SUMARIO
Invitación de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal a la ceremonia cívica conmemorativa del CXCI aniversario luctuoso del general Pedro Moreno González, por celebrarse el veintisiete de octubre. Se designa comisión de representación.
Oficio del Congreso del estado de Coahuila con acuerdo por el que solicita que se asignen mayores recursos al sector turístico en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Oficio del Congreso del estado de Hidalgo con el que remite acuerdo por el cual se exhorta a los congresos de los estados de la federación, así como a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a legislar en materia indígena y demás instrumentos jurídicos en que se reconozcan los derechos de los pueblos indígenas. Se turna a la Comisión de Asuntos Indígenas.
Oficio del Congreso del estado de Hidalgo con acuerdo por el que solicita que se asignen mayores recursos al sector turístico en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Dos oficios de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal con los que remite proposiciones con punto de acuerdo relativas al Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal de 2009. Se turnan a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Oficio de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal con el que remite proposición con punto de acuerdo para exhortar al Congreso de la Unión a reformar el primer párrafo del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de igualdad sustantiva entre hombres y mujeres. Se remite a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, que establece las reglas para la discusión y votación relativas al proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009. Aprobado.
Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se establece el procedimiento para la presentación, formulación y envío al Ejecutivo federal de las preguntas por escrito que realice la Cámara de Diputados, con objeto de ampliar la información en el marco del análisis del II Informe de Gobierno, conforme a lo establecido en el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Aprobado.
Acuerdo de la Mesa Directiva, para dar turno y trámite al conjunto de minutas relativas a la reforma energética que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, remitirá el Senado de la República. Aprobado.
Dos oficios de la Cámara de Senadores con los que remite proposiciones con punto de acuerdo relativas al Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009 por las que se solicitan que se consideren recursos para:
Continuar con la construcción del boulevard del Bicentenario en los municipios de Guadalupe y Zacatecas, en el estado de Zacatecas, de los senadores Claudia Corichi García, Antonio Mejía Haro y Tomás Torres Mercado.
El Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, del senador Carlos Jiménez Macías.
Oficio de la Secretaría de Gobernación con el que remite los informes de resultados, que sustituyen los enviados anteriormente, de las Auditorías Externas practicadas en los estados de Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Oaxaca, Puebla, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz, relativas a la matrícula escolar de los tipos educativos atendidos por el Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal. Se remiten a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Educación Pública y Servicios Educativos.
Oficio de la Secretaría de Gobernación con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados en la sesión del 30 de septiembre pasado, sobre la declaratoria de desastre natural por la ocurrencia de lluvias extremas e inundaciones en las entidades de la República Mexicana afectadas, así como la entrega oportuna de los recursos del Fondo de Desastres Naturales. Se remite a la Comisión de Gobernación, para su conocimiento.
Oficio de la Secretaría de Gobernación con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados en la sesión del 2 de septiembre pasado, a fin de exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a realizar los estudios necesarios para conocer científicamente el estado de conservación que presenta en vida silvestre el cocodrilo del pantano en el Golfo de México. Se remite a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para su conocimiento.
Oficio de la Secretaría de Gobernación con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados en la sesión del 2 de septiembre pasado, a fin de exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a aplicar las medidas pertinentes para proteger, restaurar y conservar los manglares mexicanos, así como a vigilar que las obras y actividades de aprovechamiento no extractivo en ese ecosistema se lleven a cabo con estricto arreglo a la legislación vigente en la materia. Se remite a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para su conocimiento.
Oficio de la Secretaría de Gobernación con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados en la sesión del 25 de septiembre pasado, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a agilizar la entrega de los recursos del Fondo de Desastres Naturales a favor de los municipios del estado de Chihuahua afectados por las intensas lluvias. Se remite a la Comisión de Gobernación, para su conocimiento.
Oficio de la Secretaría de Gobernación con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados en la sesión del 2 de septiembre pasado, a fin de exhortar al Ejecutivo federal a efecto de que, por medio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, corrija la información y considere zonas indígenas las comunidades de Chavajeval, Las Delicias y Alvaro Obregón, en el estado de Chiapas. Se remite a la Comisión de Asuntos Indígenas, para su conocimiento.
Oficio del Congreso del estado de Colima con el que remite iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un artículo 61 Bis a la Ley General de Salud, respecto a la recolección y almacenamiento del material genético proveniente del cordón umbilical del recién nacido. Se turna a la Comisión de Salud.
Se recibe del diputado Neftalí Garzón Contreras iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de las Leyes de los Sistemas de Ahorro para el Retiro; y de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros. Se turna a las Comisiones Unidas de Seguridad Social y de Hacienda y Crédito Público, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Se recibe del diputado Javier Guerrero García iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un artículo transitorio al decreto por el que se reforma el artículo 14 de la Ley del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos, en relación con el pago del impuesto de las motocicletas de modelo 2007 y anteriores. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Se recibe del diputado Pascual Bellizzia Rosique iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Civil Federal y del Código Penal Federal, respecto al derecho a la intimidad o privacidad de las personas. Se turna a la Comisión de Justicia.
Se recibe del diputado Jesús Ramírez Stabros iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Servicio Postal Mexicano, sobre correspondencia reservada. Se turna a la Comisión de Transportes.
En materia de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009, se reciben las siguientes proposiciones que se turnan a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y mediante las cuales se solicita que se consideren recursos para:
El Instituto Nacional de Migración, a fin de conservar el presupuesto asignado con anterioridad, de la diputada Omeheira López Reyna.
Construcción de tres aulas didácticas en las instalaciones del Centro Bachillerato Tecnológico Agropecuario 197, en el municipio Providencia, Cajeme, estado de Sonora, del diputado Pablo Trejo Pérez.
Incluir en el Fondo Metropolitano la zona metropolitana de Orizaba, Veracruz, y se considere en los fondos del Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas, del diputado Gerardo Lagunes Gallina.
Recursos para la pavimentación del tramo Primero de Mayo-Sabanas de la Estancia, municipio de Papantla de Olarte, Veracruz, del diputado José Manuel del Río Virgen.
Se recibe del diputado Pascual Bellizzia Rosique proposición con punto de acuerdo para solicitar a la Secretaría de Gobernación que asigne mayores recursos del Fondo de Desastres Naturales para los municipios de Tabasco, afectados por las intensas lluvias. Se turna a la Comisión de Gobernación.
Se recibe del diputado Jacinto Gómez Pasillas proposición con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo federal a revisar y modificar, a través de las instancias competentes, los reglamentos que regulan la prestación de servicios de las empresas concesionadas para el suministro de gas natural. Se turna a la Comisión de Energía.
En materia de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009, se reciben las siguientes proposiciones que se turnan a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y mediante las cuales se solicita que se consideren recursos para:
Ciencia y Tecnología, de la diputada Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez.
El Programa Adquisición de Activos Productivos para el Fomento de la Explotación de Ixtle, Palma Zamandoca y Lechuguilla a cargo de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, de los diputados Antonio Medellín Varela, Ernesto Oviedo Oviedo y Ramón Salas López.
Las festividades cívicas nacionales del 21 de marzo y 18 de julio, nacimiento y muerte de Don Benito Juárez, en el municipio de Guelatao de Juárez, Oaxaca del diputado Carlos Roberto Martínez Martínez.
El Subsistema de Universidades Tecnológicas de la Subsecretaría de Educación Superior, del diputado Narcizo Alberto Amador Leal.
Se recibe del diputado Humberto López Lena Cruz proposición con punto de acuerdo que solicita la comparecencia del titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas de la Procuraduría General de la República a fin de que informe sobre la investigación y resultados de la muerte del periodista estadounidense Bradley Roland Will, ocurrida durante el conflicto magisterial en Oaxaca. Se turna a la Comisión de Justicia.
En materia de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009, se reciben las siguientes proposiciones que se turnan a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y mediante las cuales se solicita que se consideren recursos para:
El Programa Promoción de Convenios en Materia de Justicia, de la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y para la creación del Programa de Indígenas Urbanos, de la diputada Lourdes Alonso Flores.
Proyectos dirigidos al cuidado y preservación del medio ambiente en el Distrito Federal, del diputado Alejandro Sánchez Camacho.
Proyectos que permitan mitigar las emisiones de los gases de efecto invernadero en la ciudad de México, del diputado Alejandro Sánchez Camacho.
La Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, del diputado Othón Cuevas Córdova.
La construcción de la Universidad Intercultural de Nacajuca Tabasco, de diputados de diversos grupos parlamentarios.
Que se incluya al estado de Zacatecas en el Programa Especial para la Seguridad Alimentaria, del diputado Francisco Javier Calzada Vázquez.
El Programa de Competitividad en Logística y Centrales de Abasto, del diputado Octavio Martínez Vargas.
Se recibe del diputado Mauricio Ortiz Proal proposición con punto de acuerdo relativo a la celebración del I Congreso Mundial del Deporte. Se turna a la Comisión de Juventud y Deporte.
Primera lectura del dictamen de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública relativo a la revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal correspondientes al Ejercicio Fiscal de 2005.
Segunda lectura del dictamen de las Comisiones Unidas de Economía y de Hacienda y Crédito Público, que abroga la Ley que Determina que Respecto de los Impuestos de Importación y Exportación sólo son Procedentes las Exenciones Consignadas en la Ley Aduanal.
Fundamenta el dictamen el diputado Carlos Alberto García González.
Suficientemente discutido. La Presidencia declara aprobado el dictamen en lo general y en lo particular pasa a la Cámara de Senadores para sus efectos constitucionales.
Segunda lectura del dictamen de las Comisiones Unidas de Salud, y de Ciencia y Tecnología que adiciona la fracción VII al artículo 100 de la Ley General de Salud.
El diputado Antonio Vega Corona fundamenta el dictamen en nombre de las comisiones.
Fijan la posición de su respectivo grupo parlamentario los diputados:
Martha Rocío Partida Guzmán.
Sergio Hernández Hernández.
Suficientemente discutido. La Presidencia declara aprobado el dictamen en lo general y en lo particular; pasa a la Cámara de Senadores para sus efectos constitucionales.
Segunda lectura del dictamen de la Comisión de Derechos Humanos con proyecto de decreto que reforma la fracción V del artículo 11 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.
Fija la posición de su grupo parlamentario la diputada Yary del Carmen Gebhardt Garduza.
Suficientemente discutido. La Presidencia declara aprobado el dictamen en lo general y en lo particular pasa a la Cámara de Senadores para sus efectos constitucionales.
Segunda lectura del dictamen de la Comisión de Derechos Humanos con proyecto de decreto que adiciona un artículo 11 Bis a la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.
Fija la posición de su Grupo Parlamentario la diputada Guillermina López Balbuena.
Suficientemente discutido. La Presidencia declara aprobado el dictamen en lo general y en lo particular pasa a la Cámara de Senadores para los efectos del inciso e) del artículo 72 constitucional.
Segunda lectura de dos dictámenes de la Comisión de Gobernación con proyectos de decreto que conceden permiso a 10 ciudadanos para prestar servicios en diversas representaciones diplomáticas, respectivamente. Sin discusión, se aprueban, pasan a la Cámara de Senadores para sus efectos constitucionales.
Dictamen de la Comisión de Seguridad Pública con punto de acuerdo sobre la proposición presentada en la sesión del 3 de abril del presente año para exhortar al Ejecutivo federal a fortalecer, a través de las secretarías de Seguridad Pública, Defensa Nacional y de la Procuraduría General de la República, en coordinación con las autoridades del Congreso del estado de Oaxaca, los mecanismos, medidas y acciones para prevenir el delito y combatir la delincuencia organizada en la entidad.
Dictamen de la Comisión de la Función Pública con punto de acuerdo relativo a la proposición presentada en la sesión del 30 de abril del presente año para exhortar al Congreso del estado de Puebla de Zaragoza a aprobar, en términos del artículo segundo transitorio del decreto de reformas y adiciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de mayo de 2008, las modificaciones que sean necesarias para cumplir con lo dispuesto en dicho decreto de su órgano estatal de fiscalización.
Dictamen de la Comisión de la Función Pública con punto de acuerdo respecto a la proposición presentada en la sesión del 30 de abril del presente año para exhortar a la Auditoría Superior de la Federación, en uso de sus atribuciones, a dar seguimiento a las denuncias presentadas contra los funcionarios de la Dirección General del Centro SCT Veracruz y empresas contratistas y, en su caso, iniciar los procedimientos correspondientes.
Se aprueban en conjunto, comuníquense.
Dictamen de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos con punto de acuerdo por el que se desechan tres iniciativas con proyectos de decreto que reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Educación, en materia de educación y accesibilidad para personas con discapacidad.
Dictamen de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos con punto de acuerdo por el que se desechan cuatro iniciativas con proyectos de decreto que reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Educación, referentes a los problemas ambientales, riesgos del consumo de drogas y reconocimiento de la diversidad indígena.
Dictamen de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos con punto de acuerdo por el que se desechan ocho iniciativas con proyectos de decreto que reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Educación, en materia de equidad.
Dictamen de la Comisión de Recursos Hidráulicos con punto de acuerdo por el que se desecha una iniciativa presentada el 16 de octubre de 2007 que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales.
Dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público con punto de acuerdo por el que se desecha una iniciativa presentada el 27 de marzo de 2007 que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Aduanera y de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.
Dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público con punto de acuerdo por el que se desecha iniciativa presentada el 18 de septiembre de 2007 que reforma el artículo 2o. de la Ley de Coordinación Fiscal.
Dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público con punto de acuerdo por el que se desecha iniciativa presentada el 30 de abril del presente año que reforma el artículo 59 de la Ley Aduanera.
Dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público con punto de acuerdo por el que se desecha iniciativa presentada el 14 de diciembre de 2006 que abroga la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos.
Dictamen de la Comisión de a Función Pública con punto de acuerdo por el que se desecha iniciativa presentada el 27 de agosto pasado que reforma y adiciona el artículo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
Se aprueba en conjunto los anteriores nueve dictámenes. Archívense los expedientes como asuntos totalmente concluidos.
Se recibe de la diputada Ana María Ramírez Cerda iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para proporcionar servicios de tratamiento psicológico, especializado y gratuito al agresor, a fin de erradicar las conductas violentas. Se turna a la Comisión de Equidad y Género.
Se recibe de la diputada Mayra Gisela Peñuelas Acuña iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 29 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, para fortalecer la gestión de los gobiernos municipales en favor de los servicios de carácter público y servicio gratuito a la población, en la operación y generalización de uso de las denominadas antenas parabólicas que captan señal televisiva vía satélite que luego retransmite en frecuencia abierta en un radio geográfico limitado. Se turna a la Comisión de Comunicaciones.
Se recibe de la diputada Mayra Gisela Peñuelas Acuña iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que cada orden de gobierno se haga cargo de la manutención de los reos según corresponda. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Se recibe de la diputada Mayra Gisela Peñuelas Acuña proposición con punto de acuerdo por el que se solicita la comparecencia del director del Centro Nacional de Transplantes, para que informe de la situación que prevalece en los hospitales donde se realiza ese tipo de cirugías. Se turna a la Comisión de Salud.
La diputada Dora Alicia Martínez Valero presenta iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 75, 115, 116, 122 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que las remuneraciones de los servidores públicos en los ámbitos federal, estatal, municipal, del Distrito Federal y sus demarcaciones territoriales, sean fijados por Comités Técnicos de Valoración Salarial. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.
La diputada Verónica Velasco Rodríguez presenta iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, para asegurar el acceso a la información a personas con discapacidad. Se turna a la Comisión de la Función Pública.
El diputado Obdulio Avila Mayo presenta iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XXVI; se recorre el numeral y contenido de las fracciones XXVI a XXIX del artículo 132 y se adiciona una fracción VII al artículo 994 de la Ley Federal del Trabajo, sobre la obligación de los patrones de hacer las deducciones previstas y el pago de abonos para cubrir los créditos otorgados o garantizados por el Fondo de Fomento y Garantía para el Consumo de los Trabajadores. Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
El diputado Luis Enrique Benítez Ojeda presenta iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley General de Educación, respecto a las obligaciones de los patrones para registrar a sus trabajadores ante las instituciones de seguridad social y coordinarse con las autoridades educativas para promover programas de servicios educativos especiales destinados los trabajadores migrantes, eventuales o estacionarios del campo y sus hijos. Se turna a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Educación Pública y Servicios Educativos.
La diputada Verónica Velasco Rodríguez presenta iniciativa con proyecto de decreto que adiciona los artículos 49-Bis y 51 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para dar seguimiento a las recomendaciones formuladas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos a fin de que se traduzcan en instrumentos jurídicos que redunden en soluciones y hechos comprobables en la realidad; se refleje en el cese de las violaciones y se restauren los derechos de los afectados. Se turna a la Comisión de Derechos Humanos.
Acuerdo de la Mesa Directiva por el que se propone al Pleno la sede temporal de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Aprobado.
La diputada Holly Matus Toledo presenta iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 4, 12 y 28 de la Ley de Asistencia Social, para que el Estado garantice la protección integral de las niñas y adolescentes como consecuencia de una violación. Se turna a la Comisión de Grupos Vulnerables.
La diputada Guillermina López Balbuena presenta iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación y expide la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Educación Pública y Servicios Educativos, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
La diputada Bertha Yolanda Rodríguez Ramírez presenta iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un artículo 165 Quáter al Código Federal de Procedimientos Penales, para crear un registro de fichas genéticas obtenidas a partir del ADN (ácido desoxirribonucleico) de todos los que han sido sentenciados. Se turna a la Comisión de Justicia.
El Presidente diputado César Duarte Jáquez instruye para que, de conformidad con el Acuerdo de la Mesa Directiva, se dé turno y trámite al conjunto de minutas relativas a la reforma energética que remita el Senado de la República, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y se turnen a la Comisión de Energía.
Oficio de la Junta de Coordinación Política con el que comunica cambios en la integración de la Comisión de Energía. Aprobado.
Oficio de la Junta de Coordinación Política con el que comunica cambios en la integración de la Comisión de Justicia. De enterado.
De la próxima sesión.
De conformidad con lo que dispone el artículo 2, numeral 2, inciso c), del Reglamento para la Transparencia y el Acceso a la Información Pública de la H. Cámara de Diputados, se publican las votaciones de los dictámenes siguientes:
De las Comisiones Unidas de Economía, y de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto que abroga la Ley que Determina que Respecto de los Impuestos de Importación y Exportación sólo son Procedentes las Exenciones Consignadas en la Ley Aduanal (en lo general y en lo particular).
De las Comisiones Unidas de Salud, y de Ciencia y Tecnología, con proyecto de decreto que adiciona la fracción VII al artículo 100 de la Ley General de Salud (en lo general y en lo particular).
De la Comisión de Derechos Humanos, con proyecto de decreto que reforma la fracción V del artículo 11 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación (en lo general y en lo particular).
De la Comisión de Derechos Humanos, con proyecto de decreto que adiciona un artículo 11 Bis a la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación (en lo general y en lo particular).
ASISTENCIA
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Pido a la Secretaría que haga del conocimiento de la Presidencia el resultado del registro de asistencia de diputadas y diputados.
La Secretaria diputada Rosa Elia Romero Guzmán : Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 332 diputadas y diputados; por tanto, hay quórum, señor presidente.
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: (a las 11:57 horas): Se abre la sesión.
ORDEN DEL DIA
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.
La Secretaria diputada Rosa Elia Romero Guzmán : Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.
Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.
«Primer Periodo Ordinario de Sesiones.--- Tercer Año de Ejercicio.--- LX Legislatura.
Orden del día
Jueves 23 de octubre de 2008.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Comunicaciones
La Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal, invita a la ceremonia cívica con motivo del 191 aniversario luctuoso del general Pedro Moreno González, que tendrá lugar el 27 de octubre, a las 10:00 horas.
Del Congreso del estado de Coahuila.
Dos del Congreso del estado de Hidalgo.
Dos de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
Proposiciones de acuerdo de los órganos de gobierno
De la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos.
Que establece las reglas para la discusión y votación relativas al proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009. (Votación)
De la Junta de Coordinación Política
Por el que se establece el procedimiento para la presentación, formulación y envío al Ejecutivo federal de las preguntas por escrito que realice la Cámara de Diputados, con objeto de ampliar la información en el marco del análisis del Segundo Informe de Gobierno, conforme a lo establecido en el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (Votación)
De la Mesa Directiva
Para dar turno y trámite al conjunto de minutas relativas a la reforma energética que, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, remitirá el Senado de la República. (Votación)
Oficios de la Cámara de Senadores
Dos, con los que remite propuestas de puntos de acuerdo relativos al Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009, presentados por senadores de diversos grupos parlamentarios. (Turno a Comisión)
Oficios de la Secretaría de Gobernación
Con el que remite los informes de resultados, que sustituyen los enviados anteriormente, de las auditorías externas practicadas en los estados de Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Oaxaca, Puebla, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz, relativas a la matrícula escolar de los tipos educativos atendidos por el Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal.
Cinco con los que remite contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados.
Iniciativa del Congreso del estado de Colima
Que adiciona un artículo 61 Bis a la Ley General de Salud. (Turno a Comisión)
Iniciativas
Que expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de las Leyes de los Sistemas de Ahorro para el Retiro y de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, a cargo del diputado Neftalí Garzón Contreras , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)
Que adiciona un artículo transitorio al decreto por el que se reforma el artículo 14 de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, a cargo del diputado Javier Guerrero García , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)
Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Civil Federal y del Código Penal Federal, a cargo del diputado Pascual Bellizzia Rosique , del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Sólo turno a Comisión)
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Servicio Postal Mexicano, a cargo del diputado Jesús Ramírez Stabros , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Mario Alberto Salazar Madera y Dora Alicia Martínez Valero , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Que reforma los artículos 66 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José Inés Palafox Núñez , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, a cargo de la diputada Verónica Velasco Rodríguez , del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez , del Grupo Parlamentario Alternativa. (Turno a Comisión)
Que reforma la fracción XXVI, recorre el numeral y contenido de las fracciones XXVI a XXIX del artículo 132 y adiciona una fracción VII al artículo 994 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado Obdulio Ávila Mayo , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada Ana María Ramírez Cerda , del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Luis Enrique Benítez Ojeda , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a cargo de la diputada Verónica Velasco Rodríguez , del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Asistencia Social, a cargo de la diputada Holly Matus Toledo , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Que reforma el artículo 29 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, suscrita por los diputados Mayra Gisela Peñuelas Acuña y Gilberto Ojeda Camacho , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley General de Educación y expide la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, a cargo de la diputada Guillermina López Balbuena , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Que adiciona un artículo 165 Quáter al Código Federal de Procedimientos Penales, a cargo de la diputada Bertha Yolanda Rodríguez Ramírez , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud y de la Ley Federal de Radio y Televisión, a cargo del diputado Fernando Enrique Mayans Canabal , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Que expide la Ley Federal Pro-Campo y reforma el artículo 71 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, a cargo del diputado Ramón Barajas López , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Que reforma los artículos 64 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 12 y 23 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Obdulio Ávila Mayo , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Que reforma el artículo 259 Bis del Código Penal Federal, a cargo del diputado José Luis Aguilera Rico , del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)
Que reforma el artículo 5 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, a cargo del diputado Jorge Quintero Bello , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del Código Penal Federal, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional, a cargo del diputado Francisco Javier Calzada Vázquez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Que reforma el artículo 12 de la Ley General de Educación, suscrita por diversos diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo del diputado José Rosas Aispuro Torres , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Que reforma el artículo 5 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, a cargo de la diputada Ma. de los Ángeles Jiménez del Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Que reforma y adiciona el artículo 71 de la Ley General de Desarrollo Social, suscrita por los diputados Gerardo Priego Tapia y Rubí Laura López Silva , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Que reforma el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Joel Arellano Arellano , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Que reforma el artículo 4-B de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del diputado Antonio Vega Corona , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
De decreto para que se inscriba con letras de oro en el Muro de Honor del Palacio Legislativo de San Lázaro la leyenda ``Mártires de Tlatelolco de 1968'', suscrita por los diputados Martha Angélica Tagle Martínez y Elías Cárdenas Márquez , del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)
Que reforma el artículo 28 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo de la diputada Mónica Arriola, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza. (Turno a Comisión)
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, a cargo del diputado Christian Martín Lujano Nicolás , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Que reforma el artículo 32 de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Mónica Arriola, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza. (Turno a Comisión)
Que reforma el artículo 19 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo del diputado Alberto Amador Leal , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, suscrita por diversos diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Que reforma y adiciona los artículos 995 y 1004 Bis de la Ley Federal del Trabajo y 49 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo de la diputada Holly Matus Toledo , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Que reforma el artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Mayra Gisela Peñuelas Acuña , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Que reforma el artículo 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo del diputado José Luis Varela Lagunas , del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)
Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Estatuto de las Islas Marías, a cargo del diputado Mario Eduardo Moreno Álvarez , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a comisión)
Que reforma el artículo 77 de la Ley Federal de Radio y Televisión, a cargo del diputado Mario Enrique del Toro, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Que reforma el artículo 37 de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del diputado Pedro Montalvo Gómez , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Que reforma el artículo 13 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, a cargo del diputado Carlos Armando Reyes López , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a comisión)
Que reforma los artículos 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 161 y 162 del Código Federal de Procedimientos Penales, a cargo del diputado Mario Enrique del Toro, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Que reforma el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Carlos Madrazo Limón , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a comisión)
Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado David Mendoza Arellano , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Que reforma el artículo 13 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, a cargo del diputado Érick López Barriga, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Que expide la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, a cargo del diputado Luis Gustavo Parra Noriega , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a comisión)
Que reforma el artículo 931 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado Pablo Trejo Pérez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, a cargo del diputado Israel Beltrán Montes , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Que expide la Ley sobre Denunciantes Anónimos, suscrita por los diputados Alejandro Chanona Burguete y Cuauhtémoc Velasco Oliva , del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)
Que reforma los artículos 8 y 13 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, a cargo del diputado Alan Notholt Guerrero , del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)
Que reforma el artículo 27 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo del diputado Luis Fernando Rodríguez Ahumada , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Que reforma el artículo 44 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, a cargo del diputado Pablo Trejo Pérez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Ana María Ramírez Cerda , del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)
Que reforma el artículo 112 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Obdulio Ávila Mayo , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a comisión)
Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, suscrita por los diputados Josefina Salinas Pérez y Mario Enrique del Toro, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Que adiciona el artículo 112 Bis a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo del diputado Jesús Sesma Suárez , del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)
Que reforma el artículo 10 de la Ley de Ciencia y Tecnología, a cargo del diputado Javier Martín Zambrano Elizondo , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a comisión)
Que reforma el artículo 18 de la Ley Sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, a cargo del diputado Humberto Wilfrido Alonso Razo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Que reforma los artículos 39 y 90 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Mauricio Ortiz Proal , José Jesús Reyna García y Jorge Toledo Luis , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Que reforma el artículo 28 de la Ley de Asistencia Social, suscrita por los diputados Alejandro Landero Gutiérrez , María del Pilar Ortega Martínez y José Luis Espinosa Piña , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a comisión)
Que reforma el artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, a cargo del diputado Raúl Cervantes Andrade , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, suscrita por diversos diputados del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Que reforma el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Higinio Chávez García , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Que reforma el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a cargo del diputado Higinio Chávez García , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Que reforma el artículo 3o. de la Ley General de Salud, suscrita por los diputados Sonia Nohelia Ibarra Franquez y Daniel Dehesa Mora , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo de la diputada Maricela Contreras Julián , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Que adiciona un artículo 13 Bis a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, suscrita por diversos diputados del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Que reforma y adiciona los artículos 2, 9 y 12 de la Ley Federal de Turismo, suscrita por los diputados Ramón Ignacio Lemus Muñoz Ledo y Javier Martín Zambrano Elizondo , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo del diputado Irene Aragón Castillo , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Que reforma los artículos 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 114 y 158 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Adolfo Mota Hernández , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Que reforma el artículo 35 de la Ley de Ciencia y Tecnología, suscrita por los diputados Ramón Ignacio Lemus Muñoz Ledo y Javier Martín Zambrano Elizondo , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Que adiciona un artículo 182-S al Código Federal de Procedimientos Penales y que expide la Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo para las Familias de las Personas Secuestradas, a cargo de la diputada Elda Gómez Lugo , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Que reforma el artículo 117 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Javier Martín Zambrano Elizondo , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Que reforma el artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social, suscrita por los diputados Daniel Dehesa Mora y Víctor Gabriel Varela López , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y reforma el artículo 266 Bis del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Guillermina López Balbuena , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Que reforma el artículo 80 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, a cargo del diputado Elías Cárdenas Márquez , del Grupo Parlamentario Convergencia. (Turno a Comisión)
Que reforma el artículo 167 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo de la diputada Beatriz Manrique Guevara , del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del diputado Moisés Alcalde Virgen , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Que reforma los artículos 64, 84 y 130 de la Ley del Seguro Social, a cargo de la diputada Holly Matus Toledo , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, del Código Federal de Procedimientos Penales, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, de la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, de la Ley General de Salud, de la Ley General de Educación, de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, de la Ley Federal de Protección al Consumidor y de la Ley Reglamentaria del Artículo 5o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Relativo al Ejercicio de las Profesiones en el Distrito Federal, a cargo de la diputada Claudia Cruz Santiago, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Que reforma el inciso c) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Alberto Amador Leal , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Que reforma los artículos 23 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, a cargo del diputado Francisco Elizondo Garrido , del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)
Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo de la diputada Mónica Arriola, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)
Que reforma el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y expide la Ley General de Archivos, a cargo del diputado Enrique Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Que reforma el artículo 40 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Wenceslao Herrera Coyac , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Que reforma el artículo 11 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, a cargo de la diputada Ana María Ramírez Cerda , del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)
Que reforma el artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Mónica Arriola, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)
Que reforma los artículos 45 y 56 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y 33 de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Mónica Arriola, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)
Dictamen de primera lectura
De la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, con proyecto de decreto relativo a la revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal correspondiente al ejercicio fiscal de 2005.
Dictámenes a discusión
De las Comisiones Unidas de Economía y de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto que abroga la Ley que Determina que Respecto de los Impuestos de Importación y Exportación, sólo son Procedentes las Exenciones Consignadas en la Ley Aduanal.
De las Comisiones Unidas de Salud y de Ciencia y Tecnología, con proyecto de decreto que adiciona la fracción VII al artículo 100 de la Ley General de Salud.
De la Comisión de Derechos Humanos, con proyecto de decreto que reforma la fracción V del artículo 11 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.
De la Comisión de Derechos Humanos, con proyecto de decreto que adiciona un artículo 11 Bis a la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.
De la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, con proyecto de decreto relativo a la revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal correspondiente al ejercicio fiscal de 2002.
De la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, con proyecto de decreto relativo a la revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal correspondiente al ejercicio fiscal de 2003.
De la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, con proyecto de decreto relativo a la revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal correspondiente al ejercicio fiscal de 2004.
De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Mariana Renata Richter Rodríguez, Felipe Lozano Guerrero, Rafael Solís Martínez, Eglantina López Calzado, Nayelli López Rocha, Vannessa Tena López y Marcos Alberto Franco Romero para prestar servicios en las Embajadas de Canadá, de las Repúblicas Popular China, de Corea y en la Representación Especial de Palestina en México, respectivamente.
De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Joseph Sebastián Machele, Tomás Alejandro Williams García y Jorge Fernando Garza Morales para prestar servicios en la Embajada de Estados Unidos de América en México y en sus Consulados en Tijuana, Baja California y en Monterrey, Nuevo León, respectivamente.
De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Jaqueline Michell García Mante, Bernardo Rodríguez Romero, Blanca Alicia Mendiola González, Jasia Yamina Esquivel Miranda, Viridiana Hernández Rodríguez, Joaquín Fernando González Fisher y Alejandro Alberto Yñigo Meza para prestar servicios en los Consulados de Estados Unidos de América en Nuevo Laredo, Tamaulipas y en Tijuana, Baja California, respectivamente.
De la Comisión de Seguridad Pública, con puntos de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal a fortalecer, a través de las Secretarías de Seguridad Pública y de Defensa Nacional y de la Procuraduría General de la República, en coordinación con las autoridades del Congreso del estado de Oaxaca, los mecanismos, medidas y acciones para prevenir el delito y combatir la delincuencia organizada en la entidad.
De la Comisión de la Función Pública, con punto de acuerdo para exhortar al Congreso del estado de Puebla de Zaragoza a aprobar, en términos del artículo segundo transitorio del decreto de reformas y adiciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de mayo de 2008, las modificaciones que sean necesarias para cumplir lo dispuesto en dicho decreto.
De la Comisión de la Función Pública, con punto de acuerdo para exhortar a la Auditoría Superior de la Federación a dar seguimiento, en uso de sus atribuciones, a las denuncias presentadas contra los funcionarios y empresas contratistas y, en su caso, a iniciar los procedimientos correspondientes.
Dictámenes negativos de iniciativas
De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con punto de acuerdo por el que se desechan tres iniciativas que reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Educación, en materia de enseñanza y accesibilidad para personas con discapacidad.
De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con punto de acuerdo por el que se desechan cuatro iniciativas que reforman diversos artículos de la Ley General de Educación referentes a los problemas ambientales, riesgos del consumo de drogas y reconocimiento de la diversidad indígena.
De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con punto de acuerdo por el que se desechan ocho iniciativas que reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Educación, en materia de equidad.
De la Comisión de Recursos Hidráulicos, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la ley de aguas nacionales.
De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Aduanera y de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.
De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa que reforma el artículo 2o. de la Ley de Coordinación Fiscal.
De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa que reforma el artículo 59 de la Ley Aduanera.
De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa que abroga la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos.
De la Comisión de la Función Pública, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa que reforma y adiciona el artículo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
Proposiciones
Con punto de acuerdo, a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009 se reconsidere la reducción de los recursos destinados al Instituto Nacional de Migración, con el propósito de conservar el presupuesto asignado con anterioridad, a cargo de la diputada Omeheira López Reyna , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Sólo turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009 se consideren recursos para la construcción de tres aulas didácticas en las instalaciones del Centro Bachillerato Tecnológico Agropecuario 197, en el municipio Providencia, Cajeme, estado de Sonora, a cargo del diputado Pablo Trejo Pérez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009 se incluya dentro del Fondo Metropolitano a la Zona Metropolitana de Orizaba, Veracruz y se considere en los fondos del Ramo 23, ``Provisiones Salariales y Económicas'', a cargo del diputado Gerardo Lagunes Gallina , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las autoridades municipales, estatales y a la SCT a considerar en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009 recursos para la pavimentación del tramo Primero de Mayo-Sabanas de la Estancia, municipio de Papantla de Olarte, Veracruz, a cargo del diputado José Manuel del Río Virgen , del Grupo Parlamentario Convergencia. (Sólo turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Segob, asigne mayores recursos del Fonden para los municipios de Tabasco, afectados por las recientes inundaciones, a cargo del diputado Pascual Bellizzia Rosique , del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Sólo turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a revisar y modificar, a través de las instancias competentes, los reglamentos que regulan la prestación de servicios de las empresas concesionadas para el suministro de gas natural, a cargo del diputado Jacinto Gómez Pasillas , del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Sólo turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009 se consideren mayores recursos destinados a ciencia y tecnología, a cargo de la diputada Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez , del Grupo Parlamentario Alternativa. (Sólo turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009 se incrementen los recursos destinados al programa a cargo de la SAGARPA denominado Adquisición de Activos Productivos para el Fomento a la Explotación de Ixtle, Palma Zamandoca y Lechuguilla, suscrito por los diputados Antonio Medellín Varela , Ernesto Oviedo Oviedo y Ramón Salas López , de los Grupos Parlamentarios de los Partidos Acción Nacional y Revolucionario Institucional, respectivamente. (Sólo turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009 se consideren recursos para el municipio de Guelatao de Juárez, Oaxaca, para las festividades cívicas nacionales del 21 de marzo y 18 de julio, nacimiento y muerte de don Benito Juárez, a cargo del diputado Carlos Roberto Martínez Martínez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009 se consideren recursos para el Subsistema de Universidades Tecnológicas de la Subsecretaría de Educación Superior, a cargo del diputado Alberto Amador Leal , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita la comparecencia del titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas, de la PGR, a fin de que informe sobre la investigación y resultados de la muerte del estadounidense Bradley Roland Will, ocurrida durante el conflicto magisterial en Oaxaca, a cargo del diputado Humberto López Lena Cruz , del Grupo Parlamentario del Partido Convergencia. (Sólo turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009 se consideren recursos para el programa Promoción de Convenios en Materia de Justicia, de la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, y para la creación del programa de indígenas urbanos, a cargo de la diputada Lourdes Alonso Flores , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009 se consideren recursos para proyectos dirigidos al cuidado y preservación del ambiente en el Distrito Federal, a cargo del diputado Alejandro Sánchez Camacho , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009 se consideren recursos para proyectos que permitan mitigar las emisiones de los gases de efecto invernadero en la ciudad de México, a cargo del diputado Alejandro Sánchez Camacho , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009 se consideren mayores recursos para la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, a cargo del diputado Othón Cuevas Córdova , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009 se consideren recursos para la construcción de la universidad intercultural de Nacajuca, Tabasco, suscrito por diputados de diversos Grupos Parlamentarios. (Sólo turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009 se incluya el estado de Zacatecas en el Programa Especial para la Seguridad Alimentaria, a cargo del diputado Francisco Javier Calzada Vázquez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009 se consideren mayores recursos para el Programa de Competitividad en Logística y Centrales de Abasto, a cargo del diputado Octavio Martínez Vargas , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, relativo a las obras y recursos para atender las zonas afectadas por las lluvias en Veracruz, a cargo del diputado Íñigo Laviada Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se cita a comparecer al titular de la SHCP para que informe respecto de las acciones que emprenderá contra los responsables de los actos y omisiones perpetrados por servidores públicos de esa dependencia con relación a la operación mediante la cual se fusionaron Citibank y Banamex, a cargo del diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, para exhortar al titular de la Semarnat, inicie la gestión ante la UNESCO, a fin de que la reserva de la biosfera de Los Petenes sea considerada patrimonio natural de la humanidad, a cargo del diputado Jorge Rubén Nordhausen González , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sedena y a la SCT a reabrir a la aviación comercial la base militar aérea número 2 del municipio de Ciudad Ixtepec, Oaxaca, a cargo del diputado José Luis Varela Lagunas , del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal s reforzar la vigilancia en las aduanas y a fortalecer los programas de protección al migrante, a cargo del diputado Andrés Bermúdez Viramontes , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la Junta de Coordinación Política a crear un grupo de trabajo relacionado con la alianza por la calidad de la educación, suscrito por los diputados Adrián Pedrozo Castillo y Alejandro Sánchez Camacho , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno del estado de Oaxaca y a la Procuraduría General de Justicia de dicha entidad a garantizar la seguridad y la eficiencia del sistema judicial, y a aplicar el estado de derecho en la procuración y administración de justicia, a cargo del diputado José Luis Varela Lagunas , del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a emitir, a través de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, un informe detallado de los comentarios recabados por la Comisión Federal de Mejora Regulatoria sobre los puntos planteados en el dictamen elaborado por ésta, a cargo de la diputada Adriana Díaz Contreras , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a emitir, a través de la Sagarpa, el Reglamento de la Ley de Productos Orgánicos, a cargo del diputado Fabián Fernando Montes Sánchez , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a facilitar, a través de la Sagarpa, la ejecución federalizada del Programa de Uso Sustentable de los Recursos Naturales para la Producción Primaria en el Distrito Federal, a cargo del diputado Carlos Navarro López , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que exhorta a la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra y a Ferronales a agilizar los trámites en asentamientos humanos irregulares del municipio de Tijuana, Baja California, a cargo del diputado Ricardo Franco Cazares, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a emitir la declaratoria de zona de desastre al municipio de Hidalgo de Parral, Chihuahua, por los daños que ocasionaron las lluvias y libere recursos del Fonden para atender a la población, a cargo del diputado Carlos Armando Reyes López , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se cita a comparecer al titular de la Sagarpa a fin de que brinde información a la Comisión de Hacienda y Crédito Público sobre el esquema de compras anticipadas de maíz blanco del estado de Sinaloa para el ciclo agrícola 2007/2008, a cargo del diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP, a la SE, a la Sener, a la CFE y a la Comisión Reguladora de Energía a instaurar mecanismos para ajustar y reducir las tarifas de los sectores más vulnerables del país, a cargo de la diputada Mónica Arriola, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la CNBV a vigilar que se cumpla lo establecido en el artículo 65 de la Ley de Instituciones de Crédito, a cargo del diputado Obdulio Ávila Mayo , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, relativo a la celebración del Primer Congreso Mundial del Deporte, suscrita por los diputados Mauricio Ortiz Proal y José Jesús Reyna García , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP a establecer en la Ley de Ingresos de la Federación para 2009 un impuesto especial al consumo de bolsas de plástico elaboradas con cualquier polímero y espesor, a cargo del diputado José Gildardo Guerrero Torres , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo del estado de Tlaxcala a resolver los problemas de inseguridad de la entidad, a cargo del diputado Alberto Amaro Corona , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SE y a la Sectur a incluir en las artesanías mexicanas la leyenda ``manos mágicas'', a cargo de la diputada Elda Gómez Lugo , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a instruir a la PGR la creación de una fiscalía especial para la prevención de delitos contra el patrimonio cultural y la atención del tráfico de bienes culturales, a cargo del diputado Ramón Ignacio Lemus Muñoz Ledo , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, relativo al proceso de licitación para las concesiones que se otorgarán en el desarrollo del proyecto Puerto Bahía Colonet, suscrito por los diputados Francisco Javier Paredes Rodríguez y Héctor Manuel Ramos Covarrubias , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a hacer obligatoria, a través de la SCT y la SSP, que el tránsito de vehículos pesados y aquellos que transporten materiales peligrosos sea por la autopista Irapuato-Querétaro y no por la carretera 45, a cargo del diputado Martín Malagón Ríos , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a declarar el 20 de enero de cada año como Día Nacional para Erradicar la Pobreza, a cargo del diputado Gerardo Priego Tapia , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, a fin de que se integre una mesa de trabajo de alto nivel con representantes del Ejecutivo federal, del Congreso de la Unión y de los Poderes Ejecutivos y Legislativos de los estados de Oaxaca y Chiapas para resolver los problemas limítrofes y agrarios entre dichas entidades, a cargo del diputado Martín Ramos Castellanos , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a acordar, a través de la SHCP, la ampliación del horario de aplicación de la tarifa 9n para el uso agrícola a las 24 horas del día, a cargo del diputado Francisco Javier Calzada Vázquez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del Ejecutivo federal a suspender de inmediato, a través de la Sedena y autoridades civiles federales, los cateos domiciliarios en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, suscrito por los diputados Sonia Nohelia Ibarra Franquez, Alliet Mariana Bautista Bravo y Juan Nicasio Guerra Ochoa , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Congreso del estado de Tamaulipas a legislar a favor de la pronta homologación del Calendario Electoral del Estado, suscrita por diversos diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno del estado de Oaxaca, a instituir un programa contra la desnutrición en esa entidad, a cargo del diputado José Luis Varela Lagunas , del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la titular de la SEP que suspenda la distribución del éxito en ventas Cuando el monstruo despierta, porque se viola la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Educación y demás normatividad en la materia, a cargo de la diputada Miguel Ángel Solares Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno del estado de Oaxaca a establecer, a través de la Semarnat, mecanismos para la preservación de los árboles históricos de la ciudad de Oaxaca, a cargo del diputado José Luis Varela Lagunas , del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita la comparecencia del director del Centro Nacional de Transplantes a fin de que informe sobre la situación en los hospitales donde se realizan esas operaciones quirúrgicas, a cargo de la diputada Mayra Gisela Peñuelas Acuña , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP y a la Secretaría de Educación de Tabasco a implantar programas educativos que permitan elevar el nivel académico en la educación media superior en dicha entidad, a cargo del diputado Moisés Dagdug Lützow , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, relativo a las obras de rehabilitación del puente de Metlac en la autopista Orizaba-Córdoba, Veracruz, a cargo del diputado Pedro Montalvo Gómez , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los congresos locales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a armonizar sus legislaciones en materia de prevención y sanción de la desaparición forzada de personas, a cargo del diputado Gerardo Priego Tapia , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, sobre la relación entre el gobierno estatal y municipales en Oaxaca, a cargo del diputado Carlos Altamirano Toledo , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, relativo a la promoción de los resultados de diversos programas sociales que ha enviado el Ejecutivo federal a sus beneficiarios en el contexto del Segundo Informe de Gobierno, a cargo del diputado Luis Enrique Benítez Ojeda , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a revisar, a través de la SCT, la inoperatividad de la línea férrea Sánchez-Oaxaca y revocar la concesión que se otorgó a la empresa Ferromex, a cargo del diputado José Luis Varela Lagunas , del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat a ejecutar lo establecido en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo del diputado Diego Cobo Terrazas , del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sener a coordinar los trabajos para la realización de un acuerdo regional entre Pemex, organismos subsidiarios y contratistas, con los estados y municipios que conforman la región Cuenca de Burgos, suscrita por diputados integrantes de la Comisión Especial de la Cuenca de Burgos. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a instituir y celebrar el Día Nacional del Niño por Nacer, a cargo del diputado Leonardo Magallón Arceo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno del estado de Oaxaca y a la PGJ de la entidad a investiguen la agresión física que sufrieron autoridades del municipio de Zimatlán de Álvarez, Oaxaca, el pasado 30 de agosto del año en curso, a cargo del diputado Othón Cuevas Córdova , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la ASF, al SAT y a la PGR a hacer cumplir los procedimientos legales relativos a los resultados de la investigación del desvío de recursos por parte del gobierno del estado de Oaxaca y el origen del capital para la construcción del Sedna, hospital situado en la colonia Pedregal de Carrasco, Distrito Federal, a cargo del diputado José Luis Varela Lagunas , del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la SCT a retirar o reubicar la caseta de cobro de Chalco en la autopista México-Puebla, a cargo de la diputada Alma Lilia Luna Munguía , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las legislaturas de los estados a adecuar su legislación electoral conforme a la reforma constitucional de 2007, a cargo del diputado Fernando Enrique Mayans Canabal , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, para que se cite a comparecer al titular de la Sagarpa a fin de que aclare lo relativo a los subejercicios en el Presupuesto 2008 de la dependencia y explique las acciones para apoyar al campo por las recientes lluvias que han azotado al país y rinda cuenta de la glosa del Segundo Informe de Gobierno que presentó el titular del Ejecutivo el 1 de septiembre, a cargo del diputado José Rubén Escajeda Jiménez , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta Ejecutivo federal a realizar, a través de las dependencias competentes y en coordinación con las Comisiones de Recursos Hidráulicos de las Cámaras de Senadores y de Diputados, una revisión detallada del Programa Nacional Hídrico, a cargo del diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva , del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la ASF a realizar una auditoría al pabellón de México en la Exposición Internacional del Agua celebrada en Zaragoza, España, durante el presente año, a cargo del diputado Mario Enrique del Toro, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del IMSS a invertir más recursos en el municipio de San Fernando Tamaulipas, a efecto de mejorar la calidad de los servicios de salud y subsanar deficiencias en prestaciones sociales, a cargo del diputado Tomás Gloria Requena , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP establecer lo necesario para que los libros de texto gratuitos del año anterior sean devueltos por los alumnos, a cargo de la diputada Dolores María del Carmen Parra Jiménez , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Comisión de Turismo de esta soberanía que integre una subcomisión plural analice y evalúe el efecto del derecho por servicio migratorio en el turismo, en la industria de cruceros y en la economía de los lugares donde arriban éstos, a cargo del diputado Víctor Manuel Lizárraga Peraza , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, relativo a la eliminación del certificado fitosanitario para la exportación de productos citrícolas, a cargo del diputado Pedro Montalvo Gómez , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Congreso del estado de Tabasco a expedir las disposiciones legales para promover la igualdad entre hombres y mujeres, a cargo del diputado Gerardo Priego Tapia , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, para que el Consejo de Salubridad General establezca un programa de emergencia para atender a la población de El Salto y Juanacatlán, Jalisco, que es víctima de la contaminación del río Santiago y de los desechos sólidos municipales, a cargo del diputado Héctor Padilla Gutiérrez , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los Congresos Estatales a armonizar su legislación con los tratados internacionales en materia de discriminación y protección de los derechos humanos, a cargo del diputado Gerardo Priego Tapia , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Semarnat que realice una ampliación del polígono del área de refugio para la protección de la vaquita marina y, en coordinación con la SER, entreguen un informe de los recursos destinados para salvar dicha especie, a cargo del diputado Cristián Martín Lujano Nicolás, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a establecer los mecanismos necesarios para salvaguardar la confidencialidad de la información personal de los usuarios de los servicios de telefonía, a cargo de la diputada Dolores María del Carmen Parra Jiménez , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, sobre el ilegal bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos de América en contra del pueblo de Cuba, suscrita por diputados de los Grupos Parlamentarios de los Partidos: de la Revolución Democrática, Convergencia y del Trabajo. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, relativo a la actualización y mejoramiento de las tarifas eléctricas en apoyo a los grupos de menores ingresos del país, a cargo del diputado Pedro Montalvo Gómez , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat y a la Profepa a fortalecer, con la Sedena y la PFP, los operativos e inspecciones en la reserva de la biosfera mariposa monarca, a cargo de la diputada Blanca Luna Becerril , del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sectur a incluir el municipio de Sombrerete, Zacatecas, en el programa Pueblos Mágicos de México, a cargo de la diputada María Dolores González Sánchez , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sener a tomar las medidas necesarias, a efecto de que Pemex reduzca el precio del gasóleo doméstico, del gas LP y del gas natural para los consumidores del estado de Chihuahua, a cargo del diputado Enrique Serrano Escobar , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat a declarar como áreas naturales, a través de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad y de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, diversas regiones de la República Mexicana, a cargo del diputado Christian Martín Lujano Nicolás , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la Segob, de la SHCP, del Banco de México y de la CNBV, a intervenir frente al problema de la extorsión telefónica, a cargo del diputado Salvador Barajas del Toro , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Semarnat que promueva el desarrollo del proyecto de recuperación de especies prioritarias para diversos primates, a cargo del diputado Christian Martín Lujano Nicolás , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat a realizar, a través de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, los estudios de población de diversas especies de reptiles y tomar las medidas necesarias para su preservación, a cargo del diputado Christian Martín Lujano Nicolás , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat y a la Secretaría de Medio Ambiente del Distrito Federal a realizar un programa de conservación y rescate de las barrancas, para garantizar su preservación y aprovechamiento, a cargo del diputado Christian Martín Lujano Nicolás , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que por el que se exhorta al titular del Conacyt a elaborar una base de datos de sus becarios y ex becarios y hacerla pública, a cargo del diputado Javier Zambrano Elizondo , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Procuraduría de Justicia del estado de Baja California a investigar las causas de los motines en el centro de readaptación social de La Mesa, en el municipio de Tijuana, a cargo del diputado Ricardo Franco Cazarez , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo por el que se solicita a la Segob, a la Semarnat y a la SCT que informen sobre los recursos solicitados por el gobierno de Veracruz para atender los daños causados por diversos eventos meteorológicos, a cargo de la diputada Gloria Rasgado Corsi , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a replantear la estructura de la evaluación de los estudios de impacto ambiental para la realización de obras, a cargo del diputado Pedro Montalvo Gómez , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a destinar recursos del Fonden a diversos municipios del estado de Tabasco afectados por las recientes lluvias, a cargo del diputado Gerardo Priego Tapia , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEGOB a liberar los recursos del Fonden y del FAPRACC para atender a la población afectada por la tormenta tropical número 33 en el estado de Veracruz, a cargo del diputado Celso David Pulido Santiago , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, en relación con el asesinato del locutor Alejandro Zenón Fonseca Estrada de la Cadena Exa en la ciudad de Villahermosa, a cargo del diputado Gerardo Priego Tapia , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Segob que reanude las negociaciones que se estaban realizando en esa dependencia, entre el gobierno y el magisterio del estado de Morelos para solucionar el conflicto derivado del acuerdo para la calidad de la educación, a cargo del diputado Adrián Pedrozo Castillo , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los congresos de las entidades federativas a actualizar sus ordenamientos en materia de responsabilidad administrativa, a cargo del diputado Carlos Armando Reyes López , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la SHCP, de la SEP y del Conaculta a emprender las previsiones presupuestales a favor de las ciudades patrimonio mundial, suscrita por los diputados Aurora Cervantes Rodríguez y José Alfonso Suárez del Real y Aguilera , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita al Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos información referente a las pérdidas ocasionadas por tomas clandestinas, a cargo del diputado Javier Martín Zambrano Elizondo , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, relativo a la prohibición a las alumnas de la Universidad Autónoma de Sinaloa de usar determinada vestimenta, a cargo de la diputada Eva Sánchez Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a garantizar, a través de Pemex, el suministro de combustibles a la estación de servicio en la Isla de Cedros, Baja California, a cargo del diputado Héctor Manuel Ramos Covarrubias , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob a emitir la declaratoria de emergencia y desastre natural en los municipios de Jalpa de Méndez, Jonuta, Huimangillo y Nacajuca, Tabasco, suscrita por diversos diputados del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a implantar un Programa emergente, a efecto de subsidiar el combustible utilizado por vehículos de transporte público, a cargo del diputado Gustavo Fernando Caballero Camargo , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PGR a dar seguimiento a las averiguaciones previas relacionadas con el robo de energía eléctrica, a cargo del diputado Javier Zambrano Elizondo , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del Ejecutivo federal a instaurar, a través de la SE y de la Profeco, medidas para evitar que sean alterados los precios de productos o servicios de establecimientos que se encuentren en centrales de autobuses, aeropuertos y carreteras del país, a cargo del diputado Rafael Villicaña García , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a decretar, a través de la Semarnat y de la Conagua, una moratoria para impedir la extracción de arena en el valle de Guadalupe, Ensenada, Baja California, suscrito por los diputados Héctor Manuel Ramos Covarrubias y Francisco Javier Paredes Rodríguez , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador del estado de Baja California a informar a esta soberanía lo relacionado al operativo en el Cereso La Mesa, de Tijuana, Baja California, los días 13 y 15 de septiembre de 2008, a cargo de la diputada Eva Sánchez Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat y al gobierno del estado de Veracruz a efectuar acciones de manera coordinada para atender la contaminación del río Blanco, a cargo del diputado Pedro Montalvo Gómez , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP, a la Condusef y al Sindicato Nacional de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana a informar sobre el fideicomiso 56342/FID/III/06, relativo al fondo de reserva de la empresa de seguros La República, a cargo del diputado Rolando Rivero Rivero , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Gobernador del estado de Tamaulipas a cumplir lo establecido en la Ley de Aguas de dicha entidad, a cargo del diputado Luis Alonso Mejía García , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de la Semarnat y de la Conagua, realice un análisis sobre la pertinencia de instalar nuevas estaciones de medición de temperatura en las zonas urbanas de los municipios de la región Huasteca de San Luis Potosí, a cargo del diputado David Lara Compean, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita al titular de Capufe que incluya el municipio de Ecatepec, estado de México en el programa Vecinos Residentes a una plaza de cobro de San Cristóbal de la autopista México-Pachuca, a cargo del diputado Salvador Ruiz Sánchez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las Comisiones de Estudios Legislativos y de Energía de la Cámara de Senadores a considerar, en la dictaminación de las iniciativas de reforma petrolera, la opinión de las asociaciones o colegios de profesionistas y técnicos registrados ante la SEP del ramo correspondiente para el nombramiento de los integrantes profesionales del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos; y a tomar en cuenta la creación del Comité de Tecnología Mexicana e Investigación de Pemex y el Comité de Desarrollo del Capital Humano Mexicano, suscrito por los diputados Alfonso Izquierdo Bustamante y José Ascensión Orihuela Barcenas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Semarnat a expedir una NOM para la prevención de la contaminación del ambiente marino con agua de lastre de los buques, a cargo del diputado Marco Antonio Peyrot Solís , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP a modificar e incorporar, que en coordinación con la Conaliteg el tema migratorio en los contenidos de los libros de texto gratuitos de nivel básico, a cargo del diputado Alberto Amaro Corona , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhortar al titular del Poder Ejecutivo a declarar el 11 de octubre de cada año como Día Nacional del Talento y la Innovación Tecnológica, a cargo del diputado Javier Zambrano Elizondo , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, relativo a los derechos de los ejidatarios de Huizopa, Chihuahua, suscrito por diversos diputados del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del Ejecutivo federal a implantar, a través de sus dependencias, una estrategia para otorgar apoyos y convertir en lugar turístico el municipio de San Pedro de la Cueva, Sonora, a cargo del diputado José Inés Palafox Núñez , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al INEGI a incluir en los censos y conteos de población y vivienda preguntas conducentes a contabilizar a las personas afromexicanas, a cargo del diputado Joaquín de los Santos Molina , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Junta de Gobierno de Luz y Fuerza del Centro y a la CFE información referente a las pérdidas no técnicas o por el hurto de energía, a cargo del diputado Javier Martín Zambrano Elizondo , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, de la STPS y de la SHCP a otorgar un aumento de emergencia a los sueldos mínimos generales, contractuales y de los trabajadores al servicio del Estado, a cargo del diputado José Antonio Almazán González , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a realizar, a través de la SCT y de Capufe, los trámites necesarios para permitir a los viajeros inscritos en el Programa Red Electrónica Segura para la Inspección Rápida de Viajeros el cruce en los puertos fronterizos, a cargo del diputado Carlos Alberto García González , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a informar a esta soberanía sobre la estructura orgánica, los elementos normativos y la metodología con que se ejecutarán los acuerdos establecidos con el gobierno de Estados Unidos de América en el marco de la llamada iniciativa Mérida, a cargo del diputado Armando Barreiro Pérez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a emitir un decreto que otorgue un periodo de suspensión de seis meses del pago de las obligaciones fiscales derivadas del ISR y del Impac, así como el subsidio en las tarifas eléctricas para los habitantes de la zona afectada por inundaciones en el sur de Veracruz, a cargo del diputado Robinson Uscanga Cruz , del Grupo Parlamentario Convergencia. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, relativo al conflicto magisterial en el estado de Morelos, a cargo del diputado Abundio Peregrino García , del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta Ejecutivo federal a fortalecer, a través de las instancias competentes, las acciones y estrategias de impacto y visibilidad del Programa Nacional Escuela Segura y a reforzar la prevención y el control de las adicciones en las escuelas, a cargo de la diputada Mónica Arriola, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la titular de la SEP a incluir en su estructura el Programa de Escuelas de Tiempo Completo, así como brindar un informe de resultados sobre éste para valorar su desempeño, cumplimiento de metas y el uso de los recursos públicos, a cargo de la diputada Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez , del Grupo Parlamentario Alternativa. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Salud, para que atienda gratuitamente a las personas que padecen ludopatía o adicción al juego, a cargo del diputado Marco Heriberto Orozco Ruiz Velasco, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la ASF que realice una auditoría especial a los recursos sin ejercer del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes en el periodo 2004 a 2008, en especial los asignados a ciudades patrimonio mundial, suscrito por los diputados Aurora Cervantes Rodríguez y Alfonso Suárez del Real y Aguilera, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las autoridades competentes a construir el tramo carretero Ahuateno-Tecomate-Tlacolula, en Chicontepec, Veracruz, a cargo del diputado José Manuel del Río Virgen , del Grupo Parlamentario Convergencia. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de la Reforma Agraria a llevar a cabo acciones para solucionar los conflictos agrarios en varios ejidos de Chiapas, a cargo del diputado Fernel Arturo Gálvez Rodríguez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios a determinar si los suministros para diálisis proporcionados por la empresa Laboratorios Pisa, SA de CV, representan un riesgo para la salud humana, a cargo del diputado José Luis Aguilera Rico , del Grupo Parlamentario Convergencia. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob, a los titulares de los ejecutivos estatales, al jefe de Gobierno del Distrito Federal, a los Congresos locales, a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a las dirigencias nacionales de los partidos políticos y a los grupos parlamentarios del Congreso de la Unión a establecer los procedimientos óptimos para que los mexicanos en el extranjero ejerzan su derecho al voto en las elecciones para gobernadores y jefe de Gobierno de la capital del país, a cargo del diputado Alberto Amaro Corona , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al IMSS a abstenerse de comprar los suministros para diálisis proporcionados por la empresa Laboratorios PISA, SA de CV, a cargo del diputado José Luis Aguilera Rico , del Grupo Parlamentario Convergencia. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, para que comparezcan ante las Comisiones de Derechos Humanos, y Especial de seguimiento a las agresiones a periodistas y medios de comunicación de esta soberanía el Subprocurador de Derechos Humanos, Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad, y el titular de la Fiscalía Especial para la atención de Delitos cometidos contra Periodistas, ambos de la PGR, así como el quinto visitador general de la CNDH, a fin de que expliquen la emisión y cumplimiento de la recomendación 50/2008; suscrita por los diputados Aleida Alavez Ruiz , Daisy Selene Hernández Gaytán , Joaquín Conrado de los Santos Molina y Gerardo Priego Tapia , de los Grupos Parlamentarios de los Partidos de la Revolución Democrática y Acción Nacional, respectivamente. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, relativo a la implantación de un plan de ayuda emergente para las víctimas de las tormentas suscitadas en Tabasco y Veracruz, a cargo del Rafael Elías Sánchez Cabrales , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)
Efemérides
Relativa a la conmemoración del 184 aniversario de la decisión libre, soberana y democrática del pueblo chiapaneco para sumarse al pacto federal mexicano, por celebrarse el 14 de septiembre, a cargo de los diputados Martín Ramos Castellanos y Martha Cecilia Díaz Gordillo , de los Grupos Parlamentarios de los Partidos de la Revolución Democrática y Acción Nacional, respectivamente.
Relativa al aniversario de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Relativa al cuadragésimo octavo aniversario de la nacionalización de la industria eléctrica, por celebrarse el 27 de septiembre, a cargo del diputado José Antonio Almazán González , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Relativa al Día Mundial del Linfoma, por celebrarse el 15 de septiembre, a cargo de la diputada Josefina Salinas Pérez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Relativa al Día Mundial del Derecho de Acceso a la Información Pública, por celebrarse el 28 de septiembre, a cargo del diputado Joaquín de los Santos Molina , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Relativa al Día Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales, a cargo del diputado Fernando Enrique Mayans Canabal , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Relativa a la conmemoración del 34 aniversario del estado de Quintana Roo, a cargo del diputado Eduardo Espinosa Abuxapqui , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Relativa a los Mártires de Uruapan, suscrita por los diputados Concepción Ojeda Hernández y Fausto Fluvio Mendoza Maldonado , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Relativa al aniversario luctuoso del general Lázaro Cárdenas, a cargo del diputado Érick López Barriga, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Relativa al 194 aniversario de los constituyentes de Apatzingán, a cargo del diputado Érick López Barriga, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.»
ACTA DE LA SESION ANTERIOR
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior.
Pido a la Secretaría que consulte a la asamblea si se dispensa la lectura del acta, tomando en cuenta que ésta ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.
La Secretaria diputada Rosa Elia Romero Guzmán : Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.
Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.
«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el martes veintiuno de octubre de dos mil ocho, correspondiente al Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Tercer Año de Ejercicio de la Sexagésima Legislatura.
Presidencia del diputado César Duarte Jáquez
En el Palacio Legislativo de San Lázaro en la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con la asistencia de 344 diputados, a las 11 horas con 44 minutos del martes 21 de octubre de 2008, el Presidente declara abierta la sesión.
En sendas votaciones económicas, la asamblea dispensa la lectura del orden del día y del acta de la sesión anterior, y aprueba esta última.
Se reciben contestaciones a puntos de acuerdo aprobados en la Cámara de Diputados de los Congresos de los estados de:
La Junta de Coordinación Política, pone a consideración de la asamblea:
En votación económica, la asamblea aprueba los cambios solicitados.
De enterado.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, remite información relativa al pago de las participaciones a las entidades federativas correspondiente a septiembre de 2008, de-sagregada por tipo de fondo. Se remite a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
La Cámara de Senadores remite:
Minutas con proyecto de decreto que:
Minutas con proyecto de decreto que conceden el permiso constitucional necesario a los ciudadanos:
Se turnan a la Comisión de Gobernación.
Se concede el uso de la tribuna para referirse a la conmemoración del voto femenino en México a las diputadas: Mónica Arriola, de Nueva Alianza; María Mercedes Maciel Ortiz , del Partido del Trabajo; Beatriz Manrique Guevara , del Partido Verde Ecologista de México; María del Carmen Salvatori Bronca , de Convergencia; Lourdes Quiñones Canales , del Partido Revolucionario Institucional;
Presidencia de la diputada Martha Hilda González Calderón
Maricela Contreras Julián , del Partido de la Revolución Democrática y María Soledad Limas Frescas , del Partido Acción Nacional.
A las 12 horas con 42 minutos, se instruye el cierre del sistema electrónico de asistencia con un registro de 444 diputados.
Se reciben iniciativas con proyecto de decreto de los diputados:
Se reciben proposiciones con puntos de acuerdo de los diputados:
La Presidencia informa a la asamblea que se turnan a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública las siguientes proposiciones con punto de acuerdo, para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009, se destinen recursos a:
Se recibe de la diputada Lorena Martínez Rodríguez , del Partido Revolucionario Institucional, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, destine recursos a los gobiernos municipales, en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que les permitan atender de manera inmediata la seguridad pública. Se turna a la Comisión de Seguridad Pública.
En votación económica, se dispensa la lectura a los dictámenes con proyecto de decreto de las comisiones de:
a) Derechos Humanos, que:
Adiciona un artículo 11 Bis a la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.
b) Gobernación, que concede permiso a los ciudadanos Jaqueline Michell García Mante, Bernardo Rodríguez Romero, Blanca Alicia Mendiola González, Jasia Yamina Esquivel Miranda, Viridiana Hernández Rodríguez, Joaquín Fernando González Fisher y Alejandro Alberto Yñigo Meza, para prestar servicios en los Consulados de los Estados Unidos de América en Nuevo Laredo, Tamaulipas y en Tijuana, Baja California, respectivamente.
Quedan de primera lectura.
En sendas votaciones económicas, la asamblea dispensa la lectura de los dictámenes con proyecto de decreto de las comisiones de:
Presidencia del diputado César Duarte Jáquez
El Presidente declara aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto de referencia, por 326 votos en pro y 8 abstenciones. Pasa al Senado de la República para sus efectos constitucionales.
Presidencia de la diputada Martha Hilda González Calderón
La Presidenta declara aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto de referencia, por 311 votos. Pasa al Senado de la República para sus efectos constitucionales.
Presidencia del diputado César Duarte Jáquez
El Presidente declara aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto de referencia por 331 votos. Pasa al Senado de la República para sus efectos constitucionales.
En votación económica la asamblea autoriza la lectura de los puntos de acuerdo de los dictámenes de las comisiones:
a) De Seguridad Pública, para exhortar al:
b) De Agricultura y Ganadería:
c) De Seguridad Pública:
d) De Recursos Hidráulicos:
e) De Juventud y Deporte, para que se cite a comparecer al maestro Vicente Toledo González, presidente de la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte, y a los otros cuatro titulares de dicho organismo, ante la Comisión de Juventud y Deporte.
f) De Seguridad Pública, por los que se solicita al procurador general de la República, al secretario de Seguridad Pública federal y a los titulares de las Secretarías de Seguridad Pública estatales y del Distrito Federal, para que analicen la procedencia de establecer procedimientos más estrictos de incorporación de los elementos a los cuerpos de seguridad pública en todos los niveles, tendente a garantizar la legalidad e integridad de las instituciones de seguridad pública.
g) De Derechos Humanos:
h) Unidas de Gobernación, y de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios relativos al proyecto de normas para el funcionamiento de las estaciones migratorias del Instituto Nacional de Migración, con el fin de respetar los derechos fundamentales de los trabajadores migrantes y sus familias.
i) De Seguridad Pública, por el que solicita al secretario de Seguridad Pública federal y al procurador general de la República, a que informen sobre las bases legales que sustentan la unificación de la Policía Federal Preventiva y la Agencia Federal de Investigaciones, de la creación de un nuevo cuerpo federal de policía, así como de las particularidades operativas, administrativas y de carácter estructural de éste.
j) De Derechos Humanos, para exhortar al titular del Ejecutivo de Tabasco, a acatar la recomendación emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos el 27 de diciembre de 2006.
En votación económica, se aprueban en conjunto. Comuníquense.
La Secretaría de Gobernación remite iniciativas con proyecto de decreto, suscritas por el titular del Poder Ejecutivo federal, que expiden la:
Se ponen a consideración de la asamblea solicitudes de la Junta de Coordinación Política por las que se propone
El Presidente clausura la sesión a las 15 horas con 21 minutos y cita para la próxima que tendrá lugar el jueves 23 de octubre de 2008 a las 11:00 horas.»
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.
La Secretaria diputada Rosa Elia Romero Guzmán : Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.
Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Aprobada el acta. Continúe la Secretaría con comunicaciones.
SECRETARIA DE CULTURA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
El Secretario diputado José Manuel del Río Virgen : «Diputados Secretarios de la honorable Cámara de Diputados.--- Presentes.
La Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal ha programado la ceremonia cívica conmemorativa del 191 aniversario luctuoso del general Pedro Moreno González el próximo 27 de octubre a las 10:00 horas, en la Columna de la Independencia, situada en Paseo de la Reforma y, Río Tiber, delegación Cuauhtémoc.
Por lo anterior, me permito solicitar a ustedes los nombres de los diputados de esa honorable Cámara que asistirán a la ceremonia de referencia.
Agradezco las atenciones que se sirvan prestar a la presente y les reitero las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Para asistir en representación de la Cámara se designa a la siguiente diputada y los siguientes diputados: María Beatriz Pagés Llergo Rebollar, Christian Martín Lujano Nicolás, Alfonso Suárez del Real y Aguilera y Armando Barreiro Pérez. Continúe la Secretaría.
PRESUPUESTO DE EGRESOS, 2009
El Secretario diputado José Manuel del Río Virgen : «Escudo del Estado de Coahuila.
Diputado César Duarte Jáquez, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.
La Junta de Gobierno de Coahuila de Zaragoza, acordó hacer del conocimiento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, un planteamiento formulado por los integrantes de la Comisión de Turismo del propio Congreso del estado, en los siguientes términos:
``Que esta soberanía envíe una atenta solicitud a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, para que al momento de estudiar y aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009, considere aumentar en un cien por ciento el monto de la partida que se destinará para el sector turístico''.
En virtud de lo señalado y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 254 de la Ley Orgánica este Congreso, se comunica a usted lo anterior, para su consideración y los efectos que se estimen procedentes.
Sin otro particular, protestamos a usted las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
ESTADO DE HIDALGO
El Secretario diputado José Manuel del Río Virgen : «Escudo.--- Poder Legislativo.--- Gobierno del Estado de Hidalgo.
Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.--- Presentes.
Los diputados integrantes de la Primera Comisión Permanente de Asuntos Indígenas de la Sexagésima Legislatura emitieron informe referente al oficio D.G.P.L. 60-II-1-1692, de fecha 2 de septiembre del año en curso, enviado por ustedes, comunicando punto de acuerdo, por medio del cual se exhorta a los congresos de los estados de la federación, así como a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a legislar en materia indígena y demás instrumentos jurídicos en que se reconozcan los derechos de los pueblos indígenas, mismo que fue leído en sesión ordinaria de esta fecha, del cual les estoy enviando copia, en suplencia de la Secretaría, para su conocimiento y efectos.
Sin otro particular por el momento, les reitero las seguridades de mi consideración distinguida.
Primera Comisión Permanente de Asuntos Indígenas de la Sexagésima Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo
Honorable Asamblea:
A los ciudadanos diputados integrantes de la Primera Comisión Permanente de Asuntos Indígenas, en sesión ordinaria de fecha 11 de septiembre de 2008, nos fue turnado el escrito enviado por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para los efectos procedentes, por lo que con fundamento en los artículos 76, 78 fracción XVIII y 86, 89 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Hidalgo, nos permitimos rea-lizar el presente estudio con base en el siguiente:
Antecedente
Único. En sesión ordinaria de fecha 11 de septiembre de 2008, nos fue turnado el oficio D.G.P.L. 60-II-1-1692, de fecha 2 de septiembre del año en curso, enviado por la Cámara de Diputados del congreso de la Unión, comunicando punto de acuerdo, por medio del cual se exhorta a los congresos de los estados de la federación, así como a la Asamblea Legislativo del Distrito Federal, a legislar en materia indígena y demás instrumentos jurídicos en que se reconozcan los derechos de los pueblos indígenas;
Por lo que, con fundamento en lo que establece el artículo 90 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Hidalgo, la comisión que suscribe presenta el siguiente
Informe
Primero. Se hace del conocimiento de la Cámara de Diputados del Congreso de a Unión que este Congreso, consciente de que Hidalgo es un estado con un alto índice de población indígena, aprobó una reforma a la Constitución Política del Estado de Hidalgo adicionando un octavo párrafo al artículo 5, que a la letra dice: ``...El estado de Hidalgo tiene una composición pluricultural y reconoce los derechos a preservar la forma de vida y el bienestar y de-sarrollo de los grupos sociales de culturas autóctonas, dentro de sus propios patrones de conducta, en cuanto no contraríen normas de orden público, así como a que se consideren tales rasgos culturales en la justipreciación de los hechos en que participen mediante criterios de equidad. La ley protegerá y promoverá el desarrollo de las lenguas, usos, costumbres, recursos y formas específicas de organización social de las diversas comunidades que lo integran y garantizará a sus componentes el efectivo acceso a la jurisdicción del Estado. Los poderes del Estado, en el ámbito de sus respectivas competencias, tomarán en cuenta las prácticas y las costumbres jurídicas de las comunidades indígenas en los términos que las propias leyes establezcan''.
Segundo. Asimismo en este Congreso del estado de Hidalgo se encuentra en estudio y análisis la iniciativa de Ley de Derechos y Cultura y Organización de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, que establece y reconoce expresamente la composición pluricultural de la entidad, sustentada en la diversidad de los pueblos y comunidades indígenas del estado de Hidalgo, conteniendo principios básicos, como lo es el derecho a vivir en paz y el de otorgar seguridad como culturas diferenciadas, libres de cualquier forma de discriminación, considerando importante legislar en materia de derechos plenos de los pueblos y comunidades indígenas, por lo que el asunto en comento ha quedado sin materia.
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Remítase a la Comisión de Asuntos Indígenas, para su conocimiento.
PRESUPUESTO DE EGRESOS, 2009
El Secretario diputado José Manuel del Río Virgen : «Escudo.--- Poder Legislativo.--- Gobierno del Estado de Hidalgo.
Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.--- Presentes.
Los diputados integrantes de la Sexagésima Legislatura emitieron acuerdo económico, relativo al planteamiento rea- lizado por el diputado David Reyes Santamaría, con el tema: ``Informe de la Conletur'', que fue aprobado en sesión ordinaria de esta fecha, del cual les estoy enviando copia, en suplencia de la secretaría, para conocimiento y efectos.
Sin otro particular por el momento, le reitero las seguridades de mi consideración distinguida.
Integrantes de la Sexagésima Legislatura del Congreso del estado de Hidalgo.
El suscribe, diputado David Reyes Santamaría, integrante del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional, de la Sexagésima Legislatura del Congreso del estado, en uso de retribución que me confiere el artículo 134, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; y de conformidad con los siguientes
Antecedentes
1. Con fecha 18 de del año curso me hiciera llegar una invitación en mi carácter de presidente de la Comisión de Turismo, para asistir al XVIII Congreso Nacional de Legisladores de Turismo Conletur, que se llevó a cabo en la Ciudad de Puerto Vallarta, estado de Jalisco, del 2 al 4 de octubre, contando con la existencia de 23 diputados de 32 integramos la Conletur, participando ponentes expertos en el área turística, tales como licenciado Alejandro Moreno Medina, subsecretario de Operación Turística del gobierno federal; licenciado Miguel Torruco Márquez, presidente de la Confederación Nacional Turística; Francisco Dávila, diputado federal, secretario de la Comisión de Turismo; excelentísimo José Ignacio Korzeniak, embajador de la República Oriental de Uruguay; licenciado Rubén Fernández Mere, subdirector general de Fonatur, entre otros, con temas como ``la visión del sector turismo'', ``retos del turismo'' y ``Presupuesto'', por mencionar algunos, adquiriendo los siguientes acuerdos:
Primero. Se envió un respetuoso exhorto al titular del Ejecutivo federal, firmado por los integrantes de Conletur, solicitando que el momento de estudiar y enviar el Presupuesto de Egresos de la Federación de a la Cámara de Diputados para el Ejercicio Fiscal del año 2009, se asigne el doble del monto de la partida aprobada por el Ejercicio Fiscal del presente año, al sector turismo.
Segundo. Los 32 diputados presidentes de las Comisiones de Turismo del país enviaremos un respetuoso exhorto al Congreso de la Unión, previo acuerdo y aprobación de nuestras Legislaturas, para solicitarles en los términos precisados, al Ejecutivo federal; y
Considerando
Primero. Que el sector turístico la economía de nuestro país, es de indudable importancia, pues hoy en día es la tercera fuente productora de sus ingresos, en un renglón aún más provechoso que la industria petrolera, ya que genera 10 veces más empleo que ésta, se ha mantenido como uno de los motores fuertes de impulso en el desarrollo de nuestra economía pues México recibe alrededor de $88 mil millones de dólares en ingresos por turismo, esto es, 13 mil millones de dólares por concepto de divisas de visitantes internacionales sumados a los $75 mil millones de dólares generados por turismo nacional.
Así pues, a pesar de que el escenario económico internacional atraviesa una etapa difícil en esta materia, debido a los problemas que afectan a la aeronáutica ocasionados por la desaceleración económica de los Estados Unidos, la actividad turística nuestro país se ha mantenido e incluso aumentado por lo que se mantiene como destino turístico líder en América Latina, lo anterior podemos confirmarlo tomando en cuenta los resultados y cifras del primer semestre de este año, que nos muestran un incremento de 17 por ciento de lo captado en el periodo igual que el año pasado.
Segundo. Que es importante seguir impulsando el turismo como una opción real y objetiva para nuestro desarrollo social y económico, así que reconocemos ampliamente el interés manifiesto en asignar más recursos al sector turístico por parte del gobierno federal, de igual forma la participación del honorable Congreso de la Unión en la aprobación del proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del presente año, en el que se contemplo una importante incremento para el turismo pues aumentó de mil 2.7 millones de pesos, 2 mil 927.6 millones de pesos que después de las respectivas ampliaciones y reasignaciones se aprobó un gasto total de 3 mil 382.4 millones de pesos.
Esto, según la información entregada por el Secretario de Turismo del gobierno federal, durante su comparecencia en días pasados ante la Comisión del Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara del honorable Congreso de la Unión, sobre las diversas acciones presupuestales de la dependencia, manifestó que el recurso ejercido en los primeros seis meses del año fue de 2 mil 157 millones de pesos, del cual el 90 por ciento de estos recursos han sido asignados a las entidades del sector, Estados y Municipios, ya que son quienes requieren mayor apoyo para renovar, variar e impulsar esta actividad generadora de empleo y desarrollo.
Tercero. Que por otra parte, cerca cristalizó al Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), organismo responsable de la planeación, desarrollo y promoción de los proyectos turísticos sustentables de impacto nacional, crea-do para el fomento y capacitación del sector, además se está poniendo en marcha la apertura de nuevos puntos y corredores turísticos no sólo en destinos de playa sin hacia diversas zonas alternativas al interior del país para el desa-rrollo de los productos turísticos, pues se han insistido en la importancia de diversificar y multiplicar la oferta turística de la nación.
Cuarto. Que como ya se comentó con anterioridad, la mala situación económica del país del norte puede traer repercusiones negativas al turismo, por lo que a partir de este segundo semestre del año se incrementaron varias acciones para contrarrestar dichos efectos, tal operación consiste en términos muy generales, en el lanzamiento de una campaña publicitaria intensa en los dos países, el ofrecimiento en las fronteras de tours por el interior del país, además un portal en Internet que concentre toda la oferta turística de México en el que puedan planear, reservar y pagar sus viajes con total garantía y seguridad, así también se trabaja en el mejoramiento de aeropuertos para ofrecer mejor servicio a los usuarios.
Quinto. Que en resumen, México cuenta con importantes ventajas para el desarrollo de esta actividad, como con su ubicación geográfica cercana a Estados Unidos y Canadá y la localización de algunos de sus puertos en la zona del Caribe, así como sus riquezas naturales, culturales y gastronómicas, por lo que ofertando productos de calidad, competitivos para atraer a los turistas y sumando esfuerzos para capacitar a los municipios a manejar en forma adecuada el ascendente número de visitantes y los mecanismo para hacer llegar los beneficios a sus comunidades, podremos obtener resultados muy favorables, aún más de los que hasta hoy hemos alcanzado.
Sexto. Que es por ello que consideramos oportuno que esta asamblea representativa se una en la búsqueda de soluciones y nuevas alternativas para el sector turístico, pues es nuestro deber invertir en el desarrollo y planificación de acciones para el turismo en nuestra nación.
Séptimo. Que, de igual forma, sabedores de la crisis mundial y máxime la del país vecino de norte, seguramente se quedarán sin trabajo muchos de nuestros conciudadanos que se encuentran en aquel país, vayamos pues generando las condiciones para su regreso y démosles a través del turismo, la oportunidad de obtener un empleo en esta industria que no contamina y tenerlos de regreso con sus familias y más aun lograr que nuestros hermanos no sigan emigrando a aquel país, buscando oportunidades de trabajo y que muchas de las veces pierden hasta la propia vida por intentarlo.
Octavo. Que por tal motivo y con fundamento en el artículo 136 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, me permito solicitar la votación de este acuerdo económico, en esta misma sesión, debido a que el titular del Poder Ejecutivo ya envío la propuesta del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2009 y el tiempo apremia.
En base a lo expuesto y con fundamento en lo que establecen los artículos 55 de la Constitución Política del Estado y 133, 134, 135, 137, 138, y 139 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, me permito someter a su consideración el siguiente:
Acuerdo Económico
Primero. Los ciudadanos diputados integrantes de la Sexagésima Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, exhortamos a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, para que al momento de estudiar y aprobar en su caso, el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009 se asigne el doble del monto de la partida aprobada para el ejercicio fiscal del presente año, al sector turístico, en el entendido que de aprobarse dicho incremento, venga debidamente etiquetado para su pronta aplicación.
Segundo. A efecto de lo anterior, gírese oficio a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, anexando copia de este documento, para los efectos precisados.
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Asamblea Legislativa del Distrito Federal.--- IV Legislatura.
Diputado César Horacio Duarte Jáquez , Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presente.
Por este conducto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 42 fracción XXV del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 10 fracción XXI, 36 fracciones V y XX de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, me permito hacer de su conocimiento que el pleno de la asamblea legislativa del Distrito Federal, en sesión celebrada en la fecha citada al rubro, resolvió aprobar el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. Se solicita respetuosamente a la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, la inclusión en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2009, de los recursos necesarios para llevar a cabo los estudios técnicos y las obras para la ampliación de la línea B a la estación Colegio Militar de la línea 2 del mismo sistema, recursos que deberán quedar debidamente etiquetados en el ramo 23, dentro del Fondo Metropolitano de Impacto Ambiental en el Valle de México.
Lo anterior para los efectos correspondientes, anexo al presente sírvase encontrar copia del punto de acuerdo en comento.
Sin otro particular, reitero a usted mi consideración distinguida.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Asamblea Legislativa del Distrito Federal.--- IV Legislatura.
Diputado Martín Carlos Olavarrieta Maldonado, Presidente de la Mesa Directiva de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, IV Legislatura.--- Presente.
Fernando Espino Arévalo, diputado de la IV Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, como integrante del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, con fundamento en el artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo, por medio del cual la Asamblea Legislativa del Distrito Federal emite un atento exhorto a la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para que asigne los recursos necesarios para llevar a cabo la ampliación de la línea B del Sistema de Transporte Colectivo Metro, de acuerdo a la siguiente
Exposición de Motivos
El Anáhuac era la región más transparente y poseedora del cielo más azul. Esta afirmación romántica responde a una característica geográfica auténtica, pues era un valle lacustre de extraordinaria belleza que sedujo a primera vista a todos aquellos que lograron divisarlo.
Esto también hipnotizó a las tribus de Tenoch quienes encontraron en un islote el cumplimiento de su profecía, fundando aquí la omnipotente ciudad de Tenochtitlán, la más grande, la más poblada y la más hermosa.
Esta grandeza también tenía sus bemoles, pues al tener una de las poblaciones más grandes de Mesoamérica e incluso de varias ciudades europeas, tenía que resolver las necesidades de sus pobladores como vías de acceso desde los diferentes puntos de la región, seguridad, recolección de basura, etc., etc.
Sin embargo, esta condición desde entonces y hasta nuestros días no ha cambiado, pues la ciudad sigue teniendo una de las poblaciones más grandes del mundo y en consecuencia también varios de los problemas de antaño.
Desafortunadamente el incremento que la población ha registrado de manera desordenada, hacia los municipios conurbados del Estado de México, borrando con ello cualquier límite posible. Lo que ha dado origen a la mancha urbana conocida como zona metropolitana del valle de México (ZMVM), que tiene una superficie cercana a los cinco mil kilómetros cuadrados, en donde habitan más de 20 millones de personas, que continuamente demandan mejores servicios públicos al Estado.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), en dicha zona se registran 36 millones de viajes, de los cuales se estima que el 56.6 por ciento son en el Distrito Federal, mientras que el 22.9 por ciento se efectúan en los municipios conurbados del Estado de México.
Es de notar que la población que se traslada del Distrito Federal al Estado de México y viceversa, se calcula en 4 millones de personas, que representan un 20.5 por ciento de los viajes metropolitanos por día, cifra por demás impactante si consideramos la pobre calidad en la infraestructura urbana de la región, ocasionando, en consecuencia, congestionamientos viales y contaminación ambiental con graves alcances.
Específicamente, en el caso de la región norte de la ZMVM los problemas y riesgos que las delegaciones Cuauhtémoc y Azcapotzalco del Distrito Federal, y los municipios conurbados de Tlalnepantla, Tultitlán, Cuautitlán y Cuautitlan Izcalli del Estado de México, que en suma cuentan con cuatro millones de personas son innumerables, por las características geográficas, demográficas y la mala calidad de los servicios público, sobre todo aquellos relacionados al transporte público.
Para dar respuesta a la problemática de la región, derivado de diversos estudios se llegó a la conclusión de que se requiere la construcción de medios de transporte masivo, que además de no emitir contaminantes fueran suficientes, cómodos y seguros, circunstancia que dio lugar a la creación del Plan de ferrocarriles suburbanos para zona metropolitana, lo que se puso en práctica con la construcción de la primera línea que inicia operaciones en julio de 2008, cubriendo la ruta Buenavista-Cuautitlán, trayecto en el cual se busca atender a más de 100 millones de usuarios al año.
Estas obras traerán múltiples beneficios dentro de los que destacan la disminución de horas-hombre perdidas en el tráfico, ahorro en los costos de traslado y mejoramiento en las condiciones ambientales.
Estos beneficios abarcarán no sólo a los municipios de Tlalnepantla, Tultitlán, Cuautitlán y Cuautitlán Izcalli, del Estado de México, y las delegaciones Cuauhtémoc y Azcapotzalco, del Distrito Federal, sino que su impacto abarcará a toda la ZMVM.
En la primera etapa la longitud de la primera línea contempla 27 kilómetros, cuyo recorrido se efectúa en 23 minutos. Está integrado por cinco estaciones de paso ubicadas en Tultitlán, Lechería, San Rafael, Tlanepantla y Fortuna. A su vez, cuenta con dos terminales, una en Cuautitlán y otra en Buenavista.
La frecuencia para el arribo de los trenes es de seis minutos en las horas pico, con tarifas de 4.14 y 9.49 pesos, para recorridos cortos y largos, respectivamente. Cada tren esta compuesto de ocho carros con capacidad para transportar a 2 mil 224 personas.
Con este proyecto se pretende controlar los niveles de contaminación que generan los vehículos particulares, ya que representan el 50 por cineto de las emisiones del sector transportes, reducir los congestionamientos viales, los accidentes vehiculares y estimular el crecimiento y desarrollo económico de la región norte de la ZMVM.
Cabe agregar, que la ruta del ferrocarril suburbano estará interconectada con el Metro, a través de la estación Fortuna y la terminal Buenavista de aquel, así como con la estación Ferrería de la línea 6 y la terminal Buenavista de la línea B del Metro, respectivamente.
Es de notar que la línea B tiene el cuarto lugar de afluencia en el Metro, con 121 millones 413 mil 107 usuarios transportados al año (2006), lo que implica que con el funcionamiento del ferrocarril suburbano, que se tiene previsto que atienda a 100 millones de usuarios al año, la estación de correspondencia entre ambos sistemas de transporte, Buenavista, concentrará a miles de pasajeros por día, lo que se podría convertir en un caos en el traslado de las mismas, degradando las condiciones de seguridad y calidad del servicio.
Esto se vuelve aun más preocupante si consideramos que la línea B está incrementando su capacidad en un 1.9 por ciento de usuarios al año, por lo que, de resolverse este problema se evitará un cuello de botella, con efectos contraproducentes.
Por tal motivo, con esta propuesta planteamos la necesidad de realizar la ampliación de la línea B del Metro, de tal forma que la estación Buenavista pueda ser interconectada con la estación Colegio Militar de la línea 2, para brindarle a los usuarios otras opciones de traslado hacia Cuatro Caminos o, en sentido contrario, hacia el centro y sur de la ciudad.
La ampliación sugerida obedece al comportamiento que ha registrado la línea 2 del Metro, pues ha mostrado un decremento anual del 3.2 por ciento en el traslado de pasajeros, lo que se compensa en el incremento de pasajeros del ferrocarril suburbano, aliviando la enorme demanda que enfrenta la línea B. Además, este proyecto se encuentra previsto en el Plan maestro del Metro y trenes ligeros del Gobierno del Distrito Federal.
Bajo estas premisas, el ferrocarril suburbano garantizaría a los pasajeros, mayores opciones de transbordo con las líneas del Metro, facilitando la distribución de su demanda de transportación de forma ordenada y cómoda.
Con esta propuesta, los 332 mil 639 usuarios que diariamente utilizan la línea B del Metro, aunados a los 320 mil que, se estima, transporta el ferrocarril suburbano, podrán elegir la ruta que más les convenga, tanto en términos de ahorro de tiempo como de dinero.
El Plan maestro del Metro y trenes ligeros del Gobierno del Distrito Federal, versión 1996, establece que las investigaciones y estudios técnicos los deberán realizar empresas y profesionales especializados, con los que contamos, y que avalan lo antes solicitado.
No omito comentar que la propuesta que se plantea obedece y tiene un impacto y carácter eminentemente metropolitano, en razón de que a partir del año 2006 fue reactivada la Comisión Ejecutiva de Coordinación Metropolitana, y es el Congreso de la Unión el responsable de asignar los recursos para que se ejecuten las obras que tengan ese carácter; hecho que nos lleva a solicitar a la honorable Cámara de Diputados que se analice y evalúe, en sus méritos, la necesidad de realizar la ampliación de la línea B de Sistema de Transporte Colectivo Metro, para mitigar el impacto de una gran obra metropolitana como lo es el ferrocarril suburbano.
Por lo expuesto y fundamentado en los preceptos legales invocados, el suscrito diputado Fernando Espino Arévalo, como integrante del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, somete a la consideración del Pleno de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo por medio del cual Asamblea Legislativa del Distrito Federal emite un atento exhorto a la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para que asigne los recursos necesarios para llevar a cabo la ampliación de la línea B del Sistema de Transporte Colectivo Metro, para lo cual se emite el siguiente
Acuerdo
Único. Que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal respetuosamente solicite a la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, la inclusión, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2009, de los recursos necesarios, para llevar a cabo los estudios técnicos y las obras para la ampliación de la línea B del Sistema de Transporte Colectivo Metro, de la estación Buenavista de la línea B a la estación Colegio Militar de la línea 2 del mismo sistema, recursos que deberán quedar debidamente etiquetados en el ramo 23, dentro del Fondo Metropolitano de Impacto Ambiental en el Valle de México.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Asamblea Legislativa del Distrito Federal.--- IV Legislatura.
Diputado César Duarte Jáquez, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.--- Presente.
Por este conducto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 42 fracción XXV del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 10 fracción XXI, 36 fracciones V y XX de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, me permito hacer de su conocimiento que el Pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en sesión celebrada en la fecha citada al rubro, resolvió aprobar el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se hace un atento exhorto a la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para que, en el pleno uso de sus atribuciones, asigne en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009, los recursos necesarios dentro del Fondo Metropolitano de Proyectos de Impacto Ambiental en el Valle de México, para la ampliación de la Línea 3 del Sistema de Transporte Colectivo Metro, de Indios Verdes al municipio de Ecatepec, en el estado de México; proyecto en el que se deberá considerar la construcción de un Centro de Transferencia Modal en la estación terminal.
Lo anterior para los efectos correspondientes, anexo al presente sírvase encontrar copia del punto de acuerdo en comento.
Sin otro particular, reitero a usted mi consideración distinguida.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Asamblea Legislativa del Distrito Federal.--- IV Legislatura.
Diputado Martín Carlos Olavarrieta Maldonado, Presidente de la Mesa Directiva de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal de la IV Legislatura.--- Presente
Fernando Espino Arévalo, diputado de la IV Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, con fundamento en el artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del Pleno de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo por medio del cual la Asamblea Legislativa del Distrito Federal emita un atento exhorto a la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para que asigne los recursos necesarios para la ampliación de la Línea 3 del Sistema de Transporte Colectivo Metro, de acuerdo a la siguiente
Exposición de Motivos
La Ciudad de México fundada en el año 1356 bajo el nombre de México-Tenochtitlan por los aztecas y desde esa fecha fue la capital, primero del Imperio Mexica, después del Virreinato de la Nueva España, posteriormente del Imperio Mexicano y finalmente de los Estados Unidos Mexicanos.
En este sitio de gran belleza y en la inmensidad de sus lagos, a los que los aztecas ``chinampearon'', metro a metro, hasta convertirla en la reina del Anáhuac y posteriormente en la ciudad que albergó el corazón y cerebro del imperio más extenso y poderoso de Mesoamérica, empresa incomparable en la historia del hombre que evidencia la vocación constructora de los aztecas, se edificaban 78 templos y recintos de gobierno y se dispuso de cuatro accesos cardinales, o calzadas, los primeros ejes viales en la ciudad, construidos sobre los lagos que comunicaban la isla con tierra firme.
Tenochtitlan, capital del Imperio Azteca, hoy Ciudad de México, el centro económico, social, cultural y político del país, que desde esos tiempos tenía una población superior a los 500 mil habitantes, población aun mayor que la de muchas ciudades de España y de Europa, representaba por este motivo muchos problemas por resolver como el transporte de mercancías, control de plagas, etcétera.
Hoy esta ciudad es una mancha urbana comprendida entre el Distrito Federal y el estado de México comúnmente llamada zona metropolitana del valle de México, con un radio de 100 kilómetros que comprende una concentración demográfica de 20 millones de personas, apenas por debajo de Sao Paulo en Brasil y Tokio en Japón, experimenta una gran dinámica socioeconómica que requiere de una acción coordinada de personas e instituciones para enfrentar sus necesidades básicas.
Actualmente, el efecto del acelerado crecimiento de la mancha urbana se ha manifestado de diversas formas, entre otras, la pérdida de millones de horas-hombre que se producen por la falta de una adecuada infraestructura y medios de transporte público, para quienes tienen la necesidad de trasladarse de los municipios conurbados del estado de México hacia el Distrito Federal o a la inversa, por causas diversas, sean éstas de trabajo, negocios, esparcimiento, estudios, entre otros.
Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el Distrito Federal mantendrá su población estable durante los próximos en 20 años, mientras que los municipios conurbados del estado de México duplicarán su población en el mismo periodo, este crecimiento poblacional, necesariamente, deberá de ir acompañado de un incremento en la infraestructura y servicios públicos que el gobierno oferta para todos los habitantes, por lo que hoy deben converger el esfuerzo y apoyo de los tres niveles de gobierno para hacer frente de forma coordinada y planeada, el gran cúmulo de necesidades de la población de la zona referida.
Lo antes expresado adquiere mayor relevancia si se considera que el proceso de urbanización en el estado de México, está definido por factores de índole demográfico y social; lo que ha provocado asentamientos irregulares en zonas no propicias para el desarrollo urbano, que presentan serias deficiencias en cuanto a la infraestructura, equipamiento, servicios, congestionamientos viales y problemas de contaminación ambiental, entre otros muchos.
Este escenario de caos y desorden se ha acrecentado, desafortunadamente, por la inoperancia de los gobiernos de las entidades que colindan tanto al Distrito Federal como al estado de México, pues no han sido capaces de ofertar para sus habitantes oportunidades reales que les permitan desarrollarse y permanecer en sus lugares de origen, lo que ha repercutido en un incremento de los flujos migratorios hacia los grandes conglomerados como la zona metropolitana del valle de México (ZMVM), aparentemente, en ellas van a encontrar mejores condiciones de vida y desarrollo, propiciando irremediablemente un impactado en la vida de los habitantes de este lugar, cuya tendencia está orientada hacia un crecimiento de forma desordenada en los próximos años, derribando cualquier límite territorial entre las entidades que conforman la ZMVM.
Como consecuencia de la necesidad de traslado de los habitantes en los municipios del valle de México y puesto que ésta no está siendo atendida por las instancias responsables, se está manifestando un fenómeno de crecimiento vertiginoso de medios de transporte poco convencionales como los bicitaxis, miles de taxis y colectivos que se adentran al Distrito Federal contribuyendo al caótico tránsito de la capital.
Esta crítica situación del transporte público en la ZMVM, es el resultado de un crecimiento de la población que, como lo hemos venido apuntando, se produce de forma desordenada y exponencial, aunado a la ausencia total de planeación en la materia, situación que debemos corregir en beneficio de una gran cantidad de personas, para lo cual ambas entidades federativas deberán buscar los consensos necesarios a efecto de contar en el corto y mediano plazo con un plan rector de transporte masivo para el área conurbada, con el fin de abatir los índices de contaminación y ofrecer un traslado económico, ágil, eficiente y seguro, para este conglomerado poblacional.
Esta gran explosión demográfica se reflejó en el censo de población del año 2000, donde el estado de México, contaba con más de 13 millones 100 mil habitantes, y para 2005 se suman a esta cantidad 1 millón más, lo que se traduce en un incremento de casi 10 por ciento en 5 años.
Cabe resaltar que son los municipios del estado de México los que mayor crecimiento poblacional tienen a nivel nacional, ya que de acuerdo con el Inegi, del año 2000 al año 2005 llegaron a vivir a ésta entidad 417 mil 413 personas de las diversas regiones del país, de las cuales más del 67 por ciento procedían del Distrito Federal.
Para el año 2010, a nivel metropolitano, se estima una población de 20.2 millones de habitantes, de los que el 57 por ciento estará ubicado en los municipios conurbados del Estado de México y el 43 por ciento restante en el Distrito Federal. La población en el área de influencia regional se estima en 5 millones de personas, lo que suma en la región metropolitana 25.2 millones de habitantes.
La zona norte del Distrito Federal colindante con el estado de México, donde debemos subrayar que existe una de las mayores concentraciones de personas con un ritmo de crecimiento poblacional bastante acelerado, la cual abarca a los municipios de Tlanepantla y Ecatepec como áreas de mayor influencia.
Estos aglutinan a 2 millones 372 mil 066 habitantes, según censo del Inegi del año 2005, con un ritmo de crecimiento del orden de 3.22 por ciento anual, concentrando más del 17 por ciento de los habitantes de los municipios mexiquenses que integran el área metropolitana del valle de México.
La localización geográfica de estos municipios es estratégica, debido a que es paso obligado de personas, bienes y productos provenientes de más de una docena de municipios metropolitanos colindantes del oriente y norte, como Coacalco y Técamac, Texcoco, entre otros.
Con relación a las condiciones ambientales que prevalecen en la región, debemos apuntar que, de acuerdo con los registros del inventario de emisiones contaminantes de los municipios conurbados pertenecientes al estado de México, en el año 2002, las fuentes móviles arrojaron a la atmósfera 1 mil 949 toneladas de bióxido de azufre; 832 mil 806 toneladas de monóxido de carbono y 49 mil 944 toneladas de óxidos de nitrógeno, entre otros, correspondiéndoles de manera específica, a Tlalnepantla y Ecatepec realizar una contribución de entre 946 a 2 mil 994 toneladas de monóxido de carbono; entre 133 a 466 toneladas de los óxidos de nitrógeno y entre 111 a 302 toneladas de bióxido de azufre.
Arrojar ésta gran carga de contaminantes al medio ambiente, deteriora consecuentemente la salud de las personas y sus condiciones de vida, por lo que, mejorar la calidad del aire que respiramos, es uno de los desafíos que más convoca el interés y la preocupación de quienes habitamos en la zona metropolitana del valle de México.
Ante este panorama desolador de altos niveles de contaminación, permanentes congestionamientos vehiculares y una oferta de transporte público muy deteriorado, estamos obligados a buscar otros medios y alternativas que nos permitan solucionar los problemas de este caótico escenario, en virtud de que los transportes de baja capacidad ya demostraron su inoperancia, debemos apostar por aquellas opciones de mediana y alta capacidad para afrontar la gran demanda de transporte en la ZMVM.
Bajo esta premisa debemos decir que el Metro de la Ciudad de México, con creces, ha demostrado ser la solución para el movimiento de grandes conglomerados en el Distrito Federal. Más aún si consideramos la problemática se genera en torno el Centro de Transferencia Modal Indios Verdes, ubicado en la delegación Gustavo A. Madero, al que confluye un parque vehicular diario de 2 mil 898 unidades, con una afluencia de 1 millón de usuarios en un terreno de aproximadamente 108 mil metros cuadrados, el cual desde hace algunos lustros esta siendo sobre explotado por la demanda existente, donde el 98 por ciento del transporte tiene su origen y destino en el estado de México.
Por lo anterior, es inaplazable realizar las acciones necesarias para concretar la ampliación de la Línea 3 del Sistema de Transporte Colectivo Metro, trasladando el actual paradero de Indios Verdes hacia las colindancias entre los municipios de Tlanepantla y Ecatepec en el estado de México, concretamente en la población de Santa Clara, porque es precisamente aquí donde se encuentra el área óptima para la construcción de las vías de garage necesarias para el estacionamiento de los trenes.
No obstante que la ampliación propuesta abarca tan sólo 4.5 kilómetros, su trascendencia e impacto es de gran envergadura, pues al trasladar la terminal de la Línea 3 del Metro, de Indios Verdes a Santa Clara en Ecatepec, se beneficiarían no sólo los sectores más desfavorecidos de la región, sino además disminuirán las emisiones contaminantes al ambiente, se evitaran los congestionamientos vehiculares de las zona de Indios Verdes y se logrará ahorrar millones de horas hombre diariamente.
Finalmente, apuntaremos que el 7 de octubre de 2005 los gobiernos federal, del estado de México y del Distrito Federal signaron un convenio para llevar a cabo la reinstalación de la Comisión Ejecutiva de Coordinación Metropolitana, derivado de lo anterior en diciembre de 2005 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2006, en el cual se autorizó dentro del Ramo 23, recursos por 1 mil millones de pesos moneda nacional, para la creación del Fondo Metropolitano de Proyectos de Impacto Ambiental en el Valle de México, y a esta aportación necesariamente debió corresponder, otras tantas, de parte de ambas entidades federativas, con lo cual el fondo se vio incrementado; debemos recalcar, en este contexto que la propuesta que estamos sometiendo a la consideración de esta soberanía, perfectamente encuadra en los requisitos que se imponen para acceder a los recursos del citado Fondo Metropolitano, pues su gran impacto social y ambiental es más que evidente.
Es necesario comentar que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, aprobó en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para los ejercicios fiscales de 2007 y 2008, una partida presupuestal, para el Fondo Metropolitano recursos con los que ha sido posible realizar importantes obras para beneficio de los habitantes de la región en comento.
Por lo expuesto y fundamentado en los preceptos legales invocados, el suscrito diputado Fernando Espino Arévalo, como integrante del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza del Distrito Federal, somete a la consideración del Pleno de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo por medio del cual la Asamblea Legislativa del Distrito Federal emita un atento exhorto a la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para que asigne los recursos necesarios para la ampliación de la Línea 3 del Sistema de Transporte Colectivo Metro, para lo cual se emite el siguiente
Acuerdo
Único. Que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal emita un atento exhorto a la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para que ésta, en pleno uso de sus atribuciones, asigne en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009, los recursos necesarios dentro del Fondo Metropolitano de Proyectos de Impacto Ambiental en el Valle de México, para la ampliación de la Línea 3 del Sistema de Transporte Colectivo Metro, de Indios Verdes a Ecatepec, en el estado de México; proyecto en el que se deberá considerar la construcción de un centro de transferencia modal en la estación terminal.
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Túrnense a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
ARTICULO 4 CONSTITUCIONAL
El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Asamblea Legislativa del Distrito Federal.--- IV Legislatura.
Diputado César Duarte Jáquez, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presente.
Por este conducto, y con fundamento por lo dispuesto en los artículos 42, fracción XXV, del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 10, fracción XXI, y 36, fracciones V y XX, de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, me permito hacer de su conocimiento que el Pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en sesión celebrada en la fecha citada al rubro, resolvió aprobar el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta respetuosamente a la honorable Congreso de la Unión a reformar el primer párrafo del artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando, para efectos de la materia de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, la siguiente redacción:
Artículo 4. El hombre y la mujer son iguales ante la ley. Ésta protegerá la organización y el desarrollo de la familia. El Estado garantizará el ejercicio de la soberanía, mediante la inclusión de los principios de equidad y perspectiva de género, de manera transversal, a través de acciones afirmativas que garanticen la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, en los ámbitos de competencia de los Ejecutivos, Legislativos y Judiciales, tanto federal como locales.
Lo anterior para los efectos correspondientes; anexo al presente, sírvase encontrar copia del punto de acuerdo en comento.
Sin otro particular, reitero a usted mi consideración distinguida.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Asamblea Legislativa del Distrito Federal.--- IV Legislatura.
Diputado Martín Carlos Olavarrieta Maldonado, Presidente de la Mesa Directiva de Asamblea Legislativa del Distrito Federal de la IV Legislatura.--- Presente.
La suscrita, diputada a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento por lo dispuesto en los artículos 17, fracción VI, de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, y 133 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, somete a consideración de esta soberanía la propuesta con punto de acuerdo para exhortar respetuosamente al Congreso de la Unión a reformar el artículo 4o. constitucional, en materia de igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, conforme a los siguientes
Antecedentes
El 3 de abril de 2007, ante el Pleno de la Asamblea Legislativa, presenté iniciativa de reformas al artículo 4o. constitucional, en materia de igualdad sustantiva entre hombres y mujeres.
Dicha iniciativa fue turnada, para su análisis y discusión, a las Comisiones de Normatividad Legislativa, Estudios y Prácticas Parlamentarias, y de Equidad y Género para la elaboración del dictamen.
Y me permitiré hacer referencia de los principales argumentos vertidos en aquella iniciativa. Jurídicamente, el hombre y la mujer son iguales ante la ley, establece el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; sin embargo, en la realidad no podemos hacer caso omiso que desde la mera concepción del ser humano, hombres y mujeres somos sumamente diferentes.
Biológica, genética, psicosexual y emocionalmente contamos con grandes diferencias unas con otros, por lo que debemos procurar que la igualdad sustantiva que plantea el primer párrafo del artículo 4o. constitucional vaya más allá de una frase discursiva que pretenda establecer criterios de igualdad ante la ley.
La perspectiva y la equidad de género, en recientes fechas, ha sido abordado en diversos foros del ámbito internacional, dando en consecuencia la creación de diversas convenciones y documentos que obligan a los Estados parte a establecer, desde sus más altos y generales marcos jurídicos hasta los más específicos reglamentos operativos de una ley, criterios y principios, a fin de asegurar la creación y la aplicación de políticas públicas, la inclusión y el acceso a oportunidades, tanto a hombres como a mujeres.
La cuarta Conferencia mundial sobre la mujer de Beijín 1995, convocada por la Organización de las Naciones Unidas; la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; la Convención para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer --también conocida como Convención Belem do Pará (Brasil 1994)--, entre otras, hacen referencia a la necesidad de establecer igualdad sustantiva en los marcos legales y políticas públicas de los Estados firmantes.
Hoy día, tanto a nivel federal como a nivel local, han sido creados diversos marcos normativos relativos a la materia, tales como la Ley del Instituto Nacional de la Mujer, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Distrito Federal, la Ley para Prevenir y Erradicar la Discriminación del Distrito Federal, y la reciente Ley de Igualdad Sustantiva para Mujeres y Hombres del Distrito Federal.
Es por ello imperante elevar la materia de equidad de género e igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres, para hacer efectiva la garantía de igualdad, consagrada en el artículo 4o. de nuestra Carta Magna, a rango constitucional.
Uno de los principales factores que ha generado esa distinción entre hombres y mujeres consiste en la teoría planteada por el jurista italiano Luigi Ferrajoli, quien establece que las diferencias no se valorizan ni se desvalorizan, no se tutelan ni se reprimen, no se protegen ni se violan, sino simplemente se les ignora; y, en consecuencia, se ignora a quienes son titulares de dichos derechos y acceso a oportunidades: las mujeres.
No es exclusivo de los hombres el fenómeno de la discriminación hacia la mujer, sino que tanto aquéllos como nosotras somos copartícipes, corresponsables de ella, a través del no ejercicio de esos derechos, a través de la sumisión ante los convencionalismos sociales, a través de la humillación y el descrédito que nosotras mismas generamos.
Por tanto, igualmente es corresponsabilidad y coparticipación de todas y todos generar esos espacios en los que la participación de la mujer funja un papel sumamente importante en los ámbitos, no sólo familiar, sino político, cultural, social y económico.
Aun cuando existen grandes avances a nivel legislativo en la creación de marcos jurídicos que incluyan o generen acciones afirmativas en sí mismo, o en otros textos legales, no es exclusivo ni garante de esa igualdad sustantiva la simple inclusión de ellas en un texto, sino que en la práctica debemos fomentar, proteger y asegurar ese tratamiento igual hacia las mujeres por parte de los hombres y de las mujeres.
Debemos atender a las voces del pasado que abrieron brecha en la incesante lucha por ocupar espacios, por ser escuchadas, por generar evolución en los esquemas sociales y que hoy día transmitieron la estafeta y la responsabilidad a esta generación, para que continuáramos con esa loable labor e hiciéramos lo mismo ante las generaciones próximas.
Las mujeres no sólo desempeñamos ya socialmente el papel de criadora de los hijos, sino que además debemos salir a buscar el sustento de las familias, pues somos cada día más, mayormente partícipes en la vida económica.
Asimismo, en la Asamblea Legislativa hemos aprobado diversas leyes en favor de las mujeres, equiparando el ejercicio de sus derechos a los de los hombres como son la Ley de Igualdad Sustantiva entre Hombres y Mujeres del Distrito Federal, la Ley Marco que Establece los Ejes Rectores de las Políticas Públicas en Favor de las Mujeres, y la Ley para una Vida Libre de Violencia contra las Mujeres para el Distrito Federal, en las que se establecen diversas normas específicas y obligaciones de la administración pública local en protección de los derechos de las mujeres, entre otras.
En la primera se establecen conceptos de suma importancia para entender cómo la ley debe entender la igualdad entre mujeres y hombres, entre los que se encuentran los siguientes:
Conceptos que debieran estar incluidos en nuestro marco normativo constitucional, en la práctica y el ejercicio de los derechos fundamentales, para procurar el avance y evolución de nuestra sociedad y del esquema de pensamiento de sus integrantes.
Conceptos que podemos englobarlos en uno solo; en aquel que refiera, ejecute, obligue y garantice ese acceso de oportunidades, esas herramientas y metodología implícitas y necesarias para ello, esas medidas temporales o perdurables que generen políticas públicas integrales, ese concepto que hoy ocupa el espacio de esta propuesta: equidad de género.
Considerandos
Por lo anteriormente expuesto y fundado, la que suscribe somete a consideración del Pleno de la Asamblea Legislativa, con carácter de urgente y obvia resolución, en términos por lo dispuesto en el artículo 133 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta respetuosamente al honorable Congreso de la Unión a reformar el primer párrafo del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando para efectos de la materia de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres la siguiente redacción:
Artículo 4o. El hombre y la mujer son iguales ante la ley. Ésta protegerá la organización y el desarrollo de la familia. El Estado garantizará el ejercicio de la soberanía, mediante la inclusión de los principios de equidad y perspectiva de género, de manera transversal, a través de acciones afirmativas que garanticen la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, en los ámbitos de competencia de los Ejecutivos, Legislativos y Judiciales, tanto federal como locales.
...
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Remítase a la Comisión de Puntos Constitucionales.
PRESUPUESTO DE EGRESOS, 2009
El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.
Acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, que establece las reglas atinentes a la discusión y votación sobre el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009
Con fundamento en el artículo 38, numeral 1, inciso a) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos se permite someter a la consideración del Pleno el siguiente acuerdo parlamentario que establece las reglas para la discusión y votación relativas al proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009
Considerando
I. Que la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos tiene facultades para establecer las formas que seguirán los debates, discusiones y deliberaciones en las sesiones del Pleno.
II. Que el artículo 74, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que la Cámara de Diputados debe aprobar anualmente, previo examen, discusión y, en su caso, modificación del respectivo proyecto, el Presupuesto de Egresos de la Federación, de tal manera que pueda ejercerse a partir del 1 de enero del año siguiente.
III. Que, con fundamento en el artículo 74, fracción IV, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ejecutivo federal hizo llegar a la Cámara de Diputados, el pasado 8 de septiembre, el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009.
IV. Que en sesión celebrada el 9 de septiembre de 2008 se dio cuenta con el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, y que en sesión de fecha 9 de octubre de 2008, se dio cuenta con documento signado por el licenciado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, mediante el cual somete a la consideración del Congreso de la Unión, la revisión de los supuestos del marco macroeconómico, así como las estimaciones de ingresos y gastos previstos en el Paquete Económico para el ejercicio fiscal de 2009.
V. Que el artículo 74, fracción IV, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que la Cámara de Diputados deberá aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación a más tardar el 15 de noviembre.
VI. Que el artículo 42, fracción VIII, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, establece los principios que deberán observar los legisladores en el proceso de examen, discusión, modificación y aprobación de Presupuesto de Egresos de la Federación.
VII. Que en la legislación mexicana vigente, en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se reconoce el principio de que el Pleno es el órgano supremo y puede, por tanto, en casos extraordinarios, dispensar los trámites ordinarios a que queda sujeto un dictamen, tanto por lo que se refiere a los tiempos establecidos para la publicación, como a su lectura previa, motivado por la urgente resolución para la discusión de un dictamen.
VIII. Que, en consecuencia, se considera necesario establecer reglas para la expedita discusión y votación del dictamen, con el objeto de cumplir en tiempo y forma el deber constitucional de la Cámara de Diputados de aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación.
Por lo anterior, de conformidad con los artículos 74, fracción IV, y 77, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con fundamento en los artículos 39 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 38, numeral 1, inciso a) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 59, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y vigésimo segundo del acuerdo parlamentario relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación de la Cámara de Diputados, del 26 de septiembre de 2006, se expiden las siguientes
Reglas para la discusión y votación relativas al proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009
Primera. El objeto único del presente acuerdo es determinar la forma y términos en que se discutirá y votará en sesión del Pleno de la Cámara de Diputados el dictamen con proyecto de decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009.
Segunda. Tanto el dictamen como el voto particular, si lo hubiere, publicados en cualquier momento, se considerarán de urgente resolución y tendrán dispensa de trámites en cuanto a sus lecturas.
Tercera. La discusión en lo general se llevará a cabo conforme a lo siguiente:
Cuarta. La discusión en lo particular se llevará a cabo de la siguiente manera:
Quinta. Se autoriza a la Mesa Directiva de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para que, de conformidad con los artículos 139 y 140 del Reglamento para el Gobierno Interior, realice las adecuaciones de cálculo y los ajustes de cifras y cantidades que resultaren, en plena correspondencia con las modificaciones o adiciones aprobadas por la asamblea.
Transitorios
Primero. El presente acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación por el Pleno.
Segundo. Publíquese en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados.
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Permítame, diputado.
Sólo para recordar a la asamblea que este acuerdo, enviado por Conferencia al pleno, contiene las reglas y los mecanismos a que habrá de sujetarse el proceso de votación y trámites del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2009. La importancia del tema es que todos los diputados estén atentos a que este acuerdo va a normar esa sesión. Continúe la Secretaría.
El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas : En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.
Diputado presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Aprobado. Continúe la Secretaría.
ANALISIS II INFORME DE GOBIERNO
La Secretaria diputada Rosa Elia Romero Guzmán : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.--- Junta de Coordinación Política.
Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se establece el procedimiento para presentar, formular y enviar al Ejecutivo federal las preguntas por escrito que la Cámara de Diputados realice con objeto de ampliar datos, en el marco del análisis del Segundo Informe de Gobierno, conforme a lo previsto en el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
La Junta de Coordinación Política de la LX Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3, numeral 1, 33 y 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y para dar cumplimiento a lo señalado en el artículo 7o., numeral 4, del mismo ordenamiento, y
Considerando
Con base en lo antes expuesto y con fundamento en el artículos 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 7o., 33 y 34 de la Ley Orgánica del Congreso General, la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados somete a consideración del Pleno el siguiente
Acuerdo
Primero. Una vez celebradas las comparecencias de los servidores públicos ante el Pleno y en comisiones, para el análisis del Segundo Informe de Gobierno del licenciado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, de acuerdo con lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 69 constitucional, la Cámara de Diputados podrá solicitar al presidente de la república ampliar la información contenida en el informe mediante preguntas por escrito formuladas por los grupos parlamentarios.
Segundo. La Junta de Coordinación Política hará la propuesta única de pregunta parlamentaria conforme a lo siguiente:
Tercero. Una vez integrada la lista única de preguntas, la Junta de Coordinación Política la remitirá a la Presidencia de la Mesa Directiva para que se incluya el asunto en el orden del día y la Cámara de Diputados acuerde, en la sesión del 4 de noviembre del año en curso, su envío al presidente de la república.
Cuarto. Las preguntas que remita la Presidencia de la Mesa Directiva al presidente de la república, se publicarán en la Gaceta Parlamentaria y en la página de la Cámara de Diputados en Internet, acompañadas del acuse de recibo del oficio de remisión.
Quinto. El Ejecutivo federal tendrá un plazo de tres semanas para contestar las preguntas que se le formulen, contado a partir de su recepción.
Sexto. Las respuestas a las preguntas que el Ejecutivo federal envíe a la Presidencia de la Mesa Directiva, se harán del conocimiento del Pleno, se publicarán en la Gaceta Parlamentaria y en la página de la Cámara de Diputados en Internet. Asimismo, serán remitidas a la Junta de Coordinación Política, con objeto de que este órgano haga una propuesta a la Mesa Directiva de turno a las comisiones relacionadas con la materia de las respuestas, para su correspondiente análisis, valoración y, en su caso, recomendaciones.
Séptimo. Las comisiones a las que se hayan turnado las respuestas del presidente de la república, tendrán un plazo de dos semanas, contado a partir de la recepción del turno por parte de la Mesa Directiva, para reunirse, analizar y pronunciarse sobre las respuestas.
Octavo. Las conclusiones a las que hayan llegado las comisiones, derivadas del análisis y valoración de las respuestas del presidente de la república, se enviarán a la Junta de Coordinación Política y a la Mesa Directiva, para que ésta las dé a conocer al Pleno.
Noveno. En ningún caso las conclusiones de las comisiones se someterán a discusión en las sesiones del Pleno de la Cámara de Diputados.
Transitorio
Único. El presente acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación por el Pleno de la Cámara de Diputados.
En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.
Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Aprobado.
Queremos dar la más cordial de las bienvenidas al Instituto Mier y Pesado; es una preparatoria que nos visita hoy en la Cámara de Diputados. Asimismo, a estudiantes universitarios de Tehuacán, Puebla. También al Colegio Real, de Querétaro, que nos visita esta mañana. Al Comité Directivo Municipal de Salvatierra, Guanajuato. Y también damos la bienvenida al señor licenciado José Reyes Ferriz, presidente municipal de Ciudad Juárez. Continúe la Secretaría.
REFORMA ENERGETICA
El Secretario diputado José Manuel del Río Virgen : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.--- Mesa Directiva.
Acuerdo de la Mesa Directiva, para dar turno y trámite al conjunto de minutas relativas a la reforma energética que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, remitirá el Senado de la República
La Mesa Directiva, con fundamento en la atribución que le confiere el artículo 20, numeral 2, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y considerando que tiene conocimiento de que el día de hoy, jueves 23 de octubre de 2008, la colegisladora se encuentra analizando, discutiendo y votando un conjunto de dictámenes que versan sobre reformas legales en materia energética y que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tales reformas en caso de aprobarse requerirán ser dictaminadas por esta soberanía, es que este órgano de gobierno considera que es indispensable hacer llegar a la brevedad posible a las comisiones competentes de la Cámara de Diputados las minutas que en la materia remitiría el Senado.
Por lo anterior y con fundamento en la normatividad señalada, somete a la consideración del Pleno el siguiente
Acuerdo
Primero. Se instruye a la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, para que, con el apoyo de la Secretaría General, reciba y de inmediato turne a las comisiones competentes, las minutas en materia energética que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, podría remitir la Cámara de Senadores.
Segundo. La Presidencia de la Mesa Directiva informará a la asamblea en la siguiente sesión de los turnos dictados.
Tercero. A partir de la recepción de las minutas de la Colegisladora, las comisiones competentes deberán iniciar el trabajo de análisis y dictamen correspondiente.
Cuarto. Publíquese en la Gaceta Parlamentaria.
En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.
Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.
Presidencia de la diputada Martha Hilda González Calderón
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : Aprobado. Continúe la Secretaría.
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION
El Secretario diputado José Manuel del Río Virgen : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.
Secretarios de la Cámara de Diputados.--- Presentes.
Me permito comunicar a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, los senadores Claudia Corichi García, Antonio Mejía Haro y Tomás Torres Mercado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentaron propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados a considerar en la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2009 una partida de 600 millones de pesos destinada a continuar con la construcción de Bulevar del Bicentenario en los municipios de Guadalupe y Zacatecas, en el estado de Zacatecas.
La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo se turnara a la Cámara de Diputados, y se anexa.
«La suscrita, senadora Claudia Corichi García, en nombre propio y de los senadores Antonio Mejía Haro y Tomás Torres Mercado, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en la LX Legislatura del Congreso de la Unión, y con fundamento en lo dispuesto en el artículo58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía el punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
1. Tener una infraestructura carretera eficiente es un requisito para el desarrollo nacional. México como país en crecimiento debe modernizar constantemente sus rutas carreteras, a riesgo de quedar rezagado si esto no se hace. La ampliación de vialidades repercute en economías de tiempo y dinero en el transporte, acortando los tiempos de recorrido, aumentando la seguridad e incrementando el comercio y la inversión productiva, así como las relaciones entre las entidades federativas.
2. Actualmente, está en construcción el Bulevar del Bicentenario sobre el antiguo libramiento de tránsito pesado de las ciudades de Zacatecas y Guadalupe, Zacatecas, con una extensión de 9 kilómetros y que contará con varios puentes de conexión.
3. Esta obra beneficiará directamente a 350 mil habitantes, pero, además, hará más fluido el tránsito entre las entidades del centro y norte de la república que cruzan por este punto, y contribuirá a mejorar la ecología de la zona al permitir un tránsito más fluido y alejado del centro de las ciudades de Guadalupe y Zacatecas, Zacatecas.
Por lo anterior, someto a consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. El Senado exhorta respetuosamente a la honorable Cámara de Diputados a considerar en la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2009 una partida de 600 millones de pesos, destinada a continuar con la construcción del Bulevar del Bicentenario, en los municipios de Guadalupe y Zacatecas, Zacatecas.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.
Secretarios de la Cámara de Diputados.--- Presentes.
Me permito comunicar a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, el senador Carlos Jiménez Macías, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó propuesta con punto de acuerdo por el que se solicita una mayor asignación presupuestal al Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos para el ejercicio fiscal 2009.
La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo se turnara a la Cámara de Diputados, el cual se anexa.
«El que suscribe, senador Carlos Jiménez Macías, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a la LX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, con carácter de urgente resolución, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El 14 de agosto de 1942, los gobiernos de los Estados Unidos de América y de México celebraron un acuerdo para reglamentar la contratación (temporal) de trabajadores Agrícolas Migratorios Mexicanos. El convenio binacional duró hasta 1964, aunque posteriormente migrantes agrícolas mexicanos siguieron laborando hasta 1966. En dicho convenio, se establecía la creación de un fondo de retención del 10 por ciento de los salarios que percibían los trabajadores en los Estados Unidos de América, mismos que se depositaron vía la empresa de servicios financieros Wells Fargo & Company, transfiriéndose al Banco de México y éste, a su vez, al Banco de Crédito Agrícola, SA, así como al Patronato del Ahorro Nacional, con la intención de entregarlo al trabajador bracero a su regreso a México.
El 12 julio de 1975 el Banco Nacional de Crédito Agrícola, SA, igual que otros, como el Banco Nacional Agropecuario, SA de CV y el Banco Nacional de Crédito Ejidal, SA de CV, se fusionan para dar vida al Banco Nacional de Crédito Agrícola Rural, SNC (Banrural), hasta convertirse hoy en lo que es la Financiera Rural.
Con el paso de los años, los ex trabajadores braceros quedaron en estado de indefensión, al no encontrarse documentación que amparara tales transferencias.
El 21 de abril del 2005, la honorable Cámara de Diputados aprobó la creación de un fideicomiso que definiría las bases para efectuar un pago a los antiguos braceros mexicanos que trabajaron en Estados Unidos de América.
La conformación del fideicomiso permitiría administrar y definir los mecanismos de entrega del fondo de apoyo social que la Cámara de Diputados incluyó en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005, a fin de ser otorgados a los antiguos braceros.
La partida de 298.5 millones pesos (unos 27 millones de dólares) se destinó a respaldar a esos trabajadores o sus familiares directos que acrediten su contratación entre 1942 y 1946 por las empresas estadounidenses War Food Administration o Manpower Commission.
El fideicomiso será público y contará con un comité técnico integrado por representantes de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Gobernación, de Desarrollo Social, de Relaciones Exteriores, y de la Función Pública.
Dicho comité ha sido el responsable de establecer los montos por pagar, los mecanismos de entrega, y de otorgar los apoyos a los antiguos braceros, o en su caso, a sus cónyuges o herederos.
Para tener una idea del universo de ex braceros y de la cantidad a sufragar, se tuvo que establecer un padrón ante la Secretaría de Gobernación en el que los antiguos emigrantes deben registrarse, cumpliendo ciertos requisitos que la Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos establece.
Hoy día se estima que existen aproximadamente unos 125 mil ex braceros a los que les fueron retenidas sus cuotas y que hasta el día de hoy no han encontrado respuesta a sus justas demandas de pago.
En muchos de los casos, los compañeros ex braseros han muerto sin ver cumplida su solicitud que beneficie a sus familiares, y en otros miles compañeros no han podido ni siquiera ser incluidos en el padrón de beneficiarios, toda vez que dado el tiempo que ha transcurrido desde que ellos aportaron al país un importante impulso a través de las remesas y de su trabajo, muchos no poseen actualmente la documentación que se solicita a fin de que puedan ser incluidos en el padrón del fideicomiso.
A pesar de las reformas a la Ley que crea el Fideicomiso que recientemente se aprobaron en el Senado de la República con el propósito de flexibilizar el cumplimiento de requisitos y otorgar el beneficio a un mayor número de trabajadores ex braceros, como parte integrante del Congreso de la Unión tenemos que reconocer que el gobierno federal no ha podido coordinar un mecanismo real que permita subsanar y solucionar este problema que se ha convertido ya en un auténtico movimiento social con características específicas y que ha generado muchos problemas y gastos superiores al monto que originalmente ha sido considerado otorgar a los ex braceros y sus familias.
Aunado a esto y a pesar de que la creación del fideicomiso ha constituido un logro importante para la causa de los ex braceros, no ha habido la respuesta necesaria desde el ámbito presupuestal para subsanar con oportunidad el pago a los compañeros, aún los que ya se encuentran debidamente registrados y solo están a la espera de recibir el beneficio. Por ello, desde esta soberanía hago un llamado atento a las fuerzas políticas aquí representadas para unirnos en este punto de acuerdo que exhorte a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión a través de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para que contemple en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del 2009 una cantidad superior a la de los 298.5 millones de pesos que se ha asignado en años anteriores, para que este monto superior permita un mayor margen de inclusión en el pago a ex braceros.
Asimismo, considero fundamental reconocer, en la situación actual de crisis económica y de difícil panorama para la economía mexicana, lo importante que es para nuestro país la aportación de los migrantes a través del envío de remesas, pues aún cuando según cifras del Banco de México apenas en agosto cayeron un alarmante 12.2 por ciento con respecto al mismo mes del 2007 --la peor baja desde 1995--, sin su invaluable aporte a la macroeconomía nacional nuestra economía estaría por debajo de los niveles de crecimiento que apenas hemos percibido en los años recientes.
Sabemos que hoy en día la situación mundial obliga a ser cautelosos con el manejo de los recursos, pero no debemos obviar que también es importante que nuestro país cubra su adeudo social con nuestros ex braceros agrícolas y es por ello que no debemos postergar más el pago de este compromiso que sin duda está dirigido a uno de los sectores más desprotegidos de la sociedad mexicana, ya que en su gran mayoría los ex braceros son personas de muy escasos o nulos recursos y sin ningún tipo de seguridad social, por lo que con este apoyo pretenden fincar un pequeño patrimonio que coadyuve a solventar los problemas que actualmente estamos transitando.
Es en este contexto que pido a todas mis compañeras y compañeros senadores apoyar esta propuesta, por que este no es un problema exclusivo de una u otra entidad federativa, ya que en todos los estados que aquí tenemos el honor de representar hay ex braceros demandando este recurso que legítimamente les corresponde y que hoy a nosotros, como parte integrante del Estado, nos atañe atender y solventar a nuestros representados, principalmente a los mas pobres que ante el panorama mundial y lo avanzado de su edad no tienen otra expectativa más que este recurso.
Por todo lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía, con carácter de urgente resolución, el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. El Senado de la República invita al Comité Técnico del Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos a sostener una reunión a la mayor brevedad con las Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública, y Especial de Seguimiento a los Fondos Aportados por los Trabajadores Mexicanos Braceros de la Cámara de Diputados, para que con Senadores de la República se analice y construya una propuesta que sea entregada al Pleno de la Cámara de Diputados, con el propósito de concretar una mayor asignación presupuestal para el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos para el ejercicio fiscal del año 2009.
Segundo. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que incluya en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2009 una asignación presupuestal mayor a lo que ha sido asignada en ejercicios anteriores para el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : Túrnense a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL
El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.
Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.
Por este conducto y en alcance a mi oficio número SEL/300/3751/08, me permito remitir, para los fines procedentes, copia del similar número OM-0707/08, suscrito por el licenciado Julio Castellanos Ramírez, oficial mayor de la Secretaría de Educación Pública, mediante el cual remite los informes de resultados, que sustituyen los enviados anteriormente, de las auditorías externas practicadas en los estados de Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Oaxaca, Puebla, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz, relativas a la matrícula escolar de los tipos educativos atendidos por el Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal.
Sin otro particular, reciban un cordial saludo.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Educación Pública.
Licenciado Cuauhtémoc Cardona Benavides, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.--- Presente.
A petición de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, el día 6 del mes en curso se realizó una reunión de aclaraciones entre asesores de esa comisión legislativa y representantes del despacho RSM Bogarín, Erhard, Padilla, Álvarez & Martínez, con el propósito de que la firma les clarificara algunas cifras y diferencias encontradas en la revisión que hicieron de los informes estatales.
Como resultado de dicha reunión se acordó que el despacho, designado para realizar la auditoría externa al FAEB, elaboraría una fe de erratas, documento que sería entregado a esta secretaría para hacerlo llegar de manera oficial a la honorable Cámara de Diputados.
En tal sentido, respetuosamente me dirijo a usted con el propósito de solicitarle sea el amable conducto para gestionar la entrega de los informes que sustituyen a los enviados mediante oficio número OM-638 del 5 de septiembre, para su remisión a la honorable Cámara de Diputados, de los estados de Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Oaxaca, Puebla, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz, elaborados por la firma contratada.
Aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : Remítase a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Educación Pública y Servicios Educativos.
LLUVIAS EXTREMAS E INUNDACIONES
El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.
Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.
En respuesta al oficio número DGPL 60-II-6-2411, signado por los diputados César Duarte Jáquez y Rosa Elia Romero Guzmán , Presidente y Secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir, para los fines procedentes, copia del similar número DGF/1077/2008, suscrito por el licenciado Ernesto A. Visconti Ch., director de Normatividad del Fondo de Desastres Naturales, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo a las declaratorias de emergencia y de desastre natural, presentadas por las entidades federativas.
Sin otro particular, reciban un cordial saludo.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.
Licenciado Cuauhtémoc Cardona Benavides, subsecretario de Enlace Legislativo.--- Presente.
Me refiero a su oficio número SEL/300/4065/08, recibido en esta dirección general el 6 de octubre del 2008, por medio del cual nos participa que mediante oficio D.G.P.L. 60-II-6-2411 los diputados César Duarte Jáquez y Rosa Elia Romero Guzmán , Presidente y Secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión comunican a esta secretaría el punto de acuerdo aprobado por el Pleno de ese órgano legislativo, en sesión celebrada el 30 de septiembre del año en curso, del que se recoge sus dos puntos resolutivos:
Ahora bien, de la lectura de los numerales que conforman ese punto de acuerdo se advierte la necesidad de reiterar lo expresado en oficios previos similares a este: los procedimientos para acceder a los recursos del Fondo de Desastres Naturales (Fonden).
El Fonden está integrado por los siguientes instrumentos: Fondo Revolvente y Programa Fondo de Desastres Naturales del Ramo General 23. ``Provisiones Salariales y Económicas'', y el Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales, los cuales encuentran su fundamento en el numeral segundo de las Reglas de Operación del Fondo de Desastres Naturales (ROF), publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 19 de septiembre de 2006.
Fondo revolvente
Definición
Este fondo esta a cargo de la Secretaría de Gobernación (Segob) y tiene por objeto ``...proporcionar suministros de auxilio y asistencia ante situaciones de emergencia y de desastre, para responder de manera inmediata y oportuna a las necesidades urgentes, para la protección de la vida y la salud de la población, generadas ante la inminencia o alta probabilidad de qué ocurra un fenómeno natural perturbador'' (numeral 2 de las ROF)
Encuentran su ámbito de operación en lo contenido en el acuerdo que establece los Lineamientos para Emitir las Declaratorias de Emergencia y la Utilización del Fondo Revolvente, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de septiembre de 2006.
De sus lineamientos se desprende el siguiente procedimiento:
Fonden reconstrucción
El cual comprende el Programa Fondo de Desastres Naturales del Ramo General 23, ``Provisiones Salariales y Económicas'', del Presupuesto de Egresos de la Federación o del Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales.
Definición
Para mejor comprensión de este instrumento se transcribe en su totalidad las fracciones II y III, del numeral 2 de las ROF, que son las que expresan las acciones que dan forma a su objeto.
Asimismo, se podrá realizar la contratación de seguros e instrumentos de transferencia significativa de riesgos para la protección financiera de su patrimonio, así como los servicios necesarios relacionados con dichas contrataciones, en términos de lo previsto en el anexo XII de las presentes reglas.''
Para acceder a los recursos de dicho instrumento, se debe seguir el siguiente procedimiento:
Es importante señalar que en materia de desastre, la Secretaría de Gobernación, no autoriza, ni tiene a su cargo la entrega de los recursos a un municipio o delegación política en particular, así como tampoco actúa como ejecutora de obras y acciones de reconstrucción de lo dañado, dado que sólo le corresponde coordinar el procedimiento de acceso a los recursos. Los recursos son transferidos a la entidad federativa a través de un fideicomiso Fonden estatal, en el que funge como fideicomitente la dependencia estatal designada. Debe comentarse, que en ningún momento se le brinda apoyo directo a la población, al municipio o a la delegación política.
Conclusión
La Secretaría de Gobernación, a través de la Coordinación General de Protección Civil y de la Dirección General del Fondo de Desastres Naturales, ha dado cumplimiento cabal y en franco ceñimiento al marco jurídico que resulta aplicable, respecto de todas y cada una de las solicitudes de declaratoria de emergencia y de desastre presentadas por las entidades federativas. Por lo que hace a la entrega de los recursos, aun y cuando no es competencia de esta secretaría, se señala que existen las constancias de que se han ejecutado en su debida oportunidad.
Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para mandarle un cordial saludo.
Notas: 1 La declaratoria de emergencia es el reconocimiento que hace la Secretaría de Gobernación de que uno o varios municipios o delegaciones políticas de una entidad federativa se encuentran ante la inminencia o presencia de un fenómeno perturbador de origen natural, que pudiera provocar un daño a la sociedad y crear un riesgo excesivo para la seguridad e integridad de la población (numeral 7 de los lineamientos de las ROF).2 Aquellos entes federales facultados para corroborar la ocurrencia de una situación de desastre en una fecha y lugar determinado, siendo éstos la Comisión Nacional Forestal, para el caso de los incendios en su ámbito; la Comisión Nacional del Agua, en cuanto a los fenómenos hidrometeorológicos; y el Centro Nacional de Prevención de Desastres, en cuanto a los fenómenos geológicos.La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : Remítase a las comisiones correspondientes, para su conocimiento.
COCODRILO DEL PANTANO
El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.
Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.
En respuesta al oficio número DGPL 60-II-5-1865, signado por los diputados César Duarte Jáquez y Margarita Arenas Guzmán , Presidente y Secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes copia del similar número SE-175/08, suscrito por la maestra Ana Luisa Guzmán, secretaria ejecutiva de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, y los anexos que en el mismo se citan, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo al cocodrilo de pantano.
Sin otro particular, reciban un cordial saludo.
«Cuauhtémoc Cardona Benavides, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.
Me refiero al oficio número SEL/300/3620/08, del 3 septiembre de 2008, dirigió al ingeniero Juan Rafael Elvira Quesada, secretario de Medio Ambiente Recursos Naturales, en el que se comunica el punto de acuerdo aprobado por el Pleno del honorable Cámara de Diputados, en sesión celebrada el 2 de septiembre del mismo año. Entre otros asuntos, dicho punto de acuerdo exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para que, según sus atribuciones, a realizar y publicar los estudios técnicos y científicos actualizados necesarios que den cuenta del estado de conservación que presenta en vida silvestre el cocodrilo de pantano.
Al respecto, me permito exponer a continuación la información con la que cuenta esta comisión nacional sobre la especie, en la cual se muestran las acciones, estudios y resultados alcanzados a la fecha, y las propuestas a futuro.
Antecedentes
Investigación
Conservación y aprovechamiento sustentable
Pasos a seguir
Comentarios adicionales
El dictamen, en su párrafo 14, ``Consideraciones'', indica que el informe del proyecto Copan reconoce que de las 135 localidades donde se registró la presencia del cocodrilo de pantano, sólo se realizaron 4 muestreos en 63 localidades de 10 estados de la república y que estas localidades representaron sólo el 17 por ciento de las localidades históricas. Sin embargo, lo que menciona el informe del proyecto es que ``el análisis bibliográfico de 2002 arrojó 135 localidades. De la 63 localidades visitadas entre 2002 y 2004, 23 representan el 17 por ciento de las localidades históricas y 40 son nuevos registros que amplían la distribución del especie. Se conformó el listado más actualizado de la distribución de la especie, con 145 localidades en 10 diferentes estados de México''.
Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para el velo cordial saludo.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : Remítase a las comisiones correspondientes, para su conocimiento.
MANGLARES
El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.
Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.
En respuesta al oficio número DGPL 60-II-3-1745, signado por los diputados César Duarte Jáquez y Manuel Portilla Diéguez, Presidente y Secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número SGPA/DGGFS/712/2125/08, suscrito por el doctor Francisco García García, director general de Gestión Forestal y de Suelos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como el anexo que en el mismo se menciona, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo a los manglares mexicanos.
Sin otro particular, reciban un cordial saludo.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Licenciado Cuauhtémoc Cardona Benavides, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.
Me refiero a su oficio número SEL/300/3612/08, de fecha 3 de septiembre de 2008, recibido en esta unidad administrativa el 19 de septiembre del presente año, mediante el cual hace del conocimiento al ciudadano secretario del ramo, ingeniero Juan Rafael Elvira Quesada, el punto de acuerdo aprobado por el Pleno de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en sesión celebrada el 2 de septiembre del presente año, que a la letra dice:
Al respecto, le comunico que esta Dirección General de Gestión Forestal y de Suelos reconoce que los manglares son uno de los ecosistemas más importantes desde el punto de vista ambiental, situación que hace alusión a la importancia del mismo, lo que ha propiciado una regulación más estricta que para el resto de los ecosistemas forestales.
Por ello, y en estricto cumplimiento al marco jurídico establecido, no se están autorizando cambios de uso de suelo en terrenos forestales con vegetación de manglar que afecten la integralidad del flujo hidrológico del mismo, del ecosistema y su zona de influencia; de su productividad natural; de la capacidad de carga natural del ecosistema para los proyectos turísticos; de las zonas de anidación, reproducción, refugio, alimentación y alevinaje; o bien, de las interacciones entre el manglar, los ríos, la duna, la zona marítima adyacente y los corales, o que provoque cambios en las características y servicios ecológicos.
En tal sentido, y aprovechando el presente, le hago llegar la lista de todas las autorizaciones de proyectos públicos de los tres órdenes de gobierno que esta dirección general ha autorizado de 2006 a la fecha, relación que cualquier ciudadano puede consultar en la página web de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : Remítase a las comisiones correspondientes, para su conocimiento.
ESTADO DE CHIHUAHUA
El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.
Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.
En respuesta al oficio número D.G.P.L. 60-II-1-1740, signado por los diputados César Duarte Jáquez y Rosa Elia Romero Guzmán , Presidente y Secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número DGF/1064 /2008 suscrito por el licenciado Ernesto A. Visconti Ch., director de Normatividad del Fondo de Desastres Naturales, así como el anexo que en el mismo se cita, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo a los recursos destinados a la población afectada por las lluvias e inundaciones atípicas, en el estado de Chihuahua.
Sin otro particular, reciban un cordial saludo.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.
Licenciado Cuauhtémoc Cardona Benavides, subsecretario de Enlace Legislativo.--- Presente.
Me refiero a su oficio número SEL/300/4017/08, recibido en esta Dirección General el 3 de octubre del 2008, mediante el cual nos participa que mediante oficio D.G.P.L. 60-II-1-1740, los diputados César Horacio Duarte Jáquez y Rosa Elia Romero Guzmán , Presidente y Secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, comunican a esta Secretaría el punto de acuerdo aprobado por el pleno de ese órgano legislativo, en sesión celebrada el 25 de septiembre del año en curso, del que se recoge sus dos puntos resolutivos:
Ahora bien, de la lectura de los numerales que conforman ese punto de acuerdo, se advierte la necesidad de reiterar lo expresado en oficios previos similares a éste: los procedimientos para acceder a los recursos del Fondo de Desastres Naturales (Fonden).
El Fonden está integrado por los siguientes instrumentos: Fondo Revolvente y Programa Fondo de Desastres Naturales del Ramo General 23. ``Provisiones Salariales y Económicas'', y el Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales, los cuales encuentran su fundamento en el numeral segundo de las Reglas de Operación del Fondo de Desastres Naturales (ROF), publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 19 de septiembre de 2006.
Fondo revolvente
Definición
Este fondo esta a cargo de la Secretaría de Gobernación (Segob) y tiene por objeto ``...proporcionar suministros de auxilio y asistencia ante situaciones de emergencia y de desastre, para responder de manera inmediata y oportuna a las necesidades urgentes, para la protección de la vida y la salud de la población, generadas ante la inminencia o alta probabilidad de qué ocurra un fenómeno natural perturbador'' (numeral 2 de las ROF)
Encuentran su ámbito de operación en lo contenido en el acuerdo que establece los Lineamientos para Emitir las Declaratorias de Emergencia y la Utilización del Fondo Revolvente, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de septiembre de 2006.
De sus lineamientos se desprende el siguiente procedimiento:
Fonden reconstrucción
El cual comprende el Programa Fondo de Desastres Naturales del Ramo General 23, ``Provisiones Salariales y Económicas'', del Presupuesto de Egresos de la Federación o del Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales.
Definición
Para mejor comprensión de este instrumento se transcribe en su totalidad las fracciones II y III, del numeral 2 de las ROF, que son las que expresan las acciones que dan forma a su objeto.
Para acceder a los recursos de dicho instrumento, se debe seguir el siguiente procedimiento:
Es importante señalar que en materia de desastre, la Secretaría de Gobernación, no autoriza, ni tiene a su cargo la entrega de los recursos a un municipio o delegación política en particular, así como tampoco actúa como ejecutora de obras y acciones de reconstrucción de lo dañado, dado que sólo le corresponde coordinar el procedimiento de acceso a los recursos. Los recursos son transferidos a la entidad federativa a través de un fideicomiso Fonden estatal, en el que funge como fideicomitente la dependencia estatal designada. Debe comentarse, que en ningún momento se le brinda apoyo directo a la población, al municipio o a la delegación política.
Conclusión:
Como ya se ha indicado, existen procedimientos para acceder a los recursos del Fondo de Desastres Naturales, ya sea el Fondo Revolvente o el Fonden Reconstrucción, y en ambos se precisan las acciones y los tiempos a realizar. Se insiste que la ``entrega de recursos'', cualquiera que estos sean, no es competencia de esta unidad administrativa.
Se acompaña al presente un anexo con información relativa al estado de Chihuahua y los procedimientos detonados recientemente.
Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para mandarle un cordial saludo.
Notas: 1 La declaratoria de emergencia es el reconocimiento que hace la Secretaría de Gobernación de que uno o varios municipios o delegaciones políticas de una entidad federativa se encuentran ante la inminencia o presencia de un fenómeno perturbador de origen natural, que pudiera provocar un daño a la sociedad y crear un riesgo excesivo para la seguridad e integridad de la población (numeral 7 de los lineamientos de las ROF).2 Aquellos entes federales facultados para corroborar la ocurrencia de una situación de desastre en una fecha y lugar determinado, siendo éstos la Comisión Nacional Forestal, para el caso de los incendios en su ámbito; la Comisión Nacional del Agua, en cuanto a los fenómenos hidrometeorológicos; y el Centro Nacional de Prevención de Desastres, en cuanto a los fenómenos geológicos.«Anexo único
Inundación atípica el 26 de julio de 2008 en el municipio de Juárez
Insumos entregados al estado de Chihuahua por la ocurrencia del Inundación atípica el 26 de julio de 2008, boletín de prensa 199/08
Lluvia e inundación atípica el 30 de agosto de 2008 en dos municipios del estado de Chihuahua
Alta probabilidad de inundación atípica en las próximas horas
Insumos entregados al estado de Chihuahua por la alta probabilidad de inundación atípica, boletín de prensa 247/08
Lluvias atípicas los días 29 y 30 de agosto de 2008
Insumos entregados al estado de Chihuahua por la ocurrencia de lluvias atípicas los días 29 y 30 de agosto de 2008, boletín de prensa 258/08
Inundación atípica del 5 al 7 de septiembre de 2008
Insumos entregados al estado de Chihuahua por la ocurrencia de inundación atípica del 5 al 7 de septiembre de 2008, boletín de prensa 262/08
Fonden reconstrucción
Inundación atípica el día 26 de julio de 2008
Recursos en trámite
Lluvias extremas e inundaciones atípicas el día 30 de agosto de 2008 en 4 municipios, y por la ocurrencia de lluvias extremas el día 30 de agosto del presente año, en 2 municipios del estado de Chihuahua.
Inundaciones atípicas del 3 al 12 de septiembre de 2008
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : Remítase a las comisiones correspondientes, para su conocimiento.
ESTADO DE CHIAPAS
El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.
Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.
En respuesta del oficio número D.G.P.L. 60-II-3-1750, signado por los diputados César Duarte Jáquez y Manuel Portilla Diéguez, Presidente y Secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir, para los fines procedentes, copia del similar número UCE/316/08, suscrito por Xavier Abreu Sierra, titular de la Unidad de Coordinación y Enlace de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), mediante el cual responde el punto de acuerdo en que se le solicita considerar zonas de atención prioritaria las comunidades indígenas de Chavajeval, Las Delicias y Álvaro Obregón, Chiapas.
Sin otro particular, reciban un cordial saludo.
« Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas
Cuauhtémoc Cardona Benavides, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.--- Presente.
Hago referencia a su oficio número SEL/300/3615/08, del 3 de septiembre del año en curso, mediante el cual comunica el punto de acuerdo, aprobado por el Pleno de la Cámara de Diputados el pasado 2 de septiembre, que indica:
Sobre el particular, me permito hacer de su conocimiento la atención realizada al numeral tercero, competencia de esta comisión:
Las comunidades a que hace referencia el punto de acuerdo, Chavajeval, Las Delicias y Álvaro Obregón, situadas en el municipio de El Bosque, Chiapas, efectivamente no se encuentran incluidas en el universo de localidades elegibles que consignan las reglas de operación de la CDI, publicadas el 28 de diciembre de 2007 en el Diario Oficial de la Federación.
Lo anterior se debe a que la fuente de información que utiliza la CDI para la ubicación y estimación de su población objetivo se desprende de los resultados del XII Censo General de Población y Vivienda 2000, que no registró la información necesaria a fin de caracterizar las localidades en referencia para su eventual incorporación.
A partir de la información disponible del Conteo de Población y Vivienda de 2005, con base en el cual se actualizan los índices de marginación e información a cargo del Consejo Nacional de Población, es posible ubicar y caracterizar plenamente las localidades en comento, las cuales se encuentran en el rango de 40 por ciento y más de población indígena, un grado de marginación alto y muy alto y un tamaño de población de entre 50 y 15 mil habitantes.
En razón de lo anterior, la base de localidades elegibles vinculada al proyecto de reglas de operación que en fecha próxima se someterá a consideración de las instancias competentes para su autorización, incluirá las localidades de Chavajeval, Las Delicias y Álvaro Obregón, situadas en el municipio de El Bosque, Chiapas, además de incorporar todas las localidades que resulten de actualizar información a cargo de las áreas encargadas de la estadística nacional.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : Remítase a las comisiones correspondientes, para su conocimiento.
LEY GENERAL DE SALUD
El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- H. Congreso del Estado de Colima.--- LV Legislatura.
Honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.--- México, DF
Por este conducto nos permitimos informarle, que en sesión pública ordinaria celebrada con esta fecha, los diputados de la Quincuagésima Quinta Legislatura del Estado Libre y Soberano de Colima, aprobaron un acuerdo por el que en base a las facultades que le confiere el artículo 71, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos propone una iniciativa por lo que se adiciona un artículo 61 Bis a la Ley General de Salud.
Lo que se le comunica, para los efectos del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos correspondientes, remitiéndose como anexo copia del citado acuerdo.
«Secretarios del Honorable Congreso del Estado.--- Presentes.
Miriam Yadira Lara Arteaga, diputada independiente integrante de la Quincuagésima Quinta Legislatura del Congreso del estado de Colima, en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 37, fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima y 71 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con fundamento en lo previsto por los artículos 22, fracción I, 83, fracción I, y 84, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como el 126 y 127 de su Reglamento, someto a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa de acuerdo, relativa a adicionar un artículo 61 Bis, a la Ley General de Salud, de conformidad con la siguiente
Exposición de Motivos
Una de las principales preocupaciones del ser humano ha sido la conservación de la vida, a través de la buena salud, transitando por el camino interminable de la investigación, obteniendo hasta el momento resultados inimaginables que han beneficiado la capacidad física de los seres humanos, al mismo tiempo requerimos que hoy en día, las personas puedan acceder a una mejor calidad de vida, con el almacenamiento de las células madre de los cordones umbilicales, que siendo trasplantadas sirven para la cura de enfermedades hematológicas (enfermedades de la sangre); teniendo preferencia de disposición, en primer término los familiares sin que sea en menoscabo de las personas que por obvia urgencia requieran del trasplante aun sin tener ningún lazo consanguíneo o de parentesco con el donante. Con ello el Estado cumplimentaría su tarea de garantizar el derecho a la salud de sus gobernados, prevista por el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; como se plantea en la iniciativa en comento.
Durante el parto, el cordón umbilical de un recién nacido, por lo general, se desecha junto con la placenta. No obstante, se ha comprobado que la sangre recuperada del cordón umbilical es una fuente rica en células madre, ya que durante el parto este tipo de células están presentes porque se mueven del hígado de la madre, donde , tiene lugar la formación de la sangre durante el embarazo, hacia la medula ósea del bebé donde se forma la sangre después del nacimiento; siendo estas células constructoras capaces de crear los componentes principales de la sangre humana y del sistema inmunológico del cuerpo; al igual que la medula ósea, la sangre del cordón umbilical puede utilizarse para tratar diferentes trastornos genéticos que afectan a la sangre, al sistema inmunológico, la leucemia, la diabetes, ciertos canceres, así como trastornos hereditarios.
Solo hace algunos años, el uso de las células madre estaba limitado a los trasplantes de médula ósea para tratar la Leucemia, sin embargo el uso de estas células se ha potenciado, ya que se ha demostrado que son susceptibles de transformarse en células de hígado, corazón, córnea, riñón, páncreas, tejido nervioso, entre otros. De ahí la importancia de la recolección y almacenamiento de los cordones umbilicales en bancos de sangre propiedad del Estado, garantizando con esto que las personas que requieran de un transplante, o del tratamiento de alguna enfermedad grave, aun cuando no hayan almacenado células madre procedentes del cordón umbilical, puedan acceder a ello.
Se han realizado estudios que sugieren que las células primordiales de la sangre del cordón umbilical ofrecen algunas ventajas importantes respecto de las tomadas de la medula ósea; por un lado, las células tomadas de la sangre del cordón umbilical son mucho más fáciles de obtener y sin dolor, ya que pueden tomarse inmediatamente de la placenta en el momento del parto. La recolección de células madre de la medula ósea requiere un procedimiento quirúrgico, por lo regular con anestesia general, que puede causar dolores post-operatorios, representando un pequeño riesgo para el donante; además las células del cordón umbilical tienen una gama más amplia de receptores ya que pueden hacerlo en el donante, en un miembro de la familia o un receptor sin relación de parentesco, aun cuando la compatibilidad no sea total, con un menor riesgo de probabilidad de transmisión de enfermedades y una mayor capacidad de proliferación celular, que su contraparte de la medula ósea. Finalmente resulta más económico si el depósito de las células estaminales se hace en bancos del Estado, ya que el costo en bancos privados es alto y sólo queda a la disponibilidad de familiares del donante.
El problema de mortalidad infantil, en gran medida se debe a lo inaccesible de centros especializados, para la atención de las enfermedades peligrosas tales como el cáncer, ya que en mayor proporción, estas afectan a pacientes de escasos recursos. Los costos para la atención por ejemplo contra la leucemia en Estados Unidos, son muy elevados ya que para atender a un niño cuesta alrededor de 500 mil dólares al año, más de cinco millones de pesos mexicanos, pero si el menor tiene una recaída la cifra se eleva a 200 mil dólares más. Con estas cifras que se desconocen en México, nos damos cuenta de lo selectivo que vendría a ser este tipo de terapias para la población, sólo los ricos tendrían la oportunidad de someterse a este tipo de tratamientos.
Las enfermedades tales como la diabetes, la leucemia, y otros males congénitos, en México se corre el riesgo de que alcancen proporciones epidémicas. Del año 1978 al 2003 se registraron 63 mil 835 muertes certificadas por leucemia, el 40 por ciento se dio en edades comprendidas entre 0 y 19 años. Cabe señalar que entre niños de 5 a 14 años el cáncer es la segunda causa de muerte, registrándose 1 mil 661 casos, equivalente a una tasa de 7.6 por 100 mil habitantes. En México hay 80 mil personas que padecen leucemia y en el mundo se detectan de 500 a 600 mil casos nuevos cada año; algunos de estos enfermos presentan leucemias de alto riesgo que requerirán de un trasplante, ya que las quimioterapias no les funcionan, y en el mayor de los casos aproximadamente el 70 por ciento de estos pacientes no pueden encontrar un donador.
En el país actualmente se cuenta con mas de 12 bancos privados, una franquicia con sucursales en 10 ciudades, dos bancos públicos, uno a cargo del Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea en la Ciudad de México, denominado CordMX, que de acuerdo con un informe de junio de 2003 a agosto de 2008, el Banco de Sangre de Cordón Umbilical cuenta con una capacidad de 3 mil 600 unidades, que se pueden conservar a menos noventa grados durante mas de 20 años. Contándose con 1 mil 320 unidades validadas y hasta entonces se habían realizado 96 trasplantes de células troncales; el otro banco público es el del Hospital Universitario de Nuevo León, que ofrece un servicio para uso personal abierto al público en general y sus cuotas de almacenamiento son anuales y están fijadas en dólares, como ocurre en los bancos privados.
Por estas razones de salud pública, en beneficio de la ciencia médica y la sociedad en general, es necesario apoyar esta iniciativa, reconociendo de que existen iniciativas en el mismo sentido, pero en diferente forma, en el Congreso de la Unión y en algunas legislaturas locales, cumplimentándose para dar respuesta con la exigencia ciudadana; por otro lado hemos visto con gran desaliento que los principales problemas de salud en fase terminal, como en los casos que aquí se mencionan, en gran medida afectan a personas de muy bajos recursos que les es prácticamente imposible seguir con los tratamientos adecuados para solamente hacer mas larga la agonía en la mayoría de los casos; con la propuesta mencionada se garantizaría la Institucionalización de la retención del cordón umbilical en bancos públicos al alcance de toda la ciudadanía sin distingo de clases sociales con el único objetivo de mejorar la calidad de vida.
Por todos los razonamientos expresados, presento a la consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de
Acuerdo
Artículo Primero. La Quincuagésima Quinta Legislatura del Estado Libre y Soberano de Colima, propone adicionar un artículo 61 Bis, a la Ley General de Salud, con la facultad que nos confieren los artículos, 71 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 37 fracción I de la Constitución Política del Estado de Calima, para quedar como sigue:
Artículo 61 Bis. Las autoridades sanitarias, con el consentimiento expreso de los padres, garantizarán la recolección y almacenamiento del material genético proveniente del cordón umbilical del recién nacido, siempre y cuando se encuentre en condiciones óptimas. Dicho material quedará a disposición de las personas compatibles que lo necesiten con urgencia, preferentemente en favor del propio donante o sus familiares, prohibiéndose su comercialización o uso para fines experimentales.
Artículo Segundo. De ser aprobado este acuerdo, solicitamos se remita el presente, a la Cámara de Diputados Federal para los trámites legislativos a que haya lugar.
Artículo Tercero. Comuníquese el presente acuerdo a los legislaturas de los estados, para que, en su caso, se adhieran.
LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO - LEY DE LOS SISTEMAS DE AHORRO PARA EL RETIRO - LEY DE PROTECCION Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : Se recibió del diputado Neftalí Garzón Contreras, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, iniciativa que expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de las Leyes de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, y de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros.
El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas : «Iniciativa que abroga la Ley del ISSSTE publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de marzo de 2007 y emite una nueva ley sobre la materia; y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de las Leyes de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, y de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, a cargo del diputado Neftalí Garzón Contreras , del Grupo Parlamentario del PRDEl suscrito, diputado federal de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en ejercicio de la facultad que le concede el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 62, 63 y 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa de decreto que abroga la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de marzo de 2007, y emite un nuevo ordenamiento sobre la materia; reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de las Leyes de los Sistemas de Ahorro para el Retiro y, de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, al tenor de la siguiente:
Exposición de MotivosAnte la inconstitucional resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de junio de 2008, con independencia de las instancias internacionales y otras, la lucha contra la llamada nueva Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) regresa al Congreso de la Unión. Por tal motivo, después de una amplia consulta entre los trabajadores, destacadamente después de escucharlos en el marco de la primera gran Convención nacional sobre seguridad social, presento una iniciativa que abroga a la llamada nueva Ley del ISSSTE y hace una contra propuesta de nuevo ordenamiento en la materia, cuyas razones y ejes centrales expongo en la presente propuesta.
A un año y medio de la contrarreforma, los trabajadores al servicio del estado crecen en organización y conciencia en su lucha por abrogar la nueva Ley del ISSSTE. Baste señalar que los burócratas a la fecha han interpuesto más de tres millones de amparos para demostrar la inconstitucionalidad de ésta. Lo que significa, para fines jurídico-prácticos, que gracias a la lucha de los burócratas, la Ley del ISSSTE de 1983 sigue viva en el marco de las suspensiones masivas concedidas con motivo de estos amparos; pero sobre todo en su espíritu de lucha.
Con lo que se evidencia la certeza del principio aquél, que exige para la validez de una ley, no sólo el cumplimiento de los formalismos legislativos, sino su indeclinable contenido de justicia.
Igualmente ha quedado plenamente acreditado, que siempre se debe dar participación a los que tienen un interés directo en una norma o cuerpo de normas, de lo contrario la solución de los problemas se empantana y aumenta el divorcio entre gobernantes y gobernados.
Las Afore nunca, en ninguna parte del mundo, han sido camino para fortalecer y mejorar el sistema de pensiones. Son un claro camino de privatización; de transformación de derechos y recursos sociales en materia para negocios abusivos.
Respecto al Instituto Mexicano del Seguro Social ( IMSS), el fracaso de las Afore es evidente: comisiones de usura sobre los ahorros de los trabajadores, rendimientos bajos y a la baja, prepotencia como elemento rector de las Afore quienes, en muchos casos, mediante el fraude inscriben y traspasan las cuentas individuales de los trabajadores, participación y preparación cero de los trabajadores en el sistema, millonarias pérdidas en los ahorros de los trabajadores ante el subibaja de los mercados de valores y riesgo de un crack de dimensiones inconmensurables, falta de transparencia, inadecuada atención ante los abusos de las Afore, proyección masiva de pensiones por abajo del salario mínimo con riesgo para las finanzas públicas, falta de imparcialidad de las autoridades competentes, montos constitutivos abultadísimos para la contratación de las pensiones ante las instituciones de seguros, ilegal negativa de las Afore para entregar los saldos a los trabajadores y a sus beneficiarios, pérdida de la soberanía en manos del capital extranjero, entre otras.
Para los trabajadores del apartado B del artículo 123 constitucional, el panorama es aún más difícil, ya que se les impone el mundo privatizador cuando el mercado de valores, tanto a nivel nacional como internacional, pierde dinamismo y está sobre la orilla del barranco de la recesión y el crack. Pero además deben enfrentarse no sólo a una ley que impone mayores condiciones en la aplicación de los derechos, sino a una salvaje supresión de derechos adquiridos, comenzando por el derecho a la jubilación que se extingue en la ambición neoliberal. Baste señalar, que igualmente se les suprime el derecho básico a optar con libertad entre la anterior ley y la nueva.
Por todo lo dicho, de manera paralela a la lucha político-sindical y de los amparos masivos, urge hacer una contrapropuesta legislativa a la impuesta nueva Ley del ISSSTE, que recoja en letra y espíritu el contenido de estos amparos. Nueva Ley del ISSSTE que debe ser abrogada.
No es suficiente un ¡no! a la nueva Ley del ISSSTE, sino que es fundamental que se hagan contrapropuestas que permitan el sostenimiento de la seguridad social solidaria al mismo tiempo que su viabilidad financiera y social. Este es precisamente el propósito de esta iniciativa.
En nuestra iniciativa, no se acepta la constitución de las llamadas Afore sociales, ya que a final de cuentas serían ciertos sindicatos y más que sindicatos, sus burocracias, las que ahora detentarían las utilidades de este negocio sin atacar el problema de fondo. Esto sin menoscabo de recordar, que la Ley Federal del Trabajo en su artículo 378 prohíbe a los sindicatos ``Ejercer la profesión de comerciantes con ánimo de lucro''.
Nos decidimos por un camino dentro del concepto, usado en el marco del Foro Social Mundial, de ciudadanización de la seguridad social, es decir, impulsar la participación de todos los trabajadores, pensionados y sus familias, en general de todos los derechohabientes del ISSSTE, para la democratización en la toma de decisiones y vigilancia dentro de este instituto, pero sobre todo para impedir su privatización en el presente y el futuro. Lo cual es congruente con el carácter de la relación jurídica que surge en el marco de la seguridad social, que a diferencia de la relación laboral (trabajador-patrón), no sólo se entabla entre la institución ( IMSS, ISSSTE, etcétera) y el trabajador (en su caso pensionado), sino también con el resto de los derechohabientes (cónyuge, hijos, etcétera); los familiares derechohabientes son también sujetos de esta relación jurídica. Esto desde luego no suprime la obligación del Estado de responder a los desequilibrios financieros que pudiera llegar a tener el ISSSTE, antes al contrario, se fortalece en esta iniciativa, al establecerse que tal compromiso queda a cargo del Estado y no simplemente de las dependencias y entidades.
Para hacer realidad lo anterior, se deben crear los mecanismos para que los trabajadores y sus familias puedan participar con un voto mayoritario en la toma de decisiones sobre sus cuentas individuales, y, en general en las decisiones del ISSSTE. Se crea la Asamblea Nacional de Derechohabientes del ISSSTE desde los municipios, cuya estructura organizativa pasará por cada una de las entidades federativas y a nivel nacional; designaría a sus representantes ante los órganos de gobierno del ISSSTE, decidiendo el rumbo de los mismos. Esto se basa en que, de acuerdo con la nueva Ley del ISSSTE, los trabajadores son los propietarios de las cuotas y aportaciones de pensiones, y vivienda, por lo que su poder económico se debe traducir en poder político, decisorio. La privatización de las cuotas y aportaciones en los artículos 228 y 83 de la Ley del ISSSTE del 2007 (artículo 174 en la ley del 83), se hizo por los neoliberales con el afán de privatizar y despojar a los trabajadores; nuestra iniciativa revierte esta trampa y usa esa base jurídica para lograr la ciudadanización de la seguridad social.
No plateamos la simple vuelta al pasado, toda vez que en el mismo, de manera reiterada, se desviaron los recursos por actos de conveniencia política o corrupción, o simplemente hacia fines diversos a los previstos en la ley. Sistema dentro del cual los trabajadores eran ajenos al manejo de estos recursos sociales. Igualmente hay que recordar el inconstitucional manejo de los créditos de vivienda, la venta de la cartera vencida, desabasto de medicinas, etcétera.
Tratamos de preservar algunos instrumentos útiles de la nueva Ley del ISSSTE, como las cuentas individuales, sólo como medio de participación y vigilancia en los recursos financieros por parte de los trabajadores (pensionados) y sus familias (lo que permitirá fortalecer la ya mencionada ciudadanización), más no como medio de lucro de las instituciones financieras, menos aún como base para definir derechos de los trabajadores. Por tanto, sin menoscabo de este mecanismo de supervisión y participación, las cuotas y aportaciones seguirán fluyendo a un Fondo de reparto y solidario, con el que se pagarán las pensiones y demás prestaciones. El mayor de los males de los sistemas de seguridad social es que los derechohabientes sean apáticos y no se involucren de manera cotidiana y permanente en su marcha.
Se reintegra a los trabajadores en activo el derecho a decidir con libertad entre la anterior y la nueva Ley del ISSSTE con las modificaciones que se proponen en la presente iniciativa, como medio indispensable para respetar a plenitud los derechos adquiridos por los trabajadores en activo, haciendo a un lado la injusta y anticonstitucional opción entre los bonos de pensión ISSSTE, renuncia masiva de derechos; o el artículo 10 transitorio que sólo en parte conserva tales derechos y únicamente respecto a las pensiones, pues en los demás aspectos de aplica en sus términos la nueva Ley del ISSSTE. Con esto se reconocería uno de los derechos básicos reclamados como esencia en los amparos, a diferencia de los trabajadores afiliados al IMSS, que sí fueron respetados en este derecho de opción en el marco de la nueva Ley del Seguro Social.
Igualmente se recobran los derechos a la jubilación, a la pensión por edad y tiempo de servicios, a la de cesantía con sólo diez años cotizados, derechos específicos de los burócratas a consecuencia de años de lucha. Y que de ninguna manera son sustituidos por las nuevas pensiones piratas de cesantía y vejez, o por las adulteradas pensiones del artículo 10 transitorio. Los trabajadores en activo las recibirían conforme a lo previsto en la anterior ley del 83. El único cambio respecto a los trabajadores de nuevo ingreso sería que para el caso de la jubilación se requerirá 52 años de edad para varones y mujeres; en la pensión por edad y tiempo de servicios se incrementa la edad requerida de 55 a 57 años y los años cotizados de 15 a 18 años. Todo en el afán de evitar las jubilaciones y pensiones de personas muy jóvenes con mayores expectativas de vida, con altos costos presupuestales, pero también para preservarles sus fuentes de empleo, ya que en la actualidad se trata de obligarlos a jubilarse, de trocar la jubilación de derecho a obligación, para abrir paso a la reventa de sus plazas.
El pago de cuotas y aportaciones se hará sobre un sueldo integrado, adicionado con todas las percepciones permanentes, regulares o periódicas, que perciba el trabajador por su trabajo. Igual se incrementa el tope máximo de 10 a 25 salarios mínimos generales del Distrito Federal. Esto tanto para el pago de cuotas y aportaciones (sólo los trabajadores con más salario pagarán más, pues los montos de las cuotas no se incrementan) como para el otorgamiento de jubilaciones y pensiones y demás beneficios a los trabajadores y sus familias. Esto por un lado, ayudará al equilibrio financiero del instituto y, por otro lado, generarán mayores beneficios para los trabajadores. Igual presionará a una revalorización económica del trabajo de los burócratas. Suprimiendo al inconstitucional e insuficiente sueldo tabular regional impuesto por la nueva Ley del ISSSTE. Todo esto apenas para empatar con la Ley del IMSS.
Se transforma en un seguro del régimen obligatorio del ISSSTE, el servicio de atención para el bienestar y desarrollo infantil, para darle toda la trascendencia social y autonomía financiera que exige la tutela de estos derechos fundamentalmente de las madres trabajadoras y sus hijos.
Se incrementa a cuatro salarios mínimos del Distrito Federal la pensión mínima burocrática que deberá pagarse a los trabajadores (aunque como resultado del cálculo el trabajador alcanzara una pensión menor), para recobrar ingresos para el bienestar y dignidad de estos trabajadores.
De manera expresa se establece el derecho de los trabajadores sobre los ahorros del Sistema de Ahorro para el Retiro (2 por ciento de Sistema de Ahorro para el Retiro y 5% de vivienda) aportados hasta el 31 de marzo de 2007 y hasta su jubilación o pensión; sin embargo respecto al ramo de retiro (2 por ciento) se establece una modalidad en cuanto al monto a entregar en el afán de impulsar el retiro de los trabajadores a una mayor edad. Evidentemente, los ahorros hasta marzo del 2007 se regularán en cuanto a rendimientos y retiro por la Ley del ISSSTE de 1983. El saldo de las demás subcuentas: jubilación, edad y tiempo de servicios, cesantía, y vejez en su caso, pasarán al instituto para el pago de las pensiones.
Se saca de la seguridad social de los trabajadores al servicio del estado a los bonos de pensión ISSSTE, al Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado (PensionISSSTE), a las Afore, a las instituciones de seguros, por ser un despojo y una privatización inconstitucional a favor de los charros o de las empresas financieras en absoluto divorcio con los fines de la seguridad social; en el mismo sentido se evita la bursatilización del Fondo de préstamos personales, e igualmente del Fondo de Vivienda del ISSSTE y la venta de su cartera vencida, se impide el incremento usurero de los créditos de vivienda otorgados a los trabajadores, en suma, se regresa a la seguridad social tutelar, en bien de los derechos de los trabajadores y sus familias.
Se impide igualmente que los servicios médicos se puedan subrogar para el lucro de la medicina privada, que no es garantía de mayor calidad pero sí del enriquecimiento a costa de un derecho social. En general, se suprimen todas las disposiciones que abren el paso a la privatización y la supresión de los derechos de los trabajadores en la materia. Se establece un mecanismo ágil para el reembolso de los gastos médicos. Se impulsa de manera especial la medicina preventiva y la medicina alternativa, especialmente la cultivada por nuestros pueblos indígenas, lo que no sólo busca reducir costos y aumentar la eficacia sino avanzar en la identidad nacional.
Se restaura el derecho de los trabajadores a obtener pensiones tanto del IMSS e ISSSTE, igualmente a que se le computen los periodos cotizados de manera simultánea en ambos institutos. Salvo que el trabajador opte por obtener una sola pensión otorgada por alguno de estos institutos por transferencia de los derechos, caso en el cual el monto de ésta deberá ser por lo menos equivalente a las que hubiera obtenido de manera independiente en ambos institutos.
Se tutela los derechos de la multiplicidad de concubinas, impidiéndose que criterios moralistas subordinen al derecho social.
No se restaura el derecho a la indemnización global, ya que el retiro de lo cotizado ha sido uno de los mecanismos que más han afectado el equilibrio financiero de las instituciones de seguridad social; tampoco favorece al trabajador que ve abortado su derecho a tener un respaldo por el resto de su vida. Por tal motivo, impulsamos los mecanismos para que los trabajadores cubran las cotizaciones que les faltan y accedan a una pensión.
Se prevé que ninguna disposición o ley posterior podrá reducir los derechos de los trabajadores contenidos en nuestra iniciativa. De lo contrario serán nulas de pleno derecho.
Enunciado el contenido esencial general de la iniciativa, veamos los ejes esenciales que propone en materia de pensiones (ejes que podemos resumir: el negocio y beneficios con los ahorros de los trabajadores en lugar de que sean para las Afore pase a los trabajadores y el instituto; que exista una sana distancia entre el patrimonio de los trabajadores y el patrimonio del instituto para evitar corruptelas y burocratismos; que los trabajadores, los pensionados y sus familias tengan papel protagónico en la vida del ISSSTE y no sigan recibiendo el trato de excluidos respecto a lo que es suyo):
En suma, el ISSSTE se transforma en una mixtura de organismo descentralizado y cooperativa, con hondo sentido nacional y popular. Y con plena participación de los derechohabientes.
Artículo primero. El Congreso de la Unión decreta: Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en los siguientes términos:
Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
Título primero De las disposiciones generalesArtículo 1. La presente ley es de orden público, de interés social y de observancia en toda la república. Los derechos y prestaciones consagrados en la misma deberán ser respetados en su integridad por cualquier disposición o ley posterior, en caso contrario tal disposición o ley será nula de pleno derecho. Esta ley se aplicará a las dependencias, entidades, trabajadores al servicio civil, pensionados y familiares derechohabientes, de:
Por tanto, respecto a los sujetos a que esta ley sea aplicable conforme a las fracciones anteriores, queda prohibida la contratación con recursos públicos de seguros privados u otro medio adicional para su atención médica, destacadamente para los diputados y senadores y los miembros del Poder Judicial.
Artículo 2. La seguridad social de los trabajadores comprende:
Artículo 3. Se establecen con carácter obligatorio los siguientes seguros:
Artículo 4. Se establecen con carácter obligatorio las siguientes prestaciones y servicios:
Artículo 5. La administración de los seguros, prestaciones y servicios establecidos en el presente ordenamiento, así como la del Fondo de la vivienda, de sus delegaciones y de sus demás órganos desconcentrados, estarán a cargo del organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, denominado Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con domicilio en la Ciudad de México, Distrito Federal, que tiene como objeto contribuir al bienestar de los trabajadores, pensionados y familiares derechohabientes, en los términos, condiciones y modalidades previstos en esta ley.
Este instituto tiene prohibido entregar sus atribuciones o su cumplimiento, bajo cualquier forma jurídica, a personas físicas o empresas privadas; además se guiará por lo principios de solidaridad, integralidad y subsidiaridad.
Si llegare a ocurrir en cualquier tiempo que los recursos del instituto no bastaren para cumplir con las obligaciones a su cargo establecidas por la ley, el déficit que hubiese, será cubierto por el Estado, por conducto del Gobierno Federal.
Artículo 6. Para los efectos de esta ley, se entenderá por:
Artículo 7. Las Dependencias y entidades, deberán remitir al Instituto de manera mensual en los términos que determine el reglamento respectivo, toda la información referente a los movimientos afiliatorios, sueldos, modificaciones salariales, descuentos, derechohabientes, nóminas, recibos, así como certificaciones e informes y en general, todo tipo de información necesaria para el otorgamiento de los seguros, prestaciones y servicios del instituto.
Dicha información deberá enviarse a través de medios electrónicos, magnéticos, digitales, ópticos o de cualquier naturaleza, en los términos que determine la junta directiva del instituto conforme al reglamento respectivo.
En todo tiempo, las dependencias y entidades deberán expedir los certificados e informes que les soliciten tanto los interesados como el Instituto y proporcionar los expedientes y datos que el propio instituto les requiera de los trabajadores, ex trabajadores y pensionados, así como los informes sobre la forma en que se integran los sueldos de los trabajadores cotizantes, sus aportaciones y cuotas, y designarán a quienes se encarguen del cumplimiento de estas obligaciones.
El instituto se reserva la facultad de verificar la información recibida. En caso de negativa, demora injustificada o cuando la información se suministre en forma inexacta o falsa, la autoridad competente fincará la responsabilidad e impondrá las sanciones que correspondan en los términos de las leyes aplicables.
Los incumplimientos a las obligaciones señaladas en este artículo imputables a las dependencias y entidades no causarán perjuicio a los trabajadores. Por lo que en su caso, se tendrá por cierto las afirmaciones de los trabajadores, procediéndose contra la dependencia o entidad o el servidor público responsable.
Artículo 8. Los trabajadores están obligados a proporcionar al instituto y a las dependencias o entidades en que presten sus servicios:
Los Trabajadores tendrán derecho a exigir a las dependencias o entidades el estricto cumplimiento de las obligaciones que les impone el artículo anterior, así como el que el instituto los registre al igual que a sus familiares derechohabientes. En caso de que de manera injustificada le sea negado este registro, se tendrá por efectuado el mismo para todos los efectos legales, el día hábil siguiente de presentada la solicitud respectiva.
Artículo 9. El instituto expedirá a todos los derechohabientes de esta ley, un medio de identificación para ejercer los derechos que la misma les confiere.
Para estos efectos, las dependencias y entidades estarán obligadas a proporcionar al instituto los apoyos necesarios de acuerdo con los lineamientos que éste emita.
Artículo 10. El instituto definirá los medios para integrar un expediente electrónico único para cada derechohabiente.
El expediente integrará todo lo relativo a vigencia de derechos, historial de cotización, situación jurídica, historia clínica, historia crediticia institucional, así como otros conceptos que se definan en el reglamento respectivo.
Los datos y registros que se asienten en el expediente electrónico serán confidenciales y la revelación de los mismos a terceros, sin autorización expresa de las autoridades del instituto y del derechohabiente respectivo o sin causa legal que lo justifique, será sancionada en los términos de la legislación penal federal vigente.
El personal autorizado para el manejo de la información contenida en el expediente electrónico, así como los derechohabientes, tendrán acceso a la información de sus expedientes mediante los mecanismos y normas que establezca el instituto.
La certificación que el instituto emita en términos de las disposiciones aplicables, a través de la unidad administrativa competente, con base en la información que conste en el expediente electrónico a que se refiere este artículo, tendrá plenos efectos legales para fines civiles, administrativos y judiciales.
El trabajador y el pensionado deberán auxiliar al instituto a mantener al día su expediente electrónico y el de sus familiares derechohabientes. Para el efecto, la junta directiva incluirá en el reglamento respectivo, disposiciones que los incentiven a presentarse periódicamente a las instalaciones que el instituto determine para cumplir con esta disposición.
Artículo 11. Para que los derechohabientes puedan utilizar los seguros, prestaciones y servicios que les corresponden en términos de esta ley, deberán cumplir los requisitos aplicables.
Artículo 12. Las dependencias o entidades deberán enterar al instituto las cuotas y aportaciones tomando como sueldo integrado mínimo el límite inferior previsto en el artículo 17 de esta ley, aún en el caso de trabajadores que tengan un ingreso inferior a dicho límite.
Artículo 13. El instituto contará con medios electrónicos que le permitan crear una base actualizada de datos institucional, que contendrá los respectivos expedientes de sus derechohabientes.
Tanto las dependencias y entidades, como los derechohabientes, tendrán la obligación de proporcionar la información que permita mantener actualizados los expedientes a que se refiere este artículo, conforme lo establezca el reglamento que regule las bases de datos de derechohabientes.
La información que se entregue al instituto, será confidencial, por lo que la revelación de ésta a terceros sin autorización expresa de las autoridades del instituto y del derechohabiente o sin causa legal que lo justifique, será sancionada en los términos de la legislación penal federal vigente.
Artículo 14. El instituto recopilará y clasificará la información sobre los derechohabientes, a efecto de formular escalas de sueldos, promedios de duración de los servicios que esta ley regula, tablas de mortalidad, morbilidad y, en general, las estadísticas y cálculos actuariales necesarios para encauzar y mantener el equilibrio financiero de los recursos y cumplir adecuada y eficientemente con los seguros, prestaciones y servicios que por ley le corresponde administrar. Con base en los resultados de los cálculos actuariales que se realicen, deberán proponerse al Ejecutivo federal con toda oportunidad las modificaciones que fueran procedentes, respetando los derechos de los trabajadores y los principios que deben guiar al instituto conforme al artículo 5 de esta ley.
Artículo 15. El instituto diseñará y pondrá en operación, un sistema de evaluación del desempeño, con base en el cual podrá definir las políticas y mecanismos de otorgamiento de los seguros, prestaciones y servicios. En este sistema se dará intervención a los trabajadores y sus familiares derechohabientes, especialmente en el seguro de salud.
Artículo 16. El pensionado que traslade su domicilio al extranjero, continuará recibiendo su pensión, siempre que los gastos administrativos de traslado de los fondos respectivos corran por cuenta del pensionado. Salvo que su traslado se deba a motivos de fuerza mayor.
Esta disposición será aplicable a los seguros de riesgos del trabajo, retiro, jubilación, retiro por edad y tiempo de servicios, y cesantía en edad avanzada , invalidez y vida.
Título segundo Del régimen obligatorio Capítulo I Sueldos, cuotas y aportacionesArtículo 17. El sueldo integrado que se tomará en cuenta para los efectos de esta ley, se conformará con el sueldo presupuestal, el sobresueldo, las compensaciones y cualquier otra cantidad o prestación que perciba el trabajador con motivo de su trabajo de manera habitual, regular o periódica y, siempre que no constituya un instrumento de trabajo.
Sueldo presupuestal es la remuneración ordinaria señalada en la designación o nombramiento del trabajador en relación con la plaza o cargo que desempeña.
Sobresueldo, es la remuneración adicional concedida al trabajador en atención a las circunstancias de insalubridad o carestía de vida del lugar en que presta sus servicios.
Compensación, es la cantidad adicional al sueldo presupuestal y al sobresueldo que se otorga discrecionalmente en cuanto a su monto y duración a un trabajador en atención a las responsabilidades o trabajos extraordinarios relacionados con su cargo o por servicios especiales que desempeñe y que se cubra con cargo a la partida específica denominada ``Compensaciones adicionales por servicios especiales''.
Las cuotas y aportaciones establecidas en esta ley se efectuarán sobre el sueldo integrado , estableciéndose como límite inferior un salario mínimo y como límite superior, el equivalente a veinticinco veces dicho salario mínimo.
Será el propio sueldo integrado , hasta el límite superior equivalente a veinticinco veces el salario mínimo del Distrito Federal, el que se tomará en cuenta para determinar el monto de los beneficios en los seguros de riesgos del trabajo, retiro, jubilación, retiro por edad y tiempo de servicios y cesantía en edad avanzada , invalidez y vida, establecidos por esta ley.
Las dependencias y entidades deberán informar al Instituto anualmente, en el mes de enero de cada año, los conceptos de pago sujetos a las cuotas y aportaciones que esta ley prevé. De igual manera deberán comunicar al instituto cualquier modificación de los conceptos de pago, dentro del mes siguiente a que haya ocurrido dicha modificación. Sin menoscabo del derecho del trabajador para dar a conocer al instituto su sueldo integrado; esto no libera a las dependencias y entidades del cumplimiento de sus obligaciones ni les exime de las responsabilidades en que hubieran incurrido.
Artículo 18. Los trabajadores que desempeñen dos o más empleos en las dependencias o entidades cubrirán sus cuotas sobre la totalidad de los sueldos integrados que correspondan, mismos que se tomarán en cuenta para fijar las pensiones y demás beneficios de los seguros de riesgos del trabajo e invalidez y vida.
El cómputo de los años de servicio se hará considerando uno solo de los empleos, aun cuando el trabajador hubiese desempeñado simultáneamente varios, cualesquiera que fuesen; en consecuencia, para dicho cómputo se considerará por una sola vez el tiempo durante el cual haya tenido o tenga el interesado el carácter de trabajador.
Artículo 19. La separación por licencia sin goce de sueldo, y la que se conceda por enfermedad, o por suspensión de los efectos del nombramiento conforme a la legislación federal aplicable, o el tiempo laborado en que la dependencia o entidad haya omitido el pago de las cuotas y aportaciones, o cuando el trabajador se haya separado por renuncia, o haya sido cesado, o en cualquier caso en que el trabajador se reincorpore , se computará como tiempo de servicios en los siguientes casos:
En los casos señalados en las fracciones I, II, VI y VII anteriores, el trabajador deberá pagar la totalidad de las cuotas y aportaciones establecidas en esta ley durante el tiempo que dure la separación o al generarse el derecho a la jubilación o pensión . Si el trabajador falleciere antes de reanudar sus labores y sus familiares derechohabientes tuvieren derecho a pensión y quisieren disfrutar de la misma, deberán cubrir el importe de esas cuotas y aportaciones.
Las aportaciones y cuotas a que se refiere el párrafo anterior son las señaladas en esta ley, excepto las del seguro de salud y las del Fondo de la vivienda.
Por lo que se refiere a las fracciones III, IV y V, las dependencias y entidades, al efectuar la liquidación por sueldos dejados de percibir, o por salarios caídos, deberán retener al trabajador las cuotas correspondientes, y hacer lo propio respecto de sus aportaciones enterando ambas al instituto e, incluidos los seguros de jubilación, retiro por edad y tiempo de servicios y cesantía en edad avanzada, que se depositarán en la cuenta individual del trabajador.
Las aportaciones y cuotas a que se refiere el párrafo anterior son las señaladas en esta ley, excepto las del seguro de salud.
Artículo 20. Las dependencias y entidades sujetas al régimen de esta ley tienen la obligación de retener de los sueldos del trabajador el equivalente a las cuotas y descuentos que éste debe cubrir al instituto, de conformidad con las disposiciones administrativas que al efecto se emitan. Si las cuotas y descuentos no fueren retenidas al efectuarse el pago del sueldo, los obligados a hacerlo sólo podrán retener de éste el monto acumulado equivalente a dos cotizaciones; el resto de los no retenidos será a su cargo.
El entero de las cuotas, aportaciones y descuentos, será por quincenas vencidas y deberá hacerse en entidades receptoras que actúen por cuenta y orden del Instituto, mediante los sistemas o programas informáticos que se establezcan al efecto, a más tardar, los días cinco de cada mes, para la segunda quincena del mes inmediato anterior, y veinte de cada mes, para la primera quincena del mes en curso, excepto tratándose de las cuotas y aportaciones a los seguros de retiro, jubilación, retiro por edad y tiempo de servicios , cesantía en edad avanzada y al Fondo de la vivienda.
El entero de las cuotas y aportaciones al seguro de retiro, jubilación, retiro por edad y tiempo de servicios , cesantía en edad avanzada y al Fondo de la vivienda será por bimestres vencidos, a más tardar el día diecisiete de los meses de enero, marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre de cada año y se realizará mediante los sistemas o programas informáticos, en los términos del párrafo anterior.
Las dependencias o entidades están obligadas a utilizar los sistemas o programas informáticos antes referidos para realizar el pago de las cuotas, aportaciones y descuentos.
El instituto se reserva la facultad de verificar la información recibida. En caso de encontrar errores o discrepancias que generen adeudos a favor del instituto, deberán ser cubiertos en forma inmediata con las actualizaciones y recargos que correspondan, en los términos de esta ley.
Artículo 21. Cuando las dependencias y entidades sujetas a los regímenes de esta ley no enteren las cuotas, aportaciones y descuentos dentro del plazo establecido, deberán cubrir a partir de la fecha en que éstas se hicieren exigibles en favor del instituto o, tratándose de los seguros de retiro, jubilación, retiro por edad y tiempo de servicios y cesantía en edad avanzada , en favor del trabajador, intereses moratorios a razón de uno punto veinticinco veces la tasa de los certificados de la Tesorería de la federación con vencimiento a veintiocho días. Asimismo, deberán cubrir la actualización de dichas cuotas, aportaciones y descuentos, en los términos establecidos en el Código Fiscal de la Federación.
Los titulares de las dependencias y entidades, sus oficiales mayores o equivalentes, y los servidores públicos encargados de realizar las retenciones y descuentos serán responsables en los términos de ley, de los actos y omisiones que resulten en perjuicio de la dependencia o entidad para la que laboren, del instituto, de los trabajadores o pensionados, independientemente de la responsabilidad civil, penal o administrativa en que incurran.
Las omisiones y diferencias que resultaren con motivo de los pagos efectuados, el instituto las notificará a las dependencias y entidades, debiendo éstas efectuar la aclaración o el pago, dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha de la notificación, en caso contrario, deberán pagar la actualización y recargos a que se refiere este artículo.
Las dependencias y entidades mencionadas en este artículo tendrán un plazo de diez días hábiles a partir del requerimiento formulado por el instituto, para realizar ante el instituto las aclaraciones correspondientes.
Posteriormente, el instituto requerirá a la Tesorería de la federación, los pagos correspondientes por los adeudos vencidos que tengan las dependencias y entidades con cargo a su presupuesto. La señalada Tesorería deberá comprobar la procedencia del adeudo y en su caso, hacer el entero correspondiente al Instituto en un plazo no mayor de cinco días hábiles.
En el caso de los adeudos de las entidades federativas, de los municipios, o de sus dependencias o entidades, se podrá hacer el cargo directamente a las participaciones y transferencias federales de dichas entidades federativas.
En ningún caso se autorizará la condonación de adeudos por concepto de cuotas, aportaciones y descuentos, su actualización y recargos.
Artículo 22. Los ingresos provenientes de las cuotas, aportaciones y descuentos no se concentrarán en la Tesorería de la federación, deberán ser enterados al instituto. Tratándose de las cuotas y aportaciones correspondientes a los seguro de retiro, jubilación, retiro por edad y tiempo de servicios y cesantía en edad avanzada, se depositarán en la cuenta individual del trabajador.
Artículo 23. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público incluirá en las partidas necesarias el concepto de cuotas y aportaciones de este ordenamiento al tiempo de examinar los proyectos anuales de presupuestos de las dependencias y entidades de la Administración Pública federal. Asimismo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público vigilará el oportuno entero de los recursos por parte de las dependencias y entidades, en los términos de esta ley.
Artículo 24. En caso de que alguna dependencia o entidad incumpla por más de seis meses en el entero de las cuotas, aportaciones y descuentos previstos en esta ley, el instituto estará obligado a hacer público el adeudo correspondiente. Procediendo al cobro de las cuotas, aportaciones y descuentos, conforme a lo previsto en esta ley. El incumplimiento referido no será causa para que el instituto suspenda, parcial o totalmente, los seguros, prestaciones y servicios en perjuicio de los trabajadores y demás derechohabientes.
Artículo 25. En caso de que las dependencias y entidades realicen el pago de cuotas y aportaciones en exceso, deberán compensar el monto del exceso contra el monto del siguiente entero de cuotas y aportaciones. Lo anterior, sin perjuicio de las responsabilidades en que hubieran incurrido los funcionarios de la dependencia o entidad. Tratándose de los seguros de retiro, jubilación, retiro por edad y tiempo de servicios y cesantía en edad avanzada , el pago de cuotas en exceso no se deberá revertir.
En caso de que las dependencias y entidades realicen el pago de cuotas y aportaciones sin justificación legal, la devolución se sujetará al procedimiento que determine el instituto. Igualmente tratándose de las cuotas y aportaciones a los seguros de retiro, jubilación, retiro por edad y tiempo de servicios y cesantía en edad avanzada y a la subcuenta de ahorro solidario, pero en ningún caso procederá la devolución de actualizaciones o cualquier accesorio diferente al monto nominal de las cantidades pagadas sin justificación legal.
Capítulo II Seguro de salud Sección I GeneralidadesArtículo 26. El seguro de salud que tiene por objeto proteger, promover y restaurar la salud de sus derechohabientes, otorgando servicios de salud con calidad, oportunidad y equidad. El seguro de salud incluye los componentes de atención médica preventiva, atención médica curativa y de maternidad y rehabilitación física y mental y los aparatos de prótesis y ortopedia necesarios.
Se pondrá énfasis en la atención médica preventiva. Igualmente se deberá armonizar el uso de la medicina alópata con la herbolaria, acupuntura y demás opciones alternativas para la salud. Con prioridad a los conocimientos de nuestros pueblos indígenas.
Cuando por causas imputables al instituto no se presten a los trabajadores y sus beneficiarios los servicios médicos o no se surtan las recetas médicas, éstos tendrán derecho a recibir el reembolso de gastos máximo en setenta y dos horas. En caso de urgencia, por razones médicas o socioeconómicas del paciente, a criterio y bajo la responsabilidad del propio instituto, el reembolso será de inmediato y máximo en veinticuatro horas. Si los reembolsos no se realizan en los términos señalados, el instituto cubrirá daños y perjuicios.
Artículo 27. El instituto diseñará, implantará y desarrollará su modelo y programas de salud en atención a las características demográficas, socioeconómicas y epidemiológicas de sus derechohabientes, y creará las herramientas de supervisión técnica y financiera necesarias para garantizar su cumplimiento.
Artículo 28. El instituto desarrollará una función prestadora de servicios de salud, mediante la cual se llevarán a cabo las acciones amparadas por este seguro, a través de las unidades prestadoras de servicios de salud, de acuerdo con las modalidades de servicio previstas en las secciones III y IV del presente capítulo. Esta función procurará que el instituto brinde al derechohabiente servicios de salud suficientes, oportunos y de calidad que contribuyan a prevenir o mejorar su salud y bienestar. Al efecto se deberá impulsar el uso de unidades móviles.
Artículo 29. La junta directiva del instituto emitirá manuales, conforme a las disposiciones reglamentarias aplicables , para la regionalización de los servicios de salud, considerando criterios demográficos, de morbilidad, de demanda de servicios, de capacidad resolutiva y de eficiencia médica y financiera, entre otros. Asimismo, se establecerán normas y procedimientos para el debido escalonamiento de los servicios, referencias y contrarreferencias, subrogación de servicios y otros que se consideren pertinentes. La subrogación de servicios se podrá realizar en los términos del artículo siguiente.
Artículo 30. Los servicios médicos que tiene encomendados el instituto en los términos de los capítulos relativos a los seguros de salud y de riesgos del trabajo, los prestará directamente. El instituto podrá celebrar convenios temporales con quienes presten dichos servicios, previa justificación de la imposibilidad de prestarlos directamente. Los convenios se celebrarán exclusivamente con instituciones públicas del sector salud.
En tales casos, las instituciones que hubiesen suscrito esos convenios, estarán obligadas a responder directamente de los servicios y a proporcionar al Instituto los informes y estadísticas médicas o administrativas que éste les solicite, sujetándose a las instrucciones, normas técnicas, inspecciones y vigilancia establecidas por el mismo instituto.
El instituto, previo análisis de la oferta y la demanda y de su capacidad resolutiva, y una vez garantizada la prestación a sus derechohabientes, podrá ofrecer a las instituciones del sector salud la capacidad excedente de sus unidades prestadoras de servicios de salud, de acuerdo con el reglamento respectivo.
En estos casos, el instituto determinará los costos de recuperación que le garanticen el equilibrio financiero.
Sección II Del Comité de Evaluación y Seguimiento de los Servicios de SaludArtículo 31. El instituto establecerá un plan rector para el desarrollo y mejoramiento de la infraestructura y los servicios de salud, que deberá ser aprobado y revisado periódicamente por la junta directiva.
Para este efecto se establecerá un Comité de Evaluación y Seguimiento de los Servicios de Salud, que se integrará de manera paritaria con tres representantes de las áreas médica, administrativa y financiera del instituto y tres representantes de las organizaciones de trabajadores.
El comité tendrá las funciones de evaluar los resultados y de proponer medidas para la óptima prestación de los servicios médicos.
Sección III Atención médica preventivaArtículo 32. El instituto proporcionará servicios de atención médica preventiva tendientes a proteger la salud de los derechohabientes.
Artículo 33. La atención médica preventiva, conforme a los programas que autorice el instituto sobre la materia, atenderá:
Artículo 34. La atención médica curativa y de maternidad, así como la de rehabilitación tendiente a corregir la invalidez física y mental, comprenderá los siguientes servicios:
Artículo 35. En caso de enfermedad, el trabajador y el pensionado tendrán derecho a recibir atención médica de diagnóstico, de tratamiento, odontológica, consulta externa, quirúrgica, hospitalaria, farmacéutica, y de rehabilitación que sea necesaria desde el comienzo de la enfermedad y durante el plazo máximo de cincuenta y dos semanas para la misma enfermedad. El Reglamento de Servicios Médicos determinará qué se entiende por este último concepto.
En el caso de enfermos ambulantes cuyo tratamiento médico no les impida trabajar, y en el de pensionados, el tratamiento de una misma enfermedad se continuará hasta su curación.
Igualmente, tendrá derecho a los aparatos de prótesis y ortopedia que sean necesarios.
Artículo 36. Al principiar la enfermedad, la dependencia o entidad en que labore el trabajador deberá dar aviso por escrito al instituto, de acuerdo con las disposiciones que al efecto emita éste. Podrán dar este aviso los trabajadores, sus beneficiarios o las personas que legalmente los representen.
Cuando la enfermedad imposibilite al trabajador para desempeñar su actividad laboral, tendrá derecho a licencia con goce de sueldo o con medio sueldo pagado por la dependencia o entidad en que labore, conforme a lo siguiente:
Si al vencer la licencia con medio sueldo continúa la imposibilidad del trabajador para desempeñar su labor, se concederá al trabajador licencia sin goce de sueldo mientras dure la incapacidad, hasta por cincuenta y dos semanas contadas desde que se inició ésta, o a partir de que se expida la primera licencia médica. Durante la licencia sin goce de sueldo, el instituto, con cargo a la reserva correspondiente del seguro de salud, cubrirá al trabajador un subsidio en dinero equivalente al sesenta por ciento del sueldo integrado que percibía el trabajador al ocurrir la incapacidad.
Para los efectos de las fracciones anteriores, los cómputos deberán hacerse por servicios continuados, o cuando la interrupción en su prestación no sea mayor de seis meses.
La licencia será continua o discontinua, una sola vez cada año contado a partir del momento en que se tomó posesión del puesto. A partir de ese momento, el pago estará a cargo de la dependencia o entidad conforme a las fracciones que anteceden.
Si al concluir el periodo de cincuenta y dos semanas previsto en el párrafo tercero del presente artículo el trabajador sigue enfermo, el instituto prorrogará su tratamiento hasta por cincuenta y dos semanas más, previo dictamen médico. De estas últimas el Instituto sólo cubrirá el subsidio a que se refiere el párrafo anterior hasta por veintiséis semanas.
A más tardar, al concluir el segundo periodo de cincuenta y dos semanas, el instituto deberá dictaminar sobre la procedencia de la invalidez del trabajador, que lo hiciere sujeto de una pensión en los términos de la presente ley. Si al declararse esta invalidez el trabajador no reúne los requisitos para tener derecho a una pensión por invalidez, podrá optar por retirar en una sola exhibición, el saldo de su cuenta individual, en el momento que lo desee.
Artículo 37. Cuando se haga la hospitalización del trabajador en los términos del reglamento respectivo, el subsidio establecido en el artículo anterior se pagará a éste o a los familiares derechohabientes señalados en el orden del artículo 40 de esta ley.
Para la hospitalización o intervención quirúrgica se requiere el consentimiento expreso del enfermo o de algún familiar responsable, a menos que en los casos graves o de urgencia o cuando por la naturaleza de la enfermedad se imponga como indispensable esa medida. La hospitalización de menores de edad y demás incapaces precisa del consentimiento de quienes ejerzan la patria potestad o la tutela o, en su defecto, del Ministerio Público o autoridad legalmente competente.
Las cesáreas y demás intervenciones quirúrgicas sólo se realizarán cuando sean absolutamente indispensables. De lo contrario, el instituto deberá cubrir daños y perjuicios.
Se suspenderá el pago del subsidio en caso de incumplimiento a la orden del instituto de someterse el enfermo a hospitalización, o cuando se interrumpa el tratamiento sin la autorización debida. Salvo causa justificada.
Artículo 38. La mujer trabajadora, la pensionada, la cónyuge del trabajador o del pensionado o, en su caso, la concubina de uno u otro, y la hija del trabajador o pensionado, soltera, menor de dieciocho años que dependa económicamente de éstos, según las condiciones del artículo siguiente, tendrán derecho a
Artículo 39. Para que la trabajadora, pensionada, cónyuge o hija menor de dieciocho años y soltera, o en su caso, la concubina, tengan derecho a las prestaciones que establece el artículo previo, será necesario que, durante los seis meses anteriores al parto, se hayan mantenido vigentes sus derechos o los del trabajador o pensionado de que se deriven estas prestaciones.
En el caso de que la trabajadora no cumpla el requisito de seis meses de antigüedad, la dependencia o entidad de su adscripción cubrirá el costo del servicio de acuerdo con el tabulador que autorice la junta directiva.
Artículo 40. También tendrán derecho a los servicios del seguro de salud, en caso de enfermedad, los familiares derechohabientes del trabajador o del pensionado que enseguida se enumeran:
Artículo 41. El seguro de salud se financiará en la forma siguiente:
Estos porcentajes incluyen gastos específicos de administración del seguro de salud.
Capítulo III Conservación de DerechosArtículo 42. El trabajador dado de baja por cese, renuncia, terminación de la obra o del tiempo para los cuales haya sido designado, así como el que disfrute de licencia sin goce de sueldo, pero que haya prestado servicios ininterrumpidos inmediatamente antes de la separación, durante un mínimo de dos meses, conservará en los tres meses siguientes a la misma, el derecho a recibir los beneficios del seguro de salud establecidos en el capítulo anterior. Del mismo derecho disfrutarán, en lo que proceda, sus familiares derechohabientes.
Capítulo IV De las PensionesArtículo 43. El derecho al goce de las pensiones de cualquier naturaleza, comenzará desde el día en que el trabajador o sus familiares derechohabientes cumplan los requisitos establecidos en esta ley para ello. Por lo que el monto de los recursos acumulados por el trabajador en la cuenta individual, no definirá la procedencia ni el monto de la pensión.
Artículo 44. En los casos en que se dictamine procedente el otorgamiento de la pensión, el instituto estará obligado a otorgar la resolución en que conste el derecho a la misma en un plazo máximo de noventa días, contados a partir de la fecha en que reciba la solicitud con la totalidad de la documentación respectiva, así como la constancia de licencia prepensionaria, o en su caso, el aviso oficial de baja.
Si en los términos señalados en el párrafo anterior no se ha otorgado la resolución, el Instituto estará obligado a efectuar el pago del cien por ciento del último sueldo integrado del solicitante que estuviere separado definitivamente del servicio con cargo a sus gastos de administración, sin perjuicio de continuar el trámite para el otorgamiento de la resolución en que conste el derecho a pensión y de que se finquen las responsabilidades en que hubieren incurrido los servidores públicos del instituto y los de las dependencias o entidades que en los términos de las leyes aplicables estén obligados a proporcionar la información necesaria para integrar los expedientes respectivos, los cuales deberán restituir al instituto las cantidades erogadas, así como sus accesorios.
Artículo 45. Cuando el instituto hubiese realizado un pago indebido por omisión o error en el informe rendido por la dependencia o entidad, se resarcirá el propio instituto con cargo al presupuesto de éstas.
Artículo 46. Cuando un pensionado reingresare al servicio activo, no podrá renunciar a la pensión que le hubiere sido concedida para solicitar y obtener otra nueva, salvo el caso de inhabilitados que quedaren aptos para el servicio.
El pensionado por invalidez e incapacidad total que reingresare al servicio activo deberá notificar al instituto en un plazo no mayor a diez días hábiles, a efecto de que se suspenda temporalmente su pensión.
Artículo 47. Las pensiones a que se refiere esta ley son compatibles con el disfrute de otras pensiones que se reciban con el carácter de familiar derechohabiente.
Artículo 48. La edad y el parentesco de los trabajadores y sus familiares derechohabientes se acreditará ante el instituto conforme a los términos de la legislación civil aplicable, y la dependencia económica mediante informaciones testimoniales que ante autoridad judicial o administrativa se rindan o bien, con documentación que extiendan las autoridades competentes.
Artículo 49. El instituto podrá ordenar en cualquier tiempo, la verificación y autenticidad de los documentos y la justificación de los hechos que hayan servido de base para conceder una pensión. Asimismo, se podrá solicitar al interesado o a las dependencias o entidades la exhibición de los documentos que en su momento se pudieron haber presentado para acreditar la pensión. Cuando se descubra que los documentos son falsos, el instituto, con audiencia del interesado, procederá a la respectiva revisión y, en su caso, denunciará los hechos al Ministerio Público para los efectos que procedan.
Artículo 50. Es nula toda enajenación, cesión o gravamen de las pensiones que esta ley establece. Las pensiones devengadas o futuras, serán inembargables y sólo podrán ser afectadas para hacer efectiva la obligación de ministrar alimentos por mandamiento judicial y para exigir el pago de adeudos con el instituto, con motivo de la aplicación de esta ley.
Artículo 51. El monto mensual mínimo de las pensiones para el seguro de retiro, jubilación, retiro por edad y tiempo de servicios y cesantía en edad avanzada será el señalado en el artículo 92 de esta ley. Para el seguro de invalidez y vida, el monto mensual mínimo de las pensiones será el previsto en el artículo 121 de esta ley.
Artículo 52. Toda fracción de más de seis meses de servicios se considerará como año completo para los efectos del otorgamiento de las pensiones.
Artículo 53. El trabajador o sus familiares derechohabientes que adquieran el derecho a disfrutar de una pensión proveniente de algún plan establecido por su dependencia o entidad, que haya sido autorizado y registrado por el instituto , debiendo cumplir los requisitos establecidos por ésta, tendrá derecho a que el instituto que opere su cuenta individual, antes de cumplir las edades y tiempo de cotización establecidas en el Capítulo VI de esta ley, le otorgue una pensión o jubilación , o bien le entregue sus recursos en una sola exhibición, cuando la pensión de que disfrute sea mayor al menos en un treinta por ciento a la garantizada.
Capítulo V Seguro de Riesgos del Trabajo Sección I GeneralidadesArtículo 54. Se establece el seguro de riesgos del trabajo en favor de los trabajadores y, como consecuencia de ello, el instituto se subrogará en la medida y términos de esta ley, en las obligaciones de las dependencias o entidades, derivadas de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional y de la Ley Federal del Trabajo, por cuanto a los mismos riesgos se refiere.
Artículo 55. Para los efectos de esta ley, serán reputados como riesgos del trabajo los accidentes y enfermedades a que están expuestos los trabajadores en el ejercicio o con motivo del trabajo.
Se considerarán accidentes del trabajo toda lesión orgánica o perturbación funcional, inmediata o posterior, o la muerte producida repentinamente en el ejercicio o con motivo del trabajo, cualquiera que sean el lugar y el tiempo en que se preste, así como los que ocurran al trabajador al trasladarse directamente de su domicilio, d e la estancia de bienestar infantil de sus hijos, o del domicilio en que se encuentre enfermo la esposa(o) o parientes consanguíneos en primer grado , al lugar en que desempeñe su trabajo o viceversa.
Asimismo, se consideran riesgos del trabajo las enfermedades señaladas en las leyes del trabajo.
Los riesgos del trabajo pueden producir
Artículo 56. Las prestaciones en dinero que concede este capítulo serán cubiertas íntegramente con la aportación a cargo de las dependencias y entidades que señala la Sección III del mismo. En virtud de lo anterior, no podrá hacerse cargo alguno por este concepto a la cuenta individual de los trabajadores.
Las prestaciones en especie que concede este capítulo serán cubiertas íntegramente por el seguro de salud.
Artículo 57. Cuando el trabajador no esté conforme con la calificación que del accidente o enfermedad haga el instituto de manera definitiva podrá interponer el recurso de inconformidad.
En el supuesto a que se refiere el párrafo anterior, entre tanto se tramita el recurso o el juicio respectivo, el Instituto otorgará al trabajador o a sus beneficiarios legales las prestaciones a que tuvieran derecho en los seguros de enfermedades y maternidad o invalidez y vida, siempre y cuando se satisfagan los requisitos señalados en esta ley.
Artículo 58. No se considerarán riesgos del trabajo
La existencia de estados anteriores tales como discapacidad física, mental o sensorial, intoxicaciones o enfermedades crónicas, no es causa para disminuir el grado de la incapacidad temporal o permanente, ni las prestaciones que correspondan al trabajador.
Artículo 59. Para los efectos de este capítulo, las dependencias y entidades deberán avisar por escrito al Instituto, dentro de los tres días siguientes al de su conocimiento, en los términos que señale el reglamento respectivo y demás disposiciones aplicables, los accidentes por riesgos del trabajo que hayan ocurrido. Los trabajadores, sus beneficiarios o las personas encargadas de representarlos también podrán dar el aviso de referencia, así como el de presunción de la existencia de un riesgo del trabajo.
Al servidor público de la dependencia o entidad que, teniendo a su cargo dar el aviso a que se refiere este artículo, omitiera hacerlo se le fincarán las responsabilidades correspondientes en términos de ley. Sin menoscabo de que la omisión será imputable a la dependencia o entidad.
El trabajador , sus beneficiarios o las personas encargadas de representarlos deberán solicitar al instituto la calificación del probable riesgo de trabajo dentro de los sesenta días hábiles siguientes a que haya ocurrido, en los términos que señale el reglamento respectivo y demás disposiciones aplicables, salvo causa justificada. Al efecto, el instituto deberá informar de manera personal y oportuna al trabajador de esta obligación, del término que tiene para cumplirla y las consecuencias de la omisión.
Artículo 60. El trabajador que sufra un riesgo del trabajo tiene derecho a las siguientes prestaciones en especie:
I. Diagnóstico, asistencia médica, quirúrgica y farmacéutica;
Artículo 61. En caso de riesgo del trabajo, el trabajador tendrá derecho a las siguientes prestaciones en dinero:
Los pensionados por riesgos del trabajo tendrán derecho a una gratificación anual igual en número de días a las concedidas a los trabajadores en activo de la administración pública federal, según la cuota diaria de su pensión. Esta gratificación deberá pagarse en una sola exhibición, pagadera antes del quince de diciembre de cada año.
Artículo 62. El trabajador que sufra algún accidente o enfermedad de trabajo, para gozar de las prestaciones en dinero a que se refiere este capítulo, deberá someterse a los exámenes médicos y a los tratamientos que determine el instituto, salvo causa justificada. El instituto deberá dar aviso a la dependencia o entidad cuando califique de profesional algún accidente o enfermedad, o en caso de recaída con motivo de éstos.
Artículo 63. La pensión por incapacidad parcial podrá ser revocada cuando el trabajador se recupere de las secuelas que deje el riesgo del trabajo, previa valoración que se le realice. En este supuesto, el trabajador continuará laborando, y el único efecto será la cancelación de la pensión correspondiente. En caso de que el alta médica se extienda sin que haya tenido lugar la recuperación señalada, la revocación quedará sin efectos y el instituto será responsable de los daños y perjuicios.
La pensión por incapacidad total será revocada cuando el trabajador recupere su capacidad para el servicio. En tal caso, la dependencia o entidad en que hubiere prestado sus servicios el trabajador recuperado tendrá la obligación de restituirlo en su empleo si de nuevo es apto para el mismo, o en caso contrario, asignarle un trabajo que pueda desempeñar, debiendo ser cuando menos de un sueldo y categoría equivalente a los que disfrutaba al acontecer el riesgo. Si el trabajador no aceptare reingresar al servicio en tales condiciones, salvo causa justificada , o bien estuviese desempeñando cualquier trabajo que le proporcione un ingreso cuando menos equivalente a sesenta por ciento de la remuneración habitual que hubiere percibido de continuar trabajando , le será revocada la pensión. En este caso, el instituto abrirá nuevamente una cuente individual al trabajador con los recursos remanentes. Si el alta médica se extiende sin que haya tenido lugar la recuperación referida, se estará a lo señalado en el primer párrafo de este artículo.
El instituto notificará la revocación de la pensión por escrito al trabajador.
Si el trabajador no fuere restituido a su empleo o no se le asignara otro en los términos del párrafo segundo de este artículo por causa imputable a la dependencia o entidad en que hubiere prestado sus servicios, seguirá percibiendo el importe de la pensión con cargo al presupuesto de ésta. Lo anterior, sin perjuicio de la responsabilidad en que incurra el titular de la dependencia o entidad, el cual deberá restituir los montos erogados por concepto del pago de la pensión.
Artículo 64. Cuando el trabajador fallezca a consecuencia de un riesgo del trabajo, los familiares señalados en la sección de pensión por causa de muerte del seguro de invalidez y vida en el orden que establece gozarán de una pensión equivalente a cien por ciento del sueldo integrado que hubiese percibido el trabajador en el momento de ocurrir el fallecimiento y la misma gratificación anual que le hubiere correspondido al trabajador como pensionado por riesgos del trabajo. El instituto cubrirá estas prestaciones.
Artículo 65. Cuando fallezca un pensionado por incapacidad permanente, total o parcial, se aplicarán las siguientes reglas:
Artículo 66. La seguridad y salud en el trabajo, en las dependencias y entidades, se normará por la legislación aplicable, así como por las disposiciones que en esta materia se fijen en las condiciones generales de trabajo o los contratos colectivos que rijan la relación laboral en las dependencias y entidades.
El instituto, las autoridades laborales y los trabajadores tendrán como prioridad la prevención de los riesgos de trabajo, así como la rehabilitación de los trabajadores víctimas de los mismos.
Artículo 67. Para la división de la pensión derivada de este capítulo, entre los familiares del trabajador, así como en cuanto a la asignación de la pensión para el viudo, concubinario, hijos, ascendientes, o quien, en su caso, tenga derecho a la ministración de alimentos, se estará a lo previsto en la sección de pensión por causa de muerte del seguro de invalidez y vida.
Artículo 68. Las dependencias y entidades estarán obligadas a realizar acciones de carácter preventivo con objeto de abatir la incidencia de las enfermedades y accidentes del trabajo. El instituto se coordinará con las dependencias, entidades, organismos e instituciones que considere necesarios para la elaboración de programas y el desarrollo de campañas tendentes a prevenir accidentes y enfermedades de trabajo.
El instituto podrá evaluar la actuación de las dependencias y entidades en materia de seguridad y salud en el trabajo a efecto de emitir recomendaciones que se estimen pertinentes.
En caso de que exista una relación directa entre un accidente de trabajo y el incumplimiento de la dependencia o entidad de una acción preventiva, el Instituto deberá dar aviso a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y a la Secretaría de la Función Pública para efectos de la aplicación de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.
Cuando las dependencias y entidades, durante el ejercicio fiscal respectivo, cuenten con recursos presupuestarios asignados a los programas y campañas y no hayan llevado a cabo las acciones a que éstos se refieren, el instituto informará de esto a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que se realicen los ajustes presupuestarios que, en su caso, procedan.
Artículo 69. Las dependencias y entidades deberán
Artículo 70. Corresponde al instituto promover la integración y funcionamiento de las comisiones de seguridad y salud en los centros de trabajo de las dependencias y entidades y, a las propias comisiones, atender las recomendaciones que el instituto formule en materia de seguridad y salud en el trabajo.
El instituto deberá asimismo promover la integración y funcionamiento de una comisión consultiva nacional y de comisiones consultivas de las entidades federativas de seguridad y salud en el trabajo del sector público federal.
Artículo 71. Será atribución del instituto la realización de inspecciones en materia de seguridad e higiene. Para el mejor cumplimiento de esta atribución, el instituto se coordinará con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
Si como resultado de la inspección realizada el instituto considera que debe sancionarse a la dependencia o entidad, hará llegar a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social el acta levantada con este motivo y demás constancias para que éste se encargue de aplicar las sanciones respectivas. Sin embargo, en caso de peligro inminente el instituto podrá clausurar de manera parcial o total el centro de trabajo hasta por setenta y dos horas, sujeta en su caso, esta clausura a su ratificación por esta secretaría.
Sección II Incremento Periódico de las PensionesArtículo 72. La cuantía de las pensiones por incapacidad parcial o total permanente será actualizada anualmente en el mes de febrero, conforme al índice nacional de precios al consumidor correspondiente al año calendario anterior o en apego a los incrementos al sueldo básico obtenidos por los trabajadores en activo, según el factor que resulte mayor.
Las pensiones a los familiares derechohabientes del trabajador por riesgos del trabajo serán revisadas e incrementadas en la proporción que corresponda, en términos de lo dispuesto en el párrafo anterior.
Sección III Régimen FinancieroArtículo 73. Las dependencias y entidades cubrirán una aportación de cero punto setenta y cinco por ciento del sueldo básico por el seguro de riesgos del trabajo.
Capítulo VI Seguro de Retiro, Jubilación, Retiro por Edad y Tiempo de Servicios y Cesantía en Edad Avanzada Sección I GeneralidadesArtículo 74. Para los efectos del seguro a que se refiere este capítulo, es derecho de todo trabajador contar con una cuenta individual operada por el instituto. La cuenta individual se integrará por las subcuentas de retiro, jubilación, retiro por edad y tiempo de servicios y cesantía en edad avanzada, del fondo de la vivienda, de ahorro solidario, de aportaciones complementarias de retiro, de aportaciones voluntarias y de ahorro de largo plazo.
Artículo 75. Las dependencias y entidades y el gobierno federal, en la parte que les corresponde están obligados a enterar al instituto el importe de las aportaciones y cuotas respectivas. Dichas aportaciones y cuotas se recibirán y depositarán en las respectivas subcuentas de la cuenta individual de cada trabajador.
En caso de terminación de la relación laboral, la dependencia o entidad deberá enterar al instituto la cuota correspondiente del bimestre de que se trate o, en su caso, la parte proporcional de dicha cuota en la fecha en que deba efectuar el pago de las correspondientes a ese periodo.
Artículo 76. La individualización y administración de los recursos de las cuentas individuales para el retiro estará a cargo del instituto.
El instituto podrá cargar a las subcuentas de retiro, de jubilación, retiro por edad y tiempo de servicios y cesantía en edad avanzada, la comisión máxima por manejo de cuenta que la junta directiva del instituto determine oyendo al Banco de México pero sin exceder de cero punto ocho por ciento sobre el saldo de la cuenta individual. Igualmente, podrá cargar la comisión sobre rendimiento real en los términos del penúltimo párrafo del artículo 77 de esta ley.
No se cobrará comisión sobre las cuentas individuales inactivas.
Los recursos obtenidos por el instituto mediante estas comisiones se aplicarán a los fines de la seguridad social, incluidos el seguro de salud y el seguro de atención para el bienestar y desarrollo infantil.
Sobre lo percibido mediante estas comisiones y su aplicación, el instituto deberá presentar informe trimestral detallado al mismo Congreso de la Unión.
Artículo 77. Las cuotas que reciba el instituto deberán ser depositadas a más tardar el cuarto día hábil siguiente al de su recepción, en la cuenta que el Banco de México lleve al instituto. El propio Banco de México, actuando por cuenta del mencionado instituto, deberá invertir dichos recursos, conforme a un régimen de inversión que deberá tener como principal objetivo otorgar la mayor seguridad y rentabilidad de los recursos de los trabajadores.
Asimismo, el régimen de inversión tenderá a incrementar el ahorro interno y el desarrollo de un mercado de instrumentos de largo plazo acorde con el sistema de pensiones. A tal efecto proveerá que las inversiones se canalicen preponderantemente, a través de su colocación en valores, a fomentar
El Banco de México deberá operar con valores, documentos, efectivo y los demás instrumentos que se señalen en el régimen de inversión que mediante lineamientos de carácter general establezca la junta directiva del instituto oyendo previamente la opinión de Comité Consultivo y de Vigilancia cuya opinión deberá ser favorable, al Banco de México y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que, en todo caso, deberán determinar el porcentaje de los recursos que se deberán de invertir en la Comisión Federal del Electricidad, Luz y Fuerza del Centro y Petróleos Mexicanos.
Los instrumentos de deuda emitidos por personas jurídicas distintas del gobierno federal deberán ser de emisoras de la más alta calidad crediticia, que paguen una tasa de interés competitiva, en las mejores condiciones de seguridad, rendimiento y liquidez según el régimen de inversión que determine la junta directiva del instituto en los términos aludidos en el párrafo anterior.
La junta directiva del instituto, oyendo al Banco de México, queda facultada para establecer límites a las inversiones cuando se concentren en un mismo ramo de la actividad económica.
El saldo de las subcuentas de los seguros de retiro, jubilación, retiro por edad y tiempo de servicios y cesantía en edad avanzada se ajustará en una cantidad igual a la resultante de aplicar a este saldo promedio diario mensual la variación porcentual del índice nacional de precios al consumidor, publicado por el Banco de México, correspondiente al mes inmediato anterior al del ajuste, y devengará intereses a una tasa no inferior a cuatro por ciento anual real, pagaderos mensualmente mediante su reinversión en las respectivas cuentas, en los términos señalados en el párrafo siguiente. El cálculo de estos intereses se hará sobre el saldo promedio diario mensual de la propia cuenta, ajustado siguiendo el mismo procedimiento antes señalado. La tasa citada será dada a conocer por el Banco de México oyendo a la junta directiva del instituto, cuando menos bimestralmente, en función de los rendimientos en términos reales de los valores de largo plazo que circulan en el mercado emitidos por el gobierno federal o por las emisoras de la más alta calidad crediticia.
De los rendimientos reales obtenidos, cinco por ciento corresponderá al instituto en su carácter de administrador y los restantes al propio trabajador. Los intereses que se entreguen a éste se abonarán a su cuenta individual para su reinversión.
Quedan prohibidas las inversiones en valores extranjeros de cualquier tipo.
Artículo 78. De los fondos de ahorro para el retiro que opere el Banco de México en la cuenta que le lleve al instituto, la Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos de le Federación relativo a cada ejercicio fiscal podrá autorizar préstamos al propio instituto debidamente garantizados y causando, durante el periodo de vigencia del crédito, mínimamente el interés otorgado a las cuentas individuales, al efecto el Congreso de la Unión determinará el monto, el plazo para la restitución y los fines a que se destinarán los préstamos aludidos.
Sin embargo, en tanto el instituto no cubra adeudos pendientes no podrá recibir nuevos préstamos; asimismo, el monto de los préstamos totales no podrá ser superior a treinta por ciento de los fondos de pensiones.
Antes de otorgar estos préstamos, la Cámara de Diputados deberá escuchar la opinión de la Secretaría de Hacienda y el propio Banco de México.
Artículo 79. Al generarse el derecho a una jubilación o pensión a favor de un trabajador, parte de los fondos correspondientes al ramo de retiro de las cuentas individuales se entregará a los trabajadores. Si el trabajador se jubila o pensiona a los cincuenta y dos años se le entregará sesenta por ciento de estos fondos, porcentaje que se irá incrementado en dos puntos porcentuales por cada año laborado en adición a los cincuenta y dos años de mención; el cien por ciento lo recibirá el trabajador al jubilarse o pensionarse a partir de los setenta años de edad.
Los fondos restantes de la cuenta individual del trabajador pasarán a propiedad del instituto para financiar el otorgamiento de la pensión a su cargo.
Si el trabajador cumple la edad para pensionarse pero no reúne el número de semanas cotizadas requeridas, podrá retirar la totalidad de los fondos de su cuenta individual en una sola exhibición.
Artículo 80. Los trabajadores cuya administración de su cuenta individual está a cargo del instituto podrán realizar aportaciones voluntarias directamente o por conducto de la dependencia o entidad a su cuenta individual, pudiendo retirar los fondos de esta subcuenta en cualquier momento.
En este caso, las aportaciones se depositarán en la subcuenta de aportaciones voluntarias.
Asimismo, las dependencias o entidades podrán hacer aportaciones adicionales a la subcuenta de aportaciones voluntarias, que se entenderán adicionales a los beneficios establecidos en los contratos colectivos de trabajo.
Artículo 81. El instituto y el Banco de México deberán presentar un informe mensual al Congreso de la Unión respecto a todo lo relacionado a la administración e inversión de los fondos de pensiones en el ámbito de sus respectivas competencias.
El informe no deberá ser meramente descriptivo de las atribuciones y funcionamiento de estas entidades sino ser un verdadero diagnóstico que muestre resultados reales sobre el funcionamiento de este sistema y propuestas para su mejoramiento y corrección oportuna de errores y desviaciones.
Artículo 82. El trabajador podrá notificar el incumplimiento de las obligaciones a cargo de las dependencias y entidades, establecidas en este capítulo, al instituto.
El instituto tendrá la facultad de practicar inspecciones a las dependencias y entidades y, en su caso, determinar créditos y las bases para su liquidación, así como la actualización y recargos que se generen.
Artículo 83. El trabajador o sus beneficiarios que adquieran el derecho a disfrutar de una pensión proveniente de algún plan establecido por la dependencia o entidad o derivado de contratación colectiva, que haya sido autorizado y registrado por el instituto, conforme a los requisitos establecidos por éste y, oyendo previamente al Banco de México, tendrán derecho a que el instituto les entregue los recursos de la cuenta individual en una sola exhibición siempre que la pensión obtenida con base en ese plan sea por lo menos de cuatro salarios mínimos generales vigentes en el Distrito Federal. En caso contrario, el instituto le otorgará la pensión que le corresponde.
Artículo 84. Durante el tiempo en que el trabajador deje de estar sujeto a una relación de trabajo tendrá derecho a
El derecho consignado en esta fracción sólo podrán ejercerlo los trabajadores que acrediten con los estados de cuenta correspondientes no haber efectuado retiros en el año anterior. Para que no se afecten el monto total de los recursos de la cuenta individual y el total de semanas cotizadas no sufra menoscabo, el trabajador una vez que se reincorpore al trabajo podrá devolver la cantidad recibida en treinta y seis pagos aplicados mensualmente.
El instituto deberá entregar estos recursos dentro de los tres días hábiles siguientes de la presentación de la solicitud; o bien, entregar resolución de improcedencia debidamente fundada y motivada. De lo contrario deberá cubrir daños y perjuicios.
Si el trabajador no cubre total o parcialmente el apoyo de desempleo se le disminuirá en igual proporción el número de semanas cotizadas, en los términos del artículo 87 de esta ley.
Artículo 85. La junta directiva del instituto, atendiendo a consideraciones técnicas y asegurando los intereses de los trabajadores, mediante la expedición de lineamientos generales podrá autorizar mecanismos, procedimientos, formas y términos relacionados con el seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, conforme a lo establecido en esta ley.
Artículo 86. El asegurado que goce de una jubilación o pensión de retiro por edad y tiempo de servicios o cesantía en edad avanzada, cuando reingrese al régimen obligatorio, no efectuará las cotizaciones relativas al seguro de invalidez y vida.
El asegurado abrirá una nueva cuenta individual en el instituto. Una vez al año en el mismo mes calendario en que adquirió el derecho a la pensión podrá el asegurado transferir sus recursos al instituto, el que en contraprestación incrementará la pensión en los términos de ley.
Artículo 87. La disposición que realice el trabajador de los recursos de su cuenta individual por cualesquiera de los supuestos previstos en esta ley, salvo que los resarza, disminuirán en igual proporción a las semanas de cotización efectuadas.
La mencionada disminución se calculará dividiendo el monto acumulado de los recursos en la cuenta individual entre el número de semanas cotizadas hasta el momento de realizarse la disposición de dichos recursos. El monto retirado se dividirá entre el cociente resultante de la anterior operación. El resultado se restará a las semanas cotizadas.
Artículo 88. Las cuotas de los seguros de retiro, jubilación, retiro por edad y tiempo de servicios y cesantía en edad avanzada, así como las voluntarias y adicionales, incluidos los intereses causados, estarán exentas de toda clase de impuestos.
Artículo 89. El instituto enviará al domicilio del trabajador un estado de cuenta anual. Independientemente de lo anterior, el instituto entregará una tarjeta plástica a cada trabajador para que pueda consultar su saldo cuantas veces lo necesite.
Artículo 90. El trabajador podrá solicitar ante el instituto, por causa justificada, un estado de cuenta adicional.
Artículo 91. Se creará un comité consultivo y de vigilancia respecto a la administración de las cuentas individuales por el instituto y de la inversión de los ahorros por el Banco de México, a efecto de que se realicen en los mejores términos de respeto al marco jurídico, calidad, eficiencia, seguridad y rentabilidad, comité que estará constituido con un representante del instituto, uno del Instituto Mexicano del Seguro Social, un representante del Banco de México, un representante de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dos representantes de la Cámara de Diputados y dos representantes de la Cámara de Senadores pertenecientes a comisiones con labor legislativo en materia de seguridad social y trabajo y previsión social, la cual será presidida de manera rotativa cada tres meses por cada uno de los anteriores representantes y se reunirá cuantas veces sea necesario, pero por lo menos una vez de manera mensual, debiendo presentar al Congreso de la Unión un informe cuatrimestral sobre el estado de funcionamiento del Sistema de Ahorro para el Retiro operado por el instituto, la problemática que presente y propuestas de solución.
Los representantes a que se refiere el párrafo anterior deberán estar a nivel de secretario de Estado o subsecretario o bien de director general o subdirector, según corresponda.
Artículo 92. Los beneficiarios del trabajador titular de una cuenta individual de los seguro de retiro, jubilación, retiro por edad y tiempo de servicios y cesantía por edad avanzada serán los que establece el seguro de invalidez y vida.
El trabajador asegurado, deberá designar beneficiarios sustitutos de los indicados en el párrafo anterior, única y exclusivamente para el caso de que faltaren los beneficiarios legales. El trabajar podrá en cualquier tiempo cambiar esta última designación. Dicha designación y su correspondiente modificación deberán realizarse ante el instituto.
A falta de los beneficiarios legales y sustitutos, dicha entrega se hará en el orden de prelación previsto en el artículo 501 de la Ley Federal de Trabajo. Cualquier conflicto deberá ser resuelto ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.
En caso de fallecimiento del trabajador, si los beneficiarios legales no cubren los requisitos para acceder a una pensión por los seguro de invalidez y vida, jubilación, retiro por edad y tiempo de servicios y cesantía en edad avanzada, el instituto entregará el saldo de la cuenta individual entre los beneficiarios en partes iguales.
Artículo 93. Los jubilados o pensionados por retiro por edad y tiempo de servicios o cesantía en edad avanzada que reingresen en el régimen obligatorio abrirán una nueva cuenta individual, ante el instituto. Una vez al año, en el mismo mes calendario en que adquirió el derecho a la pensión, podrá el trabajador transferir al instituto el saldo acumulado de su cuenta individual, conviniendo el incremento de la jubilación o pensión.
Artículo 94. Los pensionados conforme a esta sección tendrán derecho a una gratificación anual igual en número de días a las concedidas a los trabajadores en activo de la administración pública federal, según la cuota diaria de su pensión. Esta gratificación deberá pagarse en una sola exhibición, antes del quince de diciembre de cada año.
La cuantía de estas pensiones será actualizada anualmente en el mes de febrero, conforme al índice nacional de precios al consumidor correspondiente al año calendario anterior o el incremento salarial obtenido por los trabajadores en activo.
Las pensiones a los familiares derechohabientes del trabajador serán incrementadas en la proporción que corresponda, en términos de lo dispuesto en el párrafo anterior.
A la muerte del pensionado por retiro, jubilación, retiro por edad y tiempos de servicios y cesantía en edad avanzada, los familiares derechohabientes tendrán derecho a seguir gozando de esta pensión en los términos del ramo de pensión por causa de muerte.
Artículo 95. El cálculo de las pensiones se hará sobre el promedio del salario integrado disfrutado en el último año inmediato anterior a la fecha de la baja del trabajador o de su fallecimiento.
Artículo 96. Los recursos depositados en la cuenta individual de cada trabajador son propiedad de éste con las modalidades que se establecen en esta ley y demás disposiciones aplicables.
Los recursos depositados en las subcuentas de retiro, jubilación, retiro por edad y tiempo de servicios y cesantía en edad avanzada y en la subcuenta de ahorro solidario serán inembargables.
Los recursos depositados en las subcuentas de aportaciones voluntarias, complementarias de retiro y de ahorro a largo plazo serán inembargables hasta por un monto equivalente a veinte veces el salario mínimo elevado al año por cada subcuenta, por el importe excedente a esta cantidad se podrá trabar embargo.
Sección II JubilaciónArtículo 97. Tienen derecho a la pensión por jubilación los trabajadores con treinta años o más de servicios y las trabajadoras con veintiocho años o más de servicios e igual tiempo de cotización al instituto, en los términos de esta ley, con cincuenta y dos años de edad.
La pensión por jubilación dará derecho al pago de una cantidad equivalente a cien por ciento del sueldo que se define en el artículo 17 de esta ley y su percepción comenzará a partir el día siguiente a aquel en que el trabajador hubiese disfrutado el último sueldo antes de causar baja.
Sección III Pensión de RetiroArtículo 98. Los trabajadores tendrán derecho a un seguro de retiro antes de cumplir las edades y tiempo de cotización establecidas en el presente capítulo, siempre y cuando la pensión que se le calcule sea superior en más de treinta por ciento a la pensión mínima . Esta pensión se actualizará anualmente en febrero conforme al índice nacional de precios al consumidor.
El pensionado tendrá derecho a recibir el excedente de los recursos acumulados en su cuenta individual en una o varias exhibiciones, solamente si la pensión que se le otorgue es superior en más de treinta por ciento a la pensión mínima . La disposición de la cuenta, así como de sus rendimientos, estará exenta del pago de contribuciones.
Para efecto de ejercer el derecho a que se refiere este artículo, el trabajador podrá acumular los recursos de las subcuentas de retiro, jubilación, retiro por edad y tiempo de servicios y cesantía en edad avanzada aportados bajo cualquier régimen, los de la Subcuenta de ahorro solidario, los de la subcuenta de aportaciones complementarias de retiro, los de la subcuenta de aportaciones voluntarias y los de la subcuenta de ahorro de largo plazo.
Asimismo, el trabajador pensionado en los términos de este artículo, tendrá derecho a recibir servicios del seguro de salud por parte del instituto.
Sección IV Pensión por Edad y Tiempo de ServiciosArtículo 99. Tienen derecho a pensión de retiro por edad y tiempo de servicios, los trabajadores que habiendo cumplido cincuenta y siete años , tuviesen dieciocho años de servicios como mínimo e igual tiempo de cotización al instituto.
El cómputo de los años de servicios se hará considerando uno solo de los empleos, aun cuando el trabajador hubiese desempeñado simultáneamente varios, cualquiera que fuesen; en consecuencia, para dicho cómputo se considerará, por una sola vez, el tiempo durante el cual haya tenido o tenga el interesado el carácter de trabajador.
El monto de la pensión de retiro por edad y tiempo de servicios se determinará de acuerdo con los porcentajes de la tabla siguiente:
Artículo 100. La pensión por cesantía en edad avanzada se otorgará al trabajador que se separe voluntariamente del servicio o que se quede privado del trabajo remunerado, después de los sesenta años de edad y haya cotizado por un mínimo de diez años al instituto.
La pensión de que se habla en el artículo anterior se calculará aplicando al sueldo integrado precisado en el artículo 17 de esta ley, los porcentajes que se especifican en la tabla siguiente:
El otorgamiento de la pensión por cesantía en edad avanzada se determinará conforme a la tabla anterior, incrementándose anualmente de acuerdo con los porcentajes fijados hasta los sesenta y cinco años, a partir de los cuales disfrutará del cincuenta por ciento fijado.
El derecho al pago de la pensión por cesantía en edad avanzada se iniciará a partir del día siguiente en que se separe voluntariamente del servicio o quede privado de trabajo remunerado el servidor público.
El otorgamiento de la pensión por cesantía excluye la posibilidad de conceder posteriormente pensiones de jubilaciones, de retiro por edad y tiempo de servicios o por invalidez a menos de que el trabajador reingrese en el régimen obligatorio que señala esta ley.
Serán aplicables a esta pensión las disposiciones generales relativas a las demás pensiones.
Sección IV De la Pensión MínimaArtículo 101. Pensión mínima es la que el Estado asegura como monto menor a quienes reúnan los requisitos señalados para obtener una pensión por jubilación , retiro por edad y tiempo de servicios y cesantía en edad avanzada y su monto mensual será la cantidad equivalente a cuatro salarios mínimos , que se actualizará anualmente, en febrero, conforme al cambio anualizado del índice nacional de precios al consumidor.
Artículo 102. El pago de la pensión mínima no será suspendido cuando el pensionado reingrese en un trabajo sujeto al régimen obligatorio de esta ley o de la Ley del Seguro Social.
El pensionado que disfrute de una pensión mínima no podrá recibir otra de igual naturaleza.
La pensión que corresponda a los familiares derechohabientes del pensionado fallecido se entregará a éstos aun cuando estuvieran gozando de otra pensión de cualquier naturaleza.
Sección V De la Cuenta IndividualArtículo 103. A cada trabajador se abrirá una cuenta individual en el instituto.
Artículo 104. Los trabajadores no deberán tener más de una cuenta individual, independientemente de que se encuentren sujetos a diversos regímenes de seguridad social. Si tuvieren varias cuentas individuales, deberán hacerlo del conocimiento del instituto para proceder a su unificación. Ésta también se deberá llevar de oficio por el instituto. En ambos casos se deberá dar aviso al trabajador de los resultados del trámite de unificación.
Los trabajadores que estén sujetos al régimen previsto en esta ley y simultáneamente al previsto en otras leyes, o que con anterioridad hayan estado sujetos al régimen previsto en esta ley, igualmente no deberán de tener más de una cuenta individual, y su unificación se efectuará en los mismos términos del párrafo anterior.
El trabajador que tenga abierta una cuenta individual y que cambie de régimen o simultáneamente se encuentre sujeto a dos o más regímenes de seguridad social deberá integrar todos los recursos que se depositen a su favor, en la cuenta individual que tuviera abierta.
En el caso de cotización simultánea o sucesiva en el instituto y en otros sistemas de seguridad social, la acumulación de recursos seguirá los criterios y mecanismos fijados en el convenio de portabilidad que, en su caso, se suscriba.
Las dependencias y entidades deberán informar bimestralmente a los trabajadores sobre las aportaciones hechas a su favor, sin perjuicio de que dicha información sea entregada a los sindicatos o, en su caso, a cualquier otra organización representativa de los trabajadores.
Artículo 105. Las dependencias y entidades serán responsables de los daños y perjuicios que se causaren al trabajador o a sus familiares derechohabientes cuando por falta de cumplimiento de la obligación de inscribirlo al instituto o de avisar su sueldo integrado o los cambios que sufriera éste, no pudieran otorgarse las prestaciones consignadas en este capítulo, o bien dichas prestaciones se vieran disminuidas en su cuantía.
Artículo 106. Cuenta individual es la que se abrirá para cada asegurado ante el instituto, para que se depositen en la misma las cuotas y aportaciones por concepto del seguro de retiro, jubilación, retiro por edad y tiempo de servicios y cesantía en edad avanzada, así como los rendimientos. La cuenta individual se integrará por las subcuentas de retiro, de jubilación, de retiro por edad y tiempo de servicios, de cesantía en edad avanzada, de vivienda y de aportaciones voluntarias.
Respecto de la subcuenta de vivienda, el instituto deberá hacer entrega de los recursos al Fondo de la Vivienda en los términos de su propia ley.
Sección IV Del Ahorro Solidario para el Incremento de las PensionesArtículo 107. Los trabajadores podrán optar porque se les descuente hasta dos por ciento de su sueldo integrado , para ser acreditado en la subcuenta de ahorro solidario que se abra al efecto en su cuenta individual.
Las dependencias y entidades en que presten sus servicios los trabajadores que opten por dicho descuento estarán obligadas a depositar en la referida subcuenta tres pesos con veinticinco centavos por cada peso que ahorren los trabajadores con un tope máximo de seis punto cinco por ciento del sueldo integrado .
A efecto de lo anterior, las dependencias y entidades deberán enterar las cantidades a su cargo conjuntamente con el ahorro que realice el trabajador, sin que las mismas se consideren cuotas o aportaciones.
Los recursos acumulados en la subcuenta de ahorro solidario, estarán sujetos a las normas aplicables a las subcuentas de retiro, jubilación, retiro por edad y tiempos de servicios y cesantía en edad avanzada.
Sección VII Régimen FinancieroArtículo 108. Las cuotas y aportaciones del seguro de retiro, jubilación, retiro por edad y tiempo de servicios y cesantía en edad avanzada se recibirán y se depositarán en las respectivas subcuentas de la cuenta individual de cada trabajador, de conformidad con las disposiciones que emita la junta directiva del instituto.
Artículo 109. Las cuotas y aportaciones a que se refiere este capítulo serán
Para efecto de las cuotas y aportaciones de los pensionados por riesgos del trabajo o invalidez, las cotizaciones antes mencionadas se realizarán con base en el monto de la pensión que reciban.
Los recursos a que se refiere este artículo se depositarán en las subcuentas de retiro, jubilación, retiro por edad y tiempo de servicios y cesantía en edad avanzada.
Capítulo VII Seguro de Invalidez y Vida Sección I GeneralidadesArtículo 110. Los riesgos protegidos en este capítulo son la invalidez y la muerte del trabajador o del pensionado por invalidez, en los términos y con las modalidades previstas en esta ley.
Artículo 111. El otorgamiento de las prestaciones establecidas en este capítulo requiere el cumplimiento de periodos de espera, medidos en años de cotización reconocidos por el instituto, según se señala en las disposiciones relativas a cada uno de los riesgos amparados.
Para los efectos de este artículo, para computar los años de cotización por lo que se refiere al seguro contenido en este capítulo, se considerarán los periodos que se encuentren amparados por el dictamen médico respectivo.
Artículo 112. El pago de la pensión de invalidez no se suspenderá durante el tiempo en que el pensionado desempeñe un trabajo que le proporcione un ingreso mayor del referido en el artículo 118 de esta ley.
Artículo 113. Si un trabajador o sus familiares derechohabientes tienen derecho a cualquiera de las pensiones de este capítulo y también a pensión proveniente del seguro de riesgos del trabajo, siempre y cuando se trate de una incapacidad parcial previa al estado de invalidez, percibirá ambas sin que la suma de sus cuantías exceda de cien por ciento del sueldo básico mayor de los que sirvieron de base para determinar la cuantía de las pensiones concedidas. Los ajustes para no exceder del límite señalado no afectarán la pensión proveniente de riesgos del trabajo.
Sección II Pensión por InvalidezArtículo 114. Para los efectos de esta ley, existe invalidez cuando el trabajador activo haya quedado imposibilitado para procurarse, mediante un trabajo igual, una remuneración superior a cincuenta por ciento de su remuneración habitual, percibida durante el último año de trabajo, y que esa imposibilidad derive de una enfermedad o accidente no profesional. La declaración de invalidez deberá ser realizada por el instituto.
La pensión por invalidez se otorgará a los trabajadores que se inhabiliten física o mentalmente por causas ajenas al desempeño de su cargo o empleo, si hubiesen contribuido con sus cuotas al instituto cuando menos durante cinco años. En caso de que el dictamen respectivo determine setenta y cinco por ciento o más de invalidez sólo se requerirá que hubiesen contribuido con sus cuotas al instituto cuando menos durante tres años.
El estado de invalidez da derecho al trabajador, en los términos de esta ley, al otorgamiento de
Artículo 115. La pensión temporal se concederá con carácter provisional, por un periodo de adaptación de dos años durante los cuales será pagada con cargo a las reservas de este seguro por parte del instituto. Transcurrido el periodo de adaptación, la pensión se considerará como definitiva debiéndose contratar un seguro de pensión que le otorgue la renta a que se refiere el artículo siguiente, y su revisión sólo podrá hacerse una vez al año, salvo que existieran pruebas de un cambio sustancial en las condiciones de la invalidez. El derecho al pago de esta pensión comienza a partir del día siguiente al de la fecha en que el trabajador cause baja motivada por la inhabilitación.
Artículo 116. La pensión definitiva comienza a partir del día siguiente del término de la pensión temporal.
Artículo 117. La cuantía de la pensión por invalidez será igual a una cuantía básica del cuarenta y cinco por ciento del promedio del sueldo integrado disfrutado en el último año inmediato anterior a la fecha de la baja del trabajador. Dicha cuantía no será inferior al cincuenta por ciento de la pensión mínima a la fecha de entrada en vigor de esta ley, cantidad que se actualizará anualmente, en el mes de febrero, conforme al cambio anualizado del Índice Nacional de Precios al Consumidor. La cuantía de este beneficio será hasta por un monto máximo de diez veces el salario mínimo.
Los pensionados por invalidez tendrán derecho a una gratificación anual igual en número de días a las concedidas a los trabajadores en activo de la administración pública federal, según la cuota diaria de su pensión. Esta gratificación deberá pagarse antes del quince de diciembre de cada año.
Artículo 118. El otorgamiento de la pensión por invalidez queda sujeto a la satisfacción de los siguientes requisitos:
El dictamen del perito tercero resolverá en definitiva sobre la procedencia o no de la dictaminación y será inapelable y de carácter obligatorio para el interesado y para el instituto, esto último sin perjuicio de la obligación del afectado de someterse a los reconocimientos, tratamientos, investigaciones y evaluaciones que ordene el instituto para verificar la vigencia de sus derechos periódicamente.
Artículo 119. No se concederá la pensión por invalidez:
Artículo 120. Los trabajadores que soliciten pensión por invalidez y los pensionados por la misma causa están obligados a someterse a los reconocimientos y tratamientos que el instituto les prescriba y proporcione y, en caso de no hacerlo, no se tramitará su solicitud o se les suspenderá el goce de la pensión.
Artículo 121. La pensión por invalidez o la tramitación de la misma se suspenderá, en el caso de que el pensionado o solicitante se niegue injustificadamente a someterse a los reconocimientos y tratamientos que el instituto le prescriba y proporcione en cualquier tiempo, así como a las investigaciones y evaluaciones necesarias para verificar la vigencia de sus derechos por este concepto, o se resista a las medidas preventivas o curativas a que deba sujetarse. El pago de la pensión o la tramitación de la solicitud se reanudará a partir de la fecha en que el pensionado se someta al tratamiento médico, sin que haya lugar, en caso de negativa injustificada , a recibir las prestaciones que dejó de percibir durante el tiempo que haya durado la suspensión.
No tendrá lugar esta suspensión cuando el pensionado o solicitante esté desempeñando algún cargo o empleo distinto a aquél que desempeñaba al declararse la invalidez o iniciarse la tramitación de esta pensión.
Artículo 122. La pensión por invalidez será revocada cuando el trabajador recupere su capacidad para el servicio. En tal caso, la dependencia o entidad en que hubiere prestado sus servicios el trabajador recuperado, tendrá la obligación de restituirlo en su empleo si de nuevo es apto para el mismo, o en caso contrario, asignarle un trabajo que pueda desempeñar, debiendo ser cuando menos de un sueldo y categoría equivalente a los que disfrutaba al acontecer la invalidez. Si el trabajador no aceptare reingresar al servicio en tales condiciones, salvo causa justificada , o bien estuviese desempeñando cualquier trabajo que le proporcione un ingreso cuando menos equivalente al sesenta por ciento de la remuneración habitual que hubiere percibido de continuar trabajando , le será revocada la pensión le será revocada la pensión. En este caso, el instituto abrirá nuevamente una cuenta individual al trabajador con los recursos remanentes. Si el alta médica fuera extendida sin que el trabajador haya recuperado la capacidad para el servicio, la revocación de la pensión quedará sin efecto y el instituto será responsable de los daños y perjuicios.
El instituto notificará la revocación de la pensión por escrito al trabajador.
Si el trabajador no fuere restituido a su empleo o no se le asignara otro en los términos del párrafo primero de este artículo por causa imputable a la dependencia o entidad en que hubiere prestado sus servicios, seguirá percibiendo el importe de la pensión con cargo al presupuesto de ésta. Lo anterior, sin perjuicio de la responsabilidad en que incurra el titular de la dependencia o entidad, el cual deberá restituir los montos erogados por concepto del pago de la pensión.
Sección III Pensión por Causa de MuerteArtículo 123. La muerte del trabajador por causas ajenas al servicio, cualquiera que sea su edad, y siempre que hubiere cotizado al instituto por tres años o más, dará origen a las Pensiones de viudez, concubinato, orfandad o ascendencia en su caso, según lo prevenido por esta ley.
El saldo acumulado en la cuenta individual del trabajador o pensionado por riesgos del trabajo o invalidez fallecido, podrá ser retirado por sus familiares derechohabientes en una sola exhibición o utilizado para contratar un seguro de pensión que le otorgue una renta por una suma mayor.
Artículo 124. El derecho al pago de la pensión por causa de muerte se iniciará a partir del día siguiente al de la muerte de la persona que haya originado la pensión.
Artículo 125. El orden para gozar de las pensiones a que se refiere este artículo por los familiares derechohabientes será el siguiente:
Artículo 126. Los familiares derechohabientes del trabajador o pensionado fallecido, en el orden que establece la sección de pensión por causa de muerte del seguro de invalidez y vida, tienen derecho a una pensión equivalente al cien por ciento de la que hubiese correspondido al trabajador por invalidez o de la pensión que venía disfrutando el pensionado, y a la misma gratificación anual a que tuviera derecho el pensionado. La cuantía de este beneficio será hasta por un monto máximo de diez veces el salario mínimo.
Artículo 127. Si otorgada una pensión aparecen otros familiares con derecho a la misma, se les hará extensiva, pero percibirán su parte a partir de la fecha en que sea recibida la solicitud en el instituto, sin que puedan reclamar el pago de las cantidades cobradas por los primeros beneficiarios .
En caso de que dos o más interesados reclamen derecho a pensión como cónyuges supérstites del trabajador o pensionado, exhibiendo su respectiva documentación se suspenderá el trámite del beneficio hasta que se defina judicialmente la situación, sin perjuicio de continuarlo por lo que respecta a los hijos, reservándose una parte de la cuota a quien acredite su derecho como cónyuge supérstite.
Cuando un solicitante, ostentándose como cónyuge supérstite del trabajador o pensionado reclame un beneficio que ya se haya concedido a otra persona por el mismo concepto, sólo se revocará el anteriormente otorgado, si existe sentencia ejecutoriada en la que se declare la nulidad del matrimonio que sirvió de base para la concesión de la pensión. Si el segundo solicitante reúne los requisitos que esta ley establece, se le concederá pensión, la cual percibirá a partir de la fecha en que se reciba la solicitud en el instituto, sin que tenga derecho a reclamar al instituto las cantidades cobradas por el primer beneficiario.
Artículo 128. Si el pensionado por orfandad llegaré a los dieciocho años y no pudiere mantenerse por su propio trabajo debido a una enfermedad duradera, defectos físicos o enfermedad psíquica, el pago de la pensión por orfandad se prorrogará por el tiempo que subsista su inhabilitación, previa comprobación anual mediante dictamen medico emitido por el propio instituto para efecto de determinar su estado de invalidez, haciéndose acreedor, en caso contrario, a la suspensión de la pensión; asimismo continuarán disfrutando de la pensión los hijos solteros hasta los veinticinco años de edad, previa comprobación de que están realizando estudios de nivel medio o superior en planteles oficiales o reconocidos y que no tengan un trabajo.
Artículo 129. Los derechos a percibir pensión se pierden para los familiares derechohabientes del trabajador o pensionado por alguna de las siguientes causas:
Artículo 130. Si un pensionado desaparece de su domicilio por más de un mes sin que se tengan noticias de su paradero, los familiares derechohabientes con derecho a la pensión, disfrutarán de ésta en los términos de la sección de pensión por causa de muerte del seguro de invalidez y vida con carácter provisional, y previa la solicitud respectiva, bastando para ello que se compruebe el parentesco y la desaparición del pensionado, sin que sea necesario promover diligencias formales de ausencia. Si posteriormente y en cualquier tiempo, el pensionado se presentase, tendrá derecho a disfrutar su pensión y a recibir las diferencias entre el importe original de ésta y aquél que hubiese sido entregado a sus familiares derechohabientes. Cuando se compruebe el fallecimiento del pensionado, la transmisión será definitiva.
Artículo 131. Cuando fallezca un pensionado, la aseguradora que viniese cubriendo la pensión entregará a sus deudos o a las personas que se hubiesen hecho cargo de la inhumación, el importe de ciento veinte días de pensión por concepto de gastos de funerales, sin más trámites que la presentación del certificado de defunción y constancia de los gastos de sepelio. En caso de que el pensionado hubiese disfrutado de dos o más pensiones los gastos del funeral se pagarán únicamente con base en la más alta.
Si no existiesen parientes o personas que se encarguen de la inhumación, el instituto lo hará, limitado al importe del monto señalado en el párrafo anterior, que le deberá ser entregado por la aseguradora referida.
Sección IV Incremento Periódico de las PensionesArtículo 132. La cuantía de las pensiones por invalidez será actualizada anualmente en el mes de febrero, conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor correspondiente al año calendario anterior o el incremento salarial recibido por los trabajadores en activo, según cual sea de los dos el porcentaje mayor.
Las pensiones a los familiares derechohabientes del trabajador por el seguro de invalidez y vida serán revisadas e incrementadas en la proporción que corresponda, en términos de lo dispuesto en el párrafo anterior.
Sección V Régimen FinancieroArtículo 133. Las prestaciones del seguro de invalidez y vida, se financiarán en la forma siguiente:
Artículo 134. El seguro de atención para el bienestar y desarrollo infantil cubre el riesgo de no poder proporcionar cuidados durante la jornada de trabajo a sus hijos en la primera infancia, de la mujer trabajadora, del trabajador viudo o divorciado o de aquél al que judicialmente se le hubiera confiado la custodia de sus hijos, mediante el otorgamiento de las prestaciones establecidas en este capítulo.
Este beneficio se podrá extender a los asegurados que por resolución judicial ejerzan la patria potestad y la custodia de un menor, siempre y cuando estén vigentes en sus derechos ante el instituto y no puedan proporcionar la atención y cuidados al menor.
El servicio de guardería se proporcionará en el turno matutino y vespertino pudiendo tener acceso a alguno de estos turnos, el hijo del trabajador cuya jornada de labores sea nocturna.
Artículo 135. Estas prestaciones deben proporcionarse atendiendo a cuidar y fortalecer la salud del niño y su buen desarrollo futuro, así como a la formación de sentimientos de adhesión familiar y social, a la adquisición de conocimientos que promuevan la comprensión, el empleo de la razón y de la imaginación y a constituir hábitos higiénicos y de sana convivencia y cooperación en el esfuerzo común con propósitos y metas comunes, todo ello de manera sencilla y acorde a su edad y a la realidad social y con absoluto respeto a los elementos formativos de estricta incumbencia familiar.
Artículo 136. Los servicios de atención para el bienestar y desarrollo infantil incluirán el aseo, la alimentación, el cuidado de la salud, la educación y la recreación de los menores a que se refiere el artículo 134. Serán proporcionados por el instituto, en los términos de las disposiciones que al efecto expida la junta directiva.
Artículo 137. Para otorgar la prestación de los servicios de atención para el bienestar y desarrollo infantil, el instituto establecerá instalaciones especiales, por zonas convenientemente localizadas en relación a los centros de trabajo y de habitación, y en las localidades donde opere el régimen obligatorio.
Artículo 138. Las madres aseguradas, los viudos, divorciados o los que judicialmente conserven la custodia de sus hijos, mientras no contraigan nuevamente matrimonio o se unan en concubinato, tendrán derecho a los servicios de de atención para el bienestar y desarrollo infantil, durante las horas de su jornada de trabajo, en la forma y términos establecidos en esta ley y en el reglamento relativo.
Estos servicios se proporcionarán en el turno matutino y vespertino, pudiendo tener acceso a alguno de estos turnos, el hijo del trabajador cuya jornada de labores sea nocturna.
Artículo 139. Los servicios de atención para el bienestar y desarrollo infantil se proporcionarán a los menores desde la edad de cuarenta y tres días hasta que cumplan cuatro años.
Artículo 140. Los asegurados a que se refiere esta sección tendrán derecho al servicio a partir de que el trabajador sea dado de alta ante el instituto y cuando sean dados de baja en el régimen obligatorio conservarán durante las cuatro semanas posteriores a dicha baja, el derecho a las prestaciones de este seguro.
Sección III Ter Del Regimen FinancieroArtículo 141. El monto de la prima para este seguro será del uno por ciento sobre el salario integrado.
Artículo 142. Las dependencias y entidades cubrirán íntegramente la aportación para el financiamiento de las prestaciones de esta sección, esto independientemente que tengan o no trabajadores de los señalados en el artículo 134 de esta ley a su servicio.
Capítulo VIII De la Transferencia de los Derechos Sección I De la Transferencia de Derechos entre el Instituto y el IMSSArtículo 143. Los trabajadores que hubieren cotizado al instituto y que por virtud de una nueva relación laboral se inscriban al IMSS, podrán transferir a este último los derechos de los años de cotización al instituto. De la misma manera, los trabajadores inscritos en el IMSS que inicien una relación laboral que los sujete al régimen de esta ley podrán transferir al instituto los derechos de sus semanas de cotización.
Para efectos de la transferencia de derechos prevista en el presente artículo se considerará que un año de cotización al instituto equivale a cincuenta y dos semanas de cotización del régimen de la Ley del Seguro Social. Asimismo, el instituto deberá señalar en las constancias de baja que expida a los trabajadores el número de años de cotización incluyendo, en su caso, la última fracción de año cotizado.
En caso de que la fracción de año cotizado sea equivalente a más de seis meses, se considerará cotizado el año completo.
Artículo 144. La asistencia médica a que tienen derecho los Jubilados y pensionados por los seguros de retiro, jubilación, retiro por edad y tiempo de servicios y cesantía en edad avanzada que hayan cotizado al instituto y al IMSS, será prestada siempre y cuando hubieren cotizado cuando menos durante trece años en alguna de estas dos entidades o veinte años en conjunto, de acuerdo con lo previsto en el artículo anterior.
En este caso, la asistencia médica deberá ser prestada por el instituto que elija el jubilado o pensionado.
El instituto elegido por el jubilado o pensionado , deberá transferir las reservas actuariales correspondientes al seguro de salud, a aquél que prestará el servicio de salud de conformidad con los lineamientos que, al efecto, acuerden el instituto y el IMSS.
Artículo 145. Los trabajadores que por tener relación laboral con dos o más patrones coticen simultáneamente al instituto y al IMSS, tendrán derecho a recibir atención médica y demás servicios del seguro de salud por parte de ambos.
Artículo 146. Los trabajadores que lleguen a la edad de pensionarse bajo los supuestos de los seguros de retiro, jubilación, retiro por edad y tiempo de servicios y cesantía en edad avanzada previsto en esta ley y que a su vez tengan recursos acumulados en su cuenta individual conforme al régimen de la Ley del Seguro Social, podrán solicitar que estos últimos se acumulen para el otorgamiento de su jubilación o pensión o para sus familiares derechohabientes, en los términos de la presente ley. Igualmente transferirán sus periodos de cotización en ambos institutos sin importar que sean simultáneos .
Lo anterior, siempre que la pensión así determinada sea por lo menos igual a la suma de las pensiones que le hubieran correspondido de manera independiente conforme a ambas leyes.
El jubilado o pensionado tendrá derecho a recibir el excedente de los recursos acumulados en su Cuenta Individual en una o varias exhibiciones, sin distinguir si fueron acumulados conforme al régimen de la Ley del Seguro Social o el de la presente ley, solamente si la pensión que se le otorgue es superior en más del treinta por ciento de la pensión mínima .
Artículo 147. Los trabajadores que tengan derecho a pensionarse bajo los supuestos de los seguros de retiro, jubilación, retiro por edad y tiempo de servicios y cesantía en edad avanzada previstos en esta ley y que, a su vez, coticen conforme al régimen de la Ley del Seguro Social, podrán continuar cotizando bajo este último régimen, y una vez al año, en el mismo mes calendario en el que adquirió el derecho a la pensión, podrá el pensionado transferir al instituto que le esté cubriendo su pensión, el saldo acumulado de su cuenta individual, conviniendo el incremento en su pensión, o retirar dicho saldo en una sola exhibición.
Artículo 148. El pensionado que goce de una pensión de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez bajo el régimen de la Ley del Seguro Social tendrá derecho a obtener otra pensión de igual naturaleza bajo el régimen de la presente ley. Asimismo, el pensionado que goce de una jubilación o pensión de retiro, retiro por edad y tiempo de servicios y cesantía en edad avanzada en los términos del presente ordenamiento podrá obtener otra pensión de igual naturaleza bajo el régimen de la Ley del Seguro Social, en ambos casos el trabajador tendrá derecho a incrementar el monto de su Jubilación o pensión de acuerdo con el procedimiento señalado en el artículo anterior.
Artículo 149. Tratándose de los periodos de cotización para tener derecho a pensionarse bajo cualquier régimen o a recibir servicios médicos, se acumularán aquellos periodos en los que el trabajador hubiera cotizado simultáneamente al instituto y al IMSS.
Se entenderá por periodo de cotización simultáneo aquél en el que al mismo tiempo se enteren cuotas y aportaciones correspondientes al trabajador bajo el régimen obligatorio de esta ley y el de la Ley del Seguro Social.
Sección II De la Transferencia de Derechos al Instituto Provenientes de otros Institutos de Seguridad SocialArtículo 150. El instituto, previa aprobación de su junta directiva y opinión favorable de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, podrá celebrar convenios de portabilidad con otros institutos de seguridad social o con entidades que operen otros sistemas de seguridad social compatibles con el previsto en la presente ley, mediante los cuales se establezcan:
Los convenios de portabilidad a que se refiere esta Sección establecerán el tratamiento que se dará, en su caso, a los recursos de la subcuenta del Fondo de la Vivienda.
Asimismo, para la celebración de dichos convenios de portabilidad, se deberá contar con dictamen de un actuario independiente en que conste la equivalencia de la portabilidad de derechos que se pretenda convenir, así como la suficiencia de las reservas que se deban afectar para hacer frente a las obligaciones que resulten a cargo del instituto.
Artículo 151. La portabilidad consistirá en transferir derechos obtenidos en otros regímenes de seguridad social al sistema previsto en la presente ley.
Los institutos de seguridad social o entidades que operen otros regímenes de seguridad social que celebren convenio de portabilidad con el instituto deberán señalar en las constancias de baja que expidan a los trabajadores el número de años de cotización y su equivalente en número de semanas.
Para hacer equivalente la portabilidad de derechos que se menciona en el presente artículo, se considerará por un año de cotización del instituto el equivalente a cincuenta y dos semanas de cotización en otro sistema de seguridad social.
Artículo 152. Los trabajadores que, por tener relación laboral con dos o más patrones, coticen simultáneamente al instituto y a otro instituto de seguridad social o entidad que opere un régimen de seguridad social, tendrán derecho a recibir atención médica y demás servicios del seguro de salud por parte de ambos.
Artículo 153. Los trabajadores que lleguen a la edad de pensionarse bajo los supuestos de los seguros de retiro, jubilación, retiro por edad y tiempo de servicios y cesantía en edad avanzada previsto en esta ley o en un seguro o régimen equivalente con el que se hubiere celebrado convenio de portabilidad, podrán aplicar los recursos de su Cuenta Individual y periodos de cotización en los mismos términos previstos en los artículos 146 y 149 de esta ley.
Artículo 154. El pensionado que goce de una jubilación o pensión equivalente a la de retiro, retiro por edad y tiempo de servicios y cesantía en edad avanzada bajo un régimen de seguridad social con el que se hubiere celebrado convenio de portabilidad, podrá obtener una pensión de igual naturaleza bajo el régimen de la presente ley, en ambos casos el trabajador tendrá derecho a incrementar el monto de su pensión de acuerdo con el procedimiento señalado en el artículo 147 de esta ley.
Sección III De la Transferencia de Derechos entre el Instituto y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los TrabajadoresArtículo 155. Los trabajadores que hubieren cotizado al instituto y que por virtud de una nueva relación laboral se inscriban al instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los trabajadores, podrán transferir a este último los recursos acumulados en la subcuenta del Fondo de la Vivienda. De la misma manera, los trabajadores inscritos en el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los trabajadores que inicien una relación laboral que los sujete al régimen de esta ley podrán transferir al instituto los recursos de la subcuenta del Fondo de la Vivienda respectiva.
Para efectos de la transferencia de derechos prevista en el presente artículo, se estará a las reglas que, para tal efecto, expida cada uno de los institutos de seguridad social mencionados.
Artículo 156. Los trabajadores que obtengan un crédito de vivienda bajo el régimen del instituto o del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los trabajadores y que tengan recursos acumulados por concepto de vivienda en su cuenta individual conforme al régimen de los dos institutos antes citados, podrán solicitar que se acumulen para aplicarse como pago inicial de su crédito y que las Aportaciones sucesivas a cualquiera de los institutos o a ambos, sean destinadas a reducir el saldo insoluto a cargo del propio trabajador.
Artículo 157. Los trabajadores que se encuentren amortizando un crédito de vivienda otorgado por el instituto o por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los trabajadores y que, por virtud de una nueva relación laboral, cambien de régimen de seguridad social deberán seguir utilizando sus aportaciones de vivienda para el pago del crédito correspondiente.
A efecto de lo anterior, el instituto y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los trabajadores podrán celebrar convenio para determinar el procedimiento para la transferencia de las Aportaciones de vivienda entre ambos institutos.
Capítulo IX Del Sistema Integral de Crédito Sección I Préstamos PersonalesArtículo 158. El sistema integral de crédito está compuesto por los siguientes tipos de préstamos:
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Artículo 159. El fondo de préstamos personales para el otorgamiento de créditos estará constituido por el importe de la cartera total institucional de dichos créditos, más la disponibilidad al último día del ejercicio anterior y los rendimientos que generen los préstamos. Los recursos del fondo únicamente se destinarán al otorgamiento de esta prestación.
Los ingresos que generen los intereses de los préstamos otorgados y sus disponibilidades financieras no afectarán el techo presupuestal del instituto y se integrarán al propio Fondo de préstamos personales.
Artículo 160. La cartera institucional más el remanente de disponibilidad señalados en el artículo anterior, así como los intereses correspondientes, integrarán el capital inicial de trabajo para la operación del Fondo.
Artículo 161. Los recursos del fondo, en tanto no se destinen a préstamos personales, deberán ser invertidos bajo criterios prudenciales en aquellos instrumentos financieros del mercado que garanticen la más alta rentabilidad, el menor riesgo posible y la mayor transparencia para la rendición de cuentas, de conformidad con las disposiciones que expidan para el efecto la Junta Directiva del instituto. De incumplirse lo anterior, se incurrirá en responsabilidad.
La junta directiva del instituto será responsable de que el fondo conserve cuando menos su valor real. De lo contrario se incurrirá en responsabilidad.
Artículo 162. Los gastos por concepto de administración general del fondo se financiarán con sus propios recursos de acuerdo con el presupuesto anual que apruebe la junta directiva del instituto.
Artículo 163. Los préstamos personales se otorgarán a los trabajadores, jubilados y pensionados de acuerdo con el programa anual que autorice la junta directiva del instituto, con base en la revolvencia del propio fondo y conforme a lo siguiente:
Artículo 164. Las dependencias y entidades estarán obligadas a realizar los descuentos quincenales en nómina que ordene el instituto para recuperar los créditos que otorgue y a enterar dichos recursos conforme a lo establecido en el presente ordenamiento. Asimismo las dependencias y entidades estarán obligadas a entregar al instituto quincenalmente la nómina de sus trabajadores con la información y en los formatos que ordene el instituto.
En los casos en que la dependencia no aplique los descuentos, los trabajadores deberán pagar directamente, mediante los sistemas que establezca el instituto, sin perjuicio, en caso de ser imputable la omisión al trabajador , de las actualizaciones y recargos que se establezcan en el reglamento correspondiente.
Cuando las dependencias omitan el entero de estos descuentos al instituto, deberán cubrirlas adicionando el costo financiero previsto en el artículo 21 de esta ley.
Artículo 165. Los préstamos se deberán otorgar de manera que los abonos para reintegrar la cantidad prestada y sus intereses sumados a los descuentos por préstamos hipotecarios y a los que deba hacerse por cualquier otro adeudo en favor del instituto, no excedan del veinte por ciento del total de las percepciones en dinero del trabajador, y se ajustarán al reglamento que al efecto expida la junta directiva.
Artículo 166. Cuando un trabajador tenga adeudo con el fondo de préstamos y solicite licencia sin goce de sueldo, renuncie o sea separado de la dependencia o entidad, deberá cubrir en un plazo no mayor de ciento ochenta días, el monto total de su adeudo. En su caso, la dependencia o entidad retendrá al acreditado el monto total del saldo insoluto de los pagos por finiquito laboral a que tenga derecho el trabajador. De persistir algún adeudo, el instituto realizará las gestiones administrativas y legales conducentes para recuperarlo. Transcurrido un año desde la separación del acreditado y habiéndose agotado las gestiones administrativas de cobranza, el adeudo del capital e intereses correspondientes se cancelarán contra la reserva de garantía de créditos otorgados en los términos que se establezca en los lineamientos y políticas de administración de la cartera que para el efecto emita el instituto. En caso de que el trabajador reingrese al régimen de la presente ley, el instituto ordenará el descuento del adeudo actualizado para resarcir a la reserva de garantía.
Artículo 167. No se concederán nuevos préstamos especiales ni para bienes de consumo duradero mientras permanezca insoluto el anterior. En el caso de los préstamos ordinarios sólo podrán renovarse cuando se haya cubierto el pago de cuando menos el cincuenta por ciento del monto del crédito que fue concedido, cubiertos los abonos para dicho periodo y el deudor pague la prima de la Reserva de garantía, cubra el saldo insoluto y la aportación de renovación con cargo al nuevo crédito.
Sección II Del Crédito para ViviendaArtículo 168. El instituto administrará el Fondo de la Vivienda que se integre con las aportaciones que las dependencias y entidades realicen a favor de los trabajadores.
El instituto contará con una comisión ejecutiva, que coadyuvará en la administración del Fondo de la Vivienda de acuerdo con el reglamento que emita la junta directiva.
El Fondo de la Vivienda tiene por objeto establecer y operar un sistema de financiamiento que permita a los trabajadores obtener crédito barato y suficiente, mediante préstamos con garantía hipotecaria en los casos que expresamente determine la Comisión Ejecutiva del Fondo de la Vivienda. Estos préstamos se harán por una sola vez.
El instituto podrá celebrar convenios de coordinación y colaboración con las autoridades federales, Entidades Federativas y municipios, según corresponda, para el mejor cumplimiento del objeto del Fondo de la Vivienda. Asimismo, para el ejercicio de las funciones del Fondo de la Vivienda se podrá contratar cualquier tipo de servicios.
Artículo 169. Los recursos para la operación del Fondo de la Vivienda se integran con:
Artículo 170. Los recursos afectos al Fondo de la Vivienda se destinarán:
Artículo 171. La Comisión Ejecutiva del Fondo de la Vivienda estará integrada por treinta miembros, como a continuación se indica:
Por cada vocal propietario se designará un suplente que actuará en caso de faltas temporales del propietario, debiendo tratarse de un funcionario con el rango inmediato inferior al del vocal propietario. En el caso de los representantes de las organizaciones de trabajadores, la designación del suplente se hará en los términos de las disposiciones estatutarias aplicables.
Artículo 172. Los integrantes de la Comisión Ejecutiva del Fondo de la Vivienda no podrán ser miembros de la junta directiva del instituto, con excepción del director general del instituto. Igualmente será incompatible esta designación con el cargo sindical de secretario general de la sección que corresponda al Fondo de la Vivienda.
Para ocupar el cargo de vocal se requiere ser mexicano, estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos, y ser de reconocida honorabilidad y experiencia técnica y administrativa.
Artículo 173. Los vocales de la Comisión Ejecutiva del Fondo de la Vivienda durarán en sus funciones por todo el tiempo que subsista su designación y podrán ser removidos libremente a petición de quienes los hayan propuesto.
Artículo 174. La Comisión Ejecutiva del Fondo de la Vivienda sesionará por lo menos una vez cada mes . Las decisiones se tomarán por mayoría de los presentes y en caso de empate su presidente tendrá voto de calidad.
Las sesiones de la comisión ejecutiva serán válidas con la asistencia de por lo menos dieciséis de sus miembros, de los cuales uno será el presidente de la comisión ejecutiva, cuatro representantes del gobierno federal, cinco de las organizaciones de trabajadores al servicio del Estado, cinco de la asamblea nacional de derechohabientes del instituto y dos especialistas de la Universidad Autónoma de México. Las decisiones se tomarán por mayoría de los presentes y en caso de empate el Presidente tendrá voto de calidad.
Artículo 175. La Comisión Ejecutiva del Fondo de la Vivienda, tendrá las atribuciones y funciones siguientes:
Artículo 176. El vocal ejecutivo tendrá las obligaciones y facultades siguientes:
Artículo 177. Al momento en que el trabajador reciba crédito para vivienda, el saldo de la subcuenta del Fondo de la Vivienda de su cuenta individual se aplicará como pago inicial de alguno de los conceptos a que se refiere la fracción I del artículo 169 de esta ley.
Durante la vigencia del crédito concedido al trabajador, las aportaciones a que se refiere esta sección a su favor se aplicarán a reducir el saldo insoluto a cargo del propio trabajador.
Artículo 178. Las aportaciones al Fondo de la Vivienda previstas en esta ley, se deberán registrar en la subcuenta del Fondo de la vivienda.
El saldo de las subcuentas del Fondo de la Vivienda pagará intereses en función del remanente de operación del Fondo de la Vivienda. Los cuales no podrán ser inferiores al uno punto cinco veces la tasa de los Certificados de la Tesorería de la federación con vencimiento a veintiocho días. En caso de que desapareciera este indicador, se tomará el que lo sustituya;
Para tal efecto, la comisión ejecutiva procederá al cierre de cada ejercicio, a calcular los ingresos y egresos del Fondo de la Vivienda, de acuerdo con los criterios aplicables y ajustándose a sanas técnicas contables y a las disposiciones emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para determinar el remanente de operación. Se considerará remanente de operación del Fondo de la Vivienda a las cantidades que existan al finalizar cada ejercicio fiscal una vez que se hayan constituido las reservas que con cargo al propio Fondo de la Vivienda deban constituirse, en razón de los estudios actuariales respectivos y las disposiciones de esta ley.
La comisión ejecutiva efectuará, a más tardar el quince de diciembre de cada año, una estimación del remanente de operación del Fondo de la Vivienda para el año inmediato siguiente a aquél al que corresponda. El cincuenta por ciento de la estimación citada se abonará como pago provisional de intereses a las subcuentas del Fondo de la Vivienda, en doce exhibiciones pagaderas el último día de cada mes. Una vez determinado por la comisión ejecutiva, el remanente de operación del Fondo de la Vivienda en los términos del párrafo anterior, se procederá en su caso, a efectuar el pago de intereses definitivo, lo que deberá hacerse a más tardar en el mes de marzo de cada año.
Una vez que la Comisión Ejecutiva del Fondo de la Vivienda haya fijado tanto la estimación, como determinado el remanente de operación a que se refiere este artículo, deberá publicarlos en periódicos de amplia circulación en el país a más tardar el quinto día hábil siguiente al de la fijación de la estimación, así como al de la determinación del remanente citado.
La comisión ejecutiva deberá observar en todo momento una política financiera y de créditos, dirigida a lograr que los ahorros individuales de los trabajadores, conserven permanentemente por lo menos, su valor real de conformidad con la fórmula que al efecto determine.
Artículo 179. El trabajador tendrá el derecho de elegir la vivienda nueva o usada, a la que se aplique el importe del crédito que reciba con cargo al Fondo de la Vivienda.
Artículo 180. Los créditos a que se refiere esta sección se otorgarán y adjudicarán tomando en cuenta, entre otros factores, la oferta y demanda regional de vivienda, el número de miembros de la familia de los trabajadores, los saldos de la subcuenta del Fondo de la Vivienda del Trabajador de que se trate y el tiempo durante el cual se han efectuado aportaciones a la misma, si el trabajador es propietario o no de su vivienda, así como su sueldo o el ingreso conyugal si hay acuerdo de los interesados.
La junta directiva expedirá las reglas operativas conforme a las cuales se otorgarán los créditos a que se refiere el párrafo anterior.
Los trabajadores podrán recibir crédito del Fondo de la Vivienda por una sola vez.
Artículo 181. La junta directiva del instituto, mediante disposiciones de carácter general que al efecto expida, determinará:
Artículo 182. Los créditos que se otorguen con cargo al Fondo de la Vivienda deberán darse por vencidos anticipadamente si los deudores, sin el consentimiento del instituto, enajenan las viviendas, gravan los inmuebles que garanticen el pago de los créditos concedidos o incurren en las causas de rescisión consignadas en los contratos respectivos.
El instituto en ningún caso podrá vender la cartera vencida, ni realizar ningún otro acto que implique la subrogación del crédito a favor de terceras personas, tanto públicas como privadas. En caso contrario, la venta o acto relativo será nulo de pleno derecho, y los funcionarios y demás personas involucradas serán sancionadas como autores del delito de fraude equiparado; además deberán cubrir al trabajador por concepto de daños y perjuicios un monto que en ningún caso podrá ser inferior, al valor comercial de la vivienda obtenida por el trabajador con el crédito otorgado por el instituto.
Artículo 183. Los créditos que se otorguen estarán cubiertos por un seguro para los casos de invalidez, incapacidad total permanente o de muerte, que libere al trabajador o pensionado o a sus respectivos beneficiarios, de las obligaciones derivadas de los mismos. El costo de este seguro quedará a cargo del Fondo de la Vivienda.
Los trabajadores o pensionados podrán manifestar expresamente y por escrito su voluntad ante el instituto a través del Fondo de la Vivienda en el acto del otorgamiento del crédito o posteriormente, para que en caso de muerte, la adjudicación del inmueble se haga a quien hayan designado como beneficiarios. Para que proceda el cambio de beneficiario, el trabajador o pensionado deberá solicitarlo igualmente por escrito acompañado de dos testigos ante el Fondo de la Vivienda; una vez presentada dicha solicitud, éste deberá comunicar al trabajador o pensionado su consentimiento y el registro de los nuevos beneficiarios en un plazo no mayor de cuarenta y cinco días calendario. En caso de controversia el instituto procederá exclusivamente a la liberación referida y se abstendrá de adjudicar el inmueble.
A falta de beneficiario designado, la adjudicación del inmueble deberá hacerse conforme al orden de prelación que establece la sección de pensión por causa de muerte del seguro de invalidez y vida.
El Fondo de la Vivienda solicitará al Registro Público de la Propiedad correspondiente, efectuar la inscripción de los inmuebles en favor de los beneficiarios, cancelando en consecuencia la que existiere a nombre del trabajador o pensionado con los gravámenes o limitaciones de dominio que hubieren.
Artículo 184. Cuando un trabajador hubiere recibido crédito del instituto, tendrá derecho a que éste le otorgue a partir de la fecha en que haya dejado de percibir ingresos salariales, prórrogas en los pagos de amortización que tenga que hacer por concepto de capital e intereses ordinarios. Para tal efecto, en el momento en que el instituto deje de recibir el pago del crédito respectivo operará de manera automática tal prórroga sin necesidad de previa solicitud de parte del trabajador, acto seguido el instituto deberá notificar al trabajador esta situación, si el trabajador informa que ha dejado de percibir ingresos salariales, se ratificará la prórroga, salvo que el trabajador decida continuar con la amortización de su crédito; si contrariamente el trabajador señala causas imputables al patrón el instituto actuará en consecuencia, y, procederá a dejar sin efectos la prórroga automática, por lo que en este segundo caso el tiempo invertido no se computará para efectos de la misma. La notificación y la respuesta del trabajador, a que se refiere este párrafo, deberán realizarse en plazos máximos de quince días hábiles.
Durante las prórrogas, no se causarán intereses en los pagos de amortización que tenga que hacer por concepto de capital e intereses.
Las prórrogas que se otorguen al trabajador de conformidad con el párrafo anterior, no podrán ser mayores de veinticuatro meses cada una, ni exceder en su conjunto más de cuarenta y ocho meses y terminarán anticipadamente cuando el trabajador vuelva a prestar servicios a alguna de las Dependencias o Entidades o ingrese a laborar bajo un régimen con el que el instituto tenga celebrado convenio de incorporación.
En el contrato de mutuo con interés y garantía hipotecaria que celebre el instituto con el trabajador acreditado, deberá informarse expresamente al trabajador sobre su derecho de prórroga y transcribirse en el mismo este artículo 184 de esta ley.
Para los efectos de este artículo, también se entenderá que un trabajador ha dejado de prestar servicios cuando transcurra un periodo mínimo de doce meses sin laborar en ninguna de las dependencias o entidades por suspensión temporal de los efectos del nombramiento o cese, a menos que exista litigio pendiente sobre la subsistencia de su designación o nombramiento .
Las dependencias y entidades a que se refiere esta ley seguirán haciendo los depósitos para el Fondo de la Vivienda, sobre los sueldos de los trabajadores que disfruten licencia por enfermedad en los términos del artículo 111 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del Apartado B del artículo 123 constitucional y 36 de la presente ley, así como de los que sufran suspensión temporal de los efectos de su nombramiento conforme a las fracciones I y II del artículo 45 de la citada Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, debiendo suspenderse dicho depósito a partir de la fecha en que cese la relación de trabajo.
La existencia del supuesto a que se refiere este artículo deberá comprobarse ante el instituto.
Artículo 185. En los casos de trabajadores que a la fecha de pensionarse presenten saldo insoluto en su crédito de vivienda se descontarán de su pensión los subsecuentes pagos al Fondo de la Vivienda.
Artículo 186. El saldo de los créditos otorgados a los trabajadores a que se refiere la fracción I del artículo 170, permanecerá fijo durante todo el plazo de su otorgamiento. La junta directiva del instituto por ningún motivo podrá determinar lo contrario, en general deberá respetar las disposiciones de esta ley sobre el otorgamiento de los créditos.
Asimismo, los créditos citados devengarán interés sobre el saldo fijo, a la tasa que determine la Junta Directiva de Administración del instituto. Dicha tasa no será menor del cuatro por ciento ni mayor al seis por ciento anual sobre saldos insolutos. Dicha tasa deberá permanecer fija durante todo el plazo de otorgamiento de los créditos.
Los créditos se otorgarán a un plazo no mayor de veinte años.
Artículo 187. Todos los inmuebles adquiridos o construidos por los trabajadores para su propia habitación con los recursos del Fondo de la Vivienda, quedarán exentos a partir de la fecha de su adquisición o construcción de todos los impuestos federales por el doble del crédito y hasta por la suma de diez veces el salario mínimo elevado al año, durante el término que el crédito permanezca insoluto.
Gozarán también de exención los convenios, contratos o actos en los que se hagan constar las correspondientes operaciones, los cuales tendrán el carácter de escritura pública para todos los efectos legales y se inscribirán en el Registro Público de la Propiedad respectivo, incluyendo la constitución del régimen de propiedad en condominio que haga constar el instituto en relación con los conjuntos que financie o adquiera, sin menoscabo de que el trabajador pueda acudir ante Notario Público de su elección en las operaciones en que sea parte. Los gastos que se causen por los referidos conceptos serán cubiertos por mitad entre el instituto y los trabajadores; para tal efecto la Junta Directiva tomando como base el arancel que establece los honorarios de los notarios, determinará el porcentaje de reducción de los mismos, sin que dicha reducción pueda ser inferior al cincuenta por ciento. Las exenciones quedarán insubsistentes si los inmuebles fueran enajenados por los trabajadores o destinados a otros fines.
El instituto gestionará los convenios correspondientes con los gobiernos de las Entidades Federativas y municipios, para que los trabajadores protegidos por esta ley gocen de las exenciones de impuestos que correspondan a la propiedad raíz, en los términos de este artículo.
Artículo 188. El instituto no podrá intervenir en la administración, operación o mantenimiento de conjuntos habitacionales, ni sufragar los gastos correspondientes a estos conceptos.
Artículo 189. Las aportaciones al Fondo de la Vivienda, así como los intereses de las subcuentas del Fondo de la Vivienda, estarán exentos de toda clase de impuestos.
Artículo 190. Las aportaciones al Fondo de la Vivienda, así como los descuentos para cubrir los créditos que otorgue el instituto, deberán ser transferidos a la cuenta que el Banco de México le lleve al instituto por lo que respecta al Fondo de la Vivienda. Dichos recursos deberán invertirse, en tanto se aplican a los créditos a favor de los trabajadores a que se refiere esta sección, en valores a cargo del Gobierno Federal, a través del Banco de México e Instrumentos de la Banca de Desarrollo.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá autorizar que los recursos del Fondo de la Vivienda se inviertan en valores diversos a los señalados, siempre que sean de alta calidad crediticia (se suprime el resto del artículo).
Sin perjuicio de lo anterior, el instituto, con cargo a dicha cuenta, podrá mantener en efectivo o en depósitos bancarios a la vista las cantidades estrictamente necesarias para la realización de sus operaciones diarias con respecto al Fondo de la Vivienda.
Artículo 191. El gobierno federal, por conducto de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública, ejercerán el control y evaluación de la inversión de los recursos del Fondo de la Vivienda, vigilando que los mismos sean aplicados de acuerdo con lo que establece la presente ley.
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores estará facultada para supervisar las operaciones y la contabilidad del Fondo de la Vivienda, contando para ello con las mismas facultades de dicha comisión respecto de las instituciones de banca de desarrollo, incluida la de establecer reglas prudenciales a las que deberá sujetarse el Fondo de la Vivienda.
Artículo 192. Son obligaciones de las dependencias y entidades:
El pago de las aportaciones y descuentos señaladas en la fracción II de este artículo, será por bimestres vencidos, a más tardar el día diecisiete de los meses de enero, marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre de cada año conjuntamente con las Cuotas y Aportaciones al seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez.
Los servidores públicos de las dependencias o entidades responsables de enterar las aportaciones y descuentos, en caso de incumplimiento, serán sancionados en los términos de lo dispuesto en el Título Sexto de la presente ley.
Artículo 193. Los recursos de la subcuenta del Fondo de la Vivienda que no hubiesen sido aplicados para otorgar créditos a favor de los trabajadores de acuerdo a lo dispuesto en esta sección, se entregarán en una sola exhibición al trabajador, según proceda, en los términos de lo dispuesto por esta ley. Entrega que se deberá hacer a más tardar el segundo día hábil siguiente a que sea solicitado por el trabajador. De lo contrario el instituto deberá cubrir daños y perjuicios.
Sección III Régimen FinancieroArtículo 194. Las prestaciones relativas a préstamos personales se financiarán con el Fondo constituido al efecto en el instituto.
Artículo 195. El Fondo de la Vivienda se constituirá con una aportación de las dependencias o entidades del cinco por ciento del sueldo básico.
Capítulo X De los Servicios Sociales y Culturales Sección I Servicios SocialesArtículo 196. El instituto atenderá de acuerdo con esta ley, a las necesidades básicas del trabajador y su familia a través de la prestación de servicios que contribuyan al apoyo asistencial, a la protección del poder adquisitivo de sus salarios, con orientación hacia patrones racionales y sanos de consumo.
Artículo 197. Para los efectos del artículo anterior, el instituto proporcionará a precios módicos los servicios sociales siguientes:
Artículo 198. El instituto proporcionará servicios culturales, mediante programas culturales, recreativos y deportivos que tiendan a cuidar y fortalecer la salud mental e integración familiar y social del trabajador, y su desarrollo futuro, contando con la cooperación y el apoyo de los trabajadores.
Artículo 199. Para los fines antes enunciados, el instituto ofrecerá los siguientes servicios:
Artículo 200. Los servicios sociales y culturales se financiarán en la forma siguiente:
Artículo 201. El trabajador que deje de prestar sus servicios en alguna dependencia o entidad y no tenga la calidad de pensionado, podrá solicitar la continuación voluntaria en todos o alguno de los seguros del régimen obligatorio, con excepción del seguro de riesgos del trabajo y, al efecto, cubrirá íntegramente las cuotas y aportaciones que correspondan conforme a lo dispuesto por el régimen financiero de los seguros en que desee continuar voluntariamente. Las cuotas y aportaciones se ajustarán anualmente de acuerdo con los cambios relativos que sufra el sueldo integrado en la categoría que tenía el interesado en el puesto que hubiere ocupado en su último empleo.
Para el caso del seguro de salud se requerirá que el trabajador acredite haber laborado, cuando menos, dos años en alguna dependencia o entidad incorporada al instituto.
El pago de las cuotas y aportaciones se hará por bimestre o anualidades anticipados.
Artículo 202. La continuación voluntaria deberá solicitarse por escrito al instituto dentro de los dos años siguientes al de la baja del empleo.
Artículo 203. La continuación voluntaria terminará por:
Artículo 204. El registro de familiares derechohabientes y las demás reglas de los seguros contratados se ajustarán a las disposiciones aplicables previstas en esta ley.
Capítulo II Incorporación Voluntaria al Régimen ObligatorioArtículo 205. El instituto podrá celebrar convenios con los gobiernos de las entidades federativas o de los municipios y sus dependencias y entidades, a fin de que sus trabajadores y familiares derechohabientes reciban los seguros, prestaciones y servicios del régimen obligatorio de esta ley. La incorporación deberá ser total y, en ningún caso, el instituto podrá otorgar seguros, prestaciones o servicios que no estén previstos en el convenio correspondiente.
Las disposiciones a que deben sujetarse las dependencias y entidades previstas en la presente ley también serán aplicables a las respectivas dependencias y entidades de las entidades federativas y municipios, en lo que sea conducente y en términos de los convenios referidos en el párrafo anterior que, al efecto, se celebren.
Para la celebración de estos convenios de incorporación, las dependencias y entidades de carácter local antes mencionadas, deberán garantizar incondicionalmente el pago de las cuotas y aportaciones y la suficiencia presupuestal necesaria y autorizar al instituto a celebrar en cualquier momento las auditorías que sean necesarias para verificar dicha suficiencia presupuestal.
Asimismo, los convenios a que se refiere este artículo deberán sujetarse al texto que apruebe la junta directiva del instituto, el cual deberá contener el otorgamiento de la garantía incondicional de pago de las cuotas y aportaciones correspondientes, previéndose, en su caso, la afectación de sus participaciones y transferencias federales, en términos de las disposiciones federales y locales aplicables, para cubrir el adeudo, así como la forma en que se realizará la liquidación de los derechos de los trabajadores a la terminación del convenio.
En caso de que las participaciones federales afectadas no fueren suficientes para cubrir el adeudo, el instituto deberá requerir a las entidades federativas y municipios morosos y ejercer las vías legales procedentes para hacer efectivos los adeudos. En este caso, el instituto hará públicos los adeudos en el periódico de mayor circulación en la localidad y en un periódico de circulación nacional.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el ámbito de sus atribuciones, llevará a cabo, cuando así proceda, la afectación de las participaciones y transferencias federales en el supuesto a que se refiere el presente artículo. A efecto de lo anterior, los convenios de incorporación deberán contar con la previa opinión de dicha secretaría.
Artículo 206. Los convenios de incorporación deberán prever que los seguros, servicios y prestaciones que se proporcionen a los trabajadores incorporados al instituto por virtud del convenio sean iguales a los que se brindan a los trabajadores incorporados en términos de lo previsto en el artículo 1o. De esta ley.
A tal efecto, a los trabajadores incorporados les será aplicable el sueldo básico calculándose sus años de cotización a partir de la celebración del convenio, salvo en el caso previsto en el párrafo siguiente.
En los convenios de incorporación que incluyan reconocimiento de antigüedad deberán pagarse o garantizarse previamente las Reservas que resulten de los estudios actuariales para el puntual cumplimiento de los seguros, prestaciones y servicios que señala esta ley y realizarse las aportaciones necesarias a las cuentas individuales de los trabajadores incorporados para que su saldo sea equivalente a la antigüedad que se les pretenda reconocer.
Igualmente, en los casos de sustitución de régimen de seguridad social, las reservas constituidas deberán transferirse en favor del instituto en la forma y términos en que se convenga.
Los gobiernos de las entidades federativas, los municipios, sus dependencias y entidades, así como sus trabajadores que se incorporen voluntariamente al régimen de esta ley, cubrirán las cuotas y aportaciones para los seguros, prestaciones y servicios que resulten de los estudios actuariales correspondientes que para cada caso realice el instituto, que en ningún caso podrán ser menores a las que se prevén en esta ley para los respectivos seguros.
En los convenios de incorporación se deberá garantizar que las dependencias y entidades incorporadas cuenten con la infraestructura tecnológica necesaria para la administración y el intercambio automatizado de la información que le requiera el instituto.
El incumplimiento a lo dispuesto en el presente artículo será causa de responsabilidad en los términos de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.
Capítulo III Disposiciones EspecialesArtículo 207. El instituto se reserva el derecho de contratar los seguros, prestaciones y servicios a que se refiere el presente título, así como de dar por terminada la vigencia de los mismos anticipadamente, en caso de que existan causas o motivos suficientes a juicio del instituto que pongan en peligro la adecuada y eficiente prestación de los servicios, el equilibrio financiero del propio instituto o la preservación de los seguros, prestaciones y servicios del régimen obligatorio.
Igual disposición se observará en lo relativo a las incorporaciones señaladas en las fracciones VII y VIII, del artículo 1o. De esta ley.
Para la terminación anticipada de algún convenio de incorporación voluntaria o respecto del régimen de continuación voluntaria de algún trabajador, bastará una resolución de la junta directiva y la notificación de dicha resolución a la dependencia o entidad, o en su caso, a los interesados de que se trate, con un plazo mínimo de ciento ochenta días anteriores a la terminación.
Título Cuarto De las Funciones y Organización del Instituto Capítulo I FuncionesArtículo 208. El instituto tendrá personalidad jurídica para celebrar toda clase de actos y contratos, así como para defender sus derechos ante los tribunales o fuera de ellos, y para ejercitar las acciones judiciales o gestiones extrajudiciales que le competen. Para desistirse de las acciones intentadas o de los recursos interpuestos, así como para dejar de interponer los que las leyes le concedan, cuando se trate de asuntos que afecten al erario federal, se deberán afectar los gastos de administración del instituto por la cantidad correspondiente según conste en acuerdo expreso de la junta directiva del instituto.
Artículo 209. El instituto tendrá las siguientes funciones:
El financiamiento de los gastos generales de administración del instituto que no estén estrictamente relacionados con la prestación de algún seguro, prestación o servicio no deberá rebasar del equivalente a la cantidad que resultaría de la aplicación de una aportación de uno punto cinco por ciento del sueldo integrado al total de los trabajadores.
Capítulo II Órganos de GobiernoArtículo 210. Los órganos de gobierno del instituto serán:
Artículo 211. La Junta directiva se compondrá de treinta y cuatro miembros como a continuación se indica:
Por cada miembro de la junta directiva, se nombrará un suplente que actuará en caso de faltas temporales del propietario, debiendo tratarse de un funcionario con el rango inmediato inferior al del miembro propietario.
Artículo 212. Los miembros de la junta directiva no podrán ser al mismo tiempo servidores públicos de confianza del instituto, salvo el director general.
Artículo 213. Los miembros de la junta directiva durarán en sus cargos por todo el tiempo que subsista su designación. Sus nombramientos podrán ser revocados libremente por quienes los hayan designado.
Artículo 214. Para ser miembro de la junta directiva se requiere:
Artículo 215. Corresponde a la junta directiva:
Artículo 216. La junta directiva sesionará una vez cada semana , pudiendo además celebrar las sesiones extraordinarias que se requieran.
Para la validez de las sesiones de la junta directiva se requerirá la asistencia de por lo menos dieciocho de sus miembros, cinco de los cuales deberán ser representantes del Estado.
Artículo 217. La junta directiva será auxiliada por un secretario, por el Comité de Inversiones y por los demás comités técnicos de apoyo que apruebe la propia Junta, cuyas funciones serán determinadas por la normatividad correspondiente.
Artículo 218. Los acuerdos de la junta directiva se tomarán por mayoría de votos de los miembros presentes. En caso de empate, el presidente tendrá voto de calidad.
Artículo 219. A falta del presidente de la junta, las sesiones serán presididas por uno de los representantes del Estado que se elija entre los presentes.
Artículo 220. Las resoluciones de la junta directiva que afecten intereses particulares, podrán recurrirse ante la misma dentro de los treinta días siguientes.
Artículo 221. El director general representará legalmente al instituto y tendrá las obligaciones y facultades siguientes:
Artículo 222. El director general deberá llenar los requisitos previstos en el artículo 21 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales. Adicionalmente deberá haberse destacado en las materias laboral y de la seguridad social.
Artículo 223. El director general será auxiliado por los servidores públicos de confianza que al efecto señale el estatuto orgánico.
El instituto sólo deberá contratar al personal de confianza que sea estrictamente indispensable, y los pagos totales a este personal no deberán rebasar el veinticinco por ciento de lo gastado en las relaciones de trabajo de los trabajadores sindicalizados.
Artículo 224. El director general del instituto no deberá tener un ingreso bruto mensual superior a mil quinientos cuarenta y nueve salarios mínimos generales del Distrito Federal incluidos el salario base, compensaciones, ayuda para autos o cualquier otra prestación en dinero, especie o servicios personales.
El resto de funcionarios y demás trabajadores del instituto no deberán tener un ingreso bruto superior a mil salarios mínimos generales del Distrito Federal en los términos precisados en el párrafo anterior.
Artículo 225. La Comisión de Vigilancia se compondrá de diecinueve miembros, con voz y voto, como a continuación se indica:
La junta directiva cada doce meses designará de entre los miembros de la Comisión de Vigilancia , a quien deba presidirla. La presidencia será rotativa; en caso de inasistencia del presidente y su suplente, el secretario técnico presidirá la sesión de trabajo.
Por cada miembro de la Comisión de Vigilancia, se nombrará un suplente que actuará en caso de faltas temporales del titular debiendo tratarse de un funcionario con el rango inmediato inferior al del miembro propietario.
Artículo 226. La Comisión de Vigilancia se reunirá en sesión cuantas veces sea convocada por su presidente o a petición de dos de sus miembros.
La Comisión de Vigilancia presentará un informe anual a la junta directiva sobre el ejercicio de sus atribuciones. Los integrantes de la Comisión de Vigilancia podrán solicitar concurrir a las reuniones de la junta directiva, para tratar asuntos urgentes relacionados con las atribuciones de la comisión.
Artículo 227. La Comisión de Vigilancia tendrá las siguientes atribuciones:
Artículo 228. El Ejecutivo federal establecerá las bases para determinar las organizaciones de trabajadores que deberán intervenir en la designación de los miembros de los órganos de gobierno del instituto.
Capítulo III Comité de InversionesArtículo 229. El instituto deberá constituir un Comité de Inversiones que se compondrá por cinco miembros, de los cuales cuando menos dos serán personas independientes con experiencia mínima de cinco años en la materia designados por las instituciones públicas de educación pública superior . Los otros tres miembros del comité, serán designados respectivamente por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por el Banco de México y por el propio instituto, correspondiendo a este último presidirlo.
Artículo 230. El Comité de Inversiones tendrá a su cargo analizar y hacer recomendaciones respecto de la inversión de los fondos de las reservas que constituya el instituto de conformidad con las disposiciones de la presente ley.
Capítulo IV PatrimonioArtículo 231. El patrimonio del instituto lo constituirán:
Artículo 232. Los bienes muebles e inmuebles que pertenezcan al instituto gozarán de las franquicias, prerrogativas y privilegios que sean concedidos a los fondos y bienes de la federación.
Dichos bienes, así como los actos y contratos que celebre el instituto estarán exentos de toda clase de impuestos y derechos, y aquellos en los que intervenga en materia de vivienda no requerirán de intervención notarial, sin menoscabo de que el Trabajador pueda acudir ante notario público de su elección en las operaciones en que sea parte.
El instituto se considerará de acreditada solvencia y no estará obligado a constituir depósitos o fianza legal de ninguna clase. Salvo en caso de los préstamos sobre los recursos de los trabajadores en los términos del artículo 78 de esta ley.
Artículo 233. Los remanentes, excedentes o utilidades de operación, así como los ingresos diversos que generen o hayan generado el instituto, o sus órganos de operación administrativa desconcentrada, deberán incrementar las reservas de operación para contingencias y financiamiento en los términos que determine la junta directiva.
Si llegare a ocurrir en cualquier tiempo que los recursos del instituto no bastaren para cumplir con las obligaciones a su cargo establecidas por la ley, el déficit que hubiese, será cubierto por el gobierno federal y los gobiernos o dependencias y entidades de las entidades federativas o municipales que coticen al régimen de esta ley en la proporción que a cada uno corresponda.
En caso de que el informe financiero y actuarial que anualmente se presente a la junta directiva, arroje como resultado que las cuotas y aportaciones son insuficientes para cumplir con las obligaciones de uno o varios de los seguros y servicios a cargo del instituto, el director general deberá hacerlo del conocimiento del titular del Ejecutivo federal, del Congreso de la Unión y del público en general.
Capítulo V Reservas e Inversiones Sección I GeneralidadesArtículo 234. El instituto, para garantizar el debido y oportuno cumplimiento de las obligaciones que contraiga, derivadas del pago de beneficios y la prestación de servicios y seguros que se establecen en esta ley, deberá constituir y contabilizar por cada seguro y para el rubro de servicios, la provisión y el respaldo financiero de las Reservas que se establecen en este Capítulo, en los términos que el mismo indica.
La diferencia del importe de las cuotas y demás ingresos de cada uno de los seguros, por un lado, y el pago de prestaciones, demás egresos de los mismos, así como las necesidades de inversión mínima en infraestructura médica y para la operación de esta infraestructura ya construida, se aplicará a incrementar la reserva respectiva.
Las reservas formarán parte del pasivo del instituto y sólo se podrá disponer de ellas para cumplir los fines previstos en esta ley y garantizar su viabilidad financiera en el largo plazo. El incumplimiento a lo dispuesto por el presente artículo será causa de responsabilidad en los términos de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.
Artículo 235. En caso de que se determine realizar incrementos en las reservas financieras y actuariales o en la reserva general financiera y actuarial, estos incrementos deberán registrarse en las provisiones de pasivo, afectarse el gasto devengado y de flujo de efectivo y efectuarse las aportaciones a las reservas que las respalden. Las aportaciones para su incremento o reconstitución deberán hacerse trimestral o anualmente, según corresponda, y establecerse en definitiva al cierre de cada ejercicio.
Artículo 236. El instituto constituirá las siguientes Reservas:
Los recursos afectos a las reservas señaladas quedan fuera de las disposiciones de anualidad presupuestal, por lo que podrán financiar obligaciones y contingencias más allá de un solo ejercicio fiscal. Del manejo multianual que haga el instituto de estos fondos deberá informarse a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a más tardar el día veintiocho de febrero del año siguiente.
Sección II De las Reservas de los SegurosArtículo 237. Se establecerá una reserva de operación, que financie las operaciones e inversiones presupuestadas para cada ejercicio en todos los seguros y servicios.
La reserva de operación recibirá la totalidad de los ingresos por cuotas, aportaciones y cuota social del seguro de salud, que corresponda administrar al instituto, así como la transferencia del gobierno federal para cubrir las cuotas y aportaciones que éste debe de enterar. Sólo se podrá disponer de esta reserva para hacer frente al pago de seguros, servicios, prestaciones, gastos administrativos y de inversión, y para la constitución de las reservas de operación para contingencias y financiamiento, financieras y actuariales y general financiera y actuarial.
Al cierre del ejercicio fiscal esta reserva no deberá registrar ningún saldo.
Artículo 238. En el caso del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, del Fondo de la Vivienda y del Fondo de Préstamos Personales, se estará a lo dispuesto en los capítulos correspondientes de esta ley.
Artículo 239. Las reservas financieras y actuariales se constituirán por cada uno de los seguros, excepto el de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez y la subcuenta del Fondo de la Vivienda, y por cada una de las coberturas, a través de una aportación trimestral calculada sobre los ingresos de los mismos, que consideren las estimaciones de sustentabilidad financiera de largo plazo contenidas en el informe financiero y actuarial que se presente anualmente a la junta directiva. Cada una de esas reservas podrá ser dividida y manejada conforme a la naturaleza de los riesgos que afecten a cada seguro y coberturas. Esta separación buscará el mejor equilibrio entre las fuentes y características del riesgo y los recursos necesarios para su financiamiento.
Artículo 240. La reserva general financiera y actuarial deberá constituirse, incrementarse o reconstituirse a través de una aportación anual a estimarse en el informe financiero y actuarial que se presente anualmente a la junta directiva, para enfrentar efectos catastróficos o variaciones de carácter financiero de significación en los ingresos o incrementos drásticos en los egresos derivados de problemas epidemiológicos o económicos severos y de larga duración que provoquen insuficiencia de cualquiera de las reservas financieras y actuariales.
Artículo 241. El instituto deberá constituir la reserva de operación para contingencias y financiamiento a que se refiere este capítulo separándola en tres renglones, previsión, catastrófica y especiales:
Para el uso de estos recursos deberá contarse con la aprobación de la junta directiva del instituto y deberá darse aviso a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público antes de su aplicación, la cual tendrá diez días hábiles para suspender el uso de estos recursos si a su juicio no existen las condiciones requeridas.
Artículo 242. La reserva de operación para contingencias y financiamiento se constituirá, incrementará o reconstituirá trimestralmente hasta alcanzar un monto equivalente a sesenta días naturales del ingreso total del instituto en el año anterior, excluyendo los recursos correspondientes al seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez y al Fondo de la Vivienda.
Además de los ingresos ordinarios por cuotas y aportaciones, a la reserva de operación para contingencias y financiamiento podrán afectarse los recursos que de manera extraordinaria obtenga el instituto. La junta directiva dictará, en su caso, el acuerdo respectivo, mismo que, automáticamente, modificará el programa anual de administración y constitución de reservas.
El instituto, previa autorización de la junta directiva, podrá disponer de los recursos afectos a la reserva de operación para contingencias y financiamiento, para sufragar la contingencia hasta por un monto equivalente a noventa días de ingreso promedio del año anterior del seguro o servicio que requiera el financiamiento.
Para ejercer los recursos de la reserva de operación para contingencias y financiamiento, se entenderá por contingencia en algún seguro o servicio, algún hecho que hubiese sido imposible programar y presupuestar con oportunidad, que presione el gasto del instituto por única vez dentro de un ejercicio fiscal y que, de no enfrentarse, ponga en riesgo el cumplimiento de las obligaciones legales del instituto.
Cuando se presente alguna de estas situaciones, el director general deberá hacerlo del conocimiento del titular del Ejecutivo federal y del Congreso de la Unión.
Los recursos destinados a financiar contingencias se deberán reintegrar con los correspondientes intereses, en los términos del reglamento respectivo, en un plazo no mayor a tres años.
Artículo 243. Las reservas financieras y actuariales y la reserva general financiera y actuarial, se constituirán en la forma, términos y plazos que se establezcan por la junta directiva, conforme al reglamento correspondiente, considerando el informe que el instituto le envíe.
Artículo 244. El instituto podrá disponer de las Reservas financieras y actuariales de cada seguro y cobertura sólo para cubrir las necesidades que correspondan a cada uno de ellos, previo acuerdo de la junta directiva a propuesta del director general, y sólo para enfrentar caídas en los ingresos o incrementos en los egresos derivados de problemas económicos de duración mayor a un año, así como para enfrentar fluctuaciones en la siniestralidad mayores a las estimadas en el estudio actuarial que se presente anualmente a la junta directiva o para el pago de beneficios futuros para los que se hubiera efectuado la provisión correspondiente.
Sección III Del Programa Anual de Administración y Constitución de ReservasArtículo 245. A propuesta del director general, con base en el proyecto de presupuesto para el siguiente ejercicio y en los estudios financieros y actuariales que se presenten cada año a la junta directiva, ésta deberá aprobar anualmente en forma previa al inicio del ejercicio fiscal un programa anual de administración y constitución de reservas, conforme al reglamento correspondiente, el cual confirmará o adecuará en lo conducente, una vez que se conozca el presupuesto de gastos definitivo del instituto. Este programa contendrá como mínimo los siguientes elementos:
La junta directiva, a propuesta del director general, podrá modificar en cualquier momento la asignación de recursos contenida en el programa de administración y constitución de reservas, con excepción de los montos de incremento de las reservas financieras y actuariales y de la reserva general financiera y actuarial comprometidos, cuando los flujos de ingresos y gastos a lo largo del ejercicio así lo requieran. La propuesta del director general deberá describir el impacto que esa modificación tendrá en el mediano y largo plazo.
Sección IV De la Inversión de las Reservas y de su Uso para la OperaciónArtículo 246. El instituto deberá contar con una unidad administrativa que de manera especializada, se encargará de la inversión de los recursos del instituto y los mecanismos que deberá utilizar para ello, conforme al reglamento correspondiente, bajo criterios de prudencia, seguridad, rendimiento, liquidez, diversificación de riesgo, transparencia y respeto a las sanas prácticas y usos del medio financiero nacional, procurando una revelación plena de información.
Dicha unidad administrativa deberá contar con una infraestructura profesional y operativa que permita un proceso flexible, transparente y eficiente.
Artículo 247. La reserva de operación y la reserva de operación para contingencias y financiamiento, deberán invertirse en valores emitidos o garantizados por el gobierno federal; o en su caso, oyendo previamente la opinión del Comité de Inversiones, en valores de alta calidad crediticia o en otros instrumentos financieros.
Artículo 248. Las inversiones de las reservas financieras y actuariales y la reserva general financiera y actuarial, previstas en este capítulo, sólo podrán invertirse en los valores, títulos de crédito y otros derechos, que se determinen por la junta directiva, oyendo previamente la opinión del Comité de Inversiones, conforme al reglamento correspondiente.
Los intereses o rendimientos que genere cada Reserva deberán aplicarse exclusivamente a la reserva que les dé origen.
Sección V De la ContabilidadArtículo 249. Los ingresos y gastos de cada seguro, prestación y servicio, así como de las reservas, se registrarán contablemente por separado. Los gastos comunes se sujetarán a las reglas de carácter general para distribución de costos, al catálogo de cuentas y al manual de contabilización y del ejercicio del gasto que al efecto autorice la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
El catálogo de cuentas y el manual de contabilización y del ejercicio del gasto deberán tomar como base los equivalentes que al efecto se establezcan por las autoridades competentes para las entidades de la administración pública federal adecuándolos, para efecto de rendición de cuentas, a las características y necesidades de una institución que cumple una función social.
Título Quinto De la PrescripciónArtículo 250. El derecho a la pensión es imprescriptible. Las pensiones caídas y cualquier prestación en dinero a cargo del instituto que no se reclame dentro de los diez años siguientes a la fecha en que hubieren sido exigibles, prescribirán a favor del instituto.
Artículo 251. Los créditos respecto de los cuales el instituto tenga el carácter de acreedor, cualquiera que sea su especie, prescribirán en diez años, a partir de la fecha en que el propio instituto pueda, conforme a la ley, ejercitar sus derechos.
Artículo 252. Las obligaciones que en favor del instituto señala la presente ley, prescribirán en el plazo de diez años contados a partir de la fecha en que sean exigibles. La prescripción se interrumpirá por cualquier gestión de cobro.
Artículo 253. El derecho del trabajador y, en su caso, de los beneficiarios, a recibir los recursos de su Cuenta Individual del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez en los términos de la presente ley, es imprescriptible .
Título Sexto De las Responsabilidades y SancionesArtículo 254. Los servidores públicos de las dependencias y entidades, que dejen de cumplir con alguna de las obligaciones que les impone esta ley, serán responsables en los términos de las disposiciones aplicables.
Artículo 255. Se sancionará con prisión de seis a doce años al servidor público que disponga para fines personales de los recursos de las cuentas individuales de los trabajadores o intervenga en la comisión de hechos u omisiones que se traduzcan en merma dolosa de éstos recursos.
Artículo 256. El instituto tomará las medidas pertinentes en contra de quienes indebidamente aprovechen o hagan uso de los derechos o beneficios establecidos por esta Ley, y ejercitará ante las autoridades competentes las acciones que correspondan, presentando las denuncias o querellas, y realizará todos los actos y gestiones que legalmente procedan, así como contra quien cause daños o perjuicios a su patrimonio o trate de realizar cualquiera de los actos anteriormente enunciados.
Artículo 257. La interpretación de los preceptos de esta ley, para efectos administrativos, corresponderá al instituto.
Artículo segundo del presente decreto. Se adiciona un artículo transitorio a la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de mayo de 1996, en los siguientes términos:
Vigésimo. La Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro continuará vigente, en lo que no se oponga a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, mientras operen las administradoras de fondos para el retiro y el Pensionissste .
Artículo tercero del presente decreto. Se adiciona un artículo transitorio a la Ley de Protección y Defensa del Usuarios de Servicios Financieros publicada en el Diario Oficial de la Federación del 18 de enero de 1999, en los siguientes términos:
Undécimo. La Ley de Protección y Defensa del Usuarios de Servicios Financieros continuará vigente en relación a los usuarios de las administradoras de fondos para el retiro, en lo que no se oponga a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, mientras operen las administradoras de fondos para el retiro y el Pensionissste.
TransitoriosPrimero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. A partir de la entrada en vigor de esta ley, se abroga la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado publicada en el Diario Oficial de la Federación del treinta y uno de marzo del dos mil siete.
Se mantendrán en vigor todas las disposiciones reglamentarias y administrativas que no se opongan al presente decreto, hasta en tanto se expidan las normas relativas al presente ordenamiento.
Tercero. Los asegurados inscritos hasta el treinta y uno de marzo del año de 2007, así como sus beneficiarios, al momento de cumplirse, en términos de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado publicada en el Diario Oficial de la Federación del 27 de diciembre de 1983 con sus reformas y adiciones, los supuestos legales o el siniestro respectivo para el disfrute de cualquiera de las pensiones, podrán optar por acogerse al beneficio de dicha ley o al esquema de pensiones establecido en el presente Decreto. El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado está obligado, a solicitud de cada trabajador o sus beneficiarios, a calcular estimativamente el importe de su pensión para cada uno de los regímenes, a efecto de que éstos pueda decidir lo que a sus intereses convenga.
Cuarto. A los trabajadores que se encuentren cotizando al régimen del Instituto a la fecha de entrada en vigor de la presente ley, se les reconocerán los periodos cotizados con anterioridad.
Quinto. Se reconoce la propiedad de los trabajadores sobre sus ahorros de retiro depositados en el marco de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado publicada en el Diario Oficial de la Federación del 27 de diciembre de 1983 con sus reformas y adiciones, los cuales se transferirán al instituto para su administración en una subcuenta especial, mismos que seguirán generando los rendimientos respectivos, y en general se seguirán regulando conforme a las disposiciones contenidas en éste ordenamiento.
Sexto. Por cuanto hace a los fondos de los trabajadores que se acumulen en la subcuenta de retiro a partir de abril de 2007, se entregarán a los trabajadores que cumplan los requisitos para jubilarse o pensionarse conforme a este decreto o a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado publicada en el Diario Oficial de la Federación del 27 de diciembre de 1983 con sus reformas y adiciones, según sea la opción del trabajador conforme al artículo segundo transitorio de este decreto. Es decir, recibirán la jubilación o pensión que les corresponda y además los fondos acumulados en su subcuenta del seguro de retiro, conforme a lo previsto en el artículo 79.
Séptimo. Estarán a cargo del Gobierno Federal las Pensiones que se otorguen a los Trabajadores cual sea la ley por la que opten los trabajadores en apego al artículo tercero transitorio de este decreto.
El gobierno federal cumplirá lo previsto en el párrafo anterior mediante los mecanismos de pago que determine a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los que en ningún caso afectarán a los trabajadores.
Octavo. Los Trabajadores que a la fecha de entrada en vigor de este decreto se encuentren separados del servicio y posteriormente reingresaren al mismo, y quisieren que el tiempo trabajado con anterioridad se les compute para obtener los beneficios, a su elección, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado publicada en el Diario Oficial de la Federación del 27 de diciembre de 1983 con sus reformas y adiciones, o del presente decreto, deberán reintegrar, en su caso, la indemnización global que hubieren recibido. Asimismo, deberán laborar por lo menos durante un año contado a partir de su reingreso.
Una vez transcurrido un año a partir del reingreso, el trabajador deberá acreditar su antigüedad con sus hojas únicas de servicio.
Los beneficios que se les otorguen a los trabajadores referidos en este artículo se calcularán sobre el promedio del sueldo integrado o básico, según el que le otorgue un beneficio mayor, del año anterior a su separación del servicio público.
Noveno. Los jubilados, pensionados o sus familiares derechohabientes que, a la entrada en vigor de este decreto, gocen de los beneficios que les otorga la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado publicada en el Diario Oficial de la Federación del 27 de diciembre de 1983 con sus reformas y adiciones, continuarán ejerciendo sus derechos en los términos y condiciones señalados en las disposiciones vigentes al momento de su otorgamiento. Por lo que no podrán ver reducidas y en general afectadas, estas prestaciones económicas; de lo contrario el instituto quedará obligado a reintegrarlas y al pago de daños y perjuicios. Los servidores públicos responsables incurrirán en fraude equiparado.
Los jubilados o pensionados conforme a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado publicada en el Diario Oficial de la Federación del 31 de marzo de 2007, podrán seguir ejerciendo sus derechos conforme a ésta, o acogerse a la opción prevista en el artículo tercero transitorio de este decreto.
Décimo. El cálculo del sueldo integrado señalado en este decreto, en ningún caso podrá dar por resultado una cantidad menor al sueldo básico establecido en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado publicada en el Diario Oficial de la Federación del 27 de diciembre de 1983 con sus reformas y adiciones, tanto para el cálculo de las cuotas y aportaciones al instituto, como de los beneficios de los derechohabientes.
Décimo Primero. Para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 30 de la presente ley, el instituto contará con un año, a partir de la entrada en vigor de esta Ley para realizar los estudios que correspondan y definir las condiciones en las que podrá intercambiar seguros de salud con instituciones públicas federales y estatales del sector salud.
Décimo Segundo. Los trabajadores y pensionados que a la fecha de entrada en vigor de esta ley, tengan derecho a la prestación de préstamos personales, continuarán gozando de dicho beneficio de acuerdo con el programa anual que autorice la junta directiva y de conformidad con las reglas que establezca la misma.
Décimo Tercero. Los reglamentos y las reformas a los mismos derivadas del presente decreto deberán ser expedidos en un plazo máximo de cuatro meses contado a partir de la entrada en vigor de este decreto.
Décimo Cuarto. A las personas que presten sus servicios a las dependencias o entidades mediante contrato personal sujeto a la legislación común, que perciban sus emolumentos exclusivamente con cargo a la partida de honorarios por contrato, o que estén incluidos en las listas de raya, siempre y cuando hayan laborado una jornada completa de acuerdo con las condiciones generales de trabajo y hayan laborado por un periodo mínimo de un año, se les incorporará integralmente al régimen de seguridad social con la entrada en vigor de este decreto.
Asimismo, se les incorporará con los tabuladores aplicables en la dependencia o entidad en que presten sus servicios mediante un programa de incorporación gradual, que iniciará a partir del primero de enero del 2008 dentro de un plazo máximo de cinco años. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público establecerá los lineamientos para su incorporación.
A cuenta de lo previsto en este artículo, no se presionará a los trabajadores en activo para que se jubilen o en general se separen de su trabajo.
Cualquier lucro que se obtenga con cargo a los trabajadores por la aplicación de este artículo, se conceptuará como fraude equiparado.
Décimo Quinto. El instituto y las organizaciones de trabajadores orientarán a sus agremiados en lo relativo al ejercicio de los derechos que les otorga este decreto.
Décimo Sexto. El instituto y el Fondo de la Vivienda estarán sujetos a lo dispuesto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como a su reglamento y demás disposiciones emitidas con fundamento en dicha ley.
Décimo Séptimo. A partir de la entrada en vigor del presente decreto las administradoras de fondos para el retiro no podrán seguir cobrando comisiones en los términos en que lo vienen haciendo, sino que únicamente podrán cobrar las comisiones y montos que al respecto marca este decreto respecto a la administración efectuada por instituto.
Igualmente a partir de la vigencia de este decreto los trabajadores ya inscritos en una administradora de fondos para el retiro tendrán derecho a traspasar sus cuentas individuales en cualquier momento hacia el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
Este traspaso deberá realizarse máximo en veinticuatro horas de presentada la solicitud por el trabajador, de lo contrario por cada traspaso omitido o no efectuado se le cobrará a la administradora de fondos para el retiro una multa de doscientos a mil salarios mínimos generales vigentes en el Distrito Federal.
Por otro lado, a los tres meses de la entrada en vigor de este decreto los trabajadores ya no podrán afiliarse a las administradoras de fondos para el retiro por lo que la inscripción de los trabajadores y la administración de sus cuentas se llevará a cabo única y exclusivamente por el instituto.
A los tres meses de la entrada en vigor del presente decreto se extinguirá el Pensionissste, en tal virtud las cuentas que administre pasarán al instituto para su administración, e igualmente el personal de base, bienes y derechos de este Fondo pasarán a ser administrados por el instituto.
Décimo Octavo. El proceso de unificación de las cuentas individuales deberá concluir a más tardar en diciembre de 2009.
Décima Novena. A partir de que la totalidad de las cuentas individuales de los trabajadores al servicio del estado pasen a ser administradas por el instituto, la Comisión Nacional de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, dejará de tener atribuciones respecto a las cuentas individuales de los burócratas.
Vigésima. Los trabajadores que hayan recibido alguna prestación conforme a la Ley del instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado publicada en el Diario Oficial de la Federación del 31 de marzo de 2007, incluidos los préstamos, podrán disfrutarla y en su caso amortizarla conforme a esta ley, o acogerse a las disposiciones del presente decreto.
LEY DEL IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : Se recibió del diputado Javier Guerrero García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, iniciativa que adiciona un artículo transitorio al decreto por el que se reforma el artículo 14 de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos.
El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas : «Iniciativa que adiciona un artículo transitorio al decreto por el que se reforma el artículo 14 de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, a cargo del diputado Javier Guerrero García , del Grupo Parlamentario del PRI Exposición de MotivosEl 1 de abril del presente año se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforma la tarifa del artículo 14 de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos.
El objetivo de esa reforma fue que las motocicletas pagaran un impuesto menor que el que se calculaba con la tarifa anterior.
Sin embargo, al entrar en vigor la modificación, las motocicletas de modelo 2007 y anteriores pagarán un impuesto mayor que las del mismo valor modelo 2008.
Con lo anterior se pierde el espíritu de igualdad y proporcionalidad que, de acuerdo con la Constitución, deben guardar las contribuciones.
Por lo expuesto se propone adicionar un transitorio al decreto en comento, para que las motocicletas modelo 2007 y anteriores no tributen más que las modelo 2008, para quedar como sigue:
TransitoriosTercero. El pago del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos de motocicletas modelo 2007 y anteriores se calculará aplicando al impuesto pagado en 2008 de la unidad nueva cuyo precio sea semejante al valor de factura del año que corresponda, la siguiente tarifa:
Cuarto. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
CODIGO CIVIL FEDERAL - CODIGO PENAL FEDERAL
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : La Presidencia recibió del diputado Pascual Bellizzia Rosique, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Civil Federaly del Código Penal Federal.
El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas : «Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de los Códigos Civil Federal, y Penal Federal, a cargo del diputado Pascual Bellizzia Rosique , del Grupo Parlamentario del PVEMPascual Bellizzia Rosique , diputado de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante el Pleno de esta honorable asamblea, la presente iniciativa que contiene proyecto de decreto, con base en la siguiente
Exposición de MotivosConforme al artículo 7o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 1 , el respeto a la vida privada, a la moral y a la paz pública, tienen el rango de fundamentales, hasta el punto que el respeto de tales derechos constituye un límite al ejercicio de las libertades de expresión que el propio precepto reconoce y protege con el mismo carácter de fundamentales.
Del mismo modo, al enmarcar el principio de no discriminación en el artículo 1o. de la Constitución 2 , se establece la prohibición de cualquier otra acción que atente contra la dignidad humana y que tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.
Es decir, se preservan ambos derechos frente a todo género de injerencia o intromisiones ilegítimas, y por tanto, previsiblemente deben gozar de una protección en la legislación secundaria.
En este orden de ideas, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, previó en el artículo 16 segundo párrafo, la privacidad de las comunicaciones privadas de las personas. 3
Así también, en las prescripciones contenidas en el artículo 6o. fracción II de la Carta Magna, protegen determinados aspectos de la vida privada de las personas. 4
Sin embargo, a pesar de los instrumentos jurídicos existentes que se avocan a la protección de la vida privada o la dignidad humana, provistos en la legislación secundaria, resulta que no han sido pocos los casos en que hemos podido observar la injerencia de actos, personas o situaciones que afectan gravemente la vida privada y la dignidad de las personas.
La normatividad vigente no posee fronteras definidas del derecho a la intimidad o privacidad de las personas, particularmente no trata el derecho de un individuo o grupo de mantener sus vidas y actos personales fuera de la vista del público, o de controlar el flujo de información sobre si mismos.
México, al constituirse con un sistema democrático de gobierno, ha privilegiado en todo momento la libertad de expresión como uno de los derechos fundamentales que más promueve, ejerce y protege.
Los derechos de la dignidad humana, la intimidad y de la vida privada, pueden entrar en conflicto ante al dispensar a la libertad de expresión en todas sus formas.
Al margen de derecho contra la invasión a la privacidad, algunas personas sufren atentados a su privacidad individual y otras tantas, una invasión a la intimidad, particularmente en situaciones que en muchos de los casos la intimidad puede ser entendida como un aspecto esencial de su seguridad.
Por lo anterior, se propone establecer que los conflictos entre la libertad de información y los derechos de personalidad, entre ellos, los relativos a la vida privada o la imagen, sean resueltos a favor del interés público a cuyo propósito sirviere la información que los difunde.
Considerando que en la actualidad, es indispensable proteger la institución de la familia, por ser la base de la sociedad, se propone dotarle de un marco regulatorio que garantice a cada uno de los miembros que la conforman, el derecho a la intimidad familiar.
Es la familia, una célula social o un grupo elemental sobre el cual descansa toda la sociedad mexicana, es en la convivencia de familia, que la constitución en el artículo 16 ya dispone que nadie puede ser sujeto de un acto de molestia que atente contra su familia.
Sin embargo, tal institución procura a cada uno de los individuos que poseen una familia, más no salvaguarda a la familia como una organización independiente de los seres humanos que la conforman.
En este contexto, la familia es un ente que guía a la sociedad mexicana 5 , una institución jurídica capaz de contar con un patrimonio familiar por ley, y una necesidad natural y necesaria para el desarrollo de todas y todos los mexicanos.
La presente iniciativa robustece la protección a la familia que se brinda en otros ordenamientos 6 , la familia tiene derecho a que se le respete la intimidad y privacidad, por ello se propone inhibir la publicación de asuntos relativos a la vida de la privada de una familia; aún cuando uno de sus integrantes sea una persona pública.
Los límites que plantea la presente iniciativa, pretenden separar los derechos de la familia con relación a un individuo particular de la misma. Ya que éste último expone su persona a un escrutinio abierto de sus palabras, actos, o hechos voluntaria o condensadamente, y los otros que integran aquella no expresan consentimiento de la publicidad de los actos tanto por la persona o la familia sean en general del dominio público.
Es pues, que la presente iniciativa reconoce una dualidad en el derecho a la intimidad de las personas, la intimidad considerada de sí mismo, y la intimidad de la persona como parte de una familia, es decir, inscrita en la intimidad familiar.
La iniciativa busca proponer una interpretación proporcional y justificada, que queda sin efectos ante el consentimiento de las personas a divulgar o publicitar los actos que ocurren en la esfera de la vida privada o de la intimidad familiar, asimismo no preserva éstos derechos para quien por sí mismos determinan exponer, publicitar y romper la tenue línea entre los límites de su vida privada y pública revelando información de su intimidad personal.
En cambio se confiere la posibilidad a las familias de reclamar el derecho a la intimidad, siempre y cuando ellos mismos lo respeten y fijen claramente la línea divisoria, entre los elementos y situaciones sobre su intimidad familiar que ocurren dentro de la esfera de la vida privada, que se reservan en su vida privada e íntima y deciden no sacarla a la luz pública y respetarla y los que puedan pasar a ser por voluntad o descuido del dominio público, por alguno de sus miembros.
Por otra parte, dado que los actos contra la intimidad de una persona no solo se circunscribe a una dimensión puramente familiar, se propone modificar dos preceptos del Código Penal Federal, con el objeto de proteger la intimidad de las personas como una dimensión única que queda expuesta ante una relación de trabajo ausente de principios éticos.
Por lo ya expuesto, se pretende sean sancionadas las personas que pretenden supeditar el derecho a la intimidad personal y a la privacidad de una persona, con motivo específicamente en una relación de trabajo. Es decir, la presente iniciativa propone hacer extensiva la protección del derecho a la intimidad de las personas para efectos de su relación de trabajo, se precisan casos en que los individuos que posean el ánimus malicioso de recolectar datos o información de la intimidad de un trabajador en su perjuicio serán sancionados.
Las reformas que se proponen cambiarían el texto vigente de la siguiente forma:
Código Civil FederalTexto Vigente
Artículo 1916 . Por daño moral se entiende la afectación que una persona sufre en sus sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor, reputación, vida privada, configuración y aspectos físicos, o bien en la consideración que de sí misma tienen los demás. Se presumirá que hubo daño moral cuando se vulnere o menoscabe ilegítimamente la libertad o la integridad física o psíquica de las personas.
Cuando un hecho u omisión ilícitos produzcan un daño moral, el responsable del mismo tendrá la obligación de repararlo mediante una indemnización en dinero, con independencia de que se haya causado daño material, tanto en responsabilidad contractual como extracontractual. Igual obligación de reparar el daño moral tendrá quien incurra en responsabilidad objetiva conforme al Artículo 1913, así como el Estado y sus servidores públicos, conforme a los artículos 1927 y 1928, todos ellos del presente Código.
La acción de reparación no es transmisible a terceros por acto entre vivos y sólo pasa a los herederos de la víctima cuando ésta haya intentado la acción en vida.
El monto de la indemnización lo determinará el juez tomando en cuenta los derechos lesionados, el grado de responsabilidad, la situación económica del responsable, y la de la víctima, así como las demás circunstancias del caso.
Cuando el daño moral haya afectado a la víctima en su decoro, honor, reputación o consideración, el juez ordenará, a petición de ésta y con cargo al responsable, la publicación de un extracto de la sentencia que refleje adecuadamente la naturaleza y alcance de la misma, a través de los medios informativos que considere convenientes. En los casos en que el daño derive de un acto que haya tenido difusión en los medios informativos, el juez ordenará que los mismos den publicidad al extracto de la sentencia, con la misma relevancia que hubiere tenido la difusión original.
Estarán sujetos a la reparación del daño moral de acuerdo a lo establecido por este ordenamiento y, por lo tanto, las conductas descritas se considerarán como hechos ilícitos:
La reparación del daño moral con relación al párrafo e incisos anteriores deberá contener la obligación de la rectificación o respuesta de la información difundida en el mismo medio donde fue publicada y con el mismo espacio y la misma circulación o audiencia a que fue dirigida la información original, esto sin menoscabo de lo establecido en el párrafo quinto del presente artículo.
La reproducción fiel de información no da lugar al daño moral, aun en los casos en que la información reproducida no sea correcta y pueda dañar el honor de alguna persona, pues no constituye una responsabilidad para el que difunde dicha información, siempre y cuando se cite la fuente de donde se obtuvo.
Artículo 1916 Bis-2. Inexistente
Artículo 1916 Bis-3. Inexistente
Iniciativa
Artículo 1916. Por daño moral se entiende la afectación que una persona sufre en sus sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor, reputación, vida privada, configuración y aspectos físicos, o bien en la consideración que de sí misma tienen los demás. Se presumirá que hubo daño moral cuando se vulnere o menoscabe ilegítimamente la libertad o la integridad física o psíquica de las personas.
También se reputara daño moral a la publicidad que por cualquier medio o modo, presenten imágenes, textos o conceptos distorsionados, expresiones, insinuaciones insidiosas y vejaciones que afecten la dignidad del ser humano.
Cuando un hecho u omisión ilícitos produzcan un daño moral, el responsable del mismo tendrá la obligación de repararlo mediante una indemnización en dinero, con independencia de que se haya causado daño material, tanto en responsabilidad contractual como extracontractual. Igual obligación de reparar el daño moral tendrá quien incurra en responsabilidad objetiva conforme al artículo 1913, así como el Estado y sus servidores públicos, conforme a los Artículos 1927 y 1928, todos ellos del presente Código.
Se confiere al agraviado o a sus herederos, la acción para exigir la cesación de los actos lesivos constituyentes del daño moral.
La acción de reparación no es transmisible a terceros por acto entre vivos y sólo pasa a los herederos de la víctima cuando ésta haya intentado la acción en vida.
El monto de la indemnización lo determinará el juez tomando en cuenta los derechos lesionados, el grado de responsabilidad, la situación económica del responsable, y la de la víctima, así como las demás circunstancias del caso.
Cuando el daño moral haya afectado a la víctima en su decoro, honor, reputación o consideración, el juez ordenará, a petición de ésta y con cargo al responsable, la publicación de un extracto de la sentencia que refleje adecuadamente la naturaleza y alcance de la misma, a través de los medios informativos que considere convenientes. En los casos en que el daño derive de un acto que haya tenido difusión en los medios informativos, el juez ordenará que los mismos den publicidad al extracto de la sentencia, con la misma relevancia que hubiere tenido la difusión original.
La publicación de la respuesta o rectificación será nula para los efectos legales si por el tenor de los comentarios, asume el carácter de réplica de la réplica, debiendo ser nuevamente realizada de acuerdo con los requisitos de ley.
Son inviolables la intimidad, la vida privada y la imagen de las personas, asegurándose el derecho a la indemnización por daño material o moral resultante de estos.
Estarán sujetos a la reparación del daño moral de acuerdo a lo establecido por este ordenamiento y, por lo tanto, las conductas descritas se considerarán como hechos ilícitos:
La reparación del daño moral con relación al párrafo e incisos anteriores deberá contener la obligación de la rectificación o respuesta de la información difundida en el mismo medio donde fue publicada y con el mismo espacio y la misma circulación o audiencia a que fue dirigida la información original, esto sin menoscabo de lo establecido en el párrafo quinto del presente artículo.
También será procedente la reparación del daño moral, a la persona afectada por afirmaciones sin pruebas o inexactas, o agraviada por informaciones o publicaciones no pagadas hechas por la prensa u otros medios de comunicación social y tendrá el derecho a la rectificación correspondiente.
La reproducción fiel de información no da lugar al daño moral, aun en los casos en que la información reproducida no sea correcta y pueda dañar el honor de alguna persona, pues no constituye una responsabilidad para el que difunde dicha información, siempre y cuando se cite la fuente de donde se obtuvo.
Artículo 1916 Bis-2. Todos los actos que no surgen de un contrato o de una relación de confianza, contrarios a los que se reputen de protección al derecho de la vida privada, la intimidad personal, o sean producto de actos que preserven la privacidad, a saber:
Irrupción contra la intimidad de la persona, la transmisión o captación de palabras comunicadas en forma confidencial, sin el consentimiento de la persona y; la transmisión y grabación de la imagen de la persona sin su consentimiento en un lugar privado.
Perturbar la intimidad de una persona, la divulgación de la vida íntima de la persona, entendiéndose como tal la esfera personal íntima de su vida y especialmente su vida sexual o su estado de salud, tendientes a exhibirlas, o menoscabar su reputación o dañarlas en sus relaciones sociales.
Atentar contra la intimidad de la persona, cuando se comercia, publica, exhibe o expone la imagen de una persona lesionando su reputación o decoro, o en su caso, la reproducción de la voz de la persona. No se requiere consentimiento para comerciar, publicar, exhibir la foto o la imagen de una persona en los casos de notoriedad en la función que desempeña, las necesidades de policía o cuando se haga en relación a acontecimientos de interés público.
Los conflictos entre la libertad de información y los derechos de personalidad, entre ellos, los relativos a la vida privada, y la imagen, serán resueltos a favor del interés público a cuyo propósito sirviere la información.
Artículo 1916 Bis-3. La familia tiene derecho a que se le respete la intimidad y privacidad, se prohíbe que se publiquen asuntos relativos a la vida de la privada de una familia; aún cuando uno de sus integrantes sea una persona pública, se requerirá el consentimiento para publicar al respecto.
Para considerar violación de la intimidad o privacidad de una familia, se tomaran en cuenta las siguientes condiciones:
Se reputara vida privada familiar, la facultad que tienen los individuos para no ser interferidos o molestados, por persona o entidad alguna, en el núcleo esencial de las actividades que legítimamente deciden mantener fuera del conocimiento público.
Se reputara intimidad familiar, la facultad que tienen los individuos para no ser interferidos o molestados, por persona o entidad alguna, en los actos que solo ocurren entre personas íntimas o de la familia, comprende conductas y situaciones que, por su contexto no están destinados al conocimiento de terceros o su divulgación, cuando no son de interés público.
Se reputará invasión a la privacidad, entrar en un sitio por la fuerza o la violencia o contra la voluntad de los que lo ocupan y las acciones de usurpación, es decir, las realizadas con ánimus de instalarse, de irrumpir, ocupar o tomar, aún cuando se hubiere obtenido el consentimiento de algún integrante de la familia abusando de la buena fe de éste.
Las injerencias o ataques a la vida privada, a la intimidad o a la privacidad, antes descritas, darán lugar al pago de responsabilidad civil del autor de la ofensa y solidariamente al medio de difusión que lo generó.
Código Penal Federal
Texto vigente
212 Bis 2. Inexistente
212 Bis 3. Inexistente
Iniciativa
212 Bis 2. A quien haciendo uso de su relación de subordinación, ejercicio de su poder de dirección, está amenazando o vulnerando el derecho a la intimidad o pudor del trabajador preguntando sobre su agenda personal, método de planificación, intimidad sexual, razones de sus preferencias políticas, detalles de algún trauma emocional, datos sensibles acerca de su personalidad y economía, que pueden ser maliciosamente recolectados y utilizados por terceros, en perjuicio del usuario inocente, será sancionado con multa de cien a doscientos salarios mínimos.
No se considerara actos de violación al derecho de la intimidad del trabajador, las medidas puramente preventivas, universales y despersonalizadas de revisión y control sean idóneas para el mantenimiento del orden y la seguridad de la persona, los trabajadores o el empleador, o cuando sea se realicen con la finalidad de corroborar la veracidad de la información vertida bajo protesta de decir verdad por el trabajador, en la evaluación o examen médico general.
212 Bis 3. El que con el fin de descubrir secretos o vulnerar la intimidad de otro, se apoderare de comunicación escrita, soporte informático o cualquier otro documento o efecto personal que no le esté dirigido se apodere de datos reservados de carácter personal o familiar de otro, será sancionado con multa de ciento cincuenta a doscientos salarios mínimos. Si los hechos descritos se realizaren por personas encargadas de los ficheros, archivos o soportes informáticos, además de las sanciones previstas en este artículo, será sancionado con inhabilitación del cargo respectivo hasta por un año.
Finalmente, se trata de proteger el ámbito laboral, la privacidad en los lugares de trabajo, la armonización de los derechos del empleador con los derechos del trabajador y precisar que el derecho legítimo que tiene el empleador a supervisar al trabajador no es absoluto y el trabajador por su parte puede ejercer legítimamente el poder de hacer valer el derecho a su intimidad y privacidad.
Por lo expuesto, el que suscribe, Pascual Bellizzia Rosique , diputado a la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para garantizar lo dispuesto en los artículos 1o., y 4o., párrafos tercero, cuarto, sexto, séptimo y octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y demás disposiciones jurídicas aplicables, somete a la consideración de la asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de
Decreto por el que se reforma el artículo 1916 y se adicionan los artículos 1916 Bis-2 y 1916 Bis-3 del Código Civil Federal, asimismo, se adicionan 212 Bis 2 y 212 Bis 3 del Código Penal Federal
Artículo Primero. Se reforma el artículo 1916 y se adicionan los artículos 1916 Bis 2 y 1916 Bis 3 del Código Civil Federal, para quedar como sigue
Artículo 1916 . ...
También se reputara daño moral la publicidad que por cualquier medio o modo, presenten imágenes, textos o conceptos distorsionados, expresiones, insinuaciones insidiosas y vejaciones que afecten la dignidad del ser humano.
...
Se confiere al agraviado o a sus herederos, la acción para exigir la cesación de los actos lesivos constituyentes del daño moral.
...
...
...
La publicación de la respuesta o rectificación será nula para los efectos legales si por el tenor de los comentarios, asume el carácter de réplica de la réplica, debiendo ser nuevamente realizada de acuerdo con los requisitos de ley.
Son inviolables la intimidad, la vida privada y la imagen de las personas, asegurándose el derecho a la indemnización por daño material o moral resultante de estos.
...
...
También será procedente la reparación del daño moral, a la persona afectada por afirmaciones sin pruebas o inexactas, o agraviada por informaciones o publicaciones no pagadas hechas por la prensa u otros medios de comunicación social y tendrá el derecho a la rectificación correspondiente.
...
Artículo 1916 Bis-2. Todos los actos que no surgen de un contrato o de una relación de confianza, contrarios a los que se reputen de protección al derecho de la vida privada, la intimidad personal, o sean producto de actos que preserven la privacidad, a saber:
Irrupción contra la intimidad de la persona, la transmisión o captación de palabras comunicadas en forma confidencial, sin el consentimiento de la persona y; la transmisión y grabación de la imagen de la persona sin su consentimiento en un lugar privado.
Perturbar la intimidad de una persona, la divulgación de la vida íntima de la persona, entendiéndose como tal la esfera personal íntima de su vida y especialmente su vida sexual o su estado de salud, tendientes a exhibirlas, o menoscabar su reputación o dañarlas en sus relaciones sociales.
Atentar contra la intimidad de la persona, cuando se comercia, publica, exhibe o expone la imagen de una persona lesionando su reputación o decoro, o en su caso, la reproducción de la voz de la persona. No se requiere consentimiento para comerciar, publicar, exhibir la foto o la imagen de una persona en los casos de notoriedad en la función que desempeña, las necesidades de policía o cuando se haga en relación a acontecimientos de interés público.
Los conflictos entre la libertad de información y los derechos de personalidad, entre ellos, los relativos a la vida privada, y la imagen, será resueltos a favor del interés público a cuyo propósito sirviere la información.
Artículo 1916 Bis-3. La familia tiene derecho a que se le respete la intimidad y privacidad, se prohíbe que se publiquen asuntos relativos a la vida de la privada de una familia; aún cuando uno de sus integrantes sea una persona pública, se requerirá el consentimiento para publicar al respecto.
Para considerar violación de la intimidad o privacidad de una familia, se tomaran en cuenta las siguientes condiciones:
Se reputara vida privada familiar, la facultad que tienen los individuos para no ser interferidos o molestados, por persona o entidad alguna, en el núcleo esencial de las actividades que legítimamente deciden mantener fuera del conocimiento público.
Se reputara intimidad familiar, la facultad que tienen los individuos para no ser interferidos o molestados, por persona o entidad alguna, en los actos que solo ocurren entre personas íntimas o de la familia, comprende conductas y situaciones que, por su contexto no están destinados al conocimiento de terceros o su divulgación, cuando no son de interés público.
Se reputará invasión a la privacidad, entrar en un sitio por la fuerza o la violencia o contra la voluntad de los que lo ocupan y las acciones de usurpación, es decir, las realizadas con ánimus de instalarse, de irrumpir, ocupar o tomar, aún cuando se hubiere obtenido el consentimiento de algún integrante de la familia abusando de la buena fe de éste.
Las injerencias o ataques a la vida privada, a la intimidad o a la privacidad, antes descritas, darán lugar al pago de responsabilidad civil del autor de la ofensa y solidariamente al medio de difusión que lo generó.
Artículo Segundo. Se adicionan los artículos 212 Bis 2 y 212 Bis 3 al Código Penal Federal, para quedar como sigue:
Artículo 212 Bis 2. A quien haciendo uso de su relación de subordinación, ejercicio de su poder de dirección, está amenazando o vulnerando el derecho a la intimidad o pudor del trabajador preguntando sobre su agenda personal, método de planificación, intimidad sexual, razones de sus preferencias políticas, detalles de algún trauma emocional, datos sensibles acerca de su personalidad y economía, que pueden ser maliciosamente recolectados y utilizados por terceros, en perjuicio del usuario inocente, será sancionado con multa de cien a doscientos salarios mínimos.
No se considerara actos de violación al derecho de la intimidad del trabajador, las medidas puramente preventivas, universales y despersonalizadas de revisión y control sean idóneas para el mantenimiento del orden y la seguridad de la persona, los trabajadores o el empleador, o cuando sea se realicen con la finalidad de corroborar la veracidad de la información vertida bajo protesta de decir verdad por el trabajador, en la evaluación o examen médico general.
Artículo 212 Bis 3. El que con el fin de descubrir secretos o vulnerar la intimidad de otro, se apoderare de comunicación escrita, soporte informático o cualquier otro documento o efecto personal que no le esté dirigido se apodere de datos reservados de carácter personal o familiar de otro, será sancionado con multa de ciento cincuenta a doscientos salarios mínimos. Si los hechos descritos se realizaren por personas encargadas de los ficheros, archivos o soportes informáticos, además de las sanciones previstas en este artículo, será sancionado con inhabilitación del cargo respectivo hasta por un año.
TransitorioÚnico. El presente decreto entrará en vigor a 90 días de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Notas: 1 Artículo 7o. Es inviolable la libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquiera materia. Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura ni exigir fianza a los autores o impresores, ni coartar la libertad de imprenta, que no tiene más límites que el respeto a la vida privada, a la moral y a la paz pública''. ...''. 2 Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todo individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse... Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. 3 Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento... Las comunicaciones privadas son inviolables. La Ley sancionará penalmente cualquier acto que atente contra la libertad y privacía de las mismas. ... 4 Artículo 6o. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de tercero, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado.... II. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes. 5 Cfr. El Derecho a la Educación artículo 3o., inciso C de la Constitución vigente. ``La Educación que imparta el Estado: c) contribuirá a la mejor convivencia humana, tanto por los elementos que aporte a fin de robustecer en el educando, junto con el aprecio para la dignidad de la persona y la integridad de la familia'' 6 Véase: Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de Violencia, Ley General de las Personas con Discapacidad, Ley de Asistencia Social, Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores y Ley para la Protección de los Derechos de niñas, niños y adolescentes.La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : Túrnese a la Comisión de Justicia.
LEY DEL SERVICIO POSTAL MEXICANO
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : La Presidencia recibió del diputado Jesús Ramírez Stabros, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Servicio Postal Mexicano.
El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas : «Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Servicio Postal Mexicano, a cargo del diputado Jesús Ramírez Stabros , del Grupo Parlamentario del PRIEl que suscribe, Jesús Ramírez Stabros , diputado federal a la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento por lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso Federal de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta aoberanía la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 2o. y 12 de la Ley del Servicio Postal Mexicano, con base en la siguiente
Exposición de MotivosLos cambios en el Servicio Postal Mexicano se producen a una velocidad lenta si se la compara con la rapidez de la evolución que han presentado las telecomunicaciones. Sin embargo, pese a su lentitud, el correo convencional ha experimentado un periodo de transformación sin precedentes a nivel mundial.
En este orden de ideas, en 2007, por ejemplo, el servicio postal de Japón llevó a cabo un proceso de privatización, creando una nueva corporación pública postal, enfrentándose a la competencia por primera vez. Asimismo, en 2006, en la Unión Europea, los operadores postales nacionales hicieron frente a la competencia de empresas privadas con actividades en todos los terrenos, salvo el de los servicios más básicos de gestión de correspondencia.
En Estados Unidos de América, el US Postal Service, considerado el mayor del mundo, fue objeto de escrutinio por parte de una comisión presidencial que dio lugar a su modernización; y, en muchos países en desarrollo, los servicios postales han sido objeto de programas de reforma a fondo, redefiniendo su calidad y su complementación con los servicios prestados por particulares.
Si bien el avance tecnológico ha cambiado profundamente, los medios de comunicación, la utilización de la vía tradicional, es decir, el uso de la correspondencia sigue teniendo un peso específico, sobre todo, por la correspondencia de carácter financiero, aunque la tendencia nos lleva a la utilización de medios tecnológicamente más avanzados que ofrecen seguridad y rapidez.
La Conferencia mundial del sector postal, celebrada en noviembre de 2004, hizo un llamamiento en favor de la defensa del concepto de servicio postal universal, y de un control exhaustivo del avance de la liberalización de los servicios de correos. En tal sentido, la competencia global exige que elevemos los índices de competitividad del país en áreas tan dinámicas e importantes como las comunicaciones.
Ante este hecho ineludible, es necesario que la legislación relativa al servicio público de correos se modernice y reconozca la realidad imperante y la existencia de otras alternativas tecnológicas disponibles para los usuarios.
Tradicionalmente, la tarea de envío y recepción de correspondencia se asignó al Estado en una concepción estatista clásica rebasada cuando el correo y el ferrocarril eran símbolo de modernidad. Sin embargo, en los últimos años, las empresas estatales encargadas de proveer este servicio se han visto rebasadas por las demandas de un usuario más exigente que requiere de un servicio rápido, oportuno, seguro, eficiente y accesible en costos.
En el entorno internacional, encontramos países que se han pronunciado por una desregulación total del servicio público de correos. Destacan, entre otros, Gran Bretaña, Suecia, Finlandia, Alemania, Argentina y Colombia. En la Unión Europea se aprobó una iniciativa para abolir la única exclusiva estatal prevaleciente (sobres que pesan menos de 50 gramos) para 2011 en 13 países y, hasta el 2013, en los 12 nuevos miembros de la unión.
Todos estos países identificaron ineficiencias atribuibles a las empresas estatales encargadas de administrar el servicio público de correos y optaron por otras alternativas. La tendencia internacional es, entonces, la de articular la participación del sector privado de manera creciente en la prestación de servicios postales.
A diferencia de otros países que han emprendido un proceso de apertura total del sector postal, el servicio de correo en México debe constituirse como una actividad estratégica, cuyo rol debe ser fundamentalmente social e identificarse primordialmente con la necesidad de prestar el servicio postal universal a todos los ciudadanos y a precios accesibles.
Desde una perspectiva eminentemente económica, los servicios postales son parte importante del mercado interior de servicios y constituyen una fuente de crecimiento y de generación de empleos, tanto directos como indirectos. La labor del Estado no debe obstaculizar el alcance de dichos objetivos sino, por el contrario, debe promoverlos, concentrando sus esfuerzos en atender a la totalidad de la población que solicite sus servicios y permitiendo, de manera complementaria, la concurrencia del sector privado.
Si tratamos de compaginar el respeto a la libertad de comercio con la reserva estratégica del Estado para la prestación del servicio público de correos, ambas consagradas a nivel constitucional, resulta determinante promover la competencia en el sector postal, teniendo en cuenta, ante todo, las exigencias de la población que demanda un servicio postal eficiente y de la más alta calidad, siéndole irrelevante quién se lo proporcione.
Es un hecho que, hoy día, empresas privadas concurren con el Estado en la prestación de servicios relacionados con el sector postal en beneficio de la población que puede optar por acudir a ellas para satisfacer sus necesidades cotidianas de comunicación. Ejemplo de ello lo tenemos cotidianamente en la entrega oportuna de millones de estados de cuenta bancarios y de tarjetas de crédito a los usuarios por parte de las empresas privadas de mensajería. Concentrar toda esta labor en manos del Estado sería altamente ineficiente y riesgoso.
La iniciativa que se presenta busca fundamentalmente brindar al ciudadano alternativas eficientes y seguras en materia de comunicación a través de mejores estándares de calidad, valores agregados y servicio. En tal sentido, se propone reformar la Ley del Servicio Postal Mexicano en el cuarto párrafo del artículo 2o., con la finalidad de redefinir el concepto de correspondencia reservada que se propone reúna como características que se contenga en sobre cerrado o en tarjetas postales, que se ajuste a los pesos y dimensiones que señala esta ley y las disposiciones reglamentarias respectivas, y que se reciba, transporte y entregue mediante el pago correspondiente de estampillas oficiales o de las marcas de franqueo autorizadas por el Servicio Postal Mexicano.
Sólo se considerará como correspondencia reservada aquella que reúna todas y cada una de las características señaladas en este precepto.
De igual forma, se propone reformar las fracciones I y II del artículo 12 del mismo ordenamiento, a efecto de que no sea violación a la reserva del Estado, en caso de que se reciba y transporte correspondencia que no reúna las características mencionadas anteriormente en el párrafo que se propone reformar y en el caso de que una persona física o moral envíe su correspondencia utilizando sus propios vehículos y empleados.
De aprobarse, todos se verían beneficiados: el Estado podría asignar de manera más eficiente sus recursos, se dotaría a las empresas privadas que concurren en el sector de la seguridad jurídica, indispensable para invertir sus capitales en infraestructura y en la generación de nuevos empleos, y, finalmente, el principal beneficiario sería el ciudadano, ya que contaría con mejores alternativas para comunicarse.
Con este proyecto, el Estado mexicano actualizaría lo que en un tiempo fueron sus servicios estratégicos, adaptándolos a una visión de rectoría, de corresponsabilidad, apertura y competencia.
Por todo lo expuesto y fundado, me permito someter a consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa con proyecto de
Decreto por el que se reforman los artículos 2o. y 12 de la Ley del Servicio Postal Mexicano
Único. Se reforma el cuarto párrafo del artículo 2o. y las fracciones I y II del artículo 12, ambos de la Ley del Servicio Postal Mexicano, para quedar como sigue:
Artículo 2o. ... ......
Correspondencia reservada. Aquella que reúna las siguientes características:
Sólo se considerará como correspondencia reservada aquella que reúna todas y cada una de las características señaladas en este precepto.
Artículo 12. ...
Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : Túrnese a la Comisión de Transportes.
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : La Presidencia informa a la asamblea que las siguientes proposiciones y que tienen relación con el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009, serán turnadas de inmediato a la comisión correspondiente.
«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2009 se reconsidere reducir los recursos destinados al Instituto Nacional de Migración para conservar el monto asignado con anterioridad, a cargo de la diputada Omeheira López Reyna , del Grupo Parlamentario del PANLa suscrita diputada federal a la LX Legislatura, Omeheira López Reyna , integrante del grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo de urgente resolución
ConsiderandoQue con motivo de la presentación y discusión del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009, el caso del Instituto Nacional de Migración se tiene conocimiento que se ha proyectado una reducción presupuestal por el orden de 600 millones de pesos en los recursos que se le asignarán para el año próximo, de acuerdo a la distribución de la recaudación del derecho de no inmigrante (DNI) que propone lo siguiente: dejar la asignación al Fondo Nacional de Fomento al Turismo igual que la ley vigente, esto es el 10 por ciento de la recaudación, reducir al 40 por ciento la asignación al Consejo de Promoción Turística e incrementar al 50 por ciento los recursos al Instituto Nacional de Migración.
El Instituto Nacional de Migración es una entidad determinante que facilita los flujos migratorios de manera eficiente y cuyo trabajo debe apegarse al respeto a los derechos y la dignidad humana, siendo procesos complejos de gran responsabilidad ética.
Por lo que, dadas las funciones que tiene a su cargo el Instituto Nacional de Migración como órgano técnico desconcentrado de la administración pública federal, dependiente de la Secretaría de Gobernación, de aplicar la legislación migratoria vigente, para contribuir al desarrollo nacional a través de una adecuada gestión migratoria con base en el marco legal, facilitando los flujos migratorios con respeto a la dignidad humana.
Su actividad es de suma importancia, por cuanto hace al bienestar y la salud de los migrantes, incluso porque dicho organismo viene realizando acciones con el objetivo principal de salvar la vida de los migrantes en peligro en las zonas de riesgo, ya que desde 1994 con la creación del Grupo Beta, que funciona en las fronteras norte y sur de nuestro país, ha efectuado labores de apoyo legal y asistencia social a los migrantes, recibiendo y atendiendo quejas, así como canalizando las denuncias ante las instancias correspondientes, todo ello, con el objeto de proteger la integridad física y patrimonial de los migrantes con la irrestricta protección y defensa de sus derechos humanos, así como su integridad física y patrimonial, con independencia de su nacionalidad y de su condición de documentados o indocumentados.
El informe Estado de la población mundial 2006, del Fondo de Población de las Naciones Unidas. Entre otras cifras que arrojó dicha investigación internacional, refiere que 191 millones de personas viven fuera de su país de origen y que de ellas, 95 millones son mujeres, lo que representa el 49,6 por ciento de la cifra total.
Que de esta cifra unos 12.7 millones de migrantes son refugiados que huyen de las condiciones de vida en sus lugares natales y que entre 600 y 800 mil mujeres, hombres y niños son víctimas de las redes de tráfico ilegal de personas. De ellos, un 80 por ciento son mujeres y niños.
Ante estas cifras reveladoras, México, no esta exento del problema del flujo migratorio internacional, por lo que es necesario que las políticas públicas en materia de asuntos migratorios, sean las adecuadas para dar atención a esta función a cargo del Estado mexicano.
Por cuanto hace a la asignación de recursos presupuestales para enfrentar esta situación durante el año 2009, se sugiere a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, de esta honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, reconsidere la reducción de presupuesto que se determine al Instituto Nacional de Migración como órgano técnico desconcentrado de la administración pública federal, a fin de no perjudicar su desempeño y poder fortalecer sus acciones en la gestión migratoria que facilite los flujos migratorios, con el invariable respeto a los derechos humanos de los migrantes y su dignidad humana.
Toda vez que, de persistir la reducción de presupuesto, esta podría generar acciones de ineficiencia en esta actividad gubernamental, con el consecuente deterioro de las relaciones de México con la comunidad internacional.
Por lo expuesto, muy atentamente someto a su consideración la presente proposición de urgente y obvia resolución:
Punto de AcuerdoÚnico. Se exhorte a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, de esta honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, reconsidere la reducción del presupuesto que se determine al Instituto Nacional de Migración, a fin de que conserve el presupuesto asignado anteriormente y fortalecer las acciones de la gestión migratoria, facilitando los flujos migratorios, observando el respeto a los derechos humanos de los migrantes y su dignidad humana.
Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2009 se consideren recursos para construir tres aulas en el Centro Bachillerato Tecnológico Agropecuario 197, del municipio de Providencia, Cajeme, Sonora, a cargo del diputado Pablo Trejo Pérez , del Grupo Parlamentario del PRD
El suscrito, diputado federal a la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento por lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente
Exposición de MotivosLa educación es un elemento homogenizador que olvida la existencia de diferencias sociales y económicas en los cuales los individuos están inmersos. La población desertora experimenta la exclusión social, porque la educación es transmisora de los valores socialmente aceptados.
Los cambios que sufren los adolescentes pueden ir desde los de su crecimiento y su adaptación al medio hasta aquéllos que pueden modificar negativamente el destino de su vida, como son la delincuencia, las drogas, la prostitución, entre otros. Estos factores pueden provocar en el joven o la joven inestabilidad y rechazo hacia sus estudios, dejando de lado las experiencias de compartir su vida con los nuevos amigos, compañeros y profesores.
La Secretaría de Educación Pública es la encargada de poner atención inmediata a la insuficiente cobertura en preparatoria y bachillerato; evitar las falsas dicotomías entre calidad y cantidad, y atender ambos aspectos, además de la deserción escolar, la cual muestra el fracaso del sistema educativo.
En este sentido, el de nivel bachillerato es donde se registra la mayor deserción y donde los índices de rezago educativo del país reciben mayor efecto.
Esas cifras han tenido pocas variaciones en los diez años recientes, lapso en que la eficiencia terminal sólo pasó de 56 a 59 por ciento, y es en el nivel medio superior donde se presentan los mayores desafíos para la actual administración.
Ante la deficiencia de infraestructura a nivel bachillerato en el municipio de Providencia, Cajeme, estado de Sonora, el Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario 197 da respuesta a la demanda estudiantil de 14 comunidades rurales del estado.
Sin embargo, el rápido crecimiento de la matricula ha rebasado las instalaciones de dicho plantel, debiendo rechazar alrededor de 300 jóvenes estudiantes egresados de secundaria, por lo que es necesaria la construcción de 3 aulas didácticas, en virtud de que la infraestructura se ha tenido que modificar para implantar tanto el centro de idiomas como la sala de cómputo, teniendo como resultado el rechazo de estudiantes antes mencionado.
Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en los artículos 74, fracción IV, de la Constitución Política, y 42 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, me permito solicitar al Pleno de la Cámara de Diputados se someta a consideración la siguiente proposición con
Punto de AcuerdoÚnico. Se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública considere, dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009, recursos por un millón 410 mil pesos para la Subsecretaría de Educación Media Superior de la Secretaría de Educación Pública, para destinarlos a la construcción de 3 aulas didácticas en las instalaciones del Centro Bachillerato Tecnológico Agropecuario 197, en el municipio Providencia, Cajeme, estado de Sonora.
Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
«Proposición con punto de acuerdo, para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2009 se incluya en el Fondo Metropolitano la zona urbana de Orizaba, Veracruz, y se considere en los fondos del Ramo 23, ``Provisiones Salariales y Económicas'', a cargo del diputado Gerardo Lagunes Gallina , del Grupo Parlamentario del PRI
El suscrito, Gerardo Lagunes Gallina , diputado federal a la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 55, 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, a efecto de exhortar al titular del Ejecutivo para que gire instrucciones al secretario de Hacienda y Crédito Público, doctor Agustín Carstens Carstens, para que tenga a bien considerar en el Fondo Metropolitano para el ejercicio fiscal de 2009 la inclusión de la zona metropolitana de Orizaba, Veracruz, asimismo exhortar a la Comisión de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para que se incluya la zona metropolitana de Orizaba en los fondos del ramo 23 provisiones salariales y económicas.
AntecedentesLa zona metropolitana de Orizaba, fue reconocida por la Comisión Nacional para la Población (Conapo), la Secretaría de Desarrollo Social y el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática en el año de 2005, dicha zona se conforma por 11 municipios, a saber: Atzacan, Camerino Z. Mendoza, Huiloapan, Ixhuatlancillo, Ixtaczoquitlán, Mariano Escobedo, Nogales, Orizaba, Rafael Delgado, Río Blanco y Tlilapan, fungiendo como ciudad central Orizaba.
En esta zona metropolitana se han desarrollado importantes industrias como la textil, la cervecera y la papelera, sin embargo, los mismos procesos de automatización, y la globalización económica, han provocado problemas de desempleo y subempleo y, consecuentemente, altas tasas de analfabetismo, y significativos grados de marginación.
En el 2008, la población de la zona metropolitana de Orizaba (11 municipios), son más de 389 mil habitantes, de los cuales el 67 por ciento del total poblacional corresponde a solamente cuatro municipios (Orizaba, Ixtaczoquitlán, Río Blanco y Camerino Z. Mendoza) y el 33 por ciento a siete municipios, como puede observarse en el cuadro 1, en donde se nota que Huiloapan y Tlilapan apenas representan el 3% de la población de la zona metropolitana de Orizaba.
En lo que respecta al crecimiento de la población de la zona, del 2000 al 2005, entre seis municipios (Ixtaczoquitlán, Mariano Escobedo, Huiloapan, Tlilapan, Rafael Delgado e Ixhuatlancillo) promedian una tasa anual de crecimiento del 2.36 por ciento, de los municipios restantes, ninguno alcanza una tasa del uno por ciento, e inclusive, Camerino Z. Mendoza, presenta una tasa negativa de -0.14 por ciento.
En términos generales, y como referente, en materia de salud cabe destacar que en la zona metropolitana de Orizaba, vista de manera completa, existe un médico por cada mil habitantes, lo cual contrasta con el municipio de Orizaba, en donde particularmente existen 5 médicos por cada mil habitantes.
Lo anterior refleja que el 36 por ciento de los municipios que comprenden la zona el grado de marginación es alto, lo cual también se advierte en la tasa de analfabetismo que en 2005 se registró en un 12.8 por ciento promedio, la mayor tasa de analfabetismo observada corresponde a Ixhuatlancillo con 23.3 por ciento, y Atzacan con 21.15 por ciento, es preocupante dicha asimetría, pues en Orizaba la tasa de analfabetismo no llega al 4 por ciento.
La inclusión de la zona metropolitana de Orizaba al Fondo Metropolitano para el ejercicio fiscal 2009, contribuirá a atender de manera inherente, entre otros, uno de los grandes problemas de esa zona, que es la marginación y el analfabetismo, a través de obras de infraestructura económica que coadyuven en las posibilidades, accesos y movilidad de la población; estos índices de marginación impactan de manera directa y desfavorable en el desarrollo económico y social de la población que deriva en un círculo vicioso sin instrucción académica se cierran las posibilidades de acceso al mercado laboral, las regiones no presentan condiciones para atraer y hospedar inversiones ni nacionales ni extranjeras, las posibilidades de crecimiento y desarrollo se estrechan y se continua replicando el patrón de rezago.
También se observa que a menor educación, menor oportunidad de mejorar los ingresos. Los municipios que presentan la mayor tasa de analfabetismo, son los municipios en donde prácticamente las tres cuartas partes de la población ocupada percibe hasta dos salarios mínimos, como se aprecia en el cuadro 2.
Cabe destacar que solamente en los municipios de Camerino Z. Mendoza, Río Blanco y Orizaba, la mitad de la población ocupada percibe hasta dos salarios mínimos, lo que significa que en estos municipios se concentra la población mejor remunerada, porque en todos los demás el porcentaje de la población económicamente activa ocupada que no gana más de dos salarios mínimos rebasa el 50 por ciento; cabe destacar que en el municipio de Atzacan el 75 por ciento de la población ocupada no gana más de dos salarios mínimos.
Acorde a la información del cuadro 3, para el año 2003, se tienen registradas 13 mil 124 unidades económicas (empresas), de las cuales el 52.7 por ciento se encuentran en Orizaba, y entre los municipios de Iztaczoquitlán, Río Blanco y Camerino Z. Mendoza, suman el 32.9 por ciento, es decir, el 86.6 por ciento de las unidades económicas se encuentran en cuatro municipios.
En lo que se refiere a la producción bruta total, para el 2003 se contabilizaron 20.7 miles de millones de pesos, de los cuales el 94 por ciento de la producción total se concentra en Iztaczoquitlán y Orizaba, lo cual refleja la concentración del personal ocupado en esos municipios, que es del 76.6 por ciento para ese año.
Además, en la zona los vínculos económicos y sociales son notables, debido a que son pueblos rurales y semi urbanos cuya población, en primera instancia, acude a las zonas urbanas a ofrecer sus productos, servicios, y mano de obra. En esos lugares no sólo ofertan sino demandan bienes y/o servicios que en su localidad de origen no tienen como: salud y educación superior, no omitiendo señalar que en términos de demanda a estos servicios también tienen acceso sólo la población que puede hacer frente económicamente, lo que deja al margen el gran grueso de la misma.
Lo descrito anteriormente genera externalidades tanto positivas como negativas en las primeras se encuentra: el desarrollo económico por sí mismo en Orizaba, la generación amplia y diversificada de bienes y servicios tales como la industria de los alimentos, empero, en la parte negativa radica el deterioro ambiental, el alto congestionamiento vehicular y eventualmente colapso, en consecuencia el incremento potencial de los riesgos por accidentes y así la eminente necesidad de la creación de infraestructura urbana para atender las necesidades actuales demandadas por la metrópoli.
La infraestructura vial es otro punto delicado en la zona, este último aspecto, por las mismas condiciones económicas, sociales y hasta por la mismas condiciones orográficas, el tránsito del sureste a la norte y del oeste noreste está limitado únicamente a la carretera federal de Río Blanco-Orizaba, y pese a contar con la autopista Puebla Orizaba Córdoba, la afluencia vehicular de la zona urbana del municipio de Orizaba es insostenible, más de 500 mil unidades vehiculares de la zona urbana de Orizaba, sin contar con ninguna otra opción, tienen que ingresar a la zona urbana de Orizaba, lo cual provoca congestionamientos, contaminación ambiental, entre otros problemas que afectan a la vida económica y social de la región .
La importancia de abrir las posibilidades de acceso a los recursos públicos federales coadyuvaría a aminorar las grandes injusticias existentes que obstaculizan e imposibilitan el desarrollo regional de la nación en su conjunto, ya que no sólo se advierten asimetrías en la asignación de los recursos mismos, sino que también en la generación de oportunidades que permitan a la población acceder a mejores condiciones de vida, las cuales parecieran ser cada vez más escasas y desesperanzadoras ante las magras posibilidades de desarrollo.
Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las autoridades municipales y a las estatales, así como a la SCT, a considerar en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2009 recursos para pavimentar el tramo Primero de Mayo-Sabanas de la Estancia, en Papantla de Olarte, Veracruz, a cargo del diputado José Manuel del Río Virgen , del Grupo Parlamentario de Convergencia
El suscrito, José Manuel del Río Virgen , diputado del Grupo Parlamentario de Convergencia en la LX Legislatura, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta el siguiente punto de acuerdo a fin de que la Cámara de Diputados exhorte a los gobiernos municipal y estatal, así como a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a pavimentar el tramo Primero de Mayo-Sabanas de la Estancia, en Papantla, Veracruz.
AntecedentesDurante varias administraciones estatales y municipales, los habitantes de la región han recibido la promesa de que la vía de comunicación, de 14.57 kilómetros de longitud, sería pavimentada.
Durante las largas y cada vez más intensas temporadas de lluvias, en las cuales se han registrado diversas tormentas tropicales e incluso huracanes, el camino de terracería queda intransitable, dejando prácticamente incomunicados a los pobladores.
Las polvaredas y las filosas rocas, en época de sequía, así como el lodo y los deslaves, en la temporada de lluvia, provocan que el tránsito por el tramo sea lento y muchas veces imposible, por lo que los productores regionales sufren graves pérdidas debido a que las mercancías, en su mayoría perecederas, se descomponen por el calor o la humedad.
El desarrollo de la región, que produce principalmente cítricos, vainilla y maíz, se entorpece debido a que los agricultores no pueden llevar de forma rápida y segura al mercado la mercancía, con lo que sus ganancias tiene una merma importante y se pone en riesgo la sustentabilidad de los cultivos y, sobre todo, el sustento de sus familias.
El deterioro del camino también pone en riesgo la vida de los habitantes, ya que es un peligro transitarlo y obstaculiza el traslado de enfermos o heridos en casos de urgencia a hospitales situados en zonas urbanas.
Para el sector ganadero, las malas condiciones del camino ponen en riesgo su actividad comercial, ya que trasladar las cabezas de ganado representa un gran riesgo para el conductor y los animales ante la posibilidad de que los vehículos se vuelquen; además, se incrementan los costos de mantenimiento de los automotores y del transporte de los alimentos para el ganado.
ConsiderandoPor lo expuesto y con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, solicito a la Presidencia de la Mesa Directiva que someta a consideración de este Pleno, de urgente y obvia resolución, el siguiente
Punto de AcuerdoÚnico. Para exhortar a las autoridades municipales, a las estatales y a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a destinar los recursos necesarios en el Presupuesto de Egresos de 2009 para la pavimentación del tramo Primero de Mayo-Sabanas de la Estancia, en Papantla de Olarte, Veracruz, a cargo del diputado José Manuel del Río Virgen .
Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
ESTADO DE TABASCO
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : Se recibió del diputado Pascual Bellizzia Rosique, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Gobernaciónque asigne más recursos del Fonden para los municipios de Tabasco afectados por las recientes inundaciones.
El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas : «Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Segob que asigne mayores recursos del Fonden para los municipios de Tabasco afectados por las recientes inundaciones, a cargo del diputado Pascual Bellizzia Rosique , del Grupo Parlamentario del PVEMPascual Bellizzia Rosique , diputado integrante de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes.
ConsideracionesNuevamente nuestro país está sufriendo los estragos de las lluvias, la población de Tabasco no olvida las afectaciones del pasado 2 de noviembre de 2007, donde comenzó la mayor tragedia natural registrada en el estado. Las cifras oficiales reportaron que aquella desventura afectó el 80 por ciento del territorio estatal, que dejó damnificado un millón de personas, de una población total de dos millones de habitantes.
Este año, desde el pasado 27 de septiembre, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) advirtió que las potenciales lluvias crecían para Tabasco y el norte de Chiapas y se esperaban fuertes precipitaciones durante cinco días más, teniendo un riesgo severo. Por lo cual desde esa fecha soldados del Ejecito Mexicano pusieron en marcha el plan DN-III, instalando costales de arena para evitar la filtración que empezó en las primeras horas del domingo 28 de septiembre, en el río Grijalva, hasta ese día, las fuertes lluvias que azotan el sureste de México habían dejado a más de 35 mil personas afectadas por las inundaciones causadas por el desbordamiento de ríos en ese estado.
El pasado 20 de octubre, el río Usumacinta rebasó tres centímetro, causando daños severos tanto en la ganadería como en el patrimonio de cientos de familias tabasqueñas. Protección civil reporto, al 21 de octubre, daños por poco más de 72 mil 930 habitantes, en 238 localidades de cinco municipios de Tabasco.
Al día de hoy el río Usumacinta se encuentra en 2.06 metros por arriba de su escala crítica, lo que afecta a los municipios de Tenosique, Balancán, Emiliano Zapata, Jonuta y Centla.
De acuerdo con los daños reportados por autoridades municipales, el municipio de Balancán registra 34 comunidades afectadas, con más de 3 mil 834 personas damnificadas, Emiliano Zapata reportó 3 mil 528 habitantes perjudicados, Jonuta 22 mil 206 personas y Tenosique reporto 4 mil 829 afectados.
Desafortunadamente, el pasado 25 de septiembre el gobernador de Tabasco rechazó que en este año se repetiría la misma catástrofe de 2007, en donde se reportaron 1,2 millones de damnificados. Agregó que al menos 5 mil 600 familias están sufriendo por el desbordamiento parcial de los ríos Grijalva, la Sierra, el Teapa y el Pichucalco. Sin embargo los hechos a esa fecha, indicaban que las afectaciones podrían ser de la misma intensidad o incluso mayor.
Por lo anterior, es indispensable que Tabasco cuente con los recursos necesarios obtenidos por el Fondo Nacional de Desastres, por lo que es indispensable que se realicen los dictámenes técnicos necesarios para decretar este estado como zona de desastre.
El pasado 6 de octubre se declaró zona de emergencia a nueve municipios del estado, Nacajuca, Balancán, Emiliano Zapata, Jonuta y Centla por la ocurrencia de inundaciones atípicas del 22 de septiembre a la fecha, en presencia de lluvias severas. Así como los municipios de Huimanguillo, Comalcalo, Paraíso y Jalpa de Méndez, por la ocurrencia de lluvias atípicas los días 25, 27, 29 y 30 de septiembre. Con lo que se reactivaron del Fondo Revolvente del Fondo de Desastres Naturales, para dar atención inmediata a la población damnificada.
De acuerdo con el Diario Oficial de la Federación, con esta declaratoria, las autoridades, contarían con recursos para atender las necesidades alimenticias, de abrigo y salud de la población afectada por este fenómeno meteorológico
El Fondo de Desastres Naturales es un mecanismo financiero para que en la eventualidad de un desastre natural, el gobierno federal pueda conforme a sus disponibilidades, en los términos de las reglas de operación, entre otras; apoyar a las poblaciones afectadas, reparación de daños de los bienes públicos y mitigación de daños a las viviendas de la población de bajos ingresos.
Por lo anterior, el Grupo Parlamentario del Partido Verde, en esta soberanía, somete a consideración de este honorable Pleno la siguiente proposición con:
Punto de AcuerdoÚnico. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación para la asignación inmediata de mayores recursos del Fondo de Desastres Naturales, para dar atención a la población damnificada en el estado de Tabasco, por los graves daños causados a sus municipios por las intensas lluvias.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : Túrnese a la Comisión de Gobernación.
GAS NATURAL
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : Se recibió del diputado Jacinto Gómez Pasillas, de Nueva Alianza, punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a que, mediante las instancias competentes, revise y modifique los reglamentos que regulan la prestación de servicios de las empresas concesionadas para el suministro de gas natural.
El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas : «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a revisar y modificar a través de las áreas competentes los reglamentos que regulan la prestación de servicios por las empresas concesionarias de suministro de gas natural, a cargo del diputado Jacinto Gómez Pasillas , del Grupo Parlamentario de Nueva AlianzaEl suscrito, diputado federal Jacinto Gómez Pasillas , en nombre del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del Pleno de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo, mediante el que se exhorta al Ejecutivo federal, las Secretarías de Energía y Hacienda, Petróleos Mexicanos, la Comisión Reguladora de Energía, la Procuraduría Federal del Consumidor, la Comisión Federal de Electricidad, la Comisión Federal de Competencia y Organismos Intermedios y Cámaras, para que en el ámbito de sus atribuciones, revisen y modifiquen los reglamentos que regulan la prestación de servicios de las empresas concesionadas para el suministro de gas natural, para que se hagan explícitas las sanciones por incumplimiento a sus clientes, con base en las siguientes:
ConsideracionesEn los tiempos actuales, de grandes dificultades económicas, caídas en los mercados y crisis derivadas de los volátiles precios del petróleo, México debe buscar un aprovechamiento más eficiente de sus recursos naturales, que le permita seguir avanzando en el camino de la sustentabilidad, con miras a obtener un crecimiento sostenido en las siguientes décadas. En este sentido, el uso del gas natural, conocido también como el combustible del siglo XXI, no puede seguir postergándose por más tiempo.
El gas natural es un energético de origen natural, que se encuentra en el subsuelo, y procede de la descomposición de materia orgánica; en su composición predomina el metano. Este combustible llega directamente a los hogares, comercios e industrias por tuberías, de manera subterránea. Además de ser más barato y seguro, ayuda a tener un medio ambiente más sano, al poder ser certificado como industria limpia. Es asimismo competitivo, porque reduce costos de energía y mantenimiento, e incrementa la productividad.
Sin embargo, pese a todos los beneficios que el gas natural trae consigo, los problemas surgidos a raíz de su reglamento siguen siendo comunes y graves entre la sociedad.
El Reglamento de Gas Natural establece que para la fijación del precio de este producto se deben de considerar ``los costos de oportunidad y condiciones de competitividad del gas respecto al mercado internacional y al lugar donde se realice la venta'', lo que deriva en una incongruente determinación del precio en el ámbito doméstico, ya que el capital extranjero obtiene en nuestro país ganancias similares a las obtenidas en el extranjero, sin importar el poder adquisitivo de cada mercado. Petróleos Mexicanos no logra obtener la rentabilidad de las empresas privadas; esto lo vemos claramente reflejado en el contexto interno, y afecta directamente al consumidor final (los ingresos de los mexicanos son difícilmente comparables a aquellos de los estadounidenses).
Resulta incongruente que México, contando con amplias reservas de gas natural, maneje uno de los precios más altos del mundo. Paradójicamente, los precios aumentan, y no así la producción y calidad del suministro. De acuerdo a datos oficiales, el consumo de gas natural en nuestro país oscila entre los 5 y 6 mil millones de pies cúbicos por día, y sólo entre un 2 y 6 por ciento de este volumen se destina al consumo doméstico.
En la práctica, a este aspecto se le suma el hecho que las concesionarias brindan un servicio deficiente tanto a los consumidores como a la industria nacional. Persiste una severa impunidad, debido a que los dispositivos aplicados a los consumidores los dejan en total desamparo, en relación a las cláusulas de los contratos que éstos suscriben con dichas compañías concesionarias.
Particularmente, en lo relativo al corte y/o suspensión del servicio por falta de pago en la fecha límite establecida, por medio del envío de un único aviso de cobro. Cabe recordar que la producción de gas natural es parte de las funciones del Estado, por lo que las ventas del producto a la salida de las plantas corren a cargo de Pemex Gas.
En lo que respecta a la deficiencia en el servicio que prestan las compañías concesionarias, resaltan los siguientes puntos:
Es por ello que, en Nueva Alianza, preocupados por el desamparo en que se les deja a los consumidores de gas natural, exhorta a las autoridades correspondientes para que, en el ámbito de sus atribuciones, revisen y modifiquen los reglamentos que regulan la prestación del servicio de las empresas concesionadas para el suministro del energético, para que se hagan explícitas las sanciones que éstas recibirán si incumplen con sus clientes.
Esperando siempre una respuesta positiva, y tomando en cuenta las consideraciones expuestas con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Asamblea el siguiente:
Punto de AcuerdoPrimero. Se exhorta al Ejecutivo federal, las Secretarías de Energía y Hacienda, Petróleos Mexicanos, la Comisión Reguladora de Energía, la Procuraduría Federal del Consumidor, la Comisión Federal de Electricidad, la Comisión Federal de Competencia y Organismos Intermedios y Cámaras, para que en el ámbito de sus atribuciones, revisen y modifiquen los reglamentos que regulan la prestación de servicios de las empresas concesionadas para el suministro de gas natural, para que se hagan explícitas las sanciones por incumplimiento a sus clientes.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : Túrnese a la Comisión de Energía.
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : La Presidencia informa a la asamblea que las siguientes proposiciones y que tienen relación con el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009, serán turnadas de inmediato a la comisión correspondiente.
«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2009 se consideren mayores recursos para ciencia y tecnología, a cargo de la diputada Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez , del Grupo Parlamentario de AlternativaLa suscrita integrante del Grupo Parlamentario de Alternativa Socialdemócrata en la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes
ConsideracionesA partir de la creación de la Ley de Ciencia y Tecnología publicada en junio de 2002, se plantean modificaciones importantes a la legislación en esta materia. Se crea el Consejo General de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico; se identifica al Concejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) como cabeza del sector ciencia y tecnología; y se crea el Foro Consultivo Científico y Tecnológico.
El foro consultivo es el órgano autónomo permanente de consulta del Poder Ejecutivo federal, del Consejo General de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico y de la Junta de Gobierno del Conacyt. Además es asesor del Congreso de la Unión y del Consejo de la Judicatura Federal, a través de convenios de colaboración.
El foro opera por medio de subcomités y reúne actores relevantes y diversos del desarrollo científico y tecnológico del país. Como resultado de sus sesiones de trabajo, la mesa directiva del foro a partir de un análisis serio y objetivo está solicitando para el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2009 mayores recursos para la investigación científica y desarrollo tecnológico, a partir de las siguientes consideraciones:
En el reporte 2006 del Foro Económico Mundial, México en comparación con 125 países, presenta un rezago notable en tres indicadores evaluados. En materia de educación superior y capacitación ocupa el lugar 71; en disponibilidad tecnológica el lugar 56 y en innovación el 58.
El crecimiento de la inversión en ciencia tecnología como porcentaje del PIB, creció sólo 2 veces, mientras que en países como Brasil creció 4.5, en España 5 y en Corea hubo un crecimiento de 9 veces. El ingreso per cápita se multiplicó en México, 3.8 veces, en Brasil 6.3, en España 7.4 y en Corea 25.4.
En los últimos años 20 años en nuestro país no ha crecido significativamente la productividad per cápita de la población como lo podemos verificar con las cifras anteriores. La experiencia comparada demuestra que los países que más invierten en ciencia y tecnología elevan el ingreso per cápita de la población, cosa que no ha sucedido en México, por lo que se vuelve indispensable trabajar en este rubro.
Estos rezagos han impulsado que diversas organizaciones internacionales como la UNESCO, OCDE, y el Banco Mundial, recomiendan la importancia de invertir en el rubro de Ciencia y Tecnología entre el 1 y 1.5 del Producto Interno Bruto (PIB). Esta recomendación, igualmente, ha encontrado eco en diversos sectores Nacionales, que van desde la Conago hasta los académicos, en la que subrayan la importancia estratégica de llegar a un presupuesto federal en materia de Ciencia y Tecnología que alcance el 1 por ciento del PIB.
La actual Ley de Ciencia y Tecnología en su artículo 9 Bis señala explícitamente la aspiración de alcanzar al menos el 1 por ciento en inversión pública en Ciencia y Tecnología, y como lo prevé el artículo segundo transitorio del decreto de la reforma del artículo 9 Bis de esta Ley, es indispensable retomar el incremento gradual del presupuesto en este rubro, de manera tal que se incrementen todas las actividades del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.
El Presupuesto Federal actual para Ciencia y Tecnología es de 39 mil 82.8 millones de pesos, cifra 16.2 por ciento superior en términos reales respecto al año previo. El incremento presupuestal registrado en 2008 para este sector, autorizado por la Cámara de Diputados, ha sido el más importante en los últimos 11 años. Sin embargo el reto va en el sentido de continuar avanzando hasta alcanzar una inversión en innovación más desarrollo tecnológico más investigación científica acorde a nuestra economía.
Para el Presupuesto del 2009 se tiene previsto otorgarle 15 mil 525 millones 732 mil 726 pesos, por lo que hay un aumento de 3 mil 649 millones 729 mil 26 pesos; sin embargo éste no está acorde al avance de nuestra economía ni es suficiente para cubrir las necesidades del país en esta materia.
El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología como un organismo público descentralizado de la administración pública federal, e integrante del sector educativo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, es el responsable de elaborar las políticas de ciencia y tecnología en México.
El Conacyt, cuenta con 27 centros que congregan al 9.2 por ciento del personal científico. A la fecha 2 mil 278 investigadores de los Centros forman parte del Sistema Nacional de Investigadores, la segunda cifra más alta después de la UNAM. Ofrecen 98 programas de posgrado, de los cuales 12 son de competencia internacional. Atienden a más de 6 mil 800 alumnos al año, de programas propios y de instituciones de educación superior. Gradúan anualmente más de 850 doctores y maestros. Lo que constituye un importante medio de descentralización de la actividad científica y tecnológica contribuyendo al entendimiento de la realidad y a la solución de problemas regionales y locales. La cantidad otorgada para este rubro en este año (3 mil 240.3 millones de pesos --mdp--) no fue suficiente para cumplir con su responsabilidad, por lo que es necesario una cantidad complementaria de 200 mdp aplicada a los gastos de operación.
Otro rubro de interés son los Fondos Sectoriales, los cuales son fideicomisos que las dependencias y las entidades de la Administración Pública Federal conjuntamente con el Conacyt pueden constituir para destinar recursos a la investigación científica y al desarrollo tecnológico en el ámbito sectorial correspondiente. En ellos participan más de 167 instituciones y mil 159 investigadores, que ayudan a promover el desarrollo y la consolidación de capacidades científicas y tecnológicas en beneficios de los sectores.
Un ejemplo de esto lo demuestran los resultados de la Convocatoria de Investigación Científica Básica 2007*, que se emitieron de manera coordinada entre la SEP y el Conacyt, los cuales fueron los siguientes: 2 mil 652 solicitudes de apoyo recibidas y mil 181 proyectos aprobados por un monto de 708.7 millones de pesos, monto superior en 9.2 por ciento en términos reales, respecto a la convocatoria anterior. Para seguir impulsando dicha participación en este rubro estamos solicitando la cantidad complementaria de 400 mdp incluyendo 200 mdp para el fondo SEP-Conacyt para alcanzar 900 mdp.
Actualmente existen 8 laboratorios que necesitan reforzar su equipo por ello es necesaria una cantidad complementaria de 500 mdp.
Finalmente en relación a los estímulos fiscales a las empresas, en el PEF 2009 se elimina este programa por lo que estamos solicitando una cantidad complementaria de 2000 mdp para estímulos fiscales para el próximo año.
México tiene un compromiso social con la ciencia y la tecnología que no puede esperar más, por lo que es indispensable recomendar que en la próxima discusión sobre el presupuesto federal 2009, se considere un aumento sustantivo a este rubro, que impacte de manera gradual el gasto del Conacyt y permita se retome un aumento en el Gasto Federal para Ciencia y Tecnología para que se acerque realmente el 1 por ciento del PIB Nacional del 2009 señalado en la ley.
Por lo antes expuesto, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de AcuerdoÚnico. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados considere en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2009, otorgar mayores recursos para ciencia y tecnología, distribuidos de la siguiente manera:
Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2009 se incrementen los recursos destinados al programa de la Sagarpa Adquisición de Activos Productivos para el Fomento de la Explotación de Ixtle, Palma Zamandoca y Lechuguilla, suscrita por los diputados Antonio Medellín Varela y Ernesto Oviedo Oviedo , del Grupo Parlamentario del PAN, y Ramón Salas López , del PRI
Los suscritos, legisladores Antonio Medellín Varela y Ernesto Oviedo Oviedo , del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, así como Ramón Salas López , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LX legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta honorable soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, mediante el cual se exhorta a la comisión encargada de elaborar el dictamen del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009 a destinar una partida especialmente etiquetada en el programa Adquisición de Activos Productivos para el fomento de la explotación de las fibras naturales, como ixtle, palma zamandoca y lechuguilla.
ConsideracionesEl sector de productores de fibras naturales de ixtle, palma zamandoca y lechuguilla en el país es uno de los más relegados del sector rural, ya que se da en lugares áridos y semidesérticos.
Las personas que se dedican al tallado de esas fibras generalmente se encuentran en condiciones económicas difíciles, ya que el sector se encuentra en condiciones de baja competitividad, y los ingresos que dichos productores reciben por sus productos son realmente bajos, ya que el mercado para esas fibras se encuentra en abandono.
De conformidad con un punto de acuerdo que esta soberanía aprobó en el primer periodo ordinario del segundo año de ejercicio de esta legislatura, en 2008 se otorgaron recursos por alrededor de 50 millones de pesos para el rubro del Fondo de Apoyo a la Competitividad de las Ramas Productivas para ixtle, palma zamandoca y lechuguilla, a cargo de la Sagarpa.
Ante el escenario actual que presenta la actividad, es necesario que se inyecte una cantidad importante de recursos a esta actividad productiva, ya que tiende a mejorar el nivel de vida de los habitantes de dichas zonas, que por la condición geográfica del país presentan los mayores niveles de pobreza.
Ante el incremento que a últimas fechas se ha presentado en el precio de dichas fibras, y por la importancia que representa en el mercado interno y en las exportaciones, se considera de suma relevancia que se fortalezca este sector para que se encuentre en condiciones de competencia y en el marco de desarrollo rural sustentable.
Por lo mismo, consideramos importante que Coahuila, Durango, Hidalgo, Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas cuenten con tres centros de tallado destinados a la explotación de las fibras naturales citadas, en la inteligencia de que la construcción asciende a un monto aproximado de 5 millones de pesos cada uno, situación que desde luego será posible mediante la aprobación del punto de acuerdo contenido en la presente proposición.
Por lo expuesto, se pone a consideración el siguiente
Punto de AcuerdoÚnico. Que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009 se destinen 100 millones de pesos al Programa de Adquisición de Activos Productivos para el fomento de la explotación de las fibras naturales de ixtle, palma zamandoca y lechuguilla.
Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2009 se destinen recursos a Guelatao de Juárez, Oaxaca, para las festividades cívicas nacionales del 21 de marzo y del 18 de julio, nacimiento y muerte, respectivamente, de don Benito Juárez, a cargo del diputado Carlos Roberto Martínez Martínez , del Grupo Parlamentario del PRD
El que suscribe, diputado federal a la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, Carlos Roberto Martínez Martínez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
AntecedentesPrimera. Guelatao de Juárez, lugar que vio nacer al Benemérito de las Américas, se localiza en la región de la sierra norte, pertenece al distrito de Ixtlán de Juárez; es uno de los 570 municipios del estado de Oaxaca que se asienta en una superficie de 442-50 hectáreas; el padrón de ciudadanos se limita a no más de 140, de los cuales un 30 por ciento son inactivos, ya sea porque residen en otro lugar, o bien porque se encuentran realizando actividades que el propio reglamento de la municipalidad avala.
Segunda. El lugar es un santuario cívico nacional. La plaza del pueblo rompe con la vieja tradición hispánica que trazaba a partir de un espacio central donde convergían los poderes públicos y eclesiásticos, representados por el palacio de gobierno y la iglesia principal. Fiel a su destino histórico, aquel pueblo oaxaqueño conserva un espacio público, cívico y laico, sin una iglesia en su plaza. No podía ser de otra manera, San Pablo Guelatao sólo se explica a través de Benito Juárez.
Tercera. Con la creación, en 1938, del internado indígena Benito Juárez, Guelatao cambio totalmente de fisonomía, los edificios de este centro educativo y la afluencia de alumnos de diversas comunidades, mostraron a Guelatao como sede del desarrollo que el estado mexicano diseño para si mismo. En aquella época la mayor parte de la población era analfabeta, lo que motivo que el internado albergara a jóvenes que incluso rebasaban los 20 años.
Cuarta. Fue también con Lázaro Cárdenas que llega la luz a esta microrregión. Con seguridad jurídica y política, además de contar con un internado y electricidad, Guelatao asume el papel de un nuevo pueblo con seguridad territorial, que le es ofrecida por el entonces presidente de la Republica General Lázaro Cárdenas.
Quinta. Por Guelatao pasaba tanto la población cafeticultora de El Rincón como el traslado de los minerales obtenidos en aquellos tiempos. Es decir, reafirma su papel de pueblo tránsito, imagen que en 1955 se agiganta con la gestión realizada por caracterizados y autoridades de la zona ante Adolfo Ruiz Cortínez, presidente de la republica. Para ello debemos señalar que el gobierno de Miguel Alemán había diseñado seis años antes un programa de desarrollo que hizo sentar sus bases precisamente en Guelatao.
Sexta. Se introdujeron a la región especies de árboles no conocidos y varios paquetes tecnológicos que poco a poco, y ya dentro de los periodos de Ruiz Cortines y López Mateos, le dieron a Guelatao y a la región una nueva imagen. Se reforzó la agricultura, el cultivo del trigo, se realizaron plantaciones de eucalipto y la labor de entubamiento de agua casi en todas las comunidades.
Séptima. Se construyeron escuelas y casas de salud, el desarrollo en pleno vestía a esta comunidad, que en breves años vería con sus propios ojos la modificación del trazo carretero Oaxaca-Tuxtepec y la pavimentación de este mismo tramo, que en las palabras de Ruiz Cortínez llenaba dos objetivos: el cívico y el industrial.
Octava. El 21 de marzo de 1990 inicia transmisiones de prueba la radiodifusora XEGLO, La Voz de la Sierra Juárez, provisionalmente en un local de la presidencia municipal, la cual fortalece elementos que antropológicamente se consideran patrimonio cultural de la región: música de banda, la medicina tradicional, la organización social, los avisos e información, esto le da a Guelatao de Juárez, una nueva tarea de atención regional.
Novena. El ánimo por la comunicación no se detiene e invade la televisión, en 1994 sale al aire un canal de televisión cuya señal cubre sólo a ocho comunidades. Desde la sociedad civil, bajo el nombre de Fundación Comunalidad.
Décima. Desde 1967 se establece con la visita del general Lázaro Cárdenas, la asistencia de todos los presidentes de la república el 21 de marzo, aniversario del natalicio, o bien, el 18 de julio, aniversario luctuoso de don Benito Juárez García.
Undécima. Los referentes importantes lo constituyen los eventos de carácter social, cultural, deportivo y político que año tras año se realizan en la localidad, la disponibilidad de espacios públicos que para estos actos, pareciera ser más que suficientes se convierten en insuficientes ante la gran cantidad de visitantes que requieren los servicios de agua potable, hospedaje, alimentación, espacios deportivos apropiados, entre otros y que también den respuesta a la demanda del turismo nacional y extranjero que tienen en su ruta visitar la cuna del Benemérito, así como visitar una de las regiones con mayor biodiversidad de México.
Duodécima. La celebración del 21 de marzo, dentro de sus atractivos tiene el de atraer a los jóvenes de distintas edades para competir en un campeonato que en las ultimas tres décadas ha despertado un interés inusitado que refrenda el calor que ofrece esta celebración. La Copa Benito Juárez. La organización de este evento ha rebasado la capacidad comunitaria.
Decimotercera. Guelatao ofrece a sus visitantes diversos atractivos culturales e históricos como el antiguo templo, hoy panteón municipal; el Museo Crónica de la Obra de Juárez, que alberga reproducciones de ilustraciones que narran la vida del prócer, así como una miniatura de la carroza que utilizó el ex presidente mexicano para recorrer el país, entre otros objetos y documentos.
Decimocuarta. También puede visitarse el palacio municipal que guarda datos históricos a la vista, una amplia plaza cívica con una magnifica estatua de don Benito y una de su madre, doña Brígida García; la biblioteca Pensamiento Juarista con importantes documentos, y la réplica de la casa original del Benemérito.
Decimoquinta. Los servicios de que dispone el municipio para ofrecer a los visitantes en cada uno de los eventos que se realizan en el transcurso del año, son diferentes, se mencionan los más importantes:
a) Servicio de agua potable, los eventos cívicos nacionales, del 21 de marzo y 18 de julio, requieren de un gasto superior de agua, con el consiguiente malestar de propios y extraños, además de los riesgos para la salud en general.
b) espacios deportivos para los eventos, como las canchas del municipio, de la escuela primaria y del Centro de Integración Social se vuelven insuficientes, además de que en lo general no reúne las condiciones que se requieren para competencias de este nivel.
c) la iluminación por lo consiguiente es deficiente tanto en espacios deportivos como la población en general.
d) A los poco más de cinco mil visitantes que asisten a los actos cívicos nacionales, como es una tradición, se les da la alimentación y hospedaje, tomando en cuenta, que la comunidad está conformada por apenas unas mil personas (contando a niños y ancianos).
Decimosexta. En el marco de la conmemoración del Bicentenario del natalicio de don Benito Juárez García, el pueblo de San Pablo Guelatao, cuna del Benemérito de las Américas, esperaba el apoyo decidido del gobierno federal y estatal, a efecto implementar programas y políticas necesarias, para garantizar la creación de fuentes de empleo en esta localidad, sobre todo la reactivación del campo para evitar mayor migración a Estados Unidos.
Decimoséptima. La posición geográfica, los diferentes medios de comunicación, el nivel de escolaridad y otros factores han permitido que el municipio de Guelatao de Juárez se sitúe como una localidad con baja marginalidad y por consiguiente con un bajo presupuesto por parte de la federación, sin embargo, la realidad del municipio es otra, ya que se tiene rezagos que con los recursos propios no va a ser posible resolver.
ConsideracionesLa celebración de natalicio del Benemérito de las Américas como la conmemoración de su muerte, se convierte en eventos que trastocan la rutina y obligan a una organización específica que en principio era regional; es decir, presidentes municipales, agentes, directores de escuela, alumnado, y que ahora invade comisiones especiales del gobierno federal y estatal, las que intervienen en el diseño y realización de los eventos cívicos nacionales del 21 de marzo y del 18 de julio.
Estos eventos cívicos, no sólo han sido espacios de manifestación política, sino ahora, de emotividades interculturales y deportivas. El 21 de marzo, por ejemplo, no es una fiesta normal. Con el paso de los años se ha convertido en la celebración cívica más importante del país que se realiza en una comunidad, incluso de mayor movilización que la que se atribuye Anenecuilco por la memoria de Zapata.
La presencia de presidentes de la republica ha incrementado la importancia de un evento que sale de la capacidad organizativa de la comunidad. El civismo está estacionado en Guelatao de Juárez. Un ejemplo especial fue lo que sucedió en 1972, por la conmemoración del centenario de la muerte de don Benito Juárez. No hubo día que una escuela venida de cualquier parte de la republica rindiera homenaje al prócer.
Estos actos cívicos continúan desarrollando su importancia, la que en algunos casos se ve debilitada por la apatía de los dos últimos presidentes de la republica: Ernesto Zedillo Ponce de León y Vicente Fox.
En este contexto el pueblo de Guelatao demanda el apoyo decidido de este honorable Congreso de Unión, a fin de que se le asigne un recurso, a efecto de poder realizar los diversos atractivos culturales e históricos, que desde 1976 se vienen realizando en torno alas actividades cívicas nacionales.
Son diversas y muy profundas las razones por las que el paso del tiempo ha dado dimensión a la figura del Benemérito de las Américas, pero quizá todas esas razones pudieran resumirse en una sola: un amor entrañable a la patria que se convierte en decisión inquebrantable para construir el Estado y desde él una Nación redentora y justa, forjada a partir del esfuerzo de todos y en la que cada quien encuentra el espacio necesario para su realización.
Por su lucha contra el intervencionismo extranjero, el nombre de don Benito Juárez ha recorrido al mundo como símbolo de la defensa de la soberanía nacional. Por ello mereció el título de Benemérito de las Américas.
Su ejemplo republicano orienta sin duda alguna el camino hacia el progreso de México, por lo que es congruente propiciar en forma decidida el desarrollo de Guelatao de Juárez.
Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito solicitar al Pleno de esta Cámara de Diputados se someta a consideración la siguiente proposición con
Punto de AcuerdoPrimero. Se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública que considere, dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009, recursos por 3 millones de pesos para el municipio de Guelatao de Juárez, Oaxaca, a fin de destinarlos a las festividades cívicas nacionales, del día 21 de marzo y 18 de julio, fechas del natalicio y muerte de don Benito Juárez García.
Segundo. Se solicita al pleno de esta soberanía que asigne cada año este monto al municipio de Guelatao de Juárez para poder llevar acabo las festividades cívicas nacionales del Benemérito de las Américas, don Benito Juárez García.
Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2009 se consideren recursos para el Subsistema de Universidades Tecnológicas de la Subsecretaría de Educación Superior, a cargo del diputado Alberto Amador Leal , del Grupo Parlamentario del PRI
El suscrito, diputado federal Alberto Amador Leal , integrante del Grupo Parlamentario del PRI de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en la fracción I de los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la siguiente propuesta con punto de acuerdo para fortalecer las Universidades Tecnológicas.
Exposición de MotivosEn días pasados la Asociación Nacional de Universidades Tecnológicas acudió a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de esta Cámara para exponer la situación que priva en dichas instituciones y las prioridades de inversión para el 2009.
1. Situación actual
Se trata de 66 universidades que a partir de 1991 están funcionando en 27 entidades federativas con una matricula de 79 mil 800 alumnos y un total de 160 mil egresados.
El objetivo del sistema es:
2. Resultados
Los resultados se pueden resumir en:
3. Áreas de oportunidad
El sistema tiene, aún, un enorme potencial como:
Por lo anterior, someto a la consideración de esta soberanía, el siguiente
Punto de AcuerdoÚnico . Que las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Educación Pública y Servicios Educativos consideren una partida de 800 millones de pesos para el subsistema de universidades tecnológicas a cargo de la Subsecretaría de Educación Superior de acuerdo con lo siguiente:
Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
BRADLEY ROLAND WILL
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : Se recibió del diputado Humberto López Lena Cruz, de Convergencia, punto de acuerdo por el que se solicita la comparecencia del titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas, de la PGR, para que informe sobre la investigación y los resultados de la muerte del periodista estadounidense Bradley Roland Will, ocurrida durante el conflicto magisterial en Oaxaca.
El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas : «Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita la comparecencia del fiscal especial para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas de la PGR, a fin de que informe sobre los resultados de la investigación acerca de la muerte del periodista estadounidense Bradley Roland Will, ocurrida en el conflicto magisterial en Oaxaca, a cargo del diputado Humberto López Lena Cruz , del Grupo Parlamentario de ConvergenciaEl suscrito, Humberto López Lena Cruz , diputado federal, secretario de la Comisión de Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita al Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados que se requiera la comparecencia del ciudadano Octavio Alberto Orellana Wiarco, fiscal especial para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas de la Procuraduría General de la República, para que informe en relación con la investigación y los resultados actuales de la muerte del periodista estadounidense Bradley Roland Will, ocurrida el 27 de octubre de 2006, durante el conflicto magisterial en Oaxaca.
ConsideracionesEl pasado 27 de octubre de 2006, en medio del conflicto político que vivió el estado de Oaxaca fue asesinado el periodista estadounidense Bradley Ronald Will, hechos que, a casi dos años de haber sucedido, no se ha logrado conocer a los autores materiales; sin embargo, la semana pasada se ejecutaron ordenes de aprehensión a dos personas como probables responsables.
Lo mismo ha ocurrido con muchos casos de los que conoce la fiscalía especializada en agresiones a periodistas en todo el país y ninguno ha mostrado avances o éxito en las investigaciones de éstas.
Desde el inicio de dicha investigación hemos apreciado que las autoridades encargadas de impartir justicia en Oaxaca incurrieron en conductas irregulares y omisiones durante la investigación de la muerte del periodista, tratando de ocultar la verdad histórica de los hechos.
El 28 de noviembre de 2006 presenté un punto de acuerdo en el que se exhortaba a la Fiscalía Especial para la Atención de los Delitos Cometidos en contra de Periodistas a atraer la investigación relacionada con la muerte del comunicador Bradley Roland Will.
Surtiendo efectos hasta el 19 de abril de 2007, fecha en que la fiscalía especial atrajo el asunto del periodista, apreciándose desde ese momento dilación en las investigaciones, y se continúa con las irregularidades en la integración de ésta.
El jueves 16 de octubre de 2008, en la ciudad de Oaxaca, agentes federales de investigación detuvieron a Juan José Martínez Moreno, simpatizante de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, quien ahora se encuentra procesado por su presunta responsabilidad material en el homicidio de Brad Will.
Asimismo, se detuvo a Octavio Pérez, quien obtuvo su libertad bajo caución el 18 de octubre de 2008, ya que a él se le acusa del delito de encubrimiento, por lo que enfrenta el proceso gozando de su libertad.
Estas aprehensiones sucedieron el mismo día en que la Procuraduría General de la República (PGR) declaró que no aceptaría la recomendación 50/2008 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, emitida el 26 de septiembre de 2008, y en la que solicita instruir al agente del Ministerio Público de la Federación para agilizar las investigaciones y realizar las diligencias para determinar la responsabilidad de funcionarios federales que incurrieron en anomalías durante la investigación.
Por tales motivos, este punto de acuerdo tiene como finalidad la comparecencia del ciudadano Octavio Alberto Orellana Wiarco, fiscal especial para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas de la Procuraduría General de la República para que informe en relación con el estado actual de dicha investigación y a qué se debieron las aprehensiones de los ciudadanos Juan José Martínez Moreno y Octavio Pérez.
Quiero mencionar que el organismo nacional de derechos humanos encontró varias inconsistencias en la investigación de la PGR, ya que dictaminaron que el disparo se hizo a una distancia de entre dos y diez metros y señalaron probables responsables, existiendo contradicción con lo que el organismo manifestó en su recomendación, por ello, transcribo a continuación una parte importante de dicha recomendación:
Con base en los resultados del dictamen pericial, los peritos de la comisión nacional llegaron a las siguientes consideraciones: que la ausencia de tatuaje de granos de pólvora en las heridas producidas por proyectil de arma de fuego, observadas en el cuerpo de Bradley Roland Will, el resultado negativo de la prueba de Walker implica per se que el disparo se efectuó a más de un metro de la boca del cañón del arma, sin que se pueda precisar categóricamente que el disparo se realizó a un metro de distancia.
Del análisis, cuadro por cuadro, de los fragmentos finales que grabó Bradley Roland Will, se puede establecer que siempre se situó en el lado izquierdo de la calle, en el arrollo vehicular, y cerca de la acera, con movimiento constante, sosteniendo la cámara que portaba y grabando con dirección al norte y de frente hacia la calle Juárez.
Que la cámara que portaba el señor Bradley Roland Will el día de los hechos es un equipo Sony modelo HVR-Z1U.
Que fueron identificados los sonidos producidos por disparos y cohetes, así como el grito del lesionado.
Que es altamente probable, de acuerdo con los estudios periciales realizados a las balas calibre 38 especial, que el victimario se encontrara a una distancia aproximada entre 35 y 50 metros.
Que las dos lesiones que produjeron la muerte del señor Bradley Roland Will se suscitaron de forma sucesiva, inmediata, secuencial y en milésimas de segundo, una de otra, en el lugar de los hechos.
Que la posición del señor Bradley Roland Will, al momento de recibir el primer impacto de bala, era en bipedestación (parado), con la parte anterior de su cuerpo de frente a su victimario, el cual, muy probablemente, se situaba por delante y ligeramente a la derecha de éste. En consecuencia, por mecanismo de defensa, el reportero se flexionó hacia delante, lateralizando a la izquierda su cuerpo parcialmente, en el momento en que recibe el segundo disparo, encontrándose el victimario en la misma posición.
Que el tiempo calculado entre la detonación y el impactó a nivel del epigastrio (primera lesión) ocurrió en aproximadamente 166 milésimas de segundo, tiempo en que una bala calibre 38 especial recorre una distancia de entre 45 a 50 metros (promedio 42.5 metros), lo que pericialmente permite afirmar, con un alto grado de probabilidad, que el victimario se encontraba situado detrás del camión de volteo.
Que el disparo no se realizó a un metro de distancia, como establecieron los peritos de la procuraduría estatal, y mucho menos en un lugar y tiempo distinto de donde ocurrieron los hechos.
Por otra parte, en relación con los dictámenes periciales que se han practicado para la integración de la averiguación previa 11/FEADP/07 por parte de la fiscalía especial, se advierte que se han realizado de forma aislada, esto es, sin que se hayan tomando en consideración el conjunto de indicios y evidencias recabadas por cada dictaminador, en particular, y sin que se advierta, además, un análisis completo, coordinado y detallado de las pruebas correspondientes; tampoco se proporciona una conclusión contundente sobre cómo sucedieron los hechos, principalmente, respecto a las circunstancias en que el señor Bradley Roland Will recibió el segundo disparo y la distancia a la que se realizaron los disparos que le ocasionaron la muerte.
Con ello queda en evidencia las indagatorias realizadas por ambas procuradurías; por ello, la necesidad de que se escuchen los posicionamientos del titular de la dependencia en mención.
Actualmente, este caso, aún causa controversia en la forma de procurar justicia, tanto de las autoridades estatales como de las federales, como ha sucedido en otros asuntos como el del periodista Amado Ramírez, asesinado en Guerrero, y que por pertenecer a una empresa tan importante como Televisa y crear la idea de que la justicia es pronta y expedita en nuestro país, no tuvieron inconveniente las autoridades en gestar una línea de investigación alejada de la realidad de los hechos.
No queremos pensar que en la caso que nos atañe, la PGR, por presiones de diferentes actores o grupos que tienen interés en el asunto, está tratando de buscar paganos o chivos expiatorios para desviar la atención y la investigación, y, con esto, alejarnos de la verdad histórica de los hechos.
Por lo antes expuesto, y con fundamento en los artículos 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 45 párrafo primero de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 90 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente
Punto de AcuerdoÚnico. Se solicite la comparecencia del ciudadano Octavio Alberto Orellana Wiarco, fiscal especial para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas de la Procuraduría General de la República, para que informe en relación con la investigación y resultados actuales de la muerte del periodista estadounidense Bradley Roland Will, ocurrida el 27 de octubre de 2006 durante el conflicto magisterial en Oaxaca.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : Túrnese a la Comisión de Justicia.
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : La Presidencia informa a la asamblea que las siguientes proposiciones y que tienen relación con el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009, serán turnadas de inmediato a la comisión correspondiente.
«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2009 se destinen recursos al programa Promoción de Convenios en materia de Justicia, de la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, y a la creación del programa de indígenas urbanos, a cargo de la diputada Lourdes Alonso Flores , del Grupo Parlamentario del PRDLa que suscribe, diputada federal Lourdes Alonso Flores , integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de ésta soberanía proposición con punto de acuerdo a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2009 se asignen y etiqueten recursos destinados al Programa Promoción de Convenios en Materia de Justicia, de la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, y para que se cree el programa de indígenas urbanos, en razón de la siguiente
Exposición de MotivosHasta la década de los sesenta del siglo pasado la visibilidad de los pueblos indígenas en México se expresaba en sitios más o menos acotados como antiguas demarcaciones y espacios comunitarios tradicionales. En las últimas cinco décadas, durante el proceso de urbanización del país, la población indígena ha emprendido desplazamientos en volúmenes significativos a zonas metropolitanas como México, Guadalajara, Monterrey y Puebla, así como conurbaciones y ciudades, las cuales se han convertido en nuevas áreas de atracción.
Datos del Consejo Nacional de Población señalan que ``...en el conjunto del sistema urbano nacional habitan 4.2 millones de indígenas, quienes representan uno de cada tres indígenas del país: 2.6 millones en las zonas metropolitanas, 311 mil en las conurbaciones y 1.3 millones en otro tipo de ciudades''.
Esta población indígena ahora urbana acrecienta la demanda de servicios y empleo con una particularidad, su identidad indígena, es decir, la satisfacción de esas necesidades urbanas debe considerar su diferencia cultural con la finalidad de mantener la diversidad y riqueza cultural de los pueblos indígenas Para tal fin, es necesario materializar la satisfacción de derechos económico-sociales con una perspectiva intercultural.
Al respecto, el Informe especial sobre los derechos de las comunidades indígenas residentes en la Ciudad de México 2006-2007 de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal señala que en al menos seis aspectos es urgente la intervención de los gobiernos federal y local para atender la grave situación que viven los indígenas en esta capital: discriminación, denegación de justicia, no accesibilidad a servicios de salud y educación, explotación laboral de artesanos indígenas y empleadas del hogar.
El apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que ``la federación, los estados y los municipios, para promover la igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria, establecerán las instituciones y determinaran las políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las cuales deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente con ellos''.
La Ley que Crea la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) señala que su objetivo es ``...orientar, coordinar, promover, apoyar, fomentar, dar seguimiento y evaluar los programas, proyectos, estrategias y acciones públicas para el desarrollo integral y sustentable de los pueblos y comunidades indígenas de conformidad con el artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos...''
La CDI, hasta hoy, no ha ajustado su presupuesto y programas a las necesidades que demanda la compleja realidad de este país, cuyas cifras revelan que uno de cada tres indígenas residen en ciudades del país, sin embargo continúa operando con programas anacrónicos diseñados por su antecesor, el Instituto Nacional Indigenista, orientado a los asentamientos de origen de las comunidades que integran los pueblos indígenas.
Si bien la CDI ha considerado algunas acciones para la atención de este fenómeno de la migración indígena a las ciudades, las medidas no han sido diseñadas conforme a las características propias de los indígenas que residen en las ciudades.
Para el ejercicio presupuestal 2008, se destinaron 30 millones de pesos para atender a esta población así como a los ``migrantes desplazados'', cantidad que se estima insuficiente, para el amplio espectro de necesidades que tienen los pueblos indígenas urbanos; para el ejercicio presupuestal 2009, se estima necesario crear un programa específico de atención a pueblos indígenas urbanos con un techo presupuestal de 150 millones de pesos y la elaboración de reglas operación correspondientes, para brindar de manera eficiente los satisfactores necesarios a este grupo poblacional.
Por otra parte, para la promoción de derechos de los pueblos indígenas conforme establece el artículo segundo de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, ha implantado el Programa Promoción de Convenios en Materia de Justicia, cuya finalidad es generar las condiciones para que los pueblos y sus integrantes ejerzan sus derechos individuales y colectivos establecidos en la legislación nacional; en los últimos tres años, este programa ha recibido un gran número de propuestas (2 mil 310), de organizaciones y comunidades indígenas que ven en este programa una oportunidad para la promoción y capacitación de sus derechos; sin embargo por el escaso presupuesto que se ha asignado a este programa sólo se han apoyado mil 452 solicitudes; en el 2008 solamente se ha atendió al 39 por ciento de la demanda.
Con la implantación de este programa se ha beneficiado directamente a 432 mil 840 indígenas y se han realizado diversas actividades de formación de promotores, capacitación y promoción en derechos humanos, indígenas, procuración de justicia, derechos de la mujer, derechos de los migrantes, entre otros.
Dada la magnitud de la problemática en procuración de justicia y derechos humanos de los pueblos indígenas y sus integrantes, se requiere incrementar hasta 100 millones de pesos el techo presupuestal de este programa para atender los graves problemas que aquejan a los pueblos indígenas y cumplir así el mandato del artículo segundo constitucional.
En razón de lo expuesto anteriormente y fundamentado, me permito someter a esta soberanía el siguiente
Punto de AcuerdoPrimero. Se solicita a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Publica, de Hacienda y Crédito Público, y de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados que, en el marco del análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2009, se considere y etiquete la cantidad de 100 millones de pesos para el Programa Promoción de Convenios en Materia de Justicia, de la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.
Segundo. Se solicita a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Publica, de Hacienda y Crédito Público, y de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados que, en el marco del análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2009, se considere la creación de un programa específico de atención a los pueblos indígenas urbanos y se le asigne un presupuesto de 150 millones de pesos.
Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2009 se consideren recursos para proyectos de preservación ambiental en el Distrito Federal, a cargo del diputado Alejandro Sánchez Camacho , del Grupo Parlamentario del PRD
El suscrito, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos presenta ante esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
ConsideracionesEl Distrito Federal es la sede de los poderes de la Unión y centro político y económico del país. Su entorno físico requiere ser preservado para garantizar la viabilidad de la Ciudad de México y de la zona metropolitana. Por ello, un elemento fundamental en materia ecológica y ambiental, particularmente en sus 88 mil 440 hectáreas de suelo de conservación, es llevar diversos proyectos que permitan la recarga de los mantos acuíferos, el mantenimiento y la mejora de las área de conservación ecológica y cuidado de la calidad del aire.
Desde una perspectiva ecológica, el suelo de conservación alberga ecosistemas naturales con más de mil 800 especies de flora y fauna silvestres, cerca de 2 por ciento de la riqueza biológica mundial y 11 por ciento de la riqueza biológica nacional. El Distrito Federal ocupa el vigésimo tercer lugar en número de especies endémicas de vertebrados en Mesoamérica y el vigésimo cuarto en endémicas estatales. En el suelo de conservación se desarrollan procesos naturales, a través de los cuales se proporcionan diversos bienes y servicios ambientales, imprescindibles para la sustentabilidad del Distrito Federal.
Por ello que se requiere el apoyo de recursos federales por 25.6 millones de pesos destinados al Programa de Monitoreo y Vigilancia para el Suelo de Conservación.
Se ha detectado que el arbolado no está aportando todos los servicios ambientales que debe prestar a la ciudad, pues se requiere mejorarlo su salud, reducir la mortandad del arbolado, incrementar la captura y secuestro de contaminantes atmosféricos, y conservar el paisaje urbano con una mejora sustancial en la estructura del arbolado de la zona urbana. Por eso es necesario contar con 3.2 millones de pesos de recursos federales.
Las zonas lacustres de Xochimilco y de Tláhuac constituyen un ecosistema remanente de la cuenca de México, en la cual se realizan actividades de turismo, comercio regional y agricultura tradicional principalmente en chinampas. Sin embargo, presentan una problemática compleja que requiere pronta atención, con el respaldo de 4.4 millones de pesos del presupuesto federal.
De manera especial, es indispensable fortalecer la infraestructura de prevención y combate de incendios forestales, acciones inherentes a la protección del suelo de conservación y, por tanto, prioritarias para los más de 20 millones de habitantes de la zona metropolitana de la Ciudad de México, con el apoyo de hasta 115.2 millones de pesos de la federación.
En apoyo de las actividades que se llevan a cabo en el suelo de conservación, la producción de planta en el vivero de San Luis Tlaxialtemalco es estratégica, pues permite repoblar la masa arbolada y reforestar las áreas abatidas, que equivalen a 7.0 por ciento del área rural, para lo cual se requieren 24.0 millones de pesos de presupuesto federal.
En materia de conservación de la vida silvestre, como parte fundamental de los ecosistemas, es indispensable su monitoreo, manejo y conservación, para lo cual se solicitan 0.8 millones de pesos.
Igualmente, a fin de proteger e incrementar la producción de semillas nativas de maíz y evitar la introducción de transgénicos, se adecuarán las instalaciones del laboratorio del vivero de San Luis Tlaxialtemalco, para el análisis y mejoramiento de las semillas, solicitando el apoyo de 11.1 millones de pesos de la federación.
En los últimos lustros y por efectos de la deforestación y los fenómenos eólicos, el suelo rural presenta riesgos, por lo cual es imperioso construir infraestructura para retención y conservación del suelo; se requieren de la federación 132.3 millones de pesos.
En tal virtud, se pretende obtener recursos presupuestales de la federación hasta por 316.6 millones de pesos para llevar a cabo los proyectos señalados, que se orientan al cuidado y la preservación del suelo de conservación de Tláhuac, Milpa Alta, Xochimilco, Tlalpan, La Magdalena Contreras, Álvaro Obregón, Cuajimalpa de Morelos, Gustavo A. Madero e Iztapalapa, con efectos ambientales positivos en la Ciudad de México y zona metropolitana, obteniendo recursos por transferencia de las asignaciones contenidas en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2009, específicamente del Ramo 16, ``Medio Ambiente y Recursos Naturales'', unidades responsables 100, Secretaría; 612, Dirección General de Fomento Ambiental, Urbano y Turístico; 710, Dirección General de Gestión Integral de Materiales y Actividades Riesgosas; y 712, Dirección General de Gestión Forestal y de Suelos.
Por ello, legisladoras y legisladores, y en atención de su sensibilidad, sometemos a consideración de esta honorable asamblea el siguiente
Punto de AcuerdoÚnico. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión a incluir en el dictamen del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009 recursos hasta por 316.6 millones de pesos con objeto de financiar los proyectos contenidos en el cuerpo de la presente proposición.
Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2009 se consideren recursos para proyectos que permitan mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero en la Ciudad de México, a cargo del diputado Alejandro Sánchez Camacho , del Grupo Parlamentario del PRD
El suscrito, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 58, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos presenta ante esta soberanía, proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
ConsideracionesEl Gobierno del Distrito Federal reconoce que el cambio climático es la amenaza más grave que se cierne actualmente sobre los ecosistemas del valle de México, el país y el mundo, y que se requieren acciones urgentes para mitigar las emisiones de los gases de efecto invernadero, adoptar medidas para reducir los impactos del cambio climático y garantizar, con equidad, la calidad de vida de quienes habitamos la ciudad y quienes la habitarán.
En ese sentido, la elaboración de estudios para la implementación de las medidas de mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero; adaptación a los efectos del cambio climático; y comunicación y educación del fenómeno del cambio climático, propuestas en el Programa de acción climática de la Ciudad de México 2008-2012, que son indispensables para la determinación y aplicación de medidas tanto preventivas como para el equilibrio del cambio climático, para lo cual procede la aplicación de 5.0 millones de pesos provenientes del presupuesto federal.
Cabe señalar, que desde la Primera cumbre de la tierra, se reconoció que las agenda XXI, son herramientas que ayudan a generar conciencia y otorgan elementos para la comprensión de los problemas ambientales en su vinculación con el desarrollo económico y social. Para la ciudad de México, es indispensable integrar su agenda XXI, como una contribución al mejoramiento del ambiente global, para lo que se necesitan recursos presupuestales federales por un monto de 3.3 millones de pesos.
Con el mismo propósito y para asegurar un manejo adecuado y eficiente es necesario contar con un inventario del arbolado urbano, coadyuvantes fundamentales para mantener el equilibrio climático y cuya acción reclama el financiamiento con 9.0 millones de pesos del presupuesto federal.
La educación ambiental dentro de las políticas ambientales del gobierno del Distrito Federal es estratégica, en virtud de que impacta directamente en la sociedad con conocimientos diversos, que confluyen en la contribución al mejoramiento del medio ambiente, tanto en la zona rural como en la urbana y es hacia allá a donde se encaminan los esfuerzos para la readecuación de los centros de educación ambiental de Acuexcomatl, Ecoguardas y Yautlica, así como la instalación del módulo de observación climática en el Museo de Historia Natural en coordinación con el Climate institute. Para ello se requieren recursos federales por 12.8 y 4.4 millones de pesos, respectivamente.
Con respecto a la actualización del Programa de gestión integral de los residuos sólidos para el Distrito Federal 2004-2008 resalta su importancia en virtud que permite desarrollar nuevas estrategias para cumplir con los principios rectores de desarrollo sustentable, prevención y minimización, comunicación educación y capacitación, y participación social, aprovechando la generación de gases para la producción de energía evitando así que dichos gases contribuyan al cambio climático. Adicionalmente, la elaboración del plan maestro y proyecto ejecutivo de la primera etapa del sistema secundario de ciclovías y espacios abiertos metropolitanos en Gustavo A. Madero y Venustiano Carranza dará lugar a la reducción de gases de efecto invernadero, al inhibir el uso de vehículos automotores, ambos proyectos se entrelazan con el sistema de áreas verdes, parques lineales y ciclovías, los cuales se pretende que interconecten tanto a los centros educativos, centros de trabajo, unidades departamentales, etcétera, contribuyendo así a disminuir los efectos de la contaminación que vive hoy por hoy la Ciudad de México y zonas conurbadas, para lo cual se propone la aportación de recursos federales por 2.5 y 10.0 millones de pesos, respectivamente.
En consecuencia, se solicitan recursos presupuestales de la federación hasta por 47.0 millones de pesos para solventar los requerimientos de esas importantes acciones que beneficiaran a la población y al entorno ecológico de la Ciudad de México y su zona metropolitana.
Para tales efectos, se propone canalizar recursos vía transferencia de las asignaciones que contempla el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2009, en el ramo 16 medio ambiente y recursos naturales, específicamente de las unidades responsables 100 secretaría, 612 Dirección General de Fomento Ambiental, Urbano y Turística, 710 Dirección General de Gestión Integral de Materiales y Actividades Riesgosas y 712 Dirección General de Gestión Forestal y de Suelos.
Por lo anteriormente expuesto, someto a su consideración el siguiente:
Punto de AcuerdoÚnico. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para que en el dictamen del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2009, se consideren asignaciones de recursos federales por 47.0 millones de pesos para financiar los proyectos que permitan mitigar las emisiones de los gases de efecto invernadero en la Ciudad de México y contribuir, con ello, a la reducción del calentamiento global.
Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2009 se consideren mayores recursos para la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, a cargo del diputado Othón Cuevas Córdova , del Grupo Parlamentario del PRD
Con fundamento por lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el suscrito, diputado integrante de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo para solicitar una asignación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009 a la Universidad Autónoma Benito Juárez del estado de Oaxaca por más de 600 millones de pesos, con base en la siguiente
Exposición de MotivosLa universidad pública representa para la gran mayoría de los mexicanos que tienen el deseo de prepararse la única posibilidad de tener las herramientas para cambiar sus condiciones y forma de vida. En el ciclo escolar 2006-2007 había inscritos en el sistema de educación superior poco más de 2 millones y medio de alumnos, de los cuales más de un millón 600 mil acuden a la universidad pública, según datos de la Secretaría de Educación Pública. A pesar de los diversos esquemas de becas y subvenciones el porcentaje de alumnos en la educación superior en las modalidades de educación pública y privada del Programa Nacional de Becas para la Educación Superior, que recibieron apoyos en el 2007, ascendió a 183 mil 42 alumnos.
Ante este panorama, la universidad pública es la única opción para preparar a los próximos profesionistas de México. Por ello, es de fundamental importancia que el gasto destinado a la educación pública superior no sólo se mantenga sino que aumente considerablemente. Este gasto, que es una inversión en capital humano, tiene varias aristas y beneficios. No sólo dará más posibilidades a las instituciones para recibir a más alumnos sino que se reflejará en el rubro de la investigación científica, en el desarrollo de patentes y en el impulso de la industria nacional, aunado a una sociedad con mejores posibilidades de desarrollo.
Por otro lado, quiero precisar que dentro del presupuesto a la educación superior existen instituciones que se encuentran en una situación crítica para su operación y especialmente para obtener resultados en el ámbito académico que es la responsabilidad superior para lo que fueron creadas. En este caso se encuentra la Universidad Autónoma Benito Juárez del estado de Oaxaca (UABJO), la institución de educación superior pública más importante del estado, que lamentablemente atraviesa por una transición académica y administrativa que requiere la atención inmediata por parte del Congreso de la Unión.
Nuestra universidad requiere poco más de 600 millones de pesos para iniciar la reversión de un proceso que tiene muchos años y que la ha colocado en un nivel que no se merece, ni lo merece el pueblo de Oaxaca. Actualmente la UABJO recibe en promedio por subsidios y pago de servicios poco menos de 450 millones de pesos, teniendo un déficit anual de más de 100 millones. Sobre este particular, la UABJO recibe el subsidio más bajo por alumno al obtener 12 mil 600 pesos por cada uno de los poco más de 35 mil estudiantes, en comparación con los 71 mil 400 pesos que recibe un alumno de la Universidad Autónoma de Yucatán.
Nuestra universidad tiene que ser un referente para la educación pública en el estado y ello empezará por destinar mayores recursos para invertir en infraestructura, en sus procedimientos académicos y administrativos, y en la atención que brinda a sus alumnos. Este referente es sólo un ejemplo de lo que se tiene que hacer en torno a las carencias que la universidad de Oaxaca necesita resarcir con urgencia.
Esta proposición se suma a otras propuestas presentadas por compañeros legisladores oaxaqueños en esta soberanía y, en particular, a un punto de acuerdo aprobado por el Congreso de Oaxaca el pasado agosto, en el que solicita un presupuesto por 677 millones de pesos. Estas acciones demuestran la voluntad para superar las diferencias partidistas, que permite reconocer la urgencia de dotar de mayores recursos a nuestra universidad para hacer frente no sólo a las demandas de la comunidad estudiantil, de la investigación y de los retos que exige la sociedad oaxaqueña para tener mejores profesionistas y la oportunidad de un estado con posibilidades de un mejor desarrollo.
Si bien es cierto que nuestro país enfrenta una crisis económica que impacta en las finanzas públicas, es precisamente invirtiendo en educación como tendremos herramientas para que nuestros estudiantes se preparen y se desarrollen para hacer a México más productivo y no depender de las tecnologías y del desarrollo internacional.
Sólo de esta forma, en un mediano y largo plazo, podemos terminar con fenómenos como la migración, la deserción escolar que ha llegado a niveles del 30 por ciento y la desestructuración del sistema educativo que sólo aumenta la pobreza y la miseria de nuestros pueblos.
Por lo que hago un llamado a esta soberanía para que en este Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009 se tomen en cuenta las urgentes necesidades de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca y se aumenten sustancialmente los recursos para su operación y funcionamiento bajo el siguiente
Punto de AcuerdoÚnico. Se solicita a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión un aumento en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009, en la asignación a la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca por más de 600 millones de pesos.
Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
«Proposición con punto de acuerdo, para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2009 se destinen recursos a la construcción de la universidad intercultural de Nacajuca, Tabasco, suscrita por diputados de diversos grupos parlamentarios
Los suscritos, diputados por el estado de Tabasco, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración del Pleno de esta honorable asamblea, con carácter de urgente y obvia resolución, proposición con punto de acuerdo, conforme a las siguientes
ConsideracionesEn el amplio contexto de los grupos más vulnerables del país se encuentran los grupos indígenas; temas como trabajo, alimentación, salud, vivienda y educación representan la gran deuda histórica del Estado mexicano ante este sector de la población.
El reto de concretar la máxima normativa del derecho a la educación para todos los habitantes de la República Mexicana no se consolidad para los más de 13 millones de indígenas.
Hoy, a tres décadas de la instauración del esquema de modelo bilingüe, no se ha conseguido abatir que uno de cada tres indígenas carezca de acceso a la educación en cualquier nivel.
Es tiempo de que los diputados federales hagamos eco de los pobladores originarios de la nación.
Compañeros diputados: es momento de generar la concentración de jóvenes con plena identidad cultural, que conozcan de las necesidades de sus lugares de origen, que se comprometan con su grupo étnico. Por ello, municipios como Nacajuca, Tabasco, constituyen la opción real para concertar un espacio donde confluyan los indígenas de la región.
Este municipio necesita consolidar su infraestructura educativa. No podemos, en los inicios del siglo XXI, mantener esquemas de más del 15 por ciento de población analfabeta, y con una tasa escandalosa de 31 por ciento de habitantes sin haber concluido la educación primaria.
Por eso exhortamos a que impulsemos la ampliación de la oferta y cobertura educativas en la entidad, que ayudemos a evitar la migración de este sector a las grandes urbes del país o, peor, aumentar la migración al exterior para ser ciudadanos de tercera, menos aun en estos tiempos de crisis en el país vecino del norte, que únicamente puede emplearlos en un sector como el de la construcción, que no tiene posibilidades de crecimiento para los próximos años.
Por lo expuesto, sometemos a consideración de esta honorable asamblea el siguiente
Punto de AcuerdoPrimero. El Pleno de la Cámara de Diputados aprueba solicitar de manera muy atenta a las Comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Presupuesto y Cuenta Pública que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009 se otorguen recursos para la construcción de la universidad intercultural de Nacajuca, Tabasco.
Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2009 se incluya el estado de Zacatecas en el Programa Especial para la Seguridad Alimentaria, a cargo del diputado Francisco Javier Calzada Vázquez , del Grupo Parlamentario del PRD
El suscrito, diputado Francisco Javier Calzada Vázquez , integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes
ConsideracionesEl Programa Especial para la Seguridad Alimentaria (PESA) es un programa que promueve la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación a nivel internacional y que en México implementa el Ejecutivo federal a través de la Secretaría del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca y en coordinación con los gobiernos estatales y municipales con un enfoque de desarrollo rural integrado, donde los habitantes de las comunidades puedan desarrollar capacidades y realizar diagnósticos de su realidad, identificar los problemas que les impide alcanzar mejores condiciones de vida, proponer soluciones en un entorno de desarrollo regional, para reducir la pobreza y mejorar su seguridad alimentaria de una manera sostenible.
Los objetivos que busca el PESA a través de sus cuatro componentes metodológicos son:
Aunque tiene presencia en 18 estados de la república, el PESA concentra sus recursos, según el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2009 en los estados de Chiapas, Oaxaca, Morelos y Guerrero, a los que considera zonas prioritarias.
Sin embargo, los municipios zacatecanos de Apulco, Genaro Godina, El Plateado de Joaquín Amaro, Jiménez del Teúl, Mazapil, Melchor Ocampo, Mezquital del Oro, Pinos y El Salvador están considerados de alta marginación (fuente: Consejo Nacional de Población ), en algunos casos comparable con los estados considerados prioritarios.
Actualmente en Zacatecas existen cuatro Agencias de Desarrollo Rural, una en semidesierto norte, otra en semidesierto sur, otra más con sede en Valparaíso y Jiménez de Teúl y la otra en Genaro Godina y Joaquín Amaro. Sin embargo, es necesario garantizar los recursos no sólo para garantizar que estas agencias continúen operando, sino para responder a la demanda creciente de la población de proyectos vinculados al programa en las comunidades de mayor marginación de los municipios de Francisco R. Murguía y Cañitas, por lo que se requiere la creación de dos nuevas ADR.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de AcuerdoÚnico. Se exhorta respetuosamente a las Comisiones de Desarrollo Rural, de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública a incorporar en el dictamen del Presupuesto de Egresos de la Federación 2009 al estado de Zacatecas en el Programa Especial de Seguridad Alimentaria.
Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2009 se consideren mayores recursos para el Programa de Competitividad en Logística y Centrales de Abasto, a cargo del diputado Octavio Martínez Vargas , del Grupo Parlamentario del PRD
El suscrito, Octavio Martínez Vargas , diputado del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 58, fracción I, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración del Pleno de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo donde solicita la incorporación en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009 de una ampliación del Programa de Competitividad en Logística y Centrales de Abasto (Prologyca), conforme a las siguientes
Consideraciones1. La central de abasto se encuentra en el oriente de la Ciudad de México, y es el centro de distribución de productos alimenticios más importante y grande (aproximadamente 305 hectáreas) del país. Desde allí son surtidos muchos otros mercados de la ciudad de México y de algunas entidades federativas. Fue construida a inicios de la década de 1980.
Hasta principios de siglo XX, el principal centro mayorista del país era el mercado de La Merced, pero el acelerado crecimiento urbano y poblacional provocó conflictos en las actividades comerciales en ese mercado, así como problemas operativos, urbanos y ambientales que afectaron el centro de la Ciudad de México. Así surgió la necesidad de un reordenamiento estructural y urbano. Por ello se consideró imprescindible crear la central de abasto en una zona que permitiera el descongestionamiento del centro de la ciudad y el acceso óptimo del transporte pesado.
La central de abasto se inauguró el 22 de noviembre de 1982, por el entonces presidente de la república, José López Portillo, con el objetivo de ofrecer un servicio mejor y más operativo para la comercialización de los productos alimentarios, brindar el abasto suficiente a la población y, sobre todo, generar una unión entre comerciantes, mayoristas y detallistas.
2. La central de abasto de la Ciudad de México es el centro mayorista de alimentos más grande del mundo. Se manejan cifras superiores, incluso, que la Bolsa Mexicana de Valores. Ahí se comercializa aproximadamente 30 por ciento de la producción hortofrutícola nacional, y se estima un movimiento económico anual superior a 8 mil millones de dólares. Brinda servicios en una gran parte del territorio mexicano.
3. Diariamente llegan a la central de abasto unos 480 mil visitantes. Se comercializan más de 30 mil toneladas de alimentos y otros productos, lo que representa 80 por ciento de lo que se consume en la Ciudad de México, zona conurbada y estados circunvecinos: aproximadamente más de 25 millones de mexicanos. Atiende más de mil 500 puntos de venta, entre mercados públicos, itinerantes y tianguis, 380 establecimientos de 15 cadenas de autoservicio y algunos otros locales y ``tienditas de la esquina''. Se convierte por todas estas cantidades de distribución y venta en la central de abasto más grande del mundo, pero sobre todo, competitiva, ya que los precios que en ella se manejan son muy bajos por razones muy sencillas: algunos comerciantes son productores y mayoristas al mismo tiempo. De esa manera, es muy difícil igualar los precios tan bajos entre cadenas comerciales.
4. Sin embargo, muchos de ellos son sólo distribuidores mayoristas. Éstos compran grandes cantidades de mercancía a los productores o fabricantes. Por ello consiguen precios realmente bajos y que ningún otro canal de ventas puede conseguir.
5. La central de abasto es un centro enorme para la generación de empleos: 70 mil fuentes directas, que atienden al gran número de visitantes diarios de las 304 hectáreas. En ellas se localizan más de 3 mil bodegas de frutas, legumbres y abarrotes, además de mil 500 locales, con más de 60 giros y áreas de servicios complementarios, como frigoríficos, bodegas de transferencia, zona de pernocta y estructuras helicoidales.
6. La central de abasto es uno de los centros más importantes para el comercio de productos alimenticios pero, desafortunadamente, se sumerge ante los efectos de la globalización, donde las grandes firmas comerciales de supermercados e hipermercados, como Carrefour, Wal Mart o Intermarche, lograron que la central de abasto se enfrente a problemas que pueden poner en riesgo su participación en el mercado y trastocar los vínculos con los canales de abasto popular.
7. De acuerdo con el informe del segundo trimestre de las finanzas públicas, respecto al rubro ``Avance financiero de los principales programas presupuestarios de enero a junio'', se tiene un avance de 24.2 millones de pesos, de un total de 120 millones. En reiteradas ocasiones he solicitado a la Secretaría de Economía, por conducto de su oficina de enlace, que dé a conocer el avance del programa hasta la fecha, así como el subejercicio; no ha habido respuesta.
El eslabón más débil en la distribución de alimentos en México son los canales tradicionales, lo cual repercute en el sector de mayoreo. Al afectarse estos sectores, tendríamos los siguientes efectos:
Por ello, compañeros, apelo a su buena voluntad política y a su sensibilidad para apoyar la central de abasto, ya que es el sector mayorista más importante del país. Se trata de una cuestión de responsabilidad social: de esta actividad comercial dependen más de 5 millones de familias mexicanas.
Y en congruencia con el Ejecutivo federal ante la propuesta de un presupuesto austero, someto a consideración de los integrantes de las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Economía que se recorten las siguientes partidas: 104, de la Coordinación Nacional de Comunicación Social de la Presidencia de la República, ya que de lo aprobado en este año es de 42 738.505 miles de pesos, y en lo proyectado para el año 2009 es de 74 486.444. Si dejamos dicha partida como está ahora, podemos tener un recurso adicional de 31 702.939, la partida 300 de la Subsecretaría de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación se aprobó 26 102.876 miles de pesos y lo proyectado es 57 884.399, pudiendo dejar a dicha subsecretaría con el mismo ejercicio del gasto de este año. Y buscando recorte a subsecretarías innecesarias y duplicación de direcciones administrativas, así como el recorte del salario de mandos medios y superiores, podemos fortalecer bastantes programas sociales.
Por lo anterior, someto a consideración de la honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con
Punto de AcuerdoÚnico. Que se incluya en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009 una ampliación del Programa de Competitividad en Logística y Centrales de Abasto por 400 millones de pesos y se simplifiquen las reglas de operación con el fin de facilitar el apoyo a los beneficiarios del programa y se pueda ejecutar adecuadamente.
Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
I CONGRESO MUNDIAL DEL DEPORTE
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : Se recibió punto de acuerdo relativo a la celebración del primer Congreso Mundial del Deporte, suscrito por los diputados Mauricio Ortiz Proaly José Jesús Reyna García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas : «Proposición con punto de acuerdo, relativo a la celebración del primer Congreso Mundial del Deporte, suscrita por los diputados Mauricio Ortiz Proal y José Jesús Reyna García , del Grupo Parlamentario del PRIMauricio Ortiz Proal y José Jesús Reyna García , en su carácter de diputados federales, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentan la presente proposición de urgente y obvia resolución, que atentamente se solicita se turne a la Comisión de Juventud y Deporte, y la que se encuentra motivada en las siguientes
ConsideracionesEn las últimas décadas, la actividad deportiva se ha extendido y diversificado en todo el mundo y nuestro país no es la excepción. En contraste con el delicado problema de salud pública que reporta el trágico binomio sedentarismo-obesidad a la población mexicana, el universo del deporte de alto rendimiento se ha desarrollado en forma constante.
Sin embargo, en los últimos años han sido constantes y crecientes los conflictos entre actores del ámbito deportivo. Y más allá de casos en particular, la problemática en el universo deportivo obedece, entre otras razones, a la pluralidad de instancias, concurrencia de ámbitos y añejas luchas de poder.
Y si bien en los recientes juegos olímpicos celebrados en Beijing, China, se cumplieron las expectativas, cierto es que los resultados pueden mejorarse si se logran conciliar los intereses que giran en torno al deporte mexicano y, paralelamente, se logra también profesionalizar, en la medida de lo posible, las actividades deportivas desde sus diferentes perspectivas.
En este sentido, estamos próximos a que se realice en nuestro país el primer Congreso Mundial del Deporte. Este evento tendrá verificativo del 23 al 25 de octubre en el Centro Banamex, situado en la Ciudad de México, Distrito Federal.
Dentro de los objetivos se encuentran impulsar la profesionalización de la industria del deporte en México, a través de herramientas como la mercadotecnia deportiva, con la participación de líderes del deporte nacional e internacional; fortalecer el vínculo del deporte y la educación en México, fórmula clave para el desarrollo del país; y crear un foro que reúna a los líderes de la industria en Latinoamérica (ligas y equipos profesionales, patrocinadores, medios de comunicación, agencias de publicidad, centrales de medios, agencias de promociones, proveedores de servicios, marcas deportivas, Conade, COM, institutos del deporte, clubes deportivos, atletas, deportistas, estudiantes y promotores de actos deportivos) para compartir experiencias con especialistas a nivel mundial.
Según Alejandro Hütt Valenzuela, joven emprendedor y presidente del primer Congreso Mundial del Deporte, el evento constará de conferencias magistrales, mesas de trabajo, área de exposición, área de interactivos, exposición fotográfica y desfile de modas, entre otros. ``Contaremos con la presencia de los actores más importantes del mundo deportivo y expositores de gran reconocimiento tanto a nivel nacional como internacional, a fin de impulsar la profesionalización de la industria del deporte y la mercadotecnia aplicada a éste. Estarán presentes los más altos dirigentes del deporte, dueños de equipos profesionales, patrocinadores del deporte, ligas profesionales y amateurs, clubes deportivos, promotores de eventos, medios de comunicación, proveedores de servicios y artículos deportivos, agencias de publicidad, de promoción, de medios, estudiantes y deportistas de todo el mundo. Uno de los objetivos principales de este gran evento es fortalecer el vínculo del deporte y la educación en México, formula clave para el desarrollo de nuestro país, por lo que el primer Congreso Mundial del Deporte-Instituto Telmex del Deporte cuenta con el aval académico del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (campus Ciudad de México), la Universidad Tec Milenio y el aval de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade). Dentro del área de exposición, el público en general aficionado al deporte tendrá la oportunidad de conocer y convivir con sus deportistas favoritos''.
Por lo anterior, resulta procedente sumar esfuerzos para que el congreso convoque a los diversos actores del universo deportivo y sirva como un espacio de análisis que nos permita vislumbrar las medidas que se deben coordinar entre los diferentes sectores y ámbitos de gobierno para fortalecer el deporte en México, por lo que ponemos a consideración de esta honorable asamblea el siguiente
Punto de acuerdoPrimero. Se exhorta a los titulares de las Secretarías de Educación Pública y de Salud, así como al director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, para que en el ámbito de sus respectivas competencias promuevan la participación en el primer Congreso Mundial del Deporte, a celebrarse en la Ciudad de México, del 23 al 25 de octubre del año en curso.
Segundo. Haciendo énfasis en nuestro irrestricto respecto por la autonomía de la colegisladora, invitamos a los integrantes de la Comisión de Juventud y Deporte, del Senado de la República, a sumarse a este esfuerzo de difusión del primer Congreso Mundial del Deporte.
Tercero. Se giren atentos comunicados a los gobernadores de los estados y al jefe del Gobierno del Distrito Federal, a fin de que fomenten la participación de los deportistas de su entidad en el primer Congreso Mundial del Deporte.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : Túrnese a la Comisión de Juventud y Deporte.
REGISTRO DE ASISTENCIA
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : Se pide a la Secretaría que instruya el cierre del sistema electrónico de asistencia y dé cuenta del registro de diputadas y diputados.
El Secretario diputado José Manuel del Río Virgen : ¿Falta algún diputado o alguna diputada por registrar su asistencia? Ciérrese el sistema electrónico.
Se informa a la Presidencia que hasta el momento hay una asistencia de 398 diputadas y diputados.
Quienes no han registrado su asistencia disponen de 15 minutos para realizarlo por cédula. Es cuanto, señora presidenta.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : Queremos destacar la presencia en este salón de sesiones de maestros y alumnos de la Universidad José Vasconcelos, de Oaxaca, invitados por nuestra compañera diputada Patricia Villanueva Abraján. Bienvenidos sean ustedes.
Asimismo, tenemos la presencia de universitarios de Puebla, invitados por nuestro compañero diputado José Guillermo Fuentes Ortiz . Bienvenidos sean ustedes.
CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA FEDERAL, 2005
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : El siguiente punto del orden del día es la primera lectura del dictamen de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, con proyecto de decreto relativo a la revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal correspondiente al Ejercicio Fiscal de 2005*. En virtud de que ha sido publicado en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura.
El Secretario diputado José Manuel del Río Virgen : Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.
Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : Es de primera lectura.
Queremos informar a quienes siguen en vivo y a través del Canal del Congreso esta transmisión de la sesión de hoy, que tenemos un número considerable de reuniones de comisiones, de grupos parlamentarios y de los distintos grupos de ciudadanos que hoy están aquí, en la Cámara de Diputados. Ésa es la razón por la que muchos de nuestros compañeros estén atendiendo éstas, también, obligaciones.
LEY QUE DETERMINA QUE RESPECTO DE LOS IMPUESTOS DE IMPORTACION Y EXPORTACION, SOLO SON PROCEDENTES LAS EXENCIONES CONSIGNADAS EN LA LEY ADUANAL
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que abroga la Ley que determina que respecto de los Impuestos de Importación y Exportación sólo son Procedentes las Exenciones consignadas en la Ley Aduanal.
En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura del dictamen.
El Secretario diputado José Manuel del Río Virgen : Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura del dictamen. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.
Presidenta, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.
«Dictamen de las Comisiones Unidas de Economía, y de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto que abroga la Ley que determina que respecto de los Impuestos de Importación y Exportación sólo son Procedentes las Exenciones consignadas en la Ley Aduanal
Honorable Asamblea:
A las Comisiones Unidas de Economía, y de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión correspondientes a la LX Legislatura les fue turnada, para su estudio y dictamen, iniciativa con proyecto de decreto por el cual se abroga la Ley que Determina que Respecto de los Impuestos de Importación y Exportación sólo son Procedentes las Exenciones Consignadas en la Ley Aduanal.
Estas comisiones, con fundamento en los artículos 39, fracción XII, y 45, numeral 6, incisos d), e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 60, 87, 88 y 94, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos someten a la consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen, con base en los siguientes
Antecedentes
Primero. En sesión celebrada en esta Cámara de Diputados el 9 de octubre de 2007, los secretarios de ésta dieron cuenta al Pleno de la iniciativa que presentó el diputado Carlos Alberto García González , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en ejercicio de la facultad que le confiere la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos.
Segundo. El Presidente de la Mesa Directiva acordó dar el siguiente trámite: ``Túrnese a las Comisiones Unidas de Economía, y de Hacienda y Crédito Público, con opinión de la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios''.
Tercero. El legislador propone lo siguiente:
Cuarto. Que la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios emitió una opinión favorable a la iniciativa, resaltando lo siguiente:
Consideraciones
Primera. Que con base en los antecedentes antes indicados, las Comisiones Unidas de Economía y de Hacienda y Crédito Público, con las atribuciones antes señaladas se abocaron a dictaminar la iniciativa de referencia.
Segunda. Que la Ley que Determina que Respecto de los Impuestos de Importación y Exportación, sólo son Procedentes las Exenciones Consignadas en la Ley Aduanal fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de enero de 1952 y no ha sufrido modificación alguna.
Tercera. Que el objetivo de esta ley fue hacer un ordenamiento en el sistema jurídico mexicano, para señalar claramente que la exención de impuestos a la importación o a la exportación era materia exclusiva de la Ley Aduanal, resolviendo un problema, dado que se habían expedido un diversos ordenamientos estableciendo regímenes fiscales de excepción para diferentes sectores de la economía nacional.
Cuarta. Que a 55 años de su vigencia, la situación es diferente, en virtud de que nuestro marco jurídico para el comercio exterior se respalda esencialmente en tres leyes: la Aduanera, la de Comercio Exterior, y la de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación.
Quinta. Que la Ley Aduanera, en términos generales, es la encargada de regular la entrada y salida del territorio nacional de las mercancías, y de los medios en que se trasladan, del despacho aduanero y de los hechos o actos que deriven de éste.
Sexta. Que en cuanto hace a la Ley de Comercio Exterior, regula y promueve el comercio exterior, y la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, clasifica las mercancías y determina los impuestos que se deben cubrir en las operaciones de comercio exterior.
Séptima. Que los tratados de libre comercio, firmados por el Ejecutivo federal y ratificados por el Senado de la República, mediante los cuales nuestro país eliminó o redujo sustancialmente los aranceles a la importación de los productos originarios de los países socios comerciales, con la finalidad de recibir el mismo trato en nuestras exportaciones.
Octava. Que los integrantes de la Comisión de Economía, de Hacienda y Crédito Público, y de Población, Fronteras y asuntos Migratorios que dictaminan reconocen y concluyen que es procedente la abrogación de la ley que determina que respecto de los impuestos de importación y exportación, sólo son procedentes las exenciones consignadas en la Ley Aduanal, toda vez que los preceptos legales contenidos en ésta han sido abrogados de manera tácita por un marco jurídico actual que regula el comercio exterior en nuestro país, con lo cual se hace necesario que el honorable Congreso de la Unión lleve a cabo la abrogación expresa que deje sin efectos la referida ley.
En virtud de lo anteriormente expuesto, las Comisiones Unidas de Economía, de Hacienda y Crédito Público, y de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, presentan el siguiente proyecto de
Decreto por el cual se abroga la Ley que Determina que Respecto de los Impuestos de Importación y Exportación sólo son Procedentes las Exenciones Consignadas en la Ley Aduanal
Artículo Único. Se abroga la Ley que Determina que Respecto de los Impuestos de Importación y Exportación sólo son Procedentes las Exenciones Consignadas en la Ley Aduanal.
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : Tiene la palabra el diputado Carlos Alberto García González, por la comisión, para fundamentar el dictamen de conformidad con el artículo 108 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Aclaro, el diputado también habla por las comisiones unidas.
El diputado Carlos Alberto García González : Con su permiso, diputada presidenta.Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, en nombre de los integrantes de las Comisiones de Economía, y de Hacienda y Crédito Público, acudo a esta alta tribuna para poner a su consideración el dictamen por el que se abroga la Ley que determina que respecto de los Impuestos de Importación y Exportación sólo son Procedentes las Exenciones consignadas en la Ley Aduanal.
La actualización de las leyes como valor agregado en un marco jurídico eficiente y, sobre todo, aplicable, nos lleva a considerar procedente la abrogación de esa ley de aranceles, toda vez que los preceptos legales contenidos en ésta han sido abrogados de manera tácita por un marco jurídico actual que regula el comercio exterior en nuestro país.
Con lo cual se hace necesario que el honorable Congreso de la Unión lleve a cabo la abrogación expresa y formal que deje sin efectos la referida ley. Esta ley fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de enero de 1952 y a la fecha no ha sufrido ninguna modificación.
Siendo su principal objetivo hacer un ordenamiento en el sistema jurídico mexicano que señalara claramente que la exención de impuestos a la importación o a la exportación era materia exclusiva de la Ley Aduanal.
Resolviendo un problema de disposiciones legales que poco abonaban a la operatividad jurídica, dado que se habían expedido diversos ordenamientos jurídicos, estableciendo regímenes fiscales de excepción para diferentes sectores de la economía nacional.
A 55 años de su vigencia, la situación hoy es diferente. México es un país de apertura comercial y de operaciones comerciales globales, y nuestro marco jurídico aplicable al comercio exterior se respalda en tres legislaciones: la Ley Aduanera, la Ley de Comercio Exterior y la Ley de Impuestos Generales de Importación y de Exportación. Éstas en congruencia con los tratados comerciales internacionales que hemos suscrito con diferentes países.
Nuestro país con esto eliminó y redujo los aranceles de importación de los productos originarios de los socios comerciales de México, con la finalidad de recibir un trato especial para nuestras exportaciones en sus mercados.
Cabe resaltar ---y esto es muy importante, compañeros--- que el propio texto de la ley de aranceles que estamos considerando abrogar, establece en un artículo transitorio que su vigencia concluiría cuando se actualizara la Ley Aduanera, incluyendo lo referente a exenciones, trámite que el 31 de diciembre de 2000 quedó atendido mediante la publicación en el Diario Oficial de la Federación de una reforma a la Ley Aduanera reformando el capítulo II, incorporándole una sección II, denominada ``Exenciones'', por lo que con esta reforma se satisface lo dispuesto en este dispositivo legal que regula la vigencia de esta ley de aranceles.
Aprovecho para agradecer a la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, quienes también consideran que debe abrogarse esta ley, que determina que respecto a los impuestos de importación y exportación sólo son procedentes las exenciones consignadas en la Ley Aduanera, y que la opinión de la Comisión de Población contribuyó con elementos muy valiosos para el análisis de esta iniciativa.
Por lo anterior, los integrantes de las comisiones dictaminadoras los invitamos a optimizar el marco jurídico nacional, actualizándolo a las realidades de la economía global, para que se brinde certeza jurídica a las operaciones comerciales internacionales. Es cuanto, diputada presidenta.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : Gracias, diputado.
En consecuencia está a discusión, en lo general y en lo particular, el artículo único del proyecto de decreto. No habiendo oradores registrados, consulte la Secretaría a la asamblea si el proyecto de decreto se encuentra suficientemente discutido, en lo general y en lo particular.
El Secretario diputado José Manuel del Río Virgen : Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido el proyecto de decreto, en lo general y en lo particular. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.
Presidenta, mayoría por la afirmativa.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : En consecuencia, queda suficientemente discutido. Se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico por 10 minutos para proceder a la votación, en lo general y en lo particular, del proyecto de decreto.
El Secretario diputado José Manuel del Río Virgen : Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento para el Gobierno Interior. Ábrase el sistema electrónico por 10 minutos para proceder a la votación, en lo general y en lo particular, del proyecto de decreto.
(Votación)
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : Mientras recibimos la votación correspondiente, queremos agradecer la presencia de maestros y alumnos del Colegio de Bachilleres de Michoacán, que hoy nos honran con su presencia, invitados por la diputada Yadhira Yvette Tamayo Herrera.
Asimismo, ciudadanos de Prado Vallejo, Estado de México, invitados por nuestro compañero diputado Alejandro Landero Gutiérrez . Y también tenemos personal docente y alumnos de la escuela primaria y secundaria Katho Plizo, invitados por el diputado Octavio Martínez Vargas . Sean ustedes muy bienvenidos.
La Secretaria diputada Rosa Elia Romero Guzmán : ¿Falta algún diputado o alguna diputada por emitir su voto? ¿Falta algún diputado o alguna diputada por emitir su voto? Continúa abierto el sistema. Ciérrese el sistema de votación electrónico.
Señora presidenta, se emitieron 317 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : Aprobado en lo general y en lo particular, por unanimidad, el proyecto de decreto que abroga la Ley que determina que respecto de los Impuestos de Importación y Exportación sólo son Procedentes las Exenciones consignadas en la Ley Aduanal. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
LEY GENERAL DE SALUD
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que adiciona la fracción VII al artículo 100 de la Ley General de Salud. En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura del dictamen.
La Secretaria diputada Rosa Elia Romero Guzmán : Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura del dictamen. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.
Señora presidenta, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.
«Dictamen de las Comisiones Unidas de Salud, y de Ciencia y Tecnología, con proyecto de decreto que adiciona la fracción VII al artículo 100 de la Ley General de Salud
Honorable Asamblea:
Con fecha 8 de agosto de 2007, fue turnada a las Comisiones Unidas de Salud, y de Ciencia y Tecnología para su estudio y dictamen, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 100 y se adiciona el artículo 104 Bis de la Ley General de Salud, presentada por los diputados Ector Jaime Ramírez Barba , Margarita Arenas Guzmán , Martín Malagón Ríos , Efraín Arizmendi Uribe , Antonio Muñoz Serrano y Adriana Vieyra Olivares del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Los integrantes de estas comisiones dictaminadoras, con fundamento en los artículos 39 numerales 1o. y 3o., 43, 44, 45 y los demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, 56, 60, 87, 88, 89, 93 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de los miembros de esta honorable asamblea, el presente dictamen, que se realiza bajo la siguiente
Metodología
Las comisiones encargadas del análisis y dictamen de la iniciativa mencionada anteriormente, desarrollan su trabajo conforme al procedimiento que a continuación se describe
Antecedentes
El 8 de agosto de 2007, a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, le fue presentada la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 100 y se adiciona el artículo 104 Bis de la Ley General de Salud, por los diputados Ector Jaime Ramírez Barba , Margarita Arenas Guzmán , Martín Malagón Ríos , Efraín Arizmendi Uribe , Antonio Muñoz Serrano y Adriana Vieyra Olivares del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Con la misma fecha, fue turnada la mencionada iniciativa a las Comisiones Unidas de Salud, y de Ciencia Tecnología de la honorable Cámara de Diputados para su estudio y posterior dictamen.
Contenido
En su exposición de motivos, los diputados presentan el estado jurídico que guarda la investigación en salud en México como materia de salubridad general establecida en la fracción segunda del artículo 2 de la Ley General de Salud.
Los promoventes consideran que pese a lo expresado por la propia ley y el Reglamento de la Ley General de Salud en materia de Investigación para la Salud, existen dos vacíos:
Los promoventes señalan que al realizar investigación en salud es preciso guardar el equilibrio entre los derechos e intereses de los pacientes y todos los participantes en ella velando por el respeto a principios como los siguientes: 1. Apego a los protocolos y a las buenas prácticas clínicas; 2. Apego y cumplimiento por parte de los pacientes; 3. Colaboración; 4. Solidaridad; 5. Subsidiariedad; y 6. Responsabilidad social empresarial.
Asimismo señalan firmes consideraciones al motivar la iniciativa como las siguientes:
La incidencia de reacciones adversas en el paciente como producto de las investigaciones.
El hecho de que a cobertura de los costos de la atención médica hospitalización, administrativos y auxiliares de diagnóstico, en el caso de los participantes que son derechohabientes de instituciones de seguridad social, son cubiertos por dichas instituciones.
Que la investigación persigue fines preponderantemente económicos, y que para la obtención de estos, concurre tanto la voluntad del paciente, el riesgo creado en su salud, los recursos de la industria, así como los recursos públicos de las instituciones donde son derechohabientes los participantes de investigaciones.
En concordancia con pautas éticas internacionales como el Código de Nüremberg, de 1946; la Declaración de Helsinki, en sus múltiples revisiones; las Pautas Éticas Internacionales para la Investigación Biomédica en Seres Humanos del Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas en colaboración con la Organización Mundial de la Salud, Ginebra (2002), entre otras, los diputados propusieron reformar la Ley General de Salud en su artículo 100 y añadir un artículo 104 Bis.
Consideraciones
El 7 de febrero de 1984 fue publicada la Ley General de Salud, con el objetivo de reglamentar el derecho a la protección de la salud, sobre la investigación en salud, dicha exposición señala:
Esto es, el razonamiento teleológico que originó la vigente ley, se circunscribe en investigar para corregir o hacer más efectiva la prestación del servicio de atención médica.
Como se deja ver en la exposición de motivos de la iniciativa que ahora nos ocupa, la evolución tanto de ``Salud'' y de ``Investigación para la Salud'' han variado de manera tal que han surgido una serie de instrumentos internacionales y estándares que hacen necesaria la reforma ahora planteada.
El capítulo único del título quinto de la Ley General de Salud llamado ``Investigación para la Salud'', establece las bases para la investigación en seres humanos. Se aprecia que sus 7 fracciones son insuficientes pues no contienen dentro de sus preceptos jurídicos todas las posibilidades que se pueden presentar en materia de investigación en seres humanos, aun más, omiten la contingencia de la pérdida del acceso a la atención médica durante el curso de la investigación (como la pérdida de la derecho-habiencia en las instituciones de seguridad social) y sus efectos. Esta situación es reconocida por los promoventes al percibir la existencia de una gran laguna, la garantía de los derechos del usuario de servicios de salud, condición indispensable de la calidad y continuidad en la prestación de la atención médica.
La Ley General de Salud establece en su artículo 100 lo siguiente:
Las fracción III tiene un carácter doble, facultativo-permisivo y condicional pues la investigación sólo puede realizarse (facultad-permisión) cuando exista razonable seguridad (condición que debe cumplirse) de que no se expone innecesariamente al participante-paciente.
Por otra parte, la fracción VI posee carácter imperativo, taxativo o coercitivo, pues expresa la obligación o deber de suspender la investigación si sobrevienen ciertos eventos negativos.
Como apreciamos de la lectura de las anteriores disposiciones del artículo 100 de la LGS, el artículo y el título relativo establecen claramente las bases metodológicas de la investigación en seres humanos, sin embargo son omisos en cuanto a la protección de la salud pues no se garantiza relativa a las siguientes finalidades:
Es evidente la importancia de asegurar los derechos de las personas que se someten a alguna intervención en virtud de su participación en investigaciones en seres humanos, siendo ese, el motivo de la iniciativa.
A pesar de lo anterior, y de coincidir con el espíritu de la iniciativa creemos que es en el reglamento donde deben desarrollarse requisitos, características, medidas de seguridad, ejecución y seguimiento, que deben cumplir todos los involucrados en dichas investigaciones; por lo que consideramos innecesaria la inserción de algunos de los incisos que conforman la adición de la fracción VIII del artículo 100. Razón por la que ésta comisión dictaminadora propone la siguiente redacción:
Si se analiza cuidadosamente el título quinto, capítulo único ``Investigación para la Salud''; se correlaciona con los artículos 23 y 51 de la LGS; y se valora la naturaleza del derecho planteado concluimos que el derecho que los promoventes pretenden tutelar en la iniciativa corresponde a la Ley General de Salud pues respeta principios jurídicos básicos, como la supremacía Constitucional, ya que toda norma jurídica debe encontrar el fundamento de su validez jurídica en una norma de superior jerarquía. Las disposiciones del artículo 100 de la LGS son análogas al derecho del participante en investigación propuesto, no se trata de requisitos, características o detalles sino de un derecho. Por lo anterior no corresponde insertarlo en el nivel reglamentario.
Asimismo la propuesta tiene una coherencia, debido a que el derecho que buscan garantizar los promoventes encuentra cohesión, congruencia y conexión con sus correlativos del artículo 100, por lo cual relegarlo a nivel reglamentario iría en contra de la sistemática jurídica.
Es necesario señalar que en respeto al principio de reserva de ley, el Poder Legislativo tiene la obligación de regular ciertas materias por sí mismo o mediante ley y en consecuencia la prohibición de que pueda remitirlas al Ejecutivo para su reglamentación mediante una norma reglamentaria. Principio que se ve cumplimentado con el decreto propuesto por ésta dictaminadora. En la Ley General de Salud esto se observa en los siguientes títulos y capítulos:
Es necesario señalar que la adición de un artículo 104 Bis, propuesto en la iniciativa, carece de congruencia con la progresión de texto que se pretende reformar ya que el artículo 104 de la ley vigente que establece lo siguiente:
El artículo citado se refiere al Título Sexto de la ley, denominado Información para la Salud, por lo que no tiene una relación directa con el objetivo que la propuesta persigue, aunado a lo anterior, y asumiendo que el numeral del artículo que se pretende adicionar es un error, es importante señalar que no coincidimos con la propuesta para formar parte de la ley, sin embargo, creemos prudente imponer la obligación de la Secretaría de Salud para emitir las normas a las que se deben constreñir las instituciones públicas de salud, de seguridad social, hospitales privados, instituciones académicas, industria farmacéutica y terceros interesados para el fomento organización y colaboración en materia de investigación para la salud. Para lo cual proponemos que esta disposición se inserte en el decreto en forma de un artículo transitorio, como a continuación se señala:
Transitorios
Decreto que adiciona la fracción VII al artículo 100 de la Ley General de Salud
Artículo Único. Se adiciona una fracción VII, recorriéndose la actual para pasar a ser VIII, al artículo 100 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:
Artículo 100. ...
Transitorios
Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. La Secretaría de Salud, modificará o expedirá las disposiciones que fomenten la organización, financiamiento y la colaboración de instituciones públicas de salud, de seguridad social, hospitales privados, instituciones académicas, industria farmacéutica y terceros interesados, en materia de investigación para salud.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : Tiene la palabra el diputado Antonio Vega Coronahasta por cinco minutos, por las comisiones unidas, para fundamentar el dictamen en términos del artículo 108 del Reglamento para el Gobierno Interior. Las comisiones son las Comisiones Unidas de Salud, y de Ciencia y Tecnología.
El diputado Antonio Vega Corona : Con su permiso, señora presidenta.Antes que nada, una felicitación a todos los médicos, por ser hoy su día. También una felicitación a quienes impulsaron este proyecto de modificar la Ley General de Salud, por esta iniciativa tan importante.
Estimados compañeros legisladores, hablo a favor de la iniciativa, en nombre del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, ya que una de las tareas del legislador es vigilar la pertinencia de las leyes y, en este sentido, obviamente de la investigación en salud. La cual se ha diversificado como resultado de los nuevos conocimientos y las formas de abordar los problemas que de estos conocimientos se derivan.
Con certeza, todos deseamos que nuevas investigaciones se orienten a buscar soluciones para los principales problemas de salud que aquejan a los mexicanos. La iniciativa en cuestión busca ante todo garantizar que los pacientes que participan en una investigación como sujetos de estudios se encuentren explícitamente protegidos.
La ley prevé que su participación es resultado de un proceso de información, de la libre voluntad de participar y del compromiso por parte del investigador, para no exponerlos a riesgos. No obstante, quedan descubiertos varios aspectos de la protección en salud.
Esta iniciativa pretende garantizar estos derechos, explicitando la necesidad de prever que ante las posibles consecuencias en salud, derivadas de participar como sujetos de investigación, se garantice su atención en el caso de que se presentaran.
Toda investigación se plantea bajo el rigor metodológico de la investigación en salud. No obstante, es menester que se trabaje en esta área bajo los más altos estándares de seguridad. En este sentido la ley, al respecto, no debe ser menos previsora y se requiere que garantice en forma clara los derechos de las personas.
En nuestro país la investigación en salud es una de las actividades científicas de mayor productividad, y ello nos coloca como un país competitivo en ese sector. Estas adecuaciones a la ley otorgarán un marco de mayor seguridad, no sólo para las personas que participan, un marco de mayor seguridad en los estudios de investigación, lo que fortalecerá una cultura de investigación en salud de gran nivel.
Por estas razones, el Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional se pronuncia a favor de esta iniciativa. Muchas gracias. Es cuanto, señora presidenta.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : Muchas gracias, Diputado Antonio Vega Corona.
Y queremos, asimismo, dar nuestra más cordial bienvenida a los niños y a las niñas participantes en el foro La voz de los niños migrantes jornaleros agrícolas, quienes vienen de 21 estados de la República Mexicana y quienes nos honran con su presencia, invitados por la diputada María Dolores González Sánchez . Sean ustedes bienvenidos.
En consecuencia está a discusión, en lo general y en lo particular, el artículo único del proyecto de decreto. Se han registrado para fijar la posición de sus grupos parlamentarios las siguientes diputadas y los siguientes diputados: por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional se registra Martha Rocío Partida Guzmán , por el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática se registra Sergio Hernández Hernández .
En consecuencia, tiene la palabra la diputada Martha Rocío Partida Guzmán , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, hasta por cinco minutos. Adelante, diputada.
La diputada Martha Rocío Partida Guzmán : Con el permiso de la Presidencia.Honorable asamblea, las Comisiones Unidas de Salud, y de Ciencia y Tecnología nos han presentado el proyecto de decreto que adiciona la fracción VII al artículo 100 de la Ley General de Salud, de conformidad con la iniciativa que presentaron diversos legisladores del Partido Acción Nacional, el 8 de agosto de 2007.
Coincidimos en la necesidad de precisar en la Ley General de Salud la materia de investigación para la salud, ya que omite definir dos aspectos fundamentales: por una parte, el derecho a la investigación médica del participante en estudios de investigación; y por la otra, las bases para la organización, la colaboración y el financiamiento de la investigación en seres humanos, realizada entre investigadores, pacientes, industria farmacéutica y terceros interesados.
De ser aprobada, la reforma nos permitiría estar en concordancia con pautas éticas internacionales, como el Código de Núremberg de 1946; la Declaración de Helsinki; las Pautas Éticas Internacionales para la Investigación Biomédica en Seres Humanos, del Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas, en colaboración con la Organización Mundial de Salud, de Ginebra, 2002, entre otros.
Para las diputadas y los diputados del Partido Revolucionario Institucional es de suma importancia que aprobemos en todos sus términos el dictamen referido, ya que nos permitirá actualizar la Ley General de Salud, que entró en vigor el 7 de febrero de 1984, y adecuarla para precisar que toda persona que sea sujeta a estudios de investigación dentro del sistema nacional de salud tendrá garantizado el derecho de recibir atención médica hasta que terminen los efectos de la investigación realizada, para lo cual el responsable de la investigación deberá prever recursos para el caso de pérdida de derechohabiencia, seguro médico u otra forma de financiamiento, de acuerdo con las disposiciones aplicables.
Los legisladores priistas estamos a favor de la consideración de las instituciones, y de la mayor cobertura y calidad de los servicios que presta el sistema nacional de salud, protegiendo cada vez más a un número mayor de colectivos de mexicanos que aún en nuestros tiempos no disfrutan los derechos fundamentales de la salud, como un elemento indispensable para alcanzar la democracia y la justicia social en el país. Es cuanto.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : Muchas gracias, diputada. Tiene el uso de la palabra el diputado Sergio Hernández Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Sergio Hernández Hernández : Antes que nada, también en nombre del Grupo Parlamentario del PRD, muchas felicidades a los médicos de nuestro país, que a lo largo y ancho de la república procuran el bienestar de nuestra población.Qué mejor día que el Día del Médico para que en la Cámara de Diputados podamos reformar el artículo 100 de la Ley General de Salud, a fin de que puedan tener mejores condiciones todos los que participan en una investigación.
Nos debemos sentir muy satisfechos del papel que la Cámara de Diputados ha jugado en materia de salud, pero también en ciencia y tecnología. La semana pasada aprobamos aquí la posibilidad de que se eleven los presupuestos de ciencia y tecnología, el presupuesto que destine la Cámara de Diputados.
Pero en la Ley General de Salud había un vacío. Se hablaba en esta ley de todos aquellos quienes participan dentro de una investigación, de todos aquellos que son sujetos de una investigación médica, si se les daba seguridad, se les daba certeza; pero si finalmente alguna de estas personas que participaba en alguna investigación, por alguna razón quedaban sin efecto sus derechos para tener atención médica, no había un apartado en esta ley que les diera esta posibilidad.
Con esta reforma, con esta adición al artículo 100 de la Ley General de Salud, vamos a dar seguridad a todas las personas que participan, que son sujetas de una investigación, porque a los primeros que debemos dar seguridad es a ellos.
Gracias a ellos, gracias a los investigadores, tenemos después productos que benefician a la población y podemos tener a los médicos que el país requiere, con los medicamentos necesarios para atender la salud de los mexicanos.
Por ello, éste es un gran día para el sector salud; éste es un gran día para la ciencia y la tecnología; éste es un gran día para los médicos de México. Por eso el Partido de la Revolución Democrática habrá de votar a favor. Muchas gracias.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : Gracias, diputado. En virtud de que no se ha registrado algún otro orador, consulte la Secretaría a la asamblea si el proyecto de decreto se encuentra suficientemente discutido, en lo general y en lo particular.
La Secretaria diputada Rosa Elia Romero Guzmán : Por instrucciones de la presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido el proyecto de decreto, en lo general y en lo particular. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.
Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : En consecuencia, este dictamen se considera suficientemente discutido.
Se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico por 10 minutos para proceder a la votación, en lo general y en lo particular, del proyecto de decreto.
La Secretaria diputada Rosa Elia Romero Guzmán : Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento para el Gobierno Interior. Ábrase el sistema electrónico por 10 minutos para proceder a la votación, en lo general y en lo particular, del proyecto de decreto.
(Votación)
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : Destacamos la presencia en el salón de sesiones de legisladoras y legisladores integrantes de la Comisión de Salud, así como de la Comisión de Seguridad Ciudadana, Combate y Prevención al Narcotráfico, Terrorismo y Crimen Organizado, del Parlamento Latinoamericano, que se reúnen en la Cámara de Diputados para llevar a cabo la décima reunión ordinaria de estas comisiones. Sean ustedes bienvenidos a la Casa del Pueblo de México, señoras y señores parlamentarios integrantes del Parlatino. Bienvenidos sean ustedes.
Continúe la Secretaría.
La Secretaria diputada Rosa Elia Romero Guzmán : ¿Falta algún compañero diputado o alguna diputada por emitir su voto? Está abierto el sistema. Ciérrese el sistema de votación electrónico.
Señora Presidenta, se emitieron 305 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : Aprobado por unanimidad el proyecto de decreto que adiciona la fracción VIII al artículo 100 de la Ley General de Salud. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
Compañeras diputadas y compañeros diputadas, la Mesa Directiva quiere reconocer el trabajo minucioso, serio, que han hecho las comisiones unidas que han presentado los dos últimos dictámenes, porque ha generado una confluencia de voluntades, lo que nos permite observar unanimidad en el sentido de la votación. Un reconocimiento de la Mesa Directiva a todas y a todos ustedes.
LEY FEDERAL PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACION
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma la fracción V del artículo 11 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.
En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura del dictamen.
El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas : Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura del dictamen. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.
Diputada presidenta, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.
«Dictamen de la Comisión de Derechos Humanos, con proyecto de decreto que reforma la fracción V del artículo 11 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación
Honorable Asamblea:
La Comisión de Derechos Humanos, con fundamento en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en lo dispuesto por los artículo 60, 87, 88 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a la honorable Asamblea el siguiente:
Dictamen
Antecedentes
A la Comisión de Derechos Humanos le fue turnado para su estudio y dictamen, el expediente No. DGPL 60-II-5-563 que contiene la iniciativa que reforma el artículo 11 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, presentada por el diputado Jorge Quintero Bello , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, el día 22 de febrero de 2007.
La propuesta plantea, el que se prefiera por equidad de género el otorgamiento de becas, créditos u otros beneficios, a las personas que tengan a su cargo menores de edad y estén en situación de pobreza.
Consideraciones
Las diputadas y los diputados de esta comisión, conocimos para su estudio la iniciativa en comento y formulamos la investigación correspondiente para su análisis, así como las consultas necesarias, para una adecuada valoración de la propuesta.
Se realizaron reuniones de trabajo entre ésta Comisión y la Comisión Especial sobre No Discriminación, Nuevos Derechos y Nuevos Sujetos, toda vez que ésta última por mandato de la Presidencia de la Mesa Directiva debe emitir opinión al respecto de la iniciativa.
En reunión de Pleno de esta Comisión, celebrada el ..., las diputadas y los diputados, discutimos y aprobamos el presente dictamen al tenor de estas consideraciones.
Estimamos necesario, que todas las personas tengan acceso y facilidad a la educación y a los beneficios económicos que a través de una beca se puedan obtener, en particular esta preferencia, debe ser para las niñas, niños y adolescentes, y cuando estos últimos menores de edad, sean padres de familia para que puedan continuar con sus estudios, dando preferencia a las madres solteras adolescentes, lo anterior por la falta de solvencia económica, pudiendo adherirse entre otros a los siguientes programas sociales de apoyo: Programa Oportunidades , Programa de Estancias y Guarderías Infantiles, Programa del Seguro Popular, Programa Bécalos, Programa Seguro Médico para una Nueva Generación, así como los que se puedan derivar de la interpretación y aplicación de la fracción V del artículo 11 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, siempre en beneficio de la niñez y la juventud.
La Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, tienen entre otros, los siguientes fines: evitar que se vulneren los derechos de cualquier persona, por motivos de raza, credo religioso, condiciones sociales, discapacidades entre otros, esto incluye a las niñas, niños y adolescentes a quienes, adicional a la Ley de la Protección de las Niñas, Niños y Adolescentes, que les otorga derechos en el ordenamiento para prevenir y eliminar la discriminación, les concede a este sector de la población otros derechos y prerrogativas siempre para su beneficio y superación, el encabezado del artículo 11 de la ley en estudio establece que:
Artículo 11. ``Los órganos públicos y las autoridades federales, en el ámbito de su competencia, llevarán a cabo entre otras, las siguientes medidas positivas y compensatorias a favor de la igualdad de oportunidades de las niñas y los niños''.
Por lo que coincidimos con la necesidad de que éstas medidas positivas compensatorias, y más aun, cuando son beneficios para las niñas, niños y adolescentes de nuestro país, se otorguen. Por todos es conocido, la falta de oportunidades que tienen las niñas y los niños para estudiar, abandonando sus estudios a temprana edad por diferentes motivos, siendo alguno de estos el afrontar la circunstancia de ser padres, con las obligaciones que esto conlleva, dejando en segundo término sus estudios, y en consecuencia una falta de oportunidades para la obtención de un mejor empleo o para estar capacitado para emprender su propio negocio, situación que afecta en primer término como ya se dijo a los adolescentes, pero sin duda a la sociedad en nuestro país, al no incrementar el número de profesionistas y técnicos especialistas, que son importantes para el crecimiento y desarrollo del país.
Coincidimos con lo planteado en la iniciativa, en lo relativo a la equidad de género, reconocemos la importancia que el tema tiene y las desigualdades que aún persisten, y esta comisión al vigilar y procurar el respeto de los derechos humanos, lo debe hacer bajo el principio de la igualdad y equidad, por tanto, el que se otorgue una preferencia en algún derecho o concesión que éste relacionado con la equidad es una acción compensatoria y no una ventaja para quien lo haga valer, ya que la desigualdad de oportunidades por concepto de género han prevalecido, por tanto se debe establecer ese equilibrio de derechos.
Por lo que, en concordancia con el diputado Jorge Quintero Bello , los principios rectores que reconoce la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, establece que son sujetos de los derechos que establece la ley, las mujeres y los hombres que se encuentren en territorio nacional, que por razón de su sexo, independientemente de su edad, estado civil, profesión, cultura, origen étnico o nacional , condición social, salud, religión, opinión o discapacidades, se encuentren con algún tipo de desventaja ante la violación del principio de igualdad que esta ley tutela, por ello aún cuando no es en este ordenamiento, las circunstancias de dar preferencia por concepto de equidad y género, se establecen en el planteamiento de la iniciativa, la cual no es restrictiva, ya que de la simple lectura, del artículo vigente, se puede desprender que su finalidad consiste en especificar que ante la igualdad de circunstancias en que se encuentren varias personas solicitantes de becas, créditos u otros beneficios, se otorgarán dichos beneficios a aquellas que tengan a su cargo a menores de edad, circunstancia que se amplía con la propuesta del diputado, porque establece la preferencia a los menores y prefiriéndose con equidad de género, por lo que de concretarse la modificación la o las autoridades que interpreten y por tanto apliquen las disposiciones deberán observar todas estas posibilidades para el otorgamiento de becas, créditos u otros beneficios.
En la revisión de la propuesta, encontramos no procedente el eliminar de la fracción V del artículo 11 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, las palabras ``en igualdad de circunstancias'', toda vez que la valoración que se haga al momento de otorgar las becas, créditos u otros beneficios, debe realizarse de manera equitativa y no dar preferencia únicamente por la equidad de género, por lo que al dejar en el texto vigente las palabras, ``en igualdad de circunstancias'', se referirá para toda circunstancia de interpretación que la preferencia que se pueda dar, únicamente será por equidad de género y nunca por ninguna otra circunstancia, sea de grupo social o económica.
La preocupación de las circunstancias sociales y económicas de extrema pobreza, que se vive en gran parte de nuestra población, motiva que cada uno de nosotros como diputadas y diputados, busquemos medidas compensatorias para disminuir o atenuar estas circunstancias con el firme deseo de procurar un mejor bienestar y calidad de vida para todos, esto por el compromiso que asumimos en la representación social que hoy tenemos y por convicción personal, sin embargo, el elemento de ``la situación de pobreza'' que pretende adicionar el diputado Quintero Bello, se omite de la propuesta, toda vez que se trata de un tema que puede generar diversas interpretaciones en su aplicación por la generalidad del concepto.
Por las consideraciones anteriormente expuestas, la Comisión de Derechos Humanos, somete a consideración de la honorable Asamblea, el siguiente
Proyecto de decreto por el que se reforma la fracción V del artículo 11 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación:
Artículo Único. Se reforma la fracción V del artículo 11 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, para quedar como sigue:
Artículo 11. ...
Transitorio
Único. El decreto entrará en vigor el día siguiente a de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Salón de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos, Palacio Legislativo de San Lázaro, México, DF, a 14 de septiembre de 2007, correspondiente al primer periodo de sesiones del segundo año legislativo de la LX Legislatura.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : Está a discusión, en lo general y en lo particular, el artículo único del proyecto de decreto. Se ha registrado la diputada Yary del Carmen Gebhardt Garduza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Tiene la palabra hasta por cinco minutos.
La diputada Yary del Carmen Gebhardt Garduza : Compañeras y compañeros legisladores, el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por mi conducto, se pronuncia a favor del decreto que reforma la fracción V del artículo 11 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.La juventud es una etapa de la vida humana que ha adquirido una especial importancia en los tiempos contemporáneos; sin embargo, la actualidad nos demuestra que existe discriminación hacia los jóvenes por el simple hecho de ser jóvenes.
Los adultos nos hemos olvidado que nosotros algún día también fuimos jóvenes y que luchábamos por el respeto de nuestros derechos y decisiones y por ejercer libremente nuestras ideas.
Los jóvenes son el futuro de México y por ende constituyen un grupo social para el cual se deben pensar y construir espacios de desarrollo. Esto, porque la población juvenil no es homogénea y se configura como un conglomerado enorme y diverso que demanda oportunidades.
Por ello esta propuesta que se presenta el día de hoy va en el sentido de erradicar la discriminación y las diferencias existentes entre la sociedad y particularmente en la juventud.
Derivado de lo anterior resulta fundamental ampliar el alcance de las medidas positivas y compensatorias a favor de la igualdad de oportunidades de las niñas y niños contenidas en el artículo 11 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. También para los jóvenes.
Al incorporar estas medidas compensatorias para los jóvenes estaremos abriendo las puertas en México para construir un mejor país, con jóvenes que tengan a su alcance oportunidades para su desarrollo y las garantías sociales que les aseguren el reconocimiento absoluto de sus derechos.
Ya es tiempo de que todos los jóvenes que integran la sociedad mexicana tengan acceso a todos los elementos necesarios para el desarrollo pleno de su potencial, y con ello mejor calidad de vida.
Finalmente, quisiera hacer una reflexión. En estos tiempos de intolerancia e incertidumbre, el Estado, las instituciones y toda la sociedad en general tendríamos que preguntarnos qué presente y qué futuro estamos brindando a la niñez de nuestro país con un legado plagado de intolerancia, racismo, discriminación y corrupción que influye de manera negativa en el desarrollo de niñas, niños y jóvenes. Muchas gracias.
La Presidenta, diputada Martha Hilda González Calderón : Gracias, diputada.
No habiendo más oradores registrados, consulte la Secretaría a la asamblea si el proyecto de decreto se encuentra suficientemente discutido, en lo general y en lo particular.
El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas : Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido el proyecto de decreto, en lo general y en lo particular. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.
Diputada presidenta, mayoría por la afirmativa.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : Suficientemente discutido. Se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación, en lo general y en lo particular, del proyecto de decreto.
El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas : Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento para el Gobierno Interior. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación, en lo general y en lo particular, del proyecto de decreto.
(Votación)
¿Falta algún diputado o alguna diputada por emitir su voto? Aún está abierto el sistema electrónico de votación. Aún está abierto el sistema de votación para las diputadas y los diputados que no han emitido su voto. Si falta alguna diputada o algún diputado de emitir su voto, está abierto aún el sistema de votación electrónico. Ciérrese el sistema de votación electrónico.
Se emitieron 293 votos en pro, 0 en contra y 1 abstención, diputada presidenta.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : Aprobado en lo general y en lo particular, por 293 votos, el proyecto de decreto que reforma la fracción V del artículo 11 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
LEY FEDERAL PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACION
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que adiciona el artículo 11 Bis a la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.
En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura del dictamen.
El Secretario diputado José Manuel del Río Virgen : Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura del dictamen. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.
Presidenta, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.
«Dictamen de la Comisión de Derechos Humanos, con proyecto de decreto que adiciona un artículo 11 Bis a la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación
Honorable Asamblea:
La Comisión de Derechos Humanos, con fundamento en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en lo dispuesto por los artículos 60, 87, 88 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a la honorable Asamblea el siguiente:
Dictamen
Antecedentes
A la Comisión de Derechos Humanos le fue turnado para su estudio y dictamen, el expediente No. D.G.P.L. 60-II-2-982 que contiene la minuta proyecto de decreto que reforma y adiciona la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación, a partir de la iniciativa presentada por el senador Manuel Velasco Coello, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista, el 19 de abril de 2007.
El objeto de la minuta es ampliar el alcance de las medidas positivas y compensatorias a favor de la igualdad de oportunidades de niñas y niños contenidas en el artículo 11 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, para ser ampliadas también para los jóvenes.
Las diputadas y los diputados que integramos esta comisión estudiamos la iniciativa presentada por el senador Manuel Velasco Coello, así como la minuta proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, remitida por la Cámara de origen, para estar en posibilidades de dictaminarla a favor de la población beneficiada.
Esta Comisión de Derechos Humanos consultó a las autoridades y organismos competentes en la materia, para conocer su opinión acerca del contenido de la minuta para contar con un mayor número de elementos que sustenten el dictamen a la minuta. Recibiendo opiniones a favor del objeto y finalidad que se contiene en la minuta de referencia.
Consideraciones
La sociedad en su conjunto, para avanzar, requiere que los individuos que la conforman tengan acceso a todos los elementos necesarios para el desarrollo pleno de su potencial.
Las diputadas y los diputados que integramos esta comisión, entendemos que la finalidad que tuvieron los legisladores que diseñaron y aprobaron la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, motivo de este dictamen, lo hicieron para que en nuestro país no existieran mas discriminaciones ni desventajas económicas ni sociales entre los diversos grupos de la sociedad, y conscientes de que para lograrlo se requiere darle la igualdad a los desiguales para que todos tengamos las mismas oportunidades siendo el Estado el rector y garante de estas medidas compensatorias, así, el artículo 11 de la ley en estudio establece: ``Los órganos públicos y las autoridades federales, en el ámbito de su competencia, llevarán a cabo, entre otras, las siguientes medidas positivas y compensatorias a favor de la igualdad de oportunidades de las niñas y los niños'', en el citado numeral se establecen las acciones y programas que se deberán incorporar para la atención de las niñas y niños, respetando la idea de este artículo, el senador Manuel Velasco Coello presentó una iniciativa que pretende incorporar a los jóvenes a estas medidas compensatorias, adecuando aquellas que son propias al rango de su edad.
Coincidimos con el autor de la iniciativa al establecer que las y los jóvenes constituyen un grupo social para el cual se deben pensar y construir espacios de desarrollo, esto porque la población juvenil no es homogénea, y se configura como un conglomerado enorme y diverso que demanda respuestas. El concepto de ``juventud'' podemos definirlo como las personas dentro de un grupo específico de edad. Por un lado, la Organización de las Naciones Unidas define a los jóvenes como aquellos que se encuentran entre los 15 y los 24 años de edad; pero acorde con nuestra Ley del Instituto Nacional de la Juventud, los define como aquellos que se encuentran entre los 12 y 29 años de edad. En este sentido, para efectos de este dictamen, en esta comisión nos avocaremos a lo que establece la legislación nacional.
Las diputadas y los diputados que integramos esta comisión, consideramos necesario incorporar medidas compensatorias para las y los jóvenes, ya que reconocemos en este sector de la población la oportunidad y potencial que tiene México para construir un mejor país, con jóvenes que tengan a su alcance oportunidades para su desarrollo y las garantías sociales que les permitan el reconocimiento absoluto de sus derechos. En la actualidad las y los jóvenes se enfrentan a numerosos riesgos de salud en su paso a la edad adulta, muchos de los cuales afectan su longevidad y calidad de vida. El más importante de todos es el VIH/sida, que se presenta cada vez en mayor proporción en los jóvenes, generalmente con mayor frecuencia en las mujeres. Entre otros posibles riesgos de salud que surgen inicialmente entre los jóvenes están los relativos al alcohol, el tabaco y los accidentes de tráfico, todas estas circunstancias afectan el desarrollo de los jóvenes, pero sobre todo afectan el crecimiento de México, y se destinan una mayor cantidad de recursos económicos para atender las consecuencias que por motivo de salud se presentan en jóvenes infectados con VIH/sida, problemas de alcoholismo, drogadicción y tabaquismo, tratamientos todos éstos con un alto costo, pero lo más triste aún con pocas posibilidades de que se salven de morir o se incorporen a una actividad económicamente productiva, por eso quienes integramos esta Comisión de Derechos Humanos, entendemos también que por ahorro de presupuesto y más aún por el bien de los jóvenes se deben incorporar medidas compensatorias de carácter preventivo para los jóvenes.
En el estudio y valoración de la minuta nos percatamos que otra finalidad es el evitar la discriminación que se da hacia los jóvenes recuperando el espíritu de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. Los mayores tipos de discriminación, de acuerdo con la Consulta Infantil y Juvenil 2003, son la discapacidad, la posición social, el embarazo, el género y la preferencia sexual, así como la diversidad de ideas, la apariencia y la religión, para nosotros la discriminación socava el concepto clave en el que se basa la Declaración Universal de Derechos Humanos, mismo que estipula que ``Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos''. Por tanto, combatir la discriminación es una forma apropiada de promover los derechos humanos y su cabal respeto por parte de las autoridades.
Las y los diputados de esta comisión coincidimos en lo general con la minuta remitida por la colegisladora, disentimos únicamente en el orden de las modificaciones y adiciones de este artículo, y proponemos la incorporación de algunas medidas compensatorias que el autor de la iniciativa consideró, y para efectos de diferenciar con claridad las medidas compensatorias que se han de adoptar y aplicar para éstos dos grupos de la población proponemos la creación del artículo 11 Bis, el cual contendrá disposiciones aplicables únicamente para los jóvenes, toda vez que, como ya hemos manifestado las personas jóvenes son un sector de población que se caracteriza por tener necesidades específicas a satisfacer, distintas del resto de la población, lo que conlleva plenamente a su identificación como grupo determinado, consideramos pertinente analizar la propuesta del autor de la iniciativa, ya que las situaciones planteadas se encuentran reguladas de manera general.
La fracción I del artículo 11 Bis enuncia el acceso a servicios y beneficios sociales, económicos, políticos, culturales, informativos, entre otros, en tanto que la minuta trataba estos derechos de forma más dispersa.
Para la fracción II del artículo 11 Bis se propone el diseño y creación de programas educativos para atender aspectos sociales y de salud que son frecuentes entre los jóvenes, como son la salud, las adicciones, la sexualidad, las infecciones de transmisión sexual, el VIH/sida, la planificación familiar, la paternidad responsable, la ecología y la participación ciudadana, entre otras.
El contenido de la fracción III del artículo 11 Bis se transcribe textualmente de la minuta, suprimiéndose únicamente la palabra niñez, como parte de la diferenciación entre las disposiciones de la niñez y de los jóvenes.
La fracción IV del artículo 11 Bis, busca fortalecer y promover la calidad en el servicio educativo y el fomento a la lectura.
En la fracción V del artículo 11 Bis, se plantea el impulso para la creación de empleos a favor de los jóvenes, en complemento a las disposiciones existentes en materia laboral.
La fracción VI del artículo 11 Bis, impulsa la atención física y psicológica gratuita para los casos de que sean víctimas de algún delito.
La fracción VII del artículo 11 Bis, busca el estímulo en los jóvenes en las actividades culturales, recreativas y deportivas, que les beneficie para un desarrollo sano y que les permita en algunos casos desarrollar habilidades o talentos en estas actividades.
Los integrantes de esta Comisión de Derechos Humanos estimamos que en la propuesta del artículo 11 Bis, se engloban de manera general derechos y oportunidades a favor de la juventud, los cuales no son restrictivos en lo que dispongan otros ordenamientos, sino son el complemento de los ya existentes, coincidimos con el senador Manuel Velasco Coello cuando expone que: ``En un mundo signado por el conocimiento y el cambio, las personas jóvenes son las que tendrán mayores capacidades de adaptación a las nuevas tecnologías, a las nuevas estructuras de las instituciones sociales y a la propuesta de ideas frescas e innovadoras'', por lo que con las modificaciones propuestas a esta minuta, se podrá cumplir con este fin y en general con el impulso y bienestar de los jóvenes de nuestro país.
Por lo anteriormente expuesto, la Comisión de Derechos Humanos, y para los efectos de lo dispuesto en la fracción E del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente
Proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 11 Bis a la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.
Artículo Único. Se adiciona el artículo 11 Bis a la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, para quedar como sigue:
Artículo 11 Bis. Los órganos públicos y las autoridades federales, en el ámbito de su competencia, deberán llevar a cabo, entre otras, las siguientes medidas positivas y compensatorias a favor de la igualdad de oportunidades para las personas jóvenes:
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : En consecuencia está a discusión, en lo general y en lo particular, el artículo único del proyecto de decreto.
Se ha registrado la diputada Guillermina López Balbuena , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
La diputada Guillermina López Balbuena : Con la venia, señora presidenta.
Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, el artículo 1o. de la Carta Magna ordena que todo individuo debe gozar de todas las garantías de nuestra Constitución y prohíbe expresamente toda discriminación que atente contra la dignidad humana, como es el caso de aquella que tiene como causa la diversidad en las preferencias sexuales de las personas, educación, salud, entretenimiento, otorgamiento de becas, prestación de servicios, entre otros.
El principio de ``no discriminación'' es trastocado cuando se presenta cualquier forma de menosprecio, exclusión, restricción o preferencia hecha por persona, grupo o institución, basada en la raza, sexo, religión, descendencia, origen étnico, edad, orientación sexual, impacto en la convivencia cotidiana dentro de la sociedad. Es el menoscabo en el reconocimiento y ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos humanos y las libertades fundamentales, al grado que se estigmatiza a las personas que profundizan la desigualdad.
Actualmente, según cifras de organismos no gubernamentales, señalan que alrededor de 70 por ciento de la población rechaza la posibilidad de compartir su vivienda con personas jóvenes que pertenecen a la comunidad homosexual, también preocupa que 80 por ciento de los jóvenes no reconocen los derechos de la mencionada comunidad que, sin lugar a dudas, más que un proceso de integración de la sociedad mexicana son claras manifestaciones de actitudes discriminatorias y desagregadoras que atentan contra las garantías y los derechos humanos plasmados en nuestra Constitución.
Compañeros, la discriminación vulnera la cuestión social, generando la desigualdades profundas que obstaculizan el disfrute de los derechos fundamentales. Todos sabemos que el acto de discriminar contrae, consigo mismo, elementos de prejuicio, estigmatización y de estereotipo.
El estigma y la discriminación asociados en el VIH/sida están estrechamente relacionados a la orientación y cultura cívica que están recibiendo actualmente los niños y jóvenes de nuestro país.
Señores legisladores, la discriminación por motivo de preferencias sexuales resulta un fenómeno social que se reproduce en contra de los niños y adolescentes, que por su condición y circunstancias personales se encuentran en situación de alta vulnerabilidad, para protegerse y cuidar de su integridad física o moral.
Asimismo, hoy día las jóvenes y los jóvenes se enfrentan a innumerables riesgos de salud, entre ellos el VIH/sida, el cual se está presentando cada vez en mayor proposición en los jóvenes; pero lo alarmante es que se está dando con mayor frecuencia en las mujeres.
Esta comunidad altamente vulnerable, además de rechazo general por parte de sus familias es discriminada en sus centros de trabajo y en los institutos de salud a la hora de ser atendidos en el suministro de sus retrovirales.
Por tal motivo, es trascendental que el Estado de México vele por la garantía y el respeto de los derechos de las personas, que por su condición y circunstancias personales se encuentran en situación de vulnerabilidad, principalmente los niños y los adolescentes, que por falta de madurez física y psicológica difícilmente pueden protegerse y cuidarse por sí mismos de actos o ataques que atenten contra su de-sarrollo integral.
Su dignidad personal y su integridad física, psíquica y social; compañeros legisladores, en mi calidad de secretaria de la Comisión Especial sobre no Discriminación, Nuevos Sujetos y Nuevos Derechos, aplaudo y extiendo un reconocimiento a la Comisión de Derechos Humanos por ir avanzando en la protección contra la discriminación que sufren los millones de niñas y niños jóvenes de México.
Asimismo, aprovecho la oportunidad y el tema de ir avanzando en el perfeccionismo de la legislación a favor de la no discriminación, para hacer un llamado a las Comisiones de Derechos Humanos, y de Justicia a dictaminar el tema relativo a los derechos de la comunidad transexual y transgénero, tema que conlleva también la protección de los derechos de las niñas, los niños y los jóvenes que son discriminados por sus preferencias sexuales, y con ello ir avanzando en materia de no discriminación en nuestro país. Es cuanto, señora presidenta.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : Gracias, diputada. No habiendo otro orador registrado, consulte la Secretaría a la asamblea si el proyecto de decreto se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular.
El Secretario diputado José Manuel del Río Virgen : Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido el proyecto de decreto en lo general y en lo particular. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.
Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : Suficientemente discutido. Se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular del proyecto de decreto.
El Secretario diputado José Manuel del Río Virgen : Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento para el Gobierno Interior. Ábrase el sistema electrónico por 10 minutos para proceder a la votación, en lo general y en lo particular, del proyecto de decreto... por instrucciones de la Presidencia, cinco minutos.
(Votación)
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : Mientras recibimos la votación correspondiente a este proyecto de decreto queremos dar la bienvenida a los alumnos de la Universidad Uninter, de Cuernavaca, Morelos, que hoy nos acompañan en esta sesión, invitados por nuestro compañero diputado Enrique Iragorri Durán. Bienvenidos sean ustedes a este salón de sesiones.
El Secretario diputado José Manuel del Río Virgen : Ciérrese el sistema electrónico de votación. De viva voz:
El diputado Fernel Arturo Gálvez Rodríguez (desde la curul): A favor.
La diputada Elizabeth Morales García (desde la curul): A favor.
El diputado José Inés Palafox Núñez (desde la curul): A favor.
El diputado Miguel Ángel Navarro Quintero (desde la curul): A favor.
La diputada Sonia Nohelia Ibarra Franquez (desde la curul): A favor.
El diputado Raymundo Cárdenas Hernández (desde la curul): A favor.
El Secretario diputado José Manuel del Río Virgen : Se emitieron 287 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención, presidenta.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : Aprobado en lo general y en lo particular por 287 votos, el proyecto de decreto que adiciona un artículo 11 Bis a la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. Se devuelve al Senado para los efectos del inciso e) del artículo 72 constitucional.
PRESTAR SERVICIOS EN REPRESENTACIONES DIPLOMATICAS
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : El siguiente punto del orden del día es la discusión de dictámenes relativos a las solicitudes de permiso de ciudadanos.
Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se autoriza que sólo se lean los puntos de acuerdo.
La Secretaria diputada Rosa Elia Romero Guzmán : Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se autoriza que sólo se lean los puntos de acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.
Señora Presidenta, mayoría por la afirmativa. Se autoriza la lectura.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : En consecuencia, se pide a la Secretaría poner a discusión los proyectos de decreto.
La Secretaria diputada Rosa Elia Romero Guzmán : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.
Honorable Asamblea:
En oficios de fechas 2, 10, 24 y 30 de septiembre de 2008, la Secretaría de Gobernación solicitó el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Mariana Renata Richter Rodríguez, Felipe Lozano Guerrero, Rafael Solís Martínez, Eglantina López Calzado, Nayelli López Rocha, Vannessa Tena López y Marcos Alberto Franco Romero puedan prestar servicios de carácter administrativo en las Embajadas de Canadá; de la República Popular China, de la República de Corea, y en la Representación Especial de Palestina en México, respectivamente.
En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión el 9 de octubre del año en curso, se turnó a la suscrita comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.
Considerando
Por lo expuesto, esta comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente
Proyecto de Decreto
Artículo Primero. Se concede permiso a la ciudadana Mariana Renata Richter para prestar servicios como asistente comercial del Centro de Información de Mercado en la Embajada de Canadá en México.
Artículo Segundo. Se concede permiso al ciudadano Felipe Lozano Guerrero para prestar servicios como chofer en la Embajada de la República Popular China en México.
Artículo Tercero. Se concede permiso al ciudadano Rafael Solís Martínez para prestar servicios como encargado de mantenimiento en la Embajada de la República de Corea en México.
Artículo Cuarto. Se concede permiso a la ciudadana Eglantina López Calzado para prestar servicios como asistente de asuntos consulares y protocolo en la Embajada de la República de Corea en México.
Artículo Quinto. Se concede permiso a la ciudadana Nayelli López Rocha para prestar servicios como asistente de investigación en la Embajada de la República de Corea en México.
Artículo Sexto. Se concede permiso a la ciudadana Vannessa Tena López para prestar servicios como asistente del Área Económica y Comercial en la Embajada de la República de Corea, en México.
Artículo Séptimo. Se concede permiso al ciudadano Marcos Alberto Franco Romero para prestar servicios como chofer en la Representación Especial Palestina en México.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : Está a discusión el dictamen, en lo general. No habiendo quien haga uso de la palabra, para los efectos del artículo 134 del Reglamento para el Gobierno Interior del CongresoGeneral, se pregunta a la asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular.
En virtud de que no se ha reservado artículo alguno para discutirlo en lo particular, se reserva para su votación nominal en conjunto. Continúe la Secretaría.
La Secretaria diputada Rosa Elia Romero Guzmán : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.
Honorable Asamblea :
En oficio de fecha 1 de octubre del año en curso, la Secretaría de Gobernación solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Joseph Sebastián Machele, Tomás Alejandro Williams García y Jorge Fernando Garza Morales puedan prestar servicios de carácter administrativo en la Embajada de Estados Unidos de América en México y en sus Consulados en Tijuana, Baja California, y en Monterrey, Nuevo León, respectivamente.
En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión el 9 de octubre, se turnó a la suscrita comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.
Considerando
Por lo expuesto, esta comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea el siguiente
Proyecto de Decreto
Artículo Primero. Se concede permiso al ciudadano Joseph Sebastián Machele para prestar servicios como supply clerk (welcome kits) en la Embajada de Estados Unidos de América en México.
Artículo Segundo. Se concede permiso al ciudadano Tomás Alejandro Williams García para prestar servicios como asistente en el Departamento de Correo, en el Consulado de Estados Unidos de América en Tijuana, Baja California.
Artículo Tercero. Se concede permiso al ciudadano Jorge Fernando Garza Morales para prestar servicios como empleado del Departamento de Seguridad en el Consulado de Estados Unidos de América en Monterrey, Nuevo León.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : Está a discusión, en consecuencia, el dictamen, en lo general. No habiendo quien haga uso de la palabra, para los efectos del artículo 134 del Reglamento para el Gobierno Interior del CongresoGeneral se pregunta a la asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular.
En virtud de que no se ha reservado artículo alguno para discutirlo en lo particular, se instruye a la Secretaría que abra el sistema electrónico por cinco minutos, para recoger la votación nominal de este proyecto de decreto y el anteriormente reservado en un solo acto.
La Secretaria diputada Rosa Elia Romero Guzmán : Se va a proceder a recoger la votación nominal de los proyectos de decreto en un solo acto. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento para el Gobierno Interior. Ábrase el sistema electrónico de votación por cinco minutos, para tomar la votación nominal de los proyectos de decreto.
(Votación)
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : Está abierto todavía el sistema de votación electrónico.
La Secretaria diputada Rosa Elia Romero Guzmán : ¿Falta algún diputado o alguna diputada por emitir su voto? Ciérrese el sistema de votación electrónica.
Señora presidenta, se emitieron 289 en pro, 0 en contra y 0 abstenciones.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : Gracias, secretaria.Aprobados los proyectos de decretos, por 289 votos. Pasan al Senado para sus efectos constitucionales.
ESTADO DE OAXACA
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : El siguiente punto del orden del día es el de dictámenes a discusión con puntos de acuerdo. En virtud de que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se autoriza que sólo se lean los puntos de acuerdo.
El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas : Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se autoriza que sólo se lean los puntos de acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.
Diputadas presidenta, mayoría por la afirmativa.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : Se autoriza.
El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas : «Dictamen de la Comisión de Seguridad Pública, con puntos de acuerdo a fin de exhortar al Ejecutivo federal a fortalecer a través de las Secretarías de Seguridad Pública, y de la Defensa Nacional, así como de la Procuraduría General de la República, en coordinación con el Congreso de Oaxaca, los mecanismos, las medidas y las acciones para prevenir actos ilícitos y combatir la delincuencia organizada en la entidad
Honorable Asamblea
A la Comisión de Seguridad Pública, le fue turnado para su análisis y dictamen proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los gobiernos federal y de Oaxaca a instaurar mecanismos y acciones para prevenir el delito y combatir la delincuencia organizada.
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numerales 6, incisos e) a g) y numeral 7, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 58, 60, 87, 88 y 93 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; esta comisión es competente para conocer de la proposición con punto de acuerdo objeto del presente, y somete a consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen, con base en los siguientes antecedentes y consideraciones:
Antecedentes
Contenido
Consideraciones
a) En lo general:
b) En cuanto a la proposición con punto de acuerdo:
Por lo anteriormente expuesto, los diputados integrantes de la Comisión de Seguridad Pública, sometemos a consideración del Pleno de esta honorable Asamblea los siguientes:
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, exhorta al titular del Ejecutivo federal, para que a través de los titulares de la Secretaría de Seguridad Pública, de la Defensa Nacional y de la Procuraduría General de la República y en coordinación con las autoridades competentes del estado de Oaxaca, fortalezcan los mecanismos, medidas y acciones para prevenir el delito y combatir la delincuencia organizada en esta entidad.
Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, solicita atentamente al titular del Ejecutivo federal y al gobernador del estado de Oaxaca, a través de las autoridades correspondientes, que informe a ésta soberanía las medidas adoptadas en el marco del anterior punto de acuerdo.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : Están a discusión los puntos de acuerdo. En virtud de que no se ha registrado orador alguno, se considera suficientemente discutido. Se reserva para su votación económica en conjunto.
ESTADO DE PUEBLA
El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas : «Dictamen de la Comisión de la Función Pública, con punto de acuerdo a fin de exhortar al Congreso de Puebla de Zaragoza a aprobar, en términos del artículo segundo transitorio del decreto de reformas y adiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de mayo de 2008, las modificaciones necesarias para cumplir lo dispuesto en dicho decreto respecto a su órgano estatal de fiscalización
Honorable Asamblea:
La Comisión de la Función Pública de la Cámara de Diputados, con base en las facultades que le confieren los artículos 39, numerales 1 y 2, fracción XVIII, y 45 numeral 6, incisos e) y f); y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 87 y 88 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a su consideración el siguiente: dictamen sobre la proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Congreso del Estado de Puebla que reforme la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla.
Antecedentes
Análisis de la proposición
Señala la diputada proponente que el marco legal aplicable en el estado de Puebla debe permitir que el gobierno garantice la existencia de un verdadero estado de derecho.
Que es responsabilidad del congreso del estado mantener una legislación que mejore la calidad de vida de los gobernados, así como la confianza en las instituciones gubernamentales y la función pública, por lo que es necesario reformar la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, con la finalidad de que tal organismo realmente tenga autonomía técnica y de gestión como lo prevé la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, pues en la realidad tiene un alto grado de dependencia del congreso del estado, fundamentalmente en los siguientes aspectos:
Consideraciones
Primera. Partiendo de los antecedentes precisados, los legisladores integrantes de esta comisión señalamos que la utilización racional y transparente de los fondos públicos constituye una de las condiciones esenciales para garantizar el buen manejo de las finanzas públicas y la eficacia de las decisiones adoptadas por la autoridad competente.
Segunda. Los suscritos integrantes de la Comisión de la Función Pública estiman oportuno puntualizar la propuesta contenida en el punto de acuerdo de mérito, por el que se solicita se exhorte al Congreso del Estado de Puebla que reforme la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla para que ese organismo cuente con autonomía técnica y de gestión, ya que sin duda la intención de la proponente es loable, pero esta soberanía no puede llevar a cabo un exhorto en los términos planteados en el punto de acuerdo de mérito, pues debe ser respetuoso del ámbito competencial con que cuenta el congreso de la entidad federativa en comento; sin embargo, esta comisión dictaminadora considera que la propuesta es viable con las modificaciones que se expondrán subsiguientemente.
Tercera. El 7 de mayo del 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y es en el artículo 116 en donde se manifiesta que las legislaturas locales contarán con entidades de fiscalización dotadas de autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y también para decidir sobre su organización interna basándose en los principios de posterioridad, anualidad, legalidad, imparcialidad y confiabilidad.
Por lo que se refiere al titular de la entidad de fiscalización de las entidades federativas, se establece que éste será electo por las dos terceras partes de los miembros presentes en las legislaturas locales, por periodos no menores a siete años y deberá contar con experiencia de cinco años en materia de control, auditoría financiera y de responsabilidades.
Cuarta. En virtud de que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos fue reformada en lo que se refiere a los órganos técnicos con que deben contar las legislaturas de los estados para la fiscalización de la Cuenta Pública, tema que le preocupa a la diputada proponente respecto al estado de Puebla, y en atención a la supremacía que establece el artículo 133 constitucional, esta comisión dictaminadora considera que es procedente exhortar al Congreso del Estado de Puebla para que lleve a cabo las modificaciones legales pertinentes, a fin de que la legislación local sea semejante a lo dispuesto en la ley suprema.
Quinta. Cabe destacar que el artículo segundo transitorio de la reforma constitucional en comento establece que las legislaturas de los estados deberán aprobar leyes y, en su caso, las reformas que sean necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en ese decreto a más tardar en un año, contado a partir de la fecha de entrada en vigor del mismo (8 de mayo del 2008), por lo cual
sólo se conmina a la legislatura del estado de Puebla de Zaragoza a que dé cumplimiento, dentro del plazo establecido, a lo que dispone la reforma constitucional que tiene relación con lo que la iniciante solicita.
En virtud de los motivos expuestos en las consideraciones anteriores, ésta Comisión de la Función Pública, con base en las atribuciones legales y reglamentarias con las que cuenta, pone a su consideración el siguiente:
Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Congreso del Estado de Puebla de Zaragoza a que en términos del artículo segundo transitorio del decreto de reformas y adiciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de mayo de 2008, apruebe las modificaciones que sean necesarias para cumplir con lo dispuesto en dicho decreto respecto a su órgano estatal de fiscalización.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : Está a discusión el punto de acuerdo. En virtud de que no se ha registrado orador alguno, se considera suficientemente discutido y se reserva para su votación económica en conjunto.
ESTADO DE VERACRUZ
El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas : «Dictamen de la Comisión de la Función Pública, con punto de acuerdo a fin de exhortar a la Auditoría Superior de la Federación a dar seguimiento, en uso de sus atribuciones, a las denuncias presentadas contra funcionarios y empresas contratistas; y, en su caso, a iniciar los procedimientos correspondientes
Honorable Asamblea:
La Comisión de la Función Pública de la honorable Cámara de Diputados, con base en las facultades que le confieren los artículos 39 numerales 1 y 2, fracción XVIII, y 45 numeral 6, incisos e) y f); y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 87 y 88 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a su consideración el siguiente: Dictamen sobre la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, doctor Luis Téllez Kuenzler, la remoción de los funcionarios públicos, ingeniero Agustín Basilio de la Vega e ingeniero Jaime Yamada Hutado, director general y subdirector de Obras, respectivamente.
Antecedentes
Análisis de la proposición
Señala el diputado promovente que se documentó una denuncia de hechos ante la Secretaría de la Función Pública, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Auditoria Superior de la Federación, en la cual se presentaron irregularidades en las licitaciones así como en la construcción de las obras carreteras. Asimismo, que se informó a la Contraloría Interna de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de la duplicidad de pago que se venía haciendo en los trabajos de reconstrucción y conservación rutinaria anual correspondientes al Centro SCT Veracruz.
Que se exhibió ante la Contraloría Interna de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así como ante la Secretaría de la Función Pública, la documentación comprobatoria de dicha duplicidad de pagos, y que a pesar de haberse informado de estos ilícitos en tiempo y forma a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a la Secretaría de la Función Pública y a la Auditoria Superior de la Federación, y haberse comprobado la existencia de la duplicidad de pagos, así como la reducción en los volúmenes de los conceptos de obra establecidos originalmente en los contratos, no se ha determinado responsabilidad alguna, no obstante que desde noviembre de 2007 se comprobaron físicamente los ilícitos señalados.
Que es de exigirse la destitución del director general y del subdirector de Obras del Centro SCT Veracruz y proceder a fincar las responsabilidades que corresponda.
Consideraciones
Primera. Partiendo de estos antecedentes, los legisladores de la comisión que suscribe, concuerdan que la administración pública debe regirse siempre por la exigencia de la más alta eficiencia y transparencia y por la rigurosa observancia de las disposiciones normativas aplicables, por lo cual se reconoce la intención de la propuesta presentada, ya que un problema como el que exponen debe ser atendido por las autoridades competentes.
Segunda. Es importante señalar que el pasado 16 de abril de 2008, el pleno de la Comisión de la Función Pública aprobó por unanimidad el dictamen sobre la proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la SCT a remover al director general y al subdirector de Obras del Centro SCT Veracruz, presentada por el diputado Santiago López Becerra , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Los resolutivos del dictamen en comento son los siguientes:
Primero. La honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Secretaría de la Función Pública y a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a concluir las investigaciones que se han iniciado sobre presuntas irregularidades en el Centro SCT Veracruz.
Segundo. Asimismo, esta soberanía manifiesta su determinación de dar puntual seguimiento a las conclusiones que permitan el deslinde de responsabilidades y la aplicación de las sanciones que correspondan a los funcionarios del Centro SCT Veracruz que, en su caso, hubiesen incurrido en faltas a la ley y a la normatividad aplicables.
Tercera. En consecuencia, la proposición que se dictamina ha sido ya atendida con la aprobación de un dictamen anterior, sin embargo, se considera necesario incluir en el presente dictamen una consideración realizada por los diputados de la Comisión de la Función Pública.
Dicha consideración versa en solicitarle a la Auditoría Superior de la Federación que, en uso de sus atribuciones, dé seguimiento a las denuncias presentadas contra los funcionarios y empresas contratistas y, en su caso, inicie los procedimientos legales correspondientes.
En virtud de los motivos expuestos en las consideraciones anteriores, la Comisión de la Función Pública, con base en las atribuciones legales y reglamentarias con las que cuenta, pone a su consideración el siguiente:
Acuerdo
Único. Se exhorta a la Auditoría Superior de la Federación para que, en uso de sus atribuciones, dé seguimiento a las denuncias presentadas contra los funcionarios y empresas contratistas y en su caso, inicie los procedimientos correspondientes.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : Está a discusión el punto de acuerdo. En virtud de que no se ha registrado orador alguno, se considera suficientemente discutido.
Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueban los puntos de acuerdo.
El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas : En votación económica se pregunta si se aprueban los puntos de acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.
Diputada Presidenta, mayoría por la afirmativa.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : Aprobados los puntos de acuerdo. Comuníquense.
LEY GENERAL DE EDUCACION
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : El siguiente punto del orden del día es la discusión de dictámenes negativos relativos a iniciativas. En virtud de que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se autoriza que sólo se lean los puntos de acuerdo.
El Secretario diputado José Manuel del Río Virgen : Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se autoriza que sólo se lean los puntos de acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.
Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : Se autoriza.
El Secretario diputado José Manuel del Río Virgen : «Dictamen de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con punto de acuerdo por el que se de- sechan tres iniciativas que reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Educación, en materia de educación y accesibilidad para personas con discapacidad
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión le fue turnada, para su estudio y dictamen, iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 7, fracción X, 13, fracción I, 20, fracción I, 41 y 50 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado José Luis Briones Briseño, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LIX Legislatura.
Los integrantes de las comisiones dictaminadoras, con fundamento en los artículos 71 y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con los artículos 39, 44 y 45, numeral 6, incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 56, 60, 88, 93 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de esta honorable asamblea el presente
Dictamen
I. Antecedentes
a) En sesión ordinaria de la Cámara de Diputados del 2 de febrero de 2006, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados dio cuenta de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 7, fracción X, 13, fracción I, 20, fracción I, 41 y 50 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado José Luis Briones Briseño, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LIX Legislatura, y determinó que se turnara a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos para su estudio y dictamen.
b) La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos dio cuenta de otras iniciativas turnadas a esta comisión que son coincidentes con la iniciativa de mérito, por lo que se determinó incluirlas como parte del presente análisis y dictamen.
En sesión ordinaria de la Cámara de Diputados del 22 de marzo de 2006, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados dio cuenta de la iniciativa y determinó que se turnara a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos para su estudio y dictamen.
En sesión ordinaria de la Cámara de Diputados del 4 de octubre del 2007, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados dio cuenta de la iniciativa y determinó que se turnara a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos para su estudio y dictamen.
II. Descripción de las iniciativas
A. El diputado federal de la LIX legislatura, José Luis Briones Briseño, destaca en su exposición de motivos que si bien se reconoce el esfuerzo nacional de lo que internacionalmente se conoce como la hazaña educativa mexicana, donde en unas cuantas décadas se logró reducir el analfabetismo a menos del 10 por ciento, prácticamente universalizar la educación primaria y alcanzar un promedio de escolaridad de casi 8 años, también se debe reconoce que ``al ir desagregando las estadísticas e ir llegando a las realidades locales, vamos descubriendo dolorosas realidades sociales y rezagos educativos tanto en cobertura como en calidad, que afectan más [...] a quienes menos tienen y a los grupos sociales más vulnerables''.
Lo anterior, para el iniciante, habla de una profunda inequidad ``que las más de las veces se trata de esconder en políticas restringidas, cobijadas en programas de relumbrón, o bien, en programas de carácter compensatorio francamente disminuido en lo que hace a su contenido''.
Precisa la exposición de motivos que lo anterior ha sido así porque ``en nuestro país, la educación básica fue concebida como un proceso que iguala por sí mismo, esencialmente integrador pero también que discrimina, al que los individuos, independientemente de sus condiciones sociales, económicas, culturales, étnicas, lingüísticas, de salud, de capacidades físicas y mentales deben adecuarse, y no a la inversa''.
El proponente señala que es necesario volver la cara y poner el acento en la calidad y equidad, que exige una concepción de educación básica para la diversidad, que no excluya poblaciones ni individuos, como parte del criterio de calidad. Por ello, insiste, se debe reorientar la educación con un enfoque de ``educación integradora'', es decir, ``la incorporación de niños con necesidades especiales a la escolaridad regular''.
Por otro lado, advierte que, de acuerdo con documentos oficiales, existen 7 mil planteles en el país que cuentan con todos los recursos para la atención especial, que abarca capacitación del personal, evaluación psicopedagógica, currículo adaptado a los alumnos con capacidades diferentes integrados a escuelas regulares, apoyos, libros y materiales.
Sin embargo, faltan 220 mil 491 planteles escolares de ser atendidos con infraestructura para la atención de estos educandos.
Destaca, asimismo, que en ningún caso queda claro cómo se hace para determinar a qué escuelas se les brinda esos apoyos y bajo qué condiciones, existiendo una clara preferencia en las zonas urbanas, siendo que, de acuerdo con el proponente, el mayor número de casos de alumnos con necesidades especiales se encuentran en las zonas marginadas urbanas y rurales.
Finalmente, para José Luis Briones Briseño, ``la atención a esta población ocurre por políticas selectivas, no por medidas generales que deriven de una obligación legal que instrumente la obligación constitucional en la materia''.
Por lo que propone modificar la Ley General de Educación en los siguientes términos.
Decreto
Transitorios
B. La iniciativa del diputado César Amín González Orantes, de la LIX Legislatura, tiene como finalidad ampliar el marco jurídico vigente, de tal forma que se garantice el pleno goce del derecho a la educación a las personas con discapacidad.
Para el iniciante, la Ley General de Educación no contempla todas las medidas adecuadas que garanticen el acceso y la permanencia de las personas con discapacidad a las escuelas públicas y privadas, debido a que ``todo servicio que se relaciona con la educación de estas personas ha sido visto como un acto de caridad o beneficencia''.
A pesar de ser un grupo bastante numeroso, advierte el proponente que actualmente se encuentra segregado y marginado, además de que, por razones inexplicables, las personas con discapacidad no han sido tomadas en cuenta al planear y actualizar los programas de educación, condenándolas a la llamada ``educación especial'' que, lejos de desarrollar sus potenciales humanos, margina y obstaculiza todo deseo de superación.
Esta educación especial, precisa el proponente, no puede abarcar toda la diversidad de discapacidades, pues muchas de ellas no tienen nada que ver con las lesiones en la capacidad intelectual y de aprendizaje de los individuos. Por ello, señala que ``es urgente y necesario crear el cuerpo jurídico que les permita hacer realidad la aplicación de los principios de equidad educativa e igualdad de oportunidades en el acceso y permanencia en el sistema escolar''.
En tal razón, se propone que se adicione las fracciones XIV a XVIII del artículo 33, y un cuarto párrafo de artículo 48 de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:
C. La diputada Mónica Arriola resalta en su iniciativa que la situación de la educación en nuestro país es preocupante por la falta de calidad, pero que aún es más preocupante el sistema educativo para personas con alguna discapacidad transitoria o definitiva, por la falta de preparación y programas, métodos e infraestructuras.
De acuerdo con la diputada, entre las causas por las que los menores de edad con discapacidad no asisten a la escuela, se encuentran la inexistencia de docentes capacitados para tratar y enseñar a los niños especiales y la falta de recursos económicos que hace más difícil el ingreso a una escuela, a lo que se debe sumar que las instalaciones educativas no cuentan con la infraestructura adecuada.
Destaca, por otro lado, que, de acuerdo con las estadísticas publicadas por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía, en 2000 existían 176 mil 840 niños con discapacidad en edad de asistir a una escuela, de los cuales sólo lo hacen 111 mil 274.
Resalta, asimismo, que sólo el 35 por ciento de la población con discapacidad cuenta con alguna instrucción, de los cuales, el 15 por ciento tiene la primaria completa y el 7 por ciento tiene la secundaria o equivalente completa.
Advierte en su exposición de motivos que, aunque a nivel nacional existe un programa de fortalecimiento de la educación especial, no se cumple con lo establecido en el artículo 41 de la Ley General de Educación. Además, ``aunque la ley señala procuración para satisfacer las necesidades básicas de aprendizaje para la autónoma convivencia social y productiva de los niños discapacitados, y la elaboración de programas materiales de apoyo didácticos necesarios, no se regula lo básico o indispensable para que un niño pueda entrar a la escuela, es decir, la infraestructura''.
Señala la diputada Mónica Arriola que, ante la necesidad y un derecho fundamental que tenemos todos los ciudadanos, propone reformar la Ley General de Educación para promover que en todas las escuelas haya la infraestructura necesaria para los menores discapacitados que asisten a éstas.
Transitorios
III. Consideraciones
Las iniciativas en análisis tienen como objeto fundamental el desarrollo de las potencialidades de las personas con discapacidad, estableciendo en la Ley General de Educación que las instalaciones escolares cuenten con la infraestructura básica que permita el fácil acceso a los menores con discapacidad.
Al respecto, se debe reconocer el esfuerzo que han realizado los legisladores del honorable Congreso de la Unión en los últimos años, para establecer un marco jurídico bastante amplio que optimice la condición de las personas que se encuentra con alguna desventaja, principalmente porque el Estado no los había considerado como sujetos de derechos específicos.
El Constituyente Permanente ha tomado las acciones necesarias en esta materia, ya que en el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se establece el derecho de todos los individuos a recibir educación. Más aún, se precisa en el inciso c) del mismo artículo 3o. constitucional que la educación que imparta el Estado contribuirá a sustentar los ideales de igualdad de derechos de todos los hombres.
En cumplimiento a estas garantías constitucionales, el Congreso de la Unión ha promulgado diversas disposiciones legislativas en la Ley General de Educación, encaminadas a lograr la igualdad de oportunidades educativas.
Así, por ejemplo, en el artículo 2 de la Ley General de Educación señala que ``todo individuo tiene derecho a recibir educación y, por tanto, todos los habitantes del país tienen las mismas oportunidades de acceso al sistema educativo nacional''. En tanto que en el artículo 8 del mismo cuerpo normativo se dispone que el criterio que orientará a la educación que imparta el Estado y los particulares luchará contra la discriminación. Finalmente, en el artículo 32 se establece que ``las autoridades educativas tomarán medidas tendientes a establecer condiciones que permitan el ejercicio pleno del derecho a la educación de cada individuo, una mayor equidad educativa, y el logro de la efectiva igualdad en oportunidades de acceso y permanencia en los servicios educativos''.
Asimismo, el 17 de abril de 2008, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó un dictamen de las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Atención a Grupos Vulnerables, en el cual se retoma la esencia de las iniciativas materia del presente dictamen, enlistadas en el capítulo I, ``Antecedentes''. El mencionado decreto, aprobado por el Pleno de esta soberanía, es el siguiente proyecto de
Transitorios
Capítulo III De la Educación
Capítulo IV De las Facilidades Arquitectónicas, de Desarrollo Urbano y de Vivienda
A mayor abundamiento, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, en su artículo 9, prohíbe toda práctica discriminatoria que tenga por objeto impedir o anular el reconocimiento o ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades, considerando, como práctica discriminatoria, ``impedir el acceso a la educación pública o privada, así como a becas e incentivos para la permanencia en los centros educativos, en los términos de las disposiciones aplicables''.
Incluso, la fracción VII del artículo 13 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación establece que los órganos públicos y las autoridades federales en el ámbito de su competencia llevarán a cabo, entre otras, las siguientes medidas positivas y compensatorias, en favor de la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad:
En este mismo orden de ideas, la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes dispone, en su artículo 31, inciso D, que ``la federación, el Distrito Federal, estados y municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán normas tendientes a fomentar centros educativos especiales y proyectos de educación especial que permitan a niñas, niños y adolescentes con discapacidad integrarse en la medida de su capacidad a los sistemas educativos regulares. Dispondrán de cuidados elementales gratuitos, acceso a programas de estimulación temprana, servicios de salud, rehabilitación, esparcimiento, actividades ocupacionales, así como a la capacitación para el trabajo, para lo cual se promoverá, de no contarse con estos servicios, a su creación''.
Además de establecer un capítulo especial sobre el derecho a la educación, en donde en su artículo 32 se establece lo siguiente:
En definitiva, se estima que los argumentos de los proponentes sobre la necesidad de reformar la Ley General de Educación para garantizar el acceso y la permanencia de las personas con discapacidad a una educación con calidad ya están contempladas ampliamente en diversas leyes específicas, por lo se considera que son redundantes.
En virtud de lo anterior, esta comisión dictaminadora considera que no son de aprobarse las iniciativas, materia del presente dictamen, por lo que se propone a esta honorable asamblea de la Cámara de Diputados el siguiente
Acuerdo
Primero. Se desechan las tres iniciativas enlistadas en el capítulo I, ``Antecedentes'', en virtud de que su esencia ya se contempla en diversos ordenamientos, tales como nuestra Carta Magna, la Ley General de Educación, la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la Ley General de las Personas con Discapacidad, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, y la Ley General de la Infraestructura Física Educativa.
Segundo. Archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : Está a discusión el punto de acuerdo. En virtud de que no se ha registrado orador alguno, se reserva para su votación en conjunto.
LEY GENERAL DE EDUCACION
El Secretario diputado José Manuel del Río Virgen : «Dictamen de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con punto de acuerdo por el que se dese-chan cuatro iniciativas que reforman diversos artículos de la Ley General de Educación, sobre problemas ambientales, riesgos del consumo de drogas y reconocimiento de la diversidad indígena
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, le fue turnada para su estudio y análisis, iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona la Ley General de Educación en materia de educación ambiental, aprovechamiento sustentable y ética, a cargo del diputado federal Jorge Legorreta Ordorica del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LIX Legislatura.
La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con fundamento en los artículos 71 y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con los artículos 39, 44 y 45 numeral 6, incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 56, 60, 88, 93 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea el presente
Dictamen
I. Antecedentes
A) En sesión de Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, el día 19 de julio de 2006, el diputado federal Jorge Legorreta Ordorica, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LIX Legislatura, presentó Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma la fracción XI del artículo 7, la fracción II del artículo 8 y el artículo 47 de la Ley General de Educación.
B) Recibida en esa misma fecha la iniciativa con proyecto de decreto en la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la Presidencia de la Mesa Directiva, en uso de sus facultades legales y reglamentarias, acordó dar a la misma trámite de recibo y ordenó su turno a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente.
C) Una vez iniciada la discusión de la iniciativa de referencia, la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, acordó incorporar al análisis tres iniciativas más, por coincidir con el objetivo de modificación de planes y programas de estudio de educación básica. Las iniciativas son las siguientes:
II. Contenido de las iniciativas
Las iniciativas en comento tienen como objeto ampliar los planes y programas de estudio de la educación básica, proponiendo para tal efecto diversas modificaciones a la Ley General de Educación respecto de temas como la educación ambiental, educación para la salud, adicciones y grupos étnicos.
A) La iniciativa del diputado Jorge Legorreta Ordorica aborda los problemas ambientales que ya no aparecen como independientes unos de otros sino que constituyen elementos que se relacionan entre sí. El iniciante considera que hoy en día nos enfrentamos a una auténtica problemática ambiental y la gravedad de la crisis se manifiesta en su carácter global.
El promovente considera que la educación ambiental tiene un importante papel que permite afrontar el desafío de transformar los valores de la sociedad contemporánea, promoviendo un aprendizaje caracterizado por prevenir el desgaste de nuestros recursos naturales y nuestro entorno.
La exposición de motivos señala que la educación ambiental resulta clave para comprender las relaciones existentes entre los sistemas naturales y sociales, así como para conseguir una percepción más clara de la importancia de los factores socioculturales en la génesis de los problemas ambientales. Plantea que se debe impulsar la adquisición de la conciencia, los valores y los comportamientos que favorezcan la participación efectiva de la población en el proceso de toma de decisiones. La educación ambiental así entendida puede y debe ser un factor estratégico que incida en el modelo de desarrollo establecido para reorientarlo hacia la sostenibilidad y la equidad.
Respecto de los planes y programas de estudio, se propone que: ``se observen los principios de protección al ambiente, aprovechamiento sustentable de recursos naturales y ética para la sustentabilidad'', ya que considera que constituye un aspecto prioritario para ser observado por los niños, adolescentes y jóvenes en proceso de formación, menciona también que: ``debe traducirse en la incorporación de asignaturas dentro de los planes y programas de estudio para la educación primaria, secundaria y normal, así como fijar los lineamientos generales para el uso de material educativo para tales efectos, traduciéndose esto último en actividades y talleres tendientes al aprendizaje práctico o en campo.''
Para concluir, añade que: aunado al reconocimiento constitucional del derecho a un medio ambiente adecuado para el desarrollo y bienestar que existe en nuestra Carta Magna, deben darse los fundamentos jurídicos necesarios para establecer, en los planes de estudio a nivel básico, secundaria y normal, asignaturas obligatorias relativas a la protección del ambiente, aprovechamiento sustentable y ética para la sustentabilidad a efecto de hacerlos acorde con la garantía de nuestro sistema constitucional.''
De acuerdo con las consideraciones del diputado Jorge Legorreta Ondorica, propone modificar los artículos 7, 8 y 47 de la Ley General de Educación para quedar como sigue:
``Capítulo I Disposiciones Generales
Sección Segunda De los Planes de Estudio
B) La Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología y Cultura del Congreso de Tlaxcala de Xicoténcatl, menciona en la iniciativa presentada, el grave problema social para nuestros niños y jóvenes estudiantes al enfrentarse al riesgo de consumo de drogas y bebidas alcohólicas, que en muchos casos sucede desde el nivel de educación primaria, se refiere también a las causas por las que inician las adicciones, que pueden ser desintegración familiar, falta de atención de los profesores, que al dejarlos con horas libres, buscan un medio de escape o diversión mal orientada, afectando su salud y deteriorando su autoestima.
La Comisión considera imperativo el educar y preservar la salud de los educandos, para formar individuos responsables y conscientes, por ende alejarlos de las adicciones al alcohol y consumo de las drogas, que orillan a la adquisición de vicios, como el robo, el abandono de sus estudios o incluso de su hogar.
La iniciativa en merito señala que es de orden público e interés social el llevar a cabo las acciones coordinadas a fin de prevenir y atender el grave problema de las adicciones desde nuestras instituciones de enseñanza, para que los jóvenes no caigan en estos vicios y enfermedades que destruyen a los alumnos, familias y sociedades enteras, por ello la Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología y Cultura considera necesario establecer como asignatura curricular obligatoria la educación para la prevención de las adicciones, en el nivel primaria, secundaria y bachillerato.
En virtud de estas consideraciones, la LVIII Legislatura del Congreso del estado de Tlaxcala de Xicoténcatl, pone a consideración adicionar un artículo 47 Bis a la Ley General de Educación en los términos siguientes:
Transitorio
C) En el mismo sentido que la iniciativa antes descrita, la Iniciativa del diputado Ricardo Cantú Garza , aborda el tema del combate y la prevención de las adicciones como tema prioritario de la política de salud en México.
La exposición de motivos señala que el factor fundamental por el que las personas consumen cada vez más drogas está asociado a la destrucción del núcleo familiar.
Añade que ``millones de padres de familia de todos los estratos sociales se vieron envueltos en una dinámica de destinar mayor tiempo a las actividades laborales en detrimento del tiempo destinado a la convivencia familiar y con los hijos.''
Considera que factores como la pobreza y la desintegración familiar, generan individuos emocionalmente inseguros, vulnerables al desarrollo de conductas depresivas y ansiosas, mismas que pueden inducirlos al consumo de drogas, alcoholismo, tabaquismo y otras conductas delictivas y adictivas que distorsionan la personalidad de los individuos.
Ante la problemática, proponen impulsar una política de autoconocimiento de la personalidad y el carácter de los individuos para tener mejor desempeño emocional y de integración social, que involucre todas las instancias del sector salud, a la sociedad en su conjunto, las instituciones de educación superior y al Congreso de la Unión a fin de enfrentar con mayor capacidad los problemas y retos relacionados con la vida cotidiana, así como tomar decisiones que muestren firmeza de carácter y seguridad de la personalidad.
En virtud de lo anterior, el diputado Ricardo Cantú Garza , propone la modificación del artículo 48 de la Ley General de Educación, a fin de que se incluya una materia que forme parte del plan de estudios de la enseñanza básica, donde se destaquen las razones que inducen al consumo de drogas, prevención y repercusiones, quedando dicho artículo como sigue:
Transitorio
D) La iniciativa del diputado Jorge Toledo Luis del Grupo Parlamentario de la Revolución Institucional, aborda la problemática de los contenidos regionales en materia educativa, mismos que considera insuficientes para el estudio y reconocimiento de la riqueza y diversidad indígena.
El promovente hace referencia a la población indígena existente en México, que rebasa los 12.7 millones de personas, representando así el 13 por ciento de la población nacional con alrededor de 62 comunidades indígenas que hablan más de 63 lenguas diferentes.
Por otra parte, observa que en materia indígena, ha habido avances, como la reforma del artículo 2o. de la Carta Magna, ``donde se reconocen sus derechos, ya que el país se define a sí mismo como una nación pluricultural, en reconocimiento de los diversos pueblos indígenas que habitan en su territorio. Además, las lenguas de estos pueblos son reconocidas como lenguas nacionales, en la misma categoría que el español.''
Sin embargo, añade que aún existe una gran problemática en la educación indígena en virtud de que los servicios educativos no han llegado a muchas zonas marginadas, lo que se traduce en gran número de analfabetos.
Con el fin de impulsar acciones que fortalezcan el conocimiento, la comprensión, el respeto y la inclusión de la cultura indígena, el promovente considera importante reformar la Ley General de Educación para que los textos gratuitos contengan una edición específica para distribuirse en el nivel básico que contenga la historia, cultura y organización indígenas de cada entidad, destacando las aportaciones de los pueblos indígenas en su desarrollo.
Por lo anterior, el diputado Jorge Toledo Luis , propone la siguiente modificación al artículo 12 de la Ley General de Educación:
Artículo Transitorio
III. Consideraciones de la comisión
La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, en virtud del espíritu que guardan las iniciativas que se describen en el punto anterior, coincide con los Legisladores en que los temas que les preocupan son de suma importancia para la educación básica y comparte la idea de que deben formar parte de los planes y programas de estudio y del currículo.
Respecto a la alarmante problemática ambiental, la Comisión Dictaminadora reconoce que México, como muchas otras naciones, enfrentan en la actualidad problemas ambientales derivados de su propio desarrollo, mismos que requieren de soluciones que garanticen el futuro de las generaciones venideras.
Esta Comisión dictaminadora, no pierde de vista que tan sólo en México, se ha perdido cerca del 37 por ciento de la cubierta forestal nacional, que más del 80 por ciento de las pesquerías nacionales han alcanzado su aprovechamiento máximo, que cerca del 45 por ciento de los suelos presenta algún tipo de degradación causada por el hombre y que dos mil quinientas ochenta y tres especies, entre plantas y animales, están consideradas dentro de alguna categoría de riesgo; 1 es por esto que comprendemos la preocupación del iniciante al afirmar que ``la educación ambiental tiene un importante papel que permitirá afrontar el desafío de transformar los valores de la sociedad contemporánea''.
Si bien es cierto que en los planes y programas de estudio se deben observar principios de protección al medio ambiente, aprovechamiento sustentable y ética, como lo indica la iniciativa, cierto es también que la trayectoria de la educación ambiental no es intrascendente, ya que las actividades institucionales involucradas en ella datan de principios de la década de los años ochenta.
La educación ambiental forma parte de los propósitos de la educación básica de nuestro país y, por tanto, constituye un eje temático transversal, que se desarrolla desde el nivel preescolar hasta la secundaria. En el cuadro siguiente se muestran los contenidos por nivel y grado incluidos en el currículo vigente:
En el cuadro de análisis anterior se refleja la considerable atención que se dedica a la educación ambiental en los programas de educación básica, demostrando que estos constituyen instrumentos que proporcionan al educando herramientas de discernimiento para la contención del deterioro, el fomento a la producción sustentable y el aumento del bienestar social.
Cabe señalar que la Semarnat, en el marco de la Década de la Educación para el Desarrollo Sustentable (2005), que tiene como propósito promover la educación como base para una sociedad humana más sustentable estimular la colaboración internacional para compartir programas, prácticas y políticas educativas innovadoras de la educación para el desarrollo sustentable, se encuentra revisando y fortaleciendo el marco legal de la educación ambiental en coordinación con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y con el apoyo de la Secretaría de Educación Pública. 2
Respecto de las iniciativas que abordan el tema de las adicciones y los medios para prevenirlas y combatirlas, principalmente entre los jóvenes, esta comisión coincide con los legisladores en que las actitudes adictivas en los jóvenes representa un inquietante problema que aqueja a México al igual que muchos países en el mundo.
Esta Comisión reconoce los severos problemas que las adicciones ocasionan, especialmente a mediano y largo plazo, así como los efectos colaterales. 3
Ahora bien, no cabe duda de que cada día se ha vuelto más necesario informar respecto a las adicciones desde una edad temprana, ya que para las mujeres, ``la edad más frecuente para iniciar el consumo [de alcohol] es entre los 18 y los 29 años, mientras que en los varones se observan dos etapas importantes: entre los 12 y los 15 años y al llegar a la mayoría de edad''. 4 Respecto del consumo de drogas ilícitas, ``el grupo más numeroso fue el de hombres entre 18 y 34 años (15.61 por ciento), con educación formal de primaria y secundaria''. 5
Es precisamente por la importancia del tema que las asignaturas de Ciencias Naturales, en los dos últimos años de primaria y Ciencias y Formación Cívica y Ética en secundaria, proporcionan información a los adolescentes respecto de las drogas, las adicciones y los efectos de estas, tal y como se muestra en el cuadro que sigue:
Como puede observarse en el breve análisis de los planes y programas de estudios de la educación básica, los temas de salud, bienestar físico, calidad de vida e integridad son encaminados, en los últimos grados de primaria y secundaria, a informar a los estudiantes respecto de las causas y consecuencias de las adicciones, buscando que los adolescentes (en los últimos grados de secundaria) formen juicios propios al respecto y que sean capaces de tomar decisiones en base a sus opiniones personales.
En este mismo sentido, cabe señalar que la fracción X del artículo 7o. de la Ley General de Educación, recién modificada por un dictamen de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, aprobado el 29 de abril de 2008 en el Pleno de la Cámara de Diputados, refiere que la educación que imparta el Estado tendrá como fin el desarrollar ``actitudes solidarias en los individuos, para crear conciencia sobre la preservación de la salud [...], sin menoscabo de la libertad y del respeto absoluto a la dignidad humana, así como propiciar el rechazo a los vicios y adicciones, fomentando el conocimiento de sus causas, riesgos y consecuencias.''
Referente a la iniciativa que se ocupa del tema de la cultura indígena, esta comisión dictaminadora esta conciente del valor de la riqueza cultural de nuestros grupos étnicos.
En México conviven por los menos 57 grupos étnicos reconocidos por el INEGI. Según estudios, la población indígena aumentó de dos millones en 1895 a seis millones en el año 2000; y a pesar de que su representatividad respecto al de población a decrecido en los últimos años, actualmente la población indígena entre los 5 y 14 años, es decir, en edad de acudir a la educación básica, es de 1 millón 335 mil 697 (INEGI 2005).
Ahora bien, es importante señalar que de a cuerdo con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, en México se hablan 62 lenguas indígenas además de diversas variantes que en ocasiones son incluso ininteligibles entre sí, es decir, que si bien es cierto que su historia, lenguas y tradiciones forman parte de la riqueza cultural de México, cierto es también que crear ediciones de libros de texto gratuitos por cada grupo étnico, representaría una labor por demás extensa, no obviando que en algunas regiones como Oaxaca o Chiapas, la información bien podría ser compilada en libros que se utilizarían durante toda la educación básica, es decir, una nueva asignatura, y en cambio, en regiones como Aguascalientes, donde la población indígena a partir de los 5 años, no alcanza las 3 mil personas, la información podría ser compilada en tan sólo algunos capítulos.
Por otra parte y en virtud del gran valor de la pluriculturalidad de nuestra Nación, misma que es reconocida en nuestra Carta Magna, los planes y programas de estudio de la educación básica observan y dan al tema un lugar en el currículo.
En el mismo sentido, a partir de junio de 2006 entró en operación el programa de la asignatura de Lengua y Cultura Indígena para la educación secundaria, que tiene como meta principal ``establecer las condiciones para que los estudiantes alcancen un dominio eficiente del lenguaje como actividad comunicativa, cognitiva y reflexiva en todos los ámbitos de la vida''. 6
Del detallado análisis puede observarse que las preocupaciones de los legisladores respecto a temas significativos de la educación básica, tales como el medio ambiente, las adicciones y la pluriculturalidad, tienen tanto peso en los planes y programas de estudio, que ya forman parte de ellos y a los cuales se les dedica una parte significativa del tiempo escolar.
Por otra parte, es importante resaltar que existen otros contenidos --no menos importantes- que los maestros deben tratar. Al respecto, es importante tomar en cuenta que:
``A la escuela primaria se le encomiendan múltiples tareas. No sólo se espera que enseñe más conocimientos, sino también que realice otras complejas funciones sociales y culturales. Frente a esas demandas, es indispensable aplicar criterios selectivos y establecer prioridades, bajo el principio de que la escuela debe asegurar en primer lugar el dominio de la lectura y la escritura, la formación matemática elemental y la destreza en la selección y el uso de información. Sólo en la medida en que cumpla estas tareas con eficacia, la educación primaria será capaz de atender otras funciones.'' (Plan y programas de estudio. Educación primaria, SEP, 1993)
Ahora bien, en lo que toca a los contenidos educativos en planes y programas de estudio, la fracción tercera del artículo 3o. constitucional establece que:
Por esta razón resulta improcedente que, desde la ley secundaria se proponga establecer contenidos educativos, ya que como lo establece la propia Ley General de Educación en su artículo 48, tales contenidos serán determinados por la Secretaría de Educación Pública de conformidad a los principios y criterios establecidos en los artículos 7o. y 8o. de la norma secundaria y serán publicados en el Diario Oficial de la Federación para el conocimiento público.
En virtud de lo anterior, esta comisión dictaminadora considera que no son de aprobarse las presentes iniciativas, por lo que se propone a la honorable asamblea de la Cámara de Diputados el siguiente
Acuerdo
Primero. Se desechan las cuatro iniciativas enlistadas en el capítulo I, Antecedentes, en virtud de que las modificaciones planteadas a los planes y programas de estudio son atribuciones legales de la Secretaria de Educación Pública Federal, y en virtud de que las preocupaciones de los legisladores se encuentran ya contempladas en los lineamientos de la Ley General de Educación y forman parte del currículo de la educación básica.
Segundo. Archívese el presente asunto, como total y definitivamente concluido.
Notas: 1 ¿Y el medio ambiente? Problemas en México y el mundo. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 20072 Semarnat, Sistema Nacional de Información Ambiental y Recursos Naturales. Informe de labores.3 Programa de acción: adicciones. Alcoholismo y abuso de bebidas alcohólicas. Consejo Nacional Contra las Adicciones. Secretaría de Salud. México, 2001 p. 19.4 Ibíd. P. 255 Programa de acción: adicciones. Farmacodependencia. Consejo Nacional contra las Adicciones. Secretaría de Salud. México 2001. p. 186 Fundamentos generales de la asignatura de lengua y cultura indígena para la educación secundaria. SEP, Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe. México, DF, junio de 2006La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : Está a discusión el punto de acuerdo. En virtud de que no se ha registrado orador alguno, se reserva para su votación en conjunto.
LEY GENERAL DE EDUCACION
El Secretario diputado José Manuel del Río Virgen : «Dictamen de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con punto de acuerdo por el que se dese-chan ocho iniciativas que reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Educación, en materia de equidad
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión le fue turnada, para su estudio y dictamen, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación a cargo de la diputada Bertha Yolanda Rodríguez Ramírez , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LX Legislatura, en materia de equidad.
La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con fundamento en los artículos 71 y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con los artículos 39, 43, 44 y 45 numeral 6, incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 56, 60, 88, 93 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea, el presente:
Dictamen
I. Antecedentes
A. En sesión celebrada el 12 de abril de 2007 por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, la diputada Bertha Yolanda Rodríguez Ramírez del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LX Legislatura, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 2, segundo párrafo; adiciona un párrafo a la fracción X del artículo 7; reforma el artículo 8, fracción III; adiciona el párrafo tercero al artículo 30; y reforma el artículo 49, adicionándole un párrafo, todos de la Ley General de Educación.
B. En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados dio cuenta de la iniciativa y determinó que se turnara a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para su estudio y dictamen.
C. A la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión le turnaron, para su estudio y dictamen, diversas iniciativas que son coincidentes con la de mérito, por lo que se determinó incluirlas como parte del presente análisis y dictamen:
En la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados del 15 de junio de 2005, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados dio cuenta de la iniciativa y determinó que se turnara a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para su estudio y dictamen.
En la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados del 20 de septiembre de 2005, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados dio cuenta de la iniciativa y determinó que se turnara a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para su estudio y dictamen.
En sesión ordinaria de la Cámara de Diputados del 6 de abril de 2006, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados dio cuenta de la iniciativa y determinó que se turnara a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para su estudio y dictamen.
En la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados del 19 de julio de 2006, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados dio cuenta de la iniciativa y determinó que se turnara a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para su estudio y dictamen.
En sesión ordinaria de la Cámara de Diputados del 25 de abril de 2007, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados dio cuenta de la iniciativa y determinó que se turnara a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para su estudio y dictamen.
En sesión ordinaria de la Cámara de Diputados del 14 de febrero de 2008, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados dio cuenta de la iniciativa y determinó que se turnara a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para su estudio y dictamen.
En sesión ordinaria de la Cámara de Diputados del 3 de abril del 2008, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados dio cuenta de la iniciativa y determinó que se turnara a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para su estudio y dictamen.
II. Contenido de las iniciativas
A) La Diputada Bertha Yolanda Rodríguez Ramírez manifiesta en su exposición de motivos que la violencia es un fenómeno creciente en los planteles educativos pero, aclara, no es nuevo, y que no ha dejado de ser noticia que en las escuelas haya niños o jóvenes que se comportan agresivamente con sus compañeros y profesores.
Refiere que según estadísticas de la Secretaría de Educación Pública el aumento de la violencia en los salones de clase es evidente: ``...el incremento del maltrato físico y emocional y del abuso sexual pasó de 12 casos tan sólo en el Distrito Federal en el ciclo escolar 1999-2000 a 482 denuncias en el ciclo escolar 2003-2004; es decir, aumentó 3,917 por ciento en cuatro años, cifra alarmante que muestra el grado de ambiente violento en el ámbito escolar y para 2007 la cifra va en gradual aumento''.
Advierte la iniciante que ``...la violencia se hace más compleja con la marginalidad de las mujeres tanto alumnas como docentes, precisamente en las escuelas, donde debería fortalecerse el aprendizaje de una cultura de respeto y equidad de género''.
Aclara, por otro lado, que ``...las bases jurídicas que regulan el sistema educativo nacional tienen que armonizarse, igual que las demás instituciones sociales, con el proceso de transversalización de la perspectiva de género, con la tolerancia y con una cultura de respeto entre las personas''.
La proponente Bertha Yolanda Rodríguez Ramírez alerta sobre la urgencia de actuar, ``...fortaleciendo el sistema educativo nacional, profesionalizando a las autoridades educativas y a los docentes para prevenir y sancionar a quien ejerza violencia, estableciendo como principios educativos básicos el fomento de valores como la tolerancia, el respeto, el rechazo de la discriminación, y la equidad entre los géneros; y desde luego, a la formación de personas que sepan resolver sus diferencias privilegiando el diálogo y la tolerancia, en abierto rechazo de actitudes violentas''.
Por lo anterior, para la diputada federal se vuelve imprescindible una ``...fundamentación normativa en la Ley General de Educación, para implantar políticas públicas eficaces en materia educativa que busquen la equidad entre los géneros, consagrada en el artículo 4o. constitucional y la eliminación de cualquier forma de violencia, establecida en diversos instrumentos internacionales de los que México forma parte'', por lo que propone reformas a la Ley General de Educación en los siguientes términos:
Transitorios
B) Con respecto a la iniciativa del diputado Jesús Emilio Martínez Álvarez, en la exposición de motivos se indica que no es suficiente el contar con un texto que obligue al Estado a prestar servicios educativos, sino que se requiere un sistema legal que conceda la garantía de los mexicanos respecto a lo señalado por el articulo 4 de la Ley General de Educación.
Advierte además que no se trata de un intento de reformar lo ya establecido en materia de educación, sino de sensibilizar el texto legal a la realidad, en donde ``...actualmente en diversas comunidades no se tiene acceso a la educación básica y si dicho acceso es posible, en ocasiones los padres optan porque sus hijos trabajen en lugar de asistir a clases''.
El diputado Jesús Emilio Martínez Álvarez, preocupado por contribuir a la educación del país, propone que los sistemas educativos sean herramientas al alcance de todos y garantizados por el Estado, por lo que formula dos modificaciones muy concretas a la Ley General de Educación, para quedar como sigue:
Transitorio
C) La iniciativa de la diputada por la LIX Legislatura, María Concepción Fajardo Muñoz, propone adicionar un párrafo al artículo 32 de la Ley General de Educación, en materia de equidad de género.
En la exposición de motivos la promovente argumenta que el índice de analfabetismo en nuestro país es de 8.3 por ciento, correspondiendo a las mujeres el 5.1 y a los hombres el 3.2 por ciento. Que en el nivel superior, 89 de cada cien mujeres mexicanas mayores de 18 años no cuentan con educación de este nivel, y que alrededor del 48 por ciento de la población se ubica en lo que se llama el ``rezago educativo'', correspondiendo a las mujeres el 28 por ciento y a los hombres el 20 por ciento. Es decir, de acuerdo al rango de 15 años y más, aproximadamente 26 millones de mujeres y 19 millones de hombres no terminaron ni siquiera la primaria.
De acuerdo con la proponente, esto no debe ser un dato para la estadística, sino un dato para reflexionar sobre la competitividad, el empleo, la preparación, el desarrollo, la calidad humana y la defensa de los valores que tenemos como nación.
En tal sentido, propone añadir un último párrafo al artículo 32 de la Ley General de Educación en los siguientes términos:
Transitorio
D) En la iniciativa del diputado Manuel Velasco Coello de la LIX Legislatura, se menciona que no es suficiente para elevar la calidad educativa la distribución de bienes entre las entidades federativas y hacia los grupos de población, ``...en tanto no se logre la equidad genérica que otorga el mismo valor a las personas, independientemente de su sexo''.
Se señala además, que hay que excluir de los programas escolares ``la marcada diferenciación de papeles masculinos y femeninos que impiden a las mujeres escoger libremente actividades y formas de vida que las orillan a destinar su tiempo exclusivamente y desde pequeñas a los trabajos domésticos del grupo familiar alejándolas de un desarrollo personal autónomo y profesional''.
El diputado proponente advierte también que al incluir la aplicación del análisis de género en la Ley General de Educación, se cumple con los convenios internacionales ratificados por México, al mismo tiempo que ``...integra y a su vez contribuye para que no sólo se interpreten las desigualdades, revise el acceso a los recursos y repartan las tareas en los ámbitos de desarrollo personal o social, sino también se proporcionen nuevos modelos que aporten a la solidaridad entre hombres y mujeres, de modo que sea posible llevarlos a acordar y asentar sus relaciones sobre nuevos equilibrios en su interés común''.
La iniciativa a cargo del diputado Manuel Velasco Coello plantea la reforma a los artículos 33, 47 y 75 de la Ley General de Educación, en los siguientes términos:
Transitorios
E) Los diputados Fernando Alberto García y José Porfirio Alarcón Hernández, integrantes de la LIX legislatura, manifiestan en su iniciativa que es necesario promover la igualdad entre sexos. Que si bien puede parecer un tanto abstracta en las ciudades grandes, la desigualdad en el trato educativo entre niñas y niños en las ciudades medianas y pequeñas y, sobre todo, en las áreas semirurales y rurales es una práctica común y altamente discriminatoria.
Los diputados proponentes reconocen que aunque por desgracia aún privan conceptos no equitativos tanto en el trato, como en la educación, la participación social y en el desarrollo integral de niños y niñas, ``...del Congreso de La Unión han surgido numerosos esfuerzos para la igualdad de género sea una práctica generalizadas y aceptada''; además de que se han visto frutos en los sectores de la población menos favorecidos.
Argumentan también que ``...no basta con emitir, por decreto, que el varón y la mujer son iguales ante la ley y que tienen los mismos derechos, como lo marca la Constitución de la República y la Ley General de Educación. Es preciso reglamentar también que es obligación de las autoridades educativas desarrollar y establecer programas destinados a que los adultos, principalmente los padres o tutores de éstos niños y niñas, entiendan la importancia de que la igualdad de género en materia educativa es el verdadero cimiento del aprovechamiento escolar''.
Por lo anterior, los diputados Fernando Alberto García y José Porfirio Alarcón Hernández, sometieron a la consideración de esta soberanía la reforma a los artículos 33 y 75 de la Ley General de Educación, en el siguiente sentido:
Transitorio
F) Por su parte, la diputada Mónica Arriola en su iniciativa reconoce en su exposición de motivos que en tiempos recientes se han instaurado instrumentos jurídicos y acciones políticas para proteger a las niñas y niños, producto de un diálogo político y social, de un movimiento internacional del que México ha sido parte.
Asimismo, acepta que en consonancia con los compromisos internacionales que México ha suscrito en los distintos tratados, además del fruto de un trabajo legislativo responsable, se han hecho reformas al artículo 3o. constitucional, relativo a la educación, además de haberse publicado Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
No obstante lo anterior, precisa la diputada proponente que es tiempo de dar un paso más en relación al conocimiento y protección de los derechos de los niños, ya que, aún cuando en el marco jurídico son reconocidos, no estamos explotando el mejor recurso que tenemos para ello, la educación. Acepta que ``...en los actuales planes de educación sólo incorporan en sus bases velar por la laicidad, gratuidad y publicidad de la misma, pero habría que considerar además que se incluya información en relación a los derechos que poseen y la forma de ejercitarlos y demandarlos por los propios menores de edad''; derechos como a la supervivencia, al desarrollo, a la protección, a la participación y a ser escuchados.
Por lo que propone el siguiente decreto:
Transitorios
G) En la iniciativa del diputado Alberto Esteva Salinas se advierte que el abuso sexual en niños es cada día más frecuente o quizá es más frecuentemente reportado. En la exposición de motivos se incluyen estadísticas que reflejan la gravedad del problema no sólo en nuestro país, sino en otros países como en España y Estados Unidos de América, en donde se reporta que alrededor del 20 al 25 por ciento de las niñas y del 10 al 15 por ciento de los niños sufren algún tipo de abuso sexual antes de los 17 años.
El promovente destaca que se debe ``...educar a la población en general y específicamente a los individuos en riesgo sobre este fenómeno, creando programas de prevención de factores de riesgo y contribuir a su erradicación y la incidencia de tan desagradables acontecimientos y de garantizarle a la niñez y la juventud una vida con un desarrollo psicosexual normal''.
En tal sentido, su propuesta va dirigida a que se cuente con un programa educativo que permita tratar y analizar todo lo relacionado a la educación sexual y sobre todo a la cultura de la prevención del abuso sexual, ello, a partir de la enseñanza más temprana que pueda adquirir los niños en instituciones educativas, en presencia de los padres de familia y con personal debidamente capacitado en las materias de psicología, pedagogía y demás que se consideren necesarios.
Por lo que se propone modificar la Ley General de Educación en los siguientes términos:
Transitorio
H) Finalmente, la diputada Mónica Arriola en su iniciativa que reforma el artículo 9o. de la Ley General de Educación, señala que su propuesta tiene por objeto garantizar la equidad en el acceso a la educación, reconociendo con ello que el concepto de equidad es ``mucho más sensible a las diferencias de los seres humanos; la igualdad se refiere a iguales oportunidades a nivel formal, ya que puede haber una igualdad formal de acceso a la educación, pero para garantizar una igualdad de oportunidades se debe apoyar con mayores recursos a los grupos más vulnerables.
Precisa la diputada promovente que una de las prioridades del Estado debe ser cumplir con el principio de equidad en el acceso a la educación, por lo que debemos recordar que el papel de la escuela, como detonante de equidad es central en sociedades como la nuestra.
Se reconoce también que el asunto es tan importante y trascendente que, incluso los sujetos excluidos del sistema educativo también lo son de la inserción laboral. Y destaca que en las últimas décadas ``...quienes no tienen una educación de calidad, definida como la adquisición de competencias deseables formalmente iguales, no alcanzan la plena ciudadanía, al estar impedidos para ejercer plenamente sus derechos y la participación en los bienes sociales y culturales''.
Asimismo, subraya que para su partido garantizar la equidad en el acceso a la educación es prioritario, ``...ya que a través de ella implantaremos las condiciones necesarias para que en adelante nos integremos al mundo de una manera menos costosa, socialmente hablando, y mucho más benéfica para nuestros ciudadanos''.
Advierte, por último, que si las instituciones y el poder legislativo no brindamos a todos los mexicanos el derecho a una educación y acceso equitativo a ella, no responderemos a los cambios acelerados en la economía y al entorno social, perdiendo con esto la gran oportunidad de alcanzar mejores niveles de bienestar y la posibilidad de alcanzar el desarrollo económico y social a los cuales aspiramos.
Por lo que propone agregar el texto ``con equidad'' al artículo 9o. para quedar como sigue:
Transitorio
III. Consideraciones de la comisión
Las iniciativas materia de análisis tienen como finalidad reformar la Ley General de Educación a efecto de promover la equidad en general y, en particular, erradicar la violencia y el trato desigual y discriminatorio en contra de las mujeres, en particular, la ejercida en las aulas.
Los miembros de la Comisión Dictaminadora coincidimos con la diputada Bertha Yolanda Rodríguez Ramírez respecto a que el problema de la violencia en los planteles educativos no es nuevo y que desafortunadamente va en aumento. Concordamos, asimismo, que esta violencia se vuelve más incomprensible en las escuelas, en donde, precisamente, debería fortalecerse el aprendizaje de una cultura de respeto y equidad de género.
Por otro lado, esta legislatura sensible al grave problema de la violencia en nuestro país aprobó reformas específicas a la Ley General de Educación, a fin de promover el desarrollo de una cultura por la paz y la cultura de la no violencia en cualquier tipo de sus manifestaciones, las cuales fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 17 de junio del presente año.
Dichas reformas se integran a los fines de la educación previstos en el artículo 7 de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:
Asimismo, el 28 de marzo de 2008 en Sesión Plenaria de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, los diputados integrantes aprobaron un Dictamen de las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos y de Equidad de Género, en el cual se incorpora la esencia de las diversas propuestas de las Iniciativas materia del presente Dictamen, enlistadas en el Capítulo I. de Antecedentes. El Decreto aprobado en la mencionada reunión es el siguiente:
Transitorio Único
En este sentido, y en virtud de que esta Soberanía ha aprobado en los últimos años distintas leyes específicas en materia de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, para prevenir y eliminar la discriminación, así como sobre la igualdad entre mujeres y hombres y el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, es necesario hacer una serie de consideraciones a los proyectos de Iniciativas, a efecto de no caer en innecesarias reiteraciones y redundancias tanto en la Ley General de Educación como en diversas leyes.
El artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que el varón y la mujer son iguales ante la ley, entendida ésta como una disposición autoaplicativa o eficiencia plena, es decir, como aquella que no necesita una norma secundaria para su cumplimiento y, por lo tanto, que produce todos los efectos desde la entrada en vigor. No obstante, distintas leyes de nuestro ordenamiento jurídico establecen mecanismos y acciones para hacer efectiva esta disposición constitucional, incluyendo la Ley General de Educación.
Dentro de los criterios que deben orientar la educación en México, establecidos en el artículo 8o. de la Ley General de Educación, se prevé el de luchar contra la discriminación, especialmente la ejercida en contra de las mujeres, además se precisa que contribuirá a la igualdad de derechos de todos los hombres, evitando los privilegios de sexos.
El texto del artículo 32 de la misma Ley General de Educación estipula, por un lado, la responsabilidad de la autoridad educativa de establecer condiciones para el pleno ejercicio del derecho a la educación de cada individuo y, por otro lado, el mismo artículo precisa el compromiso de la autoridad de asegurar una mayor equidad y el logro de la efectiva igualdad de oportunidades de acceso y permanencia en los servicios educativos. En este sentido, la ley es incluyente al considerar a todos los individuos, sin distinción alguna por condiciones o características específicas.
Además, el mismo artículo 32 dispone que las medidas que tome la autoridad educativa deben dirigirse preferentemente a los grupos y regiones con mayor rezago educativo o que enfrenten condiciones económicas y sociales de desventaja, situación que igualmente, a consideración de esta Comisión, incluye los supuestos de desventaja que presentan las mujeres, obligando a la autoridad educativa a que implemente los planes y programas necesarios para lograr, entre otros aspectos, una mayor igualdad entre la mujer y el hombre.
Ahora bien, el Congreso de la Unión aprobó en el 2000 la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en donde se incluyen dos capítulo especiales relacionados, uno con el derecho a la educación y otro con los derechos de niñas, niños y adolescentes con discapacidad,
``Capítulo Décimo Del Derecho a la Educación
Artículo 32. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a una educación que respete su dignidad y les prepare para la vida en un espíritu de comprensión, paz y tolerancia en los términos del artículo 3o. de la Constitución. Las leyes promoverán las medidas necesarias para que:
Capítulo Noveno Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes con Discapacidad
Artículo 29. Para efectos de esta ley, se considera persona con discapacidad a quien padezca una alteración funcional física, intelectual o sensorial, que le impida realizar una actividad propia de su edad y medio social, y que implique desventajas para su integración familiar, social, educacional o laboral.
Artículo 30. Niñas, niños y adolescentes con discapacidad física, intelectual o sensorial no podrán ser discriminados por ningún motivo. Independientemente de los demás derechos que reconoce y otorga esta ley, tienen derecho a desarrollar plenamente sus aptitudes y a gozar de una vida digna que les permita integrarse a la sociedad, participando, en la medida de sus posibilidades, en los ámbitos escolar, laboral, cultural, recreativo y económico.
Artículo 31. La Federación, el Distrito Federal, estados y municipios en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán normas tendientes a:
Por otro lado, en la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2003, se contemplan acciones muy concretas con el objeto de prevenir y eliminar todas las formas de discriminación que se ejerzan contra cualquier perronas, incluidas las mujeres, así como promover la igualdad de oportunidades y de trato.
De acuerdo con lo dispuesto en las fracciones I y II del artículo 9o. de dicha Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, se consideran como conductas discriminatorias, entre otras:
El artículo 10 de la misma Ley señala que los órganos públicos y las autoridades federales en el ámbito de su competencia llevarán a cabo, entre otras medidas positivas y compensatorias a favor de la igualdad de oportunidades para las mujeres:
En la mismo sentido, con la entrada en vigor de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres el 3 de agosto del 2006, este órgano legislativo decidió abordar el tema de la desigualdad entre los hombres y mujeres de una manera integral y sistemática, desde una perspectiva de género con acciones positivas, aprobando una ley especifica que tiene como objeto, ``...regular y garantizar la igualdad entre mujeres y hombres y proponer los lineamientos y mecanismos institucionales que orienten a la Nación hacia el cumplimiento de la igualdad sustantiva en los ámbitos público y privado, promoviendo el empoderamiento de las mujeres''.
En la fracción II del artículo 34 de esta Ley, se dispone que las autoridades y organismos públicos, con el objeto de fortalecer la igualdad en materia laboral, económica y el liderazgo igualitario, desarrollarán acciones para ``...fomentar la incorporación a la educación y formación de las personas que en razón de sus sexo están relegadas''.
En el mismo sentido, según lo dispuesto en la fracción II del artículo 36 de la misma Ley, las autoridades correspondientes, a fin de impulsar la participación equitativa entre mujeres y hombres en la toma de decisiones políticas y socioeconómicas, desarrollarán acciones para ``Garantizar que la educación en todos sus niveles se realice en el marco de la igualdad entre mujeres y hombres y se cree conciencia de la necesidad de eliminar toda forma de discriminación''.
En tanto que en el artículo 38, fracción VI, se dispone que las autoridades correspondientes, con el fin de promover la igualdad en el acceso a los derechos sociales y el pleno disfrute de éstos, desarrollarán acciones que aseguren la igualdad de acceso de mujeres y de hombres a la alimentación, la educación y la salud.
Es de señalar, asimismo, que el 1 de febrero de 2007 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, donde se estipula en la fracción II del artículo 8o., que
En tanto que en el artículo 17 de esta misma Ley se dispone que el Estado mexicano debe garantizar a las mujeres la erradicación de la violencia en la comunidad, a través de acciones como la reeducación libre de estereotipos y la información de alerta sobre el estado de riesgo que enfrentan las mujeres en una sociedad desigual y discriminatoria.
Incluso, se prevé la existencia de un Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, del cual la Secretaría de Educación Pública forma parte y de un Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, el que contendrá acciones concretas con perspectiva de género para, entre otras cosas:
Aunado a lo anterior, dentro del Capítulo III correspondiente a la Distribución de Competencias en Materia de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, se prevé una sección especial a la Secretaría de Educación Pública.
A esta Secretaría le corresponde, de acuerdo con el artículo 45 de la Ley:
En el mismo orden de ideas, en la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres tiene por objeto ``...promover y fomentar las condiciones que posibiliten la no discriminación, la igualdad de oportunidades y de trato entre los géneros; el ejercicio pleno de todos los derechos de las mujeres y su participación equitativa en la vida política, cultural, económica y social del país...''.
Lo anterior bajo criterios, como por ejemplo, el de transversalidad en las políticas con perspectiva de género en las distintas dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, a partir de la ejecución de programas y acciones coordinadas o conjuntas
Al instituto Nacional de las Mujeres se le otorgaron una gran cantidad de objetivos específicos y atribuciones enfocadas a la promoción, protección y difusión de los derechos de las mujeres y de las niñas, en particular, aquellas destinadas a asegurar la equidad de género, la igualdad de oportunidades, la no discriminación y la promoción de la cultura de la no violencia hacia las mujeres.
Por otra parte, se debe recordad que el Código Civil Federal reconoce la misma capacidad jurídica al hombre y mujer. El artículo 2o. de la ley civil precisa que en consecuencia de esta igualdad jurídica la mujer no queda sometida, por razón de sus sexo, a restricción alguna en al adquisición y ejercicio de sus derechos civiles.
Por último, México ha suscrito distintos tratados internacionales en la materia, como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, (en vigor para México el 3 de septiembre de 1981) y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (en vigor para México el 12 de diciembre de 1998), en donde se compromete a adoptar políticas orientadas no sólo a prevenir todo tipo de violencia y discriminación en contra de la mujer, sino a sancionarlas y erradicarlas.
IV. Consideraciones particulares
A) Referente a la propuesta del diputado Manuel Velasco, de que se desarrollen programas tendientes a que los padres de familia apoyen los estudios de sus hijos y de sus hijas en igualdad de circunstancias, así como lo concerniente a la propuesta de los diputados Fernando Alberto García Cuevas y José Porfirio Alarcón Hernández, para que las autoridades educativas desarrollen programas destinados a que los padres y/o tutores apoyen en circunstancias de igualdad los estudios de sus hijas e hijos, es importante señalar que la Ley General de Educación establece:
En su artículo 33, fracción IX, que las autoridades educativas ``efectuarán programas dirigidos a los padres de familia, que les permitan dar mejor atención a sus hijos''.
Asimismo, en el artículo 40 de esta misma Ley se precisa que la educación inicial incluye orientación a padres de familia o tutores para la educación de sus hijos o pupilos.
Por su parte, el tercer párrafo del artículo 41 dispone que la educación especial incluye, de igual manera, orientación a los padres o tutores.
El artículo 49 del mismo cuerpo normativo dispone, por su parte que: ``El proceso educativo se basará en los principios de libertad y responsabilidad que aseguren la armonía de relaciones entre educandos y educadores y promoverá el trabajo en grupo para asegurar la comunicación y el diálogo entre educandos, educadores, padres de familia e instituciones públicas y privadas''.
En tanto que el segundo párrafo del artículo 50 contempla que: ``Las instituciones deberán informar periódicamente a los educandos y, en su caso, a los padres de familia o tutores, los resultados y calificaciones de los exámenes parciales y finales, así como, de haberlas, aquellas observaciones sobre el desempeño académico de los propios educandos que permitan lograr mejores aprovechamientos''.
A mayor abundamiento, en el Capítulo VII ``De la participación social en la Educación'', existe unas sección específica denominada ``De los padres de familia'', en donde establecen los derechos y obligaciones de quienes ejercen la patria potestad o tutela. Por ejemplo, se prescribe como derecho, entre otros, ``Participar a las autoridades de la escuela en la que estén inscritos sus hijos o pupilos, cualquier problema relacionado con la educación de éstos, a fin de que aquéllas se aboquen a su solución'' y ``Colaborar con las autoridades escolares para la superación de los educandos y en el mejoramiento de los establecimientos educativos''. Y como obligación, hacer que sus hijos o pupilos menores de edad, reciban la educación preescolar, la primaria y la secundaria; apoyar el proceso educativo de sus hijos o pupilos, y colaborar con las instituciones educativas en las que estén inscritos sus hijos o pupilos, en las actividades que dichas instituciones realicen.
B) En relación a la propuesta del diputado Manuel Velasco Coello de añadir una fracción al artículo 75 de la Ley General de Educación para considerar como infracción de quienes presten servicios educativos el actuar en contra de lo estipulado en el artículo 42 de la ley, se debe observar que en la fracción XII del mismo artículo se establece como sanción ``incumplir cualesquiera de los demás preceptos de esta Ley, así como las disposiciones expedidas con fundamento en ella''.
C) En cuanto a la preocupación de los diputados Fernando Alberto García Cuevas y José Porfirio Alarcón Hernández, manifiesta en su exposición de motivos sobre la desigualdad que persiste, sobre todo, en zonas rurales o semiurbanas, producto de la misma educación que han recibido las niñas, se debe considerar que en la fracción I, del artículo 33 de la Ley General de Educación se estipula que las autoridades educativas ``atenderán de manera especial las escuelas en que, por estar en localidades aisladas o zonas urbanas marginadas, sea considerablemente mayor la posibilidad de atrasos o deserciones, mediante la asignación de elementos de mejor calidad para enfrentar los problemas educativos de dichas localidades''.
D) Respecto a la propuesta del diputado por Convergencia, Alberto Esteva Salinas , para que incluya como fines de la educación el inculcar y fomentar programas educativos que permitan establecer la cultura de la prevención de abuso sexual, con el fin de obtener en los educandos, un normal desarrollo psicosexual, se debe considerar, en primer término que la propuesta no se puede considerar como un fin en si mismo, sino como un contenido. Además, en la ley particular, la Ley para la Protección de los Derechos de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en el capitulo quinto referente al Derecho a ser Protegido en su integridad, en su libertad, y contra el maltrato y el abuso sexual, artículo 21, se estipula que las niñas, niños y adolescentes tienen el derecho a ser protegidos contra actos u omisiones que puedan afectar su salud física o mental, su normal desarrollo o su derecho a la educación en los términos establecidos en el artículo 3o. constitucional, particularmente, cuando se vean afectados por el abuso sexual.
En tal sentido, con independencia de las disposiciones previstas en la Ley General de Educación para prevenir la inequidad de género y la no violencia en cualquier tipo de sus manifestaciones, existen leyes específicas que regulan ampliamente las propuestas de las iniciativas analizadas en presente dictamen, como son la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, además de lo previsto en el Código Civil Federal y en los tratados internacionales.
Dichas normas específicas, como se puede observar, regulan ampliamente los derechos y garantías de las niñas y niños, estableciendo incluso acciones afirmativas que, articuladas con las disposiciones de la Ley General de Educación, estiman que las autoridades educativas cuentan con el marco jurídico necesario para desarrollar planes y programas educativos destinados a prevenir y erradicar la violencia y el trato desigual y discriminatorio en contra de ciertos grupos vulnerables, en particular el de las niñas y niños. En tal sentido, los miembros de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos consideramos que los problemas de inequidad de género, no son tanto cuestiones de leyes sino de la adecuada implantación de dichos planes y programas por las autoridades responsables.
En virtud de lo anteriormente expuesto, esta comisión dictaminadora propone a la honorable asamblea de la Cámara de Diputados el siguiente
Acuerdo
Primero. Se desechan las iniciativas mencionadas en el capítulo I, Antecedentes, en virtud de que su esencia ya se contempla en diversos ordenamientos, tales como nuestra Carta Magna, la Ley General de Educación, la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, el Código Civil Federal y diversos Tratados Internacionales.
Segundo. Archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : Está a discusión el punto de acuerdo. En virtud de que no se ha registrado orador alguno, se reserva para su votación en conjunto.
LEY DE AGUAS NACIONALES
El Secretario diputado José Manuel del Río Virgen : «Dictamen de la Comisión de Recursos Hidráulicos, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados, le fue turnada para su estudio y dictamen la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, presentada por la diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza , el 16 de octubre de 2007.
Esta comisión dictaminadora, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e), f) y g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 60, 87, 88, 93 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del honorable Pleno el presente dictamen, al tenor de los siguientes
I. Antecedentes
Los integrantes de esta comisión dictaminadora procedimos al estudio y análisis del asunto que nos ocupa, atendiendo el siguiente
II. Contenido de la iniciativa
La iniciadora propone definir con precisión la competencia del Ejecutivo federal en materia de prevención de inundaciones, así como la participación de los gobiernos estatales y municipales, a través de los consejos de cuenca, conforme a lo establecido en la fracción XV del artículo 3, y 13 de la Ley de Aguas Nacionales, para orientar las acciones para la definición de la prevención de las inundaciones.
Señala que las inundaciones son producto, principalmente, de las fuertes lluvias, y que este fenómeno se produce bajo diversos factores meteorológicos y por la acción indiscriminada del hombre y a consecuencia del depósito de basura o el arrastre de troncos, ramas y demás materiales que obstruyen los drenajes naturales y artificiales.
Afirma que en México las inundaciones constituyen uno de los fenómenos que causan anualmente pérdidas humanas, pérdidas materiales y afectaciones en las actividades económicas en las localidades establecidas en áreas con riesgo de ser inundadas, y que el fenómeno de depredación forestal ha propiciado el acarreo de material que llevan las corrientes a las lagunas, diques y otros receptores, convirtiéndose en un alto riesgo de inundación.
Reconoce que fenómenos como El Niño, han generado enormes precipitaciones pluviales u otros fenómenos, como los huracanes, que rebasan las capacidades de los tres órdenes de gobierno, para prevenir o establecer medidas que salvaguarden a la población y a sus bienes de las inundaciones.
Señala que la acción de la naturaleza es inevitable, y en muchos casos produce cuantiosos daños para las localidades afectadas; y que las políticas públicas están encaminadas a subsanar dichos daños; sin embargo, expresa la iniciadora, no existe una política de prevención de inundaciones.
Afirma que el Programa Nacional de Infraestructura del Ejecutivo federal 2007, reconoce la falta de un verdadero control de inundaciones y por eso proyecta inversiones para la protección a centros de población y áreas productivas.
Expresa que la actual Ley de Aguas Nacionales no establece con claridad una política de prevención de inundaciones como competencia del Ejecutivo federal, y que en ella sólo se menciona el mantenimiento como parte del aprovechamiento integral del agua, su regulación y control y la preservación de su calidad y cantidad. Refiere que el mismo cuerpo normativo atiende la prevención, haciendo referencia a la participación en el Sistema Nacional de Protección Civil y el apoyo a los planes y programas en situaciones de emergencia.
Comenta que no se establece una política de prevención que permita a los tres órdenes de gobierno acceder a los recursos para el mantenimiento de la cuenca hidrológica, y que debe prevenirse la deforestación que produce el azolve de causes y cuerpos receptores de aguas, incrementando el peligro de inundaciones.
Concluye que no existe en el futuro inmediato una política de prevención que atienda el problema y permita la coordinación de los tres órdenes de gobierno.
Con base en los motivos expuestos, la iniciadora propone el siguiente proyecto de
Decreto
Único. Se reforman los articulas 13 y 13 Bis 3, y se adicionan una fracción XI al artículo 6, y párrafo último a la fracción XIV del artículo 9, todos de la Ley de Aguas Nacionales, para quedar como sigue:
Consideraciones de la Comisión de Recursos Hidráulicos
Coincidimos con la diputada iniciadora en el reconocimiento de que las políticas públicas deben atender la prevención de los posibles daños consecuencia de un fenómeno meteorológico o hidrometeorológico, como son las inundaciones; sin embargo, estimamos que las políticas públicas deben estar vinculadas por el principio de complementariedad entre éstas, en aras de alcanzar el desarrollo económico, social y humano de manera sustentable.
Es precisamente, en aras de alcanzar la complementariedad de las políticas, programas y acciones, que el artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos atribuye al Ejecutivo federal la facultad de establecer los procedimientos de participación y consulta ciudadana, así como los criterios para la formulación, instrumentación, control y evaluación del Plan Nacional de Desarrollo al que están sujetos de manera obligatoria, todos los programas de la administración pública federal.
Las disposiciones del artículo 26 constitucional, en la consideración de esta comisión dictaminadora, lleva implícita la atribución del Ejecutivo Federal para definir e instrumentar las políticas públicas, no sólo en materia de prevención contra inundaciones, sino todas las políticas, programas y acciones a cargo de la administración pública federal.
En apoyo de lo anterior, estimamos pertinente observar algunas de las disposiciones establecidas en algunas leyes, reglamentos e instrumentos de políticas públicas federales.
El artículo 32 Bis fracción XXVIII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, establece que corresponde a la Semarnat, la función de controlar los ríos y demás corrientes, y ejecutar obras de defensa contra inundaciones.
Por otro lado, la Ley de Aguas Nacionales establece en su artículo 83 que ``La Comisión'', a través de los organismos de cuenca, en coordinación con los gobiernos estatales y municipales, o en concertación con personas físicas o morales, deberá construir y operar, según sea el caso, las obras para el control de avenidas y protección de zonas inundables.
Asimismo, en su artículo 84, dispone que la ``La Comisión'' determinará la operación de la infraestructura hidráulica para el control de avenidas y tomará las medidas necesarias para dar seguimiento a fenómenos climatológicos extremos, promoviendo o realizando las acciones preventivas que se requieran...; asimismo, el artículo 96 Bis 2, determina que se consideran como obras públicas necesarias que competen al Ejecutivo federal a través de ``la Comisión'', las que: Controlen, y sirvan para la defensa y protección de las aguas nacionales, así como aquellas que sean necesarias para prevenir inundaciones, sequías y otras situaciones excepcionales que afecten a los bienes de dominio público hidráulico; sin perjuicio de las competencias de los gobiernos estatales o municipales.
Por otro lado, el Reglamento Interior de la Comisión Nacional del Agua, en el artículo 13 fracción III inciso b), establece que corresponde al director general la atribución de ejercer directamente o a través de las unidades administrativas competentes del nivel nacional, además de aquellas que le estén expresamente reservadas en la ley, establecer programas y acciones para fomentar y apoyar el desarrollo de sistemas de control de avenidas y protección contra inundaciones, entre otros.
Las disposiciones legales y reglamentarias señaladas, guardan estricta congruencia con la política nacional hídrica en la que se comprenden las acciones para la prevención de inundaciones, y que es formulada por la Comisión Nacional del Agua, quien la propone al Ejecutivo federal, para su definición, a través, de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 9 fracción II y 8, fracción I de la Ley de Aguas Nacionales.
De tal manera, el Programa Nacional Hídrico 2007-2012, en el cual se desarrolla la política nacional hídrica, tiene, entre otros objetivos, el de promover el manejo integrado y sustentable del agua en cuencas y acuíferos, entre cuyos temas principales de cooperación para un manejo sustentable del agua en las cuencas compartidas, señala la estrategia y acciones para el control de avenidas y azolves y para la conservación de cauces, así como esquemas conjuntos para la prevención y mitigación de posibles daños asociados a la ocurrencia de fenómenos hidrometeorológicos extremos, como son las inundaciones, entre otros.
Asimismo, destaca el objetivo de prevenir los riesgos derivados de fenómenos meteorológicos e hidrometeorológicos y atender sus efectos involucrando a la participación de diversas instituciones y organismos, entre los que destacan la Secretaría de Gobernación encargada de coordinar la elaboración e Implementación de los programas y acciones necesarios para la prevención y atención de sequías e inundaciones, y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, encargada de formular e implantar programas de ordenamiento ecológico que favorezcan el desarrollo social y económico y la preservación del medio ambiente, y coordinar las acciones de restauración de las cuencas reforestadas.
Con base en las anteriores consideraciones, los integrantes de la Comisión de Recursos Hidráulicos, estimamos que la política hídrica nacional, a cargo del Ejecutivo federal por disposición constitucional, cubre con amplitud el tema de la prevención de inundaciones, y existe la regulación de esta materia en las disposiciones legales y reglamentarias vigentes lo que hace innecesarias las reformas y adiciones a la Ley de Aguas Nacionales planteada en la iniciativa objeto de este dictamen.
Por lo anterior expuesto y fundado, la Comisión de Recursos Hidráulicos pone a la consideración del honorable Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente
Acuerdo
Primero. Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, presentada por la diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza , el 16 de octubre de 2007.
Segundo. Archívese el asunto como total y definitivamente concluido.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : Está a discusión el punto de acuerdo. En virtud de que no se ha registrado orador alguno, se reserva para su votación en conjunto.
LEY ADUANERA - LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
El Secretario diputado José Manuel del Río Virgen : «Dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes Aduanera, y del Impuesto al Valor Agregado
Honorable Asamblea:
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracciones II y III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracciones II y III, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se somete a consideración de esta honorable Cámara de Diputados la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Aduanera y de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, que presentó el diputado Jericó Abramo Masso, del Grupo Parlamentario del PRI, de fecha 27 de marzo de 2007.
Esta Comisión que suscribe, con base en las facultades que le confieren los artículos 39, 44 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se abocó al análisis de la iniciativa antes citada, y conforme a las deliberaciones que sobre la misma realizaron los miembros de esta Comisión de Hacienda y Crédito Público, reunidos en Pleno, presentan a esta honorable asamblea el siguiente dictamen
Antecedentes
En la sesión del 27 de marzo de 2007, la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Aduanera y de la Ley del Impuesto la Valor Agregado, del diputado Jericó Abramo Masso, del Grupo Parlamentario del PRI, para su estudio y dictamen.
Descripción de la iniciativa
La iniciativa del diputado Jericó Abramo Masso propone que se modifique y adicione de la Ley Aduanera, los artículos 136, último párrafo, 137 Bis-1 y se adicione una nueva fracción IV al artículo 137 Bis-2, así como la modificación al artículo 2o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, respectivamente.
La propuesta planteada tiene por objeto ampliar a 55 kilómetros la región hacia el interior del país de forma paralela a la franja fronteriza de 20 kilómetros, aplicando la tasa general del 10 por ciento del impuesto al valor agregado en las poblaciones ubicadas dentro de los 75 kilómetros paralelos a las líneas divisorias internacionales, incorporando a dicho beneficio a los municipios de Zaragoza, Morelos, Allende, Villa Unión y Nava, ubicados en la zona denominada Cinco Manantiales del estado de Coahuila, con tasa preferencial en la importación de mercancías a la referida región.
Consideraciones de la comisión
En relación a la propuesta de reformar el último párrafo del artículo 136, el artículo 137 Bis-1 y se adicione una nueva fracción IV al artículo 137 Bis-2, con la finalidad de definir la región fronteriza como el territorio nacional comprendido dentro del área que se extiende 55 kilómetros hacia el interior del país de forma paralela a la franja fronteriza de 20 kilómetros, para permitir que las personas físicas que acrediten su residencia en la región Cinco Manantiales del estado de Coahuila puedan efectuar la importación definitiva de vehículos automotores usados, se observa que en la actualidad los residentes en la región Cinco Manantiales pueden realizar la importación de los vehículos denominados pick-up, correspondientes de al menos 10 años anteriores y vehículos año-modelo 1998 y que a partir de enero de 2009, podrán realizar la importación de autos usados de 1999 y anteriores sin límite de antigüedad en virtud de la entrada en vigor del TLCAN.
Asimismo, si bien los beneficios del tratamiento de franja o región fronteriza no aplican a la región denominada Cinco Manantiales, los residentes en dicha zona sí tienen acceso a preferencias arancelarias que aplican independientemente de si se trata de la franja o región fronteriza, o del resto del país, tales como los Tratados y Acuerdos de Libre Comercio firmados por México y los programas de promoción sectorial.
Igualmente, es de señalarse que ampliar la franja o región fronteriza provocaría un gasto extraordinario a las autoridades aduaneras, al tener que mover sus puntos de control del actual límite de la región al nuevo límite que se estableciera.
Por otra parte, es de mencionarse que actualmente la Ley del Impuesto al Valor Agregado prevé dos tasas generales de pago del impuesto, la del 15 por ciento y la del 10 por ciento. Esta última es la que se aplica en la zona fronteriza del país, dentro de la cual se desarrolla una importante actividad económica.
La aplicación de una tasa menor del impuesto al valor agregado en la región fronteriza obedece a la necesidad de mantener la competitividad entre los contribuyentes que residen en la citada región y los comerciantes de los países vecinos, establecidos en las poblaciones limítrofes a las líneas divisorias internacionales del norte y del sur del país.
Ampliar la aplicación de la tasa general reducida del impuesto al valor agregado bajo el argumento de que promueve el desarrollo económico, abriría la opción para que los demás municipios del país, con independencia de su situación geográfica respecto de las líneas divisorias internacionales, deseen promover su desarrollo comercial e industrial, presionen para que también se les otorgue la tasa reducida del impuesto al valor agregado.
Más que ampliar la región fronteriza, es preferible acotarla a lo que se aplica en el contexto internacional. De esta manera, se recuperarán las ventajas del impuesto al valor agregado en cuanto a simplicidad, potencial recaudatorio y autocontrol, lo que se traduciría en mayor recaudación que permitirá dotar de más recursos, vía participaciones, a los municipios para su desarrollo económico y social, generando así una mayor creación de empleos para esas zonas.
Es importante considerar el incremento en el gasto fiscal que implicaría ampliar en los términos propuestos la región fronteriza, considerando que el costo actual por la aplicación del impuesto al valor agregado al 10 por ciento en la región fronteriza es de aproximadamente 15 mil 63 millones de pesos (mdp), es decir, 0.1445 por ciento del PIB, el cual podría llegar a ser de aproximadamente 40 mil mdp.
Finalmente, se considera que deben tomarse en cuenta los antecedentes recientes de iniciativas con la misma finalidad de incluir a otras zonas del país en el tratamiento de región fronteriza previsto en la Ley Aduanera y en la Ley del Impuesto al Valor Agregado, donde también se observa que ha sido criterio reiterado del honorable Congreso de la Unión rechazar las iniciativas que tengan por objeto ampliar el territorio que comprende la región fronteriza donde se aplica actualmente la tasa del 10 por ciento del impuesto al valor agregado.
Por lo anteriormente expuesto, la Comisión de Hacienda y Crédito Público somete a consideración de esta honorable asamblea el siguiente
Acuerdo
Primero. Se desecha la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Aduanera y de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, presentada por el diputado Jericó Abramo Masso del Grupo Parlamentario del PRI, turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público el 27 de marzo de 2007.
Segundo. Archívese el presente asunto, como total y definitivamente concluido.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : Está a discusión el punto de acuerdo. En virtud de que no se ha registrado orador alguno, se reserva para su votación en conjunto.
LEY DE COORDINACION FISCAL
El Secretario diputado José Manuel del Río Virgen : «Dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa que reforma el artículo 2o. de la Ley de Coordinación Fiscal
30 de septiembre de 2008.Honorable Asamblea:
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 55, fracción II, y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el diputado Jericó Abramo Masso del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó la iniciativa que reforma el artículo 2o. de la Ley de Coordinación Fiscal.
Esta Comisión que suscribe, con base en las facultades que le confieren los artículos 39, 44 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se abocó al análisis de la iniciativa antes señalada, reunidos en Pleno, presentan a esta honorable Asamblea el siguiente dictamen:
Antecedentes
En sesión del 18 de septiembre de 2007, la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, la iniciativa que reforma el artículo 2o. de la Ley de Coordinación Fiscal, del diputado Jericó Abramo Masso del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para su estudio y dictamen.
Descripción de la iniciativa
La iniciativa del diputado Jericó Abramo Masso propone reformar el artículo 2o. de la Ley de Coordinación Fiscal, a fin de incrementar el Fondo General de Participaciones del 20 al 30% de la recaudación federal participable.
Consideraciones de la comisión
La exposición de motivos de la iniciativa señala, entre otras cosas, que:
Derivado de lo anterior, la Comisión de Hacienda y Crédito Público realizó diversos trabajos a efecto de revisar el contenido de la citada iniciativa, con el objeto de expresar sus observaciones y comentarios a la misma e integrar el presente dictamen.
Esta dictaminadora, si bien coincide con el hecho de que nuestro pacto fiscal ha venido evolucionando a lo largo del tiempo y que actualmente existe un grado de centralización de la recaudación en la Federación, considera que el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y la introducción del impuesto al valor agregado en 1980 trajo grandes beneficios al país al eliminarse 18 impuestos federales y poco más de 450 impuestos locales, situación que simplificó notablemente la carga fiscal para los contribuyentes al eliminar la posibilidad de que exista una múltiple imposición sobre una misma fuente de riqueza.
El pacto fiscal vigente ha generado que los recursos administrados por las entidades federativas estén constituidos de manera importante de transferencias del Gobierno Federal, tal y como puede apreciarse a continuación:
Además, existe una parte importante del gasto federal que se ejecuta en las entidades federativas en forma de inversión pública y programas federales sociales, lo que incrementa los beneficios que dichas entidades reciben, sin que esos recursos se contabilicen como transferencias ya que son ejercidos y administrados por el Gobierno Federal.
Como puede apreciarse, alrededor del 90% de los recursos de las entidades federativas provienen de recursos federales, lo cual pone de manifiesto que son éstas las que han recibido los beneficios del sistema de coordinación fiscal vigente.
En adición a lo anterior y consciente de la necesidad de adecuar nuestro pacto fiscal, a finales de 2007, el Congreso de la Unión aprobó una reforma hacendaria a través de la cual se fortaleció de forma importante el federalismo fiscal mexicano, a través de una expansión de las facultades tributarias de las entidades federativas y una simplificación de las fórmulas de distribución de las transferencias federales (participaciones y aportaciones). Gracias a esta reforma, las entidades federativas han aumentado sustancialmente sus participaciones federales, pues de acuerdo con cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el periodo enero-agosto del 2008 el incremento al Ramo 28 ha sido de alrededor de 64,000 mdp, lo cual representa un incremento real de 22% con respecto al mismo periodo de 2007.
En ese sentido, resulta evidente que los ingresos de las entidades federativas y municipios han aumentado sustancialmente en los últimos años.
Ahora bien, de acuerdo con el Paquete Económico 2009, presentado por el Ejecutivo Federal el pasado 8 de septiembre, se estima destinar a las entidades federativas, a través del Fondo General de Participaciones, alrededor de 324 mil millones de pesos, cifra que representa un incremento de 4.1% respecto a la estimación autorizada para 2008.
En ese orden de ideas, incrementar el porcentaje del Fondo General de Participaciones de 20 a 30% como lo plantea la iniciativa resulta económicamente inviable, ya que implicaría una afectación a las finanzas federales de aproximadamente 162 mil millones de pesos, lo que equivale a un 1.24% del Producto Interno Bruto. Lo anterior, necesariamente traería consigo un ajuste al Presupuesto de Egresos de la Federación 2009 con lo que se reduciría el gasto destinado a programas prioritarios tales como seguridad, educación, salud y pobreza. Además, de 1998 a la fecha las entidades federativas han incrementado sus recursos en un 1.5% del PIB, mientras que los ingresos públicos sólo han aumentado alrededor del 1%.
En este contexto, la Comisión dictaminadora considera que la propuesta de reforma no es de aprobarse.
Por lo anteriormente expuesto, la Comisión de Hacienda y Crédito Público, somete a consideración de esta H. Asamblea el siguiente:
Acuerdo
Primero. Se desecha la iniciativa que reforma el artículo 2o. de la Ley de Coordinación Fiscal, presentada por el diputado Jericó Abramo Masso, turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público el 18 de septiembre de2008.
Segundo. Archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : Está a discusión el punto de acuerdo. En virtud de que no se ha registrado orador alguno, se reserva para su votación en conjunto.
LEY ADUANERA
El Secretario diputado José Manuel del Río Virgen : «Dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa que reforma el artículo 59 de la Ley Aduanera
2 de octubre de 2008.Honorable Asamblea:
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracciones II y III, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se somete a consideración de esta honorable Cámara de Diputados la iniciativa que reforma el artículo 59 de la Ley Aduanera, presentada por el diputado José Martín López Cisneros del Grupo Parlamentario del PAN, de fecha 30 de abril de 2008.
Esta Comisión que suscribe, con base en las facultades que le confieren los artículos 39, 44 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se abocó al análisis de la iniciativa antes citada y conforme a las deliberaciones que sobre la misma realizaron los miembros de esta Comisión de Hacienda y Crédito Público, reunidos en Pleno, presentan a esta honorable Asamblea el siguiente:
Dictamen
Antecedente
En la sesión del 30 de abril de 2008, la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 59 de la Ley Aduanera, del diputado José Martín López Cisneros , del Grupo Parlamentario del PAN, para su estudio y dictamen.
Descripción de la iniciativa
La iniciativa del diputado José Martín López Cisneros , propone reformar el artículo 59, fracción IV, de la Ley Aduanera, con el objeto de establecer la obligación a los importadores de señalar al momento de inscribirse en el Padrón de Importadores y, en su caso, el Padrón de Sectores Específicos, las personas que fungen como sus representantes legales para los efectos y trámites que señale la Ley Aduanera y su Reglamento.
Lo anterior, con la finalidad de mejorar y precisar el Padrón de Importadores y el de Importadores de Sectores Específicos, desde el momento de la inscripción en el Padrón de Importadores de sus representantes legales, y que baste ello para que la autoridad en materia aduanera pueda tener por reconocida su personalidad y los identifique plenamente.
Consideraciones de la comisión
En relación con la iniciativa que propone se reforme el artículo 59 de la Ley Aduanera; la que dictamina considera que tratándose de la inscripción en el Padrón de Importadores, el procedimiento se encuentra debidamente regulado en el numeral 2.2.1., rubro A de las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior para 2008,
Es decir, la normatividad aduanera vigente señala que las personas físicas y morales interesadas en importar mercancías al territorio nacional deberán inscribirse en el Padrón de Importadores a través de la página electrónica www.aduanas.gob.mx, llenando el formato electrónico denominado ``Solicitud de Inscripción al Padrón de Importadores'', para ello deberán contar con firma electrónica avanzada expedida por el SAT, RFC activo, domicilio fiscal que se encuentre localizado en el RFC y estar al corriente de sus obligaciones fiscales. Además los solicitantes deben registrar en la solicitud electrónica a los agentes aduanales que realizarán las operaciones de comercio exterior, y tratándose de personas físicas extranjeras residentes en territorio nacional, deberán digitalizar y anexar a la solicitud electrónica de inscripción, el documento mediante el cual comprueben su calidad migratoria en el país.
En ese sentido, podemos afirmar que el trámite para llevar a cabo la inscripción en el Padrón de Importadores se ha optimizado, siendo ahora más accesible, ágil y eficaz, ya que al realizarlo vía Internet se obtienen diversos beneficios tales como: Reducción en tiempo de respuesta; supresión de desplazamiento para el contribuyente, ya que puede realizar el llenado y envío en el formato electrónico dentro de su hogar u oficina; evita contacto personal con el contribuyente, brindando seguridad en las transacciones y transparencia en el proceso de inscripción; reducción significativa en gastos operativos para el contribuyente como es el pago de mensajería, papelería y contratación de gestoría de trámites; así como simplificación notable del trámite de inscripción, además de que se elimina el requisito de exhibir documentos en papel.
Ahora bien, tratándose de la obligación de los importadores de inscribirse en el Padrón de Sectores Específicos, dicho cumplimiento ya no es obligatorio por mandato presidencial, ya que el 31 de marzo de 2008, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el ``Decreto por el que se otorgan facilidades administrativas en materia aduanera y de comercio exterior'',
De conformidad con el decreto presidencial citado, a partir del 14 abril del año en curso, los importadores ya no están obligados a inscribirse en el Padrón de Sectores Específicos a que se refiere el artículo 59, fracción IV de la Ley Aduanera, excepto tratándose de la importación de mercancías que puedan representar un riesgo en materia de salud pública y seguridad nacional, las cuales se encuentran identificadas a nivel de fracción arancelaria en el Anexo 10 de las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior para 2008.
En ese sentido, los importadores al quedar liberados de cumplir con la obligación de inscribirse en el Padrón de Sectores Específicos, con las excepciones mencionadas, resulta improcedente modificar la Ley Aduanera en los términos planteados.
Finalmente, por lo que se refiere a que sea reconocida desde la inscripción en el Padrón de Importadores a las personas que fungen como sus representantes legales para los efectos y trámites previstos en la Ley Aduanera y su Reglamento, es importante precisar que dicha representación legal de los importadores, en la actualidad por ministerio de ley, se encuentra prevista en el artículo 41 de la Ley Aduanera, misma que recae en los agentes y apoderados aduanales que realicen los trámites del despacho aduanero de las mercancías efectuadas en el recinto fiscal y el procedimiento de inscripción en el Padrón de Importadores, se encuentra regulado en la regla 2.2.1, razón por la cual se reitera, que no es necesaria la reforma planteada al artículo 59 de la Ley Aduanera.
Conforme al análisis de la iniciativa y a lo expuesto y fundado por la Comisión de Hacienda y Crédito Público, se considera que no es de aprobarse la iniciativa materia de este dictamen y se somete a consideración de la Asamblea, el siguiente.
Acuerdo
Primero. Se desecha la iniciativa que reforma el artículo 59 de la Ley Aduanera, presentada por el diputado José Martín López Cisneros del Grupo Parlamentario del PAN, turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público el 30 de abril de 2008.
Segundo. Archívese el presente asunto, como total y definitivamente concluido.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : Está a discusión el punto de acuerdo. En virtud de que no se ha registrado orador alguno, se reserva para su votación en conjunto.
LEY DEL IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS
El Secretario diputado José Manuel del Río Virgen : «Dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa que abroga la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos
2 de octubre de 2008.Honorable Asamblea:
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se somete a consideración de esta honorable Cámara de Diputados la iniciativa con proyecto de decreto que abroga la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, a cargo del diputado Ariel Castillo Nájera , del Grupo Parlamentario del PNA, de fecha 14 de diciembre de 2006.
Esta comisión que suscribe, con base en las facultades que le confieren los artículos 39, 44 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se abocó al análisis de la citada iniciativa y conforme a las deliberaciones que sobre la misma realizaron los miembros de esta Comisión de Hacienda y Crédito Público, reunidos en Pleno, presentan a esta honorable Asamblea el siguiente:
Dictamen
Antecedentes
En la sesión del 14 de diciembre de 2006, la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, la iniciativa con proyecto de decreto que abroga la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, a cargo del diputado Ariel Castillo Nájera , del Grupo Parlamentario del PNA, para su estudio y dictamen.
Descripción de la iniciativa
La iniciativa del diputado Ariel Castillo Nájera , propone abrogar la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, expresando para tal propósito los siguientes argumentos:
Que el cobro de impuestos es la mayor fuente con la que cuenta el Gobierno para hacerse de recursos que le permitan contribuir en el desarrollo económico del país, y así poder atender las demandas sociales. Pero que, sin embargo, en México se cuenta con un impuesto creado con un fin específico, que hoy en día ya no tiene razón de ser, refiriéndose al impuesto sobre tenencia o uso de vehículos.
Que dicho impuesto se creó con carácter transitorio en la década de los 60, mediante decreto de fecha 28 de diciembre de 1962, con la promulgación de la llamada Ley del Impuesto sobre la Tenencia o Uso e Automóviles, con la finalidad especifica de sufragar los gastos financieros que el Gobierno iba a realizar por haber sido nuestro país designado sede de los Juegos Olímpicos de 1968.
También menciona la iniciativa que el impuesto sobre tenencia o uso de vehículos ha sido cuestionado y repudiado por todos los mexicanos, ya que en lugar de recibir estímulos fiscales, se les incrementan más las cargas impositivas.
Otro argumento que expresa la iniciativa es que el impuesto sobre tenencia o uso de vehículos desde su creación ha generado un alto costo para la sociedad, en comparación con su capacidad real de recaudación. En este sentido, se menciona que la recaudación que se logra con dicho impuesto no resulta tan representativa para los ingresos federales (1.6%), si se le compara con otros impuestos; empero, representa un alto costo para los contribuyentes.
Que lo único que se logra con este impuesto, es que la mayoría de las personas no tengan acceso a la compra de un vehículo nuevo, por no poder costear este cuestionado impuesto por uso, que resulta injustificado.
Finalmente, la exposición de motivos de la iniciativa que se dictamina, señala que el impuesto sobre tenencia o uso de vehículos vulnera la economía de todo mexicano que tenga o use un determinado vehículo.
Consideraciones de la comisión
La que dictamina considera que no es de aprobarse la iniciativa del diputado Ariel Castillo Nájera , con base en las siguientes consideraciones:
En la iniciativa se menciona que el impuesto sobre tenencia o uso de vehículos se creó mediante decreto de fecha 28 de diciembre de 1962, con la promulgación de la llamada Ley del Impuesto sobre la Tenencia o Uso de Automóviles. Que el objeto de dicho impuesto fue sufragar los gastos financieros que el gobierno mexicano realizaría por haber sido México designado sede de los Juegos Olímpicos de 1968.
Al respecto, esta dictaminadora considera conveniente aclarar que el impuesto sobre tenencia o uso de vehículos no se estableció con carácter transitorio para financiar la celebración de los juegos olímpicos en nuestro país en 1968. Lo anterior, en virtud de que dicho impuesto tiene su origen en la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 1962, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 1961, en tanto que la sede de los juegos olímpicos se otorgó hasta octubre de 1963.
En efecto, conforme a la exposición de motivos de la iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 1962, publicada el 19 de diciembre de 1961 en el Diario de los Debates del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, se estableció que la razón del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos, ``...es, como en el caso de todo gravamen, la de contribuir al gasto público, que en el caso de la expansión de carreteras, autopistas, vías, etc., requieren de recursos cada vez más cuantiosos y a cuya contribución los ingresos que se obtienen actualmente por su disfrute, no guardan relación con el beneficio recibido, máxime si se considera que son gentes de recursos las que pueden hacer uso de las mismas''.
Por otra parte, es importante mencionar que el impuesto sobre tenencia o uso de vehículos si bien es de carácter federal, es un impuesto que se participa en su totalidad a las entidades federativas, ya que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2o., penúltimo párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal, las entidades federativas que estén adheridas al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y que hayan celebrado convenios de colaboración administrativa con la Federación en materia del impuesto federal sobre tenencia o uso de vehículos, recibirán el 100% de la recaudación que obtengan por este impuesto, del cual corresponderá el 20% a los municipios de la entidad, mismo que se distribuirá entre ellos en la forma en que determine la legislatura respectiva.
En este sentido, la propuesta de eliminar el impuesto sobre tenencia o uso de vehículos no puede ser analizada con objetividad si se presenta de manera aislada sin proponer de manera concreta otra fuente alternativa de ingresos para las entidades federativas y los municipios. Lo anterior, considerando que conforme a la Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009, presentada por el Ejecutivo federal, la recaudación de este impuesto ascenderá a 21,330.5 millones de pesos, recursos que las entidades federativas perderían en caso de que se eliminara el impuesto sobre tenencia o uso de vehículos.
Por otra parte, la que dictamina considera conveniente mencionar que además de la importancia de este impuesto en materia de recaudación, en particular el impuesto sobre tenencia o uso de vehículos permite cumplir con propósitos extra fiscales, tales como la integración de un padrón vehicular estatal, que se denomina SARVE, mismo que se actualiza anualmente y constituye un requisito para percibir el 100% de la recaudación de este impuesto, permitiendo con ello, no sólo a la autoridad fiscal, sino a otras instancias administrativas tener un adecuado control sobre los vehículos. De igual manera, el Registro Público Vehicular (Repuve) a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública, permite identificar a los vehículos y a sus propietarios, otorgando mayor seguridad en las operaciones de las unidades registradas.
Finalmente, debe mencionarse que el día 21 de diciembre de 2007, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el ``Decreto por el que se reforman, adicionan, derogan y abrogan diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal, de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos y de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios'', en el que se prevé la abrogación de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, a partir del 1 de enero de 2012.
Conforme al análisis de la iniciativa y a lo expuesto y fundado por la Comisión de Hacienda y Crédito Público, se considera que no es de aprobarse la iniciativa materia de este dictamen y se somete a consideración de la Asamblea, el siguiente
Acuerdo
Primero. Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que abroga la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, presentada por el diputado Ariel Castillo Nájera , del Grupo Parlamentario del PNA, de fecha 14 de diciembre de 2006.
Segundo. Archívese el presente asunto, como total y definitivamente concluido.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : Está a discusión el punto de acuerdo. En virtud de que no se ha registrado orador alguno, se reserva para su votación en conjunto.
LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS
El Secretario diputado José Manuel del Río Virgen : «Dictamen de la Comisión de la Función Pública, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa que reforma y adiciona el artículo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos
Honorable Asamblea:
La Comisión de la Función Pública de la Cámara de Diputados, con base en las facultades que le confieren los artículos 39, numerales 1 y 2, fracción XVIII, y 45 numeral 6, incisos e) y f); y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 87 y 88 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a su consideración el siguiente dictamen sobre la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
Antecedentes
Análisis de la iniciativa
Plantea la diputada en la exposición de motivos de la iniciativa que se dictamina que la transparencia y rendición de cuentas son instrumentos importantes para evitar la discrecionalidad y el abuso de poder.
Que en un régimen democrático con un sistema de auténtica división de poderes, la representación nacional tiene potestad de llamar a comparecer a funcionarios del Ejecutivo federal, así como de otros órganos federales del Estado, en un ejercicio de rendición de cuentas, a fin de conocer del desempeño de los servidores públicos federales, del ejercicio de la función pública, de la ejecución de programas, así como del gasto público.
Que en un esquema de cooperación de poderes y órganos del Estado, puede citar a comparecer a los servidores públicos de la federación para investigar el funcionamiento de diversas dependencias y órganos autónomos, así como para conocer la posición de los diversos titulares tanto del poder ejecutivo como de los órganos autónomos del Estado respecto de asuntos que incidirían sobre los temas que les atañen.
Que la constitución consigna que aquellos que comparezcan ante cualquiera de las cámaras del Congreso de la Unión lo hagan bajo protesta de decir verdad; sin embargo, si faltasen a esa obligación aún no hay la previsión en la legislación secundaria.
Consideraciones
Primera. Esta comisión dictaminadora coincide con la proponente respecto a que los regímenes democráticos deben asegurar un ejercicio transparente de la función pública y una verdadera rendición de cuentas, así como un equilibrio entre los poderes que integran al Estado.
Por lo cual, es de suma importancia que el orden jurídico nacional establezca un régimen de responsabilidades de los servidores públicos, que en la carta magna se establece en su título cuarto, y la materia de responsabilidades administrativas en su ley reglamentaria, que es precisamente a la que se debería referir la iniciativa materia del presente dictamen.
Segunda. Existe coincidencia respecto a la naturaleza de la reforma planteada, es decir, de incluir en las leyes especiales (de responsabilidades), como obligación de todo servidor público el proporcionar, de manera oportuna y bajo protesta de decir verdad, toda la información y datos que les sean solicitados de manera verbal durante sus comparecencias ante cualquiera de las cámaras del Congreso de la Unión o de sus respectivas comisiones, o mediante pregunta por escrito.
Tercera. Sin embargo, no es posible su aprobación, pues la proponente afirma que la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos es el ordenamiento jurídico apto para llevar a cabo estas modificaciones, cuando esta ley ha quedado derogada, por lo que al ámbito federal se refiere, con la publicación de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, que se hizo el 13 de marzo del 2002 en el Diario Oficial de la Federación.
En efecto, en virtud de la expedición del ordenamiento en cita, se encuentran derogados los títulos primero, tercero y cuarto de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, únicamente por lo que respecta al ámbito federal, de ahí que lo que establece su artículo 47 (materia de la propuesta), ya no sea aplicable al ámbito federal.
Cuarta. Con la promulgación de una nueva ley para el ámbito federal, se agrupó en un solo ordenamiento jurídico las normas sobre responsabilidad administrativa de los servidores públicos federales, quedando las figuras del juicio político y la declaración de procedencia en la ley a la que se refiere la iniciante, que es la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, la cual sigue estando vigente para los servidores públicos del Distrito Federal respecto a su régimen de responsabilidades administrativas.
Quinta. El artículo 1 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos afirma que tiene por objeto reglamentar el título cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de:
Sexta. Cabe destacar que el artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos es el precepto que prevé las obligaciones de los servidores públicos (normas de conducta) y es al que tenía que haberse referido la propuesta de la iniciante, y no al artículo 47 de un ordenamiento legal que ya no es aplicable al ámbito federal, por lo cual es procedente desechar la propuesta de mérito.
En virtud de los motivos expuestos en las consideraciones anteriores, ésta Comisión de la Función Pública, con base en las atribuciones legales y reglamentarias con las que cuenta, pone a su consideración el siguiente:
Acuerdo
Primero. Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, presentada por la diputada Ana Yurixi Leyva Piñón , integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Segundo. Archívese este expediente como asunto totalmente concluido.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : Está a discusión el punto de acuerdo. En virtud de que no se ha registrado orador alguno, se reserva para su votación en conjunto.
Consulte entonces la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueban los puntos de acuerdo.
El Secretario diputado José Manuel del Río Virgen : Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la asamblea si se aprueban los puntos de acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.
Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : Aprobados los puntos de acuerdo. Archívense los expedientes como asuntos totalmente concluidos.
LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : Se recibió de la diputada Ana María Ramírez Cerda, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia.
El Secretario diputado José Manuel del Río Virgen : «Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada Ana María Ramírez Cerda , del Grupo Parlamentario del PVEMAna María Ramírez Cerda , diputada de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante el Pleno de esta honorable asamblea, la presente iniciativa que contiene proyecto de decreto, con base en la siguiente
Exposición de motivosDe acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la violencia basada en género es uno de los abusos contra los derechos humanos, y de los problemas de salud pública más difundidos en el mundo; afecta a una de cada tres mujeres y es, también, una manifestación extrema de la desigualdad de género, que se basa en la subordinación del sexo femenino respecto al masculino; y afecta la salud física y mental de las mujeres y niñas, así como el desarrollo de la sociedad en general. 1
Las consecuencias de la violencia contra la mujer son tan severas que incluso ha sido reconocida desde 1993, por la OPS, como un problema de salud pública y ``un problema especial de graves repercusiones sociales por la asociación existente entre discriminación y maltrato.'' 2
Lo anterior, resulta de la mayor importancia si consideramos que en nuestro país la violencia contra la mujer va en aumento.
De esta cifra, el 44.6 por ciento de mujeres han sido agredidas físicamente (4 millones 497 mil 887); el 18.1 por ciento de mujeres han sufrido violencia sexual (1 millón 822 mil 270); otro 84.3 por ciento de mujeres ha padecido violencia psicológica (8 millones 504 mil 221); y un 60.7 por ciento de mujeres han experimentado violencia económica (6 millones 119 mil 256). 4
Por otra parte, diez estados tienen porcentajes de violencia de pareja superiores a la media nacional, entre ellos Colima, Jalisco y el Estado de México, que se ubican por encima del 53 %. 5
Lo expuesto, resulta preocupante si consideramos que la violencia contra la mujer no ha disminuido en relación con las cifras de 2003, ya que por lo menos 46.6 por ciento de mujeres mexicanas fueron víctimas de violencia, de acuerdo a un estudio publicado en el 2003 por el Instituto Nacional de las Mujeres y el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer.
Ante este panorama, las mujeres requieren que el Estado adopte todas las medidas que sean necesarias para abatir el problema.
La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia constituye un avance muy importante en este sentido, no sólo porque con ella se cumplen compromisos internacionales de nuestro país, como los relativos a la Plataforma de Acción de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer o la Convención de Belém do Pará, sino porque contamos con disposiciones normativas aplicables a todas las mujeres en el país, y obligatorias en los tres órdenes de gobierno, que tienen por objeto erradicar todos los tipos de violencia contra las mujeres y garantizar su acceso a una vida libre de violencia.
No obstante lo anterior, consideramos que a fin de contribuir a la erradicación de la violencia contra la mujer, resulta necesario reformar algunos preceptos del mencionado ordenamiento legal, con el objeto de desarrollar elementos importantes como los relativos a la reinserción de los agresores, debido a que, aún cuando la intervención con la mujer maltratada y con sus hijos es imprescindible, resulta insuficiente si no se actúa simultáneamente con el agresor.
Fundamentalmente porque ``la violencia hacia las mujeres, debido a su pertenencia genérica, no es un problema que se explique por adicciones, condiciones de pobreza del agresor, u otros; es un problema de relaciones de poder entre sexos, manejado desde una perspectiva de sometimiento. 6
Si bien actualmente la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia prevé la creación de modelos de atención que brinden servicios reeducativos integrales, especializados y gratuitos al agresor, no se contempla la posibilidad de apoyar la creación de centros de atención especializados para agresores, que además de brindar servicios de reeducación integral, proporcionen tratamiento psicológico especializado y gratuito.
Lo anterior, resulta de la mayor importancia si se considera que al no recibir el agresor ningún tipo de tratamiento psicológico, el problema continúa. Además de que existe el riesgo de que la situación de maltrato se reproduzca en las víctimas, ya que un porcentaje importante de ellas reanuda la convivencia con el agresor, lo que contribuye a que la violencia se extienda a otros miembros de la familia, especialmente a los hijos, o a futuras parejas del mismo agresor.
Según información disponible, el psicólogo Enrique Echeburúa -uno de los pioneros en España, en terapias para agresores- concluyó que había que neutralizar a los agresores para proteger a sus parejas actuales y futuras, ya que después de dos años de haber implementado un servicio de atención para víctimas de violencia sexual y familiar se percató que entre el 40 y el 50 por ciento de las mujeres seguía viviendo con su agresor.
Actualmente la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia sólo prevé la hipótesis de que el agresor participe obligatoriamente en los programas de reeducación integral, cuando se le determine por mandato de autoridad competente, pero no se prevé la amplia posibilidad de que el agresor acuda voluntariamente a algún centro de atención especializada, con el fin de recibir tratamiento para reinsertarse en la vida social.
Ante esta realidad, la reforma que se propone consiste en apoyar la creación de centros de atención especializados para agresores, que brinden servicios de reeducación integral y tratamiento psicológico, especializados y gratuitos, con el objeto de erradicar las conductas violentas y reinsertar al agresor a la vida social.
Además, es importante considerar el ámbito de validez territorial de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, así como la obligación de las entidades federativas de dar cumplimiento al artículo 8 transitorio del mismo ordenamiento legal, de promover las reformas necesarias en la legislación local para cumplir el objeto de la ley.
En este punto, vale la pena mencionar que al 1 de junio de 2008, 22 entidades federativas han aprobado su respectiva Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, de las cuales sólo seis prevén la creación de centros de atención para agresores.
Es así que resulta necesario establecer en la ley general la obligación de crear centros de atención especializados para agresores, con el objeto de que su creación resulte obligatoria en todo el país.
En términos generales, lo que se pretende lograr con los centros de atención especializada para agresores, es una reeducación psicosocial de los mismos, para lograr un ajuste que les posibilite reinsertarse en la sociedad, con la garantía de haber erradicado la violencia de sus hábitos de conducta.
Se busca que en los centros de atención se implemente un programa con carácter multidisciplinar, fundamentalmente con un planteamiento técnico y científico, que se base en el análisis psicológico previo del perfil del agresor.
La reforma propuesta resultaría benéfica no sólo para los agresores sino también para las mujeres. Debido a que aún cuando se busca implementar acciones dirigidas a los agresores, su objetivo fundamental sería proteger a la mujer que, por diferentes razones, continúa conviviendo con el agresor, a los hijos o a la futura pareja; es decir, se evitaría que otras mujeres sean agredidas.
La violencia contra las mujeres constituye un obstáculo para lograr los objetivos de igualdad, desarrollo y paz, y una violación y anulación del disfrute de los derechos humanos y las libertades de las mujeres. 7
Lo anterior, nos obliga a adoptar todas las medidas que sean necesarias para erradicar un mal que tanto daña a la familia mexicana.
Por lo expuesto, la que suscribe, diputada Ana María Ramírez Cerda de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Verde, para garantizar lo dispuesto en los artículos 1 y 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y demás disposiciones jurídicas aplicables, somete a la consideración de esta asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de:
Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Único. Se reforman los artículos 8 y 53; se adicionan una fracción IV al artículo 14, una fracción XIV al artículo 38, una fracción XIII al artículo 49, recorriéndose las demás en su orden; una fracción VIII al artículo 50, recorriéndose las demás en su orden; se adiciona un capítulo VI al título III, que se denominará ``De los Centros de Atención Especializada para los Agresores'' con los artículos 60 a 63, de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para quedar como sigue:
Artículo 8. ...
Las personas que laboren en los centros deberán contar con la cédula profesional correspondiente a la especialidad en que desarrollen su trabajo. En ningún caso podrán laborar en los centros personas que hayan sido sancionadas por ejercer algún tipo violencia.
Artículo 14. ...
Artículo 38. El programa contendrá las acciones con perspectiva de género para:
Artículo 49. ...
Las autoridades federales harán las gestiones necesarias para propiciar que las autoridades locales reformen su legislación, para considerar como agravantes los delitos contra la vida y la integridad corporal cometidos contra mujeres.
Artículo 50. ...
Artículo 53. El agresor deberá participar obligatoriamente en los programas de reeducación integral y tratamiento psicológico, cuando se le determine por mandato de autoridad competente.
Capítulo VI De los Centros de Atención Especializada para los AgresoresArtículo 60. El agresor podrá optar por acudir voluntariamente a un centro de atención especializada para obtener la asistencia adecuada e integrarse nuevamente a la vida social. Estará obligado a asistir a dicho centro cuando se le determine por mandato de autoridad competente.
Artículo 61. Los centros de atención especializada tendrán las siguientes facultades y obligaciones:
Artículo 62. El tratamiento psicológico especializado que proporcionen los centros al agresor, deberá observar los siguientes lineamientos:
Artículo 63. Los centros de atención especializada deberán estar alejados de los refugios para víctimas.
TransitoriosPrimero. El presente decreto entrará en vigor a los treinta días siguientes al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Como única ocasión, para el primer año de creación de los Centros de Atención Especializada para Agresores, se aprobará un presupuesto extraordinario en el Presupuesto de Egresos de 2009.
Notas: 1. De acuerdo con la publicación ``La violencia contra las mujeres: responde el sector salud'', 2003. OPS. 2. Véase. CD37.19, 1993 de la Organización Panamericana de Salud. 3. ``Panorama de violencia contra las mujeres en los Estados Unidos Mexicanos 2006''. ENDIREH 2006. Estados Unidos Mexicanos, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI). 4. Las cifras no son exclusivas del tipo de violencia citado, pues una misma mujer pudo haber reportado uno o más tipos a la vez. 5. De acuerdo con la publicación del INEGI ``Panorama de Violencia contra las Mujeres en los Estados Unidos Mexicanos, 2006. 6. Véase. ``Panorama de violencia contra las mujeres en los Estados Unidos Mexicanos 2006''. ENDIREH 2006. Estados Unidos Mexicanos elaborado por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), p. 30. 7. Véase. Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, asamblea general de la Organización de Naciones Unidas, 1993; y declaración y plataforma para la acción de Beijing (Cuarta conferencia mundial de la mujer, 1995).La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : Túrnese a la Comisión de Equidad y Género.
LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : Se recibió iniciativa que reforma el artículo 29 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, suscrita por los diputados Mayra Gisela Peñuelas Acuñay Gilberto Ojeda Camacho, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
El Secretario diputado José Manuel del Río Virgen : «Iniciativa que reforma el artículo 29 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, suscrita por los diputados Mayra Gisela Peñuelas Acuña y Gilberto Ojeda Camacho , del Grupo Parlamentario del PRILos suscritos, diputados Mayra Gisela Peñuelas Acuña y Gilberto Ojeda Camacho , someten a la consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 29 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, con el más firme propósito de fortalecer la gestión de los gobiernos municipales, en favor de los servicios de carácter público que ofrecen a la sociedad, al tenor de la siguiente
Exposición de MotivosA partir de la entrada en operación y generalización de uso de las denominadas antenas parabólicas, que captan señal televisiva vía satélite, y con el ánimo de brindar servicio gratuito a la población, algunos gobiernos municipales se dieron a la tarea de captar, de manera directa, la señal de canales que luego retransmitían en frecuencia abierta en un radio geográfico limitado.
Para los efectos del caso, instalaron receptores y decodificadores de señal televisiva satelital. A su vez, la señal era enviada de manera abierta a un número limitado de hogares. La cobertura de captación era de un radio geográfico, por lo regular, de una extensión aproximada a los 6 kilómetros.
No obstante que la medida adoptada por administraciones municipales contravenía las disposiciones preceptuadas en la legislación correspondiente, la iniciativa en mención contó con el beneplácito de amplios sectores de la población que vieron con ello la oportunidad de acceder a una oferta variada de entretenimiento televisivo.
Entre otros argumentos, las administraciones correspondientes sustentaron la medida en el hecho de que la población beneficiada está asentada en zonas geográficas que, por efecto de sus características orográficas, no captan en condiciones óptimas las señales enviadas por la televisión abierta, sin dejar de mencionar que, en algunos otros casos, no la reciben.
Argumentaron, además, la necesidad de brindar a la población el acceso a una variedad de alternativas, no sólo de entretenimiento sino de puente a la educación y la cultura en general, que ofrece, precisamente, la televisión por la multiplicidad de canales que oferta.
Insisto que la medida a que hago referencia fue bienvenida por la población, toda vez que le representó el acceso legítimo de toda sociedad a un pluralismo de entretenimiento vía televisiva. Fue ésta una de las divisas fundamentales en las que descansó la iniciativa de algunos presidentes municipales.
Ello, porque implicó, e implica, la oportunidad de la población de acceder a mayores opciones para el desarrollo educativo y cultural, tomando como referencia que la televisión, como medio de comunicación masiva, contribuye a desarrollar tareas de educación formativa.
Precisamente, estas características de la televisión, como medio masivo, son lo que le permite servir como puente para la el proceso de educación y no únicamente como promotor del entretenimiento, aparte de ser, para los espectadores, una ventana a múltiples y variadas expresiones culturales.
Además, la televisión, como medio de comunicación masiva, y gracias a los adelantos de carácter técnico y tecnológico, ha ganado un peso de influencia en las sociedades, porque se ha convertido en un medio fundamental para la pedagogía.
Consientes de esta percepción, y una vez salvado el beneplácito del cuerpo de gobierno, es que algunos alcaldes concretaron la iniciativa de invertir en infraestructura elemental, con lo cual fue posible, en algunas zonas del país, captar señal televisiva de satélite que después fue retransmitida en frecuencia abierta, gracias a que el desarrollo de los satélites significa precisamente la posibilidad de que la televisión, como medio de comunicación, alcance una cobertura geográfica total.
Sin embargo, la autoridad normativa puso freno a esta práctica, debido a que contravenía y contraviene lo dispuesto en la Ley Federal de Telecomunicaciones.
Es por ello que, buscando salvar el impedimento de carácter legal que al respecto existe, nos hemos permitido presentar una iniciativa de adición a la Ley Federal de Telecomunicaciones, esperando que ello redunde en favor de la población que tiene derecho a los beneficios que desde el aspecto educativo ofrece la televisión como medio de comunicación masiva.
Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento por lo establecido en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior Del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de este Pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión la presente iniciativa con proyecto de
Decreto por el que se adiciona el artículo 29 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, para quedar como sigue:
Sección IV De las Concesiones para Comunicaciones Vía SatéliteArtículo 29. Las concesiones para ocupar y explotar posiciones orbitales geoestacionarias y órbitas satelitales asignadas al país, con sus respectivas bandas de frecuencias y derechos de emisión y recepción de señales, se otorgarán tanto a particulares como a los gobiernos estatales y municipales, mediante el procedimiento de licitación pública a que se refiere la sección II del presente capítulo, a cuyo efecto, el gobierno federal podrá requerir una contraprestación económica por el otorgamiento de dichas concesiones, sólo en el caso de aquellos particulares que lucren con el uso de la concesiones, con excepción de las otorgadas a los gobiernos estatales y municipales.
TransitorioArticulo Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : Túrnese a la Comisión de Comunicaciones.
ARTICULO 18 CONSTITUCIONAL
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : Se recibió de la diputada Mayra Gisela Peñuelas Acuña, del Partido Revolucionario Institucional, iniciativa que reforma el artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El Secretario diputado José Manuel del Río Virgen : «Iniciativa que reforma el artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Mayra Gisela Peñuelas Acuña , del Grupo Parlamentario del PRILa que suscribe, Mayra Gisela Peñuelas Acuña , integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la Cámara de Diputados de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo establecido en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el párrafo tercero del artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con la siguiente
Exposición de MotivosLa problemática causada por el evidente incremento de la población interna en el sistema nacional penitenciario ocupa la atención de las autoridades federales y locales de la materia. Los datos y las cifras son impresionantes.
De acuerdo con información proporcionada por la Secretaría de Seguridad Pública federal sobre el estado que guarda el sistema penitenciario nacional, dicho sistema cuenta con 442 centros de readaptación social, de los cuales sólo 6 son federales, 10 del Gobierno del Distrito Federal, 331 de los gobiernos estatales y 95 de gobiernos municipales.
La población en prisión se ha incrementado en México a un ritmo sin precedente. En poco más de 10 años casi se ha duplicado, lo que no había ocurrido en un periodo tan corto.
La población penitenciaria nacional en 1998 era de 128 mil 902 reos; actualmente asciende a 217 mil 457. De éstos, 166 mil 276 son del fuero común y 51 mil 181 del federal, lo que significa que las entidades federativas tienen que atender a estos reos, que son responsabilidad de la federación.
Este incremento ha generado que en las prisiones mexicanas se supere la capacidad instalada. Hay una sobrepoblación de 51 mil 710 internos que se sitúan en 223 penales; de ellos, en 158 se tiene población del fuero común y federal y sólo en 65 hay población del fuero común.
Esto se da principalmente en las prisiones de Baja California, Nayarit, Chiapas, Sonora, Tamaulipas, Oaxaca, Puebla y Distrito Federal.
Para los presos de orden federal, el gobierno destina un socorro de ley, recursos que otorga la federación a las entidades federativas para la manutención de los reos federales, que compurgan sus penas en centros penitenciarios locales, entendiendo como manutención los gastos para alimentación, sueldos del personal del centro, y servicios médicos, psicológicos, sociales, legales y laborales, así como agua, luz, teléfono y mantenimiento de edificios, entre otros.
Durante muchos años, los estados estuvieron recibiendo sólo 25 pesos por interno federal. Actualmente, dicha cantidad asciende a 40 pesos, pese a que el costo real promedia 140 pesos. El gobierno federal destina para cada reo la tercera parte de lo que cuesta la manutención
El proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2009 considera incrementar a 50 pesos la cuota alimenticia por interno del fuero federal; no obstante, el incremento resulta a todas luces insuficiente para mantener a los más de 51 mil reos federales.
A la par del consumo de alimentos, cada uno de ellos hace uso de los servicios de agua potable y luz eléctrica; se invierte en el mantenimiento de las instalaciones. Dichos gastos son cubiertos por los gobiernos estatales y los municipales.
En la mayoría de los estados, cerca de 50 por ciento del presupuesto asignado al rubro de seguridad pública se destina a los centros penitenciarios locales, principalmente a su operación, y a la manutención de los internos. Muy bien, estos recursos podrían aplicarse, además de los programas de readaptación, en programas de desarrollo para las entidades del país.
Por consiguiente, ante esa situación, los gobiernos de los estados se hallan inmersos en serios problemas, ya que se afectan de manera directa sus finanzas, al tener que cubrir los faltantes para la manutención de un creciente número de reos federales.
De igual manera, para las autoridades penitenciarias los centros de readaptación no son viables para recuperar lo invertido, debido a que la mayoría de los internos no produce, sólo generan gastos y los que se dedican durante su estancia a realizar algún trabajo son mal pagados.
Los centros de readaptación social representan una carga económica muy fuerte al presupuesto destinado a la seguridad pública, tanto estatal como federal. Millones de pesos al año son destinados a la manutención de los Ceresos en México, sin que satisfagan siquiera la necesidad de su creación.
Los reos federales en las cárceles estatales constituyen una carga económica y administrativa para las entidades federativas, sin contar con los riesgos de seguridad, que no son compartidos debidamente por la instancia federal, lo que los reduce a enfrentar situaciones de responsabilidad jurídica, sin obligación legal.
Los mismos mandatarios agrupados en la Conferencia Nacional de Gobernadores han demando que el gobierno federal se responsabilice de los reos federales. Incluso, algunos congresos estatales han acordado solicitarle que traslade a los reos del fuero federal a sus cárceles, a fin de que se haga cargo de la manutención y vigilancia y no cuesten más a los gobiernos estatales y municipales. Han declarado que los estados no están en capacidad de seguir aportando más de dos terceras partes para la manutención de personas internas a causa de un proceso penal federal.
Hay necesidad de que el gobierno de la república asuma su responsabilidad y cumpla el artículo 3 de la Ley General que establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública:
...
Las autoridades competentes alcanzarán los fines de la seguridad pública mediante la prevención, persecución y sanción de las infracciones y delitos, así como la reinserción social del delincuente y del menor infractor.
Por ello se requiere que el gobierno federal asuma cabalmente su responsabilidad con los Ceresos donde hay mayoritariamente reos federales.
Por lo anterior, presento a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de
Decreto que adiciona el párrafo tercero del artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Único. Se adiciona el párrafo tercero del artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 18. (...)
Los gobernadores de los estados, sujetándose a lo que establezcan las leyes locales respectivas, podrán celebrar con la federación convenios de carácter general para que los reos sentenciados por delitos del orden común extingan su condena en establecimientos dependientes del Ejecutivo federal. Cada orden de gobierno deberá hacerse cargo de la manutención de los reos según corresponda.
TransitoriosArtículo Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Artículo Segundo. Se derogan todas las disposiciones de carácter legal que se contrapongan con el presente decreto; y se dejan sin efecto las disposiciones de carácter administrativo que lo contravengan.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.
CENTRO NACIONAL DE TRASPLANTES
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : Se recibió de la diputada Mayra Gisela Peñuelas Acuña, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, punto de acuerdo por el que se solicita la comparecencia del director del Centro Nacional de Trasplantes, para que informe de la situación que prevalece en los hospitales donde se realizan trasplantes de órganos.
El Secretario diputado José Manuel del Río Virgen : «Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita la comparecencia del director del Centro Nacional de Trasplantes para que informe sobre la situación prevaleciente en los hospitales donde se realiza ese tipo de intervenciones quirúrgicas, a cargo de la diputada Mayra Gisela Peñuelas Acuña , del Grupo Parlamentario del PRILa que suscribe, Mayra Gisela Peñuelas Acuña , diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en la LX Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento por lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete la proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes
ConsideracionesEn 1999 se crea el Consejo Nacional de Trasplantes como una comisión intersecretarial de la administración pública federal, que tendría por objeto promover, apoyar y coordinar las acciones en materia de trasplantes que realizan las instituciones de salud de los sectores público, social y privado.
El artículo 316 de la Ley Federal de Salud prescribe que en los establecimientos donde se hagan trasplantes de órganos y tejidos debe existir un comité interno de trasplantes, un responsable sanitario y un coordinador, además de un comité de ética en el que participen personas ajenas al programa de trasplantes. Las entidades federativas contarán con centros estatales, como el nacional, y la asignación de cada trasplante deberá ser aprobada por el responsable local del programa de trasplantes.
Por su parte, el artículo 333 de la misma ley establece que para la asignación de los órganos se debe haber cumplido con todos los requisitos legales y procedimientos establecidos por la secretaría para comprobar que no se está lucrando con esta práctica.
De igual manera, el artículo 336 establece que para la asignación de órganos y tejidos, y cuando no exista urgencia o razón médica para asignar preferentemente un órgano o tejido, ésta se sujetará estrictamente a listas que se integrarán con los datos de los mexicanos en espera, y que estarán a cargo del Centro Nacional de Trasplantes (Cenatra).
Por su parte, corresponde al Cenatra, y a los centros estatales, decidir y vigilar la asignación de órganos y tejidos y células.
Asimismo, el artículo 339 de la Ley Federal de Salud mandata a que los centros estatales de trasplantes, que establezcan los gobiernos de las entidades federativas, decidirán y vigilarán la asignación de órganos, tejidos y células, dentro de sus respectivos ámbitos de competencia, y actuarán coordinadamente con el Consejo Nacional de Trasplantes, cuyas funciones, integración y organización se determinarán en el reglamento respectivo.
Los centros estatales proporcionarán al Registro Nacional de Trasplantes la información correspondiente a su entidad y su actualización, en los términos de los acuerdos de coordinación respectivos.
La normatividad establece que las atribuciones del Cenatra son de rectoría. Aquí se origina el Programa Nacional de Donación y Trasplante de Órganos, y tiene la atribución de vigilar a los comités internos de los hospitales, y están obligados a informar al centro sobre cada procedimiento que realicen en el transcurso del mes siguiente.
Por su parte, el reglamento del Consejo Nacional de Trasplantes manifiesta que esta instancia debe coadyuvar con las autoridades competentes en la prevención del tráfico ilegal de órganos, tejidos y células. También le fija coordinar y operar los métodos de asignación de órganos a nivel nacional.
Al respecto, quiero mencionar las declaraciones hechas en días pasados por el coordinador del Cenatra, Dib Kuri, en el sentido que, a la fecha, personal del centro ha visitado 30 unidades hospitalarias autorizadas para tomar órganos en donación y trasplantarlos, de las cuales la mitad trabaja bien y el resto mal o con deficiencias.
Este hecho es preocupante. Más aún, cuando en días pasados nos enteramos de lo sucedido en el hospital civil Fray Antonio Alcalde, de Guadalajara, uno de los más importantes de Jalisco, donde se reconoció que desde hace al menos un año el jefe de la Unidad de Trasplantes sabía de la existencia de presuntas irregularidades en la disposición (donación y trasplante) de órganos. Incluso, el mismo funcionario reconoció que esta situación podría estar ocurriendo en otros estados.
Los órganos y tejidos que son donados con fines de trasplante constituyen un bien social que es temporalmente administrado por el sistema nacional de trasplantes.
Debido a que la demanda de órganos y tejidos es desproporcionada, con respecto a los que hay disponibles, es responsabilidad de los profesionales de la salud, involucrados en cada etapa del proceso, que los órganos se asignen al receptor adecuado en las mejores condiciones posibles, atendiendo siempre los lineamientos normativos.
Con base en lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de AcuerdoArtículo Único. Se cite a comparecer al director del Centro Nacional de Trasplantes, Dib Kuri, para que informe de la situación que prevalece en los hospitales donde se realizan trasplantes de órganos.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : Túrnese a la Comisión de Salud.
ARTICULOS 75, 115, 116, 122 Y 127 CONSTITUCIONALES
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón : Tiene la palabra la diputada Dora Alicia Martínez Valeropara presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por ella misma y por el diputado Mario Alberto Salazar Madera, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
La diputada Dora Alicia Martínez Valero : Con su venia, señora presidenta.Compañeros diputados, en un orden social justo que México requiere las personas deben gozar de una base económica suficiente que les garantice el ejercicio de sus libertades y que les permita vivir con dignidad.
Los suscritos, diputados Dora Alicia Martínez Valero y Mario Alberto Salazar Madera , integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 55, fracción II, y demás relativos al Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa, por las razones que a continuación expondré.
En un entramado social que día con día nos empeñamos en construir, y con relación a la debida y adecuada división de poderes, es justo que los ciudadanos tengan la certeza de que el dinero que se destina para el Estado y para la consecución de cada uno de los fines de éste sea bien canalizado; entre ellos, los recursos que se destinan para cubrir los salarios de los funcionarios públicos.
Esta legislatura ha dado muestra del compromiso para combatir las viejas prácticas de discrecionalidad de los sueldos millonarios de los servidores públicos que en el servicio público era servicio propio, donde la política es el mejor espacio para acrecentar las arcas de unos cuantos.
Todas estas malas prácticas hicieron, en parte, que los ciudadanos perdieran la confianza en la política y en los políticos; que se generara una cultura de amiguismo, de favores, de aviadores al interior del gobierno, y que nos acostumbráramos a ser únicamente espectadores, sin reclamar.
Por ello, la transparencia se ha convertido en un elemento clave para el proceder de los gobernantes, en relación con sus gobernados. Todas y cada una de las acciones tendientes a transparentar el ejercicio gubernamental son valiosas para el desarrollo del Estado y también para sus instituciones.
La iniciativa que proponemos el día de hoy reforma los artículos 75, fracción IV, párrafo octavo, también del artículo 115 y el artículo 127 se adiciona. También reformamos el artículo 122, en los párrafos segundo y tercero, y el artículo 127, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Con esto se pretende no sólo brindar certeza a los ciudadanos sobre la remuneración de los servidores públicos, sino a ellos mismos y a los aspirantes a dichos cargos sobre el salario que recibirán en el ejercicio de su encargo.
Con esta iniciativa proponemos la creación de comités de transparencia y evaluación salarial de los trabajadores al servicio del Estado para cada uno de los Poderes de la Unión, para cada uno de los niveles de gobierno; es decir, federal, estatal y municipal, sin que estos comités tengan como función otorgar los parámetros que permitan dar certidumbre a los ciudadanos. Tenemos que continuar y propiciar la ética de los servidores públicos.
Con esta iniciativa también cuidamos que los organismos autónomos puedan designar el salario que debe tener la gente que en ellos participa.
Por lo expuesto, amablemente solicitaría a la Presidencia que se inserte íntegra tanto la iniciativa como mi participación en este momento. Es cuanto, señor presidente.
«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Mario Alberto Salazar Madera y Dora Alicia Martínez Valero , del Grupo Parlamentario del PAN
Los suscritos, diputados Dora Alicia Martínez Valero y Mario Alberto Salazar Madera , integrantes del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II, y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa de decreto, bajo la siguiente:
Exposición de MotivosMéxico está cambiado, nuestro país demanda rendición de cuentas y transparencia para acabar con las prácticas del pasado penosamente reciente, en donde era común que los funcionarios públicos amasaran grandes fortunas a costa del erario público.
Bajo este principio, el Congreso de la Unión ha asumido su responsabilidad al establecer mecanismos para que los ciudadanos conozcan, de manera certera, clara y oportuna, información sobre la gestión gubernamental, esta es una de las razones por las que fue aprobada por esta soberanía el 11 de junio de 2002, La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
Estamos ciertos que sólo transparentando el ejercicio del poder público en la rendición de cuentas, podremos erradicar la corrupción de todos aquellos malos funcionarios que no ven en la labor que desempeñamos una forma de servir al pueblo, sino únicamente una forma para enriquecerse de manera indebida.
De esta manera, comprometidos con los principios que ha postulado Acción Nacional a lo largo de su historia respecto a la austeridad en el gasto público, la equidad y eficiencia en la acción gubernamental, y de conformidad con lo que señala el artículo 127 de nuestra Carta Magna que establece de manera precisa que la remuneración de los servidores públicos debe ser adecuada e irrenunciable, es que ahora presentamos esta iniciativa que propone la creación de Comités Técnicos de Transparencia y Valoración Salarial de los Trabajadores al Servicio del Estado, por cada uno de los poderes de la unión a nivel federal, y Comités Técnicos de Transparencia y Valoración Salarial, por cada uno de los estados incluyendo al Distrito Federal que designaran los salarios que recibirán los servidores públicos dentro de sus municipios y en cada una de las demarcaciones territoriales respectivamente, estos comités estarían integrados de manera paritaria por académicos especialistas en la materia así como por servidores públicos, teniendo como función el establecimiento de parámetros que otorguen certidumbre tanto a los servidores públicos como a los ciudadanos sobre el monto que los primeros deben percibir como remuneración justa, acorde y honesta por el trabajo que realizan como funcionarios públicos.
Respecto de los organismos con autonomía reconocida en esta Constitución y en las constituciones estatales y en el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, los salarios de los servidores públicos se fijaran en atención a sus leyes respectivas y sus reglamentos.
Sabemos la necesidad que existe de contar con servidores públicos éticos, profesionales y honestos; es por eso que se debe fortalecer el marco jurídico y mantenerse los criterios que permiten otorgar una remuneración económica que retribuya con justicia y congruencia el trabajo que realizan y que, simultáneamente, sea establecida en coherencia con las posibilidades presupuestarias, así como con base en la economía nacional y local que existe en los distintos niveles de gobierno: federal, estatal y municipal.
De esta manera los Comités cuya creación ahora se propone deberán formular los salarios de los servidores públicos en el marco de sus atribuciones para que se integren en el proyecto de egresos de la federación, así como analizar, y evaluar las percepciones aprobadas en los presupuestos anteriores tomando en cuenta la importancia relativa a cada función, la capacidad financiera o presupuestal de la o las entidades públicas, así como la productividad y resultados, entre otras, para fijar salarios acorde a la importancia y requerimientos del trabajo desempeñado. Siendo base suficiente para fijar conforme a principios de legalidad, justicia y equidad los salarios de los servidores públicos.
Dadas las condiciones de pobreza que padecen millones de mexicanos y el esfuerzo tan grande que significa para todo ciudadano el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, debemos asumir una actitud responsable en el manejo de las finanzas públicas, puesto que de estas las remuneraciones de los servidores públicos constituyen un elemento fundamental. Es imprescindible reducir en el corto plazo la discrecionalidad de que disfrutan algunos servidores públicos para determinar, de manera autónoma e irresponsable, el monto de sus percepciones.
Bajo la anterior exposición es que ahora se presenta la siguiente iniciativa de
DecretoÚnico. Se reforma el artículo 75, la fracción IV, párrafo octavo del artículo 115, y el artículo 127; y se adiciona una fracción VIII al artículo 116; un párrafo segundo al inciso b) recorriéndose los demás en su orden, de la fracción V, de la Base Primera del apartado C del artículo 122; y los párrafos segundo, tercero, y cuarto al artículo 127, todos ellos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Artículo 75. La Cámara de Diputados, al aprobar el Presupuesto de Egresos, no podrá dejar de señalar la retribución que corresponda a un empleo que esté establecido por la ley; y en caso de que por cualquiera circunstancia se omita fijar dicha remuneración, se entenderá por señalada la que hubiere tenido fijada en el Presupuesto anterior o en la ley que estableció el empleo. Dicho señalamiento deberá respetar los lineamientos previstos en el artículo 127 de esta Constitución.
Artículo 115. ...
Artículo 116. ...
Artículo 122. ...
...
...
...
...
...
A. ...
B. ...
Base Primera. Respecto de la Asamblea Legislativa.
...
...
...
C. a O. ...
Base Segunda a Base Quinta ...
Artículo 127. Los servidores públicos recibirán una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, que será determinada en forma anual, austera, equitativa y proporcional en los presupuestos de egresos que correspondan.
Las remuneraciones del Presidente de la República, de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de los diputados y senadores al Congreso de la Unión y de los demás servidores públicos en los ámbitos federal, estatal, municipal, del Distrito Federal y sus demarcaciones territoriales, serán fijados por los Comités Técnicos de Valoración Salarial. Se exceptúa de lo anterior a las remuneraciones de los servidores públicos que desempeñen un empleo, cargo o comisión en los organismos con autonomía reconocida en el ámbito de las constituciones federal, estatal, así como en el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal.
El Comité Técnico de Valoración Salarial es un organismo especializado, independiente en sus decisiones y funcionamiento, integrado de manera paritaria por académicos especialistas en la materia así como por servidores públicos, que tendrá como funciones analizar, evaluar y fijar las remuneraciones de los servidores públicos. Se constituirá un Comité en cada uno de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial de la Federación, estados y el Distrito Federal, en los términos que establezcan las leyes. En cada Estado de la Federación y en el Distrito Federal, se instituirá un Comité Técnico de Valoración Salarial, responsable de fijar de conformidad con lo previsto en este artículo, las remuneraciones de los servidores públicos de los municipios y de las demarcaciones territoriales, respectivamente.
Las leyes que regulan el funcionamiento de los organismos con autonomía reconocida en el ámbito de las constituciones federal, estatal, así como en el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, establecerán los criterios para la remuneración de los servidores públicos que desempeñan un empleo, cargo o comisión, en dichos organismos.
Artículos TransitoriosPrimero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. El Congreso de la Unión, los Congresos de los estados, y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en sus respectivos ámbitos de competencia, deberán expedir o adecuar las leyes correspondientes, para crear los Comités Técnicos de Valoración Salarial, a más tardar 180 días después de la entrada en vigor de este decreto.
Presidencia del diputado José Luis Espinosa Piña
El Presidente diputado José Luis Espinosa Piña : Así se hará, diputada Dora Alicia Martínez Valero.Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Tiene la palabra el diputado José Inés Palafox Núñez , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa que reforma los artículos 66 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4o. de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. No estando presente en el salón el diputado Palafox Núñez, vamos a continuar.
LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA GUBERNAMENTAL
El Presidente diputado José Luis Espinosa Piña : Ahora le concedemos el uso de la palabra a la diputada Verónica Velasco Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información PúblicaGubernamental.
La diputada Verónica Velasco Rodríguez : Con la venia del presidente.Compañeras diputadas y compañeros diputados, los legisladores podemos reconocer que los avances en transparencia en nuestro país en los últimos seis años han sido significativos para nuestra sociedad; sin embargo, queda mucho por hacer.
El acceso a la información del gobierno no sólo es un derecho de los ciudadanos; también es una herramienta que permite fortalecer nuestro gobierno democrático a través de la rendición de cuentas.
Los gobiernos no sólo deben permitir que los ciudadanos los observen, sino también deben divulgar activamente la información que poseen.
En la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental se especifica que este ordenamiento tiene la finalidad de proveer lo necesario para garantizar el acceso a toda persona a la información, mediante procedimientos sencillos y expeditos. Esto debe incluir a personas con discapacidad y adultos mayores. Sin embargo, en la práctica eso desgraciadamente no ocurre, y por ello deben hacerse las adecuaciones necesarias.
Actualmente, en un contexto en el que predominan las tecnologías, se ha introducido el término accesibilidad electrónica, concepto que abraza los derechos y las posibilidades de las personas con capacidades distintas, para su mayor integración a la sociedad y la economía, mediante el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, como lo es el Internet, que debe ser bien utilizado.
La nueva aplicación y servicio de las tecnologías son sin duda herramientas poderosas que permiten llevar información a personas que carecen de movilidad; al mismo tiempo, pueden ser el medio más democrático de un gobierno, porque le permite establecer lazos directos y superar las barreras geográficas, culturales, económicas, jerárquicas y de discapacidad.
Actualmente el acceso a las páginas web y a su contenido presentan una serie de problemas para las personas con discapacidades visuales, físicas, sensorial o cognitivas. El gobierno, entonces, debe adoptar las medidas necesarias para que la información disponible en sus páginas de Internet pueda ser accesible a este sector.
Una web accesible permite que personas con algún tipo de capacidad distinta hagan un uso correcto de ella. Logra que estas personas puedan percibir, entender, navegar e interactuar con la web aportando, a su vez, contenidos.
Para realizar una web accesible puede servir como procedente la W3C, que son estándares usados como referencia por gobiernos de varios países y organizaciones internacionales para el diseño de sus portales en línea con el único objeto de promover la universalidad en Internet.
Por lo anterior, se hace indispensable que en nuestra legislación se prevean medidas pertinentes para que se garantice que la información disponible en portales electrónicos o en otros medios sea accesible a las personas con discapacidades para que puedan hacer uso de la información electrónica de forma independiente.
En atención a lo anteriormente expuesto, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México y de Acción Nacional sometemos a la consideración de este honorable pleno la iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
Señor presidente, debido a que la iniciativa ha sufrido modificaciones, solicito que esta nueva versión que ahora entrego se inserte íntegramente en el Diario de los Debates. Es cuanto, muchas gracias.
«Iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, a cargo de la diputada Verónica Velasco Rodríguez , del Grupo Parlamentario del PVEM
Verónica Velasco Rodríguez , diputada a la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 6, 71, fracción II, 72 y 73, fracción XXIX-D, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión la presente iniciativa con proyecto de decreto con base en la siguiente
Exposición de MotivosLos legisladores podemos reconocer que los avances en transparencia en nuestro país, en los últimos seis años han sido significativos para la sociedad. Sin embargo, aun queda mucho por hacer.
El acceso a la información del gobierno no sólo es un derecho de los ciudadanos, también es una herramienta que permite fortalecer nuestro gobierno democrático a través de la rendición de cuentas. El autor Richard W. Oliver asevera que la transparencia significa ``apertura activa'', es decir, que los gobiernos no sólo deben permitir que los ciudadanos los observen sino también deben ``divulgar activamente la información que poseen''.
Al respecto, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 6 que el Estado garantizará el derecho a la información, este derecho se establece como una garantía social que se materializa mediante los procedimientos y acciones públicas establecidas para que las personas tengan acceso a la información pública, en forma transparente.
Según lo dispuesto en los artículos 1o. y 4o., fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental se específica que este ordenamiento tiene la finalidad de proveer lo necesario para garantizar el acceso a toda persona a la información mediante procedimientos sencillos y expeditos.
La frase: ``acceso a toda persona'' hace referencia a todos los sectores de la sociedad, lo cual obviamente debe incluir a los grupos vulnerables como las personas con discapacidad y adultos mayores. Sin embargo, en la práctica esto no ocurre y para ello deben realizarse las adecuaciones necesarias.
La ``accesibilidad'' se refiere a la cualidad de fácil entrada o acercamiento para que cualquier persona, incluso aquellas que tengan limitaciones en la movilidad o en la comunicación, pueda llegar a un lugar, objeto o servicio.
Actualmente, en un contexto en el que predominan las telecomunicaciones en diversos ámbitos de la vida de la población se ha introducido el término de ``e-accessibility'' o accesibilidad electrónica, concepto que abraza los derechos y posibilidades de las personas con discapacidad para su mayor integración en la sociedad y la economía del conocimiento a través del uso de las tecnologías de la información y comunicación como Internet. Incluso la describen como las ``rampas de acceso on-line''.
De ser bien utilizadas, las nuevas aplicaciones y servicios de las tecnologías de la información y comunicación son una herramienta poderosa que permiten llevar información a personas que carecen de movilidad. Pueden ser una fuente de oportunidades para la integración, eliminando las barreras existentes. Internet permite ofrecer servicios más eficientes, compartir información de manera más transparente y facilitar la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones. Al mismo tiempo, puede ser el medio más democrático de un gobierno porque le permite establecer lazos directos y superar las barreras geográficas, culturales, económicas, jerárquicas y de discapacidad 1
Es así que, en el marco de los avances en la democratización y de la ampliación de igualdad de oportunidades que lleva a cabo el gobierno en otros ámbitos de actuación, constituye una acción ineludible introducir las modificaciones necesarias en la presentación de los contenidos de información, incluyendo los que se encuentran en forma electrónica, establecidos en el artículo 9 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, de forma que permita la accesibilidad a las personas con discapacidad y, en consecuencia, a adultos mayores.
Actualmente, el acceso a las páginas web y a su contenido presenta una serie de problemas para las personas con discapacidad física, sensorial o cognitiva. Una buena parte de los más de 12 millones de quines tienen algún tipo de discapacidad en México, y de los más de 7 millones de adultos mayores de 60 años, pueden verse imposibilitados para acceder a la información y a los servicios que ofrecen los nuevos medios de comunicación.
El gobierno mediante sus tres poderes y los órganos autónomos debe adoptar las medidas necesarias para que la información disponible en sus páginas de Internet pueda ser accesible a personas con discapacidad y adultas mayores. Una web accesible permite que personas con algún tipo de discapacidad haga un uso correcto de ella. Logra que estas personas puedan percibir, entender, navegar e interactuar con la web , aportando a su vez, contenidos.
La accesibilidad electrónica también beneficia indirectamente a otras personas, incluyendo personas de edad avanzada que han visto mermadas sus habilidad a consecuencia de la edad.
Los expertos dejan claro que hacer un portal gubernamental o página web accesible no es fácil, sobre todo si se tiene en cuenta este objetivo desde el primer momento. Para realizar una web accesible, la W3C (World Wide Web Consortium) 2 ha establecido una serie de normas y pautas que definen cómo debe ser el diseño de ésta. 3 Son estándares usados como referencia por gobiernos de varios países y organizaciones internacionales para el diseño de sus portales en línea con el objeto de promover la universalidad de Internet. 4
Posteriormente, con el empleo de las pautas los beneficios son máximos. Además de favorecer a personas con discapacidad, el acceso a la web aporta otra serie de ventajas: se hacen aún más accesibles y flexibles para el resto de los usuarios porque son más fáciles de navegar; se incrementa la audiencia potencial, permite la reutilización de contenidos, fomenta la internacionalización, permite acceso a usuarios con conexión lenta, mejora la eficiencia, reduce el costo de mantenimiento y fomenta la responsabilidad social.
Actualmente países como España, Estados Unidos, Perú, Puerto Rico y Chile ya cuentan con legislación sobre accesibilidad 6 y algunos además establecen guías para diseñar sitios de Internet accesibles. 7 En ellas se determina por ejemplo, que deben ser descritas todas las imágenes, gráficos y animaciones usadas en la web ; transcribirse el sonido de los videos; no debe usarse el color como único método para señalar información importante. Pero, sobre todo, se enfatiza el cometido de lograr hacer accesible la web principal y no hacer una segunda versión ``sólo en texto'' como primera alternativa de accesibilidad, es decir, no se pretende duplicar el sitio. Además de que los portales gubernamentales tienen que ponerse a prueba y revisión constante para su actualización.
En este sentido, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad --jurídicamente vinculante a nuestro país por su ratificación en 2007--, en sus artículos 9 y 21, referentes a la accesibilidad; a la libertad de expresión y de opinión y acceso a la información, correspondientemente, obliga a los Estados parte, como México, a adoptar medidas pertinentes para asegurar el acceso a la información de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones que las demás, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales. Estas medidas, incluyen la identificación y eliminación de obstáculos y barreras de acceso aplicadas a los servicios de información como los servicios electrónicos y de emergencia.
Asimismo, compromete a nuestro país a la adopción de medidas para promover otras formas adecuadas de asistencia y apoyo a las personas con discapacidad para asegurar su acceso a la información de manera oportuna y sin costo adicional, en formato accesible y con las tecnologías adecuadas a los diferentes tipos de discapacidad; además de promover el acceso a los nuevos sistemas y tecnologías de la información y las comunicaciones, incluida la Internet.
Por lo anterior, se hace indispensable que en nuestra legislación se prevean medidas pertinentes para que se garantice que la información disponible en portales electrónicos, o en otros medios, sea accesible a todos. Esto contribuirá a la generación de un entorno en donde, las personas con discapacidad y en consecuencia, las adultas mayores, puedan vivir en forma independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida.
En atención a lo anteriormente expuesto, los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en esta soberanía sometemos a la consideración de este honorable Pleno la siguiente iniciativa con proyecto de
Decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental
Artículo Único. Se adiciona una fracción X al artículo 3, recorriéndose las demás en su orden; se reforman el segundo párrafo de la fracción XVII del artículo 7 y el segundo párrafo del artículo 9 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, para quedar como sigue:
Artículo 3. Para los efectos de esta ley se entenderá por:
Artículo 7. ...
Artículo 8. ...
Artículo 9. ...
Los sujetos obligados deberán preparar la automatización, presentación y contenido de su información, que será accesible a personas con discapacidad con base en pautas de accesibilidad para su integración en línea, en los términos que disponga el reglamento y los lineamientos que al respecto expida el instituto.
TransitoriosPrimero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Se derogan todas las disposiciones que contravengan al presente decreto.
Tercero. En un plazo no mayor a 180 días, contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto, se deberán llevar a cabo las modificaciones a los ordenamientos administrativos que sean necesarios, para su aplicación.
Notas: 1 Manifiesto Nuevo León sobre usabilidad y accesibilidad para los portales gubernamentales mexicanos: hacia una web para todos. Compromisos firmados por varios estados y municipios de todo el país, el 27 de mayo de 2007. 2 (W3C) Consorcio World Wide Web es una asociación internacional donde las organizaciones que la integran, personal a tiempo completo y el público en general trabajan conjuntamente para desarrollar estándares web. Su misión es guiar la red hacia su máximo potencial a través de la realización de protocolos y pautas que aseguren el crecimiento futuro de la web. Trata de alcanzar su objetivo principalmente a través de la creación de estándares web y pautas. 3 Cfr . http://www.discapnet.es/web_accesible/WCAG-REC-fact.html & http://www.w3c.es/traducciones/es/WAI/intro/wcag 4 Cfr. http://www.w3.org/WAI/Policy/ 5 Cfr . http://www.w3c.es/divulgacion/guiasbreves/Accesibilidad y http://www.w3.org/TR/WCAG10/ 6 Cfr. http://www.estandaresyaccesibilidad.com/2007/10/legislacin-sobre-accesibilidad-en-espaa.html 7 Cfr. http://www.oppi.gobierno.pr/Guias_Ley229.pdfEl Presidente diputado José Luis Espinosa Piña : Gracias, diputada Verónica Velasco, así se hará. Insértese íntegro el contenido en el Diario de Debates y publíquese en la Gaceta Parlamentaria. Túrnese a la Comisión de la Función Pública.
Tiene la palabra la diputada Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez , del Grupo Parlamentario Alternativa, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo. No encontrándose presente la diputada Conde Rodríguez, vamos a continuar y se pospone la presentación de esta iniciativa.
LEY FEDERAL DEL TRABAJO
El Presidente diputado José Luis Espinosa Piña : Tiene la palabra el diputado Obdulio Ávila Mayo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa que reforma la fracción XXVI, y se recorre el numeral y el contenido de las fracciones XXVI a XIX del artículo 132; y se adiciona la fracción VII al artículo 994 de la Ley Federal del Trabajo. Adelante, señor diputado.
El diputado Obdulio Ávila Mayo : Con la venia de la Presidencia.Honorable asamblea, la presente iniciativa que someto a su consideración tiene como finalidad reformar la Ley Federal del Trabajo para contemplar como obligación a cargo de los patrones, personas físicas y morales, el que se afilien al instituto Fonacot, en caso de que en el plazo establecido no lo hagan, sean sujetos de sanciones a través de una multa por parte de la autoridad laboral.
Es de suma importancia recordar que el 24 de abril de 2006 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el cual se crea la Ley del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores. Éste tiene como objetivo promover el ahorro de los trabajadores, otorgarles financiamiento y garantizarles el acceso a los créditos para la adquisición de bienes y el pago de diversos servicios.
Se estima que aproximadamente existen 10.3 millones de trabajadores del país que están limitados para ejercer el crédito que otorga el Fonacot a ellos, sabiendo que éste es 7 veces más bajo en comparación a las cadenas comerciales y es 39 por ciento más económico que los bancos comerciales.
Ahora bien, hago del conocimiento de esta asamblea que se encuentran registradas 198 mil 584 empresas ante el IMSS, las que sin duda cumplen los requisitos establecidos para el instituto para afiliar a sus trabajadores al Fonacot; de ellas sólo 46 mil 175 están afiliadas a dicho instituto. Es decir, menos de 25 por ciento de los potenciales trabajadores que podrían afiliarse.
Por ello, ante la posibilidad de obtener los beneficios que otorga el crédito de Fonacot, es indispensable obligar a los patrones a que afilien a sus trabajadores al sistema aludido. Así los trabajadores de más de 150 mil empresas podrán acceder a los beneficios que otorga el crédito Fonacot, y no dejando a la libre voluntad del patrón la posibilidad de beneficios para los trabajadores.
Los trabajadores de las 150 mil empresas señaladas merecen la oportunidad de tener acceso a estos créditos por medio de los principales beneficios que se otorgan al acceder al crédito Fonacot, tales como condiciones de pago acordes con sus ingresos, tasas de interés reducidas y fijas, traduciéndose en la oportunidad de mejorar su nivel de vida, para que puedan vivir mejor; sin olvidar que el sector social de nuestro Estado mexicano está conformado por patrones que constituyen el pilar para el desarrollo económico del país.
Por todo lo expuesto, someto a la apreciable consideración del pleno la presente iniciativa de decreto que reforma y adiciona diversas fracciones de los artículos de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como se señala en la iniciativa que ha sido ya publicada en la Gaceta Parlamentaria, y por economía parlamentaria pido a la Presidencia que se sirva anexarla íntegra en el Diario de los Debates. Es cuanto.
«Iniciativa que reforma la fracción XXVI y se recorre el numeral y contenido de las fracciones XXVI a XXIX del artículo 132, y se adiciona una fracción VII al artículo 994 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado Obdulio Ávila Mayo , del Grupo Parlamentario del PAN
El que suscribe, diputado federal de la LX Legislatura del honorable Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en ejercicio de la facultad conferida en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad por lo dispuesto en los artículos 55, fracción II, y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del Pleno de esta honorable Cámara de Diputados la presente iniciativa que reforma la fracción XXVI y recorre el numeral y contenido de las fracciones XXVI a XXIX del artículo 132, y adiciona una fracción VII al artículo 994, todos ellos de la Ley Federal del Trabajo, al tenor de la siguiente
Exposición de MotivosEl 30 de diciembre de 1973, el honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos reformó la Ley Federal del Trabajo, con el cual crea el Fondo de Fomento y Garantía para el Consumo de los Trabajadores (Fonacot) como respuesta a las demandas hechas por éstos, con el objetivo de instrumentar acciones públicas con la finalidad de proteger la capacidad adquisitiva y facilitar el acceso de satisfactores que requerían los jefes de familia en el ámbito material, social y cultural.
Bajo esta tesitura, el Ejecutivo federal decretó y publicó en el Diario Oficial de la Federación del 2 de mayo de 1974 la constitución de un fideicomiso público de carácter social con el cual operaría el fondo, en el cual el fideicomitente recaía en la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, y, como fiduciario, Nacional Financiera SNA. Dicho fideicomiso tenía como fines
Cabe señalar que el patrimonio del fideicomiso se constituyó por una aportación que realizó el gobierno federal por 100 millones de pesos, y las subsecuentes aportaciones cuyo monto y modalidades de asignación eran establecidos en el contrato del fideicomiso, entre otros.
Hasta 2000, el Fonacot presentó problemas funcionales, como estructura organizacional burocrática, en donde sus principales problemas eran el lento y burocrático proceso de otorgamiento del crédito, contaba con un alto índice de cartera vencida, no se realizaba la supervisión a los centros de trabajo y establecimientos comerciales afiliados a él, falta de estrategias para mejorar su funcionamiento, inadecuada infraestructura tecnológica y, lo más alarmante, el desconocimiento de los productos, servicios y sistemas que soportaban su operación.
Con la finalidad de revertir sus problemas funcionales, a finales de 2000 y principios de 2001, se elaboró un diagnóstico empresarial y financiero al fideicomiso de carácter social. En este diagnóstico se identificó que la institución era inviable e insolvente en las condiciones en que venía operando. Además, de que contaba con cadenas de distribución limitadas en cantidad y variedad. Asimismo, contaba con un proceso lento en el otorgamiento del crédito hacia los trabajadores.
De acuerdo a los resultados que arrojó el diagnóstico al que fue sometido la institución, se propuso fortalecer sus operaciones, ampliar la cobertura y cambiar su imagen institucional, en la cual la institución llevó a cabo un proceso de planeación estratégica que incluyó reingeniería de procesos, reestructura orgánica integral y modernización de sistemas y, con base en ello, dejó atrás a la institución pública obsoleta y corrupta que estaba a punto de la quiebra.
En la actualidad, esta institución contribuye al fortalecimiento del mercado interno (consumo), mediante la operación eficiente, autofinanciable y transparente. Asimismo, diseña sus propios programas con una visión de mercado, teniendo como misión el fomento del desarrollo integral de los trabajadores y el crecimiento de su patrimonio familiar a través del acceso al crédito barato, en comparación con otras instituciones financieras y de consumo. Por ejemplo, el crédito Fonacot es siete veces más bajo respecto a cadenas comerciales y 39 por ciento más económico a los bancos comerciales.
Como parte del marco de las políticas públicas impulsadas por el Ejecutivo federal para la transformación de la administración pública federal, se planteó para el Fonacot un proceso de cambio con el objetivo de convertirlo en una institución competitiva que contribuya al crecimiento económico, desarrollo social y humano, así como buscar su permanencia en los cambios y que cuente con una certeza jurídica, como base de la institucionalidad.
El Ejecutivo federal concluyó que, a través de un organismo público descentralizado cuya creación se sometió a la mejor consideración del Congreso de la Unión, se garantiza la permanencia de los cambios obtenidos en el periodo 2000-2006, en beneficio del desarrollo integral de los trabajadores y de sus familias, dándole una visión al instituto como la institución financiera al servicio de los trabajadores de México y se permite el acceso a otros sectores de trabajadores al financiamiento que ofrece ésta con condiciones de mercado preferenciales.
Después del proceso legislativo correspondiente, el 24 de abril de 2006 se publicó, en el Diario Oficial de la Federación, el decreto por el que se crea la Ley del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, el cual quedó definido como un organismo público descentralizado, de interés social, con personalidad jurídica y patrimonio propio, así como con autosuficiencia presupuestal, sectorizado a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
El nuevo instituto tiene como objetivo promover el ahorro de los trabajadores, otorgarles financiamiento y garantizar su acceso a créditos para la adquisición de bienes y pago de servicios.
En lo correspondiente a sus atribuciones, se prevé como novedad celebrar convenios con los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, dependencias y entidades de la administración pública federal, a fin de que el instituto pueda otorgar créditos a los trabajadores.
Es de vital trascendencia mencionar que los requisitos que se piden al trabajador son sencillos, con la premisa de que éste pueda acceder al crédito Fonacot pero, antes de acceder a este crédito, el patrón (centro de trabajo) al cual presta sus servicios como trabajador deberá estar afiliado al instituto Fonacot. Los requisitos que tiene que cumplir el patrón para afiliarse al instituto son los siguientes:
En nuestros días, se encuentran registradas 198 mil 84 empresas ante el IMSS, las cuales cumplen con los requisitos para afiliarse al Fonacot; de éstas, sólo 46 mil 175 empresas están afiliadas al Fonacot, es decir, menos del 25 por ciento de los trabajadores que podrían afiliarse. Con ello están en la posibilidad de obtener los beneficios del crédito que otorga el instituto, con lo cual los trabajadores de más de 150 mil empresas no pueden acceder a los beneficios que otorga el crédito Fonacot.
El principal beneficio que se obtiene al acceder al crédito Fonacot gira en torno a las condiciones de pago, el cual es acorde a sus ingresos y necesidades, con tasas de interés reducidas y fijas.
Para que un trabajador sea sujeto de crédito, éste debe cumplir los siguientes requisitos mínimos:
Es de suma importancia mencionar los beneficios que el trabajador puede obtener con este fondo. Por ejemplo, remozar su hogar, arreglarlo, tener muebles o aparatos electrodomésticos básicos, darle educación a sus hijos, atender sus necesidades médicas, comprar computadoras, adquirir servicios de Internet de banda ancha, mejorar su vivienda o auto construirla, etcétera, por lo que merecen la oportunidad de tener acceso a créditos en condiciones de pago, acordes con sus ingresos y necesidades, con tasas de interés reducidas y fijas.
En fin, que tengan la oportunidad de tener un mejor nivel de vida para que vivan dignamente.
Una vez que se autoriza el crédito, los beneficios que obtienen los trabajadores son el plazo de pago --que puede ser desde 12 a 60 meses--, los pagos son por cantidades menores, la tasa de interés es la más baja del mercado, las cantidades a pagar las entera su propio centro de trabajo, y el crédito se ejerce en los establecimientos comerciales afiliados al Fonacot, lo cual le permite obtener los bienes y servicios en mejores precios y calidad.
Por su parte, de enero de 2001 a septiembre del 2007, el Fonacot ha otorgado más de 5 millones 882 mil 800 créditos a trabajadores por un monto aproximado de 28 mil 844 millones de pesos, en beneficio de alrededor de 25 millones de personas, al contar actualmente con 46 mil175 centros de trabajo afiliados. Además, se ha mantenido un nivel de recuperación de la cartera superior al 95 por ciento, reduciendo la vencida de 39 al 4.7 por ciento de 2000 a la fecha.
Se tienen afiliados 19 mil 287 distribuidores de bienes y servicios de los programas de salud, capacitación y formación educativa, cultura y recreación, seguridad patrimonial, automóviles, equipos de cómputo e Internet de banda ancha, entre otros.
El avance de la modernización tecnológica ha dado como resultado la eficiencia en la autorización de créditos a los trabajadores al contar con un sistema de crédito de los más avanzados en el mundo, y operar a gran escala con la tarjeta Fonacot.
Los principales resultados palpables que permitió la reingeniería del Fonacot se traducen en una institución viablemente financiera y operativa, ya que desde 2001 tiene remanente de operación positivo, mismo año en el que renegoció su adeudo con el Banco de México, evitando una contingencia jurídica importante. Esto, más los buenos resultados obtenidos en los últimos años, le han permitido incrementar en 5.3 veces su patrimonio, con respecto al año 2000, para llegar a los 2 mil 122 millones de pesos a agosto de 2007.
La institución está acreditada en el sistema financiero mexicano, al fondearse con recursos de la banca comercial, la banca de desarrollo y, principalmente, en el mercado de valores, a través de más de 20 emisiones de certificados bursátiles por un monto superior a los 17 mil millones de pesos, obteniendo en todas las colocaciones las máximas calificaciones del mercado (AAA para la enajenación de su cartera y A1+ y F1+ para la administración), por parte de Standard & Poor's y Fitch Ratings, sin contar con el aval del gobierno federal.
El sector social del Estado mexicano está conformado, en buena medida, por trabajadores que constituyen el pilar para el desarrollo del país y de la economía nacional. De acuerdo al entorno económico actual, los trabajadores le demandan al gobierno federal un apoyo con el cual se permita el acceso a una mejor calidad de vida y, con base en ello, Acción Nacional tiene como principio doctrinario impulsar una política social justa en donde no pretenda la substitución de la familia por el Estado, ya que éste debe crear condiciones educativas, económicas, laborales, habitacionales y de seguridad social, que estimulen la responsabilidad y energía de las familias mexicanas.
Para alcanzar éste principio doctrinario, los trabajadores requieren contar con instrumentos e instituciones que fortalezcan su poder adquisitivo para poder acceder a los bienes y servicios que procuren el bienestar de su núcleo familiar; para lo cual, el Ejecutivo federal ha adoptado como prioridades el impulso del mercado interno y el empleo, la capacidad productiva y la protección al mejoramiento del ingreso de los trabajadores.
Esas políticas conciben al trabajo como un círculo virtuoso que vincula a los sujetos que intervienen en el proceso productivo, como las entidades gubernamentales, patrones, comerciantes, industriales y a los trabajadores, y se señala la necesidad de crear vías institucionales para propiciar la interacción de las cadenas de producción y la mejor obtención de resultados.
Es premisa de la política económica del Estado alcanzar un crecimiento con baja inflación que contribuya a la recuperación de los salarios reales, la reducción en la tasa de interés y la expansión del crédito, así como la promoción de reformas estructurales necesarias para lograr una nueva cultura laboral y una reforma en este ámbito, con la consecuente implantación de programas de promoción, financiamiento y capacitación.
Así pues, con la creación del Fonacot se garantiza la permanencia de los logros obtenidos, en beneficio del desarrollo integral de los trabajadores y de sus familias; se da una visión de la nueva entidad como la institución financiera al servicio de los trabajadores de México, y se permite el acceso a otros sectores al financiamiento, en condiciones de mercado preferenciales.
La afiliación de los patrones (centros de trabajo) al Fonacot queda totalmente a la discreción del patrón, por lo que, si éste no se afilia, deja a sus trabajadores sin la posibilidad de poder obtener el crédito Fonacot y, con éste, contar con todos los beneficios que con éste conlleva.
Bajo esta tesitura, se estima que aproximadamente 10.3 millones de trabajadores del país están limitados para ejercer el crédito Fonacot y, como consecuencia, carecen del acceso al crédito Fonacot y las virtudes que éste ofrece para contribuir a su desarrollo integral y al crecimiento de su patrimonio familiar.
Cabe señalar que la decisión que tomó el Ejecutivo federal, para la constitución del fondo como fideicomiso público con carácter social, fue idónea en ese momento para las relaciones prevalecientes entre los distintos integrantes de los procesos productivos nacionales, y también es cierto que 30 años después resultó evidente la necesidad de permitir nuevos mecanismos que atendieran a los trabajadores con medios o instrumentos acordes a sus requerimientos para que el salario fuera una fuente de crecimiento y mejora continua.
Es por ello que propongo reformar la Ley Federal del Trabajo para contemplar como obligación, a cargo de los patrones --personas físicas y morales--, el que se afilien al Fonacot, además de que, en caso de que en el plazo que se contemple para tales efectos no lo hagan, sean sujetos de sanciones por la propia autoridad en materia laboral. Correlacionado a ello, también se propone modificar la fracción III del artículo 994 de la Ley Federal del Trabajo, a fin de incluir la multa en el caso de que los patrones no cumplan con la obligación antes referida, agregando como supuesto lo señalado en el primer párrafo de la fracción XXVI del artículo 132 de la ley citada, que previamente se propuso adicionar.
Por su parte, y en consideración que el actual artículo 132, en su fracción XXVI, de la ley que se trata, establece la obligación de los patrones de hacer las deducciones previstas en las fracciones IV del artículo 97, y VII del artículo 110, consistentes en el pago de abonos para cubrir los créditos otorgados o garantizados por el fondo a que se refiere el artículo 103 Bis de la Ley Federal del Trabajo, y de enterarlos, situación esta última que en algunos casos no se realiza, se propone adicionar una fracción VII al propio artículo 994 de la Ley Federal del Trabajo.
Por todo lo anteriormente expuesto, someto a su apreciable consideración la presente iniciativa de
Decreto que reforma y adiciona diversas fracciones de los artículos de la Ley Federal del Trabajo
Artículo Único. Se reforma la fracción XXVI y se recorre el numeral y contenido de las fracciones XXVI a XXIX del artículo 132, y se adiciona una fracción VII al artículo 994 de la Ley Federal del Trabajo para quedar como sigue:
Artículo 132.
Artículo 994. ...
Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación.
Segundo. Publíquese en el Diario Oficial de la Federación.
El Presidente diputado José Luis Espinosa Piña : Gracias, diputado Ávila Mayo. Insértese íntegra esta iniciativa en el Diario de Debates y publíquese en la Gaceta Parlamentaria.Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
LEY FEDERAL DEL TRABAJO - LEY GENERAL DE EDUCACION
El Presidente diputado José Luis Espinosa Piña : Tiene la palabra el diputado Luis Enrique Benítez Ojeda, del Grupo Parlamentario Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, y de la Ley General Educación.
El diputado Luis Enrique Benítez Ojeda : Con el permiso de la Presidencia.
El Presidente diputado José Luis Espinosa Piña : Adelante.
El diputado Luis Enrique Benítez Ojeda : El que suscribe, Luis Enrique Benítez Ojeda, diputado de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 73, fracción XXIX-E de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del CongresoGeneral, somete a la consideración de la honorable Cámara de Diputados, la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona la Ley Federal del Trabajoy la Ley General de Educación, con base en la siguiente exposición de motivos.El Estado mexicano tiene una enorme deuda social con los jornaleros agrícolas que son, sin duda, uno de los sectores sociales con condiciones de vida más precarias del país, y al cual poco han podido ayudar los cambios legales y los múltiples programas de gobierno que se han aplicado durante los últimos años.
Cifras de la Secretaría de Desarrollo Social indican que en el país existen 3.1 millones de jornaleros agrícolas, lo cual representa 12.9 por ciento de la población económicamente activa; 1 millón 200 mil son migrantes.
Las principales causas de la migración de jornaleros es la falta de empleo y de tierras. Más de la mitad de ellos, 55 por ciento, migra en grupos familiares, por lo que más de 60 por ciento de los hijos de familias jornaleras, de entre 6 y 14 años de edad, no asisten a la escuela.
Por el hecho de que el trabajo de un jornalero agrícola no es constante, al término de cada estación para la cual fue contratado, tanto él como sus familiares quedan fuera del amparo de la seguridad social.
La falta de un régimen jurídico que considere a cabalidad las particularidades del trabajo de los jornaleros ha impedido garantizar su derecho a la seguridad social; el marco legal actual es obsoleto e ineficaz. Es una responsabilidad del Estado considerar al campo como un sector estratégico y ayudar para que se desarrolle.
Consecuente con lo anterior, propongo adicionar el artículo 283 Bis para que, tratándose de trabajadores migrantes eventuales o estacionarios del campo, además de las obligaciones que tienen, los patrones registren a los jornaleros ante las instituciones de seguridad social en los plazos y los términos que señale la legislación correspondiente, y que les otorguen las prestaciones y las indemnizaciones derivadas de las relaciones de trabajo durante todo el tiempo que dure la estación, sin perjuicio de que sus servicios se empleen en distintas jornadas.
Por lo anterior, propongo: Artículo primero. Se adicionan los artículos 283 Bis y 284 Bis a la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue:
Artículo 283 Bis. Tratándose de trabajadores migrantes eventuales o estacionarios del campo, además de las obligaciones a que se refiere el artículo anterior, los patrones tienen las siguientes:
Y se enumeran todas las obligaciones que tienen que ver con prestaciones, con servicios de guardería y de educación, con la parte que tiene que ver con el término de la relación laboral a la que hacía yo alusión, como el de computar el tiempo efectivo en la jornada laboral, los accidentes de trabajo.
Y luego, el artículo 284 Bis, que dice: La Federación, a través de la Secretaría del Trabajo, podrá suscribir convenios o acuerdos de coordinación con objeto de que los gobiernos del Distrito Federal o de los estados, con la participación, en su caso, de municipios en el ámbito territorial de su competencia, promuevan la vinculación interinstitucional para la atención de los trabajadores migrantes eventuales o estacionarios del campo y sus familias, así como para programar y operar las tareas de inspección y vigilancia de sus condiciones de trabajo.
Finalmente, también reformar y adicionar el artículo 2o. de la Ley General de Educación, para que se correlacione lo que acabo de señalar en la Ley Federal del Trabajo, con la obligación de las autoridades educativas en coordinación con los patrones, para promover estos mismos programas y servicios que tienen que ver con la educación a trabajadores migrantes eventuales o estacionarios del campo y sus familias.
De manera coordinada queremos trabajar por los jornaleros agrícolas de México, por los jornaleros agrícolas de Durango y por los jornaleros agrícolas y sus familias que tanto nos necesitan. Es cuanto.
«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes Federal del Trabajo, y General de Educación, a cargo del diputado Luis Enrique Benítez Ojeda , del Grupo Parlamentario del PRI
El que suscribe, Luis Enrique Benítez Ojeda , diputado de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II y 73, fracción XXIX-E de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, se permite someter a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona la Ley Federal del Trabajo y la Ley General de Educación, con arreglo en la siguiente
Exposición de Motivos IEl Estado mexicano tiene una enorme deuda social con los jornaleros agrícolas, que son sin duda uno de los sectores sociales con condiciones de vida más precarias del país, y al cual poco han podido ayudar los cambios legales y los múltiples programas de gobierno que se han aplicado durante los últimos años.
La especialista en la materia, Sylvia Schmelkes señaló en el 2002 que para la atención de la grave problemática de los jornaleros agrícolas, las instituciones públicas y de los organismos internacionales están presentes, y en muchos casos su trabajo es verdaderamente ejemplar. Pero la dimensión del fenómeno rebasa, en todos los casos, los recursos disponibles para atenderlo cabalmente.
Cifras de la Secretaría de Desarrollo Social indican que en el país existen 3.1 millones de jornaleros agrícolas, lo cual representa el 12.9 por ciento de la población económicamente activa. Un millón doscientos mil son migrantes.
Las principales causas de la migración de jornaleros es la falta de empleo y tierras, más de la mitad de ellos, el 55 por ciento migra en grupos familiares, por lo que más del 60 por ciento de los hijos de familias jornaleras entre 6 y 14 años de edad no asiste a la escuela.
Por el hecho de que el trabajo de un jornalero agrícola no es constante, al término de cada estación para la cual fue contratado, tanto él como sus familiares quedan fuera del amparo de la seguridad social.
Las particularidades de su forma de vida, constantemente en movimiento, la temporalidad y la informalidad de su empleo, son factores que han facilitado un alto grado de explotación en su contra, estancamiento y falta de acceso a condiciones de vida digna o a los servicios más elementales como la salud y la educación.
Sobre los jornaleros migrantes, Schmelkes señala: ``Todos ellos son mexicanos en pobreza extrema. Todos ellos están dispuestos a sumir fuertes riesgos para asegurar su sobrevivencia y la de su familia. Son personas cuyos derechos fundamentales se encuentran prácticamente cancelados. Son campesinos, trabajadores de la tierra, habitantes del medio rural, indígenas y mestizos, co-nacionales de todos nosotros, cuyas condiciones de vida y de trabajo apenas conocemos''.
La falta de un régimen jurídico que considere a cabalidad las particularidades del trabajo de los jornaleros ha impedido garantizar su derecho a la seguridad social; el marco legal actual es obsoleto e ineficaz. Es una responsabilidad del Estado considerar al campo como un sector estratégico y ayudar para que se desarrolle.
En junio de 1998, se expidió un decreto que reforma el Reglamento de la Seguridad Social para el Campo, el cual establece que los patrones que contraten trabajadores eventuales determinarían y cubrirían las cuotas a su cargo bajo un esquema gradual, cuyo incremento sería anual hasta alcanzar las bases de cotización establecidas en la ley y, posteriormente, a partir del 1 de julio de 2004, cubrirían las cuotas a su cargo conforme a las bases de cotización vigentes, lo que quedó establecido en el acuerdo emitido para el efecto por el Consejo Técnico del IMSS.
Debido a que la vigencia del convenio concluyó el 30 de junio de 2004, se han presentado diversas iniciativas para establecer cómo se regirá la seguridad social del los trabajadores eventuales del campo; una de las cuales se aprobó en 2004 para mejorar el status quo de los jornaleros agrícolas, que no ha surtido los efectos sociales esperados.
Por ello es necesario modificar la actual legislación en el sentido de que la Ley Federal del Trabajo defina las obligaciones de los patrones respecto de los trabajadores agrícolas migrantes, eventuales o estacionales.
IIConsecuente con lo anterior, propongo adicionar un artículo 283 Bis, para que en tratándose de trabajadores migrantes, eventuales o estacionarios del campo, además de las obligaciones que tienen, los patrones registren a los jornaleros ante las instituciones de seguridad social de en los plazos y términos que señale la legislación correspondiente; y que otorguen a éstos las prestaciones e indemnizaciones derivadas de las relaciones de trabajo durante todo el tiempo que dure la estación, sin perjuicio de que sus servicios se empleen en determinados jornadas.
Considero esencial que la ley disponga expresamente que deben brindar servicios de guardería y educación a los hijos de los jornaleros agrícolas, así como proporcionar a las autoridades laborales competentes, la relación de trabajadores o de sus hijos que deban recibir servicios educativos para que les sean proporcionados en términos de la Ley General de Educación.
Para que tales responsabilidades laborales, propias de los patrones, pero también del Estado, se hagan efectivas, propongo que la Ley Federal del Trabajo disponga que la federación, a través de la Secretaría del Trabajo, podrá suscribir convenios o acuerdos de coordinación, con el objeto de que los gobiernos del Distrito Federal o de los estados, con la participación, en su caso, de municipios, en el ámbito territorial de su competencia promuevan la vinculación interinstitucional para la atención de los trabajadores migrantes, eventuales o estacionarios del campo y sus familias, así como para programar y operar las tareas de inspección y vigilancia de sus condiciones de trabajo.
IIISi bien es cierto que las cuestiones laborales o de seguridad social pegan duro a los jornaleros agropecuarios mexicanos, a ellos y sus familias les afecta enormemente el hecho de que no tienen un acceso satisfactorio --cualitativa y cuantitativamente-- a la educación, por lo que es bajo el rendimiento escolar, y elevado el rezago en su enseñanza y deserción.
De acuerdo con diversos estudios que el Congreso de la Unión puede consultar y comparar, la mayoría de los niños migrantes no logra terminar su educación básica, pues en promedio sólo estudian 3.3 años, sólo uno de cada diez asiste a la escuela, y 70 por ciento de ellos se encuentra en el primero o segundo grado de primaria. Los que acuden a las aulas lo hacen mal alimentados y después de su jornada de trabajo --entre 18:00 y 19:00 horas-- llegan cansados y sin disposición para estudiar, es decir, difícilmente cuentan con cuatro horas de estudio al día y un buen número de ellos sólo dispone de dos horas.
Estoy conciente de que han existido y existen acciones gubernamentales de la SEP, Sedesol y numerosas entidades públicas y no-gubernamentales, tales como el Programa de Educación Preescolar y Primaria para Niñas y Niños Migrantes (Pronim), los cual que han ido aportando soluciones interesantes en algunas regiones o sectores. Sin embargo creo que se requieren alternativas educativas para este sector ampliamente vulnerable, las cuales deben figurar en la ley.
En esa virtud propongo adicionar un artículo 283 Bis a la Ley Federal del Trabajo, para que en tratándose de trabajadores migrantes, eventuales o estacionarios del campo, además de las obligaciones a que se refiere el artículo anterior, los patrones deberán registrar a sus trabajadores ante las instituciones de seguridad social de en los plazos y términos que señale la legislación correspondiente; así como brindar a sus trabajadores las prestaciones e indemnizaciones derivadas de las relaciones de trabajo durante todo el tiempo que dure la estación, sin perjuicio de que sus servicios se empleen en determinados jornadas y llevar un registro especial anualizado que servirá de base para establecer la antigüedad.
Asimismo se hace énfasis en que deberán brindar los servicios de guardería y educación a los hijos de los trabajadores, y proporcionar a las autoridades laborales competentes, la relación de trabajadores o de sus hijos que deban recibir servicios educativos.
Considerando que esta tarea no es responsabilidad de un nivel de gobierno, se propone que la Ley disponga que la Federación, a través de la Secretaría del Trabajo, podrá suscribir convenios o acuerdos de coordinación, con el objeto de que los gobiernos del Distrito Federal o de los estados, con la participación, en su caso, de municipios, en el ámbito territorial de su competencia promuevan la vinculación interinstitucional para la atención de los trabajadores migrantes, eventuales o estacionarios del campo y sus familias, así como para programar y operar las tareas de inspección y vigilancia de sus condiciones de trabajo.
Entre otros graves problemas que enfrentan se encuentra un analfabetismo por encima de la media nacional, escasa escolarización, altos índices de desnutrición, problemas de salud, falta de prestaciones sociales y explotación del trabajo infantil.
El 40 por ciento de los jornaleros migrantes son indígenas y el 28 por ciento son analfabetas; 41 por ciento de mujeres embarazadas no cuentan con control médico. El 12 por ciento de la población jornalera no tiene acta de nacimiento y el 91.8 de los hombres mayores de dieciocho años no tiene cartilla militar. Además de ello, se calcula que sólo una de cada diez personas que trabajan en el medio rural sólo una está afiliada al Seguro Social. 38 por ciento de los menores de seis años no cuentan con cartilla de vacunación.
De acuerdo con un perfil del jornalero agrícola ordenado por la Secretaría del Trabajo, poco más de la mitad de ellos viaja con su familia, cinco integrantes en promedio, de los cuales, según los propios jornaleros, trabajan tres.
En los últimos ocho años Cancún se ha enfrentado al problema de la migración, lo cual se ve reflejado en el crecimiento de la población estudiantil. Niños provenientes de Chiapas, Tabasco, Veracruz, Morelos, estado de México, Distrito Federal, Yucatán y hasta países como Guatemala, aumentaron a un 5 por ciento más la matricula escolar para el ciclo 2008-2009, la más alta del país.
Uno de los principales problemas del trabajo jornalero migrante es el empleo de niños, ya que no sólo acentúa la grave marginación de las familias que se dedican a esa actividad, sino se convierte en factor de rezago para cientos de miles de pequeños que no pueden seguir en la escuela.
De acuerdo con cifras de la Organización Internacional del Trabajo, existen más de 100 millones de niñas y niños que trabajan en campos y plantaciones en todo el mundo, una de las modalidades de trabajo más riesgosa y en la que perciben los salarios más bajos.
Pero el trabajo en los campos agrícolas no sólo viola el derecho a no trabajar hasta cierta edad, también viola su derecho a la educación, a la salud y al juego. Las niñas y los niños jornaleros registran el mayor rezago educativo; se calcula que sólo el 7 por ciento acude a la escuela y que en promedio estudian tan sólo 3.3 años.
De la demanda potencial de educación inicial y preescolar, que asciende a 192 mil niños, sólo se atiende al 6 por ciento; de educación primaria y secundaria, al 7 por ciento y de educación de adultos sólo al 1 por ciento.
En el caso de estos niños, Dalila López Salmorán, directora de Programas Educativos para Grupos en Situación de Vulnerabilidad, de la SEP, explica que la carencia de instrucción básica para este sector es ``verdaderamente alarmante'': 70 por ciento de los niños jornaleros migrantes se enclava en primer y segundo grado de primaria; el 100 por ciento está desfasado de su nivel de estudios, como mínimo por un periodo de dos años.
La funcionaria federal explica que la pobreza y desigualdad son los principales factores para propiciar este esquema de migración interna, que se acentúa con la falta del servicio educativo, lo que vuelve el ritmo de este grupo ``un círculo vicioso''.
De acuerdo con cifras de la Secretaría de Educación Pública, la mayor concentración de fuerza de trabajo infantil de Jalisco se encuentra en el sector rural, con una población cercana a los 12 mil niños jornaleros. De los cuales sólo mil 200 logran recibir atención y ser adoptados por medio de guarderías del DIF y el aparato educativo estatal.
El trabajo jornalero infantil se incrementa con las políticas de libre comercio y la globalización, que de acuerdo con Mercedes Gema Gómez Limón, es donde la consigna es la reducción del costo del trabajo, la desreglamentación y la flexibilidad laboral, lo que individualiza los contratos, horarios y salarios; crece en un contexto de privatización de todos los aspectos de la vida social: tierras, salud, educación, seguridad social y servicios públicos en general -
La investigadora afirma que ``Debido a que estos mercados primarios manejan grandes volúmenes de producción dedicados principalmente a la exportación, conforman una marcada división social del trabajo y demandan fuerza de trabajo especializada barata y flexible que los inversionistas encuentran en el trabajo de mujeres y niños. (...) Lo que individualiza los contratos, horarios y salarios; crece en un contexto de privatización de todos los aspectos de la vida social: tierras, salud, educación, seguridad social y servicios públicos en general.''
En mérito del anterior, propongo la reforma y adición de diverso artículos de la Ley General de Educación para que exista un marco legal, mediante el cual las autoridades educativas entablarán coordinación con los patrones y promoverán programas de servicios educativos especiales destinados los trabajadores migrantes, eventuales o estacionarios del campo y sus hijos.
Por lo expuesto y fundado, someto a la consideración de esta honorable asamblea, la presente iniciativa con proyecto de
Decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley General de Educación
Artículo Primero. Se adicionan los artículos 283 Bis y 284 Bis, a la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue:
Artículo 283 Bis. En tratándose de trabajadores migrantes, eventuales o estacionarios del campo, además de las obligaciones a que se refiere el artículo anterior, los patrones tienen las siguientes:
Artículo 284 Bis. La federación, a través de la Secretaría del Trabajo, podrá suscribir convenios o acuerdos de coordinación, con el objeto de que los gobiernos del Distrito Federal o de los estados, con la participación, en su caso, de municipios, en el ámbito territorial de su competencia promuevan la vinculación interinstitucional para la atención de los trabajadores migrantes, eventuales o estacionarios del campo y sus familias, así como para programar y operar las tareas de inspección y vigilancia de sus condiciones de trabajo.
Artículo Segundo. Se reforman y adicionan los artículos 14 fracción I; 23, 33, 34, 38, 44 y 51, y se adiciona un artículo 48 Bis a la Ley General de Educación, para quedar como sigue:
Artículo 14. Adicionalmente a las atribuciones exclusivas a que se refieren los artículos 12 y 13, corresponden a las autoridades educativas federal y locales, de manera concurrente, las atribuciones siguientes:
Artículo 23. Las negociaciones o empresas a que se refiere la fracción XII del apartado A) del artículo 123 de la Constitución Política ...
...
...
...
Las autoridades educativas, en coordinación con los patrones, promoverán asimismo programas de servicios educativos especiales destinados los trabajadores migrantes, eventuales o estacionarios del campo y sus hijos.
Artículo 33. Para cumplir con lo dispuesto en el artículo anterior, las autoridades educativas en el ámbito de sus respectivas competencias llevarán a cabo las actividades siguientes:
Artículo 34. Además de las actividades enumeradas en el artículo anterior, el Ejecutivo Federal llevará a cabo programas compensatorios por virtud de los cuales apoye con recursos específicos a los gobiernos de aquellas entidades federativas con mayores rezagos educativos o que registren mayor presencia de grupos de trabajadores migrantes, eventuales o estacionarios del campo, previa celebración de convenios en los que se concierten las proporciones de financiamiento y las acciones específicas que las autoridades educativas locales deban realizar para reducir y superar dichos rezagos.
...
Artículo 38. La educación básica, en sus tres niveles, tendrá las adaptaciones requeridas para responder a las características lingüísticas y culturales de cada uno de los diversos grupos indígenas del país, así como de la población rural dispersa; trabajadores migrantes, eventuales o estacionarios del campo y sus familias; y grupos migratorios.
Artículo 44. Tratándose de la educación para adultos ...
...
El Estado y sus entidades organizarán servicios permanentes de promoción y asesoría de educación para adultos y darán las facilidades necesarias a sus trabajadores y familiares para estudiar y acreditar la educación preescolar, primaria y la secundaria, estableciendo programas especiales para trabajadores migrantes, eventuales o estacionarios del campo.
...
Artículo 48 Bis. La secretaría organizará también contenidos curriculares de la educación primaria de acuerdo a los tiempos y condiciones de la población infantil migrante, y diseñará materiales de apoyo para la enseñanza y el aprendizaje adecuados a las características socioculturales y condiciones de vida de las niñas y los niños de familias de trabajadores migrantes, eventuales o estacionarios del campo y sus hijos.
Artículo 51. La autoridad educativa federal determinará el calendario escolar ...
...
De manera coordinada, la Secretaría y las autoridades educativas locales, tomarán en consideración las circunstancias de tránsito de trabajadores migrantes, eventuales o estacionarios del campo y sus familias, para crear calendarios educativos distintos al escolar oficial, para garantizar su acceso y permanencia en los servicios educativos.
El Presidente diputado José Luis Espinosa Piña : Gracias, diputado Benítez Ojeda.Túrnese a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, y de Educación Pública y Servicios Educativos.
Aprovechamos para saludar a alumnos de la Preparatoria Oficial 160, de San Juan Teotihuacán, que nos visitan hoy. Sean ustedes bienvenidos, invitados por el diputado Ramón Valdés Chávez . Bienvenidos.
LEY DE LA COMISION NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
El Presidente diputado José Luis Espinosa Piña : Se concede la palabra a la diputada Verónica Velasco Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
La diputada Verónica Velasco Rodríguez : Presidente.Compañeras diputadas y compañeros diputados, sin lugar a dudas la mayor conquista que nos ha dado la vida democrática de este siglo ha sido la rendición de cuentas y la institucionalización de los derechos humanos en el Estado mexicano.
Hoy que vivimos momentos especialmente difíciles en torno a la seguridad pública en nuestro país debemos, más que nunca, tomar acciones para preservar los derechos humanos y aprovechar las fortalezas que tenemos en las instituciones que están al servicio de las personas e impulsan el respeto a la legalidad.
Debemos, pues, iniciar acciones que nos lleven hacia el México que queremos, y así poder fortalecer los valores individuales, la paz y la unidad nacional. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos contribuye en mucho a estas acciones, al emitir las recomendaciones para restituir a los afectados en sus derechos fundamentales.
Ha sido mucho lo que se ha avanzado por el respeto a los derechos humanos, pero aún falta mucho por hacer. Todavía 31 por ciento de la población ignora que puede acudir a la comisión en caso de que sea víctima de algún delito. Por ello el Partido Verde ha decidido fortalecer a las recomendaciones como el único mecanismo mediante el cual el ciudadano común puede ejemplificar la justicia para el ciudadano en general.
Sabemos que la finalidad de un organismo protector de derechos humanos no es emitir una gran cantidad de recomendaciones, sino emitir sólo aquellas que son necesarias para proteger al quejoso e impedir que se repitan futuras violaciones a los derechos humanos en nuestro país. Por ello tenemos que establecer mecanismos para terminar con la injusta o defectuosa actuación de servidores públicos en hacer cumplir las recomendaciones y sancionar a los responsables.
Por lo anterior proponemos vincular el seguimiento de las recomendaciones a los superiores jerárquicos en los casos de que hayan sido destituidas las autoridades involucradas y, en consecuencia, se retome su cumplimiento hasta que sean atendidas hasta sus últimas consecuencias.
De lo que se trata no es sólo de procurar la dignidad humana, el derecho humano; se trata de buscar la forma para que la recomendación sea un instrumento garante del derecho humano a la vida, a la integridad y a la libertad de expresión.
Por ello, proponemos que la Comisión Nacional de Derechos Humanos pueda elaborar y difundir públicamente informes especiales acerca de autoridades y servidores públicos que persistan en actitudes, omisiones, conductas evasivas o de entorpecimiento, para dar cumplimiento a las recomendaciones anteriores.
Por todo esto, en el Partido Verde ---muy seguramente junto con muchos amigos legisladores--- pretendemos fortalecer los mecanismos protectores de los derechos humanos, respondiendo a las demandas de la sociedad por una efectiva actuación de las autoridades y protegiendo la seguridad y el respeto en todos sus derechos a la ciudadanía. Por su atención, muchas gracias.
«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a cargo de la diputada Verónica Velasco Rodríguez , del Grupo Parlamentario del PVEM
Verónica Velasco Rodríguez , diputada de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 71, fracción II, 102, inciso B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante el Pleno de esta honorable asamblea, la presente iniciativa que contiene proyecto de decreto, con base en la siguiente
Exposición de MotivosMuchos han sido los cambios que de manera sustantiva han reportado avances para la democracia en México, el más significativo en la última década ha sido la institucionalización de los derechos humanos en el Estado mexicano.
Desde su creación, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ha sido la institución encargada de terminar con la impunidad en el respeto a los derechos humanos; y como resultado, a lo largo de su vida de esta institución ha emitido una serie de recomendaciones a las autoridades involucradas.
A pesar de estos avances en la vida democrática, aún subsisten sistemáticas violaciones a los derechos humanos en nuestro país, y por consiguiente, es menester vigorizar y modernizar la justicia que ofrece la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, como institución rectora de los derechos inherentes del individuo adscrita al poder ejecutivo mismo.
El tema de los derechos humanos, esta vigente en todas las agendas políticas nacionales e internacionales, todas coinciden en que éstos derechos deben contar con suficientes mecanismos para hacerlos exigibles dentro y fuera de las instituciones del Estado.
Es por ello, que los derechos de la infancia, los derechos de los indígenas, los derechos de los migrantes, por mencionar algunos; hoy en día requieren de una sensibilidad especial de parte de las autoridades para hacer efectiva la impartición de justicia en México.
Por mencionar un ejemplo: En años recientes han cobrado relevancia los feminicidios ocurridos en Ciudad Juárez, Chihuahua y en algunos abusos cometidos contra miembros de la sociedad civil.
En general situaciones conexas al respeto de estos derechos, hacen evidente la falta de compromiso y voluntad política para poner fin a estas violaciones, escenario que se agrava ante la ineficacia y parcialidad con que actúan los órganos encargados de la impartición de justicia.
Por ello, proponemos dar un seguimiento a las recomendaciones formuladas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a fin de que den evidencia de su cumplimiento y resultados, se refleje el cese de las violaciones y se restauren los derechos de los afectados y la sociedad sepa de las consecuencias jurídicas en que derivaron las actuaciones de las autoridades involucradas.
Sin duda son varias las temáticas sobre las cuales puede versar una recomendación: desaparición de personas, situación sobre los derechos de la infancia y grupos vulnerables, específicas sobre libertad de pensamiento y expresión, tortura, el papel de la participación y de la sociedad civil, incluso sobre la vulnerabilidad de las personas pueblos y comunidades en la justicia ambiental.
La presente iniciativa tiene por objeto fortalecer a la recomendación, es decir, el instrumento jurídico protector del derecho humano a la vida, a la salud, a la integridad, a la libertad de expresión, al agua, entre otras.
La presente iniciativa se origina en virtud de que desde hace algunos años, se han venido observando un deterioro o ignoro de la efectividad de las recomendaciones, toda vez que la dinámica entre la sociedad y las instituciones se ha complicado cada día.
Lo que hoy conocemos como quejas y reclamos que las personas presentan a la CNDH, cada vez más tratan de conflictos que perduran meses y algunas veces años sin resolverse. Para tal efecto se trata de privilegiar el que la emisión de recomendaciones sean oportunas y adecuadas para reestablecer el respeto a los derechos y libertades que consagra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Se trata pues, de vincular la recomendación a las autoridades para que la reconozcan y retomen una vez que hayan sido formuladas con la promesa de que serán atendidas hasta sus últimas consecuencias.
La recomendación que evidencia la injusta o defectuosa actuación de servidores públicos en la administración pública, deberá contar con un adecuado seguimiento, el cual armoniza plenamente con el deber de los servidores públicos de cumplir y hacer cumplir las leyes en todo momento y con alto grado de responsabilidad que éstos tienen para procurar la dignidad humana y los derechos humanos.
La relación entre el número de quejas recibidas frente al número de recomendaciones emitidas es menor al 10 por ciento, como puede observarse en la siguiente tabla:
Año Número de quejas Número de recomendaciones emitidas 1999 5 414 104 2000 4 473 26 2001 3 626 38 2002 3 184 49 2003 3 518 52 2004 3 914 922005 5 294 51
Las recomendaciones tienen un papel especial para la CNDH ya que por su relevancia y trascendencia pueden responder al ciudadano común y ejemplificar la justicia para el ciudadano en general.
Las características de las recomendaciones actuales son:
Según el informe anual 2007, de los 4 mil 993 expedientes de queja concluidos 40 (0.8 por ciento) fueron por recomendación, y por otra parte, de las 70 recomendaciones emitidas por las visitadurías generales 16 no fueron aceptadas, 1 fue aceptada con cumplimiento insatisfactorio y 50 aceptadas con pruebas de cumplimiento parcial, 11 aceptadas sin pruebas de cumplimiento, 10 aceptadas en tiempo para presentar pruebas de cumplimiento y 15 en tiempo de ser contestadas.
En este mismo ejercicio de 2007, fueron 114 las autoridades destinatarias de las recomendaciones de la CNDH muchas de las cuales se dirigieron a varias autoridades.
Según los indicadores estratégicos del primer trimestre de 2008. En el primer trimestre de este año, las visitadurías generales reportan recomendaciones emitidas, 3 aceptadas con pruebas de cumplimiento y 4 en tiempo de ser contestadas.
Asimismo los resultados de la Encuesta Nacional 2007, señalan que todavía el 26 por ciento de la población no conoce que existen organismos encargados de defender los derechos humanos. Aún más grave la encuesta en cita, evidencia que solo el 31 por ciento por ciento de la población sabe que puede acudir a la CNDH en caso de que sea víctima de algún delito.
Durante el primer trimestre de 2008, son 9 las autoridades destinatarias de las 8 recomendaciones emitidas por la CHDH, ninguna de ellas ha cumplido en su totalidad las mismas en lo que va del año.
Cabe recordar que las recomendaciones que el ombudsman nacional emite a nombre del organismo autónomo, no deben estar supeditadas a nadie y deben ser del conocimiento público para observar su cumplimiento.
Finalmente, las recomendaciones se deben cumplir, ello involucra un seguimiento y una constante revisión de las acciones que se llevan a cabo para alcanzar su cumplimiento.
Por lo anterior, se pretende establecer una serie de modificaciones al marco jurídico de la institución para que las recomendaciones se traduzcan en instrumentos jurídicos que redunden en soluciones y hechos comprobables en la realidad.
Por lo expuesto, la que suscribe, Verónica Velasco Rodríguez diputada a la LX Legislatura del Congreso de la Unión, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para garantizar lo dispuesto en el artículo 102 Apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y demás disposiciones jurídicas aplicables, someten a la consideración de esta asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de
Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos
Artículo Único. Se adiciona el artículo 49-Bis y el párrafo segundo al artículo 51, ambos de la Ley Orgánica de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para quedar como sigue:
Artículo 49-Bis. Una vez aceptada la recomendación por las autoridades a las cuales se sujeta su cumplimiento, éstas deberán acreditar un seguimiento al cumplimiento de las mismas. En caso de remoción, sustitución o cambio en los servidores públicos involucrados, el superior jerárquico deberá informar por escrito el estatus del seguimiento de las recomendaciones.
Si a raíz de las acciones que la Comisión Nacional de Derechos Humanos consideró emprendidas satisfactoriamente por las autoridades se concluye el seguimiento de la recomendación y le sobrevienen elementos supervenientes para verificar su cabal cumplimiento, la recomendación podrá extenderse a un llamamiento de los involucrados cuando se considere idoneidad, en cuanto a su jerarquía, del funcionario destinatario de la recomendación.
Podrá considerarse el tratamiento establecido en el párrafo precedente, a los procedimientos concluidos por conciliación que reflejan aún incumplimiento o violación de derechos humanos, para efectos de hacer efectiva la conciliación.
Artículo 51. ...
La Comisión Nacional de Derechos Humanos podrá elaborar y difundir públicamente informes especiales cuando persistan actitudes u omisiones que impliquen conductas evasivas o de entorpecimiento por parte de las autoridades y servidores públicos que deban intervenir o colaborar en el cumplimiento de sus recomendaciones.
TransitoriosÚnico. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Presidencia del diputado César Duarte Jáquez
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Gracias, diputada.Túrnese a la Comisión de Derechos Humanos la iniciativa presentada por la diputada Verónica Velasco.
Proceda la Secretaría a leer un acuerdo de la Mesa Directiva.
DESIGNACION DE RECINTO DE LA CAMARA DE DIPUTADOS
La Secretaria diputada Rosa Elia Romero Guzmán : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.
Acuerdo de la Mesa Directiva, por el que se propone al Pleno la sede temporal de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión
La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del tercer año de ejercicio de la LX Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 77 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 20 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del Pleno el siguiente:
Acuerdo
Primero. Se faculta a la Mesa Directiva para que acuerde y designe los recintos alternos que podrán ser utilizados, en caso de que no existan las condiciones necesarias para sesionar dentro del Palacio Legislativo de San Lázaro.
Segundo. La ubicación de los recintos que se designen se comunicarán a la colegisladora y a los demás Poderes de la Unión, a las legislaturas de los estados y a la Asamblea del Distrito Federal. Asimismo, se hará difusión de su ubicación en los medios de comunicación que la Mesa Directiva considere necesarios.
Tercero. Publíquese el presente acuerdo en el Diario Oficial de la Federación.
En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.
Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Aprobado. Publíquese en la Gaceta Parlamentaria.
LEY DE ASISTENCIA SOCIAL
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Tiene el uso de la palabra la diputada Holly Matus Toledo, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Asistencia Social.
La diputada Holly Matus Toledo : Con su venia, diputado presidente.Compañeros diputados y compañeras diputadas, la Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada por la Organización de las Naciones Unidas y ratificada por México en 1990, establece una serie de normas y obligaciones aceptadas por todos los Estados miembros.
Estas normas básicas contienen un catálogo de derechos y libertades mínimas que los gobiernos deben cumplir para la protección de los niños y los adolescentes, y que garanticen el respeto a su dignidad, la igualdad, la diversidad y, en general, a los derechos humanos inherentes a toda persona.
La iniciativa que hoy someto a su consideración busca atenuar las graves consecuencias que genera la forma más brutal de violencia en contra de mujeres menores y adolescentes: la violación sexual y el embarazo producto de este hecho.
El abuso sexual en niñas y niños tiene características propias. Con frecuencia es una conducta reiterada y oculta. Suele cometerse sin mediar violencia física, pero sí violencia psicológica.
Los agresores son generalmente adultos conocidos por las víctimas. Pueden ser los padres, padrastros, tíos, abuelos, primos o vecinos, razón por la cual la niña o el niño evitan informar del abuso.
En México algunos estudios señalan que la mitad de los casos de violación sexual ocurren en niñas, niños y adolescentes. Para 2002 el DIF atendió mil 123 casos de abuso sexual y 64 de explotación sexual comercial.
En este mismo año, el último por cierto, para el cual se tienen datos, solamente 13 por ciento de casos de abuso sexual y 0.3 por ciento de explotación sexual comercial fueron denunciados a las autoridades.
El Estado, a pesar de estar obligado a proteger a las niñas y los adolescentes de todo tipo de violencia, elude su responsabilidad en el caso de las niñas y las adolescentes que se encuentran embarazadas. La única atención que reciben generalmente es por parte de organizaciones no gubernamentales, tanto religiosas como de la sociedad civil. Éstas ofrecen refugio temporal, pero nadie se hace cargo de los niños que han sido producto de la violación.
¿Qué sucede con los casos en donde la madre o la familia son los que encubren al violador? Ante esta problemática observamos la ausencia de programas gubernamentales y políticas públicas que brinden apoyo específico.
Con la iniciativa de ley que presento se pretende incorporar a las menores embarazadas como resultado de violencia sexual como sujetos de atención en la Ley de Asistencia Social.
Propongo, además, ampliar las funciones del DIF para incluir programas de atención integral para las menores embarazadas y los hijos o las hijas producto de esta violación.
Este tipo de programas darán cobertura a las menores que no cuentan con una red de apoyo familiar o cuando los familiares se convierten en los agresores de la menor, o en los encubridores del violador; motivo suficiente para retirar a la menor de este entorno social de riesgo.
El Estado mexicano ha firmado y ratificado distintos compromisos internacionales y es hora que empiece a cumplirlos.
Señor presidente, por la premura del tiempo solicito que se sirva integrar el texto completo en el Diario de los Debates. Por su atención, muchas gracias.
«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Asistencia Social, a cargo de la diputada Holly Matus Toledo , del Grupo Parlamentario del PRD
La suscrita, diputada Holly Matus Toledo , integrante de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentamos a consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 4, 12 y 28 de la Ley de Asistencia Social, al tenor de la siguiente
Exposición de MotivosLa Convención de los Derechos del Niño, aprobada en 1989 por la Organización de las Naciones Unidas, y ratificada por México el 21 de septiembre de 1990, establece una serie de normas y obligaciones aceptadas por todos los Estados miembros.
Estas normas básicas contienen un catálogo de derechos y libertades mínimas que los gobiernos deben cumplir para protección de la niñez y los adolescentes, que garanticen el respeto a la dignidad, la igualdad, la diversidad y en general a los derechos humanos inherentes a toda persona.
La convención contiene, en sus 54 artículos y dos protocolos facultativos, los derechos humanos básicos que deberán disfrutan las niñas y niños: el derecho a la supervivencia, al desarrollo pleno a la protección contra influencias peligrosas, contra los malos tratos y la explotación, y a la plena participación en la vida familiar, cultural y social.
La ratificación o adhesión a la convención vincula a los Estados a proteger y garantizar los derechos de la infancia ante la comunidad internacional, por lo tanto México está, sin duda, obligado a ello.
El Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, a través de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (aprobada por México en 1980), amplía su ámbito de acción, y en el artículo 19 contempla que no sólo los Estados tienen la obligación de adoptar estas medidas, sino también la sociedad y la familia.
Estas convenciones por ende, protegen a los niños y niñas de todo tipo de violencia, entre ellas, la violencia sexual y sus consecuencias.
La iniciativa que hoy se somete a su consideración busca precisamente atenuar las graves consecuencias que genera la forma más brutal de violencia en contra de menores y adolescentes: la violación sexual.
Las estadísticas mundiales indican que el abuso sexual en niños y niñas representa un importante problema social y de salud en numerosas regiones del mundo, aún cuando existe un subregistro del fenómeno.
El abuso sexual en niñas y niños tiene características propias, con frecuencia es una conducta reiterada y oculta durante semanas o meses, suele cometerse sin mediar violencia física, pero sí violencia psicológica a través de amenazas de agresión o muerte a la familia. Los agresores son generalmente adultos conocidos por las víctimas: padres, padrastros, tíos, abuelos, primos o vecinos, razón por la cual la niña o el niño evitan informar del abuso.
En México, algunos estudios señalan que la mitad de los casos de violación ocurre en niñas, niños y adolescentes. Datos provenientes de los centros de atención en crisis que atienden casos de violación, revelan que un gran porcentaje de violaciones e incidentes de abuso sexual, son perpetrados contra mujeres de 15 años o menos.
Es importante precisar que en la comisión del delito de violación sexual se vulneran los bienes jurídicos de la libertad, la dignidad y la integridad física, psíquica y social. En el caso que nos ocupa es aún más grave en virtud de que las víctimas son niñas y adolescentes que aún no tienen una comprensión cabal de la sexualidad ni de las consecuencias y los riesgos del ejercicio sexual en condiciones de desigualdad física, psíquica, cognitiva y social. Por esta razón, el impacto sobre su salud mental y sexual perdura durante muchos años.
Es por ello que consideramos que el Estado debe asumir la tutela de esos bienes jurídicos y brindar a este grupo vulnerable una protección especial que garantice su derecho constitucional a la reparación del daño, a la atención médica, psicológica, a la asesoría jurídica, a la educación y a una vida digna, tal como lo contempla nuestra Carta Magna, en su capítulo de garantías individuales, artículo 4o., párrafos 6, 7 y 8.
Los ascendientes, tutores y custodios tienen el deber de preservar estos derechos. El Estado proveerá lo necesario para propiciar el respeto a la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos.
El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez.
Durante el año 2002 el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) atendió mil 123 casos de abuso sexual y 64 de explotación sexual comercial. En ese mismo año --el último para el que se tienen datos del DIF-- sólo el 13 por ciento de casos de abuso sexual y el 0.3 por ciento de explotación sexual comercial, fueron denunciados a las autoridades. 1
En cuanto a las querellas directas a las instituciones de procuración de justicia, entre 1997 y 2003 fueron denunciadas un total de 53 mil violaciones en contra de menores de edad en el país. Ello equivale a un promedio de 7 mil 600 violaciones por año, es decir, 21 cada día.
En el Distrito Federal, la Procuraduría de Justicia reportó que entre los años 2000 y 2002 habían sido abandonados en lugares públicos 150 niños por año. De entre los menores abandonados, 40 por ciento eran varones y 60 por ciento niñas, el 10 por ciento del total de niños y niñas abandonados tenían alguna discapacidad.
Es importante destacar que las consecuencias de este acto de violencia sexual en muchas ocasiones se traducen en embarazos no deseados e infecciones de transmisión sexual, incluido el VIH/sida. Este tipo de violencia se ejerce a través de la coerción impuesta a una persona menor de edad por un individuo mayor que utiliza incorrectamente su poder o autoridad.
Son muchos los factores por los que se ocultan las violaciones en mujeres menores de edad, entre ellos se encuentran las amenazas del violador, la carencia de redes sociales que las apoyen en estas circunstancias, así como el estigma de que son objeto, y la violencia de otro tipo que sufren en los servicios de salud y en los de impartición de justicia, cuando son tratadas como culpables de inducir la agresión sexual. Ello conlleva en muchas ocasiones a ocultar los impactos o consecuencias producto de la violación, como son los embarazos.
Cabe destacar que la única atención que reciben las menores de edad víctimas de violación que además quedaron embarazadas, provienen de entidades no gubernamentales tanto religiosas como de la sociedad civil. Estas entidades ofrecen refugios para víctimas de violencia familiar extrema, muy pocos de ellos reciben a menores violadas gestantes y solamente con la autorización de la familia (al menos con el consentimiento de la madre), ¿pero qué sucede en aquellos casos en que es la madre o la familia quien encubre al violador?
Ante esta problemática, podemos observar una ausencia de programas gubernamentales o políticas públicas que brinden apoyo específico para la atención integral de menores embarazadas como producto de la agresión sexual.
Sólo algunas entidades federativas cuentan con una ley de atención a víctimas del delito, en las que generalmente en casos de violencia sexual, se remite a las víctimas al DIF, pero este no cuenta con un programa integral para atender la problemática específica que aquí se plantea.
Como ejemplo observamos que en el Distrito Federal el DIF envía a las víctimas de violencia sexual a la Casa de las Mercedes. Esta ONG proporciona albergue temporal a niñas o adolescentes de la calle, donde se les otorga atención médica, ginecobstétrica y de salud en general, planificación familiar y derechos humanos, entre otros servicios, Sin embargo, el Estado, a través del DIF, no ha asumido su responsabilidad de desarrollar programas específicos de atención y apoyo a las niñas y adolescentes en esta situación.
El artículo 168, fracción II, de la Ley General de Salud establece que dentro de las actividades básicas de la asistencia social se encuentra ``la atención en establecimientos especializados a menores y ancianos en estado de abandono o desamparo e inválidos sin recursos'', mientras en el artículo 27, inciso c), de la Ley de Asistencia Social, relativo a las funciones del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, se señala que ``con fundamento en lo establecido en los artículos 1o., 4o., 7o. y 8o. de la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, y atendiendo al interés superior de la infancia, el organismo tendrá como responsabilidad coadyuvar en el cumplimiento de esa ley''.
Esta normatividad se refiere a las medidas legales y administrativas que el sistema de asistencia social debe tomar para garantizar el bienestar de las niñas, niños y adolescentes, así como los cuidados y la asistencia que requieren para lograr un crecimiento y un desarrollo plenos. Sin embargo, aunque constituyen un marco general, no garantizan la atención a problemáticas específicas, como la que en esta iniciativa abordamos.
El Estado mexicano ha firmado y ratificado los compromisos internacionales de protección a la niñez, y por lo tanto, está obligado a desarrollar programas y políticas públicas para dejar a salvo los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
Particularmente en los casos en que la menor embarazada se encuentre en riesgo en el seno del hogar, será obligación del Estado protegerla, informarle sus opciones legales (interrupción del embarazo dentro del término legal, adopción y/o continuar con el embarazo), en caso de que decida continuar con la gestación, el Estado le brindará atención médica durante este periodo, durante el parto y posterior a éste, tanto a la madre como al producto.
El Estado deberá además, proteger a ambos niños (madre e hijo) y garantizar su derecho a la educación; la salud, y a vivir una vida libre de violencia.
El cuidado de las niñas y adolescentes en situación de violencia y vulnerabilidad, debe hacerse de manera integral, 2 en un espacio digno, manejado por profesionales capacitados en la atención a este grupo de población, brindando techo, alimentación, recreación, atención a la salud física y mental, y educación, la cual debe incluir la formación básica y media superior o una carrera técnica que les brinde capacitación profesional, según lo decidan las menores.
Por los motivos expuestos, estimamos que es urgente ampliar las funciones del DIF para que dentro de sus atribuciones esté la de crear un programa específico para que el Estado brinde atención integral a mujeres menores embarazadas como resultado de violencia sexual, y en caso de que decidan continuar con el embarazo, también el Estado deberá brindar la atención a la hija o al hijo.
Este programa dará cobertura a las menores que no cuentan con una red de apoyo familiar, o cuando los familiares se convierten en los agresores de la menor o en los encubridores del violador, motivo suficiente para retirar a la menor de ese entorno social de riesgo.
A través de este programa, el DIF estará obligado a atender de manera rápida, digna y eficiente, la problemática a la que se refiere la presente iniciativa que propone reformar y adicionar la Ley de Asistencia Social, para la protección y asistencia de niñas y adolescentes embarazadas por violación
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso general de los estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del Pleno la siguiente iniciativa con proyecto de
Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley de Asistencia Social.
Artículo Único. Se adicionan el inciso m) a la fracción I del artículo 4o., un segundo párrafo a la fracción X del artículo 12, y un segundo párrafo al inciso d) del artículo 28 de la Ley de Asistencia Social, para quedar como sigue:
Artículo 4o. Con base en lo anterior, son sujetos de la asistencia social, preferentemente:
Artículo 12. Se entienden como servicios básicos de salud en materia de asistencia social, los siguientes:
Artículo 28. El organismo será el coordinador del sistema, y tendrá las siguientes funciones:
Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. El Congreso de la Unión deberá aprobar las leyes o reformas a las leyes vigentes para regular las materias que este decreto establece en un plazo de 180 días a partir de la publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Tercero. Se derogan las disposiciones que se opongan al presente decreto.
Notas: 1 Azaola, Elena. ``Maltrato, abuso y negligencia contra menores de edad''. En Extracto del informe nacional sobre violencia y salud . Secretaría de Salud, México, 2006, página 26. 2 Por atención integral se entiende el manejo médico y psicológico de las consecuencias para la salud de la violencia familiar y sexual, así como los servicios de consejería y acompañamiento.El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Túrnese a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.
Queremos destacar la presencia en este salón de sesiones de las mujeres integrantes de la Mesa Directiva de la Federación Internacional de Mujeres de Negocios y Profesionales, que nos han visitado hoy, encabezadas por la doctora Chonchanok Viravan, presidenta internacional de la Organización Internacional de Mujeres de Negocios. Bienvenidas.
Asimismo, a todas las acompañantes de 80 países del mundo que están en México en un congreso internacional. Bienvenidas.
ARTICULO 3O. CONSTITUCIONAL - LEY GENERAL DE EDUCACION - LEY DEL INSTITUTO NACIONAL PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Tiene el uso de la palabra la diputada Guillermina López Balbuena, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanosy de la Ley General de Educación, y expide la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación.
La diputada Guillermina López Balbuena : Con su venia, señor presidente.Compañeras y compañeros, la evaluación suministra información para elaborar planes de mejora del sistema educativo. Nuestra propuesta no genera ningún impacto presupuestal, ya que el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación cuenta con un presupuesto. Lo que ahora hay que hacer es sacarlo de la corrupción que predomina en la SEP.
Que sus evaluaciones sean autónomas, que reflejen la realidad que impera y no lo que le convenga al gobierno.
El instituto ya está maduro para separarse de las manos del gobierno. El propósito es lograr que la educación sea promotora y creadora de innovaciones y rinda cuentas de sus desempeños; asimismo que proporcione mejores prácticas para la enseñanza y la investigación, y para la formación y la actualización del magisterio.
Compañeros, basta de tolerar a maestros que dejen a los niños sin clases por varios meses. Basta ya de las marchas exigiendo que no se les supriman las prácticas de venta de plazas o de heredarlas, o para rechazar que los capaciten o se les evalúe. Mejor que marchen para exigir mejor capacitación para actualizarse y elevar la calidad de la educación.
Propongo que sean suspendidos de sus cargos los maestros que suspendan clases sin ninguna causa justificada y no cumplan su horario de clases.
Maestros, si tienen alguna exigencia, demándenla fuera de los horarios de clases. Basta de dejar a los niños sin clases. Demándenla sin afectar su derecho a recibir educación.
Asimismo se sancionará a los funcionarios o docentes que concierten por sí o por interpósita persona la venta o traspaso de plazas magisteriales. Basta de seguir manteniendo a funcionarios incompetentes y lentos en la solución de los problemas.
Por ello, los funcionarios que no den pronta solución a las solicitudes de los docentes serán suspendidos de su cargo. Ya basta de tolerar a la burocracia que en algunas ocasiones provoca que los maestros salgan a las calles a exigir solución pronta a sus problemas.
Compañeros, si no alcanzamos que la educación se convierta en un tema prioritario en la agenda del país, nunca lograremos cambiar la actual situación que padece este sector.
Todos estamos de acuerdo en que el país requiere la unidad para enfrentar los asuntos prioritarios que imperan en el país. Pero cómo deseamos lograr esa unidad si en el México de hoy se observan dos países: uno denominado ``Pejelandia'', donde se hace lo que su excelentísimo presidente mande, donde quien exprese sus ideas es considerado como un traidor; donde la prioridad es dividir y provocar inestabilidad y donde sólo buscan obtener popularidad a costa de que el país no avance. Les recuerdo que la imposición de ideas lleva al caos.
Y otro, el de Mafalda, donde Felipito gobierna de manera incapaz, inepta y es lento para resolver los problemas; actúa tardíamente, donde sus resultados son pocos y sus índices de crecimiento van a la baja, y el amiguismo es lo que sobresale.
Compañeras del PAN y del PRD, México necesita una izquierda responsable con las causas sociales, con ideas que a lo largo de los años han ayudado a perfeccionar las instituciones. Necesita que el PAN vuelva a sus raíces, que gobierne bajo las ideas que defendían cuando eran oposición. Les recuerdo que el PRI construyó las instituciones de esta nación.
No dejemos que el país se derrumbe, mejor fortalezcamos el beneficio de millones de mexicanos. Por ello hago un llamado a todos los actores políticos, a los intelectuales, a la sociedad civil, a la iglesia, medios de comunicación y a los empresarios a concretar un pacto nacional por la unidad de los mexicanos.
Señores legisladores, vamos por una mejor educación para nuestros hijos, que ésta sea de calidad competitiva, que los niños de México siempre tengan educación. Es cuanto, señor presidente.
«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley General de Educación; y expide la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, a cargo de la diputada Guillermina López Balbuena , del Grupo Parlamentario del PRI
La que suscribe, diputada federal Guillermina López Balbuena , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de ésta honorable asamblea, los siguientes Proyectos de Decreto por el que se adicionan las fracciones IX y X al artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se reforman las fracciones I y XI del artículo 12, fracción II del artículo 13, el párrafo tercero del artículo 15, primer párrafo del artículo 29, el artículo 30, fracción IV del artículo 47, el artículo 68, las fracciones VII, XII y el último párrafo del artículo 75, y se adicionan, un párrafo segundo al artículo 3, una fracción VIII al artículo 10, una fracción V al artículo 11, una fracción III al artículo 76, todos de la Ley General de Educación, y por el cual, se expide la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, al tenor de la siguiente
Exposición de MotivosEn la actualidad la educación es un factor fundamental para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Su importancia ha sido puesta repetidamente de relieve, debido tanto a las transformaciones económicas y sociales de nuestro entorno, como a los cambios que han experimentado los sistemas educativos. El interés que se ha manifestado hacia la evaluación de los servicios educativos también ha contribuido a atraer la atención hacia este tema.
La educación es un fenómeno complejo y delicado. Complejo por la cantidad y diversidad de factores, actores y funciones que la conforman; delicado por las poderosas fuerzas que lo atraviesan y por la multiplicidad de repercusiones y consecuencias que sus acciones y resultados generan en la sociedad.
La evaluación es un instrumento fundamental para dar respuesta a la creciente demanda social de información, para objetivar el debate educativo y para anotar sobre bases sólidas los procesos de toma de decisión. La evaluación suministrará una información muy valiosa para elaborar planes de mejora del sistema educativo.
Una reforma educativa en México no es simple; es un problema complejo técnica y políticamente, pero hay muchos grupos interesados en que esto cambie. Es importante recordar que la primera recomendación de la OCDE al gobierno mexicano luego de dar a conocer los resultados de la prueba PISA 2006, es aceptar que la educación importa.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico ha puesto sobre la mesa de discusión el tema de la efectividad del presupuesto asignado a la educación en México, lo anterior a partir de las evaluaciones practicadas a los estudiantes en distintos niveles y áreas del conocimiento. En el documento titulado Panorama de la educación 2008 publicado por la OCDE, señala que México invierte por alumno 2 mil 405 dólares, es decir, nuestro país, se encuentra al final de los países miembro; muy lejos de los 12 mil 788 de Estados Unidos o de los 12 mil 195 de Suiza que encabezan la lista.
Otro dato relevante es que mientras que las economías latinoamericanas más grandes han crecido en la última década a un promedio de alrededor del 7%, la nuestra lo ha hecho a un ritmo inferior a la mitad de esa cifra. Además, en México el porcentaje de alumnos que terminan sus estudios secundarios es de 42%, lo que lo ubica en el último lugar, por debajo de Turquía, que tiene 51 por ciento.
El tema de mejorar la calidad de nuestra educación se ha vuelto una necesidad. Por todas partes escuchamos acerca del agotamiento de nuestro modelo de educación tradicional. La educación enfrenta grandes desafíos que deben superarse si no queremos permanecer estancados o incluso retroceder, porque tendríamos menos calidad.
Existe una clara conciencia sobre el imperativo de mejorar la calidad de los sistemas educativos, por encima de criterios cuantitativos de costo y cobertura. Es elevado el consenso tanto en el ámbito académico, político y social que la calidad constituye hoy en día el eje central de la educación.
La desigualdad en la instrucción es una de las fuentes de desigualdad social, junto con las relativas a la riqueza y al trabajo por lo que la educación es el medio para lograr la igualdad social. Al grado de que el rezago en temas como la alfabetización, deserción y escolaridad aun registran desigualdades entre las entidades federativas.
Sólo por mencionar, en el Plan Nacional de Desarrollo 2007--2012, se destaca que el rezago en educación básica se estima en más de 30 millones de personas de más de 15 años que no concluyeron, o que nunca cursaron la primaria o la secundaria. De ellos, la mitad son jóvenes de entre 15 y 35 años. Actualmente los años de escolaridad promedio de las personas entre 15 y 24 años es de 9.7 grados escolares y el nivel nacional de analfabetismo es de 7.7 por ciento ante estos datos, es indiscutible la necesidad reconsolidar cambios culturales que enfaticen el predominio de la calidad, la evaluación y la competitividad.
El nivel de aprendizaje de los alumnos mexicanos de primaria y secundaria está por debajo del que alcanzan los estudiantes de países desarrollados, los resultados de las evaluaciones señalan que la mayoría de los jóvenes egresa de las escuelas sin los conocimientos y habilidades que necesitarán para un futuro de oportunidades. Las diferencias entre el D.F., y Oaxaca son enormes y confirma que en este caso la inversión, el desarrollo y el ingreso per capita si marcan diferencias.
Según la OCDE, México tiene un nivel 2 en promedio que implica que se obtengan resultados mínimos para poder desempeñarse. La prueba PISA muestra que la condición socioeconómica de los estudiantes es el factor que más se relaciona con el nivel de logro educativo.
Aunado a ello, hay que precisar que los países menos desarrollados enfrentan hoy el reto que debieron superar hace décadas los más desarrollados; después de conseguir que todos los niños accedan a la escuela, evitar que la abandonen al poco tiempo, tras lo cual surge el tema de los niveles de aprendizaje o, en forma simplificada, de la calidad, no basta que los alumnos terminen cierto grado o nivel escolar, si lo hacen sin haber alcanzado los objetivos que establecen los planes y programas de estudio.
Es preciso mencionar que el propio subsecretario de Educación Media Superior, Miguel Székely Pardo, ha señalado que nuestro país, destina menos de 5% de su gasto nacional a atender el rezago educativo de 33 millones de mexicanos que se encuentran en esta situación, es decir, que no saben leer ni escribir; no concluyeron la primaria ni la secundaria. Agregando que cada año se suman al analfabetismo en México entre 100 mil y 140 mil personas por falta de acceso a una escuela, ya que viven en zonas alejadas a las zonas urbanas; de ese total, 20 mil son jóvenes de entre 15 y 19 años.
Entre los estados con mayor proporción de personas en situación de rezago educativo son Chiapas, Durango, Guerrero, Nayarit, Oaxaca, Puebla y Veracruz, y los municipios con el mayor índice de personas que no saben leer ni escribir son Tehuipango, Veracruz; Coicoyán de las Flores, Oaxaca y Cochoapa el Grande, en Guerrero.
Los actuales ejercicios de evaluación han mostrado una escasa relación, en su diseño y aplicación con los programas, planes y proyectos supuestamente destinados a mejorar la gestión escolar y el desempeño de los estándares y los niveles de aprendizaje pretendidos. Es necesario que se utilicen estas evaluaciones para conformar y diseñar programas que eleven el nivel profesional, a través de la formación inicial, actualización, profesionalización y seguimiento, así como las condiciones de trabajo adecuadas.
Es innegable que los expertos en el tema de educación y políticas educativas han señalado que es fundamental evaluar para elevar la calidad, aunque evaluar no es suficiente por sí mismo ya que es necesario, que los resultados de las evaluaciones se difundan y se aprovechen para sustentar estrategias de mejora.
En México, los sistemas de evaluación están en procesos de institucionalización, asociados a promover la calidad educativa. La calidad de la educación en México, se ha convertido en un tema que inevitablemente se cuestiona en varias ocasiones durante el año, en especial, cada vez que algún organismo internacional nos recuerda sobre nuestras deficiencias y problemas. Los resultados que se han dado a conocer reafirman lo que ya todos conocemos desde hace mucho tiempo, el nivel de nuestra educación no sólo deja mucho que desear, sino que se esta rezagando peligrosamente en términos comparativos respecto a otros países.
En este sentido, la evaluación debe constituir una base de información que conduzca a los distintos actores involucrados en el proceso educativo a diseñar las políticas y líneas de acción para el mejoramiento de los resultados.
Las políticas públicas en educación se elaboran, en esencia, mediante un dialogo entre los distintos actores, así como de las demandas y presiones de la sociedad, y la propia realidad educativa. Una escasa presencia de algunos de esos tres actores genera distorsiones con graves consecuencias.
La determinación y el mejoramiento de la calidad de la educación tienden a concebirse entonces, en términos de las discrepancias existentes, entre los propósitos pretendidos y los logros alcanzados, Por tal motivo, es urgente sumar esfuerzos para fortalecer el papel de la educación, involucrar a todos los actores políticos implicados en esta materia en un ambiente de respeto y corresponsabilidad, valorando la contribución de todas las organizaciones de la sociedad, tanto del sector público como del privado y del social.
La labor evaluadora es objeto de un interés creciente, hasta el punto de poder afirmarse que la evaluación del sistema educativo y de sus diversos componentes ocupa un lugar privilegiado en las políticas actuales de la educación.
Nuestro sistema educativo requiere de una verdadera transformación. Para empezar, hay que diseñar un nuevo modelo educativo; capacitar al personal docente para trabajar en equipo creativamente y para elaborar sus propios materiales didácticos, así como, para desarrollar su liderazgo; mejorar la gestión escolar; innovar la pedagogía y las didácticas; extender la cultura de la evaluación y articular ésta con las políticas y acciones de todo el sector educativo; fortalecer la investigación educativa, mejorar la infraestructura escolar y equipamiento así como en los aspectos organizacionales de las instituciones educativas.
La transformación de nuestro sistema educativo sentará las bases para el crecimiento y desarrollo de nuestra sociedad, en los aspectos emocional, intelectual, social, familiar y espiritual capaz de enfrentar con éxito el futuro. Habrá que fortalecer la participación de los padres de familia, e involucra a los demás sectores de la sociedad en el apoyo de la escuela, en especial a las empresas y a los medios masivos de comunicación.
La sociedad mexicana tiene que participar; no hay ningún país con un gran sistema educativo que no tenga detrás una sociedad muy exigente. La educación no es un fin en si misma, sirve para enfrentar situaciones novedosas, con más recursos, en la vida personal, social y laboral. Una buena educación propicia un buen desarrollo económico, social y cultural.
Resulta apremiante contar con un sistema de evaluación autónomo de la injerencia del gobierno, que permita dar seguimiento y emitir una serie de recomendaciones que impacten directamente a la sociedad a través de medidas, programas y políticas públicas educativas.
En diversos foros, conferencias y hasta en este Congreso, hemos oído que la educación debe ser vista como una inversión social; y su adecuación debe estar ligada al contexto que rodea a la sociedad, en donde el compromiso de todos los sectores vinculados a la calidad educativa sea el de mejorar al sistema educativo.
Una vía para impulsar el desarrollo armónico e integral del individuo y de la comunidad es contar con un sistema educativo de buena calidad, mejorando tanto la educación pública como la privada en todos sus niveles y modalidades, creando una cultura nacional que la identifique a la educación como el medio fundamental para lograr la libertad, la justicia y la prosperidad individual y colectiva.
El propósito primordial de la presente iniciativa es lograr que el sistema de educación en México sea el promotor y creador de innovaciones, rinda cuentas de su desempeño y atienda la demanda de educación con equidad, y solidez académica, asumiendo como compromiso el proporcionar el diseño de mejores prácticas para la enseñanza; la investigación; la formación y actualización del magisterio; el impulso a la ciencia y la tecnología, entre muchos otros.
Nuestra propuesta esta encaminada a implantar cambios en la forma de evaluar a los profesores, a los planes de estudio y otros insumos educativos, sin la injerencia del gobierno para manipular o maquillar los resultados a su antojo y conveniencia, sino con la única finalidad de evaluar seriamente el aprendizaje, la preparación y las habilidades con las que salen los alumnos de su proceso educativo. Fomentando una política de fortalecimiento educativo dirigida a mejorar la calidad de los profesores y a aplicar con consistencia evaluaciones transparentes y accesibles del resultado del proceso educativo, a toda la sociedad, en especial a los padres de familia, mejorar los presupuestos de las escuelas, y elevar el nivel educativo de los planteles.
Señores legisladores, si no alcanzamos que la educación se convierta en un tema prioritario en la agenda del país, en donde, sea una constante la cultura de la evaluación de la educación, nunca lograremos cambiar la actual situación que padece este sector.
La evaluación es necesaria para que la calidad mejore, pero que no cualquier evaluación sirve, para que dicha evaluación sirva debe ser sólida técnicamente y tener en cuenta el contexto de las escuelas, para evitar una calificación inapropiada, dado que una evaluación mal hecha trae resultados negativos. La evaluación educativa debe explicar su relación con los procesos de planificación, de tal forma que proporcione información para la toma de decisiones. La evaluación ha revestido importancia a partir de establecer estándares de calidad en la educación.
Señores legisladores, hay mucho por hacer en términos de ofrecer a los niños y jóvenes mexicanos las herramientas indispensables para crecer, desarrollarse y participar activamente en un mundo competitivo.
Los resultados cuantitativos lucen muy bien en los informes de las autoridades, pero ya no resuelven los problemas de fondo. Para lograr cambios significativos se requiere de modificaciones profundas y radicales, no sólo en términos de los planteamientos pedagógicos a seguir, sino también del marco institucional que es ahí donde se complica la situación. En este contexto, el eje para la transformación educativa en el país, es mejorar su calidad para hacer posible que todos los mexicanos realicen sus aspiraciones, con ello, logren una vida digna, productiva y solidaria.
La educación es una función social que nos concierne y atañe a todos, debemos reiterar nuestro compromiso con la sociedad mexicana, ofreciéndole una educación de calidad, que permita a su niñez alcanzar los más altos estándares de aprendizaje, sin distinción de género, etnia o condición social.
Es urgente realizar modificaciones a nuestro marco jurídico para que no tengamos que acostumbrarnos a los malos resultados internacionales y nacionales. Para ello, se requerirá de un buen tiempo para cristalizar y ofrecer resultados efectivos.
Por todo lo anteriormente expresado, presento ante el Pleno de la honorable Cámara de Diputados, el presente proyecto de decreto, por el cual, se adicionan las fracciones IX y X al artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se reforman las fracciones I y XI del artículo 12, fracción II del artículo 13, el párrafo tercero del artículo 15, primer párrafo del artículo 29, el artículo 30, fracción IV del artículo 47, el artículo 68, las fracciones VII, XII y el último párrafo del artículo 75, y se adicionan, un párrafo segundo al artículo 3, una fracción VIII al artículo 10, una fracción V al artículo 11, una fracción III al artículo 76, todos de la Ley General de Educación, y se expide la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, quedando de la siguiente manera:
Artículo Primero. Se adicionan las fracciones IX y X al artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar de la siguiente manera:
Artículo 3o. ...
Primero. El presente decreto entra en vigor el día siguiente al de su publicación.
Segundo. El honorable Congreso de la Unión, tendrá 30 días contados a partir de la entrada en vigencia del presente decreto para expedir la ley reglamentaria, a que se refiere la fracción X del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Tercero. La Cámara de Diputados tendrá 30 días contados a partir de la entrada en vigencia del presente decreto, para la designación del titular del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación.
Artículo Segundo. Se reforman, las fracciones I y XI del artículo 12, fracción II del artículo 13, el párrafo tercero del artículo 15, primer párrafo del artículo 29, el artículo 30, fracción IV del artículo 47, el artículo 68, las fracciones VII, XII y el último párrafo del artículo 75, y se adicionan, un párrafo segundo al artículo 3, una fracción VIII al artículo 10, una fracción V al artículo 11, una fracción III al artículo 76, todos de la Ley General de Educación, para quedar de la siguiente manera:
Artículo 3. ...
Asimismo, el Estado esta obligado a planear, diseñar, implementar y ejecutar, una política de evaluación encaminada a fortalecer, enriquecer, y elevar la calidad de la educación.
Artículo 10. ...
...
Artículo 11. ...
...
Artículo 12. ...
Artículo 13. ...
I. ...
Artículo 15. ...
...
El gobierno de cada entidad federativa y los ayuntamientos podrán celebrar convenios para coordinar, evaluar o unificar sus actividades educativas y cumplir de mejor manera las responsabilidades a su cargo;
Artículo 29.
Corresponde al instituto en coordinación con la Secretaria la evaluación del sistema educativo nacional, sin perjuicio de la que las autoridades educativas locales realicen en sus respectivas competencias.
...
Artículo 30.
Las instituciones educativas establecidas por el Estado, por sus organismos descentralizados y por los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios, otorgarán al instituto todas las facilidades y colaboración para la evaluación a que esta sección se refiere.
Para ello, proporcionarán oportunamente toda la información que se les requiera; tomarán las medidas que permitan la colaboración efectiva de alumnos, maestros, directivos y demás participantes en los procesos educativos; facilitarán que las autoridades educativas, incluido al instituto en coordinación con la Secretaría, realicen exámenes para fines estadísticos y de diagnóstico y recaben directamente en las escuelas la información necesaria.
Artículo 47. ...
...
Artículo 68.
Las autoridades educativas y el Instituto, promoverán, de conformidad con los lineamientos que establezca la autoridad educativa federal, la participación de la sociedad en actividades que tengan por objeto fortalecer y elevar la calidad de la educación pública, así como ampliar la cobertura de los servicios educativos.
Artículo 75. ...
Artículo 76. ...
...
TransitorioÚnico. El presente decreto entra en vigor el día siguiente al de su publicación.
Artículo Tercero. Se expide la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación.
Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación
Capítulo Primero Disposiciones GeneralesArtículo 1. La presente ley es de observancia general en todo el territorio nacional, de interés educativo y social, tiene como objetivo, regular, y supervisar, los mecanismos implementados y ejecutados a mejorar la calidad, productividad, competitividad, desarrollo integral y evaluación de la educación.
Artículo 2. La responsabilidad de cumplir con la presente ley, estará a cargo del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, el cual, será un órgano público autónomo, con personalidad jurídica, patrimonio propio. En el desarrollo de la presente ley, se le denominara ``instituto''.
Tendrá como finalidad coordinarse con las autoridades educativas federales y estatales, así como, con los sectores privado y social, para planear, diseñar, implementar y ejecutar los instrumentos idóneos para incrementar los niveles de calidad, productividad y competitividad de la educación, así como, establecer las bases para el desarrollo integral y evaluación de los diferentes elementos que integran los sistemas educativos.
Artículo 3. La Secretaría de Educación Pública suscribirá convenio con el instituto, para la realización de las evaluaciones del sistema educativo nacional, así como, para establecer los lineamientos conforme a los cuales las autoridades educativas estatales deban efectuar sus respectivas evaluaciones.
Artículo 4. Los criterios y lineamientos sobre los cuales la política educativa se regirá para alcanzar la calidad, productividad, competitividad, desarrollo integral y evaluación de la educación, serán los siguientes:
Artículo 5. En lo referente a la política nacional de evaluación educativa, ésta deberá precisar:
Artículo 6. La estructura educativa federal y estatal deberá funcionar en forma ágil y eficiente, acorde con su naturaleza técnica y académica en relación con el sistema educativo en la perspectiva del mejoramiento de la calidad, productividad y competitividad educativa. Para ello, fortalecerán su colaboración, en particular en los siguientes rubros:
Artículo 7. El Ejecutivo Federal con la participación de los sectores privado y social, desarrollará e implementará un Plan Estratégico de Desarrollo Integral Educativo, con el objetivo de enriquecer al sector educativo federal, estatal y municipal, buscando incrementar la calidad, productividad y competitividad del sistema nacional educativo. El Plan Estratégico de Desarrollo Integral Educativo, se subdivida en Programas Regionales, enfocándose en las zonas de más rezago educativo.
Artículo 8. Con el único fin dar cumplimiento al Plan Estratégico de Desarrollo Integral Educativo, así como, para organizar las actividades destinadas a fortalecer la capacidad técnica de las áreas de evaluación, el gobierno federal y el de las entidades federativas, reforzarán su capacidad de interpretar para usar correctamente los resultados de las evaluaciones, con base en las siguientes acciones:
Artículo 9. El Instituto se conformara por un Presidente, una Junta de Gobierno, un Consejo Técnico para la calidad, productividad, competitividad y evaluación de la educación y una Contraloría Interna, así como, por las demás unidades que señale su reglamento interno.
El presidente será nombrado por las dos terceras partes de los miembros de la Cámara de Diputados, la propuesta será realizada por los grupos parlamentarios. El presidente será quien presida la Junta de Gobierno y durará en su encargo cinco años y podrá ser reelecto por una sola vez.
Artículo 10. Conforme a la presente ley, serán facultades del instituto las siguientes:
Artículo 11. La evaluación que efectuará el Instituto, será dirigida a los planes, programas, servicios y acciones de los niveles de preescolar, primaria, secundaria, enseñanza medio superior, educación para adultos, indígena y comunitaria, e intercultural, en cualquiera de la modalidad que sean impartidos, en las escuelas públicas y privadas. En lo referente a la educación superior, ésta se realizará a través de convenio con las universidades públicas y privadas.
Artículo 12. Conforme a esta ley, son requisitos para ser presidente, los siguientes:
Artículo 13. Son facultades del presidente:
Artículo 14. El Instituto tendrá su sede en la Ciudad de México, podrá establecer delegaciones en las entidades federativas que presenten rezago educativo.
Capítulo V De la Junta de GobiernoArtículo 16. La Junta de Gobierno, será el órgano que supervisara, y vigilara el cumplimiento de los objetivos y facultades de la comisión, asimismo, promoverá la celebración de convenio con las autoridades educativas a nivel federal y estatal, para supervisar el adecuado funcionamiento de sus programas y planes educativos, así como, sus estrategias en relación a la capacitación del personal académico. La Junta de Gobierno se integrará por:
El presidente de la Junta de Gobierno podrá extender invitación con voz pero sin voto a: un representante de la Fundación para la Cultura del Maestro, AC; al presidente de Transparencia Mexicana, AC; un representante del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación; el presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Padres de Familia, AC; el presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia, AC; un representante de la Comisión de Educación del Sector Empresarial; y un representante de Observatorio Ciudadano de la Educación, AC.
Artículo 17. Conforme a esta ley, son facultades de la Junta de Gobierno las siguientes:
Artículo 18. Para el exacto cumplimiento de los acuerdos de naturaleza académica que suscriba el instituto, se observaran las siguientes reglas:
Artículo 19. La Junta de Gobierno celebrará sesiones ordinarias, por lo menos tres veces por año, y las extraordinarias que convoque su presidente, cuando lo juzgue necesario o a propuesta de la mitad de los integrantes de dicho órgano de gobierno. La Junta de Gobierno sesionará válidamente con la asistencia de por lo menos la mitad más uno de sus miembros y siempre que la mayoría de sus asistentes sean representantes de la administración pública federal.
Las sesiones ordinarias de la Junta de Gobierno se celebrarán de acuerdo con un calendario que deberá ser aprobado en su primera sesión anual; el Presidente podrá convocar a reuniones extraordinarias cuando sea necesario.
Artículo 20. La convocatoria a las sesiones ordinarias de la Junta de Gobierno, contendrá el orden del día, deberá ser entregada y recibida por los miembros de la misma y por los comisarios públicos con una antelación no menor de cinco días hábiles a la fecha para la que se convoquen, anexándose copia del acta de la sesión anterior, así como de la información y documentación necesarias. Para el caso de las sesiones extraordinarias, la documentación deberá ser enviada a los miembros con un mínimo de veinticuatro horas de anticipación a la fecha de realización de la reunión.
Los acuerdos que se tomen en las sesiones de la Junta de Gobierno quedarán asentados en el libro de actas, que deberán firmar el presidente, quien dará fe.
Capítulo VI Del Consejo Técnico para la calidad, productividad, competitividad y evaluación de la educaciónArtículo 21. El Consejo Técnico para la calidad, productividad, competitividad y evaluación de la educación, a quién durante el desarrollo de la presente ley, se le denominara ``Consejo Técnico'', estará integrado por veinte expertos en los campos de la calidad, productividad, y competitividad, y de la evaluación y en la investigación de los programas de desarrollo en materia educativa. Los integrantes del Consejo Técnico serán designados por la Junta de Gobierno en consideración a su experiencia en el ramo educativo, las propuestas serán presentadas por el comisionado.
El Consejo Técnico será dirigido por un director general, quien será nombrado por el Comisionado, y ratificado por el voto de las dos terceras partes de los miembros de la Junta de Gobierno. El director durará cuatro años en su cargo, pudiendo reelegirse por única ocasión, por un periodo similar, en el caso de los demás integrantes del Consejo Técnico, éstos durarán en su cargo seis años, los cuales, no podrán ser reelegidos.
Artículo 22. El Consejo Técnico, para el adecuado funcionamiento de sus obligaciones se subdivida en cuatro áreas:
Cada área estará conformada por cinco miembros del Consejo Técnico, ningún miembro del Consejo Técnico podrá estar en dos o más áreas al mismo tiempo. La distribución de los miembros del Consejo Técnico a las áreas señaladas en el presente artículo, la realizara la Junta de Gobierno, observando el perfil de cada miembro del Consejo Técnico.
Artículo 23. La Junta de Gobierno hará la designación de los veinte integrantes del Consejo Técnico, de entre los candidatos mejor calificados. Asimismo en caso de renuncia o fallecimiento de alguno de ellos, procederá a designar a quien lo sustituya. Para ser designado miembro del Consejo Técnico se requerirá del voto de cuando menos la mitad más uno de los miembros de la Junta de Gobierno presentes.
Artículo 24. Conforme a la presente ley, el Consejo Técnico tendrá las siguientes funciones:
Artículo 25. El Consejo Técnico celebrará sesiones ordinarias una vez al mes, así como las extraordinarias que convoque su director general. El Consejo Técnico sesionará válidamente con la asistencia de por lo menos la mitad más uno de sus miembros.
Capítulo VII Del patrimonio del institutoArtículo 26. El patrimonio del Instituto se integra con lo siguiente:
Artículo 27. De conformidad con lo establecido en el artículo 5 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para su tratamiento presupuestario el instituto se sujetará a lo siguiente:
Artículo 30. El presidente del instituto, rendirá un informe semestral ante el Congreso de la Unión o en sus recesos a la Comisión Permanente y, en caso de que sea requerido, comparecerá ante los diputados o senadores, para explicar la política de evaluación educativa del Estado.
Artículo 31. El instituto contará con una Contraloría Interna, que será el órgano de control encargado de la fiscalización de los ingresos y egresos del instituto; en el ejercicio de sus atribuciones estará dotada de autonomía técnica y de gestión para decidir sobre su funcionamiento y resoluciones.
El titular de la Contraloría será designado por la Junta de Gobierno, con el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes, mediante los procedimientos y en los plazos que fije el reglamento interno de la presente ley.
El contralor durará en su encargo cuatro años y podrá ser reelecto por una sola vez. Tendrá la obligación de mantener coordinación técnica con la Entidad de Fiscalización Superior de la Federación a que se refiere el artículo 79 de la Constitución. La Contraloría contará con la estructura orgánica, personal y recursos que apruebe la Junta de Gobierno a propuesta de su presidente. En su desempeño la Contraloría se sujetará a los principios de imparcialidad, legalidad, objetividad, certeza, honestidad, y transparencia.
Artículo 32. La Contraloría Interna tendrá las siguientes facultades:
Artículo 33. Conforme a esta ley, son requisitos para ser Contralor Interno del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, los siguientes:
Artículo 34. El contralor interno podrá ser sancionado por causas graves de responsabilidad administrativa:
Artículo 35. Los servidores públicos adscritos a la Contraloría Interna, en su caso, los profesionales contratados para la práctica de auditorías, deberán guardar estricta reserva sobre la información y documentos que conozcan con motivo de desempeño de sus facultades así como de sus actuaciones y observaciones.
TransitoriosPrimero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. La Cámara de Diputados designara al presidente en un plazo de 30 días contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto.
Tercero. Inmediatamente de su designación el presidente convocará a los miembros de la Junta de Gobierno, para una reunión a más tardar en 5 días, para la designación del Contralor Interno e integrantes del Consejo Técnico del instituto. Así como, para la aprobación del plan de trabajo.
Cuarto. Se abrogan todas las disposiciones y reglamentos, así como, instituciones u organizaciones que contravengan al presente decreto.
Quinto. El presidente tendrá 30 días a partir de su designación para expedir el reglamento interno del instituto.
Sexto. Los puestos de la estructura orgánica que se establezcan en el reglamento interno del instituto, se irán cubriendo progresivamente, en función de las necesidades y de los recursos disponibles.
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Gracias, diputada Guillermina López Balbuena.Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de Educación Pública y Servicios Educativos, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Tiene la palabra la diputada Bertha Yolanda Rodríguez Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que adiciona el artículo 165 al Código Federal de Procedimientos Penales.
La diputada Bertha Yolanda Rodríguez Ramírez : Con su permiso, señor presidente.Hablar de la inseguridad en México es hablar de uno de los problemas más graves que tiene este país. Referirnos a la poca efectividad de los sistemas de seguridad para capturar y castigar a los delincuentes es añadir a esta crisis fenómenos tales como la impunidad y corrupción.
El costo de la criminalidad en los aspectos humanos, físicos y emocionales demanda mayores capacidades científicas para evitar el delito y que se constituya en soberano. De ahí que el Estado deba dotar a los órganos investigadores de las herramientas para esclarecer ilícitos y demostrar la inocencia o culpabilidad de los involucrados en un crimen.
Nuestra responsabilidad como legisladores es adecuar nuestras leyes a una realidad mundial, incorporando medios como el que se propone, de forma adecuada, clara, responsable y, sobre todo, útil. Por ello acudo a este pleno a proponer una adición al Código Federal de Procedimientos Penales, para que se prevea un mecanismo adicional de investigación criminalística.
La propuesta consiste en que la autoridad pueda conservar, en un registro de fichas genéticas de ADN, los códigos genéticos de todos los sentenciados en la república por delitos del orden federal. Lo ideal sería que el Sistema Nacional de Seguridad Pública lo hiciese después extensivo en las entidades federativas.
Se propone que los análisis de ADN se limiten al ADN no codificante, el que además de caracterizarse por su gran habilidad entre los individuos, no revela otros datos que los meramente identificatorios.
Consideramos que la limitación de los análisis a estos marcadores no codificantes elimina toda vulnerabilidad del derecho a la intimidad, dado que los datos obtenidos no revelan más información sobre el individuo que la que puede ofrecer la huella dactilar, siendo éste precisamente el fin que habilita y justifica, en nuestro concepto, y que además exige la creación de este registro.
Serán las fichas genéticas de ADN las que se encontrarán a disposición de fiscales y jueces, para que sirvan de base al desarrollo de las investigaciones y procesos criminales, a fin de coadyuvar al mejor y pronto esclarecimiento de un hecho delictivo, ya sea de naturaleza sexual, corporal e inclusive patrimonial. El tejido social está muy dañado por el delito, y las instituciones que lo combaten padecen deterioros serios.
Por tanto, la iniciativa que pongo a su consideración es una modesta aportación en esta suma de esfuerzos impostergables que requiere la nación. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.
«Iniciativa que adiciona el artículo 165 Quáter al Código Federal de Procedimientos Penales, a cargo de la diputada Bertha Yolanda Rodríguez Ramírez , del Grupo Parlamentario del PRI
La suscrita, diputada integrante de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta asamblea iniciativa con proyecto de decreto por el que se propone adicionar un artículo 165 Quáter al Código Federal de Procedimientos Penales, al tenor de la siguiente
Exposición de MotivosUno de los problemas más graves de México es la inseguridad, tanto física como jurídica. La primera se debe a que existe en el país un alto índice de violencia cotidiana que afecta por igual al campo y a la ciudad, a los pobres que a los ricos; la segunda, a que no existe un marco jurídico adecuado para procesar las diferencias sociales y las violaciones normativas, la ley sigue siendo una regla de convivencia a la que se acude solamente en ocasiones excepcionales.
El bienestar social obliga al Estado Mexicano a promover el desarrollo individual de cada uno de los integrantes de la nación, en correlación lo más perfectamente posible con los derechos de sus semejantes. Para ello, debe proponerse a la existencia del correcto amparo y protección de los derechos individuales, en tanto sirvan al desarrollo colectivo de toda la población.
De ahí que el Estado tenga la función de reprimir aquellas conductas que, en tanto vulneran ilegítimamente derechos de terceros, quebrantan esta base esencial de convivencia. Para ello se recurre a diversas herramientas, siendo la más extrema aquella que nos ofrece el sistema penal, definida en su esencia por constituir una vulneración en el ejercicio de derechos individuales. Toda pena conlleva la afectación en dichos derechos, pero de una forma legítima, necesaria y útil para el Estado y la sociedad en general.
Para ello el Estado debería dotar a los órganos investigadores de las herramientas para esclarecer ilícitos y demostrar la inocencia o culpabilidad de los involucrados en un ilícito.
Sin duda, podemos afirmar que la criminalidad evoluciona y se transforma, y que los organismos encargados de perseguir, reprimir e investigar las conductas delictivas, cada día quedan más a la zaga y alejados del criminal, por inercia, por rutina o por hábito nos hemos acostumbrado a la impunidad, en nuestro país la regla es crimen sin castigo. Vivimos de hecho cada momento doloroso entre el delito y la sanción, y esto constituye una de las más profundas crisis de la justicia y del Estado frente al derecho.
En este sentido, la finalidad de la adición hoy propuesta al Código Federal de Procedimientos Penales es conservar en un registro de fichas de ácido desoxirribonucleico (ADN) los códigos genéticos de todos los sentenciados en la república por delitos del orden federal.
Nuestra responsabilidad como legisladores es la de adecuar nuestras leyes a la realidad y a las necesidades de nuestro país incorporando medios como el que se propone, de forma adecuada, clara, responsable, precisa y sobre todo útil.
El proyecto propone que los análisis de ADN se limiten al ácido desoxirribonucleico no codificante.
Las características generales del ADN no codificante lo hacen especialmente útil para su aplicación a la identificación en medicina forense. Como se puede deducir de su trascendente función, el ADN esencial esta formado por secuencias altamente conservadas con muy pocas variaciones interindividuales e intergeneracionales, ya que de lo contrario se podían ver afectadas funciones básicas para la vida de las personas. Los mínimos cambios que tienen lugar, cuando son viables, aumentan el polimorfismo de proteínas y enzimas, aunque también pueden tener efectos negativos.
Por el contrario, el ADN no codificante presenta una gran variabilidad de unos individuos a otros, ya que estas secuencias no son conservadoras al no afectar sus cambios a la fisiología del individuo. Las variaciones debidas a cambios de bases sencillos, procesos de inserción-delección o de intercambio de ADN (recombinación) durante la formación de las células germinales (meiosis), hacen que se modifiquen el número de repeticiones o el orden de las bases de un determinado fragmento repetitivo, pudiendo producirse en un locus sencillo o en múltiples loci, siendo este el origen de la variación que hace que no haya dos personas , a excepción de los gemelos univitelinos, que tengan la misma secuencia del ADN.
Consideramos que la limitación de los análisis a estos marcadores no codificantes, elimina toda vulneración del derecho a la intimidad, dado que los datos obtenidos no revelan más información sobre el individuo que la que puede ofrecer la huella dactilar, siendo éste precisamente el fin que habilita, justifica y que, en nuestro concepto, exige, la creación de este registro.
El objetivo de la presente propuesta se enmarca en nuestro constante esfuerzo para buscar los medios que nos permitan coadyuvar, al máximo, en el desarrollo de la investigación del delito.
Los análisis genéticos pueden ser de utilidad para la prevención de delitos en los casos de asesinos en serie o de violadores compulsivos, que podrían ser identificados antes de cometer otros delitos, además, de que también se puede descubrir más rápido al verdadero culpable y pueden contribuir a esclarecer el misterio de antiguos crímenes nunca elucidados.
El nivel de confiabilidad que proporciona estos análisis es digno de destacarse. En una muestra de ADN, es posible obtener un 99,9 por ciento de exactitud de la identificación practicada, arrojando asimismo un 100 por ciento de efectividad para acreditar la inexactitud del análisis comparativo.
La experiencia de numerosos países en los que se mantienen este tipo de archivos, certifica que la existencia de registros del ADN de las personas que fueren condenadas por la comisión de ilícitos penales permite una rápida identificación de los responsables, particularmente frente a casos de reincidencia delictual.
Ello posibilita que frente a otros procesos criminales se obtenga de manera rápida, efectiva y segura, la identificación de los presuntos responsables de haber incurrido en algún ilícito penal; asimismo contribuye a la rápida acreditación de la inocencia de quienes, no obstante se les haya imputado un delito, siendo inocentes del mismo.
Se trata de avances que requieren la posibilidad de efectuar aproximaciones entre el perfil genético de un individuo buscado y el de un sospechoso, y por ende de la constitución de un fichero de huellas o códigos genéticos.
La Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía (ENMyH) del Instituto Politécnico Nacional cuenta con el equipo humano y técnico para realizar la identificación biomolecular de todos los delincuentes sentenciados en el país, lo cual permitiría formar una base de datos para identificar y capturar a criminales reincidentes, lo anterior lo declaró Javier Grandini, director de la ENMyH y especialista en medicina forense. 1
Dicho proyecto revolucionaría el sistema penitenciario mexicano al operar un procedimiento complementario a la toma de huella digital y fotografía (ficha signalética) que se utiliza actualmente durante la captura e identificación de personas que cometen presuntos ilícitos, y permitiría contar con una base de datos del ADN de todos los delincuentes federales en poco más de tres años.
Será el registro de fichas genéticas de ADN las que se encontrarán a disposición del Ministerio Público y de los Tribunales Penales Federales y Estatales de nuestro país, a efecto de servir de base al desarrollo de las investigaciones y procesos criminales, coadyuvando al mejor y pronto esclarecimiento de un hecho delictivo, ya sea de naturaleza sexual, corporal e incluso patrimonial.
La prevención no basta, es necesario adoptar acciones inmediatas para detener a quienes reinciden penalmente.
En este sentido, nuestro derecho penal reconoce dos tipos de reincidencia: la genérica y la específica.
La reincidencia genérica se produce cuando el agente delinque por segunda vez, al cometer un delito de naturaleza diferente a la del primero.
La reincidencia específica se presenta cuando el primero y el segundo delito son de la misma naturaleza.
El artículo 20 del Código Penal Federal vigente señala que
Raúl Carranca y Trujillo dice que la diferencia procesal entre la reincidencia y la acumulación, o concurso real, es que en la primera ha recaído sentencia firme con relación a algunos de los delitos y en la segunda no la hay por ninguno.2
Es aquí donde encontramos el punto de conflicto que sirve de base para este trabajo, pues se advertirá que los ejemplos que se describirán ut infra 3 han mantenido la innovación y el progreso penal en los países donde se ha aplicado la creación de registros o ficheros genéticos.
Desde hace más de trece años, policías británicos crearon un fichero genético con el apoyo de grupos de mujeres, para que se pudiera permitir la rápida identificación de los violadores, posteriormente se estableció que a menudo los violadores tenían un prontuario judicial por delitos de menos importancia, el fichero fue ampliado. En el Reino Unido a toda persona detenida o sospechosa puede pedírsele una muestra de saliva para poder trazar su ficha de ADN. Este fichero centraliza actualmente los códigos de barras de unos 700 mil individuos y debería llegar a contener cinco millones de fichas de aquí a 2010, sobre una población de 58,6 millones de británicos. En cinco años, este registro de datos ha permitido ya realizar miles de aproximaciones, que han llevado a la identificación de ``más de 260 asesinos, 400 violadores y 2 mil 500 ladrones.
El FBI está constituyendo, desde octubre de 1988, un fichero nacional, bautizado como Codis, que unifica los procedimientos biológicos e informáticos, permitiendo intercambiar los datos de los ficheros de los 50 estados del país.
El FBI afirma que dispone de 260 mil, que ya habrían permitido identificar a los culpables de más de 200 delitos, esto concierne hasta ahora a las agresiones sexuales y a los llamados crímenes ``violentos''.
En Alemania, los Países Bajos, Noruega, Suecia, Francia y Estados Unidos, una toma de sangre puede practicarse cuando así lo ordena un juez o un policía en el marco de una investigación.
En Estados Unidos, el Parlamento de Massachusetts aprobó en 1997 una ley que autoriza el fichaje de personas condenadas por un crimen, con efecto retroactivo.
La medida que hoy se plantea no será de efecto retroactivo en nuestro país; lo anterior, en virtud de lo señalado en el párrafo primero del artículo 14 Constitucional, que a la letra dice:
Para prevenir riesgos innecesarios algunos países como Alemania, Austria, Finlandia, Suecia, Dinamarca y los Países Bajos decidieron destruir las muestras una vez elaborada la ficha. Otros optaron por la conservación (ilimitada en el Reino Unido; durante cuarenta años en Francia).
Con esta iniciativa se garantiza que las muestras de ADN conservadas en el registro genético protegerá la confidencialidad de los datos genéticos de todos los sentenciados, en virtud de que estos se destruirán una vez elaborada la ficha genética de la persona sentenciada por cualquier hecho ilícito.
En ningún caso la información contenida en el registro podrá solicitarse o consultarse para otros fines o instancias que no sean los propios de una investigación o proceso criminal.
Lo anterior, toda vez que la Declaración Universal sobre el Genoma Humano, adoptada por la UNESCO en 1997, precisa en su artículo 7 que ``se deberá proteger (...) la confidencialidad de los datos genéticos asociados con una persona identificable''.
La legislación penal actual debe pugnar día a día para lograr el debido respeto de los derechos humanos, inclusive de aquellos del propio inculpado en pro de una debida y garantizada procuración e impartición de justicia penal, que responda a las necesidades sociales sin causar males mayores.
Con la adición hoy propuesta al Código Federal de Procedimientos Penales se respeta y protege el derecho que tiene cualquier persona imputada o procesada a no vulnerar sus garantías individuales, en virtud de que la muestra de ADN se tomaría únicamente hasta que sea declarado penalmente responsable del injusto que se le atribuye mediante sentencia emitida por el juez de la causa y esta sea declarada ejecutoriada.
Debemos privilegiar la libertad del gobernado, pero que a su vez no se propicie la impunidad, con lo cual no está conforme la sociedad mexicana; respetar el principio de presunción de inocencia y destacar el de economía procesal y celeridad en los juicios.
El principio de presunción de inocencia, en el que se sostiene la decisión de los juzgadores de absolver al justiciable cuando no se pruebe plenamente su culpabilidad, también tiene antecedentes históricos remotos como el digesto, al prescribir: ``nocetem absolvere satius est quam inocentem damniri'' (Decio); es preferible absolver a un culpable que condenar a un inocente. 4
El pensamiento penal ilustrado que acoge dicho principio tiene su origen en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789; documento donde se enfatiza que debe considerarse inocente al acusado hasta en tanto exista sentencia ejecutoriada que declare una razón diversa; así se excluye la presunción de culpabilidad que durante tanto tiempo condenó a hombres inocentes, bajo procedimientos inquisitorios secretos, caracterizados por la ausencia absoluta de la garantía de audiencia y del derecho de defensa.
Actualmente, es indudable el reconocimiento del principio de presunción de inocencia en nuestro país; antes se encontraba implícito en nuestra Carta Magna, pero con la reforma en materia de seguridad pública y de justicia penal promulgada por el titular del Poder Ejecutivo hace algunos meses, se encuentra literalmente contemplado en el artículo 20 constitucional, como instrumento de defensa de los ciudadanos frente a los actos de los órganos de impartición de justicia. Ello implica la observancia de las garantías previstas en las leyes fundamentales e instrumentos internacionales, en lo que la presunción de inocencia junto con otros principios jurídico-penales 5 conforman un sistema de justicia propio de un Estado democrático de derecho, que limitan al ejercicio del poder punitivo del Estado.
El reconocimiento de la presunción de inocencia en la normatividad jurídica internacional como en nuestro derecho interno, concretamente en el artículo 20 Constitucional, obliga a su observancia obligatoria por todos los órganos del Estado Mexicano.
El proyecto expresamente consagra que bajo ningún supuesto el registro podrá constituir base o fuente de discriminación, estigmatización, vulneración de la dignidad, intimidad, privacidad u honra de persona alguna.
El asunto que hoy nos versa es constitucional, toda vez, que no atenta contra los derechos que tiene toda persona imputada contemplados en el multicitado precepto.
El uso minucioso de la información con la que se contará será escrupuloso ya que no podemos olvidar que la temática, a la luz del estado que ha alcanzado el nivel de conocimientos científicos hoy en día, recibe un margen de duda en torno a la utilización que se debe dar a estos antecedentes codificados, en atención al correcto amparo de derechos individuales que pudieren encontrarse comprometidos, considerando en ello particularmente la alta y compleja calidad de la información radicada en la huella genética individual.
Para mayor abundamiento se transcribe a continuación la reforma propuesta al Código Federal de Procedimientos Penales que consistiría en adicionar un nuevo artículo, el 165 Quáter:
Capítulo III Autos de Formal Prisión, de Sujeción a Proceso y de Libertad por Falta de Elementos para ProcesarPara evitar confusiones en la interpretación del precepto que se plantea adicionar, a continuación se dan las definiciones de lo propuesto:
La sentencia es definitiva cuando el juez de primera instancia así lo declara al transcurrir el plazo señalado por la ley para interponer un medio de impugnación y resuelve el tema del proceso.
Sentencia viene del latín sententia, que significa ``dictamen'' o ``proceso''.
Finalmente se afirma que la sentencia penal es la resolución del Estado, por conducto del juez, fundada en los elementos del injusto punible y en las circunstancias objetivas, subjetivas y normativas condicionantes del delito y en la cual se define la pretensión punitiva estatal, individualizando el derecho y poniendo con ello fin a la instancia. La sentencia es un acto procesal que constituye un hecho jurídico.
La sentencia de condena es la que se sustenta en los fines específicos del proceso penal, afirma la existencia del delito ya la responsabilidad del autor imponiéndole una pena o una medida de seguridad.
La sentencia es definitiva cuando el juez de primera instancia así lo declara al transcurrir el plazo señalado por la ley para interponer un medio de impugnación y resuelve el tema del proceso. La sentencia es ejecutoria cuando ya no admite ningún recurso.
Por archivo, registro de fichas o banco de datos, se entiende indistintamente el conjunto organizado de datos personales que sean objeto de tratamiento o procesamiento electrónico o no, cualquiera que fuere la modalidad de su información, almacenamiento, organización o acceso.
La adición propuesta establece la obligación de mantener la reserva respecto de la información contenida en el registro a todos aquellos que en razón de su función tomen conocimiento de la información contenida en ellos.
Igual prohibición se extiende a quienes hayan obtenido antecedentes de dicha información.
El proyecto establece que no pueden acceder al Registro si no ciertas y determinadas personas.
Asimismo, el proyecto establece, la obligación de destruir las muestras biológicas que hubieren servido de base para la realización de los exámenes una vez que éstos fueron remitidos a la base de datos.
Por otro lado, se han establecido lo que denominamos sistemas de identificación, el cual se creó a partir de 1995; con la instauración del Sistema Nacional de Seguridad Pública se formaron una serie de bases de datos relacionados con el delito y la justicia. Dichos registros están encaminados a saber exactamente cuántos miembros componen las fuerzas de seguridad pública, de cuántas armas y de cuánto equipo disponen.
De igual manera estos sistemas de registros proporcionan datos estadísticos y sirven para compartir información entre los Estados, los probables responsables de algún delito, indiciados, procesados y sentenciados.
La protección de la privacidad es un derecho fundamental de la persona humana y por ello debemos proteger el flujo de información y por ende la privacidad del individuo; es importante tomar en cuenta que existen dos principios fundamentales para el resguardo en la intimidad de cada sujeto: por un lado es la protección a la privacidad y, por el otro, el libre flujo de información. La protección de la información personal contenida en la base de datos se relaciona con el derecho individual de respeto a la vida privada.
El Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional da una muestra clara de fortalecimiento de la actividad pública destinada al esclarecimiento de los diversos ilícitos penales que se cometen en nuestro país, dando a los órganos de persecución e investigación penal una herramienta de alta eficiencia para el cumplimiento de sus objetivos. Es así como lograremos potenciar efectivamente el rol preventivo que está llamado a servir nuestro derecho penal, en miras a buscar el ideal de sana convivencia al que todos aspiramos.
De conformidad con lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración de la honorable Cámara de Diputados el siguiente proyecto de
DecretoArtículo Único. Se adiciona un artículo 165 Quáter al Código Federal de Procedimientos Penales, para quedar como sigue:
Artículo 165 Quáter. A toda aquella persona que obtenga sentencia definitiva condenatoria que haya sido declarada ejecutoria, el juez de la causa, de oficio le mandará realizar el procedimiento de toma de muestra de sangre, para que esta se integre a la base de datos de sentenciados, del registro de fichas genéticas obtenidas a partir del ácido desoxirribonucleico.
Las constancias obrantes en el registro de identificación genética serán de contenido reservado y únicamente podrán suministrarse informes a:
Una vez elaborada la ficha pericial del código genético, se deberá destruir la muestra original del ADN (ácido desoxirribonucleico) que se tenga del sentenciado.
La infracción de la reserva de confidencialidad acarreará las sanciones penales, administrativas y civiles que correspondan.
TransitorioÚnico. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Notas: 1 Diario Reforma, 21 de abril de 2008. 2 Carranca y Trujillo Raúl, Carranca y Rivas Raúl, Código Penal anotado , Porrúa, SA. Quinta edición, 1974. 3 Como abajo. Se dice en los textos para referirse a pasaje que cabe leer o se inserta más adelante. 4 Romero Arias Esteban, ``La presunción de inocencia'', Estudio de algunas consecuencias de la constitucionalización de este derecho fundamental, Aranzandi, Pamplona, 1985, p. 18. 5 Legitimidad, culpabilidad, principio de acto, de bien jurídico, legalidad, irretroactividad, exacta aplicación de la ley litis cerrada, defensa adecuada y non bis in idem.El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Gracias, diputada Yolanda Rodríguez. Felicidades.Túrnese a la Comisión de Justicia.
REFORMA ENERGETICA
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: La Presidencia instruye a la Secretaría General y a la Dirección General de Apoyo Parlamentario que, con base en el acuerdo que hemos tenido y la inminente llegada de las minutas del Senado de la Repúblicaen materia energética, éstas se turnen de manera inmediata a la Comisión de Energía. Continúe la Secretaría.
COMISIONES LEGISLATIVAS
El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.--- Junta de Coordinación Política.
Diputado César Duarte Jáquez, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.--- Presente
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 8, tercer párrafo, del acuerdo relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, le pido atentamente se someta a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente movimiento solicitado por el diputado Alejandro Chanona Burguete , coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia:
• Que el diputado Robinson Uscanga Cruz cause baja como secretario de la Comisión de Energía.• Que el diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva cause alta como secretario de la Comisión de Energía.Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.
Sin otro particular, quedo de usted.
Diputado presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Aprobados.
El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.--- Junta de Coordinación Política.
Diputado César Duarte Jáquez, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.--- Presente
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 8, tercer párrafo, del acuerdo relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, le pido atentamente se someta a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente movimiento solicitado por el diputado Francisco Javier Calzada Vázquez , vicecoordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.
Sin otro particular, quedo de usted.
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: De enterado. Comuníquense. Continúe la Secretaría con la lectura del orden del día.
ORDEN DEL DIA
La Secretaria diputada Rosa Elia Romero Guzmán : «Primer Periodo Ordinario de Sesiones.--- Tercer Año de Ejercicio.--- LX Legislatura.
Orden del día
Martes 28 de octubre de 2008.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Comunicaciones
Dos, de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
Del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
Los asuntos no abordados en esta sesión y los demás con los que la Mesa Directiva dé cuenta.»
CLAUSURA Y CITATORIO
El Presidente diputado César Duarte Jáquez (a las 15:18 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el próximo martes 28 de octubre a las 11:00 horas. Se les informa que el sistema electrónico de asistencia estará abierto desde las 9: 30 horas.
--------------- O ---------------
RESUMEN DE TRABAJOS
DIPUTADOS QUE PARTICIPARON DURANTE LA SESION
(en orden alfabético)
ASISTENCIA
SECRETARÍA GENERAL
GRUPO PARLAMENTARIO |
ASISTENCIA | ASISTENCIA POR CÉDULA |
ASISTENCIA COMISIÓN OFICIAL |
PERMISO MESA DIRECTIVA |
INASISTENCIA JUSTIFICADA |
INASISTENCIAS | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ALT | 181 | 5 | 4 | 4 | 0 | 13 | 207 |
PRD | 86 | 5 | 1 | 0 | 0 | 35 | 127 |
PRI | 85 | 2 | 3 | 9 | 0 | 7 | 106 |
CONV | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 17 |
PVEM | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 |
PT | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 |
NA | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
ALT | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 |
TOTAL | 398 | 13 | 10 | 13 | 0 | 65 | 65 |
Nota: Las diferencias que existen entre las listas de asistencias y el número de votos puede variar conforme a los diputados presentes al momento de la votación.
SECRETARÍA GENERAL
REPORTE DE ASISTENCIA
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL | |
---|---|
1 Acosta Dávila Constantino | CÉDULA |
2 Aguilar López José Alejandro | ASISTENCIA |
3 Alcalde Virgen Moisés | ASISTENCIA |
4 Alcaraz Hernández Alma Edwviges | ASISTENCIA |
5 Álvarez Bernal María Elena | ASISTENCIA |
6 Amezola Fonceca Gerardo | ASISTENCIA |
7 Antuña Batista Fidel | ASISTENCIA |
8 Aranda Orozco Gerardo | ASISTENCIA |
9 Arellano Arellano Joel | ASISTENCIA |
10 Arenas Guzmán Margarita | ASISTENCIA |
11Arizméndi Uribe Efraín | ASISTENCIA |
12 Armendáriz García Pedro | ASISTENCIA |
13 Arredondo Ibarra Salvador | ASISTENCIA |
14 Arredondo Velázquez Jesús | ASISTENCIA |
15 Ávila Mayo Obdulio | ASISTENCIA |
16 Barradas Miravete Gregorio | ASISTENCIA |
17 Barrios Rodríguez Juan Enrique | ASISTENCIA |
18 Bello Pérez Alfonso Othón | ASISTENCIA |
19 Berber Martínez Antonio | ASISTENCIA |
20 Bermúdez Viramontes Andrés | ASISTENCIA |
21 Bolaños Aguilar Edmundo Javier | ASISTENCIA |
22 Borrego Estrada Felipe | ASISTENCIA |
23 Bracho González Carlos Augusto | ASISTENCIA |
24 Buganza Salmerón Gerardo | ASISTENCIA |
25 Campos Galván María Eugenia | ASISTENCIA |
26 Carbajal Méndez Liliana | ASISTENCIA |
27 Cárdenas Sánchez Esmeralda | ASISTENCIA |
28 Cardona Benavidez Alma Xóchil | CÉDULA |
29 Carrasco Altamirano Diódoro Humberto | ASISTENCIA |
30 Castaño Contreras Cristián | ASISTENCIA |
31Castro De la Rosa Osiel | ASISTENCIA |
32 Castro Muñoz Juan de Dios | INASISTENCIA |
33 Ceja Romero Ramón | ASISTENCIA |
34 Collado Lara Beatriz | ASISTENCIA |
35 Contreras Coeto José Luis | ASISTENCIA |
36 Corral Aguilar María Mercedes | ASISTENCIA |
37 Cuen Garibi Marcela | ASISTENCIA |
38 Curiel Preciado Leobardo | ASISTENCIA |
39 Chávez García Daniel | ASISTENCIA |
40 Dávila Fernández Adriana | ASISTENCIA |
41 Dávila García Francisco | ASISTENCIA |
42 De la Torre Jaramillo Eduardo Sergio | INASISTENCIA |
43 De la Torre Sánchez José | ASISTENCIA |
44 De León Tello Jesús | ASISTENCIA |
45 Degante Romero Silvia Emilia | ASISTENCIA |
46Del Toro del Villar Tomás | ASISTENCIA |
47 Del Valle Toca Antonio | ASISTENCIA |
48Del Villar Sosa Sonia Leslie | ASISTENCIA |
49 Delgado Oscoy Alejandro Enrique | ASISTENCIA |
50 Denegre Vaught Ramírez Rosaura Virginia | ASISTENCIA |
51 Deschamps Falcón Ángel Rafael | ASISTENCIA |
52 Díaz García José Antonio | ASISTENCIA |
53 Díaz Garibay Felipe | ASISTENCIA |
54 Díaz Gordillo Martha Cecilia | INASISTENCIA |
55 Díaz Mena Joaquín Jesús | ASISTENCIA |
56 Díaz de León Torres Leticia | CÉDULA |
57 Domínguez Servién Francisco | ASISTENCIA |
58 Duck Núñez Edgar Mauricio | PERMISO MESA DIRECTIVA |
59 Enríquez Flores Armando | ASISTENCIA |
60 Escaroz Soler Gerardo Antonio | ASISTENCIA |
61 Escobar Jardinez Adolfo | ASISTENCIA |
62 Espinosa Piña José Luis | ASISTENCIA |
63 Félix Holguín Armando Jesús | ASISTENCIA |
64 Felton González Carlos Eduardo | OFICIAL COMISIÓN |
65 Fernández Cabrera Adrián | ASISTENCIA |
66Fernández Ugarte Ma. del Carmen | ASISTENCIA |
67 Flores Domínguez Emilio Ramón Ramiro | PERMISO MESA DIRECTIVA |
68 Flores Grande Arturo | ASISTENCIA |
69 Flores Morfín Jesús Vicente | ASISTENCIA |
70 Fraile García Francisco Antonio | ASISTENCIA |
71 Franco Cazarez Ricardo | ASISTENCIA |
72 Fuentes Ortíz José Guillermo | ASISTENCIA |
73 García González Carlos Alberto | ASISTENCIA |
74 García Müller Martha Margarita | ASISTENCIA |
75 García Reyes Ángel Humberto | ASISTENCIA |
76 García Reyes Beatriz Eugenia | PERMISO MESA DIRECTIVA |
77 García Vivián Raúl | ASISTENCIA |
78 Garmendia Hernández Yolanda Mercedes | ASISTENCIA |
79 Gómez Leyva Silvio | ASISTENCIA |
80 González Betancourt Jorge Justiniano | ASISTENCIA |
81 González Martínez María Gabriela | INASISTENCIA |
82 González Morán Martín Oscar | ASISTENCIA |
83 González Roaro Benjamín Ernesto | CÉDULA |
84 González Ruiz Felipe | ASISTENCIA |
85González Sánchez Ma. Dolores | INASISTENCIA |
86Gudiño Ortíz Francisco Javier | ASISTENCIA |
87 Guerrero Torres José Gildardo | ASISTENCIA |
88 Gutiérez Aguilar Miguel Ángel | ASISTENCIA |
89 Gutiérrez Lagunes María Victoria | ASISTENCIA |
90 Hernández Núñez Elia | ASISTENCIA |
91 Hurtado Pérez Nelly Asunción | ASISTENCIA |
92 Iragorri Durán Enrique | ASISTENCIA |
93Jiménez del Castillo Ma. de los Ángeles | ASISTENCIA |
94 Jiménez Ramos María Esther | ASISTENCIA |
95 Joaquín Coldwell Addy Cecilia | ASISTENCIA |
96 Lagunes Viveros Violeta del Pilar | ASISTENCIA |
97 Landero Gutiérrez Alejandro | ASISTENCIA |
98 Landeros González Ramón | ASISTENCIA |
99 Lara Compeán David | ASISTENCIA |
100 Larios Córdova Héctor | ASISTENCIA |
101 Laviada Hernández Iñigo Antonio | ASISTENCIA |
102 Lemus Muñoz Ledo Ramón Ignacio | ASISTENCIA |
103 Leura González Agustín | ASISTENCIA |
104 Limas Frescas María Soledad | ASISTENCIA |
105 Lizaola de la Torre Alonso Manuel | INASISTENCIA |
106 López Cisneros José Martín | ASISTENCIA |
107 López Reyna Omeheira | ASISTENCIA |
108 López Silva Rubí Laura | ASISTENCIA |
109 Lujano Nicolás Christian Martín | ASISTENCIA |
110 Maawad Robert Luis Xavier | ASISTENCIA |
111 Macías Zambrano Gustavo | ASISTENCIA |
112 Madrazo Limón Carlos | ASISTENCIA |
113Magallón Arceo Leonardo Melesio de J. | ASISTENCIA |
114 Malagón Ríos Martín | ASISTENCIA |
115 Maldonado González David | INASISTENCIA |
116Manuell-Gómez Angulo Dolores De María | ASISTENCIA |
117 Martínez Valero Dora Alicia | ASISTENCIA |
118 Medellín Varela Antonio | ASISTENCIA |
119 Medina Macias Alma Hilda | INASISTENCIA |
120 Medina Rodríguez Delber | ASISTENCIA |
121 Medina Rodríguez Lizbeth Evelia | OFICIAL COMISIÓN |
122 Mejía García Luis Alonso | ASISTENCIA |
123 Méndez Meneses Apolonio | ASISTENCIA |
124 Mendoza Morales Lucía Susana | ASISTENCIA |
125 Mohamar Dainitin Oscar Miguel | ASISTENCIA |
126 Mollinedo Hernández Agustín | ASISTENCIA |
127 Monraz Ibarra Miguel Ángel | ASISTENCIA |
128 Montes Sánchez Fabián Fernando | ASISTENCIA |
129 Montiel Luis Lariza | ASISTENCIA |
130 Mora Cuevas Marisol | ASISTENCIA |
131 Morales Ramos José Nicolás | ASISTENCIA |
132 Moreno Álvarez Mario Eduardo | ASISTENCIA |
133 Morgan Franco Rocío del Carmen | ASISTENCIA |
134 Muñoz Serrano José Antonio | ASISTENCIA |
135 Murillo Flores Francisco Javier | ASISTENCIA |
136 Murillo Torres José Luis | ASISTENCIA |
137 Navarro Sugich Carlos Alberto | ASISTENCIA |
138 Nordhausen González Jorge Rubén | ASISTENCIA |
139Noriega Blanco Vigil María Nieves | ASISTENCIA |
140 Ochoa López Nabor | ASISTENCIA |
141 Olvera Higuera Edgar Armando | INASISTENCIA |
142 Orozco Ruiz Velazco Marco Heriberto | ASISTENCIA |
143Ortega Martínez Ma. del Pilar | ASISTENCIA |
144 Ortiz Montoro Sagrario María del Rosario | ASISTENCIA |
145Ortíz Hernández Eduardo | ASISTENCIA |
146 Oviedo Oviedo Ernesto | ASISTENCIA |
147 Padilla Orozco Raúl Alejandro | INASISTENCIA |
148 Palafox Núñez José Inés | ASISTENCIA |
149 Paredes Rodríguez Francisco Javier | ASISTENCIA |
150 Parra Jiménez Dolores María del Carmen | ASISTENCIA |
151 Parra Noriega Luis Gustavo | ASISTENCIA |
152 Pérez Cuéllar Cruz | ASISTENCIA |
153 Pérez de Tejada Romero Diana Carolina | ASISTENCIA |
154 Peyrot Solís Marco Antonio | ASISTENCIA |
155 Plascencia Alonso Francisco Javier | ASISTENCIA |
156 Priego Tapia Gerardo | ASISTENCIA |
157 Pulido Pecero Pedro | ASISTENCIA |
158 Quintero Bello Jorge | ASISTENCIA |
159 Ramírez Barba Ector Jaime | ASISTENCIA |
160 Ramírez Corral Ivette Jacqueline | OFICIAL COMISIÓN |
161 Ramírez Pech Edgar Martín | ASISTENCIA |
162 Ramírez Villarreal Gustavo | ASISTENCIA |
163 Ramos Covarrubias Héctor Manuel | ASISTENCIA |
164 Reyes López Carlos Armando | ASISTENCIA |
165 Rincón Vargas Mirna Cecilia | ASISTENCIA |
166 Rivera Rivera José Guadalupe | ASISTENCIA |
167 Rivero Rivero Rolando | ASISTENCIA |
168 Rodríguez Ahumada Luis Fernando | ASISTENCIA |
169 Rodríguez Jiménez Ricardo | ASISTENCIA |
170 Rodríguez Prats Juan José | ASISTENCIA |
171 Rodríguez Uresti Enrique | ASISTENCIA |
172 Rodríguez Vizcarra Velázquez Adriana | ASISTENCIA |
173 Rojas Hernández Laura Angélica | PERMISO MESA DIRECTIVA |
174 Román Isidoro Demetrio | ASISTENCIA |
175 Romo Jiménez Martha Angélica | OFICIAL COMISIÓN |
176 Rubio Chávez José Ignacio Alberto | ASISTENCIA |
177 Rueda Gómez Francisco | ASISTENCIA |
178 Ruiz Velasco de Lira Ernesto | ASISTENCIA |
179 Salas Contreras Marcos | ASISTENCIA |
180 Salazar Madera Mario Alberto | ASISTENCIA |
181 Salum del Palacio Jorge Alejandro | ASISTENCIA |
182 Sánchez Díaz de Rivera Antonio | ASISTENCIA |
183 Sánchez Domínguez Alejandro | INASISTENCIA |
184 Sánchez Gil Carlos René | ASISTENCIA |
185 Sánchez Juárez Claudia | CÉDULA |
186 Sánchez Trujillo José Víctor | ASISTENCIA |
187Sandoval Munguia Juan Manuel | ASISTENCIA |
188 Serrato Castell Luis Gerardo | ASISTENCIA |
189 Shej Guzmán Sara | ASISTENCIA |
190 Solano Muñoz José de Jesús | ASISTENCIA |
191 Stefanonni Mazzocco Martín | ASISTENCIA |
192 Tamayo Herrera Yadhira Yvette | ASISTENCIA |
193 Torres Gómez Artemio | ASISTENCIA |
194 Torres Herrera Víctor Manuel | ASISTENCIA |
195 Torres Torres Carlos Alberto | ASISTENCIA |
196 Valenzuela García María Gloria Guadalupe | ASISTENCIA |
197 Valladolid Rodríguez Antonio | ASISTENCIA |
198 Vasconcelos Rueda Antonio | INASISTENCIA |
199 Vázquez Martínez Alberto | ASISTENCIA |
200 Vega Corona Antonio | ASISTENCIA |
201 Velázquez Gutiérrez José Guillermo | ASISTENCIA |
202 Verástegui Ostos César Augusto | INASISTENCIA |
203 Verdín Saldaña Jaime | ASISTENCIA |
204 Victoria Alva Juan | ASISTENCIA |
205 Vieyra Olivares Adriana Rebeca | ASISTENCIA |
206 Villanueva Arjona Juan Manuel | ASISTENCIA |
207 Zambrano Elizondo Javier Martín | ASISTENCIA |
Asistencias: 181 | |
Asistencias por cédula: 5 | |
Asistencias comisión oficial: 4 | |
Permiso Mesa Directiva: 4 | |
Inasistencias justificadas: 0 | |
Inasistencias: 13 | |
Total diputados: 207 |
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA | |
---|---|
1Aguirre Alcaide Victor | INASISTENCIA |
2 Alavez Ruiz Aleida | INASISTENCIA |
3 Almazán González José Antonio | ASISTENCIA |
4 Almonte Borja Ramón | ASISTENCIA |
5 Alonso Flores Lourdes | INASISTENCIA |
6Wilfrido Alonso Razo Humberto | INASISTENCIA |
7 Altamirano Toledo Carlos | ASISTENCIA |
8 Alva Olvera Maribel Luisa | INASISTENCIA |
9 Álvarez Ramón Silbestre | ASISTENCIA |
10 Amaro Corona Alberto | INASISTENCIA |
11 Aragón Castillo Irene | ASISTENCIA |
12 Arellano Pulido Miguel Ángel | ASISTENCIA |
13Arreola Calderón Juan Dario | ASISTENCIA |
14 Barreiro Pérez Armando | ASISTENCIA |
15 Batres Guadarrama Valentina Valia | INASISTENCIA |
16 Bautista Bravo Alliet Mariana | ASISTENCIA |
17Bravo Padilla Itzcóatl Tonatiuh | ASISTENCIA |
18 Brito González Modesto | ASISTENCIA |
19 Calzada Vázquez Francisco Javier | ASISTENCIA |
20 Campos Aburto Amador | ASISTENCIA |
21 Cárdenas Hernández Raymundo | ASISTENCIA |
22 Cervantes Rodríguez Aurora | ASISTENCIA |
23Condado Escamilla Cuitlahuac | ASISTENCIA |
24 Contreras Julián Maricela | INASISTENCIA |
25 Cruz Santiago Claudia Lilia | INASISTENCIA |
26 Cuevas Córdova Othón | ASISTENCIA |
27 Chávez García Higinio | ASISTENCIA |
28 Dagdug Lützow Moisés Félix | ASISTENCIA |
29 De la Rosa García Juan Hugo | ASISTENCIA |
30 De los Santos Molina Joaquín Conrado | ASISTENCIA |
31 Dehesa Mora Daniel | ASISTENCIA |
32 Del Toro Mario Enrique | CÉDULA |
33 Díaz Contreras Adriana | ASISTENCIA |
34 Escandón Cadenas Rutilio Cruz | ASISTENCIA |
35 Espejel Lazcano Jaime | ASISTENCIA |
36 Fernández Balboa Mónica | INASISTENCIA |
37 Flores Maldonado César | ASISTENCIA |
38 Flores Salazar Guadalupe Socorro | OFICIAL COMISIÓN |
39 Franco Melgarejo Rafael | ASISTENCIA |
40 Gálvez Rodríguez Fernel Arturo | ASISTENCIA |
41 García Rodríguez Víctor Hugo | ASISTENCIA |
42 Garzón Contreras Neftalí | ASISTENCIA |
43 González Garza Javier | INASISTENCIA |
44 Guerra Ochoa Juan Nicasio | CÉDULA |
45 Gutiérrez Calzadilla José Luis | ASISTENCIA |
46 Hernández Gaytán Daisy Selene | INASISTENCIA |
47 Hernández Hernández Sergio | ASISTENCIA |
48 Hernández Manzanares Javier | ASISTENCIA |
49 Hernández Silva Benjamín | INASISTENCIA |
50Nohelia Ibarra Franquez Sonia | CÉDULA |
51 Jacques y Medina José | INASISTENCIA |
52 Jiménez Valenzuela María Eugenia | ASISTENCIA |
53 Landero López Pedro | INASISTENCIA |
54Lemarroy Martínez Juan Darío | INASISTENCIA |
55 Leyva Piñón Ana Yurixi | ASISTENCIA |
56 Lizárraga Peraza Víctor Manuel | ASISTENCIA |
57 López Barriga Erick | ASISTENCIA |
58 López Becerra Santiago | ASISTENCIA |
59 López Rojas Alberto | INASISTENCIA |
60 López Torres Ma. Soledad | INASISTENCIA |
61 Lozano Lozano Andrés | ASISTENCIA |
62 Luna Munguía Alma Lilia | INASISTENCIA |
63 Márquez Madrid Camerino Eleazar | ASISTENCIA |
64 Márquez Tinoco Francisco | ASISTENCIA |
65 Martínez Hernández Alejandro | ASISTENCIA |
66 Martínez Martínez Carlos Roberto | ASISTENCIA |
67 Martínez Martínez Francisco | ASISTENCIA |
68 Martínez Padilla Hugo Eduardo | ASISTENCIA |
69 Martínez Vargas Octavio | ASISTENCIA |
70 Matías Alonso Marcos | ASISTENCIA |
71 Matus Toledo Holly | ASISTENCIA |
72 Mayans Canabal Fernando Enrique | INASISTENCIA |
73 Mendoza Arellano David | ASISTENCIA |
74 Mendoza Flores Roberto | ASISTENCIA |
75 Mendoza Maldonado Fausto Fluvio | ASISTENCIA |
76 Mendoza Mendoza Irineo | INASISTENCIA |
77 Monreal Ávila Susana | ASISTENCIA |
78 Montalvo Rojas Victorio Rubén | ASISTENCIA |
79 Morales Manzo Jesús Ricardo | ASISTENCIA |
80 Morales Sánchez Efraín | ASISTENCIA |
81 Morales Vázquez Carlos Orsoe | ASISTENCIA |
82Narcía Álvarez Héctor | ASISTENCIA |
83 Navarro López Carlos Ernesto | ASISTENCIA |
84 Navarro Quintero Miguel Ángel | CÉDULA |
85 Ojeda Hernández Concepción | INASISTENCIA |
86 Oliva Fragoso Silvia | ASISTENCIA |
87 Orcí Martínez Juan Adolfo | ASISTENCIA |
88 Ortega Martínez Antonio | ASISTENCIA |
89 Ortiz Magallón Rosario Ignacia | ASISTENCIA |
90Pacheco LLanes Ramón Félix | ASISTENCIA |
91 Pedraza Chávez Isidro | ASISTENCIA |
92 Pedrozo Castillo Adrián | INASISTENCIA |
93 Peña Sánchez Miguel Ángel | ASISTENCIA |
94 Pérez Cruz Raciel | ASISTENCIA |
95 Pulido Santiago Celso David | ASISTENCIA |
96 Ramos Becerril Rafael Plácido | ASISTENCIA |
97 Ramos Castellanos Martín | INASISTENCIA |
98 Rasgado Corsi Gloria | ASISTENCIA |
99 Ríos Gamboa Raúl | INASISTENCIA |
100 Romero Gutiérrez Odilón | ASISTENCIA |
101Ruíz Sánchez Salvador | ASISTENCIA |
102 Saavedra Coronel José Antonio | ASISTENCIA |
103 Salinas Pérez Josefina | ASISTENCIA |
104 San Martín Hernández Juan Manuel | CÉDULA |
105 Sánchez Barrios Carlos | ASISTENCIA |
106 Sánchez Cabrales Rafael Elías | INASISTENCIA |
107 Sánchez Camacho Alejandro | INASISTENCIA |
108 Sánchez Camacho David | ASISTENCIA |
109 Sánchez Ramos Francisco | ASISTENCIA |
110 Sánchez Valdéz Eva Angelina | INASISTENCIA |
111 Sandoval Ramírez Cuauhtémoc | INASISTENCIA |
112 Santos Arreola Francisco Javier | ASISTENCIA |
113 Solares Chávez Miguel Ángel | ASISTENCIA |
114 Soriano Sánchez Rosa Elva | INASISTENCIA |
115 Soto Sánchez Antonio | ASISTENCIA |
116 Suárez del Real y Aguilera José Alfonso | ASISTENCIA |
117 Torres Baltazar María Elena | INASISTENCIA |
118 Torres García Daniel | INASISTENCIA |
119 Trejo Pérez Pablo | ASISTENCIA |
120 Ulloa Pérez Emilio | ASISTENCIA |
121 Vallejo Estevez Mario | ASISTENCIA |
122 Varela López Víctor Gabriel | INASISTENCIA |
123 Villanueva Albarrán Gerardo | INASISTENCIA |
124 Villicaña García Rafael | INASISTENCIA |
125 Zavaleta Salgado Ruth | ASISTENCIA |
126 Zazueta Aguilar Jesús Humberto | ASISTENCIA |
127 Zepeda Hernández Martín | ASISTENCIA |
Asistencias: 86 | |
Asistencias por cédula: 5 | |
Asistencias comisión oficial: 1 | |
Permiso Mesa Directiva: 0 | |
Inasistencias justificadas: 0 | |
Inasistencias: 35 | |
Total diputados: 127 |
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL | |
---|---|
1 Abramo Masso Yerico | ASISTENCIA |
2 Aguilar Diego | ASISTENCIA |
3 Aguilar Solís Samuel | ASISTENCIA |
4 Aispuro Torres José Rosas | PERMISO MESA DIRECTIVA |
5 Alcántara Núñez Jesús Sergio | ASISTENCIA |
6 Aldana Prieto Luis Ricardo | ASISTENCIA |
7 Amador Gaxiola Daniel | ASISTENCIA |
8 Amador Leal Narcizo Alberto | ASISTENCIA |
9 Ayala Almeida Joel | ASISTENCIA |
10 Badillo Martínez Roberto | ASISTENCIA |
11Barajas Del Toro Salvador | PERMISO MESA DIRECTIVA |
12 Barajas López Ramón | ASISTENCIA |
13 Barba Hernández Alfredo | ASISTENCIA |
14 Beltrán Montes Israel | ASISTENCIA |
15 Benítez Ojeda Luis Enrique | ASISTENCIA |
16 Bernal Gutiérrez Andrés Marco Antonio | ASISTENCIA |
17 Biebrich Torres Carlos Armando | ASISTENCIA |
18 Blanco Pajón José Luis | ASISTENCIA |
19 Caballero Camargo Gustavo Fernando | ASISTENCIA |
20 Camacho Quiroz César Octavio | ASISTENCIA |
21 Canavati Tafich Jesús Ricardo | INASISTENCIA |
22 Carballo Bustamante Andrés | INASISTENCIA |
23Cárdenas Del Avellano Enrique | ASISTENCIA |
24 Cárdenas Monroy Oscar Gustavo | ASISTENCIA |
25 Cervantes Andrade Raúl | PERMISO MESA DIRECTIVA |
26 Colín Guadarrama María Mercedes | ASISTENCIA |
27 Cordero Alfonzo Arnulfo Elías | PERMISO MESA DIRECTIVA |
28 Chaurand Arzate Carlos | ASISTENCIA |
29De la Garza Treviño Jorge Luis | ASISTENCIA |
30 Díaz Athié Antonio de Jesús | ASISTENCIA |
31 Díaz Solorzano Elmar Darinel | ASISTENCIA |
32 Domínguez Domínguez Nemesio | ASISTENCIA |
33 Duarte Jáquez César Horacio | ASISTENCIA |
34 Escajeda Jiménez José Rubén | ASISTENCIA |
35 Escalante Jasso Aracely | PERMISO MESA DIRECTIVA |
36 Espinosa Abuxapqui Eduardo Elías | ASISTENCIA |
37 Estefan Chidiac Charbel Jorge | INASISTENCIA |
38 Flores Sandoval Patricio | ASISTENCIA |
39 Fuentes Téllez Octavio | ASISTENCIA |
40 Gamboa Patrón Emilio | ASISTENCIA |
41 Garza Garza Horacio Emigdio | ASISTENCIA |
42 Gebhardt Garduza Yary del Carmen | INASISTENCIA |
43 Gloria Requena Tomás | CÉDULA |
44 Gómez Lugo Elda | ASISTENCIA |
45 González Calderón Martha Hilda | ASISTENCIA |
46 González Salum Miguel Ángel | ASISTENCIA |
47 González Zarur Mariano | ASISTENCIA |
48 Guerrero García Javier | ASISTENCIA |
49 Guerrero Juárez Joel | OFICIAL COMISIÓN |
50 Herrera Ale Juana Leticia | PERMISO MESA DIRECTIVA |
51 Herrera Coyac Wenceslao | ASISTENCIA |
52 Izquierdo Bustamante Alfonso Rolando | ASISTENCIA |
53 Lagunes Gallina Gerardo | INASISTENCIA |
54 Lescieur Talavera Jorge Mario | ASISTENCIA |
55 López Balbuena Guillermina | ASISTENCIA |
56Madrid Tovilla Arely | ASISTENCIA |
57 Martínez Rocha Arturo | PERMISO MESA DIRECTIVA |
58 Martínez Rodríguez Lorena | ASISTENCIA |
59 Méndez Lanz Víctor Manuel | INASISTENCIA |
60 Mendívil Amparán Gustavo Ildefonso | ASISTENCIA |
61 Merodio Reza Lilia Guadalupe | ASISTENCIA |
62Moctezuma Pereda Fernando Quetzalcoatl | ASISTENCIA |
63 Montalvo Gómez Pedro | ASISTENCIA |
64 Morales García Elizabeth | CÉDULA |
65 Mota Hernández Adolfo | ASISTENCIA |
66 Muñoz Serna Rogelio | ASISTENCIA |
67 Murat José | ASISTENCIA |
68 Ochoa González Arnoldo | ASISTENCIA |
69 Ojeda Camacho Gilberto | PERMISO MESA DIRECTIVA |
70 Olivares Monterrubio Alejandro | ASISTENCIA |
71 Olivares Ventura Héctor Hugo | ASISTENCIA |
72 Ordaz Jiménez Ismael | ASISTENCIA |
73 Orihuela Bárcenas José Ascención | ASISTENCIA |
74 Orihuela Trejo José Amado | ASISTENCIA |
75Ortiz Del Carpio Víctor | ASISTENCIA |
76 Ortiz Proal Mauricio | ASISTENCIA |
77 Padilla Gutiérrez Héctor | ASISTENCIA |
78 Pagés Llergo Rebollar María Beatriz | ASISTENCIA |
79 Palma César Víctor Samuel | ASISTENCIA |
80 Parás González Juan Manuel | ASISTENCIA |
81 Partida Guzmán Martha Rocío | ASISTENCIA |
82 Patrón Montalvo Jesús Manuel | ASISTENCIA |
83 Peñuelas Acuña Mayra Gisela | ASISTENCIA |
84 Pérez Valdés Daniel | ASISTENCIA |
85 Pinete Vargas María del Carmen | OFICIAL COMISIÓN |
86 Quiñones Canales Lourdes | INASISTENCIA |
87 Ramírez Martínez José Edmundo | ASISTENCIA |
88 Ramírez Stabros Jesús | ASISTENCIA |
89 Reyna García José Jesús | ASISTENCIA |
90 Ríos Camarena Alfredo Adolfo | ASISTENCIA |
91 Rivera Bedoya Juan Francisco | ASISTENCIA |
92 Rodríguez Ramírez Bertha Yolanda | ASISTENCIA |
93 Rojas Gutiérrez Carlos | ASISTENCIA |
94Ruíz Chávez Sara Latife | ASISTENCIA |
95 Salas López Ramón | ASISTENCIA |
96 Sánchez Hernández Eduardo | ASISTENCIA |
97 Sandoval Paredes Sergio | ASISTENCIA |
98 Serrano Escobar Enrique | ASISTENCIA |
99 Sosa Castelán Gerardo | ASISTENCIA |
100 Toledo Luis Jorge | ASISTENCIA |
101 Vargas Landeros Gerardo Octavio | ASISTENCIA |
102Vega Ortíz María Oralia | ASISTENCIA |
103 Velasco Pérez Juan Carlos | ASISTENCIA |
104 Villa Villa Isael | PERMISO MESA DIRECTIVA |
105 Villanueva Abraján Patricia | OFICIAL COMISIÓN |
106 Zatarain González Carlos Ernesto | ASISTENCIA |
Asistencias: 85 | |
Asistencias por cédula: 2 | |
Asistencias comisión oficial: 3 | |
Permiso Mesa Directiva: 9 | |
Inasistencias justificadas: 0 | |
Inasistencias: 7 | |
Total diputados: 106 |
CONVERGENCIA | |
---|---|
1 Abad De Jesús Juan | INASISTENCIA |
2 Aguilera Rico José Luis | INASISTENCIA |
3 Cárdenas Márquez Elías | ASISTENCIA |
4 Castellanos Hernández Félix | ASISTENCIA |
5 Castillo Romero Patricia Obdulia de Jesús | ASISTENCIA |
6 Chanona Burguete Alejandro | ASISTENCIA |
7 Del Río Virgen José Manuel | ASISTENCIA |
8 Godoy Cárdenas Jorge | ASISTENCIA |
9 López Lena Cruz Humberto | ASISTENCIA |
10 Salvatori Bronca María del Carmen | ASISTENCIA |
11 Samperio Montaño Juan Ignacio | ASISTENCIA |
12 Sansores San Román Layda Elena | INASISTENCIA |
13 Tagle Martínez Martha Angélica | ASISTENCIA |
14 Uscanga Cruz Robinson | INASISTENCIA |
15 Valdés Chávez Ramón | ASISTENCIA |
16 Varela Lagunas Tomás José Luis | OFICIAL COMISIÓN |
17 Velasco Oliva Jesús Cuauhtémoc | INASISTENCIA |
Asistencias: 11 | |
Asistencias por cédula: 0 | |
Asistencias comisión oficial: 1 | |
Permiso Mesa Directiva: 0 | |
Inasistencias justificadas: 0 | |
Inasistencias: 5 | |
Total diputados: 17 |
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO | |
---|---|
1 Arévalo González José Antonio | ASISTENCIA |
2 Bellizzia Rosique Pascual | ASISTENCIA |
3 Cobo Terrazas Diego | ASISTENCIA |
4 Elizondo Garrido Francisco | ASISTENCIA |
5 Estrada González Faustino Javier | ASISTENCIA |
6 González Martínez Jorge Emilio | INASISTENCIA |
7 Lavara Mejía Gloria | ASISTENCIA |
8 López Adame Antonio Xavier | ASISTENCIA |
9 Manrique Guevara Beatriz | ASISTENCIA |
10 Notholt Guerrero Alan | ASISTENCIA |
11 Portilla Dieguez Manuel Salvador | ASISTENCIA |
12 Puente Salas Carlos Alberto | ASISTENCIA |
13 Ramírez Cerda Ana María | ASISTENCIA |
14 Rodríguez Luis Alejandro | ASISTENCIA |
15 Salgado Amador Manuel Salvador | ASISTENCIA |
16 Sesma Suárez Jesús | ASISTENCIA |
17 Velasco Rodríguez Verónica | ASISTENCIA |
Asistencias: 16 | |
Asistencias por cédula: 0 | |
Asistencias comisión oficial: 0 | |
Permiso Mesa Directiva: 0 | |
Inasistencias justificadas: 0 | |
Inasistencias: 1 | |
Total diputados: 17 |
PARTIDO DEL TRABAJO | |
---|---|
1 Aguilar Jiménez Rubén | ASISTENCIA |
2 Arreola Ortega Pablo Leopoldo | ASISTENCIA |
3 Cantú Garza Ricardo | ASISTENCIA |
4 Cervantes Rivera Jaime | INASISTENCIA |
5 Garay Ulloa Silvano | ASISTENCIA |
6 Herrera Solís Anuario Luis | ASISTENCIA |
7Maciel Ortiz Ma. Mercedes | ASISTENCIA |
8 Peregrino García Abundio | ASISTENCIA |
9 Romero Guzmán Rosa Elia | ASISTENCIA |
10 Solís Parga Rodolfo | CÉDULA |
11 Vela González Joaquín Humberto | INASISTENCIA |
Asistencias: 8 | |
Asistencias por cédula: 1 | |
Asistencias comisión oficial: 0 | |
Permiso Mesa Directiva: 0 | |
Inasistencias justificadas: 0 | |
Inasistencias: 2 | |
Total diputados: 11 |
NUEVA ALIANZA | |
---|---|
1 Arriola G. Mónica T. | ASISTENCIA |
2 Cárdenas Fonseca Manuel | ASISTENCIA |
3 Castillo Nájera Ariel | ASISTENCIA |
4 Dávila Esquivel Humberto | ASISTENCIA |
5 Gómez Pasillas Jacinto | ASISTENCIA |
6 Jiménez Godínez Miguel Ángel | ASISTENCIA |
7 Luna Becerril Blanca | ASISTENCIA |
8 Luna Rodríguez Silvia | ASISTENCIA |
9 Piñeyro Arias Irma | ASISTENCIA |
Asistencias: 9 | |
Asistencias por cédula: 0 | |
Asistencias comisión oficial: 0 | |
Permiso Mesa Directiva: 0 | |
Inasistencias justificadas: 0 | |
Inasistencias: 0 | |
Total diputados: 9 |
ALTERNATIVA | |
---|---|
1 Arvizu Rivas Aida Marina | ASISTENCIA |
2 Conde Rodríguez Elsa de Guadalupe | OFICIAL COMISIÓN |
3 García Méndez Armando | INASISTENCIA |
4 Hernández Valadés Delio | INASISTENCIA |
5 Pedro Cortés Santiago Gustavo | ASISTENCIA |
Asistencias: 2 | |
Asistencias por cédula: 0 | |
Asistencias comisión oficial: 1 | |
Permiso Mesa Directiva: 0 | |
Inasistencias justificadas: 0 | |
Inasistencias: 2 | |
Total diputados: 5 |
SECRETARÍA GENERAL
REPORTE DE INASISTENCIAS
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL | ||
---|---|---|
Diputado | ||
1 Castro Muñoz Juan de Dios | ||
2 De la Torre Jaramillo Eduardo Sergio | ||
3 Díaz Gordillo Martha Cecilia | ||
4 González Martínez María Gabriela | ||
5 González Sánchez Ma. Dolores | ||
6 Lizaola de la Torre Alonso Manuel | ||
7 Maldonado González David | ||
8 Medina Macias Alma Hilda | ||
9 Olvera Higuera Edgar Armando | ||
10 Padilla Orozco Raúl Alejandro | ||
11 Sánchez Domínguez Alejandro | ||
12 Vasconcelos Rueda Antonio | ||
13 Verástegui Ostos César Augusto | ||
Faltas por grupo: 13 |
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA | ||
---|---|---|
Diputado | ||
1 Aguirre Alcaide Victor | ||
2 Alavez Ruiz Aleida | ||
3 Alonso Flores Lourdes | ||
4 Wilfrido Alonso Razo Humberto | ||
5 Alva Olvera Maribel Luisa | ||
6 Amaro Corona Alberto | ||
7 Batres Guadarrama Valentina Valia | ||
8 Contreras Julián Maricela | ||
9 Cruz Santiago Claudia Lilia | ||
10 Fernández Balboa Mónica | ||
11 González Garza Javier | ||
12 Hernández Gaytán Daisy Selene | ||
13 Hernández Silva Benjamín | ||
14 Jacques y Medina José | ||
15 Landero López Pedro | ||
16 Lemarroy Martínez Juan Darío | ||
17 López Rojas Alberto | ||
18 López Torres Ma. Soledad | ||
19 Luna Munguía Alma Lilia | ||
20 Mayans Canabal Fernando Enrique | ||
21 Mendoza Mendoza Irineo | ||
22 Ojeda Hernández Concepción | ||
23 Pedrozo Castillo Adrián | ||
24 Ramos Castellanos Martín | ||
25 Ríos Gamboa Raúl | ||
26 Sánchez Cabrales Rafael Elías | ||
27 Sánchez Camacho Alejandro | ||
28 Sánchez Valdéz Eva Angelina | ||
29 Sandoval Ramírez Cuauhtémoc | ||
30 Soriano Sánchez Rosa Elva | ||
31 Torres Baltazar María Elena | ||
32 Torres García Daniel | ||
33 Varela López Víctor Gabriel | ||
34 Villanueva Albarrán Gerardo | ||
35 Villicaña García Rafael | ||
Faltas por grupo: 35 |
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL | ||
---|---|---|
Diputado | ||
1 Canavati Tafich Jesús Ricardo | ||
2 Carballo Bustamante Andrés | ||
3 Estefan Chidiac Charbel Jorge | ||
4 Gebhardt Garduza Yary del Carmen | ||
5 Lagunes Gallina Gerardo | ||
6 Méndez Lanz Víctor Manuel | ||
7 Quiñones Canales Lourdes | ||
Faltas por grupo: 7 |
CONVERGENCIA | ||
---|---|---|
Diputado | ||
1 Abad De Jesús Juan | ||
2 Aguilera Rico José Luis | ||
3 Sansores San Román Layda Elena | ||
4 Uscanga Cruz Robinson | ||
5 Velasco Oliva Jesús Cuauhtémoc | ||
Faltas por grupo: 5 |
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO | ||
---|---|---|
Diputado | ||
1 González Martínez Jorge Emilio | ||
Faltas por grupo: 1 |
PARTIDO DEL TRABAJO | ||
---|---|---|
Diputado | ||
1 Cervantes Rivera Jaime | ||
2 Vela González Joaquín Humberto | ||
Faltas por grupo: 2 |
ALTERNATIVA | ||
---|---|---|
Diputado | ||
1 García Méndez Armando | ||
2 Hernández Valadés Delio | ||
Faltas por grupo: 2 |
VOTACIONES
PARTIDO ACCION NACIONAL | ||
---|---|---|
1 Acosta Dávila, Constantino | Ausente | |
2 Aguilar López, José Alejandro | Favor | |
3 Alcalde Virgen, Moisés | Ausente | |
4 Alcaraz Hernández, Alma Edwviges | Favor | |
5 Álvarez Bernal, María Elena | Favor | |
6 Amezola Fonceca, Gerardo | Favor | |
7 Antuna Batista, Fidel | Favor | |
8 Aranda Orozco, Gerardo | Favor | |
9 Arellano Arellano, Joel | Favor | |
10 Arenas Guzmán, Margarita | Favor | |
11 Arizméndi Uribe, Efraín | Ausente | |
12 Armendáriz García, Pedro | Favor | |
13 Arredondo Ibarra, Salvador | Favor | |
14 Arredondo Velázquez, Jesús | Favor | |
15 Ávila Mayo, Obdulio | Ausente | |
16 Barradas Miravete, Gregorio | Ausente | |
17 Barrios Rodríguez, Juan Enrique | Favor | |
18 Bello Pérez, Alfonso Othón | Favor | |
19 Berber Martínez, Antonio | Ausente | |
20 Bermúdez Viramontes, Andrés | Ausente | |
21 Bolaños Aguilar, Edmundo Javier | Favor | |
22 Borrego Estrada, Felipe | Favor | |
23 Bracho González, Carlos Augusto | Favor | |
24 Buganza Salmerón, Gerardo | Ausente | |
25 Campos Galván, María Eugenia | Ausente | |
26 Carbajal Méndez, Liliana | Favor | |
27 Cárdenas Sánchez, Esmeralda | Favor | |
28 Cardona Benavídez, Alma Xóchil | Favor | |
29 Carrasco Altamirano, Diódoro Humberto | Favor | |
30 Castaño Contreras, Cristián | Favor | |
31 Castro de la Rosa, Osiel | Ausente | |
32 Castro Muñoz, Juan de Dios | Ausente | |
33 Ceja Romero, Ramón | Ausente | |
34 Chávez García, Daniel | Favor | |
35 Collado Lara, Beatriz | Favor | |
36 Contreras Coeto, José Luis | Favor | |
37 Corral Aguilar, María Mercedes | Favor | |
38 Cuen Garibi, Marcela | Favor | |
39 Curiel Preciado, Leobardo | Favor | |
40 Dávila Fernández, Adriana | Ausente | |
41 Dávila García, Francisco | Ausente | |
42 De la Torre Jaramillo, Eduardo Sergio | Ausente | |
43 De León Tello, Jesús | Favor | |
44 Degante Romero, Silvia Emilia | Favor | |
45 Del Toro del Villar, Tomás | Favor | |
46 Del Valle Toca, Antonio | Ausente | |
47 Del Villar Sosa, Sonia Leslie | Favor | |
48 Delgado Oscoy, Alejandro Enrique | Favor | |
49 Denegre Vaught, Rosaura | Favor | |
50 Deschamps Falcón, Ángel Rafael | Favor | |
51 Díaz de León Torres, Leticia | Favor | |
52 Díaz García, José Antonio | Favor | |
53 Díaz Garibay, Felipe | Favor | |
54 Díaz Gordillo, Martha Cecilia | Ausente | |
55 Díaz Mena, Joaquín Jesús | Favor | |
56 Domínguez Servién, Francisco | Favor | |
57 Duck Núñez, Edgar Mauricio | Ausente | |
58 Enríquez Flores, Armando | Favor | |
59 Escaroz Soler, Gerardo Antonio | Favor | |
60 Escobar Jardinez, Adolfo | Ausente | |
61 Espinosa Piña, José Luis | Favor | |
62 Félix Holguín, Armando Jesús | Favor | |
63 Felton González, Carlos Eduardo | Ausente | |
64 Fernández Cabrera, Adrián | Favor | |
65 Fernández Ugarte, Carmen | Favor | |
66 Flores Domínguez, Emilio Ramón Ramiro | Ausente | |
67 Flores Grande, Arturo | Favor | |
68 Flores Morfín, Jesús Vicente | Favor | |
69 Fraile García, Francisco Antonio | Favor | |
70 Franco Cazarez, Ricardo | Favor | |
71 Fuentes Ortiz, José Guillermo | Favor | |
72 García González, Carlos Alberto | Favor | |
73 García Müller, Martha Margarita | Favor | |
74 García Reyes, Ángel Humberto | Ausente | |
75 García Reyes, Beatriz Eugenia | Ausente | |
76 García Vivián, Raúl | Favor | |
77 Garmendia Hernández, Yolanda Mercedes | Favor | |
78 Gómez Leyva, Silvio | Favor | |
79 González Betancourt, Jorge Justiniano | Ausente | |
80 González Martínez, María Gabriela | Ausente | |
81 González Morán, Martín Oscar | Favor | |
82 González Roaro, Benjamín Ernesto | Favor | |
83 González Ruiz, Felipe | Favor | |
84 González Sánchez, María Dolores | Favor | |
85 Gudiño Ortiz, Francisco Javier | Ausente | |
86 Guerrero Torres, José Gildardo | Favor | |
87 Gutiérrez Aguilar, Miguel Ángel | Favor | |
88 Gutiérrez Lagunes, María Victoria | Ausente | |
89 Hernández Núñez, Elia | Favor | |
90 Hurtado Pérez, Nelly Asunción | Favor | |
91 Iragorri Durán, Enrique | Ausente | |
92 Jiménez del Castillo, Ma. de los Ángeles | Favor | |
93 Jiménez Ramos, María Esther | Favor | |
94 Joaquín Coldwell, Addy Cecilia | Favor | |
95 Lagunes Viveros, Violeta del Pilar | Favor | |
96 Landero Gutiérrez, Alejandro | Favor | |
97 Landeros González, Ramón | Favor | |
98 Lara Compeán, David | Favor | |
99 Larios Córdova, Héctor | Favor | |
100 Laviada Hernández, Íñigo Antonio | Ausente | |
101 Lemus Muñoz Ledo, Ramón Ignacio | Favor | |
102 Leura González, Agustín | Favor | |
103 Limas Frescas, María Soledad | Favor | |
104 Lizaola de la Torre, Alonso Manuel | Ausente | |
105 López Cisneros, José Martín | Favor | |
106 López Reyna, Omeheira | Favor | |
107 López Silva, Rubí Laura | Favor | |
108 Lujano Nicolás, Christian Martín | Favor | |
109 Maawad Robert, Luis Xavier | Favor | |
110 Macías Zambrano, Gustavo | Favor | |
111 Madrazo Limón, Carlos | Favor | |
112 Magallón Arceo, Leonardo Melesio de Jesús | Favor | |
113 Malagón Ríos, Martín | Favor | |
114 Maldonado González, David | Ausente | |
115 Manuell-Gómez Angulo, Dolores de María | Favor | |
116 Martínez Valero, Dora Alicia | Favor | |
117 Medellín Varela, Antonio | Favor | |
118 Medina Macias, Alma Hilda | Favor | |
119 Medina Rodríguez, Delber | Ausente | |
120 Medina Rodríguez, Lizbeth Evelia | Ausente | |
121 Mejía García, Luis Alonso | Favor | |
122 Méndez Meneses, Apolonio | Favor | |
123 Mendoza Morales, Lucía Susana | Favor | |
124 Mohamar Dainitin, Oscar Miguel | Favor | |
125 Mollinedo Hernández, Agustín | Ausente | |
126 Monraz Ibarra, Miguel Ángel | Favor | |
127 Montes Sánchez, Fabián Fernando | Ausente | |
128 Montiel Luis, Lariza | Favor | |
129 Mora Cuevas, Marisol | Favor | |
130 Morales Ramos, José Nicolás | Favor | |
131 Moreno Álvarez, Mario Eduardo | Favor | |
132 Morgan Franco, Rocío del Carmen | Favor | |
133 Muñoz Serrano, José Antonio | Favor | |
134 Murillo Flores, Francisco Javier | Ausente | |
135 Murillo Torres, José Luis | Favor | |
136 Navarro Sugich, Carlos Alberto | Favor | |
137 Nordhausen González, Jorge Rubén | Favor | |
138 Noriega Blanco Vigil, María Elena de las Nieves | Favor | |
139 Ochoa López, Nabor | Ausente | |
140 Olvera Higuera, Edgar Armando | Ausente | |
141 Orozco Ruiz Velazco, Marco Heriberto | Favor | |
142 Ortega Martínez, María del Pilar | Favor | |
143 Ortiz Hernández, Eduardo | Favor | |
144 Ortiz Montoro, Sagrario María del Rosario | Favor | |
145 Oviedo Oviedo, Ernesto | Favor | |
146 Padilla Orozco, Raúl Alejandro | Ausente | |
147 Palafox Núñez, José Inés | Favor | |
148 Paredes Rodríguez, Francisco Javier | Favor | |
149 Parra Jiménez, Dolores María del Carmen | Favor | |
150 Parra Noriega, Luis Gustavo | Favor | |
151 Pérez de Tejada Romero, Diana Carolina | Favor | |
152 Pérez Cuéllar, Cruz | Favor | |
153 Peyrot Solís, Marco A. | Ausente | |
154 Plascencia Alonso, Francisco Javier | Favor | |
155 Priego Tapia, Gerardo | Favor | |
156 Pulido Pecero, Pedro | Favor | |
157 Quintero Bello, Jorge | Favor | |
158 Rodríguez Vizcarra Velázquez, Adriana | Favor | |
159 Ramírez Barba, Ector Jaime | Favor | |
160 Ramírez Corral, Ivette Jacqueline | Ausente | |
161 Ramírez Pech, Edgar Martín | Ausente | |
162 Ramírez Villarreal, Gustavo | Favor | |
163 Ramos Covarrubias, Héctor Manuel | Favor | |
164 Reyes López, Carlos Armando | Favor | |
165 Rincón Vargas, Mirna Cecilia | Favor | |
166 Rivera Rivera, José Guadalupe | Favor | |
167 Rivero Rivero, Rolando | Favor | |
168 Rodríguez Ahumada, Luis Fernando | Favor | |
169 Rodríguez Jiménez, Ricardo | Favor | |
170 Rodríguez Prats, Juan José | Favor | |
171 Rodríguez Uresti, Enrique | Favor | |
172 Rojas Hernández, Laura Angélica | Ausente | |
173 Román Isidoro, Demetrio | Ausente | |
174 Romo Jiménez, Martha Angélica | Ausente | |
175 Rubio Chávez, José Ignacio Alberto | Favor | |
176 Rueda Gómez, Francisco | Favor | |
177 Ruiz Velasco de Lira, Ernesto | Favor | |
178 Salas Contreras, Marcos | Ausente | |
179 Salazar Madera, Mario Alberto | Favor | |
180 Salum del Palacio, Jorge Alejandro | Favor | |
181 Sánchez Díaz de Rivera, Antonio | Favor | |
182 Sánchez Domínguez, Alejandro | Ausente | |
183 Sánchez Gil, Carlos René | Favor | |
184 Sánchez Juárez, Claudia | Favor | |
185 Sánchez Trujillo, José Víctor | Favor | |
186 Sandoval Munguia, Juan Manuel | Favor | |
187 Serrato Castell, Luis Gerardo | Favor | |
188 Shej Guzmán Sara | Favor | |
189 Solano Muñoz, José de Jesús | Favor | |
190 Stefanonni Mazzocco, Martín | Favor | |
191 Tamayo Herrera, Yadhira Yvette | Favor | |
192 Torres Gómez, Artemio | Favor | |
193 Torres Herrera, Víctor Manuel | Favor | |
194 Torres Torres, Carlos Alberto | Favor | |
195 Valenzuela García, María Gloria Guadalupe | Favor | |
196 Valladolid Rodríguez, Antonio | Favor | |
197 Vasconcelos Rueda, Antonio | Ausente | |
198 Vázquez Martínez, Alberto | Favor | |
199 Vega Corona, Antonio | Favor | |
200 Velázquez Gutiérrez, José Guillermo | Favor | |
201 Verástegui Ostos, César Augusto | Ausente | |
202 Verdín Saldaña, Jaime | Favor | |
203 Victoria Alva, Juan | Favor | |
204 Vieyra Olivares, Adriana Rebeca | Favor | |
205 Villanueva Arjona, Juan Manuel | Favor | |
206 Zambrano Elizondo, Javier Martín | Favor | |
Favor: 157 | ||
Contra: 0 | ||
Abstención: 0 | ||
Quorum: 0 | ||
Ausentes: 50 | ||
Total: 207 |
PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA | ||
---|---|---|
1 Aguirre Alcaide, Víctor | Ausente | |
2 Alavez Ruiz, Aleida | Ausente | |
3 Almazán González, José Antonio | Ausente | |
4 Almonte Borja, Ramón | Favor | |
5 Alonso Flores, Lourdes | Ausente | |
6 Alonso Razo, Humberto Wifredo | Ausente | |
7 Altamirano Toledo, Carlos | Ausente | |
8 Alva Olvera, Maribel Luisa | Ausente | |
9 Álvarez Ramón, Silbestre | Ausente | |
10 Amaro Corona, Alberto | Ausente | |
11 Aragón Castillo, Irene | Favor | |
12 Arellano Pulido, Miguel Ángel | Favor | |
13 Arreola Calderón, Juan Dario | Favor | |
14 Barreiro Pérez, Armando | Ausente | |
15 Batres Guadarrama, Valentina Valia | Ausente | |
16 Bautista Bravo, Alliet Mariana | Favor | |
17 Bravo Padilla, Itzcóatl Tonatiuh | Ausente | |
18 Brito González, Modesto | Favor | |
19 Calzada Vázquez, Francisco Javier | Favor | |
20 Campos Aburto, Amador | Ausente | |
21 Cárdenas Hernández, Raymundo | Favor | |
22 Cervantes Rodríguez, Aurora | Favor | |
23 Chávez García, Higinio | Ausente | |
24 Condado Escamilla, Cuitlahuac | Favor | |
25 Contreras Julián, Maricela | Ausente | |
26 Cruz Santiago, Claudia Lilia | Ausente | |
27 Cuevas Córdova, Othón | Ausente | |
28 Dagdug Lützow, Moisés Félix | Favor | |
29 De la Rosa García, Juan Hugo | Favor | |
30 De los Santos Molina, Joaquín Conrado | Ausente | |
31 Dehesa Mora, Daniel | Favor | |
32 Del Toro , Mario Enrique | Favor | |
33 Díaz Contreras, Adriana | Favor | |
34 Escandón Cadenas, Rutilio Cruz | Favor | |
35 Espejel Lazcano, Jaime | Favor | |
36 Fernández Balboa, Mónica | Ausente | |
37 Flores Maldonado, César | Favor | |
38 Flores Salazar, Guadalupe Socorro | Ausente | |
39 Franco Melgarejo, Rafael | Favor | |
40 Gálvez Rodríguez, Fernel Arturo | Favor | |
41 García Rodríguez, Víctor Hugo | Ausente | |
42 Garzón Contreras, Neftalí | Favor | |
43 González Garza, Javier | Ausente | |
44 Guerra Ochoa, Juan Nicasio | Favor | |
45 Gutiérrez Calzadilla, José Luis | Favor | |
46 Hernández Gaytán, Daisy Selene | Ausente | |
47 Hernández Hernández, Sergio | Favor | |
48 Hernández Manzanares, Javier | Favor | |
49 Hernández Silva, Benjamín | Ausente | |
50 Ibarra Franquez, Sonia Nohelia | Ausente | |
51 Jacques y Medina, José | Ausente | |
52 Jiménez Valenzuela, María Eugenia | Favor | |
53 Landero López, Pedro | Ausente | |
54 Lemarroy Martínez, Juan Dario | Ausente | |
55 Leyva Piñón, Ana Yurixi | Favor | |
56 Lizárraga Peraza, Víctor Manuel | Favor | |
57 López Barriga, Erick | Favor | |
58 López Becerra, Santiago | Favor | |
59 López Rojas, Alberto | Ausente | |
60 López Torres, María Soledad | Ausente | |
61 Lozano Lozano, Andrés | Favor | |
62 Luna Munguía, Alma Lilia | Ausente | |
63 Márquez Madrid, Camerino Eleazar | Favor | |
64 Márquez Tinoco, Francisco | Favor | |
65 Martínez Hernández, Alejandro | Ausente | |
66 Martínez Martínez, Carlos Roberto | Ausente | |
67 Martínez Martínez, Francisco | Favor | |
68 Martínez Padilla, Hugo Eduardo | Favor | |
69 Martínez Vargas Octavio | Favor | |
70 Matías Alonso, Marcos | Favor | |
71 Matus Toledo, Holly | Favor | |
72 Mayans Canabal, Fernando | Ausente | |
73 Mendoza Arellano, David | Ausente | |
74 Mendoza Flores, Roberto | Favor | |
75 Mendoza Maldonado, Fausto Fluvio | Favor | |
76 Mendoza Mendoza, Irineo | Ausente | |
77 Monreal Ávila, Susana | Favor | |
78 Montalvo Rojas, Victorio Rubén | Favor | |
79 Morales Manzo, Jesús Ricardo | Favor | |
80 Morales Sánchez, Efraín | Ausente | |
81 Morales Vázquez, Carlos Orsoe | Ausente | |
82 Narcía Álvarez, Héctor | Favor | |
83 Navarro López, Carlos Ernesto | Ausente | |
84 Navarro Quintero, Miguel Ángel | Favor | |
85 Ojeda Hernández, Concepción | Ausente | |
86 Oliva Fragoso, Silvia | Favor | |
87 Orcí Martínez, Juan Adolfo | Ausente | |
88 Ortega Martínez, Antonio | Favor | |
89 Ortiz Magallón, Rosario Ignacia | Ausente | |
90 Pacheco Llanes, Ramón Félix | Favor | |
91 Pedraza Chávez, Isidro | Ausente | |
92 Pedrozo Castillo, Adrián | Ausente | |
93 Peña Sánchez, Miguel Ángel | Favor | |
94 Pérez Cruz, Raciel | Ausente | |
95 Pulido Santiago, Celso David | Favor | |
96 Ramos Becerril, Rafael Plácido | Favor | |
97 Ramos Castellanos, Martín | Ausente | |
98 Rasgado Corsi, Gloria | Favor | |
99 Ríos Gamboa, Raúl | Favor | |
100 Romero Gutiérrez, Odilón | Ausente | |
101 Ruiz Sánchez, Salvador | Favor | |
102 Saavedra Coronel, José Antonio | Favor | |
103 Salinas Pérez, Josefina | Favor | |
104 San Martín Hernández, Juan Manuel | Favor | |
105 Sánchez Barrios, Carlos | Favor | |
106 Sánchez Cabrales, Rafael Elías | Ausente | |
107 Sánchez Camacho, Alejandro | Ausente | |
108 Sánchez Camacho, David | Favor | |
109 Sánchez Ramos, Francisco | Favor | |
110 Sánchez Valdéz, Eva Angelina | Ausente | |
111 Sandoval Ramírez, Cuauhtémoc | Ausente | |
112 Santos Arreola, Francisco Javier | Favor | |
113 Solares Chávez, Miguel Ángel | Favor | |
114 Soriano Sánchez, Rosa Elva | Ausente | |
115 Soto Sánchez, Antonio | Ausente | |
116 Suárez del Real y Aguilera, José Alfonso | Favor | |
117 Torres Baltazar, María Elena | Ausente | |
118 Torres García, Daniel | Ausente | |
119 Trejo Pérez, Pablo | Favor | |
120 Ulloa Pérez, Emilio | Ausente | |
121 Vallejo Estevez, Mario | Favor | |
122 Varela López, Víctor Gabriel | Ausente | |
123 Villanueva Albarrán, Gerardo | Ausente | |
124 Villicaña García, Rafael | Ausente | |
125 Zavaleta Salgado, Ruth | Favor | |
126 Zazueta Aguilar, Jesús Humberto | Favor | |
127 Zepeda Hernández, Martín | Favor | |
Favor: 68 | ||
Contra: 0 | ||
Abstención: 0 | ||
Quorum: 0 | ||
Ausentes: 59 | ||
Total: 127 |
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL | ||
---|---|---|
1 Abramo Masso, Yerico | Favor | |
2 Aguilar , Diego | Favor | |
3 Aguilar Solís, Samuel | Ausente | |
4 Aispuro Torres, José Rosas | Ausente | |
5 Alcántara Núñez, Jesús Sergio | Favor | |
6 Aldana Prieto, Luis Ricardo | Ausente | |
7 Amador Gaxiola, Daniel | Favor | |
8 Amador Leal, Narcizo Alberto | Ausente | |
9 Ayala Almeida, Joel | Favor | |
10 Badillo Martínez, Roberto | Favor | |
11 Barajas López, Ramón | Favor | |
12 Barajas del Toro, Salvador | Ausente | |
13 Barba Hernández, Alfredo | Favor | |
14 Beltrán Montes, Israel | Favor | |
15 Benítez Ojeda, Luis Enrique | Ausente | |
16 Bernal Gutiérrez, Andrés Marco Antonio | Favor | |
17 Biebrich Torres, Carlos Armando | Ausente | |
18 Blanco Pajón, José Luis | Ausente | |
19 Caballero Camargo, Gustavo Fernando | Favor | |
20 Camacho Quiroz, César Octavio | Favor | |
21 Canavati Tafich, Jesús Ricardo | Ausente | |
22 Carballo Bustamante, Andrés | Ausente | |
23 Cárdenas del Avellano, Enrique | Ausente | |
24 Cárdenas Monroy, Oscar Gustavo | Ausente | |
25 Cervantes Andrade, Raúl | Ausente | |
26 Chaurand Arzate, Carlos | Favor | |
27 Colín Guadarrama, María Mercedes | Favor | |
28 Cordero Alfonzo, Arnulfo Elías | Ausente | |
29 De la Garza Treviño, Jorge Luis | Favor | |
30 Díaz Athié, Antonio de Jesús | Favor | |
31 Díaz Solorzano, Elmar Darinel | Favor | |
32 Domínguez Domínguez, Nemesio | Favor | |
33 Duarte Jáquez, César | Ausente | |
34 Escajeda Jiménez, José Rubén | Favor | |
35 Escalante Jasso, Aracely | Ausente | |
36 Espinosa Abuxapqui, Eduardo Elías | Favor | |
37 Estefan Chidiac, Charbel Jorge | Ausente | |
38 Flores Sandoval, Patricio | Favor | |
39 Fuentes Tellez, Octavio | Ausente | |
40 Gamboa Patrón, Emilio | Favor | |
41 Garza Garza, Horacio Emigdio | Favor | |
42 Gebhardt Garduza, Yary del Carmen | Favor | |
43 Gloria Requena, Tomás | Ausente | |
44 Gómez Lugo, Elda | Favor | |
45 González Calderón, Martha Hilda | Favor | |
46 González Salum, Miguel Ángel | Ausente | |
47 González Zarur, Mariano | Ausente | |
48 Guerrero García, Javier | Ausente | |
49 Guerrero Juárez, Joel | Ausente | |
50 Herrera Ale, Juana Leticia | Ausente | |
51 Herrera Coyac, Wenceslao | Favor | |
52 Izquierdo Bustamante, Alfonso Rolando | Favor | |
53 Lagunes Gallina, Gerardo | Ausente | |
54 Lescieur Talavera, Jorge Mario | Favor | |
55 López Balbuena, Guillermina | Favor | |
56 Madrid Tovilla, Areli | Ausente | |
57 Martínez Rodríguez, Lorena | Ausente | |
58 Martínez Rocha, Arturo | Ausente | |
59 Méndez Lanz, Víctor Manuel | Ausente | |
60 Mendívil Amparám, Gustavo Ildefonso | Favor | |
61 Merodio Reza, Lilia Guadalupe | Ausente | |
62 Moctezuma Pereda, Fernando Quetzalcoatl | Favor | |
63 Montalvo Gómez, Pedro | Ausente | |
64 Morales García, Elizabeth | Ausente | |
65 Mota Hernández, Adolfo | Favor | |
66 Muñoz Serna, Rogelio | Favor | |
67 Murat , José | Favor | |
68 Ochoa González, Arnoldo | Ausente | |
69 Ojeda Camacho, Gilberto | Ausente | |
70 Olivares Monterrubio, Alejandro | Favor | |
71 Olivares Ventura, Héctor Hugo | Favor | |
72 Ordaz Jiménez, Ismael | Favor | |
73 Orihuela Bárcenas, José Ascención | Favor | |
74 Orihuela Trejo, José Amado | Favor | |
75 Ortiz del Carpio, Víctor | Favor | |
76 Ortiz Proal, Mauricio | Favor | |
77 Padilla Gutiérrez, Héctor | Favor | |
78 Pagés Llergo Rebollar, María Beatriz | Favor | |
79 Palma César, Víctor Samuel | Favor | |
80 Parás González, Juan Manuel | Favor | |
81 Partida Guzmán, Martha Rocío | Favor | |
82 Patrón Montalvo, Jesús Manuel | Favor | |
83 Peñuelas Acuña, Mayra Gisela | Favor | |
84 Pérez Valdés, Daniel | Ausente | |
85 Pinete Vargas, María del Carmen | Ausente | |
86 Quiñones Canales, Lourdes | Ausente | |
87 Ramírez Martínez, José Edmundo | Favor | |
88 Ramírez Stabros, Jesús | Favor | |
89 Reyna García, José Jesús | Favor | |
90 Ríos Camarena, Alfredo Adolfo | Favor | |
91 Rivera Bedoya, Juan Francisco | Favor | |
92 Rodríguez Ramírez, Bertha Yolanda | Favor | |
93 Rojas Gutiérrez, Carlos | Favor | |
94 Ruiz Chávez, Sara Latife | Favor | |
95 Salas López, Ramón | Favor | |
96 Sánchez Hernández, Eduardo | Favor | |
97 Sandoval Paredes, Sergio | Ausente | |
98 Serrano Escobar, Enrique | Ausente | |
99 Sosa Castelán, Gerardo | Ausente | |
100 Toledo Luis, Jorge | Favor | |
101 Vargas Landeros, Gerardo Octavio | Ausente | |
102 Vega Ortiz, María Oralia | Favor | |
103 Velasco Pérez, Juan Carlos | Ausente | |
104 Villa Villa, Isael | Ausente | |
105 Villanueva Abraján, Patricia | Ausente | |
106 Zatarain González, Carlos Ernesto | Favor | |
Favor: 62 | ||
Contra: 0 | ||
Abstención: 0 | ||
Quorum: 0 | ||
Ausentes: 44 | ||
Total: 106 |
CONVERGENCIA | ||
---|---|---|
1 Abad de Jesús, Juan | Ausente | |
2 Aguilera Rico, José Luis | Ausente | |
3 Cárdenas Márquez, Elías | Ausente | |
4 Castellanos Hernández, Félix | Ausente | |
5 Castillo Romero, Patricia Obdulia de Jesús | Favor | |
6 Chanona Burguete, Alejandro | Ausente | |
7 Del Río Virgen, José Manuel | Favor | |
8 Godoy Cárdenas, Jorge | Favor | |
9 López Lena Cruz, Humberto | Favor | |
10 Salvatori Bronca, María del Carmen | Favor | |
11 Samperio Montaño, Juan Ignacio | Favor | |
12 Sansores San Román, Layda Elena | Ausente | |
13 Tagle Martínez, Martha Angélica | Favor | |
14 Uscanga Cruz, Robinson | Ausente | |
15 Valdés Chávez, Ramón | Ausente | |
16 Varela Lagunas, Tomás José Luis | Ausente | |
17 Velasco Oliva, Jesús Cuauhtémoc | Ausente | |
Favor: 7 | ||
Contra: 0 | ||
Abstención: 0 | ||
Quorum: 0 | ||
Ausentes: 10 | ||
Total: 17 |
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO | ||
---|---|---|
1 Arévalo González, José Antonio | Favor | |
2 Bellizzia Rosique, Pascual | Favor | |
3 Cobo Terrazas, Diego | Favor | |
4 Elizondo Garrido, Francisco | Favor | |
5 Estrada González, Faustino Javier | Favor | |
6 González Martínez, Jorge Emilio | Ausente | |
7 Lavara Mejía, Gloria | Favor | |
8 López Adame, Antonio Xavier | Favor | |
9 Manrique Guevara, Beatriz | Favor | |
10 Notholt Guerrero, Alan | Favor | |
11 Portilla Diéguez, Manuel | Favor | |
12 Puente Salas, Carlos Alberto | Ausente | |
13 Ramírez Cerda, Ana María | Favor | |
14 Rodríguez Luis, Alejandro | Favor | |
15 Salgado Amador, Manuel Salvador | Favor | |
16 Sesma Suárez, Jesús | Favor | |
17 Velasco Rodríguez, Verónica | Favor | |
Favor: 15 | ||
Contra: 0 | ||
Abstención: 0 | ||
Quorum: 0 | ||
Ausentes: 2 | ||
Total: 17 |
PARTIDO DEL TRABAJO | ||
---|---|---|
1 Aguilar Jiménez, Rubén | Favor | |
2 Arreola Ortega, Pablo Leopoldo | Ausente | |
3 Cantú Garza, Ricardo | Ausente | |
4 Cervantes Rivera, Jaime | Ausente | |
5 Garay Ulloa, Silvano | Ausente | |
6 Herrera Solís, Anuario Luis | Favor | |
7 Maciel Ortiz, María Mercedez | Ausente | |
8 Peregrino García, Abundio | Ausente | |
9 Romero Guzmán, Rosa Elia | Favor | |
10 Solís Parga, Rodolfo | Favor | |
11 Vela González, Joaquín Humberto | Ausente | |
Favor: 4 | ||
Contra: 0 | ||
Abstención: 0 | ||
Quorum: 0 | ||
Ausentes: 7 | ||
Total: 11 |
PARTIDO NUEVA ALIANZA | ||
---|---|---|
1 Arriola Gordillo, Mónica | Ausente | |
2 Cárdenas Fonseca, Manuel | Ausente | |
3 Castillo Nájera, Ariel | Ausente | |
4 Dávila Esquivel, Humberto | Favor | |
5 Gómez Pasillas, Jacinto | Favor | |
6 Jiménez Godínez, Miguel Ángel | Favor | |
7 Luna Becerril, Blanca | Ausente | |
8 Luna Rodríguez, Silvia | Favor | |
9 Piñeyro Arias, Irma | Ausente | |
Favor: 4 | ||
Contra: 0 | ||
Abstención: 0 | ||
Quorum: 0 | ||
Ausentes: 5 | ||
Total: 9 |
PARTIDO ALTERNATIVA SOCIAL | ||
---|---|---|
1 Arvizu Rivas, Aida Marina | Ausente | |
2 Conde Rodríguez, Elsa de Guadalupe | Ausente | |
3 García Méndez, Armando | Ausente | |
4 Hernández Valadés, Delio | Ausente | |
5 Pedro Cortés, Santiago Gustavo | Ausente | |
Favor: 0 | ||
Contra: 0 | ||
Abstención: 0 | ||
Quorum: 0 | ||
Ausentes: 5 | ||
Total: 5 |
PARTIDO ACCION NACIONAL | ||
---|---|---|
1 Acosta Dávila, Constantino | Ausente | |
2 Aguilar López, José Alejandro | Ausente | |
3 Alcalde Virgen, Moisés | Ausente | |
4 Alcaraz Hernández, Alma Edwviges | Favor | |
5 Álvarez Bernal, María Elena | Favor | |
6 Amezola Fonceca, Gerardo | Favor | |
7 Antuna Batista, Fidel | Favor | |
8 Aranda Orozco, Gerardo | Favor | |
9 Arellano Arellano, Joel | Favor | |
10 Arenas Guzmán, Margarita | Favor | |
11 Arizméndi Uribe, Efraín | Favor | |
12 Armendáriz García, Pedro | Favor | |
13 Arredondo Ibarra, Salvador | Favor | |
14 Arredondo Velázquez, Jesús | Favor | |
15 Ávila Mayo, Obdulio | Ausente | |
16 Barradas Miravete, Gregorio | Ausente | |
17 Barrios Rodríguez, Juan Enrique | Favor | |
18 Bello Pérez, Alfonso Othón | Favor | |
19 Berber Martínez, Antonio | Ausente | |
20 Bermúdez Viramontes, Andrés | Ausente | |
21 Bolaños Aguilar, Edmundo Javier | Favor | |
22 Borrego Estrada, Felipe | Favor | |
23 Bracho González, Carlos Augusto | Favor | |
24 Buganza Salmerón, Gerardo | Ausente | |
25 Campos Galván, María Eugenia | Favor | |
26 Carbajal Méndez, Liliana | Ausente | |
27 Cárdenas Sánchez, Esmeralda | Favor | |
28 Cardona Benavídez, Alma Xóchil | Favor | |
29 Carrasco Altamirano, Diódoro Humberto | Favor | |
30 Castaño Contreras, Cristián | Favor | |
31 Castro de la Rosa, Osiel | Ausente | |
32 Castro Muñoz, Juan de Dios | Ausente | |
33 Ceja Romero, Ramón | Favor | |
34 Chávez García, Daniel | Favor | |
35 Collado Lara, Beatriz | Favor | |
36 Contreras Coeto, José Luis | Favor | |
37 Corral Aguilar, María Mercedes | Favor | |
38 Cuen Garibi, Marcela | Favor | |
39 Curiel Preciado, Leobardo | Favor | |
40 Dávila Fernández, Adriana | Ausente | |
41 Dávila García, Francisco | Favor | |
42 De la Torre Jaramillo, Eduardo Sergio | Ausente | |
43 De León Tello, Jesús | Favor | |
44 Degante Romero, Silvia Emilia | Favor | |
45 Del Toro del Villar, Tomás | Favor | |
46 Del Valle Toca, Antonio | Ausente | |
47 Del Villar Sosa, Sonia Leslie | Favor | |
48 Delgado Oscoy, Alejandro Enrique | Favor | |
49 Denegre Vaught, Rosaura | Favor | |
50 Deschamps Falcón, Ángel Rafael | Favor | |
51 Díaz de León Torres, Leticia | Favor | |
52 Díaz García, José Antonio | Favor | |
53 Díaz Garibay, Felipe | Favor | |
54 Díaz Gordillo, Martha Cecilia | Ausente | |
55 Díaz Mena, Joaquín Jesús | Favor | |
56 Domínguez Servién, Francisco | Favor | |
57 Duck Núñez, Edgar Mauricio | Ausente | |
58 Enríquez Flores, Armando | Favor | |
59 Escaroz Soler, Gerardo Antonio | Favor | |
60 Escobar Jardinez, Adolfo | Favor | |
61 Espinosa Piña, José Luis | Favor | |
62 Félix Holguín, Armando Jesús | Favor | |
63 Felton González, Carlos Eduardo | Ausente | |
64 Fernández Cabrera, Adrián | Favor | |
65 Fernández Ugarte, Carmen | Favor | |
66 Flores Domínguez, Emilio Ramón Ramiro | Ausente | |
67 Flores Grande, Arturo | Favor | |
68 Flores Morfín, Jesús Vicente | Favor | |
69 Fraile García, Francisco Antonio | Favor | |
70 Franco Cazarez, Ricardo | Favor | |
71 Fuentes Ortiz, José Guillermo | Favor | |
72 García González, Carlos Alberto | Favor | |
73 García Müller, Martha Margarita | Ausente | |
74 García Reyes, Ángel Humberto | Favor | |
75 García Reyes, Beatriz Eugenia | Ausente | |
76 García Vivián, Raúl | Favor | |
77 Garmendia Hernández, Yolanda Mercedes | Favor | |
78 Gómez Leyva, Silvio | Favor | |
79 González Betancourt, Jorge Justiniano | Ausente | |
80 González Martínez, María Gabriela | Ausente | |
81 González Morán, Martín Oscar | Favor | |
82 González Roaro, Benjamín Ernesto | Favor | |
83 González Ruiz, Felipe | Favor | |
84 González Sánchez, María Dolores | Favor | |
85 Gudiño Ortiz, Francisco Javier | Ausente | |
86 Guerrero Torres, José Gildardo | Favor | |
87 Gutiérrez Aguilar, Miguel Ángel | Favor | |
88 Gutiérrez Lagunes, María Victoria | Ausente | |
89 Hernández Núñez, Elia | Favor | |
90 Hurtado Pérez, Nelly Asunción | Ausente | |
91 Iragorri Durán, Enrique | Ausente | |
92 Jiménez del Castillo, Ma. de los Ángeles | Favor | |
93 Jiménez Ramos, María Esther | Favor | |
94 Joaquín Coldwell, Addy Cecilia | Favor | |
95 Lagunes Viveros, Violeta del Pilar | Ausente | |
96 Landero Gutiérrez, Alejandro | Favor | |
97 Landeros González, Ramón | Favor | |
98 Lara Compeán, David | Favor | |
99 Larios Córdova, Héctor | Ausente | |
100 Laviada Hernández, Íñigo Antonio | Ausente | |
101 Lemus Muñoz Ledo, Ramón Ignacio | Favor | |
102 Leura González, Agustín | Favor | |
103 Limas Frescas, María Soledad | Favor | |
104 Lizaola de la Torre, Alonso Manuel | Ausente | |
105 López Cisneros, José Martín | Favor | |
106 López Reyna, Omeheira | Favor | |
107 López Silva, Rubí Laura | Favor | |
108 Lujano Nicolás, Christian Martín | Favor | |
109 Maawad Robert, Luis Xavier | Favor | |
110 Macías Zambrano, Gustavo | Favor | |
111 Madrazo Limón, Carlos | Favor | |
112 Magallón Arceo, Leonardo Melesio de Jesús | Favor | |
113 Malagón Ríos, Martín | Favor | |
114 Maldonado González, David | Ausente | |
115 Manuell-Gómez Angulo, Dolores de María | Favor | |
116 Martínez Valero, Dora Alicia | Favor | |
117 Medellín Varela, Antonio | Favor | |
118 Medina Macias, Alma Hilda | Favor | |
119 Medina Rodríguez, Delber | Favor | |
120 Medina Rodríguez, Lizbeth Evelia | Ausente | |
121 Mejía García, Luis Alonso | Favor | |
122 Méndez Meneses, Apolonio | Favor | |
123 Mendoza Morales, Lucía Susana | Favor | |
124 Mohamar Dainitin, Oscar Miguel | Favor | |
125 Mollinedo Hernández, Agustín | Ausente | |
126 Monraz Ibarra, Miguel Ángel | Ausente | |
127 Montes Sánchez, Fabián Fernando | Ausente | |
128 Montiel Luis, Lariza | Favor | |
129 Mora Cuevas, Marisol | Favor | |
130 Morales Ramos, José Nicolás | Favor | |
131 Moreno Álvarez, Mario Eduardo | Favor | |
132 Morgan Franco, Rocío del Carmen | Favor | |
133 Muñoz Serrano, José Antonio | Favor | |
134 Murillo Flores, Francisco Javier | Ausente | |
135 Murillo Torres, José Luis | Favor | |
136 Navarro Sugich, Carlos Alberto | Favor | |
137 Nordhausen González, Jorge Rubén | Favor | |
138 Noriega Blanco Vigil, María Elena de las Nieves | Favor | |
139 Ochoa López, Nabor | Ausente | |
140 Olvera Higuera, Edgar Armando | Ausente | |
141 Orozco Ruiz Velazco, Marco Heriberto | Favor | |
142 Ortega Martínez, María del Pilar | Favor | |
143 Ortiz Hernández, Eduardo | Favor | |
144 Ortiz Montoro, Sagrario María del Rosario | Favor | |
145 Oviedo Oviedo, Ernesto | Favor | |
146 Padilla Orozco, Raúl Alejandro | Ausente | |
147 Palafox Núñez, José Inés | Ausente | |
148 Paredes Rodríguez, Francisco Javier | Favor | |
149 Parra Jiménez, Dolores María del Carmen | Favor | |
150 Parra Noriega, Luis Gustavo | Favor | |
151 Pérez de Tejada Romero, Diana Carolina | Favor | |
152 Pérez Cuéllar, Cruz | Favor | |
153 Peyrot Solís, Marco A. | Ausente | |
154 Plascencia Alonso, Francisco Javier | Favor | |
155 Priego Tapia, Gerardo | Favor | |
156 Pulido Pecero, Pedro | Favor | |
157 Quintero Bello, Jorge | Favor | |
158 Rodríguez Vizcarra Velázquez, Adriana | Favor | |
159 Ramírez Barba, Ector Jaime | Favor | |
160 Ramírez Corral, Ivette Jacqueline | Ausente | |
161 Ramírez Pech, Edgar Martín | Ausente | |
162 Ramírez Villarreal, Gustavo | Favor | |
163 Ramos Covarrubias, Héctor Manuel | Favor | |
164 Reyes López, Carlos Armando | Favor | |
165 Rincón Vargas, Mirna Cecilia | Favor | |
166 Rivera Rivera, José Guadalupe | Favor | |
167 Rivero Rivero, Rolando | Favor | |
168 Rodríguez Ahumada, Luis Fernando | Favor | |
169 Rodríguez Jiménez, Ricardo | Favor | |
170 Rodríguez Prats, Juan José | Favor | |
171 Rodríguez Uresti, Enrique | Favor | |
172 Rojas Hernández, Laura Angélica | Ausente | |
173 Román Isidoro, Demetrio | Ausente | |
174 Romo Jiménez, Martha Angélica | Ausente | |
175 Rubio Chávez, José Ignacio Alberto | Favor | |
176 Rueda Gómez, Francisco | Favor | |
177 Ruiz Velasco de Lira, Ernesto | Favor | |
178 Salas Contreras, Marcos | Ausente | |
179 Salazar Madera, Mario Alberto | Favor | |
180 Salum del Palacio, Jorge Alejandro | Favor | |
181 Sánchez Díaz de Rivera, Antonio | Favor | |
182 Sánchez Domínguez, Alejandro | Ausente | |
183 Sánchez Gil, Carlos René | Favor | |
184 Sánchez Juárez, Claudia | Favor | |
185 Sánchez Trujillo, José Víctor | Favor | |
186 Sandoval Munguia, Juan Manuel | Favor | |
187 Serrato Castell, Luis Gerardo | Favor | |
188 Shej Guzmán Sara | Favor | |
189 Solano Muñoz, José de Jesús | Favor | |
190 Stefanonni Mazzocco, Martín | Favor | |
191 Tamayo Herrera, Yadhira Yvette | Favor | |
192 Torres Gómez, Artemio | Favor | |
193 Torres Herrera, Víctor Manuel | Favor | |
194 Torres Torres, Carlos Alberto | Favor | |
195 Valenzuela García, María Gloria Guadalupe | Favor | |
196 Valladolid Rodríguez, Antonio | Favor | |
197 Vasconcelos Rueda, Antonio | Ausente | |
198 Vázquez Martínez, Alberto | Favor | |
199 Vega Corona, Antonio | Favor | |
200 Velázquez Gutiérrez, José Guillermo | Favor | |
201 Verástegui Ostos, César Augusto | Ausente | |
202 Verdín Saldaña, Jaime | Favor | |
203 Victoria Alva, Juan | Favor | |
204 Vieyra Olivares, Adriana Rebeca | Favor | |
205 Villanueva Arjona, Juan Manuel | Favor | |
206 Zambrano Elizondo, Javier Martín | Favor | |
Favor: 156 | ||
Contra: 0 | ||
Abstención: 0 | ||
Quorum: 0 | ||
Ausentes: 51 | ||
Total: 207 |
PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA | ||
---|---|---|
1 Aguirre Alcaide, Víctor | Ausente | |
2 Alavez Ruiz, Aleida | Ausente | |
3 Almazán González, José Antonio | Ausente | |
4 Almonte Borja, Ramón | Favor | |
5 Alonso Flores, Lourdes | Ausente | |
6 Alonso Razo, Humberto Wifredo | Ausente | |
7 Altamirano Toledo, Carlos | Ausente | |
8 Alva Olvera, Maribel Luisa | Ausente | |
9 Álvarez Ramón, Silbestre | Favor | |
10 Amaro Corona, Alberto | Ausente | |
11 Aragón Castillo, Irene | Favor | |
12 Arellano Pulido, Miguel Ángel | Favor | |
13 Arreola Calderón, Juan Dario | Favor | |
14 Barreiro Pérez, Armando | Ausente | |
15 Batres Guadarrama, Valentina Valia | Ausente | |
16 Bautista Bravo, Alliet Mariana | Favor | |
17 Bravo Padilla, Itzcóatl Tonatiuh | Ausente | |
18 Brito González, Modesto | Favor | |
19 Calzada Vázquez, Francisco Javier | Favor | |
20 Campos Aburto, Amador | Ausente | |
21 Cárdenas Hernández, Raymundo | Favor | |
22 Cervantes Rodríguez, Aurora | Favor | |
23 Chávez García, Higinio | Favor | |
24 Condado Escamilla, Cuitlahuac | Favor | |
25 Contreras Julián, Maricela | Ausente | |
26 Cruz Santiago, Claudia Lilia | Ausente | |
27 Cuevas Córdova, Othón | Ausente | |
28 Dagdug Lützow, Moisés Félix | Favor | |
29 De la Rosa García, Juan Hugo | Favor | |
30 De los Santos Molina, Joaquín Conrado | Ausente | |
31 Dehesa Mora, Daniel | Favor | |
32 Del Toro , Mario Enrique | Favor | |
33 Díaz Contreras, Adriana | Favor | |
34 Escandón Cadenas, Rutilio Cruz | Ausente | |
35 Espejel Lazcano, Jaime | Favor | |
36 Fernández Balboa, Mónica | Ausente | |
37 Flores Maldonado, César | Favor | |
38 Flores Salazar, Guadalupe Socorro | Ausente | |
39 Franco Melgarejo, Rafael | Favor | |
40 Gálvez Rodríguez, Fernel Arturo | Favor | |
41 García Rodríguez, Víctor Hugo | Ausente | |
42 Garzón Contreras, Neftalí | Favor | |
43 González Garza, Javier | Ausente | |
44 Guerra Ochoa, Juan Nicasio | Favor | |
45 Gutiérrez Calzadilla, José Luis | Favor | |
46 Hernández Gaytán, Daisy Selene | Ausente | |
47 Hernández Hernández, Sergio | Favor | |
48 Hernández Manzanares, Javier | Favor | |
49 Hernández Silva, Benjamín | Ausente | |
50 Ibarra Franquez, Sonia Nohelia | Ausente | |
51 Jacques y Medina, José | Ausente | |
52 Jiménez Valenzuela, María Eugenia | Favor | |
53 Landero López, Pedro | Ausente | |
54 Lemarroy Martínez, Juan Dario | Ausente | |
55 Leyva Piñón, Ana Yurixi | Favor | |
56 Lizárraga Peraza, Víctor Manuel | Favor | |
57 López Barriga, Erick | Favor | |
58 López Becerra, Santiago | Favor | |
59 López Rojas, Alberto | Ausente | |
60 López Torres, María Soledad | Ausente | |
61 Lozano Lozano, Andrés | Favor | |
62 Luna Munguía, Alma Lilia | Ausente | |
63 Márquez Madrid, Camerino Eleazar | Favor | |
64 Márquez Tinoco, Francisco | Favor | |
65 Martínez Hernández, Alejandro | Ausente | |
66 Martínez Martínez, Carlos Roberto | Ausente | |
67 Martínez Martínez, Francisco | Favor | |
68 Martínez Padilla, Hugo Eduardo | Favor | |
69 Martínez Vargas Octavio | Favor | |
70 Matías Alonso, Marcos | Ausente | |
71 Matus Toledo, Holly | Favor | |
72 Mayans Canabal, Fernando | Ausente | |
73 Mendoza Arellano, David | Ausente | |
74 Mendoza Flores, Roberto | Favor | |
75 Mendoza Maldonado, Fausto Fluvio | Favor | |
76 Mendoza Mendoza, Irineo | Ausente | |
77 Monreal Ávila, Susana | Ausente | |
78 Montalvo Rojas, Victorio Rubén | Favor | |
79 Morales Manzo, Jesús Ricardo | Favor | |
80 Morales Sánchez, Efraín | Ausente | |
81 Morales Vázquez, Carlos Orsoe | Favor | |
82 Narcía Álvarez, Héctor | Favor | |
83 Navarro López, Carlos Ernesto | Ausente | |
84 Navarro Quintero, Miguel Ángel | Favor | |
85 Ojeda Hernández, Concepción | Ausente | |
86 Oliva Fragoso, Silvia | Favor | |
87 Orcí Martínez, Juan Adolfo | Ausente | |
88 Ortega Martínez, Antonio | Ausente | |
89 Ortiz Magallón, Rosario Ignacia | Ausente | |
90 Pacheco Llanes, Ramón Félix | Ausente | |
91 Pedraza Chávez, Isidro | Favor | |
92 Pedrozo Castillo, Adrián | Ausente | |
93 Peña Sánchez, Miguel Ángel | Favor | |
94 Pérez Cruz, Raciel | Ausente | |
95 Pulido Santiago, Celso David | Favor | |
96 Ramos Becerril, Rafael Plácido | Ausente | |
97 Ramos Castellanos, Martín | Ausente | |
98 Rasgado Corsi, Gloria | Favor | |
99 Ríos Gamboa, Raúl | Favor | |
100 Romero Gutiérrez, Odilón | Favor | |
101 Ruiz Sánchez, Salvador | Favor | |
102 Saavedra Coronel, José Antonio | Favor | |
103 Salinas Pérez, Josefina | Ausente | |
104 San Martín Hernández, Juan Manuel | Favor | |
105 Sánchez Barrios, Carlos | Favor | |
106 Sánchez Cabrales, Rafael Elías | Ausente | |
107 Sánchez Camacho, Alejandro | Ausente | |
108 Sánchez Camacho, David | Favor | |
109 Sánchez Ramos, Francisco | Favor | |
110 Sánchez Valdéz, Eva Angelina | Ausente | |
111 Sandoval Ramírez, Cuauhtémoc | Ausente | |
112 Santos Arreola, Francisco Javier | Favor | |
113 Solares Chávez, Miguel Ángel | Ausente | |
114 Soriano Sánchez, Rosa Elva | Ausente | |
115 Soto Sánchez, Antonio | Ausente | |
116 Suárez del Real y Aguilera, José Alfonso | Favor | |
117 Torres Baltazar, María Elena | Ausente | |
118 Torres García, Daniel | Ausente | |
119 Trejo Pérez, Pablo | Favor | |
120 Ulloa Pérez, Emilio | Ausente | |
121 Vallejo Estevez, Mario | Favor | |
122 Varela López, Víctor Gabriel | Ausente | |
123 Villanueva Albarrán, Gerardo | Ausente | |
124 Villicaña García, Rafael | Ausente | |
125 Zavaleta Salgado, Ruth | Ausente | |
126 Zazueta Aguilar, Jesús Humberto | Favor | |
127 Zepeda Hernández, Martín | Favor | |
Favor: 64 | ||
Contra: 0 | ||
Abstención: 0 | ||
Quorum: 0 | ||
Ausentes: 63 | ||
Total: 127 |
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL | ||
---|---|---|
1 Abramo Masso, Yerico | Favor | |
2 Aguilar , Diego | Favor | |
3 Aguilar Solís, Samuel | Favor | |
4 Aispuro Torres, José Rosas | Ausente | |
5 Alcántara Núñez, Jesús Sergio | Favor | |
6 Aldana Prieto, Luis Ricardo | Ausente | |
7 Amador Gaxiola, Daniel | Favor | |
8 Amador Leal, Narcizo Alberto | Favor | |
9 Ayala Almeida, Joel | Favor | |
10 Badillo Martínez, Roberto | Favor | |
11 Barajas López, Ramón | Favor | |
12 Barajas del Toro, Salvador | Ausente | |
13 Barba Hernández, Alfredo | Favor | |
14 Beltrán Montes, Israel | Ausente | |
15 Benítez Ojeda, Luis Enrique | Ausente | |
16 Bernal Gutiérrez, Andrés Marco Antonio | Favor | |
17 Biebrich Torres, Carlos Armando | Ausente | |
18 Blanco Pajón, José Luis | Favor | |
19 Caballero Camargo, Gustavo Fernando | Favor | |
20 Camacho Quiroz, César Octavio | Favor | |
21 Canavati Tafich, Jesús Ricardo | Ausente | |
22 Carballo Bustamante, Andrés | Ausente | |
23 Cárdenas del Avellano, Enrique | Favor | |
24 Cárdenas Monroy, Oscar Gustavo | Ausente | |
25 Cervantes Andrade, Raúl | Ausente | |
26 Chaurand Arzate, Carlos | Favor | |
27 Colín Guadarrama, María Mercedes | Favor | |
28 Cordero Alfonzo, Arnulfo Elías | Ausente | |
29 De la Garza Treviño, Jorge Luis | Favor | |
30 Díaz Athié, Antonio de Jesús | Ausente | |
31 Díaz Solorzano, Elmar Darinel | Favor | |
32 Domínguez Domínguez, Nemesio | Favor | |
33 Duarte Jáquez, César | Ausente | |
34 Escajeda Jiménez, José Rubén | Favor | |
35 Escalante Jasso, Aracely | Ausente | |
36 Espinosa Abuxapqui, Eduardo Elías | Favor | |
37 Estefan Chidiac, Charbel Jorge | Ausente | |
38 Flores Sandoval, Patricio | Favor | |
39 Fuentes Tellez, Octavio | Ausente | |
40 Gamboa Patrón, Emilio | Favor | |
41 Garza Garza, Horacio Emigdio | Ausente | |
42 Gebhardt Garduza, Yary del Carmen | Favor | |
43 Gloria Requena, Tomás | Favor | |
44 Gómez Lugo, Elda | Favor | |
45 González Calderón, Martha Hilda | Favor | |
46 González Salum, Miguel Ángel | Ausente | |
47 González Zarur, Mariano | Ausente | |
48 Guerrero García, Javier | Ausente | |
49 Guerrero Juárez, Joel | Ausente | |
50 Herrera Ale, Juana Leticia | Ausente | |
51 Herrera Coyac, Wenceslao | Favor | |
52 Izquierdo Bustamante, Alfonso Rolando | Favor | |
53 Lagunes Gallina, Gerardo | Ausente | |
54 Lescieur Talavera, Jorge Mario | Favor | |
55 López Balbuena, Guillermina | Favor | |
56 Madrid Tovilla, Areli | Ausente | |
57 Martínez Rodríguez, Lorena | Favor | |
58 Martínez Rocha, Arturo | Ausente | |
59 Méndez Lanz, Víctor Manuel | Ausente | |
60 Mendívil Amparám, Gustavo Ildefonso | Favor | |
61 Merodio Reza, Lilia Guadalupe | Ausente | |
62 Moctezuma Pereda, Fernando Quetzalcoatl | Favor | |
63 Montalvo Gómez, Pedro | Ausente | |
64 Morales García, Elizabeth | Ausente | |
65 Mota Hernández, Adolfo | Favor | |
66 Muñoz Serna, Rogelio | Favor | |
67 Murat , José | Ausente | |
68 Ochoa González, Arnoldo | Ausente | |
69 Ojeda Camacho, Gilberto | Ausente | |
70 Olivares Monterrubio, Alejandro | Favor | |
71 Olivares Ventura, Héctor Hugo | Favor | |
72 Ordaz Jiménez, Ismael | Favor | |
73 Orihuela Bárcenas, José Ascención | Ausente | |
74 Orihuela Trejo, José Amado | Favor | |
75 Ortiz del Carpio, Víctor | Favor | |
76 Ortiz Proal, Mauricio | Favor | |
77 Padilla Gutiérrez, Héctor | Favor | |
78 Pagés Llergo Rebollar, María Beatriz | Favor | |
79 Palma César, Víctor Samuel | Favor | |
80 Parás González, Juan Manuel | Favor | |
81 Partida Guzmán, Martha Rocío | Favor | |
82 Patrón Montalvo, Jesús Manuel | Favor | |
83 Peñuelas Acuña, Mayra Gisela | Favor | |
84 Pérez Valdés, Daniel | Favor | |
85 Pinete Vargas, María del Carmen | Ausente | |
86 Quiñones Canales, Lourdes | Ausente | |
87 Ramírez Martínez, José Edmundo | Favor | |
88 Ramírez Stabros, Jesús | Favor | |
89 Reyna García, José Jesús | Ausente | |
90 Ríos Camarena, Alfredo Adolfo | Favor | |
91 Rivera Bedoya, Juan Francisco | Favor | |
92 Rodríguez Ramírez, Bertha Yolanda | Favor | |
93 Rojas Gutiérrez, Carlos | Favor | |
94 Ruiz Chávez, Sara Latife | Favor | |
95 Salas López, Ramón | Favor | |
96 Sánchez Hernández, Eduardo | Favor | |
97 Sandoval Paredes, Sergio | Ausente | |
98 Serrano Escobar, Enrique | Ausente | |
99 Sosa Castelán, Gerardo | Favor | |
100 Toledo Luis, Jorge | Ausente | |
101 Vargas Landeros, Gerardo Octavio | Ausente | |
102 Vega Ortiz, María Oralia | Ausente | |
103 Velasco Pérez, Juan Carlos | Ausente | |
104 Villa Villa, Isael | Ausente | |
105 Villanueva Abraján, Patricia | Ausente | |
106 Zatarain González, Carlos Ernesto | Favor | |
Favor: 62 | ||
Contra: 0 | ||
Abstención: 0 | ||
Quorum: 0 | ||
Ausentes: 44 | ||
Total: 106 |
CONVERGENCIA | ||
---|---|---|
1 Abad de Jesús, Juan | Ausente | |
2 Aguilera Rico, José Luis | Ausente | |
3 Cárdenas Márquez, Elías | Ausente | |
4 Castellanos Hernández, Félix | Ausente | |
5 Castillo Romero, Patricia Obdulia de Jesús | Ausente | |
6 Chanona Burguete, Alejandro | Ausente | |
7 Del Río Virgen, José Manuel | Favor | |
8 Godoy Cárdenas, Jorge | Favor | |
9 López Lena Cruz, Humberto | Ausente | |
10 Salvatori Bronca, María del Carmen | Favor | |
11 Samperio Montaño, Juan Ignacio | Ausente | |
12 Sansores San Román, Layda Elena | Ausente | |
13 Tagle Martínez, Martha Angélica | Ausente | |
14 Uscanga Cruz, Robinson | Ausente | |
15 Valdés Chávez, Ramón | Ausente | |
16 Varela Lagunas, Tomás José Luis | Ausente | |
17 Velasco Oliva, Jesús Cuauhtémoc | Ausente | |
Favor: 3 | ||
Contra: 0 | ||
Abstención: 0 | ||
Quorum: 0 | ||
Ausentes: 14 | ||
Total: 17 |
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO | ||
---|---|---|
1 Arévalo González, José Antonio | Favor | |
2 Bellizzia Rosique, Pascual | Favor | |
3 Cobo Terrazas, Diego | Ausente | |
4 Elizondo Garrido, Francisco | Favor | |
5 Estrada González, Faustino Javier | Favor | |
6 González Martínez, Jorge Emilio | Ausente | |
7 Lavara Mejía, Gloria | Favor | |
8 López Adame, Antonio Xavier | Favor | |
9 Manrique Guevara, Beatriz | Favor | |
10 Notholt Guerrero, Alan | Favor | |
11 Portilla Diéguez, Manuel | Ausente | |
12 Puente Salas, Carlos Alberto | Ausente | |
13 Ramírez Cerda, Ana María | Favor | |
14 Rodríguez Luis, Alejandro | Favor | |
15 Salgado Amador, Manuel Salvador | Favor | |
16 Sesma Suárez, Jesús | Favor | |
17 Velasco Rodríguez, Verónica | Favor | |
Favor: 13 | ||
Contra: 0 | ||
Abstención: 0 | ||
Quorum: 0 | ||
Ausentes: 4 | ||
Total: 17 |
PARTIDO DEL TRABAJO | ||
---|---|---|
1 Aguilar Jiménez, Rubén | Favor | |
2 Arreola Ortega, Pablo Leopoldo | Ausente | |
3 Cantú Garza, Ricardo | Ausente | |
4 Cervantes Rivera, Jaime | Ausente | |
5 Garay Ulloa, Silvano | Ausente | |
6 Herrera Solís, Anuario Luis | Ausente | |
7 Maciel Ortiz, María Mercedez | Ausente | |
8 Peregrino García, Abundio | Ausente | |
9 Romero Guzmán, Rosa Elia | Favor | |
10 Solís Parga, Rodolfo | Favor | |
11 Vela González, Joaquín Humberto | Ausente | |
Favor: 3 | ||
Contra: 0 | ||
Abstención: 0 | ||
Quorum: 0 | ||
Ausentes: 8 | ||
Total: 11 |
PARTIDO NUEVA ALIANZA | ||
---|---|---|
1 Arriola Gordillo, Mónica | Ausente | |
2 Cárdenas Fonseca, Manuel | Ausente | |
3 Castillo Nájera, Ariel | Ausente | |
4 Dávila Esquivel, Humberto | Favor | |
5 Gómez Pasillas, Jacinto | Favor | |
6 Jiménez Godínez, Miguel Ángel | Favor | |
7 Luna Becerril, Blanca | Ausente | |
8 Luna Rodríguez, Silvia | Favor | |
9 Piñeyro Arias, Irma | Ausente | |
Favor: 4 | ||
Contra: 0 | ||
Abstención: 0 | ||
Quorum: 0 | ||
Ausentes: 5 | ||
Total: 9 |
PARTIDO ALTERNATIVA SOCIAL | ||
---|---|---|
1 Arvizu Rivas, Aida Marina | Ausente | |
2 Conde Rodríguez, Elsa de Guadalupe | Ausente | |
3 García Méndez, Armando | Ausente | |
4 Hernández Valadés, Delio | Ausente | |
5 Pedro Cortés, Santiago Gustavo | Ausente | |
Favor: 0 | ||
Contra: 0 | ||
Abstención: 0 | ||
Quorum: 0 | ||
Ausentes: 5 | ||
Total: 5 |
PARTIDO ACCION NACIONAL | ||
---|---|---|
1 Acosta Dávila, Constantino | Ausente | |
2 Aguilar López, José Alejandro | Ausente | |
3 Alcalde Virgen, Moisés | Ausente | |
4 Alcaraz Hernández, Alma Edwviges | Favor | |
5 Álvarez Bernal, María Elena | Favor | |
6 Amezola Fonceca, Gerardo | Favor | |
7 Antuna Batista, Fidel | Ausente | |
8 Aranda Orozco, Gerardo | Favor | |
9 Arellano Arellano, Joel | Favor | |
10 Arenas Guzmán, Margarita | Favor | |
11 Arizméndi Uribe, Efraín | Favor | |
12 Armendáriz García, Pedro | Favor | |
13 Arredondo Ibarra, Salvador | Favor | |
14 Arredondo Velázquez, Jesús | Favor | |
15 Ávila Mayo, Obdulio | Ausente | |
16 Barradas Miravete, Gregorio | Ausente | |
17 Barrios Rodríguez, Juan Enrique | Favor | |
18 Bello Pérez, Alfonso Othón | Favor | |
19 Berber Martínez, Antonio | Ausente | |
20 Bermúdez Viramontes, Andrés | Ausente | |
21 Bolaños Aguilar, Edmundo Javier | Favor | |
22 Borrego Estrada, Felipe | Favor | |
23 Bracho González, Carlos Augusto | Favor | |
24 Buganza Salmerón, Gerardo | Ausente | |
25 Campos Galván, María Eugenia | Favor | |
26 Carbajal Méndez, Liliana | Ausente | |
27 Cárdenas Sánchez, Esmeralda | Favor | |
28 Cardona Benavídez, Alma Xóchil | Favor | |
29 Carrasco Altamirano, Diódoro Humberto | Favor | |
30 Castaño Contreras, Cristián | Favor | |
31 Castro de la Rosa, Osiel | Ausente | |
32 Castro Muñoz, Juan de Dios | Favor | |
33 Ceja Romero, Ramón | Ausente | |
34 Chávez García, Daniel | Favor | |
35 Collado Lara, Beatriz | Favor | |
36 Contreras Coeto, José Luis | Favor | |
37 Corral Aguilar, María Mercedes | Favor | |
38 Cuen Garibi, Marcela | Favor | |
39 Curiel Preciado, Leobardo | Favor | |
40 Dávila Fernández, Adriana | Ausente | |
41 Dávila García, Francisco | Favor | |
42 De la Torre Jaramillo, Eduardo Sergio | Ausente | |
43 De León Tello, Jesús | Favor | |
44 Degante Romero, Silvia Emilia | Favor | |
45 Del Toro del Villar, Tomás | Favor | |
46 Del Valle Toca, Antonio | Ausente | |
47 Del Villar Sosa, Sonia Leslie | Favor | |
48 Delgado Oscoy, Alejandro Enrique | Ausente | |
49 Denegre Vaught, Rosaura | Ausente | |
50 Deschamps Falcón, Ángel Rafael | Favor | |
51 Díaz de León Torres, Leticia | Favor | |
52 Díaz García, José Antonio | Favor | |
53 Díaz Garibay, Felipe | Favor | |
54 Díaz Gordillo, Martha Cecilia | Ausente | |
55 Díaz Mena, Joaquín Jesús | Favor | |
56 Domínguez Servién, Francisco | Favor | |
57 Duck Núñez, Edgar Mauricio | Ausente | |
58 Enríquez Flores, Armando | Favor | |
59 Escaroz Soler, Gerardo Antonio | Favor | |
60 Escobar Jardinez, Adolfo | Ausente | |
61 Espinosa Piña, José Luis | Favor | |
62 Félix Holguín, Armando Jesús | Favor | |
63 Felton González, Carlos Eduardo | Ausente | |
64 Fernández Cabrera, Adrián | Ausente | |
65 Fernández Ugarte, Carmen | Favor | |
66 Flores Domínguez, Emilio Ramón Ramiro | Ausente | |
67 Flores Grande, Arturo | Favor | |
68 Flores Morfín, Jesús Vicente | Favor | |
69 Fraile García, Francisco Antonio | Favor | |
70 Franco Cazarez, Ricardo | Favor | |
71 Fuentes Ortiz, José Guillermo | Favor | |
72 García González, Carlos Alberto | Favor | |
73 García Müller, Martha Margarita | Ausente | |
74 García Reyes, Ángel Humberto | Favor | |
75 García Reyes, Beatriz Eugenia | Ausente | |
76 García Vivián, Raúl | Favor | |
77 Garmendia Hernández, Yolanda Mercedes | Favor | |
78 Gómez Leyva, Silvio | Ausente | |
79 González Betancourt, Jorge Justiniano | Ausente | |
80 González Martínez, María Gabriela | Ausente | |
81 González Morán, Martín Oscar | Favor | |
82 González Roaro, Benjamín Ernesto | Ausente | |
83 González Ruiz, Felipe | Favor | |
84 González Sánchez, María Dolores | Favor | |
85 Gudiño Ortiz, Francisco Javier | Ausente | |
86 Guerrero Torres, José Gildardo | Favor | |
87 Gutiérrez Aguilar, Miguel Ángel | Favor | |
88 Gutiérrez Lagunes, María Victoria | Ausente | |
89 Hernández Núñez, Elia | Favor | |
90 Hurtado Pérez, Nelly Asunción | Favor | |
91 Iragorri Durán, Enrique | Favor | |
92 Jiménez del Castillo, Ma. de los Ángeles | Favor | |
93 Jiménez Ramos, María Esther | Favor | |
94 Joaquín Coldwell, Addy Cecilia | Favor | |
95 Lagunes Viveros, Violeta del Pilar | Ausente | |
96 Landero Gutiérrez, Alejandro | Favor | |
97 Landeros González, Ramón | Favor | |
98 Lara Compeán, David | Favor | |
99 Larios Córdova, Héctor | Favor | |
100 Laviada Hernández, Íñigo Antonio | Ausente | |
101 Lemus Muñoz Ledo, Ramón Ignacio | Favor | |
102 Leura González, Agustín | Favor | |
103 Limas Frescas, María Soledad | Favor | |
104 Lizaola de la Torre, Alonso Manuel | Ausente | |
105 López Cisneros, José Martín | Favor | |
106 López Reyna, Omeheira | Favor | |
107 López Silva, Rubí Laura | Favor | |
108 Lujano Nicolás, Christian Martín | Favor | |
109 Maawad Robert, Luis Xavier | Favor | |
110 Macías Zambrano, Gustavo | Favor | |
111 Madrazo Limón, Carlos | Favor | |
112 Magallón Arceo, Leonardo Melesio de Jesús | Favor | |
113 Malagón Ríos, Martín | Favor | |
114 Maldonado González, David | Ausente | |
115 Manuell-Gómez Angulo, Dolores de María | Favor | |
116 Martínez Valero, Dora Alicia | Favor | |
117 Medellín Varela, Antonio | Favor | |
118 Medina Macias, Alma Hilda | Favor | |
119 Medina Rodríguez, Delber | Favor | |
120 Medina Rodríguez, Lizbeth Evelia | Ausente | |
121 Mejía García, Luis Alonso | Favor | |
122 Méndez Meneses, Apolonio | Favor | |
123 Mendoza Morales, Lucía Susana | Favor | |
124 Mohamar Dainitin, Oscar Miguel | Favor | |
125 Mollinedo Hernández, Agustín | Ausente | |
126 Monraz Ibarra, Miguel Ángel | Favor | |
127 Montes Sánchez, Fabián Fernando | Favor | |
128 Montiel Luis, Lariza | Favor | |
129 Mora Cuevas, Marisol | Favor | |
130 Morales Ramos, José Nicolás | Favor | |
131 Moreno Álvarez, Mario Eduardo | Favor | |
132 Morgan Franco, Rocío del Carmen | Favor | |
133 Muñoz Serrano, José Antonio | Favor | |
134 Murillo Flores, Francisco Javier | Favor | |
135 Murillo Torres, José Luis | Favor | |
136 Navarro Sugich, Carlos Alberto | Favor | |
137 Nordhausen González, Jorge Rubén | Favor | |
138 Noriega Blanco Vigil, María Elena de las Nieves | Favor | |
139 Ochoa López, Nabor | Ausente | |
140 Olvera Higuera, Edgar Armando | Ausente | |
141 Orozco Ruiz Velazco, Marco Heriberto | Favor | |
142 Ortega Martínez, María del Pilar | Favor | |
143 Ortiz Hernández, Eduardo | Ausente | |
144 Ortiz Montoro, Sagrario María del Rosario | Favor | |
145 Oviedo Oviedo, Ernesto | Favor | |
146 Padilla Orozco, Raúl Alejandro | Ausente | |
147 Palafox Núñez, José Inés | Favor | |
148 Paredes Rodríguez, Francisco Javier | Favor | |
149 Parra Jiménez, Dolores María del Carmen | Favor | |
150 Parra Noriega, Luis Gustavo | Favor | |
151 Pérez de Tejada Romero, Diana Carolina | Abstención | |
152 Pérez Cuéllar, Cruz | Favor | |
153 Peyrot Solís, Marco A. | Ausente | |
154 Plascencia Alonso, Francisco Javier | Favor | |
155 Priego Tapia, Gerardo | Favor | |
156 Pulido Pecero, Pedro | Favor | |
157 Quintero Bello, Jorge | Favor | |
158 Rodríguez Vizcarra Velázquez, Adriana | Favor | |
159 Ramírez Barba, Ector Jaime | Favor | |
160 Ramírez Corral, Ivette Jacqueline | Ausente | |
161 Ramírez Pech, Edgar Martín | Ausente | |
162 Ramírez Villarreal, Gustavo | Favor | |
163 Ramos Covarrubias, Héctor Manuel | Favor | |
164 Reyes López, Carlos Armando | Favor | |
165 Rincón Vargas, Mirna Cecilia | Favor | |
166 Rivera Rivera, José Guadalupe | Favor | |
167 Rivero Rivero, Rolando | Favor | |
168 Rodríguez Ahumada, Luis Fernando | Favor | |
169 Rodríguez Jiménez, Ricardo | Ausente | |
170 Rodríguez Prats, Juan José | Favor | |
171 Rodríguez Uresti, Enrique | Favor | |
172 Rojas Hernández, Laura Angélica | Ausente | |
173 Román Isidoro, Demetrio | Ausente | |
174 Romo Jiménez, Martha Angélica | Ausente | |
175 Rubio Chávez, José Ignacio Alberto | Favor | |
176 Rueda Gómez, Francisco | Favor | |
177 Ruiz Velasco de Lira, Ernesto | Favor | |
178 Salas Contreras, Marcos | Ausente | |
179 Salazar Madera, Mario Alberto | Ausente | |
180 Salum del Palacio, Jorge Alejandro | Favor | |
181 Sánchez Díaz de Rivera, Antonio | Favor | |
182 Sánchez Domínguez, Alejandro | Ausente | |
183 Sánchez Gil, Carlos René | Favor | |
184 Sánchez Juárez, Claudia | Ausente | |
185 Sánchez Trujillo, José Víctor | Favor | |
186 Sandoval Munguia, Juan Manuel | Favor | |
187 Serrato Castell, Luis Gerardo | Favor | |
188 Shej Guzmán Sara | Favor | |
189 Solano Muñoz, José de Jesús | Favor | |
190 Stefanonni Mazzocco, Martín | Favor | |
191 Tamayo Herrera, Yadhira Yvette | Favor | |
192 Torres Gómez, Artemio | Ausente | |
193 Torres Herrera, Víctor Manuel | Favor | |
194 Torres Torres, Carlos Alberto | Favor | |
195 Valenzuela García, María Gloria Guadalupe | Favor | |
196 Valladolid Rodríguez, Antonio | Favor | |
197 Vasconcelos Rueda, Antonio | Ausente | |
198 Vázquez Martínez, Alberto | Favor | |
199 Vega Corona, Antonio | Favor | |
200 Velázquez Gutiérrez, José Guillermo | Favor | |
201 Verástegui Ostos, César Augusto | Ausente | |
202 Verdín Saldaña, Jaime | Favor | |
203 Victoria Alva, Juan | Favor | |
204 Vieyra Olivares, Adriana Rebeca | Favor | |
205 Villanueva Arjona, Juan Manuel | Favor | |
206 Zambrano Elizondo, Javier Martín | Favor | |
Favor: 150 | ||
Contra: 0 | ||
Abstención: 1 | ||
Quorum: 0 | ||
Ausentes: 56 | ||
Total: 207 |
PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA | ||
---|---|---|
1 Aguirre Alcaide, Víctor | Ausente | |
2 Alavez Ruiz, Aleida | Ausente | |
3 Almazán González, José Antonio | Ausente | |
4 Almonte Borja, Ramón | Favor | |
5 Alonso Flores, Lourdes | Ausente | |
6 Alonso Razo, Humberto Wifredo | Favor | |
7 Altamirano Toledo, Carlos | Ausente | |
8 Alva Olvera, Maribel Luisa | Ausente | |
9 Álvarez Ramón, Silbestre | Favor | |
10 Amaro Corona, Alberto | Ausente | |
11 Aragón Castillo, Irene | Favor | |
12 Arellano Pulido, Miguel Ángel | Favor | |
13 Arreola Calderón, Juan Dario | Favor | |
14 Barreiro Pérez, Armando | Ausente | |
15 Batres Guadarrama, Valentina Valia | Ausente | |
16 Bautista Bravo, Alliet Mariana | Favor | |
17 Bravo Padilla, Itzcóatl Tonatiuh | Ausente | |
18 Brito González, Modesto | Favor | |
19 Calzada Vázquez, Francisco Javier | Favor | |
20 Campos Aburto, Amador | Ausente | |
21 Cárdenas Hernández, Raymundo | Favor | |
22 Cervantes Rodríguez, Aurora | Favor | |
23 Chávez García, Higinio | Favor | |
24 Condado Escamilla, Cuitlahuac | Favor | |
25 Contreras Julián, Maricela | Ausente | |
26 Cruz Santiago, Claudia Lilia | Ausente | |
27 Cuevas Córdova, Othón | Ausente | |
28 Dagdug Lützow, Moisés Félix | Favor | |
29 De la Rosa García, Juan Hugo | Favor | |
30 De los Santos Molina, Joaquín Conrado | Ausente | |
31 Dehesa Mora, Daniel | Favor | |
32 Del Toro , Mario Enrique | Favor | |
33 Díaz Contreras, Adriana | Favor | |
34 Escandón Cadenas, Rutilio Cruz | Ausente | |
35 Espejel Lazcano, Jaime | Favor | |
36 Fernández Balboa, Mónica | Ausente | |
37 Flores Maldonado, César | Favor | |
38 Flores Salazar, Guadalupe Socorro | Ausente | |
39 Franco Melgarejo, Rafael | Favor | |
40 Gálvez Rodríguez, Fernel Arturo | Ausente | |
41 García Rodríguez, Víctor Hugo | Ausente | |
42 Garzón Contreras, Neftalí | Favor | |
43 González Garza, Javier | Ausente | |
44 Guerra Ochoa, Juan Nicasio | Favor | |
45 Gutiérrez Calzadilla, José Luis | Favor | |
46 Hernández Gaytán, Daisy Selene | Ausente | |
47 Hernández Hernández, Sergio | Ausente | |
48 Hernández Manzanares, Javier | Favor | |
49 Hernández Silva, Benjamín | Ausente | |
50 Ibarra Franquez, Sonia Nohelia | Favor | |
51 Jacques y Medina, José | Ausente | |
52 Jiménez Valenzuela, María Eugenia | Favor | |
53 Landero López, Pedro | Ausente | |
54 Lemarroy Martínez, Juan Dario | Ausente | |
55 Leyva Piñón, Ana Yurixi | Favor | |
56 Lizárraga Peraza, Víctor Manuel | Favor | |
57 López Barriga, Erick | Favor | |
58 López Becerra, Santiago | Favor | |
59 López Rojas, Alberto | Ausente | |
60 López Torres, María Soledad | Ausente | |
61 Lozano Lozano, Andrés | Favor | |
62 Luna Munguía, Alma Lilia | Ausente | |
63 Márquez Madrid, Camerino Eleazar | Favor | |
64 Márquez Tinoco, Francisco | Favor | |
65 Martínez Hernández, Alejandro | Ausente | |
66 Martínez Martínez, Carlos Roberto | Ausente | |
67 Martínez Martínez, Francisco | Favor | |
68 Martínez Padilla, Hugo Eduardo | Favor | |
69 Martínez Vargas Octavio | Favor | |
70 Matías Alonso, Marcos | Ausente | |
71 Matus Toledo, Holly | Favor | |
72 Mayans Canabal, Fernando | Ausente | |
73 Mendoza Arellano, David | Ausente | |
74 Mendoza Flores, Roberto | Favor | |
75 Mendoza Maldonado, Fausto Fluvio | Favor | |
76 Mendoza Mendoza, Irineo | Ausente | |
77 Monreal Ávila, Susana | Ausente | |
78 Montalvo Rojas, Victorio Rubén | Favor | |
79 Morales Manzo, Jesús Ricardo | Favor | |
80 Morales Sánchez, Efraín | Ausente | |
81 Morales Vázquez, Carlos Orsoe | Favor | |
82 Narcía Álvarez, Héctor | Favor | |
83 Navarro López, Carlos Ernesto | Ausente | |
84 Navarro Quintero, Miguel Ángel | Favor | |
85 Ojeda Hernández, Concepción | Ausente | |
86 Oliva Fragoso, Silvia | Favor | |
87 Orcí Martínez, Juan Adolfo | Ausente | |
88 Ortega Martínez, Antonio | Ausente | |
89 Ortiz Magallón, Rosario Ignacia | Ausente | |
90 Pacheco Llanes, Ramón Félix | Favor | |
91 Pedraza Chávez, Isidro | Favor | |
92 Pedrozo Castillo, Adrián | Ausente | |
93 Peña Sánchez, Miguel Ángel | Favor | |
94 Pérez Cruz, Raciel | Ausente | |
95 Pulido Santiago, Celso David | Favor | |
96 Ramos Becerril, Rafael Plácido | Favor | |
97 Ramos Castellanos, Martín | Ausente | |
98 Rasgado Corsi, Gloria | Ausente | |
99 Ríos Gamboa, Raúl | Favor | |
100 Romero Gutiérrez, Odilón | Ausente | |
101 Ruiz Sánchez, Salvador | Ausente | |
102 Saavedra Coronel, José Antonio | Favor | |
103 Salinas Pérez, Josefina | Favor | |
104 San Martín Hernández, Juan Manuel | Favor | |
105 Sánchez Barrios, Carlos | Favor | |
106 Sánchez Cabrales, Rafael Elías | Ausente | |
107 Sánchez Camacho, Alejandro | Ausente | |
108 Sánchez Camacho, David | Favor | |
109 Sánchez Ramos, Francisco | Favor | |
110 Sánchez Valdéz, Eva Angelina | Ausente | |
111 Sandoval Ramírez, Cuauhtémoc | Ausente | |
112 Santos Arreola, Francisco Javier | Favor | |
113 Solares Chávez, Miguel Ángel | Ausente | |
114 Soriano Sánchez, Rosa Elva | Ausente | |
115 Soto Sánchez, Antonio | Ausente | |
116 Suárez del Real y Aguilera, José Alfonso | Favor | |
117 Torres Baltazar, María Elena | Ausente | |
118 Torres García, Daniel | Ausente | |
119 Trejo Pérez, Pablo | Favor | |
120 Ulloa Pérez, Emilio | Ausente | |
121 Vallejo Estevez, Mario | Favor | |
122 Varela López, Víctor Gabriel | Ausente | |
123 Villanueva Albarrán, Gerardo | Ausente | |
124 Villicaña García, Rafael | Favor | |
125 Zavaleta Salgado, Ruth | Ausente | |
126 Zazueta Aguilar, Jesús Humberto | Favor | |
127 Zepeda Hernández, Martín | Favor | |
Favor: 65 | ||
Contra: 0 | ||
Abstención: 0 | ||
Quorum: 0 | ||
Ausentes: 62 | ||
Total: 127 |
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL | ||
---|---|---|
1 Abramo Masso, Yerico | Favor | |
2 Aguilar , Diego | Ausente | |
3 Aguilar Solís, Samuel | Ausente | |
4 Aispuro Torres, José Rosas | Ausente | |
5 Alcántara Núñez, Jesús Sergio | Ausente | |
6 Aldana Prieto, Luis Ricardo | Ausente | |
7 Amador Gaxiola, Daniel | Favor | |
8 Amador Leal, Narcizo Alberto | Ausente | |
9 Ayala Almeida, Joel | Favor | |
10 Badillo Martínez, Roberto | Favor | |
11 Barajas López, Ramón | Ausente | |
12 Barajas del Toro, Salvador | Ausente | |
13 Barba Hernández, Alfredo | Favor | |
14 Beltrán Montes, Israel | Favor | |
15 Benítez Ojeda, Luis Enrique | Ausente | |
16 Bernal Gutiérrez, Andrés Marco Antonio | Ausente | |
17 Biebrich Torres, Carlos Armando | Ausente | |
18 Blanco Pajón, José Luis | Favor | |
19 Caballero Camargo, Gustavo Fernando | Favor | |
20 Camacho Quiroz, César Octavio | Favor | |
21 Canavati Tafich, Jesús Ricardo | Ausente | |
22 Carballo Bustamante, Andrés | Ausente | |
23 Cárdenas del Avellano, Enrique | Favor | |
24 Cárdenas Monroy, Oscar Gustavo | Ausente | |
25 Cervantes Andrade, Raúl | Ausente | |
26 Chaurand Arzate, Carlos | Favor | |
27 Colín Guadarrama, María Mercedes | Favor | |
28 Cordero Alfonzo, Arnulfo Elías | Ausente | |
29 De la Garza Treviño, Jorge Luis | Favor | |
30 Díaz Athié, Antonio de Jesús | Favor | |
31 Díaz Solorzano, Elmar Darinel | Favor | |
32 Domínguez Domínguez, Nemesio | Favor | |
33 Duarte Jáquez, César | Favor | |
34 Escajeda Jiménez, José Rubén | Favor | |
35 Escalante Jasso, Aracely | Ausente | |
36 Espinosa Abuxapqui, Eduardo Elías | Favor | |
37 Estefan Chidiac, Charbel Jorge | Ausente | |
38 Flores Sandoval, Patricio | Favor | |
39 Fuentes Tellez, Octavio | Favor | |
40 Gamboa Patrón, Emilio | Ausente | |
41 Garza Garza, Horacio Emigdio | Favor | |
42 Gebhardt Garduza, Yary del Carmen | Favor | |
43 Gloria Requena, Tomás | Favor | |
44 Gómez Lugo, Elda | Favor | |
45 González Calderón, Martha Hilda | Favor | |
46 González Salum, Miguel Ángel | Ausente | |
47 González Zarur, Mariano | Ausente | |
48 Guerrero García, Javier | Ausente | |
49 Guerrero Juárez, Joel | Ausente | |
50 Herrera Ale, Juana Leticia | Ausente | |
51 Herrera Coyac, Wenceslao | Favor | |
52 Izquierdo Bustamante, Alfonso Rolando | Favor | |
53 Lagunes Gallina, Gerardo | Ausente | |
54 Lescieur Talavera, Jorge Mario | Favor | |
55 López Balbuena, Guillermina | Favor | |
56 Madrid Tovilla, Areli | Favor | |
57 Martínez Rodríguez, Lorena | Favor | |
58 Martínez Rocha, Arturo | Ausente | |
59 Méndez Lanz, Víctor Manuel | Ausente | |
60 Mendívil Amparám, Gustavo Ildefonso | Favor | |
61 Merodio Reza, Lilia Guadalupe | Ausente | |
62 Moctezuma Pereda, Fernando Quetzalcoatl | Favor | |
63 Montalvo Gómez, Pedro | Ausente | |
64 Morales García, Elizabeth | Ausente | |
65 Mota Hernández, Adolfo | Favor | |
66 Muñoz Serna, Rogelio | Ausente | |
67 Murat , José | Ausente | |
68 Ochoa González, Arnoldo | Ausente | |
69 Ojeda Camacho, Gilberto | Ausente | |
70 Olivares Monterrubio, Alejandro | Favor | |
71 Olivares Ventura, Héctor Hugo | Ausente | |
72 Ordaz Jiménez, Ismael | Ausente | |
73 Orihuela Bárcenas, José Ascención | Ausente | |
74 Orihuela Trejo, José Amado | Favor | |
75 Ortiz del Carpio, Víctor | Favor | |
76 Ortiz Proal, Mauricio | Favor | |
77 Padilla Gutiérrez, Héctor | Ausente | |
78 Pagés Llergo Rebollar, María Beatriz | Favor | |
79 Palma César, Víctor Samuel | Ausente | |
80 Parás González, Juan Manuel | Favor | |
81 Partida Guzmán, Martha Rocío | Favor | |
82 Patrón Montalvo, Jesús Manuel | Favor | |
83 Peñuelas Acuña, Mayra Gisela | Favor | |
84 Pérez Valdés, Daniel | Favor | |
85 Pinete Vargas, María del Carmen | Ausente | |
86 Quiñones Canales, Lourdes | Ausente | |
87 Ramírez Martínez, José Edmundo | Favor | |
88 Ramírez Stabros, Jesús | Favor | |
89 Reyna García, José Jesús | Favor | |
90 Ríos Camarena, Alfredo Adolfo | Favor | |
91 Rivera Bedoya, Juan Francisco | Favor | |
92 Rodríguez Ramírez, Bertha Yolanda | Favor | |
93 Rojas Gutiérrez, Carlos | Favor | |
94 Ruiz Chávez, Sara Latife | Favor | |
95 Salas López, Ramón | Favor | |
96 Sánchez Hernández, Eduardo | Favor | |
97 Sandoval Paredes, Sergio | Ausente | |
98 Serrano Escobar, Enrique | Favor | |
99 Sosa Castelán, Gerardo | Ausente | |
100 Toledo Luis, Jorge | Favor | |
101 Vargas Landeros, Gerardo Octavio | Ausente | |
102 Vega Ortiz, María Oralia | Favor | |
103 Velasco Pérez, Juan Carlos | Ausente | |
104 Villa Villa, Isael | Ausente | |
105 Villanueva Abraján, Patricia | Ausente | |
106 Zatarain González, Carlos Ernesto | Favor | |
Favor: 59 | ||
Contra: 0 | ||
Abstención: 0 | ||
Quorum: 0 | ||
Ausentes: 47 | ||
Total: 106 |
CONVERGENCIA | ||
---|---|---|
1 Abad de Jesús, Juan | Ausente | |
2 Aguilera Rico, José Luis | Ausente | |
3 Cárdenas Márquez, Elías | Ausente | |
4 Castellanos Hernández, Félix | Ausente | |
5 Castillo Romero, Patricia Obdulia de Jesús | Ausente | |
6 Chanona Burguete, Alejandro | Ausente | |
7 Del Río Virgen, José Manuel | Favor | |
8 Godoy Cárdenas, Jorge | Ausente | |
9 López Lena Cruz, Humberto | Favor | |
10 Salvatori Bronca, María del Carmen | Favor | |
11 Samperio Montaño, Juan Ignacio | Ausente | |
12 Sansores San Román, Layda Elena | Ausente | |
13 Tagle Martínez, Martha Angélica | Ausente | |
14 Uscanga Cruz, Robinson | Ausente | |
15 Valdés Chávez, Ramón | Ausente | |
16 Varela Lagunas, Tomás José Luis | Ausente | |
17 Velasco Oliva, Jesús Cuauhtémoc | Ausente | |
Favor: 3 | ||
Contra: 0 | ||
Abstención: 0 | ||
Quorum: 0 | ||
Ausentes: 14 | ||
Total: 17 |
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO | ||
---|---|---|
1 Arévalo González, José Antonio | Favor | |
2 Bellizzia Rosique, Pascual | Favor | |
3 Cobo Terrazas, Diego | Favor | |
4 Elizondo Garrido, Francisco | Ausente | |
5 Estrada González, Faustino Javier | Favor | |
6 González Martínez, Jorge Emilio | Ausente | |
7 Lavara Mejía, Gloria | Favor | |
8 López Adame, Antonio Xavier | Favor | |
9 Manrique Guevara, Beatriz | Favor | |
10 Notholt Guerrero, Alan | Favor | |
11 Portilla Diéguez, Manuel | Ausente | |
12 Puente Salas, Carlos Alberto | Ausente | |
13 Ramírez Cerda, Ana María | Favor | |
14 Rodríguez Luis, Alejandro | Ausente | |
15 Salgado Amador, Manuel Salvador | Favor | |
16 Sesma Suárez, Jesús | Ausente | |
17 Velasco Rodríguez, Verónica | Favor | |
Favor: 11 | ||
Contra: 0 | ||
Abstención: 0 | ||
Quorum: 0 | ||
Ausentes: 6 | ||
Total: 17 |
PARTIDO DEL TRABAJO | ||
---|---|---|
1 Aguilar Jiménez, Rubén | Favor | |
2 Arreola Ortega, Pablo Leopoldo | Ausente | |
3 Cantú Garza, Ricardo | Ausente | |
4 Cervantes Rivera, Jaime | Ausente | |
5 Garay Ulloa, Silvano | Ausente | |
6 Herrera Solís, Anuario Luis | Ausente | |
7 Maciel Ortiz, María Mercedez | Ausente | |
8 Peregrino García, Abundio | Ausente | |
9 Romero Guzmán, Rosa Elia | Favor | |
10 Solís Parga, Rodolfo | Favor | |
11 Vela González, Joaquín Humberto | Ausente | |
Favor: 3 | ||
Contra: 0 | ||
Abstención: 0 | ||
Quorum: 0 | ||
Ausentes: 8 | ||
Total: 11 |
PARTIDO NUEVA ALIANZA | ||
---|---|---|
1 Arriola Gordillo, Mónica | Ausente | |
2 Cárdenas Fonseca, Manuel | Ausente | |
3 Castillo Nájera, Ariel | Ausente | |
4 Dávila Esquivel, Humberto | Favor | |
5 Gómez Pasillas, Jacinto | Favor | |
6 Jiménez Godínez, Miguel Ángel | Ausente | |
7 Luna Becerril, Blanca | Ausente | |
8 Luna Rodríguez, Silvia | Ausente | |
9 Piñeyro Arias, Irma | Ausente | |
Favor: 2 | ||
Contra: 0 | ||
Abstención: 0 | ||
Quorum: 0 | ||
Ausentes: 7 | ||
Total: 9 |
PARTIDO ALTERNATIVA SOCIAL | ||
---|---|---|
1 Arvizu Rivas, Aida Marina | Ausente | |
2 Conde Rodríguez, Elsa de Guadalupe | Ausente | |
3 García Méndez, Armando | Ausente | |
4 Hernández Valadés, Delio | Ausente | |
5 Pedro Cortés, Santiago Gustavo | Ausente | |
Favor: 0 | ||
Contra: 0 | ||
Abstención: 0 | ||
Quorum: 0 | ||
Ausentes: 5 | ||
Total: 5 |
PARTIDO ACCION NACIONAL | ||
---|---|---|
1 Acosta Dávila, Constantino | Ausente | |
2 Aguilar López, José Alejandro | Favor | |
3 Alcalde Virgen, Moisés | Ausente | |
4 Alcaraz Hernández, Alma Edwviges | Ausente | |
5 Álvarez Bernal, María Elena | Favor | |
6 Amezola Fonceca, Gerardo | Favor | |
7 Antuna Batista, Fidel | Ausente | |
8 Aranda Orozco, Gerardo | Favor | |
9 Arellano Arellano, Joel | Favor | |
10 Arenas Guzmán, Margarita | Favor | |
11 Arizméndi Uribe, Efraín | Ausente | |
12 Armendáriz García, Pedro | Favor | |
13 Arredondo Ibarra, Salvador | Favor | |
14 Arredondo Velázquez, Jesús | Favor | |
15 Ávila Mayo, Obdulio | Ausente | |
16 Barradas Miravete, Gregorio | Ausente | |
17 Barrios Rodríguez, Juan Enrique | Favor | |
18 Bello Pérez, Alfonso Othón | Favor | |
19 Berber Martínez, Antonio | Ausente | |
20 Bermúdez Viramontes, Andrés | Ausente | |
21 Bolaños Aguilar, Edmundo Javier | Favor | |
22 Borrego Estrada, Felipe | Favor | |
23 Bracho González, Carlos Augusto | Favor | |
24 Buganza Salmerón, Gerardo | Ausente | |
25 Campos Galván, María Eugenia | Favor | |
26 Carbajal Méndez, Liliana | Favor | |
27 Cárdenas Sánchez, Esmeralda | Favor | |
28 Cardona Benavídez, Alma Xóchil | Favor | |
29 Carrasco Altamirano, Diódoro Humberto | Favor | |
30 Castaño Contreras, Cristián | Favor | |
31 Castro de la Rosa, Osiel | Ausente | |
32 Castro Muñoz, Juan de Dios | Favor | |
33 Ceja Romero, Ramón | Ausente | |
34 Chávez García, Daniel | Favor | |
35 Collado Lara, Beatriz | Favor | |
36 Contreras Coeto, José Luis | Favor | |
37 Corral Aguilar, María Mercedes | Favor | |
38 Cuen Garibi, Marcela | Favor | |
39 Curiel Preciado, Leobardo | Favor | |
40 Dávila Fernández, Adriana | Ausente | |
41 Dávila García, Francisco | Favor | |
42 De la Torre Jaramillo, Eduardo Sergio | Ausente | |
43 De León Tello, Jesús | Ausente | |
44 Degante Romero, Silvia Emilia | Ausente | |
45 Del Toro del Villar, Tomás | Favor | |
46 Del Valle Toca, Antonio | Ausente | |
47 Del Villar Sosa, Sonia Leslie | Favor | |
48 Delgado Oscoy, Alejandro Enrique | Ausente | |
49 Denegre Vaught, Rosaura | Favor | |
50 Deschamps Falcón, Ángel Rafael | Favor | |
51 Díaz de León Torres, Leticia | Ausente | |
52 Díaz García, José Antonio | Favor | |
53 Díaz Garibay, Felipe | Favor | |
54 Díaz Gordillo, Martha Cecilia | Ausente | |
55 Díaz Mena, Joaquín Jesús | Favor | |
56 Domínguez Servién, Francisco | Favor | |
57 Duck Núñez, Edgar Mauricio | Ausente | |
58 Enríquez Flores, Armando | Favor | |
59 Escaroz Soler, Gerardo Antonio | Favor | |
60 Escobar Jardinez, Adolfo | Ausente | |
61 Espinosa Piña, José Luis | Favor | |
62 Félix Holguín, Armando Jesús | Favor | |
63 Felton González, Carlos Eduardo | Ausente | |
64 Fernández Cabrera, Adrián | Favor | |
65 Fernández Ugarte, Carmen | Favor | |
66 Flores Domínguez, Emilio Ramón Ramiro | Ausente | |
67 Flores Grande, Arturo | Favor | |
68 Flores Morfín, Jesús Vicente | Favor | |
69 Fraile García, Francisco Antonio | Favor | |
70 Franco Cazarez, Ricardo | Favor | |
71 Fuentes Ortiz, José Guillermo | Ausente | |
72 García González, Carlos Alberto | Favor | |
73 García Müller, Martha Margarita | Ausente | |
74 García Reyes, Ángel Humberto | Favor | |
75 García Reyes, Beatriz Eugenia | Ausente | |
76 García Vivián, Raúl | Favor | |
77 Garmendia Hernández, Yolanda Mercedes | Favor | |
78 Gómez Leyva, Silvio | Favor | |
79 González Betancourt, Jorge Justiniano | Ausente | |
80 González Martínez, María Gabriela | Ausente | |
81 González Morán, Martín Oscar | Favor | |
82 González Roaro, Benjamín Ernesto | Favor | |
83 González Ruiz, Felipe | Favor | |
84 González Sánchez, María Dolores | Favor | |
85 Gudiño Ortiz, Francisco Javier | Favor | |
86 Guerrero Torres, José Gildardo | Favor | |
87 Gutiérrez Aguilar, Miguel Ángel | Favor | |
88 Gutiérrez Lagunes, María Victoria | Ausente | |
89 Hernández Núñez, Elia | Favor | |
90 Hurtado Pérez, Nelly Asunción | Favor | |
91 Iragorri Durán, Enrique | Favor | |
92 Jiménez del Castillo, Ma. de los Ángeles | Favor | |
93 Jiménez Ramos, María Esther | Favor | |
94 Joaquín Coldwell, Addy Cecilia | Favor | |
95 Lagunes Viveros, Violeta del Pilar | Favor | |
96 Landero Gutiérrez, Alejandro | Ausente | |
97 Landeros González, Ramón | Favor | |
98 Lara Compeán, David | Favor | |
99 Larios Córdova, Héctor | Favor | |
100 Laviada Hernández, Íñigo Antonio | Ausente | |
101 Lemus Muñoz Ledo, Ramón Ignacio | Favor | |
102 Leura González, Agustín | Favor | |
103 Limas Frescas, María Soledad | Favor | |
104 Lizaola de la Torre, Alonso Manuel | Ausente | |
105 López Cisneros, José Martín | Favor | |
106 López Reyna, Omeheira | Ausente | |
107 López Silva, Rubí Laura | Favor | |
108 Lujano Nicolás, Christian Martín | Favor | |
109 Maawad Robert, Luis Xavier | Ausente | |
110 Macías Zambrano, Gustavo | Favor | |
111 Madrazo Limón, Carlos | Favor | |
112 Magallón Arceo, Leonardo Melesio de Jesús | Ausente | |
113 Malagón Ríos, Martín | Favor | |
114 Maldonado González, David | Ausente | |
115 Manuell-Gómez Angulo, Dolores de María | Favor | |
116 Martínez Valero, Dora Alicia | Favor | |
117 Medellín Varela, Antonio | Favor | |
118 Medina Macias, Alma Hilda | Favor | |
119 Medina Rodríguez, Delber | Favor | |
120 Medina Rodríguez, Lizbeth Evelia | Ausente | |
121 Mejía García, Luis Alonso | Favor | |
122 Méndez Meneses, Apolonio | Favor | |
123 Mendoza Morales, Lucía Susana | Favor | |
124 Mohamar Dainitin, Oscar Miguel | Ausente | |
125 Mollinedo Hernández, Agustín | Ausente | |
126 Monraz Ibarra, Miguel Ángel | Favor | |
127 Montes Sánchez, Fabián Fernando | Favor | |
128 Montiel Luis, Lariza | Favor | |
129 Mora Cuevas, Marisol | Favor | |
130 Morales Ramos, José Nicolás | Favor | |
131 Moreno Álvarez, Mario Eduardo | Favor | |
132 Morgan Franco, Rocío del Carmen | Favor | |
133 Muñoz Serrano, José Antonio | Ausente | |
134 Murillo Flores, Francisco Javier | Favor | |
135 Murillo Torres, José Luis | Favor | |
136 Navarro Sugich, Carlos Alberto | Favor | |
137 Nordhausen González, Jorge Rubén | Favor | |
138 Noriega Blanco Vigil, María Elena de las Nieves | Favor | |
139 Ochoa López, Nabor | Ausente | |
140 Olvera Higuera, Edgar Armando | Ausente | |
141 Orozco Ruiz Velazco, Marco Heriberto | Favor | |
142 Ortega Martínez, María del Pilar | Favor | |
143 Ortiz Hernández, Eduardo | Favor | |
144 Ortiz Montoro, Sagrario María del Rosario | Favor | |
145 Oviedo Oviedo, Ernesto | Favor | |
146 Padilla Orozco, Raúl Alejandro | Ausente | |
147 Palafox Núñez, José Inés | Favor | |
148 Paredes Rodríguez, Francisco Javier | Ausente | |
149 Parra Jiménez, Dolores María del Carmen | Favor | |
150 Parra Noriega, Luis Gustavo | Favor | |
151 Pérez de Tejada Romero, Diana Carolina | Favor | |
152 Pérez Cuéllar, Cruz | Favor | |
153 Peyrot Solís, Marco A. | Ausente | |
154 Plascencia Alonso, Francisco Javier | Favor | |
155 Priego Tapia, Gerardo | Favor | |
156 Pulido Pecero, Pedro | Ausente | |
157 Quintero Bello, Jorge | Favor | |
158 Rodríguez Vizcarra Velázquez, Adriana | Favor | |
159 Ramírez Barba, Ector Jaime | Ausente | |
160 Ramírez Corral, Ivette Jacqueline | Ausente | |
161 Ramírez Pech, Edgar Martín | Ausente | |
162 Ramírez Villarreal, Gustavo | Favor | |
163 Ramos Covarrubias, Héctor Manuel | Favor | |
164 Reyes López, Carlos Armando | Favor | |
165 Rincón Vargas, Mirna Cecilia | Favor | |
166 Rivera Rivera, José Guadalupe | Favor | |
167 Rivero Rivero, Rolando | Favor | |
168 Rodríguez Ahumada, Luis Fernando | Favor | |
169 Rodríguez Jiménez, Ricardo | Ausente | |
170 Rodríguez Prats, Juan José | Favor | |
171 Rodríguez Uresti, Enrique | Favor | |
172 Rojas Hernández, Laura Angélica | Ausente | |
173 Román Isidoro, Demetrio | Ausente | |
174 Romo Jiménez, Martha Angélica | Ausente | |
175 Rubio Chávez, José Ignacio Alberto | Favor | |
176 Rueda Gómez, Francisco | Favor | |
177 Ruiz Velasco de Lira, Ernesto | Favor | |
178 Salas Contreras, Marcos | Ausente | |
179 Salazar Madera, Mario Alberto | Favor | |
180 Salum del Palacio, Jorge Alejandro | Favor | |
181 Sánchez Díaz de Rivera, Antonio | Favor | |
182 Sánchez Domínguez, Alejandro | Ausente | |
183 Sánchez Gil, Carlos René | Favor | |
184 Sánchez Juárez, Claudia | Ausente | |
185 Sánchez Trujillo, José Víctor | Favor | |
186 Sandoval Munguia, Juan Manuel | Favor | |
187 Serrato Castell, Luis Gerardo | Favor | |
188 Shej Guzmán Sara | Favor | |
189 Solano Muñoz, José de Jesús | Ausente | |
190 Stefanonni Mazzocco, Martín | Favor | |
191 Tamayo Herrera, Yadhira Yvette | Favor | |
192 Torres Gómez, Artemio | Ausente | |
193 Torres Herrera, Víctor Manuel | Favor | |
194 Torres Torres, Carlos Alberto | Favor | |
195 Valenzuela García, María Gloria Guadalupe | Favor | |
196 Valladolid Rodríguez, Antonio | Favor | |
197 Vasconcelos Rueda, Antonio | Ausente | |
198 Vázquez Martínez, Alberto | Ausente | |
199 Vega Corona, Antonio | Favor | |
200 Velázquez Gutiérrez, José Guillermo | Favor | |
201 Verástegui Ostos, César Augusto | Ausente | |
202 Verdín Saldaña, Jaime | Favor | |
203 Victoria Alva, Juan | Favor | |
204 Vieyra Olivares, Adriana Rebeca | Favor | |
205 Villanueva Arjona, Juan Manuel | Favor | |
206 Zambrano Elizondo, Javier Martín | Favor | |
Favor: 144 | ||
Contra: 0 | ||
Abstención: 0 | ||
Quorum: 0 | ||
Ausentes: 63 | ||
Total: 207 |
PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA | ||
---|---|---|
1 Aguirre Alcaide, Víctor | Ausente | |
2 Alavez Ruiz, Aleida | Ausente | |
3 Almazán González, José Antonio | Ausente | |
4 Almonte Borja, Ramón | Favor | |
5 Alonso Flores, Lourdes | Ausente | |
6 Alonso Razo, Humberto Wifredo | Favor | |
7 Altamirano Toledo, Carlos | Ausente | |
8 Alva Olvera, Maribel Luisa | Ausente | |
9 Álvarez Ramón, Silbestre | Favor | |
10 Amaro Corona, Alberto | Ausente | |
11 Aragón Castillo, Irene | Favor | |
12 Arellano Pulido, Miguel Ángel | Favor | |
13 Arreola Calderón, Juan Dario | Favor | |
14 Barreiro Pérez, Armando | Ausente | |
15 Batres Guadarrama, Valentina Valia | Ausente | |
16 Bautista Bravo, Alliet Mariana | Favor | |
17 Bravo Padilla, Itzcóatl Tonatiuh | Favor | |
18 Brito González, Modesto | Favor | |
19 Calzada Vázquez, Francisco Javier | Favor | |
20 Campos Aburto, Amador | Ausente | |
21 Cárdenas Hernández, Raymundo | Favor | |
22 Cervantes Rodríguez, Aurora | Favor | |
23 Chávez García, Higinio | Favor | |
24 Condado Escamilla, Cuitlahuac | Favor | |
25 Contreras Julián, Maricela | Ausente | |
26 Cruz Santiago, Claudia Lilia | Ausente | |
27 Cuevas Córdova, Othón | Ausente | |
28 Dagdug Lützow, Moisés Félix | Favor | |
29 De la Rosa García, Juan Hugo | Favor | |
30 De los Santos Molina, Joaquín Conrado | Ausente | |
31 Dehesa Mora, Daniel | Favor | |
32 Del Toro , Mario Enrique | Favor | |
33 Díaz Contreras, Adriana | Favor | |
34 Escandón Cadenas, Rutilio Cruz | Ausente | |
35 Espejel Lazcano, Jaime | Favor | |
36 Fernández Balboa, Mónica | Ausente | |
37 Flores Maldonado, César | Favor | |
38 Flores Salazar, Guadalupe Socorro | Ausente | |
39 Franco Melgarejo, Rafael | Favor | |
40 Gálvez Rodríguez, Fernel Arturo | Favor | |
41 García Rodríguez, Víctor Hugo | Ausente | |
42 Garzón Contreras, Neftalí | Favor | |
43 González Garza, Javier | Ausente | |
44 Guerra Ochoa, Juan Nicasio | Favor | |
45 Gutiérrez Calzadilla, José Luis | Ausente | |
46 Hernández Gaytán, Daisy Selene | Ausente | |
47 Hernández Hernández, Sergio | Favor | |
48 Hernández Manzanares, Javier | Favor | |
49 Hernández Silva, Benjamín | Ausente | |
50 Ibarra Franquez, Sonia Nohelia | Favor | |
51 Jacques y Medina, José | Ausente | |
52 Jiménez Valenzuela, María Eugenia | Favor | |
53 Landero López, Pedro | Ausente | |
54 Lemarroy Martínez, Juan Dario | Ausente | |
55 Leyva Piñón, Ana Yurixi | Favor | |
56 Lizárraga Peraza, Víctor Manuel | Favor | |
57 López Barriga, Erick | Favor | |
58 López Becerra, Santiago | Favor | |
59 López Rojas, Alberto | Ausente | |
60 López Torres, María Soledad | Ausente | |
61 Lozano Lozano, Andrés | Favor | |
62 Luna Munguía, Alma Lilia | Ausente | |
63 Márquez Madrid, Camerino Eleazar | Favor | |
64 Márquez Tinoco, Francisco | Favor | |
65 Martínez Hernández, Alejandro | Ausente | |
66 Martínez Martínez, Carlos Roberto | Ausente | |
67 Martínez Martínez, Francisco | Favor | |
68 Martínez Padilla, Hugo Eduardo | Favor | |
69 Martínez Vargas Octavio | Favor | |
70 Matías Alonso, Marcos | Favor | |
71 Matus Toledo, Holly | Favor | |
72 Mayans Canabal, Fernando | Ausente | |
73 Mendoza Arellano, David | Ausente | |
74 Mendoza Flores, Roberto | Favor | |
75 Mendoza Maldonado, Fausto Fluvio | Favor | |
76 Mendoza Mendoza, Irineo | Ausente | |
77 Monreal Ávila, Susana | Favor | |
78 Montalvo Rojas, Victorio Rubén | Ausente | |
79 Morales Manzo, Jesús Ricardo | Favor | |
80 Morales Sánchez, Efraín | Ausente | |
81 Morales Vázquez, Carlos Orsoe | Favor | |
82 Narcía Álvarez, Héctor | Favor | |
83 Navarro López, Carlos Ernesto | Ausente | |
84 Navarro Quintero, Miguel Ángel | Favor | |
85 Ojeda Hernández, Concepción | Ausente | |
86 Oliva Fragoso, Silvia | Favor | |
87 Orcí Martínez, Juan Adolfo | Favor | |
88 Ortega Martínez, Antonio | Favor | |
89 Ortiz Magallón, Rosario Ignacia | Ausente | |
90 Pacheco Llanes, Ramón Félix | Favor | |
91 Pedraza Chávez, Isidro | Ausente | |
92 Pedrozo Castillo, Adrián | Ausente | |
93 Peña Sánchez, Miguel Ángel | Favor | |
94 Pérez Cruz, Raciel | Ausente | |
95 Pulido Santiago, Celso David | Favor | |
96 Ramos Becerril, Rafael Plácido | Ausente | |
97 Ramos Castellanos, Martín | Ausente | |
98 Rasgado Corsi, Gloria | Favor | |
99 Ríos Gamboa, Raúl | Favor | |
100 Romero Gutiérrez, Odilón | Favor | |
101 Ruiz Sánchez, Salvador | Ausente | |
102 Saavedra Coronel, José Antonio | Favor | |
103 Salinas Pérez, Josefina | Favor | |
104 San Martín Hernández, Juan Manuel | Favor | |
105 Sánchez Barrios, Carlos | Favor | |
106 Sánchez Cabrales, Rafael Elías | Ausente | |
107 Sánchez Camacho, Alejandro | Ausente | |
108 Sánchez Camacho, David | Favor | |
109 Sánchez Ramos, Francisco | Favor | |
110 Sánchez Valdéz, Eva Angelina | Ausente | |
111 Sandoval Ramírez, Cuauhtémoc | Ausente | |
112 Santos Arreola, Francisco Javier | Favor | |
113 Solares Chávez, Miguel Ángel | Favor | |
114 Soriano Sánchez, Rosa Elva | Ausente | |
115 Soto Sánchez, Antonio | Ausente | |
116 Suárez del Real y Aguilera, José Alfonso | Favor | |
117 Torres Baltazar, María Elena | Ausente | |
118 Torres García, Daniel | Ausente | |
119 Trejo Pérez, Pablo | Favor | |
120 Ulloa Pérez, Emilio | Ausente | |
121 Vallejo Estevez, Mario | Favor | |
122 Varela López, Víctor Gabriel | Ausente | |
123 Villanueva Albarrán, Gerardo | Ausente | |
124 Villicaña García, Rafael | Favor | |
125 Zavaleta Salgado, Ruth | Ausente | |
126 Zazueta Aguilar, Jesús Humberto | Favor | |
127 Zepeda Hernández, Martín | Favor | |
Favor: 71 | ||
Contra: 0 | ||
Abstención: 0 | ||
Quorum: 0 | ||
Ausentes: 56 | ||
Total: 127 |
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL | ||
---|---|---|
1 Abramo Masso, Yerico | Favor | |
2 Aguilar , Diego | Favor | |
3 Aguilar Solís, Samuel | Ausente | |
4 Aispuro Torres, José Rosas | Ausente | |
5 Alcántara Núñez, Jesús Sergio | Ausente | |
6 Aldana Prieto, Luis Ricardo | Ausente | |
7 Amador Gaxiola, Daniel | Favor | |
8 Amador Leal, Narcizo Alberto | Ausente | |
9 Ayala Almeida, Joel | Favor | |
10 Badillo Martínez, Roberto | Favor | |
11 Barajas López, Ramón | Ausente | |
12 Barajas del Toro, Salvador | Ausente | |
13 Barba Hernández, Alfredo | Favor | |
14 Beltrán Montes, Israel | Favor | |
15 Benítez Ojeda, Luis Enrique | Ausente | |
16 Bernal Gutiérrez, Andrés Marco Antonio | Ausente | |
17 Biebrich Torres, Carlos Armando | Ausente | |
18 Blanco Pajón, José Luis | Favor | |
19 Caballero Camargo, Gustavo Fernando | Favor | |
20 Camacho Quiroz, César Octavio | Favor | |
21 Canavati Tafich, Jesús Ricardo | Ausente | |
22 Carballo Bustamante, Andrés | Ausente | |
23 Cárdenas del Avellano, Enrique | Favor | |
24 Cárdenas Monroy, Oscar Gustavo | Ausente | |
25 Cervantes Andrade, Raúl | Ausente | |
26 Chaurand Arzate, Carlos | Favor | |
27 Colín Guadarrama, María Mercedes | Favor | |
28 Cordero Alfonzo, Arnulfo Elías | Ausente | |
29 De la Garza Treviño, Jorge Luis | Favor | |
30 Díaz Athié, Antonio de Jesús | Favor | |
31 Díaz Solorzano, Elmar Darinel | Abstención | |
32 Domínguez Domínguez, Nemesio | Ausente | |
33 Duarte Jáquez, César | Ausente | |
34 Escajeda Jiménez, José Rubén | Favor | |
35 Escalante Jasso, Aracely | Ausente | |
36 Espinosa Abuxapqui, Eduardo Elías | Favor | |
37 Estefan Chidiac, Charbel Jorge | Ausente | |
38 Flores Sandoval, Patricio | Favor | |
39 Fuentes Tellez, Octavio | Favor | |
40 Gamboa Patrón, Emilio | Ausente | |
41 Garza Garza, Horacio Emigdio | Ausente | |
42 Gebhardt Garduza, Yary del Carmen | Ausente | |
43 Gloria Requena, Tomás | Favor | |
44 Gómez Lugo, Elda | Favor | |
45 González Calderón, Martha Hilda | Favor | |
46 González Salum, Miguel Ángel | Ausente | |
47 González Zarur, Mariano | Ausente | |
48 Guerrero García, Javier | Ausente | |
49 Guerrero Juárez, Joel | Ausente | |
50 Herrera Ale, Juana Leticia | Ausente | |
51 Herrera Coyac, Wenceslao | Favor | |
52 Izquierdo Bustamante, Alfonso Rolando | Ausente | |
53 Lagunes Gallina, Gerardo | Ausente | |
54 Lescieur Talavera, Jorge Mario | Favor | |
55 López Balbuena, Guillermina | Favor | |
56 Madrid Tovilla, Areli | Favor | |
57 Martínez Rodríguez, Lorena | Favor | |
58 Martínez Rocha, Arturo | Ausente | |
59 Méndez Lanz, Víctor Manuel | Ausente | |
60 Mendívil Amparám, Gustavo Ildefonso | Favor | |
61 Merodio Reza, Lilia Guadalupe | Ausente | |
62 Moctezuma Pereda, Fernando Quetzalcoatl | Favor | |
63 Montalvo Gómez, Pedro | Ausente | |
64 Morales García, Elizabeth | Favor | |
65 Mota Hernández, Adolfo | Favor | |
66 Muñoz Serna, Rogelio | Favor | |
67 Murat , José | Ausente | |
68 Ochoa González, Arnoldo | Ausente | |
69 Ojeda Camacho, Gilberto | Ausente | |
70 Olivares Monterrubio, Alejandro | Favor | |
71 Olivares Ventura, Héctor Hugo | Ausente | |
72 Ordaz Jiménez, Ismael | Ausente | |
73 Orihuela Bárcenas, José Ascención | Ausente | |
74 Orihuela Trejo, José Amado | Ausente | |
75 Ortiz del Carpio, Víctor | Favor | |
76 Ortiz Proal, Mauricio | Favor | |
77 Padilla Gutiérrez, Héctor | Ausente | |
78 Pagés Llergo Rebollar, María Beatriz | Favor | |
79 Palma César, Víctor Samuel | Favor | |
80 Parás González, Juan Manuel | Favor | |
81 Partida Guzmán, Martha Rocío | Favor | |
82 Patrón Montalvo, Jesús Manuel | Favor | |
83 Peñuelas Acuña, Mayra Gisela | Favor | |
84 Pérez Valdés, Daniel | Favor | |
85 Pinete Vargas, María del Carmen | Ausente | |
86 Quiñones Canales, Lourdes | Ausente | |
87 Ramírez Martínez, José Edmundo | Favor | |
88 Ramírez Stabros, Jesús | Ausente | |
89 Reyna García, José Jesús | Favor | |
90 Ríos Camarena, Alfredo Adolfo | Favor | |
91 Rivera Bedoya, Juan Francisco | Favor | |
92 Rodríguez Ramírez, Bertha Yolanda | Ausente | |
93 Rojas Gutiérrez, Carlos | Favor | |
94 Ruiz Chávez, Sara Latife | Favor | |
95 Salas López, Ramón | Favor | |
96 Sánchez Hernández, Eduardo | Ausente | |
97 Sandoval Paredes, Sergio | Favor | |
98 Serrano Escobar, Enrique | Ausente | |
99 Sosa Castelán, Gerardo | Ausente | |
100 Toledo Luis, Jorge | Favor | |
101 Vargas Landeros, Gerardo Octavio | Ausente | |
102 Vega Ortiz, María Oralia | Ausente | |
103 Velasco Pérez, Juan Carlos | Ausente | |
104 Villa Villa, Isael | Ausente | |
105 Villanueva Abraján, Patricia | Ausente | |
106 Zatarain González, Carlos Ernesto | Favor | |
Favor: 52 | ||
Contra: 0 | ||
Abstención: 1 | ||
Quorum: 0 | ||
Ausentes: 53 | ||
Total: 106 |
CONVERGENCIA | ||
---|---|---|
1 Abad de Jesús, Juan | Ausente | |
2 Aguilera Rico, José Luis | Ausente | |
3 Cárdenas Márquez, Elías | Ausente | |
4 Castellanos Hernández, Félix | Ausente | |
5 Castillo Romero, Patricia Obdulia de Jesús | Ausente | |
6 Chanona Burguete, Alejandro | Ausente | |
7 Del Río Virgen, José Manuel | Favor | |
8 Godoy Cárdenas, Jorge | Favor | |
9 López Lena Cruz, Humberto | Favor | |
10 Salvatori Bronca, María del Carmen | Favor | |
11 Samperio Montaño, Juan Ignacio | Ausente | |
12 Sansores San Román, Layda Elena | Ausente | |
13 Tagle Martínez, Martha Angélica | Ausente | |
14 Uscanga Cruz, Robinson | Ausente | |
15 Valdés Chávez, Ramón | Ausente | |
16 Varela Lagunas, Tomás José Luis | Ausente | |
17 Velasco Oliva, Jesús Cuauhtémoc | Ausente | |
Favor: 4 | ||
Contra: 0 | ||
Abstención: 0 | ||
Quorum: 0 | ||
Ausentes: 13 | ||
Total: 17 |
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO | ||
---|---|---|
1 Arévalo González, José Antonio | Ausente | |
2 Bellizzia Rosique, Pascual | Ausente | |
3 Cobo Terrazas, Diego | Favor | |
4 Elizondo Garrido, Francisco | Favor | |
5 Estrada González, Faustino Javier | Favor | |
6 González Martínez, Jorge Emilio | Ausente | |
7 Lavara Mejía, Gloria | Favor | |
8 López Adame, Antonio Xavier | Favor | |
9 Manrique Guevara, Beatriz | Ausente | |
10 Notholt Guerrero, Alan | Ausente | |
11 Portilla Diéguez, Manuel | Ausente | |
12 Puente Salas, Carlos Alberto | Ausente | |
13 Ramírez Cerda, Ana María | Favor | |
14 Rodríguez Luis, Alejandro | Ausente | |
15 Salgado Amador, Manuel Salvador | Favor | |
16 Sesma Suárez, Jesús | Favor | |
17 Velasco Rodríguez, Verónica | Favor | |
Favor: 9 | ||
Contra: 0 | ||
Abstención: 0 | ||
Quorum: 0 | ||
Ausentes: 8 | ||
Total: 17 |
PARTIDO DEL TRABAJO | ||
---|---|---|
1 Aguilar Jiménez, Rubén | Ausente | |
2 Arreola Ortega, Pablo Leopoldo | Ausente | |
3 Cantú Garza, Ricardo | Ausente | |
4 Cervantes Rivera, Jaime | Ausente | |
5 Garay Ulloa, Silvano | Ausente | |
6 Herrera Solís, Anuario Luis | Favor | |
7 Maciel Ortiz, María Mercedez | Ausente | |
8 Peregrino García, Abundio | Ausente | |
9 Romero Guzmán, Rosa Elia | Favor | |
10 Solís Parga, Rodolfo | Favor | |
11 Vela González, Joaquín Humberto | Ausente | |
Favor: 3 | ||
Contra: 0 | ||
Abstención: 0 | ||
Quorum: 0 | ||
Ausentes: 8 | ||
Total: 11 |
PARTIDO NUEVA ALIANZA | ||
---|---|---|
1 Arriola Gordillo, Mónica | Ausente | |
2 Cárdenas Fonseca, Manuel | Ausente | |
3 Castillo Nájera, Ariel | Ausente | |
4 Dávila Esquivel, Humberto | Favor | |
5 Gómez Pasillas, Jacinto | Favor | |
6 Jiménez Godínez, Miguel Ángel | Ausente | |
7 Luna Becerril, Blanca | Favor | |
8 Luna Rodríguez, Silvia | Favor | |
9 Piñeyro Arias, Irma | Ausente | |
Favor: 4 | ||
Contra: 0 | ||
Abstención: 0 | ||
Quorum: 0 | ||
Ausentes: 5 | ||
Total: 9 |
PARTIDO ALTERNATIVA SOCIAL | ||
---|---|---|
1 Arvizu Rivas, Aida Marina | Ausente | |
2 Conde Rodríguez, Elsa de Guadalupe | Ausente | |
3 García Méndez, Armando | Ausente | |
4 Hernández Valadés, Delio | Ausente | |
5 Pedro Cortés, Santiago Gustavo | Ausente | |
Favor: 0 | ||
Contra: 0 | ||
Abstención: 0 | ||
Quorum: 0 | ||
Ausentes: 5 | ||
Total: 5 |
Quinta. A efecto de elaborar el presente dictamen, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública en sesión plenaria conformó un ``Grupo de Trabajo para el análisis y dictaminación de la Cuenta Pública de 2005'' integrado por los Diputados: Moisés Alcalde Virgen (PAN), Javier Guerrero García (PRI), Carlos Altamirano Toledo (PRD), Ricardo Cantú Garza (PT), Alejandro Chanona Burgete (Convergencia), Elsa Guadalupe Conde Rodríguez (Alternativa), Francisco Elizondo Garrido (PVEM), y Mónica T. Arriola (Nueva Alianza). |
---|
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (2 mil 117.1 mdp): transferencia de recursos al Ramo 23 derivada de la Controversia Constitucional que afectó el presupuesto de la Comisión Nacional de Acuacultura y del Fideicomiso de Riesgo Compartido. También se efectuaron traspasos para restituir el costo de la incorporación de plazas a la CRL en años anteriores y respaldar el Programa de Empleo Temporal a cargo de la SEDESOL. |
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Para el Desarrollo Agropecuario y Forestal se ejerció un gasto mayor al de 2004 en 7.3 por ciento real. Con ello, se ampliaron los recursos asignados a ASERCA para respaldar la comercialización de productos agropecuarios, y a los fondos de Apoyo a la Competitividad de las Ramas Productivas y de Compensación a los Costos Energéticos Agrícolas. Adicionalmente, se brindó un mayor impulso al Programa de Estímulos a la Producción Ganadera y al desarrollo de la infraestructura hidroagrícola. No obstante, comparados con lo programado, los egresos en esta función disminuyeron 4.5 por ciento, en razón de las reducciones observadas en la Comisión Nacional de Acuacultura y el Fideicomiso de Riesgo Compartido. En el primer caso, por la cancelación de obras y, en el segundo, debido a los menores apoyos entregados a productores agropecuarios, principalmente de maíz y frijol. |
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