federal de Procedimientos Penales, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, los acuerdos del procurador general de la República y las demás disposiciones aplicables, así como consultar, analizar y explotar la información sobre seguridad pública contenida en dichos sistemas.
III. Establecer indicadores y procedimientos que sirvan para evaluar la actuación de la Procuraduría General de la República y determinar la participación ciudadana en dicha evaluación, sin perjuicio de otros sistemas de evaluación que le sean aplicables.
Velar por el respeto de las garantías individuales y los derechos humanos en la esfera de su competencia. En el ejercicio de esta atribución la Procuraduría General de la República deberá:
a) Fomentar entre sus servidores públicos una cultura de respeto a las garantías individuales y los derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano y los tratados internacionales en que los Estados Unidos Mexicanos sea parte, y
b) Atender las visitas, quejas, propuestas de conciliación y recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de organismos internacionales de protección de derechos humanos cuya competencia haya sido reconocida por el Estado Mexicano, conforme a las normas aplicables.
IV. Participar en el Sistema Nacional de Planeación Democrática, en los términos que prevea la Ley de Planeación y demás disposiciones aplicables;
V. Promover la celebración de tratados internacionales y acuerdos interinstitucionales, en asuntos relacionados con sus atribuciones, así como vigilar su cumplimiento, en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores y las demás dependencias de la administración pública federal involucradas;
VI. Opinar y participar en los proyectos de iniciativas de ley o de reformas legislativas para la exacta observancia de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que estén vinculadas con las materias de su competencia;
VII. Establecer medios de información sistemática y directa a la sociedad, para dar cuenta de sus actividades. En todo caso se reservará la información cuya divulgación pueda poner en riesgo las averiguaciones que realice el Ministerio Público de la federación y mantendrá la confidencialidad de los datos personales, de conformidad con lo dispuesto por el Código Federal de Procedimientos Penales y demás normas aplicables;
VIII. Orientar a los particulares respecto de asuntos que presenten ante el Ministerio Público de la Federación que no constituyan delitos del orden federal o que no sean de su competencia, sobre el trámite que legalmente corresponda al asunto de que se trate;
IX. Ofrecer y entregar, con cargo a su presupuesto, recompensas en numerario, en un solo pago o en exhibiciones periódicas, a personas que aporten información útil relacionada con las investigaciones y averiguaciones que realice, así como a aquellas que colaboren en la localización y detención de probables responsables de la comisión de delitos, en los términos y condiciones que determine el Procurador General de la República mediante acuerdo;
X. Celebrar acuerdos o convenios con las instituciones públicas o privadas para garantizar a los inculpados, ofendidos, víctimas, denunciantes y testigos pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas, la disponibilidad de intérpretes y traductores;
XI. Emitir disposiciones para la recolección, el levantamiento, la preservación y el traslado de indicios, huellas o vestigios del hecho delictuoso, y de los instrumentos, objetos o productos del delito, así como los procedimientos y protocolos para asegurar su integridad;
XII. Diseñar, instrumentar, operar y administrar un sistema informático de registro y análisis de perfiles genéticos de personas, vestigios biológicos, huellas y otros elementos relacionados con hechos delictuosos, que se obtengan de conformidad con las disposiciones aplicables; así como establecer criterios generales para el acceso al sistema y su uso;
XIII. Realizar las funciones que deriven de las disposiciones legales y reglamentarias aplicables respecto de la constitución y administración del fideicomiso público a que se refiere la Ley Federal de Extinción de Dominio, y
XIV. Las demás que prevean otras disposiciones legales.

Artículo 6. Son atribuciones indelegables del procurador general de la República:

I. Comparecer ante cualquiera de las Cámaras del Congreso de la Unión en los casos y bajo las condiciones que establecen los artículos 69 y 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En esas comparecencias, deberá reservarse la información que ponga en riesgo alguna investigación, aquella que conforme a la ley se encuentre sujeta a reserva y los datos confidenciales en términos de las normas aplicables;
II. Intervenir en las controversias y acciones a que se refiere el artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los términos previstos en dicho precepto y en las leyes aplicables;
III. Formular petición a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que conozca de los amparos directos o en revisión que por su interés y trascendencia así lo ameriten, de conformidad con el artículo 107, fracciones V y VIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
IV. Denunciar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación la sustentación de tesis que estime contradictorias con motivo de los juicios de amparo de la competencia de las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o de los tribunales colegiados de circuito, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107, fracción XIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
V. Solicitar al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o a la Sala respectiva, con motivo de un caso concreto, la modificación de la jurisprudencia que tuviesen establecida, expresando las razones que lo justifiquen, de conformidad con las disposiciones aplicables;
VI. Proponer al Ejecutivo federal los proyectos de iniciativas de ley o de reformas legislativas para la exacta observancia de la Constitución Política de los Estados. Unidos Mexicanos y que estén vinculadas con las materias que sean competencia de la Procuraduría General de la República, de conformidad con las disposiciones aplicables;
VII. Someter a consideración del Ejecutivo federal el proyecto de reglamento de esta ley, así como el de las reformas al mismo, que juzgue necesarias;
VIII. Presentar al Ejecutivo federal propuestas de tratados internacionales en el ámbito de su competencia, en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores y las demás dependencias de la administración pública federal involucradas;
IX. Concurrir en la integración y participar en el Consejo Nacional de Seguridad Pública, así como presidir la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia y nombrar y remover al secretario técnico de ésta;
X. Celebrar convenios de colaboración con los gobiernos del Distrito Federal y de los estados integrantes de la federación, de conformidad con el artículo 119 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como acuerdos interinstitucionales con órganos gubernamentales extranjeros u organismos internacionales, en términos de la Ley sobre la Celebración de Tratados;
XI. Celebrar acuerdos, bases de colaboración, convenios y demás instrumentos jurídicos con autoridades federales y con los gobiernos del Distrito Federal, de los estados integrantes de la federación y municipios, organismos públicos autónomos, incluso constitucionales, así como con organizaciones de los sectores social y privado;
XII. Crear consejos asesores y de apoyo que coadyuven en la solución de la problemática que implica las distintas actividades de la Procuraduría General de la República;
XIII. Autorizar la infiltración de agentes para investigaciones en materia de delincuencia organizada, y
XIV. Las demás que prevean otras disposiciones aplicables.

Artículo 7. Los servidores, públicos que determine el reglamento de esta ley, podrán emitir o suscribir instrumentos jurídicos, de acuerdo con sus atribuciones, que faciliten el funcionamiento y operación de la Procuraduría General de la República, siempre que no sean de los previstos en el artículo anterior.

Artículo 8. El Procurador General de la República, así como los servidores públicos en quienes delegue la facultad y los que autorice el reglamento de esta ley, resolverán en definitiva:

I. El no ejercicio de la acción penal;
II. La solicitud de cancelación o reclasificación de órdenes de aprehensión, de conformidad con el Código Federal de Procedimientos Penales;
III. La formulación de conclusiones no acusatorias;
IV. Las consultas que agentes del Ministerio Público de la Federación formulen o las prevenciones que la autoridad judicial acuerde en los términos que la ley prevenga, respecto de la omisión de formular conclusiones en el término legal, de conclusiones presentadas en un proceso penal o de actos cuya consecuencia sea el sobreseimiento del proceso o la libertad absoluta del inculpado antes de que se pronuncie sentencia;
V. Sobre la admisión de los elementos de prueba aportados o las diligencias solicitadas por la víctima u ofendido, y
VI. El desistimiento de la acción de extinción de domino.

Capítulo II Bases de organización

Artículo 9. El procurador general de la República ejercerá autoridad jerárquica sobre todo el personal de la Procuraduría General de la República.

El procurador general de la República emitirá los acuerdos, circulares, instructivos, bases y demás normas administrativas necesarias que rijan la actuación de las unidades administrativas y órganos técnicos, centrales y desconcentrados de la Procuraduría General de la República, así como de agentes del Ministerio Público de la federación, oficiales ministeriales y peritos.

Artículo 10. Para el despacho de los asuntos que competen a la Procuraduría General de la República y al Ministerio Público de la federación conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el presente ordenamiento y demás disposiciones aplicables, el procurador general de la República se auxiliará de:

I. Subprocuradores;
II. Oficial mayor;
III. Visitador general;
IV. Coordinadores;
V. Titulares de unidades especializadas;
VI. Directores generales;
VII. Delegados;
VIII. Titulares de órganos desconcentrados;
IX. Agregados;
X. Agentes del Ministerio Público de la federación, oficiales ministeriales y peritos, y
XI. Directores, subdirectores; subagregados, jefes de departamento, titulares de órganos y unidades técnicos y administrativos, centrales y desconcentrados, y demás servidores públicos que establezca el reglamento de esta ley y otras disposiciones aplicables.

Artículo 11. Para el desarrollo de las funciones de la Procuraduría General de la República y del Ministerio Público de la federación, se contará con un sistema de especialización y de coordinación regional y desconcentración, sujeto a las bases generales siguientes:

I. Sistema de especialización:
a) La Procuraduría General de la República contará con unidades administrativas especializadas en la investigación y persecución de géneros de delitos, atendiendo a las formas de manifestación de la delincuencia organizada, así como a la naturaleza, complejidad e incidencia de los delitos federales;
b) Las unidades administrativas especializadas actuarán en la circunscripción territorial que determine el Procurador mediante acuerdo, en coordinación con las y demás unidades administrativas competentes, y
c) Las unidades administrativas especializadas contarán con la estructura administrativa que establezcan las disposiciones aplicables.
II. Sistema de coordinación regional y desconcentración:
a) La Procuraduría General de la República actuará con base en un sistema de coordinación regional y desconcentración, por conducto de unidades administrativas que ejercerán sus funciones en las circunscripciones territoriales que establezcan las disposiciones aplicables;
b) Las circunscripciones territoriales serán delimitadas atendiendo a la incidencia delictiva, las circunstancias geográficas, las características de los asentamientos humanos, el nivel poblacional, los fenómenos criminógenos y demás criterios que establezca el reglamento de esta ley;
c) Cada circunscripción territorial contará con las unidades administrativas que resulten necesarias para el cumplimiento de las funciones, de conformidad con las normas aplicables.
Las unidades administrativas a que se refiere el párrafo anterior se integrarán con agencias del Ministerio Público de la federación, servicios periciales, oficiales ministeriales y el personal necesario para el desempeño de sus funciones;
d) Las delegaciones serán órganos desconcentrados de la Procuraduría General de la República en las entidades federativas. Al frente de cada delegación habrá un delegado, quien ejercerá el mando y autoridad jerárquica sobre los agentes del Ministerio Público de la federación, oficiales ministeriales y peritos, así como demás personal que le esté adscrito;
Las delegaciones preverán medidas para la atención de los asuntos a cargo del Ministerio Público de la federación en las localidades donde no exista agencia permanente;
e) Las unidades administrativas y delegaciones en cada circunscripción territorial a tenderán los asuntos en materia de averiguación previa, ejercicio de la acción penal, reserva, incompetencia, acumulación, no ejercicio de la acción penal, control de procesos, amparo, prevención del delito, servicios a la comunidad, servicios administrativos y otros, de conformidad con las facultades que les otorgue el Reglamento de esta ley y el procurador general de la República mediante acuerdo;
f) La ubicación y los ámbitos territorial y material de competencia de las unidades administrativas en las circunscripciones territoriales, así como de las delegaciones se determinarán por acuerdo del Procurador General de la República, atendiendo a los criterios señalados en el inciso b),y
g) El procurador general de la República expedirá las normas necesarias para la coordinación y articulación de las unidades administrativas en cada circunscripción territorial con los órganos centrales y unidades especializadas, a efecto de garantizar la unidad de actuación y dependencia jerárquica del Ministerio Público de la federación.

Artículo 12. Se dispondrá de un sistema de información que permita a la unidad responsable que determine el reglamento de esta ley, el conocimiento oportuno de las legislaciones estatales y deL Distrito Federal, a .efecto de que el Procurador General de la República esté en aptitud de ejercer la acción prevista por la fracción II, inciso c), del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la participación que le corresponda en las controversias a que se refiere la fracción I del mismo artículo.

El sistema a que se refiere el párrafo que antecede también abarcará la información para que dicha unidad tenga oportunamente conocimiento de las tesis contradictorias que se emitan por el Poder Judicial de la Federación, a fin de que el Procurador General de la República esté en condiciones de ejercitar la facultad de denuncia de tesis contradictorias a que alude la fracción XIII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la de solicitar la modificación de jurisprudencia a que se refiere el artículo 6, fracción V, de esta ley.

Artículo 13. El personal de la Procuraduría General de la República se organizará como sigue:

I. Los agentes del Ministerio Público de la federación y los peritos, quedarán sujetos al servicio profesional de carrera, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 20 de esta ley, en los términos de los artículos 21 y 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del reglamento respectivo y demás disposiciones aplicables, y
II. El personal distinto del ministerial y pericial será de confianza y estará sujeto al sistema de profesionalización que establezca el reglamento de esta ley; en ningún caso será considerado miembro de los servicios de carrera y los efectos de su nombramiento podrán darse por terminados en cualquier momento.

El reglamento de esta ley señalará los servidores públicos que, sin tener el nombramiento de agente del Ministerio Público de la federación, por la naturaleza de sus funciones deban ejercer dichas atribuciones. Dichos servidores públicos quedarán comprendidos en la fracción II de este artículo.

La Procuraduría General de la República contará con un sistema de profesionalización en el que deberá participar todo el personal de la misma, cuyas características estarán contenidas en el reglamento de esta ley y demás normas aplicables.

Artículo 14. El reglamento de esta ley establecerá las unidades y órganos técnicos y administrativos, centrales y desconcentrados, de la Procuraduría General de la República, así como sus atribuciones.

El procurador general de la República, de conformidad con las disposiciones presupuestales, podrá crear unidades administrativas especializadas distintas a las previstas en el reglamento de esta ley, para la investigación y persecución de géneros de delitos, atendiendo a las necesidades del servicio, así como fiscalías especiales para el conocimiento, atención y persecución de delitos específicos que por su trascendencia, interés y características así lo ameriten.

Artículo 15. El procurador general de la República, para la mejor organización y funcionamiento de la Procuraduría General de la República, podrá delegar facultades, excepto aquellas que por disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la presente ley, y demás ordenamientos aplicables, deban ser ejercidas por el propio procurador general de la República. Asimismo, podrá adscribir orgánicamente las unidades y órganos técnicos y administrativos que establezca el reglamento de esta ley y demás disposiciones aplicables.

Artículo 16. Los acuerdos por los cuales se disponga la creación de unidades administrativas especializadas y fiscalías especiales, se deleguen facultades o se adscriban los órganos y unidades, se publicarán en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo 17. El procurador general de la República será designado y removido de conformidad con lo dispuesto por el artículo 102, Apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 18. Los subprocuradores, oficial mayor y visitador general serán nombrados y removidos libremente por el presidente de la república, a propuesta del procurador general de la República.

Para ser subprocurador o visitador general, se deberán cumplir los siguientes requisitos:

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento;
II. Tener cuando menos treinta años cumplidos el día de la designación, y
III. Contar con título profesional de licenciado en derecho, con ejercicio profesional de cinco años.

Los subprocuradores, para suplir al procurador general de la República, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley, deberán cumplir con los mismos requisitos que para éste se establecen en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, salvo la ratificación del Senado de la República.

El oficial mayor deberá cumplir los requisitos que establezca el reglamento de esta ley.

Artículo 19. Los coordinadores, titulares de unidad y de órganos desconcentrados, directores generales, delegados y agregados de la Procuraduría General de la República en el extranjero deberán reunir los requisitos que se establezcan en el reglamento de esta ley y demás disposiciones aplicables, y serán designados y removidos libremente por el Procurador General de la República.

Artículo 20. Los agentes del Ministerio Público de la federación y los peritos, serán nombrados y removidos de conformidad con lo dispuesto en el capítulo quinto de esta ley. Los demás servidores públicos serán nombrados y removidos en los términos del presente ordenamiento, su reglamento y demás disposiciones aplicables.

Los oficiales ministeriales deberán cumplir los requisitos que establece el artículo 23 y serán considerados servidores públicos de confianza en términos del artículo 13, fracción II de esta ley.

Artículo 21. La Visitaduría General es el órgano de evaluación técnico-jurídica de la actuación del Ministerio Público de la Federación y de supervisión, inspección, fiscalización y control de los servidores públicos de la Procuraduría General de la República.

Las atribuciones y funciones que se confieren a la Visitaduría General de acuerdo con el primer párrafo de este artículo serán ejercitadas por visitadores, que serán nombrados por el procurador general de la República, y quedarán comprendidos en la fracción II del artículo 13 de esta ley, así como por agentes del Ministerio Público de la federación de designación especial.

Los visitadores y agentes del Ministerio Público de la federación adscritos a la Visitaduría General deberán satisfacer los requisitos del artículo 34, fracción I, de esta ley, con excepción del inciso e), y los demás que establezca su reglamento.

Para el cabal desempeño de sus facultades, los visitadores y agentes del Ministerio Público de la federación adscritos a la Visitaduría General tendrán libre acceso a los expedientes que se encuentren bajo la autoridad de los agentes del Ministerio Público de la federación a quienes se realiza una visita, así como a las instalaciones correspondientes y la documentación, el equipo y los elementos que ahí se encuentren, de conformidad con lo dispuesto en esta ley, su reglamento y los acuerdos relativos del procurador general de la República.

Capítulo III De los auxiliares del Ministerio Público de la federación

Artículo 22. Son auxiliares del Ministerio Público de la federación:

I. Directos:
a) Los oficiales ministeriales;
b) La Policía Federal, en términos de lo dispuesto por el articulo 21 constitucional, y
c) Los servicios periciales.
II. Suplementarios:
a) Los agentes del Ministerio Público del fuero común, de las policías en el Distrito Federal, en los estados integrantes de la Federación y en los Municipios, así como los peritos, en las instituciones de procuración de justicia de las entidades federativas, en términos de las disposiciones legales aplicables y los acuerdos respectivos;
b) El personal del Servicio Exterior Mexicano acreditado en el extranjero;
c) Los capitanes, patrones o encargados de naves o aeronaves nacionales, y
d) Los funcionarios de las entidades y dependencias de la administración pública federal, en términos de las disposiciones aplicables.

El Ministerio Público de la federación ordenará la actividad de los auxiliares suplementarios en lo que corresponda exclusivamente a las actuaciones que practiquen en su auxilio.

Artículo 23. Los oficiales ministeriales auxiliarán al Ministerio Público de la federación en el ejercicio de sus funciones, mediante el desarrollo de todo tipo de diligencias, la obtención y procesamiento de información, la comunicación con instituciones públicas y privadas y con el público en general, y cualesquiera otras acciones relacionadas con las previstas en el artículo 4 de esta ley, de conformidad con lo que establezca el reglamento y los acuerdos que emita el procurador general de la República.

Para ser oficial ministerial se requiere:

a) Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos;
b) Acreditar que se han concluido estudios de educación medio-superior o equivalente;
c) Tener acreditado, en su caso, el servicio militar nacional;
d) Someterse y aprobar los procesos inicial, permanentes y periódicos de evaluación de control de confianza en términos de las normas aplicables;
e) No estar sujeto a proceso penal;
f) No estar suspendido ni haber sido destituido o inhabilitado por resolución firme como servidor público, ni estar sujeto a procedimiento de responsabilidad administrativa federal o local, en los términos de las normas aplicables;
g) Ser de notoria buena conducta y no haber sido condenado por sentencia irrevocable como responsable de un delito doloso o culposo calificado como grave;
h) No hacer uso ilícito de sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras que produzcan efectos similares, ni padecer alcoholismo, e
i) Los demás requisitos que establezcan otras disposiciones aplicables.

Previo al ingreso de los oficiales ministeriales deberán consultarse los registros que establece la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Artículo 24. En la investigación de los delitos, las policías actuarán bajo la conducción y el mando del Ministerio Público de la Federación, en términos de lo dispuesto por el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las disposiciones aplicables y los protocolos de actuación que se establezcan al respecto.

Artículo 25. Los peritos actuarán bajo la autoridad y mando inmediato del Ministerio Público de la federación, sin perjuicio de la autonomía técnica e independencia de criterio que les corresponde en el estudio de los asuntos que se sometan a su dictamen.

Artículo 26. El Ejecutivo federal determinará las entidades paraestatales de la administración pública federal que deban quedar sujetas a la coordinación de la Procuraduría General de la República, en cuyo supuesto serán aplicables a ésta las disposiciones que para las dependencias coordinadoras de sector establecen la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley Federal de Entidades Paraestatales y demás ordenamientos que resulten procedentes.

Artículo 27. El procurador general de la República o los servidores públicos en quienes delegue esta función, podrán autorizar al personal del Ministerio Público de la federación para auxiliar a otras autoridades que lo requieran en el desempeño de una o varias funciones, que sean compatibles con las que corresponden a la procuración de justicia federal.

El auxilio se autorizará mediante la expedición del acuerdo correspondiente, tomando en cuenta los recursos y las necesidades del Ministerio Público de la federación.

El personal autorizado en los términos de este artículo no quedará, por ese hecho, subordinado a las autoridades a quienes auxilie.

Artículo 28. De conformidad con los artículos 21 y 119 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y demás disposiciones aplicables, el procurador general de la República convendrá con las autoridades locales competentes la forma en que deban desarrollarse las funciones de auxilio local al Ministerio Público de la federación.

Sujetándose a las disposiciones constitucionales y legales aplicables, cuando los agentes del Ministerio Público del fuero común auxilien al Ministerio Público de la federación, recibirán denuncias y querellas por delitos federales, practicarán las diligencias de averiguación previa que sean urgentes, resolverán sobre la detención o libertad del inculpado, bajo caución o con las reservas de ley, y enviarán sin dilación alguna el expediente y el detenido al Ministerio Público de la federación.

Artículo 29. Los auxiliares del Ministerio Público de la federación deberán, bajo su responsabilidad, dar aviso de inmediato a éste, en todos los casos sobre los asuntos en que intervengan con ese carácter, haciendo de su conocimiento los elementos que conozcan con motivo de su intervención.

Capítulo IV De la suplencia y representación del procurador general de la República

Artículo 30. El procurador general de la República será suplido en sus excusas, ausencias o faltas temporales por los subprocuradores, en los términos que disponga el reglamento de esta ley.

En materia de procesos penales, el procurador general de la República será suplido por el titular de la unidad administrativa correspondiente para la atención de las vistas que al efecto realice la autoridad jurisdiccional, el desistimiento de la acción penal, la presentación de conclusiones inacusatorias y otras actuaciones.

Cuando el procurador general de la República sea señalado como autoridad responsable en juicios de amparo, será suplido, indistintamente, por los servidores públicos señalados en el párrafo primero, los que establezca el reglamento de esta ley o quien designe mediante el acuerdo correspondiente.

El subprocurador que supla al procurador general de la República ejercerá las atribuciones que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la presente ley y demás normas aplicables otorgan a aquél, con excepción de lo dispuesto por la fracción I del artículo 6 de esta ley.

Artículo 31. Los subprocuradores, el oficial mayor, el visitador general, los coordinadores, titulares de unidad, directores generales, delegados, titulares de órganos desconcentrados, agregados y los demás servidores públicos, serán suplidos en los términos que establezca el reglamento de esta ley.

Artículo 32. El procurador general de la República será representado ante las autoridades judiciales, administrativas y del trabajo por los servidores públicos que determine el reglamento de esta ley o por los agentes del Ministerio Público de la federación que se designen para el caso concreto.

Capítulo V Del servicio profesional de carrera ministerial y pericial

Artículo 33. El servicio profesional de carrera ministerial y pericial comprende lo relativo a agente del Ministerio Público de la federación y perito profesional y técnico, y se sujetará a las bases siguientes:

I. Se compondrá de las etapas de ingreso, desarrollo y terminación del servicio, en los términos de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y demás disposiciones aplicables;
II. Tendrá carácter obligatorio y permanente y abarcará los programas, cursos, exámenes y concursos correspondientes a las diversas etapas de las ramas ministerial y pericial, los cuales se realizarán por las unidades y órganos que determinen las disposiciones aplicables, sin perjuicio de que se establezcan mecanismos de coadyuvancia con instituciones públicas o privadas;
III. Se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez, lealtad e imparcialidad y de respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tendrá como objetivos la preparación, competencia, capacidad y superación constante del personal en tareas de procuración de justicia.
El contenido teórico y práctico de los programas de capacitación, actualización, especialización y certificación fomentará que los agentes del Ministerio Público de la Federación y los peritos ejerzan sus atribuciones con base en los referidos principios y objetivos y promoverán el efectivo aprendizaje y el pleno desarrollo de los conocimientos y habilidades necesarios para el desempeño del servicio;
IV. Contendrá las normas para el registro y el reconocimiento de los certificados del personal ministerial y pericial;
V. Contará con un sistema de rotación de agentes del Ministerio Público de la federación y de peritos profesionales y técnicos, dentro de la Procuraduría General de la República, y
VI. Determinará los perfiles, categorías y funciones de los agentes del Ministerio Público de la federación y de peritos profesionales y técnicos.

Artículo 34. Para ingresar y permanecer como agente del Ministerio Público de la federación de carrera, se requiere:

I. Para ingresar:
a) Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos;
b) Contar con título de licenciado en derecho expedido y registrado legalmente, y con la correspondiente cédula profesional;
c) Tener acreditado, en su caso, el servicio militar nacional;
d) Aprobar el proceso de evaluación de control de confianza;
e) Sustentar y acreditar el concurso de oposición, en los términos que señalen las disposiciones aplicables;
f) No estar sujeto a proceso penal;
g) No estar suspendido ni haber sido destituido o inhabilitado por resolución firme como servidor público, ni estar sujeto a procedimiento de responsabilidad administrativa federal o local, en los términos de las normas aplicables;
h) Ser de notoria buena conducta y no haber sido condenado por sentencia irrevocable como responsable de un delito doloso o culposo calificado como grave;
i) No hacer uso ilícito de sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras que produzcan efectos similares, ni padecer alcoholismo, y
j) Los demás requisitos que establezcan otras disposiciones aplicables
II. Para permanecer:
a) Seguir los programas de actualización y profesionalización que establezcan las disposiciones aplicables;
b) Aprobar los procesos de evaluación de control de confianza y de evaluación del desempeño que establezcan el reglamento respectivo y demás disposiciones aplicables;
e) No ausentarse del servicio sin causa justificada por tres días consecutivos, o cinco discontinuos, dentro de un periodo de treinta días naturales;
d) Participar en los procesos de ascenso que se convoquen conforme a las disposiciones aplicables;
e) Cumplir los requisitos de ingreso durante el servicio;
f) Mantener vigente la certificación a que se refiere el inciso a) del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
g) Cumplir las órdenes de comisión, rotación y cambio de adscripción;
h) Cumplir con las obligaciones que les impongan las leyes respectivas;
i) No incurrir en actos u omisiones que causen la pérdida de confianza o afecten fa prestación del servicio, y
j) Los demás requisitos que establezcan las disposiciones aplicables.

Artículo 35. Para ingresar y permanecer como perito de carrera, se requiere:

I. Para ingresar:
a) Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos;
b) Acreditar que se han concluido por lo menos los estudios correspondientes a la educación medio-superior o equivalente;
c) Tener título legalmente expedido y registrado por la autoridad competente que lo faculte para ejercer la ciencia, técnica, arte o disciplina de que se trate, o acreditar plenamente los conocimientos correspondientes a la disciplina sobre la que deba dictaminar, cuando de acuerdo con las normas aplicables no necesite título o cédula profesional para su ejercicio;
d) Tener acreditado, en su caso, el servicio militar nacional;
e) Aprobar el proceso de evaluación de control de confianza;
f) Sustentar y acreditar el concurso de oposición en los términos que señalen las disposiciones aplicables;
g) No estar sujeto a proceso penal;
h) No estar suspendido ni haber sido destituido o inhabilitado por resolución firme como servidor público, ni estar sujeto a procedimiento de responsabilidad administrativa federal o local, en los términos de las normas aplicables;
i) Ser de notoria buena conducta y no haber sido condenado por sentencia irrevocable como responsable de un delito doloso o culposo calificado como grave;
j) No hacer uso ilícito de sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras que produzcan efectos similares, ni padecer alcoholismo, y
k) Los demás requisitos que establezcan otras disposiciones aplicables.
II. Para permanecer:
a) Seguir los programas de actualización y profesionalización que establezcan las disposiciones aplicables;
b) Aprobar los procesos de evaluación de control de confianza y de evaluación del desempeño que' establezcan el reglamento respectivo y demás disposiciones' aplicables;
c) No ausentarse del servicio sin causa justificada por tres días consecutivos o cinco discontinuos, de un periodo de treinta días naturales;
d) Participar en los procesos de ascenso que se convoquen conforme a las disposiciones aplicables;
e) Cumplir los requisitos de ingreso durante el servicio;
f) Mantener vigente la certificación a que se refiere el inciso a) del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
g) Cumplir las órdenes de comisión, rotación y cambio de adscripción;
h) Cumplir con las obligaciones que les impongan las leyes respectivas;
i) No incurrir en actos u omisiones que causen la pérdida de confianza o afecten la prestación del servicio, y
j) Los demás requisitos que establezcan las disposiciones aplicables.

Artículo 36. El Ministerio Público de la federación estará integrado por agentes de carrera y agentes de designación especial.

Para los efectos de esta ley, se entiende por agentes de designación especial aquellos que sin ser de carrera, son nombrados por el procurador general de la República para atender asuntos que por sus circunstancias especiales así lo requieran.

Los servicios periciales estarán integrados por peritos de carrera y peritos de designación especial.

Artículo 37. Tratándose de personas con amplia experiencia profesional, el Procurador General de la República, de conformidad con el reglamento de esta ley y lo que establezcan las disposiciones relativas al servicio profesional de carrera ministerial y pericial podrá, en casos excepcionales, designar agentes del Ministerio Público de la federación o peritos especiales, dispensando la presentación de los concursos de ingreso. Dichas personas deberán estar en pleno ejercicio de sus derechos y satisfacer las requisitos siguientes:

I. Para agente del Ministerio Público de la federación, los señalados en el artículo 34, fracción 1, de esta ley, con excepción del inciso e), y
II. Para perito, los señalados en el artículo 35, fracción 1, de esta ley, con excepción de los incisos a) y e).

Los agentes del Ministerio Público de la federación y peritos por designación especial, no serán miembros del servicio profesional de carrera ministerial y pericial.

En cualquier momento, se podrán dar por terminados los efectos del nombramiento de las personas designadas conforme a este artículo, sin que para ello sea necesario agotar el procedimiento a que se refiere el artículo 46 de esta ley.

Artículo 38. Previo al ingreso como agente del Ministerio Público de la federación o perito, incluyendo los casos a que se refiere el artículo anterior, será obligatorio que la Procuraduría General de la República consulte los antecedentes del candidato de que se trate en los registros que establece la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Artículo 39. Para el ingreso como agente del Ministerio Público de la federación y de perito profesional y técnico, se realizará concurso de ingreso por oposición interna o libre.

En los concursos de ingreso para agente del Ministerio Público de la federación o de perito, en igualdad de circunstancias se preferirá alas agentes del Ministerio Público de la federación y peritos por designación especial y a los oficiales ministeriales, con sujeción a las condiciones y características que determine el Consejo de Profesionalización.

Artículo 40. Los agentes del Ministerio Público de la federación y los peritos serán adscritos por el procurador general de la República o por otros servidores públicos de la Procuraduría General de la República en quienes delegue esta función, a las diversas unidades administrativas de la misma, de conformidad con las disposiciones aplicables.

Igualmente, se les podrá encomendar el estudio, dictamen y actuaciones que en casos especiales se requieran de acuerdo con su categoría y especialidad.

Artículo 41. Los ascensos a las categorías superiores del Ministerio Público de la federación y perito, se realizarán por concurso de oposición, de conformidad con las disposiciones reglamentarias del servicio profesional de carrera ministerial y pericial y los acuerdos del Consejo de Profesionalización.

Artículo 42. El Consejo de Profesionalización será la instancia normativa de las etapas de ingreso, desarrollo y terminación del servicio profesional de carrera ministerial y Pericial en la Procuraduría General de la República, y se integrará por:

I. Los subprocuradores;
II. El oficial mayor;
III. El visitador general;
IV. El titular del órgano interno de control;
V. El titular del área de Servicios Periciales;
VI. El titular del área a cargo del servicio profesional de carrera ministerial y pericial, quien fungirá como secretario técnico del consejo;
VII. El director general del Instituto Nacional de Ciencias Penales;
VIII. Un agente del Ministerio Público de la federación y un perito de reconocido prestigio profesional, buena reputación y excelente desempeño en la Procuraduría General de la República, cuya designación estará a cargo del procurador general de la República, quienes participarán con voz pero sin voto;
IX. Un representante del ámbito académico, de reconocido prestigio, buena reputación y desempeño ejemplar en el ámbito universitario o de la investigación, cuya designación estará a cargo del procurador general de la República, el que participará con voz pero sin voto, y
X. Los demás funcionarios que determinen las disposiciones reglamentarias del servicio profesional de carrera ministerial y pericial o el procurador general de la República por acuerdo.

Artículo 43. El Consejo de Profesionalización tendrá las funciones siguientes:

I. Normar, desarrollar y evaluar el servicio profesional de carrera ministerial y pericial, y establecer políticas y criterios generales para tal efecto, de conformidad con las disposiciones aplicables;
II. Aprobar las convocatorias para ingreso o ascenso del personal de carrera;
III. Aprobar los resultados de los concursos de ingreso y de ascensos del personal de carrera;
IV. Recomendar al procurador general de la República la adscripción inicial y los cambios de adscripción del personal de carrera;
V. Resolver en única instancia el procedimiento de separación del servicio de a que se refiere el artículo 46 de esta ley;
VI. Establecer criterios y políticas generales de capacitación, formación, actualización, especialización y licencias del personal de carrera;
VII. Dictar las normas necesarias para la regulación de su organización y funcionamiento;
VIII. Establecer los órganos y comisiones que deban auxiliarlo en el desempeño de sus funciones, y
IX. Las demás que le otorguen las disposiciones reglamentarias del servicio profesional de carrera ministerial y pericial.

Artículo 44. La organización y el funcionamiento del Consejo de Profesionalización serán determinados por las normas reglamentarias del servicio profesional de carrera ministerial y pericial, las cuales deberán establecer los órganos que habrán de auxiliarlo en el cumplimiento de sus funciones.

Artículo 45. La terminación del servicio profesional de carrera ministerial y pericial será:

I. Ordinaria que comprende:
a) La renuncia;
b) La incapacidad permanente para el desempeño de sus funciones;
c) La jubilación, y
d) La muerte del miembro del Servicio Profesional de Carrera Ministerial y Pericial.
II. Extraordinaria que comprende:
a) La separación del servicio por el incumplimiento de los requisitos de ingreso o permanencia, yb) La remoción.

Artículo 46. La separación del servicio profesional de carrera ministerial y pericial, por el incumplimiento de los requisitos de ingreso o permanencia, se realizará como sigue:

I. El superior jerárquico deberá presentar queja fundada y motivada ante el Consejo de Profesionalización, en la cual deberá señalar el requisito de ingreso o permanencia que presuntamente haya sido incumplido por el miembro del servicio profesional de carrera ministerial y pericial de que se trate, adjuntando los documentos y demás pruebas que considere pertinentes;
II. El Consejo de Profesionalización notificará la queja al miembro del servicio profesional de carrera ministerial y pericial de que se trate y lo citará a una audiencia para que manifieste lo que a su derecho convenga, adjuntando los documentos y demás elementos probatorios que estime procedentes;
III. El superior jerárquico podrá suspender al miembro del servicio profesional de carrera ministerial y pericial hasta en tanto el Consejo de Profesionalización resuelva lo conducente;
IV. Una vez desahogada la audiencia y agotadas las diligencias correspondientes, el Consejo de Profesionalización resolverá sobre la queja respectiva, y
V. Contra la resolución del Consejo de Profesionalización no procederá recurso administrativo alguno.

Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo, se entenderá por superior jerárquico a los servidores públicos a que se refiere el artículo 68 de esta ley.

Artículo 47. El procedimiento a que se refiere el artículo anterior, será substanciado por los órganos auxiliares del Consejo de Profesionalización, cuya integración, operación y funcionamiento se definirán en las disposiciones reglamentarias del servicio profesional de carrera ministerial y pericial.

Artículo 48. Los miembros del servicio profesional de carrera ministerial y pericial que estén sujetos a proceso penal como probables responsables de delito doloso, o culposo calificado como grave por la ley, serán suspendidos por los servidores públicos a que se refiere el artículo 68 de esta ley, desde que se dicte el auto de plazo constitucional respectivo y hasta que se emita sentencia ejecutoriada. En caso de que ésta fuese condenatoria serán separados; si por el contrario, fuese absolutoria, se les restituirá en sus derechos.

Capítulo VI De los procesos de evaluación de los servidores públicos

Artículo 49. Los servidores públicos de la Procuraduría General de la República, deberán someterse y aprobar los procesos de evaluación de control de confianza y del desempeño de conformidad con las disposiciones aplicables.

El proceso de evaluación de control de confianza, constará de los exámenes siguientes:

I. Patrimoniales y de entorno social;
II. Médico;
III. Psicométricos y psicológicos;
IV. Poligráfico;
V. Toxicológicos, y
VI. Los demás que establezcan las normas aplicables.

Artículo 50. El proceso de evaluación del desempeño comprenderá, atendiendo al perfil de puestos:

I. Comportamiento;
II. Cumplimiento en el ejercicio de las funciones;
III. Conocimientos teóricos y prácticos, y
IV. Los demás que establezcan las normas aplicables.

Artículo 51. Los procesos de evaluación a que se refieren los dos artículos anteriores tendrán por objeto comprobar que los servidores públicos de la Procuraduría General de la República dan debido cumplimiento a los principios de legalidad, objetividad, imparcialidad, eficacia, profesionalismo, honradez, disciplina y respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 52. El procurador general de la República, los subprocuradores, el oficial mayor y el visitador general podrán requerir que los servidores públicos se presenten a la práctica de evaluaciones de control de confianza, independientemente de la vigencia de su certificado.

Artículo 53. Los exámenes de proceso de evaluación de control de confianza se valorarán en conjunto, salvo el examen toxicológico que se presentará y calificará por separado.

Artículo 54. Los servidores públicos serán citados a la práctica de las evaluaciones correspondientes. En caso de no presentarse sin mediar causa justificada, se les tendrá por no aprobados.

Artículo 55. Se considera información confidencial y reservada la contenida en los expedientes y reportes de resultados derivados de los procesos de evaluación.

Artículo 56. Los miembros del servicio profesional de carrera ministerial y pericial que no cumplan con los requisitos de permanencia en los procesos de evaluación de control de confianza y de desempeño, dejarán de prestar sus servicios en la Procuraduría General de la República, previo desahogo del procedimiento que establece el artículo 46 de esta ley.

Los demás servidores públicos de la Procuraduría General de la República que no cumplan con los requisitos de permanencia en los procesos de evaluación de control de confianza y de desempeño, dejarán de prestar sus servicios en la misma, de conformidad con las disposiciones legales aplicables.

Artículo 57. La Procuraduría General de la República contará con un centro de evaluación y control de confianza que tendrá a su cargo la aplicación, calificación y valoración de los procesos de evaluación a que se refiere este capítulo y ejercerá las facultades que determinen las normas aplicables.

En el ejercicio de sus funciones el centro de evaluación y control de confianza de la Procuraduría General de la República se sujetará a los criterios, normas, procedimientos técnicos y protocolos que se establezcan para tales efectos por el Centro Nacional de Evaluación y Control de Confianza.

Artículo 58. El Centro de Evaluación y Control de Confianza de la Procuraduría General de la República expedirá los certificados para el ingreso de agentes del Ministerio Público de la federación y peritos, así como el del personal que por acuerdo del procurador general de la República deba certificarse.

Artículo 59. La Procuraduría General de la República, en términos de los acuerdos y convenios que se adopten en el marco del sistema nacional de seguridad pública y otras disposiciones aplicables, podrá aplicar los procesos de evaluación a que se refiere este capítulo, a servidores públicos de otras instituciones.

Capítulo VII De los derechos de los agentes del Ministerio Público de la federación y los peritos

Artículo 60. Los agentes del Ministerio Público de la federación y los peritos tendrán los derechos siguientes:

I. Participar en los cursos de capacitación, actualización y especialización correspondientes, así como en aquellos que se acuerden con otras instituciones académicas, nacionales y del extranjero, que tengan relación con sus funciones, sin perder sus derechos y antigüedad, sujeto a las disposiciones presupuestales y a las necesidades del servicio;
II. Sugerir al Consejo de Profesionalización las medidas que estimen pertinentes para el mejoramiento del servicio profesional de carrera ministerial y pericial, por conducto de sus representantes;
III. Percibir prestaciones acordes con las características del servicio de conformidad con el presupuesto de la Procuraduría General de la República y demás normas aplicables;
IV. Gozar de las prestaciones que establezca la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y demás disposiciones aplicables;
V. Acceder al sistema de estímulos económicos y sociales, cuando su conducta y desempeño así lo ameriten y de acuerdo con las normas aplicables y las disponibilidades presupuestales;
VI. Participar en los concursos de ascenso a que se convoque;
VII. Gozar de un trato digno y decoroso por parte de sus superiores jerárquicos;
VIII. Recibir el equipo de trabajo sin costo alguno;
IX. Recibir oportuna atención médica sin costo alguno, cuando sean lesionados en cumplimiento de su deber;
X. Gozar de los beneficios que establezcan las disposiciones aplicables una vez terminado de manera ordinaria el servicio profesional de carrera ministerial y pericial;
XI. Gozar de permisos y licencias sin goce de sueldo en términos de las disposiciones aplicables, y
XII. Los demás que establezcan las disposiciones aplicables.

Acceder a los servicios complementarios de seguridad social establecidos en las normas aplicables.

Los agentes del Ministerio Público de la federación y peritos de designación especial, así como, en lo conducente, los visitadores y oficiales ministeriales, participarán en los programas de capacitación, actualización y especialización, y gozarán de los derechos a que se refiere este artículo, salvo los contenidos en las fracciones II, VI y X.

Capítulo VIII De las causas de responsabilidad de los agentes del Ministerio Público de la federación y los peritos

Artículo 61. Son causas de responsabilidad de los agentes del Ministerio Público de la Federación y, en lo conducente, de los visitadores, oficiales ministeriales y peritos:

I. No cumplir, retrasar o perjudicar por negligencia la debida actuación del Ministerio Público de la federación;
II. Realizar o encubrir conductas que atenten contra la autonomía del Ministerio Público de la federación, tales como aceptar o ejercer consignas, presiones, encargos, comisiones o cualquier otra acción que genere o implique subordinación indebida respecto de alguna persona o autoridad;
III. Distraer de su objeto, para uso propio o ajeno, el equipo, elementos materiales o bienes asegurados bajo su custodia o de la Procuraduría General de la República;
IV. No solicitar los dictámenes periciales correspondientes o abstenerse de realizarlos;
V. No trabar el aseguramiento de bienes, objetos, instrumentos o productos de delito y no solicitar el decomiso cuando así proceda en los términos que establezcan las leyes penales;
VI. Omitir la práctica de las diligencias necesarias en cada asunto;
VII. Abstenerse de ejercitar la acción de extinción de dominio en los casos y en los términos que establece la ley de la materia;
VIII. Abstenerse de promover en la vía incidental ante la autoridad judicial el reconocimiento de la calidad de víctima u ofendido en términos de las disposiciones aplicables;
IX. Negar indebidamente a la víctima u ofendido el acceso del fondo que establece la Ley de Extinción de Dominio cuando tenga derecho a ello;
X. No registrar la detención conforme a las disposiciones aplicables o abstenerse de actualizar el registro correspondiente;
XI. Incumplir cualquiera de las obligaciones a que se refiere el artículo siguiente, y
XII. Las demás que establezcan otras disposiciones aplicables.

Artículo 62. Son obligaciones de los agentes del Ministerio Público de la federación y, en lo conducente de los visitadores, oficiales ministeriales y peritos, para salvaguardar la certeza, legalidad, objetividad, imparcialidad, eficiencia, profesionalismo, honradez, disciplina y respeto a los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el desempeño de su función, las siguientes:

I. Conducirse siempre con apego al orden jurídico y respeto a los derechos humanos;
II. Prestar auxilio a las personas que hayan sido víctimas de algún delito, así como brindar protección a sus bienes y derechos, cuando resulte procedente. Su actuación deberá ser congruente, oportuna y proporcional al hecho;
III. Cumplir sus funciones con absoluta imparcialidad, sin discriminar a persona alguna por su raza, religión, sexo, condición económica o social, preferencia sexual, ideología política o por algún otro motivo;
IV. Impedir, por los medios que tuvieren a su alcance y en el ámbito de sus atribuciones, que se infrinjan, toleren o permitan actos de tortura física o psicológica u otros tratos o sanciones crueles, inhumanos o degradantes. Los servidores públicos que tengan conocimiento de ello deberán denunciarlo inmediatamente ante la autoridad competente;
V. Abstenerse de ejercer empleo, cargo, comisión o cualquiera de las actividades a que se refiere el artículo siguiente de esta ley;
VI. Observar un trato respetuoso con todas las personas debiendo abstenerse de todo acto arbitrario y de limitar indebidamente las acciones o manifestaciones que en ejercicio de sus derechos constitucionales y con carácter pacífico realice la población;
VII . Desempeñar su función sin solicitar ni aceptar compensaciones, pagos o gratificaciones distintas a las previstas legalmente. En particular se opondrán a cualquier acto de corrupción;
VIII. Abstenerse de ordenar o realizar la detención o retención de persona alguna sin cumplir con los requisitos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los ordenamientos legales aplicables;
IX. Velar por la vida e integridad física y psicológica de las personas detenidas o puestas a su disposición;
X. Participar en operativos de coordinación con otras autoridades o corporaciones policiales, así como brindarles el apoyo que conforme a derecho proceda;
XI. Obedecer las órdenes de los superiores jerárquicos, siempre y cuando sean conforme a derecho, y cumplir con todas sus obligaciones legales;
XII. Preservar el secreto de los asuntos que por razón del desempeño de su función conozcan;
XIII. Abstenerse en el desempeño de sus funciones de auxiliarse por personas no autorizadas por las disposiciones aplicables;
XIV. Usar el equipo a su cargo con el debido cuidado y prudencia en el cumplimiento de sus funciones, así como conservarlo;
XV. Abstenerse de abandonar las funciones, comisión o servicio que tengan encomendado, sin causa justificada;
XVI. Someterse y aprobar los procesos de evaluación de control de confianza y del desempeño, de conformidad con las disposiciones aplicables, y
XVII. Las demás que se establezcan en las disposiciones aplicables.

El incumplimiento de estas obligaciones dará lugar a la sanción correspondiente en los términos del Capítulo IX de esta ley.

Artículo 63. Los agentes del Ministerio Público de la federación, los visitadores, los oficiales ministeriales y peritos, no podrán:

I. Desempeñar empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la administración pública federal, en los gobiernos del Distrito Federal o de los estados integrantes de la Federación y municipios, así como trabajos o servicios en instituciones privadas, salvo los de carácter docente y aquellos que autorice la Procuraduría General de la República, siempre y cuando no sean incompatibles con sus funciones en la misma;
II. Ejercer la abogacía por sí o por interpósita persona, salvo en causa propia, de su cónyuge, concubina o concubinario, de sus ascendientes o descendientes, de sus hermanos o de su adoptante o adoptado;
III. Ejercer las funciones de tutor, curador o albacea judicial, a no ser que tenga el carácter de heredero o legatario, o se trate de sus ascendientes, descendientes, hermanos, adoptante o adoptado, y
IV. Ejercer ni desempeñar las funciones de depositario o apoderado judicial, síndico, administrador, interventor en quiebra o concurso, notario, corredor, comisionista, árbitro o arbitrador.

Capítulo IX De las sanciones de los agentes del Ministerio Público de la federación y los peritos

Artículo 64. Las sanciones por incurrir en las causas de responsabilidad a que se refiere el artículo 61 de esta ley, serán:

I. Amonestación pública o privada;
II. Suspensión, o
III. Remoción.

Artículo 65. La amonestación es el acto mediante el cual se le llama la atención al servidor público por la falta o faltas no graves cometidas en el desempeño de sus funciones y lo conmina a rectificar su conducta.

La amonestación podrá ser pública o privada dependiendo de las circunstancias específicas de la falta y, en ambos casos, se comunicará por escrito al infractor, en cuyo expediente personal se archivará una copia de la misma. Las amonestaciones serán consideradas en los procesos de ascenso del servicio profesional de carrera ministerial y pericial.

La acumulación de tres amonestaciones dará lugar a la suspensión.

Artículo 66. La suspensión es la interrupción temporal de los efectos del nombramiento, la cual podrá ser hasta por treinta días a juicio del superior jerárquico, cuando la falta cometida no amerite remoción.

Artículo 67. Procederá la remoción en los casos de infracciones graves, a juicio de la Visitaduría General. En todo caso, se impondrá la remoción en los casos a que se refieren las fracciones IV, V, VII, VIII, XII, XIII, XV y XVI del artículo 62 de esta ley.

Artículo 68. Las sanciones a que se refiere el artículo 64, fracciones I y II del presente ordenamiento, podrán ser impuestas por:

I . El procurador general de la República;
II. Los subprocuradores;
III. El oficial mayor;
IV. El visitador general;
V. Los coordinadores;
VI. Los titulares de unidad;
VII. Los directores generales;
VIII. Los delegados;
IX. Los titulares de los órganos desconcentrados;
X. Los agregados, y
XI. Los titulares de las unidades administrativas equivalentes.

La Visitaduría General, a petición de los servidores públicos a que se refiere el presente artículo, podrá determinar la remoción.

Artículo 69. Las sanciones se impondrán tomando en cuenta los elementos siguientes:

I. La gravedad de la responsabilidad en que se incurra;
II. La necesidad de suprimir prácticas que vulneren el funcionamiento de la Procuraduría General de la República;
III. La reincidencia del responsable;
IV. El nivel jerárquico, el grado académico y la antigüedad en el servicio;
V. Las circunstancias y medios de ejecución;
VI. Las circunstancias socioeconómicas del servidor público, y
VII. El monto del beneficio, daño o perjuicio económicos derivado del incumplimiento de obligaciones.

Artículo 70. La determinación de la remoción se hará conforme al procedimiento siguiente:

I. Se iniciará de oficio, por queja presentada por los servidores públicos a que se refiere el artículo 68 de esta ley, ante la Visitaduría General, o por vista que realicen los visitadores o los agentes del Ministerio Público de la federación adscritos a dicha Unidad Administrativa, en el ejercicio de sus atribuciones.
La Policía Federal así como otras autoridades que participen en la averiguación previa, podrán presentar queja ante la Visitaduría General, contra servidores públicos que comentan infracciones graves. En estos casos se seguirá el procedimiento establecido en este capítulo;
II. Las quejas o vistas que se formulen deberán estar apoyadas en elementos probatorios suficientes;
III. Se enviará una copia de la queja o de la vista y sus anexos al servidor público, para que en un término de quince días hábiles formule un informe sobre los hechos y rinda las pruebas correspondientes. El informe deberá referirse a todos y cada uno de los hechos comprendidos en la queja o en la vista, afirmándolos, negándolos, expresando los que ignore por no ser propios, o refiriéndolos como crea que tuvieron lugar. Se presumirán confesados los hechos de la queja o en la vista sobre los cuales el denunciado no suscitaré explícitamente controversia, salvo prueba en contrario;
IV. Se citará al servidor público a una audiencia en la que se desahogarán las pruebas respectivas, si las hubiere, y se recibirán sus alegatos, por sí o por medio de su defensor;
V. Una vez verificada la audiencia y desahogadas las pruebas, la Visitaduría General resolverá sobre la inexistencia de la responsabilidad o impondrá al responsable la sanción de remoción. La resolución se notificará al interesado;
VI. Si del informe o de los resultados de la audiencia no se desprenden elementos suficientes para resolver o se advierten otros que impliquen nueva responsabilidad a cargo del presunto responsable o de otras personas, se podrá disponer la práctica de investigaciones y acordar la celebración de otra u otras audiencias, y
VII. En cualquier momento, previo o posterior a la celebración de la audiencia, los servidores públicos a que se refiere el artículo 68 de esta ley podrán determinar la suspensión temporal del presunto responsable, siempre que a su juicio así convenga para la conducción o continuación de las investigaciones, la cual cesará si así lo resuelve la Visitaduría General, independientemente de la iniciación, continuación o conclusión del procedimiento a que se refiere este artículo. La suspensión no prejuzga sobre la responsabilidad que se impute, lo cual se hará constar expresamente en la determinación de la misma.

Si el servidor público suspendido conforme a esta fracción no resultare responsable será restituido en el goce de sus derechos.

Artículo 71. Cuando servidores públicos distintos de los miembros del servicio profesional de carrera ministerial y pericial incurran en las infracciones a que se refiere el artículo 61, la Visitaduría General, previo desahogo del procedimiento a que en el mismo se establece, podrá imponer como sanción la cancelación del certificado del servidor público de que se trate, independientemente de la terminación de los efectos de su nombramiento respectivo, de conformidad con las normas aplicables.

La cancelación del certificado deberá registrarse en los términos del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Artículo 72. En contra de las resoluciones por las que se imponga alguna de las sanciones previstas en el artículo 64 del presente ordenamiento, se podrá interponer recurso de rectificación ante el Consejo de Profesionalización, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la notificación de la resolución.

En el escrito correspondiente se expresarán los agravios y se aportarán las pruebas que se estimen pertinentes.

El recurso se resolverá en la siguiente sesión del Consejo de Profesionalización, y la resolución se agregará al expediente u hoja de servicio correspondiente.

Artículo 73. Las demás sanciones serán impuestas por los servidores públicos a que se refiere el artículo 68 de esta ley, quienes deberán observar, en lo conducente, el procedimiento que establece el artículo 70.

Capítulo X Disposiciones finales

Artículo 74. Los servidores públicos de la Procuraduría General de la República y en general toda persona que desempeñe un cargo, comisión o empleo de cualquier naturaleza en la misma, están sujetos al régimen de responsabilidades a que se refiere la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, de conformidad con lo dispuesto en el Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 75. El órgano interno de control en la Procuraduría General de la República ejercerá las funciones que le otorga la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y demás disposiciones aplicables.

Artículo 76. En el ejercicio de sus funciones, los agentes del Ministerio Público de la federación, visitadores, oficiales ministeriales y los peritos observarán las obligaciones inherentes a su calidad de servidores públicos y actuarán con la diligencia necesaria para la pronta, completa y debida procuración de justicia.

Artículo 77. Se podrán imponer a los servidores públicos de la Procuraduría General de la República, por las faltas en que incurran en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, las sanciones disciplinarias previstas en los ordenamientos legales en materia de responsabilidades de los servidores públicos, mediante el procedimiento que en los mismos se establezcan.

En los casos en que el órgano interno de control determine las sanciones de destitución o inhabilitación, se entenderá que conllevan la cancelación del certificado a que se refiere el artículo 58 de esta ley. La cancelación del certificado deberá registrarse en los términos del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Artículo 78. Los agentes del Ministerio Público de la federación no son recusables, pero bajo su más estricta responsabilidad deben excusarse del conocimiento de los negocios en que intervengan, cuando exista alguna de las causas de impedimento que la ley señala en el caso de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistrados de circuito y jueces de distrito y las demás disposiciones aplicables, haciéndolo del conocimiento por escrito de su superior inmediato.

Si el agente del Ministerio Público de la federación interviene en un asunto aun cuando no deba hacerlo, será sancionado conforme con las disposiciones de esta ley y demás que resulten aplicables.

Artículo 79. La desobediencia o resistencia a las órdenes legalmente fundadas del Ministerio Público de la federación dará lugar al empleo de medidas de apremio o a la imposición de correcciones disciplinarias, según sea el caso, en los términos que previenen las normas aplicables. Cuando la desobediencia o resistencia constituyan delito, se iniciará la averiguación previa respectiva.

Artículo 80. Cuando se impute la comisión de un delito al Procurador General de la República, sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por la ley en materia de responsabilidades de los servidores públicos, se procederá de la siguiente manera:

I. Conocerá de la denuncia y se hará cargo de la averiguación previa respectiva el subprocurador a quien corresponda actuar como suplente del procurador general de la República de conformidad con esta ley y su reglamento, y

II. El servidor público suplente del procurador general de la República resolverá sobre el inicio del procedimiento para la declaración de procedencia ante la Cámara de Diputados, previo acuerdo con el Ejecutivo federal.

Artículo 81. Los agentes del Ministerio Público y peritos podrán ser separados de sus cargos si no cumplen con los requisitos de permanencia que establezcan las leyes vigentes o si incurren en alguna causa de responsabilidad en el desempeño de sus funciones.

Si la separación, remoción, baja, cese, destitución o cualquier otra forma de terminación del servicio fue injustificada, la Procuraduría General de la República estará obligada a pagar la indemnización y demás prestaciones, sin que proceda en caso alguno la reincorporación al servicio.

La indemnización a que se refiere el párrafo anterior consistirá en:

I. Veinte días de salario por cada uno de los años de servicios prestados, y
II. Tres meses de salario base.

En los casos en que el servidor público separado se desista de la acción de que se trate, en cualquier etapa del procedimiento y hasta antes de que se dicte resolución definitiva, la Procuraduría General de la República podrá cubrir la indemnización que proceda de conformidad con las normas aplicables.

Transitorios

Primero. Esta ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se abroga la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 2002. Continuarán vigentes las normas expedidas con apoyo en la ley que se abroga, en lo que no se opongan a la presente.

Tercero. Las funciones de la Policía Federal Investigadora como auxiliar del Ministerio Público de la Federación, serán realizadas por la Policía Federal, en los términos de la normatividad correspondiente. Los agentes de la Policía Federal Investigadora podrán incorporarse a otra institución de procuración de justicia o de seguridad pública siempre que cumplan los requisitos que establezca la normatividad aplicable.

Los agentes de la Policía Federal Investigadora que a la fecha de entrada en vigor de la presente ley se encuentren en activo en la Procuraduría General de la República, tendrán un plazo de treinta días hábiles contado a partir de la entrada en vigor de esta ley para manifestar su voluntad de someterse al proceso de evaluación de control de confianza o, en su caso, de adherirse al programa de conclusión de la prestación de servicios en forma definitiva de los servidores públicos de la Administración Pública Federal.

Quienes aprueben el proceso de evaluación a que se refiere el párrafo anterior, en los términos de la normatividad aplicable, podrán permanecer en la Procuraduría General de la República en un cargo distinto al de agente de la Policía Federal Investigadora y acorde con su perfil y aptitudes.

Quienes no se sometan o no aprueben el referido proceso de evaluación, serán separados del servicio en la Procuraduría General de la República.

Los procesos de evaluación de control de confianza a que se refiere este artículo deberán concluirse dentro de un año a partir de la entrada en vigor de esta ley.

Cuarto. En un marco de respeto a sus derechos laborales, el personal de base que se encuentre laborando en la Procuraduría General de la República, tendrá un plazo de treinta días hábiles contado a partir de la entrada en vigor de esta ley para optar por cualquiera de las alternativas siguientes:

I. Manifestar su voluntad de permanecer en la Procuraduría General de la República en una plaza de confianza de nivel equivalente o superior;
II. Acogerse al programa de reubicación dentro de la Administración Pública Federal conforme con su perfil, o
III. Adherirse al programa de conclusión de la prestación de servicios en forma definitiva de los servidores públicos de la administración pública federal.

La Procuraduría General de la República contará con un periodo de dos años, contado a partir del inicio de la vigencia de la presente ley, a efecto de instrumentar lo dispuesto en este artículo.

El personal que opte por lo dispuesto en la fracción I de este artículo, deberá someterse y aprobar las evaluaciones de control de confianza, dentro del plazo a que se refiere el párrafo anterior; de lo contrario, dejará de prestar sus servicios en la Procuraduría General de la República.

Quinto. Todo el personal de la Procuraduría General de la República deberá ser evaluado en los términos de esta ley dentro de un plazo de dos años, contado a partir del inicio de la vigencia de la misma.

Sexto. En tanto se expide el reglamento de esta ley, se aplicará el reglamento publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 25 de junio de 2003, en todo aquello que no se oponga a las disposiciones de la presente ley.

Séptimo. En tanto se expiden las disposiciones reglamentarias del servicio profesional de carrera ministerial y pericial, el Consejo de Profesionalización estará facultado para emitir normas generales relativas al desarrollo y operación de dicho servicio. El Consejo de Profesionalización será presidido por el subprocurador que al efecto designe el procurador general de la República.

Octavo. Los agentes del Ministerio Público de la federación y los peritos que a la entrada en vigor del presente ordenamiento se encuentren laborando en la Procuraduría General de la República se someterán a las disposiciones reglamentarias del Servicio Profesional de Carrera Ministerial y Pericial que se expidan para tal efecto.

Noveno. En tanto se expide el reglamento de esta ley y se regulariza la estructura y la asignación de plazas de la Visitaduría General, los agentes del Ministerio Público de la federación visitadores en términos de la ley que se abroga continuarán desarrollando las actividades propias de su encargo.

Décimo. Cuando se expida el reglamento de esta ley, las menciones a la unidad especializada a que se refiere el artículo 8o. de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, se entenderán hechas a la unidad administrativa que se establezca en dicho ordenamiento reglamentario.

Décimo Primero. Los procedimientos de responsabilidad administrativa que se encuentren en trámite ante el Consejo de Profesionalización, continuarán hasta su conclusión de conformidad con las disposiciones vigentes al momento de su inicio.

Reitero a usted, ciudadano Presidente de la Cámara de Diputados, la seguridad de mi consideración más atenta y distinguida.

Sufragio Efectivo. No Reelección.
Palacio Nacional, a los veintiún días del mes de octubre de dos mil ocho.--- Felipe de Jesús Calderón Hinojosa (rúbrica), Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.»

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Túrnese a la Comisión de Justicia, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Continúe la Secretaría con los acuerdos de la Junta de Coordinación Política.



COMISIONES LEGISLATIVAS

El Secretario diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.--- Junta de Coordinación Política.

Diputado César Duarte Jáquez, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.--- Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 8, tercer párrafo, del acuerdo relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, le pido atentamente que se sometan a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados los siguientes movimientos, solicitados por el diputado Héctor Larios Córdova , coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional:

• Que la diputada Violeta del Pilar Lagunes Viveros cause alta como presidenta de la Comisión Especial para conocer las políticas y la procuración de justicia vinculada a los feminicidios en el país.
• Que la diputada Violeta del Pilar Lagunes Viveros cause baja como secretaria de la Comisión de Justicia y pase a ser integrante de ésta.

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente
Palacio Legislativo, México, DF, a 16 de octubre de 2008.--- Diputado Javier González Garza (rúbrica), Presidente.»

En votación económica se pregunta a la asamblea si es de aprobarse la solicitud. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Mayoría por la afirmativa, diputado presidente.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Aprobada . Continúe con el siguiente comunicado.

El Secretario diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.--- Junta de Coordinación Política.

Diputado César Duarte Jáquez, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.--- Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicano, así como el artículo 8, tercer párrafo, del acuerdo relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, le pido atentamente que sometan a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados los siguientes movimientos, solicitados por el diputado Alejandro Chanona Burguete , coordinador del Grupo Parlamentaria de Convergencia:

• Que la diputada Patricia Obdulia de Jesús Castillo Romero , cause baja como integrante en la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social.
• Que la diputada Patricia Obdulia de Jesús Castillo Romero , cause alta como integrante en la Comisión de Derechos Humanos.

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Atentamente
Palacio Legislativo, México, DF, 21 de octubre de 2008.--- Diputado Javier González Garza (rúbrica), Presidente de la Junta de Coordinación Política.»

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: De enterado.



ORDEN DEL DIA

La Secretaria diputada Margarita Arenas Guzmán: «Primer Periodo Ordinario de Sesiones.--- Tercer Año de Ejercicio.--- LX Legislatura.

Orden del día

Jueves 23 de octubre de 2008.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones

La Secretaría de Cultura del gobierno del Distrito Federal invita a la ceremonia cívica con motivo del 191 aniversario luctuoso del general Pedro Moreno González, que tendrá lugar el 27 de octubre a las 10:00 horas.

Oficios de la Secretaría de Gobernación

Cinco, con los que remite contestación a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados.

Los asuntos no abordados en esta sesión y los demás con los que la Mesa Directiva dé cuenta.»



CLAUSURA Y CITATORIO

El Presidente diputado César Duarte Jáquez (a las 15:21): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el próximo jueves 23 de octubre a las 11:00 horas. Y se les informa que el sistema electrónico de asistencia estará abierto a partir de las 9: 30 de la mañana.

--------------- O ---------------



RESUMEN DE TRABAJOS



DIPUTADOS QUE PARTICIPARON DURANTE LA SESION
(en orden alfabético)

ASISTENCIA


DE CONFORMIDAD CON LO QUE DISPONE EL ARTÍCULO 2, NUMERAL 2, INCISO C, DEL REGLAMENTO PARA LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS, SE PUBLICA LA SIGUIENTE LISTA DE ASISTENCIA DE LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS

SECRETARÍA GENERAL

GRUPO
PARLAMENTARIO
ASISTENCIA ASISTENCIA
POR CÉDULA
ASISTENCIA
COMISIÓN
OFICIAL
PERMISO
MESA
DIRECTIVA
INASISTENCIA
JUSTIFICADA
INASISTENCIAS TOTAL
ALT 185 3 4 3 0 12 207
PRD 112 5 1 1 0 8 127
PRI 96 2 3 2 0 3 106
CONV 14 0 2 1 0 0 17
PVEM 16 1 0 0 0 0 17
PT 11 0 0 0 0 0 11
NA 9 0 0 0 0 0 9
ALT 1 1 1 0 0 2 5
TOTAL 444 12 11 7 0 25 25

Nota: Las diferencias que existen entre las listas de asistencias y el número de votos puede variar conforme a los diputados presentes al momento de la votación.


SECRETARÍA GENERAL
REPORTE DE ASISTENCIA

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL
1 Acosta Dávila Constantino PERMISO MESA DIRECTIVA
2 Aguilar López José Alejandro ASISTENCIA
3 Alcalde Virgen Moisés ASISTENCIA
4 Alcaraz Hernández Alma Edwviges INASISTENCIA
5 Álvarez Bernal María Elena ASISTENCIA
6 Amezola Fonceca Gerardo ASISTENCIA
7 Antuña Batista Fidel ASISTENCIA
8 Aranda Orozco Gerardo ASISTENCIA
9 Arellano Arellano Joel ASISTENCIA
10 Arenas Guzmán Margarita ASISTENCIA
11Arizméndi Uribe Efraín ASISTENCIA
12 Armendáriz García Pedro ASISTENCIA
13 Arredondo Ibarra Salvador ASISTENCIA
14 Arredondo Velázquez Jesús ASISTENCIA
15 Ávila Mayo Obdulio ASISTENCIA
16 Barradas Miravete Gregorio ASISTENCIA
17 Barrios Rodríguez Juan Enrique ASISTENCIA
18 Bello Pérez Alfonso Othón CÉDULA
19 Berber Martínez Antonio ASISTENCIA
20 Bermúdez Viramontes Andrés INASISTENCIA
21 Bolaños Aguilar Edmundo Javier ASISTENCIA
22 Borrego Estrada Felipe ASISTENCIA
23 Bracho González Carlos Augusto ASISTENCIA
24 Buganza Salmerón Gerardo ASISTENCIA
25 Campos Galván María Eugenia ASISTENCIA
26 Carbajal Méndez Liliana ASISTENCIA
27 Cárdenas Sánchez Esmeralda ASISTENCIA
28 Cardona Benavidez Alma Xóchil ASISTENCIA
29 Carrasco Altamirano Diódoro Humberto ASISTENCIA
30 Castaño Contreras Cristián ASISTENCIA
31Castro De la Rosa Osiel ASISTENCIA
32 Castro Muñoz Juan de Dios ASISTENCIA
33 Ceja Romero Ramón INASISTENCIA
34 Collado Lara Beatriz ASISTENCIA
35 Contreras Coeto José Luis ASISTENCIA
36 Corral Aguilar María Mercedes ASISTENCIA
37 Cuen Garibi Marcela INASISTENCIA
38 Curiel Preciado Leobardo ASISTENCIA
39 Chávez García Daniel ASISTENCIA
40 Dávila Fernández Adriana ASISTENCIA
41 Dávila García Francisco ASISTENCIA
42 De la Torre Jaramillo Eduardo Sergio ASISTENCIA
43 De la Torre Sánchez José ASISTENCIA
44 De León Tello Jesús ASISTENCIA
45 Degante Romero Silvia Emilia ASISTENCIA
46Del Toro del Villar Tomás CÉDULA
47 Del Valle Toca Antonio ASISTENCIA
48Del Villar Sosa Sonia Leslie ASISTENCIA
49 Delgado Oscoy Alejandro Enrique ASISTENCIA
50 Denegre Vaught Ramírez Rosaura Virginia ASISTENCIA
51 Deschamps Falcón Ángel Rafael ASISTENCIA
52 Díaz García José Antonio ASISTENCIA
53 Díaz Garibay Felipe ASISTENCIA
54 Díaz Gordillo Martha Cecilia ASISTENCIA
55 Díaz Mena Joaquín Jesús ASISTENCIA
56 Díaz de León Torres Leticia PERMISO MESA DIRECTIVA
57 Domínguez Servién Francisco ASISTENCIA
58 Duck Núñez Edgar Mauricio ASISTENCIA
59 Enríquez Flores Armando ASISTENCIA
60 Escaroz Soler Gerardo Antonio ASISTENCIA
61 Escobar Jardinez Adolfo ASISTENCIA
62 Espinosa Piña José Luis ASISTENCIA
63 Félix Holguín Armando Jesús ASISTENCIA
64 Felton González Carlos Eduardo OFICIAL COMISIÓN
65 Fernández Cabrera Adrián ASISTENCIA
66Fernández Ugarte Ma. del Carmen ASISTENCIA
67 Flores Domínguez Emilio Ramón Ramiro INASISTENCIA
68 Flores Grande Arturo INASISTENCIA
69 Flores Morfín Jesús Vicente ASISTENCIA
70 Fraile García Francisco Antonio ASISTENCIA
71 Franco Cazarez Ricardo ASISTENCIA
72 Fuentes Ortíz José Guillermo ASISTENCIA
73 García González Carlos Alberto ASISTENCIA
74 García Müller Martha Margarita ASISTENCIA
75 García Reyes Ángel Humberto ASISTENCIA
76 García Reyes Beatriz Eugenia ASISTENCIA
77 García Vivián Raúl ASISTENCIA
78 Garmendia Hernández Yolanda Mercedes ASISTENCIA
79 Gómez Leyva Silvio ASISTENCIA
80 González Betancourt Jorge Justiniano ASISTENCIA
81 González Martínez María Gabriela ASISTENCIA
82 González Morán Martín Oscar ASISTENCIA
83 González Roaro Benjamín Ernesto ASISTENCIA
84 González Ruiz Felipe ASISTENCIA
85González Sánchez Ma. Dolores ASISTENCIA
86Gudiño Ortíz Francisco Javier ASISTENCIA
87 Guerrero Torres José Gildardo ASISTENCIA
88 Gutiérez Aguilar Miguel Ángel ASISTENCIA
89 Gutiérrez Lagunes María Victoria ASISTENCIA
90 Hernández Núñez Elia ASISTENCIA
91 Hurtado Pérez Nelly Asunción ASISTENCIA
92 Iragorri Durán Enrique ASISTENCIA
93Jiménez del Castillo Ma. de los Ángeles ASISTENCIA
94 Jiménez Ramos María Esther ASISTENCIA
95 Joaquín Coldwell Addy Cecilia INASISTENCIA
96 Lagunes Viveros Violeta del Pilar ASISTENCIA
97 Landero Gutiérrez Alejandro ASISTENCIA
98 Landeros González Ramón ASISTENCIA
99 Lara Compeán David ASISTENCIA
100 Larios Córdova Héctor ASISTENCIA
101 Laviada Hernández Iñigo Antonio INASISTENCIA
102 Lemus Muñoz Ledo Ramón Ignacio ASISTENCIA
103 Leura González Agustín ASISTENCIA
104 Limas Frescas María Soledad ASISTENCIA
105 Lizaola de la Torre Alonso Manuel ASISTENCIA
106 López Cisneros José Martín ASISTENCIA
107 López Reyna Omeheira ASISTENCIA
108 López Silva Rubí Laura ASISTENCIA
109 Lujano Nicolás Christian Martín ASISTENCIA
110 Maawad Robert Luis Xavier ASISTENCIA
111 Macías Zambrano Gustavo INASISTENCIA
112 Madrazo Limón Carlos ASISTENCIA
113Magallón Arceo Leonardo Melesio de J. ASISTENCIA
114 Malagón Ríos Martín ASISTENCIA
115 Maldonado González David ASISTENCIA
116Manuell-Gómez Angulo Dolores De María ASISTENCIA
117 Martínez Valero Dora Alicia ASISTENCIA
118 Medellín Varela Antonio ASISTENCIA
119 Medina Macias Alma Hilda ASISTENCIA
120 Medina Rodríguez Delber ASISTENCIA
121 Medina Rodríguez Lizbeth Evelia OFICIAL COMISIÓN
122 Mejía García Luis Alonso INASISTENCIA
123 Méndez Meneses Apolonio ASISTENCIA
124 Mendoza Morales Lucía Susana ASISTENCIA
125 Mohamar Dainitin Oscar Miguel ASISTENCIA
126 Mollinedo Hernández Agustín ASISTENCIA
127 Monraz Ibarra Miguel Ángel ASISTENCIA
128 Montes Sánchez Fabián Fernando ASISTENCIA
129 Montiel Luis Lariza ASISTENCIA
130 Mora Cuevas Marisol ASISTENCIA
131 Morales Ramos José Nicolás INASISTENCIA
132 Moreno Álvarez Mario Eduardo ASISTENCIA
133 Morgan Franco Rocío del Carmen ASISTENCIA
134 Muñoz Serrano José Antonio ASISTENCIA
135 Murillo Flores Francisco Javier ASISTENCIA
136 Murillo Torres José Luis ASISTENCIA
137 Navarro Sugich Carlos Alberto ASISTENCIA
138 Nordhausen González Jorge Rubén ASISTENCIA
139Noriega Blanco Vigil María Nieves ASISTENCIA
140 Ochoa López Nabor ASISTENCIA
141 Olvera Higuera Edgar Armando ASISTENCIA
142 Orozco Ruiz Velazco Marco Heriberto ASISTENCIA
143Ortega Martínez Ma. del Pilar ASISTENCIA
144 Ortiz Montoro Sagrario María del Rosario ASISTENCIA
145Ortíz Hernández Eduardo ASISTENCIA
146 Oviedo Oviedo Ernesto ASISTENCIA
147 Padilla Orozco Raúl Alejandro ASISTENCIA
148 Palafox Núñez José Inés ASISTENCIA
149 Paredes Rodríguez Francisco Javier ASISTENCIA
150 Parra Jiménez Dolores María del Carmen ASISTENCIA
151 Parra Noriega Luis Gustavo ASISTENCIA
152 Pérez Cuéllar Cruz ASISTENCIA
153 Pérez de Tejada Romero Diana Carolina ASISTENCIA
154 Peyrot Solís Marco Antonio ASISTENCIA
155 Plascencia Alonso Francisco Javier ASISTENCIA
156 Priego Tapia Gerardo ASISTENCIA
157 Pulido Pecero Pedro ASISTENCIA
158 Quintero Bello Jorge ASISTENCIA
159 Ramírez Barba Ector Jaime ASISTENCIA
160 Ramírez Corral Ivette Jacqueline OFICIAL COMISIÓN
161 Ramírez Pech Edgar Martín ASISTENCIA
162 Ramírez Villarreal Gustavo ASISTENCIA
163 Ramos Covarrubias Héctor Manuel ASISTENCIA
164 Reyes López Carlos Armando ASISTENCIA
165 Rincón Vargas Mirna Cecilia ASISTENCIA
166 Rivera Rivera José Guadalupe ASISTENCIA
167 Rivero Rivero Rolando ASISTENCIA
168 Rodríguez Ahumada Luis Fernando ASISTENCIA
169 Rodríguez Jiménez Ricardo ASISTENCIA
170 Rodríguez Prats Juan José ASISTENCIA
171 Rodríguez Uresti Enrique ASISTENCIA
172 Rodríguez Vizcarra Velázquez Adriana ASISTENCIA
173 Rojas Hernández Laura Angélica ASISTENCIA
174 Román Isidoro Demetrio ASISTENCIA
175 Romo Jiménez Martha Angélica OFICIAL COMISIÓN
176 Rubio Chávez José Ignacio Alberto INASISTENCIA
177 Rueda Gómez Francisco ASISTENCIA
178 Ruiz Velasco de Lira Ernesto ASISTENCIA
179 Salas Contreras Marcos ASISTENCIA
180 Salazar Madera Mario Alberto ASISTENCIA
181 Salum del Palacio Jorge Alejandro ASISTENCIA
182 Sánchez Díaz de Rivera Antonio ASISTENCIA
183 Sánchez Domínguez Alejandro ASISTENCIA
184 Sánchez Gil Carlos René ASISTENCIA
185 Sánchez Juárez Claudia ASISTENCIA
186 Sánchez Trujillo José Víctor ASISTENCIA
187Sandoval Munguia Juan Manuel ASISTENCIA
188 Serrato Castell Luis Gerardo ASISTENCIA
189 Shej Guzmán Sara ASISTENCIA
190 Solano Muñoz José de Jesús ASISTENCIA
191 Stefanonni Mazzocco Martín ASISTENCIA
192 Tamayo Herrera Yadhira Yvette ASISTENCIA
193 Torres Gómez Artemio ASISTENCIA
194 Torres Herrera Víctor Manuel ASISTENCIA
195 Torres Torres Carlos Alberto ASISTENCIA
196 Valenzuela García María Gloria Guadalupe ASISTENCIA
197 Valladolid Rodríguez Antonio ASISTENCIA
198 Vasconcelos Rueda Antonio ASISTENCIA
199 Vázquez Martínez Alberto ASISTENCIA
200 Vega Corona Antonio ASISTENCIA
201 Velázquez Gutiérrez José Guillermo ASISTENCIA
202 Verástegui Ostos César Augusto CÉDULA
203 Verdín Saldaña Jaime ASISTENCIA
204 Victoria Alva Juan PERMISO MESA DIRECTIVA
205 Vieyra Olivares Adriana Rebeca ASISTENCIA
206 Villanueva Arjona Juan Manuel ASISTENCIA
207 Zambrano Elizondo Javier Martín ASISTENCIA
Asistencias: 185
Asistencias por cédula: 3
Asistencias comisión oficial: 4
Permiso Mesa Directiva: 3
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 12
Total diputados: 207


PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA
1Aguirre Alcaide Victor ASISTENCIA
2 Alavez Ruiz Aleida ASISTENCIA
3 Almazán González José Antonio ASISTENCIA
4 Almonte Borja Ramón ASISTENCIA
5 Alonso Flores Lourdes ASISTENCIA
6Wilfrido Alonso Razo Humberto ASISTENCIA
7 Altamirano Toledo Carlos ASISTENCIA
8 Alva Olvera Maribel Luisa ASISTENCIA
9 Álvarez Ramón Silbestre ASISTENCIA
10 Amaro Corona Alberto ASISTENCIA
11 Aragón Castillo Irene ASISTENCIA
12 Arellano Pulido Miguel Ángel ASISTENCIA
13Arreola Calderón Juan Dario ASISTENCIA
14 Barreiro Pérez Armando ASISTENCIA
15 Batres Guadarrama Valentina Valia CÉDULA
16 Bautista Bravo Alliet Mariana ASISTENCIA
17Bravo Padilla Itzcóatl Tonatiuh ASISTENCIA
18 Brito González Modesto ASISTENCIA
19 Calzada Vázquez Francisco Javier ASISTENCIA
20 Campos Aburto Amador ASISTENCIA
21 Cárdenas Hernández Raymundo ASISTENCIA
22 Cervantes Rodríguez Aurora ASISTENCIA
23Condado Escamilla Cuitlahuac CÉDULA
24 Contreras Julián Maricela ASISTENCIA
25 Cruz Santiago Claudia Lilia CÉDULA
26 Cuevas Córdova Othón ASISTENCIA
27 Chávez García Higinio ASISTENCIA
28 Dagdug Lützow Moisés Félix ASISTENCIA
29 De la Rosa García Juan Hugo ASISTENCIA
30 De los Santos Molina Joaquín Conrado ASISTENCIA
31 Dehesa Mora Daniel ASISTENCIA
32 Del Toro Mario Enrique ASISTENCIA
33 Díaz Contreras Adriana ASISTENCIA
34 Escandón Cadenas Rutilio Cruz ASISTENCIA
35 Espejel Lazcano Jaime ASISTENCIA
36 Fernández Balboa Mónica ASISTENCIA
37 Flores Maldonado César ASISTENCIA
38 Flores Salazar Guadalupe Socorro OFICIAL COMISIÓN
39 Franco Melgarejo Rafael ASISTENCIA
40 Gálvez Rodríguez Fernel Arturo ASISTENCIA
41 García Rodríguez Víctor Hugo ASISTENCIA
42 Garzón Contreras Neftalí ASISTENCIA
43 González Garza Javier ASISTENCIA
44 Guerra Ochoa Juan Nicasio ASISTENCIA
45 Gutiérrez Calzadilla José Luis ASISTENCIA
46 Hernández Gaytán Daisy Selene ASISTENCIA
47 Hernández Hernández Sergio ASISTENCIA
48 Hernández Manzanares Javier INASISTENCIA
49 Hernández Silva Benjamín ASISTENCIA
50Nohelia Ibarra Franquez Sonia ASISTENCIA
51 Jacques y Medina José ASISTENCIA
52 Jiménez Valenzuela María Eugenia ASISTENCIA
53 Landero López Pedro ASISTENCIA
54Lemarroy Martínez Juan Darío ASISTENCIA
55 Leyva Piñón Ana Yurixi ASISTENCIA
56 Lizárraga Peraza Víctor Manuel ASISTENCIA
57 López Barriga Erick ASISTENCIA
58 López Becerra Santiago ASISTENCIA
59 López Rojas Alberto ASISTENCIA
60 López Torres Ma. Soledad INASISTENCIA
61 Lozano Lozano Andrés ASISTENCIA
62 Luna Munguía Alma Lilia ASISTENCIA
63 Márquez Madrid Camerino Eleazar ASISTENCIA
64 Márquez Tinoco Francisco ASISTENCIA
65 Martínez Hernández Alejandro INASISTENCIA
66 Martínez Martínez Carlos Roberto ASISTENCIA
67 Martínez Martínez Francisco ASISTENCIA
68 Martínez Padilla Hugo Eduardo ASISTENCIA
69 Martínez Vargas Octavio ASISTENCIA
70 Matías Alonso Marcos ASISTENCIA
71 Matus Toledo Holly ASISTENCIA
72 Mayans Canabal Fernando Enrique ASISTENCIA
73 Mendoza Arellano David ASISTENCIA
74 Mendoza Flores Roberto ASISTENCIA
75 Mendoza Maldonado Fausto Fluvio INASISTENCIA
76 Mendoza Mendoza Irineo PERMISO MESA DIRECTIVA
77 Monreal Ávila Susana ASISTENCIA
78 Montalvo Rojas Victorio Rubén ASISTENCIA
79 Morales Manzo Jesús Ricardo ASISTENCIA
80 Morales Sánchez Efraín ASISTENCIA
81 Morales Vázquez Carlos Orsoe ASISTENCIA
82Narcía Álvarez Héctor ASISTENCIA
83 Navarro López Carlos Ernesto CÉDULA
84 Navarro Quintero Miguel Ángel ASISTENCIA
85 Ojeda Hernández Concepción ASISTENCIA
86 Oliva Fragoso Silvia ASISTENCIA
87 Orcí Martínez Juan Adolfo INASISTENCIA
88 Ortega Martínez Antonio ASISTENCIA
89 Ortiz Magallón Rosario Ignacia INASISTENCIA
90Pacheco LLanes Ramón Félix ASISTENCIA
91 Pedraza Chávez Isidro ASISTENCIA
92 Pedrozo Castillo Adrián ASISTENCIA
93 Peña Sánchez Miguel Ángel ASISTENCIA
94 Pérez Cruz Raciel ASISTENCIA
95 Pulido Santiago Celso David ASISTENCIA
96 Ramos Becerril Rafael Plácido ASISTENCIA
97 Ramos Castellanos Martín ASISTENCIA
98 Rasgado Corsi Gloria ASISTENCIA
99 Ríos Gamboa Raúl ASISTENCIA
100 Romero Gutiérrez Odilón ASISTENCIA
101Ruíz Sánchez Salvador ASISTENCIA
102 Saavedra Coronel José Antonio ASISTENCIA
103 Salinas Pérez Josefina ASISTENCIA
104 San Martín Hernández Juan Manuel ASISTENCIA
105 Sánchez Barrios Carlos ASISTENCIA
106 Sánchez Cabrales Rafael Elías ASISTENCIA
107 Sánchez Camacho Alejandro ASISTENCIA
108 Sánchez Camacho David ASISTENCIA
109 Sánchez Ramos Francisco ASISTENCIA
110 Sánchez Valdéz Eva Angelina ASISTENCIA
111 Sandoval Ramírez Cuauhtémoc ASISTENCIA
112 Santos Arreola Francisco Javier CÉDULA
113 Solares Chávez Miguel Ángel ASISTENCIA
114 Soriano Sánchez Rosa Elva INASISTENCIA
115 Soto Sánchez Antonio ASISTENCIA
116 Suárez del Real y Aguilera José Alfonso ASISTENCIA
117 Torres Baltazar María Elena INASISTENCIA
118 Torres García Daniel ASISTENCIA
119 Trejo Pérez Pablo ASISTENCIA
120 Ulloa Pérez Emilio ASISTENCIA
121 Vallejo Estevez Mario ASISTENCIA
122 Varela López Víctor Gabriel ASISTENCIA
123 Villanueva Albarrán Gerardo ASISTENCIA
124 Villicaña García Rafael ASISTENCIA
125 Zavaleta Salgado Ruth ASISTENCIA
126 Zazueta Aguilar Jesús Humberto ASISTENCIA
127 Zepeda Hernández Martín ASISTENCIA
Asistencias: 112
Asistencias por cédula: 5
Asistencias comisión oficial: 1
Permiso Mesa Directiva: 1
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 8
Total diputados: 127


PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
1 Abramo Masso Yerico ASISTENCIA
2 Aguilar Diego ASISTENCIA
3 Aguilar Solís Samuel ASISTENCIA
4 Aispuro Torres José Rosas ASISTENCIA
5 Alcántara Núñez Jesús Sergio ASISTENCIA
6 Aldana Prieto Luis Ricardo ASISTENCIA
7 Amador Gaxiola Daniel ASISTENCIA
8 Amador Leal Narcizo Alberto ASISTENCIA
9 Ayala Almeida Joel ASISTENCIA
10 Badillo Martínez Roberto ASISTENCIA
11Barajas Del Toro Salvador ASISTENCIA
12 Barajas López Ramón PERMISO MESA DIRECTIVA
13 Barba Hernández Alfredo ASISTENCIA
14 Beltrán Montes Israel ASISTENCIA
15 Benítez Ojeda Luis Enrique ASISTENCIA
16 Bernal Gutiérrez Andrés Marco Antonio ASISTENCIA
17 Biebrich Torres Carlos Armando ASISTENCIA
18 Blanco Pajón José Luis ASISTENCIA
19 Caballero Camargo Gustavo Fernando ASISTENCIA
20 Camacho Quiroz César Octavio CÉDULA
21 Canavati Tafich Jesús Ricardo ASISTENCIA
22 Carballo Bustamante Andrés ASISTENCIA
23Cárdenas Del Avellano Enrique ASISTENCIA
24 Cárdenas Monroy Oscar Gustavo ASISTENCIA
25 Cervantes Andrade Raúl ASISTENCIA
26 Colín Guadarrama María Mercedes ASISTENCIA
27 Cordero Alfonzo Arnulfo Elías ASISTENCIA
28 Chaurand Arzate Carlos ASISTENCIA
29De la Garza Treviño Jorge Luis PERMISO MESA DIRECTIVA
30 Díaz Athié Antonio de Jesús ASISTENCIA
31 Díaz Solorzano Elmar Darinel INASISTENCIA
32 Domínguez Domínguez Nemesio ASISTENCIA
33 Duarte Jáquez César Horacio ASISTENCIA
34 Escajeda Jiménez José Rubén ASISTENCIA
35 Escalante Jasso Aracely ASISTENCIA
36 Espinosa Abuxapqui Eduardo Elías ASISTENCIA
37 Estefan Chidiac Charbel Jorge INASISTENCIA
38 Flores Sandoval Patricio ASISTENCIA
39 Fuentes Téllez Octavio ASISTENCIA
40 Gamboa Patrón Emilio ASISTENCIA
41 Garza Garza Horacio Emigdio ASISTENCIA
42 Gebhardt Garduza Yary del Carmen ASISTENCIA
43 Gloria Requena Tomás ASISTENCIA
44 Gómez Lugo Elda ASISTENCIA
45 González Calderón Martha Hilda ASISTENCIA
46 González Salum Miguel Ángel ASISTENCIA
47 González Zarur Mariano ASISTENCIA
48 Guerrero García Javier ASISTENCIA
49 Guerrero Juárez Joel OFICIAL COMISIÓN
50 Herrera Ale Juana Leticia ASISTENCIA
51 Herrera Coyac Wenceslao ASISTENCIA
52 Izquierdo Bustamante Alfonso Rolando ASISTENCIA
53 Lagunes Gallina Gerardo ASISTENCIA
54 Lescieur Talavera Jorge Mario ASISTENCIA
55 López Balbuena Guillermina ASISTENCIA
56Madrid Tovilla Arely ASISTENCIA
57 Martínez Rocha Arturo ASISTENCIA
58 Martínez Rodríguez Lorena ASISTENCIA
59 Méndez Lanz Víctor Manuel ASISTENCIA
60 Mendívil Amparán Gustavo Ildefonso ASISTENCIA
61 Merodio Reza Lilia Guadalupe ASISTENCIA
62Moctezuma Pereda Fernando Quetzalcoatl ASISTENCIA
63 Montalvo Gómez Pedro ASISTENCIA
64 Morales García Elizabeth ASISTENCIA
65 Mota Hernández Adolfo ASISTENCIA
66 Muñoz Serna Rogelio CÉDULA
67 Murat José ASISTENCIA
68 Ochoa González Arnoldo ASISTENCIA
69 Ojeda Camacho Gilberto ASISTENCIA
70 Olivares Monterrubio Alejandro ASISTENCIA
71 Olivares Ventura Héctor Hugo ASISTENCIA
72 Ordaz Jiménez Ismael ASISTENCIA
73 Orihuela Bárcenas José Ascención ASISTENCIA
74 Orihuela Trejo José Amado ASISTENCIA
75Ortiz Del Carpio Víctor ASISTENCIA
76 Ortiz Proal Mauricio ASISTENCIA
77 Padilla Gutiérrez Héctor ASISTENCIA
78 Pagés Llergo Rebollar María Beatriz ASISTENCIA
79 Palma César Víctor Samuel ASISTENCIA
80 Parás González Juan Manuel ASISTENCIA
81 Partida Guzmán Martha Rocío ASISTENCIA
82 Patrón Montalvo Jesús Manuel ASISTENCIA
83 Peñuelas Acuña Mayra Gisela ASISTENCIA
84 Pérez Valdés Daniel ASISTENCIA
85 Pinete Vargas María del Carmen OFICIAL COMISIÓN
86 Quiñones Canales Lourdes ASISTENCIA
87 Ramírez Martínez José Edmundo ASISTENCIA
88 Ramírez Stabros Jesús ASISTENCIA
89 Reyna García José Jesús ASISTENCIA
90 Ríos Camarena Alfredo Adolfo ASISTENCIA
91 Rivera Bedoya Juan Francisco ASISTENCIA
92 Rodríguez Ramírez Bertha Yolanda ASISTENCIA
93 Rojas Gutiérrez Carlos ASISTENCIA
94Ruíz Chávez Sara Latife ASISTENCIA
95 Salas López Ramón INASISTENCIA
96 Sánchez Hernández Eduardo ASISTENCIA
97 Sandoval Paredes Sergio ASISTENCIA
98 Serrano Escobar Enrique ASISTENCIA
99 Sosa Castelán Gerardo ASISTENCIA
100 Toledo Luis Jorge ASISTENCIA
101 Vargas Landeros Gerardo Octavio ASISTENCIA
102Vega Ortíz María Oralia ASISTENCIA
103 Velasco Pérez Juan Carlos ASISTENCIA
104 Villa Villa Isael ASISTENCIA
105 Villanueva Abraján Patricia OFICIAL COMISIÓN
106 Zatarain González Carlos Ernesto ASISTENCIA
Asistencias: 96
Asistencias por cédula: 2
Asistencias comisión oficial: 3
Permiso Mesa Directiva: 2
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 3
Total diputados: 106


CONVERGENCIA
1 Abad De Jesús Juan ASISTENCIA
2 Aguilera Rico José Luis ASISTENCIA
3 Cárdenas Márquez Elías ASISTENCIA
4 Castellanos Hernández Félix ASISTENCIA
5 Castillo Romero Patricia Obdulia de Jesús ASISTENCIA
6 Chanona Burguete Alejandro PERMISO MESA DIRECTIVA
7 Del Río Virgen José Manuel ASISTENCIA
8 Godoy Cárdenas Jorge ASISTENCIA
9 López Lena Cruz Humberto ASISTENCIA
10 Salvatori Bronca María del Carmen ASISTENCIA
11 Samperio Montaño Juan Ignacio ASISTENCIA
12 Sansores San Román Layda Elena ASISTENCIA
13 Tagle Martínez Martha Angélica OFICIAL COMISIÓN
14 Uscanga Cruz Robinson ASISTENCIA
15 Valdés Chávez Ramón ASISTENCIA
16 Varela Lagunas Tomás José Luis OFICIAL COMISIÓN
17 Velasco Oliva Jesús Cuauhtémoc ASISTENCIA
Asistencias: 14
Asistencias por cédula: 0
Asistencias comisión oficial: 2
Permiso Mesa Directiva: 1
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 0
Total diputados: 17


PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO
1 Arévalo González José Antonio ASISTENCIA
2 Bellizzia Rosique Pascual ASISTENCIA
3 Cobo Terrazas Diego ASISTENCIA
4 Elizondo Garrido Francisco ASISTENCIA
5 Estrada González Faustino Javier ASISTENCIA
6 González Martínez Jorge Emilio ASISTENCIA
7 Lavara Mejía Gloria ASISTENCIA
8 López Adame Antonio Xavier ASISTENCIA
9 Manrique Guevara Beatriz ASISTENCIA
10 Notholt Guerrero Alan ASISTENCIA
11 Portilla Dieguez Manuel Salvador ASISTENCIA
12 Puente Salas Carlos Alberto CÉDULA
13 Ramírez Cerda Ana María ASISTENCIA
14 Rodríguez Luis Alejandro ASISTENCIA
15 Salgado Amador Manuel Salvador ASISTENCIA
16 Sesma Suárez Jesús ASISTENCIA
17 Velasco Rodríguez Verónica ASISTENCIA
Asistencias: 16
Asistencias por cédula: 1
Asistencias comisión oficial: 0
Permiso Mesa Directiva: 0
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 0
Total diputados: 17


PARTIDO DEL TRABAJO
1 Aguilar Jiménez Rubén ASISTENCIA
2 Arreola Ortega Pablo Leopoldo ASISTENCIA
3 Cantú Garza Ricardo ASISTENCIA
4 Cervantes Rivera Jaime ASISTENCIA
5 Garay Ulloa Silvano ASISTENCIA
6 Herrera Solís Anuario Luis ASISTENCIA
7Maciel Ortiz Ma. Mercedes ASISTENCIA
8 Peregrino García Abundio ASISTENCIA
9 Romero Guzmán Rosa Elia ASISTENCIA
10 Solís Parga Rodolfo ASISTENCIA
11 Vela González Joaquín Humberto ASISTENCIA
Asistencias: 11
Asistencias por cédula: 0
Asistencias comisión oficial: 0
Permiso Mesa Directiva: 0
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 0
Total diputados: 11


NUEVA ALIANZA
1 Arriola G. Mónica T. ASISTENCIA
2 Cárdenas Fonseca Manuel ASISTENCIA
3 Castillo Nájera Ariel ASISTENCIA
4 Dávila Esquivel Humberto ASISTENCIA
5 Gómez Pasillas Jacinto ASISTENCIA
6 Jiménez Godínez Miguel Ángel ASISTENCIA
7 Luna Becerril Blanca ASISTENCIA
8 Luna Rodríguez Silvia ASISTENCIA
9 Piñeyro Arias Irma ASISTENCIA
Asistencias: 9
Asistencias por cédula: 0
Asistencias comisión oficial: 0
Permiso Mesa Directiva: 0
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 0
Total diputados: 9


ALTERNATIVA
1 Arvizu Rivas Aida Marina CÉDULA
2 Conde Rodríguez Elsa de Guadalupe OFICIAL COMISIÓN
3 García Méndez Armando INASISTENCIA
4 Hernández Valadés Delio INASISTENCIA
5 Pedro Cortés Santiago Gustavo ASISTENCIA
Asistencias: 1
Asistencias por cédula: 1
Asistencias comisión oficial: 1
Permiso Mesa Directiva: 0
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 2
Total diputados: 5


SECRETARÍA GENERAL
REPORTE DE INASISTENCIAS

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL
Diputado
1 Alcaraz Hernández Alma Edwviges
2 Bermúdez Viramontes Andrés
3 Ceja Romero Ramón
4 Cuen Garibi Marcela
5 Flores Domínguez Emilio Ramón Ramiro
6 Flores Grande Arturo
7 Joaquín Coldwell Addy Cecilia
8 Laviada Hernández Iñigo Antonio
9 Macías Zambrano Gustavo
10 Mejía García Luis Alonso
11 Morales Ramos José Nicolás
12 Rubio Chávez José Ignacio Alberto
Faltas por grupo: 12


PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA
Diputado
1 Hernández Manzanares Javier
2 López Torres Ma. Soledad
3 Martínez Hernández Alejandro
4 Mendoza Maldonado Fausto Fluvio
5 Orcí Martínez Juan Adolfo
6 Ortiz Magallón Rosario Ignacia
7 Soriano Sánchez Rosa Elva
8 Torres Baltazar María Elena
Faltas por grupo: 8


PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
Diputado
1 Díaz Solorzano Elmar Darinel
2 Estefan Chidiac Charbel Jorge
3 Salas López Ramón
Faltas por grupo: 3


ALTERNATIVA
Diputado
1 García Méndez Armando
2 Hernández Valadés Delio
Faltas por grupo: 2


VOTACIONES

Del dictamen de la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto que reforma los artículos 19 y 27 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en lo general y en lo particular)
PARTIDO ACCION NACIONAL
1 Acosta Dávila, Constantino Ausente
2 Aguilar López, José Alejandro Ausente
3 Alcalde Virgen, Moisés Ausente
4 Alcaraz Hernández, Alma Edwviges Ausente
5 Álvarez Bernal, María Elena Favor
6 Amezola Fonceca, Gerardo Favor
7 Antuna Batista, Fidel Favor
8 Aranda Orozco, Gerardo Favor
9 Arellano Arellano, Joel Favor
10 Arenas Guzmán, Margarita Favor
11 Arizméndi Uribe, Efraín Favor
12 Armendáriz García, Pedro Ausente
13 Arredondo Ibarra, Salvador Favor
14 Arredondo Velázquez, Jesús Ausente
15 Ávila Mayo, Obdulio Favor
16 Barradas Miravete, Gregorio Favor
17 Barrios Rodríguez, Juan Enrique Favor
18 Bello Pérez, Alfonso Othón Ausente
19 Berber Martínez, Antonio Ausente
20 Bermúdez Viramontes, Andrés Ausente
21 Bolaños Aguilar, Edmundo Javier Favor
22 Borrego Estrada, Felipe Favor
23 Bracho González, Carlos Augusto Favor
24 Buganza Salmerón, Gerardo Ausente
25 Campos Galván, María Eugenia Favor
26 Carbajal Méndez, Liliana Favor
27 Cárdenas Sánchez, Esmeralda Favor
28 Cardona Benavídez, Alma Xóchil Favor
29 Carrasco Altamirano, Diódoro Humberto Ausente
30 Castaño Contreras, Cristián Favor
31 Castro de la Rosa, Osiel Favor
32 Castro Muñoz, Juan de Dios Favor
33 Ceja Romero, Ramón Ausente
34 Chávez García, Daniel Favor
35 Collado Lara, Beatriz Ausente
36 Contreras Coeto, José Luis Ausente
37 Corral Aguilar, María Mercedes Favor
38 Cuen Garibi, Marcela Ausente
39 Curiel Preciado, Leobardo Favor
40 Dávila Fernández, Adriana Ausente
41 Dávila García, Francisco Favor
42 De la Torre Jaramillo, Eduardo Sergio Favor
43 De León Tello, Jesús Favor
44 Degante Romero, Silvia Emilia Favor
45 Del Toro del Villar, Tomás Favor
46 Del Valle Toca, Antonio Favor
47 Del Villar Sosa, Sonia Leslie Favor
48 Delgado Oscoy, Alejandro Enrique Ausente
49 Denegre Vaught, Rosaura Favor
50 Deschamps Falcón, Ángel Rafael Favor
51 Díaz de León Torres, Leticia Ausente
52 Díaz García, José Antonio Favor
53 Díaz Garibay, Felipe Favor
54 Díaz Gordillo, Martha Cecilia Ausente
55 Díaz Mena, Joaquín Jesús Ausente
56 Domínguez Servién, Francisco Ausente
57 Duck Núñez, Edgar Mauricio Ausente
58 Enríquez Flores, Armando Ausente
59 Escaroz Soler, Gerardo Antonio Ausente
60 Escobar Jardinez, Adolfo Ausente
61 Espinosa Piña, José Luis Favor
62 Félix Holguín, Armando Jesús Ausente
63 Felton González, Carlos Eduardo Ausente
64 Fernández Cabrera, Adrián Favor
65 Fernández Ugarte, Carmen Favor
66 Flores Domínguez, Emilio Ramón Ramiro Ausente
67 Flores Grande, Arturo Ausente
68 Flores Morfín, Jesús Vicente Favor
69 Fraile García, Francisco Antonio Ausente
70 Franco Cazarez, Ricardo Favor
71 Fuentes Ortiz, José Guillermo Ausente
72 García González, Carlos Alberto Favor
73 García Müller, Martha Margarita Favor
74 García Reyes, Ángel Humberto Favor
75 García Reyes, Beatriz Eugenia Favor
76 García Vivián, Raúl Favor
77 Garmendia Hernández, Yolanda Mercedes Favor
78 Gómez Leyva, Silvio Favor
79 González Betancourt, Jorge Justiniano Ausente
80 González Martínez, María Gabriela Favor
81 González Morán, Martín Oscar Favor
82 González Roaro, Benjamín Ernesto Favor
83 González Ruiz, Felipe Favor
84 González Sánchez, María Dolores Favor
85 Gudiño Ortiz, Francisco Javier Favor
86 Guerrero Torres, José Gildardo Favor
87 Gutiérrez Aguilar, Miguel Ángel Favor
88 Gutiérrez Lagunes, María Victoria Favor
89 Hernández Núñez, Elia Favor
90 Hurtado Pérez, Nelly Asunción Ausente
91 Iragorri Durán, Enrique Favor
92 Jiménez del Castillo, Ma. de los Ángeles Favor
93 Jiménez Ramos, María Esther Favor
94 Joaquín Coldwell, Addy Cecilia Ausente
95 Lagunes Viveros, Violeta del Pilar Favor
96 Landero Gutiérrez, Alejandro Favor
97 Landeros González, Ramón Ausente
98 Lara Compeán, David Favor
99 Larios Córdova, Héctor Ausente
100 Laviada Hernández, Íñigo Antonio Ausente
101 Lemus Muñoz Ledo, Ramón Ignacio Favor
102 Leura González, Agustín Favor
103 Limas Frescas, María Soledad Favor
104 Lizaola de la Torre, Alonso Manuel Favor
105 López Cisneros, José Martín Favor
106 López Reyna, Omeheira Favor
107 López Silva, Rubí Laura Favor
108 Lujano Nicolás, Christian Martín Favor
109 Maawad Robert, Luis Xavier Favor
110 Macías Zambrano, Gustavo Ausente
111 Madrazo Limón, Carlos Ausente
112 Magallón Arceo, Leonardo Melesio de Jesús Favor
113 Malagón Ríos, Martín Favor
114 Maldonado González, David Favor
115 Manuell-Gómez Angulo, Dolores de María Favor
116 Martínez Valero, Dora Alicia Favor
117 Medellín Varela, Antonio Favor
118 Medina Macias, Alma Hilda Favor
119 Medina Rodríguez, Delber Favor
120 Medina Rodríguez, Lizbeth Evelia Ausente
121 Mejía García, Luis Alonso Ausente
122 Méndez Meneses, Apolonio Favor
123 Mendoza Morales, Lucía Susana Favor
124 Mohamar Dainitin, Oscar Miguel Favor
125 Mollinedo Hernández, Agustín Favor
126 Monraz Ibarra, Miguel Ángel Favor
127 Montes Sánchez, Fabián Fernando Favor
128 Montiel Luis, Lariza Favor
129 Mora Cuevas, Marisol Favor
130 Morales Ramos, José Nicolás Ausente
131 Moreno Álvarez, Mario Eduardo Favor
132 Morgan Franco, Rocío del Carmen Favor
133 Muñoz Serrano, José Antonio Favor
134 Murillo Flores, Francisco Javier Favor
135 Murillo Torres, José Luis Favor
136 Navarro Sugich, Carlos Alberto Favor
137 Nordhausen González, Jorge Rubén Favor
138 Noriega Blanco Vigil, María Elena de las Nieves Ausente
139 Ochoa López, Nabor Favor
140 Olvera Higuera, Edgar Armando Favor
141 Orozco Ruiz Velazco, Marco Heriberto Favor
142 Ortega Martínez, María del Pilar Favor
143 Ortiz Hernández, Eduardo Favor
144 Ortiz Montoro, Sagrario María del Rosario Favor
145 Oviedo Oviedo, Ernesto Favor
146 Padilla Orozco, Raúl Alejandro Ausente
147 Palafox Núñez, José Inés Favor
148 Paredes Rodríguez, Francisco Javier Favor
149 Parra Jiménez, Dolores María del Carmen Favor
150 Parra Noriega, Luis Gustavo Favor
151 Pérez de Tejada Romero, Diana Carolina Favor
152 Pérez Cuéllar, Cruz Favor
153 Peyrot Solís, Marco A. Ausente
154 Plascencia Alonso, Francisco Javier Favor
155 Priego Tapia, Gerardo Favor
156 Pulido Pecero, Pedro Favor
157 Quintero Bello, Jorge Favor
158 Rodríguez Vizcarra Velázquez, Adriana Ausente
159 Ramírez Barba, Ector Jaime Favor
160 Ramírez Corral, Ivette Jacqueline Ausente
161 Ramírez Pech, Edgar Martín Favor
162 Ramírez Villarreal, Gustavo Ausente
163 Ramos Covarrubias, Héctor Manuel Favor
164 Reyes López, Carlos Armando Favor
165 Rincón Vargas, Mirna Cecilia Favor
166 Rivera Rivera, José Guadalupe Favor
167 Rivero Rivero, Rolando Favor
168 Rodríguez Ahumada, Luis Fernando Favor
169 Rodríguez Jiménez, Ricardo Favor
170 Rodríguez Prats, Juan José Favor
171 Rodríguez Uresti, Enrique Favor
172 Rojas Hernández, Laura Angélica Favor
173 Román Isidoro, Demetrio Ausente
174 Romo Jiménez, Martha Angélica Ausente
175 Rubio Chávez, José Ignacio Alberto Ausente
176 Rueda Gómez, Francisco Ausente
177 Ruiz Velasco de Lira, Ernesto Ausente
178 Salas Contreras, Marcos Favor
179 Salazar Madera, Mario Alberto Ausente
180 Salum del Palacio, Jorge Alejandro Favor
181 Sánchez Díaz de Rivera, Antonio Favor
182 Sánchez Domínguez, Alejandro Favor
183 Sánchez Gil, Carlos René Favor
184 Sánchez Juárez, Claudia Ausente
185 Sánchez Trujillo, José Víctor Ausente
186 Sandoval Munguia, Juan Manuel Favor
187 Serrato Castell, Luis Gerardo Ausente
188 Shej Guzmán Sara Favor
189 Solano Muñoz, José de Jesús Favor
190 Stefanonni Mazzocco, Martín Ausente
191 Tamayo Herrera, Yadhira Yvette Favor
192 Torres Gómez, Artemio Favor
193 Torres Herrera, Víctor Manuel Favor
194 Torres Torres, Carlos Alberto Favor
195 Valenzuela García, María Gloria Guadalupe Favor
196 Valladolid Rodríguez, Antonio Favor
197 Vasconcelos Rueda, Antonio Ausente
198 Vázquez Martínez, Alberto Favor
199 Vega Corona, Antonio Favor
200 Velázquez Gutiérrez, José Guillermo Ausente
201 Verástegui Ostos, César Augusto Ausente
202 Verdín Saldaña, Jaime Favor
203 Victoria Alva, Juan Ausente
204 Vieyra Olivares, Adriana Rebeca Ausente
205 Villanueva Arjona, Juan Manuel Favor
206 Zambrano Elizondo, Javier Martín Favor
Favor: 143
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 64
Total: 207
PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA
1 Aguirre Alcaide, Víctor Favor
2 Alavez Ruiz, Aleida Ausente
3 Almazán González, José Antonio Ausente
4 Almonte Borja, Ramón Favor
5 Alonso Flores, Lourdes Ausente
6 Alonso Razo, Humberto Wifredo Favor
7 Altamirano Toledo, Carlos Ausente
8 Alva Olvera, Maribel Luisa Ausente
9 Álvarez Ramón, Silbestre Ausente
10 Amaro Corona, Alberto Favor
11 Aragón Castillo, Irene Favor
12 Arellano Pulido, Miguel Ángel Favor
13 Arreola Calderón, Juan Dario Ausente
14 Barreiro Pérez, Armando Favor
15 Batres Guadarrama, Valentina Valia Favor
16 Bautista Bravo, Alliet Mariana Ausente
17 Bravo Padilla, Itzcóatl Tonatiuh Favor
18 Brito González, Modesto Favor
19 Calzada Vázquez, Francisco Javier Ausente
20 Campos Aburto, Amador Ausente
21 Cárdenas Hernández, Raymundo Favor
22 Cervantes Rodríguez, Aurora Favor
23 Chávez García, Higinio Ausente
24 Condado Escamilla, Cuitlahuac Favor
25 Contreras Julián, Maricela Ausente
26 Cruz Santiago, Claudia Lilia Ausente
27 Cuevas Córdova, Othón Favor
28 Dagdug Lützow, Moisés Félix Favor
29 De la Rosa García, Juan Hugo Favor
30 De los Santos Molina, Joaquín Conrado Favor
31 Dehesa Mora, Daniel Favor
32 Del Toro , Mario Enrique Ausente
33 Díaz Contreras, Adriana Favor
34 Escandón Cadenas, Rutilio Cruz Favor
35 Espejel Lazcano, Jaime Ausente
36 Fernández Balboa, Mónica Favor
37 Flores Maldonado, César Favor
38 Flores Salazar, Guadalupe Socorro Ausente
39 Franco Melgarejo, Rafael Favor
40 Gálvez Rodríguez, Fernel Arturo Ausente
41 García Rodríguez, Víctor Hugo Ausente
42 Garzón Contreras, Neftalí Favor
43 González Garza, Javier Ausente
44 Guerra Ochoa, Juan Nicasio Favor
45 Gutiérrez Calzadilla, José Luis Favor
46 Hernández Gaytán, Daisy Selene Favor
47 Hernández Hernández, Sergio Favor
48 Hernández Manzanares, Javier Ausente
49 Hernández Silva, Benjamín Favor
50 Ibarra Franquez, Sonia Nohelia Favor
51 Jacques y Medina, José Favor
52 Jiménez Valenzuela, María Eugenia Favor
53 Landero López, Pedro Favor
54 Lemarroy Martínez, Juan Dario Favor
55 Leyva Piñón, Ana Yurixi Favor
56 Lizárraga Peraza, Víctor Manuel Favor
57 López Barriga, Erick Favor
58 López Becerra, Santiago Ausente
59 López Rojas, Alberto Favor
60 López Torres, María Soledad Ausente
61 Lozano Lozano, Andrés Favor
62 Luna Munguía, Alma Lilia Ausente
63 Márquez Madrid, Camerino Eleazar Favor
64 Márquez Tinoco, Francisco Ausente
65 Martínez Hernández, Alejandro Ausente
66 Martínez Martínez, Carlos Roberto Ausente
67 Martínez Martínez, Francisco Favor
68 Martínez Padilla, Hugo Eduardo Favor
69 Martínez Vargas Octavio Favor
70 Matías Alonso, Marcos Favor
71 Matus Toledo, Holly Favor
72 Mayans Canabal, Fernando Favor
73 Mendoza Arellano, David Ausente
74 Mendoza Flores, Roberto Ausente
75 Mendoza Maldonado, Fausto Fluvio Ausente
76 Mendoza Mendoza, Irineo Ausente
77 Monreal Ávila, Susana Favor
78 Montalvo Rojas, Victorio Rubén Ausente
79 Morales Manzo, Jesús Ricardo Ausente
80 Morales Sánchez, Efraín Ausente
81 Morales Vázquez, Carlos Orsoe Favor
82 Narcía Álvarez, Héctor Favor
83 Navarro López, Carlos Ernesto Ausente
84 Navarro Quintero, Miguel Ángel Favor
85 Ojeda Hernández, Concepción Favor
86 Oliva Fragoso, Silvia Favor
87 Orcí Martínez, Juan Adolfo Ausente
88 Ortega Martínez, Antonio Favor
89 Ortiz Magallón, Rosario Ignacia Ausente
90 Pacheco Llanes, Ramón Félix Favor
91 Pedraza Chávez, Isidro Favor
92 Pedrozo Castillo, Adrián Favor
93 Peña Sánchez, Miguel Ángel Favor
94 Pérez Cruz, Raciel Ausente
95 Pulido Santiago, Celso David Favor
96 Ramos Becerril, Rafael Plácido Favor
97 Ramos Castellanos, Martín Ausente
98 Rasgado Corsi, Gloria Favor
99 Ríos Gamboa, Raúl Favor
100 Romero Gutiérrez, Odilón Favor
101 Ruiz Sánchez, Salvador Favor
102 Saavedra Coronel, José Antonio Favor
103 Salinas Pérez, Josefina Favor
104 San Martín Hernández, Juan Manuel Ausente
105 Sánchez Barrios, Carlos Favor
106 Sánchez Cabrales, Rafael Elías Favor
107 Sánchez Camacho, Alejandro Favor
108 Sánchez Camacho, David Favor
109 Sánchez Ramos, Francisco Ausente
110 Sánchez Valdéz, Eva Angelina Favor
111 Sandoval Ramírez, Cuauhtémoc Ausente
112 Santos Arreola, Francisco Javier Ausente
113 Solares Chávez, Miguel Ángel Favor
114 Soriano Sánchez, Rosa Elva Ausente
115 Soto Sánchez, Antonio Favor
116 Suárez del Real y Aguilera, José Alfonso Ausente
117 Torres Baltazar, María Elena Ausente
118 Torres García, Daniel Ausente
119 Trejo Pérez, Pablo Favor
120 Ulloa Pérez, Emilio Ausente
121 Vallejo Estevez, Mario Abstención
122 Varela López, Víctor Gabriel Favor
123 Villanueva Albarrán, Gerardo Favor
124 Villicaña García, Rafael Favor
125 Zavaleta Salgado, Ruth Favor
126 Zazueta Aguilar, Jesús Humberto Favor
127 Zepeda Hernández, Martín Favor
Favor: 79
Contra: 0
Abstención: 1
Quorum: 0
Ausentes: 47
Total: 127
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
1 Abramo Masso, Yerico Favor
2 Aguilar , Diego Favor
3 Aguilar Solís, Samuel Favor
4 Aispuro Torres, José Rosas Ausente
5 Alcántara Núñez, Jesús Sergio Favor
6 Aldana Prieto, Luis Ricardo Favor
7 Amador Gaxiola, Daniel Favor
8 Amador Leal, Narcizo Alberto Ausente
9 Ayala Almeida, Joel Favor
10 Badillo Martínez, Roberto Ausente
11 Barajas López, Ramón Ausente
12 Barajas del Toro, Salvador Favor
13 Barba Hernández, Alfredo Favor
14 Beltrán Montes, Israel Favor
15 Benítez Ojeda, Luis Enrique Favor
16 Bernal Gutiérrez, Andrés Marco Antonio Favor
17 Biebrich Torres, Carlos Armando Favor
18 Blanco Pajón, José Luis Favor
19 Caballero Camargo, Gustavo Fernando Favor
20 Camacho Quiroz, César Octavio Ausente
21 Canavati Tafich, Jesús Ricardo Favor
22 Carballo Bustamante, Andrés Ausente
23 Cárdenas del Avellano, Enrique Favor
24 Cárdenas Monroy, Oscar Gustavo Favor
25 Cervantes Andrade, Raúl Favor
26 Chaurand Arzate, Carlos Favor
27 Colín Guadarrama, María Mercedes Favor
28 Cordero Alfonzo, Arnulfo Elías Favor
29 De la Garza Treviño, Jorge Luis Ausente
30 Díaz Athié, Antonio de Jesús Favor
31 Díaz Solorzano, Elmar Darinel Ausente
32 Domínguez Domínguez, Nemesio Favor
33 Duarte Jáquez, César Favor
34 Escajeda Jiménez, José Rubén Favor
35 Escalante Jasso, Aracely Favor
36 Espinosa Abuxapqui, Eduardo Elías Favor
37 Estefan Chidiac, Charbel Jorge Ausente
38 Flores Sandoval, Patricio Favor
39 Fuentes Tellez, Octavio Ausente
40 Gamboa Patrón, Emilio Ausente
41 Garza Garza, Horacio Emigdio Ausente
42 Gebhardt Garduza, Yary del Carmen Favor
43 Gloria Requena, Tomás Ausente
44 Gómez Lugo, Elda Favor
45 González Calderón, Martha Hilda Favor
46 González Salum, Miguel Ángel Favor
47 González Zarur, Mariano Favor
48 Guerrero García, Javier Ausente
49 Guerrero Juárez, Joel Ausente
50 Herrera Ale, Juana Leticia Ausente
51 Herrera Coyac, Wenceslao Favor
52 Izquierdo Bustamante, Alfonso Rolando Ausente
53 Lagunes Gallina, Gerardo Favor
54 Lescieur Talavera, Jorge Mario Favor
55 López Balbuena, Guillermina Favor
56 Madrid Tovilla, Areli Favor
57 Martínez Rodríguez, Lorena Favor
58 Martínez Rocha, Arturo Favor
59 Méndez Lanz, Víctor Manuel Favor
60 Mendívil Amparám, Gustavo Ildefonso Favor
61 Merodio Reza, Lilia Guadalupe Favor
62 Moctezuma Pereda, Fernando Quetzalcoatl Favor
63 Montalvo Gómez, Pedro Favor
64 Morales García, Elizabeth Ausente
65 Mota Hernández, Adolfo Favor
66 Muñoz Serna, Rogelio Favor
67 Murat , José Favor
68 Ochoa González, Arnoldo Ausente
69 Ojeda Camacho, Gilberto Favor
70 Olivares Monterrubio, Alejandro Favor
71 Olivares Ventura, Héctor Hugo Ausente
72 Ordaz Jiménez, Ismael Favor
73 Orihuela Bárcenas, José Ascención Favor
74 Orihuela Trejo, José Amado Ausente
75 Ortiz del Carpio, Víctor Favor
76 Ortiz Proal, Mauricio Favor
77 Padilla Gutiérrez, Héctor Ausente
78 Pagés Llergo Rebollar, María Beatriz Favor
79 Palma César, Víctor Samuel Favor
80 Parás González, Juan Manuel Favor
81 Partida Guzmán, Martha Rocío Favor
82 Patrón Montalvo, Jesús Manuel Favor
83 Peñuelas Acuña, Mayra Gisela Ausente
84 Pérez Valdés, Daniel Ausente
85 Pinete Vargas, María del Carmen Ausente
86 Quiñones Canales, Lourdes Favor
87 Ramírez Martínez, José Edmundo Favor
88 Ramírez Stabros, Jesús Favor
89 Reyna García, José Jesús Favor
90 Ríos Camarena, Alfredo Adolfo Favor
91 Rivera Bedoya, Juan Francisco Ausente
92 Rodríguez Ramírez, Bertha Yolanda Favor
93 Rojas Gutiérrez, Carlos Ausente
94 Ruiz Chávez, Sara Latife Favor
95 Salas López, Ramón Ausente
96 Sánchez Hernández, Eduardo Favor
97 Sandoval Paredes, Sergio Favor
98 Serrano Escobar, Enrique Ausente
99 Sosa Castelán, Gerardo Favor
100 Toledo Luis, Jorge Favor
101 Vargas Landeros, Gerardo Octavio Ausente
102 Vega Ortiz, María Oralia Favor
103 Velasco Pérez, Juan Carlos Favor
104 Villa Villa, Isael Favor
105 Villanueva Abraján, Patricia Ausente
106 Zatarain González, Carlos Ernesto Ausente
Favor: 74
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 32
Total: 106
CONVERGENCIA
1 Abad de Jesús, Juan Abstención
2 Aguilera Rico, José Luis Ausente
3 Cárdenas Márquez, Elías Ausente
4 Castellanos Hernández, Félix Ausente
5 Castillo Romero, Patricia Obdulia de Jesús Ausente
6 Chanona Burguete, Alejandro Ausente
7 Del Río Virgen, José Manuel Favor
8 Godoy Cárdenas, Jorge Abstención
9 López Lena Cruz, Humberto Abstención
10 Salvatori Bronca, María del Carmen Abstención
11 Samperio Montaño, Juan Ignacio Ausente
12 Sansores San Román, Layda Elena Ausente
13 Tagle Martínez, Martha Angélica Ausente
14 Uscanga Cruz, Robinson Abstención
15 Valdés Chávez, Ramón Abstención
16 Varela Lagunas, Tomás José Luis Ausente
17 Velasco Oliva, Jesús Cuauhtémoc Abstención
Favor: 1
Contra: 0
Abstención: 7
Quorum: 0
Ausentes: 9
Total: 17
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO
1 Arévalo González, José Antonio Favor
2 Bellizzia Rosique, Pascual Favor
3 Cobo Terrazas, Diego Favor
4 Elizondo Garrido, Francisco Favor
5 Estrada González, Faustino Javier Favor
6 González Martínez, Jorge Emilio Favor
7 Lavara Mejía, Gloria Favor
8 López Adame, Antonio Xavier Ausente
9 Manrique Guevara, Beatriz Ausente
10 Notholt Guerrero, Alan Favor
11 Portilla Diéguez, Manuel Favor
12 Puente Salas, Carlos Alberto Favor
13 Ramírez Cerda, Ana María Favor
14 Rodríguez Luis, Alejandro Favor
15 Salgado Amador, Manuel Salvador Ausente
16 Sesma Suárez, Jesús Ausente
17 Velasco Rodríguez, Verónica Favor
Favor: 13
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 4
Total: 17
PARTIDO DEL TRABAJO
1 Aguilar Jiménez, Rubén Favor
2 Arreola Ortega, Pablo Leopoldo Ausente
3 Cantú Garza, Ricardo Favor
4 Cervantes Rivera, Jaime Favor
5 Garay Ulloa, Silvano Favor
6 Herrera Solís, Anuario Luis Ausente
7 Maciel Ortiz, María Mercedez Favor
8 Peregrino García, Abundio Favor
9 Romero Guzmán, Rosa Elia Favor
10 Solís Parga, Rodolfo Favor
11 Vela González, Joaquín Humberto Favor
Favor: 9
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 2
Total: 11
PARTIDO NUEVA ALIANZA
1 Arriola Gordillo, Mónica Favor
2 Cárdenas Fonseca, Manuel Ausente
3 Castillo Nájera, Ariel Favor
4 Dávila Esquivel, Humberto Favor
5 Gómez Pasillas, Jacinto Favor
6 Jiménez Godínez, Miguel Ángel Favor
7 Luna Becerril, Blanca Ausente
8 Luna Rodríguez, Silvia Ausente
9 Piñeyro Arias, Irma Favor
Favor: 6
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 3
Total: 9
PARTIDO ALTERNATIVA SOCIAL
1 Arvizu Rivas, Aida Marina Ausente
2 Conde Rodríguez, Elsa de Guadalupe Ausente
3 García Méndez, Armando Ausente
4 Hernández Valadés, Delio Ausente
5 Pedro Cortés, Santiago Gustavo Favor
Favor: 1
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 4
Total: 5
Del dictamen de la Comisión de Economía, con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código de Comercio (en lo general y en lo particular)
PARTIDO ACCION NACIONAL
1 Acosta Dávila, Constantino Favor
2 Aguilar López, José Alejandro Ausente
3 Alcalde Virgen, Moisés Favor
4 Alcaraz Hernández, Alma Edwviges Ausente
5 Álvarez Bernal, María Elena Favor
6 Amezola Fonceca, Gerardo Favor
7 Antuna Batista, Fidel Favor
8 Aranda Orozco, Gerardo Favor
9 Arellano Arellano, Joel Favor
10 Arenas Guzmán, Margarita Favor
11 Arizméndi Uribe, Efraín Ausente
12 Armendáriz García, Pedro Ausente
13 Arredondo Ibarra, Salvador Favor
14 Arredondo Velázquez, Jesús Ausente
15 Ávila Mayo, Obdulio Favor
16 Barradas Miravete, Gregorio Ausente
17 Barrios Rodríguez, Juan Enrique Favor
18 Bello Pérez, Alfonso Othón Favor
19 Berber Martínez, Antonio Ausente
20 Bermúdez Viramontes, Andrés Ausente
21 Bolaños Aguilar, Edmundo Javier Favor
22 Borrego Estrada, Felipe Favor
23 Bracho González, Carlos Augusto Favor
24 Buganza Salmerón, Gerardo Favor
25 Campos Galván, María Eugenia Favor
26 Carbajal Méndez, Liliana Favor
27 Cárdenas Sánchez, Esmeralda Favor
28 Cardona Benavídez, Alma Xóchil Favor
29 Carrasco Altamirano, Diódoro Humberto Ausente
30 Castaño Contreras, Cristián Favor
31 Castro de la Rosa, Osiel Ausente
32 Castro Muñoz, Juan de Dios Favor
33 Ceja Romero, Ramón Ausente
34 Chávez García, Daniel Favor
35 Collado Lara, Beatriz Favor
36 Contreras Coeto, José Luis Favor
37 Corral Aguilar, María Mercedes Favor
38 Cuen Garibi, Marcela Ausente
39 Curiel Preciado, Leobardo Favor
40 Dávila Fernández, Adriana Ausente
41 Dávila García, Francisco Favor
42 De la Torre Jaramillo, Eduardo Sergio Favor
43 De León Tello, Jesús Favor
44 Degante Romero, Silvia Emilia Favor
45 Del Toro del Villar, Tomás Favor
46 Del Valle Toca, Antonio Favor
47 Del Villar Sosa, Sonia Leslie Favor
48 Delgado Oscoy, Alejandro Enrique Ausente
49 Denegre Vaught, Rosaura Favor
50 Deschamps Falcón, Ángel Rafael Favor
51 Díaz de León Torres, Leticia Ausente
52 Díaz García, José Antonio Favor
53 Díaz Garibay, Felipe Favor
54 Díaz Gordillo, Martha Cecilia Ausente
55 Díaz Mena, Joaquín Jesús Favor
56 Domínguez Servién, Francisco Ausente
57 Duck Núñez, Edgar Mauricio Ausente
58 Enríquez Flores, Armando Favor
59 Escaroz Soler, Gerardo Antonio Ausente
60 Escobar Jardinez, Adolfo Ausente
61 Espinosa Piña, José Luis Favor
62 Félix Holguín, Armando Jesús Favor
63 Felton González, Carlos Eduardo Ausente
64 Fernández Cabrera, Adrián Favor
65 Fernández Ugarte, Carmen Favor
66 Flores Domínguez, Emilio Ramón Ramiro Ausente
67 Flores Grande, Arturo Ausente
68 Flores Morfín, Jesús Vicente Favor
69 Fraile García, Francisco Antonio Ausente
70 Franco Cazarez, Ricardo Favor
71 Fuentes Ortiz, José Guillermo Favor
72 García González, Carlos Alberto Favor
73 García Müller, Martha Margarita Favor
74 García Reyes, Ángel Humberto Favor
75 García Reyes, Beatriz Eugenia Favor
76 García Vivián, Raúl Ausente
77 Garmendia Hernández, Yolanda Mercedes Favor
78 Gómez Leyva, Silvio Favor
79 González Betancourt, Jorge Justiniano Ausente
80 González Martínez, María Gabriela Favor
81 González Morán, Martín Oscar Favor
82 González Roaro, Benjamín Ernesto Ausente
83 González Ruiz, Felipe Favor
84 González Sánchez, María Dolores Favor
85 Gudiño Ortiz, Francisco Javier Favor
86 Guerrero Torres, José Gildardo Ausente
87 Gutiérrez Aguilar, Miguel Ángel Favor
88 Gutiérrez Lagunes, María Victoria Favor
89 Hernández Núñez, Elia Favor
90 Hurtado Pérez, Nelly Asunción Favor
91 Iragorri Durán, Enrique Favor
92 Jiménez del Castillo, Ma. de los Ángeles Favor
93 Jiménez Ramos, María Esther Favor
94 Joaquín Coldwell, Addy Cecilia Ausente
95 Lagunes Viveros, Violeta del Pilar Favor
96 Landero Gutiérrez, Alejandro Favor
97 Landeros González, Ramón Favor
98 Lara Compeán, David Favor
99 Larios Córdova, Héctor Favor
100 Laviada Hernández, Íñigo Antonio Ausente
101 Lemus Muñoz Ledo, Ramón Ignacio Favor
102 Leura González, Agustín Ausente
103 Limas Frescas, María Soledad Favor
104 Lizaola de la Torre, Alonso Manuel Favor
105 López Cisneros, José Martín Favor
106 López Reyna, Omeheira Favor
107 López Silva, Rubí Laura Favor
108 Lujano Nicolás, Christian Martín Favor
109 Maawad Robert, Luis Xavier Favor
110 Macías Zambrano, Gustavo Ausente
111 Madrazo Limón, Carlos Favor
112 Magallón Arceo, Leonardo Melesio de Jesús Favor
113 Malagón Ríos, Martín Favor
114 Maldonado González, David Favor
115 Manuell-Gómez Angulo, Dolores de María Favor
116 Martínez Valero, Dora Alicia Favor
117 Medellín Varela, Antonio Favor
118 Medina Macias, Alma Hilda Favor
119 Medina Rodríguez, Delber Ausente
120 Medina Rodríguez, Lizbeth Evelia Ausente
121 Mejía García, Luis Alonso Ausente
122 Méndez Meneses, Apolonio Favor
123 Mendoza Morales, Lucía Susana Favor
124 Mohamar Dainitin, Oscar Miguel Favor
125 Mollinedo Hernández, Agustín Favor
126 Monraz Ibarra, Miguel Ángel Favor
127 Montes Sánchez, Fabián Fernando Favor
128 Montiel Luis, Lariza Favor
129 Mora Cuevas, Marisol Favor
130 Morales Ramos, José Nicolás Ausente
131 Moreno Álvarez, Mario Eduardo Favor
132 Morgan Franco, Rocío del Carmen Favor
133 Muñoz Serrano, José Antonio Favor
134 Murillo Flores, Francisco Javier Favor
135 Murillo Torres, José Luis Favor
136 Navarro Sugich, Carlos Alberto Favor
137 Nordhausen González, Jorge Rubén Favor
138 Noriega Blanco Vigil, María Elena de las Nieves Favor
139 Ochoa López, Nabor Favor
140 Olvera Higuera, Edgar Armando Favor
141 Orozco Ruiz Velazco, Marco Heriberto Favor
142 Ortega Martínez, María del Pilar Favor
143 Ortiz Hernández, Eduardo Favor
144 Ortiz Montoro, Sagrario María del Rosario Favor
145 Oviedo Oviedo, Ernesto Favor
146 Padilla Orozco, Raúl Alejandro Ausente
147 Palafox Núñez, José Inés Favor
148 Paredes Rodríguez, Francisco Javier Favor
149 Parra Jiménez, Dolores María del Carmen Favor
150 Parra Noriega, Luis Gustavo Favor
151 Pérez de Tejada Romero, Diana Carolina Favor
152 Pérez Cuéllar, Cruz Favor
153 Peyrot Solís, Marco A. Ausente
154 Plascencia Alonso, Francisco Javier Favor
155 Priego Tapia, Gerardo Favor
156 Pulido Pecero, Pedro Favor
157 Quintero Bello, Jorge Favor
158 Rodríguez Vizcarra Velázquez, Adriana Favor
159 Ramírez Barba, Ector Jaime Favor
160 Ramírez Corral, Ivette Jacqueline Ausente
161 Ramírez Pech, Edgar Martín Favor
162 Ramírez Villarreal, Gustavo Favor
163 Ramos Covarrubias, Héctor Manuel Favor
164 Reyes López, Carlos Armando Favor
165 Rincón Vargas, Mirna Cecilia Favor
166 Rivera Rivera, José Guadalupe Favor
167 Rivero Rivero, Rolando Favor
168 Rodríguez Ahumada, Luis Fernando Favor
169 Rodríguez Jiménez, Ricardo Ausente
170 Rodríguez Prats, Juan José Favor
171 Rodríguez Uresti, Enrique Ausente
172 Rojas Hernández, Laura Angélica Ausente
173 Román Isidoro, Demetrio Ausente
174 Romo Jiménez, Martha Angélica Ausente
175 Rubio Chávez, José Ignacio Alberto Ausente
176 Rueda Gómez, Francisco Favor
177 Ruiz Velasco de Lira, Ernesto Ausente
178 Salas Contreras, Marcos Favor
179 Salazar Madera, Mario Alberto Ausente
180 Salum del Palacio, Jorge Alejandro Favor
181 Sánchez Díaz de Rivera, Antonio Favor
182 Sánchez Domínguez, Alejandro Favor
183 Sánchez Gil, Carlos René Favor
184 Sánchez Juárez, Claudia Ausente
185 Sánchez Trujillo, José Víctor Ausente
186 Sandoval Munguia, Juan Manuel Ausente
187 Serrato Castell, Luis Gerardo Favor
188 Shej Guzmán Sara Ausente
189 Solano Muñoz, José de Jesús Favor
190 Stefanonni Mazzocco, Martín Favor
191 Tamayo Herrera, Yadhira Yvette Favor
192 Torres Gómez, Artemio Favor
193 Torres Herrera, Víctor Manuel Favor
194 Torres Torres, Carlos Alberto Favor
195 Valenzuela García, María Gloria Guadalupe Favor
196 Valladolid Rodríguez, Antonio Favor
197 Vasconcelos Rueda, Antonio Favor
198 Vázquez Martínez, Alberto Favor
199 Vega Corona, Antonio Favor
200 Velázquez Gutiérrez, José Guillermo Favor
201 Verástegui Ostos, César Augusto Favor
202 Verdín Saldaña, Jaime Favor
203 Victoria Alva, Juan Ausente
204 Vieyra Olivares, Adriana Rebeca Favor
205 Villanueva Arjona, Juan Manuel Favor
206 Zambrano Elizondo, Javier Martín Favor
Favor: 155
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 52
Total: 207
PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA
1 Aguirre Alcaide, Víctor Favor
2 Alavez Ruiz, Aleida Favor
3 Almazán González, José Antonio Ausente
4 Almonte Borja, Ramón Favor
5 Alonso Flores, Lourdes Ausente
6 Alonso Razo, Humberto Wifredo Ausente
7 Altamirano Toledo, Carlos Ausente
8 Alva Olvera, Maribel Luisa Favor
9 Álvarez Ramón, Silbestre Favor
10 Amaro Corona, Alberto Favor
11 Aragón Castillo, Irene Favor
12 Arellano Pulido, Miguel Ángel Favor
13 Arreola Calderón, Juan Dario Favor
14 Barreiro Pérez, Armando Favor
15 Batres Guadarrama, Valentina Valia Favor
16 Bautista Bravo, Alliet Mariana Favor
17 Bravo Padilla, Itzcóatl Tonatiuh Ausente
18 Brito González, Modesto Favor
19 Calzada Vázquez, Francisco Javier Ausente
20 Campos Aburto, Amador Favor
21 Cárdenas Hernández, Raymundo Favor
22 Cervantes Rodríguez, Aurora Favor
23 Chávez García, Higinio Favor
24 Condado Escamilla, Cuitlahuac Ausente
25 Contreras Julián, Maricela Favor
26 Cruz Santiago, Claudia Lilia Favor
27 Cuevas Córdova, Othón Favor
28 Dagdug Lützow, Moisés Félix Ausente
29 De la Rosa García, Juan Hugo Favor
30 De los Santos Molina, Joaquín Conrado Favor
31 Dehesa Mora, Daniel Ausente
32 Del Toro , Mario Enrique Ausente
33 Díaz Contreras, Adriana Favor
34 Escandón Cadenas, Rutilio Cruz Favor
35 Espejel Lazcano, Jaime Favor
36 Fernández Balboa, Mónica Favor
37 Flores Maldonado, César Favor
38 Flores Salazar, Guadalupe Socorro Ausente
39 Franco Melgarejo, Rafael Favor
40 Gálvez Rodríguez, Fernel Arturo Ausente
41 García Rodríguez, Víctor Hugo Ausente
42 Garzón Contreras, Neftalí Ausente
43 González Garza, Javier Favor
44 Guerra Ochoa, Juan Nicasio Favor
45 Gutiérrez Calzadilla, José Luis Ausente
46 Hernández Gaytán, Daisy Selene Favor
47 Hernández Hernández, Sergio Favor
48 Hernández Manzanares, Javier Ausente
49 Hernández Silva, Benjamín Favor
50 Ibarra Franquez, Sonia Nohelia Favor
51 Jacques y Medina, José Favor
52 Jiménez Valenzuela, María Eugenia Favor
53 Landero López, Pedro Favor
54 Lemarroy Martínez, Juan Dario Favor
55 Leyva Piñón, Ana Yurixi Favor
56 Lizárraga Peraza, Víctor Manuel Ausente
57 López Barriga, Erick Ausente
58 López Becerra, Santiago Favor
59 López Rojas, Alberto Favor
60 López Torres, María Soledad Ausente
61 Lozano Lozano, Andrés Favor
62 Luna Munguía, Alma Lilia Ausente
63 Márquez Madrid, Camerino Eleazar Ausente
64 Márquez Tinoco, Francisco Ausente
65 Martínez Hernández, Alejandro Ausente
66 Martínez Martínez, Carlos Roberto Favor
67 Martínez Martínez, Francisco Favor
68 Martínez Padilla, Hugo Eduardo Favor
69 Martínez Vargas Octavio Favor
70 Matías Alonso, Marcos Favor
71 Matus Toledo, Holly Favor
72 Mayans Canabal, Fernando Favor
73 Mendoza Arellano, David Ausente
74 Mendoza Flores, Roberto Favor
75 Mendoza Maldonado, Fausto Fluvio Ausente
76 Mendoza Mendoza, Irineo Ausente
77 Monreal Ávila, Susana Favor
78 Montalvo Rojas, Victorio Rubén Ausente
79 Morales Manzo, Jesús Ricardo Favor
80 Morales Sánchez, Efraín Ausente
81 Morales Vázquez, Carlos Orsoe Ausente
82 Narcía Álvarez, Héctor Ausente
83 Navarro López, Carlos Ernesto Favor
84 Navarro Quintero, Miguel Ángel Ausente
85 Ojeda Hernández, Concepción Favor
86 Oliva Fragoso, Silvia Favor
87 Orcí Martínez, Juan Adolfo Ausente
88 Ortega Martínez, Antonio Favor
89 Ortiz Magallón, Rosario Ignacia Ausente
90 Pacheco Llanes, Ramón Félix Favor
91 Pedraza Chávez, Isidro Ausente
92 Pedrozo Castillo, Adrián Ausente
93 Peña Sánchez, Miguel Ángel Favor
94 Pérez Cruz, Raciel Ausente
95 Pulido Santiago, Celso David Favor
96 Ramos Becerril, Rafael Plácido Ausente
97 Ramos Castellanos, Martín Favor
98 Rasgado Corsi, Gloria Favor
99 Ríos Gamboa, Raúl Favor
100 Romero Gutiérrez, Odilón Ausente
101 Ruiz Sánchez, Salvador Favor
102 Saavedra Coronel, José Antonio Favor
103 Salinas Pérez, Josefina Favor
104 San Martín Hernández, Juan Manuel Favor
105 Sánchez Barrios, Carlos Favor
106 Sánchez Cabrales, Rafael Elías Ausente
107 Sánchez Camacho, Alejandro Favor
108 Sánchez Camacho, David Favor
109 Sánchez Ramos, Francisco Ausente
110 Sánchez Valdéz, Eva Angelina Ausente
111 Sandoval Ramírez, Cuauhtémoc Favor
112 Santos Arreola, Francisco Javier Favor
113 Solares Chávez, Miguel Ángel Favor
114 Soriano Sánchez, Rosa Elva Ausente
115 Soto Sánchez, Antonio Favor
116 Suárez del Real y Aguilera, José Alfonso Favor
117 Torres Baltazar, María Elena Ausente
118 Torres García, Daniel Ausente
119 Trejo Pérez, Pablo Favor
120 Ulloa Pérez, Emilio Favor
121 Vallejo Estevez, Mario Ausente
122 Varela López, Víctor Gabriel Ausente
123 Villanueva Albarrán, Gerardo Favor
124 Villicaña García, Rafael Favor
125 Zavaleta Salgado, Ruth Favor
126 Zazueta Aguilar, Jesús Humberto Favor
127 Zepeda Hernández, Martín Favor
Favor: 81
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 46
Total: 127
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
1 Abramo Masso, Yerico Favor
2 Aguilar , Diego Ausente
3 Aguilar Solís, Samuel Ausente
4 Aispuro Torres, José Rosas Favor
5 Alcántara Núñez, Jesús Sergio Ausente
6 Aldana Prieto, Luis Ricardo Favor
7 Amador Gaxiola, Daniel Favor
8 Amador Leal, Narcizo Alberto Ausente
9 Ayala Almeida, Joel Ausente
10 Badillo Martínez, Roberto Ausente
11 Barajas López, Ramón Ausente
12 Barajas del Toro, Salvador Favor
13 Barba Hernández, Alfredo Favor
14 Beltrán Montes, Israel Favor
15 Benítez Ojeda, Luis Enrique Favor
16 Bernal Gutiérrez, Andrés Marco Antonio Favor
17 Biebrich Torres, Carlos Armando Ausente
18 Blanco Pajón, José Luis Favor
19 Caballero Camargo, Gustavo Fernando Favor
20 Camacho Quiroz, César Octavio Ausente
21 Canavati Tafich, Jesús Ricardo Favor
22 Carballo Bustamante, Andrés Ausente
23 Cárdenas del Avellano, Enrique Favor
24 Cárdenas Monroy, Oscar Gustavo Favor
25 Cervantes Andrade, Raúl Favor
26 Chaurand Arzate, Carlos Favor
27 Colín Guadarrama, María Mercedes Favor
28 Cordero Alfonzo, Arnulfo Elías Favor
29 De la Garza Treviño, Jorge Luis Ausente
30 Díaz Athié, Antonio de Jesús Favor
31 Díaz Solorzano, Elmar Darinel Ausente
32 Domínguez Domínguez, Nemesio Favor
33 Duarte Jáquez, César Favor
34 Escajeda Jiménez, José Rubén Favor
35 Escalante Jasso, Aracely Favor
36 Espinosa Abuxapqui, Eduardo Elías Favor
37 Estefan Chidiac, Charbel Jorge Ausente
38 Flores Sandoval, Patricio Ausente
39 Fuentes Tellez, Octavio Ausente
40 Gamboa Patrón, Emilio Ausente
41 Garza Garza, Horacio Emigdio Ausente
42 Gebhardt Garduza, Yary del Carmen Favor
43 Gloria Requena, Tomás Ausente
44 Gómez Lugo, Elda Favor
45 González Calderón, Martha Hilda Favor
46 González Salum, Miguel Ángel Favor
47 González Zarur, Mariano Favor
48 Guerrero García, Javier Ausente
49 Guerrero Juárez, Joel Ausente
50 Herrera Ale, Juana Leticia Favor
51 Herrera Coyac, Wenceslao Favor
52 Izquierdo Bustamante, Alfonso Rolando Ausente
53 Lagunes Gallina, Gerardo Favor
54 Lescieur Talavera, Jorge Mario Favor
55 López Balbuena, Guillermina Favor
56 Madrid Tovilla, Areli Ausente
57 Martínez Rodríguez, Lorena Ausente
58 Martínez Rocha, Arturo Favor
59 Méndez Lanz, Víctor Manuel Ausente
60 Mendívil Amparám, Gustavo Ildefonso Favor
61 Merodio Reza, Lilia Guadalupe Favor
62 Moctezuma Pereda, Fernando Quetzalcoatl Favor
63 Montalvo Gómez, Pedro Abstención
64 Morales García, Elizabeth Favor
65 Mota Hernández, Adolfo Favor
66 Muñoz Serna, Rogelio Favor
67 Murat , José Ausente
68 Ochoa González, Arnoldo Favor
69 Ojeda Camacho, Gilberto Favor
70 Olivares Monterrubio, Alejandro Favor
71 Olivares Ventura, Héctor Hugo Favor
72 Ordaz Jiménez, Ismael Favor
73 Orihuela Bárcenas, José Ascención Favor
74 Orihuela Trejo, José Amado Favor
75 Ortiz del Carpio, Víctor Favor
76 Ortiz Proal, Mauricio Favor
77 Padilla Gutiérrez, Héctor Favor
78 Pagés Llergo Rebollar, María Beatriz Favor
79 Palma César, Víctor Samuel Favor
80 Parás González, Juan Manuel Favor
81 Partida Guzmán, Martha Rocío Favor
82 Patrón Montalvo, Jesús Manuel Favor
83 Peñuelas Acuña, Mayra Gisela Favor
84 Pérez Valdés, Daniel Ausente
85 Pinete Vargas, María del Carmen Ausente
86 Quiñones Canales, Lourdes Ausente
87 Ramírez Martínez, José Edmundo Favor
88 Ramírez Stabros, Jesús Favor
89 Reyna García, José Jesús Favor
90 Ríos Camarena, Alfredo Adolfo Abstención
91 Rivera Bedoya, Juan Francisco Ausente
92 Rodríguez Ramírez, Bertha Yolanda Ausente
93 Rojas Gutiérrez, Carlos Abstención
94 Ruiz Chávez, Sara Latife Favor
95 Salas López, Ramón Ausente
96 Sánchez Hernández, Eduardo Favor
97 Sandoval Paredes, Sergio Ausente
98 Serrano Escobar, Enrique Favor
99 Sosa Castelán, Gerardo Ausente
100 Toledo Luis, Jorge Favor
101 Vargas Landeros, Gerardo Octavio Ausente
102 Vega Ortiz, María Oralia Favor
103 Velasco Pérez, Juan Carlos Favor
104 Villa Villa, Isael Favor
105 Villanueva Abraján, Patricia Ausente
106 Zatarain González, Carlos Ernesto Favor
Favor: 68
Contra: 0
Abstención: 3
Quorum: 0
Ausentes: 35
Total: 106
CONVERGENCIA
1 Abad de Jesús, Juan Favor
2 Aguilera Rico, José Luis Ausente
3 Cárdenas Márquez, Elías Ausente
4 Castellanos Hernández, Félix Ausente
5 Castillo Romero, Patricia Obdulia de Jesús Favor
6 Chanona Burguete, Alejandro Ausente
7 Del Río Virgen, José Manuel Favor
8 Godoy Cárdenas, Jorge Favor
9 López Lena Cruz, Humberto Favor
10 Salvatori Bronca, María del Carmen Favor
11 Samperio Montaño, Juan Ignacio Ausente
12 Sansores San Román, Layda Elena Ausente
13 Tagle Martínez, Martha Angélica Ausente
14 Uscanga Cruz, Robinson Favor
15 Valdés Chávez, Ramón Ausente
16 Varela Lagunas, Tomás José Luis Ausente
17 Velasco Oliva, Jesús Cuauhtémoc Favor
Favor: 8
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 9
Total: 17
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO
1 Arévalo González, José Antonio Favor
2 Bellizzia Rosique, Pascual Favor
3 Cobo Terrazas, Diego Favor
4 Elizondo Garrido, Francisco Favor
5 Estrada González, Faustino Javier Favor
6 González Martínez, Jorge Emilio Favor
7 Lavara Mejía, Gloria Favor
8 López Adame, Antonio Xavier Favor
9 Manrique Guevara, Beatriz Favor
10 Notholt Guerrero, Alan Favor
11 Portilla Diéguez, Manuel Favor
12 Puente Salas, Carlos Alberto Favor
13 Ramírez Cerda, Ana María Favor
14 Rodríguez Luis, Alejandro Favor
15 Salgado Amador, Manuel Salvador Favor
16 Sesma Suárez, Jesús Ausente
17 Velasco Rodríguez, Verónica Favor
Favor: 16
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 1
Total: 17
PARTIDO DEL TRABAJO Aguilar Jiménez, Rubén Arreola Ortega, Pablo Leopoldo Cantú Garza, Ricardo Cervantes Rivera, Jaime Garay Ulloa, Silvano Herrera Solís, Anuario Luis Maciel Ortiz, María Mercedez Peregrino García, Abundio Romero Guzmán, Rosa Elia Solís Parga, Rodolfo Vela González, Joaquín Humberto
PARTIDO NUEVA ALIANZA
1 Arriola Gordillo, Mónica Favor
2 Cárdenas Fonseca, Manuel Ausente
3 Castillo Nájera, Ariel Ausente
4 Dávila Esquivel, Humberto Favor
5 Gómez Pasillas, Jacinto Favor
6 Jiménez Godínez, Miguel Ángel Favor
7 Luna Becerril, Blanca Ausente
8 Luna Rodríguez, Silvia Favor
9 Piñeyro Arias, Irma Favor
Favor: 6
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 3
Total: 9
PARTIDO ALTERNATIVA SOCIAL
1 Arvizu Rivas, Aida Marina Ausente
2 Conde Rodríguez, Elsa de Guadalupe Ausente
3 García Méndez, Armando Ausente
4 Hernández Valadés, Delio Ausente
5 Pedro Cortés, Santiago Gustavo Favor
Favor: 1
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 4
Total: 5
Del dictamen de la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto que reforma el artículo 1661 del Código Civil Federal, en materia de sucesión testamentaria y legítima (en lo general y en lo particular)
PARTIDO ACCION NACIONAL
1 Acosta Dávila, Constantino Ausente
2 Aguilar López, José Alejandro Ausente
3 Alcalde Virgen, Moisés Favor
4 Alcaraz Hernández, Alma Edwviges Ausente
5 Álvarez Bernal, María Elena Favor
6 Amezola Fonceca, Gerardo Favor
7 Antuna Batista, Fidel Ausente
8 Aranda Orozco, Gerardo Favor
9 Arellano Arellano, Joel Favor
10 Arenas Guzmán, Margarita Favor
11 Arizméndi Uribe, Efraín Ausente
12 Armendáriz García, Pedro Ausente
13 Arredondo Ibarra, Salvador Ausente
14 Arredondo Velázquez, Jesús Ausente
15 Ávila Mayo, Obdulio Favor
16 Barradas Miravete, Gregorio Ausente
17 Barrios Rodríguez, Juan Enrique Favor
18 Bello Pérez, Alfonso Othón Favor
19 Berber Martínez, Antonio Ausente
20 Bermúdez Viramontes, Andrés Ausente
21 Bolaños Aguilar, Edmundo Javier Favor
22 Borrego Estrada, Felipe Favor
23 Bracho González, Carlos Augusto Favor
24 Buganza Salmerón, Gerardo Favor
25 Campos Galván, María Eugenia Ausente
26 Carbajal Méndez, Liliana Ausente
27 Cárdenas Sánchez, Esmeralda Favor
28 Cardona Benavídez, Alma Xóchil Favor
29 Carrasco Altamirano, Diódoro Humberto Ausente
30 Castaño Contreras, Cristián Favor
31 Castro de la Rosa, Osiel Ausente
32 Castro Muñoz, Juan de Dios Favor
33 Ceja Romero, Ramón Ausente
34 Chávez García, Daniel Favor
35 Collado Lara, Beatriz Ausente
36 Contreras Coeto, José Luis Favor
37 Corral Aguilar, María Mercedes Favor
38 Cuen Garibi, Marcela Ausente
39 Curiel Preciado, Leobardo Favor
40 Dávila Fernández, Adriana Ausente
41 Dávila García, Francisco Favor
42 De la Torre Jaramillo, Eduardo Sergio Favor
43 De León Tello, Jesús Favor
44 Degante Romero, Silvia Emilia Favor
45 Del Toro del Villar, Tomás Favor
46 Del Valle Toca, Antonio Ausente
47 Del Villar Sosa, Sonia Leslie Favor
48 Delgado Oscoy, Alejandro Enrique Ausente
49 Denegre Vaught, Rosaura Favor
50 Deschamps Falcón, Ángel Rafael Favor
51 Díaz de León Torres, Leticia Ausente
52 Díaz García, José Antonio Favor
53 Díaz Garibay, Felipe Favor
54 Díaz Gordillo, Martha Cecilia Ausente
55 Díaz Mena, Joaquín Jesús Favor
56 Domínguez Servién, Francisco Ausente
57 Duck Núñez, Edgar Mauricio Ausente
58 Enríquez Flores, Armando Favor
59 Escaroz Soler, Gerardo Antonio Ausente
60 Escobar Jardinez, Adolfo Ausente
61 Espinosa Piña, José Luis Favor
62 Félix Holguín, Armando Jesús Ausente
63 Felton González, Carlos Eduardo Ausente
64 Fernández Cabrera, Adrián Favor
65 Fernández Ugarte, Carmen Favor
66 Flores Domínguez, Emilio Ramón Ramiro Ausente
67 Flores Grande, Arturo Ausente
68 Flores Morfín, Jesús Vicente Ausente
69 Fraile García, Francisco Antonio Favor
70 Franco Cazarez, Ricardo Favor
71 Fuentes Ortiz, José Guillermo Favor
72 García González, Carlos Alberto Ausente
73 García Müller, Martha Margarita Ausente
74 García Reyes, Ángel Humberto Favor
75 García Reyes, Beatriz Eugenia Ausente
76 García Vivián, Raúl Ausente
77 Garmendia Hernández, Yolanda Mercedes Favor
78 Gómez Leyva, Silvio Ausente
79 González Betancourt, Jorge Justiniano Ausente
80 González Martínez, María Gabriela Favor
81 González Morán, Martín Oscar Favor
82 González Roaro, Benjamín Ernesto Favor
83 González Ruiz, Felipe Ausente
84 González Sánchez, María Dolores Favor
85 Gudiño Ortiz, Francisco Javier Favor
86 Guerrero Torres, José Gildardo Favor
87 Gutiérrez Aguilar, Miguel Ángel Favor
88 Gutiérrez Lagunes, María Victoria Favor
89 Hernández Núñez, Elia Favor
90 Hurtado Pérez, Nelly Asunción Favor
91 Iragorri Durán, Enrique Favor
92 Jiménez del Castillo, Ma. de los Ángeles Favor
93 Jiménez Ramos, María Esther Favor
94 Joaquín Coldwell, Addy Cecilia Ausente
95 Lagunes Viveros, Violeta del Pilar Favor
96 Landero Gutiérrez, Alejandro Favor
97 Landeros González, Ramón Favor
98 Lara Compeán, David Favor
99 Larios Córdova, Héctor Favor
100 Laviada Hernández, Íñigo Antonio Ausente
101 Lemus Muñoz Ledo, Ramón Ignacio Favor
102 Leura González, Agustín Favor
103 Limas Frescas, María Soledad Favor
104 Lizaola de la Torre, Alonso Manuel Favor
105 López Cisneros, José Martín Ausente
106 López Reyna, Omeheira Favor
107 López Silva, Rubí Laura Favor
108 Lujano Nicolás, Christian Martín Ausente
109 Maawad Robert, Luis Xavier Ausente
110 Macías Zambrano, Gustavo Ausente
111 Madrazo Limón, Carlos Favor
112 Magallón Arceo, Leonardo Melesio de Jesús Ausente
113 Malagón Ríos, Martín Favor
114 Maldonado González, David Ausente
115 Manuell-Gómez Angulo, Dolores de María Favor
116 Martínez Valero, Dora Alicia Favor
117 Medellín Varela, Antonio Favor
118 Medina Macias, Alma Hilda Favor
119 Medina Rodríguez, Delber Ausente
120 Medina Rodríguez, Lizbeth Evelia Ausente
121 Mejía García, Luis Alonso Ausente
122 Méndez Meneses, Apolonio Favor
123 Mendoza Morales, Lucía Susana Favor
124 Mohamar Dainitin, Oscar Miguel Favor
125 Mollinedo Hernández, Agustín Favor
126 Monraz Ibarra, Miguel Ángel Favor
127 Montes Sánchez, Fabián Fernando Ausente
128 Montiel Luis, Lariza Favor
129 Mora Cuevas, Marisol Favor
130 Morales Ramos, José Nicolás Ausente
131 Moreno Álvarez, Mario Eduardo Favor
132 Morgan Franco, Rocío del Carmen Ausente
133 Muñoz Serrano, José Antonio Favor
134 Murillo Flores, Francisco Javier Favor
135 Murillo Torres, José Luis Favor
136 Navarro Sugich, Carlos Alberto Favor
137 Nordhausen González, Jorge Rubén Ausente
138 Noriega Blanco Vigil, María Elena de las Nieves Favor
139 Ochoa López, Nabor Favor
140 Olvera Higuera, Edgar Armando Favor
141 Orozco Ruiz Velazco, Marco Heriberto Favor
142 Ortega Martínez, María del Pilar Favor
143 Ortiz Hernández, Eduardo Favor
144 Ortiz Montoro, Sagrario María del Rosario Favor
145 Oviedo Oviedo, Ernesto Favor
146 Padilla Orozco, Raúl Alejandro Ausente
147 Palafox Núñez, José Inés Ausente
148 Paredes Rodríguez, Francisco Javier Favor
149 Parra Jiménez, Dolores María del Carmen Ausente
150 Parra Noriega, Luis Gustavo Favor
151 Pérez de Tejada Romero, Diana Carolina Favor
152 Pérez Cuéllar, Cruz Favor
153 Peyrot Solís, Marco A. Ausente
154 Plascencia Alonso, Francisco Javier Favor
155 Priego Tapia, Gerardo Favor
156 Pulido Pecero, Pedro Favor
157 Quintero Bello, Jorge Favor
158 Rodríguez Vizcarra Velázquez, Adriana Favor
159 Ramírez Barba, Ector Jaime Favor
160 Ramírez Corral, Ivette Jacqueline Ausente
161 Ramírez Pech, Edgar Martín Favor
162 Ramírez Villarreal, Gustavo Favor
163 Ramos Covarrubias, Héctor Manuel Favor
164 Reyes López, Carlos Armando Favor
165 Rincón Vargas, Mirna Cecilia Favor
166 Rivera Rivera, José Guadalupe Favor
167 Rivero Rivero, Rolando Favor
168 Rodríguez Ahumada, Luis Fernando Favor
169 Rodríguez Jiménez, Ricardo Ausente
170 Rodríguez Prats, Juan José Favor
171 Rodríguez Uresti, Enrique Favor
172 Rojas Hernández, Laura Angélica Ausente
173 Román Isidoro, Demetrio Ausente
174 Romo Jiménez, Martha Angélica Ausente
175 Rubio Chávez, José Ignacio Alberto Ausente
176 Rueda Gómez, Francisco Ausente
177 Ruiz Velasco de Lira, Ernesto Favor
178 Salas Contreras, Marcos Ausente
179 Salazar Madera, Mario Alberto Ausente
180 Salum del Palacio, Jorge Alejandro Favor
181 Sánchez Díaz de Rivera, Antonio Favor
182 Sánchez Domínguez, Alejandro Favor
183 Sánchez Gil, Carlos René Favor
184 Sánchez Juárez, Claudia Ausente
185 Sánchez Trujillo, José Víctor Ausente
186 Sandoval Munguia, Juan Manuel Ausente
187 Serrato Castell, Luis Gerardo Favor
188 Shej Guzmán Sara Favor
189 Solano Muñoz, José de Jesús Favor
190 Stefanonni Mazzocco, Martín Favor
191 Tamayo Herrera, Yadhira Yvette Favor
192 Torres Gómez, Artemio Favor
193 Torres Herrera, Víctor Manuel Favor
194 Torres Torres, Carlos Alberto Favor
195 Valenzuela García, María Gloria Guadalupe Favor
196 Valladolid Rodríguez, Antonio Favor
197 Vasconcelos Rueda, Antonio Favor
198 Vázquez Martínez, Alberto Favor
199 Vega Corona, Antonio Favor
200 Velázquez Gutiérrez, José Guillermo Favor
201 Verástegui Ostos, César Augusto Ausente
202 Verdín Saldaña, Jaime Favor
203 Victoria Alva, Juan Ausente
204 Vieyra Olivares, Adriana Rebeca Ausente
205 Villanueva Arjona, Juan Manuel Favor
206 Zambrano Elizondo, Javier Martín Favor
Favor: 134
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 73
Total: 207
PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA
1 Aguirre Alcaide, Víctor Favor
2 Alavez Ruiz, Aleida Favor
3 Almazán González, José Antonio Ausente
4 Almonte Borja, Ramón Favor
5 Alonso Flores, Lourdes Ausente
6 Alonso Razo, Humberto Wifredo Ausente
7 Altamirano Toledo, Carlos Ausente
8 Alva Olvera, Maribel Luisa Favor
9 Álvarez Ramón, Silbestre Ausente
10 Amaro Corona, Alberto Favor
11 Aragón Castillo, Irene Favor
12 Arellano Pulido, Miguel Ángel Favor
13 Arreola Calderón, Juan Dario Favor
14 Barreiro Pérez, Armando Favor
15 Batres Guadarrama, Valentina Valia Favor
16 Bautista Bravo, Alliet Mariana Ausente
17 Bravo Padilla, Itzcóatl Tonatiuh Ausente
18 Brito González, Modesto Favor
19 Calzada Vázquez, Francisco Javier Ausente
20 Campos Aburto, Amador Favor
21 Cárdenas Hernández, Raymundo Favor
22 Cervantes Rodríguez, Aurora Favor
23 Chávez García, Higinio Favor
24 Condado Escamilla, Cuitlahuac Ausente
25 Contreras Julián, Maricela Favor
26 Cruz Santiago, Claudia Lilia Favor
27 Cuevas Córdova, Othón Ausente
28 Dagdug Lützow, Moisés Félix Favor
29 De la Rosa García, Juan Hugo Favor
30 De los Santos Molina, Joaquín Conrado Ausente
31 Dehesa Mora, Daniel Favor
32 Del Toro , Mario Enrique Ausente
33 Díaz Contreras, Adriana Ausente
34 Escandón Cadenas, Rutilio Cruz Favor
35 Espejel Lazcano, Jaime Favor
36 Fernández Balboa, Mónica Favor
37 Flores Maldonado, César Favor
38 Flores Salazar, Guadalupe Socorro Ausente
39 Franco Melgarejo, Rafael Favor
40 Gálvez Rodríguez, Fernel Arturo Ausente
41 García Rodríguez, Víctor Hugo Ausente
42 Garzón Contreras, Neftalí Ausente
43 González Garza, Javier Favor
44 Guerra Ochoa, Juan Nicasio Favor
45 Gutiérrez Calzadilla, José Luis Ausente
46 Hernández Gaytán, Daisy Selene Favor
47 Hernández Hernández, Sergio Ausente
48 Hernández Manzanares, Javier Ausente
49 Hernández Silva, Benjamín Favor
50 Ibarra Franquez, Sonia Nohelia Favor
51 Jacques y Medina, José Favor
52 Jiménez Valenzuela, María Eugenia Favor
53 Landero López, Pedro Favor
54 Lemarroy Martínez, Juan Dario Ausente
55 Leyva Piñón, Ana Yurixi Favor
56 Lizárraga Peraza, Víctor Manuel Ausente
57 López Barriga, Erick Favor
58 López Becerra, Santiago Favor
59 López Rojas, Alberto Favor
60 López Torres, María Soledad Ausente
61 Lozano Lozano, Andrés Ausente
62 Luna Munguía, Alma Lilia Ausente
63 Márquez Madrid, Camerino Eleazar Favor
64 Márquez Tinoco, Francisco Favor
65 Martínez Hernández, Alejandro Ausente
66 Martínez Martínez, Carlos Roberto Favor
67 Martínez Martínez, Francisco Favor
68 Martínez Padilla, Hugo Eduardo Favor
69 Martínez Vargas Octavio Favor
70 Matías Alonso, Marcos Favor
71 Matus Toledo, Holly Favor
72 Mayans Canabal, Fernando Favor
73 Mendoza Arellano, David Ausente
74 Mendoza Flores, Roberto Favor
75 Mendoza Maldonado, Fausto Fluvio Ausente
76 Mendoza Mendoza, Irineo Ausente
77 Monreal Ávila, Susana Favor
78 Montalvo Rojas, Victorio Rubén Favor
79 Morales Manzo, Jesús Ricardo Favor
80 Morales Sánchez, Efraín Ausente
81 Morales Vázquez, Carlos Orsoe Favor
82 Narcía Álvarez, Héctor Favor
83 Navarro López, Carlos Ernesto Favor
84 Navarro Quintero, Miguel Ángel Ausente
85 Ojeda Hernández, Concepción Favor
86 Oliva Fragoso, Silvia Ausente
87 Orcí Martínez, Juan Adolfo Ausente
88 Ortega Martínez, Antonio Favor
89 Ortiz Magallón, Rosario Ignacia Ausente
90 Pacheco Llanes, Ramón Félix Favor
91 Pedraza Chávez, Isidro Ausente
92 Pedrozo Castillo, Adrián Ausente
93 Peña Sánchez, Miguel Ángel Favor
94 Pérez Cruz, Raciel Ausente
95 Pulido Santiago, Celso David Favor
96 Ramos Becerril, Rafael Plácido Ausente
97 Ramos Castellanos, Martín Favor
98 Rasgado Corsi, Gloria Favor
99 Ríos Gamboa, Raúl Favor
100 Romero Gutiérrez, Odilón Ausente
101 Ruiz Sánchez, Salvador Favor
102 Saavedra Coronel, José Antonio Favor
103 Salinas Pérez, Josefina Ausente
104 San Martín Hernández, Juan Manuel Favor
105 Sánchez Barrios, Carlos Ausente
106 Sánchez Cabrales, Rafael Elías Ausente
107 Sánchez Camacho, Alejandro Ausente
108 Sánchez Camacho, David Ausente
109 Sánchez Ramos, Francisco Favor
110 Sánchez Valdéz, Eva Angelina Ausente
111 Sandoval Ramírez, Cuauhtémoc Favor
112 Santos Arreola, Francisco Javier Favor
113 Solares Chávez, Miguel Ángel Favor
114 Soriano Sánchez, Rosa Elva Ausente
115 Soto Sánchez, Antonio Ausente
116 Suárez del Real y Aguilera, José Alfonso Ausente
117 Torres Baltazar, María Elena Ausente
118 Torres García, Daniel Ausente
119 Trejo Pérez, Pablo Favor
120 Ulloa Pérez, Emilio Favor
121 Vallejo Estevez, Mario Ausente
122 Varela López, Víctor Gabriel Favor
123 Villanueva Albarrán, Gerardo Favor
124 Villicaña García, Rafael Favor
125 Zavaleta Salgado, Ruth Favor
126 Zazueta Aguilar, Jesús Humberto Favor
127 Zepeda Hernández, Martín Favor
Favor: 76
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 51
Total: 127
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
1 Abramo Masso, Yerico Favor
2 Aguilar , Diego Ausente
3 Aguilar Solís, Samuel Ausente
4 Aispuro Torres, José Rosas Favor
5 Alcántara Núñez, Jesús Sergio Ausente
6 Aldana Prieto, Luis Ricardo Favor
7 Amador Gaxiola, Daniel Favor
8 Amador Leal, Narcizo Alberto Favor
9 Ayala Almeida, Joel Ausente
10 Badillo Martínez, Roberto Ausente
11 Barajas López, Ramón Ausente
12 Barajas del Toro, Salvador Favor
13 Barba Hernández, Alfredo Favor
14 Beltrán Montes, Israel Favor
15 Benítez Ojeda, Luis Enrique Favor
16 Bernal Gutiérrez, Andrés Marco Antonio Favor
17 Biebrich Torres, Carlos Armando Ausente
18 Blanco Pajón, José Luis Favor
19 Caballero Camargo, Gustavo Fernando Favor
20 Camacho Quiroz, César Octavio Ausente
21 Canavati Tafich, Jesús Ricardo Ausente
22 Carballo Bustamante, Andrés Favor
23 Cárdenas del Avellano, Enrique Favor
24 Cárdenas Monroy, Oscar Gustavo Favor
25 Cervantes Andrade, Raúl Favor
26 Chaurand Arzate, Carlos Favor
27 Colín Guadarrama, María Mercedes Favor
28 Cordero Alfonzo, Arnulfo Elías Favor
29 De la Garza Treviño, Jorge Luis Ausente
30 Díaz Athié, Antonio de Jesús Favor
31 Díaz Solorzano, Elmar Darinel Ausente
32 Domínguez Domínguez, Nemesio Favor
33 Duarte Jáquez, César Favor
34 Escajeda Jiménez, José Rubén Ausente
35 Escalante Jasso, Aracely Favor
36 Espinosa Abuxapqui, Eduardo Elías Favor
37 Estefan Chidiac, Charbel Jorge Ausente
38 Flores Sandoval, Patricio Favor
39 Fuentes Tellez, Octavio Ausente
40 Gamboa Patrón, Emilio Ausente
41 Garza Garza, Horacio Emigdio Ausente
42 Gebhardt Garduza, Yary del Carmen Favor
43 Gloria Requena, Tomás Favor
44 Gómez Lugo, Elda Favor
45 González Calderón, Martha Hilda Favor
46 González Salum, Miguel Ángel Favor
47 González Zarur, Mariano Favor
48 Guerrero García, Javier Ausente
49 Guerrero Juárez, Joel Ausente
50 Herrera Ale, Juana Leticia Favor
51 Herrera Coyac, Wenceslao Favor
52 Izquierdo Bustamante, Alfonso Rolando Ausente
53 Lagunes Gallina, Gerardo Favor
54 Lescieur Talavera, Jorge Mario Favor
55 López Balbuena, Guillermina Favor
56 Madrid Tovilla, Areli Ausente
57 Martínez Rodríguez, Lorena Ausente
58 Martínez Rocha, Arturo Favor
59 Méndez Lanz, Víctor Manuel Ausente
60 Mendívil Amparám, Gustavo Ildefonso Favor
61 Merodio Reza, Lilia Guadalupe Favor
62 Moctezuma Pereda, Fernando Quetzalcoatl Favor
63 Montalvo Gómez, Pedro Favor
64 Morales García, Elizabeth Favor
65 Mota Hernández, Adolfo Favor
66 Muñoz Serna, Rogelio Favor
67 Murat , José Ausente
68 Ochoa González, Arnoldo Favor
69 Ojeda Camacho, Gilberto Favor
70 Olivares Monterrubio, Alejandro Favor
71 Olivares Ventura, Héctor Hugo Favor
72 Ordaz Jiménez, Ismael Favor
73 Orihuela Bárcenas, José Ascención Favor
74 Orihuela Trejo, José Amado Favor
75 Ortiz del Carpio, Víctor Favor
76 Ortiz Proal, Mauricio Favor
77 Padilla Gutiérrez, Héctor Ausente
78 Pagés Llergo Rebollar, María Beatriz Favor
79 Palma César, Víctor Samuel Favor
80 Parás González, Juan Manuel Favor
81 Partida Guzmán, Martha Rocío Favor
82 Patrón Montalvo, Jesús Manuel Ausente
83 Peñuelas Acuña, Mayra Gisela Ausente
84 Pérez Valdés, Daniel Ausente
85 Pinete Vargas, María del Carmen Ausente
86 Quiñones Canales, Lourdes Ausente
87 Ramírez Martínez, José Edmundo Favor
88 Ramírez Stabros, Jesús Ausente
89 Reyna García, José Jesús Favor
90 Ríos Camarena, Alfredo Adolfo Favor
91 Rivera Bedoya, Juan Francisco Ausente
92 Rodríguez Ramírez, Bertha Yolanda Ausente
93 Rojas Gutiérrez, Carlos Favor
94 Ruiz Chávez, Sara Latife Favor
95 Salas López, Ramón Ausente
96 Sánchez Hernández, Eduardo Favor
97 Sandoval Paredes, Sergio Ausente
98 Serrano Escobar, Enrique Ausente
99 Sosa Castelán, Gerardo Ausente
100 Toledo Luis, Jorge Favor
101 Vargas Landeros, Gerardo Octavio Ausente
102 Vega Ortiz, María Oralia Favor
103 Velasco Pérez, Juan Carlos Ausente
104 Villa Villa, Isael Favor
105 Villanueva Abraján, Patricia Ausente
106 Zatarain González, Carlos Ernesto Favor
Favor: 67
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 39
Total: 106
CONVERGENCIA
1 Abad de Jesús, Juan Ausente
2 Aguilera Rico, José Luis Favor
3 Cárdenas Márquez, Elías Ausente
4 Castellanos Hernández, Félix Favor
5 Castillo Romero, Patricia Obdulia de Jesús Favor
6 Chanona Burguete, Alejandro Ausente
7 Del Río Virgen, José Manuel Favor
8 Godoy Cárdenas, Jorge Favor
9 López Lena Cruz, Humberto Favor
10 Salvatori Bronca, María del Carmen Favor
11 Samperio Montaño, Juan Ignacio Ausente
12 Sansores San Román, Layda Elena Ausente
13 Tagle Martínez, Martha Angélica Ausente
14 Uscanga Cruz, Robinson Ausente
15 Valdés Chávez, Ramón Favor
16 Varela Lagunas, Tomás José Luis Ausente
17 Velasco Oliva, Jesús Cuauhtémoc Ausente
Favor: 8
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 9
Total: 17
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO
1 Arévalo González, José Antonio Favor
2 Bellizzia Rosique, Pascual Favor
3 Cobo Terrazas, Diego Favor
4 Elizondo Garrido, Francisco Favor
5 Estrada González, Faustino Javier Favor
6 González Martínez, Jorge Emilio Favor
7 Lavara Mejía, Gloria Favor
8 López Adame, Antonio Xavier Favor
9 Manrique Guevara, Beatriz Favor
10 Notholt Guerrero, Alan Favor
11 Portilla Diéguez, Manuel Favor
12 Puente Salas, Carlos Alberto Favor
13 Ramírez Cerda, Ana María Favor
14 Rodríguez Luis, Alejandro Favor
15 Salgado Amador, Manuel Salvador Favor
16 Sesma Suárez, Jesús Ausente
17 Velasco Rodríguez, Verónica Favor
Favor: 16
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 1
Total: 17
PARTIDO DEL TRABAJO
1 Aguilar Jiménez, Rubén Ausente
2 Arreola Ortega, Pablo Leopoldo Favor
3 Cantú Garza, Ricardo Ausente
4 Cervantes Rivera, Jaime Favor
5 Garay Ulloa, Silvano Favor
6 Herrera Solís, Anuario Luis Ausente
7 Maciel Ortiz, María Mercedez Ausente
8 Peregrino García, Abundio Ausente
9 Romero Guzmán, Rosa Elia Favor
10 Solís Parga, Rodolfo Ausente
11 Vela González, Joaquín Humberto Ausente
Favor: 4
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 7
Total: 11
PARTIDO NUEVA ALIANZA
1 Arriola Gordillo, Mónica Ausente
2 Cárdenas Fonseca, Manuel Ausente
3 Castillo Nájera, Ariel Ausente
4 Dávila Esquivel, Humberto Favor
5 Gómez Pasillas, Jacinto Favor
6 Jiménez Godínez, Miguel Ángel Favor
7 Luna Becerril, Blanca Favor
8 Luna Rodríguez, Silvia Favor
9 Piñeyro Arias, Irma Ausente
Favor: 5
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 4
Total: 9
PARTIDO ALTERNATIVA SOCIAL
1 Arvizu Rivas, Aida Marina Ausente
2 Conde Rodríguez, Elsa de Guadalupe Ausente
3 García Méndez, Armando Ausente
4 Hernández Valadés, Delio Ausente
5 Pedro Cortés, Santiago Gustavo Favor
Favor: 1
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 4
Total: 5
Del dictamen de la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto que reforma el último párrafo del artículo 5o. de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo (en lo general y en lo particular)
PARTIDO ACCION NACIONAL
1 Acosta Dávila, Constantino Ausente
2 Aguilar López, José Alejandro Ausente
3 Alcalde Virgen, Moisés Favor
4 Alcaraz Hernández, Alma Edwviges Ausente
5 Álvarez Bernal, María Elena Favor
6 Amezola Fonceca, Gerardo Favor
7 Antuna Batista, Fidel Favor
8 Aranda Orozco, Gerardo Favor
9 Arellano Arellano, Joel Favor
10 Arenas Guzmán, Margarita Favor
11 Arizméndi Uribe, Efraín Favor
12 Armendáriz García, Pedro Ausente
13 Arredondo Ibarra, Salvador Favor
14 Arredondo Velázquez, Jesús Ausente
15 Ávila Mayo, Obdulio Favor
16 Barradas Miravete, Gregorio Ausente
17 Barrios Rodríguez, Juan Enrique Favor
18 Bello Pérez, Alfonso Othón Favor
19 Berber Martínez, Antonio Ausente
20 Bermúdez Viramontes, Andrés Ausente
21 Bolaños Aguilar, Edmundo Javier Favor
22 Borrego Estrada, Felipe Favor
23 Bracho González, Carlos Augusto Favor
24 Buganza Salmerón, Gerardo Favor
25 Campos Galván, María Eugenia Favor
26 Carbajal Méndez, Liliana Ausente
27 Cárdenas Sánchez, Esmeralda Favor
28 Cardona Benavídez, Alma Xóchil Favor
29 Carrasco Altamirano, Diódoro Humberto Ausente
30 Castaño Contreras, Cristián Favor
31 Castro de la Rosa, Osiel Ausente
32 Castro Muñoz, Juan de Dios Favor
33 Ceja Romero, Ramón Ausente
34 Chávez García, Daniel Favor
35 Collado Lara, Beatriz Favor
36 Contreras Coeto, José Luis Favor
37 Corral Aguilar, María Mercedes Favor
38 Cuen Garibi, Marcela Ausente
39 Curiel Preciado, Leobardo Favor
40 Dávila Fernández, Adriana Ausente
41 Dávila García, Francisco Ausente
42 De la Torre Jaramillo, Eduardo Sergio Favor
43 De León Tello, Jesús Favor
44 Degante Romero, Silvia Emilia Favor
45 Del Toro del Villar, Tomás Favor
46 Del Valle Toca, Antonio Favor
47 Del Villar Sosa, Sonia Leslie Ausente
48 Delgado Oscoy, Alejandro Enrique Ausente
49 Denegre Vaught, Rosaura Favor
50 Deschamps Falcón, Ángel Rafael Favor
51 Díaz de León Torres, Leticia Ausente
52 Díaz García, José Antonio Favor
53 Díaz Garibay, Felipe Favor
54 Díaz Gordillo, Martha Cecilia Ausente
55 Díaz Mena, Joaquín Jesús Ausente
56 Domínguez Servién, Francisco Ausente
57 Duck Núñez, Edgar Mauricio Ausente
58 Enríquez Flores, Armando Favor
59 Escaroz Soler, Gerardo Antonio Ausente
60 Escobar Jardinez, Adolfo Ausente
61 Espinosa Piña, José Luis Favor
62 Félix Holguín, Armando Jesús Ausente
63 Felton González, Carlos Eduardo Ausente
64 Fernández Cabrera, Adrián Favor
65 Fernández Ugarte, Carmen Favor
66 Flores Domínguez, Emilio Ramón Ramiro Ausente
67 Flores Grande, Arturo Ausente
68 Flores Morfín, Jesús Vicente Favor
69 Fraile García, Francisco Antonio Favor
70 Franco Cazarez, Ricardo Favor
71 Fuentes Ortiz, José Guillermo Favor
72 García González, Carlos Alberto Favor
73 García Müller, Martha Margarita Favor
74 García Reyes, Ángel Humberto Favor
75 García Reyes, Beatriz Eugenia Ausente
76 García Vivián, Raúl Ausente
77 Garmendia Hernández, Yolanda Mercedes Favor
78 Gómez Leyva, Silvio Favor
79 González Betancourt, Jorge Justiniano Ausente
80 González Martínez, María Gabriela Favor
81 González Morán, Martín Oscar Favor
82 González Roaro, Benjamín Ernesto Favor
83 González Ruiz, Felipe Favor
84 González Sánchez, María Dolores Favor
85 Gudiño Ortiz, Francisco Javier Favor
86 Guerrero Torres, José Gildardo Favor
87 Gutiérrez Aguilar, Miguel Ángel Favor
88 Gutiérrez Lagunes, María Victoria Favor
89 Hernández Núñez, Elia Favor
90 Hurtado Pérez, Nelly Asunción Ausente
91 Iragorri Durán, Enrique Favor
92 Jiménez del Castillo, Ma. de los Ángeles Favor
93 Jiménez Ramos, María Esther Favor
94 Joaquín Coldwell, Addy Cecilia Ausente
95 Lagunes Viveros, Violeta del Pilar Favor
96 Landero Gutiérrez, Alejandro Favor
97 Landeros González, Ramón Favor
98 Lara Compeán, David Favor
99 Larios Córdova, Héctor Favor
100 Laviada Hernández, Íñigo Antonio Ausente
101 Lemus Muñoz Ledo, Ramón Ignacio Favor
102 Leura González, Agustín Favor
103 Limas Frescas, María Soledad Favor
104 Lizaola de la Torre, Alonso Manuel Ausente
105 López Cisneros, José Martín Ausente
106 López Reyna, Omeheira Favor
107 López Silva, Rubí Laura Favor
108 Lujano Nicolás, Christian Martín Favor
109 Maawad Robert, Luis Xavier Favor
110 Macías Zambrano, Gustavo Ausente
111 Madrazo Limón, Carlos Favor
112 Magallón Arceo, Leonardo Melesio de Jesús Favor
113 Malagón Ríos, Martín Favor
114 Maldonado González, David Favor
115 Manuell-Gómez Angulo, Dolores de María Favor
116 Martínez Valero, Dora Alicia Ausente
117 Medellín Varela, Antonio Favor
118 Medina Macias, Alma Hilda Favor
119 Medina Rodríguez, Delber Favor
120 Medina Rodríguez, Lizbeth Evelia Ausente
121 Mejía García, Luis Alonso Ausente
122 Méndez Meneses, Apolonio Favor
123 Mendoza Morales, Lucía Susana Favor
124 Mohamar Dainitin, Oscar Miguel Favor
125 Mollinedo Hernández, Agustín Favor
126 Monraz Ibarra, Miguel Ángel Favor
127 Montes Sánchez, Fabián Fernando Ausente
128 Montiel Luis, Lariza Favor
129 Mora Cuevas, Marisol Favor
130 Morales Ramos, José Nicolás Ausente
131 Moreno Álvarez, Mario Eduardo Favor
132 Morgan Franco, Rocío del Carmen Favor
133 Muñoz Serrano, José Antonio Favor
134 Murillo Flores, Francisco Javier Favor
135 Murillo Torres, José Luis Ausente
136 Navarro Sugich, Carlos Alberto Favor
137 Nordhausen González, Jorge Rubén Favor
138 Noriega Blanco Vigil, María Elena de las Nieves Favor
139 Ochoa López, Nabor Ausente
140 Olvera Higuera, Edgar Armando Favor
141 Orozco Ruiz Velazco, Marco Heriberto Favor
142 Ortega Martínez, María del Pilar Favor
143 Ortiz Hernández, Eduardo Favor
144 Ortiz Montoro, Sagrario María del Rosario Favor
145 Oviedo Oviedo, Ernesto Favor
146 Padilla Orozco, Raúl Alejandro Ausente
147 Palafox Núñez, José Inés Favor
148 Paredes Rodríguez, Francisco Javier Favor
149 Parra Jiménez, Dolores María del Carmen Favor
150 Parra Noriega, Luis Gustavo Favor
151 Pérez de Tejada Romero, Diana Carolina Favor
152 Pérez Cuéllar, Cruz Favor
153 Peyrot Solís, Marco A. Ausente
154 Plascencia Alonso, Francisco Javier Favor
155 Priego Tapia, Gerardo Favor
156 Pulido Pecero, Pedro Favor
157 Quintero Bello, Jorge Favor
158 Rodríguez Vizcarra Velázquez, Adriana Favor
159 Ramírez Barba, Ector Jaime Favor
160 Ramírez Corral, Ivette Jacqueline Ausente
161 Ramírez Pech, Edgar Martín Favor
162 Ramírez Villarreal, Gustavo Favor
163 Ramos Covarrubias, Héctor Manuel Favor
164 Reyes López, Carlos Armando Favor
165 Rincón Vargas, Mirna Cecilia Favor
166 Rivera Rivera, José Guadalupe Favor
167 Rivero Rivero, Rolando Favor
168 Rodríguez Ahumada, Luis Fernando Favor
169 Rodríguez Jiménez, Ricardo Ausente
170 Rodríguez Prats, Juan José Favor
171 Rodríguez Uresti, Enrique Favor
172 Rojas Hernández, Laura Angélica Ausente
173 Román Isidoro, Demetrio Favor
174 Romo Jiménez, Martha Angélica Ausente
175 Rubio Chávez, José Ignacio Alberto Ausente
176 Rueda Gómez, Francisco Favor
177 Ruiz Velasco de Lira, Ernesto Ausente
178 Salas Contreras, Marcos Ausente
179 Salazar Madera, Mario Alberto Ausente
180 Salum del Palacio, Jorge Alejandro Ausente
181 Sánchez Díaz de Rivera, Antonio Favor
182 Sánchez Domínguez, Alejandro Favor
183 Sánchez Gil, Carlos René Favor
184 Sánchez Juárez, Claudia Favor
185 Sánchez Trujillo, José Víctor Ausente
186 Sandoval Munguia, Juan Manuel Favor
187 Serrato Castell, Luis Gerardo Ausente
188 Shej Guzmán Sara Favor
189 Solano Muñoz, José de Jesús Favor
190 Stefanonni Mazzocco, Martín Favor
191 Tamayo Herrera, Yadhira Yvette Favor
192 Torres Gómez, Artemio Favor
193 Torres Herrera, Víctor Manuel Favor
194 Torres Torres, Carlos Alberto Favor
195 Valenzuela García, María Gloria Guadalupe Favor
196 Valladolid Rodríguez, Antonio Favor
197 Vasconcelos Rueda, Antonio Ausente
198 Vázquez Martínez, Alberto Favor
199 Vega Corona, Antonio Favor
200 Velázquez Gutiérrez, José Guillermo Favor
201 Verástegui Ostos, César Augusto Ausente
202 Verdín Saldaña, Jaime Favor
203 Victoria Alva, Juan Favor
204 Vieyra Olivares, Adriana Rebeca Favor
205 Villanueva Arjona, Juan Manuel Favor
206 Zambrano Elizondo, Javier Martín Favor
Favor: 148
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 59
Total: 207
PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA
1 Aguirre Alcaide, Víctor Favor
2 Alavez Ruiz, Aleida Favor
3 Almazán González, José Antonio Ausente
4 Almonte Borja, Ramón Favor
5 Alonso Flores, Lourdes Ausente
6 Alonso Razo, Humberto Wifredo Favor
7 Altamirano Toledo, Carlos Ausente
8 Alva Olvera, Maribel Luisa Ausente
9 Álvarez Ramón, Silbestre Favor
10 Amaro Corona, Alberto Favor
11 Aragón Castillo, Irene Favor
12 Arellano Pulido, Miguel Ángel Favor
13 Arreola Calderón, Juan Dario Favor
14 Barreiro Pérez, Armando Favor
15 Batres Guadarrama, Valentina Valia Favor
16 Bautista Bravo, Alliet Mariana Ausente
17 Bravo Padilla, Itzcóatl Tonatiuh Ausente
18 Brito González, Modesto Favor
19 Calzada Vázquez, Francisco Javier Ausente
20 Campos Aburto, Amador Favor
21 Cárdenas Hernández, Raymundo Favor
22 Cervantes Rodríguez, Aurora Favor
23 Chávez García, Higinio Ausente
24 Condado Escamilla, Cuitlahuac Ausente
25 Contreras Julián, Maricela Ausente
26 Cruz Santiago, Claudia Lilia Favor
27 Cuevas Córdova, Othón Favor
28 Dagdug Lützow, Moisés Félix Favor
29 De la Rosa García, Juan Hugo Ausente
30 De los Santos Molina, Joaquín Conrado Favor
31 Dehesa Mora, Daniel Favor
32 Del Toro , Mario Enrique Ausente
33 Díaz Contreras, Adriana Ausente
34 Escandón Cadenas, Rutilio Cruz Favor
35 Espejel Lazcano, Jaime Favor
36 Fernández Balboa, Mónica Favor
37 Flores Maldonado, César Favor
38 Flores Salazar, Guadalupe Socorro Ausente
39 Franco Melgarejo, Rafael Favor
40 Gálvez Rodríguez, Fernel Arturo Ausente
41 García Rodríguez, Víctor Hugo Ausente
42 Garzón Contreras, Neftalí Ausente
43 González Garza, Javier Favor
44 Guerra Ochoa, Juan Nicasio Ausente
45 Gutiérrez Calzadilla, José Luis Favor
46 Hernández Gaytán, Daisy Selene Favor
47 Hernández Hernández, Sergio Ausente
48 Hernández Manzanares, Javier Ausente
49 Hernández Silva, Benjamín Favor
50 Ibarra Franquez, Sonia Nohelia Favor
51 Jacques y Medina, José Ausente
52 Jiménez Valenzuela, María Eugenia Favor
53 Landero López, Pedro Favor
54 Lemarroy Martínez, Juan Dario Ausente
55 Leyva Piñón, Ana Yurixi Favor
56 Lizárraga Peraza, Víctor Manuel Favor
57 López Barriga, Erick Favor
58 López Becerra, Santiago Favor
59 López Rojas, Alberto Favor
60 López Torres, María Soledad Ausente
61 Lozano Lozano, Andrés Favor
62 Luna Munguía, Alma Lilia Favor
63 Márquez Madrid, Camerino Eleazar Ausente
64 Márquez Tinoco, Francisco Favor
65 Martínez Hernández, Alejandro Ausente
66 Martínez Martínez, Carlos Roberto Favor
67 Martínez Martínez, Francisco Favor
68 Martínez Padilla, Hugo Eduardo Favor
69 Martínez Vargas Octavio Favor
70 Matías Alonso, Marcos Favor
71 Matus Toledo, Holly Favor
72 Mayans Canabal, Fernando Favor
73 Mendoza Arellano, David Ausente
74 Mendoza Flores, Roberto Favor
75 Mendoza Maldonado, Fausto Fluvio Ausente
76 Mendoza Mendoza, Irineo Ausente
77 Monreal Ávila, Susana Favor
78 Montalvo Rojas, Victorio Rubén Favor
79 Morales Manzo, Jesús Ricardo Favor
80 Morales Sánchez, Efraín Ausente
81 Morales Vázquez, Carlos Orsoe Ausente
82 Narcía Álvarez, Héctor Ausente
83 Navarro López, Carlos Ernesto Favor
84 Navarro Quintero, Miguel Ángel Favor
85 Ojeda Hernández, Concepción Favor
86 Oliva Fragoso, Silvia Favor
87 Orcí Martínez, Juan Adolfo Ausente
88 Ortega Martínez, Antonio Favor
89 Ortiz Magallón, Rosario Ignacia Ausente
90 Pacheco Llanes, Ramón Félix Favor
91 Pedraza Chávez, Isidro Ausente
92 Pedrozo Castillo, Adrián Favor
93 Peña Sánchez, Miguel Ángel Ausente
94 Pérez Cruz, Raciel Ausente
95 Pulido Santiago, Celso David Favor
96 Ramos Becerril, Rafael Plácido Favor
97 Ramos Castellanos, Martín Favor
98 Rasgado Corsi, Gloria Favor
99 Ríos Gamboa, Raúl Ausente
100 Romero Gutiérrez, Odilón Favor
101 Ruiz Sánchez, Salvador Favor
102 Saavedra Coronel, José Antonio Favor
103 Salinas Pérez, Josefina Favor
104 San Martín Hernández, Juan Manuel Favor
105 Sánchez Barrios, Carlos Favor
106 Sánchez Cabrales, Rafael Elías Ausente
107 Sánchez Camacho, Alejandro Favor
108 Sánchez Camacho, David Favor
109 Sánchez Ramos, Francisco Favor
110 Sánchez Valdéz, Eva Angelina Ausente
111 Sandoval Ramírez, Cuauhtémoc Favor
112 Santos Arreola, Francisco Javier Favor
113 Solares Chávez, Miguel Ángel Ausente
114 Soriano Sánchez, Rosa Elva Ausente
115 Soto Sánchez, Antonio Ausente
116 Suárez del Real y Aguilera, José Alfonso Favor
117 Torres Baltazar, María Elena Ausente
118 Torres García, Daniel Favor
119 Trejo Pérez, Pablo Favor
120 Ulloa Pérez, Emilio Favor
121 Vallejo Estevez, Mario Favor
122 Varela López, Víctor Gabriel Favor
123 Villanueva Albarrán, Gerardo Favor
124 Villicaña García, Rafael Favor
125 Zavaleta Salgado, Ruth Favor
126 Zazueta Aguilar, Jesús Humberto Favor
127 Zepeda Hernández, Martín Favor
Favor: 84
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 43
Total: 127
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
1 Abramo Masso, Yerico Favor
2 Aguilar , Diego Ausente
3 Aguilar Solís, Samuel Ausente
4 Aispuro Torres, José Rosas Favor
5 Alcántara Núñez, Jesús Sergio Favor
6 Aldana Prieto, Luis Ricardo Favor
7 Amador Gaxiola, Daniel Favor
8 Amador Leal, Narcizo Alberto Favor
9 Ayala Almeida, Joel Ausente
10 Badillo Martínez, Roberto Ausente
11 Barajas López, Ramón Ausente
12 Barajas del Toro, Salvador Favor
13 Barba Hernández, Alfredo Favor
14 Beltrán Montes, Israel Ausente
15 Benítez Ojeda, Luis Enrique Ausente
16 Bernal Gutiérrez, Andrés Marco Antonio Favor
17 Biebrich Torres, Carlos Armando Ausente
18 Blanco Pajón, José Luis Favor
19 Caballero Camargo, Gustavo Fernando Favor
20 Camacho Quiroz, César Octavio Ausente
21 Canavati Tafich, Jesús Ricardo Ausente
22 Carballo Bustamante, Andrés Favor
23 Cárdenas del Avellano, Enrique Favor
24 Cárdenas Monroy, Oscar Gustavo Favor
25 Cervantes Andrade, Raúl Favor
26 Chaurand Arzate, Carlos Favor
27 Colín Guadarrama, María Mercedes Favor
28 Cordero Alfonzo, Arnulfo Elías Favor
29 De la Garza Treviño, Jorge Luis Ausente
30 Díaz Athié, Antonio de Jesús Favor
31 Díaz Solorzano, Elmar Darinel Ausente
32 Domínguez Domínguez, Nemesio Ausente
33 Duarte Jáquez, César Favor
34 Escajeda Jiménez, José Rubén Ausente
35 Escalante Jasso, Aracely Favor
36 Espinosa Abuxapqui, Eduardo Elías Favor
37 Estefan Chidiac, Charbel Jorge Ausente
38 Flores Sandoval, Patricio Ausente
39 Fuentes Tellez, Octavio Ausente
40 Gamboa Patrón, Emilio Ausente
41 Garza Garza, Horacio Emigdio Ausente
42 Gebhardt Garduza, Yary del Carmen Favor
43 Gloria Requena, Tomás Favor
44 Gómez Lugo, Elda Favor
45 González Calderón, Martha Hilda Favor
46 González Salum, Miguel Ángel Favor
47 González Zarur, Mariano Favor
48 Guerrero García, Javier Ausente
49 Guerrero Juárez, Joel Ausente
50 Herrera Ale, Juana Leticia Favor
51 Herrera Coyac, Wenceslao Favor
52 Izquierdo Bustamante, Alfonso Rolando Ausente
53 Lagunes Gallina, Gerardo Favor
54 Lescieur Talavera, Jorge Mario Favor
55 López Balbuena, Guillermina Favor
56 Madrid Tovilla, Areli Ausente
57 Martínez Rodríguez, Lorena Ausente
58 Martínez Rocha, Arturo Favor
59 Méndez Lanz, Víctor Manuel Ausente
60 Mendívil Amparám, Gustavo Ildefonso Favor
61 Merodio Reza, Lilia Guadalupe Favor
62 Moctezuma Pereda, Fernando Quetzalcoatl Favor
63 Montalvo Gómez, Pedro Favor
64 Morales García, Elizabeth Ausente
65 Mota Hernández, Adolfo Ausente
66 Muñoz Serna, Rogelio Favor
67 Murat , José Ausente
68 Ochoa González, Arnoldo Favor
69 Ojeda Camacho, Gilberto Favor
70 Olivares Monterrubio, Alejandro Favor
71 Olivares Ventura, Héctor Hugo Ausente
72 Ordaz Jiménez, Ismael Favor
73 Orihuela Bárcenas, José Ascención Favor
74 Orihuela Trejo, José Amado Favor
75 Ortiz del Carpio, Víctor Favor
76 Ortiz Proal, Mauricio Favor
77 Padilla Gutiérrez, Héctor Ausente
78 Pagés Llergo Rebollar, María Beatriz Ausente
79 Palma César, Víctor Samuel Ausente
80 Parás González, Juan Manuel Favor
81 Partida Guzmán, Martha Rocío Favor
82 Patrón Montalvo, Jesús Manuel Ausente
83 Peñuelas Acuña, Mayra Gisela Favor
84 Pérez Valdés, Daniel Ausente
85 Pinete Vargas, María del Carmen Ausente
86 Quiñones Canales, Lourdes Ausente
87 Ramírez Martínez, José Edmundo Favor
88 Ramírez Stabros, Jesús Ausente
89 Reyna García, José Jesús Favor
90 Ríos Camarena, Alfredo Adolfo Ausente
91 Rivera Bedoya, Juan Francisco Ausente
92 Rodríguez Ramírez, Bertha Yolanda Favor
93 Rojas Gutiérrez, Carlos Favor
94 Ruiz Chávez, Sara Latife Favor
95 Salas López, Ramón Ausente
96 Sánchez Hernández, Eduardo Favor
97 Sandoval Paredes, Sergio Favor
98 Serrano Escobar, Enrique Favor
99 Sosa Castelán, Gerardo Ausente
100 Toledo Luis, Jorge Favor
101 Vargas Landeros, Gerardo Octavio Ausente
102 Vega Ortiz, María Oralia Favor
103 Velasco Pérez, Juan Carlos Ausente
104 Villa Villa, Isael Favor
105 Villanueva Abraján, Patricia Ausente
106 Zatarain González, Carlos Ernesto Favor
Favor: 62
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 44
Total: 106
CONVERGENCIA
1 Abad de Jesús, Juan Favor
2 Aguilera Rico, José Luis Favor
3 Cárdenas Márquez, Elías Ausente
4 Castellanos Hernández, Félix Favor
5 Castillo Romero, Patricia Obdulia de Jesús Favor
6 Chanona Burguete, Alejandro Ausente
7 Del Río Virgen, José Manuel Favor
8 Godoy Cárdenas, Jorge Favor
9 López Lena Cruz, Humberto Favor
10 Salvatori Bronca, María del Carmen Favor
11 Samperio Montaño, Juan Ignacio Ausente
12 Sansores San Román, Layda Elena Ausente
13 Tagle Martínez, Martha Angélica Ausente
14 Uscanga Cruz, Robinson Favor
15 Valdés Chávez, Ramón Ausente
16 Varela Lagunas, Tomás José Luis Ausente
17 Velasco Oliva, Jesús Cuauhtémoc Ausente
Favor: 9
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 8
Total: 17
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO
1 Arévalo González, José Antonio Favor
2 Bellizzia Rosique, Pascual Favor
3 Cobo Terrazas, Diego Favor
4 Elizondo Garrido, Francisco Favor
5 Estrada González, Faustino Javier Favor
6 González Martínez, Jorge Emilio Favor
7 Lavara Mejía, Gloria Favor
8 López Adame, Antonio Xavier Favor
9 Manrique Guevara, Beatriz Favor
10 Notholt Guerrero, Alan Favor
11 Portilla Diéguez, Manuel Favor
12 Puente Salas, Carlos Alberto Favor
13 Ramírez Cerda, Ana María Favor
14 Rodríguez Luis, Alejandro Favor
15 Salgado Amador, Manuel Salvador Favor
16 Sesma Suárez, Jesús Ausente
17 Velasco Rodríguez, Verónica Favor
Favor: 16
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 1
Total: 17
PARTIDO DEL TRABAJO
1 Aguilar Jiménez, Rubén Ausente
2 Arreola Ortega, Pablo Leopoldo Favor
3 Cantú Garza, Ricardo Ausente
4 Cervantes Rivera, Jaime Favor
5 Garay Ulloa, Silvano Favor
6 Herrera Solís, Anuario Luis Ausente
7 Maciel Ortiz, María Mercedez Ausente
8 Peregrino García, Abundio Ausente
9 Romero Guzmán, Rosa Elia Favor
10 Solís Parga, Rodolfo Ausente
11 Vela González, Joaquín Humberto Ausente
Favor: 4
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 7
Total: 11
PARTIDO NUEVA ALIANZA
1 Arriola Gordillo, Mónica Favor
2 Cárdenas Fonseca, Manuel Ausente
3 Castillo Nájera, Ariel Favor
4 Dávila Esquivel, Humberto Favor
5 Gómez Pasillas, Jacinto Favor
6 Jiménez Godínez, Miguel Ángel Favor
7 Luna Becerril, Blanca Favor
8 Luna Rodríguez, Silvia Favor
9 Piñeyro Arias, Irma Ausente
Favor: 7
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 2
Total: 9
PARTIDO ALTERNATIVA SOCIAL
1 Arvizu Rivas, Aida Marina Ausente
2 Conde Rodríguez, Elsa de Guadalupe Ausente
3 García Méndez, Armando Ausente
4 Hernández Valadés, Delio Ausente
5 Pedro Cortés, Santiago Gustavo Favor
Favor: 1
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 4
Total: 5
Del dictamen de la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto que reforma el artículo 13, fracción I, inciso a), de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo (en lo general y en lo particular)
PARTIDO ACCION NACIONAL
1 Acosta Dávila, Constantino Ausente
2 Aguilar López, José Alejandro Favor
3 Alcalde Virgen, Moisés Favor
4 Alcaraz Hernández, Alma Edwviges Ausente
5 Álvarez Bernal, María Elena Favor
6 Amezola Fonceca, Gerardo Favor
7 Antuna Batista, Fidel Favor
8 Aranda Orozco, Gerardo Favor
9 Arellano Arellano, Joel Favor
10 Arenas Guzmán, Margarita Favor
11 Arizméndi Uribe, Efraín Favor
12 Armendáriz García, Pedro Ausente
13 Arredondo Ibarra, Salvador Favor
14 Arredondo Velázquez, Jesús Ausente
15 Ávila Mayo, Obdulio Favor
16 Barradas Miravete, Gregorio Ausente
17 Barrios Rodríguez, Juan Enrique Favor
18 Bello Pérez, Alfonso Othón Favor
19 Berber Martínez, Antonio Ausente
20 Bermúdez Viramontes, Andrés Ausente
21 Bolaños Aguilar, Edmundo Javier Favor
22 Borrego Estrada, Felipe Favor
23 Bracho González, Carlos Augusto Favor
24 Buganza Salmerón, Gerardo Favor
25 Campos Galván, María Eugenia Ausente
26 Carbajal Méndez, Liliana Favor
27 Cárdenas Sánchez, Esmeralda Favor
28 Cardona Benavídez, Alma Xóchil Favor
29 Carrasco Altamirano, Diódoro Humberto Ausente
30 Castaño Contreras, Cristián Favor
31 Castro de la Rosa, Osiel Ausente
32 Castro Muñoz, Juan de Dios Favor
33 Ceja Romero, Ramón Ausente
34 Chávez García, Daniel Favor
35 Collado Lara, Beatriz Favor
36 Contreras Coeto, José Luis Favor
37 Corral Aguilar, María Mercedes Favor
38 Cuen Garibi, Marcela Ausente
39 Curiel Preciado, Leobardo Favor
40 Dávila Fernández, Adriana Ausente
41 Dávila García, Francisco Favor
42 De la Torre Jaramillo, Eduardo Sergio Favor
43 De León Tello, Jesús Ausente
44 Degante Romero, Silvia Emilia Favor
45 Del Toro del Villar, Tomás Favor
46 Del Valle Toca, Antonio Ausente
47 Del Villar Sosa, Sonia Leslie Favor
48 Delgado Oscoy, Alejandro Enrique Ausente
49 Denegre Vaught, Rosaura Favor
50 Deschamps Falcón, Ángel Rafael Favor
51 Díaz de León Torres, Leticia Ausente
52 Díaz García, José Antonio Favor
53 Díaz Garibay, Felipe Ausente
54 Díaz Gordillo, Martha Cecilia Ausente
55 Díaz Mena, Joaquín Jesús Favor
56 Domínguez Servién, Francisco Ausente
57 Duck Núñez, Edgar Mauricio Ausente
58 Enríquez Flores, Armando Favor
59 Escaroz Soler, Gerardo Antonio Ausente
60 Escobar Jardinez, Adolfo Ausente
61 Espinosa Piña, José Luis Favor
62 Félix Holguín, Armando Jesús Ausente
63 Felton González, Carlos Eduardo Ausente
64 Fernández Cabrera, Adrián Ausente
65 Fernández Ugarte, Carmen Favor
66 Flores Domínguez, Emilio Ramón Ramiro Ausente
67 Flores Grande, Arturo Ausente
68 Flores Morfín, Jesús Vicente Favor
69 Fraile García, Francisco Antonio Ausente
70 Franco Cazarez, Ricardo Favor
71 Fuentes Ortiz, José Guillermo Favor
72 García González, Carlos Alberto Favor
73 García Müller, Martha Margarita Favor
74 García Reyes, Ángel Humberto Favor
75 García Reyes, Beatriz Eugenia Favor
76 García Vivián, Raúl Favor
77 Garmendia Hernández, Yolanda Mercedes Favor
78 Gómez Leyva, Silvio Favor
79 González Betancourt, Jorge Justiniano Favor
80 González Martínez, María Gabriela Favor
81 González Morán, Martín Oscar Favor
82 González Roaro, Benjamín Ernesto Favor
83 González Ruiz, Felipe Favor
84 González Sánchez, María Dolores Favor
85 Gudiño Ortiz, Francisco Javier Favor
86 Guerrero Torres, José Gildardo Favor
87 Gutiérrez Aguilar, Miguel Ángel Favor
88 Gutiérrez Lagunes, María Victoria Favor
89 Hernández Núñez, Elia Favor
90 Hurtado Pérez, Nelly Asunción Ausente
91 Iragorri Durán, Enrique Favor
92 Jiménez del Castillo, Ma. de los Ángeles Favor
93 Jiménez Ramos, María Esther Ausente
94 Joaquín Coldwell, Addy Cecilia Ausente
95 Lagunes Viveros, Violeta del Pilar Favor
96 Landero Gutiérrez, Alejandro Favor
97 Landeros González, Ramón Favor
98 Lara Compeán, David Favor
99 Larios Córdova, Héctor Favor
100 Laviada Hernández, Íñigo Antonio Ausente
101 Lemus Muñoz Ledo, Ramón Ignacio Favor
102 Leura González, Agustín Favor
103 Limas Frescas, María Soledad Favor
104 Lizaola de la Torre, Alonso Manuel Favor
105 López Cisneros, José Martín Favor
106 López Reyna, Omeheira Favor
107 López Silva, Rubí Laura Favor
108 Lujano Nicolás, Christian Martín Ausente
109 Maawad Robert, Luis Xavier Favor
110 Macías Zambrano, Gustavo Ausente
111 Madrazo Limón, Carlos Favor
112 Magallón Arceo, Leonardo Melesio de Jesús Favor
113 Malagón Ríos, Martín Favor
114 Maldonado González, David Favor
115 Manuell-Gómez Angulo, Dolores de María Favor
116 Martínez Valero, Dora Alicia Favor
117 Medellín Varela, Antonio Favor
118 Medina Macias, Alma Hilda Favor
119 Medina Rodríguez, Delber Favor
120 Medina Rodríguez, Lizbeth Evelia Ausente
121 Mejía García, Luis Alonso Ausente
122 Méndez Meneses, Apolonio Favor
123 Mendoza Morales, Lucía Susana Favor
124 Mohamar Dainitin, Oscar Miguel Ausente
125 Mollinedo Hernández, Agustín Favor
126 Monraz Ibarra, Miguel Ángel Favor
127 Montes Sánchez, Fabián Fernando Ausente
128 Montiel Luis, Lariza Favor
129 Mora Cuevas, Marisol Favor
130 Morales Ramos, José Nicolás Ausente
131 Moreno Álvarez, Mario Eduardo Favor
132 Morgan Franco, Rocío del Carmen Favor
133 Muñoz Serrano, José Antonio Favor
134 Murillo Flores, Francisco Javier Favor
135 Murillo Torres, José Luis Favor
136 Navarro Sugich, Carlos Alberto Favor
137 Nordhausen González, Jorge Rubén Favor
138 Noriega Blanco Vigil, María Elena de las Nieves Favor
139 Ochoa López, Nabor Ausente
140 Olvera Higuera, Edgar Armando Favor
141 Orozco Ruiz Velazco, Marco Heriberto Favor
142 Ortega Martínez, María del Pilar Ausente
143 Ortiz Hernández, Eduardo Favor
144 Ortiz Montoro, Sagrario María del Rosario Favor
145 Oviedo Oviedo, Ernesto Favor
146 Padilla Orozco, Raúl Alejandro Ausente
147 Palafox Núñez, José Inés Favor
148 Paredes Rodríguez, Francisco Javier Favor
149 Parra Jiménez, Dolores María del Carmen Favor
150 Parra Noriega, Luis Gustavo Favor
151 Pérez de Tejada Romero, Diana Carolina Favor
152 Pérez Cuéllar, Cruz Favor
153 Peyrot Solís, Marco A. Ausente
154 Plascencia Alonso, Francisco Javier Favor
155 Priego Tapia, Gerardo Favor
156 Pulido Pecero, Pedro Ausente
157 Quintero Bello, Jorge Favor
158 Rodríguez Vizcarra Velázquez, Adriana Favor
159 Ramírez Barba, Ector Jaime Favor
160 Ramírez Corral, Ivette Jacqueline Ausente
161 Ramírez Pech, Edgar Martín Favor
162 Ramírez Villarreal, Gustavo Favor
163 Ramos Covarrubias, Héctor Manuel Favor
164 Reyes López, Carlos Armando Favor
165 Rincón Vargas, Mirna Cecilia Favor
166 Rivera Rivera, José Guadalupe Favor
167 Rivero Rivero, Rolando Favor
168 Rodríguez Ahumada, Luis Fernando Favor
169 Rodríguez Jiménez, Ricardo Ausente
170 Rodríguez Prats, Juan José Favor
171 Rodríguez Uresti, Enrique Favor
172 Rojas Hernández, Laura Angélica Ausente
173 Román Isidoro, Demetrio Favor
174 Romo Jiménez, Martha Angélica Ausente
175 Rubio Chávez, José Ignacio Alberto Ausente
176 Rueda Gómez, Francisco Favor
177 Ruiz Velasco de Lira, Ernesto Favor
178 Salas Contreras, Marcos Ausente
179 Salazar Madera, Mario Alberto Favor
180 Salum del Palacio, Jorge Alejandro Ausente
181 Sánchez Díaz de Rivera, Antonio Favor
182 Sánchez Domínguez, Alejandro Favor
183 Sánchez Gil, Carlos René Favor
184 Sánchez Juárez, Claudia Favor
185 Sánchez Trujillo, José Víctor Ausente
186 Sandoval Munguia, Juan Manuel Favor
187 Serrato Castell, Luis Gerardo Ausente
188 Shej Guzmán Sara Favor
189 Solano Muñoz, José de Jesús Favor
190 Stefanonni Mazzocco, Martín Favor
191 Tamayo Herrera, Yadhira Yvette Favor
192 Torres Gómez, Artemio Ausente
193 Torres Herrera, Víctor Manuel Ausente
194 Torres Torres, Carlos Alberto Favor
195 Valenzuela García, María Gloria Guadalupe Favor
196 Valladolid Rodríguez, Antonio Favor
197 Vasconcelos Rueda, Antonio Favor
198 Vázquez Martínez, Alberto Favor
199 Vega Corona, Antonio Favor
200 Velázquez Gutiérrez, José Guillermo Favor
201 Verástegui Ostos, César Augusto Favor
202 Verdín Saldaña, Jaime Favor
203 Victoria Alva, Juan Favor
204 Vieyra Olivares, Adriana Rebeca Favor
205 Villanueva Arjona, Juan Manuel Favor
206 Zambrano Elizondo, Javier Martín Favor
Favor: 151
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 56
Total: 207
PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA
1 Aguirre Alcaide, Víctor Favor
2 Alavez Ruiz, Aleida Favor
3 Almazán González, José Antonio Ausente
4 Almonte Borja, Ramón Favor
5 Alonso Flores, Lourdes Ausente
6 Alonso Razo, Humberto Wifredo Favor
7 Altamirano Toledo, Carlos Ausente
8 Alva Olvera, Maribel Luisa Ausente
9 Álvarez Ramón, Silbestre Favor
10 Amaro Corona, Alberto Favor
11 Aragón Castillo, Irene Favor
12 Arellano Pulido, Miguel Ángel Favor
13 Arreola Calderón, Juan Dario Favor
14 Barreiro Pérez, Armando Favor
15 Batres Guadarrama, Valentina Valia Favor
16 Bautista Bravo, Alliet Mariana Ausente
17 Bravo Padilla, Itzcóatl Tonatiuh Ausente
18 Brito González, Modesto Favor
19 Calzada Vázquez, Francisco Javier Favor
20 Campos Aburto, Amador Favor
21 Cárdenas Hernández, Raymundo Favor
22 Cervantes Rodríguez, Aurora Favor
23 Chávez García, Higinio Ausente
24 Condado Escamilla, Cuitlahuac Ausente
25 Contreras Julián, Maricela Favor
26 Cruz Santiago, Claudia Lilia Ausente
27 Cuevas Córdova, Othón Favor
28 Dagdug Lützow, Moisés Félix Favor
29 De la Rosa García, Juan Hugo Favor
30 De los Santos Molina, Joaquín Conrado Favor
31 Dehesa Mora, Daniel Favor
32 Del Toro , Mario Enrique Ausente
33 Díaz Contreras, Adriana Favor
34 Escandón Cadenas, Rutilio Cruz Favor
35 Espejel Lazcano, Jaime Favor
36 Fernández Balboa, Mónica Favor
37 Flores Maldonado, César Favor
38 Flores Salazar, Guadalupe Socorro Ausente
39 Franco Melgarejo, Rafael Favor
40 Gálvez Rodríguez, Fernel Arturo Ausente
41 García Rodríguez, Víctor Hugo Ausente
42 Garzón Contreras, Neftalí Ausente
43 González Garza, Javier Favor
44 Guerra Ochoa, Juan Nicasio Ausente
45 Gutiérrez Calzadilla, José Luis Favor
46 Hernández Gaytán, Daisy Selene Favor
47 Hernández Hernández, Sergio Ausente
48 Hernández Manzanares, Javier Ausente
49 Hernández Silva, Benjamín Ausente
50 Ibarra Franquez, Sonia Nohelia Ausente
51 Jacques y Medina, José Favor
52 Jiménez Valenzuela, María Eugenia Favor
53 Landero López, Pedro Favor
54 Lemarroy Martínez, Juan Dario Ausente
55 Leyva Piñón, Ana Yurixi Favor
56 Lizárraga Peraza, Víctor Manuel Favor
57 López Barriga, Erick Ausente
58 López Becerra, Santiago Favor
59 López Rojas, Alberto Favor
60 López Torres, María Soledad Ausente
61 Lozano Lozano, Andrés Ausente
62 Luna Munguía, Alma Lilia Favor
63 Márquez Madrid, Camerino Eleazar Favor
64 Márquez Tinoco, Francisco Favor
65 Martínez Hernández, Alejandro Ausente
66 Martínez Martínez, Carlos Roberto Favor
67 Martínez Martínez, Francisco Favor
68 Martínez Padilla, Hugo Eduardo Favor
69 Martínez Vargas Octavio Favor
70 Matías Alonso, Marcos Favor
71 Matus Toledo, Holly Favor
72 Mayans Canabal, Fernando Favor
73 Mendoza Arellano, David Ausente
74 Mendoza Flores, Roberto Favor
75 Mendoza Maldonado, Fausto Fluvio Ausente
76 Mendoza Mendoza, Irineo Ausente
77 Monreal Ávila, Susana Favor
78 Montalvo Rojas, Victorio Rubén Favor
79 Morales Manzo, Jesús Ricardo Favor
80 Morales Sánchez, Efraín Ausente
81 Morales Vázquez, Carlos Orsoe Favor
82 Narcía Álvarez, Héctor Favor
83 Navarro López, Carlos Ernesto Ausente
84 Navarro Quintero, Miguel Ángel Ausente
85 Ojeda Hernández, Concepción Favor
86 Oliva Fragoso, Silvia Favor
87 Orcí Martínez, Juan Adolfo Ausente
88 Ortega Martínez, Antonio Favor
89 Ortiz Magallón, Rosario Ignacia Ausente
90 Pacheco Llanes, Ramón Félix Favor
91 Pedraza Chávez, Isidro Ausente
92 Pedrozo Castillo, Adrián Favor
93 Peña Sánchez, Miguel Ángel Favor
94 Pérez Cruz, Raciel Ausente
95 Pulido Santiago, Celso David Favor
96 Ramos Becerril, Rafael Plácido Ausente
97 Ramos Castellanos, Martín Ausente
98 Rasgado Corsi, Gloria Favor
99 Ríos Gamboa, Raúl Favor
100 Romero Gutiérrez, Odilón Favor
101 Ruiz Sánchez, Salvador Favor
102 Saavedra Coronel, José Antonio Favor
103 Salinas Pérez, Josefina Favor
104 San Martín Hernández, Juan Manuel Favor
105 Sánchez Barrios, Carlos Ausente
106 Sánchez Cabrales, Rafael Elías Ausente
107 Sánchez Camacho, Alejandro Favor
108 Sánchez Camacho, David Favor
109 Sánchez Ramos, Francisco Favor
110 Sánchez Valdéz, Eva Angelina Ausente
111 Sandoval Ramírez, Cuauhtémoc Ausente
112 Santos Arreola, Francisco Javier Favor
113 Solares Chávez, Miguel Ángel Favor
114 Soriano Sánchez, Rosa Elva Ausente
115 Soto Sánchez, Antonio Ausente
116 Suárez del Real y Aguilera, José Alfonso Favor
117 Torres Baltazar, María Elena Ausente
118 Torres García, Daniel Favor
119 Trejo Pérez, Pablo Favor
120 Ulloa Pérez, Emilio Favor
121 Vallejo Estevez, Mario Favor
122 Varela López, Víctor Gabriel Favor
123 Villanueva Albarrán, Gerardo Favor
124 Villicaña García, Rafael Favor
125 Zavaleta Salgado, Ruth Favor
126 Zazueta Aguilar, Jesús Humberto Favor
127 Zepeda Hernández, Martín Favor
Favor: 84
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 43
Total: 127
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
1 Abramo Masso, Yerico Favor
2 Aguilar , Diego Ausente
3 Aguilar Solís, Samuel Ausente
4 Aispuro Torres, José Rosas Favor
5 Alcántara Núñez, Jesús Sergio Favor
6 Aldana Prieto, Luis Ricardo Favor
7 Amador Gaxiola, Daniel Favor
8 Amador Leal, Narcizo Alberto Favor
9 Ayala Almeida, Joel Ausente
10 Badillo Martínez, Roberto Favor
11 Barajas López, Ramón Ausente
12 Barajas del Toro, Salvador Favor
13 Barba Hernández, Alfredo Favor
14 Beltrán Montes, Israel Favor
15 Benítez Ojeda, Luis Enrique Favor
16 Bernal Gutiérrez, Andrés Marco Antonio Favor
17 Biebrich Torres, Carlos Armando Ausente
18 Blanco Pajón, José Luis Favor
19 Caballero Camargo, Gustavo Fernando Favor
20 Camacho Quiroz, César Octavio Ausente
21 Canavati Tafich, Jesús Ricardo Ausente
22 Carballo Bustamante, Andrés Ausente
23 Cárdenas del Avellano, Enrique Favor
24 Cárdenas Monroy, Oscar Gustavo Ausente
25 Cervantes Andrade, Raúl Favor
26 Chaurand Arzate, Carlos Favor
27 Colín Guadarrama, María Mercedes Favor
28 Cordero Alfonzo, Arnulfo Elías Favor
29 De la Garza Treviño, Jorge Luis Ausente
30 Díaz Athié, Antonio de Jesús Favor
31 Díaz Solorzano, Elmar Darinel Ausente
32 Domínguez Domínguez, Nemesio Ausente
33 Duarte Jáquez, César Favor
34 Escajeda Jiménez, José Rubén Favor
35 Escalante Jasso, Aracely Favor
36 Espinosa Abuxapqui, Eduardo Elías Favor
37 Estefan Chidiac, Charbel Jorge Ausente
38 Flores Sandoval, Patricio Ausente
39 Fuentes Tellez, Octavio Ausente
40 Gamboa Patrón, Emilio Ausente
41 Garza Garza, Horacio Emigdio Ausente
42 Gebhardt Garduza, Yary del Carmen Favor
43 Gloria Requena, Tomás Favor
44 Gómez Lugo, Elda Favor
45 González Calderón, Martha Hilda Ausente
46 González Salum, Miguel Ángel Favor
47 González Zarur, Mariano Favor
48 Guerrero García, Javier Favor
49 Guerrero Juárez, Joel Ausente
50 Herrera Ale, Juana Leticia Favor
51 Herrera Coyac, Wenceslao Favor
52 Izquierdo Bustamante, Alfonso Rolando Ausente
53 Lagunes Gallina, Gerardo Ausente
54 Lescieur Talavera, Jorge Mario Favor
55 López Balbuena, Guillermina Favor
56 Madrid Tovilla, Areli Ausente
57 Martínez Rodríguez, Lorena Ausente
58 Martínez Rocha, Arturo Favor
59 Méndez Lanz, Víctor Manuel Favor
60 Mendívil Amparám, Gustavo Ildefonso Favor
61 Merodio Reza, Lilia Guadalupe Favor
62 Moctezuma Pereda, Fernando Quetzalcoatl Favor
63 Montalvo Gómez, Pedro Favor
64 Morales García, Elizabeth Favor
65 Mota Hernández, Adolfo Ausente
66 Muñoz Serna, Rogelio Favor
67 Murat , José Ausente
68 Ochoa González, Arnoldo Favor
69 Ojeda Camacho, Gilberto Favor
70 Olivares Monterrubio, Alejandro Favor
71 Olivares Ventura, Héctor Hugo Ausente
72 Ordaz Jiménez, Ismael Favor
73 Orihuela Bárcenas, José Ascención Ausente
74 Orihuela Trejo, José Amado Favor
75 Ortiz del Carpio, Víctor Ausente
76 Ortiz Proal, Mauricio Favor
77 Padilla Gutiérrez, Héctor Favor
78 Pagés Llergo Rebollar, María Beatriz Ausente
79 Palma César, Víctor Samuel Favor
80 Parás González, Juan Manuel Favor
81 Partida Guzmán, Martha Rocío Favor
82 Patrón Montalvo, Jesús Manuel Ausente
83 Peñuelas Acuña, Mayra Gisela Favor
84 Pérez Valdés, Daniel Ausente
85 Pinete Vargas, María del Carmen Ausente
86 Quiñones Canales, Lourdes Ausente
87 Ramírez Martínez, José Edmundo Favor
88 Ramírez Stabros, Jesús Ausente
89 Reyna García, José Jesús Abstención
90 Ríos Camarena, Alfredo Adolfo Ausente
91 Rivera Bedoya, Juan Francisco Ausente
92 Rodríguez Ramírez, Bertha Yolanda Favor
93 Rojas Gutiérrez, Carlos Favor
94 Ruiz Chávez, Sara Latife Favor
95 Salas López, Ramón Ausente
96 Sánchez Hernández, Eduardo Favor
97 Sandoval Paredes, Sergio Favor
98 Serrano Escobar, Enrique Favor
99 Sosa Castelán, Gerardo Ausente
100 Toledo Luis, Jorge Favor
101 Vargas Landeros, Gerardo Octavio Ausente
102 Vega Ortiz, María Oralia Favor
103 Velasco Pérez, Juan Carlos Ausente
104 Villa Villa, Isael Ausente
105 Villanueva Abraján, Patricia Ausente
106 Zatarain González, Carlos Ernesto Favor
Favor: 63
Contra: 0
Abstención: 1
Quorum: 0
Ausentes: 42
Total: 106
CONVERGENCIA
1 Abad de Jesús, Juan Favor
2 Aguilera Rico, José Luis Favor
3 Cárdenas Márquez, Elías Ausente
4 Castellanos Hernández, Félix Favor
5 Castillo Romero, Patricia Obdulia de Jesús Ausente
6 Chanona Burguete, Alejandro Ausente
7 Del Río Virgen, José Manuel Favor
8 Godoy Cárdenas, Jorge Favor
9 López Lena Cruz, Humberto Favor
10 Salvatori Bronca, María del Carmen Favor
11 Samperio Montaño, Juan Ignacio Ausente
12 Sansores San Román, Layda Elena Ausente
13 Tagle Martínez, Martha Angélica Ausente
14 Uscanga Cruz, Robinson Favor
15 Valdés Chávez, Ramón Ausente
16 Varela Lagunas, Tomás José Luis Ausente
17 Velasco Oliva, Jesús Cuauhtémoc Ausente
Favor: 8
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 9
Total: 17
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO
1 Arévalo González, José Antonio Favor
2 Bellizzia Rosique, Pascual Favor
3 Cobo Terrazas, Diego Favor
4 Elizondo Garrido, Francisco Favor
5 Estrada González, Faustino Javier Favor
6 González Martínez, Jorge Emilio Favor
7 Lavara Mejía, Gloria Favor
8 López Adame, Antonio Xavier Favor
9 Manrique Guevara, Beatriz Favor
10 Notholt Guerrero, Alan Favor
11 Portilla Diéguez, Manuel Favor
12 Puente Salas, Carlos Alberto Favor
13 Ramírez Cerda, Ana María Favor
14 Rodríguez Luis, Alejandro Favor
15 Salgado Amador, Manuel Salvador Favor
16 Sesma Suárez, Jesús Ausente
17 Velasco Rodríguez, Verónica Favor
Favor: 16
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 1
Total: 17
PARTIDO DEL TRABAJO
1 Aguilar Jiménez, Rubén Ausente
2 Arreola Ortega, Pablo Leopoldo Favor
3 Cantú Garza, Ricardo Ausente
4 Cervantes Rivera, Jaime Favor
5 Garay Ulloa, Silvano Favor
6 Herrera Solís, Anuario Luis Ausente
7 Maciel Ortiz, María Mercedez Ausente
8 Peregrino García, Abundio Favor
9 Romero Guzmán, Rosa Elia Favor
10 Solís Parga, Rodolfo Ausente
11 Vela González, Joaquín Humberto Ausente
Favor: 5
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 6
Total: 11
PARTIDO NUEVA ALIANZA
1 Arriola Gordillo, Mónica Favor
2 Cárdenas Fonseca, Manuel Ausente
3 Castillo Nájera, Ariel Favor
4 Dávila Esquivel, Humberto Favor
5 Gómez Pasillas, Jacinto Favor
6 Jiménez Godínez, Miguel Ángel Favor
7 Luna Becerril, Blanca Favor
8 Luna Rodríguez, Silvia Favor
9 Piñeyro Arias, Irma Ausente
Favor: 7
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 2
Total: 9
PARTIDO ALTERNATIVA SOCIAL
1 Arvizu Rivas, Aida Marina Ausente
2 Conde Rodríguez, Elsa de Guadalupe Ausente
3 García Méndez, Armando Ausente
4 Hernández Valadés, Delio Ausente
5 Pedro Cortés, Santiago Gustavo Favor
Favor: 1
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 4
Total: 5
Del dictamen de la Comisión de Seguridad Pública, con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 6o., 10 y 11 de la Ley que establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados (en lo general y en lo particular)
PARTIDO ACCION NACIONAL
1 Acosta Dávila, Constantino Favor
2 Aguilar López, José Alejandro Favor
3 Alcalde Virgen, Moisés Favor
4 Alcaraz Hernández, Alma Edwviges Ausente
5 Álvarez Bernal, María Elena Favor
6 Amezola Fonceca, Gerardo Ausente
7 Antuna Batista, Fidel Favor
8 Aranda Orozco, Gerardo Favor
9 Arellano Arellano, Joel Favor
10 Arenas Guzmán, Margarita Favor
11 Arizméndi Uribe, Efraín Favor
12 Armendáriz García, Pedro Ausente
13 Arredondo Ibarra, Salvador Favor
14 Arredondo Velázquez, Jesús Favor
15 Ávila Mayo, Obdulio Favor
16 Barradas Miravete, Gregorio Ausente
17 Barrios Rodríguez, Juan Enrique Favor
18 Bello Pérez, Alfonso Othón Favor
19 Berber Martínez, Antonio Ausente
20 Bermúdez Viramontes, Andrés Ausente
21 Bolaños Aguilar, Edmundo Javier Favor
22 Borrego Estrada, Felipe Favor
23 Bracho González, Carlos Augusto Favor
24 Buganza Salmerón, Gerardo Favor
25 Campos Galván, María Eugenia Favor
26 Carbajal Méndez, Liliana Favor
27 Cárdenas Sánchez, Esmeralda Favor
28 Cardona Benavídez, Alma Xóchil Favor
29 Carrasco Altamirano, Diódoro Humberto Ausente
30 Castaño Contreras, Cristián Favor
31 Castro de la Rosa, Osiel Ausente
32 Castro Muñoz, Juan de Dios Favor
33 Ceja Romero, Ramón Ausente
34 Chávez García, Daniel Favor
35 Collado Lara, Beatriz Favor
36 Contreras Coeto, José Luis Favor
37 Corral Aguilar, María Mercedes Favor
38 Cuen Garibi, Marcela Ausente
39 Curiel Preciado, Leobardo Favor
40 Dávila Fernández, Adriana Ausente
41 Dávila García, Francisco Favor
42 De la Torre Jaramillo, Eduardo Sergio Favor
43 De León Tello, Jesús Favor
44 Degante Romero, Silvia Emilia Favor
45 Del Toro del Villar, Tomás Favor
46 Del Valle Toca, Antonio Favor
47 Del Villar Sosa, Sonia Leslie Favor
48 Delgado Oscoy, Alejandro Enrique Ausente
49 Denegre Vaught, Rosaura Favor
50 Deschamps Falcón, Ángel Rafael Favor
51 Díaz de León Torres, Leticia Ausente
52 Díaz García, José Antonio Favor
53 Díaz Garibay, Felipe Favor
54 Díaz Gordillo, Martha Cecilia Ausente
55 Díaz Mena, Joaquín Jesús Favor
56 Domínguez Servién, Francisco Ausente
57 Duck Núñez, Edgar Mauricio Ausente
58 Enríquez Flores, Armando Favor
59 Escaroz Soler, Gerardo Antonio Ausente
60 Escobar Jardinez, Adolfo Favor
61 Espinosa Piña, José Luis Favor
62 Félix Holguín, Armando Jesús Ausente
63 Felton González, Carlos Eduardo Ausente
64 Fernández Cabrera, Adrián Favor
65 Fernández Ugarte, Carmen Favor
66 Flores Domínguez, Emilio Ramón Ramiro Ausente
67 Flores Grande, Arturo Ausente
68 Flores Morfín, Jesús Vicente Favor
69 Fraile García, Francisco Antonio Ausente
70 Franco Cazarez, Ricardo Favor
71 Fuentes Ortiz, José Guillermo Favor
72 García González, Carlos Alberto Favor
73 García Müller, Martha Margarita Favor
74 García Reyes, Ángel Humberto Favor
75 García Reyes, Beatriz Eugenia Favor
76 García Vivián, Raúl Favor
77 Garmendia Hernández, Yolanda Mercedes Favor
78 Gómez Leyva, Silvio Ausente
79 González Betancourt, Jorge Justiniano Favor
80 González Martínez, María Gabriela Favor
81 González Morán, Martín Oscar Favor
82 González Roaro, Benjamín Ernesto Ausente
83 González Ruiz, Felipe Favor
84 González Sánchez, María Dolores Ausente
85 Gudiño Ortiz, Francisco Javier Favor
86 Guerrero Torres, José Gildardo Favor
87 Gutiérrez Aguilar, Miguel Ángel Favor
88 Gutiérrez Lagunes, María Victoria Favor
89 Hernández Núñez, Elia Favor
90 Hurtado Pérez, Nelly Asunción Ausente
91 Iragorri Durán, Enrique Favor
92 Jiménez del Castillo, Ma. de los Ángeles Favor
93 Jiménez Ramos, María Esther Favor
94 Joaquín Coldwell, Addy Cecilia Ausente
95 Lagunes Viveros, Violeta del Pilar Favor
96 Landero Gutiérrez, Alejandro Favor
97 Landeros González, Ramón Favor
98 Lara Compeán, David Favor
99 Larios Córdova, Héctor Ausente
100 Laviada Hernández, Íñigo Antonio Ausente
101 Lemus Muñoz Ledo, Ramón Ignacio Favor
102 Leura González, Agustín Favor
103 Limas Frescas, María Soledad Favor
104 Lizaola de la Torre, Alonso Manuel Favor
105 López Cisneros, José Martín Favor
106 López Reyna, Omeheira Favor
107 López Silva, Rubí Laura Favor
108 Lujano Nicolás, Christian Martín Ausente
109 Maawad Robert, Luis Xavier Favor
110 Macías Zambrano, Gustavo Ausente
111 Madrazo Limón, Carlos Favor
112 Magallón Arceo, Leonardo Melesio de Jesús Favor
113 Malagón Ríos, Martín Favor
114 Maldonado González, David Favor
115 Manuell-Gómez Angulo, Dolores de María Favor
116 Martínez Valero, Dora Alicia Favor
117 Medellín Varela, Antonio Favor
118 Medina Macias, Alma Hilda Favor
119 Medina Rodríguez, Delber Favor
120 Medina Rodríguez, Lizbeth Evelia Ausente
121 Mejía García, Luis Alonso Ausente
122 Méndez Meneses, Apolonio Favor
123 Mendoza Morales, Lucía Susana Favor
124 Mohamar Dainitin, Oscar Miguel Favor
125 Mollinedo Hernández, Agustín Favor
126 Monraz Ibarra, Miguel Ángel Ausente
127 Montes Sánchez, Fabián Fernando Ausente
128 Montiel Luis, Lariza Favor
129 Mora Cuevas, Marisol Favor
130 Morales Ramos, José Nicolás Ausente
131 Moreno Álvarez, Mario Eduardo Favor
132 Morgan Franco, Rocío del Carmen Favor
133 Muñoz Serrano, José Antonio Favor
134 Murillo Flores, Francisco Javier Favor
135 Murillo Torres, José Luis Favor
136 Navarro Sugich, Carlos Alberto Favor
137 Nordhausen González, Jorge Rubén Ausente
138 Noriega Blanco Vigil, María Elena de las Nieves Favor
139 Ochoa López, Nabor Ausente
140 Olvera Higuera, Edgar Armando Ausente
141 Orozco Ruiz Velazco, Marco Heriberto Favor
142 Ortega Martínez, María del Pilar Favor
143 Ortiz Hernández, Eduardo Favor
144 Ortiz Montoro, Sagrario María del Rosario Favor
145 Oviedo Oviedo, Ernesto Favor
146 Padilla Orozco, Raúl Alejandro Ausente
147 Palafox Núñez, José Inés Favor
148 Paredes Rodríguez, Francisco Javier Favor
149 Parra Jiménez, Dolores María del Carmen Favor
150 Parra Noriega, Luis Gustavo Favor
151 Pérez de Tejada Romero, Diana Carolina Favor
152 Pérez Cuéllar, Cruz Favor
153 Peyrot Solís, Marco A. Ausente
154 Plascencia Alonso, Francisco Javier Favor
155 Priego Tapia, Gerardo Favor
156 Pulido Pecero, Pedro Favor
157 Quintero Bello, Jorge Favor
158 Rodríguez Vizcarra Velázquez, Adriana Favor
159 Ramírez Barba, Ector Jaime Favor
160 Ramírez Corral, Ivette Jacqueline Ausente
161 Ramírez Pech, Edgar Martín Favor
162 Ramírez Villarreal, Gustavo Favor
163 Ramos Covarrubias, Héctor Manuel Favor
164 Reyes López, Carlos Armando Favor
165 Rincón Vargas, Mirna Cecilia Favor
166 Rivera Rivera, José Guadalupe Ausente
167 Rivero Rivero, Rolando Favor
168 Rodríguez Ahumada, Luis Fernando Ausente
169 Rodríguez Jiménez, Ricardo Ausente
170 Rodríguez Prats, Juan José Favor
171 Rodríguez Uresti, Enrique Favor
172 Rojas Hernández, Laura Angélica Favor
173 Román Isidoro, Demetrio Favor
174 Romo Jiménez, Martha Angélica Ausente
175 Rubio Chávez, José Ignacio Alberto Ausente
176 Rueda Gómez, Francisco Favor
177 Ruiz Velasco de Lira, Ernesto Favor
178 Salas Contreras, Marcos Ausente
179 Salazar Madera, Mario Alberto Favor
180 Salum del Palacio, Jorge Alejandro Favor
181 Sánchez Díaz de Rivera, Antonio Favor
182 Sánchez Domínguez, Alejandro Favor
183 Sánchez Gil, Carlos René Favor
184 Sánchez Juárez, Claudia Favor
185 Sánchez Trujillo, José Víctor Ausente
186 Sandoval Munguia, Juan Manuel Favor
187 Serrato Castell, Luis Gerardo Ausente
188 Shej Guzmán Sara Favor
189 Solano Muñoz, José de Jesús Favor
190 Stefanonni Mazzocco, Martín Favor
191 Tamayo Herrera, Yadhira Yvette Favor
192 Torres Gómez, Artemio Favor
193 Torres Herrera, Víctor Manuel Ausente
194 Torres Torres, Carlos Alberto Favor
195 Valenzuela García, María Gloria Guadalupe Favor
196 Valladolid Rodríguez, Antonio Favor
197 Vasconcelos Rueda, Antonio Favor
198 Vázquez Martínez, Alberto Ausente
199 Vega Corona, Antonio Favor
200 Velázquez Gutiérrez, José Guillermo Ausente
201 Verástegui Ostos, César Augusto Favor
202 Verdín Saldaña, Jaime Favor
203 Victoria Alva, Juan Favor
204 Vieyra Olivares, Adriana Rebeca Favor
205 Villanueva Arjona, Juan Manuel Favor
206 Zambrano Elizondo, Javier Martín Favor
Favor: 154
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 53
Total: 207
PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA
1 Aguirre Alcaide, Víctor Favor
2 Alavez Ruiz, Aleida Favor
3 Almazán González, José Antonio Ausente
4 Almonte Borja, Ramón Favor
5 Alonso Flores, Lourdes Ausente
6 Alonso Razo, Humberto Wifredo Favor
7 Altamirano Toledo, Carlos Ausente
8 Alva Olvera, Maribel Luisa Favor
9 Álvarez Ramón, Silbestre Favor
10 Amaro Corona, Alberto Favor
11 Aragón Castillo, Irene Favor
12 Arellano Pulido, Miguel Ángel Favor
13 Arreola Calderón, Juan Dario Favor
14 Barreiro Pérez, Armando Favor
15 Batres Guadarrama, Valentina Valia Favor
16 Bautista Bravo, Alliet Mariana Ausente
17 Bravo Padilla, Itzcóatl Tonatiuh Ausente
18 Brito González, Modesto Favor
19 Calzada Vázquez, Francisco Javier Favor
20 Campos Aburto, Amador Favor
21 Cárdenas Hernández, Raymundo Favor
22 Cervantes Rodríguez, Aurora Favor
23 Chávez García, Higinio Ausente
24 Condado Escamilla, Cuitlahuac Ausente
25 Contreras Julián, Maricela Favor
26 Cruz Santiago, Claudia Lilia Ausente
27 Cuevas Córdova, Othón Favor
28 Dagdug Lützow, Moisés Félix Favor
29 De la Rosa García, Juan Hugo Favor
30 De los Santos Molina, Joaquín Conrado Ausente
31 Dehesa Mora, Daniel Favor
32 Del Toro , Mario Enrique Ausente
33 Díaz Contreras, Adriana Favor
34 Escandón Cadenas, Rutilio Cruz Favor
35 Espejel Lazcano, Jaime Favor
36 Fernández Balboa, Mónica Favor
37 Flores Maldonado, César Favor
38 Flores Salazar, Guadalupe Socorro Ausente
39 Franco Melgarejo, Rafael Favor
40 Gálvez Rodríguez, Fernel Arturo Favor
41 García Rodríguez, Víctor Hugo Ausente
42 Garzón Contreras, Neftalí Ausente
43 González Garza, Javier Favor
44 Guerra Ochoa, Juan Nicasio Ausente
45 Gutiérrez Calzadilla, José Luis Favor
46 Hernández Gaytán, Daisy Selene Favor
47 Hernández Hernández, Sergio Favor
48 Hernández Manzanares, Javier Ausente
49 Hernández Silva, Benjamín Ausente
50 Ibarra Franquez, Sonia Nohelia Ausente
51 Jacques y Medina, José Favor
52 Jiménez Valenzuela, María Eugenia Favor
53 Landero López, Pedro Favor
54 Lemarroy Martínez, Juan Dario Ausente
55 Leyva Piñón, Ana Yurixi Favor
56 Lizárraga Peraza, Víctor Manuel Favor
57 López Barriga, Erick Favor
58 López Becerra, Santiago Favor
59 López Rojas, Alberto Favor
60 López Torres, María Soledad Ausente
61 Lozano Lozano, Andrés Favor
62 Luna Munguía, Alma Lilia Favor
63 Márquez Madrid, Camerino Eleazar Favor
64 Márquez Tinoco, Francisco Favor
65 Martínez Hernández, Alejandro Ausente
66 Martínez Martínez, Carlos Roberto Favor
67 Martínez Martínez, Francisco Favor
68 Martínez Padilla, Hugo Eduardo Favor
69 Martínez Vargas Octavio Favor
70 Matías Alonso, Marcos Favor
71 Matus Toledo, Holly Favor
72 Mayans Canabal, Fernando Favor
73 Mendoza Arellano, David Favor
74 Mendoza Flores, Roberto Favor
75 Mendoza Maldonado, Fausto Fluvio Ausente
76 Mendoza Mendoza, Irineo Ausente
77 Monreal Ávila, Susana Favor
78 Montalvo Rojas, Victorio Rubén Favor
79 Morales Manzo, Jesús Ricardo Ausente
80 Morales Sánchez, Efraín Ausente
81 Morales Vázquez, Carlos Orsoe Favor
82 Narcía Álvarez, Héctor Favor
83 Navarro López, Carlos Ernesto Favor
84 Navarro Quintero, Miguel Ángel Favor
85 Ojeda Hernández, Concepción Favor
86 Oliva Fragoso, Silvia Favor
87 Orcí Martínez, Juan Adolfo Ausente
88 Ortega Martínez, Antonio Favor
89 Ortiz Magallón, Rosario Ignacia Ausente
90 Pacheco Llanes, Ramón Félix Favor
91 Pedraza Chávez, Isidro Ausente
92 Pedrozo Castillo, Adrián Favor
93 Peña Sánchez, Miguel Ángel Favor
94 Pérez Cruz, Raciel Ausente
95 Pulido Santiago, Celso David Favor
96 Ramos Becerril, Rafael Plácido Favor
97 Ramos Castellanos, Martín Favor
98 Rasgado Corsi, Gloria Favor
99 Ríos Gamboa, Raúl Favor
100 Romero Gutiérrez, Odilón Favor
101 Ruiz Sánchez, Salvador Favor
102 Saavedra Coronel, José Antonio Favor
103 Salinas Pérez, Josefina Favor
104 San Martín Hernández, Juan Manuel Favor
105 Sánchez Barrios, Carlos Favor
106 Sánchez Cabrales, Rafael Elías Ausente
107 Sánchez Camacho, Alejandro Favor
108 Sánchez Camacho, David Favor
109 Sánchez Ramos, Francisco Favor
110 Sánchez Valdéz, Eva Angelina Ausente
111 Sandoval Ramírez, Cuauhtémoc Favor
112 Santos Arreola, Francisco Javier Favor
113 Solares Chávez, Miguel Ángel Favor
114 Soriano Sánchez, Rosa Elva Ausente
115 Soto Sánchez, Antonio Favor
116 Suárez del Real y Aguilera, José Alfonso Favor
117 Torres Baltazar, María Elena Ausente
118 Torres García, Daniel Favor
119 Trejo Pérez, Pablo Favor
120 Ulloa Pérez, Emilio Favor
121 Vallejo Estevez, Mario Favor
122 Varela López, Víctor Gabriel Ausente
123 Villanueva Albarrán, Gerardo Favor
124 Villicaña García, Rafael Favor
125 Zavaleta Salgado, Ruth Favor
126 Zazueta Aguilar, Jesús Humberto Ausente
127 Zepeda Hernández, Martín Favor
Favor: 93
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 34
Total: 127
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
1 Abramo Masso, Yerico Favor
2 Aguilar , Diego Ausente
3 Aguilar Solís, Samuel Ausente
4 Aispuro Torres, José Rosas Favor
5 Alcántara Núñez, Jesús Sergio Favor
6 Aldana Prieto, Luis Ricardo Favor
7 Amador Gaxiola, Daniel Favor
8 Amador Leal, Narcizo Alberto Favor
9 Ayala Almeida, Joel Ausente
10 Badillo Martínez, Roberto Favor
11 Barajas López, Ramón Ausente
12 Barajas del Toro, Salvador Favor
13 Barba Hernández, Alfredo Favor
14 Beltrán Montes, Israel Favor
15 Benítez Ojeda, Luis Enrique Favor
16 Bernal Gutiérrez, Andrés Marco Antonio Ausente
17 Biebrich Torres, Carlos Armando Ausente
18 Blanco Pajón, José Luis Favor
19 Caballero Camargo, Gustavo Fernando Favor
20 Camacho Quiroz, César Octavio Ausente
21 Canavati Tafich, Jesús Ricardo Ausente
22 Carballo Bustamante, Andrés Favor
23 Cárdenas del Avellano, Enrique Favor
24 Cárdenas Monroy, Oscar Gustavo Favor
25 Cervantes Andrade, Raúl Favor
26 Chaurand Arzate, Carlos Favor
27 Colín Guadarrama, María Mercedes Favor
28 Cordero Alfonzo, Arnulfo Elías Favor
29 De la Garza Treviño, Jorge Luis Ausente
30 Díaz Athié, Antonio de Jesús Favor
31 Díaz Solorzano, Elmar Darinel Ausente
32 Domínguez Domínguez, Nemesio Ausente
33 Duarte Jáquez, César Favor
34 Escajeda Jiménez, José Rubén Favor
35 Escalante Jasso, Aracely Favor
36 Espinosa Abuxapqui, Eduardo Elías Ausente
37 Estefan Chidiac, Charbel Jorge Ausente
38 Flores Sandoval, Patricio Ausente
39 Fuentes Tellez, Octavio Ausente
40 Gamboa Patrón, Emilio Favor
41 Garza Garza, Horacio Emigdio Ausente
42 Gebhardt Garduza, Yary del Carmen Favor
43 Gloria Requena, Tomás Ausente
44 Gómez Lugo, Elda Favor
45 González Calderón, Martha Hilda Favor
46 González Salum, Miguel Ángel Favor
47 González Zarur, Mariano Favor
48 Guerrero García, Javier Ausente
49 Guerrero Juárez, Joel Ausente
50 Herrera Ale, Juana Leticia Favor
51 Herrera Coyac, Wenceslao Favor
52 Izquierdo Bustamante, Alfonso Rolando Ausente
53 Lagunes Gallina, Gerardo Ausente
54 Lescieur Talavera, Jorge Mario Favor
55 López Balbuena, Guillermina Favor
56 Madrid Tovilla, Areli Ausente
57 Martínez Rodríguez, Lorena Ausente
58 Martínez Rocha, Arturo Favor
59 Méndez Lanz, Víctor Manuel Favor
60 Mendívil Amparám, Gustavo Ildefonso Favor
61 Merodio Reza, Lilia Guadalupe Favor
62 Moctezuma Pereda, Fernando Quetzalcoatl Favor
63 Montalvo Gómez, Pedro Favor
64 Morales García, Elizabeth Favor
65 Mota Hernández, Adolfo Ausente
66 Muñoz Serna, Rogelio Favor
67 Murat , José Ausente
68 Ochoa González, Arnoldo Favor
69 Ojeda Camacho, Gilberto Favor
70 Olivares Monterrubio, Alejandro Favor
71 Olivares Ventura, Héctor Hugo Ausente
72 Ordaz Jiménez, Ismael Favor
73 Orihuela Bárcenas, José Ascención Ausente
74 Orihuela Trejo, José Amado Favor
75 Ortiz del Carpio, Víctor Favor
76 Ortiz Proal, Mauricio Favor
77 Padilla Gutiérrez, Héctor Favor
78 Pagés Llergo Rebollar, María Beatriz Ausente
79 Palma César, Víctor Samuel Favor
80 Parás González, Juan Manuel Favor
81 Partida Guzmán, Martha Rocío Favor
82 Patrón Montalvo, Jesús Manuel Favor
83 Peñuelas Acuña, Mayra Gisela Favor
84 Pérez Valdés, Daniel Ausente
85 Pinete Vargas, María del Carmen Ausente
86 Quiñones Canales, Lourdes Ausente
87 Ramírez Martínez, José Edmundo Favor
88 Ramírez Stabros, Jesús Ausente
89 Reyna García, José Jesús Favor
90 Ríos Camarena, Alfredo Adolfo Ausente
91 Rivera Bedoya, Juan Francisco Favor
92 Rodríguez Ramírez, Bertha Yolanda Ausente
93 Rojas Gutiérrez, Carlos Favor
94 Ruiz Chávez, Sara Latife Favor
95 Salas López, Ramón Ausente
96 Sánchez Hernández, Eduardo Favor
97 Sandoval Paredes, Sergio Favor
98 Serrano Escobar, Enrique Favor
99 Sosa Castelán, Gerardo Ausente
100 Toledo Luis, Jorge Favor
101 Vargas Landeros, Gerardo Octavio Ausente
102 Vega Ortiz, María Oralia Favor
103 Velasco Pérez, Juan Carlos Ausente
104 Villa Villa, Isael Ausente
105 Villanueva Abraján, Patricia Ausente
106 Zatarain González, Carlos Ernesto Favor
Favor: 66
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 40
Total: 106
CONVERGENCIA
1 Abad de Jesús, Juan Favor
2 Aguilera Rico, José Luis Favor
3 Cárdenas Márquez, Elías Ausente
4 Castellanos Hernández, Félix Favor
5 Castillo Romero, Patricia Obdulia de Jesús Favor
6 Chanona Burguete, Alejandro Ausente
7 Del Río Virgen, José Manuel Favor
8 Godoy Cárdenas, Jorge Favor
9 López Lena Cruz, Humberto Favor
10 Salvatori Bronca, María del Carmen Favor
11 Samperio Montaño, Juan Ignacio Ausente
12 Sansores San Román, Layda Elena Ausente
13 Tagle Martínez, Martha Angélica Ausente
14 Uscanga Cruz, Robinson Favor
15 Valdés Chávez, Ramón Ausente
16 Varela Lagunas, Tomás José Luis Ausente
17 Velasco Oliva, Jesús Cuauhtémoc Ausente
Favor: 9
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 8
Total: 17
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO
1 Arévalo González, José Antonio Favor
2 Bellizzia Rosique, Pascual Favor
3 Cobo Terrazas, Diego Favor
4 Elizondo Garrido, Francisco Favor
5 Estrada González, Faustino Javier Ausente
6 González Martínez, Jorge Emilio Ausente
7 Lavara Mejía, Gloria Favor
8 López Adame, Antonio Xavier Ausente
9 Manrique Guevara, Beatriz Favor
10 Notholt Guerrero, Alan Favor
11 Portilla Diéguez, Manuel Favor
12 Puente Salas, Carlos Alberto Favor
13 Ramírez Cerda, Ana María Favor
14 Rodríguez Luis, Alejandro Favor
15 Salgado Amador, Manuel Salvador Favor
16 Sesma Suárez, Jesús Ausente
17 Velasco Rodríguez, Verónica Favor
Favor: 13
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 4
Total: 17
PARTIDO DEL TRABAJO
1 Aguilar Jiménez, Rubén Ausente
2 Arreola Ortega, Pablo Leopoldo Favor
3 Cantú Garza, Ricardo Ausente
4 Cervantes Rivera, Jaime Favor
5 Garay Ulloa, Silvano Ausente
6 Herrera Solís, Anuario Luis Favor
7 Maciel Ortiz, María Mercedez Ausente
8 Peregrino García, Abundio Favor
9 Romero Guzmán, Rosa Elia Favor
10 Solís Parga, Rodolfo Ausente
11 Vela González, Joaquín Humberto Ausente
Favor: 5
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 6
Total: 11
PARTIDO NUEVA ALIANZA
1 Arriola Gordillo, Mónica Favor
2 Cárdenas Fonseca, Manuel Ausente
3 Castillo Nájera, Ariel Favor
4 Dávila Esquivel, Humberto Favor
5 Gómez Pasillas, Jacinto Favor
6 Jiménez Godínez, Miguel Ángel Favor
7 Luna Becerril, Blanca Favor
8 Luna Rodríguez, Silvia Favor
9 Piñeyro Arias, Irma Ausente
Favor: 7
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 2
Total: 9
PARTIDO ALTERNATIVA SOCIAL
1 Arvizu Rivas, Aida Marina Ausente
2 Conde Rodríguez, Elsa de Guadalupe Ausente
3 García Méndez, Armando Ausente
4 Hernández Valadés, Delio Ausente
5 Pedro Cortés, Santiago Gustavo Favor
Favor: 1
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 4
Total: 5