SUMARIO

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Presidencia del diputado
César Horacio Duarte Jáquez

ASISTENCIA

El Presidente diputado César Horacio Duarte Jáquez: Se pide a los representantes de los medios de comunicación que tomen los lugares que les han sido asignados. Apreciamos su comprensión para que cumplan su responsabilidad y su trabajo.

Pido a la Secretaría que haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de diputadas y diputados.

La Secretaria diputada Margarita Arenas Guzmán: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 442 diputadas y diputados; por tanto, hay quórum.

El Presidente diputado César Horacio Duarte Jáquez (a las 11:57 horas): Se abre la sesión.

ORDEN DEL DIA

El Presidente diputado César Horacio Duarte Jáquez Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.

La Secretaria diputada Margarita Arenas Guzmán: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día. Los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Primer Periodo Ordinario de Sesiones.--- Tercer Año de Ejercicio.--- LX Legislatura.

Orden del día

Martes 2 de septiembre de 2008.

Lectura del acta de la sesión preparatoria.

Comunicaciones

De la Comisión Permanente.

De la Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal, con la que invita a la ceremonia cívica que, con motivo del 161 aniversario de la batalla del Molino del Rey, tendrá lugar el 8 de septiembre, a las 10:00 horas.

De la Cámara de Senadores.

Del gobierno del estado de Oaxaca.

Protesta de la ciudadana Lariza Montiel Luis.

De la Junta de Coordinación Política.

Proposiciones de acuerdo de los órganos de gobierno

De la Junta de Coordinación Política:

Por el que se propone la adición de un artículo 27 Bis a la Norma de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Cámara de Diputados. (Votación)

Por el que se aprueba el Reglamento para la Transparencia y el Acceso a la Información Pública de la Cámara de Diputados. (Votación)

De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Con el que remite los lineamientos para la donación de bienes, de conformidad con el artículo 27, fracción XIV, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

De la Secretaría de Gobernación

Con el que remite el informe semestral sobre la situación que guardan los sistemas de ahorro para el retiro correspondiente al periodo enero-junio de 2008.

Iniciativa del Congreso de Michoacán

Que reforma los artículos 9-A y 24 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y expide la Ley sobre el Registro Nacional de Líneas Telefónicas Móviles. (Turno a Comisión)

Iniciativa del Congreso de Sonora

Que deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos. (Turno a Comisión)

Iniciativas

Que reforma el artículo 69 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Enrique Cárdenas del Avellano , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 199 del Código Penal Federal, a cargo de la diputada María Gabriela González Martínez , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

De decreto, para que se inscriba con letras de oro en el Muro de Honor del Palacio Legislativo de San Lázaro la leyenda ``Plan de Ayutla'', a cargo del diputado Odilón Romero Gutiérrez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Estatuto de las Islas Marías, a cargo de la diputada Yary del Carmen Gebhardt Garduza , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 1o. y 10 de la Ley del Servicio Militar, a cargo del diputado José Luis Varela Lagunas , del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona los artículos 71 y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Manuel Cárdenas Fonseca , del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 34 y 38 de la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, suscrita por los diputados Adriana Díaz Contreras , Sonia Nohelia Ibarra Franquez y Celso David Pulido Santiago , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 171 del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Yary del Carmen Gebhardt Garduza , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona los artículos 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Manuel Cárdenas Fonseca , del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 170 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado Mario Enrique del Toro, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 400 del Código Penal Federal, suscrita por los diputados Emilio Gamboa Patrón y Juan Francisco Rivera Bedolla, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de las Leyes Orgánica de la Administración Pública Federal, General que establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de Seguridad Nacional, y Federal contra la Delincuencia Organizada, así como del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Guillermina López Balbuena , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 5 de la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos, a cargo del diputado Alberto Amador Leal , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Dictámenes a discusión

De las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Trabajo y Previsión Social, con puntos de acuerdo a fin de exhortar a los titulares de la SHCP y de la STPS a pagar a los trabajadores y ex trabajadores de Pemex por las aportaciones para el seguro de vida contratado con Seguros La República en el periodo 1970-1992.

De la Comisión de Recursos Hidráulicos, con punto de acuerdo a fin de exhortar al director general de la Comisión Nacional del Agua a modificar el cuadro de porcentajes de aportación federal previsto en el numeral 10.4.2. de las Reglas de Operación para los Programas de Infraestructura Hidroagrícola y de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento aplicables a partir de 2008.

De la Comisión de Desarrollo Social, con punto de acuerdo para exhortar a los congresos estatales a dar prioridad y supervisar que, en la aprobación de sus presupuestos, los recursos excedentes por el impuesto federal a la gasolina y el diesel se apliquen de manera puntual, solidaria, responsable y transparente por los Ejecutivos locales.

De la Comisión de Justicia, con punto de acuerdo para exhortar a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa a informar sobre los homicidios de los señores Ricardo Murillo Monje y Óscar Rivera Inzunza.

De la Comisión de Marina, con punto de acuerdo para exhortar al procurador general de la República a concluir las investigaciones sobre la denuncia contra Blue Marine Group y su filial Arrendadora Ocean Mexicana.

De la Comisión de la Función Pública, con puntos de acuerdo para exhortar al titular de la SCT a remover al director general y al subdirector de Obras del Centro SCT Veracruz.

De la Comisión de Equidad y Género, con puntos de acuerdo relativos al efecto del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en las mexicanas, y a fin de solicitar la comparecencia de la titular del Instituto Nacional de las Mujeres.

De la Comisión de Equidad y Género, con punto de acuerdo para exhortar a los actores políticos y sociales del país a conducirse con respeto hacia las mujeres en sus declaraciones.

De la Comisión de Equidad y Género, con punto de acuerdo relativo a la conciliación laboral y familiar en México.

De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con punto de acuerdo a fin de exhortar al titular del Ejecutivo federal a implantar las recomendaciones de adecuación relativas a la aplicación de lo dispuesto en el artículo 29 del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2008.

De la Comisión de Turismo, con puntos de acuerdo a fin de exhortar al Ejecutivo federal a iniciar mediante el Fifonafe el procedimiento establecido en el Reglamento de la Ley Agraria en materia de Reordenamiento de la Propiedad Rural para que ejercite la acción de revisión parcial del decreto presidencial expropiatorio de fecha 28 de mayo de 1984 en Santa María Huatulco, Oaxaca, ante el Tribunal Agrario.

De la Comisión de Turismo, con puntos de acuerdo para exhortar al Consejo de Promoción Turística de México a revisar el gasto dirigido a la fomento del país en el extranjero, centrando sus acciones en Europa, Asia y Oceanía.

De la Comisión de Transportes, con punto de acuerdo a fin de exhortar al gobierno de Tamaulipas a llevar a cabo los trabajos necesarios para construir el circuito interior de Reynosa.

De la Comisión de Transportes, con punto de acuerdo por el que se solicita a la SCT que instale sistemas de aterrizaje por instrumentos en aeropuertos de Tamaulipas.

De la Comisión de Transportes, con punto de acuerdo para exhortar al gobierno del estado de México a informar respecto a los avances de las obras del paradero del Metro Ciudad Azteca, así como a las medidas implantadas a fin de agilizar el tránsito vehicular en la zona.

De la Comisión de Transportes, con punto de acuerdo a fin de exhortar al titular de la SCT a implantar con la mayor brevedad las medidas preventivas necesarias para evitar accidentes en la carretera Guadalajara-Ameca y agilizar cuanto antes la entrega de la obra correspondiente.

De la Comisión de Transportes, con punto de acuerdo para exhortar al titular de la SCT a efecto de que los permisionarios del servicio público federal de carga cuyos vehículos hayan sido legalizados validen únicamente su documentación en el primer trámite de obtención de placas y tarjeta de circulación.

De la Comisión de Transportes, con punto de acuerdo a fin de exhortar al titular de la SCT a promover las acciones conducentes a realizar las obras públicas para ampliar la cobertura y mejorar el sistema de transporte colectivo de las ciudades y de las zonas metropolitanas del país.

De la Comisión de Transportes, con punto de acuerdo a fin de exhortar al titular de la SCT a constituir en aeropuerto internacional el nacional El Tajín; y a informar a esta soberanía, por la Comisión de Transportes, sobre el procedimiento y la aplicación de los recursos de todos los proyectos para el fortalecimiento y la reestructuración de la infraestructura aeroportuaria del país.

De la Comisión de Transportes, con punto de acuerdo a fin de exhortar al titular de la SCT a analizar con el gobierno de Chihuahua la posibilidad de que la carretera panamericana número 45, Chihuahua-Juárez, sea concesionada a ese estado y que la citada dependencia garantice la suficiencia presupuestal para su conservación y mantenimiento.

De la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con puntos de acuerdo para exhortar a las Secretarías de Gobernación, de Relaciones Exteriores, y de Desarrollo Social a implantar un programa de apoyo a la población adulta mayor que vive en Estados Unidos de América.

De la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con puntos de acuerdo a fin de exhortar a las Secretarías de Salud, de Educación Pública, y del Trabajo y Previsión Social a realizar acciones para la integración de las personas zurdas.

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con punto de acuerdo para exhortar a la Semarnat a iniciar los trámites del expediente de expropiación del predio Cañón de Ballesteros, perteneciente al parque nacional Cumbres de Monterrey, en Nuevo León.

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con punto de acuerdo a fin de exhortar a la Semarnat y a la Profepa a aplicar las medidas pertinentes para proteger, restaurar y conservar los manglares mexicanos, así como a vigilar que las obras y actividades de aprovechamiento no extractivo en ese ecosistema se lleven a cabo con estricto arreglo a la legislación vigente en la materia.

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con puntos de acuerdo a fin de exhortar a la Semarnat a realizar los estudios necesarios para conocer científicamente el estado de conservación que presenta en vida silvestre el cocodrilo del pantano.

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con puntos de acuerdo a fin de exhortar a la Semarnat y a la Sagarpa a informar de la situación actual y apoyar la creación del área de protección de flora y fauna Sistema Arrecifal Lobos Tuxpan, frente a Tamiahua y Tuxpan, en Veracruz.

De la Comisión de Asuntos Indígenas, con punto de acuerdo a fin de exhortar a la Comisión Nacional para el Desa-rrollo de los Pueblos Indígenas a informar sobre el resultado de las actividades realizadas en la elaboración de la propuesta de programa especial de atención a pueblos y comunidades que viven en el bosque.

De la Comisión de Asuntos Indígenas, con punto de acuerdo para exhortar a los congresos estatales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a legislar en materia indígena, en busca de armonizar los ordenamientos locales con lo que establecen el artículo 2o. constitucional, la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, el Convenio 169 de la OIT y demás instrumentos jurídicos.

De la Comisión de Asuntos Indígenas, con punto de acuerdo a fin de exhortar al titular del Poder Ejecutivo federal a efecto de que la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas implante acciones que garanticen a los pueblos indígenas que habitan en zonas urbanas el acceso equitativo a los programas que se manejan.

De la Comisión de Asuntos Indígenas, con punto de acuerdo a fin de exhortar a los congresos estatales a promover reformas en materia electoral para garantizar los derechos de las indígenas, consagrados en la Constitución federal y en los instrumentos internacionales aplicables.

De la Comisión de Asuntos Indígenas, con punto de acuerdo a fin de exhortar al Ejecutivo federal a efecto de que, por medio de la SHCP y del INEGI, corrija la información y considere zonas indígenas las comunidades de Chavajeval, Las Delicias y Álvaro Obregón, en Chiapas.

De la Comisión del, con punto de acuerdo a fin de solicitar al jefe del gobierno local que instruya a la Consejería Jurídica y de Servicios Legales para revisar y, en su caso, actualizar conforme a la normatividad aplicable las remuneraciones que reciben los defensores de oficio.

De la Comisión del, con punto de acuerdo a fin de exhortar al gobierno local a realizar a través de la Secretaría del Medio Ambiente las acciones necesarias para declarar y administrar como área verde con valor ambiental el bosque de Nativitas, en Xochimilco.

De la Comisión del, con punto de acuerdo relativo al comercio informal y al ambulantaje en el Sistema de Transporte Colectivo-Metro.

Dictámenes negativos de iniciativas

De la Comisión de Defensa Nacional, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa que deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.

De la Comisión de Economía, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa que reforma diversos artículos de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

De la Comisión de Economía, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Competencia Económica.

De la Comisión de Economía, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa que reforma el último párrafo del artículo segundo transitorio del decreto por el que se expide la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación, y deroga el artículo tercero transitorio de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación.

De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con puntos de acuerdo por los que se desechan seis iniciativas que reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa que reforma el artículo 10, fracciones I y III, de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras.

De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa que reforma los artículos 117 de la Ley de Instituciones de Crédito, y 14 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa que reforma y adiciona el artículo 2o. de la Ley Orgánica del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos.

De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa que reforma el artículo 7o. de la Ley que crea el Fideicomiso que administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores.

De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa que reforma los artículos 11 y 14 de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

De la Comisión de Justicia, con punto de acuerdo por el que se desechan dos iniciativas que reforman el artículo 55 del Código Penal Federal.

De la Comisión de Justicia, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa que reforma el inciso b) del artículo 85 del Código Penal Federal.

De la Comisión de Justicia, con punto de acuerdo por el que se desechan tres iniciativas que reforman diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Civiles.

De la Comisión de Justicia, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa que adiciona un párrafo segundo al artículo 335 del Código Penal Federal.

De la Comisión de Justicia, con punto de acuerdo por el que se desechan dos iniciativas que reforman el artículo 171 del Código Penal Federal.

De la Comisión de Justicia, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa que reforma el Capítulo I del Título Octavo del Libro Segundo del Código Penal Federal y el artículo 205 Bis; y adiciona el artículo 205 Ter del Código Penal Federal.

De la Comisión de Justicia, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa que reforma el artículo 343 Bis del Código Penal Federal.

De la Comisión de Justicia, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa que reforma los artículos 265 Bis y 343 Bis del Código Penal Federal.

Proposiciones

Con punto de acuerdo, relativo a las obras y los recursos para atender las zonas afectadas por las lluvias de 2006 en Veracruz, a cargo del diputado Íñigo Antonio Laviada Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del Ejecutivo federal a suspender de inmediato los cateos domiciliarios que realizan la Sedena y autoridades civiles federales en Culiacán, Sinaloa, suscrito por los diputados Sonia Nohelia Ibarra Franquez, Alliet Mariana Bautista Bravo y Juan N. Guerra Ochoa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al delegado federal del Trabajo en Quintana Roo a verificar las condiciones laborales de los obreros de la construcción de infraestructura turística en los municipios de Benito Juárez y Solidaridad, a cargo de la diputada Yary del Carmen Gebhardt Garduza , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Segob a instalar una mesa de negociación donde participen diversas instancias, a efecto de resolver los conflictos mineros de los estados de Sonora, Zacatecas y Guerrero, a cargo del diputado Alberto Esteva Salinas , del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para exhortar al titular de la Semarnat a iniciar ante la UNESCO la gestión a fin de que la reserva de la biosfera de Los Petenes sea considerada patrimonio natural de la humanidad, a cargo del diputado Jorge Rubén Nordhausen González , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el se exhorta al Ejecutivo federal a instituir a partir de 2009, a través de la Secretaría de Salud, la semana nacional relativa Día Mundial sin Tabaco, a cargo del diputado Efraín Morales Sánchez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Segob y a la comisionada del Instituto Nacional de Migración a incluir, en los programas y proyectos de política migratoria para la Frontera Sur, un punto de vista integral en materia de protección y respeto de los derechos humanos, a cargo de la diputada Yary del Carmen Gebhardt Garduza , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la ASF, al SAT y a la PGR a cumplir los procedimientos legales relativos al desvío de recursos por el gobierno de Oaxaca y al origen del capital para la construcción del hospital Sedna situado en el Distrito Federal, a cargo del diputado José Luis Varela Lagunas , del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a reforzar la vigilancia en las aduanas y fortalecer los programas de protección al migrante, a cargo del diputado Andrés Bermúdez Viramontes , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la Junta de Coordinación Política a crear un grupo de trabajo relacionado con la Alianza por la Calidad de la Educación, suscrito por los diputados Adrián Pedrozo Castillo y Alejandro Sánchez Camacho , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la SSP a implantar programas de prevención del delito y de combate a la delincuencia de fomento a la participación ciudadana, a cargo de la diputada Yary del Carmen Gebhardt Garduza , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Oaxaca y a la Procuraduría General de Justicia de esa entidad a garanticen la seguridad, hacer eficiente el sistema judicial y ajustarse al estado de derecho en la procuración y administración de justicia, a cargo del diputado José Luis Varela Lagunas , del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la SHCP que elimine el subsidio del diesel para buques mercantes extranjeros, suscrito por los diputados Marco Antonio Peyrot Solís y Gerardo Buganza Salmerón , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a emitir, a través de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, un informe de los comentarios que recabó de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, a cargo de la diputada Adriana Díaz Contreras , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a emitir, a través de la Sagarpa, el Reglamento de la Ley de Productos Orgánicos, a cargo del diputado Fabián Fernando Montes Sánchez , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a facilitar, a través de la Sagarpa, la aplicación nacional del Programa de Uso Sustentable de los Recursos Naturales para la Producción Primaria en el Distrito Federal, a cargo del diputado Carlos Ernesto Navarro López , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que exhorta a la Corett y a Ferronales a agilizar el trámite de regularización de la tenencia de la tierra en asentamientos humanos irregulares del municipio de Tijuana, Baja California, a cargo del diputado Ricardo Franco Cazarez , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión).»

ACTA DE LA SESION ANTERIOR

El Presidente diputado César Horacio Duarte Jáquez: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión preparatoria. Proceda la Secretaría a darle lectura.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: «Acta de la sesión preparatoria de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el jueves veintiocho de agosto de dos mil ocho, correspondiente al Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Tercer Año de Ejercicio de la Sexagésima Legislatura.

Presidencia de la diputada Ruth Zavaleta Salgado

En el Palacio Legislativo, en la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con la asistencia de 382 diputadas y diputados, a las 12 horas con 34 minutos del jueves 28 de agosto de 2008, la Presidenta declara abierta la sesión.

La Secretaría da lectura al orden del día.

La Secretaría da lectura a tres oficios de la Comisión Permanente del segundo receso del segundo año de ejercicio de la LX Legislatura, con los que informan la reincorporación a sus labores legislativas los diputados: Miguel Ángel Navarro Quintero , Jaime Cervantes Rivera , electos en la primera circunscripción plurinominal y César Flores Maldonado , electo en el noveno distrito de Guerrero. De enterado.

La Secretaría da lectura a ocho oficios de la Comisión Permanente del segundo receso del segundo año de ejercicio de la LX Legislatura, con puntos de acuerdo por los que se les concede licencia por tiempo indefinido a los diputados: Víctor Leopoldo Valencia de los Santos , del cuarto distrito del estado de Chihuahua; David Figueroa Ortega , de la primera circunscripción; Daniel Torres García , Amador Campos Aburto y Carlos Sánchez Barrios , del primer, tercer y séptimo distritos de Guerrero; Faustino Soto Ramos , Jesús Evodio Velázquez Aguirre y Venancio Luis Sánchez Jiménez , de la cuarta y quinta circunscripciones. Se llama a los suplentes.

La Presidenta informa que a las puertas del salón de sesiones se encuentran los ciudadanos: Octavio Fuentes Téllez , Ivette Jacqueline Ramírez Corral, Efraín Peña Damacio, Secundino Catarino Crispín, Octavio Adolfo Klimek Alcaraz, Eva Angelina Sánchez Valdez, Jesús Ricardo Morales Manzo y Josefina Salinas Pérez, diputadas y diputados suplentes electos en: el cuarto distrito del estado de Chihuahua; primera circunscripción; primer, tercer y séptimo distritos de Guerrero; cuarta y quinta circunscripciones, respectivamente, quienes, acompañados de una comisión designada, rinden la protesta de ley y entran en funciones de inmediato.

A las 12 horas con 45 minutos, la Secretaría informa el registro de 415 diputadas y diputados, posteriormente ordena el cierre del sistema electrónico de asistencia.

La Secretaría da lectura al acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, para normar el formato de la sesión de Congreso General para la apertura del primer periodo ordinario de sesiones del tercer año de ejercicio de la LX Legislatura, para regular la recepción y trámite del informe por escrito que debe presentar el presidente de la republica sobre el estado general que guarda la administración pública del país el 1 de septiembre de 2008. En votación económica, la asamblea lo aprueba. Comuníquese al Senado de la República.

La Secretaría, por indicaciones de la Presidencia, da lectura a los artículos 17 y 18 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y posteriormente al acuerdo de los grupos parlamentarios, por el que se postula a las diputadas y los diputados que habrán de integrar la Mesa Directiva que funcionará durante el periodo del 1 de septiembre de 2008 al 31 de agosto de 2009, correspondiente al tercer año de ejercicio de la LX Legislatura y de conformidad con lo dispuesto en el numeral siete del artículo 17 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se procede a su elección y por mayoría calificada de 398 votos, resultan electos los diputados: César Horacio Duarte Jáquez , como Presidente; Martha Hilda González Calderón , José Luis Espinosa Piña y Ruth Zavaleta Salgado , como primera, segundo y tercera Vicepresidentes; Margarita Arenas Guzmán , María Eugenia Jiménez Valenzuela , María del Carmen Pinete Vargas , José Manuel del Río Virgen , Manuel Portilla Diéguez, Rosa Elia Romero Guzmán , Jacinto Gómez Pasillas y Santiago Gustavo Pedro Cortés , como secretarios. La Presidenta invita a los diputados electos ocupar su lugar en la presidencia.

Puestos todos de pie, la Presidenta toma la protesta del diputado César Horacio Duarte Jáquez , como Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados para el tercer año de ejercicio de la LX Legislatura.

Presidencia del diputado César Horacio Duarte Jáquez

El Presidente toma la protesta de los diputados electos como Vicepresidentes y Secretarios de la Mesa Directiva y acto seguido declara:

El Presidente dirige un mensaje a la asamblea y comunica que la Mesa Directiva informará la instalación del primer periodo de sesiones ordinarias del tercer año de ejercicio de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, al presidente de la república, a la Cámara de Senadores, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y por escrito a los órganos legislativos de los estados y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

Agotados los asuntos en cartera, el Presidente levanta la sesión a las 13 horas con 40 minutos, citando para la sesión de Congreso General a las 17:00 horas del lunes 1 de septiembre de 2008 y para la sesión de la Cámara de Diputados el martes 2 de septiembre de 2008, a las 11:00 horas.»

El Presidente diputado César Horacio Duarte Jáquez: Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta de la sesión preparatoria.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado César Horacio Duarte Jáquez: Aprobada el acta. Continúe la Secretaría.

DIPUTADOS QUE SOLICITAN LICENCIA

El Secretario diputado Manuel Portilla Diéguez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Comisión Permanente.

Secretarios de la Cámara de Diputados.--- Presentes.

Comunico a usted que, en sesión celebrada en esta fecha, se aprobó el siguiente punto de acuerdo:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Comisión Permanente.

Secretarios de la Cámara de Diputados.--- Presentes.

Comunico a usted que, en sesión celebrada en esta fecha, se aprobó el siguiente punto de acuerdo:

SECRETARIA DE CULTURA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

El Secretario diputado Manuel Portilla Diéguez: «Secretarios de la Cámara de Diputados.--- Presentes.

La Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal ha programado la ceremonia cívica conmemorativa del 161 aniversario de la Batalla del Molino del Rey, el próximo 8 de septiembre, a las 10:00 horas, en el monumento erigido en memoria de los héroes de la batalla, ubicado en Anillo Periférico y Alencastre, delegación Miguel Hidalgo.

Por lo anterior, me permito solicitar a ustedes los nombres de los diputados de esa honorable Cámara que asistirán a la ceremonia de referencia.

Agradezco las atenciones que se sirvan prestar a la presente y les reitero las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

El Presidente diputado César Horacio Duarte Jáquez: Para asistir en representación de la Cámara se designa a los diputados Christian Martín Lujano Nicolásy José Alfonso Suárez del Real y Aguilera.

Prosiga la Secretaría.

CAMARA DE SENADORES

El Secretario diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Comisión Permanente.

Secretarios de la Cámara de Diputados.--- Presentes.

Me permito comunicar a esta honorable colegisladora que, en sesión celebrada en esta fecha, la Cámara de Senadores se declaró instalada para su primer periodo de sesiones ordinarias del tercer año de ejercicio de la Sexagésima Legislatura.

El Presidente diputado César Horacio Duarte Jáquez: De enterado.

El Secretario diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.--- Presentes.

En cumplimiento por dispuesto en los artículos 61, párrafo 5, de la Ley Orgánica del Congreso General, y 13 del Reglamento para el Gobierno Interior, me permito comunicar a usted que, en sesión de instalación celebrada el día de hoy, la Cámara de Senadores de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, eligió la Mesa Directiva que conducirá los trabajos durante el periodo del 1 de septiembre de 2008 al 31 de agosto de 2009, correspondiente al tercer año de ejercicio constitucional, que es la siguiente:

Presidente

Vicepresidentes

Secretarios

El Presidente diputado César Horacio Duarte Jáquez: De enterado.

ESTADO DE OAXACA

El Secretario diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Gobierno Constitucional del Estado de Oaxaca.--- Poder Legislativo.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- México, DF.

La Sexagésima Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, en sesión ordinaria celebrada el día de hoy, tuvo a bien aprobar el siguiente

Acuerdo

Lo que nos permitimos transcribir a ustedes, para su conocimiento y efectos legales consiguientes.''

El Presidente diputado César Horacio Duarte Jáquez: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Prosiga la Secretaría.

DIPUTADO QUE SOLICITA LICENCIA

La Secretaria diputada Margarita Arenas Guzmán: «Diputado César Horacio Duarte Jáquez , Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.--- Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 47 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me dirijo a usted para solicitarle muy atentamente sea el conducto para someter a consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados, mi solicitud de licencia para separarme del cargo de diputado federal de la LX Legislatura por tiempo indefinido a partir del 3 de septiembre de 2008.

El Presidente diputado César Horacio Duarte Jáquez: En consecuencia, se pide a la Secretaría poner a discusión los puntos de acuerdo.

La Secretaria diputada Margarita Arenas Guzmán: Están a discusión los siguientes puntos de acuerdo

Primero. Se concede licencia por tiempo indefinido al diputado Rogelio Carbajal Tejada para separarse de sus funciones como diputado federal electo en la segunda circunscripción plurinominal a partir de esta fecha.

Segundo. Llámese al suplente.

No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba...

El diputado Rogelio Carbajal Tejada (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado César Horacio Duarte Jáquez: Un momento, diputada. Diputado Carbajal, diputada Elena Álvarez, diputada Pilar Ortega... ¿con qué objeto, diputado Carbajal?

El diputado Rogelio Carbajal Tejada (desde la curul): Presidente, sólo para agradecer a toda la LX Legislatura el trabajo que hemos compartido a lo largo de estos dos años. Agradecer, desde luego, a mi coordinador parlamentario el apoyo, la coordinación que ha hecho de este grupo parlamentario. Agradecer, desde luego, a todos los coordinadores parlamentarios también el diálogo y el apoyo que en el algún momento dispensaron a mi persona en diversas circunstancias.

Quiero desear a la Cámara mucha suerte en éste último año; a usted también en su Presidencia, mucha suerte. Creo que México va a seguir esperando mucho de la LX Legislatura. Para mí ha sido un orgullo y un honor ser parte de ella y compartir con todos ustedes estos días, estos meses, y todos los dictámenes que aquí hemos discutido apasionadamente, pero que también han sido aprobados en beneficio de México. Muchas gracias.

El Presidente diputado César Horacio Duarte Jáquez: Apreciamos esos buenos propósitos, señor diputado. También le deseamos suerte.

Solamente para ilustrar a la asamblea: estamos en discusión, e iremos de inmediato a la participación de los legisladores, e irían en ese mismo sentido. Así es que les pido por favor que esperemos el desahogo de la discusión para con eso de inmediato otorgar el uso de la palabra.

Se concede el uso de la palabra a la diputada María Elena Álvarez Bernal , para este objeto.

La diputada María Elena Álvarez Bernal: Con su venia, señor presidente.

Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, si al abordar yo la tribuna en este momento guiara mis palabras por el deseo de proteger a la Cámara, y principalmente por sentir la eficacia de la LX Legislatura, pero, sobre todo, si me guiara por mis afectos personales, tendría que oponerme a que se aprobara este punto de acuerdo para que se le permitiera tomar licencia al diputado Rogelio Carbajal. El diputado Rogelio Carbajal ha enriquecido a esta Cámara. Las comisiones a las que perteneció, de Gobernación, de Justicia y de Puntos Constitucionales, van a resentir su ausencia. Pero tenemos que poner la mira más alta.

Ciertamente que la contribución del diputado Carbajal a la LX Legislatura dejará huella, porque a pesar de su juventud es un profesionista que no sólo se ha conformado con estudiar una licenciatura en derecho, sino que ha hecho posgrados para ser más eficaz en el desempeño de esa compleja materia.

Además, ha sido director de la Fundación Rafael Preciado Hernández, cargo que ha desempeñado con maestría. También ha sido el encargado de nuestra Fundación Miguel Estrada Iturbide, aquí, en la Cámara. Así que es un joven con larga y muy profunda experiencia.

Y si vemos, por otra parte, en el Partido Acciona Nacional, adonde él va a desempeñarse como secretario general, tiene también una larga experiencia, pues empezó siendo el jefe juvenil de nuestro partido a nivel nacional. Continuó siendo secretario nacional de estudios, cargo de mucha profundidad y de mucha capacidad intelectual, y que él desempeñó con una maestría increíble. Fue también y es consejero nacional. Ha sido el representante del Partido Acción Nacional ante el Instituto Federal Electoral.

Esa trayectoria hace que me niegue a pensar en el hueco que deja en la Cámara y piense más bien en lo que va a hacer por el Partido Acción Nacional, porque estoy convencida de que el país necesita partidos fuertes, partidos encabezados por líderes preparados, éticos, entregados y desinteresados.

Y pensando en esa posibilidad, que no sólo beneficiará a la Cámara, sino al país entero con la fortaleza que le dará al Partido Acción Nacional, no tengo más que aprobar, como lo van a hacer todos ustedes, que se le conceda la licencia, lamentándolo en mi afecto personal al diputado Rogelio Carbajal. Gracias, señor presidente.

El Presidente diputado César Horacio Duarte Jáquez: Gracias, diputada. Diputada María del Pilar Ortega Martínez, desde la curul pidió la palabra. Tiene el uso de la palabra.

La diputada María del Pilar Ortega Martínez (desde la curul): Sí, señor presidente. Simplemente también para manifestar, desde este momento, que mi voto será también a favor de conceder la licenciada del diputado Carbajal.

Sin embargo, me gustaría aprovechar la oportunidad para decir al diputado Rogelio Carbajal que, en nombre propio y de nuestro grupo parlamentario, le deseo el mejor de los éxitos en el nuevo encargo que ha emprendido al frente de la Secretaría General del Partido Acción Nacional.

Creo que no nos queda la menor duda de que con su inteligencia y su liderazgo contribuirá de manera determinante al fortalecimiento de la vida política nacional. Sin embargo, tampoco quiero dejar de señalar que es un hecho que nuestro grupo, y sin duda la Cámara de Diputados, está perdiendo a un gran legislador, y particularmente a un gran amigo.

Echaremos todos de menos su arrojo, su calidad de participación en la tribuna, su congruencia, el respeto que siempre ha demostrado a todos sus compañeros, su inteligencia, su liderazgo y sobre todo su amistad. Gracias, Rogelio, y mucha suerte.

El Presidente diputado César Horacio Duarte Jáquez: Gracias, diputada. Diputado Carlos Chaurand Arzate, ¿con qué objeto?

El diputado Carlos Chaurand Arzate (desde la curul): Para apoyar el punto de acuerdo, señor presidente, y en nombre de los diputados y las diputadas del Partido Revolucionario Institucionalreconocer el trabajo serio y responsable del diputado Rogelio Carbajal en el seno de las comisiones y en el pleno. En lo personal, muy en especial en los trabajos que desarrollamos para la reforma del Estado aportó ideas con tolerancia, con respeto. Creo que va a ser siempre reconocido ese esfuerzo. Le deseamos suerte en sus nuevos encargos. Gracias, presidente.

El Presidente diputado César Horacio Duarte Jáquez: Gracias, diputado. Ha solicitado también el uso de la palabra el diputado Héctor Larios Córdova. Desde la curul, que se abra el micrófono.

El diputado Héctor Larios Córdova (desde la curul): Gracias, presidente. También, como coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, agradezco, doy testimonio de gratitud del grupo a la aportación que a la Cámara ha hecho el diputado Rogelio Carbajal en las áreas que se ha desempeñado, y le deseo el mejor de los éxitos en sus nuevas tareas. Gracias, presidente.

El Presidente diputado César Horacio Duarte Jáquez: Muchas gracias, diputado Larios.

Agotada la lista de oradores, consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si se aprueban los puntos de acuerdo.

La Secretaria diputada Margarita Arenas Guzmán: Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado César Horacio Duarte Jáquez: Aprobados. Comuníquense. Llámese a la suplente.

DIPUTADO SUPLENTE QUE SE INCORPORA

El Presidente diputado César Horacio Duarte Jáquez: Se encuentra a las puertas de este recinto la ciudadana Lariza Montiel Luis, diputada federal electa en la segunda circunscripción plurinominal. Para acompañar a la ciudadana Lariza Montiel Luis en su acto de rendir protesta de ley, se comisiona a los diputados Dora Alicia Martínez Valero, Jesús de León Tello, Carlos Alberto Navarro Sugich, Ángel Humberto García Reyes, Guillermina López Valbuena, Cuauhtémoc Velasco Oliva, Ana María Ramírez Cerday Rosa Elia Romero Guzmán.

Se designa en comisión a estos diputados para que la acompañen en el acto de rendir protesta de ley para entrar en funciones.

La Secretaria diputada Margarita Arenas Guzmán: Se pide a la comisión cumplir este encargo. Se invita a los presentes a ponerse de pie.

(Puestos de pie)

El Presidente diputado César Horacio Duarte Jáquez: Ciudadana Lariza Montiel Luis,¿protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de diputada que el pueblo le ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?

La ciudadana Lariza Montiel Luis: Sí, protesto.

El Presidente diputado César Horacio Duarte Jáquez: Si así no lo hiciera, que la nación se lo demande.

Felicidades.

REGISTRO DE ASISTENCIA

El Presidente diputado César Horacio Duarte Jáquez: Se pide a la Secretaría que instruya el cierre del sistema electrónico de asistencia y dé cuenta del registro de diputadas y de diputados.

La Secretaria diputada Margarita Arenas Guzmán: ¿Falta algún diputado o alguna diputada por registrar su asistencia? Está abierto el sistema, diputada. ¿Falta algún diputado o alguna diputada por registrar su asistencia? Ciérrese el sistema electrónico.

Se informa a la Presidencia que hasta el momento hay una asistencia de 473 diputadas y diputados. Quienes no han registrado su asistencia disponen de 15 minutos para hacerlo por medio de cédula.

DIPUTADA DOLORES DE MARIA MANUELL-GOMEZ ANGULO

El diputado Pablo Leopoldo Arreola Ortega (desde la curul): Señor presidente.

El Presidente diputado César Horacio Duarte Jáquez: Al diputado Pablo Arreola, ábranle el micrófono de su curul. ¿Con qué objeto, diputado?

El diputado Pablo Leopoldo Arreola Ortega (desde la curul): Señor presidente, para solicitar respetuosamente a usted, sabiendo de su sensibilidad, que instruya a una comisión de compañeras diputadas y compañeros diputados para que atiendan el asunto de la compañera que está en huelga de hambre a las afueras de este recinto, diputada Dolores María Manuell-Gómez Angulo.

Sabemos de ese problema. Es un problema grave que se ha ocasionado en Mexicali y en toda esa área por parte de la Comisión Federal de Electricidad ( CFE). Ella ha estado pidiendo desde hace mucho tiempo solución; usted lo conoce muy bien. La solicitud es, en concreto, que pueda atenderse por parte de una comisión, que pueden ser los compañeros de Energía, para que la CFE de inmediato intervenga en este asunto.

El Presidente diputado César Horacio Duarte Jáquez: Con gusto, señor diputado, atendemos esa solicitud. Haremos en un momento las consultas con los grupos parlamentarios y que sea una representación plural la que atienda este tema. Continúe la Secretaría.

COMISIONES LEGISLATIVAS

La Secretaria diputada Margarita Arenas Guzmán: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.--- Junta de Coordinación Política.

Diputado César Horacio Duarte Jáquez , Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.--- Presente.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 8, tercer párrafo, del Acuerdo relativo al Orden del Día de las Sesiones, las Discusiones de los Dictámenes y la Operación del Sistema Electrónico de Votación, le pido atentamente se someta a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente movimiento solicitado por el Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, mediante los cuales solicita lo siguiente:

• Que el diputado Miguel Ángel Gutiérrez Aguilar sustituya al diputado Ornar Antonio Borboa Becerra, como Presidente en el Grupo de Amistad México-República Checa.

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, quedo de usted.

El Presidente diputado César Horacio Duarte Jáquez: De enterado. Continúe la Secretaría.

El Secretario diputado Manuel Portilla Diéguez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.--- Junta de Coordinación Política.

Diputada Ruth Zavaleta Salgado , Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.--- Presente.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 8, tercer párrafo, del Acuerdo relativo al Orden del Día de las Sesiones, las Discusiones de los Dictámenes y la Operación del Sistema Electrónico de Votación, le pido atentamente se someta a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados los siguientes movimientos solicitados por el Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo:

• Que el diputado Jaime Cervantes Rivera , cause alta como integrante en el Comité de Administración.• Que el diputado Jaime Cervantes Rivera , cause alta como Secretario en la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.• Que el diputado Jaime Cervantes Rivera , cause alta como integrante en el Comité de Información, Gestoría y Quejas.• Que el diputado Jaime Cervantes Rivera , cause alta como integrante en la Comisión de Vivienda.• Que el diputado Jaime Cervantes Rivera , cause alta como integrante en la Comisión de Investigación encargada de revisar la legalidad de los contratos de obra pública, concesiones, contratos de suministro de bienes de consumo o de compraventa de bienes inmuebles de titularidad pública otorgados por organismos descentralizados o empresas de participación estatal mayoritaria a la empresa de Construcciones Prácticas, SA de CV, y cualesquiera otras que tuvieran relación con la misma.• Que el diputado Jaime Cervantes Rivera , cause alta en el Parlamento Latinoamericano.• Que el diputado Jaime Cervantes Rivera , cause alta como integrante en el Grupo de Amistad México-Chipre.• Que el diputado Jaime Cervantes Rivera , cause alta como Presidente en el Grupo de Amistad México-Vietnam.• Que el diputado Jaime Cervantes Rivera , cause alta en el Grupo de Enlace Parlamentario con la República Árabe Saharaui Democrática.

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, quedo de usted.

En votación económica se pregunta a los diputados que estén por la afirmativa que se sirvan manifestarlo. Los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Mayoría por la afirmativa, diputado presidente.

El Presidente diputado César Horacio Duarte Jáquez: Aprobada. Continúe la Secretaría.

NORMA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y
SERVICIOS DE LA CAMARA DE DIPUTADOS

El Secretario diputado Manuel Portilla Diéguez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.--- Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se propone la adición de un artículo 27 Bis a la Norma de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Cámara de Diputados

La Junta de Coordinación Política, con fundamento en el artículo 34, numeral 1, inciso g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y al tenor de las siguientes

Consideraciones

En virtud de lo expuesto, se somete a consideración del Pleno el siguiente

Acuerdo

Artículo Único. Se adiciona un artículo 27 Bis a la Norma de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Cámara de Diputados, para quedar como sigue:

Artículo 27 Bis. Tratándose de adquisiciones de madera, muebles y suministros de oficina de este material, deberán requerirse certificados otorgados por terceros, previamente registrados ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que garanticen el manejo sustentable de los bosques de donde proviene la madera de dichas adquisiciones. Para las adquisiciones de papel para uso de oficina, se deberá requerir un mínimo de 50 por ciento de fibras de material reciclado y blanqueado libre de cloro.

En caso de incumplimiento, se estará a lo dispuesto por la presente Norma y demás disposiciones aplicables.

Transitorios

Primero. Publíquese el presente Acuerdo en el Diario Oficial de la Federación y en la Gaceta Parlamentaria.

Segundo. El presente acuerdo entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

En votación económica se pregunta si se aprueba. Los diputados y las diputadas que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Los diputados y las diputadas que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Mayoría por la afirmativa, diputado presidente.

El Presidente diputado César Horacio Duarte Jáquez: Aprobado. Publíquese en el Diario Oficial de la Federación y en la Gaceta Parlamentaria. Prosiga.

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

El Secretario diputado Manuel Portilla Diéguez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Diputada Ruth Zavaleta Salgado , Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presente.

Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que mediante oficio número CD/SET/012/2008, Jorge Federico Gil Rodríguez, secretario técnico del Comité de Donaciones del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, envía la publicación de los lineamientos para la donación de bienes.

Por lo anterior, y con fundamento por lo dispuesto en el artículo 27, fracción XIV, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, le acompaño, para su conocimiento, copia del oficio al que me he referido y de su anexo.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Licenciado Cuauhtémoc Cardona Benavides, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.--- Presente.

En la decimotercera sesión ordinaria del Comité de Donaciones del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), que se llevó a cabo el 17 de marzo de 2005, se adoptó el acuerdo CD/98/13/05 que a la letra señala que ``el Comité de Donaciones del SAE instruyó que se remitan los siguientes comunicados: 1) a la Oficina de Asesores del titular de la SHCP, encargada de atender el tema de las donaciones, y a la Administración General de Aduanas del Servicio de Administración Tributaria (SAT), extendiéndoles una atenta invitación a participar como invitados permanentes en el Comité de Donaciones; y 2) a la oficina de asesores del titular de la SHCP, encargada de atender el tema de las donaciones, a la Administración General de Aduanas del SAT y a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, haciendo de su conocimiento los lineamientos que se van aplicar para el otorgamiento de donaciones, elaborados con base en las reformas a la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público''.

Cabe mencionar que el 9 de julio de 2008 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación los lineamientos del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes para la Donación de Bienes, y se anexan para pronta referencia.

Por lo anterior, y en cumplimiento del acuerdo del Comité de Donaciones citado en el primer párrafo de este diverso, me permito solicitar a usted sea el amable conducto para hacer del conocimiento del actual Presidente de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, respecto de la publicación de los lineamientos que el órgano colegiado antes mencionado aplicará en materia de donación de bienes bajo la administración de este organismo descentralizado.

Sin otro particular, quedo de usted.

Presidencia de la diputada Martha Hilda González Calderón

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Remítase a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Continúe la Secretaría.

SISTEMAS DE AHORRO PARA EL RETIRO

El Secretario diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Diputada Ruth Zavaleta Salgado , Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presente.

Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que mediante oficio número D00/100/056/2008, Moisés Schwartz Rosenthal, presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, envía el informe semestral sobre la situación que guardan los sistemas de ahorro para el retiro, correspondiente al periodo enero-junio de 2008.*

Por lo anterior, y con fundamento por lo dispuesto en la fracción XIV del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y los artículos 5o., fracción XIII, 8o., fracción VIII, y 12, fracciones III, VIII y XIII, de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, le acompaño, para los fines procedentes, copia del oficio al que me he referido y original del citado informe, en forma impresa y medio magnético.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Licenciado Cuauhtémoc Cardona Benavides, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.--- Presente.

De conformidad por lo establecido en el artículo 27, fracción XIV, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, atentamente le solicito sea usted el conducto para dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 5o., fracción XIII, 8o., fracción VIII, y 12, fracciones III, VIII y XIII, de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, así como el artículo 175 de su reglamento.

Por lo anterior, anexo al presente, me permito acompañar en original y copia el informe semestral sobre la situación que guardan los sistemas de ahorro para el retiro, correspondiente al período enero-junio de 2008, así como un ejemplar en disco compacto, el cual fue aprobado el 27 de agosto del presente año por la Junta de Gobierno de esta comisión, en su septuagésima tercera sesión ordinaria y que, de no existir inconveniente, deberá entregarse al honorable Congreso de la Unión a la mayor brevedad posible.

Sin más por el momento, reitero a usted la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Remítase a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, de Trabajo y Previsión Social, y de Seguridad Social.

LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES - LEY SOBRE EL REGISTRO NACIONAL DE LINEAS TELEFONICAS MOVILES

El Secretario diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés: «Escudo.--- Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo.

Diputada Ruth Zavaleta Salgado , Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.--- Presente.

Conforme a lo instruido en sesión celebrada en esta fecha, por este conducto se remite minuta número 21, que contiene iniciativa en la cual establece diversas reformas a la Ley Federal de Telecomunicaciones y que propone la Ley de Registro Nacional de Líneas Telefónicas Móviles, elaborado por la Comisión de Gobernación, lo anterior para que se turne a la Comisión que corresponda para su estudio, análisis y dictamen.

Se anexa Iniciativa con carácter de dictamen.

Reiteramos la seguridad de nuestro respeto.

«Escudo.--- Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo.

El Congreso de Michoacán de Ocampo decreta:

Número 21

Artículo Primero. Se adiciona una fracción IX Bis al artículo 9-A, y se reforma la fracción IV del artículo 24 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, para quedar como siguen:

Articulo 9-A. ...

Artículo 24. ...

Artículo Segundo. Se propone la Ley sobre el Registro Nacional de Líneas Telefónicas Móviles, como sigue:

Ley sobre el Registro Nacional de Líneas Telefónicas Móviles

Artículo 1. Ámbito de aplicación

La presente ley es reglamentaría de la Ley Federal de Telecomunicaciones que será aplicable a las empresas concesionarias de los servicios públicos móviles y estará a cargo de la Comisión Federal de Telecomunicaciones.

Artículo 2. Definiciones

Para efectos de la presente norma se entenderá como

Artículo 3. Registro Nacional de Terminales de Telefonía Celular

Cada empresa concesionaria del servicio público móvil deberá contar, de manera obligatoria, con un registro privado de usuarios, independientemente de la modalidad de pago del servicio que contendrá como mínimo

Artículo 4. Registro de datos

En el registro, la empresa concesionaria del servicio público móvil incluirá a todos los registros telefónicos y equipos terminales móviles a través de los cuales brinda su servicio, aun cuando no hubieran sido comercializados por ella.

Los datos que conformarán el registro privado de usuarios de cada empresa serán los consignados al momento de la contratación del servicio o sus modificatorias según el caso. En caso de cambio del equipo terminal, sin conocimiento de la empresa concesionaria del servicio público móvil, el usuario deberá informarle dicho cambio, para lo cual las empresas habilitarán mecanismos eficientes que faciliten a los usuarios el cumplimiento de esta disposición.

Los registros privados de usuarios de cada una de las empresas concesionarias de los servicios públicos móviles, conforman el Registro Nacional de Terminales de Telefonía Celular.

Artículo 5. Listado de tarjetas electrónicas SIM y equipos terminales robados

Las empresas concesionarias del servicio público móvil contarán de manera obligatoria, con un listado que incluya la información de las tarjeta electrónicas SIM, contenidas en los equipos terminales móviles que hubieran sido reportados como robados o perdidos. Dicho listado contendrá como mínimo:

La empresa concesionaria del servicio público móvil está obligada a cancelar de inmediato los equipos terminales móviles y tarjetas SIM que hayan sido reportados como robados o perdidos, y a mantener la relación de los mismos por un periodo mínimo de tres años, contados a partir de la fecha del reporte.

Artículo 6. Reporte de equipos terminales robados o perdidos

El reporte a la empresa concesionaria del servicio público móvil del robo o pérdida del equipo terminal móvil y tarjeta SIM podrá ser efectuado únicamente por quien detenta la propiedad.

En los reportes realizados por el usuario, la empresa concesionaria del servicio público móvil deberá contrastar la información que le es proporcionada al momento del reporte, informando sobre las características del equipo terminal móvil a ser bloqueado.

Es responsabilidad de la empresa concesionaria la identificación del número de serie y tarjeta SIM del equipo celular reportado como robado o perdido.

Los importadores o distribuidores realizarán el reporte de sus equipos terminales y tarjetas SIM robados o perdidos ante las empresas concesionarias de servicios públicos móviles bajo responsabilidad, debiendo acreditar el origen legal de la adquisición de dichos equipos.

Al finalizar el reporte efectuado por el usuario, la empresa concesionaria del servicio público móvil deberá entregar un código correlativo del reporte realizado, como constancia del mismo.

Artículo 7. Suspensión y bloqueo

La empresa concesionaria del servicio público móvil deberá suspender el servicio y bloquear el equipo terminal y la tarjeta SIM reportado como robado o perdido, de manera inmediata a la realización del reporte. La suspensión del servicio se sujetará a lo establecido en las condiciones de uso aprobada por la Cofetel.

Artículo 8. Prohibición de habilitar o mantener habilitando el servicio

La empresa concesionaria del servicio público móvil, sea a través de sus representantes, agentes revendedores, distribuidores o personas autorizadas, tiene prohibida la prestación del servicio mediante equipos terminales móviles y tarjetas SIM cuyas series se encuentren registradas como robadas o perdidas, en el listado correspondiente, al tomar conocimiento del registro de dichos equipos terminales como resultado del intercambio de información, bajo responsabilidad civil y penal, de conformidad con lo señalado en la ley.

Artículo 9. Reporte de equipos terminales y tarjetas SIM recuperados

La recuperación de tarjetas SIM y equipos terminales móviles previamente registrados como robados o perdidos, deberán ser reportadas por el usuario, los importadores, distribuidores o la empresa concesionaria del servicio público móvil.

Artículo 10. Obligación del intercambio de información

Las empresas concesionarias del servicio público móvil que utilicen la misma tecnología o compatible, realizarán de manera obligatoria, el intercambio de información de los equipos terminales móviles y tarjetas SIM reportados como robados, perdidos o, en su caso, recuperados.

La información mínima a intercambiar de manera obligatoria será la establecida en el artículo 5 de este registro.

Artículo 11. Plazo para el intercambio de información

El intercambio de información a que se refiere el artículo anterior se realizará diariamente, debido las empresas concesionarias del servicio público móvil acordar la forma y oportunidad en que se realizará.

Asimismo, las empresas concesionarias del servicio público móvil deberán adoptar las medidas necesarias, a fin de garantizar que la información intercambiada sea veraz y el intercambio se realice de manera segura.

Artículo 12. Intercambio de información con empresas concesionarias de otros países

Las empresas concesionarias del servicio público móvil procurarán realizar las coordinaciones respectivas con sus similares en otros países, a fin de que les proporcionen información de las Series correspondientes a los equipos terminales móviles reportados como robados o perdidos para evitar que se brinde servicio a través de éstos así como los recuperados.

Artículo 13. Conciliación de la información

Las empresas concesionarias del servicio público móvil conciliarán mensualmente la información intercambiada relativa a los equipos terminales móviles reportados como robados, perdidos o recuperados.

Artículo 14. Información mensual

Cada empresa concesionaria del servicio público móvil deberá informar a la Cofetel por medios electrónicos y físicos la cantidad mensual de equipos terminales móviles vendidos.

La información mensual deberá ser remitida dentro de los primeros quince días del mes siguiente del que se informa.

Artículo 15. Responsabilidad del concesionario

La empresa concesionaria del servicio público móvil será responsable de la información contenida en su registro y listado de equipos terminales, debiendo asegurar su confidencialidad.

Artículo 16. Reclamación

El usuario puede tramitar el procedimiento de reclamación ante la Cofetel, en los siguientes casos:

El usuario podrá promover el recurso de reclamación dentro de los tres meses posteriores a la realización del bloqueo o negativa de activación, y se sustanciará en un solo acto de resolución.

Artículo 17. Infracciones y sanciones

La secretaría sancionará el incumplimiento a lo dispuesto por esta ley, de acuerdo a lo que establece la Ley Federal de Telecomunicaciones.

Artículo 18. Supervisión

La supervisión del cumplimiento de lo dispuesto en la presente ley estará a cargo de la secretaría de acuerdo a sus competencias.

Transitorios

Artículo Primero. La presente ley entrará en función a los sesenta días contados a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, dentro de dicho periodo, las empresas concesionarias del servicio público móvil se adecuarán a las disposiciones establecidas en la presente ley.

Artículo Segundo. La Cofetel emitirá las normativas complementarias para el mejor funcionamiento de la presente ley, hasta en tanto entre en función.

Artículo Tercero. Los usuarios que hubieren contratado servicios de telefonía móvil bajo la modalidad de prepago antes de la entrada en función de la presente ley efectuarán la actualización de los datos relativos a los párrafos dos y tres del artículo 4, en un término no mayor a 90 días.

Artículo Cuarto. Los usuarios que cuenten con un teléfono móvil antes de la entrada en función del presente registro contarán con un plazo no mayor a 90 días para registrar sus aparatos telefónicos y tarjetas SIM, en caso contrario, se procederá a suspender y bloquear éste.

Transitorio

Único. Remítase la presente iniciativa de decreto al honorable Congreso de la Unión para que lo turne a la comisión que corresponda para estudio, análisis y dictamen, con fundamento en los artículos 71, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 36, fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo.

El titular del Poder Ejecutivo dispondrá se publique y observe.

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Túrnese a la Comisión de Comunicaciones, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

LEY FEDERAL DE DERECHOS

El Secretario diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Congreso del Estado Libre y Soberano de Sonora.--- Hermosillo.--- Secretaría.

Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presente.

El Congreso del estado de Sonora, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo a bien aprobar el siguiente

Acuerdo número 193

Único. El Congreso del estado de Sonora, en ejercicio del derecho de iniciativa previsto por el artículo 71, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y su correlativo 64, fracción I, de la Constitución Política del Estado de Sonora, resuelve presentar ante la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, iniciativa de decreto para derogar diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos, conforme al contenido del siguiente proyecto de:

``Decreto

Artículo Único. Se derogan la fracción IX y el último párrafo del artículo 8o. de la Ley Federal de Derechos, para quedar como sigue:

Artículo 8o. ...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Congreso del estado de Sonora acuerda remitir al resto de las legislaturas estatales el contenido del presente acuerdo para el efecto de que, de ser el caso, se manifiesten a favor del mismo y presenten su iniciativa respectiva ante el H. Congreso de la Unión.''

Lo que comunicamos a usted para su conocimiento.

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

LEY GENERAL DE EDUCACION

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Esta Presidencia recibió del diputado Enrique Cárdenas del Avellano, del Grupo Parlamentario del PRI, iniciativa que reforma el artículo 69 de la Ley General de Educación.

El Secretario diputado Manuel Portilla Diéguez: «Iniciativa que reforma el artículo 69 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Enrique Cárdenas del Avellano , del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, Enrique Cárdenas del Avellano , diputado federal de la LX legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo establecido en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo cuarto al artículo 69 de la Ley General de Educación, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

México ocupa el último de los 30 países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) con 410 puntos, por detrás de Turquía (424) y Grecia (473), y también por debajo de otros países que no pertenecen al conocido club de los países desarrollados, como Chile (438) y Uruguay (428), los alumnos finlandeses encabezaron la lista con 563 puntos, seguidos de los de Hong Kong (542), Canadá (534), Taiwán (532), Estonia y Japón (531 cada uno). Según datos proporcionados por el informe del Programa Internacional de Evaluación de Estudiantes, de la OCDE.

Los datos que reporta la Secretaría de Educación Publica en nuestro país, revelan que, de cada 100 alumnos que ingresan a nivel primaria, sólo egresan de nivel superior el 12 por ciento, es decir, 88 de cada 100 alumnos que ingresan a primaria se quedan en el camino y no logran culminar sus estudios de nivel superior. Es necesario mencionar que son varios factores que se conjugan para que la población estudiantil abandone la escuela, entre otros podemos mencionar las condiciones de pobreza que origina que numerosas familias no lleven a sus hijos a la escuela, o que quienes ya han ingresado, tengan que abandonar sus estudios para contribuir al sostenimiento familiar.

Es cierto que existe pobreza en nuestra población, pero no debe ser motivo o excusa para que los niños y jóvenes falten a clases y máxime si están becados debemos reconocer el impulso que el Ejecutivo federal le está dando a la educación sobre todo en becas para los estudiantes de todos los niveles, si bien es cierto que no son suficientes, también lo es que ayudan en gran medida a la población becada para que asistan a la escuela, así como para evitar su deserción.

A manera de ejemplo debo mencionar que el Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, en apego al artículo 27 del Presupuesto de Egresos de la Federación, orienta sus acciones a apoyar la inscripción, permanencia y asistencia regular a la escuela de los hijos de las familias beneficiarias.

El Programa otorga becas educativas a cada uno de los niños, niñas y jóvenes menores de 18 años, cumplidos al inicio del ciclo escolar, que estén inscritos en grados escolares comprendidos entre tercero de primaria y tercero de secundaria en escuelas de modalidad escolarizada, y hasta 21 años a jóvenes con necesidades educativas especiales inscritos en escuelas de modalidades de educación especial.

Las becas de educación media superior se asignan a los jóvenes de entre 14 y 21 años, cumplidos al inicio del ciclo escolar, inscritos en escuelas de modalidad escolarizada. Las becas, son apoyos monetarios que se entregan bimestralmente durante los diez meses del ciclo escolar, en educación básica, de septiembre a junio; y, en educación media superior, de septiembre a enero y de marzo a julio. Su monto es creciente a medida que el grado que se cursa sea más alto.

Los becarios de primaria reciben al inicio del ciclo escolar un apoyo monetario para adquirir útiles escolares o un paquete de éstos, de acuerdo con las normas establecidas por el Conafe para el universo atendido por el Programa de Acciones Compensatorias. Al inicio del segundo semestre del ciclo escolar se les otorga un apoyo monetario adicional para la reposición de útiles escolares.

Los becarios de secundaria y de educación media superior reciben un único apoyo monetario anual para la adquisición de útiles escolares. Este apoyo monetario se entrega junto con las becas del primer bimestre del ciclo escolar.

Por otra parte, sin duda la educación es un tema complejo y delicado, para resolver la problemática que enfrenta México en éste rubro, deben participar significativamente la sociedad en su conjunto, es decir, los tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal), los educadores, los padres de familia y el alumnado y sin duda el Poder Legislativo, este último creando un marco normativo apegado a la realidad, debemos introducir los cambios necesarios para que la juventud mexicana logre una educación de excelencia, contribuyendo con ello a generar nuevas perspectivas de crecimiento.

No es casualidad que los días 13 de marzo, 26 de abril, 8 de agosto, 18 de septiembre de 2007, 13 de marzo y 17 de abril de 2008 se presentaran, por diferentes diputados de todos los grupos parlamentarios que integran la LX Legislatura, diversas iniciativas tanto constitucionales como legales, tendientes a mejorar la educación en nuestro país, ello demuestra la importancia que tiene la educación para los legisladores.

Es necesario mencionar que, dichas iniciativas fueron ya dictaminadas en su conjunto, encontrándose actualmente en esta honorable Cámara de Diputados el dictamen en primera lectura. En esencia se reforma el artículo 3o. y 31 de nuestra Constitución, estableciendo entre otras cosas que la educación media superior es obligatoria.

El artículo 31 de nuestra Constitución Política establece como obligación de los mexicanos, hacer que sus hijos o pupilos concurran a las escuelas públicas o privadas, para obtener la educación preescolar, primaria y secundaria (y ahora con la reforma antes mencionada también se incluye el nivel medio superior), pero no existe en ley o reglamento un sanción a quienes incumplan éste precepto constitucional.

Por lo que, el objetivo de la presente iniciativa es establecer una sanción a los padres de familia o tutores cuando sus pupilos de primaria, secundaria y nivel medio superior, falten tres días al mes a clases sin causa justificada, la sanción siempre consistirá en realizar actividades en beneficio de la propia escuela, así mismo se establece que la sanción la impondrá el consejo de participación social. Con ello se obtendrá un doble beneficio: Primero, que los padres manden a sus hijos a la escuela. Segundo, con motivo de la sanción impuesta se conseguiría una mejora en las instalaciones educativas.

Recordemos que el artículo 69 de la Ley General de Educación establece la figura de los Consejos de Participación Social, integrado por padres de familia y representantes de sus asociaciones, maestros y representantes de su organización sindical, directivos de la escuela, ex alumnos, así como con los demás miembros; el suscrito considero que la autoridad competente para imponer la sanción a que se refiere la presente iniciativa es precisamente el Consejos de Participación Social, puesto que es el órgano que permanece en contacto directo entre la autoridad educativa y los padres de familia y con la sociedad en su conjunto.

Es de mencionar que dentro de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2006-2012 una de las estrategias es impulsar la participación de los padres de familia y de las comunidades en las acciones destinadas a la conservación y mantenimiento de los espacios escolares, vinculando, en cada plantel, la entrega de apoyos para el mejoramiento de infraestructura a la consolidación de Consejos Escolares de Participación Social.

Por ello la presente iniciativa es en el sentido de adicionar un párrafo cuarto al artículo 69 de la Ley General de Educación, se faculta al consejo para imponer sanciones a los padres de familia o tutores cuando sus pupilos de primaria, secundaria y nivel medio superior, falten tres días al mes a clases sin causa justificada, la sanción siempre consistirá en realizar actividades en beneficio de la propia escuela.

Por lo anteriormente expuesto y fundamentado, someto a consideración de esta honorable soberanía la presente iniciativa con proyecto de

Decreto

Artículo Único. Se adiciona un párrafo cuarto al artículo 69 de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:

Artículo 69. ...

...

...

De igual forma el Consejo esta facultado para imponer sanciones a los padres de familia o tutores cuando sus pupilos de primaria, secundaria y nivel medio superior, falten tres días al mes a clases sin causa justificada; la sanción siempre consistirá en realizar actividades en beneficio de la propia escuela.

Transitorios

Primero. La Secretaria de Educación Pública en un término de 60 días contados a partir de la entrada en vigor, realizará las adecuaciones correspondientes a su reglamento.

Segundo. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.

CODIGO PENAL FEDERAL

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Se concede el uso de la tribuna a la diputada María Gabriela González Martínez, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, para presentar iniciativa que reforma el artículo 199 del Código Penal Federal.

La diputada María Gabriela González Martínez: Con su permiso, diputada presidenta.

La suscrita, diputada federal de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados la iniciativa por la que se reforma y adiciona el artículo 199 del Código Penal Federal, al tenor de la siguiente exposición de motivos.

Los casos de drogadicción en estudiantes han aumentado 500 por ciento los últimos 10 años, y los docentes han detectado en sus clases a estudiantes bajo el influjo de alguna droga.

El narcomenudeo se ha incrementado y las autoridades no han podido resolver este problema por el manejo y la movilidad que tienen los delincuentes.

En estudios recientes se ha encontrado que la violencia en las cercanías de los planteles educativos ha ido en aumento. Se ha detectado una mayor presencia de puntos de narcomenudeo en la proximidad de las escuelas. Igualmente, se ha encontrado un aumento en el consumo de alcohol, tabaco y drogas en los niños y los jóvenes mexicanos.

La Encuesta Nacional sobre la Inseguridad 2005 reporta que 20 por ciento de los estudiantes mayores de 18 años consideran que su centro de estudios es un lugar inseguro. De acuerdo con resultados arrojados por la Encuesta Nacional de la Juventud 2005, en el rubro de los mayores problemas que enfrentan las personas de su edad, se ubica al alcohol y a las drogas en primer lugar, con 70.8 por ciento, y en cuarto sitio la violencia, con 15.7 por ciento.

El gobierno federal, mediante la Secretaría de Educación Pública, ha puesto en funcionamiento el programa Escuela Segura, el cual tiene por objeto lo siguiente:

Impulsar y fortalecer de manera integral una cultura de prevención.

Fortalecer el tejido social de la comunidad escolar con la participación de maestros, padres de familia y alumnos.

Frenar los procesos conducentes a la delincuencia y la inseguridad.

Desarrollar acciones preventivas para generar un clima de seguridad en la comunidad escolar y su entorno.

Reforzar la formación de ciudadanos que crean en el estado de derecho y estén convencidos de las bondades de vivir en una cultura de legalidad.

Desarrollar y fortalecer habilidades psicosociales en los alumnos que les permitan poner límites, negociar, solucionar conflictos de manera pacífica y tomar decisiones acordes a un plan de vida.

En la actualidad es de común ocurrencia la presencia descarada de los microtraficantes al interior o en las inmediaciones de escuelas, espectáculos deportivos o artísticos, los cuales venden droga a niños y jóvenes.

Por otro lado, el Código Penal Federal, en el artículo 199, señala que ``al farmacodependiente que posea para su estricto consumo personal algún narcótico de los señalados en el artículo 193, no se le aplicará pena alguna. El Ministerio Público o la autoridad judicial del conocimiento, tan pronto como se enteren en algún procedimiento de que una persona relacionada con él es farmacodependiente, deberán informar de inmediato a las autoridades sanitarias para los efectos del tratamiento que corresponda.

Todo procesado o sentenciado que sea farmacodependiente quedará sujeto a tratamiento. Para la concesión de la condena condicional o del beneficio de la libertad preparatoria, cuando procedan, no se considerará como antecedente de mala conducta el relativo a la farmacodependencia, pero sí se exigirá, en todo caso, que el sentenciado se someta al tratamiento adecuado para su curación bajo vigilancia de la autoridad ejecutora.''

Lo anterior se ha transformado en una excusa para los microtraficantes, quienes siempre tendrán la precaución de portar pequeñas cantidades de drogas en sus pertenencias, y en el momento de ser sorprendidos por la policía alegaran ante la justicia que era de consumo personal, no obstante que mantienen la mayor cantidad de la sustancia en un lugar próximo a su comercialización.

Este resquicio legal debe ser regulado a la brevedad, a efecto de desincentivar la oferta de drogas en los establecimientos educativos, en lugares de masiva afluencia de público o en espectáculos deportivos y artísticos, como una forma de dar una señal fuerte y clara a las organizaciones delictivas de tráfico de estupefacientes.

Por lo expuesto y fundado, sometemos a consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de decreto.

Único. Se reforma y adiciona el artículo 199 del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Artículo 199. ...

Se excluye de lo anterior, y no concurre la circunstancia de uso o consumo personal, cuando el que la aporta sea sorprendido en el interior o en las inmediaciones de un establecimiento educativo, en lugares de afluencia masiva de público o en espectáculos deportivos o artísticos.

Es cuanto, diputada presidenta.

«Iniciativa que reforma el artículo 199 del Código Penal Federal, a cargo de la diputada María Gabriela González Martínez , del Grupo Parlamentario del PAN

Los suscritos, diputados federales de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento por lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados la iniciativa por la que se reforma y adiciona el artículo 199 del Código Penal Federal, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Los casos de drogadicción en estudiantes han ido en aumento en los últimos 10 años en un 500 por ciento, y los docentes han detectado y denunciado que en sus clases ingresan estudiantes bajo el influjo de alguna droga.

El narcomenudeo es una cuestión que ha incrementado al grado tal que a las autoridades se les ha complicado darles un seguimiento por la cuestión del manejo y movilidad que tienen estas personas.

En estudios recientes se ha encontrado que la violencia en las cercanías de los planteles educativos es una constante, se ha detectado una mayor presencia de puntos de narcomenudeo en la proximidad de las escuelas, asimismo se ha encontrado que entre los niños y jóvenes del país es común el consumo de alcohol, tabaco y drogas.

La Encuesta Nacional sobre Inseguridad 2005 reporta que el 20 por ciento de la de los estudiantes mayores de 18 años considera que su centro de estudio es un lugar inseguro.

De acuerdo con resultados arrojados por la Encuesta Nacional de la Juventud 2005, en el rubro de los mayores problemas que enfrentan las personas de su edad, se sitúa al alcohol y a las drogas en primer lugar con un 70.8 por ciento, y en cuarto sitio la violencia con un 15.7 por ciento.

El gobierno federal, a través de la Secretaría de Educación Pública, ha puesto en funcionamiento el programa Escuela Segura, el cual tiene por objeto

Ante el difícil escenario que encierra el asunto de las drogas, México se encuentra ante un problema de salud pública que debe atenderse de forma urgente y adecuada, a fin de erradicar cualquier tipo de adicción incluyendo a la farmacodependencia.

En el caso de la farmacodependencia, a la luz del derecho penal, la propia ley sustantiva penal federal actualmente prevé una figura llamada excusa absolutoria que en la actualidad opera para aquellos sujetos que siendo farmacodependientes (acreditado a través de una prueba pericial por autoridad competente) se les encuentre en posesión de un narcótico, en cantidad tal que se determine nuevamente con periciales, que es para su estricto consumo personal, ante lo cual no serán sancionados este tipo de conductas.

Lo anterior se hace en cumplimiento a lo señalado por Capítulo III, Título Duodécimo, del Código Federal de Procedimientos Penales, en sus numerales 523, 524 y 525. ¹

A tal efecto, también existen tesis que señalan

Farmacodependencia, requisitos que debe contener el dictamen pericial para que opere la excusa absolutoria prevista en el artículo 199 del Código Penal Federal

Para que se estime acreditada la excusa absolutoria prevista en el artículo 199 del Código Penal Federal, consistente en que al farmacodependiente que posea algún narcótico, para su estricto consumo personal, no se le aplique pena alguna, no basta con que en el dictamen pericial simplemente se establezca que el sujeto activo es farmacodependiente sino que también resulta necesario que exista una opinión técnica razonada del grado de adicción que presente como farmacodependiente, y de la naturaleza del narcótico, la cantidad apropiada y frecuencia que pudiera requerir el sujeto para satisfacer su necesidad adictiva; todo ello, después de haberse practicado las operaciones o experimentos que la ciencia sugiere, conforme se previene en el artículo 234 del Código Federal de Procedimientos Penales.

Es decir, que debido al estudio técnico realizado al activo del delito, se haya determinado que es adicto al estupefaciente, lo que será determinante para concluir que ante esta circunstancia y la cantidad del narcótico asegurado se pueda deducir que es para el consumo estrictamente personal del activo y así el juzgador estará en condiciones de aplicar la excluyente de punibilidad. Quinto Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito.

Por lo que, a contrario sensu, si un farmacodependiente comete, fuera de la hipótesis de la excluyente, algún delito contra la salud, verbigracia, posee una cantidad de narcótico mayor que la estimada para su consumo personal, o comercia con algún enervante, es procesado y sancionado penalmente, tal y como lo señala el numeral 526 del Código Federal de Procedimientos Penales. ²

Si bien, el tratamiento que actualmente da la legislación a los farmacodependientes es producto de una evolución que ha sido sumamente gradual, pues debe destacarse que cuando se expidió el Código Penal Federal en 1931 la figura de farmacodependiente o cualquier denominación similar era inexistente, y pese a que el capítulo de los delitos contra la salud sufrió desde esa fecha hasta el 68 múltiples reformas ninguna abordó dicho tema. Fue precisamente hasta la reforma del 8 de marzo de 1968 en la cual se incorpora en diverso numeral (195) la excluyente de responsabilidad para el denominado toxicómano en aquella época, que a letra decía lo siguiente:

No es delito la posesión por parte de un toxicómano de estupefacientes en cantidad tal que racionalmente sea necesaria para su propio consumo. En este caso quedará sujeto a las medidas de seguridad que señala el artículo 24, inciso 3 de este código.

Y si atendemos a la medida de seguridad vigente en dicha época advertimos que el numeral 24 señalaba lo siguiente:

Articulo 24. Las penas y medidas de seguridad son 3. Reclusión de locos, sordomudos, degenerados y de quienes tengan el hábito o la necesidad de consumir estupefacientes o psicotrópicos.

Como producto de la citada evolución nuevamente en 1974 surge la figura del consumidor ocasional, el cual sólo citamos para efectos de hacer notar que se incluye una nueva excusa absolutoria, vigente a la fecha y aplicable a los no farmacodependientes.

Y es justo hasta después de más de veinte años, es decir, en 1994, cuando se da la última reforma sobre este tópico y se reestructura la excusa absolutoria, se traslada al numeral 199, se le deja de llamar toxicómano, se denomina farmacodependiente y se elimina su condicionante de tratamiento. Esta reforma fue acompañada también de la correspondiente reforma al catálogo de penas y medidas de seguridad eliminándose la reclusión de toxicómanos.

Lo anterior denota una evolución del concepto de farmacodependiente y de su trato por la legislación penal, pues recordemos que a este sujeto, de acuerdo a la legislación actual, se le exime de toda pena pues la posesión del narcótico es en una cantidad para su estricto consumo personal y al efecto de satisfacer una necesidad personal, tratándose de justificar que con dicha disposición no se lesionan bienes jurídicos ajenos, ya que se constriñe a la circunstancia particular del individuo en su relación con la adicción a las drogas.

No obstante lo anterior, reconociendo que el derecho penal debe de ser dinámico y por lo tanto debe atender a las nuevas necesidades sociales, es de reconocerse que actualmente se ha abusado de este tipo de figuras legales, al grado de llegar a tergiversarse su objetivo.

La farmacodependencia ha sido utilizada, en diversos casos, para burlar la ley, ya que muchas de las veces, los vendedores de droga, a fin de encontrar protección en este tipo de figuras jurídicas, se vuelven farmacodependientes para vender los narcóticos que poseen en pequeñas cantidades (para justificar su consumo personal) en cada venta que realizan, a fin de que en caso de ser sorprendidos por la autoridad puedan invocar la excusa absolutoria correspondiente, aduciendo que es para su consumo personal, cuando en realidad mantienen cantidades mayores de narcótico en lugares cercanos, a fin de poder realizar su venta al menudeo.

Sin duda, ese es el tipo de acciones que se deben evitar, que sólo generan impunidad y vienen a desvirtuar figuras jurídicas que en determinado momento tienen una razón de ser específica, pero en virtud de su abuso han llegado a tergiversarse por una falta de precisión legal y de técnicas de investigación de los delitos adecuada.

En la actualidad es de común ocurrencia la presencia descarada de microtraficantes al interior o en las inmediaciones de colegios, espectáculos deportivos o artísticos, los cuales venden droga a niños y jóvenes.

El Código Penal Federal, en su artículo 199, señala lo siguiente:

Todo procesado o sentenciado que sea farmacodependiente quedará sujeto a tratamiento.

Para la concesión de la condena condicional o del beneficio de la libertad preparatoria, cuando procedan, no se considerará como antecedente de mala conducta el relativo a la farmacodependencia, pero sí se exigirá en todo caso que el sentenciado se someta al tratamiento adecuado para su curación bajo vigilancia de la autoridad ejecutora.

De lo anterior se desprende que se ha transformado en una excusa para los microtraficantes, quienes siempre tendrán la precaución de portar pequeñas cantidades de drogas en sus pertenencias, y en el momento de ser sorprendidos por la policía alegaran siempre ante la justicia que era de consumo personal, no obstante que mantienen la mayor cantidad de la sustancia en un lugar próximo a su comercialización.

Asimismo, y toda vez que sería contradictorio, por una parte, excluir de sanción penal al consumidor de narcótico no farmacodependiente que posee por primera vez droga para su estricto consumo personal, en tanto que al farmacodependiente sancionarlo desde la primera vez, por el hecho de encontrarse en uno de los lugares señalados por la ley.

Para efectos prácticos, esta situación podría originar que, en un momento determinado, el farmacodependiente con posesión de droga para su estricto consumo personal, detenido por primera vez, pudiera negar su farmacodependencia y arroparse con la excusa absolutoria del consumidor que no es farmacodependiente y es detenido por primera vez con posesión de narcóticos para su consumo personal, lo que implicaría el no proceder penal en su contra.

Por ello, la reforma planteada propone que, al tratarse de la segunda o ulterior ocasión, operará la presunción de que dicha posesión se realiza de manera sistemática con la finalidad de venta o comercialización de los narcóticos, más que de su consumo personal.

De lo anterior expuesto, es de imperiosa necesidad que estos resquicios legales deban ser regulados a la brevedad, a efecto de desincentivar la oferta de drogas en los establecimientos educacionales, en espectáculos deportivos y artísticos, como una forma de enviar una señal fuerte y clara a las organizaciones delictivas de tráfico de estupefacientes.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a consideración del Pleno de honorable Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto

Único. Se reforma y adiciona el artículo 199 del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Artículo 199. ...

Se excluye de lo anterior, y no concurre la circunstancia de uso o consumo personal, cuando el que la posea sea sorprendido en el interior o en las inmediaciones de un establecimiento educativo, en espectáculos deportivos o artísticos, y cuando se trate de la segunda o ulterior ocasión.

Transitorios

Único. Este decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Gracias, diputada María Gabriela González Martínez.Túrnese a la Comisión de Justicia.

Se informa a este pleno que la iniciativa del diputado Odilón Romero Gutiérrez , del Grupo Parlamentario del PRD, para que se inscriba con letras de oro en el Muro de Honor del Palacio Legislativo de San Lázaro la leyenda Plan de Ayutla, se pospone a petición del grupo parlamentario.

De igual manera se pospone la intervención de la diputada Yary del Carmen Gebhardt Garduza , del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones del Estatuto de las Islas Marías.

LEY DEL SERVICIO MILITAR

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Se concede el uso de la tribuna al diputado José Luis Varela Lagunas, del Grupo Parlamentario de Convergencia, para presentar iniciativas que reforma los artículos 1o. y 10 de la Ley del Servicio Militar.

El diputado Tomás José Luis Varela Lagunas: Con su venia, señora presidenta, y con el permiso de la Presidencia.

Sobre todo, compañeras legisladoras, nuestra población vive una etapa de transición demográfica. La población de 18 años empieza a reducirse paulatinamente, y la mayor de 60 empieza a aumentar.

El Cosejo Nacional de Población reporta que para 2009 habrá en el país 1 millón 349 mil hombres y 1 millón 36 mil 498 mujeres de 18 años. Aunada a esta transición, la movilidad social en México, según Fernando Cortés y Agustín Escobar, en un artículo realizado por la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) es nula. Es decir, una persona nacida en el seno de una familia campesina ha disminuido su probabilidad de ascender en la escala social 40 veces. El problema es evidente, no solamente los jóvenes serán cada vez menos, sino que estarán cada vez más separados por clases.

De igual manera, los jóvenes enfrentan a un mundo cada vez más inseguro, devastado y desigual.

Ahora bien, para enfrentar estos retos descomunales se deben iniciar una serie de reformas sociales y económicas profundas. Mi iniciativa es modesta, pero propone un cambio de política en un aspecto que parece lejano, pero que es ---creo--- relevante para enfrentar estos problemas de cambio climático.

Se trata de modificar la Ley del Servicio Militar Nacional para hacer obligatorio el servicio militar de carácter disciplinario para todas las mexicanas y todos los mexicanos, a fin de tener más apoyo ante las consecuencias de los desastres naturales y trabajos comunitarios que desarrollan todos los días o que deben desarrollar las mujeres y los hombres como habitantes de este país. Las mujeres son un factor de cohesión, confianza y amabilidad.

El 31 de agosto de 1942, mediante decreto presidencial, entró en vigor la Ley del Servicio Militar Nacional, para fortalecer y respaldar a los efectivos del Ejército en servicio, con reservas de que estuvieran en condiciones de responder a las necesidades de aquella época en la guerra moderna.

Con el servicio militar nacional, la defensa de la patria empezaba a ser compartida por los jóvenes aptos del país, sin distinción de credos, razas e ideologías. En nuestros días el Ejército ha sido una institución suficiente para afrontar las necesidades de defensa nacional, tal como éstas se han presentado.

Sin embargo, los cambios sociales y climáticos que ha sufrido nuestro país imponen pensar en el establecimiento del servicio militar obligatorio para las mujeres. El Ejército y la Armada de México han duplicado su participación en el apoyo a la población civil de los desastres naturales y en el control de incendios forestales, según el sexto informe de gobierno de la anterior administración.

La democracia y la igualdad de derechos son para la mayoría de las mujeres más una aspiración que un hecho concreto, reservado a las minorías, por lo general masculinas. La intervención de la parte femenina en la vida social ha pasado prácticamente inadvertida.

Quiero decirles de que hay 2 millones de jóvenes, mujeres y hombres que cada año se incorporan a la mayoría de edad. Si estos 2 millones los multiplicamos por 8 horas nos dará 16 millones de horas de trabajo que podrían ser utilizados en aspectos como la limpia de las ciudades, el tratamiento de la basura y la recolección; es decir, que tengan un servicio comunitario.

Si estos 16 millones los multiplicamos por 4 semanas estamos hablando de 64 millones de horas que están disponibles y al alcance de todos nosotros. Por otro lado, si éstos cuando menos lo hacen por 10 meses, estamos hablando de 640 millones de horas para el servicio comunitario que debe tener una disciplina dentro del ámbito del servicio militar nacional.

Por ello es una realidad la consolidación democrática de México, y ésta requiere la sólida participación de las mujeres en todos los ámbitos, pues día a día las mujeres han cambiado la realidad social de México.

Hoy día podemos observar que en muchos ámbitos las mujeres han venido poco a poco ocupando más espacios en la vida política, cultural, económica y social del país. Es razonable considerar que para que ellas ejerzan plenamente todos sus derechos se les debe incluir en todos los aspectos relacionados con la vida de México.

Y en el caso que nos ocupa, en el servicio militar ---pues con ello coadyuvaría aún más al avance del país en temas como lo es la seguridad, defensa nacional y sobre todo el servicio social a la patria--- resulta urgente, por lo que atañe al servicio de las armas, incluir a las mujeres para que realicen el servicio militar de manera obligatoria, pero con una óptica de solidaridad y hacia la comunidad.

Asimismo, la Ley del Servicio Militar, en el artículo 1o., declara obligatorio y de orden público el servicio de las armas para todos los mexicanos por nacimiento o naturalización.

Por estas razones se ha pensando en las necesidades sociales, y aún más, en las necesidades de la defensa nacional para establecer el sistema de servicio militar obligatorio, tanto para los hombres como para las mujeres, pues sólo una acción de colaboración de este grado podrá hacer frente a los desastres naturales y con un enfoque de solidaridad, como apoyo a quienes sufren estos desastres.

Señora presidenta, es cuanto. Le ruego que se instruya... y que se inserte completa mi iniciativa en el Diario de los Debates, junto con mi intervención en tribuna. Por su atención, muchas gracias. Ahora sí como dijera Memo Ríos: aplausos.

«Iniciativa que reforma los artículos 1o. y 10 de la Ley del Servicio Militar, a cargo del diputado José Luis Varela Lagunas , del Grupo Parlamentario de Convergencia

El que suscribe, José Luis Varela Lagunas , diputado federal del Grupo Parlamentario de Convergencia, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, somete a consideración del honorable Congreso de la Unión la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifican los artículos 1o. y 10 de la Ley del Servicio Militar, Reglamentaria del Artículo 5o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme a la siguiente

Exposición de Motivos

Nuestra población vive una etapa de transición demográfica. La población de 18 años empieza a reducirse paulatinamente y la mayor de sesenta años empieza a aumentar. CONAPO reporta que para el 2009, habrá en el país 1038 543 ciudadanos de 18 años y en contraste 226 415 de 65 años. Para el año 2050 habrá 700 mil ciudadanos de 65 y 700 mil de 18 años.

Aunada a esta transición, la movilidad social en México, según Fernando Cortés y Agustín Escobar, en un artículo realizado para la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, es nula.

Es decir, una persona nacida en el seno de una familia campesina ha desminuido su probabilidad de ascender en la escala social 40 veces, es decir no tiene ninguna probabilidad de ser un funcionario público de mediano nivel o un empresario, lo que entendemos como la cúspide de la escala social.

El problema es evidente, no solamente los jóvenes serán cada vez menos, sino que estarán cada vez más separados por clases, con muy pocas posibilidades de mejorar su situación en relación a la de sus padres. Algo que pasó, por lo menos de alguna medida en nuestra generación.

De igual manera, los jóvenes se enfrentan a un mundo cada vez más inseguro, devastado y desigual. El número de emergencias por desastres naturales ha aumentado de quinientos casos a mil entre incendios forestales, inundaciones y huracanes. No olvidando, que el mundo enfrenta un cambio climático que provoca mayores desastres naturales, y esto exige una cultura de solidaridad humana.

Ahora bien, para enfrentar estos retos descomunales, se deben iniciar una serie de reformas sociales y económicas profundas. Mi iniciativa es modesta pero propone un cambio de política en un aspecto que parece lejano pero que creo es relevante para enfrentar estos problemas de cambio climático.

Se trata de modificar la Ley del Servicio Militar Nacional, y reforzar el Plan DN-III que nació en 1966, cuando el río Pánuco se desbordó, y que en ocasiones su presencia y actuación se ve limitada por muchos factores y quizás el más importante: No se cuenta en esos momentos con gente que ayude. Y las mujeres son un factor de cohesión, confianza y amabilidad. A continuación fundamento a ustedes mi razón de esta propuesta.

La política militar de nuestro país se ha definido como pacífica y social en temas como lo es la defensa nacional, resulta necesario poner atención a los nuevos retos que significa para el hombre convivir con el cambio climático que acelera desastres naturales, y en ocasiones las instituciones encargadas no cuentan con el personal necesario. Estas desgracias no pueden esperar. Debemos anticiparnos y actuar con decisión.

Cabe señalar que en la década de los cuarenta el Ejército Mexicano sufrió los efectos de la Segunda Guerra Mundial en 1942. Al ser hundidos los buques petroleros mercantes y nacionales --Potrero del Llano y Faja de Oro-- por submarinos alemanes sin encontrar respuesta de la cancillería alemana, fue el clima que orientó al gobierno mexicano a tomar una determinación de guerra con amplia aceptación por todos los sectores del país.

En este contexto y después de haber conseguido la autorización del Congreso de la Nación en pleno y acatando los ordenamientos de la Carta Magna, el presidente de la república, general Manuel Ávila Camacho, con un decreto fechado el 1º de junio de 1942, en su artículo único señaló: ``los Estados Unidos Mexicanos se encuentran desde el día 22 de mayo de 1942 en estado de guerra con Alemania, Italia y Japón''. Dos días después en cadena radiofónica de cobertura nacional, el mandatario explicó a la ciudadanía las razones de las medidas tomadas.

Con el apoyo popular para la decisión del Estado mexicano, las acciones en la Secretaría de la Defensa Nacional también se incrementaron en todos los sentidos para apoyar con una estrategia de guerra el esfuerzo de la nación: la definición territorial, adquisición de armamento, modificaciones en el adiestramiento y la puesta en pie de guerra de la juventud mediante la implantación del Servicio Militar Nacional, fue la respuesta a lo señalado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El 31 de agosto de 1942, mediante decreto presidencial, entró en vigor la Ley del Servicio Militar Nacional; para fortalecer y respaldar los efectivos del Ejército en servicio, con reservas que estuvieran en condiciones de responder a las necesidades de la guerra moderna. Para entonces, el concepto de defensa nacional fue comprendido por la población que animosa apoyó las medidas tomadas por el gobierno, para responder a la amenaza de guerra que ya se había hecho presente en las costas del Golfo de México.

Con el servicio militar nacional, la defensa de la patria empezaba a ser compartida por los jóvenes aptos del país, sin distinción de credos, razas e ideologías.

Con este paso de trascendental significado, había llegado el momento de acercarse a la meta de poner en pie de guerra grandes contingentes que en los cuarteles y mediante un intenso adiestramiento militar los jóvenes conscriptos quedaban en condiciones de cumplir con eficiencia y orgullo nacionalista su compromiso militar.

Con la Ley del Servicio Militar Nacional iniciaba con buenos resultados y aceptación de la sociedad mexicana, la concienciación de los mexicanos para prestar a la patria el servicio militar, en un ambiente distinto a las imposiciones y arbitrariedades del pasado.

En nuestros días el Ejército Mexicano ha sido una institución suficiente para afrontar las necesidades de la defensa nacional, tal como éstas se han presentado. (Sin embargo, los cambios sociales y climáticos que ha sufrido nuestro país imponen pensar en el establecimiento del servicio militar obligatorio para las mujeres).

Si bien los registros existentes dan cuenta de numerosos fenómenos de gran impacto en la sociedad desde hace varios siglos, en las generaciones recientes perduran todavía las huellas de eventos que como la erupción del volcán Chichonal en 1982, la explosión de la planta gasera de San Juan Ixhuaxtepec en 1984, el sismo de la Ciudad de México en 1985, los efectos devastadores de los huracanes Gilbert, ocurrido en 1988, y Paulina, en 1997, y los incendios forestales de 1988 y de 1998, etcétera. Y aquellos otros que son repetitivos, es decir, cíclicos porque se reproducen en determinado tiempo con un alto margen de coincidencia y de similitud, como son, los efectos del cambio climático --calentamiento global--, por ejemplo, en México, las heladas durante los inviernos, los desbordamientos de los ríos en las épocas de lluvias, los incendios forestales en las primaveras, los huracanes en el otoño, las sequías durante verano, etcétera.

Reconstruyendo el fenómeno sísmico de 1985 en la ciudad de México, entre las 7:19 de aquel jueves 19 de septiembre de 1985, el ciclo escolar apenas iniciaba. Las cosas parecían del todo normales, otra agitada jornada empezaba pero de repente la tierra comenzó a descargar su fuerza en una de las ciudades más emblemáticas de América Latina.

El terremoto de 8.1 grados en la escala de Richter que sacudió a México Capital fue el más catastrófico que hasta la fecha ha padecido el país. Nunca antes tantos muertos y tantos heridos habían sido causados por un movimiento telúrico. Pero tampoco nunca antes el espíritu mexicano y su sentimiento de solidaridad, había sido puesto a prueba de tal forma.

Dentro del marco de permanente encaramiento de catástrofes naturales es importante que nuestras ciudadanas realicen su Servicio Militar, para crear en ellas una atmósfera cultural que recobre la nueva jerarquía de valores humanos para que oriente el proceso de reconstrucción social en los tiempos de emergencia ciudadana.

No podemos olvidar que la creación de nuevas bases de desarrollo para las sociedades de México, requiere de la producción de un nuevo eje cultural, y éste, en nuestros países creemos que hoy día debe gira alrededor de la renovación de las leyes.

El Ejército y la Armada de México han duplicado su participación en el apoyo a la población civil en los desastres naturales y en el control de incendios forestales según el sexto informe de gobierno de la anterior administración. Estamos hablando de 35 mil efectivos en todas estas acciones en 1995 y de 86 mil en 2005. Como dato ilustrativo el ejército en 2007 participó en la lucha en contra del narcotráfico con 45 mil efectivos mensuales, cuando el ejército y la armada contaban en 2007 con 244 mil miembros, según el primer informe de gobierno de la actual administración federal, en 1995 eran 225 mil.

La democracia y la igualdad de derechos son para la mayoría de las mujeres más una aspiración que un hecho concreto, reservado a las minorías, por lo general masculinas. La intervención de la parte femenina en la vida social ha pasado prácticamente desapercibida.

Es por ello, que es una realidad que la consolidación democrática de México requiere la sólida participación de las mujeres en todos los ámbitos, pues día a día las mujeres han cambiado la realidad social en México, pues hoy en día podemos observar que en muchos ámbitos, las mujeres han venido poco a poco ocupando más espacios en la vida política, cultural, económica y social del país, por ello, es razonable considerar que para que las mismas, ejerzan plenamente todos sus derechos, se les debe incluir en todos los aspectos relacionados con la vida de México, y en el caso que nos ocupa, en el servicio militar, pues con ello coadyuvaría aun más al avance del país en temas como la seguridad y la defensa nacional.

En efecto, el pasado dos de agosto de dos mil seis, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. Dicha ley tiene como objeto regular y garantizar la igualdad entre mujeres y hombres y proponer los lineamientos y mecanismos institucionales que orienten a la nación hacia el cumplimiento de igualdad sustantiva en los ámbitos público y privado, promoviendo el empoderamiento de las mujeres.

Siendo así, resulta urgente por lo que atañe al servicio de las armas, incluir a las mujeres para que realicen el servicio militar de manera obligatoria, pero con una óptica de solidaridad hacia la comunidad.

En efecto, el Estado mexicano garantiza la igualdad entre el varón y la mujer ante la ley. El artículo 4o. de nuestra Carta Magna establece que el varón y la mujer son iguales ante la ley. Por lo que, iguales ante la ley, tienen el derecho a contar con condiciones equitativas.

En junio del 2003, se aprobó la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, donde se establecen medidas positivas y compensatorias a favor de la igualdad de oportunidades para las mujeres y para los niños y las niñas en aspectos como la educación, la salud y en general derechos y libertades propias de los estados democráticos que promueven el desarrollo integral de la persona. Esta ley establece para las mujeres:

Sería pertinente establecer, desde la ley, lineamientos que instituyan los requisitos, excepciones y condiciones específicos para el Servicio Militar Femenil obligatorio, ya que la posibilidad legal del establecimiento del Servicio Militar obligatorio de las mujeres está previsto en el artículo 5o. constitucional, en su párrafo cuarto establece, en cuanto a los servicios públicos, que sólo podrán ser obligatorios en los términos que establezcan las leyes respectivas y en lo que nos interesa, el de las armas y como en la actualidad, tanto a los hombres como a las mujeres resultaría útil que el servicio militar en el activo, cuya permanencia es por un tiempo relativamente corto, pudiera ser suficiente para obtener la debida preparación y estar apoyada en la instrucción militar.

Asimismo, la Ley del Servicio Militar en su artículo 1o., declara obligatorio y de orden público el servicio de las armas para todos los mexicanos por nacimiento o naturalización.

Es por estas razones que se ha pensado en las necesidades sociales y aún más, en las de la defensa nacional, para establecer el sistema del servicio militar obligatorio, tanto para hombres, como para mujeres pues solo una acción colaborativa de este grado podrá hacer frente a los desastres naturales. Con un nuevo enfoque de solidaridad con apoyo a quienes sufren en desastres naturales.

Modificar la Ley del Servicio Militar Nacional para establecer la obligatoriedad del servicio militar femenil ``con un sentido social'', pero no para instrucción militar como lo es para los varones; esta obligatoriedad es necesaria para inculcar, no sólo en los hombres, sino también en las mujeres, valores patrios y un compromiso de participación social con México en los problemas que tienen sus comunidades, ya que la población ha reconocido que la labor del Ejército en este ámbito es muy valiosa, y sobre todo, que se adapte a los objetivos del Plan DN-III.

Así, la instrucción militar ha de tener como objetivo principal, el de preparar a las mujeres, en ese sentido será necesario armonizar la realidad existente, y modificar la Ley del Servicio Militar Nacional, para que la referida instrucción militar también se haga obligatoria para las mujeres, en donde al igual que a los hombres se les permita acceder al conocimiento de

Todas estas actividades que se imparten en la actualidad a todo el personal de conscriptos que recibe su adiestramiento en las unidades del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana, que funcionan como centros de adiestramiento.

En la actualidad la Secretaría de la Defensa Nacional cuenta con un programa de mujeres voluntarias, en el que pretende fomentar la participación de éstas de manera voluntaria en el programa de adiestramiento militar, para proporcionarles los conocimientos básicos de la doctrina militar que les permitan desarrollar en ellas habilidades, valores y virtudes, con el fin de contribuir, y en caso necesario, integrarlas a las fuerzas armadas, a la defensa y necesidades del país; sin embargo, como se ha mencionado dicho programa es voluntario.

Por tanto, a eso pretende contribuir esta iniciativa haciendo obligatorio el Servicio Militar para las mujeres. Recordemos que entre los jóvenes de 18 a 21 años en adelante está la mayor parte de quienes cometen delitos en nuestro país.

Ahora bien, se trata de algo muy básico, debemos entrenar a la población, en tareas de protección civil y de organización, ante desastres naturales, tenemos que promover la formación continúa de los grupos en peor situación, debemos mejorar la cohesión social para promover, si no la movilidad social quizás la eliminación de los ghettos sociales que nos rodean. Donde una persona humilde no se verá de igual a igual, de ciudadano a ciudadano con alguien poderoso.

Con la iniciativa de la mujer joven y entusiasta, se busca formalizar su participación voluntaria, constituyendo una expresión de reconocimiento a sus derechos, valores cívicos, capacidades físicas e intelectuales y a su gran sentido de responsabilidad, bajo el programa de adiestramiento militar, cuyo objetivo tienen los siguientes alcances:

Por la trascendencia que, de ser aprobado el texto propuesto, tendrá la reforma legal, es necesario preservar los derechos de los justiciables frente a una aplicación retroactiva de la ley.

Para garantizar la no aplicación retroactiva en perjuicio de la ley, se propondrá en los artículos transitorios que la entrada en vigor del decreto se lleve a cabo con tiempo suficiente a efecto de que quienes lo deseen puedan ejercer sus derechos con toda oportunidad.

La forma es simple, se trata de obligar a realizar el servicio militar a todos los jóvenes, tanto mujeres como varones y es necesario incentivar a nuestra juventud, reconociendo su trabajo, proponer mecanismos para que las muchachas se queden en Protección Civil de sus estados, en la Cruz Roja, etcétera. No hay otra manera de formarlos, entrenarlos para la protección civil y promover la cohesión social. No la hay, seamos realistas.

Por lo antes expuesto y en uso de las atribuciones citadas en el proemio de este documento, someto a la consideración del Pleno la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto

Único. Se modifican los artículos 1o. y 10 de la Ley del Servicio Militar, Reglamentaria del Artículo 5o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 1o. De acuerdo con el artículo 5o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se declara obligatorio y de orden público el servicio de las armas para todos los varones y mujeres mexicanos por nacimiento o naturalización, quienes lo prestarán en el Ejército o en la Armada, como soldados, clases u oficiales, de acuerdo con sus capacidades y aptitudes.

...

...

Artículo 10 . El reglamento de esta ley fijará las causas de excepción total o parcial para el servicio de las armas, señalando los impedimentos de orden físico, moral y social y la manera de comprobarlos. La Secretaría de la Defensa Nacional, por virtud de esta Ley queda investida de la facultad para exceptuar del servicio militar a quienes no cumplan los requerimientos o no llenen las necesidades de la defensa nacional así como considerar a aquéllas mujeres que estén embarazadas, en tanto persista dicha circunstancia.

Transitorios

Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor a partir del 1 de enero del año dos mil nueve, una vez publicado en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo. Al entrar en vigor este decreto, todas y todos los conscriptos de la clase de 1992, deberán encuadrarse en las oficinas que les correspondan por cuestión de territorio, el primero de enero de 2010.

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Se le agradece al diputado José Luis Varela Lagunas, y se instruye a la Secretaría que proceda de acuerdo con su solicitud.Túrnese a la Comisión de Defensa Nacional.

ARTICULOS 71 Y 72 CONSTITUCIONALES

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Se concede el uso de la tribuna al diputado Manuel Cárdenas Fonseca, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, para presentar iniciativa que reforma y adiciona los artículos 71 y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Manuel Cárdenas Fonseca: Con el permiso de la Presidencia.

Nuevamente me presento en esta tribuna, ante ustedes, para tratar el tema que presenté en el periodo de sesiones ordinarias anterior referente a la llamada ``iniciativa preferente''.

Sugiero que de muy buena fe es que no se haya logrado la votación que requeríamos para que esta iniciativa, que habiendo sido dictaminada por ambas Cámaras en sentido positivo, no lograse la votación requerida y hoy fuese derecho positivo una vez que la hubiere publicado el Ejecutivo.

En este sentido, tanto la Cámara como nuestra colegisladora consideraron viable la propuesta, y por eso a la luz de lo anterior y retomando lo que se planteó en el dictamen de referencia, aun cuando la Cámara no tenga un acuerdo de la Conferencia para tratar las iniciativas de todos los que tenemos derecho de iniciativa, aun cuando no veamos la figura espejo que la colegisladora tiene de manera procesal, procedimental y de técnica para tomar en cuenta todas las iniciativas que se hayan presentado sobre un mismo tema y atenderlas en el dictamen de referencia.

Esperemos que en adelante tanto los secretarios técnicos de las comisiones como los presidentes de las comisiones dictaminadoras acudan a establecer un mecanismo que dé certeza y certidumbre a quienes hemos iniciado leyes, más allá de tener que recurrir a excitativas porque no las atienden, sea porque su intención es nada más la parte de grupo o la parte personal, o la parte exógena, y de algún poder fáctico que los hace atender las iniciativas irrumpiendo, inclusive, el principio de que el que es primero en tiempo es primero en derecho.

El otorgar trámite legislativo expedito a las iniciativas presentadas por el titular del Poder Ejecutivo no implica una subordinación del Poder Legislativo frente a aquél, sino un espacio de preferencia en la agenda legislativa para que se discutan los asuntos que por su naturaleza representan una prioridad nacional.

La propuesta entonces es crear la figura de proceso legislativo preferente, que ya existe en algunos países de América Latina, y que consiste en acotar los tiempos para la votación de una iniciativa presentada.

Toda vez que la regulación en la Carta Magna, mediante la implantación específica en el artículo 72, del procedimiento, desde la recepción hasta la dictaminación en ambas Cámaras, no ha sido considerada en los anteriores dictámenes, y dado que la Cámara de Senadores propone que éste sea regulado en la Ley del Congreso y los reglamentos respectivos, en esta iniciativa nuevamente propongo la reforma al proceso legislativo preceptuado en el artículo de referencia, por las siguientes razones:

Entre otras, porque ya han pasado muchos años en la demagogia de que tendremos una Ley Orgánica adecuada a los nuevos tiempos. Porque en la práctica hemos aprobado leyes que han violentado el procedimiento legislativo; que nos hemos otorgado casos de excepción, como fue la mal llamada ``Ley para la Reforma del Estado''.

Así, enumero las siguientes razones:

1. Hasta ahora la Ley Orgánica ha regulado aspectos puramente organizativos, se ha ocupado de la estructura orgánica del Congreso General, por lo que respecto a los procedimientos parlamentarios no ha tenido ocasión de hacer valer su superioridad jerárquica. Lejos de ello se ha mantenido la separación entre, por una parte, las normas que regulan la organización y, por la otra, las normas que regulan los procedimientos.

2. La reforma integral al Poder Legislativo es una asignatura pendiente, y dudo mucho que vayamos a honrar la palabra y tengamos en esta legislatura una nueva Ley Orgánica para el Congreso General.

3. Existen cuestionamientos sobre la constitucionalidad de la reforma al artículo 3o. de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, relativa a la atribución de cada Cámara para expedir sus reglamentos.

Con todo esto, si esta soberanía decide atender la iniciativa y reformar nuestra Carta Magna, dejar en la Ley del Congreso la atribución de establecer el procedimiento se convierte en un acto vicioso. Ahora entonces, el artículo 72 constitucional señala y señalará el ser y hacer del proceso legislativo.

Por ello se propone que a partir del día en que la iniciativa es presentada por el Ejecutivo a la Cámara de origen, ésta cuente con un tiempo máximo de 15 días naturales para su votación y que, si concluido este tiempo la Cámara de origen aún no la hubiese votado, la iniciativa deberá ser sometida a consideración del pleno en los mismos términos en que hubiese sido presentada por el jefe del Poder Ejecutivo.

Luego de que se tenga aprobada la iniciativa en la Cámara de origen, ésta será enviada a la Cámara revisora a más tardar al siguiente día natural. La Cámara revisora enviará la iniciativa a la Comisión que corresponda, pero tendrá que ser votada por su pleno, en un término máximo de 15 días naturales, contados a partir del día siguiente en que hubiese sido recibida.

Y, de igual forma, concluido este tiempo, la Cámara revisora si aún no la hubiese votado, la iniciativa se someterá a consideración del pleno en los mismos términos en que se hubiese presentado por la Cámara de origen. Continúa el procedimiento que está plenamente descrito y publicado en la Gaceta Parlamentaria.

Toda vez que no se le podría dar el carácter de preferente a iniciativas de cualquier naturaleza, se pretende exceptuar del carácter de preferente a las iniciativas que el Ejecutivo presente en materia presupuestal, al sistema electoral y de partidos o modificaciones constitucionales.

Finalmente y con objeto de que el proceso legislativo preferente no se convierta en práctica común, se propone que el Ejecutivo solamente pueda presentar hasta dos iniciativas preferentes por cada periodo de sesiones ordinarias. De este modo será el propio jefe del Ejecutivo, el Ejecutivo mismo, quien evaluará qué iniciativa habrá de merecer, por su relevancia, el carácter de preferente.

Compañeros legisladores, esto se vuelve necesario, esto se vuelve imprescindible e impostergable para el quehacer legislativo.

Solicito que escuchemos con atención y que leamos con cuidado las distintas opiniones y los diferentes textos que existen sobre la materia. Les solicito que si ambas Cámaras ya se habían pronunciado a favor de esta iniciativa, la retomemos con la experiencia adquirida del trabajo de sesiones; que hagamos un puntual referente a que lo que se pretende hacer en una ley secundaria quede en el texto constitucional, como aquí se refiere. A que nos aboquemos a dejar de lado las prioridades personales o de grupos internos o exógenos, y pensemos en iniciar leyes y darles el trato en función de lo que demanda el país y los mexicanos.

Por ello, los convoco a que atendamos con urgencia esta iniciativa que da cuenta de los artículos 71 y 72 constitucionales. Ruego a la Presidencia que sea turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales, y que la participación de un servidor se inserte en forma íntegra en el Diario de Debates. Es cuanto. Muchas gracias.

«Iniciativa que reforma y adiciona los artículos 71 y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Manuel Cárdenas Fonseca , del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

El suscrito, diputado Manuel Cárdenas Fonseca , del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza de la LX Legislatura de la hnorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 55, fracción II, y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman y adicionan los artículos 71 y 72, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con objeto de precisar el derecho de iniciativa y formación de leyes, conforme a la siguiente

Exposición de Motivos

Tal y como señalé en la anterior ocasión que presenté una iniciativa que reformase la Constitución a efecto de dotar al titular del Ejecutivo federal de un derecho preferente a iniciar leyes o decretos.

De conformidad con el texto normativo, compete al presidente de la república, a los diputados y senadores al Congreso de la Unión y a las legislaturas de los estados. Estos tres actores de la escena política nacional, han utilizado su derecho constitucional atendiendo, las más de las veces, al interés de grupo, a la oportunidad, y, al impacto mediático, que al beneficio colectivo y en estricto sentido, al interés superior de la república.

La existencia de un sistema democrático, plural, incluyente y abierto hace necesario adoptar mecanismos de colaboración entre los Poderes de la Unión y entre las fuerzas políticas. México transitó desde 1997, a un escenario de gobierno dividido en el cual, el Ejecutivo federal no cuenta con la mayoría absoluta de su partido en las Cámaras del Congreso; por ende, se requiere adoptar los mecanismos que propicien una relación más fluida y eficiente entre los poderes que intervienen en el proceso de creación y perfeccionamiento del orden jurídico nacional.

El Congreso tiene todo el derecho de aprobar o rechazar las iniciativas del Ejecutivo, pero, desde nuestra perspectiva, lo que no debe hacer es dejar de analizar sus proyectos de ley o decreto y dejar correr el tiempo para ser dictaminadas o para que queden en la bendita institución de la congeladora legislativa.

En este sentido, tanto esta Cámara como su colegisladora, consideraron viable la propuesta antes mencionada pues, argumentaron que ``es necesario realizar un rediseño del marco constitucional que rige el proceso legislativo, con objeto de impulsar mecanismos que permitan agilizar los proyectos de reforma que el presidente de la república presenta a la consideración de las Cámaras, lo cual se puede lograr con la figura de 'iniciativa preferente'''.

A la luz de lo anterior, es imprescindible reafirmar que el derecho de iniciativa del presidente de la república, a quien este proyecto dota de un esquema preferente para aquéllas iniciativas que, en atención a la aplicación de políticas públicas específicas y que no admiten dilación alguna, se le dará un trámite que requerirá la participación y connivencia de todos los actores políticos para llegar a ser dictaminada en plazos específicos.

Toda vez que no todas las iniciativas que presenta el Ejecutivo federal tienen el mismo peso específico y tienen la misma trascendencia para el mejoramiento de la acción pública y de la implementación de políticas públicas concretas que requieran del acuerdo, de la participación de todos los actores y de la suma de voluntades para continuar en el tránsito de la democracia.

El otorgar trámite legislativo expedito a las iniciativas presentadas por el presidente de la república no implica una subordinación del Poder Legislativo frente al Ejecutivo, sino un espacio de preferencia en la agenda legislativa para que se discutan los asuntos que por su naturaleza representen prioridad nacional.

La propuesta, respecto del Poder Ejecutivo es entonces, crear la figura del proceso legislativo preferente, que existe ya en algunos países de América Latina, que consiste en acotar los tiempos para la votación de una iniciativa presentada, en este caso, por el Ejecutivo, a partir del establecimiento de plazos específicos.

Toda vez que regular en la Constitución, a través de su implantación específica en el artículo 72, el procedimiento desde la recepción hasta la elaboración del dictamen en ambas Cámaras no ha sido considerado en los anteriores dictámenes y, dado que la Cámara de Senadores propone que éste sea regulado en la Ley del Congreso y los reglamentos respectivos, es que en esta iniciativa nuevamente propongo la reforma al proceso legislativo preceptuado en el artículo de referencia por las siguientes razones:

Asimismo, si esta soberanía decide atender esta iniciativa y reformar la Carta Magna, dejar en la Ley del Congreso la atribución de establecer el procedimiento se convierte en un acto vicioso pues el artículo 72 constitucional señala el ser y hacer del proceso legislativo.

Por ello, se propone que, a partir del día en que la iniciativa es presentada por el Ejecutivo a la Cámara de origen, ésta cuente con un tiempo máximo de quince días naturales para su votación, y que, si concluido este tiempo la Cámara de origen aún no la hubiese votado, la iniciativa deberá ser sometida a consideración del Pleno en los mismos términos en que hubiese sido presentada por el presidente.

Luego de que se tenga por aprobada la iniciativa en la Cámara de origen, será enviada a la Cámara revisora a más tardar al siguiente día natural. La Cámara revisora enviará la iniciativa a comisión, pero tendrá que ser votada por su pleno en un término máximo de quince días naturales contados a partir del siguiente día en que hubiese sido recibida y de igual forma, si concluido ese tiempo la Cámara revisora aún no la hubiese votado, la iniciativa se someterá a consideración del Pleno en los mismos términos en que hubiese sido presentada por la Cámara de origen.

Si la Cámara revisora desechara en lo general o en lo particular la iniciativa, ésta tendría que volver a la Cámara de origen a más tardar al siguiente día natural de su votación con las observaciones correspondientes, y en un plazo máximo de siete días naturales tendrá que ser nuevamente examinada y votada por el pleno de la Cámara de origen, quien regresará a la Cámara revisora, a más tardar al siguiente día natural de su votación, la iniciativa en sus nuevos términos.

A la luz de lo anterior, la Cámara revisora tendrá que votar esta iniciativa en un plazo máximo de siete días naturales, para darle mayor certidumbre al proceso legislativo preferente, se propone que, para que la iniciativa sea rechazada en lo general o modificada en lo particular, se requiera del voto de las dos terceras partes, de la Cámara que corresponda, presentes al momento de la votación.

Toda vez que no se le podría dar el carácter de preferente a iniciativas de cualquier naturaleza, se pretende exceptuar del carácter de preferente las iniciativas que el Ejecutivo presente en materia presupuestal, al sistema electoral y de partidos, o modificaciones constitucionales.

Finalmente, y con el objeto de que el proceso legislativo preferente no se convierta en práctica común, se propone que el Ejecutivo solamente pueda presentar hasta dos iniciativas preferentes por cada periodo ordinario de sesiones, de este modo, sería el propio Ejecutivo quien evaluaría qué iniciativa habría de merecer, por su relevancia, el carácter de preferente.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma y adiciona los artículos 71 y 72, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo primero. Se adiciona el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

``Artículo 71. El derecho de iniciar leyes o decretos compete:

Artículo segundo. Se reforma y adiciona el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

``Artículo 72. Los proyectos de ley o decreto presentados en el Congreso de la Unión se someterán a lo siguiente:

Base Primera. Todo proyecto de ley o decreto, cuya resolución no sea exclusiva de alguna de las Cámaras, se discutirá sucesivamente en ambas, observándose el Reglamento de Debates sobre la forma, intervalos y modo de proceder en las discusiones y votaciones.

Tampoco podrá hacerlas al decreto de convocatoria a sesiones extraordinarias que expida la Comisión Permanente.

Base segunda. El Ejecutivo federal podrá presentar iniciativas con el carácter de preferente, las cuales se sujetarán al siguiente procedimiento:

Transitorio

Único. Este decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Gracias, diputado Manuel Cárdenas Fonseca . Túrnese, como lo ha solicitado, a la Comisión de Puntos Constitucionales. Y se inserta el texto íntegro en el Diario de Debates.

LEY DE DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA CAÑA DE AZUCAR

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Tiene la palabra el diputado Celso David Pulido Santiago, para presentar iniciativa que reforma los artículos 34 y 38 de la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, suscrita por los diputados Adriana Díaz Contreras, Sonia Nohelia Ibarra Franquez y el que la presenta, todos integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

El diputado Celso David Pulido Santiago: Con su permiso, señora presidenta.

Haré un breve resumen de la reforma que presentamos la diputada Sonia Ibarra, la diputada Adriana Díaz Contreras y un servidor, la reforma al artículo 34 de la Ley Rural Sustentable de Caña de Azúcar.

Indudablemente fue un avance la derogación del decreto cañero en el sexenio pasado, pero también la ley presentada no es a modo para los cañeros, a los minoritarios que tienen presencia en todo el país, pero que no juntan 10 por ciento en toda la zafra, tienen que andar peleando porque su caña sea cortada, sea cosechada cada zafra. Es el mismo problema de cada zafra en todos los ingenios.

Con su permiso, señora presidenta; compañeras diputadas y compañeros diputados, someto a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable de la Caña de Azúcar, de acuerdo con la siguiente exposición de motivos.

La caña de azúcar es parte integrante del conjunto de productos básicos y estratégicos debido a su importancia alimentaria, económica y social. Debido a su carácter básico y estratégico, la Ley de Desarrollo Rural Sustentable de la Caña de Azúcar se aprobó, considerando sus disposiciones de interés público y de orden social.

Ahora bien, en virtud de la complejidad del Sistema Producto Caña de Azúcar, en su marco normativo se prevén, entre otras cosas, los distintos ángulos del sistema producto y se establece la normatividad para regir sus actividades, orientándose a su ordenamiento mediante los comités nacional y regionales, y los ingenios. También instituye para el sistema producto el Programa Nacional, la Junta Permanente de Arbitraje, el Centro de Investigación Científica y Tecnológica, el contrato uniforme y el contrato de condiciones particulares entre ellos.

La base operativa más importante se concentra en los 57 comités de producción y calidad cañera en los ingenios. Ellos abordan todo lo concerniente a la siembra, el cultivo, la cosecha, la recepción, la entrega y la calidad en la materia prima. Se integran con los representantes de los ingenios y con los abastecedores de la caña.

Las organizaciones locales deben de corresponder a las zonas de abastecimiento y, además, tener contrato con el ingenio respectivo. Para obtener y mantener el registro contarán con el equivalente al 10 por ciento de los abastecedores del ingenio y con 10 por ciento total de la caña, entre otros requisitos.

Sin embargo, las reglas que se imponen en el artículo 34 de esta ley han permitido mantener la tradicional forma corporativa de organización rural en el ámbito cañero. Por ejemplo, la Confederación Nacional Campesina y la Confederación Nacional de Pequeños Propietarios poseen 55 y 35 por ciento, respectivamente, del total de los registros oficiales; mientras que el restante 10 por ciento está constituido por las organizaciones independientes que con frecuencia pierden el registro debido a que en general apenas cumplen con los requisitos de membresía. De manera que en pocos miembros se pierden, y aumenta el riesgo de que sean cancelados sus registros.

Además de lo anterior, el artículo 38 de la ley de referencia se ha convertido en un obstáculo para modificar la estructura de organización debido a que las reglas para obtener el registro como organización nacional marginan a los abastecedores independientes en la toma de decisiones y sin duda afectan de manera fundamental las condiciones de vida.

En virtud de los elementos anteriormente expuestos y mencionados podemos encontrar sustento suficiente para proponer a esta soberanía la reforma de los artículos antes mencionados, con objeto de lograr una legislación que permita ampliar la participación de los productores de caña, tanto en los ingenios como en el ámbito nacional.

De tal manera que la toma de decisiones con relación a los aspectos básicos del sistema producto respondan a los intereses de las distintas expresiones de organización existentes en el país; todo ello en aras de un sistema cañero más incluyente e igualitario, capaz de reconocer la importancia de las pequeñas organizaciones cañeras en todo el país.

Esto permitirá que los pequeños productores que tienen poco terreno ---de tres y media hectáreas hacia abajo--- puedan organizarse y puedan tener parte fundamental en las decisiones de las zafras donde se decide el precio de la caña y cuánto va a recibir cada cañero en las hojas de preliquidación.

Sin otro particular, suplico que se turne a la comisión correspondiente y que el texto de la presente iniciativa se inserte íntegro en el Diario de los Debates. Es cuanto, señora presidenta. Muchas gracias.

«Iniciativa que reforma los artículos 34 y 38 de la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, suscrita por los diputados Adriana Díaz Contreras , Sonia Nohelia Ibarra Franquez y Celso David Pulido Santiago , del Grupo Parlamentario del PRD

Los suscritos, Adriana Díaz Contreras , Sonia Nohelia Ibarra Franquez y Celso David Pulido Santiago , diputados federales a la LX Legislatura de la Cámara de Diputados, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma el primer párrafo del artículo 34 y los párrafos tercero y quinto del artículo 38 de la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

La caña de azúcar es parte integrante del conjunto de productos básicos y estratégicos consignados en el artículo 179 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. Se encuentra en esta categoría debido a la importancia que tiene este cultivo como insumo básico del azúcar, que a su vez, es un componente esencial de la dieta promedio de la población, así como a la importancia que tiene dentro de la agricultura nacional en la generación de empleos directos e indirectos, los subproductos y co-productos que genera y, en general, por los importantes efectos multiplicadores que tiene en la vida económica y social del país.

En virtud de lo anterior y debido a la complejidad de este sistema-producto, han existido distintas disposiciones normativas para regular su organización y fomento, hasta que la evolución del marco normativo alcanzó su especialización con la publicación de la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar (22 de agosto del 2005, LDSCA).

En dicha Ley, quedan previstas las distintas etapas del sistema producto y establece la normatividad necesaria para regir y ordenar sus actividades; crea distintas instancias, desde el nivel nacional, como el Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar; nivel regional con los Comités Regionales para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, además de los Comités de Producción y Calidad Cañera, que operan en cada uno de los 57 ingenios del país.

De la misma manera, esta Ley instituye el Programa Nacional de la Agroindustria de la Caña de Azúcar; crea la Junta Permanente de Arbitraje de la Agroindustria de la Caña de Azúcar, el Centro de Investigación Científica y Tecnológica de la Caña de Azúcar, el contrato uniforme y el contrato de condiciones particulares y términos generales establece las reglas que relacionan a los diversos agentes que conforman el sistema-producto.

La base operativa más importante se centra en los Comités de Producción y Calidad Cañera, los cuales están conformados por los representantes de los ingenios y de los abastecedores de caña.

Actualmente, existe un Comité por cada uno de los 57 ingenios en operación; sin embargo, las disposiciones normativas provienen del Comité Nacional, aunque la Ley define los elementos sustantivos que rigen su desempeño. En todo caso, estos Comités tratan todo lo concerniente con la siembra, cultivo, cosecha, entrega, recepción y a la calidad e industrialización de la materia prima.

Ahora bien, de acuerdo con lo dispuesto en el Título Tercero de la Ley (artículos 30 al 49) ``De las Organizaciones de Abastecedores de Caña de Azúcar'', se establece que las Organizaciones Locales de Abastecedores de Caña deben corresponder a las zonas de abastecimiento y, además, tener Contrato con el ingenio correspondiente.

Específicamente, en el artículo 34 de este cuerpo normativo, se establece que para obtener y mantener el registro las organizaciones deberán contar cuando menos con una membresía mínima, equivalente al 10% de los abastecedores de caña del ingenio de que se trate y por lo menos, el 10% del volumen total de caña de la zona de abastecimiento respectiva; además de los requisitos propios de las disposiciones normativas en la materia.

En un caso hipotético, podría haber hasta 10 organizaciones de abastecedores de caña inscritas por cada uno de los ingenios; sin embargo, debido a que en el artículo sexto transitorio de la misma Ley se autorizó que las Organizaciones previas a la publicación fueran validadas por el Registro Nacional Agropecuario, ha resultado que la representación de los Abastecedores de Caña se ha concentrado en dos organizaciones filiales del Partido Revolucionario Institucional. Lo anterior sin considerar los problemas derivados de la tradicional forma corporativa en la organización rural que mantenemos desde el siglo pasado.

De acuerdo con los datos proporcionados por el Registro Nacional Agropecuario de la Sagarpa, la Confederación Nacional Campesina (CNC) y la Confederación Nacional de Propietarios Rurales (CNPR) tienen inscritas organizaciones filiales que representan el 90% del total de los registros validados oficialmente, con el 55% y 35%, respectivamente.

El 10% restante está constituido por organizaciones independientes, que con frecuencia pierden el registro debido a que en general apenas cumplen con los requisitos de membresía; de manera que con pocos miembros que pierdan, aumenta el riesgo de que sea cancelado su registro.

Además de lo anterior, el artículo 38 de la LDSCA se ha convertido en un obstáculo para modificar la actual estructura de organización, debido a que las reglas para a obtener el registro como Organización Nacional marginan a los abastecedores independientes en la toma de decisiones, aspectos que sin duda afectan de manera fundamental sus condiciones de vida.

Para obtener el registro oficial ante la Sagarpa en el ciclo azucarero 2008-2009, el cual inicia el próximo octubre, se requiere contar con el 8% de la membresía de los abastecedores de caña y de la producción nacional; además de tener presencia a través de organizaciones locales, en 7 de las 15 entidades federativas donde se localizan los 57 ingenios.

Los elementos mencionados dan sustento suficiente para proponer a esta soberanía la reforma a los dos artículos previamente señalados. De este modo, la presente iniciativa está orientada a la ampliación de la participación de los productores de caña, tanto a nivel de los Ingenios, como a nivel nacional, de tal manera que la toma de decisiones en relación a los aspectos básicos del sistema-producto, respondan a los intereses de las distintas expresiones de organización existentes en el país. Al respecto, queremos destacar que previa a la presente se han presentado dos iniciativas estrechamente relacionadas: la iniciativa propuesta por el diputado del GPPRD a la LIX Legislatura, Emiliano Ramos Hernández y la del diputado a la LX Legislatura por el GPPAN, Francisco Fraile García; sin embargo, en esta ocasión se hacen planteamientos que complementan y amplían su alcance.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente

Iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, para quedar como sigue:

Único. Se reforma el artículo 34, primer párrafo; y el artículo 38, párrafo tercero y quinto de la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar.

Artículo 34. Las organizaciones locales que se constituyan, para obtener y mantener su registro, deberán contar con una membresía mínima equivalente al 5% del padrón total de los Abastecedores de Caña del Ingenio de que se trate y por lo menos con el 5% del volumen total de la caña de la Zona de Abastecimiento correspondiente, cumplir con los requisitos establecidos en la legislación bajo la cual adopten la figura jurídica para su constitución y deberán estar debidamente inscritas en el Registro. Para estos efectos, el Registro deberá certificar que dichos padrones cumplen con los requerimientos establecidos en esta Ley. El Registro auxiliará y subsanará las deficiencias, cuando sea posible, en los procedimientos de inscripción promovidos por las Organizaciones de Abastecedores, orientados a la formalización de su inscripción.

[...]

Artículo 38. [...]

[...]

Con objeto de fomentar la constitución de nuevas organizaciones nacionales de Abastecedores de Caña, el Servicio Nacional del Registro Agropecuario podrá otorgar a organizaciones nacionales de Abastecedores de Caña registro condicionado a partir del ciclo 2008-2009, el cual podrá ser definitivo siempre y cuando dichas Organizaciones demuestren que sus organizaciones locales están constituidas en términos del artículo 34 de esta Ley, y:

[...]

Las Organizaciones Nacionales con registro condicionado, tendrán derecho a participar con voz y voto en el Comité Nacional y en la Junta Permanente.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Gracias, diputado. Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates. Túrnese a la Comisión de Agricultura y Ganadería.

Informo al pleno que se pospone ---a petición del grupo parlamentario--- la iniciativa de la diputada Yary del Carmen Gebhardt Garduza , del Grupo Parlamentario del PRI, que reforma el artículo 171 del Código Penal Federal.

ARTICULO 69 CONSTITUCIONAL - LEY ORGANICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Se concede el uso de la tribuna al diputado Manuel Cárdenas Fonseca, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, para presentar iniciativa que reforma y adiciona los artículos 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 7o., de la Ley Orgánica del CongresoGeneral de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Manuel Cárdenas Fonseca: Con el permiso de la Presidencia.

Ayer lo vimos y lo vivimos, el día denominado malamente como ``el del presidente'' concluyó.

Pero, ¿quiénes habíamos sido los responsables de hacer de esa sesión el mal llamado ``día del presidente''? Nosotros, los dueños de casa.

Sin embargo, pareciera ser, y así lo registran los medios de comunicación, que en el imaginario colectivo pasamos del ``día del presidente de la república'' al ``día del presidente de la Mesa Directiva del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos'' y, propiamente, de la Cámara de Diputados.

Ya no habrá más pasarela, tampoco debió de haberla existido antes. El derecho positivo mexicano, que es por escrito, obliga a que el presidente, el jefe del Ejecutivo, presente por escrito el estado que guarda la administración y la conducción del país.

Ahora entonces, están los informes trimestrales, está la Auditoría Superior de la Federación, y no era un despropósito el que el presidente tuviera el imperativo constitucional de tenerse que presentar y, sí, además, como buen mensajero, ser él el que trajera el informe y entregarlo a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

Los tiempos han cambiado, pero pareciera ser que por las prisas aun cuando esta iniciativa referente al formato del inicio de sesiones la presentó el suscrito el 13 de marzo de 2007, no fue atendida. Y no fue atendida por improvisaciones de personas que no vieron el escenario que vivíamos y no se supieron anticipar con mesura, con responsabilidad y con la atingencia debida para el tema.

De esta suerte, en las urgencias parlamentarias después se les vino a la mente que había que cambiarlo y se presentaron otras iniciativas sobre el mismo tema y quedó el debate ajeno a la aportación de las ideas. Y tampoco se dio oportunidad a que quienes habían presentando sendas iniciativas pudieran argumentar y plasmar en los dictámenes correspondientes lo que era la idea primaria, pero en el uso de la práctica parlamentaria se nos negó la posibilidad de hacer esgrimir o de esgrimir los puntos de vista y los argumentos de todos aquellos quienes habíamos participado en el tema.

Pero ya habrá tiempo para debatir esquemas perniciosos para la rendición de cuentas, como es el caso de la Secretaría de la Función Pública, que no agota en su estructura el presupuesto y los costos de todos los órganos internos de control que están en las distintas dependencias del Ejecutivo. Habría que fortalecer a la Auditoría Superior de la Federación.

Quitar ese esquema, porque es la primera vez en que la sabiduría popular se equivoca... no es el que paga manda, sino es el que norma manda, pero que se sustrae de reflejar en su costo el presupuesto que carga a todas las demás dependencias del Ejecutivo.

Así, como antecedente tenemos ahora la reforma constitucional, que es derecho positivo. En él tenemos la pregunta parlamentaria, que tiene su antecedente en el siglo XVIII y que obedece propiamente, sí, a un esquema parlamentario, y no presidencialista como el nuestro; sin embargo, no está de más tropicalizar este esquema y traerlo a nuestro sistema político.

De suyo ya existen los mecanismos; lo que pasa es que nosotros no nos hemos dedicado a darle vinculación jurídica y entonces recibimos los informes, cuando se presentan aquí los encargados del despacho o de la administración pública desconcentrada o de organismos autónomos, de manera económica y no por escrito.

Sería sano que cuando concurran a las reuniones de trabajo o a comparecencias ante comisiones presenten por escrito lo que ahí van a exponer, y las versiones estenográficas hagan prueba plena.

Ya durante el siglo XX varios parlamentos giraron boletines para la inserción y difusión de estas preguntas, y ahora, aun cuando no coincida con el año fiscal, tenemos que el informe del Ejecutivo lo recibimos el 1 de septiembre, luego viene la glosa del informe, después vendrán las comparecencias de los encargados del despacho, bajo protesta de decir verdad, posteriormente la pregunta parlamentaria al titular del Ejecutivo, con un tiempo perentorio para que le dé respuesta.

Así pues, subsanado el debate del ``día del presidente'', superado el esquema de la rendición de cuentas, debemos entender que aplicamos la ley del péndulo y nos fuimos al otro extremo.

Por ello, independientemente del texto completo de la presente iniciativa que está publicado en la Gaceta Parlamentaria, se considera pertinente que el Congreso invite, que sea imperativo para el Congreso invitar ---y no para el titular de otro Poder, la obligación, como venía antes, de estar presente---, para que el presidente de la república asista, por invitación del Congreso, a la apertura del segundo periodo de sesiones ordinario, dado que el informe ya fue recibido, atendido en la glosa, se remitieron las preguntas por escrito, y atenderá el año fiscal enero-diciembre.

De esta suerte, a la apertura del segundo periodo de sesiones ordinarias de cada año legislativo el Congreso deberá invitar al jefe del Ejecutivo para que éste nos exprese, ajustando las cifras al año fiscal, los elementos cuantitativos y cualitativos para un diagnóstico del estado que guarda su administración. Y será responsabilidad del Congreso ver a quiénes invita, será responsabilidad del Congreso convertirlo en un acto republicano o en una pasarela de notables del Poder Ejecutivo y de las entidades federativas.

No veamos la culpa en quienes no convocan. Veamos la responsabilidad en quienes tenemos la obligación de hacer de este ejercicio una práctica de rendición de cuentas, de equilibrio entre poderes y de la vida republicana y democrática que nos hemos dado.

Por ello, lo que propone un servidor es, respecto del artículo 69, lo siguiente: adicionar un párrafo que señale que el Congreso invitará al presidente de la república a la apertura del segundo periodo de sesiones ordinarias, para que comparezca ante el pleno con objeto de que rinda un diagnóstico del estado que guarda su administración.

Sigue el artículo.

Luego, una segunda modificación en la que adicionamos el artículo 7 de la Ley Orgánica del Congreso General para quedar como sigue:

Artículo 7o.

1. El 1 de septiembre de cada año, a la apertura de las sesiones ordinarias del primer periodo del Congreso, el presidente de la república presentará un informe por escrito en el que manifieste el estado general que guarda la administración pública del país, de conformidad con el artículo 69 de la Constitución. Este informe será recibido por el presidente del Congreso y un secretario de cada Cámara, quienes certificarán su recepción en las instalaciones de la Cámara de Diputados.

Continúa el punto 2.

3. Una vez concluidas las intervenciones de los legisladores, el presidente del Congreso declarará abierto el periodo de sesiones ordinarias y decretará la formal recepción del informe por escrito remitido por el presidente de la república, y ordenará el turno de los ejemplares correspondientes a las Cámaras de Diputados y de Senadores con objeto de que se aboquen a su análisis.

Y continúa el texto. Porque lo que este texto pretende es reglamentar las comparecencias y la pregunta parlamentaria, para posteriormente quedar con el punto 8, que señala:

8. El Congreso invitará al presidente de la república a la apertura del segundo periodo de sesiones ordinarias para que comparezca ante el pleno con objeto de que rinda un diagnóstico del estado que guarda su administración.

Concluyo, presidenta, solicitándole que la presente iniciativa sea turnada a las Comisiones de Puntos Constitucionales, y de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, y que la intervención del suscrito se inserte íntegramente en el Diario de los Debates. Es cuanto. Por su atención, muchas gracias.

«Iniciativa que reforma y adiciona los artículos 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Manuel Cárdenas Fonseca , del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

El suscrito, Manuel Cárdenas Fonseca , diputado integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza en la LX Legislatura de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con objeto de precisar la presentación del informe de gobierno que rinde el titular del Poder Ejecutivo, conforme a la siguiente

Exposición de Motivos

El Día del Presidente ha concluido. La reforma del artículo 69 de la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos dota al Ejecutivo federal y al Congreso de la Unión de un escenario diferente en la celebración de la apertura de sesiones ordinarias del primer periodo ordinario de sesiones.

Ya no habrá más pasarela, tanto del Ejecutivo como de sus empleados; no recibiremos más a los integrantes del Poder Judicial ni a los gobernadores y, menos aún, a los invitados especiales. El Congreso y, en especial, la Cámara de Diputados se benefician con un ahorro en sus finanzas, pues el ritual representaba un gasto excesivo.

Se innova nuestro marco jurídico nacional con la figura de la pregunta por escrito. Las preguntas, y las interpelaciones, constituyen instrumentos de información de los parlamentos. A través suyo los miembros de las cámaras pueden obtener esclarecimiento sobre todo lo que hace o deja de hacer el gobierno y la administración.

Las preguntas parlamentarias nacieron en el Parlamento de Inglaterra durante el siglo XVIII. Durante la centuria siguiente se consolidaron como un instrumento típico del poder de vigilancia del Parlamento sobre el gobierno y desde allí se extendieron a otros muchos países, hasta el punto de devenir un rasgo típico de los sistemas parlamentarios.

Las preguntas permiten, como queda dicho, obtener información y explicación sobre las distintas cuestiones responsabilidad del gobierno. Ambas están asociadas al control del Parlamento sobre el gobierno. Son procedimientos característicos del sistema parlamentario y de claro valor democrático.

Por un lado, el hecho de saberse vigilado a través de procedimientos como las preguntas, previene no pocos abusos. Sometido a un régimen de transparencia, el Gobierno se sentirá menos propenso a adoptar ciertas decisiones que en otro caso se darían. Incluso, al airear ante la opinión pública los errores y deficiencias del gobierno se establece un medio de forzarle a la rectificación de decisiones ya tomadas.

Por otro lado, preguntas e interpelaciones permiten el ejercicio responsable del poder, auténtico puntal del estado de derecho. A través suyo los diputados de la oposición sacan a relucir los puntos débiles del gobierno y permiten a los ciudadanos conocer y formarse un juicio contrastado sobre la actuación de la mayoría. Todo ello con vistas a reiterarle o retirarle la confianza en las próximas elecciones.

Las preguntas deben formularse respecto a cuestiones concretas y determinadas, o que no tengan una destacada importancia política. Las preguntas nacieron como un procedimiento oral, el éxito cosechado, producto de su elevadísimo número, trajo consigo retrasos para su exposición. De ahí la búsqueda de nuevas vías de expresión que asegurasen la pronta satisfacción de la curiosidad de los parlamentarios sin merma del adecuado despacho de los restantes asuntos.

Entonces aparecen las preguntas de contestación escrita, particularmente idóneas para el tratamiento de cuestiones técnicas o complejas. Consisten en que la demanda de información y la contestación gubernamental, en vez de exponerse en los debates, se producen por escrito, mediante ciertos procedimientos de publicidad. Ya durante el siglo XX varios parlamentos crean boletines para la inserción y difusión de estas preguntas.

Es imperativo regular las preguntas por escrito, así como el desarrollo de la apertura de sesiones ordinarias con el objeto de evitar la viciosa práctica del acuerdo parlamentario que suplanta no sólo el reglamento y la ley sino, en ocasiones, hasta el texto constitucional.

La existencia de un sistema democrático, plural, incluyente y abierto hace necesario adoptar mecanismos de colaboración entre los Poderes de la Unión y entre las fuerzas políticas que propicien una relación más fluida y eficiente entre los poderes que intervienen en el proceso de creación y perfeccionamiento del orden jurídico nacional.

Por ello, esta iniciativa plantea no sólo regular los aspectos relativos a la apertura del primer periodo ordinario de sesiones y la recepción del informe por escrito sobre el estado general que guarda la administración pública del país sino, además, lo relativo a la glosa del informe, las preguntas por escrito y, la eventual invitación al titular del Poder Ejecutivo para que comparezca ante el Pleno del Congreso en la apertura de segundo periodo de sesiones ordinarias, para rendir un diagnóstico del estado que guarda su administración.

Sobre este último aspecto, se considera pertinente que el Congreso invite al presidente de la república a la sesión de apertura del segundo periodo de sesiones dado que, el informe fue recibido, atendido en la glosa y se remitieron las preguntas por escrito, asimismo, y toda vez que el año fiscal concluye el 31 de diciembre, es suficiente para un mes para realizar los ajustes de cifras que proporcionen elementos cuantitativos y cualitativos para un diagnóstico del estado que guarda su administración.

Por lo expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma y adiciona los artículos 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Primero. Se adiciona un párrafo tercero al artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 69. ...

...

El Congreso invitará al presidente de la república a la apertura del segundo periodo de sesiones ordinarias para que comparezca ante el Pleno con objeto de que rinda un diagnóstico del estado que guarda su administración .

Artículo Segundo. Se reforma y adiciona el artículo 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 7.

1. El primero de septiembre de cada año, a la apertura de las sesiones ordinarias del primer periodo del Congreso, el presidente de la república presentará un informe por escrito en el que manifieste el estado general que guarda la administración pública del país, de conformidad con el artículo 69 de la Constitución. Este informe será recibido por el presidente del Congreso y un secretario de cada Cámara, quienes certificarán su recepción en las instalaciones de la Cámara de Diputados.

2. ...

3. Una vez concluidas las intervenciones de los legisladores, el presidente del Congreso declarará abierto el periodo de sesiones ordinarias y decretará la formal recepción del informe por escrito remitido por el presidente de la república, y ordenará el turno de los ejemplares correspondientes a las Cámaras de Diputados y de Senadores con objeto de que se aboquen a su análisis.

4. Cada una de las Cámaras podrá solicitar al presidente de la república ampliar la información mediante pregunta por escrito. Estas preguntas serán elaboradas por los grupos parlamentarios y remitidas al presidente de la Mesa Directiva de cada Cámara, quien deberá turnarlas de inmediato al presidente de la república.

5. El presidente de la república deberá contestar puntual y documentalmente las preguntas dentro de los veinte días siguientes a su publicación en las Gacetas de cada Cámara. No procederá prórroga alguna para su contestación. En caso de incumplimiento, el presidente de cada Cámara conminará al presidente de la república a contestar la pregunta en sesión ordinaria siguiente al vencimiento del plazo.

6. Las Cámaras analizarán el informe presentado por el presidente de la república. El análisis se desarrollará clasificándose por materias: en política interior, política económica, política social y política exterior. Al efecto, citará a comparecer a los secretarios de Estado, al procurador general de la República y a los directores de las entidades paraestatales, quienes rendirán informes bajo protesta de decir verdad.

7. Las versiones estenográficas de las sesiones serán remitidas al presidente de la república para su conocimiento.

8. El Congreso invitará al presidente de la república a la apertura del segundo periodo de sesiones ordinarias para que comparezca ante el Pleno con el objeto de que rinda un diagnóstico del estado que guarda su administración .

Transitorio

Único. Este decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates ytúrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

LEY FEDERAL DEL TRABAJO

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Se concede el uso de la tribuna al diputado Mario Enrique del Toro, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa que reforma el artículo 170 de la Ley Federal del Trabajo.

El diputado Mario Enrique del Toro: Con su permiso, Presidenta.

Expreso mi agradecimiento al ciudadano Hesiquio López Trevilla, de Toluca, quien me hizo la sugerencia de presentar esta iniciativa.

Se trata de una reforma al artículo 170 de la Ley Federal del Trabajo. Solicito a la Presidencia que la iniciativa se inserte íntegra en el Diario de los Debates.

«Iniciativa que reforma el artículo 170 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado Mario Enrique del Toro, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito diputado federal Mario Enrique del Toro, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LX Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II; 73, fracción XXV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 55, fracción II, del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a la consideración de esta Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica y adiciona el artículo 170 de la Ley Federal del Trabajo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El derecho ha servido para dotar de forma jurídica a los criterios de poder, y en este caso, para regular hechos naturales como lo es la maternidad. Es menester de este Congreso evitar a toda costa las condicionantes que afecten negativamente el desarrollo de las mujeres, y bajo esta perspectiva, es que se debe adecuar el marco normativo, de forma tal que la maternidad sea tomada con la perfecta dicotomía entre lo natural y lo cultural.

La concepción tradicional del proceso legislativo en nuestro país, ha marcado una clara tendencia a legislar sobre lo general, sobre lo que se entendía como universalidad; sin embargo, la vorágine social ha venido a generar una nueva dinámica, donde los llamados casos de excepción, figuran de manera latente dentro del espectro de lo cotidiano, es en este orden de ideas, que la facultad positiva del Derecho, nos brinda la oportunidad de adecuar la normatividad a la realidad social contemporánea.

Desde 1985, los nacimientos múltiples han sido un fenómeno natural y social que ha mantenido cierta estabilidad en su cifra, manteniendo un promedio de 32,189 nacimientos múltiples al año, y si bien es cierto que es una cifra relativamente corta. Comparada con los más de dos millones y medio de nacimientos promedio anuales en el mismo periodo, también es cierto que no puede ser un fenómeno ignorado por los sistemas de seguridad social, ni mucho menos excluido como supuesto en materia del derecho laboral.

Actualmente, la Ley Federal del Trabajo contempla un periodo de descanso para las madres trabajadoras de seis semana previas al parto, y seis semanas posteriores a éste; exponer sobre la importancia de este periodo sería redundante en una sociedad en proceso de democratización y construcción de una cultura de equidad de género; sin embargo, es importante adecuar el marco jurídico, de forma tal que sea considerado en el texto de la Ley, el supuesto del alumbramiento múltiple al que anualmente se enfrentan más de treinta mil madres mexicanas.

La importancia de la lactancia y de los cuidados maternos en las primeras semanas de vida del ser humano han quedado de manifiesto en el espíritu de la ley, así como el proceso de recuperación física de la madre; sin embargo, no se ha considerado el incremento de la carga de trabajo en los cuidados maternales, así como el desgaste corporal de una mujer que ha tenido un alumbramiento múltiple. Bajo este precepto resulta casi obvio el incremento de sus obligaciones, y cuidados, los cuales en muchos de los casos los tienen que llevar a cabo solas, sin un referente de apoyo formal.

Nuestra legislación laboral debe de ser un generador de certidumbre tanto para el empleador, como para el empleado, no debemos caer en falsos pragmatismos en aras de una productividad socialmente estéril, debemos proyectar la atención y la cobertura legal a los casos minoritarios, los cuales por el hecho de representar un pequeño porcentaje en el concierto estadístico, no dejan de tener valor, no solo son un número en una larga lista, son personas, familias, vidas, y como tal debemos generar las condiciones legales para su correcto desarrollo, pues de él dependerá nuestro futuro como nación.

No debemos caer en la falacia del incremento de las vacaciones pagadas por alumbramiento, debemos generar una cultura de responsabilidad compartida entre el Estado, empleadores, y empleados, pues de lo que estamos hablando es del principal recurso con el que cuenta nuestro país, y que es su gente. Es nuestra obligación adecuarnos a nuestra realidad, y el Estado debe garantizar que en esa adecuación estemos incluidos y participemos todos.

Resulta evidente que debemos adecuar el marco jurídico, incrementar el margen del derecho de la madre trabajadora, en proporción al crecimiento de sus obligaciones, de forma tal que la Ley no ignore esta circunstancia, sino que por el contrario, genere una protección de facto para una situación hasta hoy plenamente fortuita como lo son los nacimientos múltiples.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente:

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica y adiciona el artículo 170 de la Ley Federal del Trabajo.

Único. Se adiciona un nuevo texto a la fracción II del artículo 170 de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue:

Artículo 170. Las madres trabajadoras tendrán los siguientes derechos:

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Publíquese el presente decreto en el Diario Oficial de la Federación.

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Gracias, compañero diputado Mario Enrique del Toro.Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

CODIGO PENAL FEDERAL

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Tiene la palabra el diputado Juan Francisco Rivera Bedoya, para presentar iniciativa que reforma el artículo 400 del Código Penal Federal, suscrita por él mismo y por el diputado Emilio Gamboa Patrón, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

El diputado Juan Francisco Rivera Bedoya: Con su permiso, señora presidenta.

Estimados compañeros, comparezco ante ustedes a fin de presentar una reforma al artículo 400 del Código Penal Federal, pues urge que se actualice. El derecho penal es dinámico, y tenemos que actualizarlo de acuerdo con las exigencias de la sociedad.

Uno de los problemas más graves que tenemos en este país es la inseguridad. La vida social se nos ha alterado de la noche a la mañana. Nuestra vivienda, nuestras diversiones, las costumbres que antes observábamos han tenido que ser restringidas. Las instituciones de seguridad han sido incapaces de frenar las extorsiones, el chantaje, el secuestro, las ejecuciones que se están dando en todo el país.

La sociedad está aterrorizada por los episodios dantescos que estamos viviendo. Por ello tenemos que tomar medidas urgentes, medidas necesarias para poder, de alguna manera, contribuir a frenar esa ola de violencia.

Nuestro coordinador, Emilio Gamboa, y un servidor hemos preparado una iniciativa para reformar el artículo 400 del Código Penal Federal, y esperamos que lo mismo se haga en toda la república a nivel local.

Esta disposición regula el delito de encubrimiento. El encubrimiento es proteger a un delincuente, esconder el producto del delito, los instrumentos de éste, todas las personas que contribuyan o participen a efectuarse un delito de esta naturaleza son responsables de su comisión.

Sin embargo, el artículo 400 actualmente en vigor exceptúa de esa responsabilidad a los familiares del delincuente. Es decir, un delincuente puede asaltar y puede ocultarse en la casa de sus familiares, y los familiares pueden apoyarlo, pueden esconderlo, pueden esconder los instrumentos del delito y, de acuerdo con el vigente Código Penal, no tienen ninguna responsabilidad.

Sabemos muy bien que los vínculos familiares son sagrados para todos nosotros. Sin embargo, en las investigaciones que han hecho nos damos cuenta que hay familias enteras inmersas en el crimen organizado, trabajando como equipo en bandas de delincuentes.

Por tal motivo, este beneficio que está en vigor para proteger a los familiares (papás, hermanos, amigos íntimos), debe quedar derogado, ya que no es posible que quienes comenten delitos graves de narcotráfico, de delincuencia organizada, puedan seguir disfrutando de ese beneficio.

Ellos no tienen ninguna piedad con las familias de los mexicanos. La ley les ha conferido protección. Sin embargo, esta iniciativa tiene como finalidad que el delincuente, si no quiere comprometer a sus familiares, que se salga de la casa, que se salga del hogar y se vaya a delinquir a otro lado. Pero que no tenga el apoyo de sus familiares para seguir delinquiendo.

Sabemos muy bien que la familia representa el entorno especial para el perfil del delincuente. Una familia bien formada, con hijos educados, no da problemas a la sociedad. Pero hay familias que inducen a los niños, a los jóvenes, a cometer ilícitos. No es posible que podamos seguir dando protección a estas conductas. Y precisamente se ha analizado que la mayor parte de los delincuentes, incluyendo los residentes, tienen su origen en la mala formación de su familia.

Por eso, ante esas circunstancias tan graves que afectan a nuestro país, y que las instituciones de seguridad no han podido resolver, tenemos que reformar el artículo 400.

El artículo 400, para que entendamos mejor este planteamiento, dice que hay una pena para todos aquellos que oculten, que presten auxilio o cooperen de cualquier manera con el delincuente. Pero la pena que se les aplica será de tres meses a tres años. Sin embargo, no se aplicará la pena prevista en este artículo a los familiares, no tienen ninguna responsabilidad, de acuerdo con la ley vigente.

Nuestra propuesta es que el artículo 400 incluya una sanción de tres a seis años para todas las personas que oculten, faciliten la comisión del delito, incluyendo a los familiares del delincuente.

Esta medida, que ya ha sido de alguna manera consensuada en nuestra bancada, por la necesidad que tenemos de actualizar nuestra ley, la pongo a consideración de ustedes, para que la analicemos en conjunto.

Hay casos en que ha tenido que modificarse la ley para incluir a familiares. Muchos códigos de la república no sancionan el robo entre ascendientes y descendientes. No es delito para algunos estados que el padre robre al hijo, o que el hijo robe al padre. Muchos de estos estados ya lo han modificado, porque es tan común ahora este delito que en verdad hay hijos que despojan a sus padres, y viceversa. Entonces las condiciones que estamos viviendo en nuestro país imponen llevar adelante esta reforma.

Sabemos que las familias gastan muchísimo dinero en protegerse, en comprar rejas, en pagar vigilancia; las empresas no se diga. Estamos alterando totalmente la vida social en nuestro país y tenemos, como diputados, que tomar medidas urgentes para frenar ese tipo de conductas delictivas.

A México la seguridad le cuesta 120 millones de dólares anuales; el protegerse de la inseguridad. También nuestra vida se ha alterado. Ya no se puede salir al cine, no se puede tomar un taxi, no se puede portar joyas en las calles, no se puede llevar dinero ni la tarjeta de crédito. Nuestra vida se está alterando.

Hay delincuentes que están cobrando piso a los comerciantes, que están extorsionando negocios. La corrupción permea en todas las corporaciones policiacas. Últimamente los secretarios de Seguridad han pedido la desaparición de las policías municipales porque dicen que 30 por ciento de los elementos están comprometidos con la delincuencia.

Nosotros no participamos de la idea todavía de desaparecer estas corporaciones, pero sí necesitamos que el Estado y la federación se coordinen mejor con todas las fuerzas policiales del país para liberar al Ejército de una función que ha tenido que asumir por necesidad. Hemos tenido que echar mano del Ejército y antes que echemos a perder al Ejército tenemos que recuperar la credibilidad en las autoridades.

Como legisladores no podemos salir a la calle con la pistola o la metralleta a defender a México, pero sí tenemos las facultades y el derecho de subir iniciativas como ésta, que restrinjan y delimiten las acciones de la delincuencia en nuestro país. Muchas gracias.

Solicito que sea incorporada en el Diario de los Debates, y espero su apoyo, compañeros. Gracias.

«Iniciativa que reforma el artículo 400 del Código Penal Federal, suscrita por los diputados Emilio Gamboa Patrón y Juan Francisco Rivera Bedoya , del Grupo Parlamentario del PRI

Los que suscriben, Emilio Gamboa Patrón y Juan Francisco Rivera Bedoya , diputados federales integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con base en la facultad que confiere el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se permiten someter a la consideración del Pleno de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión proyecto de decreto por el que se derogan el párrafo segundo y sus incisos a), b) y c), y se modifica el párrafo tercero del artículo 400 del Código Penal Federal.

Considerando

Que el país atraviesa por problemas de inseguridad que afectan la estabilidad nacional y la viabilidad misma del Estado, donde las autoridades están siendo claramente rebasadas por la delincuencia en sus muy diversas manifestaciones.

Que las políticas públicas instauradas por las instituciones de seguridad pública han sido incapaces de frenar los índices de inseguridad y muy por el contrario las manifestaciones de ésta cada vez se tornan más frecuentes y crueles, sobre todo aquéllas manifestaciones delictivas vinculadas con el crimen organizado, en donde se pone de manifiesto la falta del más mínimo respeto para las instituciones de seguridad pública.

Que el tejido social se está viendo seriamente afectado porque las manifestaciones de la delincuencia están permeando a todas las clases sociales de muy diversas maneras, observándose un claro deterioro de las relaciones entre la sociedad y las autoridades, derivada de la mala actuación de los funcionarios públicos encargados de brindar seguridad y que por el contrario se ven involucrados en la comisión de las conductas delictivas, como se ha puesto de manifiesto cuando son detenidos delincuentes y la constante es que está involucrado personal de las instituciones de seguridad pública y delincuentes reincidentes, que son reclutados por estos malos servidores públicos al interior de los centros de readaptación social, que en la realidad se han convertido en escuelas del crimen, por lo que la relación autoridad-sociedad está cada vez más dañada por la actuación de estos malos funcionarios. Datos proporcionados por el Centro de Estudios de Opinión Pública de la Cámara de Diputados señalan que 71.1 por ciento de la población mexicana se siente inseguro en la entidad donde vive; 57 por ciento tiene la misma sensación respecto de su municipio; 75 por ciento se siente inseguro en la ciudad en que habita. Las familias destinan recursos adicionales fundamentalmente para proteger su casa-habitación (3 de cada 10 colocaron cerraduras y 2 de cada 10 pusieron rejas o bardas).

Que la familia juega un papel determinante en el perfil delictivo del delincuente, que claramente se ve influido por su entorno, como queda de manifiesto con los siguientes datos relacionados con los menores de edad que han cometido conductas antisociales, quienes antes de cumplir la mayoría de edad el 30 por ciento han reincidido, destacándose la comisión de las infracciones siguientes:

Robo 38 por ciento, faltas administrativas 35 por ciento, contra la vida y seguridad de personas 12 por ciento, contra la salud 6 por ciento, contra la Integridad y libertad sexual 4 por ciento. Es muy importante ver que su entorno familiar ha sido seriamente afectado, así se tiene que; en 75 por ciento consumen sustancias tóxicas, en la familia, 36 por ciento tenía familiares presos, 37 por ciento se fugaron de casa, 25 por ciento forman parte de una pandilla y 18 por ciento fueron víctima de violencia intrafamiliar.

Con lo anterior sólo se pretende poner de manifiesto la importancia del entorno familiar para la formación del potencial delincuente. No es sano para la sociedad que prevalezca la excepción para encubrir alguna conducta delictiva, referida a los familiares de quien la comete, a que refiere el artículo 400 del Código Penal Federal, ya que si bien pudiera entenderse los afectos que implica la relación familiar para protegerse mutuamente.

Permitir que se proteja a dichos familiares ocultando o siendo omisos en el acto de hacer del conocimiento de la autoridad de la comisión de una conducta delictiva, afecta seriamente la formación del propio individuo y eventualmente lo incita a la continuación en la realización de dichas conductas, como ha quedado demostrado recientemente en las actividades delictivas de secuestro, en donde vemos cómo éstas se han convertido en verdaderas empresas familiares del crimen, en las que el ejemplo de una madre delincuente ha servido para que el hijo conforme su propia banda delictiva, dedicada a la misma actividad, el secuestro. Por ello se debe derogar dicha excepción en el sentido de que los familiares puedan ocultar o ser omisos en el cumplimiento de sus obligaciones sociales de evitar por cualquier medio el que se lleven a cabo las conductas antisociales, o bien, de que no sean sancionadas por la sociedad.

Lo anterior es aún más grave cuando se trata de conductas realizadas por el crimen organizado, que de manera abierta está enfrentando a la sociedad y al Estado Mexicano, con acciones cada vez más frecuentes y violentas, que se insiste por la violencia y recurrencia de sus manifestaciones están ya afectando de manera grave la convivencia social y pone en riesgo la viabilidad misma de de la nación. Solo baste recordar los datos proporcionados el centro de estudios de la Cámara de Diputados refiriendo a información proporcionada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) de que la inseguridad según le cuesta a México 15 por ciento de PIB, equivalente a 120 mil millones de dólares anuales, que supera la producción anual del sector agropecuario, industria minera, la de la construcción, la generación de electricidad, gas y agua, que aportan poco más de 12 por ciento, lo cual repercute directamente en los niveles de pobreza de los mexicanos.

Por ello no es exagerado decir que ante el reto abierto del crimen organizado, y la ineficacia de las políticas pública implementadas en materia de seguridad pública, nos encontramos ante un problema de seguridad nacional, por lo que no debe de permitirse ninguna conducta que pueda alentar la comisión de conductas delictivas de cualquier tipo, así sea por afectos filiales, en el ocultamiento de quienes las cometen.

Por todo lo anterior, atendiendo al reclamo generalizado de la sociedad de hacer frente de manera decidida a todas las manifestaciones delictivas, evitando cualquier conducta que por omisión o por acción pueda representar un estimulo para su continuación por falta de sanción social, como legisladores representantes de esta voluntad popular a la que nos debemos y de los intereses superiores del Estado Mexicano es que se presenta Proyecto de Decreto por el que se deroga el párrafo segundo y sus incisos a), b) y c) y se modifica el párrafo tercero del artículo 400 del Código Penal Federal.

Decreto por el que se derogan el párrafo segundo y sus incisos a), b) y c); y se modifica el párrafo tercero del artículo 400 del Código Penal Federal

Artículo 400. Se aplicará prisión de tres a seis años y de quince a sesenta días multa al que

Derogado

El juez, teniendo en cuenta la naturaleza de la acción, las circunstancias personales del acusado y las demás que señala el artículo 52, podrá imponer en los casos de encubrimiento a que se refieren las fracciones I, párrafo primero, y II a IV de este artículo, en lugar de las sanciones señaladas, hasta las dos terceras partes de las que correspondería al autor del delito, debiendo hacer constar en la sentencia las razones en que se funda para aplicar la sanción que autoriza este párrafo. En el mismo sentido, tratándose de delitos en los que se considere la existencia de delincuencia organizada, en términos Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, el juez deberá considerar el encubrimiento a que se refiere este artículo como delito grave.

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Gracias, diputado Juan Francisco Rivera Bedoya. Tal como lo solicitó, insértese el texto en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Justicia.

LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL - LEY GENERAL QUE ESTABLECE LAS BASES DE COORDINACION DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA - LEY DE SEGURIDAD NACIONAL - LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA - CODIGO PENAL FEDERAL

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Se concede el uso de la tribuna a la diputada Guillermina López Balbuena, del Grupo Parlamentario del Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de las Leyes Orgánica de la Administración Pública Federal, General que establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de Seguridad Nacional, y Federal contra la Delincuencia Organizada, así como del Código Penal Federal.

La diputada Guillermina López Balbuena: Con su permiso, señora presidenta.

Compañeras diputadas y compañeros diputados, nuestro país ocupa el primer lugar mundial en número de secuestros; el segundo lugar es Irak, según datos de María Amor, coordinadora para Latinoamérica de Cavalli Pax Christi, que es un movimiento de paz internacional que trabaja en zonas de conflicto.

Este dato refleja claramente lo que hemos estado observando durante 2008: matanzas, secuestros, extorsiones telefónicas ---sin olvidar que este último delito fue presenciado en el seno del Congreso el año pasado---, así como inseguridad en casi todas las ciudades de nuestro país, especialmente en grandes capitales y la frontera norte, mortificando a millones de mexicanos, sin que exista por parte de las autoridades, tanto federales como estatales, una visión clara de hacia dónde se debe ir para solucionar esta profunda crisis.

Sólo durante 2008 se han registrado 10 mil intentos de ilícitos, mensajes de texto por teléfono celular, y 7 mil llamadas a teléfonos móviles e intentos de secuestro y extorsión, según datos del subsecretario de Comunicaciones y Transportes.

Al inicio de su administración, el presidente Calderón reconoció la gravedad de la situación; dijo que ésta se había complicado entre 2005 y 2006, y llegó a límites nunca antes vistos, en que los descabezamientos, ajustamientos y batallas campales en las calles del país se fueron convirtiendo en un hecho cotidiano.

Como ejemplo, en los últimos meses hemos observado cómo se han incrementado las ejecuciones brutales y arteras en contra de artistas y de jefes policiacos, personajes de la política, sea federal o estatal.

Esto nos indica que el narcotráfico y la delincuencia organizada continúan aumentando en todo el territorio nacional. Se ha convertido en el promotor de toda la delincuencia mediante cientos de miles de jóvenes adictos que están dispuestos a convertirse en asaltantes, ladrones, extorsionadores y matones. Han golpeado de esta manera a toda la sociedad, sin que exista control sobre ellos por parte de las autoridades, y mucho menos pueden ser detectados por los instrumentos de seguridad e inteligencia con que cuenta nuestro país.

Señoras legisladoras y señores legisladores, de acuerdo con muchos analistas sociales, la pobreza no es sinónimo de delincuencia, sino de la errática aplicación de una política social. Pero la pobreza muchas veces es similar a la marginación social, y favorece actos delictivos, como robos, secuestros, crímenes organizados o subversión. Ello nos lleva a expresar que la fuerza del gobierno federal, en esta lucha frontal, no está ofreciendo resultados importantes, ya que no se están tomando las medidas necesarias en cuanto a la política social.

Los modelos económicos adoptados han generado mayor desigualdad entre grupos sociales, regiones geográficas y sectores productivos. Principalmente en lugares donde el narcomenudeo o la siembra de enervantes habían eliminado las necesidades económicas de la población ante la falta de programas sociales que les permite una forma de vida digna.

Aunando a ello, sabemos que los recursos económicos son de suma importancia para el combate a la delincuencia, sin embargo, los datos del Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad expresan que los presupuestos se han incrementado cuatro veces en términos reales, pero los índices criminales no han bajado, al contrario, se han incrementado.

Lo que nos lleva a reflexionar que el tema está centrado en la forma en la que se ejercen los recursos y los resultados obtenidos.

Señores legisladores, de nada servirán los recursos si se continúan aplicando medidas que atacan consecuencias y no causas.

Compañeras y compañeros, en tanto no se ponga en orden este problema, jamás habremos de resolverlo sino que seguirá incrementándose, pero sin dejar pasar, por un lado, las palabras del propio presidente Felipe Calderón.

Reconociendo que el narcotráfico ya se había infiltrado en la política, los hechos de policías corruptos son todavía mayores, asfixiantes y progresivos. Todos sabemos que existen autoridades de los diferentes niveles de gobierno que se coluden o encubren a los delincuentes, permitiéndoles que se adueñen de las calles y de la vida cotidiana de la sociedad mexicana.

Mientras no pongamos orden a esas autoridades, policías y sus mandos que tienen conocimiento de todos los delitos, que se presenten en sus respectivas zonas, conociendo la identificación de los delincuentes que los comenten, estaremos encubriendo el control de las responsabilidades de las autoridades y de los cuerpos policiacos.

Hoy día está claro que para millones de ciudadanos, para miles que han sido víctimas de la delincuencia, para muchos que están hartos de promesas partidistas y pleitos por el poder, es que vivamos en un país con crisis social en todos los niveles.

Si bien es oportuno recordar que en días pasados, los representantes de los tres Poderes de la Unión, los 31 gobernadores, el jefe del Gobierno del Distrito Federal, sindicatos, representantes de la iglesia, empresarios, organismos civiles y medios de comunicación, acordaron trabajar juntos por reestructurar y reconstruir el sistema de justicia.

Pero también es oportuno recordarle al presidente Calderón, que el 1 de julio de 2004, en una forma de responder a la multitudinaria marcha contra la inseguridad, el ex presidente Fox convocó a la decimosexta reunión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, en donde se propusieron 10 acciones contra el crimen.

Entre las acciones que se pusieron en marcha figuraron las siguientes: operar un sistema federal de atención a víctimas del delito, un incremento presupuestal en 2005 para las actividades de seguridad, tiempo del Estado en los medios de comunicación para realizar campañas a favor de una cultura de la legalidad, la prevención y la denuncia, así como mejores mecanismos de coordinación con los gobiernos locales.

Sin embargo, han pasado cuatro años de aquella reunión y la crisis continúa. Asimismo, hay que tener memoria que el entonces jefe del Gobierno del Distrito Federal, López Obrador, catalogó a la marcha como ``una marcha realizada por gente popis''; expresó que era un complot contra su gobierno.

Ahora sólo esperamos que esta administración sí ponga énfasis en combatir la delincuencia y no tengamos que esperar a que vuelva a suceder un acontecimiento que provoque una profunda consternación y cimbre las fibras más frágiles de la sociedad.

Es de recordar que el actual gobierno reacciona por el lamentable fallecimiento del niño Fernando Martí. Pero hay que recordarle al presidente Calderón que, a lo largo de su gobierno han sido secuestrados y muertos miles de mexicanos. Por tal motivo, señora presidenta, le solicito instruir a la asamblea a guardar en este momento un minuto de silencio por los miles de mexicanos que han fallecido por la delincuencia en nuestro país.

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Se instruye a la asamblea que guarde un minuto de silencio, en virtud de todas las víctimas del delito.

(Minuto de silencio)

La diputada Guillermina López Balbuena: Señoras legisladoras y señores legisladores, es razonable la exigencia de la sociedad, ya que debieron elevarse a niveles descomunales los secuestros, el crimen de policías y militares; pero lo que es reprochable es que a dos años de iniciar su administración, el presidente Calderón decidió escuchar a los ciudadanos.

Aunque en esta evaluación es precisó que nosotros también, como legisladores, efectuemos una autocrítica de nuestro desempeño porque no sólo el Ejecutivo falló, sino que todos los actores políticos, incluidos nosotros como legisladores, fallamos a la sociedad. Es momento de rectificar y aportar nuestras propuestas para contribuir y construir y país más seguro.

Por ello, el propósito de nuestra iniciativa es tratar de frenar la infiltración del narcotráfico en la política; depurar a los cuerpos policiacos; sancionar más severamente a los servidores públicos, ex servidores miembros o exmiembros de alguna corporación policiaca o de las Fuerzas Armadas que participen en actos delictivos, así como los que vendan, comercialicen, compren y distribuyan uniformes de cuerpos policiacos, ya que éstos son utilizados como medio para delinquir; asimismo, reforzar las operaciones del Centro de Investigación y Seguridad Nacional...

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Le pido que concluya. Señora diputada, le pido que concluya su intervención, por favor.

La diputada Guillermina López Balbuena: Es cuanto, señora presidenta.

«Iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de las Leyes Orgánica de la Administración Pública Federal, General que establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de Seguridad Nacional, y Federal contra la Delincuencia Organizada, así como del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Guillermina López Balbuena , del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, Guillermina López Balbuena , diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, y 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de ésta honorable asamblea, el siguiente proyecto de decreto, por el cual se reforman la fracción XXIX del artículo 27, las fracciones XIX y XX del artículo 29, y las fracciones VI, XXVI y XXVII, del artículo 30 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; el segundo párrafo del artículo 3, y la fracción III del artículo 9, de la Ley General que establece las bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, las fracciones X y XI del artículo 19, de la Ley de Seguridad Nacional, el segundo párrafo del artículo 390 del Código Penal Federal, el primer párrafo y la fracción I del artículo 5 de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada; y se adicionan la fracción XXI al artículo 29 y las fracciones XXVIII, XXIX y XXX al artículo 30 Bis, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; un segundo párrafo al artículo 6 de la Ley General que establece las bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública; la fracción XII al artículo 19 de la Ley de Seguridad Nacional; los artículos 164 Ter, 164 Quáter, 164 Quinquies; un párrafo cuarto al artículo 214, un párrafo sexto al artículo 366, y un Capitulo V, denominado ``Falsificación y Piratería de Uniformes, Insignias, Emblemas y Escudos de Cuerpos Policíacos o de las Fuerzas Armadas'', al Título Cuarto, del Código Penal Federal, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Nuestro país ocupa el primer lugar en el número de secuestros a nivel mundial, el segundo lugar es Irak, manifestó en una conferencia de prensa Marianne Moor, coordinadora para Latinoamérica de IKV Pax Christi, el cual es un movimiento de paz internacional, tiene su sede en Holanda, fue fundada después de la Segunda Guerra Mundial y trabaja en zonas de conflicto.

Este dato refleja claramente lo que hemos estado observando durante este 2008, matanzas, secuestros, extorsiones telefónicas, sin olvidar que este suceso fue presenciado en el propio seno del Congreso, el año pasado, así como, inseguridad en casi todas las ciudades de nuestro país, especialmente en las grandes capitales y la frontera norte, mortificando a millones de mexicanos, sin que exista por parte de las autoridades tanto federales como estatales una visión clara de hacia donde se debe ir para solucionar esta profunda crisis.

Sólo durante el 2008, se han registrado 10 mil intentos de ilícitos vía mensajes de texto por teléfono celular, y 7 mil llamadas a teléfonos móviles, en intentos de secuestro y extorsión, según datos del subsecretario de Comunicaciones y Transportes.

Al inicio de su administración, el presidente Calderón, reconoció la gravedad de la situación, manifestando que esta se había complicado entre los años de 2005 y 2006, llegando a límites nunca antes vistos en que los descabezamientos, ajusticiamientos y batallas campales en las calles del país se fueron convirtiendo en un hecho cotidiano. Ante esto, la autoridad menciona que el aumento en el grado de violencia es debido a la desesperación por la perdida de mercados, rutas y mercancías. Pero, sin embargo, no convenció a la sociedad tal hipótesis, si se contrasta con el creciente número de consumidores y de delitos relacionados con los estupefacientes en el país y en la capital de la República.

Aunado a ello, las cifras oficiales, no reflejan el problema, ya que continúa incrementándose la crisis delincuencial, al grado de extenderse a balaceras a plena luz del día en las principales calles de las ciudades, de los barrios y los sitios de diversión establecidos para las familias en cada población, convirtiéndose en una lacra que ha perneado al sector urbano a través de una violencia permanente.

Como ejemplo, en los últimos meses hemos observado como se han incrementado las ejecuciones brutales y arteras en contra de los artistas, jefes policíacos y personajes de la política sean federal o estatal; esto nos indica que el narcotráfico continua aumentando en todo el territorio nacional, convirtiéndose en el promotor de toda la delincuencia, a través de cientos de miles de jóvenes adictos que están dispuestos a convierten en asaltantes, ladrones, extorsionadores y matones, golpeando de esta manera a toda la sociedad sin que exista un control sobre ellos, por parte de las autoridades y mecho menos sean detectados por los instrumentos de seguridad e inteligencia con que cuenta nuestro país.

Señores legisladores, para muchos analistas sociales la pobreza no es sinónimo de delincuencia, sino de la errática aplicación de una política social, pero la pobreza, muchas veces es similar a la marginación social, si favorece actos delictivos como robos, secuestros, crímenes organizados o subversión.

Lo que nos lleva expresar, que la fuerza del gobierno federal en esta lucha frontal no esta ofreciendo resultados importantes; ya que no se han tomando las medidas necesarias en cuanto a política social. Los modelos económicos adoptados en diferentes administraciones han generado mayor desigualdad entre grupos sociales, regiones geográficas y sectores productivos, principalmente en lugares donde el narcomenudeo o la siembra de enervantes había eliminado las necesidades económicas de la población ante la falta de programas sociales que les permitieran una forma de vida digna.

Además, todos estamos concientes que los recursos económicos son de suma importancia para el combate a la delincuencia. Sin embargo, los datos del Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad, en los últimos 10 años los presupuestos se han incrementado cuatro veces en términos reales, pero, los índices criminales no han bajado; al contrario, se han incrementado. Lo que nos lleva a reflexionar que el tema esta centrado en la forma en la que se ejercen los recursos y los resultados obtenidos. Señores legisladores, no servirán los recursos si se continúan aplicando medidas que atacan consecuencias y no causas.

Compañeros, en tanto no se ponga en orden este problema, jamás habremos de resolverlo, sino lo que seguirá incrementándose. En este sentido, no han que dejar pasar por un lado las palabras del propio presidente Felipe Calderón, reconociendo que el narcotráfico ya se había infiltrado en la política.

La supremacía de los traficantes y los policías corruptos es todavía mayor, asfixiante y progresiva. Todos sabemos que existen autoridades de los diferentes niveles de gobierno que se coluden o encubren a los delincuentes permitiéndoles que se adueñe de las calles y de la vida cotidiana de la sociedad mexicana, Señores legisladores, mientras no pongamos en orden a esas autoridades, policías y sus mandos que tienen conocimiento de todos los delitos que se presentan en sus respectivas zonas, conociendo la identificación de los delincuentes que los cometen, estaremos también encubriendo el control de las responsabilidades de las autoridades y de los cuerpos policíacos.

Todos sabemos que el narcotráfico, no tiene preferencias partidistas, dirigiendo sus esfuerzos de corrupción hacia todos los partidos, a ellos, no les importa el origen político de los gobernantes, sino su disposición a cooperar activamente o cerrar los ojos ante sus operaciones.

Hoy en día, está claro que para millones de ciudadanos, para miles que han sido víctimas de la delincuencia, para muchos que están hartos de promesas partidistas y pleitos por el poder, es que vivimos en un país con crisis social en todos los niveles.

Es oportuno recordar que en días pasados, los representantes de los tres Poderes de la Unión, los 31 gobernadores, el jefe de Gobierno del Distrito Federal, sindicatos, representantes de la Iglesia, empresarios, organismos civiles y medios de comunicación, acordaron trabajar juntos para reestructurar y reconstruir el sistema de justicia del país. Pero también es oportuno recordarle al presidente Calderón, que su antecesor el ex presidente Fox, el 1 de julio de 2004, en una forma de responder a la multitudinaria marcha contra la inseguridad, convocó a la XVI reunión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, en donde se propusieron 10 acciones contra el crimen. Además hay que tener memoria, que el entonces jefe de Gobierno del Distrito Federal, catalogo a la marcha como una marcha realizada por gente ``popis'', es decir, la demeritó.

Entre las acciones que se pusieron en marcha fueron operar un sistema federal de atención a víctimas del delito, en el cual habría coordinación de las autoridades con la sociedad civil; un incremento presupuestal en 2005 para las actividades de seguridad; tiempo del Estado en los medios de comunicación para realizar campañas en favor de una cultura de la legalidad, la prevención y la denuncia, así como mejores mecanismos de coordinación con los gobiernos locales. Sin embargo han pasado cuatro años de aquella reunión y la crisis continúa.

Sólo esperamos que esta administración, si ponga énfasis en combatir la delincuencia y no tengamos que esperar a que vuelva a suceder un acontecimiento que provoque una profunda consternación y cimbre las fibras más frágiles de la sociedad, porque, es de recordar que el actual gobierno reacciona, por el lamentable fallecimiento del niño Fernando Martí, pero hay que recordarle al presidente Calderón, que a lo largo de su gobierno han sido secuestrados y muertos cientos de mexicanos.

Es razonable la exigencia de la sociedad, ya que, debieron elevarse a niveles descomunales, los secuestros, el crimen de policías y militares. Pero lo que es reprochable, es que a dos años de iniciado su administración, el presidente Calderón, decidió escuchar a los ciudadanos y responder con una verdadera respuesta del Estado. Aunque en esta evaluación, es preciso que nosotros también como legisladores efectuemos una autocrítica de nuestro desempeño, porque no sólo el Ejecutivo fallo, sino que todos los actores políticos, incluidos nosotros como legisladores, fallamos a la sociedad, pero es momento de rectificar y aportar nuestras propuestas para contribuir a construir un país más seguro.

Por tal motivo, señores legisladores, el objetivo de nuestra propuesta es tratar de frenar la infiltración del narcotráfico en la política, depurar los cuerpos policíacos, sanciones más severas a los servidores públicos corruptos, a los policías que participen en actos delictivos, a los que vendan, comercialicen, compren, distribuyan, uniformes de cuerpos policíacos, así como reforzar las operaciones del Cisen, movilizando grupos de investigadores de la Secretaría de la Función Pública, y la Secretaría de Seguridad Pública, ya que lo que hemos estado observando desde el inicio de esta administración es un despliegue de fuerza militar vistosa pero inútil.

Es necesario crear una política de Estado de procuración de justicia y prevención del delito, la cual conlleve la instrumentación de un sistema de evaluación de los sistemas de seguridad y justicia, mejorar la capacitación y las condiciones de trabajo de las policías en todo el país, y la participación ciudadana en tareas de control son el tipo de acciones que se necesitan.

Señores legisladores, hay una guerra que enfrentar y no se puede vencer estando divididos. De igual manera, no se debe perder de vista que la lucha frontal contra el crimen organizado seguramente dará origen a otros problemas de inseguridad si las políticas sociales no se actualizan. Y cito al señor Alejandro Martí: ``es el momento de encaminar y encauzar una nueva era del país en donde repudiemos la corrupción, en donde no seamos parte de ella y no seamos cómplices, que repudiemos al corrupto''.

Por todo lo anterior, presentó al pleno de esta honorable asamblea, el siguiente proyecto de

Decreto, por el cual se reforman la fracción XXIX del artículo 27, las fracciones XIX y XX del artículo 29, y las fracciones VI, XXVI y XXVII, del artículo 30 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; el segundo párrafo del artículo 3, y la fracción III del artículo 9, de la Ley General que establece las bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, las fracciones X y XI del artículo 19, de la Ley de Seguridad Nacional, el segundo párrafo del artículo 390 del Código Penal Federal, el primer párrafo y la fracción I del artículo 5 de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada; y se adicionan la fracción XXI al artículo 29 y las fracciones XXVIII, XXIX y XXX al artículo 30 Bis, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; un segundo párrafo al artículo 6 de la Ley General que establece las bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública; la fracción XII al artículo 19 de la Ley de Seguridad Nacional; los artículos 164 Ter, 164 Quáter, 164 Quinquies; un párrafo cuarto al artículo 214, un párrafo sexto al artículo 366, y un Capitulo V, denominado ``Falsificación y Piratería de Uniformes, Insignias, Emblemas y Escudos de Cuerpos Policíacos o de las Fuerzas Armadas'', al Título Cuarto, del Código Penal Federal, quedando de la siguiente manera:

Artículo Primero: Se reforman, la fracción XXIX del artículo 27, las fracciones XIX y XX del artículo 29, y las fracciones VI, XXVI y XXVII, del artículo 30 Bis, y se adicionan, la fracción XXI, al artículo 29, y las fracciones XXVIII, XXIX y XXX, al artículo 30 Bis, todos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, quedando de la siguiente manera:

Artículo. 27. A la Secretaría de Gobernación corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

Artículo 29. A la Secretaría de la Defensa Nacional, corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

Artículo 30 Bis. A la Secretaría de Seguridad Pública corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

Artículo Segundo: Se reforman, el segundo párrafo del artículo 3, y la fracción III del artículo 9, y se adiciona, un segundo párrafo al artículo 6, todos de la Ley General que establece las bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, quedando de la siguiente manera:

Artículo 3. .....

Las autoridades competentes alcanzarán los fines de la seguridad pública mediante la prevención, persecución y sanción de las infracciones, alcanzando en todo momento, la reinserción social del delincuente y del menor infractor. Así como, mediante la vigilancia y sanción de los actos de corrupción detectados al interior de las autoridades y cuerpos policíacos encargados del combate a la delincuencia organizada.

...

...

Artículo 6. ...

En caso de incumplimiento a lo establecido en el párrafo anterior, se tomaran las medidas y sanciones establecidas en los diversos ordenamientos en materia de responsabilidades de servidores públicos. Para tal efecto, se establecerá una coordinación entre las Secretarías de Gobernación, Seguridad Pública y de la Función Pública, con el objetivo de detectar los actos de corrupción cometidos por las autoridades y los cuerpos policíacos encargados del combate a la delincuencia organizada, dando del conocimiento inmediato de estos actos a las autoridades jurisdiccionales correspondientes.

Artículo 9. Las autoridades competentes de la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios, se coordinarán para:

Artículo Tercero. Se reforman las fracciones X y XI del artículo 19, y se adiciona la fracción XII al artículo 19, de la Ley de Seguridad Nacional, quedando de la siguiente manera:

Artículo 19. Son atribuciones del Centro:

Artículo Cuarto. Se reforma el segundo párrafo del artículo 390, y se adicionan los artículos 164 Ter, 164 Quáter, 164 Quinquies, un párrafo cuarto al artículo 214, un párrafo sexto al artículo 366, y un Capitulo V denominado ``Falsificación y Piratería de Uniformes, Insignias, Emblemas y Escudos de Cuerpos Policíacos o de las Fuerzas Armadas'' al Título Cuarto, del Código Penal Federal, quedando de la siguiente manera:

Titulo Cuarto Delitos Contra la Seguridad Pública Capítulo V Falsificación y Piratería de Uniformes, Insignias, Emblemas y Escudos de Cuerpos Policíacos o de las Fuerzas Armadas

Artículo 164 Ter. Se impondrá pena de treinta a cuarenta años de prisión, a quien por si o por interpósita persona, produzca, reproduzca, almacene, transporte, distribuya, venda o arriende, comercialice, distribuya, en forma dolosa, con fin de especulación comercial y obtención de lucro, sin la autorización de las autoridades encargadas de la seguridad pública, uniformes, insignias, emblemas, y escudos de cuerpos policíacos o de las fuerzas Armadas.

Artículo 164 Quáter. Las instituciones que podrán adquirir de las personas o empresas autorizadas a comercializar uniformes, insignias, emblemas y escudos de los cuerpos policíacos o de las fuerzas armadas, serán las encargadas de la administración de los cuerpos policíacos federal, estatal, y municipal y la Secretaría de la Defensa Nacional.

Artículo 164 Quinquies. La pena se incrementara de cuarenta a cincuenta años de prisión, cuando cometa el delito prescrito en el artículo 164 Ter, por sí o por interpósita persona un servidor público, ex servidos público, miembro o ex miembro de alguna corporación policial o de las fuerzas Armadas.

Artículo 214. Comete el delito de ejercicio indebido de servicio público, el servidor público que:

I. al VI.

Artículo 366. Al que prive de la libertad a otro se le aplicará:

Artículo 390. ...

Las penas se aumentarán de quince a treinta años de prisión, si el constreñimiento se realiza por una asociación delictuosa, o por servidor público o ex-servidor público, o por miembro o ex-miembro de alguna corporación policial o de las Fuerzas Armadas Mexicanas. En este caso, se impondrá además al servidor.

Artículo Quinto. Se reforma el primer párrafo y la fracción I del artículo 5 de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, quedando de la siguiente manera:

Artículo 5. Las penas a que se refiere el artículo anterior se incrementarán en cuarenta a cincuenta años de prisión, cuando

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Gracias, diputada Guillermina López Balbuena . Túrnese a las Comisiones Unidas de Gobernación, de Seguridad Pública, y de Justicia. Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates.

LEY ORGANICA DE PETROLEOS MEXICANOS

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Se concede el uso de la tribuna al diputado Alberto Amador Leal, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma el artículo 5o. de la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos.

El diputado Narcizo Alberto Amador Leal: Gracias, señora presidenta.

Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, en primer lugar, reconozco el esfuerzo del Ejecutivo federal y de las fracciones parlamentarias del PRI y del PRD, o del FAP, en la presentación de las iniciativas que están a consideración del Senado de la República en materia energética.

No es fácil incorporarse de manera normal al trabajo legislativo, sea porque tenemos que representar, quienes somos electos de manera directa, los intereses y las demandas de nuestros distritos; sea por la forma segmentada en que se construyen los acuerdos al interior de las propias bancadas o de las bancadas con el Ejecutivo federal.

Por esa razón presentaré mis propuestas de reforma. He presentado ya una reforma a la Ley de las Afore y a la Ley del ISSSTE, para darle un sentido y contenido, si es que se aprueba, al tema de los bonos ciudadanos.

Hoy quiero tocar uno de los temas que creo fundamentales, de control: el diagnóstico de la situación de Pemex presentado por el Ejecutivo federal y la propia paraestatal. Establecen en su capítulo correspondiente al ``gobierno cooperativo'', página 122, que el arreglo corporativo que tiene la empresa actualmente no logra hacer del todo efectiva la rendición de cuentas ni asegura que las decisiones se orienten en todo momento a la creación de valor.

Las razones expuestas en la sección previa a ese apartado plantean, dice el documento, la necesidad de un esquema más flexible en la operación y en los procesos de toma de decisiones en Pemex.

Sin embargo, es imprescindible ligar ese esquema a un arreglo corporativo que promueva la honradez, la imparcialidad y la transparencia en todas sus actividades. Esto sólo será posible en la medida en que se propicie que la empresa opere de acuerdo con mejores prácticas de gobierno corporativo, con mecanismos que establezcan una rendición de cuentas adecuada y que fortalezca la transparencia.

En fin, hay varios apartados que cito aquí de ese diagnóstico que hacen alusión al tema de la corrupción y al tema de la ineficiencia.

A mí me parece que las propuestas contenidas en las tres iniciativas son, sin embargo, insuficientes. Crear un comité en el seno del Consejo de Administración para supervisar las auditorías, por ejemplo, es una medida francamente insuficiente.

Tendríamos que ir a cortar de tajo cómo se originan los problemas de corrupción. Esta iniciativa toca uno de ellos: el cúmulo de demandas laborales seguidas ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje en contra de Pemex. A la fecha, compañeras diputadas y compañeros diputados, suman 20 mil demandas. Pemex tiene un ejército de abogados, no sé cuántos, las agrupaciones de ingenieros dicen que cerca de mil, dedicados a atender estas demandas laborales.

Me pregunto: ¿por qué el abuso en el alto número de despidos, sobre todo de personal de confianza? Todo indica que se trata de una estrategia de control de los mandos gerenciales para imponer condiciones de operación, condiciones en la ejecución de las obras.

De este modo en los últimos 10 años ha habido un proceso de sustitución de cuadros técnicos probados, por nuevos cuadros que tienden a integrar redes de control en las empresas subsidiarias, en las direcciones y subdirecciones, en las regiones o en las unidades de producción, almacenamiento y distribución.

Dada la complejidad técnica de la industria, estos espacios de control y discrecionalidad dan margen a la ineficacia y a la corrupción, por lo que es necesario, compañeras y compañeros, poner un alto a los despidos injustificados que además generan un alto costo a la empresa.

En este contexto, el propósito de la presente iniciativa es presumir en ley el carácter doloso de la rescisión laboral en Petróleos Mexicanos cuando tal rescisión resulte perjudicial para la paraestatal ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje y, por ende, presumir un hecho ilícito que da acción a Pemex en contra del funcionario responsable. Se trata, en suma, de agregar un tercer párrafo al artículo 5 de la Ley Orgánica, que a la letra diría lo siguiente: ``Respecto de los juicios laborales en los que Pemex sea condenado en laudo de las Juntas de Conciliación y Arbitraje al pago de la indemnización correspondiente, así como al de gastos y costas, la empresa deberá repetir, en contra del funcionario que hubiese ordenado la recesión laboral correspondiente''.

Es decir que de haber un daño patrimonial a Petróleos Mexicanos por una decisión caprichosa de despido o de búsqueda de control de las áreas operativas administrativas, ese daño patrimonial tendrá que ser transferido al funcionario público que actuó con ineficiencia, con descuido o, en el peor de los casos, de mala fe, de manera dolosa.

Compañeras, compañeros legisladores. En efecto, el tema de la transparencia y de la corrupción en Pemex es un tema que preocupa, pero tenemos que analizarlo con rigor; de otra forma será muy difícil, al mismo tiempo, otorgar facultades de excepción y salvaguardar y dejar en el vacío estos enormes espacios de discrecionalidad, de asignación de recursos, de movilización caprichosa de los cuadros, que además cuesta mucho trabajo formarlos y que hoy por cierto están...

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Permítame, señor diputado.

Se pide a las señoras diputadas y a los señores diputados por favor guardar silencio para poder escuchar al diputado presentante.

El diputado Alberto Amador Leal: Muchas gracias, señora presidenta.

Están integrados en diversas agrupaciones que son, por cierto, las principales opositoras a esta reforma que ha presentado el Ejecutivo federal.

Vamos a continuar haciendo estas propuestas y yo suplico a las Comisiones de Energía, tanto del Senado como de la Cámara de Diputados, que actuemos con mayor rigor y congruencia en el desahogo de esta iniciativa, toda vez que el debate precedente en el Senado y en la opinión pública nos permite llegar a este nivel de precisión en la reforma que beneficie a México y que fortalezca a Petróleos Mexicanos. Muchas gracias.

«Iniciativa que reforma el artículo 5 de la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos, a cargo del diputado Alberto Amador Leal , del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado Alberto Amador Leal , de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 55 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, que adiciona un párrafo cuarto al artículo 5 de la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos para dotar a la paraestatal del derecho de repetición en contra de los servidores públicos de la empresa que ordenen rescisiones laborales injustificadas.

Exposición de Motivos

El cúmulo de demandas laborales seguidas ante las juntas de conciliación y arbitraje en contra de Petróleos Mexicanos asciende, a la fecha, a 17 mil 500 causas laborales, según estiman las agrupaciones de ingenieros retirados de la paraestatal y representa, a la fecha, un incremento notable en los costos de operación de la empresa, toda vez que la dirección jurídica de ésta, que según la misma fuente asciende a 800 abogados en funciones, tendrá que atender los litigios en cuestión; incrementándose asimismo, eventualmente, el gasto financiero directo de la empresa y sus subsidiarias, toda vez que suele ser frecuente que Pemex pierda los referidos litigios laborales.

¿Por qué el abuso en el alto número de despidos, sobre todo de personal de confianza? Todo indica que se trata de una estrategia de control de los mandos gerenciales para imponer condiciones en la operación y en la ejecución de obras. De este modo en los últimos 10 años ha habido un proceso de sustitución de los cuadros técnicos probados, por nuevos cuadros que tienden a integrar redes de control en las empresas subsidiarias, en las direcciones y subdirecciones, en las regiones ó en las unidades de producción, almacenamiento y distribución. Dada la complejidad técnica de la industria estos espacios de control y discrecionalidad dan margen a la ineficacia y a la corrupción, por lo que es necesario poner un alto a los despidos injustificados que generan un alto costo a la empresa.

El orden jurídico estableció la responsabilidad civil del Estado en el capítulo de hechos ilícitos como fuentes de las obligaciones del Código Civil para el Distrito Federal del año 1932, en su artículo 1928, preceptuando que el servidor público responsable de un hecho ilícito debía indemnizar al particular afectado; criterio que varió en el año de 1992 mediante la reforma que sufrió el Código Civil, año en el que se estableció en su artículo 1927 que la obligación de indemnizar a un afectado por un hecho ilícito debía recaer en el Estado, teniendo éste la facultad de repetir contra el servidor público responsable.

Tal transformación en la responsabilidad civil del Estado se plasmó en la reforma Constitucional al artículo 113 del 14 de junio del 2002, así como en la legislación reglamentaria correspondiente siendo ésta la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado que vino a derogar expresamente el citado artículo 1927 del Código Civil de García Téllez.

El dolo debe quedar demostrado ante los tribunales a efecto de constatar la incursión del demandado en un hecho ilícito como fuente de las obligaciones civiles, a menos que, según lo acredita la más explorada doctrina, la ley presuma dicho dolo; siendo motivo de la presente iniciativa plasmar en la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos una presunción jure et dejure, o sea, que no admita prueba en contrario, de que existe dolo por parte del funcionario que ha ordenado una rescisión laboral, siempre que el afectado por la misma gane una demanda laboral contra la empresa ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje.

El propósito de la presente iniciativa es presumir en ley el carácter doloso de la rescisión laboral en Petróleos Mexicanos cuando tal rescisión resulte perdidosa para la paraestatal ante las juntas de conciliación y arbitraje, y por ende de lo anterior, presumir un hecho ilícito que da acción a Pemex en contra del funcionario responsable.

El propio diagnóstico ``Situación de Pemex'' presentado por la Secretaría de Energía y la paraestatal, establece en su capítulo correspondiente a ``Gobierno Corporativo'' en su página 122 que: ``El arreglo corporativo que tiene la empresa actualmente, no logra hacer del todo efectiva la rendición de cuentas, ni asegura que las decisiones se orienten en todo momento la creación de valor. Las razones expuestas en la sección previa plantean la necesidad de un esquema más flexible en la operación y en los procesos de toma de decisiones en Pemex. Sin embargo, es imprescindible ligar este esquema a un arreglo corporativo que promueva la honradez, la imparcialidad y la transparencia en todas sus actividades. Esto sólo será posible en la medida en que se propicie que la empresa opere de acuerdo con mejores prácticas de gobierno corporativo, con mecanismos que establezcan una rendición de cuentas adecuada y que fortalezcan la transparencia''.

Asimismo, en su capítulo Transparencia establece que: ``La ciudadanía relaciona a Petróleos Mexicanos con problemas de corrupción y opacidad. Por ello, mejorar la transparencia y la rendición de cuentas de sus actividades es un asunto central''.

Lamentablemente las iniciativas que se ventilan actualmente en el Congreso sobre la materia no ofrecen solución adecuada al problema planteado en el diagnóstico citado.

El control por parte de funcionarios de nivel intermedio de Petróleos Mexicanos, respecto al personal laboral del área al que sean adscritos, es fuente presumible de corrupción dentro de la Paraestatal; por su parte, y a manera de solución a tal problema; tanto en la iniciativa de reforma a la Ley Orgánica de Pemex presentada el pasado ocho de abril a la consideración del Senado de la República por el titular del Poder Ejecutivo; como la respectiva iniciativa formulada por diversos legisladores integrantes de las fracciones parlamentarias del PRI y que fuera presentada a la Comisión Permanente el pasado 23 de julio, se prevé el hecho de que la empresa y sus subsidiarias puedan llegar a contratar servicios de representación en procesos judiciales sin previa licitación (Artículo 45 fracción III de la iniciativa Presidencial y 55 fracción II de la iniciativa formulada por diversos legisladores del PRI).

Solución que se antoja errónea a juicio de éste legislador, ya que por el contrario puede resultar propicia al incremento de la corrupción, dándose el caso de despidos masivos injustificados, y de la asignación sin licitación previa por parte de la paraestatal a un despacho que pueda estar vinculado al mismo responsable de dichos despidos, dándose en la especie, corrupción por partida doble, tanto en el despido injustificado, como en la asignación a un despacho que de antemano se sabe, carecerá de elementos para defender a la empresa ante las juntas de conciliación.

Es criterio de este legislador que el fincamiento de responsabilidad patrimonial a los funcionarios que ejecuten rescisiones de manera injustificada, pueda introducir mayor grado de transparencia y probidad en el manejo de los recursos humanos de la principal empresa del país y, sin que ello, se preste a adjudicaciones de contratos sin licitación que por definición y naturaleza mueven a sospecha.

En el decreto que se somete a consideración de esta asamblea, por medio de la presente iniciativa, se establece una adición al artículo 5 de la Ley Orgánica de Pemex en los siguientes términos

Se establece así la presunción de dolo por parte del funcionario que ordena una rescisión injustificada en la empresa, así como su obligación de indemnizar a la paraestatal en un artículo que se refiere, tanto al patrimonio, como a las obligaciones de la empresa, toda vez que la indemnización por despido injustificado constituye un crédito a cargo de Petróleos Mexicanos; estimándose por lo demás, que no resultaba acorde a la técnica legislativa establecer el referido precepto en los artículos concernientes, ya sea a las atribuciones del Consejo de Administración o del director general de la empresa, lo anterior en atención a que las rescisiones injustificadas no suelen presentarse a cargo de dichos funcionarios públicos, sino por un sinnúmero de funcionarios intermedios; por lo demás el texto propuesto en la siguiente iniciativa resulta aplicable a cualquier servidor público de la paraestatal que se ubique en el supuesto de ley, ya sea el director general así como al último gerente de zona o de unidad.

Asimismo, se establece un transitorio que aplica esta disposición a los juicios en curso.

Con fundamento en la anterior exposición de motivos, se somete a la consideración plenaria de la Cámara de Diputados el siguiente proyecto de

Decreto

Único. Se adiciona un párrafo cuarto al artículo 5 de la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos para quedar como sigue:

Artículo 5. ...

...

Respecto a los juicios laborales en los que Pemex sea condenado en laudo de las juntas de conciliación y arbitraje al pago de la indemnización correspondiente, así como al de gastos y costas, la empresa deberá repetir en contra del funcionario que hubiese ordenado la rescisión laboral correspondiente.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El contendido del presente será aplicado a los juicios laborares seguidos contra Pemex que se encuentren pendientes de resolución.

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Gracias, diputado Alberto Amador Leal.Túrnese a la Comisión de Energía.

El siguiente punto del orden del día son los dictámenes a discusión con puntos de acuerdo. En virtud de que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se autoriza que sólo se lean los encabezados.

La Secretaria diputada Margarita Arenas Guzmán: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se autoriza que sólo se lean los encabezados de los puntos de acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Se autoriza.

Proceda la Secretaría a leer el oficio de la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

PETROLEOS MEXICANOS

La Secretaria diputada Margarita Arenas Guzmán: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.--- Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Diputado César Horacio Duarte Jáquez , Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presente.

Por este conducto y en relación al dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Trabajo y Previsión Social con puntos de acuerdo, a fin de exhortar a los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a pagar a los trabajadores y ex trabajadores de Pemex, por las aportaciones para el seguro de vida contratado con Seguros la República, en el periodo 1970-1992, que se encuentra en dictámenes a discusión en la orden del día del día de hoy, me permito solicitarle que sea diferido para una próxima sesión.

Reiterándole mi consideración distinguida, quedo de usted.

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Gracias, señora secretaria. Se difiere para una próxima sesión. Continúe, Secretaria.

AGUA POTABLE

La Secretaria diputada Margarita Arenas Guzmán: «Dictamen de la Comisión de Recursos Hidráulicos, con punto de acuerdo a fin de exhortar al director general de la Comisión Nacional del Agua a modificar el cuadro de porcentajes de aportación federal previsto en el numeral 10.4.2. de las Reglas de Operación para los Programas de Infraestructura Hidroagrícola y de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento aplicables a partir de 2008

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados, le fue turnada para su análisis y dictamen la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita al director general de la Comisión Nacional del Agua, Conagua, que modifique la Regla IV.4.4. relativa a los componentes generales de apoyo para la construcción y rehabilitación de sistemas de agua potable y saneamiento en zonas rurales, presentada por la diputada Yari del Carmen Gerbhardt Garduza.

Esta comisión dictaminadora, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6 incisos e), f) y g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 60, 87, 88, 93 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esa honorable asamblea el presente dictamen, al tenor de los siguientes:

Antecedentes

Esta comisión dictaminadora procedió al estudio de la proposición materia del presente dictamen, analizando el siguiente:

Contenido de la proposición

La proponente señala que las Reglas de Operación para los Programas de Infraestructura Hidroagrícola, y de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, las cuales se publicaron el Diario Oficial de la Federación, el 7 de abril de 2003, y modificadas y publicadas el 24 de diciembre de 2003, tuvieron por objeto enfrentar los retos que en materia hidráulica existían en el país, los cuales fueron considerados en el Plan Nacional de Desarrollo y el Programa Nacional Hidráulico 2001-2006.

Advierte que el numeral IV.4.4 de dichas Reglas de Operación, se refiere al Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales, orientado a responder a las necesidades de la población rural de México con el propósito de incrementar la cobertura de los servicios de agua potable y saneamiento mediante la construcción de infraestructura, con la participación comunitaria organizada, sin discriminación y a efecto de inducir la sostenibilidad de los servicios.

Indica que la Regla IV.4.4., denominada ``Componentes Generales de Apoyo'', se refiere a los montos de los recursos federales que se destinarán al financiamiento de los tres componentes del programa, en los cuales, entre otros, destacan:

La proponente considera que dichas disposiciones son limitadas pues tenemos entidades federativas y municipios con presupuestos reducidos que les impiden contar con recursos económicos suficientes para completar el costo de las obras hidráulicas y, al no cumplir con la contraparte financiera, los recursos federales son reintegrados a la Tesorería de la Federación al no ser devengados al 31 de diciembre, del año del ejercicio fiscal de que se trate.

Con base en los motivos expuestos, la proponente plantea la reforma de la regla IV.4.4., para establecer que el apoyo federal en lo general sea de hasta el 70 por ciento de la inversión convenida con los gobiernos de las entidades federativas de mayor marginación, y que, en los casos de localidades de alta y muy alta marginación, dicho apoyo pueda incrementarse hasta 90 por ciento del costo; asimismo, establecer que en los casos que la Conagua determine como problema para la salud de lo habitantes por tracoma o por contaminación asociada con altos contenidos de arsénico, sean 100 los municipios con menor índice de desarrollo humano los que reciban apoyo federal de hasta el 100 por ciento del costo.

Finalmente, la proponente plantea el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. Exhortar al director general de la Comisión Nacional del Agua para que modifique la Regla IV.4.4. relativa a los Componentes Generales de Apoyo, por lo que compete al Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales, en los términos contenidos en este punto de acuerdo.

Segundo. Exhortar al director general de la Comisión Nacional del Agua para que informe a la Cámara de Diputados de su opinión sobre el tema materia de este punto de acuerdo.

Una vez analizada la proposición que nos ocupa, la Comisión de Recursos Hidráulicos expone las siguientes:

Consideraciones

Coincidimos con la proposición planteada por la diputada Yari del Carmen Gerbhardt Garduza, en cuanto a la necesidad de incrementar el monto máximo del apoyo federal en el financiamiento de los componentes del Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales, en lo relativo a las inversiones convenidas con los gobiernos de las entidades federativas de mayor marginación, así como el porcentaje del apoyo federal para localidades de alta y muy alta marginación.

Coincidimos, también, en incrementar a 100, el número de municipios con menor índice de desarrollo humano, beneficiarios de apoyos federales hasta por el 100 por ciento del costo, en los casos que la Conagua determine como problemas para la salud de los habitantes, por tracoma o por contaminación asociada a altos contenidos de arsénico.

No obstante, es pertinente observar que el planteamiento de la proponente está referido en relación con las disposiciones establecidas en las Reglas de Operación para los programas de infraestructura hidroagrícola, y de agua potable, alcantarillado y saneamiento, a cargo de la Comisión Nacional del Agua para el periodo 2001-2006, las cuales fueron modificadas para su aplicación a partir del año 2007, según su publicación en el Diario Oficial de la Federación del 18 de junio de 2007, las cuales a su vez, fueron sustituidas con las Reglas de Operación aplicables a partir del año 2008.

En estas últimas, el Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales, se encuentra reglamentado en el artículo 10, cuyo numeral 10.4., esta referido a las características de los apoyos, estableciendo en el numeral 10.4.1., los tipos de apoyo federal destinados a apoyar los componentes: Desarrollo Institucional; Atención Social y Participación Comunitaria, e Infraestructura, definidos en sus fracciones I, II y III.

Asimismo, el numeral 10.4.2., del propio artículo 10 de las Reglas de Operación vigentes, relativo a los montos máximos y mínimos, establece los porcentajes de aportación del gobierno federal para el financiamiento de dichos componentes, definiendo, entre otros:

De lo anterior, se desprende que si bien hubo un incremento en el monto máximo de las aportaciones federales en los casos señalados en el párrafo anterior, las condiciones de marginación en que se encuentran dichas localidades y entidades federativas, hacen necesarias mayores aportaciones federales a efecto de impedir subejercicios presupuestarios derivados de la falta de recursos económicos que impiden a localidades y entidades federativas cumplir con la parte de la inversión que les corresponde conforme a las Reglas de Operación vigentes.

Con base en estas consideraciones, estimamos necesario modificar el punto de acuerdo planteado por la proponente, para adecuarlo a las disposiciones de las Reglas de Operación aplicables a partir de 2008, y establecer el exhorto al director general de la Conagua para que modifique los porcentajes de aportación federal señalados en el cuadro correspondiente al numeral 10.4.2., relativo a los montos máximos y mínimos, incrementando el porcentaje máximo de aportación federal para localidades de alta y muy alta marginación para establecerlo hasta en un 90 por ciento.

Por lo anterior expuesto y fundado, la Comisión de Recursos Hidráulicos, somete a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente:

Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta al director general de la Comisión Nacional del Agua para que modifique el cuadro de porcentajes de aportación federal previsto en el numeral 10.4.2., de las Reglas de Operación para los Programas de Infraestructura Hidroagrícola, y de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, a cargo de la Comisión Nacional del Agua, aplicables a partir del año 2008, incrementando el monto máximo de aportación federal para las localidades de alta y muy alta marginación, hasta el 90 por ciento; y...

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Está a discusión el punto de acuerdo. En virtud de que no se ha registrado orador alguno, se considera suficientemente discutido. Se reserva para su votación económica al final.

RECURSOS EXCEDENTES DEL IMPUESTO FEDERAL A GASOLINA Y DIESEL

La Secretaria diputada Margarita Arenas Guzmán: «Dictamen de la Comisión de Desarrollo Social, con punto de acuerdo para exhortar a los congresos estatales a dar prioridad y supervisar que, en la aprobación de sus presupuestos, los recursos excedentes por el impuesto federal a la gasolina y el diesel se apliquen de manera puntual, solidaria, responsable y transparente por los Ejecutivos locales

Honorable Asamblea:

La Comisión de Desarrollo Social, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 56, 60, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen, al tenor de los siguientes

Antecedentes

El 13 de diciembre de 2007, los diputados César Duarte Jáquez e Ismael Ordaz Jiménez , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentaron una proposición con punto de acuerdo a fin de que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorte a los Congresos estatales a dar prioridad al destino de los recursos excedentes por concepto de gasolina a los municipios más rezagados de sus estados a efecto de resolver las necesidades más apremiantes en materia de infraestructura hidráulica, electricidad, vivienda, drenaje, pavimentación, pobreza y marginación.

En esa fecha, la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados turnó la proposición con punto de acuerdo a la Comisión de Desarrollo Social, que fue entregada el 15 de enero de 2008, para análisis y dictamen correspondiente.

Contenido

Los diputados proponentes se refieren a la aprobación de la reforma fiscal que llevó a cabo el Congreso de la Unión el 13 y 14 de septiembre de 2007, cuyo propósito está encaminado a impulsar un sistema más justo y equitativo, buscando un fortalecimiento de las haciendas públicas estatales con nuevos ingresos.

Entre las reformas se encuentran las que tienen que ver con diversas modificaciones de la Ley de Coordinación Fiscal, referente a las formaciones de las recaudaciones federales participables, a la recaudación sobre la aplicación de cuotas del impuesto especial sobre producción y servicios, el establecimiento de dos nuevos fondos de compensación que buscan promover en desarrollo más balanceado entre los estados, expresados en el Fondo de Extracción de Hidrocarburos, para los estados donde se extrae petróleo, así como en el Fondo de Compensación para las entidades con menor producto interno bruto per cápita no minero y no petrolero, al cual se asignarán recursos del nuevo impuesto a la gasolina.

La distribución de este impuesto será en casi 80 por ciento, con base en el consumo de los estados, y el resto será canalizado a un fondo de compensación para los menos desarrollados.

Consideraciones

Si bien se han logrado avances en el combate de la pobreza y la marginación, la desigualdad regional sigue siendo un problema imperante que requiere acciones inmediatas por los tres órdenes de gobierno.

El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 establece que la naturaleza y formación del pacto fiscal, en un sistema federalista, constituye piedra angular para alcanzar estabilidad macroeconómica y crecimiento equilibrado que se traduzca en una mejor calidad de vida y en la disminución de la pobreza y la marginación.

La reforma fiscal de 2007 tuvo como uno de sus propósitos centrales la búsqueda responsable de recursos y la fiscalización de éstos para destinarlos fundamentalmente a satisfacer las necesidades de las zonas más pobres del país.

Dentro de la coordinación que hay entre los poderes federales con los locales para la atención y solución de la diversa problemática social del país, son necesarias la colaboración y participación de los dos órdenes coextensos, a efecto de llevar a cabo el estricto cumplimiento de las reformas de la Ley de Coordinación Fiscal recientemente aprobadas por el Congreso de la Unión.

En este marco, y después de haber analizado la proposición con punto de acuerdo suscrita por los diputados César Duarte Jáquez e Ismael Ordaz Jiménez , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, los integrantes de la Comisión de Desarrollo Social consideran que es de aprobarse.

Por las consideraciones expuestas, la Comisión de Desarrollo Social, con fundamento en los artículos 39 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los Congresos estatales a que durante la aprobación de sus respectivos presupuestos den prioridad y supervisen que los recursos excedentes por el impuesto federal a la gasolina y el diesel se apliquen de manera puntual, solidaria, responsable y transparente por los Ejecutivos locales a la solución de las necesidades indudablemente apremiantes de los municipios más pobres, relativas a infraestructura hidráulica, drenaje, electricidad, calles alumbradas y pavimentadas, vivienda y caminos rurales, entre otros.

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Está a discusión el punto de acuerdo. En virtud de que no se ha registrado orador alguno, se considera suficientemente discutido y se reserva para su votación al final de la lectura.

ESTADO DE SINALOA

La Secretaria diputada Margarita Arenas Guzmán: «Dictamen de la Comisión de Justicia, con punto de acuerdo para exhortar a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa a informar sobre los homicidios de los señores Ricardo Murillo Monje y Óscar Rivera Inzunza

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Justicia, de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de la LX Legislatura, le fue turnada para su estudio y dictamen la siguiente proposición con punto de acuerdo:

Por el que se exhorta a los gobiernos federal y de Sinaloa a contribuir al esclarecimiento de los asesinatos de los señores Ricardo Murillo Monge y Óscar Rivera Inzunza.

Antecedentes

En sesión celebrada por la Cámara de Diputados en fecha jueves 22 de noviembre del 2007, fue presentada la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los gobiernos federal y de Sinaloa a contribuir al esclarecimiento de los asesinatos de los señores Ricardo Murillo Monge y Óscar Rivera Inzunza, a cargo del diputado Eduardo Ortiz Hernández , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

En esa fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó dicha proposición a la Comisión de Justicia para su estudio y dictamen correspondiente.

Contenido del punto de acuerdo

El proponente plantea que el pasado miércoles 5 de septiembre del 2007, en Culiacán, Sinaloa, sucedieron dos lamentables asesinatos de los señores Ricardo Murillo Monge, un luchador social y defensor de los derechos humanos en Sinaloa y Óscar Rivera Inzunza, periodista y vocero en materia de seguridad pública, de igual manera plantea que el esclarecimiento de estos homicidios deben ser una prioridad tanto para las autoridades estatales como para las federales.

Plantea que la seguridad pública es un servicio que corresponde en forma exclusiva al Estado y tiene por objeto mantener el orden público, proteger la integridad física de las personas y sus bienes, prevenir la comisión de delitos y colaborar en la investigación y persecución de los delitos, entre otros objetivos y obligaciones del Estado, por eso es preciso que esta soberanía, gire una recomendación tanto al gobierno federal como al gobierno de Sinaloa, para que ambos de manera coordinada y eficaz, extremen las medidas necesarias para garantizar la integridad y seguridad de las familias de las personas fallecidas antes mencionadas, así como de otros defensores de derechos humanos, y de otros periodistas en Sinaloa; se lleven a cabo de manera pronta, exhausta y profesional las investigaciones de estos casos, preservando las evidencias que de estos reprobables acontecimientos hubiere; y de manera pronta, esclarezcan los asesinatos de Ricardo Murillo Monge y Óscar Rivera Inzunza y mantengan informada a esta soberanía dentro del marco de la ley, los avances sobre las investigaciones de estos lamentables hechos

Consideraciones

La comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis del planteamiento contenido en la proposición con punto de acuerdo, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.

La Comisión de Justicia considera que no tiene los datos necesarios para emitir un dictamen positivo en los términos aquí planteados, toda vez que no podemos solicitar al gobierno federal que intervenga en el caso, ya que los homicidios son delitos del fuero común y las autoridades locales son las encargadas de la investigación y sanción de dicho delito; la Procuraduría General de la República tiene una Fiscalía Especial para los Delitos cometidos contra Periodistas, por lo que esta comisión necesitaría de mayores elementos para poder solicitar la intervención de dicha fiscalía. Con respecto del señor Ricardo Murillo Monge, se plantea que era un luchador social y un defensor de los derechos humanos, por lo que para poder solicitar la intervención de la Procuraduría General de la República, tendríamos que tener los datos de si era un servidor público federal en ejercicio de sus funciones o cual es la situación específica de esta persona, ya que la proposición no aporta mayor información.

Por esto, la Comisión de Justicia considera necesario solicitar a la Procuraduría del estado de Sinaloa informe a la honorable Cámara de Diputados la situación de estos dos homicidios, para poder tener mayor elementos y estar así en posibilidad de, en su caso, solicitar la intervención del gobierno federal.

En mérito de lo expuesto, la Comisión de Justicia, se permite someter a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Que la Cámara de Diputados exhorte a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa a que informe sobre el caso de los homicidios de los señores Ricardo Murillo Monge y Óscar Rivera Inzunza, perpetrados el 5 de septiembre del 2007, en Culiacán, Sinaloa.

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Está a discusión el punto de acuerdo. En virtud de que no se ha registrado orador alguno, se considera suficientemente discutido y se reserva para su votación al final.

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

La Secretaria diputada Margarita Arenas Guzmán: «Dictamen de la Comisión de Marina, con punto de acuerdo para exhortar al procurador general de la República a concluir las investigaciones sobre la denuncia contra Blue Marine Group y su filial Arrendadora Ocean Mexicana

A la Comisión de de Marina de esta LX Legislatura le fue turnada, para su estudio y dictamen, la proposición con punto de acuerdo para exhortar al titular de la Procuraduría General de la República a concluir las investigaciones sobre la denuncia en contra de Blue Marine Group y sus filiales: Arrendadora Ocean Mexicana, Blue Marine y Subtec; y a Petróleos Mexicanos a eliminarlos de las licitaciones que realice mientras la Procuraduría General de la República no concluya estas investigaciones judiciales.

Esta Comisión de Marina, en uso de las facultades que les otorgan los artículos 39, numerales 1 y 2, fracción XXII, 45, numeral 6, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 62 y 63 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, procedió a realizar un estudio y análisis de la proposición con punto de acuerdo enviada para su estudio y dictamen, con base en los siguientes antecedentes y considerandos:

Antecedentes

1. En sesión celebrada en fecha 8 de abril de 2008, el diputado José Manuel del Río Virgen , del Grupo Parlamentario de Convergencia, con el aval de 186 legisladores de diversos grupos parlamentarios, presentó proposición con punto de acuerdo para exhortar al titular de la Procuraduría General de la República a concluir las investigaciones sobre la denuncia en contra de Blue Marine Group y sus filiales: Arrendadora Ocean Mexicana, Blue Marine y Subtec; y a Petróleos Mexicanos a eliminarlos de las licitaciones que realice mientras la Procuraduría General de la República no concluya estas investigaciones judiciales.

2. Mediante oficio número D.G.P.L. 60-II-2-1465 la Mesa Directiva de la LIX Legislatura turnó la proposición con punto de acuerdo de referencia a esta Comisión de Marina, para su estudio y dictamen, el cual ahora se emite con base a los siguientes

Considerandos

Primero. El 6 de diciembre de 2007 la Auditoría Superior de la Federación presentó ante la Procuraduría General de la República una denuncia contra funcionarios de Pemex Refinación por otorgar en marzo de 2005 los contratos 4500155808, 4500171600 y 4500176478 a la empresa Arrendadora Ocean Mexicana por el arrendamiento del buque-tanque Torm Asia con un sobreprecio de más de 66 millones de pesos, lo que generó un perjuicio al patrimonio de la Hacienda Pública Federal y violó lo establecido en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 40 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Segundo. Que en base a la denuncia presentada por la auditoría Superior de la Federación, la Procuraduría General de la Republica abrió la averiguación previa número 109/UEIDCSPCAJ/2007 radicada en la mesa XXVI de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delitos Federales, Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y Contra la Administración de Justicia.

Tercero. Que se tiene conocimiento de que existe una investigación abierta en la Secretaría de la Función Pública en contra de Blue Marine Group y sus filiales arrendadoras Ocean Mexicana, Blue Marine y Subtec en relación a contratos diversos otorgados por la paraestatal Pemex.

Cuarto. Que por ética y la defensa y protección del patrimonio nacional, así como por el cumplimiento de la ley y la Constitución General de la República, esta soberanía considera que toda empresa física o moral que tenga nexos comerciales con instituciones del gobierno federal deberá estar libre de cualquier investigación de carácter judicial o jurisdiccional que afecte su nombre, más aun cuando es señalada por el órgano técnico de la Cámara de Diputados que es la Auditoría Superior de la Federación.

Con base en lo expuesto fundado y motivado los integrantes de la Comisión de Marina acuerdan:

Único. Se exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de la República a que concluya las investigaciones sobre la averiguación previa número 109/UEIDCSPCAJ/2007, radicada en la mesa XXVI de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delitos Federales, Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y Contra la Administración de Justicia y se exhorta a Petróleos Mexicanos y sus filiales a que, mientras la Procuraduría General de la República no concluya estas investigaciones judiciales se abstenga de invitar y/o participar a las empresas involucradas en las licitaciones que convoquen.

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Gracias, diputada secretaria. Por propuesta del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, se reserva para su discusión. Continúe la Secretaría, por favor.

INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES

La Secretaria diputada Margarita Arenas Guzmán: «Dictamen de la Comisión de Equidad y Género, con puntos de acuerdo relativos al efecto del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en las mexicanas, y a fin de solicitar la comparecencia de la titular del Instituto Nacional de las Mujeres

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados le fue turnada, para sus estudio y posterior dictamen, la proposición con punto de acuerdo relativo al efecto que tiene el Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN) en las mujeres mexicanas, y solicitar la comparecencia de la titular del Instituto Nacional de las Mujeres, presentada por la diputada Lourdes Quiñones Canales , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

La Comisión de Equidad y Género, con fundamento en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e), f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 88 y 93 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, emite dictamen, el cual se realiza de acuerdo con la siguiente

Metodología

Esta comisión dictaminadora desarrolló su trabajo conforme al siguiente procedimiento:

I. Antecedentes

Mediante comunicación de la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, por la que informa del turno que corresponde a cada iniciativa o proposición registradas en el orden del día de la sesión del miércoles 30 de abril de 2008, publicada en la Gaceta Parlamentaria el 15 de mayo de 2008, se turnó a la Comisión de Equidad y Género la proposición con punto de acuerdo relativo al impacto que tiene el Tratado de Libre Comercio con América del Norte en las mujeres mexicanas y solicitar la comparecencia de la titular del Instituto Nacional de las Mujeres, presentada por la diputada Lourdes Quiñones Canales , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

II. Contenido del punto de acuerdo

El punto de acuerdo hace referencia al efecto diferenciado del TLCAN en la población por sexo, toda vez que las medidas que se han seguido para establecer el libre comercio parecen neutrales en relación a la población a la que van a afectar, sin embargo, al aplicarse en una sociedad como la nuestra, la cual muestra grandes diferencias entre los sexos, tienen un impacto diferenciado hacia las mujeres y los hombres.

Se menciona que la economía mexicana empezó a vivir un proceso de cierre de empresas, disminución de actividades agrícolas y demérito generalizado de la economía informal y de las ocupaciones sin estabilidad, sin contratos ni prestaciones entre las trabajadoras y los trabajadores.

Refiere la promovente que en una investigación realizada por el Unifem se registró una mayor incorporación de las mujeres al trabajo, en actividades de la agricultura de exportación, de la industria textil y de maquila, y que también se crearon las condiciones desfavorables, ya que en general reciben remuneraciones bajas, trabajan en condiciones laborales precarias y no presentan una mejora en sus condiciones de vida.

Menciona también que algunos estudios revelan que a partir de 1994 a la fecha existe mayor ausencia de cobertura de servicios médicos, guarderías y pensiones, es decir, una notable disminución de mujeres que cuentan con seguridad social.

Finalmente, la proposición contiene los siguientes resolutivos:

III. Consideraciones

Las integrantes y los integrantes de la Comisión de Equidad y Género comparten las preocupaciones manifestadas por la promovente del punto de acuerdo en análisis.

Asimismo, señalan que con cifras proporcionadas por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, en México, desde 1994 que tiene vigencia el TLCAN, las exportaciones e inversión extranjera se han triplicado en ese periodo, por lo que se han desplazado casi dos millones de personas que laboran en el campo, mientras que en la industria maquiladora de exportación sólo ha aumentado y la migración a Estados Unidos de América se duplicó, pasando de cuatro a ocho millones de personas.

Por su parte, el Fondo de Naciones Unidas para la Alimentación (FAO) ha reconocido que las campesinas son responsables de la mitad de la producción mundial de alimentos y producen entre el 60 y el 80 por ciento de los alimentos en la mayoría de los países en desarrollo, y contribuyen con sus conocimientos a la seguridad alimentaria; no obstante, han quedado desdibujadas de las estrategias de desarrollo. Consideradas las principales productoras de arroz, trigo y maíz, y son ellas quienes siembran, aplican los fertilizantes y plaguicidas y recolectan las cosechas, pero también quienes producen cultivos secundarios como legumbres y hortalizas.

En el sector pecuario, las mujeres son responsables de dar de comer y ordeñar a los animales de gran tamaño, crían aves de corral y animales pequeños como ovejas, cabras y conejos y son quienes aportan, dice la FAO, la mayor parte de la mano de obra para la poscosecha: almacenan, elaboran y comercializan las reservas.

No obstante, ha señalado este organismo de Naciones Unidas en reiteradas ocasiones, si bien las mujeres son consideradas un pilar fundamental del sector agrario, la mano de obra agrícola y los sistemas alimentarios para la subsistencia diaria de la familia, han sido las últimas en beneficiarse de los procesos de desarrollo y el crecimiento económico en curso y, en algunos casos, se han visto incluso negativamente afectadas por ellos.

Bajo estas consideraciones, para esta dictaminadora se hace necesario contar con la información necesaria, a efecto de que se pueda medir el efecto que ocasiona el TLCAN sobre las mujeres mexicanas y, máxime, cuando éstas participan de manera activa en la economía nacional y en los rubros en los que entran en dicho tratado.

Lo anterior, tomando en cuenta que las mujeres que se integran al trabajo asalariado lo hacen cada vez más en empresas donde no hay un pleno respeto a sus derechos y las condiciones laborales no son las más adecuadas, además de los siguientes factores:

Por ello, las integrantes y los integrantes de esta comisión estiman procedente el primer resolutivo que plantea la promovente, ya que ello permitirá conocer la información con la que cuentan las dependencias señaladas sobre el efecto del TLCAN en las mujeres mexicanas.

Respecto a la comparecencia de la titular del Instituto Nacional de las Mujeres, la comisión estima oportuno exhortarle a que proporcione la información con la que cuenta respecto al efecto del TLCAN en las mujeres mexicanas y de las acciones que estuviere llevando a cabo sobre la materia; lo anterior, ya que no sólo es una facultad de dicho instituto contar con los datos aquí señalados sino que tiene que llevar a cabo un trabajo de coordinación e intercambio de información con las dependencias que tienen en el ámbito de su competencia y darle seguimiento a la aplicación de referido tratado.

Además, se considera preciso tomar en cuenta que con la información que remitan las dependencias señaladas y el propio instituto, la dictaminadora podrá analizar la programación de reuniones de trabajo con las funcionarias y los funcionarios respectivos, a efecto de ampliar o aclarar lo que remitan a esta soberanía.

Por lo antes expuesto, la Comisión de Equidad y Género somete a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente

Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a los titulares de las Secretarías de Economía; Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y Desarrollo Social, a efecto de que remitan a esta soberanía, en un plazo de 30 días hábiles, un diagnóstico sobre el efecto que el TLCAN tiene respecto a la situación económica y social de las mujeres mexicanas, de acuerdo al ámbito de competencia de sus respectivos ramos, y un análisis de las repercusiones de dicho tratado sobre los programas dirigidos a las mujeres que están a cargo de su dependencia.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Instituto Nacional de las Mujeres a remitir a esta soberanía, en un plazo de 30 días hábiles, la información con la que cuenta respecto al efecto del TLCAN en las mujeres mexicanas, y de las acciones que está llevando a cabo sobre la materia.

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Está a discusión el punto de acuerdo. En virtud de que no se ha registrado orador alguno, se considera suficientemente discutido y se reserva para su votación al final.

MUJERES Y POLITICA

La Secretaria diputada Margarita Arenas Guzmán: «Dictamen de la Comisión de Equidad y Género, con punto de acuerdo para exhortar a los actores políticos y sociales del país a conducirse con respeto hacia las mujeres en sus declaraciones

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados le fue turnada, para su estudio y dictamen, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a esta soberanía que realice un llamado enérgico a los actores políticos del país a dirigirse con respeto a las mujeres que participan en la política, presentada por la diputada Laura Angélica Rojas Hernández , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

La Comisión de Equidad y Género, con fundamento en el artículo 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea, el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con la siguiente:

Metodología

Esta Comisión dictaminadora desarrolló su trabajo conforme al siguiente procedimiento:

I. Antecedentes

En sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, celebrada el 4 de marzo de 2008, la Presidencia de la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Equidad y Género la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a esta soberanía que realice un llamado enérgico a los actores políticos del país a dirigirse con respeto a las mujeres que participan en la política, presentada por la diputada Laura Angélica Rojas Hernández , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

II. Contenido del punto de acuerdo

La proponente señala en esencia que las mujeres sufren embates que denuestan su trabajo y participación en los diversos ámbitos de la vida nacional, particularmente en el terreno político.

Señala también que, con la participación activa y corresponsable de las mujeres, nuestro país ha enfrentado los retos de su desarrollo y transformación; además, precisa que las mujeres no están ajenas a los grandes problemas nacionales y que siempre han estado presentes aportando lo que les corresponde para lograr una sociedad más justa y democrática.

La diputada proponente menciona que, desde la tribuna de la Cámara de Diputados, diversas legisladoras se han manifestado en contra toda forma de discriminación o desigualdad de oportunidades por razones de sexo o de cualquier otro tipo.

Finalmente, el punto de acuerdo contiene el siguiente resolutivo:

III. Consideraciones

Las y los integrantes de la Comisión de Equidad y Género coinciden con los planteamientos de la legisladora promovente sobre la importancia de la participación de las mujeres en todos los ámbitos de la vida del país, particularmente en el ámbito político.

A su vez, esta dictaminadora refrenda su compromiso de trabajar a favor del respeto y reconocimiento de los derechos de las mujeres, por lo que en congruencia con este postulado, estima viable la propuesta contenida en el punto de acuerdo en estudio, ya que contribuye al logro de este propósito.

En ese sentido, la Comisión de Equidad y Género señala que la participación de las mujeres en los diversos ámbitos de desarrollo de nuestro país, particularmente en el ámbito político, no debe ser objeto de ningún tipo de discriminación, ya que sólo en condiciones de igualdad y respeto a los derechos que se tienen como mexicanas y mexicanos, se puede llegar a la construcción de un país justo y democrático.

Por lo antes expuesto, las y los integrantes de la Comisión de Equidad y Género estiman procedente el planteamiento objeto del presente dictamen y someten a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados, el siguiente

Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta a los diversos actores políticos y sociales del país para que, en sus declaraciones, se conduzcan con respeto hacia las mujeres en este país, particularmente de quienes participan en la vida política.

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Está a discusión el punto de acuerdo. En virtud de que no se ha registrado orador alguno, se considera suficientemente discutido y se reserva para su votación al final.

CONCILIACION LABORAL Y FAMILIAR

La Secretaria diputada Margarita Arenas Guzmán: «Dictamen de la Comisión de Equidad y Género, con punto de acuerdo relativo a la conciliación laboral y familiar en México

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados le fue turnada para su estudio y dictamen la Proposición con Punto de Acuerdo relativo a la conciliación laboral y familiar en México, presentada por la diputada Bertha Yolanda Rodríguez Ramírez , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

La Comisión de Equidad y Género, con fundamento en el artículo 45 numeral 6 incisos e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable Asamblea, el presente Dictamen el cual se realiza de acuerdo con la siguiente:

Metodología

Esta comisión dictaminadora desarrolló su trabajo conforme al siguiente procedimiento:

I. Antecedentes

Mediante el acuerdo de la Cámara de Diputados, por el que se determina dar trámite a las proposiciones con punto de acuerdo registradas en el orden del día del 13 de diciembre de 2007, publicado en Gaceta Parlamentaria del 14 de enero de 2008, se turnó a la a la Comisión de Equidad y Género para su estudio y posterior dictamen, la proposición con punto de acuerdo presentada por la diputada Bertha Yolanda Rodríguez Ramírez , relativo a la conciliación laboral y familiar en México.

II. Contenido del punto de acuerdo

De la lectura de la proposición se desprenden los siguientes elementos:

La incorporación masiva de las mujeres a la fuerza de trabajo es un fenómeno que se ha generalizado en el contexto mundial.

La necesidad de mejores condiciones de vida implica el incremento de las jornadas laborales, lo que trae como consecuencia la incompatibilidad de la vida laboral y la vida familiar.

La realidad del trabajo de la mujer hace necesario configurar nuevos sistemas que contemplen nuevas relaciones sociales y un nuevo modelo de cooperación y compromiso entre géneros, que permita un reparto equilibrado de responsabilidades en la vida profesional y en la privada.

Según la Encuesta Nacional sobre Uso del tiempo (INEGI-INMUJERES, 2002) los hogares mexicanos destinan 68 horas a la semana al trabajo doméstico. Las mujeres aportan 85 por ciento del tiempo total de trabajo doméstico y los hombres un 15 por ciento. Las mujeres destinan en promedio 14 horas a la semana exclusivamente al cuidado de los niños y otros miembros del hogar, mientras que los varones contribuyen con 7.6 horas.

La necesidad de conciliar las actividades laborales y el contexto familiar, en virtud de que no es problema privado, sino que se trata de un tema social.

Dicha conciliación requiere medidas de toma de conciencia y sensibilización, a demás de destinar recursos, mediante la participación del gobierno y la sociedad, con la creación de convenios de colaboración, programas, recomendaciones, medidas y directrices que permitan a mujeres y hombres conciliar sus obligaciones familiares y profesionales.

Finalmente, el punto de acuerdo contiene el siguiente resolutivo:

III. Consideraciones

Las y los integrantes de la Comisión de Equidad y Género coinciden con los planteamientos expuestos por la promovente y destacan los siguientes datos:

La incorporación de la mujer al trabajo ha motivado uno de los cambios sociales más profundos de este siglo. Este hecho hace necesario configurar un sistema que contemple las nuevas relaciones sociales surgidas y un nuevo modo de cooperación y compromiso entre mujeres y hombres que permita un reparto equilibrado de responsabilidades en la vida profesional y en la privada.

La necesidad de conciliación del trabajo y la familia ha sido ya planteada a nivel internacional, que plantea una compleja y difícil problemática que debe abordarse, no sólo con reformas legislativas, como lo expone la promovente, sino con la necesidad de promover adicionalmente servicios de atención a las personas.

En este sentido, en la IV Conferencia mundial sobre las mujeres, celebrada en Beijing 1995, se adopto el compromiso de los Estados para Fomentar la armonización de las responsabilidades de las mujeres y los hombres en lo que respecta al trabajo y la familia.

De igual forma, en el XXIII periodo de sesiones de la Asamblea de las Naciones Unidas, se plantearon nuevas acciones respecto a la Plataforma de Acción de Beijing; en materia de empleo destacan las siguientes:

Trabajar para la conciliación de la vida pública y privada, familiar y profesional, significa trabajar en la construcción de nuevos modelos y nuevas formas, tanto en la organización del trabajo como en el seno de las familias. A su vez, se traduce en un avance para lograr una concepción diferente del reparto de responsabilidades públicas, familiares, domésticas y privadas de las personas, desde una visión de responsabilidad social.

Esta dictaminadora destaca el Proyecto EQUAL ``Madrid una Ciudad para la Conciliación'' , que es encabezado por el Ayuntamiento de Madrid que pretende mejores condiciones para la conciliación de la vida laboral y familiar de los ciudadanos de Madrid, bajo tres ejes:

Este proyecto surge a raíz de la ley 39/1999, de 5 de noviembre, para promover la conciliación de la vida familiar y laboral de las personas trabajadoras, la cual establece mecanismos para que los trabajadores puedan participar de la vida familiar, dando un nuevo paso en el camino de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Trata además de guardar un equilibrio para favorecer los permisos por maternidad y paternidad sin que ello afecte negativamente a las posibilidades de acceso al empleo, a las condiciones del trabajo y al acceso a puestos de especial responsabilidad de las mujeres. Al mismo tiempo se facilita que los hombres puedan ser copartícipes del cuidado de sus hijos desde el mismo momento del nacimiento o de su incorporación a la familia.

A pesar de que nuestro país está avanzando en el reconocimiento de los derechos de las mujeres, es necesario que se conjunten esfuerzos y diseñen mecanismos para hacer compatibles las responsabilidades de la vida laboral con la vida privada y eliminar los rolles y estereotipos que de manera tradicional se han asignado a mujeres y hombres.

Por lo antes expuesto, las y los integrantes de la Comisión de Equidad y Género estiman procedente el planteamiento objeto del presente dictamen y someten a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados, el siguiente:

Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a los Poderes de la Unión, a los gobernadores, al jefe del Gobierno del Distrito Federal para que, a través de las instancias y dependencias de la administración pública competentes, y de manera conjunta con esta soberanía, se implanten acciones y convenios de colaboración a nivel nacional para crear conciencia y sensibilizar a la población, sobre la conciliación en la vida laboral, familiar y personal de las familias mexicanas, logrando un reparto equilibrado de responsabilidades entre mujeres y hombres trabajadores. Además de la aplicación de medidas concretas que lleven a la realización de este objetivo.

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Está a discusión el punto de acuerdo. En virtud de que no se ha registrado orador alguno, se considera suficientemente discutido y se reserva como los otros, para su votación económica al final.

FONDO DE APOYO PARA LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA

La Secretaria diputada Margarita Arenas Guzmán: «Dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con punto de acuerdo a fin de exhortar al titular del Ejecutivo federal a implantar las recomendaciones de adecuación relativas a la aplicación de lo dispuesto en el artículo 29 del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2008

Honorable Asamblea:

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción I, y 72, inciso h) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Pleno del H. Congreso de la Unión turnó a esta Comisión de Hacienda y Crédito Público la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo federal, para que a través de las dependencias competentes se implementen las recomendaciones de adecuación para la aplicación de lo dispuesto por el artículo 29 del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2008, por diputados integrantes de la Comisión de Economía, para su estudio, análisis y dictamen.

Los integrantes de esta Comisión con base en las facultades que nos confieren los artículos 39, 45 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 60, 65, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente:

Dictamen

Antecedentes

En sesión del martes 27 de noviembre de 2007, se presentó la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo federal, para que a través de las dependencias competentes se implementen las recomendaciones de adecuación para la aplicación de lo dispuesto por el artículo 29 del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2008; por los diputados Adriana Rodríguez Vizcarra Velázquez del Grupo Parlamentario del PAN, Arnulfo Elías Cordero Alfonso del Grupo Parlamentario del PRI, Jorge Godoy Cárdenas del Grupo Parlamentario de Convergencia, Fausto Fluvio Mendoza Maldonado del Grupo Parlamentario del PRD, Carlos Armando Reyes López del Grupo Parlamentario del PAN, Enrique Serrano Escobar del Grupo Parlamentario del PRI, Jericó Abramo Masso del Grupo Parlamentario del PRI, Martín Malagón Ríos del Grupo Parlamentario del PAN, Sergio Augusto López Ramírez del Grupo Parlamentario del PVEM, Marco Heriberto Orozco Ruiz Velazco del Grupo Parlamentario del PAN, Octavio Martínez Vargas del Grupo Parlamentario del PRD, Susana Monreal Ávila del Grupo Parlamentario del PRD, Mauricio Ortiz Proal del Grupo Parlamentario del PRI, Eduardo Ortiz Hernández del Grupo Parlamentario del PAN, Raúl Ríos Gamboa del Grupo Parlamentario del PRD, Ricardo Rodríguez Jiménez del Grupo Parlamentario del PAN, Salvador Ruiz Sánchez del Grupo Parlamentario del PRD, Ernesto Ruiz Velasco de Lira del Grupo Parlamentario del PAN, Alejandro Sánchez Camacho del Grupo Parlamentario del PRD, Víctor Gabriel Varela López del Grupo Parlamentario del PRD, todos integrantes de la Comisión de Economía.

En sesión del jueves 13 de diciembre de 2007, la Mesa Directiva de esta Cámara, turnó el referido punto de acuerdo a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para su estudio y dictamen.

Consideraciones

El artículo 29 del decreto aprobado en fecha 12 de noviembre de 2007 establece lo siguiente:

La economía mexicana se ha visto fortalecida en los últimos años por el Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Fondo Pyme); toda vez que las MIPyMES representan para la actividad económica de nuestro país más del 95% del total de empresas y son las generadoras de entre el 60 al 74 % del empleo total del país, además estas participan en la generación de entre el 45 y 64 % del Producto Interno Bruto. El Fondo Pyme en 2007, ha atendido a 170 mil MIPyMES las cuales han generado 7 de cada 10 empleos en el país. El propio Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, establece como línea estratégica ``Favorecer el aumento de la productividad de las micro, pequeñas y medianas empresas e incrementar el desarrollo de productos acorde con sus necesidades''.

El Fondo Pyme es el principal instrumento del Gobierno Federal para apoyar a las empresas, en particular a las de menor tamaño así como a los emprendedores, con el objetivo de promover el desarrollo económico competitivo nacional, mediante apoyos de carácter temporal a programas y proyectos que fomenten la creación, desarrollo, fortalecimiento, consolidación, viabilidad, productividad, competitividad y sustentabilidad de las micro, pequeñas y medianas empresas.

La Secretaría de Economía, como cabeza de sector, es la encargada de diseñar, formular y conducir las políticas generales de apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas, tal y como lo dispone el artículo 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Por su parte, el Reglamento interior de la Secretaría y sobre todo, en la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, se establece que la Secretaría de Economía tendrá como atribuciones: diseñar, promover, fomentar y apoyar la constitución de mecanismos y esquemas que faciliten el acceso al financiamiento a las micro, pequeñas y medianas empresas de México, en sus diferentes modalidades como son crédito, programas de garantías, capital de riesgo y cualquier otro tipo de acceso al financiamiento, a través de organismos financieros bancarios y no bancarios, de la banca comercial y de desarrollo, así como con organismos de cooperación estatal, nacional e internacional.

Basado en las facultades señaladas, ha sido la Secretaría de Economía la responsable de instrumentar el Sistema Nacional de Garantías en coordinación con la Banca de Desarrollo. Es importante tener en consideración la evidente necesidad de dar continuidad y certidumbre a estos programas tan exitosos, generadores de empleos, puesto que en instrumentos de garantías se cuenta con un monto acumulado de más de mil millones de pesos, al cual se le está dando revolvencia; por lo que no se requieren montos altos para destinarlos a este propósito, lo único que se requiere es cubrir los excedentes, sobre todo en impulso a programas estratégicos, implementados por la Secretaría de Economía con base al nuevo esquema de trabajo de los cinco segmentos del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, los cuales son emprendedores, microempresas tradicionales, pequeñas y medianas empresas, empresas gacela y empresas tractoras, los cuales no deberán verse mermados por la eventual canalización de recursos del Fondo Pyme a Nafin y Bancomext.

Con la aplicación del mencionado artículo 29, se estaría dando total libertad a Nacional Financiera (Nafin) para que asigne discrecionalmente los recursos destinados al acceso al financiamiento a la MIPYME, siendo que la Secretaría de Economía es la facultada legalmente para decidirlo y asignar los porcentajes a los programas de garantías, de capital de riesgo y cualquier otro esquema que promueva el acceso al financiamiento y no una institución de Banca de Desarrollo.

El artículo 29 del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2008, presenta ambigüedad en su contenido, en virtud de que no especifica a qué Fideicomiso de Nafin se transferirán los recursos que ese precepto indica.

El Fideicomiso es un contrato por virtud del cual una persona física o moral denominada fideicomitente, transmite y destina determinado patrimonio (bienes o derechos) a una institución fiduciaria encomendándole la realización de fines determinados y lícitos en beneficio de una tercera persona o en su propio beneficio.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación dijo, sobre la naturaleza del fideicomiso (Amparo Directo No. 5567/74, resuelto el 15 de junio de 1979), que es un negocio jurídico ``por medio del cual el fideicomitente constituye un patrimonio fiduciario autónomo, cuya titularidad se concede a la institución fiduciaria para la realización de un fin determinado; pero al expresarse que es un patrimonio fiduciario autónomo, con ello se señala particularmente que es diverso de los patrimonios propios de las partes que intervienen en el fideicomiso, o sea, es distinto de los patrimonios del fideicomitente, del fiduciario y del fideicomisario...patrimonio autónomo, afectado a un cierto fin, bajo la titularidad y ejecución del fiduciario, quien se haya provisto de todos los provechos y acciones conducentes al cumplimiento del fideicomiso, naturalmente de acuerdo con sus reglas constitutivas y normativas. Los bienes entregados en fideicomiso salen, por tanto, del patrimonio del fideicomitente para quedar como patrimonio autónomo o separado de afectación, bajo la titularidad del fiduciario, en la medida necesaria para la cumplimentación de los fines de la susodicha afectación; fines de acuerdo con los cuales (y de conformidad con lo pactado) podrá presentarse dicho titular, a juicio como actor, o demandado, así como vender, alquilar, ceder, etc.''

Las partes que intervienen en el contrato de fideicomiso son a) Fideicomitente: Es la persona que destina bienes o derechos para constituir el fideicomiso; b) Fideicomisario: Es la persona que recibe el beneficio derivado del fideicomiso, puede ser el mismo fideicomitente; y c) Fiduciario: Institución con autorización para llevar a cabo operaciones fiduciarias y quien recibe los bienes del cliente Patrimonio para realizar los fines lícitos determinados por el fideicomitente.

La figura del fideicomiso en la administración pública federal, es regulada por disposiciones guardadas en diversos ordenamientos jurídicos, la justificación para el empleo de estos en la colaboración de las funciones del estado se encuentra señalada en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (artículo 47).

Los fideicomisos públicos considerados como entidades de la administración pública paraestatal, son aquellos que el gobierno federal o alguna de la entidades paraestatales constituyen con el propósito de auxiliar al Ejecutivo federal en las atribuciones del Estado para impulsar las áreas prioritarias del desarrollo, que cuenten con una estructura orgánica análoga a las otras entidades y que tengan comités técnicos. En los fideicomisos constituidos por el gobierno federal, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público fungirá como fideicomitente único de la Administración Pública centralizada.

Al determinar la creación de un Fideicomiso en Nafin, SNC, que sea presidido por la Secretaría de Economía y asimismo, esta tenga mayoría de votos en éste, se estará dando certidumbre a la continuidad de los programas de financiamiento a las micro, pequeñas y medianas empresas. De la misma forma, se estará logrando una eficiente asignación de recursos que redundará en utilizar la revolvencia de recursos existente actualmente para los programas de financiamiento a la MiPYME, y de esta forma destinar recursos a otro rubros de importancia para el desarrollo de las MiPYMES de nuestro país, como son capacitación, innovación tecnológica, emprendedores, esquemas de asociación, etcétera.

Por lo anteriormente expuesto, con base en las facultades que nos confieren los artículos 39, 45 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 60, 65, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente:

Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo federal, para que a través de las dependencias competentes se implementen las recomendaciones de adecuación para la aplicación de lo dispuesto por el artículo 29 del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2008.

Primero. Que se constituya un nuevo fideicomiso en Nacional Financiera, SNC, con el objeto de asignar y transferir los recursos previstos en el referido artículo 29. Dicho fideicomiso deberá ser presidido por la Secretaría de Economía, teniendo ésta mayoría de votos en su Comité Técnico.

Segundo. Que la Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa de la Secretaría de Economía, es la responsable del diseño, planeación, aplicación y evaluación de la política pública en materia de desarrollo empresarial.

Tercero. Que en congruencia a lo señalado en el numeral anterior, el Fondo PyME es uno de los instrumentos que contribuye a dar cumplimiento a lo establecido en la Ley de Planeación, en la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, ordenamientos jurídicos aprobados por el H. Congreso de la Unión y el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012.

Cuarto. Que se promueva la revolvencia de los recursos de los programas de financiamiento a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas.

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Gracias, señora secretaria. Está a discusión el punto de acuerdo. En virtud de que no se ha registrado orador alguno, se considera suficientemente discutido.

ESTADO DE OAXACA

La Secretaria diputada Margarita Arenas Guzmán: «Dictamen de la Comisión de Turismo, con puntos de acuerdo a fin de exhortar al Ejecutivo federal a iniciar mediante el Fifonafe el procedimiento establecido en el Reglamento de la Ley Agraria en materia de Reordenamiento de la Propiedad Rural para que ejercite la acción de revisión parcial del decreto presidencial expropiatorio de fecha 28 de mayo de 1984 en Santa María Huatulco, Oaxaca, ante el Tribunal Agrario

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión fue turnada para su estudio y dictamen la proposición con punto de acuerdo presentada por el diputado Carlos Altamirano Toledo , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal para que a través del Fifonafe inicie el procedimiento establecido en el Reglamento de la Ley Agraria en materia de Reordenamiento de la Propiedad Rural a efecto de que ejercite la acción de revisión parcial del decreto presidencial expropiatorio de fecha 28 de mayo de 1984 en Santa María Huatulco, Oaxaca, ante el tribunal agrario competente.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, numeral 1, y 45, numerales 6, incisos e) y f), y 7, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87, 88 y 93 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen, que se realiza conforme a lo siguiente:

Antecedentes

Primero. En sesión ordinaria celebrada por el Pleno de la Cámara de Diputados el 26 abril de 2007, el diputado Carlos Altamirano Toledo , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal para que a través del Fifonafe inicie el procedimiento establecido en el Reglamento de la Ley Agraria en materia de Reordenamiento de la Propiedad Rural, a efecto de que ejercite la acción de reversión parcial del decreto presidencial expropiatorio de fecha 28 de mayo de 1984 en Santa María Huatulco, Oaxaca, ante el tribunal agrario competente.

Segundo. En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, mediante el oficio número DGPL 60-II-5-814, acordó que se turnara la propuesta citada a la Comisión de Turismo, para su estudio y dictamen correspondiente.

Contenido de la proposición

Consideraciones

Primera. El diputado menciona que el 24 de julio de 1998, promovido por la Semarnap, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se declara área natural protegida, con carácter de parque nacional, la región conocida como ``Huatulco'', que define una poligonal de 11 mil 890 hectáreas, de las cuales 6 mil 374 son terrestres propiedad del Fonatur, en la zona conocida como ``Bajos del Arenal'', y el resto, 5 mil 516 hectáreas, es marino.

Efectivamente, el decreto (viernes 24 de julio de 1998), en el artículo sexto, señala que los propietarios y poseedores de inmuebles o titulares de otros derechos sobre tierras, aguas y bosques que se encuentren en la superficie del parque nacional Huatulco estarán obligados a la conservación del área, conforme a las disposiciones que al efecto emita la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca de conformidad con lo dispuesto en el decreto mismo y las disposiciones jurídicas aplicables.

Segunda. El diputado proponente sigue exponiendo: ``Respecto del caso Huatulco, en el oficio número DGRA/SJ/1568/2005, la Procuraduría Agraria, con fecha 6 de julio de 2005, considera:

Cabe hacer las siguientes precisiones: la Ley Federal de Reforma Agraria fue derogada el 26 de febrero de 1992. La regulación actual es la Ley Agraria, y en su artículo 97 establece: ``Cuando los bienes expropiados se destinen a un fin distinto del señalado en el decreto respectivo, o si transcurrido un plazo de cinco años no se ha cumplido la causa de utilidad pública, el Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal ejercitará las acciones necesarias para reclamar la reversión parcial o total, según corresponda, de los bienes expropiados y opere la incorporación de éstos a su patrimonio''.

Tercera. Esta dictaminadora considera que queda claro que lo anterior señala dos posibles hipótesis por las que se ejerce la acción de reversión: por una parte, si en el transcurso de cinco años no se logró el fin de utilidad pública, y por otra parte menciona que si las tierras expropiadas se han dedicado a un fin distinto de la misma utilidad pública.

En nuestro caso, utilizaremos la hipótesis de un fin distinto de lo señalado en el decreto expropiatorio de 1984, ya que a la fecha es considerado un parque nacional y no un centro turístico notable.

Cuarta. Si bien es cierto que la Ley General de Bienes Nacionales señala en el artículo 54 que ``los propietarios o quien tenga derecho a demandar la reversión de los bienes expropiados tendrán un plazo de dos años para ejercer sus derechos, contados a partir de la fecha en que aquélla sea exigible''.

Quinta. La comisión que dictamina considera que una expropiación no sólo debe cumplir la finalidad de utilidad pública durante sus primeros cinco años sino que es para siempre, por lo que no observamos algún carácter de prescripción ante la reversión. Lo anterior va de la mano con la siguiente tesis aislada:

Sexta. Efectivamente, el Fifonafe es un fideicomiso público auxiliar del Ejecutivo federal. Además de tener autonomía financiera, su misión es captar, promover y entregar los fondos comunes de los núcleos agrarios, así como verificar el cumplimiento de la causa de utilidad pública de los decretos expropiatorios para, en su caso, ejercitar la acción de reversión.

En mérito de lo expuesto, la Comisión de Turismo se permite someter a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal, en el ámbito de colaboración entre poderes, para a través del Fifonafe y en los términos de los artículos 90 a 94 del Reglamento en materia de Ordenamiento de la Propiedad Rural, investigue el cumplimiento del decreto presidencial expropiatorio de fecha 28 de mayo de 1984 en Santa María Huatulco para que, con estos elementos, el fideicomiso actúe conforme a derecho.

Segundo. Se solicita a los titulares de las mencionadas dependencias que se sirvan informar a esta soberanía, dentro de los 60 días naturales, de las medidas que hayan adoptado para dar cumplimiento a lo señalado en el plazo anterior.

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Está a discusión el punto de acuerdo. En virtud de que no se ha registrado orador alguno, se considera suficientemente discutido. Se reserva para el final, para su votación económica.

FOMENTO DE MEXICO EN EUROPA, ASIA Y OCEANIA

La Secretaria diputada Margarita Arenas Guzmán: «Dictamen de la Comisión de Turismo, con puntos de acuerdo para exhortar al Consejo de Promoción Turística de México a revisar el gasto dirigido al fomento del país en el extranjero, centrando sus acciones en Europa, Asia y Oceanía

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión le fue turnada, para su estudio y dictamen la proposición con punto de acuerdo presentada por el diputado Carlos Felton González , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta al Consejo de Promoción Turística a realizar una urgente revisión del gasto dirigido a la difusión de México en el extranjero y dirigir sus acciones hacia Europa para propiciar el crecimiento en nuestro país.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39, numeral 1, y 45, numerales 6, incisos e) y f), y 7, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 58, 60, 87, 88 y 93 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen, con base en lo siguiente:

Antecedentes

Primero. En sesión ordinaria celebrada por el Pleno de la Cámara de Diputados el 30 de abril de 2008, el diputado Carlos Eduardo Felton González , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Consejo de Promoción Turística a realizar una urgente revisión del gasto dirigido a la difusión de México en el extranjero y dirigir sus acciones hacia Europa para propiciar el crecimiento en nuestro país.

Segundo. En esta misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, mediante el oficio número DGPL 60-II-4-1451, acordó que se turnara la propuesta citada a la Comisión de Turismo, para su estudio y dictamen correspondiente.

Contenido de la proposición

Consideraciones

Primera. El turismo es una actividad que, por su naturaleza, cambia, se reestructura y se define continuamente; las certezas en este sector son cada vez más frágiles ante hechos como la desaceleración y declinación de la economía mundial, los conflictos geopolíticos nacionales e internacionales, la implantación de políticas migratorias restrictivas y la adopción de fuertes y estrictas medidas de seguridad en los principales países turísticos del mundo, pudiendo confluir en la reconfiguración del turismo en diversos órdenes, y a consolidar tendencias emergentes de las situaciones que se produzcan.

Segunda. Por muchos años el desarrollo turístico de México ha presentado una alta dependencia de la demanda de Estados Unidos: de acuerdo con datos del Banco de México, el 88.21 por ciento de los turistas que se internaron en el país más allá de la zona fronteriza provinieron de ese país vecino; estos viajeros realizaron el 85.02 por ciento del gasto total de los turistas de internación. En un muy distante segundo lugar, como mercado emisor hacia México, se encuentra Europa, con 4.85 por ciento de las llegadas y el 7.35 por ciento de las divisas.

Tercera. La comisión que dictamina considera necesario explorar nuevos mercados, en los que se pueda desarrollar y promover productos turísticos elaborados para la atracción de los turistas, a los cuales se pueda ofrecer productos turísticos no tradicionales y diferentes o colaterales al de sol y playa, con los cuales cuenta México. Asimismo, nuestro país ofrece segmentos de lunamieleros, de viajes de incentivo en los negocios, de características de cultura, naturaleza, aventura y rural, de los que se necesita fomentar su venta en diversos mercados.

Cuarta. La que dictamina considera también que el turismo mexicano debe mantener una vigilancia permanentemente del entorno, con la finalidad de ajustar estrategias a nuevas condiciones, tanto nacionales como internacionales para lograr una mayor competitividad como destino.

Quinta. La Comisión de Turismo que dictamina, desde el comienzo de la legislatura, ha manifestado un gran compromiso a favor de una de las actividades más importantes para el Estado Mexicano, la cual es el turismo; en este tenor, tras un serio estudio, se aprueba la viabilidad de esta proposición la cual coadyuva a la diversificación no sólo de la oferta, sino también del mercado a través de intensificar la promoción turística México en Europa.

Sexta. El continente europeo es no sólo la principal región receptora sino también emisora de turismo mundial, el cual se caracteriza por un perfil de turistas interesados en la riqueza y tradición cultural, ecoturismo, turismo de aventura, combinado con sitios tradicionales de sol y playa, situación que debe ser aprovechada por nuestro país.

Séptima. Esta dictaminadora, con la aprobación de este punto de acuerdo, coadyuvaría a intensificar las acciones que tienen las cinco oficinas de representación en Europa del Consejo de Promoción Turística de México, realizando un exhorto a esta empresa de participación estatal mayoritaria para que el gasto dirigido a dichas representaciones, atienda a cubrir con cabalidad los objetivos para los que fueron creadas, de los cuales podemos mencionar los siguientes: contribuir a potenciar y multiplicar la presencia de los atractivos y servicios turísticos de nuestro país en el ámbito internacional, mediante la supervisión de campañas de publicidad institucional, cooperativa, relaciones públicas, mercadeo directo y telemercadeo, así como la participación en ferias, congresos y convenciones entre otros.

Octava. Finalmente, y con fundamento en la Ley Federal de Turismo, artículo 25, fracción I, en donde se menciona que el Consejo de Promoción Turística, tendrá como uno de sus objetivos: coadyuvar en el diseño de los planes, programas, estrategias y prioridades en materia de promoción turística, se dictamina a favor de la viabilidad de esta proposición.

En mérito de lo antes expuesto, la Comisión de Turismo se permite someter a consideración del Pleno de la honorable Cámara de Diputados el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta al Consejo de Promoción Turística de México a realizar una urgente revisión del gasto dirigido a la difusión de México en el extranjero y dirigir e intensificar sus acciones hacia Europa, Asia y Oceanía para propiciar el crecimiento y desarrollo en nuestro país.

Segundo. Se solicita al titular de la dependencia antes mencionada que se sirva a informar a esta soberanía, dentro de 30 días naturales, sobre las medidas que haya adoptado para dar cumplimiento a lo aprobado en el punto anterior.

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Gracias, diputada secretaria. Están a discusión los puntos de acuerdo. En virtud de que no se ha registrado orador alguno, se considera suficientemente discutido y se reserva para su votación económica al final.

ESTADO DE TAMAULIPAS

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: «Dictamen de la Comisión de Transportes, con punto de acuerdo a fin de exhortar al gobierno de Tamaulipas a llevar a cabo los trabajos necesarios para construir el circuito interior de Reynosa

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Transportes de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de la LX Legislatura le fue turnada, para su estudio y dictamen, la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita al gobierno de Tamaulipas que lleve a cabo los trabajos necesarios para construir el circuito interior de Reynosa.

Presentada por el diputado Carlos Alberto García González , del Grupo Parlamentario del PAN; turnada a la Comisión de Transportes, publicada en la Gaceta Parlamentaria número 2212-III y presentada al pleno el 13 de marzo de 2007.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, 44 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Transportes somete a consideración de esta honorable asamblea el dictamen relativo al punto de acuerdo antes mencionado, el cual se realiza bajo los siguientes

Antecedentes

En consecuencia de lo anterior, la proposición con punto de acuerdo tiene por turno a la Comisión de Transportes, con el carácter de comisión única y le corresponde en exclusiva rendir el dictamen relativo.

Consideraciones

La comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la proposición con punto de acuerdo, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.

Con base en lo anterior, se determinó:

En mérito de lo antes expuesto, la Comisión de Transportes se permite someter a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta al Gobierno de Tamaulipas a llevar a cabo los trabajos necesarios para analizar la factibilidad de construir el circuito interior de Reynosa.

Segundo. Archívense el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido.

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Gracias, señora secretaria. Está a discusión el punto de acuerdo.En virtud de que no se ha registrado orador alguno, se considera suficientemente discutido y se reserva para su votación económica al final.

ESTADO DE TAMAULIPAS

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: «Dictamen de la Comisión de Transportes, con punto de acuerdo por el que se solicita a la SCT que instale sistemas de aterrizaje por instrumentos en aeropuertos de Tamaulipas

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Transportes de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de la LX Legislatura, le fue turnada para su estudio y dictamen la siguiente proposición con punto de acuerdo:

En particular:

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39, 44 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Transportes, somete a la consideración de esta honorable asamblea, el dictamen relativo al punto de acuerdo antes mencionado, el cual se realiza bajo los siguientes:

Antecedentes

Consideraciones

La comisión dictaminadora, por conducto de la Subcomisión de Transporte Aéreo, realizó el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la proposición con punto de acuerdo mencionada, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen, entre los que destacan:

De las disposiciones legales

La Subcomisión de Transporte Aéreo se reunió el 19 de febrero de 2008, para estudiar y analizar la información aquí presentada y concluyó que, con el propósito de incrementar la seguridad aeronáutica y la eficiencia de la infraestructura aeroportuaria, es conveniente contar con sistemas de seguridad avanzados para enfrentar condiciones meteorológicas adversas y aproximaciones nocturnas. Asimismo, los aeropuertos modernos y seguros se caracterizan por contar con sistemas de aterrizaje por instrumentos para salvaguardar, esencialmente, la vida de usuarios, personal aéreo y de tierra.

En mérito de lo expuesto, la Comisión de Transportes, durante su reunión plenaria del 28 de febrero de 2008, acordó someter a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. Se solicita a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que instruya al Grupo Aeroportuario del Centro-Norte a que realice inversiones para equipar con un sistema de aterrizaje por instrumentos al Aeropuerto General Lucio Blanco de la ciudad de Reynosa, Tamaulipas.

Segundo. Se solicita a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que a través de Aeropuertos y Servicios Auxiliares, instale en los aeropuertos Quetzalcóatl, de Nuevo Laredo, y General Servando Canales, de Matamoros, ambos de Tamaulipas, sistemas de aterrizaje por instrumentos.

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Están a discusión los puntos de acuerdo. En virtud de que no se ha registrado orador alguno, se considera suficientemente discutido y se reserva para su votación económica al final.

ESTADO DE JALISCO

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: «Dictamen de la Comisión de Transportes, con punto de acuerdo a fin de exhortar al titular de la SCT a implantar con la mayor brevedad las medidas preventivas necesarias para evitar accidentes en la carretera Guadalajara-Ameca y agilizar cuanto antes la entrega de la obra correspondiente

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Transportes de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de la LX Legislatura le fue turnada, para su estudio y dictamen, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del centro SCT-Jalisco a implantar las acciones necesarias para evitar accidentes en la carretera Guadalajara-Ameca, presentada por los diputados Gustavo Macías Zambrano , Miguel Ángel Monraz Ibarra y Omar Antonio Borboa Becerra , integrantes del Grupo Parlamentario del PAN. Turnada a la Comisión de Transportes. Publicada en la Gaceta Parlamentaria número 2231-I, el 12 de abril de 2007.

Con fundamento por lo dispuesto en los artículos 39, 44 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Transportes somete a la consideración de esta honorable asamblea el dictamen relativo a la proposición con punto de acuerdo antes mencionada, el cual se realiza bajo los siguientes

Antecedentes

La proposición con punto de acuerdo en comento fue presentada por el diputado que se menciona en éste y publicada en la Gaceta Parlamentaria que igualmente se cita.

La proposición mencionada fue turnada a la Comisión de Transportes para efectos de su análisis y elaboración del dictamen previsto en el artículo 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos.

Consecuente con lo anterior, tiene por turno la Comisión de Transportes, con carácter de comisión única, y le corresponde en exclusiva rendir el dictamen relativo.

Consideraciones

La comisión dictaminadora realizó el estudio y el análisis de los planteamientos contenidos en la proposición con punto de acuerdo, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen. En relación a la proposición con punto de acuerdo, los diputados consideraron que

Sin embargo, la actividad económica del municipio no se limita a lo anterior: destacan la producción de madera de pino, roble y encino, y los distintos atractivos que incentivan un número cada vez más importante de turistas a visitar la región.

Lo anterior es preocupante pues, dado que no ha podido concluirse la carretera, existe una inadecuada señalización que ha causado un número importante de accidentes, algunos de los cuales han resultado de consecuencias mayores.

Sin embargo, a pesar de lo anterior, se ha señalado que todavía no se tiene una estimación del tiempo que podrían tomar la conclusión y entrega de este tramo carretero. Vale la pena aclarar que, si bien estamos de acuerdo en que la mejor forma de avanzar es con la cooperación tanto de las autoridades locales como de los conductores que hacen uso de esta vía y las autoridades de la SCT, creemos que una agenda de trabajo bien estructurada que haga posibles la finalización y entrega de este tramo carretero es una demanda justificada de la ciudadanía.

Igualmente, el pleno de la Comisión de Transportes llevó a cabo las siguientes actividades para dar trámite a la iniciativa:

Durante la reunión de la Subcomisión de Infraestructura Carretera, el 23 de enero de 2008, se convino proponer al pleno de la Comisión de Transportes dictamen positivo a la iniciativa en comento, dado que existen los recursos necesarios para llevar a cabo programas de seguridad preventivas y de vigilancia de la carretera Guadalajara-Ameca, propuestas central de la iniciativa en estudio.

En la reunión plenaria de la Comisión de Transportes, el 24 de enero, los integrantes aceptaron y aprobaron la propuesta de dictamen en sentido positivo al acuerdo propuesto por la Subcomisión de Infraestructura Carretera.

En mérito de lo expuesto, la Comisión de Transportes se permite someter a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que implante a la brevedad las medidas preventivas necesarias para evitar accidentes en la carretera Guadalajara-Ameca, y se agilice, cuanto antes, la entrega de dicha obra.

Segundo. Archívense el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Está a discusión el punto de acuerdo. En virtud de que no se ha registrado orador alguno, se considera suficientemente discutido y se reserva para su votación al final.

SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE CARGA

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: «Dictamen de la Comisión de Transportes, con punto de acuerdo para exhortar al titular de la SCT a efecto de que los permisionarios del servicio público federal de carga cuyos vehículos hayan sido legalizados validen únicamente su documentación en el primer trámite de obtención de placas y tarjeta de circulación

Honorable Asamblea:

La Comisión de Transportes perteneciente a la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en las facultades que le confieren los artículos 39, numerales 1 y 2, fracción XXXVIII, y 45 numeral 6, incisos e), f) y g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 60 párrafo primero, 85, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta asamblea el presente dictamen elaborado con base en los siguientes antecedentes y consideraciones:

Antecedentes

1. A la Comisión de Transportes le fue turnado para su estudio, análisis y elaboración del dictamen correspondiente, el expediente que contiene la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a otorgar, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, certeza jurídica a la documentación de los permisionarios del servicio público federal de carga, la cual fue presentada por la diputada federal Marcela Cuen Garibi , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, el veinticuatro de abril de dos mil siete.

2. La proposición se sustenta, en síntesis, en lo siguiente:

Consideraciones

I. A efecto de poder dilucidar la propuesta planteada, resulta necesario establecer, en primer término, el marco de atribuciones con el que se encuentra investida la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en esta materia. Así, tenemos que por disposición del artículo 36, fracciones I, IX y XXVII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, corresponde a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, entre otros asuntos, los relativos a la formulación y conducción de las políticas y programas para el desarrollo del transporte y de las comunicaciones de acuerdo a las necesidades del país; el de otorgar concesiones y permisos para la explotación de servicios de autotransporte en las carreteras federales y vigilar técnicamente su funcionamiento y operación, así como el cumplimiento de las disposiciones legales respectivas y las demás que expresamente le fijen las leyes y reglamentos. Por su parte, la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, señala en sus artículos 1, 5, fracciones I, IV y VI, que es de jurisdicción federal, entre otras cuestiones, todo lo relacionado con el tránsito y servicios de autotransporte federal, que corresponde a la mencionada Secretaría, planear, formular y conducir las políticas y programas; así como el de vigilar, verificar e inspeccionar que los servicios de autotransporte, cumplan con los aspectos técnicos y normativos correspondientes; y expedir las normas oficiales mexicanas de vehículos de autotransporte y sus servicios auxiliares.

Por su parte, los artículos 1, 3, 4 y 9 del Reglamento de Autotransporte Federal y Servicios Auxiliares, establecen que compete a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes regular la operación y explotación de los servicios autotransporte federal de pasajeros, turismo, carga y servicios auxiliares, y que los vehículos para la prestación de los mencionados servicios estarán dotados de placas metálicas de identificación, calcomanías y tarjetas de circulación, las cuales deberán sujetarse al procedimiento de expedición, reposición, revalidación y modificación correspondientes; y que para la obtención del permiso para la prestación del servicio de autotransporte federal de carga, los solicitantes deberán acreditar, entre otros, la propiedad o legal posesión del vehículo con factura, carta factura, contrato de arrendamiento o documento del Registro Nacional de Vehículos. Finalmente, el Reglamento de Tránsito en Carreteras Federales, especifica que la citada secretaría llevará un registro de los vehículos de servicio público federal de autotransporte que hayan sido matriculados: 1. Por el número de matrícula asignada al vehículo; 2. Por el número de fábrica y marca del vehículo; 3. Por el nombre del propietario, en orden alfabético, y 4. Por cualquier otro índice que estime conveniente.

II. Del marco normativo de referencia se extrae que a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes le corresponde establecer las políticas para el otorgamiento de concesiones y permisos para la explotación de servicios de autotransporte en las carreteras federales y que los vehículos destinados para tal fin estarán dotados de placas metálicas de identificación, calcomanías y tarjetas de circulación para lo cual se deberá acreditar, entre otros requisitos, la propiedad o legal posesión del vehículo y que además deberá llevar un registro de éstos.

En este sentido, resulta innecesario que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes este validando, en cada trámite que se le solicite, la documentación que ampara la propiedad o legal posesión de los vehículos destinados al autotransporte federal de pasajeros, turismo o de carga, ya que si cuentan con placas metálicas de identificación y la correspondiente tarjeta de circulación es inconcuso que ya fue revisada y autentificada por la propia secretaría, debiendo además, por disposición legal, llevar un registro de dichos vehículos de autotransporte, de ahí que esta Comisión de Transportes, considere atinente realizar el presente exhorto. No sobra señalar, que el autotransporte juega un papel estratégico en los procesos de producción, distribución y comercialización de los bienes, si tomamos en cuenta que el 85 por ciento de las mercancías que se mueven en el país, se realiza a través del autotransporte de carga.

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de la Comisión de Transportes de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, de conformidad con las consideraciones vertidas en el cuerpo del presente dictamen, de manera conjunta convenimos en proponer a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente:

Acuerdo

Primero. Se exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que los permisionarios del servicio público federal de carga, cuyos vehículos hayan sido legalizados, validen, únicamente, su documentación en el primer trámite de obtención de placas y tarjeta de circulación.

Segundo. Archívese el expediente relativo como asunto total y definitivamente concluidos.

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Está a discusión el punto de acuerdo. En virtud de que no se ha registrado orador alguno, se considera suficientemente discutido y se reserva para su votación económica al final.

SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: «Dictamen de la Comisión de Transportes, con punto de acuerdo a fin de exhortar al titular de la SCT a promover las acciones conducentes a realizar las obras públicas para ampliar la cobertura y mejorar el sistema de transporte colectivo de las ciudades y de las zonas metropolitanas del país

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Transportes de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de la LX Legislatura le fue turnada, para su estudio y dictamen, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo federal a realizar las gestiones necesarias para financiar las obras públicas de ampliación del Sistema de Transporte Colectivo Metro, en el DF y el estado de México, presentada por el diputado Mario Enrique del Toro, del Grupo Parlamentario del PRD. Publicada en la Gaceta Parlamentaria el 13 de septiembre de 2007, número 2340, año X y presentada el 4 de octubre.

Con fundamento por lo dispuesto en los artículos 39, 44 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Transportes somete a la consideración de esta honorable asamblea el dictamen relativo al punto de acuerdo antes mencionado, el cual se realiza bajo los siguientes

Antecedentes

1. La proposición con punto de acuerdo mencionada en el proemio de este dictamen fue presentada en la fecha y por el diputado que se menciona y publicada en la Gaceta Parlamentaria que se cita.

Consideraciones

La comisión dictaminadora, por conducto de la Subcomisión de Transporte Ferroviario, realizó el estudio, análisis y predictamen de los planteamientos contenidos en la proposición con punto de acuerdo mencionada, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen, entre los que destacan los siguientes:

La Subcomisión de Transporte Ferroviario informó al pleno de la Comisión de Transportes para la deliberación y dictamen de la proposición en comento, los siguientes elementos:

En la quinta etapa se da la primera extensión de la red del Metro al estado de México que se inició con la construcción de la línea A, de Pantitlán a La Paz. Se optó para esta línea una solución de superficie y trenes de ruedas férreas en lugar de neumáticos, ya que se reducían los costos de construcción y mantenimiento. Está línea se inauguró el 12 de agosto de 1991, agregó diez estaciones y 17 kilómetros de longitud a la red. ¹

Durante la última etapa, en diciembre de 1997, el gobierno del Distrito Federal recibió 178 kilómetros de red de Metro en operación y en proceso de construcción la línea B, de Buenavista a Ecatepec, con un avance global de 49 por ciento.

La línea B, de Buenavista a Ciudad Azteca, tiene 23.7 kilómetros de longitud, con 13.5 kilómetros en el Distrito Federal, cruzando por las delegaciones Cuauhtémoc, Venustiano Carranza y Gustavo A. Madero, y 10.2 kilómetros en el territorio del estado de México, en los municipios de Nezahualcóyotl y Ecatepec; con 21 estaciones, 13 en la capital y ocho en el estado de México.

Al entrar en operación la línea B, la red en su conjunto se incrementó 13 por ciento para alcanzar 201.7 kilómetros. De manera adicional, forman parte del proyecto diversas obras de vialidad que contribuyen a la integración y reestructuración de los otros medios de transporte: 16 puentes vehiculares (seis en el Distrito Federal y 10 en el estado de México); cuatro paraderos de autobuses (tres en la capital y 1 en el estado de México); 51 puentes peatonales (21 en el Distrito Federal y 30 en el estado de México); y la reforestación de 313 mil metros cuadrados de áreas verdes. ²

Destaca el esfuerzo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) para promover sistemas de transporte público alternativo a los automotores, como el tren suburbano Buenavista-Cuautitlán que, de acuerdo con información de la SCT, aportará los siguientes beneficios:

Asimismo, antes de febrero de 2008, se publicará la convocatoria para participar en la licitación para el otorgamiento de una concesión para construir, operar y explotar vías férreas, así como prestar el servicio público de transporte ferroviario de pasajeros en la modalidad de regular suburbano en la ruta Chalco-La Paz, y sus ampliaciones situadas en el estado de México y en la Ciudad de México, Distrito Federal, así como para el uso y aprovechamiento de bienes inmuebles de dominio público de la federación, la cual incluirá los permisos para prestar los servicios auxiliares requeridos.

Sin embargo, la comisión dictaminadora estima indispensable subrayar que los esfuerzos mencionados no han sido suficientes para solucionar la problemática de transporte de pasajeros. Además, este reto no es exclusivo de la ZMVM. Destacan casos similares como el de Monterrey, Nuevo León; Ciudad Juárez, Chihuahua; Guadalajara, Jalisco; entre otros.

En Monterrey, Nuevo León, el Ejecutivo estatal ha destacado que en los escenarios a corto y mediano plazo, la urgencia más grande que enfrenta el área metropolitana de Monterrey se presenta en materia de vialidad y transporte (movilidad). De continuar las tendencias de los últimos años en cuanto a crecimiento del parque vehicular y rezago de la infraestructura vial, en general y en particular, para el transporte público se prevé a corto plazo un colapso en las horas más transitadas (horas pico) en la red de avenidas principales, debido a la congestión vial; esto provocaría la parálisis en zonas estratégicas del área metropolitana. ³

Para solucionar este problema, el Ejecutivo estatal propuso, entre diversas acciones, ``definir la red de Metro como la columna vertebral del sistema de transporte conectando sistemas alimentadores y locales a base de autobuses''. ⁴

En el caso de Ciudad Juárez, Chihuahua, las encuestas más recientes de movilidad urbana, aplicadas por el Instituto Municipal de Investigación y Planeación (IMIP), captaron que hay un porcentaje muy alto de ciudadanos que circulan en automóvil con intención de cambiar la forma de trasladarse, debido a la cada vez mayor congestión vehicular en vialidades.

El problema de la movilidad en la zona metropolitana de Guadalajara (ZMG) no es distinta a las precedentes. El gobierno estatal considera que los aspectos críticos del transporte público que atiende esta zona destacan una estructura ineficaz del sistema de transporte público de la ZMG, la competencia excesiva, crecimiento desordenado del transporte público, excesivo número de paradas, administración deficiente del sistema de transporte público, falta de integración de los sistemas, marco institucional débil y escasez de información al usuario.

Frente a esta problemática nacional, la Comisión de Transportes somete a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión de Transportes exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a promover las acciones requeridas para la realización de las obras públicas necesarias para ampliar la cobertura y mejorar el sistema de transporte colectivo de las ciudades y zonas metropolitanas del país.

Segundo. Archívese el expediente relativo como asunto total y definitivamente concluido.

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Gracias, señora secretaria. Está a discusión el punto de acuerdo. En virtud de que no se ha registrado orador alguno, se considera suficientemente discutido y se reserva para su votación al final.

ESTADO DE VERACRUZ

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: «Dictamen de la Comisión de Transportes, con punto de acuerdo a fin de exhortar al titular de la SCT a constituir en aeropuerto internacional el nacional El Tajín; y a informar a esta soberanía, por la Comisión de Transportes, sobre el procedimiento y la aplicación de los recursos de todos los proyectos para el fortalecimiento y la reestructuración de la infraestructura aeroportuaria del país

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Transportes de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de la LX Legislatura fue turnada para estudio y dictamen la siguiente proposición con punto de acuerdo:

En particular:

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, 44 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Transportes somete a la consideración de esta honorable asamblea el dictamen relativo al punto de acuerdo mencionado, el cual se realiza conforme a los siguientes

Antecedentes

Consideraciones

La comisión dictaminadora, por conducto de la Subcomisión de Transporte Aéreo, realizó el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la proposición con punto de acuerdo mencionada, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen, entre los que destacan:

En mérito de lo expuesto, la Comisión de Transportes somete a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a constituir en aeródromo internacional el aeropuerto nacional El Tajín, así como a informar a esta soberanía a través de la Comisión de Transportes sobre el mismo procedimiento, y la aplicación de los recursos de todos los proyectos para el fortalecimiento y la reestructuración de la infraestructura aeroportuaria del país.

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Está a discusión el punto de acuerdo. En virtud de que no se ha registrado orador alguno, se considera suficientemente discutido y se reserva para su votación al final.

ESTADO DE CHIHUAHUA

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: «Dictamen de la Comisión de Transportes, con punto de acuerdo a fin de exhortar al titular de la SCT a analizar con el gobierno de Chihuahua la posibilidad de que la carretera panamericana número 45, Chihuahua-Juárez, sea concesionada a ese estado y que la citada dependencia garantice la suficiencia presupuestal para su conservación y mantenimiento

Honorable Asamblea:

La Comisión de Transportes perteneciente a la LX Legislatura de la Cámara de diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en las facultades que le confieren los artículos 39, numerales 1 y 2, fracción XXXVIII, y 45, numeral 6, incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 60, párrafo primero, 85, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta asamblea el presente dictamen, elaborado con base en los siguientes antecedentes y consideraciones:

Antecedentes

1. A la Comisión de Transportes le fue turnado, para su estudio, análisis y elaboración del dictamen correspondiente, el expediente que contiene la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a analizar la posibilidad de que la carretera Panamericana 45, Chihuahua-Juárez, sea concesionada en su totalidad al gobierno de ese estado; la cual fue presentada por el diputado federal Enrique Serrano Escobar , integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el 4 de diciembre de dos mil siete.

2. La proposición se sustenta, en síntesis, en lo siguiente:

Consideraciones

I. Según el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, el estado de Chihuahua representa en 12.6 por ciento de la superficie total del territorio mexicano y cuenta con una infraestructura carretera con una longitud de 12 mil 672.6 kilómetros, de los cuales pavimentados federales son 509.7 kilómetros, y estatales 4 mil 719.0 kilómetros; de terracerías se tienen mil 36.8 kilómetros, mientras que revestidas son 6 mil 407.1 kilómetros.

Ahora bien, la carretera federal número 45 atraviesa la entidad federativa de norte a sur y, por ende, es la más importante, de ahí que el mantenimiento y la conservación de dicho tramo carretero sea una prioridad, para así poder garantizar a la ciudadanía la movilidad de las personas y de mercancías mediante caminos que cuenten con las condiciones técnicas adecuadas, que avalen la seguridad de los vehículos de transporte de pasajeros y de carga, además permitan disminuir los tiempos de recorrido, los costos de operación y la frecuencia de accidentes carreteros.

Con lo anterior, se eleva la competitividad económica y el aseguramiento de un desarrollo incluyente, además de la promoción del desarrollo regional equilibrado, con lo cual se busca crear las condiciones para un desarrollo sustentable; resaltando con esto, que los caminos y los puentes de comunicación en esta entidad federativa, requieren de una especial atención y seguridad debido a la característica especial que tiene el estado de Chihuahua, al ser éste uno de los estados colindantes con la frontera de Estados Unidos de América.

II. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el primer párrafo de su artículo 25, establece que será el Estado a quien corresponda la rectoría del desarrollo nacional garantizando que éste sea integral y sustentable; y siendo el estado de Chihuahua parte de la Federación en los términos dispuestos por los artículos 42 y 43 de la Carta Magna; es la entidad soberana, representada en los Poderes de la Unión, los organismos competentes que tomen las medidas necesarias para contribuir a garantizar el desarrollo regional en aquella parte de nuestra república.

De igual manera, el artículo 36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal establece las atribuciones en el despacho de los asuntos que son competencia de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; y como se desprende de sus fracciones I, XXI y XXII; es éste órgano de Estado al que corresponde realizar la formulación y conducción de las políticas y programas para el desarrollo del transporte y de las comunicaciones, de acuerdo con las necesidades del país, además de la construcción y conservación de los caminos y puentes federales, ya sea por sí mismo o en cooperación con los gobiernos de las entidades federativas, los municipios y los particulares.

En el entendido de que las atribuciones de planear, formular y conducir las políticas y programas para el desarrollo de los caminos, puentes, servicios de autotransporte federal y sus servicios auxiliares; en conjunto con la de construir y conservar directamente caminos y puentes o a través del otorgamiento de concesiones y permisos; corresponde al Poder Ejecutivo de la Unión, a través de su Secretaría de Comunicaciones y Transportes, tal y como se desprende del contenido de las fracciones I, II y III del artículo 5 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, que en concordancia con el Titulo Segundo, Capitulo Único, en sus artículos 22 y 30 de la misma ley citada con antelación, la construcción, conservación y mantenimiento de los caminos y puentes son de utilidad pública y la Secretaría podrá otorgar concesiones para construir, mantener, conservar y explotar caminos y puentes a los particulares, estados o municipios.

Del marco normativo en comento se desprende que la Secretaria de Comunicaciones y Transportes se encuentra dotada de las facultades necesarias para instrumentar el presente exhorto, que se somete a consideración de esta honorable asamblea, coadyuvando con ello a la integración de las distintas regiones que conforman nuestra nación, mediante la modernización de la red carretera federal, proporcionando mayor seguridad en el transporte de personas y bienes, se abaten los costos de operación y se contribuye al bienestar y al crecimiento económico del estado de Chihuahua y del país.

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de esta Comisión de Transportes de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, de conformidad con las consideraciones vertidas en el cuerpo del presente dictamen, de manera conjunta, convenimos en proponer a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente

Acuerdo

Primero. La Comisión de Transportes exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que en coordinación con el gobierno del estado de Chihuahua analicen la posibilidad de que la carretera Panamericana número 45, Chihuahua-Juárez, sea concesionada a ese estado y que la citada secretaría garantice la suficiencia presupuestal para su conservación y mantenimiento.

Segundo. Archívese el expediente relativo como asunto total y definitivamente concluidos.

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Gracias, diputada secretaria. Está a discusión el punto de acuerdo. En virtud de que no se ha registrado orador alguno, se considera suficientemente discutido y se reserva para su votación económica al final.

ADULTOS MAYORES

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: «Dictamen de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con puntos de acuerdo para exhortar a las Secretarías de Gobernación, de Relaciones Exteriores, y de Desarrollo Social a implantar un programa de apoyo a la población adulta mayor que vive en Estados Unidos de América

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de la LX Legislatura le fue turnada, para su estudio y dictamen, la siguiente proposición con punto de acuerdo:

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, 44 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, 56, 60, 65, 66, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables emite el dictamen relativo al punto de acuerdo referido, el cual se realiza bajo los siguientes

Antecedentes

Consideraciones

Por lo expuesto, la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables considera que la propuesta es viable, por lo que somete al Pleno de la Cámara de Diputados la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. Esta honorable asamblea exhorta a las Secretarías de Gobernación, de Relaciones Exteriores, y de Desarrollo Social a diseñar, implantar y coordinar un programa de atención a personas adultas mayores en los consulados mexicanos que se encuentran en Estados Unidos, a efecto de que reciban orientación jurídica, atención sanitaria y educativa, así como una oferta básica de actividades recreativas y culturales que fortalezca su identidad como mexicanos.

Segundo. Se solicita que las acciones tomadas se informen por escrito a esta soberanía y que los recursos necesarios se obtengan de la transferencia entre ramos y partidas, en los términos que la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria faculta al Ejecutivo, integrándose también una propuesta específica en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación en el año 2009.

Conste

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Gracias. Están a discusión los puntos de acuerdo. En virtud de que no se ha registrado orador alguno, se considera suficientemente discutido y se reserva para su votación económica al final.

PERSONAS ZURDAS

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: «Dictamen de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con puntos de acuerdo a fin de exhortar a las Secretarías de Salud, de Educación Pública, y del Trabajo y Previsión Social a realizar acciones para la integración de las personas zurdas

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de la LX Legislatura fue turnada, para estudio y dictamen, la siguiente proposición con punto de acuerdo:

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, 44 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, 56, 60, 65, 66, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables somete a la consideración de esta honorable asamblea el dictamen relativo al punto de acuerdo mencionado, el cual se realiza conforme a los siguientes

Antecedentes

1. Con fecha 30 de abril de 2008, la diputada Violeta del Pilar Lagunes Viveros , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó punto de acuerdo por el que se exhorta a las Secretarías de Salud, de Educación Pública, y del Trabajo y Previsión social a efecto de que se realicen acciones de investigación, implantando actividades de atención a las personas zurdas en sus ámbitos de competencia; y al Instituto Nacional de Geografía, Estadística e Informática a efecto de que, en los censos que realiza, implante acciones para conocer el número y las condiciones de las personas zurdas que hay en el país.

2. Con la misma fecha, la proposición con punto de acuerdo fue turnada a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, para efectos de análisis y elaboración del dictamen previsto en el artículo 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Consideraciones

En mérito de lo expuesto, la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables considera que la propuesta es viable, por lo que somete a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta a los secretarios de Salud, de Educación Pública, y del Trabajo y Previsión Social a efecto de que se realicen acciones de investigación, implantando actividades de atención a las personas zurdas en sus ámbitos de competencia.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta al titular del Instituto Nacional de Estadística y Geografía a efecto de que, en los censos que realiza, implante acciones para conocer el número y las condiciones de las personas zurdas que hay en el país.

Conste.

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Está a discusión el punto de acuerdo. En virtud de que no se ha registrado orador alguno, se considera suficientemente discutido y se reserva para su votación económica al final.

ESTADO DE NUEVO LEON

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: «Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con punto de acuerdo para exhortar a la Semarnat a iniciar los trámites del expediente de expropiación del predio Cañón de Ballesteros, perteneciente al parque nacional Cumbres de Monterrey, en Nuevo León

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, le fue turnado para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, el expediente No. 3585, que contiene la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, al Gobierno del estado de Nuevo León y al H. Congreso de dicha entidad, atiendan la solicitud presentada por el municipio de Santa Catarina, respecto a la expropiación del área conocida como Cañón de Ballesteros.

En virtud del análisis y estudio del punto de acuerdo que se dictamina, los integrantes de esta comisión ordinaria, con base en las facultades que nos confieren los artículos 39 numerales 1 y 2 fracción XXIV, y 45 numeral 6, incisos e) y f), y numeral 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 60, 65, 87, 88, 93 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a consideración de los integrantes de esta honorable Asamblea, el presente dictamen, de conformidad con los siguientes:

Antecedentes

1. En sesión celebrada el día 3 de abril de 2008, por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el diputado Juan Manuel Villanueva Arjona , integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, al Gobierno del estado de Nuevo León y al H. Congreso de dicha entidad, atiendan la solicitud presentada por el municipio de Santa Catarina, respecto a la expropiación del área conocida como Cañón de Ballesteros.

2. En dicha sesión, la proposición con punto de acuerdo en comento, bajo el expediente No. 3585 fue turnada a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para su estudio, análisis y elaboración del dictamen correspondiente de conformidad con las siguientes:

Consideraciones

La preservación de la diversidad biológica, es factor esencial para la evolución y el mantenimiento del ambiente y los ecosistemas que lo integran. Debido a la política económica de muchos países, en los últimos años esta diversidad se ha visto gravemente amenazada a consecuencia de las actividades productivas y los aprovechamientos excesivos de los elementos naturales y la biodiversidad.

Es evidente que los efectos del sistema económico mundial han provocado una considerablemente reducción de la diversidad biológica del planeta, resulta preocupante que año con año sea mayor el número de especies que se extinguen o se encuentran al borde de la extinción. Sin embargo, la comunidad internacional ha adoptado disposiciones especiales para revertir la perdida de la diversidad biológica.

Resulta alentador que exista una creciente preocupación en la comunidad mundial por tratar de establecer mecanismos de cooperación internacional que permitan preservar la riqueza biológica y diversidad de la tierra. Un importante referente en la historia de este debate internacional, fue la llamada ``Cumbre de la Tierra'' (sobre el medio ambiente y el desarrollo sostenible), celebrada en 1992 en la ciudad de Río de Janeiro, Brasil.

Es plausible que los principales resultados de esta Cumbre hayan sido:

En lo que al Convenio sobre Diversidad Biológica respecta (en adelante CDB), su suscripción permitió que las partes contratantes reconocieran la importancia de tratar los recursos biológicos y su conocimiento asociado en función de objetivos de triple vía como:

Este convenio entró en vigor desde 1994, y actualmente ha sido ratificado por más de 180 países.

Debido a que México alberga aproximadamente 200 mil especies de flora y fauna descubiertas hasta el día de hoy (entre el 10 y el 12% del total mundial), se ha posicionado como el cuarto a nivel mundial con mayor diversidad biológica, por lo que no podía estar ajeno a la suscripción del CDB, signándolo el día 13 de junio de 1992. El artículo 8 inciso A) de este Convenio, señala que cada parte contratante deberá establecer ``un sistema de áreas protegidas'' o áreas donde haya que tomar medidas especiales para conservar la diversidad biológica.

Como país signante de este Convenio, México adquirió el firme compromiso de fortalecer el sistema jurídico ambiental, en lo referente a las áreas naturales protegidas (ANP's), mecanismo que si bien, ya venía operando desde varias décadas atrás, debía ser perfeccionado y consolidado. Como resultado podemos apreciar que la vigente Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, incorpora la figura de las ANP´s como uno de los principales mecanismos de conservación de los ecosistemas con un alto valor ecológico. Así el artículo 44 de este ordenamiento determina a las ANP´s como: ``las zonas del territorio nacional y aquellas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción, en las que los ambientes originales no han sido significativamente alterados por la actividad del ser humano, o que requieren ser preservados y restaurados...''

Nuestra legislación identifica diversos tipos de áreas naturales protegidas, dicha clasificación obedece primordialmente a las características especificas de cada ecosistema, dentro de ésta podemos señalar a las reservas de la biosfera, parques nacionales; monumentos naturales, áreas de protección de recursos naturales, áreas de protección de flora y fauna, santuarios; parques y reservas estatales y, zonas de preservación ecológica de los centros de población.

Actualmente, nuestro país cuenta con 164 áreas naturales protegidas de carácter federal, las cuales cubren una superficie de 23, 048, 994 ¹ hectáreas. El ANP objeto de los asuntos en estudio corresponde al Parque Nacional Cumbres de Monterrey, que se localiza en las inmediaciones del área urbana de la ciudad de Monterrey, en el estado de Nuevo León.

Cumbres de Monterrey, fue declarado como área natural protegida el día 24 de noviembre de 1939, durante la administración del Presidente Lázaro Cárdenas del Río, quien desde entonces, ya reconocía la importancia que representaba la conservación de esta región. Posteriormente, con el objeto de proteger las regiones más importantes de dicho parque, así como adecuarlo a las disposiciones jurídicas imperantes y que en su momento aún no existían, su poligonal fue redelimitada, por lo cual el día viernes 17 de noviembre del año 2000, fue publicado en la primera sección del Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se declara área natural protegida, con el carácter de parque nacional, la región conocida con el nombre de Cumbres de Monterrey, ubicada en los municipios de Allende, García, Montemorelos, Monterrey, Rayones, Santa Catarina, Santiago y San Pedro Garza García, Estado de Nuevo León.

Esta área natural protegida cuenta con una extensión de 177,395.95 hectáreas, se localiza en la zona oeste-centro del Estado de Nuevo León, colindando con el estado de Coahuila, en la Sierra Madre Oriental. Es un área de importante valor para la población neoleonesa, ya que además de constituir la principal área verde contigua a la ciudad de Monterrey, presta una gran cantidad de servicios ambientales a la ciudad, entre los que podríamos mencionar: la regulación del clima y la captación de agua.

En esta ANP convergen una gran variedad de ecosistemas, que van desde zonas áridas con especies propias de las regiones desérticas, pasando por matorrales con diversos tipos de vegetación y asociaciones, hasta bosques principalmente de pinos y encinos en las partes más altas, así como pastizales, y diversas composiciones florísticas a lo largo de los ríos y cañadas.

En cuanto a la diversidad biológica de la zona se han reportado un total de 1,368 especies de flora y fauna silvestres, de las cuales 73 se encuentran consideradas dentro de alguna categoría de protección especial por parte de la norma oficial mexicana NOM-059-SEMARNAT-2001 Protección Ambiental-Especies nativas de México de Flora y Fauna Silvestres-Categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio-lista de especies en riesgo. Además esta región tiene un alto valor de conservación y presencia de microendemismos, ya que es un área de especiación de cactáceas y agaváceas.

Por si lo anterior no fuese suficiente, el Parque Nacional, ha sido incluido en la Red Mundial del Programa del Hombre y la Biosfera de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), además de ser considerado como región terrestre prioritaria para la conservación de la naturaleza por la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad.

Desafortunadamente, el alto estado de conservación y la enorme belleza escénica del Parque Nacional, lo han convertido en un blanco perfecto, para las empresas inmobiliarias, las cuales con el objeto de establecer desarrollos de una alta plusvalía, han adquirido grandes extensiones de terreno dentro de la poligonal del ANP, provocando una especulación inmobiliaria, pese a que existen restricciones preexistentes sobre el uso del suelo en la zona. Con el objeto de hacer más laxas las restricciones aplicables al uso y aprovechamiento de los predios, los especuladores inmobiliarios han presionando a autoridades de los tres ordenes de gobierno para que permitan la urbanización del ANP.

En lo que a la Federación corresponde, cuando la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas realizó la redelimitacion del Parque, estableció de manera expresa una serie de condicionantes y prohibiciones en el decreto, de entre las que destacan: la prohibición para construir infraestructura y campos de golf. Este hecho provocó un profundo descontento entre los empresarios resultando en la interposición de amparos en contra del decreto. Como ejemplo, la empresa inmobiliaria Dos Carlos SA de CV solicitó el amparo de la justicia federal determinando como actos reclamados la orden de publicación, promulgación y aplicación del decreto por parte de varias autoridades, como el titular del Poder Ejecutivo Federal, la Semarnat, la Profepa, la CONANP, el INE, la Sagarpa y el H. Congreso del estado de Nuevo León, entre otros.

Las garantías que se estimaron como violadas en forma directa fueron las contenidas dentro de los artículos 1, 13, 14, 16, 25, 26 y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la violación indirecta de los Artículos 5, 7, 46, 50, 57, 58, 60 y 61 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y al Protección al Ambiente.

Dicho amparo fue declarado como procedente por el tribunal federal al argumentar en su resolución que las disposiciones contenidas en el decreto violentan el patrimonio de la quejosa, al impedirle expresamente la realización de un proyecto inmobiliario y por lo tanto el primer acto de aplicación deriva de la publicación del decreto, siendo este el momento cuando se le causó el perjuicio al promovente, causándole un agravio directo y jurídico que violo las garantías antes señaladas.

De manera general los conceptos de violación se sustentan en la transgresión a la garantía de audiencia, la no notificación personal a la quejosa de la publicación de decreto y el no acceso a los estudios previos justificativos, argumentándose tal redelimitación como una ley privativa, ya que no recae sobre la totalidad de los predios que originalmente se ubicaban en el primer decreto.

No obstante lo anterior, estas empresas inmobiliarias, aún cuentan con diversos impedimentos jurídicos para la urbanización de los predios que integran la poligonal del ANP, principalmente en lo que al ordenamiento ecológico del territorio y los planes de desarrollo urbano respecta, convirtiéndose éstos, en un instrumento jurídico de toral importancia para preservación del área.

Es pertinente establecer que una importante extensión de la poligonal del Parque Nacional Cumbres de Monterrey, se encuentra dentro de los límites territoriales de municipio de Santa Catarina, por lo que es a este ayuntamiento a quien le compete la expedición de programas de desarrollo urbano y ordenamientos ecológicos del territorio.

Así las cosas, el pasado día sábado 28 de octubre de 2006 las autoridades del H. Ayuntamiento de Santa Catarina, en sesión extraordinaria de Cabildo, aprobaron el proyecto del ``Plan Aprovechamiento Sustentable de La Huasteca 2006-2030''. Inexplicablemente, la implementación de dicho plan traería consigo el desarrollo urbano en una superficie de 2,481.20 hectáreas en el Cañón de Ballesteros, además de una superficie adyacente de 1,846.49 hectáreas en el Cañón de La Huasteca, todos dentro del área natural protegida de ``Cumbres de Monterrey''. Este hecho provocó un enorme descontento por parte de la sociedad civil, grupos ambientalistas, así como de los grupos parlamentarios del Congreso local y del Congreso de la Unión, ya que las irregularidades en la aprobación de dicho plan eran más que manifiestas, e incluso en algunos casos, violatorias al procedimiento que para dicho caso se encuentra legalmente establecido en la Ley de Ordenamiento Territorial de los Asentamientos Humanos y de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León.

Afortunadamente y pese a que dicho programa fue aprobado, nunca se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León y consecuentemente tampoco se inscribió en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, por lo cual no causó efectos jurídicos.

En razón de que el ``Plan Aprovechamiento Sustentable de La Huasteca 2006-2030'' fue aprobado los últimos días de una administración municipal, la nueva administración recopiló el asunto haciendo un análisis intensivo de los procesos que fueron seguidos por sus antecesores para determinar su conformidad. Derivando ello, en que durante la sesión del pleno del Cabildo de Santa Catarina, llevada a cabo el día 15 de febrero del 2007, se aprobara un punto de acuerdo proveniente de la Comisión de Desarrollo Urbano del H. Ayuntamiento de Santa Catarina, por el cual se decreta la revocación total del Acuerdo del ``Plan de De- sarrollo y Aprovechamiento Sustentable de la Huasteca 2006-2030''.

Desafortunadamente, pese a que el Ayuntamiento de Santa Catarina ha fijado una postura proteccionista del ANP en total respeto a la legalidad, la especulación inmobiliaria sobre los predios de la zona y la presión política han ido en aumento. Con el firme objetivo de apoyar la postura adoptada por el Ayuntamiento, varios legisladores federales han expuesto en tribuna esta problemática. Tan solo en esta Legislatura se han presentado un total de 3 proposiciones con punto de acuerdo sobre el tema, y todas ellas fueron dictaminadas y aprobadas por el pleno. Cada una de estas proposiciones tenía un objetivo específico.

La proposición con punto de acuerdo que se dictamina, establece que el pasado día 12 de febrero de 2008, el Cabildo del municipio de Santa Catarina, Nuevo León, acordó en sesión ordinaria, solicitar a las autoridades federales y estatales la expropiación del predio conocido como Cañón de Ballesteros, con el objeto de conservar su belleza panorámica y evitar la destrucción del entorno. Así también el diputado Ricardo Vázquez Silva presentó ante el Congreso local una iniciativa de decreto orientada a la expropiación del mismo predio, aludiendo causas similares a las planteadas por el municipio de Santa Catarina.

Atendiendo a la particularidad de este caso, la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, debe establecer que las características naturales y la función ecológica del predio en conflicto, son suficientes para considerar su preservación como de interés público, ya que se debe dar un valor predominante a la conservación y uso sustentable de la tierra. Este valor estriba en reconocer que la tierra no sólo tiene un uso material, sino también atribuciones naturales, las cuales se encuentran íntimamente relacionadas con los servicios ambientales que estos predios prestan a la ciudad de Monterrey y la nación.

La Constitución de nuestro país concibe al derecho de propiedad como un derecho civil (desde el punto de vista privado). Sin embargo, de conformidad con lo establecido por el artículo 27, esta propiedad también se encuentra en un estado de subordinación a un interés público lo cual se puede traducir en una función social. Así la nación se encuentra facultada para imponer a la propiedad las modalidades que dicte el interés público, e incluso cuando se considere necesario llevar a cabo la expropiación de aquella propiedad privada que, de conformidad con este interés deba pasar a la nación.

Lo anteriormente establecido viene a robustecerse por la Ley de Expropiación, ya que las fracciones IV, VII y X del artículo 1 consideran de utilidad pública la conservación de los elementos naturales susceptibles de apropiación, los lugares de belleza panorámica, y evitar la destrucción y daño a los recursos naturales. De conformidad con las disposiciones establecidas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley de Expropiación, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y los argumentos aquí descritos, esta Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, considera pertinente aprobar la presente proposición con punto de acuerdo.

Por lo anteriormente expuesto, los diputados que integramos la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales del honorable Congreso de la Unión, sometemos a consideración de la honorable Asamblea, el siguiente:

Acuerdo

Único. Esta LX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a que en el pleno ejercicio de sus facultades legales, inicie los trámites del expediente de expropiación del predio conocido como el Cañón de Ballesteros, perteneciente al Parque Nacional Cumbres de Monterrey, en el estado de Nuevo León.

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Está a discusión el punto de acuerdo. En virtud de que no se ha registrado orador alguno, se considera suficientemente discutido y se reserva para su votación al final de la lectura.

MANGLARES

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: «Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con punto de acuerdo a fin de exhortar a la Semarnat y a la Profepa a aplicar las medidas pertinentes para proteger, restaurar y conservar los manglares mexicanos, así como a vigilar que las obras y actividades de aprovechamiento no extractivo en ese ecosistema se lleven a cabo con estricto arreglo a la legislación vigente en la materia

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, le fue turnado para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, el expediente No. 3194, que contiene la propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, apliquen las medidas pertinentes para la restauración, conservación y manejo sustentable de los manglares, en base a la legislación vigente en la materia, presentado por la diputada Silvia Luna Rodríguez , integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

En virtud del análisis y estudio del punto de acuerdo que se dictamina, esta comisión ordinaria, con base en las facultades que le confieren los artículos 39, numerales 1 y 2 fracción XXIV; y 45 numeral 6, incisos e) y f), y numeral 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 60, 65, 87, 88, 93 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de los integrantes de esta honorable Asamblea, el presente dictamen, de acuerdo con los siguientes:

Antecedentes

Primero. El 13 de diciembre de 2007, la diputada Silvia Luna Rodríguez , integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, presentó una propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, apliquen las medidas pertinentes para la restauración, conservación y manejo sustentable de los manglares, en base a la legislación vigente en la materia.

Segundo. En esa misma fecha, el expediente No. 3194 que contiene dicha propuesta con punto de acuerdo fue turnada a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente, de conformidad con las siguientes:

Consideraciones

Las zonas costeras albergan uno de los ecosistemas más productivos del planeta: los humedales costeros, dentro de los que se encuentra el bosque de manglar. Los humedales costeros, son definidos como: ``Ecosistemas costeros de transición entre aguas continentales y marinas, cuya vegetación se caracteriza por ser halófita e hidrófila, estacional o permanente, y que dependen de la circulación continua del agua salobre y marina. Asimismo, se incluyen las regiones marinas de no más de 6 m de profundidad en relación al nivel medio de la marea baja.'' ¹

México no sólo ostenta el quinto lugar a nivel continental, sino que también, junto con Australia, Brasil, Indonesia y Nigeria, alberga la mitad de la superficie mundial de bosque de manglar. Sin embargo se trata de uno de los ecosistemas más vulnerables y frágiles del globo. México cuenta con seis especies de mangle. ² No obstante que de acuerdo con datos de la Semarnat en el año 2000 se contaba con una superficie de 890,000 hectáreas de manglar, actualmente cubren una superficie aproximada de 655,667 hectáreas, lo que da una idea de la acelerada pérdida de estos ecosistemas y de la enorme responsabilidad que tenemos para conservarlos. ³

La promovente destaca algunas de las funciones biológicas, hidrológicas y químicas que brindan los humedales costeros, a saber:

No obstante la importancia de éste humedal costero, el desarrollo de actividades antropogénicas no sustentables amenaza la conservación de los manglares y otros ecosistemas costeros. De hecho, la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad reconoce que: ``En nuestro país los manglares han sido afectados por la tala o remoción que se ha llevado a cabo para abrir paso a la actividad agrícola, ganadera, acuícola y turística principalmente. ⁵

Aunado a lo anterior, dicha Comisión Nacional alerta que:''no se cuenta con estimaciones confiables de la velocidad a la que está cambiando estos ecosistemas ni se ha evaluado a escala nacional cuáles son los factores que están provocando estos cambios.'' ⁶ Ello explica por qué la promovente refiere que: ``tan sólo en Cancún se espera la desaparición de 100 hectáreas de mangle en la tercera fase de un plan de desarrollo turístico, mientras en isla Cancún se ha perdido el ciento por ciento'' ⁷ del manglar.

Esta Comisión dictaminadora considera pertinente recordar que en aras de propiciar la conservación de nuestros recursos naturales, que son de interés público, en completa congruencia con lo que establece el Eje 4. ``Sustentabilidad Ambiental'' del Plan Nacional de Desarrollo y la sección ``Agenda Azul: Gestión Integral de los Recursos Hídricos'' del Plan Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2007-2012, los diputados a la LIX legislatura aprobaron en diciembre de 2006 la minuta que reformó dos artículos de la Ley General de Vida Silvestre en materia de humedales costeros. Esta reforma fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1° de febrero de 2007 y presentada por el Ejecutivo federal un día después como uno de los logros del país en materia de humedales ante la Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional Especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas, mejor conocida como Convención de Ramsar.

No obstante lo anterior, la Comisión que dictamina reitera que los manglares mexicanos continúan amenazados. Como ejemplo, esta comisión ordinaria recuerda algunos casos recientes en los que el desarrollo ``mal entendido'', promovió la remisión de manglar: en noviembre de 2007, en el desarrollo ``Costa Turquesa'', en playa del Carmen, Quintana Roo se talaron 4 hectáreas de manglar y a principios de año en la laguna del Carpintero, Tamaulipas, fueron derribadas 1.3 hectáreas de manglar para construir un desarrollo comercial. Por si ello no fuese suficiente, la contaminación de cuerpos de agua, como es el caso del municipio de Alvarado en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, está afectando 14 mil hectáreas de manglar. ⁸

El resolutivo propuesto por la promovente exhorta: ``a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a aplicar las medidas pertinentes para la restauración, conservación y manejo sustentable de los manglares con base en la legislación vigente en la materia.''

Al respecto, esta Comisión ordinaria considera que el exhorto propuesto es de la mayor pertinencia. Sin embargo se permite modificarlo en estricto apego a la ley vigente, conservando enteramente su espíritu, a fin de evitar que intereses particulares, ajenos a la protección de este único e irremplazable ecosistema, que es de interés público, tergiversen su sentido. La redacción propuesta es la siguiente:

Esta Comisión dictaminadora recuerda que la protección de los bosques mexicanos contra la deforestación, entre ellos los bosques de manglar, constituye un asunto de seguridad nacional y en ese sentido estima que aún es imprescindible aplicar medidas y programas que aseguren su integridad.

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de la Comisión que suscribe el presente dictamen se permiten someter a la consideración de esta honorable Asamblea el siguiente:

Acuerdo

Único. La H. Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, a aplicar las medidas pertinentes para proteger, restaurar y conservar los manglares mexicanos; así como para vigilar que las obras y actividades de aprovechamiento no extractivo que se lleven a cabo en ese ecosistema se realicen en estricto apego a la legislación vigente en la materia.

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Gracias, señora diputada secretaria. Está a discusión el punto de acuerdo. En virtud de que no se ha registrado orador alguno, se considera suficientemente discutido y se reserva para su votación al final.

COCODRILO DEL PANTANO

El Secretario diputado Manuel Portilla Diéguez: «Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con puntos de acuerdo a fin de exhortar a la Semarnat a realizar los estudios necesarios para conocer científicamente el estado de conservación que presenta en vida silvestre el cocodrilo del pantano

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, le fue turnado para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, el expediente No. 3086, que contiene la propuesta con punto de acuerdo para exhortar a la Semarnat, realice estudios necesarios que permitan conocer científicamente el estado de conservación que presenta en vida silvestre el cocodrilo de pantano, presentado por el diputado Gerardo Priego Tapia , integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

En virtud del análisis y estudio del punto de acuerdo que se dictamina, esta comisión ordinaria, con base en las facultades que le confieren los artículos 39, numerales 1 y 2 fracción XXIV; y 45 numeral 6, incisos e) y f), y numeral 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 60, 65, 87, 88, 93 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de los integrantes de esta honorable Asamblea, el presente dictamen, de acuerdo con los siguientes:

Antecedentes

Primero. El 13 de diciembre de 2007, el diputado Gerardo Priego Tapia , integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó una propuesta con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, realice estudios necesarios que permitan conocer científicamente el estado de conservación que presenta en vida silvestre el cocodrilo de pantano.

Segundo. En esa misma fecha, el expediente No. 3086 que contiene la propuesta con punto de acuerdo fue turnada a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente, de conformidad con las siguientes:

Consideraciones

El cocodrilo de pantano (Crocodylus moreletii) ¹ , es un reptil carnívoro que habita de forma natural, a lo largo de la vertiente del Golfo de México y en zonas bajas de algunos Estados que aunque no tienen costa, tienen vertiente hacia esta zona. También se le encuentra en Belice y el Norte de Guatemala. ²

Su hábitat acuático se localiza en pantanos, ciénegas, humedales, lagunas e incluso ríos; mientras que el hábitat terrestre se localiza en zonas forestales ribereñas. Esta especie silvestre se caracteriza por tener un hocico redondeado y poco afilado en comparación al de otros cocodrilos. Dado que sus fosas nasales, ojos y oídos se encuentran en un mismo plano, tienen la habilidad de ver, escuchar y olfatear aún cuando parte de su cuerpo se encuentra debajo del agua.

Su color es café grisáceo con manchas y franjas más obscuras en el cuerpo y la cola, pero los ejemplares jóvenes suelen tener un color amarillo con franjas negras, mientras que la superficie ventral es de color amarillo sin marcas. Sus extremidades son fuertes y sus patas tienen una forma palmeada con garras. Aunque su tamaño adulto promedio es de tres metros, se han reportado ejemplares de hasta casi cinco metros de largo. ³

Los cocodrilos de pantano se alimentan de aves, mamíferos, anfibios, insectos, moluscos, crustáceos e incluso de otros reptiles. ⁴ La temporada de reproducción va de abril a agosto y el sexo de los reptiles es determinado por la temperatura de los huevos al ser incubados. ⁵ Por lo general se logran entre veinte y cuarenta crías, pero no todas corresponden a la misma hembra.

El cocodrilo de pantano, al igual que muchas especies de fauna silvestre proporciona servicios ambientales de gran relevancia: ``desempeñan un papel de suma importancia en el equilibrio de los humedales; como depredadores intervienen en el control de las poblaciones de otros animales e incorporan nutrientes al medio acuático a través de las heces producidas por la digestión de su alimento, ya que ayudan a mantener abierto los canales que comunican a los cuerpos de agua entre sí. Además, en las zonas pantanosas construyen fosas circulares que constituyen el único refugio de la fauna acuática durante la época de sequía.'' ⁶

El cocodrilo de pantano (Crocodylus moreletii ) no está exento de amenazas a su supervivencia. En el siglo pasado, concretamente en el periodo 1940-1950 esta especie fue puesta al borde de la extinción como consecuencia de la caza furtiva para aprovechar su piel ⁷ , no obstante que ésta ha disminuido, como resultado de la aplicación de diferentes programas, aún es motivo de preocupación, tal como apunta el promovente.

A lo anterior se suma otro tipo de amenazas tales como: la pérdida de hábitat, consecuencia del desarrollo de actividades agropecuarias, turísticas, pesqueras, así como de la exploración y perforación de pozos petroleros. Por si esto no fuese suficiente, los efectos adversos del cambio climático sobre esta especie son considerables, particularmente la sequía, toda vez que los niveles de agua de su hábitat podrían llegar a reducirse drásticamente, poniendo en peligro la viabilidad de los ejemplares.

Esta Comisión dictaminadora considera pertinente recordar que con objeto de recuperar tanto a la especie en comento como a otras especies de lagartos que hay en el país, las autoridades competentes han aplicado diferentes medidas, entre las que destacan: el decreto de veda total permanente en todo el país de 1970; el establecimiento de criaderos intensivos y Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre; su inclusión en la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2001 como especie sujeta a protección especial. ⁸

A nivel internacional también se han adoptado ciertas medidas para proteger al cocodrilo de pantano. Al respecto esta Comisión ordinaria destaca que la especie se encuentra en el Apéndice I de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (CITES). La pertenencia al Apéndice I corresponde a las especies: ``sobre las que se cierne el mayor grado de peligro entre las especies de fauna y de flora incluidas en los Apéndices de la CITES... Estas especies están en peligro de extinción y la CITES prohíbe el comercio internacional de especímenes de esas especies, salvo cuando la importación se realiza con fines no comerciales...por ejemplo, para la investigación científica. En estos casos excepcionales, puede realizarse la transacción comercial siempre y cuando se autorice mediante la concesión de un permiso de importación y un permiso de exportación (o certificado de reexportación).'' ⁹

De igual forma el cocodrilo de pantano (Crocodylus moreletii ), se encuentra en la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). L UICN clasificó al taxón en el año de 1994 como en riesgo menor bajo la subcategoría ``depende de actividades efectivas de conservación''. Cabe aclarar que ello implica que de cesar las actividades efectivas de conservación, el taxón podría ser incluido en alguna de las categorías de especies amenazadas de la UICN en un periodo de cinco años. ¹⁰ Adicionalmente se debe tener en cuenta que el hecho de que la especie se encuentre en esta categoría a nivel mundial, no necesariamente significa que a nivel local se encuentre fuera de peligro.

Con objeto de contar con mayor información sobre el estado de conservación del cocodrilo de pantano en vida silvestre, el cuerpo técnico de esta Comisión dictaminadora consultó a las autoridades ambientales competentes: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Al respecto, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas informó sobre la existencia de algunos estudios llevados a cabo por el Subcomité Técnico Consultivo para la Conservación, Manejo y Aprovechamiento Sustentable de los Crocodylia en México, mismos que fueron publicados en el año 2002. Asimismo se recomendó consultar el informe final intitulado Determinación del Estado de las Poblaciones Silvestres del Cocodrilo de Pantano (Crocodylus moreletii ) en México y la Evaluación de su Estatus en la CITES.

El informe antes aludido concluye entre otras cosas que las poblaciones no sólo se encuentran en su rango de distribución histórica sino también en cuarenta nuevas localidades: ``Después de 155 años de que fue descrita la especie se ha podido confirmar que actualmente se le encuentra dentro de su distribución histórica a lo largo de la vertiente del Golfo de México. Además se ha podido ampliar su rango de distribución hacia el Norte en la Laguna Madre en Tamaulipas, hacia el Oeste en el extremo sureste de Nuevo León, y se identificaron 40 nuevas localidades no reportadas, ni conocidas para la especie, junto con 2 nuevos estados con presencia: Querétaro y Nuevo León.'' ¹¹

De igual forma, el estudio concluye que:''se calcula que la población adulta o clase IV Mexicana de cocodrilos de pantano silvestre oscila alrededor de los 15,147 individuos.'' ¹² Y añade que: ``Se han estimado índices de abundancia relativa para los 3 años de muestreo, dando un promedio de 5.76 cocodrilos por Km. Asimismo se ha generado un índice más conservador a partir de los datos de 2004 obtenidos en dos fases coincidiendo con la temporada de lluvias y de secas el cual resultó en 3.16 cocodrilos por Km.'' ¹³

No obstante, el informe reconoce que de las 135 localidades donde se registró la presencia del cocodrilo de pantano, sólo se realizaron 4 muestreos en 63 localidades de 10 Estados de la República y que éstas localidades representan sólo el 17% de las localidades históricas. De hecho el informe reconoce que los resultados ``han servido para bosquejar de una manera general el conocimiento del estado actual de esta especie para dar continuidad con la formulación de estrategias específicas de monitoreo que garanticen una mayor información y un esquema más fino de las poblaciones silvestres.'' ¹⁴

Con base en lo anterior y tomando en cuenta que los resultados del estudio antes aludido corresponden a datos recavados durante el periodo 2002-2004, cuando todavía no se habían registrado eventos como: la remoción de varios ejemplares de cocodrilo de pantano de la laguna del Carpintero, en Tamaulipas; o la trágica inundación en el Estado de Tabasco, que sin duda afectó a esta especie de cocodrilo; los legisladores integrantes de la Comisión dictaminadora coinciden con el promovente en la necesidad de conocer el estado actual de la conservación en vida silvestre de la especie.

Por lo anteriormente expuesto, los legisladores que suscriben se permiten someter a la consideración de esta honorable Asamblea el siguiente:

Acuerdo

Primero. La H. Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que de acuerdo con sus atribuciones, realice y publique los estudios técnicos y científicos actualizados necesarios que den cuenta del estado de conservación que presenta en vida silvestre el cocodrilo de pantano.

Segundo. La H. Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que por conducto de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, se realicen un mayor número de actividades de inspección para verificar que las condiciones de aprovechamiento y comercialización del cocodrilo de pantano se den en condiciones de sustentabilidad y protección para la especie.

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Está a discusión el punto de acuerdo. En virtud de que no se ha registrado orador alguno, se considera suficientemente discutido y se reserva para su votación al final.

ESTADO DE VERACRUZ

El Secretario diputado Manuel Portilla Diéguez: «Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con puntos de acuerdo a fin de exhortar a la Semarnat y a la Sagarpa a informar de la situación actual y apoyar la creación del área de protección de flora y fauna Sistema Arrecifal Lobos Tuxpan, frente a Tamiahua y Tuxpan, en Veracruz

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, le fue turnado para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, el expediente No. 3156, que contiene la propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a informar la situación actual y apoyar la creación del área de protección de flora y fauna Sistema Arrecifal Lobos Tuxpan, frente a los municipios de Tamiahua y Tuxpan, en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, presentado por el diputado Iñigo Antonio Laviada Hernández , integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

En virtud del análisis y estudio del punto de acuerdo que se dictamina, esta comisión ordinaria, con base en las facultades que le confieren los artículos 39, numerales 1 y 2 fracción XXIV; y 45 numeral 6, incisos e) y f), y numeral 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 60, 65, 87, 88, 93 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de los integrantes de esta honorable Asamblea, el presente dictamen, de acuerdo con los siguientes:

Antecedentes

Primero. El 13 de diciembre de 2007, el diputado Iñigo Antonio Laviada Hernández , integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó una propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a informar la situación actual y apoyar la creación del área de protección de flora y fauna Sistema Arrecifal Lobos Tuxpan, frente a los municipios Tamiahua y Tuxpan en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Segundo. En esa misma fecha, el expediente No. 3156 que contiene la propuesta con punto de acuerdo fue turnada a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente, de conformidad con las siguientes:

Consideraciones

El Sistema Arrecifal Isla Lobos-Tuxpan se localiza frente a las costas de los municipios de Tamiahua y Tuxpan en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y forma parte del Sistema Arrecifal Norveracruzano, entre los paralelos de 20º 45' y 21º 18', y entre los meridianos 97º 11' y 97º 17'. Este sistema arrecifal de plataforma ¹ pertenece a la Provincia Arrecifal Indo-Occidental del Caribe, dentro de la Región Arrecifal Atlántica y se divide en dos grupos conformados por tres arrecifes cada uno, a saber: ``El grupo Tuxpan incluye a los arrecifes Tuxpan, En medio y Tanhuijo. El [grupo Lobos] incluye al arrecife Lobos, Medio y Blanquilla.'' ² Se debe mencionar que esta zona de arrecifes es la más grande del norte de México.

La profundidad de la llanura del sistema arrecifal de Lobos-Tuxpan no es mayor a un metro y su longitud va de los 500 metros a los 3 kilómetros. La base del sistema Lobos-Tuxpan está constituida por corales pétreos, mientras que la zona de talud está dominada por corales de las familias Faviidae y Siderastreidae. En las zonas donde la profundidad no es mayor a los 15 metros se encuentran las especies Montastrea annularis, Colpophyllia natans, Diploria clivosa y D. strigosa; mientras que en las zonas con una profundidad mayor a los 15 metros sobresalen C. natans, Siderastrea siderea y Stephanocoenia intercepta.someras. ³

Esta Comisión dictaminadora considera prudente señalar que la diversidad biológica del arrecife Lobos-Tuxpan es significativa, no en vano se encuentra localizado dentro de la Región Marina Prioritaria No. 47 ``Pueblo Viejo-Tamiahua'' de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. Más aún, de acuerdo con el estudio técnico justificativo de la Universidad Veracruzana para decretar como área natural protegida a este sistema arrecifal: ``Entre la fauna asociada al coral cabe mencionar a Davidaster rubiginosa, y las estrellas Linckia guildinguii, Copidaster liman, los erizos Diadema antillarum, Astropyga magnfica y los abundantes Echinometra viridis y E. lucunter, en los parches de arena se encuentran pepinos de mar. También están presentes las esponjas Spheciospongia vesparium, Ircinia strobilina, Ectyopliasia ferox y Aplysina fulva, siendo Cliona delitrix una de las esponjas más comunes. En los cabezos de coral también se encuentran poliquetos serpúlidos de la especie Spirobranchius giganteus.'' ⁴

En el sistema se ha registrado la presencia de 25 especies de moluscos, entre los que destacan los caracoles Xancus angulatus, Strombus pugilis, Cipraea cebra y Cassis flamea, también es común encontrar a la especie de pulpo Octopus vulgaris. Un molusco raro es el Casco gigante Cassis madagascarensis. ⁵ Por lo que se refiere a los crustáceos destaca la presencia Mitrax forceps, Stenopus hispidus, Stenorhynchus seticornis, Periclimenes americanus, Alpheus formosus. Por su parte las algas registran más de cien especies, entre las que se encuentran Halimeda opuntia, Penicillus pyriformis Dyctyota, Caulerpa racemosa, C. cupressoides, Ventricaria ventricosa, Microdictyon sp, Galaxaura sp. y Sargassum fluitans, que es más abundante en el verano. ⁶

En cuanto a la ictiofauna, las familias mejor representadas en el sistema arrecifal, aunque no las únicas son: Serranidae, Labridae, Carangidae, Gobidae, Pomacentridae y Scaridae; siendo las especies más frecuentes: Bodianus rufus, Thalassoma bifasciatum, Halichoeres sp, Stegastes dorsopunicans y Chromis multilineata. ⁷

Aunado a las especies antes enunciadas, el sistema arrecifal en comento alberga otras que se encuentran en alguna categoría de riesgo de acuerdo a la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2001. Protección ambiental- Especies nativas de México de flora y fauna silvestres- Categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio- Lista de especies en riesgo. Estas especies son: coral cuerno de alce (Acropora palmata), especie sujeta a protección especial y coral cuerno de ciervo (Acropora cervicornis), también sujeta a protección especial.

También se encuentran las siguientes especies incluidas en la Lista Roja de la Unión Mundial para la Conservación de la Naturaleza (UICN): Aetobatus narinari, casi amenazada; Cherna criolla (Epinephelus striatus), en peligro; Mycteroperca rubra, especie para la que no hay datos suficientes; Lutjanus anales, vulnerable; Lutjanus cyanopterus, vulnerable; Lachnolaimus maximus, vulnerable; Scarus guacamaia, vulnerable; Balistes vetula, vulnerable. ⁸

Los servicios ambientales que el sistema arrecifal Lobos-Tuxpan provee son muy importantes, ya que resguarda a la zona costera de los daños que pueden ocasionar las tormentas tropicales y los huracanes. Asimismo, evita la erosión del suelo y las inundaciones, toda vez que entre la zona que separa el arrecife de la costa se encuentra un importante desarrollo de pastos marinos que además de retener los sedimentos, disminuye la fuerza del oleaje. No es fortuito que los estudios que sobre este ecosistema se han realizado estimen que a nivel mundial los servicios ambientales que éste brinda están valuados en 375 mil millones de dólares anuales. ⁹

El sistema arrecifal de Lobos-Tuxpan, al igual que los otros, es sitio idóneo para la alimentación, la reproducción y la crianza de especies comerciales de peces. Para las comunidades de Tamiahua y Tuxpan, el arrecife representa una fuente importante de ingresos debido a que un importante número de pobladores se dedica a la pesca o a actividades turísticas. Como ejemplo esta Comisión dictaminadora se permite mencionar que: ``los peces de importancia comercial que se capturan en el arrecife Lobos están representados por 64 especies pertenecientes a 40 géneros y 26 familias. De éstas 27 especies, 18 géneros y 11 familias son capturadas con fines alimenticios...'' ¹⁰

La presión que las actividades humanas ejercen en este tipo de ecosistema es de tal magnitud que hoy en día, de acuerdo al Grupo de Monitoreo Global de Arrecifes de Coral (Global Coral Reef Monitoring Network), el 27% de los arrecifes del mundo se encuentran severamente dañados. Entre estas actividades figuran los desarrollos costeros, la deforestación de zonas costeras y la agricultura. Dichas actividades han puesto en peligro al 60% de los arrecifes del mundo, entre ellos al Sistema Arrecifal Lobos-Tuxpan.

De acuerdo al Plan Sectorial de Medio Ambiente 2007-2012, una de las prioridades en la materia es el cuidado y conservación de nuestra riqueza biológica. Entre la que sin duda figura el sistema arrecifal Lobos - Tuxpan. Más aún, el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 reconoce que entre: ``Los mecanismos más efectivos para la conservación de la biodiversidad son el establecimiento de áreas naturales protegidas y los esquemas de manejo sustentable que permiten integrar la conservación de la riqueza natural con el bienestar social y el desarrollo económico.'' ¹¹

Esta Comisión dictaminadora recuerda que la figura de las áreas naturales protegidas se estableció a nivel legal con objeto de preservar la rica y variada diversidad biológica del país. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 44 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente éstas son: ``las zonas del territorio nacional y aquellas sobre las que la Nación ejerce su soberanía y jurisdicción, en las que los ambientes originales no han sido significativamente alterados por la actividad del ser humano, o que requieren ser preservados y restaurados...''

Tal como señala el promovente, el 5 de junio de 2003 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el aviso por el que se informó al público en general que estaban a disposición los estudios para justificar la expedición del decreto para declarar al Sistema Arrecifal Lobos-Tuxpan, Área Natural Protegida (ANP) bajo la categoría de Área de Protección de Flora y Fauna. ¹² Nueve meses después de publicado el aviso y dada la importancia del ecosistema en comento, esta soberanía aprobó un exhorto para agilizar los trámites necesarios para declarar al sistema arrecifal como área natural protegida, así como a suspender las autorizaciones y el otorgamiento de permisos de construcción de infraestructura comercial o turística en tanto no se decretara el ANP. ¹³

A más de cuatro años y medio de la publicación del aviso para la propuesta de declaratoria, el decreto de creación no ha sido expedido por el Ejecutivo federal, por lo que esta Comisión dictaminadora se permitió consultar a las autoridades de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas sobre el estado que guarda el proceso para expedir el decreto de ANP. Sobre el particular, la CONANP informó que ya se habían elaborando las correcciones y ampliaciones para la segunda revisión de la manifestación de impacto regulatorio, por lo que habría que esperar a principios del mes de marzo para que la Comisión Federal de Mejora Regulatoria emitiera el dictamen final y así continuar con el proceso de decreto, es decir, enviar el anteproyecto a la Unidad Coordinadora Jurídica de la Presidencia de la República para que a su vez ésta la revise y publique en el Diario Oficial de la Federación.

Tomando en cuenta lo anterior, esta Comisión dictaminadora considera pertinente modificar el primer punto resolutivo del acuerdo que se dictamina y que a la letra dice: ``Primero. Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a presentar a esta soberanía un informe del estado actual de los trámites para la creación del área de protección de flora y fauna sistema arrecifal Lobos-Tuxpan, frente a los municipios de Tamiahua y Tuxpan, Veracruz y a agilizar las acciones para concretar su decreto.'' La redacción propuesta es la siguiente: ``La H. Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a agilizar las acciones pertinentes para la expedición del Decreto de creación del Área Natural Protegida con el carácter de Área de Protección de Flora y Fauna ``Sistema Arrecifal Lobos-Tuxpan'', ubicado frente a los municipios de Tamiahua y Tuxpan, en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.''

Los legisladores integrantes de la Comisión que dictamina coinciden con el promovente en que el Sistema Arrecifal Norveracruzano es un ecosistema que merecer ser protegido no sólo por los servicios ambientales y socio-económicos que provee, sino porque es urgente regular las actividades antropogénicas que tienen verificativo en la zona y que contribuyen significativamente a degradarlo. En ese sentido y tomando en consideración lo antes expuesto se permiten someter a la consideración de esta honorable Asamblea el siguiente:

Acuerdo

Primero. La H. Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a agilizar las acciones pertinentes para la expedición del decreto de creación del Área Natural Protegida con el carácter de Área de Protección de Flora y Fauna ``Sistema Arrecifal Lobos-Tuxpan'', ubicado frente a los municipios de Tamiahua y Tuxpan, en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a apoyar decididamente la creación del Área Natural Protegida con el carácter de Área de Protección de Flora y Fauna ``Sistema Arrecifal Lobos-Tuxpan'', ubicado frente a los municipios de Tamiahua y Tuxpan, en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, debido a la importancia que estos ecosistemas representan para la actividad de la pesquera en la región.

Notas: 1 Un arrecife de plataforma es aquel que posee una amplia llanura arrecifal o terraza de poca profundidad rodeada por un talud arrecifal. Tomado de: Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias. Universidad Veracruzana. ``El Sistema Arrecifal Norveracruzano'' En: http://www.uv.mx/bio_agro/Ecobuceo/sisarre_norver.htm. Página consultada el 22 de febrero de 2008.2 Los corchetes son de la Comisión dictaminadora. Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias. Universidad Veracruzana. ``El Sistema Arrecifal Norveracruzano'' En: http://www.uv.mx/bio_agro/Ecobuceo/sisarre_norver.htm. Página consultada el 22 de febrero de 2008.3 Universidad Veracruzana. 2003. ``Propuesta para considerar como Área Natural Protegida en el Sistema Arrecifal Lobos-Tuxpam''. En: http://209.85.173.104/search?q=cache:ZVKxCpL3VTkJ:www.conanp.gob.mx/anp/estudios_justificativos/tuxpam.doc+estudio+t%C3%A9cnico+justificativo+isla+Lobos-Tuxpan+%C3%A1rea+natural & hl=es & ct=clnk & cd=1 & gl=mx. Página consultada el 25 de febrero de 2008.4 Idem.5 Idem.6 Idem.7 Idem.8 Idem.9 Ver. Costanza, R. et.al. 1997. ``The value of the world's ecosystem services and natural capital''. Nature No. 387, pp. 253-260.10 ``Pesca en los arrecifes del Norte de Veracruz''. Anexo Pesca. Documentos de Apoyo. Formulario MIR Moratoria para el anteproyecto: Decreto por el que se pretende declarar área natural protegida, con el carácter de Área de Protección de Flora y Fauna, la región conocida como Sistema Arrecifal Lobos- Tuxpan, con una superficie de 31,898-85-54.93 Hectáreas (TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTAS NOVENTA Y OCHO HECTÁREAS, OCHENTA Y CINCO ÁREAS Y CINCUENTA Y CUATRO PUNTO NOVENTA Y TRES CENTIÁREAS), localizada frente a las costas de los municipios de Tamiahua y Tuxpan, en el Estado de Veracruz, En: http://www.cofemermir.gob.mx/crLecAnte.asp?seccionid=F55 & formId=55 & submitid=10587. Página consultada el 25 de febrero de 2008.11 Presidencia de la República. 2007. ``Objetivo 4. Conservar los ecosistemas y la biodiversidad del país.'' Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012. México, p. 250.12 Es importante recordar que de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 54 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, las áreas de protección de la flora y la fauna:'' se constituirán de conformidad con las disposiciones de esta Ley, de la Ley General de Vida Silvestre, la Ley de Pesca y demás aplicables, en los lugares que contienen los hábitat de cuyo equilibrio y preservación dependen la existencia, transformación y desarrollo de las especies de flora y fauna silvestres. En dichas áreas podrá permitirse la realización de actividades relacionadas con la preservación, repoblación, propagación, aclimatación, refugio, investigación y aprovechamiento sustentable de las especies mencionadas, así como las relativas a educación y difusión en la materia.Asimismo, podrá autorizarse el aprovechamiento de los recursos naturales a las comunidades que ahí habiten en el momento de la expedición de la declaratoria respectiva, o que resulte posible según los estudios que se realicen, el que deberá sujetarse a las normas oficiales mexicanas y usos del suelo que al efecto se establezcan en la propia declaratoria.''13 Anexo Exhorto. Documentos de Apoyo. Formulario MIR Moratoria para el anteproyecto: Decreto por el que se pretende declarar área natural protegida, con el carácter de Área de Protección de Flora y Fauna, la región conocida como Sistema Arrecifal Lobos- Tuxpan, con una superficie de 31,898-85-54.93 Hectáreas (TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTAS NOVENTA Y OCHO HECTÁREAS, OCHENTA Y CINCO ÁREAS Y CINCUENTA Y CUATRO PUNTO NOVENTA Y TRES CENTIÁREAS), localizada frente a las costas de los municipios de Tamiahua y Tuxpan, en el Estado de Veracruz, En: http://www.cofemermir.gob.mx/crLecAnte.asp?seccionid=F55 & formId=55 & submitid=10587. Página consultada el 25 de febrero de 2008.

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Está a discusión el punto de acuerdo. En virtud de que no se ha registrado orador alguno, se considera suficientemente discutido y se reserva para su votación económica al final.

PUEBLOS INDIGENAS QUE VIVEN EN EL BOSQUE

El Secretario diputado Manuel Portilla Diéguez: «Dictamen de la Comisión de Asuntos Indígenas, con punto de acuerdo a fin de exhortar a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas a informar sobre el resultado de las actividades realizadas en la elaboración de la propuesta de programa especial de atención a pueblos y comunidades que viven en el bosque

Honorable Asamblea:

La diputada Oralia Vega Ortiz, a nombre de los diputados integrantes de la mesa directiva de la Comisión Especial de Atención a Pueblos que Viven en el Bosque, en uso de las facultades que le confieren los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentó ante el pleno de esta soberanía una proposición con punto de acuerdo ``por el que se exhorta a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas informe el resultado de las actividades realizadas para definir la pertinencia de elaborar un Programa Especial de atención a Pueblos y Comunidades que Viven en el Bosque. En los términos previstos por los artículos 39, numerales 1 y 3, y 45 numeral 6 inciso F, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, habiendo estudiado la proposición con punto de acuerdo de referencia, la Comisión que suscribe presenta a la consideración de esta H. Asamblea los siguientes:

I. Antecedentes

El 7 de mayo de 2008, la diputada Oralia Vega Ortiz, presentó ante el Pleno de la del Congreso de la Unión, a nombre de los integrantes de la mesa directiva de la Comisión Especial de atención a Pueblos y Comunidades que Viven en el Bosque, la proposición con punto de acuerdo de referencia.

A dicha proposición, la Presidencia de la Mesa de la Comisión Permanente dictó el siguiente trámite: ``se turnó a la Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados''.

El 8 de mayo 2008, se recibió en la Comisión de Asuntos Indígenas la proposición con punto de acuerdo, y en fecha 13 de mayo, se turnó a los diputados integrantes de la comisión para su conocimiento y efectos de dictamen.

II. Exposición de Motivos

La proposición de referencia expresa que la misión de la Comisión Especial de Atención a Pueblos que Viven en el Bosque, es coadyuvar con las autoridades federales, estatales y municipales, organizaciones civiles para incrementar los niveles de bienestar y desarrollo sustentable.

Asimismo señala que, el pasado 12 de abril de 2007, el diputado Joel Guerrero Juárez , presentó punto de acuerdo para solicitar a las diversas dependencias del Ejecutivo federal informaran a esta Cámara de Diputados, sobre programas y acciones concretas emprendidas para el desarrollo de los pueblos que viven en el bosque.

El 16 de mayo de ese mismo año, la Cámara de Diputados, recibió respuesta del Ejecutivo federal a lo que planteaba el punto de acuerdo anteriormente señalado. De esa manera la Comisión Nacional Forestal (Conafor) informó de las acciones y programas emprendidos para el desarrollo de los pueblos y comunidades que viven en el bosque.

Por su parte, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa); de Reforma Agraria (SRA) y de Desarrollo Social (Sedesol), de igual manera informaron que sí tenían programas que incluían como beneficiarios a algunos productores de los pueblos y comunidades que viven en el bosque, pero que no tenían un programa exclusivo, como lo plantea el punto de acuerdo del 12 de abril de 2007.

Finalmente, el 27 de julio de 2007, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados hizo llegar a la Comisión Especial de Atención a Pueblos que Viven en el Bosque, copia de oficios de la CDI en la que se convoca a las anteriores dependencias federales a participar en una reunión de trabajo a fin de determinar la pertinencia de poner en marcha un programa especial de atención a pueblos y comunidades que viven en el bosque.

III. Consideraciones

Respecto a su formulación, la proposición con punto de acuerdo cumple los términos previstos en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

La ciudadana diputada quien presenta la proposición, hace referencia a un asunto del cual le corresponde conocer en su carácter de representante de la nación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 51 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pero al mismo tiempo presenta la proposición en nombre de los diputados integrantes de la mesa directiva de la Comisión Especial de referencia, visto que los autores de la proposición firman el citado punto de acuerdo motivo de este dictamen, esta Comisión considera que dicha proposición cumple con los términos previstos en el artículo 43 de la Ley Orgánica y del artículo 78 del Reglamento para el Gobierno Interior, ambos del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Para el desahogo del punto de acuerdo turnado a esta Comisión, se tomaron las opiniones de la propia mesa directiva de la Comisión Especial que presenta la proposición de referencia. En copias de documentos entregados a esta Comisión de Asuntos Indígenas por la mesa directiva de la Comisión Especial de referencia, se da cuenta de dos minutas de reuniones sostenidas entre servidores públicos de diferentes dependencias federales y representante de la Comisión Especial de referencia.

La primera de ellas realizada el día 2 de agosto del 2007, en la que participaron servidores públicos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), de la Reforma Agraria (SRA), Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (Conadepi) y representante de la Comisión Especial de Atención a Pueblos que Viven en el Bosque, con el objeto de atender el punto de acuerdo aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados el 12 de abril de 2007.

De esta primera minuta, se desprenden tres acuerdos principales:

La segunda minuta, se refiere a la reunión del día 16 de agosto sostenida entre servidores públicos de la Sedesol, Sagarpa, SRA, y Conadepi, a fin de dar continuidad al punto de acuerdo aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados el 12 de abril de 2007.

Es de notarse que en esta reunión ya no estuvo presente el representante de la Comisión Especial de referencia, debido a que los representantes de las dependencias les manifestaron que no sería necesaria su presencia, motivo por el cual ya no acudió a ninguna otra reunión de esta naturaleza.

En esta segunda minuta, encontramos ocho acuerdos.

De las minutas obtenidas por esta Comisión de Asuntos Indígenas, resulta que el Ejecutivo federal ha atendido al punto de acuerdo aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados, en la que, entre otras cosas, se exhorta al Ejecutivo federal se elabore un Programa Especial de atención a Pueblos y comunidades que viven en el bosque.

Sin embargo, también es de considerarse que, en el desarrollo de las actividades de las dependencias y entidades federales para atender este punto de acuerdo, en la minuta del 16 de agosto, se observa en el acuerdo tercero referente a que la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas será la encargada de informar al Legislativo de los acuerdos y acciones que se realicen para la atención del punto de acuerdo que dio origen a esas reuniones.

Por su parte la Comisión Especial para la Atención de Pueblos y Comunidades que Viven en el Bosque llaman la atención en su exposición de motivos sobre este asunto en particular, cuando dicen que con la finalidad de conocer los resultados de las reuniones posteriores, así como otras actividades de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, el pasado 20 de febrero del año en curso, la mesa directiva de esta Comisión concertó una audiencia con el titular de la Unidad de Coordinación y Enlace. Sin embargo, en la fecha y hora concertada se nos informó que el titular no nos atendería.

Más adelante señalan que a la fecha no han recibido ninguna información relativa a los resultados finales de estas reuniones.

Las y los integrantes de esta Comisión de Asuntos Indígenas consideran, que muchos de los pueblos indígenas del país se asientan en territorios boscosos, (se calculan que alrededor de 5 millones son campesinos e indígenas) y que la falta de infraestructura básica en esas zonas o atención de la salud adecuada, los convierte en la población más vulnerable para padecer enfermedades; además la falta de empleos dignos y bien remunerados los convierte en fácil presa de la delincuencia organizada que se aprovecha de sus circunstancias para obligarlos a la producción de productos ilícitos, por lo que un programa especial para la atención de estas comunidades sería necesario elaborarlo y llevarlo a cabo.

Por otra parte, para el cumplimiento de lo que establece el artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, es menester contar con el apoyo y la disposición de las dependencias federales como en este caso. Sin embargo, tal como lo señala la Comisión Especial de referencia, no ha encontrado plena disposición de una de las dependencias, en este caso de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, que se encargaría de informar al Legislativo de los acuerdos y acciones para la atención del punto de acuerdo.

En términos del segundo párrafo del artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta soberanía tiene la facultad para llamar al titular de la Conadepi a informar de los asuntos en comento. Sin embargo, esta Comisión de Asuntos Indígenas considera que dado que se han llevado a cabo reuniones para atender el punto de acuerdo del pleno de la Cámara de Diputados de fecha 12 de abril de 2007, es necesario que se informe al Legislativo del avance de estas reuniones a través de la dependencia en quien recayó dicha responsabilidad, tal como se observan en las minutas de dichas reuniones referidas párrafos arriba.

En este orden de ideas, se considera de procedente lo expuesto en el punto de acuerdo de referencia; existe la necesidad de que se elabore un Programa Especial de Atención a Pueblos y Comunidades que Viven en el Bosque. Que dicho programa se elabore cuanto antes, para que esta soberanía esté en condiciones de atender las necesidades presupuestales que se deriven de él y que se formulen las reglas de operación con las que vaya a operar.

Ahora bien, conforme a las facultades ya referidas, en el ámbito del respeto a las funciones de los Poderes de la Unión; se deberá exhortar al Ejecutivo federal, a través de sus dependencias federales, a que en el ámbito de su competencia instrumente las acciones contenidas en la proposición con punto de acuerdo que nos ocupa.

Por lo anterior, esta Comisión de Asuntos Indígenas:

Conforme a las facultades que le confieren los artículos 39, 45 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos:

IV. Resuelve

Único: Se exhorta a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas informe a esta soberanía el resultado de las actividades realizadas en la elaboración de la propuesta del Programa Especial de atención a Pueblos y comunidades que viven en el bosque, en el cual se incluyan: la de protección y cuidado del bosque, el empleo, la vivienda, la educación, la salud y el desarrollo sustentable en el marco de las leyes en la materia.

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Está a discusión el punto de acuerdo. En virtud de que no se ha registrado orador alguno, se considera suficientemente discutido y se reserva para su votación económica al final.

DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDIGENAS

El Secretario diputado Manuel Portilla Diéguez: «Dictamen de la Comisión de Asuntos Indígenas, con punto de acuerdo para exhortar a los congresos estatales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a legislar en materia indígena, en busca de armonizar los ordenamientos locales con lo que establecen el artículo 2o. constitucional, la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, el Convenio 169 de la OIT y demás instrumentos jurídicos

Honorable Asamblea:

El diputado Carlos Augusto Bracho González , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en uso de las facultades que le confieren los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentó ante el pleno de esta soberanía una proposición con punto de acuerdo ``por el que se exhorta a los Congresos de los estados, así como a la ALDF, legislen en materia indígena''.

En los términos previstos por los artículos 39, numerales 1 y 3, y 45 numeral 6 inciso F, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, habiendo estudiado la proposición con punto de acuerdo de referencia, la comisión que suscribe presenta a la consideración de esta H. Asamblea los siguientes:

I. Antecedentes

El 13 de diciembre de 2007, el diputado Carlos Augusto Bracho González , presentó ante el pleno de esta Cámara de Diputados la proposición con punto de acuerdo de referencia.

A dicha proposición, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados dictó el siguiente trámite: ``túrnese a la Comisión de Asuntos Indígenas''.

El 14 de enero de 2008, se recibió en la Comisión de Asuntos Indígenas la proposición con punto de acuerdo, y en fecha 16 de enero, se turnó a los diputados integrantes de la comisión para su conocimiento y efectos de dictamen.

II. Exposición de Motivos

La proposición de referencia expresa que como un reconocimiento a la autonomía, libre determinación, usos y costumbres, a la igualdad de derechos de hombres y mujeres indígenas, al respeto a sus derechos humanos, así como el derecho a la explotación de sus territorios y recursos naturales por parte de las etnias, falta mucho por hacer.

En relación a lo anterior, señala con preocupación que sólo cinco Legislaturas estatales se han ocupado de legislar en esta materia. Aún cuando, en efecto, el artículo segundo de la Constitución Federal remite a las constituciones y leyes de las entidades federativas el reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas.

Señala también la proposición de referencia, como una preocupación más, que existen Congresos en las entidades federativas que no tienen Comisión de Asuntos Indígenas en su respectiva legislatura.

III. Consideraciones

Respecto a su formulación, la proposición con punto de acuerdo cumple los términos previstos en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

El ciudadano diputado autor de la proposición, hace referencia a un asunto del cual le corresponde conocer en su carácter de representante de la nación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 51 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

A efecto de fundamentar la proposición, el documento en análisis expresa que de las 32 Legislaturas estatales en nuestro país la mayoría de ellas sólo han adecuado su marco constitucional local al de las reformas del artículo 1° y 2° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pero además a la mayoría de ellas les hace falta emitir su propia ley reglamentaria en materia indígena, indispensable para hacer efectiva la aplicación y exigibilidad de sus derechos por parte de pueblos y comunidades indígenas.

Si bien en varias legislaciones estatales se reconoce la existencia de los pueblos y comunidades indígenas y algunas de ellas tienen un alcance mayor a lo que establece la Constitución Política de los EUM, la mayoría de ellas se circunscriben a lo que establecieron las reformas constitucionales del año 2001, misma que tuvo el rechazo de la mayoría de los pueblos indígenas. Debido a varias razones, entre otras, a que el artículo segundo constitucional deja en manos de las Legislaturas locales el reconocimiento de quiénes deben ser los sujetos del derecho, es decir, quiénes son pueblos indígenas en sus entidades federativas. Además de no reconocer plenamente el derecho de los pueblos indígenas a la posesión, utilización y aprovechamiento de sus tierras, territorios y recursos naturales, como bien lo señala el diputado autor de la proposición.

Lo anterior ha llevado a que incluso, en algunas entidades federativas se caigan en contradicciones. Por ejemplo, de las constituciones estatales que contienen disposiciones en materia de reconocimiento de derechos indígenas, sólo seis actualizaron sus disposiciones con respecto a las reformas del año 2001, pero todas trasladan a su cuerpo normativo los contenidos de la Constitución Federal. Como señala el investigador Francisco López Bárcenas, en el texto del CEDRSSA sobre Legislación y derechos indígenas en México ``Lo precedente, muestra un problema en doble sentido: por un lado no se hace uso de las facultades constitucionales reservadas a las entidades federativas, y por el otro se incluyen en las leyes estatales materias reservadas para su regulación a la Federación, con lo cual se invaden facultades de aquella, con lo cual se convierten en normas inválidas''.

El reconocimiento de los derechos de los Pueblos Indígenas en nuestro país, sigue siendo pues una deuda pendiente de la sociedad mexicana con nuestros pueblos originarios. Sin embargo, esta Comisión considera importante lo que promueve el ciudadano diputado, pues recordamos aquí, que la LX Legislatura de la Cámara Federal de Diputados, aprobó, por unanimidad, un punto de acuerdo, en el que se reconoce la importancia de armonizar la legislación nacional con lo que establece la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, aprobado por la Asamblea General de la ONU en el año 2007, en la que el gobierno mexicano jugó un papel importante para lograr la aprobación de este instrumento jurídico internacional.

El caso del documento de análisis atiende precisamente en este sentido y, las y los integrantes de esta Comisión de Asuntos Indígenas consideran imperativo que de igual manera las legislaturas estatales, no sólo actualicen sus disposiciones constitucionales y leyes en materia de derechos de los pueblos indígenas con lo establecido en los artículos 1° y 2° constitucionales, sino que hagan uso de las facultades constitucionales reservadas a las entidades federativas y, puedan ir más allá, en el sentido de armonizar sus disposiciones constitucionales y leyes reglamentarias con lo que establece la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, el Convenio 169 de la OIT, ratificado por el Senado de la República, así como otros instrumentos del derecho internacional, como por ejemplo, la Convención de Diversidad Biológica, la Convención de Diversidad Cultural, entre otros.

En este orden de ideas, se considera de importancia lo expuesto en el punto de acuerdo de referencia; existe una necesidad real de legislar en materia de derechos plenos de los pueblos y comunidades indígenas.

Ahora bien, conforme a las facultades ya referidas, se desprende que esta Comisión legislativa, de conformidad con el mandato constitucional de respeto a los poderes de los estados (artículos 40, 71, 115, entre otros), estima conveniente y necesario exhortar a los Congresos de los estados y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a que en el ámbito de su competencia instrumenten las acciones contenidas en la proposición con punto de acuerdo que nos ocupa.

Por lo anterior, esta Comisión de Asuntos Indígenas:

Conforme a las facultades que le confieren los artículos 39, 45 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos:

IV. Resuelve

Único: Se exhorta a los Congresos de los estados de la Federación, así como a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para que, haciendo uso de las facultades constitucionales reservadas a las entidades federativas, legislen en materia indígena, buscando armonizar la legislación estatal con lo que establecen el artículo 2º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, el Convenio 169 de la OIT y demás instrumentos jurídicos en que se reconocen los derechos de los Pueblos Indígenas.

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Está a discusión el punto de acuerdo. En virtud de que no se ha registrado orador alguno, se considera suficientemente discutido y se reserva para su votación económica al final.

PUEBLOS INDIGENAS QUE HABITAN EN ZONAS URBANAS

El Secretario diputado Manuel Portilla Diéguez: «Dictamen de la Comisión de Asuntos Indígenas, con punto de acuerdo a fin de exhortar al titular del Poder Ejecutivo federal a efecto de que la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas implante acciones que garanticen a los pueblos indígenas que habitan en zonas urbanas el acceso equitativo a los programas que se manejan

I. Antecedentes

Con fecha 6 de diciembre del 2007, la diputada federal María Soledad Limas Frescas , integrante del Grupo Parlamentario del PAN, en uso de las facultades que le confieren los artículos 58 y 59 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentó al pleno de la Asamblea de la Cámara de Diputados, la proposición con punto de acuerdo para hacer un atento exhorto al Ejecutivo federal, a efecto de que la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, implemente de manera oportuna acciones tendientes a garantizar a los integrantes de pueblos indígenas que habitan en zonas urbanas, el acceso equitativo y urgente de los programas que maneja.

El 13 de diciembre del 2007, esta Comisión, recibió la proposición con punto de acuerdo, para su dictamen correspondiente.

II. Exposición de Motivos

La proposición en referencia expresa que:

III. Consideraciones

Como señala la proposición, la presencia indígena en México se había concentrado históricamente en sitios más o menos acotados, entre ellos antiguas demarcaciones y espacios comunitarios tradicionales. En las últimas cinco décadas, dentro del proceso de urbanización del país, la población indígena ha emprendido desplazamientos sostenidos en volúmenes significativos a zonas metropolitanas como México, Guadalajara, Monterrey y Puebla, así como conurbaciones y ciudades, las cuales se han convertido en nuevas áreas de atracción.

Datos del Consejo Nacional de Población, señalan que, ``...en el conjunto del sistema urbano nacional habitan 4.2 millones de indígenas, quienes representan uno de cada tres indígenas del país: 2.6 millones en las zonas metropolitanas, 311 mil en las conurbaciones y 1.3 millones en otro tipo de ciudades. La presencia étnica significa una proporción relativamente pequeña con respecto al total de la población en las zonas metropolitanas (5.9%), conurbaciones (5.6%) y otras ciudades (8.0%); no obstante, que su presencia sea importante en términos absolutos...''.

Por otra parte el apartado ``B'' de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que ``La Federación, los estados y los municipios, para promover la igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier practica discriminatoria, establecerán las instituciones y determinaran las políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las cuales deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente con ellos''.

Conforme a la Ley que crea la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas --CDI-- tiene como objeto ``...orientar, coordinar, promover, apoyar, fomentar, dar seguimiento y evaluar los programas, proyectos, estrategias y acciones públicas para el desarrollo integral y sustentable de los pueblos y comunidades indígenas de conformidad con el artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos...''.

Sin embargo, desde la creación de la CDI, no se han ajustado los programas de esta institución, a la nueva realidad del país señalada, en donde uno de cada tres indígenas residen en el ciudades del país, operando programas que fueron diseñados por su antecesor, el Instituto Nacional Indigenista, centrados en las comunidades de origen de los integrantes de los pueblos indígenas (albergues escolares indígenas, infraestructura básica para la atención de los pueblos indígenas, fomento y desarrollo de las culturas indígenas, fondos regionales indígenas, organización productiva para mujeres indígenas, promoción de convenios en materia de justicia, turismo alternativo en zonas indígenas, apoyo a la producción Procapi, sistema de radiodifusoras culturales indigenistas).

Si bien, esta institución ha considerado acciones para la atención indígena en ciudades, están han sido, extensión de los programas señalados, que no considera las circunstancias propias de los indígenas que residen en las ciudades.

Por lo anterior, esta Comisión de Asuntos Indígenas, conforme a las facultades que le confieren los artículos 39, 45 y demás relativos a la Ley Orgánica del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, resuelve:

Primero: Se solicita al Ejecutivo federal para que la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) informe de las acciones que hasta ahora ha puesto en marcha para la atención a la población indígena habitante en zonas urbanas.

Segundo: Se exhorta al Ejecutivo federal para que la CDI dé cumplimiento a las atribuciones que le confiere el artículo segundo de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos así como a la Ley que la crea para: 1) implementar acciones específicas para atender a los integrantes de los pueblos indígenas que habitan en zonas urbanas del país; 2) diseñar e implementar programas y acciones acordes con las circunstancias y necesidades básicas de esta población: agua, salud, vivienda y educación; 3) considerar en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2009, recursos suficientes para la implementaciones de dichos programas y acciones.

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Está a discusión el punto de acuerdo. En virtud de que no se ha registrado orador alguno, se considera suficientemente discutido.

VOLUMEN II

MUJERES INDIGENAS

El Secretario diputado Manuel Portilla Diéguez: «Dictamen de la Comisión de Asuntos Indígenas, con punto de acuerdo a fin de exhortar a los congresos estatales a promover reformas en materia electoral para garantizar los derechos de las indígenas, consagrados en la Constitución federal y en los instrumentos internacionales aplicables

Honorable Asamblea:

La diputada federal Irma Piñeyro Arias , del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, en uso de las facultades que le confieren los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentó ante el pleno de esta soberanía una proposición con punto de acuerdo ``por el que se exhorta a los Congresos de los estados de la Federación, con población étnica regida por el sistema de usos y costumbres, a promover reformas en sus leyes electorales que garanticen a la mujer indígena sus derechos dispuestos en los artículos 2°, 4° y 35 constitucionales''.

En los términos previstos por los artículos 39, numerales 1 y 3, y 45 numeral 6 inciso F, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, habiendo estudiado la proposición con punto de acuerdo de referencia, la comisión que suscribe presenta a la consideración de esta H. Asamblea los siguientes:

I. Antecedentes

El 4 de marzo de 2008, la diputada Irma Piñeyro Arias , presentó ante el pleno de esta Cámara de Diputados la proposición con punto de acuerdo de referencia.

A dicha proposición, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados dictó el siguiente trámite: ``túrnese a la Comisión de Asuntos Indígenas''.

El 5 de marzo de 2008, se recibió en la Comisión de Asuntos Indígenas la proposición con punto de acuerdo, y en fecha 11 de marzo, se turnó a los diputados integrantes de la comisión para su conocimiento y efectos de dictamen.

II. Exposición de Motivos

La proposición de referencia expresa que la población indígena en México asciende a 13 millones de personas y representan el 12 por ciento de la población mexicana y se identifica entre estos grupos a 62 pueblos indígenas.

Que en algunas entidades se reconoce la elección de autoridades a través del sistema de ``usos y costumbres''.

El artículo 2° constitucional reconoce, entre otras cosas, el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a ``elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno, garantizando la participación de las mujeres en condiciones de equidad frente a los varones...''.

Lo anterior justifica plenamente que, en procesos de elección de autoridades en sistemas tradicionales, se respete el derecho de la mujer a votar y ser votada, tal como lo establece también el artículo 4° constitucional.

Es importante señalar que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece que ``Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar a hombres y mujeres la igualdad en el goce de todos los derechos civiles y políticos enunciados en el presente Pacto''. Los artículos 25 y 26 del mismo Pacto precisan estos derechos para ser votados y elegidos y no ser motivos de discriminación.

En función de lo anterior, las y los integrantes de esta Comisión de Asuntos Indígenas valoran el interés y el contenido de la proposición, bajo las siguientes:

III. Consideraciones

Respecto a su formulación, la proposición con punto de acuerdo cumple los términos previstos en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

La ciudadana diputada, autora de la proposición, hace referencia a un asunto del cual le corresponde conocer en su carácter de representante de la nación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 51 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

A efecto de fundamentar la proposición, el documento en análisis expresa que la población indígena en México asciende a 13 millones de personas y representan el 12 por ciento de la población mexicana y se identifica entre estos grupos a 62 pueblos indígenas.

Que vivimos en un país con una población multicultural, multiétnica y multilingüistica, que mantiene sistemas normativos basados en tradiciones ancestrales transmitidas oralmente por generaciones. En estas comunidades y municipios indígenas, existe tradición de que en ese espacio interno, la elección de autoridades es un privilegio de los hombres, que lo justifican en el marco de los usos y costumbres.

Si bien en varias legislaciones estatales se reconoce la existencia de los pueblos y comunidades indígenas y algunas de ellas tienen un alcance mayor a la constitución, la mayoría de ellas se circunscriben a lo que establecieron las reformas constitucionales del año 2001, misma que tuvo el rechazo de la mayoría de los pueblos indígenas. Más aún, en los casos de los derechos de las mujeres indígenas, éstos se encuentran poco reconocidos.

El reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas en nuestro país, sigue siendo una deuda pendiente de la sociedad mexicana con nuestros pueblos originarios. Sin embargo, esta comisión considera importante lo que promueve la ciudadana diputada, pues la legislación nacional en materia de derechos indígenas, aún con sus deficiencias y el rechazo de que fue objeto por parte de la mayoría de los pueblos indígenas, la consideramos un instrumento actual para promover la defensa de casos específicos.

El caso del documento de análisis es precisamente uno de ellos, y, las y los integrantes de esta comisión consideran imperativo impulsar la participación activa de las mujeres, en todos los ámbitos de toma de decisiones.

En este orden de ideas, se considera de importancia lo expuesto en el punto de acuerdo de referencia; existe una necesidad real de atender la problemática de la participación de las mujeres particularmente en el caso de los sistemas de usos y costumbres donde exista legislación en esta materia.

Ahora bien, conforme a las facultades ya referidas, se desprende que esta comisión legislativa no tiene atribuciones para instruir a los Congresos de los estados para que realicen una determinada acción respecto del presente asunto, ello en el ámbito de respeto a las funciones de los Poderes de la Unión; sin embargo, se deberá en todo caso exhortar a los Congresos de los estados a que en el ámbito de su competencia instrumenten las acciones contenidas en la proposición con punto de acuerdo que nos ocupa.

Por lo anterior, esta Comisión de Asuntos Indígenas:

Conforme a las facultades que le confieren los artículos 39, 45 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos:

IV. Resuelve

Único: Se exhorta a los Congresos de los estados de la Federación, con base a lo establecido en el artículo 2º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a promover reformas en materia electoral a fin de que se garanticen los derechos de las mujeres indígenas, consagrados en la Constitución Federal y demás instrumentos internacionales.

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Informo a esta honorable asamblea que este punto de acuerdo ha sido reservado por la diputada Irma Piñeyro Arias, del Partido Nueva Alianza. Adelante, señor secretario.

ESTADO DE CHIAPAS

El Secretario diputado Manuel Portilla Diéguez: «Dictamen de la Comisión de Asuntos Indígenas, con punto de acuerdo a fin de exhortar al Ejecutivo federal a efecto de que, por medio de la SHCP y del INEGI, corrija la información y considere zonas indígenas las comunidades de Chavajeval, Las Delicias y Álvaro Obregón, en Chiapas

Honorable Asamblea:

El diputado Víctor Ortiz del Carpio del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en uso de las facultades que le confiere el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentó ante el pleno de esta soberanía una proposición con punto de acuerdo ``por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que por medio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a través del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, corrija la información y considere zonas indígenas las comunidades de Chavajeval, Las Delicias, y Álvaro Obregón en el estado de Chiapas.

En los términos previstos por los artículos 39, numerales 1 y 3, y 45 numeral 6 inciso F, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, habiendo estudiado la proposición con punto de acuerdo de referencia, la comisión que suscribe presenta a la consideración de esta H. Asamblea los siguientes:

I. Antecedentes

El 20 de febrero de 2008, el diputado Víctor Ortiz del Carpio del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó ante el pleno de esta Cámara de Diputados la proposición con punto de acuerdo de referencia.

A dicha proposición, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados dictó el siguiente trámite: ``túrnese a la Comisión de Asuntos Indígenas''.

El 8 de abril de 2008, se recibió en la Comisión de Asuntos Indígenas la proposición con punto de acuerdo, y en fecha 9 de abril del 2008, se turnó a los diputados integrantes de la comisión para su conocimiento y efectos de dictamen.

II. Exposición de Motivos

El diputado ponente en la proposición de referencia manifiesta que estas comunidades han sido víctimas de la burocracia, y han sido discriminadas por la Comisión Nacional Para el Desarrollo de los pueblos Indígenas, al no ser considerados en el ejercicio del presupuesto en sus diferentes programas.

Asimismo, manifiesta su preocupación de que estas comunidades tienen problemas ideológicos con las comunidades colindantes, por estos pertenecer a un municipio autónomo. Asimismo que muchas de estas comunidades posterior al movimiento del 94 determinaron convertirse en municipios autónomos, no permitiendo la ejecución de acciones del trabajo a los gobiernos federal, estatal y municipal.

III. Consideraciones

Respecto a su formulación, la proposición con punto de acuerdo cumple los términos previstos en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Que efectivamente después de los movimientos armados en el estado de Chiapas, muchas comunidades indígenas al declararse municipios autónomos, no permitieron los trabajos de los gobiernos, federal, estatal y municipal.

Considerando que el levantamiento de información que desarrolló el propio INEGI, tiene problemas técnico-operativos: uno de los más preocupantes que el INEGI considera como indígenas únicamente a los hablantes de lengua indígena, criterio que contradice el párrafo segundo el artículo 2º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece que ``la conciencia de su identidad indígena deberá ser criterio fundamental para determinar a quiénes se aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas''.

De la misma manera y tomando en cuenta que una vez emitidas las reglas de operación de la CDI el día 20 de diciembre del 2007 en ella se establecen los criterios de elegibilidad para la población objetivo:

La CDI identificará las localidades que estén dentro de la población objetivo con base en los Indicadores de Marginación por Localidad del año 2000, elaborados por el Consejo Nacional de Población, la información derivada del Censo General de Población y Vivienda del año 2000 y en su caso, en la información sobre los rezagos en agua potable, drenaje, electrificación y acceso a caminos, identificados en el Conteo de Población y Vivienda del año 2005.

En los casos en que se publiquen nuevos indicadores y datos por las dependencias y organismos mencionados, que oficialmente sustituyan a los aquí señalados, éstos se considerarán para los efectos del Programa.''

Es de observarse que en las reglas de operación de la CDI, no se consideran los mecanismos por los que localidades en cuestión pudieran ser atendidas.

Por lo anterior, esta Comisión de Asuntos Indígenas:

Conforme a las facultades que le confieren los artículos 39, 45 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos:

IV. Resuelve

Primero: Se exhorta al Ejecutivo federal, para que por medio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través del Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI) corrija la información y busque los mecanismos necesarios para considerar como zonas indígenas las comunidades de Chavajeval, Las Delicias y Álvaro Obregón en el estado de Chiapas.

Segundo: Se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de la Secretaría de Desarrollo Social, a través del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social incorpore a dichas comunidades en los programas sociales que desarrolla en el estado de Chiapas.

Tercero: Se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas considere como zonas de atención prioritaria, ya que en 2007 no fueron objeto de ningún programa de atención.

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Están a discusión los puntos de acuerdo. En virtud de que no se ha registrado orador alguno, se considera suficientemente discutido y se reserva para su votación económica al final.

DEFENSORES DE OFICIO

El Secretario diputado Manuel Portilla Diéguez: «Dictamen de la Comisión del, con punto de acuerdo a fin de solicitar al jefe del gobierno local que instruya a la Consejería Jurídica y de Servicios Legales para revisar y, en su caso, actualizar conforme a la normatividad aplicable las remuneraciones que reciben los defensores de oficio

Honorable Asamblea:

Con fundamento en los artículos 39, numeral 1, 40, numeral 3, y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 60, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de la Comisión del sometemos a consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen, de conformidad con los siguientes

I. Antecedentes

1. Con fecha 11 de abril del 2007, la diputada María Gabriela González Martínez , integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó ante el Pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión una proposición con punto de acuerdo para solicitar al jefe del Gobierno del Distrito Federal que instruya a la Consejería Jurídica y de Servicios Legales para que revise y, en su caso, actualice conforme a la normatividad aplicable, las remuneraciones que reciben los defensores de oficio de la entidad.

2. Ese mismo día la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó dicha proposición a la Comisión del.

3. La proposición con punto de acuerdo objeto del presente dictamen plantea como único resolutivo que ``se solicite respetuosamente al jefe del Gobierno del Distrito Federal, en el ámbito de sus facultades, que instruya a la Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la entidad para que revise y, en su caso, actualice, conforme a la normatividad aplicable, las remuneraciones que reciben los defensores de oficio en el Distrito Federal''.

4. La Proposición objeto del presente dictamen se sustenta en los siguientes argumentos:

5. Mediante oficio PCDF.424.2008 de fecha 7 de marzo de 2008, esta dictaminadora solicitó información al Gobierno del Distrito Federal respecto del tema que nos ocupa. Asimismo, con fecha 3 de abril del 2008, se recibió respuesta por parte del Gobierno del Distrito Federal, que señala

II. Consideraciones

Primera. De acuerdo con la información proporcionada por el Gobierno del Distrito Federal, las remuneraciones de los defensores de oficio en el Distrito Federal son superiores a las que perciben los agentes del Ministerio Público, en cumplimiento del artículo 15, tercer párrafo, de la Ley de Defensoría de Oficio para el Distrito Federal. En consecuencia, es improcedente ``solicitar'' al jefe del Gobierno del Distrito Federal que ``revise y, en su caso, actualice, conforme a la normatividad aplicable, las remuneraciones de los defensores de oficio'' en el Distrito Federal.

Segundo. No obstante, el problema histórico de la defensoría de oficio ha sido la deficiente remuneración de los defensores, lo cual origina un mal servicio y ayuda a justificar el pernicioso cobro de un servicio de naturaleza gratuita. La procuración e impartición de justicia es un servicio público cuya función social consiste en solucionar, con equidad y justicia, las controversias suscitadas en el seno de la sociedad.

En sus orígenes, la abogacía, fue un servicio gratuito, puesto que cumplía con los principios de caridad y solidaridad humana, pero al complicarse el sistema legislativo y los procesos judiciales, la preparación del abogado se hizo compleja y tuvo que convertirse en una profesión remunerada. Obviamente, existió legislación para frenar abusos y se establecieron aranceles buscando que las retribuciones de los abogados fueran justas y retributivas.

La fracción IX del Apartado A del artículo 20 de la Constitución General de la República establece como garantía del inculpado contar con defensa jurídica y que, en caso de que no quiera o no pueda, después de haber sido requerido, ``el juez le designará un defensor de oficio''. El objetivo de este derecho fundamental es hacer accesible la justicia a todos, sobre todo a quienes carecen de los recursos necesarios para contratar a un abogado particular.

Por las consideraciones expuestas, los integrantes de la Comisión del nos permitimos poner a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se recomienda respetuosamente al Gobierno del Distrito Federal que continúe la política de mejora de las condiciones salariales de los funcionarios dedicados a la administración de justicia, incluidos los defensores de oficio, considerando que deben brindar un servicio íntegro y eficiente a quienes, fundamentalmente por razones económicas, lo necesitan.

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Gracias, señor diputado secretario. Está a discusión el punto de acuerdo. En virtud de que no se ha registrado orador alguno, se considera suficientemente discutido y se reserva para su votación económica al final.

DISTRITO FEDERAL

El Secretario diputado Manuel Portilla Diéguez: «Dictamen de la Comisión del, con punto de acuerdo a fin de exhortar al gobierno local a realizar a través de la Secretaría del Medio Ambiente las acciones necesarias para declarar y administrar como área verde con valor ambiental el bosque de Nativitas, en Xochimilco

Honorable Asamblea:

Con fundamento en los artículos 39 párrafo 1, 40 numeral 3 y 45 numeral 6 incisos e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 60, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de la Comisión de Distrito Federal sometemos a consideración de esta H. Asamblea el presente dictamen, de conformidad con los siguientes:

I. Antecedentes

i. De conformidad con el artículo 90 Bis, existen dos tipos de superficies a las que se les puede catalogar con la denominación de ``Área Verde con Valor Ambiental'', los bosques y las barrancas en zonas urbanas: I. Bosques Urbanos, yII. Barrancas Los bosques urbanos son las áreas de valor ambiental que se localizan en suelo urbano, en las que predominan especies de flora arbórea y arbustiva y se distribuyen otras especies de vida silvestre asociadas y representativas de la biodiversidad, así como especies introducidas para mejorar su valor ambiental, estético, científico, educativo, recreativo, histórico o turístico, o bien, por otras razones análogas de interés general, cuya extensión y características contribuyen a mantener la calidad del ambiente en el Distrito Federal.iii) El artículo 90 Bis 4 instruye que en el establecimiento, administración, manejo y vigilancia de las áreas de valor ambiental, aplicarán las disposiciones establecidas en el capítulo relativo a las ``áreas naturales protegidas'':En el establecimiento, administración, manejo y vigilancia de las áreas de valor ambiental se aplicarán, en lo conducente, las disposiciones establecidas en el capítulo de la presente Ley relativo a las áreas naturales protegidas. i. El derecho de petición para solicitar el establecimiento de un ``área verde con valor ambiental'' está consagrado en el artículo 102:Cualquier persona podrá solicitar por escrito a la Secretaría, el establecimiento de un área natural protegida, para lo cual dicha dependencia dictaminará su procedencia.ii. El artículo 90 Bis 3, establece la obligatoriedad y contenido de los decretos para el establecimiento de áreas de valor ambiental bajo la categoría de bosques:Las áreas de valor ambiental bajo la categoría de bosques urbanos se establecerán mediante decreto del Jefe de Gobierno...iii. El establecimiento, administración, manejo, vigilancia y prohibiciones de las áreas de valor ambiental, se regularán con base en lo establecido para las ``áreas naturales protegidas'' como se establece en los artículos 90 Bis 4 y 90 Bis 6: i. De conformidad con lo establecido en el artículo 16, los programas de desarrollo urbano constituyen el instrumento rector de la planeación urbana y el ordenamiento territorial: ii. El artículo 22, fracción I, establece la obligatoriedad en la observancia de los programas de desarrollo urbano:En la aplicación de los programas se observarán las siguientes disposiciones:I. Las personas físicas o morales, públicas o privadas, están obligadas a la exacta observancia de los programas en cuanto a la planeación y ejecución de obras públicas o privadas y al uso y aprovechamiento de los bienes inmuebles ubicados en el Distrito Federal; i. En este programa, el bosque de Nativitas está catalogado como ``área verde con valor ambiental'', de conformidad con la nomenclatura cartográfica utilizada en la superficie ocupada por el bosque: ``AV''.ii. El diagnóstico del programa establece que la nomenclatura ``AV'' es típica de actividades deportivas y recreativas, tal y como se menciona en su Tabla número 10 ``Características de los Usos de Suelo y Colonias Representativas''.iii. Adicionalmente, en el diagnóstico también se establece que la zona ocupada por el ``bosque de Nativitas'' es susceptible a derrumbes, suelos colapsables o hundimientos, incendios e invasión por comercio informal. • Pistas de equitación• Lienzos charros• Centros deportivos• Casetas de vigilancia• Estaciones de policía y encierro de vehículos• Helipuertos y• Estaciones repetidoras de comunicación celular

II. Consideraciones

Primera. La Comisión del considera pertinente preservar la importancia ambiental, social y cultural que el bosque de Nativitas tiene para los habitantes de Xochimilco y en general de la Ciudad de México.

Segunda. Las y los diputados de esta comisión consideran de absoluta relevancia velar por la conservación y aprovechamiento sustentable de todas las áreas boscosas de nuestro país, por la importancia que en sí mismas entrañan respecto de la propia subsistencia del ser humano en el planeta.

Tercera. Es recomendable que a la catalogación que el Bosque de Nativitas ya tiene como ``área verde de valor ambiental'' tanto en el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación Xochimilco, como en el Programa Parcial de Desarrollo Urbano de Santa María Nativitas, se sume la promulgación del decreto para el establecimiento de ``área verde con valor ambiental'', ya que supone la administración, manejo y vigilancia del área verde de manera específica, lo que coadyuvaría a la protección efectiva del bosque de Nativitas.

Con base en los antecedentes y consideraciones señaladas, las y los legisladores integrantes de la Comisión del nos permitimos poner a consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente al Gobierno del Distrito Federal para que a través de su Secretaría del Medio Ambiente, emita decreto para el establecimiento de área verde con valor ambiental al bosque de Nativitas, en la delegación Xochimilco, con el fin de que le sean aplicables las disposiciones sobre administración, manejo y vigilancia establecidas por la Ley Ambiental del Distrito Federal para áreas naturales protegidas.

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Gracias. Este punto de acuerdo ha sido reservado por el diputado Miguel Ángel Solares Chávez, del Partido de la Revolución Democrática.

SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO

El Secretario diputado Manuel Portilla Diéguez: «Dictamen de la Comisión del, con punto de acuerdo relativo al comercio informal y al ambulantaje en el Sistema de Transporte Colectivo-Metro

Honorable Asamblea:

Con fundamento en los artículos 39, numeral 1, 40, numeral 3, y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 60, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de la Comisión del sometemos a consideración de esta asamblea el presente dictamen, de conformidad con los siguientes

I. Antecedentes

1. Con fecha 21 de febrero del 2006, el diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó ante el Pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión una proposición con punto de acuerdo relativo al comercio informal y ambulantaje en el Sistema de Transporte Colectivo-Metro.

2. Ese día, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó dicha proposición con punto de acuerdo a la Comisión del.

3. En la proposición, el diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, señala:

II. Consideraciones

Primera. Esta comisión reconoce las condiciones sociales, económicas y políticas que producen pobreza, desigualdad e injusticia como generadoras de la recurrencia de millones de mexicanos a actividades de la economía informal como medio de subsistencia.

Segunda. La proposición menciona un caso específico de abuso que afecta a una persona, de la cual el autor de la propuesta no precisa mayores datos, como nombre completo o fecha en que ocurrieron los hechos. No señala si ella fue remitida ante el juez cívico correspondiente o si fue agredida a tal grado que se le ocasionara algún daño o lesión graves. No detalla cómo se dieron el ``uso desmedido de la fuerza'' y la ``vejación de sus derechos humanos y constitucionales''. Tampoco menciona si se atacó a otros comerciantes o si se trató de dar un ejemplo para explicar un problema general, constante o relativo. Afirma que la detención se hizo con base en la Ley de Cultura Cívica del Distrito Federal, pero no señala los artículos o apartados en que presuntamente se basó la autoridad para sancionar a la señora.

Tercera. Dadas las aseveraciones planteadas por el proponente, y en razón de lo señalado en las consideraciones que anteceden en el sentido de que presuntamente existen violaciones de los derechos humanos, es de considerarse que no se menciona que se hubiera presentado alguna denuncia o queja por quienes se sientan o sean agraviados por las labores del personal de seguridad tanto del Sistema de Transporte Colectivo-Metro como de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, es decir, si se acudió a las instancias contraloras o jurisdiccionales y, en su caso, si se presentó formal queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.

Cuarta. Esta comisión no puede recomendar o exhortar a la autoridad local para que aplique una solución que contravenga normas jurídicas como es el Reglamento de la Ley de Transporte del Distrito Federal, que en el artículo 13, fracción XIV, señala:

Quinta. El desconocimiento tanto de las circunstancias específicas en que se dieron los hechos que motivan la proposición materia del presente dictamen como de la existencia de datos concretos, como si se acudió a las instancias correspondientes a levantar la queja o denuncia y si éstas cumplieron sus obligaciones y en qué forma lo hicieron, impide que se asuma este evento como punto de partida para realizar algún exhorto.

Sexta. No obstante las anteriores consideraciones, en virtud de la importancia del respeto que deben guardar las autoridades a los derechos humanos, esta comisión considera prudente requerir información al Sistema de Transporte Colectivo-Metro respecto a la aplicación de normas y medidas que no afecten la dignidad de las personas retiradas por ejercer el comercio de manera irregular en sus instalaciones.

Con base en los antecedentes y las consideraciones señalados, los integrantes de la Comisión del nos permitimos poner a consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados solicita al Sistema de Transporte Colectivo-Metro que proporcione la información correspondiente a la aplicación de normas y medidas que no afecten la dignidad de las personas retiradas por ejercer el comercio de manera irregular en sus instalaciones, según consta en la consideración sexta del presente dictamen.

Segundo. Asimismo, solicita a la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal información sobre la existencia de programas integrales que atiendan la problemática del comercio informal tanto en el interior como en el exterior de las instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo-Metro.

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Gracias, señor diputado. Está a discusión el punto de acuerdo. En virtud de que no se ha registrado orador alguno, se considera suficientemente discutido.

Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueban los puntos de acuerdo.

El Secretario diputado Manuel Portilla Diéguez: En votación económica se pregunta si se aprueban los puntos de acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Mayoría por la afirmativa, diputada presidenta.

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Aprobados los puntos de acuerdo que no fueron reservados. Comuníquense.

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Informo a esta asamblea que se había reservado, por parte del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, el punto de acuerdo del dictamen de la Comisión de Marinapara exhortar al titular de la Procuraduría General de la Repúblicaa que concluya las investigaciones sobre la denuncia en contra de Blue Marine Group y su filial Arrendadora Ocean Mexicana, en virtud...

El diputado Adrián Fernández Cabrera (desde la curul): Presidenta.

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Sí, señor diputado.

Pido a la Secretaría abrir el micrófono del diputado Adrián Fernández.

El diputado Adrián Fernández Cabrera (desde la curul): Presidenta, la solicitud es que se votara de manera independiente, separada al grupo, que ya se votó y no es necesario hacer uso de la palabra. Si alguien hace uso de la palabra, con mucho gusto podría hacer uso de la palabra un servidor.

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Gracias, señor diputado. Pido a la Secretaría que consulte a esta asamblea, en votación económica, si se aprueba el punto de acuerdo en comento, toda vez que no hay oradores.

El Secretario diputado Manuel Portilla Diéguez: En votación económica se pregunta si se aprueba el punto de acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Mayoría por la negativa, diputada presidenta.

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Informo a esta asamblea que este punto de acuerdo se desecha.

MUJERES INDIGENAS

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Con relación al siguiente punto de acuerdo, que ha sido reservado, se concede el uso de la palabra a la diputada Irma Piñeyro Arias, del Partido Nueva Alianza.

Como no está en el salón de sesiones se considera suficientemente discutido, y pido a la Secretaría que consulte a la asamblea, en votación económica, si se aprueba este punto de acuerdo en particular.

El Secretario diputado Manuel Portilla Diéguez: En votación económica se pregunta a la asamblea si aprueba el punto de acuerdo. Las diputadas y los diputado que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Mayoría por la afirmativa, diputada presidenta.

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Aprobado el punto de acuerdo.

DISTRITO FEDERAL

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: El siguiente punto de acuerdo ha sido reservado por el diputado Miguel Ángel Solares Chávez, del Partido de la Revolución Democrática, a quien se le concede el uso de la palabra.

El diputado Miguel Ángel Solares Chávez: Con su venia, diputada presidenta.

A veces resulta bueno romper la monotonía con que se de-sarrollan las sesiones en la Cámara de Diputados, y a mí me ha tocado en suerte romper con esta monotonía, porque considero que el asunto que yo he presentado, y que afortunadamente ha sido aprobado en la Comisión del, es de suma relevancia.

Para quienes vivimos en esta ciudad de humo y asfalto rea-lizar acciones para la conservación y la protección de las áreas verdes resulta fundamental para la supervivencia de la gran capital de nuestro país.

En la Ciudad de México, que el asfalto ha venido invadiendo de manera permanente y peligrosa ---señalaba---, los espacios verdes, los parques, los jardines, los camellones son fundamentales para que podamos continuar viviendo aquí.

Si son importantes los camellones, los parques y los jardines, son mucho más importantes los bosques urbanos. Precisamente el bosque de Nativitas, situado en Xochimilco, que es una de las delegaciones verdes que conservamos, que es un bosque de 35 hectáreas aproximadamente, se encuentra sumamente deteriorado, abandonado.

Deteriorado porque en él se desarrolla una infinidad de actividades comerciales: el comercio ambulante, los prestadores de servicios turísticos, los alquiladores de caballos, los vendedores de plantas. Es ampliamente conocido el bosque de Nativitas precisamente porque se encuentra ahí pegadito al mercado de plantas Madre Selva, y quienes lo conocen seguramente comparten conmigo la preocupación y la necesidad que existe de rescatarlo y conservarlo.

Ése es el motivo por el cual he propuesto un punto de acuerdo para exhortar al Gobierno del Distrito Federal a que este bosque sea declarado como un área verde con valor ambiental.

En el programa delegacional de Desarrollo Urbano este bosque está considerado como un parque cualquiera. Este parque no puede ser tratado de la misma manera, no puede ser utilizado, no puede ser disfrutado igual que un parque; el bosque requiere de un tratamiento especial, requiere de un programa de manejo, requiere de un reglamento para su uso y disfrute y por ese motivo la propuesta de que el Gobierno del Distrito Federal emita la declaratoria mediante la cual el bosque de Nativitas sea considerado como área verde con valor ambiental.

Yo los invito, a ustedes, compañeras diputadas y compañeros diputados, a que votemos a favor de este punto de acuerdo.

Es cuanto, diputada presidenta.

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Muchas gracias, compañero diputado.

Solicito a la Secretaría que consulte a la asamblea si se considera suficientemente discutido el punto de acuerdo reservado.

El Secretario diputado Manuel Portilla Diéguez: En votación económica se pregunta a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido. Los diputados y las diputadas que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Mayoría por la afirmativa, diputada presidenta.

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Suficientemente discutido.

Proceda a la votación económica, por favor.

El Secretario diputado Manuel Portilla Diéguez: Se pregunta a la asamblea si se aprueba el punto de acuerdo, en votación económica. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Los diputados y las diputadas que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Mayoría por la afirmativa, diputada presidenta.

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Aprobado el punto de acuerdo. Comuníquese.

Esta Mesa Directiva quiere enviar un saludo a autoridades de la comunidad de Caballua, San Juan Mixtepec, Oaxaca, que visitan el recinto legislativo. Bienvenidos.

LEY ORGANICA DEL EJERCITO Y FUERZA AEREA MEXICANOS

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: El siguiente punto del orden del día es la discusión de dictámenes negativos, relativos a iniciativas. En virtud de que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se autoriza que sólo se lean los encabezados.

El Secretario diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si reautoriza que sólo se lean los puntos de acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Perdón. Son dictámenes negativos.

El Secretario diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés: Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Estamos en votación, compañeros diputados. Las diputadas y diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Mayoría por la afirmativa, diputada presidenta.

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Se autoriza. Continúe, señor secretario.

El Secretario diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés: «Dictamen de la Comisión de Defensa Nacional, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa que deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos

Honorable Asamblea:

La Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, LX Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los párrafos 1, 2, fracción VII, y 3 del artículo 39; párrafo 6, incisos e), f) y g), y 7 del artículo 45 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 56, 60, 65, 66, 87, 88, y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía el presente dictamen bajo los siguientes

Antecedentes

En sesión celebrada el 12 de diciembre del 2007 por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el diputado Armando Barreiro Pérez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presenta iniciativa con proyecto de decreto que deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.

La Presidencia de la Mesa Directiva dictó el siguiente trámite: ``Túrnese a la Comisión de Defensa Nacional''.

Valoración de la iniciativa:

En su exposición de motivos, el texto de la iniciativa establece:

Consideraciones

A continuación se emitirán elementos de juicio, para expresar un criterio en su justa dimensión, que sustente el punto resolutivo sobre la iniciativa con proyecto de decreto que se analiza.

Las Fuerzas Armadas requieren de una convicción militar para dar lugar a un objetivo claro en cuanto a sus responsabilidades constitucionales, y son estas responsabilidades la razón por la que la Carta Magna y sus leyes secundarias le dedican normas específicas que rigen su funcionamiento.

Una institución es el reflejo de las personas que la integran, y la competencia profesional tiene como resultado el funcionamiento eficaz del instituto armado.

El Estado Mayor es un órgano técnico operativo militar, formado por personal Diplomado de Estado Mayor, perteneciente al Ejército y Fuerza Aérea, que auxilia a los distintos niveles de mando para concebir, planear y conducir las distintas operaciones militares propias de su competencia, y transforma las decisiones del mando en órdenes, directivas e instrucciones, supervisando su cumplimiento.

El artículo 10 de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos establece:

Así entonces, al ser el presidente de la república, por mandato constitucional el mando supremo del Ejército y Fuerza Aérea, y al que se le denomina comandante supremo de las Fuerzas Armadas, y por lo tanto un nivel de mando dispone por ley de un Estado Mayor para su auxilio.

De igual manera el alto mando; los mandos superiores; y los mandos de unidades, también disponen de un Estado Mayor, siendo estos el Estado Mayor de la Defensa Nacional, el Estado Mayor Aéreo y los cuarteles generales.

Por otro lado, al estar los distintos estados mayores en coordinación, la desaparición del Estado Mayor Presidencial daría lugar a conflictos de anomia y falta de congruencia en el orden jurídico militar.

Asimismo, el artículo 105 de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos dispone:

El Estado Mayor Presidencial, incluido el Cuerpo de Guardias Presidenciales, forma parte de la estructura orgánica del instituto armado, tiene una función claramente definida en el orden jerárquico, y esta subordinado al presidente de la república, lo que le permite desempeñar capazmente sus funciones específicas.

El presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos ejerce el mando legal y directo sobre el Estado Mayor Presidencial y los militares honran este mando supremo, electo democráticamente, sin importar la militancia política del primer mandatario, con lo cual el instituto armado fortalece la democracia en nuestro país.

La supervisión y vigilancia son dos aspectos fundamentales en la formulación de decisiones a ejecutar por el Estado Mayor, imprescindibles para guardar la integridad física del presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos.

El Estado Mayor es más que una responsabilidad, es una relación de confianza mutua entre un civil y un militar, ambos de la más alta jerarquía, tanto en el poder político civil, como en el Ejército.

La responsabilidad compartida refuerza la confianza mutua, mejorando la comunicación y coordinación, y es precisamente el Estado Mayor, el órgano técnico militar que vela por la seguridad del poder político civil, representado en la investidura del presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos.

La misión principal del cuerpo de guardias presidenciales, es el auxiliar al titular del Poder Ejecutivo federal, y lo que esta envestidura constitucional representa, en el entendido que nos referimos al Jefe del Estado mexicano, sin importar la militancia política de este último.

No debemos omitir, ni pasar por alto, que el primer deber entre militares es lealtad a los superiores, lo cual es una cuestión de honor, y en este sentido, el cuerpo de guardias presidenciales muestran en todo momento lealtad al mando supremo del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.

La organización castrense evita convertirse en una entidad de representación política, ya que ello vulnera su verdadera doctrina militar y la verticalidad institucional, indispensables para su correcto funcionamiento.

En otro orden de ideas, el Estado Mayor realiza sus operaciones de acuerdo a sus necesidades estratégicas y tácticas.

En este entendido, el artículo 15 de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos dispone.

Se organizará y funcionará de acuerdo con el reglamento respectivo.

Así entonces, el Estado Mayor Presidencial no sólo realiza la actividad mencionada en el cuerpo de la iniciativa en análisis, sino tiene una gran cantidad de responsabilidades, las cuales están determinadas en el artículo 4 del Reglamento del Estado Mayor Presidencial, el cual determina:

Por lo que el número de recursos humanos que conforman este órgano técnico militar, responde no solo a la gran cantidad de responsabilidades propias del mismo, sino a la complejidad de éstas, las cuales deben de realizarse a la par, todos los días del año.

Por lo anterior, los integrantes del Cuerpo de Guardias Presidenciales, deben poseer conocimientos y preparación en el manejo de los medios con los que están dotados, según la aplicación de la técnica o táctica que se requiera.

El Estado Mayor Presidencial asume no sólo la alta responsabilidad de proteger la integridad física del presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, sino de todos aquellos mandatarios y altas personalidades extranjeras que por su alta investidura requieren de la protección del Estado mexicano, por lo que su existencia responde a un asunto de seguridad nacional.

En el mismo orden de ideas, el artículo 8 del Reglamento del Estado Mayor Presidencial determina textualmente:

Por lo anterior, el Estado Mayor Presidencial tiene la delicada tarea de coordinar todas las actividades del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, y ello incluye sus encuentros con los tres órdenes de gobierno en todo el territorio nacional, por lo que su existencia obedece al propio desarrollo nacional.

Sin duda, el Estado Mayor Presidencial requiere de un adiestramiento especializado para lograr los objetivos específicos que demandan sus misiones.

Es de tal importancia el adiestramiento y capacitación especializada, que inclusive dentro del instituto armado, existen las distinciones en cuanto a responsabilidades, dependiendo de la preparación militar.

El adiestramiento castrense da seguridad para ordenar y para obedecer, tanto física como psicológicamente, por el contrarío sin adiestramiento especializado, se asegura el fracaso en los alcances de las misiones militares.

La alta moral, adaptación a las circunstancias, sacrificio y la convicción de cumplir con precisión y sin errores cualquier misión que le sea asignada, son características del Estado Mayor Presidencial.

Es verdad que dentro del instituto armado algunas cosas no cambian, pero esto es para ser los mejores, debido a lo delicado de sus misiones. Las Fuerzas Armadas no pueden permitirse mediocridades al asumir sus responsabilidades.

Sociedad civil, poder político civil y militares, todos formando una sola colectividad, pero que requiere necesariamente de cohesión, sustentada esta última en la ordenada distribución de funciones y responsabilidades.

El Estado Mayor Presidencial responde en todo momento a un orden jerárquico, lo cual es fundamental para la eficacia operativa que requieren sus responsabilidades, este debe cumplir sus misiones generales en tiempo y forma, sin error alguno, lo cual aumenta su eficacia funcional, fortaleciendo y legitimando con ello su razón de ser.

A medida que se transforman las circunstancias de seguridad y defensa, debido al surgimiento de nuevas amenazas, también cambian inevitablemente las exigencias políticas en los sistemas democráticos, Las instituciones funcionan adecuadamente cuando comprenden mejor su entorno y se adaptan a éste.

No perdamos de vista que las soluciones a los problemas de seguridad y defensa son cruciales para la estabilidad y la prosperidad del país en su conjunto, los acontecimientos diarios en la materia dan cuenta de ello.

Sin duda, garantizar la seguridad personal del presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, de su residencia y demás instalaciones conexas, hace indispensable la existencia de este cuerpo especial del Ejército y Fuerza Aérea.

Consideramos que la iniciativa en estudio no se sustenta en fundamentos jurídicos sólidos que reforzaran una propuesta como la que se presenta, y dieran viabilidad a la misma.

Ante la falta de un Estado Mayor, valdría la pena peguntarse quien y que institución del Estado mexicano, estaría a cargo de la formulación e implementación de sus delicadas responsabilidades, que hoy diariamente cumple.

La iniciativa deroga los artículos que sustentan la existencia del cuerpo de guardias presidenciales y el Estado Mayor Presidencial, pero no propone quien realizará estas actividades en el futuro inmediato.

Consideramos que no existen argumentos sólidos que justifiquen la aprobación de la iniciativa en análisis.

Por lo anteriormente expuesto y fundado en las consideraciones del presente dictamen, la Comisión de Defensa Nacional

Acuerda

Primero. Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.

Segundo. Túrnese al archivo como un asunto totalmente concluido.

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Informo a la asamblea que este punto de acuerdo del dictamen lo ha reservado el diputado Armando Barreiro Pérez, del Partido de la Revolución Democrática.

LEY PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA

El Secretario diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés: «Dictamen de la Comisión de Economía, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa que reforma diversos artículos de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión correspondiente a la LIX Legislatura fue turnada, para estudio y dictamen, la iniciativa que reforma diversos artículos de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

Esta comisión de la LX Legislatura, con fundamento en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos d), e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 58, 60, 87, 88 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se abocó al estudio y dictamen de la iniciativa descrita, al tenor de los siguientes

Antecedentes

Primero. En sesión celebrada el 9 de noviembre de 2004, los Secretarios de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión correspondiente a la LIX Legislatura dieron cuenta al Pleno de un oficio del Congreso de Jalisco por el que se remite la iniciativa de referencia, en el ejercicio de la facultad que le concede la fracción III del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para someter a la consideración del Congreso de la Unión.

Segundo. El Presidente de la Mesa Directiva acordó dar el siguiente trámite: ``Túrnese a la Comisión de Economía''.

Tercero. Mediante el oficio número CE/0001/06, de fecha 26 de octubre de 2006, se dio cuenta a los integrantes de la Comisión de Economía del contenido de ésta y otras iniciativas que constituyen el rezago legislativo heredado de la LIX Legislatura, pendiente de trámite, como lo es el presente asunto.

Cuarto. El legislador propone lo siguiente:

Consideraciones

Primera. Que, con base en los antecedentes indicados, la Comisión de Economía, con las atribuciones señaladas, se abocó a dictaminar la iniciativa de referencia.

Segunda. Que la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Ley Pyme) tiene por objeto promover el desarrollo económico nacional a través del fomento de la creación de Mipyme, apoyando su viabilidad, productividad, competitividad y sustentabilidad; asimismo, incrementar su participación en los mercados, en un marco de encadenamientos productivos que generen mayor valor agregado nacional.

Tercera. Que la sociedad cooperativa es una forma de organización social integrada por personas físicas con base en intereses comunes y en los principios de solidaridad, esfuerzo propio y ayuda mutua, con el propósito de satisfacer necesidades individuales y colectivas, a través de la realización de actividades económicas de producción, distribución y consumo de bienes y servicios. Dicha definición ya se encuentra en la Ley General de Sociedades Cooperativas.

Cuarta. Que la organización de empresas en cooperativas no es acertada, ya que las empresas tienen un fin preponderantemente económico y con fines de lucro que buscan la rentabilidad, y las cooperativas tienen el propósito de satisfacer necesidades individuales y colectivas, a través de la realización de actividades económicas de producción, distribución y consumo de bienes y servicios. Además, los esquemas de asociación para el fortalecimiento de las Mipyme se enuncian en el artículo 14, fracción VIII, de la Ley Pyme.

Quinta. Que la Ley Pyme establece que es facultad de la Secretaría de Economía diseñar, fomentar y promover la creación de esquemas que faciliten el acceso al financiamiento a las Mipyme. Por otro lado, la banca de desarrollo depende orgánicamente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), lo que generaría controversias en las competencias de ambas dependencias, pues de conformidad con el artículo 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, es competencia de la SHCP coordinar el sistema bancario del país, incluido en éste la banca nacional de desarrollo.

Sexta. Que el término aval es la figura mediante la cual se garantiza en todo o en parte el pago de una letra de cambio a favor del acreedor o beneficiario, otorgada por un tercero para el caso de incumplimiento por parte del obligado principal con el pago de un título de crédito. Sin embargo, no es la única figura legal para garantizar el pago de un crédito sino que hay otras, como la figura del ``obligado solidario'', por lo que incluir este término restaría margen de acción la Secretaría de Economía para el diseño de los mejores programas de acceso al financiamiento para las Mipyme, fundamentada en el artículo 7 de la Ley Pyme.

Séptima. Que la firma de convenios está regulada por la Ley Pyme, en el artículo 2, que establece que la Secretaría de Economía, en el ámbito de su competencia, celebrará convenios para establecer los procedimientos de coordinación en materia de apoyo de la micro, pequeña y mediana empresa, entre las autoridades federales, estatales, del Distrito Federal y municipales, lo cual incluye los esquemas de garantía y acceso al financiamiento de la Mipyme. Por otro lado, no necesariamente se tienen que formar fideicomisos que otorguen este tipo de apoyo, sino que la Secretaría de Economía puede firmar convenios para operar programas de garantías y acceso al financiamiento con fideicomisos existentes de carácter público y de la banca de desarrollo.

Octava. Que no es clara la forma en que la Secretaría de Economía forme una bolsa de subcontratación y les proporcione financiamiento, garantías y avales. Es ambiguo el concepto, pues no establece quiénes la integrarían, así como los beneficios para las políticas de apoyo para las Mipyme.

Novena. Que el Consejo Nacional para la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Consejo Pyme) está formado por 31 integrantes y es presidido por el secretario de Economía. Asimismo, participan en él los titulares de dependencias y de entidades de la administración pública federal y de los gobiernos de los estados, como los secretarios de Desarrollo Económico, y del sector empresarial.

Décima. Que el Consejo Pyme es la instancia que promueve, analiza y da seguimiento a los esquemas, programas, instrumentos y acciones que deben desarrollarse en apoyo de las Mipyme.

Undécima. Que en cada entidad federativa y en el Distrito Federal se podrá formar un consejo estatal para la competitividad de la micro, pequeña y mediana empresa, que estudiará y propondrá en los ámbitos regional, estatal y municipal medidas de apoyo para el desarrollo de la competitividad de las Mipyme a través del análisis de las propuestas surgidas del sector público y de los sectores.

Duodécima. Que un consejo estatal debe estar representado por cada uno de los sectores y delegados en la entidad federativa de las dependencias y de las entidades de la administración pública federal que tengan programas para las Mipyme y podrá invitar a participar en las sesiones, con voz pero sin voto, a las distintas dependencias, entidades, municipios, y en el caso del Distrito Federal a sus delegaciones, así como a especialistas en los temas a discusión.

Decimotercera. Que los consejos estatales cuentan con suficiente representatividad de las necesidades de la propia entidad federativa, por lo que no se considera necesario promover la formación de consejos municipales. Además, la creación de dichos consejos tendría que considerarse en el Presupuesto de Egresos de la Federación y su fuente de financiamiento, como dispone el artículo 18 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Decimocuarta. Que los integrantes de la Comisión de Economía, que dictamina, reconocen y concluyen que es importante apoyar las micro, pequeñas y medianas empresas de nuestro país, debido a su gran importancia en la actividad económica y a su contribución en el empleo que representan. Sin embargo, las propuestas de la iniciativa que se dictamina no contribuyen a mejorar el fomento de las Mipyme, cayendo en figuras que no son propias de las empresas sino de las sociedades cooperativas, para las cuales ya hay un ordenamiento jurídico. Asimismo, se generarían controversias entre dependencias federales al atribuir a la Secretaría de Economía facultades propias de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Por otro lado, promover la formación de consejos municipales podría duplicar las funciones con los consejos estatales, además de que en estos últimos se cuenta con suficiente representatividad de toda una entidad federativa y del Distrito Federal.

Por lo expuesto, la Comisión de Economía presenta el siguiente

Acuerdo

Primero. Se desecha la iniciativa que reforma diversos artículos de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, presentada por el Congreso de Jalisco el 9 de noviembre de 2004.

Segundo. Archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido.

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Está a discusión el punto de acuerdo. En virtud de que no se ha registrado orador alguno, se reserva para su votación en conjunto y para su votación económica al final.

LEY DE COMPETENCIA ECONOMICA

El Secretario diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés: «Dictamen de la Comisión de Economía, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Competencia Económica

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, correspondiente a la LX Legislatura, le fue turnada para su estudio y dictamen, iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Competencia Económica.

Esta comisión con fundamento en los artículos 39 fracción XII y 45 numeral 6 incisos d), e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 60, 87, 88 y 94, del Reglamento Interior para el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen, con base en los siguientes

Antecedentes

Primero. En sesión celebrada en la Cámara de Diputados, el martes 16 de octubre de 2007, los Secretarios dieron cuenta al Pleno de la iniciativa que presentó el diputado José Antonio Almazán González del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en ejercicio del derecho que le otorga la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Segundo. El presidente de la Mesa Directiva acordó dar el siguiente trámite: Túrnese a la Comisión de Economía.

Tercero. Que mediante oficio CE/0907/07 de fecha 19 de octubre de 2007 se dio cuenta a los integrantes de la comisión del contenido de esta iniciativa.

Cuarto. El legislador propone lo siguiente:

Consideraciones

Primera. Que con base en los antecedentes antes indicados, la Comisión de Economía, con las atribuciones antes señaladas se abocó a dictaminar la iniciativa de referencia.

Segunda. Que la Ley Federal de Competencia Económica (LFCE) es reglamentaria del artículo 28 constitucional en materia de competencia económica, monopolios y libre concurrencia, es de observancia general en toda la república y aplicable a todas las áreas de la actividad económica y tiene por objeto proteger el proceso de competencia y libre concurrencia, mediante la prevención y eliminación de monopolios, prácticas monopólicas y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados de bienes y servicios.

Tercera. Que son preocupantes los mercados de bienes y servicios donde el proceso de competencia y libre concurrencia es inexistente o enfrenta obstáculos considerables para desarrollarse libremente, asimismo, cabe mencionar que los precios elevados pueden ser una consecuencia de tener distorsiones en el mercado donde no existe la competencia o donde ésta es escasa.

Cuarta. Que si bien los intermediarios representan un servicio que conlleva a un costo adicional para el consumidor final, cubren una necesidad de los proveedores distribuyendo sus productos a los diferentes mercados donde los ofrecen, con la finalidad de garantizar el abasto de esos bienes, garantizando el abasto oportuno, convirtiendo a los intermediarios en una función clave de la competitividad empresarial para dar respuesta adecuada al reto actual: ofrecer a los clientes la máxima calidad de servicio con una estructura de costos lo más reducida posible.

Quinta. Que la iniciativa bajo análisis busca atender los efectos del problema antes que la causa del problema que identifica en su exposición de motivos: estructuras de mercado concentradas y falta de competencia, por lo que regular los precios de manera directa sin contar con una declaratoria de ausencia de condiciones de competencia, no resolvería los problemas relacionados con la organización o la estructura del mercado, pero sí podría introducir distorsiones adicionales que limitarían la competencia y la libre concurrencia de los mercados.

Sexta. Que la experiencia nacional e internacional demuestra que establecer controles directos de manera injustificada sobre precios, cantidades u otras variables en las cuales compiten las empresas pueden generar resultados indeseables como el acaparamiento, desabasto, el surgimiento de medios de suministro informales de los bienes y servicios, o la capacidad de lograr acuerdos conclusivo s entre competidores que no resultarían viables si el control de precios existiera.

Séptima. Que un control de precios por parte de la autoridad difícilmente reflejaría las condiciones reales del mercado, como sí lo hacen los precios que resultan del proceso de competencia y libre concurrencia, ya que la autoridad cuenta con información limitada sobre las condiciones de los mercados, y generalmente esa información es proporcionada por los agentes económicos involucrados, los cuales tienen el incentivo de adecuada permanentemente.

Octava. Que las consecuencias de controlar los precios sin evaluar previamente las condiciones de competencia en los mercados pueden ser, por ejemplo: un precio artificialmente inferior que ocasionaría una disminución en la cantidad ofrecida de los productos, así como un desabasto injustificable, ya que los productores no tendrían incentivos para satisfacer la demanda de los consumidores que estén dispuestos a pagar un precio mayor que el establecido por la autoridad, alternativamente, un precio artificialmente alto reduciría los incentivos de los productores para competir por ganar clientes y mercado, además de que serviría como una referencia que facilitaría la colusión de los productores.

Novena. Que la mejor alternativa para atacar la problemática planteada por la iniciativa consiste en fortalecer la política de competencia en México, eliminando todos los obstáculos que deterioran el proceso de competencia y libre concurrencia en los mercados, y previniendo, persiguiendo y sancionando las prácticas monopólicas, hechos que en última instancia se traducen en menores precios para los consumidores.

Décima. Que la LFCE ya contempla un procedimiento para que el Estado controle precios, acorde con el mandato constitucional de proteger y promover el proceso de libre competencia y libre concurrencia, además el propio artículo 28 constitucional prevé la regulación de precios como un mecanismo sólo para mercados cuya estructura no permite el funcionamiento pleno de la competencia.

Undécima. Que el artículo 7 de la LFCE en vigor establece la facultad del Ejecutivo federal para controlar los precios de productos y servicios necesarios para la economía y el consumo popular, incluyendo los planteados por la iniciativa, sin embargo, aclara que para ejercer dicha facultad es necesario que se cuente con una declaratoria de ausencia de condiciones de competencia en el mercado relevante, emitida por la Comisión Federal de Competencia, asegurando que el control de precios se realice en términos del artículo 28 constitucional sin detrimento de las condiciones de competencia y libre concurrencia.

Duodécima. Que el Pleno de la Cámara de Diputados, dictaminó en sentido negativo el 4 de diciembre de 2007 la iniciativa que reforma el artículo 7 de la Ley Federal de Competencia Económica presentada el 17 de enero de 2007, por considerar que el control directo sobre precios que proponía esa iniciativa generaría ineficiencias productivas y distorsiones que dañarían a la competitividad de los mercados de toda la cadena productiva de los productos referidos por la iniciativa, en perjuicio de la población principalmente la más pobre, lo que resultaría contrario al objetivo de esa iniciativa.

Décimotercera. Que los diputados integrantes de la Comisión de Economía que dictamina, reconocen y concluyen que involucrar a la Procuraduría Federa del Consumidor en la fijación de precios, provocaría incongruencias con otras legislaciones como lo es la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que en su artículo 34 establece la facultad de la Secretaría de Economía en esa materia, también generaría contradicciones con la propia Ley Federal de Protección al Consumidor, en virtud de que su artículo 8 establece expresamente que a esa procuraduría verificará que se respeten los precios máximos establecidos en términos de la LFCE, así como los precios y tarifas que conforme a lo dispuesto por otras disposiciones sean determinados por las autoridades competentes. De modo que la intervención de la Profeco está claramente determinada en las leyes en lo referente al proceso de fijación de precios.

En virtud de lo anteriormente expuesto, la Comisión de Economía presenta el siguiente

Acuerdo

Primero. Se desecha la iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Competencia Económica, presentada por el diputado José Antonio Almazán González , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentada el 16 de octubre de 2007.

Segundo. Archívese el asunto, como total y definitivamente concluido.

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Ha solicitado el diputado José Antonio Almazán González, del Partido de la Revolución Democrática, la reserva de este punto de acuerdo. Continúe, diputado secretario.

LEY DE LOS IMPUESTOS GENERALES DE IMPORTACION Y EXPORTACION

El Secretario diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés: «Dictamen de la Comisión de Economía, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa que reforma el último párrafo del artículo segundo transitorio del decreto que expide la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación; y deroga el artículo tercero transitorio de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, correspondiente a esta LX Legislatura, le fue turnada para su estudio y dictaminen la iniciativa que reforma el último párrafo del artículo segundo transitorio y deroga el artículo tercero transitorio del decreto por el que se expide la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2007.

Esta comisión, con fundamento en los artículos 39, fracción XII, y 45, numeral 6, incisos d), e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 56, 60, 87, 88 y 94 del Reglamento Interior para el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen, basándose en los siguientes

Antecedentes

Primero. En sesión celebrada en esta Cámara de Diputados el 6 de noviembre de 2007, los secretarios de ésta dieron cuenta al Pleno de la iniciativa presentada por los diputados Martha Angélica Romo Jiménez , Francisco Domínguez Servién y Jorge Quintero Bello , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en ejercicio del derecho que les confiere la fracción 11 del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Segundo. La Presidenta de la Mesa Directiva acordó dar trámite turnando a la Comisión de Economía.

Tercero. Mediante oficio CE/987/07, de fecha 8 de noviembre de 2007, se dio cuenta a los integrantes de la Comisión de Economía del contenido de esta iniciativa.

Cuarto. El legislador propone lo siguiente:

Consideraciones

Primera. Que con base en los antecedentes antes indicados, la Comisión de Economía, con las atribuciones antes señaladas, se abocó a dictaminar la iniciativa de referencia.

Segunda. Que la forma en que se han comportado los precios a nivel internacional afectan directamente el mercado interno y con ello todos nuestros programas de asistencia social; sin embargo, también es muy importante tomar en cuenta otros factores, tales como los Tratados de Libre Comercio, las vigencias de los ordenamientos jurídicos y los aranceles que aplican a ciertas mercancías en nuestro país.

Tercera. Que tomando en cuenta que el acuerdo por el que se da a conocer el cupo para importar en 2007 con el arancel-cupo establecido, preparaciones a base de productos lácteos con un contenido de sólidos lácteos superior al 50 por ciento en peso, excepto las comprendidas en la fracción 1901.90.04, publicadas en el Diario Oficial de la Federación del 9 de Julio del 2007, dejó sin efectos jurídicos el arancel-cupo para esta mercancía, ya que estaba vigente hasta el 31 de diciembre del 2006.

Cuarta. Que de la misma forma con el acuerdo por el que se da a conocer el incremento al cupo mínimo para importar en 2007, leche en polvo originaria de los Estados Unidos de América, dentro del arancel-cuota establecido en el TLCAN, publicado el 17 de agosto del 2007, se dejó sin efectos jurídicos el incremento al cupo mínimo para importar diferentes tipos de leche en polvo o en pastillas en 2007.

Quinta. Que los diputados integrantes de la comisión que dictamina reconocen y concluyen que feneció la vigencia del arancel-cupo correspondiente al que se refiere el artículo transitorio que se pretende modificar, así como del incremento correspondiente.

En virtud de lo anteriormente expuesto en las consideraciones de este dictamen, la Comisión de Economía, presenta el siguiente

Acuerdo

Primero. Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el último párrafo del artículo segundo transitorio del decreto por el que se expide la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación, y deroga el artículo tercero transitorio de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación, excluyendo la excepción de lo dispuesto en el artículo cuarto transitorio de dicha ley.

Segundo. Archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido.

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Está a discusión el punto de acuerdo. En virtud de que no se ha registrado orador alguno, se reserva para su votación en conjunto.

LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO

El Secretario diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés: «Dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con punto de acuerdo por el que se desechan seis iniciativas que reforman y adicionan la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito

Honorable Asamblea:

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracciones II y III, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, fueron presentadas a esta H. Cámara de Diputados diversas iniciativas de reformas y adiciones a la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, las cuales fueron turnadas a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para su estudio y dictamen, en la forma siguiente:

Esta Comisión que suscribe, con base en las facultades que le confieren los artículos 39, 44 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se abocó al análisis de las iniciativas antes señaladas, y conforme a las deliberaciones que de las mismas realizaron los miembros de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, reunidos en Pleno, presentan a esta Honorable Asamblea el siguiente:

Dictamen

Descripción de las iniciativas

1. La iniciativa que propone reforma los artículos 29 y 179 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, estableciendo candados y modalidades respecto a los endosos en blanco, a efecto de dar mayor seguridad en protección de quienes libran un cheque pretendiendo transferir los derechos incorporados en el mismo a un tercero.

2. La iniciativa propone adicionar un párrafo tercero al artículo 194 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, pretender que el librado establezca controles preventivos ante fraudes en cheques, a efecto de evitar principalmente el pago indebido por alteración o falsificación de firma.

3. La iniciativa propone reformar los artículos 111 y 112 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito para que se supriman diversas presunciones legales respecto de la figura del aval cuando ésta no se otorga con la mención ``por aval'', ni se precisa el monto que garantiza en el sentido de señalar con precisión quien es el avalista y que porcentaje del documento garantiza.

4. La iniciativa propone reformar la fracción IV del artículo 2 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito que la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito establezca que será supletorio el Código Civil Federal, considerando que su actual redacción es contradictoria al establecer que se aplicara el Código Civil para el Distrito Federal cuando ya no esta vigente, porque de acuerdo a las reformas el Gobierno del Distrito Federal tendrá su propia legislación de carácter civil en materia del fuero común y la materia federal tendrá su normatividad de tipo federal, además de que la materia mercantil es de carácter federal y la propia ley ordena que será supletorio el derecho común, por lo tanto la norma que debe regular es el Código Civil Federal.

5. La iniciativa propone reformar y adicionar en las fracciones XI y XII del artículo 8 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, para obtener transparencia en los juicios mercantiles al dejar sin efectos la jurisprudencia emitida en materia del pagaré-factura, porque se considera que sólo ha dado certidumbre a las instituciones bancarias para eludir las acciones judiciales.

Por ello proponen que dentro de las excepciones y defensas que se pueden oponer contra acciones derivadas de un título de crédito, se incluyan las que se funden en que el título carece de autonomía por formar parte de una factura, contrato o nota de remisión.

6. La iniciativa reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito que tienen por objetivo establecer como requisito obligatorio en un pagaré para que éste produzca los efectos previstos por el mismo en términos del artículo 14 de la propia Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, además de los ya previstos en el artículo 170, ``la huella del suscriptor o de la persona que firme a su ruego o en su nombre'' pretende que el pagaré contenga no sólo un medio de identificación del suscriptor, sino dos (la firma y la huella).

Consideraciones de la Comisión

1. La que dictamina considera que no es de aprobarse la iniciativa presentada por el diputado Jesús Martínez Álvarez, señalada en primer término, al estimar que la propuesta de reforma se contrapone con lo dispuesto por el artículo 32 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, por las siguientes razones:

La reforma pretende que el artículo 29, fracción IV, establezca que: ``Para el caso del endoso previsto en el artículo 32 de la presente ley, en el caso de los cheques, se deberá incluir el nombre de quien realiza dicho endoso, además de su firma''.

Al respecto el artículo 32 establece respecto a los endosos en blanco, que éstos pueden endosarse ``...con la sola firma del endosante ''; esta afirmación contradice la reforma planteada ya que le da pleno valor a la firma del endosante sin que se requiera que aparezca su nombre, en todo caso, el ordenamiento que nos ocupa exige que, en ciertos casos, aparezca el nombre de la persona a favor de quien va dirigido el endoso tratándose de cheques mayores de cinco millones de pesos.

2. En lo relativo a la iniciativa del diputado Cuauhtémoc Ochoa Fernández para adicionar un tercer párrafo al artículo 194 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, es importante señalar que la misma es innecesaria, toda vez que la iniciativa no determina cuales serían los ``controles preventivos'' que se pudieran adoptar, aunado a lo anterior es de comentar que actualmente existen, dentro del sistema financiero, ciertas medidas tendientes a evitar fraudes en cheques, originados por pagos indebidos.

Asimismo, esos ``controles'' en un momento dado, debieran ser homologados entre las entidades financieras, así como sujetar su validación a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

De la iniciativa no se desprende claramente los criterios para imponer controles preventivos, por lo que se considera que la reforma propuesta puede resultar contraproducente ya que crearía incertidumbre jurídica y establecería cargas al sistema financiero.

3. La iniciativa del diputado Juan Fernando Perdomo Bueno, para reformar los artículos 111 y 112 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, se considera improcedente por lo siguiente:

El artículo 14 de esta ley establece en su primer párrafo que ``Los documentos y los actos a que este Título se refiere, sólo producirán los efectos previstos por el mismo, cuando contengan las menciones y llenen los requisitos señalados por la ley y que ésta no presuma expresamente.'' Dicho precepto establece que los títulos de crédito serán eficaces y surtirán los efectos requeridos por las partes que en ellos intervienen cuando se otorguen con los requisitos que la ley señala para cada uno de ellos. Contra la acción de cobro de un título de crédito se podrá oponer como excepción o defensa, la que se funde en la omisión de los requisitos y menciones que señale la ley para el título de crédito de que se trate.

Del análisis integral de esta ley se observa que cada título de crédito requiere para su eficacia de la satisfacción de diversos requisitos, donde la omisión de algunos de ellos puede producir la ineficacia de los mismas, pero respecto de otros establece presunciones que producen efectos jurídicos aún y cuando los requisitos no se actualizan en la forma que la ley previene, esto es, con el objeto de dar certidumbre jurídica en el otorgamiento de los títulos y en el desarrollo dinámico de las operaciones mercantiles.

La exposición de motivos fundamenta la reforma planteada principalmente en los siguientes aspectos: 1) que no se tenga que echar mano de la interpretación en las controversias judiciales o extrajudiciales y; 2) que la redacción vigente puede generar confusión sobre quien es el avalista y qué porcentaje del documento garantiza.

Resulta necesario analizar si existen experiencias en la administración de justicia que sustenten una necesidad real de reformar los preceptos invocados y de suprimir las presunciones legales en materia de avales. Vale la pena mencionar que en la actualidad la figura de la letra de cambio esta en desuso, contrario a lo expresado en la exposición de motivos (``...Las letras de cambio son documentos autónomos que siguen circulando...''), y por tanto las figuras jurídicas con que pudiere coexistir el aval en un título de crédito se reducen, ya que generalmente se constituyen en los pagarés, por lo que se considera que los preceptos vigentes no generan confusión.

La reforma no resuelve qué sucede si el aval se presta sin satisfacer la mención ``por aval'', o no se menciona el monto por el que se avala la obligación del deudor, situaciones que se encuentran solventadas con la redacción vigente.

Debe observarse que el aval no es una figura o requisito de existencia de los mismos títulos de crédito, y toda vez que se trata de una garantía personal, la ley flexibiliza su prestación ya que permite la fluidez de los negocios, por lo que restringir su aplicación a una fórmula preestablecida podría abrir la posibilidad de que los garantes eludan sus responsabilidades de pago ante los acreedores en forma dolosa y se perjudique la buena fe o incluso la impericia de los acreedores en materia jurídica, ya que quien estampa su firma en un título de crédito lo hace con el objeto de producir algún efecto.

4. En relación con la iniciativa del diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari, no es viable y, por el contrario, resulta redundante, toda vez que el decreto publicado el 29 de mayo de 2000 ya contempla de manera implícita la reforma planteada; por lo siguiente:

En el artículo Segundo Transitorio del ``Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal, del Código Federal de Procedimientos Civiles, del Código de Comercio y de la Ley Federal de Protección al Consumidor'', publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de mayo de 2000 (Decreto), se establece lo siguiente:

``Segundo. Las menciones que en otras disposiciones de carácter federal se hagan al Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal, se entenderán referidas al Código Civil Federal.

Las presentes reformas no implican modificación alguna a las disposiciones legales aplicables en materia civil para el Distrito Federal, por lo que siguen vigentes para el ámbito local de dicha entidad todas y cada una de las disposiciones del Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal, vigentes a la entrada en vigor del presente decreto.''

De igual manera, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en el artículo 73, fracción X, ``El Congreso tiene facultad: X. Para legislar en toda la República sobre comercio,...''.

El Código de Comercio, determina en el artículo 2o. ``A falta de disposiciones de este ordenamiento y las demás leyes mercantiles, serán aplicables a los actos de comercio las del derecho común contenidas en el Código Civil aplicable en materia federal.''

En ese orden de ideas, cabe resaltar que originalmente las disposiciones que conformaron la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito se encontraban establecidas en el Código de Comercio, sin embargo, las mismas fueron abrogadas de dicho ordenamiento, junto con las Leyes del 29 de noviembre de 1897 y del 4 de junio de 1902, para dar así luz a la LGTOC, publicada por vez primera en el Diario Oficial de la Federación el 27 de agosto de 1932. Por lo tanto, el Código de Comercio es un ordenamiento legal aplicable en materia federal y la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito es una ley mercantil federal por su origen.

En ese contexto, la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito es una ley mercantil, de carácter federal, por la naturaleza, causa y fines de la clase de los títulos de crédito (cosas mercantiles) y los derechos y obligaciones derivados de los actos y contratos que regula la propia (actos de comercio), la cual de conformidad con el artículo 2°. fracción IV, tiene como aplicación supletoria la ley común o Código Civil en materia federal.

El artículo Segundo Transitorio del decreto mencionado es claro cuando indica que las menciones que en otras disposiciones de carácter federal, como el caso de la LGTOC, se hagan al Código Civil para el Distrito Federal, se entenderán referidas al Código Civil Federal.

5. La iniciativa presentada por el diputado Jorge Leonel Sandoval Figueroa se considera innecesaria en virtud de que:

Es inexacto que el documento fundatorio se encuentre afectado en su autonomía y contenga una obligación condicional que le impida circular comercialmente. Lo anterior, porque el principio de autonomía es la facultad que tiene el portador de un título de ejercitar el derecho literal que en el mismo se consigna, conforme al cual, se considera la naturaleza del acto, con independencia de la calidad de las personas que lo efectúan; por tanto, puede ejercitarse el cumplimiento de una prestación sin que trascienda la causa que le dio origen.

En ese contexto, los artículos de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito prevén lo siguiente: ``1o.- Son cosas mercantiles los títulos de crédito. Su emisión, expedición, endoso, aval o aceptación, y las demás operaciones que en ellos se consignen, son actos de comercio. Los derechos y obligaciones derivados de los actos o contratos que hayan dado lugar a la emisión o transmisión de títulos de crédito, o se hayan practicado con éstos, se rigen por las normas enumeradas en el artículo 2o., cuando no se puedan ejercitar o cumplir separadamente del título, y por ley que corresponda a la naturaleza civil o mercantil de tales actos o contratos, en los demás casos. Las operaciones de crédito que esta ley reglamenta son actos de comercio. 5o.- Son títulos de crédito los documentos necesarios para ejercitar el derecho literal que en ellas se consigna. 6o.- Las disposiciones de este capitulo no son aplicables a los boletos, contraseñas, fichas u otros documentos que no estén destinados a circular y sirvan exclusivamente para identificar a quien tiene derecho a exigir la prestación que en ellos se consigna. 14.- Los documentos y los actos a que este título se refiere, sólo producirán los efectos previstos por el mismo, cuando contengan las menciones y llenen los requisitos señalados por la Ley y que ésta no presuma expresamente. La omisión de tales menciones y requisitos no afectará la validez del negocio jurídico que dio origen al documento o al acto. 15.- Las menciones y requisitos que el titulo de crédito o el acto en él consignado necesitan para su eficacia, podrán ser satisfechos por quien en su oportunidad debió llenarlos, hasta antes de la presentación del título para su aceptación o para su pago

Contra las acciones derivadas de un titulo de crédito, pueden oponerse las excepciones personales que tenga el demandado contra el actor. Sin embargo esta clase de excepciones no derivan del titulo de crédito en si mismo, sino de las relaciones jurídicas que en lo personal e independientes de las consignadas en el documento, existen entre actor y demandado, verbigracia, el incumplimiento de aquél a las obligaciones pactadas en el contrato que dio origen a la expedición del titulo

6. Por lo que respecta a la iniciativa del diputado Ángel Pasta Muñuzuri, se considera innecesaria por lo siguiente:

La reforma omite modificar diversos artículos relacionados con el pagaré, en los que se encuentra el artículo 8o. que establece las defensas y excepciones que se pueden interponer contra las acciones derivadas de un título de crédito, en las que no se contempla lo relacionado con la huella dactilar.

No se precisan las razones por las cuales esta propuesta sólo resulta aplicable al pagaré y no a otros títulos de crédito.

No se prevé disposiciones que regulen los casos en que la huella dactilar no corresponde al suscriptor que firme el pagaré y viceversa.

Podría implicar costos adicionales para las instituciones o personas cuyo objeto o actividad empresarial sea celebrar operaciones relacionadas con la emisión de pagarés, debiendo contar por ejemplo, con catálogos de huellas dactilares, como sucede con la firma.

La firma ha sido un medio de identificación convencional creado para sustituir aquéllos como la huella dactilar.

Por todo lo anteriormente expuesto la Comisión de Hacienda y Crédito Público, considera que la reforma planteada no ofrece argumentos suficientes que sustenten su eficacia, su planteamiento no es íntegro respecto a todo el cuerpo legal lo que generaría problemas de aplicación, ni plantea las implicaciones en costos para los beneficiarios y los suscriptores de los mismos, por lo que se considera no viable desde el punto de vista jurídico, por lo que no son de aprobarse en los términos las iniciativas materia de este dictamen y somete a consideración de esta H. Asamblea el siguiente:

Acuerdo

Primero. Se desechan las iniciativas turnadas a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, siguientes:

Segundo. Archívense los expedientes como asuntos total y definitivamente concluidos.

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Están a discusión los puntos de acuerdo. En virtud de que no se ha registrado orador alguno, se reservan para su votación en conjunto.

LEY PARA REGULAR LAS AGRUPACIONES FINANCIERAS

El Secretario diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés: «Dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa que reforma el artículo 10, fracciones I y III, de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras

Honorable Asamblea:

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracciones II y III, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el diputado Manuel Velasco Coello del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó la iniciativa que reforma la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras.

Esta Comisión que suscribe, con base en las facultades que le confieren los artículos 39, 44 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se abocó al análisis de la iniciativa antes señalada, reunidos en Pleno, presentan a esta honorable asamblea el siguiente dictamen

Antecedentes

En sesión del 15 de abril de 2005, la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, la iniciativa por la que se reforma el artículo 10 de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, del diputado Manuel Velasco Coello del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para su estudio y dictamen.

Descripción de la iniciativa

La iniciativa del diputado Manuel Velasco Coello propone reformar el artículo 10 de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al autorizar la incorporación de una nueva sociedad a un grupo ya constituido, la fusión de dos o más grupos, así como la fusión de dos o más entidades participantes en un mismo grupo, o de una entidad financiera con cualquier sociedad, además de escuchar la opinión del Banco de México, se adicione la opinión de la Comisión Federal de Competencia.

Consideraciones de la comisión

En la exposición de motivos de la propuesta de reforma, se advierte la preocupación de que las instituciones de crédito integrantes del sistema bancario en México, llegan a acuerdos por los cuales fijan tasas de interés y comisiones por los servicios que prestan, dejando al usuario de dichos servicios en una situación de desventaja.

Al respecto, la que dictamina señala que con fundamento en lo dispuesto en el séptimo párrafo del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 48 de la Ley de Instituciones de Crédito ``... las tasas de interés, comisiones, ... u otros conceptos análogos, montos, plazos y demas características de las operaciones activas, pasivas y de servicios, ... que realicen las instituciones de crédito... se sujetarán a lo dispuesto por la Ley del Banco de México...'', de tal modo que la actividad que realicen esos intermediarios, en todo momento se encuentra regulada y supervisada, tanto por el Banco de México, como por las demás autoridades financieras mexicanas, motivo por el cual la inquietud manifestada en la propuesta en comento, ésta debidamente tutelada por la legislación financiera vigente.

Asimismo, la iniciativa en términos de la Ley Federal de Competencia pretende sancionar y evitar las ``concentraciones'' cuyo objeto o efecto sea disminuir, dañar o impedir la competencia y la libre concurrencia respecto de bienes o servicios iguales, similares o sustancialmente relacionados.

En ese sentido, desde el punto de vista jurídico y económico, el fenómeno de concentración no se verificaría en los casos de incorporación de una entidad financiera a un grupo financiero, ni tampoco en los casos de fusión de una entidad financiera con cualquier sociedad, en razón de que no surten los supuestos señalados al final del referido artículo. Por tal motivo se considera que la propuesta de reforma no debería abarcar dichos supuestos previstos por el artículo 10 de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras.

No obstante, se tiene conocimiento de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el transcurso de los procesos respectivos, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 32 de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras y con el fin de sostener una postura institucional congruente con la competencia de la Comisión Federal de Competencia, les solicita a los intermediarios que se fusionen la presentación de la comunicación oficial por virtud de la cual la referida Comisión se pronuncia en el sentido de que no se verifica el fenómeno de la concentración en la operación respectiva. En este contexto, la Comisión dictaminadora considera que la propuesta de reforma no es de aprobarse.

Por lo expuesto, la Comisión de Hacienda y Crédito Público, somete a consideración de esta honorable Asamblea el siguiente

Acuerdo

Primero. Se desecha la iniciativa que reforma el artículo 10, fracciones I y III de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, presentada por el diputado Manuel Velasco Coello, turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público el 14 de abril de 2005.

Segundo. Archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Está a discusión el punto de acuerdo. En virtud de que no se ha registrado orador alguno, se reserva para su votación en conjunto.

LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO - LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA GUBERNAMENTAL

El Secretario diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés: «Dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa que reforma los artículos 117 de la Ley de Instituciones de Crédito, y 14 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental

Honorable Asamblea:

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracciones II y III, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el diputado Jorge Kahwagi Macari del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó la iniciativa que reforma el artículo 117 de la Ley de Instituciones de Crédito y el artículo 14 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

Esta Comisión que suscribe, con base en las facultades que le confieren los artículos 39, 44 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se abocó al análisis de la iniciativa antes señalada y conforme a las deliberaciones que de la misma realizaron los miembros de esta Comisión de Hacienda y Crédito Público reunidos en Pleno, presentan a esta honorable Asamblea el presente:

Dictamen

Antecedentes

En sesión del 25 de octubre de 2005, la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, la iniciativa que reforma el artículo 117 de la Ley de Instituciones de Crédito y el artículo 14 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, del diputado Jorge Kahwagi Macari del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para su estudio y dictamen.

Descripción de la iniciativa

La iniciativa propone reformar el artículo 117 de la Ley de Instituciones de Crédito y el artículo 14 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, con el objeto de legitimar al Congreso de la Unión para que acceda a la información en poder de las instituciones de crédito sobre operaciones que realicen y que involucren recursos públicos.

Consideraciones de la Comisión

La que dictamina considera que no es de aprobarse la iniciativa presentada por el diputado Jorge Kahwagi Macari, toda vez que del estudio llevado a cabo a la Ley de Instituciones de Crédito y a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, esta Comisión considera lo siguiente:

El Congreso de la Unión ya cuenta con mecanismos constitucionales y legales que lo facultan para acceder a la información que le concierne.

El Congreso de la Unión no puede estar facultado para acceder a la información de las instituciones de crédito sino es en el ejercicio de las facultades que expresamente le permiten revisar y fiscalizar la administración, manejo y gastos de recursos públicos.

En materia de fideicomisos, existen ya disposiciones vigentes que permiten la transparencia y rendición de cuentas por parte de fideicomisos, mandatos y contratos análogos que manejan recursos públicos.

Si no se considera reservada la información tutelada por los secretos, cualquier persona podría acceder a la información confidencial que nada tiene que ver con la transparencia o rendición de cuentas de recursos públicos, por parte del Gobierno Federal.

Los fideicomisos o mandatos que manejan recursos públicos se encuentran ya obligados a rendir cuentas con base en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su respectivo Reglamento, protegiendo la información tutelada por los secretos mediante la obtención de autorizaciones contractuales para que los fiduciarios o mandatarios cumplan con dichas obligaciones.

Asimismo, cabe señalar que el 14 de diciembre de 2005, el Congreso de la Unión aprobó el decreto por el que se reforma el artículo 117 y deroga el 118, ambos de la Ley de Instituciones de Crédito, mismo que se publico en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre del mismo año. Dicha reforma contempla ampliar el ámbito de facultades a la Auditoría Superior de la Federación y al Instituto Federal Electoral.

Por lo anteriormente expuesto, la Comisión de Hacienda y Crédito Público considera que no es de aprobarse esta Iniciativa y somete a consideración de esta H. Asamblea el siguiente:

Acuerdo

Primero. Se desecha la iniciativa que reforma el artículo 117 de la Ley de Instituciones de Crédito y el artículo 14 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, a cargo del diputado Jorge Kahwagi Macari del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público el 25 de octubre de 2005.

Segundo. Archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Está a discusión el punto de acuerdo. En virtud de que no se ha registrado orador alguno, se reserva para su votación en conjunto.

LEY ORGANICA DEL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

El Secretario diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés: «Dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa que reforma y adiciona el artículo 2o. de la Ley Orgánica del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos

Honorable Asamblea:

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, el diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 2o. de la Ley Orgánica del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos.

Los integrantes de esta Comisión de Hacienda y Crédito Público, con base en las facultades que nos confieren los artículos 39, 45 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 60, 65, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente dictamen

Antecedentes

En sesión del 2 de febrero de 2006, la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, la iniciativa con proyecto de Decreto que reforma y adiciona el artículo 2o. de la Ley Orgánica del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, del diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para su estudio y dictamen.

Descripción de la iniciativa

La iniciativa del diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari propone adicionar en el artículo 2o. de la Ley Orgánica del Banco Nacional de Obras y Servicios Financieros que en su carácter de banca de desarrollo, prestará el servicio público de banca y crédito con sujeción a los objetivos y prioridades del Plan Nacional de Desarrollo, y en especial del Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo, con la siguiente redacción: ``Para el efecto la sociedad deberá enfocar los esfuerzos y recursos de acuerdo a las necesidades, el potencial y las vocaciones regionales, estatales y municipales con la intención de propiciar la planeación del desarrollo integral de cada entidad federativa en congruencia con la planeación nacional, evaluando anualmente el desempeño de la competitividad en infraestructura nacional en relación con el entorno internacional''.

Consideraciones de la comisión

La que dictamina estima improcedentes las consideraciones que se señalan en la iniciativa en estudio, toda vez que dentro de los objetivos del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, se encuentra plenamente plasmada la intención del gobierno federal de fortalecer a los gobiernos federal, estatales y municipales para lograr el desarrollo equilibrado del país, con la atención eficiente y oportuna de la actividad regional así como impulsar la inversión y el financiamiento privado en infraestructura y servicios públicos, por lo que se considera que no es necesario adicionar el párrafo que propone la iniciativa.

Por lo expuesto, la Comisión de Hacienda y Crédito Público, somete a consideración de esta honorable Asamblea el siguiente:

Acuerdo

Primero. Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 2o. de la Ley Orgánica del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, presentada por el diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari, turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público el 2 de febrero de 2006.

Segundo. Archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Está a discusión el punto de acuerdo. En virtud de que no se ha registrado orador alguno, se reserva para su votación en conjunto.

LEY QUE CREA EL FIDEICOMISO QUE ADMINISTRARA EL FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE SOCIEDADES Y COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRESTAMO Y DE APOYO A SUS AHORRADORES

El Secretario diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés: «Dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa que reforma el artículo 7o. de la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores

Honorable Asamblea:

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracciones II y III, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el diputado Pablo Alejo López Muñoz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó la iniciativa que reforma el artículo 7º de la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores.

La comisión que suscribe, con base en las facultades que le confieren los artículos 39, 44 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se abocó al análisis de la iniciativa antes señalada y conforme a las deliberaciones que de la misma realizaron los miembros de esta Comisión de Hacienda y Crédito Público reunidos en Pleno, presentan a esta honorable Asamblea el presente:

Dictamen

Antecedentes

En sesión del 16 de marzo de 2006, la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, la iniciativa que reforma el artículo 7o. de la Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores, presentada por el diputado Pablo Alejo López Muñoz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para su estudio y dictamen.

Descripción de la iniciativa

La iniciativa presentada por el diputado Pablo Alejo López Muñoz, propone incluir en el artículo 7o. de la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores, a las sociedades mercantiles establecidas bajo el amparo de la Ley General de Sociedades Mercantiles, que hayan realizado actividades de captación de recursos, dinero o valores y que ya no realicen operaciones activas ni pasivas.

Consideraciones de la comisión

La que dictamina, estima innecesaria la propuesta de reforma del diputado López Muñoz, en virtud de que en el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2002, en el primer párrafo del artículo Octavo Transitorio, se establece lo siguiente:

``Con el objeto de facilitar la recuperación de los depósitos de ahorradores de sociedades mercantiles no sujetas a apoyo en los términos de esta ley, el Fideicomiso procederá, previa instrucción del Comité, al pago de los depósitos correspondientes, siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos:...''

En tal virtud, la comisión dictaminadora considera que la afirmación que sustenta la iniciativa en el sentido de que la Ley de la materia no contempla a las sociedades mercantiles resulta equivocada, al considerar que en el decreto antes citado, se vislumbra la posibilidad para ahorradores de sociedades mercantiles que resulten afectados por dichas sociedades de obtener el apoyo del referido fideicomiso, siempre y cuando las sociedades mercantiles en comento se encuentren dentro de los supuestos a que alude el artículo Octavo de cita.

Finalmente, debe señalarse que la intención del legislador de incluir en la ley en comento, a las sociedades mercantiles es aceptable, también lo es que esta posibilidad ya se encuentra prevista en la ley referida, en consecuencia la propuesta resulta innecesaria.

Por lo expuesto, la Comisión de Hacienda y Crédito Público, considera que no es de aprobarse esta Iniciativa y somete a consideración de esta asamblea el siguiente

Acuerdo

Primero. Se desecha la iniciativa que reforma el artículo 7o. de la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores, presentada por el diputado Pablo Alejo López Núñez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, el 16 de marzo de 2006.

Segundo. Archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Está a discusión el punto de acuerdo. En virtud de que no se ha registrado orador alguno, se reserva para su votación en conjunto.

LEY DE LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES

La Secretaria diputada Margarita Arenas Guzmán: «Dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa que reforma los artículos 11 y 14 de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores

Honorable Asamblea:

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracciones II y III, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el diputado Juan Fernando Perdomo Bueno del Grupo Parlamentario del Partido Convergencia, presentó la iniciativa que reforma la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Esta Comisión que suscribe, con base en las facultades que le confieren los artículos 39, 44 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se abocó al análisis de la iniciativa antes señalada, y conforme a las deliberaciones que de la misma realizaron los miembros de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, reunidos en Pleno, presentan a esta honorable Asamblea el siguiente:

Dictamen

Antecedentes

En sesión del 30 de marzo de 2006, la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, la iniciativa que reforma la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, presenta por el diputado Juan Fernando Perdomo Bueno, del Grupo Parlamentario del Partido Convergencia, para su estudio y dictamen.

Descripción de la iniciativa

La iniciativa del diputado Juan Fernando Perdomo Bueno, propone que la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, se integre por 12 funcionarios, de los cuales 6 serán vocales independientes y de los 6 restantes, 2 serán de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, 1 de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 1 del Banco de México, 1 de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas y 1 de la Comisión Nacional de los Sistemas de Ahorro para el Retiro.

Consideraciones de la Comisión

La que dictamina, considera que no es de aprobarse la iniciativa presentada por el diputado Juan Fernando Perdomo Bueno, al estimar que si bien es cierto que la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, se integra por representantes de las Comisiones Nacionales Bancaria y de Valores, de Seguros y Fianzas, del Sistema de Ahorro para el Retiro, del Banco de México, así como de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, también lo es su actuación como un órgano colegiado, al cual le corresponde atender exclusivamente los asuntos que se mencionan en el artículo 12 de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Asimismo, en cuanto al quórum para la celebración de la Junta de Gobierno de la CNBV con la presencia de por lo menos siete de sus miembros, en cuyo caso al restar a los 13 miembros actuales, los cinco lugares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quedarían 8, con lo que se podría celebrar la sesión correspondiente, en el entendido que el Presidente de la Junta de Gobierno quien también es el Presidente de la CNBV, tendrá voto de calidad en caso de empate.

En este sentido, la apreciación de la iniciativa de que ``(...) quien posee el control de la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, no es la Comisión sino la propia Secretaría de Hacienda (...)''., es imprecisa toda vez que en la práctica, la mayoría (8 de 13 lugares en la Junta de Gobierno de la CNBV), son ocupados por autoridades financieras CNBV, CNSF, CONSAR y Banxico, distintas a la SHCP.

En lo que respecta a la propuesta de que el Presidente de la CNBV sea designado por el Presidente de la República y ratificado por las dos terceras partes de la Cámara de Senadores, la dictaminadora considera que es equivocada, al considerar que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 6º, fracción XXVII, del Reglamento Interior de la SHCP, es facultad indelegable del Secretario designar entre otros al Presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, ya que se trata de la máxima autoridad administrativa de un órgano desconcentrado de la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por lo cual sería incongruente con la naturaleza de dicha Comisión modificar la referida atribución.

Por lo anteriormente expuesto, la Comisión de Hacienda y Crédito Público considera que la reforma propuesta no es de aprobarse y somete a consideración de esta H. Asamblea el siguiente:

Acuerdo

Primero. Se desecha la Iniciativa que reforma los artículos 11 y 14 de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, presentada por el diputado Juan Fernando Perdomo Bueno, turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público el 30 de marzo de 2006.

Segundo. Archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Informo a la honorable asamblea que la diputada Valentina Batres Guadarrama, del Partido de la Revolución Democrática, ha reservado este punto de acuerdo del dictamen.

CODIGO PENAL FEDERAL

La Secretaria diputada Margarita Arenas Guzmán: «Dictamen de la Comisión de Justicia, con punto de acuerdo por el que se desechan dos iniciativas que reforman el artículo 55 del Código Penal Federal

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Justicia fueron turnadas dos iniciativas con proyecto de decreto que reforman diversos párrafos del artículo 55 del Código Penal Federal.

La Comisión de Justicia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 70, 71, 72 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39 y 45, numeral 6, incisos f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, 56, 60 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de los integrantes de esta honorable asamblea el presente dictamen, con base en los siguientes

Antecedentes

Primero. En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión en fecha 14 de septiembre de 2004, la diputada Eliana García Laguna, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el párrafo segundo del artículo 55 del Código Penal Federal. En la misma fecha, la Mesa Directiva, mediante el oficio número D.G.P.L 59-II-5-740, acordó que dicha iniciativa se turnara a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

Segundo. En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión en fecha 23 de noviembre de 2004, los diputados César Amín González Orantes y Roberto Antonio Marrufo Torres, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentaron la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los párrafos primero y cuarto del artículo 55 del Código Penal Federal. En la misma fecha, la Mesa Directiva, mediante el oficio número D.G.P.L 59-II-5-1056, acordó que dicha iniciativa se turnara a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

Tercero. En virtud del decreto publicado el 5 de diciembre de 2006 en el Diario Oficial de la Federación, por el que se reforman y adicionan los artículos 39 y 43 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se dividió la Comisión de Justicia y Derechos Humanos en dos: Comisión de Justicia, y Comisión de Derechos Humanos. Quedó a cargo de la Comisión de Justicia la emisión del dictamen de las iniciativas a que se ha hecho referencia.

Cuarto. En razón de la similitud que guardan entre sí, las iniciativas referidas en párrafos anteriores serán analizadas y dictaminadas conjuntamente.

Contenido de las iniciativas

1. En la exposición de motivos de la iniciativa presentada por la diputada Eliana García Laguna se advierte la siguiente propuesta:

2. En la exposición de motivos de la iniciativa presentada por los diputados César Amín González Orantes y Roberto Antonio Marrufo Torres se advierte la siguiente propuesta:

Consideraciones

Primera. La comisión dictaminadora, después de realizar un estudio sistemático de las iniciativas presentadas, advierte lo siguiente:

Por lo expuesto y fundado, la Comisión de Justicia

Acuerda

Primero. Se desechan la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el párrafo segundo del artículo 55 del Código Penal Federal, presentada por la diputada Eliana García Laguna; y la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el párrafo primero y cuarto del artículo 55 del Código Penal Federal, presentada por los diputados César Amín González Orantes y Roberto Antonio Marrufo Torres.

Segundo. Archívese el expediente como un asunto total y definitivamente concluido.

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Está a discusión...

La diputada Valentina Batres Guadarrama (desde la curul): Pido la palabra.

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: ¿Con qué objeto, diputada Valentina Batres?

La diputada Valentina Batres Guadarrama (desde la curul): Presidenta, nada más para informar que la reserva la he hecho al dictamen de la Comisión de Justicia, con punto de acuerdo por el cual se desechan dos iniciativas que reforman el artículo 55 del Código Penal, y no al anterior. Para aclarar mi participación.

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Gracias, diputada. Hecha esta aclaración, en consecuencia, y no habiéndose registrado orador alguno, se reserva para su votación en conjunto.

CODIGO PENAL FEDERAL

La Secretaria diputada Margarita Arenas Guzmán: «Dictamen de la Comisión de Justicia, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa que reforma el inciso b) del artículo 85 del Código Penal Federal

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Justicia, le fue turnada la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el inciso b) del artículo 85 del Código Penal Federal.

Esta Comisión de Justicia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 70, 71, 72 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39, 45, numeral 6, incisos f) y g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, 56, 60 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de los integrantes de esta honorable Asamblea el presente dictamen, basándose en los siguientes:

Antecedentes

Primero. En sesión celebrada por la Comisión Permanente en fecha 16 de marzo de 2005, el diputado José Manuel Abdalá de la Fuente del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el inciso b) del artículo 85 del Código Penal Federal.

Segundo. Con esa misma fecha la Mesa Directiva, mediante oficio número D.G.P.L 59-II-1-1175, acordó que dicha iniciativa se turnara a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

Tercero. En virtud del decreto publicado el 5 de diciembre de 2006 en el Diario Oficial de la Federación, por el que se reforman y adicionan los artículos 39 y 43 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se dividió a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos en dos comisiones: Comisión de Justicia y Comisión de Derechos Humanos, quedando a cargo de la Comisión de Justicia, la emisión del dictamen de la iniciativa a que se ha hecho referencia.

Contenido de la iniciativa

De la exposición de motivos de la iniciativa presentada por el diputado José Manuel Abdalá de la Fuente, se advierte la siguiente propuesta:

Consideraciones

Primera. Esta comisión dictaminadora, después de realizar un estudio sistemático de la iniciativa presentada, advierte lo siguiente:

Por lo anteriormente expuesto y fundado, esta Comisión de Justicia:

Acuerda

Primera. Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el inciso b) del artículo 85 del Código Penal Federal.

Segunda. Archívese el expediente como un asunto total y definitivamente concluido.

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Dada la aclaración que hace la diputada Batres Guadarrama, este punto está reservado.

CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES

La Secretaria diputada Margarita Arenas Guzmán: «Dictamen de la Comisión de Justicia, con punto de acuerdo por el que se desechan tres iniciativas que reforman diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Civiles

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Justicia le fueron turnadas tres iniciativas con proyecto de decreto que reforman diversos artículos del Código Federal de Procedimientos Civiles, en materia de medios de apremio.

Esta Comisión de Justicia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 70, 71, 72 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39, 45, numeral 6, incisos f) y g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, 56, 60 y 88, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de los integrantes de esta honorable Asamblea el presente dictamen, basándose en los siguientes:

Antecedentes

I. Con fecha 21 de abril de 2005, el diputado Juan Perdomo Bueno, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Convergencia, presentó la iniciativa que reforma diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Civiles.

II. Con fecha 25 de mayo de 2005, el diputado Luis Maldonado Venegas, del Grupo Parlamentario del Partido Convergencia, presentó la iniciativa que reforma diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Civiles.

III. El 4 de enero de 2006, el Congreso del estado de Nuevo León, presentó la iniciativa que reforma el artículo 59 del Código Federal de Procedimientos Civiles, presentada por el Congreso de Nuevo León, el 4 de enero de 2006.

IV. En la fecha de su presentación, respectivamente, la Presidencia de la Mesa Directiva, turnó a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos las iniciativas antes señaladas.

V. En virtud del decreto publicado el 5 de diciembre de 2006 en el Diario Oficial de la Federación, por el que se reforman y adicionan los artículos 39 y 43 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se dividió a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos en dos comisiones: Comisión de Justicia y Comisión de Derechos Humanos, quedando a cargo de la Comisión de Justicia, la emisión del dictamen de las iniciativas a que se ha hecho referencia.

Contenido de la iniciativa

Las iniciativas que se dictaminan proponen:

La señalada con el número I, reformar el artículo 59 del Código Federal de Procedimientos Civiles, a efecto de actualizar el monto de la multa que, como medio de apremio, pueden imponer los tribunales federales, con el fin de que éstos puedan hacer cumplir sus determinaciones. Según el proponente, es necesario precisar la redacción de este numeral, a efecto de establecer una sanción que sea susceptible de ser calculada con base en medidas concretas, como lo es el salario mínimo y contar con distintos niveles para su decreto.

La señalada en el numeral II, propone reformar el artículo 55 del Código Federal de Procedimientos Civiles, para darle mayor exactitud y rigidez a la sanción que en dicho dispositivo se plasma, considerando que la redacción actual es poco disciplinada y no deja una secuela que provoque la no reincidencia en el caso que se realicen actos ajenos a la ética y a la honestidad.

La señalada en el numeral III, propone reformar el artículo 59 Código Federal de Procedimientos Civiles, a efecto de garantizar la ejecución de las determinaciones emitidas por los órganos jurisdiccionales en los términos de lo dispuesto por el artículo 17 de nuestra Constitución federal, que precisa que las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para garantizar la plena ejecución de las resoluciones de los tribunales.

Consideraciones

Primero. Después de la revisión exhaustiva de las propuestas, conviene llamar la atención sobre el dictamen con proyecto de decreto que reforma los artículos 55, 59, 153 y 343 del Código Federal de Procedimientos Civiles, que esta Comisión aprobó el 31 de octubre de 2007, y que el Pleno de esta Cámara de Diputados aprobó en su sesión del 6 de diciembre de 2007, mismo que fue remitido al Senado para los efectos constitucionales. Este decreto contiene la reforma a los mismos numerales y a algunos otros, en el mismo sentido que el propuesto en las iniciativas que se analizan.

En dicho dictamen, se analizó la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 59 del Código Federal de Procedimientos Civiles, que con fecha 8 de febrero de 2006, presentó el diputado Francisco Rivera Bedoya, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

En el dictamen de mérito se fundamenta la necesidad de proveer a la reforma del artículo 59 del ordenamiento citado, de acuerdo con los argumentos que el proponente adujo y que esta dictaminadora analizó a la luz de diversas circunstancias, jurídicas y sociales, mismos que proveyeron de elementos suficientes para proveer una reforma sustantiva de mayores alcances.

SEGUNDO. El decreto que reforma el artículo 59 a que hacemos alusión, no solamente recoge la misma propuesta de indexar el monto de la sanción económica a un factor constante, sino que introduce además previsiones que proveen un régimen especial para jornaleros y trabajadores no asalariados, mismo que no contemplan las iniciativas que se analizan.

Como se señala en el considerando primero, en dicho decreto se introdujeron reformas a los artículos 55, 153 y 343 del propio Código Federal de Procedimientos Civiles, que también se referían a la imposición de multas en cantidades fijas, para indexarlas al factor constante que representa el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal.

Tercero. Esta dictaminadora concluye que, en atención a que ha sido aprobada por el Pleno de la Cámara de Diputados la reforma a los artículos 55 y 59 del Código Federal de Procedimientos Civiles, además de los artículos 153 y 343 del propio ordenamiento que contienen disposiciones relativas a los medios de apremio, las iniciativas que se analizan han quedado sin sustancia.

Por lo anteriormente expuesto, esta Comisión de Justicia:

Resuelve

Primero. Se desechan las iniciativas con proyecto de decreto motivo del presente dictamen, por las consideraciones ya establecidas.

Segundo. Archívese el asunto como total y definitivamente concluido.

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Está a discusión el punto de acuerdo. En virtud de que no se ha registrado orador alguno, se reserva para su votación en conjunto.

CODIGO PENAL FEDERAL

La Secretaria diputada Margarita Arenas Guzmán: «Dictamen de la Comisión de Justicia, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa que adiciona un párrafo segundo al artículo 335 del Código Penal Federal

Honorable Asamblea:

La Comisión de Justicia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 70, 71, 72 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39, 45, numeral 6, incisos f) y g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 55, 56, 60 y 88, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de los integrantes de esta honorable Asamblea el presente:

Dictamen con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo segundo al artículo 335 del Código Penal Federal.

Antecedentes

I. Con fecha 27 de abril de 2006, la diputada Irma S. Figueroa Romero integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo segundo al artículo 335 del Código Penal Federal.

II. En la misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva mediante oficio no. DGPL 59-II-2-2246, turnó a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos dicha iniciativa.

III. En fecha 5 de diciembre de 2006 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma al artículo 39, fracción XX, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos en la que se separan la Comisión de Justicia y la Comisión de Derechos Humanos.

Contenido

Es innegable la necesidad de crear leyes a favor de los más desprotegidos, en este caso de las personas menores incapaces de cuidarse a sí mismos, invertir en nuestra juventud, sin duda producirá resultados de gran magnitud para todas las edades en términos de bienestar comunitario, cohesión social y productividad económica.

Es una realidad que la misma inseguridad y violencia que se sufre hoy en día, implica que los padres deben tener mayor cuidado de sus hijos y lamentablemente lo que se encuentra es mayor descuido por parte de quien tiene legalmente la patria potestad o tutela del menor.

En México un estudio patrocinado por el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) deja ver que, a comienzos de este milenio, se estimaban en unos 16 mil los menores de edad víctimas de la explotación sexual.

El Capítulo VII, del Título Décimo Octavo del Libro Segundo del Código Penal establece los delitos de abandono de personas, asimismo el artículo 335 señala ``Al que abandone a un niño incapaz de cuidarse a sí mismo o a una persona enferma, teniendo obligación de cuidarlos, se le aplicará de un mes a cuatro años de prisión, si no resultare daño alguno, privándolo, además, de la patria potestad o de la tutela, si el delincuente fuere ascendiente o tutor del ofendido''.

La diputada iniciante cita a Pablo Hernández Romo V. en su libro ``Los delitos contra la familia'' y señala que:

La iniciante propone adicionar un párrafo segundo al artículo 335 del Código Penal Federal señalando:

Consideraciones

Sin duda el Poder Legislativo cuenta con una tarea laboriosa, como es la de crear leyes en pro de los sectores más desprotegidos, como la iniciativa de la diputada Irma S. Figueroa Romero quien propone se equipare al delito de abandono de personas ``el descuido por parte de quien ejerza la patria potestad o tutela del menor, con lo cual se pueda poner en peligro la vida y la integridad física y emocional del menor. Al respecto cabe hacer las siguientes consideraciones:

Por lo anteriormente expuesto, esta Comisión de Justicia:

Acuerda

Primero. Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto para adicionar un párrafo segundo al artículo 335 del Código Penal Federal presentada por la diputada Irma S. Figueroa Romero, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, por las consideraciones antes señaladas.

Segundo. Archívese el asunto como total y definitivamente concluido.

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Está a discusión el punto de acuerdo. En virtud de que no se ha registrado orador alguno, se reserva para su votación en conjunto.

CODIGO PENAL FEDERAL

La Secretaria diputada Margarita Arenas Guzmán: «Dictamen de la Comisión de Justicia, con punto de acuerdo por el que se desechan dos iniciativas que reforman el artículo 171 del Código Penal Federal

Honorable Asamblea:

La Comisión de Justicia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 70, 71, 72 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39, 45, numeral 6, incisos f) y g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 55, 56, 60 y 88, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de los integrantes de esta honorable Asamblea el presente:

Dictamen de las iniciativas con proyecto de decreto que reforman el artículo 171 del Código Penal Federal, respectivamente.

Antecedentes

I. Con fecha 28 de abril de 2005, el diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó iniciativa que reforma el artículo 171, del Código Penal Federal

II. En la misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva mediante oficio No. DGPL 59-II-3-1573, turnó a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos la iniciativa citada.

III. Con fecha 13 de septiembre de 2005, el diputado Omar Bazán Flores, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa que reforma el artículo 171 del Código Penal Federal.

IV. En la misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva mediante oficio no. DGPL 59-II-2-1524, turnó a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos la iniciativa citada.

V. Las iniciativas antes señaladas en razón de su contenido, serán analizadas de manera conjunta.

VI. En fecha 5 de diciembre de 2006 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma al artículo 39, fracción XX, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos en la que se separan la Comisión de Justicia y la Comisión de Derechos Humanos.

Contenido

A. Iniciativa del diputado Jorge A. Kahwagi Macari

Primera. De la exposición de motivos presentada por el diputado Jorge A. Kahwagi Macari en su iniciativa, se desprende que las consecuencias del abuso del alcohol son serias y en muchos casos, de amenaza o peligro a la vida, sobre todo aumenta gravemente los riesgos de muertes por accidentes automovilísticos, accidentes durante actividades recreativas. En términos de vida humana, el costo es incalculable.

Segunda. Los accidentes de tránsito ocurren en cada momento, pero aumentan de manera importante los fines de semana, no sólo en las ciudades del país sino también en las carreteras de México, de allí surge la justificación de la iniciativa que se propone, para sancionar a los conductores que manejen en estado de ebriedad poniendo en riesgo la vida o el patrimonio de las personas.

Los accidentes viales constituyen la primera causa de muerte entre los adolescentes y adultos, hombres o mujeres. El 40 por ciento de esos accidentes ocurren en carreteras. El haber ingerido bebidas alcohólicas aumenta en más de diez veces el riesgo de tener un accidente vial.

Tercera. El consumo del alcohol es un problema de salud, las personas que padecen o sufren profunda inclinación para con el alcohol no reconocen cuando rebasan los límites de su consumo, en combinación con el desvalor de su propia existencia y la de los seres que conviven con el adicto, arribando su irresponsabilidad para conducir en ese estado vehículo automotores.

Cuarta. Es evidente la necesidad de instrumentar medidas de promoción de la salud, que incluyan acciones orientadas a modificar la cultura de embriaguez, para introducir prácticas de consumo saludable, es decir consumo dentro de los niveles de bajo riesgo en la población general y promover actitudes de respeto a la decisión de no consumir por parte de aquellas personas que tienen la responsabilidad de conducir.

Quinta. La iniciativa tiene como propósito tipificar como delito el conducir un vehículo de motor en estado de ebriedad o bajo el influjo de drogas o enervantes u otras análogas.

Asimismo se agrava la conducta, si se comete por conductores de vehículo de transporte al público, de pasajeros, oficial, de personal o escolar en servicio, se aumentará la prisión de dos a cuatro años y de treinta a doscientos días multa, así como suspensión hasta por dos años de los derechos de manejar.

B. Iniciativa del diputado Omar Bazán Flores

Primera. El autor de la iniciativa señala la necesidad y urgencia de reformar la fracción II del artículo 171 del Código Penal Federal, relativo a las sanciones aplicables a los conductores en estado de ebriedad, ante el grave problema que actualmente representa para la comunidad.

Las personas que circulan por las carreteras del país en estado de ebriedad o bajo el influjo de estupefacientes, psicotrópicos u otras sustancias similares y cuya sanción, bajo la actual legislación, resulta inadecuada e ineficaz, puesto que la experiencia indica que finalmente, por la baja penalidad que contempla el Código Penal Federal, para la sanción de este ilícito consistente en una pena privativa de libertad y multas mínimas que los jueces federales sustituyen por multa y concesión además, de beneficio de la condena condicional, representan un alto costo para la Federación por los gasto erogados por la tramitación que cada proceso ocasiona, sin resultado práctico para la sociedad ni el propio infractor.

Segunda. Si como ya se dijo, es cierto entonces, que el alcohol es el principal factor criminógeno, de los accidentes de tránsito, por lo que esta conducta debe ser severamente sancionada; sin embargo, del análisis del problema, encontramos que además, el sujeto activo resulta ser un enfermo, por tanto, la propia ley debe darle alternativa, entre una sanción privativa de libertad o su rehabilitación.

Tercera. La iniciativa en estudio propone reformar la legislación penal federal, concretamente, en su artículo 171, cuya redacción actual es del tenor siguiente. ``Se impondrá prisión hasta de seis meses, multa hasta de cien pesos y suspensión o perdida del derecho de usar licencia de manejar. II.- Al que en estado de ebriedad o bajo el influjo de drogas enervantes, cometa alguna infracción a los reglamentos de tránsito y circulación al manejar vehículo de motor, independientemente de la sanción que le corresponde si causa daños a las personas o las cosas.

Cuarta. Esta iniciativa propone un aumento de prisión de seis meses a tres años, y de ciento ochenta a trescientos sesenta días de multa, y suspensión de los derechos para conducir vehículos, hasta por cinco años, o tratamiento para la atención de las adicciones, de seis meses a un año, por conducto de la Secretaría de Salud, bajo la supervisión del ejecutivo, al que, en estado de ebriedad o bajo el influjo de estupefacientes, psicotrópicos u otras sustancias que produzcan efectos similares, maneje vehículos de motor.

Consideraciones

Primera. Una vez señalado el contenido de ambas iniciativas esta Comisión considera que para una mejor comprensión se realice el siguiente cuadro comparativo del artículo 171 del Código Penal Federal.

Segunda. Como podemos observar ambas iniciativas tienen por objeto incrementar la penalidad al delito de ataques a las vías de comunicación previsto en el artículo 171, fracción II, del Código Penal Federal, para lo cual se ha demostrado que el aumento de las penas no es la medida más eficaz para la prevención del delito.

La prevención general negativa que se funda en la amenaza o el temor que se le infunde al ciudadano por las altas penalidades que señala el Código Penal Federal no es la respuesta a la prevención del delito, sin embargo si trabajamos un poco más con la prevención general positiva, es decir, con la eficacia y cumplimiento de las normas existentes, así sean penalidades menores la inhibición del delito será de mayor eficacia.

La prevención de conductas antisociales no puede darse sobre la base del aumento indiscriminado de la represión, es decir, a través de la inflación en el catálogo de delitos e incremento de sanciones penales y sobre todo de las privativas de libertad.

Tercera. La función primordial del derecho penal es la protección de bienes jurídicos relevantes, por eso es que los Códigos Penales modernos al señalar una conducta delictiva tienen que precisar el bien jurídico que se protege, ya sea que se lesione o al menos se ponga en peligro, sin embargo una tendencia moderna de algunos Códigos Penales, como el del Distrito Federal ha buscado erradicar, --sin que sea regla general-- los delitos de peligro abstracto, como el delito de ataques a las vías de comunicación que actualmente se contiene en el artículo 171, fracción II, del Código Penal Federal y es materia de nuestro estudio, esto en razón de que los delitos de peligro abstracto no ponen en peligro real al bien jurídico tutelado, sino que basta el simple disvalor de acción o antijuridicidad formal para integrar el injusto penal.

No olvidemos que dichas conductas no dejan de ser sancionada por el llamado derecho penal administrativo en la mayoría de las entidades federativas o como agravantes de los delitos de lesiones, homicidio o daño a la propiedad producidos por tránsito terrestre, pero ya no como tipo autónomo que tenga vida por sí mismo.

Cuarta. Como se observa de la descripción de los tipos propuestos, ambas iniciativas pretenden no solo aumentar la penalidad del delito sino disminuir los requisitos para que se configure el tipo penal, ya que bastaría la simple conducción en estado de ebriedad o bajo el influjo de estupefacientes o drogas para que se configure el delito, sin necesidad de infringir alguna otra norma al reglamento de tránsito, tal como lo señala nuestro Código Penal vigente.

Hoy en día la conducción en estado de ebriedad o bajo el influjo de estupefacientes está sancionada por los reglamentos de tránsito, independientemente de si se comete o no otra infracción, esto en atención al principio de mínima intervención que rige a un derecho penal social y democrático, pues recordemos que no todas las conductas antisociales o que pongan en peligro o inclusive que lesionen un bien jurídico deben ser reguladas por el derecho penal, sino que éste debe ser la última instancia para la solución de conflictos, cuando las demás ramas han fallado.

Quinta. En un Estado social y democrático de derecho la facultad sancionadora del Estado, a través del derecho penal, debe establecer límites a su intervención, por medio de principios reconocidos por el derecho penal, los cuales son:

Principio de lesividad. Este principio consiste en que sólo se deben sancionar conductas que lesionen o pongan en peligro bienes jurídicos relevantes, ya sean colectivos o individuales.

Principio de intervención mínima. El derecho penal se debe aplicar a lo estrictamente necesario, pues debe ser el último recurso para la protección de bienes jurídicos relevantes ``ultima ratio''.

Principio de proporcionalidad. La gravedad de la pena o medida de seguridad debe ser proporcional a la del hecho cometido.

Por lo anteriormente expuesto esta Comisión de Justicia:

Acuerda

Primero. Se desechan la iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforma el artículo 171 del Código Penal Federal, presentada por el diputado Jorge A. Kahwagi Macari, del Partido Verde Ecologista de México, y la iniciativa que reforma el artículo 171 del Código Penal Federal, propuesta por el diputado Omar Bazán Flores, del Partido Revolucionario Institucional, por las consideraciones antes señaladas.

Segundo. Archívese el asunto como total y definitivamente concluido.

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Está a discusión el punto de acuerdo. En virtud de que no se ha registrado orador alguno, se reserva para su votación en conjunto.

CODIGO PENAL FEDERAL

La Secretaria diputada Margarita Arenas Guzmán: «Dictamen de la Comisión de Justicia, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa que reforma el Capítulo I del Título Octavo del Libro Segundo del Código Penal Federal

Honorable Asamblea:

La Comisión de Justicia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 70, 71, 72 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39, 45, numeral 6, incisos f) y g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 55, 56, 60 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de los integrantes de esta honorable Asamblea el presente:

Dictamen con proyecto de decreto, por el que reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal Federal.

Antecedentes

I. Con fecha 22 de noviembre de 2005, el diputado José Mario Wong Pérez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, referente a delitos contra adultos mayores.

II. En la misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva mediante oficio No. DGPL 59-II-3-1919, turnó a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos dicha iniciativa.

III. En fecha 5 de diciembre de 2006 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma al artículo 39, fracción XX, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos en la que se separan la Comisión de Justicia y la Comisión de Derechos Humanos.

Contenido

Es innegable la necesidad de crear leyes a favor de los más desprotegidos, en este caso de nuestros adultos mayores, invertir en las capacidades productivas y sociales de las mujeres y hombres mayores, sin duda producirá resultados de gran magnitud para todas las edades en términos de bienestar comunitario, cohesión social y productividad económica.

De la exposición de motivos de la iniciativa del diputado José Mario Wong Pérez se desprende que la problemática de los adultos mayores se expresa básicamente en actitudes de abandono, rechazo y discriminación, que se manifiestan sobre todo en el seno de las familias y en los demás ámbitos, el laboral, salud, integración con los demás grupos sociales, diversión y esparcimiento entre otros.

El autor de la iniciativa también señala que haciendo un análisis de tipo civil, en lo que respecta al derecho a alimentos, la obligación se encuentra implícita entre ascendientes y descendientes en leyes de la materia, y afirma que la estricta aplicación de este precepto puede contribuir a la eliminación de las conductas sociales negativas, que en estos casos agraden a los adultos mayores.

Sigue diciendo, que por diversas circunstancias, los preceptos legales antes mencionados, han carecido en muchas ocasiones de plena positividad, por lo tanto se deben identificar y proponer mecanismos jurídicos que logren que esos preceptos cobren eficacia real y práctica.

Por lo anteriormente señalado y para que una ley se cumpla, es necesario realizar adecuaciones no solo al marco civil, sino ir mas allá de establecer obligaciones puramente familiares que pudieran rescatar del olvido a infinidad de personas de la tercera edad.

Por lo anteriormente señalado, el iniciante propone reformar el artículo 205 Bis del Código Penal Federal y la nominación del Título Octavo del Libro Segundo y el Capítulo I del mismo ordenamiento, así como adicionar un artículo 205 Ter de la misma ley sustantiva.

El Título Octavo del Libro Segundo del Código Penal Federal se propone se denomine ``Delitos contra la moral pública, los adultos mayores y las buenas costumbres'' y el Capítulo I como ``Ultrajes a la moral pública y omisión de cuidado a adultos mayores.''

Asimismo propone reformar el artículo 205 Bis del Código Penal Federal para tipificar el delito de omisión de cuidado de un adulto mayor, sancionando a la persona que estando obligada a proporcionarles alimentos en los términos de la legislación civil aplicable y contando con los recursos necesarios para tal efecto se abstiene de proporcionarles la protección y atención debidas, colocándolo de esta manera en situación de peligro para su saludo o su vida.

De igual forma en el artículo 205 Ter también se tipifica el delito de abandono de adulto mayor, sancionando a la persona que estando obligada a ministrarle alimentos en los términos de la legislación civil aplicable y contando con los recursos necesarios para ello, expulsa o separa del seno familiar, sin proporcionales una alternativa para su sobrevivencia y sustento. Este artículo también sanciona a quien estando a cargo de un establecimiento asistencial público o privado realice la conducta descrita anteriormente.

Consideraciones

La edad es una forma de discriminación por razones del tiempo de vida de una persona, pues las políticas deliberadas o por omisión marginan a las personas por tener 50, 60 u 80 años, desperdiciando un valioso recurso humano y social.

No olvidemos que el aumento a la longevidad representa un triunfo para el desarrollo humano. A mediados del siglo pasado, la esperanza de vida era de 45 años a nivel mundial, actualmente es de 65 años, y para mediados de este siglo se calcula será de 76 años.

Las estadísticas de la ONU estiman que durante el periodo 2000-2050, la proporción de personas mayores en el mundo en desarrollo se habrá más que duplicado, mientras que la proporción de niños y niñas habrá disminuido en un 10 por ciento.

Efectivamente las personas mayores son más propensas a trabajar en el sector informal, ya que suelen ser expulsadas del sector formal, por la jubilación o la discriminación muchos años antes de concluir su vida económicamente activa.

Todos estos argumentos expresados por el diputado José Mario Wong Pérez, desgraciadamente son tristes realidades, por lo que los legisladores tenemos un compromiso no solo con nuestros adultos mayores sino con todos aquellos sectores vulnerables y que se encuentran más desprotegidos.

Esta comisión considera que la propuesta del diputado iniciante consistente en tipificar como delito la omisión de suministrar alimentos a los adultos mayores por quienes tienen obligación en términos de la legislación civil, no sólo destaca por su contenido jurídico, sino también por su contenido ético, moral, social, etcétera, pues no cabe duda, que los alimentos no solo son un derecho, sino también de un deber de quienes están obligados.

Ciertamente que uno de los objetivos de toda ley es su eficaz cumplimiento, esta comisión considera que a pesar de las buenas intenciones que trae consigo la tipificación de estas conductas, resultaría letra muerta, pues difícilmente podríamos construir algún caso en materia federal, en el que pudiese ser aplicable esta norma, sin duda este tipo de conductas podrían ser recurrentes en las agencias del Ministerio Público y de los Juzgados de Paz Penal del Fuero Común, pero de ninguna manera sería competencia de la Procuraduría General de la República y de los Juzgados de Distrito en términos de lo señalado por la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

Por último, no se soslaya que a quien abandone a una persona enferma teniendo la obligación de cuidarla, conducta que de alguna forma abarca esta propuesta ya se encuentra tipificada en el Código Penal Federal y el artículo 336 Bis del mismo ordenamiento de manera genérica sanciona a quien se coloque en estado de insolvencia para no cumplir con sus obligaciones alimentarias, sin que haya distinción hacia algún tipo de sujeto pasivo en particular.

Por lo anteriormente expuesto esta Comisión de Justicia:

Acuerda

Primero. Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto para reformar el Capítulo I del Título Octavo del Libro Segundo del Código Penal Federal; el artículo 205 Bis y adicionar el artículo 205 Ter todos del Código Penal Federal propuesta por el diputado José Mario Wong Pérez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por las consideraciones antes señaladas.

Segundo. Archívese el asunto como total y definitivamente concluido.

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Está a discusión el punto de acuerdo. En virtud de que no se ha registrado orador alguno, se reserva para su votación en conjunto.

CODIGO PENAL FEDERAL

La Secretaria diputada Margarita Arenas Guzmán: «Dictamen de la Comisión de Justicia, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa que reforma el artículo 343 Bis del Código Penal Federal

Honorable Asamblea:

La Comisión de Justicia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 70, 71, 72 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39, 45, numeral 6, incisos f) y g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 55, 56, 60 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de los integrantes de esta honorable Asamblea el presente:

Dictamen con proyecto de decreto, por el que se reforma el artículo 343 Bis del Código Penal Federal.

Antecedentes

I. Con fecha 27 de abril de 2006, la diputada Irma S. Figueroa Romero integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 343 Bis del Código Penal Federal.

II. En la misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva mediante oficio No. DGPL 59-II-2-2283, turnó a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos dicha iniciativa.

III. En fecha 5 de diciembre de 2006 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma al artículo 39, fracción XX, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos en la que se separan la Comisión de Justicia y la Comisión de Derechos Humanos.

Contenido

El reconocimiento de la niñez y de la adolescencia como un proceso que forma parte de la vida del ser humano, es relativamente reciente, conforme la sociedad humana progresa en el reconocimiento de diversos derechos.

La violencia intrafamiliar que se da en México ha sido documentada, especialmente aquella que tiene que ver con la violencia de género. Aunque también hay un reconocimiento por la necesidad de investigar más a profundidad la violencia intrafamiliar y con ello, contar con mayores elementos para que existan instituciones eficientes que la combatan, y que estas mismas investigaciones permitan a los legisladores crear mejores leyes prohibiendo la violencia intrafamiliar, sancionando más severamente el maltrato infantil como una forma de prevenir el delito por temor a la sanción.

El caso que nos ocupa tiene que ver concretamente con el maltrato infantil que se vive día con día en nuestro México, que va desde el maltrato físico, psicológico, abuso sexual y la negligencia.

Es necesario suprimir el supuesto de que el castigo físico es una medida natural o necesaria en la crianza.

Está claro que el maltrato infantil genera enormes consecuencias negativas tanto físicas como emocionales para los niños y futuros adultos que la sufren.

La diputada iniciante señala que para prevenir el delito, las medidas por la vía administrativa y civil, no son suficientes, Por lo tanto, considera elevar la pena privativa de la libertad, aumentando a la ya existente en el artículo 343 Bis del Código Penal Federal seis años cuando la violencia se ejerza en contra de menores de edad.

Consideraciones

Es innegable la necesidad de crear leyes a favor de los más desprotegidos, en este caso de las personas menores de edad que son víctimas de violencia familiar, que sin duda producirá resultados de gran magnitud para la ciudadanía en términos de bienestar comunitario, cohesión social y familiar.

Según información difundida por el Banco Interamericano de Desarrollo, la violencia intrafamiliar afecta al 50 por ciento de la población femenina y está enraizada profundamente en siete de cada 10 hogares en el país.

Los argumentos expresados por la diputada Irma S. Figueroa Romero, desgraciadamente son una triste realidad, por lo que los legisladores tenemos un compromiso no solo de carácter legal sino moral con nuestra juventud y con todos aquellos sectores vulnerables que se encuentran más desprotegidos.

El Poder Legislativo cuenta con una tarea laboriosa, como es la de crear leyes en pro de estos sectores, como la iniciativa de la diputada Figueroa quien propone que el delito de violencia familiar a personas menores de edad aumente su penalidad seis años más, es decir, que la pena aplicable sea de hasta diez años de prisión.

Esta Comisión considera que la propuesta de la diputada iniciante, destaca por el sentido de protección que se le pretende dar a las personas menores de edad que sufren de violencia familiar, sin embargo la respuesta al problema planteado en la iniciativa de la diputada no está en el aumento de la penalidad, pues ha quedado demostrado que el aumento de las penas no disminuye la incidencia delictiva.

Recordemos que la prevención general negativa, esto es, a través de la amenaza de pena, no ha sido una medida eficiente para la prevención del delito y sobre todo en este tipo de delitos que se consuman en el seno familiar y que muchas veces una sentencia condenatoria no es la mejor solución para preservar el bien jurídico --``convivencia armónica de la familia''--, lo cual es el fin primordial del derecho penal, sino la utilización de medios alternos que hagan posible la conservación del bien jurídico.

La eficacia de un sistema de justicia de un estado social y democrático no se mide con la mayor rigidez de las normas ni mucho menos con el número de personas que se encuentran detrás de las rejas sino con el cumplimiento eficaz y oportuno de la ley.

En un estado social y democrático de derecho la facultad sancionadora del Estado debe establecer límites a su intervención, a través de principios reconocidos por el derecho penal, los cuales son:

Principio de lesividad. Este principio consiste en que sólo se deben sancionar conductas que lesionen o pongan en peligro bienes jurídicos relevantes, ya sean colectivos o individuales.

Principio de intervención mínima. El derecho penal se debe aplicar a lo estrictamente necesario, pues debe ser el último recurso para la protección de bienes jurídicos relevantes ``ultima ratio''.

Principio de proporcionalidad. La gravedad de la pena o medida de seguridad debe ser proporcional a la del hecho cometido.

Por otro lado, no nos cabe duda que uno de los objetivos de toda ley es su eficaz cumplimiento. Esta Comisión considera que a pesar de las buenas intenciones que trae consigo, resultaría letra muerta, pues difícilmente podríamos construir algún caso en materia federal, en el que pudiese ser aplicable esta norma, sin duda este delito sería competencia de las agencias del Ministerio Público y de los Juzgados de Paz Penal del Fuero Común, pero muy difícilmente sería competencia de la Procuraduría General de la República y de los Juzgados de Distrito en términos de lo señalado por el artículo 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

Por lo anteriormente expuesto, esta Comisión de Justicia:

Acuerda

Primero. Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto para reformar el artículo 343 bis del Código Penal Federal presentada por la diputada Irma S. Figueroa Romero.

Segundo. Archívese el asunto como total y definitivamente concluido.

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Está a discusión el punto de acuerdo. En virtud de que no se ha registrado orador alguno, se reserva para su votación en conjunto.

CODIGO PENAL FEDERAL

La Secretaria diputada Margarita Arenas Guzmán: «Dictamen de la Comisión de Justicia, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa que reforma los artículos 265 Bis y 343 Bis del Código Penal Federal

Honorable Asamblea:

La Comisión de Justicia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 70, 71, 72 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39, 45, numeral 6, incisos f) y g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 55, 56, 60 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de los integrantes de esta honorable Asamblea el presente:

Dictamen con proyecto de decreto, por el que se reforman los artículos 265 Bis y 343 Bis del Código Penal Federal.

Antecedentes

I. Con fecha 16 de agosto de 2006, la diputada Blanca Gámez Gutiérrez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 265 bis y 343 bis del Código Penal Federal.

II. En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva, turnó a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos dicha iniciativa.

III. En fecha 5 de diciembre de 2006 se publicó en el Diario Oficial de la Federación reforma al artículo 39, fracción XX, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos en la que se separan la Comisión de Justicia y la Comisión de Derechos Humanos.

Contenido

El Código Penal Federal establece en su artículo 93 la posibilidad de que el ofendido otorgue el perdón al ofensor, con la cual se extingue la acción penal respecto de los delitos que se permiten por querella o por declaratoria de perjuicio, siendo el Código Procesal de la Materia así como el mismo Código Penal Federal o la Ley Especial los que determinen el requisito de procedibilidad para determinado delito.

Por regla general todos los delitos son perseguibles de oficio, salvo disposición en contrario que señale algún otro requisito de procedibilidad distinto a la denuncia, así los delitos de violación entre cónyuges previsto en el artículo 265 Bis y violencia familiar entre cónyuges previsto en el artículo 343 Bis ambos del Código Penal Federal, por disposición expresa serán perseguibles a petición de parte ofendida.

En México, la violencia familiar ha llegado a niveles alarmantes. De acuerdo con datos del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), sólo cuatro de cada 10 mujeres que la sufren en nuestro país recurren a la denuncia penal y de éstas sólo 3 logran iniciar un procedimiento formal debido al otorgamiento del perdón.

Según información difundida por el Banco Interamericano de Desarrollo, la violencia intrafamiliar afecta al 50 por ciento de la población femenina y está enraizada profundamente en siete de cada 10 hogares en el país.

En el caso de la violación entre cónyuges, el marco jurídico de nuestro país ha avanzado notablemente. En 1994, la Suprema Corte de Justicia consideraba que no existía tal delito sino que era, apenas, ``el ejercicio de un derecho''. Afortunadamente, recientemente el máximo tribunal modificó tal criterio, y determinó que la violación entre cónyuges, sin duda, debe catalogarse como delito, pues ``tener relaciones sexuales por medios violentes, sean físicos o morales, dentro del matrimonio, debe catalogarse como una violación sexual'', toda vez que se basa en el criterio de que ante todo ``se debe proteger la libertad sexual y la libre determinación de las personas a ejercer su sexualidad''.

Consideraciones

Es innegable la necesidad de crear leyes a favor de los más desprotegidos, en este caso de las mujeres que son víctimas de abusos sexuales y de violencia familiar entre cónyuges. Sin duda producirá resultados de gran magnitud para todas las mujeres en términos de bienestar comunitario, cohesión social y productividad económica.

Los argumentos expresados por la diputada Blanca Gámez Gutiérrez, desgraciadamente son una triste realidad, por lo que los legisladores tenemos un compromiso no solo de carácter legal sino moral con nuestras mujeres y con todos aquellos sectores vulnerables que se encuentran más desprotegidos.

Sin duda el Poder Legislativo cuenta con una tarea un tanto laboriosa, como es la de crear leyes en pro de estos sectores, como la iniciativa de la diputada Blanca Gámez quien propone que los delitos de violación entre cónyuges y violencia familiar previstos en los artículos 265 Bis y 343 Bis del Código Penal Federal sean perseguibles de oficio.

Esta comisión considera que la propuesta de la diputada iniciante, destaca por su contenido, pues no cabe duda, que la protección de nuestras mujeres es un derecho y una obligación de todos, sin embargo consideramos que la respuesta al problema planteado en la iniciativa de la diputada no está en convertir de oficio a ambos ilícitos, pues si bien es cierto existen mujeres que son obligadas a otorgar el perdón, también lo es que no se trata de una regla general.

Al respecto sería importante analizar la trascendencia jurídica que esta reforma podría acarrear, pues no solo tendría repercusiones en la extinción de la acción penal, es decir, en el perdón, sino también en la persecución del delito por parte de las autoridades, por lo que valdría la pena preguntarnos si esto no generaría un exceso o abuso por parte de ellas, pues en estricto rigor en todos aquellos casos en que una pareja llegue a ejercer violencia física o moral sobre la otra o mutuamente, el Ministerio Público Federal tendría que intervenir de oficio, ya sea por denuncia de algún vecino o por detención flagrante.y tendría que ejercitar acción penal en contra de una o ambas personas, sin la posibilidad de solución alterna.

Ciertamente los bienes jurídicos protegidos para estas figuras son la libertad sexual y la integridad familiar o convivencia armónica de la familia, ambos son bienes jurídicos disponibles que mientras no sean personas menores de edad o que no tengan la capacidad para comprender el significado del hecho o capacidad para resistirlo, podrán disponer libremente de dicho bien, por lo que tendrán la posibilidad de decidir cuando la autoridad penal debe de intervenir o no, pues recordemos que existen otras instancias alternas para la solución de este tipo de conflictos.

No olvidemos también que el derecho penal se rige bajo el principio de mínima intervención o ``ultima ratio'', es decir, el derecho penal debe ser la última instancia o recurso para solución de conflictos y solo debe intervenir cuando las demás instancias han fracasado. Con esto no queremos decir que la víctima tenga que agotar previas instancias para poderse querellar, sino que por lo menos tenga la posibilidad de acudir a ellas sin necesidad de que la autoridad penal intervenga oficiosamente.

No siempre un proceso que desemboque en una resolución judicial es la mejor solución para preservar el bien jurídico ``convivencia armónica de la familia'', siendo que una mediación debidamente llevada que se presenta mediante el perdón, coadyuva a preservar dicho bien jurídico, lo cual es el fin primordial del derecho penal.

Por otro lado, no nos cabe duda que uno de los objetivos de toda ley es su eficaz cumplimiento, Esta Comisión considera que a pesar de las buenas intenciones que trae consigo, resultaría letra muerta, pues difícilmente podríamos construir algún caso en materia federal, en el que pudiese ser aplicable esta norma, sin duda este tipo de conductas serían pan de cada día de las agencias del Ministerio Público y de los juzgados penales pero del fuero común, pero de ninguna manera sería competencia de la Procuraduría General de la República y de los Juzgados de Distrito en términos de lo señalado por la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

Por lo anteriormente expuesto, esta Comisión de Justicia:

Acuerda

Primero. Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 265 bis y 343 bis del Código Penal Federal.

Segundo. Archívese el asunto como total y definitivamente concluido.

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Está a discusión el punto de acuerdo. En virtud de que no se ha registrado orador alguno, se reserva para su votación en conjunto.

Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueban los puntos de acuerdo que no fueron reservados.

La Secretaria diputada Margarita Arenas Guzmán: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la asamblea si se aprueban los puntos de acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Aprobados los puntos de acuerdo. Archívense los expedientes como asuntos totalmente concluidos.

LEY ORGANICA DEL EJERCITO Y FUERZA AEREA MEXICANOS

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Esta Presidencia concede el uso de la palabra al diputado Armando Barreiro Pérez, del Partido de la Revolución Democrática, quien ha reservado punto de acuerdo relacionado con el dictamen de la Comisión de Defensa Nacional.

El diputado Armando Barreiro Pérez: Con su permiso, diputada presidenta.

Diputadas y diputados, estamos muy conscientes de la importancia y lo delicado de esta iniciativa, que promovimos el pasado mes de diciembre. Sin embargo, queremos seguir insistiendo en que precisamente por la importancia de este tema es importante seguir reflexionando y analizando la participación, el significado que el Estado Mayor Presidencial tiene, sobre todo en la época actual.

Por lo menos en los últimos 40 años, a diferencia de los primeros años en que, desde la época del general Guadalupe Victoria, se constituyó este cuerpo que pretendía, como ahora, la preservación, el resguardo de la seguridad del presidente de la república, éste ha venido derivando en una serie de circunstancias y situaciones que, incluso a través de la ambigüedad que actualmente tiene la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, seguimos nosotros convencidos que en esta ley orgánica, en los artículos 4o. y 8o., define con toda claridad cuál es la participación, cuál es el motivo de ser del Estado Mayor Presidencial.

Por tanto, los artículos que hemos propuesto su derogación en esta Ley Orgánica son: 14, 15, 103, 104, 105, que otorgan con esta ambigüedad ---al parecer--- facultades que en la Constitución no están establecidas y que han derivado en hechos lamentables para el Ejército Mexicano, que han sido más bien víctimas del abuso del poder civil sobre las Fuerzas Armadas. Tenemos que detener, tenemos que evitar que sigan sucediendo; más aún en la época actual, en donde todos conocemos, todos sabemos, todos hemos admitido la creciente militarización que sufre nuestra sociedad.

Debemos evitar que el Ejército Mexicano sufra nuevamente el estigma que sufrió, por ejemplo, por la matanza del 2 de octubre de 1968.

Tenemos que evitar como antes, ahora, el que el Ejército Mexicano se vea involucrado, como ya lo está, lamentablemente, en la agresión en contra de la población civil a la que está obligado constitucionalmente a defender y a resguardar también.

Por eso, diputadas y diputados, no estamos de acuerdo con el dictamen que la Comisión de Defensa Nacional ha hecho de esta iniciativa. Informamos a ustedes que vamos a seguir trabajándola, vamos a seguir reflexionándola, vamos a integrar en ella muchas de las observaciones tan importantes que hicieron los diputados que integran esta comisión y de manera integral interpondremos ante esta soberanía una nueva iniciativa que de manera integral recoja los aspectos que desde nuestro punto de vista deben ser modificados en la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.

Nos manifestamos, por tanto, en la votación de esta iniciativa, nos manifestaremos absteniéndonos de este dictamen y les informamos, como ya lo he dicho, que pronto estaremos interponiendo una iniciativa integral al respecto de la misma. Por su atención, diputadas y diputados, muchas gracias. Es cuanto.

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Gracias, diputado Barreiro Pérez. En virtud de que no se han registrado más oradores, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueba el punto de acuerdo reservado.

La Secretaria diputada Margarita Arenas Guzmán: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea si es de aprobarse el punto de acuerdo reservado. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Presidenta ¿podríamos repetir la votación?

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Adelante, diputada secretaria.

La Secretaria diputada Margarita Arenas Guzmán: Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Mayoría por la negativa, presidenta.

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Se devuelve a la comisión.

LEY DE COMPETENCIA ECONOMICA

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: El siguiente punto de acuerdo fue reservado por el diputado José Antonio Almazán González, del Partido de la Revolución Democrática, a quien por cinco minutos se le concede el uso de la palabra.

El diputado José Antonio Almazán González: Muchas gracias, con su permiso, diputada presidenta.

Esta iniciativa, cuyo dictamen en sentido negativo está a discusión, parte de un hecho que es incuestionable: la carestía de la vida y el alza de una serie de productos que integran la canasta de consumo popular.

En la iniciativa que he presentado, frente a este dictamen en sentido negativo, estoy proponiendo una reforma-adición al artículo 7 de la Ley Federal de Competencias, a fin de hacerlo congruente con lo propio del artículo 28 constitucional, que establece la facultad de la autoridad para fijar precios máximos a estos artículos de consumo popular, y de manera específica estoy proponiendo que haya diversas formas de coordinación entre la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y la Secretaría de Economía, que sigue manteniendo la jerarquía en cuanto a la posibilidad de establecer los precios máximos a estos artículos de consumo popular.

El asunto es el siguiente: presenté esta iniciativa en octubre del año pasado, va a tener un año. Lo cierto es que el dictamen que se ha presentado no guarda actualidad frente a una serie de hechos que se han venido presentando, particularmente en lo que va de este año.

¿Cuáles son estos hechos? Por un lado, tenemos un reconocimiento oficial de que hay una escalada en los precios de los artículos de consumo popular. Estamos frente a una crisis alimentaria que tiene que ver fundamentalmente con el crecimiento de los precios de los granos, del arroz, del frijol, del maíz a nivel mundial y, por supuesto, los efectos que derivan de la recesión de la economía estadounidense.

El dictamen que en sentido negativo va a ser votado en este momento en realidad se reduce a hacer una transcripción literal de una opinión que el director de la Comisión Federal de Competencia, el doctor Eduardo Mota, presentó hace más de un año.

Por eso digo que es un dictamen que no está actualizado, que parte de hechos que hoy reconocemos y que las propias autoridades oficiales han hecho públicos y han tomado una serie de medidas que buscan proteger la economía de los más pobres en este país.

El crecimiento de los precios de esta canasta de consumo popular en alrededor de 20 artículos tiene un acumulado en el crecimiento de sus precios superior a 40 por ciento, frente a un limitado crecimiento de los salarios mínimos y contractuales.

Con todos estos hechos y razonamientos, lo que estoy planteando es que no se vote este dictamen en sentido negativo, que esta soberanía reconozca la gravedad de la situación económica que estamos viviendo, particularmente en lo que hace a la carestía de la vida, y que este asunto se regrese a la Comisión de Economía a fin de que el dictamen recoja realmente la preocupación de millones de mexicanos y sea congruente con el marco constitucional que he señalado. Es cuanto.

Presidencia del diputado César Horacio Duarte Jáquez

El Presidente diputado César Horacio Duarte Jáquez: Gracias, ciudadano diputado.

DIPUTADA DOLORES DE MARIA MANUELL-GOMEZ ANGULO

El Presidente diputado César Horacio Duarte Jáquez: Tiene el uso de la palabra la diputada María Dolores Manuell-Gómez Angulo.

La diputada Dolores de María Manuell-Gómez Angulo: Con su permiso, señor presidente.

Compañeros diputados y compañeras diputadas, vengo una vez más a pedir, a suplicar, en nombre de los mexicalenses, de los sanluisinos y de todas las entidades donde hace calor.

Ya es un problema general en toda la República Mexicana, ya es un abuso general por parte de Comisión Federal de Electricidad ( CFE) en todas las regiones, como son Tabasco, Guerrero, todo el estado de Sonora, lo que está haciendo con nosotros.

Señores diputados, retomemos la confianza que el ciudadano en las urnas nos depositó. Estamos aquí para defender los auténticos intereses de nuestros representados, de todos los mexicanos.

No podemos seguir con complacencias, compañeros diputados. Ahorita es Mexicali, ahorita es la lucha porque yo tengo palabra de mujer, tengo suficientes pantalones que, con todo respeto, quizá les hagan falta a muchos compañeros diputados.

Yo sí le sé cumplir a mis representados y no me importa arriesgar mi vida, porque estoy dispuesta a morir por lo que siempre está uno dispuesto a luchar, congruente con los principios de doctrina de mi partido: el respeto de la dignidad de la persona.

Hoy he respetado este recinto en diálogo para que las cosas se arreglen. Hoy iba a hacer mi huelga de hambre aquí, en el pleno. Me pidió el señor presidente que llegáramos al diálogo, que hiciera un llamado para sacar un acuerdo de la Mesa Directiva.

Sé también que la Mesa Directiva hoy tiene reunión con el señor presidente de la república. Que sea portador este Congreso de estas peticiones. No son peticiones ni balazos a la luna; son necesidades congruentes con lo que nosotros le hemos prometido a nuestros representados.

Le pido, señor presidente, que se tome el acuerdo para que estas peticiones... y también que le exija a la Secretaría de Energía que ése tan llevado y traído estudio de reestructuración de tarifas llegue lo más pronto posible a este Congreso. No nos los entreguen 10 minutos antes, cuando tenemos que aprobar las tarifas y no nos demos cuenta de lo que estamos aprobando.

La CFE, con eso, mañosamente, manejando rangos pequeños, a todos los mexicanos nos está jugando el dedo en la boca.

Compañeros diputados, pido su voto de solidaridad con este punto de acuerdo. Pido al pleno que lo apruebe. Las peticiones las tiene el señor presidente en mi pliego petitorio, que son concretamente para Mexicali y San Luis. Pero necesitamos, compañeros, una vez más, revisar las tarifas de todo el país.

¿Qué estamos haciendo? Dejarlo en la Secretaría de Energía, en la Secretaría de Hacienda, que han sido los verdugos y los asesinos de todos los mexicanos con el cobro despiadado que hacen.

Nosotros, los mexicalenses y los de San Luis, lo sentimos más porque tenemos una de las temperaturas más altas del mundo, pero también las hay en Guerrero, en Tabasco, en todo Sonora y en Baja California Sur, en fin, Chihuahua; todos los estados de la república.

Muchas gracias por su atención, señor presidente. Por favor le pido que someta a consideración del pleno que lleguen esas demandas justas, que por mi conducto hacen los residentes de San Luis Río Colorado y los de Mexicali.

Pero también le repito la exigencia a la Secretaría de Energía, de que llegue a aquí para conocer esa famosa reestructuración; y que los programas no queden en tres personas. Que no se siga favoreciendo a los grandes empresarios, como este año en que les dejamos grandes cantidades de dinero de subsidio. Que se subsidie al que menos tiene, al que más necesita, que es la gente trabajadora, la que sostiene la economía de este país. Gracias.

El diputado Manuel Cárdenas Fonseca (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado César Horacio Duarte Jáquez: Diputado Cárdenas Fonseca, ¿con qué objeto?

El diputado Manuel Cárdenas Fonseca (desde la curul): Gracias, señor presidente. Nada más para externarle a la Presidencia de la Mesa y a la oradora, nuestro agradecimiento porque se haya abierto el diálogo. Desde que la compañera presentó el punto de acuerdo, Nueva Alianza la ha apoyado, y un servidor en lo particular.

El tema es para que se vea en el contexto nacional. Este próximo sábado, en Sinaloa, en Los Mochis, tendremos una reunión también para ver las tarifas eléctricas del norte de Sinaloa.

Es cuanto, señor presidente. Y cuenta con todo nuestro apoyo la diputada que está haciendo uso de la tribuna.

La diputada Dolores de María Manuell-Gómez Angulo: Gracias, señor diputado.

Mi huelga de hambre, compañero diputado, va a seguir, porque como les he dicho, primero muerta que malherida. Ahí estaré afuera.

Gracias, les agradezco a todos los diputados de todos los partidos, de mi partido, Acción Nacional.

Soy congruente con los principios de doctrina que dieron vida al Partido Acción Nación, de Gómez Morín, su fundador. Estoy en pie de lucha. No voy a bajar la guardia, igual que dos compañeros, uno de San Luis y otro del Valle de Mexicali, que uno no tiene partido y el otro es de mi partido, Acción Nacional.

Nosotros, en nuestro partido, podemos dialogar, podemos hablar, podemos expresar libremente nuestras opiniones.

Yo les pido, señor presidente... insisto, es mucha mi desesperación. Sí me siento, señor, con muchas ganas de luchar, y estoy dispuesta a todo. No quiero, señor presidente, migajas, no quiero un plato de lentejas, aunque me gustan mucho. Quiero mis peticiones, porque todas son justas, más aparte la exigencia de las Secretarías de Energía y de Hacienda en esa reestructuración, que nosotros la conozcamos, y no con números y cosas muy rimbombantes que muchas veces, como no somos todólogos, no las entendemos; claras, claras.

Le pido, señor presidente, que esto quede íntegro en el Diario de los Debates.

El diputado Félix Castellanos Hernández (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado César Horacio Duarte Jáquez: Gracias, diputada. Tiene el uso de la palabra el diputado Félix Castellanos. ¿Con qué objeto, diputado?

El diputado Félix Castellanos Hernández (desde la curul): Gracias, señor presidente. Para dos asuntos solamente, muy breves. Primero felicitarlo, señor presidente, por su sensibilidad, por su compromiso y su gran convicción ante este hecho inédito, histórico de la huelga de hambre de nuestra compañera diputada Lolita Gómez.

Y segundo, decirle que en nombre de nuestro Grupo Parlamentario, el de Convergencia, nos sumamos plenamente y apoyamos solidariamente estas demandas de la diputada. Muchas gracias.

El diputado José Antonio Almazán González (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado César Horacio Duarte Jáquez: Gracias, diputado. El diputado José Antonio Almazán.

El diputado José Antonio Almazán González (desde la curul): Diputado presidente, quiero señalar que por supuesto, el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democráticaestá a favor de lo que nos ha presentado como punto de acuerdo la diputada Lolita; sin embargo, considero justo y pertinente hacer algunas precisiones que favorezcan lo que se ha planteado en este punto de acuerdo.

En primer lugar, quiero señalar que el asunto de las tarifas y su estructura depende, por un lado, de lo que establece la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica y lo que la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal le concede en facultades, por supuesto, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Éste es el problema de fondo.

¿Por qué? Porque lo que hemos visto a lo largo de estos dos años en puntos de acuerdo muy similares, es que a lo más que podemos aspirar en la Cámara de Diputados es a enviar exhortos a las autoridades que tienen las facultades, como he señalado, tanto para establecer el precio, como para resolver en términos de la estructura tarifaria.

Lo que ha venido sucediendo frente a estos exhortos, y tomo el ejemplo particularmente de la tarifa 1, que es a lo que se refiere nuestra diputada Lolita. La tarifa 1 es tarifa doméstica, pero tiene diversos grados de aplicación, dependiendo de la temperatura y de los niveles de humedad en toda la república. A lo más que se ha llegado es a, por ejemplo en Tabasco, pasar de la tarifa 1 doméstica B, a la C, y con eso ahorrarle al usuario el pago de algunos centavos.

En realidad el problema no se está resolviendo, porque la Cámara de Diputados perdió la facultad de resolver el término del subsidio a las tarifas eléctricas. Este asunto viene ya incluido en el presupuesto, pero sin otorgarle a la Cámara de Diputados la facultad al respecto.

La solución de fondo tiene que ver con regresarle este atributo a la Cámara de Diputados, para que en el marco de la discusión del presupuesto, la Cámara de Diputados, atendiendo los razonamientos que se han planteado, resuelva los niveles del subsidio, fundamentalmente orientados a quienes menos tienen.

Hay sendas iniciativas en la Comisión de Energía que favorecen la solución de fondo, y me parece que a la luz de la propuesta y de las acciones de la diputada Lolita, es tiempo y es conveniente que haya dictamen con relación a las iniciativas. Algunas de ellas ya van para dos años y no hay dictamen ni en favor ni en contra, y el problema lo seguimos arrastrando sin que esta soberanía adopte una solución que está en nuestras manos y que es urgente, como lo hemos visto en este momento. Muchas gracias.

El Presidente diputado César Horacio Duarte Jáquez: Gracias, diputado. Ha solicitado el uso de la palabra el diputado Enrique Serrano, desde su curul.

El diputado Enrique Serrano Escobar (desde la curul): En nombre de la fracción parlamentaria del PRI, para sumarnos a la lucha que han encabezado compañeras y compañeros aquí en la Cámara, al solicitarle al gobierno federal que reduzca en forma importante las tarifas eléctricas.

Lo que actualmente se paga por las tarifas eléctricas, principalmente en el norte del país, lacera gravemente la economía de las familias mexicanas. Éste es un reclamo que hemos venido haciendo desde esta máxima tribuna, desde que se instaló la LX Legislatura.

La CFE tiene amplia capacidad financiera para reducir el precio del suministro de energía eléctrica. No sabemos por qué esta negativa, por qué esta cerrazón de CFE y del gobierno federal a otorgarle a los mexicanos el justo reconocimiento a un servicio que debe ser prestado a un precio mucho menor que el que se está pagando.

El año pasado se estima que hubo superávit en CFE por varios miles de millones de pesos. Si ésos hubieran sido aplicados al sistema tarifario, los mexicanos habrían pagado mucho menos por el suministro de energía eléctrica.

Así es que estamos totalmente a favor y totalmente apoyando la lucha que encabezan compañeras y compañeros en nuestra Cámara. Y si no pueden, que renuncien también. Muchas gracias.

El Presidente diputado César Horacio Duarte Jáquez: Gracias, diputado. Tiene el uso de la palabra el diputado Héctor Larios.

El diputado Héctor Larios Córdova (desde la curul): Gracias, presidente.

Para manifestar que el Grupo Parlamentario del PAN votará a favor de este punto de acuerdo. Y siendo notorio el respaldo de todos los grupos, también manifiesto nuestra preocupación por la salud, por la integridad física de nuestra compañera. Hago votos porque este tema se resuelva lo más rápido posible.

El Presidente diputado César Horacio Duarte Jáquez: Gracias, diputado. Gustavo Pedro Cortés, desde la curul.

El diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés (desde la curul): En nombre de la fracción parlamentaria de Alternativa nos solidarizamos con la compañera y con esta lucha, que es la lucha de muchos legisladores, quienes reciben solicitudes de los ciudadanos para que las tarifas se rebajen. Es cuanto, presidente.

El Presidente diputado César Horacio Duarte Jáquez: Gracias, diputado. La diputada Mónica Fernández tiene el uso de la palabra.

La diputada Mónica Fernández Balboa (desde la curul): Gracias, presidente. Además de sumarme al planteamiento que ha hecho la compañera Dolores, expreso un reconocimiento a la labor de la Presidencia de la Mesa Directiva, en primer término por la sensibilidad y por velar por la integridad física de la compañera diputada Dolores. En segundo término, por lograr el acuerdo para modificar el orden del día de la sesión a fin de abrir el diálogo a esta demanda tan sentida, no solamente por nosotros, sino por toda la sociedad. Gracias y enhorabuena, presidente.

El Presidente diputado César Horacio Duarte Jáquez: Muchas gracias, diputada. El diputado Andrés Carballo.

El diputado Andrés Carballo Bustamante (desde la curul): Para expresar que los diputados federales de Chiapas nos unimos a la petición de nuestra compañera diputada y al resto de nuestros compañeros diputados.

Sería interesante que se analice muy bien el método, la técnica que la CFE prevé para ubicar las tarifas. Tengo entendido que mediante un estudio que hace la Comisión Nacional del Agua se instalan medidores a la orilla de los ríos y, de acuerdo con el grado de humedad de cada región, la CFE fija la tarifa que le corresponde a la zona.

En la región norte de Chiapas, parte de ella que represento, la situación es muy delicada, y hay una petición sensible de la sociedad de que se cambie de tarifas, pero principalmente que se cambie la metodología que utiliza CFE. Por cierto, es una paraestatal con personal administrativo déspota, que trata muy feo a la ciudadanía. Éste también sería un tema importante por tratar en la Cámara de Diputados. Es cuanto, gracias.

El Presidente diputado César Horacio Duarte Jáquez: Gracias, diputado. La diputada Aleida Alavez tiene el uso de la palabra.

La diputada Aleida Alavez Ruiz (desde la curul): Gracias, diputado presidente. Sólo para hacer un llamado, porque todos sabemos que un punto de acuerdo de una Cámara no es vinculatorio para el Ejecutivo federal, y que muchos puntos de acuerdo, a pesar de ser aprobados por unanimidad... y ahora que también se suman las fracciones del PRI, del PAN, de Nueva Alianza, todos los que se han pronunciado en este momento, ésta es una exigencia al gobierno federal para que revise, como bien lo dijo la diputada Dolores, en toda la república.

Tenemos una complicación, que muy lamentablemente dejamos en la omisión, y por eso la actitud de la diputada al decidir estar en huelga de hambre, cosa que de verdad nos sensibilizó para acompañar esta exigencia. Obviamente también aplaudimos la actitud que usted ha mostrado como presidente. Pero exigimos la misma actitud del gobierno federal: que haya una respuesta sensata y respetuosa a la actitud que tuvo la diputada, a la entereza que tuvo la diputada para ponerse en huelga de hambre.

El Presidente diputado César Horacio Duarte Jáquez: Gracias, diputada.

Sin duda hay interés de todos los grupos parlamentarios, y dudo que algún legislador esté en contra en una posición de esta naturaleza. Hay todavía una larga lista de compañeros que solicitaron la palabra, y es un tema que en reiteradas ocasiones se ha venido discutiendo. Es un tema que ha tenido puntos de acuerdo; es un tema que acumula un número importante de puntos de acuerdo en el seno de la Comisión de Energía.

Instruyo a la Secretaría para que, una vez concluido, este asunto se turne a la Comisión de Energía, la versión estenográfica, que consta de todas estas expresiones, para que con ello en el Congreso, en uso de nuestras facultades, porque también tenemos facultades y atribuciones para intervenir en este asunto, demos la mejor atención y encontremos la mejor salida a un tema que a todos preocupa.

Por el compromiso que ha asumido nuestra compañera nos preocupa su integridad, su salud. Sin sentar mayor precedente en un asunto de tal naturaleza, primero agradezco la comprensión y la apertura; y quiero ser coherente con el discurso de nuestra toma de posición: la tolerancia y la apertura. El micrófono es de los legisladores, y éste es el espacio para desahogar nuestras divergencias.

¿El diputado Pablo Arreola todavía quiere hacer uso de la palabra?, pregunto. Desde la curul.

El diputado Pablo Leopoldo Arreola Ortega (desde la curul): Gracias. Primero, señor presidente, hago patente que hoy la solidaridad de la totalidad de los compañeros diputados y las compañeras diputadas de esta legislatura con la compañera Lolita es importante.

El problema de las tarifas lo hemos estado comentando desde que llegamos a esta legislatura. Usted también ha hecho algunos comentarios respecto a este problema, y vemos que no hay una solución.

Yo hago un planteamiento concreto, señor presidente, de que aparte de que la Comisión de Energía revise las iniciativas que ya tiene en sus manos, que usted sea portador, porque nos comentan que la Mesa Directiva próximamente se va a reunir con Calderón. Que sea portador para que el Ejecutivo sea sensible, y en una reunión de trabajo de la CFE y de la Secretaría de Energía con la Comisión de Energía de la Cámara se haga una revisión exhaustiva, seria, sobre el problema de las tarifas, y que haya una recomposición total del procedimiento para que esas tarifas puedan ser accesibles a toda la población.

Por último, quiero reconocer su oficio político, señor presidente. Fue usted capaz hasta de bajar aquí a la curul a hablar con la compañera, y eso es de reconocerse. Se requiere tolerancia y se requiere oficio político para resolver los problemas de la Cámara.

El Presidente diputado César Horacio Duarte Jáquez: Muchas gracias, diputado. El diputado Jericó Abramo.

El diputado Jericó Abramo Masso (desde la curul): Gracias, presidente.

Primero, nos solidarizamos con la compañera. También les digo que el asunto no está muy complicado. Ahí está el Presupuesto de Egresos; empecemos a trabajar en él.

El año pasado la CFE tuvo 17 mil millones de pesos de superávit; este año anda como en 10 mil millones de pesos de superávit. Recordemos todos que es una paraestatal para el servicio del pueblo; parte de las utilidades de una paraestatal deben invertirse en suministrar el servicio y en reducir las tarifas.

Hoy la CFE tiene la posibilidad de subsidiar las tarifas eléctricas en todo el país; hay dinero suficiente para hacerlo, ahí está. Todos estamos en común acuerdo de que hay que bajar las tarifas; vamos a bajarlas, porque nadie está en contra de eso.

Vámonos al Presupuesto de Egresos, pongámosle mano, dejémosle más de la mitad del presupuesto a la CFE de ese superávit, que lo utilice en inversión y el resto en subsidiar las tarifas a nivel nacional. Es una matemática muy simple, no hay que hacerle al MacGyver en esto.

Tiene resuelta una respuesta muy simple: es sumar y restar. Ahí está el dinero, vamos por él; todos estamos de acuerdo. Creo que todos en nuestras campañas políticas queremos tarifas de luz más justas, todos.

Yo no sé quién no dijo en campaña: ``tarifas de luz más justas''. Ahí está el superávit en la CFE; vamos a agarrar esa utilidad y usémosla; 50 por ciento que se vaya a inversión para que luego no digan los directivos de la CFE que no le damos la oportunidad de crecer; el otro 50 a subsidiar de norte a sur las tarifas en todo el país. Es cuanto, presidente.

El Presidente diputado César Horacio Duarte Jáquez: Gracias. Diputada Dolores Gómez Angulo.

La diputada Dolores de María Manuell-Gómez Angulo (desde la curul): Señor presidente, para reiterar mi propuesta.

Que sea la Mesa Directiva, por su conducto como presidente de este periodo, último año que nos queda para demostrar que de veras representamos los intereses de los mexicanos, para que haga llegar la carpeta que puse en sus manos, al presidente de la república, y de alguna manera pedirle con firmeza que resuelva a favor todos los puntos de acuerdo; no están fuera de lógica. Aparte, la exigencia a la Secretaría de Energía para que aquí llegue cuanto antes esa reestructuración de tarifas.

El Presidente diputado César Horacio Duarte Jáquez: Con mucho gusto, compañera diputada. Como lo habíamos establecido con usted, lo hago públicamente con entusiasmo: seremos portadores de este documento al entregárselo al jefe del Ejecutivo, en la entrevista que hoy tendrá la Mesa Directiva de manera oficial. Seremos portadores y daremos seguimiento puntual a este tema, que se establece como prioritario en la generalidad de los grupos parlamentarios. Gracias, diputada.

LEY DE COMPETENCIA ECONOMICA

El Presidente diputado César Horacio Duarte Jáquez: Una vez agotada la lista de oradores, consúltese a la asamblea si se consideran suficientemente discutidos los puntos de acuerdo.

La Secretaria diputada Margarita Arenas Guzmán: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si están suficientemente discutidos los puntos de acuerdo. Los diputados y las diputadas que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo

Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado César Horacio Duarte Jáquez: Suficientemente discutidos. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueban los puntos de acuerdo.

La Secretaria diputada Margarita Arenas Guzmán: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea si son de aprobarse los puntos de acuerdo referidos. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Mayoría por la afirmativa, presidente.

El Presidente diputado César Horacio Duarte Jáquez: Aprobados los puntos de acuerdo. Archívense.

Tiene el uso de la palabra la diputada Valentina Batres, para referirse al punto de acuerdo por el que se desechan dos iniciativas de reforma al artículo 55 del Código Penal Federal.

El diputado José Antonio Almazán González (desde la curul): Cambió el orador.

El Presidente diputado César Horacio Duarte Jáquez: ¿Cambiaron de orador? ¿Con qué objeto diputado?

El diputado José Antonio Almazán González (desde la curul): Diputado presidente, para pedirle que se reponga el procedimiento que fue interrumpido al momento en que se abordó el punto de acuerdo de la diputada Lolita.

Quiero señalar que estábamos en la discusión de un dictamen negativo a una reforma a la Ley Federal de Competencia Económica. Terminaba de hacer uso de la palabra, señalando en razón de una serie de hechos que no voy a repetir, que solicitaba que este asunto regresara a comisiones a la luz de la problemática que estamos viviendo con relación a la carestía de la vida. En ese punto se interrumpió la discusión, y pido que se reponga, a fin de que tenga el debido trámite legislativo.

El Presidente diputado César Horacio Duarte Jáquez: Compañero diputado, era un paquete integral de puntos de acuerdo que han sido sometidos en general y fueron votados. Si hubiera propuesto este tema... éste se separó, incluso fue votado en contra por la asamblea.

Sonido a la curul del diputado.

El diputado José Antonio Almazán González (desde la curul): Lo que estoy señalando es que el asunto que estoy planteando fue debidamente reservado; no integró el paquete. Por lo mismo tenía que concluirse el trámite legislativo. Es decir, se ha votado el paquete, pero en el punto que reservé está pendiente la decisión de esta soberanía a partir de lo que señalé en cuanto a que regrese para su debida consideración, a la Comisión de Economía.

El Presidente diputado César Horacio Duarte Jáquez: Compañero, en el acto fue votado y agotado el trámite en ese punto. Desgraciadamente hubo otro tema muy importante para todos que también fue precisamente articulado en los términos. En ese sentido, diputado, el trámite ha sido agotado y esta Presidencia ha declarado ya el trámite que correspondió a este tema.

Sonido a la curul del diputado.

El diputado José Antonio Almazán González (desde la curul): Presidente, quiero recordar y solicito para que no haya confusión en esta cuestión que estoy planteando, que se consulte la versión estenográfica, porque insisto, en el punto en que concluí mi intervención se interrumpió el trámite legislativo. Pasamos a abordar el asunto que planteó la diputada Lolita e indebidamente se consideró la reserva que yo había planteado como parte de una votación en paquete. Estoy solicitando que en la medida en que hice reserva, como puede ser confirmado en la versión estenográfica, que se asuma en lo particular este asunto, que se reponga el procedimiento.

El Presidente diputado César Horacio Duarte Jáquez: Compañero diputado, desgraciadamente no es posible, porque ya se votó y se agotó el trámite. En esos términos hubiera sido necesario que hubiera usted señalado en el momento de la votación para haber en ello observado y separar los asuntos, pero se votó en el paquete integral de todos los puntos de acuerdo que se habían presentado, y ahí se incluyó la votación. Le pido, señor diputado, comprensión, porque ya ha sido agotado este tema.

Tiene el uso de la palabra la diputada Valentina Batres... sonido a la curul del diputado José Antonio Almazán.

El diputado José Antonio Almazán González (desde la curul): El procedimiento legislativo en el que estamos con esta pequeña dificultad implicó dos momentos: uno, el conjunto de paquetes para los que no hubo reserva, y otro sobre los que sí hubo. En el proceso se abordó la primera reserva del diputado Armando Barreiro y se votó de manera específica a partir de esa reserva.

En el caso de un servidor hice reserva al dictamen en sentido negativo, que fue interrumpido. Incluso, cuando se votó el paquete solicité el uso de la palabra para todo eso que estoy señalando y, tanto que estoy en lo justo y lo correcto desde el punto de vista del trámite legislativo, por supuesto que falta una reserva. Si hiciéramos caso de la interpretación que se está dando, el asunto habría quedado concluido y me parece que debe reponerse en el punto en que solicité la reserva; hice la intervención argumentando el regreso a la comisión y en ese momento fui interrumpido.

El Presidente diputado César Horacio Duarte Jáquez: Compañero diputado, insisto y estamos conscientes de que una reserva aún no ha sido votada, pero todas las demás reservas en su conjunto se votaron en ese acto junto con la suya. Desgraciadamente el trámite así cruzó y no fue separado en su momento. Yo le pido comprensión. Ha sido consumado ya ese acto; por tanto, ha sido declarada ya procedente esa sanción que el pleno dio.

CODIGO PENAL FEDERAL

El Presidente diputado César Horacio Duarte Jáquez: Tiene el uso de la palabra la diputada Valentina Batres. Diputada Valentina Batres.

La diputada Valentina Valia Batres Guadarrama: Diputado presidente, usted nos ha dado una muestra de tolerancia y de rectificar; y, además, interrumpir el orden del día para darle cabida a una preocupación de una de las diputadas de este pleno, cosa que además, le reconocemos muy respetuosamente.

Acudiendo a esa actitud suya que ha demostrado como presidente, quiero seguir insistiendo en que usted no se encontraba presente aquí en el pleno. Nos hallábamos discutiendo las reservas de los dictámenes de ley. Y quiero, además, respaldar a mi compañero Almazán, porque él no hizo ninguna omisión, ningún señalamiento, toda vez que ponderamos la importancia del punto de acuerdo de la diputada Dolores y le dimos paso porque no solamente nos solidarizamos verbalmente, sino pensamos que es una preocupación que tenía justificación para ser interrumpido el orden del día y la discusión que teníamos.

Pero la reserva del diputado Almazán no fue votada y no estábamos votando en paquete. La Presidencia ---la vicepresidenta en turno--- estaba votando las reservas de manera separada conforme se iban realizando. Por ello se votó la reserva del diputado Barreiro para que se regresara a la comisión la discusión sobre un dictamen que reforma el marco jurídico sobre el Estado Mayor Presidencial. Éste ya fue aprobado. Se regresa a comisión. Ésa fue la decisión del pleno.

Estábamos discutiendo la reserva del diputado Almazán cuando entró la propuesta de la diputada Dolores. Aun con la importancia del tema que quisiera posicionar ---la reserva al dictamen del artículo 55 del Código Penal---, no quisiera atropellar una reserva que ha hecho mi compañero Almazán, y quiero exhortarlo a que le demos paso a que sea discutido, sea repuesto el procedimiento.

El diputado Juan José Rodríguez Prats (desde la curul): Señor presidente.

El Presidente diputado César Horacio Duarte Jáquez: Permítame, diputada.

Diputado Rodríguez Prats, ¿con qué objeto?

El diputado Juan José Rodríguez Prats (desde la curul): Para una moción, señor presidente. Si la anarquía cunde en esta asamblea y hacemos a un lado todos nuestros ordenamientos internos, no vamos a poder abordar los asuntos que con tanto entusiasmo todos los grupos parlamentarios anunciamos aquí ayer y que iban a ocupar nuestra atención, nuestros deberes y nuestra responsabilidad.

La diputada Valentina Batres pidió la palabra para un asunto y usted se la concedió. No tiene por qué abordar un asunto que, usted desde la Presidencia, ya ha ordenado que queda concluido. Yo le suplicaría a la oradora y a usted en lo personal que pongan orden; abordemos el asunto para el cual la diputada pidió la palabra y podamos continuar la sesión.

Muchas gracias por su atención, señor presidente.

El Presidente diputado César Horacio Duarte Jáquez: Gracias, diputado. Continúe, diputada.

La diputada Valentina Valia Batres Guadarrama: Diputado presidente, afortunadamente usted no piensa como el diputado Rodríguez Prats, en una visión absurda del orden. Por eso le reconocemos que haya tenido la visión, la amplia visión del trabajo legislativo y haya interrumpido el orden del día para dar cabida a un tema de prioridad. Tiene nuestro amplio respaldo esa visión de trabajo.

No entendemos el orden de otra manera y mucho menos en tono de regaño, y mucho menos con un vigilante de lo que entra en el orden y no entra en el orden, sino entendemos que se pongan por encima de todo los temas fundamentales, no el trabajo administrativo de esta Cámara.

Por eso he renunciado a discutir la reserva que hice sobre el dictamen del artículo 55. Y vuelvo a repetir, lo estoy haciendo en el uso de mi derecho de libertad de expresión, que no repara en que si al PAN le convence o no que tiene que ver con el tema.

No, me parece que oportunidad de reponer una discusión en la que estaba en turno el diputado Almazán, y me parece que usted es un hombre responsable, que podría darle cabida a que no se interrumpa y no se transgreda el turno y la discusión que los diputados, cualesquiera de nosotros, podían estar teniendo en esta sesión. Muchísimas gracias. Le reitero mi solicitud de que se reponga el procedimiento. Gracias.

El Presidente diputado César Horacio Duarte Jáquez: Muchas gracias, diputada. Desgraciadamente no se puede reponer el procedimiento, ya que ha sido sancionado y declarado por esta Presidencia.

Consulte... diputado, de nueva cuenta.

El diputado José Antonio Almazán González (desde la curul): Ya he señalado que fue interrumpido el procedimiento, y frente a un asunto que fue reservado y que pasé a argumentar. En ese momento se interrumpió el procedimiento para esa reserva, sin modificar el orden del día y, por supuesto, alterando lo que establecen los artículos 18 y 19 que pido, por favor, se hagan de su conocimiento en cuanto a lo que establece el Reglamento de la Cámara de Diputados.

Entonces no compliquemos más el asunto con intervenciones como la que acabamos de escuchar del diputado Rodríguez Prats, que por supuesto, de manera recurrente hace uso de su derecho masturbatorio, y le pido que se reponga el procedimiento. Nada más. Y que sea la soberanía la que finalmente resuelva, porque una reserva no puede ser votada en paquete y no fue alterado el orden del día, no fue modificado. La reserva que hice tiene que votarse en lo específico y no en paquete, como se pretende plantear.

El Presidente diputado César Horacio Duarte Jáquez: Diputado, en virtud de las razones que hemos expuesto ---y entiendo perfectamente su sentir--- esta Presidencia se ha manifestado en ese sentido. Pero aun para que con ello quedase un tanto más clara la posición de los señores legisladores presentes, someteremos a votación del pleno la atribución que ya ha tenido esta Presidencia de terminar el efecto de la votación, si se ratifica el trámite y la declaratoria hecha por esta Presidencia.

Diputado Javier González Garza .

El diputado Javier González Garza (desde la curul): Gracias, señor presidente.

Voy a hacer una propuesta con el ánimo de discutir bien este tema. Lo que propongo es lo siguiente: que terminemos en este momento la sesión y este asunto lo discutamos en la siguiente sesión.

Por una razón, señor presidente, porque en algunos puntos de acuerdo hicimos votaciones en donde no todos estábamos pendientes del asunto. En este asunto yo lo que creo es que, efectivamente, no se separó el punto a la hora de votar y lo que creo es que estábamos discutiendo un punto. Por tanto, para no meternos en complicaciones, hagámoslo bien; propongo que terminemos en este momento y reanudemos después de una discusión respecto a cómo podemos solventar el asunto.

El Presidente diputado César Horacio Duarte Jáquez: Diputado González Garza, la Presidencia ha hecho una propuesta que queremos someter al pleno: desahogar el trámite que nosotros habíamos tomado, y que con ello quede en facultad del pleno la determinación aquí tomada. Con eso la Presidencia se somete a la consideración del pleno. El diputado Cárdenas.

El diputado Raymundo Cárdenas Hernández (desde la curul): Presidente, me parece que el criterio que nos está planteando es contradictorio, porque si usted dice que ya se votaron los puntos de acuerdo o los dictámenes, porque confundió los términos utilizados, pero más allá de eso, si usted dice que se votaron todos, incluidas las reservas, no tendría sentido darle la palabra a la compañera Batres para discutir una reserva.

Si usted dice que sólo la del diputado Almazán se votó, yo creo que si usted mismo revisa la versión estenográfica va a descubrir que no es así. Usted nunca sometió a votación el dictamen reservado, separado del grupo por Almazán.

Si nos dice que fue un paquete, entonces ya no habría por qué darle la palabra a la compañera Batres. Creo que lo correcto, a mi juicio, sería repetir la votación. Nada pierden los compañeros. Si no aceptan los argumentos de nuestro compañero Almazán, en todo caso se rechaza y ya. Para qué estamos perdiendo el tiempo.

El Presidente diputado César Horacio Duarte Jáquez: Compañero diputado, se aclararon al momento de la votación precisamente esos dos puntos. Si bien quedó un punto sin votar, era la reserva que la diputada Batres tenía todavía pendiente. Por eso en ese sentido se concedió el uso de la palabra a la diputada Batres.

Yo les pido la comprensión en ese sentido. La Presidencia determinó, y sometemos a votación del pleno para concluir este trámite.

El Secretario diputado Manuel Portilla Diéguez: Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a la asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la ratificación del trámite dado por la Presidencia. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Mayoría por la afirmativa, diputado presidente.

El Presidente diputado César Horacio Duarte Jáquez: Se ratifica el trámite.

Someta la Secretaría a la asamblea ---aunque haya renunciado la diputada Batres a participar en la reserva que tenía---, someta a votación esos puntos que estaban pendientes de agotar... un momento. Diputada Batres.

La diputada Valentina Valia Batres Guadarrama (desde la curul): Nada más quiero destacar que, por técnica legislativa, el dictamen con desechamiento de dos iniciativas que se metieron para reformar el artículo 55 del Código Penal que nos presenta la Comisión de Justicia está mal elaborado, toda vez que pone en el mismo dictamen dos iniciativas que se contraponen.

Ni siquiera en espíritu tienen la misma propuesta de dictamen, y era parte del argumento que quería proponer al pleno para que se regresase el dictamen a la discusión de las comisiones y, en su caso, si el espíritu no cambiara, se presentasen dos dictamen diferentes, pues las iniciativas nada tienen que ver en su propuesta. Ése me parece que sería el trámite correcto.

Sin embargo, como he renunciado a usar la tribuna, toda vez que estaba en discusión el procedimiento, no quiero dejar de comentar que el dictamen en sí está mal elaborado, y si no sirve para que se regrese a comisión, sí sirve como llamado de atención para que los dictámenes tengan en esencia una discusión... y se conserve... Si son varias iniciativas las que se desechan en un solo dictamen, por lo menos que hablen del mismo espíritu de modificación del mismo artículo o de los artículos que se mencionan.

El diputado César Octavio Camacho Quiroz (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado César Horacio Duarte Jáquez: Ha pedido el uso de la palabra el diputado César Camacho, presidente de la Comisión de Justicia, desde la curul.

El diputado César Octavio Camacho Quiroz (desde la curul): Gracias, señor presidente.

Claro, respeto el punto de vista de la diputada Batres, pero tengo la absoluta convicción, convicción que fue compartida por la Comisión de Justicia, de que el dictamen está correctamente emitido, toda vez que aunque se refiere a propuestas distintas toca el mismo precepto sustantivo penal, y se resuelve en el sentido de desechar ambas.

Qué lástima que la diputada renunció a su derecho de hacer planteamientos de orden sustantivo, pero creo que el dictamen está bien hecho, que la Comisión de Justicia ya lo votó, y que ahora está dispuesto a la consideración de la asamblea, justamente desechado porque se consideró que ninguna de las dos iniciativas era procedente. Si bien planteaban cuestiones distintas, se referían, insisto, al mismo precepto penal sustantivo.

De modo que la diputada, no obstante que ya no hizo uso de su derecho a hablar de las cosas sustantivas, sí hizo uso de su derecho a hablar, yo pido a la Presidencia que procedamos a votar el dictamen que ya está puesto a la consideración de todos.

El Presidente diputado César Horacio Duarte Jáquez: Bien, diputado.

Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueban los puntos de acuerdo referentes a las iniciativas que reforman el artículo 55 del Código Penal Federal.

La Secretaria diputada Margarita Arenas Guzmán: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la asamblea si se aprueban los puntos de acuerdo... ¿en los términos del dictamen?

El Presidente diputado César Horacio Duarte Jáquez: En los términos del dictamen.

La Secretaria diputada Margarita Arenas Guzmán: En los términos del dictamen. Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la asamblea si son de aprobarse los puntos de acuerdo en el sentido del dictamen. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Mayoría por la afirmativa, presidente.

El Presidente diputado César Horacio Duarte Jáquez: Aprobados los puntos de acuerdo. Archívense los expedientes como asuntos totalmente concluidos.

El diputado Andrés Lozano Lozano (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado César Horacio Duarte Jáquez: Diputado Lozano, tiene el uso de la palabra.

El diputado Andrés Lozano Lozano (desde la curul): Gracias, diputado presidente.

Pues ahora sí que ya no entendí qué es lo que votamos, porque la Secretaría sometió a consideración de la asamblea los puntos de acuerdo, y claramente el asunto al que se refería era el dictamen de la Comisión de Justicia que reforma diversos párrafos del artículo 55 del Código Penal Federal.

Entonces, yo no sé, en este momento qué es lo que la Secretaría sometió a consideración de la asamblea, puesto que estamos hablando de un tema que no tiene que ver con un punto de acuerdo sino con unas iniciativas y un dictamen que se desecha. Es cuanto, diputado presidente.

El diputado Juan José Rodríguez Prats (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado César Horacio Duarte Jáquez: Diputado Rodríguez Prats. Abran el micrófono de la curul del diputado.

El diputado Juan José Rodríguez Prats (desde la curul): Con todo el respeto para el señor diputado Lozano. Nada más para su información, estamos en la discusión de dictámenes negativos. Por tanto, el dictamen que emanaba de la Comisión de Justicia, como bien lo aclaró el diputado César Camacho, iba en el sentido de rechazar estos artículos, y eso fue lo que votamos. Me parece que está muy claro y que no tiene caso continuar esta discusión.

El diputado Andrés Lozano Lozano (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado César Horacio Duarte Jáquez: Diputado Lozano.

El diputado Andrés Lozano Lozano (desde la curul): El planteamiento es muy sencillo. La pregunta no fue cuál era el sentido de los dictámenes, ni en qué parte estábamos, ni si se referían a dictámenes negativos o dictámenes a discusión; lo tengo con toda claridad.

Simple y sencillamente la expresión fue que la Secretaría comentó si eran de aceptarse o de rechazarse los puntos de acuerdo referidos, y no estábamos hablando de ningún punto de acuerdo, sino de un dictamen relativo al artículo 55 del Código Penal Federal. Entonces, eso es todo. Simple y sencillamente votamos una cosa distinta de la que se había referido y había reservado la diputada Valentina Batres. Simple y sencillamente para que quede y conste en las actas de esta sesión. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado César Horacio Duarte Jáquez: Los dictámenes negativos concluyen como puntos de acuerdo, señor.

Proceda la Secretaría a leer la comunicación de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos.

TRABAJOS LEGISLATIVOS

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.--- Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos.

Secretarios de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.---Presentes.

Con fundamento en el artículo 38, numeral 1, inciso a), compete a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos establecer el calendario para el desahogo del programa legislativo de los periodos de sesiones. No obstante, este órgano de gobierno aún no ha definido el calendario legislativo del periodo septiembre-diciembre 2008.

Por lo anteriormente expuesto, le solicitamos se someta a la consideración del pleno el siguiente

Acuerdo

Primero. Que en la primera semana de septiembre de 2008 se sesione el día martes 2 y la próxima cita se lleve a cabo para el martes 9 de septiembre del presente año.

Segundo. Notifíquese a la Cámara de Senadores para los efectos del artículo 68 constitucional.

Sin más por el momento reciban un cordial saludo.

El Presidente diputado César Horacio Duarte Jáquez: Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueba.

La diputada Mónica Fernández Balboa (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado César Horacio Duarte Jáquez: A ver, permítame, secretaria. Diputada Fernández.

La diputada Mónica Fernández Balboa (desde la curul): Gracias, presidente. Sólo una pregunta: ¿cuál es el argumento o con qué objeto? Porque la de ayer fue reunión y sesión del Congreso General, no sesión de la Cámara de Diputados.

Pregunto... la Conferencia o la Junta de Coordinación Política... ¿cuál es el argumento para que no sesionemos el jueves y nos vayamos hasta el martes?

El Presidente diputado César Horacio Duarte Jáquez: Le solicito, con todo respeto, compañera diputada, que comente con la coordinación de su grupo parlamentario para que desahogue esas inquietudes. Prosiga la Secretaría.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se aprueba. Los ciudadanos diputados y las ciudadanas diputadas que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo... compañeras y compañeros, se está sometiendo a votación. Los que estén por la afirmativa, por favor, manifiéstenlo. Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado César Horacio Duarte Jáquez: Se aprueba. Comuníquese.

Proceda la Secretaría a leer el orden del día de la próxima sesión.

ORDEN DEL DIA

La Secretaria diputada Margarita Arenas Guzmán: «Primer Periodo Ordinario de Sesiones.--- Tercer Año de Ejercicio.--- LX Legislatura.

Orden del día

Martes 9 de septiembre de 2008.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones

Iniciativas pospuestas

De decreto para que se inscriba con letras de oro en el Muro de Honor de este Palacio Legislativo de San Lázaro la leyenda ``Plan de Ayutla'', a cargo del diputado Odilón Romero Gutiérrez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Estatuto de las Islas Marías, a cargo de la diputada Yary del Carmen Gebhardt Garduza , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 171 del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Yary del Carmen Gebhardt Garduza , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Diez dictámenes negativos de iniciativas

Los asuntos no abordados en esta sesión, y los demás asuntos con los que la Mesa Directiva dé cuenta.»

CLAUSURA Y CITATORIO

El Presidente diputado César Horacio Duarte Jáquez (a las 15:46 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el martes 9 de septiembre a las 11 horas. Y se les informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 9: 30 horas.

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RESUMEN DE TRABAJOS

• Tiempo de duración: 3 horas 49 minutos.
• Quórum a la apertura de sesión: 442 diputados.
• Asistencia al cierre de registro: 473 diputados.
• Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, aprobado: 1.
• Acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, aprobado: 1.
• Diputados que solicitan licencia: 3.
• Diputado suplente que se incorpora: 1.
• Comisiones reglamentarias y protocolarias: 2.
Diputados por grupo parlamentario que participaron durante la sesión: 45PAN-11, PRD-18, PRI-9, Convergencia-1, PT-2, Nueva Alianza-3, Alternativa-1.
• Se recibió:
• 1 oficio de la Secretaría de Cultura del Gobierno delDistrito Federal, con el que invita a la ceremonia cívica conmemorativa;
• 2 oficios de la Cámara de Senadores, con los que comunica: que ha quedado instalada, y los integrantes de la Mesa Directiva que funcionarán del 1o. de septiembre de 2008 al 31 de agosto de 2009;
• 1 oficio del gobierno del estado de Oaxaca, con el que solicita mayores recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2009;
• 2 oficios de la Junta de Coordinación Política, con los que comunica cambios en la integración del Grupo de Amistad México-República Checa; y de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación; en los Comités de Administración; de Información, Gestoría y Quejas; en las Comisiones de Vivienda, de Investigación encargada de revisar la legalidad de los contratos de obra pública, concesiones, contratos de suministro de bienes de consumo o de compraventa de bienes inmuebles de titularidad pública otorgados por organismos descentralizados o empresas de participación estatal mayoritaria a la empresa de Construcciones Prácticas, Sociedad Anónima de Capital Variable y cualesquiera otras que tuvieran relación con la misma; en el Parlamento Latinoamericano, en el Grupo de Amistad con Chipre, con Vietnam y en el Grupo de Enlace Parlamentario con la República Árabe Saharaui Democrática;
• 1 oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el que remite los lineamientos para la donación de bienes, de conformidad con el artículo 27, fracción XIV, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal;
• 1 oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite el informe semestral sobre la situación que guardan los sistemas de ahorro para el retiro;
• 1 oficio de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con el que solicita que se posponga para la próxima sesión el dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Trabajo y Previsión Social, con puntos de acuerdo a fin de exhortar a los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social a pagar a los trabajadores y ex trabajadores de Pemexpor las aportaciones para el seguro de vida contratado con Seguros La República en el periodo 1970-1992;
• 1 iniciativa del Congreso de Michoacán;
• 1 iniciativa del Congreso de Sonora;
• 1 iniciativa del PAN;
• 2 iniciativas del PRD;
• 4 iniciativas del PRI;
• 1 iniciativa de Convergencia;
• 2 iniciativas de Nueva Alianza.
• Dictámenes aprobados:
• 1 de la Comisión de Recursos Hidráulicos, con punto de acuerdo a fin de exhortar al director general de la Comisión Nacional del Aguaa modificar el cuadro de porcentajes de aportación federal previsto en el numeral 10.4.2. de las Reglas de Operación para los Programas de Infraestructura Hidroagrícola y de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamientoaplicables a partir de 2008;
• 1 de la Comisión de Desarrollo Social, con punto de acuerdo para exhortar a los congresos estatales a dar prioridad y supervisar que, en la aprobación de sus presupuestos, los recursos excedentes por el impuesto federal a la gasolina y el diesel se apliquen de manera puntual, solidaria, responsable y transparente por los ejecutivos locales;
• 1 de la Comisión de Justicia, con punto de acuerdo para exhortar a la Procuraduría General de Justicia del estado de Sinaloa a informar sobre los homicidios de los señores Ricardo Murillo Monje y Óscar Rivera Inzunza;
• 1 de la Comisión de Equidad y Género, con puntos de acuerdo relativos al efecto del Tratado de Libre Comercio de América del Norteen las mexicanas, y a fin de solicitar la comparecencia de la titular del Instituto Nacional de las Mujeres;
• 1 de la Comisión de Equidad y Género, con punto de acuerdo para exhortar a los actores políticos y sociales del país a conducirse con respeto hacia las mujeres en sus declaraciones;
• 1 de la Comisión de Equidad y Género, con punto de acuerdo relativo a la conciliación laboral y familiar en México;
• 1 de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con punto de acuerdo a fin de exhortar al titular del Ejecutivo federal a implantar las recomendaciones de adecuación relativas a la aplicación de lo dispuesto en el artículo 29 del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2008;
• 1 de la Comisión de Turismo, con puntos de acuerdo a fin de exhortar al Ejecutivo federal a iniciar, mediante el Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal, el procedimiento establecido en el Reglamento de la Ley Agraria en materia de Reordenamiento de la Propiedad Rural para que ejercite la acción de revisión parcial del decreto presidencial expropiatorio de fecha 28 de mayo de 1984, en Santa María Huatulco, Oaxaca, ante el Tribunal Agrario;
• 1 de la Comisión de Turismo, con puntos de acuerdo para exhortar al Consejo de Promoción Turística de México a revisar el gasto dirigido al fomento del país en el extranjero, centrando sus acciones en Europa, Asia y Oceanía;
• 1 de la Comisión de Transportes, con punto de acuerdo a fin de exhortar al gobierno de Tamaulipas a llevar a cabo los trabajos necesarios para construir la vialidad denominada circuito interior de Reynosa;
• 1 de la Comisión de Transportes, con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Comunicaciones y Transportesque instale sistemas de aterrizaje por instrumentos en aeropuertos de Tamaulipas;
• 1 de la Comisión de Transportes, con punto de acuerdo a fin de exhortar al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportesa implantar a la mayor brevedad las medidas preventivas necesarias para evitar accidentes en la carretera Guadalajara-Ameca;
• 1 de la Comisión de Transportes, con punto de acuerdo para exhortar al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportesa efecto de que los permisionarios del servicio público federal de carga cuyos vehículos hayan sido legalizados validen únicamente su documentación en el primer trámite de obtención de placas y tarjeta de circulación;
• 1 de la Comisión de Transportes, con punto de acuerdo a fin de exhortar al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportesa promover las acciones conducentes a realizar las obras públicas para ampliar la cobertura y mejorar el sistema de transporte colectivo de las ciudades y de las zonas metropolitanas del país;
• 1 de la Comisión de Transportes, con punto de acuerdo a fin de exhortar al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportesa constituir en aeropuerto internacional el nacional El Tajín, en el estado de Veracruz;
• 1 de la Comisión de Transportes, con punto de acuerdo a fin de exhortar al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportesa analizar con el gobierno de Chihuahua la posibilidad de que la carretera panamericana número 45, Chihuahua-Juárez, sea concesionada al estado de Chihuahua y que la citada dependencia garantice la suficiencia presupuestal para su conservación y mantenimiento;
• 1 de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con puntos de acuerdo para exhortar a las Secretarías de Gobernación, de Relaciones Exteriores, y de Desarrollo Social a implantar un programa de apoyo a la población adulta mayor que vive en Estados Unidos de América;
• 1 de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con puntos de acuerdo a fin de exhortar a las Secretarías de Salud, de Educación Pública, y del Trabajo y Previsión Social a realizar acciones para la integración de las personas zurdas;
• 1 de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturalesa iniciar los trámites del expediente de expropiación del predio Cañón de Ballesteros, perteneciente al parque nacional Cumbres de Monterrey, en el municipio de Santa Catarina del estado de Nuevo León;
• 1 de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con punto de acuerdo a fin de exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambientea aplicar las medidas pertinentes para proteger, restaurar y conservar los manglares mexicanos, así como a vigilar que las obras y actividades de aprovechamiento no extractivo en ese ecosistema se lleven a cabo con estricto arreglo a la legislación vigente en la materia;
• 1 de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con puntos de acuerdo a fin de exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturalesa realizar los estudios necesarios para conocer científicamente el estado de conservación que presenta en vida silvestre el cocodrilo del pantano en el Golfo de México;
• 1 de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con puntos de acuerdo a fin de exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacióna informar de la situación actual y apoyar la creación del área de protección de flora y fauna Sistema Arrecifal Lobos Tuxpan, frente a Tamiahua y Tuxpan, en el estado de Veracruz;
• 1 de la Comisión de Asuntos Indígenas, con punto de acuerdo a fin de exhortar a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenasa informar sobre el resultado de las actividades realizadas en la elaboración de la propuesta de programa especial de atención a pueblos y comunidades que viven en el bosque;
• 1 de la Comisión de Asuntos Indígenas, con punto de acuerdo para exhortar a los congresos estatales y a la Asamblea Legislativa delDistrito Federala legislar en materia indígena, en busca de armonizar los ordenamientos locales con los que establecen el artículo 2o. constitucional, la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y demás instrumentos jurídicos;
• 1 de la Comisión de Asuntos Indígenas, con punto de acuerdo a fin de exhortar al titular del Poder Ejecutivo federal a efecto de que la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenasimplante acciones que garanticen a los pueblos indígenas que habitan en zonas urbanas el acceso equitativo a los programas que se manejan;
• 1 de la Comisión de Asuntos Indígenas, con punto de acuerdo a fin de exhortar a los congresos estatales a promover reformas en materia electoral para garantizar los derechos de las mujeres indígenas, consagrados en la Constitución federal y en los instrumentos internacionales aplicables;
• 1 de la Comisión de Asuntos Indígenas, con punto de acuerdo a fin de exhortar al Ejecutivo federal a efecto de que, por medio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, corrija la información y considere zonas indígenas las comunidades de Chavajeval, Las Delicias y Álvaro Obregón, en el estado de Chiapas;
• 1 de la Comisión del, con punto de acuerdo a fin de solicitar al jefe del gobierno local que instruya a la Consejería Jurídica y de Servicios Legales para revisar y, en su caso, actualizar conforme a la normatividad aplicable las remuneraciones que reciben los defensores de oficio;
• 1 de la Comisión del, con punto de acuerdo a fin de exhortar al gobierno local a rea-lizar, a través de la Secretaría del Medio Ambiente, las acciones necesarias para declarar y administrar como área verde con valor ambiental el bosque de Nativitas, en la delegación de Xochimilco.
• 1 de la Comisión del, con punto de acuerdo relativo al comercio informal y al ambulantaje en el Sistema de Transporte Colectivo-Metro;
• 1 de la Comisión de Economía, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa que reforma diversos artículos de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa;
• 1 de la Comisión de Economía, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Competencia Económica. Se reserva para su discusión;
• 1 de la Comisión de Economía, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa que reforma el último párrafo del artículo segundo transitorio del decreto por el que se expide la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación, y se deroga el artículo tercero transitorio de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación;
• 1 de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con puntos de acuerdo por los que se desechan seis iniciativas que reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito;
• 1 de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa que reforma el artículo 10, fracciones I y III, de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras;
• 1 de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa que reforma los artículos 117 de la Ley de Instituciones de Crédito, y 14 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental;
• 1 de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa que reforma y adiciona el artículo 2o. de la Ley Orgánica del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos;
• 1 de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa que reforma el artículo 7o. de la Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores;
• 1 de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa que reforma los artículos 11 y 14 de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores;
• 1 de la Comisión de Justicia, con punto de acuerdo por el que se desechan dos iniciativas presentadas el 14 de septiembre de 2004, que reforman el artículo 55 del Código Penal Federal;
• 1 de la Comisión de Justicia, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa que reforma el inciso b), del artículo 85 del Código Penal Federal;
• 1 de la Comisión de Justicia, con punto de acuerdo por el que se desechan tres iniciativas que reforman diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Civiles;
• 1 de la Comisión de Justicia, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa que adiciona un párrafo segundo al artículo 335 del Código Penal Federal;
• 1 de la Comisión de Justicia, con punto de acuerdo por el que se desechan dos iniciativas que reforman el artículo 171 del Código Penal Federal;
• 1 de la Comisión de Justicia, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa que reforma el Capítulo I del Título Octavo del Libro Segundo del Código Penal Federaly el artículo 205 Bis; y adiciona el artículo 205 Ter del Código Penal Federal;
• 1 de la Comisión de Justicia, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa que reforma el artículo 343 Bis del Código Penal Federal;
• 1 de la Comisión de Justicia, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa que reforma los artículos 265 Bis y 343 Bis del Código Penal Federal.

DIPUTADOS QUE PARTICIPARON DURANTE LA SESION
(en orden alfabético)

• Abramo Masso, Jericó (PRI).
• Alavez Ruíz, Aleida (PRD).
• Almazán González, José Antonio (PRD).
• Almazán González, José Antonio (PRD).
• Almazán González, José Antonio (PRD) .
• Álvarez Bernal, María Elena (PAN).
• Amador Leal, Narcizo Alberto (PRI).
• Arreola Ortega, Pablo Leopoldo (PT).
• Barreiro Pérez, Armando (PRD).
• Batres Guadarrama, Valentina Valia (PRD).
• Camacho Quiroz, César Octavio (PRI).
• Carballo Bustamante, Andrés (PRI).
• Cárdenas del Avellano, Enrique (PRI).
• Cárdenas Fonseca, Manuel (Nueva Alianza).
• Cárdenas Fonseca, Manuel (Nueva Alianza).
• Cárdenas Fonseca, Manuel (Nueva Alianza).
• Cárdenas Hernández, Raymundo (PRD).
• Carvajal Tejada, Rogelio (PAN).
• Castellanos Hernández, Félix (Convergencia).
• Chaurand Arzate, Carlos (PRI).
• Del Toro , Mario Enrique (PRD).
• Fernández Balboa, Mónica (PRD).
• Fernández Balboa, Mónica (PRD).
• Fernández Cabrera, Adrián (PAN).
• González Garza, Javier (PRD).
• González Martínez, María Gabriela (PAN).
• Larios Córdova, Héctor (PAN).
• Larios Córdova, Héctor (PAN).
• López Balbuena, Guillermina (PRI).
• Lozano Lozano, Andrés (PRD).
• Manuell Gómez-Angulo, Dolores de María (PAN).
• Ortega Martínez, María del Pilar (PAN).
• Pedro Cortés, Santiago Gustavo (Alternativa).
• Pulido Santiago, Celso David (PRD).
• Rivera Bedolla, Juan Francisco (PRI).
• Rodríguez Prats, Juan José (PAN).
• Serrano Escobar, Enrique (PRI).
• Solares Chávez, Miguel Ángel (PRD).
• Varela Lagunas, Tomás José Luis (Convergencia).
Diputada Dolores de María Manuell-Gómez Angulo: 208
Diputada Dolores de María Manuell-Gómez Angulo: 207
Código Penal Federal: 211
Diputada Dolores de María Manuell-Gómez Angulo: 205
Ley de Competencia Económica: 203, 209
Diputado que solicita licencia: 29
Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos: 79
Diputada Dolores de María Manuell-Gómez Angulo: 31, 207
Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos: 202
Código Penal Federal: 186, 210, 212
Código Penal Federal: 212
Diputada Dolores de María Manuell-Gómez Angulo: 207
Ley General de Educación: 40
Artículo 69 constitucional - Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos: 62
Artículos 71 y 72 constitucionales: 53
Diputada Dolores de María Manuell-Gómez Angulo: 205
Código Penal Federal: 212
Diputado que solicita licencia: 29
Diputada Dolores de María Manuell-Gómez Angulo: 205
Diputado que solicita licencia: 30
Ley Federal del Trabajo: 66
Diputada Dolores de María Manuell-Gómez Angulo: 207
Trabajos legislativos: 214
Procuraduría General de la República: 159
Código Penal Federal: 211
Código Penal Federal: 42
Diputada Dolores de María Manuell-Gómez Angulo: 206
Diputado que solicita licencia: 30
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal - Ley General que establece las bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública - Ley de Seguridad Nacional - Ley Federal contra la Delincuencia Organizada - Código Penal Federal: 71
Código Penal Federal: 213
Diputada Dolores de María Manuell-Gómez Angulo: 204, 208
Diputado que solicita licencia: 29
Diputada Dolores de María Manuell-Gómez Angulo: 206
Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar: 58
Código Penal Federal: 68
Código Penal Federal: 210, 213
Diputada Dolores de María Manuell-Gómez Angulo: 206
Distrito Federal: 159
Ley del Servicio Militar: 47

ASISTENCIA


DE CONFORMIDAD CON LO QUE DISPONE EL ARTÍCULO 2, NUMERAL 2, INCISO C, DEL REGLAMENTO PARA LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS, SE PUBLICA LA SIGUIENTE LISTA DE ASISTENCIA DE LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS


SECRETARÍA GENERAL


GRUPO PARLAMENTARIO	ASISTENCIA	ASISTENCIA POR CÉDULA	ASISTENCIA COMISIÓN OFICIAL	PERMISO MESA DIRECTIVA	INASISTENCIA JUSTIFICADA	INASISTENCIAS	TOTAL
ALT	199	2	0	0	0	4	205
PRD	123	0	0	2	0	2	127
PRI	96	4	0	2	0	4	106
CONV	16	0	0	0	0	2	18
PVEM	16	0	0	0	0	1	17
PT	10	1	0	0	0	0	11
NA	8	0	0	0	0	1	9
ALT	5	0	0	0	0	0	5
TOTAL	473	7	0	4	0	14	14

Nota: Las diferencias que existen entre las listas de asistencias y el número de votos puede variar conforme a los diputados presentes al momento de la votación.

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SECRETARÍA GENERAL
REPORTE DE ASISTENCIA



PARTIDO ACCIÓN NACIONAL
1 Acosta Dávila Constantino	ASISTENCIA
2 Aguilar López José Alejandro	ASISTENCIA
3 Alcalde Virgen Moisés	ASISTENCIA
4 Alcaraz Hernández Alma Edwviges	ASISTENCIA
5 Álvarez Bernal María Elena	ASISTENCIA
6 Amezola Fonceca Gerardo	ASISTENCIA
7 Aranda Orozco Gerardo	ASISTENCIA
8 Arellano Arellano Joel	ASISTENCIA
9 Arenas Guzmán Margarita	ASISTENCIA
10Arizméndi Uribe Efraín	ASISTENCIA
11 Armendáriz García Pedro	ASISTENCIA
12 Arredondo Ibarra Salvador	ASISTENCIA
13 Arredondo Velázquez Jesús	ASISTENCIA
14 Ávila Mayo Obdulio	ASISTENCIA
15 Barradas Miravete Gregorio	ASISTENCIA
16 Barrios Rodríguez Juan Enrique	ASISTENCIA
17 Bello Pérez Alfonso Othón	ASISTENCIA
18 Berber Martínez Antonio	ASISTENCIA
19 Bermúdez Viramontes Andrés	ASISTENCIA
20 Bolaños Aguilar Edmundo Javier	ASISTENCIA
21 Borrego Estrada Felipe	ASISTENCIA
22 Bracho González Carlos Augusto	ASISTENCIA
23 Buganza Salmerón Gerardo	ASISTENCIA
24 Campos Galván María Eugenia	CÉDULA
25 Carbajal Méndez Liliana	ASISTENCIA
26 Cárdenas Sánchez Esmeralda	ASISTENCIA
27 Cardona Benavidez Alma Xóchil	ASISTENCIA
28 Carrasco Altamirano Diódoro Humberto	ASISTENCIA
29 Castaño Contreras Cristián	ASISTENCIA
30Castro De la Rosa Osiel	ASISTENCIA
31 Castro Muñoz Juan de Dios	ASISTENCIA
32 Ceja Romero Ramón	ASISTENCIA
33 Collado Lara Beatriz	ASISTENCIA
34 Contreras Coeto José Luis	ASISTENCIA
35 Corral Aguilar María Mercedes	ASISTENCIA
36 Cuen Garibi Marcela	ASISTENCIA
37 Curiel Preciado Leobardo	ASISTENCIA
38 Chávez García Daniel	ASISTENCIA
39 Dávila Fernández Adriana	ASISTENCIA
40 Dávila García Francisco	ASISTENCIA
41 De la Torre Jaramillo Eduardo Sergio	ASISTENCIA
42 De la Torre Sánchez José	ASISTENCIA
43 De León Tello Jesús	ASISTENCIA
44 Degante Romero Silvia Emilia	ASISTENCIA
45Del Toro del Villar Tomás	ASISTENCIA
46 Del Valle Toca Antonio	ASISTENCIA
47 Delgado Oscoy Alejandro Enrique	ASISTENCIA
48 Denegre Vaught Ramírez Rosaura Virginia	ASISTENCIA
49 Deschamps Falcón Ángel Rafael	ASISTENCIA
50 Díaz García José Antonio	ASISTENCIA
51 Díaz Garibay Felipe	ASISTENCIA
52 Díaz Gordillo Martha Cecilia	ASISTENCIA
53 Díaz Mena Joaquín Jesús	ASISTENCIA
54 Díaz de León Torres Leticia	ASISTENCIA
55 Domínguez Servién Francisco	ASISTENCIA
56 Duck Núñez Edgar Mauricio	ASISTENCIA
57 Enríquez Flores Armando	ASISTENCIA
58 Escaroz Soler Gerardo Antonio	ASISTENCIA
59 Escobar Jardinez Adolfo	ASISTENCIA
60 Espinosa Piña José Luis	ASISTENCIA
61 Félix Holguín Armando Jesús	ASISTENCIA
62 Felton González Carlos Eduardo	ASISTENCIA
63 Fernández Cabrera Adrián	ASISTENCIA
64Fernández Ugarte Ma. del Carmen	ASISTENCIA
65 Flores Domínguez Emilio Ramón Ramiro	ASISTENCIA
66 Flores Grande Arturo	ASISTENCIA
67 Flores Morfín Jesús Vicente	ASISTENCIA
68 Fraile García Francisco Antonio	ASISTENCIA
69 Franco Cazarez Ricardo	ASISTENCIA
70 Fuentes Ortíz José Guillermo	ASISTENCIA
71 García González Carlos Alberto	ASISTENCIA
72 García Müller Martha Margarita	ASISTENCIA
73 García Reyes Ángel Humberto	ASISTENCIA
74 García Reyes Beatriz Eugenia	INASISTENCIA
75 García Vivián Raúl	ASISTENCIA
76 Garmendia Hernández Yolanda Mercedes	ASISTENCIA
77 Gómez Leyva Silvio	ASISTENCIA
78 González Betancourt Jorge Justiniano	ASISTENCIA
79 González Martínez María Gabriela	ASISTENCIA
80 González Morán Martín Oscar	ASISTENCIA
81 González Roaro Benjamín Ernesto	ASISTENCIA
82 González Ruiz Felipe	ASISTENCIA
83González Sánchez Ma. Dolores	ASISTENCIA
84Gudiño Ortíz Francisco Javier	ASISTENCIA
85 Guerrero Torres José Gildardo	ASISTENCIA
86Gutiérez Aguilar Miguel Ángel	ASISTENCIA
87 Gutiérrez Lagunes María Victoria	ASISTENCIA
88 Hernández Núñez Elia	ASISTENCIA
89 Hurtado Pérez Nelly Asunción	ASISTENCIA
90 Iragorri Durán Enrique	ASISTENCIA
91Jiménez del Castillo Ma. de los Ángeles	ASISTENCIA
92 Jiménez Ramos María Esther	ASISTENCIA
93 Joaquín Coldwell Addy Cecilia	ASISTENCIA
94 Lagunes Viveros Violeta del Pilar	ASISTENCIA
95 Landero Gutiérrez Alejandro	ASISTENCIA
96 Landeros González Ramón	ASISTENCIA
97 Lara Compeán David	ASISTENCIA
98 Larios Córdova Héctor	ASISTENCIA
99 Laviada Hernández Iñigo Antonio	ASISTENCIA
100 Lemus Muñoz Ledo Ramón Ignacio	ASISTENCIA
101 Leura González Agustín	ASISTENCIA
102 Lezama Aradillas René	ASISTENCIA
103 Limas Frescas María Soledad	ASISTENCIA
104 Lizaola de la Torre Alonso Manuel	ASISTENCIA
105 López Cisneros José Martín	ASISTENCIA
106 López Reyna Omeheira	ASISTENCIA
107 López Silva Rubí Laura	ASISTENCIA
108 Ludlow Kuri Lorenzo Daniel	ASISTENCIA
109 Lujano Nicolás Christian Martín	ASISTENCIA
110 Maawad Robert Luis Xavier	ASISTENCIA
111 Macías Zambrano Gustavo	ASISTENCIA
112 Madrazo Limón Carlos	ASISTENCIA
113Magallón Arceo Leonardo Melesio de J.	ASISTENCIA
114 Malagón Ríos Martín	ASISTENCIA
115 Maldonado González David	ASISTENCIA
116Manuell-Gómez Angulo Dolores De María	ASISTENCIA
117 Martínez Valero Dora Alicia	ASISTENCIA
118 Medellín Varela Antonio	ASISTENCIA
119 Medina Macias Alma Hilda	ASISTENCIA
120 Medina Rodríguez Delber	INASISTENCIA
121 Medina Rodríguez Lizbeth Evelia	ASISTENCIA
122 Mejía García Luis Alonso	ASISTENCIA
123 Méndez Meneses Apolonio	ASISTENCIA
124 Mendoza Morales Lucía Susana	ASISTENCIA
125 Mohamar Dainitin Oscar Miguel	ASISTENCIA
126 Mollinedo Hernández Agustín	ASISTENCIA
127 Monraz Ibarra Miguel Ángel	ASISTENCIA
128 Montes Sánchez Fabián Fernando	ASISTENCIA
129Montiel Luis Lariza	CÉDULA
130 Mora Cuevas Marisol	ASISTENCIA
131 Morales Ramos José Nicolás	ASISTENCIA
132 Moreno Álvarez Mario Eduardo	ASISTENCIA
133 Morgan Franco Rocío del Carmen	ASISTENCIA
134 Muñoz Serrano José Antonio	ASISTENCIA
135 Murillo Flores Francisco Javier	ASISTENCIA
136 Murillo Torres José Luis	ASISTENCIA
137 Navarro Sugich Carlos Alberto	ASISTENCIA
138 Nordhausen González Jorge Rubén	ASISTENCIA
139Noriega Blanco Vigil María Nieves	INASISTENCIA
140 Ochoa López Nabor	ASISTENCIA
141 Olvera Higuera Edgar Armando	ASISTENCIA
142 Orozco Ruiz Velazco Marco Heriberto	ASISTENCIA
143Ortega Martínez Ma. del Pilar	ASISTENCIA
144Ortíz Hernández Eduardo	ASISTENCIA
145 Oviedo Oviedo Ernesto	ASISTENCIA
146 Padilla Orozco Raúl Alejandro	ASISTENCIA
147 Palafox Núñez José Inés	ASISTENCIA
148 Paredes Rodríguez Francisco Javier	ASISTENCIA
149 Parra Jiménez Dolores María del Carmen	ASISTENCIA
150 Parra Noriega Luis Gustavo	ASISTENCIA
151 Pérez Cuéllar Cruz	ASISTENCIA
152 Peyrot Solís Marco Antonio	ASISTENCIA
153 Plascencia Alonso Francisco Javier	ASISTENCIA
154 Priego Tapia Gerardo	ASISTENCIA
155 Pulido Pecero Pedro	ASISTENCIA
156 Quintero Bello Jorge	ASISTENCIA
157 Ramírez Barba Ector Jaime	ASISTENCIA
158Ramírez Corral Ivette Jacqueline	ASISTENCIA
159 Ramírez Pech Edgar Martín	ASISTENCIA
160 Ramírez Villarreal Gustavo	ASISTENCIA
161 Ramos Covarrubias Héctor Manuel	ASISTENCIA
162 Reyes López Carlos Armando	ASISTENCIA
163 Rincón Vargas Mirna Cecilia	ASISTENCIA
164 Rivera Rivera José Guadalupe	ASISTENCIA
165 Rivero Rivero Rolando	ASISTENCIA
166 Rodríguez Ahumada Luis Fernando	ASISTENCIA
167 Rodríguez Jiménez Ricardo	ASISTENCIA
168 Rodríguez Prats Juan José	ASISTENCIA
169 Rodríguez Uresti Enrique	ASISTENCIA
170 Rodríguez Vizcarra Velázquez Adriana	ASISTENCIA
171 Rojas Hernández Laura Angélica	ASISTENCIA
172 Román Isidoro Demetrio	INASISTENCIA
173 Romo Jiménez Martha Angélica	ASISTENCIA
174 Rubio Chávez José Ignacio Alberto	ASISTENCIA
175 Rueda Gómez Francisco	ASISTENCIA
176 Ruiz Velasco de Lira Ernesto	ASISTENCIA
177 Salas Contreras Marcos	ASISTENCIA
178 Salazar Madera Mario Alberto	ASISTENCIA
179 Salum del Palacio Jorge Alejandro	ASISTENCIA
180 Sánchez Díaz de Rivera Antonio	ASISTENCIA
181 Sánchez Domínguez Alejandro	ASISTENCIA
182 Sánchez Gil Carlos René	ASISTENCIA
183 Sánchez Juárez Claudia	ASISTENCIA
184 Sánchez Trujillo José Víctor	ASISTENCIA
185Sandoval Munguia Juan Manuel	ASISTENCIA
186 Serrato Castell Luis Gerardo	ASISTENCIA
187 Shej Guzmán Sara	ASISTENCIA
188 Solano Muñoz José de Jesús	ASISTENCIA
189 Stefanonni Mazzocco Martín	ASISTENCIA
190 Tamayo Herrera Yadhira Yvette	ASISTENCIA
191 Torres Gómez Artemio	ASISTENCIA
192 Torres Herrera Víctor Manuel	ASISTENCIA
193 Torres Torres Carlos Alberto	ASISTENCIA
194 Valenzuela García María Gloria Guadalupe	ASISTENCIA
195 Valladolid Rodríguez Antonio	ASISTENCIA
196 Vasconcelos Rueda Antonio	ASISTENCIA
197 Vázquez Martínez Alberto	ASISTENCIA
198 Vega Corona Antonio	ASISTENCIA
199 Velázquez Gutiérrez José Guillermo	ASISTENCIA
200 Verástegui Ostos César Augusto	ASISTENCIA
201 Verdín Saldaña Jaime	ASISTENCIA
202 Victoria Alva Juan	ASISTENCIA
203 Vieyra Olivares Adriana Rebeca	ASISTENCIA
204 Villanueva Arjona Juan Manuel	ASISTENCIA
205 Zambrano Elizondo Javier Martín	ASISTENCIA
Asistencias: 199
Asistencias por cédula: 2
Asistencias comisión oficial: 0
Permiso Mesa Directiva: 0
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 4
Total diputados: 205





PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA
1Aguirre Alcaide Victor	ASISTENCIA
2 Alavez Ruiz Aleida	ASISTENCIA
3 Almazán González José Antonio	ASISTENCIA
4 Almonte Borja Ramón	ASISTENCIA
5 Alonso Flores Lourdes	ASISTENCIA
6Wilfrido Alonso Razo Humberto	ASISTENCIA
7 Altamirano Toledo Carlos	ASISTENCIA
8 Alva Olvera Maribel Luisa	ASISTENCIA
9 Álvarez Ramón Silbestre	ASISTENCIA
10 Amaro Corona Alberto	ASISTENCIA
11 Aragón Castillo Irene	ASISTENCIA
12 Arellano Pulido Miguel Ángel	ASISTENCIA
13Arreola Calderón Juan Dario	ASISTENCIA
14 Barreiro Pérez Armando	ASISTENCIA
15 Batres Guadarrama Valentina Valia	ASISTENCIA
16 Bautista Bravo Alliet Mariana	ASISTENCIA
17Bravo Padilla Itzcóatl Tonatiuh	ASISTENCIA
18 Brito González Modesto	ASISTENCIA
19 Calzada Vázquez Francisco Javier	ASISTENCIA
20 Cárdenas Hernández Raymundo	ASISTENCIA
21Catarino Crispín Secundino	ASISTENCIA
22 Cervantes Rodríguez Aurora	ASISTENCIA
23Condado Escamilla Cuitlahuac	ASISTENCIA
24 Contreras Julián Maricela	ASISTENCIA
25 Cruz Santiago Claudia Lilia	ASISTENCIA
26 Cuevas Córdova Othón	ASISTENCIA
27 Chávez García Higinio	ASISTENCIA
28 Dagdug Lützow Moisés Félix	ASISTENCIA
29 De la Rosa García Juan Hugo	ASISTENCIA
30 De los Santos Molina Joaquín Conrado	ASISTENCIA
31 Dehesa Mora Daniel	ASISTENCIA
32 Del Toro Mario Enrique	ASISTENCIA
33 Díaz Contreras Adriana	INASISTENCIA
34 Escandón Cadenas Rutilio Cruz	ASISTENCIA
35 Espejel Lazcano Jaime	ASISTENCIA
36 Fernández Balboa Mónica	ASISTENCIA
37 Flores Maldonado César	PERMISO MESA DIRECTIVA
38 Flores Salazar Guadalupe Socorro	ASISTENCIA
39 Franco Melgarejo Rafael	ASISTENCIA
40 Gálvez Rodríguez Fernel Arturo	ASISTENCIA
41 García Rodríguez Víctor Hugo	ASISTENCIA
42 Garzón Contreras Neftalí	ASISTENCIA
43 González Garza Javier	ASISTENCIA
44 Guerra Ochoa Juan Nicasio	ASISTENCIA
45 Gutiérrez Calzadilla José Luis	ASISTENCIA
46 Hernández Gaytán Daisy Selene	ASISTENCIA
47 Hernández Hernández Sergio	ASISTENCIA
48 Hernández Manzanares Javier	ASISTENCIA
49 Hernández Silva Benjamín	ASISTENCIA
50Nohelia Ibarra Franquez Sonia	ASISTENCIA
51 Jacques y Medina José	ASISTENCIA
52 Jiménez Valenzuela María Eugenia	ASISTENCIA
53Klimek Alcaráz Octavio Adolfo	ASISTENCIA
54 Landero López Pedro	ASISTENCIA
55Lemarroy Martínez Juan Darío	INASISTENCIA
56 Leyva Piñón Ana Yurixi	ASISTENCIA
57 Lizárraga Peraza Víctor Manuel	ASISTENCIA
58 López Barriga Erick	ASISTENCIA
59 López Becerra Santiago	ASISTENCIA
60 López Rojas Alberto	ASISTENCIA
61 López Torres Ma. Soledad	ASISTENCIA
62 Lozano Lozano Andrés	ASISTENCIA
63 Luna Munguía Alma Lilia	ASISTENCIA
64 Márquez Madrid Camerino Eleazar	ASISTENCIA
65 Márquez Tinoco Francisco	ASISTENCIA
66 Martínez Hernández Alejandro	ASISTENCIA
67 Martínez Martínez Carlos Roberto	ASISTENCIA
68 Martínez Martínez Francisco	ASISTENCIA
69 Martínez Padilla Hugo Eduardo	ASISTENCIA
70 Martínez Vargas Octavio	ASISTENCIA
71 Matías Alonso Marcos	ASISTENCIA
72 Matus Toledo Holly	ASISTENCIA
73 Mayans Canabal Fernando Enrique	ASISTENCIA
74 Mendoza Arellano David	ASISTENCIA
75 Mendoza Flores Roberto	ASISTENCIA
76 Mendoza Maldonado Fausto Fluvio	ASISTENCIA
77 Mendoza Mendoza Irineo	ASISTENCIA
78 Monreal Ávila Susana	ASISTENCIA
79 Montalvo Rojas Victorio Rubén	ASISTENCIA
80Morales Manzo Jesús Ricardo	ASISTENCIA
81 Morales Sánchez Efraín	ASISTENCIA
82 Morales Vázquez Carlos Orsoe	ASISTENCIA
83Narcía Álvarez Héctor	ASISTENCIA
84 Navarro López Carlos Ernesto	ASISTENCIA
85 Navarro Quintero Miguel Ángel	ASISTENCIA
86 Ojeda Hernández Concepción	ASISTENCIA
87 Oliva Fragoso Silvia	ASISTENCIA
88 Orcí Martínez Juan Adolfo	ASISTENCIA
89 Ortega Martínez Antonio	ASISTENCIA
90 Ortiz Magallón Rosario Ignacia	ASISTENCIA
91Pacheco LLanes Ramón Félix	ASISTENCIA
92 Pedraza Chávez Isidro	ASISTENCIA
93 Pedrozo Castillo Adrián	ASISTENCIA
94Peña Damacio Efraín	ASISTENCIA
95 Peña Sánchez Miguel Ángel	ASISTENCIA
96 Pérez Cruz Raciel	ASISTENCIA
97 Pulido Santiago Celso David	ASISTENCIA
98 Ramos Becerril Rafael Plácido	PERMISO MESA DIRECTIVA
99 Ramos Castellanos Martín	ASISTENCIA
100 Rasgado Corsi Gloria	ASISTENCIA
101 Ríos Gamboa Raúl	ASISTENCIA
102 Romero Gutiérrez Odilón	ASISTENCIA
103Ruíz Sánchez Salvador	ASISTENCIA
104 Saavedra Coronel José Antonio	ASISTENCIA
105Salinas Pérez Josefina	ASISTENCIA
106 San Martín Hernández Juan Manuel	ASISTENCIA
107 Sánchez Cabrales Rafael Elías	ASISTENCIA
108 Sánchez Camacho Alejandro	ASISTENCIA
109 Sánchez Camacho David	ASISTENCIA
110 Sánchez Ramos Francisco	ASISTENCIA
111Sánchez Valdéz Eva Angelina	ASISTENCIA
112 Sandoval Ramírez Cuauhtémoc	ASISTENCIA
113 Santos Arreola Francisco Javier	ASISTENCIA
114 Solares Chávez Miguel Ángel	ASISTENCIA
115 Soriano Sánchez Rosa Elva	ASISTENCIA
116 Soto Sánchez Antonio	ASISTENCIA
117 Suárez del Real y Aguilera José Alfonso	ASISTENCIA
118 Torres Baltazar María Elena	ASISTENCIA
119 Trejo Pérez Pablo	ASISTENCIA
120 Ulloa Pérez Emilio	ASISTENCIA
121 Vallejo Estevez Mario	ASISTENCIA
122 Varela López Víctor Gabriel	ASISTENCIA
123 Villanueva Albarrán Gerardo	ASISTENCIA
124 Villicaña García Rafael	ASISTENCIA
125 Zavaleta Salgado Ruth	ASISTENCIA
126 Zazueta Aguilar Jesús Humberto	ASISTENCIA
127 Zepeda Hernández Martín	ASISTENCIA
Asistencias: 123
Asistencias por cédula: 0
Asistencias comisión oficial: 0
Permiso Mesa Directiva: 2
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 2
Total diputados: 127





PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
1 Abramo Masso Yerico	ASISTENCIA
2 Aguilar Diego	ASISTENCIA
3 Aguilar Solís Samuel	ASISTENCIA
4 Aispuro Torres José Rosas	ASISTENCIA
5 Alcántara Núñez Jesús Sergio	PERMISO MESA DIRECTIVA
6 Aldana Prieto Luis Ricardo	ASISTENCIA
7 Amador Gaxiola Daniel	ASISTENCIA
8 Amador Leal Narcizo Alberto	ASISTENCIA
9 Ayala Almeida Joel	CÉDULA
10 Badillo Martínez Roberto	ASISTENCIA
11Barajas Del Toro Salvador	ASISTENCIA
12 Barajas López Ramón	ASISTENCIA
13 Barba Hernández Alfredo	ASISTENCIA
14 Beltrán Montes Israel	ASISTENCIA
15 Benítez Ojeda Luis Enrique	ASISTENCIA
16 Bernal Gutiérrez Andrés Marco Antonio	PERMISO MESA DIRECTIVA
17 Biebrich Torres Carlos Armando	INASISTENCIA
18 Blanco Pajón José Luis	ASISTENCIA
19 Caballero Camargo Gustavo Fernando	ASISTENCIA
20 Camacho Quiroz César Octavio	ASISTENCIA
21 Canavati Tafich Jesús Ricardo	INASISTENCIA
22 Carballo Bustamante Andrés	ASISTENCIA
23Cárdenas Del Avellano Enrique	ASISTENCIA
24 Cárdenas Monroy Oscar Gustavo	ASISTENCIA
25 Cervantes Andrade Raúl	ASISTENCIA
26 Colín Guadarrama María Mercedes	ASISTENCIA
27 Cordero Alfonzo Arnulfo Elías	ASISTENCIA
28 Chaurand Arzate Carlos	ASISTENCIA
29De la Garza Treviño Jorge Luis	ASISTENCIA
30 Díaz Athié Antonio de Jesús	ASISTENCIA
31 Díaz Solorzano Elmar Darinel	ASISTENCIA
32 Domínguez Domínguez Nemesio	ASISTENCIA
33 Duarte Jáquez César Horacio	ASISTENCIA
34 Escajeda Jiménez José Rubén	ASISTENCIA
35 Escalante Jasso Aracely	ASISTENCIA
36 Espinosa Abuxapqui Eduardo Elías	ASISTENCIA
37 Estefan Chidiac Charbel Jorge	ASISTENCIA
38 Flores Sandoval Patricio	ASISTENCIA
39 Fuentes Téllez Octavio	ASISTENCIA
40 Gamboa Patrón Emilio	ASISTENCIA
41 Garza Garza Horacio Emigdio	ASISTENCIA
42 Gebhardt Garduza Yary del Carmen	INASISTENCIA
43 Gloria Requena Tomás	ASISTENCIA
44 Gómez Lugo Elda	ASISTENCIA
45 González Calderón Martha Hilda	ASISTENCIA
46 González Salum Miguel Ángel	ASISTENCIA
47 González Zarur Mariano	ASISTENCIA
48 Guerrero García Javier	ASISTENCIA
49 Guerrero Juárez Joel	ASISTENCIA
50 Herrera Ale Juana Leticia	INASISTENCIA
51 Herrera Coyac Wenceslao	ASISTENCIA
52 Izquierdo Bustamante Alfonso Rolando	ASISTENCIA
53 Lagunes Gallina Gerardo	ASISTENCIA
54 Lescieur Talavera Jorge Mario	ASISTENCIA
55 López Balbuena Guillermina	ASISTENCIA
56Madrid Tovilla Arely	ASISTENCIA
57 Martínez Rocha Arturo	ASISTENCIA
58 Martínez Rodríguez Lorena	ASISTENCIA
59 Méndez Lanz Víctor Manuel	ASISTENCIA
60 Mendívil Amparán Gustavo Ildefonso	ASISTENCIA
61 Merodio Reza Lilia Guadalupe	ASISTENCIA
62Moctezuma Pereda Fernando Quetzalcoatl	ASISTENCIA
63 Montalvo Gómez Pedro	ASISTENCIA
64 Morales García Elizabeth	CÉDULA
65 Mota Hernández Adolfo	ASISTENCIA
66 Muñoz Serna Rogelio	CÉDULA
67 Murat José	ASISTENCIA
68 Ochoa González Arnoldo	ASISTENCIA
69 Ojeda Camacho Gilberto	ASISTENCIA
70 Olivares Monterrubio Alejandro	ASISTENCIA
71 Olivares Ventura Héctor Hugo	ASISTENCIA
72 Ordaz Jiménez Ismael	ASISTENCIA
73 Orihuela Bárcenas José Ascención	ASISTENCIA
74 Orihuela Trejo José Amado	ASISTENCIA
75Ortiz Del Carpio Víctor	ASISTENCIA
76 Ortiz Proal Mauricio	ASISTENCIA
77 Padilla Gutiérrez Héctor	ASISTENCIA
78 Pagés Llergo Rebollar María Beatriz	ASISTENCIA
79 Palma César Víctor Samuel	ASISTENCIA
80 Parás González Juan Manuel	ASISTENCIA
81 Partida Guzmán Martha Rocío	ASISTENCIA
82 Patrón Montalvo Jesús Manuel	ASISTENCIA
83 Peñuelas Acuña Mayra Gisela	ASISTENCIA
84 Pérez Valdés Daniel	ASISTENCIA
85 Pinete Vargas María del Carmen	ASISTENCIA
86 Quiñones Canales Lourdes	ASISTENCIA
87 Ramírez Martínez José Edmundo	ASISTENCIA
88 Ramírez Stabros Jesús	ASISTENCIA
89 Reyna García José Jesús	ASISTENCIA
90 Ríos Camarena Alfredo Adolfo	ASISTENCIA
91 Rivera Bedoya Juan Francisco	ASISTENCIA
92 Rodríguez Ramírez Bertha Yolanda	ASISTENCIA
93 Rojas Gutiérrez Carlos	ASISTENCIA
94Ruíz Chávez Sara Latife	ASISTENCIA
95 Salas López Ramón	ASISTENCIA
96 Sánchez Hernández Eduardo	ASISTENCIA
97 Sandoval Paredes Sergio	ASISTENCIA
98 Serrano Escobar Enrique	ASISTENCIA
99 Sosa Castelán Gerardo	ASISTENCIA
100 Toledo Luis Jorge	ASISTENCIA
101 Vargas Landeros Gerardo Octavio	CÉDULA
102Vega Ortíz María Oralia	ASISTENCIA
103 Velasco Pérez Juan Carlos	ASISTENCIA
104 Villa Villa Isael	ASISTENCIA
105 Villanueva Abraján Patricia	ASISTENCIA
106 Zatarain González Carlos Ernesto	ASISTENCIA
Asistencias: 96
Asistencias por cédula: 4
Asistencias comisión oficial: 0
Permiso Mesa Directiva: 2
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 4
Total diputados: 106





CONVERGENCIA
1 Abad De Jesús Juan	INASISTENCIA
2 Aguilera Rico José Luis	INASISTENCIA
3 Cárdenas Márquez Elías	ASISTENCIA
4 Castellanos Hernández Félix	ASISTENCIA
5 Castillo Romero Patricia Obdulia de Jesús	ASISTENCIA
6 Chanona Burguete Alejandro	ASISTENCIA
7 Del Río Virgen José Manuel	ASISTENCIA
8 Esteva Salinas Alberto	ASISTENCIA
9 Godoy Cárdenas Jorge	ASISTENCIA
10 López Lena Cruz Humberto	ASISTENCIA
11 Salvatori Bronca María del Carmen	ASISTENCIA
12 Samperio Montaño Juan Ignacio	ASISTENCIA
13 Sansores San Román Layda Elena	ASISTENCIA
14 Tagle Martínez Martha Angélica	ASISTENCIA
15 Uscanga Cruz Robinson	ASISTENCIA
16 Valdés Chávez Ramón	ASISTENCIA
17 Varela Lagunas Tomás José Luis	ASISTENCIA
18 Velasco Oliva Jesús Cuauhtémoc	ASISTENCIA
Asistencias: 16
Asistencias por cédula: 0
Asistencias comisión oficial: 0
Permiso Mesa Directiva: 0
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 2
Total diputados: 18





PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO
1 Arévalo González José Antonio	ASISTENCIA
2Bellizzia Rosique Pascual	ASISTENCIA
3 Cobo Terrazas Diego	ASISTENCIA
4 Chozas y Chozas Olga Patricia	ASISTENCIA
5 Elizondo Garrido Francisco	ASISTENCIA
6 Estrada González Faustino Javier	ASISTENCIA
7 González Martínez Jorge Emilio	ASISTENCIA
8 Lavara Mejía Gloria	ASISTENCIA
9 López Adame Antonio Xavier	ASISTENCIA
10 Manrique Guevara Beatriz	ASISTENCIA
11 Notholt Guerrero Alan	ASISTENCIA
12 Portilla Dieguez Manuel Salvador	ASISTENCIA
13 Puente Salas Carlos Alberto	ASISTENCIA
14 Ramírez Cerda Ana María	ASISTENCIA
15 Salgado Amador Manuel Salvador	ASISTENCIA
16 Sesma Suárez Jesús	ASISTENCIA
17 Velasco Rodríguez Verónica	INASISTENCIA
Asistencias: 16
Asistencias por cédula: 0
Asistencias comisión oficial: 0
Permiso Mesa Directiva: 0
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 1
Total diputados: 17





PARTIDO DEL TRABAJO
1 Aguilar Jiménez Rubén	ASISTENCIA
2 Arreola Ortega Pablo Leopoldo	ASISTENCIA
3 Cantú Garza Ricardo	ASISTENCIA
4 Cervantes Rivera Jaime	ASISTENCIA
5 Garay Ulloa Silvano	ASISTENCIA
6 Herrera Solís Anuario Luis	ASISTENCIA
7Maciel Ortiz Ma. Mercedes	ASISTENCIA
8 Peregrino García Abundio	ASISTENCIA
9 Romero Guzmán Rosa Elia	ASISTENCIA
10 Solís Parga Rodolfo	CÉDULA
11 Vela González Joaquín Humberto	ASISTENCIA
Asistencias: 10
Asistencias por cédula: 1
Asistencias comisión oficial: 0
Permiso Mesa Directiva: 0
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 0
Total diputados: 11





NUEVA ALIANZA
1 Arriola G. Mónica T.	ASISTENCIA
2 Cárdenas Fonseca Manuel	ASISTENCIA
3 Castillo Nájera Ariel	ASISTENCIA
4 Dávila Esquivel Humberto	ASISTENCIA
5 Gómez Pasillas Jacinto	ASISTENCIA
6 Jiménez Godínez Miguel Ángel	ASISTENCIA
7 Luna Becerril Blanca	ASISTENCIA
8 Luna Rodríguez Silvia	INASISTENCIA
9 Piñeyro Arias Irma	ASISTENCIA
Asistencias: 8
Asistencias por cédula: 0
Asistencias comisión oficial: 0
Permiso Mesa Directiva: 0
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 1
Total diputados: 9





ALTERNATIVA
1 Arvizu Rivas Aida Marina	ASISTENCIA
2 Conde Rodríguez Elsa de Guadalupe	ASISTENCIA
3 García Méndez Armando	ASISTENCIA
4 Hernández Valadés Delio	ASISTENCIA
5 Pedro Cortés Santiago Gustavo	ASISTENCIA
Asistencias: 5
Asistencias por cédula: 0
Asistencias comisión oficial: 0
Permiso Mesa Directiva: 0
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 0
Total diputados: 5



1 García Reyes Beatriz Eugenia 2 Medina Rodríguez Delber 3 Noriega Blanco Vigil María Elena de las Nieves 4 Román Isidoro Demetrio Faltas por grupo: 4

SECRETARÍA GENERAL
REPORTE DE INASISTENCIAS



PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA
Diputado
1 Díaz Contreras Adriana
2 Lemarroy Martínez Juan Darío
Faltas por grupo: 2





PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
Diputado
1 Biebrich Torres Carlos Armando
2 Canavati Tafich Jesús Ricardo
3 Gebhardt Garduza Yary del Carmen
4 Herrera Ale Juana Leticia
Faltas por grupo: 4





CONVERGENCIA
Diputado
1 Abad De Jesús Juan
2 Aguilera Rico José Luis
Faltas por grupo: 2





PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO
Diputado
1 Velasco Rodríguez Verónica
Faltas por grupo: 1





NUEVA ALIANZA
Diputado
1 Luna Rodríguez Silvia
Faltas por grupo: 1