LEY DE FOMENTO PARA EL USO DE LA BICICLETA EN ZONAS METROPOLITANAS

La Secretaria diputada Rosa Elia Romero Guzmán: «Dictamen de la Comisión de Transportes con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa que expide la Ley de Fomento para el Uso de la Bicicleta en Zonas Metropolitanas.

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Transportes de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de la LX Legislatura le fue turnado, para su estudio y dictamen, el proyecto de decreto por el que expide la Ley de Fomento para el Uso de la Bicicleta en Zonas Metropolitanas, presentado por el diputado Gerardo Villanueva Albarrán , del Grupo Parlamentario del PRD; publicado en la Gaceta Parlamentaria número 2296, del 11 de julio de 2007 y remitido a la Comisión de Transportes el 13 del mismo mes.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39, 44 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, 56, 60, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Transportes somete a consideración de esta honorable asamblea el dictamen relativo al proyecto de decreto antes mencionado, el cual se realiza con base en los siguientes

Antecedentes

Consecuente con lo anterior, el proyecto de decreto citado en el proemio de este dictamen tiene por turno a la Comisión de Transportes, con el carácter de comisión única y le corresponde en exclusiva rendir el dictamen relativo.

Consideraciones

La comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en el proyecto de decreto, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen:

La bicicleta, en ciudades de Canadá, Holanda, Alemania y China se considera como medio de transporte con igual prioridad en la planeación y el desarrollo de la infraestructura vial que los autobuses y los automóviles.

De acuerdo con el Instituto de la Juventud del Distrito Federal, en la zona metropolitana del valle de México apenas 0.7 por ciento de los recorridos diarios se realizan en bicicleta. En cambio en Montreal representan 10 por ciento, mientras que en Copenhague ascienden a 30 por ciento y en Holanda significan 45 por ciento de los viajes al día.

Según un estudio suizo, un automóvil que viaja a 40 kilómetros por hora requiere tres veces más espacio que uno que viaja a 10 kilómetros por hora; mientras que en un carril reservado para autos particulares utilizado al máximo (con cuatro ocupantes por auto) no transporta más de 3 mil personas por hora, las bicicletas que circularían en ese mismo espacio podrían movilizar a más de 30 mil.

Nuestra propuesta busca crear las condiciones para incrementar el uso de la bicicleta y evitar el abuso que se hace de los vehículos automotores, lo cual redundaría en el beneficio de la humanidad y la salud del planeta.

La comisión dictaminadora destaca que la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, artículo 5, determina que ``es de jurisdicción federal todo lo relacionado con los caminos, puentes, así como el tránsito y los servicios de autotransporte federal en que ellos operan y sus servicios auxiliares.

La Ley de Vías Generales de Comunicación, artículo 40, señala que ``las vías generales de comunicación se construirán y establecerán con sujeción a lo dispuesto en el artículo 8o. de esta ley y a las prevenciones de los reglamentos sobre la materia. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes fijará en cada caso, las condiciones técnicas relacionadas con la seguridad, utilidad especial y eficiencia del servicio que deben satisfacer dichas vías.

El Reglamento de Tránsito en Carreteras Federales define a la bicicleta como un vehículo de dos ruedas accionado por el esfuerzo del propio conductor. Particularmente, los artículos 24 y 27 establecen las medidas técnicas mínimas que garanticen la seguridad de los usuarios; y el 63, 147 y 148, las obligaciones de los usuarios.

Por otro lado, la iniciativa en comento se contrapone con el artículo 40 de la Ley de Vías Generales de Comunicación, toda vez que es facultad exclusiva de la SCT fijar en cada caso las relaciones técnicas relacionadas con la seguridad, utilidad y eficiencia del servicio que deben satisfacer las vías federales de comunicación, y aun más allá, estos conceptos no son ni remotamente abordados en dicha iniciativa.

Finalmente, es de señalarse que de acuerdo con lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 73, fracción XVII, en relación con el 115, fracción III, inciso g), corresponde al Congreso la facultad para dictar leyes sobre vías generales de comunicación, y que los municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos sobre calles, parque y jardines, así como su equipamiento, en consecuencia, concierne a los estados la reglamentación de las vías comunicación a su cargo, esto último de conformidad con lo establecido en el artículo 124 del mencionado ordenamiento, al establecer que las facultades que no están expresamente concedidas por la propia Constitución a la federación, se entienden reservadas a las entidades; por tanto, este Congreso se encuentra impedido para regular la materia propuesta.

No obstante todo lo anterior, este órgano legislativo considera que es importante el uso de medios alternos de transporte relacionados con la movilidad urbana. En este sentido, el pleno de la comisión considero importante que los niveles de gobierno estatal y municipal en el ámbito de sus atribuciones y, si así lo desea, promueva modificaciones a las normatividades locales existentes, con el objetivo de fomentar el uso de medios alternativos de transporte.

Consecuentemente, la Comisión de Transportes considera que no ha lugar a aprobar el proyecto de decreto materia de este dictamen; por tanto, procede el archivo del presente expediente como asunto definitivamente concluido. Así lo acordó la Comisión de Transportes por unanimidad de votos en su sesión llevada a cabo el 24 de enero de 2008.

En mérito de lo expuesto, la Comisión de Transportes se permite someter a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente

Acuerdo

Primero. Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Fomento para el uso de la Bicicleta en Zonas Metropolitanas, presentada por el diputado Gerardo Villanueva Albarrán , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, el 11 de julio de 2007.

Segundo. Archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Está a discusión el punto de acuerdo.

La Presidencia informa que se ha registrado el diputado Gerardo Villanueva Albarrán , a quien se le concede el uso de la palabra.

El 11 de julio de 2007 presenté la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Fomento para el Uso de la Bicicleta en Zonas Metropolitanas. El proyecto se sustenta en dos cuestiones fundamentales.

La primera tiene que ver con la gran cantidad de vehículos automotores que generan emisiones dañinas a la salud del ser humano, de los capitalinos, obviamente, pero sobre todo, en estas concentraciones urbanas, que son 56 a lo largo del territorio nacional y que generan severos daños a la salud, descritos con amplitud en la misma iniciativa.

Por otro lado, señalo cómo la vida en las ciudades, en las concentraciones urbanas, se hace fundamentalmente sedentaria y, por tanto, se generan infinidad de enfermedades ligadas a la obesidad, cuestión que ha sido ampliamente documentada por los servicios médicos del país, y con mucho seguimiento, por cierto, por los medios de comunicación.

Fundamenté la iniciativa en las facultades que otorga al Congreso de la Unión el artículo 73, fracciones XVI, XVII, XXIX-G y XXX de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para legislar en materia de salud, y cito textualmente: ``para dictar leyes sobre vías generales de comunicación y para regular la concurrencia entre los gobiernos federal, de los estados y de los municipios''.

El inciso XXIX-G señala textualmente, como facultad de la Cámara de Diputados: ``Para expedir leyes que establezcan la concurrencia del gobierno federal, de los gobiernos de los estados y de los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias en materia de protección al ambiente y de preservación y restauración del equilibrio ecológico''.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Transportes que ahora propone desecharla con base en lo establecido en la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, la Ley de Vías Generales de Comunicación, y el Reglamento de Tránsito en Carreteras Federales, que determinan que es facultad de la federación lo relacionado a las vías generales de comunicación; y en el contenido del artículo 115 constitucional, que otorga a los municipios las funciones y los servicios públicos sobre calles, parques y jardines.

Yo creo que se ha entendido equivocadamente el espíritu de esta iniciativa. Y como se señala en el cuerpo de ésta, existe el fundamento constitucional para proponer este tipo de iniciativas.

Yo quisiera hacer un llamado al presidente de la Comisión de Transportes para que el grupo parlamentario en el que él participa... así como de mis compañeros del Partido de la Revolución Democrática... ha sido un llamado también al Partido Acción Nacional, que tienen como integrante de su grupo parlamentario al diputado Obdulio Ávila, presidente de la Comisión de Asuntos Metropolitanos de la Cámara, para que se revise nuevamente esta iniciativa, que se regrese a la Comisión de Transportes, que se amplíe el turno a la Comisión de Asuntos Metropolitanos.

Lo único que estoy solicitando con esta iniciativa es una preocupación que seguramente compartimos todos los diputados de la legislatura: proteger la salud de la ciudadanía.

Miren, en el Distrito Federal, en la zona conurbada de Jalisco, de Monterrey, no hace falta fumar para tener atrofiados los pulmones, no hace falta tener una mala dieta para estar propenso a la diabetes o a la obesidad. El uso de la bicicleta es una alternativa que ayudaría a mitigar los problemas ambientales y los problemas de salud.

No nos cerremos la puerta, diputados, por favor. No nos quitemos, no renunciemos a las facultades que tiene la Cámara de Diputados para atender este tipo de iniciativas.

Yo quisiera, y con esto concluyo porque el tiempo se ha terminado, llamarles a un momento rapidísimo de meditación para que se considere que esta iniciativa no tiene más fin, y no tendría mejor consecuencia, que la de proteger la salud de los mexicanos y las mexicanas que habitan en las 56 zonas metropolitanas que hay en el país.

Les pido de favor que votemos en contra de este dictamen. Respeto mucho el trabajo que se ha hecho en la Comisión de Transportes...

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Concluya el orador, por favor.

El diputado Gerardo Villanueva Albarrán: ... pero les rogaría que se revisara, que se extendiera el turno a la Comisión de Asuntos Metropolitanos, porque me parece que es de interés general el efecto que podría causar la aprobación de esta iniciativa. Por su atención muchas gracias.

Gracias, diputada presidenta, por tolerarme estos minutos de más.

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Gracias, diputado Gerardo Villanueva Albarrán.

Agotada la lista de oradores, se considera suficientemente discutido.

Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueba el punto de acuerdo.

La Secretaria diputada Rosa Elia Romero Guzmán: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la asamblea si se aprueba el punto de acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo

Señora presidenta, mayoría por la negativa.

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Devuélvase a la Comisión de Transportes.

ANALISIS DEL II INFORME DE GOBIERNO. POLITICA SOCIAL

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: De conformidad con lo establecido en el numeral 4 del artículo 7o. de la Ley Orgánica del CongresoGeneral de los Estados Unidos Mexicanos, en esta sesión se llevará a cabo el análisis del Segundo Informe de Gobierno, en materia de política social.

Para cumplir el acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados el 11 de septiembre de 2008, el análisis del informe se realizará en tres rondas. Los grupos parlamentarios han inscrito para la primera ronda a los siguientes diputados:

Santiago Gustavo Pedro Cortés , por el Grupo Parlamentario de Alternativa; Blanca Luna Becerril , del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza; Pablo Arreola Ortega, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; Verónica Velasco Rodríguez , del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; Martha Angélica Tagle Martínez , del Grupo Parlamentario de Convergencia; Sara Latife Ruiz Chávez , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Ana Yurixi Leyva Piñón , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; y Francisco Javier Paredes Rodríguez , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

En consecuencia, con este orden tiene la palabra, hasta por ocho minutos, el diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés , del Grupo Parlamentario de Alternativa.

Compañeras diputadas y compañeros diputados, hago uso de esta tribuna con la convicción de que el secretario de Desarrollo Social debe comparecer ante el pleno de esta soberanía.

Estamos hoy aquí para evaluar el resultado de las acciones que en materia de política social se han llevado a cabo durante el segundo año de la administración de Felipe Calderón. El propósito del gobierno de reducir significativamente el número de mexicanos en condiciones de pobreza, con políticas públicas que superen un enfoque asistencialista, que generen oportunidades de empleo e ingreso; no se ha cumplido.

De entrada, es evidente que el ritmo de crecimiento económico registrado es insuficiente para reducir el indicador de pobreza. No se generaron los empleos requeridos. Se reduce el ingreso salarial en términos reales. Se detiene el flujo de remesas y se enfrenta, al mismo tiempo, un fenómeno de carestía alimentaria.

Al paliativo que los gobiernos neoliberales han encontrado para justificar el fracaso de su modelo económico se le ha llamado ``política social''. Sin embargo, este concepto no es más que el cambio de nombre de una política absurdamente caritativa que resulta de un modelo que crea la pobreza, para luego combatirla.

El panorama macroeconómico de 2008 luce bastante adverso; se estima un macrocrecimiento de 2.3 por ciento del producto interno bruto, reducción en la generación de empleo y contracción del salario real, y una inflación de 7 por ciento.

Adicional a estos factores se presenta actualmente otro elemento que incide de forma negativa en el propósito de reducir la pobreza alimentaria. El drástico incremento en los precios de los productos básicos en más de 50 por ciento reduce sensiblemente la capacidad de compra de la población de menores ingresos.

De qué sirven programas como Oportunidades, Seguro Popular, Vivir Mejor, o los apoyos a los adultos mayores en el campo, si con preocupación vemos que el costo de la canasta básica se ha incrementado en más de 50 por ciento en lo que va de la presente administración.

Si la cartera vencida de millones de deudores de tarjetas de crédito, de vivienda, va en alarmante aumento, porque la gente ya no puede cumplir sus pagos en virtud de las elevadas tasas de interés o del alto costo de la vida o porque perdieron su empleo.

Sumado a lo anterior, se registra una sensible reducción de las remesas monetarias del exterior, que representan un importante flujo financiero en el consumo de miles de familias de bajos ingresos.

Pero la demagogia del programa alcanza su punto máximo con el incremento de 120 pesos en el apoyo que se le dio a 5 millones de familias mediante el programa Oportunidades.

El incremento de 120 pesos a cada beneficiario del programa Oportunidades es verdaderamente insuficiente ya que, por ejemplo, mientras en diciembre de 2006 el kilo de frijol costaba 9.60, en la actualidad tiene un costo de 20 pesos, lo que significa un incremento de más de 100 por ciento.

Lo mismo sucede con el resto de la canasta básica, lo que se puede confirmar al observar la evolución en los precios del huevo, el arroz, la tortilla, el pan, la carne, el aceite, la lenteja, así como de otros productos no tan básicos, pero muy influyentes en el costo de la vida, como la gasolina, el diesel, el gas, que durante los últimos meses han mostrado incrementos que en promedio superan 10 por ciento.

Más aún, de acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), durante el presente año la economía mexicana registrará un crecimiento de sólo 2.5 por ciento, por lo que por segundo año consecutivo en materia de crecimiento económico se ubicará entre los últimos lugares de los países de la región.

El asunto es que, de acuerdo con estudios de la propia Cepal, el incremento de 15 por ciento en los precios de los alimentos provoca un aumento de 2.8 por ciento en la pobreza. Esto quiere decir que si aceptamos que en México existen al menos 50 millones de mexicanos pobres, y que los precios de los alimentos que integran la canasta básica han crecido durante los últimos 21 meses en 50 por ciento, podemos afirmar que la gestión de Felipe Calderón y su política social han tenido como resultado la generación de por lo menos 5 millones de pobres nuevos.

En otras palabras, que el número de pobres en el país se ha incrementado en aproximadamente 10 por ciento como resultado de una política de quien propuso rebasar a la izquierda por la izquierda, y quien se hiciera llamar ``el presidente de la estabilidad y del empleo''.

En resumen, la política social de Felipe Calderón sólo son buenas intenciones; deja mucho qué desear en cuanto a la estrategia clara para resolver los grandes rezagos del país en materia de salud, educación y opciones de empleo para la mayoría de los mexicanos. Muchas gracias, presidenta.

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Muchas gracias, diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés. Tiene la palabra hasta, por ocho minutos, la diputada Blanca Luna Becerril, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, la política social ha sido supuestamente el eje central de la agenda nacional y la bandera de la actual administración. El gobierno de México reconoce que hay que corregir la brecha entre pobres y ricos mediante políticas públicas que promuevan el desarrollo. Sin embargo, en el contenido de los apartados que integran el eje denominado ``política social'', del Segundo Informe de Gobierno, no se presenta una evaluación objetiva de los resultados de los programas reflejados en la calidad de vida de la población beneficiada; esto es, conocer el grado de oportunidad y beneficio real de la entrega de apoyos a la población.

El presidente Felipe Calderón presentó el pasado abril la estrategia Vivir Mejor, que intenta integrar los programas federales para combatir la pobreza y atender mejor las necesidades de la sociedad mexicana. Pese a ello, las líneas de acción de dicha estrategia son poco claras en cuanto a su organización y alcance.

El diagnóstico no ahonda en las causas estructurales e institucionales, que son de suma importancia para implantar las políticas públicas, ni en las razones por las que no se ha podido avanzar en las áreas en donde nos encontramos rezagados. Tampoco lleva a cabo una evaluación crítica de los programas existentes y de los cambios que se necesitan para cumplir las metas fijadas.

Por otro lado, según el informe Panorama Laboral 2007, de la Organización Internacional del Trabajo, la situación de las trabajadoras y los trabajadores mexicanos ha empeorado. A diferencia de 15 países latinoamericanos, en donde la tasa de desempleo disminuyó de forma generalizada, México fue el único país de la zona en el que el desempleo aumentó.

En el primer semestre de este año se crearon sólo 289 mil 874 empleos, cifra negativa que no se había registrado desde 2004 y que se encuentra muy por debajo de la meta planteada por ``el gobierno del empleo''.

Respecto al tema de la educación, de acuerdo con datos del Panorama de la Educación 2008, elaborado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, a pesar de que México ha hecho inversiones importantes en educación, el gasto por estudiante en todos los niveles académicos es de 2 mil 405 dólares, inferior a la media de la OCDE, de 7 mil 527 dólares. Lo anterior origina situaciones de gran preocupación, como los altos niveles de deserción escolar y la falta de oportunidades laborales para los jóvenes en México.

Por otro lado, las enfermedades que encabezan la lista de los problemas graves de salud pública en México junto a la obesidad, son la diabetes, las enfermedades del corazón y el cáncer, principales causas de muerte y, paradójicamente, padecimientos totalmente prevenibles que se han convertido en enfermedades crónicas altamente costosas.

En este sentido, la política social, de acuerdo con los resultados que se presentan en el Segundo Informe de Gobierno, sigue manteniendo un perfil asistencial al no ir acompañada de acciones reales que permitan crear y potenciar focos de desarrollo en las zonas marginadas y en las áreas en donde el país se encuentra atrasado.

El mal diseño de los programas sigue siendo una característica constante en la política aplicada por el Estado. Con este esquema, en la actualidad por cada peso de subsidio a la formalidad hay tres pesos de subsidio a la informalidad, asignación presupuestaria totalmente opuesta a la que deberíamos tener si supuestamente la meta es fomentar la productividad, el crecimiento y los mejores empleos y condiciones laborales.

En 2007 los recursos disponibles para proporcionar créditos de vivienda a los trabajadores del sector formal fueron 8.2 billones de pesos; en tanto, los subsidios para los trabajadores informales en el mismo año ascendieron a 48.6 billones de pesos. En este país es mejor dedicarse a la actividad económica informal que a la formal, parece ser.

Las cifras reveladas confirman que en México estos programas funcionan como un sistema paralelo a la seguridad social pues, al ser financiados y proporcionar servicios de manera diferenciada, distorsionan el comportamiento de la fuerza laboral a tal grado que un número importante de mexicanas y mexicanos han optado por no ser derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social y asumir el costo que esto implica.

Es evidente que la economía mexicana no ha podido consolidar un crecimiento estable y sostenido que permita generar empleo, ingreso y bienestar suficiente para la población. Los resultados del Segundo Informe de Gobierno son cuestionables. La inflación, de 5.57 por ciento anual, es la más alta desde 2003. Detona inestabilidad económica, distorsiona la asignación de recursos y deteriora gravemente el ingreso de la población.

México tiene que innovar y diseñar nuevos esquemas a fin de ir transformando su economía. Se requiere avanzar en la agenda de reformas pendientes en campos estratégicos, como salud, educación, mercado laboral, investigación y desarrollo, pensiones, energía y medio ambiente.

En Nueva Alianza estamos seguros de que México cuenta con la competencia técnica y la capacidad política para promover las reformas, que son indispensables. Por ello tenemos un compromiso con la eficacia, la eficiencia y la efectividad. Sin crecimiento económico la justicia social no es posible. Requerimos políticas responsables y realistas. Por su atención, muchas gracias.

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Gracias, diputada Blanca Luna Becerril. Tiene la palabra, hasta por ocho minutos, el diputado Pablo Arreola Ortega, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, la política social que el gobierno de Calderón dice desarrollar a favor del pueblo de México dista mucho de resolver los gravísimos rezagos que tenemos en esta materia.

La actual administración parte de la premisa equivocada de que muchos de los problemas sociales que padecemos en este país, particularmente el de la pobreza, deriva de un proceso natural del desarrollo de la humanidad.

Por conveniencia y no por querer reconocer la realidad y las contradicciones que genera el sistema capitalista sobre el conjunto de los desposeídos, prefiere ocultar la realidad y las contradicciones que genera el sistema capitalista sobre el conjunto de los desposeídos; prefiere ocultar la realidad y continuar administrando los problemas, y no darles solución de fondo.

Probado está que en nuestra sociedad los trabajadores, aun cuando tengan empleo, de todos modos siguen siendo pobres, porque la ganancia siempre le corresponde al capital, mientras que al obrero le toca el salario, que siempre representa una suma miserable.

Compañeras diputadas y compañeros diputados, para el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo la política social debe partir por reconocer que los rezagos que padecemos en esta materia son consecuencia del sistema económico vigente.

Por tanto, la política social debe ser un instrumento que sirva, en todo momento, para compensar y contrarrestar los problemas que genera este sistema a los desposeídos. Debe enfocarse a crear empleos dignos y bien remunerados y no como los que Calderón contabiliza como fuentes de trabajo, que son eventuales, sin prestaciones y mal pagados. Él se autodesignó ``el presidente del empleo'', y ha sido un completo fracaso.

En diciembre de 2006 la tasa de desempleo abierto en nuestro país fue de 2.6 por ciento de la población económicamente activa. Ahora es superior a 4 por ciento, sin considerar que la metodología que usa el INEGI es a todas luces tramposa, como ellos mismos lo han reconocido.

Calderón ha sido incapaz de cumplir a los mexicanos que demandan empleo. Cada año en nuestro país se incorporan al mercado laboral 1 millón 300 mil jóvenes, que se suman al rezago de los desempleados y a los migrantes, que tienen que huir para no morir de hambre en nuestro país.

También les cierra las puertas a los jóvenes que quieren estudiar. En lugar de ampliar la matrícula educativa a nivel medio superior y superior, cancela espacios. Y la esperanza de una formación académica para acceder a mejores condicione de vida no tiene cabida en México.

Mendigar año con año en el marco del presupuesto es lo que les toca hacer en la práctica a las universidades públicas estatales y a las universidades nacionales, como la UNAM, la UAM y el Poli.

Por lo que toca al tema del déficit de las viviendas, el gobierno de Calderón profundizó el problema. Ahora cada vez más mexicanos viven en hacinamiento y sin la posibilidad de tener un patrimonio familiar porque se endosó a las fuerzas del mercado la responsabilidad de la construcción y el financiamiento de la vivienda. Ahora las empresas privadas son las que construyen las viviendas, según, para resolver el problema de millones de mexicanos.

A todas luces se sabe que los sectores pobres de este país no cuentan con los recursos y las garantías que exigen estas empresas privadas.

En cuanto a la salud, sigue vigente la falta de cobertura a más de la mitad del pueblo de México. Ahora ya no hay ni medicinas ni equipo médico; son insuficientes los hospitales para enfrentar el reto que significa el incremento de la población y su avejentamiento.

Como en el caso de la vivienda, Calderón ha actuado con el sector salud, al que privatizó su sistema de pensiones, y va por la privatización de sus activos si no lo impedimos a tiempo. Mientras este gobierno no se detiene en defender a los grandes empresarios en nuestro territorio y fuera de él, no defiende a los sectores populares.

La migración es producto de la incompetencia de los empresarios y del gobierno para crear empleos.

Las calles de ciudades, pueblos y rancherías están abarrotadas por más de 17 millones de mexicanos que laboran en la economía informal, cifra que proporciona el INEGI.

Nadie puede negar que gracias a los mercados informales, que día con día absorben a estos millones de mexicanos, se han convertido en una válvula de escape de las presiones de la mínima generación de empleos formales que se realiza en este país. Este hecho irrefutable es una clara muestra de que la política económica y la política social que ha implantado el gobierno de este país son equivocadas y sólo favorecen a los grandes empresarios.

Otra prueba irrefutable de este fracaso la constituye su orientación asistencialista, que en nada resuelve la miseria de millones de familias en nuestro país; por el contrario, la profundiza al no articularla con una política que tienda a promover la multiplicación de proyectos productivos que generen empleos para estas familias.

Lo que sí ha demostrado esta política asistencialista es que se ha convertido en un poderoso instrumento para manipular a los pobres en aras de traer votos al PAN en los procesos electorales.

Lo anterior se demuestra si revisamos la propuesta de asignación de recursos para opciones productivas para 2009, donde programas fundamentales para crear empleos, como Opciones Productivas y Fapa, entre otros, tienen menos recursos.

Para los que sí tiene muchos recursos es para programas asistencialitas, como es el caso de los programas de la Sedesol, que van directamente a Oportunidades.

En contraste, el gasto puramente asistencialista tendrá un crecimiento significativo en 2009. Esta fracasada política no sólo no resuelve los problemas de la pobreza, sino que además ha creado reglas de operación de los programas sociales que son tortuosos y verdaderos candados para que los beneficiarios de los recursos vean canceladas las posibilidades para acceder a los recursos.

Compañeras diputadas y compañeros diputados, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo tiene claro que la actual administración no quiere ni tiene voluntad para modificar la actual fracasada política social.

En este contexto, los diputados del Partido del Trabajo vamos a pelear por que se aprueben más recursos para proyectos productivos, y que esos recursos sean la fuente del financiamiento para detonar el crecimiento de micro, pequeños y medianos negocios en el campo y en la ciudad.

Ésta es la única forma de reducir parcialmente los estragos y los destrozos que produce en los desposeídos el capitalismo neoliberal. Es cuanto, señora presidenta.

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Gracias, diputado Pablo Arreola Ortega.

Quisiera dar la bienvenida a las personas del grupo de asesores del Programa de Microcréditos de la Fundación Hidalguense, AC, de Hidalgo, quienes son invitados por el diputado Gerardo Sosa Castelán . Bienvenidos.

Tiene la palabra, hasta por ocho minutos, la diputada Verónica Velasco Rodríguez , del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista.

A nosotros, los legisladores del Partido Verde, nos interesa más hacer una anotación que busque resaltar los aspectos de la acción pública que deben reforzarse y las acciones sobre las cuales hay que poner atención especial para conseguir la meta propuesta que realmente beneficie a las familias mexicanas.

No por ello dejaremos de ser muy puntuales en aquellos aspectos que juzguemos como errores graves en la administración actual.

El objetivo del Ejecutivo es, en materia de política social, palabras más, palabras menos, reducir significativamente el número de mexicanos en condiciones de pobreza mediante políticas públicas que superen el enfoque asistencialista, de modo tal que las personas puedan adquirir capacidades y generar oportunidades de trabajo.

Una de las banderas consiste en reducir, para 2012, el número de mexicanas y mexicanos que no pueden satisfacer sus necesidades alimentarias básicas a 10.1 millones, lo que representaría una reducción de 30 por ciento de mexicanos en tales condiciones al inicio de su periodo constitucional.

Para lograrlo, uno de los supuestos del Plan Nacional de Desarrollo para alcanzar esta meta supone que se logrará sólo si el crecimiento real del PIB es de 3.5 por ciento anual promedio entre 2007 y 2012. Además de ser apoyados durante este periodo con un programa que potencie las capacidades de estos individuos en la sociedad, de modo que puedan superar sus necesidades de asistencia social y pasen a la autosuficiencia.

Lamentablemente, y a pesar de lo prudente que es esta meta, no parece viable alcanzarla. Hasta el momento la economía mexicana es la que mantiene el menor dinamismo en Latinoamérica, y al menos lo será así hasta 2009, a consecuencia de la excesiva dependencia que mantenemos con la economía de Estados Unidos de América, una de las más débiles en la coyuntura de crisis internacional actual.

Respecto al combate a la pobreza, recordemos que esos 14.4 millones que se enfrentan a la pobreza alimentaria son sólo una fracción de un total de pobres que, en cifras oficiales, son 44.5 millones de mexicanos, si incluimos en esto el criterio de pobreza patrimonial; es decir, aquella población que no tiene el ingreso mensual suficiente para adquirir los mínimos indispensables de vivienda, vestido, calzado y transporte para cada uno de los miembros del hogar.

Para 2008 el Segundo Informe de Gobierno reporta, con base en el Coneval, haber logrado que sólo sean 13.8 millones los mexicanos viviendo, para 2006, en situación de pobreza alimentaria. Las proyecciones en el informe hablan de un descenso importante también en quienes aqueja la pobreza patrimonial y de capacidades, para 2006.

Los resultados para 2008 estarán listos el próximo año, en vista de que la encuesta para estimar la pobreza aún se está levantando en campo. Acá nuestra preocupación es la actualización que se hace de la canasta de consumo.

Sobre el programa Oportunidades, que busca disminuir la dependencia de los más necesitados de la asistencia social, así como la estrategia de vivir mejor, aún quedan muchas dudas. Vemos con buenos ojos el Programa de Atención a Zonas Prioritarias, que se implantó gracias al esfuerzo de la Cámara en el Presupuesto del año pasado, aunque tendríamos todavía algunas interrogantes.

¿De verdad el programa Oportunidades, reenmarcado en la estrategia Vivir Mejor, no es asistencialista? ¿Qué va a pasar si retiramos el subsidio? ¿Va a poder mantenerse a estas familias por encima de las líneas de pobreza, como era el objetivo del programa? O es sólo un dique para evitar conflictos sociales en el futuro cercano.

Reiteramos la voluntad del Partido Verde para generar propuestas y críticas que permitan identificar los puntos sobre los cuales se pueda corregir la política pública para alcanzar los objetivos que le convienen al país y a sus habitantes.

Convocamos a todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso a trabajar en comisiones y reiteramos nuestra firme voluntad de diálogo constructivo.

No perdemos de vista la urgencia de atender la pobreza urbana. La mayor parte de la atención se focaliza en las zonas rurales, pero en la ciudad la pobreza puede ser aún más lacerante que en esas regiones, y con consecuencias de impactos sociales mucho mayores, como la delincuencia y la inseguridad, y muchos más problemas sociales y familiares asociados.

En el Partido Verde estamos convencidos de que éste no es el México que queremos. Pero cómo vamos a disminuir la pobreza urbana si el número de empleos generados no es suficiente, a la vez que se incrementan los precios de los productos básicos.

Cómo se puede hablar de reducciones en la pobreza nacional y con tanta contundencia cuando la evidencia es otra. Las clases medias hoy pueden comprar menos alimentos que al inicio de esta administración; es decir, son mucho más pobres.

La pobreza no trata solamente de una meta de ingreso, sino de garantizar a todos los mexicanos una vida mucho más digna. El Partido Verde insistirá en que la mejora de las condiciones sociales no termina para cada familia con el cumplimiento de esta meta. Aún están pendientes los temas de empleo, de educación y de vivienda.

Podríamos pensar que de algún modo la estrategia de la Sedesol es impactar las variables que precisamente determinan las carencias de los que poseen menos recursos. No obstante, como fracción parlamentaria nos preocupan los siguientes temas:

1. Que dichas disminuciones en los índices de pobreza sean sostenibles en el largo plazo, en la medida en que no se conviertan en subsidios que disfracen la pobreza con aumentos temporales en el ingreso familiar, y que si se les retira el subsidio a los actuales beneficiarios éstos no retornen a la situación de pobreza previa.

2. Qué esperamos de un programa como Oportunidades, que sólo genera desempleados con mayor escolaridad, y que en las palabras de su creador, ``fomenta la informalidad''.

3. Aunque reconocemos que estos programas son focalizados a quienes requieren con mayor urgencia la intervención gubernamental, qué nos garantiza que no sea usada con fines políticos para evitar brotes sociales de inconformidad y ése sea el verdadero móvil que justifique la intervención.

Hay entonces un dilema ético muy serio detrás de cada uno de estos programas. ¿Con qué criterios se excluye a las personas que forman las líneas bases? ¿Se justifica entonces moralmente excluir a una comunidad con condiciones de pobreza similares sólo para poder efectuar evaluaciones que rara vez son concluyentes?

¿Existe una política social durante la presente administración para combatir la pobreza urbana? ¿Existe una política social para las clases medidas? ¿Nos sigue preocupando ver en el informe de gobierno que se reporta el gasto a secas, pero que se han tenido avances significativos en años recientes para implementar un sistema de evaluación del desempeño, inclusive es la misma Secretaría de Hacienda quien lo impulsa en el resto de los organismos del gobierno federal?

A pesar de ello, al llegar al momento de presentar los informes de gobierno al reportar los logros y avances volvemos a ver simplemente cifras de gasto en bruto, pero pocas veces se nos habla de los avances en los indicadores.

Hay una generación que ha crecido siendo beneficiaria del programa, pero siguen viviendo en los mismos lugares apartados del país. No encontramos, entonces, fuentes de empleo estables en sus lugares de origen. Terminaran emigrando, en su mayoría, a lugares en los que esas capacidades de las que nos hablan en los informes de gobierno no sean utilizadas. No estamos sacando de los círculos viciosos de pobreza a los más necesitados...

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Concluya, diputada, por favor.

La diputada Verónica Velasco Rodríguez: Concluyo, presidenta.

En propias palabras del señor Santiago Levy, diseñador del programa, lo ha reconocido. Lamentablemente no se dieron las condiciones macroeconómicas paralelas a la aplicación del programa y las estamos perpetrando en la informalidad.

Concluyo diciendo que reiteramos que nuestra postura no es un ataque a la política social de la actual administración, sino una invitación a la rendición de cuentas con indicadores de resultados tangibles y de impacto social, no de derrama económica. Es cuanto, señora presidenta.

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Muchas gracias, diputada Verónica Velasco Rodríguez. Tiene la palabra hasta por ocho minutos, la diputada Martha Angélica Tagle Martínez, del Grupo Parlamentario de Convergencia.

Antes de entrar en materia y como un ejercicio de autocrítica, creo que debemos de reconocer que el formato que escogimos para la glosa del informe no fue el más acertado, porque además de no tener la presencia de los funcionarios públicos, quienes deberían estarnos dando respuesta a las inquietudes no sólo nuestras, sino de la sociedad, parece que ni siquiera a nuestros propios compañeros legisladores les ha interesado el análisis del Segundo Informe de Gobierno.

Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, la barbarie económica neoliberal está pasando su factura al pueblo mexicano. La descomposición social y la pobreza reinante en el país es alarmante, y se está fortaleciendo el surgimiento de grupos de delincuencia organizada, así como de células violentas que a través del terror justifican su existencia.

No es en vano que al inicio de este nuevo periodo de sesiones uno de los temas principales de los discursos se centrara en la dimensión alarmante de la crisis alimentaria en la que está sumergido México, cuyo escenario es imprevisible a mediano y largo plazo.

A la luz de lo anterior, el gobierno actual debe reconducir su política social y tomar las previsiones necesarias para evitar el incremento de los precios en los combustibles, factor responsable de la espiral inflacionaria que afecta a todos los sectores y sus cadenas productivas, sin olvidar, por supuesto, las afectaciones que tendrá nuestra economía por la recesión de nuestro vecino del norte, a pesar de que lo niegue el secretario de Hacienda.

El argumento de que en México contamos con las gasolinas más baratas del mundo es una afirmación vergonzosa y carente de todo análisis inteligente. En cambio, las devaluaciones y el aumento desproporcionado de los precios, en el pasado, fueron los que nos han provocado la situación actual del país.

El aparente control de los indicadores que se ha hecho en las últimas administraciones, se ve reflejado en la bolsa del mandado y la cartera de los mexicanos; a ellos no los podemos engañar.

Las decisiones tomadas hasta ahora por el gobierno son pésimas, porque han provocado un deceso en el producto interno bruto y una alarmante pérdida del poder adquisitivo debido a la falta de una regulación e intervención efectiva del Estado en el control de los precios.

La gente cada día está más pobre, mientras el secretario de Economía está más preocupado de hacer una institución, una empresa eficiente y rentable, y el titular del Banco de México se preocupa más por cuidar los intereses de los inversores extranjeros y del Banco Mundial. Esta situación es anómala y los convierte en responsables por omisión de los efectos negativos causados en la población.

Por esta razón, le recordamos al titular del Ejecutivo que existe un abismo en la forma en que un empresario exitoso y un hombre de Estado conciben el desarrollo económico de un país.

Lo anterior obliga al gobernante en turno a generar un proceso redistributivo y una política de Estado que permita elevar el nivel de vida de los mexicanos y no confundir esta política de Estado con problemas asistencialistas.

La pobreza recurrente se debe a que el gobierno sigue concibiendo la política social como algo desarticulado. Eso hace que no exista una adecuada interacción de las políticas públicas y sociales. Ésta es una de las causas por la que los responsables de las instituciones no cumplen con sus obligaciones, pese a contar con las atribuciones que las leyes les confieren para evitar las grandes diferencias sociales entre las personas muy ricas y las personas muy pobres.

Por eso, quizá, para muchos sea más rentable realizar actos ilícitos que trabajar en el campo, las fábricas y los servicios debido a los bajos salarios, la falta de empleos y la falta de oportunidades.

Por ningún motivo pretendemos justificar la delincuencia organizada en la escalada de violencia, pero debemos reconocer que en el fondo de la crisis que enfrenta nuestro país está la exclusión social y el errático rumbo de la política social y económica del Ejecutivo federal.

Como ya es costumbre, en las crisis económicas y en el aumento de los precios, los más afectados son los pobres; aquellas mujeres y hombres que luchan por sobrevivir y mantener a sus familias con menos de 50 pesos diarios.

Por eso, el actual gobierno debe asumir su responsabilidad para superar esta problemática y garantizar un futuro más próspero a los mexicanos.

La inseguridad alimentaria es un asunto serio, que ya debió haber obligado al Ejecutivo a evitar un clima de ingobernabilidad que a nadie beneficia; argumentos sobran. Por ejemplo, el asunto de la tortilla; fue motivo de fuertes protestas el año pasado, luego de que en algunos lugares su precio se cuadruplicara.

No esperemos a que se dé nuevamente un escenario similar o más grave y actuemos con responsabilidad ahora, de cara al Presupuesto de 2009.

Señores del gabinete, no se equivoquen. Nuestra sociedad está en una crisis económica y alimentaria y hoy se suma a una crisis de seguridad pública. La seguridad no es una cuestión solamente de policías y ladrones.

Ésta se basa, como argumentan de manera sobrada los expertos de la ONU, en garantizar a la sociedad su plena seguridad. Es decir, brindarle la seguridad de que accederán a los servicios de salud de manera universal; en la seguridad de que recibirán educación para enfrentar la accesibilidad a las mejores condiciones de vida, la seguridad de que accederán a una vivienda digna, la seguridad de que contarán con un empleo bien remunerado y la seguridad de que una vez terminada la vida productiva contarán con pensiones para pasar a una tercera edad con vida digna.

Por eso, una visión social de Estado va más allá de sólo incrementar más presupuesto a las fuerzas de seguridad y a la Secretaría de Desarrollo Social para superar los altos índices de criminalidad y de pobreza.

Si no se pone como prioridad la superación de las desigualdades y para ello se planean metas y acciones claras para la redistribución de la riqueza y el desarrollo productivo de nuestro país ---asunto que no sabemos si entiendan los del actual gobierno; pues en el fondo se trata de un proyecto alternativo de nación en el que primero estén los pobres---, no nos asombra que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de 2009 se dé un aumento alrededor de 32 por ciento en el gasto social, pues como es de imaginarse se corre un alto riesgo de aumentar los apoyos sólo con fines electorales y no con una visión de combatir la pobreza.

Pues con más recursos no se acaba con la corrupción ni se suple la falta de capacidad de los funcionarios para llevar efectivamente los recursos a los que más lo necesitan. Estaremos alertas y vigilantes.

Como Convergencia, hemos venido argumentando que una política social exitosa se sustenta para definir claramente el nivel de vida que cada mexicano tiene derecho. Retomemos el camino andado en el proceso de la reforma del Estado, donde con el acuerdo de todos los partidos realizamos trabajos tendientes a superar esta situación y dar garantías básicas a nuestra sociedad.

Por ello, debemos dictaminar dichas iniciativas urgentemente, ya que son viables para superar esta problemática y para que cada Poder cumpla con las responsabilidades que le corresponden.

Finalmente, no debemos permitir que esto siga así, ya que cada día hay más pobres, terrorismo, violencia, ejecuciones, asaltos, secuestros, esto es una injusticia. No cometamos los mismos errores del pasado. Nuestra sociedad espera resultados. Es cuanto, señora presidenta.

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Muchas gracias, diputada Martha Angélica Tagle Martínez. Tiene la palabra, hasta por ocho minutos, la diputada Sara Latife Ruiz Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Los datos presentados en el Segundo Informe de Gobierno sobre las condiciones económicas y sociales de la población evidentemente son cuestionables. La falta de certeza de éstos es una clara forma de evasión, por cierto altamente irresponsable, que imposibilita no solamente el debate serio sino que además en nada contribuye al combate decidido entre la pobreza y la desigualdad.

El gobierno federal ha informado en la glosa que el gasto público ejercido en las acciones de desarrollo social, durante el primer semestre de 2008, ascendió a 548 mil 192 millones de pesos. Representando esto, en términos reales, un incremento de 9.4 por ciento con respecto al mismo lapso del año pasado. Destaca también incrementos de 80.9 por ciento en las funciones de asistencia social, urbanización, vivienda y desarrollo regional de 20.4, y educación de 11.1 por ciento. Es necesario que se informe correctamente a los ciudadanos. No hay que perder de vista que la aprobación del Presupuesto es una facultad exclusiva de la Cámara de Diputados. Por lo que dichas cifras de poco o nada servirán si no se define específicamente qué porcentaje de los recursos aprobados para los programas sociales y sus beneficiarios son asignados en propaganda y publicidad.

El Grupo Parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados considera urgente la reorientación de las políticas públicas, mismas que en la actualidad son simples mecanismos compensatorios que no hacen más que profundizar las diferencias entre las personas y las regiones.

La pobreza no solamente ofende la dignidad humana, sino que debilita el tejido social y frena el desarrollo del país. Por ello, exigimos verdaderas políticas de desarrollo social comprometidas con el combate a ésta, que no pretendan posicionar políticamente a un gobierno con el fin de obtener resultados electorales.

Para el PRI, para la fracción parlamentaria de mi partido, es urgente revisar la operación de los programas sociales federales, para avanzar en su transparencia, en la descentralización y en el acceso universal a las mismas.

Diseñar un nuevo programa de combate a la pobreza con una visión integral que estimule el desarrollo personal y colectivo de sus beneficiados, que propicie una participación social amplia, en la que las comunidades sean parte activa de su propio desarrollo y que se facilite el acceso a los procesos sociales y a las instituciones gubernamentales, respetando la dignidad y alentando las potencialidades productivas de cada uno de ellos.

El gobierno federal debe asumir sus responsabilidades y evitar que la inconformidad social, agudizada por los efectos de la crisis económica, evidenciada en una escalada de precios en prácticamente todos los bienes, productos y servicios, lleve a decenas de millones de mexicanos a la desesperanza, postrando a diversas generaciones a sobrevivir con políticas excluyentes, erráticas, autoritarias y tendenciosas.

También en el Segundo Informe de Gobierno se refieren datos de la evolución de la pobreza en nuestro país y se asienta que el Consejo Nacional de Evaluación de Políticas del Desarrollo Social, que se presenta en agosto de 2007, señala que 14.4 millones de mexicanos vivían en condición de pobreza alimentaria, lo que equivale a 13.8 por ciento del total de la población.

Qué cifras por demás contrastantes con lo que señala el Banco Mundial y el Centro de Estudios de Finanzas Públicas de esta Cámara de Diputados, en donde señala que entre diciembre de 2006 y agosto de 2008 el costo final de los alimentos incluidos en una canasta básica del consumo se elevó en 51 por ciento. Estos 51 puntos provocaron que la pobreza alimentaria o extrema creciera de 14.4 millones de personas en 2006 a 19 millones de personas en 2008.

Frente a estos hechos, esta Cámara de Diputados deberá asumir una decisión que permita la participación de los estados y de los municipios, tanto en el diseño, estructura y ejecución de las políticas públicas que permitan conjugar esfuerzos y recursos de los tres niveles de gobierno y con ello se eviten duplicidades; estructuras paralelas que sólo elevan el gasto administrativo y limitan los beneficios oportunos para los más necesitados.

Ésta es una exigencia en la que el PRI hace hincapié para la aprobación del presupuesto en materia de desarrollo social. Los datos referidos sobre los supuestos avances nos obligan a ser exigentes y puntuales en el análisis del gasto público, en todos y cada uno de los programas, para verificar su correcta aplicación y que no estén siendo manejados por la secretaría del ramo a través de sus cuestionadas delegaciones en los estados, como instrumentos para la manipulación y el lucro político a favor del partido en el gobierno.

Por tanto, nuestro grupo parlamentario ha asumido compromisos puntuales en su agenda legislativa y presentará una iniciativa de reforma y adiciones a la Ley General de Desarrollo Social, para descentralizar estos programas e impulsar los cambios necesarios a efecto de que se cumpla con la integralidad de los programas de desarrollo social.

La evolución de la economía nacional arroja cifras desalentadoras. En 2007 hubo un reducido crecimiento del PIB, de 3.3 por ciento, que se estima se disminuirá a sólo 2.5 por ciento para el presente año, implicando graves efectos en materia de empleo, afectando el ingreso y el consumo de la población, causando con ello mayores estragos a la economía de las familias que menos recursos tienen.

¿Cómo reducir la pobreza si hay bajo crecimiento de la economía, menos empleos, menos remesas y más inflación? Esta combinación sólo puede producir más pobreza; sin embargo, el informe es omiso respecto al impacto que tienen estos factores en el aumento de la pobreza. Ello nos lleva a concluir que se trata de una serie de programas y no de una verdadera política social; programas que no corrigen los factores generadores de la pobreza y que además serán en el corto plazo, difícilmente sustentables.

Es preciso darnos cuenta que sólo es posible combatir la pobreza en la medida que seamos capaces de aplicar eficientemente el gasto social y de asumir, todos, de forma corresponsable, el quehacer que nos toca, que es una tarea de recomponer el desarrollo de este país. Es cuanto, señora presidenta.

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Muchas gracias, diputada Sara Latife Ruiz Chávez. Tiene la palabra, hasta por ocho minutos, la diputada Ana Yurixi Leyva Piñón, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Como diputada federal originaria de Michoacán, mis más profundas condolencias y mi más grande indignación por los recientes atentados terroristas acaecidos en Morelia.

La política social en el Segundo Informe de Gobierno del jefe del Poder Ejecutivo federal se identifica bajo el rubro de igualdad de oportunidades. Para el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la política social es un conjunto de actos deliberados por parte del Estado que permite el ejercicio pleno y universal de los derechos sociales; a saber educación, salud, seguridad social, vivienda, agua potable, alcantarillado y, en general, infraestructura social. Asistencia social, lucha contra la pobreza, empleo, alimentación y abasto social.

Para la actual administración federal y su partido la política social no es prioridad. Para ello basta con dar una mirada a los proyectos de presupuesto de los ejercicios fiscales 2007 y 2008. Nos encontramos con una política social que en el mejor de los casos resulta inercial, si no es que francamente regresiva. Sólo para el ejercicio fiscal de 2008 la Cámara de Diputados incrementó el presupuesto del Ramo 20 en algo más de 12 mil 500 millones de pesos para un presupuesto total superior a los 50 mil millones de pesos.

De manera semejante, la reforma del Estado en materia social quedó estancada por la negativa del partido del gobierno a promover las reformas constitucionales necesarias para consagrar el tema genérico de los derechos humanos y, en particular, la ampliación del derecho a la educación con temas como el derecho a la cultura, la ciencia, la tecnología.

El mejoramiento del derecho al trabajo con avances en las condiciones laborales y de la seguridad social; el derecho a un medio ambiente sano y sustentable; los derechos de las mujeres; los derechos de los grupos vulnerables como las personas con discapacidad o los pueblos indígenas; el derecho a la vivienda; el derecho a la salud y a otros derechos sociales como el derecho a la alimentación y el derecho al agua.

Es conveniente que todo mundo lo sepa: el financiamiento creciente y la innovación de la política social en estos dos años se han originado aquí, en la Cámara de Diputados. Se ha mantenido el precio de litro de leche Liconsa en cuatro pesos, en beneficio de 6 millones de mexicanos; se atiende a los adultos mayores de 70 y más, con una pensión alimentaria de 6 mil pesos anuales en comunidades, incluso, de hasta 20 mil habitantes, con un criterio de universalidad.

Se atiende con el Programa de Apoyo Alimentario en Zonas de Atención Prioritaria, a la población en condiciones de pobreza extrema sin acceso a los servicios públicos de salud y educación, entre otras acciones determinadas por el Poder Legislativo.

La política social del gobierno federal es poco innovadora en instrumentos de política pública. Coincidimos en el diagnóstico al reconocer que las condiciones de vida desiguales impiden aspirar al bienestar de las personas y reproducen prácticas que perpetúan su condición de pobreza. Sin embargo, no queda claro cómo romper ese círculo pernicioso de desigualdad y pobreza sin crear infraestructura, sin tener presupuestos multianuales y en ausencia de una política social de Estado.

A cambio de ello, ante la llamada ``crisis alimentaria'', en abril de este año se lanza la estrategia Vivir Mejor, que no es un programa sino una estrategia de comunicación social sin sustento programático ni presupuestal. Es una etiqueta que unifica la política social del gobierno de Felipe Calderón con un logotipo y eslogan que marca el inicio de la campaña electoral del PAN para 2009.

Sin embargo, esta estrategia queda acotada por los rezagos sociales. Los malos resultados económicos y un entorno internacional desfavorable en torno a los precios de los alimentos y a otros satisfactores, ya que de acuerdo con las mediciones del Coneval, 14 millones 428 mil mexicanos viven pobreza alimentaria. Además, otros 30 millones 249 mil mexicanos padecen pobreza patrimonial, formando un total de 44 millones 677 mil 884 mexicanos en pobreza.

Organismos internacionales como el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia UNICEF, sostienen que la pobreza extrema afecta a 53 por ciento de niños, niñas y adolescentes mexicanos, es decir, 21 millones de menores de edad.

Además, en los dos años de gobierno la canasta básica registra un aumento acumulado de 43.13 por ciento mientras que los salarios mínimos en el mismo periodo han aumentado sólo 8.05 por ciento.

Con Vivir Mejor, el actual gobierno administra la pobreza dándose cuenta de su rentabilidad política y esto se corrobora con la manipulación de los padrones de los programas sociales con fines de promoción personal y política del gobierno federal, bajo la marca registrada de Vivir Mejor.

Mediante millones de cartas personalizadas, dirigidas a los beneficiarios de los programas del gobierno federal, con la fotografía de Felipe Calderón y el logotipo que identifica su estrategia, mientras que los padrones a lo que los legisladores, y el resto de los mexicanos tenemos acceso, son un mero listado de nombres sin más referencia que el nombre de la localidad en la que residen.

A pesar de lo que la propaganda oficial pregona, la estrategia Vivir Mejor mantiene a la política social desarticulada, desintegrada, con programas clientelares y focalizados, cuya principal acción es la transferencia de dinero en efectivo a los grupos en condiciones de pobreza, que en poco contribuyen a la construcción de una sociedad solidaria y cuestionada, dejando de lado fenómenos que crecen ante nuestros ojos y que no encuentran políticas públicas suficientes o atinadas, tal como el crecimiento de la pobreza urbana.

En la capilla de la Universidad Chapingo, entre 1925 a 1927, el muralista mexicano Diego Rivera pintó un gran mural entre el cual podemos apreciar la trinidad revolucionaria, compuesta por un obrero, un campesino y un soldado compartiendo con una familia las conquistas de la revolución triunfante.

Casi en seguida aparecen tres niños y un niño comiendo los frutos del árbol de la abundancia, cuya fructificación de la naturaleza y de la sociedad transforman la tierra liberada en un nuevo paraíso terrenal. La paz, la armonía social y natural se recrean en el planeta.

Esta visión del país, expuesta por Diego Rivera hace 83 años, era certidumbre en el presente y esperanza para el futuro.

Lamentablemente hoy en día, en el horizonte de los mexicanos no vemos ese optimismo del presente y mucho menos nuestro futuro. Muchas gracias.

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Muchas gracias, diputada Ana Yurixi Leyva Piñón. Tiene la palabra, hasta por ocho minutos, el diputado Francisco Javier Paredes Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Compañeras diputadas y compañeros diputados, muy al contrario de lo que han expresado los compañeros diputados que me antecedieron en la voz, los diputados del Partido Acción Nacional afirmamos que es a partir de las administraciones panistas cuando la política social, particularmente la enfocada a la atención a la pobreza, ha incorporado instrumentos que permiten hacerla mas eficiente y eficaz.

Claro ejemplo de ello es que ahora contamos con reglas de operación para todos los programas sociales, padrones de beneficiarios, medición de la pobreza por un grupo de especialistas ajenos al gobierno y mecanismos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos.

Además, hoy cada uno de los programas sociales cuenta con una evaluación de impacto que es realizado por instituciones independientes del gobierno, que permiten realizar una mejora continua sobre los mismos. Contamos con la Ley General de Desarrollo Social, aprobada por este Congreso, que establece las bases para una política social de Estado, entre otras.

Los avances son innegables. Ahí están los datos verificables por cada uno de nosotros. Nos permiten superar las visiones sexenales del pasado y los usos clientelares y paternalistas con que operaba la política social en el pasado.

A pesar de ello, sabemos y asumimos que no son suficientes. Las demandas y necesidades de los ciudadanos así lo indican. Ciertamente, el compromiso del gobierno federal es alcanzar condiciones de equidad y desarrollo que permitan a todos los mexicanos tener acceso a la educación, la salud, a una vivienda digna, a un empleo de calidad y a una red de protección social.

Sin embargo, el compromiso y deber de nosotros los legisladores es coadyuvar con acciones legislativas, acuerdos, consensos y propuestas para que esas condiciones se alcancen. Tenemos que cumplir con el mandato de quienes nos eligieron.

Ejemplo de ello es que para abatir la pobreza extrema y contribuir mejor a las condiciones de alimentación, salud y educación de las familias de menores ingresos, el gobierno federal ha reforzado el programa Oportunidades.

Es de resaltar que con la estrategia Vivir Mejor, puesta en marcha en abril de este año, se busca fortalecer los mecanismos y acciones asociadas a la concurrencia de los programas sociales existentes para combatir la pobreza, basados en los principios de transversalidad y de coordinación interinstitucional.

Asimismo, con el objetivo de defender la economía de las familias frente al alza internacional de los precios de alimentos y energéticos, el gobierno federal estableció un apoyo adicional en efectivo de 120 pesos mensuales para fortalecer los ingresos de las familias más pobres del país.

Así, a partir de julio de este año, las familias inscritas en el programa Oportunidades reciben en promedio un total de 655 pesos mensuales. También las familias beneficiarias del programa alimentario de Liconsa y el Programa Alimentario para Zonas Marginadas recibieron un incremento adicional para su gasto en alimentación.

Con estos apoyos se beneficia a más de 5 millones 300 mil familias.

En lo referente a la educación, el presidente Felipe Calderón puso en marcha la Alianza por la Calidad de la Educación, compromiso con la Secretaría de Educación Pública y los maestros representados por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, para brindar a niños y jóvenes la mejor preparación posible desde los primeros años.

Para este año, el gasto nacional en educación, que incluye la inversión pública y privada, ascenderá a 722 mil 190 millones de pesos, lo que representa un incremento real de 3.3 por ciento respecto a 2007. El gasto nacional se estima que represente 6.3 por ciento del producto interno bruto, superior 0.3 puntos porcentuales al de 2007.

En materia de salud cabe resaltar la trascendencia de dos programas de creación en la presente administración federal, que a pesar de su reciente creación arrojan resultados favorables en la atención y respuesta a un problema de salud pública de la mayor importancia: la salud materno-infantil.

El primero de estos programas es el Seguro Médico para una Nueva Generación, mediante el cual todos los recién nacidos del país que carezcan de seguridad social, y sus familias, tienen garantizado el acceso a médicos, medicinas y clínicas mediante el Seguro Popular. Desde su creación, en 2007, hasta mayo de 2008 se tiene un total de 1 millón 240 mil 380 niños beneficiados.

El segundo programa es el de Embarazo Saludable, por medio del cual se afilia de manera automática a toda mujer embarazada que carezca de seguridad social, garantizando con ello su atención durante el embarazo y el parto. Finalmente, se pretende garantizar que toda mujer embarazada en México cuente con un seguro médico de atención tanto para ella como para su familia.

Con estos dos programas se ha promovido el crecimiento en la afiliación de familias encabezadas por mujeres, misma que ascendió a 6.3 millones de familias, acumuladas a mayo de 2008, que representan 81.4 por ciento del total de las familias afiliadas.

Referente al tema de vivienda, a lo largo del sexenio se han otorgado más de 266 mil apoyos mediante el programa Ésta es tu Casa. Más de 90 por ciento de estos apoyos ha sido para trabajadores que ganan menos de tres salarios mínimos al mes.

Una de las prioridades del gobierno federal debe ser mejorar las condiciones de vida de las familias más pobres. Para lograrlo, una de las acciones que está llevando a cabo es sustituir los pisos de tierra de las casas por pisos de cemento, con el objetivo de mejorar sus condiciones de vida y evitar enfermedades respiratorias, gastrointestinales y de la piel.

El Programa de Atención a los Adultos Mayores de 70 años y más en Zonas Rurales atiende a los beneficiarios que habitan en localidades de hasta 10 mil habitantes. De acuerdo con la disponibilidad presupuestaria, la cobertura se ampliará gradualmente en función del grado de marginación hasta llegar a los beneficiarios en localidades de hasta 20 mil habitantes. Con este programa el gobierno federal apoya a más de 1 millón 500 mil adultos mayores de 70 años. Cada uno de ellos recibe mil pesos por bimestre, lo que representa casi 4 mil 500 millones de pesos destinados a este sector en lo que va de 2008.

Otro programa exitoso de la presente administración es el Programa de Guarderías y Estancias Infantiles, que ha sido reconocido a nivel internacional por crear oportunidades de empleo para las mujeres y promover su desarrollo social.

Éstas son algunas de las acciones que está llevando a cabo la presente administración, que si bien es cierto representan grandes avances, también lo es que falta mucho por hacer.

La política social debe tener como principal objetivo erradicar la pobreza extrema en nuestro país y cerrar las brechas de desigualdad. Hoy se tiene que actuar con responsabilidad. No podemos caer en la falacia que implica solucionar algunos de los problemas presentes sin pensar en el futuro.

Actuar con responsabilidad es nuestra exigencia. No caer en la tentación de adoptar programas o acciones populistas que pueden vender políticamente en el plazo inmediato, pero que no solucionan de fondo los problemas sociales que enfrentamos como país.

Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, no obstante los logros alcanzados, no podemos ni debemos conformarnos ni estacionarnos en la crítica estéril. La sociedad y el país nos exigen mayores resultados. Tenemos que cumplir nuestras obligaciones y nuestras tareas. Como legisladores nos debemos a quienes votaron por nosotros.

Por ello estos avances, si bien son importantes, no deben parecernos suficientes para que los ciudadanos alcancen un mejor nivel de vida. Trabajemos coordinadamente con los diferentes poderes y los demás sectores para lograr un país mejor, por el bien del presente y de las próximas generaciones de mexicanos. Muchas gracias.

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Muchas gracias, diputado.

Vamos a iniciar la segunda ronda. Los grupos parlamentarios han inscrito a los siguientes diputados: por el Grupo Parlamentario de Alternativa se inscribe Armando García Méndez ; por el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, Blanca Luna Becerril ; por el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, Joaquín Vela González; por el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, Luis Alejandro Rodríguez; por el Grupo Parlamentario de Convergencia, Ramón Valdés Chávez ; por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, Jorge Toledo Luis ; por el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, Holly Matus Toledo ; y por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, Martín Óscar González Morán.

De acuerdo con este orden, tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Armando García Méndez , del Grupo Parlamentario de Alternativa. Gracias, señor diputado, por su intervención.

Compañeras diputadas y compañeros diputados, hemos recibido el informe que rinde el presidente de la república respecto al estado general que guarda la administración pública del país.

Deseando ser amables, con base en el contenido del citado informe, podría decirse que hay avances en algunos ramos en los que el Ejecutivo federal hace especial énfasis. Sin embargo, para afirmar categórica y objetivamente lo anterior, la información referida aporta muy poca luz al respecto.

Ello, porque de nada sirve el dato simple y llano si no se realiza un mínimo análisis comparado, o bien, que dé cuenta efectiva de los indicadores de desempeño con los cuales se conduce el Ejecutivo federal.

Pongamos un ejemplo: se afirma que los recursos destinados al combate a la pobreza, en los distintos programas del gobierno, se incrementaron sustancialmente. Bien, muy bien. Pero tal mérito corresponde a esta Cámara de Diputados, con la aprobación del Presupuesto de Egresos del año pasado.

Lo que corresponde al Ejecutivo es informar sobre el eficaz y eficiente uso de tales recursos, y para ello se necesitan indicadores, lo que se necesita saber es cuánto se ha reducido la pobreza con los recursos aprobados por esta soberanía, para conocer sobre el cumplimiento de metas claras y precisas.

Igualmente, una buena manera de conocer sobre el buen empleo de estos recursos sería conocer, desde una perspectiva comparada, cómo otros países han desarrollo sus propias políticas. Y en tal sentido, valorar el buen o mal desempeño de nuestro propio gobierno, o incluso, cómo organismos internacionales, de los que formamos parte, evalúan el desarrollo de nuestro país. Tal información prácticamente no existe.

Además de las anteriores, llama la atención que mientras por un lado se informa de la implantación de nuevos programas, prácticamente otros desaparecen sin que se dé cuenta de los errores, y más aún sin que se den las responsabilidades por su nulo éxito.

Por ejemplo, ¿qué fue del Programa del Primer Empleo? ¿Quién se hace cargo de sus resultados ---si es que los hubo--- así como de los recursos invertidos en el mismo?

Otro ejemplo adicional, durante el primer año de la administración del gobierno del presidente Calderón, mucho se insistió en la evaluación que con base en indicadores objetivos se haría de los propios secretarios de Estado. El informe en cuestión no tiene una sola referencia al respecto.

Por ende, si el informe que presenta el titular del Ejecutivo federal no detalla tal información, el ejercicio de la rendición de cuentas al que se supone motiva esta glosa que ahora realizamos, se convierte saben en qué, compañeros, en mera formalidad.

Sin tales referentes, no hay forma de que nosotros, los legisladores del país, podamos evaluar de manera eficiente el desempeño de la administración del presidente Calderón.

Y si nosotros no podemos, cómo pedirle al ciudadano que no manifieste su insatisfacción al respecto. Porque lo grave es que la situación de duda, incredulidad, que vivimos en materia de seguridad, es la constante prácticamente en todos los ramos de la vida social. Y cuya única diferencia es que en esta otra rama, lo que está en juego es la vida de los ciudadanos, como lo confirman los hechos recientes.

Pero el incumplimiento a las promesas parece darse con mayor razón y con mucho mayor tiempo en la esfera de la pobreza nacional, sea en las necesidades más apremiantes de la población como en aquellas necesidades secundarias.

Ante ello, cabe formular una pregunta: si prácticamente los programas sociales y asistenciales, de los cuales se nos informa, tuvieron su génesis en la década de los noventa, los resultados no han sido los esperados, ¿no sería momento de cambiar el paradigma? ¿No sería momento de medidas, como por ejemplo, el derecho a un ingreso nacional garantizado, o sea, un salario digno por el Estado y exigible ante los tribunales? Incluso, ex funcionarios federales de esas mismas administraciones, como Santiago Levy, ya reconocen esa posibilidad. Y ello porque ---como ya se dijo--- se palpa en el sentir de la ciudadanía que todo lo hecho hasta el momento es insuficiente, y así lo reclama hoy, lo reclamará mañana en las urnas, o bien, lo va a reclamar en las calles.

Hay reclamos en la población ---termino, presidenta--- por el incesante aumento en el costo de la vida, que hace que cada día se adquieran menos satisfactores con el producto del trabajo diario y arduo de un pueblo, que ya no quiere que se le apriete más el cinturón. El aumento persistente en el precio de las gasolinas hace que aumenten los precios de los bienes de consumo indispensables, aunque el señor secretario de Hacienda diga lo contrario, la ciudadanía y todos así lo entendemos.

Por todo lo anterior, los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Socialdemócrata consideramos que la información brindada es insuficiente y, por tanto, es nuestro menester interrogar a los señores secretarios de Estado, a quienes se les ha confiado la administración del país, para que amplíen la información al respecto bajo un aspecto de ética republicana y honestidad patriótica. Es cuanto, señora presidenta.

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Muchas gracias, diputado Armando García Méndez.

Queremos agradecer la presencia de maestros de la escuela primaria Genoveva Cortés, de la delegación Iztapalapa, invitados por el diputado Christian Lujano Nicolás . También a compañeros, alumnos y maestros del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, campus Chihuahua, invitados por el diputado Israel Beltrán Montes . Bienvenidos a este recinto.

Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada Blanca Luna Becerril , del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, a lo largo de su historia México ha tenido diferentes retos en materia de política social. Ciertamente, situaciones como la crisis de la deuda en 1982, la crisis financiera de 1995 y los procesos mismos de estabilización y ajuste estructural han contribuido a que la pobreza se haya mantenido en niveles alarmantes.

Aunque los esfuerzos que hasta hoy se han llevado a cabo para abatir la pobreza han brindado frutos importantes, la realidad sigue sobrepasando nuestra capacidad de respuesta.

Como ya mencionamos, de la revisión de los resultados de la economía nacional encontramos que los programas de vivienda, salud, pensiones y guarderías, todos subsidiados por el gobierno federal, son impactados por los efectos de una mala conducción en materia de política económica, que han convertido a la seguridad social en una especie de impuesto o carga tributaria para los trabajadores y empresas del sector formal.

Un claro ejemplo lo podemos encontrar en el programa Oportunidades, el cual genera incentivos perversos hacia la informalidad al insertarse como parte de una política de corte asistencialista, en lugar de una que fomente las capacidades para el desarrollo y generación de empleos formales.

Además, la realidad nos indica que los beneficios que en un momento dado pudieran representar la entrega de apoyos económicos o en especie, se ven afectadas por un índice inflacionario que elimina el poder adquisitivo real de la población.

Por lo anterior, en Nueva Alianza consideramos que es momento de reconducir la política social y obtener resultados palpables que a mediano plazo mejoren las condiciones de vida de los mexicanos y mexicanas, que por su origen parecen condenados a reproducir una vida con mínimas expectativas de desarrollo y en condiciones de mayor pobreza que las generaciones anteriores.

Por otro lado, los principios rectores de la política social que el propio gobierno federal presenta en el Plan Nacional de Desarrollo, hasta hoy no reflejan la coordinación de acciones entre las dependencias y organismos del gobierno federal con los gobiernos de las entidades y los municipios.

En este informe no hay un apartado que dé cuenta de hasta qué punto se han involucrado a los gobiernos estatales y municipales en los programas de asistencia social. Ante esto hacemos un enérgico llamado para que se presenten y hagan públicas dichas acciones.

El Grupo Parlamentario de Nueva Alianza propone la integración de un padrón único de beneficiarios de todos los programas de apoyo social, para garantizar una cobertura más acertada y eficiente.

Dicho instrumento constituiría un elemento fundamental en la transparencia, ejecución y designación de los recursos, puesto que permitiría el análisis y evaluación de resultados, así como evitaría que la información fuera utilizada con fines electorales. Por su atención, muchas gracias.

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Muchas gracias, diputada Blanca Luna Becerril. Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Joaquín Vela González, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Compañeras diputadas, compañeros diputados, el día de ayer en la comparecencia del secretario de Hacienda señalaba que hay dos prioridades fundamentales en la presentación del presupuesto que nos trajeron aquí, a la Cámara de Diputados.

La primera, como todos ustedes ya saben, es la de seguridad social. Y la segunda, que se ve reflejada en el presupuesto, es la de desarrollo social. Es importante, ya hemos comentado que difícilmente podría tener un sustento importante hacer un incremento del presupuesto como el que se propone para seguridad social si no se hacen antes reformas importantes al funcionamiento de la propia estructura de la seguridad social.

Pero en el segundo plano es de alguna manera preocupante que en un año electoral se dé tanta importancia a la parte de desarrollo social. Creo que es importante que todos los diputados tengamos particular interés en revisar en qué consiste este incremento en las actividades de desarrollo social, porque cuando menos, sí de primera instancia, queda la duda de si se trata de un presupuesto particularmente diseñado para que funcione en 2009 y pueda tener algún impacto electoral.

Creo que será importante que nosotros pudiéramos poner atención y particularmente en las comisiones de Desarrollo Social y en las que tienen que ver con la utilización de estos recursos, que pusieran los candados y las características que sean necesarias para que no se vaya a convertir en un elemento de desarrollo electoral, o sea, que vaya a tener un impacto electoral.

Creo que sí hay que pedir aumentos, siempre, de los montos destinados al desarrollo social. Es una actividad que cada vez requiere mayor cantidad de recursos, porque cada vez hay más lesionados por el neoliberalismo.

Ya ven que se define a la política social como la ambulancia que anda recogiendo a todos aquellos lesionados por el neoliberalismo, pues creo que en este caso se aplica. Efectivamente, cada año tenemos más millones de mexicanos en condiciones de pobreza y que requieren la utilización de recursos de desarrollo social.

Sin duda, pues habrá algunos apoyos asistencialistas que hay que dar, pero yo quiero aquí, en nombre del Partido del Trabajo, plantear que fundamentalmente en las Comisiones de Presupuesto, y de Desarrollo Social, donde se van a analizar los montos y los recursos para los programas, se pusiera particular énfasis en todos los programas destinados a fomentar la actividad productiva, no en la actividad estrictamente asistencialista, como tal, de decirle a la gente: ``les vamos a regalar tanto dinero por no hacer nada''.

No, sino fundamentalmente que pudiéramos apoyar actividades como ahora están en la Secretaría de Economía, como Fonaes, como el Fondo Pyme, con más recursos para que mayor cantidad de mexicanos pudieran presentar proyectos de actividades productivas y que fuera éste el eje y la actividad principal del desarrollo social. Creo que haríamos un bien para México, entre más fondos y mayor cantidad de recursos se puedan destinar a fomentar actividades productivas.

Es más, si pudiéramos, incluso, en todos los programas que contiene la Secretaría de Desarrollo Social, destinar mayor cantidad de recursos a estos que tienen la característica de ser actividades productivas. Creo que estaríamos haciendo mejor la labor de orientación general de esta política de desarrollo social.

Creo que esto es lo que tenemos que hacer. Y, en particular, pediría para el Fondo Pyme y el Fonaes, y para todos los fondos que tienen que ver con actividades productivas fuera en los que se pudieran aumentar los volúmenes de estas actividades. Gracias, presidenta. Es todo.

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Gracias, diputado Joaquín Humberto Vela González. Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Alejandro Rodríguez Luis, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Continuando el análisis de la política social. De nada sirven los subsidios que impactan mañosamente los indicadores de pobreza, si al final de cuentas el ingreso de los mexicanos que viven en esas comunidades no tienen una fuente de ingresos estable, constante y suficiente, que garantice a sus familias una vida digna tal y como está establecido en la Constitución Política mexicana.

El Segundo Informe de Gobierno presenta cuentas desproporcionadas en materia de salud. Los pequeños avances en la materia se muestran de forma sobredimensionada, por un lado se presume una mayor cobertura del Seguro Popular, mediante el cual 8 millones de familias que antes no tenían acceso a las instituciones de seguridad social hoy pueden recibir atención médica en las clínicas y hospitales del sector salud.

Por el éxito previo del programa, el Presupuesto 2009 prevé un incremento al Seguro Popular de 31 por ciento más, en comparación con el año anterior. En el Partido Verde nos preguntamos si este aumento es suficiente para hacer frente a los rezagos en lo referente a consultas otorgadas, estancia hospitalaria, promedio de partido atendidos y unidades médicas acreditadas incorporadas al Seguro Popular.

Respecto al Seguro Médico para una Nueva Generación, el informe presidencial manifiesta que en este año entraron al programa 1 millón 400 mil niños. Este número no debe hacernos sentir satisfechos puesto que el objetivo del programa es que todo recién nacido cuya familia carezca de seguridad social tiene garantizado el acceso a médicos, medicinas y clínicas del Seguro Popular.

Es evidente que una gran cantidad de familias en condiciones de pobreza extrema aún están fuera de este programa. Pero lo mismo sucede con el nuevo Programa de Embarazo Saludable, en el cual aún es imposible lograr la meta establecida de atender a toda mujer embarazada que carezca de seguridad social.

Por todo lo anterior, convocamos respetuosamente al Ejecutivo federal a no sobredimensionar los avances en materia de salud, y trabajar en coordinación con el Poder Legislativo para subsanar los importantes rezagos que aún existen en el sector.

En materia educativa, al igual que los otros rubros de la política social aquí analizados, encontramos el informe del Ejecutivo repleto de cuadros, que simplemente describen los montos históricos destinados al sector. Sin embargo, como fracción parlamentaria deseamos hacer énfasis que en esta soberanía no importa el monto gastado, esto ya lo conocemos, pues esta Cámara es la que aprueba el gasto por facultad constitucional. Lo que queremos saber es cuáles fueron los resultados que se obtuvieron con este Presupuesto aprobado por esta Cámara.

La educación es el motor del desarrollo de cualquier país debido a que incrementa la calidad de vida de la población, al momento de obtener una mejora de ingreso por el pago de un trabajo calificado, ya sea técnico o profesional. En las comunidades rurales y marginadas contribuye al eliminar el rezago educativo y dinamiza el acceso a mejores fuentes de empleo.

Asimismo, la educación desde temprana edad fomenta la sana competencia entre los estudiantes hasta el momento de su incursión en la vida laboral. Un mayor nivel educativo influye en el comportamiento social, debido a que fomentan y refuerzan el civismo, la democracia, la equidad de género y contribuye a disminuir las tasas de delincuencia y corrupción.

Para los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México no sólo nos preocupan aspectos como los antes referidos, sino también que el tema ambiental, así como el desarrollo sustentable y la valoración de la protección y conservación del medio ambiente, elementos esenciales para el desenvolvimiento armónico e integral del individuo y la sociedad, sean fundamentales en la educación pública, tal como lo dispone la fracción XI del artículo 7o. de la Ley General de Educación.

Cómo esperan alcanzar las metas 2030, aprovechar todo el potencial de crecimiento del país, cuando 40 por ciento de las escuelas del país bajaron en sus marcas en las pruebas de enlace.

En este sentido, estamos conscientes de que se trata de una lucha de todos por establecer las condiciones para la igualdad de oportunidades para la población femenina, pero es increíble que en este recinto hayamos luchado y logrado incrementar los recursos aprobados.

En el rubro de 2008 nos encontramos con que existen instancias como el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva que hasta la fecha registra dos terceras partes de sus indicadores con cero avances de metas físicas. También causa desconcierto descubrir por nuestro acercamiento al Ejecutivo con el análisis del ejercicio del gasto en el Presupuesto de 2008, que también se desconozca la existencia de programas y acciones a favor de las mujeres que manejan en sus instancias.

Las estrategias como el Programa 100 x 100 no es más que un descargo publicitario de las carencias que viven centenares de municipios en el país. No son soluciones de fondo al verdadero problema de falta de infraestructura en muchas comunidades del país.

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Concluya, por favor.

El diputado Alejandro Rodríguez Luis: Concluyo, presidenta.

Lo más extraño es que existen programas como Hábitat, que toma en cuenta lo mismo el aspecto físico como el cultural de los proyectos. Estos programas son de un alto impacto social y han recibido el reconocimiento de la UNESCO y de otros organismos internacionales.

Sin embargo, en el Partido Verde estamos seguros que con este tipo de acciones que realmente transforman y potencian las capacidades de los mexicanos, lamentablemente por ser políticamente menos rentables no se les impulsa del mismo modo que la estrategia 100 x 100.

Reiteramos que nuestra postura no es de un ataque a la política social al Ejecutivo federal. Solicitamos rendición de cuentas con indicadores de resultados reales y de alto impacto social y no sólo de derrama económica. Eficiencia no sólo en el gasto del presupuesto social, sino eficiencia en el logro de los objetivos planteados de la política social. Es cuanto. Muchas gracias por su atención.

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Gracias, diputado Alejandro Rodríguez Luis. Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Ramón Valdés Chávez, del Grupo Parlamentario de Convergencia.

Compañeras diputadas y compañeros diputados, Felipe Calderón miente o desconoce la situación del país, o yo no sé lo que pasa. En el Plan Nacional de Desarrollo asume que ``el propósito del desarrollo consiste en crear una atmósfera en que todos puedan aumentar su capacidad y las oportunidades puedan ampliarse a generaciones presentes y futuras ---y recalca---. Ello significa asegurar para los mexicanos de hoy la satisfacción de sus necesidades fundamentales como la educación, la salud, la alimentación, la vivienda y la protección de sus derechos humanos''.

En las evaluaciones que hacen organismos internacionales sobre pobreza, educación, vivienda, derechos humanos y otros tantos índices más, no se reflejan tan excelentes resultados como se presentan en el informe. Posiblemente el Ejecutivo habla sólo de sus buenos propósitos y no de sus acciones.

Para otorgarle un distintivo a la labor del Ejecutivo se puso en marcha el programa Vivir Mejor que no es más que una copia de Oportunidades, Progresa y Solidaridad, a cuyos autores más vale no recordar y, que por cierto, no fueron más que la tapadera a las crisis sociales que se presenciaban en todo el país.

Vivir Mejor, según el gobierno, reflejará grandes beneficios; sin embargo, está destinado al fracaso ya que al no haber un crecimiento económico armónico, nuestro gobierno seguirá presentando parches a la política social. Basta con hablar sobre las cifras que reporta la economía y el empleo para poner en duda la eficacia de los programas para abatir la pobreza y el desempleo.

Sólo por mencionar una verdad, nuestra economía no superará ni el 2.5 de crecimiento al año; la inflación rondará 6 por ciento. Esto deriva del reciente colapso financiero de Estados Unidos, entre otros factores; y en el caso de la creación de empleo, posiblemente estará cercana sólo por debajo de las 450 mil plazas formales.

Estas cifras permiten evaluar que no estamos mejor que en años pasados y muy difícilmente se mejorará, ya que se sigue sangrando el bolsillo de las clases más necesitadas con el incremento en los productos de la canasta básica. ¿Acaso ya se olvidaron las promesas de campaña?

Aún no se ha logrado que la política social se integre a la política económica, como lo proponen algunos expertos en la materia. Con ello se lograrían mayores empleos y la creación de un régimen social de garantías universales.

Es el momento de dejar de visualizar la política social sólo como una acción de emergencia o para beneficio de grupos vulnerables. Hoy por hoy es preciso transformarla en el instrumento de inclusión social que permita evolucionar a la economía con mayores empleos y una seguridad pública más efectiva.

Las reservas internacionales de México se proyectan, para finales de año, a 81 mil millones de dólares. Los expertos internacionales marcan que nuestra economía estaría blindada con 50 mil millones, por lo que lo demás es sólo vanidad internacional. Apliquemos un porcentaje de esta cantidad para la creación de empleos y demos a la población la oportunidad de vivir mejor.

Sumado a esta crítica realidad económica, nuestra penosa segunda fuente de divisas, nuestros paisanos del país del norte, han dejado de enviar recursos, lo que reporta una caída de 6.9 durante el pasado mes de julio. Si ésta es la situación de la economía, en materia de seguridad pública es aún más preocupante.

La efectividad de los programas y la lucha en contra de la delincuencia muestran cifras desalentadoras al día de hoy. Reportamos más muertos que los países en conflictos bélicos y la pregunta sigue en el aire: ¿Hasta cuándo tendremos que soportar el ambiente de inseguridad?

Las 35 acciones para terminar con la inseguridad ¿se están cumpliendo? ¿Será posible que aquellas autoridades que no cumplan con sus funciones entreguen sus renuncias?

La única forma de combatir el crimen no es con leyes más agresivas ni con más policías, sino con verdaderas políticas de investigación y con más desarrollo social de largo aliento.

Dejemos de invertir en planes a corto plazo y pensemos en un desarrollo social permanente. Tomemos el ejemplo de otras naciones que exitosamente realizan mejoras en la seguridad social, así como la creación de más y mejores condiciones de vida.

Es cierto, urge una reforma energética, pero la demanda más encarecida de la ciudadanía, es el bienestar de todo su entorno, en donde por lo menos se le garantice trabajo, alimentación, vivienda, educación, seguridad pública y el acceso a la seguridad social, entre otros.

Como dijo el Premio Nobel de Economía Amartya Sen, ``no podemos alcanzar realmente una comprensión adecuada del futuro sin tener una idea sobre si la vida de los pobres puede mejorar''.

Compañeros diputados, hoy más que nunca debemos impulsar leyes orientadas a construir una política social segura, que sea incluyente y beneficie a todos los mexicanos. Debemos apostarle a constituir un país...

El Presidente diputado José Luis Espinosa Piña: Ha concluido su tiempo, diputado.

El diputado Ramón Valdés Chávez: ... más humanitario. Finalmente exigimos más resultados, más fuentes de trabajo, más seguridad pública, para atraer la inversión nacional y extranjera. En fin, exijamos un México más digno para las presentes y futuras generaciones. Gracias.

El Presidente diputado José Luis Espinosa Piña: Gracias, diputado Ramón Valdés Chávez. A continuación se concede el uso de la palabra al diputado Jorge Toledo Luis, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, hasta por cinco minutos.

Compañeras diputadas y compañeros diputados, para la fracción parlamentaria del PRI el desarrollo social es un tema de la mayor importancia. Así es como principio de nuestra ideología y de nuestros postulados, por lo cual hemos propugnado y seguiremos haciéndolo por una política social incluyente que permita a los mexicanos aspirar a mejores condiciones de vida y desarrollo.

No obstante, vemos cómo el desarrollo social en la actualidad está viviendo un periodo de estancamiento que no le permite alcanzar el paso que todos deseamos. Temas como pobreza, marginación y rezago son los que detienen el desarrollo de cualquier estado. El desarrollo social debe ser la prioridad en la atención del país.

La implantación de programas asistencialistas y excluyentes sólo concurren para mantener a los que menos tienen en el rezago. Administran la pobreza. El desarrollo social está navegando como un barco sin rumbo. El gobierno federal tiene la creencia de que con incrementar recursos al programa es como se combatirá a la pobreza. Pobreza en la que viven más de 44 millones de mexicanos. Que equivocados están, ese no es el camino para combatir la pobreza.

Programas como Oportunidades, 100 x 100, 70 y más, Apoyo Alimentario son estrategias que ayudan, que mitigan, pero por si solas no son capaces de resolver el problema de la pobreza. Sus altos costos de operación y su utilización en fines contrarios a los que fueron creados, y la paliación con un esquema centralista sin respetar el pacto federal, no garantizan sacar de la pobreza a los mexicanos. Al contrario, en ocasiones afectan y lucran con sus necesidades.

Se requiere de acciones que generen empleo y desarrollo palpable. Es pertinente recordar que el actual gobierno federal se enarbolaba como el gobierno del empleo, rubro que ha quedado muy por debajo de lo estimado, ya que en este 2008 sólo se han creado de 400 mil a 450 mil empleos y las cifras para el próximo año no son nada alentadoras.

Sin embargo, el gobierno federal está empecinado y en forma poco ética publicita sus logros. Logros, que no se han alcanzado. Vemos como se han invadido las pantallas de las televisiones, las estaciones de radios, las páginas de los medios escritos, con publicidad que pretende engañar a la sociedad y hacerlos ver como un gobierno que da resultados.

De la misma forma, han echado a andar un programa epistolar donde se les ha hecho llegar, a cada uno de los beneficiarios de los distintos programas del gobierno federal, una carta rubricada por el propio presidente de la República Mexicana, donde promociona las acciones gubernamentales para el combate a la pobreza.

Sería mucho mejor que el gobierno federal proponga políticas eficaces para combatir la pobreza, en lugar de estar promocionando la imagen del titular del Ejecutivo. Con cartas y publicidad no se combate a la pobreza. Sólo tratan de ocultar las ineficiencias y tropiezos que han tenido.

En la fracción parlamentaria del PRI estamos convencidos de que es urgente un cambio de rumbo en la actual política social, reducir el número de los programas asistencialistas e incrementar los recursos para los programas con opciones productivas, ampliar el universo de micro regiones y brindar un apoyo a los municipios de comprenden las zonas de atención prioritaria, en la aplicación de una política que detone su desarrollo y permita un mejor futuro.

Mejorar los caminos, las opciones de empleo, los servicios de salud, las opciones de vivienda, hacer productivo el campo, brindar los servicios básicos como electrificación y agua potable. Porque con esas condicione de vida, cada vez serían menos los mexicanos que pasen a delinquir, serían menos los mexicanos y los jóvenes que buscarían opciones diferentes fuera del país.

Plantear opciones atractivas para los jóvenes es una tarea urgente. Porque son estos jóvenes los que pasan a las filas de la delincuencia o se van del país a buscar mejores condiciones de vida.

En la fracción parlamentaria del PRI impulsaremos y revisaremos el Presupuesto de Egresos de 2009. Buscaremos un presupuesto generoso, un presupuesto que ayude a detonar el desarrollo social. Lo haremos de una manera generosa, pero también vigilaremos el estricto cumplimiento de este presupuesto.

Revisaremos por qué hay una propuesta de aumentar en 8 mil millones de pesos a Oportunidades, sin hacer un planteamiento de aumentar el número de beneficiarios. Revisaremos por qué está el planteamiento de aumentar a programas asistencialistas y no buscar cómo atender de fondo el problema de la pobreza.

Los legisladores del PRI nos sumamos, y nos sumaremos siempre, a un eficiente combate a la pobreza en este país. Muchas gracias.

El Presidente diputado José Luis Espinosa Piña: Gracias, diputado Jorge Toledo Luis. Es ahora el turno de la diputada Holly Matus Toledo, del Partido de la Revolución Democrática, hasta por cinco minutos.

Compañeros diputados y compañeras diputadas de esta honorable Cámara, en un país democrático los asuntos públicos se encuentran abiertos al escrutinio social. La transparencia y la objetividad muestran la congruencia, la eficiencia, la efectividad del quehacer institucional. Dicha responsabilidad tiene vínculos con la democracia.

Los regímenes no democráticos encuentran en la opacidad y en la impunidad herramientas de elusión de responsabilidad.

Con base en estas consideraciones, podemos decir que el informe presentado es insuficiente, generalizado, ambiguo, sin una medición de impacto social, con grandes subejercicios durante 2008. Es decir, poco transparente, poco confiable y por ende, poco creíble.

En el área de política social podemos observar que las acciones implantadas son de mercadotecnia, asistencialistas y de discurso hueco, en donde las personas son consideradas como objetos de desarrollo y no como sujetos del mismo.

Los programas de combate a la pobreza dirigidos a mujeres y a indígenas no permiten conocer el impacto que tienen en el abatimiento de los bajos índices de desarrollo humano y tampoco promueven el desarrollo personal.

El Programa de Guarderías y Estancias Infantiles para apoyar a Madres Trabajadoras recibió recursos por mil 500 millones. Las guarderías se crearon al vapor y resultan un gran negocio para quienes las manejan. Las reglas de operación son poco claras y la capacitación es deficiente y no integral. No existe un proceso de certificación continua del personal ni tampoco de los espacios físicos.

Además, el servicio pretende apoyar a las madres para que se incorporen al mercado laboral; sin embargo, las condena a trabajar en el sector informal que elaboran para gozar de estas guardería. Asimismo, encasilla a las mujeres que laboran en estos centros como cuidadoras de los otros, con trabajos mal pagados, sin seguridad social y sin posibilidades de crecimiento.

Con la implementación de este programa, el Estado evade sus responsabilidades en cuanto a protección y seguridad social. Además, pareciera que la visión gubernamental de los programas sociales enfocados a las mujeres tiene solamente un matiz económico.

El ejercicio de la salud como un derecho no ha sido posible garantizarlo, pues la ``medicalización'' de la salud ha impedido realizar acciones de promoción y prevención para la salud, pues sólo se ejerció 71.4 por ciento del total asignado. Considerando que 85 por ciento del total de atención médica se dirige al primer nivel, es increíble que ese ejercicio no pueda ser dado en su plenitud.

En el tema de cáncer cervicouterino, se realizaron durante 2008 un total de 1 millón 622 mil 816 citologías cervicales, en las cuales se detectaron 11 mil 882 mujeres con lesiones de alto grado y 880 casos de cáncer invasor, los cuales fueron tratados con financiamiento del Fondo de Gastos Catastróficos del Seguro Popular.

Pero, ¿quién cubre a las más de 11 mil 882 mujeres con lesiones de alto grado? Nadie. Vale la pena revisar el destino final de los padecimientos que está atendiendo el Seguro Popular.

El tema de violencia hacia las mujeres ha tenido diversos puntapiés. Con diversas trabas ideológicas se han implantado... por parte del Jurídico de la Secretaría de Salud, se retrasó la publicación de la norma oficial mexicana; tampoco se dio un ejercicio oportuno de los recursos destinados para los refugios.

Las Caravanas de la Salud son otro problema que es necesario que se audite, pues habiéndose transferido más de 240 millones de pesos, en el segundo informe de labores de la secretaría sólo se informa de resultados de producción de servicios más no del impacto que ha tenido este modelo de atención.

Las acciones emprendidas hacia los pueblos indígenas muestran un bajo presupuesto aplicado para atender graves rezagos que enfrentan en materia de infraestructura básica, educación, salud, apoyo de proyectos productivos y procuración de justicia: sólo 1.2 por ciento del presupuesto total.

En el informe presentado también se puede observar un subejercicio por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Tenemos graves dudas sobre el fortalecimiento de los programas y acciones de carácter asistencialista. Una visión de indigenismo que creíamos que ya se había superado; que considera a los pueblos indígenas como menores de edad y no como constructores de su propio destino.

Concluyo diciendo que necesitamos garantizar la gobernabilidad del país. Sin embargo, ésta se basa en que el Estado acredite, en efecto, que cumple la finalidad por la cual fue creado.

El Grupo Parlamentario del PRD considera necesario dotar de un carácter institucional a la política social; una visión integral y de largo plazo; una visión que considere a los sujetos sociales como sujetos de derecho...

El Presidente diputado José Luis Espinosa Piña: Concluya, diputada por favor.

La diputada Holly Matus Toledo: ... que propicie la participación social como un ejercicio de ciudadanía y que permita garantizar los derechos humanos de las mexicanas y los mexicanos. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José Luis Espinosa Piña: Gracias, diputada Matus Toledo. Tiene el uso de la palabra el diputado Martín Óscar González Morán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Inicio mi intervención contestando algunas de las aseveraciones hechas en esta tribuna.

Diputada Ana Yurixi, la política social sí es prioridad para el gobierno federal y lo ha comentado el diputado Vela. Es una de las prioridades más importantes, porque sabemos que hay un gran rezago y que sabemos que también hoy necesitamos, más que nunca, apoyar a los que menos tienen.

Diputado Jorge Toledo, a mí me parece falta de ética que usted, que ustedes estén hablando precisamente de este concepto. Quiero mencionarle que los especialistas en la utilización de los programas sociales son precisamente ustedes. Como ejemplo basta una muestra: en mi estado, en el Estado de México, hace algunos meses se discutía acerca, diputado, de un seguro escolar, un seguro escolar impulsado por el gobernador del estado.

Y yo creo que esto, por un lado, sí es apoyar al sector educativo; pero por otro lado es estar promocionándose, es gastar el recurso, los impuestos de los ciudadanos. Esto no es grave todavía, cuando aplicaron el seguro escolar mencionaban acerca de que debían llenar un cuestionario, les voy a leer una de las preguntas de este cuestionario: ¿Conoce el nombre de alguna persona que haya realizado labores en beneficio de su colonia o localidad? Esto dista mucho del programa que están impulsando. Quieren buscar líderes. Desde ahora se están preparando para el próximo año. Ahí es donde no están aplicando la ética.

Quiero comentarle también que nos vamos a poner de acuerdo dentro de las comisiones; en el seno de las comisiones habremos de ponernos de acuerdo. Porque así lo hicimos hace un año y así lo hicimos hace dos años: llegamos a un consenso en la Comisión de Desarrollo Social y avalamos ésta con la aprobación de todos los integrantes de dicha comisión. Aunado a todo esto, todavía seguiría comentando algunas cosas adicionales que no vale la pena comentar, como lo que está haciendo el gobernador de Chihuahua, o como lo que están haciendo algunos alcaldes de diferentes extracciones.

En un estado republicano, la responsabilidad y el destino del país se comparte entre los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Por ello, desde el Poder Legislativo compartimos la responsabilidad de los avances que en materia social se tienen.

Estamos de acuerdo que hoy, ante la sociedad, el ejercicio de gobierno se encuentra enmarcado en un esquema de corresponsabilidad y, en este sentido, los legisladores de Acción Nacional estamos dispuestos a asumir nuestra parte.

Si bien es cierto, los avances pudieran no satisfacernos del todo. Sin embargo, tampoco podemos negar las acciones y apoyos que se realizan en favor de millones de mexicanas y mexicanos. Esta corresponsabilidad nos ha permitido la construcción de un marco normativo e institucional que nos permite hoy contar con instituciones sólidas y eficaces. Se consolidan programas como Oportunidades y el Seguro Popular, que atiende a los sectores más desprotegidos de la sociedad.

Hoy la política social está ajena a los usos discrecionales del gobierno federal, ya que se rige por la Ley General de Desarrollo Social y otros ordenamientos. Destaco aquí la existencia de reglas de operación para todos los programas que canalizan subsidios a la población, los cuales cuentan, en su totalidad, con sus propios padrones de beneficiarios.

Adicionalmente se trabaja con estados y municipios para la conformación de un padrón único de beneficiarios. Así, bajo la conducción del gobierno federal, el programa Oportunidades alcanzó una cobertura que llega a 5 millones de familias en condiciones de pobreza.

Por su parte, el Seguro Popular llega a 7.8 millones de familias, y les garantiza el servicio de salud. Se entregaron más de 6 millones de becas en el sector educativo. La evidencia de los avances en materia social no se puede desdeñar, pues hay muestra clara de ellos.

Sin embargo, hay quienes insisten en su mezquindad y lo regatean sin fundamento, sin darse cuenta que, con ello, minimizan la importante participación de la población que se beneficia de estos logros y avances.

Y reconocemos que los retos en materia social aún son enormes, pero hemos avanzado sentando las bases e institucionalizando una política social de Estado, que supera las visiones de corto plazo y los esquemas clientelares y corporativos del pasado.

Señoras y señores, nuestro compromiso es con los millones de mujeres y de hombres que a diario trabajan y se esfuerzan por construir un mejor país, con más justicia, con más equidad y con más oportunidades. Muchas gracias.

El Presidente diputado José Luis Espinosa Piña: Gracias, diputado Óscar González Morán.

Señoras diputadas y señores diputados, ha concluido esta segunda ronda de análisis del Segundo Informe de Gobierno, en materia de política social. Vamos a dar paso a la tercera y última, para la cual están inscritos los siguientes diputados:

Adolfo Escobar Jardinez , de Acción Nacional; Mayra Gisela Peñuelas Acuña , del Partido Revolucionario Institucional; Miguel Ángel Solares Chávez , del Partido de la Revolución Democrática; y Rubí Laura López Silva , del Partido Acción Nacional.

Entonces, se concede el uso de la voz al diputado Adolfo Escobar Jardinez , del Partido Acción Nacional, por cinco minutos.

Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, los fenómenos políticos y sociales que hoy vive el mundo tienen un impacto directo sobre nuestra economía y derivan en la agudización de diversos problemas sociales.

El incremento de precios internacionales, particularmente de alimentos, y la recesión económica de nuestro principal socio comercial, entre otros, se han conjugado para ofrecernos un escenario complicado y de grandes retos.

Ante esos mismos retos económicos y sociales, las mexicanas y los mexicanos entendemos que es el momento de unirnos en un frente común para enfrentarlos de la mejor manera posible.

Para atender los efectos del alza en los precios internacionales de los alimentos, el gobierno federal instrumentó una serie de acciones para facilitar el abasto y para que se mantuviera en un nivel de consumo de las familias más pobres del país. Pero también actuó de manera inmediata para impulsar la producción y productividad del campo y proteger así el ingreso y fortalecer la economía de quienes menos tienen.

Lo anterior ha permitido que las familias enfrenten este fenómeno coyuntural con las menores complicaciones posibles.

Estoy seguro de que las responsabilidades y el compromiso que a cada uno de nosotros corresponda, los habremos de asumir en el entendido de que con ello nos fortalecemos y ayudamos todos.

El gobierno federal realiza responsablemente su tarea, y por ello es justo reconocer las decisiones y las acciones que ha tomado para proteger, sobre todo, a los sectores más desfavorecidos de nuestra sociedad, para asegurar ante la adversidad el mantener condiciones de vida dignas.

En materia de política social se camina de acuerdo con lo que se ha planteado, y con paso firme. Hay que reconocerlo, en gran parte debido a la corresponsabilidad de las diversas comisiones y a esta soberanía en su conjunto, quienes en consenso, han dotado de los recursos para ir avanzando en materia de superación de la pobreza en el país.

Los resultados son positivos y lo constatamos con resultados concretos. Se ha permitido, por ejemplo, en educación, que menos niños reprueben y abandonen la escuela. También esto ha incentivado a los padres para que promuevan la permanencia del niño y del joven en los estudios.

En materia de salud se ha logrado una reducción de 11 por ciento en la mortalidad materna y 2 por ciento en la infantil. Los niños de 24 a 71 meses de edad en localidades de intervención crecieron en promedio 1 centímetro más que los niños de localidades no beneficiadas, y su peso aumentó medio kilogramo, en promedio.

En general, el peso y la talla de los niños de los lugares en donde ha intervenido el gobierno federal se notan y se percibe el incremento en sus capacidades mentales, que poco a poco habrán de hacer de ellos unos ciudadanos que puedan salir adelante en este entorno tan complicado.

Aun antes de que en esta misma Cámara se asigne el presupuesto basado en resultados, aún antes de que se establezca en materia de política social ir evaluando resultados concretos de estos recursos que esta Cámara ha determinado y bajo la conducción firme y decidida del gobierno federal, se está mostrando que es posible tener resultados favorables.

La transparencia, compañeras y compañeros, es una realidad en los programas del gobierno federal. Los programas sociales están a la luz no sólo de las fuerzas políticas sino de cualquier ciudadano, que solamente es el padrón de beneficiarios.

Vaya avance que quieren minimizar quienes en los estados no tienen el mínimo de atrevimiento para hacer el señalamiento puntual a los gobiernos estatales y municipales, que al menos en ese sector puedan abrir, puedan dar a conocer a los ciudadanos de las localidades más alejadas de las capitales, a los ciudadanos más marginados, que puedan dar a conocer públicamente la información de los programas que manejan.

Por eso hoy convoco a que así como se exige al gobierno federal este trabajo, también desde nuestra responsabilidad en los estados agilicemos y apoyemos la transparencia en estados y municipios, para que efectivamente tengamos una política de Estado en materia social.

En ese sentido, vale la pena decir que en esta casa de construcción de acuerdos convoco a todos los demócratas de todos los partidos, a los demócratas de izquierda, de la auténtica izquierda y con quien también hemos logrado acuerdos, para lograr una sociedad más justa y que reconozcamos los avances que en esta materia se están logrando ---concluyo, presidente.

Sabemos que lo que hemos hecho lo hemos hecho con la concurrencia de las diferentes fuerzas políticas, y estoy seguro de que ahora lo podremos lograr nuevamente poniendo por delante las verdaderas necesidades de la población mexicana, que espera de nosotros resultados y no confrontaciones; unidad en lo fundamental y no luchas estériles que a nadie sirven; seguir trabajando por un México más justo y más digno, como lo estamos haciendo y lo seguiremos construyendo. Muchas gracias.

Presidencia del diputado César Horacio Duarte Jáquez

El Presidente diputado César Horacio Duarte Jáquez: Gracias, diputado Adolfo Escobar Jardinez. Tiene el uso de la palabra la diputada Mayra Gisela Peñuelas Acuña, del Partido Revolucionario Institucional.

La diputada Mayra Gisela Peñuelas Acuña: Con su permiso, señor presidente.

El Presidente diputado César Horacio Duarte Jáquez: Adelante, diputada.

Su característica principal es estar formada por una variedad dispersa de programas y una enmarañada red de normas operativas, dominó de tecnócratas que han convertido la política social en política de ventanilla, a la que sólo pueden acudir quienes reúnen requisitos de focalización, que no siempre son los más pobres, sino los más amigos.

Creemos que establecer las metas de la política social, abordando con objetividad las limitaciones y carencias de bienestar que vive la mayor parte de la población, sólo es posible si se tiene una radiografía real, profunda y crítica de la situación del país. Pero ello no sucede en la autocomplacencia gubernamental.

En las evaluaciones que se hacen del Presupuesto de Egresos de la Federación se percibe principalmente la evolución de gasto, pero es imposible medir el efecto real de los programas sociales, porque carecen de metas articuladas y sus indicadores no están orientados a medir su impacto.

Por otra parte, no importa qué tan lejos lleguen los programas, cuál sea su cobertura o grado de focalización, las decisiones de diseño y aprobación, y las acciones de ejecución de la mayor parte de ellos se encuentran centralizadas, propiciando discrecionalidad, que es cada vez más el común denominador de los programas sociales de este gobierno federal.

Hemos afirmado y lo reiteramos hoy: la única forma de acabar con el centralismo es que los tres órdenes de gobierno participen en el diseño, la ejecución y el seguimiento de los programas.

El federalismo es el sustento indispensable de una política social de Estado. Pero esta propuesta no puede prosperar cuando los destinatarios de los programas se han convertido en capital político, celosamente resguardado.

La difusión de los padrones de los beneficiarios están sometidos a un rígido control. Se dan a conocer de manera parcial. Sólo se publica la información básica que la hace imposible ubicar a los beneficiarios de los programas, incumpliendo con la normatividad en la materia.

La reticencia a difundirlos con todos los elementos que la conforman, pretextando carencia de información, entra en contradicción ---sí, compañeros, entra en contradicción--- con la reciente campaña epistolar del titular del Ejecutivo federal, dirigida personalmente a cada beneficiario de los programas para dar a conocer las acciones de gobierno.

Entonces, la información sí existe, sólo que está reservada para el uso político del gobierno federal. De ahí que la demanda a considerar en el próximo Presupuesto de Egresos sea que los padrones se den a conocer con la información necesaria para identificar a los beneficiarios, ubicarlos y conocer su verdadera situación económica y social.

Con buena fe y compromiso social, durante esta legislatura apoyamos los incrementos presupuestales para que los programas tuvieran mayor cobertura posible y pudieran seguir operando de acuerdo con sus objetivos, pero como consecuencia de la gran discrecionalidad y centralismo con que se operan estos programas, el resultado de esos incrementos ha sido la formación de bolsas grandes para un manejo sesgado con intencionalidad político-electoral.

En la misma línea de conducta, no han atendido la demanda reiterada de dar a conocer oportunamente los criterios en función de los cuales se distribuyen los recursos de los programas entre los estados, los calendarios de asignación, las transferencias y aplicación.

La opacidad y el manipuleo son características de la política social de este gobierno federal, suponen que con ello adquieren ventajas para poder beneficiar a quienes quieren y no a quienes más lo necesitan.

Lograr nuevas filas políticas es la motivación central de su nueva política social. Dos casos son suficientemente ilustrativos. En el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio de 2007 y de 2008 la Cámara de Diputados, en un esfuerzo solidario con el gobierno y comprometidos con los más pobres, incorporó programas que no estaban considerados en el proyecto del Ejecutivo federal, con el propósito de abrir nuevas vertientes de apoyo a quienes forman parte de grupos vulnerables y a los más desprotegidos que habitan en zonas de alta marginación.

Tal fue el caso de los Programas 70 y más, y de Apoyo Alimentario para Infantes y Madres Gestantes en las Zonas de Atención Prioritaria. Sin embargo, lejos de haber asumido una actitud republicana con responsabilidad, que entrañaban estos nuevos programas, el gobierno federal desplegó una intensa campaña mediática para difundir como iniciativa personal del presidente Calderón la creación de estos programas, sin el menor reconocimiento al Poder Legislativo y a las otras fuerzas políticas en él representadas.

La mezquindad política motivada por la preocupación de tener un nuevo fracaso electoral en las elecciones intermedias de 2009 le impide a este gobierno tener una visión de Estado. Suponen que esta difusión abrumadora ahora sí marcadamente presidencialista, que invade los hogares de los mexicanos, beneficiará al partido político en el gobierno.

Ni los beneficia como creen, ni mucho menos contribuyen a reducir la pobreza. La pobreza no desaparecerá por más cartas que la oculten o la soslayen. Reiteramos: no está demostrada la eficiencia de los programas, ni su impacto real en la reducción de la pobreza, porque la dispersión, el centralismo, la discrecionalidad, la opacidad, el manipuleo político son el sello de los programas sociales de este gobierno.

El Segundo Informe de Gobierno informa parcialmente. Tiene serias omisiones y lagunas, y es verdaderamente autocomplaciente. Mientras se carezca de visión de Estado para atender la problemática social, y específicamente para combatir la pobreza, ésta seguirá presente, lacerando a casi la mitad de la población del país. Es cuanto, presidente.

El Presidente diputado César Horacio Duarte Jáquez: Gracias, diputada. A continuación tiene el uso de la palabra el diputado Miguel Ángel Solares Chávez, del Grupo Parlamentario del PRD.

Sonido en la curul de la diputada...

La diputada Elia Hernández Núñez (desde la curul): Señor presidente.

El Presidente diputado César Horacio Duarte Jáquez: Sonido en la curul de la diputada Elia Hernández. ¿Con qué objeto, diputada?

La diputada Elia Hernández Núñez (desde la curul): Si la diputada me permite hacerle una pregunta.

El Presidente diputado César Horacio Duarte Jáquez: La diputada ya concluyó su participación, diputada.

La diputada Elia Hernández Núñez (desde la curul): Pedí la palabra, diputado presidente, desde que la diputada estaba en uso de la voz. Usted no me la dio.

El Presidente diputado César Horacio Duarte Jáquez: Lo que sucede es que había observaciones en el tema del tiempo y consideramos que era eso; pero... una disculpa, diputada. Continúe, diputado.

Quiero iniciar mi intervención haciendo una atenta invitación a los diputados de Acción Nacional para que asuman su papel de representantes populares y dejen de ser voceros del Ejecutivo.

Como ya es costumbre, cada año los informes de gobierno hacen cuentas alegres de la educación. El segundo informe del actual gobierno no es la excepción. No hay una sola autocrítica. Todo son loas a la labor gubernamental en materia educativa; pero las evaluaciones nacionales e internacionales lo desdicen, dado que los pésimos resultados del desempeño educativo de los escolares mexicanos en las más recientes evaluaciones, continúan en los últimos lugares de aprovechamiento en materias tales como lectura, escritura, matemáticas y actividades científicas.

A la vuelta de dos años de gobierno, el desastre educativo alcanza grados muy graves en diversos aspectos y no sólo los malos resultados del aprovechamiento de los escolares mexicanos. También cada día menos jóvenes en edad de cursar la educación media superior y universitaria quedan fuera de acceder a estos niveles de enseñanza.

Tan sólo en el proceso muy reciente de selección de ingreso a la educación superior, más de 500 mil jóvenes que concursaron por ocupar un lugar en una de las 12 universidades del país fueron excluidos. Este rezago viene a engrosar el deplorable índice de acceso a la educación superior en el país, donde solamente 25 por ciento de los jóvenes en edad de cursarla están inscritos en una institución de educación superior.

En educación media superior, el principal cuello de botella del sistema educativo mexicano, persisten los índices de exclusión de miles de jóvenes, donde las autoridades educativas han reconocido que únicamente cursa el bachillerato 40 por ciento de la población en edad de estar en este nivel.

En el Segundo Informe de Gobierno se destaca como panacea del deterioro educativo del país la puesta en marcha de la Alianza por la Calidad de la Educación, signada en acuerdo con la presidenta vitalicia del SNTE, pero pactada más como un acuerdo político de pago de favores electorales a la lideresa ilegítima del sindicato magisterial que para mejorar realmente la educación.

La alianza ha sido implantada a espaldas del magisterio del país con los resultados que actualmente estamos viendo. Esto es el rechazo y repudio de cientos de miles de maestros de todo el país en contra de dicha alianza que carece, entre otras cosas, de sustento jurídico.

En materia presupuestal, el Segundo Informe de Gobierno es pródigo en vanagloriarse de los recursos destinados a la educación; pero omite reconocer que los recursos están muy por debajo de alcanzar lo establecido en la Ley General de Educación, de destinar cuando menos 8 por ciento del producto interno bruto, toda vez que el presupuesto educativo de 2008 representó apenas 4 por ciento del PIB.

También Calderón habla de recursos extraordinarios, pero se le olvida que en el paquete presupuestal que nos envió a la Cámara de Diputados para 2008 excluyó recursos necesarios para diversos programas vitales de educación como los de becas, programas de apoyos a personas con discapacidades, infraestructura educativa, formación de docentes, en fin. Por lo cual nosotros, los legisladores de los diferentes partidos políticos, hicimos un esfuerzo para reasignar e incrementar el presupuesto educativo de 2008 en más de 15 mil millones de pesos adicionales.

Pero ahora, en su segundo informe, Calderón asume como propios estos logros, esto es una falta de respeto y de reconocimiento al trabajo del Poder Legislativo y a nosotros, sus integrantes, que cada año le hemos venido enmendando la plana a Calderón en materia presupuestal.

Para 2009 lamentablemente en el proyecto de Presupuesto de Egresos persisten los criterios economicistas que pretenden que se haga más con menos.

En materia de ciencia y tecnología, el Segundo Informe de Gobierno igualmente es grandilocuente en mencionar los recursos financieros destinados a ambas actividades. Sin embargo, en 2008 el presupuesto representó apenas 0.37 por ciento del PIB, con lo cual Calderón ha violado la Ley de Ciencia y Tecnología, que establece destinar, cuando menos, 1 por ciento del PIB.

Adicionalmente, la comunidad científica del país ha denunciado que la actual política del gobierno en materia presupuestal para ciencia y tecnología continúa beneficiando a empresas trasnacionales o nacionales, cuyas actividades son ajenas a las necesidades del país. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado César Horacio Duarte Jáquez: Gracias, diputado. Como la última participación de la última ronda, tiene la palabra la diputada Rubí Laura López Silva.

Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, el desarrollo social en México debe fortalecerse y avanzar en un proceso permanente que amplíe las capacidades y oportunidades de las personas, familias y comunidades para ejercer plenamente sus libertades y derechos.

Dicho proceso requiere una atención especial y corresponsable que permita acciones concretas a favor de todas las personas, pero especialmente de aquellas que más lo necesitan.

Ante los insistentes señalamientos de un manejo discrecional de la información reiteramos que la política social se desarrolla hoy en un marco de plena transparencia y apegado estrictamente al estado de derecho.

Hoy más que nunca se atiende a los derechos de las y los mexicanos de conocer lo que el gobierno hace, dónde y cómo se aplican los recursos que todos aportamos.

El Ejecutivo federal, observando el artículo 69 de la Constitución y el 6o. de la Ley de Planeación, informa del estado que guarda la administración pública. En cumplimiento de dicha obligación con transparencia y rendición de cuentas da a conocer a la sociedad los avances de esta administración, evitando con ello los posibles excesos de los que tanto aquí se ha hablado.

Sin embargo, se debe reconocer que siguen existiendo tentaciones de utilizar recursos públicos con fines distintos de los designados. Por ello a nivel federal se han reforzado las acciones de transparencia en el ejercicio de los recursos públicos, pero no sólo debe ser en el ámbito federal.

Reiteramos que debe exigirse también la transparencia en los recursos que ejercen los estados y municipios. En estos es donde con mayor cantidad se da la opacidad, en donde se siguen utilizando con discrecionalidad los recursos.

Por ello es necesario avanzar en un federalismo responsable y se hace necesario que las acciones, programas sociales de los gobiernos estatales y municipales, clarifiquen reglas de operación, hagan públicos los padrones de los beneficiarios las contralorías sociales, sus evaluaciones y rendición de cuentas, que permitan también eliminar todo signo de discrecionalidad y que se recupere la confianza de los ciudadanos y de los beneficiarios en la acción pública.

Quiero mencionar lo que mucho aquí se ha tocado en cuanto al asistencialismo. ¿Es asistencialismo dar la oportunidad a un ama de casa de allegarse recursos para sus hijos mediante un trabajo digno, cuidando hijos en estancias? ¿Es asistencialismo combatir la inseguridad en la prevención en espacios públicos, dignos, donde se establezca deporte, donde haya esparcimiento y convivencia familiar? ¿Es asistencialismo apoyar a las familias de más bajos recursos con Oportunidades, atendiendo y tendiendo la mano con recurso extraordinario? ¿Es asistencialismo dotar de infraestructura, con recurso aprobado por la Cámara, atendiendo los temas de salud y alimentación en los municipios más pobres?

Señores, a esto se le llama ``solidaridad''. A esto se le llama ``subsidiariedad''. Por ello es necesario mencionar los avances que hemos tenido en el ámbito de educación.

Hoy, como nunca se ha profesionalizado a los maestros y a las autoridades educativas, evitando así la discreción en la disposición y la venta de las plazas a los maestros. Por primera vez en la historia de México estas vacantes de profesores de educación básica se sometieron a un examen nacional abierto, por supuesto en seguimiento de organizaciones de la sociedad civil, como nunca se había dado.

Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, hay quienes en su afán protagónico pretenden encontrar omisiones o excesos donde no existen. O se vanaglorian de los problemas sociales que aún sufren millones de mexicanos, sin entender que somos corresponsables en la solución.

Habría que preguntarse quiénes son los que utilizan los recursos públicos a favor, en forma particular, que utilizan como bandera política, incluso acarrean a los mítines sin considerar sus condiciones físicas, denigrando su dignidad.

Tenemos los resultados de las elecciones 2007 y 2008, donde desafortunadamente no se ha favorecido a nuestro partido. Ahí es donde si se han utilizado de manera discrecional esos recursos, lo vemos en los resultados de las elecciones.

También se ha encarado a funcionarios públicos y los tenemos en los medios de comunicación escritos, donde acusan de utilizar los programas sociales en beneficio de otros candidatos.

Compañeras y compañeros, habría que preguntarse cómo se utilizan. A quienes olvidan, y pretenden desviar la atención, es necesario recordarles que ha sido en el actual gobierno, de Felipe Calderón, en el cual las acciones en materia de política social se han fortalecido más. Para 2008 el gasto federal para combate a la pobreza ascendió a 2 mil 788 millones de pesos ---concluyo, señor presidente.

Se fortalecieron el sistema de protección social en salud o Seguro Popular, los programas de caminos rurales, la creación de los programas de apoyo y atención a zonas prioritarias y apoyo también a éstas en cuanto a alimentación.

Hoy se cuenta con 5 millones de familias en el programa Oportunidades; se apoya a millón y medio de adultos mayores que habitan en zonas rurales y se tienen en funcionamiento alrededor de 7 mil 500 estancias infantiles, entre otros avances.

Como nunca en el pasado se ha apoyado a la población en condiciones de pobreza. Por ello es necesario que la sociedad conozca estos avances, que nos permitan vislumbrar que vamos en el camino correcto y que ninguna adversidad, ni críticas, que sólo quedan en eso, por fuertes y ruidosas que sean, podrán detener el desarrollo.

Sí, vamos avanzando hacia un país mejor, porque tenemos una representación responsable en ese país mejor para las mexicanas y los mexicanos. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado César Horacio Duarte Jáquez: Gracias, diputada.

De conformidad con lo que establece el artículo 7o., numeral 5, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la versión estenográfica de esta sesión será remitida al titular del Poder Ejecutivo federal.

La Presidencia informa que se acaban de recibir oficios de la Cámara de Senadores. Proceda la Secretaría a leerlos.

LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION

La Secretaria diputada María del Carmen Pinete Vargas: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.--- Presentes.

Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 114, fracción II, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Minuta Proyecto de Decreto

Por el que se reforma el artículo 114, fracción II, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación

Artículo Único. Se reforma el artículo 114, fracción II, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para quedar como sigue:

Artículo 114. Los concursos de oposición libre e internos de oposición para el ingreso a las categorías de magistrado de circuito y juez de distrito se sujetarán al siguiente procedimiento:

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

El Presidente diputado César Horacio Duarte Jáquez: Túrnese a la Comisión de Justicia.

CODIGO DE COMERCIO - CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES

La Secretaria diputada María del Carmen Pinete Vargas: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.--- Presentes.

Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción III del artículo 1347-A del Código de Comercio y la fracción III, del artículo 571 del Código Federal de Procedimientos Civiles.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Minuta Proyecto de Decreto

Por el que se reforma la fracción III del artículo 1347-A del Código de Comercio y la fracción III del artículo 571 del Código Federal de Procedimientos Civiles

Primero. Se reforma la fracción III de artículo 1347-A del Código de Comercio, para quedar como sigue:

Artículo 1347-A. ...

Segundo. Se reforma la fracción III del artículo 571 del Código Federal de Procedimientos Civiles, para quedar como sigue:

Artículo 571. ...

Transitorios

Primero . El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La ejecución de las sentencias, laudos y resoluciones dictadas con anterioridad a la entrada en vigor del presente decreto se sujetarán a las disposiciones vigentes al momento de haberse iniciado el procedimiento respectivo.

El Presidente diputado César Horacio Duarte Jáquez: Túrnese a las Comisiones Unidas de Economía, y de Justicia.

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009

La Secretaria diputada María del Carmen Pinete Vargas: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.--- Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha el senador Adolfo Toledo Infanzón, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó propuesta con punto de acuerdo por el que se solicita que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2009 se otorguen recursos adicionales al Sistema de Universidades Estatales de Oaxaca.

La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo se turnara a la Cámara de Diputados, el cual se anexa.

«Proposición con punto de acuerdo por el que el Senado de la República solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados que se otorguen recursos adicionales al Sistema de Universidades Estatales de Oaxaca en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2009, a cargo del senador Adolfo Toledo Infanzón, del Grupo Parlamentario del PRI.

El suscrito, senador Adolfo Toledo Infanzón, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de conformidad con lo previsto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

Históricamente, el desarrollo de nuestro país se ha caracterizado por la concentración de las actividades económicas, políticas y de servicios acentuado las asimetrías entre las regiones, dentro de las cuales el sur sigue siendo la zona donde persisten los niveles más bajos de desarrollo y, por tanto, lo más altos de pobreza y marginación.

Si tomamos en cuenta que uno de los principales motores de desarrollo de un país es la educación, y que ésta juega un papel central en el progreso y en el mejoramiento de las condiciones sociales y económicas de las personas, se hace indispensable incrementar los esfuerzos para superar la situación de rezago educativo de los estados más desfavorecidos.

En el estado que represento, Oaxaca, se han hecho grandes esfuerzos en esta materia y en específico me quiero referir a aquellos que se han realizado en el terreno de la educación superior.

No hace muchos años, los jóvenes que deseaban continuar sus estudios superiores no tenían otra opción que trasladarse a la capital del estado o de la república, ya que la oferta educativa a nivel estatal se encontraba muy limitada.

Lo anterior, provocó que una gran cantidad de jóvenes abandonaran sus estudios por falta de recursos económicos o que las regiones del estado se quedaran sin capital humano por la salida de quienes dejaban sus lugares de origen para seguir estudiando.

Ante esta situación, se fue creado un modelo educativo denominado Sistema de Universidades Estatales de Oaxaca (Suneo), el cual inició actividades en 1990, consiguiendo éxitos y reconocimientos nacionales e internacionales con gran rapidez.

El Suneo está formado hoy por siete universidades y once campus, distribuidos en puntos estratégicos por todo el estado de Oaxaca: Universidad Tecnológica de la Mixteca (Huajuapan de León); Universidad del Mar (Puerto Escondido, Puerto Ángel, Huatulco); Universidad del Istmo (Tehuantepec, Ixtepec y Juchitán); Universidad del Papaloapan (Loma Bonita y Tuxtepec); Universidad de la Sierra Sur (Miahuatlán); Universidad de la Sierra Juárez (Ixtlán); Universidad de la Cañada (Teotitlán de Flores Magón), lo cuales atienden alrededor de seis mil alumnos.

Estas universidades no sólo realizan las funciones de enseñanza, sino que también asumen funciones de investigación científica a través de sus once institutos de investigación; de difusión de la cultura con actividades internas y externas; y de promoción del desarrollo realizando proyectos de reforestación, localización de acuíferos, conservación de suelos, planes urbanos, sistemas de administración de servicios municipales, planes de ordenación territorial, diseño de máquinas, entre otros.

El Suneo ha alcanzado en varios campos de la enseñanza y la investigación los más altos niveles de calidad del país; sin embargo, el sistema no se ha desarrollado en su totalidad, esencialmente por razones económicas.

Si bien el Suneo ya cuenta con recursos asignados dentro del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2009, éstos resultan claramente insuficientes, particularmente en lo que se refiere a infraestructura y equipamiento.

Sin duda, abatir el rezago en infraestructura educativa es una de las principales exigencias para mejorar la calidad en la educación, así como dotar con lo indispensable los espacios destinados a la enseñanza y la investigación.

Invertir en la educación es un elemento fundamental para aliviar la pobreza, disminuir las diferencias regionales y aumentar el bienestar general e individual de la población.

Por todo lo anterior, me permito solicitar a la colegisladora que considere, en la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2009, una partida adicional de 296 millones de pesos para el Sistema de Universidades Estatales de Oaxaca, que contribuirán a la construcción de nuevos espacios y al equipamiento de las 7 universidades que integran el sistema.

Por todo lo anterior, me permito someter a consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. El Senado de la República solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados que otorgue recursos adicionales para el Sistema de Universidades Estatales de Oaxaca en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2009 por un monto de 296 millones de pesos.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.--- Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, los senadores María Elena Orantes López y Mario López Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentaron propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a considerar en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2009 la creación de un fideicomiso de reparación de daños que permita indemnizar a la población civil cuando resulte afectada durante enfrentamientos entre bandas criminales o cuando se realicen operaciones contra el crimen organizado.

La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo se turnara a la Cámara de Diputados, el que se anexa.

«Punto de acuerdo que presentan los senadores María Elena Orantes López y Mario López Valdez, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LX Legislatura del Congreso de la Unión, donde se exhorta al Ejecutivo federal, a través de la Secretarías de Seguridad Pública, y de Hacienda y Crédito Público, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a considerar en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009 la creación de un fideicomiso de reparación de daños, integrado con recursos incautados al narcotráfico, que permita indemnizar a la población civil cuando se vea afectada física o materialmente en sus pertenencias durante los enfrentamientos entre bandas criminales, o cuando se realicen operativos contra el crimen organizado, y que en éstos se dé muerte, se hiera, se dañe de por vida o se afecte materialmente la propiedad de los individuos

Los que suscriben, senadores María Elena Orantes López y Mario López Valdez, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de esta Cámara, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de esta honorable asamblea propuesta con punto de acuerdo, que se fundamenta en las siguientes

Consideraciones

México vive un clima de enfrentamiento y violencia entre bandas de narcotraficantes, mientras que el Estado mexicano se encuentra inmerso en una batalla sin precedente para imponer su autoridad ante el narcotráfico y la delincuencia organizada.

Por su parte, la sociedad mexicana se siente cada vez más indefensa ante el crimen organizado, y muy vulnerable respecto a sus derechos básicos, como seguridad, integridad física, salud y bienes materiales.

Los ajustes de cuentas entre delincuentes en lugares públicos son cada vez más frecuentes; y por desgracia, la población civil estará cada vez más expuesta a sufrir algún perjuicio en su integridad física y en sus bienes materiales.

Lo anterior lo demuestra el reciente mapa trazado por el gobierno mexicano que da cuenta del predominio que intentan establecer las organizaciones criminales y narcotraficantes sobre la mayoría de las entidades federativas del territorio mexicano. En este mapa se representan gráficamente las pugnas que los enfrentan y cómo es su estructura, así como los enfrentamientos más recientes entre autoridades y miembros de los cárteles, con sus secuelas de sangre y violencia que han alcanzado a ciudadanos inocentes.

La llamada ``guerra contra el narcotráfico'' sigue cobrando vidas inocentes e hiriendo a personas, entre ellos menores de edad, sin que se pueda hacer mucho por remediarlo cuando hay ajustamientos entre bandas de narcotraficantes, o enfrentamientos entre la policía y miembros del Ejército contra los criminales de estas mismas bandas.

Estar en el lugar equivocado, en el momento equivocado no puede preverlo nadie. Por desgracia, la muerte o las heridas sufridas por civiles en los enfrentamientos entre narcos o entre éstos y las autoridades de seguridad pública del ámbito federal, estatal o municipal seguirán dándose a lo largo y ancho del país.

Es por ello impostergable implantar acciones que busquen a toda costa la protección de la población cuando las autoridades planeen operativos contra la delincuencia organizada, protegiéndola de muertes, lesiones y daños a sus bienes, sin que esto signifique un freno para combatir la delincuencia organizada.

Sin embargo, hemos sido testigos, cada vez con mayor frecuencia, de que las bandas de narcotraficantes y de secuestradores están debidamente pertrechadas y que cuentan con armas de alto poder y arsenal cada vez más sofisticado, lo cual ha provocado que las autoridades tengan que aplicarse a fondo con armamento cada vez de mayor calibre y de uso exclusivo del Ejército para someter durante los operativos a los criminales.

Hemos visto una guerra abierta y sin cuartel, en la que la sociedad se ha visto afectada seriamente cuando hay fuego cruzado y cuando las balas perdidas o granadas de fragmentación han herido, dado muerte y dañado los bienes materiales de civiles inocentes.

La población debe ser resguardada y también protegida por el Estado mexicano a través de un fideicomiso de reparación de daños, en caso de que existan muertes, heridos o daños materiales en algún enfrentamiento entre bandas de narcotraficantes, o entre éstas, y la policía de cualquiera de los tres órdenes de gobierno o el Ejército.

El fideicomiso para la reparación del daño sería integrado a partir de recursos incautados al narcotráfico, y tendría por objeto indemnizar a la población civil cuando se vea dañada física o materialmente en sus pertenencias durante los enfrentamientos entre bandas criminales, o cuando se realicen operativos contra el crimen organizado, y que en éstos se dé muerte, se hiera, se invalide o se afecte materialmente la propiedad de los individuos.

Consideramos que la creación de este fideicomiso en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009 es un reclamo justo y una obligación que debe resguardar el Estado en consonancia con los preceptos señalados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por todo lo expuesto, y con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. El Senado de la República exhorta al Ejecutivo federal, a través de la Secretarías de Seguridad Pública, y Hacienda y Crédito Público, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a considerar en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009 la creación de un fideicomiso de reparación de daños, integrado con recursos incautados al narcotráfico, que permita indemnizar a la población civil cuando se vea afectada física o materialmente en sus pertenencias durante los enfrentamientos entre bandas criminales, o cuando se realicen operativos contra el crimen organizado y que en éstos se dé muerte, se hiera, se dañe de por vida o se afecte materialmente la propiedad de los individuos.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.--- Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, el senador Guillermo Enrique Tamborrel Suárez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó propuesta con punto de acuerdo para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2009 se dé prioridad a la población más vulnerable.

La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo se turnara a la Cámara de Diputados, el que se anexa.

«Senador Gustavo Madero Muñoz, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores.--- Presente.

Guillermo Tamborrel Suárez, senador de la República de la LX Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta proposición con punto de acuerdo a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009 se dé prioridad a la población más vulnerable.

Consideraciones

El presupuesto federal, y particularmente el Presupuesto de Egresos, tiene relación directa no sólo con el desempeño económico sino también con el bienestar social, ya que, por ejemplo, corrige vacíos que las fuerzas libres del mercado (oferta y demanda) no pueden atender, incentiva la generación de empleos y establece subsidios para la población que no puede acceder a los bienes y servicios necesarios para satisfacer sus necesidades.

Los denominados ``grupos vulnerables'' --entre los cuales se ha considerado tradicionalmente a las personas con discapacidad, a los niños, a los adultos mayores, y en ciertas circunstancias también son vulnerables las mujeres, los indígenas y los migrantes-- históricamente han estado al margen de la sociedad y de la dinámica nacional.

Desde la perspectiva de las políticas económica y social, muchos argumentos se podrían esgrimir para exigir que desde los presupuestos se trabaje en favor de la igualdad y la equidad y para apoyar de forma especial a las personas que se encuentran en mayor desventaja, como los llamados ``grupos en situación de vulnerabilidad''.

Particularmente por lo que concierne a la política social, a través del Presupuesto de Egresos se pueden corregir desigualdades educativas y de salud, entre muchas otras.

En materia educativa, por ejemplo, el objetivo redistributivo más importante del gasto social, especialmente en el caso educativo, no reside en su efecto en el gasto corriente de los hogares sino en la inversión en capital humano que representa. Eventualmente, su efecto redistributivo está en la mayor movilidad social, la distribución más equitativa del ingreso y una menor incidencia de pobreza que esta inversión puede generar, antes de transferencias.

Sin negar los importantes logros que en el país se han experimentado respecto a la condición social, jurídica, económica y política de los llamados ``grupos vulnerables'', persisten la marginación y exclusión en diversos ámbitos sociales, por lo que sigue siendo imperativo incrementar los programas de formación e información; fomentar el acceso a las oportunidades de inversión; incentivar su participación en todas las esferas de la vida, y otorgar prioridad a los proyectos gestionados por los propios destinatarios.

Por tener problemáticas y necesidades particulares los grupos vulnerables, es indispensable emprender acciones diferenciadas y destinar presupuestos específicos para contrarrestar la problemática que enfrentan estos importantes sectores de la población.

Actualmente, la Cámara de Diputados ejerce con plenitud la facultad exclusiva de ``aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación, previo examen, discusión y, en su caso, modificación del proyecto enviado por el Ejecutivo federal, una vez aprobadas las contribuciones que, a su juicio, deben decretarse para cubrirlo'', tal como dicta la fracción IV del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Debido a la natural competencia en la asignación de recursos entre las distintas actividades gubernamentales, se hace indispensable una asignación sensible, pero a la vez eficiente, donde se procure que el gasto social se destine a las actividades de efecto multiplicador y que los fondos públicos tengan como prioridad la protección de los grupos sociales que se encuentran en condiciones de marginación, indefensión y vulnerabilidad, pues ningún país que aspire a mejores niveles de desarrollo social y humano podrá lograrlo mientras sectores de su sociedad se encuentren sin su debida atención.

Conocer con precisión las acciones y los recursos para estos grupos es fundamental para incidir en su problemática, por lo que se hace necesario insistir, como tradicionalmente se ha hecho por las Comisiones de Atención a Grupos Vulnerables de ambas Cámaras, para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación se presente información objetiva y desagregada donde se identifiquen con claridad los recursos y las acciones que se instrumentan; todo ello, en el marco de un Presupuesto sostenible orientado a resultados.

Con base en lo expuesto y debido a que, como se señaló, el asunto que hoy se presenta tiene relación directa con una de las facultades exclusivas de la Cámara de Diputados, solicito respetuosamente a la Presidencia de la Cámara de Senadores que, con fundamento en la fracción IV del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sea turnada a la Cámara de Diputados la presente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que en el dictamen que realice del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009 se dé prioridad a los recursos que inciden directamente en las personas en condiciones de vulnerabilidad, particularmente las personas con discapacidad, los adultos mayores, los niños y los jóvenes, mujeres e indígenas migrantes, estableciendo apartados específicos en los que se desglosen los recursos y procurando que éstos se asignen con los criterios de legalidad, eficiencia y eficacia.

El Presidente diputado César Horacio Duarte Jáquez: Túrnense a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

ESTADO DE MICHOACAN

La Secretaria diputada María del Carmen Pinete Vargas: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.--- Presentes.

Me permito hacer de su conocimiento que en sesión celebrada en esta fecha se aprobó el siguiente punto de acuerdo:

El Presidente diputado César Horacio Duarte Jáquez: De enterado. Remítase a la Junta de Coordinación Política.

LEY ADUANERA - LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

El Presidente diputado César Horacio Duarte Jáquez: Se recibió del diputado Pascual Bellizzia Rosique, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Aduaneray de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.

Pascual Bellizzia Rosique, diputado de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante el Pleno de esta honorable asamblea, la presente iniciativa que contiene proyecto de decreto, con base en la siguiente:

Las fronteras de cualquier país son de suma importancia para el desarrollo de sus habitantes, en especial para aquellas personas que habitan en precariedad o con limitaciones a causa de vivir en una zona de frontera.

Las zonas fronterizas o ciudades fronterizas son: aquellas que poseen una cohesión social diferente debido a la influencia que ejercen las naciones con las que hacen frontera.

El carácter fronterizo norte o sur de nuestro territorio, define el modo de vida de los habitantes de estas zonas y al mismo tiempo, influye en la seguridad y las expectativas de desarrollo de los estados que la circundan.

En los últimos años, la población de las zonas fronterizas del norte del país, se ha destacado por lograr con éxito el intercambio de bienes y servicios culturales, económicos y sociales con los países vecinos.

A la par de este desarrollo de la frontera norte, ha surgido la aspiración de los gobernados de que las zonas fronterizas del sur lleguen a los mismos resultados.

En particular los tabasqueños han hecho del conocimiento de legisladores locales y federales las condiciones de pobreza y abandono de la mayoría de los municipios de la región fronteriza sur.

Con base en las anteriores consideraciones, podemos afirmas que el Estado de Tabasco está esencialmente constituido por municipios en pobreza, los cuales no cuentan con servicios de salud, educación o vivienda.

Estas condiciones de marginación han llamando la atención de diversas organizaciones sociales, humanitarias y de ayuda colectiva. En tal virtud, una de las organizaciones sociales más cercanas a la gente, decidió en pro del desarrollo y la ecología, iniciar una cruzada ciudadana por dos de los municipios más afectados de Balancán y Tenosique.

La asociación civil, filantrópica y educativa ``Frente Cívico de Usumacinta'', se dio a la tarea de recabar firmas entre los ciudadanos tabasqueños y emprendió con las mismas una petición a esta honorable Cámara de Diputados con el objeto de que se llevasen a cabo las reformas para considerar a los municipios de Balancán y Tenosique como franjas fronterizas.

Fueron más de 60 mil firmas de tabasqueños, las que pugnaron por que Tenosique y Balancán fueran considerados municipios fronterizos de México, esto es, zonas territoriales con las mismas prerrogativas hacendarías que las zonas fronterizas del norte del país.

En tal virtud, el Congreso tiene la posibilidad de fortalecer los mecanismos de la democracia a través de otorgar el justo reconocimiento a la voluntad expresada por la ciudadana.

Por estas razones, en mi carácter de diputado federal del Congreso de la Unión presento los siguientes argumentos jurídicos, económicos y sociales que motivan la presente.

Tabasco se encuentra en la región económica del sureste mexicano, región que se ha caracterizado por dedicarse primordialmente al sector primario o agrícola y; por presentar un factor de vulnerabilidad a los fenómenos hidrometeorológicos extremos.

En efecto, tan solo el año pasado producto de una temporada de lluvias intensas y un mal manejo de las presas del alto Grijalva se produjo una severa inundación en Tabasco.

En ese entonces el 35 por ciento del territorio de Tabasco quedó bajo el agua provocando así pérdidas millonarias, por ejemplo:.los productores tabasqueños pérdidas por 45 mil 440 millones de pesos por 91 mil 694 hectáreas siniestradas.

Con independencia de las pérdidas económicas, también fue severamente afectada la población por la insuficiencia de los servicios de salud y por el efecto inflacionario de los productos básicos de consumo.

A su vez, los gobiernos federal, estatal y municipal reaccionaron declarando estado de emergencia a la mayoría de los municipios del estado. Y por su parte, la Secretaría de Gobernación declaró a 17 municipios de Tabasco zonas en desastre natural, a saber: Cárdenas, Centla, Comalcalco, Huimanguillo, Paraíso, Tenosique, Balancán, Centro, Cunduacán, Emiliano Zapata, Jalapa, Jalpa de Méndez, Jonuta, Macuspana, Nacajuca, Tacotalpa y Teapa.

Los detrimentos en la infraestructura de Balancán y Tenosique, paralelamente afectaron considerablemente la actividad económica de los estados vecinos, ya que Tabasco es la vía de comunicación entre los estados del centro y norte de México, y los estados de la península de Yucatán.

A pesar de estas circunstancias, en Tabasco subsiste la posibilidad de explotar los beneficios de encontrarse en una zona fronteriza del país, mediante el establecimiento de zona fronteriza a Tenosique y Balancán para posibilitar con ello el desarrollo, el progreso social y las redes o vínculos comerciales con Centro y Sudamérica.

Los municipios citados en el párrafo precedente, afrontan un flujo migratorio y transmigrante considerable proveniente de los países del sur y que inciden ya en la vida, social, cultural y económica de la sociedad.

La frontera sur es la zona comprendida por el territorio de 20 kilómetros paralelo a la línea divisoria internacional del sur del país, en el tramo comprendido entre el municipio Unión Juárez y la desembocadura del río Suchiate en el Océano Pacífico, que colinda con Guatemala, del Pacífico al Atlántico, tiene unos mil 200 kilómetros de longitud, colinda a lo ancho de los estados de Chiapas (aproximadamente 800 kilómetros), Tabasco y Campeche (220 km), y con Belice (175 km).

Lo señalado en el párrafo precedente, coincide con la publicación del decreto por el que se establecen las fracciones arancelarias que se encontrarán totalmente desgravadas del Impuesto General de Importación para la Franja Fronteriza Norte y en la Región Fronteriza (2002), por el que el Poder Ejecutivo, en el artículo segundo, fracción segunda, define la Región Fronteriza, de la siguiente manera:

Por ello, a fin de corregir la omisión de la frontera sur colindante al país vecino de Guatemala y situada en Tabasco, se propone establecer cambios a la normatividad a fin de armonizar las condiciones de franja fronteriza y su tratamiento en el régimen fiscal vigente.

Estos cambios cumplen con los cometidos del Plan Nacional de Desarrollo 2006-2012 y con el objetivo de promover el desarrollo regional equilibrado; por lo cual las entidades federativas, entre ellas, Tabasco, deberán promover cambios al sistema impositivo a fin de activar el desarrollo competitivo de la región.

Asimismo, se deben tomar en consideración que Tenosique y Balancán tienen una ubicación comercial estratégica para impulsar el intercambio comercial con Centro y Sudamérica, y constituyen una fuerte posibilidad de terminar con el flujo inmigrante improductivo que afecta a la región sureste.

Es por ello que, la actividad económica de Tabasco y las entidades federativas colindantes puede impulsarse a través de un esquema de desgravación arancelaria, el cual hoy ya es necesario para el bienestar de sus habitantes.

Para ello será fundamental mejorar la incipiente estación aduanal con la que cuentan Balancán y Tenosique, ya que por su ubicación estratégica esta zona fronteriza puede convertirse en una de las más transitadas y por tanto de las que más puedan contribuir a la recaudación federal por concepto de contribuciones.

Asimismo, dadas las dinámicas demográficas en Balancán y Tenosique la actual oficina de asuntos migratorios resulta insuficiente para responder a las demandas que se presentan en asuntos fronterizos.

La comunicación de estos municipios hacia el exterior es posible a través de un ferrocarril, el cual, no será suficiente para explotar el potencial del desarrollo de la región.

En este sentido, es reciente el interés por el desarrollo de la infraestructura y en especial por la viabilidad de construir más y mejores carreteras, como el tramo Ceibo-Lagunitas cuya inversión asciende a 140 millones de pesos, cifra apenas suficiente para iniciar un corredor por el atlántico.

Por otra parte, se dieron los primeros pasos para generar el Proyecto de Unidad Mesoamericano, el cual pretende fortalecer el intercambio y la comunicación fluida entre regiones de Centro y Sudamérica atravesando por la zona de Petén en Guatemala y por consiguiente, se espera que crezca el sector servicios por el flujo turístico y comercial con los países de Centroamérica.

El crecimiento económico de Tabasco provendrá de la derrama económica, la inversión y el intercambio de bienes y servicios. Por ello será importante darle seguimiento a la construcción de caminos y comunicaciones en la región.

De esta forma, se considera que la obra carretera El Ceibo, Tenosique, Tabasco Lagunitas, el Peten, Guatemala de 2 carriles es un principio, pero que seguramente deberá extenderse al menos en un carril más en los próximos años.

La modificación al régimen fiscal aplicable a los ciudadanos que habitan en estos municipios, compensará una situación de desigualdad en el trato que se da a los gobernados con relación al establecimiento de régimen de frontera.

Desde esta perspectiva, los cambios que a continuación se proponen generarán los siguientes beneficios:

A nuestro juicio será acertado observar un trato fiscal de región fronteriza igualitario a los municipios de Tenosique y Balancán, que también constituyen frontera, ya que se traducirá en beneficios al consumidor y en la población porque podrán enfrentar el detrimento que han sufrido en su economía con los desastres naturales ocurridos el año pasado, a través de menos costes financieros.

Por lo expuesto, el que suscribe, Pascual Bellizzia Rosique, diputado a la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para garantizar lo dispuesto en los artículos 1o. y 4o., párrafos tercero, cuarto, sexto, séptimo y octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y demás disposiciones jurídicas aplicables, someten a la consideración de esta asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma el artículo 136 de la Ley Aduanera y se modifica el cuarto párrafo del articulo 2 de la Ley del impuesto al Valor Agregado

Artículo Primero. Se adiciona un tercer párrafo al artículo 136 de la Ley Aduanera, para quedar como sigue:

Articulo 136. ...

...

...

También será considerada como región fronteriza la establecida en el artículo 2 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.

Artículo Segundo. Se modifica el cuarto párrafo del artículo 2 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, para quedar como sigue:

Artículo 2o. ...

...

...

Para los efectos de esta ley, se considera como región fronteriza, además de la franja fronteriza de 20 kilómetros paralela a las líneas divisorias internacionales del norte y sur del país, todo el territorio de Baja California, Baja California Sur y Quintana Roo, los municipios de Caborca y de Cananea, Sonora, y Tenosique y Balancán, Tabasco, así como la región parcial de Sonora comprendida en los siguientes límites: al norte, la línea divisoria internacional desde el cauce del río Colorado hasta el punto situado en esa línea a 10 kilómetros al oeste del municipio Plutarco Elías Calles; de ese punto, una línea recta hasta llegar a la costa, a un punto situado a 10 kilómetros, al este de Puerto Peñasco; de ahí, siguiendo el cauce de ese río, hacia el norte hasta encontrar la línea divisoria internacional.

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

El Presidente diputado César Horacio Duarte Jáquez: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

LEY ORGANICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El Presidente diputado César Horacio Duarte Jáquez: Se recibió del diputado Efraín Morales Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, iniciativa que adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del CongresoGeneral de los Estados Unidos Mexicanos.

El que suscribe, diputado Efraín Morales Sánchez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 55, fracción II; 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 36, inciso C; 38, inciso A; 45, numerales, 1 y 4; y 46, numeral 2, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente:

El parlamento es el ente más importante de todos los órganos del Estado moderno, no sólo por la trascendencia de sus facultades, sino por la dimensión que representa la responsabilidad de dotar a la sociedad en general de leyes que reconozcan y garanticen los derechos fundamentales tanto individuales como sociales, con esto limita el poder público y político de los otros órganos del Estado que es dirigido hacia los ciudadanos dándole a éstos seguridad y certeza en el pleno desarrollo de todas las libertades humanas que son indispensables para vivir armónicamente.

Es entonces, que el parlamento contemporáneo debe fungir como pilar en el equilibrio y separación funcional del poder público, además debe ser fiel representante y propulsor del estado de derecho, de la democracia y del interés general de los ciudadanos.

En este sentido, en el caso del Estado mexicano el parlamento o Poder Legislativo es el ejemplo fehaciente de la legitimidad y pluralidad de los representantes que lo integran, pues éstos tienen la facultad y obligación de crear, modificar y actualizar documentos normativos que regulan la actividad jurídica, social, económica y política, también de realizar funciones administrativas y jurisdiccionales, estás dos últimas, como mecanismos de control político y parlamentario.

Lo anterior, son elementos indispensables que todo órgano legislativo perteneciente a un Estado democrático de derecho debe tener, ya que las instituciones que detentan y ejercen el poder público, dimanan del pueblo y se instituyen para beneficio de éste, tal y como lo señala el artículo 39 de la ley fundamental.

En este tenor, el Poder Legislativo es la instancia donde el pueblo --a través de sus representantes-- expresa su voluntad exigiendo una sociedad mejor, lo cual, es esencial para un país que aspira tener un régimen de gobierno democrático en sus instituciones y como modelo de vida.

Por lo anterior, es claro que la institución legislativa del Estado mexicano es el ente más significativo y democrático, teniendo como obligación constitucional, ética y social, el ejercer la representación del pueblo de manera eficiente y en pro, siempre, del interés general de la sociedad mexicana.

En resumen, y con respecto de este poder público, el Diccionario Universal de Términos Parlamentarios, señala:

Cabe señalar, que el Poder Legislativo de los Estados Unidos Mexicanos, se deposita en un Congreso General, que se dividirá en dos Cámaras una de Diputados y otra de Senadores ³ .

En este orden, es importante puntualizar, que en las Cámaras legislativas que conforman el Congreso General, se crean y modifican leyes, siendo esta función la que formal y materialmente reviste mayor importancia. Ya que los instrumentos legales, resultado del quehacer legislativo, son la máxima expresión de la voluntad popular, y en su conjunto forman el ordenamiento jurídico mexicano que da seguridad y certeza jurídica a la nación.

En este sentido, la responsabilidad fundamental del Poder Legislativo es privilegiar, atender y ejecutar la facultad constitucional dispuesta en el artículo 71, fracción II de la ley fundamental, siempre en beneficio del interés general de la sociedad mexicana, pues de esta forma ejerce debidamente la representación otorgada por el pueblo, es decir, atiende las problemáticas más sensible del país.

Por ello, los que integramos está honorable Cámara de Diputados estamos comprometidos en atender con pleno apego, los principios y valores institucionales, siendo esencial para lograrlo, el respeto al principio de legalidad, con la finalidad de tener un órgano legislativo eficiente en su responsabilidad constitucional.

Lo anterior, en virtud de que actualmente la tarea legislativa de esta soberanía se ve frecuentemente opacada y obstaculizada por reiteradas y equivocadas prácticas parlamentarias, limitación del marco normativo del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como el distanciamiento y el poco apego a éste.

En consecuencia, tenemos lentitud e ineficiencia del quehacer legislativo, teniendo como resultado el creciente rezago parlamentario y por ende el desprestigio de la honorable Cámara de Diputados.

En este sentido, se debe tener en cuenta ... que el trabajo legislativo que desarrolla el pleno de la Cámara de Diputados es excesivo, toda vez que son turnados a esa instancia asuntos que no deberían someterse a su consideración pues entorpece las labores de mayor relevancia, esto es, las legislativas.⁴

Dentro de estos asuntos que fomentan y contribuyen al fenómeno del rezago legislativo pueden señalarse, a:

Evidentemente, esos son asuntos que erróneamente se inscriben e incorporan en el orden del día de las sesiones; pues equivocadamente y por tradición de los órganos de gobierno de esta soberanía, que se involucran en la conformación de dicho orden del día permiten la inserción de tales asuntos para que se desahoguen en el Pleno, ignorando lo dispuesto por el acuerdo parlamentario referente al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico, que dispone en el artículo Décimo Segundo lo siguiente:

En el rubro de proposiciones con punto de acuerdo podrán presentarse los asuntos de orden político, cultural o social que afecten a una comunidad, grupo, partido o colectividad y cuyos efectos sean de interés general, para que la Cámara haga algún pronunciamiento, exhorto o recomendación.

No se considerará materia para una proposición con punto de acuerdo aquella que verse sobre asuntos que entrañen una gestión, los cuales deberán exponerse de manera directa ante el Comité de Información, Gestoría y Quejas. De igual forma, no constituye objeto de una proposición la solicitud de información a una dependencia gubernamental ni la petición para que una comisión se reúna con algún funcionario público del Ejecutivo federal. Tales trámites deberán hacerse con base en lo preceptuado en el artículo 45, numeral 4, de la Ley Orgánica del Congreso General, así como en los artículos 89 y 90 del Reglamento para el Gobierno Interior.

Por tanto, al obviar el contenido del artículo en comento que es considerado norma de observancia obligatoria para la realización del quehacer legislativo, se refleja una incipiente cultura de la legalidad, y una cotidiana y mala práctica parlamentaria, perjudicando el trabajo propiamente legislativo y, por tanto, la fluidez de las sesiones.

Aunado a lo anterior, se ignora por completo la trascendencia funcional de las comisiones legislativas ya que estas ... permiten un trabajo más dinámico al interior de los parlamentos, pues ``en el origen de las comisiones aparecieron dos motivos claros'': facilitar la labor del Pleno y ser un instrumento, si no de control del Ejecutivo, al menos del equilibrio entre el parlamento y el gobierno.⁵

Además las comisiones legislativas ... poseen en los parlamentos democráticos... el famoso poder de reclamar la presencia de personas, y el envío de documentos y similares. Las comisiones no pueden actuar adecuadamente en sus diversas funciones si no cuentan con la posibilidad de recibir el máximo de información posible, lo que se consigue con la comparecencia de personas (...) que puedan aportar información sobre cualquier materia que sea de la competencia de la comisión.⁶

Lo anterior, se puede considerar como el antecedente histórico-jurídico, donde se fundamenta que los presidentes de las comisiones legislativas para resolver los asuntos de su competencia pueden solicitar información o documentación a diversas dependencias y entidades del Ejecutivo federal, y la comparecencia de los titulares de éstas de forma directa y sin tener que pasar antes al Pleno.

Por ello, es menester apegarse al principio de legalidad y a las reglas que el derecho establece, ya que es el conductor social del ciudadano, y de toda actividad del poder público y político.

Por tanto, en el actuar interno y externo de las diputadas y los diputados se debe tener como objetivo primario y supremo el beneficio de la sociedad, aceptando nosotros mismos la responsabilidad integra de ser ejemplo de legalidad.

Por ello, a través del derecho en general y por la actividad de Estado que tiene el Poder Legislativo, es el derecho parlamentario el que contiene los fundamentos básicos para llevar acabo con eficiencia y responsabilidad el trabajo representativo que nos ocupa. Ya que así, se crearán y modificarán correctamente instrumentos legales, ya sea para regular la actividad del Estado o la propia.

En este sentido y de forma general, Francisco Berlín Valenzuela define al derecho parlamentario como el conjunto de normas, que crean, establecen, impulsan, garantizan y rigen las acciones de los parlamentos, las interrelaciones sociopolíticas que mantienen con los otros poderes del Estado, los partidos políticos, las instancias de la sociedad civil y los individuos, así como los valores y principios que animan su existencia institucional y lo motivan a procurar su realización, por haber sido instituidos por el pueblo como expresión de su querer ser político.⁷

Para lograr lo anterior se debe conocer la estructura de las fuentes formales, entendiéndose por estas como los procesos de creación de normas jurídicas, las cuales de manera general son: la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, la costumbre o prácticas parlamentarias, jurisprudencia en la materia y la doctrina.

Asociado a lo anterior, también se debe tener en cuenta la estructura de la jerarquía normativa, la cual se encuentra constituida por la: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos y Acuerdos Parlamentarios, estos últimos no debiendo contradecir las normas de mayor rango.

En resumen, la actividad legislativa regulada por el Derecho Parlamentario, se ciñe en el fundamento de normas de carácter constitucional, legal, reglamentario, consuetudinario, además de estudios doctrinales. Señalando como elementos sustanciales tanto en las fuentes formales como en la jerarquía normativa, a la Ley Fundamental y Ley Orgánica como la máxima expresión en materia parlamentaria del Estado mexicano.

Por ello, es necesario que la legislación interna de esta Soberanía sea precisa y coherente con la actividad que desempeña. Dejando a un lado erróneas prácticas parlamentarias, que sólo sirven como paliativos y que dejan existente el vacío legal en los instrumentos normativos de mayor jerarquía.

Así pues, en la práctica del quehacer legislativo debe de evitarse la incorrecta utilización de la ley, la errónea interpretación de la jerarquía de las fuentes formales y normativas. Por ello, es necesario seguir adecuadamente la normatividad vigente, teniendo así congruencia en la correcta aplicación e interpretación de los instrumentos legales esenciales para el desarrollo puntual del quehacer legislativo.

Tomando en cuenta lo anterior, se evitaría el cúmulo de asuntos en el orden del día de las sesiones del Pleno de esta soberanía.

En conclusión, es necesario como legisladores de la nación partir del respeto a la institución que representamos, así como el compromiso constitucional y ético que tenemos con la sociedad.

Por esto mismo, en esta Cámara legislativa debemos promover activamente la cultura de la legalidad. Ya que de aquí nacen y se modifican las leyes que deben ser el ejemplo más amplio de la legitimidad y coherencia del estado de derecho y del equilibrio de poderes.

De esta forma, esta soberanía debe de privilegiar a la Ley como el instrumento primario en la toma de decisiones de toda actividad, por ello, es inaplazable precisar en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, que las ``gestiones, solicitudes de información a una dependencia gubernamental y peticiones para que una comisión se reúna con algún funcionario público del Ejecutivo federal'', no son materia de Proposiciones con Punto de Acuerdo, ya que ésas, cuentan con los mecanismos e instancias adecuadas para solicitar, conocer, dar seguimiento y solución a estos asuntos.

Por tanto, se deben hacer las precisiones concernientes a los asuntos que no serán materia de proposiciones con punto de acuerdo, logrando así que los vacíos legales desaparezcan, además de las inadecuadas prácticas parlamentarias que hoy en día se mantienen como el principal criterio para la toma de decisiones.

Por tal motivo, al incluir la norma que dispone el Artículo Décimo Segundo del Acuerdo Parlamentario en la Ley, ya no será necesario el refrendo de esta disposición en cada Legislatura, además de ser elevada a rango de Ley, con lo cual, se estará sujeto a darle prioridad a ésta, siendo el principal referente del Estado de Derecho.

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 36, inciso C); 38, inciso A); 45, numerales, 1 y 4; y 46, numeral 2, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Primero. Se modifican los artículos 36, inciso c); 45 numerales 1 y 4; y 46 numeral 2, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo Segundo. Se adiciona al artículo 36, inciso c, un segundo y tercer párrafo; al artículo 38, inciso a, un segundo párrafo; y al artículo 45, numeral 1, un segundo párrafo, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 36.

1. Corresponde al Presidente de la Junta de Coordinación Política las atribuciones siguientes:

Artículo 38.

1. La Conferencia tiene las siguientes atribuciones:

Artículo 45.

1. Los presidentes de las comisiones ordinarias, con el acuerdo de éstas, podrán solicitar información o documentación mediante pregunta por escrito a las dependencias y entidades del Ejecutivo federal cuando se trate de un asunto sobre su ramo o se discuta una iniciativa relativa a las materias que les corresponda atender de acuerdo con los ordenamientos aplicables. El contenido de las respuestas de la o las preguntas deberá ser puntual y sin dilaciones, debiendo ser respondidas en un término no mayor a 15 días naturales a partir de su recepción.

La solicitud de la que habla el numeral 1, de este artículo no será necesario que se presente al pleno como proposición con punto de acuerdo, ya que los presidentes de las comisiones podrán desahogar directamente el asunto.

2. a 3. ...

4. Las comisiones ordinarias cuya materia se corresponde con los ramos de la administración pública federal harán el estudio del informe a que se refiere el primer párrafo del artículo 93 constitucional, según su competencia. Al efecto, formularán un documento en el que consten las conclusiones de su análisis. En su caso, podrán requerir mayor información del ramo mediante pregunta por escrito o solicitar la comparecencia de servidores públicos de la dependencia ante la propia comisión. Si de las conclusiones se desprenden situaciones que por su importancia o trascendencia requieran la presencia en la Cámara del Titular de la Dependencia, la comisión podrá solicitar al Presidente de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos que el Secretario del Despacho o Jefe de Departamento Administrativo correspondiente comparezca ante el pleno. Asimismo, se estará a lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 93 constitucional. Ambas solicitudes no serán materia de proposiciones con punto de acuerdo, por lo cual, no será necesario que se presente al Pleno.

5. a 7. ...

Artículo 46.

1. Los comités son órganos para auxiliar en actividades de la Cámara que se constituyen por disposición del Pleno, para realizar tareas diferentes a las de las comisiones. Tendrán la duración que señale el acuerdo de su creación.

2. Para la orientación informativa, así como para el conocimiento y atención de las peticiones que formulen los ciudadanos a la Cámara o a sus órganos, se formará el Comité de Información, Gestoría y Quejas. Las diputadas y los diputados que deseen hacer una gestión a favor y en representación de un ciudadano, lo deberán, de hacer directamente al comité, no debiendo presentarlo al Pleno como proposición con punto de acuerdo.

3. a 4. ...

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Entrando en vigor la presente reforma, no se refrendará el párrafo segundo del artículo duodécimo del acuerdo parlamentario relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico.

Notas:

1 Berlín Valenzuela, Francisco (coordinador), Diccionario Universal de Términos Parlamentarios , Miguel Ángel Porrúa-Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, México, 1998, pp. 495-496.

2 Duarte Rivas, Rodolfo, ``Significado del Poder Legislativo en la Reforma del Estado Mexicano'', Revista Mexicana de Estudios Parlamentarios ; México, primera época, vol. I, num.1, enero-abril de 1991; pág.74.

3 Artículo 50, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos .

4 Santiago Campos, Gonzalo, ``La Asamblea o Pleno'', en Órganos de gobierno de las Cámaras del Congreso , México, Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias- Cámara de Diputados, Folleto Serie Roja: Temas Parlamentarios, Octubre de 2006, pp. 5-11.

5 Ricardo Medina Rubio citado por García Montero, Mercedes y Francisco Sánchez López, Las comisiones legislativas en América Latina: una clasificación institucional y empírica , Barcelona, Institut de Ciencies Polítiques i Sociales, 2002, Working Papaers núm. 212., p. 4.

6 Vírlaga Foruria, Eduardo, Las Comisiones parlamentarias en las Asambleas Legislativas Autonómicas en Cuadernos de la Cátedra Fadrique Furió Ceriol, Valencia, núm. 3, 1993, p.79.

7 Berlín Valenzuela, Francisco (Coord), Diccionario Universal de Términos Parlamentarios , Miguel Ángel Porrúa-Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, México, 1998, págs. 244-245.

El Presidente diputado César Horacio Duarte Jáquez: Túrnese a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

DIA MUNDIAL SIN TABACO

El Presidente diputado César Horacio Duarte Jáquez: Se recibió del diputado Efraín Morales Sánchez, del Grupo Parlamentario del PRD, punto de acuerdo por el que exhorta al Ejecutivo federal a que mediante la Secretaría de Saludinstituya la celebración, a partir de 2009, de la Semana Nacional del Día Mundial sin Tabaco.

El que suscribe, diputado Efraín Morales Sánchez , integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía, con carácter de urgente resolución, la siguiente propuesta con punto de acuerdo, por el que la Cámara de Diputados exhorta al Ejecutivo federal a través de la Secretaría de Salud, instituya la celebración, a partir del año 2009, de la ``Semana Nacional del Día Mundial sin Tabaco'', bajo las siguientes:

De la vasta producción, técnica, intelectual y de programas referidos y dirigidos a y en contra del tabaquismo; generados y emitidos por diversos especialistas e instituciones, tanto públicas como privadas; en esta ocasión, de manera general e ilustrativa referiré del Instituto Nacional de Salud Pública y de la Secretaría de Salud algunos datos para los fines de esta propuesta:

Así pues, la Organización Mundial de la Salud ha señalado que: del total de la población mundial el 30% de adultos es fumador, de éstos 5 millones fallecen al año, lo que equivale a cerca de 13 mil defunciones diarias. Y que si los patrones de consumo actuales de tabaco se mantienen, la cifra de muertes, por esta adicción, se duplicará antes del 2020.

Se mencionan también que: en México hay más de 17 millones de fumadores, que aproximadamente 60 mil personas mueren al año por enfermedades relacionadas con el tabaquismo; esto implica alrededor de 165 defunciones diarias, de las cuales 38% resulta de enfermedad isquémica del corazón; 29% de enfisema, bronquitis crónica y enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC); 23% de enfermedad cerebrovascular y 10% de cáncer de pulmón, bronquios y tráquea.

De igual forma señalan que, en el 2002, la Encuesta Nacional de Adicciones concluyó que 23.5% de la población entre los 12 y 65 años de edad era fumadora y que el 25.6% era fumador pasivo, es decir alrededor de 18 millones de personas.

Asimismo que, el 1.4 por ciento de la población se identificó como fumador dependiente, lo que representa más de un millón de personas que requiere atención especializada.

Y que, dato verdaderamente preocupante, durante el último decenio, la edad de inicio de consumo de tabaco disminuyó a los 11 y 12 años de edad o incluso menos.

En este mismo orden de ideas, investigadores e institutos nacionales han concluido que pese a todos los esfuerzos, en ocasiones organizados y sistémicos y en muchos aún desvinculados y fraccionados; y en ambos casos, además, enfrentándose o sorteando los intereses de la industria tabacalera y de otras instancias del colectivo, éstos no han sido suficientes.

Por lo que el costo, que este problema de salud pública tiene para nuestra sociedad, se refleja en las muertes prematuras, en la invalidez de población productiva y en un grave deterioro de la calidad de vida de los mexicanos. Además, de que la atención a los padecimientos agudos y crónicos causados por el tabaquismo afectan severamente el presupuesto del sistema y servicios de atención a la salud.

Delicada y penosa circunstancia ésa, por la que, a nivel global, la propia Organización Mundial de la Salud ha declarado que pese a los progresos en la lucha contra el tabaco, ningún gobierno ha podido aplicar en su totalidad las recomendaciones de dicha Organización. Por lo que indiscutiblemente el consumo de tabaco, prevalece a nivel mundial, como una de las principales causas de muertes evitables y de discapacidad.

También, habrá que reconocer que trágica y paradójicamente, como ya lo habíamos señalado en otra de nuestras iniciativas; desde que se trata de abatir el consumo de tabaco y minimizar el daño en la población, hay más consumidores (las estadísticas dan testimonio con estimaciones y proporciones, con registros de morbimortalidad y tendencias de la vigilancia epidemiológica); desde que se trabaja con clínicas para disuadir la adicción, aparecen nuevas barreras y la negación sistemática para aceptar que se trata de una enfermedad, apreciación que se torna en resistencia al tratamiento; desde que se sabe más sobre el daño, hay más cuestionamientos para creerlo; desde que se lucha para abatir el daño del tabaco, se dan más altercados y discusiones entre los que sí y los que no. Hay conflictos entre personas, en los momentos y sitios menos esperados.

Lo que nos indica, que hace falta saber más sobre la intimidad del proceso causante de estas manifestaciones y la conducta del individuo en sociedad. Dado que todo, gira en torno a una relación dialéctica y simultánea en el que uno y los muchos son uno.

Por ello, siguiendo a los investigadores que antes referí, conviene hacer caso a algo que lamentablemente, en la mayoría de las ocasiones ha sido soslayado hasta hoy. Me refiero al fuerte componente de enfermedad social que el tabaquismo tiene. Ya que el tabaquismo es una enfermedad grave que requiere cuidados individuales y comunitarios.

Pues, a medida que avanza el conocimiento para disminuir el consumo de tabaco y la adicción, el saber se trasforma y sufre cambios con el tiempo. El proceso va pasando por fases de maduración social. Así de apreciarse como hábito, pasa a vicio, después a causa de enfermedades, de modo que ahora se le percibe como adicción ligada a una constelación de daños en el individuo y perjuicios para la población.

Por ello, desde ahora, subrayo que es menester individual y colectivo disminuir la disponibilidad y acceso al tabaco; por lo cual es necesario encaminar todos los esfuerzos, para abatir lo más pronto posible la disponibilidad. Ya que, sin duda, esto es el auténtico problema; por tanto, hay que esforzarse en reconocerlo y actuar en consecuencia. Por tanto, disminuir la disponibilidad y acceso al tabaco, debe ser nuestro punto de partida y conclusión para todas las acciones y propuestas por venir, y no otorgar ni otorgarnos la más mínima concesión.

Por otra parte, sin omitir y reconocer los esfuerzos de la Secretaría de Salud a través del Consejo Nacional, de los Consejos Estatales y los Comités Municipales contra las Adicciones; así como las acciones de diversas instituciones del sector salud y de otras instancias, tanto privadas como sociales, que participan en la prevención y control de tabaquismo en el país; mismas que han invertido voluntad, recursos materiales, financieros y humanos; y han obtenido, sin duda, valiosos resultados. Lamentablemente, estos últimos, no han sido capaces de emparejar a la evolución y perniciosas estrategias de las tabacaleras; como tampoco han podido vencer la desvinculación y parcialización de las acciones y los esfuerzos implementados, hasta hoy por no haber sido planteados de una forma integral y ampliamente socializados.

En consecuencia, es necesario de forma inmediata y permanente, continuar atendiendo y consolidando la legislación respectiva, consumando las actividades en los servicios para la prevención del tabaquismo en el sector salud, en el sector educativo y alentando la participación comunitaria. Promoviendo y consolidando los servicios para el tratamiento de la rehabilitación de los fumadores. El control de la producción y manufactura, de la publicidad, del consumo de tabaco en lugares públicos, del consumo en los lugares de trabajo. La aplicación de la Norma Oficial Mexicana y especialmente de la recién aprobada Ley General para el Control del Tabaco.

Por otra parte, reconociendo que la institucionalización de las celebraciones del Día Mundial Sin Tabaco y, ahora, la Semana Nacional con relación a ése, en nuestro país. Pueden centrar la atención en general sobre este importante problema de salud, y a la vez propiciar actuaciones que aparecen como puntuales y que deben llegar a consolidarse e integrarse en el conjunto de estrategias para la efectiva prevención y control del tabaquismo. Permitiendo así, una visión global de las numerosas facetas y de la responsabilidad individual y social que representa el consumo de tabaco.

Por tanto, la Semana Nacional del Día Mundial sin Tabaco que en esta ocasión propongo; así denominada, en virtud de que considero relevante, además de las acciones y actividades permanentes de las que ya di cuenta, capturar y mantener la atención nacional, consecutivamente, a lo largo de toda una semana de acciones en rededor de este problema; y de esta forma, con mayor vigor, incidir en la sensibilización, educación y acciones colectivas permanentes en contra de esta pandemia, siendo, por lo demás, consecuentes con los objetivos de la celebración del Día Mundial sin Tabaco. Más, en nuestro caso, insisto, para que toda esa Semana Nacional a través de las acciones concretas y efectivas de todas las instancias públicas, privadas y sociales avocadas a ese propósito, se logren conjuntar y alinear sus esfuerzos y estrategias, para obtener la más rentable capitalización de los recursos; y los resultados más categóricos y permanentes para las instituciones, las organizaciones y la salud nacional.

De esta forma, tal como he venido insistiendo, con la absoluta rectoría de la Secretaría de Salud y la participación alineada de todas las instancias que ya operan contra el tabaquismo. Así como, atentos al simbolismo, el marco normativo y de objetivos de la celebración del Día Mundial sin Tabaco; propongo se lleve a cabo y se instituya a partir del año 2009 en nuestro país la Semana Nacional del Día Mundial sin Tabaco. Misma que deberá desarrollarse en rededor de la fecha del día oficial de la celebración mundial, en el 2009 y los sucesivos.

Debo reiterar, que la Semana Nacional deberá sumar todos los recursos, las actividades y las acciones de cada una de las instancias públicas, privadas y sociales del país que ya antes señale y aquellas que haya podido omitir.

Para el éxito de esta propuesta es fundamental, que las acciones, y más acciones que se suscriban con motivo de la misma: logren detecciones, sensibilización, educación y cultura para la salud en general; y de forma particular, obviamente, con respecto del tabaquismo. Siendo la meta más ambiciosa, crear una conciencia que logre consenso y que integre los ámbitos familiar, escolar, laboral, de convivencia, de los líderes sociales y de opinión; así como, los institucional, municipal, estatal, nacional, regional y mundial, es decir de la sociedad toda.

Y propiciar una cultura, sin satanizar, prohibir o perseguir. Dado, que es mejor alentar la percepción individual y colectiva, basada en la verdad y la razón, que esté por encima de las presiones de quienes promueven la adicción del consumidor y recurren al engaño y la publicidad.

Con lo anteriormente expuesto y considerado, someto a la consideración de esta honorable Asamblea, el siguiente

Único. La Cámara de Diputados exhorta al Ejecutivo federal a través de la Secretaría de Salud, instituya, a partir del año de 2009, la celebración en nuestro país de la ``Semana Nacional del Día Mundial Sin Tabaco''

El Presidente diputado César Horacio Duarte Jáquez: Túrnese a la Comisión de Salud.

ESTADO DE MEXICO

El Presidente diputado César Horacio Duarte Jáquez: Se recibió de la diputada Maribel Luisa Alva Olvera, del Grupo Parlamentario del PRD, punto de acuerdo en el que exhorta al gobernador delEstado de Méxicoa que atienda las demandas acordadas entre su gobierno y el honorable ayuntamiento de Ecatepec de Morelos.

La suscrita, Maribel Luisa Alva Olvera , diputada federal en la LX Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo para exhortar al gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto, a mantener un ambiente de diálogo responsable y contener a las fuerzas policiacas en la entidad, así como a atender y resolver las demandas acordadas entre su gobierno y el ayuntamiento de Ecatepec de Morelos.

Por las anteriores consideraciones, y ante el hecho de que los ciudadanos de Ecatepec mantenían la caminata de manera pacífica y sin embargo fueron reprimidos, propongo al Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente

Único. Se exhorta al gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto, a mantener un ambiente de diálogo responsable y contener a las fuerzas policiacas en la entidad, así como a atender y resolver las demandas acordadas previamente entre su gobierno y el ayuntamiento de Ecatepec de Morelos.

El Presidente diputado César Horacio Duarte Jáquez: Túrnese a la Comisión de Gobernación.

Se acaba de recibir una comunicación de la Junta de Coordinación Política. Proceda la Secretaría a dar cuenta de ella.

ORDEN DEL DIA

La Secretaria diputada María del Carmen Pinete Vargas: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.--- Junta de Coordinación Política.

Diputado César Duarte Jáquez, Presidente de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados. Presente.

Con fundamento en el artículo quinto del acuerdo de la Conferencia para Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, le informamos que los coordinadores de los grupos parlamentarios hemos acordado se modifique el orden de presentación de las iniciativas registradas en la sesión del día de hoy, por lo que le solicitamos lo siguiente:

Único. Que las iniciativas inscritas por el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en el orden del día de la sesión del 18 de septiembre del 2008, que se enlistan a continuación, sean presentadas en una sola intervención por el diputado Andrés Lozano Lozano , al inicio del capítulo correspondiente, otorgándosele un tiempo total de hasta 10 minutos.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

El Presidente diputado César Horacio Duarte Jáquez: Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si es de modificarse el orden del día.

La Secretaria diputada María del Carmen Pinete Vargas: En votación económica se consulta a la asamblea si es de modificarse el orden del día en los términos solicitados por la Junta de Coordinación Política. Los diputados y las diputadas que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Diputado presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado César Horacio Duarte Jáquez: Aprobada.

SEGURIDAD PUBLICA

El Presidente diputado César Horacio Duarte Jáquez: En consecuencia, tiene el uso de la palabra el diputado Andrés Lozano Lozano, del Grupo Parlamentario del PRD, hasta por 10 minutos.

Agradezco a los diputados integrantes de la Junta de Coordinación Política la sensibilidad que han tenido para poder presentar hoy estas ocho iniciativas que presenta el Grupo Parlamentario del PRD, que tienen que ver con este reclamo de la sociedad, con esta unidad que pide la sociedad, pero respecto de propuestas muy concretas.

El pasado 21 de agosto se firmó el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, y ahí los diputados nos comprometimos a llevar a cabo las modificaciones necesarias para impulsar un régimen que fortalezca a las instituciones de seguridad pública y de procuración de justicia.

Es obvio que los índices de criminalidad en el país han llegado a niveles insospechados y, en muchas ocasiones, con asombro e impotencia hemos visto que los delincuentes son las mismas personas que las que deben estar combatiendo este flagelo social.

Por eso, y en principio, presentamos la iniciativa de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que pretende regular al servicio civil de carrera en instituciones de seguridad pública, que tiene el objeto de que el ciudadano vuelva a recuperar la confianza en el policía y que propone que sea este sistema el encargado de llevar a cabo los procedimientos de certificación de estas instituciones y de sus integrantes. La incorporación de la participación ciudadana y de la comunidad para la seguridad pública.

Se propone la integración de una base nacional de información sobre seguridad formada a partir de datos criminalísticos y de personal de las instituciones de seguridad pública.

Queremos saber en dónde están trabajando los policías, quiénes han sido cesados, cuáles son los motivos y que no aparezcan éstos de un estado a otro; pasemos del discurso a la integración de una base de datos. También la creación del Registro Nacional de Armamento y Equipo de estas instituciones, para saber exactamente en dónde están radicados.

Otra iniciativa es la Ley que regula el Uso de la Fuerza por los Integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública Federal. Se propone el uso de la fuerza cuando sea estrictamente necesario y en la medida en que lo requiera el desempeño de las tareas, con el sentido de crear y mantener una condición ideal de seguridad pública. Hay que generar un equilibrio en el papel de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.

También presentamos una iniciativa que modifica diversos artículos sobre las normas mínimas de readaptación social en sentenciados. Esta ley tiene más de tres décadas de haber sido emitida y en ése periodo se han presentado numerosos cambios. Es necesario adecuarla a la conformación actual de la administración pública y también dar vida legal al órgano administrativo desconcentrado Prevención y Readaptación Social, dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública. No podemos quedarnos en el retraso.

Otra iniciativa es la que se refiere al combate contra el crimen organizado, y que crea la Ley sobre la Responsabilidad Civil que genera el Daño Social causado por los Miembros de la Delincuencia Organizada. Tiene que haber en la delincuencia organizada una consecuencia directa que tenga como objetivo el que se repare el daño ocasionado, que se ataque a los prestanombres y encubridores que contribuyen a fabricar una pantalla de licitud a las empresas de la delincuencia organizada.

Hay que fincar responsabilidad civil derivada de la comisión de los delitos y, por tanto, responder solidariamente el sentenciado y la organización delincuencial al pago de la reparación del daño que han causado a las víctimas y que han causado también a las comunidades. Este procedimiento deberá llevarlo el Ministerio Público y que, como hoy no sucede, se puedan asegurar los productos directos, los frutos y los aprovechamientos de la delincuencia organizada.

También es necesario cambiar el Código Federal de Procedimientos Penales, para que se establezca esta facultad de investigación de la policía. Los policías certificados deberán desarrollar la investigación de los delitos, las bases para recabar los elementos de prueba y la realización de las primeras diligencias, y se informará también al Ministerio Público de éstas.

Muy importante para el éxito de las investigaciones es que el policía sepa preservar la escena del delito, e identificar a los autores y partícipes de éste.

La sexta iniciativa es la que se refiere a la Ley Federal de Extinción de Dominio. Atacar contra la estructura financiera del Estado. Mientras sigamos persiguiendo delincuentes y no ataquemos en donde más les duele, que es en su ingreso y que es en sus negocios ilícitos, no podremos acabar este flagelo.

Por eso es importante que se cree un juicio independiente al del ámbito penal, en el que se dicte la pérdida del derecho patrimonial sobre bienes de personas físicas o morales a favor del mismo, sin contraprestación alguna para su titular. Evitar que los bienes que haya recogido el Estado a los miembros de organizaciones delictivas sean regresados a familiares o prestanombres.

La séptima iniciativa es la que modifica artículos del Código de Procedimientos Penales, de la Ley Orgánica de la PGR y de la Ley de la Policía Federal Preventiva, que establece el registro de detenciones. Se obliga al agente policiaco a respetar los derechos fundamentales del probable responsable desde el momento de su detención, y a utilizar la fuerza, si ésta es necesaria, de manera proporcional a las circunstancias específicas de la situación que enfrenta.

Deberá comunicarse el policía a una central para informar de la detención y proporcionar datos generales del detenido, circunstancias, modo, tiempo y lugar, y los propios datos de él mismo, para con esto evitar y atacar también actos de corrupción. Lo mismo para el agente del Ministerio Público, que está obligado a indicar el lugar del detenido, a dónde deba ser remitido.

Se impone también la obligación, al policía, de informar el tiempo aproximado del traslado, para evitar los frecuentes ``paseos''; y en segundo lugar, también proteger a los agentes policiacos de una acusación infundada cuando se realicen detenciones en lugares apartados.

Octava, y última iniciativa. Una propuesta complementaria a la anterior, que es la que se refiere al Código Penal Federal y a la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, para sancionar precisamente con mayor fuerza tanto a los policías como a los agentes del Ministerio Público que no acaten lo antes expresado.

Es evidente la debilidad ante la que se encuentra el Estado frente a los delincuentes. Este paquete de iniciativas cumple, en el caso del Partido de la Revolución Democrática, nuestra propuesta clara para lograr de manera integral la articulación del sistema de seguridad pública y de justicia.

Hay que reconocerlo: el sistema nacional no funciona. Necesita preceptos claros, que den orden y que obliguen a la participación de gobernadores, procuradores y secretarios de Seguridad Pública, y que no quede nada más en la intencionalidad política. Por eso desde este momento toda la fuerza a esta propuesta.

Estamos abiertos a la discusión. Y, por supuesto, seguiremos presentando las iniciativas que ayuden a cumplir este reclamo de la sociedad, para tener una vida en paz, una vida digna. También es responsabilidad del Congreso actuar en consecuencia.

Aquí está nuestra propuesta, aquí están nuestras iniciativas. Estamos listos para la discusión que se tenga que dar respecto a ellas. Es cuanto, diputado presidente.

«Iniciativa de Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario del PRD

Los que suscriben, diputados de la LX Legislatura del Congreso de la Unión e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 71, fracción II y 73, fracción XXIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración del honorable Congreso de la Unión la iniciativa de Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública , al tenor de la siguiente

La seguridad, además de ser un derecho humano, es una garantía individual consagrada por la Constitución y, por tanto, es responsabilidad del Estado garantizarla. Esta es una verdad que, en los últimos tiempos, ha sido imposible hacer realidad y cuya explosión en el ámbito de la vida pública nacional ha rebasado a todas las instituciones del Estado. Los estándares de violencia en algunos lugares de la República Mexicana no sólo son comparables a los escenarios de guerra que se viven en otros países del orbe son, incluso, mayores. Esto ha generado una reacción desconcertada y desarticulada del gobierno federal, cuya única respuesta ha sido enviar militares, recluir y detener policías y restringir, de manera tácita y por demás ilegal, las garantías individuales de los ciudadanos; todo lo anterior sin ningún resultado real y contundente más allá del incremento en los índices de la violencia. Es por ello que los reclamos sociales para abatir la inseguridad no sólo son justificados por la realidad sino que tienen su fundamento en los instrumentos jurídicos internacionales que México ha suscrito y que, por mandato constitucional, forman parte del marco normativo que nos rige, así como en el texto de nuestra Carta Magna, documento fundacional del Estado Mexicano, en donde se hacen explícitos los derechos fundamentales de todos y cada uno de los habitantes del territorio nacional. No obstante y pese a que muchas voces se han alzado en favor de elevar las medidas coercitivas para el combate a la delincuencia, hemos olvidado que, la base de una efectiva lucha en contra de este fenómeno no se encuentra en la reclusión y exclusión social de los delincuentes, sino en una política fincada en la justicia social que se traduzca en la elevación efectiva de los niveles de vida de la población. Sólo el desarrollo integral puede darnos las herramientas básicas indispensables para el abatimiento de los índices delictivos.

El Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática ha señalado, en múltiples ocasiones, la urgencia de una nueva concepción de la seguridad pública, tal que respete no sólo los derechos humanos de la población sino que dignifique las labores policíacas y que genere nuevas condiciones de convivencia para regenerar el tejido social. Estamos convencidos de que, en el marco de la construcción de un Estado Democrático Social y de Derecho, la militarización de las policías y el aumento de las medidas coercitivas en contra de quienes se ven obligados a transgredir el marco jurídico por las condiciones de exclusión social en que se encuentran, no solucionan el origen del problema. Esta es la razón fundamental de que, el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática haya impulsado, en diversos momentos, reformas legislativas tendientes a garantizar la vigencia de los derechos humanos como baluarte de la Justicia Social. Refrendamos nuestro compromiso con la sociedad, específicamente con los grupos más desprotegidos ya que, sin Justicia Social, la seguridad pública seguirá siendo no más que un discurso hueco. No soslayamos, sin embargo, la actuación de nuestras Fuerzas Armadas, que se han constituido como la única institución pilar del Estado Mexicano, en la búsqueda de la tan esquiva seguridad. No obstante, sostenemos con plena conciencia que el Ejército y la Armada están capacitados para la defensa nacional y no para las labores de seguridad pública; inmiscuirlos en ellas representa no sólo un riesgo para la población, sino un peligro para la soberanía nacional.

Es por ello que resulta imprescindible la reformulación del marco jurídico que rige a las instituciones de seguridad pública, pero más importante es construir una nueva concepción de la Seguridad Pública, sus políticas y sus instrumentos, tales que nos permitan edificar un nuevo paradigma de colaboración entre la sociedad y el Estado. Un gran paso se dio cuando, durante el año de 2007, el Congreso mexicano examinó el texto de la Constitución Política y decidió reformarlo para poder brindar los instrumentos jurídicos necesarios que se requieren para hacer frente a una nueva situación mundial y proteger, de esta manera, los derechos fundamentales de los habitantes del territorio nacional.

El dictamen aprobado por las Comisiones Unidas de Justicia y Puntos Constitucionales de la honorable Cámara de Diputados, en lo que se refiere a la seguridad pública, señalaba que:

La reforma constitucional se concretó cuando fue publicada, el día 18 de junio, en el Diario Oficial de la Federación. En el caso del párrafo noveno del vigente artículo 21 constitucional, se establece que la seguridad pública debe ser concebida como una política de Estado, lo que implica la obligación de asumir corresponsablemente la implantación de los preceptos allí vertidos. Esto es, las políticas de seguridad pública deben transitar verticalmente entre los tres ámbitos de gobierno y, transversalmente, entre los tres poderes de la Unión. Se establece también el señalamiento explícito de que las políticas de seguridad pública deben comprender la prevención y la sanción de los delitos y faltas, superando la concepción actual de las políticas hasta hoy implantadas de manera focal en la persecución coercitiva del delito. Asimismo, instituye los principios fundamentales que deben regir la actuación de los integrantes e instituciones de seguridad pública: legalidad, entendida como ``la sujeción de todos los órganos estatales al derecho... (esto es), que debe tener su apoyo estricto en una norma legal...'' <sup>1</sup> ; objetividad, definida como la conducta seguida ``con independencia de la propia manera de pensar o de sentir'' ² ; eficiencia, puntualizada como la optimización de los recursos disponibles para ``conseguir un efecto determinado'' <sup>3</sup> ; profesionalismo, definido como el ejercicio de sus funciones con ``relevante capacidad y aplicación'' ⁴ ; honradez, entendida como la actuación ``decente, decorosa, recatada, pundonorosa, proba, recta, honorable'' ⁵ y respeto a los derechos humanos, como una obligación explícitamente determinada para las instituciones de seguridad pública.

El párrafo décimo del propio artículo 21, establece que las instituciones de seguridad pública deberán tener un carácter civil excluyendo, de manera clara, la participación de las instituciones de seguridad nacional en acciones encaminadas a la preservación de la seguridad pública. Esto es, constitucionalmente se encuentra consignado el ámbito de acción de las fuerzas armadas nacionales y de nuestras policías, lo cual abonará al respeto irrestricto de los derechos humanos en nuestro país, a una equilibrada división de poderes y a la construcción de una cogobernabilidad responsable. Adicionalmente, en este párrafo podemos observar cómo el Ministerio Público, institución que por su propia naturaleza corresponde al ámbito de la procuración de justicia ahora, y debido a la importancia que sus funciones tienen para la conservación del orden público, es considerada como una institución de seguridad pública y conformará, junto con las instituciones policiales de los tres ámbitos de gobierno, el Sistema Nacional de Seguridad Pública, instrumento fundamental para la implementación coordinada, coherente y uniforme de las políticas de seguridad pública. Este nuevo órgano, deberá avocarse a la regulación de los procedimientos de selección, ingreso, permanencia y certificación de los integrantes de las instituciones de seguridad pública, esto es, deberá dictar las normas mínimas para la permanencia y promoción de los integrantes de las policías en sus cuerpos, pero también del Ministerio Público, en las Procuradurías de Justicia. Se prevé la conformación de una base nacional de datos que permita el seguimiento de las carreras policiales y ministeriales así como de aquellas personas que, por cualquier causa, han transgredido el marco legal. De manera especial, se introduce la prevención como una de las políticas fundamentales de la seguridad pública y, como instrumento adyacente y plenamente imbricado, la participación de la sociedad civil organizada y de la comunidad, jugando un papel de agentes coadyuvantes en la evaluación de las políticas de seguridad pública.

Los artículos transitorios de esta reforma mandatan que, en el transcurso de los siguientes ocho años, se pongan en práctica las medidas allí establecidas. En el caso de la seguridad pública, el artículo quinto transitorio señala que, en un lapso de seis meses, el Congreso de la Unión deberá expedir la nueva legislación. Es por ello que, comprometidos con la ciudadanía, el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, pone a consideración de esta soberanía la presente iniciativa que comprende las medidas mínimas indispensables para la consecución de los fines de la seguridad pública: la salvaguarda de la integridad y derechos de las personas así como la preservación de las libertades y el orden público.

La iniciativa de Ley que hoy presentamos, tiene por fundamento el respeto al pacto federal, la división de poderes y, de manera primordial, se basa en la implementación de políticas preventivas y en la institucionalización de una serie de mecanismos que permitirán el control de las instituciones de seguridad pública y privada así como de todos sus miembros. Para tal efecto, se divide en dos grandes partes. La primera, dedicada al Sistema Nacional de Seguridad Pública, en donde se establecen los mecanismos de coordinación, cooperación y dirección de las políticas de seguridad pública en los tres ámbitos de gobierno. La segunda, enfocada al establecimiento de los principios generales que deben regir las políticas de seguridad pública y los instrumentos institucionales mínimamente requeridos para conseguir sus fines.

Ya desde el artículo segundo, esta Iniciativa establece que la seguridad pública comprende ``la prevención de los delitos, su investigación y persecución para hacerla efectiva así como la sanción de las infracciones administrativas'' y coloca ``la salvaguarda de la integridad y derechos de las personas así como la preservación de las libertades y el orden público'' como sus fines. El artículo 3 define a la prevención como la base de las políticas de seguridad pública, que deberán tener como objeto la inhibición de la comisión de conductas ilícitas a través de la erradicación de los factores de riesgo que causan la delincuencia así como también establece, como parte integral de este fenómeno, la atención de las víctimas y la reinserción social de los transgresores. Estamos convencidos que ``para disminuir los índices delictivos es necesario invertir en la atención de los factores de riesgo causantes de la delincuencia'' ⁶ . Estas políticas, desde nuestro punto de vista, deben ser concebidas como políticas de Estado y es por ello que su transversalidad resulta imprescindible.

El artículo 4 establece las características de las instituciones de seguridad pública: civiles, disciplinadas y profesionales y hace explícita la obligatoriedad de la rendición de cuentas, el respeto a la participación ciudadana y la equidad como base fundamental del desempeño de sus funciones. El artículo 6 indica cuales son los integrantes del Sistema Nacional de Seguridad Pública, siguiendo lo dispuesto por el artículo 21 constitucional: los poderes Ejecutivos, el Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres ámbitos de gobierno. El artículo 8 establece, como columna vertebral del Sistema Nacional, los principios de actuación de sus integrantes: legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos.

El capítulo I del Título Segundo instituye las competencias del Sistema Nacional, para determinar las políticas a seguir en materia de prevención; atención integral a víctimas; participación ciudadana; procedimientos de selección, ingreso, formación, permanencia, evaluación, certificación, promoción y retiro de los miembros de las instituciones de seguridad pública; los sistemas de estímulos y recompensas así como los disciplinarios y, de manera imprescindible, el suministro y sistematización de la información a la Base Nacional de Información sobre Seguridad Pública. Se determina, de la misma manera, que será el Sistema Nacional --y no la Secretaría de Seguridad Pública federal como ocurre en la actualidad y que ha quedado bastamente evidenciado no resulta funcional--, la que administre esta Base Nacional, la regulación de los servicios privados de seguridad y el seguimiento de los instrumentos de ingreso y permanencia en las instituciones de seguridad pública. Esta situación fortalecerá el pacto federal en materia de seguridad pública ya que no determina la subordinación de ninguna institución local o municipal a las entidades federales de la administración pública y, al mismo tiempo, garantiza la vinculación de las decisiones tomadas al seno del Sistema Nacional en los tres ámbitos de gobierno, ya que son sus titulares quienes participan de manera activa en la toma de estas decisiones.

El capítulo II crea un nuevo Consejo Nacional de Seguridad Pública, concebido anteriormente como el órgano superior del Sistema Nacional, y que ahora se convierte en el órgano deliberativo y ejecutor del Sistema, con carácter colegiado y paritario, conformado por los titulares de los poderes Ejecutivos, los procuradores de justicia y los secretarios de seguridad pública o sus equivalentes, en los ámbitos federal y locales. Resguardando el hálito del respeto al pacto federal y retomando el espíritu de la reforma constitucional, el Poder Ejecutivo federal se encuentra representado en las mismas circunstancias que los Poderes Ejecutivos locales y se excluye, de manera clara, a las fuerzas armadas nacionales del Consejo, aunque se abre la posibilidad de que sus titulares puedan ser invitados, consultados y escuchados en las reuniones de trabajo del Consejo. Por otro lado, y como venía ocurriendo hasta el momento, se podrán instaurar las conferencias de trabajo que se requieran para alcanzar un estudio especializado de las diferentes materias y problemáticas de la seguridad pública.

Asimismo, en el capítulo III se crea la figura del Secretario Técnico, cuyas funciones serán exclusivamente de auxilio administrativo al Consejo Nacional para dar seguimiento a sus acuerdos y resoluciones, publicar sus informes y realizar estudios especializados en la materia; no formará parte del órgano deliberativo y será nombrado por el propio Consejo a propuesta del Presidente de la República. En el capítulo IV, se establecen las bases para que, con absoluto respeto a las atribuciones constitucionales de cada ámbito de gobierno, se instauren Consejos de Seguridad Pública en cada una de las entidades federativas, municipios u Órganos Políticos Administrativos, para dar seguimiento a la implantación de las políticas, acuerdos y lineamientos emitidos por el Consejo Nacional. Asimismo, se abre la posibilidad de establecer instancias regionales o intermunicipales de coordinación para atender problemáticas específicas, las cuales deberán apegarse al marco normativo local y tendrán la posibilidad de proponer, al Consejo Nacional, acuerdos, programas y convenios para alcanzar los fines de la seguridad pública en sus ámbitos específicos.

La Parte Segunda de esta iniciativa está enfocada a las políticas e instrumentos de la seguridad pública. El Título Tercero consigna los lineamientos generales de las políticas en materia de prevención, atención a víctimas y participación ciudadana. En el artículo 24 del capítulo I se establece que la seguridad pública es un derecho fundamental de los habitantes del territorio nacional que debe ser garantizado por el Estado a través del diseño e implantación de políticas transversales de prevención, situadas como instrumento fundamental y base de las políticas de la seguridad pública, tales que permitan identificar los factores de riesgo que dan origen a la delincuencia. Nos encontramos plenamente convencidos de que ``aumentar los presupuestos, incluso con grandes sumas para pagar a más policías, (no repercutirá) en una diferencia sustancial en los niveles de criminalidad'' <sup>7</sup> , lo cual no significa que no deban destinarse recursos públicos al efecto, sino que éstos sean utilizados de manera eficiente en el combate de los factores de riesgo y no únicamente para la implementación de medidas de coerción. Resulta indispensable, entonces, ``equilibrar un sistema modernizado de imposición de la ley y de justicia penal, que privilegie la inteligencia en la lucha contra los factores del delito que ponen en riesgo a las personas'' ⁸ .

Las estrategias de una prevención integral deben comprender, sin ninguna duda, al menos:

Lo anterior fue confirmado, ya desde 1991, por la Segunda Conferencia Internacional sobre Seguridad Urbana, Drogas y Prevención del Delito, efectuada en París. La declaración de esta conferencia indicaba que:

Es por todo lo anterior que, en el capítulo I del Título Tercero hemos establecido que todas las entidades de la administración pública y los tres poderes en los tres ámbitos de gobierno deberán implementar acciones preventivas para el desarrollo integral de niños, niñas, jóvenes, mujeres, personas con capacidades diferentes, pueblos indígenas, adultos mayores y de cualquier grupo que se encuentre en situación de desventaja por alguna circunstancia específica; entendido el desarrollo integral como ``el proceso sistémico económico, social, cultural y político, que garantice el mejoramiento constante del bienestar de toda la población y de todos los individuos sobre la base de su participación activa, libre y significativa en el desarrollo y en la distribución justa de los beneficios que de él se derivan''¹¹. Asimismo, estas acciones de prevención tenderán a elevar los niveles de educación y abatimiento del analfabetismo, el ejercicio efectivo del derecho a la salud, la promoción del empleo productivo, la disminución de la pobreza y la erradicación de la pobreza extrema, la promoción de la cultura de la paz y de una vida libre de violencia así como de la cultura de la legalidad.

Por otro lado, complementariamente, las Procuradurías de Justicia y las Secretarías de Seguridad Pública o sus equivalentes, en los tres ámbitos de gobierno, estarán obligadas, además, a implantar acciones y programas para prevenir la delincuencia infantil y juvenil, erradicar la violencia, especialmente la ejercida contra niñas, niños, jóvenes, mujeres, indígenas y adultos mayores así como aquella que se genera a partir del uso de armas, drogas y alcohol. Todos estos programas y acciones conformarán el Programa Permanente de Prevención Integral, el cual tendrá carácter estratégico y, para lo cual, las entidades de la administración pública federal deberán destinar, al menos, 2 por ciento de sus recursos presupuestales cada año, con excepción de la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría General de la República, las cuales estarán obligadas a destinar a programas preventivos, al menos, el 10 por ciento de su presupuesto anual. Estas acciones deberán ser replicadas en los ámbitos locales y municipales, respetando lo establecido en el artículo 116 constitucional. Con el objeto de hacer visibles estas acciones, hemos propuesto que se establezca un anexo específico, dentro del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación que, para cada año fiscal, aprueba la Cámara de Diputados.

El capítulo II de este Título se enfoca en las políticas de atención a víctimas, definidas como una obligación del Estado tendientes a custodiar el ``libre ejercicio de sus derechos desde todos los ámbitos de la acción social y tendrán como objetivo impedir y erradicar cualquier práctica que tenga como fin dilatar, obstaculizar o imposibilitar el goce y ejercicio de los mismos'' <sup>12</sup> . Concebimos la atención a la víctima como parte del fenómeno de la delincuencia ya que ``el delito no es sólo una violación de las leyes, sino también de las personas, situación que el sistema de imposición de la ley [ha] olvidado'' ¹³ , de tal manera que éstas regresen al estado en que se encontraban antes de la comisión del delito. Como base para la redacción de este capítulo hemos tomado la Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y del Abuso del poder, adoptada por la Organización de las Naciones Unidas desde 1985.

El capítulo III se encuentra dedicado a las formas de participación ciudadana y de la comunidad para la Seguridad Pública, establecida en dos niveles fundamentales: el de la comunidad, tenga o no estructura organizativa, y el de la sociedad civil organizada. La comunidad debe participar, con la autoridad más cercana a ella, es decir la municipal o de la demarcación territorial, para determinar el diseño de las políticas de seguridad pública a implementarse en su entorno inmediato, para lo cual deberán integrarse a dos representantes en los Consejos Municipales o de las demarcaciones territoriales de Seguridad Pública, previa elección de su comunidad.

Las organizaciones de la sociedad civil deberán estar representadas en los Consejos Nacional, estatales y del Distrito Federal, en igualdad de circunstancias que sus demás integrantes, para lo cual los poderes Ejecutivos deberán emitir la convocatoria correspondiente. Adicionalmente, podrán participar en la implantación de las políticas de seguridad en los tres ámbitos de gobierno y, junto con las instituciones de educación superior, en la evaluación del diseño, implementación e impacto de las políticas de seguridad pública así como de las propias instituciones. El proceso de evaluación de las políticas públicas implementada por las organizaciones de la sociedad civil y las instituciones de educación superior deberán contemplar los programas y la actuación de las propias organizaciones así como de las instituciones de seguridad pública en la implementación de las políticas así como su impacto, validarán los indicadores de gestión, publicarán sus resultados y podrán proponer, en su caso, el rediseño o redireccionamiento de las políticas.

En cuanto a la evaluación realizada por las instituciones de educación superior y las organizaciones de la sociedad civil de las instituciones de seguridad pública, deberán contemplar la evaluación del desempeño, la validación de las currículas para los programas de capacitación y profesionalización, las evaluaciones técnico-jurídicas y técnico-operativas de su actuación así como la evaluación del servicio prestado.

El Título Cuarto de esta iniciativa se encuentra dedicado a la regulación del Servicio Civil de Carrera en las Instituciones de Seguridad Pública, para lo cual se establecen, en el artículo 39, las obligaciones mínimas que deben cumplir, el beneficio de la objeción de conciencia y las garantías mínimas para el desarrollo de sus funciones. Se institucionaliza al Servicio Civil de Carrera, obligatorio y permanente, como la base de la formación de las instituciones de seguridad pública --a saber: instituciones policiales y del Ministerio Público--, y se establecen los requisitos mínimos para participar en el proceso de selección para ingresar en ellas. Ninguna persona que no cumpla con los requisitos de selección, ingreso, permanencia y certificación podrá pertenecer o permanecer en las instituciones de seguridad pública.

Asimismo, se establecen los requisitos mínimos para ingresar como agente de policía preventivo, agente de policía de reacción, agente de la policía de investigación y como agente del Ministerio Público. De la misma forma, se establece que los procedimientos de certificación policial y ministerial deberán incluir la validación de la currícula de los programas de capacitación, actualización y profesionalización, las materias mínimas de estos programas, la aplicación de exámenes de conocimiento, la aplicación de exámenes de control de confianza, un estudio de evolución patrimonial, la verificación de la autenticidad de los documentos oficiales presentados y la verificación de los antecedentes penales del aspirante. Entre los requisitos mínimos para que un agente de las instituciones de seguridad pública permanezca en ellas, se establece que deberán aprobar evaluaciones permanentes y periódicas de control de confianza, deberán acreditar semestralmente al menos un curso de actualización profesional, deberán presentar declaración de modificación profesional y aprobar bianualmente los procesos de certificación antes descritos. Asimismo, se establecen los requisitos mínimos para la obtención de promociones en estas instituciones. Estas propuestas superan con mucho, las evaluaciones y exámenes de control de confianza aplicados en la actualidad y que han demostrado que resultan insuficientes y limitados.

El Sistema Nacional será el encargado de llevar a cabo los procedimientos de certificación de las instituciones de seguridad pública y de sus integrantes.

El Título Quinto de esta Iniciativa se encuentra dedicado a la integración de la Base Nacional de Información sobre Seguridad Pública, conformada a partir de los datos criminalísticos y de personal de las instituciones de seguridad pública, aportados por los municipios o demarcaciones territoriales, los estados, el Distrito Federal y la Federación, gestionada y administrada por el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Esta Base Nacional tendrá tres Registros:

Se establecen, en este mismo capítulo, las reglas generales para la consulta de esta Base Nacional, niveles y tipos de acceso a la Base así como la determinación de principios generales para su consulta por la población en general.

Por último, pero no por ello menos importante, se establecen los principios generales para la regulación de los servicios privados de seguridad en el Título Sexto. Entre los requisitos para el desarrollo de este tipo de actividades se incluyen la obligación de cumplir con las disposiciones de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y la ley Federal de Seguridad Privada y contar con las licencias correspondientes de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Dirección General del Registro y Supervisión a Empresas y Servicios de Seguridad Privada dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública, inscribir a todos sus integrantes en el Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública y notificar cualquier cambio en su estatus laboral, inscribir su armamento y equipo en el Registro Nacional, obtener los permisos administrativos correspondientes en cada una de las entidades en que presten sus servicios y, en el caso de que éstos lo sean en dos o más entidades, además deberán contar con la autorización correspondiente de la Secretaría de Seguridad Pública federal, deberán contar con capital social mayoritariamente mexicano.

Es por todo lo anterior, plenamente convencidos de que el paradigma de la seguridad pública debe ser modificado, ampliamente comprometidos con el libre goce de los derechos humanos y las garantías individuales de los habitantes del territorio nacional y especialmente imbricados en la construcción de un Estado democrático social y de derecho que responda, de frente a la ciudadanía, para garantizar el derecho a la Seguridad como parte fundamental del desa-rrollo humano, que sometemos a la consideración de esta honorable soberanía la siguiente

Iniciativa de Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública

Artículo Único. Se expide la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en los términos siguientes:

Artículo 1. La presente ley es reglamentaria de los párrafos noveno y décimo del artículo 21 constitucional y tiene por objeto establecer el Sistema Nacional de Seguridad Pública, las bases generales para el desarrollo de la función de seguridad pública así como los mecanismos de coordinación entre la federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios. Sus disposiciones son de orden público e interés social y de observancia general en todo el territorio nacional.

Artículo 2. La seguridad pública comprende la prevención de los delitos, su investigación y persecución para hacerla efectiva así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley de la materia. Los fines de la seguridad pública son la salvaguarda de la integridad y derechos de las personas así como la preservación de las libertades y el orden público.

Artículo 3. La prevención del delito es la base de la seguridad pública, entendida como el conjunto transversal de políticas públicas que hagan posible inhibir la comisión de conductas ilícitas, cuyo enfoque debe dirigirse a identificar y erradicar los factores de riesgo que causan la delincuencia, a garantizar la atención integral de las víctimas desde todas las perspectivas de la acción social y crear mecanismos de reinserción social de los transgresores.

Artículo 4. Las instituciones de seguridad pública en los tres órdenes de gobierno serán de carácter civil, disciplinado y profesional. Asimismo, estarán obligadas a la rendición de cuentas, al respeto de la participación ciudadana y la equidad en el desempeño de sus funciones.

Artículo 5. Se entiende por:

Artículo 6. El Sistema Nacional de Seguridad Pública se integra por el Presidente de la República, los gobernadores, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, los Procuradores de la Federación, de los Estados y del Distrito Federal o sus similares y los Secretarios de Seguridad Pública de los tres ámbitos de gobierno o sus similares, de conformidad por lo ordenado por el artículo 21 constitucional y la presente ley, para cumplir con los objetivos y fines de la seguridad pública.

Artículo 7. La aplicación de esta Ley y las acciones de coordinación que de ella se deriven, se hará con respeto absoluto de las atribuciones constitucionales que tengan las instituciones y autoridades que intervienen en el Sistema Nacional.

Las acciones de coordinación podrán establecerse entre los diversos órganos de las instituciones de seguridad pública. En el convenio de colaboración deberá especificarse si se trata de acciones operativas o ministeriales.

Artículo 8. La actuación de los integrantes del Sistema Nacional de Seguridad Pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos. Las autoridades, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán instrumentos de formación que garanticen el cumplimiento de estos principios, con base en lo establecido por esta ley.

Artículo 9. El presidente de la república, los gobernadores, el jefe de gobierno del Distrito Federal, los procuradores de Justicia y los secretarios de Seguridad Pública de la federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios, integrarán el Sistema Nacional de Seguridad Pública, para implantar, en los términos de esta ley y de la leyes locales, los procesos para:

Artículo 10. El Sistema Nacional será competente para la determinación de las políticas, en los términos que señala esta ley, en las materias siguientes:

Artículo 11. El Sistema Nacional deberá contar con la estructura necesaria para la administración de la base nacional de información sobre seguridad pública, para la regulación y control de los servicios privados de seguridad y otros auxiliares así como el seguimiento de los instrumentos de selección, ingreso, formación, permanencia, evaluación, certificación, promoción y retiro de los miembros de las instituciones de seguridad pública y las demás atribuciones que le confiere esta Ley. Los recursos presupuestales serán suministrados a través del Consejo Nacional.

Artículo 12. Las políticas, lineamientos y acciones de coordinación se llevarán a cabo mediante la suscripción de los convenios respectivos o con base en los acuerdos y resoluciones que se tomen en el Consejo Nacional, los Consejos Estatales, el del Distrito Federal, o los municipales y en las demás instancias de coordinación, de acuerdo a sus respectivas competencias y de conformidad con lo siguiente:

Artículo 13. El Consejo Nacional será el órgano deliberativo y ejecutor del Sistema Nacional, tendrá carácter colegiado y paritario, y estará integrado por:

El presidente del Consejo Nacional será elegido de entre sus miembros y durará en su encargo un año pudiendo ser reelecto por una sola ocasión. La reunión de instalación del Consejo Nacional será presidida por el titular del Poder Ejecutivo federal.

Los acuerdos del Consejo Nacional se tomarán por mayoría de votos de los presentes; para este efecto, cada entidad federativa y la Federación podrán emitir únicamente un voto de sus representantes. Todos los miembros del Consejo Nacional podrán someter a la aprobación del pleno del Consejo, acuerdos, propuestas, lineamientos y los demás temas que consideren necesarios para alcanzar los objetivos de la seguridad pública.

El Consejo Nacional contará con un Secretario Técnico, que será nombrado por mayoría de votos en el Consejo Nacional, de una terna propuesta por el Titular del Ejecutivo Federal y podrá ser removido únicamente por acuerdo del Consejo Nacional. Éste no será integrante del Consejo Nacional y contará con los recursos financieros suficientes para el cumplimiento de sus funciones, asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación a través del Consejo Nacional. El Secretario Técnico durará en su encargo tres años y podrá ser reelecto.

Artículo 14. Para las distintas materias a que se refiere esta ley, el Sistema Nacional contará con las conferencias de trabajo de titulares de los poderes Ejecutivos, procuradores de Justicia o equivalentes, secretarios de Seguridad Pública o equivalentes y presidentes municipales. También podrá formar las comisiones necesarias para las diferentes áreas de la materia y en particular, para el estudio especializado de la problemática de seguridad pública; en ellas podrán participar las dependencias y entidades de la federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios, y los órganos políticos administrativos del Distrito Federal que, por razón de su competencia, tengan relación con el Sistema Nacional.

Con la misma finalidad, se invitará a expertos, instituciones académicas, de investigación y agrupaciones sociales relacionadas con la materia.

Artículo 15. El Consejo Nacional acordará sobre los asuntos sometidos a su consideración por sus integrantes, en relación con las materias siguientes:

Artículo 16. El Consejo Nacional se reunirá, cuando menos, cada tres meses a convocatoria del presidente en turno, quien integrará la agenda de los asuntos a tratar.

Artículo 17. El Consejo Nacional podrá asesorarse de las instituciones de educación superior y organismos de la sociedad civil, para el cumplimiento de la presente ley.

Artículo 18. Para ser secretario técnico del Consejo Nacional se requiere:

Artículo 19. El secretario técnico del Consejo Nacional tendrá las siguientes funciones:

Artículo 20. En las entidades federativas, en el Distrito Federal, en los municipios y en los órganos políticos administrativos del Distrito Federal se establecerán consejos encargados de la coordinación, planeación y supervisión del Sistema Nacional. Asimismo serán los responsables de dar seguimiento a los acuerdos, lineamientos y políticas emitidos por el Consejo Nacional, en sus respectivos ámbitos de gobierno, en materia de:

En el caso de los consejos estatales y del Consejo del Distrito Federal, participarán los municipios o los órganos políticos administrativos, respectivamente, atendiendo a las características regionales y demográficas de cada entidad federativa.

Artículo 21. Los consejos estatales, el del Distrito Federal, los municipales o de los órganos políticos administrativos y las instancias regionales o intermunicipales de coordinación se organizarán, en lo conducente, de manera similar al Consejo Nacional y tendrán las funciones relativas para hacer posible la coordinación y los fines de la seguridad pública, en sus ámbitos de competencia y deberán integrar, ineludiblemente, a representantes de la comunidad, en igualdad de circunstancias que los demás miembros del Consejo, según lo establecido en esta ley.

Artículo 22. Cuando para el cumplimiento de la función de seguridad pública sea necesaria la participación de dos o más entidades federativas o del Distrito Federal, se establecerán instancias regionales de coordinación, con carácter temporal o permanente.

Cuando se requiera la participación de dos o más municipios u órganos políticos administrativos, ya sea de una misma o de diferentes entidades federativas, podrán también establecerse instancias intermunicipales, con apego a los ordenamientos locales correspondientes.

Artículo 23. Los consejos estatales, el del Distrito Federal, los consejos municipales o los órganos políticos administrativos y las instancias regionales o intermunicipales de coordinación podrán proponer al Consejo Nacional acuerdos, programas específicos y convenios sobre las materias de la coordinación.

Artículo 24. El Estado garantizará la seguridad pública a través del diseño transversal de políticas de prevención y su implantación efectiva, que permita identificar los factores de riesgo que originan la delincuencia para erradicarlos así como participar en la creación de mecanismos para la reinserción social de los transgresores.

Artículo 25. Todas las entidades de la administración pública y los tres Poderes en los tres ámbitos de gobierno estarán obligados a implementar acciones y programas en materia de prevención, en la esfera de sus respectivas competencias, los que deberán estar enfocados, cuando menos, a lo siguiente:

Artículo 26. Las Procuradurías de Justicia y las Secretarías de Seguridad Pública o equivalentes, en los tres ámbitos de gobierno, estarán obligadas, además de lo señalado en el artículo anterior, a implementar acciones y programas para:

Artículo 27. Las acciones y programas contemplados en los artículos 25 y 26 tendrán el carácter de permanentes y estratégicos y conformarán el Programa Permanente de Prevención Integral, el cual estará sujeto a la evaluación de la sociedad civil, en términos de lo establecido en esta Ley.

Artículo 28. Todas las entidades de la Administración Pública Federal deberán destinar, al menos el 2 por ciento de los recursos presupuestales anuales a la implementación de programas integrales de prevención, con excepción de la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría General de la República, las cuales, al menos, deberán destinar el 10 por ciento de su presupuesto anual para tales efectos.

El seguimiento al Presupuesto de Prevención deberá ser especificado en un anexo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación que anualmente aprueba la Cámara de Diputados.

Los congresos locales proveerán lo necesario para el cumplimiento de lo establecido en este capítulo, en los términos del artículo 116 constitucional.

Artículo 29. El Estado garantizará la atención a las víctimas, a través del diseño e implementación de políticas que custodien el libre ejercicio de sus derechos desde todos los ámbitos de la acción social y tendrán como objetivo impedir y erradicar cualquier práctica que tenga como fin dilatar, obstaculizar o imposibilitar el goce y ejercicio de los mismos.

Artículo 30. Las políticas de atención a las víctimas deberán contemplar, al menos:

Artículo 31. La participación de los habitantes del territorio nacional en la Seguridad Pública tendrá como objetivo establecer mecanismos de cogobernabilidad y corresponsabilidad con las autoridades y podrá realizarse a través de:

Artículo 32. Los Consejos Nacional, Estatales y del Distrito federal deberán contar con, al menos dos representantes de las organizaciones de la sociedad civil. Para el efecto, los titulares de los Ejecutivos en los tres ámbitos de gobierno emitirán la convocatoria correspondiente para que las organizaciones civiles elijan a sus representantes.

Los Consejos Municipales y los de los órganos políticos administrativos deberán contar, al menos, con dos representantes de la comunidad elegidos para el efecto, previa convocatoria de la autoridad correspondiente, quienes participarán en el diseño de las políticas de seguridad pública.

Artículo 33. Las organizaciones de la sociedad civil podrán participar en la implantación de políticas de seguridad pública en los tres ámbitos de gobierno.

Artículos 34. Las instituciones de educación superior y las organizaciones de la sociedad civil podrán participar en la evaluación del diseño, implementación e impacto de las políticas de seguridad pública así como de las instituciones de seguridad pública.

Artículo 35. Las organizaciones de la sociedad civil que participen en la implantación de las políticas de seguridad pública, no podrán intervenir en su diseño ni evaluación; aquellas que evalúen, no podrán participar en la implantación; y aquellas que participen en el diseño, no podrán intervenir en su implantación ni evaluación.

Artículo 36. Las organizaciones de la sociedad civil y las instituciones de educación superior que participen en el proceso de evaluación de las políticas públicas, podrán:

Estos informes deberán ser entregados a los Consejos Nacional, Estatales, del Distrito Federal y Municipales y los de los Órganos Políticos Administrativos, los cuales estarán obligados a tomar en consideración esta información para el rediseño o redireccionamiento de las políticas públicas en la materia.

Artículo 37. Las instituciones de educación superior y las organizaciones de la sociedad civil que participen en el proceso de evaluación de las instituciones de seguridad pública, podrán:

Artículo 38. Las instituciones de educación superior y las organizaciones de la sociedad civil que realicen funciones de evaluación, podrán acceder a toda la información necesaria para la realización de estos trabajos. Cuando se trate de información reservada, la institución de seguridad pública establecerá los mecanismos para su consulta.

El mal uso de la información reservada que hagan los integrantes de las organizaciones de la sociedad civil o de las instituciones de educación superior, será sancionada en los términos de la legislación penal correspondiente.

Artículo 39. Para que la actuación de los integrantes de las instituciones de seguridad pública se apegue a los principios establecidos en el artículo 21 de la Constitución y en el artículo 8 de esta ley, las autoridades de los tres ámbitos de gobierno, en la esfera de sus respectivas competencias garantizarán, que en las normas aplicables se prevean, como mínimo, las obligaciones siguientes:

El incumplimiento de lo establecido en cualquiera de las fracciones de este artículo, será causa de responsabilidad administrativa, civil y/o penal, de acuerdo con las leyes en la materia. No serán sancionados los integrantes de las instituciones de seguridad pública que se nieguen a cumplir órdenes ilegales, pero sí lo será el mando que las haya emitido de manera verbal o escrita.

Artículo 40. El Ministerio Público, además de lo establecido en el artículo anterior:

Artículo 41. El Servicio Civil de Carrera es la base de la formación de los integrantes de las instituciones policiales y del Ministerio Público, a fin de cumplir con los principios de actuación y desempeño consignados en la Constitución Política y en esta ley. Comprenderá los requisitos y procedimientos de selección, ingreso, formación, permanencia, evaluación y certificación así como mecanismos de promoción y separación del servicio.

Artículo 42. Serán requisitos mínimos para participar en el proceso de selección para el ingreso a las instituciones de Seguridad Pública:

Artículo 44. Para ingresar como policía de reacción en las instituciones de Seguridad Pública se requiere, al menos:

Artículo 45. Para ingresar como agente de la policía de investigación en las instituciones de Seguridad Pública se requiere, al menos:

Artículo 46. El proceso de certificación policial contará, al menos, con los siguientes elementos:

Artículo 47. Serán requisitos mínimos para la permanencia en las instituciones de Seguridad Pública:

Artículo 48. Serán requisitos para la obtención de promociones en las instituciones de Seguridad Pública:

Artículo 49. El Servicio Civil de Carrera, en sus diferentes niveles, se establecerá con carácter de obligatorio y permanente. Deberá instrumentarse por la federación, las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios, en sus respectivos ámbitos de competencia con base en lo dispuesto por esta ley, las políticas generales emitidas por el Sistema Nacional y lo que dispongan las leyes locales de la materia, de manera coordinada. Los Consejos estatales, el del Distrito Federal y los consejos municipales o de los órgano político administrativo serán los encargados de dar seguimiento al cumplimiento de los acuerdos del Consejo Nacional en esta materia, para lograr la homologación de procedimientos y la equivalencia de contenidos mínimos de planes y programas para la formación de los integrantes de las instituciones policiales. Para lo anterior, contarán con el apoyo del Sistema Nacional.

Artículo 50. Será motivo de baja de las instituciones de Seguridad Pública:

Los miembros de las instituciones de seguridad pública a que se refiere este capítulo podrán ser separados de sus cargos si no cumplen con los requisitos que señala esta Ley o removidos por responsabilidad en el desempeño de sus funciones. Si la autoridad jurisdiccional resolviere que la separación del servicio fue injustificada, la autoridad responsable sólo estará obligada a pagar la indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho sin que, en ningún caso, proceda su reincorporación al servicio, cualquiera que sea el resultado del juicio o medio de defensa que se hubiere promovido.

Artículo 51. En las instituciones de seguridad pública, el retiro obligatorio por edad avanzada se establecerá a la edad de 65 años.

Artículo 52. La base nacional de información sobre seguridad pública se conformará a partir de los datos criminalísticos y de personal de las instituciones de seguridad pública, los cuales deberán ser aportados por los municipios o demarcaciones territoriales, estados, el Distrito Federal y la Federación. El Sistema Nacional será el responsable de su sistematización, administración y gestión. El incumplimiento de lo anterior será causa de responsabilidad para el servidor público encargado de proporcionarlos a la Base, de acuerdo a las leyes de la materia.

La base nacional de información sobre seguridad pública contendrá un Registro Nacional del Personal de Seguridad Pública, un Registro Nacional de Armamento y Equipo de las Instituciones de Seguridad Pública, las Estadísticas de Seguridad Pública y la Información de Apoyo a la Procuración de Justicia

Las reglas para determinar los niveles de acceso a la Base serán establecidas por acuerdo del Consejo Nacional, de conformidad con lo establecido en esta Ley.

Artículo 53. Es obligación de la federación, de los estados, del Distrito Federal y de los municipios proporcionar al Sistema Nacional, los datos criminalísticos y de personal que labora en las instituciones de seguridad pública, necesarios para integrar la Base Nacional de Información sobre Seguridad Pública.

Artículo 54. - El Consejo Nacional determinará las bases para incorporar otros servicios o instrumentos que tiendan a integrar la información sobre seguridad pública y los mecanismos modernos que den agilidad y rapidez a su acceso.

También determinará las condiciones de relativas a los niveles de seguridad sobre manejo y acceso a la información. El Consejo Nacional establecerá los mecanismos para la inscripción y modificación de datos en la Base Nacional de Información sobre Seguridad Pública, tales que garanticen la integridad de los datos allí contenidos y deberá llevar un registro de los servidores públicos que realicen consultas y la información a la que tuvieron acceso.

Artículo 55. El Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública contendrá la información relativa a los integrantes de las instituciones de la Federación, las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios.

Artículo 56. El Registro deberá contener:

Cuando a los integrantes de las instituciones de seguridad pública sean dados de baja, se les dicte cualquier auto de procesamiento, sentencia condenatoria o absolutoria, sanción administrativa o resolución que modifique, confirme o revoque dichos actos, de manera inmediata, se asentarán en el Registro.

Las órdenes de suspensión de actividades, de detención o aprehensión se notificarán de manera inmediata. Las órdenes de detención o aprehensión lo serán únicamente cuando no pongan en riesgo la investigación o la causa procesal.

Artículo 57. Las autoridades competentes de la federación, las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios tendrán la obligación de actualizar los datos relativos a todos los integrantes de las instituciones de seguridad pública y proporcionarlos de manera inmediata al Sistema Nacional, en términos de lo dispuesto en esta ley. Se consideran miembros de las instituciones de seguridad pública a todos aquellos servidores públicos que formen parte de ellas por haber concluido exitosamente los procesos de selección e ingreso, encontrarse dentro del Servicio Civil de Carrera y hayan aprobado los procedimientos de evaluación, permanencia y de certificación, establecidos por las autoridades competentes, de acuerdo con lo establecido en esta ley.

El Consejo Nacional establecerá los mecanismos por los cuales las empresas privadas de seguridad entregarán al Sistema Nacional los datos relativos a sus empleados y personal.

Artículo 58. Los integrantes de las instituciones de seguridad pública ostentarán una identificación que incluya fotografía, nombre, nombramiento y clave de inscripción en el Registro.

Artículo 59. La consulta del registro será obligatoria y previa al ingreso de toda persona a cualquier institución de seguridad pública, incluyendo las de formación. Con los resultados de la consulta la autoridad procederá de conformidad con las normas conducentes. Cuando un servidor público de las instituciones de seguridad pública no se encuentre registrado debidamente, será motivo de su separación inmediata del servicio.

Artículo 60. Las disposiciones previstas en esta sección no serán aplicables a los servidores públicos del poder judicial de la Federación, las entidades federativas y el Distrito Federal que realicen funciones distintas a las de seguridad pública.

Artículo 61. Además de cumplir con las disposiciones contenidas en otras leyes, las autoridades competentes de la Federación, las entidades federativas, el Distrito Federal y los Municipios u órganos políticos administrativos manifestarán al Registro Nacional de Armamento y Equipo:

Artículo 62. Los miembros de las instituciones de seguridad pública sólo podrán portar las armas de cargo que les hayan sido autorizadas individualmente o aquellas que se les hubiesen asignado en lo particular y que estén registradas colectivamente para la institución de seguridad pública a que pertenezcan, de conformidad con la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Artículo 63. Los miembros de las instituciones de seguridad pública sólo podrán portar armas durante el tiempo del ejercicio de funciones, o para un horario, misión o comisión determinados, de acuerdo con los ordenamientos de cada institución.

Artículo 64. En el caso de que los elementos de seguridad pública aseguren armas y/o municiones, lo comunicarán de inmediato al Registro Nacional de Armamento y Equipo y las pondrán a disposición de las autoridades competentes, en los términos de las disposiciones de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Artículo 65. El incumplimiento de las disposiciones contenidas en los artículos 64 al 66 de esta ley dará lugar a que la portación de armas se considere ilegal y sea sancionada en los términos de las normas aplicables.

Artículo 66. Las disposiciones previstas en esta sección no serán aplicables a los servidores públicos del Poder judicial de la Federación, los Estados y el Distrito Federal, que realicen funciones distintas a las de seguridad pública.

Artículo 67. El Consejo Nacional determinará los instrumentos de acopio de datos que permitan analizar la incidencia criminológica, delictiva y, en general, la problemática de seguridad pública en los ámbitos de la federación, las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios, con el propósito de planear las estrategias de las políticas tendentes al cumplimiento de la función de la seguridad pública. Para este efecto, el Consejo Nacional dispondrá los mecanismos que permitan la evaluación y reorientación, en su caso, de las políticas de seguridad pública, con base en lo establecido en esta ley.

Artículo 68. Las normas generales para la recepción de la información serán establecidas por el Consejo Nacional, de conformidad con la ley de la materia. La federación, las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios u órganos políticos administrativos estarán obligados a proporcionar los datos correspondientes y el incumplimiento será causa de responsabilidad, de acuerdo a las leyes de la materia.

Artículo 69. La estadística de seguridad pública formará parte de la base nacional de información sobre seguridad pública, la cual sistematizará los datos y cifras relevantes sobre servicios de seguridad preventiva, procuración y administración de justicia, sistemas de prisión preventiva, de ejecución de sentencias y de tratamiento de menores, y los factores asociados a la problemática de seguridad pública.

Artículo 70. La federación, los Estados, el Distrito Federal y los municipios, suministrarán, intercambiaran y sistematizarán la información sobre seguridad pública, mediante los instrumentos tecnológicos modernos que permitan el fácil y rápido acceso a los usuarios que se refiere esta ley.

Se integrará una base nacional de datos sobre personas probables responsables de delitos, indiciadas, procesadas o sentenciadas, de consulta obligatoria en las actividades de seguridad pública, donde se incluyan sus características criminales, medios de identificación, recursos y modos de operación. Esta base nacional de datos se actualizará permanentemente y se conformará con la información que aporten las instituciones de prevención, procuración y administración de justicia, readaptación social y en general, todas las instituciones que deban contribuir a la seguridad pública, relativa a las investigaciones, averiguaciones previas, órdenes de detención y aprehensión, sentencias o ejecución de penas.

Esta información servirá para lograr los propósitos que refiere el artículo 67 y para instruir la mejor detección y persecución de los delitos.

Dicha información se dará de baja de esta base de datos, por resoluciones de libertad por desvanecimiento de datos o falta de elementos para procesar, así como por sentencias absolutorias.

Artículo 71. La federación, las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios u órganos políticos administrativos estarán obligados a proporcionar los datos correspondientes y el incumplimiento será causa de responsabilidad, de acuerdo a las leyes de la materia. La institución del Ministerio Público sólo podrá reservarse la información que ponga en riesgo alguna investigación, pero la proporcionará inmediatamente después que deje de existir tal condición.

Artículo 72. Existirá una base nacional de información sobre seguridad pública, la cual contendrá la información relativa a los integrantes de las instituciones de seguridad pública de la federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios.

El Registro contendrá, por lo menos:

Cuando a los integrantes de las instituciones de seguridad pública se les dicte cualquier auto de procesamiento, sentencia condenatoria o absolutoria, sanción administrativa o resolución que modifique, confirme o revoque dichos actos, se notificará inmediatamente al registro.

Las órdenes de detención o aprehensión se notificarán cuando no pongan en riesgo la investigación o la causa procesal.

Para la consulta de la base nacional de información sobre seguridad pública, deberán establecerse los diferentes niveles de acceso, con base en los criterios de orden de gobierno, función y cargo del servidor público. El Consejo Nacional determinará los mecanismos para la clasificación de los niveles o tipo de acceso a la información de la base nacional de información sobre seguridad pública. Asimismo determinará los criterios de publicidad de la información contenida en la base nacional.

Artículo 73. La información será manejada bajo los principios de confidencialidad y reserva. No se proporcionará al público la información que ponga en riesgo la seguridad pública o atente contra el honor de las personas. El incumplimiento de esta obligación se equiparará al delito de revelación de secretos, sin perjuicio de responsabilidades de otra naturaleza.

Artículo 74. Cualquier interesado que estime falsa o errónea alguna información, podrá solicitar la investigación correspondiente con el objeto de que, en su caso, se anote la corrección que proceda, conforme al procedimiento que establezca el Consejo Nacional.

Artículo 75. El Consejo Nacional impulsará las acciones necesarias para que la federación, las entidades federativas, el Distrito Federal y los Municipios, establezcan un servicio para la localización de personas y bienes.

Artículo 76. El Consejo Nacional promoverá que la federación, las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios o demarcaciones territoriales, en el ámbito de sus respectivas competencias, establezcan un servicio de comunicación que reciba los reportes de la comunidad, sobre las emergencias, faltas y delitos de que tenga conocimiento.

El servicio tendrá comunicación directa con las instituciones de seguridad pública, salud, protección civil y las demás asistenciales públicas y privadas.

Artículo 77. Además de cumplir con las disposiciones de la Ley Federal de Seguridad Privada; la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, los particulares que presten servicios de seguridad, protección, vigilancia o custodia de personas, lugares o establecimientos, de bienes o valores, incluido su traslado; deberán obtener autorización previa de la Secretaría de Seguridad Pública, cuando los servicios comprendan dos o más entidades federativas; o de la autoridad administrativa que establezcan las leyes locales, cuando los servicios se presten sólo en el territorio de una entidad. Conforme a las bases que esta ley dispone, las instancias de coordinación promoverán que dichas leyes locales prevean los requisitos y condiciones para la prestación del servicio, la denominación, los mecanismos para la supervisión y las causas y procedimientos para determinar sanciones.

Artículo 78. Las empresas privadas que presten servicios de seguridad, protección, vigilancia o custodia de personas, lugares o establecimientos, de bienes o valores, incluido su traslado, deberán:

El incumplimiento de cualquiera de estas disposiciones será motivo de revocación de los permisos y/o la autorización concedida a la empresa privada de seguridad, la cual será ordenada por la instancia correspondiente. En el caso de la fracción V de este artículo, la instancia competente lo será la Secretaría de Seguridad Pública Federal.

Artículo 79. Los servicios privados de seguridad son auxiliares en la función de seguridad pública. Sus integrantes colaborarán con las autoridades y las instituciones de seguridad pública en situaciones de urgencia, desastre o cuando así lo solicite la autoridad competente de la federación, las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios o demarcaciones territoriales, de acuerdo a los requisitos y condiciones que establezca la autorización respectiva.

El Consejo Nacional dictará los lineamientos generales por los cuales se podrán establecer estos mecanismos de colaboración.

Los particulares que presten este servicio estarán impedidos para ejercer las funciones que corresponden a las autoridades de seguridad pública.

Artículo 80. Los particulares que se dediquen a estos servicios, así como el personal que contraten, se regirán en lo conducente, por las normas que esta ley y las demás aplicables establecen para las instituciones de seguridad pública; incluyendo los principios de actuación y desempeño y la obligación de aportar los datos para el registro de su personal y equipo y, en general, proporcionar la información estadística y sobre la delincuencia al Sistema Nacional.

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Se abroga la Ley General que establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de diciembre de 1995.

Segundo. Conforme a las disposiciones legales aplicables, el Ejecutivo Federal realizará las transferencias presupuestarias necesarias, a efecto de que el Sistema Nacional de Seguridad Pública y las instancias, los instrumentos, mecanismos y programas que lo conformen, puedan establecerse y desarrollar las funciones ordenadas en la presente ley. Estas medidas deberán ser incluidas en los subsecuentes Proyectos de Presupuesto de Egresos de la Federación, para su aprobación por la Cámara de Diputados.

Tercero. El Consejo Nacional de Seguridad Pública se instalará dentro del plazo de 30 días naturales contados a partir de la publicación de la presente ley. Los consejos estatales y del Distrito Federal deberán quedar instalados en el plazo de 45 días naturales contados a partir de la publicación de la presente ley. Los consejos municipales y de las demarcaciones territoriales deberán quedar instalados en el plazo de 60 días naturales contados de la misma manera.

Cuarto. El Consejo Nacional de Seguridad Pública, en su primera sesión, determinará los procedimientos y los plazos máximos, para que se instalen las instancias de coordinación y se establezcan los instrumentos y servicios que prevé esta ley.

Quinto. Se derogan todas las disposiciones jurídicas que se opongan a lo establecido por la presente ley.

El Presidente diputado César Horacio Duarte Jáquez: Se turna a la Comisión de Seguridad Pública, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

«Iniciativa de Ley que regula el Uso de la Fuerza por los Integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública Federal, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario del PRD

Los suscritos, diputados federales de la LX Legislatura integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentan a consideración de esta honorable asamblea iniciativa de Ley que regula el Uso de la Fuerza por los Integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública Federal, al tenor de la siguiente

La actuación de cuerpos policiales no es ajena al estado de derecho. Sin embargo, cuando se despliega la fuerza pública, ésta debe sujetarse a una serie de principios y normas para regular su actuación, incluso en aquellos casos en los que las autoridades intervienen para reestablecer el orden público. De lo contrario, las acciones gubernamentales configurarían un uso excesivo e ilegítimo de la fuerza pública.

Durante años, los movimientos sociales en México a menudo han tenido enfrentamientos con la policía en el uso de su derecho a la libre manifestación. Organismos defensores de los derechos humanos han documentado en múltiples ocasiones como la policía se ha excedido en el uso de la fuerza para dispersar manifestaciones y lesionar a los ciudadanos, en estos casos, la policía rara vez es sometida a un control efectivo del uso de la fuerza en tales circunstancias, y las investigaciones sobre las denuncias rara vez conducen a que se haga rendir cuentas a los agentes.

La ausencia de una normatividad en la materia, es particularmente crítica con relación a la capacidad de usar la fuerza, deficiencia que se traduce en violencia, pues al carecer de un fundamento legal para su regulación del uso de la fuerza y de las armas de fuego, pareciera que es irrelevante clasificar las conductas de los policías, lo que conlleva a la violación de los derechos humanos.

Al respecto, es importante señalar que, sobre el uso legítimo de la fuerza y de las armas de fuego por los funcionarios o servidores públicos encargados de hacer cumplir la ley, existen principios comunes y esenciales que rigen el uso de las mismas como son la legalidad, la congruencia, la oportunidad y la proporcionalidad. La legalidad se refiere a que los actos que realicen dichos servidores públicos deben estar expresamente previstos en las normas jurídicas. La congruencia es la utilización del medio adecuado e idóneo que menos perjudique a la persona y a la sociedad. La oportunidad consiste en que dichos funcionarios deben actuar inmediatamente, con su mejor decisión, rapidez y eficacia cuando la vida u otro bien jurídico de alto valor estén en grave e inminente peligro y no haya más remedio que neutralizar con la fuerza o con las armas rápidamente al causante del mismo. Mientras que la proporcionalidad significa la delimitación en abstracto de la relación de adecuación entre medio y fin en las hipótesis imaginables de uso de fuerza y armas de fuego y la ponderación de bienes en cada caso concreto.

A nivel internacional, existen ordenamientos que reflejan criterios de actuación, como son el Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, adoptado por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, el 17 de diciembre de 1979, y los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, adoptados en por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, el 7 de septiembre de 1990, los cuales son referentes de actuación para los mencionados funcionarios.

A pesar de ser la defensa del orden público una función del Estado, que implica la posibilidad de hacer cumplir las disposiciones que regulan la conducta de los gobernados, incluso a través del uso de la fuerza, en nuestro país no ha sido debidamente regulada, lo que ha ocasionado abusos en el ejercicio de dicha facultad y ha derivado en violaciones a los derechos humanos por parte de los miembros de las instituciones de seguridad pública.

Por lo anterior, la iniciativa de ley que el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática presenta tiene por premisa que las funciones de aplicación de la ley en defensa del orden público y la forma en que dichas funciones se ejercen por el Estado y por sus funcionarios encargados de hacer cumplir la ley tienen una repercusión directa en la calidad de la vida de los individuos y de la sociedad en su conjunto, es decir, en el desarrollo social. Se considera también que el uso de la fuerza por el Gobierno, con nivel diferenciado alto, es un extremo en el caso de una democracia. Cuando se usa la fuerza excesiva o punitiva, no se respeta la integridad personal y todo daño resultante es arbitrario. Ninguna actividad del Estado puede fundarse bajo el desprecio a la dignidad humana.

El objeto del proyecto de ley que se presenta es mantener un equilibrio entre el papel de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, la administración de justicia y la protección de los derechos humanos.

No puede discutirse que toda sociedad padece por las infracciones a su orden jurídico, pero por graves que puedan ser ciertas acciones y por culpables que puedan ser los responsables de determinados delitos, no cabe admitir que el poder pueda ejercerse sin límite alguno o que el Estado pueda valerse de cualquier procedimiento para alcanzar sus objetivos, sin sujeción al derecho.

Así, dado que en democracia sólo es aceptable el uso de la fuerza por el Estado en caso extremo y con respeto a los derechos humanos de todos, el criterio para ello debe ser la excepcionalidad, asumiéndose por esto el uso de la fuerza cuando sea estrictamente necesario y en la medida en que lo requiera el desempeño de las tareas, con el sentido de crear, mantener y desarrollar una condición de seguridad pública, de lo que resultan criterios y técnicas de gran especialidad, para que esto sea una realidad en la práctica y no sólo en los textos legales.

Por ello, en la presente iniciativa busca establecer las reglas generales y los principios bajo los cuales debe ser utilizada la fuerza por las instituciones de seguridad pública, como son la legalidad, racionalidad, proporcionalidad, congruencia y oportunidad, estableciendo claramente sus definiciones, alcances y consecuencias.

Asimismo, establece no sólo las obligaciones y facultades de los miembros de las instituciones de seguridad pública que ejercen la fuerza, sino que también establece responsabilidades para aquellos servidores públicos que toman las decisiones políticas y operativas.

También en esta ley que se propone se antepone la negociación antes que la utilización del uso de la fuerza.

Se establece claramente cuál debe ser la actuación de los miembros de las instituciones de seguridad pública cuando se pretenda utilizar la fuerza para mantener el orden; en las detenciones, ya sean flagrantes o por orden de autoridad competente; para la protección de instalaciones; cuando se pretenda cumplir las disposiciones relacionadas con sanciones administrativas o reglamentos de buen gobierno; cuando se utilice en instituciones de prevención y readaptación social; así como en caso de desastres.

También se incluye un capítulo relativo a las armas y equipo de apoyo que pueden ser usadas por los funcionarios y por los integrantes de las instituciones de seguridad pública; las reglas para la planeación de operativos en los que se presuma la necesidad de usar las fuerza; el cuidado que debe darse a las personas después de que se ha usado la fuerza en su contra y de la información que debe proporcionarse a sus familiares, así como las acciones que deben tomar en caso de que haya lesionados.

Además de lo anterior, se establecen diversas disposiciones que regulan la presentación de informes respecto del uso de la fuerza y de la utilización de las armas de fuego, con el propósito de que quede un registro escrito de la actuación que posteriormente puede ser evaluado.

Se establecen las reglas básicas sobre las cuales deberá realizarse la formación para el uso de la fuerza a los integrantes de las instituciones de seguridad pública.

Así también, se regulan los mecanismos para la indemnización en caso de que se declare la existencia de uso ilícito de la fuerza por parte de las instituciones de seguridad pública.

Finalmente, se establecen disposiciones relativas a la coordinación entre instituciones de seguridad pública federales, estatales y municipales para el uso de la fuerza y de la participación comunitaria respecto de la planeación y supervisión del uso de la fuerza.

Por lo expuesto y fundado, sometemos a esta soberanía la siguiente iniciativa de

Ley que regula el Uso de la Fuerza por los Integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública Federal

Artículo Único. Se expide la Ley que regula el Uso de la Fuerza por los Integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública Federal, para quedar como sigue:

Ley que regula el Uso de la Fuerza por los Integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública Federal

Artículo 1. La presente ley es de orden público y de observancia general en todo el territorio nacional y tiene por objeto regular el uso de la fuerza que ejercen los integrantes de las instituciones de seguridad pública, en cumplimiento de sus funciones de salvaguardar la integridad, derechos y bienes de las personas, preservar las libertades, el orden público y prevenir la comisión de delitos e infracciones a las disposiciones administrativas estatales y municipales.

Artículo 2. Para los efectos de la presente ley, se entenderá por

Artículo 3. Solamente en los casos en que estén en riesgo los derechos y garantías de personas e instituciones y el orden público, se podrá utilizar la fuerza por los integrantes de las instituciones de seguridad pública, siempre que se haga de manera legal, racional, proporcional, congruente y oportuna. El uso de la fuerza es

Los motivos por los cuales se da la intervención de los integrantes de las instituciones de seguridad pública, por lo que se refiere a tipo de delito o de orden a cumplir, no justifican por sí mismos el uso de fuerza letal, incluido el uso de armas de fuego, inclusive si los delitos de que se trate hayan sido violentos.

Artículo 4. Son circunstancias que permiten el uso de la fuerza a los integrantes de las instituciones de seguridad pública federal, las siguientes:

Los integrantes de las instituciones de seguridad pública no emplearán armas de fuego salvo en defensa propia o de otras personas, en caso de peligro inminente de muerte o lesiones graves, o con el propósito de evitar la comisión de un delito particularmente grave que entrañe una seria amenaza para la vida, o con el objeto de detener a una persona que represente ese peligro y oponga resistencia a su autoridad, o por impedir su fuga, y sólo en el caso de que resulten insuficientes medidas menos extremas para lograr dichos objetivos. En cualquier caso, sólo se podrá hacer uso intencional de armas letales cuando sea estrictamente inevitable para proteger una vida.

El cumplimiento de un deber es la acción o la omisión que realiza el Agente en cumplimiento de sus funciones para salvaguardar la integridad, derechos y bienes de las personas, preservar las libertades, el orden público y prevenir la comisión de delitos e infracciones a las disposiciones administrativas estatales y municipales, siempre que se cumpla con las disposiciones establecidas en la presente ley.

Existe legítima defensa cuando se repele una agresión real, actual o inminente y sin derecho en protección de bienes jurídicos propios o ajenos, siempre que exista necesidad de la defensa y racionalidad de los medios empleados y no medie provocación dolosa, suficiente e inmediata por parte del agredido o de la persona a quien se defiende.

Para efectos del presente artículo se entiende por agresión real cuando la conducta del sujeto se despliega físicamente en acciones concretas que ponen en peligro los bienes jurídicos.

La agresión es actual, cuando la conducta física del sujeto, durante todo el tiempo en que el sujeto la despliega, pone en peligro los bienes jurídicos.

La agresión es inminente, cuando los signos externos del agresor muestran la decisión de llevarla a cabo de inmediato.

Existe estado de necesidad cuando se obre por la necesidad de salvaguardar un bien jurídico propio o ajeno de un peligro real, actual o inminente, no ocasionado dolosamente, lesionando otro bien de menor o igual valor que el salvaguardado, siempre que el peligro no sea evitable por otros medios y el Agente no tuviere el deber jurídico de afrontarlo.

Artículo 5 . Son obligaciones generales de las instituciones de la seguridad pública respecto del uso de la fuerza por sus integrantes:

Artículo 6. El policía podrá hacer uso de la fuerza en las siguientes circunstancias:

Artículo 7. Los distintos niveles en el uso de la fuerza son

Artículo 8. El Policía en el ejercicio del uso de la fuerza deberá aplicar lo siguiente:

Artículo 9. Son obligaciones de los integrantes de las instituciones de seguridad pública federal al usar la fuerza, las siguientes:

Artículo 10 . Son obligaciones de los integrantes de las instituciones de seguridad pública después de usar la fuerza, las siguientes:

Artículo 11. El Policía para realizar la detención de una persona deberá observar las siguientes reglas:

Artículo 12. Antes de realizar la detención de una persona el integrante de la institución de seguridad pública, cuando sea posible, deberá analizar las circunstancias para lograr la aplicación al caso concreto de los principios del uso de la fuerza mencionados en la presente ley, y además:

Artículo 13. Cuando en la detención de una persona sea necesario usar la fuerza, de ser posible, se hará la siguiente manera:

Artículo 14. El agente registrará al sujeto asegurado con el fin de verificar que no tiene ningún objeto que pueda ser utilizado como arma y las pertenencias del mismo serán debidamente custodiadas y entregadas a la autoridad a quien se hace la remisión, incluyendo una relación pormenorizada de las mismas.

Artículo 15. Cuando se utilicen técnicas especiales para controlar, en caso de detenciones, a personas que opongan resistencia, se realizarán bajo los siguientes criterios:

Artículo 16. Si el sujeto que opone resistencia se encuentra armado, de ser posible se seguirá el siguiente procedimiento:

Artículo 17. Una vez que se haya asegurado a la persona, el Agente que la haya detenido le informará el motivo de la detención, que tiene derecho a permanecer callado durante su traslado; a que se le informe el lugar a dónde será trasladado, lo cual también se informara, de ser posible, a los familiares o conocidos que se encuentren presentes al momento de la detención, o en caso contrario , que en cuanto se presente ante la autoridad correspondiente podrá realizar una llamada telefónica para informar sobre su paradero y a ser asistido por un abogado o persona de su confianza. Utilizando la siguiente frase ritual.

``Esta usted siendo detenido por (1) que pertenecemos a (2) va a ser puesto a disposición de la autoridad competente (3), con domicilio en (4) por la presunta comisión de (5), tiene derecho a permanecer callado durante su traslado, y en el momento en que lleguemos a las instalaciones a dónde lo vamos a trasladar, se le permitirá realizar una llamada telefónica para que informe a un familiar o persona que usted indique el lugar a donde se le trasladó y podrá ser asistido por un abogado y en caso de que no pueda nombrar uno se le proporcionará un defensor de oficio.''

Artículo 19. Las disposiciones de la presente ley son aplicables también dentro de las instalaciones de instituciones de prevención y readaptación social, por lo que las decisiones respecto del uso de la fuerza no se verán influidas por el hecho de que los destinatarios se encuentren dentro de las mismas.

Artículo 20. En caso de incendios, inundaciones, sismos, huracanes, o cualquier otro desastre, en el que existan situaciones graves que pongan en peligro la vida de las personas, las instituciones de seguridad pública se coordinarán con las autoridades de protección civil para apoyarlas en el cumplimiento de sus objetivos.

En caso de que sea necesario usar la fuerza para evacuar o impedir el paso a personas, se seguirán las siguientes reglas:

Artículo 21. Las instituciones de seguridad pública asignarán armas solamente a los policías que hubieren aprobado la capacitación y hayan sido debidamente cerificados, los cuales a su vez únicamente sólo podrán usar las armas que le hayan sido asignadas.

Artículo 22. Las instituciones de seguridad pública deberán hacer del conocimiento del Registro Nacional de Armamento y Equipo, entre otros, las armas y municiones que les hayan sido autorizadas por las dependencias competentes.

Artículo 23. Son armas intermedias, los instrumentos y equipo que sirven para el apoyo en la función policial para controlar a un individuo, dejarlo inmovilizado o repeler una agresión, por parte de una persona.

Son armas intermedias

Artículo 24. Son equipo de apoyo

Artículo 25. Las instituciones de seguridad pública tendrán un registro detallado de estos equipos y los integrantes de las instituciones de seguridad pública serán capacitados y certificados en su utilización con técnicas específicas, que causen el menor daño posible a los sujetos contra quienes se utilicen.

Artículo 26. De conformidad con lo establecido en la normatividad vigente deberá llevarse un registro de cada arma de fuego, así como del número de municiones que cada arma dispara.

Artículo 27. Será obligación de las instituciones de seguridad pública mantener la licencia colectiva de las armas de fuego otorgadas por la Secretaría de la Defensa Nacional.

Los integrantes de las instituciones de seguridad pública podrán portar las armas cortas que les hayan sido autorizadas por la Licencia Colectiva durante todo el tiempo que estén de servicio.

Excepcionalmente, el jefe responsable de la unidad podrá autorizar por escrito su portación fuera del horario de servicio.

Las armas largas serán portadas en operativos especiales bajo la responsabilidad del Agente que la tiene autorizada.

Excepcionalmente, el jefe de unidad podrá otorgar una autorización general a portar un arma larga.

En ningún caso y bajo ninguna circunstancia se podrá autorizar la portación de armas que no sean las de cargo.

Artículo 28. Cuando se presuma que para lograr la detención de una persona se deberá utilizar la fuerza, si las circunstancias lo permiten, se hará la planeación de la acción de la siguiente manera:

Artículo 29. En el apartado de análisis de la situación correspondiente al plan de acción se deben considerar hechos concretos y no suposiciones de posibles reacciones ante la presencia de los integrantes de las instituciones de seguridad pública.

En la planeación de los operativos deberán considerarse los antecedentes de confrontaciones previas.

Artículo 30. Es obligación de los integrantes de las instituciones de seguridad pública procurar los cuidados necesarios a las personas sobre las cuales se ha ejercido la fuerza, en estos casos deberán actuar conforme a sus capacidades y circunstancias del caso, así como requerir el auxilio necesario para los primeros auxilios y atención médica inmediatos.

En caso de ser posible, se deberá informar a los familiares que el sujeto señale. Si esto no es posible por considerarse que se pone en peligro al sujeto o a los integrantes de las instituciones de seguridad pública, se informará en el momento en que sea trasladado al lugar en donde será atendido.

En caso de que por cualquier operativo se causen lesiones a los detenidos presentados o a terceros en ejercicio de las funciones policiales, se deberá prestar inmediatamente el auxilio, llamando a las unidades médicas de emergencia, con objeto de que den los primeros auxilios y trasladen a los lesionados a los hospitales correspondientes.

En caso de que las unidades médicas de emergencia no sean suficientes para el traslado de las personas a los hospitales, y se trate de estricta emergencia, el traslado podrá ser hecho en las propias unidades policiales.

Artículo 31. Siempre que se utilice la fuerza por los integrantes de las instituciones de seguridad pública en el cumplimiento de sus facultades, éstos deberán rendir un informe a su superior en el que constarán los hechos y circunstancias que exigieron el uso de la fuerza. El informe será remitido para el análisis de las organizaciones de la sociedad civil encargadas de la evaluación de las instituciones de seguridad pública en los términos de lo establecido por el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la ley de la materia.

Artículo 32. Siempre que se haga uso de un arma de fuego o que se desenfunde con la intención de mostrarla para incrementar la presencia del agente y provocar el respeto por presencia, deberá prepararse un informe que contenga los siguientes elementos:

Dicho informe deberá ser entregado al jefe inmediato del agente que lo rinda.

Artículo 33. Las instituciones de seguridad pública capacitarán y certificarán a sus integrantes sobre los principios de actuación con legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez, así como sobre los principios y normas de protección de los derechos humanos y sobre los límites a los que deben estar sometidos, aún bajo los estados de excepción, respecto del uso de la fuerza y en particular de armas.

Esta capacitación y certificación debe estar dirigida para hacer conocer y practicar las disposiciones legales que permiten el uso de las armas de fuego y la técnica adecuada para hacerlo, así como para que los integrantes de las instituciones de seguridad pública tengan la capacidad para argumentar y decidir acerca del uso de la fuerza.

La capacitación y certificación a la que se refiere el presente artículo debe ser continua y completa.

Artículo 34. En la currícula de capacitación de los integrantes de las instituciones de seguridad pública, existirá un módulo que explicará con profundidad la utilización del uso de la fuerza de conformidad con lo establecido en la presente ley y demás disposiciones aplicables.

Artículo 35. En los procesos de capacitación y certificación los integrantes de las instituciones de seguridad pública se desarrollarán talleres prácticos que deberán incluir ejercicios y análisis de casos reales y concretos en los que se apliquen las disposiciones contenidas en la presente ley.

También los cursos de capacitación y certificación desarrollarán las técnicas operativas y administrativas especializadas para lograr causar los menores daños y lesiones a las personas y objetos.

Artículo 36. En la capacitación y certificación de los integrantes de las instituciones de seguridad pública se prestará especial atención a las cuestiones de

Artículo 37. El reglamento de esta ley determinará las prácticas anuales que deberán hacer los policías para estar capacitados y certificados en la utilización racional del uso de la fuerza, así como del entrenamiento en la utilización de las armas intermedias y de fuego.

Artículo 38. En la capacitación se incluirán técnicas específicas de solución pacífica de conflictos, negociación y mediación, así como de comportamiento de multitudes y medios técnicos que limiten el empleo de la fuerza.

También se les deberá capacitar en primeros auxilios y manejo de estrés en situaciones de riesgo.

Artículo 39. Las instituciones de seguridad pública establecerán un programa de evaluaciones periódicas de acuerdo a estándares de eficiencia sobre el uso de la fuerza.

Artículo 40. Los integrantes de las instituciones de seguridad pública que deban portar armas de fuego deberán estar autorizados para hacerlo sólo tras haber finalizado la capacitación y certificación especializada y actualizada en su empleo.

Artículo 41. Todos los integrantes de las instituciones de seguridad pública tienen el derecho a la protección de su vida e integridad física, al respeto a su dignidad como seres humanos y representantes de la autoridad, por parte de sus superiores y de la población, por lo que será obligación de las instituciones de seguridad pública proporcionales la atención médica y psicológica necesaria cuando hagan uso de la fuerza para poyarles a sobrellevar las tensiones propias de estas situaciones.

Artículo 42. Las instituciones de seguridad pública deberán establecer los mecanismos para que las personas afectadas por el empleo de la fuerza por sus integrantes o sus representantes legales sean informadas del derecho que tienen al inicio de un proceso independiente, incluido un proceso judicial para determinar las responsabilidades resultantes.

El Estado y las instituciones públicas encargadas de hacer cumplir la ley, deben asumir la debida responsabilidad cuando el personal a su cargo recurra al uso ilegítimo de la fuerza y de las armas de fuego, y no adopten las medidas correspondientes para impedir, eliminar o denunciar ese uso.

Artículo 43. Los particulares que hayan sufrido un daño con motivo del uso ilícito de la fuerza por parte de los integrantes de alguna institución de seguridad pública, cuando así haya sido declarado por la autoridad competente, tendrán derecho a que se les cubra una indemnización por concepto de daños y perjuicios, previo procedimiento que exijan las leyes de la materia. La institución de seguridad pública será subsidiariamente responsable de la indemnización correspondiente.

Artículo 44. La indemnización a que se refiere el artículo anterior comprenderá tanto lo relativo al daño material como al inmaterial. Este último puede comprender tanto los sufrimientos y las aflicciones causados a las víctimas directas y a sus allegados, como el menoscabo de valores significativos para las personas, así como las alteraciones, de carácter no pecuniario, en las condiciones de existencia de las víctimas. Esto puede comprender compensación económica o prestación de bienes o servicios o, la realización de actos u obras de alcance o repercusión públicos, tales como la transmisión de un mensaje de reprobación oficial a las violaciones de los derechos humanos de que se trata y de compromiso con los esfuerzos tendientes a que no vuelvan a ocurrir, que tengan como efecto la recuperación de la memoria de las víctimas, el reconocimiento de su dignidad y el consuelo de sus deudos.

Así también, esta indemnización podrá comprender el tratamiento adecuado que requieran las víctimas y sus familiares, previa manifestación de su consentimiento para estos efectos, por el tiempo que sea necesario, incluida la provisión de medicamentos. Al proveer el tratamiento psicológico se deben considerar las circunstancias y necesidades particulares de cada persona, de manera que se les brinden tratamientos colectivos, familiares e individuales, según lo que se acuerde con cada uno de ellos y después de una evaluación individual.

Esta indemnización también incluirá el reconocimiento público de la institución de seguridad pública de que se trate, de su responsabilidad por los hechos por el uso excesivo de la fuerza, así como la emisión de una disculpa a los familiares de las personas desaparecidas y privadas de su vida, en su caso, por haber incumplido sus obligaciones de garantizar los derechos a la libertad personal, integridad personal y vida de tales personas.

Artículo 45. Las instituciones de Seguridad Pública Federal tienen la obligación de celebrar un contrato de seguro, de conformidad con las leyes de la materia, que cubra los daños ocasionados por sus integrantes a personas, bienes muebles o inmuebles públicos o privados, cuando se declare por las autoridades competentes el uso ilícito de la fuerza.

Artículo 46. Los integrantes de las instituciones de seguridad pública estarán obligados a pagar las indemnizaciones correspondientes en caso de que exista resolución de la autoridad competente que declare que los mismos hicieron uso ilícito de la fuerza, de manera directa al particular afectado o bien al Cuerpo de Seguridad, en el caso de que se haya cubierto la indemnización con base en el contrato de seguro a que se refiere el artículo anterior.

Artículo 47. Cuando el uso de la fuerza requiera de acciones coordinadas entre la federación, los estados y los municipios, los mandos de las instituciones de seguridad pública, sujetándose a las disposiciones de esta ley, de la Ley que establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública y las demás disposiciones aplicables y siempre que sea posible procurarán que en la planeación de los operativos se establezca:

Podrán determinarse perímetros de acción en los que se generarán responsables para cada uno de ellos.

Artículo 48. Las instituciones de seguridad pública establecerán los mecanismos eficaces para que la sociedad participe en la planeación y supervisión del uso de la fuerza para la seguridad pública.

Artículo 49. La participación de la sociedad en la planeación y supervisión del uso de la fuerza por la seguridad pública se referirá a

Artículo 50. Las instituciones de seguridad pública establecerán un área administrativa para hacer efectivos los mecanismos previstos en el presente capítulo.

Artículo 51. Los particulares que se dediquen a la prestación de servicios privados de seguridad, así como el personal que utilicen, observarán, en lo conducente, las normas que establece esta ley y las demás aplicables para las instituciones de seguridad pública en lo relativo al uso de la fuerza por sus integrantes.

Primero. La presente ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Ejecutivo federal, dentro de un plazo de 90 días, contados a partir de la entrada en vigor de la presente ley, deberá emitir el Reglamento de la Ley que regula el Uso de la Fuerza por los Integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública.

El Presidente diputado César Horacio Duarte Jáquez: Se turna a la Comisión de Seguridad Pública, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

«Iniciativa que reforma diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y de la Ley de la Policía Federal Preventiva, a cargo del diputado Andrés Lozano Lozano , del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, Andrés Lozano Lozano , diputado federal de la LX Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la fracción II del artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que modifica diversos artículos del Código Federal de Procedimientos Penales, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y de la Ley de la Policía Federal Preventiva, al tenor de la siguiente

Esta reforma se propone con la intención de dar un paso más en la cruzada que hemos emprendido a fin de mejorar las instituciones de seguridad pública en nuestro país.

Debido a la falta de capacitación, pero también a la corrupción y a la falta de control sobre las instituciones policíacas, éstas tradicionalmente han desarrollado sus funciones usando la fuerza de un modo abusivo, pues no existía, hasta ahora, un control que les obligara a dar cuenta de las detenciones que realizaban y del modo cómo hacían.

En un estado de derecho todos los ciudadanos deben ser tratados de una manera digna y con respeto a sus derechos fundamentales, no por el hecho de ser probables responsables de la comisión de un delito pueden ser receptores del abuso policial.

Debemos recordar que gracias a las reformas constitucionales al sistema de procuración y administración de justicia, recientemente aprobadas, el principio de presunción de inocencia ya no tendrá que ser buscado con lupa dentro de nuestra Carta Magna, pues ha sido claramente plasmado dentro de ella. Gracias a este principio, todo ciudadano debe ser tratado como si fuera inocente hasta que exista una sentencia que establezca lo contrario.

Es por ello que el registro inmediato de detenciones, que se establece mediante esta iniciativa, tiene tanta importancia pues mediante él se obliga al agente policíaco a respetar los derechos fundamentales del probable responsable, desde el momento de su detención, y a utilizar la fuerza, si ésta fuera necesaria, de manera congruente y proporcional a las circunstancias específicas de la situación que enfrenta.

Inmediatamente después de la detención, el agente de policía deberá comunicarse, vía telefónica o radial, con el Ministerio Público para informarle de la detención que acaba de realizar, los datos generales del detenido, las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la detención, y sus propios datos generales.

El agente del Ministerio Público competente indicará al agente el lugar al que el detenido deba ser trasladado. Esta disposición tiene el objetivo de evitar que delincuentes relacionados con el crimen organizado sean trasladados a lugares que queden cercanos a sus centros de operaciones y así evitar, en lo posible, que puedan ser rescatados por sus cómplices o que obtengan privilegios gracias a su poderío económico o su capacidad para infundir temor en los encargados de custodiarlos.

Debido a que el agente del Ministerio Público ordenará el lugar al que el detenido deba ser trasladado, se impone al policía la obligación de informarle el tiempo aproximado del traslado con dos propósitos: el primero, evitar los tan frecuentes ``paseos'' que los policías acostumbran dar a los detenidos y, el segundo, proteger a los agentes policíacos de una acusación infundada cuando realicen detenciones en lugares apartados y de difícil acceso y, por lo mismo, tarden varias horas en poner a disposición del Ministerio Público a la persona detenida.

De igual manera, se establece la obligación, tanto para el policía que reportó la detención como para sus superiores, de respetar los derechos fundamentales del detenido durante todo el trayecto, lo cual el Ministerio Público deberá constatar que haya sido cumplido, una vez que la persona detenida sea puesta a su disposición.

Pese a todas las precauciones tomadas, se consideró necesario establecer que si los policías o los agentes del Ministerio Público desobedecieran lo establecido en las leyes serán sujetos de responsabilidad penal y administrativa.

Finalmente, y a pesar de que existen diferentes instituciones involucradas en el uso e implantación del registro inmediato de detenciones, se otorga la facultad de operación a la Procuraduría General de la República debido al lugar preponderante que ocuparán los agentes del Ministerio Público dentro de ellos.

Por lo antes expuesto y fundado, sometemos a esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que modifica diversos artículos del Código Federal de Procedimientos Penales, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y de la Ley de la Policía Federal Preventiva

Artículo Primero. Se modifica el artículo 193 del Código Federal de Procedimientos Penales, para quedar como sigue:

Artículo 193. Se entiende que existe flagrancia cuando

Si es necesario que el policía aprehensor utilice la fuerza durante la detención, ésta deberá ser congruente y proporcional a las circunstancias específicas de la situación que enfrenta.

Acto seguido, el agente de policía deberá comunicarse, vía radio, teléfono o cualquier otro medio a su alcance, al Registro Inmediato de Detenciones para informarle al Ministerio Público en turno de la detención que acaba de realizar. Deberá aportar datos generales del detenido, las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la detención, los datos de la orden de aprehensión, en su caso, y sus propios datos generales. Si el detenido se negara a aportar sus datos generales, el policía deberá reportar su media filiación.

El Ministerio Público competente le indicará al agente de policía el lugar al que el detenido deberá ser trasladado. El policía deberá notificar al Ministerio Público el tiempo aproximado del traslado. Si aquél desobedeciera las órdenes, será sujeto de responsabilidad penal y administrativa. Si el agente del Ministerio Público encargado de indicar el lugar al que el detenido deberá ser trasladado se negara injustificadamente a proporcionarlo, también incurrirá en responsabilidad penal y administrativa.

Durante el trayecto, desde el momento de la detención hasta la puesta a disposición ante la autoridad ministerial correspondiente, el policía que reportó la detención y sus superiores deberán respetar los derechos fundamentales del detenido.

El Ministerio Público correspondiente constatará que los derechos fundamentales del detenido no han sido violados. Al efecto, hará que el detenido sea examinado enseguida a su puesta a disposición por médicos legistas, para que éstos dictaminen, con carácter provisional, acerca de su estado psicofisiológico.

En los casos de las fracciones I, II y III, el Ministerio Público decretará la retención del indiciado si están satisfechos los requisitos de procedibilidad y el delito merece pena privativa de libertad, o bien, ordenará la libertad del detenido cuando la sanción sea no privativa de la libertad o alternativa.

La violación a lo dispuesto en el párrafo anterior hará penalmente responsable a quien decrete la indebida retención y la persona detenida deberá ser puesta de inmediato en libertad.

De decretar la retención, el Ministerio Público iniciará desde luego la averiguación previa correspondiente, si aún no lo ha hecho.

Artículo Segundo. Se modifica el inciso a) del apartado A) de la fracción I del artículo 4, y la fracción X del artículo 5 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, para quedar como sigue:

Artículo 4. Corresponde al Ministerio Público de la Federación

Artículo 5. Corresponde a la Procuraduría General de la República

Artículo Tercero. Se modifica la fracción V del artículo 4 de la Ley de la Policía Federal Preventiva para quedar como sigue:

Artículo 4. La Policía Federal Preventiva tendrá las atribuciones siguientes:

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

El Presidente diputado César Horacio Duarte Jáquez: Se turna a las Comisiones Unidas de Justicia, y de Seguridad Pública.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales y de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, a cargo del diputado Andrés Lozano Lozano , del Grupo Parlamentario del PRD

Los suscritos, diputados federales e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ponen a consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales y de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, en materia de investigación del Ministerio Público y de las policías, al tenor de la siguiente

En México, uno de los problemas más serios y complejos a los que se enfrentan las instituciones del Estado es la profesionalización de las policías ya que es la autoridad más próxima a la población, de ahí que el reto debe ser tal que la sociedad al requerir de su auxilio, reciba una ayuda eficiente y oportuna de su parte, mayor aún, cuando a ésta se les ha dado la facultad de investigar los delitos bajo el mando y control del Ministerio Público, mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008; mediante el cual se reforman diversas disposiciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos relativo a la reforma de justicia penal.

Dicho decreto establece las bases y los principios que debe regir en un sistema penal acusatorio, implementando lo que comúnmente se ha denominado los juicios orales bajo el principio de presunción de inocencia, así como los derechos de las víctimas, testigos y de toda persona imputada.

Esta reforma, establece además una definición constitucional de seguridad pública estableciendo que sus instituciones serán de carácter civil, disciplinado y profesional, por lo que ninguna persona podrá ingresar a estas instituciones si no ha sido debidamente registrado y certificado. De manera integral, el artículo 21 de la Constitución se reforma para dotar de facultades a las policías para investigar los delitos y establecer una la relación con el Ministerio Público en torno a la investigación de los mismos.

Respecto a este punto, los policías en el ejercicio de la función de investigación estarán bajo la conducción y mando del Ministerio Público. Cabe señalar que estos policías podrán realizar funciones de análisis e investigación, pero de una manera taxativa en el momento en que la policía encuentre un delito deberá notificarlo y denunciarlo ante el Ministerio Público de manera inmediata.

En el dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia de la Cámara de Diputados, al respecto se establece:

Este primer párrafo del artículo 21 debe leerse de manera integral con los últimos párrafos del artículo 21 y en consecuencia los policías que realicen la función de investigación deberán estar certificados, y tener no sólo los conocimientos y habilidades para desarrollar técnicamente la función sino en la regulación jurídica y el respeto irrestricto a los derechos humanos en funciones de investigación. La tesis sostenida por el constituyente permanente para aprobar estos cambios implica la necesidad absoluta de coordinarse para los fines de la seguridad pública entre los agentes del ministerio público y los elementos de policías. Coordinarse para lograr la investigación, significa que cada uno de ellos deberá ejercitar sus atribuciones de manera tal que se logre el objetivo de la investigación pero siempre cuado se trata de la investigación de delitos bajo la conducción y mando del ministerio público en ejercicio de la función.

Esta dirección y mando de la investigación por parte del ministerio público representa una dirección funcional de las labores de investigación y es independiente de la jerarquía de la cual depende la policía, pudiendo estar administrativamente asignada a otros órganos, secretarías o incluso municipios o bien como en las agencias de investigación de delitos, policías ministeriales o judiciales, según corresponda, de las procuradurías estatal o federal. Esto significa que será el legislador estatal o federal el que determinará como será esta relación.

Ahora bien, dado el régimen de transitoriedad de la reforma, existen disposiciones que han entrado en vigor una vez publicado el Decreto del 18 de junio de 2008, una de ellas es la relativa a la faculta de investigación del Ministerio Público y las policías, por lo que se hace necesario implementar las reformas correspondientes en el Código Federal de Procedimientos Penales, para dotar a las policías de la facultad de investigación de los delitos siempre y cuando se encuentren bajo la estricta dirección y control por parte del Ministerio Público y en su caso de la autoridad judicial.

Es sabido, que actualmente la investigación de los delitos lo intentan realizar los Ministerios Públicos sin salir de sus oficinas, manteniendo un contacto ``escrito'' con los agentes de la policía judicial a lo que habrá que agregar las ``cuotas de terminación de expedientes'', donde se premia mensualmente las consignaciones, las de no ejercicio de la acción penal y sancionando aquellas sin concluir. Estos incentivos permiten que los ministerios públicos privilegien la consignación de casos fáciles o en flagrancia, dejando a un lado los casos que demandan una investigación seria, es decir se premia la cantidad y no la calidad de la investigación.

De ahí que con la reforma constitucional en comento, se requiera que las policías que ejercen funciones de investigación, se encuentren debidamente capacitados y certificados, con la finalidad de que puedan desarrollar plenamente estas atribuciones, de ahí que la finalidad del legislador al aprobarse la reforma constitucional es que las policías que investigan los delitos bajo la conducción y mando del Ministerio Público, cuenten con los conocimientos que le permitan desarrollar su función. De ahí que en el dictamen de las de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia de la Cámara de Diputados se desprenda:

Por tanto, la iniciativa que ponemos a la consideración de esta soberanía tiene como finalidad regular esta facultad otorgada a los policías para investigar los delitos bajo la conducción y mando del Ministerio Público y en su caso del control jurisdiccional, ya que no sería congruente que las policías se capaciten, se reorganicen, se tecnifiquen y adquieran mayor capacidad de investigación sino se le fijan los controles correspondientes en funciones que de alguna manera pudieran vulnerar derechos fundamentales.

No escapa a la consideración de los promoventes que todas las encuestas de opinión ubican a la policía y al Ministerio Público como dos instituciones sumamente desprestigiadas. A la ineficiencia de estas se suman incentivos perversos, prácticas de corrupción y, lo más grave, se ha llegado a acreditar la participación de elementos policíacos en la ejecución de delitos de delincuencia organizada que afectan gravemente a la sociedad.

De ahí en las funciones de investigación que se proponen, se tome en consideración las Directrices sobre la Función de los Fiscales de Naciones Unidas, que señalan que las normas que rigen el desempeño de sus funciones deben fomentar el respeto y el cumplimiento de los principios la igualdad ante la ley, la presunción de inocencia y el derecho de toda persona a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial y contribuir de esa manera a un sistema penal justo y equitativo y a la protección eficaz de los ciudadanos contra la delincuencia.

De ahí que de dicho documento se desprenda:

Por otra parte los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, de la Organización de la Naciones Unidas establecen:

Congruente con esos principios, nuestro Grupo Parlamentario, propone que las funciones de investigación de las policías no queden a la discreción o al arbitrio de las policías que ejercen funciones de investigación, sino que se regulen de manera gradual según tipo de investigación que se desarrolle, por tanto proponemos dividir tales funciones en los siguientes cuatro rubros:

1. Funciones de investigación únicamente a cargo del Ministerio Público.

Proponemos reformar el segundo párrafo del artículo 2o. del Código Federal de Procedimientos Penales para establecer expresamente que en la averiguación previa, las funciones de investigación que el Ministerio Público únicamente podrá realizar son: recibir las denuncias o querellas que le presenten en forma oral o por escrito sobre hechos que puedan constituir delito; practicar y ordenar la realización de todos los actos conducentes a la acreditación de los hechos delictivos; solicitar a la autoridad jurisdiccional las medidas precautorias que resulten indispensables para investigación, así como las órdenes de cateo que procedan; acordar la detención o retención de los indiciados; dictar todas las medidas y providencias necesarias para proporcionar seguridad y auxilio a las víctimas; asegurar o restituir al ofendido en sus derechos; determinar la reserva o el ejercicio de la acción penal; acordar y notificar personalmente al ofendido o víctima el no ejercicio de la acción penal y, en su caso, resolver sobre la inconformidad que aquéllos formulen; conceder o revocar, cuando proceda, la libertad provisional del indiciado y en su caso promover la conciliación de las partes.

2. Funciones de investigación de las policías sin autorización del Ministerio Público.

Proponemos adicionar un artículo 3o. Bis al Código Federal de Procedimientos Penales para que las policías certificadas que ejerzan funciones de investigación puedan realizar sus atribuciones sin autorización previa del Ministerio Público. Cabe señalar que se trata de investigaciones que no representan actos de molestia para los ciudadanos; las cuales no tendrán valor de testimonios ni de indicios, y sólo podrán servir como criterios ordenadores de la investigación.

El hecho de que este tipo de investigaciones por parte de que las policías se realice por iniciativa propia, no significa que el Ministerio Público no intervenga en su conducción y mando, por el contrario, de estas labores de investigación las policías deberán presentar un informe detallado al Ministerio Público que conduzca la investigación, para que este analice si hubo violaciones a las garantías individuales o derechos fundamentales.

Cabe señalar que desde el momento en que tengan conocimiento de una conducta delictiva, comienza la labor de investigación de las policías, por lo que deben ejercer sus atribuciones tales como la inspección del lugar donde se cometió el delito, realizar entrevistas e interrogatorios. Además deberán identificar y recoger técnicamente los elementos materiales probatorios y evidencias físicas y registrarán por escrito o en grabación magnetofónica las entrevistas e interrogatorios. De igual manera, cuando deba de realizarse un examen médico a la víctima, cuando lo solicite, deberá acompañarla.

Asimismo, cuando en el desarrollo de su actividad, las policías consideren que una persona fue víctima o testigo presencial de un delito o que tenga una información útil para la investigación, realizará una entrevista con ella y, si fuere el caso, le dará la protección necesaria. Esta entrevista debe registrarse y grabarse por cualquier medio idóneo.

3. Funciones de investigación de los agentes de policías certificados que requieren autorización del Ministerio Público.

Dado que en su labor de investigación pudieran haber diligencias que pudieran afectar la esfera jurídica de los gobernados, proponemos adicionar un artículo 3o. Ter al Código Federal de Procedimientos Penales, para que las policías certificadas que ejerzan funciones de investigación puedan realizar sus atribuciones con autorización expresa del Ministerio Público, pero además, sean sometidas al control de legalidad ante un Juez de Control, incluyendo aquellas en las que no se obtuvo algún resultado.

Al respecto, cabe señalar que las reformas constitucionales al sistema de justicia penal, establecen en el artículo 16 la figura de jueces de control, los cuales se abocarán fundamentalmente a resolver los pedimentos ministeriales de medidas cautelares, providencias precautorias, técnicas de investigación para resolverlos de forma inmediata, para minimizar los riesgos de la demora en la ejecución de alguna diligencia, por lo que sin perjuicio de la responsabilidad del Ministerio Público y ahora, las que tienen las policías en la investigación de los delitos, se estima necesario establecer la existencia de jueces de control que se aboquen a resolver esta medidas, sin que ello implique dejar de fundar y motivar concretamente sus resoluciones.

Diligencias tales como búsqueda selectiva en base de datos que implique acceso a información confidencial; la inspección corporal de una persona detenida en flagrancia o cuando existan motivos fundados que dentro del cuerpo de una persona exista elementos materiales y evidencia física para la investigación, vigilancia de un domicilio o entregas vigiladas de objetos o actuación de agentes encubiertos. En las actuaciones de agentes encubiertos y en las entregas vigiladas, se requerirá autorización expresa del procurador general de la República.

4. Medidas de investigación que requieren autorización judicial.

Existen por otra parte actividades de la investigación que pudieran afectar gravemente derechos humanos o garantías individuales o pueden presentarse circunstancias excepcionales de extrema urgencia donde las policías o el Ministerio Público requieran ser sometidas a un control jurisdiccional.

En virtud de lo anterior, proponemos adicionar un artículo 3o. Quáter al Código Federal de Procedimientos Penales, para establecer expresamente las circunstancias en que se requiere de esta autorización.

Diligencias como el aseguramiento de computadoras o servidores, cuando la persona imputada ha estado transmitiendo información útil para la investigación, durante su navegación por Internet u otros medios tecnológicos que produzcan efectos similares; el cateo de un domicilio, ; la obtención de fluidos corporales, cabellos, vello púbico, semen, sangre u otro vestigio que permita determinar datos como la raza, el tipo de sangre y, en especial, la huella dactilar genética, mediante exámenes de ADN o la Intervención de comunicaciones privadas.

Por otra parte la presente Iniciativa propone reformas a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República para homologar las facultades de investigación y hacer armónico a ambos ordenamientos.

Se busca que no cualquier policía pueda auxiliar al Ministerio Público en la investigación de los delitos, sino aquellos servidores públicos que puedan aportar elementos sólidos en la integración de las investigaciones conjuntamente con la representación social, pues actualmente buena parte de los probables responsables logran evadir la acción de la justicia debido a la deficiente investigación de los delitos y por consecuencia una mala integración de las averiguaciones previas.

Por lo antes expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales y de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, en materia de investigación del Ministerio Público y de las polícias

Artículo Primero. Se reforman los artículos 2o., 3o. y 193 y se adicionan los artículos 3o. Bis, 3o. Bis, 3o. Ter y 3o. Quáter del Código Federal de Procedimientos Penales, para quedar como sigue:

Artículo 2o. Las funciones de investigación únicamente a cargo del Ministerio Público Federal, son:

Artículo 3o . Los agentes de policía certificados que ejerzan funciones de investigación, actuarán en el ejercicio de esa función, bajo la conducción y el mando inmediato del Ministerio Público Federal, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, desarrollarán la investigación de los delitos y reunirán los elementos de prueba útiles para dar base a la acusación. Del mismo modo, informará al Ministerio Público sobre los avances y resultados de las investigaciones para el esclarecimiento de los hechos.

Cuando un agente de policía sea informado de la existencia de la comisión de un delito, se trasladará al lugar de los hechos para comprobar la probable comisión del mismo y en su caso, preservar la escena del delito. En todos los casos informará al Ministerio Público para que ejerza sus funciones constitucionales. Dependiendo de la gravedad y de las necesidades lo hará del conocimiento del Ministerio Público, el cual les podrá ordenar a los agentes de policía certificados que realicen las primeras diligencias o podrá trasladarse personalmente a la escena del delito.

Una vez que el Ministerio Público tenga noticia de la comisión de un delito, dependiendo de sus características, deberá tener una reunión de coordinación con los policías certificados que ejerzan funciones de investigación para fijar el plan a desarrollar que contemple las acciones necesarias, para obtener los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, determinar quienes lo cometieron o participaron en su comisión. Este plan deberá contener la determinación de los objetivos, la hipótesis delictiva, los criterios para evaluar la información, la división de tareas y los procedimientos de control.

En el mismo plan se establecerá la periodicidad de reunión para analizar los avances mismos que se registrarán el la bitácora correspondiente.

Artículo 3o. Bis. Los policías certificados que ejerzan funciones de investigación, podrán sin que requieran autorización previa del Ministerio Público:

Artículo 3o. Ter. Las funciones de investigación de los agentes de policía certificada que requieren autorización del Ministerio Público, son:

Artículo 3o. Quáter. El Juez de Control, a solicitud del Ministerio Público autorizará las siguientes medidas de investigación:

Artículo 193. Se entiende que existe flagrancia cuando:

En los casos de las fracciones I, II y III el Ministerio Público decretará la retención del indiciado si están satisfechos los requisitos de procedibilidad y el delito merece pena privativa de libertad, o bien ordenará la libertad del detenido, cuando la sanción sea no privativa de la libertad o alternativa.

La violación a lo dispuesto en el párrafo anterior hará penalmente responsable a quien decrete la indebida retención y la persona detenida deberá ser puesta de inmediato en libertad.

De decretar la retención, el Ministerio Público iniciará desde luego la averiguación previa correspondiente, si aún no lo ha hecho.

Artículo Segundo. Se reforman el inciso a) de la fracción I; el inciso b) de la fracción II del artículo 20; los párrafos primero, segundo y tercero del artículo 21; se adicionan los párrafos cuarto, quinto, sexto y séptimo, recorriéndose el actual párrafo cuarto para pasar a ser el párrafo octavo del artículo 21 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, para quedar como sigue:

Artículo 20. Son auxiliares del Ministerio Público de la Federación:

Artículo 21. Las policías certificadas que ejerzan funciones de investigación, actuarán bajo la conducción y el mando inmediato del Ministerio Público de la Federación, en términos de lo dispuesto por el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás ordenamientos aplicables.

Las policías certificadas que ejerzan funciones de investigación , podrán recibir denuncias sólo cuando por la urgencia del caso no sea posible la presentación directa de aquéllas ante el Ministerio Público de la Federación, pero deberá dar cuenta sin demora a éste para que acuerde lo que legalmente proceda.

Iniciada la investigación, la policía certificada sólo actuará por orden del Ministerio Público, quien podrá comisionar a cualquier servidor público que ejerza funciones de policía para la práctica de pruebas técnicas o diligencias tendientes al esclarecimiento de los hechos, lo cual podrá ser ordenado o comunicado por cualquier medio idóneo, dejando constancia de ello.

Los integrantes de la policía certificada pueden extender su actuación a la práctica de otras pruebas técnicas o diligencias que surjan del cumplimiento de la comisión, excepto capturas, cateos, intervención de comunicaciones, las que atenten contra el derecho a la intimidad o cualquier actividad que represente la vinculación de los implicados a la actuación procesal.

Cuando la comisión la ordene un juez en el procedimiento penal, el desarrollo de la investigación se cumplirá en la forma indicada en el presente artículo.

La policía certificada levantará un registro, en el que dejará constancia inmediata de las diligencias practicadas, con expresión del día, hora y lugar en que se hubieren realizado y de cualquier circunstancia que pudiere resultar de utilidad para la investigación. Se dejará constancia en el registro de las instrucciones recibidas por el Ministerio Público o el juez.

El registro será firmado por el funcionario a cargo de la investigación y, en lo posible, por las personas que hubieren intervenido en los actos o proporcionando alguna información.

El Ministerio Público y las instituciones policiales deberán coordinarse entre sí y con otras instituciones para el desarrollo de la investigación y en su momento ejercer la acción penal, colaborando así a los fines de la seguridad pública.

En todo caso, dicha policía actuará con respeto a los derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano, los tratados internacionales en que los Estados Unidos Mexicanos sea parte, así como las normas que rijan esas actuaciones.

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. En tanto se realiza el proceso de certificación de las policías y se expide la Ley que Establece el Sistema Nacional de Seguridad Pública que mandata el artículo séptimo transitorio del decreto mediante el cual se reforman diversas disposiciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos publicado el 18 de junio de 2008 en el Diario Oficial de la Federación; el Ejecutivo Federal deberá a la entrada en vigor del presente, emitir los criterios y lineamientos para seleccionar a los agentes de la Policía Judicial que ejercerán las funciones de investigación a que se refiere este decreto.

Tercero. A la entrada en vigor del presente decreto, el Consejo de la Judicatura Federal emitirá los criterios mediante los cuales designará a los jueces de distrito que asuman temporalmente las funciones de jueces de control a que se refiere el presente decreto.

El Presidente diputado César Horacio Duarte Jáquez: Se turna a la Comisión de Justicia.

«Iniciativa de Ley Federal de Extinción de Dominio, a cargo del diputado Andrés Lozano Lozano , del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, Andrés Lozano Lozano , diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en ejercicio de la facultad que le otorgan la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que crea la Ley Federal de Extinción de Dominio, al tenor de la siguiente

La comisión de diversas conductas ilícitas realizadas por el crimen organizado causa un grave flagelo a la sociedad y ha dejado en ésta graves secuelas de temor, sin que los esfuerzos realizados por las autoridades federales hayan resultado eficaces para combatirla.

A pesar de que la seguridad pública es uno de los temas que más preocupan al Estado mexicano, la falta de disposiciones legales efectivas que castiguen a los criminales y a sus encubridores, con el desposeimiento de los bienes o recursos que han adquirido mediante sus actividades ilícitas, ha permitido que la delincuencia avance en su organización y equipamiento.

Por ello, nuestra obligación como legisladores es dotar al Estado de mecanismos jurídicos que le permitan atender las diversas aristas del problema. Uno de estos mecanismos lo representa la iniciativa que en este momento presento y que crea la Ley Federal de Extinción de Dominio. Mediante su procedimiento se dictará la pérdida del derecho patrimonial sobre bienes de personas físicas o morales a favor del Estado, sin contraprestación alguna para su titular, cuando éste haya sido sentenciado por la comisión de algún delito precisado en la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, delitos contra la salud, secuestro, robo de vehículos o trata de personas.

Cuando grupos delictivos llevan a cabo impunemente secuestros, robo de vehículos, actividades relacionadas con el narcotráfico, tráfico de personas, etcétera, afectan directamente a la juventud y a la niñez mexicanas, pues ello conduce a la pérdida de valores y al resquebrajamiento de la sociedad, y, dado el grado de violencia con que se cometen, aterrorizan a la sociedad y la condenan a vivir en un estado de inseguridad, contrario a lo que busca todo grupo social.

Las acciones de gobierno deben enfocarse a eliminar las verdaderas causas que facilitan la comisión de este tipo de ilícitos. No basta con encarcelar a quienes distribuyen, cultivan o venden drogas, o trafican con armas o personas, se requiere, además, de acciones que, fundadas en la ley, permitan destruir con toda certeza las estructuras financieras del crimen organizado y someter a la aplicación de la ley a quienes dan forma y vida a este tipo de delitos y a quienes los protegen, encubren o disfrutan de las ganancias obtenidas ilícitamente, y no sólo a sus operadores menores que en todo momento pueden ser sustituidos.

Es necesario que las acciones de gobierno se den en forma coordinada y precisa, y, para ello, se requiere de normas que se ajusten realmente a las necesidades de la situación actual que sufre la sociedad, y, en el caso de la delincuencia organizada, se requiere precisamente de normas que faculten a las autoridades para desvincular y destruir la estructura financiera del crimen organizado.

Por tanto, el Partido de la Revolución Democrática propone la iniciativa que crea la Ley Federal de Extinción de Dominio que permitirá declarar extinta la propiedad de bienes que sean instrumento, objeto o producto del delito, aún cuando no se haya dictado la sentencia que determine la responsabilidad penal pero existan elementos suficientes para determinar que el hecho ilícito sucedió.

También procederá respecto de los bienes que, aunque no sean instrumento, objeto o producto del delito, hayan sido utilizados o destinados a ocultar o mezclar bienes producto del delito.

Atacar directamente las fuentes de financiamiento de las organizaciones delincuenciales fracturará su poderío, impedirá la comisión de nuevos ilícitos y conducirá paulatinamente a la población a un estado de tranquilidad y éste, a su vez, producirá confianza en las autoridades.

Por ello, también se prevé, dentro de la iniciativa, que se afecten los bienes que estén intitulados a nombre de terceros, pero se requiere que existan suficientes elementos para determinar que son producto de delitos patrimoniales o de delincuencia organizada, y el acusado por estos delitos se comporte como dueño.

Asimismo, el juez civil del conocimiento podrá decretar medidas cautelares cuando se trate de bienes propiedad de personas respecto de las cuales existan indicios suficientes que hagan presumir fundadamente que son miembros de la delincuencia organizada. Dentro de ellas se encuentran la suspensión del poder de enajenación, el embargo de los bienes, del dinero en depósito en el sistema financiero, de los títulos de valor y de sus rendimientos.

La iniciativa establece que cualquier persona física o moral podrá hacer la denuncia correspondiente sobre la existencia de bienes que puedan ser objeto de la acción de extinción de dominio, pudiendo el juez que conozca del procedimiento requerir de las autoridades federales o locales cualquier colaboración, a efecto de lograr la adecuada sustanciación del juicio y el respeto a las garantías de audiencia y debido proceso, tanto de terceros como del probable responsable. Pero, en caso de que la sentencia sea condenatoria, quedarán extintos los derechos reales, principales y accesorios sobre los bienes objeto del proceso de extinción.

Finalmente, cuando no resulte posible situar o extinguir el dominio de los bienes determinados sobre los cuales verse la extinción del dominio, el juez del conocimiento, al momento de dictar sentencia, podrá declarar extinguido el dominio sobre bienes o valores equivalentes propiedad del mismo titular sin perjuicio de los derechos de terceros de buena fe, por lo que toda persona que se considere afectada podrá interponer los recursos respectivos para demostrar la procedencia lícita de los bienes y su actuación de buena fe, así como que estaba impedida para conocer la utilización ilícita de sus bienes.

Por lo antes expuesto y fundado, someto a la consideración del Congreso de la Unión la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que crea la Ley Federal de Extinción de Dominio

Artículo Único. Se crea la Ley Federal de Extinción de Dominio, para quedar como sigue:

Artículo 1. La presente ley es de orden público e interés social y de observancia general en el territorio de los Estados Unidos Mexicanos, y tiene por objeto reglamentar la instauración del procedimiento de extinción de dominio sobre los bienes, el cual será jurisdiccional y autónomo del de materia penal y procederá en los casos de delincuencia organizada, delitos contra la salud, robo de vehículos y trata de personas.

Artículo 2. Se entiende por extinción de dominio a la pérdida del derecho de propiedad o posesión de los bienes en favor del Estado, sin contraprestación ni compensación alguna para su titular.

Artículo 3. En los casos no previstos en esta ley, serán supletorias la Ley General de Salud, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, el Código Civil Federal, el Código Federal de Procedimientos Civiles, dentro de la esfera de la competencia de cada uno de estos ordenamientos.

Artículo 4. Se declarará extinguido el dominio mediante sentencia judicial cuando ocurriere cualquiera de los siguientes casos:

El afectado deberá probar, a través de los medios idóneos, los fundamentos de su oposición.

Artículo 5. Corresponde a los jueces federales del orden civil conocer de la aplicación de la presente ley dentro del ámbito de las atribuciones que ésta establece.

Artículo 6. La acción de extinción de dominio es de naturaleza jurisdiccional, de carácter real y de contenido patrimonial, y procederá sobre cualquier derecho real, principal o accesorio, independientemente de quien los tenga en su poder, o los haya adquirido.

Esta acción es distinta e independiente de cualquier otra que se haya iniciado simultáneamente, de la que se haya desprendido o en la que tuviera origen, sin perjuicio de los terceros de buena fe.

Artículo 7. El juez civil del conocimiento podrá decretar medidas cautelares cuando se trate de bienes propiedad de personas respecto de las cuales existan indicios suficientes que hagan presumir fundadamente que son miembros de la delincuencia organizada.

Dichas medidas comprenderán la suspensión del poder de enajenación, el embargo de los bienes, del dinero en depósito en el sistema financiero, de los títulos de valor y de sus rendimientos.

En todo caso, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público será la depositaria de los bienes embargados o intervenidos.

Artículo 8. Los bienes sobre los que se adopten medidas cautelares quedarán de inmediato a disposición de la dependencia referida, quien procederá preferentemente a constituir fideicomisos de administración en la entidad fiduciaria designada por la autoridad judicial; o, en su defecto, a arrendar o celebrar otros contratos que mantengan la productividad y el valor de los bienes, o aseguren su uso a favor del gobierno federal.

Mientras los recursos en numerario o títulos financieros de valores se encuentren sujetos a medidas cautelares, las instituciones financieras que reciban la respectiva orden abrirán una cuenta especial que genere rendimientos a tasa comercial, cuya cuantía formará parte de sus depósitos. Los rendimientos obtenidos pasarán al Estado, en el caso de que se declare extinguido el dominio sobre tales recursos, o se entregarán a su dueño, en caso contrario.

Los bienes fungibles, de género o muebles susceptibles de deterioro o pérdida, y los demás que en adición a los anteriores determine la Secretaría de Hacienda, podrán ser enajenados al mejor postor, o en condiciones de mercado cuando fuere el caso, entidad que podrá administrar el producto líquido de acuerdo con las normas vigentes.

De igual forma, los bienes inmuebles se administrarán de conformidad con las normas vigentes. Los rendimientos obtenidos pasarán al Estado, en el caso de que se declare extinguido el dominio sobre tales recursos, o bien, se entregarán a su dueño en caso contrario.

En todos los casos, la fiduciaria se pagará el valor de sus honorarios y de los costos de administración en que incurra con cargo a los bienes administrados o a sus productos.

Cualquier faltante que se presentara para cubrirlos será exigible con la misma preferencia con la que se tratan los gastos de administración en un concurso de acreedores, sobre el valor de los bienes, una vez que se liquiden o se subasten.

Los bienes y recursos objeto de extinción de dominio ingresarán al fondo federal, que en cada caso se constituya, para fines de inversión social, seguridad pública y lucha contra la delincuencia organizada.

No se podrá disponer de los bienes sujetos a acción de extinción de dominio hasta en tanto no exista una sentencia ejecutoriada que determine que ha quedado ésta firme.

Si la sentencia fuere absolutoria, los bienes y sus productos se reintegrarán al propietario.

Artículo 9. El acuerdo por el que se decreten medidas cautelares lo dictará de oficio la autoridad judicial en un plazo que no excederá de tres días, contados a partir de que fue dictado el auto de vinculación a proceso, sin perjuicio que durante la sustanciación del proceso dicha medida se amplíe respecto de bienes que no hayan sido considerados en un principio, en cuyo caso se dará vista a las partes para que en un plazo de dos días hábiles manifiesten lo que a su derecho estimen conveniente y, en su caso, ofrezcan medios de prueba.

La ampliación de la medida cautelar señalada sólo será posible antes de acordar el cierre de la instrucción y citado a las partes para oír sentencia.

Contra esta resolución no procederá recurso alguno.

Artículo 10. Cualquier persona física o moral, el Ministerio Público federal o los de las entidades federativas podrán presentar denuncia sobre la existencia de bienes que puedan ser objeto de acción de extinción de dominio, dichas autoridades ministeriales integrarán el expediente respectivo y lo remitirán al juez civil del ámbito federal competente en un plazo de 48 horas, siguientes a la recepción de la denuncia, acompañando las constancias y elementos de convicción aportados por el denunciante.

El Ministerio Público federal podrá oficiosamente integrar expedientes sobre la existencia de bienes que puedan ser objeto de acción de extinción de dominio, remitiendo en los mismos términos los expedientes integrados al efecto.

El juez civil del conocimiento, una vez recibido el expediente respectivo, acordará de inmediato el inicio del procedimiento a que se refiere la presente ley.

Artículo 11. Las denuncias que presenten las personas físicas o morales o los Ministerios Públicos de los estados o del Distrito Federal procederán en contra de

A la denuncia deberá acompañarse la relación de bienes que el denunciante presuma sean propiedad o se encuentran bajo el dominio de quien esté sujeto a proceso o de la persona fallecida y que haya sido sentenciada por la comisión de algún delito establecido en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, delitos contra la salud, robo de vehículos y trata de personas.

Las personas físicas o morales denunciantes y los Ministerios Públicos locales no forman parte del juicio, sin embargo, son responsables en caso de incurrir en falsedad, quedando obligados, en este caso, además de responder penalmente respecto de los delitos que cometan, a resarcir moralmente a quien perjudiquen y a realizar las aclaratorias públicas a que haya lugar en los términos en que lo determine el juez del conocimiento en la sentencia.

Al titular del Ministerio Público federal que suscriba la denuncia le será aplicable lo dispuesto en el párrafo anterior, respecto a la responsabilidad en caso de incurrir en falsedad, sin perjuicio de las sanciones a que pudiera hacerse acreedor en materia de responsabilidades.

Artículo 12. El particular que denuncie de manera eficaz, o que en forma efectiva contribuya a la obtención de pruebas para la acción de extinción de dominio o las aporte, recibirá una retribución del cinco por ciento del producto que el gobierno federal obtenga por la liquidación de dichos bienes, o del valor comercial de éstos, cuando los retuviere para cualquiera de sus órganos o dependencias o no traslade su propiedad a terceras personas. Esta tasación la hará de oficio el juez competente en la sentencia o por intervención directa del denunciante.

El porcentaje restante será distribuido entre la federación y la entidad o entidades federativas que corresponda, según el caso, por partes iguales.

Artículo 13. El juez que conozca de un procedimiento de acción de extinción de dominio podrá requerir a las autoridades federales, estatales, del Distrito Federal o municipales cualquier elemento o documentación que, obrando en su poder, pueda servir para la sustanciación del juicio. Asimismo, podrá ordenar que se realice alguna diligencia o que una prueba se perfeccione o desahogue, siempre que ello no signifique una dilación innecesaria o sea un obstáculo para resolver dentro de los plazos establecidos.

Artículo 14. En el ejercicio y trámite de la acción de extinción de dominio se garantizará el respeto a las garantías de audiencia y debido proceso, permitiendo al afectado presentar pruebas e intervenir en su preparación y desahogo, así como oponer las excepciones y defensas que se estimen convenientes respecto de los bienes.

Artículo 15. Durante el procedimiento se garantizarán y protegerán los derechos de terceros, en particular los siguientes:

Artículo 16. Si los afectados con ocasión de la acción de extinción de dominio no comparecieren por sí o por medio de representante alguno, la autoridad competente ordenará su emplazamiento en los términos de la presente ley.

Vencido el término señalado en el emplazamiento, siempre que no se hubiere logrado la comparecencia del titular del bien objeto de extinción, el juez del conocimiento le designará un defensor de oficio al afectado con quien se adelantarán los trámites inherentes al debido proceso y al derecho de defensa.

Igualmente, en todo proceso de extinción de dominio se emplazará a los terceros indeterminados, a quienes se designará igualmente un defensor en los términos de esta ley.

Artículo 17. Es competente para conocer de la acción de extinción de dominio el juez civil federal, del lugar en que se encuentren ubicados los bienes, a quien corresponderá sustanciar el proceso y emitir la sentencia respectiva.

Si se hubieren encontrado bienes en distintos distritos, será competente el juez que tuvo conocimiento de inicio. La aparición de bienes en otros lugares, posterior a la resolución de inicio de la investigación, no alterará la competencia.

Artículo 18. El juez del conocimiento radicará de inmediato la denuncia presentada y ordenará la integración del expediente respectivo, teniendo 10 días improrrogables para recabar la información que estime necesaria, a efecto de ordenar el inicio del trámite y la realización del emplazamiento correspondiente.

Posteriormente, dictará resolución en la que propondrá los hechos en que se funda la identificación de los bienes que se persiguen y las pruebas directas o indiciarias conducentes, y oficiosamente dictará acuerdo de aseguramiento de bienes en los términos referidos en la presente ley.

Artículo 19. La resolución de inicio y emplazamiento se notificará dentro de los cinco días siguientes a su emisión a las personas afectadas cuya dirección se conozca. Si la notificación personal no pudiera hacerse en la primera ocasión que se intenta, se dejará en la dirección de la persona por notificar cédula en que conste información suficiente de la acción que se ha iniciado y del derecho que le asiste a presentarse al proceso.

El emplazamiento será dirigido a quienes figuren como titulares de los derechos reales principales o accesorios según el antecedente registral correspondiente, y de las demás personas que se sientan con interés legítimo en el proceso para que comparezcan a hacer valer sus derechos.

Artículo 20. El emplazamiento surtirá sus efectos mediante publicación por edicto que permanecerá fijado en los estrados del juzgado del conocimiento por el término de cinco días, y se publicará por una vez, dentro de dicho término, en un periódico de amplia circulación nacional.

Si el emplazado o los emplazados no se presentaran dentro de los tres días siguientes al vencimiento del término de fijación del edicto el proceso continuará con la intervención del defensor designado por el juzgado, quien velará por el cumplimiento de las reglas del debido proceso a favor del afectado.

Artículo 21. Dentro de los cinco días siguientes al término de su comparecencia, los intervinientes podrán solicitar las constancias que estimen conducentes y eficaces para fundar su oposición y para explicar el origen de los bienes a partir de actividades lícitas demostrables.

Transcurrido el término anterior, se resolverá lo conducente respecto a la admisión de las pruebas solicitadas u ofrecidas que se consideren conducentes, y de las que oficiosamente considere oportunas la autoridad judicial, las que se desahogarán en un término no mayor de treinta días no prorrogables.

El juzgador podrá allegarse pruebas de manera oficiosa y esa decisión no será recurrible.

Artículo 22. Concluido el término probatorio, se correrá traslado a los intervinientes por el término común de tres días para que presenten conclusiones.

Transcurrido el término anterior, durante los 10 días siguientes, el juez del conocimiento dictará la sentencia respectiva que tendrá efectos erga omnes.

Artículo 23. En contra de la sentencia que declare la extinción de dominio, sólo procederá el recurso de apelación interpuesto por las partes o por el Ministerio Público, el cual será resuelto por el superior jerárquico dentro de los 30 días siguientes a aquél en que el expediente sea recibido.

Será el juez quien decida también sobre la extinción o no del dominio sobre bienes propiedad de un tercero de buena fe. En los demás casos, se desestimará de plano cualquier incidente presentado por los interesados.

Los términos establecidos en el presente artículo son improrrogables y de cumplimiento obligatorio.

Artículo 24. La única notificación personal que se realizará en el proceso de extinción de dominio será la que se realice al inicio del trámite en los términos de la presente ley. Todas las demás se practicarán mediante publicación por estrados, salvo las sentencias de primera o de segunda instancia, que se notificarán por edicto.

Artículo 25. En el proceso de extinción de dominio no habrá lugar a la presentación y al trámite de excepciones previas ni de incidentes. Todos serán decididos en la sentencia definitiva, no existiendo alguna de previo y especial pronunciamiento.

Artículo 26. Serán excepciones en el proceso de extinción de dominio las siguientes:

Artículo 27. La sentencia declarará la extinción de todos los derechos reales, principales o accesorios, desmembraciones, gravámenes o cualquiera otra limitación a la disponibilidad o el uso del bien, y ordenará su transmisión a favor del gobierno federal, a través del fondo que se constituya para fines de inversión social, seguridad pública y lucha contra la delincuencia organizada.

Si los bienes fueran muebles o numerarios, y aún no estuvieran secuestrados a disposición del fondo de que se trate, en la sentencia se ordenará que se le haga entrega inmediata de ellos o, bien, que se consignen a su disposición.

Si se tratara de bienes incorporados a un título, se ordenará la anulación de éste y la expedición de uno nuevo a nombre del fondo respectivo.

Si en la sentencia se reconocieran los derechos de un acreedor prendario o hipotecario de buena fe exento de culpa, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, directamente o por conducto de la fiduciaria correspondiente, procederá a su venta o subasta, y pagará el crédito en los términos que en la sentencia se indique.

Artículo 28. Las sentencias tendrán los siguientes efectos:

En caso de sentencias condenatorias quedarán extintos los derechos reales, principales o accesorios sobre los bienes objeto del procedimiento de extinción de dominio.

En caso de sentencias absolutorias, los bienes y sus frutos o rendimientos serán reintegrados al patrimonio del interesado.

En las sentencias condenatorias no se reconocerán derechos de acreedores prendarios o hipotecarios respecto de los bienes cuyo dominio se haya extinguido.

Artículo 29. Los gastos que se generen con ocasión del trámite de la acción de extinción del dominio, y los que se presenten por la administración de los bienes en los fondos, se pagarán con cargo a los rendimientos financieros de los bienes que han ingresado a aquél de que se trate, salvo que la sentencia declare su improcedencia.

La extinción del dominio se declarará, cualquiera sea la época de la adquisición o destino ilícito de los bienes. En todo caso, se entenderá que la adquisición ilícita de los bienes no constituye justo título.

Artículo 30. Los gobiernos de las entidades federativas y el del Distrito Federal, en un marco de cooperación institucional, podrán intervenir como parte dentro de los procesos de extinción de dominio, y estarán facultados para presentar y solicitar la práctica de pruebas dirigidas a demostrar la procedencia ilícita de los bienes, solicitar medidas cautelares sobre éstos e impugnar la resolución de improcedencia de la acción, así como la providencia que no reconozca el abandono de los bienes a favor del Estado.

Artículo 31. Si luego de concluido el procedimiento de extinción de dominio mediante sentencia firme se supiera de la existencia de otros bienes propiedad del condenado se iniciará un nuevo procedimiento de extinción del dominio respecto de los bienes restantes.

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

El Presidente diputado César Horacio Duarte Jáquez: Se turna a la Comisión de Justicia, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

«Iniciativa de Ley sobre la Responsabilidad Civil que genera el Daño Social causado por los Miembros de la Delincuencia Organizada, a cargo del diputado Andrés Lozano Lozano , del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, Andrés Lozano Lozano , diputado federal de la LX Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentamos a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que crea la Ley sobre la Responsabilidad Civil que Genera el Daño Social Causado por los Miembros de la Delincuencia Organizada, al tenor de la siguiente:

La delincuencia en su manifestación organizada constituye uno de los más graves y vitales problemas que dañan y perjudican a nuestro país, porque actúa con criterios empresariales claramente establecidos al conformar grandes grupos estructurados con apariencia de corporaciones, pero a través de las cuales se realizan o se ocultan operaciones criminales.

Estas organizaciones delictivas estructuran su actividad mediante la división del trabajo y la especialidad de la mano de obra, es decir, las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas, las bandas organizadas de secuestradores, los grupos que lavan dinero, las organizaciones dedicadas al tráfico de personas, siguen un modelo gerencial.

Pero con ello dañan todos los aspectos de la vida social: afectan la seguridad pública de las comunidades al someterlas a actos inusitados de violencia cuando los miembros de una organización se enfrentan entre sí o con los miembros de otra organización o cuando atacan a algunos miembros de la comunidad que se oponen a sus intereses; afectan la salud de los habitantes, principalmente a los jóvenes, al inducir a éstos a consumir las drogas que trafican; afectan a la organización política al corromper a muchos de sus integrantes, afectan a la impartición de justicia al corromper a los miembros de los poderes judiciales; afectan a las fuentes de trabajo pues muchas empresas abandonan las comunidades en manos de la delincuencia organizada por carecer aquéllas de la seguridad necesaria para que éstas desarrollen sus actividades económicas. Como ejemplo de esto diremos que recientemente (Diario Milenio, 7 de agosto, 2008) la Concamin informó que la inseguridad en el país cuesta 120 mil millones de dólares anuales a la iniciativa privada debido al éxodo de empresas que provoca la violencia. Resumiendo podemos afirmar que la delincuencia organizada destruye las comunidades donde lleva a cabo sus actividades.

La fuerza de la delincuencia organizada radica principalmente en dos factores: el primero lo constituye el establecimiento de ``alianzas y vínculos'' que logra en diferentes espacios, incluyendo el político, el policial y el militar, y el segundo lo conforma el gran poderío económico que logra a través de sus operaciones ilícitas.

Es pues necesario atacar estos dos grandes sostenes: los vínculos con diversos grupos de poder y su estructura financiera.

Estos son los dos grandes objetivos de la ley que en este momento se presenta, atacar a los prestanombres y encubridores que contribuyen a fabricar una pantalla de licitud a las empresas de la delincuencia organizada y desmantelar la estructura financiera que la arropa.

Debido a la reforma constitucional en materia de justicia penal recientemente aprobada, el artículo 22 constitucional establece el pago de responsabilidad civil derivada de la comisión de un delito, sin que pueda considerarse confiscación Esta iniciativa propone que la responsabilidad civil derivada de la comisión de los delitos de delincuencia organizada sea de la organización en su conjunto y que tenga naturaleza objetiva, por lo tanto, responderán solidariamente el sentenciado y la organización al pago de la reparación del daño que han causado a las víctimas y a las comunidades. Para ello se utilizarán los bienes que estén en el patrimonio o en posesión de los integrantes del grupo delictivo organizado o de las empresas con las que operaba. Se trata de llevar a la real magnitud que puede darse la utilización del principio básico contenido en el artículo 1910 del Código Civil Federal que señala que el que obrando ilícitamente o en contra de las buenas costumbres cause daño a otro, está obligado a repararlo.

También propone que los bienes que sean decomisados a los miembros de la delincuencia organizada sean utilizados para reparar el daño causado a las víctimas directas o indirectas individuales. Reconoce también como víctimas a las comunidades afectadas por las actividades ilícitas de los criminales y a las organizaciones civiles que los ciudadanos hayan constituido para defender sus intereses.

Las víctimas individuales tendrán derecho al pago de la reparación del daño causado por la comisión del delito, como tradicionalmente se ha acostumbrado pero, se crea la figura de la reparación del daño social que comprende el pago del daño causado en la región o lugares en donde operó el grupo de delincuencia organizada, por su mera operación e independientemente de que se puedan atribuir directamente a él los daños causados a: la propiedad pública, cuando sea afectada debido a las acciones delictivas de las organizaciones criminales; a los gastos e inversiones necesarias para el mejoramiento de la seguridad pública y privada, como consecuencia de las actividades de la delincuencia organizada; a la rehabilitación de los adictos, cuando las organizaciones cometan delitos contra la salud en la comunidad, entre otros.

Asimismo, se establecen procedimientos para que el Ministerio Público de la Federación deba obligatoriamente, como hoy no sucede, asegurar los productos directos, los frutos y otros aprovechamientos de los beneficios económicos del delito y los jueces puedan cuantificar los montos de los daños y satisfacer las reclamaciones de las víctimas directas e indirectas, de las comunidades y de las organizaciones civiles afectadas por las actividades de los grupos de delincuencia organizada.

El procedimiento comprende la obligatoria condena a la reparación del daño individual y social producido por la delincuencia organizada en el momento de la sentencia penal y garantiza que dada la amenaza que representa la delincuencia organizada sobre denunciantes y víctimas, éstos pueda realizar su reclamación después de la sentencia.

La participación de las comunidades mediante la representación de los municipios, los estados, el Distrito Federal y la Federación será obligatoria debiendo obligadamente cuantificar el daño social que las actividades del grupo delictivo les causaron.

El procedimiento de reparación del daño tiene siglos de pertenecer al derecho civil, la obligación de reparar el daño existe en consecuencia desde hace mucho tiempo. El que no se considere confiscación la reparación del daño civil producido por el delito fue introducido desde 1998. La diferencia con el procedimiento de Extinción de Dominio y de la pena de decomiso de los bienes que son instrumentos, objetos o productos del delito es que éstos son sanciones penales y la responsabilidad civil tiene por fundamento el principio del Derecho Civil de que nadie puede disfrutar el producto del ilícito.

Por tanto, la reparación del daño civil opera mediante el principio de que él que ilícitamente cause un daño a otro tiene la obligación de repararlo como obligación de naturaleza civil. Ahora bien, la reparación del daño deberá ser ejercida sobre el patrimonio o posesiones del sentenciado y de la organización a la que pertenezca, independientemente de su procedencia.

Quien participa en una organización que ejerce la violencia matando, secuestrando, extorsionando y dañando a la sociedad mediante el uso de mecanismos e instrumentos especialmente peligrosos que han costado la vida a miles de mexicanos, ha introducido en nuestro país un riesgo social, por ello, esta reparación se propone solidaria porque quien acepta participar en un grupo delictivo organizado actuando de hecho debe ser responsable de las consecuencias de sus acciones.

Este procedimiento, por lo tanto, será un inhibidor para aquellos que están ejerciendo la violencia en nuestra sociedad pues con esto, van a pagar por el daño social que han causado y sus consecuencias.

Por lo antes expuesto y fundado sometemos a esta soberanía la siguiente:

Iniciativa con proyecto de decreto que crea la Ley Sobre la Responsabilidad Civil que Genera el Daño Social Causado por los Miembros de la Delincuencia Organizada.

Artículo Único. Se crea la Ley Sobre la Responsabilidad Civil que Genera el Daño Social Causado por los Miembros de la Delincuencia Organizada, para quedar como sigue:

Ley Sobre la Responsabilidad Civil que Genera el Daño Social Causado por los Miembros de la Delincuencia Organizada

Artículo 1. La presente Ley tiene por objeto establecer las reglas para determinar la responsabilidad civil por la comisión de los delitos establecidos en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Sus disposiciones son de orden público y de aplicación en todo el territorio nacional.

Artículo 2. La responsabilidad civil derivada de la comisión de los delitos de delincuencia organizada se funda en el Capítulo V del Libro Cuarto del Título Primero del Código Civil Federal, es de la organización en su conjunto, tiene naturaleza objetiva y se genera por el riesgo social producido por la delincuencia organizada.

Toda víctima directa, indirecta o comunidad afectada en los términos de esta ley tiene derecho a participar en el proceso penal, tanto para la acreditación del hecho acusado como en los procedimientos para el establecimiento de la responsabilidad civil de las organizaciones.

Artículo 3. Para los efectos de esta Ley se entenderá por:

Artículo 4. En la sentencia que declare la responsabilidad penal por la comisión de los delitos a que se refiere esta Ley, se declarará obligatoriamente la Responsabilidad Civil por Delincuencia Organizada. Si de las constancias de autos está acreditada la víctima y su daño, se determinarán los montos en la misma sentencia.

Artículo 5. Para la cuantificación de los montos que no están acreditados se seguirá el siguiente procedimiento:

Artículo 6. El Ministerio Publico de la Federación deberá bajo su más estricta responsabilidad asegurar todo bien del que tenga indicios que es instrumento, objeto o producto del delito, de conformidad con las siguientes reglas:

Artículo 7. La prescripción de la acción penal para reparar el daño prescribirá de acuerdo a las reglas para la prescripción de la acción penal referente a delitos de delincuencia organizada.

Artículo 8. Una vez dictada la sentencia penal correspondiente por la comisión de delitos de delincuencia organizada y establecida la responsabilidad civil por daños por delitos de delincuencia organizada, el crédito por la reparación del daño prescribirá a los 30 años de declararse firme la sentencia.

Primero. La presente ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Las sentencias por delincuencia organizada que se han dictado hasta el día de la publicación de la ley, generarán la responsabilidad civil por hecho ilícito que se encuentra regulada en el Capítulo V del Libro Cuarto del Título Primero del Código Civil Federal. Se abrirán procedimientos de la manera que señala esta ley para reclamar el pago de la reparación del daño.

Tercero. Las sentencias por delincuencia organizada que se dicten después de la publicación de la ley, generarán responsabilidad civil en los términos de esta ley.

El Presidente diputado César Horacio Duarte Jáquez: Se turna a la Comisión de Justicia, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

«Iniciativa que reforma los artículos 214 y 215 del Código Penal Federal, y 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, a cargo del diputado Andrés Lozano Lozano , del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, Andrés Lozano Lozano , diputado federal de la LX Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que modifica los artículos 214 y 215 del Código Penal Federal y el artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, al tenor de la siguiente:

La policía es pieza esencial de la intervención del estado sobre los ciudadanos en relación con un efectivo control: la policía constituye el órgano inmediato de aplicación del control penal y uno de los más importantes del control en general. Ello implica, necesariamente, poner a la policía en relación con los derechos humanos, en general, y con los derechos fundamentales en especial. ¹

La cita anterior nos explica claramente la importancia de la policía como un órgano de control del ciudadano, pero al mismo tiempo, nos enfatiza la necesidad de controlar, mediante la ley, a este órgano. No se debe tolerar que los cuerpos policíacos actúen sin límites, por lo que se deben establecer consecuencias legales cuando su actuar esté en contra de lo establecido por la ley.

Dadas sus funciones, nos dice el autor, la acción policial está en estrecha relación con los derechos fundamentales de los ciudadanos, por ello, es obligación de nosotros, los legisladores, regular que esa acción esté, en todo momento, regulada dentro de los parámetros que establece la ley y cuando esa regulación no se respete, establecer una sanción para los infractores.

La iniciativa que establece el Registro Inmediato de Detenciones, recientemente presentada ante esta soberanía, establece varias obligaciones tanto para los agentes aprehensores de probables responsables como para los agentes del Ministerio Público, por lo que se precisa que en caso de desobediencia serán responsables penal y administrativamente.

Respecto a los agentes del Ministerio Público que omitan responder las llamadas que se realicen al Registro Inmediato de Detenciones o se nieguen injustificadamente a indicar el lugar donde las personas que han sido detenidas deban ser trasladadas, cometerán el delito de Ejercicio Indebido de Servicio Público.

Los agentes policíacos que omitan informar a la autoridad correspondiente las detenciones que lleven a cabo, o se abstengan de ejecutar las instrucciones recibidas acerca del traslado, o lo dilaten injustificadamente, o bien, violenten los derechos fundamentales del detenido, cometerán el delito de Abuso de Autoridad.

Asimismo, se propone modificar el artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, con el objetivo de establecer las sanciones administrativas que correspondan a los agentes del Ministerio Público respecto a sus funciones dentro del Registro Inmediato de Detenciones o a los policías que transgredan lo establecido en la ley, al momento de llevar a cabo una detención o durante el traslado de los detenidos.

Por lo antes expuesto y fundado sometemos a esta soberanía la siguiente:

Iniciativa con proyecto de decreto que modifica los artículos 214 y 215 del Código Penal Federal y el artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

Artículo Primero. Se agrega una fracción VII y se modifica el último párrafo del artículo 214 del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Artículo 214. Comete el delito de ejercicio indebido de servicio público, el servidor público que:

Al que cometa ...

Al infractor de las fracciones III, IV, V, VI y VII se le impondrán de dos a siete años de prisión, multa de treinta a trescientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito y destitución e inhabilitación de dos años a siete años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.

Artículo Segundo. Se agrega una fracción XV y se modifica el último párrafo del artículo 215 del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Artículo 215. Cometen el delito de abuso de autoridad los servidores públicos que incurran en alguna de las conductas siguientes:

Al que cometa ...

Al que cometa el delito de abuso de autoridad en los términos previstos por las fracciones VI a IX, XIII, XIV y XV se le impondrá de dos a nueve años de prisión, de setenta hasta cuatrocientos días multa y destitución e inhabilitación de dos a nueve años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.

Artículo Tercero. Se agregan dos fracciones XXIV y XXV y se recorre la última fracción del artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, para quedar como sigue:

Artículo 8. Todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones:

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

El Presidente diputado César Horacio Duarte Jáquez: Se turna a las Comisiones Unidas de Justicia, y de la Función Pública.

«Iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley que establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, a cargo del diputado Andrés Lozano Lozano , del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, Andrés Lozano Lozano , diputado federal de la LX Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que modifica diversos artículos de la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, al tenor de la siguiente:

La Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados tiene más de tres décadas de haber sido emitida. En ese periodo se han presentado numerosos cambios en la conformación de la administración pública federal, entre otros, la creación de la Secretaría de Seguridad Pública que incluyó entre su estructura a los establecimientos penitenciarios dependientes de la Federación. Sin embargo, y a pesar de la enorme importancia que esta norma representa para la organización y funcionamiento del complejo sistema penitenciario federal, no ha sido adecuada a esos cambios.

Por ello, estoy presentando esta iniciativa con la finalidad de adecuar la terminología de este ordenamiento a nuestro universo jurídico actual.

En primer lugar propongo modificar el artículo 1º de esta ley a fin de precisar que su esfera de aplicación comprende al sistema penitenciario dependiente de la Federación, dado que el artículo 18 constitucional establece que: ``Los gobiernos de la Federación y de los estados organizarán el sistema penal, en sus respectivas jurisdicciones ...''

Se propone modificar los artículos 3º, 10, 15 y 17 a fin dar vida legal al Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública y establecer sus facultades respecto a los internos recluidos en los centros penitenciarios dependientes de la Federación y a los procesados y sentenciados del fuero federal recluidos en prisiones dependientes de los gobiernos locales.

En los artículos 3º, 6º, 7º, 10 y 16 se propone cambiar las denominaciones de ``reos, alienados y menores infractores'', por sentenciados, internos o reclusos, inimputables y adolescentes. Respecto a los tres primeros términos, el propósito es actualizar esta ley a nuestra Constitución Política que adecuó su terminología a los tratados internacionales de los cuales México forma parte y eliminó la palabra reo por considerarla infamante y denigrante.

En el segundo caso, la palabra ``alienados'' se cambia por ``inimputables '' ya que la primera no está en concordancia con lo precisado en el inciso 3 del artículo 24 del Código Penal Federal, el cual establece:

Asimismo, se propone cambiar la palabra ``menores'' por la de ``adolescentes '' a fin de adecuarla a la terminología del artículo 18 constitucional.

El mismo artículo 24 del Código Penal Federal, citado líneas arriba, establece que existen dos tipos de sanciones: las penas y las medidas de seguridad, sin embargo, en este mismo precepto tercero de la Ley en estudio, se hace alusión únicamente a las ``medidas impuestas a inimputables'', por lo que se considera necesario adecuarlo y establecer la terminología correcta, es decir: ``medidas de seguridad ''.

El artículo 5º de la norma que se analiza establece las obligaciones de capacitación y evaluación para el personal penitenciario, pero la dependencia encargada de realizar la evaluación ya no existe, por lo que se considera necesario establecer que el Centro de Control de Confianza perteneciente a la Secretaría de Seguridad Pública, será el encargado de realizarla.

En el artículo 6º se le da vida legal a la recientemente creada Subsecretaría del Sistema Penitenciario Federal y se establecen algunas de sus facultades.

Finalmente, se propone reformar los artículos 8º y 16 de la ley en estudio, a fin de establecer que la norma que permite otorgar diferentes beneficios de libertad anticipada a los sentenciados federales, como la Libertad Preparatoria y la Remisión Parcial de la Pena es el Código Penal Federal.

En mérito de lo expuesto, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración del H. Congreso de la Unión el siguiente

Artículo Primero. Se reforman y adicionan los artículos 1º, 3º, 5º, 6º, 7º, 8º, 10, 15, 16 y 17 de la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, para quedar como sigue:

Artículo 1. Las presentes normas tienen como finalidad organizar el sistema penitenciario dependiente de la Federación, conforme a lo establecido en los artículos siguientes.

Artículo 3. El Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública, tendrá a su cargo aplicar estas normas en los reclusorios dependientes de la Federación. Asimismo, las normas se aplicarán, en lo pertinente, a los sentenciados federales recluidos en centros penitenciarios dependientes de los gobiernos locales y se promoverá su adopción por parte de los estados. Para este último efecto, así como para la orientación de las tareas de prevención social de la delincuencia, el Ejecutivo federal podrá celebrar convenios de coordinación con los gobiernos de los estados.

En dichos convenios se determinará lo relativo a la creación y manejo de instituciones penales de toda índole, entre las que figurarán las destinadas al tratamiento de adultos delincuentes, inimputables que hayan incurrido en conductas antisociales y adolescentes infractores, especificándose la participación que en cada caso corresponde a los gobiernos federal y locales.

Los convenios podrán ...

Podrá convenirse también que los sentenciados por delitos del orden federal compurguen sus penas en los centros penitenciarios a cargo de los Gobiernos Estatales, cuando estos centros se encuentren más cercanos a su domicilio que los del Ejecutivo federal, y que por la mínima peligrosidad del recluso, a criterio del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, ello sea posible. Para los efectos anteriores, en caso de indígenas sentenciados, se considerarán los usos y costumbres, así como las circunstancias en las que se cometió el delito. Esta medida no podrá otorgarse tratándose de reclusos sentenciados por alguno o más de los delitos que prevé la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.

En los convenios a que se refiere el presente artículo, podrá acordarse también que tratándose de sentenciados por delitos del orden común, puedan cumplir su condena en un centro federal si éste se encuentra más cercano a su domicilio.

Lo anterior se entiende sin perjuicio de lo prescrito en el artículo 18 constitucional acerca de convenios para que los sentenciados por delitos del orden común extingan su condena en establecimientos dependientes del Ejecutivo federal.

El Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social tendrá a su cargo, asimismo, la ejecución de las sanciones que, por sentencia judicial, sustituyan a la pena de prisión o a la multa, y las de tratamiento que el juzgador aplique, así como la ejecución de las medidas de seguridad impuestas a inimputables, sin perjuicio de la intervención que a este respecto deba tener, en su caso y oportunidad, la autoridad sanitaria.

Artículo 5. Los miembros del personal penitenciario quedan sujetos a la obligación de seguir, antes de la asunción de su cargo y durante el desempeño de éste, los cursos de formación y de actualización que se establezcan, así como de aprobar los exámenes de selección que se implanten. Para ello, en los convenios se determinará la participación que en este punto habrá de tener el Centro de Control de Confianza perteneciente a la Secretaría de Seguridad Pública.

Artículo 6. El tratamiento será ...

Para la mejor individualización del tratamiento y tomando en cuenta las condiciones de cada medio y las posibilidades presupuestales, se clasificará a los internos en instituciones especializadas, entre las que podrán figurar establecimientos de seguridad máxima, media y mínima, colonias y campamentos penales, hospitales psiquiátricos y para infecciosos e instituciones abiertas.

El sitio en que se desarrolle la prisión preventiva será distinto del que se destine para la extinción de las penas y estarán completamente separados. Las mujeres quedarán recluidas en lugares separados de los destinados a los hombres. Los adolescentes infractores serán internados, en su caso, en instituciones diversas de las asignadas a los adultos.

En la construcción de nuevos establecimientos de custodia y ejecución de sanciones y en el remozamiento o la adaptación de los existentes, la Subsecretaría del Sistema Penitenciario Federal tendrá las funciones de orientación técnica y las facultades de aprobación de proyectos a que se refieren los convenios.

Artículo 7. El régimen penitenciario tendrá carácter progresivo y técnico y constará, por lo menos, de períodos de estudio y diagnóstico y de tratamiento, dividido este último en fases de tratamiento en clasificación y de tratamiento preliberacional. El tratamiento se fundará en los resultados de los estudios de personalidad que se practiquen al recluso, los que deberán ser actualizados periódicamente.

Se procurará iniciar ...

Artículo 8. ...

Para la aplicación ...

Artículo 10. La asignación de los internos al trabajo se hará tomando en cuenta los deseos, la vocación, las aptitudes, la capacitación laboral para el trabajo en libertad y el tratamiento de aquéllos, así como las posibilidades del reclusorio. El trabajo en los reclusorios se organizará previo estudio de las características de la economía local, especialmente del mercado oficial, a fin de favorecer la correspondencia entre las demandas de éste y la producción penitenciaria, con vistas a la autosuficiencia económica del establecimiento. Para este último efecto, se trazará un plan de trabajo y producción que será sometido a aprobación del gobierno del estado y, en los términos del convenio respectivo, del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social.

Los internos pagarán su sostenimiento en el reclusorio con cargo a la percepción que en éste tengan como resultado del trabajo que desempeñen. Dicho pago se establecerá a base de descuentos correspondientes a una proporción adecuada de la remuneración, proporción que deberá ser uniforme para todos los internos de un mismo establecimiento. El resto del producto del trabajo se distribuirá del modo siguiente: treinta por ciento para el pago de la reparación del daño, treinta por ciento para el sostenimiento de los dependientes económicos del recluso, treinta por ciento para la constitución del fondo de ahorros de éste, y diez por ciento para los gastos menores del interno. Si no hubiese condena a reparación del daño o éste ya hubiera sido cubierto, o si los dependientes del sentenciado no están necesitados, las cuotas respectivas se aplicarán por partes iguales a los fines señalados, con excepción del indicado en último término.

Ningún interno podrá ...

Artículo 15. Se promoverá ...

Será obligatoria ...

El Consejo de Patronos ...

Para el cumplimiento ...

Los Patronatos brindarán asistencia a los liberados de otras entidades federativas que se establezcan en aquélla donde tiene su sede el Patronato. Se establecerán vínculos de coordinación entre los Patronatos, que para el mejor cumplimiento de sus objetivos se agruparán en la Sociedad de Patronatos para Liberados, creada por el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social y sujeta al control administrativo y técnico de éste.

Artículo 16. Por cada dos días ...

La Remisión funcionará independientemente de la libertad preparatoria. Para este efecto, el cómputo de plazos se hará en el orden que beneficie al sentenciado. El Ejecutivo regulará el sistema de cómputos para la aplicación de este precepto, que en ningún caso quedará sujeto a normas reglamentarias de los establecimientos de reclusión o a disposiciones de las autoridades encargadas de la custodia y de la readaptación social.

El otorgamiento de la remisión se condicionará, además de lo previsto en el primer párrafo de este artículo, a que el sentenciado repare los daños y perjuicios causados o garantice su reparación, sujetándose a la forma, medidas y términos que se le fijen para dicho objeto, si no puede cubrirla desde luego.

Al disponer la remisión, la autoridad que la conceda establecerá las condiciones que deba observar el sentenciado, conforme a lo estipulado en los incisos a) a d) de la segunda parte del artículo 84 del Código Penal Federal.

La autoridad al conceder la remisión parcial de la pena, establecerá las condiciones que deba cumplir el sentenciado, conforme a lo establecido en la fracción III y los incisos a) a d) del artículo 84 del Código Penal Federal. La remisión parcial de la pena no se concederá a los sentenciados que se encuentren en cualquiera de los casos a que se refiere el artículo 85 del citado Código Penal Federal.

La autoridad podrá revocar la remisión parcial de la pena, conforme a lo dispuesto por el artículo 86 del Código Penal Federal.

Artículo 17. En los convenios ...

El Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social promoverá ante los Ejecutivos locales la iniciación de las reformas legales conducentes a la aplicación de estas normas, especialmente en cuanto a la remisión parcial de la pena privativa de libertad y la asistencia forzosa a liberados condicionalmente o a personas sujetas a condena de ejecución condicional. Asimismo, propugnará la uniformidad legislativa en las instituciones de prevención y ejecución penal.

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

El Presidente diputado César Horacio Duarte Jáquez: Se turna a la Comisión de Seguridad Pública. Continúe la Secretaría con el orden del día.

ORDEN DEL DIA

La Secretaria diputada María del Carmen Pinete Vargas: «Primer Periodo Ordinario de Sesiones.--- Tercer Año de Ejercicio.--- LX Legislatura.

Orden del día

Martes 23 de septiembre de 2008.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones

Comparecencia de los titulares de las Secretarías de Gobernación, y de Seguridad Pública, y del Procurador General de la República, para el desahogo del análisis del II Informe de Gobierno del Presidente de la República, licenciado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, en materia de política interior.

Los demás asuntos con los que la Mesa Directiva dé cuenta.»

CLAUSURA Y CITATORIO

El Presidente diputado César Horacio Duarte Jáquez (a las 15:43 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el próximo martes 23 de septiembre, a las 11:00 horas. Se les informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 9: 30 horas.

--------------- O ---------------

RESUMEN DE TRABAJOS

• Tiempo de duración: 3 horas 46 minutos.
• Quórum a la apertura de sesión: 286 diputados.
• Asistencia al cierre de registro: 421 diputados.
• Comisiones reglamentarias y protocolarias: 1.
• Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, aprobado: 1.
Diputados por grupo parlamentario que participaron durante la sesión: 63PAN-10, PRD-39, PRI-4, Convergencia-2, PVEM-4, PT-2, Nueva Alianza-2, Alternativa-3, Diputados de la Comisión de Desarrollo Metropolitano-1.
• Se recibió:
• 1 invitación de la Secretaría de Cultura del Gobierno delDistrito Federal, a la ceremonia cívica conmemorativa;
• 5 oficios de la Junta de Coordinación Política, con los que comunica cambios en la integración de las Comisiones de Gobernación; de Defensa Nacional; de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias; de Salud; de Ciencia y Tecnología; de Cultura; de Investigación del Daño Ecológico y Social Generado por Petróleos Mexicanos; de Justicia; de Derechos Humanos; de Agricultura y Ganadería; del Parlamento Latinoamericano; Especial de Ganadería; de la Conferencia Parlamentaria de las Américas; del Foro Parlamentario Asia-Pacífico; de la Función Pública; de Hacienda y Crédito Público; de Desarrollo Metropolitano; del Medio Ambiente y Recursos Naturales; delDistrito Federal; de Puntos Constitucionales; de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios; Especial de seguimiento a los fondos aportados por los trabajadores mexicanos braceros; de Seguridad Social; de Salud; de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias; Especial de prospectiva para la definición del futuro de México; de Radio, Televisión y Cinematografía; de Comunicaciones; y de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios; y en los Comités del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública y del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas;
• 1 oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;
• 1 oficio de la Secretaría de Gobernacióncon el que se remite el II Informe de Labores de la Secretaría de la Reforma Agraria;
• 3 oficios de la Cámara de Senadorescon los que remite puntos de acuerdo relativos al Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal de 2009;
• 1 oficio de la Cámara de Senadorescon el que remite acuerdo por el que el Senado de la República, condena enérgica y categóricamente los hechos perpetrados contra la población civil en Morelia, Michoacán, el 15 de septiembre pasado;
• 2 minutas con proyectos de ley;
• 1 iniciativa del PAN;
• 10 iniciativas del PRD;
• 1 iniciativa del PVEM;
• 33 proposiciones con punto de acuerdo.
• Dictámenes aprobados:
• 1 de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Seguridad Pública, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa que reforma los artículos 25, 37, 44 y 45 de la Ley de Coordinación Fiscal;
• 1 de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa que reforma el artículo 19, fracción IV, inciso d), y adiciona dos artículos transitorios a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria;
• 1 de la Comisión de Vivienda, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa que adiciona un párrafo al artículo 54 y reforma la fracción I del artículo 62 de la Ley de Vivienda;
• 1 de la Comisión de Cultura, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa que reforma el artículo 150 de la Ley Federal del Derecho de Autor;
• 1 de la Comisión de Recursos Hidráulicos, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa que reforma el artículo 14 de la Ley de Aguas Nacionales;
• 1 de la Comisión de Recursos Hidráulicos, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa que reforma el artículo 22 de la Ley de Aguas Nacionales;
• 1 de la Comisión de Recursos Hidráulicos, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa que reforma el artículo 122 y adiciona un artículo 122 Bis a la Ley de Aguas Nacionales;
• 1 de la Comisión de Recursos Hidráulicos, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales;
• 1 de la Comisión de Transportes, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa que reforma el artículo 52 de la Ley de Aviación Civil;
• 1 de la Comisión de Transportes, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa presentada el 18 de septiembre de 2007, que reforma el artículo 9 de la Ley de Aviación Civil;
• 1 de la Comisión de Transportes, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa que reforma los artículos 9 y 11 de la Ley de Aviación Civil;
• 1 de la Comisión de Transportes, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario.

DIPUTADOS QUE PARTICIPARON DURANTE LA SESION
(en orden alfabético)

• Alva Olvera, Maribel Luisa (PRD).
• Arreola Ortega, Pablo Leopoldo (PT).
• Barreiro Pérez, Armando (PRD).
• Bellizzia Rosique, Pascual (PVEM).
• Conde Rodríguez, Elsa de Guadalupe (Alternativa).
• Dávila Fernández, Adriana (PAN).
• Diputados de la Comisión de Desarrollo Metropolitano.
• Diputados del PRD.
• Diputados del PRD.
• Diputados del PRD.
• Diputados del PRD.
• Diputados del PRD.
• Diputados del PRD.
• Diputados del PRD.
• Diputados del PRD.
• Escobar Jardinez, Adolfo (PAN).
• Espinosa Piña, José Luis (PAN).
• García Méndez, Armando (Alternativa).
• González Morán, Martín Óscar (PAN).
• Hernández Núñez, Elia (PAN).
• Leyva Piñón, Ana Yurixi (PRD).
• Leyva Piñón, Ana Yurixi (PRD).
• López Silva, Rubí Laura (PAN).
• Lozano Lozano, Andrés (PRD).
• Luna Becerril, Blanca (Nueva Alianza).
• Luna Murguía, Alma Lilia (PRD).
• Manrique Guevara, Beatriz (PVEM).
• Martínez Padilla, Hugo Eduardo (PRD).
• Matus Toledo, Holly (PRD).
• Morales Sánchez, Efraín (PRD).
• Morales Sánchez, Efraín (PRD).
• Orozco Ruiz Velazco, Marco Heriberto (PAN).
• Ortega Martínez, María del Pilar (PAN).
• Pacheco Llanes, Ramón (PRD).
• Paredes Rodríguez, Francisco Javier (PAN).
• Pedro Cortés, Santiago Gustavo (Alternativa).
• Peñuelas Acuña, Mayra Gisela (PRI).
• Rincón Vargas, Mirna Cecilia (PAN).
• Rodríguez Luis, Alejandro (PVEM).
• Ruiz Chávez, Sara Latife (PRI).
• Serrano Escobar, Enrique (PRI).
• Solares Chávez, Miguel Ángel (PRD).
• Suárez del Real y Aguilera, José Alfonso (PRD).
• Suárez del Real y Aguilera, José Alfonso (PRD).
• Tagle Martínez, Martha Angélica (Convergencia).
• Toledo Luis, Jorge (PRI).
• Trejo Pérez, Pablo (PRD).
• Trejo Pérez, Pablo (PRD).
• Trejo Pérez, Pablo (PRD).
• Trejo Pérez, Pablo (PRD).
• Trejo Pérez, Pablo (PRD).
• Trejo Pérez, Pablo (PRD).
• Trejo Pérez, Pablo (PRD).
• Trejo Pérez, Pablo (PRD).
• Trejo Pérez, Pablo (PRD).
• Trejo Pérez, Pablo (PRD).
• Trejo Pérez, Pablo (PRD).
• Trejo Pérez, Pablo (PRD).
• Trejo Pérez, Pablo (PRD).
• Trejo Pérez, Pablo (PRD).
• Trejo Pérez, Pablo (PRD).
• Trejo Pérez, Pablo
(PRD).
• Valdés Chávez, Ramón
(Convergencia).
• Vela González, Joaquín Humberto
(PT).
• Velasco Rodríguez, Verónica
(PVEM).
• Villanueva Albarrán, Gerardo
(PRD).
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Estado de México: 190
Análisis del II Informe de Gobierno. Política Social: 147
Aumentar e incorporar criterios de selección para ampliar el número de municipios que se puedan beneficiar del subsidio para la seguridad pública municipal: 60
Ley Aduanera - Ley del Impuesto al Valor Agregado: 179
Agencia de Noticias del Estado Mexicano: 69
Fideicomiso 5012-6 FerronalesJub: 63
Fondo Metropolitano a las zonas metropolitanas de Tijuana y de Aguascalientes: 53
Código Federal de Procedimientos Penales - Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República - Ley de la Policía Federal Preventiva: 231
Código Federal de Procedimientos Penales - Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República: 234
Código Penal Federal - Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos: 256
Ley Federal de Extinción de Dominio: 244
Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública: 194
Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados: 258
Ley que Regula el Uso de la Fuerza por los Integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública Federal: 218
Ley Sobre la Responsabilidad Civil que Genera el Daño Social Causado por los Miembros de la Delincuencia Organizada: 252
Análisis del II Informe de Gobierno. Política Social: 167
Estado de Michoacán: 52
Análisis del II Informe de Gobierno. Política Social: 157
Análisis del II Informe de Gobierno. Política Social: 165
Análisis del II Informe de Gobierno. Política Social: 169
Análisis del II Informe de Gobierno. Política Social: 154
Refugio para mujeres violentadas en el municipio de Valle de Chalco, estado de México: 64
Análisis del II Informe de Gobierno. Política Social: 170
Seguridad pública: 193
Análisis del II Informe de Gobierno. Política Social: 146, 159
Construcción y mejoramiento de la Telesecundaria OFTV 0659 Netzahualcóyotl, en Valle de Chalco, estado de México: 76
Fomento del programa Hipoteca Verde: 71
Artículo 6 constitucional - Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental: 49
Análisis del II Informe de Gobierno. Política Social: 164
Día Mundial Sin Tabaco: 188
Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos: 182
Atención y combate a la pobreza urbana: 59
Ley General de Salud - Código Penal Federal - Código Federal de Procedimientos Penales: 35
Delegación Azcapotzalco: 62
Análisis del II Informe de Gobierno. Política Social: 155
Análisis del II Informe de Gobierno. Política Social: 145
Análisis del II Informe de Gobierno. Política Social: 168
Cultivo, cuidado y promoción de la langosta en el municipio de Rosarito, estado de Baja California: 73
Análisis del II Informe de Gobierno. Política Social: 160
Análisis del II Informe de Gobierno. Política Social: 152
Fideicomiso 5012-6 Ferronalesjub: 67
Análisis del II Informe de Gobierno. Política Social: 169
Construcción de diversos planteles de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México: 58
Proyectos turísticos del Distrito Federal: 56
Análisis del II Informe de Gobierno. Política Social: 151
Análisis del II Informe de Gobierno. Política Social: 163
Delegación Iztacalco: 98
Delegación Magdalena Contreras: 97
Delegación Venustiano Carranza: 100
Diversos proyectos para el Heroico Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal: 96
Municipios del estado de Michoacán: 75
Programa de modernización del Registro Civil del Distrito Federal: 92
Programa de obras y servicios del Distrito Federal: 80
Programas de desarrollo social del Distrito Federal: 82
Programas de educación en el Distrito Federal: 78
Programas y proyectos para el cuidado del ambiente en el Distrito Federal: 87
Proyecto Ciudad Digital del Distrito Federal: 95
Proyecto de Construcción del Centro de Capacitación y Validación para la Transferencia de Innovaciones, en el municipio de Huautla de Jiménez, estado de Oaxaca: 103
Proyecto de rescate de la imagen urbana de la Cámara de Diputados: 94
Proyectos de diversos municipios del estado de Puebla: 100
Proyectos de diversos municipios del estado de Tlaxcala: 102
Reestructuración y modernización del Catastro y del Registro Público de la Propiedad del Distrito Federal: 93
Análisis del II Informe de Gobierno. Política Social: 162
Análisis del II Informe de Gobierno. Política Social: 159
Análisis del II Informe de Gobierno. Política Social: 149
Ley de Fomento para el Uso de la Bicicleta en Zonas Metropolitanas: 143
ASISTENCIA

DE CONFORMIDAD CON LO QUE DISPONE EL ARTÍCULO 2, NUMERAL 2, INCISO C, DEL REGLAMENTO PARA LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS, SE PUBLICA LA SIGUIENTE LISTA DE ASISTENCIA DE LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS

SECRETARÍA GENERAL

GRUPO PARLAMENTARIO	ASISTENCIA	ASISTENCIA POR CÉDULA	ASISTENCIA COMISIÓN OFICIAL	PERMISO MESA DIRECTIVA	INASISTENCIA JUSTIFICADA	INASISTENCIAS	TOTAL
ALT	183	10	0	4	0	10	207
PRD	107	8	0	7	0	5	127
PRI	83	0	0	17	0	6	106
CONV	15	0	0	0	0	3	18
PVEM	15	0	0	0	0	2	17
PT	7	3	0	0	0	1	11
NA	7	0	0	1	0	1	9
ALT	4	1	0	0	0	0	5
TOTAL	421	22	0	29	0	28	28
Nota: Las diferencias que existen entre las listas de asistencias y el número de votos puede variar conforme a los diputados presentes al momento de la votación.
---
SECRETARÍA GENERAL
REPORTE DE ASISTENCIA


PARTIDO ACCIÓN NACIONAL
1 Acosta Dávila Constantino	CÉDULA
2 Aguilar López José Alejandro	ASISTENCIA
3 Alcalde Virgen Moisés	ASISTENCIA
4 Alcaraz Hernández Alma Edwviges	CÉDULA
5 Álvarez Bernal María Elena	ASISTENCIA
6 Amezola Fonceca Gerardo	ASISTENCIA
7Antuña Batista Fidel	ASISTENCIA
8 Aranda Orozco Gerardo	ASISTENCIA
9 Arellano Arellano Joel	ASISTENCIA
10 Arenas Guzmán Margarita	ASISTENCIA
11Arizméndi Uribe Efraín	ASISTENCIA
12 Armendáriz García Pedro	INASISTENCIA
13 Arredondo Ibarra Salvador	ASISTENCIA
14 Arredondo Velázquez Jesús	ASISTENCIA
15 Ávila Mayo Obdulio	ASISTENCIA
16 Barradas Miravete Gregorio	INASISTENCIA
17 Barrios Rodríguez Juan Enrique	ASISTENCIA
18 Bello Pérez Alfonso Othón	CÉDULA
19 Berber Martínez Antonio	ASISTENCIA
20 Bermúdez Viramontes Andrés	ASISTENCIA
21 Bolaños Aguilar Edmundo Javier	ASISTENCIA
22 Borrego Estrada Felipe	ASISTENCIA
23 Bracho González Carlos Augusto	ASISTENCIA
24 Buganza Salmerón Gerardo	ASISTENCIA
25 Campos Galván María Eugenia	CÉDULA
26 Carbajal Méndez Liliana	ASISTENCIA
27 Cárdenas Sánchez Esmeralda	ASISTENCIA
28 Cardona Benavidez Alma Xóchil	ASISTENCIA
29 Carrasco Altamirano Diódoro Humberto	ASISTENCIA
30 Castaño Contreras Cristián	ASISTENCIA
31Castro De la Rosa Osiel	ASISTENCIA
32 Castro Muñoz Juan de Dios	ASISTENCIA
33 Ceja Romero Ramón	ASISTENCIA
34 Collado Lara Beatriz	ASISTENCIA
35 Contreras Coeto José Luis	ASISTENCIA
36 Corral Aguilar María Mercedes	ASISTENCIA
37 Cuen Garibi Marcela	ASISTENCIA
38 Curiel Preciado Leobardo	INASISTENCIA
39 Chávez García Daniel	ASISTENCIA
40 Dávila Fernández Adriana	ASISTENCIA
41 Dávila García Francisco	CÉDULA
42 De la Torre Jaramillo Eduardo Sergio	ASISTENCIA
43 De la Torre Sánchez José	ASISTENCIA
44 De León Tello Jesús	INASISTENCIA
45 Degante Romero Silvia Emilia	PERMISO MESA DIRECTIVA
46Del Toro del Villar Tomás	ASISTENCIA
47 Del Valle Toca Antonio	ASISTENCIA
48Del Villar Sosa Sonia Leslie	ASISTENCIA
49 Delgado Oscoy Alejandro Enrique	INASISTENCIA
50 Denegre Vaught Ramírez Rosaura Virginia	ASISTENCIA
51 Deschamps Falcón Ángel Rafael	ASISTENCIA
52 Díaz García José Antonio	ASISTENCIA
53 Díaz Garibay Felipe	ASISTENCIA
54 Díaz Gordillo Martha Cecilia	ASISTENCIA
55 Díaz Mena Joaquín Jesús	ASISTENCIA
56 Díaz de León Torres Leticia	INASISTENCIA
57 Domínguez Servién Francisco	ASISTENCIA
58 Duck Núñez Edgar Mauricio	ASISTENCIA
59 Enríquez Flores Armando	ASISTENCIA
60 Escaroz Soler Gerardo Antonio	ASISTENCIA
61 Escobar Jardinez Adolfo	ASISTENCIA
62 Espinosa Piña José Luis	ASISTENCIA
63 Félix Holguín Armando Jesús	ASISTENCIA
64 Felton González Carlos Eduardo	ASISTENCIA
65 Fernández Cabrera Adrián	ASISTENCIA
66Fernández Ugarte Ma. del Carmen	ASISTENCIA
67 Flores Domínguez Emilio Ramón Ramiro	CÉDULA
68 Flores Grande Arturo	ASISTENCIA
69 Flores Morfín Jesús Vicente	ASISTENCIA
70 Fraile García Francisco Antonio	ASISTENCIA
71 Franco Cazarez Ricardo	ASISTENCIA
72 Fuentes Ortíz José Guillermo	ASISTENCIA
73 García González Carlos Alberto	ASISTENCIA
74 García Müller Martha Margarita	ASISTENCIA
75 García Reyes Ángel Humberto	ASISTENCIA
76 García Reyes Beatriz Eugenia	ASISTENCIA
77 García Vivián Raúl	ASISTENCIA
78 Garmendia Hernández Yolanda Mercedes	ASISTENCIA
79 Gómez Leyva Silvio	PERMISO MESA DIRECTIVA
80 González Betancourt Jorge Justiniano	ASISTENCIA
81 González Martínez María Gabriela	ASISTENCIA
82 González Morán Martín Oscar	ASISTENCIA
83 González Roaro Benjamín Ernesto	ASISTENCIA
84 González Ruiz Felipe	ASISTENCIA
85González Sánchez Ma. Dolores	CÉDULA
86Gudiño Ortíz Francisco Javier	ASISTENCIA
87 Guerrero Torres José Gildardo	ASISTENCIA
88Gutiérez Aguilar Miguel Ángel	ASISTENCIA
89 Gutiérrez Lagunes María Victoria	ASISTENCIA
90 Hernández Núñez Elia	ASISTENCIA
91 Hurtado Pérez Nelly Asunción	PERMISO MESA DIRECTIVA
92 Iragorri Durán Enrique	ASISTENCIA
93Jiménez del Castillo Ma. de los Ángeles	ASISTENCIA
94 Jiménez Ramos María Esther	ASISTENCIA
95 Joaquín Coldwell Addy Cecilia	ASISTENCIA
96 Lagunes Viveros Violeta del Pilar	ASISTENCIA
97 Landero Gutiérrez Alejandro	ASISTENCIA
98 Landeros González Ramón	ASISTENCIA
99 Lara Compeán David	ASISTENCIA
100 Larios Córdova Héctor	ASISTENCIA
101 Laviada Hernández Iñigo Antonio	ASISTENCIA
102 Lemus Muñoz Ledo Ramón Ignacio	ASISTENCIA
103 Leura González Agustín	ASISTENCIA
104 Lezama Aradillas René	ASISTENCIA
105 Limas Frescas María Soledad	ASISTENCIA
106 Lizaola de la Torre Alonso Manuel	ASISTENCIA
107 López Cisneros José Martín	ASISTENCIA
108 López Reyna Omeheira	ASISTENCIA
109 López Silva Rubí Laura	ASISTENCIA
110 Lujano Nicolás Christian Martín	ASISTENCIA
111 Maawad Robert Luis Xavier	ASISTENCIA
112 Macías Zambrano Gustavo	INASISTENCIA
113 Madrazo Limón Carlos	ASISTENCIA
114Magallón Arceo Leonardo Melesio de J.	ASISTENCIA
115 Malagón Ríos Martín	ASISTENCIA
116 Maldonado González David	ASISTENCIA
117Manuell-Gómez Angulo Dolores De María	ASISTENCIA
118 Martínez Valero Dora Alicia	CÉDULA
119 Medellín Varela Antonio	ASISTENCIA
120 Medina Macias Alma Hilda	ASISTENCIA
121 Medina Rodríguez Delber	INASISTENCIA
122 Medina Rodríguez Lizbeth Evelia	ASISTENCIA
123 Mejía García Luis Alonso	ASISTENCIA
124 Méndez Meneses Apolonio	ASISTENCIA
125 Mendoza Morales Lucía Susana	ASISTENCIA
126 Mohamar Dainitin Oscar Miguel	ASISTENCIA
127 Mollinedo Hernández Agustín	ASISTENCIA
128 Monraz Ibarra Miguel Ángel	ASISTENCIA
129 Montes Sánchez Fabián Fernando	ASISTENCIA
130Montiel Luis Lariza	ASISTENCIA
131 Mora Cuevas Marisol	ASISTENCIA
132 Morales Ramos José Nicolás	ASISTENCIA
133 Moreno Álvarez Mario Eduardo	ASISTENCIA
134 Morgan Franco Rocío del Carmen	ASISTENCIA
135 Muñoz Serrano José Antonio	ASISTENCIA
136 Murillo Flores Francisco Javier	ASISTENCIA
137 Murillo Torres José Luis	ASISTENCIA
138 Navarro Sugich Carlos Alberto	ASISTENCIA
139 Nordhausen González Jorge Rubén	ASISTENCIA
140Noriega Blanco Vigil María Nieves	ASISTENCIA
141 Ochoa López Nabor	ASISTENCIA
142 Olvera Higuera Edgar Armando	ASISTENCIA
143 Orozco Ruiz Velazco Marco Heriberto	ASISTENCIA
144Ortega Martínez Ma. del Pilar	ASISTENCIA
145Ortíz Hernández Eduardo	ASISTENCIA
146 Oviedo Oviedo Ernesto	ASISTENCIA
147 Padilla Orozco Raúl Alejandro	ASISTENCIA
148 Palafox Núñez José Inés	ASISTENCIA
149 Paredes Rodríguez Francisco Javier	ASISTENCIA
150 Parra Jiménez Dolores María del Carmen	ASISTENCIA
151 Parra Noriega Luis Gustavo	ASISTENCIA
152 Pérez Cuéllar Cruz	INASISTENCIA
153Pérez de Tejada Romero Diana Carolina	ASISTENCIA
154 Peyrot Solís Marco Antonio	ASISTENCIA
155 Plascencia Alonso Francisco Javier	ASISTENCIA
156 Priego Tapia Gerardo	CÉDULA
157 Pulido Pecero Pedro	ASISTENCIA
158 Quintero Bello Jorge	ASISTENCIA
159 Ramírez Barba Ector Jaime	ASISTENCIA
160Ramírez Corral Ivette Jacqueline	ASISTENCIA
161 Ramírez Pech Edgar Martín	ASISTENCIA
162 Ramírez Villarreal Gustavo	ASISTENCIA
163 Ramos Covarrubias Héctor Manuel	ASISTENCIA
164 Reyes López Carlos Armando	ASISTENCIA
165 Rincón Vargas Mirna Cecilia	ASISTENCIA
166 Rivera Rivera José Guadalupe	ASISTENCIA
167 Rivero Rivero Rolando	ASISTENCIA
168 Rodríguez Ahumada Luis Fernando	ASISTENCIA
169 Rodríguez Jiménez Ricardo	ASISTENCIA
170 Rodríguez Prats Juan José	ASISTENCIA
171 Rodríguez Uresti Enrique	ASISTENCIA
172 Rodríguez Vizcarra Velázquez Adriana	ASISTENCIA
173 Rojas Hernández Laura Angélica	ASISTENCIA
174 Román Isidoro Demetrio	ASISTENCIA
175 Romo Jiménez Martha Angélica	ASISTENCIA
176 Rubio Chávez José Ignacio Alberto	ASISTENCIA
177 Rueda Gómez Francisco	ASISTENCIA
178 Ruiz Velasco de Lira Ernesto	ASISTENCIA
179 Salas Contreras Marcos	ASISTENCIA
180 Salazar Madera Mario Alberto	ASISTENCIA
181 Salum del Palacio Jorge Alejandro	ASISTENCIA
182 Sánchez Díaz de Rivera Antonio	ASISTENCIA
183 Sánchez Domínguez Alejandro	ASISTENCIA
184 Sánchez Gil Carlos René	ASISTENCIA
185 Sánchez Juárez Claudia	ASISTENCIA
186 Sánchez Trujillo José Víctor	CÉDULA
187Sandoval Munguia Juan Manuel	INASISTENCIA
188 Serrato Castell Luis Gerardo	ASISTENCIA
189 Shej Guzmán Sara	ASISTENCIA
190 Solano Muñoz José de Jesús	ASISTENCIA
191 Stefanonni Mazzocco Martín	ASISTENCIA
192 Tamayo Herrera Yadhira Yvette	ASISTENCIA
193 Torres Gómez Artemio	ASISTENCIA
194 Torres Herrera Víctor Manuel	PERMISO MESA DIRECTIVA
195 Torres Torres Carlos Alberto	ASISTENCIA
196 Valenzuela García María Gloria Guadalupe	ASISTENCIA
197 Valladolid Rodríguez Antonio	ASISTENCIA
198 Vasconcelos Rueda Antonio	ASISTENCIA
199 Vázquez Martínez Alberto	ASISTENCIA
200 Vega Corona Antonio	ASISTENCIA
201 Velázquez Gutiérrez José Guillermo	ASISTENCIA
202 Verástegui Ostos César Augusto	ASISTENCIA
203 Verdín Saldaña Jaime	ASISTENCIA
204 Victoria Alva Juan	ASISTENCIA
205 Vieyra Olivares Adriana Rebeca	ASISTENCIA
206 Villanueva Arjona Juan Manuel	ASISTENCIA
207 Zambrano Elizondo Javier Martín	ASISTENCIA
Asistencias: 183
Asistencias por cédula: 10
Asistencias comisión oficial: 0
Permiso Mesa Directiva: 4
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 10
Total diputados: 207



PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA
1Aguirre Alcaide Victor	ASISTENCIA
2 Alavez Ruiz Aleida	ASISTENCIA
3 Almazán González José Antonio	INASISTENCIA
4 Almonte Borja Ramón	ASISTENCIA
5 Alonso Flores Lourdes	ASISTENCIA
6Wilfrido Alonso Razo Humberto	ASISTENCIA
7 Altamirano Toledo Carlos	ASISTENCIA
8 Alva Olvera Maribel Luisa	ASISTENCIA
9 Álvarez Ramón Silbestre	PERMISO MESA DIRECTIVA
10 Amaro Corona Alberto	ASISTENCIA
11 Aragón Castillo Irene	ASISTENCIA
12 Arellano Pulido Miguel Ángel	ASISTENCIA
13Arreola Calderón Juan Dario	ASISTENCIA
14 Barreiro Pérez Armando	ASISTENCIA
15 Batres Guadarrama Valentina Valia	ASISTENCIA
16 Bautista Bravo Alliet Mariana	ASISTENCIA
17Bravo Padilla Itzcóatl Tonatiuh	ASISTENCIA
18 Brito González Modesto	INASISTENCIA
19 Calzada Vázquez Francisco Javier	ASISTENCIA
20 Cárdenas Hernández Raymundo	ASISTENCIA
21Catarino Crispín Secundino	ASISTENCIA
22 Cervantes Rodríguez Aurora	ASISTENCIA
23Condado Escamilla Cuitlahuac	ASISTENCIA
24 Contreras Julián Maricela	INASISTENCIA
25 Cruz Santiago Claudia Lilia	ASISTENCIA
26 Cuevas Córdova Othón	CÉDULA
27 Chávez García Higinio	ASISTENCIA
28 Dagdug Lützow Moisés Félix	ASISTENCIA
29 De la Rosa García Juan Hugo	ASISTENCIA
30 De los Santos Molina Joaquín Conrado	ASISTENCIA
31 Dehesa Mora Daniel	ASISTENCIA
32 Del Toro Mario Enrique	ASISTENCIA
33 Díaz Contreras Adriana	ASISTENCIA
34 Escandón Cadenas Rutilio Cruz	ASISTENCIA
35 Espejel Lazcano Jaime	ASISTENCIA
36 Fernández Balboa Mónica	ASISTENCIA
37 Flores Maldonado César	PERMISO MESA DIRECTIVA
38 Flores Salazar Guadalupe Socorro	ASISTENCIA
39 Franco Melgarejo Rafael	ASISTENCIA
40 Gálvez Rodríguez Fernel Arturo	ASISTENCIA
41 García Rodríguez Víctor Hugo	ASISTENCIA
42 Garzón Contreras Neftalí	ASISTENCIA
43 González Garza Javier	ASISTENCIA
44 Guerra Ochoa Juan Nicasio	ASISTENCIA
45 Gutiérrez Calzadilla José Luis	ASISTENCIA
46 Hernández Gaytán Daisy Selene	ASISTENCIA
47 Hernández Hernández Sergio	ASISTENCIA
48 Hernández Manzanares Javier	INASISTENCIA
49 Hernández Silva Benjamín	ASISTENCIA
50Nohelia Ibarra Franquez Sonia	CÉDULA
51 Jacques y Medina José	ASISTENCIA
52 Jiménez Valenzuela María Eugenia	ASISTENCIA
53Klimek Alcaráz Octavio Adolfo	ASISTENCIA
54 Landero López Pedro	CÉDULA
55Lemarroy Martínez Juan Darío	PERMISO MESA DIRECTIVA
56 Leyva Piñón Ana Yurixi	ASISTENCIA
57 Lizárraga Peraza Víctor Manuel	ASISTENCIA
58 López Barriga Erick	CÉDULA
59 López Becerra Santiago	ASISTENCIA
60 López Rojas Alberto	ASISTENCIA
61 López Torres Ma. Soledad	ASISTENCIA
62 Lozano Lozano Andrés	ASISTENCIA
63 Luna Munguía Alma Lilia	ASISTENCIA
64 Márquez Madrid Camerino Eleazar	ASISTENCIA
65 Márquez Tinoco Francisco	ASISTENCIA
66 Martínez Hernández Alejandro	ASISTENCIA
67 Martínez Martínez Carlos Roberto	ASISTENCIA
68 Martínez Martínez Francisco	ASISTENCIA
69 Martínez Padilla Hugo Eduardo	ASISTENCIA
70 Martínez Vargas Octavio	ASISTENCIA
71 Matías Alonso Marcos	ASISTENCIA
72 Matus Toledo Holly	ASISTENCIA
73 Mayans Canabal Fernando Enrique	ASISTENCIA
74 Mendoza Arellano David	ASISTENCIA
75 Mendoza Flores Roberto	ASISTENCIA
76 Mendoza Maldonado Fausto Fluvio	ASISTENCIA
77 Mendoza Mendoza Irineo	ASISTENCIA
78 Monreal Ávila Susana	ASISTENCIA
79 Montalvo Rojas Victorio Rubén	PERMISO MESA DIRECTIVA
80Morales Manzo Jesús Ricardo	ASISTENCIA
81 Morales Sánchez Efraín	ASISTENCIA
82 Morales Vázquez Carlos Orsoe	ASISTENCIA
83Narcía Álvarez Héctor	ASISTENCIA
84 Navarro López Carlos Ernesto	ASISTENCIA
85 Navarro Quintero Miguel Ángel	ASISTENCIA
86 Ojeda Hernández Concepción	ASISTENCIA
87 Oliva Fragoso Silvia	ASISTENCIA
88 Orcí Martínez Juan Adolfo	ASISTENCIA
89 Ortega Martínez Antonio	ASISTENCIA
90 Ortiz Magallón Rosario Ignacia	PERMISO MESA DIRECTIVA
91Pacheco LLanes Ramón Félix	ASISTENCIA
92 Pedraza Chávez Isidro	PERMISO MESA DIRECTIVA
93 Pedrozo Castillo Adrián	CÉDULA
94Peña Damacio Efraín	ASISTENCIA
95 Peña Sánchez Miguel Ángel	ASISTENCIA
96 Pérez Cruz Raciel	ASISTENCIA
97 Pulido Santiago Celso David	ASISTENCIA
98 Ramos Becerril Rafael Plácido	ASISTENCIA
99 Ramos Castellanos Martín	CÉDULA
100 Rasgado Corsi Gloria	ASISTENCIA
101 Ríos Gamboa Raúl	ASISTENCIA
102 Romero Gutiérrez Odilón	ASISTENCIA
103Ruíz Sánchez Salvador	ASISTENCIA
104 Saavedra Coronel José Antonio	ASISTENCIA
105Salinas Pérez Josefina	ASISTENCIA
106 San Martín Hernández Juan Manuel	ASISTENCIA
107 Sánchez Cabrales Rafael Elías	ASISTENCIA
108 Sánchez Camacho Alejandro	ASISTENCIA
109 Sánchez Camacho David	ASISTENCIA
110 Sánchez Ramos Francisco	ASISTENCIA
111Sánchez Valdéz Eva Angelina	ASISTENCIA
112 Sandoval Ramírez Cuauhtémoc	ASISTENCIA
113 Santos Arreola Francisco Javier	PERMISO MESA DIRECTIVA
114 Solares Chávez Miguel Ángel	ASISTENCIA
115 Soriano Sánchez Rosa Elva	INASISTENCIA
116 Soto Sánchez Antonio	ASISTENCIA
117 Suárez del Real y Aguilera José Alfonso	ASISTENCIA
118 Torres Baltazar María Elena	CÉDULA
119 Trejo Pérez Pablo	ASISTENCIA
120 Ulloa Pérez Emilio	ASISTENCIA
121 Vallejo Estevez Mario	ASISTENCIA
122 Varela López Víctor Gabriel	ASISTENCIA
123 Villanueva Albarrán Gerardo	CÉDULA
124 Villicaña García Rafael	ASISTENCIA
125 Zavaleta Salgado Ruth	ASISTENCIA
126 Zazueta Aguilar Jesús Humberto	ASISTENCIA
127 Zepeda Hernández Martín	ASISTENCIA
Asistencias: 107
Asistencias por cédula: 8
Asistencias comisión oficial: 0
Permiso Mesa Directiva: 7
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 5
Total diputados: 127



PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
1 Abramo Masso Yerico	ASISTENCIA
2 Aguilar Diego	PERMISO MESA DIRECTIVA
3 Aguilar Solís Samuel	ASISTENCIA
4 Aispuro Torres José Rosas	ASISTENCIA
5 Alcántara Núñez Jesús Sergio	ASISTENCIA
6 Aldana Prieto Luis Ricardo	PERMISO MESA DIRECTIVA
7 Amador Gaxiola Daniel	ASISTENCIA
8 Amador Leal Narcizo Alberto	ASISTENCIA
9 Ayala Almeida Joel	PERMISO MESA DIRECTIVA
10 Badillo Martínez Roberto	INASISTENCIA
11Barajas Del Toro Salvador	ASISTENCIA
12 Barajas López Ramón	PERMISO MESA DIRECTIVA
13 Barba Hernández Alfredo	PERMISO MESA DIRECTIVA
14 Beltrán Montes Israel	ASISTENCIA
15 Benítez Ojeda Luis Enrique	INASISTENCIA
16 Bernal Gutiérrez Andrés Marco Antonio	ASISTENCIA
17 Biebrich Torres Carlos Armando	ASISTENCIA
18 Blanco Pajón José Luis	ASISTENCIA
19 Caballero Camargo Gustavo Fernando	ASISTENCIA
20 Camacho Quiroz César Octavio	ASISTENCIA
21 Canavati Tafich Jesús Ricardo	INASISTENCIA
22 Carballo Bustamante Andrés	ASISTENCIA
23Cárdenas Del Avellano Enrique	ASISTENCIA
24 Cárdenas Monroy Oscar Gustavo	ASISTENCIA
25 Cervantes Andrade Raúl	PERMISO MESA DIRECTIVA
26 Colín Guadarrama María Mercedes	ASISTENCIA
27 Cordero Alfonzo Arnulfo Elías	ASISTENCIA
28 Chaurand Arzate Carlos	ASISTENCIA
29De la Garza Treviño Jorge Luis	ASISTENCIA
30 Díaz Athié Antonio de Jesús	ASISTENCIA
31 Díaz Solorzano Elmar Darinel	ASISTENCIA
32 Domínguez Domínguez Nemesio	INASISTENCIA
33 Duarte Jáquez César Horacio	ASISTENCIA
34 Escajeda Jiménez José Rubén	ASISTENCIA
35 Escalante Jasso Aracely	PERMISO MESA DIRECTIVA
36 Espinosa Abuxapqui Eduardo Elías	PERMISO MESA DIRECTIVA
37 Estefan Chidiac Charbel Jorge	ASISTENCIA
38 Flores Sandoval Patricio	ASISTENCIA
39 Fuentes Téllez Octavio	ASISTENCIA
40 Gamboa Patrón Emilio	ASISTENCIA
41 Garza Garza Horacio Emigdio	INASISTENCIA
42 Gebhardt Garduza Yary del Carmen	ASISTENCIA
43 Gloria Requena Tomás	PERMISO MESA DIRECTIVA
44 Gómez Lugo Elda	ASISTENCIA
45 González Calderón Martha Hilda	ASISTENCIA
46 González Salum Miguel Ángel	ASISTENCIA
47 González Zarur Mariano	ASISTENCIA
48 Guerrero García Javier	ASISTENCIA
49 Guerrero Juárez Joel	ASISTENCIA
50 Herrera Ale Juana Leticia	ASISTENCIA
51 Herrera Coyac Wenceslao	ASISTENCIA
52 Izquierdo Bustamante Alfonso Rolando	PERMISO MESA DIRECTIVA
53 Lagunes Gallina Gerardo	ASISTENCIA
54 Lescieur Talavera Jorge Mario	ASISTENCIA
55 López Balbuena Guillermina	ASISTENCIA
56Madrid Tovilla Arely	INASISTENCIA
57 Martínez Rocha Arturo	PERMISO MESA DIRECTIVA
58 Martínez Rodríguez Lorena	ASISTENCIA
59 Méndez Lanz Víctor Manuel	ASISTENCIA
60 Mendívil Amparán Gustavo Ildefonso	ASISTENCIA
61 Merodio Reza Lilia Guadalupe	ASISTENCIA
62Moctezuma Pereda Fernando Quetzalcoatl	ASISTENCIA
63 Montalvo Gómez Pedro	ASISTENCIA
64 Morales García Elizabeth	ASISTENCIA
65 Mota Hernández Adolfo	ASISTENCIA
66 Muñoz Serna Rogelio	PERMISO MESA DIRECTIVA
67 Murat José	ASISTENCIA
68 Ochoa González Arnoldo	ASISTENCIA
69 Ojeda Camacho Gilberto	ASISTENCIA
70 Olivares Monterrubio Alejandro	ASISTENCIA
71 Olivares Ventura Héctor Hugo	ASISTENCIA
72 Ordaz Jiménez Ismael	ASISTENCIA
73 Orihuela Bárcenas José Ascención	ASISTENCIA
74 Orihuela Trejo José Amado	ASISTENCIA
75Ortiz Del Carpio Víctor	ASISTENCIA
76 Ortiz Proal Mauricio	ASISTENCIA
77 Padilla Gutiérrez Héctor	PERMISO MESA DIRECTIVA
78 Pagés Llergo Rebollar María Beatriz	PERMISO MESA DIRECTIVA
79 Palma César Víctor Samuel	ASISTENCIA
80 Parás González Juan Manuel	ASISTENCIA
81 Partida Guzmán Martha Rocío	ASISTENCIA
82 Patrón Montalvo Jesús Manuel	ASISTENCIA
83 Peñuelas Acuña Mayra Gisela	ASISTENCIA
84 Pérez Valdés Daniel	ASISTENCIA
85 Pinete Vargas María del Carmen	ASISTENCIA
86 Quiñones Canales Lourdes	ASISTENCIA
87 Ramírez Martínez José Edmundo	ASISTENCIA
88 Ramírez Stabros Jesús	ASISTENCIA
89 Reyna García José Jesús	ASISTENCIA
90 Ríos Camarena Alfredo Adolfo	ASISTENCIA
91 Rivera Bedoya Juan Francisco	ASISTENCIA
92 Rodríguez Ramírez Bertha Yolanda	ASISTENCIA
93 Rojas Gutiérrez Carlos	ASISTENCIA
94Ruíz Chávez Sara Latife	ASISTENCIA
95 Salas López Ramón	PERMISO MESA DIRECTIVA
96 Sánchez Hernández Eduardo	ASISTENCIA
97 Sandoval Paredes Sergio	PERMISO MESA DIRECTIVA
98 Serrano Escobar Enrique	ASISTENCIA
99 Sosa Castelán Gerardo	ASISTENCIA
100 Toledo Luis Jorge	ASISTENCIA
101 Vargas Landeros Gerardo Octavio	ASISTENCIA
102Vega Ortíz María Oralia	PERMISO MESA DIRECTIVA
103 Velasco Pérez Juan Carlos	ASISTENCIA
104 Villa Villa Isael	ASISTENCIA
105 Villanueva Abraján Patricia	ASISTENCIA
106 Zatarain González Carlos Ernesto	ASISTENCIA
Asistencias: 83
Asistencias por cédula: 0
Asistencias comisión oficial: 0
Permiso Mesa Directiva: 17
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 6
Total diputados: 106



CONVERGENCIA
1 Abad De Jesús Juan	ASISTENCIA
2 Aguilera Rico José Luis	ASISTENCIA
3 Cárdenas Márquez Elías	ASISTENCIA
4 Castellanos Hernández Félix	INASISTENCIA
5 Castillo Romero Patricia Obdulia de Jesús	INASISTENCIA
6 Chanona Burguete Alejandro	ASISTENCIA
7 Del Río Virgen José Manuel	ASISTENCIA
8 Esteva Salinas Alberto	ASISTENCIA
9 Godoy Cárdenas Jorge	ASISTENCIA
10 López Lena Cruz Humberto	ASISTENCIA
11 Salvatori Bronca María del Carmen	ASISTENCIA
12 Samperio Montaño Juan Ignacio	ASISTENCIA
13 Sansores San Román Layda Elena	ASISTENCIA
14 Tagle Martínez Martha Angélica	ASISTENCIA
15 Uscanga Cruz Robinson	INASISTENCIA
16 Valdés Chávez Ramón	ASISTENCIA
17 Varela Lagunas Tomás José Luis	ASISTENCIA
18 Velasco Oliva Jesús Cuauhtémoc	ASISTENCIA
Asistencias: 15
Asistencias por cédula: 0
Asistencias comisión oficial: 0
Permiso Mesa Directiva: 0
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 3
Total diputados: 18



PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO
1 Arévalo González José Antonio	INASISTENCIA
2Bellizzia Rosique Pascual	ASISTENCIA
3 Cobo Terrazas Diego	ASISTENCIA
4 Elizondo Garrido Francisco	ASISTENCIA
5 Estrada González Faustino Javier	ASISTENCIA
6 González Martínez Jorge Emilio	ASISTENCIA
7 Lavara Mejía Gloria	ASISTENCIA
8 López Adame Antonio Xavier	ASISTENCIA
9 Manrique Guevara Beatriz	ASISTENCIA
10 Notholt Guerrero Alan	ASISTENCIA
11 Portilla Dieguez Manuel Salvador	ASISTENCIA
12 Puente Salas Carlos Alberto	ASISTENCIA
13 Ramírez Cerda Ana María	INASISTENCIA
14Rodríguez Luis Alejandro	ASISTENCIA
15 Salgado Amador Manuel Salvador	ASISTENCIA
16 Sesma Suárez Jesús	ASISTENCIA
17 Velasco Rodríguez Verónica	ASISTENCIA
Asistencias: 15
Asistencias por cédula: 0
Asistencias comisión oficial: 0
Permiso Mesa Directiva: 0
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 2
Total diputados: 17



PARTIDO DEL TRABAJO
1 Aguilar Jiménez Rubén	CÉDULA
2 Arreola Ortega Pablo Leopoldo	ASISTENCIA
3 Cantú Garza Ricardo	ASISTENCIA
4 Cervantes Rivera Jaime	INASISTENCIA
5 Garay Ulloa Silvano	ASISTENCIA
6 Herrera Solís Anuario Luis	ASISTENCIA
7Maciel Ortiz Ma. Mercedes	ASISTENCIA
8 Peregrino García Abundio	CÉDULA
9 Romero Guzmán Rosa Elia	ASISTENCIA
10 Solís Parga Rodolfo	CÉDULA
11 Vela González Joaquín Humberto	ASISTENCIA
Asistencias: 7
Asistencias por cédula: 3
Asistencias comisión oficial: 0
Permiso Mesa Directiva: 0
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 1
Total diputados: 11



NUEVA ALIANZA
1 Arriola G. Mónica T.	PERMISO MESA DIRECTIVA
2 Cárdenas Fonseca Manuel	ASISTENCIA
3 Castillo Nájera Ariel	ASISTENCIA
4 Dávila Esquivel Humberto	ASISTENCIA
5 Gómez Pasillas Jacinto	ASISTENCIA
6 Jiménez Godínez Miguel Ángel	ASISTENCIA
7 Luna Becerril Blanca	ASISTENCIA
8 Luna Rodríguez Silvia	INASISTENCIA
9 Piñeyro Arias Irma	ASISTENCIA
Asistencias: 7
Asistencias por cédula: 0
Asistencias comisión oficial: 0
Permiso Mesa Directiva: 1
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 1
Total diputados: 9



ALTERNATIVA
1 Arvizu Rivas Aida Marina	CÉDULA
2 Conde Rodríguez Elsa de Guadalupe	ASISTENCIA
3 García Méndez Armando	ASISTENCIA
4 Hernández Valadés Delio	ASISTENCIA
5 Pedro Cortés Santiago Gustavo	ASISTENCIA
Asistencias: 4
Asistencias por cédula: 1
Asistencias comisión oficial: 0
Permiso Mesa Directiva: 0
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 0
Total diputados: 5



SECRETARÍA GENERAL
REPORTE DE INASISTENCIAS


PARTIDO ACCIÓN NACIONAL
Diputado
1 Armendáriz García Pedro
2 Barradas Miravete Gregorio
3 Curiel Preciado Leobardo
4 De León Tello Jesús
5 Delgado Oscoy Alejandro Enrique
6 Díaz de León Torres Leticia
7 Macías Zambrano Gustavo
8 Medina Rodríguez Delber
9 Pérez Cuéllar Cruz
10 Sandoval Munguia Juan Manuel
Faltas por grupo: 10



PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA
Diputado
1 Almazán González José Antonio
2 Brito González Modesto
3 Contreras Julián Maricela
4 Hernández Manzanares Javier
5 Soriano Sánchez Rosa Elva
Faltas por grupo: 5



PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
Diputado
1 Badillo Martínez Roberto
2 Benítez Ojeda Luis Enrique
3 Canavati Tafich Jesús Ricardo
4 Domínguez Domínguez Nemesio
5 Garza Garza Horacio Emigdio
6 Madrid Tovilla Arely
Faltas por grupo: 6



CONVERGENCIA
Diputado
1 Castellanos Hernández Félix
2 Castillo Romero Patricia Obdulia de Jesús
3 Uscanga Cruz Robinson
Faltas por grupo: 3



PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO
Diputado
1 Arévalo González José Antonio
2 Ramírez Cerda Ana María
Faltas por grupo: 2



PARTIDO DEL TRABAJO
Diputado
1 Cervantes Rivera Jaime
Faltas por grupo: 1



NUEVA ALIANZA
Diputado
1 Luna Rodríguez Silvia
Faltas por grupo: 1